En este brillante y documentado ensayo, Joan E. Garcés se sitúa en el intento de desvelar las estrategias políticas, económicas y militares de las grandes potencias a lo largo de la segunda mitad del siglo XX que han acabado sometiendo o, como mínimo, interviniendo en estados independientes mediante mecanismos que se podrían definir suavemente como globalizadores. La política mundial ya no es un asunto de «buenos y malos», sino de intereses concretos que se ponen en práctica y que determinan una serie de consecuencias de extrema importancia. Ahora que la globalización es un asunto cotidiano, ahora que la aceptación de este fenómeno económico y político alcanza cotas insospechadas, sería un error omitir la lectura de este alegato a favor de la soberanía y la autonomía de los pueblos para decidir su destino, y del desarrollo de la cultura política como el arma suprema que poseen las comunidades para alcanzar sus objetivos.

Joan E. Garcés

Soberanos e intervenidos

Estrategias globales, americanos y españoles

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Prólogo

En el campo de la política internacional abundan los politólogos profesionales y los augures espontáneos que nos brindan a diario superficiales diagnósticos sobre el presente y el futuro de este mundo, cada vez más complejo, en que sobrevivimos. Pocos de esos profetas se acuerdan del pasado, como si allí no hubieran nacido todos los buitres y todas las palomas que hoy nos sobrevuelan; como si la caída del muro de Berlín, la guerra del Golfo, la explosión interracial de la ex Yugoslavia o los bombardeos rusos sobre Grozny, fueran el resultado de una partenogénesis ideológica y no la consecuencia de antiguas confrontaciones, de viejas disputas no resueltas en su hora o de la hipócrita asunción de las componendas a que suelen llegar las naciones más poderosas. «Recuerdo lo que no quisiera recordar» –dijo Cicerón hace más de dos mil años–, «y en cambio no puedo olvidar lo que quisiera dar al olvido». Y en fecha mucho más cercana escribió Borges: «El mayor defecto del olvido es que a veces incluye la memoria».

De ahí que los más conscientes y rigurosos investigadores de la historia, esos viajeros de la memoria colectiva que con paciencia y tesón van reconstruyendo y/o descubriendo el pasado que es de todos, hayan luchado siempre con enormes dificultades, ya que por lo general eso que descubren, ese ayer que corrigen o destapan, resulta demasiado incómodo a los decididores (el término es de Lyotard) de hoy e incluso invalidan algunas de sus hipótesis más difundidas. Su mérito es por tanto innegable, ya que su exploración, que tiene la pujanza de lo verdadero, va siempre contracorriente. Y como no existe un sindicato que agremie a estos trabajadores de la verdad, su faena suele constituir un desvelo aislado, que pocas veces encuentra adecuadas vías de difusión y menos aún figuras políticas dispuestas a rever su propia fábula.

El español Joan E. Garcés es uno de esos empecinados y lúcidos restauradores de la historia política de este siglo XX a punto de extinguirse. Su currículo incluye un período que fue decisivo en su posterior tarea investigadora: integró el equipo asesor de Salvador Allende durante el gobierno de la Unidad Popular y fue uno de los hombres más cercanos y de mayor confianza del Presidente, a quien acompañó hasta sus últimos momentos en el palacio de La Moneda. Si finalmente pudo salvarse y salir de Chile, fue gracias a la decidida intervención del embajador de España en Santiago. Desde entonces ha seguido con profunda atención las complejas evoluciones de la situación chilena.

Esa estrecha vinculación con la realidad latinoamericana, agregada a su militancia política (anterior y posterior a su estancia en Chile) en Europa y particularmente en España, le han convertido en un testigo excepcional a la hora de evaluar y medir los vaivenes y las dimensiones de los asuntos públicos (y no tan públicos) en ambos continentes. Pero Garcés no se ha conformado con expresar sus opiniones y pronósticos. Científico político y abogado de profesión, siempre ha sido consciente de la importancia de las pruebas, documentos y testimonios que validan o invalidan un juicio. En su función de insobornable verificador de antecedentes y localizador de hechos y dictámenes hasta ahora ocultos, Garcés no ha vacilado en instalarse durante un largo período en Estados Unidos y usufructuar (debido al lapso, ya transcurrido, que a esos efectos establecen las leyes norteamericanas) la «desclasificación» de documentos top secret, custodiados hasta ahora en organismos de extrema seguridad: Office of Strategic Services, Combined Chiefs of Staff, y en general los National Archives of the U.S. Hay incluso algunos de esos documentos que fueron “desclasificados” a pedido expreso del autor.

Sin embargo, Garcés no se limita a rescatar (su libro incluye reproducciones facsimilares) tales invalorables testimonios. Su erudición es apabullante y le permite ir vinculando esos legajos hasta ahora secretos con declaraciones públicas de determinadas figuras políticas (de ambas orillas del Atlántico) y sobre todo con controvertidas actitudes de esos mismos personajes. Soberanos e intervenidos, que es un título perfecto, también podría haber sido (si Graham Greene no lo hubiera usado en una novela de 1948) The Heart of the Matter o quizá mejor aún su título en castellano: El revés de la trama. Por eso, y mucho más, el libro de Garcés resulta fascinante. Hasta tiene algo de enigma policiaco, ya que al final nos enteramos de quién era el asesino.

Creo que desde ahora Soberanos e intervenidos será un libro insoslayable para quienes intenten profundizar en la trama internacional de este siglo. Por una parte, las intervenciones de Estados Unidos (invasiones, asesinatos programados, chantajes económicos, penetración cultural, etc.) en los países de América Latina, con evidente menoscabo de su soberanía y, por otra, las interconexiones en clave de poder en la propia Europa, con determinaciones de enorme trascendencia para los respectivos pueblos pero resueltas a espaldas de los mismos; unas y otras acotadas por una documentación irrefutable, convierten al libro de Joan Garcés en una lectura obligada para quienes pretendan recoger del pasado las duras lecciones que a veces sirven para clarificar el presente. «Se puede ser pesimista a fuer de realista» –escribe sensatamente el autor. El optimismo frívolo e hipócrita no llevará jamás a una humanidad más justa y solidaria, pero no cabe duda que de un pesimismo realista como el de Garcés puede surgir una vislumbre de progreso. Y un progreso, por cierto, nada superficial.

MARIO BENEDETTI

Abreviaturas

ABC

American-British Conversations

ACHA

Acción Chilena Anticomunista

AID

Agency for International Development

APRA

Alianza Popular Revolucionaria Americana

ASEAN

Asociación de Naciones del Sureste de Asia

BCS

British Chiefs of Staff

CAME

Consejo de Ayuda Económica Mutua

CCS

Combined Chiefs of Staff

CDU

Christlich-Demokratische Union

CECA

Comunidad Europea del Carbón y del Acero

CEDA

Confederación Española de Derechas Autónomas

CEE

Comunidad Económica Europea

CENTO

Central Treaty Organisation

CIA

Central Intelligence Agency

CSCE

Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea

EFTA

European Free Trade Association

ETA

Euzkadi y Libertad

FBI

Federal Bureau of Investigation

FDP

Freie Demokratische Partei

FMI

Fondo Monetario Internacional

FO

Foreign Office

GATT

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio

JCS

Joint Chiefs of Staff

JSP

Joint Staff Planners

JSSC

Joint Strategic Survey Committee

JWPC

Joint War Planning Committee

MAP

Military Assistance Program

NAFTA

Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte

NSC

National Security Council

OCDE

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

OCEE

Organización para la Cooperación Económica Europea

OEA

Organización de Estados Americanos

ONU

Organización de Naciones Unidas

OPD

Operations Division, War Department Staff

OPEP

Organización de Países Exportadores de Petróleo

OSS

Office of Strategic Services

OTAN

Organización del Tratado del Atlántico Norte

OTASE

Organización del Tratado del Sureste de Asia

PCCh

Partido Comunista de Chile

PDC

Partido Demócrata Cristiano

PPS

Policy Planning Staff

PSOE

Partido Socialista Obrero Español

RDA

República Democrática Alemana

RFA

República Federal Alemana

SEATO

Organización del Tratado del Sureste Asiático

SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

SPS

Strategic Policy Section

SWNCC

State-War-Navy Coordinating Committee

TIAR

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca

UCD

Unión de Centro Democrático

UEO

Unión de Europa Occidental

URSS

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

VSA

Viener Staats Archiv

Introducción del autor

Los Estados se forman, existen y perecen. Los pueblos con conciencia de tales permanecen. Mantener la neutralidad en las guerras de los Imperios fue una constante predominante en las corrientes democratizantes de los siglos XIX y XX, que evitó a españoles y latinoamericanos ser arrastrados a la guerra hegemónica de 1914-1918. ¿Hubieran sobrevivido las fronteras de España si hubiera entrado en aquella Coalición bélica? La primera guerra mundial confirmó la separación de la naciente República de Irlanda de la Corona británica. El Tratado de Versalles reorganizó el mapa político de Europa, sustituyó el principio del Congreso de Viena de 1815 –el libre derecho de los reyes a mandar sobre los pueblos–, por el de los pueblos a gobernarse a sí mismos. Su concreción redistribuyó los pueblos de la derrocada Corona de los Habsburgos entre los nuevos Estados de Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Austria, Yugoslavia y Polonia, el resto fue sumado a Italia; amputó del Imperio de los destronados Hohenzollern los pueblos de Prusia oriental, Memel, Danzig, Poznan y Alsacia-Lorena. En un proceso autónomo aunque paralelo, el derrocamiento de los zares fue seguido del nacimiento de los Estados de Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania; una cadena de plebiscitos modificó casi todas las fronteras anteriores a 1914; los pueblos del Imperio turco fueron a su vez repartidos entre Francia, Gran Bretaña, Italia y Grecia.

El Tratado de Versalles de 1919, a diferencia del Congreso de Viena un siglo antes, no supuso la emergencia de una potencia dominante sobre Europa. La guerra de 1914-1918 terminaba en armisticio, no en el aplastamiento del expansionismo[1]. Al cabo de pocos años, casi todos los nuevos Estados se hallaban intervenidos por las potencias hegemónicas, que los utilizaban en sus combinaciones económicas, diplomáticas y militares, mientras sometían a sus pueblos a dictaduras militares o fascistizantes: en Polonia, golpe militar de Pilsudski –mayo de 1926; en Estonia, dictadura de Constantino Päts –marzo de 1934; en Letonia, dictadura presidencial tras el golpe de Estado de Ulmanis –mayo de 1934; en Lituania, dictadura de Voldemaras –diciembre de 1926– y régimen de partido único –diciembre de 1932; en Yugoslavia, golpe de Estado del rey Alejandro –enero de 1929; en Bulgaria putsch militar y gobierno Zankov –junio de 1923–, régimen autoritario del coronel Kimon Georgieff –1934–, dictadura del rey Boris VII –enero de 1935; en Rumanía, régimen personal de Carol II –febrero de 1938– y golpe de Estado que impuso la dictadura del Rey; en Albania, dictadura de Ahmed Zogou –enero de 1925. En la zona de influencia británica se sucedieron también los golpes militares: en España, dictadura militar entre 1923-1931, sublevación de un sector del Ejército en julio de 1936 que al cabo de tres años de guerra instauró la dictadura de Franco; en Portugal golpes de los generales Gómez da Costa –mayo de 1926– y Antonio Carmona, dictadura de Antonio de Oliveira Salazar (1932-1974); en Grecia golpe de Estado del general Ioannis Metaxas –agosto de 1936. En un contexto más original, Mussolini había marchado sobre Roma –octubre de 1922– y Hitler ganado las elecciones en Alemania –enero de 1933.

La derrota de los imperios germánicos en 1918, la influencia de las movilizaciones populares y de autodeterminación nacional en el centro-este de Europa, tuvieron su repercusión política entre los españoles. El 15 de noviembre de aquel año Alfonso XIII convocaba al líder de la burguesía catalana, Francesc Cambó (Lliga Catalana), para decirle:

El Ejército alemán está en plena derrota, los socialistas han tomado el poder en Berlín; en Viena la tropa insubordinada hace causa común con obreros y presos liberados; la Suiza alemana está sublevada […]. Yo temo que venga un estallido revolucionario en Cataluña; que los obreros se unan a los soldados […] no veo otra manera de salvar situación tan difícil que satisfacer de un golpe las aspiraciones de Cataluña, para que los catalanes dejen de sentirse en este momento revolucionarios y mantengan su adhesión a la Monarquía […]. Hay que dar la Autonomía a Cataluña inmediatamente […]. Es preciso que usted vaya a Barcelona en seguida para provocar un movimiento que distraiga a las masas de cualquier propósito revolucionario[2].

Cuenta Cambó lo que manifestaba en aquellas horas el embajador británico:

ésta es la hora de Cataluña. Ahora ha llegado el momento de que los ingleses borremos la mancha que en nuestra historia pusieron los ministros de la reina Ana al traicionar a Cataluña [1714]. Diga a sus amigos catalanes que Inglaterra no consentirá ahora que se les atropelle si reclaman su autonomía: ellos han estado con los aliados durante toda la guerra, mientras que en el resto de España la inmensa mayoría estaba con Alemania[3].

Cambó y el presidente del Consejo de Ministros, el conde de Romanones (Partido Liberal), ejecutaron la instrucción de Alfonso XIII y doce días después designaban a dirigentes de todos los partidos políticos para formar una comisión redactora de un proyecto de autonomía para Cataluña, que debía ser presentado en las Cortes para su aprobación. Figuraban en aquélla desde Antonio Maura y Eduardo Dato a Julián Besteiro, Alejandro Lerroux y Lluís Companys. La respuesta de los socialistas Pablo Iglesias y Francisco Largo Caballero (diputado por Barcelona del PSOE, que tenía en el Parlamento español seis diputados), fue dirigirse «a los republicanos catalanes diciéndoles que si entraban en la Comisión desligaban a Cataluña de la causa de la República […]. A [Marcel·lí] Domingo, Layret, Companys y otros republicanos catalanes les convenció plenamente este argumento, se impusieron al resto» y no se incorporaron a la Comisión[4]. Los proyectos políticos de socialistas y republicanos eran autónomos de los partidos conservadores. Dos meses después, seguro de que la revolución europea no alcanzaba a España, cuenta Cambó que el propio Monarca saboteaba el proyecto de Estatuto catalán.

El antecedente de 1918-1919 es interesante a más de un título. El 15 de junio de 1977, en las primeras elecciones después del fallecimiento del general Franco, los electores de Cataluña dieron cerca del 70% de sus votos a quienes se presentaban bajo siglas y símbolos ilegalizados desde 1939 por la Dictadura: socialistas (PSOE), comunistas (PSUC) y republicanos (Esquerra Republicana). La reacción del gobierno presidido aquel 1977 por Adolfo Suárez admite ser comparada con la de Alfonso XIII en 1918: convocó a Palacio al representante simbólico del autonomismo catalán –esta vez en el exilio, Josep Tarradellas, sucesor de Lluís Companys en la Presidencia de la Generalitat–, le ofreció el reconocimiento inmediato de la autonomía si viajaba a Cataluña a formar un Consejo Ejecutivo de integración que aceptara las limitaciones de soberanía popular y nacional legadas por la Dictadura y su sistema socioeconómico. Así lo hizo Tarradellas, comprometido en secreto desde noviembre de 1976 con el emisario Andrés Casinello[5] en «acatar públicamente al Rey, a la unidad de España y respetar al Ejército, […] a no ser federalista y quedar siempre al margen de los planteamientos valencianistas y mallorquines»[6]. Lo que en 1977, y después, no encuentra su equivalente respecto del precedente de 1918 es la respuesta que dieron el PSOE y la izquierda republicana a la propuesta del Rey a Francesc Cambó. En junio de 1977 no existía al frente de los grupos que se envolvían en las siglas históricas un liderazgo endógeno, ni tampoco un proyecto nacional alternativo al que desde los centros de decisión de la Coalición de la Guerra Fría se había programado para España una vez que falleciera Franco. Desde antes de junio de 1977 se habían comprometido en secreto con aquel proyecto Felipe González Márquez y Santiago Carrillo, sus hombres en Cataluña fueron diluidos en el Consejo Ejecutivo presidido por Tarradellas y, de ese modo, quedó neutralizada la esperanza popular de una alternativa sociopolítica a la herencia dejada por la Dictadura. Menos de cinco años después de 1977, la burguesía liberal catalana lograba lo que Alfonso XIII, su Gobierno y la Lliga buscaron sin éxito en 1918. Los propios términos de Cambó podrían describir el sentido de la “operación Tarradellas” de medio siglo después:

[…] a fin de dar un sentido al movimiento […] desencadenado en Cataluña y conservar su control, propuse que […] se reuniera la Asamblea General de la Mancomunidad, con la colaboración de los parlamentarios de Cataluña, para elaborar el Estatuto de Cataluña y […] en nombre del principio de autodeterminación […] ¡se presentara al Parlamento español para que fuera sancionado! La música era revolucionaria pero la letra, si bien se mira, era conservadora. El fijar una tarea a hacer, que duraría días, calmaba las pasiones y quitaba a las izquierdas la dirección […]. Y si al redactar un Estatuto de Autonomía de Cataluña llegábamos a un acuerdo todos los partidos catalanes, que fuera también aprobado por las izquierdas españolas, quedábamos cubiertos […] de peticiones […] que en el porvenir formularan las izquierdas […] a base de la República y la revolución social[7].

Un lustro después de 1977, en efecto, las siglas democráticas históricas habían sido reducidas a minoría en el Parlamento autónomo y en la mayor parte de los municipios de Cataluña, eran excluidas del gobierno de la Generalitat, el PSUC se desintegraba y Tarradellas era agraciado con el título de Marqués. Las causas estructurales de semejante desenlace se describen en los capítulos que siguen, sus precipitantes coyunturales fueron las operaciones puestas en marcha para mantener intervenida España más allá del régimen de dictadura. Una fase de las operaciones de intervención me tocó vivirla de cerca cuando era yo investigador de la Fondation Nationale des Sciences Politiques de París, después que en mayo de 1974 había formado parte del equipo personal de asesoramiento del candidato de Unión de la Izquierda (PS-PC-MRG) en las elecciones a la Presidencia de la República francesa, François Mitterrand. Integraban aquel equipo buenos amigos, entre otros Jacques Attali y Michel Rocard. La atención estaba entonces centrada en un país ibérico perteneciente a la OTAN, Portugal, donde el 25 de abril de ese mismo año capitanes agrupados en el clandestino Movimento das Forças Armadas, sin disparar un tiro, habían derrocado a la más larga dictadura conservadora europea. La hospitalización del general Franco el 19 de julio siguiente anunciaba el final inminente de la otra dictadura ibérica. A la vuelta de aquel verano de 1974 mi amigo Pierre Guidoni[8] (Partido Socialista francés) me invitaba a asistir a un cónclave de «jóvenes socialistas españoles» en las afueras de París (Suresnes). Se organizaba en Francia con financiación alemana, aprobación de Washington y conocimiento de los servicios de información de Franco. Decliné la invitación de ir a Suresnes. El camino de la recuperación de la soberanía nacional y las libertades democráticas, dije a mi amigo, no debiera pasar por una intervención preventiva como aquélla, de manual, en previsión de que la ruptura de Portugal con el régimen de dictadura pudiera extenderse al resto de la Península Ibérica. En el desierto político producido por casi cuatro décadas de sustracción de la soberanía popular –con la complicidad activa o pasiva de los Estados coaligados en la OTAN–, lo de Suresnes parecía una manera de cooptar a personas que, con financiamiento masivo oculto y apoyo diplomático-mediático abierto, contribuyeran a conducir la España posdictadura hacia los puertos señalados desde los propios Poderes intervencionistas. Lamento no haber errado en mi anticipación. El 24 de mayo de 1984, ante la Comisión del Parlamento de la R.F. de Alemania que investigaba la evasión fiscal del consorcio Flick (industria de armamentos), el socio de éste –Günter Max Paefgen– afirmaba que dinero negro evadido entre 1973 y 1976 era entregado a Alfred Nau –tesorero del SPD y presidente de la Fundación Friedrich Ebert– y desviado hacia Mario Soares y Felipe González «para mantener la situación en esos dos países, que estaban a punto de pasarse completamente al otro lado (sic), para estabilizar la situación en la Península Ibérica y América Latina»[9]. Después de 1977 la alemana Ebert continuó financiando al equipo de González, que además fue subvencionado desde bancos y grandes empresas en cuantías que sumaban miles de millones de ptas. –siempre en forma oculta[10]. En marzo de 1994, el Parlamento germano respondía a una interpelación del Partido Bündnis 90 que las fundaciones Ebert (socialdemócrata), Adenauer (democristiana), Seidel (socialcristiana) y Neumann (liberal) habían estipendiado aún en 1992 a dirigentes de organizaciones políticas homónimas de la Península Ibérica por una cuantía de 902 millones de ptas., y en 1993 por 831 millones adicionales[11].

La cuestión a tener presente es que entrar en una coalición militar supone asumir el riesgo de provocar que países y alianzas rivales, so pretexto de combatir a su respectivo adversario, programen intervenir en el territorio de nuestro propio Estado. Cuando en 1942-1943 Norteamérica preparaba el desembarco de su ejército en el Continente europeo y una de las variantes retenidas era hacerlo por Euzkadi, sus servicios especiales sondearon al Partido Nacionalista y al gobierno vasco en el exilio, que empezaron a recibir ayuda material de EEUU. Si el régimen de Franco hubiera sido beligerante entonces junto a Alemania, ¿cabe alguna duda sobre la intensidad y naturaleza que hubiera alcanzado la intervención en España de la coalición antigermana? Volveremos con más detenimiento sobre este extremo.

Un efecto de la larga dictadura vivida es la ideología, predominante en algunos círculos dirigentes, según la cual nuestros pueblos deben ponerse bajo la protección de las Potencias hegemónicas. En propiedad ello es más bien una racionalización, actualizada, del auxilio que en su día pidieron a las Potencias los sectores sociales que apoyaron y sostuvieron el régimen de dictadura. A pesar de que las circunstancias temporales sean distintas, la práctica de tal tesis genera hoy consecuencias semejantes: perseverar en el desmantelamiento de estructuras de las que depende la cohesión de la Nación, disuadir a la sociedad de la necesidad de un Estado democrático que la represente, que defienda a pueblos que aspiran a mantener, o recuperar, su soberanía interna y externa. ¿Qué consecuencias profundas derivaron del hundimiento en 1936-1939 de las estructuras democráticas, de la subsiguiente guerra interna y del aplastamiento de organizaciones cívicas construidas durante generaciones de esfuerzos democratizadores? Un Estado que depende de la Potencia hegemónica para sobreponerse a su propio pueblo es una prolongación del poder imperial. La duradera intervención a que han sido sometidos nuestros pueblos ¿les marca como destino la imposibilidad de construir un Estado democrático? La ocupación de su territorio, mercados y población por las fuerzas de la Coalición que ha sostenido la guerra fría (1945-1992), ¿no es acaso una consecuencia de la articulación de la propia coalición bélica con los sectores locales que apoyaron a la dictadura? La ideología predominante mantiene la fachada de un Estado, aunque intervenido, mientras baliza la disolución de sus supraestructuras en los moldes supranacionales que la guerra fría ha gestado. Son algunas de las cuestiones que abordaremos en los capítulos que siguen.

La subordinación del Estado a la Potencia hegemónica puede ser necesaria para sectores locales con estatus y poder vacilantes, pero con ello activan fuerzas internas y externas de desintegración del propio Estado. Mayores aún si éste es plurinacional. Cuanto más alienado se encuentra un gobierno a la Potencia exterior, mayor es su inclinación a reprimir las expresiones diferenciadas de identidad nacional. En la etapa que sigue al agotamiento de la Dictadura, al socaire de coberturas ideológicas construidas durante la guerra fría se ha formalizado un proceso de progresivo desmantelamiento de funciones y competencias inherentes al Estado democrático-soberano. En vez de reconstruir sus pilares representativos y participativos, la disolución del Estado en las estructuras supranacionales derivadas de la guerra fría ha sido el ariete dirigido contra quienes continuaban empecinados en recuperar constantes históricas opacadas durante la dictadura. Como las de asentar la convivencia entre los pueblos hispánicos en una federación democráticamente pactada, en el no alineamiento tras el Poder imperial de turno, en la libre determinación de cada personalidad nacional y cultural diferenciada. El abandono de los tres postulados exterioriza que “hacer la revolución burguesa” –misión que dijo haberse autoasignado el equipo salido del cónclave de Suresnes, y sus émulos en Portugal y en América Latina– si por un lado buscaba con otros métodos alcanzar fines que la dictadura perseguía con sus peculiares procedimientos, por otro lado ha contribuido a abrir las compuertas a efectos negativos previsibles y, por tanto, cabe pensar que calculados.

Los sistemas con realidades plurinacionales, desde Yugoslavia a Rusia o la India, han construido sus respectivos Estados federando a naciones y pueblos. Toda Potencia imperial que haya pretendido dominar ha buscado crear Estados divididos allí donde existía una sola comunidad nacional (p. ej., escindir Panamá respecto de Colombia, o la República Federal de Alemania respecto de Alemania, gestado el primero por la Administración de Theodor Roosevelt en 1903 y el segundo por la de Truman a partir de 1947[12]). O bien desintegrar el Estado en tantos microestados como entes coexistían en aquél (naciones, conjuntos económico-geográficos, regiones, etnias, etc.). Un ejemplo de esto último fue el destino trágico e inhumano impuesto después de 1991 a los pueblos de Yugoslavia cuando las Potencias interventoras resolvieron poner fin –invocando principios altisonantes– a la continuidad de un Estado federal y no alineado que había preservado la paz y la vida de sus ciudadanos desde 1945. A lo largo del siglo XX, pocos Estados integrados por nacionalidades tan caracterizadas como las que confluyen en el de España han dejado de ser fracturados por el “Gran Juego” entre las Potencias –la excepción se ha dado allí donde el respeto interno a la identidad y libertades de cada uno de los pueblos que integran el Estado (amalgama interna) se ha sumado a la voluntad común de no dejarse absorber por una alianza bélica, ejemplo de la Confederación Helvética. Para las estrategias intervencionistas que esgrimen el concepto de los “equilibrios continentales”, una razón de sus políticas es el divide et imperat. En la ONU están reconocidos más de cuarenta Estados con una población inferior a la de la sola ciudad de Valencia. Cuando el presupuesto anual de una empresa multinacional es superior al de todo el Estado belga, cuando más de un tercio del intercambio comercial en el Mundo se realiza directamente entre las solas empresas multinacionales, se puede entender lo que para estas últimas significa la mayor parte de los Estados: organizaciones administrativas susceptibles de subordinación y manipulación.

Pero a diferencia de los gobiernos, las grandes corporaciones multinacionales no están sometidas a responsabilidades políticas, ni a condicionamientos electorales, o a los vaivenes de la opinión pública. En cambio sí pueden atacar –o sostener– a los mercados y finanzas de gobiernos y Estados. Cuentan con agentes en los altos puestos de la Administración –que proceden de aquellas empresas o aspiran a entrar en ellas–, en los medios de comunicación y en las agencias donde nace la información. Crean noticias y orientan movimientos de opinión, como demostró Silvio Berlusconi en la Italia de 1994 al llevar el neofascismo al Gobierno por primera vez desde 1944. Y si algo rechazan las corporaciones multinacionales es una organización que las controle. Al Estado democrático-soberano, participado por sus ciudadanos, en principio el solo ente con capacidad-legitimidad para pretenderlo, lo desean débil, pasivo hacia ellas. No quieren ni oír hablar de participación de los trabajadores y consumidores en la dirección de las empresas, por cuanto limitaría el libre desplazamiento de un capital indiferente a la suerte de los puestos de trabajo y a los intereses a largo plazo de la economía de las naciones. Hoy pocos Estados o conjunto de Estados subordinan a las empresas multinacionales, pero éstas sí dominan a muchos Estados. Si algún gobierno o pueblo entiende reivindicar la libertad para organizarse dentro de sus fronteras, las fuerzas del abusivamente llamado “mercado libre” –las de los Poderes apoyados por y en empresas multinacionales– movilizan contra el rebelde la secuencia conocida de intervenciones encubiertas o preventivas, bloqueos financieros, represión, militarización, dictaduras, guerras internas o externas.

A pesar de lo cual, el sistema económico asentado sobre las empresas multinacionales cruje por doquier, desastres humanos y ecológicos se suceden. Si la anarquía es consustancial a la ausencia de estructuras organizativas, evitarla en las relaciones internacionales requiere la función ordenadora propia de los Estados. Las fuerzas económicas que pavonean su triunfo sobre estos últimos –minándolos o desmantelándolos–, generan con ello las causas de muchas de las manifestaciones anómicas y destructivas que discurren ante nuestros ojos. La alternativa en una economía mundializada debiera ser otra, caminar hacia un orden Planetario inspirado en principios jurídicos democráticamente gestados e igualitarios en su aplicación, que respete la identidad de los pueblos y sus libertades, avanzar hacia una Confederación de Estados que reconociera a sus miembros la libertad de decidir dentro de sus fronteras la forma de gobierno y el régimen económico de su elección. Sin embargo, en las relaciones internacionales continúa activo el principio según el cual cada cual tiene tanto derecho como de fuerza dispone. Ello es la negación del Derecho. Dirigidas España, Portugal y América Latina desde centros neurálgicos de la Coalición de la Guerra Fría, sus instituciones fueron adaptadas a las necesidades genéricas de aquélla. Terminadas las dictaduras de la guerra fría, los latinoamericanos y españoles no son los únicos que no han recuperado aún las funciones propias de un Estado democrático y participativo. En lo que a las funciones económicas se refiere, han sido abrogadas normas básicas de la capacidad reguladora y mediatizadora del Estado; se han desmantelado medios de producción de propiedad pública[13] –cuya gestión se renuncia primero a mejorar para cederlos más barato al capital multinacional o especulativo, alejando a los municipios, sindicatos, cooperativas de trabajadores u organizaciones sociales del acceso a las empresas; se ha estimulado la enajenación de los sectores productivos de mayor rentabilidad a las multinacionales (en el alimentario, por ejemplo, estas últimas controlan en España más del 70% desde 1988); se ha cedido el control del comercio exterior, transporte, turismo y mercado de bienes de consumo; también la moneda ha sido subordinada a las decisiones del Banco Central de alguna Potencia.

En proceso complementario, han sido abandonadas las funciones ideológicas propias de un Estado identificado con la identidad de sus ciudadanos. Se ha entregado al capital privado –en gran parte multinacional–, la casi totalidad de los medios informativos que eran de titularidad pública –en el caso de España, los escritos en 1984, los radiales en 1985, los televisivos a partir de 1989, pero con la expresa voluntad del gobierno de Felipe González Márquez de impedir que pudieran disponer de aquéllos los colectivos sociales o cívicos representativos de ciudadanos, de universidades, sindicatos, entidades culturales, etcétera.

No se ha hecho excepción de las funciones inherentes a la defensa nacional, subordinadas a las estrategias del líder de la Coalición de la Guerra Fría. Las funciones estatales de política exterior se sometieron a las directrices de la Coalición y de sus instituciones complementarias. Incluso la concreción de las funciones administrativas y represivas del Estado depende de opciones de política exterior, de defensa y político-ideológicas decididas en órganos de dirección nacidos durante la guerra fría, a los que se reconoce la responsabilidad de delimitar, en último extremo, a quiénes debemos considerar como nuestro amigo o adversario social, político o económico.

¿Sirve semejante “Estado” para mucho más que para preservar una estructura social subordinada al capital migratorio y, en su caso, imponer el desmantelamiento de la estructura productiva al someterla a centros de decisión fuera de control? ¿Hacia dónde lleva tal dinámica? Si las empresas neurálgicas en, pongamos por caso, Andalucía o Madrid son singularizadas como tales no según criterios de interés nacional, o social, sino en tanto que integradas en el circuito del capital flotante japonés, alemán, etc.; si sus productos tienen que competir en el mercado de Galicia en igualdad de condiciones que las asentadas en Edimburgo, sus fuentes de aprovisionamiento están en Indonesia, o Hamburgo, y no en Murcia, su financiación depende de empresas con sede en Nueva York, sus plusvalías las reinvierte en Singapur y no tanto en su propia sociedad, sus bases operativas se deciden en Bruselas, su defensa reside por último en las directrices del Pentágono, si sus circuitos de información canalizan flujos creados por alguna Associated Press o sucursales locales, entonces los ejecutivos de tales empresas, que para viajar usan el pasaporte de la CEE, pueden preguntarse en propiedad qué es, para qué les sirve un “Estado” que ha perdido hasta su mercado interior. Si postergan los intereses colectivos y nacionales y no miran más allá de su interés individual o corporativo, pueden esperar que dentro de su horizonte vital semejante “Estado” haya quedado reducido a un marco de administración-ordenación territorial, yuxtapuesto al de comarcas, regiones o municipios, a una referencia de historias pasadas. Lo decía a su manera Jacques Delors al afirmar que el futuro de España es ser la Andalucía de Europa[14] –es decir, responden algunos andaluces, un destino de marginación, desempleo y explotación social que quienes lo sufren son los primeros en rechazar. Una reducida elite local puede esperar sacar provecho de semejante singladura –como la que se benefició del subdesarrollo de Andalucía–, la mayoría de la sociedad no.

Al capital local socio, o aspirante a socio –minoritario– del multinacional, le basta con velar que actúen las “fuerzas del mercado” –y los Poderes reales que en los hechos las dirigen–, rendirles pleitesía, para en contrapartida estimarse acreedor de su protección. ¿Contra quién? Ante todo, contra rivales o adversarios internos. Es notable la continuidad de estas posturas con las equivalentes del siglo XIX… Sin embargo, cuando las orientaciones de los gobiernos se deciden, en último análisis, en función de su alineamiento en una órbita exterior, el interés inmediato y a largo plazo de la comunidad nacional debiera radicar en rechazar ser sometida a las consecuencias de semejantes políticas. Los gobiernos que son instrumento de dominación sobre su propia población, más que en defensores de los intereses de ésta se convierten en blanco de sus iras, la Administración es percibida como delegada de un Poder ajeno más que expresión de la libertad e identidad cultural de los ciudadanos.

Nuestros sectores dominantes se dicen hoy deslumbrados por los efectos de la internacionalización del capital. Sus elites se obsesionan en contener, impedir la reemergencia de un fenómeno recurrente en nuestra historia democrática: la interacción entre intereses nacionales, culturales y populares. Sin embargo, existen recursos socioeconómicos y culturales susceptibles de impulsar un proyecto colectivo que recoja y desarrolle la ambición de crear instituciones públicas, y también económicas, abiertas a la participación efectiva de los ciudadanos en su gestión, como instrumentos de salvaguardia de su identidad en tanto que pueblos y culturas abiertos al ancho Mundo, sin xenofobias, autarquías, exclusiones ni subordinaciones –lo que pueblos incluso más pequeños en territorio, demografía y recursos han logrado, o se esfuerzan por alcanzar.

Un proyecto colectivo alternativo al programado durante la guerra fría hubiera requerido dar prioridad a reconstruir política y culturalmente el entramado social y cívico de la Nación. No fue así, el prolongado legado de décadas de dictadura fue la carencia de instituciones sociales, económicas, culturales, políticas y militares endógenas, susceptibles de asumir democráticamente la defensa de los intereses y bienes propios y colectivos. Una anécdota puede simbolizar esta intervención indirecta en asuntos internos. En mayo de 1979, vigente ya la Constitución de 1978, celebradas dos elecciones parlamentarias y una municipal en régimen de pluralidad de partidos, Felipe González Márquez abría su informe escrito al Congreso de su organización afirmando, categórico, que la democracia era una realidad consolidada en España, y recababa su parte de mérito en ello. Cuando horas después la mayoría de los mil delegados votaron una moción discrepante con su línea política, González se negó a formar una Comisión Ejecutiva que respondiera a la resolución congresual. El alcalde de Madrid –Enrique Tierno Galván– subió a la tribuna a explicar que los delegados debían renunciar a darse una dirección no aprobada por González pues, de otro modo, «mañana mismo los alemanes cortan la financiación al partido, en unos días más los tanques ocupan las calles de Madrid». Los congresistas regresaron a sus casas sin elegir una dirección. Pero, acto seguido, el equipo González suprimió los controles democráticos internos y se garantizó en su partido, durante tres lustros, sufragios de apoyo del 100% –la corrupción reemplazaba a la ideología.

De la anécdota a la categoría. Desde que se les devolvió el derecho de sufragio en 1977, los españoles han votado mayoritariamente a siglas de organizaciones que fueron opuestas al régimen de dictadura. Sin embargo, si bien las formas mudan, el sistema permanece. Como se recordó el 16 de junio de 1987 al general, que, por primera vez desde 1939, declaró que las FF AA acataban incondicionalmente las decisiones del legítimo poder político. En respuesta a la pregunta de un periodista sobre si el Ejército se sublevaría «contra un Gobierno que decidiera otorgar a una región un nivel de autonomía, de autogobierno, en la que pudiéramos estar hablando de autodeterminación», el gobernador militar de San Sebastián –general Díaz Losada– contestó: «Si se acepta por parte de las instituciones de la Nación el que a una determinada región se le dé ese nivel de autonomía, habría que respetarlo […]». El periodista precisó: «¿incluso habría que respetar una independencia o la creación de un Estado federal?». El General continuó: «Si las instituciones del Estado lo aceptan, habría que respetarlo». Por unas horas los ciudadanos se preguntaron si contaban con militares que respaldaban las decisiones propias de un Estado soberano y democrático, mientras que ciertos núcleos voceaban que las FF AA estaban por encima de la representación de la Nación. En el siguiente día el ministro de Defensa de González, Narcís Serra, cesaba al general Díaz Losada[15]. Pero obstruir vías políticas democráticas ha significado mantener a los vascos encerrados en una dialéctica de armas, sangre y violencias.

La vida de nuestra generación ha transcurrido en paralelo a la llamada “guerra fría”, la tercera de las guerras intraeuropeas del siglo XX. Las tres han sido ganadas por la subcoalición que pudo movilizar en su apoyo los recursos económico-militares del Nuevo Mundo. A la postre, EEUU ha contribuido a liquidar sucesivamente a todas y cada una de las Grandes Potencias que conocía el Mundo a comienzos de siglo. Vistos desde una perspectiva no eurocéntrica, son los pueblos y Estados de Europa los que han perdido las tres guerras continentales. Pero también los de América Latina al reducirse sus espacios de autonomía en la sociedad internacional. A medida que el desarrollo histórico erosiona las estructuras internas y externas sobre las que se apoyan las dictaduras, emergen las realidades profundas de los pueblos. Los intereses sociales y las naciones con voluntad de sobrevivir necesitan construir nuevos instrumentos de interacción organizada. Las soluciones aplicadas durante la dictadura, y después, son conocidas. Sus insuficiencias, incapacidades y consecuencias están a la vista. En los capítulos que siguen las contemplamos bajo el prisma de experiencias de intervención –de sus metamorfosis–, a partir de documentos de Estado en su día secretos que recogen los fines realmente buscados y los medios empleados. Inéditos la mayor parte, en particular los conservados en los National Archives de EEUU –cuya consulta agradezco, así como la autorización para fotocopiar los textos originales que se reproducen, o citan, a lo largo del libro y otros que son su soporte documental[16].

Nuestro interés se centra en conceptos estratégicos, en su articulación con decisiones y hechos de Estado. De ahí que nos apoyemos en fuentes documentales primarias, donde conceptos y actos son integrados por centros de decisión estratégica que sobredeterminan la suerte colectiva. Sin determinismos a priori, el lector es invitado a evaluar las interrelaciones de causa a efecto entre hechos y decisiones. De modo que, invirtiendo el ángulo de enfoque usual, podamos observarnos a nosotros mismos desde instancias exteriores. El análisis que sigue se sitúa, pues, en una perspectiva temporal larga, en torno de constantes estratégicas. El lector interesado por conceptos cuya vigencia mantiene al Mundo en estado de guerra encontrará, en la segunda parte, una reflexión sobre su génesis y proyección teórica y práctica. Antes de seguir adelante, sin embargo, quiero también reconocer a los colegas del Institute for Policy Studies, de Washington, D.C., la acogida y colaboración que me brindaron durante mis años de estancia en aquella capital.

Primera parte

Intervención y Guerra Fría

1. Entre Alemania y Gran Bretaña. Intervención y guerra

Alemania absorbió a España en su zona de influencia en 1939, anexionó Austria y ocupó Checoslovaquia en 1938. Gran Bretaña asintió. La declaración de guerra británica a Alemania del 3 de septiembre de 1939 no ponía en cuestión, por sí misma, el acuerdo previo sobre la suerte de Austria, Checoslovaquia y España, sino su ampliación a Polonia. Pero, a partir de junio de 1940, el acuerdo británico en cuanto a España dio un vuelco. La causa: Francia había caído bajo dominio alemán –y antes Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda.

¿En qué circunstancia y a través de qué medios intentó el gobierno británico recuperar su control sobre España? Disponíamos de testimonios, como los de José María Gil-Robles (monárquico), que durante su exilio en Portugal había anotado en su diario de 3 de octubre de 1942:

[…] Celebro una entrevista con el embajador inglés en España, Sir Samuel Hoare, a la que asisten el agregado naval británico en Madrid y Sainz Rodríguez. El embajador expone la situación en términos parecidos a éstos […]: no sería extraño que Hitler pretendiese obtener de España bases de aviación en el sur, con el fin de intentar cerrar el Estrecho y hacer casi imposible el abastecimiento de Malta. En Londres hay el temor de que dentro de un mes o mes y medio Hitler […] dirija a Franco un verdadero ultimátum para que permita el establecimiento de bases aéreas alemanas en la zona del Estrecho. Si Franco accediese, Inglaterra lo consideraría como un casus belli. Sería preciso que en aquel momento un gobierno de fuerzas nacionales elevara su protesta contra la invasión, en Canarias o en tierras de África. Ese gobierno independiente, integrado por fuerzas conservadoras y de sentido nacional, sería inmediatamente reconocido por los Aliados y salvaría la posición de España en el orden internacional […]. En Inglaterra se ve con los mejores ojos la restauración de la monarquía en España.

El testimonio de quien en 1933-1936 fuera líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), y ministro de Guerra, concentra conceptos básicos de la diplomacia británica. Londres no cuestionaba la dictadura del general Franco –como tampoco su sublevación en 1936 contra el gobierno constitucional. Pero si la Potencia rival en el Continente obtenía bases en España, Londres estaba dispuesto a reconocer que algunos españoles se autoproclamaran Gobierno bajo protección militar anglosajona[1].

El 4 de enero de 1943 el agregado naval de la Embajada inglesa en Madrid visitó de nuevo a Gil-Robles:

[el oficial naval] ha llegado ayer de Londres, donde ha permanecido varios días en conversaciones con los principales elementos del gobierno y los jefes de los Estados Mayores. […] Refiriéndose a España, mi interlocutor me aseguró, una vez más, que Inglaterra no desea una vuelta de las izquierdas[2].

Que el gobierno británico vetara el acceso de las izquierdas a su programado gobierno para España no era baladí. Significaba continuar privando de los derechos políticos a la mayoría de los ciudadanos españoles. Según el comandante B. H. Wyatt, el Board of Analysts de los servicios secretos de EEUU había estimado pocos meses antes que «80% de la población española podría sin lugar a dudas ser calificada de red [roja]»[3].

En el diario de Gil-Robles, entre sus interlocutores, está ausente el Gobierno de Estados Unidos. Quien, sin embargo, no sólo estaba al corriente de los planes británicos de intervención sino que los mediatizaba. En 1942 los analistas norteamericanos subrayaban un rasgo histórico en la política británica hacia la Península Ibérica:

Pero si Gran Bretaña pudo mantener a Portugal separado de Iberia, su intento de apoyar a una Cataluña libre (a partir del siglo XVIII) nunca ha tenido éxito […]. Portugal, en gran medida gracias a la ayuda británica, se separó y desde entonces ha permanecido independiente como un satélite de Gran Bretaña,

y contemplaban también el presente y futuro de la antigua América española: «El nacionalismo español expresado en el concepto de Hispanidad, es una amenaza potencial a los intereses norteamericanos en América Latina»[4].

I. Sobornar al mando de las FF AA

El plan al que sir Samuel Hoare, después vizconde de Templewood, invitaba al democristiano Gil-Robles había sido lanzado dos años antes. Las claves de su concepción, fines y medios se leen en un informe que he encontrado entre los documentos que el director del Office of Strategic Services (OSS), William J. Donovan, hizo microfilmar después que Truman ordenara disolver el OSS (fines de agosto de 1945)[5]. Su contenido es un modelo de los operativos que una Potencia moviliza para dirigir a otro Estado cuyos mecanismos de decisión están fuera de todo control democrático interno (documento 1).

Firmaba el informe en cuestión el 17 de abril de 1942 el teniente-coronel Robert A. Solborg, jefe de operaciones del OSS para el norte de África y agregado militar en la Legación de EEUU en Lisboa (documento 2). Lo dirigía al brigadier general Raymond E. Lee, del servicio de inteligencia del Estado Mayor del Ejército, Departamento de Guerra, en Washington, D.C. Puntualizaba que no dejaba copia dado que «la naturaleza de esta comunicación requiere el más extremado secreto».

El oficial norteamericano empezaba describiendo la fuente, y su importancia:

Acabo de pasar una semana en Madrid invitado por un viejo amigo mío, el capitán Allen Hillgarth, R[oyal] N[avy], y Agregado Naval de la Embajada británica, y logré conocer los detalles de un secreto que es compartido sólo por mi anfitrión, Sir Samuel Hoare, Mr. Churchill [primer ministro y primer lord del Almirantazgo], Lord Halifax [ministro de Asuntos Exteriores] y Mr. Eden.

Evaluaba la información en los siguientes términos:

La fuente de la información anterior es absolutamente irreprochable, y el hecho de que Gran Bretaña, a pesar de todos los reveses británicos, haya sido capaz de mantener a España en posición no beligerante, añade peso a la información anterior. La importancia de este complot no puede ser subvalorada cuando uno considera que la base naval de Gibraltar está a merced de los cañones españoles, y que si algo pasara en Suez, la Gran Bretaña necesitaría ser apoyada plenamente en España para mantener a este país no beligerante.

Los antecedentes guardaban relación con la evolución del conflicto del Reino Unido con Alemania:

En el verano de 1940, después del colapso de Francia, la entrada de España en la guerra del lado del Eje era considerada inminente, pues en esa época el Gobierno español y la mayoría de los altos oficiales del Ejército español creían firmemente en la victoria alemana. A la vista de la vulnerabilidad de la base naval británica de Gibraltar, la cuestión de mantener a España fuera de la guerra era una gran preocupación para el Gobierno británico, y la principal tarea de sir Samuel fue la de prevenir que España se uniera a las fuerzas del Eje. Al capitán Hillgarth[6], debido a su prolongada residencia en España, a su profundo conocimiento de los españoles y de oficiales del Ejército y de la Marina española, se le confió la misión de encontrar la manera para resolver lo que parecía ser una importante situación donde los medios diplomáticos y políticos usuales no serían de ninguna ayuda dadas las fulgurantes victorias alemanas y la débil posición del Gobierno británico.

II. Juan March

El medio ingeniado era comprar a generales en posiciones de mando. El vehículo fue Juan March, el financiero de la insurrección contra el Gobierno democrático español en 1936:

Se decidió que debía hacerse un esfuerzo para generar en los círculos del Ejército español una actitud hostil a la entrada de España en la guerra, y se estimó que la mejor manera de lograrlo era sobornar a los generales españoles regalándoles dinero. El hombre seleccionado para esta acción era el bien conocido capitalista español Juan March quien, debemos recordar, fue el hombre que contribuyó a financiar la campaña de Franco.

Juan March invocaba ante los generales motivos de alto patriotismo, aparentando como que arriesgaba dinero propio:

Ni qué decir tiene que todas las negociaciones fueron conducidas con la consumada habilidad de que es capaz Juan March, disimulando cuidadosamente las huellas de Gran Bretaña y haciéndola aparecer como una iniciativa enteramente española, financiada por bancos e inversores españoles, con el único objeto de ahorrar a España los horrores de otra guerra.

¿Cuánto invertía el gobierno británico en sobornar al Mando del Ejército de Franco? En enero de 1943 el dólar se cotizaba a 21 ptas. El valor adquisitivo de 210 millones de ptas. de 1941 equivalía a más de 17.310 millones de ptas. de 1993 (más de 142 millones de dólares)[7]. Enorme suma para generales cuyo sueldo mensual apenas sobrepasaba cinco mil ptas. (238 dólares). Poco para lo que Gran Bretaña y su Imperio se jugaban[8]:

March contactó a un grupo de importantes generales españoles, en un número de alrededor de treinta, y sus argumentos ante los generales estaban respaldados por una suma de 10.000.000 de dólares puesta por el Gobierno británico a la disposición de aquéllos.

Pero el pago del precio estaba subordinado a una condición suspensiva a plazo fijo:

Se convino un acuerdo de seis meses de duración, que vencía en mayo de 1941, para que los generales insistieran en mantener la neutralidad de España durante ese período de tiempo.

A los generales, del dinero era mostrada la señal. Estamos ante un contrato de obra y no de arrendamiento de servicios. El enlace del gobierno británico entregaría la recompensa una vez demostrado el cumplimiento del trato:

La moneda fue depositada en Nueva York, pero los generales tenían permitido retirar algunas sumas en pesetas que les serían descontadas del monto total, a un tipo de cambio previamente acordado, cuando llegara el día de pagar el soborno.

¿Qué generales entraban en la operación? Señalaba al general Orgaz, jefe del principal cuerpo de tropas del Ejército, el estacionado en Marruecos (donde comenzó la sublevación militar de 1936), a quien describía como comandante general de Canarias –el destino que tenía Franco al sublevarse el 17 de julio de 1936. Y distinguía entre todos al general Aranda –«el famoso defensor de Oviedo, que ocupaba el puesto de director de la Escuela de Guerra en Madrid»–, llevándose la mayor parte de la recompensa –dos millones de dólares– dado que «se espera que esté a cargo de las Fuerzas Armadas españolas cuando la “Falange” sea derrocada». El objetivo británico era derrocar el Gobierno existente en 1940-1942, de mayoría falangista.

Los estipendiados se sentaban en el Consejo Superior del Ejército. Y efectivamente, en los primeros días de diciembre de 1940, aquél desaprobaba, por unanimidad, que España declarara la guerra al Reino Unido. El propio general Aranda informó de ello a uno de los agregados militares británicos en Madrid.

Relata José María Gil-Robles que el 14 de febrero de 1943 recibió en Portugal la visita de Juan March:

Según March, un grupo de generales se muestra cada vez más hostil a la política franquista. Forman ese grupo Aranda –que se dedica a cultivar a los elementos de izquierda–, Orgaz, Varela y Kindelán. Este último es el que más intransigente se muestra con Franco[9].

Llegada la fecha del vencimiento del acuerdo –mayo de 1941–, continúa diciendo el teniente-coronel Solborg que el dinero británico –siempre gestionado por Juan March– no fue entregado a los conjurados, sino que la condición a cumplir quedó prolongada en otros seis meses –hasta noviembre de 1941–, «y un millón de dólares adicional fue agregado al fondo para cubrir la participación de nuevos miembros».

Vencido el segundo plazo, de nuevo fue ampliado por otros seis meses –hasta julio de 1942. Previo incremento del premio en otros dos millones de dólares. El total desembolsado por el Gobierno británico en el soborno ascendía así, en abril de 1942, a trece millones de dólares. Cierto es que el 15 de diciembre anterior los integrantes del Consejo Superior del Ejército –Varela, ministro del Ejército, Orgaz, Saliquet, Dávila, Ponte y Kindelán– fueron unánimes en manifestar a Franco que España no debía entrar en guerra con Gran Bretaña[10].

El camino seguido por aquel tesoro fue accidentado. Surgió un sobresalto en 1941

cuando sobrevino la decisión del Ministerio de Hacienda de Estados Unidos de congelar las cuentas de los beligerantes depositadas en bancos norteamericanos, y entiendo que con muchas dificultades finalmente se logró por un acuerdo especial, secreto, entre los gobiernos británico y el nuestro [norteamericano], que dichos fondos fueran transferidos a Suiza[11].

El dinero quedó depositado en bancos suizos de modo tal que su control directo nunca estuviera en manos de los sobornados. El grueso de los dólares fue aportado a una sociedad anónima, de la cual March distribuía entre los generales títulos o acciones. En pesetas contantes y sonantes sólo habrían recibido los militares algunos anticipos para «gastos corrientes y especiales». El control británico –vía March– sobre los generales fue así mantenido a lo largo del tiempo. Algún día quizás se conozca cuánto tiempo duró la Sociedad Anónima, los cambios en los titulares de acciones, la evolución de su valor, si conocían la identidad de los restantes socios, la parte que se reservó el intermediario March y los beneficios colaterales para sus negocios. Un interrogante surge aquí, inevitable: en 1940-1942, Juan March, inconmensurablemente más rico que en 1936, no arriesgó dinero propio, ¿lo hizo al financiar la insurrección de 1936?

El general Kindelán, en carta de 25 de diciembre de 1943 a Franco, decía: «no poseo una sola acción de sociedad anónima ni ninguna otra propiedad», y a continuación le prevenía –matizando que no deseaba “sonar a delación”– del riesgo de desunión en el Ejército que «podría desembocar en un vergonzoso caudillaje», si no hacía posible el tránsito «al régimen monárquico “por Franco y con Falange” […], comenzando por una Regencia, por Vd. con plena dignidad ejercida […]. La fecha de la coronación del Rey será opinable y discutible, pero la urgencia de instaurar el Régimen en su forma de Regencia, lo es»[12].

III. Ofrecimiento de golpe militar

El informe del Agregado Naval británico al teniente-coronel Solborg anunciaba algo más: la oferta por los sobornados de derrocar al Gobierno y sustituirlo por otro alineado con el Reino Unido y EEUU:

A medida que cambiaba el escenario en la escena internacional, tras los éxitos rusos y nuestra entrada en la guerra, esos generales españoles que al principio hacían melindres a entrar en el acuerdo, hoy están más que ansiosos por mantenerlo e incluso han ido tan lejos como para sugerir que debe hacerse un pacto preciso, por escrito, con el gobierno británico que garantice el apoyo y la ayuda de éste a los generales cuando decidan derrocar al actual gobierno y ponerlo del lado de los Aliados[13].

Pero el objetivo de Londres era controlar el alineamiento exterior del régimen de Franco, no acabar con éste. Los generales eran pagados para fines y secuencias decididos por el gobierno británico. Se observa cierta cautela y vacilación al pedir respaldo para derrocar el régimen:

No hay insistencia de parte de los españoles para establecer un acuerdo bilateral. Según mi información, se contentan con obligarse a una acción en favor de los Aliados cuando llegue el momento oportuno, y desean tan sólo que semejante compromiso sea firmado por un representante autorizado del Gobierno británico.

Una constante en la intervención de las Potencias es cooptar clientes que les sirvan a cambio de respaldarlos. Muchos cambios –y continuidades– en la dirección del Estado español tienen claves externas mal conocidas. También en períodos que no desembocaron en guerra interna. Ante el entusiasmo de los sobornados «Sir Samuel Hoare vacila sobre si debe firmar tal documento, el capitán Hillgarth ha sido convocado a Londres a una reunión con el Primer Ministro sobre este punto y sale en avión desde Lisboa el próximo miércoles».

En la precaria situación en que se hallaba, el Reino Unido no decidía ya por sí mismo algo tan trascendente sin previo acuerdo con EEUU. Que a la sazón estaba preparando su desembarco en el Mediterráneo meridional –Marruecos, 8 de noviembre de 1942. De ahí que los servicios de información británicos estimaran necesario informar a los de EEUU de las perspectivas que abría el soborno. El teniente-coronel Solborg seguía:

He recibido repetidos requerimientos de los británicos en Londres para que vaya y me reúna con ellos para discutir varios aspectos de operaciones especiales, y parto también el miércoles en el mismo avión que el capitán Hillgarth. El arreglo que me han hecho los británicos para que viaje a Londres al mismo tiempo que Hillgarth, y me encuentre allí mientras éste sostiene tales conversaciones con el Gobierno, no son una mera coincidencia, y creo que dispondré de un capítulo adicional de esta tragedia, o mejor diría tragicomedia, para informarle después.

En aquellas fechas los servicios de información de EEUU estimaban que España estaba madura para un cambio político interno. Constataban que «la gente sencilla sufre, como de costumbre, pues hay mucha hambre y miseria en todo el país. El peculado y la corrupción son rampantes […]». Dos organizaciones detentaban los resortes del Estado:

En términos generales, la situación en España es muy crítica y preñada de toda clase de posibilidades. Franco deberá decidir pronto si se pone del lado del Ejército o de la Falange. La animosidad del Ejército contra el Partido es prácticamente abierta, y sólo el miedo de las consecuencias evita que la olla se desborde.

El cambio podía ser amplio en sus medios y consecuencias o limitado. La segunda opción consistía en alejar al Partido Único progermánico –la Falange Española y de las JONS– del Ministerio de Asuntos Exteriores, y en la cabeza del propio Partido marginar a los más germanófilos. Los norteamericanos preferían el cambio limitado y controlado, tratando así de evitar las reacciones e incertidumbres que podían seguirse de ejecutar la propuesta de los generales asociados por March, consistente en sustituir al general Franco en la Jefatura del Estado por un hijo de Alfonso XIII de Borbón. El cambio controlado se centraba en la persona que era a un tiempo jefe del Partido Único, ministro de Asuntos Exteriores y cuñado del general Franco: Ramón Serrano Súñer. Informaba el agregado militar de EEUU:

Serrano Súñer tira abiertamente hacia el Eje, pero se cree que será apartado de su actual puesto de Ministro de Asuntos Exteriores y enviado a un país extranjero con algún cargo diplomático.

La presión de los generales había dado un primer resultado en mayo de 1941, al desplazar a Serrano Súñer desde el Ministerio de la Gobernación al de Asuntos Exteriores –sustrayéndole el control directo de la política interior en favor del general Galarza, así como el de la prensa y radio, aunque no la Presidencia de la Junta Política de Falange.

Para abril de 1942 eran estimadas bajas las probabilidades de que Alemania decidiera introducir sus tropas en España, hacia Gibraltar. Decía el teniente-coronel Solborg:

No se estima probable, en estos momentos, la invasión de España por Alemania, pues se calcula que para llevarlo a cabo necesitaría al menos cien mil soldados, que tendrían que traerse con ellos todo el aprovisionamiento. En la coyuntura actual, la invasión por Alemania encontraría la resistencia de una guerra de guerrillas, especialmente por parte de los navarros y españoles del Norte, pero no es difícil conjeturar lo que podría ocurrir si Gran Bretaña se encontrara con más reveses en el Mediterráneo.

Pero si el improbable supuesto se daba, inquietaba a los servicios anglosajones que un Gobierno en el que se sentara el influyente Serrano Súñer se abstuviera de ordenar a las tropas españolas enfrentar a las alemanas. El 11 de agosto de 1942, William Donovan escribía al brigadier general Walter B. Smith, del Estado Mayor Conjunto de EEUU en Washington, D.C., que «Franco y Súñer trabajan juntos en armonía; a diferencia de Pétain y Laval, son de la misma edad, tienen la misma extracción social […]»[14].

Londres quería tener la certeza de que Madrid se opondría al eventual ingreso en España del ejército alemán, oposición que legitimaría a su vez introducir tropas angloamericanas en la Península Ibérica, Islas Canarias y norte de Marruecos. Por el contrario, si el gobierno de Franco se inclinaba ante los alemanes, Solborg insinuaba una alternativa que no agradaba ni en Londres ni en Washington: que los Aliados se apoyaran –apoyándoles a su vez– en los españoles constitucionalistas derrotados por Franco en marzo de 1939, y reprimidos desde entonces:

el sentimiento popular español es manifiestamente pro-Aliado, y uno o dos éxitos por nuestra parte va a poner por completo a este país en nuestro redil. Los alemanes son ampliamente rechazados por su arrogancia, mal criterio y rapacidad hacia los alimentos españoles que el país difícilmente puede permitirse enviarles.

Esta visión hacia la Península Ibérica en 1942 era coherente con la sostenida por Londres durante sus guerras continentales en los siglos XVIII y XIX. El gobierno del Reino Unido trataba en 1942 de evitar la repetición tanto del permiso que el primer ministro Godoy diera a Francia para ingresar tropas en la Península –1808–, como de la instauración en España de un jefe de Estado aliado de la potencia rival de Inglaterra –Felipe de Borbón en 1700, José Bonaparte en 1808.

El paralelismo estratégico con 1700 y 1808 no terminaba ahí. En 1940-1942 algunos núcleos de oposición españoles también imploraban el auxilio británico contra el Gobierno instalado en Madrid por la intervención continental de 1936-1939. El 22 de mayo de 1942 Lauchlin Currie, consejero económico del presidente Roosevelt, escribía al general D. W. Eisenhower

un amigo, a quien identificaré diciendo tan sólo que es un alto funcionario en un gobierno extranjero, me ha enviado el informe anexo. Me parece muy sensato, aunque me gustaría conocer su opinión antes de que yo haga nada con él.

En el estilo y contenido del informe –sin firma– parecen traslucirse manos o mentes españolas que pedían al gobierno de EEUU que el proyectado desembarco de sus tropas en Europa tuviera lugar en el País Vasco «y, de paso, apoyen un levantamiento contra Franco»–, previo ultimátum «sin previo aviso […]. A menos que acepte todas las exigencias británicas y norteamericanas antes de doce horas –y las exigencias pueden ser formuladas a propósito con un alcance tan extremo que, por miedo a Hitler, tenga que rechazarlas– un nuevo gobierno provisional español sería reconocido y tropas de las Naciones Unidas desembarcarían en puertos españoles», una columna armada debía atravesar los Pirineos mientras otra se encargaría de «liberar Barcelona y Valencia. Puede esperarse que en toda esta región, por todas partes, los antiguos republicanos, muchos de los cuales todavía sostienen una lucha de guerrilla contra Franco, se sublevarán para ayudar a los Aliados»[15].

El mando militar de EEUU disuadió fácilmente a Currie de insistir en la idea. Aquél trataba de evitar la situación descrita en el Memorándum dirigido el 7 de diciembre de 1942 al ayudante del jefe de Estado Mayor, División de Operaciones, por GFO. V. Strong, Major General, A.C. of S., G-2 [inteligencia], donde se concluía que

si España quedara envuelta en la guerra, sin embargo, surgiría una confusa situación política que puede producir o un levantamiento monárquico o una sublevación republicana o, posiblemente, uno y otra. Mucho dependería de la posición militar internacional en ese momento[16].

IV. Golpe militar controlado

Los servicios de información militar de EEUU trabajaban en España. Así, el 31 de marzo de 1942 el comandante norteamericano B. H. Wyatt identificaba al coronel Juan Luis Beigbeder –ex ministro de Asuntos Exteriores de Franco y después su embajador en EEUU– como uno de sus informantes[17]. El OSS de Donovan tenía, por su parte, su propia red de agentes (documento 2). La documentación de libre acceso del OSS arroja nueva luz sobre los sucesos de agosto de 1942, la «primera crisis política seria» del régimen franquista en palabras de Laureano López Rodó[18]. El curso del golpe de fuerza, reconducido a golpe político limitado, que descabalgó a Serrano Súñer el 3 de septiembre de 1942 era anticipado, y acompañado, en los cables que llegaban a las oficinas de William Donovan en Washington[19]. Su objetivo, los medios para alcanzarlo y las iniciativas subsiguientes, aparecen resumidos en el balance que el agente Plaza, de EEUU, hacía de su misión en Madrid (cable a Donovan de 27 de octubre de 1942):

(A) La política secreta de unos pocos altos dirigentes se ha desembarazado de Falange y de la influencia y maquinaciones alemanas sin arriesgar una crisis con los alemanes, y ello tan rápidamente como ha sido posible. Rumores, incidentes y aparentes muestras de mala voluntad son trucos usados por esos dirigentes.

(B) A medida que nosotros demostremos más fuerza de choque, esto va a ir más rápido.

(C) El actual estado de cosas aquí no debe de ser condenado ni tampoco alabado, aunque a pesar de los obstáculos debemos incrementar la ayuda económica.

(D) Nosotros no debemos iniciar nada en la Península puesto que España va a luchar si los alemanes invaden.

En otras palabras, para septiembre-octubre de 1942 el mando norteamericano estimaba que había sido eliminada la Falange como instrumento de poder al servicio de Alemania. Lo había logrado a través de medios de intervención que no derivaran en pretexto para que tropas de Berlín franquearan los Pirineos. Por consiguiente, venía a concluir Plaza, la inminente entrada norteamericana en el Mediterráneo sur podía empezar sin necesidad de distraer ni un soldado aliado por territorio español. Pues si una vez iniciado el desembarco norteamericano en el Marruecos francés Alemania invadía España, los hombres del OSS tenían la certeza de que el nuevo Gobierno ordenaría hacerle frente.

El 18 de mayo, el teniente-coronel Solborg había advertido desde su puesto en Lisboa: «en España la situación es tensa, debido al creciente malestar entre Ejército y Falange y al creciente malestar por el régimen de Franco».

El 10 de junio, el agente norteamericano Leane informaba desde Madrid: «El secretario privado de Franco, Felipe Polo, confidencia que Súñer fue a Roma por orden de Alemania, que quería que España entrara en la guerra. Sin embargo, Franco le dio órdenes estrictas de estar fuera. Súñer fue tratado mal en Roma».

De nuevo Solborg, desde Lisboa, alertaba el 30 de junio sobre la inminencia de hechos mayores: «En referencia a España, tengo información extremadamente importante».

El 19 de julio, el agente norteamericano Cabot describía desde Madrid los incidentes:

Según un informe de S-1, ha habido una serie de disturbios entre monárquicos y Falange, que empezaron con un grave tumulto universitario a principio de junio entre estudiantes falangistas y monárquicos. En los últimos cinco días ha habidos dos, uno presumiblemente entre falangistas y monárquicos y S-7 dice que el otro fue entre DAVISTON y los monárquicos.

El 21 de julio, Cabot confirmaba la exactitud de la confidencia del secretario privado de Franco del 10 de junio, aunque atribuía el mérito a la eficaz presión de los generales:

Lo que sigue es de S-4. «Según una fuente que acaba de llegar de Italia […] en su visita a Roma Súñer definitivamente informó al Eje de la intención de España de permanecer neutral. La causa de ello es la presión de los militares españoles».

El 24 de julio, Leane señalaba desde Madrid que el intermediario Juan March era interceptado cuando la acción de los generales conjurados se acercaba al clímax:

Como resultado de algunos problemas con dinero, Juan March, el gran magnate de España, pasó unas pocas horas en la cárcel y ha salido del país. Según buenas fuentes, el general Aranda está reuniendo apoyos para un golpe que saque a Franco en breve[20].

El 15 de agosto, en un acto carlista en el Santuario de Begoña (Bilbao) en el que participaba el general Varela –ministro del Ejército–, un grupo de falangistas respondió a gritos promonárquicos y, según dijeron, a zarandeos por parte de carlistas, arrojándoles dos bombas de mano que provocaron víctimas. Varela enviaba de inmediato una circular a los capitanes generales describiendo el hecho como un ataque de Falange al Ejército, e incluso como un intento de asesinarle. El ministro del Interior, general Galarza, se solidarizaba acto seguido con Varela y enviaba un telegrama semejante a los gobernadores civiles. Significativamente, las iniciativas de ambos ministros no fueron consultadas con Franco, de vacaciones en Galicia y que las juzgó no sólo exageradas sino una insubordinación.

El 27 de agosto Franco había interrumpido sus vacaciones y estaba de vuelta en Madrid. Horas después un agente de EEUU, Metro, comunicaba la agudización del enfrentamiento:

Anoche supimos de una fuente fiable que los ministros del Ejército, del Aire y otro, que se cree que es el de Educación, acaban de dimitir afirmando que no quieren ser asociados con asesinos. La fuente informa también que el Consejo de Ministros celebró anoche una reunión de emergencia.

El 1 de septiembre Plaza escribía que la víspera Franco vacilaba:

Según un informe de fuente fiable, José Luna, el cuarto hombre de importancia en Falange, declaró ayer en una reunión del Consejo de Ministros que asume toda la responsabilidad del incidente de Bilbao. Franco informó al Consejo que si no eran resueltas amistosamente las diferencias personales derivadas de este asunto, abdicaría y abandonaría España[21].

El 2 de septiembre, Leane informaba que el programa de los sobornados ganaba terreno, que Aranda estaba a punto de lograr el objetivo anticipado el 17 de abril por el teniente-coronel Solborg:

S-4 necesitará ciento cincuenta mil pesetas adicionales cada mes para el programa en curso. Una fuente fiable dice que le ha llegado información según la cual el próximo ministro del Ejército será probablemente Aranda.

El 4 de septiembre Metro calificaba de chisme la posibilidad de que fuera Alemania quien estuviera detrás del golpe político en curso de desarrollo, por más considerables que fueran sus disponibilidades militares en el sur de Francia:

Re mi número 18. Corrijan, Interior en vez de Educación. Agregar dimisión del ministro de Justicia[22]. S-1 fue informado por un funcionario responsable del Gobierno del siguiente chisme en círculos oficiales: «Arrese será nombrado Presidente del Gobierno, relevando a Franco de esta función, y Muñoz Grandes ministro del Interior, el ministro del Ejército no es seguro pero Franco es y va a continuar siendo la autoridad real». Re de S-4 a 12 a través de 16. Estimaciones de fuentes independientes confirman que a comienzos de agosto las tropas nazis en Francia eran alrededor de un millón. Divisiones motorizadas estaban incluidas en informe de panzers. Espero detalles exactos la próxima semana.

La víspera, 3 de septiembre, en palabras de Ricardo de la Cierva –hagiógrafo de Franco– «se produce uno de los más espectaculares cambios de escena de la política española contemporánea […] Franco asume personalmente la presidencia de la Junta Política [de Falange]»[23]. Cierto, y además Franco destituía a José Luna Meléndez (próximo a Serrano) de la Vicesecretaría general de Falange y lo reemplazaba por Manuel Mora. Pero también destituía a los generales Varela y Galarza de los ministerios del Ejército e Interior, y los reemplazaba por el general Asensio Cabanillas y Blas Pérez, respectivamente. Los conjurados habían alcanzado la meta delimitada, la preferida por los servicios de EEUU –destituir a Serrano Súñer de todos sus cargos–, pero no el objetivo personal de hacerse con el Gobierno. Ni siquiera era Aranda quien reemplazaba a Varela en el Ministerio del Ejército.

Franco se había adelantado a los conspiradores una vez más –entre los generales que prepararon la sublevación del 17 de julio de 1936 no figuraba Franco, quien observaba distante. En 1940-1942 se sobrepuso a los conjurados según su modelo: apoyándose en la Potencia dominante –en julio de 1936 Alemania, en septiembre de 1942 EEUU Franco desbarataba el golpe, retenía e incrementaba su poder, en la medida que asumía como propios los intereses de Washington que coincidían con los de Londres –sacrificar la política que simbolizaba Serrano Súñer, comprometerse a combatir a los alemanes si sus tropas ingresaban en España. Marginaba a sus rivales al privarles de los resortes externos con que le disputaban el poder[24]. Mantenía al Partido falangista en el Gabinete, pues le era útil para controlar a la población y dar cierta satisfacción a la Potencia rival –Alemania. Pero al poner la Falange bajo su mando directo, mostraba a los angloamericanos que controlaba a los germanófilos.

El 6 de septiembre siguiente, Metro notaba que los generales Varela y Galarza habían sido sustituidos por personas no asociadas con los sobornados. Y apuntaba lo difícil que había sido para Franco romper, in extremis, con la política de Serrano:

En relación con cambios en el Consejo de Ministros. Asensio es un falangista rabioso, antibritánico y frío hacia Estados Unidos, y admirador de los métodos alemanes. Jordana es un hombre cortés, no un falangista pero tampoco un firme amigo de los Aliados. Blas Pérez y Mora Figueroa son falangistas firmes en la forma. Aunque fuimos informados hace dos días de inminente caída de Serrano Súñer, pensamos que era otra falsa alarma. La opinión es que Franco tuvo que destituirle para poder mantenerse él en el sillón. Sin embargo, el Consejo de Ministros continúa controlado por los falangistas tan firmemente como siempre, y tras la pérdida de Galarza y de Varela es posiblemente más inamistoso hacia los Aliados. No puede durar y caerá completamente cuando el dominio nazi sea menos fuerte.

El 10 de septiembre Metro confirmaba lo que Solborg anticipara el 17 de abril, que a Serrano le ofrecían un puesto lejos de Madrid. Pero también que Franco trataba de alejar al general Varela, y de retirar a Orgaz el mando de las tropas de elite estacionadas en el Protectorado de Marruecos:

Serrano Súñer presentó su dimisión a Franco voluntariamente, diciendo que un día volvería. Para evitar cualquier posibilidad de un voto de confianza en favor de Súñer, Franco pospuso la reunión del Consejo de Ministros durante tres días consecutivos. Serrano rehusó el puesto de Alto Comisario en Marruecos. Se cree que Varela será nombrado el próximo embajador en Roma. Se cree que Orgaz está fuera de juego tras su rechazo a sancionar el negocio del Halifa con dinero de dudoso origen.

El 11 de septiembre Metro apreciaba que seguía la ofensiva de los generales conjurados. Mientras la viuda de Alfonso XIII, doña Victoria Eugenia –ella misma miembro de la familia real británica–, les hacía llegar su entusiasmo, los servicios británicos recibían instrucciones de actuar en coordinación con los norteamericanos. Los cuales pedían instrucciones a Washington acerca de hasta dónde cooperar con el diseño de Londres para retirar el poder decisorio a Franco y restaurar la monarquía:

32, 33, 34 y 35. Según el informe de 72, Franco destituyó a los ministros Vigón y Bilbao el miércoles por la tarde. Kindelán y Orgaz acaban de llegar de Barcelona. Parece que Franco va a ser la cabeza simbólica del Estado, con el puesto de Primer y Viceprimer Ministro ocupado probablemente por Orgaz y Kindelán. En vista de la orientación del Consejo de Ministros, se espera que militares ocupen los puestos de Aire y Justicia. Declaraciones de Jordana a sus íntimos de que Alemania ha perdido la guerra y que las esperanzas de España radican en los Aliados, indican un cambio en su actitud. Asensio es un falangista rabioso y no es de ninguna ayuda para los Aliados. Ya hay pruebas del cambio de actitud de la prensa en nuestro favor y esperamos más. Por tercera vez Beigbeder ha pospuesto su partida hacia los Estados Unidos. Va a ir, pero antes desea ver qué pasa aquí. Franco le ha ofrecido un alto puesto y le ha pedido su apoyo, pero él lo ha rechazado diciendo que no está de acuerdo con las ideas de Franco. El Gobierno está planeando el pronto retorno del Rey Juan. Existe la impresión de que debido a la fiera resistencia de España y a nuestra apertura de un segundo frente en Portugal, Alemania es incapaz de ocupar España. El Rey Juan tiene el proyecto de cerrar la frontera a los nazis y pedir a los Aliados su influencia y ayuda. Fuente BBB uno [sic]. Una carta recibida ayer de la reina Victoria que decía «va formidablemente bien courage» fue leída por 72. Londres ha instruido a los servicios británicos que colaboren enteramente con nosotros. El Departamento de Estado continúa pidiendo a la embajada información sobre la positiva evolución de la Península. ¿Hasta dónde debemos nosotros colaborar en esto?

El mismo 11 de septiembre Metro enviaba otro cable. Orgaz quería continuar en su puesto de mando:

#36. Éste es una continuación a mi 32. Ayer Orgaz siguió hacia Marruecos después de decir a Walter Smith[25] que va a continuar en su puesto durante la presente crisis para proteger los intereses de España a pesar de trifulca del Halifa. Tenemos necesidad urgente de más fondos.

La respuesta de Washington fue frenar el apoyo de los servicios británicos a los objetivos autónomos de los generales sobornados. En la coyuntura de 1942, y hasta 1975, el mando militar y político de EEUU haría del acoplamiento con Franco el vehículo para alcanzar sus intereses estratégicos en España. Era la opción estimada como de menor costo. El 27 de octubre de 1942 Plaza incluso insinuaba a Donovan el escenario que Franco acariciaba: la mediación de este último en una paz negociada entre EEUU y Alemania, que sumara la fuerza de ambas contra la URSS. Franco deseaba, en efecto, repetir su mediación para que Francia firmara el armisticio con Alemania en la primavera de 1940:

[…] (E) Estamos preparando el terreno para una ofensiva de paz hacia Alemania y, para que la iniciativa de paz pueda parecer un grito de ayuda en vez de una oferta magnánima, debe de ser descargada una terrible ofensiva aérea en el corazón de Alemania. 241 da su acuerdo, cable 231, que por el momento él no debe venir a España.

El 15 de noviembre, el embajador británico en Madrid informaba al Foreign Office que

el general Kindelán [le] ha dicho que Franco ha afirmado haber sido informado en esta fecha, por la embajada de España en Berlín, que Hitler tenía el propósito de solicitar en el futuro inmediato el paso de tropas alemanas a través de España. Franco ha convocado al Consejo de Ministros y después de una amplia discusión se ha decidido que semejante petición debe ser rechazada, y que una movilización parcial va a ser decretada[26].

El 18 de noviembre el State Department informaba a su Embajada en Madrid «el resuelto interés del Departamento de Guerra por mantener con España en la actual situación relaciones amistosas. Ese Departamento desea evitar cualquier paso que pueda de alguna forma producir fricciones o crear un incidente»[27]. Seis días más tarde, dos semanas después del desembarco de las tropas de Eisenhower en el Mediterráneo meridional, Plaza informaba a Donovan que el Gobierno español estaba dispuesto a colaborar en el asedio contra Alemania vendiendo subrepticiamente armas cortas a EEUU y, sobre todo, apoyando indirectamente la guerra aérea: «Si ustedes aportan muestras o diseños de las piezas que desean, yo puedo lograr la fabricación de piezas de avión por Construcciones Aeronáuticas». Washington aceptó la oferta. Cinco días después Metro confirmaba a Donovan el comienzo de una operación triangular: España fabricaría y vendería a EEUU armas automáticas pagadas por el Tesoro norteamericano, que serían embarcadas en Lisboa con destino a México y recogidas en alta mar por EEUU.

La incertidumbre sobre la eventual decisión alemana de entrar sus divisiones en España se trasluce en la preparación, por el mando militar de EEUU, de un vasto programa de bombardeos sobre objetivos no sólo militares o de medios de transporte y comunicación, sino también sobre la población civil de Madrid, Barcelona, Málaga y otras importantes ciudades[28].

El año 1942 terminó con los dirigentes españoles bajo influencia alemana impotentes para cambiar el comienzo del alineamiento de Franco detrás de EEUU. Si aquel 8 de diciembre Plaza informaba que «la tensión en Falange es alta, con la posibilidad de una ruptura abierta y el intento de un golpe de Estado», el siguiente día Metro daba las reales proporciones de la correlación de fuerzas:

#93. Lo que sigue de Metro: un nuevo agente informa que BB2 Muñoz Grandes es esperado aquí inmediatamente y en combinación con el general Yagüe va a ejercer toda la presión posible. Girón y otros de la camarilla a favor de que España se alinee con el Eje. No va a recibir apoyo y Franco va a encontrar alguna manera para mantenerle aquí.

En efecto, el 18 de diciembre de 1942 llegaba a Madrid el recién ascendido teniente general Muñoz Grandes, cuatro días después de recibir la Cruz de Hierro de manos del canciller Hitler por su colaboración a la cabeza de la División Azul en el frente ruso. Franco no le confió el mando de ningún cuerpo de Ejército, y esperó hasta el 3 de marzo siguiente para asignarle la burocrática misión de jefe de su Casa Militar.

Otro escenario premonitorio despuntaba en el informe que Metro dirigiría a Washington el 19 de marzo de 1943: «F3: Se dice en París que los alemanes están apoyando una Regencia del hijo de D. Jaime bajo Franco, para mantener a éste y a la Falange en el poder».

También este modelo fue adaptado por Franco. Si bien derrotado Berlín en 1945, escogió como sucesor no al hijo de don Jaime, primogénito de Alfonso XIII y patrocinado por Alemania –don Alfonso de Borbón Dampierre, después duque de Anjou y de Cádiz– sino a don Juan Carlos, hijo de don Juan, conde de Barcelona, hermano menor de don Jaime. Aunque, muestra adicional de equilibrio entre los Poderes en pro de la longevidad de los propios, al hijo de don Jaime el Caudillo reservaría en 1972 la mano de su nieta primogénita. ¿Arribismo social o eventual alternativa dinástica? Don Juan Carlos de Borbón afirma que en 1975 «gente del entorno de Franco ejercía una presión muy fuerte sobre éste» para que designara como sucesor a su yerno[29]. Ya en 1968 Alfonso de Borbón-Dampierre había reivindicado sus derechos dinásticos en tanto que hijo del primogénito don Jaime, y negaba la validez de la renuncia al Trono por su padre en 1945 «por no haber sido presentada ante las Cortes españolas y aceptada por éstas»[30]. Tras su matrimonio con Carmen Martínez-Bordiú, nieta de Franco, Alfonso hizo saber que reconocía «la instauración monárquica del 22 de julio de 1969 en la persona de mi primo don Juan Carlos en tanto que éste respete los Principios Fundamentales del Movimiento. Si dejara de respetarlos, yo dejaría de reconocerle [como Monarca]»[31].

2. Independencia nacional y libertades internas

Un Estado integrado en una Coalición bélica pierde todo o parte de su independencia exterior. También el control de su política y economía internas, en la medida que se subordinan a los fines de la guerra. Queda sometido a la disciplina de la Coalición, a la dirección de su líder. Si éste lo desea y puede, reduce al aliado a su total dependencia. Las consecuencias pueden ser profundas, prolongadas. El derrumbamiento del Estado español en 1808 tras ser intervenido por Francia –su aliado en una Coalición contra Inglaterra–, abrió en la Península Ibérica y en la entonces llamada América española un ciclo largo de insurrecciones y guerras civiles. Sus efectos reverberan a lo largo del siglo XIX, y más allá. A diferencia de lo ocurrido en Brasil, en la América española el estallido de los cuatro virreinatos ha ocupado a varias generaciones en tratar de construir una pléyade de Estados. Con incierto éxito, en un contexto internacional donde cuatro Potencias –Gran Bretaña, EEUU, Francia y Alemania– han rivalizado en someter a su hegemonía a todos y cada uno de los pueblos hispánicos.

El final de la guerra fría permite a la realidad sobreponerse a la propaganda. Hoy no puede sostenerse con fundamento que aquélla empezara como respuesta al llamado “golpe de Praga” de 1948 (exclusión de los partidos burgueses del gobierno de Checoslovaquia). Una guerra sin frentes ni territorio, que ha abarcado todos los rincones del Globo, tuvo sus orígenes últimos en el choque por la hegemonía sobre el Continente donde periclitaba el Imperio británico. Fue la confrontación entre EEUU –Potencia naval que reemplazó progresivamente a la británica– y la Potencia que en el dominio de Centroeuropa sustituyó al Imperio alemán –la URSS[1]. Los orígenes próximos los he podido rastrear en la documentación de los centros de elaboración estratégica de EEUU, en conceptos gestados después de la ofensiva rusa que rompió el cerco alemán a Stalingrado –febrero de 1943. Delimitado el Estado a abatir, los centros de la cruzada antisoviética identificaron como enemigos también a los sectores sociales, culturales, políticos, económicos, susceptibles de oponerse a la nueva guerra, en cualquier lugar donde se hallaren –empezando por dentro del propio EEUU.

¿Por qué una guerra con la URSS, con qué objetivos? Una de las respuestas más directas la he encontrado en el estudio que el Comité Conjunto de Planificación de Guerra (Joint War Planners Committee) dirigía, en agosto de 1947, a la Junta de Jefes de Estado Mayor bajo el encabezamiento U. S. National Objectives[2] (documento 3). Es decir, antes de que la URSS dispusiera de la bomba atómica. Fijada como prioridad «asegurar que la URSS no volverá a ser una amenaza para EEUU o para la paz y seguridad del Mundo», los medios para lograrlo se especificaban a continuación (véase el documento 3):

a. Abolir la URSS en tanto que federación de repúblicas y reducir la soberanía de la República de Rusia a las fronteras de 1939 [antes del pacto germanosoviético de 23 de agosto de 1939].

b. Otorgar plena soberanía a todas las Repúblicas soviéticas y a sus satélites. Los ciudadanos rusos en esos países serían repatriados.

c. Desarmar y desmilitarizar a aquellas repúblicas soviéticas y satélites que han resistido a EEUU.

d. Establecer salvaguardias e inspecciones para asegurar el cumplimiento de estos fines.

e. Eliminar completamente al Partido Comunista, la autoridad de los comunistas, la influencia del comunismo en la vida política, económica y social de la antigua URSS y satélites. Serán sustituidos por gobiernos formados por equipos de personas previamente escogidas por nosotros y regímenes militares, según se requiera.

El Estado líder en la guerra contra la última gran potencia de Eurasia integró en su Coalición bélica a todos los países hispánicos de Europa y América Latina. Conocer las circunstancias de su enrolamiento nos aporta la perspectiva de los efectos, oportunidades e incógnitas que abre el desenlace de la guerra fría.

I. La Guerra Fría empezó antes de la capitulación alemana

Hay continuidad entre la intervención alemana en España en 1936-1939 y la invasión germana de Polonia en septiembre de 1939. Los fines estratégicos y sociopolíticos perseguidos por Alemania en ambas acciones alimentaron también, durante cinco décadas, la guerra fría. En 1939, la victoria de Franco sobre los republicanos españoles situó de nuevo a España dentro del sistema conservador europeo. El Caudillo había escrito al Führer el 26 de febrero de 1941: «Yo considero, al igual que usted, que el destino de la Historia le ha unido conmigo y con el Duce de un modo indisoluble»[3]. Los gabinetes británicos, presididos por Stanley Baldwin en 1936, Neville Chamberlain entre 1937 y 1940 y Winston Churchill hasta 1945, no se consideraron antagónicos del régimen franquista. Tampoco los franceses presididos por Léon Blum, Camille Chautemps, Paul Reynaud y Pierre Laval, antes y después de la victoria alemana de junio de 1940. El embajador de Franco en París –José Félix de Lequerica– medió en la capitulación de la Francia de Pétain ante Alemania. Franco sólo fue beligerante en la guerra de Alemania contra la URSS. Él mismo lo había explicado al embajador de EEUU el 9 de junio de 1942: «en la guerra entre Alemania y Rusia no era específicamente neutral, en el conflicto entre el Eje por un lado y las Potencias occidentales por el otro, no tomó parte»[4].

Durante la guerra con Alemania de 1939-1945, la única hipótesis contemplada por el gabinete británico para «ayudar a las fuerzas de la resistencia [antifranquista] española» era «en el supuesto de una invasión alemana [de España]», según informaba el Naval Attaché en Madrid el 8 de enero de 1941. El análisis del Embajador británico nueve días después es intercambiable con otros de los gabinetes de Londres desde 1936: «es la convicción del embajador británico en España que la estabilidad del régimen de Franco era la mejor garantía para la neutralidad española, e insiste que las organizaciones de inteligencia británicas deben por consiguiente ser tenidas con las riendas tensas para que no se involucren con las fuerzas contrarias a Franco»[5]. En tanto Franco cumplió su compromiso con el Reino Unido del 25 de septiembre de 1938 –neutralidad de España en Europa occidental y el Mediterráneo–, el gobierno de Londres le mantuvo su respaldo pasivo o activo. ¿Qué hubiera ocurrido si Franco hubiera entrado en la guerra junto a Alemania? La respuesta se halla en los planes británicos elaborados después de la derrota de Francia en mayo-junio de 1940: «tropas y medios de transporte estaban listos, desde el verano de 1940, para ocupar preventivamente las Islas Canarias si España se hubiera unido al Eje, o Alemania hubiera entrado su ejército en España»[6]. Idéntica medida recomendaba el 17 de octubre de 1942 el mando británico al de EEUU para el supuesto de que Franco se opusiera a su desembarco en el norte de África[7]. El general Eisenhower, que a lo largo de la guerra contra Alemania desbarató sucesivas iniciativas británicas de intervención en España, sustituyó la propuesta de ocupación de Canarias por la de Ceuta, Tánger y el Marruecos bajo control español[8].

II. EEUU desplaza al Reino Unido del Mediterráneo

Mientras Alemania dominaba Europa, Franco recibía ofertas de participar en el reparto de las colonias. Un despacho del director del FBI –J. Edgar Hoover– informaba al Coronel William J. Donovan –director del OSS– que antes del 7 de diciembre de 1941 Alemania habría prometido anular los efectos de la guerra hispano-norteamericana de 1898 y poner Cuba y Filipinas de nuevo bajo soberanía española[9]. En vísperas del desembarco angloamericano en el norte de África –8 de noviembre de 1942–, era W. J. Donovan quien informaba al general Albert C. Wedemeyer –del War Department, Washington–, que las pretensiones de Franco de anexionar parte de las colonias francesas en Marruecos y Argelia –prometidas por Ribbentropp a Serrano Súñer y denegadas por Hitler a Franco en Hendaya (23-10-1940) para no indisponer a Francia–, habían sido aceptadas «por los británicos si España favoreciera a las Naciones Unidas. Este informe ha sido confirmado por varias fuentes y ahora yo también lo creo, por increíble que parezca. De ser cierto, esto va a armar una de todos los diablos en nuestra política hacia Francia»[10]. Pero en las mismas fechas el general Eisenhower apartaba a los británicos del programa de acción socioeconómica de los Aliados en el norte de África francés, invocando «el fuerte sentimiento antibritánico en él existente»[11].

Es en aquel octubre de 1942 cuando los archivos militares registran un primer indicio de que Franco trataba de ponerse también bajo la protección de la Potencia rival de Alemania:

Franco ha adoptado dos importantes decisiones: 1) ha llegado a la conclusión de que Alemania no va a ganar a Rusia, y que por consiguiente Alemania no va a ganar la guerra, y 2) que España debe considerar la desaparición del Gobierno fascista alemán[12].

Los planes estratégicos de EEUU descartaban cualquier concesión colonial a España. Daban por descontado que Franco no sería beligerante junto al Eje, entre otras razones por

temor a que […] los generales, con el apoyo de la Iglesia, puedan derrocar al régimen […]. El grupo dominante es una coalición inestable de elementos discordantes, de los que los más significativos son la Iglesia, el Ejército y la Falange. Franco preside la coalición, pero no la domina. Sólo la Falange es pro-Eje. El Ejército y la Iglesia están unidos en su animosidad contra la Falange y dispuestos a favorecer el establecimiento eventual de un régimen conservador bajo la forma de una monarquía constitucional[13].

Toda duda sobre el comportamiento futuro de Franco desaparece en las estimaciones militares de EEUU a partir de enero de 1943 –derrota alemana en Stalingrado. Mientras Alemania continuaba haciendo planes –«el Eje está presionando para que España le permita el pleno uso de las Islas Baleares, esperan lograrlo y muy pronto»[14]–, se abría camino en los análisis militares del Reino Unido y EEUU la perspectiva de contar con Franco contra… la URSS. En el informe Policy toward European Neutrals (13 de febrero de 1943) del Policy Committee del Combined Chiefs of Staff, el Mayor (AUS) Hoffman Nickerson recomendaba mantener el acomodamiento de EEUU y el Reino Unido con el régimen de Franco: «aunque nuestra política española haya sido criticada por izquierdistas irresponsables, todas las opiniones responsables parecen apoyarla [pues] estratégicamente los dos [Estados] neutrales europeos más importantes son España y Turquía»[15].

El 25 de marzo de 1943 los servicios secretos de EEUU reafirmaban su confianza en la dictadura de Franco y daban un paso adicional: recomendaban su admisión en la Coalición liderada por EEUU. El director del OSS presentó al Joint Chiefs of Staff un «Plan militar especial de guerra psicológica en España en caso de que sea invadida por el Eje», donde asumía que España resistiría una hipotética invasión alemana y que el régimen de Franco «sería por último admitido dentro de las Naciones Unidas». Los planificadores militares de EEUU eran conscientes de la baza política que jugaban al respaldar a Franco, símbolo de la negación de los valores democráticos que amalgamaban la ideología de la Coalición bélica contra Alemania. Anticipaban que

nuestras decisiones políticas tendrán importantes repercusiones de naturaleza militar, política y, psicológica en todo el Mundo, en especial en las Naciones Unidas, África del Norte y las Repúblicas americanas […]. España es el área política más sensible del Mundo, y cualquier manifestación pública de simpatía hacia cualquier controvertida personalidad o grupo, en particular Franco o la Falange, está llena de peligros políticos dentro de EEUU y en el extranjero[16].

El plan consideraba «revivir la revuelta de los antifascistas españoles contra el fascismo y el invasor extranjero», pero sólo en el supuesto –estimado muy improbable– de que Franco aceptara la ocupación alemana. Y aun en esta última eventualidad agregaba un condicionante que, en la práctica, significaba descartar toda ayuda a los demócratas españoles, pues la hacía depender del posicionamiento que adoptaran las tropas estacionadas en el Protectorado español en Marruecos. El director del OSS recomendaba una ayuda que «se circunscribiera al solo territorio español peninsular y fuera compatible con la vinculación a la causa de las Naciones Unidas de los jefes y tropas del ejército español en Marruecos, así como que aceptaran y apoyaran la intervención aliada». Controlar al ejército de Franco bastaba a los mandos de EEUU para disponer del territorio de los españoles.

Del acomodamiento entre EEUU y el general Franco informaba el 8 de marzo de 1943 al Departamento de Estado el embajador Hayes:

Cuando desembarcamos en el Norte de África […] el general Franco expresó al Presidente Roosevelt su deseo de que no ocurriera nada que perturbara las relaciones de España con EEUU, en ninguno de sus aspectos […]. A fin de cuentas, la actitud de España es favorable a las Naciones Unidas, ha permitido a las Naciones Unidas el uso de Gibraltar como una base naval vital, mantener abierto el Mediterráneo, hacer posible la campaña militar en África del Norte y proteger su flanco norte. Es, por consiguiente, el claro deseo de nuestras autoridades militares que nuestras relaciones presentes con España no sean perturbadas[17].

El 28 de julio siguiente el Joint Intelligence Committee daba un paso adicional y anticipaba que Franco pediría pronto la protección de los Aliados: «la caída de Mussolini ha obligado a Franco a soportar considerables presiones. Es posible que, para mantenerse [en el poder], busque el apoyo de las Naciones Unidas»[18].

El presidente Roosevelt era sensible a la tradición, hasta entonces dominante en EEUU, de no mezclarse en las querellas internas europeas. Después de que, en diciembre de 1941, Alemania declarara la guerra a EEUU, consideró a Franco desde el solo punto de vista del interés militar del territorio español. Roosevelt descartaba intervenir en España en tanto Franco no se sumara a Alemania:

la política básica del Presidente [Roosevelt] y de los Jefes del Estado Mayor Conjunto, y consecuentemente del Departamento de Estado, es tener España fuera de la guerra, como una barrera neutral a avances adicionales alemanes en el Mediterráneo y África, y no romper sino más bien mantener relaciones amistosas con su Gobierno[19].

Franco se ajustó al plan político-militar norteamericano desde el primer día. Distinta fue la postura del gobierno del Reino Unido, cuyas iniciativas se orientaban a recuperar su control sobre España. Las tentativas británicas en este sentido fueron sucesivamente neutralizadas por EEUU, en particular después de que las actividades clandestinas del Office of Strategic Services (OSS) en la Península Ibérica fueron puestas bajo la autoridad del general Eisenhower, y no de los servicios secretos británicos como pretendía Londres[20].

Franco seguía así la senda recorrida por la mayor parte de los dirigentes españoles desde el siglo XVIII, ponerse bajo la protección de la Potencia dominante:

al Embajador británico en Madrid, Hoare, le han planteado en términos cautos esta cuestión “hipotética”: ¿estaría Gran Bretaña dispuesta a garantizar la continuidad de Franco en el poder en el caso de que España aceptara, en secreto, sumarse a los Aliados en un momento predeterminado? Churchill ha hablado en Londres dos veces con el Embajador español en los meses pasados, pero se tiene entendido que los británicos aún no han dado una respuesta definitiva[21].

El problema del general Franco con el Reino Unido era que éste deseaba reintegrar a España dentro de su área de influencia mediante el restablecimiento de la monarquía. Los analistas militares de EEUU señalaban el 25 de marzo de 1943 que

el movimiento monárquico, con Don Juan como pretendiente, hijo del difunto rey Alfonso XIII, se ha convertido en un movimiento de importancia. Recibe fuerte apoyo de la Iglesia y el Ejército. Hay indicaciones de que el mismo Franco puede no ser contrario a llegar a un acuerdo con él. Don Juan es pro-británico. Su restauración en el trono sería vista con mucho agrado por el Vaticano y daría satisfacción presumiblemente a importantes elementos en Gran Bretaña[22].

Al mismo tiempo y en paralelo, otros dos sectores de españoles emigrados en Londres trabajaban en direcciones opuestas. La visión de uno –la fracción del partido socialista (PSOE) que se sublevó contra el Gobierno de la República en febrero de 1939– aparece recogida en nota del 18 de mayo del mismo año:

La Restauración [de la monarquía] depende, en primer lugar, del extranjero –y en cierta medida de la actitud de Franco. El consentimiento de las masas obreras –sobre todo de la Unión General de Trabajadores– no depende más que de la monarquía. El problema actual de la monarquía con relación a los obreros se resume en dos fórmulas: desolidarizarse con Franco e inspirar confianza[23].

El tercer grupo –la fracción del PSOE que se opuso al golpe del coronel Casado que entregó Madrid a Franco– consideraba que «la propuesta restauración de Don Juan estaba respaldada por los mismos círculos británicos que trabajaron con Casado»[24].

Los movimientos de los tres sectores eran observados por los servicios secretos de EEUU, quienes en junio de 1943 avanzaron a Franco la solución que permitiría a EEUU cortocircuitar al Reino Unido y garantizar al dictador su poder local con carácter vitalicio:

el general Franco, asustado de no poder mantener el equilibrio de su posición en algún momento, está pensando seriamente en restaurar la Monarquía dentro de poco, reteniendo para sí el puesto de Regente o su equivalente […]. Pensamos estar autorizados para afirmar que su interés debe ser tener una Monarquía bajo su control, y no de los ingleses[25].

Si Franco iba por el camino que se le marcaba, podía esperar apoyo. Si no, los servicios de la Coalición bélica tenían medios de acción dentro de España. Su evaluación el 7 de agosto de 1943 era:

la creciente demostración de fuerza de las Naciones Unidas en el área mediterránea ha señalado al alto mando del ejército español que el anterior alineamiento de Franco estaba equivocado. La Falange es muy impopular entre el pueblo en España, está claro ahora que el Ejército tiene la llave de la situación española […]. El alto mando del ejército, convencido del cambio en la situación internacional e interna, ha hecho saber que está dispuesto a encarar a Franco con la verdadera situación, y a pronunciarse por una inmediata restauración de la monarquía con una constitución liberalizada antes de que sea demasiado tarde. Se informa que una Junta de generales representativa de los más populares elementos en el ejército ha dado su acuerdo para resistir cualquier invasión semejante [del Eje], sea cual sea la decisión de Franco, y para derrocarlo si éste resolviera encabezar un alineamiento mayor con el Eje –o diera señales de hacerlo personalmente[26].

Franco cumplió con lo que sucesivamente desearon de él los mandos militares aliados. Éstos respetaron la contrapartida: abstenerse de cualquier respaldo práctico a la oposición, ya fuera la antifascista o la de personas que se rebelaron en 1936 con Franco contra el gobierno democrático y se agruparon, después, en torno de generales y núcleos monárquicos descontentos.

En agosto de 1943, con motivo de los preparativos del desembarco en Normandía, el gobierno de EEUU intentó un giro: propuso al de Gran Bretaña que Franco debía cambiar su política de acomodamiento pasivo con los Aliados por una de apoyo activo. En lo económico, el Departamento de Estado deseaba sumar España al bloqueo contra Alemania, ofreciendo a Franco en recompensa la venta de productos de consumo que aliviaran la penosa situación interior o, si no colaboraba, amenazarle con sanciones económicas. En lo militar, simultáneamente, los jefes de Estado Mayor de EEUU propusieron a los del Reino Unido que había llegado el momento de pedir a Franco desplazar su fuerza armada desde Andalucía y Marruecos –a ambos lados del Estrecho de Gibraltar estaban las tropas Aliadas– hacia los Pirineos[27] –al otro lado estaban las tropas alemanas. Los jefes de Estado Mayor de EEUU precisaron su propuesta:

Hay indicaciones de que Franco percibe la victoria final de las Naciones Unidas y está tendiendo hacia una posición de real neutralidad. Es el momento adecuado para aprovechar plenamente nuestra actual posición y adoptar una firme y franca política exigente respecto de España. Las Naciones Unidas debieran requerir a España, como precio de la ayuda durante la guerra y de la amistad en la posguerra, que: (1) desplace el grueso de sus fuerzas defensivas desde Marruecos y el sur de España al norte de España, (2) cese la ayuda militar y económica a Alemania[28].

Los mandos británicos disintieron. Sus razones son interesantes. En el terreno militar, dijeron, la propuesta de EEUU suponía hacer asumir al régimen de Franco «el riesgo de amenazar a Alemania y la posible represalia alemana». Para Londres era impensable un cambio militar semejante en Madrid sin un previo cambio político, y para ello habían cooptado a algunos militares. Que oficiales españoles vigilaran a Franco, era algo bajo el control de los mandos angloamericanos. No lo estaba, sin embargo, lo que Alemania pudiera hacer con sus tropas –y con sus agentes entre militares y fascistas españoles– si Franco reorientaba sus armas hacia donde se hallaban las germanas. ¿Estaba dispuesto EEUU a dar un golpe de fuerza proaliado en España, con Franco o sin Franco, asumiendo el riesgo de intervención armada alemana y, en ese caso, la carga de enfrentarla? ¿Hasta qué límite, bajo qué supuestos políticos?

A los estrategos británicos, un escenario donde los Pirineos eran franqueados por el Ejército rival podía evocarles su experiencia en la Peninsular War de 1808-1814. Con la diferencia de que cuando en 1808 Londres envió las tropas de Wellington a España, el rival continental no era resistido militarmente más que en la Península Ibérica, mientras que en 1943 los rusos avanzaban sin pausa hacia el Oeste. Diferencia militar significativa. En lo político, ¿era posible sacudir la dictadura del régimen de Franco sin poner en cuestión las consecuencias de la derrota, en 1939, del gobierno democrático republicano? El 20 de agosto de 1943 los jefes de Estado Mayor británicos respondieron a los de EEUU que

el punto en discusión es exactamente cuán lejos debemos ir. No es nada deseable que empujemos a los españoles hasta un extremo que pueda imponernos algún compromiso militar en respaldo de amenazas diplomáticas o militares. Sugerimos, por consiguiente, que sería imprudente ir tan lejos como para empujar a los españoles a desplazar el grueso de sus fuerzas defensivas al Norte, algo muy poco probable que quieran hacer.

La respuesta de los militares británicos a esta proposición del Departamento de Estado de agosto de 1943 llegó a Washington un mes después que los mandos de EEUU hubieran decidido por sí mismos la cuestión. El 22 de septiembre la Embajada del Reino Unido manifestaba en un memorándum al Departamento de Estado que:

El Gobierno de Su Majestad no está ansioso por invertir la política seguida hasta ahora. Entiende que hacerlo produciría tensiones en España de carácter tan grave que podrían dar lugar a desórdenes, y no está seguro de que los Gobiernos aliados se encuentren ya en una situación que les permita enfrentar las consecuencias de tales desórdenes[29].

En esta ocasión fueron los británicos quienes propusieron encender luz roja a los militares que conspiraban en España: «debido al resentimiento que probablemente causaríamos si interfiriéramos directamente en los asuntos internos de España, no sería de nuestro interés militar promover abiertamente la restauración de la Monarquía». El motivo para mantener el status quo era explicitado: «pues tal interferencia causaría probablemente serios desórdenes en España, los alemanes podrían sacar ventaja infiltrándose». Dado que el interés británico es, afirmaban a continuación, que «nosotros [EEUU y Gran Bretaña] suplantemos a los alemanes en su privilegiada posición en España, [basta] estimular la formación de un gobierno menos adverso a los Aliados», sin los riesgos y cargas que supondría «interferir directamente en los asuntos internos de España». Los mandos militares de EEUU consideraron que «las razones británicas parecen razonables y no difieren sustancialmente del punto de vista de EEUU». Y aprobaron el memorándum de Londres[30].

Cuando ese mes de septiembre de 1943 los generales del Consejo General del Ejército plantearon a Franco que reinstaurara la monarquía, ni les contestó. A quienes insistieron les recibió por separado «para discutir sobre el asunto, y les replicó que hablarían de ello en otro momento»[31]. Franco conocía lo que de él querían en Washington. El 22 de agosto de 1943 el Combined Chiefs of Staff –de EEUU y Gran Bretaña, con sede en Washington– había elevado un informe al presidente de EEUU y al Primer ministro británico sobre los preparativos para el desembarco en el continente (Operación Overlord, fijado en principio para el 1 de mayo de 1944), al que atribuye un propósito premonitorio: «impedir una victoria rusa independiente y completa antes que Overlord pueda estar preparada». Entre las conclusiones misceláneas reaparecen los objetivos asignados a Franco –ninguno cuestionaba su régimen de dictadura:

a) interrumpir el suministro de materias primas a Alemania, b) retirar la División Azul de las filas enemigas, c) modificar la distribución actual de las fuerzas españolas en Marruecos, d) parar el uso de barcos españoles en provecho de nuestros enemigos, e) negar al enemigo sus instalaciones de inteligencia, f) facilitar a las Naciones Unidas la navegación aérea civil, g) actitud más benevolente con los prisioneros de guerra aliados fugitivos, h) aplicar más restrictivamente la ley internacional al personal enemigo y a las unidades navales y aéreas, i) eliminar la cuestionable propaganda contra los aliados e incrementar la favorable a los aliados[32].

Tomada la decisión de ingresar sus tropas en el teatro europeo, los mandos militares de EEUU y Reino Unido ordenaron a Franco interrumpir su ayuda bélica a Alemania. Así lo hizo. Y la División Azul estaba de retorno en España antes del desembarco angloamericano.

Sin asumir cargas ni obligaciones, los Aliados se felicitaban el 11 de octubre siguiente de los resultados de su política en España. En carta del subsecretario de Estado, E. R. Stettinius, al almirante W. D. Leahy, jefe del gabinete de Franklin D. Roosevelt, se lee:

Como sabe, un objetivo principal en nuestra política hacia España y Portugal ha sido mantener neutral a la Península Ibérica. Lo hemos logrado en gran medida creando y manteniendo en el ánimo de portugueses y españoles una conciencia de dependencia económica de nosotros. […] Nuestra política comercial, combinada con nuestra propaganda y persuasión diplomática, han logrado el fin deseado de atraer España y Portugal cada vez más cerca de nuestra órbita de influencia y alejarles de la de nuestros enemigos. […] Es muy difícil evitar considerar la Península Ibérica como un todo económico, estratégico o político. Durante los últimos diez y seis meses la mejora en la atmósfera política ha sido tan notable que nuestro Agregado Militar en Madrid, coronel Hohental, ha señalado repetidas veces que España debiera ser considerada más bien un aliado potencial que no un enemigo potencial[33].

Quince meses antes de la capitulación alemana de mayo de 1945, el mando de la Marina de EEUU exultaba con el general Franco –«una premisa clara es que tanto España como Portugal desean entrar en la guerra contra el Eje»–, y recomendaba a la Joint Chiefs Staff considerar el momento en que sería provechoso para los Aliados que las dos dictaduras ibéricas declararan abiertamente su ingreso en la guerra[34]. Los recursos usados por Franco en su personal medro político le eran propios: el 2 de diciembre de 1944 había concedido derechos aéreos a EEUU sobre territorio español en la Península y África (Río de Oro e Ifni). En carta secreta de 19 de febrero de 1945 los amplió a operaciones del Air Transport Command en la ruta Dakar-Casablanca, que abastecía a las tropas americanas en acción sobre el frente alemán[35].

El conjunto de los intereses conservadores europeos que en la década de los treinta se había apoyado en Alemania, se preparaba para el cambio de hegemonía. Ya el 16 de abril y 10 de mayo de 1943 Franco había ofrecido mediar en pro de un acuerdo angloamericano con Alemania. El 7 de enero de 1944 el gobierno de Berlín informaba a su embajada en París de los planes de monárquicos españoles para trasladar a don Juan de Borbón, pretendiente al Trono de España, de Suiza a Portugal y «alejarlo de la esfera de influencia alemana»[36]. El cambio de gobierno en España que habían pedido los militares angloamericanos en 1943, lo hizo Franco en 1944 –en cuanto aquellos desembarcaron en el Continente. Como Ministro de Asuntos Exteriores designó precisamente a José Félix de Lequerica –«del grupo Banco Urquijo, acero y hierro. Mediador en armisticio entre Hitler y Pétain, a Franco le gustaría ver repetir la experiencia entre anglosajones y Alemania»[37].

III. El Jefe del Ejército español y el mando militar de EEUU

El proyecto del general Franco era conocido por los mandos Aliados tres meses antes de su desembarco en Normandía, catorce meses antes del final del III Reich alemán. También el programa que a comienzos de 1944 el dictador confidenciaba al monárquico conde de Rodezno (fracción carlista): «Alemania resistirá aún dos años. Durante ese tiempo, mi camino y el de los Aliados, muy alejados todavía en apariencia, tendrán tiempo para aproximarse. En lo que a mí concierne, habré tenido tiempo de llevar a término el proceso de absorción de la Falange y de establecer la Regencia». El análisis de clase que Franco anticipaba para la posguerra era el mismo de su rebelión de 1936 contra el gobierno democrático: «Por otro lado, el día que caiga Alemania habrá en Europa, en particular en los Balcanes, Italia y Francia, una situación tan caótica desde el punto de vista social que los Aliados vendrán a suplicarme que pare en los Pirineos esta ola de desórdenes». Razonando que la política británica conservadora de preguerra iba a reanudarse tras la derrota de Alemania, concluía: «si para ese momento yo no tengo armas, ellos mismos vendrán a ofrecérmelas»[38].

¿Qué daba al dictador español tanta seguridad? Su conversación con el conde de Rodezno terminaba con una frase enigmática: sus escaramuzas en público con norteamericanos y británicos no tenían importancia, pues «el verdadero carácter de sus relaciones con los anglosajones era un secreto entre ellos y él»[39]. La lectura de la documentación militar, inaccesible durante cuarenta años, proyecta luz sobre tal secreto. Su futuro personal lo negociaba el jefe de las FF AA españolas con los militares vencedores de la segunda guerra mundial. El resto, la agitación política, la solidaridad de la opinión pública internacional con los miles de presos políticos españoles –que seguían siendo fusilados después de 1945–, las resoluciones de condena de los Parlamentos, la propaganda de la Falange, eran para el Dictador diversiones.

En vísperas del desembarco en el continente europeo –6 de junio de 1944–, la acción política británica hacia España y Portugal seguía sus pautas tradicionales. Y anticipaba la nueva guerra contra Rusia después de acabar con Alemania:

los círculos conservadores de ambos países, con la posible ayuda de Inglaterra, están usando los medios más extraordinarios para contrarrestar la extensión del cada vez mayor espíritu revolucionario […]. Cuando el Duque de Alba, embajador español en Londres, pasó por Lisboa en ruta hacia su puesto, el Dr. Salazar de nuevo conversó con él ese problema, y se rumorea en los círculos de la Embajada [española] que puede aprobarse un acuerdo con Inglaterra para restaurar la monarquía en la Península Ibérica, como preludio a la campaña contra Rusia[40].

Una semana después del desembarco en Normandía, el representante de EEUU en España reducía el «problema de Franco a cómo asegurarse que continuará controlando el Estado español si restaura la Monarquía», y apuntaba el camino que debía seguir el Dictador: «en estas circunstancias sería razonable que buscara celebrar una reunión con Don Juan»[41]. Así hizo Franco. Las iniciativas de éste hacia don Juan de Borbón que se sucedieron en los meses siguientes siempre fueron conformes con el objetivo marcado por el OSS desde junio de 1943. En mayo de 1945, Franco confiaba a José María de Areilza, miembro del Consejo Nacional de Falange, la misión de viajar a Suiza y comunicar al conde de Barcelona la pronta restauración de la monarquía –aunque sin Regente ni identificación del futuro monarca[42], lo que don Juan de Borbón rechazaba. La entrevista entre Franco y don Juan, el 25 de agosto de 1948, sellaría la derrota de la opción apoyada por el gobierno del Reino Unido y el triunfo de la que había auspiciado el OSS para España.

¿Qué medios de intervención había movilizado el gobierno británico en España? Banqueros y generales. Juan March era parte de la intervención británica para restablecer la monarquía[43]. Algunos militares complotaban:

según una alta personalidad militar y política en Marruecos, la Monarquía estuvo a punto de ser proclamada durante la segunda semana de julio [de 1944]. Añadió que ello debiera haber sido hecho porque parece contar con la aprobación de Inglaterra[44].

Y también políticos cooptados por los servicios de Londres:

los británicos están manteniendo en Londres, a expensas suyas, al Coronel Casado. Lo mantienen “congelado” para el caso de un eventual colapso en el régimen de Franco. Si esto llegara a acaecer, el plan es devolverlo a España, donde se convertirían en un candidato activo a ministro del Ejército[45].

El gobierno del Reino Unido era en 1944 de unidad nacional. Los monárquicos españoles recababan la intervención británica al Partido Conservador. Los dirigentes de la fracción del PSOE que en 1939 abrió Madrid a Franco la pedían al Labour Party, en la ilusión de que «Inglaterra ayuda sin lugar a dudas a Indalecio Prieto para que en colaboración con Martínez Barrio, el coronel Casado y otros socialistas, y Acción Republicana, formen el gobierno que va a suceder a Franco»[46]. Los dirigentes británicos, obviamente, obraron conforme a su solo interés. El 24 de mayo de 1944 Churchill había elogiado en la Cámara de los Comunes a Franco y su política exterior. Iniciativa valorada así por los militares norteamericanos: «Churchill ha decidido como política a largo plazo apoyar el gobierno de Franco [y una posible restauración de don Juan] como el mejor método de proteger las bazas británicas en España»[47].

Los mandos militares de EEUU adoptaron, sin embargo, entre el 18 y el 22 de agosto de 1944 una resolución susceptible de tener trascendencia si tras la muerte de Roosevelt no se hubiera iniciado otra nueva guerra en Europa. No necesitando ya de la ayuda de Franco contra Alemania, el mando de EEUU parecía resuelto a dejar de acomodarse con el dictador español y, también, a seguir vetando la intervención británica. El día 18 Cordell Hull, secretario de Estado, resumió al general George Marshall, jefe del Estado Mayor, las nuevas directrices del presidente Roosevelt. La presión sobre Franco, decía,

ha estado influenciada por el progreso de la guerra, y también hemos tenido presente los deseos tempranamente expresados por los Jefes de Estado Mayor de mantener la neutralidad de España y evitar crear ninguna situación en España susceptible de interferir con nuestras operaciones militares. Estimamos que la política seguida ha sido productiva en resultados beneficiosos para nuestros objetivos generales políticos y militares.

Enumeraba a continuación 18 objetivos de política interna y externa de España a los que Franco había accedido en perjuicio de Alemania. En cuanto al futuro, señalaba la decisión de Roosevelt de que, una vez derrotada Alemania, no debía mezclarse EEUU en los asuntos europeos más allá de ejercer influencia moral y política. Y si tras el hundimiento del III Reich algún Estado perturbaba la paz, entendía el Presidente que correspondía a los “tres grandes” –EEUU, Gran Bretaña, URSS– imponer conjuntamente una “cuarentena” político-económica sobre el díscolo[48]. En consecuencia, el Departamento de Estado, en agosto de 1944 no proyectaba atender las expectativas de la oposición al régimen de Franco. Y si bien hacía un guiño a los planes británicos, apuntaba diferencias de criterio:

para asegurar la eficacia de cualquier sanción económica contra España a la que podamos recurrir, sería deseable discutir este tema con los británicos y buscar su cooperación. Si no adoptamos una actitud conjunta hacia las autoridades españolas, éstas van probablemente a usar uno de nosotros contra el otro. Si lo estiman deseable, estoy dispuesto a consultar a los británicos sobre el particular.

En su respuesta a Cordell Hull, los jefes de Estado Mayor rechazaron de nuevo el respaldo de EEUU a los planes británicos en España: «En vista de la situación militar existente, los Jefes del Estado Mayor Conjunto son de la opinión que, desde el punto de vista militar, no hay razón para ejercer presión política y económica sobre España en estos momentos»[49].

Agosto de 1944 aparece así en los archivos como el momento en que EEUU había obtenido de Franco todo lo que deseaba en la guerra contra Alemania. Después, Roosevelt mantuvo la no intervención en España. Empezada la nueva guerra, los mandos militares de EEUU apoyaron activamente la continuidad de Franco y su régimen hasta su último pálpito, el Dictador aportando a la Coalición de la Guerra Fría, sin costo ni riesgo para ésta, los recursos del geographic emplacement de España.

IV. España, emplazamiento geográfico

La apertura de la guerra fría interrumpió otros inéditos escenarios. Durante el mismo verano de 1944, en medio del acelerado derrumbe alemán, Valdés Larrañaga, al parecer con el acuerdo de José Luis de Arrese –secretario general de Falange–, había presentado un informe a Franco donde estimaba «deseable llegar a un acuerdo con la URSS para evitar caer dentro de la órbita británica hasta el extremo que lo ha hecho Portugal»[50]. En su discurso del 17 de julio de aquel año, Franco, en efecto, entreabrió la posibilidad de negociar un reconocimiento mutuo con la URSS. La indiferencia que ello encontró en Washington contrastaba con la oposición surgida en el gobierno británico. El 9 de agosto de 1944, antes pues de la referida decisión de los jefes de Estado Mayor de EEUU del siguiente día 22, Anthony Eden, ministro de Asuntos Exteriores, reafirmaba el interés británico sobre España en memorándum al Gabinete:

Rusia no tiene intereses directos estratégicos o económicos en España o Portugal; su preocupación en estos países ha sido importante sólo cuando acontecimientos ocurridos en ellos parecía probable que afectaran al equilibrio general europeo. La interferencia rusa en la guerra civil española ha acaecido sobre todo por razones prácticas y, a pesar de su propaganda, el gobierno soviético estaba predispuesto a adoptar un enfoque práctico de la política británica y americana hacia España. Sabían que el interés británico en las inmediaciones del Mediterráneo occidental nos iba a llevar a evitar que España se convirtiera en enemigo. No tienen, pues, motivo para cuestionar nuestra postura en Gibraltar o en España en general; aunque pueden desear ser asociados a los futuros acuerdos de seguridad en el área de Gibraltar si otras áreas estratégicas vitales a lo ancho del Mundo quedaran también bajo un régimen dependiente de las Naciones Unidas. Existen bien pocas posibilidades de restablecer relaciones amistosas, ni siquiera normales, entre el régimen existente en España y la URSS. Es improbable que el régimen de Franco sobreviva mucho más allá de la guerra. El desarrollo más probable es el establecimiento de una república moderada o una monarquía liberal. Ni en uno ni en otro caso Rusia, probablemente, va a jugar un papel dominante. Por tanto, debemos estimular la reanudación de relaciones normales entre Rusia y España cuando los amargos sabores dejados por la Guerra Civil hayan desaparecido. Una tercera posibilidad sería un movimiento revolucionario de la extrema izquierda conducente, casi con seguridad, al retorno del caos de la Guerra Civil. Semejante situación provocaría una seria tensión en las relaciones anglosoviéticas. Nos resultaría difícil convencer al Gobierno Soviético para que no respaldara a los elementos de extrema izquierda, y puesto que la opinión británica estaría de nuevo dividida enfrentaríamos una situación similar a la que conocimos durante la Guerra Civil. De ahí que hasta tanto no tengamos más seguridad de estabilidad en España el restablecimiento de relaciones hispanorrusas puede no ser de nuestro interés, pues una Embajada rusa en España podría actuar como un foco para los elementos de izquierda descontentos[51].

Eden actualizaba en 1944 las opciones básicas de sus ilustres predecesores en el Foreign Office en 1700-1712, 1808-1812, 1820-1823, 1868-1875 y 1936 (el propio Eden): la suerte de España, su forma de gobierno no es decisión soberana de los españoles sino materia negociable entre las Potencias.

La respuesta soviética al discurso de Franco del 17 de julio, y la influencia de la posición contraria del gobierno de Londres, se trasluce en un despacho de tres semanas después:

Según un informe de 26 de agosto, representantes de Stalin en Argel preguntaron a Sangroniz, entonces cónsul general de España, si el gobierno español estaría dispuesto a recibir un documento diplomático de los soviéticos, que pediría el establecimiento de relaciones comerciales y políticas amistosas entre los gobiernos de España y Rusia. El general Franco después de consultar a los embajadores aliados rechazó tal propuesta[52].

A partir de agosto de 1944 la documentación diplomática desvela también frenéticas carreras para implorar la intervención de EEUU en España. En favor de una u otra opción política interior, en respaldo y en contra del régimen. Sonroja leer la postración y derrumbe político de los españoles ocho años después de la intervención germanoitaliana, de la sistemática represión que había llevado el liderazgo democrático español «al pelotón de ejecución o a huir al exilio» –en palabras del estudio del War Department de EEUU de 15 de diciembre de 1944.

Cabe imaginar el menosprecio con que eran leídas en las cancillerías las invocaciones de los españoles. El 5 de diciembre de 1944 Juan March, presentado como «el hombre más rico de España y en gran medida el responsable del financiamiento de las tropas de Franco durante la Guerra Civil», según el agregado naval en Madrid

March recomienda la intervención angloamericana para establecer una monarquía constitucional […], el endoso por EEUU y Gran Bretaña de un plan para establecerla mediante un acuerdo previo entre los partidos de la derecha moderada […] y los de izquierda, con exclusión de los comunistas. Este acuerdo permitiría el establecimiento de una monarquía constitucional en la que el Rey quedaría reducido a ser la cabeza figurativa y el gobierno sería confiado por el momento y probablemente por muchos años más a una coalición de la izquierda con la derecha, que asumiría el papel de la oposición parlamentaria […]. El primer paso en la realización de este cambio en la estructura política española sería el establecimiento de un gobierno provisional […] que invitaría al Rey […] a aceptar plenamente la constitución previamente aprobada por los grupos antes mencionados. El gobierno provisional celebraría elecciones generales a unas Cortes que asumirían la dirección política del país. Con un gobierno de izquierda bajo una monarquía constitucional, March cree que el orden y la unidad podrían ser mantenidos en España […] y que Gil-Robles estaba fundamentalmente de acuerdo con él respecto del futuro político de España, pero Gil-Robles entendía que su grupo derechista debiera desempeñar un papel más activo, tanto en el gobierno provisional como en el constitucional, a través de una coalición política con la izquierda moderada[53].

El despacho de 8 de diciembre 1944 del agregado naval de EEUU diseña el propio marco al que se ajustó la transición política tras el fallecimiento de Franco en 1975 (documento 4). El documento original, en los Archivos Nacionales de Washington, D. C., fue desclasificado el 8 de octubre de 1976, en los días en que la oposición democrática –privada aún de derechos políticos– pedía en las calles la formación de un «gobierno provisional»; dos meses antes de que el gobierno presidido por un ex ministro de Franco, Adolfo Suárez, abriera conversaciones con personas de la oposición para hacerles aceptar un “pacto constitucional”; nueve meses antes de las elecciones a Cortes constituyentes de junio de 1977, dos años y medio antes de la Constitución monárquica de 1978 –negociada entre la derecha moderada y la izquierda tolerada que, después, se alternaron en el papel de gobierno y oposición.

El interlocutor norteamericano de March en 1944 había escrito a pie de página:

El principal obstáculo al establecimiento de una monarquía constitucional en España es el fuerte sentimiento popular, en particular en el proletariado urbano, contra una Restauración, por más limitado constitucionalmente que pueda estar el monarca. Líderes políticos de izquierda afirman que aún si ellos estuvieran convencidos de la deseabilidad de una monarquía constitucional (ninguno de ellos lo está), dudarían en expresar esta opinión por miedo a quedar completamente desacreditados entre sus seguidores.

El 15 de diciembre de 1944 el estudio secreto del War Department podía delinear el destino que Washington marcaba a los españoles:

Las fuerzas externas van a determinar el futuro de España. Los actuales intereses de EEUU y Gran Bretaña en el Mediterráneo occidental muestran la necesidad de estabilidad en la Península Ibérica, por lo menos hasta tanto que se haya podido encontrar una alternativa aceptable a Franco y la Falange […]. En ausencia de una intervención directa de Rusia en España, el curso más probable de la política española en el futuro inmediato será la continuidad del régimen de Franco, que gradualmente va a despojarse de los atavíos fascistas, restaurar las formas políticas españolas tradicionales (con un acento propagandístico en torno de una “democracia a la española”), y extender de mala gana la mano a los exiliados políticos […]. Si Franco cree que las Naciones Unidas van a insistir en su retirada del cargo, sacará su as en la manga –restaurar la monarquía […]. Suceda lo que suceda, España no va a tener asignado un papel relevante en el mundo de la posguerra. Ninguna de las grandes potencias ha mostrado disposición alguna de considerarla mucho más que un emplazamiento geográfico, importante en la medida que domina la entrada occidental al Mediterráneo y es parada de tránsito en las rutas internacionales[54].

En las mismas fechas, responsables del OSS pedían que Rodrigo Sicre (Richard Sickler) fuera reemplazado como jefe de contrainteligencia (X-2) en la Cataluña francesa por «contactar a los catalanistas y usarlos como organización para, al parecer, actividades (X-2). Está financiando sus ambiciones separatistas. […] He señalado que el movimiento catalanista está cribado de agentes alemanes y que los alemanes están ahora financiando a ese movimiento en círculos más bien altos, tanto en el norte de España como en el sur de Francia»[55].

Los dirigentes británicos tardaron algunos meses en abandonar su pretensión de reinsertar España en su zona de influencia. Y los monárquicos españoles en caer en la cuenta de que Londres no tenía ya en sus manos la suerte de los españoles. El 23 de enero de 1945, en los preparativos de la Conferencia de Yalta (febrero de 1945), los jefes de Estado Mayor de EEUU habían preguntado

2. […] j. ¿Qué piensa el Gobierno [de EEUU] de los esfuerzos británicos de promover sus intereses mediante la formación de un Bloque Británico […] y alinear en él a portugueses, españoles, Australia, Nueva Zelanda y otros satélites británicos?[56].

El conde de Casa Rojas, embajador en Turquía, evaluaba el 8 de febrero de 1945 que si la Conferencia de Yalta tenía éxito

los monárquicos esperan estar listos para, con apoyo británico, organizar una restauración del trono Borbón; o un revés completo del gobierno falangista y la restauración de la República. Las conversaciones del Duque de Alba en Londres forman parte del plan para evitar esta última “calamidad”. Si la Conferencia fracasa, el statu quo falangista no será perturbado pues los EEUU y los británicos no estarían en ese caso en condiciones de presionar sobre España[57].

La Conferencia de Yalta fue un éxito, pero el statu quo se mantuvo en España. Aunque no sin que algunos generales sondearan sus personales posibilidades, ofreciéndose a las Potencias unos contra otros. En diciembre de 1945 los generales Aranda y Beigbeder informaban al agregado militar de EEUU que el jefe del Estado Mayor Central, general García Valiño –a quien decían despreciar–, había consultado al agregado británico «si los británicos le respaldarían en caso de que decidiera oponerse a Franco» (el agregado británico lo confirmó después al norteamericano). Pero al mismo tiempo Aranda y Beigbeder exponían que EEUU, el Reino Unido y Francia debían adoptar acciones para derrocar a Franco (condena política, ruptura de relaciones diplomáticas, suspensión de ayuda económica), y sustituirlo por «una forma de gobierno similar a la de los Estados Unidos […] con un Presidente con poder ejecutivo a ser elegido para un período específico». La valoración que el agregado enviaba a Washington era elocuente:

Aranda es sin duda un hábil oportunista con ambiciones personales, y es más bien un político astuto. Era un republicano cuando se sumó a las fuerzas Nacionales durante la Guerra Civil. Después de la guerra ha hecho manifestaciones monárquicas liberales y ha apoyado la monarquía; confirma que está flirteando últimamente con los izquierdistas. Espera poder tener un papel preeminente en un nuevo gobierno si lograra obtener el apoyo norteamericano y británico a la oposición antifranquista. Pero los representantes oficiales de EEUU en España aunque consideran a Aranda un liberal y un amigo, no lo consideran demasiado fiable, sospechoso de traficar en el mercado negro y propenso a hablar demasiado[58].

Los soviéticos, por su parte, supieron en Yalta a qué atenerse respecto de España: «los rusos intentan forzar a británicos y norteamericanos a que rompan las relaciones diplomáticas con España: lo más que logró Stalin sobre esto fueron palabras en el comunicado, que decía que España no debía pertenecer a las Naciones Unidas»[59]. Y el análisis de Eden en cuanto a que la URSS asumía que España pertenecía a la zona de influencia del Reino Unido y EEUU, era corroborado en febrero de 1945, pocos días antes de la Conferencia de Yalta: «Antes de que Negrín iniciara su viaje por varios departamentos de Francia, Alexander Bogomolov, embajador soviético en Francia, dijo a Negrín que la Península Ibérica iba a formar parte de la esfera de influencia anglosajona»[60].

Las esperanzas de los demócratas en las consecuencias para España de la victoria de la Coalición antifascista, mantenidas durante lustros, contrasta con los intereses de las Potencias. Los reflejaba la deliberación del gobierno francés en julio de 1945:

1. Las relaciones franco-españolas fueron estudiadas en una reunión reciente del Consejo de Ministros en París. Todos los ministros, excepto Bidault (Asuntos Exteriores) y Soustelle (Información), estaban a favor de romper las relaciones diplomáticas con España.

2. Bidault, no obstante, avanzó el siguiente argumento a favor del mantenimiento de relaciones diplomáticas:

a) La necesidad de Francia de productos básicos españoles, en especial piritas.

b) Las conversaciones que sostuvo en San Francisco con los líderes americano y británico, quienes le aconsejaron (a Bidault) que no adoptara ninguna medida drástica en relación con el problema español ya que ellos (los británicos y americanos) tenían ahora dominado a Franco y que éste desaparecería de la escena política en el momento que fuera oportuno.

3. El general De Gaulle pidió entonces al Consejo que le concediera un voto de confianza permitiéndole tomar sobre este tema cualquier medida que estimara necesaria para los intereses de Francia. El Consejo votó por unanimidad a favor de esta petición[61].

Algunos ejemplos de confidencias y confianzas. El Presidente de Cataluña en el exilio, Josep Irla, comunicaba el 5 de abril de 1945 que

la creación de un Estado democrático y evitar la guerra civil sólo puede ser logrado a través de la intervención de los EEUU e Inglaterra. La intervención abierta en España de EEUU e Inglaterra sería bienvenida por la mayoría de los españoles, que espera la decisión que saque a Franco y mantenga los comunistas a raya. El sr. Irla personalmente apoya tanto acabar con Franco como eliminar la influencia comunista[62].

Una semana después, don Juan de Borbón, conde de Barcelona, habría manifestado «que Inglaterra es favorable a una restauración monárquica, pero la postura de Washington es negativa, en gran medida porque Washington está demasiado ocupado para preocuparse de la situación española»[63].

Mientras, Franco preparaba el futuro de su régimen conforme al modelo originalmente trazado por Alemania en marzo de 1943,

tratando que sea nombrado Rey de España un hijo del príncipe don Jaime (hijo del fallecido Alfonso XIII). Como el niño rey sería menor de edad, se establecería un Consejo del Reino. Franco tiene el propósito no sólo de formar parte de él sino de mandarlo[64].

Su Ministro de Asuntos Exteriores, José Félix de Lequerica, explicaba en abril de 1945 el camino que deseaba seguir para consolidar la obra de la insurrección antidemocrática de 1936:

Estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos para continuar en el poder. Vamos a tener que hacer sacrificios y los haremos sin vacilar. Si es necesario disolver la Falange, la disolveremos. Incluso acabaremos con Franco si es necesario. Lo importante es preservar el fundamento del gobierno –sus miembros no importan. El fundamento del gobierno es el Ejército, así como su influencia política para prevenir que caigamos en la calamidad de la democracia[65].

En París, el servicio de información militar de EEUU recogía la posición de Dolores Ibárruri La Pasionaria –secretaria general del Partido Comunista de España–, expresada

en un artículo de prensa del 3 de junio [de 1945], después retirado, típico del punto de vista comunista más agresivo. Se opone al derrocamiento pacífico de Franco y llama a combatir porque: (1) un gobierno no puede ser libremente determinado por Cancillerías muy alejadas de la voluntad popular; (2) la Falange no va a abandonar el poder sin combatir; (3) el fascismo en España debe ser destruido por los propios españoles, no por la presión o intervención extranjera[66].

La conclusión del analista militar de EEUU, el 7 de julio de 1945, era la opuesta: «hay dos métodos para acabar con Franco –la fuerza o una transición en orden a otro gobierno. Mientras los comunistas y los izquierdistas españoles en Francia más violentos son partidarios de la primera, hoy Francia, los EEUU y los británicos estimulan la segunda»[67].

El 11 de abril de 1945 murió Franklin D. Roosevelt. Truman entraba en escena. El siguiente 7 de mayo el III Reich alemán capitulaba; el 20 de junio la Organización de Naciones Unidas aprobaba, en San Francisco, la propuesta de México de excluir al régimen de Franco por haber sido instaurado con apoyo armado del Eje Alemania-Italia. Franco combinó sus recursos: contrapuso la Falange –que no deseaba un Rey liberal– a los monárquicos –que no querían recibir la Corona de las manos del Dictador, ni reinar con éste y los falangistas–, y ambos a la jerarquía de la Iglesia y del Ejército. Cómo reestructuró el Caudillo su coalición, preservó su poder marginando toda participación ciudadana, y ello en términos aceptados por EEUU, se dibuja en un informe–consulta de los servicios secretos donde Franco emerge, cual en un guión escénico, interpretando el papel de actor principal de una farándula de la que no era el director:

en el transcurso de una “muy secreta” reunión de dirigentes falangistas celebrada en Madrid el 16 de julio, fue señalado al general Franco, casi por unanimidad, que la Falange no aceptaría ser disuelta, y que se opondría a su disolución, si fuera necesario, por la fuerza de las armas. Franco estaba visiblemente turbado por esta decisión. A la vista de las conversaciones que había sostenido los días anteriores con Arrese, Girón y Miguel Primo de Rivera, esperaba que el Consejo Supremo de la Falange votara su desaparición como entidad política. La decisión, por lo tanto, trastocaba todos los planes de Franco.

Además, los generales –dirigidos por Aranda, García Valiño, Beigbeder, Varela y Ungría–, insisten en que Franco deje el poder inmediata e incondicionalmente. Los generales le dijeron que ellos mismos se encargaban de disolver la Falange y que usarían el Ejército si hacía falta, un paso que Franco desea a toda costa evitar.

Durante la noche del 16-17 de julio, Franco sostuvo una muy larga entrevista con el duque de Arión, el duque del Infantado, el general de Borbón (duque de Sevilla), y el conde de Romanones [este nombre aparece tachado]. Había convocado también al conde de Rodezno por los carlistas, pero no acudió. En el transcurso del encuentro Franco anunció que a pesar de una nueva y reciente apertura hecha al príncipe don Juan, éste aún rehusaba regresar a España y aceptar el trono de las manos del Caudillo. Don Juan entendía posponer su decisión de retornar por unos pocos meses. La nueva causó evidente enojo entre los monárquicos presentes, excepto en el duque de Sevilla que dijo aprobar la decisión de don Juan. Franco entonces preguntó a los monárquicos que le propusieran candidatos al trono, pero no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos. Ni siquiera un emisario del Arzobispo de Toledo, convocado precipitadamente a la conferencia, logró una solución. Al final todos reconocieron el hecho que se encontraban en un impasse y que, sobre todo, necesitaban “ganar tiempo” para hallar una solución. Pero propusieron que el general Franco dirigiera un discurso a la nación para prevenir que los generales llevaran a cabo su proyectado golpe de Estado. Franco aceptó. El general de Borbón fue el único que se opuso a esta solución.

Se decidió por tanto que el general Franco anunciaría al pueblo un retorno inminente a la monarquía sin especificar el nombre del futuro rey, y que también anunciaría cambios políticos de orientación liberal, preservando de todas maneras a la Falange, al menos por el momento. Se espera que los Estados Unidos acepten esta solución.

La apostilla que en Washington hicieron al pie de este informe-consulta era expresiva: «De no haber sido aceptable para Estados Unidos, el general Franco hubiera llana y lisamente desaparecido»[68].

Al día siguiente, Franco reorganizaba su Gabinete e incorporaba al mismo a la Acción Católica. El 3 de agosto, en Potsdam, las cuatro Potencias vencedoras acordaban una declaración de condena de la dictadura en España. Su alcance real era conocido. El dictador de Portugal, Oliveira Salazar, se lo describía el 10 de agosto a Nicolás Franco –embajador de su hermano: «la declaración de Potsdam es un simple guiño a la opinión pública de algunos países […] destinada a producir efectos internos dentro de los países participantes [en la Conferencia de Potsdam] más que en España»[69].

Al terminar la segunda guerra mundial los ciudadanos en España estaban privados de todos los derechos políticos. Las consecuencias de ello, a largo plazo, sobre el Estado y la sociedad, no se han medido ni enfatizado bastante. Sin su ponderación es difícil entender lo ocurrido en España en el resto del siglo XX, la perduración de efectos derivados como el que sorprendía al embajador de EEUU el 8 de octubre de 1945:

todos los grupos de oposición han sido infectados por el virus de creer que la intervención extranjera “salvará la situación”, que Gran Bretaña y/o los EEUU van a “entrar” para lograr acabar con el régimen de Franco que ellos mismos son incapaces de tumbar. Comprensible como puede serlo en tanto que deseo político, el deseo parece confundirse, en el ánimo de algunos, con un programa de acción: las nubes de la incertidumbre que cubre el curso no trazado del futuro de España son despejadas por las más vagas pero convencidas aseveraciones sobre Londres y Washington «echándonos una mano», obviando de este modo tener que darse el penoso trabajo de organizarse políticamente entre los propios españoles. Es obvio que esta especie de fatalismo enerva cualquier movimiento opositor[70].

Derrotada Alemania, los ciudadanos españoles no recuperaron el derecho a decidir su forma de gobierno en elecciones libres. Iniciada la nueva Guerra hegemónica, el embajador Armour proponía su modelo político:

un régimen que garantizara algunas libertades básicas (de palabra, prensa, reunión, un sistema judicial imparcial), con independencia de quién esté a su cabeza, contaría abrumadoramente con un pueblo desesperadamente ansioso de que le eviten la angustia y derramamiento de sangre de otras disensiones fratricidas. Semejante régimen podría llegar a existir sólo en base a una coalición de gobierno en la que participaran líderes militares y que debería ir desde, digamos, Prieto en la izquierda hasta Gil-Robles en la derecha. Sin embargo […] ni una sola figura española políticamente madura ha sido capaz o ha querido proponer tal solución. En todos los informes de los Consulados que se acompañan, la única mención a semejante régimen es una parecida atribuida al dirigente en Sevilla del ala liberal de Gil-Robles, el ex ministro de Agricultura Giménez Fernández[71].

Treinta años después, Franco fallecido, ésta sería la matriz de la transición aplicada en España por la Coalición de la Guerra Fría. Al frente del Estado y de las FF AA, el designado por Franco como Rey; el Ejecutivo y el Parlamento compartidos entre el ala católica liberal y la fracción socialista que se reconocía en Prieto –la del sevillano Felipe González, alumno y ex correligionario del democristiano Giménez Fernández. El modelo del embajador Armour no difería, en lo sustancial, del que hablase el agregado naval de EEUU con Juan March. Ni del plan británico, aunque el norteamericano no situaba necesariamente a un monarca al frente del Estado. Ni del diseño del embajador del III Reich en Madrid entre 1937 y 1943, Eberhardt von Stohrer, cuya opinión recabaron los servicios de EEUU aquel octubre de 1945. Presentado como de convicciones nazis y colaborador de los servicios de información militar del almirante Canaris,

el propio ex embajador alemán opina con mucha firmeza que la solución debe buscarse en un acuerdo entre Juan [de Borbón] y Franco. La correspondencia entre ambos, que comenzó en 1942, nunca ha andado bien porque Franco siempre ha asumido el tono de salvador de España y ha tendido a mirar a Juan como un jovenzuelo inexperto. Juan podría ser persuadido fácilmente a cambiar su postura actual, a pesar de que sus declaraciones contra Franco digan lo contrario, a través de la todopoderosa influencia de la Reina Madre[72].

¿Y Francia? Quién debe encabezar el Estado español ha sido desde 1690 asumido como materia de su incumbencia por los gobiernos de Gran Bretaña, Alemania y Francia. En 1945 el de Francia tampoco dejó de ser solicitado. El Presidente del Gobierno, general De Gaulle, respondió a un asesor de don Juan de Borbón con las mismas palabras de Napoleón III al general Juan Prim en 1868: «Mientras yo continúe a la cabeza del Gobierno francés, me opondré enérgicamente al restablecimiento de los republicanos españoles en Madrid, haré cuanto pueda para propiciar la restauración de la monarquía en España»[73].

Pero en 1945, por primera vez en dos siglos y medio, no fueron las Potencias europeas las que decidieron quién debía estar al frente del Estado español. Los ciudadanos españoles tampoco, por supuesto. EEUU marcó el terreno de juego, sus reglas y el desenlace.

V. La guerra preventiva contra la URSS

Para octubre de 1945, cuando el embajador Armour hacía balance de su misión en España, ya los mandos militares de EEUU habían abandonado el supuesto estratégico ordenado medio año antes por Roosevelt de preparar a su Ejército para la paz en Europa y Asia, con la desmovilización subsiguiente[74]. En septiembre de 1945, un mes después de la capitulación de Japón –del estreno del arma atómica– la planificación militar empezó a asumir como supuesto preparar la nueva guerra. Durante décadas la propaganda ha repetido que ésta empezó en febrero de 1948 –provocada por el apartamiento de los partidos burgueses del gobierno de Checoslovaquia. Algunos analistas han situado su estallido en febrero-marzo de 1946, durante la visita de Churchill a EEUU y su muy publicitado discurso en Fulton sobre un “telón de acero” en Europa. Las bases conceptuales de la nueva guerra las he podido leer, sin embargo, en estudios aprobados entre octubre y fines de 1945 por el Departamento de Estrategia-Planificación y por la División de Operaciones del War Department. Los supuestos eran:

seremos atacados sin una formal declaración de guerra por un enemigo preparado adecuadamente para la guerra; las armas estratégicas en EEUU y/o sus posesiones, territorios y territorios en fideicomiso estarán sometidas a la sorpresa inicial, a ataques dañosos aéreos y con nuevas armas y al sabotaje desde el interior; no puede haber garantía de aviso previo de un ataque aéreo, con nuevas armas o sabotaje; no puede haber garantía de aviso previo de una acción perjudicial o agresiva por otra potencia dirigida a negarnos el acceso a materiales estratégicos en áreas remotas de EEUU continental; EEUU será objeto de continuos ataques aéreos, con nuevas armas y sabotaje; EEUU no puede depender de Aliados para protegerse mientras se moviliza; el Imperio británico será por lo menos amistosamente neutral; EEUU tratará de confinar los combates mayores en regiones distintas de Norteamérica (esto no será enteramente posible en caso de asaltos aéreos y con nuevas armas); no hay ahora ninguna nación o previsible combinación de naciones que tenga capacidad de invadir con éxito EEUU continental durante los próximos cinco años; como tercera parte, EEUU puede ser conducido a una guerra extranjera en todo momento[75].

¿Quién preparaba en 1945 tamaña guerra contra EEUU? Nadie. El arma nuclear era monopolio de EEUU. El presupuesto político de la nueva guerra era la ruptura de la colaboración entre EEUU y la URSS. Los analistas y programadores de los supuestos enumerados concluían, el 11 de febrero de 1946, que «b) la URSS necesita de diez a quince años para salir de su debilidad y alcanzar fuerza militar bastante para oponerse a los EEUU con alguna razonable posibilidad de éxito; c) excepto para fines puramente defensivos, la URSS evitará al menos durante cinco años el riesgo de un conflicto armado de envergadura con EEUU».

¿Dónde residía, pues, en 1945 el riesgo de otra guerra general? En una anticipación hipotética: «esa actitud [soviética] disminuirá al cabo de diez años y desaparecerá dentro de quince o veinte años». ¿Por qué tal anticipación y no otra? Por una visión ideológica proyectada como realidad virtual: «d) la política exterior soviética es de expansión, de carácter nacionalista e imperialista, sin prueba ninguna de que cambie en un futuro previsible». Visión que descartaba la función ordenadora de las relaciones mundiales asignada por el presidente Roosevelt en el Consejo de Seguridad de la ONU a la alianza vencedora de Alemania: «e) No podemos confiar aún en la Organización de las Naciones Unidas para salvaguardar los intereses de EEUU».

Abrir la guerra con un país sin capacidad de iniciativa bélica antes de cinco o veinte años, es una guerra preventiva. En base a un supuesto ideológico, en el otoño de 1945 la potencia americana era reprogramada para una guerra dirigida a evitar que la URSS dispusiera de tiempo para superar las devastaciones de la invasión alemana y consolidara su sistema económico y político: «estas premisas [deben] ser usadas por el Estado Mayor del Departamento de Guerra como guía en la formulación de las premisas derivadas necesarias por parte de las agencias operativas que supervisa». La economía e información movilizadas en la guerra recién acabada, no debían reconvertirse: «la investigación y desarrollo científico de EEUU deben ser continuados con la máxima eficacia». El teatro operativo retenido era el Mundo como un todo: «debe ser reconocida la importancia vital de servicios amplios de inteligencia de EEUU, y deben tomarse acciones efectivas para crear y operar los mejores servicios de inteligencia del Mundo en el terreno político, diplomático, militar, económico y científico»[76]. ¿Qué duración podía tener la nueva guerra? Para sus programadores, hasta que la URSS quedara imposibilitada de convertirse en Potencia: «desde un punto de vista militar, en el futuro previsible la consolidación y desarrollo del poder de Rusia es la mayor amenaza para EEUU». ¿Dónde radicaba la amenaza hipotética de la URSS a EEUU? Como futurible, en las zonas de influencia norteamericana en Asia Oriental y en la británica de los bordes de Eurasia: «Aunque es improbable que choques de interés vital ocurran de inmediato, la expansión de Rusia en el Lejano Oriente puede a la postre acarrear serios conflictos directos con EEUU, y su expansión hacia el oeste y sur puede significar choques con Gran Bretaña a los que podemos ser arrastrados».

El postulado de la nueva estrategia abandonaba las premisas político-militares de EEUU desde George Washington hasta abril de 1945. En contraposición al secular aislamiento de EEUU, Roosevelt, y antes Woodrow Wilson, habían propuesto una estructura internacional que aportara seguridad al Mundo contra las agresiones, y a EEUU como parte de aquél. La Administración Truman invirtió los conceptos, involucrando a EEUU de modo permanente en Europa y en todos los rincones del Planeta en la búsqueda de la seguridad militar absoluta de EEUU:

la determinación de la política exterior de EEUU debe continuadamente tomar en consideración nuestras capacidades para apoyar nuestra política en las armas de inmediato, más que en nuestro potencial a largo plazo. En último análisis, el mayor factor militar individual para la seguridad del Mundo es la seguridad militar absoluta de Estados Unidos[77].

El argumento de la interferencia soviética en la Península Ibérica hemos visto que respondió menos a la realidad que a la propaganda. El gobierno británico no la esperaba –como exponía el ministro Eden en 1944. Tampoco el de la URSS la deseaba, como había informado en 1945 el embajador soviético en París al doctor Juan Negrín. En concordancia, en una reunión del Partido Comunista de España el 6 de marzo de 1946 en Toulouse, Dolores Ibárruri respondía a la pregunta de por qué la URSS no reconocía al gobierno republicano en el exilio:

Rusia tiene que tener en cuenta su política exterior, España está fuera de la zona de influencia rusa, cualquier acción que Rusia tome en relación con España podría crear nuevas fricciones con las potencias occidentales, no creo que Rusia lleve a cabo ninguna acción decisiva respecto de España[78].

Tampoco los responsables militares de EEUU consideraban verosímil la intervención soviética. Cabe más bien sostener que, a partir de 1944, en los hechos Norteamérica absorbe dentro de su perímetro defensivo a la Península Ibérica, y le aplica la estrategia experimentada antes con Iberoamérica y las islas del Pacífico. Así se desprende del debate entre el Departamento de Estado y los jefes de Estado Mayor en torno al documento «Foreign Policy of the United States». Presentado en diciembre de 1945 por el Departamento de Estado a la consideración de los mandos militares –cuando cinco Estados iberoamericanos habían roto relaciones diplomáticas con el gobierno de Franco y otros cinco consideraban hacerlo–, el Departamento de Estado proponía que el gobierno de EEUU se adhiriera a la doctrina proclamada poco antes por el de Uruguay: intervenir en el marco de las Naciones Unidas en caso de que «la violación de los derechos fundamentales del hombre por un gobierno de fuerza, y el incumplimiento de sus obligaciones por tal gobierno, autorizaran una modificación del principio de no interferencia». Los jefes de Estado Mayor se opusieron, en base a supuestos cuya lógica se extendía a la Península Ibérica:

esa postura está aparentemente dirigida contra Argentina. Seis países latinoamericanos han señalado su desacuerdo con la postura uruguaya. Si el pueblo argentino, abstracción hecha de su gobierno actual de tipo fascista, se sintiera profundamente contrariado por nuestros esfuerzos para exigir esa política, el logro de una verdadera solidaridad hemisférica puede estar seriamente en peligro. Esa solidaridad es tan esencial para la seguridad última de EEUU que no debemos adoptar una postura rígida e intransigente a este respecto[79].

La Strategic Policy Section del War Department también se opuso:

Aun reconociendo que la propuesta uruguaya ha recibido apoyo de EEUU, una plena e intransigente adhesión a la misma puede presentar complicaciones indeseables. Si se pusiera en práctica sentaría un precedente extremadamente peligroso para las relaciones internacionales en Europa y Asia. Por ejemplo, podría dar una dimensión de legalidad a la intervención soviética en Irán o a posibles acciones futuras en relación con Turquía[80].

El 21 de febrero de 1946 los Joint Chiefs of Staff insistieron en fundamentar su oposición. En su conceptualización fusionaron los supuestos de la estrategia tradicional británica hacia Eurasia con los de la “doctrina Monroe” hacia América Latina –en su interpretación más intervencionista:

La seguridad última de los EEUU se ha convertido en más dependiente que antes del mantenimiento de la unidad estratégica del Hemisferio Occidental [porque] un solo Poder está ahora en una posición dominante en el continente euroasiático […]. En consecuencia nuestra necesidad de mantener la integridad militar del Hemisferio Occidental frente a una potencia no americana, aunque de naturaleza similar a la que inspiró la formulación de la doctrina Monroe y condujo a su reiteración a lo largo del pasado siglo y cuarto como la más fundamental de nuestra política exterior, es una necesidad mucho más apremiante ahora. […] El Hemisferio Occidental es una entidad militar diferenciada, la integridad de la cual es un postulado fundamental de nuestra propia seguridad en caso de otra guerra mundial[81].

La nueva guerra podía librarse en la medida que no encontrara oposición dentro de EEUU. De ahí la previa neutralización de las núcleos sindicales y políticos de izquierda en EEUU. El 12 de marzo de 1946 los servicios de información militar de EEUU recomendaban a estos efectos,

1. Un plan de seguridad interna –un año después eran promulgadas la Loyalty Order y la Taft-Hartley Act; en 1950 lo fue la Internal Security Act;

2. Lanzar una campaña de orientación psicológica sobre el pueblo norteamericano –así se hizo;

3. Unificar el mando militar –en 1947 el National Security Act integraba las tres Armas en un sólo Departamento;

4. «Necesidad de elaborar de inmediato planes de guerra para acciones contra Rusia» –ese mes se creó el subcomité State-War-Navy for USSR problems;

5. Programar el uso de armas atómicas «con el menor preaviso posible», ampliar la producción de armas bacteriológicas y atómicas –cinco meses después era creada la Atomic Energy Commission;

6. Removilizar la industria e investigación bélicas, «elaborar planes ultra-secretos para organizar y emplear a antiguos soldados de Alemania y Japón como fuerzas auxiliares»;

7. Reactivar la planificación combinada con los jefes de Estado Mayor británicos –las conversaciones informales con éstos estaban ya en curso en la primera semana de marzo de 1946[82];

8. Activar la recién creada Central Intelligence Agency (CIA), preparar la “maquinaria del Gobierno de EEUU” para intervenir activamente en otros países;

9. Dar prioridad a los objetivos militares en la política exterior del gobierno de EEUU en la América hispana y Canadá;

10. Activar la mayoría de los votos occidentales en la ONU para, a través de ésta, «movilizar a una porción considerable de la opinión pública mundial» contra la URSS –así se hizo una semana después, en la primera confrontación en el Consejo de Seguridad sobre Irán;

11. «Políticas positivas y dinámicas» hacia países escandinavos y China; en la Europa latina –Francia, Italia y España– «debe tomarse una acción positiva para mostrar el apoyo real y efectivo de EEUU a los gobiernos democráticos responsables en esos países. A menos que una acción efectiva de tal naturaleza sea tomada pronto, los tres pueden hacerse comunistas en un próximo futuro. Puede ser demasiado tarde»[83].

En este programa se identificaba como enemigos de EEUU a los communists –concepto que reemplazaba al genérico reds de preguerra. En España eran designados como responsible democratic elements quienes apoyaban a la dictadura de Franco.

En 1945, EEUU se hallaba dentro de una fase larga de crecimiento y, en contraste con el resto del Mundo, pletórico de recursos económicos. Según los estrategos de la nueva guerra

tenemos bastantes recursos económicos. Lo que se requiere es conciencia pública de la urgente necesidad de usar esos recursos […]. Con el apoyo de una opinión pública informada nosotros podemos dar asistencia o retirar la asistencia, basando nuestra decisión en cada caso en los posibles efectos para fortalecer nuestra posición y en la expansión soviética […]. Debemos retirar la asistencia a los países controlados por los soviéticos. [Entre las recomendaciones emerge la influencia británica en la definición de las nuevas políticas], el apoyo político, económico y militar al Reino Unido y a las comunicaciones esenciales de la Commonwealth británica»[84].

Ante la hipótesis de la eventual pérdida del control británico sobre alguna de las costas de Eurasia, los planificadores de la guerra anticipaban una cadena de efectos político-militares, sociales y raciales. Por más que a la postre fueran fenómenos endógenos y enraizados en la realidad de cada pueblo, pensaban que serían el resultado del contacto con las ideas soviéticas. Así por ejemplo, Tripolitania (Libia) –donde la URSS disputaba en 1945-1946 los derechos coloniales británicos– se temía que

constituiría un estribo ruso en África para extenderse tanto hacia el Este –Suez– como hacia el Oeste –Gibraltar–, las dos claves de la línea vital británica a lo largo del Mediterráneo. Tripolitania ofrece bases adecuadas para prohibir el “estrechamiento” del Mediterráneo entre Túnez y Sicilia. Hay un peligro ulterior, de largo alcance, dar a los soviéticos la oportunidad de esparcir sus ideologías en África. Esto significa agravar el problema negro [en EEUU], al hacer comunista a la raza negra[85].

En 1946 estaba elaborada también la lógica conceptual que conducía a los mandos militares a recomendar que EEUU desconociera el principio de «integridad de la soberanía nacional», que «debe ser manejado con cautela. Por ejemplo, nosotros no podemos a largo plazo depender de Grecia para denegar a Rusia bases militares en el Dodecaneso». Pues para el jefe de planificación estratégica del Ejército, general G. A. Lincoln, «necesitamos absolutamente un colchón de Estados entre el punto de salida ruso y áreas vitales como Suez y Gibraltar, que nosotros debemos ocupar si queremos tener alguna esperanza de evitar que Eurasia experimente un rápido ataque relámpago ruso». Este razonamiento entraba en la lógica del más genuino sir Halford Mackinder. Por el contrario, el interlocutor del general Lincoln el 16 de abril de 1946, Benjamin Cohen –antiguo ayudante de Roosevelt y en esa fecha consejero del Departamento de Estado–, continuaba propiciando un camino distinto al que habían aprobado los mandos militares. En la versión de general Lincoln

Mr. Cohen desea alguna fórmula que estabilice el área Europa Central-Mediterráneo Oriental durante diez a veinticinco años, parar la construcción de bases militares en el Mediterráneo, por lo menos en el Mediterráneo oriental, de ese modo Rusia se adheriría a tal acuerdo y al cabo de ese plazo los reajustes internacionales y los políticos dentro de Rusia eliminarían las causas que ocasionan la actual disputa política[86].

Cohen razonaba, obviamente, dentro de la lógica rooseveltina de preservar relaciones no antagónicas con Moscú.

Que la guerra era preventiva lo confirman asimismo reiteradas estimaciones del mando militar de EEUU. El 9 de marzo de 1946 el general Lincoln constataba los efectos de las decisiones anteriores:

EEUU ha dado un brusco giro, completo, en relación a Rusia. Desde una postura de esfuerzos iniciales para lograr compromisos y resolver los problemas ruso-americanos, hemos pasado sin previo aviso a la de total bloqueo diplomático de Rusia, [no obstante] la estimación de los servicios de inteligencia sobre las intenciones rusas continúa siendo que la URSS no quiere la guerra con una potencia importante por lo menos durante una década o así. [No teniendo dudas al respecto, a continuación especulaba que] lo que no está claro es la estimación sobre hasta qué punto Rusia está preparada para arriesgarse a una guerra con una potencia importante[87].

Que el concepto estratégico del Pentágono coincidía con el británico, se lee en el Report del Joint Staff Planners de 26 de marzo de 1946: Disposición de las fuerzas de ocupación en Europa y el Lejano Oriente en caso de hostilidades en Europa, e importancia de ciertas áreas de Eurasia, preparado en respuesta a la consulta del Secretario de Estado al Joint Chiefs of Staff sobre «los aspectos militares de la situación que resultaría si la URSS obtuviera ciertas provincias de Turquía oriental y derecho a bases en los Dardanelos (JCS 1641)»[88]. Aunque también este informe militar contemplaba un instrumento de coordinación internacional para después de que la URSS hubiera sido eliminada la última gran potencia militar europea:

si tuviera lugar una tercera guerra mundial, se cree que el objetivo más benéfico logrado por EEUU a través de su victoria militar sobre la URSS sería el fortalecimiento de las Naciones Unidas como organización mundial, militantemente dedicada a la paz.

En el memorándum al presidente Truman del 30 de marzo de 1946 los Chiefs of Staff sintetizaban que

la URSS no desea verse envuelta en otra guerra importante en estos momentos […]. Aunque inicialmente pueden romperse hostilidades sólo con Gran Bretaña […] nosotros podemos entrar en guerra muy pocos días después; […] nos beneficiaremos, al menos en un primer momento, de la considerable ventaja de la bomba atómica, cuyo empleo –aún en número limitado– puede tener considerable efecto moral sobre el esfuerzo ruso […]; todos los posibles arreglos políticos que faciliten el éxito final de las operaciones militares […] deben incluir como mínimo la neutralidad y como máximo la alianza de Italia, España, Francia, los Países Bajos y Escandinavos; relaciones amistosas con Transjordania y áreas de Levante, colaboración militar completa con Turquía, un Japón quieto si no abiertamente aliado, y una China por lo menos amistosamente neutral[89].

Cuando aún la opinión pública de EEUU se creía en paz, los preparativos de guerra se intensificaban de modo encubierto. El 13 de junio de 1946 el propio almirante Nimitz, jefe de Operaciones Navales, escribía al general Eisenhower, jefe del Estado Mayor del Ejército, que

los Planificadores están basando su principal esfuerzo planificador en un concepto estratégico general que incluye el léxico específico siguiente: «el esfuerzo de la ofensiva principal inicial contra - - - debe consistir en una ofensiva aérea, utilizando la bomba atómica en su máxima amplitud, - - -» […]. Es de la más inmediata importancia que tenemos una masa creciente de documentos con tal léxico. Cabe siempre la posibilidad que la existencia de tales documentos llegue a ser sabida en algunos círculos, donde su conocimiento puede provocar reacciones desfavorables para nosotros […]. En sus planes conjuntos debiera bastar una referencia genérica a “una ofensiva aérea”[90].

La delimitación de los U. S. Vital Strategic Interests la exponía el general Norstad ante el War College el 21 de noviembre de 1946. El sumario es el siguiente:

I. Geografía. América Central y del Sur, Panamá, Islas Británicas y del Japón, Canadá, Europa occidental, China, «ese es el perímetro que marca las fronteras del área de nuestra posición defensiva nacional –el área de nuestros intereses vitales estratégicos en términos de geografía militar».

En las áreas necesarias para

II. la «estrategia del potencial para hacer la guerra» (materias primas), incluía Sudamérica y el Medio Oriente para el petróleo; para la fusión nuclear Canadá, Congo belga, Europa central; para estaño y caucho el sureste de Asia, Indonesia, Malaya.

En cuanto a hombres para llevar al combate, «EEUU estará en desventaja en cualquier guerra mayor que pueda ser prevista ahora con alguna posibilidad», y el problema debía resolverse con

III. «los recursos de otras naciones que puedan ayudarnos, o puedan ser usados en nuestra contra»; «nuestra política exterior y militar son inseparables»; el control de las líneas marítimas; en armamento, «el camino seguro a la victoria en un futuro a largo plazo podemos hallarlo sólo yendo continuamente más lejos en investigación y desarrollo, –con la finalidad de no ser nunca los segundos de nadie en la calidad de las armas decisivas, el desarrollo científico aplicado a uso militar es definitivamente un requisito estratégico vital»; «tener disponibles para nosotros los recursos científicos de otras potencias amigas, en particular los de la Commonwealth británica; depósitos de materiales esenciales».

IV. En cuanto a calendario «debemos estar listos en todo momento para luchar en una guerra a escala total, sin un instante de advertencia previa».

V. «Servicios de información, un número adecuado de los mejores cerebros del país dedicados a esta tarea».

VI. En el frente interno, «los “militares” tienen una grave responsabilidad en procurar que el frente interior sea estable, productivo y, quizás sobre todo, leal en caso de emergencia»[91].

«¿A qué lado beneficia más el tiempo (o pausa) en un momento dado, o durante un período dado?», recomendaba el general Norstad preguntar en cada ocasión. La estimación estratégica aprobada por el Joint Staff Planners el 18 de junio de 1946 tenía un punto de partida:

la Unión Soviética está en un período de crecimiento y expansión nacional vigorosos, y está desarrollando una economía nacional autosuficiente dirigida a mejorar la posición militar del Estado […]. El potencial económico soviético para la guerra no está ahora adecuadamente desarrollado y, al menos durante diez o quince años, las ganancias internas derivadas de la paz superan las ventajas de cualquier objetivo externo que pudiera ser alcanzado con riesgo de una guerra mayor.

Además, a diferencia de lo previsto por los planificadores de EEUU desde septiembre de 1945,

se cree que la URSS no va a anticipar un conflicto global mayor antes de que estalle, su movilización para la guerra total no estará probablemente iniciada antes. Se cree que ninguna de las debilidades en su potencial bélico habrá sido completamente superada.

¿Por qué, entonces, el riesgo de guerra inminente para EEUU? La respuesta la daba el plan Pincher, en términos difícilmente más genuinamente propios de Mackinder: el roce con el imperio británico en Eurasia,

cualquier acción que amenace el control británico del Canal de Suez y le prive del Medio Oriente, amenaza su posición como potencia mundial. Consiguientemente, Gran Bretaña debiera luchar […]. La derrota de Gran Bretaña eliminaría de Eurasia el último baluarte de resistencia a la agresión rusa […]. Por consiguiente, es vital para la seguridad última de EEUU evitar la derrota de Gran Bretaña, y más pronto nosotros apoyaremos a Gran Bretaña –si debiera entrar en guerra con la URSS– más favorable será nuestra posición militar. [Iniciada la guerra, este plan preveía] junto con nuestros aliados, aportar a los españoles tanto apoyo como fuere practicable en orden a mantener la seguridad del Estrecho de Gibraltar […]. Las fuerzas españolas pueden oponerse activamente a una campaña soviética si son apoyadas por el Reino Unido y EEUU […], en operaciones británicas y, posiblemente, de EEUU a través de los Pirineos contra las líneas soviéticas […]. Una vía de aproximación desde el Oeste hacía la heartland de la URSS es a través del área mediterránea […]. Su importancia no puede ser exagerada. [Mission de esta guerra] imponer a la URSS, por acción militar conjunta con nuestros aliados, unos términos de paz aceptables a EEUU y sus aliados[92].

Consiguientemente, el Joint War Plans Committee pedía en junio de 1946 que si Francia negaba a las fuerzas de EEUU la utilización del área Casablanca-Port Lyautey, se consiguiera del general Franco hacer de las Islas Canarias una base militar aéreo-naval de EEUU, «derechos a largo plazo, conjuntos con España, que excluyeran a todas las otras naciones […], sin otras restricciones que las mutuamente acordadas», además de los derechos sobre Ifni y Río de Oro ya obtenidos de Franco en 1944 y 1945. En julio siguiente los Joint Chiefs of Staff aprobaron la medida, y el 6 de agosto el State-War-Navy Coordinating Committee acordó transmitir la petición al Secretario de Estado[93]. Hasta tal punto se hallaba absorbido el territorio español en los planes de guerra de EEUU que, en agosto de 1946, contemplaban el supuesto de una guerra que empezaría en julio de 1947 y donde «el primer ataque [de la URSS] sería dirigido contra las fuerzas aliadas en Europa y el aseguramiento de la costa del Canal y de la línea de los Pirineos»[94].

En todas las opciones y escenarios de la nueva guerra aparece utilizada España. Producido el supuesto teórico –comienzo de las hostilidades–, y en anticipación a su concreción, el plan de EEUU proyectaba introducir en España doce divisiones (al menos dos acorazadas), fuerzas navales y 890 aviones, articulándolas a las españolas cuyo despliegue, orden de batalla y líneas de repliegue disponía en detalle. En el estudio, los factores políticos internos de España aparecen subordinados a su utilidad para el plan bélico:

si se diera un cambio de gobierno, otra dictadura del carácter de la actual es algo más probable que no un gobierno democrático o comunista. Una nueva dictadura continuaría frenando la infiltración comunista, un gobierno democrático, sin embargo, sería menos hábil para protegerse a sí mismo de las organizaciones inspiradas por o partidarias de los soviéticos […][95].

Para los planificadores de guerra, ¿quiénes eran “comunistas” en España? En general los demócratas, en particular los republicanos. Decía el mismo documento: «el Gobierno español leal, en el exilio, está dominado por los comunistas» –cuando, en propiedad, el Partido Comunista ni siquiera figuraba entre los partidos políticos que lo integraban. Tras subsumirse en los conceptos estratégicos británicos, la conclusión de los planificadores era utilizar operativamente el territorio ibérico. A este fin deseaban que continuara bajo el control de Franco y Salazar:

cualquier extensión del poder comunista en España entrañaría reducir aún más la influencia mundial del Imperio Británico e, indirectamente, la de EEUU. No se vislumbra ningún cambio básico en el gobierno de España dentro de los próximos tres años. En caso de guerra, el actual gobierno de España y Portugal daría la bienvenida a la ayuda de EEUU y sus aliados.

Mientras las hostilidades no empezaran, el plan contemplaba una acción político-económica subordinada a los solos fines bélicos de EEUU,

«aportar a España ayuda económica en orden a reforzar su capacidad de resistencia militar[…]»[96].

VI. El enrolamiento de España en la Guerra Fría

Hay simbiosis social entre la guerra preventiva iniciada en 1945 y la reacción conservadora en Europa durante la década de los años treinta. Así lo corroboraba Ramón Serrano Súñer –jefe de las juventudes de la conservadora CEDA en 1936, después jefe de la Falange, germanófilo ministro del Interior y de Asuntos Exteriores hasta 1942–, en manifestaciones al agregado militar adjunto de EEUU, teniente coronel Clyde L. Clark, el 21 de enero y 6 de marzo de 1946 –en casa de Antonio Luna, uno de los agentes que coordinó el golpe de Casado y la entrega de Madrid a Franco en 1939:

no es aún momento oportuno para que Franco y el Ejército pasen el gobierno a los monárquicos. La evolución de España debe ser hacia la monarquía, pero lentamente –muy lentamente. No soy partidario de las democracias. Yo creo en el gobierno totalitario, pero debemos girarnos hacia las democracias que en la realidad controlan el futuro inmediato […]. España debe reorientar su política hacia la de los conquistadores. Confío que EEUU no nos haga sentir su presión demasiado pronto, pues si así lo hiciera el peligro del comunismo amenazaría sombrío […][97].

Había otro nexo común entre los militares del régimen de Franco y sus homólogos de EEUU. Desde el punto de vista sociopolítico la nueva política identificaba al adversario con las organizaciones obreras, empezando por las de EEUU: «antes de la movilización total, EEUU se enfrentará con serios desórdenes internos, en particular bajo forma de paros laborales y sabotaje en industrias e instalaciones clave, que van a perturbar su reconversión a la producción de guerra e interrumpir el flujo de material y municiones a los servicios militares»[98]. A partir de marzo de 1946 se intensificaron en la prensa y sindicatos de EEUU los ataques contra la izquierda de su propio país[99]. Los restantes supuestos de la guerra preventiva no eran recíprocos, como el ofrecimiento a EEUU por parte de los dictadores de la Península Ibérica de hacer de su territorio cabeza de playa en Eurasia, en particular en caso de repliegue: «desde el punto de vista estratégico, puede ser altamente deseable ocupar la línea de los Pirineos»[100].

Escuchemos a los generales de Franco. En enero de 1946, Luis Orgaz, jefe del Alto Estado Mayor, manifestaba al agregado militar de EEUU:

En cualquier bloque occidental europeo de naciones que pueda formarse, España podría hacer una gran contribución, con su emplazamiento estratégico, contra la política de Europa oriental bajo dominio soviético, es por consiguiente imperativo que haya un cambio en el régimen español y se restaure la monarquía.

Antonio Barroso, subjefe del Alto Estado Mayor Central: «Franco está plenamente decidido a llevar a cabo la eventual restauración de la monarquía […], lo hará cuando el tiempo resulte oportuno».

José Cuesta, subjefe del Estado Mayor Central: «el pueblo español no ha progresado aún bastante su educación y experiencia política como para entender el manejo de un gobierno y ejercer sus derecho de sufragio».

José Ungría, director de la Escuela del Estado Mayor y ex director de Seguridad:

muchos oficiales del Ejército son probablemente monárquicos en sus simpatías, pero estarán en favor de una monarquía sólo cuando Franco diga que debe ser restaurada, […] cualquier cambio encierra peligro porque las masas pueden iniciar un movimiento para ganar el control del país, hay mucho temor a dar plena libertad al pueblo porque […] las masas de extrema izquierda pueden ganar el poder si fuera reconocido el derecho de voto en un plebiscito a todo el pueblo.

Fernando Moreno Calderón, miembro de la Junta de Burgos en 1936 y gobernador militar de Madrid en 1946:

la idea de Franco, y también de algunos otros monárquicos, es que la monarquía debe ser restaurada pero con Franco continuando como Generalísimo de las Fuerzas Armadas y siendo en ese momento el Número Dos en el gobierno […]. Yo y otros partidarios de la causa monárquica estimamos que nuestras manifestaciones a Franco deben coincidir con notas dirigidas al gobierno [español] por parte de los gobiernos de EEUU, Gran Bretaña y Francia y quizás algunos hispanoamericanos e incluso Rusia, si fuera necesario, significando su opinión de que Franco y la Falange deben desaparecer y que una forma constitucional de gobierno [de preferencia una monarquía liberal democrática] debe ser restaurada en España […]. Nosotros nunca intentaríamos un golpe de Estado militar que pueda entrañar el riesgo de dividir a las FF AA en dos campos […]. En elecciones nacionales o plebiscitos, debe permitirse votar sólo a los cabeza de familia o a los que son propietarios de algo de valor[101].

El teniente general Antonio Castejón, jefe de la 71 División con sede en Valladolid, explicitaba el 6 de marzo de 1946:

Si las Potencias Occidentales intentaran forzar elecciones en España y cambiar el sistema de gobierno español, sería desastroso […], una ulterior intervención de las Potencias Occidentales se habría convertido en imposible porque en teoría España tendría entonces un así llamado gobierno democrático […]. Pienso que la esfera anglo-yanqui no debe quedar limitada a las islas próximas al continente americano incluida Sudamérica, sino extenderse a Inglaterra y a lo largo de los países occidentales de Europa; los países escandinavos, Holanda, Bélgica, Francia, España y hasta África. España, con su estratégica posición en Europa, su población de 25 a 26 millones de habitantes, y un ejército potencial de un par de millones, podría ser un fuerte estribo para EEUU en Europa. El soldado español es valiente, no teme morir [El informe que llegaba a Washington concluía]: Todos los oficiales con los que ha hablado el Agregado Militar, incluidos los opuestos a Franco, ven a un Bloque Occidental como la única solución y muchos han expresado la idea de que España y sus fuerzas armadas podrían y deberían ser cuña o base para una fuerte oposición a Rusia[102].

La estrategia global de la nueva guerra tenía un sentido social y político claro, contra las organizaciones de base social popular y orientación política nacional. El estimativo del Joint Intelligence Committee de 27 de octubre de 1947 establecía: «la sola capacidad conocida de la URSS para atacar el potencial bélico interno de EEUU antes de 1950 es a través de la subversión, sabotaje, acoso políticos». El análisis de la situación interna española de esa fecha contenía, igualmente, un objetivo social. La postración de las “masas populares” era vista como provechosa a la inserción de España en los planes militares:

el gobierno de España es una dictadura militar. Tiene el apoyo del Ejército, la Iglesia, los grandes propietarios y las clases conservadoras de los negocios y finanzas. Mantiene un fuerte control policial sobre los elementos disidentes. En contra de esas fuerzas, las masas populares que se oponen al dominio falangista pero temen otra guerra civil no tienen armas para que se cumpla su voluntad. Hay activos una miríada de grupos políticos y laborales clandestinos, pero son incapaces de lograr cooperar entre ellos o el apoyo del Ejército.

Y vislumbraba cuál podría ser la alternativa política compatible con la estrategia militar de EEUU:

el vigor de los monárquicos reside en el hecho de que sus adherentes pertenecen a los mismos grupos que apoyan a Franco. En el momento actual, las negociaciones entre los monárquicos y el gobierno de Franco para el regreso del pretendiente, don Juan, se hallan estancadas porque el pretendiente rehúsa volver bajo los auspicios de Franco. No obstante, si volviera el gobierno sería también anticomunista, dado que los anarquistas y la mayor parte de los socialistas son anticomunistas y formarían los bloques más poderosos bajo uno u otro gobierno[103].

En este contexto militarizado, ¿qué sentido había tenido la declaración pública de los gobiernos de EEUU, Francia y Gran Bretaña del 4 de marzo de 1946? Afirmaba aquella que el régimen español estaba inspirado en el nazi-fascismo, que se implantó por la intervención de Alemania e Italia en España; que las naciones Aliadas habían luchado contra lo que Franco significaba; condicionaban la decisión de romper relaciones diplomáticas a la actitud de los españoles en cuanto a sustituir al Caudillo; recomendaban la formación de un gobierno provisional que concediera amnistía a los perseguidos, reconociera las libertades y derechos políticos esenciales, celebrara elecciones libres y sometiera a referéndum la forma de gobierno. La nota diplomática evocaba el acuerdo de las Potencias en Verona el 22 de noviembre de 1822, salvadas las diferencias programáticas e históricas. Con dos variaciones. La de 1947 descartaba enviar un ejército a derrocar el gobierno español. Y Franco recibía garantías por otras vías de su alcance limitado, dirigido a la opinión pública.

A fines de 1947, la ONU mantenía el repudio político y ostracismo del régimen de Franco. Éste no se sintió amenazado. Su ofrecimiento de España a los mandos militares de EEUU era tan concreto y absoluto que, para el jefe del Estado Mayor del Ejército –general Eisenhower– «en caso de una gran guerra en los años inmediatos EEUU no tendrá el apoyo activo de ninguna nación europea, excepción hecha de España que, si es atacada, se aliará con EEUU[104]. Sólo la creación de la OTAN después de 1948 permitió a EEUU integrar bajo su mando a otros ejércitos europeos.

VII. El Bloque Occidental y España

Los analistas militares de EEUU estaban inmersos en conceptos imperiales británicos: «España, en tanto que llave del Mediterráneo, hace imperativo para los británicos, desde un punto de vista puramente defensivo, prevenir que España esté influenciada por cualquier potencia opuesta a los intereses británicos». En mayo de 1946 hacían suyo el proyecto alternativo británico para España: «el regreso a una monarquía constitucional sería probablemente la solución más masticable del problema español». En función de la política de EEUU hacia la URSS también proyectaban que, después de Franco, fuera incluida España en un «Bloque Político de Europa Occidental […]. Una Asociación Occidental es enteramente posible y puede ciertamente materializarse, pero antes Europa occidental debe estabilizar sus condiciones políticas y económicas internas»[105].

La incorporación de España en las estructuras del Bloque Occidental ha tenido, pues, un sentido adicional. Las Potencias intervencionistas históricas –Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia– desde 1945 estaban todas bajo la hegemonía de EEUU de Norteamérica, sin cuya anuencia ninguna fracción de españoles podía ser movilizada por una Potencia contra las pretensiones de otra.

En 1930, tres años antes de la llegada de Adolf Hitler a la Cancillería alemana, el ministro de Asuntos Exteriores francés Aristide Briand lanzó su «Memorándum para la organización de una Unión federal europea». Lo distribuyó sin mayor éxito entre veintiséis Estados –excluida la URSS. Pero el antecedente que más directamente marca nuestra realidad de hoy son las sucesivas iniciativas del conservador británico Winston Churchill. En mayo de 1940 propuso la «indissoluble union» de los gobiernos de Francia y Gran Bretaña en uno sólo «que aportara una organización conjunta de las políticas de defensa, extranjera, financiera y económica». La ocupación de Francia por Alemania abortó el proyecto. En 1943, Churchill lo reemplazó por el de un Consejo de Europa, combatido inicialmente por el que sería ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, el socialista belga Paul H. Spaak, invocando razones indigeribles por los alumnos de Mackinder:

sería desastroso partir el Mundo en bloques rivales […]. Si dos bloques rivales –un bloque occidental bajo influencia anglofrancesa y un bloque oriental bajo influencia rusa– fueran creados en Europa, Alemania se convertiría en la apuesta de la política europea, y la primera meta de las diplomacias rivales sería asegurarse cada una de la ayuda de Alemania, dando a ésta grandes facilidades y permitiéndole revivir, incluso su resurrección militar. Por estas razones yo estoy radicalmente en contra de la creación de bloques[106].

En la década de los años veinte y treinta, los conservadores europeos, y los británicos en particular, reconocían en Alemania el baluarte del orden social en el continente. El pacto Alemania-URSS de 23 de agosto de 1939 perturbó por un momento este escenario. Después de 1945 la ocupación militar anglonorteamericana rehizo de Alemania el estabilizador socioeconómico del resto de Europa. En coherencia con la estrategia británica anterior al pacto germano-soviético, durante la segunda guerra mundial el Gabinete presidido por Winston Churchill impulsaba iniciativas orientadas a programar la Europa de posguerra en torno de un centro de gravedad conservador en Alemania. Roosevelt las desbarataba una detrás de otra, pero Truman impuso el proyecto británico. Decía la propuesta británica:

sin una Alemania en orden, no puede haber una Europa en orden […]. Sólo la ocupación militar en escala sustancial puede alcanzar ese fin […]. Una vez las naciones más pequeñas queden libres del temor a Alemania, estarán menos dispuestas a dejarse presionar por las grandes potencias, y casi inevitablemente se dirigirán a llenar cualquier vacío que no esté ya ocupado por las fuerzas militares[107].

Después de 1945-1946 este fundamento estratégico es más prístino. Cerrado el paréntesis abierto en junio de 1941 de colaboración anglo-americana con la URSS, ésta volvía a ser identificada como el adversario de la Europa socialmente conservadora. La innovación técnica permitió la ocupación atómica total de Alemania, más eficaz y menos visible que el despliegue convencional de tropas. Más tolerable, por tanto, para la opinión pública alemana y, sobre todo, la de EEUU, en 1946 «reticente al uso de la fuerza o incluso al uso pleno de nuestros recursos económicos en apoyo de la política exterior»[108]. Mientras el postulado británico continúe asumido en Washington, su lógica interna llevará a EEUU a mantener el arma atómica en suelo alemán. Símbolo de la ocupación, es una garantía para los sectores sociales conservadores de Europa y, también, de que la restablecida unidad alemana continúe articulada dentro de la Coalición centrada en torno de EEUU.

Cierto es que a fines de 1945 el nuevo titular del Foreign Office, el laborista Ernest Bevin, continuaba defendiendo una esfera de influencia británica diferenciada de la de EEUU porque «éstos intentan extender este principio financiera y económicamente al Lejano Oeste, incluyendo China y Japón», y también sobre la zona soviética, pues

la URSS parece haberse hecho a la idea que su esfera va desde Lübeck al Adriático en el Oeste y Port Arthur en el Este. Gran Bretaña por tanto está entre las dos, con el mundo occidental [europeo] totalmente dividido. Si [la cuestión de] España fuera resuelta, el área occidental sería mejorada […], dejaría a Gran Bretaña y Francia en el círculo exterior de Europa con nuestros amigos, tales como Italia, Grecia, Turquía, Oriente Medio, los Dominios, India y nuestro imperio colonial en África[109].

Pero los deseos de Bevin no se correspondían con la realidad surgida de la segunda guerra mundial. Desde 1940 el Reino Unido había pedido la intervención de EEUU en la guerra que el Imperio británico sostenía en solitario contra Alemania. EEUU tardó en recoger la invitación, pero su entrada en las guerras europea y del Pacífico supondría, con el tiempo, algo más que el separarse del hasta entonces vigente segundo principio de la doctrina Monroe. Recordemos que, a cambio de la no intervención de las cinco potencias europeas en la América hispánica, el presidente Monroe explicaba a su Gabinete el 21 de noviembre de 1823 que ofrecía abstenerse de «toda interferencia en los asuntos políticos de Europa, en la expectativa y esperanza de que los Poderes europeos se abstendrán igualmente de intentar extender sus principios en el hemisferio americano, o de someter por la fuerza a su voluntad alguna parte de estos continentes»[110]. La Administración Truman atribuyó a EEUU un ilimitado derecho de intervención en el continente euroasiático, al tiempo que continuaba imponiendo el tercer principio de Monroe –no intervención de los poderes europeos en el continente americano. Truman reconocía sólo a EEUU el derecho a invocar la admonición de George Washington: «contra los insidiosos males de la intervención extranjera […] el celo de un pueblo libre debe estar siempre en vela». El Policy Plannning Staff (PPS), en memorándum de 6 de noviembre de 1947, daba la réplica a las célebres palabras del ministro Canning en la Cámara de los Comunes al reconocer en 1823 la independencia de las repúblicas hispanoamericanas: «Para decirlo claramente, nuestra política debe ser dirigida a restaurar la balanza del poder en Europa y Asia»[111].

Fue a petición del gobierno laborista de Attlee-Bevin, el 21 de febrero de 1947, reiterada el 12 de marzo siguiente, cómo el gobierno Truman hizo pública su intervención en Grecia, Turquía e Irán. En 1948, a petición también del mismo Gabinete de Londres, aplicó Truman idéntica política a Europa occidental, el general Marshall condicionando las ayudas económicas de EEUU a que los Estados europeos subordinaran sus funciones económicas al librecambismo. Stalin se opuso, y en su lugar fortificó la URSS dentro de las trincheras de su zona de influencia.

Abierta en 1948 la intervención de EEUU contra cualquier veleidad de economía europea autónoma, el general Franco adaptó los lazos tejidos con Washington desde 1942 a la Europa intervenida por EEUU. Fue, por consiguiente, aquel 1948 cuando el Reino Unido abandonó el proyecto de recuperar España para su zona de influencia. ¿Qué fue de las promesas a los partidarios de restablecer la monarquía –socialistas de la fracción Prieto y monárquicos de don Juan de Borbón–, o a las opiniones públicas para democratizar España? El 2 de octubre de 1948 el ministro Bevin (socialdemócrata) se reunía con el ministro francés de Asuntos Exteriores –Maurice Schumann (democristiano)–, y coincidieron en que lo último que deseaban «era otro debate en Naciones Unidas sobre España, que los polacos por un lado y los latinoamericanos por otro estaban ansiosos de promover. Ello sólo dividiría a las Potencias Occidentales. Estaba muy atrás en el orden del día»[112]. Y dos días después el ministro del Foreign Office manifestaba al Secretario de Estado de EEUU «vamos a conspirar para ponerlo en el último lugar del orden del día, no puede haber una solución [del “problema español”] sin un cambio de régimen y lo que tenemos que hacer es no despertar a los perros cuando duermen [we should let sleeping dogs lie]»[113].

En nota de 20 de enero de 1949 al general Franco, su asesor Luis Carrero Blanco –oficial de Marina– establecía el nexo conceptual entre los militares que en 1936 se sublevaron contra el Gobierno democrático y los que en 1939 subordinaron España al Pacto Antikomintern germanoitaliano y, después de 1945, a la doctrina Truman. A propósito de la OTAN y de su inmediato precedente –la Unión de Europa Occidental (UEO, Pacto de Bruselas de 17 de marzo de 1948)–, Carrero Blanco constataba que el Gobierno Truman

quiere quitar de en medio todas las dificultades que puedan ofrecerse para crear un mundo anticomunista fuerte y unido, y amedrentar con él a la URSS o aplastarla en último caso mediante una victoria militar si los soviets no cambian de conducta ante la amenaza […], quiere echar por la borda los intereses partidistas de míster Bevin y armar a la Europa anticomunista, dándose a España el espaldarazo y grado que le corresponde y conviene […]. [En su nota fijaba Carrero la posición que los sucesivos gobiernos de Franco mantendrían]: ¿Debemos hacer algo por entrar en el Bloque? Todo lo contrario. Nos necesitan y nos llamarán […]. Debemos poner como condición para entrar en el Bloque Atlántico que se nos devuelva Gibraltar […][114].

Franco siguió una política económica de autarquía entre 1936 y 1945 por causa de la guerra, después de 1945 porque su sistema dictatorial era incompatible con el liberal-representativo de los vencedores de Alemania –en especial tras la resolución de condena de la ONU en 1946. Pero a favor de la formalización en Europa de la Coalición de la Guerra Fría, el alineamiento personal del Dictador con EEUU derivó a partir de 1950-1951 en cambios de política económica. Dentro de la expansión económica derivada del Plan Marshall, cuya proyección fue equivalente en todo el flanco mediterráneo cualquiera fuese el régimen político. Entre 1950 y 1958, el Índice de Producción Industrial se multiplicó por 1,9 en España, por 1,8 en la Italia bajo dirección democristiana, por 2 en la Yugoslavia comunista de Tito, por 2,1 en la Grecia de monarquía conservadora, mientras que Gran Bretaña y Bélgica lo multiplicaban por 1,2 y Francia por 1,6.

El alineamiento de Franco con la Coalición de la Guerra Fría se formalizó en los convenios suscritos en 1953 con EEUU. Washington instaló en España bases militares permanentes, le hizo reducir las funciones económicas del Estado en los mercados interno y externo, impuso la denominada estabilización financiero-monetaria. El 30 de junio de 1959 el gobierno de Franco dirigía un memorándum a la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se comprometía a «dar una nueva dirección a la política económica a fin de alinear la economía española con los países del mundo occidental y librarla de intervenciones heredadas del pasado […]». Obviamente, se refería a la intervención del Estado español en la actividad económica dentro de sus propias fronteras, no a la de las Potencias en los asuntos internos de España. En 1962, Franco ofrecía que también la Comunidad Económica Europea entrara en España.

El vínculo entre España y la política exterior de EEUU reposó desde 1942 en la persona del Dictador. Una vez que éste cerró su ciclo biológico en 1975, la continuidad del vínculo con EEUU –y de la estructura social interna impuesta por la dictadura– fue institucionalizada entre 1981 y 1986 por los gobiernos Calvo Sotelo (Unión del Centro Democrático) y González Márquez mediante la absorción del territorio y recursos económicos españoles por la OTAN, la CEE y la Unión Europea Occidental. Las subordinaciones externas del régimen de Franco permanecieron y, por supuesto, la plaza de Gibraltar continuó bajo soberanía británica. En 1982, el ministro de Defensa español, Alberto Oliart, podía sentenciar que la adhesión a la OTAN aquel año fue

un hecho histórico que representa la culminación de un proceso […] que empezó en realidad en el mismo momento en que se concibió la idea de una alianza transatlántica […]. Obstáculos de diversa naturaleza impidieron durante los últimos treinta y tres años la realización formal de la adhesión, pero durante todo este tiempo tanto España como la OTAN han estado esperando el momento propicio para perfeccionar una relación defensiva que existía, de hecho, desde hace casi el mismo número de años[115].

3. La Guerra Fría en América Latina

La nueva guerra, sin declaración previa, empezaría en el Viejo Continente en 1945, tras la muerte del presidente Franklin D. Roosevelt (abril) y la capitulación de Alemania y Japón (mayo-agosto). Pero en América, alejada de los escenarios bélicos, ya antes había síntomas del giro que se estaba produciendo contra las organizaciones sindicales y políticas de orientación socializante. Desde 1944 servicios de información de EEUU situaban en la categoría de «adversarias» a organizaciones de izquierda del propio EEUU y, también, de América Latina –los servicios de espionaje de la Marina y del ejército de EEUU trabajaban en toda América Latina desde antes de la segunda guerra mundial. Tomaremos como ejemplo el caso de Chile, donde estaba instalado el FBI (Federal Bureau of Investigation) desde 1941[1]. Ya el 30 de enero de 1945 aquél había distribuido un amplio y detallado informe de los servicios de información militar –«Las escuelas del Partido Comunista en Chile»– a los siguientes destinatarios: secretario de Estado, jefe de la División de Correlación de Actividad Extranjera (Departamento de Estado), jefe de Inteligencia Naval, director de Inteligencia (Departamento de Guerra, Estado Mayor, Pentágono)[2].

Atentos al cambio de orientación de Washington estaban regímenes como los de Franco, cuya política se fundaba en el exterminio de republicanos, demócratas e izquierdistas sin distinción de matices. Su ministro de Asuntos Exteriores deseaba confirmar, el 10 de febrero de 1945, las nuevas brisas que soplaban en EEUU hacia los países hispánicos, y sumarse a las intervenciones de EEUU sobre estos últimos. En cable enviado a su Embajador ante la Casa Blanca pedía

información sobre el grado en que el Gobierno de EEUU está preocupado por los excesos izquierdistas y la creciente orientación comunista, no sólo en EEUU sino en toda América. EEUU necesita preservar sus intereses en América Latina contra los prevalecientes movimientos anarquistas, y ello crearía un vínculo entre España y EEUU. El aumento del peligro comunista es una de las razones por las que España podría actuar en pleno acuerdo con la política del gobierno de EEUU en todo el continente americano, y es también un importante factor en el deseo de España de afirmar su ya sólida amistad con el gobierno de EEUU[3].

En la misma fecha en que capitulaba Alemania –7 de mayo de 1945–, el Embajador de Venezuela en Washington enviaba un cable a su Gobierno sobre la reunión que había sostenido con el secretario de Estado Adjunto Nelson Rockefeller –miembro de una familia con vastas propiedades en América Latina: «Las autoridades de EEUU empiezan a hablar del comunismo igual que hablaban del nazismo, y están invocando la solidaridad continental y la defensa hemisférica para atacarlo»[4]. El Embajador transmitía el espíritu de la Administración Truman en aquel mayo de 1945: el de atacar antes que defenderse. Pues no había agresión, como reconocía trece años después la CIA:

los líderes del bloque chino-soviético han sido reacios a destinar para América Latina ninguna proporción significativa del total de recursos políticos, económicos y propagandísticos del bloque dirigidos a actividades de penetración en países extranjeros. […] Los esfuerzos directos del bloque se concentran principalmente en intercambios culturales, comercio bilateral, ofrecimientos comerciales y amagos de ayuda económica[5].

Para los estrategos de la nueva guerra

la mayor contribución que los países de América Latina pueden hacer al esfuerzo colectivo en la guerra global es la seguridad de la región hasta el máximo de sus capacidades […], minimizando así la diversión de fuerzas de EEUU del esfuerzo principal. […] Los comunistas en América Latina tienen la capacidad de debilitar fuertemente cualquier esfuerzo de guerra de EEUU mediante su interferencia en las fuentes y transporte de materiales estratégicos, dañando instalaciones vitales y fomentando el malestar y la inestabilidad[6].

I. EEUU cambia de aliados: del antifascismo al anticomunismo

Aún humeaban los escombros de Berlín cuando la Administración Truman reemplazaba la alianza anti-fascista por la anti-comunista. El concepto “comunista” o “rojo” englobaba aquí a las personas y organizaciones que ideológicamente tuvieran un tinte socializante, promovieran la independencia nacional de su país o simpatizaran con reivindicaciones de sectores sociales populares. Era un concepto mucho más amplio que el de los comunistas vinculados en su día a la III Internacional. La identificación del nuevo “enemigo” como una amalgama de lo popular y nacional explica que Bernardo Leighton, fundador de la Falange chilena (antecesora del Partido Democristiano) aparezca descrito en el informe del agregado militar de EEUU, de 27 de agosto de 1945, como un «procommunist member of the Chilean Falangist Party». Por el simple hecho de que un texto suyo fuera incluido en el folleto Cuatro discursos –junto a otros de Pablo Neruda (identificado como «poeta chileno y senador comunista por Tarapacá y Antofagasta»), Elías Lafferte («senador comunista por Tarapacá y Antofagasta»), y Humberto Abarca («diputado comunista chileno»). Desde la óptica de la nueva confrontación en Europa, en 1945 Chile planteaba a EEUU un problema: era el único país de América Latina –y del Mundo– donde un gobierno de Frente Popular había sido parte integrante de la alianza de EEUU contra Alemania y Japón. Si restringir las libertades internas de un país latinoamericano no planteaba en 1945 problemas a los estrategos militares, su condición de aliado aconsejaba cierta delicadeza política en el modo de presentarlo ante la opinión pública. Tanto más cuanto que durante la segunda guerra mundial los partidos de la derecha chilena habían sido progermánicos, alguno abiertamente pro-nazi, a pesar de lo cual sus derechos políticos fueron respetados por el gobierno de coalición Radical-Socialista-Comunista.

La necesidad para EEUU de cambiar de alianzas políticas, y la veta donde buscarla, la describía el 3 de agosto de 1945 a su secretario de Estado el embajador en Santiago de Chile, Claude G. Bowers:

[…] una gran parte del sentimiento antinorteamericano que siempre ha existido en Chile en círculos de la derecha puede, ciertamente, ser superado porque los derechistas pueden ser empujados, lenta aunque firmemente, hacia EEUU por la nueva política comunista. Ello parece lógico si se considera que, antes de la liquidación de Alemania, esos sectores derechistas eran capaces de apoyarse en la existencia de una sólida fuerza anticomunista representada por la Alemania Nazi como argumento contra EEUU en tanto que Nación; sin embargo, hoy, desaparecida Alemania como Nación, esos mismos sectores sólo pueden mirar hacia EEUU como baluarte contra el comunismo.

Así ocurrió hasta en los niveles más ínfimos. En julio de 1947, el gobierno de Chile enviaba el buque Presidente Errázuriz a Alemania a recoger a quienes deseaban retornar o emigrar a Sudamérica. El propio secretario de Estado, general George Marshall, informaba a su legación en Berlín que para seleccionar a los pasajeros podía apoyarse en «Tobías Barros Alfonso, hijo de un pronazi que fue embajador de Chile en Alemania»[7].

El giro en la política de EEUU despertó tal entusiasmo en los sectores conservadores de América Latina que, en vísperas de la Conferencia Panamericana de marzo-abril de 1948, el Departamento de Estado señalaba al Consejo Nacional de Seguridad:

[…] algunas de las medidas propuestas a la Conferencia de Bogotá por otras Repúblicas de América pueden ser de naturaleza tan drástica que podrían, si fueran aceptadas por EEUU, aumentar la tensión internacional, proporcionar a gobiernos dictatoriales en otros países un medio de atacar a cualquier forma de oposición, e incluso podrían infringir libertades constitucionales dentro de EEUU[8].

El informe señalaba que en apoyo de la nueva política de EEUU en América Latina,

la Iglesia Católica, las FF AA y los grandes latifundistas espontáneamente aportan una fuerte oposición al Comunismo. Estos tres elementos a menudo trabajan juntos y dominan los gobiernos […]. Más esperanzadores desarrollos […] dependen del rápido crecimiento de los sectores medios, una organización efectiva de los sindicatos anti-comunistas y una más efectiva acción de los elementos liberales y socialistas que, aunque a menudo de izquierda, son anticomunistas en ideología y método[9].

También en América Latina la guerra fría fue desde un comienzo preventiva, dirigida no a enfrentar adversarios reales sino a condicionar la evolución de los que, según estimaban los estrategos, podían eventualmente oponerse a las políticas mundiales de EEUU. Su Consejo Nacional de Seguridad afirmaría en 1956 que

no hay peligro de ningún ataque comunista abierto contra ningún país de América Latina, excepto en el contexto de una guerra general. Los comunistas no tienen ahora perspectivas de ganar el control de ningún Estado latinoamericano por medios electorales. Tienen, sin embargo, la capacidad de tener participación en la política nacional y en el gobierno de algunos países, aunque no igual al que tuvieron antes [del derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz] en Guatemala[10].

La importancia económica de América Latina para la naciente guerra fría estribaba en que durante su primera década

las relaciones comerciales de EEUU con las Repúblicas latinoamericanas [7.000 millones de dólares americanos por año] han sido más amplias que con cualquiera otra región del Mundo. Las inversiones privadas de EEUU en América Latina [7.000 millones de dólares americanos] es mayor que en cualquiera otra área, excepción hecha de Canadá[11].

La dependencia de la economía latinoamericana respecto de la de EEUU quedaba realzada por el hecho de que, en contraste, el intercambio comercial con Latinoamérica del conjunto de los países euroasiáticos del bloque soviético más la China, apenas se había elevado en 1957 a la suma de 200 millones de dólares americanos[12].

La Coalición de la Guerra Fría no reconoció nunca a los Estados latinoamericanos el derecho de decidir su política exterior. Ni la interior, en la medida en que no se subordinara a los objetivos de la guerra fría. Aunque formalmente se les reconocía su independencia política, en los hechos no. El «objetivo de EEUU respecto de América Latina es, en primer lugar, la solidaridad hemisférica en respaldo a nuestras políticas mundiales, en especial en la ONU y otras organizaciones internacionales»[13]. A diferencia de la libertad de que disfrutó América Latina en las anteriores guerras hegemónicas de Europa, desde 1942 y en especial desde 1945 EEUU ha negado a las Repúblicas latinoamericanas el derecho a proclamarse neutrales, no alineadas o no beligerantes[14]:

Si un Estado latinoamericano estableciera con el bloque soviético estrechos lazos susceptibles de perjudicar seriamente nuestros intereses vitales, [EEUU] debe estar preparado para reducir la cooperación económica y financiera gubernamental con ese país cuando ello tenga probabilidad de debilitar los lazos con los soviéticos; esto debe hacerse, sin embargo, sin necesariamente mostrar en público que aquellas medidas guardan relación con la actitud del país.

El alistamiento de las repúblicas latinoamericanas en la Coalición de la Guerra Fría entrañaba desposeer a sus Estados de las funciones diplomáticas. Por debajo de la retórica pública, la subordinación aparece en cables confidenciales como el dirigido, el 9 de febrero de 1945, por el ministro de Asuntos Exteriores de Chile Joaquín Fernández Fernández a sus embajadores en Washington y Londres: «Guatemala, Perú y Uruguay nos han consultado sobre la actitud que vamos a adoptar respecto del Gobierno de Franco. El presidente de Chile quiere actuar en esta cuestión en conformidad con el gobierno de EEUU»[15]. En noviembre de 1960, casi dos años después de que la Coalición de la Guerra Fría perdiera el control sobre Cuba, el Consejo Nacional de Seguridad de EEUU calificaba una hipotética neutralidad latinoamericana como una afrenta, de efectos multiplicadores:

La defección de un número significativo de países latinoamericanos a posiciones de neutralidad […] representaría un golpe para el prestigio de EEUU y desequilibraría seriamente la capacidad de EEUU de ejercer un liderazgo efectivo del Mundo Libre, en particular en las Naciones Unidas. […] Si podemos contar con los recursos de América Latina […] como parte integral de nuestro complejo económico y estratégico, los factores de fuerza de EEUU resultarán materialmente fortalecidos. El fracaso en alinear y mantener América Latina de nuestro lado significaría la pérdida de un activo patrimonial potencialmente valioso, incluso crucial […][16].

La guerra fría nace en un EEUU con sus estructuras económicas dominadas por grandes empresas, hasta tal punto que la identidad de la Nación y el bienestar de sus ciudadanos llegaba a ser confundido con la suerte de aquéllas. Cuando en 1953 el presidente Eisenhower nombró secretario de Defensa al presidente de Generals Motors, un Senador preguntó a este último qué haría si se veía obligado a adoptar alguna medida necesaria para el interés nacional y contraria al de GM. La respuesta de Charles E. Wilson marcó una época: «no puedo imaginarlo, porque hace años que pienso que lo que es bueno para nuestro país es bueno para la General Motors, y viceversa. No hay diferencia. Nuestra empresa es demasiado grande. Marcha con el bienestar del país»[17]. Consecuentemente, en su política exterior el líder de la Coalición bélica condicionaba su

ayuda económica, y de otra naturaleza, a que América Latina base su economía en un sistema de empresa privada y, de modo esencial para ello, cree un clima político y económico favorable a la inversión privada, tanto de capital interno como foráneo, en la forma que se especifica en este documento: (1) leyes y reglamentos razonables y no discriminatorias para los negocios, (2) oportunidad de ganar, y en el caso del capital foráneo repatriar, un beneficio razonable […]. [Pero también exigía EEUU que América Latina aceptara el programa de Washington de] fortalecer la policía local, policía militarizada y fuerzas relacionadas necesarias para […] destruir la eficacia de los aparatos comunistas en el Hemisferio Occidental[18].

La ampliación de la seguridad político-militar de EEUU hasta incluir la de sus inversiones privadas en otros países llegó a tal extremo que, seis meses antes de que el Congreso de Chile aprobara por unanimidad la nacionalización de las grandes minas de cobre en junio de 1971, el presidente Nixon había ordenado a su Consejo Nacional de Seguridad que «vinculara la participación del gobierno de EEUU en el estímulo y protección de las inversiones privadas de EEUU con los intereses políticos y de seguridad de EEUU, al igual que con los intereses económicos de EEUU en la región»[19]. Richard Nixon antes de ser Presidente había sido abogado de algunas grandes empresas de EEUU, su ayudante Henry Kissinger procedía del grupo económico de los Rockefeller.

II. La Guerra Fría en América Latina

Una de las últimas intervenciones de Gran Bretaña en América Latina fue la que en 1891 derrocó en Chile al gobierno nacionalista de José Manuel Balmaceda –cuatro años antes de que el Reino Unido renunciara formalmente a dominar América Latina. En el primer tercio del siglo XX, mientras Gran Bretaña y Alemania guerreaban en Europa y EEUU levantaba su imperio en el Caribe y Pacífico, Chile conoció condiciones de relativa independencia y autogobierno con su economía integrada en el sistema capitalista global. El régimen interno evolucionó según decisiones de sus ciudadanos y organizaciones, en complejas experiencias y conforme a modelos de sociedad vinculados a las grandes corrientes científicas, filosóficas y políticas del resto del Mundo. La crisis económica de los años veinte y treinta en el sistema capitalista internacional tuvo allí repercusiones demoledoras, contribuyendo al hundimiento del régimen político construido tras el derrocamiento del presidente Balmaceda. Sin la intervención de Potencias extranjeras, se proclamó Chile una República Socialista en 1932, entre 1938 y 1947 eligió sucesivamente a tres presidentes respaldados por coaliciones de Frente Popular. Su paz y libertades internas derivaban, en gran medida, de disponer de un Estado no intervenido por las Potencias. De su independencia, del uso que la democracia chilena hizo de la misma, irradiaba su prestigio en América Latina.

Un Estado –sujeto de Derecho Internacional– o es capaz de dotarse de una estructura económica basada en la articulación de recursos autogenerados con los de una pluralidad de mercados externos, o acaba sometido por la Potencia a cuya economía se subordina. La posibilidad de que América Latina logre espacios de independencia será mayor cuanto más numerosos sean los centros de poder económico autónomos en el Mundo. En 1938 el 27% de las importaciones de Chile provenía de EEUU, pero el 25% lo era de una Alemania entonces independiente de Norteamérica[20]. Tanto la declaración de guerra de Gran Bretaña contra Alemania en septiembre de 1939, como la de Alemania contra EEUU y la URSS en 1941, encontraron partidarios en Chile. Pero el gobierno de Frente Popular entendía que el interés del país radicaba en no subordinarse a ninguna de las coaliciones bélicas. En 1940 no prosperó la postura del ministro de Fomento –Óscar Schnake (Partido Socialista)– de obtener créditos de EEUU a cambio de renunciar a una política exterior autónoma y seguir a la de Washington. El 15 de diciembre de 1940 Schnake se enfrentó a la postura neutralista del Partido Comunista respecto de la guerra en Europa, y planteó un ultimátum al Frente Popular: o éste expulsaba al PCCh, o el Partido Socialista se retiraba del gobierno. Según el embajador británico en Chile, EEUU había condicionado en esas fechas su ayuda económica a que el Gobierno tomara medidas contra el PCCh, partidario de la neutralidad[21]. El presidente Pedro Aguirre Cerda (del Partido Radical), la mayoría de los partidos de su coalición de Gobierno, rechazaron el impulso para hacer entrar al país andino en la guerra por la hegemonía en Europa. Los partidos del Frente Popular rechazaron el ultimátum de Schnake, el Partido Socialista abandonó el gobierno en enero de 1941.

Aguirre Cerda murió en noviembre de 1941, días antes de que Japón y Alemania declararan la guerra a EEUU. Las elecciones presidenciales de 1 de febrero de 1942 las ganó el candidato de la coalición sucesora del Frente Popular, Juan Antonio Ríos (Partido Radical). En 1942, EEUU presionó a las repúblicas latinoamericanas para movilizar sus recursos y para que rompieran sus relaciones económicas y diplomáticas con Europa (bajo control de Alemania), el Pacífico y Asia oriental (bajo dominio de Japón). El primer paso de EEUU fue militar: el 30 de marzo de 1942 creó la Junta Interamericana de Defensa, con sede en Washington. El siguiente paso fue económico: exigir la contribución de América Latina a los gastos bélicos de EEUU en Europa y el Pacífico –sin ofrecerle a cambio participar en los beneficios derivados de la victoria en la guerra.

Durante un año resistieron los partidos del gobierno de Frente Popular, y los de la oposición de derecha en el Parlamento, para evitar que Chile fuera arrastrado a una Coalición bélica. 1942 aparece, así, como el último año en que el conjunto del sistema político chileno hizo afirmación de independencia respecto de EEUU, cuya presión se incrementó. En junio de 1942, el gobierno de Santiago continuaba mostrándose reacio, condicionando su alineamiento diplomático a que Washington aportara contrapartidas como aumentar el precio de compra de materias estratégicas andinas (cobre y nitrato), o garantizara la continuidad de las compras una vez terminada la guerra, y que tropas chilenas no fueran llevadas a morir fuera de su país. En enero de 1943 el presidente Juan Antonio Ríos se rindió y el día 19, sin lograr de EEUU contrapartida alguna, aceptó comprometer los treinta votos de su coalición en el Senado para aprobar la ruptura de relaciones con Alemania, Italia y Japón –con el voto en contra de los diez senadores de la oposición conservadora, profascista.

Para el Estado chileno el comienzo de su subordinación en 1943 a la disciplina de una Coalición bélica lo es también el del final de su independencia. El primer efecto que de ello siguió fue obligarse a exportar su cobre a EEUU al ínfimo precio de 48 centavos de dólar la libra. Con ello subvencionó entre 1943 y 1945 a EEUU en la entonces magna suma de unos 500 millones de dólares, cifra superior al total de las inversiones de EEUU en Chile hasta aquella fecha –484 millones de dólares americanos en 1936[22]– y al de los créditos –nunca donaciones– recibidos de EEUU durante la segunda guerra mundial y en los veinte años posteriores[23].

Si bien ingresar en la Coalición bélica significó amputar la libertad externa del Estado, los partidos de Frente Popular que apoyaban al gobierno Ríos lograron en aquella ocasión que fueran preservadas las libertades políticas y la soberanía interna. Hasta el extremo de que el progermánico Partido Nacional Socialista no fue privado en Chile de sus derechos políticos, por más que sus partidos homólogos habían sido declarados ilegales dentro de EEUU, y Washington deseaba que en Latinoamérica se aplicara igual restricción en las libertades de expresión y representación.

La segunda guerra mundial terminó en 1945, en Europa en mayo y en Asia en agosto. ¿Recuperó aquel mes de agosto el Estado latinoamericano el grado de independencia externa de preguerra? La pregunta debería plantearse de otro modo: si el detrimento de su independencia diplomática y militar en 1943 derivaba de su alistamiento en una Coalición bélica, ¿los Estados miembros de esta última fueron desmovilizados en 1945 y recuperaron su libertad anterior? La respuesta es no. La Coalición bélica ni fue disuelta en 1945 ni después, su líder la mantuvo y amplió durante la guerra que iniciaba aquel mismo año y prolongaría hasta alcanzar en 1992 su objetivo último –destruir a la última Gran Potencia europea que había sobrevivido a las dos guerras hegemónicas anteriores.

Pero en 1947 el precario equilibrio entre libertad externa amputada y libertades internas preservadas se rompió en el país latinoamericano al ser enrolado, esta vez subrepticiamente, en la Coalición contra la Unión Soviética. Coalición que englobaba tanto a los Estados aliados de EEUU como a sus instituciones multilaterales económicas –Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial– y políticas –como los partidos y fundaciones agrupados en las Internacionales Democristiana y Socialdemócrata, ambas con su centro de gravedad en la RFA. El enrolamiento de Chile en la guerra fría se llevó a cabo no mediante una resolución formal del Senado, sino por la vía del control de hecho sobre la persona del jefe del Estado. Con todo, tampoco en 1947 resultaron totalmente destruidas las instituciones y libertades republicanas internas. Su sobrevivencia posibilitaría en 1958 abrogar las leyes represivas impuestas en 1947-1948. Pero desde 1958 hasta 1970 Chile continuó estando encerrado dentro de la Coalición de la Guerra Fría a través del enfeudamiento personal de sucesivos presidentes elegidos con apoyo, directo o indirecto, de la propia Coalición bélica, canalizado a través de sus instrumentos de intervención. En la medida en que el sistema republicano continuaba en pie, la democracia representativa permitiría expresarse hasta septiembre de 1973 la contradicción entre autogobierno formal, por un lado, y el veto del líder de la Coalición de la Guerra Fría a que el Estado latinoamericano ejerciera libremente sus funciones diplomáticas y normativas.

Durante la segunda mitad del siglo XX para los latinoamericanos con voluntad de independencia soberanía significaba libertad de permanecer o salir de la Coalición de la Guerra Fría –sin por ello entrar en la Coalición opuesta. Liberar el país de la subordinación a la disciplina de la Coalición bélica es lo que, desde 1948, se planteaban las coaliciones político-sociales impulsadas por el senador Salvador Allende. Y lo que éste puso en práctica en cuanto formó Gobierno, en 1970, al abrir relaciones económicas y diplomáticas con los Estados hostigados por la Coalición de la Guerra Fría en América Latina –Cuba–, en el Pacífico oriental –China, Vietnam– y en Europa central –RDA–, e ingresar Chile en el universal Grupo de Países No Alineados. Cuando en septiembre de 1970 el sistema republicano permitió elegir en Chile, en elecciones libres y limpias, un jefe del Estado no deseado por la Coalición bélica, el líder de esta última ordenó destruir las instituciones del Estado latinoamericano –las republicanas de fundamento democrático-representativo. La Administración Nixon-Kissinger no logró su propósito en 1970, pero desde la Coalición de la Guerra Fría aplicó medidas de guerra económica, psicológica, subversiva, hasta conseguir enrolar a Chile de nuevo en septiembre de 1973. El castigo impuesto al Estado latinoamericano por la Coalición bélica fue el que se aplica a quien rompe la disciplina militar: cañonazos, terror y hambre sobre la población, cámaras de tortura y pelotones de ejecución para cuantos osaron desafiar la disciplina –hasta el extremo del politicidio. El Estado chileno volvía a su condición de no independencia, pero a diferencia de lo acaecido en las coyunturas de 1943 y 1948, en 1973 sus libertades e instituciones republicanas fueron deliberadamente destruidas, su soberanía fue puesta bajo control militar a fin de impedirle elegir formas de Gobierno y de régimen económico distintas de las aceptadas por el líder de la Coalición. Tutela castrense institucionalizada en la “Constitución” impuesta en 1980 y vigente desde entonces.

Si por sistema republicano entendemos soberanía popular, libertades y deberes políticos y cívicos, gobierno representativo, separación de poderes, Estado de Derecho, solidaridad, igualdad, FF AA emanadas de la Nación y subordinadas a ella, desde 1973 Chile está amputado de sus raíces históricas como República independiente. Pinochet ha sido el primer militar en identificar los orígenes de un ejército de Latinoamérica no en el que nació en lucha contra la Metrópoli durante la segunda década del siglo XIX, sino en el de la propia época colonial[24]. Y dice bien, pues la misión del Ejército colonial era, y es, ocupar el territorio sometiendo su población a la autoridad última del Imperio, y a la inmediata de la oligarquía criolla. Para semejante doctrina militar los sectores sociales populares son un “enemigo interior” equivalente al de indígenas y mestizos rebeldes para el Ejército colonial. El concepto republicano de “ciudadano” les es ajeno, tiene la connotación subversiva originaria.

La segunda guerra de EEUU con Alemania empezó y terminó con Chile dirigido por presidentes de coaliciones de Frente Popular-Alianza Democrática, de las que formaban parte los partidos Radical, Democrático, Socialista, Comunista y otros. Durante la segunda guerra mundial los partidos políticos dividieron sus simpatías ideológicas entre uno u otro bando, e intentaron ganar posiciones en función del predominio de una u otra Potencia. En 1941, mientras Alemania y el fascismo dominaban Europa de un extremo a otro, en Chile la mayoría conservadora de ambas Cámaras del Congreso aprobó un proyecto de ley que ilegalizaba el Partido Comunista. El presidente Pedro Aguirre Cerda lo vetó, ninguna Potencia extranjera intervino para impedírselo. Sin embargo, después que Chile hubiera sido enrolado en la Coalición bélica pero antes de que Alemania hubiera capitulado –7 de mayo de 1945–, ya la Administración Truman había adoptado iniciativas para sumar las repúblicas latinoamericanas a su nueva estrategia mundial, y dirigía su atención hacia aquel singular gobierno apoyado en una coalición de centro-izquierda que incluía el Partido Comunista. La documentación disponible hoy da a entender que desde tan temprana fecha los responsable de Washington decidieron quebrar la Alianza Democrática que sostenía al gobierno de Chile, aislando al Partido que identificaban como expresión política de sindicatos obreros y, encima, simpatizante de la Potencia europea rival. Las iniciativas de los servicios de EEUU se dirigieron hacia el centro del poder en el sistema político, el jefe del Estado. El embajador de EEUU en Santiago hizo los sondeos oportunos y, el 26 de abril de 1945, comunicó a Nelson Rockefeller que tenía luz verde para invitar al presidente Ríos a reunirse con el presidente Truman. El 4 de mayo Rockefeller respondió que Truman cursaría la invitación. El 24 de abril Juan Antonio Ríos la aceptaba[25].

El gobierno de EEUU deseaba, en sustancia, obtener del presidente Ríos que mantuviera a Chile subordinado a sus prioridades en América Latina –recuperar el control sobre la rebelde Argentina–, y en el Continente europeo –subordinar a la Potencia sobreviviente. Ríos se sintió engrandecido por la invitación. Pero quien más deseaba halagar su ego era el mando de las FF AA norteamericanas para América Latina; no por los quinientos millones de dólares aportados en cobre al esfuerzo bélico contra Alemania y Japón, sino para mantener controlada la política exterior andina –según explicaba el 9 de octubre de 1945 el Caribbean Defense Command, con sede en Quary Heights (Panamá), al Departamento de Guerra en Washington:

[…] se recomienda con vehemencia que, si está de acuerdo el Departamento de Estado, el Presidente o Secretario de Guerra le otorguen la Medalla de la Libertad con Palma de Oro durante su estancia en Washington. Semejante acción creemos que puede ser especialmente idónea y oportuna a la vista de los gestos de apertura que Argentina está constantemente haciendo hacia Chile.

El Departamento de Estado no aceptó la propuesta de los militares, alegando que tampoco habían sido condecorados otros presidentes de América Latina.

En su viaje, Juan Antonio Ríos hizo escala en varias capitales latinoamericanas, de cuyos dirigentes escuchó mensajes que deseaban hacer llegar a Truman. Ello halagaba a Ríos y era aprovechado por los servicios de EEUU para auscultar su disposición respecto de otro extremo que les interesaba, el control de la política interior del país latinoamericano. Así, en su memorándum de 5 de octubre de 1945 dirigido a los servicios de información militar y del Departamento de Estado, el Director del FBI transcribía la conversación entre el Presidente chileno y el líder del APRA peruana, Victor Raúl Haya de la Torre:

[…] El Presidente Ríos conversó con Haya de la Torre sobre la posible envergadura y actividad futura del Partido Comunista y sus organizaciones afiliadas en el Hemisferio Occidental. Se informa que Ríos dijo a Haya de la Torre que estaba muy preocupado por la actitud del gobierno de EEUU con el Partido Comunista en el Hemisferio Occidental y que, por consiguiente, durante su visita a EEUU se proponía preguntar al Presidente Truman qué política iba a seguir EEUU en relación con las organizaciones del Partido Comunista en las distintas Repúblicas latinoamericanas. Ríos dijo a Haya de la Torre que le comunicaría el resultado de su consulta en EEUU.

El informe del FBI describía la posición del Presidente latinoamericano:

[…] aunque en los meses últimos el Presidente Ríos ha estado cooperando con los líderes del Partido Comunista en Chile, una fuente próxima a él estima que no simpatiza con las metas de los comunistas en el Hemisferio Occidental.

Juan Antonio Ríos llegaba a Washington predispuesto a seguir las directrices del gobierno de EEUU respecto de Argentina. Hasta el punto de hacer depender de la opinión de la Administración Truman si hacía escala o no en Buenos Aires de regreso a Santiago:

[…] 1. La situación de Argentina. […] en parte para decidir si durante su viaje de regreso debe visitar Argentina […]. Si la situación en Argentina continúa como ahora, el Presidente Ríos no visitará Argentina.

La cuestión trascendía el turismo político. El gobierno de Argentina había manifestado poco antes gran interés por incrementar sus intercambios comerciales con Chile, proponiéndole un acuerdo de trato preferencial. El gobierno de EEUU opuso su veto a una relación económica privilegiada entre los vecinos países andinos:

[…] en este punto puede decírsele [a Ríos] […] que un mayor intercambio comercial entre Argentina y Chile debe ser sobre bases no-preferenciales, es decir que las ventajas concedidas por un país al otro deben ser extendidas a terceros países[26].

EEUU veía entonces en la independencia diplomática de Argentina un peligroso precedente que deseaba aislar. Salvadas las diferencias ideológicas, admite un paralelo con el aislamiento al que desde 1959 fue sometida Cuba:

el nacionalismo de Argentina, en su forma actual de Peronismo, representa una amenaza no sólo para el sistema Inter-Americano (Argentina periódicamente ha intentado inducir a Brasil y Chile a unírsele formando un bloque anti-EEUU y ahora intenta organizar y controlar a los sindicatos latinoamericanos), sino para países vecinos más pequeños donde busca su hegemonía[27].

Ríos no pasó por Buenos Aires…

Spruille Braden, secretario adjunto del Departamento de Estado, resumió en su informe de 16 de octubre de 1945 lo conversado entre los dos presidentes cinco días antes. El primer punto examinado fue la situación política interior chilena. Ríos no se opuso a tratarlo, más bien inició la reunión confirmando la representatividad efectiva del partido político latinoamericano, inaceptable para la Administración Truman[28]:

1. El Presidente Ríos subrayó que el Partido Comunista es más fuerte en Chile que en ninguna otra República de América, tiene una representación sustantiva tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y tiene el control de todos los sindicatos importantes.

Y acto seguido anticipó la protesta del partido chileno en el caso de que el gobierno de EEUU redujera la compra de cobre y nitrato:

El Partido Comunista, dijo, ya ahora critica a EEUU como imperialista, y Ríos temía que ante una reducción de nuestras compras de cobre y nitrato los comunistas apuntarían al hecho de que durante la Guerra nosotros adquirimos esas dos materias primas a precios de “pre-Guerra”, pero que ahora que ya no los necesitamos estábamos permitiendo que Chile cayera en el desempleo y la recesión.

Cuando Truman dijo que «después de todo, Rusia durante la guerra ha recibido cobre y también nitrato», el presidente de Chile replicó que «éste era un argumento que no iba a convencer a los chilenos». Juan Antonio Ríos expresó a continuación lo que Truman deseaba oír sobre la relación entre el partido latinoamericano y la Potencia europea: «[Ríos] afirmó que, en su opinión, aunque no puede probarlo plenamente, el Partido Comunista en Chile era dirigido desde afuera, es decir, desde Rusia».

Aceptó también Ríos que el gobierno Truman calificara al partido chileno de “amenaza”, y ofreció iniciativas contra el mismo a cambio de inversiones de capital norteamericano:

El presidente Ríos dijo que, para contrarrestar la amenaza comunista, era esencial que Chile desarrollara otras industrias con el fin de levantar la caída que se seguiría de una menor producción de cobre y nitrato. Dijo que estaban bastante avanzados planes para un programa de electrificación, desarrollo agrícola, y el establecimiento de industrias tales como siderurgia (ya en curso, gracias al financiamiento del Export-Import Bank), de pesca y madera. Expresó la esperanza de que maquinaria y otros equipos van a llegar desde EEUU para esas industrias, aunque dijo que no quería pedir ayuda. No obstante, necesitaba nuestro apoyo indirecto para promover la inversión en su país de capital privado. A este respecto, dijo que acababan de aprobarse normas legales garantizando la seguridad de este capital y sus beneficios.

En cuanto a comprometer capitales, Truman fue, sin embargo, evasivo. No ofreció más colaboración que la de “consejo y asesoramiento”. Sí criticó, en cambio, específicas decisiones del Ministro de Hacienda de Chile, y remitió a la delegación visitante a que se entendiera con las empresas privadas de EEUU, «se le dijo muy claro al Presidente chileno […] que reside en los propios chilenos la responsabilidad de crear la necesaria confianza para atraer la inversión extranjera hacia Chile».

Tras comprometer la posición del jefe del Estado latinoamericano hacia un partido de su país, lo que a Truman le interesaba era vincular Chile a su estrategia general en América Latina, y económica en particular. Con este fin ofreció primero negociar un tratado de amistad, comercio y navegación, lo que fue aceptado en el acto, con efusivo agradecimiento, por Ríos. Y en este punto se llegó a un nuevo ejemplo de cómo la división entre Estados latinoamericanos les pone a merced de la Potencia dominante. El presidente chileno había ingresado en la Casa Blanca predispuesto a rechazar las propuestas comerciales de Argentina tras haberle parecido oír horas antes, ya en Washington, que militares de EEUU se mostraban favorables a la interpretación unilateral que avanzaba Chile de sus tratados con Argentina sobre el Canal del Beagle. A cambio de rechazar un acuerdo económico con Argentina, Ríos pedía que EEUU aceptara acoger a Magallanes, más aún, Chile entero, bajo su protección militar:

El Presidente Ríos puso énfasis en la necesidad de que EEUU considere la protección del área del Pacífico Sur y, en especial, Magallanes. Dijo que Chile estaba comprometido por tratados con Argentina a no instalar fortificaciones o emplazamientos de artillería en el Sur, y en particular a lo largo de los canales que conectan el Pacífico con el Atlántico, pero que nada le impedía instalar aeropuertos y unidades antiaéreas […].

Obviamente, el gobierno Truman instrumentó al presidente de Chile frente a Argentina –lo que Ríos aceptaba–, pero no por ello dejó EEUU que Ríos le utilizara contra Argentina. Era toda América Latina la que Truman deseaba poner bajo su protectorado militar, Argentina y Chile incluidos: «Se puntualizó al presidente Ríos que uno de los objetivos por los que estábamos acelerando la negociación y firma del llamado Tratado de Río de Janeiro era, precisamente, cubrir situaciones de esa naturaleza».

Juan Antonio Ríos estaba entregado. En su horizonte no vislumbraba un concepto de defensa de intereses económicos o estratégicos específicos, diferenciados de los de EEUU. Aceptó someter Chile a la estrategia político-militar de Washington en un tratado multilateral. Pidió, además, subordinar Chile a EEUU mediante un tratado militar bilateral, y con gran satisfacción Truman le tomó la palabra. Tanto placer debió ver Ríos en sus interlocutores en este último punto, que se lo volvió a repetir a Truman en su visita de despedida el 13 de octubre (véase el documento 5).

Truman estaba ofreciendo, y Ríos aceptaba, el después denominado Tratado de Río de Janeiro (firmado en 1947 –Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR): la estructura multilateral que incorporó los recursos militares de Latinoamérica a la estrategia de EEUU durante la guerra fría[29]. Con el ofrecimiento de Ríos de un acuerdo militar bilateral con EEUU, Truman obtuvo el 11 de octubre de 1945 algo adicional, de graves consecuencias para el país latinoamericano: abrir la vía a las FF AA de EEUU para penetrar dentro de las FF AA chilenas, hasta entonces fuera de su esfera de influencia material y doctrinal. A cambio, Truman tan sólo evocó la posibilidad de conceder algunas inversiones de capital. En marcado contraste con tamaña penetración de EEUU hacia el país andino, la inmensa distancia que existía en 1945 entre éste y la última Potencia europea sobreviviente era recogida en Santiago por el Legal Attaché (cobertura usual del FBI) –en informe del 10 de diciembre que transcribe información del embajador de Chile en EEUU, Marcial Mora Miranda (Partido Radical), obtenida por un confidente:

El presidente Ríos mientras estaba en Washington conversó con el embajador ruso en EEUU, Gromiko, pero la conversación fue de temas generales y de carácter social. Mora afirmó que no se ha tomado ninguna medida para establecer un programa económico o un acuerdo entre Chile y Rusia.

El embajador Mora confirmó que el presidente Ríos había acogido la directriz que sobre política interior chilena le habían dado en Washington: «[…] Los colaboradores de Ríos están convencidos de que el Presidente quedó impresionado, y que puede esperarse que adopte una actitud más firme hacia las peticiones e intrusiones comunistas».

Con todo, Ríos expresó que aceptaba las directrices con un límite: no privar de sus derechos legales a un partido que le apoyaba en el Parlamento, ni tampoco a los sindicatos de trabajadores. ¿Por qué? Estimaba Ríos que la represión a un partido y los sindicatos no sería admitida por el sistema representativo de su país: «Puede difícilmente esperarse que [el presidente Ríos] se arriesgue a adoptar iniciativas legislativas contra el Partido Comunista o sus numerosas actividades, en especial en el terreno sindical».

Lo que en Washington entendieron haber logrado del presidente Ríos en octubre de 1945 fue que «Ríos va a tener en el futuro las menores relaciones posibles con los dirigentes comunistas, incluso hasta el extremo de no recibirles en La Moneda, excepto en ocasiones formales cuando el protocolo lo exija»[30].

III. El “enemigo” en América Latina

En paralelo con el desarrollo de la guerra fría y la doctrina Truman, el seguimiento e infiltración de los partidos políticos por los servicios secretos de EEUU ha sido sistemático en todos los países de su área de influencia. De ello dará idea la relación de informes hoy accesibles sobre el Partido Comunista en la documentación del Departamento de Estado, apenas una parte de los relativos a este partido chileno que pueden leerse en la Sala de Lecturas de los Archivos Nacionales de Washington, D.C. (véase el documento 6).

Los servicios de EEUU estimaban en 1948 que en los veinte países de América Latina el conjunto de los militantes de partidos comunistas era de unos 360.000, equivalente al 0,25% de su población. Diez años después su número total era rebajado a unos 200.000, de los cuales 80.000 estaban en Argentina, 40.000 en Brasil y muchos menos en Chile y Perú; privados de derechos políticos en todos los países excepto en cinco –Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador y México[31]. En la documentación del Departamento de Estado se había anticipado en junio de 1948 que «el comunismo en las Américas es un peligro potencial, pero con quizás unas pocas excepciones no es un peligro serio en estos momentos»[32]. En 1953 el Consejo Nacional de Seguridad recogía su articulación con aspiraciones nacionales latinoamericanas:

el comunismo debe ser considerado no sólo como un movimiento en sí mismo sino también como una fuerza que explota y expresa razonadamente las llamadas “aspiraciones nacionalistas”, y que provee orientación organizativa y política a todos los elementos anti-EEUU. Aunque es una facción minoritaria en el área, actualmente es un serio problema en Guatemala y posiblemente crece en forma preocupante en Brasil y otros países. Fuera de la ley en varios países, posee no obstante las potencialidades peligrosas que caracterizan su presencia en otras partes del mundo. Su doctrina, que es paralela a la doctrina nacionalista en importantes aspectos, tiene un fuerte atractivo entre intelectuales y obreros, con el resultado de que han sido penetrados las escuelas y sindicatos[33].

Y en 1958 la CIA retenía que

los comunistas vuelven a enfatizar la alianza de “frente unido”, formado con uno o más partidos no comunistas con finalidad electoral […] tienden a favorecer con su apoyo a los principales líderes políticos nacionalistas, incluso sin que éstos se lo pidan, dado que el logro de metas populares viene bien a lo que los comunistas desean en su actual fase de desarrollo […][34].

¿Qué preocupaba al gobierno de EEUU en el caso concreto del Partido Comunista de Chile? Una temprana respuesta se encuentra en el memorándum de 25 de agosto de 1945 de la Escuela Nacional de Guerra (NWC). No era tanto su afinidad ideológica con la URSS –argumento para la propaganda– sino la voluntad de oponerse al dominio norteamericano sobre los recursos naturales de Chile:

[…] El embajador Bowers hace saber que conversaciones recientes de Contreras Labarca (secretario general del PCCh) y Ricardo Fonseca (diputado PC y director de [el diario] El Siglo) revelan que la determinada política anterior de “unión nacional y antifascismo” ha sido ampliada ahora para incluir “luchar contra los intereses norteamericanos y las inversiones de capital de EEUU en Chile”. Si esto es significativo por sí mismo, parece ser de especial interés en relación con la campaña del diputado comunista Rosales contra la Braden Copper Mine.

Durante la guerra las relaciones económicas se subordinan a los planes bélicos. Era uno de los «objetivos de EEUU respecto de América Latina […] e) la producción adecuada en Latinoamérica, y el acceso de EEUU, a materiales básicos esenciales para la seguridad de EEUU»[35] (véase el documento 7). La instrumentalización del presidente de Chile al servicio de las empresas de EEUU se puede observar en septiembre-noviembre de 1946, cuando los sindicatos de la mina de cobre propiedad de la empresa norteamericana Kennecott fueron a la huelga pidiendo mayores salarios. El presidente de la Kennecott pidió en octubre al State Departament que interviniera, y éste manifestó al gobierno chileno que si arbitraba el conflicto laboral en términos desfavorables a la empresa Kennecott ello sería interpretado como prueba de que estaba manipulado por el Partido Comunista[36]. La propuesta de arbitraje del gobierno de Santiago en noviembre no satisfizo a la Kennecott, y el secretario de estado adjunto –Spruille Braden, accionista de la empresa que explotaba a su vez el otro gran yacimiento de cobre chileno, El Teniente– ordenó el embargo de todos los créditos de EEUU a Chile hasta tanto la huelga no se cerrara conforme deseaba la empresa[37]. En enero de 1947 el gobierno de González Videla cerró el conflicto, en los términos que satisfacían a la Kennecott[38]. Igual experiencia se reprodujo en la primera semana de octubre de 1947. Mientras que el presidente González Videla pedía al gobierno de EEUU que le aprovisionara en carbón para, así, militarizar y quebrar la huelga en las minas carboníferas de Lota-Schwager y expulsar a 2.000 de los 15.000 huelguistas, anticipaba el propio González al embajador Bowers que estaba preparando la ulterior expulsión de los líderes sindicales de las minas de cobre y salitre del Norte, e informaba a Bowers que «pedirá a las compañías [norteamericanas] que le proporcionen secretamente los nombres de los más destacados agitadores [sindicales]»[39].

Las grandes minas de cobre, que significaban dos tercios de las exportaciones de Chile y la fuente de la mitad de su presupuesto anual, estaban en manos de capital norteamericano y emergen en la documentación diplomática como causa primera para señalar en el Partido Comunista al “enemigo” a destruir. Motivación material cuya fuerza sobresale al contrastarla con los restantes argumentos que la propaganda divulgaría. Veámoslos.

El PCCh era visto en segundo lugar como coordinador, a impulsos de la URSS, de la resistencia de América Latina contra injerencias de EEUU:

Debe recordarse que uno de los objetivos perseguidos durante el XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile era el de impulsar un frente político unificado de los partidos comunistas de América Latina, y permitir un intercambio de experiencias; y debe también recordarse que información obtenida de una fuente fidedigna chilena […] indicaba que entre las sugerencias e instrucciones recibidas por los dirigentes comunistas chilenos de la Embajada soviética en Ciudad de Méjico, había una llamando a elevar el nivel de lucha contra el “imperialismo yanqui” y la interferencia de EEUU en los asuntos internos de los países latinoamericanos[40].

En tercer lugar, se le distinguía como emisor de propaganda contra el Gobierno y las empresas de EEUU, siguiendo supuestas instrucciones extranjeras no siempre identificadas, y a favor de la URSS:

La campaña comunista contra EEUU al parecer alcanzó su mayor nivel el 31 de agosto, cuando el diario comunista de Santiago publicó casi una docena de noticias destinadas, íntegra o parcialmente, a atacar a EEUU, al presidente Truman, al Departamento de Estado y a los intereses económicos de EEUU […]. Esta acción de los comunistas debe situarse en contraste con la aparición, en El Siglo, de muchas noticias de propaganda soviética que tienen su origen en la Oficina de Prensa soviética, y que aparece en el ejemplar de El Siglo del 31 de agosto. Esas noticias aparecen todos los días en un número muy reducido[41].

Durante el período comprendido entre el 18 y 25 de agosto de 1946, la propaganda comunista chilena contra EEUU se decía que había sido incrementada considerablemente, según parece, como resultado de instrucciones de una fuente no identificada fuera de Chile. Esta campaña fue llevada a cabo principalmente por el diario de Santiago El Siglo[42].

En cuarto lugar, se le señalaba como favorable a romper el aislamiento económico de América Latina respecto de la URSS, al proponer que Chile abriera un mercado para sus exportaciones en Europa oriental –lo que EEUU tenía prohibido:

En Chile, las incertidumbres sobre el problema de las [decrecientes] exportaciones de cobre, junto con la creciente inflación, ha impulsado el sentimiento nacionalista contra las empresas de propiedad Norteamericana y la política comercial de EEUU, con el resultado de que la propaganda comunista ha aumentado en volumen y eficacia. Hemos hecho esfuerzos para combatir la campaña demagógica a favor de vender cobre a la URSS, creando conciencia pública de las consecuencias de tales ventas sobre las relaciones EEUU-Chile […][43].

En síntesis, en la política de la Administración Truman contra el PCCh se observa una articulación de consideraciones estratégico-militares mundiales con intereses de empresas de EEUU instaladas en el país latinoamericano:

[…] Durante las conversaciones personales que sostuvo Ríos en EEUU con altos dirigentes del Gobierno, de las finanzas y de la industria, fue informado de la preocupación de estas personas por la fuerte implantación del Partido Comunista chileno en la vida económica y política del país[44].

En el transfondo se observa la obsesión, alimentada por los servicios de seguridad de EEUU, ante cualquier forma de colaboración entre organizaciones latinoamericanas y una Potencia europea independiente. Valga un ejemplo: mientras que demócratas del Mundo entero se solidarizaban con los republicanos españoles que resistieron la intervención germano-italiana en 1936-1939, la simpatía ideológica hacia aquellos en América Latina activaba entre los guerreros de la guerra fría el reflejo geopolítico de amenaza a la hegemonía de EEUU:

Los comunistas sostienen que su primer paso hacia la libertad económica lo constituye las relaciones políticas y comerciales con la Unión Soviética. Una vez establecidas esas relaciones, tendrá lugar después una acción concertada para denunciar el gobierno del general Franco en España, a ser reemplazado por un gobierno amistoso hacia los soviéticos; establecer después relaciones políticas y comerciales entre España y Rusia. España, dado el carácter de su pueblo, además de su idioma, tiene mucho en común con el pueblo de los países latinoamericanos. Es por intermedio de España y con su ayuda que Rusia espera desplazar América Latina fuera de la política de EEUU. España, con sus reservas de carbón y hierro, y otros minerales, fabricaría maquinaria con ayuda soviética, para exportarla a Chile y otros países de América Latina y reemplazar a la maquinaria y capitalismo de EEUU[45].

Un eventual éxito electoral de los partidos comunistas de Italia y Francia era contemplado con idéntico prisma: «[…] la influencia de la cultura e ideas francesas siempre ha sido fuerte en las Repúblicas americanas, y una Francia dominada por los comunistas haría toda clase de esfuerzos para sacar provecho de esa ventaja»[46]. Pero esta reminiscencia de la influencia histórica europea en América Latina había quedado, desde 1945, concentrada en Rusia:

El comunismo internacional en estos momentos debe ser contemplado como un instrumento del Kremlin, que éste utiliza para avanzar los designios imperialistas rusos y suplantar la democracia en el Mundo por un sistema totalitario de Estado-policía que suprime los derechos humanos y las libertades cívicas. […] La seguridad nacional de EEUU debiera ser el factor determinante al establecer nuestra posición en relación con las medidas conjuntas interamericanas para combatir al comunismo […]. Un estudio urgente debe ser hecho por ARA [sección A. Latina], EUR [sección Europa] y S/P para determinar si el interés nacional sería servido por un resuelto liderazgo de EEUU para que los distintos Gobiernos declaren ilegales a todos los partidos comunistas del Hemisferio Occidental, y eliminar la influencia y actividades comunistas hasta donde sea posible[47].

Propaganda al margen, la voluntad y capacidad de subversión militar reconocida al Partido Comunista latinoamericano aparece en la documentación como inexistente. El agregado militar de EEUU todo lo que puede informar sobre este importante extremo el 9 de noviembre de 1945 es que Guillermo Sáenz González, del comité regional de Valparaíso, conoce a cinco conscriptos del reemplazo. El centro de atención de los servicios norteamericanos en este terreno eran las instalaciones navales en Valparaíso y Talcahuano. El informe del Agregado Naval de 16 de abril de 1946 mostraba una apreciación que ayuda a interpretar el porqué de la brutal y masiva represión que, en 1948 y 1973, se abatió en ambos puertos sobre los cuadros y militantes sindicales y de partidos de izquierda: «Si bien no parece haber razones para una acción subversiva en estos momentos, existe un potencial peligroso».

¿Cuál era ese “potencial”? No otro sino que el PCCh tenía una amplia militancia en ambos puertos y Concepción: «podría ser, en caso de provocación, una amenaza seria para la estabilidad nacional». Es decir, la amenaza en potencia sería la eventual respuesta a una provocación de que fuera víctima el PCCh –su persecución, encarcelamientos, represión–, no una iniciativa de éste. La sola postura militar del PCCh que levantaba sospechas era que la de que no promovía la objeción al servicio militar universal: «se sabe que los comunistas están exigiendo a los militantes del partido que cumplan con sus obligaciones militares; es decir, que no rehúyan el servicio militar obligatorio».

El riesgo real quedaba delimitado en el informe a la situación socioeconómica general: «las condiciones económicas en Chile son tan malas en estos momentos que los atentos propagandistas del Partido Comunista tienen una oportunidad ideal para capitalizar el malestar por la situación, y provocar la insatisfacción general».

Este informe era acompañado de la relación nominativa y los domicilios de miembros del Comité Regional del PCCh en Valparaíso, y de la Federación del Transporte Marítimo y Portuario de Chile –integrada, también, por militantes socialistas. Quedaron así identificados para cuando se diera la orden de represión. En este sentido destaca el informe del embajador Bowers al secretario de Estado y al director del FBI de 4 de marzo de 1947, con 45 páginas rellenas de nombres de miembros del Partido Comunista en Valparaíso, sus domicilios, número de documento de identidad, puesto de trabajo, cargo, dirección del lugar de trabajo, directorios, organizaciones locales, etc. El director del FBI reenviaba el listado, a su vez, al jefe de la División de Correlación de Actividad Extranjera (Departamento de Estado, precedente de la CIA), al jefe de Inteligencia Naval, al director de Inteligencia (War Department, General Staff, Pentagon). Calibrar el fin y alcance de tales identificaciones requeriría su contraste con la lista de cuadros políticos perseguidos, encarcelados en Valparaíso o desterrados meses después.

Un informe de ocho páginas del director del FBI, John Edgar Hoover, había resumido el 14 de noviembre de 1946:

se informa que el Partido [Comunista] ha rechazado la agitación abierta dentro de las fuerzas armadas como técnica para infiltrarse. Según informes, los militares chilenos están relativamente libres de influencia comunista, aunque los comunistas tienen alguna influencia en las instalaciones navales del Puerto de Valparaíso. Esta influencia aparece centrada en torno de empleados civiles de la Marina en el puerto. Se informa que una célula comunista ha sido formada en la escuela de la Fuerza Aérea de Chile, pero la fiabilidad de esta información es discutida. El supuesto líder de este grupo parece despertar la sospecha de los dirigentes del partido, quienes temen que sea un infiltrado de los altos mandos de la Fuerza Aérea.

IV. Un partido político sin dinero extranjero

La capacidad económica del Partido Comunista chileno emerge en los informes como endógena, no alimentada desde otro Estado. Un estudio detallado del Agregado Militar el 29 de noviembre de 1945 presentaba al diario El Siglo como una empresa que generaba beneficios financieros al PCCh. Y lo acompañaba del listado de sus administradores, empleados, corresponsales, suscriptores en el extranjero, etc. En el informe de un año después –17 de diciembre de 1946– bajo el título «Organización financiera del PCCh» los mismos servicios de información pasaban acuciosa revista a la estructura y fuentes financieras del partido latinoamericano, sin mencionar ni aludir a financiamiento alguno de origen extranjero. El 23 de marzo de 1947 el embajador Bowers enviaba al director del FBI otro minucioso informe de 21 páginas titulado «Financial Organization of Communist Party of Chile», que de nuevo aparece como de origen exclusivamente local, sin alusión ninguna a aportes extranjeros.

Los servicios del FBI son los encargados de vigilar las actividades del Partido Comunista de EEUU. También en América Latina hasta la creación de la CIA en 1947. Los informes del FBI presentaban al Partido Comunista de Chile como el más serio, organizado y sólido de América Latina, cuyos trabajos orientaban a los del resto del Continente. Con motivo del ya mencionado XIII Congreso del PCCh (Santiago, diciembre de 1945), las resoluciones que según el FBI aquél habría adoptado por «sugerencia de la Embajada de la URSS en México», sólo tenían de nuevo que interferían contra dos de los objetivos de la Administración Truman: aislar al Partido Comunista de EEUU respecto de los homólogos en países de su zona de influencia, y aislar la URSS del resto del Mundo. Las otras “sugerencias” eran, en propiedad, parte del acervo histórico tradicional en las relaciones entre América Latina y EEUU desde el siglo XIX: el deseo de Washington de apartar a las Potencias europeas de Latinoamérica, y el mantenido rechazo en esta última a tal pretensión

1. La lucha contra el aislamiento de la Rusia soviética, al tiempo que defenderla contra los ataques de los círculos reaccionarios e imperialistas.

2. La lucha contra el “imperialismo yanqui” y su interferencia en los problemas internos de los países latinoamericanos.

3. Fomentar los intercambios comerciales, culturales y diplomáticos de las otras Repúblicas de América con la Rusia soviética.

[…] Se dio mucha importancia a un telegrama de William Z. Foster, secretario general del partido en Estados Unidos, denunciando a la Administración Truman por no cooperar con la Unión Soviética, por encabezar a las fuerzas antidemocráticas como demuestra la intervención en China, etc. […][48].

Los servicios de información de EEUU identificaban a los sindicatos obreros y al PCCh como origen de las denuncias de imperialismo económico. Pero eran perseverantes en presentar tal denuncia como inducida “desde fuera”, desde un centro variable, cambiante, pero vinculado por último a la Potencia europea. Para algunos servicios de EEUU los sindicatos latinoamericanos parecían coordinados por el mexicano Vicente Lombardo Toledano –líder de la Confederación de Trabajadores de América Latina–, a quien presentaban como subordinado a la Potencia europea. La Convención del PCCh en Concepción, el 10 de marzo de 1946, era resumida por el vicecónsul de EEUU en los

ahora casi estandarizados temas antiyanquis y antiimperialistas. Unas muestras: 1. Condena de “Norteamérica imperialista”, de su política, Gobierno y administración. 2. Acusaciones contra el Sr. Bernardo Ibáñez, líder socialista de CTCH (Central de Trabajadores de Chile), por intentar destituir al director de los Trabajadores de América Latina, Vicente Lombardo Toledano, para ponerse al servicio del “imperialismo nórdico”. 3. Denuncia de los intereses económicos yanquis en América Latina por tener prácticamente en sus manos los destinos económicos de estos países. 4. […] llamada a independizarse del “imperialismo norteamericano” que, siendo ya una amenaza para Chile, se enmascara en la llamada política de Buena Vecindad. […] Mucha gente se formula la pregunta «¿Quién está detrás de este movimiento comunista, quién está alimentando en los comunistas chilenos la idea de la “Norteamérica imperialista”?». En Concepción unánimemente se apunta, primero, al líder sindicalista latino Vicente Lombardo Toledano y, en segundo lugar, que éste, Lombardo, actúa siguiendo instrucciones que le llegan directamente de Moscú[49].

Otros informes especulaban que las directrices habrían llegado al PCCh desde Moscú, vía Buenos Aires. El 5 de septiembre de 1946, precisamente el día siguiente de que los chilenos hubieran elegido presidente a Gabriel González Videla, candidato del Partido Radical apoyado por el Partido Comunista, el informe del Legal Attaché de la Embajada de EEUU en Santiago –servicio reemplazado en 1947 por la CIA–, elevaba el rango del PCCh y lo presentaba nada menos que como el aliado de la URSS en una inminente tercera guerra mundial (no “fría” sino “caliente”), cuya propaganda en Chile respondía, en primer lugar, al «valor estratégico de las riquezas naturales y depósitos minerales de Chile». De nuevo el cobre. Para el embajador de EEUU «la presente exageradamente activa campaña de propaganda comunista contra EEUU en Chile, es la ejecución de directivas recibidas de la Sección de la Tercera Internacional en Buenos Aires»[50].

La elección del candidato del Frente Popular como Presidente era presentada por los servicios de información de la guerra fría como la entrada en el Gobierno de un partido dispuesto a luchar contra EEUU –del lado de la Potencia europea– en cuanto se abrieran las hostilidades: «Hoy, la agresividad de la política exterior de EEUU y de los círculos “imperialistas” en Norteamérica, en especial Wall Street, está forzando a la URSS a contraatacar».

La fuente de la información transcrita en este informe anticipaba que: «Resulta ahora inevitable una tercera guerra mundial que va a poner a EEUU contra la Unión Soviética». A continuación, movilizaba al Universo Mundo: «Consiguientemente, es absolutamente necesario que los comunistas, no sólo de América Latina sino de todo el Mundo, recreen y reorganicen la Tercera Internacional para que se preparen a esa guerra mundial». Acto seguido, la necesidad se convertía como por encanto en realidad: «La Tercera Internacional, pues, ha sido reorganizada». En su entusiasmo, la fuente describía el escenario de la ceremonia inaugural: «Indudablemente el anuncio de esta reorganización será hecho público, sin duda, en el 29 Aniversario de la Revolución bolchevique –el 7 de noviembre de 1946–, y la primera sesión plenaria de la reactivada Tercera Internacional tendrá lugar en Moscú». Y anticipaba el nombre del orador: «Se da por descontado que el generalísimo José Stalin abrirá la sesión inaugural». Después de la imaginada ceremonia, la fuente procedía al despliegue de fuerzas: «Tras la reorganización de la Tercera Internacional los partidos comunistas a lo ancho del Mundo podrán integrar y coordinar mejor sus actividades tanto contra Gran Bretaña como contra EEUU, así como contra los otros Poderes que aún no han caído en la órbita de Moscú, en particular Poderes como Francia e Italia donde el Partido comunista es sin embargo muy fuerte». Y describía las actuaciones a lo largo de América Latina del, para la fuente informativa, ya reconstruido Bureau de la III Internacional.

Espectacular escenario de guerra. Desde Santiago la Embajada estaba informando a Washington que la candidatura que acababa de ganar las elecciones presidenciales comprendía a un partido dispuesto a entrar en una guerra mundial, del lado enemigo, articulado con otros movimientos en América Latina, retaguardia estratégica y económica de EEUU. Con semejante telón de fondo, el delegado del FBI y el embajador en Santiago ofrecían a quien quisiera creerles en Washington la pulsión precisa para ordenar la destrucción del Frente Popular. Pero ¿cuál era la fuente que manejaba tan grave información? En propiedad estaba muy desinformada, pues en aquellas fechas ni la dirección de la URSS pensaba desencadenar una guerra, ni los servicios de inteligencia de EEUU le reconocían capacidad de hacerlo aunque lo hubiera deseado –deseo que tampoco le atribuían. Desinformada también porque la III Internacional no había sido reorganizada –Stalin la disolvió en 1943 en prenda de su alianza con EEUU y Gran Bretaña. Tendrían que transcurrir doce meses adicionales para que, en septiembre de 1947, Stalin aceptara crear el llamado Comité de Información con sede en Belgrado, pero como instrumento de propaganda –no de acciones bélicas o parabélicas– dirigido, en sustancia, contra la aplicación del Plan Marshall y la Doctrina Truman en Francia e Italia. Pues bien, la fuente chilena que aparece citada en el informe Blandori es la de un confidente de la Embajada de EEUU que habría pasado seis horas en tertulia con dos escritores que publicaban artículos en el diario El Siglo –Aníbal Pinto y Volodia Teitelboim. Por la serie de bravatas que engarza el confidente pareciera que o bien el relato sobre la tercera guerra mundial y la resucitada III Internacional eran fruto de su fantasía, o el confidente omitió el número de botellas de vino que estimularon el largo cenáculo. En su apostilla al informe en cuestión, el 10 de septiembre siguiente el director del FBI no se dejó impresionar y echó abajo la premisa del barroco escenario:

Hasta la fecha ninguna información tangible ha sido recibida que indique el eventual restablecimiento del Komintern o de alguna de sus ramas […]. No se necesita una organización semejante para asegurar las por lo general uniformes prácticas comunistas.

V. Cómo ilegalizar a un partido en un sistema democrático

Las exportaciones de cobre y salitre cayeron en la segunda mitad de 1945 a niveles anteriores a los de la segunda guerra mundial. Su efecto negativo repercutió de inmediato en los asalariados. 1946 comenzó con una huelga en las minas de salitre (propiedad de capital norteamericano). El Gobierno reprimió a los sindicatos, pero la Confederación de Trabajadores convocó el paro nacional de 30 de enero que, en su éxito, persuadió a la Administración a levantar las sanciones y llegar a un acuerdo con los sindicatos. Ante este desenlace, los servicios de la Embajada de EEUU estudiaron la posibilidad de promover que el Congreso chileno aprobara privar de los derechos legales al Partido Comunista. El sondeo practicado les dio un resultado desfavorable, el obstáculo radicaba en los fundamentos democrático-representativo del sistema republicano. La postura de los líderes de partidos de la Coalición de Gobierno era recogida así en la Embajada de EEUU[51]:

Astolfo Tapia, diputado socialista y miembro del Comité Central socialista: el Comité ni siquiera ha considerado la idea de un proyecto semejante y no sabe nada al respecto.

Dionisio Garrido, presidente de un sector del Partido Democrático: un intento de ilegalizar el comunismo sería una monstruosidad y él votaría en contra.

Jorge Rogers, vicepresidente del Partido de la Falange, también calificó de monstruosidad cualquier intento de ilegalizar el comunismo, y dijo que Falange estaría en contra porque la tolerancia plena está en la esencia de la personalidad del Partido.

Entre la oposición conservadora –mayoritaria en el Congreso–, la Embajada recogía las siguientes posiciones:

Víctor Santa Cruz, diputado del Partido Liberal, afirmó que los Liberales nunca respaldarían semejante idea dado su respeto a todas las creencias y doctrinas.

Un diputado del Partido Conservador, hablando al parecer en nombre del presidente del partido que se hallaba ausente de Santiago, afirmó que los Conservadores nunca apoyarían un proyecto dirigido a la persecución de ideas, pues los conservadores son demócratas y tolerantes. Sostuvo que él estaba convencido que el comunismo, aunque estaba del otro lado de la barrera, era una doctrina que sólo podría ser combatida elaborando otra superior, pues el comunismo surge de un sentimiento de clase.

El sondeo detectaba, sin embargo, que la ideología de la guerra fría ya era recogida por un político cuyo hijo, senador en 1970-1973, dirigiría desde el Parlamento el asalto contra las instituciones republicanas:

El presidente del Partido Liberal, Francisco Bulnes, afirmó que aunque él no sabía oficialmente nada de semejante proyecto, el Partido Liberal lo respaldaría porque la doctrina liberal rechaza toda forma de gobierno que no tenga como base fundamental la libertad plena y el respeto a la personalidad humana, mientras que el comunismo aspira a implantar un régimen totalitario, antidemocrático, por métodos revolucionarios.

Ante semejantes respuestas, para ilegalizar al partido latinoamericano la Administración de EEUU resolvió apoyarse en la persona del Presidente de Chile, en los medios subrepticios y encubiertos que describe la documentación accesible en los archivos.

VI. González Videla, Presidente dúctil

Pocos hechos han marcado más la historia de la izquierda chilena que su penosa experiencia con Gabriel González Videla. Elegido el 4 de septiembre de 1946 gracias al aporte de los votos comunistas, a poco de asumir la Presidencia archivaba el programa electoral, perseguía al partido en que se había apoyado y lo declaraba fuera de la ley. Que tal precedente no se repitiera fue una obsesión para la izquierda. Si el doctor Salvador Allende se veía a sí mismo como la negación de la venalidad de González Videla, los partidos que apoyaron sus cuatro candidaturas presidenciales en 1952, 1958, 1964 y 1973 adoptaron, por su parte, medidas de participación en la dirección del Gobierno tendentes a evitar que, una vez elegido presidente, se desvinculara del compromiso programático con los electores, o de los partidos que le respaldaron.

¿Se compadece la estela de “traición” legada por el presidente González Videla con lo que se lee en la documentación del gobierno de EEUU? Lo cierto es que mientras González aún estaba formalmente aliado al Partido Comunista, en Washington se conocía su disposición de deshacerse pronto de este último. Tres semanas después de ser elegido Presidente, el embajador de EEUU en Argentina escribía a Bowers:

Lo que en los meses pasados he oído de González Videla es tranquilizador […]. Es muy alentador oír hablar de las conversaciones de usted con González Videla y es de esperar que éste sepa manejar esa situación […]. Espero que sea capaz de manejar adecuadamente la situación porque ello será muy importante para su país y para todos nosotros[52].

En su primer gabinete González Videla asignó al PCCh dos carteras ministeriales. Pero tres días antes de que asumiera la Presidencia –el 4 de noviembre de 1946– ya el director del FBI transmitía al Departamento de Estado que «fuentes informadas chilenas son de la opinión de que el Partido Comunista no estará representado en el gabinete González Videla más allá de seis meses». Expectativa que no era compartida por la derecha criolla:

[…] Encuentro que muchos derechistas convencidos no están mayormente molestos por la participación de comunistas en el Ministerio, pues creen que esto puede contribuir a evitar huelgas […] y puede debilitar el partido al fracasar sus dirigentes en lograr que se adopte el programa comunista. El más extraño desarrollo es el hecho de que ahora los comunistas dicen que están dispuestos a servir en el Gobierno con colegas liberales y conservadores de la corriente progresista de Cruz Coke[53].

El FBI había bebido en mejor fuente. Con todo, a la Administración Truman no le bastaron las promesas del Presidente electo y, como primera medida, en noviembre de 1946 ordenó el bloqueo financiero del país latinoamericano. EEUU suspendió todos los créditos a Chile, y ordenó al Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (Banco Mundial) que rechazara una solicitud de préstamo por 40 millones de dólares. Lo que éste cumplió[54]. En abril de 1947, los ministros del PCCh dimitían del Gabinete. No alcanzaron a permanecer en él ni seis meses, efectivamente. Pero Washington exigió entonces más. Cuatro meses después, en agosto, González destituyó a todos los cargos medios en la Administración pública que militaban en el PC. Tampoco bastaba. En octubre de 1947 clausuró el diario El Siglo y, prueba última para la Coalición de la Guerra Fría, rompió las relaciones diplomáticas de Chile con la Potencia europea. Sólo entonces el gobierno Truman levantó el embargo financiero, el Export-Import Bank concedió a Santiago un préstamo de 23 millones de dólares.

¿Cuál era el programa de gobierno cuya aplicación en Chile había vetado el líder de la Coalición de la Guerra Fría? El embajador Bowers lo había resumido el 13 de octubre de 1946:

Un factor significativo […] es la ausencia de extremismo en lo que se refiere a política económica. Los comunistas desean nacionalizar la banca, como han hecho en Argentina, pero agregan «que no desean coger nada de nadie», su deseo consiste en usar el sistema de crédito allí donde sea más positivo para el interés nacional. Sostienen que las expropiaciones de tierra agrícola deben ser practicadas con la correspondiente compensación a sus dueños. Los derechos del capital deben también ser respetados, dentro de ciertos límites, y la iniciativa individual impulsada dentro de márgenes razonables. El programa llama a la expansión industrial, a facilitar la importación de maquinaria muy necesaria y a mejorar la legislación médica y social. Uno de los puntos de la plataforma, sin embargo, pide la nacionalización de la Compañía Chilena de Electricidad, de propiedad norteamericana. Los intereses del cobre y mineros, sorprendentemente, escapan al ataque, pero se pide un aumento en los impuestos sobre todos los beneficios industriales y comerciales […]. En lo que se refiere a la política exterior, el PCCh pide el respeto de la soberanía chilena, el fortalecimiento de la Organización de Naciones Unidas, el mantenimiento de la paz mundial y relaciones estrechas con todas las naciones democráticas, «especialmente con la Unión Soviética, que lleva a cabo su política exterior sin motivación imperialista». El Gobierno chileno debe defender a los republicanos españoles, romper relaciones con Franco y reconocer al gobierno Giral [en el exilio][55].

Un Estado sin defensa económica está a merced de sus prestamistas. Nada nuevo. Pero, además, el Estado miembro de una Coalición bélica está subordinado a la disciplina y autoridad del líder de la misma. Incluso cuando el Estado coaligado dispone de más recursos que los de América Latina. En la Francia de 1981 el candidato común de la alianza socialista-comunista –François Mitterrand (del Partido Socialista)–, fue elegido presidente de la República. El mismo día 24 de abril en que reunía por primera vez a su Gobierno –con tres ministros comunistas–, Ronald Reagan enviaba a París a su vicepresidente, George Bush, quien recababa las explicaciones del presidente francés:

La adhesión al Partido socialista […] ha sido para mí el medio de reducir el comunismo a su verdadero nivel. En Francia, el comunismo ha alcanzado un nivel exagerado […]. Tenerlos en el Gobierno les hará perder su originalidad […], su erosión será grande[56].

Georges Bush, anterior director de la CIA, entendió las claves que Mitterrand le daba. Tres años después el Partido Comunista Francés había perdido más de la mitad de su electorado y estaba fuera del Gobierno. La subordinación del presidente de Francia a la estrategia de la Coalición de la Guerra Fría produciría, además, otros dos efectos derivados. Por un lado, era toda la izquierda, incluido el Partido Socialista, la que llegaba políticamente destruida a 1993, mientras que la derecha ocupaba el 80% de los escaños de la Asamblea Nacional. Nunca –desde la Revolución de 1789– la izquierda había sido reducida en Francia a tan humillante nivel. Por otro lado, terminada la guerra fría en Europa, en términos estratégicos Francia aparecía como la gran perdedora –a diferencia de Alemania. Bajo la Presidencia de Mitterrand, en contraste con la autonomía lograda bajo la Presidencia de Charles de Gaulle, Francia fue un miembro disciplinado de la Coalición de la Guerra Fría. La política de Mitterrand destruyó la expectativa de una estrategia alternativa, consumió las esperanzas de los ciudadanos que desde 1945 hasta 1981 se agruparon en la izquierda.

Al quedar enrolada América Latina en la guerra fría, desde 1945 fue subordinada a las directrices de su Estado líder. En 1946 era una realidad el cambio de alianzas previsto por el embajador Bowers. Los núcleos nazifascistas latinoamericanos ofrecieron su cooperación a los servicios de acción clandestina de EEUU. Bowers nos ha dejado su testimonio de 20 de noviembre de 1946 (véase el documento 8):

El otro día en el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando el nuevo ministro recibía al cuerpo diplomático, el embajador de Guatemala vino hacia mí a entregarme un papel que me enviaba Arturo Olavarría Bravo, donde describía una organización secreta que se estaba formando para combatir el comunismo en Chile y pedía información acerca de si alguna organización similar existía en Estados Unidos. Hay varios aspectos en esta descripción que despiertan mis sospechas en la medida que viene de Olavarría. Éste era ministro del Interior en los primeros años de la guerra y, haciendo caso omiso de la aprobación unánime por la censura oficial de cinco películas de cine americanas antinazis, prohibió su exhibición bajo el pretexto malicioso de que provocarían desórdenes. Mientras, cualquier teatro de Chile podía, y de hecho lo hacía, pasar películas nazis. […] Formulé mi protesta a Olavarría en la más acalorada discusión que jamás he tenido con un funcionario extranjero. […] Olavarría se fue del despacho […]. Después, como los archivos del Departamento muestran, tuvimos que poner a Olavarría en la Lista Negra por sus conexiones con la empresa alemana de Staudt. No estoy del todo seguro de que no sea un nazi. Pongo en duda la veracidad de alguna de sus afirmaciones en su descripción. Nosotros nunca hemos sido capaces de encontrar que haya habido ninguna infiltración del comunismo en el Ejército. […] Estoy seguro que el Ejército está tan libre de comunismo como cualquiera otra Arma. Tengo sospechas sobre el segundo párrafo. La referencia más bien menospreciativa hacia los partidos políticos huele extrañamente a propaganda fascista a lo Hitler-Mussolini-Franco. […] Considerando al dirigente y sus antecedentes […] me pregunto si esto realmente no viene a significar un intento de organizar a un grupo fascista. […] El general Tovarias, que acaba de retirarse como comandante en jefe de la Fuerza Aérea, generalmente se piensa que es un totalitario de vocación […] entrenado en Alemania, y nosotros estábamos más bien preocupados por él durante las primeras fases de la guerra[57].

Olavarría pedía el apoyo de EEUU a una organización secreta de la que emanaría otra pública –la denominada Acción Chilena Anticomunista (ACHA)–, en la que ofrecía usar la «desinformación» y «propaganda negra» propias de las «campañas de terror psicológico»:

MEMORÁNDUM ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

1) La expansión del comunismo en el país representa un peligro inminente pues ha alcanzado a tener participación directa en el Gobierno y una infiltración encubierta, pero cierta, en las Fuerzas Armadas de la República.

2) Dada la ineficiencia de los llamados partidos políticos “de orden” para enfrentar el grave problema creado por esta situación, dirigentes bien conocidos de los partidos Conservador, Liberal, Radical-Demócrata y Socialista, y representantes de otros sectores de la opinión pública, creen que a pesar del fracaso de estos partidos es posible y necesario unir en una organización amplia y fuerte a todos los elementos valiosos que pueden encontrarse en esos grupos, y se han reunido secretamente con el fin de defender el país de la influencia comunista.

3) Esta organización, que ya ha sido creada, no va a participar en campañas electorales ni aspira a gobernar el país. Deja a sus miembros en completa libertad para pertenecer al partido político que prefieran. El objetivo de los fundadores de la organización es reunir al menos a treinta mil miembros.

4) La organización ya tiene un comité ejecutivo formado por cuatro parlamentarios en ejercicio del Congreso; cuatro abogados; dos físicos profesores de la Facultad de Pedagogía; un oficial retirado de las Fuerzas Armadas; un escritor; un hombre de negocios, dos representantes de los estudiantes de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica. Todos ellos son bien conocidos y de gran prestigio.

5) Desearíamos asegurarnos de si existe alguna posibilidad de poner a esta organización en contacto con alguna organización o institución similar en Estados Unidos, a fin de conseguir: a) ideas sobre como coordinar el trabajo en todo el continente; b) colaboración económica para hacer frente a los enormes gastos necesarios para construir esta empresa de interés mutuo.

6) Sólo tras recibir una respuesta afirmativa “en lo esencial” aportaremos más detalles a la persona adecuada pues, dada la naturaleza de la organización, sus actividades son de carácter estrictamente confidencial. Esta restricción será levantada una vez la organización tenga fuerza suficiente para defenderse a sí misma, por sus propios medios, del ataque comunista.

Evidentemente, Bowers percibía el alcance de la oferta que estaba recibiendo. Como embajador nombrado por la Administración Roosevelt, en 1940-1943 se había aplicado a combatir las influencias de Alemania (nazifascistas). En 1946 contemplaba que personas con las que se había enfrentado pedían ayuda de Washington para actuaciones y objetivos fascistas, y previno a su Gobierno. El 17 de diciembre de 1946 Dean Acheson, subsecretario de Estado, acusaba recibo del mensaje de Bowers. Pero en paralelo, otros servicios norteamericanos de intervención en América Latina estaban ya articulándose con ACHA. El 7 de mayo de 1947 Bowers alertaba de nuevo sobre su carácter fascista. El 29 de mayo Spruille Braden, secretario de Estado Adjunto, le respondía displicente[58] que el asunto ya estaba en manos de agencias ajenas al Embajador –«hemos recibido anteriormente otro informe sobre ACHA. Consiguientemente, el suyo no es completamente nuevo para nosotros». Que Olavarría fuera profascista no interesaba en Washington tanto como que su acción era anticomunista. Braden contrarrestaba el escrúpulo de Bowers anticipándole que Juan Bautista Rossetti –del Partido Radical Socialista– también iba a colaborar con ACHA. Y también Raúl Marín Balmaceda –del Partido Liberal. La decisión de dotar con amplios medios a ACHA estaba tomada, Braden anunciaba que «esto puede fácilmente evolucionar por último en algo importante». Agregaba que no podía prosperar la intercesión de Bowers para proteger a los chilenos de los fascistas, dando a entender que castigos mayores caerían si el Presidente del país latinoamericano no cumplía todo cuanto se le ordenaba:

los comunistas que quedan en el gobierno (enumerados en la carta que me dirigió el 21 de abril) participan aún activamente en la Administración. En vista de esto estoy profundamente convencido de que, a la vista del mensaje de González al Congreso chileno [del PC] celebrado recientemente, González no ha roto con los comunistas. Esta vacilación suya no augura nada bueno a la causa de Chile.

VII. Valparaíso, base naval de intervención extranjera

La intervención británica de 1891 que derrocó al gobierno Balmaceda se apoyó en Valparaíso, base de la Marina de Guerra. La intervención norteamericana que en 1970-1973 desembocó en insurrección, derrocamiento del Gobierno constitucional y politicidio de las izquierdas, tuvo su centro conspirativo castrense en Valparaíso. También la intervención de la Administración Truman después de las elecciones presidenciales de septiembre de 1946. Mientras los cables de la Embajada en Santiago apenas se hacían eco de algún foco de presión sobre el Gobierno procedente del Ejército, no ocurría lo mismo con la Marina. A ello contribuían servicios de acción especial de la Misión de la U.S. Navy, con sede permanente en Valparaíso[59]. El agregado naval de EEUU informaba, el 16 de abril de 1946, que había encontrado receptividad en el Alto Mando de la Marina chilena a posicionarse contra el Partido, de su propio país, que Washington deseaba destruir. Tras la victoria de la coalición de izquierda aquel septiembre, la animosidad del mando de la Marina fue ampliada a los restantes partidos del Gobierno, el Radical y el Democrático. El 29 de enero de 1947 Bowers informaba que dos días antes el almirante Consiglio, primer jefe de la Zona Naval de Valparaíso, había expresado al presidente González la

insatisfacción creciente en la Marina por la fuerte infiltración, influencia comunista en la Marina, causante del deterioro en el orden y disciplina, y por el estímulo a la política revolucionaria de los comunistas por parte del diputado Natalio Berman, comunista; en Talcahuano por el diputado Demócrata, Dionisio Garrido, y el senador Radical de Valparaíso, Eleodoro Guzmán.

El hecho que llevaba a los almirantes a la carga contra los partidos de Gobierno era que «suboficiales de algunos servicios de la Marina se habían negado a cobrar el salario de enero, en señal de protesta por la lentitud del Congreso en aprobar el aumento de sueldo que les habían prometido». En el Congreso tenía mayoría la oposición de derechas…

La razón última de las acciones para destruir el partido latinoamericano obedecía a motivos propios de la Administración Truman, que se aplicaban sobre toda América Latina. El 29 de mayo de 1947 Bowers informaba que aunque expulsados del Gabinete

[…] los comunistas se preocupan de no atacar al presidente González Videla directamente […]. Los llamados a la unidad, las aperturas hacia la Iglesia católica y las declaraciones hechas de que van a respaldar al Gobierno mientras cumpla “el programa presidencial”, son significativos, y tienden a demostrar que temen que la campaña anticomunista, ahora de actualidad en todo el continente, puede eventualmente tener repercusiones en Chile[60].

VIII. La desinformación

Una medida como la que deseaba el gobierno Truman no podía adoptarla en frío el presidente González Videla. Requería movilizar la opinión pública, preparar la de los partidos conservadores que controlaban el Congreso. De la campaña de intoxicación se responsabilizó, como en todas las operaciones contra la izquierda anteriores y posteriores, la empresa editora del diario El Mercurio, en cuya edición dominical de 22 de junio de 1947 irrumpía la campaña continental. Un «Manifiesto» pedía que el PCCh fuera declarado fuera de la ley. Entre sus patrocinadores emergían los de ACHA, el general Tovarias al frente. Su articulación con los postulados de Truman era tan explícita que recogía fragmentos literales de su alocución ante el Congreso de EEUU anunciando la intervención en Grecia y Turquía. El respaldo de Washington animaba al Partido Liberal de Francisco Bulnes a adherirse, y recordar «que en 1941 había propuesto al Congreso un proyecto declarando fuera de la ley al Partido Comunista»[61]. El sector latinoamericano que en 1940-1941 se apoyaba en el dominio de la Alemania nazi sobre Europa, cinco años después lo hacía en la Doctrina Truman.

El 20 de agosto siguiente el State Department informaba a su legación en Brasil, donde se celebraba la Conferencia en la que se estaba aprobando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que «el anuncio por el presidente de Chile de la destitución de los funcionarios comunistas indudablemente refleja su completa ruptura con los comunistas, tal como estaba anticipado»[62]. En efecto, el 22 de agosto de 1947 eran cesados diez gobernadores e intendentes. El de Santiago fue reemplazado por el general en retiro Ambrosio Viaux –su hijo Roberto encabezaría la insurrección militar de 1969 (frustrada) y, en 1970, el golpe de Estado promovido por la Administración Nixon (también frustrado) que culminaría con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, René Schneider.

Las medidas adoptadas en Chile en 1947 eran reflejo de las que imponía la Administración Truman aquel mismo año dentro y fuera de EEUU. Mientras impulsaba la Ley Taft-Hartley dirigida a quebrar la fuerza de los sindicatos norteamericanos, en Francia había maniobrado hasta hacer salir del Gobierno al Partido Comunista. El líder de este último, Jacques Duclos, declaraba a El Siglo de Santiago de 31 de agosto de 1947 que «la política de EEUU de reconstruir la industria pesada de Alemania está ayudando a mantener el espíritu del Pangermanismo, con la consiguiente latente amenaza para Francia». Y el que fuera vicepresidente de Franklin D. Roosevelt, Henry Wallace, escribía en el mismo diario que «el peligro que emana de los actuales intentos de luchar contra el comunismo y el socialismo [dentro de EEUU] es que pueden desembocar eventualmente en un “estado policial”»[63].

La campaña para ilegalizar el PCCh se intensificó una semana después que en Belgrado –Yugoslavia– se hubiera constituido el Comité de Información de los Partidos Comunistas. La escalada de la guerra fría en Europa repercutía de inmediato en América Latina. ¿Estaba González Videla enrolado personalmente en la guerra abierta por la Administración Truman? El embajador Bowers afirmaba que sí en su informe del 10 de octubre de 1947[64]: «González Videla se ha alistado en la guerra, no cabe duda. Me preocupa un poco porque es impulsivo y precipitado, y por ello tengo siempre miedo de que cometa un error táctico. Espero, no obstante, que no». En el mismo despacho concretaba Bowers el argumento que la propaganda negra iba a esgrimir para legitimar la ilegalización del partido latinoamericano: «que los comunistas, cumpliendo órdenes del exterior, han programado una huelga insurreccional y que la huelga del carbón es una parte vital del plan subversivo […]». La campaña de propaganda señalaría como centro “exterior” a Yugoslavia. Sin embargo, hasta tal punto era un montaje propagandístico la historia del “compló yugoslavo” de 1947 que todavía en 1993 se mantenían clasificados –a instancias de la CIA– tres cables remitidos desde la Embajada en Santiago sobre este asunto. Al día siguiente del despacho de Bowers sobre el alistamiento de González Videla, Yugoslavia protestaba y rompía relaciones con Chile. González lo aprovechó para romper las de Chile con la URSS y Checoslovaquia el 21 de octubre. ¿Qué más podía aportar González Videla?

En la documentación accesible emerge la evidencia del uso de la intoxicación para presentar la huelga de los mineros del carbón como “insurrección comunista”. Por cuatro razones. En primer lugar, como informaba el embajador Bowers el 24 de octubre, porque «el voto de los mineros a favor de entrar en huelga era legal y el país entero simpatizaba con los mineros que, por lo general, eran considerados como quienes estaban en las condiciones menos envidiables en la economía de Chile»[65]. En segundo lugar, porque el Partido Socialista aunque crítico con la política del PCCh, respaldó la huelga desde su comienzo hasta el final[66], sin que los cables de la Embajada –ni el gobierno de González Videla– imputaran por ello al PS sumarse a un plan insurreccional. En tercer lugar, porque la destrucción del PCCh era deseada por la Administración Truman por razones subordinadas al conflicto entre EEUU y la URSS, según resumía el embajador Bowers el 24 de octubre siguiente: «no cabe duda que el Gobierno de Chile está embarcado en un camino orientado a eliminar el cáncer del comunismo en Chile y a cooperar en la defensa de la seguridad continental en el caso de que pudiera presentarse cualquier emergencia internacional»[67]. En cuarto lugar, por la solidaridad con la huelga que el PCCh estaba buscando no en la Potencia europea sino dentro de… EEUU. Mientras la campaña de El Mercurio pintaba un PCCh lanzado al asalto del poder instigado por la Potencia europea, el senador comunista chileno Salvador Ocampo se hallaba en Nueva York pidiendo ayuda a los sindicatos norteamericanos para los huelguistas del carbón. Los cables del embajador Bowers insistían en que se impidiera a Ocampo hacerse oír en EEUU, que «se le someta a vigilancia y si se le encuentra interfiriendo en nuestros asuntos internos se le aplique alguna medida de las posibles»[68]. Y en esto hemos llegado a un punto en el que quiero detenerme un momento.

A quienes dirigían la operación para enrolar en la guerra fría al Presidente del país latinoamericano, les interesaba evitar que el líder de la izquierda del Partido Demócrata y vicepresidente de EEUU en 1941-1945, Henry Wallace, llegara a Chile en 1946 como embajador especial. Para septiembre de aquel año Wallace había quedado marginado de la Administración Truman. El embajador de EEUU en Buenos Aires, George S. Messersmith, escribía a Claude G. Bowers que «acontecimientos recientes han eliminado la posibilidad de que Henry Wallace llegue aquí abajo como Embajador especial […]. Le conozco muy bien y soy uno de los que está contento de que haya quedado fuera de nuestro Gobierno»[69]. La derrota de la izquierda política y sindical[70] dentro de EEUU entre 1945 y 1948 tuvo, visto en esta perspectiva, consecuencias trágicas para las fuerzas partidarias del cambio social y la democracia de América Latina y el resto del Mundo. Estas últimas no encontraron interlocutor dentro del país líder de la guerra fría. Henry Wallace –candidato derrotado por Truman en las Presidenciales de 1948–, había temido que las políticas de este último conduciría a un «Estado policial». Anticipación correcta. Peor aún, el «Estado de Seguridad Nacional» surgido de la Doctrina Truman ha sido más eficaz que el policial en destruir valores democráticos y humanistas. Es digno de asombro que en tan desigual situación organizaciones democráticas y populares latinoamericanas hayan podido resistir, sobrevivir, a las embestidas sucesivas de las conservadoras o fascistizantes criollas –incluidas la de los soldados de la guerra fría– en circunstancias que ningún otra Potencia podía actuar en América Latina en contrapeso de las formas y medios usados por EEUU en sus intervenciones.

Hay una razón adicional para desvelar la espiral que alimentaba la represión del presidente González Videla contra la izquierda: la petición de intervención que ACHA había dirigido al gobierno de EEUU en noviembre de 1946, que desembocaría en las acciones de guerra interna de González de septiembre-octubre de 1947. Las otras acciones represivas que se adoptaron en 1948 fueron precedidas, también, por la petición del mismo sector político-social a EEUU para que interviniera. Pero esta segunda vez la documentación disponible muestra que la derecha latinoamericana instó la intervención directamente a las FF AA de EEUU.

En efecto, el 29 de septiembre de 1947 la organización ACHA, y probablemente el grupo homólogo “Por Chile”, se sirvieron del general retirado Arturo Espinosa M., ex comandante en jefe del Ejército, para presentar a las FF AA de EEUU un plan dirigido a privar de sus derechos políticos al PCCh. El general Espinosa entregó el 15 de octubre siguiente al agregado militar de EEUU un escrito, con membrete «Ejército de Chile», con la maquinación secreta y destinado al general George G. Marshall, secretario de Estado (véase el documento 9). El 17 de diciembre de 1947 el general Marshall daba luz verde, y designaba al embajador Bowers como interlocutor para su puesta en práctica. La lectura del plan confirma que:

a. En el papel de “enemigo” el Partido Comunista había reemplazado al nazialemán: «tal como EEUU e Inglaterra se encuentran empeñadas en la desnazificación de Alemania, así es indispensable y mucho más urgente que esas poderosas naciones empleen sus mejores medios para obtener […] la extirpación del comunismo internacional al servicio del totalitarismo ruso».

b. La petición de intervención invocaba una situación bélica externa a América Latina: ante «una posible tercera guerra mundial, los diferentes partidos comunistas bajo la directiva de Rusia son simples “quintas columnas del Ejército Rojo”». Desde Washington, el general Marshall saludaba a su vez el plan de ACHA como «muy interesante para la defensa contra la penetración comunista».

c. La representatividad social del PCCh era magnificada hasta convertirla en el equivalente local del arma atómica: «por lo que he podido observar en Chile, donde el control de las masas obreras por el Partido Comunista es cada día más efectivo […] un arma tanto o más poderosa que la bomba atómica».

d. La derecha latinoamericana pedía a EEUU que la operación contra el partido político fuera dirigida desde Washington y sus servicios de acción externa: «creo conveniente invitar a Washington al autor del proyecto […] que podría ayudarles en forma muy eficaz […] habría que buscar un pretexto muy diferente y discreto […]».

e. Y ello porque «la única manera de hacerlo prosperar [el plan] será mediante el discreto y eficaz apoyo que preste a esas ideas la hábil diplomacia norteamericana».

f. Utilizaba «los convenios interamericanos celebrados para la defensa del hemisferio» como cobertura para pretender «que una actuación de esa naturaleza, por parte de las embajadas y legaciones norteamericanas [no] podría considerarse como una intervención molesta en la política interna de otros países», y

g. Hacía un uso anfibológico de los conceptos culturalmente dominantes, como “democracia” y “libertades”, reconvirtiéndolos en fundamento del plan liberticida.

La propuesta al gobierno de EEUU era elevada a modelo para «cualquier país de América, Europa o del resto del mundo». ¿Megalomanía? Dado que los recursos y horizontes del río Mapocho no son los del Potomac, la vocación universalista podría también indicar que la inspiración primera del secreto plan se hallaba menos en un rincón de América Latina que en círculos habituados a pensar en términos “globales” para, de este modo, hacerse rogar su intervención, mejor encubrirla y adaptarla a las circunstancias locales.

Los servicios de la propia Embajada de EEUU tampoco creían que el PCCh tuviera la idea de lanzar una insurrección para tomar el poder. El 5 de mayo de 1948 informaban al secretario de Estado que «la Embajada cree que la oportunidad para una acción revolucionaria comunista exitosa, en el caso de que hubiere existido alguna vez, ha pasado. […] La Embajada, por consiguiente, es de la opinión que si tuviera lugar cualquier intento de revuelta […] fracasará»[71]. Pero la eficacia de la propaganda se mide en el grado en que hace verosímil lo irreal. La campaña de desinformación había provocado tal psicosis que militares como el general Andrés Poblete B., jefe de la Zona de Emergencia de Antofagasta, autorizaban el reparto de armas entre los empleados de las empresas norteamericanas Shell-Mex, Chile Ltd., Duncan, Fox and Cia. Ltda., Chile Exploration Co., FCAB[72]. Y en el barrio residencial de Santiago, ACHA había distribuido armas entre sus escuadrones, algunas proporcionadas por el propio Gobierno con el conocimiento del Alto Mando de las FF AA[73]. El vicealmirante Merino y el general Carrasco (Ejército) sostenían que el gobierno González Videla debía ser reemplazado por una dictadura militar encargada de reprimir a las izquierdas[74].

En 1948, la mayoría conservadora del Congreso aprobaba, y el presidente González promulgaba en septiembre, las medidas privando al PCCh de sus derechos legales y cívicos. Eran parecidas a las del plan secreto propuesto en octubre de 1947 por ACHA al gobierno de EEUU. El 8 de abril de 1948 había caído asesinado en Bogotá el líder popular Jorge Eliécer Gaitán –virtual presidente–, cuya autoría última nunca se aclaró. Cables diplomáticos relativos a este crimen continúan clasificados. El día 18 del mismo mes de 1948, en Italia, la intervención de los servicios de EEUU permitía al Partido Demócrata Cristiano ganar las elecciones parlamentarias y marginar del Gobierno a la coalición del Partido Socialista con el Partido Comunista –Frente Democrático Popular (FDP). La previsible mayoría absoluta de este último en las elecciones parlamentarias había sido anticipada en las municipales parciales de Pescara, en febrero de 1947. Fue la señal de toque a rebato. El viceprimer ministro, Lombardo, viajó a Washington en mayo a pedir préstamos. En el mismo día de su llegada, De Gasperi (democristiano) pagaba prenda excluyendo de su coalición de Gobierno a socialistas y comunistas. Desde diciembre de 1947 la intervención para derrotar a la coalición de izquierdas fue masiva, abierta y sin reservas. La CIA admite haber entregado la entonces enorme suma de un millón de dólares a hombres del Partido Demócrata Cristiano (PDC)[75]. Sindicatos de EEUU pagaron 50.000 dólares a sindicalistas italianos en campaña contra los de la coalición PS-PC[76]. Más de diez millones de cartas salieron de EEUU hacia electores de Italia, advirtiendo que la catástrofe les venía encima si votaban a la izquierda. Películas de Hollywood y emisiones de radio por onda corta apoyaban la campaña de terror psicológico. El editorial de la revista Time decía: «EEUU debe dejar claro que si es preciso hará uso de la fuerza para prevenir que en Italia ganen los comunistas». La campaña alcanzó su objetivo: el PDC italiano obtuvo el 48% de los votos y el Frente Democrático Popular el 31%. La intervención en Chile había sido una adaptación de los métodos aplicados por EEUU en la Europa bajo su influencia.

IX. El sistema político representativo como defensa

Los presidentes Juan Antonio Ríos y González Videla, ambos del Partido Radical, enrolaron a Chile en la Coalición de la Guerra Fría y lo sometieron a la disciplina de esta última. En 1948 fueron recortadas las libertades sindicales y políticas internas según el deseo de la Administración Truman, pero no fueron arrancados los fundamentos representativos del sistema político. A poco andar, el ejercicio de las libertades permitía a los ciudadanos decidir su política interior de modo autónomo, hasta el extremo de que en 1958 era derogada la legislación represiva de González Videla. La lección fue aprendida, y en el siguiente asalto contra el sistema democrático –1973–, los guerreros de la guerra fría deliberadamente rebanaron las raíces republicanas del sistema político latinoamericano. Y continúan extirpadas en esta fecha.

Los servicios de la Embajada de EEUU observaban que el propio Partido Radical se distanciaba de la política que aplicaba González Videla. El 7 de junio de 1949 la Convención de aquel partido mandataba a los senadores Florencio Durán Bernales y Enrique Guzmán Figueroa que restablecieran el acuerdo entre los partidos de izquierda y, también, que mantuvieran en sus funciones al frente de ambas cámaras del Congreso a parlamentarios de izquierda[77]. Antes, en las elecciones legislativas de marzo de 1949 que siguieron a la ilegalización del PCCh, el embajador Bowers ya había tocado la alarma. El candidato más votado, Carlos Ibáñez del Campo, no era de su agrado, veía en él una personalidad independiente y, además, había sido elegido senador con el respaldo de una heterogénea coalición difícil de controlar desde la Embajada:

1. elementos nazis o fascistas. 2. el Partido Comunista. 3. elementos peronistas. 4. elementos insatisfechos del Ejército, molestos por los bajos sueldos, a quienes por lo menos un miembro de la Embajada argentina exhortó para que el Ejército imitara el ejemplo de Perón, se tomara el Gobierno y aumentara sus sueldos. Todos esos elementos actuaron de modo encubierto: organizados, activos, pero sin armar ruido[78].

El 4 de septiembre de 1952 el general retirado Ibáñez del Campo era elegido presidente de la República –con el respaldo de los partidos Agrario-Laborista, Democrático del Pueblo y Socialista Popular (PSP). Entre los líderes del PSP se encontraban Carlos Altamirano, Raúl Ampuero y Clodomiro Almeyda. No contó sin embargo Ibáñez con el apoyo del ilegalizado Partido Comunista, que respaldó al candidato del Partido Socialista de Chile, doctor Salvador Allende. Durante la campaña electoral, Ibáñez prometía que, en caso de ser elegido, denunciaría el Convenio de Ayuda Militar con EEUU suscrito por González Videla el 9 de abril de 1952. Una vez Presidente, sin embargo, se olvidó del programa electoral y mantuvo el país alistado en la Coalición de la Guerra Fría. En propiedad hizo más, al subordinar por entero el equipamiento, preparación y doctrina de las FF AA chilenas a las de EEUU. Mientras que sus predecesores habían enajenado progresivamente desde 1943 las funciones económicas y diplomáticas del Estado, Ibáñez del Campo cedió lo que le restaba de independencia militar a cambio de créditos financieros. En 1953, Ibáñez prorrogó las misiones de la Fuerza Aérea y la Marina de EEUU, pero aceptó además que EEUU instalara en Chile una misión militar de su Ejército.

X. La Nación pierde su independencia militar

En 1953 visitó Washington Abdón Parra, nombrado un año antes ministro de Defensa cuando su grado era aún el de Coronel –aunque, eso sí, lideraba la célula clandestina de oficiales llamada PUMA, que no podía ser desconocida por los servicios de información de EEUU. Allí instruyó al Agregado Militar (coronel Horacio Arce Fernández) para que, ocultándolo al embajador de Chile (Jara, quien se oponía) abriera negociaciones para reequipar a las FF AA con material norteamericano por un monto de 80 millones de dólares. Dado que la asignación anual de la Ley de Defensa a las FF AA era de 8 millones de dólares, Abdón Parra estaba comprometiendo el presupuesto de diez años. Promovido el coronel Arce a subsecretario de Defensa, en agosto de 1954 formalizó la misma petición al embajador de EEUU, añadiendo su deseo personal de que el Ejército norteamericano estableciera una misión permanente en Chile pero puntualizando

que era deseo del Presidente y del Consejo Superior de Defensa que el armamento de Chile sea estandarizado, y que sea norteamericano. Durante los últimos años un gran número de oficiales y personal del Ejército han visitado Estados Unidos y Panamá. Chile tiene una unidad de tanques en Antofagasta equipada con tanques de EEUU. El entrenamiento está siendo practicado más y más según el modelo norteamericano. Sin embargo, el equipamiento del Ejército es aún aplastantemente no estadounidense. Por ejemplo, el equipamiento de la infantería es aún alemán, y la artillería de montaña es aún francesa. Al Presidente […] le gustaría obtener equipo de Estados Unidos para reemplazar este equipo variopinto europeo pasado de moda. A algún agente le gustaría ver que el uniforme de EEUU reemplaza al actual uniforme alemán en el Ejército[79].

Lo que el coronel Arce presentaba como iniciativa del presidente Ibáñez no era, sin embargo, más que el cumplimiento de lo dispuesto un año antes por el propio Gobierno de EEUU[80]:

[…] 4. Los objetivos de EEUU respecto de América Latina son: […] G.: la estandardización completa de la organización, entrenamiento, doctrina y equipamiento militar de América Latina conforme a las líneas de EEUU […]. EEUU debe asumir la responsabilidad principal en las operaciones militares de los Océanos Atlántico y Pacífico y del mar Caribe, incluidos los accesos por mar y aire al canal de Panamá, y a su debido tiempo debe conseguir que los otros Estados americanos acepten que EEUU tiene el control militar de la defensa de esas áreas. […] Continuar y establecer donde convenga misiones de entrenamiento militar en naciones de América Latina[81].

¿Tenía otras opciones sobre la mesa Ibáñez del Campo? Las tuvo y las rechazó, sin equilibrio alguno:

Al Presidente […] le gustaría tener aquí una Misión del Ejército de Estados Unidos. Piensa que estas cosas son importantes no sólo para la defensa sino también por razones políticas y psicológicas. Francia e Italia han extendido hace poco invitaciones a oficiales del Ejército de Chile para que estudien en esos países, pero el Presidente ha rechazado la invitación, diciendo que desea para Chile entrenamiento de Estados Unidos y no europeo. Italia está tratando de vender a Chile destructores a bajo precio a cambio de materias primas chilenas[82].

John Foster Dulles, secretario de Estado, instruía por su parte a la Embajada en Santiago que promoviera la instalación de la Misión del Ejército puesto que «esta alternativa permitiría al Ejército de EEUU aplicar más eficazmente la política aprobada de estimular la estandardización del equipo, doctrina y entrenamiento militar de los establishments militares latinoamericanos según los modelos de EEUU»[83]. Pero en términos tales que satelizaba de hecho al Ejército latinoamericano, al que se negaba la libertad incluso de recabar la cooperación de algún experto militar de otro país que no fuera EEUU:

Art. 31: En tanto este Acuerdo esté vigente, el Gobierno de la República de Chile no contratará, o aceptará, los servicios de ningún personal de ningún Gobierno extranjero, ni de ninguna persona que no sea ciudadano de la República de Chile, para actividades de cualquier naturaleza relacionadas con las Fuerzas Armadas de Chile, excepto previo acuerdo mutuo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Chile.

EEUU estaba exigiendo la subordinación absoluta del conjunto de las FF AA latinoamericanas, lo que hasta entonces no era el caso en el ejército de Chile. Ni en doctrina o entrenamiento, ni en equipamiento. La Administración Eisenhower exigía que el gobierno de Chile incluso perdiera la libertad de contratar a algún experto militar sin el visto bueno de EEUU. Tan completo enfeudamiento era resistido por mandos del Ejército de Tierra. Mientras aún estaba en Washington como Adicto Militar, el coronel Horacio Arce Fernández había informado que lo que EEUU imponía encontraba «alguna oposición, en especial entre los oficiales de mayor edad y entre los retirados que aún están a favor del modelo alemán de organización del Ejército de Chile». Había algo más, sin embargo. El comandante en jefe del Ejército –general Raúl Araya Stiglich– hacía llegar a la Embajada de EEUU su insatisfacción por la redacción del art. 31[84]. El gobierno de EEUU insistió en mantenerla. El Mando del Ejército de Chile mantuvo su resistencia. EEUU propuso una ligera modificación: Chile podría contratar a expertos o ciudadanos siempre que fueran de los países firmantes del Tratado de Río (TIAR). El Mando chileno continuó rechazando el art. 31. Los servicios norteamericanos establecieron entonces contactos informales para sondear la posibilidad de quebrar el Mando latinoamericano, y ésta fue la respuesta que recibieron: «“el Alto mando y el Ministro de Defensa [almirante Francisco O’Ryan] son pro-americanos, pero pueden cambiar, los EEUU deben aceptar el cambio propuesto ahora”. […] los generales chilenos están aparentemente unidos en su oposición al art. 31»[85].

En los años 1970-1973 también sería en el Alto Mando del Ejército de Chile donde fueron resistidas las sucesivas órdenes que el presidente Nixon le enviaba para que derrocaran el sistema republicano-representativo. La orden de Washington en septiembre de 1970, en las horas siguientes a conocer el resultado de las elecciones presidenciales, fue acatada en Santiago por los comandantes en jefe de la Marina, Fuerza Aérea y Carabineros, no por el del Ejército –general René Schneider–, quien hizo frente a la insurrección y la abortó. Tres años duró la resistencia dentro del Alto Mando del Ejército latinoamericano, hasta que a fines de agosto de 1973 rindieron su espada –abandonando sus puestos de mando– el jefe del Ejército –general Carlos Prats–, el comandante de la II División y Guarnición de Santiago –general Mario Sepúlveda Squella– y el comandante de Institutos Militares –general Guillermo Pickering. Coyuntura inesperada que posibilitó al sucesor de Carlos Prats, Pinochet, ser el primer jefe del Ejército profesional de Chile en traicionar a su Gobierno y sumar la “verticalidad del mando” a las hasta entonces frustradas conspiraciones de quienes recibieron el fajín de general tras pasar por Washington como agregados militares –Alfredo Canales, Sergio Nuño, Walter Heitmann, Gustavo Leigh. O por guarniciones de las FF AA de Estados Unidos en Panamá u otros asentamientos, como Washington Carrasco, jefe en 1973 de la III División con sede en Concepción.

En resumen, la presidencia del general Ibáñez del Campo completó la obra de los gobiernos de Juan Antonio Ríos y González Videla, el Estado chileno acabó de perder la independencia que había preservado hasta que en 1943 fue uncido a la Coalición bélica contra Alemania. Entre 1943 y 1958 sus instituciones de Defensa fueron progresivamente articuladas como auxiliares de las de EEUU contra la Potencia europea. La doctrina, entrenamiento y equipos pagados con los escasos recursos del país latinoamericano, eran una parte de la planificación global del líder de la Coalición de la Guerra Fría. En cuanto al programa de ayuda militar, ya en 1959 era una realidad que «depende de EEUU el 100% del apoyo y mantenimiento de las unidades efectivas de la Fuerza Aérea de Chile»[86].

A lo largo de la guerra fría continuó siendo un postulado de las sucesivas administraciones de EEUU «la oposición a cualquier impulso hacia el establecimiento de misiones militares, agencias o personas con funciones similares, que no procedan de las Repúblicas Americanas»[87]. En el ánimo de los estrategos de Washington la subordinación militar de América Latina debía ser absoluta, excluyendo los pertrechos militares que no procedieran de EEUU. El Consejo Nacional de Seguridad ordenaba «tratar […] de disuadir la compra por los gobiernos latinoamericanos de equipamientos militares a otros países del Mundo Libre […]. Tratar de evitar que otros países del Mundo Libre vendan equipos militares a los Estados de América Latina»[88].

En 1953 diez países de América Latina habían aprobado el Plan Militar General de EEUU, Chile entre ellos[89]. Su misión no era tanto enfrentar una hipotética agresión contra el territorio de las repúblicas latinoamericanas sino cumplir misiones de “seguridad interior”. Es decir, sobre los ciudadanos de sus propias naciones, sin límite alguno –con el tiempo bombardearían sus instituciones, matarían a jefes de Estado, derrocarían gobiernos legales e impondrían largas y prolongadas dictaduras sobre sus propias sociedades. La directiva del National Security Council 5613 concluía que «para enfrentar amenazas comunistas de buena fe [bona fide] debemos también proporcionar equipo y entrenamiento gratuito para seguridad interna»[90]. Tal fue la lógica que tuvieron a la postre la aplicación de conceptos como los del secretario de Estado John Foster Dulles del 2 de abril de 1957[91]:

Enviado a: Embajada Ame. SANTIAGO. Su 515. Después de revisar durante los pasados nueve meses los intereses militares de EEUU en América Latina, los jefes del Estado Mayor Conjunto (JCS) han determinado que en esa área existe el requerimiento de diez escuadrones de cazas bombarderos, uno con sede en Chile. […] Esas unidades se requiere que desempeñan tareas de defensa hemisférica y aunque se reconoce la posible contribución a la seguridad interior, ésta es una misión en principio subordinada. Al decidir emplazar un escuadrón en Chile se ha considerado la recomendación del Grupo Asesor de Asistencia Militar (MAAG) de agosto de 1956, asumido por la Embajada, de proveer 20 F80, pero este no, repito, no ha sido el factor determinante. JCS se determinó también teniendo en cuenta el punto de vista de MAAG, CINCARIB[92] y las tres Armas sobre si Chile tiene capacidad militar para mantener ésta y otras unidades previstas en los objetivos de fuerza del JCS. Si MAAG ha reconsiderado su opinión acerca de la capacidad militar de Chile o si Vds. consideran que Chile no lo desea, o que por razones políticas o económicas es incapaz de llevar a cabo la misión que se le asigna, el JCS revisará su decisión. MAAG debe presentar las consideraciones militares a través de los canales militares. […] En el orden de prioridades actual, los T33 no, repito, no están disponibles para Chile, y dado que los F80 están disponibles Defensa no desea distraer T33 para vendérselos a Chile[93].

El Convenio de Ayuda Militar entre EEUU y Chile de 9 de abril de 1952, en vigor desde el 11 de julio siguiente, iba con todo más allá de lo hasta ahora expuesto. Aunque es un documento público, vinculante para el Estado y sometido a las normas que regulan las relaciones exteriores del país, fue firmado con un anexo secreto –no registrado ni publicado. Como tampoco lo fueron sus ulteriores modificaciones, que entraban en vigor con la sola firma del jefe del Ejército de Chile y el del Grupo Asesor de Asistencia Militar –MAAG– (véase documento 10, despacho de la Embajada de EEUU al Departamento de Estado de 8 de junio de 1959). Sin conocimiento, por supuesto, del Congreso, pero tampoco del ministro de Defensa ni del jefe del Estado si el Mando castrense les sustraía la información. En 1953, EEUU tenía Acuerdos de Ayuda Militar (MAA) efectivos con ocho Estados latinoamericanos: Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador y Perú. Al menos los tres primeros contemplaban planes militares secretos, convenidos entre el mando de las FF AA latinoamericanas y el de la Misión local de las estadounidenses[94]. Los ocho Estados fueron sometidos a dictaduras militares en una etapa u otra de las décadas siguientes, si no lo estaban ya en el momento de suscribir los acuerdos militares –como Cuba, bajo la del general Fulgencio Batista.

Influir en la política militar del país anfitrión es una de las tareas de las misiones militares: «Cuba tiene planes para comprar una cantidad bastante sustantiva de armas al Departamento de Defensa, como resultado en gran parte de las recomendaciones que de vez en cuando ha hecho la Misión del Ejército de EEUU en Cuba»[95]. Pero también lo era la intervención en la política interior. Un ejemplo, el 20 de noviembre de 1953 el National Security Council informaba[96]:

Como un factor de la política de EEUU se ha decidido que las Misiones del Ejército y la Fuerza Aérea de EEUU deben mantenerse en Guatemala, incluso aunque el actual gobierno de Guatemala se halla muy influenciado por comunistas. Las FF AA de Guatemala aparentemente no han sido infiltradas por los comunistas y parecen ser el elemento más significativo en Guatemala con capacidad de influir en la indeseable situación política actual. Las misiones de EEUU pueden desempeñar el útil papel de promover entre el personal militar de Guatemala actitudes pro-EEUU.

Cumplida la misión, en mayo de 1954 el National Security Council adoptaba para Guatemala la directiva 5419 y el presidente Eisenhower ordenaba la NSC Action 1135, con instrucciones precisas al Comando de la Marina de EEUU en el Caribe. En junio siguiente la auspiciada insurrección militar derrocaba al doctor Jacobo Arbenz, presidente constitucional. A Guatemala se le impuso el castigo de una dictadura de casi cuatro décadas, hasta que la guerra fría hubo finalizado. Alcanzado el objetivo contra el doctor Arbenz, la NSC 5419 fue reemplazada por la NSC 5432[97].

Las misiones militares de EEUU han intervenido, además, funciones diplomáticas y económicas de los Estados latinoamericanos. En el despacho de 9 de octubre de 1959 titulado «Financial Year 1961 Mutual Security Program for Chile», dirigido al State Department desde la Embajada en Santiago, el plan de asistencia militar era subordinado a que el país sometiera su política socioeconómica interna a los criterios fijados por EEUU:

A. U.S. Objetivos de EEUU en Chile. En general, los objetivos dominantes de EEUU en Chile siguen los objetivos de EEUU para América Latina contenidos en el OCB [Operations Coordinating Board] Regional Operations Plan para América Latina, de 1 de julio de 1959. […] El actual gobierno de Chile, bajo el liderazgo del presidente Alessandri, en funciones desde hace once meses, es un gobierno amigo de EEUU cuya filosofía política y económica están de acuerdo con nuestros propios planteamientos. En el campo político este gobierno puede normalmente esperarse que apoye la posición de EEUU y el mundo libre en las reuniones internacionales y en relación con los problemas que puedan presentarse. Desde el punto de vista económico […] su filosofía es de simpatía a la empresa privada y a inversiones extranjeras. Debe enfatizarse, sin embargo, que en la elección de septiembre de 1958 el presidente Alessandri recibió sólo poco más del 30% de los votos populares; su rival más cercano, el senador Allende, con el apoyo de los partidos de extrema izquierda, le fue a la zaga por sólo unos 30.000 votos de un total de 1.250.000. […] A comienzos de 1961 deben celebrarse elecciones Parlamentarias […] si la gente pierde la ilusión podemos esperar un giro más bien fuerte hacia la extrema izquierda. Por ello […] es de interés para el gobierno de EEUU y sus intereses generales en América Latina hacer todo cuanto está en su poder y recursos para ayudar a la actual Administración amiga de Alessandri para que alcance sus metas económicas […]. Tanto el programa de asistencia militar como el de asistencia técnica necesitan ser evaluados en función de su relación con los recursos y necesidades de la economía chilena y las medidas del gobierno frente a los problemas económicos. Incluso la cuestión de la contribución de Chile a la defensa hemisférica debe ser contemplada, al menos en un nivel sustancial, en función de las condiciones sociales y económicas internas […] [de modo] que propicien un área política y económica estable con un gobierno y un pueblo que pueda ser contemplado como amistoso hacia EEUU.

XI. Socialistas y democratacristianos en América Latina

En contraste con la privilegiada atención prestada al PCCh, durante la década de los años cuarenta era escasa y marginal la que el Departamento de Estado concedía a los socialistas. Apenas se halla en la documentación alguna breve alusión a personas o fracciones, en particular al ministro radical-socialista Juan Bautista Rossetti –vinculado a las operaciones de ACHA. A partir de 1952, con ocasión de la primera candidatura presidencial del doctor Allende, se observa un seguimiento más cercano. En especial después de la unificación del movimiento sindical en la Central Única de Trabajadores (CUT, 1955), seguida el 29 de febrero de 1956 por la alianza de los partidos Socialista y Comunista en el Frente de Acción Popular (FRAP) y la unificación, en julio de 1957, del Partido Socialista Popular (PSP) y el Partido Socialista de Chile (PSCh) del propio doctor Allende. William Belton, consejero de la Embajada de EEUU en Santiago, terminaba su informe comentando que en la unificación socialista se impuso la adopción de la alianza conocida como “frente de los trabajadores” –propiciada por la fracción procedente del PSP y contrapuesta a la auspiciada por el sector próximo al doctor Allende, partidario este último de una alianza sociopolítica más amplia que la de los solos partidos obreros:

La resolución política final del Congreso reafirma la tesis del PSP de “frente de los trabajadores” como el instrumento para la conquista del poder político, que repudia alianzas con los partidos burgueses no marxistas. El Partido Liberal, el Partido Conservador Unido, el Partido Agrario-Laborista y el Partido Nacional fueron caracterizados como partidos “feudal-burgueses”. El Partido Falange Nacional y el Partido Radical recibieron la misma crítica, sus diferencias con los partidos más reaccionarios siendo descritas como una simple diferencia de grado. […] Es notable que la adopción por el congreso de la política de “frente de los trabajadores”, su intención de nombrar a un candidato Presidencial del Frente de Acción Popular (FRAP), y su rechazo a cualquier alianza con el Partido Radical, tiende a aislar a los propios socialistas tanto como a los radicales contra los que expresan su hostilidad[98].

Mientras que en la Embajada de EEUU preocupaban los esfuerzos del doctor Allende para impulsar un proyecto nacional abierto a los sectores del centro sociopolítico, sobre la base del núcleo conformado por la alianza PS-PC, apenas mostraban inquietud por el denominado “Frente de Trabajadores” sostenido por los ex PSP como Raúl Ampuero, Carlos Altamirano, Adonis Sepúlveda y otros.

El 15 de noviembre de 1957 el embajador de EEUU volvía a alarmarse por la dificultad que encontraba para controlar las libertades internas de Chile:

[…] según algunas indicaciones Ibáñez [del Campo] ahora está a favor de la elección del candidato Presidencial del FRAP [Allende] […]. El PCCh es uno de los más grandes y mejor organizados partidos comunistas en América Latina. Su influencia en la actividad laboral y en la política de la izquierda representa una amenaza durmiente a la seguridad de EEUU y podría representar una amenaza positiva, en particular para la unidad hemisférica, si las elecciones presidenciales o maniobras irresponsables de Ibáñez conducen al PCCh a una posición donde pueda influenciar la política gubernamental[99].

El 14 de mayo de 1958 la Cámara de Diputados abrogó la legislación represiva de González Videla, y cuatro días después lo hacía el Senado. El embajador de EEUU insistía el 20 de mayo en que: «el presidente [Ibáñez] es impredecible en este terreno, lo que hace imposible prever qué salto vaya a dar en este momento». El embajador norteamericano no controlaba al Congreso chileno. Tampoco a la persona del entonces jefe del Estado, hasta el extremo de no estar seguro de si éste interpondría el veto a la nueva ley. Y así era en propiedad. En esas fechas, el ministro de Asuntos Exteriores, Osvaldo Saint-Marie, enfrentaba una acusación constitucional en el Senado. El presidente Ibáñez, a quien le faltaba un voto para evitar que la moción de censura prosperara, llamó a consulta al senador Allende y le solicitó que votara contra la destitución de su Ministro. El doctor Allende pidió al jefe del Estado que, a cambio, no vetara sino que promulgara tanto la nueva Ley electoral –que implantaba la cédula única para combatir el fraude– como la nueva Ley de Seguridad Interior del Estado –que reemplazaba a la de 1948. Ambos cumplieron el compromiso, y el PCCh recuperó sus derechos políticos.

La documentación del Departamento de Estado correspondiente al período Ibáñez del Campo (1952-1958) aún es en gran parte inaccesible, en particular los despachos de 24 de junio de 1955, 19 de diciembre de 1956 y tres de las fechas inmediatamente anteriores y posteriores a las elecciones presidenciales de 4 de septiembre de 1958. El candidato del Frente de Acción Popular (FRAP), doctor Allende, siempre estuvo convencido de haber ganado esa elección y de que en el escrutinio se cometió fraude durante las horas en que el suministro eléctrico fue interrumpido. Antes del apagón su candidatura iba en cabeza en el recuento de votos, restablecida la luz eléctrica la del conservador Jorge Alessandri apareció con ventaja de unos 30.000 sufragios. En los archivos de EEUU debiera estar encerrada la verdad de lo ocurrido aquella noche.

Hoy es analíticamente posible constatar que el control de un Estado de América Latina con una activa práctica de democracia representativa y un régimen de hegemonía presidencial, desde 1945 ha reposado para Washington en la cooptación o soborno de específicas individualidades, en especial la persona del jefe del Estado. En segundo lugar, la investigación del Senado norteamericano de 1975 ha documentado que contra las candidaturas de la coalición encabezada por el doctor Allende en 1952, 1958, 1964 y 1970, los servicios de EEUU intervinieron con toda la panoplia de sus medios –no sólo los de acción psicológica sino también los de sobornos, asesinatos, insurrecciones militares y terror sobre la población en masa. En tercer lugar, los métodos de intervención en Chile a lo largo de las décadas de guerra fría fueron un desarrollo de los ensayados en Italia para impedir que el Frente Democrático Popular (Socialista-Comunista) ganara las elecciones parlamentarias de 18 de abril de 1948, donde la Administración Truman dio instrucciones de recurrir a todos los expedientes –incluido el fraude en el escrutinio–, según revelan los documentos desclasificados en 1993[100]. En cuarto lugar, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales chilenas de 1958, la CIA formulaba una estimación desvinculando la candidatura del FRAP de su contexto endógeno y subordinándola –sin fundamento real, en mi opinión– a la dialéctica de la guerra fría con la URSS: «un éxito electoral de la coalición política de nacionalistas, dirigentes sindicales y comunistas locales […] sería un éxito para […] los objetivos políticos generales de Moscú en América Latina»[101].

Después de las elecciones presidenciales de 1958 lo que más interés despertaba en los servicios de EEUU eran las líneas de fractura interna en el FRAP susceptibles de quebrarlo:

Aunque hay algunas divergencias de opinión dentro del Partido Socialista, por un lado al senador Salvador Allende, Presidente del FRAP, se le atribuye estar a favor de mantener estrechos lazos con los comunistas, por otro el senador Raúl Ampuero favorece una línea más independiente, pareciera que los socialistas van a continuar moviéndose en una dirección independiente de los comunistas, con el consiguiente resultado de debilitar el FRAP (Confidencial)[102].

El despacho del agregado laboral de la Embajada en Santiago, de 9 de septiembre de 1959, describía la división sobre opciones estratégicas que polarizaría a los socialistas de Chile hasta 1973, y mucho más allá. Las sostenidas por el doctor Allende casi siempre fueron puestas en minoría por la fracción procedente del antiguo PSP (Altamirano, Ampuero, etc.):

El XVIII Congreso Nacional del Partido Socialista, señalado para el 26-30 de agosto, ha sido pospuesto indefinidamente. Un miembro del P.S., Gerardo Soto Sazo, inspector del trabajo de Talagante y militante del P.S. desde hace mucho tiempo, informa a este Oficial que el Congreso ha debido posponerse porque las dos facciones dentro del Partido no han sido capaces de reconciliar sus diferencias básicas. […] Las dos facciones más importantes son: a) la dirigida por el senador Raúl Ampuero, que procede del Partido Socialista Popular, y b) la del senador Salvador Allende, que viene del Partido Socialista de Chile. Según la fuente, que se identifica a sí mismo con la facción de Ampuero, el grupo Ampuero está a favor de un cambio revolucionario en el sistema económico y tiene una postura muy decidida y firme contra los comunistas. Según dice, la otra facción está formada por “socialistas vacilantes” que aceptan un cambio gradual en el sistema económico y que están indecisos en su posición hacia los comunistas […]. La fuente identifica a todos los representantes del P. Socialista en el Directorio Nacional de la CUT como miembros de la facción Allende. Indicaba que por esta razón la CUT estaba demasiado dominada por los comunistas y que él personalmente estaba en contra de la CUT a nivel nacional o provincial. Confidenciaba que ésta era la posición de la facción Ampuero del P.S. La fuente indica que en el Comité Central [del PS] la fracción Ampuero tiene 12 representantes y la de Allende 6. Aunque ambas fracciones participan en el FRAP, cada una lo hace con un sentido diferente de la naturaleza de la colaboración […]. La fuente afirma ser un amigo muy estrecho del senador Ampuero e indicó que Ampuero es muy anti-norteamericano. […] Hasta que las principales facciones dentro y fuera del Partido no encuentren un terreno común, habrá siempre mucha confusión sobre lo que “un socialista” propicia en Chile.

Tras la entrada en La Habana de los guerrilleros de Fidel Castro el 1 de enero de 1959, la tesis de alianza limitada al PCCh y al PSCh en el “Frente de Trabajadores” empezó a perder terreno entre quienes hasta entonces la apoyaban, algunos prefiriendo la mimesis de la Revolución cubana (Carlos Altamirano, Erik Schnake y otros). En el Congreso del PSCh de Chillán (1967) el senador Allende tuvo que emplearse a fondo para impedir que su partido no fuera arrastrado tras la tesis sostenida por la mayoría de los delegados, que propiciaba lanzar al PSCh por la vía de la insurrección armada[103].

El debate en torno de lo que significaba “socialismo” como proyecto social alternativo en una economía integrada en el sistema mundial como es la latinoamericana, o sobre los requisitos y elementos de los caminos de transición a otra organización del Estado y de las relaciones socioeconómicas, no se resolvió en 1967 en el PSCh con la expulsión de Raúl Ampuero –por haber cometido fraude en la elección de delegados al Congreso del Partido. El expulsado fundó entonces la Unión Socialista Popular (USP) y presentó candidaturas propias en las parlamentarias de marzo de 1969, Ampuero disputando en persona –sin éxito– al doctor Allende el escaño en el Senado por la circunscripción de Chiloé, Aysen y Magallanes. La investigación del Senado de EEUU revelaría, años después, que la CIA financió la campaña electoral de 1969 de la USP con el propósito de quitarle votos al doctor Allende. Y aunque fracasó en su intento de impedir que éste fuera reelegido senador, la CIA calcula que la operación USP de 1969 logró privar al Partido Socialista de al menos siete escaños en el Congreso[104].

XII. Cooptación y estipendio de líderes

Combatir el respaldo electoral a la amplia alianza sociopolítica auspiciada por el doctor Allende era sólo una de las vías de intervención de la Coalición de la Guerra Fría. Otra era el estipendio y compra de personas, civiles o uniformadas, dispuestos a mantener el país latinoamericano dentro de la disciplina de la Coalición. Cinco días antes de la elección de John F. Kennedy como presidente de EEUU, el Consejo Nacional de Seguridad (NSC) disponía

tratar –si es necesario mediante contactos directos […]– de influenciar a elementos moderados de izquierda pero anticomunistas en movimientos políticos, sindicales y otros grupos reformistas, para identificar sus aspiraciones de reformas en cooperación con EEUU y, según sea oportuno, utilizar su potencial como medio para limitar la influencia comunista.

En el logro de este objetivo el NSC decidía movilizar otros recursos del conjunto de la Coalición de la Guerra Fría, en especial de países con vínculos culturales, ideológicos, religiosos o materiales con América Latina –obviamente, los europeos:

estimular a otros gobiernos del Mundo Libre, grupos e individuos para que complementen los esfuerzos de EEUU a este respecto. […] Estimular, según sea apropiado en cada país, las actividades de organizaciones sindicales, regionales e internacionales del Mundo Libre, y secretariados comerciales[105].

Quedaba así abierta la vía hacia Iberoamérica a partidos y fundaciones democristianos, liberales y socialdemócratas europeos, en particular los que disponían de mayores recursos y organización –los de Alemania Federal, con sus ricas fundaciones Adenauer, Neumann y Friedrich Ebert, o de Italia, cuya Democracia Cristiana regía el Gobierno desde 1943.

Una primera manifestación para articular el PDC chileno con partidos integrados en la Coalición europea de la Guerra Fría tuvo lugar en julio de 1955. Juan de Dios Carmona, a la sazón diputado de la Falange Nacional, ofrecía a la Embajada de EEUU que su

partido podía demostrar la unidad de propósitos entre EEUU y elementos demócratas progresistas que buscan el progreso social [en América Latina]. Manifestó que creía que la Falange y grupos similares en otras Repúblicas podían jugar un importante papel en el Hemisferio. […] Mr. Lyon respondió que su reciente experiencia durante su trabajo en Alemania le ha convencido de la importancia del movimiento Social Cristiano, le dijo que le agradaba oír lo que Carmona decía y […] que sería muy útil que algunos líderes democratacristianos pudieran venir desde Europa, dado que los países de Sudamérica pueden aprender de la experiencia directa de los europeos con el Comunismo, a través de berlineses del oeste, por ejemplo[106].

En 1961 la Administración Kennedy nombró un comité electoral de personas de alto rango del Departamento de Estado, la Casa Blanca y la CIA con la misión de dirigir el proceso electoral en Chile, en coordinación con otro comité en Santiago. Fue aquel 1961, tres años antes de las siguientes elecciones presidenciales, cuando el Comité

estableció relaciones personales con partidos políticos clave, creó mecanismos de propaganda y organización capaces de influenciar a sectores clave de la población […], capacitar y organizar a “anti-comunistas” entre los campesinos, pobladores, sindicatos, estudiantes, medios de comunicación, etc.[107].

El personaje cooptado y estipendiado para encabezar políticamente la vasta operación fue Eduardo Frei Montalva[108]. Con este democristiano la historia moderna de Chile entraba en una nueva etapa, la elección de un presidente de la República en la nómina de pago de potencias extranjeras. Desde 1943 los ocupantes del Palacio de La Moneda se habían venido inclinando ante las exigencias de Norteamérica[109], pero no hay constancia de que hubieran llegado a la Presidencia después de un proceso de selección y soborno por el gobierno de EEUU –o de otro Estado miembro de la Coalición de la Guerra Fría. En cambio, ya en 1962 –a dos años de las elecciones presidenciales–, los servicios clandestinos de Washington entregaban 50.000 dólares al Partido Demócrata Cristiano (PDC), y una cantidad superior –180.000 dólares americanos– fue asignada a la persona de Eduardo Frei, quien la recibió[110].

Coexistía en el seno de la Democracia Cristiana, sin embargo, otra opción de alianza sociopolítica, que propiciaba conformar un frente popular del que formara parte el PDC. En enero de 1962 el senador Radomiro Tomic expuso al embajador de EEUU su opinión favorable a que el PDC estableciera alianzas con el Partido Socialista y el Partido Comunista. El embajador Charles W. Cole respondió a Tomic

que EEUU no podía apoyar a un gobierno de Frente Popular del que los comunistas pudieran formar parte, aunque fuera en minoría. El Senador creía que en semejante situación de minoría los comunistas [no] podrían tomar el control y que, más bien al contrario, la ayuda de EEUU a un gobierno de Frente Popular encabezado por un socialista o un democristiano, y que incluyera a los comunistas, serviría para disminuir la influencia comunista en tal Gobierno. […] Sobre la importante cuestión de si la clase hoy dominante en Chile aceptaría reformas profundas antes que perderlo todo en una revolución violenta, el Senador indicó que más bien que aceptar tales reformas aquélla trataría primero de instaurar una dictadura militar[111].

La disyuntiva entre una u otra alianza sociopolítica atravesaba también a otras formaciones. En 1962, el Partido Democrático Nacional (PDN) estaba integrado en el Frente de Acción Popular (FRAP), pero Luis Pareto, diputado entonces del PDN, ya actuaba como enlace de la Embajada de EEUU para evitar que aquél respaldara en 1964 una candidatura presidencial del senador Allende[112]. El 13 de febrero de 1962 los oficiales de la Embajada de EEUU Rudy F. Fimbres y Norman M. Pearson observaban que al derrotar la candidatura del diputado Clodomiro Almeyda en el XIX Congreso del Partido Socialista, el senador Raúl Ampuero parecía haber impuesto sus tesis en el PSCh:

Ampuero rechazaba la tesis comunista de una vía pacífica hacia el poder. Su repudio de la vía pacífica y parlamentaria para conquistar el poder, su insistencia en una “revolución” mediante un “frente de trabajadores” le hace aparecer en estos momentos como más antidemocrático que el PCCh. [Pero], la oposición a relaciones estrechas con el PCCh tiene un significado adicional en la escena política chilena: abre la puerta a una cooperación más estrecha del PSCh con el Partido Demócrata Cristiano –que no desea verse contaminado con una asociación con el PCCh y desea terminar su aislamiento político como único partido independiente de oposición. Existe también la posibilidad de que la coalición PSCh-PDC pueda interesar al aspirante a la presidencia Carlos Montero Schmidt, presidente del PADENA, y al propio PADENA, lo que dejaría al PCCh virtualmente como el único partido en el FRAP[113].

Ya el 20 de diciembre de 1961 Norman M. Pearson, consejero político de la Embajada de EEUU, había recogido la posibilidad de que el retórico maximalismo de Ampuero pudiera derivar en una alianza del Partido Socialista con el PDC que quebrara la base de la alianza social que sustentaba el proyecto nacional del doctor Allende[114].

¿Qué auspiciaba la Iglesia católica? El recién designado cardenal-arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, explicaba a EEUU que no debía impacientarse por la lentitud del presidente Alessandri en aplicar las medidas que le urgía desde la Alianza para el Progreso con el fin de atajar el ascenso de las izquierdas del Continente:

El Cardenal dudaba que el Gobierno fuera capaz de sostener reformas estructurales profundas. El mayor obstáculo, dijo, era el propio Alessandri, cada vez más neurótico e inestable, y más que nunca carente de liderazgo y decisión. Si una victoria del FRAP pudiera ahora ser evitada, la mayor bendición sería que [Alessandri] dimitiera. Dudaba que lo hiciera, a pesar de amenazar con ello muchas veces, y, en todo caso, unas elecciones así anticipadas conducirían hoy a una victoria del FRAP que traería reformas estructurales pero conllevaría una reorientación desastrosa para el país. En consecuencia, debemos convivir con el actual Gobierno, empujarle donde podamos, y auparle lo suficiente para que aguante en el poder hasta el final del período electoral, en la esperanza de que una reforma limitada, alguna mejora en el nivel de vida, mejore la posibilidad de una sucesión moderada; depositemos nuestras esperanzas en que llegue al poder un Radical o un Demócrata Cristiano. Creía que había mucha posibilidad de que Frei ganara la elección [presidencial] de 1964 con respaldo de muchos de los actuales votantes liberales y conservadores y de gran cantidad de electorado flotante. Reconocía el peligro de que tanto los radicales como los democristianos presentaran candidato, lo que dividiría al centro y haría posible que el FRAP ganara en 1964, pero pensaba que esto podría evitarse en la medida en que a medida que se acercaba el momento de las elecciones se viera realistamente el peligro FRAP. En resumen, EEUU no puede aplicar ahora el tipo de reformas contempladas por la Alianza pero […] ello no debe significar que abandonemos toda nuestra ayuda y apoyo a Chile[115].

Mientras la propaganda negra vehiculada por El Mercurio se intensificaba, el senador Eduardo Frei manifestaba el 1 de marzo de 1962 al embajador de EEUU que

aunque desanimados por la situación actual y la incapacidad del gobierno [Alessandri] de adoptar decisiones significativas y aplicar reformas realmente profundas […] del tipo de la Alianza para el Progreso […], el único camino correcto para EEUU era ayudar al actual gobierno en sus dificultades para asegurar que aguantaba hasta 1964, evitar así el posible caos y la posibilidad real y actual de una victoria del FRAP si Alessandri dimitía. […] Explicó con bastante amplitud que su partido era resueltamente anticomunista […] que los radicales se estaban reconciliando para apoyarle a él como candidato común [en las elecciones presidenciales de 1964]. Señaló que incluso si él fuera el candidato único de las fuerzas no marxistas, entraría en liza e iría donde pudiera derrotar al candidato del FRAP[116].

Una horas después el ministro de AA EE (Partido Radical) aseguraba al Embajador que «el ala del PDC dirigida por Frei y la del Partido Radical representada por el propio ministro de AA EE [Carlos Martínez Sotomayor] y [Luis] Escobar [Cerda]» negociaban con el «objetivo de formar un sólido frente» contra el FRAP[117]. Una semana más tarde el Embajador gestionaba el apoyo dentro del Partido Conservador a una alianza contra las izquierdas, para lo que contaba con Sergio Díez, según el cual

si la Alianza para el Progreso tiene éxito durante los próximos dos años, el FRAP no tendría ninguna posibilidad de ganar la elección presidencial de 1964. Para asegurar la derrota de aquél, Díez dijo que los democratacristianos deben unirse con los partidos que sostienen el Gobierno [Alessandri] en un frente común. […] Díez es consciente que la fusión del Partido Conservador y del PDC no es factible, pero él cree posible formar una especie de “Federación Demócrata Cristiana”. Esta federación estaría de acuerdo en las políticas más importantes, como la política internacional y el candidato presidencial, pero en lo demás cada partido debe seguir su propio camino. Asume que la federación apoyaría al senador Eduardo Frei si se superara la resistencia a la Federación del sector Tomic en el PDC y de los ultraconservadores del Partido Conservador[118].

Transcurridos dos meses, el embajador Cole informaba a Chester Bowles, representante especial del presidente Kennedy, de la «posibilidad real de que con una vigorosa ayuda nuestra el FRAP puede ser derrotado en la elección presidencial de 1964»[119].

En la década de los sesenta la estructura y las prácticas democráticas internas de los partidos políticos de Chile no facilitaban el trabajo a los dirigentes cooptados, ni en la izquierda ni en la derecha. Así se reflejaba en el informe del 11 de julio de 1962 que, un mes después de que Radomiro Tomic renunciara a ser candidato a la Presidencia, hacía reposar la intervención de EEUU en el PDC y en la persona de Frei :

La obvia insatisfacción del gobierno de Chile con el volumen, rapidez y procedimientos para recibir ayuda de EEUU al amparo de la Alianza para el Progreso, ha acentuado consistentemente los latentes sentimientos antinorteamericanos. El presidente Alessandri y los dos partidos que lo eligieron en la Presidencia –el Conservador y el Liberal– nunca han sido entusiastas de la Alianza para el Progreso desde que ésta fuera anunciada por el presidente Kennedy en marzo de 1961. Ahora el Gobierno de Chile […] ha desarrollado una creciente tendencia a culpar de sus dificultades a EEUU. […] No sería sorprendente que, a pesar de la gran cantidad y variedad de la ayuda de EEUU, todos los principales contendientes de la elección presidencial de 1964 asumieran una postura anti-EEUU. El FRAP hace tiempo que tiene esa posición, y dada la actitud prevaleciente entre los partidos del Gobierno, éstos pueden realmente adoptar una postura semejante. La natural antipatía latina hacia EEUU aumenta el apoyo popular a esa línea, que es la otra cara de la moneda, la de simpatía con los cubanos. Durante los últimos dos años sólo los democratacristianos han tenido una seria actitud pro-EEUU. Pero si todos los otros principales partidos chilenos asumieran una actitud anti-EEUU, esto pudiera provocar que para los democratacristianos resultara imposible no hacer lo mismo[120].

El presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt (de Acción Democrática), aceptó invitar a «Tomic o Eduardo Frei, o a ambos, para tratar de influir en que acepten una candidatura común con los partidos Radical y Conservador […] y no permitir la elección de Salvador Allende»[121]. El presidente de EEUU, John F. Kennedy, a su vez, al recibir el 11 de diciembre de 1962 en su despacho al de Chile apreciaba oír a Jorge Alessandri predecir «que no se darían factores económicos o sociales que en las elecciones de 1964 pudieran significar un revés electoral para los partidos» opuestos a la coalición del Frente de Acción Popular[122]. En enero de 1963 era el embajador de Alessandri, Walter Muller, quien intimaba al presidente Kennedy que

sabía de buena fuente que el senador Allende ya no estaba seguro de ganar las elecciones como candidato del Frente Popular. El Presidente [Kennedy] expresó su satisfacción por oír esa opinión, pero puso énfasis en que era mucho más importante que nosotros quebráramos el atractivo de la Izquierda en Chile mediante la realización efectiva de las reformas que se estaban iniciando en Chile[123].

En 1964, la CIA financiaría más del 50% de los gastos de la campaña electoral de Frei, aportando unos 20 millones de dólares; es decir, una inversión por votante superior a la suma ese mismo año de los candidatos republicano y demócrata en las presidenciales de EEUU:

La CIA montó una masiva campaña de propaganda […]. Fue una “campaña del terror”. […] “Desinformación” y “propaganda negra” fueron también utilizados. […] Durante la primera semana de propaganda intensiva (la tercera semana de junio de 1964), propaganda del grupo pagado por la CIA produjo veinte cuñas radiales por día en Santiago y en 44 emisoras de provincias; boletines informativos de 12 minutos cinco veces al día en tres emisoras de Santiago y 24 estaciones de provincias; miles de folletos, y mucha publicidad pagada en la prensa. A fines de junio, el grupo producía 24 informativos diarios en Santiago y provincias, 26 programas de “debate” por semana, y distribuía 3.000 pósters cada día. […] Además, la CIA subsidiaba a medios de comunicación amigos […]. Desde 1953 hasta 1970, en Chile, la estación [de la CIA] subsidió agencias de noticias, revistas escritas para círculos intelectuales, y un semanario de derechas[124].

El operativo CIA se complementaba con los aportes paralelos de fundaciones y partidos europeos, todos coordinados por el líder de la Coalición de la Guerra Fría. Como el llevado a cabo entre 1957 y 1963 a través de un jesuita belga, Roger Vekemans, quien al frente de una organización de apoyo al PDC de Frei llegó a tener cien empleados y un presupuesto anual de 30 millones de dólares –de fuentes movilizadas desde la Coalición de la Guerra Fría. En 1963, Vekemans recibió diez millones de dólares de la CIA y de la gubernamental AID (Agency for International Development), siempre para apoyar al PDC y Eduardo Frei –según manifestaría el propio Vekemans a la edición europea de la revista Time de 11 de agosto de 1975. En septiembre de 1964, Eduardo Frei, candidato único de los partidos coaligados contra la candidatura del doctor Allende, obtenía menos sufragios masculinos que este último. Pero le sobrepasaba en femeninos lo bastante para asegurar la continuidad del país andino en la Coalición de la Guerra Fría, y cerrar el paso a las reformas económicas y sociopolíticas del proyecto nacional alternativo.

Pero a pesar de todo en 1964 los fundamentos del Estado y de los partidos políticos continuaban siendo democráticos. Para 1970, Eduardo Frei y su equipo habían perdido incluso el control del Partido Demócrata Cristiano, ganado por su ala más popular y nacional. Ello a pesar de que el programa de intervención de la Coalición bélica se mantuvo durante los seis años del gobierno Frei, y de que se intensificó en ocasión de las elecciones presidenciales de 1970. El día 14 de aquel septiembre el gobierno de EEUU puso a disposición de Frei 250.000 dólares americanos para sobornar a parlamentarios del PDC y evitar que votaran a favor de la investidura del doctor Allende. el candidato más votado[125]. El nivel que alcanzó el intervencionismo de la Coalición de la Guerra Fría después de la victoria electoral del doctor Allende el 4 de septiembre 1970, y hasta el final de la misma guerra, es conocido muy parcialmente. En 1975 se desvelaron apenas algunas páginas ante las comisiones investigadoras del Congreso de EEUU, fragmentos de documentación aún hoy masivamente secreta que registra la magnitud y amplitud de las actuaciones para destruir los fundamentos republicanos del Estado latinoamericano[126]. Sin embargo, justo es notar que lo poco que de la misma se conoce es fruto de la sensibilidad moral de parlamentarios de EEUU ante la tragedia en que fue sumergido el pueblo del Sur. Ninguna investigación equivalente ha sido iniciada por el Congreso o el gobierno de Chile. Prueba adicional de que no ha recuperado su condición de Estado de Derecho, libre y soberano. En documentación pendiente de ser desclasificada en EEUU –sobre la que ninguna autoridad del Chile actual desea inquirir–, se leerán hechos desconocidos. Por ejemplo, cómo el secretario de Estado Henry Kissinger evaluaba en agosto de 1973 los cables que desde Santiago llegaban a su mesa solicitando permiso para asesinar al ministro de Defensa y al mismo tiempo comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats. La imprevista renuncia de éste al cargo el 24 de agosto aplazó el crimen por un año, él y su esposa caerían asesinados en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974 por agentes bajo las órdenes de Pinochet. La documentación aún clasificada confirmará también indicios que no estaban acreditados, como la presencia de militares de EEUU en los confines de Chile cooperando en la insurrección castrense del 11 de septiembre de 1973.

XIII. La Coalición bélica desintegra a Chile

En las presidenciales de septiembre de 1970, la Coalición en torno de EEUU intervino según el modelo aplicado, con éxito, en las elecciones de 1964. El 27 de junio anterior el Comité 40 del Consejo de Seguridad Nacional asignó 390.000 dólares a campañas de propaganda negra y desinformación contra la candidatura del doctor Allende[127]. El 24 de julio Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional, comunicaba a los secretarios de Estado y Defensa, al director de la CIA y al presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor que el Presidente Nixon ordenaba «revisar con urgencia, para antes del 18 de agosto, la política y estrategia de EEUU en el caso de que Allende ganara las elecciones[128]. Con todo, el 4 de septiembre de 1970 éste obtenía la primera mayoría de votos en sufragio universal y directo. El 24 de octubre siguiente el Congreso en Pleno le votaba por mayoría absoluta como presidente de la República –con el apoyo de los parlamentarios del PDC cuya dirección en esas fechas, opuesta al sector Frei, rechazó los sobornos promovidos desde Washington para que invistieran como Presidente al candidato en segunda posición –Jorge Alessandri[129].

El problema político mayor para la Coalición bélica había quedado al descubierto: las instituciones democrático-representativas dificultaban el control del país por la Potencia exterior. El objetivo a destruir fue señalado: el propio Estado democrático-representativo, las libertades de sus ciudadanos. La orden de golpe militar fue dada de inmediato por Nixon, el 15 de septiembre de 1970, a instancias del propietario del diario El Mercurio, Agustín Edwards, desplazado a este fin a Washington en compañía de Donald Kendall, presidente de Pepsi-Cola[130]. Se contactó para su ejecución al jefe de la Fuerza Aérea, al de la Marina y al de Carabineros[131]. Se alistó al jefe de la Guarnición del Ejército en Santiago, general Camilo Valenzuela[132]. El comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, se opuso a la insurrección y, tras un frustrado intento de secuestro, fue asesinado por los conspiradores. Pero su patriotismo, disciplina y respeto a la Constitución evitó el golpe de Estado y las instituciones representativas sobrevivieron, hasta que al cabo de tres años la Coalición interventora pudo crear condiciones favorables para una insurrección militar que destruyera no sólo el Gobierno sino el entero sistema republicano democrático. El programa estaba contenido en la Decisión núm. 93 del Consejo Nacional de Seguridad que Henry Kissinger dirigió, el 9 de noviembre de 1970 y por orden del presidente Nixon, a sus brazos ejecutivos: Secretarios de Estado, Defensa, Tesoro, Directores de la CIA y de la Oficina de Operaciones de Emergencia, Administrador de AID, Director del Office of Management and Budget, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor[133] (véase documento 11):

– El objetivo: «evitar que el Gobierno de Allende se consolide y limitar su capacidad de llevar a la práctica políticas contrarias a los intereses de EEUU y del hemisferio».

– Los medios:

a) Guerra diplomática: «emprender esfuerzos vigorosos para asegurar que otros gobiernos en América Latina entienden bien que EEUU se opone a la consolidación de [gobierno Allende] […] y en todo lo posible estimularlos a adoptar una postura similar».

b) Presión militar, en especial desde Brasil y Argentina (sometidas a sendas dictaduras):

entablar consultas detalladas con gobiernos clave de América Latina, en particular Brasil y Argentina para coordinar esfuerzos de oposición a iniciativas de Chile […]; para lograr este objetivo, deben incrementarse los esfuerzos para establecer y mantener estrechas relaciones con líderes militares amigos en el hemisferio.

c) Guerra económica: «posibles desarrollos en los mercados mundiales de cobre, acciones para introducir en el mercado las reservas acumuladas y otros factores que puedan afectar al mercado del cobre chileno […], no comprometer nueva ayuda económica bilateral […], los compromisos actuales deben aplicarse en forma que puedan ser reducidos, aplazados o interrumpidos si EEUU lo desea».

d) Bloqueo financiero:

excluir ayudas financieras o garantías a las inversiones privadas en Chile […]; suprimir o reducir los acuerdos vigentes de garantía y financiamiento […]; ejercer la máxima presión sobre las instituciones financieras internacionales para limitar los créditos u otras ayudas financieras a Chile […], y lograr el máximo apoyo a esta medida por parte de otras naciones amigas, en particular las de América Latina […]; concientizar a las empresas privadas de EEUU con inversiones u operaciones en Chile de la preocupación del gobierno de EEUU […] y de la naturaleza restrictiva de las medidas que el gobierno de EEUU se propone seguir.

e) Elaboración de un informe al mes, por lo menos, con propuestas de nuevas medidas específicas en el marco anterior y seguimiento de las ya aplicadas. A este fin Nixon designó un Grupo Especial de Trabajo Inter-Agencias, integrado por representantes de los secretarios de Estado y Defensa, director de la CIA y consejero Presidencial para Asuntos de Seguridad Nacional.

Tamaño programa contra el Estado latinoamericano era aprobado por el presidente Nixon apenas cinco días después de que el doctor Allende asumiera su cargo. Antes pues de que tuviera tiempo de empezar a gobernar. La orden de Nixon del 9 de noviembre de 1970 era propia de una guerra sin declaración previa. Y fue ejecutada subterráneamente, pues era incompatible con el Derecho Internacional regulado por la Carta de las Naciones Unidas y con las normas de no intervención vigentes entre los Estados de América. Era una guerra preventiva, no la respuesta a decisiones de soberanía adoptadas después, como la nacionalización de la Gran Minería del Cobre por el Congreso en Pleno (11 de julio de 1971). Medidas de guerra acompañadas de las correspondientes ofensivas psicológicas y de propaganda en las que, según el entonces director de la CIA, William Colby, se aplicó a Chile un «prototipo o experimento de laboratorio para probar las técnicas de una inversión financiera masiva en un esfuerzo dirigido a desacreditar y derrocar a un gobierno»[134]. La pérdida del control de la Coalición bélica sobre la persona del jefe del Estado latinomericano en septiembre-noviembre de 1970 aparece, así, como causa singular de la decisión de destruir al doctor Allende. Para Henry Kissinger era esta dimensión política la que primaba, la influencia del proceso chileno en países cruciales dentro de la Coalición de la Guerra Fría –en especial Italia y Francia, donde el intento de Allende de desarrollar la democracia y el socialismo era observado con mucho interés[135]. La irradiación político-ideológica sobre Europa era la preocupación mayor para Kissinger en la guerra silenciosa que abrió en 1970 en un rincón del Sur de América. Al fin y a la postre, como decía la estimación de la CIA del 7 de septiembre de 1970, tres días después de la victoria electoral del doctor Allende:

1. EEUU no tiene intereses vitales en Chile […].

2. El equilibrio militar mundial no va a ser alterado significativamente por un gobierno Allende.

3. Una victoria de Allende tendría, sin embargo, considerables costos políticos y psicológicos:

a) La cohesión hemisférica estaría amenazada por el desafío que un gobierno Allende plantearía a la Organización de Estados Americanos y por las reacciones que podría crear en otros países. No vemos, sin embargo, ninguna probabilidad de amenaza a la paz de la región.

b) Una victoria de Allende representaría un claro golpe psicológico para EEUU y un claro progreso psicológico para los ideales marxistas[136].

La aplicación de aquel plan de guerra es la historia oculta de los mil días del gobierno Allende. Los chilenos han conocido, y sufren aún hoy, sus prolongados efectos económicos, humanos, políticos, psicológicos. Pero ignoran las operaciones, los hombres que las ejecutaron, las circunstancias como se les aplicaron acciones encubiertas. La calidad moral del gobierno del doctor Allende, su eficacia política, adquirirán su relieve a medida que se desvele la información secreta que yace en los archivos de EEUU –inaccesibles al público en la fecha en que este ensayo se escribe, salvo pocos y dispersos fragmentos. Como que

los oficiales de las FF AA chilenas fueron informados que el gobierno de EEUU apoyaría un golpe de Estado tanto antes como después de que fuera ejecutado […]. Los militares chilenos no serían sometidos al ostracismo, sino todo lo contrario, pueden contar con nosotros en el apoyo del Programa de Ayuda Militar (MAP) y en el mantenimiento de nuestras estrechas relaciones[137]. Las misiones militares de EEUU en Valparaíso y en Santiago (Ministerio de Defensa) continuaron operando durante el gobierno Allende, los servicios de información de EEUU contaban con agentes infiltrados en todas las Armas, «oficiales en el alto mando, en el mando de unidades y de batallones, oficiales de Estado Mayor en retiro y soldados de reemplazo»[138]. El conjunto de la oficialidad fue blanco de programas de desinformación –como que la policía civil chilena, en colaboración con servicios de Cuba, reunía información perjudicial para los mandos[139]. Reportajes de intoxicación preparados por la CIA y dirigidos a influenciar a los militares eran insertados en El Mercurio, describiendo imaginarios complós para destruir a las FF AA, o falsos planes para bases soviéticas en Chile. El contenido de los artículos buscaba despertar odio entre los oficiales hacia el Gobierno y los partidos que lo apoyaban; en algunos casos columnas enteras eran publicadas para influir en la opinión de un solo oficial, en una oportunidad en la de la esposa de un determinado oficial[140].

Durante la guerra fría el Convenio de Ayuda Militar fue para EEUU un instrumento de control, intervención y subordinación a la Coalición de la Guerra Fría de las políticas internas y externas de las repúblicas latinoamericanas. Y así fue aceptado por todos los dirigentes que desearon ser elegidos –o impuestos– con el apoyo material de Norteamérica. En el caso de Chile, Alessandri (1958), Frei Montalva (1964), Pinochet (1973), Aylwin (1989), Frei hijo (1993). El gobierno del doctor Allende entre 1970 y 1973 fue el primero después del de Pedro Aguirre Cerda (1938-1942) que no subordinaba las libertades internas y externas a una Coalición bélica. A diferencia de Aguirre Cerda, sin embargo, Allende recibió unas FF AA cuyo equipo, doctrina y entrenamiento estaban por completo en manos de EEUU. Para la sociedad latinoamericana renacionalizar en 1970 su Defensa era tan difícil como recuperar sus principales recursos naturales (Gran Minería del Cobre). Algo imposible, excepto si hubiera dispuesto de tiempo para construir una política a largo plazo dirigida a diversificar equipos, doctrinas y entrenamiento militares. ¿Cabía haber denunciado el Convenio de Ayuda Naval con EEUU en 1970-1973? Ello entrañaba, argumentaba el Mando naval en Valparaíso, dejar al país sin Marina, pues sus más importantes unidades las tenía en préstamo dentro de aquel Convenio. Adquirir y manipular aviones de Europa oriental hubiera requerido por su parte –decía el mando de la Fuerza Aérea–, asumir el desproporcionado costo adicional de cambiar la infraestructura técnica (norteamericana) de las bases aéreas.

El peso de la herencia dejada por los gobiernos que se sucedieron entre 1943 y 1970 se imponía así sobre el de Allende, pero no hasta el extremo de doblegar su voluntad de abrir caminos para que Chile se emancipara. Por un lado relacionó el país latinoamericano con Asia y África incorporándolo al vasto Grupo de Países No Alineados; dispuso que la Marina ampliara sus ejercicios tácticos más allá de la sola U.S. Navy –alcanzó a practicarlos con países del Pacífico asiático (Japón) y Europa (Francia); abrió fuentes alternativas de equipamiento para las tres Armas en Europa occidental; delegaciones oficiales de la Fuerza Aérea y el Ejército visitaron Europa oriental –URSS incluida– explorando lo que pudieran encontrar de utilidad para una política de Defensa autónoma. Las convicciones latinoamericanistas, universalistas, del doctor Allende no compartían las premisas del National Security Council como que «las compras militares, por cualquier Estado americano, a naciones comunistas [Eurasia] representa un serio peligro para todas las naciones de este hemisferio»[141].

Iniciativas propias de un Estado soberano fueron estimadas inaceptables por la Coalición de la Guerra Fría, la cual destruyó no sólo al Gobierno desobediente y a los militares y civiles leales, sino también las libertades inherentes a su sistema republicano-representativo. De tal modo que durante décadas los ciudadanos no pudieran volver a elegir, libremente, una política de Defensa que primara los intereses preeminentes de la sociedad nacional. Abiertas las hostilidades en la guerra encubierta, los recursos del conjunto de la Coalición bélica fueron movilizados al servicio de sus fines. Entre 1970 y 1973 la antena de la CIA en Chile preparó «listas de personas a detener, instalaciones civiles clave y personal a ser protegido, instalaciones gubernamentales que debían ser tomadas, planes gubernamentales de urgencia a aplicar en caso de insurrección militar»[142]. Infiltró a los partidos del Gobierno, «pagaba a altos cargos procedentes del Partido Socialista para que cometieran errores en sus puestos»[143]. Financiaba revistas y libros dirigidos hacia los militares, como un informativo escrito, el semanario SEPA y un centro de estudios –el Instituto de Estudios Generales (IGS). Este último organizaba seminarios para oficiales en activo donde economistas formados en la Escuela de Chicago explicaban con léxico políticamente aséptico que el Gobierno estaba destruyendo la economía (tras la insurrección, “técnicos” del IGS dirigieron la política económica de la dictadura)[144]. Por eso el 11 de septiembre de 1973 no fue un cuartelazo latinoamericano más. Era una etapa en la deliberada, sistemática, científica destrucción de un Estado democrático, de las libertades y soberanía de su pueblo. La solemnización del sometimiento de la sociedad fue plasmada en la Constitución militar de 1980. El país latinoamericano continúa sometido, aun después de ser apartado el Dictador del Gobierno y remplazado en 1989 por una Democracia Cristiana en manos del sector que en 1973 dirigió la insurrección y la destrucción del Estado republicano –el agrupado en torno de Patricio Aylwin y Frei, que veinte años después disponía de un instrumento auxiliar “legalizado” que no tuvo en 1970: el control conferido a los jefes militares sobre las instituciones representativas del Estado, Parlamento y Ejecutivo incluidos, por la “Constitución” impuesta desde 1980.

XIV. La visión del Estado del Presidente Allende

Creo que nadie en el gobierno de EEUU entendió hasta qué extremos Kissinger tuvo una postura ideológica respecto de Chile. Pienso que nadie percibió plenamente que Henry veía a Allende como una amenaza muchísimo más seria que Fidel Castro. Si América Latina consigue alguna vez desatarse, ello nunca ocurrirá con Castro. Allende era un ejemplo vivo de reforma social democrática en América Latina. Cataclismos de toda clase, en el Mundo entero, se sucedían alrededor de Kissinger, pero Chile le asustaba […]. Chile asustaba a Kissinger[145].

La construcción de un Estado democrático es un horizonte ideal, móvil, que encierra dimensiones sociales, económicas y políticas internas. También internacionales en la medida en que aspire a una soberanía nacional efectiva. Cuando la Nación se propone recuperar para sí enclaves económicos bajo tutela de potencias imperiales, la función del Estado es irremplazable. La fortaleza del Estado es presupuesto necesario para compensar la lógica dominante del Imperio, sin aislarse por ello el Estado del sistema mundial precisamente por ser el sujeto del Derecho Internacional.

Para controlar a Estados clientes o satelizados, el poder imperial interviene sus funciones esenciales. Interviene su función económica a través de instrumentos como el denominado free trade y free market, interviene su función normativa mediante el control de las instituciones legislativas (partidos políticos, o dictadores, clientes ambos). Interviene su función diplomática mediante su alineación y alienación internacional. Ante una estructura mundial basada en el sistema económico centrado en EEUU –el siglo XIX estuvo en Gran Bretaña, el XXI puede estarlo en otro–, la voluntad de crear o afirmar la soberanía del Estado necesita asociar el territorio con un orden normativo y económico propio, autónomo respecto del Imperio. Una economía no diferenciada mal puede soportar la construcción de un Estado independiente.

El mercado es diferente del poder burocrático, y se apoya en la empresa –privada y pública– y en la libre iniciativa ciudadana. El ejercicio de la autoridad del Estado responde, en cambio, a una racionalidad. Pero el aumento de la producción y competitividad económica es una tarea estratégica del Estado, y también la defensa de la economía nacional frente a la permanente agresión económica externa. Esta última está latente casi siempre, excepcionalmente es explícita, como ocurrió en Chile entre 1970 y 1973, la defensa de cuya economía fue compartida en el alto mando militar hasta que, en las deliberadamente buscadas circunstancias de 1973, fueron derrotados quienes dentro de las FF AA sostenían la doctrina de la «soberanía geoeconómica»[146], que fue sepultada por los sublevados bajo las matrices importadas de EEUU.

El modelo económico liberal de raíz anglosajona impuesto a sangre y fuego mediante una dictadura, contrasta con el auspiciado por el doctor Allende mediante medios democrático-participativos. Que no era otro sino el de desarrollar un Estado que, concertando a la Banca y empresas productivas bajo dirección nacional, asentara la colaboración-articulación entre el propio Estado, el sector privado y los mercados. Para proporcionar así al país latinoamericano los útiles de una defensa activa frente a la invasión económica, sin paralelo, que vehicula la mundialización de las relaciones económicas. Es decir, propiciaba un modelo económico que, con rasgos originales, enlazaba con la ascendencia de raíz europeo-continental del Estado. Raíz esta también presente en el tronco doctrinal del Ejército profesional, y por ello compatible con la concepción dominante sobre el papel industrializador y constructor del Estado. Postulado éste compartido por generaciones de líderes económicos, profesionales, políticos y sindicales. La ironía de esta historia es que apenas dos décadas después de que la cruenta dictadura impusiera el modelo económico angloamericano, éste era juzgado dentro del propio EEUU como incapaz de competir con los que en Europa (p. ej., Alemania), o Asia (Japón) articulan Estado, banca e industrias básicas[147].

El fundamento psicológico del orden internacional es la dependencia cultural de los países periféricos respecto de los centros imperiales. La emancipación de aquéllos es improbable sin la afirmación organizada de un contramodelo que innove en la cultura de Gobierno. La economía de Alemania, desde su unificación por Prusia en el último tercio del siglo XIX hasta hoy, está construida a partir del principio de unidad estratégica entre el Estado y los centros básicos de decisión –bancos, industrias, transporte y comercio. Para el otro vencedor de la guerra fría junto con Alemania, Japón, hace un siglo que la clave de sus renovados éxitos económicos radica en la acción colectiva e integrada de un proyecto global de la empresa y la economía nacional, coordinadas en y desde el Estado.

En el Mundo actual, la soberanía nacional tiene como prerrequisito una economía competitiva. El éxito en la competitividad internacional reposa en la articulación entre el sector privado y un sector público dotado de medios idóneos para cumplir su función. Como descubre Estados Unidos cuando se siente, a su vez, amenazado hoy por el expansionismo económico japonés y germánico –mañana quizás por el chino. Si Francia tuvo que esperar a la previsión del presidente Charles de Gaulle para crear su primera comisión interministerial de Defensa Económica –en 1959, nunca convocada por sus sucesores[148] como advierten con pesar algunos franceses–, en 1993 creó EEUU su primer Consejo Nacional de seguridad económica –instrumento del Estado que buscaba contrarrestar las manifestaciones de debilidad con que salía de cinco décadas de guerra económica con la URSS.

La independencia y soberanía de un Estado presupone, también, cortar el lazo umbilical entre las elites locales dominantes y las de los Estados imperiales. Lo que requiere desarrollar las estructuras democráticas del Estado de modo que la sociedad, organizadamente, disponga de medios de control civil efectivo sobre las mismas.

Para el doctor Allende y algunos de sus próximos colaboradores, el desarrollo democrático del Estado debía innovar en la realidad en función de la propia experiencia histórica. Lo que descartaba todo “modelo” importado, en particular cualquiera de las variantes de Estado antagónica con la cultura política democrático-representativa. La solidaridad horizontal existente en la población –fruto de décadas de desarrollo cívico–, y su socialización política en términos de clase, son la base del singular enraizamiento de las ideas socialistas en Chile. De ahí lo natural que resultaba para el doctor Allende no reconocer a ningún Estado como “patrón”, lo endógeno y autónomo de su proyecto nacional. Su elección como Presidente en 1970 era la resultante del acumulado incremento del control de la sociedad sobre el Estado, de la voluntad nacional de dejar de ser un Estado-cliente.

Estructurar la sociedad civil es presupuesto, medio y fin del Estado democrático. La reforma del Estado la apoyaba el doctor Allende en la legitimidad dominante en el país, la democrático-institucional. Su finalidad era hacer realidad la ciudadanía de la clase obrera y los sectores populares, integrándolos en la sociedad en términos reales y no formales, mediante una movilización positiva que fortaleciera la sociedad local, incrementando sus redes asociativas. Significaba que la ciudadanía asumía los cambios institucionales, también la voluntad y necesidad de implicar a la población y a las instituciones del Estado en la reforma de este último. El debate popular sobre las Bases para la reforma del Estado propuestas en septiembre de 1972 por el presidente Allende debía culminar ante el Congreso Nacional en un proyecto de Ley, seguido de referéndum en caso de desacuerdo entre la voluntad del Ejecutivo y la de las Cámaras.

La propuesta de nueva Constitución preservaba la autoridad del Estado democrático sobre las FF AA, en términos equivalentes a los entonces históricamente asumidos –incluidos los acordados en octubre de 1970 entre la Democracia Cristiana, el Presidente electo y la coalición de Unidad Popular[149], incorporados a la Constitución en la reforma parcial de 9 de enero de 1971.

Allende era intransigente en cuanto a la autoridad suprema del jefe del Estado sobre las FF AA, garantía de su subordinación a la voluntad nacional democráticamente expresada. En cualesquiera circunstancias. Cuando el 21 de octubre de 1969 el general Roberto Viaux se rebeló en el Regimiento Tacna contra el presidente Eduardo Frei Montalva, el entonces presidente del Senado –el propio doctor Allende– se presentó ante la dirección máxima del Partido Socialista (de la que no formaba parte) exigiendo con energía la inmediata desautorización del intento de Erik Schnake –«contrario a nuestros principios», dijo–, de aventurar al Partido Socialista detrás del sublevado general Viaux. Y logró atajar semejante deriva. En septiembre-octubre de 1970, como Presidente electo, negoció y suscribió las “garantías” que la Democracia Cristiana pedía para votarle como jefe del Estado en el Congreso, pues compartía su contenido democrático[150]. Hizo una sola excepción cuando el entonces senador Patricio Aylwin (PDC), en su ansia de oponer bayonetas al proceso democrático, condicionó su voto a que el Presidente electo se comprometiera a ceder a la cúpula castrense la potestad de designar y remover a generales y almirantes. Allende rechazó aceptar una Jefatura del Estado privada de función tan capital para la democracia representativa –«que han ostentado todos los presidentes de Chile», agregaba. En 1970, el sector Aylwin-Frei estaba en minoría en la dirección del Partido Demócrata Cristiano, tendría que crear otras circunstancias para alcanzar tal objetivo tres años después. El testimonio del jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, en octubre de 1970, retrata una fisonomía física y política reconocible:

El viernes 25 de septiembre [de 1970] me ocurre lo más insólito que podía esperar de ese tenso juego de muñequeo a que se nos sometía. A las 09:30, un destacado democratacristiano me plantea directamente, en actitud nerviosamente complacida, que ante la intransigencia de Schneider [comandante en jefe del Ejército] para detener a la Unidad Popular, el presidente Frei estaba dispuesto a que yo encabezara un movimiento que lo derrocara y lo enviara al extranjero. [… Enseguida desarrolla su plan: había que] apoderarse de noche de La Moneda, enviar a Frei al extranjero, cerrar el Congreso, suspender la vigencia de los partidos políticos, utilizar en cargos clave a gente de confianza que ellos podrían señalar y, normalizada la situación, llamar de nuevo a elecciones. Yo escuchaba hipnotizado al caballero de arquitectura de la época victoriana […]. Calmadamente, le respondo que me extrañaba que todo lo dicho se me transmitiera por su conducto y no por intermedio del ministro [de Defensa] Ossa. […] Que el plan maestro que me había expuesto era muy cómodo para la D.C., pero que iba a conducir a un desastre nacional más grave que el que se trataba de evitar y que los militares no teníamos por qué mancharnos de sangre las manos para resolver por la fuerza un dilema que es de exclusiva solución política […]. Mi interlocutor queda desconcertado y me dirige una mirada ceñuda cuando me retiro […][151].

El antecedente ilustra la coherencia de Patricio Aylwin –y de la facción Frei del PDC– en aceptar sin solución de continuidad desde 1970 la no subordinación de las FF AA ante la representación democrática de la Nación. La destrucción en 1973 del Estado republicano e independiente pervive en las estructuras impuestas mediante 16 años de dictadura y guerra interna. Su gozne es la fuerza armada fuera del control de las instituciones representativas de la soberanía nacional.

La reforma del Estado promovida por el presidente Allende respondía a exigencias y expectativas de sectores sociales emergentes –populares y medios–, que mejoraban su nivel de control sobre el poder y el excedente económico. Si por un lado integraba en la Ley de Leyes el respeto a valores comunes del orden interestatal centrados en la ONU, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la comunidad con toda Latinoamérica, en el otro extremo incorporaba el respeto a las comunidades locales cuya identidad se basa en una cultura o etnia diferenciada de la dominante en el Estado (mapuches, pascuenses).

La propuesta democratización del Estado articulaba poder económico, relaciones de producción, planificación y descentralización del presupuesto. El Congreso bicameral comprendía la Cámara de Diputados, elegida por sufragio universal, y la Cámara de los Trabajadores. El origen del proceso legislativo quedaba residenciado en esta última. Sólo los trabajadores eran electores para la Cámara homónima, por sufragio en primer grado –la definición de trabajador era muy amplia. La sustitución del Senado por la Cámara de los Trabajadores se inspiraba en la función que la Cámara Alta desempeñó en la construcción del Estado durante las primeras etapas de la República, aunque ahora su signo social era invertido en provecho de la mayoría social y no de la oligarquía. A diferencia de la práctica del Senado conservador del siglo XIX, todos los integrantes de la Cámara de los Trabajadores eran elegidos en sufragio directo y de primer grado, ninguno designado directa o indirectamente por el jefe del Estado. La decimonónica designación directa de senadores por aquél sería restablecida, sintomáticamente, por la Constitución de la dictadura militar de 1980 –mantenida por los gobiernos de Patricio Aylwin (1989-1994) y del hijo de Eduardo Frei a continuación.

En el ámbito infraestatal, la Junta Provincial, elegida por los municipios y las organizaciones sociales, de trabajadores y empresas, se articulaba con los agentes administrativos dependientes del Ejecutivo. En el nivel local, los municipios elegidos por sufragio universal directo se articulaban con el Cabildo Vecinal, elegido en sufragio comunal de segundo grado por los centros comunitarios, sindicatos, etcétera.

Las bases del proyecto de reforma de la Constitución reflejaban los postulados de Salvador Allende. Elaboradas en agosto de 1972, entregó personalmente a cada partido de la coalición de Gobierno una copia el 4 de septiembre de 1972. Era el primer paso para organizar el amplio debate nacional que debía culminar en el Congreso Nacional y el subsiguiente referéndum (art. 109 de la Constitución), dentro del período de su mandato presidencial (1970-1976).

Es la más simbólica concreción institucional del desarrollo democrático del Estado andino. Las insurrecciones conservadoras de octubre de 1972 y julio-septiembre de 1973 postergaron su debate público, no su impulso desde el Gobierno. Aún en la primera semana de septiembre de 1973 el Presidente instruía al ministro del Interior, Carlos Briones, que tuviera presente este Proyecto en la misión que tenía confiada: acordar con el Partido democristiano un pacto parlamentario que preservara el Estado democrático[152]. En todo caso, con o sin acuerdo previo de la dirección del PDC o de alguno de los partidos de la coalición de Gobierno, el doctor Allende tenía resuelto que el camino a seguir por el país debía ser decisión de los ciudadanos. El lunes 10 de septiembre de 1973 dispuso que advirtieran a la televisión y emisoras de radio para entrar en conexión simultánea en las horas siguientes, pues el martes 11 iba a anunciar la convocatoria del referéndum[153]. Tres días antes el secretario de Estado Kissinger había recibido en su despacho a su embajador en Santiago –Nataniel Davis– con el saludo: «Bueno, por fin vamos a tener un golpe militar en Chile»[154]. Una escuadra de la Marina de Guerra de EEUU había llegado a las costas de Chile para participar en los ejercicios navales conjuntos “Unitas”. El 10 de septiembre las unidades de EEUU se hallaban a la altura de Coquimbo. Dotadas de sofisticados equipos de escucha de comunicaciones (militares y civiles), las interceptaron a lo largo de Chile mientras se desarrollaba la insurrección. Tres meses después me desvelaría Alexander Alexeiev –asesor personal de Brezhnev (secretario general del Partido Comunista de la URSS): «En junio[155] nos llegaron noticias procedentes de Panamá (sede del Comando Sur de las FF AA de Estados Unidos para el Caribe y Sudamérica) según las cuales para la fecha de la “Operación Unitas” habría una insurrección militar en Chile. Pero las semanas pasaban, la Escuadra de EEUU continuaba en Panamá, “Unitas” fue aplazada varias veces, no les dimos importancia»[156]. Si semejante nueva hubiera sido conocida por el presidente Allende, la historia del país latinoamericano hubiera seguido otros caminos. La Potencia europea no compartía su información estratégica con Estados no integrados en su propia coalición bélica, o en su zona de influencia. Ni Chile era parte de ellas, ni el doctor Allende deseaba que lo estuviera. Tampoco el Kremlin. Por lo demás, hubiera sido materialmente imposible.

4. El posfranquismo y la Guerra Fría

En 1945, Franco y su régimen aportaban a los vencedores de Alemania seguridad militar, territorio y ventajas económicas. Estando el presente así consolidado, para EEUU se trataba de anticipar la previsible reivindicación por los españoles de su soberanía interna y externa cuando llegara la Dictadura a su fin. Durante treinta y cinco años los “rebeldes” de 1936, y también los que en marzo de 1939 les abrieron Madrid y capitularon ante ellos, los disidentes respecto de ambos, rivalizaron en proponer la mejor fórmula para convencer a Washington, Londres y París que era de su interés intervenir en España. En 1948, el encargado de negocios de EEUU en Madrid, Paul Culberston, respondía que «son unos insensatos los monárquicos que se me acercan a pedirme que Norteamérica asfixie económicamente a España. Si eso ocurriera, caería Franco, pero la monarquía no recogería la herencia. Lo que tiene que hacer el rey es ponerse de acuerdo con Franco»[1]. La perseverancia en solicitar la intervención de las Potencias tenía hondas raíces entre los monárquicos españoles, pero contaba con adeptos entre algunos de los republicanos que se rindieron en 1939. El trecho recorrido en diez años lo sintetizaba Gil-Robles el 30 de agosto de 1949: «socialistas y sindicalistas están convencidos de que no hay más camino que apoyar al rey, sin exigir plebiscitos previos, consultas electorales ni gobiernos de concentración en un plazo de bastantes años»[2]. Escribía esto Gil-Robles el día en que se firmó el pacto entre la Confederación de Fuerzas Monárquicas y la facción que Indalecio Prieto escindió del PSOE[3] –después de recibir seguridades del ministro del Foreign Office, Bevin (Labour Party), de que si los españoles renunciaban a elegir su forma de gobierno las Potencias occidentales intervendrían contra Franco. Cuando en realidad aquel 30 de agosto de 1949 ya no creía en tal intervención ni el pretendiente don Juan de Borbón, conde de Barcelona, quien cinco días antes a bordo del yate Azor aceptaba el proceso de restauración deseado por el general Franco– cuyos términos coincidían con los auspiciados por los servicios del gobierno de EEUU desde 1944. A pesar de que don Juan de Borbón el 30 de agosto de 1949 desautorizaba el pacto entre Indalecio Prieto y Gil-Robles, este último cerraría su diario del año 1949 escribiendo que «la monarquía es hoy todavía una solución para las potencias extranjeras anticomunistas, y una esperanza para las izquierdas no revolucionarias»[4]. Las autoridades de EEUU nunca compartieron semejante impaciencia por terminar con la dictadura hispánica. En febrero de 1956, W. Park Armstrong Jr., asistente especial del secretario de Estado, informaba a éste que

las manifestaciones de descontento entre los estudiantes españoles durante los pasados seis meses no representan una amenaza a la estabilidad del régimen de Franco, pues no implicaban la defección de los grupos clave [Ejército, Iglesia, intereses de empresarios y propietarios agrícolas]. Es probable que tenga lugar una lucha por el poder al término del régimen de Franco, pero ello no es en absoluto seguro. Hasta entonces, sin embargo, es prácticamente seguro que Franco va a continuar manteniendo unidos a los grupos que le apoyan, a pesar de sus muchos conflictos de interés. La policía y las FF AA españolas permanecen sólidamente pro-Franco[5].

Desde la década de los años cuarenta del siglo XX las relaciones exteriores de España, y también de Portugal, fueron estructuradas en torno a su integración en los mercados y espacios político-militares de la Potencia hegemónica que reemplazó a la germana y británica. Para EEUU los objetivos principales en España radicaban en utilizar militarmente sin trabas su territorio (bases permanentes), en configurar su sistema económico conforme a parámetros sociopolíticos «favorables a los objetivos de EEUU» y articularlo «con el Oeste sobre bases sólidas y duraderas. La mejor oportunidad para ello es la solicitud de España de asociarse con la Comunidad Económica Europea»[6]. Para Walt W. Rostow, consejero de Seguridad Nacional, era gratificante escuchar decir el 5 de marzo de 1962 a Laureano López Rodó, comisario del Plan de Desarrollo, que «la solicitud de ingreso en el Mercado Común Europeo es la fase que sigue a los acuerdos con EEUU de 1953, al Plan de Estabilización de 1959 en cuya gestación EEUU jugó un importante papel […] esperamos que EEUU apadrine también el ingreso de España en el Mercado Común»[7]. Tres años antes los responsables de la política de EEUU habían puntualizado a José Antonio de Aguirre –recibido en el Departamento de Estado como «Presidente del gobierno republicano vasco en el exilio» y que les preguntaba acerca del deseo de Franco de integrar España en la OTAN– que «el mayor peligro para España y para Europa, y, por consiguiente, para EEUU, reposa en un retorno de España al aislamiento». ¿Qué significaba en 1959 para Washington evitar el «retorno de España al aislamiento»? ¿Podía fundarse la respuesta en argumentos extraídos de la Historia contemporánea? Difícilmente, pues nunca España ha estado aislada de su contorno europeo-mediterráneo, como tampoco del ámbito cultural iberoamericano. El concepto evitar el aislamiento encontraba durante la Dictadura su significado (y lo mantendría como eslogan-coartada durante los gobiernos Suárez, Calvo Sotelo y F. González) en las premisas estratégicas de la guerra fría. Los responsables del Departamento de Estado se expresaban con claridad en 1959: «el retorno de España al aislamiento, más que cualquiera otra cosa, abriría la puerta a la penetración comunista y haría retroceder o incluso destruiría todos los esfuerzos [de EEUU] para crear una Europa unida y fuerte»[8]. Impedir el «retorno de España al aislamiento» adquiría así un significado preciso, evitar que los españoles se sustrajeran a la disciplina de la Coalición bélica en la que fueron enrolados durante la Dictadura. Alistamiento necesario para la hegemonía local de los sectores en que se apoyaba el régimen del general Franco, pero que era cuestionado por los ciudadanos que reivindicaban recuperar sus libertades políticas y nacionales. En tanto la dictadura perdurara los ciudadanos no podrían decidir democráticamente su suerte colectiva, pero ¿cómo controlarlos después de Franco? La respuesta al interrogante llevaría a crear las mediaciones de una transición al posfranquismo que mantuviera los recursos de España dentro de la Alianza bélica y a merced de los intereses del capital transnacional.

Washington fue siempre consciente de que tenía en sus manos la suerte de la dictadura ibérica. Así, en su mensaje secreto al secretario de Estado, el embajador en Madrid (John Davis Lodge) informaba en octubre de 1956:

el gobierno español se enfrenta a crecientes demandas laborales de incrementos salariales. Sin una mayor y sustantiva ayuda de EEUU, particularmente en productos agrícolas y materias primas, cabe dudar que el gobierno pueda mantener la inflación bajo control. Mayores concesiones a los trabajadores serían a expensas de las clases que sostienen al actual gobierno […], requerirían controles estatales adicionales a costa de las clases propietarias –que son el espinazo del régimen[9].

No más sensible era el gobierno de EEUU a quienes protestaban por la persecución de la cultura y lengua de los catalanes: «el Departamento de Estado no cree que sea recomendable entrar en conversaciones sustantivas con este grupo de españoles […] opuestos a las políticas del gobierno de España»[10].

Mediante operativos dirigidos a renovar los equipos dirigentes y continuar dominando los espacios estratégico y político con técnicas equivalentes a las utilizadas para ocupar su espacio económico, el apoyo a la dictadura fue proyectado por EEUU más allá de la persona del general Franco. Según directrices elaboradas para el área mediterránea por el Consejo Nacional de Seguridad el 24 de abril de 1952:

debemos procurar usar los instrumentos sociales y económicos de que disponemos de modo que reduzcan el poder explosivo de fuerzas que presionan a favor de un cambio revolucionario, de manera que los cambios necesarios puedan efectuarse sin una inestabilidad incontrolada. Esto puede a menudo significar que nosotros debemos trabajar con y a través de los grupos dominantes actuales y, al tiempo que respaldamos su permanencia en el poder, usar nuestra influencia para inducirles a acomodarse tanto como sea necesario a las nuevas fuerzas que vayan emergiendo. A medida que surjan nuevos grupos de liderazgo, nosotros debemos también obrar para asociar sus intereses a los nuestros y, en el caso de que y en el momento en que alcancen el poder, cooperar con ellos en la ejecución de programas que les ayuden a alcanzar objetivos constructivos –una línea de desarrollo que tenderá a dar un nivel de moderación y estabilidad a sus regímenes […]. En su labor en esos países las misiones de EEUU deben tener presentes estas consideraciones, y nuestro objetivo debe ser usar nuestros programas de ayuda para modelar y guiar el desarrollo social y económico de esos países de manera que nos ayuden a alcanzar nuestros fines políticos[11].

Las dictaduras son vulnerables. También las respaldadas por la Potencia hegemónica, como recordaron en 1958 las protestas sociales que expulsaron de Venezuela al general Marcos Pérez Jiménez y de Cuba al general Fulgencio Batista. La entrada en La Habana de Fidel Castro el 1 de enero de 1959 hizo preguntarse a los dirigentes de Washington si no

sería sensato y prudente para EEUU empezar a cultivar y mostrarse simpático con uno o más grupos de la oposición española que pueden tomar el control de España después de Franco, con la perspectiva de tratar de proteger y mantener para entonces los intereses de EEUU en España (en especial las bases aéreas)[12].

Los servicios norteamericanos se creaban con ello un embarras du choix, tantos eran los grupos que se les ofrecían en términos equivalentes a los expresados por Dionisio Ridruejo, «Gran Bretaña y Francia, cuando eran grandes y poderosas, hicieron sentir su influencia en España muy decisivamente, a diferencia de la Embajada de EEUU, que está “pasiva”»[13]. Pero el embajador Lodge, en coherencia con las directrices de Washington desde 1939, consideraba que, dado que Franco sería previsiblemente sucedido por una monarquía y «un gobierno conservador protegido por el Ejército […], no sería de provecho para EEUU ahora tratar de “cultivar” a ningún grupo opositor […] sino en la medida que ello sea aceptable para el régimen de Franco». Con todo, la onda expansiva del efecto-demostración de la revolución social y nacional de Fidel Castro estimuló a que los estrategos del Ejército de EEUU miraran más lejos y alto y, aquel mismo 1959, elaboraron planes para el mundo hispánico cuyos efectos se prolongarían durante el resto del siglo:

En la planificación de nuestras relaciones futuras con España se debe considerar el liderazgo que sucederá a Franco. Dado que es un área estratégica vital para EEUU, es necesario que España continúe orientada hacia el Oeste […]. Franco tiene 67 años. Para cuando deje de mandar deben sucederle de inmediato líderes fuertemente orientados hacia el Oeste […]. Antes de que Franco deje de mandar deben hacerse preparativos para asegurar que España continúa bajo un gobierno fuertemente prooccidental. Deben ser desarrollados y formulados planes y políticas que guíen a las agencias gubernamentales [de EEUU] a enfrentar en el futuro ese problema evidente […]. En la próxima reunión del grupo de trabajo del OCB [Operations Coordination Boarding] sobre España debe considerarse incorporar este problema en el plan para España y recomendar al NSC la orientación de política a seguir [documento 12][14].

Algunos ofrecimientos a colaborar en estos planes llegaron espontáneamente a los servicios de EEUU. Como el de Carlos Zayas Mariátegui desde la Agrupación Socialista Universitaria –ASU– y los «socialistas del interior» (en disidencia con la fracción del PSOE asentada en Toulouse, Francia), quien aparece informando asiduamente a la Embajada sobre personas de sensibilidad socialista susceptibles de sumarse a combatir al Partido Comunista si recibieran los apoyos materiales que buscaban[15]. Zayas señalaba, entre otros, a Joan Reventós Carner en Barcelona, a José Federico de Carvajal y Mariano Rubio Jiménez en Madrid, al tiempo que desvelaba como principal agente del Partido Comunista en Madrid a

Federico, de hablar suave y muy eficiente, pero con una mirada fría que penetra y hiela a quienes con él se reúnen […]. Zayas dice que él no es el único «socialista del interior» que tiene un sano temor a Federico. Por la manera como hablaba daba la impresión de que a Zayas le gustaría entregarlo a la policía española si se le presentara la oportunidad. Pero Federico parece ser demasiado astuto para que ésto se dé[16].

El agente interlocutor de Zayas recomendaba a Washington que

parece posible persuadir al gobierno de Franco que sería buena cosa que socialistas españoles vieran a oficiales de la Embajada norteamericana, para que perciban que pueden esperar ser oídos por éstos al menos con igual simpatía que ellos piensan hallar sólo en el Labor Party británico (en especial si sólo va a ser en el ala izquierda de este partido) y en los socialistas de Nenni. En todo caso, la cuestión de si EEUU puede con provecho suministrar alguna información o no a socialistas españoles está ahora siendo explorada por varias secciones de la Embajada, en particular por la Sección Política, CAS, USIS y el agregado laboral, y apreciaríamos conocer también la opinión al respecto del Departamento de Estado[17].

Franco no pudo sino aceptar un proyecto al que no podía negarse y que, además, era beneficioso para su propia persona y no sólo para EEUU. No podía decir no porque era parte de los planes ya diseñados en el Pentágono para el futuro de España, era ventajoso para el Dictador porque presuponía que hasta después de su muerte continuaría desplazado el relevo en los equipos dirigentes locales; lo era también para EEUU porque les daba tiempo para cooptar con calma a las personas, formarlas y ponerlas a prueba antes de que asumieran funciones importantes.

I. Intervenciones preventivas

En febrero de 1961, por primera vez desde 1939, pudo una organización obrera organizar una huelga prolongada –en la cuenca hullera de Asturias, duramente reprimida por el gobierno del que era ministro Manuel Fraga Iribarne. En Washington evaluaron la huelga como una señal de alarma. En octubre siguiente un estudio patrocinado por el Pentágono –Proyecto Vulcano, elaborado por el Grupo de Estudios Especiales del Institute for Defense Analyses, en el que participaba Samuel P. Huntington (Universidad de Harvard)–, incluía a España entre las dictaduras protegidas por EEUU (junto a las de Salazar en Portugal, Leónidas Trujillo en República Dominicana, Anastasio Somoza en Nicaragua, Chiang Kai-chek en Taiwan y “potencialmente Diem” en Vietnam), pero con creciente posibilidad de violencia interna e interferencia internacional. Para Huntington «la necesidad de intervención militar directa de las fuerzas norteamericanas aumenta en proporción a la decreciente probabilidad de victoria de los grupos con los que estamos aliados». La solución propuesta para preservar a los regímenes dictatoriales de una eventual evolución adversa a los intereses de EEUU fue la denominada intervención preventiva:

lo que se necesita es una estrategia de intervención premilitar, intervención indirecta y acción positiva para conformar el curso político y fortalecer a los grupos comprometidos a nuestro lado o que con mayor probabilidad mantengan la estabilidad, antes de que la situación llegue a ser tan grave que plantee la cuestión de la intervención militar directa[18].

Así se obró. A ello no era ciertamente ajeno el Dictador. El general F. Franco Salgado-Araujo, secretario personal del Caudillo, anotaba el 29 de mayo de 1967 su diálogo con éste:

La obsesión de la CIA es conseguir que nuestro Estado tolere primero, y legalice después, la acción de dos partidos, uno de carácter socialista y otro democrático, que deberán tener su expresión en dualidad similar en el campo universitario y en el sindical […]. La CIA cree que con estas actividades cumple el deber de prever el futuro, pues de lo contrario al régimen débil sucedería el caos, y a éste el comunismo. Su Excelencia me dice: «El gobierno está bien informado de estas actividades, que sigue de cerca»[19].

Planes semejantes se aplicaban sobre el conjunto de los países hispánicos. La trayectoria de Mario Soares es intercambiable con la de otros líderes cooptados de España y América Latina. En la década de los años sesenta, en las postrimerías de la dictadura de Oliveira Salazar y Marcelo Caetano, el opositor Soares entraba en relación con los servicios de la CIA en Lisboa. Exiliado, en 1973 recibiría ayuda para fundar bajo el patrocinio del gobierno de Bonn un «partido socialista portugués». Derrocada la dictadura en 1974 por el Movimento das Forças Armadas (MFA), Soares regresaba a Portugal donde pronto pediría y recibiría ayuda clandestina directa del gobierno de EEUU y sus aliados europeos (RFA, Reino Unido, Francia), e indirecta a través de empresas y fundaciones alemanas y de otros países. A partir de 1976 recibió también cuantiosos estipendios ocultos de otros gobernantes –Bettino Craxi (Italia) y Carlos Andrés Pérez (Venezuela)–, así como de Mitterrand y F. González cuando a su vez accedieron al control de los Presupuestos del Estado en 1981 y 1982, respectivamente. Era dinero entregado directamente a Soares, para su uso discrecional, sin que de su existencia y origen tuvieran conocimiento –ni control– los órganos de representación del Partido Socialista portugués ni los ciudadanos. Soares recibió el financiamiento clandestino a cambio del compromiso, también ocultado a los ciudadanos, de poner el partido a su disposición, cooptar a dirigentes incondicionales, marginar a los críticos hacia la política derivada de sus secretos compromisos y, desde el gobierno y la Jefatura del Estado portugués, acabar con la influencia del MFA, marginar al Partido Comunista y reinstalar plenamente la economía y los recursos de Portugal dentro de las coordenadas de la OTAN y sus aliados –como lo estuvieron bajo el régimen de dictadura de Salazar-Caetano hasta 1974, pero desde entonces bajo un régimen de partidos[20].

II. La Jefatura vitalicia del Estado y de las FF AA

En el otoño de 1970 se sucedieron las movilizaciones de protesta en torno a Euzkadi y los juicios del Tribunal Militar de Burgos contra nacionalistas vascos. En marzo de 1971 el presidente Nixon encargaba a Vernon A. Walters (agregado militar en Italia y coronel de los servicios de inteligencia) la misión confidencial de transmitir a Franco que «España era vital para el Oeste y Nixon no quería ver desarrollarse una situación caótica o anárquica. Nixon expresó la esperanza de que Franco entronizara al joven Príncipe Juan Carlos» al tiempo que retenía para sí la Jefatura vitalicia de las FF AA; «el Presidente [Nixon] entendía que ésta sería una situación ideal que aseguraría una transición pacífica y ordenada que el propio Franco supervisaría». Alternativamente, si Franco quería continuar como jefe del Estado, Nixon le pedía que se desprendiera de la función de presidente del Gobierno en favor de una persona que asegurara, cuando Franco falleciera, la «pacífica y ordenada» entronización de Juan Carlos de Borbón. El Dictador dio garantías a Nixon de que seguiría el curso previsto: «La sucesión se llevará a cabo en orden. No hay alternativa al Príncipe», pero aportó su matiz personal al presidente de EEUU: «España va a recorrer una parte del camino que [el gobierno de EEUU] apoya pero no todo el camino, pues España no era Norteamérica, ni Inglaterra ni Francia. Era España. Franco indicó que las FF AA no dejarían nunca que las cosas llegaran a estar fuera de control». Vernon A. Walters, al que en 1964 se imputó haber auspiciado en Brasil el golpe militar contra el presidente Joao Goulart –donde era a la sazón agregado militar–, y que llegaría a ser director general adjunto de la CIA en 1973 –en las fechas en que ésta intervenía en el derrocamiento del sistema democrático de Chile–, durante su misión en Madrid de marzo de 1971 entró en contacto con mandos militares:

todos los oficiales superiores con los que hablé dudaban que Franco pusiera al Príncipe en el trono antes de morir. Creían, sin embargo que nombraría a un Primer Ministro. No creían que hubiera disturbios de importancia en el país cuando Franco muriera, y dijeron que las FF AA podrían manejar fácilmente tales problemas. Fue una experiencia estupenda y única[21].

Franco cumplió con la segunda opción ofrecida por Nixon y en junio de 1973 designó presidente del Gobierno a su asesor, el almirante Luis Carrero Blanco. Pero para infortunio de este último, su bien probada lealtad a Franco le valía el nombramiento pero también auguraba “inestabilidad” sociopolítica. El almirante Carrero garantizaba la subordinación de España a la Coalición de la Guerra Fría, pero su identificación con el Caudillo podía dificultar su necesario complemento: mantener la stability interna durante la transición al posfranquismo. ¿Cómo se resolvió la contradicción? En diciembre de 1973, en medio de movilizaciones sociales contra la dictadura, el almirante Carrero voló por los aires dentro de su automóvil. Veinte años después aún es materia de especulación si hubo un comanditario desconocido del magnicidio, o quién con su pasividad pudo dejar hacerlo, posibilitarlo. Entre las circunstancias extrañas que envolvieron este atentado no fue la menor la actitud subsiguiente de Franco. Tras enterrar a Carrero, homenajearle y decir en público a propósito del atentado que «no hay mal que por bien no venga», alejó del gobierno a todos los hombres del almirante y despejó el camino hacia una monarquía más próxima al prototipo auspiciado desde Washington que no al “matiz” diferencial que Franco había expuesto al mensajero de Nixon. Según el entonces ministro Laureano López Rodó (del Opus Dei): «Hay quienes afirman –Fernández Miranda entre ellos– que Franco quiso que no quedara rastro de la política de Carrero»[22].

Tenía Vernon A. Walters razón de sentirse satisfecho de su misión secreta en el Madrid de 1971. Los acontecimientos posteriores han seguido, grosso modo, el diseño trazado. La intervención preventiva progresaba por sus alambicados y clandestinos caminos. Si entre 1939 y 1975 Franco “estabilizó” España mediante los instrumentos de una cruel dictadura, su sucesor debía lograrlo dentro de un sistema de partidos políticos. Con una módica inversión político-monetaria, aprovechando la desestructuración y debilidad en que la dictadura dejaba a la sociedad –ilegalizados todos los núcleos democráticos, perseguidos algunos–, desde los años sesenta se aplicaron los planes de cooptar, financiar y proteger a equipos de variadas etiquetas. Elegidos para la misión de organizar “partidos políticos” que serían legalizados cuando las circunstancias estuvieran maduras para ocupar el espacio electoral. Los “partidos” a crear, o recrear, fueron diseñados como si de sucursales de un centro estratégico supranacional se tratara, cuyos cuadros cooptados debían constituirse en gestores-delegados territoriales o funcionales. A los “electores” les fue asignada la función de “consumidores” del nuevo producto, del mercadeo de votos entre equipos cooptados que competirían entre sí en régimen de oligopolio. Todo ello conforme a la conocida teoría según la cual un cambio político “limitado y responsable” requiere el previo control de la Potencia intervencionista sobre las elites políticas, militares e intelectuales del país blanco de la operación[23].

Una ilustración: en abril de 1974, cuando Franco se aproximaba a su fin biológico, en el vecino Portugal los capitanes agrupados en el Movimento das Forças Armadas (MFA), sin disparar un tiro, derrocaron una dictadura de cuatro décadas. La inesperada revolución, democrática y endógena, en un país fundador de la OTAN alarmó al resto de la Coalición bélica, cuyas estructuras fueron movilizadas para aislarla y ahogarla. En especial, con respecto a España –donde decenas de capitanes y comandantes se estaban asociando en 1974 clandestinamente en una Unión Militar Democrática (UMD) de orientación democratizante y nacional. El secretario de Estado Kissinger se mostraba partidario de aplicar a los portugueses el castigo que sufría Chile desde medio año antes. Esto despertó preocupación entre los europeos de la propia Coalición bélica, en especial en el gobierno alemán cuyo Canciller –Willy Brandt (socialdemócrata)– entendía que «Europa no toleraría un Pinochet». Pues desencadenar en Europa una represión masiva y sangrienta como la que se estaba aplicando sobre un país por último, visto desde Bonn, del “Tercer Mundo”, tendría efectos negativos para la estabilidad del Continente europeo, lo que hubiera sido contraproducente para el principal objetivo de la diplomacia de la RFA: lograr la reunificación alemana mediante la aproximación-distensión entre los Bloques del Oeste y Este europeos, reduciendo las causas de confrontación (en 1975 debía culminar, en Helsinki, la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa –CSCE). El gobierno de Alemania Federal ofreció a Kissinger métodos distintos para reintegrar a Portugal en la disciplina de la Coalición y evitar en España otra revolución democrática: penetrar en los dos Estados ibéricos a través de los políticos cooptados, financiarlos y darles apoyo político bajo cobertura de organizaciones centradas en la propia RFA –las internacionales Demócrata-Cristiana, Socialdemócrata y Liberal. La operación empezó con Mario Soares –exiliado en Francia, a quien se eligió para crear en Bonn un «Partido Socialista de Portugal» en 1973, y a retornar a su país en 1974 con el apoyo material de los Gobiernos interesados en destruir el proyecto nacional autónomo del Movimento das Forças Armadas».

El 19 de julio de 1974, tres meses después de la Revolución portuguesa, Franco era aquejado de una enfermedad que anunciaba la aproximación de su fin biológico. De inmediato, con toda urgencia, desde el partido en el gobierno de la RFA se financiaba la convocatoria en Francia (Suresnes) de un cónclave de jóvenes escindidos dos años antes del tronco del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –que reunía alrededor de un millar de afiliados dentro de España. Esta fracción, apoyada desde Alemania y Francia[24], situó a su cabeza al equipo de Felipe González Márquez en Suresnes. Una campaña de marketing subsiguiente introduciría ante la opinión pública nombres hasta entonces desconocidos que, a poco andar (1975-1976), aislaron y marginaron a los militares de la Unión Militar Democrática y, en general, a quienes eran reacios a que en España entraran la CEE y la OTAN sin condiciones y cualquiera que fuera el costo que ello significara para su economía o independencia. A los convocados a Suresnes se les dijo que eran huéspedes de un acto de solidaridad obrera internacional, algunos incluso se lo creyeron. Simultáneamente los restantes partidos del Parlamento alemán –el Liberal y el Democristiano– cooptaban a grupos “homologados” entre quienes en España se disputaban las larguezas financieras alemanas. Así, con el desembolso de muy pocos millones, Alemania y Francia mejoraron su penetración en los engranajes de un Estado cuya economía era entonces la segunda del Mundo en pesca, la onceava en producción industrial, la primera de Europa en exportaciones de frutas y legumbres…; EEUU y el conjunto de la Coalición bélica apuntalaron su dominio estratégico sobre España al socaire de su transición desde una dictadura al pluripartidismo, que elevaron a prototipo para América Latina.

Retener el control estratégico sobre España después de Franco era un programa común de la Alianza Atlántica, aplicado en común. Si el 2 de junio de 1975 un colaborador del presidente Gerald Ford revelaba –tras la entrevista de este último en Madrid con el todavía sucesor designado, don Juan Carlos de Borbón–, que «la transición gubernamental en España se efectuará en el transcurso de los próximos cinco años»[25], el siguiente 24 de septiembre F. González Márquez repetía en el diario sueco Dagens Nyheter: «espero la instauración de la democracia en España de aquí a cinco años»[26]. Los grupos que en 1977 fueron legalizados y emergieron controlando la escena política eran precisamente los selectivamente financiados desde gobiernos de la Coalición de la Guerra Fría. Por su parte, Santiago Carrillo ya antes de que muriera Franco (noviembre de 1975) había comprometido al Partido Comunista en «no mover ni un dedo hasta que don Juan Carlos sea coronado Rey», y en «reconocer la monarquía a cambio de la legalización de su partido»[27].

El posfranquismo no puede entenderse cabalmente sin considerar que se iniciaba con equipos cooptados con criterio empresarial, aunque revestidos algunos con siglas históricas, que de pronto aparecieron a la luz ante una ciudadanía privada durante cuarenta años de organizaciones y derechos políticos. Los cooptados vivieron de gobiernos y entidades extranjeras –hasta acceder a los Presupuestos públicos–, mientras rivalizaban en ofrecer a la Coalición bélica la mejor combinación de commitment y stability. De ahí que en asuntos de trascendencia estratégica esos equipos hayan satisfecho con prioridad las exigencias de sus fuentes de sostenimiento más que las expectativas o compromisos con sus electores o afiliados.

Si se tiene presente esta realidad se entenderá mejor el gran contraste que en las postrimerías del franquismo se da entre propuestas públicas y práctica política. Hasta 1976 Santiago Carrillo y Felipe González –en contradicción con sus compromisos personales, aún secretos– postulaban en público exigencias semejantes a las que se formulaban en la declaración conjunta de los gobiernos de EEUU, Reino Unido y Francia el 4 de marzo de 1946: formación de un gobierno provisional, amnistía, libertades, elecciones libres, referéndum sobre si los españoles renunciaban a elegir al jefe del Estado y de las FF AA. La Junta Democrática formada en 1974 en torno al Partido Comunista por amigos de don Enrique Tierno Galván y otros grupos, así como la Coordinación Democrática integrada en marzo de 1976 por los grupos de Carrillo, González, Tierno, la Asamblea Democrática de Cataluña y otros, reproducían en sus manifiestos y consignas variantes de las mismas peticiones. Aún el 3 de noviembre de 1976, en una reunión de representantes de Carrillo, Tierno, democristianos y F. González, el representante de este último –Luis Gómez Llorente–, rechazaban el proyecto de restauración de la monarquía agregando que la oposición estaba en condiciones de denunciar y hacer fracasar el referéndum convocado por Adolfo Suárez para legitimar la reforma del régimen[28].

En 1975-1976 yo contemplaba perplejo esta diacronía de más de treinta años. Si desde 1946 los hechos desmentían la retórica de los gobiernos de Francia, Reino Unido y EEUU respecto de España, quienes vocalizaban idénticos principios en 1975-1976 ¿lo hacían por lealtad a los derechos democráticos de los españoles? Salvada la buena fe de algunos desinformados, asistíamos a una operación de imagen que buscaba, sí, sintonizar con la expectativa de la mayoría de los españoles de recuperar su soberanía, pero para atraer sus votos y después reconducir el país a un puerto distinto. ¿Qué consistencia podía tener en 1975-1976 una exigencia de “Gobierno Provisional”, o de referéndum sobre la forma de Estado, suscrita por grupos financiados, patrocinados –cuando no creados– por gobiernos que hacía décadas habían decidido lo contrario. Y ello cuatro años después de que el presidente Nixon enviara a Vernon A. Walters a convencer a Franco para que cediera la Jefatura del Estado a don Juan Carlos de Borbón, un año después que el Presidente de Francia –Valéry Giscard d’Estaing– recibiera a este último en Chambord y le reconociera como futuro Rey de España, meses después que la Comisión Europea de la CEE hiciera saber que el siguiente jefe del Estado español debía ser don Juan Carlos de Borbón, y un largo etc.? Si los gobiernos de la OTAN ya habían resuelto que a Franco le sucediera la persona por él elegida, ¿dónde estaban en 1976 las organizaciones españolas, con independencia financiera y raíces nacionales para sostener que la decisión sobre la forma de Estado debían adoptarla libre e informadamente los españoles? Indalecio Prieto, líder de la facción monárquica del PSOE en 1947, ¿no había definido la venalidad moral de sus seguidores al decir que «habrá legitimidad republicana mientras haya dinero, pero en cuanto se acabe el dinero se acabará la legitimidad republicana […]»?[29]. En 1976, como antes y después de 1945, las Potencias no querían oír hablar de que los españoles recuperaran bastante soberanía como para elegir sus formas de Estado y de gobierno. Y dinero era lo que buscaban los cooptados al frente de los recién tolerados o legalizados partidos. Sin embargo, al igual que en 1945, tres décadas después el problema para las Potencias continuaba estando en la mayoría de los españoles que reivindicaba su soberanía interna y externa, sus libertades, valores cívicos que la prolongada dictadura no había logrado erradicar. Según reflejaban todas las encuestas, como la realizada poco antes de la misión confiada por Nixon a Vernon Walters:

I. Sistema preferido para después de Franco*

Sistema preferido

%

República

49,4

Actual

29,8

Monarquía

20,8

II. Sistema preferido para después de Franco,
por sectores (%)

Sistema preferido

Estudiantes

Abogados

Empleados

Médicos

Obreros

República

76

53

45

43

30

Régimen actual

1

8

37

20

55

Monarquía borbónica

11

23

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Monarquía carlista

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Monarquía

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*FUENTE: -Fundación FOESSA: Informe sociológico sobre la situación social de España, 1970, Madrid, Fundación FOESSA, 1970, cit., en Stanley G. Payne: «Regional Nationalism. The Basques and Catalans», en W. T. Salisbury y J. D. Theberge, Spain in the 1970. Economics, Social Structure, Foreign Policy, Nueva York, Praeger Pub., 1976, p. 89.

En la Administración de EEUU hemos visto que desde 1944-1945 se había impulsado un acuerdo entre Franco y el pretendiente don Juan de Borbón, que prolongara el poder del primero alimentando en el segundo la ilusión de recibir un día la Jefatura del Estado. Desde que en 1948 don Juan de Borbón confiara a Franco la formación de su hijo, la restauración de la monarquía había quedado enmarcada en las coordenadas que EEUU delineaba para España. Que reconocían al Dictador la facultad de elegir a su sucesor en el momento que estimara oportuno –lo que Franco hizo en julio de 1969 en la persona de don Juan Carlos de Borbón, para sorpresa y decepción de su padre don Juan, conde de Barcelona, al recibir la nueva de haber sido preterido[30]. El nuevo jefe de Estado continuaba así automáticamente dentro de la Coalición de la Guerra Fría, si bien se le reconocía autonomía para devolver a los españoles su soberanía interior pero en ningún caso la exterior. La sola disyuntiva permitida, la de política interior, la había simbolizado en marzo de 1972 el matrimonio de la nieta mayor de Franco con don Alfonso de Borbón-Dampierre, hijo del primogénito de Alfonso XIII,

momento en que muchas lealtades cambiaron de lado, Alfonso de Borbón fue una espada de Damocles sobre la cabeza de don Juan Carlos, utilizado por Franco como posible pieza de recambio […]; los ultras y la mayoría de los pontífices del franquismo creyeron durante un tiempo en las posibilidades de D. Alfonso de trepar al trono[31].

Don Juan Carlos, por su parte, legitimado ante los militares «porque había sido designado por Franco, y en el Ejército no se discutían las decisiones de Franco»[32], buscó también su legitimación democrática, facilitando con ello la recuperación de las libertades civiles y políticas.

El equilibrio de la nueva monarquía fue difícil, y continúa siéndolo. Según su primer protagonista «toda mi estrategia […] estaba centrada en una sola idea: yo no quería, a ningún precio, hacer de los vencedores de la guerra civil los vencidos de la democracia»[33]. Propósito cuya concreción práctica excluyó la revisión crítica de la Dictadura, tanto de su origen como de su obra. Lo que postergó la recuperación de la memoria histórica ciudadana y de sus raíces como Nación soberana y democrática, imposibilitando ponderar por qué –al fenecer el Dictador– parte sustantiva de la población identificaba el nombre “España” con la negación de sus derechos ciudadanos y nacionales. No era ésta una cuestión nominal, ni de contraposición formal entre monarquía constitucional y República, pues una y otra forma de Estado pueden asumir tanto como negar los principios republicanos. Más vigencia han tenido estos últimos en el Reino de Noruega durante el siglo XX que en muchas “Repúblicas”. Eran y son cuestiones materiales la soberanía popular, las libertades nacionales y cívicas, la igualdad y solidaridad social, la independencia del Estado en la Comunidad internacional, o su negación o limitación bajo uno u otro pretexto.

El éxito de la pausada operación sucesoria al frente del Estado dependió siempre de la neutralización de quienes reivindicaban el derecho de los ciudadanos a recuperar sus libertades y la soberanía nacional. Entre los núcleos políticos existentes en el otoño del Dictador se actuó según el modelo elaborado en la coyuntura de 1945. Su puesta en práctica fue más fácil después de 1975 pues los líderes democráticos históricos habían desaparecido todos, ejecutados o muertos en el exilio. Mientras que F. González Márquez recibía de las Potencias la misión de trabajar por la aceptación como jefe de Estado del designado por Franco, la persona que ostentaba en el exilio la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Josep Tarradellas, era traído de Francia a Madrid después de las elecciones parlamentarias de junio de 1977 para reconocerle su rango –fundado en la legalidad democrática suprimida en 1939– en tanto que él mismo aceptara el programado cambio. «Soy un defensor inquebrantable de la monarquía de Su Majestad», declararía Tarradellas[34]. Entre bambalinas, el embajador de Francia apoyó el «recurso a Tarradellas» como «une idée de génie» cuyas consecuencias no se inhibe de relatar: con «la llegada de Tarradellas a Barcelona [se impidió en Cataluña] que volviera a ser popular la izquierda “frente populista”»[35]. En otras palabras, el gobierno de Adolfo Suárez propuso que Tarradellas fuera reconocido como presidente de la Generalitat catalana, y como tal regresara del exilio, sólo después que, en la medida que, habían ganado las elecciones del 15 de junio de 1977 los candidatos revestidos de los símbolos, “socialista” “comunista” y “republicano” que formaron coalición en las últimas elecciones libres –las de 1936– bajo el nombre de Frente Popular.

La programada operación sucesoria halló, ciertamente, resistencias, superadas por la combinación de los efectos de la intervención preventiva y actuaciones ad hoc. Durante el primer trimestre de 1977 la operación estaba bastante afirmada en los equipos en torno de Carrillo y González Márquez como para que ambos, de la noche a la mañana, abandonaran las consignas de gobierno provisional, referéndum sobre la forma de Estado y otros postulados hasta entonces enarbolados en público. Logrado lo cual, el 14 de mayo de 1977, antes de que el electorado acudiera a las primeras elecciones parlamentarias desde febrero de 1936, don Juan de Borbón, conde de Barcelona se inclinaba a su vez y renunciando a sus derechos cedía la legitimidad dinástica a su hijo. De este modo, el 15 de junio de 1977 se abrieron las urnas sin reconocer a los ciudadanos la libertad de elegir la forma de Estado y de gobierno.

En 1977, la operación sucesoria fue relativamente sencilla. Externamente, la mayor parte de quienes en las elecciones del 15 de junio aparecían al frente de siglas de ascendencia democrática llevaban los principios republicanos en sus programas. Pero ya para entonces esto era propaganda para captar votos. Los propios jefes políticos cooptados designaron a los candidatos en listas cerradas y bloqueadas de ámbito provincial. Asegurado así el control del Parlamento, las operaciones complementarias se sucedieron con mayor facilidad aún. En 1978, los jefes cooptados ordenaron a sus parlamentarios votar la forma monárquica del Estado. El diputado Luis Gómez Llorente pronunció la oración fúnebre del sistema republicano en nombre de los hombres de F. González. Era un significativo cambio, aparentemente enigmático, entre lo dicho y lo hecho en cuanto a la soberanía interior. En las elecciones parlamentarias de octubre de 1982, González Márquez repetiría la operación para alcanzar otro objetivo mayor, esta vez en cuanto a menoscabo de la soberanía exterior. Mientras en público se identificaba con un electorado mayoritariamente partidario de retirar a España de la Coalición bélica, una vez conseguida la mayoría absoluta en el Parlamento ordenó a sus hombres votar la definitiva integración en la Alianza Atlántica. Para mejor atar el futuro, incluso plebiscitó a esta última en marzo de 1986, en una campaña de desinformación donde coaccionó a los votantes con la especie de que si mantenían el hasta entonces mayoritario no a la OTAN ello significaría, ¡oh paradoja!, que decían sí a EEUU y no a “Europa”, y además dejarían a España sin gobierno, pues tanto el suyo como los demás partidos (cooptados) rechazaban gobernar fuera de la OTAN. Excepción hecha, agregó, del Partido Comunista –que para entonces ya había marginado a Carrillo y reunía apenas el 10% de la Cámara de los Diputados.

Así se armonizaron las dos vertientes de un proyecto político único. Por un lado, los sectores que apoyaron la dictadura del general Franco preservaban las estructuras socioeconómicas sobre la que se asentaba su hegemonía social interna. Por otro lado, los centros de decisión de la Coalición de la Guerra Fría reafirmaban su dominio sobre el territorio, economía y recursos españoles. Una sustitución del régimen del Dictador que, como hemos visto, hacía décadas que los servicios estratégicos de EEUU venían tratando de lograr sin arriesgar el sistema de poder construido desde 1939. ¿A qué riesgos aludían? A que los ciudadanos –lo que los sociólogos llaman movimientos populares, mass movements– asumieran el protagonismo del cambio y lo condujeran hacia horizontes distintos de los programados. Para evitar tal riesgo los planificadores previeron disponer de personas estipendiadas, comprometidas a conducir el cambio de régimen, a institucionalizarlo, sin devolver sus derechos nacionales y democráticos a unos ciudadanos deliberadamente mantenidos en un nivel bajo de movilización y rígidamente encuadrados. La teorización de semejante proceso de cambio controlado es muy conocida. Entre sus divulgadores sobresale el del asesor del Pentágono y del Departamento de Estado Samuel P. Huntington[36]. Construida a partir de la premisa de que «la más importante distinción política entre los países no es la referente a su forma de gobierno, sino a su grado de gobierno», a su stability interna y a su commitment internacional detrás de EEUU.

III. La Comisión Trilateral

Samuel P. Huntington era también asesor de la Comisión Trilateral. El 4 de noviembre de 1976 Jimmy Carter (Partido Demócrata) fue elegido presidente de EEUU derrotando al sucesor de Richard Nixon, Gerald Ford (Partido Republicano). Con Carter llegaba al poder un equipo formado en torno de la Comisión Trilateral, creada en octubre de 1973 e impulsada desde el grupo económico Rockefeller. Para quienes aquel nombre no diga gran cosa recogeremos su descripción por Sean McBride, premio Nobel de la Paz y ex ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda:

El Presidente de EEUU no es el amo, es el criado. A veces se piensa que el amo es el Pentágono. No, es el criado. Pero entonces, ¿quién es el amo? El amo es un consorcio de empresas transnacionales y de bancos. Primero tuvo éxito dirigiendo el mundo de manera informal, pero luego, curiosamente, ha creado una organización formal. David Rockefeller, a la sazón presidente del Chase Manhattan Bank y, como todos los Rockefeller, profundamente introducido en los negocios petrolíferos, fundó la Trilateral Commission en 1973. Se llama Trilateral porque corresponde a tres partes del mundo: Estados Unidos y Canadá en América del Norte, las naciones de Europa occidental y el Japón. Tiene oficinas (principales) en Nueva York, París y Tokio. Representa la mayor concentración de riqueza y de poder económico que se haya reunido jamás en la historia del mundo. Representa el sistema que más se aproxima hoy a un gobierno mundial[37].

La nueva Administración Carter adoptó en política exterior la denominada doctrina de democracia controlada. Para uno de sus principales teóricos, Zbigniew Brzezinski (próximo a David Rockefeller), nacido en Polonia y casado con la hija del Presidente del Gobierno de coalición de Checoslovaquia derrocado en 1948, que sucedió al frente del Consejo de Seguridad Nacional a Henry Kissinger (nacido en Alemania, próximo a Nelson Rockefeller),

más democrático es en realidad un sistema, más probable es que sea perjudicado por amenazas intrínsecas. Los desafíos intrínsecos son, en este sentido, más preocupantes que los extrínsecos: a) ruptura de los mecanismos tradicionales de control social, b) deslegitimación de la autoridad política y de otras formas de autoridad, c) exceso de demandas sobre el gobierno, superando su capacidad de respuesta[38].

Menos de un año después de que el general Franco hubiera fallecido, la derrota en Washington de la candidatura del Partido Republicano repercutió de inmediato en España, donde los sucesores del Caudillo se esforzaban en preservar los mecanismos de control social y de legitimación de su autoridad frente a una vasta movilización ciudadana que exigía recuperar las libertades. El gobierno, presidido a la sazón por un ex ministro de Franco, Adolfo Suárez, días después de la elección de Carter dio un brusco giro en su política interior y abrió negociaciones formales con personalidades previamente cooptadas para asumir la función de oposición tolerada.

Para Samuel Huntington, exponente de una concepción elitista temerosa de las consecuencias de la extensión de la democracia a todos los ciudadanos (las masas),

la democracia es sólo una de las maneras de constituir la autoridad, y no es necesariamente aplicable universalmente. El funcionamiento efectivo de un sistema democrático requiere cierto nivel de apatía y de no participación por parte de algunos individuos y grupos […]. Hay también potencialmente límites deseables a la extensión indefinida de la democracia política. La democracia tendrá una vida más larga si tiene una existencia más equilibrada[39].

Es la escuela de pensamiento conocida en la década de los años sesenta como de la modernización –construida por sociólogos al servicio de las políticas de la guerra fría, y cuyas investigaciones eran financiadas en parte sustantiva desde los presupuestos del Pentágono. Para aquellos,

una «participación» política incrementada puede someter los regímenes a presiones políticas internas que les conduzcan a adoptar políticas contrarias a los intereses a largo plazo de EEUU. Prácticas más democráticas pueden facilitar la llegada al poder de grupos que sientan como opuesta a sus propios y preferentes intereses la política exterior de EEUU, o su actividad económica en el extranjero[40].

En mayo de 1975, un mes después de la Revolución democrática en Portugal y medio año antes del fallecimiento del general Franco, la Comisión Trilateral había celebrado una publicitada reunión en la que influyentes miembros –entre ellos, Jimmy Carter, Brzezinski y el presidente de la Confederación de Sindicatos de la RFA–, consideraron que un eventual acceso al gobierno de Francia e Italia, por vía electoral-parlamentaria, de una coalición de izquierda que incluyera al Partido Comunista, vaciaría de sustancia a la Alianza Atlántica. Y tras considerar el informe presentado por Samuel Huntington concluyeron que tal riesgo debía contrarrestarse mediante una mayor integración de los Estados europeos dentro de la Coalición bélica, pues «la convergencia de las circunstancias favorables a la democracia toca a su fin»[41]. Recogieron también una opinión atribuida públicamente a Willy Brandt, según la cual Europa occidental no tenía por delante más de veinte años de democracia, después tendría que optar entre «el Politburó o la Junta Militar». En otras palabras, reiteraron la recurrente, maniquea y falsa dicotomía impuesta desde los años treinta por los fascismos y contrarrevolucionarios para autolegitimarse.

Las conclusiones de la Comisión Trilateral de 1975 fueron aplicadas sobre España en cuanto el equipo de Carter asumió la Presidencia de EEUU (enero de 1977). Su recuerdo evoca toda una época:

a) descentralizar la administración pública; b) convertir a los Parlamentos en órganos más técnicos y menos políticos, reduciendo el peso de las ideologías revolucionarias sobre la sociedad; c) personalizar el poder para estimular la identificación de los ciudadanos y reducir sus exigencias de participación; d) hacer de los partidos órganos de gestión más que de discurso político; suprimir las leyes que prohíben su financiación por las grandes empresas, y sumar la financiación desde fondos públicos; e) disminuir la influencia de los periodistas en los medios de comunicación, normas administrativas deben proteger a la sociedad y a los gobiernos contra el excesivo poder de los mass-media; f) reducir los recursos financieros puestos a disposición de las Universidades, que generan excedente de licenciados; programar la reducción de las pretensiones profesionales de quienes reciben una educación superior; g) en las empresas, combatir la presión a favor de la autogestión o de la participación de los trabajadores en su dirección; en compensación, prestar más atención a las condiciones de organización del trabajo y dignificar el trabajo manual; h) no confiar al azar el funcionamiento democrático, sino constatar y coordinar las experiencias políticas en los países integrantes de la Comisión Trilateral, tal como se viene haciendo en el terreno militar y económico; i) establecer una especie de Pacto Atlántico en el terreno ideológico, que contenga la excesiva voluntad de cambio en los países con exceso de democracia y preste ayuda a los países con déficit democrático[42].

Éstos fueron presupuestos de la Constitución de 1978 y de la reforma política que ella inauguraba. En la España de 1977 la aplicación de los postulados de la Trilateral significó sustituir la movilización en torno de reivindicaciones de soberanía y libertades democráticas por la apatía e indiferencia, inherentes a una democracia controlada, que legitimara la sucesión del franquismo sin alterar las estructuras socioeconómicas que lo sustentaban –excepto en lo que facilitara la circulación del capital internacional.

En sus acciones hacia España coincidieron la estrategia de Willy Brandt, canciller alemán desde 1969, y la preconizada por Brzezinski desde la Casa Blanca. Para el germano debía buscarse la desintegración progresiva de la Europa de economía no capitalista, y a ello debía contribuir una Comunidad Económica Europea más amplia, más integrada y con capacidad financiera para endeudar a la Europa oriental[43]. El polaco-norteamericano venía sosteniendo desde 1966 que la recuperación del Este de Europa por los mercados capitalistas compensaría a largo plazo la desintegración de la Alianza Atlántica[44]. Y en 1970 Brzezinski recomendaba que

lo correcto para Washington […] no es advertir a los alemanes del Oeste para que no vayan demasiado deprisa [hacia el Este], y por ende hacer más fácil a los democristianos oponerse a Brandt […] sino tomar parte activa en dar forma a las iniciativas en el frente Este-Oeste[45].

La planificación norteamericana del posfranquismo ha sido rígida en los fines y flexible en los medios. Los objetivos estratégicos siguieron las pautas trazadas desde la Administración Truman. En el sistema militar de EEUU, la Península Ibérica seguía siendo considerada un accidente geográfico en la entrada del Mediterráneo, cuya función respecto del territorio de Rusia en los planes bélicos era triple: a) vía de ataque a través del Mediterráneo, b) de apoyo logístico, c) zona de repliegue y/o desembarco en Europa continental de tropas de EEUU[46]. Los medios, en cambio, podían ser cambiantes. La inhumana, sangrienta represión aplicada por Kissinger entre 1968 y 1974 a las organizaciones y países rebeldes a su política, sus formas dictatoriales[47], fueron sustituidas durante la Administración Carter por políticas de impulso a formas de gobierno menos entusiastas de aplicar la tortura y la cárcel de modo masivo[48]. De este cambio dentro de EEUU se beneficiaron algunos de los países hasta entonces sometidos a dictaduras sostenidas por la Coalición de la Guerra Fría –Grecia, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Corea del Sur, Irán, también España.

La sucesión del régimen franquista fue iniciada mientras Kissinger estaba en el poder, y a las directrices de este último se ajustó el gobierno Carlos Arias Navarro-Manuel Fraga Iribarne (noviembre 1975-julio 1976): cambio político muy limitado en cuanto al fondo y las formas, restricciones al restablecimiento de los principios democráticos, a la legalización de sindicatos obreros o al reconocimiento de las nacionalidades. Inaugurada la Administración Carter-Brzezinski en enero de 1977, el posfranquismo readaptó de inmediato a ella su rumbo, legalizó a lo largo del mismo año a los grupos políticos cuyos cooptados líderes aceptaran el programado cambio, convocó elecciones a Cortes, inició el reconocimiento de la autonomía de las nacionalidades. Los sindicatos obreros empezaron a ser más tolerados y, cuando probaron que aceptaban el programa de cambio, fueron legalizados. Las estructuras de poder socioeconómico construidas durante el franquismo aceptaron la reforma política en la medida en que las consolidaba y, al tiempo, las adaptaba a las de la Europa de la guerra fría. Por consiguiente, no todos los grupos políticos existentes en 1977 pudieron presentar candidatos a las elecciones legislativas, ni en igualdad de condiciones los que en ellas participaron. Aquellos que no transigieron en ser legalizados a cambio de aceptar la restauración de la monarquía sin previo referéndum, continuaron ilegalizados. Sólo en la medida en que los equipos políticos –cooptados o no– demostraban que asumían las condiciones prefijadas, se les permitió acudir a la cita electoral. A los exponentes republicanos, de la izquierda nacionalista vasca, gallega y otras nacionalidades, no se les reconocieron los derechos políticos hasta que, mucho después del 15 de junio de 1977, el espacio electoral y el Parlamento estuvieron ocupados por los comprometidos con la programada reforma.

Durante la campaña electoral de 1977, los medios económicos y audiovisuales, públicos y privados, dosificaron adecuadamente su apoyo a personas cooptadas o comprometidas con el programa de cambio, contribuyendo así a modelar los resultados de los comicios y a legitimar los útiles preliminares del resto del plan de estabilización: conformar un Parlamento asentado en torno de un polo de centro-derecha y otro de centro-izquierda (ambos en manos de personas que aceptaban el contenido y alcance de la reforma). El caso del Partido Comunista fue uno de los más simbólicos. Los planes elaborados fuera y dentro de España mientras Kissinger era secretario de Estado preveían que el PCE permaneciera ilegalizado hasta tanto que los grupos cooptados hubieran ocupado el espacio electoral de la izquierda. Elegido Jimmy Carter en noviembre de 1976, se ofreció a la dirección del Partido Comunista la posibilidad de participar en las elecciones a cambio de que abandonara su programa de “ruptura democrática”, de instauración de un “gobierno provisional” encargado de convocar las elecciones y someter a referéndum la forma de Estado –como había podido hacer Italia en 1946 (cuando todavía no estaba enterrada la alianza antifascista), o Grecia en 1974 (tras juzgar y condenar a los militares que se rebelaron en el golpe de Estado de 1967). El equipo en torno de Carrillo intercambió en marzo de 1977 la sustancia del proyecto nacional del PCE por su legalización como partido, asumiendo y respaldando los fundamentos y objetivos de reforma concretados en el denominado “consenso” entre Unión del Centro Democrático, Alianza Popular –ambos procedentes del franquismo–, el grupo de F. González Márquez, núcleos nacionalistas de Euzkadi y Cataluña y, marginalmente, el propio Partido Comunista.

IV. Constitución y eutanasia del Estado-Nación

Los españoles y latinoamericanos adquirieron la conciencia moderna de Nación, es decir, de soberanía popular y democrática, de ciudadanos, como reacción a la intervención francesa de 1808 y en las guerras populares o de independencia que siguieron. Cuantas intervenciones de las Potencias en los asuntos internos han tenido lugar desde entonces se han traducido, en la medida que tuvieron éxito, en amputación de soberanía popular y crisis de la conciencia colectiva y moderna de Nación –equivalente a la de ciudadanos libres, con referentes comunes en su respectivo pasado, presente y en su voluntad colectiva de futuro. La intervención germano-italiana en España en 1936-1939, la prolongada dictadura que generó, aplastaron la soberanía popular democrática y, por consiguiente, los basamentos de la conciencia de “Nación”. Sobre el subconsciente colectivo de los ciudadanos que resistieron a la intervención germano-italiana, o se negaron a renunciar a su soberanía y libertades colectivas, la propaganda de la dictadura marcó a sangre y fuego un concepto de “Estado” que significaba negación de libertades ciudadanas y nacionales. La “Nación” quedó así sumergida, para algunos muerta, en un “Estado” dictatorial que disociaba el “Estado” (estructura de dominación) respecto de la “Nación” (conciencia de ciudadanos libres y soberanos). Después de 1975, la transición desde la dictadura a la democracia fue una “reforma del Estado” que, en la práctica, no se propuso “nacionalizar” el Estado y enraizarlo en la Nación mediante la devolución a los ciudadanos de su plena soberanía interior y de su soberanía exterior –liberándoles del intervencionismo que sostuvo a la dictadura. La transición no reconstruyó los pilares del alma y conciencia del “Estado-Nación”. ¿Por qué? Porque ello hubiera representado recuperar el significado democrático-republicano que la Nación perdió en 1939 al sobreponerse sobre ella y sus ciudadanos la Potencia intervencionista, una dictadura y su régimen sociopolítico. Agotado el Dictador, se procedió a reformar las estructuras del “Estado de Dictadura”, no a romper con la obra de ésta –lo que hubiera requerido la plena recuperación de la soberanía por la Nación y los ciudadanos.

A los españoles se les redactó en 1977-1978 el texto constitucional mejor preparado para la integración-disolución del Estado en el sistema de la Europa de la guerra fría. En la Constitución de 1978 las cesiones de soberanía posibles son prácticamente ilimitadas, superiores a las impuestas a Alemania e Italia después de su derrota en 1945. Y expeditas: basta una simple Ley orgánica para transferir a organizaciones o instituciones internacionales competencias inherentes al Estado, sin ninguna limitación (art. 93). Hay que situarse en la perspectiva del sistema construido en Alemania e Italia bajo el dominio de sus vencedores para encontrar algo equivalente, y aun así sin llegar tan lejos (arts. 24 y 11 de las Constituciones de la RFA e Italia, respectivamente). Pero ninguno de los Estados que en 1945 resistieron y ganaron la guerra con Alemania, o fueron neutrales, conoce semejante limitación de soberanía en su Ley Fundamental, tan categóricamente explicitada. Así, la del Reino de Dinamarca (art. 20) prohíbe la delegación de facultades constitucionales si el proyecto de Ley no es aprobado por una mayoría de las cinco sextas partes del Parlamento, que además debe ser sometido a referéndum.

Ninguna Constitución europea incluye el equivalente del art. 96.1 de la española, según el cual las disposiciones de los tratados internacionales «sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas del Derecho internacional». La francesa exige una cláusula de reciprocidad (art. 55). En Estados Unidos, cualquier tratado puede ser anulado por una decisión legislativa posterior, y ningún tratado puede autorizar lo que la Constitución prohíbe (Geofrey vs. Riggs, 113 U.S. 267-1889), mientras que el texto español no lo prohíbe salvo resolución expresa del Tribunal Constitucional –que no puede pronunciarse en este campo sino a requerimiento de las solas Cámaras o del Gobierno (art. 95). En otras palabras, un Gabinete con mayoría coyuntural en las Cortes tiene manos libres para cualquier pacto con Poderes extranjeros, sin que en principio pueda dejarlo sin efecto una mayoría parlamentaria posterior que lo juzgara desfavorable a los intereses del país. La Convención de Viena de 1969 sobre los Tratados ¿no reconoce, acaso, como principio su carácter perpetuo en ausencia de situaciones determinadas que son la excepción?

La Constitución de 1978 institucionalizó una vía de desmantelamiento progresivo del Estado en el sistema internacional construido durante la guerra fría. Un proceso político semejante es lógico que sea reflejo de la sociedad en que se da. Cuando los sectores sociales internos dominantes se hallan mediatizados desde Potencias externas, en la medida en que se identifique con aquéllos también lo estará el aparato armado del Estado intervenido. Desplazados los intereses y lealtades estratégicos hacia centros de decisión ajenos, es la estructura de la Nación la que se agrieta y amenaza derrumbe, el andamiaje del sistema de gestión interna es articulado como una prolongación local de los centros de decisión supraestatales. Desde esta perspectiva, tan lógico es que el Estado español el 28 de junio de 1976 haya renunciado al privilegio que desde 1478 ostentaba de participar en la designación de Obispos católicos, como que en 1976 haya abrogado las normas legales que le permitían actuar sobre la actividad económica interior, o que la Constitución de 1978 haya posibilitado a una mayoría coyuntural en el Congreso ceder competencias propias de la soberanía nacional sin hacer obligatorio su refrendo por los ciudadanos (art. 93). Con igual facilidad son enajenables las competencias exclusivas del Estado que las de las Comunidades Autónomas (arts. 148 y 149), entre ellas las relativas a igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales, nacionalidad, relaciones internacionales, defensa y FF AA, administración de justicia, legislación, comercio exterior, sistema monetario, bases del crédito, banca y seguros, planificación general de la actividad económica, hacienda y deuda del Estado, régimen jurídico de la Admón. pública, puertos, aeropuertos, control del espacio aéreo, ferrocarriles y transportes, recursos hidráulicos, régimen minero y energético, seguridad pública, organización del autogobierno de las Comunidades Autónomas, y un largo etcétera.

La sucesión del régimen franquista se llevó a cabo de modo que se dificultara, e imposibilitara, un proyecto nacional o una política exterior no alineada o neutral. Puede haber uno u otro proyecto nacional, y de hecho lo hay, en Francia, Gran Bretaña, Alemania, Suiza, Noruega, etc. No lo habrá entre los españoles en tanto las cúpulas políticas se encuentren mediatizadas o satelizadas por intereses de otros Estados. Contemplado desde este ángulo, y en su lógica dinámica, España habría dejado de tener fundamento socioeconómico y político como Nación y Estado independiente-soberano; sería cuestión de tiempo su desintegración hacia afuera –cesión de competencias estatales a centros de decisión externos (como se viene haciendo en lo económico, militar y político desde 1981 por la vía del art. 93 de la Constitución de 1978)–, y también su desintegración hacia adentro –cesión ilimitada de competencias del Estado a las entidades territoriales locales (art. 150.2). Dado que aisladas unas de otras las nacionalidades ofrecen menos resistencia a los intereses intervencionistas, está en la lógica de los hechos que las Potencias promuevan subordinar las nacionalidades a sus propios centros de decisión económica y estratégica, directamente, reduciendo lo que reste de “Estado español” a simple mediación administrativa. En su racional desarrollo, los intereses más integrados en las estructuras supranacionales podrían así estimular, sin chocar con norma legal alguna, la progresiva eutanasia de la conciencia de Estado y Nación de los españoles, su disolución en las estructuras supraestatales creadas a lo largo de la guerra fría. Lo que sería compatible con el eventual mantenimiento de un ente administrativo que pudiera continuar siendo denominado “Estado”, pero con funciones apenas de orden interno, de recaudación de tributos y administración local, no de soberanía, en cuya demarcación se aplicaran normas económicas, políticas y militares decididas en centros respecto de los cuales el Parlamento español desempeñe un papel secundario –como hoy el de La Rioja u otra Comunidad Autónoma respecto de las Cortes españolas. Más aún, dado que de modo derivado y complementario también las competencias cedidas por el Estado a las Comunidades Autónomas pueden, a su vez, ser cedidas a centros supraestatales, hasta se podría prescindir del residual “Estado” de los españoles.

Más elocuente si cabe es la discriminación que la Constitución de 1978 hace de las relaciones internacionales en el terreno económico, dejando indefenso al Estado frente a la ilimitada penetración del capital transnacional. Mientras que para obligar al Estado los convenios internacionales de contenido político y militar deben ser aprobados por las Cortes (art. 94.1), se prescinde de este trámite en los de contenido económico. En lenguaje llano, un Gobierno puede ceder, o enajenar, o dejar en concesión a entidades extranjeras sectores neurálgicos del patrimonio económico común, sin que el Parlamento tenga que autorizarlo, pero dejando comprometidos a los gobiernos sucesivos por lo dicho del art. 93. Puestos a facilitar la enajenación de soberanía, se empieza por la dimensión que más importa al capital transnacional. Es éste un boquete que singulariza a la española con respecto a las Constituciones de la inmensa mayoría de los países capitalistas, la Constitución francesa (art. 53), de Estados Unidos (art. 1[8]), suiza (arts. 8 y 85), canadiense, japonesa (art. 73), las de los Reinos de Noruega (art. 61), Dinamarca (art. 19), Bélgica (art. 68), la de Grecia (art. 28), etc., exigen que los tratados económicos o comerciales sean aprobados por el Parlamento.

La Carta española se singulariza, asimismo, por la constitucionalización del sistema económico en su específica variante capitalista. No sólo eleva a rango constitucional el mito de la “libertad de empresa y la economía de mercado” (art. 38), sino que entre todas las Constituciones de Europa es el texto más explícitamente obstruccionista a eventuales veleidades socializantes o simplemente nacionalizadoras. El “juego democrático” podría aparecer ilegitimado si una mayoría electoral respaldara un proyecto socioeconómico antagónico al capitalista, ya fuera en el gobierno central ya en el ámbito de los territorios autónomos. Una eventual mayoría socializadora elegida al frente de un Gobierno autónomo, estaría legalmente paralizada en lo referente a eventuales cambios en las relaciones de producción e intercambio. Por no poder, ni siquiera puede expropiar, y en este punto la de España es más restrictiva que la Constitución de la RFA –que sí concede explícitamente tal facultad a los Gobiernos de los Länder (art. 74-14). En cambio, el texto español es ambiguo en cuanto al endeudamiento exterior de las entidades territoriales autónomas, y es fácil imaginar a dónde puede llevar este camino en el progresivo desmantelamiento del Estado; no en balde las Constituciones federales de Suiza (arts. 9 y 10) y de la RFA (arts. 73 y 112) lo excluyen formalmente, y también la de Italia (art. 117), pero no la española.

Con todo, la clave de bóveda de esta adaptación política reside en la estructura del Estado. En su cúspide se sitúa el Rey, mientras que a las FF AA continúa encomendándoseles la defensa del ordenamiento constitucional (art. 8) –nexo de continuidad con el ordenamiento jurídico del Estado de la Dictadura, de cuya esencia militar permanece, cual eslabón, este artículo 8 de la Constitución de 1978 (reproduce, sin mayores cambios, el artículo 38 de la Ley Orgánica del Estado de Franco). Al reconocer preventivamente esta función a las Fuerzas Armadas, la Constitución monárquica abre el cauce formal a eventuales intervenciones militares ante situaciones críticas en los órganos del Estado, lo que distancia la española de las Constituciones democráticas europeas y americanas y la aproxima, en este preciso punto, a las dictadas en regímenes de dictadura –desde Corea al Brasil posterior a 1964, o en el Chile militarizado y su Constitución de 1980, aún hoy vigente.

V. El Golpe de Estado de 1981

La Administración demócrata de Carter terminó su período con una inflexión en su política exterior simbolizada en la directriz 59 del Consejo Nacional de Seguridad, de 25 de julio de 1980, interpretada como preparatoria de iniciativas militares para una eventual guerra nuclear “limitada” en Europa. Aquel mes de julio se iniciaba la operación de asedio-derribo del gobierno presidido por Adolfo Suárez, intensificada a partir de la victoria del candidato republicano Ronald Reagan en las elecciones presidenciales de noviembre del mismo año 1980. Hubo una relación de causalidad entre la política exterior de los primeros años de Carter y la reforma política de 1977-1978 en España, también la hubo entre el ingreso en la Casa Blanca del Partido Republicano, el 20 de enero de 1981, y la inmediata clausura de la etapa reformista del gobierno Suárez. La caída de este último y el golpe militar de enero-febrero de 1981 fueron el reflejo en España del paso de una Administración a otra en EEUU.

La elección de Ronald Reagan significó que el gobierno de EEUU diera prioridad en su política exterior a tres dimensiones principales:

a. Incremento de los gastos en armamento. El presupuesto de Defensa que en 1978 era de 108.000 millones de dólares, en 1981 alcanzaba 220.000 millones, y se proyectó elevarlo a 300.000 millones para 1985.

b. Movilización de los regímenes o movimientos activamente antidemocráticos y conservadores, desde Angola (apoyo a la guerrilla UNITA) y África del Sur a los países islámicos (Marruecos, Sudán, Egipto, Turquía, Pakistán, Arabia Saudita) y América Latina (Nicaragua, Argentina, El Salvador, etc.). En Tailandia, bastión americano en Asia del Sur, el 2 de abril de 1981 el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército se sublevaba, suspendía la Constitución y disolvía el Parlamento, con la complacencia de EEUU y los restantes gobiernos aliados en el Pacto militar de la ASEAN.

c. Respaldo a gobiernos y organizaciones incondicionales de EEUU, aunque ejercieran el poder de forma inhumana. Correlativamente, relevo en los gobiernos más simbólicos entre los apoyados por la Administración Carter, en algunos casos de modo dramático: el avión del presidente del Gobierno portugués –Sa Carneiro (socialdemócrata)– se cayó en las postrimerías de 1980, y su sucesor en el cargo dimitía el 7 de agosto de 1981; el avión del presidente de Ecuador –Jaime Roldós (socialdemócrata)– se caía en mayo de 1981, y el del jefe militar de Panamá, Omar Torrijos (socialdemócrata), también se estrellaba en agosto siguiente. En Brasil, el general que durante la Administración Carter venía protagonizando el tránsito de la dictadura hacia una democracia controlada, Golbery do Couto e Silva –jefe de la Casa Civil de la Presidencia de la República–, aquel mismo mes de agosto seguía el ejemplo de Adolfo Suárez y se apartaba antes de que lo tumbaran, por razones equivalentes: las directrices antiaperturistas que desde Washington llegaban a Brasil. En Bolivia era neutralizado el levantamiento de los generales Natusch y Añez, financiados con seis millones de dólares aportados por Omar Torrijos[49]. La embajadora de Reagan en la ONU, Joan Kirkpatrick, hacía por su parte una gira de confraternidad con las dictaduras de Uruguay, Argentina y Chile, donde explicaba el final de las suspicacias de la Administración Carter hacia ellas.

Sin embargo, a finales de 1980 pocos países podían ofrecer mayor seguridad al sistema norteamericano que España. Los equipos cooptados dirigían tanto el Gobierno como la oposición, las bases militares de EEUU y sus inversiones eran aceptadas, no existía alternativa organizada –ni sindical ni política. Además, en su discurso de investidura del 18 de febrero de 1981 el candidato a la Presidencia del Gobierno por Unión del Centro Democrático (UCD), Leopoldo Calvo Sotelo, ofrecía incorporar España a la OTAN y a las instituciones de la guerra fría en Europa occidental, mantener las bases militares de EEUU, dar prioridad a las relaciones con Marruecos. La oposición en el Parlamento –F. González, S. Carrillo–, aunque verbalmente en desacuerdo con el ingreso en la OTAN, de hecho no movilizaba a la opinión pública en contra de esta opción, se manifestaba de acuerdo en las otras, no cuestionaba las cesiones al capital multinacional en España –mayores que en tiempos del propio Franco–, al tiempo que excluía de sus programas cualquier referencia a “nacionalizar” alguna actividad económica o “reformar” algún sector productivo. El sistema español funcionaba dentro de las programadas coordenadas políticas, militares y económicas de desmovilización social y apatía política. No obstante, en 1981 se intentó pasar de una fase de intervención indirecta sobre España a otra de militarización. ¿Qué razón podía subyacer en tal cambio? Veamos primero algunos de los hechos que puso de manifiesto el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981:

1. La recién inaugurada Administración Reagan, con el general Haig en la Secretaría de Estado, apoyó, por acción u omisión, el golpe en España.

2. Los centros del poder en España colaboraron, directa o indirectamente, en la preparación del contexto sociopolítico favorable a la intervención militar.

3. Los principales dirigentes políticos estuvieron involucrados en el proceso conducente a aquella intervención militar, con la coartada de hacerla desembocar en un gobierno llamado de “concentración nacional” presidido por un General que, paradójicamente, invocaría la “defensa del orden constitucional”.

VI. La intervención militar

Estados Unidos respaldó la dictadura sobre España hasta el último aliento del general Franco –20 de noviembre de 1975. Como relevo, la Administración demócrata Carter-Brzezinski, en coordinación con los gobiernos de su Coalición bélica, instalaron un régimen liberalizante en el que los aparatos civiles y militares fueron renovados paulatinamente mientras se creaban partidos políticos dependientes de centros de decisión de la propia Coalición, en especial de la RFA. La democristiana Fundación Konrad Adenauer había financiado su ascendiente sobre los democristianos españoles, tanto de los que estaban dentro como fuera del partido gubernamental[50]; la liberal Fundación Neumann hizo lo propio sobre los liberales de dentro y fuera de UCD; la socialdemócrata Friedrich Ebert sobre el equipo de González Márquez. Sin embargo, Adolfo Suárez no pudo sobrevivir en la Presidencia del Gobierno más de una semana después de que Jimmy Carter saliera de la Casa Blanca. El 29 de enero de 1981, de un modo tan inesperado como inexplicado, renunciaba a la Presidencia del Gobierno y del partido Unión del Centro Democrático.

La prensa comentó[51], sin que fuera desmentida, que españoles comprometidos con el golpe militar consultaron su intento con colaboradores de Ronald Reagan entre noviembre de 1980 y febrero de 1981, recibiendo promesas de ayuda. Consultaron o fueron consultados, pues algunos de ellos viajaron a Washington invitados por el propio equipo de Reagan. Lo cierto es que un movimiento conspirativo en el que participaban desde capitanes generales y generales de Estado Mayor a suboficiales, pasando por coroneles, capitanes y tenientes de las FF AA y de la Guardia Civil, además de decenas de civiles, que transcurrió a lo largo de semanas y meses, anunciado en sutiles artículos periodísticos, no podía dejar de ser detectado por los servicios de información. En todo caso, por los norteamericanos. Uno de los golpistas mejor situado, el jefe del Estado Mayor de la División Acorazada Brunete (Madrid), el coronel Sanmartín, procedía de los servicios de información creados por el almirante Carrero Blanco y tenía la reputación de estar relacionado con los norteamericanos.

Tres años antes, en 1978, mientras Jimmy Carter dirigía la Casa Blanca, fue un oficial especializado en información, el coronel Federico Quintero (ex jefe superior de policía de Madrid, próximo también a los servicios norteamericanos), quien desveló a sus superiores haber sido contactado en una conspiración relacionada con el teniente coronel Tejero, de la Guardia Civil, que preparaba un golpe militar para noviembre de 1978[52]. Este intento quedó frustrado con el arresto, juicio y condena –simbólica– de Tejero. Pero en diciembre de 1980, un mes después de que Reagan hubiera derrotado a Carter, el mismo coronel Quintero redactaba y difundía desde su destino en la Embajada española en Ankara un informe elogioso del golpe militar en Turquía pocas semanas antes; y durante el golpe del 23 de febrero se hallaba en Madrid.

En 1978 la prensa se hizo eco de que los mentores de la denominada “operación Galaxia” contaban con el factor psicológico como clave de su éxito, preveían la actitud pasiva de unidades importantes en media docena de regiones militares, de modo que alcanzado el objetivo de apoderarse de la persona del presidente del Gobierno –Adolfo Suárez–, intentarían forzar una “salida política” consistente en un “gobierno de salvación nacional”, a ser posible civil, que invocaría como legitimación el art. 8 de la Constitución y se comprometería a “solucionar la crisis” provocada por los propios golpistas. Los cabecillas de semejante Golpe de Palacio representarían el papel de “mártires temporales”.

Lo menos que se puede pensar es que en febrero de 1981 los servicios de información conocían la conspiración y lo que ésta pretendía. Es inimaginable que personalidades como el general Alfonso Armada –durante quince años colaborador directo de don Juan Carlos de Borbón–, hubieran aceptado encabezar un proceso de intervención militar sin consultar la anuencia de EEUU al mismo. Por su parte, Tejero declaró ante el Juez Instructor que

el mando de la operación había dicho que tanto el gobierno norteamericano como el Vaticano habían sido sondeados por indicación del general Armada, y que ambos habían dicho que se trataba de un asunto interno de España, aunque se mostraban conformes con la monarquía constitucional[53].

Es difícil concebir la ignorancia o abstención de los servicios militares de EEUU en una conspiración que, pocas semanas después del golpe en Turquía, exteriorizaba ramificaciones en los dos Estados Ibéricos. La agencia France Presse distribuía el 5 de marzo de 1981 el siguiente cable:

Un grupo de alrededor de 250 portugueses de extrema derecha cruzó la frontera española el pasado 23 de febrero. Los portugueses, antiguos jefes, oficiales, suboficiales y soldados del Ejército colonial, entraron en la zona conocida como Rincón de Caya, en Badajoz, según informaron a la AFP fuentes policiales […]. Se instalaron en una granja, provistos de potentes aparatos transmisores-receptores, y tomaron contacto con centros clandestinos de la extrema derecha española, desde donde les informaron del desarrollo de los acontecimientos hora por hora. Si hubiera triunfado el golpe de Estado, hubieran hecho un llamamiento al Ejército portugués para que se hiciera con el poder, en un golpe de mano similar al turco. Estos ultraderechistas tenían contactos en el interior de Portugal[54].

El ministro de Defensa español, interpelado en el Congreso de los Diputados el 17 de marzo de 1981, no pudo desmentir que la base aérea de EEUU en Torrejón, a 6 km de Madrid, fue puesta en estado de alerta el domingo anterior al golpe. Y mientras Tejero tenía secuestrados a ministros y diputados, en Washington el Secretario de Estado, general Haig, comentaba a los periodistas que “se trataba de un asunto interno de España”; para escándalo de muchos de los secuestrados, que asumían que la situación política española era de la incumbencia de EEUU.

El 28 de marzo de 1981 el diario de propiedad estatal Diario de Noticias (Lisboa) se ocupaba de los rumores sobre un golpe militar conservador en Portugal para abril siguiente, presuntamente preparado desde Madrid pero que habría resultado perjudicado por el fracaso del español el 23 de febrero anterior, dando como fecha presumible del comienzo de ambas conspiraciones noviembre de 1980[55] –el mes en que Reagan fue elegido presidente de EEUU. En este punto no podemos dejar de evocar los esfuerzos que coetáneamente hacían el Partido Socialdemócrata y la Democracia Cristiana de Portugal, y en lo personal Mario Soares –contra la voluntad de la mayoría del Partido Socialista portugués–, para lograr la inmediata dimisión del presidente de la República y, al no lograrlo, retirarle en todo caso la Jefatura de las FF AA a Ramalho Eanes, último dique a la ofensiva de la derecha militar portuguesa contra los restos de la revolución del 25 de abril de 1974.

Concurren otros indicios de acciones concordantes en el sur de Europa. Una de las versiones más detalladas sobre la vertiente española de la conspiración[56] indica que la fecha señalada en noviembre de 1980 para culminar la operación en Portugal era la del sábado 25 de abril de 1981 –víspera de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, agregamos nosotros– y para culminar la conspiración en España el sábado 2 de mayo siguiente, una semana antes de la segunda vuelta en las elecciones de Francia. ¿Era esta militarización de la Península Ibérica una ayuda colateral a la reelección del candidato de la derecha francesa –Valery Giscard d’Estaing– frente al de la coalición socialista-comunista, François Mitterrand? ¿Una advertencia al candidato socialista-comunista para el caso de que superara en las urnas el previsible reflejo de inquietud que, sobre una franja del electorado galo, derivaría de las intervenciones militares en las vecinas España y Portugal? ¿O una prevención ante el eventual retorno de los comunistas al gobierno francés, del que estaban marginados desde 1947? El informe oficial del Ministerio de Defensa español ante el Congreso de los Diputados, el 17 de marzo de 1981, confirmó que el golpe de Tejero y Milans de 23 de febrero se adelantó a los preparativos de otro de mayor envergadura y fecha posterior. Lo cierto es que el 30 de abril de 1981, en un clima político-militar extremadamente tenso, las tropas de la región militar de Madrid fueron efectivamente acuarteladas. Y que el 4 de mayo un general y un policía nacional eran asesinados en Madrid y dos guardias civiles en Barcelona, estos últimos por un grupo terrorista –el GRAPO– sospechoso de estar manipulado desde el seno de los servicios de la seguridad del Estado. La escalada culminaba el jueves 7 de mayo con el intento de asesinato del teniente general Valenzuela, jefe de la Casa Militar del Rey. Esa tarde de nuevo fueron acuarteladas las tropas, y desacuarteladas al anochecer. Durante las veinticuatro horas siguientes en Madrid se sentía el vértigo de la presión en favor de la proclamación del Estado de excepción, en los cuarteles se respiraba un ambiente de insurrección[57]. Pero no la hubo ni en España ni en Portugal, y el domingo 10 de mayo ganaba la Presidencia de Francia el candidato de la coalición de las izquierdas, François Mitterrand.

En otro país del sur de la OTAN, Italia, el 21 de aquel mismo mayo de 1981 era hecha pública, previa autorización de la Magistratura, la lista de los integrantes de la Logia Propaganda-2, acusada de haber funcionado como organización delictiva y de preparar un golpe de Estado para reformar la Constitución, instaurar un sistema presidencialista, destituir a Sandro Pertini (socialdemócrata) de la Jefatura del Estado y sustituirlo por un democristiano que confiaría la Jefatura del Gobierno a otro socialdemócrata pero dispuesto a debilitar a los sindicatos y restringir las libertades civiles[58]. Entre los conjurados se encontraban el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el jefe de los servicios secretos –general Grassini–, el máximo responsable de la lucha antiterrorista, varios generales de Carabineros y del Ejército, almirantes, dirigentes del Partido Socialdemócrata, del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, incluso ministros de Estado[59].

Un golpe de Estado exige una preparación previa: militar, social, política y psicológica, así como respaldos económicos. Semanas antes del 23 de febrero de 1981 más de diez generales, en activo y en retiro, se reunieron en Madrid para planear el operativo político-militar[60]. Fue, en efecto, el 18 de enero cuando el capitán general de Valencia, Milans del Bosch, informó del desarrollo de aquél a otros conspiradores. Un mes antes, en diciembre de 1980, la esposa del teniente coronel Tejero había comprado los seis autobuses que trasladarían a los guardias civiles que asaltaron el Congreso en febrero de 1981. La revista mensual de temas turísticos Spic, dirigida en Madrid por un pariente del director de Seguridad del Estado Francisco Laína, anticipaba en su edición cerrada el día 5 de febrero de 1981[61] una nota en clave que venía a anunciar un golpe militar para el lunes 23 de febrero a las 6.22 p.m., la hora exacta en que Tejero irrumpió efectivamente en el Congreso. Para que el dimitido gobierno Suárez se hallara en pleno dentro del hemiciclo aquel lunes 23, se requería que en la sesión del viernes 20 no fuera investido Presidente Leopoldo Calvo Sotelo, quien no se priva de decir en su Memoria viva de la transición que «desde mi casa, el 17 de febrero, llamó [el ministro] Pío Cabanillas a Jordi Pujol [presidente de Convergència Democràtica de Cataluña] y tuvo con él este diálogo:

—Jordi ¿por qué no votáis en primera votación a Calvo Sotelo?; —Ahora no podemos; ya se verá más tarde; —No es prudente ir a la segunda votación; —¿Qué temes que puede suceder entre una y otra?; —No, nada. A lo mejor un revuelo de entorchados[62].

El lunes 23 de febrero, a las 8 de la mañana, oficiales del Estado Mayor de la III Región Militar (Valencia) ultimaban los planes de movilización de tropas «como estaba previsto de antemano por el capitán general Milans del Bosch», según el mencionado informe del ministro de Defensa[63]. A las 4 de la tarde el gobernador militar de La Coruña, general Torres Rojas, aparecía en el recinto de la División Acorazada en Madrid y convocaba con la mayor facilidad a «los jefes del Cuartel General y al Estado Mayor de la misma». El día antes, domingo 22, el comandante Pardo, de la misma División Acorazada

se ha entrevistado en Valencia con el capitán general Milans del Bosch, y éste le ha manifestado que el lunes día 23 iba a producirse un hecho de extraordinaria gravedad en Madrid ante el cual no había más remedio que actuar para garantizar el orden y la seguridad de la I Región (Madrid), y que la III Región ya estaba preparada.

En la I Comandancia Móvil de la Guardia Civil, en Valdemoro (Madrid), a las 4 de la tarde del 23 se repartieron fusiles entre guardias seleccionados tres horas antes para ocupar el Congreso de los Diputados.

No cabe pensar que los servicios de información militar dejaran de percibir los preparativos. Como tampoco los del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), vinculado a la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM). No obstante, el lunes 23 de febrero la totalidad de los ministros se vieron sorprendidos en el Congreso de los Diputados por Tejero, precisamente a las 6.22 de la tarde. Si atendemos a las fuentes oficiales, también se vieron sorprendidos los Estados Mayores del Ejército y de la Guardia Civil. Sin embargo, ya el 17 de diciembre de 1980 el diario entonces más leído en los cuarteles, El Alcázar, había publicado un artículo sobre la preparación de una conspiración de militares firmado por el colectivo Almendros (era del dominio público que éste expresaba la opinión de oficiales en activo). El 22 de enero y el 1 de febrero de 1981 insertaba nuevos artículos bajo el mismo seudónimo, de contenido más preciso. Y el 8 de febrero, en primera página, bajo el título «Situación límite», firmaba otro el teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, ministro de Defensa entre 1975 y 1977. En la segunda mitad de enero de 1980 un semanario de ultraderecha –El Heraldo Español (Madrid)– titulaba su portada a toda plana: «Ha llegado la hora». Y el 19 de febrero anunciaba bajo el titular «El Plan De Gaulle… al revés», que el general Armada iba a presidir un nuevo Gobierno auspiciado por Felipe González[64]. Quince días antes del golpe en medios empresariales catalanes se hablaba de un Gobierno de concentración que sería presidido por el general Armada[65], después de que el 25 de enero anterior –víspera de la dimisión del presidente Suárez–, la patronal catalana por boca de su presidente Alfredo Molins lanzara un duro ataque: «este Gobierno no se comporta como nosotros creemos que debería comportarse […] es necesario un Gobierno que gobierne y que gobierne con autoridad»[66].

En semejante contexto se sucedió una cadena de movimientos. Primero, la inesperada dimisión del presidente del Gobierno Adolfo Suárez –26 de enero, hecha pública el 29. De inmediato el general Alfonso Armada, gobernador militar de la periférica ciudad de Lérida, fue catapultado al puesto de segundo jefe del Estado Mayor del Ejército[67]. Y apenas catorce días después, por orden del Ministerio de Defensa[68] se introducía la más importante reorganización de la estructura de mando del Ejército de Tierra desde hacía años. Entre otras medidas centralizaba la dependencia de la estructura de fuerza –capitanías generales–, y de las unidades de la Reserva General en la persona del jefe del Estado Mayor, y ponía al frente del Estado Mayor General y Especial del Ejército… al general Armada. En aquellas fechas

el mejor valedor de Armada será el teniente general José Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército, el cual le propone como segundo, aduciendo que es su hombre de confianza. Gabeiras da una batalla a fondo por su nombramiento[69].

Adolfo Suárez, tras contribuir el 29 de octubre de 1977 a que el Rey cesara a Armada de su puesto de secretario general de la Casa Real, había preferido tener a éste lejos de Madrid[70]. ¿Cómo pensar que los movimientos en torno al Estado Mayor que siguen a la dimisión de Suárez, con el Parlamento cerrado por las vacaciones de invierno, no guardaran relación con la conspiración en la que desde los más diversos centros de poder, incluida la prensa, se veía al general Armada como personaje principal?

Caía Suárez y subía Armada. ¿Quiénes y cómo llevaron al presidente del Gobierno a dimitir, y al general Armada al segundo puesto de la Jefatura del Ejército de Tierra? Difícil resulta creer que el jefe del Estado Mayor del Ejército y los servicios de información ignoraran lo que hacía semanas era del dominio público. Así, mientras en la mañana del 29 de enero en ABC el periodista Emilio Romero hacía público el nombre de Armada como el general que se estaba proyectando a la Presidencia del Gobierno, esa misma noche Suárez anunciaba por televisión su renuncia. Hasta libros se ponían en circulación en esas fechas con la intriga en torno a Armada como base de análisis[71]. Mientras, la conspiración seguía un derrotero idéntico en las dependencias militares. Según las declaraciones de Milans del Bosch ante el Juez Instructor del sumario, el 10 de enero de 1981 aquél había mantenido en Valencia una reunión con Armada

en la que se habla de la situación política, la posibilidad de que se produzca una acción violenta y la necesidad de ponerse en contacto con quienes pudieran estar preparándola. Tal operación, de producirse, sería conveniente reconducirla, según acuerdan en dicha reunión, o incluso retrasarla. […] Se habló de una operación política encaminada al nombramiento de Armada como jefe de Gobierno[72].

Y en la reunión en Madrid del siguiente 18 de enero en presencia de Tejero, del general Torres Rojas y otros conjurados

Milans del Bosch manifestó ya la necesidad de ocupar el Congreso, […] derrocar por la fuerza al Gobierno constituido y formar otro nuevo que encauzara la democracia. Sin embargo, estimaba que la operación no debía llevarse a cabo hasta que Armada fuese nombrado segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. De esta forma se realizaría sin violencia, e incluso se habló de un procedimiento constitucional y político […] y que la oportunidad podría ser la moción de censura contra el presidente Suárez, que seguramente se presentaría en el plazo de un mes[73].

En la misma reunión, según Tejero, se consideró que en una fecha ulterior el partido de F. González presentaría en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra el presidente del Gobierno, circunstancia en «que acudirían a la sesión la totalidad de los diputados y sería el momento apropiado para tomar el Congreso»[74] (sobrevenida la dimisión del presidente Suárez, el 12 de febrero Alfonso Guerra hizo público en efecto que el grupo de F. González «no descarta la posibilidad de una moción de censura» contra su sucesor designado Calvo Sotelo). El día 19 de enero el coronel Ibáñez, del Estado Mayor de Milans del Bosch y enlace suyo, había visitado al general Armada en Lérida «para comunicarle el resultado de la entrevista anterior, en la que se había decidido el aplazamiento de la ocupación del Congreso. El general Armada informó, por su parte, a Ibáñez de su próximo nombramiento como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército»[75].

Si el objetivo hubiera sido sólo desplazar a Adolfo Suárez de la Presidencia del Gobierno, aquél había sido alcanzado el 29 de enero con la renuncia voluntaria de Suárez en un mensaje donde decía:

un político debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona que encarna las mayores responsabilidades ejecutivas de la vida política de la nación […]. Tengo el convencimiento de que ésta es la situación en que nos hallamos […] yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España.

La imprevista dimisión de Suárez cambiaba la situación asumida por la conspiración. Al día siguiente, mientras Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, pedía un gobierno de coalición Suárez-F. González como «la única salida posible a esta crisis. Si Calvo Sotelo sustituye a Suárez, el PCE le hará la vida imposible»[76], en la extrema derecha, Blas Piñar avanzaba como causa principal de la dimisión de Suárez la instalación en la Casa Blanca de la Administración Reagan, y veía como persona indicada para sustituir a Suárez a «Landelino Lavilla, que tendría apoyo interno por pertenecer al ala democristiana de UCD», eje de una reestructuración del poder[77]. El democristiano Álvarez de Miranda, por su parte, anticipaba el 15 de febrero en la revista Interviú que UCD debía en efecto coaligarse con F. González Márquez. Calvo Sotelo, sin embargo, en la primera jornada de la sesión parlamentaria de investidura –viernes 18 de febrero–, afirmaba que «la transición ha terminado» y rechazaba gobernar con González.

Una vez apartado el obstáculo Suárez, ¿en coalición con quién se había vislumbrado que el equipo de González participara en el gobierno? La dirección de UCD continuaba rechazándole como aliado, al igual que los partidos nacionalistas de Euzkadi y Cataluña, mientras que Carrillo coincidía con González en excluir una coalición socialista-comunista. En propiedad era el gobierno alemán quien impulsaba el acceso de González Márquez al gobierno de España. El canciller Helmut Schmidt, su ministro de Hacienda –H. Matthoefer–, el presidente de la Confederación General de Sindicatos (DGB) –H. Vetter–, habían convocado con este fin a una discreta reunión al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Carlos Ferrer Salat[78], pero éste comunicó «a sus interlocutores socialdemócratas alemanes que, a su modo de ver, el momento no es favorable para que el PSOE asuma ahora el encargo de formar Gobierno[79].

La sustitución de Suárez era un pretexto, el objetivo de la conspiración era más ambicioso:

el 3 de febrero, y como consecuencia de la dimisión del presidente Suárez, el coronel Ibáñez visita nuevamente al general Armada. Armada le habló ya a Ibáñez de la posibilidad de que él presidiera un gobierno. Y con fecha 16 de febrero, y convenida previamente por los generales Milans y Armada, se celebra una tercera entrevista entre este último y el coronel Ibáñez en Madrid […]. El 18 de febrero el coronel Ibáñez pregunta por teléfono al teniente-coronel Tejero si la operación Congreso podría realizarse el viernes 20 de febrero [fecha prevista para el voto de la investidura de Calvo Sotelo como presidente del Gobierno], a lo que Tejero pone dificultades para poder reunir la fuerza, y acuerdan que podría ser el 23 de febrero, en la que la votación se repetiría[80].

Tejero no estaba listo para actuar el viernes 20 pero los conspiradores tenían información bastante para conocer de antemano que la investidura de Calvo Sotelo no reuniría ese día la mayoría absoluta de diputados, con lo que se forzaría una segunda votación de investidura para el lunes 23. A las 10.20 de ese lunes en el Estado Mayor de la III Región Militar (Valencia) se daba por sabido que el movimiento militar desembocaría en un gobierno presidido por Armada, y que Milans asumiría la Jefatura de la Junta de Jefes de Estado Mayor. A las 17 horas en Madrid, en el Estado Mayor de la división Acorazada Brunete todos decían conocer el papel central del general Armada. A las 17.30 las autoridades militares de Valencia escuchaban de Milans del Bosch que se iba a «constituir un Gobierno presidido por Armada y con participación de todos los partidos». A las 18.45 en el Palacio de la Zarzuela era el jefe de la secretaría del Rey, general Sabino Fernández Campo, quien respondía negativamente por teléfono al Jefe de la División Acorazada –interesado en saber si Armada estaba allí, junto al Rey. No más tarde de las 19 horas el teniente-coronel Tejero, dueño ya del Congreso y con el Gobierno bajo la mira de sus fusiles, anunciaba que sólo reconocía como interlocutores a Milans en Valencia y a Armada en Madrid. A las 19.45, el propio Milans dijo al general Gabeiras que no le reconocía autoridad en la Jefatura del Estado Mayor del Ejército para darle órdenes, y sólo aceptaba las del general Armada.

Sin embargo, cuando ya era tan manifiesto el papel central de Armada «a las 20.25 horas, Gabeiras, en la Presidencia de la Junta de Jefes de Estado Mayor, dispone que los miembros de la Junta se trasladen al Cuartel General de la misma –en la calle Vitruvio– y queden los cuarteles generales de cada arma a cargo de los segundos jefes de cada Estado Mayor». Es decir, el de Tierra, decisivo para el desarrollo del golpe, bajo la autoridad de Armada, 45 minutos después de que la radio-televisión de Valencia estuviera difundiendo el Bando de Milans (toque de queda, asunción de todos los poderes, estado de excepción, suspensión de partidos y sindicatos, etc.). Y hasta pasadas las 21.30 horas no regresó Gabeiras al Cuartel General del Ejército. ¿En qué ocupaba esos preciosos minutos el general Armada al frente del Estado Mayor del Ejército de Tierra?:

la propuesta de resolver la situación en el Congreso mediante la formación de un Gobierno presidido por Armada la expresó éste a los generales reunidos en el cuartel general, después de una conversación telefónica con Milans […]. El general Esquivias informó que Armada pidió un ejemplar de la Constitución para estudiar el posible encaje legal de la fórmula […]. El general Pérez Íñigo informó a sus subordinados, según testimonio de Pardo de Santayana, que a los generales presentes la fórmula les había parecido bien (salvo a dos…). No se puede descartar que antes del regreso Armada consultase la fórmula con el general Sabino Fernández Campo [secretario de la Casa Real], e incluso con el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor y con Gabeiras[81].

De regreso al Cuartel General del Ejército, Armada informa a Gabeiras que «el Ejército está dividido y no se ve más solución que la de formar un gobierno presidido por él [Armada], para lo que se presta a ir a las Cortes y hacer tal propuesta, si se le autoriza»[82]. Armada no es arrestado de inmediato, por supuesto que no:

Armada dice que se le permitió presentar su fórmula [ante el Congreso] a título personal, nunca como propuesta de la superioridad […], pudiendo ofrecer un avión para que Tejero y sus oficiales salieran de España. Fernández Campo confirmó que el Rey habló con Gabeiras y con Armada, y que después le pasó el teléfono y Armada le dijo que […] había que evitar la división del Ejército, para lo que él [Armada] consentía en sacrificarse ofreciéndose para presidir un gobierno. Fernández Campo, en nombre del Rey, precisó que cualquier propuesta tendría que hacerla Armada a título personal y de acuerdo con su conciencia[83].

Cerca de aquella medianoche, Armada no sólo estaba libre en sus movimientos sino que con el acuerdo del mando de las FF AA ingresaba en el Congreso de los Diputados, dispuesto a ser investido presidente de un gobierno provisional de concentración que… resolviera el problema creado por la insurrección de la que el propio Armada formaba parte. ¿Qué decía por su lado la dirección de las fuerzas de orden público, de la Guardia Civil y la Policía Nacional? Armada no entró directamente en el edificio del Congreso sino que hizo escala en el hotel situado enfrente, el Palace, convertido en puesto de mando de los generales que comandaban los cuerpos militarizados que rodeaban el recinto del Congreso –Aramburu y Sáenz de Santamaría–, a quienes a las 23.40 Armada «reiteró su apreciación de que algunas Capitanías podían estar a favor de Milans, y expuso la oferta que iba a hacer a Tejero de un gobierno de transición presidido por él»[84]. Respuesta que recibió Armada de los jefes de la Guardia Civil y de la Policía Armada: vía franca al edificio del Congreso.

VII. ¿Quién paró al general Armada?

¿Qué supuestos permitían a Armada ingresar en el Congreso con un propósito tan preciso, y contar con la luz verde del mando militar y del Palacio Real? Nadie le atajó en su avance hacia el Hemiciclo donde esperaban, como rehenes, el Gobierno y los diputados. Decía Armada al Juez Instructor:

A las 23.50 entro en el Congreso. Hablo con el teniente coronel Tejero […] le hago una propuesta para que se logre una solución constitucional […]. Yo me proponía hablar a los diputados, y que éstos ofreciesen alguna fórmula para que Tejero se marchara y los dejara en libertad: a eso le llamaba yo constitucional, pero que fuesen los diputados quienes la ofrecieren […]. Creía necesario resolver la situación de emergencia que se había producido, porque en aquella situación la Constitución estaba vulnerada por Tejero y habría que restablecer la normalidad[85].

Según las conclusiones del Fiscal, sin embargo, fue dos días antes –el sábado 21 de febrero– cuando Armada se había descubierto personalmente ante Tejero como cabeza de la operación:

En la madrugada del 21 de febrero se celebra una reunión en Madrid, a la que asisten el teniente coronel y el procesado comandante de Infantería, destinado en el Centro Superior de Información de la Defensa [CESID], José Cortina Prieto. Acompaña a Cortina el capitán de la Guardia Civil Vicente Gómez Iglesias, también destinado en el CESID. Cortina se presenta y asiste a la reunión como hombre de confianza del general Armada. Y se muestra perfectamente enterado de las operaciones que se proyectaban bajo el mando bicéfalo Armada-Milans.

Éste parece ser el momento en que se intentó reconducir la intervención militar hacia el objetivo político que protagonizaba Armada, utilizando a Tejero como detonante:

El objeto fundamental de la entrevista es comunicar a Tejero que debe ponerse en contacto con el general Armada, así como facilitarle los medios que se precisen del CESID a través del capitán Gómez Iglesias. Cortina informa que están redactados hasta los decretos-leyes que entrarán en vigor en su momento y que, transcurridas dos horas desde la ocupación del Congreso, llegaría una autoridad militar que sería aceptada por distintos grupos parlamentarios […].

En su comparecencia ante el Juez Instructor declaró Tejero que en la reunión del sábado 21 de febrero

Cortina le indica que todo va a salir bien, que los socialistas no van a dar la menor guerra, ya que, si oyen una frase similar a «el elefante blanco está aquí» o «ha llegado», aceptarán lo que proponga el que lo dice. Los socialistas del Congreso son más bien socialdemócratas y ven también la necesidad de un golpe de timón[86].

Tejero parece haber sentido alguna duda en relación con los datos que le proporcionaban los servicios de información, pues decidió contrastarlos con quien hasta esa fecha creía que dirigía el operativo. Prosigue el Fiscal togado: «Después de esta entrevista Tejero consulta por teléfono con el general Milans, quien le ordena que obedezca a Armada, y Tejero informa al teniente general Milans que se había fijado la fecha del 23 de febrero para la operación, y que precisamente la había fijado Cortina».

También Milans parece haber intuido el sábado 21 de febrero algo nuevo en Cortina: «el mismo día a las tres de la tarde, el general Milans […] mantiene una conversación con el general Armada, quien confirmó al general Milans que Cortina era el hombre de su confianza». Sería éste el antecedente inmediato de la divergencia en la noche del 23 al 24 de febrero entre Tejero y Armada acerca del desenlace del golpe. A Tejero se le confió la misión de ocupar el Congreso y retener al Gobierno y a los diputados, pero no era partícipe del desarrollo planificado para después. Durante el juicio sostuvo que se le había dado a entender que el nuevo «gobierno sería sólo de militares». Si ésta fue la artimaña para instrumentar a Tejero como percutor, la dirección del operativo subvaloró la autonomía de la oficialidad intermedia una vez rota la disciplina en la cadena de mando. Tejero sabía que su misión duraba

hasta que llegase una autoridad militar que pronunciase la consigna Duque de Ahumada, que se dirigiría a los diputados y daría más órdenes para el resto de la operación. La contraseña era únicamente para identificar a esa autoridad militar. El capitán Pérez de Lastra le comunicó en el Congreso que el general Armada le había ordenado que dijese a Tejero Duque de Ahumada. Pedí novedades, y Armada me ordena: «Tejero, quita la fuerza del hemiciclo, reintegra a sus puestos a los diputados que estén fuera de él, que les voy a proponer la formación de un gobierno presidido por mí»[87].

Tejero tenía su confianza puesta en Milans y «en aquel momento preguntó a Armada si el general Milans del Bosch formará parte del Gobierno. Armada contestó que ni él ni ningún militar, solamente él como presidente»[88]. Tejero debió ver claro en ese instante. Se le había ilusionado con un golpe «contra el sistema» y ahora descubría que había sido utilizado como estratagema. Pidió aclaraciones: «le digo [a Armada] si podemos hablar aparte […]. Me dijo que en el gobierno habría Felipe González, Múgica Herzog [equipo González], Solé Tura [equipo Carrillo] y otro de UCD»[89]. El desengaño de Tejero fue tan abrupto como su respuesta: «Ordenó a dos guardias que condujeran al general Armada a la salida y que no entrara sin su permiso […]»[90]. Fue en ese momento cuando la primera variante del golpe de Estado –en torno de Armada– quedó atajada. Tejero intentó seguir e impulsar el proyecto que había acariciado, improvisó un manifiesto y pidió a oficiales de la División Acorazada Brunete su difusión por radio. Éstos ocuparon a las 04 horas La Voz de Madrid, pero no lograron salir al aire; intentaron que lo imprimiera El Alcázar, y tampoco lo consiguieron. Tejero recurrió a Milans. El comandante Pardo Zancada, de la División Acorazada, al frente de 113 hombres y 4 capitanes había llegado al Congreso a las 01.35 en apoyo del golpe. Milans, mientras, ganaba tiempo, si bien retiraba las tropas de las calles de Valencia a las 01.30 no por ello levantaba el Bando militar; consultaba a otros capitanes generales, sin éxito, y entre las 04 y las 05h apreciaba que no le seguían ya ni sus propios oficiales. A las 05 retiraba el Bando y a las 6.30 se iba a dormir. La segunda variante de golpe de Estado –en torno a Milans– había fracasado. El mando militar que había franqueado el paso del general Armada al Parlamento no tenía previsto un programa alternativo a la “operación Alfonso Armada”, ni tampoco unidad interna ni dirección capaz de improvisar una embestida contra el sistema político como anhelaba Tejero y que hubiera significado desconocer al Jefe supremo militar –el Rey, quien a medianoche había transmitido un mensaje radio-televisado rechazando un desenlace que no respetara la Constitución. Diez horas después, Tejero, aislado, pactaba su rendición con el propio Armada.

Aquella medianoche Tejero había desbaratado la “operación Armada”. Pero el mando militar sólo decidió arrestar a este último el jueves 26 de febrero, tres días después del fracaso del golpe, cuando ya todos los medios de comunicación le señalaban como uno de sus cerebros. Y se entiende el retraso, el mando militar central había preparado en torno de Armada una intervención que, formalmente, respetaba la fachada constitucional. No otro sentido tenía la intención de incorporar al Gabinete a los partidos políticos. La Constitución de 1978 atribuye a las FF AA «la misión de defender el ordenamiento constitucional» (art. 8), si Armada la medianoche del 23-24 de febrero hubiera tenido éxito, la Junta de Jefes de Estado Mayor hubiera invocado ese art. 8 para justificar su respaldo al general Armada. Recordemos las declaraciones del propio teniente general Gabeiras a la agencia Efe, el 10 de junio de 1979[91]:

Las FF AA no dudarán, en las situaciones excepcionales previstas por la Constitución, en cumplir con su misión, en cualquier momento y ante cualquier circunstancia que se presente y siempre que se ponga en peligro la Seguridad Nacional. La misión general de las FF AA contemplada en el art. 8 de la Constitución, de por sí importante para la Seguridad Nacional, obliga a tener presente y prevista cualquier acción […].

El art. 8 también era invocado por los civiles comprometidos en la operación del 23 de febrero. Fue el proceder de Tejero y Milans del Bosch lo que chocó con el desarrollo lógico del golpe de Estado de Armada.

Las dos variantes principales del golpe del 23 de febrero se contradecían. Milans y Tejero trataban de forzar la suspensión de las libertades públicas y formar un Gabinete Militar. En este sentido era significativo el primer comunicado público de la JUJEM en la tardía hora de las 22.55: «La JUJEM manifiesta que, ante los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, se han tomado las medidas necesarias para reprimir todo atentado a la Constitución y restablecer el orden que la misma determina». Lacónico comunicado, que silenciaba la sublevación de la III Región militar y el Bando por el que Milans asumía todos los poderes, mientras describía con un neutro “sucesos” el secuestro de todo el Gobierno y de los diputados. Tal toma de postura pública de la cúpula militar no cerraba el paso a la operación Armada, que ingresaría en el Congreso una hora después –con el acuerdo de la JUJEM– y dispuesto a proponer la investidura de un Gobierno provisional que restableciera el “orden constitucional”. El periplo de Armada desde el Cuartel General del Ejército al Congreso de los Diputados, y de aquí a la sede del Gobierno en funciones –formado por los subsecretarios–, tuvo lugar mientras Milans desplegaba sus tanques por las calles de Valencia. Presión que este último sólo aceptó retirar después que, a las 2.30 a.m. del martes 24 –ocho horas después de que Tejero ocupara el Congreso–, el Rey le manifestara por teléfono y por télex que no aceptaba la formación de un Gabinete Militar: «Juro que no abdicaré la Corona ni abandonaré España, quien se subleve está dispuesto a provocar una guerra civil […]». Ante esta decisión política del Rey ni Milans ni los demás mandos que estaban en medio del vado reaccionaron.

¿Qué fuerza catapultaba a Armada hacia la dirección del Gobierno? Al día siguiente del secuestro del Congreso Adolfo Suárez –todavía Presidente en funciones– «criticó a la Junta de Jefes de Estado Mayor que hubiera reaccionado tan tarde y de manera tan confusa ante el secuestro del Gobierno y de los diputados»[92]. La tardanza pudo deberse a la búsqueda de una salida coherente –no encontrada– a una conspiración que no halló oposición activa en el seno de las FF AA. La confusión podía derivar de las dos lógicas contrapuestas del golpe, la de Tejero y la de Armada, y quizás también de la inesperada reacción del jefe del Estado después de que la insurrección se hubiera iniciado invocando su nombre. Tejero, el mando sublevado en la III Región, el proyecto político-militar en torno a Armada, los tres tenían en común que reconocían a don Juan Carlos de Borbón la Jefatura del Estado y de las FF AA. Pero la insurrección quedó sin cabeza política en cuanto el jefe del Estado la desautorizó. Ni Milans, ni Armada, ni los demás comprometidos atinaron a improvisar una cabeza alternativa. Las horas pasaron, hasta sumar 18, con Tejero y Milans ganando un tiempo que corría en su contra en la medida que el Jefe del Estado neutralizaba unidades clave –como la División Acorazada, que en el plan golpista tenía la misión de ocupar Madrid–, y aglutinaba otras en torno de la jefatura institucional.

Pero si detrás de la conspiración político-militar estaban los servicios de información y tantas complicidades en los líderes políticos, ¿no derivaba ello de la naturaleza del propio régimen político? A la inversa de otras experiencias en las que se ha pretendido que las intervenciones militares fueron consecuencia de una aguda movilización social alrededor de reivindicaciones políticas, económicas y culturales –como si los victimarios debieran ser exculpados por las víctimas–, la de febrero de 1981 ofrece un ejemplo contrario. La pasividad popular era en esta fecha generalizada, buscada y programada por equipos políticos que centraban su protagonismo y sobrevivencia en defraudar expectativas o reivindicaciones populares. Con sus consecuencias derivadas: altas tasas de abstención en las elecciones –multiplicada por dos y por tres entre 1977 y 1980, bordeaba el 70%; desmovilización cívica; desafiliación en los partidos comunista y socialista –superior al 50% entre 1977 y 1980; abandono o marginación de cuadros políticos y personas que dieron ejemplo de sacrificio y resistencia contra la dictadura; indiferencia o retraimiento generalizados ante los gestos y obras de quienes protagonizaban la reforma política iniciada el 15 de junio de 1977. En febrero de 1981, ante un cuerpo social con síntomas de anemia, un puñado de guardias civiles secuestraba a los dirigentes del sistema político en medio de la apatía de una población a la que, sin embargo, angustiaba la amenaza que el fácil y protegido golpe de fuerza encerraba.

En la coyuntura que precedió al golpe se sucedieron, además, otros hechos convergentes que contribuyeron a la insurrección armada. En primer lugar, la división de la base política del Gobierno. El proceso conspirativo se desarrolló en paralelo a una acción de zapa en el propio partido de Suárez, la UCD. Si en octubre-noviembre de 1980 se tejió la trama castrense del golpe de febrero siguiente, era precisamente en aquel octubre cuando el presidente del Grupo Parlamentario de UCD, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, estimulaba el reemplazo de Suárez[93]. Este último ha reconocido que la división dentro de UCD y el hostigamiento desde otros sectores le llevaron a dimitir, haciéndose a un lado ante la ofensiva militar en marcha. El precipitante de la caída de Suárez no fueron, pues, las actividades terroristas –telón de fondo misteriosamente sincronizado desde 1974 con hechos y cambios cruciales en la escena política de España–, que no manifestaban una intensidad particular en los meses que preceden a la dimisión: era menor que en períodos anteriores. La novedad más bien procedía del seno de las fuerzas de seguridad del Estado, incluso cuando ya Suárez había caído: el 13 de febrero de 1981, por primera vez después de la muerte del general Franco, un detenido político en manos de la policía fue atormentado hasta la muerte –Joseba Arregui, nacionalista vasco– como buscando provocar la respuesta violenta de otros vascos.

Cabe hacerse la pregunta ¿dónde, quiénes coordinaron los preparativos de intervención militar, las iniciativas en UCD contra Suárez, la muerte del vasco Arregui, la secuencia de atentados a militares y policías, el acompañamiento de algunos personajes políticos? Para Adolfo Suárez «al general Armada la idea de presidir un gobierno de coalición se la sugirió un destacado socialista, según se decía hace ya mucho tiempo en el Palacio de la Moncloa»[94]. Acusación grave, nunca desmentida. Lo que había detrás de la intervención de Armada en el golpe del 23 de febrero es conocido aún muy parcialmente, pero no tanto como para que el observador deje de percibir ciertos signos externos. En el verano de 1980 en la prensa abundaban comentarios acerca de que desde el entorno de F. González Márquez se promovía a un general para la Presidencia de un gobierno de coalición. Durante un viaje a Lima en julio de 1980, Suárez había comentado a periodistas «que conocía la iniciativa del PSOE de situar a un militar al frente del Ejecutivo»[95]. También en el verano de 1980 la revista Interviú reproducía unas duras declaraciones del diputado por Barcelona, Joan Reventós Carner –del equipo González–, señalando a Adolfo Suárez como el obstáculo a eliminar de inmediato de la Presidencia del Gobierno. La ofensiva contra Suárez durante 1980 era de tal envergadura que éste intentó atajarla aquel septiembre pidiendo al Congreso de los Diputados un voto de confianza –que obtuvo por mayoría absoluta.

El 19 de septiembre de 1980 el Comité Federal de F. González Márquez había aprobado una «oferta pública socialista: el PSOE seguirá desarrollando una política de oposición firme y responsable […]». Ratificaba lo dicho por González pocos días antes: «Yo veo como inexorable ser oposición […] A la presencia socialista en el Gobierno se oponen radicalmente numerosas personalidades de la derecha sociológica»[96]. Sin embargo, a finales de octubre siguiente, sus colaboradores Enrique Múgica y Joan Reventós se reunían en Lérida con el general Armada y poco después, el 6 de noviembre, Enrique Barón Crespo, diputado de González por Madrid, se distanciaba de la resolución del Comité Federal de su partido y anunciaba que «es lógico pensar que en España puede haber Gobierno de coalición [con González] hasta el año 2000»[97], sin que ningún responsable del partido le recordara la resolución del Comité Federal contraria a participar en una coalición. Y ello se explica, pues ese mismo día F. González anunciaba en el acto de presentación de un libro de Fernando Morán «la formación, en breve plazo, de una nueva mayoría parlamentaria, con inclusión de los socialistas»[98]. ¿De dónde provenía la seguridad de González cuando Suárez, presidente de UCD, no había emitido ninguna señal de ofrecimiento de coalición? La respuesta la aportaba Joaquín Prieto en El País el mismo día, una confidencia del entorno de F. González según el cual «existe la sensación de que el estamento militar –pese a su demostrada disciplina– no soportará mucho tiempo la actual escalada terrorista sin que se produzca algún tipo de intervención en los asuntos de la vida pública, que incluso podría justificarse constitucionalmente». Aquel mismo 7 de noviembre de 1980 González descartaba la eventualidad de que su incorporación a una coalición de Gobierno derivara de una oferta de UCD o del presidente Adolfo Suárez: «el PSOE solamente asumiría tareas de gobierno en coalición en una situación de extrema gravedad. El PSOE no quiere esta coalición UCD-PSOE, pero el agravamiento de la situación puede hacerla necesaria a corto plazo […][99]. El 12 de noviembre, dos días después del paso de Willy Brandt por Madrid, la prensa publicó una insólita carta personal de González a los adherentes de su organización donde reafirmaba que no se trataba de negociar con UCD una coalición de gobierno, sino que su acceso a este último se daría en una eventual emergencia peligrosa para la democracia[100].

Quienes han estudiado este golpe de Estado son casi unánimes en afirmar que en la conversación de Armada con Múgica y Reventós en Lérida transcendió «la disposición del general Armada favorable a la formación de un gobierno PSOE-UCD, presidido por un independiente, presumiblemente militar, y con el apoyo del Parlamento. Los socialistas se manifestaron de acuerdo […]»[101]. Algo ratificado por el propio Leopoldo Calvo Sotelo, para quien la amplitud de la “operación Armada” sólo se sabrá

si algún día gentes que estuvieron en ese juego, en el encuentro con Armada en Lérida, escriben con veracidad. […] Los hombres de UCD en torno a Adolfo Suárez éramos los únicos que no estábamos en esa operación, puesto que, precisamente, estaba proyectada para sustituir al gobierno de UCD. La operación Armada era un montaje constitucional en el que estaba prevista una segunda moción de censura y un gobierno de concentración. Éste lo pedía, además, Carrillo porque sabía que era la única forma de que hubiera un ministro comunista. Existía un pequeño núcleo de militares que quería pasar a la acción y que tenía su propia vía independiente. Todo eso coincide el 23 F. Todas las líneas, aunque no en la misma medida, confluían en Armada[102].

Reventós, en Lérida, ofreció al general Armada la presidencia del Gobierno, en un golpe que se llamaba blando o constitucional[103].

A mediados de enero de 1981, días antes de la dimisión de Suárez, F. González había anunciado que

para esta primavera la derecha atravesará una fuerte crisis y para junio podría producirse una nueva configuración de la derecha […] pero para el mes de mayo los socialistas presentarán actualizado un programa con una política económica más contundente y más audaz […][104].

Una de las líneas de la conspiración original para derribar a Suárez tenía programada su culminación precisamente en mayo de 1981. ¿Quién instrumentaba a quién? ¿Por qué? En todo caso, en la mañana del martes 24 de febrero Adolfo Suárez propuso al Rey, y después a los partidos, que le permitieran continuar tres meses al frente del Gobierno para desmantelar la trama del golpe. F. González se opuso, negándose incluso a contestar la carta que Suárez le dirigió con la propuesta[105]. Por el contrario –aún vigente el acuerdo del Comité Federal del partido de González contrario a un gobierno de coalición–, al día siguiente del golpe González explicaba ante su Comisión Ejecutiva y Grupo Parlamentario que había llegado el momento para el acceso del partido a un gobierno de coalición, y así se lo ofreció a UCD y a Calvo Sotelo, mientras Joan Reventós i Carner repetía la oferta a Jordi Pujol, presidente de la Generalitat catalana, de integrar en el gobierno autónomo al partido de González. Ofrecimiento que este último hizo ratificar el 28 de febrero por el Comité Federal de su partido. Pero… dos días antes el general Armada había sido arrestado, y el nuevo presidente de Gobierno, al igual que la Ejecutiva de UCD y el presidente de la Generalitat, rechazaron la solicitud de González Márquez.

VIII. La ampliación de la OTAN a España como fondo

El golpe del 23 de febrero marcaba una etapa. De un modo u otro en la conspiración estaban implicados núcleos del espectro político, financiero, militar, diplomático. Las contradicciones internas en ocasiones los neutralizaban entre sí, como ocurrió con Tejero y Armada en la noche del 23 al 24 de febrero. Los centros del proceso conspirativo continuaron operativos, pocas ramificaciones salieron a la luz. Las consecuencias del golpe, sin embargo, sí se vieron. ¿Para qué una intervención militar en 1981? No había en la realidad interna española razones aparentes que atrajeran la intervención activa o pasiva de los servicios secretos de EEUU. La situación en Euzkadi era más pretexto que causa. ¿Para qué fue entonces manipulado el integrismo y obsecuencia de algunos sectores militares españoles? Hay indicios de que ello pudo responder a un diseño global que sobrepasaba el marco de la Península Ibérica. Y era quizás la preparación de Europa para un plan estratégico en el inicio de la Administración Reagan, en un momento en que Europa occidental era presionada para que aumentara los gastos militares convencionales y aceptara la instalación de las armas atómicas llamadas del “teatro de batalla europeo” –misiles Cruise y Pershing II, bomba de neutrones, que parecían corresponder a un supuesto contrapuesto al de la disuasión: evitar la “batalla”. Eran tiempos en que los dirigentes de EEUU escuchaban con displicencia y parsimonia las peticiones de quienes apremiaban el inicio de negociaciones con la URSS para disminuir la densidad de armamento atómico en el continente. Parecía que asumían el riesgo de una batalla real que se preparaba en todos los terrenos, desde el psicológico al organizativo, del político al armamentístico, del económico al social. Años después trascendería que los planes militares de comienzos de la Administración Reagan asumían la inminente entrada de tropas soviéticas en Irán, seguida de una guerra en Europa entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. El presidente Reagan declararía públicamente el 16 de octubre de 1981: «Se puede considerar la posibilidad de utilizar armas tácticas nucleares contra tropas en el campo de batalla europeo, sin que ello conduzca a las grandes potencias a apretar el botón»[106].

Todo el Mediterráneo reflejaba la misma onda de fondo. En septiembre de 1980, con el previo beneplácito de la OTAN y el aplauso o silencio de los gobiernos de la Coalición –a excepción del belga–, Turquía fue militarizada tras ser derrocado su Gobierno (liberal). En noviembre siguiente Grecia era llevada a reintegrar sus FF AA en el Mando Militar de la OTAN, del que salió en 1974 –tras caer la dictadura militar, auspiciada desde la OTAN en 1966. A fines de enero de 1981 Reagan autorizaba la venta a Marruecos de 108 blindados M-60, 20 cazas F-5 y seis aviones de reconocimiento OV-10, dejando sin efecto la condición del gobierno Carter de exigir a Rabat «progresar previamente hacia un acuerdo negociado en el conflicto del Sáhara occidental». Dos meses después Marruecos estimulaba un golpe militar en Mauritania contra la política de Argelia y del Frente Polisario. En abril siguiente el general Haig, secretario de Estado, se desplazaba a Medio Oriente a impulsar una coalición de gobiernos árabes conservadores con su epicentro en Egipto –donde Sadat ya había autorizado el estacionamiento de tropas norteamericanas–, susceptible de orientarse contra los regímenes no alineados del Mediterráneo meridional –Argelia, Libia–, y contra el Irán en revolución islámica. En mayo de 1981 se descubría en Italia la trama golpista de la Logia Propaganda 2, mientras un mercenario atentaba contra la vida del papa Juan Pablo II (Wojtyla, polaco de nación) –la propaganda norteamericana apuntó hacia los soviéticos, el proceso judicial no lo probó, y el general Ambrogio Viviani, ex jefe del contraespionaje italiano, señalaría más tarde la participación de la Logia Propaganda-2 en el atentado, lo que tampoco fue probado, aunque «el asunto de la Logia P-2 tuvo una influencia en la decisión última de los cardenales no italianos en 1978 a favor de un polaco como Papa»[107].

La militarización del Mediterráneo era, pues, una línea de fuerza a finales de 1980 y comienzos de 1981. El trasfondo que daba sentido a puntos dispersos que emergían aquí y allá, en un proceso vasto, múltiple y, lógicamente, coordinado, era la política de EEUU en Europa, la voluntad de quebrar la estructura de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y las revueltas en países islámicos. Aunque escrito antes de la presidencia Reagan, las conclusiones del Informe de los quince sabios al Gobierno de EEUU ayudan a interpretar éste y otros períodos de la guerra fría :

una paz permanente, aunque teóricamente no es imposible, es probablemente inaccesible; aun en el caso de que fuera posible lograrla, no sería por cierto en el interés bien entendido de una sociedad estable llegar a hacerla reinar, […] la guerra cumple algunas funciones esenciales para la estabilidad de nuestra sociedad; en tanto que no hayan sido descubiertos otros procedimientos susceptibles de cumplir las mismas funciones, el sistema que reposa sobre la guerra deberá ser mantenido– y mejorado en su eficacia […]; para la cohesión social, así como para la aceptación de una autoridad política, es esencial, por consiguiente, la existencia de una amenaza exterior a la que se da fe. Su amplitud debe guardar relación con la complejidad de la sociedad amenazada y debe aparecer, por lo menos, como pesando sobre el conjunto de la sociedad[108].

En cualquier caso, del empujón militar de febrero de 1981 hizo una muy específica interpretación el nuevo presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. A grandes zancadas, con premura, hizo aprobar la entrada de la OTAN en España por el mismo Congreso al que Tejero había tenido secuestrado a punta de pistola. A Adolfo Suárez se le reprochaba que durante sus cuatro años al frente del Gobierno hubiera dado largas a algo tan capital para las estrategias de EEUU en Europa. También el sucesor de Calvo Sotelo al frente del Gobierno, F. González, confirmó y ratificó a la OTAN (de nuevo, sin contar para ello con el respaldo de Suárez). ¿De la OTAN se trataba en 1981? A responder la interrogante aporta cierta luz la semblanza que de Suárez Presidente haría Leopoldo Calvo Sotelo:

Para mí estaba claro desde 1977 que había que incorporar a España a la Comunidad Europea y la Alianza Atlántica. ¿Lo veía tan claro Adolfo Suárez en los años de su Presidencia? Probablemente no, […] volvía insensiblemente a las coordinadas árabes e hispanoamericanas de la política internacional, y descuidaba la transición exterior. En cuanto a la Alianza, apuntaba en Suárez un cierto antiamericanismo. Corregir y precisar ese rumbo fue uno de mis primeros propósitos como Presidente del Gobierno[109].

Pero si para lograr la ampliación de la OTAN a España había que quitar de en medio a Suárez, ¿cómo se integraba en la trama hacia un “gobierno de concentración presidido por un militar” la oposición que por entonces publicitaba F. González a la Alianza Atlántica? La contradicción era sólo aparente. Calvo Sotelo se presenta a sí mismo en su Memoria viva… como adalid de la OTAN, y para enfatizar su papel en franquearle la entrada en España dibuja a un F. González cicateramente adverso a ello, hasta que «aprendió la cuestión» a fines de 1985 y en 1986. La realidad fue otra, y estaba en la penumbra. Que externamente González no posara como adalid de la OTAN antes de 1982 obedecía a razones de necesidad electoral: no quería enfrentarse al electorado cuando requería de sus votos para alcanzar el Gobierno –la mayoría rechazaba que España entrara en la Coalición bélica. Una vez instalado en aquél (fines de 1982), en el subsiguiente Congreso de su Partido (1984) hizo borrar del Programa la oposición al ingreso de la OTAN que los socialistas sostuvieron desde la muerte de Franco, mientras se aplicaba pacientemente a cambiar la mente de una fracción de electores e invertir el signo de la mayoría –lo que no logró hasta 1986, momento en que convocó el referéndum para plebiscitar la entrada de la OTAN en España. ¿Calvo Sotelo no captó el porqué del doble juego y lenguaje de González? Si fuera así, debe haber sido uno de los pocos gobernantes de Europa y EEUU que desconocía el compromiso personal de González –contraído con quien correspondía– de alistar España en la OTAN cuando aun en público hacía campaña en sentido opuesto.

IX. Partidos políticos

Sostenía en 1962 el sociólogo francés Georges Gurvitch que sin una revolución social la sociedad europeo-occidental sólo verbalmente podía eludir el riesgo del fascismo[110]. Contrastemos la tesis en España. Que hombres procedentes del franquismo hayan protagonizado su reforma (Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Rodolfo Martín Villa, Francisco Fernández Ordóñez, Manuel Fraga, militares con mando, altos responsables de la economía, etc.), es la cristalización personal de un fenómeno macrosocial: la continuidad de las estructuras del sistema socioeconómico anterior. Tras el fallecimiento del general Franco (1975), el objetivo de la reforma política subsiguiente ha gravitado en torno del mantenimiento del statu quo social interno y del estratégico externo. Los medios de la reforma han sido los democrático-liberales, vedados al general Franco por la identificación de su régimen con la cruenta guerra civil que aplastó al sistema democrático y sus organizaciones. Ilegitimidad de origen y de ejercicio que, sin embargo, no podía ser perpetuada, inmutable, más allá de Franco. Después de 1975 innovar en los medios era funcional para preservar los fines, el orden social construido después del derrocamiento del sistema democrático republicano en 1939.

De modo paralelo se ha dado una continuidad equivalente en la estructura de las relaciones económicas y político-militares externas. El régimen de Franco empezó a insertarse formalmente en las instituciones construidas en Europa después de la segunda guerra mundial a partir de 1959 –admisión en la OCDE. Integración marginal y parcial que seguía a la concesión en 1953 de bases militares a EEUU. Sin embargo, en plena guerra fría, EEUU deseaba absorber el territorio y las FF AA españolas dentro de su estructura militar sobre Europa: la OTAN. Sucesivos intentos de gobiernos norteamericanos para anexionar España en la OTAN se estrellaron ante la resistencia de algunos gobiernos aliados que exigían que España tuviera un régimen político no dictatorial. En lo económico, los grupos empresariales locales más vinculados al mercado europeo que al de EEUU, y el capital extranjero interesado en el mercado español, se encontraban con que la continuidad de las instituciones políticas de Franco impedía que la Comunidad Económica Europea (CEE) se expandiera hacia España. En lo político, y por idéntica razón, no podía ser integrada en las instituciones complementarias: Consejo de Europa, Asamblea Europea, etcétera.

Desaparecido el Dictador, se precedió a anclar a España militar, económica y políticamente en las instituciones supranacionales creadas por la Coalición de la Guerra Fría. Ello requería reemplazar la superestructura jurídico-política por otra homologable con regímenes liberales. Lo que se llevó a cabo en 1976-1977 actualizando los planes (congelados desde 1942-1946) de restaurar la monarquía y fortalecer las estructuras socioeconómicas mediante su «legitimación democrática». Es decir, la devolución de sus derechos políticos a los ciudadanos tuvo lugar bajo la supervisión de los intereses beneficiarios de aquellos planes. Es la cara desconocida de la historia del posfranquismo, de la que poco ha transcendido[111].

Enumeremos algunos de los medios instrumentales de la reforma política. En primer lugar, la reducción-reconducción de las pugnas sociopolíticas a su vertiente parlamentaria, entre los equipos cooptados a este fin[112] y disociando luchas políticas y dinámica social. Para ello se convirtió a los equipos políticos protegidos en asociaciones paraestatales distanciadas de su base social específica, actual o potencial. Financiados en parte desde los centros de decisión de la Coalición de la Guerra Fría, vía fundaciones y otras mediaciones económicas, y en parte desde los Presupuestos del Estado, los partidos de la reforma en la práctica han funcionado como órganos del Estado.

En segundo lugar, se adaptó la experiencia de la RFA posterior a 1958 (Congreso de Bad-Godesberg del Partido Socialdemócrata), y la de Italia después de 1963 (onesto compromesso entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana). Los grupos que pactaron la reforma en 1976-1977, en particular los que la protagonizaron –los de Fraga (Alianza Popular), Suárez (UCD), González Márquez, Carrillo, nacionalistas vascos y catalanes–, han operado como grupos socialmente autónomos instalados en parcelas del Estado, como componentes sociales del mismo con intereses y necesidades propias. Para compensar la debilidad de los equipos legalizados en 1977, se desmontó el andamiaje jurídico-formal de algunas instituciones del Estado heredado mientras, en paralelo, se potenciaba que aquellos equipos crearan círculos concéntricos de clientelas y asalariados mediante la asignación-distribución de subvenciones financieras –directas e indirectas, públicas o secretas–, del Estado o de empresas privadas nacionales y extranjeras. Fue un proceso denominado de consenso. La financiación procedente del seno de la Coalición de la Guerra Fría contribuyó a subordinar los emergentes equipos políticos a su sistema de poder mundial. De esta forma la internacionalización del capital ha avanzado en España simultáneamente a su estabilización económica, militar y política dentro de las estructuras creadas durante la guerra fría en Europa.

En tercer lugar, el entramado de equipos políticos consensuados actuó como órgano de conservación del statu quo socioeconómico. Son equipos que reconocen no tanto la existencia de clases como la de individuos o sectores sociales cuyas contradicciones o antagonismos se cubre con referencias “modernizadoras”, tecnocráticas, que han adaptado la experiencia de la RFA que describía O. K. Flechtheim:

En los últimos años se anuncia una transformación interna de los partidos. Parecen evolucionar por momentos del tipo de agrupación democrática de afiliados, fuertemente impregnada de ideología, a aquel de una institución casi estatal, dirigida en gran medida jerárquicamente, que –en forma del todo análoga al Estado moderno en general– ostenta tanto los rasgos de una organización de prestación de servicios, que trata de satisfacer diversos deseos de los consumidores, como también los de una institución de dominación. Esta “objetivación” y “desideologización” de la política de los partidos, que muchos celebran, va hoy en día casualmente de la mano, en todos los partidos, con una renuncia progresiva a la realización de reformas estructurales profundas de la sociedad y la economía[113].

En cuarto lugar, en 1977 los equipos cooptados fueron legalizados como partidos políticos previa garantía de su oligarquización interna, para emplear los términos de Michels[114]. No ya sólo comprometida sino constitutivamente consolidada, requisito sine qua non para ser aceptados en el consenso y percibir su parte alícuota con cargo a los presupuestos del Estado. El orden cronológico de legalización de los equipos políticos a partir de 1976, de mayor a menor protección, muestra la programación de que aquellos fueron parte, hasta lograr que se conformara una unidad oligárquica concentrada en torno de una persona con plenos poderes en el seno de cada partido, que mediatizara a sus adherentes y los convirtiera en instrumentos ejecutores de planes y compromisos a menudo secretos. Persona en la práctica no responsable ante los órganos colectivos del propio partido en la medida en que éstos fueron a su vez copados por clientelas de sumisión probada. Fueron marginadas las excepciones, quienes osaban pensar en forma autónoma, o quienes prestaban más atención a las expectativas de los adherentes al partido –o de los votantes–, que no a las instrucciones de la cúspide.

En quinto lugar, la actuación independiente de la cúpula de semejantes partidos respecto de sus miembros y electores ha facilitado su actuación al margen de referencias de clase, o de relaciones de dominación socio-cultural-nacional. Se repitió en los equipos consensuados de la España posfranquista lo que J. Agnoli teorizara a partir de la experiencia del modelo inspirador y fuente primera de financiación:

La técnica de la paz social no puede prosperar sin esta enajenación de las organizaciones políticas y sus dirigentes respecto a las mismas grandes masas que debieran representar. Allí donde el desplazamiento de la función ha prosperado lo bastante, y los equipos de dirigentes colaboradores del partido se han incorporado, seguramente como polo opuesto de los ciudadanos electores, en el aparato institucional y administrativo del Estado, surge, de modo absolutamente imprevisto por el propio ciudadano, una nueva forma de la organización estatal. Constituye la coronación del Estado constitucional modernizado, esto es, el último peldaño hacia la manipulación ininterrumpida y hacia el sistema político que tiende a perpetuarse. Se desarrolla un mecanismo de dominación de nuevo cuño, condicionado por el trabajo conjunto de los equipos dirigentes –colaboradores del partido, en el que entran centros de poder objetivados y autoritarios circulando entre sí, en una relación de competencia[115].

En sexto lugar los equipos constituyentes de 1977-1978, en particular los centrados en torno de Adolfo Suárez y Felipe González, ofrecieron programas políticos sólo en apariencia distintos. Su analogía y la comunidad de objetivos les hizo adoptar los métodos de mercadeo propios de la venta de bienes de consumo, la “oferta” ajustándose a las expectativas de las encuestas sobre la “demanda” –esta última a su vez promovida por la publicidad-propaganda. Y aunque los partidos parecían pelear por conquistar posiciones de poder, eran parte de una unidad simbiótica. El partido único del régimen franquista, el Movimiento Nacional –del que fuera último secretario general precisamente Adolfo Suárez–, fue en la práctica reconvertido después de 1975 en una versión plural de un partido dominante subyacente[116]. La pluralidad de núcleos políticos consensuados del posfranquismo, a diferencia de lo que limitó a la unificada Unión Patriótica durante la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), pudo asegurarse recíprocamente el juego electoral para distribuirse el acceso a los puestos públicos –función principal para ellos de una Constitución–, al tiempo que se garantizaban que quienquiera ganase no introduciría cambios sustanciales respecto de los otros. La lógica de tal sistema tiende a la depauperación de la renta política de los más débiles o inciertos (como el Partido Comunista, o los núcleos de las nacionalidades periféricas), en provecho de la concentración de los recursos en un bipartidismo imperfecto volcado sobre el “centro”, es decir, sobre el mantenimiento del statu quo ante.

La sucesión-continuidad del régimen de dictadura fue, de esta forma, estructurada en torno de los proyectos elaborados originalmente durante el crepúsculo del III Reich alemán que hemos visto en capítulos anteriores, actualizados en los planes que precedieron al fallecimiento de Franco. En la medida en que el nuevo andamiaje pluralista ha consolidado la estructura socioeconómica y de subordinaciones internacionales del período de dictadura, destruyendo o neutralizando a los sectores sociopolíticos contrarios a ello, mejor que una estructura autocrática se ha reproducido en España lo que Lelio Basso veía en la Italia de 1962: no era el marginal partido fascista quien había asumido la sucesión del cogollo sustantivo-material del régimen mussoliniano, sino los partidos del centro (centro-derecha y centro-izquierda) garantes de la paz social del sistema capitalista[117]. ¿No es acaso la razón principal del fascismo el imposibilitar la democratización socializante?

En sus orígenes históricos se observa una cierta compatibilidad entre los partidos populistas-pluralistas y el fascista. En 1928 G. Leibholz hallaba en la práctica de la “concertación social” el punto de convergencia entre ambos sectores políticos, que negaban la dicotomía trabajo-capital y buscaban soluciones corporatistas de los conflictos sociales a través del Estado:

Este afán de un partido de identificarse con el todo […] no es algo peculiar del fascismo. Porque la intención hacia el partido popular es inmanente a todo partido. Lo característico del fascismo es solamente la realización de esta intención, la unificación efectiva y ahora también jurídicamente sancionada de Estado y partido[118].

Partidos populares-pluralistas como el Católico en Italia después de la primera guerra mundial, el Zentrum de la Alemania de Weimar, la CEDA en la España de la II República (1931-1936) o, más recientemente, el Partido Demócrata Cristiano en Chile en 1964-1973, cuando no pudieron contener por sí mismos la democratización socializante no se limitaron a preparar el terreno a las “soluciones” de Mussolini, Hitler, Franco o Pinochet, sino que nutrieron con sus cuadros a los equipos de dirección de estas dictaduras, y a sus sucesores. Camino desde el populismo hacia el fascismo que España recorrió de ida en 1936 (insurrección contra el Gobierno democrático republicano), y en viaje de vuelta después de 1975. En ambos casos equipos identificados con el sistema capitalista llevan a cabo la transición, incluso con idénticas personas en puestos de influencia. Los equipos políticos de la reforma de 1977, como los de las Cortes corporatistas anteriores, tenían como función representar al Estado ante la sociedad más que la inversa. Viaje de retorno a los orígenes que también se pudo observar en la Italia de mayo de 1994, cuando el Gobierno de coalición populista-neofascista encabezado por Berlusconi logró la investidura del Senado (por un voto) gracias a los escaños de la derecha democratacristiana.

Por último, objetivo capital, se trató de amagar las contradicciones entre capital y trabajo mediante sindicatos integrados en el sistema. Complemento indispensable de la manipulación parlamentaria, en paralelo con el aislamiento de la oposición “fundamental” al régimen franquista, la neutralización o destrucción de la dimensión de clase en los sindicatos fue buscada por la vía de su integración en pactos como el de la Moncloa –1977– o el Acuerdo Nacional sobre el empleo –1981. Con el apoyo de la Patronal y del Gobierno la instrumentación de los recién legalizados sindicatos perseguía arrinconar a los núcleos sindicales que con mayor conciencia sobrevivieron a la represión de la dictadura. Era el contrapunto de la secuencia política que describía el diputado de González por Barcelona –Juli Busquets:

hoy, gracias fundamentalmente a la responsabilidad, prudencia y moderación de los socialistas, y más concretamente de F. González, el PSOE […] practica una política basada en el consenso, la concertación y el pacto social, y en consecuencia la sociedad no sólo no está enfrentada, sino que está cada vez más integrada[119].

Sin embargo, la huelga general de los sindicatos contra la política del gobierno González el 14 de diciembre de 1988, y de nuevo el 27 de enero de 1994, mostraban el límite social que la reforma no pudo franquear. Pero ello era esperable, el proceso de cambio político giró precisamente en torno de cómo contener, neutralizar, a las organizaciones de trabajadores; y cuando estas últimas empezaron a dar síntomas de reaccionar ya habían transcurrido los años necesarios para tener a los españoles integrados-subordinados dentro de engranajes, internos y supranacionales, de los que no pudo disponer el régimen de la dictadura.

En el camino de retorno del régimen dictatorial al pluralista, sin mella del sistema de dominación interna y subordinación externa preexistentes, es en autores coetáneos del camino de ida hacia el primer fascismo, como Vilfredo Pareto, donde podemos encontrar la conceptualización del porqué y para qué de un pluralismo restringido y condicionado como el de la España posterior a 1975. Así, por ejemplo, aconsejaba el sociólogo Pareto a los primeros gobernantes fascistas italianos que se sirvieran del pluralismo como de un instrumento más de dominio:

la plena libertad de prensa presenta más ventajas que inconvenientes. Puede constituir un mal para un país el que muchos de sus habitantes alimenten ciertos sentimientos, pero no, ciertamente, que los muestren. Antes bien, esto puede serle útil al gobierno, si es que se propone reprimir o combatir dichos sentimientos[120].

hay que saber si existe un consenso siquiera tácito, […] para esto una amplia libertad de prensa es imprescindible […]. Hay que ser cauto, pues, ante la tentación de restringirla […]. Dejad que los cuervos graznen, pero sed inexorables en cuanto a reprimir los actos. Aquel que quiera cometerlos debe saber que el poder caerá sobre él sin compasión […] y así ya ni siquiera se verá tentado a cometerlos[121].

Un presupuesto básico de la reforma del franquismo ha sido sustraer a la sociedad decisiones políticas fundamentales en pro de hechos consumados, derivados de pactos ocultados incluso a los órganos de representación de los propios partidos que se limitaron cuanto más a dar el “enterado”. Los ciudadanos han sido utilizados como referencia formal en elecciones periódicas, cuyo alcance y límites desde antes de la extinción de Franco estaba previamente convenido por los núcleos cooptados para la ocasión. Esta necesaria marginación de la ciudadanía –e inevitablemente, de las bases militantes de los partidos–, imposibilitó su participación efectiva en las instituciones del posfranquismo. Aquí ha radicado una de las principales limitaciones del sistema reformado. Por un lado, la excesiva identificación entre 1977 y 1982 de los equipos González y Carrillo con los gobiernos de UCD produjo efectos potencialmente disfuncionales al propio sistema, y puso en peligro el intento de integrar a su teórica negación sociopolítica, los trabajadores. El proceso de asimilación requería de equipos políticos intercambiables de hecho, pero guardando ciertas formas, alguna distancia, a efectos de alimentar expectativas de cambio y renovación. El mantenimiento prolongado del consenso entre el gobierno de Adolfo Suárez y su oposición parlamentaria, la política de “concertación” de su sucesor Calvo Sotelo con González, la del Gobierno de este último con las variantes básicas de los anteriores, contribuyó a desvelar ante la sociedad lo que de otro modo hubiera tardado más tiempo: la identidad fundamental entre los protagonistas básicos del pluralismo posfranquista.

De ahí dos fenómenos derivados y complementarios. Primero, el distanciamiento creciente de la sociedad respecto del nuevo sistema político, como desde temprano evidenciaron las tasas de abstención electoral –en 1980-1981 el doble que en 1977, superando el 50%–, o el retraimiento ciudadano en otras formas de participación. Después, se ha precipitado una cierta crisis y autodestrucción de los partidos del consenso. En su XXVIII Congreso de marzo de 1979 el PSOE votó mayoritariamente contra lo que intuía como proyecto encubierto en el equipo de González, voto que fue respondido con una sistemática purga que lo inhabilitó como partido de masas y de acción socialista, reduciéndolo a un aparato de gestión de presupuestos públicos y ejecución de la programada transición posfranquista. Hasta tal extremo que cuando en 1980 el general Armada intentó el golpe de Estado que debía desembocar en un Gabinete de “salvación nacional”, tenía previsto asignar carteras ministeriales a miembros de los equipos de la transición, el de González incluido[122]. La UCD, a su vez, una vez votada la Constitución de 1978 fue progresivamente agrietada hasta su desintegración en 1981-1982, su aglutinamiento en torno de Suárez naufragando en la exigencia de sus núcleos más conservadores de políticas restrictivas más severas, en lo interior, y más subordinadas en el exterior a las exigencias de la Coalición de la Guerra Fría[123]. El PCE, por su parte, estalló en tres fragmentos en 1981-1982 tras perder el 65% de la militancia que reunía en 1979[124], escindirse primero el sector contrario a integrarse en el sistema dominante y, después, el partidario de abandonar doctrinas y prácticas propias de la tradición comunista, y que acabó uniéndose al equipo González. El núcleo en torno de Carrillo, aislado entre ambas fracturas, derivó hasta fusionarse también con González.

La emergencia de estos fenómenos políticos fue paralela a la de evoluciones sociales negativas. Entre 1980 y 1988 aumentó el paro forzoso en un 100%, llegando a afectar al 22% de la población activa; la participación salarial en el PIB se redujo del 53 al 49%; la deuda pública se elevó del 12,9% del Producto Interno Bruto en 1975 al 46,2% en 1986, mientras el crónico déficit comercial se incrementaba tras el ingreso de la CEE en España.

En la crisis del primer posfranquismo influyó también la derrota de la candidatura demócrata de Jimmy Carter en las elecciones de 1980 en EEUU. La Administración de Ronald Reagan aplicó sus propios proyectos a España y su contorno. Los socialdemócratas alemanes, por su parte, para entonces habían sido desplazados del Gobierno por una coalición democristiana-liberal, lo que tuvo también el subsiguiente reflejo en España. La crónica fechada en Bonn el 26 de enero de 1982 clarificaba una de las razones de la liquidación de la Unión del Centro Democrático:

La visita de dos días a Bonn del promotor de los Clubes Liberales, Antonio Garrigues Walker, y del ex ministro [UCD] de relaciones con la CEE, Eduardo Punset, para entrevistarse con los dirigentes del P. Liberal alemán (FDP) coincide con los planes del ministro de Asuntos Exteriores de la RFA, el liberal H. D. Genscher, de dar un impulso al liberalismo en España, […] los liberales alemanes no conciben un partido como UCD, donde caben todos los partidos representados en el Parlamento federal alemán […][125].

En 1977-1980 fue actualizado el proyecto de 1944-1945 de bipartidismo para España, revigorizándolo con las experiencias del onesto compromesso italiano y de la grosse coalition en la RFA de los años sesenta –ambas impulsadas desde EEUU por administraciones demócratas. Es decir, configurar un eje de centro-izquierda como interlocutor de otro de centro-derecha en el papel de oposición-alternativa consensuada o, en caso de necesidad, de “gran coalición”. En 1981, sin embargo, la política de la Administración Reagan mostraba que el proyecto de cambio delineado durante la presidencia Carter había sido modificado, lo que hizo más impracticable aún el intento de Carrillo de adoptar el compromesso storico buscado por el Partido Comunista de Enrico Berlinguer en la Italia de 1978-1980 –también en vano, al no ser asimilable en los parámetros de la Coalición de la Guerra Fría. El zig-zag del líder de esta última consumó la división-disolución de UCD después que la Administración Reagan se instalara en la Casa Blanca (enero 1981), mientras que el equipo de Santiago Carrillo se desintegraba y el de González Márquez destapaba paulatinamente sus medios y metas reales y reemergían formas políticas arcaizantes; el cambio de régimen había logrado integrar plenamente España en las estructuras de la Coalición de la Guerra Fría.

X. Técnicas electorales

En 1977 la devolución de la soberanía interior a los ciudadanos españoles fue parcial, como se ha analizado en los capítulos anteriores. Después de 41 años de serles negado el derecho a elegir a sus gobernantes, los controles internacionales y filtros personales que prepararon las elecciones parlamentarias de 1977 se plasmaron en técnicas de mediatización del ejercicio del sufragio. De modo tal que el resultado del restablecido derecho de voto no escapara de las manos de los equipos cooptados y estipendiados para conducir la reforma política.

La primera medida técnica fue impedir que el ciudadano pudiera elegir a la persona a quien confiaba su representación en la Cámara de los Diputados. A este fin se huyó como del diablo de restablecer la circunscripción electoral unipersonal existente hasta la dictadura; se la reemplazó por la de la Provincia, es decir, por una multiplicidad de candidatos encerrados en una lista –en ocasiones con más de cuarenta nombres. Al elector se le obligó a escoger entre una u otra lista cerrada y bloqueada, se le imposibilitó elegir a la persona de su preferencia. Los nombres insertos en cada lista siendo escogidos por el jefe del partido, y el orden en la misma determinando el de los diputados susceptibles de salir elegidos, el resultado logrado ha sido el buscado: invertir el principio de representatividad democrática. Si ningún ciudadano puede elegir a su diputado nominalmente tampoco lo puede controlar, y ningún diputado específico tiene electores ante quienes responder del desempeño de su mandato. Su acceso al Parlamento es fruto de su cooptación por el jefe del partido, y de que éste le haya situado en el encabezamiento de la lista; a partir de ese momento su preocupación es contentar al jefe, pues de su buen querer depende ser incluido en la lista de candidatos en las siguientes elecciones. En los hechos, ese diputado representa a su jefe ante los electores y también en el Parlamento; los ciudadanos son un referente ocasional al que se aproxima con motivo de los comicios.

La segunda medida técnica fue no poner techo ni control eficaz a los gastos electorales. De este modo en 1977 el marketing aplicado a las campañas electorales fue dominado por la publicidad financiada desde centros de decisión de la Coalición de la Guerra Fría y en respaldo de los equipos estipendiados. Ocupado el espacio electoral, estos crearon en sus respectivas organizaciones una burocracia cuyo costo salarial ascendente, así como el de las sucesivas campañas electorales, fue costeado con cargo a los Presupuestos del Estado y aportaciones clandestinas de empresas privadas nacionales y extranjeras que, a cambio, obtenían contratos del Estado, comunidades autónomas y municipios. Esta técnica disuadía a la competencia política de competir, y si osaba hacerlo se la aplastaba con los ingentes recursos financieros de quienes tenían ocupado el mercado de los votos en régimen de oligopolio. La corrupción inherente a semejante régimen de partidos cooptados era asumida como un coste necesario del sistema posfranquista. Según Carlos Solchaga –del equipo de González Márquez– si

en el franquismo había que pagar las estructuras del Movimiento [Partido Único] y de la organización sindical, que salían de los presupuestos del Estado, si en la dictadura el aparato político tenía un coste, en democracia había que tener [el de la prevaricación y venalidad]. […] Y se hizo; por parte de todos los partidos[126].

Subvención del Estado a partidos, 1977-1994 (en miles de ptas.)

Partidos políticos

Subvenciones directas

Id. por gastos electorales

PSOE
39.857.894
11.382.938

IU (PCE+PSUC+IU+IC)
4.857.586
2.044.343

pp (PP+AP+CD+CP)
22.434.497
7.561.069

Unión Centro Democrático
4.133.411
1.868.725

Centro Democrático y Social
4.111.326
825.881

P. Nacionalista Vasco
1.414.128
428.131

Convergència-Unió Democ. Catalunya
3.901.979
1.348.965

Esquerra Republicana
123.252
73.837

Unión Pueblo Navarro
214.150
81.069

P. Aragonés Regionalista
262.164
123.065

Unió Valenciana
331.052
68.369

Euskadiko Ezquerra
312.766
64.982

AIC-C.Canaria
330.543
39.283

P. Andalucista
336.603
147.475

Euzko Alkartasuna
267.420
83.216

Otros
400.921
2.117.448

TOTAL
83.289.692
28.258.796

FUENTE: -Ministerio de Interior. Dirección General de Procesos Electorales.

La tercera medida técnica ha sido evitar el sistema de representación proporcional integral. Se favoreció la conformación de mayorías absolutas que redujeran el pluralismo en la dirección del Estado y disminuyeran la representación parlamentaria de las opciones electorales no cooptadas. Señalado este objetivo, la ley electoral fue diseñada a su medida: sistema de lista –cerrada y bloqueada; circunscripción provincial; proporcionalidad corregida; una sola vuelta; sobrerrepresentación de las provincias rurales menos pobladas en desmedro de las de mayor concentración industrial y urbana.

Los efectos disimuladamente buscados con semejantes técnicas acabaron por hacerse palmarios. Los equipos cooptados consolidaron su control total sobre las máquinas electorales, dominaron los recursos financieros clandestinos –por medios inconfesables cuando no ilícitos. La masa de dinero negro ha sido usada a discreción por los cooptados, sin rendir cuentas de su monto y origen a ningún órgano de control interno ni externo, público o privado, usándola para sucesivas cooptaciones en círculos concéntricos y someter tanto a los cargos orgánicos como a los de elección por sufragio que aceptaron figurar en tales listas cerradas y bloqueadas. Ni siquiera las cuantiosas sumas recibidas con cargo a los Presupuestos del Estado fueron fiscalizada por los órganos de dirección nominal del partido político[127]. Su control efectivo quedó oculto para todos excepto para el cooptado jefe, los otros miembros del partido –de cualquier rango– eran sus asalariados, o aspirantes a serlo. También fue ocultado el control del dinero prestado por los Bancos a las cúpulas políticas cooptadas. El nivel de endeudamiento de la de F. González ha situado a su organización en quiebra técnica, en manos de la Banca, que la mantiene a flote mediante el expediente de no ejecutar los créditos vencidos, morosos y suspensos:

Deuda bancaria de los partidos políticos en 1994
(en millones de ptas.)

PSOE

CDC

UDC

PNV

IU

ERC

CC

IC

UV

PP

PAR

Deuda
1.672
391
2.810
1.500
419
160
26
93
5.856
222

Corto plazo
2.087
195
463
484
25
20

28
3.113
150

Largo plazo
9.585
196
2.347
1.016
394
140
26
65
2.743
72

Vencido
40
19
32
26
19

4
434

Dudoso
180

28
78

Moroso
3.007

827
157
1

510
105

Suspenso
4.344
55
417

1.465

Garantías
1.708
63
439

520

Crédito disponible
533
11
43
412

6
6

Crédito vencido: transcurrido el plazo concertado, no ha sido pagado.

Crédito moroso: el vencido con tres impagos consecutivos.

Crédito dudoso: crédito pendiente que el Banco duda de poder cobrarlo.

Crédito suspenso: fallido, aprovisionado al 100% por el Banco y puede darle de baja en el balance.

FUENTE: Banco de España, nov. de 1994.

Frutos de estas técnicas han sido un Parlamento y partidos distanciados cuando no desacreditados en su función de representatividad, donde la natural tendencia hacia la oligarquización ha derivado en pervivencia de la cultura de caudillismo y führerprinzip. Hasta 1994 el Parlamento no fue autorizado a formar una comisión de investigación. Ni en los congresos y órganos de dirección del equipo de González, ni en los otros partidos cooptados, nadie arriesgó su salario –o expectativa de recibirlo– pidiendo al jefe explicaciones acerca del origen de los miles de millones que financiaban la organización y sus campañas electorales, o sobre quién disponía de su recaudación, contabilidad y destino; como tampoco osó preguntar sobre sus relaciones con el general Armada y el golpe de Estado para derrocar al gobierno Suárez; o el porqué de ciertas opciones estratégicas y no otras, etcétera.

La operatividad de tales técnicas ha mantenido a núcleos neurálgicos del sistema político-económico en la corrupción política, ideológica y económica. Su capacidad de autorrenovación o autorregeneración ha sido, por consiguiente, escasa cuando no nula. Su congénita limitación para evolucionar ha sensibilizado al cuerpo social sobre la necesidad de una ruptura. Que será democrática en la medida que adopte medidas político-sociales y técnico-electorales que permitan a los ciudadanos mayor soberanía interior, presupuesto para reivindicar mayor soberanía exterior. Prerrequisitos ambos de un Estado democrático digno de tal nombre que aspire a preservar a sus ciudadanos de la sumisión colectiva. Ruptura democratizante que no será mecánica, pues si un primer instrumento de los centros de poder que sostuvieron a la Dictadura fue corromper a los equipos que mediatizaron la recuperación de soberanía popular y nacional, los mismos centros podrían convertir el rechazo social que provoca aquella corrupción en argumento para restringir la soberanía interior.

5. De nuevo Alemania

Europa termina el siglo XX en un contexto estratégico cuya comparación con el de comienzos del siglo es sugerente. Hoy, al igual que en 1904, cuando todavía el nombre de la ciudad de San Petersburgo no había sido cambiado por el secularizado de Petrograd, Alemania es la potencia económicamente predominante en Europa; Gran Bretaña le contrapone su voluntad de alianza preferente con EEUU iniciada en 1895; Francia explora en Moscú un equilibrio europeo autónomo de Alemania y compatible con una alianza con EEUU que contrapese el poder del nuevo Berlín.

En las estrategias globales hacia el Viejo Continente la diferencia mayor respecto de 1904 es que, desde mediados de 1945, EEUU ha asumido las constantes básicas de la estrategia británica. Y si la Europa presente se ha construido a partir de este supuesto, de la evolución del mismo depende en gran medida el futuro de sus pueblos.

Tras la capitulación del III Reich alemán en 1945, el francés Charles de Gaulle decía que la segunda guerra intraeuropea del siglo XX la había ganado un país, «los demás hemos perdido todos». En la cuenta de pérdidas, inmediatas y mediatas, anotemos también los imperios: el continental alemán, los coloniales en ultramar de Italia, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Países Bajos y Portugal, también los restos del de España en África.

En las semanas que siguieron a la rendición de Alemania, la Administración Truman sentó las bases de su política hacia el Continente euroasiático sobre conceptos estratégicos gestados en el Imperio británico. Ello de modo progresivo y con el estímulo de los propios dirigentes británicos, desde el conservador Winston Churchill entonces en la oposición (ataque a la URSS, en presencia del presidente Truman en el discurso de Fulton, Kansas, 5 de marzo de 1946), hasta los laboristas Attlee y Ernest Bevin. Fueron precisamente estos dos últimos quienes solicitaron de EEUU, el 4 de marzo de 1946, que renovara su respaldo a la dictadura del general Franco sobre los españoles.

Frente a una Europa en ruinas, la Potencia vencedora de 1945 se estimó en condiciones de ir más allá de lo que nunca logró el Reino Unido. La Administración Truman, y las que le siguen, se sustituyeron a Gran Bretaña en el control militar de los mares que rodean a Eurasia y sus pueblos costeros. Alianzas militares como la SEATO en el sudeste asiático, CENTO en el Medio Oriente, OTAN en el oeste y sur de Europa, las guerras por el control de cabezas de puente en Corea, Vietnam, Golfo Pérsico, las intervenciones directas o indirectas en todo el Mundo, configuraron un diseño global en el que la pieza central continuaba siendo evitar una alianza independiente entre la Europa occidental y la Oriental.

I. 1989: Los alemanes se reunifican

A su retorno de la Conferencia de Yalta en febrero de 1945, el presidente F. D. Roosevelt dirigió un mensaje extraordinario al Congreso de EEUU. El entusiasmo por los acuerdos alcanzados lo sintetizaba al día siguiente el titular a toda plana de The New York Times –«Se acabaron las zonas de influencia». Reflejaba el principio sobre el cual Roosevelt quería construir la paz en Europa y la futura Organización de Naciones Unidas, asentadas ambas en la cooperación anglo-soviético-norteamericana. Habría que esperar al 9 de septiembre de 1990, a su regreso del encuentro en Helsinki con el presidente Gorbachov, para que otro presidente de EEUU –George Bush– dirigiera un mensaje al Congreso anunciando el «nuevo orden que está naciendo en el mundo […] ningún dictador puede contar ya con la confrontación Este-Oeste para impedir una acción concertada de las Naciones Unidas contra la agresión. Una nueva colaboración ha empezado». Tres días después las cuatro Potencias vencedoras de la segunda guerra mundial suscribían en Moscú el Tratado del Acuerdo Final con respecto a Alemania, y le devolvían su soberanía. El siguiente día 13 de septiembre de 1990 la URSS y Alemania suscribían un Tratado de Amistad y Cooperación.

El fin de la guerra de 45 años entre EEUU y la URSS coincidía con la emergencia de lo que el canciller Kohl (democristiano) llamaba «el país más poderoso de Europa». Los símbolos diplomáticos se sucedían unos a otros. El término de la división de Alemania abría la posibilidad de acabar con la de Europa. Aquel verano de 1990 la ONU parecía retornar a sus orígenes y EEUU haber perdido la hegemonía absoluta con que se encontró en 1945. ¿Quién había ganado tan larga guerra? Según el Gorbachov que acudía a Helsinki, el Mundo. La opinión predominante en EEUU, por el contrario, era casi unánime en atribuirse la victoria. Algunos pocos –en círculos intelectuales críticos– razonaban que los reales vencedores eran Alemania y Japón. Antes de fallecer en 1989 el eminente historiador de la Universidad de Wisconsin, William Apleman Williams, planteaba a sus discípulos un interrogante: «lo relevante no es si EEUU ha ganado la guerra, sino que la URSS de súbito ha decidido no continuarla. La gran cuestión es saber por qué».

El siglo XX es el siglo de Alemania. Termina como empezó. Por méritos propios innegables, y también ajenos, ha superado las derrotas que en 1918 y 1945 le impusieron las coaliciones británicas apoyadas en Norteamérica. La Administración Truman creó la RFA al servicio de los fines de la guerra fría, la remilitarizó, revigorizó su infraestructura industrial. Nueve lustros después, ante la resignación del Kremlin y la impotencia de Londres, París y Washington[1], la “zona” de ocupación anglo-americana –la RFA– absorbía la “zona” soviética –la RDA. Las estructuras y el mapa estratégico-económico de Europa empezaban a cambiar de nuevo.

La nueva Alemania emergía en su nuevo poder sin su “oficialidad prusiana”, sin los lastres de una economía militarizada pero con las FF AA convencionales más fuertes de Europa. Si bien Alemania fue aplastada dos veces por una coalición apoyada en Norteamérica, ya en 1945 los jefes militares del III Reich hacían depender el renacimiento alemán de que EEUU entrara en conflicto con la URSS. La proyección futura de la reunificada Alemania, sin embargo, residía más bien en mantener su entendimiento simultáneamente con EEUU y con Rusia, en una Europa donde la RFA –que dominaba la Comunidad Económica Europea– anexionaba a una RDA cuyas relaciones económicas se prolongaban más allá de los Urales, hasta Vladivostok. El Tratado firmado en 1990 en Moscú lo permitía, al renunciar Alemania a la guerra como instrumento de política exterior, al armamento nuclear, biológico y químico, y comprometerse a reducir sus FF AA hasta un techo de 370.000 hombres. 1989-1990 era el comienzo del fin de la «pequeña Europa» de la CEE construida durante la guerra fría.

II. 1990: El segundo pacto germano-soviético

Pocas veces un acto diplomático ha sido seguido de efectos tan devastadores, mundiales, como la firma del Pacto de No Agresión y Neutralidad entre Alemania y la URSS el 23 de agosto de 1939. Desde el Japón, donde cayó de inmediato el gobierno Suzuki –cuya política se basaba en la expectativa de un ataque alemán contra la URSS–, hasta el Reino Unido –donde cayó con igual rapidez la política progermana sostenida por el gabinete Chamberlain. Ocho días después, Gran Bretaña declaraba la guerra a Alemania.

En 1990, 13 de septiembre, la URSS y Alemania firmaban un Tratado de Amistad y Cooperación por veinte años renovables, que contemplaba de nuevo la no agresión mutua, y la neutralidad en caso de que alguno fuera atacado por un tercer país. El poco resaltado segundo pacto germano-soviético condicionaba, de nuevo, el inmediato futuro y las relaciones externas del Viejo Mundo. En particular con las Potencias anglosajonas. Una primera derivación cabe verla, desde las premisas de este análisis, en la exhibición militar con que los gobiernos del Reino Unido y EEUU resolvieron la crisis del Golfo Pérsico de 1990-1991. Demostración de fuerza militar que parecía dirigida no tanto a impresionar a un país del Tercer Mundo como a Europa –y Japón.

Cierto es que a diferencia de lo acaecido en el pacto germano-soviético de 23 de agosto de 1939, en 1989-1990 la URSS reingresaba en la política europea tras declarar acabada la irradiación expansiva de la revolución soviética, intentando reconvertir su centralizado Estado en confederación, dentro de un marco de seguridad colectiva acordado con EEUU (encuentros de Malta –1989–, y Helsinki –1990). A diferencia de fines de agosto de 1939 –cuando Moscú creía haber convenido un marco bilateral de seguridad con Alemania, tras fracasar sus intentos de establecer con Londres y París una estructura colectiva de seguridad europea–, el pacto bilateral de 1990 con Alemania nacía integrado en el marco colectivo de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea. Pero no menos cierto era que al mismo tiempo, sin ruido, el segundo pacto germano-soviético entrañaba la desvitalización de la estrategia angloamericana desde la primera presidencia Truman, la institucionalizada a partir de 1949 en la OTAN.

El 23 de agosto de 1939 los Estados Mayores europeos menospreciaban la capacidad económica y militar de la URSS –aunque temían la influencia de su revolución social–, y EEUU estaba ausente de la escena europea. Hasta aquel día, la conciliación (appeasement) británica hacia Alemania había tenido como objetivo no sólo aislar a la URSS o reprimir a las organizaciones obreras del resto de Europa, sino también evitar la guerra y continuar así excluyendo a EEUU de Europa y del Imperio británico. En 1990 pocos creían que la URSS fuera una superpotencia económica, pero nadie minusvaloraba sus recursos militares nucleares, mientras pocos temían a nuevos émulos de los bolcheviques: EEUU estaba dentro de Europa.

A primera vista la aparente aquiescencia estadounidense al segundo pacto germano-soviético podía ser interpretada como indicio de que en los EEUU de 1989-1990 se estaba operando un cambio estratégico trascendente: el de sustituir a Gran Bretaña por Alemania como su special relationship en Europa. En términos históricos era coherente que la Alemania de 1990 deseara mantener la alianza de la RFA con EEUU, reformulándola pausadamente en términos compatibles con la de Rusia. Una alianza fortalecía a la otra, la simultaneidad de ambas multiplicaba sus beneficios para Alemania. El brillante quehacer del ministro Genscher para promover el entendimiento URSS-EEUU y aparecer como el aliado europeo a privilegiar tanto por Washington como por Moscú, facilitó que la RFA anexionara a la RDA. ¿Había variado, sin embargo, el posicionamiento anglo-norteamericano adverso a una Europa unida en su independencia? ¿No hablaba acaso la Administración Bush de una Europa free and whole? Sin duda, pero dentro de esa Europa incluía Bush tanto a Australia y Canadá como al propio EEUU. Tal Europa sería «entera y libre» en la medida que el Este y Rusia quedaran integrados dentro de la zona de influencia norteamericana. Era la visión del gobierno Bush al hablar de «la unidad de Europa».

Pero la dinámica de los hechos reales contradijo la apariencia. En la crisis de 1989-1990 por el control del petróleo del Golfo Pérsico fue notable que tanto Alemania (y Japón) como la URSS guardaron distancias respecto a la estrategia norteamericana, sobre todo en su dimensión militar. Y con razón, pues si la suerte de esta última hubiera resultado negativa para Washington, en las circunstancias concurrentes una primera consecuencia hubiera sido promover a primera línea la potencialidad económico-política de la emergente “gran Europa”. Tanto hacia los pueblos árabes como hacia el resto del Mundo, pero la URSS y Alemania haciendo en semejante hipótesis de gozne aceptado entre el Oeste y el Este del Continente. Potencialidad esta última incompatible con los conceptos estratégicos británicos tradicionales, lo que contribuiría a interpretar la decisión de la Administración Bush de imponer un fulminante, masivo y devastador castigo militar sobre Irak.

III. 1991: Expedición militar de EEUU al Golfo Pérsico

El 2 de agosto de 1990 Irak había invadido el Emirato de Kuwait, al que considera una provincia amputada de Bagdad por el poder colonial británico. Una semana después, 9 de agosto, hubo desacuerdo entre los gobiernos europeos sobre aceptar la petición de EEUU de intervenir en el Golfo Pérsico bajo la disciplina de la OTAN. Es decir, de una estructura de mando con un general de EEUU en su cúspide. La decisión fue trascendente. Por un lado frustraba fatigas previas de Washington por reconvertir la OTAN en auxiliar de su política fuera del perímetro europeo-occidental. Por otro, desaparecido el “enemigo” (soviético) en Europa, la negativa era vista por estrategos de EEUU como indicio de que en Europa se tanteaba el comienzo del fin de la OTAN, cuando ya la política exterior de Bush estaba siendo reorientada a dar prioridad a objetivos de guerra económica, incluso contra Estados de su propia Coalición.

La crisis de agosto de 1990 en el Golfo Pérsico estallaba, pues, o fue provocada, en medio de la acelerada emergencia de una nueva realidad europea, potencialmente autónoma respecto de EEUU y Gran Bretaña. No se olvide la importancia del control de los recursos naturales durante la expansión colonial europea del siglo XIX, cómo, tras la unificación alemana de 1868-1971, los planes pangermánicos de 1895 y 1911 privilegiaban extender su zona de influencia hacia el «eje Hamburgo-Golfo Pérsico». Planes que, con una u otra variante, reemergieron con ocasión de las guerras intraeuropeas de 1914-1918 y 1939-1945, el mando alemán intentando siempre ocupar aquel margen fronterizo entre los Imperios británico y ruso. Si la tutela británica sobre el petróleo del Golfo había sido progresivamente cedida desde 1946 a EEUU, es un homenaje a la inercia de las constantes estratégicas británicas que, en 1990-1991, el Gabinete de Londres respaldara sin reserva los fines y medios de Washington contra Irak –mientras que los gobiernos del «Continente», con su centro de gravedad en Alemania, buscaban descubrir vías y modos autónomos de resolver la ocupación de Kuwait por Irak.

La crisis de 1990 en torno del petróleo árabe estalló –o fue precipitada– cuando Europa sólo disponía de las estructuras políticas, económicas o militares construidas durante su división a lo largo de la guerra fría. La Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, aunque paneuropea, era embrionaria. El presidente de Francia acababa de plantear, el 31 de diciembre de 1989, explorar una confederación europea que, al incluir a la URSS, podría extenderse a lo largo de Eurasia, pero Francia disponía de acuerdos de relación político-militar privilegiada sólo con Alemania. Abiertas las hostilidades, Bonn y sobre todo París instrumentaron su “Eje” bilateral para atraer a otros Estados de la CEE e intervenir en el Golfo Pérsico a través de la Unión de Europa Occidental (UEO), tratando de convertir a esta última en órgano de coordinación militar de nueve países del oeste europeo. Iniciativa de origen francés que no dejaba de ser forzada, pues la razón de ser de la UEO –nacida en 1948–, era enfrentar una eventual “agresión armada” procedente del seno de la propia Europa. En la coyuntura de 1990 la sola instancia donde los Estados europeos podrían haber intentado converger en una acción concertada, paneuropea y de signo positivo para el resto de la Comunidad Internacional, sin exacerbar el sentimiento árabe contra los antiguos Poderes coloniales, era otra: el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero en 1991 enmudecieron las leyes con el estrépito de las armas. Los mecanismos legales de seguridad colectiva construidos desde 1945 a favor de la división de Europa fueron tensados, incluso violentados. La compulsiva prioridad que la Administración Bush dio al control militar del petróleo árabe, angostó el espacio-tiempo de los medios político-económicos de que disponía del Consejo de Seguridad de la ONU para terminar con la anexión de Kuwait.

Aquel 9 de agosto de 1990 algunos países europeos recordaron a Washington que los arts. 5 y 6 del Pacto Atlántico de 1949 limitan la operatividad de la OTAN a los solos casos «de ataque armado sobrevenido en Europa o América del Norte», o contra «las islas y naves en el Atlántico al norte del Trópico de Cáncer». La inadaptación del instrumento de la guerra fría a la nueva realidad mundial fue de inmediato contabilizada. Patrick Duffy, presidente de la Asamblea del Atlántico Norte, manifestaba el 24 de agosto su “profundo pesar” ante la respuesta inadecuada de la OTAN a la crisis del Golfo: «es difícil subestimar el efecto potencial que el desenlace de este conflicto tendrá en el futuro de la Alianza. Ya ahora ha mostrado la inadecuación de la estructura de la Alianza»[2].

El Pacto de defensa mutua de la Unión Europea Occidental (UEO), establecido por el Tratado de Bruselas de 1948 enmendado por el Protocolo de 1954, en su art. 5 circunscribe la aplicabilidad de su vertiente militar al solo supuesto «de una agresión armada en Europa». Delimitación geográfica tanto más clara si se considera que el de la UEO era una ampliación –al Benelux– del Tratado de Dunkerque de 1947 suscrito entre Francia y el Reino Unido contra ataques provenientes de Alemania. Pero la estrategia de la Administración Truman alteró radicalmente este marco original al designar a la URSS como el “enemigo” y, con ello, dividir a Alemania y Europa. Lo que permitió a Washington alcanzar en 1948 varias metas simultáneas. Por un lado, superar la oposición de los Estados víctimas del III Reich a rearmar a los alemanes –para lo que las unidades de la RFA fueron subordinadas al mando OTAN. Por otro lado, someter a la propia UEO –art. 4: «En la ejecución del Tratado, las altas partes contratantes y los organismos creados por éstas […] cooperarán estrechamente con la OTAN, […] a cuyas autoridades militares se dirigirán para recabar información y consejo en las cuestiones militares».

Si de este modo en 1949 la URSS había quedado señalada como el potencial agresor “desde el Este”, y a los pueblos del “Sur” se les estimaba incapaces de “agredir” al “Norte” pues seguían bajo control colonial franco-británico-belga-holandés-luso-español, cuatro décadas después el balance económico-financiero de la guerra fría confluía en hacer de los derrotados de 1945 los más sólidos rivales económicos de EEUU. La anticipación del mariscal Von Keitel en mayo de 1945 se había realizado (véase p. 372).

Pero cuando el 21 de agosto de 1990 los Estados de la UEO –Francia, Gran Bretaña, Alemania, Benelux, Italia, Portugal, España– decidieron enviar flotas al Golfo Pérsico, tuvieron que sobrepasar las barreras impuestas en los arts. 4 y 5 del Tratado regulador. Necesitaron desvirtuar su art. 8.3 («concertación entre las partes ante una situación que pueda constituir una amenaza contra la paz, en cualquier lugar donde ello ocurra, o ponga en peligro la estabilidad económica»), y darle una interpretación desmesuradamente extensiva. Pues tal art. 8 –de contenido y naturaleza eminentemente política en su causa, ámbito y fines– estaba sirviendo para burlar el límite geográfico que el art. 5 impone a la actividad militar de la UEO. Y también para obviar la sumisión a la OTAN que impone el art. 4 en caso de “agresión armada” a alguno de sus Estados miembros, supuesto éste que se dijo concurría… puesto que Irak había invadido a Kuwait.

Tamaño forzamiento de la cartografía y la lógica de los Tratados era justificado por algunos dirigentes europeos como un precedente útil para el futuro: se trataba de abrir las compuertas a futuras intervenciones militares europeas autónomas fuera del marco específico original, sobre Continentes otrora dominados por Europa y ahora en la esfera de influencia de EEUU. Dado que ningún Estado de Europa occidental había sido víctima de “agresión armada” por parte de Irak, ¿quién definía el concepto «peligro a la estabilidad económica», o lo interpretaba como casus belli para antiguos Estados coloniales? ¿El precio del petróleo? En dólares constantes era el 2 de agosto de 1990 más barato que en 1973, antes que aumentara a favor de la guerra israelo-árabe sin que la UEO, ni la OTAN, ni EEUU movilizaran sus ejércitos, como tampoco lo hicieron cuando la OPEP dobló los precios en 1979.

Pero aunque el terreno en que se hacía entrar a la UEO el 21 de agosto de 1990 presuponía un escenario susceptible de apoyo angloamericano –mantenía la división en Europa, las solas ex Potencias coloniales se autoproclamaban “Europa”–, también evocaba otros antecedentes que se agolpaban en el recuerdo. Como la intervención militar anglo-franco-española contra la decisión del Parlamento de México de suspender el pago de su deuda externa en 1861, pretexto para imponerle un régimen monárquico bajo control francés; o las expediciones militares de Potencias europeas (y EEUU) para controlar el mercado de China a comienzos del siglo XX, y el largo etcétera de la historia de los imperios coloniales.

En los acuerdos de París del 21 de agosto de 1990 aparecía, con todo, un primer vencedor político-militar, Alemania, sin disparar tiros ni enviar un marino al Golfo, aprovechando el impulso bélico de la Administración Bush y sus acompañantes británicos. En efecto, la Constitución de la RFA –aprobada durante la ocupación militar de EEUU, Gran Bretaña y Francia–, prohibía que actuaran fuera del perímetro de Europa las FF AA de la RFA –aun a pesar de estar desde su formación bajo el mando de la OTAN. ¿Importaba algo en 1990, en medio del fragor de las armas, lo que dijera una Constitución cuando el gobierno de Washington quería soldados alemanes en el Golfo Pérsico? El gobierno de Bonn recogió al vuelo esta ocasión para liberarse de un residuo de la derrota alemana de 1945. Mientras el canciller Kohl proponía aceptar de inmediato el apremiante requerimiento de apoyo militar, su ministro de Asuntos Exteriores Genscher lo impidió con habilidad invocando la traba legal y logró, a un tiempo, el triple hito de evitar a la flota germana el conflicto del Golfo y el consentimiento de los Estados de la UEO para modificar la Constitución de la RFA… «después de la unificación de Alemania». Sin previa reunificación, no aportaría Alemania soldados a operaciones ajenas. La triple posición de Gensher era, además, compatible con la doctrina en que insistía la URSS desde 1985 –sustituir en las relaciones internacionales los instrumentos bélicos por los político-económicos. En agosto de 1990 las prioridades de Alemania parecía fijarlas más el gobierno de Bonn que no la Coalición de la Guerra Fría. El 6 de febrero siguiente la divisa alemana cotizaba a su nivel histórico más alto –1,45 marcos por dólar.

Si ello era así en 1990, ¿qué cabría esperar cuando fueran liberadas las FF AA germanas de la tutela de los vencedores de 1945, si la OTAN dejara de encorsetar a Alemania? ¿La superación de la OTAN era en 1990 un hecho, pendiente de ser formalizado en Derecho? El control sobre Alemania engendró la división de Europa, la RFA y la OTAN; la reunificación de Alemania lleva el germen de su entierro. Una gran cuestión despuntaba en 1989-1990: si la nueva Alemania abriría la vía hacia mayor unidad entre los Estados europeos hasta y allende los Urales, y por qué vías. El voto de cuatro de los ocho magistrados del Tribunal Constitucional de Alemania el 12 de julio de 1994 fue, en efecto, la primera instancia oficial europea donde se osó plantear lo que ningún dirigente se había atrevido a exigir: que alcanzado el fin para el que los Parlamentos ratificaron el tratado constitutivo de la OTAN –defensa de Europa del Oeste ante una eventual ofensiva bélica desde la URSS– los nuevos fines que se asignaran a la Coalición bélica tras la desintegración de la URSS debieran ser sometidos también a ratificación en los Parlamentos de los Estados miembros[3].

IV. La instrumentación de las Naciones Unidas

La resolución 665 del Consejo de Seguridad de la ONU del 25 de agosto de 1990, adoptada sin ningún voto en contra, encerraba también potencialidades que iban más allá del problema circunstancial de Irak. Su punto 4 –que «los Estados interesados coordinen su acción [militar] utilizando el mecanismo del Comité de Estado Mayor»–, insinuaba por primera vez desde 1945 que la ONU podría verse dotada de instrumentos para cumplir su misión («preservar a la Humanidad del flagelo de la guerra, afirmar los derechos fundamentales del hombre, mantener la justicia y el derecho internacionales, promover el progreso social»). Para asegurar la vigencia de la ley internacional, su Carta fundacional dotó a la ONU de medios de coerción bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, pero hasta 1990 éstos habían sido papel mojado en la medida que los paralizaba la confrontación entre EEUU y la URSS. ¿Iba la ONU, por fin, a disponer de los medios que su Carta le otorga? La esperanza fue ilusión. La resolución 678 de noviembre siguiente frustraría la potencialidad de la 665: el Consejo de Seguridad abdicaba de la conducción de las operaciones militares en sus Estados miembros. De hecho, abdicó de sus deberes en favor del gobierno de EEUU.

Con motivo de la crisis del Golfo, en torno del liderazgo del Consejo de Seguridad de la ONU se materializaba el debate sobre si el Mundo podía explorar medios de superar la intervención de unos Estados en la definición del régimen político-económico de otros. En los nueve lustros de guerra fría, EEUU no causó una sola baja a los soviéticos ni éstos a aquéllos, pero se batieron otras marcas: más de 18 millones de personas –en su inmensa mayoría civiles– fueron inmoladas en guerras en el Tercer Mundo, mientras centenares de millones en todos los Continentes fueron sometidos a inhumanas dictaduras impuestas, o sostenidas, desde Potencias intervencionistas. Mientras los recursos naturales del Planeta sufrían una degradación acelerada, en ocasiones irreversible.

En 1990 en el Viejo Continente la URSS de Gorbachov impulsaba desplazar la dirección de los asuntos mundiales hacia una ONU revitalizada. Seguían, a menor o mayor distancia, dubitativamente, otros Estados, desde Francia a la China. El resultado de tales iniciativas dependía en gran medida del camino que siguiera la Administración de EEUU. No hay que olvidar que de la arquitectura de la ONU, de su Consejo de Seguridad, de los medios de coerción aún sin estrenar, el mentor y artífice no fue otro sino el presidente Roosevelt. Y hacia su legado se volvía la mirada de quienes, desde Gorbachov a Robert MacNamara, buscaban en 1990 modelos internacionales distintos a los construidos durante la guerra fría. Pero de los dirigentes norteamericanos dependía que se impusieran sobre los árabes los probados métodos de aquélla –terror y muerte en masa, como con aséptico léxico urgía Henry Kissinger: inmediata «destrucción quirúrgica progresiva de los recursos militares de Irak».

En 1990 la cooperación internacional ofrecía a Washington la opción de alcanzar un compromiso con Irak y descaminar lo mal andado, como aconsejaba Brzezinski –asesor del presidente Carter en 1976-1980. En el debate dentro de EEUU publicaciones liberales como The Nation calificaban el despliegue militar de Bush de «impúdica intervención imperial», en el Congreso algunos sostenían que «EEUU no debe ser el gendarme del Mundo» (senador Tom Harkin, demócrata por Iowa), y en las filas conservadoras otros preconizaban el retorno a la no intervención en el Viejo Mundo, tradición de EEUU interrumpida desde Truman.

El Pentágono exhibió en el Golfo el despliegue de lo que permitía un presupuesto superior a 300.000 millones de dólares. Cuando Bush pidió el 2 de agosto de 1990 a su mando militar un plan para intervenir en el Golfo Pérsico, aquél disponía ya del mismo. Si el objetivo del despliegue hubiera sido el inicialmente proclamado –proteger a Arabia de ser invadida a su vez por Irak– con menos tropas hubiera bastado. El fin encubierto, destruir la estructura del Estado iraquí, ocupar duraderamente el Golfo, explica mejor el vasto contingente y ultramoderno armamento desplazado a fines de septiembre de 1990 al teatro de operaciones, y probado en febrero siguiente.

El desproporcionado castigo militar y socioeconómico de EEUU a Irak aparece así como un escarmiento ejemplarizador ante el reordenamiento internacional entonces en curso. Washington se felicitó de la legitimidad que la comunidad internacional había dado, a través de la ONU, a la condena de la invasión y al embargo seguido de bloqueo, pero no aceptó que fueran limitadas sus iniciativas incompatibles con la Carta de la ONU. Cuando Washington, no obstante, abrió el fuego el 16 de febrero de 1991, ciertos intereses dentro de EEUU lo celebraron, e Israel más. The Wall Street Journal ya había pedido en un editorial de agosto anterior que Bush «tome Bagdad e instale un MacArthur como regente». La Administración Bush asumió la responsabilidad –el propósito– de ahogar las posibilidades que abría el fin de la guerra en que estaba instalado el Mundo desde 1945. Si el ministro francés de Defensa, Jean Pierre Chevenèment, había podido avisar el 5 de septiembre que en Irak el número previsible de muertos superaría los 100.000[4], cabe suponer que los expertos de Washington habían asimismo anticipado los efectos económico-políticos que su acción militar iba a tener no sólo sobre los pueblos islámicos sino en especial sobre Europa y el resto del Mundo.

Si la dirección de la URSS, por convicción y necesidad, orientaba sus iniciativas hacia medidas políticas y de bloqueo económico sobre Irak bajo dirección de la ONU, los endeudados EEUU no se arredraron ante el hecho de no poder costear por sí solos su brillante expedición. Pero su petición de ayuda financiera a Europa y Japón, y la respuesta encontrada, anunciaban también nuevos tiempos. Según filtraban el 5 de septiembre de 1990 altos dirigentes del Gobierno democristiano-liberal, Bonn se negó en un principio a subsidiar el despliegue norteamericano arguyendo que éste derivaba de «un acuerdo bilateral de EEUU con Arabia; Alemania está dispuesta a respaldar las acciones que decida el Consejo de Seguridad de la ONU, ninguna de las cuales cubre la expedición militar enviada por EEUU», y reiteraba que no enviaría tropas por respeto a la Constitución[5].

Semejante predisposición desde Alemania, con independencia de que circunstancias ulteriores la modificaron, guardaba coherencia con su sentido del Estado. También Japón lo demostraba al decir que no enviaba tropas al Golfo por prohibirlo su Constitución, accediendo cuanto más a aportar una subvención en principio simbólica. Al tiempo, mientras el nuevo Libro blanco de la defensa nipón por primera vez no mencionaba la tradicional «amenaza soviética», el 3 de septiembre de 1990 el presidente de la organización patronal Nikkeiren, Eiji Suzuki, pedía al gobierno que «deje de rechazar cooperar con la URSS en el terreno económico mientras se resuelve el contencioso territorial» sobre las cuatro islas del archipiélago de las Kuriles ocupadas por Moscú en 1945 –en conformidad con los acuerdos de Yalta[6]. Más todavía: el día 4, el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Edvard Shevardnadze, proponía en Vladivostok, camino hacia Tokio, que los ministros homólogos de la zona Asia-Pacífico se reunieran en la ONU para negociar la creación de nuevas estructuras regionales, insistiendo en «la capacidad de la URSS para integrar Europa y Asia en razón de su situación geográfica única». El espectro que ha angustiado a los estrategos británicos durante siglos…

Los alumnos de Karl Haushofer, el geopolítico de Múnich que en la década de los años veinte y treinta propiciaba liberar el Continente del poder del Imperio británico a través de una panunión euroasiática ampliada al Japón, habrán estado probablemente atentos a las señales que se sucedían en 1990. La Administración de George Bush sí lo estaba. Y superpuso la demostración de fuerza militar sobre las negociaciones acerca de las nuevas bases propuestas en Helsinki por la URSS en septiembre de 1990: no intervención soviética en los Estados de Europa oriental, reducción del armamento estratégico de EEUU y la URSS a un nivel defensivo, coalición duradera en el Consejo de Seguridad bajo los principios de la Carta de la ONU. La exhibición militar suponía mostrar quién era “hegemón” en el Planeta. Si desde febrero de 1945 la evolución internacional e interna no habían situado tan cerca a Moscú y Washington, el gobierno Bush aprovechó la coyuntura para descargar sobre Irak durante cuarenta días, con sus noches, mayor número de toneladas de bombas –y más destructoras– que las encajadas por Alemania entre 1939 y 1945.

Las nuevas premisas estratégicas que encerraba la realidad europea y mundial de 1990 eran estimadas tan reales que ni el 48% de los senadores de EEUU, ni las presiones de la comunidad internacional, lograron que la Administración Bush aceptara encuadrar el uso de sus recursos militares dentro de la Ley internacional, de los órganos con misión de definirla –el Estado Mayor del Consejo de Seguridad de la ONU.

En 1989, la URSS sentaba sobre nuevos supuestos sus relaciones con los Estados de Europa oriental, cuyos dirigentes libremente elegidos exigieron del Kremlin que condenara las intervenciones en su anterior «zona de influencia». Y lo lograron, para seguridad propia y ajena. En el orden interno, el nuevo gobierno de Checoslovaquia había esclarecido que la intervención del Pacto de Varsovia de 1968 causó la cifra exacta de 95 muertos. Entre los pueblos hispánicos, la pequeña Nicaragua, que acudió en 1984 ante el Tribunal Internacional de Justicia tras sufrir decenas de miles de muertos, había logrado que éste condenara la intervención de EEUU y ordenara indemnizar a Nicaragua por las enormes pérdidas materiales derivadas. Resolución judicial que hubiera sido trascendente si la ONU fuera operativa y contara con medios para evitar torturas semejantes a otros pueblos. Pero cuatro meses después de los bombardeos de Irak un nuevo gobierno en Managua auspiciado desde EEUU y presidido por Violeta Chamorro, incluso renunciaba a la ejecución de la Sentencia del Tribunal de La Haya. A diferencia de los ocurrido en Europa oriental después de 1989, ninguno de los responsables de gobiernos o parlamentos de América Latina y la Península Ibérica que se proclaman soberanos, ha osado pedir al Gobierno o Congreso de Washington explicaciones, no digamos ya excusas ni aún menos compensaciones, por los centenares de miles de víctimas humanas, pérdida de libertades, dictaduras y daños materiales que en su respectivo país causó la intervención directa o indirecta de EEUU durante la guerra fría. La isla de Cuba es de nuevo la excepción que confirma la regla, cuando EEUU la mantiene bajo el asedio que le impuso hace más de tres décadas so pretexto de la guerra con la Potencia europea. Si acabada esta última el cerco a Cuba no ha sido levantado, lógico es concluir que lo que se castiga en los ciudadanos cubanos es algo más profundo e intemporal. En propiedad, desde su nacimiento como Nación hace dos siglos es una constante en los estrategos de EEUU la voluntad de dominar mediante intervención, cuando no anexión, a la Perla de las Antillas –cualquiera haya sido su forma de gobierno interior, la filosofía de sus dirigentes o sus relaciones con el Mundo exterior. Nada indica hoy que tan secular ambición de Washington vaya a ser abandonada en el futuro previsible, como tampoco la voluntad de resistirla de los cubanos.

En 1990-1991 la Administración norteamericana resolvió la invasión de Irak sobre Kuwait mediante una singular solución: destruir la infraestructura de ambos países, matar en cinco semanas más de cien mil personas, provocar la miseria derivada y sobrevenida de millones de otras. Ello conllevaba un giro en las relaciones internacionales. Los protagonistas en Washington dijeron que deliberado, en pro de un “nuevo orden” mundial. En verdad no era “nuevo” ni “orden” agravar las divisiones en Oriente Próximo, dividir más a los árabes entre sí y a éstos con Israel, enfrentar a los europeos occidentales unos con otros y a todos con los de Europa oriental, obligar al Consejo de Seguridad de la ONU a declinar de sus responsabilidades político-militares, estimular la tendencia recesiva en las economías de Europa y Asia, poner al 75% de la producción de la OPEP bajo control de EEUU, sofocar la perestroika en la URSS y agudizar la desintegración del Estado soviético, dar prioridad al recurso a las armas como medio de solución de diferencias internacionales, legitimar-banalizar la intervención de las Potencias ex coloniales en los asuntos internos de los Estados en zonas de influencia exclusiva o compartida, remodelar la OTAN para intervenir sobre países de ambos hemisferios, etc. Con su intervención militar la Administración norteamericana parecía buscar más bien las premisas de la “New American Century”, predicada por George Bush durante su campaña presidencial de 1988. Una hegemonía asentada sobre semejantes bases encierra en sí misma los gérmenes de nuevos y graves conflictos, que hoy despuntan en todos los Continentes y cuya concatenación y eventual generalización no es difícil imaginar. Se puede ser pesimista a fuer de realista. Con todo, en febrero de 1991 también sobresalía el singular voto del 48% de los senadores norteamericanos contra el uso de la fuerza militar contra Irak sin agotar antes otros medios. En casi ningún Parlamento de la Europa coaligada con EEUU un posicionamiento equivalente sobrepasaba el 10%, y era aún menor en las antiguas Potencias coloniales. El impulso, dirección y coordinación de la guerra estaba en Washington, su crítica más sólida también.

La cuestión estratégica que planteaban los acuerdos germano-soviéticos de 1989 –unificación alemana– y de 1990 –tratado bilateral–, era la de si ambos entrañaban una nueva oportunidad a conceptos generados al calor de la unificación alemana de fines del siglo XIX, teorizadas por la escuela de Múnich en oposición simétrica a la de Mackinder (véase p. 348). El pacto germano-soviético del 13 de septiembre de 1990, su aparentemente resignada aceptación por Londres y Washington, ¿significaba que medio siglo después de desvanecido el Imperio británico se agotaban sus postulados estratégicos? Al contrario, la acción militar de EEUU en el Caribe –invasión de Panamá, diciembre de 1989– y acto seguido en el Golfo Pérsico mostraban la voluntad de reafirmarlos mediante sucesivas iniciativas como:

– Prolongar la ocupación militar angloamericana sobre Alemania, así como la permanencia de armamento nuclear y tropas de EEUU y del Reino Unido en suelo alemán, manteniendo bajo mando norteamericano (a través de la estructura militar integrada de la OTAN) a la mayoría de las tropas germanas. En este sentido se orientaba la creación por la OTAN, el 6 de junio de 1991, de un cuerpo multinacional de intervención rápida bajo mando británico y acuartelado en Germania.

– Extender el protectorado militar directo o indirecto de EEUU desde los ríos Elba-Saale hasta la frontera rusa. Es lo que venía a significar, lograda la disolución de la alianza del Pacto de Varsovia –abril de 1991–, la declaración de ministros de Defensa de la OTAN del 6 de junio de 1991: «cualquier intento de coerción o intimidación dirigida contra los Estados de Europa Central y Oriental será considerada cuestión que concierne directa y materialmente a la OTAN»[7].

– Estimular la división de la URSS en tantos Estados soberanos como federaciones la integraban. Así cabía interpretar la declaración de la Casa Blanca, el 13 de junio de 1991, de establecer relaciones directas con dirigentes de las federaciones de la URSS (la víspera había sido elegido Boris Yeltsin a la Presidencia de la Federación de Rusia). El freno que en la coyuntura de 1991 –antes y después del golpe de palacio contra Gorbachov del 19 de agosto– retenía a Washington y a Londres de hacer lo necesario para la inmediata y total desintegración de la URSS, no era el caos, guerras civiles y miserias que pudieran seguirse para los pueblos integrantes de la Federación y sus irradiaciones sobre el resto de Europa y el Mundo, sino el riesgo de que una desintegración «incontrolada» supusiera un “descontrol” equivalente sobre armas y materiales estratégicos diseminados a lo ancho de la antigua URSS, que alguno de ellos fuera utilizado –o entregado a terceros países.

– Intervenir indirectamente en los asuntos internos de todos los países del antiguo Pacto de Varsovia, incluida la URSS, promocionando a núcleos políticos y económicos funcionales a la estrategia de EEUU.

– Ampliar el protectorado político norteamericano hasta los Urales, y aún más al Este, a través de una OTAN readaptada a la desintegración del poder militar de la antigua URSS. Así cabía interpretar las resoluciones adoptadas en Roma por la Alianza Atlántica el 8 de noviembre de 1991, a impulso del Reino Unido y con la reserva explícita de Francia.

– Impedir que Francia y Alemania, bien fuere mediante la UEO y la Comunidad Económica Europea o en un acuerdo bilateral, se doten de una estructura militar unificada independiente de EEUU (es decir, de la otan), al tiempo que auspiciar que ambos Estados –y el conjunto de los de Europa– distraigan el mayor porcentaje posible de recursos en equipamientos militares que continúan bajo la dirección estratégica de Washington.

– Interferir en los planes de unidad política y económica de Europa Occidental (CEE), retardándolos o reconduciéndolos a una zona de librecambio abierta a Estados Unidos.

– Desarrollar campañas psicológicas destinadas a mantener, o crear, inseguridad e incertidumbre en las relaciones entre pueblos y Estados de Europa del Oeste y los del Este, tendente a desbaratar el desarrollo de iniciativas de coordinación paneuropea como las que, después de la unificación alemana, impulsaba el presidente Gorbachov («construir la casa común europea»), y encontraba eco en el presidente de Francia («confederación europea»). Así cabía interpretar el interés de los servicios norteamericanos para frustrar el simposio sobre una confederación europea celebrado en Praga del 12 al 14 de junio de 1991, a iniciativa de Mitterrand, o la contundente declaración del premier británico John Major al Daily Telegraph, el 18 de junio siguiente, comprometiendo al Reino Unido a hacer cuanto estuviera en su mano por impedir la emergencia de un Estado federal en Europa.

– Reforzar el control militar y político-económico de Washington sobre Iberoamérica y las regiones periféricas de Eurasia. Así, en calendario paralelo con el progreso de la unificación alemana durante 1989 –clave de bóveda de la hipotética unidad futura de Europa–, los estrategos norteamericanos daban los pasos que desembocarían en acciones sucesivas: invasión-ocupación del Canal Interoceánico (Panamá, 20 de diciembre de 1989), iniciativa sobre Canadá, México y el resto de América para absorberla en una zona de librecambio (1990), aislamiento de Cuba respecto de Europa entera, incremento del control norteamericano sobre el Golfo Pérsico –principal zona de aprovisionamiento petrolífero de Europa occidental (y del Japón).

Era sugestiva la activa campaña de la británica Margaret Thatcher, como primer ministro hasta 1990 y después como ciudadana privada, contra la «unidad de Europa». Más aún era que la llevaba a cabo en EEUU para movilizarlos contra la curious folly, dangerous illusion de cualquier modalidad de Estados Unidos de Europa[8]. En Chicago el 17 de junio de 1991 alertaba contra los

enanos europeos con aspiraciones imperiales […]. Es hora de que incluso en Bruselas reconozcan que la era del imperio ha terminado. Yo no creo en el internacionalismo estrecho del enano europeo que socava una más amplia y vital cooperación internacional mientras que suprime lo nacional[9].

El siguiente día le hacía eco su sucesor John Major, comprometiéndose ante la Cámara de los Comunes a que nunca daría su acuerdo a un «European superstate»[10].

Margaret Thatcher predicaba en terreno abonado. La postura oficial de la Administración Bush era sustantivamente coincidente. En su intervención en Berlín ante los ministros de AA EE de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, el 18 de junio de 1991, el secretario de Estado James A. Baker III insistió en absorber a los pueblos de la URSS en la esfera de influencia de EEUU. Dicho en lenguaje diplomático: «extender la comunidad transatlántica a la Unión Soviética». El prerrequisito y condición era expresado en términos equivalentes a los utilizados por los estrategos que, en 1945-1947, sentaron los objetivos de la guerra fría: que la URSS cambiara de sistema económico, político y jurídico. En el lenguaje de Baker en 1991:

Es en interés de los pueblos soviéticos que adopten una real economía de mercado, la democracia y el imperio de la ley. Es de nuestro interés apoyarles. La puerta de la comunidad Euro-Atlántica está abierta. Pero sólo los soviéticos pueden decidir franquear el umbral[11].

V. La OTAN, clave de bóveda de EEUU sobre Alemania y Europa

Una confederación europea asentada en bases democráticas y de igualdad entre sus pueblos hubiera debido conjugar el poder militar de la URSS con el político-económico, y también militar, del conjunto de Europa. Ante la apertura de semejante perspectiva en 1989 el poder hegemónico insular no se mantuvo indiferente. El 8 de febrero de 1991 William H. Taft IV, delegado de EEUU ante la OTAN, exponía la continuidad de los parámetros tradicionales británicos hacia Europa. Bajo la aparente concesión de acceder a que «la Unión Europea Occidental tenga un papel que jugar en la defensa de Europa», advertía que «cualquier movimiento para desplazar la OTAN como el principal organismo para la seguridad regional, reduciría el respaldo Norteamericano a la alianza». En su intervención ante el International Institute of Strategic Studies de Londres, Taft respaldaba un “pilar europeo” más fuerte, pero siempre dentro de la OTAN y con un papel auxiliar en intervenciones fuera del perímetro de acción de esta última:

La UEO puede servir como un instrumento para una identidad europea de defensa fuera de la OTAN, asumiendo responsabilidades europeas de ámbito mundial. Pero sólo la OTAN, y nada más que la OTAN, puede equilibrar el tamaño y capacidades de la Unión Soviética, tanto en tiempos de cooperación como en tiempos de tensión. El público de EEUU no entendería lo que pasa si los europeos dejaran de usar la OTAN, o empezaran a reemplazarla con otras estructuras para llevar a cabo sus tareas históricas[12].

De la postura norteamericana derivaban proyecciones conocidas:

a. La UEO debiera contribuir a mantener Europa dividida –respecto de la Europa central y oriental; EEUU liderando el conjunto del Continente desde la OTAN –si fuera posible desde el Atlántico al Pacífico.

b. Subordinada la UEO a la dirección militar de la OTAN, la primera serviría de instrumento auxiliar para actuar fuera del perímetro geográfico de la segunda, es decir, sobre los territorios de los antiguos Imperios austro-húngaro –Europa central–, turco (Oriente Medio y Próximo), ruso (Europa oriental, Asia) y los ultramarinos que fueron de Francia, Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Alemania e Italia. No sobre los de la antigua Corona española, pues en tal contexto las repúblicas latinoamericanas eran asignadas a la zona de influencia exclusiva de EEUU. La cooperación lograda por EEUU en 1990-1991 en la guerra del Golfo Pérsico podría, así, servir de modelo para intervenciones futuras en otras regiones.

La orientación de la Administración Bush posterior a la unificación alemana y al segundo pacto germano-soviético no dejaba de ser entendida en Moscú[13]. Una semana antes del inicio de los bombardeos sobre Irak, el comentarista de Pravda Vsevolod Ovchinnikov escribía en el artículo «Petróleo que huele a sangre»:

la estrategia de Washington en el Golfo estaba motivada por el deseo de aventajar económicamente a Japón y Europa occidental. Me temo que la misión aprobada por la ONU pueda ser transformada en una acción neocolonial con fines diferentes. Es decir, ocupar posiciones clave en la lucha por los recursos energéticos, asegurando de este modo a los monopolios norteamericanos una posición dominante en la economía mundial. Personalidades soviéticas dirigentes piden que se reexamine la manera apresurada como los norteamericanos urgieron a la Comunidad mundial que reconociera la intervención militar como la única posible, sin más alternativas.

La acción militar en el Golfo Pérsico tuvo durante su desarrollo un efecto lateral inmediato: poner en tensión, hasta el riesgo de ruptura, las dinámicas de democratización en la URSS y de aproximación entre la Western y la Eastern Mass de Europa. Terminado el bombardeo sobre Irak, Shevardnadze explicaba en mayo siguiente en Washington las reacciones que observó en Moscú, y que le llevaron a dimitir del Ministerio de Asuntos Exteriores el 20 de diciembre de 1990:

nos criticaban por hacer excesivas concesiones en el área del desarme sin concesiones de la otra parte;

yo venía siendo criticado por la reunificación de Alemania, y por el hecho de que nuestra política exterior condujera en cierto modo a la reunificación de Alemania.

Yo era criticado por causa de Europa del Este –por echar abajo la estructura entera de la comunidad socialista, del Pacto de Varsovia, por hacerlo añicos.

Yo era criticado por retirar tropas de Checoslovaquia y Hungría, por tomar la decisión de retirar en principio las tropas también de Polonia.

Yo era acusado no sólo de destruir la comunidad socialista sino también de eliminar ese cordon sanitaire, ese grupo de países-tapón que se interponía entre nosotros y Europa occidental.

Yo era criticado por dar preferencia en política exterior a valores humanistas genéricos contrapuestos a valores de clase o nacionales. Me decían que eso significaba distanciarse de los principios marxistas-leninistas.

Lo que pasó fue que nadie me defendió –nadie rechazó tales críticas[14].

¿Era Schevardnadze ingenuo, o lo aparentaba? ¿Puede sorprender que en un Estado como el soviético –marcado en su origen por la intervención extranjera, heredero de la obsesión que el ruso tuvo por asegurar sus fronteras– se preguntaran sobre el alcance de iniciativas de EEUU paralelas, en el tiempo, con la retirada soviética de Europa central y oriental? ¿O sobre sus consecuencias, cuando el general Colin Powell, jefe del Estado Mayor Conjunto, asignaba a EEUU el papel de campeonísimo sobre todos los rincones del Planeta?:

Uno tiene que dejar a un lado el contexto que hemos venido usando durante los pasados 40 años, cuya base era la planificación militar contra una amenaza específica. Ya no podemos darnos el lujo de disponer de una amenaza contra la cual hacer planes. El objetivo de nuestros planes es que somos una superpotencia. Somos el actor principal en el teatro del Mundo, con responsabilidades alrededor del Mundo, con intereses alrededor del Mundo[15].

Lo que hubiera sido notable es que la intervención militar en el Golfo Pérsico no provocara en la URSS el descarrilamiento del proceso de reformas de cuyo éxito dependía su sobrevivencia como Estado. Baste recordar la influencia del desembarco anglofrancés en el canal de Suez en octubre de 1956, sobre la decisión soviética de dos días después para intervenir a su vez en Hungría y frustrar el intento de distensión de Nikita Kruschev. De hecho, no es casual que fuera en los últimos días de 1990 y principios de enero de 1991 –en las fechas en que el Consejo de Seguridad de la ONU cedía la dirección de las operaciones militares en el Golfo Pérsico a EEUU (¡con el voto favorable de Shevardnadze!)– cuando en Moscú emergieron a los puestos dirigentes las cabezas del golpe de Estado de agosto siguiente: Gennadi Yanayev, a la Vicepresidencia de la URSS; Valentin S. Pavlov, a primer ministro; Boris K. Pugo, a ministro del Interior. Como tampoco fue casual que durante el desarrollo del golpe contra el presidente de la URSS –Gorbachov– los servicios de información de EEUU dieran apoyo al presidente de la Federación rusa, Boris Yeltsin, y le tuvieran al corriente de las comunicaciones interceptadas entre oficiales del Ejército soviético (que rechazaban sumarse al golpe de Estado del 19 de agosto de 1991)[16]. Ni que abortada la insurrección, Yeltsin disolviera al día siguiente el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y confiscara sus propiedades. El Partido Comunista creó el Estado soviético y sus FF AA, la estructura y organización del primero sostenían las otras dos. Disuelto el PCUS el 22 de agosto de 1991, cuatro meses después se disolvía la URSS, fenecía el Estado soviético y comenzaba la desbandada en sus FF AA.

En 1991, Alemania (y Japón) dijeron no a movilizar sus tropas hacia el Golfo Pérsico bajo mando norteamericano. Cierto es que el viernes 17 de mayo de 1991, camino de Washington, el canciller Kohl declaraba que se proponía reafirmar ante Georges Bush su fidelidad «a lo que todos los presidentes desde Kennedy han pedido: que creemos una política europea común de defensa y seguridad como medio de fortalecer el pilar europeo de la Alianza Atlántica»[17]. Pero conceptos elaborados cuando Alemania y Europa estaban divididas, ¿tenían idéntico significado para la Alemania reunificada que había firmado un Pacto de No Agresión con la URSS?

Cuidaba Kohl de decir el mismo día que «los norteamericanos no tienen por qué angustiarse, los dos países necesitamos fortalecer la seguridad europea bajo el techo de la OTAN». Pero ¿qué parecido guardaba tal afirmación con la de tres meses antes de W. H. Taft IV? ¿La identidad de palabras y propósitos encubría matices o divergencias estratégicas? En la proyección del modelo que describía el embajador de EEUU ante la OTAN, la UEO debería contribuir a mantener la división interna de Europa mientras EEUU, desde dentro de la OTAN, buscaría dirigir a la Europa entera. Para el Canciller Kohl era en la CSCE donde debiera construirse el andamiaje de la seguridad colectiva, “paneuropea” –expresión usada por Kohl[18].

La cuestión estriba en quién decide las intervenciones y qué pueblos las sufren. En las mismas fechas en que se abría el Muro de Berlín –noviembre de 1989– el embajador William H. Taft IV universalizaba las competencias de la OTAN, propugnaba responsabilizarla de la combinación (melding) de todas las estructuras europeas y del Mundo, de las militares y también de las políticas y económicas, de «la CEE, del Grupo de los Siete [que incluye Japón], del Grupo de los 24, del Consejo de Europa, del GATT [que incluye el Tercer Mundo]»[19]. Ni alemanes ni franceses recogieron la invitación. Parecía que en 1989 la realidad de, y entre los europeos había cambiado más que no la pervivencia de los clásicos conceptos estratégicos de origen británico.

En su discurso en Washington el 20 de mayo de 1991 Kohl tranquilizaba: su «gobierno no desea de ningún modo ver debilitada a la duradera Alianza Atlántica, menos aún reemplazada por una estructura europea». Pero a pesar del escarmiento sobre la cabeza de Irak, también decía el Canciller que «tropas alemanas estarán en el futuro en condiciones de actuar fuera del perímetro de la OTAN sólo bajo los auspicios de las Naciones Unidas, o de la Unión Europea Occidental». Sobreentendido, no bajo bandera o mando de EEUU. Y añadía otra condición, que «se creara una base constitucional clara para tal involucración»[20]. Legitimación por último aportada en 1993 y 1994 al resolver el Tribunal Constitucional germano una consulta del Bundestag.

VI. La alternativa germana

Tras el final de la división de Europa inherente a la guerra fría, ¿puede sobrevivir la Comunidad Económica Europea en las estructuras creadas al servicio de aquella guerra? Desde la perspectiva de la confrontación EEUU-URSS, la CEE ha sido el principal instrumento económico construido con apoyo norteamericano sobre el dividido solar europeo. Nacida seis años después que la OTAN y dos después que el Pacto de Varsovia, el fin que en 1956 la CEE se dio a sí misma era crear un mercado común de bienes y servicios en la zona bajo tutela militar de EEUU. Lo que éstos venían impulsando desde once años antes por razones estratégicas que les eran propias. La libertad de movimiento de capitales y el libre comercio de productos financieros son, en la CEE, el corazón del programa para el «mercado único». Un objetivo adicional es crear la Unión Económica y Monetaria (UEM) para coordinar las políticas nacionales, establecer una autoridad central de regulación y una divisa común. La primera fase de la UEM, según el calendario propuesto por el presidente de la CEE –el francés Jacques Delors– se inició el año 1990, y para el 14 de diciembre del mismo año estaba previsto que se aprobaran las siguientes etapas.

Mas el proyecto de UEM de 1990 continuaba anclado en los presupuestos políticos y económicos sentados desde 1945 por EEUU. Era cuestión de tiempo que se exteriorizara su inadecuación a la Europa emergente. Muchos, sin embargo, se llevaron el 8 de septiembre de 1990 la sorpresa de ver que quienes echaban el freno a la UEM eran cinco de los ministros de Finanzas reunidos en Roma. Dos de ellos merecían atención –Alemania y Gran Bretaña–, los tres restantes seguían su surco –España, Portugal y Grecia. Las objeciones se expresaron en términos económicos. Para el británico John Major «si la Comunidad tratara de llegar demasiado pronto a la unión monetaria, sin una previa convergencia económica mayor, serían intolerables las tensiones y sacudidas sobre nuestras economías». Para el Banco Federal alemán, «la transición a una nueva fase monetaria –sea transitoria o final– debe hacerse en cumplimiento no de calendarios específicos sino de condiciones económicas previamente definidas, previa garantía de que el resto de la Comunidad ha logrado el mismo nivel de estabilidad que la RFA»[21].

Detrás concurrían dimensiones políticas mayores. El gobierno de Londres no estaba dispuesto a vaciar de soberanía al Parlamento de Westminster, y oteaba si en la fresca independencia de los Estados del Este encontraba un impulso adicional para preservar la propia. Por paradójico que a primera vista parezca, la «casa común europea» cuya arquitectura proponía Gorbachov –inmersa a su vez en un acuerdo global de la URSS con EEUU–, ofrecía a Londres oportunidades inexistentes meses antes. Por su parte, el Bundesbank y el gobierno alemán deseaban manos libres para imantar los capitales del resto de la CEE en pro de la robustez del deutschmark, para eliminar en Alemania del Este la estructura económica de capital social y sustituirla por otra de capital privado, para ocupar las nuevas fronteras que se le abrieron en Europa central y oriental. Si el presidente Mitterrand pedía a los alemanes el 25 de septiembre de 1990 que «entiendan que Francia mantendrá una política exterior independiente en defensa de sus intereses vitales en todo el Mundo», ¿puede esperarse que la reunificada Alemania acepte la subordinación a la que la RFA estuvo constreñida dentro de estructuras que aunque llamadas “europeas” fueron creadas durante la ocupación-división de los germanos? Ante ello, ¿puede sorprender que el Presidente francés en 1989 hubiera buceado el reingreso de la URSS a la escena europea, o que durante el golpe de fuerza del 19 de agosto de 1991 hubiera reconocido como nuevos dirigentes de la URSS a quienes tenían bajo arresto a Gorbachov?

El final de la división de Europa sacudió el entramado de la CEE. Alarmado, el francés Jacques Delors apuntaba en París el 25 de septiembre de 1990:

si Alemania pudiera emerger como un poder en solitario, con un Estado fuerte y duro, una economía fuerte, una economía alemana, en ese momento el destino de gran parte de Europa dependería de la opinión pública germana, de los políticos germanos[22].

Para evitarlo Delors propuso una concepción de la CEE que, ignoro si lo sabía, tenía como fines los mismos que había impulsado EEUU desde 1945: lograr la “europeización” de Alemania a través de estructuras como las que se crearían alrededor de la CEE, diseñadas para solucionar el que en el Washington de 1945 denominaban «problema alemán».

El punto crucial de acuerdo y paz entre los pueblos europeos se halla hoy, tanto como en 1944, en Alemania. Ésta se encuentra ahora en tránsito desde el estadio de objeto de los vencedores de 1945 a sujeto de su propia autodeterminación. De ahí que la arquitectura de la Europa legada por 45 años de guerra fría aparezca cada día más inadaptada. En todos sus pilares, la OTAN y CEE en el Oeste tanto como en el Este lo fueron el CAME y el Pacto de Varsovia (disueltos en 1991). En la medida en que los pilares han sido instrumento de intervención sobre los pueblos europeos, la mayor libertad de éstos depende de la superación de aquéllos. Como también la proyección y consecuencias de los cambios en Europa sobre el resto del Mundo.

Distanciándose cada vez más del inmovilismo de la guerra fría, dos corrientes de fondo se entrecruzan hoy en Europa. Por un lado, la que explora fórmulas institucionales que coordinen su diversidad interna y la afirmen frente a EEUU (y, en otro nivel, al Japón). Por otro lado, la que impulsa la desintegración de las estructuras estatales que históricamente rivalizaron por la hegemonía sobre el Continente. La primera tensión apunta hacia el replanteamiento de los intercambios económicos, a la defensa de la capacidad productiva y bienestar de los ciudadanos europeos como conjunto diferenciado. El 8 de octubre de 1990 coincidió la primera suspensión de pagos del gobierno de EEUU –por solo dos días– con la decisión de los ministros de Agricultura de la Comunidad Europea de mantener las subvenciones a su agricultura. Aunque el acuerdo de los 12 países de la CEE fue unánime, Francia y Alemania encabezaron la resistencia a la propuesta de la Comisión Europea de reducir las ayudas agrícolas en un 30%, el Ministro alemán afirmando que «si tuviera que elegir entre destruir el 70% de la agricultura de la RFA y un completo bloqueo del GATT, me inclinaría por lo segundo». En otras palabras, las relaciones de intercambio están generando nuevas formas de antagonismo entre mercados siempre en pugna. La reducción del predominio relativo que viene experimentando la economía de EEUU guarda cierto paralelismo con las opciones abiertas a la integración europea. En la coyuntura del primer semestre de 1990, la inversión de capitales externos en EEUU sumaba 10.500 millones de dólares, apenas el 30% que en el semestre anterior a la apertura del muro de Berlín. Era una de las consecuencias de que Europa y Japón aumentaran la inversión en su propia casa, por supuesto. Pero también de las alteraciones en los flujos financieros. Si en 1950 el 40% de las inversiones de EEUU se destinaba a América Latina, en 1989 era el 16%.

La segunda tensión exterioriza la crisis de las estructuras estatales históricas. De las centralizadas y de las descentralizadas –como el yugoslavo. Tanto de los del Este como de los del Oeste –el belga, por ejemplo–, de los del Norte báltico como de los del Sur mediterráneo. Como el de España –donde no por haber desmembrado a la nacionalidad castellana, núcleo centrípeto del Estado-Nación, en diez gobiernos autónomos se ha superado la inadaptación de las nacionalidades vasca y catalana en las estructuras estatales. Más una forma tradicional de Estado hace crisis en Europa, más algunos gobiernos se sienten empujados a la cesión ilimitada de soberanía y a buscar una ciudadanía de reemplazo donde refugiarse. Las posibilidades y modalidades para una “casa común europea” reposan, así, tanto en profundas necesidades macroeconómicas y sociales como en apremios políticos contingentes.

6. De Yalta a Malta

La reunión en Malta el 2-3 de diciembre de 1989 de los presidentes de la URSS y EEUU, a pesar de ser informal, sin orden del día ni firma de acuerdos, emergió como símbolo del cambio en las relaciones entre ambos países. Su patrocinador, George Bush, había declarado el 22 de noviembre anterior: «América desea que los soviéticos se sumen a nosotros para ir “más allá de la contención” hacia una nueva asociación […] ayudar a los pueblos de Europa a alcanzar un nuevo destino en una Europa pacífica, entera y libre»[1].

El encuentro venía precedido por revoluciones incruentas en Polonia, Hungría, Checoslovaquia, RDA, Bulgaria, cuyos regímenes de la guerra fría daban paso a otros pluripartidistas. Retornaba la URSS a la escena europea. Un año antes Gorbachov había anunciado en las Naciones Unidas que la

sobrevivencia y autopreservación del género humano […] la idea de democratizar el entero orden mundial se ha convertido en una poderosa fuerza sociopolítica, el uso o amenaza de uso de la fuerza no puede ni debe ser más un instrumento de política exterior, la libertad de elección es un principio universal que debe ser permitido sin excepciones, [en un orden internacional] de crecientes opciones múltiples de desarrollo social en cada país, que vale tanto para los sistemas capitalistas como los socialistas.

Estimando que «toda interferencia en los desarrollos internos de los países dirigida a reconducirlos según el propio deseo de otro, tendría las más destructivas consecuencias para el establecimiento de un orden pacífico», ofrecía «desmilitarizar las relaciones internacionales en una Comunidad Mundial de Estados que esté basada en el imperio de la Ley, que subordine a la Ley sus actividades de política exterior». Pasando a los hechos, el presidente de la URSS anunciaba la reducción unilateral de sus tropas durante los siguientes dos años en 500.000 hombres, la retirada y desmovilización de seis divisiones de tanques y de otras unidades de asalto de la RDA, Checoslovaquia y Hungría, así como la reducción de 50.000 hombres y 5.000 tanques en las fuerzas soviéticas estacionadas en estos países, más otros 5.000 tanques en la URSS, 8.500 sistemas de artillería y 800 aviones de combate, dentro de una «estructura que se convertirá en claramente defensiva»[2].

En el momento de la Conferencia de Malta, 256.000 soldados soviéticos habían sido desmovilizados[3]. Dos semanas después, el 15 de diciembre, el viceministro de Asuntos Exteriores Vladimir Petrovsky escribía al secretario general de la ONU que los 625.500 soldados soviéticos estacionados fuera de la URSS serían repatriados antes del año 2000[4]. El mismo día el Soviet Supremo aprobaba reducir el presupuesto de Defensa en un 8,2%, a pesar de que el previsto era ya inferior al de EEUU en un 57%[5]. Antes, Moscú había retirado sus tropas de Afganistán y anunciaba su disposición de negociar con Checoslovaquia la retirada de 80.000 soldados allí estacionados desde la invasión de 1968; un gobierno de mayoría no comunista había sido elegido en Polonia, y sustituidos los equipos dirigentes del Partido Comunista de Hungría, Checoslovaquia, RDA y Bulgaria bajo la presión de movilizaciones populares, sin que la URSS interviniera ni tampoco las Fuerzas Armadas de esos mismos u otros Estados. El Mundo asistía a una insólita sucesión de cambios de régimen político, de afirmaciones de independencia, en los Estados incrustados en la esfera de influencia de la URSS. Los partidos comunistas de Europa cambiaban su modelo organizativo por otro de reconocimiento de las pluralidades internas.

El espíritu de la Conferencia de Malta, la reacción esperanzada que acogió sus resultados, admitía un paralelismo con la de Yalta. En ambas coyunturas la URSS aceptó repatriar sus tropas, la no intervención y libre determinación de los pueblos, la celebración de elecciones libres en sus Estados vecinos –aceptando resultados adversos al Partido Comunista. Recordemos que en 1945 la URSS apoyó elecciones libres en Hungría, Bulgaria, Finlandia y Austria –perdidas por los respectivos partidos comunistas–, no hizo uso del derecho a estacionar tropas en Finlandia reconocido en el armisticio, retiró el Ejército Rojo de Checoslovaquia a fines de 1945, cortó sus enlaces ferroviarios militares a través de Polonia, respetó su compromiso de no intervenir en Italia, Francia o en la guerra civil de Grecia; manifestó con hechos, a lo largo de 1945, su disposición a coexistir con formas de organización económica capitalista y democracia pluralista en sus Estados vecinos. Exigía, eso sí, que sus gobiernos no adoptaran una política militar y exterior hostil, es decir, que no rehicieran el “cordón sanitario” antisoviético salido de la Conferencia de Versalles en 1919. Si dos años antes de la Conferencia de Yalta la URSS daba prioridad a lograr relaciones armónicas con EEUU y Gran Bretaña, y ello le llevó a disolver el Komintern –dejando a los partidos comunistas a resultas de su propia representatividad y capacidad nacional–, en los meses previos a la reunión de Malta de 1988 de nuevo la dirección del Kremlin mostraba que renunciaba a sostener a partidos políticos afines en tanto que instrumento de intervención en asuntos internos de otros Estados.

Un cambio técnico, la invención de la bomba atómica, fue utilizado en 1945 por la recién instalada Administración Truman para sepultar el espíritu de Yalta. El nuevo Presidente sintió el poder del rayo en sus manos y rompiendo los acuerdos suscritos viró hacia el control de Europa entera, con el ánimo de acabar con la potencialidad entonces atribuida al sistema económico-político soviético, como se lee en los documentos que analizo en otros capítulos. La URSS rechazó tamaña ofensiva en la Conferencia de Potsdam (iniciada al día siguiente de la explosión experimental de Álamo Gordo de 16 de julio de 1945), y a falta de armamento atómico opuso a EEUU el acuartelamiento progresivo de los pueblos y Estados donde el Ejército Rojo había entrado en su avance hacia la capital del III Reich alemán.

Desde el punto de vista militar podría pensarse que Malta fue el reencuentro con el espíritu de Yalta en una realidad de paridad atómica entre la URSS y EEUU, el armamento balístico intercontinental devaluando, por su inmediatez-alcance-eficacia, la importancia en la guerras convencionales del espacio geográfico. De donde hubiera podido seguirse la sustitución de la estructura defensiva, una Europa fortificada en trincheras, por otra de seguridad compartida. Malta significaba un paso en la clausura de la etapa militar iniciada en Potsdam –el arma atómica como instrumento de chantaje político– y el comienzo de otra basada en la constatación de que la guerra atómica no es medio para imponer la hegemonía, el orden mundial debiendo asentarse sobre bases nuevas. Mucho camino quedaba por recorrer. Si los acuerdos de Yalta buscaban garantizar que Alemania no volviera a ser origen de una guerra hegemónica, el armisticio EEUU-URSS reabría el problema alemán en la medida en que no existía en Europa una estructura que imposibilitara apetitos hegemónicos. Ciertos legados de la guerra fría más bien los facilitaban. Así, el proyecto estimulado por Francia desde 1985 (bajo Mitterrand) en torno del eje París-Bonn consolidaba la proyección hacia el Oeste del renovado poder alemán –complementaria de las acciones que la RFA venía ejecutando hacia el Oriente–, lo que hizo de París un adlátere de Alemania.

En los centros de poder de EEUU, el espíritu de Malta era evaluado como el resultado de cuarenta años de guerra contra la Potencia europea “rebelde”, mellada la fuerza de las organizaciones obreras, socializantes o nacionales que emergieron victoriosas de la guerra contra el III Imperio alemán. En EEUU los soportes del New Deal rooseveltiano hacía mucho tiempo que habían sido desplazados del poder, el movimiento sindical distaba de la capacidad reivindicativa de 1945. Si, a título de ejemplo, Roosevelt tuvo buenas relaciones con Ho-Chi-Minh en Vietnam, no interfirió en los gobiernos de Frente Popular que se sucedían en Chile desde 1938, ni se opuso a la participación de los partidos comunistas en los de Francia e Italia en 1944-1945, en 1989 Vietnam aunque independiente estaba sumergido en graves problemas internos; el Partido Comunista de Italia consideraba abandonar hasta el nombre tras cuatro décadas de veto de Washington a que participara en el Gobierno; el Partido Comunista francés –contra cuya ascendencia Truman pensó intervenir sumergiendo a Francia en la guerra civil[6]– había disminuido su incidencia electoral del 25 al 6%. En muchos países de la esfera de influencia de EEUU la década de los ochenta terminaba con equipos dirigentes cooptados y leales a sus financiadores extranjeros. En los estereotipos de guerra psicológica, la imagen de “dominación comunista del Mundo” estaba siendo reemplazada por la de “fracaso definitivo del comunismo” y “fin de la Historia”. Pero la intervención y militarización continuaba aplicándose sobre los insumisos que, al no poder ser ya vinculados a un pretendido “centro revolucionario mundial”, eran calificados de «renegados».

Desde el punto de vista económico, si en 1944 la URSS participó en la Conferencia de Bretton-Woods que creó el FMI –del que fue apartada después–, en Malta solicitaba su ingreso en el FMI y en el GATT, su acceso a la economía mundial, sin que EEUU lo rechazara de plano. Malta podía también ser entendida como el reconocimiento por EEUU de que su poder absoluto y relativo en 1945 –Alemania y Japón ocupados, Europa desangrada y su estructura económica devastada–, distaba de ser lo que era en Potsdam. Si Truman quiso imponer el dominio de su sistema económico –y a través suyo la hegemonía de EEUU–, ello no parecía tampoco posible cuatro décadas después, entre otras razones porque la política seguida durante la guerra fría desembocó en la reemergencia (como rivales económicos de Washington) de las Potencias vencidas en 1945, mientras que la URSS de Gorbachov continuaba proponiendo un orden mundial distinto al de la “pax americana”. Mantener su estatus de primus inter pares en 1989 aconsejaba a EEUU explorar nuevas vías en el Viejo Continente.

Si Roosevelt abandonó Yalta convencido de haber puesto término a las esferas de influencia, Gorbachov llegaba a Malta con la demostración de no considerar a los Estados de Europa oriental sus satélites o clientes, y deseaba que EEUU por su parte se abstuviera de absorberlos en la suya. El aparente asentimiento norteamericano parecía significar un retorno a los acuerdos de Viena y Versalles, a la reactualización del sistema europeo salido de las respectivas Conferencias (1814, 1919) al mantener la división entre la western y la eastern mass de Europa y, además, reconfigurar la cadena de Estados que sirviera de tapón-división entre la Europa occidental (bajo control de la OTAN y de la CEE) y la URSS. En la conferencia de Malta estuvo también ausente un proyecto común de estructura para una Europa sin guerra –fría o caliente– y esto merece ser contrastado con las constantes históricas que se estudian en capítulos siguientes.

Cuando el 9 de noviembre de 1989, tres semanas después de la destitución de Erich Honecker, el gobierno de la RDA satisfacía la presión popular y abría el muro divisor de Berlín, en París el ex jefe del Gobierno Michel Debré (neogaullista) interpretaba el acontecimiento como antesala de «una nueva alianza germanosoviética basada en un contrato en que la URSS permitirá la reunificación […]». El ex presidente Giscard d’Estaing (conservador) evocaba «la muerte de la CEE. El peso de un eventual Estado alemán unificado sería incompatible con nuestras instituciones»[7]. Desde el Gobierno presidido por Michel Rocard (socialdemócrata), el ministro de Industria Roger Fauroux urgía abalanzarse sobre los mercados de Europa oriental: «nuestras grandes empresas estaban presentes en todas partes antes de caer el Telón de Acero. Debemos volver masivamente»[8], al tiempo que el presidente François Mitterrand convocaba cuatro días después una reunión urgente de jefes de Estado y Gobierno de la CEE para tratar de evitar que la reunificación alemana, y sus posibilidades reabiertas hacia el Este, enfriaran la identificación de la RFA con la CEE. Es decir, políticas todas que veían en la perpetuación de la OTAN (y del Pacto de Varsovia) un medio de contener a una Alemania en vías de reunificarse y de recuperar su soberanía.

La primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, reaccionaba con idiosincrasia británica: por un lado pedía la continuidad del bloque de la western mass –la OTAN–; por otro, usaba la dinámica en la «masa oriental» para preservar la independencia británica:

Es irónico que cuando Europa del Este se mueve hacia una mayor democracia, haya algunos en la CEE que quieran quitar las políticas económicas y monetarias de nuestros Parlamentos para entregárselas a un organismo que no es democráticamente responsable[9].

Para semejantes políticas la sobrevivencia de los dos bloques había permitido mantener dividido el Continente, postergar la soberanía alemana y realzar la del Reino Unido (y Francia).

El gobierno de EEUU, por su parte, exteriorizaba la prioridad que concedía a la RFA dentro de la OTAN:

el Presidente Bush llegó a un entendimiento informal con el Canciller Helmuth Kohl de Alemania Occidental para que Washington continuara hablando positivamente sobre el “principio” de la reunificación alemana, a pesar de que eso es anatema para muchos aliados de la OTAN[10].

En el nuevo contexto de cooperación con la URSS, podía calcular EEUU mantener su esfera de influencia mientras Moscú renunciaba a la suya en Europa del Este, y el reconvertido Pacto de Varsovia era reevaluado como instrumento estabilizador en el Este –y también en el Oeste al dificultar la independencia alemana.

El gobierno de la URSS recordaba por su lado que «el derrumbe del Muro de Berlín, que ha simbolizado durante muchos años la división de Europa, es sin duda un hecho positivo e importante»[11], pero también que «Bonn debe tomar en cuenta que ninguna política que contemple cambios de fronteras sería deseable para ningún gobierno de Europa y causaría profunda desconfianza. Un nuevo régimen ha empezado en la frontera alemana oriental, pero la frontera permanece»[12]. El gobierno de Gorbachov buscaba el camino para acuerdos económicos y de seguridad de ámbito paneuropeo del modo que le era viable. Por un lado, asociando a Washington en la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea (CSCE) como marco institucional de los dos bloques, de los Estados neutrales y de los no alineados. Por otro lado, abriendo relaciones directas con la OTAN y la CEE[13].

Dos respuestas alemanas a la apertura del muro de Berlín retenemos aquí, la del ex canciller Willy Brandt (socialdemócrata) y la del canciller Helmuth Kohl (democristiano). El primero, presidente de la Internacional Socialista, afirmaba que «muchos en la RDA tienen aversión a ser comprados. Son alérgicos a la sospecha surgida de que el producto de su trabajo pueda ser vendido como activo de la quiebra». El dirigente alemán que tantas intervenciones de compra-venta de cuadros políticos conocía en Portugal, España y América Latina, deseaba ahora excluir de semejante trato a los alemanes del Este, proponía respetarles su dignidad y «encajar [la unidad alemana] en el proceso de fusión de las distintas partes de Europa»[14]. Pero tras el éxito de la RFA en 1974-1977 en España y Portugal para cooptar su liderazgo durante el cambio político, era improbable que no aplicara Bonn tan conocidos métodos sobre la RDA. La propuesta en Diez Puntos del canciller Kohl al Parlamento de la RFA el 28 de noviembre de 1989 explicitaba: «instaurar estructuras confederales entre los dos Estados de Alemania, con el fin de crear después una federación, lo que significa un orden federal en Alemania» (punto 5); ampliar el bloque occidental: «la CEE no debe acabar en el Elba, debe estar abierta a una RDA democrática y a otros Estados democráticos de Europa central y del Sureste» (punto 7) –omisión de referencia al “Este” que cabía entender como exclusión de la URSS; «la reunificación, es decir el retorno a una unidad estatal de Alemania, sobrepasar la división de Europa y la división de Alemania exige pasos rápidos y de gran alcance en el campo del desarme y control de los armamentos» (puntos 9 y 10); dictaba a la RDA también lo que debía hacer si deseaba recibir ayuda económica: «un cambio fundamental en el sistema político y económico de la RDA, decidido de modo compulsorio y puesto en marcha de manera irreversible, el monopolio del poder del Partido Socialista Unificado debe terminarse, partidos independientes –incluso no socialistas– deben participar en elecciones libres […]» (punto 3). En vísperas del encuentro de Malta el gobierno de la RFA había tomado la iniciativa; mientras abría el camino hacia su propio proyecto, la pertenencia a la OTAN era un medio de recabar el apoyo de EEUU al mismo.

Si el gobierno de la RFA se mostraba tan imperativo ante un Estado poblado por alemanes como la RDA, ¿qué diktats podrían esperar los no alemanes cuando el Canciller alemán hablara en nombre de una Alemania reunificada? Lo que pensaban al respecto los dirigentes de otros pueblos europeos no era público excepto en el caso de la URSS donde al cabo de pocas horas rechazaron el plan de Kohl por

intentar empujar el recién iniciado proceso de renovación en Alemania del Este en sentido nacionalista, y ordenar el camino y significado de la reforma. La reunificación alemana sólo puede concebirse en el contexto de un proceso más amplio de superación de la división de Europa que incluya la disolución simultánea de la OTAN y del Pacto de Varsovia[15].

El ministro de Asuntos Exteriores, Edvard Shevardnadze, fue más contundente ante su homólogo de la RFA, H. D. Genscher:

la parte soviética considera inaceptable dictar al Estado soberano de Alemania Oriental cómo debe desarrollar sus relaciones con el otro Estado alemán. No se puede permitir hacer depender desarrollos ulteriores con la otra Alemania del cumplimiento de […] condiciones que son de la exclusiva competencia interior de Alemania Oriental […], incluido el cambio de las bases sociales y políticas del sistema de la República[16].

Malta al igual que Yalta tenía a Alemania como fondo, aunque en un contexto bien distinto. Si antes de la creación de la RFA –cuando la reconstrucción del sistema capitalista en la misma era un problema– los democristianos alemanes pidieron a EEUU dividir Alemania –Adenauer decía preferir «el control total sobre media Alemania más que el control a medias [con los comunistas] sobre Alemania entera»– en 1989 los democristianos pedían anexionar la Alemania comunista. EEUU ajustó sus intereses a esta nueva premisa, una de las vías siendo la de reconvertir la OTAN en estructura no sólo militar sino también política, en un proceso paralelo con la transición desde una relación de conflicto con la URSS a otra de cooperación.

En Yalta se aprobó mantener desmilitarizado y unido el Estado alemán –aunque debilitándolo mediante una estructura federal–, y su ocupación por tropas de la Coalición Antigermana debía mantenerse durante sólo dos años adicionales. En Malta EEUU proponía por primera vez a la URSS la reducción de sus respectivas tropas en Europa[17], horas después de que la RFA hubiera pedido simultanear la unificación alemana con «pasos rápidos en el desarme y control de armamentos» (punto 9 de Kohl), y sobreponerse a la OTAN y el Pacto de Varsovia: «se plantea en especial la cuestión de estructuras de seguridad en Europa que superen [las actuales]» (punto 10). La respuesta de EEUU daba satisfacción al Plan Kohl en la medida en que el empuje germano resultaba positivo para las estructuras norteamericanas en Europa. En la víspera del mensaje de Kohl al Bundestag, en Washington se publicaba la opinión de un alto funcionario alemán según la cual

la más probable petición del Kremlin a cambio de aceptar la reunificación sería una Alemania neutral, un paso que implica el colapso de ambas alianzas en Europa y levantar un sistema de seguridad global totalmente nuevo. La posibilidad de tal oferta por Moscú “es la mayor preocupación de nuestros aliados”, que temen que Alemania Occidental sea incapaz de resistirse al cebo[18].

En todo caso, el secretario de Estado James Baker III disponía el día siguiente, 29 de noviembre, que la reunificación alemana «debe producirse en el contexto del continuado alineamiento de Alemania con la OTAN y en una Comunidad Europea cada vez más integrada», y trazaba la raya que a los alemanes no les era dable traspasar: «No debe haber trueque de neutralidad por unidad, y no debe diluirse el carácter liberal democrático de la República Federal de Alemania»[19]. En otros términos, la OTAN y la CEE, sobredeterminaban la autodeterminación de los alemanes y el sistema de seguridad colectiva en Europa.

La libre determinación de los pueblos es más fácil de proclamar que de aplicar, o respetar. En medio de tantos dictados, ¿qué deseaban los ciudadanos de la RDA? El 18 de diciembre de 1989 se reunían en Berlín los líderes de doce partidos de oposición con los del gubernamental Partido Socialista Unificado, y acordaban rechazar la unidad con la RFA. Propósito éste que consideraba compatible con mejores relaciones entre ambos Estados[20]. Así se lo dijeron a Kohl al día siguiente. El 2 de febrero de 1990 el jefe del Gobierno de Alemania Oriental, Hans Modrow (comunista), proponía un plan en cuatro puntos para reunificar a los alemanes en una sola Alemania, federal en el interior, desmilitarizada y neutral hacia el exterior. Pero el 18 de marzo los ciudadanos de la RDA elegían un Parlamento con mayoría del partido democristiano –cuyo liderazgo estaba siendo estipendiado desde la RFA–, que votaba la unificación según las premisas socioeconómicas que añorara Adenauer. El gobierno Bush vio en ello la posibilidad de extender la OTAN hacia el Este, el de Kohl la de hacerlo Alemania con el asentimiento de EEUU.

¿Cuál fue el alcance del acuerdo de cooperación entre EEUU y la URSS en Malta? Las imágenes salidas del encuentro eran positivas, mas su solidez requería conceptos, estructuras y un sistema de ordenación internacional compatible para ambos Estados y para los no invitados a Malta. La acelerada sucesión de cambios en Europa durante la segunda mitad de 1989, espectaculares en forma y sustancia, no eclipsaba las diferencias entre ambos Poderes en la conceptualización del sistema europeo y el mundial.

I. Asimetrías entre Bush y Gorbachov

El encuentro de Malta tuvo lugar tras reiteradas condenas retroactivas por el Soviet Supremo, y los más altos dirigentes soviéticos, de actos neurálgicos de la política exterior de la URSS entre 1945 y la retirada de Afganistán –1989. Nada equivalente había sido expresado por la dirección de EEUU. Al contrario, cuando el 22 de noviembre el presidente Bush anunciaba por televisión su viaje a Malta reivindicaba también el legado acumulado en la aplicación de la doctrina Truman: «ayudamos a reconstruir un continente a través del Plan Marshall y construimos un escudo, la OTAN. […] América es fuerte, y cuarenta años de perseverancia y paciencia están dando finalmente resultado»; y proclamaba la perennidad de la OTAN

con indiferencia de cuán espectacular sea el cambio en Europa oriental, o en la propia Unión Soviética, EEUU continuará firme junto a nuestros aliados y amigos. El papel de EEUU puede cambiar en la forma pero no en el fondo, continuaremos en Europa tanto tiempo como nuestros amigos quieran y nos necesiten.

Si por un lado ofrecía la ayuda de EEUU a Hungría y Polonia para «ajustarse a una sociedad de mercado libre, abriendo el camino a la inversión de EEUU», por otro criticaba por su nombre a Panamá, Nicaragua y Cuba –los países de América Latina cuyos gobiernos y FF AA no tenía entonces Washington bajo su control– y anticipaba que «cuando vea al presidente Gorbachov, le pediré que se una a nosotros para ayudar a llevar libertad y democracia a todos los pueblos de Latinoamérica». Entre semejantes premisas, ¿qué significaban las frases de Bush de «estoy extendiendo la mano al presidente Gorbachov, pidiéndole que trabaje conmigo en derribar las últimas barreras a un mundo nuevo de libertad. Permitidnos ir más allá de la contención y –de una vez por todas– acabar la Guerra Fría […]. Podemos ayudar a los pueblos de Europa a alcanzar un nuevo destino, en una Europa pacífica, entera y libre»?

La mención a una Europa entera y libre (whole and free) la utilizó por primera vez el presidente Bush durante su viaje a la RFA y Bruselas en mayo de 1989, con motivo del 40 aniversario de la OTAN. Mientras la opinión pública alemana exigía no modernizar los misiles atómicos de alcance inferior a 500 km estacionados en la RFA, los gobiernos del Reino Unido y Francia pedían su modernización. El presidente de EEUU salvó la contradicción mediante una fórmula que, en la práctica, daba prioridad a evitar confrontar a la RFA y, en lo que parecía una fuite en avant, invocaba una Europa más allá de la contención (beyond containment), “entera y libre”. Haciendo de necesidad virtud, la Administración Bush aparentaba inclinarse ante la marcha alemana hacia el Este pero de hecho se ponía al frente, reconduciéndola a expandir la CEE y la propia OTAN hacia Oriente.

La primera explicación oficial del nuevo concepto llegaba el 8 de junio (exposición del secretario de Estado James Baker III ante el National Press Club de Washington):

[…] la cumbre de Bruselas ha afirmado también que la misión de la OTAN va más allá de la dimensión militar de las relaciones Este-Oeste. Nosotros queremos, como ha dicho el Presidente, ir más allá de la contención a una nueva Europa –una Europa que esté entera, y una Europa que sea libre[21].

Para Baker: «Esa Europa está definida por una comunidad de naciones libres de la que ninguna está excluida. Sus fronteras no han sido puestas por la geografía […] sino por el logro de las libertades democráticas».

¿Formarían parte de esta “Nueva Europa” los EEUU de Norteamérica? La respuesta era afirmativa, más aún, tal Europa comprendería los Estados de la OCDE e incluso algunos neutrales: «Hoy corre desde Montreal, San Francisco y Roma hasta Tokio, Helsinki y Melburne […]. En Bruselas, los líderes de la OTAN se han comprometido ellos mismos a la próxima misión –realizar una Europa entera y libre».

El beyond containment de Bush en Bruselas era una formulación ambigua, de significado indefinido, anfibológico. Retenemos este: alcanzado el objetivo de “contener” el “comunismo” –identificado con el poder estatal de la URSS– se trataba ahora de hacerlo retroceder, consumar el roll-back de su sistema económico-ideológico. De nuevo se percibían aquí, en transfondo, constantes estratégicas británicas: lograr el retroceso de los beneficios territoriales que obtuvo la URSS del Pacto de no Agresión y Neutralidad de 23 de agosto de 1939 con Alemania; impedir, retrasar o condicionar el retorno de la URSS al escenario europeo; restablecer alguna versión del “cinturón sanitario” emergido de Versalles en 1919; sondear el objetivo último: desintegrar la URSS en tanto que Estado. El diseño estratégico de la Administración Bush, sin solución de continuidad con los elaborados en el Pentágono desde 1945-1946 que analizo más adelante, no sólo no ponía fin a la división de Europa sino que creaba las condiciones de nuevas confrontaciones. Una entre las varias imaginables la evocaba Valentin Falin, jefe de la Comisión Internacional del Comité Central del Partido Comunista de la URSS:

si continúa el empeño por dividir lo que no puede ser dividido, tal como fue característico del período previo a las dos guerras mundiales, si las tierras y fronteras continúan siendo rediseñadas mientras se descuida la vida y seguridad de los pueblos, se provocará el peor y en esta ocasión el definitivo desastre[22].

En cuanto al concepto de “a Europe whole and free”, mientras no sea pública la documentación de los planificadores del Pentágono y del Consejo Nacional de Seguridad es difícil un cabal entendimiento del significado, y de su puesta en práctica. Con todo, gracias a la libertad de prensa de EEUU se conocen algunas minutas de la planificación estratégica en la Administración Bush durante la primavera de 1989[23], como la previsión de que alguna modalidad de reunificación alemana iba a acaecer en “pocos años” que

va probablemente a adelantarse a esfuerzos de última hora de [crear] estructuras paneuropeas para encerrar a una Alemania reunificada en un marco más amplio. En el próximo siglo vamos a encarar probablemente una Europa modelada tanto por la influencia económica y el potencial militar alemanes como por la presencia militar rusa.

El concepto “paneuropeo” en este contexto aludía al esfuerzo francés de imponer la plena integración político-económica de la CEE para 1992, en la esperanza de que esta última lograría encorsetar a Alemania. Era una concepción de “paneuropa” que entroncaba con iniciativas posteriores a la revolución bolchevique tendentes a separar Rusia de la Europa capitalista. De modo coherente, antes de que el presidente Bush publicitara el concepto whole and free lo había acuñado un análisis presentado por el Pentágono al secretario de Defensa Richard B. Cheney –con una significación poco ambigua:

nosotros queremos una Europa entera y libre de intimidación. Sin embargo, en el futuro previsible los intereses soviéticos no van a coincidir con los de EEUU y sus objetivos a largo plazo probablemente van a permanecer, los de continuar siendo el poder militar más fuerte en el continente euroasiático. Nos enfrentamos a una competencia a largo plazo con los soviéticos. Si nos obligamos a nosotros mismos a salir sustancialmente de Europa, no volveremos fácilmente.

Desde 1919 reiteradas experiencias han demostrado las consecuencias de las premisas de la Conferencia de Versalles, es decir, la división de Europa entre Potencias cuyo “equilibrio” reposa en repartirse los pueblos en zonas de influencia. Estos conceptos generaron las respuestas xenófobas que crecieron –y chocaron– en los años treinta, y de nuevo después de 1945 –hasta hoy, cuando sus reverberaciones alumbran viejos rescoldos. Tan pronto la política de no intervención soviética permitió entre julio y octubre de 1989 el cambio pacífico de los regímenes de Polonia, Hungría, la RDA, Bulgaria y Checoslovaquia, fue cuestión de días que, el 28 de noviembre siguiente, el canciller Kohl avanzara su Plan de 10 puntos de anexión de la RDA[24]. Y cosa de horas que el gobierno francés declarara el Plan Kohl unilateral, no consultado previamente, agregando el presidente Mitterrand otro gesto: la visita impromptu a Gorbachov en Kiev el 6 de diciembre, y el respaldo a la iniciativa del soviético de convocar una reunión de la Conferencia de Cooperación y Seguridad Europea para 1990. Según Andrei Grachev, alto dirigente del Partido Comunista de la URSS, «el desarrollo de la cuestión alemana jugó un papel no despreciable en nuestra decisión de convocar una nueva conferencia de Helsinki»[25]. Si, en propiedad, desde los acuerdos de París de 1954 que crearon la RFA estaba escrito (art. 7) que Bonn podía reunificar Alemania sólo en un sistema económico-político capitalista aliado de EEUU, el Reino Unido y Francia; si aún el 3 de diciembre de 1989 el general Vernon A. Walters (embajador de EEUU en la RFA) desplazaba la unidad de las dos Alemanias para «dentro de cinco años», en el siguiente día Margaret Thatcher aumentaba el plazo a 10 y 15 años[26] y los dirigentes franceses insistían en descartar la idea misma de un calendario. El 15 de diciembre el canciller Kohl acusaba recibo: «los intereses de seguridad de las superpotencias deben ser tomados en consideración de inmediato. Haremos bien en tener esto presente si queremos seguir un camino tranquilo en el futuro»[27].

En el encuentro de Malta de 2 de diciembre de 1989 se esbozó una fase nueva en las relaciones entre la URSS y EEUU. Al programa de reducción de armamento y tropas, hasta esa fecha unilateral de la URSS, aportó Bush iniciativas en igual sentido. Pero al mismo tiempo reafirmaba la continuidad de su esfera de influencia sobre Europa a través de la OTAN y la CEE, a readaptar según el proceso de cambios en Europa oriental. La sustantiva continuidad de los conceptos estratégicos asumidos desde Truman, su proyección futura en 1989 cuando EEUU no tenía medios de financiar su hegemonía, reemergía en la visión que James A. Baker III explicaba en Berlín el 12 de diciembre al reiterar que el perímetro de seguridad de EEUU –«política, militar y económicamente permanece vinculado a la seguridad de Europa». ¿Seguridad de qué Europa, frente a quién? La respuesta encuentra su lógica en los conceptos estratégicos tradicionales británicos de división del Continente. Según Baker la división de Europa, de Berlín y de Alemania debía terminar, pero en forma tal que las estructuras dependientes de EEUU no fueran reemplazadas por otras genuinamente europeas. Razonaba en la lógica de Castlereagh sobre la eastern y western mass. Para Baker las estructuras construidas durante la guerra fría en el oeste de Europa se debían prolongar indefinidamente. La Administración Bush no llegaba a Malta con algo nuevo, proponía sencillamente actualizar, reforzar los pilares creados desde 1945 para construir una New Europe dentro de un New Atlanticism. En el diseño de Baker la CEE podía ambicionar convertirse en la estructura de “una Europa unida”, pero si alguien se hacía ilusiones de que esa CEE fuera algún día independiente, el secretario de Estado le aclaraba que deseaba una CEE ligada a EEUU «por tratados u otras formas»[28], que mantuvieran su naturaleza de anexo de la OTAN. A los Estados que venían cediendo soberanía para construir, decían, la Europa unida –la de la CEE, con una política interior y exterior propia–, Baker les fijaba como tarea institucionalizar la realidad preexistente, subordinar sus políticas externas a la OTAN, ampliar el ámbito de acción de ésta al resto del Mundo. Debía ser a través de la OTAN como tal “Europa unida” se proyectaría sobre las otras Europas provenientes de la EFTA, COMECON y no alineada, y también sobre los “conflictos regionales” del Tercer Mundo[29]. Estos últimos eran contemplados de un modo comparable a como la Alianza Europea salida de la Conferencia de Viena condenaba, entre 1814 y 1830, las revueltas antilegitimistas en las Repúblicas latinoamericanas, España o Nápoles, la “legitimidad del Trono y del Altar” sustituida ahora por la del “free market, free trade”.

¿Es posible una Europa independiente dentro de la OTAN? El presidente De Gaulle se lo preguntó y respondió que no, ni siquiera la independencia de Francia –en 1966 la retiraba del mando militar integrado de la OTAN, paso previo al probable abandono de la Alianza Atlántica si los tumultos de mayo de 1968 no se le hubieran cruzado y llevado a dimitir en 1969. Para De Gaulle la recuperación de la independencia y unidad alemanas requería «que las actuales fronteras en el Oeste, Este, Norte y Sur no sean de nuevo cuestionadas y Alemania trate un día de caber contractualmente en una organización paneuropea de cooperación, libertad y paz»[30]. Tres décadas después, la iniciativa de EEUU en Malta continuaba subordinando a la OTAN la definición de los intereses nacionales europeos. Quien mentara en tan distinguida compañía la soberanía de los Estados, o de Europa como conjunto, parecía un fantasma, «el último jadeo de una civilización moribunda» en expresión de un funcionario de EEUU ante la reluctancia del delegado francés a incorporar los conceptos de Baker en el comunicado de la reunión de la OTAN del 15 de diciembre de 1989 –París proponía centrar la elaboración de la política europea en la CSCE, donde se sientan todos los europeos, pero a la postre se inclinó ante una OTAN[31] donde la civilización europea oficiaba sus propias honras fúnebres.

La arquitectura de la Administración Bush en Malta era la de una estructura mundial con su centro no en una u otra modalidad de Naciones Unidas, sino en EEUU. El continente euroasiático era concebido como rival, a mantener dividido al menos en tres masas diferenciadas –la oriental china[32], la occidental europea de la OTAN-CEE, la central rusa–, contrapuestas entre sí pero ligada cada una de ellas por una alianza o entente bilateral con EEUU. Manteniendo los cercos concéntricos, el global sobre Eurasia y el local sobre el área rusa, parecía proyectar EEUU su influencia sobre las vertientes continentales del Oeste y Este –China continuaba siendo un objetivo–, Japón y el Reino Unido constituyendo plataformas del primer círculo insular envolvente, la América Latina, Sudáfrica y Australia el segundo. Rusia parecía destinada a ser separada políticamente de la Europa de la OTAN-CEE por el cordón de Estados desprendidos del extinto Pacto de Varsovia –neutralizados o absorbidos de alguna forma en la CEE–, y también separada de China. En la Europa de la OTAN-CEE, la Alemania reunificada se configuraba como un garante del orden europeo, la CSCE como el puente institucional de EEUU, Gran Bretaña y Canadá para incidir en lo que no fuera privativo del área OTAN-CEE. En tal edificio el resto del Mundo aparece en una variante de subordinación comparable al que le asignaron los Imperios durante los siglos XVIII y XIX, la América Latina como reserva hegemónica de EEUU, África codirigida desde la OTAN-CEE, y parte de Asia desde EEUU en cooperación con Japón. El llamado “mercado libre” sería la norma económica común, los países ajustándose a las reglas de un mercado mundializado con su epicentro en el de EEUU. La política de defensa del área OTAN-CEE continuaría dirigida por EEUU, cuya supremacía naval no debiera ser discutida por los Estados euroasiáticos. Rusia debería reducir su armamento convencional y de misiles hasta niveles estimados por EEUU como incapaces de lanzar ofensivas, todo ello sometido a múltiples medios de verificación. EEUU desplazaría un porcentaje de su costoso presupuesto de defensa en Europa –hasta 1990, más del 50% del total anual– sobre las economías europeas dentro de la OTAN, que cargarían con «responsabilidades adicionales, que al menos algunos parecen dispuestos a asumir»[33].

La sola dimensión evocada en Malta donde la Administración Bush mostraba continuidad respecto del espíritu de Yalta tenía otras raíces, y se refería a la América Latina. En el diseño de Franklin D. Roosevelt esta última debía continuar tan fuera de la esfera de influencia británica como lo venía estando desde 1895, y por supuesto también de la del Continente europeo una vez cortadas las alas del III Imperio alemán, pues no vislumbraba Roosevelt en la URSS designios hacia las Repúblicas latinoamericanas. Estas últimas, por consiguiente, estuvieron ausentes del temario de Yalta. En Malta, el presidente Bush confirmó la voluntad hegemónica de EEUU sobre Latinoamérica al pedir la ayuda de la URSS para someter a los Estados o fuerzas rebeldes y bloquearles el acceso al armamento. La pretensión en igual sentido respecto de los insumisos del Mundo Islámico avanzada en Malta por EEUU, también estuvo ausente en Yalta –el poder imperial británico y francés sobre los pueblos islámicos era efectivo en 1945. Cuatro décadas después, el dominio de EEUU sobre América Latina y, desde 1945, sobre los países islámicos se había erosionado bastante en legitimidad y recursos propios como para auspiciar cierta cooperación –indirecta o directa, por ejemplo intervenciones con base en la Europa de la Alianza OTAN-CEE hacia los países islámicos y de América Latina.

La mayor diferencia, sin embargo, es que en Yalta se encontraban Churchill y Stalin, que asumían y defendían la herencia de siglos de política asentada en esferas de influencia, mientras que en Malta se evidenciaba la incompatibilidad entre mantener éstas y la paz en Europa. Y en el Mundo. Las proclamadas “nuevas ideas” de la Administración Bush, vistas al tamiz de sus antecedentes estratégicos, reflejaban más bien modelos propios de los imperios europeos. Sus premisas eran variantes de las conceptualizadas desde Canning en las relaciones del Imperio británico con Eurasia, combinadas con una actualización de los “equilibrios continentales” sostenidos por Londres en torno de alemanes y rusos. Una vez más, el presupuesto de prolongar la división de Europa en esferas de influencia perpetuaba los riesgos de conflicto. Lo menos que cabe constatar en torno a la reunión de Malta, más allá de gestos e imágenes, es que la URSS dirigida por Gorbachov si bien ponía énfasis en acabar la confrontación global entre EEUU y la URSS –que en Yalta ni Roosevelt ni Stalin habían previsto–, no aceptaba el edificio que diseñaba el equipo de Bush. Si lograr que Europa dejara de ser el epicentro de las guerras y se convirtiera en el de las paces presuponía un acuerdo entre EEUU y Rusia en y fuera de Europa, no por ello eran parecidos los escenarios para lograrlo entre quienes se reunieron en Malta. El líder soviético había propuesto en los meses anteriores uno que recordaba el de Roosevelt en Yalta, el poder ordenador mundial radicándolo Gorbachov en la colaboración de los Estados dentro de organizaciones regionales como la CSCE y globales como la ONU. La “casa común europea” el líder soviético la había definido dos días antes como una “comunidad de Estados democráticos y soberanos” –coherente con el énfasis que estaban mostrando esos días los Estados de Europa oriental en ser independientes. El diseño del todavía presidente de la URSS encerraba elementos compatibles con la reunificación de los alemanes dentro de un marco global europeo, otros lo eran con la “Europe des patries” de Charles de Gaulle y la libre determinación de los pueblos, y hasta con los esfuerzos del Reino Unido para no ser disuelto en la CEE. Pero el razonamiento de la URSS en Malta no era compatible con el proceso de desintegración de los Estados-Nación en la CEE-OTAN, ni con los modelos de hegemonía perpetua de Washington mediante la división de los Estados de Europa y Asia.

En Malta no hubo acuerdo soviético a las pretensiones de EEUU sobre las repúblicas latinoamericanas –en la conferencia de prensa conjunta los dos Presidentes hicieron públicas sus discrepancias respecto de los Estados o pueblos insumisos –Cuba, Nicaragua y El Salvador fueron citados. Tampoco aceptó EEUU las peticiones de la URSS de liberar el Mediterráneo de flotas de guerra no ribereñas, controlar las armas navales, limitar los despliegues marítimos y de fuerzas antisubmarinas, reducir los misiles crucero, prohibir los atómicos de corto alcance de lanzamiento submarino. Ni aceptaba la URSS a EEUU el proyectado Sistema de Defensa Estratégica (SDI), aunque este tema no fuera discutido. De la premisa de la división de Europa derivaba EEUU en Malta, como consecuencia lógica, que el problema alemán continuara siendo enfocado a través del mantenimiento de las alianzas bélicas de la OTAN y el Pacto de Varsovia, la primera recabando el apoyo de lo que quedaba de la otra. En Malta –como en Yalta– el control sobre Alemania continuaba siendo la piedra angular en Europa. Lo que, desde luego, no estuvo presente en Yalta (pero sí unos meses después en Potsdam y todavía en Malta), era Alemania como pretexto para dividir Europa y como vehículo para continuar auspiciando la desintegración del Estado soviético.

En Malta los soviéticos más que insistir en la por EEUU siempre rechazada disolución de las coaliciones bélicas, propusieron reconvertir la OTAN y el Pacto de Varsovia en alianzas más políticas y menos militares. De nuevo aquí la concepción de Europa de unos y otros era divergente. A la URSS le preocupaba en Malta que la crisis en la RDA desembocara en una nueva hegemonía germana, surgida como fait accompli antes de que Europa dispusiera de una estructura continental distinta de la derivada de su división en bloques[34]. El horizonte de las estrategias de Washington y Moscú era de ámbito mundial, el de la mayor parte de los gobiernos europeos subordinados era local cuando no localista, pero tanto Washington como Moscú parecían buscar espacio para crear un orden europeo en el que cada cual perseguía algo distinto. Un símbolo marcaba la distancia entre ambos Poderes respecto de las esferas de influencia y la intervención en los asuntos internos de otros Estados. Mientras en la reunión del Pacto de Varsovia del día siguiente al encuentro de Malta la URSS y sus Estados aliados condenaban, retroactivamente, su intervención de 1968 en Checoslovaquia, el gobierno de EEUU no sólo no había ofrecido excusas por sus intervenciones en Europa, Asia, África o América Latina cuyos efectos negativos perduraban, sino que inmediatamente después de Malta lanzaba una invasión sobre otro país hispánico –Panamá– y destruía en él cuantas instituciones no estuvieran bajo control directo o indirecto de Washington.

La diplomacia de EEUU ha invocado tradicionalmente la libertad como razón de sus intervenciones. En su nombre invadía, en efecto, Panamá por enésima vez el 20 de diciembre de 1989. Camino de Malta, Gorbachov había dicho en Roma que «todo intento de sacar provechos egoístas de la llegada de este cambio verdaderamente histórico, de usar lo que está pasando en provecho propio, de inclinar los acontecimientos en ventaja propia, está preñado de caos»[35]. En la misma fecha, James Baker replicaba que «Bush dirá a Gorbachov que “nosotros no buscaremos ventajas unilaterales mientras impulsamos los principios de libertad”[36]. Desde la perspectiva del gobierno Bush la libertad en Europa significaba incorporar Europa oriental al “mercado libre”. Durante la guerra fría, ¿no definía Washington como “Mundo Libre” a su esfera de influencia económica?

II. Más allá de la “contención”

Cuando Truman decidió romper el espíritu de Yalta y dictar su política a Europa entera, antes había hecho una exhibición dejando caer dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Stalin le replicó dictando su propia ley a los países liberados de Alemania por el ejército soviético. Cuando veinte días después del encuentro de Malta el Ejército de EEUU invadía la República de Panamá[37], mostrando que no reconocía límite legal o político en su zona de influencia, cabía presumir que los mandos militares de Washington estaban lanzando también un mensaje hacia Europa y, en particular, hacia los cabildeos entre alemanes sobre el alcance de su reunificación. Recordemos, tanto Panamá como la RFA han sido Estados creados por Washington al servicio de su estrategia militar, y continúan siendo su principal plaza de armas en América Latina y Europa. Los conceptos teóricos de la guerra fría no podrán considerarse abandonados mientras los estrategos del Pentágono mantengan vigente el supuesto de estar listos para la guerra total y absoluta en cada instante, supuesto construido a partir de la premisa de la inevitabilidad de la guerra en Europa –fría, o caliente si involucrara riesgo para EEUU.

Tras la intervención de Panamá, el gobierno del Reino Unido hacía público de inmediato su incondicional respaldo, el francés de Mitterrand-Rocard (socialdemócratas) sumaba el 23 de diciembre de 1989 su veto al de los angloamericanos contra la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que deploraba la invasión y ordenaba la retirada inmediata de las tropas estadounidenses. Que Francia y Gran Bretaña respaldaran el derecho de EEUU a intervenir en América Latina, era conforme con la política británica desde 1895 y con otros precedentes franceses, era también coherente con la postura de ambos gobiernos de pedir a EEUU que mantuviera sus mecanismos de intervención en la propia Europa, y condición necesaria para esperar que EEUU, a su vez, reconociera a franceses y británicos su propia subzona de influencia en la CEE y economías dependientes. Que la URSS condenara la invasión de Panamá, tampoco suponía ninguna ruptura con su tradición diplomática de no reconocer el libérrimo dominio que EEUU se atribuye sobre Latinoamérica. Sin embargo, los tumultos en Rumanía, el subsiguiente golpe militar contra Nicolai Ceaucescu el 22 de diciembre de 1989 –el primero en un Estado comunista contra el mando político–, iban a ser ocasión de una innovación en la política europea desde que Stalin se abstuviera de intervenir en la guerra civil de Grecia de 1944-1949.

En las horas en que 25.000 soldados de EEUU bombardeaban poblados civiles y puestos de la Policía de Panamá –del total de 3.500 hombres que formaban éstas, murieron más de doscientos, contra 23 soldados de EEUU–, y mataban a más de tres millares de civiles no combatientes con técnicas por primera vez exhibidas –como el bombardero F-117, indetectable por radar[38]–, los tres Gobiernos que el 23 de diciembre vetaban en la ONU la condena de la intervención de EEUU manifestaban al de la URSS, el mismo día, que «entenderían que el Pacto de Varsovia enviara ayuda militar a Rumanía». Incluso ofrecían, según James Baker, enviar una brigada de voluntarios franceses de la liberté[39]. Con lo que EEUU, Reino Unido y Francia reafirmaban el principio de Palmerston según el cual si a cada Potencia le correspondía su zona de influencia, la intervención en los asuntos internos de otro Estado europeo era “estabilizadora”, incluso legítima, cuando el Poder hegemónico de la otra zona la aprobaba y, de paso, debilitaba a Potencias rivales. El Reino Unido-Francia-EEUU, aliados en la OTAN y con su propia jerarquía interna de zonas y subzonas de interés, parecían decir que necesitaban de la complicidad de la URSS para mantener los basamentos del edificio salido de la guerra fría. ¿Iniciativa temeraria o calculada? Dada la simpatía de los gobernantes de China, y otros países, hacia Ceaucescu cabía eventuales contraintervenciones. En la medida que el Kremlin apareciera interviniendo a favor de una sublevación militar contra la dirección política de un Estado comunista, ¿se pulsaba la posibilidad de generar desconfianza en China (e Irán) contra la URSS, e incluso entre los partidos comunistas y las FF AA de Europa del Este? Los estrategos de Londres y Washington no olvidaban, ciertamente, la incidencia de los Balcanes en las crisis hegemónicas europeas. Parecía el esbozo de una nueva fase intervencionista en Europa, la OTAN promoviendo en 1989 la inexistente intervención de Moscú en Rumanía como cobertura de la muy real de Washington en Panamá. Y, mañana, en otro Estado…

En la Navidad de 1989, sin embargo, los diputados del Soviet Supremo aprobaban aportar auxilio humanitario a Rumanía y rechazaban por unanimidad enviar tropas, el nuevo gobierno de Bucarest indicando por su parte que no quería tropas foráneas. La diversión de la invasión en desarrollo en Panamá quedaba en este punto desbaratada. El primer ministro Michel Rocard en cuanto recibió la respuesta soviética dio marcha atrás, declarando el mismo 24 de diciembre que en Rumanía «está excluida cualquier intervención militar de las Potencias». Agregaba que se hubiera requerido para ello dos condiciones: que la pidiera el gobierno rumano, primero, y que concurriera una «concertación internacional con la URSS, el país en cierto modo garante de la estabilidad en el Este de Europa». Ni una ni otra condición se la había reconocido Francia a los panameños dos días antes, ni tampoco después –en la Asamblea General de la ONU, Francia votaba en contra por segunda vez, el 29 de diciembre, la resolución de condena de la intervención y ocupación militar de Panamá, una semana después de que la OEA también la condenara. Pero en ambos casos el gobierno Mitterrand-Rocard reconocían dos esferas de influencia.

La respuesta de la URSS de Gorbachov en 1989 no era simétrica a la de Stalin a Truman en 1945. Se alejaba también del precedente de Krustchev en 1956, que a la intervención militar de Israel en el Canal de Suez el 29 de octubre, seguida el 4 de noviembre de la de Gran Bretaña (gobierno conservador de Eden) y Francia (gobierno Guy Mollet, socialdemócrata), respondió en cuestión de horas con la intervención militar soviética en Hungría que puso término a la desestalinización en Europa oriental. Después de Malta, la intervención de EEUU en Panamá y la oferta a la URSS por las tres Potencias occidentales para que interviniera en Rumanía, guardaban coherencia con el designio de prolongar la división de Europa en zonas de influencia.

Señalaba Gorbachov el 24 de diciembre de 1989 ante el Soviet Supremo: «la opción es entre libertad y reforma –u orden, como en un cuartel, y regreso al pasado. Hemos escogido la primera y no vamos a abandonarla […]. La perestroika ha ofrecido a nuestra sociedad un nuevo sistema de valores, que es la causa de nuestra autoridad internacional sin precedentes»[40]. Más significativo, en la misma sesión el Soviet Supremo aprobaba la legitimidad del Pacto de Neutralidad y No Agresión suscrito el 23 de agosto de 1939 entre Alemania y la URSS, pero condenaba el protocolo secreto anexo por el que se repartían el Este de Europa. En otras palabras, reafirmaban retrospectivamente la política de no haber iniciado la guerra de 1939 –antecedente proyectable al futuro– y rechazaban la de anexionarse otros pueblos –incompatible con la proclamada voluntad de unir Europa en torno de Estados soberanos y democráticos. EEUU, Gran Bretaña y Francia estaban, así, el 24 de diciembre de 1989 sin contraparte en el Este para justificar su intervencionismo en Europa y fuera de Europa.

El 31 de diciembre de 1989 el presidente Mitterrand innovaba y evocaba, por primera vez, el horizonte “no demasiado lejano” de una confederación del conjunto de Europa, sin excluir a Rusia. Cincuenta y un años después que Roosevelt lo señalara a Chamberlain, ¿había advertido el presidente francés que mantener a Moscú fuera de la escena europea ayudaba a la hegemonía alemana? En la década de los años treinta, los gobiernos franceses, incluso el de Léon Blum (socialdemócrata), rechazaron cualquier acuerdo práctico con la URSS; ante el expansionismo germano quedaron a merced de la política británica, hasta la capitulación en regla del mariscal Pétain (1940). Desde 1940 los gobiernos presididos por Felix Gouin, Guy Mollet y Mitterrand (socialdemócratas), y los otros –excepción hecha del de Charles de Gaulle–, practicaron el seguidismo respecto de EEUU, y cuatro décadas después Francia llegaba a un estadio comparable al dilema que conoció la generación de Blum: facilitar la emergencia de Alemania como superpoder europeo, o inclinarse ante ella. El 6 de diciembre de 1989 en Kiev, como si de pronto tuviera prisa, Mitterrand se sumó a la iniciativa soviética de convocar de inmediato la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea (Gorbachov le dijo: «Ayúdeme a evitar la reunificación alemana […]. Kohl la quiere a cualquier precio, no entiende que a largo plazo eso conducirá a la militarización del poder en Moscú y a la guerra en el continente»[41]). Sin embargo, diez días después Mitterrand aceptaba el deseo de EEUU de atribuir un papel político a la OTAN[42] –como confiándole la tutela sobre la RFA, cuando esta última hacía tiempo que se apoyaba en EEUU. Simultáneamente, la diplomacia francesa (y británica) intentaba limitar los acuerdos de desarme soviético-estadounidenses –para que no les alcanzaran. Mayor paradoja aún, al inclinarse ante la nueva función asignada a la OTAN, Mitterrand se alejaba de su propio objetivo mayor: unificar políticamente a la pequeña Europa de la CEE. El 2 de febrero de 1990, en un impresionante tour de valse Gorbachov a su vez abandonaba la RDA al diktat del canciller Kohl, a cambio de apoyo económico de la RFA a la URSS, pero el 3 de abril incluso aceptaba reunificar Alemania dentro de la OTAN –para que «quede firmemente sujeta tanto por las tropas americanas como por las soviéticas», decía. ¡Gorbachov estaba en realidad accediendo a la meta que EEUU se había fijado desde Truman en Alemania! Mitterrand el 19 de abril también confortaba a Bush en Cayo Largo: «Alemania debe permanecer en la OTAN», y el 25 de mayo en Moscú insistía ante Gorbachov –«es inevitable»[43].

7. Entre EEUU y Alemania

El monopolio del arma atómica permitió en 1945 a EEUU la ocupación militar sobre Japón y Alemania sin auxilio de tropas soviéticas, y en términos aceptables para la opinión pública norteamericana –que deseaba el retorno del grueso de sus tropas. En la Conferencia de Potsdam (julio-agosto de 1945), el presidente Truman exigió a la URSS que optara entre aceptar las normas de EEUU para Europa, o resistirlas –asumiendo el costo de aislarse del sistema económico mundial, y tener que desviar masivos recursos a gastos militares. Stalin optó por acuartelarse. La guerra preventiva subsiguiente tenía como objetivos, a la luz de la documentación que hemos considerado, marginar a la URSS del escenario europeo, retrotraer sus fronteras a las del 23 de agosto de 1939 (Tratado de Brest-Litovsk, 1918), cambiar su sistema político y modo de producción, desintegrarla por último como Estado.

El monopolio atómico concluyó en 1949. Cuatro décadas después. EEUU había alcanzado sus objetivos de la guerra fría, aunque no todos en el mismo grado de plenitud ni con las deseadas consecuencias. El Imperio británico se había desvanecido, Estados independientes bordeaban la mayor parte de las costas de Eurasia, las esferas de influencia en Europa y Asia habían cambiado de manos, EEUU y Rusia habían reducido su supremacía relativa y enfrentaban serios problemas económicos. Por más que la guerra fuera “fría” entre las Potencias, átomo mediante (la sangre ha corrido, y sigue, en las zonas de influencia), los costos acumulados durante más de cuatro décadas han sido perturbadores. Los aparatos de seguridad se convirtieron en mastodónticos, en 1989 se calculaba que no menos de diez millones de norteamericanos vivían de ellos. EEUU no sufrió las destrucciones de la segunda guerra mundial, sus rivales comerciales quedaron devastados; en 1945 pudo capturar los mercados mundiales (excepción hecha del soviético y zona de influencia), orientar su producción, comercio y finanzas. El final de la guerra fría tenía lugar en un mapa económico distinto. La absoluta superioridad de EEUU de 1945 había desaparecido, el sistema militar lastraba el crecimiento productivo –en 1988 se estimaba que cada 1% del PNB en gasto militar le suponía una reducción del 1,5% en el crecimiento económico global[1]. La factura de 500.000 millones de dólares que invertía en la “defensa de Europa” era objeto de atención creciente en Washington.

Es improbable que Japón asuma la misión, deseada por algunos círculos de EEUU, de financiar la continuación de estrategias inspiradas en conceptos históricos británicos. En el Washington de 1988, y de modo más evidente en los años ulteriores, había indicios de que núcleos importantes del gran capital transnacional no estaban interesados en la guerra, su interés era cerrarla del modo más rápido y favorable. La Administración Reagan que empezó su mandato en 1981 en cruzada contra el “imperio del mal”, y gastó más de dos billones de dólares en armas, terminaba su período en 1989 considerando al presidente de la URSS como un amigo digno de ser creído en sus proposiciones y fines. «¿Quién es el enemigo?», se preguntaba en The Washington Post el 12 de noviembre de 1988 Lawrence J. Korb, un alto responsable del Pentágono entre 1981 y 1985, «uno debe realmente replantearse toda la política y estrategia». El 7 de junio de 1989, en el mismo periódico, el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor iba más allá: «yo no miro especialmente a los soviéticos como un enemigo. Por cierto, en la última gran guerra mundial donde estuvimos eran nuestros aliados».

El costo de la guerra fría contribuyó a la crisis de la URSS, cuya partida militar engullía en 1989 el 15,6% del presupuesto anual y la deuda externa el 7,26%, mientras el déficit fiscal sobrepasaba el 6,2% del Producto Nacional Bruto[2] y la caída de los precios del petróleo encogía sus entradas de divisas. Bajo Gorbachov Moscú abandonó el modelo de política exterior heredado de Stalin. La guerra también castigó a la economía de EEUU y de su Coalición mundial, la cadena de quiebras financieras de Estados en América Latina, Europa, Asia y África no se ha interrumpido. El endeudamiento de los siete principales países capitalistas había superado en 1986, los seis billones de dólares[3]. En EEUU los mayores bancos estuvieron amenazados, 79 quebraron en 1986, 120 en 1985, 138 en 1986, 184 en 1987, 221 en 1988; más de 1.000 Cajas de Ahorro lo hicieron en los mismos años, con descubiertos totales superiores a 400.000 millones de dólares. En 1986 el déficit presupuestario del Gobierno Reagan sobrepasó los 200.000 millones, el de la balanza comercial alcanzó un nivel sin precedentes –141.000 millones de dólares–, superado en 1987 –160.700 millones. La deuda externa acumulada sobrepasaba los 400.000 millones en 1986[4]. De ser primer acreedor mundial –desde 1914– EEUU pasó a primer deudor en 1982. La deuda interna estatal, por su parte, según el Departamento del Tesoro sobrepasaba en abril de 1990 la barrera también histórica de los tres billones de dólares, pero desde 1986 el pasivo desfinanciado de la Seguridad Social superaba los seis billones, el de las pensiones de funcionarios federales y militares sumaba otro billón largo, y el endeudamiento de las sociedades privadas alcanzaba el billón novecientos mil dólares[5]. En síntesis, el monto de la deuda interna había superado ya en el primer trimestre de 1988 los 10,3 billones de dólares[6] (documento 13).

En contraste, la especulación financiera avanzaba más rápido que las actividades productivas. El porcentaje que las empresas de EEUU percibían de la primera pasaba del 13% en 1963 al 29% en 1978 y al 48,3% en 1983. La fusión de empresas existentes consumía 33.000 millones de dólares en 1980, 125.000 millones en 1984 y 190.000 millones en 1986. La tasa real de interés había pasado de –1,1% en 1975 a 8,8% en 1982[7], estimulando al alza el dólar entre 1979 y 1985. Año este en que los mercados de divisas y la Administración Reagan devaluaron fuertemente el dólar para elevar las exportaciones, aumentar la producción interior y disminuir los déficit. Washington pedía a Japón y a la RFA que activaran sus economías e incrementaran la deprimida demanda internacional, lo que no surtía mayor efecto y mostraba nuevos límites en la concertación económica dentro de la Coalición de la Guerra Fría. Tokio y Bonn actuaban con independencia en decisiones que entrañaban riesgo de incrementar su inflación y endeudamiento, o de reducir su excedente financiero, se resistían a asumir el pago de los déficit comercial y fiscal de EEUU. Mientras tanto, la mayor parte de las materias primas en el intercambio mundial venía reduciendo sus precios relativos desde 1981, y la deuda interna y externa de los Estados seguía ascendiendo. El déficit comercial de EEUU para 1987 era estimado en unos 160.000 millones de dólares[8], y el presupuestario en otros 148.000 millones[9].

La dinámica hacia la recesión-deflación parecía lanzada. El crac de la Bolsa de Nueva York el 19 de octubre de 1987, y sus efectos en otras Bolsas, volatilizaron más de un billón de dólares en veinticuatro horas –tres veces el conjunto de la deuda externa de toda América Latina. El movimiento de fondo prefiguraba una posible crisis de liquidez internacional más que una depresión cíclica. El 22 de abril de 1987 The Wall Street Journal publicaba un artículo del profesor Paul C. Roberts, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad Georgetown, donde se leía:

Mr. Baker es consciente de que una recesión mundial puede comprometer la confianza de los votantes en los gobiernos conservadores de EEUU, Francia, Gran Bretaña, Japón y Alemania […]. A no ser que suframos un amplio período de deflación para salvar el patrón dólar, o a menos que recurramos a un patrón yen japonés-marco alemán como tapón temporal, el regreso al patrón oro parece inevitable.

La gravedad de la evolución económica conducía a situaciones nuevas. Si la crisis de los años veinte contribuyó a la reacción fascista de la década siguiente que, a su vez, desembocó en la guerra mundial de 1939-1945, desde entonces otra guerra total había parecido inviable de no darse una previa ruptura tecnológica en los sistemas de armas, o un fenómeno estratégico imprevisto como el pacto germano-ruso de agosto de 1939. La crisis económica estimuló a la segunda Administración Reagan (1985-1989) y a la dirección de la URSS a reducir sus gastos militares. Las conversaciones Reagan-Gorbachov de 1986 en Islandia abrieron el camino hacia la destrucción parcial de armas nucleares en Europa (acuerdo de Washington, 9 de diciembre de 1987).

Alemania y Japón dominan de nuevo la economía de Europa y Asia, con las consecuencias políticas y militares que de ello derivarán. Que algunos alemanes continúen proponiéndose recuperar en Europa oriental la hegemonía perdida en 1945, es coherente. Hacerlo desde dentro de la CEE les permitiría, además, coordinar, si no dirigir, a quienes tenían en Europa oriental importantes mercados financieros antes de 1914 y 1939 –como Francia y Bélgica. Que el capital alemán persiga estos propósitos bajo protección militar de EEUU, es también comprensible. Ronald Reagan terminó en 1989 su segundo mandato con políticas distintas de las de 1981, con mayores rivalidades económico-financieras por el control de excedente económico mundial e iniciativas alemanas para evitar un conflicto bélico sobre su territorio. Factores cuyo desarrollo conducía a Alemania a disminuir su dependencia respecto de EEUU, a fortalecer sus vínculos con otros Estados europeos. ¿Cuál, cuáles? De la respuesta dependían muchas consecuencias. El capital francés había concedido prioridad a su tradicional política de vincularse a una Alemania enfrentada a la URSS –una manera de mantener la división entre las dos Alemanias y ligar la RFA a las políticas galas. Pero contra la división actuaba el deseo de entendimiento interalemán, y contra la subordinación militar la voluntad de la mayoría de los alemanes de que su suelo no fuera teatro de una nueva guerra.

Durante la guerra fría los sectores sociales dominantes de Francia y la RFA dieron prioridad a su alianza contra la URSS. Pero, ¿se puede sostener el subeje París-Bonn si angloamericanos y rusos cierran su guerra, o las estructuras de CEE entran a su vez en crisis? Moscú impulsó desde 1985 iniciativas de desescalada militar que le franquearan el paso a acuerdos político-económicos con el resto de Europa, Asia y América. La crisis simultánea del sistema económico global impulsaba a Washington y Moscú a buscar medios de cooperación inéditos desde Truman, pero la superación de la confrontación Moscú-Washington aumentaba, a su vez, el margen de libertad de Japón y la RFA hacia China y Europa oriental. Todo ello ponía en evidencia lo obsoleto y antieconómico de mantener los bloques bélicos de la guerra fría –OTAN, Pacto de Varsovia, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), etc.–, y generaba un contorno favorable al fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas.

En paralelo con la voluntad de Moscú de incorporarse a un “concierto” de naciones que cerrara las trinchera de la guerra, nuevos caminos se abrían. En la CEE, realineamientos económico-políticos se superponían a los económico-militares. Ha sido propio de las combinaciones diplomático-económicas de EEUU, Francia, Reino Unido y RFA ambicionar disponer de los recursos del mercado y territorio ibéricos. Mientras perdure la Coalición bélica entre estas Potencias, los sectores que dirigen el posalazarismo y el posfranquismo tenderán a seguir las directrices que aquéllas les marquen en la OTAN y la CEE. Si la Coalición fuera disuelta, la rivalidad de las Potencias en torno de España y Portugal se plantearía en otros términos. A diferencia de lo ocurrido antes de 1936, durante la guerra fría el capital francés, alemán y angloamericano concordaron sus intereses también en España. Más intervenidas se hallan España y Portugal al terminar la guerra fría, menos autónoma es su participación en la construcción de una Europa que supere las estructuras de la guerra. En la medida en que Alemania logre arrastrar tras de sí al resto de la Coalición bélica, sin fragmentarla, en aquella se dilucidará parte del futuro próximo de los Estados que, como España desde 1977, tienen sus centros neurálgicos de decisión ocupados por personas o equipos cooptados desde Bonn[10]. En lo estratégico, los gobiernos españoles (UCD y González) no han adoptado una sola medida que pudiera disentir con lo que la RFA consideraba de su interés.

Pero una Europa que supere las consecuencias de la guerra iniciada en 1945 no se puede edificar contra los pueblos eslavos, sino con éstos, y con los Estados que fueron neutrales o no alineados. También es improbable que una paz duradera se instale en Europa mientras ésta continúe bajo hegemonía de los sectores que se protegieron con el fascismo antes de 1939 y con la guerra fría después de 1945. La paz puede nacer de sociedades con estructuras económicas y sociopolíticas democráticas, no de Estados orientados a mantener o recuperar añejas relaciones de dominación. Para estos últimos España es una circunscripción administrativa de las multinacionales políticas y económicas, un emplazamiento geográfico de las militares.

¿Es concebible construir en Europa un sistema que no designe como su enemigo a una parte de sí misma? ¿Es posible que desde Alemania, o desde Gran Bretaña, se propongan medidas orientadas a desmontar el inmenso andamiaje militar instalado en Europa, el más denso del Planeta? Difícilmente cabe esperarlo de intereses que medran con el statu quo, ni de los nacionalismos xenófobos. Cuando en agosto de 1986 el Congreso de Nuremberg del SPD, o el del Partido Laborista en Blackpool en septiembre-octubre del mismo año, aprobaban la retirada de armamento atómico de la RFA y de Gran Bretaña –a pesar de la protesta formulada por el Pentágono ante el Labour Party–, estaban apuntando a un prerrequisito necesario aunque no suficiente para cambiar la política interior y exterior en Europa. El líder del Partido Laborista, Neil Kinnock, explicaba en las elecciones de mayo-junio de 1987 que los británicos deberían programar su defensa con armamento convencional, y puesto que una guerra nuclear sería el “punto final” (terminal) para su sobrevivencia agregaba que un gobierno británico nunca debiera ordenar su uso ni pedir a otro que lo hiciera en su lugar[11]. Consecuentemente, defendió la renuncia al armamento atómico propio y al “paraguas nuclear” de EEUU, considerando «inconcebible que la URSS ataque a Europa occidental». El ministro de Defensa de Margaret Thatcher replicó que una doctrina de defensa semejante «conduciría inexorablemente a la ruptura de la OTAN y a la emergencia de una Gran Bretaña neutralista»[12]. Y más, podemos agregar nosotros. La propuesta Laborista de 1987 entrañaba abandonar conceptos heredados de la estrategia imperial británica, como los que condujeron al propio Labour Party en 1948 a pedir a EEUU que creara la OTAN. Mutación difícil: en octubre de 1989, Kinnock hacía marcha atrás, el Labour Party reasumía mantener el armamento atómico.

El camino por recorrer es largo. Las organizaciones democráticas europeas están trabadas en estructuras multinacionales que les obligan a avanzar coordinadas por nuevos caminos, a ritmos en cierto modo similares. Y el centro de decisiones para lo nuevo (o para la continuidad de lo viejo), se encuentra fuera de España. En este contexto el uso del término democracia es multívoco y equívoco. Al igual que el de socialismo. De ambos se hace uso y abuso. Pero las alternativas concretas, globales y sectoriales (a corto, mediano y largo plazo) al sistema construido desde 1945 apenas si empiezan a ser formuladas, son vagas y difusas.

I. Mirando adelante

En la búsqueda de las premisas para estructurar una paz sobre bases sólidas, el protagonismo debiera radicar más directamente en la sociedad y menos en aparatos burocráticos. Pero en el horizonte previsible, y hasta tanto se vislumbre alguna forma de confederación que asiente un poder planetario de fundamentos democráticos, los Estados y sus instituciones continuarán siendo el instrumento de ordenación interna, y defensa externa, de los pueblos y naciones que tengan medios y voluntad para no dejarse someter.

En términos prácticos, los intereses socioeconómicos conservadores franceses es comprensible que se articulen con los equivalentes de Alemania, y se acomoden a la estrategia global de esta última. Bajo la protección de Norteamérica mientras ésta mantenga su política hacia Europa, o unilateralmente como ya hizo Francia entre 1936-1944. En lo que a la política hacia España se refiere, es manifiesta la continuidad de los gobiernos franceses desde 1936, colaborando primero a poner España bajo el alero italogermano[13], desde 1945 bajo el de EEUU y después de 1974 otra vez del alemán. El capital francés tenía motivos para concertarse con el de Norteamérica en tanto que líder de la guerra contra la URSS. Desaparecida ésta, supondría una ruptura en la estrategia tradicional británica que Londres (y Washington) no buscara en Francia –y Alemania– partidarios de mantener dividido el continente europeo. En la medida en que esta división continuara siendo una meta común, tendría bastante entidad para prolongar entre los aliados el acuerdo de compartir sin mayores disputas su intervención sobre la Península Ibérica.

Mas en Europa el Estado en cuanto estructura de organización es improbable que se eclipse allí donde se asienta en instituciones sólidas e integradas cultural, económica y militarmente. Mientras perduren las luchas por la hegemonía sobre Europa, tanto el Estado británico como el francés –y el ruso, y otros– recelarán de la potencialidad expansionista de cualquiera otro, y buscarán coaligarse con quienes compartan su inquietud. El plan del francés Maurice Schumann (democristiano) en 1951 de crear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, basamento de la Comunidad Económica Europea desde 1956, acaso no tenía para el secretario de Estado de Truman la finalidad de «atraer Alemania, por supuesto Alemania Occidental, a una relación económica con Europa [occidental]. Eso la atará y sentará la base que apartará los temores de que Alemania pueda quedar suelta y dispararse con una política independiente o prorrusa»[14]. Ni británicos ni franceses renuncian a su identidad estatal, y procurarán crear una red de alianzas político-militares con otros Estados –contiguos o no.

Mientras no tengan lugar cambios sociopolíticos dentro de EEUU que le lleven a modificar sus políticas externas, continuará intentando dominar los continentes, controlar los mares que circundan el Viejo Mundo, el espacio atmosférico y, si puede, también el extraatmosférico. Rusia es la potencia gozne del continente euroasiático. Una constante de sus estrategias ha sido asegurar sus vastas fronteras, que no se desarrolle un poder adverso en sus confines. Durante la guerra fría el Oeste europeo fue visto por norteamericanos y soviéticos como una base avanzada de EEUU en un flanco de Eurasia. La contradicción de intereses entre ambos Poderes tenderá a perdurar, y proyectarse a otros Estados, mientras el Mundo no logre dotarse de estructuras de poder que integren la seguridad de todos.

En Washington no son pequeñas las dificultades y resistencias que encuentran quienes intentan superar la guerra de cuarenta y cinco años. Burocracia, académicos, científicos, políticos y negociantes cuya historia e intereses se identifican con los desarrollos de la doctrina Truman –«seguridad nacional», «seguridad militar absoluta de EEUU como garantía de la paz mundial», correlativa preparación permanente para una guerra inmediata y sin declaración previa–, están en puestos de mando. Resisten la presión hacia cambios y anhelan manos libres para nuevas acciones de intervención más o menos clandestina como remedo de guerra “caliente”[15]. Pero, aun entre los hombres formados en esta política, diversas fueron las evaluaciones de los efectos externos de la reestructuración y democratización de la antigua URSS. En su edición de 7 de mayo de 1989 The Washington Post exponía un muestrario. Richard Helms, director de la CIA de Richard Nixon, veía llegar el fin del mundo, su mundo: «glasnot [transparencia] y perestroika [reestructuración] han tocado la cuerda alemana de la reunificación de Alemania, esto va a ser absolutamente mortal para la OTAN, y para nosotros, y para todos los demás». El polaco-norteamericano Z. Brzezinski avanzaba una propuesta enraizada en la historia de la Polonia anterior al 23 de agosto de 1939 –la URSS cercada en sus fronteras–, y en el legado de la guerra fría –Alemania dividida, Polonia independiente. Por tanto, el polaco proponía que fuera en torno a Francia, en alianza con EEUU, donde se agrupara el Oeste y el Centro de Europa recién desprendido de la esfera soviética, manteniendo aislada a la URSS. Para Henry Kissinger, de origen alemán, el escenario que proponía en vísperas de la reunificación alemana era una alianza europea conservadora dentro de la OTAN –inspirada en la de Metternich– y perpetuar la división entre la Eastern and Western mass de Europa –inspirada en Castlereagh–, en la que EEUU asumiría el papel tradicional británico. Para Kissinger, EEUU debiera prolongar su poder sobre un bloque del Oeste agrupado en torno de Alemania, reconocer a Moscú una alianza defensiva con una Europa del Este políticamente pluralista y, si cabe, económicamente capitalista, mientras deseaba obligar a la RFA a optar entre continuar como baluarte del Oeste contra la URSS –lo que hubiera mantenido a Alemania dividida–, o a pactar con la URSS la reunificación. Kissinger evocaba con lenguaje para entendidos una situación de fuerza que recordaba el léxico y espíritu del premier británico en 1914 –Edward Grey– al entrar en guerra con Alemania:

los alemanes del Oeste no pueden tenerlo todo. Si quieren seguir por ese camino acabarán aislados de nuevo, como lo hicieron antes de la primera guerra mundial. La tendencia histórica alemana ha sido que si tienes dos opciones toma las dos –y pierdes la confianza de todos por el camino.

Las propuestas de Brzezinski y Kissinger eran meras adaptaciones de las que desde el siglo XIX han desembocado en sucesivas guerras hegemónicas. En contraste, el estadounidense de origen Robert McNamara, secretario de Defensa de John Kennedy y Lyndon B. Johnson, se alejaba de la herencia conceptual británica y francopolaca al sugerir una vía compatible con la unidad europea –y alemana– y su prerrequisito –el fin de la guerra de EEUU con la URSS. Para ello evocaba un legado inédito, extraño a las luchas hegemónicas intraeuropeas, nunca experimentado puesto que fue tronchado en la primavera de 1945, el de Franklin D. Roosevelt plasmado en la Carta Atlántica de 1941 y en la de las Naciones Unidas de 1945: renunciar a la dominación-agresión de un Estado sobre otro, al uso o amenaza de la fuerza, en pro de la coordinación a través de las Naciones Unidas[16].

Su fijación en Rusia ha llevado a los guerreros de la guerra fría a actualizar variantes del esquema estratégico imperial británico, olvidando escenarios más genuinamente norteamericanos, rusos o germanos. Como el temor de F. D. Roosevelt ante una Europa dominada por Alemania que usara su poder económico para imponer condiciones políticas a América Latina. O las esperanzas de Lenin en unos Estados Unidos de Europa. O el marco bismarckiano de alianza y neutralidad entre Alemania y Rusia, ampliado por la escuela de Karl Haushofer a Japón. Es obvio que Roosevelt alejó su pesadilla al destruir Alemania, pero también que medio siglo después el marco geográfico de la hegemonía económica germana ha sido reconstituido. El diseño de Lenin no ha tenido ni un comienzo de ejecución, difícilmente podía ser de otro modo en la fase larga que engendró el concepto y la experiencia de «socialismo en un solo Estado» (Stalin), el abandono de cuyo legado –no del de Lenin– era la razón de ser de la reestructuración intentada por Gorbachov. En cuanto al desenlace del pacto de no agresión entre germanos, rusos y japoneses de 1939, cabe recordar que lo rompió en 1941 una Alemania cuya estructura social desapareció en 1945 –al igual que la feudal-militarista del Japón; es decir, la de los junkers prusianos, instalados en los mandos administrativos y militares bajo la dirección de un gobierno racista que evaluaba como mediocre la calidad del Ejército soviético –tras las purgas de sus mandos de 1937-1938 y su revés en la invasión de Finlandia de 1940.

Si Haushofer aplaudió el pacto de neutralidad entre Alemania, Moscú y el Japón en las circunstancias de 1939-1940, con mayor motivo cabe esperar que otros gobiernos tratarán de establecer relaciones de paz en toda Eurasia. El 6 de mayo de 1989 una personalidad alemana occidental tranquilizaba a sus interlocutores del Pentágono y del Consejo de Seguridad Nacional, «para Alemania Occidental si reunificación de Alemania significa dejar la OTAN o, en particular, la Comunidad Europea, los alemanes no van a pagar ese precio»[17]. Cabía otra lectura. Con o sin CEE, Alemania Federal hegemonizaba Europa occidental, si además se le abría el vasto mercado de Europa del Este y Rusia, ¿por qué no iba a haber alemanes que desearan readaptar la CEE a la nueva frontera? Si nuevas estructuras internacionales privaran de sentido a la confrontación entre Bonn-Berlín y Moscú, ¿para qué necesitaría la OTAN una Alemania independiente? La decisión de dividir Alemania fue del Reino Unido y de EEUU[18], como también la creación de un bloque militar –y de la propia CEE– en torno de la RFA. Cambiada la premisa, la política de EEUU hacia Europa, o la de los europeos hacia sí mismos y EEUU, también cambiará.

La reunificación de Alemania encerraba en su lógica superar la OTAN tanto como el Pacto de Varsovia. Que la nación alemana integre un solo Estado en una Europa en paz requiere desmontar el andamiaje militar de ambos pactos. Lo que implica un presupuesto y lleva a muchas consecuencias. El presupuesto: declarar la paz en Europa, es decir, cerrar la guerra iniciada en 1945 en condiciones de seguridad para todos los Estados. Lo que supondría el acuerdo en torno a que Alemania dejara de ser trinchera fortificada y ariete contra otros Estados, desnuclearizada pero con medios de defensa que garanticen la paz. Serían enormes las consecuencias que de ello se seguirían: replantear Europa entera sobre bases de cooperación, democracia socioeconómica y política. Fascinante tarea.

Los instrumentos legales y políticos para ello existían, sin embargo, desde mucho antes de la apertura del muro de Berlín: la Constitución de 1949 prohíbe a la RFA poseer armamento nuclear, los acuerdos de Helsinki de 1975 –firmados por todos los Estados de Europa y EEUU– garantizan la intangibilidad de las fronteras, al igual que los tratados suscritos por Bonn con la URSS, Polonia y Checoslovaquia, así como el Acuerdo Cuadripartito sobre Berlín Occidental y el Tratado sobre Principios Básicos en las Relaciones entre la RFA y la RDA. En 1982, la Comisión Olof Palme (donde participaban importantes personalidades de EEUU), propuso la desnuclearización de un corredor de 150 km, y el alemán Egon Bahr (socialdemócrata) la retirada de Europa de las armas atómicas no propias. Al igual que ocurrió con iniciativas anteriores, sin embargo, no tuvieron consecuencias prácticas, como tampoco la del gobierno de Polonia en octubre de 1957 para desnuclearizar Europa Central (Plan Rapacki), ni la del presidente Kekkonen de Finlandia en 1963 para desnuclearizar el norte de Europa, o la del presidente del Gobierno griego en 1982 –Andreas Papandreu– de desnuclearizar los Balcanes –que contaba con el respaldo de Yugoslavia, Bulgaria y Rumanía. EEUU los rechazó todos. La URSS de Andropov había propuesto en Berlín el 4 de enero de 1983 la disolución simultánea del Pacto de Varsovia y de la OTAN, sin hallar respuesta. Más modesto, Gorbachov propuso en 1984 y 1985 retirar de Europa los misiles nucleares de alcance intermedio –entre 500 y 5.000 km.–, lo que fue aceptado por Washington en 1987. El 22 de mayo de 1989 el Pacto de Varsovia reiteró al de la OTAN su propuesta de disolución simultánea. Una semana después el presidente George Bush proponía a la OTAN una sustantiva reducción del armamento convencional, la retirada de 30.000 soldados norteamericanos, sobrepasar el containment; pero también reafirmaba que EEUU era un poder europeo, lo que cabía interpretar como que deseaba el roll-back (retroceso) de la influencia soviética en Europa oriental. Faltaba el acuerdo de retornar a su país de origen a las tropas soviéticas, norteamericanas, británicas y francesas asentadas desde 1945 en Alemania. Moscú dio su acuerdo en 1990, París en 1992, y ambos, en efecto, las retiraron en 1994. Pero no han dado su acuerdo EEUU, ni el Reino Unido, que las mantienen bajo el paraguas de la OTAN…

La paz en Europa exige superar su división pero también la hegemonía de un Estado sobre otros. Ello presupone la existencia de estructuras planetarias que posibiliten la función ordenadora, de paz y progreso colectivo que originalmente asignó a la ONU la Coalición antifascista, que se les dote de poder real para solucionar los problemas sociales, económicos y militares que asolan al Mundo. En 1942-1943, el presidente F. D. Roosevelt expuso a los ministros de AA EE de la URSS e Inglaterra –Molotov y Eden– convertir en permanente la alianza entre EEUU, Gran Bretaña, la URSS y China, así como que en cuanto aliados «conservarían una fuerza militar suficiente para imponer la paz»[19]. La estructura fundacional de las Naciones Unidas pretendió institucionalizar tal alianza en el Consejo de Seguridad (con derecho de veto), en relación dialéctica con la Asamblea General de la totalidad de los Estados –sin derecho de veto, herencia del proyecto del presidente Wilson tras la guerra de 1914-1918. La Carta de las Naciones Unidas es, así, el legado más eminente de la tradición liberal wilsoniana y de la Coalición antifascista.

La realidad contingente ha mostrado que Alemania y Europa han permanecido divididas en tanto los sistemas socioeconómicos y políticos no evolucionaron hacia sistemas no antagónicos. Decía el presidente de la RDA, Erich Honecker, el 22 de mayo de 1987: «la RDA y la RFA no han formado jamás un conjunto. Hay mundos que las separan, los del capitalismo y el comunismo […] que no se pueden reunir, así como tampoco se pueden unir el agua y el fuego»[20]. Pero las relaciones sociales son menos estáticas que las físicas. En 1987 «muchos alemanes en la izquierda dicen que la RFA se equivocó cuando, en 1952, rechazó la oferta de Stalin de unir las dos Alemanias y prefirieron enfeudarse al Oeste». Y un importante asesor del canciller H. Kohl declaraba que «la derecha y la izquierda, por razones distintas, están llegando a conclusiones más o menos iguales sobre una Alemania reunificada y neutralizada»[21]. Tres años después la reunificación era un hecho, la neutralización no. Construir una Europa armónica, unida en torno a objetivos de interés común que proyecte hacia el resto del Mundo acciones de cooperación y paz, deberá superar las causas del antagonismo entre Estados por la hegemonía. Es decir, reencontrar los componentes de lo que originalmente fueron proyectos genuinos de las organizaciones democráticas y racionalistas europeas: democracia económica y sociopolítica, libertades cívicas, solidaridad. Intereses nostálgicos de pasados imperialistas difícilmente pueden impulsar soluciones a problemas heredados y a los nuevos que apremian. Sin embargo, los intereses dominantes en la Europa de la OTAN tienen como proyecto político, económico y militar el del capital internacional, a pesar de que el sistema socioeconómico que sostienen ya en 1987 sobrepasaba los 15 millones de parados en la Europa de la OCDE, «más de 31 millones en el conjunto de países de esta última, unos 100 millones en el Mundo, además de casi otros 500 millones de subempleados y 881 millones adicionales viviendo por debajo del nivel de miseria»[22]. Tal sistema no halla soluciones; peor aún, encierra en su propia lógica el riesgo de nuevas hecatombes.

La unificación alemana fue un factor insalvable en la configuración política europea. Durante la guerra fría el Reino Unido y EEUU han utilizado su armamento atómico para dominar a los alemanes, la división de Europa hizo de ellos rehenes atómicos. El epicentro de la división de Europa estuvo en Alemania, el de su superación también. Y la forma como evolucione este factor determinará muchos otros. Si Alemania, por un acto de soberanía o por acuerdo internacional, lograra la retirada del armamento atómico de su suelo, ello estimularía el entendimiento entre EEUU y Moscú. Si, por el contrario, EEUU y el Reino Unido continuaran imponiendo su hipoteca atómica, ello favorecería probablemente el sentimiento alemán hacia un rapprochement con Moscú. En las postrimerías del siglo XX, como en su comienzo, el entendimiento pacífico entre Bonn-Berlín y Moscú es la alternativa a los conceptos estratégicos tradicionales británicos. Pero si éstos entrañan recurso a la guerra para tratar de evitar que una Potencia no absorba o se entienda con otra, terminar la situación de guerra en Europa sería más fácil, la coordinación menos conflictiva, la enemiga extraeuropea menos probable, si el conjunto de sus pueblos se articulara como pluralidad de Estados respetuosos de la libre determinación de los demás. Por el contrario, continuar la división en “bloques” de Estados o antiguos Estados, bajo la dominación de norteamericanos y/o alemanes y/o rusos, significa la dicotomía entre mantener la división de los europeos o plantear su unidad en términos de nacionalismos o imperios xenófobos, causas ambas de nuevas guerras.

El armisticio en la guerra entre la URSS y EEUU relanzó la necesidad de contar con estructuras mundiales que coordinaran y regularan las relaciones interdependientes entre los pueblos. Lo que exigía hacer efectivo el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, que a cada pueblo se le reconociera el derecho a elegir su forma de gobierno y de sistema económico, la coordinación internacional debiendo haber sido asumida por órganos representativos de ámbito regional y universal. Deberían haberse levantado las barreras que limitaron la democracia económica y política, debieron actualizarse programas como el de los socialistas alemanes que lucharon contra el III Imperio germano:

queremos la más estrecha cooperación de los trabajadores organizados de todos los países en una nueva organización internacional, con la tarea de elaborar una política común para el movimiento obrero socialista y ponerla en práctica […]. Es un interés vital de los demócratas y socialistas alemanes, y en realidad de los demócratas y socialistas de toda Europa, que la paz debe contar con un sólido fundamento a través de la cooperación de la Comunidad británica de naciones, la URSS y los EEUU de América. Una Europa libre y unida puede desarrollarse sólo en cooperación amistosa con todas esas Potencias, no inclinándose exclusivamente a un lado u otro. A las federaciones que comprendan sólo agrupaciones de naciones las vemos como una garantía de paz sólo si están integradas y subordinadas a una organización internacional[23].

Pero los sectores sociales conservadores europeos persisten en su tradicional objetivo: impedir alternativas democráticas y socializantes dentro y fuera de sus países. Consideran una amenaza tanto un acuerdo entre EEUU y Rusia para terminar la guerra, como el entendimiento entre Alemania y Moscú. Su propuesta es postergar cuanto sea posible el final efectivo del estado de guerra, disolver el Pacto de Varsovia sí, pero no la OTAN. O crear una estructura militar europeo-occidental opuesta a Rusia, basada en un eje en torno de Alemania. Ambas posibilidades asumen la división de Europa y conflictos futuros. En contraste, sustituir el estado de guerra por el de paz requeriría reconocer que Europa, en todos sus puntos cardinales, es una pluralidad de Estados a los que se les debiera reconocer el derecho de ser partícipes de estructuras ordenadoras regionales y mundiales asentadas sobre bases representativas. Evitar configuraciones que eviten el riesgo de guerras hegemónicas en Europa necesitaría actualizar las premisas políticas y sociales wilsoniano-rooseveltianas, pero dotándolas de medios capaces de imponer garantías de seguridad colectiva. En Europa y en todo el Mundo. En otras palabras, el gran condicionante es si –y cuándo– EEUU y Europa (Rusia incluida) estarán dirigidas por una coalición de intereses compatible con la cooperación y la paz; cuándo los estrategos de EEUU se desprenderán de conceptos imperiales británicos concebidos y dirigidos a dividir y enfrentar Eurasia consigo misma.

Segunda parte

Estrategias mundiales e intervención

8. Estrategias mundiales e intervención

Vivimos una época construida sobre la expansión universal de formas culturales y organizativas creadas –desde el siglo XV– en torno del capitalismo mercantil e industrial. Las estructuras de dominación interna e internacional fundadas en la empresa –privada o pública–, culminan en un mercado planetario integrado.

El siglo XVIII conoció el tránsito del capitalismo mercantil al industrial, la reconfiguración de los centros hegemónicos y el asentamiento de Estados que han perdurado hasta hoy. Un ilustre testigo, Immanuel Kant, señalaba que la paz no sería posible mientras algún Estado independiente –pequeño o grande– pudiera ser adquirido por otro mediante herencia, cambio, compra o donación; un Estado se inmiscuyera por la fuerza en la constitución y el gobierno de otro; la Constitución política de todos los Estados no respondiera a los principios republicanos; los ejércitos permanentes no hubieran desaparecido. En la visión de Kant el derecho internacional debía fundarse en una federación de Estados libres «constituyendo un Estado de naciones que, aumentando sin cesar, llegue por fin a contener en su seno a todos los pueblos de la tierra». O, por lo menos, «en una federación de pueblos que, mantenida y extendida sin cesar, evite las guerras y ponga un freno a las tendencias perversas e injustas»[1]. Dos siglos después los ideales kantianos no han perdido vigencia, en particular el contrario a la intervención de un Estado en los asuntos de jurisdicción interna de otro. Entendemos aquí por intervención la dirigida a la «identidad de quienes adoptan las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad y/o a los procesos a través de los cuales aquellas decisiones son adoptadas»[2]. La no intervención es un principio del derecho internacional, reconocido en resoluciones como las de la Asamblea General de Naciones Unidas de 21 de diciembre de 1965 y 4 de octubre de 1970.

En su racionalismo, Kant orientaba hacia lo que denominaba «una federación universal de Estados republicanos». Meta a alcanzar no tanto por imperativo moral como por la que denominaba «astucia de la naturaleza»: para sobrevivir, por su propio interés, los hombres inspirados por el bien y la moral –e incluso los «demonios inteligentes»– debieran ponerse de acuerdo en un Estado universal democrático.

Si para la economía local basada en la división del trabajo y la competencia la unidad ha sido la empresa o el individuo, para la economía internacional la unidad de competencia ha sido el Estado. La economía que desea dominar sobre la de otras naciones tiende a incrementar el poder de su propio Estado, y a reducir o destruir el de los otros, reduciéndolos al estatus de simple mercado. La Comunidad Económica Europea (CEE) es improbable que pueda devenir un solo Estado en tanto que en su seno conviva una pluralidad de Estados con voluntad de continuar siendo tales. En la medida en que se debilite la ascendencia de EEUU de Norteamérica sobre la CEE, los Estados europeos hasta ese momento subordinados intentarán restablecer su dominación sobre las economías de otros Estados. Con las previsibles manifestaciones de resistencia de los perjudicados. La lucha por los mercados seguirá abierta.

Oímos hablar periódicamente de proyectos de federar o confederar Europa. No basta para ello con acuerdos de integración económico-financiera, se necesitaría que los Estados cedieran su soberanía político-militar en favor de órganos federales o confederales. Serios obstáculos se interponen. En primer lugar el Poder federador de Europa occidental ha sido, después de 1945, externo a sí misma: Norteamérica; en segundo lugar, en tanto Francia y Gran Bretaña no renuncien a su independencia, difícilmente cederán a órganos confederados o federados europeos la dirección última de su fuerza militar, o renunciarán unilateralmente a ella; en tercer lugar es previsible que en una coyuntura donde la Europa del capital no solicitara la protección político-militar de Norteamérica, los Estados europeos dominantes tenderán a avanzar procedimientos más propios del concepto “concierto” que del de federación o confederación.

I. La lucha por la hegemonía en el Continente euroasiático

Desde fines del siglo XV Europa es en sí misma un “mundo”, conformada por una intensa red interna de relaciones económicas y políticas sobre las que se asienta una homogeneidad cultural (lenguas, religión, derecho, administración), heredada de su primera unificación por Roma[3]. La interrelación de las economías europeas, la integración de sus mercados, era ya tan acusada a fines de la Edad Media que el historiador Fernand Braudel remonta hasta 1450 el comienzo del primer ciclo largo en los precios de productos básicos. Las fechas preliminares de los siguientes ciclos las encuentra en 1650, 1817 y hacia 1974[4].

La expansión ultramarina de Europa hizo coincidir el amanecer del capitalismo como sistema y la absorción comercial de la riqueza extraída de otros continentes[5]. Inicio de mundialización que coincide con las expediciones marinas de Portugal y el nacimiento del Estado confederado hispánico. Tres factores históricos que concurren en el resultado de que el primer ciclo económico largo (1450-1648) sea de hegemonía hispánica en el Mediterráneo occidental y, progresivamente, en Europa y sus zonas de expansión en América, África, y Asia. En el Tratado de Tordesillas (1494) los tres Estados de la Península Ibérica osaron repartirse el Mundo extraeuropeo –bajo la bendición del papa Alejandro VI Borja (valenciano).

En el segundo ciclo económico largo (1650-1817) –marcado por la depresión prolongada de 1650-1750– combatieron por la misma ambición hegemónica los Países Bajos, Austria, Francia e Inglaterra. Europa conoció un nuevo sistema, multipolar, donde los Poderes emergentes se repartieron los territorios europeos hasta entonces asociados en la monarquía hispánica. Portugal y su imperio ultramarino fueron absorbidos en la esfera de influencia británica, España con el suyo en la de Francia. La coalición de Estados de la Europa del Norte impuso su hegemonía y se repartió los recursos humanos y mercados de los del Sur. Mientras en los márgenes Japón, Rusia y EEUU de Norteamérica creaban sistemas económicos no subordinados al “mundo” europeo.

En el tercer ciclo largo, después de 1817, Gran Bretaña incorporó en su zona de influencia a la mayor parte de las Repúblicas de la antigua América española, y compartió con Francia la hegemonía sobre España. Tras la emergencia del II Imperio alemán –hacia 1870– y la frustración de la revolución democratizante en España (1868-1874), el control económico y político sobre esta última fue materia de acuerdos y desacuerdos entre Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia. En 1945 todos resultaron a su vez absorbidos dentro de la zona de influencia de EEUU de Norteamérica, que a fines del siglo XIX ya había hecho lo propio con América Latina y las islas del Pacífico oriental.

El Estado confederado hispánico emergió a fines del siglo XV de un proceso de más de tres siglos de acuerdos políticos entre las naciones de la Península Ibérica. La entronización de la dinastía germánica de los Habsburgos en 1515, tras una azarosa sucesión dinástica, dio ocasión a la primera experiencia moderna de dominación hegemónica sobre Europa que, en paralelo, generó los elementos de desintegración de la monarquía hispánica. Antes de que en 1647-1659 las armas (Rocroi) y la diplomacia (tratados de Westfalia, Munster, Pirineos) impusieran una primera redistribución de pueblos, sus centros económico-políticos habían entrado en rebelión (no tan fácilmente sofocadas como los de Castilla y Valencia en 1521, o Aragón en 1565): levantamientos de los Países Bajos en 1572, de los príncipes alemanes en 1618, de Vizcaya en 1631, de Portugal y Cataluña en 1640, de Nápoles y Sicilia en 1647.

El sistema de “equilibrio europeo” entre las Potencias después de 1648 y 1714 (tratados de Westfalia y Utrecht) reposaba, en gran medida, en el reparto de pueblos hasta entonces confederados bajo la Corona hispánica. Tras las guerras napoleónicas, uno de los pilares del equilibrio mundial construido en 1814-1821 consistió –según explicaba el propio ministro británico de Asuntos Exteriores, Georges Canning– en sustraer al Continente europeo los recursos de las Repúblicas hispanoamericanas. En 1913 Gran Bretaña ofrecía a Alemania repartirse por las buenas el Imperio portugués y evitar así la guerra hegemónica que, por último, engulliría meses después a los propios Imperios británico y alemán. Por su parte, EEUU de Norteamérica conformó sus fronteras continentales mayormente mediante compra o anexión de territorios y pueblos de la antigua América española, y su imperio ultramarino lo creó en 1898 a raíz de la guerra con España por el dominio sobre Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otras islas del Pacífico.

Cuestión central en cada ciclo fue dónde se situaba el centro hegemónico y el de la Potencia rival o alternativa. Esta última ha tendido a oponerse a la primera en términos competitivos. Si entre 1700 y 1814 intentaba Francia ser la dominante, su rival –Gran Bretaña– se esforzaba por debilitar y desintegrar al Estado cliente de París –el hispánico. Si entre 1814 y 1830 la alianza de Rusia, Prusia y Austria era la hegemónica en el Continente, la rival –Gran Bretaña– opuso en 1823 su veto a que tropas del Kremlin ingresaran en España para apoyar a los legitimistas que pedían auxilio ruso a Fernando VII –Londres prefirió financiar una intervención francesa que derrocara al gobierno constitucional español. Aunque entre 1830 y 1866 no hubo en Europa un centro militar hegemónico, también el Poder financiero y naval del Reino Unido reguló el nivel y modalidades de la intervención de Francia en España. Cuando en 1866 emergió el poder del ejército prusiano (Sadowa), Londres aceptó la expansión de Prusia, pero en la medida que Berlín hacía contrapeso a Francia y Rusia. De ahí la inquietud de Gran Bretaña cuando Prusia –tras derrotar a Francia (1870)– suscribió la Alianza Dual con Austria (1878) y el Tratado de Reaseguramiento con Rusia (1887). Y también que, frente al II Imperio alemán, desde 1895 los británicos se volvieran hacia EEUU, en 1904 se apoyaran de nuevo en Francia (e Italia) –entente cordiale– y desde 1908 también en Rusia –triple entente. Derrotado Berlín en 1918, los tories británicos consintieron el rearme de Alemania en la esperanza de orientarla contra los soviets rusos (revolución bolchevique). Pero cuando, contra toda expectativa, en agosto de 1939 Alemania suscribió un Tratado de No Agresión y Neutralidad con la URSS, días después Londres declararía la guerra a Berlín. Siendo así que en 1945 emergió la URSS como primera potencia militar continental, Gran Bretaña invitó a EEUU a organizar la coalición contra aquélla.

II. Conceptos estratégicos británicos hacia Europa y América Latina

La historia diplomática británica es extraordinaria. Admira la perseverancia y eficacia con que la sociedad de una isla marginal, de dimensiones relativamente pequeñas, ha construido políticas que preservaron su independencia e intereses, hasta convertirlas en principios estratégicos de proyección mundial. Principios vigentes aún hoy día, por más que sus raíces nos remonten al siglo XVII. Los goznes de las relaciones entre Europa y América han girado durante los últimos tres siglos en torno de conceptos estratégicos británicos. Su proyección actual adquiere mayor relieve si los contemplamos en su perspectiva histórica. Trataremos de condensarla en la síntesis que sigue.

El siglo XVII español y portugués no conoce, ni en Europa ni en América, un fenómeno equivalente a las experiencias revolucionarias que preludian el ulterior cambio socioeconómico del XVIII británico. Ni tampoco conocieron Portugal, ni España ni los virreinatos de América el equivalente al desarrollo burgués durante la Francia de Luis XIV que desembocaría en el jacobinismo revolucionario[6]. Es sobre estas realidades internas diferenciadas donde incidió el intervencionismo de los Estados que encabezaron la revolución burguesa y la expansión del capitalismo como sistema socioeconómico.

El siglo XVII terminó con una España aliada de Inglaterra. La posición de esta última respecto de América estaba ya entonces condicionada por su política europea –y nunca dejaría de estarlo en lo sucesivo. En 1670 la diplomacia española se había resignado a dejar de invocar el Tratado de Tordesillas y reconocía a las colonias inglesas instaladas en América del Norte, en 1680 Inglaterra se obligaba a ayudar a España en caso de guerra (con Francia) –en Europa y en América. Cuando seis años después el embajador español, Ronquillo, protestaba ante James II Stuart que colonos franceses se estaban asentando en el golfo de México, el inglés exclamó airado: «Yo nunca aceptaré que el Rey de Francia posea en América nada más que lo que tiene hoy»[7]. El siglo XVIII comenzó, sin embargo, con las elites dirigentes hispanas incapaces de dar por sí mismas una dirección al Estado. Un sector de la nobleza castellana y del alto clero abandonó de pronto la estructura de alianzas continentales y marítimas mantenida, en general, desde comienzos del siglo XVI. En un giro total, aceptó las pretensiones de París de sentar a un nieto de Luis XIV en el trono de España, lo que enfrentó a Castilla con los restantes pueblos de la monarquía hispánica. En especial los de la Confederación Aragonesa (Aragón, Valencia, Baleares, Cataluña, Cerdeña, Nápoles, Sicilia), partidarios de mantener su multisecular política de protegerse de la expansión francesa mediante alianzas con los Estados rivales de París, el continental (germano) y el marítimo (Inglaterra) –en 1700 Francia tenía 19 millones de habitantes, la España peninsular no sobrepasaba los seis. Rota así la constitución política entre los pueblos hispánicos, la dirección del Estado escapó de sus manos, su suerte se decidiría en la subsiguiente guerra europea de 1702-1714. La fortuita elevación en plena guerra al trono de Austria de Carlos de Habsburgo –pretendiente al de España reconocido como tal por la Confederación Aragonesa y el Reino Unido–, despertó la prevención británica ante la eventual reunión en una sola Corona de los imperios europeos de España y Austria –y el español en América y el Pacífico. Dos siglos después que los hubiera heredado Carlos V en una carambola de herencias dinásticas, el gobierno de la reina Ana de Inglaterra dio un giro de 180 grados y arbitró entre las potencias continentales, retiró su apoyo a los hasta entonces sus aliados y dejó que las tropas francesas tomaran el último reducto de Carlos de Habsburgo, Barcelona. Invocando el “derecho de la conquista”, el por las armas entronizado Felipe V de Borbón suprimió las instituciones y libertades de la Confederación Aragonesa, la borró del mapa político (Decretos de 1707 y 1716); Francia como recompensa extendió su zona de influencia a los pueblos de la Península Ibérica (excepto Portugal) y sobre los virreinatos de América y Oceanía; Austria anexionó las provincias de la Corona española en Europa del Norte y el Mediterráneo; el Reino Unido a Gibraltar y Menorca, absorbiendo además a Portugal en su zona de influencia, abriéndose una entrada en los mercados de la América hispánica y atribuyéndose derecho de veto sobre eventuales cambios de soberanía en esta última. Los pueblos iberoamericanos cambiaron de fase histórica.

III. La América Latina que no llegó a nacer

A lo largo del siglo XVIII España desarrolló una política económica y diplomática complementaria de la de Francia, lo que estimuló la enemiga del rival de Francia, el Reino Unido –ya primera potencia naval. La pugna de las Potencias por la hegemonía sobre Europa se proyectaría desde entonces, cada vez más, sobre la América hispánica. Evocaremos un ejemplo premonitorio, la suerte del área septentrional del Virreinato de Nueva España –entre el Mississippi y las Montañas Rocosas, el golfo de México y Canadá–, después que el 23 de marzo de 1701 el embajador de Francia en Madrid presentara a Felipe V de Borbón un memorándum aduciendo que colonos ingleses de Pensilvania, Nueva York y Carolina se proponían ocupar las minas de Nueva España. Desde París su abuelo Luis XIV de Borbón quería evitar que los ingleses ocuparan la Nueva España, y para ello deseaba asentar franceses al este del Mississippi –entre los ingleses y los españoles– y pedía que su nieto lo autorizara. El 6 de junio la Junta de Guerra, tras estudiar en Madrid la propuesta de París, la informaba desfavorablemente –por unanimidad, exceptuado el voto del conde de Fernán Núñez[8]. El día 17 Felipe V llevaba de nuevo la exigencia de su abuelo ante la Junta de Guerra, la cual reafirmaba el 21 que Nueva España disponía de recursos financieros para asegurar el territorio, y proponía que el mejor medio de frenar la expansión de colonos ingleses hacia el Este era otro: que los españoles establecieran alianzas con los pueblos indígenas. Hubo un único voto disidente, el mismo. Felipe V envió una copia de la resolución a París. Pocos meses después, sin embargo, Francia empezó a desplegar tropas en el golfo de México. La Junta de Guerra protestó por ello ante Felipe V el 1 de agosto de 1702, agregando que mientras él –Rey de España– no tomara una decisión la Junta no podía ordenar medidas que preservaran la integridad del territorio. La respuesta de Felipe de Borbón fue recriminar duramente a la Junta de Guerra haberle dirigido la nota de protesta. Así nació en América la Luisiana en 1702, en las fechas en que los Estados de la Confederación aragonesa se negaban ya a reconocer la autoridad de Felipe de Borbón, y Europa, para controlar el trono del llamado “Reino de los Dos Mundos”, se instalaba en la guerra general durante tres lustros.

Que la elite dirigente española del siglo XVIII cediera en favor de otra Potencia (Francia) la decisión sobre sus propias opciones estratégicas hizo posible, entre otras consecuencias, que Madrid subvencionara la revolución de los colonos ingleses americanos contra Londres. No obedecía ello a que en España hubieran tomado el poder inexistentes revolucionarios antiimperialistas, sino a que así convenía a París, y sin que disuadiera de hacerlo el efecto demostración que la revolución pudiera tener entre los denominados “españoles americanos”. Tras la insurrección de los colonos ingleses de 1776, el conde de Aranda, embajador de España en París, había recomendado en vano la neutralidad española en la guerra entre Inglaterra y sus colonias de América. Después, cuando la suerte de las armas aún estaba por decidir, el de Aranda propuso que España ofreciera a Estados Unidos reconocerles directa y anticipadamente como independientes, pero a cambio de que garantizaran las fronteras de los territorios limítrofes bajo jurisdicción española –la Luisiana, desde el golfo de México hasta Canadá. La propuesta de Aranda fue rechazada, el ministerio español aduciendo que prefería en su lugar poner a los nacientes EEUU bajo el protectorado de Francia (y, agregaba, de España). En la misma lógica, Madrid también rechazó la oferta del enviado de los colonos en insurrección, John Jay, el 22 de septiembre de 1781: convenir un tratado de amistad y alianza, con reconocimiento mutuo de los territorios de España y los trece Estados Unidos. En 1783, consumada la independencia de EEUU, esa misma garantía recíproca que Madrid había despreciado cuando se la ofrecía Jay, era el gobierno español quien la pedía en Versalles –pero por intermedio de Francia, durante las negociaciones de paz entre EEUU y el Reino Unido. Con el consiguiente gran fracaso para Madrid, pues París perseguía sus propios objetivos –bien distintos[9]. No hubo una cuarta oportunidad. Como aconsejara Thomas Jefferson en 1788, para resolver los límites en torno del Mississippi «los años de paz no son los más seguros para lograr esta pieza […], mantengamos las cosas quietas hasta tanto la parte occidental de Europa se encuentre sumergida en una guerra»[10].

El conde de Aranda, tras cumplir la orden de firmar el tratado de paz con Inglaterra (1783) que reconocía la independencia de EEUU de América del Norte, propuso en una Memoria secreta que el gobierno español concediera de inmediato la independencia a los “españoles americanos”. Vislumbraba Aranda:

La independencia de las colonias inglesas ha sido reconocida [por Francia y España] y esto es para mí un motivo de dolor y de temor […]. Estos temores son muy fundados, señor, si acaso antes no acontecen algunos trastornos todavía más funestos en nuestras Américas. Este modo de ver las cosas está justificado por lo que ha acontecido en todos los siglos y en todas las naciones que han comenzado a levantarse […].

El ministro, conde de Floridablanca, le respondió categórico desde Madrid:

El remedio de la América por los medios que V.E. dice soñar, es más fácil de desear que de alcanzar. Los indios y los que están allá pueden gritar si gustan, que V.E. sepa que nuestros indios están más seguros en estos momentos que nunca […].

En julio de 1785 de nuevo urgía Aranda al Gobierno que la independencia de América, en su totalidad, era inevitable:

Nuestros verdaderos intereses son que la España europea se refuerce en población, en cultura, en las artes y el comercio, pues la del otro lado del Océano debe ser considerada como precaria, como no debiendo guardarla más que unos años […].

No le hicieron el menor caso. Y se comprende. El proyecto de independencia americana del aragonés Aranda era una proyección de los cinco siglos de experiencia “federativa” practicada por la extinta Confederación Aragonesa, poco compatible con el modelo centralista francés importado por Felipe V de Borbón. Sensible a las manifestaciones de protesta que surgían en diversos puntos del vasto territorio americano –por ejemplo, insurrección de los partidarios de Tupac Amaru en Perú, noviembre de 1780, o de los “comuneros” en Nueva Granada poco después–, el de Aranda aconsejaba la inmediata creación de tres reinos independientes, siguiendo los límites, en general, de los virreinatos; pero asegurando a la masa continental de cada uno de ellos disponer de costas sobre los océanos Pacífico y Atlántico (como Nueva España o Nueva Granada, y unificando a este fin los de Perú y La Plata –Buenos Aires). Aranda deseaba vincular los tres nuevos reinos americanos entre sí y, a su vez, apoyarlos en España –y más allá, en prolongación europea, con la potencia francesa– mediante un instrumento político del Antiguo Régimen: alianzas matrimoniales dentro de la dinastía común –los Borbones. ¿Habría sido distinta la suerte de América de haberse concedido a fines del siglo XVIII la independencia a los virreinatos? Fue el camino que por otras razones siguió en el siglo XIX Brasil respecto de Portugal, y ello contribuyó a evitarle el proceso de independencia a través de guerras civiles y desmembramientos que desintegraría la América española en más de veinte Estados, divididos, divisibles, subordinables todos. Formas de gobierno al margen, la visión estratégica de Aranda anticipaba en décadas la de Miranda y Bolívar de ganar la independencia sin fragmentaciones. Decía el de Aranda en 1783:

[…] La Francia tiene pocas posesiones en América, pero hubiera debido considerar que la España, su íntima aliada, tiene muchas, que quedan desde hoy expuestas a terribles convulsiones […]. Ni el poder de los tres reinos de América, una vez ligados por las obligaciones que se han propuesto, ni el de España y Francia en nuestro continente podrían ser contrarrestados en aquellos países por ninguna potencia de Europa. Se podría evitar también el engrandecimiento de las colonias angloamericanas […]. El paso primero de esta potencia, cuando haya llegado a engrandecerse, será apoderarse de las Floridas para dominar el Golfo de México. Después de habernos hecho de este modo dificultoso el comercio con la Nueva España, aspirará a la conquista de este vasto imperio, que no nos será posible defender contra una potencia formidable, establecida en el mismo continente, y a más de esto limítrofe.

Aranda se anticipaba en dos años a la visión estratégica de Thomas Jefferson, a la sazón residente en París y que con el tiempo llegaría a ser el tercer presidente de EEUU, que escribía en 1786:

[…] nuestra confederación debemos verla como el nido a partir del cual toda América, el Norte y el Sur, será poblada. En interés de esta gran Continente debemos cuidar, también, evitar presionar a los españoles demasiado pronto. Esos países no pueden estar en mejores manos. Mi temor es que son demasiado débiles para conservarlos hasta que nuestra población haya avanzado bastante para ganárselos, pieza a pieza. Tenemos que lograr la navegación del Mississippi. Esto es todo lo que por el momento nos encontramos en condiciones de recibir[11].

La independencia de las 13 colonias británicas tuvo lugar en una coyuntura de división político-económica intraeuropea, polarizada entre Inglaterra y Francia. Esta última y sus aliados (españoles, holandeses y otros) aportaron ayuda decisiva, militar y financiera, a los insurrectos contra el Imperio de Londres. Pero aquellos revolucionarios norteamericanos optaron por una política de amistad hacia todos los Estados y alianza con ninguno, evitando así que su independencia resultara mediatizada por Potencias que hubieran tratado de condicionar la política exterior del nuevo Estado y de intervenir sus asuntos internos. Para los republicanos el centro de sus decisiones debía encontrarse dentro del propio Estados Unidos, de ahí su obsesión por ser neutrales respecto de los conflictos entre Potencias europeas.

La insistencia de Aranda en identificar el interés de los españoles, en Europa y en América, con su neutralidad en las rivalidades entre Potencias europeas, la reafirmó de nuevo ante la Revolución francesa al recomendar la neutralidad armada. Por razones que expuso al gobierno en su Memoria de 23 de febrero de 1793. Dos meses antes de que el presidente George Washington declarara neutral a EEUU en la guerra de la coalición de los Tronos contra la Francia revolucionaria, el estadista español advertía la proyección que los cambios revolucionarios tendrían en uno y otro hemisferio –que prefería encauzar más que bloquear:

La neutralidad armada no sólo es conveniente con respecto a la contienda de Europa, sino que nos conviene también para nuestros Estados de América. No hay que hacernos ilusiones en cuanto a esto. No se piense que nuestra América esté tan inocente como en los siglos pasados, ni tan despoblada, ni se crea que falten gentes instruidas, que crean que aquellos habitantes están abandonados en su propio suelo, que son tratados con rigor, y que les chupan la substancia los nacidos en la matriz, ni ignoren tampoco que en varias partes de aquel continente ha habido fuertes conmociones y costado gentes y caudales el sosegarlas; para lo cual ha sido necesario que fueran fuerzas de España. No se les oculta nada de lo que aquí pasa, tienen libros que los instruyan de las nuevas máximas de la libertad, y no faltarán propagandistas que irán a persuadirles si llega el caso. La parte del mar del Sur, está ya contagiada; la del mar del Norte tiene no sólo el ejemplo, sino también el influjo de las colonias inglesas que estando próximas pueden dar auxilio. Rodeándolas también muchas islas de varias naciones, que en caso de levantamientos se mirarían como americanas.

El reemplazo de Aranda al frente del Gobierno significó el abandono de la política de neutralidad. Desde noviembre de 1792 el extremeño Manuel Godoy siguió la política opuesta, sumándose a la coalición en guerra contra la Francia revolucionaria. Lo que fue respondido por París con una iniciativa cuyo eco atrajo el interés del presidente Washington y de su secretario de Estado, Jefferson:

Nos han dicho de modo confidencial, en términos como para atraer nuestra atención, que Francia entiende enviar una importante fuerza al comienzo de la primavera para ofrecer la independencia a las colonias hispanoamericanas, empezando por las que están junto al Mississippi; y que no se opondrá a que recibamos en nuestra confederación las de su lado oriental[12].

Tres años duró la guerra de la Coalición de los Tronos contra los revolucionarios franceses. Saldo para España (Tratado de Basilea, 22 de julio de 1795): París anexionaba el resto de la isla de Santo Domingo. Pero, acto seguido, el mismo Godoy establecía la alianza político-militar con Francia (tratados de San Ildefonso, 1796 y 1800), de consecuencias catastróficas sin paralelo para el futuro de los pueblos de España y América Latina. No sólo puso el vehículo de comunicación con esta última –la Marina– al servicio de la política de Francia, sino que a cambio de un favor a la Dinastía Borbón en el ducado de Parma, Godoy en secreto cedió la Luisiana a París –que la tomó sin tan siquiera cumplir la contrapartida contractual en Parma. El enrolamiento de España en la coalición continental europea culminó en efemérides de calibre difícil de sobrepasar: aniquilamiento de la flota española en Cabo S. Vicente (1797) y Trafalgar (1805) –aislamiento de la América española; acuerdo para destruir Portugal –Tratado de Fontainebleau, 1807, Godoy cediendo a Francia el norte de Portugal a cambio de anexionar España el centro y adjudicarse el sur para su propia persona–, que en los hechos derivó en ocupación militar de los Estados peninsulares por el ejército francés; levantamiento de los pueblos de la Península Ibérica y la América hispana contra José Bonaparte, hundimiento de las estructuras del Estado, guerras civiles en ambos hemisferios; instauración de un francés al frente de España y las Indias con la réplica –inmediata, previsible– de la potencia naval rival “cerrando” el Mediterráneo y el océano Atlántico con su Royal Navy, cortándole a España el paso hacia América. Eran años en que el segundo presidente de EEUU, John Adams, recomendaba una estrategia comparable con la de neutralidad de Aranda –frustrada– para evitar la intervención:

nuestra forma de gobierno republicana, inestimable como es, nos expone más que a nada a las intrigas insidiosas y a la petulante interferencia de las naciones extranjeras. Nada puede preservarnos si no es nuestra inflexible neutralidad. Las negociaciones públicas y las intrigas secretas de los ingleses y franceses han sido usadas durante siglos en cada corte y país de Europa […]. Si los convencemos de que nuestra vinculación a la neutralidad es inmodificable, nos dejarán tranquilos; pero en tanto exista la esperanza, en cualquier potencia, de seducirnos para que entremos en guerra de su lado y contra su enemigo, seremos despedazados y convulsionados por sus maniobras[13].

Éstos eran los términos en que el presidente Adams desestimó la opción más convencional –auspiciada por Alexander Hamilton– de ingresar en la coalición bélica de Gran Bretaña contra Francia y recabar, a cambio, apoyo inglés a la invasión y anexión de los territorios hispanoamericanos por EEUU[14]. El criterio de Adams se impuso, y sin guerras con Francia acabaron logrando lo mismo que Hamilton deseaba.

En 1808, la elite dirigente renovó en Madrid la coalición-subordinación de 1700. Superada la fase republicana de la Revolución, el Emperador de los franceses recabó la pleitesía de la corte de Madrid. Mientras los altos cargos del Estado rivalizaban en servilismo, ni Carlos IV, ni su hijo Fernando VII, ni la Potencia interventora previeron que los pueblos hispánicos se rebelarían contra el vasallaje. Desmoronadas por segunda vez en un siglo las estructuras del Estado hispánico, su parte europea se sumergió en la cruel y destructiva guerra de 1808-1812, la americana en las guerras civiles que –dos décadas después– culminarían en una independencia cuarteada, matriz de sucesivas guerras intestinas. ¿Tuvieron los dirigentes del Estado hispánico de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX otra opción estratégica? Vemos que sí. En Portugal fue un miembro de la propia dinastía reinante –la autóctona de los Braganza– quien resistió la intervención de la Potencia europea refugiándose en Brasil, e iniciando desde allí una variante de la concesión de independencia propuesta a Madrid por el conde de Aranda quince años antes respecto a los virreinatos.

La alianza española con la Potencia continental hegemónica durante el siglo XVIII culminó en dos derrumbes del Estado y subsiguiente guerra civil. La segunda vez, a diferencia de 1701-1714, las instituciones estatales se hundieron no sólo en Europa sino también en América. Mientras París proyectaba en 1810 anexionarse Aragón y Cataluña[15], Washington esperaba de Francia la recompensa de «recibir las Floridas y quizás Cuba, para prevenir nuestra ayuda a México y demás provincias»[16]. Seis años antes un delegado del presidente Jefferson ya había comprado en París la Luisiana, lo que permitió a EEUU alcanzar el golfo de México y doblar en un día su territorio –según el propio Jefferson anticipara desde París diecisiete años antes[17]. Francia no tenía título para vender Luisiana al incumplir la contrapartida establecida en el contrato de compraventa de 1801 que, además, prohibía venderla a un tercer Estado sin previa autorización del español –pero en 1804 el gobierno de Carlos IV incluso renunció a reclamar ante Francia los derechos sobre el este del Mississippi (véase el documento 14).

Una primera consecuencia del hundimiento del Estado español en 1808 fue que ni en su parte europea ni en la americana los criollos –menos aún los indígenas–, pudieron generar una estructura estatal nueva, con poder autónomo del de las Potencias. Incapacidad que se lee en la petición que el embajador de la España no ocupada por Napoleón formulara a Canning el 18 de mayo de 1809, para que Londres interpusiera su Royal Navy y disuadiera a EEUU de aprovechar el derrumbamiento del Estado español para anexionarse «toda la América española» –del golfo de México al estrecho de Magallanes. La suerte de los territorios iberoamericanos pasó desde entonces a depender de las rivalidades entre las Potencias europeas y EEUU, la de la Península Ibérica de las de Londres con París.

Cerrada la oportunidad que ofrecía la guerra de las Potencias europeas en la Península Ibérica, las iniciativas de EEUU en el verano de 1817 se dirigían a anexionar tan sólo Florida y el golfo de México –desde Texas hasta el Pacífico. Las peticiones de ayuda a Londres para evitarlo se sucedían desde Madrid[18], a pesar de que en 1812 los propios británicos habían fracasado en recuperar sus ex colonias (ocupación e incendio de Washington, D.C.). Lo que no se les ocurría a los conservadores dirigentes de Madrid era negociar un acuerdo con los “constitucionalistas” de América y la propia Península que pusiera fin a las guerras civiles. El ministro de Asuntos Exteriores inglés, Robert Castlereagh, presionó a Madrid para que cediera la Florida a EEUU, dándole esperanzas de que a cambio Washington no anexionaría Cuba y Tejas, ni reconocería a los independentistas de más al Sur –en 1819, Fernando VII aceptó la anexión de Florida por EEUU[19]. Pero apenas tres años después, el gobierno de EEUU estudiaba de nuevo anexionar Cuba aduciendo argumentos que tendrían una larga vida: prevenir que se instalara un gobierno revolucionario en la isla, o que fuera absorbida en la zona de influencia de una Potencia rival[20]. En aquella coyuntura el coronel inglés Lacy Evans urgía a Canning anexionar Cuba antes de que lo hiciera EEUU (o Francia), en compensación de haber anexionado EEUU la Florida y Francia reabsorbido en su zona de influencia a España[21].

Tras el Congreso de la Alianza Europea en Viena de 1814-1815, los gobiernos británicos velaron porque ningún Estado predominara en el Continente europeo y se respetaran las fronteras allí acordadas –prescindiendo del régimen político interno. Londres contaba con un sistema político –el liberal– inmune a las ondas revolucionarias del Continente, y además logró que en Viena se reconociera que no podía alterarse ninguna frontera «que tocara un Tratado en que fuera parte la Gran Bretaña»[22]. En contraste, la precaria legitimidad sociopolítica del régimen conservador de Austria hacía depender su integridad territorial de la legitimidad dinástica. En consecuencia, el ministro Klemens Metternich deseaba que la Alianza Europea garantizara los Tronos y las dinastías, so pretexto de lo cual se otorgaba el derecho de intervenir en los Estados donde se produjeran revoluciones para restablecer el orden social –y evitar el “contagio”. La Rusia del zar Alejandro I, por su parte, compartía la preocupación austriaca aunque sin llegar tan lejos. Cuando a fines de 1815 el Zar propuso que la Alianza Europea garantizara a Luis XVIII de Borbón el trono de París y su Carta Constitucional otorgada, Castlereagh se opuso porque representaría «una interferencia demasiado grande e indisimulada de los Soberanos Aliados en los asuntos internos de Francia»[23]. Pero decía no a tal intervención rusa después de haber logrado Londres el compromiso de la Alianza Europea de vetar a la familia Bonaparte gobernar de nuevo en Francia. La restauración de los Borbones era, así, instrumento de los vencedores de la Revolución para reintegrar Francia en la Alianza del Trono y el Altar.

También en América tras disputas locales sobre la forma de gobierno se dilucidaba la rivalidad de las Potencias por esferas de influencia. En 1816, mientras el republicano José Miguel Carrera –nacido en Santiago– viajaba a EEUU y garantizaba en Baltimore con su patrimonio en Chile un préstamo para comprar armas a los independentistas, Juan Martín Pueyrredón –nacido en Buenos Aires– prestaba oídos a agentes franceses interesados en entronizar allí a un miembro de la familia Borbón[24], y enviaba a París como negociador a Valentín Gómez[25]. Cuando los cuatro barcos de Carrera hicieron escala en Buenos Aires, Pueyrredón ordenó encarcelarlo y decomisar el armamento[26]. El gobierno de EEUU se consideró perjudicado por «los anhelos de Buenos Aires de un Príncipe europeo»[27], y en 1820 estimuló el derrocamiento de Pueyrredón. Los agentes de EEUU en Chile se lamentaban de la influencia que daban a Londres los créditos de la City y la ayuda del marino Thomas Cochkrane a los republicanos[28], al tiempo que éstos recelaban de EEUU porque los barcos de este último comerciaban con chilenos y peruanos “realistas”.

En enero de 1820, el Ejército expedicionario de América se negó a embarcar y, en Cabezas de San Juan (Cádiz), se pronunció por el restablecimiento de la Constitución de 1812. Si en 1808 los pueblos hispánicos fueron los primeros en levantarse contra el “sistema europeo” de Napoleón, el levantamiento liberal de 1820 repercutió también en Europa. Portugal, Nápoles, Piamonte, proclamaron a su vez la Constitución de Cádiz –símbolo de resistencia a la Alianza Europea. El gobierno constitucional español de 1820-1823 fue más lúcido hacia América que los predecesores y posteriores. El 29 de febrero de 1820 la Gaceta Patriótica del Ejército Nacional, publicada en Madrid por Antonio Alcalá Galiano y Evaristo San Miguel, a la pregunta «¿Qué debería hacer un Gobierno que ahora se estableciera en España?» contestaba:

enviar agentes a las Américas para tratar de que la independencia de aquellas vastas regiones, inevitable ya, quedase asegurada de un modo pacífico, y que se celebrasen tratados de amistad y comercio tan íntimos como deben reinar entre los pueblos con quienes son más comunes el origen, las costumbres, la religión y el idioma[29].

Y el general en jefe del Ejército expedicionario de Costa Firme, don Pablo Morillo, firmaba un armisticio con «su excelencia el presidente de Colombia, Simón Bolívar, como jefe de la República».

IV. Castlereagh: dividir la “Masa occidental” de Europa de la “Masa Oriental”

Pero en 1820-1823 el reconocimiento español de las repúblicas hispanoamericanas era contrario a las ambiciones de la Alianza Europea sobre América. La reacción de Europa la anticipaba el 30 de abril de 1820 el zar Alejandro I al embajador de España:

La revolución de la Península atrae la mirada de dos mundos. Los intereses que van a decidir aquélla son los intereses del Universo. Los Soberanos Aliados han hecho saber a España que ni en el Nuevo ni en el Viejo Mundo pueden prosperar las Constituciones si no han sido otorgadas por la benevolencia de los Soberanos, como una concesión voluntaria. Nos el Zar condenamos, con la reprobación más enérgica, y más solemne, los medios revolucionarios usados para dar nuevas instituciones a España. El actual gobierno español tiene que ofrecer expiaciones a los pueblos de los dos Hemisferios[30].

El Kremlin propuso a la Alianza Europea enviar un ejército a derrocar el gobierno español. Metternich lo vio con recelo, reprochaba la ascendencia sobre Fernando VII del embajador ruso en Madrid –hasta 1819, Tatischev–, y se preguntaba si acaso Moscú no tramaba ahora «gestionar en España y Francia “los negocios de otros pueblos”»[31]. El ministro Castlereagh estudió la iniciativa rusa en el State Paper de 5 de mayo de 1820, condensación de varios siglos de diplomacia y conocido desde entonces como el «fundamento de la política exterior británica»[32]. El tiempo transcurrido no le ha hecho perder interés[33]. Para el gobierno de Londres su alianza con germanos y rusos había tenido como objetivo contener y someter a la Francia revolucionaria, garantizar la integridad territorial de los Estados, «nunca fue entendida como una Unión para el Gobierno de los Pueblos, o como Supergobierno de los asuntos internos de otros Estados». Por consiguiente, consideraba que la Alianza Europea podía mantenerse en la medida que no asumiera una jurisdicción colectiva sobre revoluciones como la de los españoles –por más que fuera presentada por Moscú y Viena como un peligro para Europa. El dirigente británico ponía en duda que fuera posible, o deseable, la unanimidad o concordancia entre las Potencias sobre todos los temas políticos. Pero además, Castlereagh asentaba «el juego de la seguridad pública» de Europa en la separación entre la Western Mass –Francia y España–, y la Eastern Mass –germanos y rusos. Para el Gabinete de Londres la solución del problema radicaba en cómo impedir la fusión o confusión entre la “Masa Oriental” y la “Masa Occidental”.

La negativa británica a intervenir llevó a los absolutistas españoles a mirar hacia Rusia en búsqueda de auxilio. Pero era contrario a la estrategia inglesa que tropas de la Eastern Mass se desplazaran hacia la retaguardia de la Western Mass, aunque fuera para derrocar a un gobierno constitucional. Con mayor motivo cuando Francia se hallaba debilitada, apenas seis años después de haber sido desarticulado el ejército napoleónico. El rechazo británico a semejante movimiento de tropas rusas era compatible con la conceptualización que, un siglo después, haría Mackinder sobre la que denominaba recurrente tendencia de la Heartland –desde las postrimerías del Imperio romano– a invadir la “península latina” (el área ítalo-franco-ibérica). En 1820 Castlereagh opuso al proyecto del Kremlin el principio según el cual cada Estado debe apoyar su seguridad en su propio sistema político, y no en gobiernos extranjeros. Estimaba, por otro lado, que Viena y Moscú magnificaban la influencia de la revolución española como coartada de su intervención:

no hay parte de Europa de dimensión igual en que una Revolución semejante pudiera haberse dado, que amenace menos a otros Estados con un peligro directo e inminente, que es lo que siempre ha sido contemplado, al menos en este país, como el único supuesto justificativo de interferencia externa.

Pero para Castlereagh el principio de no intervención distaba de ser absoluto. Por un lado ordenó a su embajador en Madrid abstenerse de interferir u opinar sobre los asuntos internos de España –salvo si la vida de Fernando VII corriera peligro o Madrid preparara una ofensiva hacia Portugal[34]. Por otro lado, simultáneamente, estimuló la intervención de Austria en Nápoles contra la revolución que en julio de 1820 proclamaba la Constitución de Cádiz. Sólo la interferencia de tropas de Viena, pues Castlereagh trataba de neutralizar el acuerdo de intervención conjunta sobre Nápoles aprobado el 19 de noviembre de 1820 en Troppau por los Poderes del heartland –Rusia, Austria, Prusia. De ahí que el 19 de enero de 1821 instruyera a sus embajadores que el gobierno inglés no reconocía el sistema federativo en Europa[35], ni tampoco que «las cinco Potencias fueran a convertirse en gobierno general de Europa»[36].

Entendía Castlereagh que la intervención en España o Nápoles del conjunto de la Alianza Europea –o de las solas tres Potencias orientales–, sentaría el precedente de un centro de poder supraestatal. Que vislumbraba liderado entonces por el ejército de Rusia, el que contuvo al de la Western Mass (Francia) y disponía desde 1812 de los efectivos más numerosos. Por la misma razón, también se opuso el ministro inglés a que Moscú interviniera después en apoyo de cristianos ortodoxos griegos sublevados contra la dominación turca. En ello era coherente con otro postulado estratégico británico: evitar que el debilitamiento de Turquía favoreciera la influencia rusa sobre los eslavos u ortodoxos balcánicos, o el acceso del Kremlin al Mediterráneo. Castlereagh reenvió al Zar su argumento al decirle que los independentistas griegos eran tan peligrosos como los de España y Nápoles –«una rama del espíritu organizado de insurrección»–, y conforme con su política contrarrevolucionaria el gobierno de Moscú debía abstenerse de ayudar a los griegos[37]. La división entre las dos “masas” europeas tenía para Londres interés preferente sobre solidaridades religiosas o ideológicas. Un siglo más tarde Winston Churchill sintetizaría:

Durante cuatrocientos años la política exterior de Inglaterra ha sido oponerse a la Potencia más fuerte, más agresiva, más dominante del Continente […], la cuestión no es si se trata de España, de la monarquía francesa, del Imperio francés, del Imperio alemán o del régimen de Hitler. No tiene nada que ver con gobiernos o naciones; lo único que le importa es quién es el más fuerte o potencialmente dominante […][38].

En 1945 tanto el gobierno presidido por Churchill (conservador) como el de Clement Attlee (laborista) intervendrían de nuevo en Grecia contra un supuesto respaldo ruso a una «rama del espíritu organizado de insurrección» –en 1946 las guerrillas antifascistas de Vafíadhis “Markos”. En noviembre de 1975 el gobierno británico de Callaghan (laborista) intervino en Portugal para alejar del poder a los oficiales del Movimento das Forças Armadas que, a juicio de Londres (y Washington) eran capaces de establecer relaciones autónomas con Moscú[39].

V. La Alianza Europea y la “América Española”

Los absolutistas españoles y Fernando VII concentraron sus esfuerzos en lograr que los germanos se sumaran al impulso intervencionista de Moscú. Se dirigieron, también, al restaurado gobierno borbónico de París, algunos de cuyos ministros entendían que la intervención en España ofrecía a Francia la oportunidad de reconfortar su mermada influencia en Europa después de Waterloo (1814). Mas París deseaba que la intervención fuera en su provecho exclusivo, no de la Alianza Europea u otro de sus miembros. Para ello respaldó la oposición inglesa a que el Zar enviara su ejército a España, y el 30 de agosto de 1822 el primer ministro Joseph de Villèle instruyó a su delegado en el Congreso de las Cinco Potencias (Verona) que «para emancipar Francia del humillante control de los extranjeros y afirmar su independencia e influencia» en España debía preservar su libertad de acción –o de inacción[40].

Durante el Congreso de Verona el Kremlin fue portavoz de los absolutistas españoles y propuso, de nuevo, que un ejército de la Alianza Europea derrocara al gobierno constitucional de los españoles. El sucesor de Castlereagh en el Foreign Office, Canning, mantuvo el veto e instruyó a su representante –Arthur Wellesley, duque de Wellington (jefe del cuerpo expedicionario británico en España hasta 1813)–, para que «franca y perentoriamente declarara que ninguna interferencia semejante, en cualquier forma, contaría con la participación de Su Majestad»[41]. La negativa británica a que los rusos auxiliaran a Fernando VII obedecía a la voluntad de aislar a Rusia tanto respecto del oeste de Europa como de la “América española”. Mientras los legitimistas españoles buscaron, y hallaron, en Moscú auxilio para restablecer su dominio en España y América, el Kremlin deseaba intervenir en España para contrarrestar la influencia anglosajona en América.

Tanto el Reino Unido como EEUU exigieron en 1822 que la Alianza Europea no interviniera a los «españoles europeos ni a los americanos». Rusia e Inglaterra fueron aliadas contra el expansionismo napoleónico, mientras que Fernando VII se inclinó ante este último. Pero derrotado el francés, Fernando VII se volvió hacia los vencedores para que le ayudaran a restablecer su autoridad en América. España perdió su Flota durante la alianza bélica con Francia, Alejandro I aceptó venderle los más viejos de sus barcos. En el Kremlin encontró Fernando VII un valedor del nexo entre la Europa imperial y la América hispánica[42], ambos deseando imponer los derechos legitimistas contra revolucionarios e independentistas. Rusia poseía entonces Alaska y asentamientos en la costa del Pacífico –hasta el norte de California. En Washington, el secretario de Estado John Q. Adams veía con otros ojos las consecuencias posibles de la intervención europea contra el gobierno constitucional español:

Rusia puede coger California, Perú, Chile; Francia tomar México –donde conocemos que ha estado intrigando para conseguir una monarquía bajo un Príncipe de la Casa de Borbón, al igual que en Buenos Aires. Y Gran Bretaña, como último recurso a su alcance si no puede impedir el curso de los acontecimientos, se haría por lo menos con Cuba como su parte en la disputa. [En el caso de que G. Bretaña se opusiera a la intervención de la Alianza Europea], en esa lucha los aliados serían derrotados y Gran Bretaña vencería, pues manda en los mares. Pero […] esto arrojaría Sudamérica en sus brazos, y por último convertiría a éstas en colonias suyas en vez de España. Debemos actuar de modo rápido y decisivo[43].

Gran Bretaña se opuso, en efecto, a que la Alianza Europea interviniera conjuntamente en España o Nápoles. Pero era sólido el compromiso del Zar con los legitimistas españoles, fuerte el anhelo de París de asumir protagonismo, ferviente el de los germanos por mantener su colaboración con los rusos. A pesar de la retirada de la delegación británica del Congreso de Verona, los restantes cuatro Estados resolvieron el 22 de noviembre de 1822

1. […] emplear todos sus medios y unir todos sus esfuerzos para destruir el sistema de gobierno representativo de cualquier Estado de Europa donde exista y para evitar que se introduzca en los Estados donde no se conoce. 2. […] adoptar todas las medidas para suprimir la libertad de la imprenta, no sólo en sus propios Estados, sino también en todos los demás de Europa. 3. […] sostener cada una en sus Estados las disposiciones que el clero esté autorizado a poner en ejecución para mantener la autoridad de los príncipes […]. 4. Como la situación actual de España y Portugal reúne por desgracia todas las circunstancias a que hace referencia este tratado, las altas partes contratantes, confiando a la Francia el cargo de destruirlas, le aseguran auxiliarla del modo que creemos pueda comprometerla con sus pueblos y con el pueblo francés, por medio de un subsidio de veinte millones de francos anuales cada una, desde el día de la ratificación de este tratado, y por todo el tiempo de la guerra […].

Tras el Acuerdo de Verona, el canciller austriaco Metternich intentó una vía media entre el intervencionismo ruso y la oposición inglesa: dirigir al gobierno de Madrid un ultimátum de redacción tan ultrajante que, esperaba, le llevaría a rendirse sin necesidad de invasión. El delegado francés, François de Chateaubriand, preservó la particularidad francesa enviando su propio ultimátum por separado. La respuesta del gobierno español, el 9 de enero de 1823, fue otra:

[…] la Nación española se halla gobernada por una Constitución, reconocida solemnemente por el Emperador de todas las Rusias en el año 1812, […] el Rey constitucional de las Españas está en el libre ejercicio de los derechos que le da el Código Fundamental […], la Nación española no se ha mezclado nunca en las instituciones y régimen interior de otra ninguna […] y no reconocerá jamás en ninguna Potencia el derecho de intervenir ni de mezclarse en sus negocios[44].

Desde enero de 1823 el ministro Chateaubriand, asegurado el apoyo ruso, había preparado no sólo intervenir España sino imponerle una Charte constitucional semejante a la otorgada por Luis XVIII de Borbón a los franceses. Esto último era demasiado para los planes de Metternich, alarmó a los británicos y puso en crisis a la Alianza Europea. Para el ministro británico Canning la invasión francesa tenía como fin:

1. aterrorizar a los revolucionarios de Francia aplastando a los de España; 2. recuperar el prestigio de las armas francesas y vincular el ejército a la Familia Real; 3. lograr el honor de liberar de la servidumbre a un Rey Borbón y por esa vía restablecer algo parecido a la influencia que tenía Francia sobre España durante los Pactos de Familia[45].

¿Qué hizo el gobierno inglés para compensar, en beneficio propio, lo que Canning llamaba «incorporación de los recursos de España a los de Francia»? Ante la intervención francesa de 1823 en España, a diferencia de lo ocurrido en las de 1702 y 1808, Inglaterra no declaró la guerra a París. El porqué lo explicaba el propio Canning: «No vacilo en decir que debemos separar los recursos de la América española de los de España, y es una circunstancia afortunada que esta situación ya se ha producido […]. Merced al Capital y a la Industria británicos estábamos en efecto apropiándonos nosotros de los recursos de las vastas regiones de Hispanoamérica»[46]. En 1823 Londres podía evitar, sin guerra, que la Potencia continental europea recuperara las Indias –le bastó concentrar su Flota en la desembocadura del Tajo para cortar la comunicación entre la Península Ibérica y América. Hecho lo cual, exigió de París garantías de que 1. El ejército francés se abstendría de ingresar en Portugal (zona de influencia inglesa), 2. No ocuparía indefinidamente España, retirándose tras derrocar al gobierno constitucional, 3. La Alianza Europea se comprometería a no restablecer el poder español en el continente americano[47].

VI. Gran Bretaña y la Doctrina Monroe

El gobierno francés aceptó las dos primeras condiciones, pero fue evasivo en cuanto a renunciar a la América hispana. La inmediata reacción británica prefiguraría también el futuro: pidió al gobierno de EEUU respaldo contra una eventual acción conjunta europea hacia Hispanoamérica a través de España. Por primera vez, en 1823 Londres y EEUU coincidieron en que la “isla anglosajona” debía absorber a la integridad del continente americano, desde Terranova a Magallanes, excluyendo del mismo la influencia del Poder europeo. La posición de Francia ante ello, expuesta a comienzos de 1823 por el ministro Chateaubriand, tenía asimismo un alcance global que perduraría más de un siglo, «nuestra real política es la política de Rusia, mediante la cual nosotros contrapesaremos a dos enemigos declarados: Austria e Inglaterra» –y que confirmó a Metternich en sus sospechas[48].

La respuesta de Washington a Londres también marcaría la pauta de una duradera política. EEUU de América, recién nacido de una insurrección seguida de guerra con Inglaterra, no veía con agrado intervenir en la América hispana del brazo de su ex metrópoli. Y rechazaron tanto los designios de Londres como los del resto de la Alianza Europea. El presidente James Monroe era partidario en un principio de condenar la intervención europea en Grecia y la propia España, en prevención de su ulterior prolongación sobre la América hispana. Coincidía en ello el ministro de Guerra John C. Calhoun, pero el secretario de Estado –John Quincy Adams– opuesto a cualquier toma de posición sobre España y Grecia, propugnó la postura que a la postre fue aprobada por Monroe: abstenerse EEUU en un asunto europeo (invasión y derrocamiento del gobierno de España), abstenerse la Alianza Europea de intervenir en la América española[49]. En los hechos, declaraciones al margen, la Royal Navy cortaba por sí sola a los europeos continentales el camino hacia América.

El gobierno inglés negoció entonces directamente con París aquello que le interesaba. En octubre de 1823, cuando ya las tropas francesas tenían plenamente ocupada España, obtuvo del embajador de Francia en Londres –Jules de Polignac– el compromiso escrito (aunque con protestas) de que Francia no intentaría restablecer el poder español en América ni «tenía la intención, o el deseo, de apropiarse ella misma de ninguna de las partes de las posesiones españolas en América»[50]. Sin la colaboración de Francia, calculaba Canning, Rusia no podría actuar en solitario. El 22 de diciembre siguiente el presidente Monroe, con la tranquilidad de conocer que el gobierno francés ya se había inclinado ante el veto inglés, insertó en su mensaje anual al Congreso los conocidos tres principios de una política exterior largamente mantenida: 1. El continente americano no debía ser considerado objeto de colonizaciones futuras por ninguna potencia europea; 2. En contrapartida, EEUU se abstenía de intervenir en los asuntos internos de Europa; y 3. Advertía contra toda interposición de los poderes europeos en cualquier porción del continente americano. La interpretación que, tras ser elegido Presidente, dio John Q. Adams a la “Doctrina” de la que era autor intelectual –aunque llevaría el nombre de su predecesor Monroe–, fue muy restrictiva en cuanto a su ámbito territorial de aplicación: «nuestra postura no se extenderá más allá de un compromiso mutuo de las Partes con el pacto de mantener la aplicación del principio en el territorio propio, y de no permitir instalaciones coloniales o el establecimiento de jurisdicción europea en el suelo propio»[51]. Lo que asombró a los gobiernos de México, Brasil, Colombia y otros países[52] que, con grandes protestas, pedían al de EEUU que se comprometiera a intervenir también en la América hispana –contra las expectativas de desembarco, de “reconquista”, por la Alianza Europea desde la intervenida España.

Al no discriminar a Gran Bretaña respecto de las demás Potencias, semejante pretensión del gobierno de EEUU iba más allá de lo deseado por Canning. Así lo había manifestado en un despacho a su embajador en Washington (8-2-1826) que, aunque no público, formulaba el principio que guiaría la política de Gran Bretaña en América hasta 1895:

La pretensión confesada de Estados Unidos de ponerse ellos mismos a la cabeza de la Confederación de todas las Américas, e inclinar esa Confederación contra Europa (Gran Bretaña incluida), no es una pretensión identificada con nuestros intereses, o que podamos aceptar como tolerable. Es una pretensión, sin embargo, a la que es inútil replicar en abstracto; pero no debemos decir nada que parezca admitir el principio[53].

VII. Gran Bretaña aísla Hispanoamérica de la Alianza Europea

Gran Bretaña aceptó en 1823 como hecho consumado la restablecida autoridad de Francia sobre España. Pero se reservó para sí misma la hegemonía sobre la América española, Portugal y su Imperio. De la esfera de influencia francesa sobre España y las Indias reconocida por Londres en 1714 (Tratado de Utrecht), amputaba América en 1823. Canning estaba tan persuadido de que Francia mantenía sus tropas en España con el ánimo de recuperar a la América hispana que, como recurso radical y definitivo para impedirlo, en 1824 reconoció su independencia: «la ocupación francesa [de España] no era la sola razón, pero era enfáticamente la mía»[54]. La Alianza Europea protestó, Rusia y Austria quisieron forzar al Reino Unido a restablecer el control europeo sobre Hispanoamérica. El 4 de julio de 1824 Canning les daba su celebrada respuesta: lo tocante a la América española era «una cuestión enteramente marítima y comercial, y por consiguiente de la competencia de Inglaterra, la influencia de las Potencias [europeas] se terminaba allí donde se hallaban los límites del Continente»[55]. La frustración de París continuaba, y el siguiente año 1825, Francia intentó anexionar Cuba –Londres (la Royal Navy) lo impidió. La “perla de las Antillas” era más deseada aún si cabe por EEUU, quien aquel mismo año se opuso a la expedición conjunta de Colombia y México para independizar la isla de España y liberar a los esclavos. Gran Bretaña, a su vez, estimaba una amenaza para su Navy que Cuba pasara a manos de un poder rival. El único punto de acuerdo entre Gran Bretaña, EEUU y Francia sobre Cuba era que ésta no debía ser independiente. A fin de evitar un conflicto y en espera de mejores tiempos para las expectativas anexionistas de cada cual, las tres Potencias acordaron que continuara bajo la jurisdicción de España.

Antes de que la Alianza Europea invadiera España el gobierno de Portugal –también constitucionalista– había propuesto al de España, el 14 de septiembre de 1822, una alianza defensivo-ofensiva si Francia les invadía. Once días después Lisboa pedía la garantía de Londres. La respuesta que recibió de Canning era coherente con la estrategia británica desde fines del siglo XVII hacia la Península Ibérica, consistente en disputar su control a la Potencia rival y, a su vez, aislar entre sí a los Estados peninsulares para impedirles construir una política autónoma propia: «la firma de una alianza ofensiva con otro Poder [España] para actuar contra un tercero [Francia] privaría a Portugal de tener “derecho” a invocar la ayuda de su Majestad [británica]»[56]. Londres conocía que la Alianza Europea iba a ocupar España, y no quería que la eventual interposición británica fuera decidida por Lisboa. Los gobernantes españoles, por su parte, se negaron a ratificar el tratado defensivo con Portugal[57] y, acto seguido, París los acabó de aislar al prometer a Londres que respetaría su hegemonía sobre Portugal[58]. En la hora de la invasión francesa, el gobierno de Madrid no contó con el auxilio ni de Portugal ni del Reino Unido.

Lo ocurrido en España y Portugal tras la intervención europea es sabido. Derrocados los gobiernos constitucionales en ambos países, el 27 de junio de 1823 Fernando VII firmaba el decreto de “purificación” de empleados públicos. Mientras se aplicaba tormento y mataba a los constitucionalistas, su líder –el general Rafael de Riego– era exhibido dentro de una jaula durante su traslado a Madrid, donde tras ser arrastrado por las calles fue colgado de la horca. El gobierno legitimista de inmediato reanudó la guerra contra los republicanos de América, hasta que las tropas realistas fueron definitivamente derrotadas en Ayacucho –diciembre de 1824. En Portugal, al nuevo gobierno absolutista el de Francia ofreció un ejército para recuperar el Brasil –que se acababa de declarar Reino independiente con la cooperación británica y la oposición francesa y rusa[59].

La intervención de Francia en 1808 había sido el precipitante de la insurrección general de «los españoles de uno y otro hemisferio». En 1823, mientras tropas de la Alianza Europea ocupaban de nuevo España, el primer ministro Canning resumía ante la Cámara de los Comunes la sustancia de su política: «Yo busqué materiales de compensación en otro hemisferio. Al contemplar España, tal como nuestros antepasados la habían conocido, resolví que si Francia tenía a España, ello no debía ser España con las Indias. Hice nacer al Nuevo Mundo para restablecer el equilibrio del Viejo»[60]. El universo cultural hispánico había ingresado en una fase larga de fracturas internas –económicas, políticas y militares. La intervenida España oficial fue aislada e incluso enfrentada a los sectores democratizantes en la Península y en las Repúblicas hispanoamericanas, y éstas fueron a su vez divididas entre sí.

VIII. La frustración de Bolívar

La historia ha sido implacable con los pueblos que han entrado en contacto con otros de organización superior. Después del fortuito desembarco de 1492, los europeos sometieron sucesivamente a todos los de América. La destrucción de las estructuras estatales hispanas a comienzos del siglo XIX produjo, a su vez, efectos que se dejan sentir hasta hoy. Aquéllas no fueron sustituidas por otras, sólidas y representativas, capaces de evitar a sus pueblos la suerte de ser subordinados al expansionismo de otros Estados. En ese sentido, el proyecto estratégico de quienes se levantaron contra el Antiguo Régimen en la Península Ibérica e Iberoamérica quedó histórica y definitivamente truncado. O inconcluso, según la óptica en que cada cual prefiera situarse dos siglos después.

El nacimiento de Estados Unidos de Norteamérica a fines del siglo XVIII se vio posibilitado, ciertamente, por la guerra que enfrentaba a la metrópoli británica con Estados rivales (Francia y España). Pero no menos decisivo fue que los colonos insurgentes se lograron unir contra la Metrópoli. Y después, con el fin de evitar que no les reabsorbiera el ininterrumpido poder financiero y naval del Estado británico. Era ésta una prioritaria opción política para quienes como George Washington, Thomas Jefferson y John Quincy Adams, urgidos de transitar por la selva de las relaciones internacionales con un Estado en formación –prácticamente sin Marina ni Ejército–, se propusieron impedir que la República fuera intervenida por una u otra Potencia imperial. A partir de esta premisa, aprovecharon pacientemente las divisiones y debilidades de las últimas para consolidar la independencia de la joven Nación.

En cambio, en España fue el propio Estado lo primero que se hundió en 1808. Las subsiguientes guerras civiles, en la Península y la América española, imposibilitaron que una nueva organización estatal, digna de tal nombre, reemplazara a la derrumbada. Pocos percibieron este problema mejor que Bolívar tras triunfar definitivamente sobre los realistas. Trató de resolverlo con ahínco, no lo logró. Desvanecido en Ayacucho el hasta entonces factor de aglutinamiento –temor a la Metrópoli, intervenido además de derruido su Estado–, los centros de decisión criollos se dispersaron y atomizaron. Cabe suponer la amargura cuando, al hacer balance de su obra en 1825, pedía Bolívar a la Potencia europea que acogiera bajo su protección a la América española. Escribía Bolívar al embajador británico:

[…] Este país no está en condiciones de ser gobernado por el pueblo, lo que uno debe admitir después de todo que resulta mejor en la teoría que en la práctica. […] Sudamérica es quizás el país menos dotado de todos para gobiernos republicanos. […] Debemos buscar alivio en Inglaterra, no tenemos otro recurso […]. Si un día llegara cualquier propuesta del Gabinete británico para establecer un Gobierno normal, es decir, una monarquía o monarquías en el Nuevo Mundo, encontrarían en mí a un promotor seguro y firme de sus deseos, plenamente dispuesto a respaldar al Soberano que Inglaterra pueda proponer instalar y sustentar en el Trono. […] Si yo puedo contribuir a lograr tan deseable cosa, pueden contar con mis servicios. […] Si debemos tener un nuevo Gobierno, tengámoslo conforme a vuestro modelo, y yo estoy dispuesto a dar mi apoyo a cualquier Soberano que Inglaterra pueda darnos[61].

Después de los tres lustros de guerras que siguen al derrumbe estatal de 1808, el destino de la América hispana se negociaba entre Gabinetes que dilucidaban la zona de influencia donde iba a quedar adscrita.

En su entrevista de octubre de 1823, Canning había coincidido con el Primer Ministro francés en desear para los nuevos Estados una forma de gobierno monárquica. Siete semanas después, el Ministro británico informaba a los embajadores de la Alianza Europea que tenía razones para esperar que «los principios monárquicos y aristocráticos» iban a predominar en México, Perú y Chile, y que iba a retrasar el reconocimiento de la independencia de México y Colombia para presionarles a establecer una monarquía[62]. Pero ya el 17 de mayo de 1823 el secretario de Estado de EEUU, John Q. Adams, había instruido a su embajador en Buenos Aires que como medio de aislar la América hispana de Europa debía promover la forma republicana de gobierno:

en relación a Europa es percibida como la sola cosa en la cual los intereses y deseos de Estados Unidos pueden coincidir con los de las naciones sudamericanas, es decir que deben ser todas gobernadas por instituciones republicanas, política y comercialmente independientes de Europa[63].

En contraposición simétrica el Primer Ministro británico entre 1812 y 1827, lord Liverpool, escribiría el 8 de diciembre de 1823 al duque de Wellington que «si permitimos a esos nuevos Estados consolidar su sistema y su política con los Estados Unidos de América, ello se demostrará en muy pocos años fatal para nuestra grandeza, si no peligroso para nuestra seguridad»[64].

Cuando el ministro de EEUU en Bogotá se enteró de que el Reino Unido había sido invitado a asistir al Congreso convocado en el Istmo de Panamá para 1826, envió alarmado un informe a Adams:

la influencia preponderante de Inglaterra en los asuntos de estos países es ya evidente y sensible en cada departamento; aquélla está ya intentando con la mayor constancia monopolizar su comercio y riquezas, y si ahora se le permite ser un miembro de esa propuesta alianza, el destino de los nuevos Estados estará de una vez por todas en sus manos, de modo que con la tan vanagloriada independencia éstos son de facto sus colonias[65].

Simón Bolívar abogaba por una «Federación de la América meridional» diferenciada de la de los EEUU del Norte. Para el gobierno británico el establecimiento de monarquías permitiría evitar que el Nuevo Mundo se separara de Europa[66]. El 21 de octubre de 1825 escribía Bolívar a Francisco de Paula Santander, vicepresidente de Colombia, «no creo que los americanos deban entrar en el Congreso del Istmo». Bolívar lo había convocado para intentar lo que siempre creyó necesario: que la América española que accedía a la independencia creara unas formas estatales que unieran y no dividieran. Pero a diferencia del proceso seguido en Brasil, no existía en la española ningún centro de intereses y de poder endógenos, ninguna estructura de representación, de autoridad, ni mecanismos de participación integradora, capaces de reunir lo que después de 1808 había estallado en mil pedazos. Tras la derrota de los realistas en Ayacucho (1824) Bolívar intentó encontrarlo fuera de América –cabe suponer que como último recurso en su desesperación. En el transcurso del Congreso del Istmo de Panamá dijo confidencialmente al emisario británico que

varios Estados pidieron ser sostenidos por el poder e influencia de Gran Bretaña, sin la cual no puede esperarse seguridad alguna, ni preservarse la cohesión ni mantenerse el pacto social. Todo acabaría por ser destruido entre disputas de unos con otros, y por la anarquía interna. Intereses diversos ya lo estaban impeliendo; guerras que hubieran sido evitables desafortunadamente se propagaban, como por ejemplo entre Brasil y Buenos Aires; la pelea entre jefes estaba perturbando la tranquilidad de Chile; sentimientos de envidia y rencor obraban en algunos Estados; mientras que en otros un clima de rivalidades estaba engendrando divisiones entre las distintas provincias.

Y los criollos hacendados conocían a su vez otro temor –que pervivirá hasta hoy: «cada clase de habitantes empezó a sentir que tenía los mismos derechos, y como la población de color hasta el momento sobrepasa a la blanca, estaba amenazada la seguridad de esta última»[67].

Quince años después de proclamar y guerrear por su independencia, cuál no sería el pesimismo de Bolívar para, antes de retirarse de los asuntos públicos, llegar a la conclusión de que debía intentar poner a la antigua América española bajo la autoridad de Gran Bretaña:

Bajo la protección de Gran Bretaña los Estados de Sudamérica sabrían aprender las medidas más aconsejables a adoptar para su preservación y seguridad general; se evitarían desacuerdos; los respectivos Gobiernos serían consolidados; se establecerían leyes y normas mayormente comunes; la unidad que se crearía mantendría a raya a la población de color; la albocracia incrementaría gradualmente su poder[68].

El agente británico respaldaba el plan de Bolívar, pero por otras razones:

la consecuencia de rehusarles nuestra protección sería la destrucción de nuestra influencia en provecho del engrandecimiento de Estados Unidos […]. Si por nuestro esfuerzo fuera establecida la tranquilidad en Sudamérica, estoy en condiciones de probar que nuestra ascendencia comercial puede ser asegurada sin provocar envidia, y que grandes ventajas serían también ofrecidas a nuestros capitalistas en la explotación de las minas de los dos Perús[69].

La expansión financiera del Reino Unido en “Sudamérica” quedaba así trazada. Los agentes británicos propusieron a Bolívar el procedimiento a seguir: debía ser designado Presidente vitalicio y, después, nombrar como sucesor a un príncipe europeo[70]. En su respuesta Bolívar calibraba las resistencias internas y externas al plan británico:

Debemos ser capaces de refrenar la ambición de nuestros jefes, o de amenguar en las clases inferiores su aprehensión por la destrucción de la igualdad. Y a los Estados Unidos, que parecen destinados por la Providencia a traer a América una plaga de miserias en nombre de la Libertad.

El experimentado militar caraqueño buscaba fuerzas disponibles para el proyecto, decía no oponerse al mismo, pero deseaba ser informado del grado de compromiso del Reino Unido y Francia en su respaldo:

Con esos poderosos aliados, seríamos capaces de todo; sin ellos, no podríamos hacer nada. Por esta razón, reservo mi opinión definitiva hasta conocer lo que el Gobierno de Inglaterra y Francia piensan del cambio de sistema propuesto, y de la elección de las dinastías[71].

Pero… mientras Bolívar tejía planes de unidad, el almirante Fleming utilizaba la presencia de la Royal Navy en las Antillas para estimular la secesión de las provincias de Venezuela –entonces unidas con Colombia, Ecuador, Perú[72] y Panamá. Esta última solicitaba de inmediato ponerse bajo soberanía británica. Y en Londres el gobierno de su Majestad subordinaba a sus intereses políticos los planteamientos que le llegaban de Sudamérica. Si recién en 1823 Gran Bretaña había arrancado de Francia la renuncia a anexionar territorio español en América, si había prometido a EEUU que no buscaba extenderse en aquel continente, si había impedido a germanos y rusos imponer los «legítimos derechos de Fernando VII sobre sus súbditos de América», cabe imaginar lo que hubiera significado entonces proclamar rey de Hispanoamérica a un príncipe británico. Hubiera quebrado la estructura de relaciones internacionales del Reino Unido. Imposible. E innecesario. Los intereses británicos eran sobre todo comerciales, y podían defenderse por otros medios. ¿Designar a un príncipe francés? Ello iba contra la política inglesa (Tratado de Utrecht, 1713) de impedir a Francia expandirse hacia la América española, y a España ceder ésta a un tercer Estado sin consentimiento británico. También contradecía el esfuerzo de Londres de disminuir el dominio de Francia sobre España. ¿Poner la América española bajo la autoridad de un príncipe no francés? Contradecía otra ambición británica: aislar América de los Poderes continentales europeos. La respuesta del primer ministro lord Aberdeen a Bolívar descartaba estas opciones, una tras otra, y le ofrecía la mejor para los intereses británicos. Que debió parecer al Libertador la cuadratura del círculo: «Debe usted insinuar al Gobierno de Colombia la elevación al Trono de un Príncipe […] de la Casa Real de España»[73].

La titánica empresa de Simón Bolívar, ¿podía en 1829 desembocar en lo que fue, cuarenta y seis años antes, punto de partida del proyecto del conde de Aranda, en Estados independientes con un príncipe español al frente? En 1783 no lo aceptó la corte de Madrid, en 1829 los españoles americanos habían roto todos los vínculos materiales y políticos con Madrid. Tras diecinueve años de guerras civiles, de sucesivas intervenciones de las Potencias, era de por sí improbable que Bolívar pudiera aceptar tamaña diacronía. Y aun si hubiera soñado en ella, la realidad de la “América Meridional” no la hubiera tolerado –tampoco el gobierno absolutista de Madrid, tan contrario a reconocer la independencia en 1829 como en 1783. Por no hablar de EEUU, enemigo de la unidad de la América hispana en cualquiera de sus formas, incluso la republicana. Mientras que John Q. Adams consideraba la propuesta de anexión a EEUU formulada por la oligarquía criolla de Guatemala (los actuales Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras), fue constante la animadversión del presidente de EEUU contra lo que calificaba de «gigantesco proyecto de ambición napoleónica» de Simón Bolívar[74]. Los agentes de EEUU observaban los planes de éste y de quienes denominaban «reaccionarios de Colombia y Europa»:

Su gran diseño es […] establecer un gobierno monárquico sobre el conjunto de las antiguas posesiones españolas. El número de reinos en que deban ser divididas es una cuestión de menor interés, que no quieren que se interfiera con su designio principal[75].

A fines de 1829 llegó a Lima el agente de EEUU Samuel Larned, e informaba que Bolívar tenía partidarios monárquicos en todos los nuevos Estados que le reconocían como su “Jefe”, miraban hacia él para la «consumación de sus planes»[76], su influencia «se manifiesta por sí misma uniformemente enemiga de los intereses y buen nombre de Estados Unidos, y de su gobierno»[77]. Los agentes de EEUU se movían entre los muchos adversarios criollos de Bolívar, en 1830 estimularon que éstos se amotinaran en Perú contra los británicos, confiscaran las propiedades inglesas y suspendieran el pago de la deuda contraída con Londres. En enero de aquel año Bolívar había renunciado a la Presidencia de Gran Colombia. Descorazonado, entre el sentimiento de soledad y el de haber “arado en el mar”, buscó refugio cerca de Santa Marta y murió en diciembre siguiente, en casa de un amigo español.

IX. Palmerston y la no intervención

En 1830 la revolución de París había acabado con la Alianza Europea, y los gobiernos de Francia e Inglaterra renegociaron su área de influencia sobre los pueblos de la Península Ibérica. Inglaterra continuó conservándola sobre el portugués, y compartió con Francia la hegemonía sobre el español. En septiembre de 1833 moría Fernando VII. La fracción absolutista se agrupó en torno de su hermano Carlos, para cuya pretensión al Trono buscó y logró el apoyo de Rusia y los Imperios germánicos[78]. La fracción opuesta a Carlos se agrupó detrás de la hija de Fernando VII, Isabel –menor de edad. El gobierno español pidió la intervención del Reino Unido y Francia para situar a Isabel al frente del Estado. España fue sumergida en la guerra civil dinástica subsiguiente –durante siete años. Mientras, París y Londres se pusieron de acuerdo en integrar a España y Portugal en la Cuádruple Alianza (abril de 1834). Durante el resto del siglo XIX el mercado español dependería del anglofrancés en los dos tercios de sus exportaciones, la mayoría de las importaciones y el financiamiento de la deuda interna y externa[79].

De modo más acusado que en los ministerios de Castlereagh y Canning, el de Palmerston justificó su intervención en España en nombre de la que denominaba causa «de la justicia y el derecho», que contraponía a la “legitimista” invocada por las Potencias de la Eastern Mass. Para el Gabinete inglés, Estado “independiente” era aquel con un régimen político “liberal” y probritánico[80].

Palmerston definía como no intervención las acciones sobre pueblos que pertenecían a la zona de influencia de una Potencia distinta de la británica. Por esta razón a comienzos de la década de los treinta deseó éxito a la represión rusa contra los polacos, y en 1831 no criticó que Austria enviara tropas a sofocar las revueltas de Módena y Parma. También calificaba como “no intervención” el que una Potencia rival del Reino Unido se enfrentara con otra en términos que debilitaran a ambas: la represión por Austria de la rebelión húngara en 1849 provocó la interferencia de Rusia –estimulada esta última por Palmerston. Pero en lo concerniente a los pueblos ibéricos, la “no intervención” británica significaba para Palmerston la interferencia directa de Londres, incluida la armada. Cuando ello despertó resistencias en el seno del propio Gabinete inglés, Palmerston ingenió la “intervención encubierta”. La hispanización de la intervención franco-británica fue convenida en el Tratado de la Cuádruple Alianza: las reinas de España y Portugal se auxiliarían mutuamente para expulsar a sus respectivos rivales (don Miguel en Portugal, don Carlos en España), al tiempo que el Reino Unido bloqueaba los puertos de la Península y Francia aportaba tropas de tierra[81]. Palmerston describía este plan como «un poderoso contrapeso a la Santa Alianza del Este»[82], lo justificaba con el argumento de mejorar las instituciones de los Estados ibéricos y ayudarles a adquirir los «inestimables privilegios del gobierno representativo»[83]. Este concepto más adelante también se aplicaría en el Nuevo Mundo. En nombre del valor universal de los gobiernos constitucionales, y del deber de desarrollarlos, intervendría EEUU en el Caribe: en México (1914, 1916), en la República Dominicana (1915) y en Haití (1915)[84].

En su desvelo por mantenerle dentro de su zona de influencia, Palmerston declaró casus belli cualquier intervención ajena en Portugal, ya fuera española, germana o rusa[85]. En su doctrina oficial el Gabinete Palmerston no se reconocía a sí mismo el derecho a enviar tropas a otro Estado y dictarle su forma interna de gobierno, excepto cuando estimaba afectada la división del Continente en esferas de influencia. La doctrina de los “equilibrios estratégicos” (entre su masa “occidental” y la “oriental”) aplicada durante el siglo XX sobre Europa, continuaba la británica. La sumisión a dicha doctrina de los gobiernos de la Península Ibérica fue norma en los siglos XIX y XX, salvadas raras excepciones –cual la de Narváez en abril de 1848 al ordenar la expulsión del embajador de Su Graciosa Majestad, sir Henry Bulwer, por ser «ofensivos a la dignidad de una nación libre e independiente» los apremiantes consejos y sugerencias que le dispensaba[86]; y durante la I y II Repúblicas.

Integrada España en la Alianza europeo-occidental en 1834, las políticas de sus dirigentes ofrecen subyugantes paralelismos con secuencias recientes. Cuando el embajador británico Villiers dijo al conde de Toreno, el 13 de septiembre de 1835, que su Gobierno debía dimitir, lo hizo en el mismo día[87]. Antes de aceptarle la dimisión, sin embargo, la Reina Regente consultó al propio Villiers –quien expresó su preocupación por las manifestaciones «de los constitucionalistas», y que

el Gobierno del Rey mi Señor vería con satisfacción la afirmación solemne que yo había recibido de M. Mendizábal de que, si S.M. ponía en él su confianza, no tenía intenciones revolucionarias de ninguna clase, que no consentiría el restablecimiento de la Constitución [de 1812], y que defendería, aun a costa de su vida, el trono de Isabel II […].

La española prometió al británico que aquella misma tarde encargaría a Juan Álvarez Mendizábal formar un nuevo Ministerio[88]. La influencia del Embajador británico llegaba más allá de la Corte. El propio Villiers fue encargado de convencer a las “Juntas revolucionarias” de Barcelona y Cádiz para que se disolvieran y reconocieran al gobierno Mendizábal.

Francia recelaba de su aliado británico. Para no ser menos, monsieur de Rayneval, embajador de París, prometió su apoyo a la Reina si pedía la renuncia a Mendizábal y lo remplazaba al frente del gobierno de España por el patrocinado de Francia, Francisco Javier Istúriz[89]. Así fue hecho el 13 de mayo de 1836. Villiers informaba el 5 de noviembre siguiente al gobierno británico:

Hace unos días me llamó el duque de Bailén y en la conversación me dijo […] que Francia había causado […] el derrocamiento de Mendizábal[…], que cuando él había aconsejado a la Reina Regente no cambiar el Gobierno, ella había respondido que ya era demasiado tarde para mudar su decisión, pues había empeñado su palabra con M. de Rayneval, quien había insistido en la dimisión de Mendizábal y en el nombramiento de Istúriz en su lugar[90].

Otro ejemplo. Para pacificar a vascos rebeldes el gobierno español pidió a la Alianza Europea, en 1835 y en 1836, enviar tropas al sur de los Pirineos. La gestión fue encomendada al embajador en París. El primer ministro francés, Louis Thiers, aceptó enviar al ejército galo, pero se encontró con la reticencia del ministro Broglie y del propio Rey, Luis Felipe de Orleans. El gobierno de Londres, por su lado, alegó que su ley prohibía que soldados británicos se incorporaran a ejércitos de otros países –aunque sí podía enviar la Royal Navy a bloquear la costa vasca. El debate entre los gobiernos aliados se resolvió, por último, con el envío al País Vasco de la Légion Étrangère francesa y de “voluntarios” ingleses e irlandeses. Que desembarcaron en Santander en agosto de 1835 entre vehementes protestas del gobierno de Madrid, que exigía más, la intervención en las Vascongadas de un verdadero ejército europeo. Thiers, estimulado, propuso entonces al Rey de Francia aprovechar la ocasión para repetir la “gesta” de Chateaubriand y enviar 10.000 soldados al sur de los Pirineos. Luis Felipe de Orleans destituyó a Thiers y lo reemplazó por Louis Molé, quien rechazaría otras dos peticiones de Madrid para enviar tropas francesas al País Vasco[91]. El gobierno español consideró que, con su negativa, los aliados europeos estaban incumpliendo el tratado de la Cuádruple Alianza.

Entre 1834 y 1847 cinco veces el gobierno de España pidió a los aliados europeos que intervinieran con tropas y barcos de guerra en el País Vasco y Cataluña: «la intervención de Francia y Gran Bretaña se había convertido para los gobiernos de España y Portugal en la manera más fácil y rápida de resolver sus problemas internos»[92]. En 1837 el Gabinete Istúriz de nuevo pidió la intervención francesa, esta vez para acabar con “republicanos” y “anarquistas” –invitación declinada por París. Siglo y medio después, en 1988, y en relación con otra manifestación de rebeldía vasca, el Presidente del Gobierno español, González Márquez, declararía que

diez años de gestos políticos hacia el País Vasco, entre ellos la amnistía, sólo han servido para incrementar la violencia; lo único que ha conseguido disminuir realmente las acciones de ETA [Euzkadi y Libertad] ha sido el trabajo de las fuerzas de seguridad y la cooperación francesa[93].

Durante 1983 y 1988 las autoridades francesas entregaron al gobierno de F. González más de un centenar de vascos refugiados en Francia –y entornaban los ojos mientras docenas de personas eran asesinadas en el País Vasco francés por servicios parapoliciales financiados con fondos reservados del gobierno español, por los autodenominados GAL (Grupos Armados de Liberación)[94]. El embajador de González en París entre 1983 y 1985 era Joan Reventós i Carner, vinculado en 1980-1981 a la “operación general Armada”. En abril de 1995 la Audiencia Nacional procesaría a altos cargos del equipo González por organizar «la banda armada GAL» desde el Ministerio del Interior y cometer 56 delitos[95].

El caso Mendizábal permite plantear la obvia pregunta: ¿qué buscaba la diplomacia de la Potencia imperial al designar al jefe del gobierno español? La respuesta la aportaba el embajador Villiers en despacho al ministro Palmerston el 28 de noviembre de 1835: el control de los mercados,

En cumplimiento de las repetidas instrucciones de V.E. he aprovechado todas las oportunidades […] para discutir con Mendizábal las medidas que podrían ponerse en práctica para mejorar rápidamente las relaciones comerciales entre Gran Bretaña y España, y hace pocos días, habiendo vuelto a hablar sobre el asunto, la conversación recayó incidentalmente sobre la necesidad inmediata de fondos para llevar adelante la guerra [contra los rebeldes vascos y catalanes][…]; entonces Mendizábal propuso hacer un tratado conmigo que satisfaría los intereses comerciales que yo estaba defendiendo.

Mendizábal proponía que el Estado español se endeudara en millón y medio de libras, cuyos intereses «debería garantizar Gran Bretaña» a cambio de «admitir [España] algunas principales manufacturas de Inglaterra a un impuesto reducido»[96]. Previamente, en agosto del mismo año, Villiers había preparado el terreno para derrotar la resistencia de industriales catalanes a una reducción de aranceles que desprotegía sus manufacturas: dado que los catalanes habían respaldado recientemente los “disturbios” [de los “constitucionalistas”], el embajador británico hacía suya la opinión del conde de Toreno y del duque de Ahumada favorable a castigar a los catalanes mediante una medida comercial que favoreciera a las manufacturas inglesas[97]. Mendizábal encargó al propio embajador británico que redactara las cláusulas de lo que sería el tratado comercial entre España y Gran Bretaña, firmado en secreto por ambos personajes –con el acuerdo del monarca– el 28 de noviembre de 1835[98]. En aquél, la garantía británica al pago de los intereses del empréstito español –por dos millones de libras– quedaba a su vez garantizado con impuestos en las aduanas de España al importar los productos ingleses. Además, el principal de la deuda quedaba respaldado «por la garantía de todos los dominios de la Corona de España». Tan bondadoso tratado no llegó a entrar en vigor. Pero no por una reacción de los intereses económicos lesionados, sino porque enterado el gobierno francés de los privilegios que estaba logrando el británico, su frustración y protesta ante Londres fue tan violenta que obligó a Palmerston, para salvar su alianza con Francia, a no ratificarlo[99]. Fue significativa la represalia esgrimida por el embajador de Francia en Londres para el caso de que Inglaterra ratificara el tratado: París prolongaría sin límite de tiempo «la guerra civil en España»[100].

En semejante contexto también el embajador de EEUU en España, Pierre Soulé, ensayó entre 1853 y 1855 una operación probada con éxito en las repúblicas hispanoamericanas: simpatizar con las revueltas –en Barcelona, Madrid, Zaragoza y otras partes–, invocar la solidaridad de ideas para debilitar más al Estado español y lograr que éste cediera Cuba a EEUU. Los británicos habían observado que Soulé «ha estado estimulando y ayudando activamente a los líderes del Partido Republicano»[101], pero Soulé explicaba al gobierno de EEUU que sus negociaciones no eran tanto con los líderes políticos sino con generales simpatizantes con la Junta en rebelión:

Les he llevado a hacer una oferta concreta para entregarnos la Isla de Cuba en términos que pudieran ser estimados razonables, y ahora ellos nos someten la propuesta a nuestra consideración bajo la condición de que les ayudemos con trescientos mil dólares. Con esta ayuda, tan insignificante si se considera el fin a alcanzar, no me cabe duda que ellos lograrán el control del Gobierno y harán por nosotros lo que no está a nuestro alcance hacer, pacíficamente al menos, en ninguna otra circunstancia[102].

Por qué los generales, lo explicaba Soulé una semana después:

A excepción de unos pocos destacados demócratas que pueden estar inclinados a sobreponerse a los prejuicios nacionales y ayudar en lo que saben que fatalmente tiene que suceder, la causa de la cesión de Cuba a EEUU tiene muy pocos simpatizantes en este país[103].

El Reino Unido estuvo también al acecho en el segundo sendero seguido por Soulé, el del soborno directo, muy transitado. El embajador de Londres informaba dos meses después que el de EEUU había ofrecido al monarca español la misma suma, 300.000 dólares, para que nombrara un Gabinete favorable a la venta de Cuba a EEUU[104].

En resumen, tras la independencia de la América continental la rivalidad dentro de la Alianza Europea durante los años veinte, la pugna entre las Potencias de “Occidente” (Francia, Inglaterra) y “Oriente” (germanos y rusos) en los años treinta sobre las personas a poner al frente de España, de su política interna y comercial, se continuaba dilucidando por la vía de tener enzarzados a los españoles en guerras civiles. Los occidentales promocionaban a los “isabelinos”, los orientales a los “carlistas”. Al igual que en 1700, las Potencias resolvieron durante el siglo XIX quién debía dirigir el Estado español. Francia hizo valer ante el Reino Unido que hallándose España en su zona de influencia, era su derecho colocar en el trono de Madrid a un príncipe francés. Pero los germanos, aunque frustradas sus expectativas en las guerras de 1702-1714 y de 1835-1840 (carlista), no renunciaban a designar al jefe del Estado español. El gobierno Palmerston, por su parte, aplicaba su conocida doctrina: la Constitución interna y la forma de Gobierno eran cuestiones en las que Inglaterra no se atribuía el derecho a intervenir militarmente, pero si otra Potencia intentaba absorber directa o indirectamente a un Estado como el español, Londres se arrogaba la facultad de oponerse invocando el principio de “no intervención”, convertido en el de autodefensa. Para el gobierno británico tal principio significaba intervenir cuando sus intereses eran afectados por acontecimientos internos de otro Estado[105].

En memorándum del conde de Saint-Aulaire a lord Aberdeen de 4 de marzo de 1846, el gobierno francés fijaba sus pretensiones en España en línea de continuidad con las de 1700:

Nos hemos mostrado siempre favorables a todos los descendientes de Felipe V [de Borbón], sin excepción. […] El gobierno inglés no nos ha prestado ninguna cooperación activa y eficaz. Ha conservado una neutralidad fría, dando su inercia libre curso a todas las hostilidades y maquinaciones, ora de los españoles, ora de los agentes ingleses inferiores […]. Si el actual estado de cosas se prolonga y extiende podemos llegar de pronto a una situación en que nos hallaremos: 1. Colocados bajo el imperio de una necesidad absoluta de impedir que, con el matrimonio de la reina o de la infanta, sufra nuestra política un revés que no aceptaríamos. 2. Libres de todo compromiso para uno y otro matrimonio. Esto sucedería si el enlace de la reina, o de la infanta, con el príncipe Leopoldo de Coburgo o cualquiera otro que no fuera descendiente de Felipe V, se hiciera probable e inminente […][106].

Inglaterra, como en 1702-1714 fue árbitro durante el siglo XIX –y hasta 1939–, de la rivalidad entre franceses y germanos por el control sobre el jefe político-militar del Estado español. Y garante de mantener divididos a los pueblos de la Península Ibérica. Cuando en 1854 los gobiernos de España y Portugal se plantearon acordar la unión de ambos Estados, el veto británico atajó toda posibilidad. En 1846 Londres incluso mediatizaba quién debía ser el marido de la infanta doña Luisa, hermana del monarca español y por tanto en la línea de sucesión. El memorándum del gobierno británico al de España de 14 de septiembre de 1846 neutralizaba, de nuevo, las ambiciones de París:

[…] manifestar al Gobierno español el profundo sentimiento y la extremada sorpresa con que ha sabido el Gobierno de S.M. Británica la intención del español, de sancionar el matrimonio de la infanta Luisa, hermana de la reina, heredera presuntiva de la corona de España, con el duque de Montpensier, hijo del rey de los franceses. Si llega a verificarse matrimonio semejante, […] no puede ser considerado como un simple arreglo de familia entre las casas reales de Francia y España y en el cual los gobiernos de otros Estados no tienen títulos para mezclarse; sino que debe por el contrario mirarse como una medida política […] que afecta seriamente la balanza del poder en Europa, que toca muy de cerca los intereses de otras naciones y contra la cual los Gobiernos de esos Estados cuyos intereses resultarán perjudicados tienen derecho para representar de la manera más fuerte. La monarquía española es demasiado importante para no formar un elemento esencial a la balanza del poder en Europa. […] Si la España se somete alguna vez a la predominante política de un Poder extranjero, las otras naciones, aun deseando permanecer en las más amistosas relaciones con la España y no habiéndole dado ningún motivo justo de ofensa, pueden encontrarse envueltas en un rompimiento con ella a causa de las disensiones con otra Potencia en las cuales no entren para nada intereses españoles; y tal vez la renovación de sus relaciones amistosas con España tendría que depender de que satisficiera lo que podía ser injustas pretensiones de algún otro Estado. […] Siempre ha sido el deseo de Inglaterra que la España sea próspera y fuerte, pero con la condición expresa de que había de ser también independiente […]. Por el mismo principio […] dio la Gran Bretaña en 1835 […] a la reina Isabel, aquel auxilio efectivo en virtud y ejecución del tratado de la Cuádruple Alianza, sin el cual (no me parece que es mucho decir) se puede dudar si S.M. estaría ahora sentada en el trono […]. Representar de la manera más fuerte contra el propuesto casamiento del duque de Montpensier con la infanta Luisa, como una medida que tiende necesariamente a afectar la independencia política de España; y protestar formalmente contra tal alianza que tiene por objeto ejercer la influencia más perjudicial en las coronas de Inglaterra y de España[107].

Cuando el gobierno británico recordaba así su política hacia la Península Ibérica, el general con más peso en el Ejército español se lo agradecía y pedía que decidiera quién debía ser el cónyuge del jefe del Estado. Escribía el general Serrano al embajador Bulwer, el 20 de septiembre de 1846: «[…] tendrá la bondad de manifestarme […] cuáles han sido los principios generales que han conducido a su Gobierno en el asunto del matrimonio de S.M. y cuáles juzga Vd. sean en la actualidad sus miras con respecto a la elección de esposo hecha definitivamente por S.M.»[108].

El gobierno de Londres decidió que el rey consorte de España no fuera germano ni francés, llegando a una conclusión que sorprendió en Madrid: que fuera un español, el infante don Enrique. Pero… Francia opuso su veto: le consideraba demasiado progresista y poco sumiso. El Reino Unido aceptó, y don Enrique quedó excluido.

Podemos ver, pues, cómo la política británica hacia las repúblicas hispanoamericanas siguió el mismo patrón que hacia la Península Ibérica. Sir Henry Bulwer fue su nexo personal en ambos hemisferios. Vigiló el expansionismo del Poder rival tanto en Europa –Francia–, como en América –EEUU. El desvelo británico se centró particularmente en México, por la razón que daba Henry G. Ward a Canning en 1825: «El Gobierno de Su Majestad no puede nunca ver con indiferencia que toda la costa al Norte del Golfo de México […] caiga en manos de los [norte]americanos, que adquirirían así los medios para, en caso de ruptura con Inglaterra, destruir todo nuestro comercio con el Golfo»[109]. El agente británico en México había advertido, privada y públicamente, que «el Gran Objetivo de la misión de mr. Poinset [agente de EEUU] es enredar a México en una guerra civil para facilitar, así, la adquisición por EEUU de las provincias al Norte de Río Bravo»[110]. A lo largo de la década de los treinta, los agentes de Londres alertaron al gobierno de México de su creciente pérdida de control sobre Texas. Cuando se produjo finalmente la secesión de esta última en 1835-1837, Londres intentó convertirla en Estado “tapón” frente a EEUU, y aconsejó –sin éxito– que México reconociera su independencia y Francia le concediera su “garantía”, Gran Bretaña haciéndolo así en 1842. Pero en 1845 EEUU anexionaba Texas invocando, precisamente, la “interferencia británica”, y al año siguiente declaraba la guerra a México –quien no aceptaba la amputación de Texas ni venderle California. Londres respaldó la integridad territorial de México frente a EEUU y pidió a Francia su concurso. ¿Hasta cuándo? Hasta que EEUU aceptó firmar el acuerdo que Gran Bretaña le propuso sobre los límites de sus propios territorios en Oregón. Ahí Londres se desentendió de la suerte de México, pero no de la de EEUU, y propuso a California convertirse en protectorado británico. En febrero de 1848, EEUU impuso al derrotado y diplomáticamente aislado México que aceptara la pérdida de la mitad de su territorio (doce millones de millas cuadradas), incrementando EEUU en dos tercios el suyo propio. La configuración continental de EEUU tras la anexión de Luisiana adquiría nuevas formas.

El control sobre las repúblicas de Centroamérica, y la escisión de Panamá de Colombia, serían la tercera gran etapa en la expansión de EEUU hacia el Pacífico. Pero era Gran Bretaña quien intentaba controlar el Istmo centroamericano. Ante el riesgo de anexiones británicas, Nueva Granada (Ecuador, Colombia-Panamá) y Nicaragua pidieron en 1846 a EEUU que garantizara la integridad de sus fronteras, y le vendieron a cambio la preferencia exclusiva para construir un paso interoceánico en Nicaragua, o el libre tránsito por Panamá. La suerte de Centroamérica pasaba así a depender de la rivalidad entre EEUU y la Potencia europea. Si en septiembre de 1849 EEUU se hacía conceder por Honduras la Isla Tigre, un mes después la ocupaba Gran Bretaña. El acuerdo directo entre Londres y Washington tuvo lugar en 1850, repartiéndose garantías y derechos mutuos sobre un futuro canal a través de Nicaragua (Tratado Clayton-Bulwer). Sólo en 1859 reconocería Gran Bretaña la integridad de Honduras y en 1860 la de Nicaragua.

Las Cortes españolas no reconocieron la independencia de la América hispana hasta el 4 de diciembre de 1836 –durante el gobierno Mendizábal. Los gobiernos posteriores tampoco generaron una política autónoma hacia América. Continuando por el sendero abierto en el siglo XVIII, auxiliaron a la de los Poderes europeos. Así, cuando el Parlamento de México aprobó el 17 de julio de 1861 una moratoria de dos años en el pago de la deuda externa, los prestamistas europeos –Francia e Inglaterra– enviaron un cuerpo expedicionario militar para el que recabaron el apoyo del gobierno de España. Éste, sin vacilación, firmó en Londres el oportuno tratado, las tropas del general Prim siendo integradas en la expedición que terminaría en el intento de Francia de instaurar en México una monarquía satelizada. Prim repatrió sus tropas, sin autorización previa de su Gobierno, cuando percibió el designio francés. Entre 1862 y 1866 España colaboró también en la expansión del Imperio francés en Asia, en 1863 tropas españolas intervinieron en Cochinchina (hoy Cambodia, Laos y Vietnam) en apoyo de las francesas. En 1866, sin embargo, unilateralmente declaró la guerra a Perú y Chile, bloqueando sus costas y bombardeando Valparaíso y El Callao.

La política exterior española durante la mayor parte del siglo XIX fue una combinación de insomnio imperial y de satelización material. Que sólo encontró oposición, expresada de un modo u otro, en sectores entonces denominados progresistas (republicanos, demócratas, radicales, anarquistas, socialistas, etc.). Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Gobierno, informaba ante las Cortes el 20 de agosto de 1896:

[…] conste que nos hallamos dispuestos, para conservar la integridad del territorio, hasta a hacer el sacrificio de nuestra fortuna personal, la mía desgraciadamente muy escasa. La conjura de Filipinas, al igual que las manifestaciones de Zaragoza, Valencia y otros puntos, ha sido promovida por los filibusteros cubanos, con el propósito de dividir la atención de España, para evitar que todos nuestros esfuerzos se encaminen al solo fin de aumentar los medios de acabar con la insurrección cubana. En Madrid, según me manifiesta el Gobernador, ha sido cerrado el Círculo Hispano Filipino […]. Nosotros tenemos la creencia de que en ese centro se conspiraba por cuenta de los filibusteros cubanos.

Hasta la declaración de guerra de EEUU a España –1898–, el liderazgo conservador español continuaba viendo en las Potencias la garantía de su poder local, y la esperanza de beneficiarse del expansionismo colonial de aquéllas. Claramente lo había expresado Antonio Alcalá Galiano, ya en 1844, al estudiar el reinado de Fernando VII: «No dejaba de ser ventajoso que se viviere en estrecha amistad y unión con las Potencias europeas de mayor poder, lo cual libertaba al Gobierno de toda clase de recelos en punto a su permanencia, y aun le daba infundadas esperanzas de lograr algunas posesiones ultramarinas»[111].

Después que en septiembre de 1868 fuera derrocada Isabel II, el Ejército, los liberales y progresistas elaboraron según los postulados parlamentaristas la Constitución de 1869. Llegada la hora de designar al Jefe político y militar del Estado, miraron hacia las Potencias más que a la propia sociedad. El almirante Topete y la facción conservadora eran en principio partidarios de nombrar Rey al duque de Montpensier –francés, cuñado de Isabel II–, hijo del destronado Luis Felipe de Orleans y pretendiente al Trono de Francia. Pero la rutina del viaje a París les llevaba a minusvalorar que allí gobernaba entonces la dinastía Bonaparte, ante la cual los dirigentes españoles se inclinaron de nuevo: «Prim me dijo una y otra vez que Napoleón había vetado la elección de Montpensier»[112]. Ruiz Zorrilla denunció que en la entrevista del general Prim con Napoleón III, éste había dicho que no quería en España ni un rey de la familia de Orleans ni una forma republicana de gobierno[113], interferencia también condenada por Castelar en las Cortes. Los germanos, por su lado, intervinieron en su propio favor. Tras aceptar el veto de Francia al duque de Montpensier, el gobierno de España ofreció la Jefatura de su propio Estado a un príncipe prusiano Hohenzollern. París opone por segunda vez su veto, y exige que se nombre rey de España a Alfonso de Borbón –hijo de la derrocada Isabel II[114]. El gobierno español encargó entonces al… de Italia (que acababa de nacer como Estado independiente) mediar entre las Potencias, y aportar una rápida decisión que atajara las presiones republicanas, partidarias de que fueran los representantes de la Nación quienes eligieran al Jefe del Estado. Y a las que Prim oponía su «cuando llegue el rey todo se arreglará. No habrá más grito que Viva el Rey. Encerraremos a los malvados que sueñan en planes liberticidas y que confunden el progreso con el desorden, y la libertad con el libertinaje».

En efecto, el proyecto de los republicanos españoles desazonaba a los conservadores de cualquier signo y lugar en Europa. En 1868 los 37 diputados republicanos por los distritos de la antigua Corona de Aragón (Baleares, Valencia, Aragón, Cataluña) habían propuesto a las Cortes Constituyentes que «[…] los Estados Unidos de Europa, que son el ideal de nuestro siglo, pueden y deben comenzar en España […]. Nuestro destino es comenzar en esta tierra la federación de los Estados Unidos de Europa». Entre los firmantes se hallaba Pi y Margall, también Emilio Castelar (su redactor), ambos elegidos presidentes de la República que se proclamaría en 1873.

Las negociaciones de Prim y sus aliados (progresista-demócratas) llevaron a nombrar Rey de España a un príncipe del Estado mediador, un Saboya, a pesar de la oposición de vastos sectores de la sociedad española –republicanos, radicales, internacionalistas– y, por otras razones, carlistas vascos y catalanes. La disputa entre germanos y franceses en 1870 por la Jefatura del Estado español fue, sin embargo, tan seria que derivó en pretexto para entrar ambos en guerra. Al igual que ciento setenta años antes, pero con la diferencia de que en esta ocasión Inglaterra no consideró afectados sus intereses y se abstuvo de intervenir, lo que posibilitó que el choque bélico se localizara esta vez en la frontera galogermana –con pérdidas territoriales sólo para Francia (Alsacia).

Febrero de 1873, Amadeo de Saboya abdica del Trono español y retorna a su patria. En sesión conjunta, el Senado y el Congreso proclaman la República. Considerada la monarquía como el sistema a través del cual las Potencias canalizaban su intervención en asuntos internos y estratégicos españoles, en los sectores medios ilustrados y populares se apoyaba una reivindicación de independencia animada por ideologías varias –federalistas, unitarias, radicales, también las llamadas “internacionalistas” (socialista, anarquista). La República había sido proclamada en Francia dos años antes. Pero si en 1873 algunos creyeron que había llegado el momento de que los españoles eligieran su forma de organización social y la dirección político-militar del Estado, pronto se enfrentaron a la realidad. Las Potencias intervinieron de nuevo. En esta oportunidad no enviando tropas sino por el medio, más moderno, de negar el reconocimiento diplomático al gobierno elegido por el Parlamento, al tiempo que estimulaban a sus clientes españoles a subvertir el régimen republicano. Sólo Suiza, en ejercicio de su neutralidad, y EEUU en el de su independencia respecto de los Poderes europeos, reconocieron a la República española. Su presidente, Nicolás Salmerón, dimitía ante las Cortes Constituyentes el 5 de septiembre de 1873 tras exponer la agresión que pesaba sobre el país:

El Gobierno de la República lleva seis largos meses de existencia y no ha sido aún elevado a la categoría de un Gobierno de derecho en la apreciación de los gobiernos de Europa; vivimos en un completo aislamiento; nos estiman casi todas las Naciones de Europa como un verdadero peligro […]. A una sola condición podemos esperar el reconocimiento y el concurso de Europa […], esa garantía no la puede ofrecer ni la izquierda ni el centro de esta Cámara […] no hay, no puede haber otra política aceptable a las Naciones europeas, más que la representada por los hombres de la derecha[115]

Pocos meses después un golpe militar proclamaba rey a Alfonso de Borbón, el que había sido patrocinado por Francia.

La burguesía española ha sido tan colonialista como la de las Potencias, aunque en situación subordinada. Andrés Borrego lo había resumido:

La conservación de las colonias es una de las preciosas condiciones del mantenimiento del escaso poder que nos ha quedado.[…] Aunque hemos perdido el continente americano, […] aún nos quedan en las Antillas y en Asia dos imperios poderosos. La última de las calamidades nacionales, y ésta sería irreparable, fuera perder Cuba y Filipinas, por la misma causa que perdimos a México, a Costa Firme, al Perú y a Buenos Aires[116].

Habría que espigar entre las minorías de la época para encontrar alguna crítica a las ilusiones dominantes. Como la del demócrata Pedro Pruneda al teorizar, en 1867, el derecho de los pueblos a su independencia y a elegir libremente su Gobierno:

El resultado de la guerra [de México] ha demostrado una vez más que esas grandes familias llamadas naciones, tienen el derecho a gobernarse por sí mismas, que atentar contra ese derecho es violar un derecho primordial. Ha demostrado también que la injerencia de Europa en los asuntos de América es de todo punto imposible. Otro resultado de la guerra ha sido sancionar la doctrina Monroe, que será en lo sucesivo la base de las relaciones internacionales entre América y Europa, y el pacto de unión entre todas las Repúblicas americanas[117].

La visión de estos demócratas republicanos contrastaba con la de los autocalificados liberales que, si bien reconocían derechos iguales a los súbditos de ambos hemisferios, no por ello eran menos imperialistas. Así el general Prim, con la experiencia adquirida en México en 1861, se proponía como jefe del Gobierno en 1869 poner término a la insurrección de Cuba otorgándole la autonomía (también pensó en venderla a Estados Unidos –a instancia de algunos terratenientes cubanos), pero ningún partido en su coalición quiso ni oír hablar de autonomía, al tiempo que los agricultores e industriales catalanes establecieron una influyente Comisión Permanente para la Defensa de los Intereses Españoles en Cuba. Ha sido una constante histórica la incapacidad de las clases dominantes españolas de asumir pacíficamente las reivindicaciones democráticas de los pueblos.

Alternativamente, el sueño imperial también apuntaba hacia África. En 1859 y 1860, el gobierno del general O’Donnell lanzó su campaña africana para desviar la atención de la oposición a la política de su Gabinete de Unión Liberal. Dos décadas después, el gobierno Sagasta ambicionaba participar en el reparto europeo de África cuando aún estaban frescos los pactos de Madrid con el Imperio alemán poniendo bajo su protección a la restaurada monarquía –acuerdo de 31 de diciembre de 1877; oferta de Alfonso XII al Káiser de un pacto secreto en septiembre de 1883 (sin conocimiento de los respectivos gobiernos y parlamentos). Pero en la Conferencia convocada en Berlín en 1884-1885, las Potencias dieron tal portazo a las pretensiones sobre África del embajador español que éste, avergonzado, se suicidó. No obstante lo cual, el 6 de mayo de 1887 el gobierno enrolaba a España tras la Triple Alianza –Alemania, Austria, Italia.

X. 1895, Gran Bretaña reconoce la Doctrina Monroe

El siglo XIX culminaría con el reconocimiento británico de la hegemonía de EEUU sobre Iberoamérica. Las fechas en que tuvo lugar son simbólicas: entre 1895 y 1898. La primera corresponde a la invocación por el gobierno de Venezuela de la “doctrina Monroe” –en términos mucho más amplios que los imaginados por Adams y Monroe– para que EEUU exigiera del Reino Unido someter a arbitraje los límites entre Venezuela y la Guayana británica. Lo que hizo Washington el 7 de mayo de 1985. El 26 de noviembre siguiente, el gobierno británico rechazaba en dos notas diplomáticas tanto la “doctrina Monroe” como el pretendido interés de EEUU en una disputa fronteriza surgida entre otros Estados. Pero el 17 de diciembre el presidente Cleveland sostenía ante el Congreso que la actitud del Reino Unido vulneraba los intereses de EEUU, y amenazó con declarar la guerra. Dos meses después Londres aceptaba el arbitraje impuesto por EEUU. La fecha de 1898 corresponde a la aceptación británica, por primera vez, de la pretensión de EEUU de dominar sobre Cuba.

1895-1898 fueron los años en que Gran Bretaña introdujo una mutación mayor en su estrategia imperial al renunciar formalmente a toda hegemonía sobre la América hispana. ¿Por qué? Para dejar de ser el rival de EEUU en América y atraer, a cambio, el apoyo de EEUU a la política británica frente al emergente Imperio alemán. En 1895 los germanos habían intervenido en El Cabo a favor de la insurrección de los bóers, y en 1898 éstos declararon la guerra a Gran Bretaña. El reconocimiento británico de la doctrina Monroe significó que 1898 fuera el año de un cambio mayor también para EEUU: el nacimiento de su imperio marítimo con la anexión de las islas del Caribe y del Pacífico hasta entonces bajo jurisdicción española (Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Carolinas, Marshall, Guam, Marianas, etc.)[118].

En aquellos años gozne en las relaciones internacionales, la manipulación de las ilusiones coloniales adquirió caracteres más patéticos si cabe. En 1897, diez años después de que Gran Bretaña iniciara el camino de reconocer la independencia de su imperio a través de la Imperial Federation, el gobierno de España mantenía su intransigente guerra con los independentistas de Cuba y Filipinas. Más bien que llegar a un entendimiento con éstos, confiaba que la Alianza Europea continuaría interponiéndose frente a las pretensiones de EEUU sobre ambas islas. El 28 de septiembre de 1897 el káiser Wilhelm II ordenó a su ministro de Asuntos Exteriores preparar una intervención conjunta de los Poderes europeos en favor de España, dando como razón «evitar que el sistema monárquico peligrara en caso de que España perdiera el control de Cuba»[119]. Pero el 7 de octubre siguiente el embajador alemán en Viena pedía que fuera Austria-Hungría quien encabezara la intervención europea en los asuntos de Cuba. El 26 de marzo de 1898 el gobierno español propuso a los embajadores de Alemania, Austria-Hungría, Francia, Rusia, Italia y Reino Unido que sus gobiernos mediaran entre EEUU y España. Pero el embajador británico en Washington, que ya tenía instrucciones confidenciales de facilitar la cesión de Cuba a EEUU, desbarató en los siguientes días la gestión conjunta de los “Poderes europeos” ante el presidente Mackinley. El 14 de abril de 1898 propuso el embajador británico a sus colegas europeos enviar una segunda nota a la Casa Blanca, lo que fue valorado así por el Káiser:

Inglaterra quiere jugar el mismísimo juego que jugó años atrás cuando reconocidamente provocó la guerra greco-turca. Agita a todos los Poderes para que actúen, pretende que va a participar hasta tanto los Poderes se hallan comprometidos con los beligerantes; en ese momento se echa atrás, se golpea farisaicamente el pecho, en secreto se suma a uno de los combatientes –siempre por supuesto el más fuerte– y lo incita contra los Poderes Continentales. Mientras tanto, a su costa, solicita de aquél ventajas comerciales para ella misma. Inglaterra manifiestamente no desea pertenecer a Europa, no desea sumar su suerte a la de los Poderes Continentales, lo que quiere es conformar una entidad independiente entre este Continente y América o Asia[120].

Tras la declaración de guerra de EEUU a España, las alianzas en Europa bailaron en torno del botín. El 13 de mayo de 1898 el ministro británico Joseph Chamberlain proponía una alianza formal a EEUU. En junio, el gobierno español pidió a Alemania, Francia y Rusia que recibieran en depósito las Filipinas, lo que no aceptaron. Por el contrario, Alemania el 1 de julio de 1898 proponía a los Estados continentales europeos repartirse las islas españolas del Pacífico, y una semana después ofrecía lo mismo al embajador de EEUU. Añadiendo que a cambio de no haber respaldado Alemania a España –lo que, matizaba, había impedido el respaldo de los otros Estados–, EEUU debiera establecer una alianza con Alemania y no con Gran Bretaña: «Sólo mediante una aproximación a Alemania podría EEUU, sin gastos para prepararse y sin poner en riesgo sus peculiares instituciones, realizar plena y completamente sus aspiraciones coloniales».

Alemania ofreció a EEUU un acuerdo de reparto de las islas españolas, reservándose para sí Samoa, las Carolinas y derechos marítimos sobre Filipinas y Perú[121]. La respuesta del embajador Andrew D. White al ministro de Asuntos Exteriores alemán, Richthofen, fue auspiciadora: «creemos que las aspiraciones alemanas son legítimas y vemos en la expansión territorial alemana un medio de aportar a la humanidad las bendiciones de la civilización»[122].

El 8 de julio siguiente era el embajador alemán en Madrid quien informaba a Berlín que las islas españolas estaban disponibles. Richthofen le instruyó que se interesara por Filipinas, Zulús, las Carolinas y otras islas en el Mar del Sur, así como las de Fernando Poo y Canarias en el Atlántico. El 10 de septiembre el gobierno español acordaba en secreto con el de Alemania la venta de las Carolinas. En noviembre Madrid protestó porque EEUU, que ya había ganado la guerra, quería comprar Filipinas y Zulú por la simbólica suma de doscientos millones de pesetas, y de nuevo pidió la intervención de Alemania y Rusia. Ambas rechazaron toda mediación, Alemania insistiendo en la compra de las Ladrones (excepto Guam), Fernando Poo y una de las Islas Canarias. El 4 de febrero de 1899 se formalizó la venta a Alemania de las Islas Ladrones, más las Carolinas, Palau y una opción sobre Fernando Poo por veinticinco millones de ptas., aceptando Alemania renunciar a Canarias por temor de que su venta provocara el derrocamiento de la dinastía reinante en España[123].

Ocupados Puerto Rico y Cuba por EEUU, el general gobernador de esta última, Leonard Wood, escribía al presidente Theodore Roosevelt: «bajo la enmienda Platt queda poca o ninguna independencia real para Cuba […]. Está completamente en nuestras manos, y creo que ningún gobierno europeo por el momento piensa que sea otra cosa distinta de una mera dependencia de Estados Unidos […]»[124].

Mientras, en Filipinas morían cerca de 200.000 independentistas luchando contra la ocupación de EEUU…

9. Gran Bretaña y la división de Europa

Es del primer ministro Palmerston la definición como «política estrecha suponer que éste o aquel país debemos señalarlo como nuestro eterno aliado o perpetuo enemigo. Nuestros intereses son eternos y perpetuos, y esos intereses es nuestro deber perseguir»[1]. Las constantes británicas hacia el continente europeo reemergen una y otra vez a lo largo de siglos. En el memorándum del Foreign Office de 1907 se dice:

El único contrapeso al abuso del predominio político derivado de semejante posición [hegemónica en Europa] ha consistido siempre en oponerle un rival igualmente formidable, o una combinación de varios países reunidos en una alianza defensiva. El equilibrio logrado por tal agrupación de fuerzas es conocido técnicamente como equilibrio de poder, y se ha convertido en una obviedad histórica identificar la política secular de Inglaterra con el mantenimiento de tal equilibrio al poner su peso de un lado o del otro, aunque siempre del opuesto a la dictadura política del Estado individual o de la coalición más fuerte en un momento dado[2].

La concreción de ambos postulados en el siglo XX se ha traducido en un objetivo: dividir Alemania de Rusia, dividir Europa.

La mejor conceptualización de las constantes estratégicas británicas es, en mi opinión, un breve ensayo publicado en 1904 por el geógrafo, después parlamentario y director de la London School of Economics, Halford J. Mackinder, «The Geographical Pivot of History»[3]. Mackinder sostiene dos postulados:

– La independencia de las potencias navales anglosajonas requiere mantener divididas, política y militarmente, las regiones costeras de Europa y Asia, por un lado, y la región continental gozne del Planeta (Heartland) –que hace coincidir con la que abarcaba la autoridad de los zares, aproximadamente.

– La hegemonía comercial y financiera anglosajona depende no sólo de su libre acceso a los mercados de Eurasia –el free market–, sino de impedir que –ya por alianza o ya por guerra– las Potencias de Europa occidental sumen sus recursos a los de la Potencia gozne de Eurasia –Rusia. Bien fuera Francia (Tratado de Tilsitt, 1807), o Alemania (tratados germano-rusos de seguridad mutua de Bismarck –1872, 1881, 1887; 1914 –guerra germanorrusa; agosto de 1939 –pacto germano-ruso; junio de 1941 –Alemania invade la URSS). La suma de los recursos del Oeste de Europa y los de Rusia habría creado, según Mackinder, una continuidad geográfico-económica autosuficiente, inaccesible para la Royal Navy y susceptible de generar con el tiempo, si no se la distraía militarmente desde las penínsulas euroasiáticas, una flota y una capacidad económica capaces de proyectarse sobre la reserva de EEUU que desde 1898, tras la absorción de Cuba y Puerto Rico, era Iberoamérica entera.

En 1904 Mackinder intuía que:

La superposición del equilibrio de poder en favor del estado gozne [pivot state], resultando en su expansión sobre las tierras marginales de Euro-Asia, le permitiría el uso de vastos recursos continentales para la construcción de flotas navales, y entonces el imperio mundial lo otearíamos en el horizonte. Esto podría darse si Alemania llegara a aliarse con Rusia […]. Francia, Italia, Egipto, India y Corea se convertirían en tantas otras cabezas de puente desde donde las flotas exteriores apoyarían a ejércitos que obligaran a los aliados de los estados-gozne a desplegar fuerzas terrestres y, así, impedirles que concentraran toda su fuerza en flotas navales. Eso mismo es lo que logró Wellington, aunque en una escala menor, desde su base marítima en Torres Vedras durante la guerra peninsular [1808-1812]. ¿No puede acaso ser por último esa la función estratégica de la India en el sistema Imperial Británico? ¿No es ésa la idea subyacente en la concepción de mr. Amery de que el frente militar británico se extiende desde El Cabo a través de la India hasta el Japón?

Tras la guerra intraeuropea de 1914-1918, Mackinder formulaba su apotegma: «Quien impera en el Este de Europa manda sobre el gozne del Continente: Quien impera en el gozne del Continente manda sobre el Mundo Insular: Quien impera en el Mundo Insular manda sobre el Mundo»[4].

Sobrevenida la revolución bolchevique en Rusia, Halford J. Mackinder fue consejero durante 1919 del general ruso “blanco” Anton Denikin. En un estudio publicado aquel año teorizaba que

[…] la línea a través de Alemania que la historia muestra como la frontera entre el Este y el Oeste es precisamente la línea que a partir de otros fundamentos hemos tomado como delimitando en sentido estratégico la Tierra Interior (Heartland) y la Tierra Costera (Coastland). En la Europa del oeste hay dos componentes principales, el románico y el teutónico,

pero mientras que «puede excluirse en los tiempos actuales la conquista mutua de Francia e Inglaterra», no hay ningún obstáculo físico al expansionismo germano sobre los pueblos románicos o eslavos que en tiempos de Carlomagno tenían los ríos Elba y Saale como límite –enfatizaba Mackinder[5].

I. Alemania y Rusia, gozne de Europa

La política británica de evitar la unificación del continente euroasiático la sintetizaba en 1919 Mackinder al reflexionar sobre lo que estuvo en juego durante la guerra mundial de 1914-1918: «Si Prusia hubiera ganado la guerra, era su intención que la Europa continental desde S. Vicente (Portugal) a Kazán, con la adición de la Tierra Interior asiática, se hubiera convertido en la base naval desde la cual hubiera combatido a Gran Bretaña y Norteamérica en la siguiente guerra»[6].

La continuidad de estos conceptos se observa en los mapas estratégicos más conocidos. Los de Mackinder asumían en 1904 que dominar en Europa oriental –ello «puede acaecer si Alemania llegara a aliarse con Rusia»–, permitiría dominar sobre la “tierra central”(heartland), lo que a su vez posibilitaría mandar en la “Isla Mundial” (Eurasia, África) y amenazar al poder imperial británico. La pervivencia de éste requería que el resto del Mundo se aliara en torno del eje británico para constituir «cabezas de puente» en Europa occidental, Egipto, India, Corea, «de modo que las flotas exteriores apoyen a ejércitos que obliguen a los aliados del heartland a desplegar fuerzas terrestres y prevenir así que éstas no concentren toda su fuerza en flotas» amenazadoras para los británicos. La OTAN, CENTO y SEATO serían creadas durante la guerra fría dentro de esta concepción estratégica (documento 15).

En los años treinta del siglo XX, Haushofer proyectaba como réplica germánica al Imperio británico repartir el Mundo en torno del eje de Berlín (documento 16). En la última fase de la segunda guerra mundial los conceptos del profesor de Yale N. J. Spykman adaptaban los de Mackinder a la alianza antigermana entre EEUU, el Reino Unido y la URSS, desplazando para ello el centro neurálgico desde el hertland a las tierras del litoral euroasiático (rimland), y concluyendo que quien mandare en estas últimas mandaría en Eurasia, y quien dominara Eurasia controlaría los destinos del Mundo[7] (documento 17). La versión francesa de los mismos conceptos puede verse más recientemente en Chaliand y Rageau[8]. Son visiones de luchas hegemónicas cuyos efectos son comunes en lo que respecta a los pueblos hispánicos: los condenan a continuar siendo objeto de reparto entre zonas de influencias. Ya en 1904 Mackinder proponía tentar a Alemania para que desafiara al poder de EEUU en América Latina y evitar de este modo que se sumara al de Moscú:

las vastas potencialidades de Sudamérica pueden tener una influencia decisiva sobre el sistema. Pueden fortalecer a EEUU o, por otro lado, si Alemania fuera a desafiar con éxito la doctrina Monroe, ello podría separar Berlín de lo que yo describiría tal vez como una política-gozne [de alianza con Rusia][9].

En coherencia con la experiencia histórica británica, Mackinder razonaba en 1919 que «la clave de toda la situación en el Este de Europa es la pretensión alemana de dominar a los eslavos»[10]. Y sugería a los vencedores de los imperios de Alemania y Austria-Hungría, reunidos en Versalles para rehacer el mapa de Europa, que aprovecharan la oportunidad y aprendieran las lecciones de mil años de historia puesto que la línea de división entre la Western y la Eastern Mass se situaba, según el geopolítico británico, en los ríos Elba y el Saale que separaron a germánicos y eslavos en la Europa de Carlomagno. Pero en 1918-1919 ni el presidente Wilson o sus asesores norteamericanos estaban familiarizados con la geografía europea, ni menos con los embrollos (entanglement) de las relaciones británicas con el Continente.

En 1943-1944, los estrategos británicos no esperaron al final de la reiniciada guerra intraeuropea para avanzar los cimientos de la división de Europa. Mientras que es sabido que en 1947 la Administración del presidente Harry Truman asumió la responsabilidad de dividir la Alemania ocupada y, en consecuencia, Europa –mediante la creación de la RFA–, no lo es tanto de dónde surgió la iniciativa de situar, precisamente en los ríos Elba y Saale, la línea de división entre las zonas de ocupación militar anglosajona y soviética sobre Alemania. La respuesta la busqué, y la hallé, en los archivos de Washington, y confirma la solidez de las constantes estratégicas británicas hacia Europa. Fechado en Londres el 15 de enero de 1944, casi seis meses antes del desembarco angloamericano en Normandía, la Delegación del Reino Unido ante la Comisión Asesora Europea fijaba el punto de vista del Gabinete británico en un memorándum, The Military Occupation of Germany, dirigido a la Junta de Jefes de Estado Mayor de EEUU. En él se proponía que los angloamericanos debían lograr un acuerdo con los rusos sobre la división de Alemania antes de que ésta fuera militarmente derrotada. De modo que la zona de ocupación rusa no quedara a merced del avance de las tropas soviéticas –desde enero de 1943 (fin de la batalla de Stalingrado) avanzaban sin pausa hacia Berlín–, sino prefijada en un acuerdo diplomático previo al ingreso de tropas angloamericanas en el Continente. El gobierno británico razonaba que las zonas de ocupación debían coincidir con las de los Estados germánicos históricos. Por una razón:

tanto si las Naciones Unidas [Gran Bretaña y EEUU] deciden forzosamente dividir Alemania en Estados más pequeños, como si movimientos espontáneos hacia el particularismo o separatismo son simplemente estimulados por los Aliados, será ventajoso dividir el país en áreas de ocupación cuyos confines coincidan más o menos con las líneas por donde cabe suponer que se desarrollarán aquellas tendencias divisionistas.

Es en este contexto de aliento a las divisiones históricas entre germanos que la delegación británica comunicaba, a la de EEUU, una propuesta previamente convenida con los soviéticos: situar la línea de división de las tropas de ocupación británicas y rusas entre Lübeck, en el Norte, y Plauen en el Sur. Es decir, en la práctica a lo largo de los ríos Elba y Saale (documento 18)[11]. La propuesta británica no fue aceptada por el presidente Roosevelt, cuya visión del Mundo de posguerra distaba de la británica. Pero la muerte de Roosevelt semanas antes de la capitulación alemana dejó el campo libre a quienes, entre los planificadores norteamericanos, respaldaban los conceptos estratégicos británicos. Así quedó trazada la frontera que dividiría Europa hasta 1989-1991, la guerra fría mantuvo las constantes estratégicas británicas. La frontera oriental de la Comunidad Económica Europea y la OTAN hasta 1991 –entre las Repúblicas Federal (RFA) y Popular de Alemania (RDA)–, coincide en su mayor parte con el trazado y cuenca de los ríos Elba y Saale. Las propias líneas de demarcación entre lo que serían las futuras RFA y RDA fueron originalmente trazadas en el Estado Mayor británico[12].

Los imperios no se asientan necesariamente en la anexión territorial, también en la penetración de mercados, el control sobre materias primas y mano de obra, en dividir a las Potencias rivales. El Imperio británico se alió con el ruso cuando buscaba impedir el predominio de Francia o Alemania sobre el conjunto de Europa. En las negociaciones del Tratado de Versalles –1918–, el primer ministro Lloyd George intentó en vano que el gobierno ruso fuera invitado a participar –haciendo abstracción de su definición ideológica bolchevique. Francia, por su parte, frente al expansionismo germánico se ha apoyado tanto en el Reino Unido como con Rusia en 1895-1917, 1935 (Laval) y 1945 (De Gaulle). A su vez, el expansionismo francés y británico chocaron con el ruso en el sur del continente euroasiático: durante el siglo XIX, expansión inglesa hacia las fronteras rusas desde las costas de India y China; respaldo franco-británico a los turcos en el Mar Negro (1854; 1876 –desde 1945, Turquía acogida en la OTAN); guerras británicas contra los rusos en Afganistán desde 1839 –desde 1979 a 1991, apoyo de EEUU a guerrillas afganas antirrusas; apoyo inglés al Japón contra Rusia en 1905 –y desde 1974 apoyo de Norteamérica a China contra la URSS.

Tras la derrota en 1814 de los ejércitos salidos de la Revolución francesa, y en tanto que Alemania no dominara en Europa central y oriental (es decir, antes de 1868-1871, o entre 1918 y el 23 de agosto de 1939), los estrategos de Francia y el Reino Unido tendieron a ver en Rusia a su rival continental. Durante la guerra fría, dividida y ocupada Alemania, reducidas Gran Bretaña y Francia a sus límites metropolitanos, los dirigentes británicos tomaron la iniciativa de pedir a EEUU de Norteamérica que les reemplazara en su política hacia las costas de Eurasia. Esta secuencia histórica larga era teorizada por Mackinder:

Europa occidental, tanto la insular como la continental, debe necesariamente oponerse a cualquier Potencia que intente organizar los recursos de Europa oriental y de la Tierra Interior. Contemplada a la luz de esta concepción, tanto la política británica como la francesa a lo largo de un siglo encuentran una gran consistencia. Nos opusimos a los mediogermanos zares rusos porque durante medio siglo Rusia era la fuerza dominante y amenazante tanto en Europa oriental como en la Tierra Interior. Nos opusimos al Imperio alemán del Káiser, porque Alemania sucedió a los zares en el liderazgo de Europa oriental y habría aplastado la revuelta eslava y dominado Europa oriental y la Tierra Interior. La Kultur alemana, y todo lo que ésta significa en términos de organización, hubiera convertido la dominación alemana en un látigo de escorpiones comparado con los sencillos látigos de Rusia[13].

Durante la guerra fría la división de los germanos en tres Estados, y la del Continente europeo en bloques excluyentes, eran coherentes con políticas seculares británicas. Además, prolongaban la voluntad del Tratado de Versalles de aislar la Rusia de los soviets respecto del resto de Europa.

II. El Reino Unido contra la alianza Alemania-Rusia

Los discípulos de la estrategia británica, en cualquier Estado en que se hallen, son coherentes con la misma si conciben la superación de la guerra fría mediante ingenios que impidan otra realidad que no sea una Europa hegemonizada por EEUU de Norteamérica. Mantener la psicosis de un adversario ruso dispuesto a invadir el resto de Europa, ha servido para mantener la disciplina en las Coaliciones militares e instituciones político-económicas conexas. Si la imagen de tal riesgo desapareciera, los Estados coaligados tratarían de recuperar su identidad nacional y su autonomía sociopolítica. Sin embargo, la conceptualización de la masa territorial y demográfica rusa como amenaza sobre el resto del Continente europeo recubre otra constante histórica generada en el Imperio británico. Fue la respuesta al temor británico de una alianza germanorrusa en la segunda mitad del siglo XIX, y al de una integración germanorrusa como desenlace de una guerra entre Berlín y Moscú. El secretario del Foreign Office, sir Edward Grey, explicaba el 3 de agosto de 1914 en la Cámara de los Comunes por qué el Reino Unido no debía ser mero espectador en la guerra que acababa de declarar Alemania a Rusia:

si nos estuviéramos quietos y permaneciéramos al margen, dejaríamos de estar en condiciones materiales para usar nuestra fuerza en forma decisiva para deshacer el resultado del curso de la guerra, para prevenir que todo el resto de Europa del Oeste enfrente nuestro cayera bajo el dominio de un solo poder.

A las pocas horas, Londres declaraba la guerra a Alemania.

En 1943, en plena segunda guerra mundial, la misma coherencia llevaba a Mackinder a anticipar en una influyente revista de Washington la que sería, poco después, causa desencadenante de la guerra fría:

considerados todos los aspectos, es inevitable concluir que si la Unión Soviética emerge de esta guerra como conquistadora de Alemania, se clasificará como el mayor poder terrestre del Globo. Más aún, será el Poder en la posición defensiva más fuerte estratégicamente. La Tierra Interior es la mayor fortaleza natural de la Tierra. Por primera vez en la historia está manejada por una guarnición suficiente tanto en número como en calidad[14].

Es comprensible que mientras razonaran de esta guisa, y en defecto de poder lograrlo con sus propios recursos, sucesivos líderes británicos, desde el tory Churchill hasta el laborista Attlee, hayan auspiciado poner bajo el protectorado de EEUU la mayor parte posible de Europa. Fue el ministro socialdemócrata británico de Asuntos Exteriores, Ernest Bevin, quien el 4 de junio de 1948 requería del gobierno Truman que sobrepasara las resistencias dentro de EEUU y creara lo que un año después sería la OTAN[15]. Y el líder conservador Edward Heath quien propuso en 1969 a Washington, sin ser atendido tan de inmediato, que dentro de la OTAN se podría asignar Europa con confianza «a una fuerza nuclear francobritánica y dotar a la RFA de armamento atómico propio»[16].

III. Simetría de los conceptos estratégicos germánicos y británicos

La realidad económico-militar de la Pax Britannica durante el siglo XIX condicionó el nacimiento del Imperio alemán. Para el impulsor de la unión aduanera interalemana o Zollverein, Friedrich List, el progreso económico dependía de la hegemonía germana sobre los pueblos de Europa comprendidos entre el mar Báltico y el Adriático, el mar del Norte y el mar Negro. El horizonte quedaba trazado. Durante la primera guerra mundial, Friedrich Neumann recubría en el concepto de Mittel-Europa el de lebensraum (espacio vital). Dominar los mercados de Europa oriental era considerado necesario para exportar manufacturas propias e importar materias primas ajenas. Hecho económico ideologizado por Johannes Kühn: «un cinturón de pueblos va desde Finlandia a Grecia como una frontera oriental de Europa […]. Esos pueblos no son coautores en la creación de la cultura europea, sino que están todos bajo la sombra de la cultura europea»[17]. Para Otto Maull, la penetración económica permitía a Alemania obtener el mismo resultado que la ocupación territorial. El II y el III Reich incluyeron en su “espacio vital” a colonias en África y el Pacífico. Son éstos conceptos ampliamente asumidos entre estadistas, militares y doctrinarios del expansionismo germánico, para quienes África empezaba en los Pirineos –de ahí la importancia que en la marcha de Alemania hacia el Sur atribuían al dominio sobre España y Portugal (envolviendo de paso a Francia)[18].

Los más influyentes geopolíticos alemanes conceptualizaron la estrategia imperial de Alemania en términos simétricamente inversos a la británica, promoviendo la alianza con Rusia y Japón en respuesta al énfasis británico en impedir la colaboración entre los pueblos de la tierra central. El pacto germano-soviético de 23 de agosto de 1939 y el sovietico-japonés de 13 de abril de 1941 fueron, consecuentemente, elogiados por Karl Haushofer. Para Johannes Kühn, «la vieja, geográficamente imposible concepción de una Europa que llegara hasta los Urales debiera haber sido descartada hace tiempo. El gigantesco continente, formado por Europa y Asia juntas, no posee fronteras naturales verticales fundamentales»[19].

En la década de los años treinta los sectores dominantes británicos fueron complacientes con Alemania –hasta el 23 de agosto de 1939. En mayo de 1936, dos meses antes de la intervención de Berlín contra la segunda República democrática española, Thomas Jones, ex secretario del Gabinete y muy próximo al premier Stanley Baldwin, escribía:

Hitler se siente bastante desigual para hacer frente en solitario a Rusia […]. Por eso está pidiendo una alianza con nosotros para conformar un baluarte contra la irradiación del comunismo. Nuestro Primer Ministro no se opone a intentarlo en un esfuerzo final antes de dimitir tras la Coronación el año próximo, para abrir paso a Neville Chamberlain[20].

En 1938 Louis Aubert, miembro de la delegación francesa en la Asamblea de la Sociedad de Naciones, explicaba a su presidente del Gobierno que la razón capital de la postura de Londres radicaba en «la condescendencia inglesa ante una política italo-germana que desea que “la derrota de Moscú” se extienda, más allá de Checoslovaquia, hasta España, y que ha proclamado, por boca de Mussolini, que no toleraría que en España se estableciera un régimen contrario a su ideología»[21]. El presidente Nicolás Salmerón había dicho lo mismo en 1873, al explicar la enemiga de los intereses conservadores e imperiales europeos hacia la I República española…

Tan alto era el interés de los círculos imperiales británicos y franceses en usar al fascismo germanoitaliano contra los revolucionarios europeos, que cedieron a Alemania e Italia el dominio sobre pueblos hasta entonces en su propia zona de influencia. La cesión de España desconcertaba al frances Aubert: «las riquezas naturales de España pueden justificar el establecimiento de un circuito cerrado entre ésta y Alemania, circuito ya esbozado por las ventajas económicas que Hitler reconoce haberse asegurado [de Franco]»[22]. A lo largo de los siglos XIX y XX ha sido recurrente el empeño de las Potencias en impedir a los españoles elegir democráticamente su forma de gobierno. Algunos diplomáticos franceses lo advirtieron en vísperas de la segunda guerra mundial:

Mussolini quiere arrebatar a la soberanía de España la facultad de definir su régimen y, si puede, arrebatarle una parte de su territorio (Mallorca e Ibiza). Hitler ha tomado la iniciativa, el 18 de octubre de 1938, de proponer a Francia un acuerdo [con ocasión del encuentro con M. François Poncet]: […] ¿podemos repartirnos zonas de actuación? Berlín dice: si Francia desea evitar la guerra, que renuncie a la política tradicional de Richelieu de oponerse a la expansión alemana en España; pero en el preciso momento en que nosotros sacrificamos Checoslovaquia, constatamos que Alemania retoma en contra nuestra la política de la Casa de Austria en España[23].

Londres condescendía en España ante Alemania en la medida que ésta apuntaba contra la URSS. El gobierno de París seguía al británico:

el Partido en el poder en Inglaterra se halla muy dispuesto a dar razón a Alemania cuando ésta pretende que Rusia, país de Asia, debe ser rechazada fuera de los asuntos de Europa continental. Más aún, el capitán McEven, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Conservador, ha sostenido en una conferencia pronunciada en París hace algunos meses que convenía dejar el campo libre a las ambiciones de Alemania en Rusia. Según él, se ganaría por partida doble: el alemán metería plomo en la cabeza del ruso, y Rusia empantanaría el torrente alemán[24].

La política alemana de preguerra encontraría su límite en la expectativa de Londres de un ataque alemán contra la URSS. Pero si la derrota de la revolución rusa era útil al Imperio británico, para Francia encerraba otra consecuencia:

está claro que Alemania emplea a rusos emigrados y también a rusos dentro de Rusia para derrocar el régimen (derrocamiento que Londres cree posible). Si un régimen autoritario y militar se instala en Moscú, desaparecería toda resistencia que el Este pudiera ofrecer al Deutschtum. Ello significaría un peligro enorme para nosotros[25].

Los hechos posteriores son conocidos. Contra toda expectativa, el 23 de agosto de 1939 Alemania y la URSS firmaban un pacto de no agresión. La alianza en la heartland parecía hecha. Diez días después, el gobierno del Reino Unido declaraba la guerra a Alemania, y en las horas siguientes lo hacía el de Francia.

¿Cuál fue la causa estratégica de la declaración de guerra británica a Alemania en septiembre de 1939? La hegemonía sobre Europa era, sin duda, la baza en juego. Los dirigentes de Londres que en 1935 habían firmado un tratado naval con Alemania, en los años siguientes le aceptaron sucesivas ampliaciones de su zona de influencia –desde España a Austria y Checoslovaquia. Si en septiembre de 1938 una fracción significativa del gobierno francés estaba dispuesto a luchar para detener a Alemania en Checoslovaquia[26], el de Londres no[27]. Entre 1933 y agosto de 1939, ¿los militares británicos basaron sus cálculos más en los planes del Estado Mayor alemán contra la URSS que en la capacidad de improvisación de los políticos nazis? El estratego británico B. H. Liddell Hart, influyente ante el Gabinete de Neville Chamberlain, propiciaba el acuerdo con Alemania tanto después que ésta ocupara Checoslovaquia como tras la invasión de Polonia[28]. También recomendaba que los ejércitos franco-británicos no abrieran un segundo frente en el Oeste –lo que, en efecto, no hicieron–, al tiempo que bastantes generales germanos mantenían la postura simétrica y rechazaban una ofensiva contra Francia –la que sólo por imposición de Hitler a sus generales tuvo lugar el 10 de mayo de 1940[29]. A lo largo de la segunda guerra mundial Liddell Hart criticó que se exigiera de Alemania la rendición incondicional, aconsejando en su lugar negociar un acuerdo con el III Reich en base al interés de Inglaterra en evitar que la derrota de Alemania condujera a un continente unido –bajo predominio de la URSS. Y, agregaba Hart, porque Hitler era sobre todo un estadista razonable, descarriado por culpa de los Aliados[30].

La declaración de guerra británica del 3 de septiembre de 1939 fue un accidente, explicable sólo por incompetencia, concluye el eminente historiador británico A. J. P. Taylor, fruto más de la tozudez de los británicos que del cálculo de Hitler. Éste ni quería ni esperaba la guerra con Inglaterra, y lo propio cabe decir del gabinete Chamberlain. Pero el “accidente” adquiere otro carácter si lo contemplamos desde el punto de vista de la lógica interna de las estrategias para dominar Europa. Tiene fundamentos objetivos entender que la causa del brusco cambio de postura británico el 3 de septiembre de 1939 respondía a las consecuencias del acuerdo germano-soviético. Y que la negativa a aceptar la invasión de Polonia por Alemania dos días antes derivaba de un “accidente” bien distinto, el pacto germano-ruso de 23 de agosto –incompatible con la estrategia británica sobre la heartland. Taylor no está convencido de que la dirección británica planeara envolver a Alemania y la URSS en una guerra circunscrita a Europa oriental. Pero la limitación de su argumentación la avanza él mismo al reconocer que, para excluir esta última tesis, debe aceptar que la guerra declarada por Londres a Berlín el 3 de septiembre de 1939 era resultado de una “equivocación” y, también, que «es imposible descubrir una respuesta razonable» a por qué el gobierno de Neville Chamberlain no vio la utilidad de la ayuda que le había ofrecido la URSS antes del 23 de agosto de 1939: «si la diplomacia británica aspiraba seriamente a una alianza con la Rusia Soviética en 1939, en ese caso las negociaciones con ese fin fueron las transacciones más incompetentes desde que lord North perdiera las colonias americanas»[31].

Donde Taylor ve irracionalidad e incompetencia hay más bien coherencia si contrastamos nuestra hipótesis con hechos concordantes anteriores, coetáneos y ulteriores. Entre los anteriores recordaremos que ya el ministro Winston Churchill en 1918, antes del armisticio del 11 de noviembre, tuvo la idea de rearmar a Alemania contra la URSS, y en 1919, como secretario de Guerra, propuso formalmente a la Conferencia de Paz reunida en París enviar tropas contra el gobierno bolchevique. Iniciativa apoyada por los dirigentes franceses pero rechazada por el presidente de EEUU, Woodrow Wilson, con el argumento de que ello «sería ciertamente ayudar a reaccionarios»[32]. Para Wilson el adversario de los socialistas eran los “reaccionarios europeos”, no los liberales de EEUU. La oposición de estos últimos hizo impracticable el plan propuesto el mismo 1919 por Halford Mackinder al premier Lloyd George: acabar militarmente con el Estado soviético o reducirlo a su mínima expresión geográfica[33]. Pero a lo largo de 1938-1939 los dirigentes soviéticos concluyeron que los británicos esperaban lanzar a Alemania contra la URSS[34]. A este resultado llegan las investigaciones posteriores[35]. Por lo demás, las expectativas inglesas y los temores soviéticos respecto de las reales intenciones del canciller Hitler tenían fundamento. El libro I de Mein Kampf (escrito en 1922) apuntaba una alianza germanobritánica para alcanzar el objetivo concretado en el libro XIV (escrito en 1927): la anexión alemana de los Estados y territorios rusos limítrofes.

Que Alemania no tenía programada una guerra con el Reino Unido en 1939, múltiples testimonios lo corroboran. En enero había intentado absorber en su zona de influencia a Polonia, invitándola a una política conjunta contra la URSS mediante su incorporación al Pacto Antikomintern, y ofreciéndole una participación en el reparto de Ucrania. El liderazgo de Varsovia estimó que entrar en el Pacto bélico equivalía a «perder la independencia y terminar siendo vasallos de Alemania»[36]. Cuando el 22 de mayo de 1939 Alemania firmaba el Pacto de Acero con Mussolini, su complemento verbal era el compromiso alemán con este último de que no habría guerra general en Europa antes de 1942 ó 1943[37]. A fines del mismo mes de mayo de 1939 Hitler informó a sus generales que destruiría Polonia «en la primera oportunidad», pero también que mientras creía que ni Francia ni el Reino Unido combatirían por Polonia –cuanto más, harían gestos débiles–, su temor era que la URSS lograra una nueva Triple Entente con Londres y París. Siendo el de Moscú el único obstáculo que preveía, ordenó a sus diplomáticos incrementar sus esfuerzos para un acuerdo con Stalin[38]. Pero es justamente dos días después del Pacto Ribbentropp-Molotov, el 25 de agosto –víspera de la fecha originalmente señalada por Hitler para invadir Polonia– cuando Mussolini advierte el efecto del Pacto germano-ruso y anuncia que Italia no luchará por Danzig en una guerra general –a no ser que Alemania le proporcionara una cantidad de material, tan ingente que estaba fuera de cualquier posibilidad.

IV. Chamberlain, por un Bloque Económico Europeo sin Moscú ni Washington

Que el gobierno de su Majestad británica tampoco tenía previsto un conflicto bélico con Alemania en 1939, está más claro aún si cabe. El 31 de marzo de 1939 Neville Chamberlain declaraba en los Comunes su respaldo a Polonia, pero con el ánimo de fortalecer la posición de ésta en la negociación del acuerdo que acababa de proponerle Berlín –y empujarla a aceptarlo[39]. En abril, el gabinete Chamberlain estaba dispuesto, en lo que de él dependía, a un nuevo Múnich sobre Polonia[40]. Pero los polacos no quisieron seguir el ejemplo checo de entregarse sin ofrecer resistencia. Propósito igual al de Londres cabe constatar en el gobierno francés, que si el 19 de mayo de 1939 aceptaba la petición polaca de firmar un Protocolo de ayuda militar condicionaba su entrada en vigor a su ratificación política –la que París retrasó, una y otra vez, hasta después del Pacto Berlín-Moscú y la subsiguiente invasión alemana[41].

La historiografía insiste en que Moscú –a pesar de la apertura de negociaciones con Alemania tras el aplastamiento de la resistencia antigermana de los españoles (marzo de 1939)–, hasta fines de agosto siguiente dio prioridad a un acuerdo con el Reino Unido y Francia[42]. La última oportunidad se dilucidó entre el 12 y 21 de agosto, tras llegar a Moscú en lento periplo marítimo la delegación francobritánica exigida por Francia al Reino Unido para discutir los términos de un acuerdo militar con la URSS. Londres envió una delegación de bajo nivel, sin poderes para suscribir pacto alguno. Fascina leer por qué no hubo acuerdo en agosto de 1939 entre Londres y Moscú. En el marco de nuestro análisis conceptual podemos entender hasta qué punto el espíritu del State Paper de Castlereagh de 1820 inspiraba la absoluta negativa británica a la principal petición soviética: la URSS entendía que si en coalición con los Aliados entraba en guerra con Alemania, debía lanzar sus tropas directamente contra esta última, en una ofensiva hacia el Oeste a través de Polonia y Rumanía, llevando la guerra a territorio alemán. Los británicos, por el contrario, pedían a Moscú que sus tropas no salieran de las fronteras rusas y se limitaran a ser arsenal y aprovisionamiento del ejército polaco. Cuando los soviéticos solicitaron que Londres y París definieran las circunstancias en que considerarían iniciada la guerra, qué fuerzas asignarían a la batalla en el frente occidental, qué defensa contemplaría la alianza contra “agresiones indirectas” nazis en Europa oriental, los británicos rechazaron toda definición o compromiso al respecto[43].

Aquel mismo 12 de agosto de 1939, en Berlín, Hitler estaba diciendo a Ciano, ministro de Exteriores de Mussolini, que pensaba atacar Polonia a fines de agosto y «estaba completamente seguro de que las democracias occidentales […] no irían a una guerra general»[44]. Manifiestamente, en agosto de 1939 Neville Chamberlain no quería una alianza militar con los soviéticos. Su Estado Mayor había venido esgrimiendo razones técnicas contra una guerra con Alemania[45]: «no podemos anticipar el momento en que nuestras fuerzas de defensa serán lo suficientemente fuertes para salvaguardar nuestro comercio, territorio e intereses vitales contra Alemania, Italia y Japón simultáneamente»[46]. Sin subestimar la coyuntura militar, el “orden fascista” en el continente era hasta tal punto aceptado en los círculos gobernantes británicos que una de las principales razones de su appeasement hacia Alemania e Italia era sencillamente ésta: evitar una guerra entre países capitalistas que, de tener lugar, provocaría en Gran Bretaña el progreso del partido laborista y de los sindicatos[47]; en Europa, la mutua destrucción de las tres potencias imperiales y el fortalecimiento de los respectivos sectores populares; en la estructura mundial, el final de los imperios británico y francés en provecho, pensaban los tories británicos, del de EEUU de Norteamérica.

El gobierno británico trabajaba por una Europa a la medida de los intereses conservadores, que marginara a los democratizantes. En los años treinta Alemania había alcanzado un casi monopolio en las relaciones comerciales con el sureste europeo, y sostenía con EEUU una guerra económica por los mercados de la América hispánica. Hasta tal punto que la propuesta de Washington al Reino Unido de convenir un acuerdo comercial entre ambos era acogida negativamente en Londres, por si ello era interpretado en Berlín como un pacto anti-Alemania[48]. Recordemos a este propósito que poco después de la elección de Hitler como Canciller –1933–, Mussolini había propuesto un Pacto (de las Cuatro Potencias) al Reino Unido, Alemania y Francia[49], que llegó a ser aceptado y ratificado precisamente por Gran Bretaña. Mientras que la URSS era vista como la perturbadora del orden social, los imperios europeos tenían además presente el alto costo para ellos de la guerra de 1914-1918 y la ventaja recogida por EEUU. Desde la negociación del Tratado de Versalles en 1918 el Reino Unido estimaba necesario para su economía una Alemania robusta, y oponer el poder de ésta a los revolucionarios europeos[50]. En los meses finales de 1938 y comienzos de 1939, Chamberlain creía, favorecía, la conformación de un Bloque Económico Europeo en torno a los «cuatro grandes» –Reino Unido, Francia, Alemania, Italia–, dirigido contra la entonces única potencia económica rival, EEUU de Norteamérica[51].

En los días en que era liquidada la resistencia democrática en España, Chamberlain continuaba esperanzado en hacer buenos negocios con Alemania[52]. La rivalidad comercial de EEUU era la que más preocupaba a los tories y a los intereses económicos próximos al Gabinete. El 4 de mayo, y aún el 1 de octubre de 1939, lord Londonderry –Ministro entre 1931 y 1936–, escribía a Chamberlain estimulándole a una cooperación entre Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido, aunque ello no gustara a la opinión pública de EEUU[53].

Es reveladora la diferencia de perspectiva entre los gobiernos de Londres y Washington. A fines de 1938 Roosevelt estaba convencido de que Alemania buscaba la hegemonía mundial, que su real ambición era subordinar al Reino Unido y Francia, con sus respectivos imperios de Ultramar, para después volcarse hacia la subversión y conquista económica de los pueblos hispánicos de América. El presidente de EEUU pensaba que a una Europa unida en torno a Alemania le bastaría decir a los hispanoamericanos que, para vender sus materias primas, debían aceptar las condiciones políticas decididas en Berlín[54]. La política europea de Chamberlain, de haberse consumado, habría sido la simétricamente inversa de la de Canning en 1823. Tanto Chamberlain como Hitler razonaban en términos de una Europa cuyo rival económico era EEUU. No siendo EEUU una Potencia mundial en 1823, Canning opuso los intereses de la City y el Almirantazgo a las pretensiones legitimistas de París, Viena y San Petersburgo para restablecer el dominio europeo sobre la América española. Y confirmó la independencia de esta última, contra la opinión del Rey de Inglaterra, de lord Wellington y otros miembros del Gabinete sensibles a las pretensiones de las Potencias europeas. También hubo división en el gabinete Chamberlain a fines de 1938, aunque de signo opuesto: sólo un ministro dimitió en protesta por el acuerdo en Múnich con Alemania, Francia e Italia. Significativamente, el Primer Lord del Almirantazgo –el de la Royal Navy.

En 1938-1939, el presidente Roosevelt se situaba respecto de España en posición equiparable a la del gobierno británico de 1821-1823: contrario a la invasión de España por la Alianza Europea. En la intimidad comentaba Roosevelt no compartir el temor de la clase dominante inglesa por la revolución española –pretexto de Londres para aceptar la intervención germanoitaliana contra los demócratas españoles[55]. Y estimulaba Roosevelt al gobierno Chamberlain a colaborar con la URSS frente a la expansión de Alemania. En vano. Para Chamberlain la conciliación hacia Alemania e Italia «tenía como objetivo el aislamiento de la Unión Soviética y la exclusión de EEUU de las disputas europeas, de manera que pudiera mantenerse el potencial de independencia política de las potencias europeas»[56]. Aún en julio de 1939 el Primer Ministro británico ofreció a Alemania negociar un tratado de no agresión y no interferencia, respaldado por un sustancioso préstamo de cien millones de libras y un acuerdo de comercio exterior[57].

Los dirigentes británicos y franceses mantenían su confianza en que los germanos contribuirían a arrinconar o, mejor, se encargarían de reincorporar a Rusia, liberada de bolcheviques al “concierto europeo”. Es en semejante contexto cuando Moscú, de improviso, da la vuelta y firma con los germanos el inesperado pacto de 23 de agosto de 1939. Mientras Moscú proponía a Londres seguir los pasos de la Entente Cordiale y la Triple Entente ruso-británico-francesa (1904-1917), el 15 de marzo de 1939 las tropas alemanas entraban en Praga, el 28 siguiente las de Franco en Madrid, y el 6 de abril las de Italia en Albania, siempre con la aceptación del gobierno Chamberlain. Quien, al tiempo, rechazaba las sucesivas propuestas soviéticas de alianza defensiva frente a Alemania.

Si el contexto internacional que precede el cambio de política soviética respecto del III Reich en 1939 es conocido, no lo es tanto el momento. Los testimonios de que se dispone apuntan que el viraje tuvo lugar inmediatamente después de la decisión británica (seguida por Francia[58]) de liquidar la resistencia democrática en España, mediante el reconocimiento del gobierno de Franco (27 de febrero de 1939) y el estímulo a la insurrección del coronel Casado y la fracción Besteiro-Prieto del PSOE para abrir Madrid a Franco (5 de marzo siguiente)[59]. Semanas antes, en diciembre de 1938, la URSS había firmado la más importante venta de armamento al gobierno constitucional español –bloqueado por Francia en los Pirineos, no alcanzó a llegar a manos españolas. Pero en cuanto París y Londres abandonaron definitivamente España a Alemania, fue en su discurso ante el XVIII Congreso del Partido Comunista de la URSS el 10 de marzo de 1939 cuando Stalin entreabrió la puerta a explorar el pacto de no agresión con Alemania –sin mencionarla por su nombre. Así lo reconocía su negociador, Viasheslav Molotov, en su brindis del 23 de agosto siguiente ante Ribbentropp y Stalin[60]. Idéntica interpretación del discurso ante el PCUS había transmitido el 11 de marzo a Washington el encargado norteamericano en Moscú, A. C. Kirk[61]. El primer movimiento que siguió, el 17 de abril de 1939, fue la visita del embajador soviético, Merenkalov, al secretario alemán de Asuntos Exteriores –primer contacto oficial desde la presentación de credenciales el 5 de junio de 1938. El 3 de mayo de 1939 Molotov sustituía como comisario de Asuntos Exteriores a Maksim Litvinov –impulsor de las frustradas iniciativas en pro del fortalecimiento de la Sociedad de Naciones y de un pacto de seguridad colectiva con los gobiernos del Reino Unido, Francia y EEUU[62].

No es difícil entender el significado de la decisión britanicofrancesa de reconocer a Franco en febrero de 1939. Cuando un tercio del territorio se hallaba todavía bajo control del gobierno constitucional español, éste era el único que resistía la que Roosevelt denominaba «guerra no declarada» de Alemania e Italia contra España[63]. Desde julio de 1936 el único frente militar abierto en Europa contra el expansionismo germánico se hallaba en la Península Ibérica. El interés de Londres y París en precipitar su cierre tenía una interpretación en Moscú: los británicos y franceses no abrirían un segundo frente en el oeste de Alemania si ésta atacaba a la URSS. Que sería dejada sola ante la máquina de guerra germana, como tuvo ocasión de comprobar Polonia seis meses después del final de la resistencia democrática en España –en mayo de 1940 fue Alemania quien tomó la iniciativa de abrir las hostilidades en el Oeste, Francia no atacó a Alemania mientras Polonia resistía, ni después. Lo comprobó también la propia URSS entre junio de 1941 y 1944, mientras urgía cien veces un desembarco angloamericano en el Oeste que aliviara la concentración sobre el territorio soviético de casi todas las divisiones de ataque de Alemania más las del resto de la Europa satelizada.

V. Polonia como pretexto

Si se tiene presente la importancia que la doctrina de defensa rusa otorga al “segundo frente” en el oeste del continente, igual a la de no encontrarse entre “dos frentes” simultáneamente –en Europa y Asia[64] se comprende la proyección estratégica de las decisiones de Francia y Gran Bretaña sobre España consumadas entre el 27 de febrero y el 5 de marzo de 1939. Contrariamente a la evaluación de A. J. P. Taylor, según el cual el único efecto significativo de la guerra de España habría sido agotar a Italia en su prolongada intervención, el efecto político-estratégico sobre el liderazgo de Moscú de la decisión británica de liquidar en España la resistencia a la intervención germana parece capital en su giro hacia acomodarse con Alemania. Cuyas derivaciones culminaron en el fortuito “accidente” o “error” de septiembre de 1939 de que habla Taylor (Gran Bretaña declara la guerra a Alemania). Anticipación solo errónea en parte la de Chamberlain, pienso yo, en la medida que creía que de no firmar el Reino Unido una alianza con la URSS, ésta sería atacada por Alemania y Londres quedaría fuera de la guerra. Berlín firmó el pacto de no agresión y neutralidad de 23 de agosto con la URSS por estar convencido de que, así, evitaba el conflicto con el único Poder que estimaba susceptible de oponerse a la anexión de Polonia. Moscú creía, a su vez, que evitaba la invasión germana, pues compartía la tesis de Berlín de que el Reino Unido no iba a luchar por la independencia de Polonia. A la postre, la anticipación de Chamberlain se realizó en cuanto al fondo: el 18 de diciembre de 1940 Alemania empezó a preparar la “operación Barbarroja” y el 22 de junio siguiente invadía la URSS…

El inesperado pacto Alemania-URSS de 23 de agosto de 1939 produjo efectos devastadores en cadena. En Alemania y Japón aisló a los militares antisoviéticos, en Tokio cayó el Gobierno, y en Londres la estrategia hasta ese día sostenida por el gabinete Chamberlain. El reverdecimiento de una alianza en la heartland deshacía la labor acumulada desde la recomendación de lord Balfour al Gabinete Imperial de Guerra, el 21 de marzo de 1917 (antes de la Revolución bolchevique): «si hacéis una Polonia absolutamente independiente, estáis cortando por completo Rusia del Oeste. Rusia cesa de ser un factor en la política occidental, o prácticamente»[65]. Acababa, además, con el “cordón sanitario” establecido en 1918 alrededor de lo que Churchill denominaba “peste revolucionaria”. Más grave si cabe, los dos Estados derrotados en la primera guerra mundial se apoyaban mutuamente.

De repente, en vez del deseado acuerdo por parte de Londres entre Varsovia y Berlín sobre Danzig[66], o del ataque alemán a la URSS a través de los Estados bálticos (cuya seguridad no estaba garantizada por el Reino Unido ni Francia), o con apoyo polaco, o rumano, contra la Ucrania soviética[67], en lugar de la mutua destrucción de germanos y soviéticos con que especulaban Londres y París, Polonia desaparecía. Pero no como satélite de Alemania, lo que entraba dentro de los desenlaces aceptables para los dirigentes del Reino Unido y Francia, sino dentro de un acuerdo de reparto germano-soviético. Tras el Pacto Molotov-Ribbentropp Polonia era, de inmediato, reevaluada por Londres como último recurso para interponerse en el abrazo entre germanos y rusos. Polonia como pretexto, pues hasta aquel 23 de agosto Londres no había aceptado vender a Polonia ni una granada para sostener su resistencia a las presiones de Alemania[68]. Como tampoco le proporcionó ayuda material después de ser invadida el 1 de septiembre. Dos días después, mientras Chamberlain en un giro de 180 grados declaraba la guerra a quien no quería, en el otro extremo del continente dimitía el gobierno japonés –también porque su estrategia se había basado en su alianza con Alemania (enero de 1938) dando por seguro que ésta atacaría a la URSS. Días antes del pacto germano-ruso las tropas japonesas habían sufrido más de 18.000 muertes en batallas con las soviéticas en la frontera de Mongolia y Manchuria. La documentación disponible no permite evaluar la influencia de los choques en su frontera oriental sobre la decisión final del Kremlin de precipitar la firma del pacto de no agresión en su frontera occidental.

Karl Haushofer aplaudía el acuerdo de 23 de agosto:

toda la historia del imperio británico es atravesada por el temor que una política continental del Viejo Mundo [colaboración germanorrusa] podría significar para el imperio mundial británico […]. Uno de los hombres políticos imperialistas más brutales y afortunado en éxitos, lord Palmerston, fue el primero –con motivo de una crisis ministerial– en replicar a un primer ministro que le había abandonado: por desagradables que puedan ser ahora nuestras relaciones con Prusia, debemos mantenerlas pues detrás amenaza una Rusia que puede reunir Europa y Asia oriental y, solos, nosotros no podemos hacer frente a semejante situación[69].

Veamos ahora algunos hechos posteriores al pacto germano-soviético de agosto de 1939. En enero de 1942, con motivo de las negociaciones en Moscú del ministro de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, la URSS reiteró al Reino Unido su oferta de 1939 de un acuerdo de seguridad. Eden la respaldó, pero el primer ministro Churchill y los jefes militares la rechazaron[70] porque hubiera significado el reconocimiento inglés de la realidad europea de la URSS –en un momento en que las tropas alemanas avanzaban hacia el Este y se desconocía hasta qué punto los soviéticos las resistirían. Después de la derrota alemana en Stalingrado –enero de 1943– y camino de la reunión en Teherán con Stalin y Roosevelt, Churchill confidenciaba a un miembro de su equipo que «el real problema ahora es Rusia. No logro hacerlo ver a los americanos»[71] (documento 19).

Cuantos entre junio de 1941 y 1945 se opusieron a Hitler desde dentro de las instituciones del III Reich, proyectaron ofrecer al Reino Unido la paz junto con la garantía de continuar la guerra contra la URSS. En 1944 y 1945, en Moscú surgieron de nuevo sospechas de que los británicos confortaban la idea de una paz por separado con Alemania. Aunque desmentida entonces, Churchill reconocía públicamente en noviembre de 1954 que en 1945

yo telegrafié a lord Montgomery [jefe del cuerpo expedicionario británico en la ofensiva final contra Alemania] que tuviera cuidado de recoger el armamento alemán, y almacenarlo de modo que pudiera ser distribuido de nuevo a los soldados alemanes con los que tendríamos que trabajar si continuaba el avance soviético[72].

Y en privado manifestaba a lord Halifax, embajador británico en EEUU, que antes de la rendición del III Reich había estado preparando a los alemanes para usarlos contra los soviéticos. El impresionado Lord recoge en su Diario la confidencia con la apostilla «Espero que esto no verá nunca la luz del día»[73]. En la primavera de 1945, Allen Dulles, representante en Europa (Suiza) del Office of Strategic Services (OSS, servicios secretos del Departamento de Guerra, creados en 1941 y embrión de la ulterior CIA), también sostenía conversaciones con generales alemanes, con la consiguiente protesta de Moscú[74].

Una confirmación independiente de los anteriores supuestos la hallé en un documento inédito en los Archivos Nacionales de EEUU[75] (documento 20). Reproduce las respuestas que, al día siguiente de la capitulación de Alemania –7 de mayo de 1945– hicieran a los servicios de inteligencia de EEUU el Mariscal de Campo Wilhelm von Keitel, jefe del Mando Supremo (Oberkommand) del ejército de Alemania –bajo la inmediata autoridad del canciller Hitler–, y otros generales de su rango. El analista del ejército de EEUU resumía así los conceptos de sus interrogados:

El Partido Nazi [al que hacen responsable de haber perdido la guerra] era una institución maligna desde que forzó a los angloamericanos a destruir a Alemania; ahora ha sido barrido y su lugar en la lucha contra el bolchevismo ha sido ocupado por los Aliados [angloamericanos]. Alemania debe por lo tanto ayudar a los Aliados y oponerse a los rusos. Engañando a los Aliados a reconstruir Alemania como baluarte contra los rusos, Alemania recuperará su lugar como Gran Potencia.

Las declaraciones del capitulado Alto Mando alemán de 1945 seguían así:

Los hombres que firmaron el reconocimiento de la completa derrota de Alemania eran jóvenes comandantes en el Estado Mayor de 1918. Para ellos el 7 de mayo de 1945 no es más que otro episodio en la eterna lucha de Alemania por dominar. Vieron a su país destruido y reconstruido y albergan en su corazón la creencia de que puede repetirse.

El oficial de EEUU sintetizaba el espíritu de sus interlocutores: «Para parodiar el famoso aforismo del general De Gaulle, Alemania ha perdido otra guerra, pero no ha perdido las posibilidades de hacer otra».

En cuanto a la evolución interna de la derrotada Alemania, sigue diciendo el Informe, los estrategos del III Reich anticipaban el inminente comienzo de una nueva guerra contra los comunistas de Alemania y la URSS:

algunos de los generales alemanes esperan que los Aliados van a aceptar, por último, usarlos en la administración local para prevenir un levantamiento comunista, los actuales líderes de Alemania están ya trabajando en lograr para Alemania el estatus de cobeligerante contra Rusia. Están trabajando, en realidad, para derrotar a los Aliados en la hora de su triunfo.

El informe no veía solución de continuidad entre la estrategia de los generales alemanes antes y después de su capitulación:

Alemania aún no considera que la lucha ha terminado […]. La política [de los generales] es también bastante sencilla: enredar a toda costa a los Aliados con los rusos. Cada acto independiente del gobierno Döenitz [entre la muerte de Hitler y la capitulación] ha ido dirigido a ese fin. Radio Flensburg, bajo control de Döenitz, afirmó que el armisticio con los Aliados hacía posible transferir fuerzas alemanas a pelear en el Este contra los rusos […]. Ha comenzado una campaña de rumores de que en un momento dado los Aliados atacarán a los rusos […]. Se están esclareciendo las líneas según las cuales los líderes oficiales de Alemania van a conducir esta campaña […]. Esta es una campaña fría y perfectamente calculada. Emerge más bien de la determinación de probar que la concepción de la historia de Hitler era acertada.

En el informe se lee el papel atribuido a Franco por el Alto Mando alemán cuando las ruinas de Berlín humeaban:

para apoyar este argumento los alemanes pueden obtener apoyo de algunos órganos de prensa en muchos países, en particular de los periódicos españoles bajo control del repulsivo “ragamadolio” de Franco. La actual política alemana es por consiguiente un paso en la gran campaña del renacimiento de Alemania.

Von Keitel fue juzgado, condenado y colgado en la horca por crímenes contra la humanidad, sus FF AA disueltas, los latifundios de los oficiales junkers entregados a los campesinos, el país desmilitarizado por un momento.

VI. Una visión alemana de Europa

La política exterior del III Reich no brotaba de la nada. Fue ampliamente compartida dentro de Alemania, en línea de continuidad con las opciones estratégicas concebidas durante la segunda mitad del siglo XIX. Como creador y transmisor de estrategias militares, atrae la atención el papel del Gran Estado Mayor de Alemania. Estado dentro del Estado, su deseo de controlar España a través de un monarca designado por Alemania fue decisiva para que Bismarck provocara la guerra con Francia de 1870. Las intrigas del Gran Estado Mayor llevaron, veinte años después, a la sustitución de Bismarck por hombres más permeables a una política de ambición mundial[76], y al abandono de la piedra angular de la diplomacia bismarckiana –los tratados de mutua confianza con Rusia. Los mandos militares habían planificado rehacer Europa a través de la guerra abierta en 1914, y fueron apoyados por el canciller Bethmann-Hollweg. La publicación de aquellos planes por el historiador Fritz Fisher permite descubrir en los de 1914 una Europa prácticamente igual a la diseñada por el III Reich en 1942 –con Ucrania y Polonia anexionadas, Francia subordinada[77].

Una constante alemana hacia la Península Ibérica era subrayada por analistas norteamericanos en noviembre de 1942:

Una de las razones de Hitler para ganar la guerra “civil” para Franco era la de usar la España fascista como títere e instrumento en América Latina, Puerto Rico y Filipinas. Al obrar así, sin embargo, no hacía sino llevar a su lógica conclusión una política perseguida por Alemania por lo menos desde la primera guerra mundial […]. Alemania ha añorado consistentemente España y Portugal no tanto por su valor propio como por ser acceso natural a la América de lengua española y portuguesa. Cuando Hitler hace su trato con los fascistas españoles su logro fue en gran medida facilitado por el hecho de que segmentos de intelectuales, funcionarios y militares españoles habían estado en estrecho contacto con Alemania al menos durante dos décadas, por intermedio de las muchas organizaciones especiales a este fin instaladas en España y Portugal desde 1915[78].

Ello estaba dentro de las líneas estratégicas del Gran Estado Mayor discutidas el 5 de noviembre de 1937 entre el canciller Hitler, su ministro de Guerra, los comandantes en Jefe de las tres armas y el ministro de Asuntos Exteriores. Hitler expuso allí su política a largo plazo, deseaba que la escucharan como su testamento para el caso de que le sobreviniera la muerte. A lo largo de nueve páginas se describe un programa para Europa y España:

I. Vivimos en una época de imperios económicos, en la que la tendencia a colonizar de nuevo se aproxima a la condición que originalmente motivó las colonizaciones; en Japón e Italia motivaciones económicas están en la base de su voluntad expansionista, y la necesidad económica va a conducir también a Alemania a ello […]. La tendencia ascendente causada en la economía mundial por la carrera armamentista, nunca puede conformar la base permanente para un acuerdo económico, y este último es asimismo obstaculizado por la perturbación económica provocada por el bolchevismo. […] La única salida es asegurarse un mayor espacio vital […]. Si asegurar nuestra posición en alimentos fuera nuestra primera preocupación, en ese caso el espacio necesario para ello podemos buscarlo sólo en Europa […]. No se trata de conquistar pueblos sino de conquistar espacio útil para la agricultura. Se trataría también de conseguir territorio productor de materias primas en Europa, junto al Reich y no en ultramar, y esta solución debería ser llevada a cabo en una o dos generaciones […].

II. Dónde Alemania puede conquistar más a menor costo. Para Inglaterra y Francia un sólido coloso alemán en el centro de Europa sería intolerable.[…] La cuestión alemana sólo puede resolverse por la fuerza, y esto conlleva siempre riesgos. […] El problema del espacio alemán debe ser resuelto no después de 1943/1945. Hipótesis 1: Francia conoce una crisis política interna de tal dimensión que ocupa al Ejército francés […], habría llegado el momento de actuar contra Checoslovaquia. Hipótesis 2: Sería posible también atacar a Checoslovaquia si Francia estuviera tan atada a una guerra con otro Estado que no pudiera “proceder” contra Alemania. […] Nuestro primer objetivo debe ser conquistar simultáneamente Checoslovaquia y Austria. […] El Führer cree personalmente que con toda probabilidad Inglaterra, y quizás también Francia, silenciosamente ya dan por perdida Checoslovaquia, y que se han hecho a la idea que esta cuestión será un día resuelta de modo definitivo por Alemania […].

III. El Führer ve [la hipótesis 2] amenazadoramente más próxima; podría desarrollarse a partir de las tensiones actuales en el Mediterráneo, y de producirse tiene la firme decisión de explotarla en cualquier momento, incluso quizás en fecha tan cercana como 1938. Tras recientes experiencias en el curso de los acontecimientos de la guerra en España, el Führer no ve próximo el fin de las hostilidades allí. Tomando en consideración el tiempo requerido por Franco para anteriores ofensivas, la prolongación de la guerra durante tres años más cabe dentro de los límites de lo posible. Por otro lado, desde el punto de vista alemán no es deseable una victoria de Franco al 100%; estamos más interesados en la continuación de la guerra y en preservar las tensiones en el Mediterráneo. Si Franco extendiera su control a toda la Península española, ello significaría el fin de la intervención italiana y de la presencia de Italia en las Islas Baleares. Como nuestros intereses están dirigidos a la continuidad de la guerra en España, la misión de nuestra política futura debe ser fortalecer a Italia en su pelea por agarrar las Islas Baleares. Una consolidación de las posiciones italianas en las Islas Baleares no puede, sin embargo, ser tolerada ni por Francia ni por Inglaterra, y podría conducir a una guerra de Francia e Inglaterra contra Italia, en cuyo caso España –si estuviera enteramente en manos blancas [Franco]– podría participar del lado de los enemigos de Italia. Que en tal guerra Italia fuera subyugada, parece muy improbable. […] Si Alemania aprovecha esa guerra para resolver las cuestiones de Checoslovaquia y Austria, debemos asumir que Inglaterra –en guerra con Italia– no tomaría la decisión de iniciar operaciones contra Alemania. Sin el apoyo británico, no cabe anticipar una acción bélica de Francia contra Alemania. La fecha de nuestro ataque a Checoslovaquia y Austria debe depender del curso de la guerra entre Italia, Inglaterra y Francia (probablemente durante el verano de 1938) y no debe ser simultánea con el comienzo de las operaciones militares por esos tres Estados […].

IV. Hacer durar la guerra en España largo tiempo […]: «A la vista de la información proporcionada por el Führer, Generaloberst Goering consideró imperativo pensar en la reducción o abandono de nuestras actuaciones militares en España. El Führer se manifestó de acuerdo en tanto que esta decisión fuera postergada a una fecha idónea»[79].

En líneas generales, la intervención en Checoslovaquia y Austria siguió las pautas de este plan. Mussolini actuó conforme Hitler decía, los gobiernos británico y francés en lo sustantivo también, no obstaculizando las anexiones territoriales. La agradable sorpresa para Berlín fue, sin embargo, que no necesitaron de una guerra en el Mediterráneo para controlar Austria, Checoslovaquia y España. Dos semanas después de esta reunión en la Reichskanzlei de Berlín, se veían en París los primeros ministros de Francia (Edouard Daladier) y Gran Bretaña (Neville Chamberlain) para considerar cómo disuadir a Italia de aliarse con Alemania. La minuta de la conversación refleja el tono. Daladier expuso el ultimátum de Italia:

Mussolini ha afirmado que quería la victoria de Franco y que no concebía otra solución distinta de la guerra […], ha hecho de la victoria del general Franco una condición sine qua non de su aproximación a Francia. Siempre ha deseado Francia mantener una actitud de neutralidad estricta. El gobierno francés ha cerrado por su propia iniciativa la frontera de los Pirineos [en junio de 1937]. Nadie la obligaba. El gesto no ha tenido contrapartida alguna del lado italiano.

La respuesta de Chamberlain fue: «pasemos a otro punto del orden del día»[80].

El programa alemán siguió el curso señalado. El 12 de marzo de 1938 anexionaba Austria. El 25 de septiembre siguiente, el gobierno de Londres obtenía de Franco que, en caso de guerra entre el Reino Unido e Italia y/o Alemania, una España bajo su mando no sería beligerante. Cuatro días después, en Múnich, Chamberlain y el jefe del gobierno francés aceptaban entregar Checoslovaquia a Alemania. Francia no hizo honor a su alianza defensiva con Praga. Para el 16 de noviembre siguiente los jefes militares británicos habían convencido a Chamberlain de que firmara el acuerdo con Italia aceptando el precio: consentir a las aspiraciones de Italia sobre España y Abisinia[81].

Según la documentación diplomática, con su pacto de 23 de agosto de 1939 de no agresión con la URSS el gobierno alemán desbarataba las expectativas británicas en Europa oriental, pero dejando abierto un acuerdo ulterior con el Reino Unido. Esto último también aflora en la minuta de las declaraciones de quien fuera embajador en Gran Bretaña y, después, ya como ministro de Asuntos Exteriores, negociara el acuerdo de agosto de 1939, Joachim von Ribbentropp. En las horas siguientes a su detención por los aliados, en mayo de 1945, decía:

la política de rapprochement hacia Rusia fue diseñada para establecer la paz en Europa y permitir a Alemania llegar a una alianza con el Imperio Británico sobre bases de igualdad y llevar a cabo los planes de Hitler de “tener a casi todos los alemanes en un sólo Imperio”. Su política y la de Hitler ha sido la de alcanzar un entendimiento con Inglaterra. Hitler no quería invadir Inglaterra. Hablaron sobre esto en Compiègne tras la caída de Francia, y Ribbentropp anotó brevemente tres o cuatro puntos básicos para un acuerdo que dejara claro que ni el prestigio británico ni el del Imperio debían ser menoscabados. Hitler dijo que quería presentar la oferta inmediata y personalmente, y “así lo hizo en su discurso en el Reichstag en julio de 1940”. La oferta “fue rechazada por el Premier británico”, dijo Ribbentropp, y luego Hitler “reaciamente” hizo una alianza con Japón, al igual que previamente había hecho “reaciamente” una alianza con Italia cuando Eden y sir John Simon rechazaron el arreglo con el Imperio que él había ofrecido durante su visita a Alemania en 1936. […] Hitler nunca cambió de idea. Incluso en los últimos días de la guerra hablaba sobre llegar a un entendimiento con el Imperio británico[82].

10. La visión de Europa del Office of Strategic Services

Cuando aún París estaba bajo ocupación alemana, el director del Office of Strategic Services (OSS), William J. Donovan, dirigía a la Junta de Jefes de Estado Mayor de EEUU[1] un análisis sobre los «intereses de la seguridad de EEUU en el acuerdo europeo». A pesar del tiempo transcurrido, su actualidad da cabal medida del bloqueo a que ha sido sometida la evolución interna europea desde entonces. En agosto de 1944 el OSS partía de un postulado propio de la lógica de los imperios: «Las tres grandes potencias [EEUU, Gran Bretaña, URSS] tienen intereses vitales en el Lejano Oriente así como en Europa. Esos intereses serán transados de una manera mutuamente satisfactoria, o serán buscados unilateralmente de forma tal que el Mundo sea dividido en conflictivas esferas de influencia», y anticipaba las consecuencias que derivarían para América Latina y otras regiones si anglosajones y soviéticos rivalizaban por la hegemonía sobre Europa:

si una solución mutuamente satisfactoria no puede hallarse en Alemania y Europa, cada una de las tres potencias intentará, en cualquier parte del Mundo, actuar del modo que mejor convenga al fortalecimiento de la posición de poder de cada una. La política que EEUU debe seguir en Lejano Oriente y América Latina en caso de continuar la rivalidad anglorrusa en Europa será, pues, muy diferente de la que sería si los intereses anglorrusos en Europa pudieran llegar a un compromiso satisfactorio.

Dado que la Administración Truman y las siguientes asumieron las constantes de la estrategia británica hacia el Continente europeo, a lo largo de la guerra fría prevaleció la hipótesis de rivalidad imperial que retenía el análisis del OSS. Contemplaba éste cinco supuestos susceptibles de desembocar en una guerra entre anglosajones y soviéticos. El primer supuesto –a evitar– era «la emergencia de una Alemania independientemente agresiva», y el OSS desarrollaba al respecto uno de los escenarios que llevarían al gobierno de EEUU a impulsar años después la creación de las Comunidades Europeas. El OSS estimaba que aislar a la URSS del resto de Europa encontraría resistencia en las izquierdas de países recién liberados del nazi-fascismo. Asumía, ciertamente, el supuesto británico de dividir Europa, pero anticipaba que una “unión europea” que excluyera a Rusia significaría asumir el riesgo de instalar Europa en un conflicto interno. Dado que no era el objetivo del presidente Roosevelt provocar semejante confrontación: «Tal unión de la Europa no soviética está fuera de lugar hasta tanto no cambie la actual política declarada de la URSS», y vislumbraba el OSS cuál debía ser el edificio europeo si se quería que sus fundamentos no fueran belicistas: «una unión europea efectivamente integrada tanto con Gran Bretaña como con la URSS ofrece a largo plazo, quizás, la expectativa más esperanzada de un ajuste pacífico».

El segundo supuesto del análisis del OSS consistía en exorcizar que Alemania se alineara o aliara con la URSS:

la retirada soviética de Alemania estará casi con seguridad condicionada por la emergencia de un gobierno nacional amistoso –o al menos no inamistoso– hacia la URSS. De hecho, Rusia puede negarse a retirar sus tropas de ocupación hasta que sea una realidad tal orientación hacia la URSS.

Para evitar que un gobierno alemán se aliara con Rusia, el director del OSS avanzaba en 1944 una de las premisas que asumiría después la Comunidad Económica Europea y, en 1991, el Tratado de Maastricht

el desenlace estará influenciado no sólo por la actitud de Rusia, sino por las perspectivas abiertas a Alemania dentro de Europa. Si esas perspectivas incluyen la posibilidad de una integración de la industria alemana dentro de una economía más amplia en Europa central y occidental, y si la estructura política de los países afectados no es demasiado diferente, lo más probable es que Alemania buscará una orientación europea más que rusa. […] Si la economía autárquica de Alemania es abandonada y se la integra en la economía europea y mundial sobre la base de una especialización eficiente, la prosperidad económica no implicaría un alto potencial bélico a no ser que Alemania tuviera aliados capaces de proveerla de alimentos y materias primas.

Adelantaba, asimismo, Donovan uno de los supuestos que, una vez consumado, desembocarían en la creación de la OTAN cinco años después:

Si se cediera a Polonia todo el territorio alemán al este del río Oder, por ejemplo, ello crearía en el resto de Alemania un irredentismo tan agudo que, durante el futuro previsible, dominaría tanto la estructura política interna como la política exterior de Alemania. Semejante política exterior debe tener como fin crear un sistema de alianzas con las potencias occidentales orientada contra Rusia.

Para el supuesto de que se deseara una Alemania económicamente próspera, que no fuera terreno de disputa en la subsiguiente lucha –entre sus vencedores– por dominar Europa, el análisis del OSS avanzaba la condición: limitar el intervencionismo de las Potencias en los asuntos internos de otros Estados:

La sola posibilidad real de que Alemania emerja con un gobierno estable, popular y relativamente neutral reside en un movimiento político endógeno sobre el que las grandes potencias estén de acuerdo en no intervenir. Hacer esto posible requiere que las tres grandes potencias se encuentren dispuestas a (1) aceptar el cambio político democrático en Alemania, (2) seguir políticas internas y externas orientadas a promover el crecimiento económico y condiciones liberales para el comercio mundial. Aplicar semejante política requiere, obviamente, un considerable grado de confianza mutua y autocontrol por parte de las tres potencias. […] Una organización de seguridad internacional efectiva será el resultado más que la condición del acuerdo sobre los temas vitales que dividen a las grandes potencias. Esos temas son, sobre todo, (a) las cuestiones territoriales, y (b) el carácter de los gobiernos a ser reconocidos durante el período de posguerra y la amplitud de la influencia externa sobre tales gobiernos a ser considerada aceptable.

Prudente previsión, de imposibilitada observancia durante los nueve lustros de guerra fría en que la intervención en los asuntos internos de otros Estados fue la norma orientadora para la Gran Potencia vencedora de la segunda guerra mundial. Medio año antes de que ésta hubiera terminado, de nuevo fue el director del OSS quien el 3 de noviembre de 1944 trazaría la pauta que asumirían las sucesivas administraciones de EEUU desde Truman:

dividir y dominar a Alemania for ever; como los germanos son reconocidamente serviles, deben percibir que la autoridad internacional es una madre decidida y que ni el pangermanismo ni Alemania misma pueden nunca ser restablecidos. A condición de que no haya un “bloque” germano en el centro de Europa, los individuos alemanes pueden estar seguros de que los Aliados estarán a favor de que tengan condiciones de vida decentes y la oportunidad de ser felices en lo personal. Deben aprender, sin embargo, que nunca hallarán verdadera felicidad bajo un amo alemán fuerte. […] Lo que debe ser erradicado de raíz es el objetivo alemán de lograr la unidad, causa de un vigor que inevitablemente desemboca en agresión. […] Los alemanes deben percibir que los Aliados están firmemente determinados a dividir Alemania, en tanto que nación, en partes, de modo que pueda revivir su antigua tradición no nacionalista y no militarista[2].

I. Roosevelt y la paz en Europa

La segunda guerra mundial fue continuación de la primera, la lucha de Alemania con Gran Bretaña, Francia y Rusia por la hegemonía de Europa. Pero mientras el fin estratégico de Roosevelt en 1941-1945 era uno solo, derrotar el expansionismo germano, para los dirigentes británicos los fines eran tres: contener a las fuerzas antiimperialistas y socializantes en Europa y Asia, contener a la Unión Soviética y, sola coincidencia con Roosevelt, derrotar a Alemania.

Los planes de Roosevelt para después de la segunda guerra mundial desarrollaban los del presidente Woodrow Wilson en la primera. En su proyecto de una Sociedad de Naciones que, colectivamente, enfrentara las agresiones a la paz internacional (enero de 1917), el presidente Wilson proponía inspirarse en los principios de John Quincy Adams:

que las naciones se pongan de acuerdo en adoptar la doctrina del presidente Monroe como doctrina mundial: que ninguna nación debe tratar de extender su política sobre otra nación o pueblo, pero que cada pueblo –tanto si es pequeño como grande y poderoso– sea libre de determinar su propia política, su propia vía de desarrollo, sin ataduras, sin amenazas, sin intimidaciones.

Éstos son precisamente los principios, gestados en EEUU, negados por la Administración Truman y siguientes a lo largo de la guerra fría.

Roosevelt consideraba que los movimientos socializantes en Europa eran adversarios de los intereses conservadores europeos, no de EEUU. Y mientras el gabinete británico maniobraba para salvar su Imperio ultramarino, en la Conferencia de Teherán de 1943 Roosevelt proponía a Stalin iniciativas conducentes a desmantelar el colonialismo británico y francés. Anotaba en esa ocasión Charles Bohlen, jefe del Departamento de Asuntos Soviéticos en el Departamento de Estado

Alemania debe ser desmembrada y mantenida desmembrada. No debe permitirse que los Estados de Europa oriental, sudoriental y central se agrupen en ninguna federación o asociación. A Francia se le deben retirar sus colonias y bases estratégicas fuera de sus fronteras, y no debe permitírsele mantener ningún aparato militar apreciable. Polonia e Italia mantendrán aproximadamente su presente extensión territorial, pero cabe dudar si se les permitirá a una u otra mantener alguna fuerza armada apreciable. El resultado sería que la Unión Soviética resultaría la única fuerza militar y política importante en el continente europeo. El resto de Europa sería reducido a la impotencia militar y política[3].

¿Cómo explicar que tras el fallecimiento de Roosevelt, el 14 de abril de 1945, su sucesor Harry S. Truman sostuviera precisamente la política opuesta? El hecho es tanto más significativo cuanto que, todavía en 1941, los Estados Mayores de las FF AA de EEUU no disponían de ningún plan estratégico respecto del continente europeo. Y con razón, la opinión pública norteamericana era contraria a todo tipo de implicación en las disputas entre Estados europeos. Lo recordaba el general Lincoln en el Colegio Nacional de Guerra, en Washington, D.C., el 30 de enero de 1947,

el primer plan que trató de sentar los requisitos de una guerra global y de ayuda a nuestros aliados, era el de 11 de septiembre de 1941 […]. Pocos días antes del 7 de diciembre la parte más sustantiva de aquella estimación conjunta era publicada literalmente en el Tribune de Chicago. Provocó tal tormenta de comentarios públicos que de no haber surgido Pearl Harbor con toda probabilidad varios de los más altos almirantes y generales, el general Wedemeyer incluido, antes hubieran comparecido ante un Tribunal Militar que serían generales en estos momentos.

Tan mayúsculo escándalo se produjo en torno del primer plan resultante de la cooperación entre mandos de las FF AA británicas y de EEUU que, desde enero-marzo de 1941, sostenían conversaciones sobre acciones conjuntas para el caso de que EEUU entrara en guerra contra Alemania. La evocación del general Lincoln orienta nuestra atención hacia el Estado Mayor Combinado (Combined Chiefs of Staff), creado el 23 de diciembre de 1941 por el Primer Ministro británico y el Presidente de EEUU para elaborar planes de conducción de la guerra y asegurar la unidad de mando. Con sede en Washington, la representación de EEUU estaba encabezada por la Junta de Jefes de Estado Mayor (Joint Chiefs of Staff, JCS), la del Reino Unido por importantes jerarquías de las tres armas[4] (documentos 21 y 22). La propia Junta de Jefes de Estado Mayor de EEUU fue creada por Roosevelt aquel mismo mes de diciembre, tras su primera reunión con Churchill después que declarara Alemania la guerra a EEUU. La JCS debía coordinar la dirección militar de la Marina, Aviación y Ejército de Tierra (hasta aquella fecha con direcciones independientes), siguiendo el modelo del British Chiefs of Staff. Ambas decisiones tendrían consecuencias de prolongada duración. El brigadier general W. W. Bessell evaluaba su trascendencia en el Colegio de Oficiales del Ejército y la Marina, el 8 de enero de 1946:

Mucha gente piensa que importantes decisiones fueron tomadas en las bien publicitadas conferencias de los “dos grandes” o de los “tres grandes”. En realidad, fueron tomadas aquí en Washington en el trabajo día tras día del Estado Mayor Combinado. Las conferencias eran simples hitos y una ocasión adecuada para discutir de la estrategia en lo referente a Europa[5].

Es en ese trabajo cotidiano de análisis y acción sobre Europa donde yo encuentro que los tradicionales conceptos estratégicos británicos fueron recibidos por los mandos norteamericanos. En una amplitud hasta entonces desconocida, por más que su influencia se percibiera ya antes en teóricos del poder naval como Mahan[6].

En los archivos del Combined Chiefs of Staff he podido seguir el rastro de la creciente discrepancia entre las directrices impulsadas por el Presidente Roosevelt, y los conceptos segregados desde la estructura militar conjunta britaniconorteamericana. Incompatibilidad que estalla, se libera podríamos decir, tras la desaparición de Roosevelt. Es entonces cuando los postulados británicos respecto de Eurasia emergen entre los mandos militares norteamericanos y, con ellos, las premisas conceptuales de las alianzas de la guerra fría. Veamos algunos ejemplos.

Para Roosevelt, la paz en Europa debía estar basada, ante todo, en la libre determinación de los pueblos liberados, la vencedora coalición antigermana asumiendo mantener el “orden” desde Polonia al Mediterráneo y el Atlántico; después, en un compromiso militar de EEUU en Europa muy limitado; en tercer lugar, en acabar con el colonialismo europeo. El 17 de noviembre de 1943 la Junta de Jefes de Estado Mayor (JCS) presentó a Roosevelt un memorándum proponiendo dividir Alemania en tres «esferas de responsabilidad». Era una versión revisada del plan original del Estado Mayor británico. Dos días después, Roosevelt opuso su negativa al mismo

los británicos quieren la parte noroccidental de Alemania y les agradaría que EEUU se quedara con Francia y la Alemania al sur del río Mosela. Nosotros no queremos tener que preocuparnos por reconstruir Francia. Francia es una “criatura” de los británicos. EEUU no es popular en Francia en estos momentos […][7].

Roosevelt expuso a los jefes militares sus propias alternativas: 1. Las divisiones estadounidenses en el Mediterráneo y Europa meridional deberían ser las primeras en ser repatriadas a EEUU; 2. EEUU debería salir de Francia e Italia tan pronto como fuera posible, dejando a británicos y franceses resolver sus problemas; 3. En caso de necesidad, las cuatro Potencias podrían, con su fuerza policial, mantener el orden en Europa por el método de la “cuarentena”: «por ejemplo, no queremos usar nuestras tropas para resolver riñas locales en lugares como Yugoslavia. Podríamos usar el Ejército y la Flota para un bloqueo económico e impedir entrar o salir en cualquier área donde prevaleciera el desorden».

Para hacer posible su plan, sostenía Roosevelt que era importante limitar el área de ocupación de EEUU al noroeste de Alemania:

[…] El Presidente dijo que él personalmente contemplaba una fuerza de ocupación de alrededor de un millón de tropas de EEUU […]. En respuesta a una pregunta del general Marshall sobre cuánto tiempo el Presidente consideraba que sería necesario mantener un millón de hombres en Europa, el Presidente respondió que por lo menos un año, quizás dos.

Cuatro días después, el 23 de noviembre de 1943, el secretario de Estado explicaba el modo de hacer factible la autodeterminación de los pueblos liberados de Europa. Sus términos eran antagónicos con el plan británico de división de Europa en esferas de influencia,

Mr. Hull ha expuesto el trazado de límites que muestra dar a Rusia el completo control militar de algunas áreas como Polonia. Opina que esto entusiasmará a los polacos y otros países ahora ocupados por los alemanes. Piensa que quizás deban hacerse dos cosas: (1) instalar comisiones políticas conjuntas para manejar los plebiscitos y lo que se refiere a estatutos que aseguren a los polacos y otros pueblos que su libertad no quedará comprometida por la ocupación militar. (2) Las fuerzas de ocupación deben publicar muy claramente y en detalle sus intenciones y ofrecer garantías. (3) Debe ofrecerse a los rusos un puesto en la comisión que se ocupará del problema de Francia en contrapartida a la aceptación de comisiones en Europa central y Polonia, pero no debemos ponernos en una situación precaria y conceder el puesto en Francia antes de que los rusos acepten el otro asunto[8].

En el mismo memorándum se leen otras dos proposiciones políticas:

Mr. Hull (aunque se le ha preguntado tres veces) no quiere comprometerse sobre fuerzas de EEUU en los Balcanes […]. Afirmó que el deseo del Presidente es que la Indochina francesa debiera convertirse en un Mandato más bien que reintegrarse en el Imperio francés. Este enfoque, me parece, acentúa en parte la actitud de nuestro Departamento de Estado hacia el Comité francés. Ese Comité es reconocidamente imperialista. Tiene como uno de sus objetivos reconstruir el Imperio francés en su totalidad.

El 25 de noviembre de 1943, sin embargo, el Comité Conjunto de Planes de Guerra preparó un memorándum al Presidente insistiendo en sus propuestas iniciales, bajo el supuesto de que «la ocupación de Europa se prolongará, con toda probabilidad, varios años»[9]. Roosevelt se mantuvo firme. La Junta de Jefes de Estado Mayor reiteró al Presidente la oposición británica a su deseo de cambiar las “áreas de responsabilidad”. El 21 de noviembre de 1944 Roosevelt volvía a ordenar que las objeciones británicas fueran rechazadas, e insistió en sus propias propuestas:

1. No quiero que EEUU tenga en la posguerra la carga de reconstruir Francia, Italia y los Balcanes […]. Esta es definitivamente una tarea británica en la que los británicos se hallan más vitalmente interesados que nosotros.

2. Desde el punto de vista de EEUU, nuestro principal problema no es tomar partido en los problemas internos de Europa del Sur, sino más bien participar en eliminar a Alemania con el posible e incluso probable costo de una tercera guerra mundial […].

5. Por consiguiente, pienso que la política de EEUU debe ser ocupar Alemania noroccidental, los británicos ocupando el área al sur del Rin y, también, asumiendo la responsabilidad del orden en Francia e Italia si ello fuera necesario.

6. En lo que respecta a la seguridad a largo plazo de G. Bretaña frente a Alemania, esto no forma parte de la primera ocupación. Los británicos tienen tiempo más que suficiente para resolverlo, incluyendo Helgoland, aeropuertos, etc. Para entonces los norteamericanos serán más que felices de retirar todas sus tropas de Europa,

7. Si se requiere algo más para justificar este desacuerdo con las líneas de demarcación con los británicos, baste que añada que consideraciones políticas dentro de EEUU hacen que ésta sea mi última decisión[10].

No obstante, el general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada en Europa, discrepaba y el 27 de mayo de 1944 escribía al general George C. Marshall, jefe de Estado Mayor, que esperaba que el Presidente cambiara su postura. Eisenhower deseaba que «todas las fuerzas britanicoamericanas permanecieran en Europa bajo el control de un Comandante en Jefe Aliado, de modo que el Combined Chiefs of Staff [anglo-americano] pudiera usarlas como lo estimara pertinente», a fin de evitar que «cada problema que surja deba ser resuelto en primer lugar sobre la base de británicos contra norteamericanos, y que en cualquier asunto importante podamos encontrarnos con los rusos alineándose con uno de nosotros a expensas del otro»[11].

La presión sobre Roosevelt aumentó el 2 de agosto siguiente cuando John McCloy (secretario adjunto de Guerra), Edward R. Stettinius (secretario de Estado) y Harry Hopkins (asesor personal) le enviaron un telegrama

infiriendo que mr. Stimson [secretario de Guerra], mr. Forrestal [secretario de Marina] y mr. Stettinius pensaban que EEUU podría ocupar las zonas meridionales tras convenir algunas concesiones con los británicos. El radiograma fue despachado al Presidente. (Parece que el «G-2» [servicio de inteligencia] había anticipado que quizás el Presidente se opondría a la ocupación de las zonas meridionales porque las líneas de suministro de EEUU debían pasar por Francia). El Presidente replicó con un enfático “no”, diciendo en sustancia que esperaba que mr. Churchill estaría conforme con la propuesta americana de ocupar la zona Norte[12].

El 17 de agosto Eisenhower insistió en su postura en telegrama al Combined Chiefs of Staff, diciendo que el avance de las fuerzas desplegadas iba a situar a las fuerzas americanas en Alemania del Sur, en lo que el Estado Mayor británico estaba obviamente de acuerdo. El Comité Conjunto de Planes de Guerra no contestó al telegrama de Eisenhower, y de esta forma se impuso en la práctica el deseo del mando militar sobre la directriz del Presidente[13].

II. Los conservadores europeos piden la intervención de EEUU

Llama la atención el contraste entre algunas estrategias político-militares impulsadas por el presidente Roosevelt y las que emanaban de los departamentos de planes y estrategia de sus FF AA. En un primer tiempo, de modo sutil, la discrepancia se manifiesta en los análisis de los servicios de información. El informe del 13 de febrero de 1943 del mayor Hoffman Nickerson, del Policy Committee del Departamento de Guerra, acogía los planteamientos de los sectores conservadores europeos y de ellos extraía consecuencias en contradicción con los planes del gobierno de EEUU:

para los europeos del Continente la guerra está polarizada entre dos grandes ejércitos, el alemán y el rojo, que no pueden ser igualados por los pueblos de lengua inglesa, y uno de aquellos será el dueño de Europa. La Europa continental ha tenido más experiencia del comunismo que nosotros y en ella elementos amplios, predominantes, por más que odien y teman al ejército alemán y a los nazis, odian y temen mucho más al ejército rojo y al comunismo. Por consiguiente, las victorias rojas tienden a aproximar el Continente a Alemania, en especial por la ausencia de declaraciones públicas del presidente Roosevelt y Churchill sobre su posición respecto del comunismo[14].

Más de dos años antes de la derrota de Alemania, varias fuerzas políticas europeas ya estaban pidiendo a EEUU dinero para, una vez terminada la guerra, continuar sus políticas de la década de los treinta. A cambio, ofrecían alinear sus países detrás de la política angloamericana y contra la URSS. Lo podemos leer, por ejemplo, en la petición de más dinero que presentaba en febrero de 1943 Félix Gouin, en nombre de la dirección del Partido Socialista Francés (SFIO), a W. P. Maddox –jefe del OSS en Londres– «para un partido que [después de la guerra] va a centrar toda su política exterior global en torno de los países anglosajones»[15]. El entonces jefe del Gobierno francés en el exilio, Charles de Gaulle, era por el contrario partidario de incrementar la autonomía de Francia mediante un acuerdo europeo que incluyera a la URSS. Y en diciembre de 1944 firmaba con Moscú un tratado de alianza y asistencia recíproca por veinte años. Para De Gaulle derrotar a Alemania requería a corto plazo la cooperación soviética, pero a largo plazo la paz en Europa –en su visión, que Alemania no creara las condiciones de una nueva guerra hegemónica–, necesitaba no marginar a Moscú de la escena europea. De Gaulle concebía la seguridad francesa, y europea, en términos no de convertir Francia en protectorado de EEUU sino de reincorporar el Kremlin al escenario europeo. Rompía así De Gaulle, también, con la política del Front Populaire de 1936, que vació de contenido el acuerdo de 1935 de Francia con la URSS al inclinarse ante la oposición al mismo de los militares galos[16]. La dirección del Partido Socialista (SFIO) francés pedía en 1943 dinero a Washington ofreciendo, a cambio, continuar esa política de preguerra. Cuando De Gaulle fue abocado a dimitir en enero de 1946, el hombre que le reemplazó al frente del Gobierno fue precisamente… Félix Gouin. Y sería, en efecto, también el Partido Socialista (SFIO) francés quien apoyaría enrolar a Francia en la Coalición de la Guerra Fría, en la OTAN y en la Comunidad Europea de Defensa (rearme de Alemania), iniciativas ambas combatidas por los gaullistas en 1949 y 1953. Otros contratos secretos de igual sentido que el de Gouin han sido convenidos después, en Francia y en el resto de Europa. ¿Cómo entender, de otro modo, que decisiones estratégicas fueran desde 1945 ocultadas a la opinión pública, a los parlamentos, e incluso a los propios Consejos de Ministros?

El social demócrata Gouin era uno más entre muchos implorantes. El 22 de septiembre de 1943 el ya citado jefe del OSS en Europa, Allen Dulles, recibía en Berna una propuesta de otro dirigente galo para que EEUU ocupara y controlara Francia. Explicaba por qué: «Muchos trabajadores, fuertemente influenciados por la propaganda comunista, puede que tras la Liberación [de la ocupación alemana] quieran emanciparse de toda tutela y reivindicar el poder»[17]. El 8 de junio de 1943 los servicios secretos norteamericanos en Zúrich hacían llegar a Allen Dulles un mensaje de Wilhelm Ditterman, diputado del Partido Socialdemócrata alemán entre 1912 y 1933, vicepresidente del Bundestag entre 1920 y 1925: «en tanto que ex dirigente de los sindicatos, espera volver a jugar un papel en su país tras el derrocamiento del actual régimen, y ofrece sus servicios creyendo que puede ser de utilidad para que establezcamos relaciones con antiguos sindicalistas, socialistas y otros»[18]. Desde Italia dirigentes no fascistas pedían a Dulles, el 10 de agosto de 1943, que los angloamericanos se hicieran cargo de dirigir el país «durante la transición democrática», y recomendaban que Italia junto a Francia y España fueran integradas en un Bloque Latino «instrumento de los anglosajones en Europa»[19]. En enero de 1944 el liberal Altiero Spinelli era introducido a Dulles como amigo de Carlo Sforza, y de la confianza del socialdemócrata Ignacio Silone, para proponerle –en un informe titulado «Le problème politique italien»– que Italia no debía ser gobernada por «curas, ni comunistas o marxistas, la garantía de un desarrollo democrático de Italia radica en la formación de un gobierno extraordinario del Comité de Liberación Nacional, bajo el control provisional y con la ayuda de los aliados»[20]. El 23 de abril siguiente, eran líderes de la derecha italiana quienes a su vez pedían a Allen Dulles que EEUU interviniera, aduciendo que «los partidos de izquierda se inclinan a enfatizar los éxitos rusos y crear un sentimiento de desconfianza hacia los angloamericanos para, cuando Alemania haya sido derrotada, conducir el país a escoger un régimen político parecido al ruso»[21]. En contraste, el 18 de agosto de 1944 el OSS informaba de la ruptura del socialista Pietro Nenni con el Partido Comunista Italiano en estos términos:

la desilusión de Nenni es evidentemente debida, en gran parte, a su convicción de que la URSS no está interesada en Italia y no puede contar con que aquella presione en favor de una revolución social en Italia. […] El problema primario para Italia es encontrar una nación amiga que le ayude a salir de su actual apuro económico. […] Nenni explica sus recientes ataques públicos a la política angloamericana en Italia como un intento de evitar que los neofascistas capitalicen la extendida insatisfacción popular[22].

El papa Pío XII, por su lado, en noviembre siguiente indicaba al coronel Sarnoff, presidente de Radio Corporation of America (RCA), «su esperanza de que ni EEUU ni el Reino Unido se retirarían de Italia hasta tanto Italia fuera capaz de formar un gobierno estable»[23].

La cronología demuestra que la petición de auxilio de conservadores y socialdemócratas europeos a los servicios de EEUU es anterior a la guerra fría. Es llamativo que las sugerencias de aquéllos eran contrarias a las proyecciones que, en las mismas fechas, hacían para Europa medios representativos del capital norteamericano. Así, las revistas Time, Life y Fortune tenían formado en 1943 un Comité para la posguerra encargado de elaborar una “estrategia para la paz”, cuyas publicaciones fueron leídas por más de medio millón de norteamericanos, utilizadas por más de 400 escuelas y universidades, citadas en el Congreso y comentadas o solicitadas por múltiples instituciones en Washington, o por personalidades como Nelson A. Rockefeller o el almirante Nimitz. Una copia de la serie IV, Relaciones con Europa, de mayo de 1943, la he encontrado en el archivo del brigadier general A. C. Wedemeyer[24]. ¿Qué visión de la Europa de posguerra se contemplaba allí? Resumámosla:

La meta que proponemos es crear una nueva Europa. El interés americano radica en una asociación imparcial e igual tanto con Gran Bretaña como con Rusia, sin ninguna combinación interna, en ser un miembro plenamente partícipe de ese grupo, sin inhibiciones y sin agentes [intermediarios]. Ese nuevo triángulo de poder puede mantener Europa en paz bajo dos premisas. La primera es que Rusia preferirá la paz de Europa a que ésta sea comunista, la segunda es que ni G. Bretaña, ni Rusia ni EEUU van a ayudar a Alemania en su muy predecible esfuerzo por volver a ser un fuerte poder militar […]. Cualquier Gran Alianza de las Naciones Unidas, sea encabezada por los Tres Grandes o por los Cuatro Grandes (China incluida), tiene una posibilidad para ocupar un lugar constructivo permanente en la historia sólo si se convierte en el embrión y brazo ejecutor de una nueva Sociedad de Naciones, unas verdaderas Naciones Unidas, o incluso de una federación mundial.

Debe haber un Consejo Europeo de las Naciones Unidas –formado por todos los miembros continentales de las Naciones Unidas, los Tres Grandes han de garantizar la seguridad de Europa–, un Tribunal Europeo –cada nación continental debe abjurar del uso de la fuerza en sus relaciones exteriores y aceptar la jurisdicción del Tribunal Europeo; una Declaración europea de Derechos Humanos, aplicada por igual en toda Europa por el Tribunal Europeo; una policía europea, mandada por un Estado Mayor europeo, integrada por soldados provenientes de todas las naciones miembro, que tendrá el monopolio continental de los tipos de armas más claramente ofensivas, como son bombarderos, artillería pesada y tanques. El Estado Mayor recibirá órdenes del Consejo, pero también procederá automáticamente a ejecutar las resoluciones del Tribunal; el Consejo deberá establecer un número de comités semiautónomos y agencias técnicas con el propósito de soldar Europa en un todo económico: una Comisión Europea de Aduanas, un Banco Central, una Corporación de Transportes, un Comité de Desarrollo…; europeizar a la nación alemana.

Los americanos tienen un prejuicio natural en favor del capitalismo privado. Pero el mayor prejuicio general de los europeos será en favor de la libertad de decidir por sí mismos su destino económico […] cada país europeo deberá ser protegido en su elección de un régimen económico. Tanto los americanos como los rusos deben entender que ésto no es de su incumbencia.

Manifiestamente, este significativo sector del capitalismo estadounidense no propiciaba en 1943 dividir Europa, ni perseguir o derrocar a regímenes u organizaciones no capitalistas.

Durante la guerra contra Alemania las autoridades de EEUU establecieron el nexo con los conservadores europeos, preferentemente, a través de servicios de acción clandestina como el Office of Strategic Services. Éste, a efectos prácticos, asumió las posturas de sus interlocutores, las generalizó como «miedo de Europa occidental a Rusia» y, a menudo, aconsejó a los jefes militares de EEUU opciones políticas contrapuestas a las directrices del presidente Roosevelt. Así, en enero de 1944, Allen Dulles envió a la Junta de Jefes de Estado Mayor un «Informe sobre las condiciones políticas en la Europa ocupada», según el cual las fuerzas angloamericanas encontrarían mayor cooperación en Alemania, y en los territorios ocupados por ésta, «si fuerzas anglosajonas permanecen en Europa o en los Balcanes»[25].

El 4 de agosto de 1944 el general W. J. Donovan, director del OSS, presentó a los jefes de Estado Mayor y al secretario de Estado su doctrina de los intereses de seguridad de EEUU en el acuerdo europeo. Su lectura es sugestiva. Para empezar, ligaba la estrategia de EEUU al destino británico:

El interés americano en el acuerdo europeo es primariamente el de la seguridad. Nuestros intereses económicos reales son de importancia claramente secundaria.

Debemos continuar mirando el control o neutralización de las Islas Británicas por otra potencia como incompatible con nuestra seguridad y, presumiblemente, deberíamos de nuevo tomar cualquier medida para evitarlo. […] La política a seguir por EEUU en el Lejano Oriente y Latinoamérica en caso de una continuada rivalidad anglorrusa en Europa sería muy distinta si los intereses anglorrusos en Europa pudieran llegar a un compromiso satisfactorio.

La naturaleza de nuestro interés de seguridad en el acuerdo europeo requiere que consideremos las circunstancias bajo las cuales Gran Bretaña puede quedar envuelta en una guerra europea que amenazara seriamente la seguridad de las Islas Británicas. Pueden mencionarse cinco posibilidades:

1. Emergencia de una Alemania independiente y agresiva;

2. Una Alemania soviética aliada (o unida) a la URSS;

3. Una Alemania desarmada, con la Unión Soviética al frente de la mano de obra y recursos de los países al este y sureste del Imperio alemán.

4. Un intento británico de asegurarse la sumisión de Alemania a una esfera de influencia británica en Europa occidental.

5. Una división de Alemania[26].

Con todo, ¿en qué condiciones vislumbraban los servicios de Donovan la paz en Europa?

En la mayor parte de los países del Continente, gobiernos no exclusivamente orientados hacia Rusia o Gran Bretaña son el sine qua non para evitar muy serias fricciones entre esos dos poderes, y también para la seguridad de Gran Bretaña (y de Estados Unidos). El riesgo de semejante orientación exclusiva sólo puede ser reducido mediante el fortalecimiento de la relación intraeuropea. Ello implica, a largo plazo, alguna forma de unión europea no dirigida ni contra Gran Bretaña ni contra Rusia sino integrada por ambas.

Con el Imperio británico entonces esparcido alrededor de Eurasia y sus intereses amenazados por dos fuerzas en desarrollo –nacionalismo antiimperialista y democracia social–, vincular el futuro de la política norteamericana a los intereses del Imperio británico significaba encaminar EEUU hacia una guerra con la URSS.

La anticipación de una Europa de posguerra que destilaba el OSS enlazaba también con la del gabinete Chamberlain en la década de los treinta, y la de sus antecesores desde 1918, en cuanto aconsejaba revigorizar Alemania y oponerla a la URSS:

Está difundida la presión en favor de alguna forma de unificación de la Europa no soviética, aun a expensas de un sacrificio considerable de las soberanías nacionales. Hitler intentó desviar esta fuerza en su provecho, y si los nazis hubieran insistido menos en la dominación alemana y más en Paneuropa, la posición nazi hubiera sido probablemente mucho más fuerte de lo que es hoy. […] Cuando termine la resistencia alemana, la correlación de poder militar británico [y americano] en relación con el ruso será más alto que lo que cabe esperar será después por muchos años. Si en el primer período de pos-guerra las relaciones entre Gran Bretaña y Rusia son tensas, Gran Bretaña puede intentar ganarse la lealtad de Alemania durante el período de ocupación. Pero es improbable que esta aguda etapa de competencia con Rusia se desarrolle en este momento. A largo plazo, sin embargo, Gran Bretaña –como el miembro más débil de los tres poderes y ante el hecho de una rápida ampliación de la solidez rusa–, puede buscar mejorar su posición de poder en el continente a través de una serie de medidas que, espero yo de los británicos, pueden conducir a la inclusión de Alemania en una agrupación de las potencias europeooccidentales. Sin embargo, dado que el mayor interés para la seguridad rusa a largo plazo radica en asegurar que Alemania no será usada como base y parte en operaciones militares contra la URSS, debemos asumir que ésta debería adoptar medidas efectivas –hasta el límite de e incluso con la reocupación– para prevenir que Alemania como una unidad adhiera a tal conglomerado de poder. Es posible, sin embargo, que mediante su división previa un segmento de Alemania pueda adherirse a una agrupación de potencias occidentales.

Este análisis del OSS de agosto de 1944 asumía premisas en las antípodas de las aprobadas el 15 de septiembre siguiente en la Conferencia de Quebec, a propuesta del presidente Roosevelt, en el llamado Plan Morgenthau (secretario del Tesoro) para desmilitarizar Alemania y «eliminar su posición económica de poder en Europa». La puesta en práctica de este plan fue ordenada en la resolución de la Junta de Jefes de Estado Mayor núm. 1067. La decisión fue tomada por Roosevelt en medio de una gran resistencia del mando militar, el secretario de Guerra reiterando su oposición al Plan Morgenthau una y otra vez, verbalmente y por escrito –memorándums de 5, 9 y el mismo 15 de septiembre[27]. En la Conferencia de Yalta –febrero de 1945–, EEUU, el Reino Unido y la URSS aprobaron para la “Europa liberada” un escenario también contrario al patrocinado por el OSS. Sin embargo, es en los análisis de los servicios secretos donde hallamos plasmada la razón de construir la Europa de la guerra fría. Para ello el gobierno de EEUU tuvo que abandonar los planes acordados en las conferencias de Quebec y Yalta, y sustituirlos por el defendido desde 1917 por los conservadores británicos –y continentales.

Un año antes del fin de la segunda guerra mundial, el citado proyecto del OSS sentaba las bases conceptuales del despliegue de poder militar de EEUU por todos los continentes. Y ello con independencia de cual pudiera ser la evolución en Europa. Es decir, sin que la política de la URSS aparezca ni tan siquiera como pretexto del propuesto despliegue:

con independencia del acuerdo en Europa, EEUU debe: a) asegurar su posición en el Atlántico mediante alguna o todas las medidas siguientes: (1) desarrollar y extender la protección de los accesos al Caribe; (2) coordinar planes de defensa hemisférica con los países latinoamericanos, y mantener instalaciones militares estratégicamente importantes en territorio latinoamericano; (3) mantener y extender instalaciones militares en Canadá oriental, Terranova, Groenlandia y posiblemente Islandia; (4) desarrollar una base en África occidental. (b) asegurar su posición en el Pacífico mediante alguna o todas las medidas siguientes: (1) mantener y desarrollar instalaciones militares en Alaska y las Aleutianas; (2) adquirir y construir bases en las islas bajo mandato de Japón; (3) desarrollar bases en el Lejano Oriente bajo control de EEUU, o conjunto.

La posible construcción de la paz en Europa por vías distintas a las de los intereses conservadores se hallaba, sin embargo, también recogida como escenario alternativo en el mismo análisis del jefe del OSS. Opción diferenciada que reposaba, obviamente, en reconocer un papel dominante a los sectores populares y democráticos, y que fue la sofocada durante la guerra fría:

Un poderoso movimiento hacia la izquierda se está produciendo en casi todos los países europeos y hay una perspectiva clara de que dentro de pocos años, terminada la guerra, Europa, con excepción de Rusia, va a mostrar una estructura política y un horizonte más homogéneo que en cualquier otro período anterior desde hace siglo y medio. La principal oposición a un movimiento orientado hacia la unión de Europa que excluyera a Rusia debiera venir de esta fuerza de izquierda, pero si las fuerzas locales son sólidamente tenidas y no orientadas contra Rusia, no es en modo alguno seguro que aquella oposición sea permanente […]. Una unión europea que integre efectivamente tanto a Gran Bretaña como a la Unión Soviética ofrece, a largo plazo, quizás la más esperanzadora perspectiva de acomodación pacífica […]. Existe una alta probabilidad de que movimientos de izquierda de variadas características adquieran creciente importancia en la mayor parte de Europa en la posguerra. No hay razón plausible alguna, sin embargo, excepción hecha de aquellos países que se orientarán hacia Rusia por otras razones, para que este desarrollo por sí mismo incremente sustancialmente la influencia rusa en Europa. Si Gran Bretaña o EEUU adoptaran una actitud antagónica hacia las fuerzas locales, tales fuerzas, es cierto, mirarán indefectiblemente hacia Rusia en búsqueda de ayuda. Si, por el contrario, EEUU y Gran Bretaña son neutrales o, mejor aún, se muestran favorables hacia aquellos grupos políticos con posibilidad de acceder al poder, hay menos probabilidad de Revolución bolchevique y orientación hacia Rusia. De hecho, una resuelta política americana y británica en apoyo de tales grupos puede dar a estos países una clara inclinación occidental. En la mayoría, su orientación histórica y cultural ha sido hacia el Oeste más bien que hacia el Este, y todo apunta a esperar que continúe siendo así.

Ni Churchill, paladín del legado estratégico de tres siglos de Imperio, ni los sectores sociales británicos y continentales con los que se identificaba, podían compartir el segundo escenario del memorándum de Donovan. Si en los años veinte y treinta vieron en Mussolini, Hitler y Franco, soluciones para someter las demandas populares, ¿iban a inclinarse ante éstas después de derrotada Alemania? El problema de los conservadores británicos con el fascismo –y, a rastras de aquéllos, de los franceses– fue el expansionismo territorial de Alemania, no su régimen interior. Todavía en septiembre de 1937 Churchill manifestaba su esperanza de que si algún día Gran Bretaña fuera derrotada encontrara un Hitler, «un campeón tan indomable para restaurar nuestro coraje y restablecernos en nuestro lugar entre las naciones»[28]. Antes, en 1927, tras visitar a Mussolini, Churchill declaraba:

Si yo fuera italiano estoy seguro que habría estado incondicionalmente con usted desde el comienzo al fin de su triunfal combate contra los bestiales apetitos y pasiones del leninismo […]. Italia ha mostrado que hay una vía para combatir a las fuerzas subversivas capaz de reunir a las masas populares, apropiadamente dirigidas […] ha aportado el antídoto necesario al veneno ruso[29].

Pero después de 1945 los dirigentes de Gran Bretaña podían menos imponer su orden a Europa que en 1939. Su éxito dependía de hacer asumir a EEUU la estrategia recurrente británica hacia el continente. Por estrategia recurrente entiendo fundamentalmente dos principios. Primero, el del gabinete británico en el State Paper de Castlereagh de 5 de mayo de 1820 –oposición a la intervención rusa en Europa occidental–, la diplomacia británica haciendo residir “el juego de la seguridad pública” europea en la división-oposición entre la que Castlereagh denominaba western mass y la eastern mass. El segundo principio, que las cuestiones de poder marítimo y de mercados comerciales eran «de la competencia de Inglaterra, la influencia de las Potencias [europeas] se terminaba allí donde se hallaban los límites del Continente»[30].

En contraste con el rechazo que encontraron en los presidentes Wilson y Roosevelt, el triunfo de los intereses conservadores europeos se confirma cuando los conceptos de la estrategia británica fueron asumidos por la Administración Truman. Su presupuesto fue incorporar Gran Bretaña –su Imperio y zonas de influencia en las costas del continente euroasiático– dentro del perímetro de defensa de Norteamérica. Era la meta perseguida con fortuna desigual por Churchill desde 1911. Sus consecuencias han determinado la historia reciente de España, de Europa, la de las antiguas zonas de influencia francobritánica desde Corea a Irán pasando por la antigua Indochina (Vietnam, Laos, Camboya), la de América Latina. La del Mundo entero (documento 23).

De forma gráfica, y por tanto caricaturesca, puede decirse que la proyección de la política estadounidense rodada en la América hispana desde el siglo XIX, en versión europea se llamaría a partir de 1945 III Cuerpo de Ejército estacionado en Alemania, VI Flota en el Mediterráneo, Plan Marshall y lo que al mismo siguió –OTAN, CEE, bases militares en Madrid, Andalucía y Aragón, etc. Si Theodore Roosevelt amputó de Colombia en 1903 la provincia de Panamá y la declaró Estado porque así convenía a sus planes estratégicos, Truman creó la RFA por idéntica razón. Para que el paralelismo con América Latina fuera mayor se requería un requisito: la llamada de los sectores conservadores europeos a la intervención norteamericana. Podemos leer que este prerrequisito también se dio.

III. La Guerra Fría cierra el paréntesis abierto el 23 de agosto de 1939

En 1939 el acuerdo germanorruso abrió la guerra británica en Europa. La guerra fría puede verse como la continuación de las políticas conservadoras anteriores al 23 de agosto de 1939. Antes de que terminara la guerra con Alemania y Japón los conceptos estratégicos británicos estaban sembrados en los Estados Mayores de las FF AA de EEUU. En 1945 la pugna por el control de la heartland abrió una nueva guerra hegemónica, sus presupuestos eran intrínsecos a conceptos de la estrategia tradicional británica –hegemonía sobre Europa mediante la división entre sus partes “occidental” y “oriental”–, y eran independientes de las estimaciones sobre un “peligro ruso”. Para el representante del OSS en Europa, en enero de 1944

Europa occidental no desea la dominación rusa […]. Si al acabar la guerra se produce en esta parte occidental del Mundo una fase de comunismo, éste será probablemente de carácter local, nacional, y no basado en un especial deseo de sumarse a Rusia si hay una alternativa[31].

En febrero de 1945, el Comité Conjunto de Inteligencia había enviado al Estado Mayor Conjunto una «Estimación de las capacidades e intenciones soviéticas en la posguerra» –proyectadas hasta 1952:

– para alcanzar el máximo de recuperación y desarrollo económico, la URSS limitará los gastos militares al nivel de 1938,

– la Unión Soviética podría probablemente alcanzar hacia 1952 la posición económica proyectada para 1942 en el Tercer Plan Quinquenal,

– una política de acomodamiento con los Estados no soviéticos es aceptable, a pesar de la tradición de hostilidad soviético-antisoviética,

– las motivaciones de la política exterior soviética son el temor de un cerco capitalista y un deseo latente de asegurarse el acceso a los grandes mares. La Unión Soviética no tiene una fuerte motivación para una expansión territorial o de influencia,

– en orden a lograr la mayor recuperación económica, la Unión Soviética debe evitar un conflicto con Gran Bretaña y EEUU, o incluso tensiones tales que puedan llevar a una carrera armamentística, por lo menos hasta después de 1952. La Unión Soviética seguirá probablemente esa política, a no ser que considere amenazados sus intereses vitales de seguridad nacional,

– la Unión Soviética puede cooperar en una organización general para preservar la paz, continuará escéptica sobre su eficacia práctica y temerosa de que se convierta en un instrumento de cerco capitalista,

– en la realización de sus políticas de seguridad nacional, la Unión Soviética dependerá mucho del desarrollo de su influencia sobre otras naciones[32].

El 6 de julio de 1945 –dos meses después de la muerte de Roosevelt, diez días antes de la experiencia atómica de Álamo Gordo y de la Conferencia de Potsdam, un mes antes de Hiroshima–, la Sección de Estrategia presentaba a los Jefes de Estado Mayor un enfoque muy distinto, que asumía como premisa la rivalidad entre sistemas económicos que iba a alimentar la prolongada ocupación y división de Europa:

Tras derrotar a Japón, EEUU y Rusia serán las dos potencias militares más fuertes del Mundo […]. Desde una perspectiva a largo plazo, debe esperarse que mejore la posición de poder de Rusia. Puede eventualmente sobrepasar la de EEUU. El curso de acontecimientos de largo alcance abierto a la URSS sería emprender la conquista de Europa, Asia, o ambas. El control angloamericano de Europa occidental disminuirá rápidamente con la retirada de sus tropas […]. Si los esfuerzos angloamericanos para mejorar las condiciones económicas de Europa occidental no tienen éxito, este fracaso de las dos naciones capitalistas más importantes puede causar que algunas naciones de Europa occidental entren voluntariamente en la órbita soviética.

La imputación del propósito de controlar Iberoamérica y el propio EEUU desde Europa, era atribuido allí por primera vez a la URSS en vez de a Alemania: «Cabe esperar que los soviéticos intenten fortalecer su posición en América Latina y Estados Unidos con el ánimo de debilitar nuestra influencia en las otras Repúblicas americanas».

El perímetro de “seguridad” de EEUU era consiguientemente ampliado para incluir a Europa y, en consecuencia, asumía la guerra con la potencia euroasiática sobreviviente a la segunda guerra mundial –la URSS:

EEUU debe procurar evitar que cualquiera otra potencia o coalición acumule tal fuerza que represente una amenaza al Hemisferio occidental. Fue precisamente para destruir eso que en dos ocasiones entramos en guerra con Alemania. Para ello nuestra política de largo alcance en Europa y Asia debe ser la de oponernos a la expansión de Rusia hacia Europa occidental y Asia central y meridional.

EEUU debía para ello hacerse cargo de la defensa del Imperio británico en el Continente euroasiático: «La penetración rusa en el Oriente Medio amenaza así con romper la línea vital del Imperio británico […] que es de una importancia estratégica esencial también para nosotros, no tanto por nuestra comunidad de intereses con aquél allí como en Europa occidental y Asia», y extender la frontera militar de EEUU hasta donde habían llegado sus tropas y las del Imperio británico:

Aunque no creemos que los soviéticos recurran a un conflicto armado con las potencias occidentales en el próximo futuro, cabe siempre la posibilidad de que, en tanto tengamos una frontera común con Rusia, como ahora tenemos en Europa central, podemos vernos envueltos en una acción militar contra los soviéticos […] no por culpa o deseo de nosotros sino por nuestra peculiar relación con Gran Bretaña, o incluso con otra tercera parte.

En consecuencia, asumía que EEUU se hallaba en confrontación con la URSS: «En primer lugar, debemos prescribir el teatro del conflicto. En el momento presente sólo puede ser Europa. Después puede ser el Oriente Medio, Asia, África o incluso el Sur o Norte de América», y con ello EEUU proseguía la estrategia británica hacia el Continente:

una consideración de importancia principal es la cuestión de nuestra relación a largo plazo con Gran Bretaña. Hay en Europa occidental una estrecha franja de Estados relativamente impotentes que, por razones que les son propias, pueden todavía desear luchar junto a nosotros contra Rusia. Gran Bretaña es el alma europea de esa franja. Ciertamente, sin ella, y con mayor certidumbre sin nosotros, no puede anticiparse ninguna resistencia a Rusia por esos países.

El problema para los estrategos norteamericanos que proponían continuar la guerra en Europa era que tal diseño encontraba un obstáculo mayúsculo. Concebida en función de los intereses de EEUU, la guerra debía apoyarse en recursos norteamericanos. Pero ni el gobierno ni la opinión pública de EEUU eran, el 6 de julio de 1945, conscientes de que los nuevos conceptos bélicos habían sido asumidos por los planificadores desde antes de terminar la anterior guerra. De hecho, el gobierno de EEUU había ordenado que sus divisiones retornaran de Europa a Norteamérica, lo que consternaba a los planificadores de la futura guerra: «esto nos permitirá ofrecer sólo una resistencia simbólica contra las fuerzas que Rusia pudiera reunir contra nosotros. Es dudoso si la ayuda Aliada significaría alguna diferencia apreciable».

El fin principal del proyecto de 6 de julio de 1945 era crear una causa para cambiar la política del gobierno de EEUU –heredada de Roosevelt–, por otra de estacionamiento permanente de tropas norteamericanas en Europa y… «agarrar el poder mundial»:

La expansión ulterior de la influencia soviética en Europa o Asia no se corresponde con los intereses últimos de EEUU. El occidente de Europa, por ejemplo, es ahora el puesto fronterizo de las ideas de EEUU. Ese puesto debe ser mantenido. Perderlo es permitir que la influencia soviética se esparza por toda Europa, Inglaterra incluida, terminando una etapa para empezar otra. La cuestión no es ya un asunto de ideologías; agarrar el poder mundial es el problema.

En cuanto a Iberoamérica, los hombres de la guerra razonaban en julio de 1945 como Canning y Monroe en 1823 –con la obvia diferencia de que los pueblos de América Latina esta vez no protagonizaban una insurrección: «Si [el ataque ruso viene] por el Este, Inglaterra puede ser una ayuda; si por el Oeste, una posibilidad remota, no existe un poder aliado que pueda ayudarnos. Aunque alguna ayuda desde Sudamérica puede ser anticipada, su monto y eficacia es pura conjetura».

En cuanto a Asia, la conclusión del análisis era oponerse a las ventajas territoriales –Islas Kuriles– acordadas en Yalta a la URSS para después de su entrada en guerra con Japón, es decir, para pocos días después de la fecha del estudio que estamos analizando. El cual, para sustentar la continuación de la guerra, dibujaba un enemigo a la medida:

Los esfuerzos soviéticos buscan un único fin: poder. […] La cuestión no es comunismo o capitalismo, es sobrevivencia nacional o dominación por una gran potencia.

La base de la presente política exterior soviética es la expansión del control e influencia soviéticos por todo el Mundo […] lograr el poder mundial […] Europa, Asia, después África, Sudamérica o Norteamérica.

Hoy, la URSS es una de las más poderosas potencias terrestres del Mundo. Se cree que es una política nacional fundamental de la Unión Soviética convertirse por último en el mayor poder aéreo y naval del Mundo.

Y terminaba recomendando que EEUU adoptara como política poner término a su intervención en la guerra iniciada en 1939 por el Reino Unido contra Alemania. Y asumir, en cambio, un protagonismo propio en una nueva guerra contra la URSS:

debemos oponernos a todo movimiento ruso contra […] las Aleutianas, a cualquier petición de bases en las Ryukyus o en Formosa, a cualquier tendencia a permanecer en Japón en tanto permanezcamos nosotros, y a cualquier avance en China al sur del río Amarillo […]. En general, debemos adoptar una postura individual en relación a Rusia, y no como aliados de Gran Bretaña[33].

En el margen de este documento se lee el comentario manuscrito del general G. A. Lincoln, jefe de planificación estratégica del Ejército: «a menos que estemos de broma, sabemos rematadamente bien que el solo enemigo asiático del que debemos guardarnos es Rusia»[34].

Es interesante el informe del 6 de julio de 1945 desde el ángulo de la guerra en Asia y de la decisión de lanzar, cuatro semanas más tarde, dos bombas atómicas sobre Japón. Según un estudio interno tan inédito como los anteriores que encontré en los archivos de las American British Conversations (documento 24):

Ya el 20 de junio de 1945 el Emperador había decidido terminar la guerra. En una reunión de esa fecha a la que asistieron los principales miembros del Gabinete Suzuki, se ha informado que el Emperador declaró: «Creo que nos es necesario tener un plan para cerrar la guerra de una vez por todas […]». Como consecuencia de esta declaración del Emperador, el primer ministro Suzuki decidió parar la guerra. Desafortunadamente, eligieron a Rusia como intermediaria para negociar la paz […]. El 8 de agosto Rusia declaraba la guerra a Japón. El 9 de agosto hacia las 07.00 el primer ministro Suzuki presentaba al Emperador dos alternativas: declarar la guerra a los rusos y continuar la guerra, o aceptar la Declaración de Potsdam. La última opción fue la decidida y fue puesta en marcha la maquinaria para llevar a cabo esta decisión. El lanzamiento de la bomba [atómica] fue el pretexto aprovechado por todos los líderes como razón para finalizar la guerra, pero la antes mencionada cadena de acontecimientos hacen casi seguro que los japoneses hubieran capitulado tras la sola entrada de Rusia en la guerra[35].

Esta información respalda la tesis de los estudios[36] según los cuales el destinatario político de las bombas sobre Japón del 6 y 9 de agosto era, en propiedad, la Unión Soviética. Y prevenir que ésta recibiera algún beneficio de la rendición japonesa tras su inminente declaración de guerra a Tokio –en la fecha acordada en Yalta (tres meses después de la capitulación de Alemania; puesto que se había rendido Berlín el 8 de mayo de 1945, era el 8 de agosto cuando la URSS declararía la guerra a Japón). El arma atómica era una bendición para los estrategos de la nueva guerra. La “bomba” podía salvar el obstáculo en la opinión norteamericana, que exigía el retorno de los soldados. Al tiempo que aseguraba a EEUU la hegemonía sobre la parte del Mundo conquistado a Alemania y Japón, calculaban los estrategos atómicos que obligaría a la URSS a retroceder dentro de las fronteras de donde salió en septiembre de 1939 –tras su pacto de 23 de agosto con Alemania; e incluso más, les permitiría liberar al propio Moscú de los perturbadores de la lógica económica capitalista.

En 1946, planteamientos ideológicos y geopolíticos al margen, la estimación del peligro de agresión soviética continuaba siendo tan baja como en 1945. Según el informe presentado el 29 de octubre de 1946 por el mayor general Norstad al presidente Truman, «consideramos improbable que los soviéticos deliberadamente planeen entrar en un gran conflicto armado en los próximos cinco a diez años. No obstante, nosotros debemos prepararnos para una guerra total»[37].

La guerra europea iniciada el 3 de septiembre de 1939 continuaba en 1945-1946 sin solución de continuidad, pero esta vez contra quienes los conservadores europeos pensaron en 1939 que estallaría. Recordémoslo, dentro de cada Estado contra las organizaciones democrático-populares y aquellas rebeldes a aceptar la sumisión de su Estado a una esfera de influencia; fronteras afuera, contra la URSS. La nueva guerra trabó su primer frente dentro del propio EEUU, cuya opinión pública en 1946 continuaba sosteniendo la tradicional constante de no enredarse en querellas intraeuropeas. El informe citado del general Norstad a Truman lo había visto así:

Una preocupación importante en nuestra planificación defensiva y ofensiva debe ser la actividad de la quinta columna. Sabotaje, subversión, huelgas y protestas civiles pueden perturbar la movilización, las medidas de defensa interior y por último el conjunto del esfuerzo bélico. Se requerirá una organización de defensa civil plenamente eficiente […].

Empezaba en EEUU la doctrina de la “seguridad nacional”, el encubrimiento de los engranajes de la política exterior ante la opinión pública y las propias instituciones de la democracia norteamericana[38].

Los supuestos estratégicos de la nueva guerra estaban ya elaborados cuando todavía Alemania y Japón no habían capitulado, un año antes de que el gobierno Truman sustituyera las directrices respecto de la URSS convirtiéndolo de aliado en adversario (febrero-marzo de 1946), dos años antes de ser lanzado el programa conocido como Plan Marshall (1947), tres años antes de la creación de la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE, después OCDE), del Tratado de Bruselas (Unión Europea Occidental), y cuatro años antes de la constitución de la OTAN. La conversión de aquellos supuestos en política oficial después de 1945 es la historia diplomática, económica y militar del Mundo desde entonces.

Probada la eficacia de la bomba atómica en Japón, en septiembre de 1945 la Junta de Jefes de Estado Mayor proponía al Comité de Coordinación de las Secretarías de Estado, Guerra y Marina las premisas de una doctrina incompatible con la aprobada por Roosevelt para la posguerra. Desde aquel septiembre, la nueva doctrina preconizaría la guerra preventiva sobre el Mundo entero:

Estar listos y determinados a adoptar una acción militar rápida y efectiva en el extranjero para anticipar y prevenir un ataque […]. Las fuerzas militares de EEUU deben ser las mejor entrenadas del Mundo, equipadas con el mejor material y desplegadas estratégicamente de modo que puedan llegar a alcanzar al poder enemigo en su fuente, o en otras áreas críticas, con antelación suficiente para frustrar el ataque de un agresor potencial […]. Cuando resulte evidente que fuerzas agresivas están siendo puestas en orden de batalla en contra nuestra por un enemigo potencial, no nos podemos permitir que la idea equivocada y peligrosa de evitar una actitud agresiva permita que el primer golpe nos lo den a nosotros. Nuestro gobierno, en condiciones semejantes, deberá apremiar que el problema encuentre una solución política rápida, al tiempo que se prepara simultáneamente a pegar el primer golpe si es necesario.

El ámbito designado para la primera aplicación de semejante política era el Pacífico y América, los pueblos latinoamericanos quedaron a la discreción de los estrategos de EEUU: «Asegurar y mantener la paz internacional dentro del Hemisferio Occidental, actuando colectivamente con otros Estados americanos pero, si ello es necesario, actuando en solitario». La estrategia hacia el continente euroasiático no lo definía como el enemigo, ni la URSS era identificada con él, pero sí eran avanzados los instrumentos de la hegemonía mundial de EEUU:

desarrollar y mantener un sistema de bases lejanas, adecuadamente equipadas y defendidas, en apoyo de nuestras fuerzas móviles, y capaz de expansión rápida. Desarrollar y mantener un sistema de inteligencia que asegure información adecuada respecto del desarrollo militar, político, económico y tecnológico en el extranjero y provea la necesaria advertencia de intenciones y capacidades hostiles. Promover la investigación, desarrollo y equipamiento de nuevas armas, procesos, material y contramedidas, y negar tal conocimiento y capacidad a posibles Estados enemigos en el grado que sea posible y deseable[39].

A partir del otoño de 1945, a medida que los planes de guerra de EEUU vayan asumiendo los supuestos estratégicos tradicionales británicos, se perfilará el objetivo inherente a estos últimos. Tanto el de retrotraer las posiciones rusas a las fronteras previas al pacto germanosoviético de agosto de 1939 –«destruir la capacidad de la URSS de hacer la guerra en la forma y medida que permita […] forzar la retirada de las fuerzas militares y políticas soviéticas de las áreas bajo su control o dominio, por lo menos hasta dentro de las fronteras soviéticas de 1939»–, como el ambicionado desde 1917 –acabar con el Estado soviético, «[…] abolir la URSS en tanto que federación de repúblicas, eliminar completamente el partido comunista en las antiguas repúblicas soviéticas», y también el objetivo anhelado por Londres desde el siglo XIX –dividir las nacionalidades y pueblos reunidos por Rusia bajo los zares, «conceder plena soberanía a todas las repúblicas soviéticas y estimular gobiernos independientes; desarmar y desmilitarizar completamente esas repúblicas […]». En estos literales términos establecía la sección de Planes Estratégicos del Departamento de Guerra, en julio de 1947, los «Objetivos nacionales de los EEUU»[40] (documento 3). Por supuesto, ni el Congreso ni la opinión pública de EEUU fueron consultados, ni llegaron siquiera a conocer que ésas eran las nuevas metas de su país. Su encubrimiento empezó dentro de EEUU pues era evidente para quienes las concibieron que no hubieran sido fácilmente compartidas.

Si alguna duda nos cabía sobre la pertinencia de nuestras hipótesis estratégicas, se desvaneció al leer la lección pronunciada ante los oficiales de Estado Mayor, el 10 de noviembre de 1947, por el teniente general A. C. Wedemeyer, director de Planes y Operaciones: condenaba éste explícita y retrospectivamente los proyectos de Roosevelt formulados en la Carta del Atlántico (1941), en el Plan Morgenthau (1944), en la declaración de Yalta (1945), en cuanto resultara incompatible con los conceptos británicos tradicionales –la «ausencia de objetivos políticos y económicos angloamericanos para la posguerra, definitivos y aceptados por ambos». Condenaba también Wedemeyer la conducción política que de la guerra había hecho Roosevelt, en cuanto que este último había rechazado las propuestas genuinamente británicas[41]:

debiera haber sido reconocido por los líderes americanos que sería de importancia vital, por razones políticas y económicas, acabar la guerra teniendo a fuerzas angloamericanas ocupando y controlando lo más de Francia, Alemania, Polonia y los Balcanes que hubiera sido factible. Debiéramos haber ejecutado operaciones militares que hubieran evitado que en países de Europa oriental los rusos suplantaran las doctrinas nazi y fascista por la suya propia;

loaba Wedemeyer en 1947, consecuentemente, los proyectos de Churchill de 1943 para orientar la guerra tanto contra los alemanes como contra la URSS –«para lograrlo hubiera sido necesario poner más temprano los pies en el Continente, y dirigirse hacia el Este y Sureste para desalojar a los alemanes de Francia, los Países Bajos y los Balcanes»; rechazaba Wedemeyer las propuestas de Roosevelt (contrarias a las de Churchill) acordadas con la URSS en Teherán (1943) y Yalta (1945) –«la actual posición dominante de la Unión Soviética en Europa fue creada principalmente por los acuerdos alcanzados y suscritos por nuestros propios líderes»; condenaba la política de Roosevelt de «respaldar a Tito» en Yugoslavia, y también los acuerdos de ocupación de las «zonas de Alemania y Austria»; loaba a Churchill por haber logrado –después de 1945– lo que éste había venido buscando desde 1918 –que la potencia de EEUU quedara “ligada” a la política británica en el Continente y en particular contra la URSS, «en el Mundo actual hay dos grupos ideológicos divergentes que están creando situaciones al parecer incapaces de hallar una resolución pacífica. La Unión Soviética y sus satélites conforman un grupo, los pueblos angloamericanos y adherentes representan el otro»–, con planes estratégicos angloamericanos combinados: «hay un factor en la formulación de la política exterior de EEUU que adquiere cada año mayor importancia. Ese factor es la consulta y colaboración angloamericana en los niveles ejecutivo, político, económico y militar». Afirmaba Wedemeyer que EEUU se encontraba en estado de guerra desde 1945:

estamos prácticamente en guerra con el grupo de la Unión Soviética en sentido político, económico y psicológico [porque] la actual política estratégica de la Unión Soviética, de naturaleza defensiva, puede continuar rehabilitando durante los próximos cinco a diez años las inmensas áreas devastadas por la guerra: asimilando y adoctrinando a las nuevas poblaciones que han entrado recientemente en su órbita, creando el establecimiento militar e industrial requerido para un esfuerzo militar mayor.

A continuación, Wedemeyer asumía también los conceptos de Mackinder (1904) sobre el peligro para el Reino Unido de una alianza germanorrusa, pero los atribuía a una autoría extravagante, los conceptos de Mackinder los presentaba como doctrina de Marx puesta en práctica por los comunistas rusos:

una vez la Unión Soviética haya alcanzado esos objetivos puede intentar consolidar toda la masa terrestre de Eurasia y sus accesos estratégicos. Alcanzado así el dominio comunista de Eurasia, puede esforzarse por lograr el último objetivo que ha sido consistentemente expuesto a lo largo de la Historia por Marx, Lenin y Stalin como “dominio del Mundo”.

No hay, por supuesto, en los escritos de Marx, una propuesta parecida a los conceptos geopolíticos del geógrafo británico Mackinder, incoherentes con el análisis marxista del cambio histórico. En contraste, lo que sí es cierto es que el 26 de diciembre de 1947 el general Wedemeyer recibía del mayor general H. S. Aurand un informe acerca de cómo, «una vez hayamos asegurado que el bloque de naciones de EEUU tiene suficiente potencial logístico para dominar el Mundo aun en caso de desastres logísticos, el pleno sentido de alguna represalia será entendido por quienes quieran atacarnos». Terminaba el general Wedemeyer su lección magistral de 1947 felicitándose de que, por primera vez en la historia de EEUU, las relaciones y recursos internacionales de la entera Humanidad estaban en vías de ser militarizados:

nosotros, los Planificadores Militares, estamos ahora en posición de determinar Cómo, Cuándo y Dónde los recursos políticos, económicos, psicológicos y militares de nuestro propio país, y los de los otros países que se adhieren a nuestros principios, pueden ser empleados con más eficacia para asegurar el logro de nuestros objetivos[42].

Los principios recurrentes de la estrategia británica emergían también en los análisis prospectivos del Departamento de Estado. Lo explicaba el 17 de septiembre de 1948 el jefe de la Oficina de Planificación Política, George Kennan, ante la Escuela Nacional de Guerra de EEUU:

había un gran proyecto dentro del así llamado “Nuevo Orden” de Hitler, que hubiera tenido sentido si su espíritu dirigente no hubiera sido Hitler. Pero nosotros debemos reconocer que ésta era una fuerza que estaba tratando de ocupar Europa Occidental, aunque emergiera desde dentro de Europa Occidental. Era una fuerza con la que nosotros no hubiéramos podido nunca vivir en paz, una fuerza que de haber tenido éxito hubiera llegado a dominar, también, el centro del poder Oriental. De haberse movilizado la suma de estas dos fuerzas de ese modo, hubiera sido para nosotros igual de peligroso –quizás no tanto– que si se hubiera producido en la otra dirección y los rusos hubieran llegado a controlar el Oeste [de Europa][43].

La recepción en los centros estratégicos de EEUU de los conceptos geopolíticos británicos tuvo lugar en el sentido de proteger una estructura específica de alianzas sociales, explicitada desde la primera Review of the World Situation as it Relates to the Security of the United States elaborada (el 26 de septiembre de 1947) por la recién creada Agencia Central de Inteligencia (CIA) a partir de premisas según las cuales «entre las potencias extranjeras, sólo la URSS tiene capacidad para amenazar la seguridad de los Estados Unidos». Y aunque afirmaba que «la URSS es improbable que recurra a una agresión militar abierta en las circunstancias presentes. Su política es evitar la guerra […]», encontraba que «4. el mayor peligro para la seguridad de EEUU es la posibilidad de colapso económico en Europa Occidental y el consiguiente acceso al poder de elementos comunistas»[44], entendiendo por “comunistas” las organizaciones obreras y populares en el sentido más amplio, las “izquierdas” en lenguaje convencional. Esta dimensión social es recurrente en los análisis de situación sobre Europa preparados por las agencias de información de EEUU que, además, tenían detectada una tendencia geopolítica que desbordaba los márgenes sociales de “las izquierdas”. Sobre todo en Francia –entre seguidores del general Charles de Gaulle–, y en Alemania occidental donde, analizaba la CIA el 11 de diciembre de 1950,

es dudosa la posición de algunos círculos militares respecto de la lucha Este-Oeste. Una actitud anticomunista por parte de esas camarillas no excluye en forma alguna intentos de lograr rápidos acuerdos con la URSS, directamente o a través de Alemania Oriental. Tales intentos serían coherentes con el pensamiento, históricamente fuerte en los núcleos militares alemanes, de que el destino de Alemania está en el Este, y que Alemania cuando más ha prosperado es cuando ha estado en buenas relaciones con Rusia. La revitalización de semejante tradición, que encuentra apoyo tanto en la extrema derecha como en la izquierda, puede hallar impulso en la creencia de que las potencias occidentales no serían capaces de evitar un avance soviético en Europa occidental y que la unificación alemana puede ser lograda sólo con la ayuda de la URSS. Los que buscan un acomodo con la URSS no temen que una alianza entre Alemania y la URSS pueda atraer a Alemania dentro del sistema satelizado por los soviéticos, y han expresado a menudo la convicción de que tal desarrollo sería evitado por el peso político, estratégico y tecnológico de una Alemania unida y remilitarizada.

Ante este escenario, concluía el estudio de la CIA, «la imposición de controles efectivos de la OTAN debiera tender a contrarrestar las adversas implicaciones de la remilitarización [de Alemania Federal] contempladas en el párrafo anterior»[45]. En otras palabras, construir una Alemania Federal rehén de la OTAN. O, visto desde otro ángulo, crear la OTAN como guardián de Alemania.

Las tres guerras hegemónicas intraeuropeas del siglo XX han sido otras tantas etapas, acumulativas, hacia el fin del ciclo largo de Europa como centro imperial del Mundo. La acción combinada de los ejércitos de Norteamérica y de la URSS hicieron añicos el III Reich alemán. Y con él, su propósito de dominio de lo que la propaganda nazi llamaba «civilización europea y cristiana», con el nazifascismo como amalgama. La emancipación de los pueblos colonizados por potencias europeas, iniciado en América a fines del siglo XVIII, se extendió después de 1945 a Asia y África. El mismo 1945 se proclamaba independiente la Indonesia holandesa, en 1947 la India británica, en 1946 iniciaban sus veintiséis años de guerra de liberación los pueblos de la Indochina francesa. La derrota de Francia en Argelia (1954-1962) era el comienzo del fin de su Imperio africano, la independencia de Ghana en 1957 del de Gran Bretaña, la del Congo en 1960 del belga, la de Mozambique-Angola-Guinea Bissau en 1974 la del portugués. Las conferencias de Bandung (1955, 1961), Accra (1958), Conakry (1960), marcaron el deseo de encontrarse, conocerse y coordinarse entre pueblos recién liberados.

La adopción por la Administración Truman de la estrategia británica le llevó a impulsar la piedra maestra de esta última desde 1917: reconvertir a Alemania en baluarte contra revueltas sociales en el Oeste y contra la URSS en el Este. El acuerdo de la Junta de Jefes de Estado Mayor de 29 de abril de 1947 delineaba la futura Europa de la OTAN y la CEE como un caparazón alrededor de los germanos:

Potencialmente, el poder militar más fuerte en esta área es Alemania. Sin la ayuda alemana los restantes países de Europa occidental difícilmente puede esperarse que contengan a los ejércitos de nuestros adversarios ideológicos hasta que EEUU movilice y sitúe en el terreno suficientes fuerzas armadas para lograr derrotarlos. Con una Alemania resucitada luchando del lado de los Aliados occidentales, habría una posibilidad. Más aún, la completa recuperación de la industria alemana, en particular de la minería del carbón, es esencial para la recuperación económica de Francia, cuya seguridad es inseparable de la seguridad combinada de EEUU, Canadá y Gran Bretaña. La resurrección económica de Alemania es por tanto de primaria importancia desde el punto de vista de la seguridad de EEUU […]. El pueblo alemán es el enemigo natural de la URSS y del comunismo […]. Otros países en Europa del Oeste son de importancia más que ordinaria para nuestra seguridad nacional, por razones militares o políticas es el caso de Italia, España, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca […]. Italia y España son de primera importancia en relación con el control de las orillas del Mediterráneo, de la ruta petrolera más corta y de las facilidades operativas en el Oriente Próximo. […] EEUU desea el derecho a bases, consideradas esenciales para su seguridad, en Portugal, Ecuador, Francia y España. Las más esenciales de ellas son las de Portugal y España […]. Desde el punto de vista de la seguridad nacional de EEUU, la ayuda debe ser ampliada a los siguientes países, enumerados según el orden que se desprende de su importancia para la seguridad de EEUU combinada con la urgencia de su necesidad: 1. Gran Bretaña, 2. Francia, 3. Alemania, 4. Italia, 5. Grecia, 6. Turquía, 7. Austria, 8. Japón, 9. Bélgica, 10. Países Bajos, 11. América Latina, 12. España, 13. Corea, 14. China, 15. Filipinas, 16. Canadá […][46].

En desarrollo de este programa firmaron Gran Bretaña, Francia y Benelux el Pacto de Bruselas –13-3-1948– creando la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE), encargada de administrar el plan lanzado por el general Marshall desde la Secretaría de Estado. El 2 de abril del mismo año, la CIA estimaba que, a la vista de la capacidad de los partidos de izquierda en Italia y Francia, «está aún lejos de ser segura la eficacia última del programa de recuperación para la estabilidad económica de Europa Occidental»[47]. El programa de EEUU se institucionalizaría aquel 1948 en el Consejo de Europa, en 1951 en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y en 1957 en la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma), que integraban a los Estados vencedores y a los derrotados de 1945 –Alemania e Italia. El 20 de marzo de 1949 el Departamento de Estado precisaba que «el Pacto del Atlántico Norte es un complemento necesario de la amplia coordinación económica ahora en curso del Programa de Recuperación Europea»[48]. El plan mundial, su variante militar, tomó forma en América Latina en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Río de Janeiro, 1947), en el Pacífico en el ANZUS (San Francisco, 1951), en el sureste asiático en la OTASE (Manila, 1954), y en el Próximo Oriente en el CENTO (Bagdad, 1955).

EEUU consolidó su protectorado sobre una parte de Europa mediante la rápida recomposición de las destrucciones de la guerra de 1939-1945[49], cuando al capital europeo le era imposible construir una estrategia autónoma de EEUU y aun menos contrapuesta. El balance de la CIA el 20 de abril de 1949 era que

el efecto acumulativo combinado de la recuperación económica [de Europa occidental] y el éxito en la negociación del Pacto de la OTAN, han modificado las posiciones relativas de EEUU y la URSS de modo notable […]. En los países del Benelux está asegurada su proclividad a apoyar los fines de EEUU en Europa. […] En Francia […] ha disminuido debajo de su nivel crítico la capacidad tanto de los comunistas como de los gaullistas para capitalizar el descontento popular […]. En Italia se ha reducido la receptividad masiva a los comunistas […]. Esos avances positivos han beneficiado la conducción de la “guerra fría” por EEUU[50].

Las metas sociopolíticas de esta última iban a tener la larga proyección que recogería en 1978 Helmut Schmidt, canciller de la RFA (socialdemócrata):

Yo he sido siempre partidario de la alianza con EEUU de Norteamérica, dicho sea en otras palabras un partidario del Atlántico, y lo continuaré siendo. Al mismo tiempo, siempre he defendido los esfuerzos de integración de Europa. En esto tampoco cambiaré. Nunca he visto una contradicción entre los dos objetivos. Por el contrario, siempre los he considerado no sólo compatibles sino complementarios[51].

El Comité de Planificación Política del Departamento de Estado contemplaba en su informe de 24 de febrero de 1948 las opciones retenidas:

[…] La única manera como una unión europea, que incluya a G. Bretaña pero excluya Europa oriental, puede resultar económicamente robusta sería que desarrollara la más estrecha relación comercial con este hemisferio [América] o con África […]. En primer lugar, Gran Bretaña podría ser estimulada a ejecutar con vigor sus planes de participar en una unión europea, y nosotros podemos buscar que toda esa unión, y no sólo Gran Bretaña, tenga una más estrecha asociación con EEUU y Canadá […]. Una segunda posible solución consistiría en arreglos por los cuales las naciones de Europa occidental emprendan juntas el desarrollo económico y la explotación de las áreas coloniales y dependientes de África […]. Éste es fácilmente accesible a las naciones marítimas de Europa occidental, y políticamente controlan o influyen en la mayor parte del mismo […][52].

Luz verde a la Europa integrada en la Coalición de la Guerra Fría para que neocolonizara África.

A cambio de aceptar su protección, la penetración de Norteamérica en el sistema económico europeo ha sido suficientemente elevada como para que ningún país, ni conjunto de países, de la Coalición de la Guerra Fría concibiera un programa económico, a corto o largo plazo, sin la anuencia de los centros de decisión de EEUU. Por el contrario, decisiones unilaterales de Norteamérica han sido puestas en práctica en Europa ininterrumpidamente. Con todo, la subordinación primera y capital de la Europa occidental, prerrequisito de las restantes, ha sido la que integró sus estructuras militares dentro del aparato militar norteamericano. El desarrollo de la tecnología bélica posterior a 1945 puso el armamento estratégico bajo el monopolio de EEUU, sin que la disponibilidad nuclear ulterior de Francia y Gran Bretaña lo altere significativamente. El rearme táctico y convencional de la Europa de la CEE ha sido dirigido en lo sustantivo por Norteamérica, a través de la OTAN o de tratados bilaterales que cubren toda Europa occidental con la excepción de los Estados neutrales –Austria, Suiza, Suecia, Irlanda. El estacionamiento de tropas y armamento estratégico, el alto porcentaje de aprovisionamiento en EEUU de armamento convencional, convirtió a los ejércitos europeos en auxiliares del de Norteamérica. Las cabezas atómicas instaladas en los países de la OTAN están bajo control exclusivo de EEUU, su VI Flota en el Mediterráneo nunca ha sido incorporada al mando integrado de la OTAN. Poder atómico y poder naval están, así, bajo el control único de Washington. También las comunicaciones dentro de, y entre, los ejércitos de la OTAN, que usan códigos conocidos de Norteamérica; mientras que las comunicaciones entre el Pentágono y el mando americano de la OTAN utilizan códigos exclusivos, inaccesibles a los aliados europeos.

Sólo el Parlamento de Francia se negó a ratificar el Tratado de París de 1952, que preveía crear una fuerza europea bajo dirección unificada e integrada en la OTAN –gaullistas y comunistas sumaron sus votos en aquella ocasión. Bajo la presidencia de Charles de Gaulle (1958-1969), Francia osó concebir una política de defensa acorde con una doctrina autónoma, dotándose de armamento atómico y convencional propios que le permitieron, en 1963, retirar su Flota y, en 1966, al conjunto de sus FF AA del comando militar integrado de la OTAN. Sin embargo, las circunstancias que en 1969 provocaron la dimisión del presidente De Gaulle frustraron el desarrollo de esta autonomía, Francia volvió a la dependencia técnica de EEUU y a la disciplina de la Coalición de la Guerra Fría. El orden universal continuó en las manos del líder de esta última, el regional y local fue compartido con algunos de los coaligados. Que estos últimos acataran sin rechistar las decisiones del líder –pretensión de Henry Kissinger–, o que fueren consultados para hacerlos copartícipes de las decisiones norteamericanas –recomendación de Zbigniew Brzezinski–, ha dependido del buen querer o cálculo del gobierno de EEUU.

El período que se iniciaba en 1945 fue también el de la hegemonía cultural e ideológica de EEUU. Profesionales de las ciencias sociales fueron contratados para perfeccionar métodos de control sociopolítico sobre los pueblos dominados. El gobierno Truman creó en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) el Centro de Estudios Internacionales (CENIS) como laboratorio pensante para la CIA. El Departamento de Recursos Humanos del Ejército financió desde 1951 contratos de investigación universitaria en psicología social, propaganda, lucha psicológica y desarrollo político, con presupuestos del orden de 8,2 millones de dólares en 1965 y 8,3 millones en 1966, complementados con 3,6 millones adicionales de la Marina más los de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID). Entre 1962 y 1965, veinte proyectos universitarios contaron con un presupuesto anual de 5,7 millones de dólares. El Pentágono estimaba que sus gastos en investigaciones sociológicas pasaron de 10 millones de dólares en 1960 a cerca de 160 millones en 1966. A partir de 1964, las actividades de inspiración militar en las universidades fueron confiadas al Grupo Coordinador de Investigaciones sobre Áreas Extranjeras. En 1966 fue creado el Centro de Investigaciones en Sistemas Sociales (CRESS), dotado en 1968 de un presupuesto de mil millones de dólares[53]. Su producto final se ha superpuesto al generado en Europa, las técnicas audiovisuales contribuyendo a su difusión masiva. Las principales agencias creadoras de opinión mundial, que antes de 1939 estaban en manos sobre todo de Gran Bretaña o Alemania, pasaron bajo control norteamericano –caso de la agencia Reuters– o fueron desplazadas a un segundo plano.

En el campo político y económico, el líder de la guerra fría coordinó los pasos para organizar la pequeña Europa de la CEE también según conceptos tradicionales británicos. Los recogía el 24 de febrero de 1948 el Informe núm. 23 del Comité de Planificación Política, dependiente del general Marshall, secretario de Estado durante la Administración Truman:

1. Alguna forma de unión política, militar y económica en Europa occidental será necesaria si […] han de mantenerse frente a los pueblos del Este […]. Si no existe una real federación europea y si Alemania no es restaurada como un país fuerte e independiente, Europa occidental […] no puede indefinidamente oponerse a una Europa oriental organizada.

¿Cómo alcanzar el objetivo? Dividiendo Alemania, dividiendo a los europeos:

La única posibilidad razonablemente esperanzadora […] es alguna forma de federación en Europa occidental y central. Nuestro dilema hoy estriba en el hecho de que si bien una federación europea sería la mejor solución desde el punto de vista de los intereses de EEUU, los alemanes se hallan poco preparados para ello. Lograr esa federación sería más fácil si Alemania fuera dividida, o drásticamente descentralizada, y si las partes integrantes pudieran ser llevadas por separado a la unión europea […]. Nosotros podríamos proceder a partir Alemania con indiferencia de la opinión de los habitantes, y tomar los respectivos segmentos para que ocupen su sitio en una Europa federada. Pero en las circunstancias que prevalecen hoy, no podemos hacer esto sin empujar al pueblo alemán a los brazos de los comunistas […], nuestras posibilidades se reducen por tanto, por vía de exclusión, a una política que, sin apremiar en la cuestión de la partición de Alemania, intente llevar a Alemania, o a Alemania occidental, a una federación europea […]. Una segunda línea de nuestra planificación debe de ir en dirección de la mayor compenetración de la economía alemana con la del resto de Europa […]. Lo que los alemanes necesitan es […] ser sacados de su egocentrismo colectivo y animados a ver las cosas con mayor amplitud, a tener intereses en todas partes en Europa y en el Mundo, y a aprender a pensarse a ellos mismos como ciudadanos del Mundo y no solamente como alemanes […]. La ocupación militar de Alemania occidental va a tener que durar un buen rato. Tenemos incluso que estar preparados para ver aquélla como una característica casi permanente de la escena europea[54].

Este informe del Comité de Planificación Política partía de un supuesto, que «a largo plazo, sólo caben tres posibilidades para el futuro de Europa occidental y central. Una es la dominación germana. Otra es la dominación rusa. La tercera es una Europa federada en la que las partes de Alemania están absorbidas pero en la que la influencia de los otros países es bastante para retener a Alemania en su lugar»[55]. La tercera opción era rechazada, pues federaba el conjunto de Europa, Rusia incluida. Obviamente excluía la segunda opción. Quedaba la primera, promover la hegemonía de Alemania, pero previamente fragmentada y bajo tutela de EEUU. Al igual que hizo Gran Bretaña después del Tratado de Versalles (1919), la estrategia de Truman impulsaba que en el continente Alemania fuera plaza fuerte y ariete contra las organizaciones populares o contestatarias del sistema capitalista. El conjunto de Europa fue de este modo instalado en la guerra fría. La Carta del Atlántico de 1941, el Plan Morgenthau de 1944, la Declaración de la Europa Liberada aprobada en Yalta en 1945, todos los testimonios de los planes de Roosevelt fueron archivados. La Conferencia de los Seis –EEUU, Gran Bretaña, Francia, los tres países del Benelux– (Londres, 1948), formalizó la decisión de reconstruir aceleradamente el poder industrial de la zona alemana bajo control anglo-americano-francés. Los acuerdos de París de 1954 autorizaron a la recién creada RFA alistar tropas aunque, naturalmente, bajo el mando de la OTAN y sin armamento atómico. En suelo alemán fue cavada la trinchera que mantendría dividida a Europa desde 1945.

Es elocuente contrastar los inaplicados acuerdos de Yalta de febrero de 1945 con las conclusiones del Consejo Nacional de Seguridad de EEUU del 30 de marzo de 1948, que sí fueron puestos en práctica. Mientras en Yalta se aprobó que

el premier de la URSS, el primer ministro del Reino Unido y el presidente de EEUU de América serán consultados en el interés común de los pueblos de sus países respectivos y los de la Europa liberada. Afirman conjuntamente su acuerdo para establecer una política común de sus tres gobiernos durante el período temporal de inestabilidad de la Europa liberada, con el fin de ayudar a los pueblos de Europa liberados de la dominación de la Alemania nazi, y a los pueblos de los antiguos Estados satélites del Eje, a resolver por medios democráticos sus problemas políticos y económicos más apremiantes. El establecimiento del orden en Europa y la reconstrucción de las economías nacionales deben ser realizados por procedimientos que permitan a los pueblos liberados destruir los últimos vestigios del nazismo y del fascismo, y establecer las instituciones democráticas que escojan. Éstos son los principios de la Carta del Atlántico –derecho de todos los pueblos a escoger la forma de gobierno bajo el cual desean vivir– restauración de los derechos soberanos y de autogobierno en provecho de los pueblos que han sido privados de ellos por las potencias agresoras. Con el fin de crear las condiciones en las cuales los pueblos liberados podrán ejercer esos derechos, los tres gobiernos ayudarán conjuntamente a los pueblos de cada Estado liberado de Europa, o a cualquier Estado de Europa, antiguo satélite del Eje, cada vez que estimen que la situación lo exige: a) a crear las condiciones de la paz interna, b) a adoptar las medidas urgentes destinadas a socorrer a los pueblos en peligro, c) a constituir autoridades gubernamentales provisionales ampliamente representativas de todos los elementos democráticos de esas poblaciones, y que se comprometerán a establecer, desde que sea posible, en elecciones libres, gobiernos que sean la expresión de la voluntad de los pueblos, y d) a facilitar tales elecciones en todos los sitios que sea necesario, los tres gobiernos consultarán a las otras Naciones Unidas, y a las autoridades provisionales u otros gobiernos en Europa […],

las instrucciones de marzo de 1948 del National Security Council proclamaban que

[…] 9. La derrota de las fuerzas del comunismo mundial dirigidas por los soviéticos es vital para la seguridad de EEUU.

10. Este objetivo no puede ser alcanzado con una política defensiva.

11. EEUU debe, por consiguiente, tomar la delantera y organizar una contraofensiva de amplitud mundial dirigida a movilizar y fortalecer nuestras fuerzas y las anticomunistas del mundo no soviético, y a minar el vigor de las fuerzas comunistas en el mundo soviético.

12. Como pasos inmediatos en la contraofensiva, EEUU debe tomar las medidas siguientes:

A. Internas

1. Robustecer pronto la estructura militar de EEUU mediante:

a. Iniciar una forma de servicio militar obligatorio.

b. Reconstituir la industria de armas.

2. Mantener la superioridad absoluta de EEUU en armas atómicas […].

3. Desarrollar y ejecutar con urgencia un programa firme y coordinado (que incluya legislación si se necesita) con el fin de suprimir la amenaza comunista en EEUU en orden a salvaguardar EEUU de las perturbadoras y peligrosas actividades subversivas del comunismo.

4. En la medida que sea necesario para ejecutar el punto 1 anterior, iniciar la movilización civil e industrial.

5. Continuar con vigor un programa de información interna, con el fin de asegurar la comprensión pública y el apoyo suprapartidos de nuestra política exterior.

B. Exterior

1. En nuestros esfuerzos contraofensivos, dar la primera prioridad a Europa occidental […].

2. Adoptar y aplicar con urgencia el Programa de Recuperación Europea.

3. Respaldar con fuerza la Unión Occidental y estimular activamente su desarrollo y expansión como una asociación de Estados anticomunistas.

4. Elaborar una fórmula apropiada que provea:

a. Acción militar de EEUU en el caso de un ataque armado no provocado contra las naciones de la Unión Occidental o contra otras naciones no comunistas seleccionadas.

b. Iniciación de conversaciones políticas y militares con estas naciones en vistas a coordinar los esfuerzos anticomunistas.

5. Ayudar a elevar la potencia militar de naciones no comunistas seleccionadas, proveyéndolas de los útiles para rehabilitar sus industrias de armas, de información técnica que facilite la estandarización de las armas, y aprovisionándolas en la amplitud que sea practicable de equipo militar y asesoramiento técnico.

6. Una vez hayamos desarrollado un programa para suprimir la amenaza comunista en EEUU, cooperar estrechamente con gobiernos que hayan tomado la misma actuación y animar a otros gobiernos a hacer lo mismo.

7. Animar y ayudar a ciudadanos y organizaciones privados de EEUU a subvencionar movimientos sindicales no comunistas en aquellos países donde ello contribuya a nuestra seguridad nacional […].

8. Intensificar el actual programa exterior de información anticomunista.

9. Desarrollar una campaña ideológica vigorosa y efectiva.

10. Desarrollar, y en su momento aplicar, un programa coordinado de ayuda a los movimientos clandestinos de resistencia en países del otro lado del telón de acero, incluida la URSS […][56].

Después de 1945 ¿habían cambiado, acaso, las estimaciones de los militares de EEUU sobre los planes de la URSS? No, el Mundo había sido sumergido en la guerra preventiva y política que fue la guerra fría:

El peligro de conquista política es aún mayor que el peligro militar. Si llega una guerra en el futuro previsible, será probablemente una que Moscú no desea pero que no sabe cómo evitar. La guerra política, por otro lado, está desarrollándose; y, si no va a haber una guerra con fuego, es esta guerra política la que va a ser decisiva[57].

El gobernador del Banco de Italia, Luigi Einaudi, recogía en su Diario la confidencia de los responsables de EEUU el 3 de enero de 1947:

«No saldremos de Italia, ni siquiera después de firmar la paz. Hasta que no estemos seguros de que el peligro rojo ha cesado». Si hubiera riesgo de dictadura roja, [EEUU] está dispuesto a desembarcar de nuevo. No le preocupa que se instaure una dictadura de derechas. Admiran a Mussolini[58].

El 19 de diciembre de 1947 la directiva 4/A del National Security Council ordenaba al director de la CIA llevar a cabo en Italia operaciones encubiertas para imposibilitar que el Partido Comunista pudiera ganar las elecciones parlamentarias. Desde el Departamento de Estado, George Kennan recomendaba la intervención militar de EEUU en Italia si la mayoría de su electorado votaba mal[59].

La política de guerra fría creó las condiciones para que, en 1947, los partidos comunistas francés e italiano fueran descabalgados de sus respectivos gobiernos de coalición. La ofensiva contra las izquierdas en Europa occidental había adquirido tal envergadura que, el 6 de noviembre de 1947, el Comité de Planificación Política del Departamento de Estado, dirigido por George Kennan, anticipaba su efectiva repercusión en Checoslovaquia –país aun entonces gobernado por una coalición de partidos burgueses y obreros después que fuera liberado de Alemania por el ejército soviético:

El parón al progreso comunista en Europa occidental ha requerido la consolidación del poder comunista en Europa oriental. Les va a ser necesario dominar por completo a Checoslovaquia […]. Ahora […] Checoslovaquia podría muy fácilmente ser una vía de entrada de las fuerzas realmente democráticas en el conjunto de Europa oriental. El apartamiento de las instituciones democráticas y la consolidación del poder comunista en Checoslovaquia añadirá un formidable nuevo elemento a las fuerzas clandestinas en el área satelizada por los soviéticos. Por esta razón los soviéticos van a dar este paso con desagrado. Es un movimiento meramente defensivo[60].

El abandono en Europa de las alianzas sociopolíticas pactadas en Yalta, las secuencias provocación-respuesta a que alude el memorándum de Kennan, se cumplieron tan cabalmente que nueve meses después de salir los comunistas del gobierno de París los partidos burgueses fueron, a su vez, excluidos del de Praga (febrero de 1948). La propaganda de la guerra fría estuvo alimentada con el argumento de una “ofensiva” soviética convertida en “golpe de Praga”. El informe de la CIA al presidente Truman era más matizado:

el golpe comunista en Checoslovaquia no refleja ningún incremento súbito en las capacidades soviéticas, o algún cambio en la presente política o táctica soviética […]. La reacción psicológica al golpe checo aparece como fuera de toda proporción con su significado actual […]. Ha avivado la resistencia al comunismo en Europa Occidental[61].

La espiral estímulo-respuesta siguió adelante. La creación de la OTAN en 1949, la reconstrucción de un ejército en la RFA en 1954, fueron replicadas en 1955 por Moscú con la formación del Pacto de Varsovia en los Estados bajo su influencia. Y esto fue contestado en la RFA en 1956 con la ilegalización del Partido Comunista y la prohibición del marxismo en el Partido Socialdemócrata Alemán (Bad-Godesberg, 1958). La alianza anticomunista había enterrado a la antifascista. Incluso se le quiso dar valor retroactivo, como queriendo reescribir la historia. ¿No proclamaba el Presidente Reagan, en 1986, que se habían puesto del lado equivocado los norteamericanos de la Brigada Lincoln –voluntarios que combatieron contra la intervención germano-italiana de 1936 en España?

Los orígenes de la guerra fría ayudan a entender el proceso posterior. El memorándum núm. 37 del Comité de Planificación Política, de 12 de agosto de 1948, desarrollaba las duraderas consecuencias que tendría la decisión norteamericana de dividir Alemania:

pensamos que sería bueno desprendernos de la idea de que tiene que haber un tratado de paz [con Alemania unificada]. No vemos justificación teórica a ningún “tratado de paz” entre los Aliados y los alemanes, y sentimos que ello complicaría innecesariamente el objeto real de la solución alemana. Los cuatro Aliados son los custodios de la soberanía alemana, como resultado de la conquista y sometimiento de Alemania. Son ellos los que pueden devolver, cuando quieran y a quien quieran, total o parcialmente, aquella soberanía […][62].

El National Security Council aprobaba, el 18 de agosto de 1948, pautas de actuación hacia Europa oriental complementarias de las aplicadas en el Oeste:

puede afirmarse que nuestro primer objetivo respecto de Rusia en tiempos de paz es estimular y promover, por medios distintos de los de guerra, la reducción gradual del indebido poder e influencia rusos en su actual área satelizada, y la emergencia de los respectivos países de Europa oriental como factores independientes de la escena internacional […]. Debemos estimular por todos los medios a nuestra disposición el desarrollo en la Unión Soviética de instituciones federalistas que permitan revivir la vida nacional de los pueblos del Báltico[63].

La propuesta del National Security Council de 14 de abril de 1950, aprobada por Truman el 30 de septiembre siguiente, insistía en los objetivos de los planificadores militares de 1947 –acabar con los consejos obreros (soviets), dividir la URSS en Estados independientes:

[…] 19. b. Estimular entre los pueblos rusos el desarrollo de actitudes que puedan ayudar a modificar la actual actitud soviética y permitir el resurgimiento a la vida nacional de grupos que evidencien la capacidad y determinación de alcanzar y mantener la independencia nacional[64].

IV. Alemania dividida, Europa fragmentada

El proceso de integrar el oeste de Europa alrededor de un fragmento de Alemania encontró resistencias. En Francia, de nuevo. El presidente De Gaulle frenó en 1965 ese proyecto norteamericano hacia un poder supranacional en la Europa de la OTAN. Algunas organizaciones socio-políticas ofrecieron resistencia a las cesiones de soberanía nacional, por razones de identidad histórica, lealtad a su colectividad, interés social o político. Una parte de la izquierda francesa consideraba que restringir la independencia de la Nación disminuía la libertad de los ciudadanos para darse formas económicas distintas de la capitalista. Supuesto éste compartido por núcleos dentro del Partido Laborista británico, el Partido Socialista Popular de Dinamarca o el Partido Socialista Griego –votaron todos contra la absorción de sus respectivos países dentro de la CEE. El caso extremo acaeció en Noruega en 1972 –y de nuevo en 1994–, al rechazar en referéndum el ingreso en la Comunidad Económica Europea. La dinámica desintegradora de los Estados europeos ha conocido las contradicciones propias de un proceso no consolidado. Al ser la política de EEUU mundial, ha sacrificado los intereses de sus clientes europeos cuando aquélla lo ha requerido. Por más que la región prioritaria de EEUU fuera Europa del Oeste, «una reorientación notable de Europa del Oeste en el marco de la rivalidad Este-Oeste tendría un impacto directo sobre América y podría ser susceptible de inclinar la balanza de la historia de modo decisivo en desventaja de América» –en palabras de Z. Brzezinski[65].

El edificio institucional supraestatal construido en Europa durante la guerra fría tiene su plaza de armas en Alemania. Por ello es sugestiva la comparación diacrónica con la experiencia del Zollverein, en especial después que en 1866 Prusia sentara las bases de la unión aduanera entre los Estados germánicos, primer escalón de la unión política, económica y militar que culminaría en su unificación progresiva bajo el gobierno de Berlín. A menudo se cita el Zollverein como ejemplo para los Estados de la CEE. No se recuerda tanto, sin embargo, que desde 1831 su impulsor Friedrich List había defendido –en su Sistema nacional de la economía política– la creación de una unión aduanera que reagrupara no sólo a los germanos sino a todos los Estados de Europa central, etapa intermedia hacia la ulterior colonización de los pueblos balcánicos y la proyección de la influencia alemana hacia el Golfo Pérsico. Eran las bases del movimiento pangermánico que a comienzos del siglo XX preocupaba al francés Charles Audler (socialista):

en la conciencia alemana actual se prolongan todos los viejos sueños de gloria alemana hasta su coincidencia en una sola y prodigiosa quimera: un imperio […] extendido desde el mar del Norte al Adriático; ambicioso en Oriente; teniendo a Italia bajo tutela; listo a desbordar por todas las fronteras hasta los confines donde alcanzara un día la soberanía del Santo Imperio; opresivo en Polonia como la orden teutónica; militarizado en extremo como la vieja Prusia de Federico II pero además dominando los mares según el método hanseático. Es la fusión de todos estos sueños a lo que llamamos pangermanismo[66].

A diferencia de la experiencia del Zollverein, la debilidad y limitación congénita de la Comunidad Económica Europea durante la guerra fría fue que su centro unificador político-militar le era ajeno –los EEUU de Norteamérica. En consecuencia, sin centro único de decisión política no cabía la unidad militar europea, sin unidad político-militar no cabía política exterior ni defensa unificada, tampoco política económica integrada. La cabeza estratégica de la Europa de la CEE está en Washington, el centro de dirección y coordinación de los ejércitos de los Estados de la OTAN es EEUU. Las instituciones político-económicas de la CEE han nacido y vivido bajo la protección militar de EEUU. Y el basamento de la OTAN son los intereses de los sectores sociales conservadores, heredados del siglo XIX y fundados en la división de Europa. Había constatado la CIA el 16 de marzo de 1949 que

la conclusión del Pacto de la OTAN representará la satisfacción de un viejo deseo francés –una alianza defensiva con EEUU. Para los países del Benelux significará que sus inevitables lazos estratégicos tanto con Francia como con Gran Bretaña van a reverdecer con fuerza. Para el Reino Unido será una nueva etapa en el proceso de identificar los problemas y compromisos de la seguridad del Reino Unido y EEUU. En Francia y Benelux, gobiernos “centristas” fortalecerán sus posiciones políticas y tendrán sus manos en cierto modo libres en el manejo de los problemas internos. La capacidad de todos para mantener su seguridad interior será incrementada […]. Francia tenderá a presionar para que los recursos sean asignados dentro del Pacto, y éste ampliado, de acuerdo con la doctrina de seguridad tradicional francesa […]. España es considerada deseable por los EEUU en términos militares […]. La inclusión de Italia es considerada esencial para fijarla definitivamente en la órbita occidental. Francia lo apoya ahora por razones que son importantes primariamente a la seguridad de Francia […] caben pocas dudas de que la incorporación de Italia tenderá a incrementar la autoridad de su actual gobierno [democratacristiano]. Éste considerará justificada su política de alineamiento con el Oeste[67].

Si el edificio de la CEE tiene su centro estratégico en Washington, cabe preguntarse las consecuencias que para aquélla tendría que EEUU abandonara la doctrina Truman, los conceptos estratégicos británicos. Ni la pregunta ni sus respuestas eran especulaciones tras las propuestas de la URSS en 1986-1987 –aceptadas en un principio por el presidente Ronald Reagan– de iniciar la retirada de Europa de sus respectivas armas atómicas. Su sola posibilidad desnudó la realidad del complejo institucional creado en Europa durante la guerra fría. Los gobiernos de Thatcher (conservador) en Gran Bretaña, de Mitterrand (socialdemócrata) en Francia, el de Kohl (democristiano) en Alemania, suplicaron en 1987 y 1988 a EEUU que mantuviera sus tropas y armas atómicas en la CEE. Pero como la decisión está en Washington, en previsión de que cambiara su política el alemán Helmut Schmidt (socialdemócrata) avanzaba un proyecto elocuente por sí mismo: que los ejércitos francés y alemán bajo mando unificado reemplacen en su día al de EEUU en la conducción de la CEE[68]. Sin embargo, también Schmidt se encontraba con el problema de no disponer de un centro de mando político unificado, que no podía generarse en tanto Francia no renunciara a ser un Estado independiente y los restantes europeos a su propia soberanía. La propuesta Schmidt apuntaba hacia un eje hegemónico en torno de Bonn y París, de difícil concreción en la medida que Francia mantuviera la doctrina político-militar independiente heredada del general De Gaulle, la RFA su aspiración de no ser teatro de una nueva guerra, los Estados vecinos rechazaran «un directorio francoalemán»[69], o la Gran Bretaña mantuviera su postulado contrario a la unidad político-militar del Continente. Esto último se traslucía en las declaraciones de la “premier” Thatcher en los mismos días de noviembre de 1987, al desear que las relaciones militares entre Francia y la RFA «no tomen mayor amplitud»[70]. No existe otro basamento político-militar común a la Europa de la OTAN que el aportado por la Potencia que la construyó. Lo recordaba el secretario de Defensa de Reagan, Frank Carlucci, al terciar que los acuerdos de cooperación militar entre Francia y Alemania de 1987 fortalecían a la OTAN, «no nos ponemos nerviosos por esas cosas. No conozco ninguna iniciativa en desarrollo en este momento que busque cortocircuitar la OTAN»[71].

La CEE está en Europa, no es Europa. No puede ser Europa mientras sus estructuras políticas, económicas y militares estén fraccionadas y dependan de Norteamérica. Cuando un proyecto aspira a ser europeo –sea la Conferencia de Seguridad y Cooperación, sea la investigación tecnológica en el proyecto Eureka, necesariamente desborda el marco de la CEE. La propaganda hizo de la CEE un sinónimo de Europa. En los hechos, ni siquiera era el “mercado común” que el art. 8 del Tratado de Roma de 1957 deseaba establecer para 1970, ni la “unión política y monetaria” que en 1972 se convino crear para antes de 1980, para volver a decir en 1987 que sería para 1992… si se cumplían los acuerdos del Acta Única Europea. No se cumplieron. Pero para 1992 el fin de la guerra fría había abierto otros horizontes a los alemanes y al conjunto de los europeos.

Militarmente, la Europa de la CEE ni tiene ni puede generar una política de defensa europea. Primero, porque carece del requisito previo: una dirección política unificada –que no es aceptada por Estados que no renuncian a serlo, prefieren el “concierto de los Estados”. Después, porque las “Potencias” de la CEE dependen militarmente de Norteamérica, como repetía el francés Charles Hernu (socialdemócrata), ministro de Defensa de François Mitterrand: «El real interés de la paz consiste en no hacer nada que desacople Estados Unidos de Norteamérica respecto de Europa. No digo desacoplar la defensa norteamericana de la defensa europea, pues no existe semejante cosa, defensa europea. La única defensa real que nosotros tenemos es la Alianza Atlántica»[72]. Ni Francia, ni Inglaterra aceptan desintegrar sus respectivos Estados en una estructura supraestatal que genere un centro de decisiones políticas necesariamente vinculante, «el tratado francoalemán de 1963, la institución de la cooperación política, se referían al concepto de “concierto de las naciones” del siglo XIX, que consagraba a los Estados en vez de trascenderlos», explicaba el ex ministro francés Maurice Faure (radical)[73].

No puede existir ni defensa ni ejército europeo sin previo poder político unificado europeo. Descartado éste por las Potencias europeas, a lo más que éstas pueden aspirar es a una especie de condominio sobre una subzona de influencia. La visión del socialdemócrata Helmut Schmidt, en las postrimerías de la guerra fría, caricaturizaba la de Metternich al amputar de Europa los Estados sucesores de Prusia y Rusia –sin los que no se concebía el edificio contrarrevolucionario del príncipe austriaco:

a largo plazo, la única manera para los europeos occidentales de enderezar el desequilibrio convencional es combinar las fuerzas militares francesas y alemanas –no bajo el paraguas de la OTAN, sino como una entidad integrada independiente […] en el seno del Pacto Atlántico[74].

En esta perspectiva de Europa dividida se entiende cuánto servía a la Coalición de la Guerra Fría que sus clientes en España sostuvieran que el ingreso de España en «la CEE es ser Europa», y en 1986 que votar sí en el referéndum sobre ingreso de la OTAN en España significaba decir sí… a Europa.

La eventual retirada militar de Washington de la Europa de la CEE, ¿permitiría una reedición del “concierto de las Potencias” que desde el siglo XVIII dominan en el oeste europeo –la gala, británica y germánica? Ante semejante escenario eventual, la España del posfranquismo se halla tan intervenida como lo ha venido estando desde el siglo XVIII –salvados breves paréntesis. ¿Cabe concebir, más bien, un “concierto europeo” que superara la división de Europa? Un concierto armonioso necesitaría que esta última aceptara reconocerse a sí misma como realidad plural, lo que militar, demográfica, política y económicamente derivaría en aceptar algo tan inédito como que cada Estado tiene el derecho de organizarse, dentro de sus fronteras, según el régimen político y económico de su libre elección.

11. Después de la Guerra Fría

Dan vértigo las consecuencias que pueden derivar del fin de la guerra fría. No menos que las que angustiaban a Albert Einstein en su comienzo, y que no han perdido actualidad:

estoy convencido de que si la actual crispación continúa dominando las relaciones internacionales vamos a una catástrofe. No podemos contar con que el prestigio o la fuerza de una nación, por sí sola, pueda alcanzar la estabilidad internacional. El poder que hoy posee un país, mañana lo tendrán también otros. Las instalaciones industriales, por más complejas que sean, pueden ser reproducidas; la capacidad inventiva y los recursos económicos pueden ser explotados bajo otros sistemas de gobierno. Mientras las relaciones internacionales continúen siendo determinadas por soberanías nacionales rivales, el riesgo de guerra atómica persistirá. […] Aún nos queda ahora un poco de tiempo para considerar distintas vías que conduzcan al establecimiento de una federación de naciones donde los hombres puedan desarrollar y usar sus capacidades creativas al servicio del género humano[1].

¿Idealismo o realismo? Los desastres acumulados durante la guerra fría convierten los ideales kantianos en necesidad para la sobrevivencia de pueblos, culturas y biosfera. Otra cosa distinta es si la necesidad logra abrirse paso, cuándo y de qué modos.

En 1992 desaparecieron los fundamentos que dieron vida a la Coalición de la Guerra Fría: mantener a Alemania dividida y ocupada, destruir a la Unión Soviética. A los Estados enrolados en la Coalición en torno de la extinta URSS se les permitió cambiar de forma de Gobierno e instituciones económicas. ¿Cuánto tiempo les será reconocida, respetada, la libertad de autogobierno, de darse el sistema socioeconómico de su libre elección? El que tarden en ser enrolados en otra coalición bélica. Deseos no faltan. A lo largo de 1993 el gobierno democristiano-liberal de Alemania insistió en absorber a Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa dentro de la OTAN, haciéndose eco de sectores locales que la invocan cual jaculatoria para anclar la rueda de la Historia. O el tiempo que el capital multinacional tarde en impedir que la práctica de la democracia representativa permita elegir formas de organización socioeconómica distintas de las por él mismo auspiciadas, después que en 1993 los polacos y lituanos hayan elegido libremente gobiernos con mayoría de antiguos comunistas, los rusos en 1993 y 1995 un Parlamento donde comunistas y nacionalistas son la primera fuerza, Bielorrusia a un Presidente de trayectoria comunista en enero de 1994, también Ucrania como primer ministro en junio siguiente al comunista Vitali A. Masol, y asimismo Eslovaquia a Vladimir Meciar en octubre de 1994. El embajador de Hungría ante la CEE había afirmado que «los partidos que hoy gobiernan Hungría necesitan el apoyo tangible de Bruselas a sus políticas antes de las elecciones parlamentarias de mayo 1994, para marginar a sectores nacionalistas y de izquierda que están urgiendo establecer alianzas con la antigua Yugoslavia y Rusia»[2]. En abril de 1994 el gobierno de Hungría y Polonia solicitaban formalmente la adhesión a la CEE, mientras anunciaba que estudiaba hacer lo propio el de Rusia presidido por Viktor Chernomirdin. Sin embargo, el 8 de mayo de 1994 los húngaros eligieron a un nuevo Parlamento con mayoría de los «sectores nacionalistas y de izquierdas», que invistió a un ministerio de su misma orientación. En 1995 Bulgaria seguía parecido camino, y Polonia elegía Presidente al candidato de las izquierdas.

Desde 1990-1992 los propios Estados de la Coalición de la Guerra Fría asumen mayores márgenes de independencia, desde el Japón a Italia o Venezuela, sin que EEUU haya considerado “vital” imponerles partidos políticos clientelizados, o dictadores. Otros intereses económicos y estratégicos han adquirido prioridad –dificultades del sistema capitalista para asegurar el pleno empleo, degradación de las condiciones sociales y de la naturaleza en los países industrializados, tendencia a la renacionalización de políticas económicas y estrategias, brotes de guerra económica entre las propias Potencias aliadas durante la guerra fría, migraciones masivas desde países hambrientos o en guerra étnica, etc. ¿Cabe concebir un orden mundial sin las constricciones de coaliciones bélicas? No sólo cabe sino que es norma vigente de Derecho Internacional, en la Carta de las Naciones Unidas la visión de un Mundo en paz y cooperación reposa en el libre derecho de cada Estado al autogobierno, sin injerencias ni subordinación a las Potencias, sin zonas de influencia. Beneficiaría a todos los pueblos hacer realidad el Derecho.

Elites y estructuras de poder generadas durante la guerra fría se desmoronan una tras otra. En Europa del Este, y también en la del Oeste, en Asia y América Latina. Un caso emblemático ha sido el de Italia, fundador de la OTAN y la CEE, que en 1992-1993 ha condenado democrática y pacíficamente el sistema de dirigentes políticos pagados clandestinamente por empresas privadas que contrataban fraudulentamente con el Estado (tangentes). Un método de la guerra fría que se conocía y toleraba como instrumento de control subterráneo sobre Italia. Lo significativo es que la Potencia que desde 1945 lo ha usado, que no podía desconocer su práctica por empresas locales, en 1993 dejó caer a los hombres que encumbró. Cabe suponer que les había retirado su protección, pues de otro modo habría sostenido por vías directas o indirectas a caudillos tan significativos como el democratacristiano Giulio Andreotti –el sepulturero de Aldo Moro–, o Bettino Craxi, próximo a Willy Brandt y que hizo destituir el 15 de julio de 1976 al profesor Francesco de Martino para reemplazarle en la Secretaría General del Partido Socialista. La política de Craxi tuvo un norte preciso: impedir el compromesso storico entre el Partido Comunista y el PDC italianos, cortar todas las relaciones entre el PSI y el PCI y, a cambio de ello, ser recompensado con la Presidencia del Gobierno italiano –que disfrutó, en efecto, entre 1983 y 1987. La caída de Andreotti y Craxi supuso la desaparición del PDC y la desintegración del PSI en 1993 –lo que a su vez debilitaba la influencia de las Internacionales democristiana y socialdemócrata que tienen su centro en Alemania.

¿Por qué motivos quienes en EEUU sabían de las prácticas corruptas del PDC y PSI habrían retirado su cobertura a tan leales servidores, cuya caída arrastró tras ellos a las estructuras de poder que gestionaron Italia durante la guerra fría? Una primera respuesta es que terminada la principal confrontación geopolítica e ideológica, la siempre abierta guerra económica ha entrado en una fase donde fronteras, “aliados” y “rivales” no son los mismos que antes. Cierto es que la Administración Clinton promueve que otros Estados prohíban el soborno de funcionarios públicos por empresas privadas. Su modelo es la Foreign Corrupt Practices Act de 1978, que sanciona a las empresas norteamericanas que corrompen a funcionarios de otros países. El secretario de Estado, Warren M. Christopher, apoyaba la campaña moralizadora en la magnitud de la corrupción política desvelada por los sobornos en Italia y Japón. No puede sorprender que para alcanzar su objetivo el gobierno de Washington active a sus agencias. Ni parece casual que dos días después de las elecciones municipales del 5 de diciembre de 1993 en Italia –ganadas por una coalición de las izquierdas en torno del antiguo Partido Comunista–, el director de la CIA, James R. Woolsey, manifestara que incrementaba sus esfuerzos para descubrir «quién soborna a quién en países extranjeros, para conseguir contratos que están perdiendo empresas de EEUU»[3].

Pero una iniciativa que agrieta sistemas políticos normalmente debiera enmarcarse en objetivos que incluyendo, por supuesto, los de guerra económica también la desbordan. En la víspera de los comicios municipales la prensa italiana publicaba una declaración del consejero de Seguridad del presidente Clinton, Anthony Lake, quien no sólo se abstenía de aludir a las elecciones en Italia, silencio elocuente, sino que establecía un nexo entre los conceptos internacionales de Woodrow Wilson y los de la Administración Clinton: «Wilson fu il primo presidente americano a volere dare al mondo un assetto stabile. Su molti punti, Clinton la pensa come lui, ma é più pragmatico»[4]. Lake había avanzado, el 21 de septiembre de 1993, su esperanza de que «las prácticas del multilateralismo puedan algún día hacer posible que el imperio de la ley juegue un papel más civilizado en la conducta de las Naciones, conforme a la visión de quienes fundaron las Naciones Unidas». Al mismo tiempo se fijaba un límite: «Un factor prioritario debe determinar cuándo EEUU actuará multilateralmente o unilateralmente, y ese factor es el interés de EEUU»[5].

Si todos los Estados no son iguales ante la Ley, no hay Estado de Derecho internacional. Idealista es pretender que el Mundo se incline duraderamente ante un Estado individual, que todos identifiquen su interés con el de EEUU. El “pragmatismo” al que alude Lake es en propiedad un remanente de las doctrinas de dominación elaboradas en los años 1945-1947, cuando los mandos militares de EEUU contemplaban el Mundo a sus pies. No será posible acabar con las zonas de influencia en el continente euroasiático, origen de sucesivas guerras hegemónicas –cada una más horrible que la anterior– mientras no se ponga en práctica el principio de libertad de cada Estado para elegir su forma de gobierno y sistema económico, negado a lo largo de la guerra fría.

La opción de Lake podría significar mayores libertades y más decencia en la gestión de la cosa pública. Cuando la mayoría de los electores italianos en 1993 se agrupaba alrededor del núcleo procedente del ex partido comunista, y la minoría en torno de los ex fascistas, ¿hasta dónde podían llegar los italianos en su autogobierno? En la lógica de las palabras del consejero del presidente Clinton, hasta donde entraran en conflicto con los intereses de EEUU ¿Cuál es ese límite terminada la guerra fría? Seis días antes de las elecciones en Italia el Congreso de EEUU había aprobado la Friendship Act, que abrogaba normas de seguridad interior y de política exterior dictadas para combatir la «conspiración comunista mundial», «derrotar al comunismo internacional y los países que controla». Es decir, la legislación que fundamentó las políticas de EEUU hacia la antigua Unión Soviética, pero también las intervenciones clandestinas en asuntos internos de otros países contra partidos comunistas y mucho más, también contra las organizaciones de izquierda, demócratas independientes y nacionalistas que, en cualquier Continente, no se identificaban con los fines de la Coalición de la Guerra Fría. En 1993, Anthony Lake redefinía a esta última como «la contención por EEUU de una amenaza global a las democracias con mercado [market democracies]». Para la mayor parte de los pueblos no fue eso. En España la Coalición de la Guerra Fría respaldó durante tres décadas una economía de mercado en dictadura, capitalismo sin democracia. En América Latina gobiernos democráticos dentro de la economía de mercado fueron derrocados y sustituidos por dictaduras promovidas, sostenidas, por la Coalición de la Guerra Fría.

Para Anthony Lake, «a la doctrina de contención debe suceder una estrategia de ampliación, de ampliación de la libre comunidad mundial de democracias con economía de mercado». Tal marco conceptual situaba las opciones sociales y políticas en torno de los términos democracia y mercados. Lake no invocaba en su programa el concepto “capitalismo”. Capitalismo no es sinónimo universal de democracia. Capitalismo y socialismo son conceptualmente contrapuestos. Socialismo y democracia no, tampoco socialismo y mercados. Identificar socialismo con estatismo es propio de quienes confundieron capitalismo de Estado con socialismo, o no advirtieron la contradicción en sus términos que encerraba el concepto de «socialismo en un solo Estado», desconocido antes de que lo acuñaran Stalin y su régimen. Para muchos Estados, gobiernos y pueblos, los márgenes de compatibilidad entre sus políticas internas y los conceptos que usa Anthony Lake pueden ser vastos. O mínimos. Dependerá del contenido que les dé la acción de la Administración de EEUU, del equilibrio de fuerzas dentro de éstos y en el resto del Mundo. Con todo, conceptualizaciones abstractas al margen, en la escena posterior a 1991 la sociedad italiana aumentaba su nivel de autogobierno y las elecciones parlamentarias de abril de 1996 eran un test de la repercusión del cierre de la guerra fría, tan simbólico como el de las parlamentarias de 1948, al ganarlas la coalición en torno de las izquierdas.

Después de su victoria sobre Alemania y Japón en 1945, la infraestructura de intervenciones indirectas y clandestinas creada por el OSS en todo el Mundo fue, tras breve paréntesis, reactivada al servicio de los fines de la guerra fría. ¿Cuál es la misión de la aún más compleja infraestructura intervencionista de que dispone EEUU al término de la guerra fría? Desmovilizarla sería lo propio tras declarar terminada y ganada la guerra, como hizo el presidente Truman con el OSS en agosto de 1945. O Rusia con el KGB en 1992-1993. No hay indicios de que en Washington progresen quienes desearían hacer lo mismo con la CIA y la National Security Agency. Cuyas intervenciones se dirigen, según proclaman, a dos objetivos principales e interdependientes: impedir la proliferación nuclear a nuevos Estados y a metas económicas –«apertura de los mercados», «expansión de las market-democracies». El primer objetivo parece tan vano hoy como durante el medio siglo anterior –confirmando lo anticipado por Einstein. Si durante la guerra fría no logró EEUU excluir de su monopolio atómico a la URSS, Gran Bretaña, Francia, China, India, Israel, Pakistán o Sudáfrica, menos lo puede impedir después –mientras no esté dispuesto a negociar reducir a cero su propio arsenal atómico. Y aun si se diera esta condición, cabe dudar que fuera suficiente. Pero la suerte del segundo objetivo, la expansión del capitalismo como sistema mundial, reposa en la voluntad de EEUU para sostener su hegemonía militar sobre el Planeta –y en su capacidad para financiarla. Un sistema económico mundializado entra en contradicción con los intereses de los Estados, que compiten unos con otros por su propia seguridad. Un Estado que se propone hacer del Mundo un mercado integrado, necesita los medios para imponer la seguridad militar sobre sus propios aliados tanto como sobre sus rivales o adversarios y “estabilizar”, así, el sistema internacional. El borrador del Defense Planning Guidance del Pentágono de 1992 explicaba que para asegurar «una zona de economía de mercado en paz y prosperidad que abarque más de los dos tercios de la economía mundial», EEUU debía «disuadir a las naciones industrializadas más avanzadas de discutir nuestro liderazgo, y de no aspirar siquiera a un papel mundial o regional más amplio»[6]. Imponer su protectorado sobre tan vasta zona en pro del capitalismo internacional obliga a EEUU a gastar en “seguridad nacional” más que el resto del Mundo junto. ¿Hasta cuándo la sociedad de EEUU aguantará objetiva o subjetivamente semejante gasto, sin resentirse de su descomunal costo? ¿Y el resto del Mundo el protectorado de EEUU? Nadie puede prever con fundamento cómo el capitalismo podría sobrevivir a un declive de la Pax Americana. O a la eventualidad de que en el seno del propio EEUU dejaran de identificar su paz y prosperidad con el capitalismo. En su crítica los teóricos del socialismo han sostenido que aquél al internacionalizarse, como consecuencia de su propio éxito, sembraría las semillas de su propia destrucción. La historia continúa abierta.

I. Guerras económicas

Las metas económicas tienen su naturaleza específica. Durante la guerra fría la política económica exterior de EEUU estuvo subordinada a alcanzar los fines estratégicos de su Coalición, imponiendo como modelo la empresa de propiedad privada. Las directrices del National Security Council 5902/1 de 15 de noviembre de 1960 articulaban dos objetivos complementarios

impulsar a las naciones latinoamericanas:

a. que reconozcan que […] las técnicas económicas influenciadas por comunistas inevitablemente conducen a la supresión de la libertad e iniciativa individual.

b. que basen sus economías en un sistema privado de libre empresa adaptado a las condiciones locales. […] i. impulsar a otros países del Mundo Libre a aportar capital y asistencia técnica a América Latina[7].

El fin de la guerra fría, de sus controles político-militares, desligó los corceles del capital más agresivo y los de la rivalidad por el dominio de los mercados. Los países con industria técnicamente más avanzada son el motor del crecimiento económico mundial, pero su propio nivel de especialización les exige para sobrevivir tener acceso a un mercado mundial integrado. ¿Puede EEUU continuar usando su crédito financiero para condicionar el derecho de otros Estados a elegir su gobierno, a desligarse de o no subordinarse a su Coalición? Varios frentes continúan a este respecto abiertos –Vietnam, China, Cuba, países islámicos. Los teóricos de la guerra fría, como Samuel Huntington o Z. Brzezinski, proponen reducirlos también a obediencia[8]. Con todo, el embargo económico de EEUU sobre Vietnam, mantenido desde 1964, fue levantado el 4 de febrero de 1994 después de que ya lo hubieran roto empresas de Europa occidental, Canadá y Asia oriental. En noviembre de 1993, mientras EEUU exigía de China cambios en su política interior como condición para alzarle restricciones comerciales, el canciller Kohl visitaba Pekín y firmaba sin reservas contratos de inversiones alemanas por cuatro mil millones de dólares; seis meses después, EEUU aprobaba el intercambio con China bajo el régimen de nación más favorecida. A diferencia de lo que ocurrió después de 1945, en 1994 el país con mayor deuda externa del Mundo –EEUU– no monopolizaba las finanzas internacionales. Los Estados de su Coalición bélica, desaparecido el “enemigo” que la aglutinaba, disponían de mayor libertad en sus decisiones económicas. El 11 de febrero de 1994 el primer ministro de Japón rechazaba la exigencia de EEUU de abrir más su mercado interior para, así, reducir el excedente comercial bilateral nipón (60.000 millones de dólares). Tres semanas después, la Administración norteamericana amenazaba con represalias e incrementar los aranceles de importación. En otras palabras, la guerra fría había desembocado en un marco de multipolaridad económica desconocido desde la década de los años treinta. En 1950, el Producto Nacional Bruto de Asia equivalía al 4% del total mundial; en 1993, representaba el 20% y se estimaba que sería el 25% en los primeros años del siglo XXI. Si en 1985 las exportaciones de Japón a EEUU sobrepasaban en un tercio a las dirigidas a Asia, en 1993 la proporción era la inversa, al tiempo que sus exportaciones a la CEE eran dos veces y media superiores a las efectuadas a EEUU.

Una respuesta de EEUU a la emergente rivalidad económica ha sido el proyecto denominado Iniciativa de las Américas –lanzado en julio de 1990 por la Administración Bush mientras se reunificaba Alemania. En la nueva dinámica internacional, el voto por la Cámara de Representantes de EEUU del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá (TLC, 17 de diciembre de 1993) simbolizaba otra etapa en la reiterada voluntad de mantener a todo el Continente dentro de su zona de influencia. El Estado de México, y el resto de Latinoamérica, era invitado a abdicar aún más de sus funciones económicas, las funciones militares y en parte las diplomáticas ya fueron alienadas en los Tratados de la Guerra Fría (Río, 1947, y subsiguientes). Los sectores político-económicos que en EEUU y Latinoamérica apoyaron los objetivos de la guerra fría respaldaban el TLC. Si en 1945 ésta permitió a EEUU mantener enrolados a los Estados de su anterior Coalición bélica contra Alemania, el TLC trataba de prolongar la Coalición y, en caso necesario, reorientarla hacia objetivos de guerra económica con Europa y Asia. Si terminada la guerra fría los Estados latinoamericanos hubieran sido desmovilizados y la Coalición bélica disuelta, aquéllos hubieran sido abocados a recuperar sus funciones soberanas. Algo que asustaba a los intereses gestados a la sombra de la Coalición. Desaparecido el pretexto de la URSS, los intereses que dentro y fuera de EEUU generaron la doctrina de la “seguridad nacional” y aún vivían de ella continuaban sosteniendo las estructuras heredadas de la guerra, su dominio local, su incompatibilidad con la soberanía e independencia de los Estados.

El “Estado de Seguridad Económica” que los estrategos señalaban como objetivo de EEUU alternativo al promovido durante la guerra fría –el “libre comercio” en una economía mundial sin fronteras–, podría ocupar también a los hombres e intereses que sostuvieron la guerra de 1945-1991. Dentro de EEUU, en los países de la Comunidad Económica Europea, el nuevo objetivo era instrumentado para reducir la capacidad negociadora de sindicatos y trabajadores asalariados, para impulsar su «reestructuración» y tratarlos como simple mercancía que incrementara los beneficios empresariales. En América Latina, Europa y otras regiones las elites en el poder durante la guerra fría mantenían así su cordón umbilical con la Potencia protectora, abrían aún más las economías de sus Estados a la especulación monetaria de capitales multinacionales. En vez de hacer reposar su prosperidad en el ahorro y cohesión interna, preferían hacerla depender del dinero ajeno. Un ejemplo de escenario después de la guerra fría era el ofrecido por México bajo la presidencia de Salinas de Gortari (1988-1994), apoyado por la Administración Bush frente a quienes impugnaron su elección como fraudulenta (Cuauhtémoc Cárdenas), mientras abría la economía de México hasta niveles sin precedente y la anclaba en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1993). Paul Krugman, del Massachusetts Institute of Technology, lo explicaba así: «el TLC es sencillamente un método que contribuye a asegurar que el mejor gobierno mexicano que nunca hemos tenido pueda ganar las próximas elecciones sin robarlas»[9]. Pero la filosofía que subyace en el TLC es antropológicamente poco compatible con el Estado y sociedad de México. El día que entraba en vigor el TLC –1 de enero de 1994– se levantaban en armas indígenas del meridional Estado de Chiapas pidiendo democratizar el sistema político, reformas sociales y protección frente a los efectos del TLC. A diferencia de lo ocurrido con todas las sublevaciones populares en América Latina desde la Revolución cubana (1959), en esta ocasión el gobierno de EEUU de Bill Clinton propició escuchar las reivindicaciones de los insurgentes, no su mera represión. Y cuando el 23 de marzo siguiente caía asesinado en Tijuana el candidato presidencial del Partido gubernamental, Luis Donaldo Colosio (PRI), EEUU acudía en ayuda del TLC abriendo a México una linea de crédito de 6.000 millones de dólares y su ingreso en la OCDE. No obstante lo cual, en la última semana de 1994, el déficit acumulado de la balanza de pagos durante la Administración Salinas desembocaba en una devaluación de la moneda de más del 50% que, a pesar de ser auxiliada desde Washington, Japón, FMI y Europa en 18.000 millones de dólares, no alcanzó a evitar el crac de la Bolsa de enero de 1995. La crisis de confianza en la capacidad de México para pagar su deuda externa «amenazaría las economías de América Latina y Asia que reposan en la entrada masiva de inversión foránea», decía un alto funcionario de Treasury Department el 11 de enero[10]. Dos días después, Washington debía comprometer 40.000 millones de dólares adicionales en respaldo de la liquidez monetaria de México, quien ofrecía como garantía las rentas del petróleo. En febrero de 1995, debía ser elevado a 58.000 millones de dólares el auxilio conjunto del gobierno de EEUU, FMI, Banco de Pagos Internacionales, Japón y otros Estados, mientras México ordenaba a su ejército reprimir la revuelta de Chiapas. Tras un año de vigencia del TLC, la principal exportación mexicana, sus finanzas y paz interna estaban en manos de Washington. Pero, ¿cuántos TLC podría EEUU sostener mientras su propio déficit comercial requiera cada año de 150.000 millones de dólares ajenos? O los centros políticos dominantes del sistema capitalista se conciertan para imponerse a la especulación financiera, o ésta sumergirá a sus propios Estados.

En el extremo sur del Continente, el Chile gestionado desde 1990 por la coalición PDC-PS legitimaba la obra socioeconómica de la dictadura. Los sectores que en 1973 la instauraron coincidían, veinte años después, en pedir que el TLC les acogiera bajo su alero; y también algunos cuadros procedentes de la antigua izquierda e integrados en la institucionalidad creada mediante una dictadura. Integración ésta concebida para quebrar los referentes históricos nacionales anteriores, para desautorizar a los sectores sindicales y políticos que coincidían en combatir tanto el legado de la dictadura como la adhesión al TLC. La ruptura de las estructuras republicanas de participación y control democrático había disuelto, después de 1973, los lazos de muchos cuadros políticos con los sectores sociales de que formaban parte. Fue el caso de las personas exiliadas seleccionadas, y estipendiadas, desde organizaciones integradas en la Coalición de la Guerra Fría para favorecer su autonomía y disponibilidad individual a insertarse –en cuanto les fuera posible– en las estructuras burocráticas creadas por la dictadura, con la ilusión de recuperar su anterior posición de influencia. Para la elite política así renovada, la reconstrucción del movimiento cívico, el desarrollo de la democracia llegaba a ser sentido como un riesgo a su estatus de allegada del sistema militarizado desde 1973. Para quienes dirigieron la destrucción del Estado democrático[11], prolongar su obra necesitaba de una nueva elite que suplantara la legitimidad anterior a la dictadura. Los intelectuales, líderes o cuadros dirigentes que retomaban el legado democrático histórico entraron en contradicción explícita o larvada con la elite cooptada. El país latinoamericano ingresaba en la posguerra fría prisionero de los hombres que ésta le había impuesto, de su ideología –la llamada en EEUU “seguridad nacional”, gozne de la Constitución impuesta por la dictadura en 1980.

Después de 1945 mantener y reorientar contra la URSS a la Coalición Bélica nacida frente a Alemania requirió, ante todo, destruir los sectores políticos de izquierda y liberales dentro de EEUU. La coalición social que en 1991-1993 combatió en EEUU al proyecto de TLC tuvo una base social comparable a la que en 1945-1948 se opuso a que la Administración Truman declarara la nueva guerra. En 1992-1993 las organizaciones sindicales, y la mayoría del Partido Demócrata de EEUU, estimaron al TLC provechoso para algunas empresas pero dañino para la sociedad en su conjunto. La derrota de la izquierda dentro de EEUU en 1945-1948 discurrió en paralelo al lanzamiento de la guerra fría. La derrota de la oposición al TLC dentro de EEUU era la condición para extenderlo hacia América Latina. La Administración Truman se adjudicó un “enemigo” que legitimara su hostilidad hacia movimientos obreros y nacionales del Mundo entero: la URSS, elevada a epicentro de aquéllos. La oposición interna de EEUU a la guerra fría fue deslegitimada ante la opinión presentándola como instrumento de “la Potencia enemiga”. En 1993 la coalición social contra el TLC no pudo ser presentada como «enemigo interior» articulado con un Poder externo. La coalición de intereses que se opuso a las consecuencias de la ratificación del TLC tuvo un fundamento sólido, podría ser el embrión de nuevas políticas internas y externas. Su crítica al dumping social internacional en una economía abierta podría impulsar nuevas relaciones con sectores sociales que, en otros países, reivindican elevar las míseras condiciones de sus poblaciones. En otras palabras, dentro y fuera de EEUU la economía globalizada podría impulsar alianzas de intereses desconocidas, imposibles, a lo largo de la guerra fría. Un esbozo de ello pudo verse en la iniciativa conjunta de Francia y EEUU en marzo de 1994 para dotar a la Organización Mundial del Comercio –sucesora del GATT–, de facultades para adoptar sanciones económicas contra los Estados que no respeten los derechos de sus trabajadores. Propuesta respaldada por los sindicatos europeos, para quienes «Asia es ahora un corral de bajos salarios, sin sindicatos, sin obligaciones sociales, para cualquier empresa europea que no desee cumplir más con sus responsabilidades sociales, y esto pone en cuestión los puestos de trabajo en la industria europea»[12]. Pero iniciativa también apoyada desde círculos empresariales. Paul Rechter, portavoz del Conseil National du Patronat Français, resumía: «el problema del dumping social nos afecta a todos, pues significa precios muy bajos para algunos productos a expensas de destruir puestos de trabajo en Europa». Se estaba planteando hasta qué punto la evolución de la estructura de relaciones económicas mundiales, sus repercusiones dentro de EEUU, alterarían las alianzas sociopolíticas que Washington estableció con los sectores conservadores en los países subordinados a sus objetivos durante la guerra fría.

Una manifestación del cambio en las relaciones de producción e intercambio mundiales podía ser el reconocimiento por John F. Maisto, embajador de Washington en Managua, de que

en el pasado la influencia de EEUU ha ayudado a debilitar el sistema político de Nicaragua, al sostener a gobiernos antidemocráticos mientras fueran favorables a los intereses de Washington. Durante la mayor parte de este siglo, la política de EEUU en la región ha sido a la medida de dictadores que ofrecían estabilidad a costa de democracia[13].

Políticas no represivas hacia los sectores populares de América Latina –y otros continentes– se abrirán paso en EEUU cuando a las motivaciones morales se sumen intereses materiales. Pues la economía mundializada continúa generando presiones a favor de acciones intervencionistas sobre otros Estados, con la ilusión de que ello favorecerá indefinidamente el nivel de vida y estabilidad social dentro de las Potencias interventoras. Pero mientras empresas mundializadas favorecen la desregulación de mercados y el desmantelamiento de los Estados –es decir, del órgano de control sobre ellas mismas–, los sectores sociales perjudicados piden mayor presencia del único ente capaz de subordinar la actividad de las empresas al interés general y no al de los solos accionistas –es decir, el Estado. Está por ver si a medio plazo la estructura económica internacional podrá generar dentro de EEUU la necesidad de reconocer y respetar en otras Naciones la libre expansión de las organizaciones sindicales y democráticas. Por razones económicas eminentes, pues incrementar los niveles de educación, empleo, comunicaciones, bienestar, en los países explotados o marginados durante la guerra fría –las tres cuartas partes de la Humanidad– disminuiría una competitividad basada en la sobreexplotación social y, a un tiempo, aumentaría su capacidad importadora. Con el consiguiente estímulo sobre la economía productiva mundial. Las crisis de sobreproducción del sistema económico liberan recurrentemente energía bastante para convertir lo deseable en necesario. ¿Desembocarán mañana en una revolución político-intelectual hacia un pacto social mundial que promueva sistemas de desarrollo ecológicamente equilibrados, que abra vías a la paz y se sobreponga a los conceptos, doctrinas y estrategias dominantes durante la guerra fría?

II. Ruletas rusas

Si comparamos la evolución de Europa con los objetivos establecidos en agosto de 1947 por el Comité Conjunto de Planificación de Guerra del Pentágono –reproducidos en el documento 3–, podemos observar que aquéllos culminaban en el apartado 3.e) –reemplazar los anteriores gobiernos Comunistas «por gobiernos formados por equipos de personas previamente escogidas por nosotros y regímenes militares, según se requiera». La meta de la guerra fría no era sólo cambiar el régimen político-económico de la URSS sino también desmembrarla. El objetivo 3.a) era «abolir la URSS en tanto que federación de repúblicas y reducir la soberanía de la República de Rusia a las fronteras de 1939»; el objetivo 3.b) «otorgar plena soberanía a todas las Repúblicas soviéticas […], los ciudadanos rusos en esos países serían repatriados».

Si la historia política algo enseña es que la destrucción de un Estado conlleva riesgos y consecuencias que, dada su recurrencia, son previsibles. Ha sido así en casos anteriores, como hemos visto en España y América Latina. Los de Yugoslavia y la URSS en 1991-1992 no son excepción. Destruidos los valores de legitimación político-ideológica del Estado, la crisis paralela o subsiguiente del sistema social ha sido de tal envergadura que apenas la sobrenadan referentes primarios de identificación individual y colectiva –sean étnicos, nacionales, de religión o clan. No podía, pues, sorprender que la destrucción del Estado soviético y la transición a un sistema capitalista en Rusia hubiera conllevado el derrumbe de su fábrica socioeconómica. El Producto Nacional Bruto ha caído ininterrumpidamente desde 1990 (–10% en 1994). La producción industrial descendió 18% en 1992, 16% en 1993, 35% en 1994[14]. La inflación fue de 2.500% en 1992, 940% en 1993, 320% en 1994. Tampoco podía sorprender que con la privatización de las actividades productivas éstas fueran fagocitadas por empresas del crimen organizado. Marshall Goldman, del Centro de Estudios sobre Rusia en la Universidad de Harvard, estimaba que para febrero de 1994 la mafia rusa concentraba en sus manos entre el 70 y 80% del sector económico privado[15]. Un informe oficial preparado para el presidente Yeltsin a comienzos de 1994 calculaba que entre el 70 y 80% de las empresas privadas y bancos comerciales pagaban del 10 al 20% de su cifra de negocios a organizaciones criminales, las cuales tenían bajo su control a unas 40.000 empresas –dos mil de ellas en el propio sector público. Recolectar semejante “tributo” daba trabajo a más de diez mil personas en San Petersburgo, quinientas de ellas eran criminales cualificados[16]. El 50% de la población había sido reducida a niveles de pobreza, reconocía Yeltsin el 10 de junio de 1994[17]. La expectativa media de vida en los varones descendió un 10% entre 1989 y 1993, la tasa de suicidios se incrementó en 43% entre 1991 y 1993[18]. La evolución no era mejor en las restantes ex repúblicas soviéticas[19], casi todas sumergidas además en guerras civiles desde 1991-1992 –excepto donde la URSS había estacionado armamento atómico (Bielorrusia, Ucrania, Kazajstán). Lo que permite pensar que también la Federación de Rusia hubiera sido sumergida pronto en la guerra civil de no contar con armamento atómico que, cual amuleto, obligaba a la Potencia americana a evitar que la cadena de mando en las FF AA y el Estado ruso se rompiera y dejara armas y misiles atómicos fuera de control –con riesgo de caer en manos no deseadas. Un nuevo papel político del arma atómica se experimentaba en Rusia: disuadir que la intervención extranjera derivara en guerra civil[20].

A lo largo de 1991 y 1992 Rusia parecía caminar a buen ritmo hacia el aludido objetivo 3.e) del Comité Conjunto de Planificación de Guerra del Pentágono cuando, de pronto, el domingo 19 de septiembre de 1993 el electorado de Polonia envió al Parlamento una mayoría salida de partidos herederos del anterior régimen comunista. Como si de un aviso se hubiera tratado, dos días después y previa consulta a Washington el presidente Yeltsin dio un golpe de Estado, asumió plenos poderes y ordenó al Congreso disolverse (facultad que la Constitución no concedía al jefe del Estado). Yeltsin cubrió su iniciativa convocando elecciones parlamentarias para diciembre siguiente –facultad que tampoco tenía, y cuando ni siquiera existía una Ley electoral. El miércoles 22 de septiembre el Tribunal Constitucional declaraba nula la disolución del Congreso, este último aplicaba el artículo de la Constitución que le permitía destituir al Presidente por violar la Ley de Leyes y nombraba al entonces vicepresidente de Rusia –Alexander Rutskoi– nuevo jefe del Estado. Yeltsin no se inclinó, y en la madrugada del 4 de octubre ordenó a las tropas bombardear y asaltar el Parlamento. Los gobiernos de la CEE, reunidos aquel mismo día en Luxemburgo, y el presidente de EEUU expresaron públicamente su respaldo a Yeltsin mientras el bombardeo tenía lugar[21]. Diez horas después, sumados más de 500 muertos en el interior del Parlamento, ocupadas varias plantas por soldados de asalto y el resto en llamas, se rendían el presidente del Legislativo –Ruslan Kasbulatov– y Alexander Rutskoi. Yeltsin decretaba el toque de queda en Moscú, imponía la censura, prohibía medios de comunicación y partidos de oposición. ¿Estaba siendo puesta Rusia bajo la dictadura alternativa prevista en el objetivo 3.e) antes indicado? En propiedad no, ya que éste contemplaba una dictadura “militar” al servicio de la Potencia estadounidense, y en la encrucijada de 1993 las FF AA rusas no aceptaron subordinarse a ella. Las elecciones a un nuevo Parlamento tuvieron lugar en diciembre de 1993 y, a pesar de celebrarse bajo los plenos poderes de Yeltsin y la ley electoral por él mismo dictada, los candidatos del Gobierno y heraldos de la transición al capitalismo apenas sumaron el 14% de los sufragios.

El objetivo 3.e) estudiado en 1947 por el Pentágono para la URSS ha sido aplicado muchas veces y con éxito sobre otros Estados, en particular de América Latina, cuando los ciudadanos votaban de modo distinto a como el gobierno de EEUU deseaba. En la Rusia de 1992-1993 la dirección de las funciones económicas esenciales de lo que quedaba de Estado estaban en manos de Yegor Gaidar y Boris Fiedorov, hombres de confianza de los centros del capital internacional; la de las funciones diplomáticas en manos de Yeltsin, alineado con Washington; los servicios de seguridad disueltos, desmoronada la identidad político-estratégica del Ejército Rojo, la población reducida a niveles de pobreza no conocidos desde la segunda guerra mundial. En tales condiciones, sin embargo, dos meses después del escarmiento del bombardeo del Parlamento el 85% del electorado ruso se obstinaba y votaba contra los líderes cooptados para instaurar un sistema capitalista. De haberse encontrado para entonces la sociedad de Rusia tan penetrada como las de América Latina, se hubiera podido dar la orden de pasar de la fase primera a la fase segunda del objetivo 3.e), es decir, someter a los rusos a una dictadura hasta que su voluntad se resignara a lo que los centros del capital internacional estimaran idóneo. Es lo que Samuel Huntington se complace en denominar “solución Pinochet” (insurrección del Mando militar seguida de politicidio y dictadura –siempre bajo control de la Potencia interventora). Pero en diciembre de 1993 EEUU no tenía el pleno control ni de los líderes políticos ni de los mandos de las FF AA de Rusia. Diferencia mayor con América Latina a los efectos de la operatividad del objetivo 3.e). La solidez de un gobierno radica en su representatividad social y en la fortaleza de su Estado, lo que presupone unas FF AA identificadas con su Nación y no instrumento de la Potencia intervencionista. En 1993 tampoco era posible una intervención según el modelo de 1918 –apoyo a unidades militares “blancas” en lucha con las “rojas”– el armamento atómico (biológico, y otros) disuadían promover la quiebra de la cadena de mando militar ruso y el consiguiente riesgo de guerra civil.

Las fronteras establecidas en Europa en 1945 fueron alteradas por primera vez en 1990-1991 –absorción de la RDA por la RFA. En los dos años siguientes fueron desintegrados los dos Estados (Checoslovaquia, Yugoslavia) creados en 1914 por los vencedores de los Imperios germánicos[22]. Alemania había destruido a ambos Estados ya en 1938-1944 al anexionar sin resistencia a Bohemia y Moravia, satelizar Eslovaquia u ocupar Eslovenia, Croacia y Bosnia. Checoslovaquia y Yugoslavia fueron restauradas de nuevo en 1945 por los vencedores de Alemania. Yugoslavia, Estado plurinacional cuya sobrevivencia dependía de evitar caer en zonas de influencia, fundó el Movimiento de Países No Alineados y supo atravesar la guerra fría sin entrar en la órbita de Moscú o Washington. En 1991-1992 la intervención extranjera contribuyó de nuevo a destruir el Estado Federal de Yugoslavia. Todos vieron los horrores de la guerra civil subsiguiente, menos fueron quienes advirtieron que derivaba de una intervención de Alemania. En 1992, al igual que en 1941, el gobierno, ejército y sociedad yugoslavos no aceptaron la disolución del Estado sin ofrecer resistencia, y sus pueblos fueron sumergidos en la guerra civil. A mediados de 1993, mi amigo Marcus Raskin, del Institute for Policy Studies de Washington, D.C., pidió a Cyrus Vance, secretario de Estado durante la Administración Carter y mediador internacional en la crisis yugoslava hasta su dimisión pocos días antes– que le respondiera a dos preguntas. La primera, si la guerra civil hubiera estallado de no darse la política de la Alemania reunificada hacia Yugoslavia. Vance respondió que no habría habido guerra civil. La segunda pregunta fue si esta política alemana había sido una improvisación, o una iniciativa circunstancial del Ministro de Asuntos Exteriores –H. D. Genscher–, o una reedición de las tendencias históricas germánicas hacia los Balcanes desde al menos 1914. La respuesta fue: reemergencia de tendencias históricas. Cabe preguntarse qué garantías no habrían recibido los gobiernos autónomos de Eslovenia, Croacia y Bosnia para estimularles a desmantelar el Estado Federal yugoslavo si, en abril de 1990 –un año antes de la liquidación de Yugoslavia–, también el presidente del Partido Nacionalista Vasco podía sostener que «los alemanes [en el Gobierno] más de una vez nos han expresado su apoyo, diciendo que nuestras aspiraciones [a la independencia] son perfectamente asumibles en la Europa del futuro. Nosotros tenemos un plan diseñado ya, y le hemos puesto fechas. La soberanía de Euzkadi, estilo Lituania, a proclamar entre el 1998 y el 2002»[23].

La guerra civil en los Balcanes contenía ingredientes susceptibles de convertirse en lo que la intervención germanoitaliana de 1936 en España significó para la guerra general de 1939-1945: un ensayo, una etapa. ¿Bosnia como pretexto? A favor de la tragedia en que esta última fue sumergida en 1992 –tras lograr el canciller Kohl en diciembre de 1991 que la CEE reconociera la secesión de Croacia– EEUU puso en práctica lo que la Administración Bush proponía en diciembre de 1989: ampliar el área de acción de la OTAN más allá del perímetro defensivo establecido en los arts. 5 y 6 del Pacto Atlántico (1949), transformando la Coalición en instrumento de intervención militar sobre el resto de Europa y aun del Mundo. El 9 de febrero de 1994, sobrepasando las reticencias de Canadá y Gran Bretaña y la resistencia activa de Grecia, los Estados de la OTAN aprobaban la proposición de EEUU (y esta vez también de Francia) de lanzar un ultimátum a los serbio-bosnios: en diez días la OTAN bombardearía si no levantaban el cerco de Sarajevo. En 1991 la acción bélica de EEUU y la UEO en el Golfo Pérsico contribuyó a acabar con el gobierno Gorbachov y desintegrar la URSS, la entrada de la OTAN en los Balcanes en 1994 entrañaba otras magnas potencialidades. Si la Administración Bush utilizó a la ONU como cobertura para sus propios intereses en la crisis de 1990-1991 con Irak, la OTAN hizo lo propio en 1994 en la de Bosnia. Que la OTAN interviniera en Europa oriental en acción ofensiva era un cambio cualitativo de tal envergadura que, como era previsible, en Moscú activó reacciones adversas. Aquel mes de febrero de 1994, por primera vez desde la desaparición de la URSS, Rusia vetaba una propuesta de EEUU en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Por iniciativa conjunta de EEUU y Francia la OTAN era lanzada contra una de las partes de la guerra civil, la serbia. Como París no daba un paso semejante sin coordinarlo con Alemania (Eje París-Bonn), Washington estaba sumando de hecho la potencia de fuego de la OTAN a la política germana hacia los Balcanes. Ésto despertó el reflejo británico cuya conceptualización nos ha ocupado en capítulos anteriores, pues la entente Bonn-París-Washington en los Balcanes marginaba a Londres (y Moscú) en la primera intervención de la OTAN fuera de su perímetro. Horas después de haber lanzado esta última su ultimátum, el Primer Ministro británico se presentaba en el Kremlin –contradicción en la OTAN. El mismo 9 de febrero de 1994 EEUU reconocía la independencia de la ex república yugoslava de Macedonia, Grecia replicaba el siguiente día 16 cerrando el puerto de Salónica –vía de acceso de Macedonia al mar. Alemania apoyó a Macedonia y empujó al resto de la CEE a protestar ante Atenas –fisuras dentro de la CEE. Pero, inesperadamente, el jueves 17 Moscú convencía a los serbio-bosnios para que retiraran la artillería de Sarajevo, anunciaba el envío de 400 soldados bajo bandera ONU y el jefe de las Fuerzas Aéreas rusas, general Piotr Deinekine, declaraba el viernes 18 a la televisión que «la primera bomba lanzada por un avión de la OTAN [en Sarajevo] significará el inicio de la guerra en Europa» –primer crujido después de 1989 en el entendimiento paneuropeo. Durante los tres días anteriores al vencimiento del ultimátum se interpuso también el general británico Michael Rose, jefe de las fuerzas de la ONU en Bosnia, insistiendo en que la OTAN no podía abrir fuego puesto que los bosnios retiraban su artillería. La bomba de la OTAN no cayó en Sarajevo el lunes 21 de febrero[24].

La mediación rusa fue, sin embargo, imposibilitada el siguiente domingo 10 de abril al bombardear sin previo ultimátum aviones (norteamericanos) de la OTAN el enclave de Gorazde. Parecía que alguien deseaba que la OTAN interviniera fuera de su perímetro, y para lograrlo apartaba de en medio a los mediadores lanzando de improviso un ataque a las 18.22 horas de un domingo. El hecho consumado desbarataba las mediaciones no sólo de los rusos sino las del propio Charles E. Rodman, mediador de EEUU en Bosnia que seis horas antes del bombardeo declaraba hallarse ante

una situación casi sin precedente, ambos bandos [el serbio y el musulmán] están hablando en serio de parar totalmente las hostilidades no sólo en Gorazde sino en todo el país; [las bombas de la OTAN sobre Gorazde] han hecho desaparecer totalmente por ahora esa expectativa[25].

En la noche de aquel mismo domingo 10 Moscú protestaba por no haber sido tenido en cuenta, y solicitaba la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. En vano, el lunes 11 la OTAN bombardeaba de nuevo Gorazde y el secretario general de la OTAN, el alemán Manfred Wörner, hacía saber que «hasta el momento sólo hemos usado dos aviones. Tenemos más de 100 en nuestras bases en Italia, de modo que aviso a todos que renuncien a la idea de respondernos»[26]. Mientras que los gobiernos de Francia y Alemania aprobaban los bombardeos, el Parlamento de Rusia los condenaba. El martes 12 Boris Yeltsin insistía en que «sólo un acuerdo negociado en Bosnia puede poner fin a la guerra, mientras que los bombardeos de la OTAN pueden eternizarla»[27]. Un mes más tarde, 12 de mayo, el Senado de EEUU recomendaba a su Gobierno levantar el embargo de armas a los bosnio-musulmanes; dos días después, la Duma rusa replicaba que si algún país levantaba unilateralmente el embargo a Bosnia «Rusia debía tomar las medidas de respuesta adecuadas, incluido que el Kremlin dejara de participar en el régimen de sanciones [contra Serbia]»[28]. El 9 de junio la Cámara de Representantes de EEUU se sumaba a la propuesta del Senado; cinco días después, el ministro ruso de Asuntos Exteriores Andrei Kozirev daba la previsible réplica: «si una Potencia o ambas empiezan a apoyar a sus clientes, eso retrotraerá el Mundo a los peores años de la guerra fría, o a una nueva guerra mundial»[29].

El desmantelamiento de tres Estados –RDA, Yugoslavia, Checoslovaquia–, hizo más profundos y prolongados los efectos de la súbita desintegración del cuarto Estado –la URSS, objetivo mayor de la guerra fría. Se sentirán durante décadas, su potencialidad puede ser telúrica. Las estrategias de reparto de pueblos en zonas de influencia, o de anexiones puras y simples, hallarán en la disolución del Estado euroasiático oportunidades de magnitud desconocida desde la desintegración de la monarquía hispánica –que abarcaba también dos continentes pero cuyos territorios fueron repartidos de modo gradual a lo largo de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. En 1995 las combinaciones que en teoría se presentaban eran muchas: Alemania lograría reconstruir la Mitteleuropa, o bien tendría que compartirla con Francia y EEUU; se restablecería, o no, el cordón de Estados tapón que el Tratado de Versalles (1919) erigió en torno de Rusia; se reactivarían, o no, las alianzas entre Alemania y Rusia –las de ascendencia bismarckiana, o la proyectada por Lenin tras la caída del II Imperio alemán; se reanudaría, o no, el diseño del II y III Imperio alemán de subordinar a los pueblos eslavos, en particular al ruso; las naciones de cultura turca de Asia meridional conseguirían agruparse, o no; y/o los pueblos islámicos; o los chinos. Y un largo etcétera. Cualesquiera que fueran las combinaciones del “Gran Juego”, de algo podemos estar bastante seguros tras la guerra fría de 1945-1991 como para anticiparlo con poco margen de error: las políticas de equilibrios y contraequilibrios mediante el reparto de Eurasia en zonas de influencia encierran hoy igual riesgo de conflictos, guerras y catástrofes que durante los siglos anteriores. Por más diferencias que hubiera, la intensidad y amplitud de las destrucciones podrían ser mayores habida cuenta de las técnicas disponibles a fines del siglo XX.

Desde la segunda mitad de 1993 apuntaba en el horizonte una nueva confrontación, pausadamente los corceles de guerra parecían estar siendo enjaezados. Volvía a actuar la lógica interna de los conceptos de la que en homenaje a su origen denominamos “estrategia británica”. Bajo la propuesta de ampliar el perímetro de la OTAN hacia el Este –absorbiendo a Hungría, República Checa, Polonia, Eslovaquia, pero excluyendo a Rusia–, se podía entrever el designio de mantener dividido el gozne entre Asia y Europa. En este punto eran lógicos consigo mismos quienes sostuvieron la guerra fría, sus gabinetes políticos y militares[30], pues su estrategia hemos visto que tenía su raíz conceptual en la británica. En la medida en que ésta continúe operando, el riesgo de guerra persistirá en Europa. La voluntad de dividir entre zonas de influencia la masa occidental de Europa y la oriental generó sucesivos conflictos bélicos antes de la guerra fría, y los volverá a generar después. A finales de 1993 emergía en Rusia la previsible resistencia de quienes rechazaban «gobiernos formados por equipos de personas previamente escogidas por nosotros [la Potencia intervencionista extranjera] y regímenes militares, según se requiera». La dificultad para el Pentágono de generar en el seno de las FF AA rusas una “solución Pinochet” que “estabilizara” Rusia a su acomodo, la inviabilidad de la opción alternativa –la “solución Franco” (fractura de la cadena de mando militar, terror de masas, guerra civil y dictadura subordinada a la Potencia interventora)–, abrían a los conceptos estratégicos británicos, a su lógica interna, la vía hacia otra confrontación general. Bastaba observar la filiación de los conceptos evocados en medios nacionalistas rusos tras la disolución de la URSS –como los publicitados por el ganador de las elecciones parlamentarias de diciembre de 1993, Vladimir Zhirinovski. Que no proponían otra cosa sino dividir el Mundo en cuatro zonas de influencia: América Latina, para EEUU; Europa occidental y central más África, para Alemania; Europa oriental y el sur de Asia hasta el Índico, para Rusia; Asia oriental, para Japón (y China). El mapa que dibujaba Zhirinovski encontró después de diciembre de 1993 una difusión masiva en todas las lenguas[31]. Lo que hacía más sonoro el silencio, también universal, sobre la paternidad de tales conceptos geopolíticos: la escuela de Múnich de Karl Haushofer, cuyo mapa original hemos reproducido más arriba (documento 16).

Zhirinovski tocaba la melodía de campos de fuerza geopolíticos elaborados durante los primeros años de la República de Weimar, contrapunto de los conceptualizados por Mackinder. Y precisamente hacia Alemania orientaba Zhirinovski el pabellón de su trompeta: «no puede quedar ninguna base militar extranjera en suelo alemán. Alemania tiene que ser libre sin limitaciones […] Dantzig, Breslau y Stettin deberían ser restituidas a Alemania»[32]. Tampoco era casual el silencio universal sobre su nexo intelectual con la escuela de Múnich, como evitando evocar el maleficio, es decir, la proposición central de Haushofer: promover la alianza germanorrusa (ampliada a Japón) como medio de superar la división de Europa y su consiguiente subordinación al dominio anglosajón sobre las costas del continente euroasiático. Alemania, Rusia y Japón, precisamente los imperios desintegrados en las tres guerras generales en las que EEUU entró de la mano de Gran Bretaña. Si los globos sonda de Zhirinovski permitían medir su receptividad en los círculos interesados en revisar el desenlace acumulado de las guerras hegemónicas del siglo XX, Múnich (Baviera) fue precisamente la primera ciudad extranjera donde el recién elegido diputado ruso fue invitado –y por Gerhard Frey, editor del diario nacionalista National Zeitung. Un mes antes el primer Ministro de Baviera, Edmund Stoiber (socialcristiano, aliado del Gobierno Kohl), había criticado la visión de Europa de la CEE y del Tratado de Maastricht (1991) como un anacronismo propio de los años posteriores a 1945, cuando «ser alemán era a menudo visto como un lastre […] [Después de la reunificación] debemos de tomar conciencia de lo que es la identidad alemana. […] Yo y el Partido socialcristiano descartamos la idea de Europa como Estado federal, incluso a largo plazo»[33]. El 4 de noviembre de 1993 era el ministro de Defensa de Alemania quien afirmaba, de visita en Japón, que ambos países iban a proceder en adelante a consultas militares regulares[34].

Tras la desintegración del Estado soviético reemergieron reflejos del nacionalismo panruso sumergidos, aunque latentes, desde la Revolución leninista. En el nuevo contexto, el propósito en 1993 de extender la OTAN a pueblos cuyos confines bordean los de Ucrania y Rusia permitía evocar otro precedente: la decisión de Napoleón –tras derrotar al zar Alejandro I y firmar la paz en Europa continental (Tilsitt, 1807)– de extender su “sistema europeo” hasta las fronteras con Rusia, en particular a la costa oriental del Báltico y el Ducado de Varsovia. El jefe de los Servicios de Información del Emperador occidental criticó el desplazamiento militar hacia el Este, pues anticipaba Fouché que «una vez en contacto, los dos Imperios acabarían por chocar […], los gérmenes de la guerra de Rusia estaban en el mismo tratado de Tilsitt […] el partido antifrancés –o de los viejos rusos– empezó a prevalecer en el Gabinete»[35]. Fouché no se equivocó, la primera diferencia diplomática con Rusia surgía dos años después de extender Napoleón sus tropas hasta Varsovia y el Báltico oriental; cinco años después de Tilsitt –junio de 1812– los ejércitos de la masa occidental europea invadían Rusia. En 1992, EEUU había retirado sus tropas de Filipinas, mientras que las estacionadas en Japón, Corea del Sur e islas del Pacífico occidental habían sido reducidas desde 135.000 a 100.000 soldados, y podían serlo pronto a 75.000. Si durante la guerra fría había estacionado 360.000 tropas en Europa, y 128.000 en el área Asia-Pacífico, conforme a acuerdos recientes ambos niveles debían ser reducidos a 100.000 soldados en cada área. Sin embargo, la pervivencia de los conceptos estratégicos británicos reunía en 1994 sobre Europa y Asia nubarrones de guerras, a pesar de que la opinión pública de EEUU consideraba terminada la guerra fría, prioritarios los objetivos económicos –proteger los puestos de trabajo– y rechazaba la intervención de sus tropas en conflictos exteriores incluso «si el Gobierno de México es amenazado por una revolución o guerra civil»[36].

Por ello despertaban interés los esbozos en el seno de la Administración Clinton de quienes parecían querer alejar EEUU de ser arrastrados por la lógica inherente a aquellos conceptos estratégicos. El 26 de mayo de 1993 la prensa había filtrado la opinión de un alto funcionario –que resultó ser el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Peter Ternoff– según la cual «a diferencia de lo ocurrido durante la guerra fría, cuando EEUU sólo de labios hacia afuera consideraba la noción de seguridad colectiva, la nueva Administración cree en este concepto»[37]. ¿Se orientaría EEUU hacia un cambio de estrategia? La tormenta estalló de inmediato en Washington, mientras en círculos próximos a la OTAN se pedía públicamente la cabeza del heterodoxo. El secretario de Estado no destituyó a Ternoff pero sí desmintió que EEUU impulsara una estrategia de seguridad colectiva en Europa –es decir, podríamos glosar nosotros, aceptar a Rusia como parte integrante de aquélla, en pie de igualdad, como Moscú había propuesto a Francia y Gran Bretaña hasta la víspera del 23 de agosto de 1939, como Roosevelt (y De Gaulle) auspiciara en 1944-1945 pero que Truman (y Churchill) descartó después.

Sin embargo, la espectacular derrota electoral en Rusia de los equipos respaldados por las Potencias capitalistas –diciembre de 1993–, parecía que obligaba a reflexionar. En la Conferencia del 10 y 11 de enero de 1994 contuvo EEUU la ofensiva para absorber a los Estados fronterizos de Rusia en la OTAN. Según el presidente Clinton «la seguridad debe basarse no en las divisiones de Europa sino en la potencialidad de su integración»[38], «no queremos dar la impresión de que estamos creando otra línea de división en Europa […]»[39]. En su lugar Clinton hizo aprobar una propuesta de “Asociación para la Paz” (Partnership for Peace) abierta a todos los Estados del extinto Pacto de Varsovia, Rusia incluida. El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, general John Shalikashvili, explicaba que

ampliar las garantías de seguridad de la OTAN a Europa oriental demasiado deprisa podría provocar una reacción nacionalista en una Rusia excluida de aquéllas. El programa de Asociación para la Paz, abierto a la participación de Rusia al igual que de Polonia o Albania, no debería generar tal reacción. Su razón de ser es evitar una nueva línea divisoria en Europa que, a su vez, crearía nuevas tensiones y conflictos adicionales[40].

Dentro de la Administración Clinton, sin embargo, los partidarios de una estrategia que innovara respecto de Europa encontraban la resistencia de los exponentes de conceptos tradicionales. El bombardeo sin previo aviso de la OTAN sobre los serbios de Bosnia el 10 y 11 de abril de 1994 debilitó en Washington a los innovadores, pero en Moscú alimentó las dudas sobre el alcance de la propuesta de Asociación para la Paz. Yeltsin afirmaría el siguiente 12 de abril que «tiene como telón de fondo la discriminación, al no tratar a Rusia en pie de igualdad. Además, mientras que Rusia no ha alcanzado un acuerdo con la CEE, Ucrania lo firmará en mayo de 1994»[41]. Tres días después el ministro de Defensa, Pável Grachov, declaraba haber dejado de apoyar la adhesión de Rusia a la Asociación para la Paz tras «los últimos acontecimientos en Bosnia-Herzegovina. Tenemos la impresión de que los “socios” están actuando a nuestras espaldas»[42]. El 7 de mayo Grachov y Andrei Kozirev sostenían que en Europa ninguna estructura debía reemplazar a la Conferencia de Seguridad y Cooperación (CSCE) como sistema de seguridad colectiva, la OTAN debiendo quedarle subordinada puesto que en la CSCE están representados todos los Estados[43]. Y cinco días después el gobierno ruso criticaba que se excluyera a Rusia de la oferta de asociación que la Unión Europea Occidental había formulado el 9 de mayo a Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Estonia, Lituania y Letonia[44]. Un precario equilibrio quedó reflejado en los dos documentos intercambiados en Bruselas el 22 de junio de 1994. El primero, firmado por Rusia y los 16 Estados de la OTAN, incorporaba Rusia a la Asociación para la Paz. El segundo, independiente del anterior documento, sin firmas y no vinculante, recogía como declaración de intenciones rechazar el reparto de pueblos en zonas de influencia y el compromiso de la OTAN de “consultar” a Rusia en decisiones sobre la seguridad europea. Pero sin reconocerle derecho de voto, al continuar excluida de la OTAN. Es lo más que EEUU concedía y Yeltsin cedía –en la Duma faltaron aquel día nueve votos a una moción que condenaba la que denominaba “capitulación rusa”. Dos días después de haber pagado tal peaje en Bruselas, le era autorizado a Rusia suscribir un acuerdo de cooperación con la CEE. La OTAN y la CEE continuaban articuladas.

Cabía preguntarse qué impresionaba más, si la ambición de los estrategos de la OTAN o la magnitud del riesgo a que exponían al Mundo. Júpiter ciega a quienes desea perder. Los estrategos de la OTAN parecían haber extraviado la mesura de lo acaecido entre 1989 y 1992. Si Washington hubiera sido conducido a concentrar en un período de tres años la disolución de la OTAN, la denuncia de los Tratados de Río de Janeiro y de la OEA, la retirada de tropas y el cierre de sus bases en Eurasia, el Pacífico, Panamá y Guantánamo, a reconocer el derecho a declararse independientes los territorios conquistados en el siglo XIX a México o España (desde California a Texas, Florida y Puerto Rico), o el de cualquier otro Estado de la Unión a hacer secesión, antes de que ni siquiera se hablara de semejante escenario en las cancillerías, la violencia de la reacción dentro de EEUU hubiera estremecido al Mundo. Sin embargo, lo equivalente es lo que, sin disparar ni un tiro, hicieron entre 1989 y 1991 el Partido Comunista y el Gobierno soviéticos al aceptar retirar sus tropas de Alemania y Europa oriental, disolver el Pacto de Varsovia y el COMECON, permitir que la RFA anexionara a la RDA y que de la URSS se independizaran cuantas Repúblicas lo desearan –incluso las que estaban bajo soberanía del Kremlin desde antes que EEUU de América naciera a fines del siglo XVIII. Pero la OTAN, resultado de la invocación de un futurible –«contener la invasión de Europa occidental por la URSS»–, tras desaparecer esta última y su sistema político-económico en vez de desmovilizar la Alianza bélica se encaminó a expandir ésta hacia los territorios del extinto Pacto de Varsovia, a extender las fronteras de la OTAN hasta las de Rusia. La Historia exhibe una sucesión de pueblos humillados, destruidos o dominados por rivales más fuertes, lo que sería una novedad es que se resignara a semejante suerte, sin rebelarse, un pueblo que tiene en sus manos armas capaces de destruir al Mundo entero[45].

La Asociación para la Paz que en junio de 1994 firmaba el Kremlin presuponía que Rusia sería excluida de la OTAN. Obviamente, su ingreso en pie de igualdad con los demás Estados hubiera significado que la razón de ser que dio vida a la Coalición bélica había dejado de existir. De hecho, las tareas específicas que la Administración Yeltsin convino al ingresar en la Asociación para la Paz impedían a esta última convertirse en el instrumento para la seguridad colectiva en Eurasia, pues las Repúblicas de la extinta URSS ingresaban en la Asociación en condiciones que les imposibilitaba consolidarse como Estados militar y políticamente independientes. Más aún, los Estados de Europa central y oriental y las ex repúblicas soviéticas –Rusia excluida– que entraban en la asociación lo hacían en tránsito a su integración en la OTAN, y deberían en lo sucesivo equiparse con armamento no ruso. Las industrias de armas occidentales ganaban el mercado que perdían las rusas… La ruptura inherente al que podríamos denominar “efecto Fouché” se produjo durante la segunda mitad de 1994. En las elecciones de aquel noviembre el Partido Republicano ganaba el control de ambas Cámaras del Congreso de EEUU, con un programa comprometido en reducir el papel de la ONU, levantar el embargo de armas impuesta por ésta a los bosniomusulmanes y expandir la OTAN hacia el Este. Una semana después, en la sede de la OTAN, la delegación de Moscú se negaba el 1 de diciembre a firmar un comunicado de la Asociación para la Paz como protesta por los planes de ampliar la OTAN hacia las fronteras rusas –al tiempo que ofrecía como alternativa estrechar la cooperación entre Rusia y la Unión Europea Occidental– es decir, entendimiento paneuropeo externo a la OTAN. Unos días después, 5 de diciembre, reunida la CSCE en Budapest, Yeltsin vetaba que los serbiobosnios fueran descritos en el comunicado final como «los agresores» en la guerra balcánica. En Moscú las políticas del “partido americano” habían perdido su influencia. El asalto militar a fines de diciembre de 1994 a la rebelde República de Chechenia simbolizó el retorno de las opciones que Fouché hubiera llamado de «los viejos rusos». Se abría la vía a un régimen de fuerza, aunque no necesariamente bajo la férula de un dictadura gestada y dominada desde los centros del capital multinacional.

Si algún día se alejaran las políticas de EEUU de su servidumbre a los conceptos estratégicos de origen británico, más realce adquiriría la actualización de los conceptos abortados durante la Administración Truman. Es decir, superar el estado de guerra no mediante la división de los pueblos en zonas de influencia sino reconociendo el derecho de cada Estado a elegir libremente dentro de sus fronteras su forma de gobierno y régimen socioeconómico; dotar al Mundo de estructuras representativas y operativas capaces de aportar soluciones a los problemas comunes de la Humanidad; dar prioridad a la construcción de un sistema de seguridad colectiva en vez de imponer la quimérica “seguridad militar absoluta” de un solo Estado sobre el Planeta. Cuanto menos probable resulte abrir paso a caminos nuevos, más lo será recorrer el trillado sendero hacia nuevas guerras, inherentes a los conceptos de “equilibrios” y “esferas de influencia”. En el seno de la Administración Clinton algunas de las tesis de la Administración Truman habían emergido de nuevo en mayo de 1994 –«Presidential Decision Directive 25»:

EEUU no es partidario de un Ejército permanente de las Naciones Unidas, tampoco va a asignar unidades militares específicas propias para participar en operaciones de la ONU. La política de EEUU no es la de tratar de aumentar el número de operaciones pacificadoras de la ONU o su participación en las mismas; su contribución financiera debe bajar del 31,7% actual al 25% […]. Las fuerzas de combate de EEUU nunca serán puestas bajo mando de oficiales extranjeros[46].

Los nuevos líderes del Congreso, a su vez, presentaban en la Cámara de Representantes el proyecto denominado «H.R. 7», dirigido a elevar a rango de ley el principio de que «revitalizar la seguridad nacional de EEUU requiere una política que prosiga el compromiso de la Nación en un papel dirigente y activo en la OTAN […] y en facilitar la transición de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia a la plena integración en la OTAN antes del 10 de enero de 1999». Premisas de guerras en el Continente europeo […].

La pervivencia de una voluntad estatal diferenciada en Alemania, Francia y Reino Unido, es decir, la inexistencia de una política exterior –y por consiguiente, de defensa– europea, facilitó primero la intervención que desintegró Yugoslavia y, después dificultó detener la ulterior guerra civil. Los acuerdos de Dayton (noviembre de 1995) entre EEUU, Rusia y los Estados de la CEE abrieron la puerta a la OTAN para operar en Bosnia sin continuar subordinada a la ONU. Por primera vez aquélla operaba fuera del perímetro y de los supuestos estratégicos en que fue creada. Tan innovador hecho fue presentado, sin embargo, por el secretario de Defensa de EEUU como la reactualización y ampliación hacia el este de Europa de uno de los principales planes de la guerra fría, el de 1947 del general Marshall: «en Bosnia la OTAN es la piedra básica sobre la que se construirá la futura seguridad y estabilidad de Europa, donde los futuros miembros de la OTAN muestran que son capaces de asumir la carga que supone formar parte de ella. Es en Bosnia donde mostraremos que somos capaces de trabajar como aliados con las fuerzas rusas»[47]. Pero situar la coordinación de las tropas de la OTAN y Rusia en Bosnia bajo la invocación del plan de 1947 entrañaba asumir, cuando no provocar, la histórica y recurrente respuesta. La había anticipado en el propio Múnich el viceministro de Defensa ruso Kokohin el 3 de febrero de 1996: «muchos piensan en Rusia que los planes de expansión de la OTAN están concebidos exactamente para dar el golpe definitivo al enemigo de la guerra fría. La destrucción de la neutralidad de los países entre la OTAN y Rusia agrava la sensación de vulnerabilidad con implicaciones políticas imprevisibles»[48]. No tan imprevisibles, vistas al trasluz de los conceptos estratégicos analizados en capítulos anteriores.

III. Latinoamericanos, españoles y portugueses

¿En qué modo nos afecta el término de la guerra fría? En el ánimo de quienes la sostuvieron el replanteamiento de la política internacional se limita a las grandes Potencias. Precisaba Henry Kissinger a Gabriel Valdés[49] que: «el eje de la historia comienza en Moscú, pasa por Bonn, cruza por Washington, y llega hasta Tokio. Lo que acaece en el Sur no cuenta»[50].

En esta perspectiva Sur es la zona de influencia de una Potencia global o regional. Sur son así los pueblos hispánicos, todos se encuentran entre las primeras y mayores víctimas de la guerra fría, de sus precedentes y de sus consecuencias.

Nuestros pueblos ¿tienen algo que decir en un nuevo escenario internacional? La evolución histórica y la realidad de cada día muestran que sí. Con independencia de la latitud, dimensión geográfica o demográfica, su producto nacional bruto o renta per cápita. En lo que al Estado español concierne, desde el siglo XVIII ha sido norma predominante entre sus dirigentes renunciar a generar un proyecto nacional e internacional autónomo y recabar, en cambio, la protección de una u otra Potencia. Hasta tal punto que los españoles han tendido a aislarse de su mundo cultural en la Península Ibérica y América. Los intereses que derrocaron el sistema democrático-representativo en 1936-1939 han mantenido su dominación local, sin solución de continuidad en la medida que se subordinaban a las sucesivas Potencias dominantes. Si algún día en los españoles llegara a emerger la voluntad de procurarse los medios de sacudirse la intervención, hallarían que la paz en Europa y el autogobierno de los pueblos hispánicos coinciden en la necesidad de superar el legado de las políticas intervencionistas.

Una Europa no dividida en coaliciones bélicas debiera aumentar la libertad interna y externa de los españoles y portugueses. Pero no cabe dar la espalda a la historia ni al presente. En la medida que la guerra fría era superada y el andamiaje construido bajo su alero se tambaleaba, algunas iniciativas preparaban el momento en que EEUU retiraría sus tropas de Europa. Si un día Washington no identificara como “adversario” a quienes en otro Estado defienden sus específicos intereses nacionales y cívicos, ¿qué sería de los protegidos por la Coalición de la Guerra Fría? En la medida en que la realidad local y sus contradicciones tendieran a reemerger, las relaciones de dominación tratarían de articularse a través de nuevas variantes de “ejes”, de “directorios”. Como el que apuntaba en el horizonte entre París y Bonn a comienzos de la década de los años noventa.

El agua no pasa dos veces por el mismo río, pero las desigualdades en poder financiero y militar dentro de Europa son tan manifiestas que sería ilusorio pensar que los centros de dominación actuaran contra su lógica histórica, la de recuperar el Este de Europa como mercado de aprovisionamiento en materias primas y de exportación de capitales y tecnología. Que en 1988 podía hacer carrera junto al canciller Kohl un admirador de Hitler, y llegar a presidente del Bundestag, no era un secreto. Tampoco la presencia en la arena política de Francia de nostálgicos del régimen de Pétain, y en Italia del de Mussolini –en ambos casos con real incidencia electoral. En España ocupaban posiciones preminentes colaboradores que fueron de Franco, al que continuaban reivindicando. Y en Gran Bretaña gobernaban seguidores de las políticas de Churchill. Si Philipp Jenninger hubiera pronunciado en 1988 su elogio de los “gloriosos tiempos” del nacionalsocialismo en día distinto del 10 de noviembre –aniversario de la Kristallnacht, provocando la protesta de las comunidades judías– ¿hubiera sido forzado a dimitir? ¿O si se hubiera limitado a glosar los elogios de Churchill a Hitler hasta 1937?

Las posibilidades que abría el fin de la guerra fría eran difíciles de alcanzar para españoles, portugueses y latinoamericanos en la medida que continuaban uncidos a rejuvenecidas zonas, o subzonas, de influencia. «Ne soyez pas myopes, l’Espagne est en vente», fue un eslogan de la campaña impulsada después de 1986 entre consorcios empresariales por el francés Jacques Delors, presidente de la Comunidad Económica Europea[51]. Ni un solo responsable español le salió al paso. ¿A qué intereses últimos respondía semejante establishment? Alguien podría confortarse pensando que nuestra historia contemporánea ha conocido otras coyunturas semejantes, pero ésta se situaba en una perspectiva nueva. Dentro de diez años, decía Delors en el verano de 1988, el 80% de las decisiones sociales y económicas de los Estados de la CEE se tomarán en Bruselas. La correlación de intereses que en los órganos representativos del Estado español sería de esperar que fuera favorable a sus ciudadanos, no puede serlo en Bruselas, el peso relativo de sus empresas y lobbies es inferior al de alemanes, franceses o británicos ¿Qué destino espera a los pueblos sin Estado digno de tal nombre, gobernados desde un centro de poder que ni les responde democráticamente ni puedan controlar? La sumisión o la revuelta, con sus costes inherentes. En marzo de 1994, durante la negociación para ampliar la CEE a Austria y a los países Escandinavos, bastó que el gobierno español tratara de mantener el porcentaje hasta entonces vigente en la toma de decisiones –limitando a 23 el número de votos susceptible de bloquear una resolución del Consejo Europeo– para que Klaus Kinkel, ministro de Asuntos Exteriores alemán, afirmara que «estoy dispuesto a romperle el espinazo a España»[52]. Una semana después (27 de marzo), González Márquez aceptaba que la minoría de bloqueo se elevara de 23 a 27 votos.

¿Cabe hablar de independencia cuando el Estado es un referente nominal, del pasado? La interferencia de un Estado en otro tiene lugar en la medida que existan intereses y voluntades diferenciados, de otro modo no cabe conciencia de estar intervenidos. Es el cáncer que carcome a españoles y latinoamericanos. En el régimen de partidos de la España posfranquista las pocas personas que confeccionaron las listas cerradas y bloqueadas que dominaban el Parlamento nacieron con estipendios alemanes, y rivalizaban entre ellos por recibir más deutsche-marks. Durante los días anteriores al referéndum de 1986 sobre la extensión de la OTAN a España, el ex canciller Willy Brandt (socialdemócrata) hizo publicitar lo que los españoles debían votar, el canciller Kohl (democristiano) y el ministro de Exteriores Genscher (liberal) se sumaron a la campaña agregando que su anterior ingreso en la CEE obligaba a los españoles a subordinarse a la OTAN. A nadie en el establishment español se le oyó balbucear que los dirigentes de Alemania no podían dictar su política a los ciudadanos de otro Estado. Eso sí, los políticos españoles financiados por Alemania hicieron todos campaña a favor de la absorción de los recurso de España por el Bloque Militar.

La absorción en 1939 de España en la alianza germanoitaliana contra la URSS, en la de la OTAN y en una concepción federal de la CEE en 1981-1986, entrañaban potencialidades de desligitimación y desintegración del Estado comparables, mutatis mutandi, a las que derivaron del ingreso de España en la alianza europea en 1796 (Tratado de San Ildefonso). En la última década del siglo XX, el sistema político español funcionaba como la mayor parte de los latinoamericanos: sus elites dominantes razonaban conforme a la premisa de que la soberanía popular y nacional habían históricamente fenecido. En el seno de la Coalición que sostuvo la guerra fría, la función encomendada a los gobiernos era adaptar y ejecutar decisiones decididas en los centros de la Coalición, mantener el orden público interno aún a costa de la cohesión social. El final de la guerra les impulsó a pedir que se institucionalizara el legado de aquélla. Como si temieran que antes de alcanzar un punto de no retorno los ciudadanos tomaran conciencia de las consecuencias del camino seguido. La palabra “Europa” fue la invocación encantatoria para cubrir lo que se deseaba recibir de la CEE: nacionalidad, dirección económica, mando militar, directrices diplomáticas, partidos que encuadraran a los electores locales. Y se impacientaban cuando tales ansias encontraban un rechazo total o parcial en Estados que, aunque miembros de la CEE, no se consideraban en liquidación, como Dinamarca, Francia y Gran Bretaña. Lo propio cabía decir de la función ideológica que tanto en España como en América Latina cumplían los conceptos de “modernización”, “globalidad”, etc. –coberturas actualizadas de añejas relaciones de subordinación-dominación.

La dictadura a la que los españoles fueron sometidos había deslegitimado el Estado y la conciencia de identificación con la Nación hasta tal grado que, fallecido el Dictador (1975), el régimen que le sucedió se protegió bajo el alero político-económico de la CEE y el militar de la OTAN. Ralph Dahrendorf ha sostenido que cuando previno a «Felipe González del altísimo precio que tendría que pagar España para entrar en la CEE si aceptaba las condiciones que Francia y Alemania le imponían [en 1985]», González le contestó que «estaba dispuesto a aceptar cualquier acuerdo»[53]. El Secretario de Estado español para la CEE replicaba a Dahrendorf que

había que entrar para consolidar el sistema democrático y hacer la modernización económica. Nunca hubiéramos logrado esto último por nuestro propio impulso. Las sociedades, por sí solas, pueden ser dominadas por sus demonios familiares[54].

Recordemos nosotros aquí más bien que González había sido cooptado desde el Eje París-Bonn en la operación de Suresnes de 1974, parte de un proceso en que las elites dirigentes de la Dictadura, moralmente aisladas de la sociedad, estaban siendo relevadas por equipos estipendiados. Alberto Oliart –el ministro de Defensa que suscribió la extensión de la OTAN a España en 1981–, postulaba que «una Europa efectivamente unida […] podría convertirse en una gran potencia militar. […] Lo único [de soberanía nacional] que cederíamos a esa Europa sería algo que hoy ya tenemos en precario y disminuido»[55]. El eco se oía en otro ángulo: «La unidad europea es la garante de la cohesión de esa nación de naciones que es España […] si la Unión Europea fracasase, la misma existencia de España entraría en peligro […]»; «ya no tiene nada que hacer un partido a nivel nacional. Si se rompe el proceso de unidad europea, vamos al desastre»[56]. Tal proceso llevaba más bien a otro puerto: «los Estados europeos van a quedar como autonomías, y nosotros los vascos no tenemos por qué estar en esa superestructura a través de la [región autónoma] que será España. Estaremos ahí como está Holanda o Bélgica»[57]; «yo sigo mirando a Europa con mucho optimismo y, aunque nos perjudique, estoy deseando que Alemania, Francia y el Benelux creen una moneda común»[58], «Felipe González y yo pensamos casi de la misma manera sobre Europa»[59]. El analista Javier Pradera había apuntado:

la quiebra de las desmesuradas expectativas despertadas hace meses por [el Tratado de] Maastricht amenaza con crear una crisis de identidad a nuestra clase dirigente, que había colocado todos sus proyectos en la cesta europeísta y que podría quedarse ahora vacía de ideas y de retórica. El desconcierto oficial ante la imprevista situación desencadenada por la recesión económica y la crisis europeísta –una hipótesis no contemplada– explica tal vez las contradicciones entre los ministros y la patética comparecencia de Felipe González [en el Congreso]; porque resulta difícil encontrar el hilo del nuevo relato después de haber recitado durante tanto tiempo el cuento de la lechera[60].

¿Pueden todavía crear los latinoamericanos, españoles o portugueses proyectos nacionales? Difícilmente, si sus elites y organizaciones representativas no son endógenas. Esta es la realidad que nos rodea y domina. El experimentado economista Perpiñá Grau había concluido en 1986: «nos han colonizado –en el sentido de Delaisi en Les deux Europes»[61]. En efecto, la visión del francés Delaisi en 1929 nos aporta un sugestivo útil para contemplar la Europa de después de la guerra fría. Entendía aquel que la Europa A –el perímetro industrial entre Estocolmo, Budapest, Florencia, Bilbao, Glasgow y Bergen–, debía retirarse de los imperios coloniales y «regresar a Europa» para integrar al conjunto de los mercados europeos, y convertir en principal destino de sus inversiones de capital y exportación de productos manufacturados a la Europa B –el resto, Rusia incluida-reducida a principal proveedora de materias primas y mano de obra para la Europa A; y otorgar preferencia a los mercados de la Europa B sobre los que denominaba «Europa de ultramar» (EEUU, Canadá, Uruguay, El Cabo, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Chile)–, o los de Oriente, los intertropicales y los sometidos a dominio colonial[62]. Seis décadas después, en 1988, Jacques Delors desde la Presidencia de la Comisión Ejecutiva de la CEE venía a proponer que viéramos en la Europa del Este un “círculo” de países con funciones equivalentes a las atribuidas por Delaisi a la Europa “B” –en órbita alrededor de los mercados de la Europa “A”, esencialmente los fundadores de la CEE (Alemania, Francia, Italia, Benelux).

Semejante concepción, impulsada por la burocracia de Bruselas, nunca fue realista. Y aún menos para los intereses españoles. Impuso políticas económicas recesionistas, subordinó las condiciones sociales de la población al capital financiero cuando en España el desempleo sobrepasaba el 22%, y olvidaba la propia historia económica del Continente al convertir a los mercados en fuerza directriz de las sociedades. Al estimular el desmantelamiento de los Estados según criterios étnicos (algo coherente para la antropología de los pueblos germánicos), esparcía simientes de guerra en aquellos pueblos que –como los de ascendencia latina– se identifican más según criterios de territorio, cultura y valores cívicos que no de sangre o raza. En Europa, lo realista es respetar a las Naciones, y no tratar de subordinarlas a regiones administrativas reguladas por mercados y subsidios. Reconocer la debida prioridad de los factores políticos, no excluir a Gran Bretaña, ni a Rusia, ni a Turquía, obliga a Europa a mirar hacia el Oeste y el Este. Pero también hacia el Sur. Los españoles no debieran dejarse aislar de su propio mundo cultural, tan europeo como mediterráneo y latinoamericano. En otros términos, debiera descartarse por irreal el horizonte de una Federación de Estados y caminar hacia una Confederación, meta ya de por sí muy problemática y cuya construcción requeriría de geometrías variables y ritmos varios que, en todo caso, deberían evitar la deriva eurocéntrica y articularse con el resto del Mundo.

Fue coyuntural el curso que hacia su desligitimación-desintegración material experimentaron los Estados de América Latina y España durante la guerra fría. Y reversible, en la medida que existen intereses sociales, económicos, culturales, nacionales en suma, susceptibles de generar y defender proyectos colectivos representativos. Que respondan ante la sociedad, abiertos a un Mundo plural y que traten de evitar a sus pueblos ser objeto de repartos en zonas de influencia. Mientras el sistema económico mundial continúe apoyándose sobre unidades empresariales, la comunidad nacional necesitará medios para defender sus intereses diferenciados. En los hechos, nuestro espacio económico y recursos humanos y culturales continúan hoy bajo el control de centros que nos tienen en su área de influencia. Y la lógica de los mercados tiende a desmantelar a los Estados al considerarlos un estorbo a la especulación de capitales flotantes, a sus exigencias de sobreproducción y desvalorización periódicas. Es la propia realidad la que invita a concebir, a generar, alternativas con arraigo en las estructuras sociales, con capacidad de defender a los pueblos económica, política, militar y culturalmente, que otorguen prioridad al trabajo, la producción y el empleo. Algo indispensable tanto para la sobrevivencia individual e independencia colectiva como para la vigencia de los valores democráticos.

Durante la larga dictadura instaurada en 1939, a muchos españoles la idealizada “Europa” les parecía la vía de escape. Pero fallecido el Dictador (1975), los españoles continuaron dentro de la CEE y la OTAN bajo la tutela de las mismas Potencias que respaldaron a Franco. Terminada la guerra fría, la contradicción entre la idealización y la realidad desnudó algunos mitos. Para preservar su libertad nacional y la de sus ciudadanos, las naciones deben darse los medios de frenar la ambición de quienes desean dominarlas. El instrumento para ello debiera ser universalista más que nacionalista, autárquico o xenófobo. Españoles y portugueses tendrán tanto mayor espacio de libertad cuanto mayor fuera el de los latinoamericanos; y también cuanto más libres alcancen a ser los pueblos árabes, y los del sur y el este de Asia. De ahí el interés estratégico para españoles y portugueses de no dejarse aislar “en nombre de Europa”, y para los latinoamericanos de no resignarse a continuar bajo tutela “en nombre de América”. Sus libertades internas y seguridad externa deberían buscarse en el marco de seguridad general que mejor las haga posibles, donde la de cada Estado sea consecuencia de la colectiva.

Las guerras hegemónicas han supuesto para latinoamericanos, españoles y portugueses limitación de soberanía, de sus libertades internas –cuando no su pérdida–, a rastras de la intervención de una Potencia articulada con sectores locales. La mayoría de nuestros pueblos fueron puestos bajo la férula de dictadores, personajes cooptados fueron situados al frente de “partidos” dedicados a mantener la sociedad al margen de la toma de decisiones sobre su presente y futuro. A los españoles el derecho de voto secuestrado en 1936 les fue devuelto en 1977, pero obligándoles a pasar por el filtro de listas bloqueadas y cerradas en circunscripciones de ámbito provincial, elaboradas por personas pagadas –directa o indirectamente– desde el seno de la Coalición de la Guerra Fría. Financiación oculta y, por tanto, de origen inconfesable, usada discrecionalmente por los cooptados para asentar su dominio sobre el sistema político local.

En las circunstancias específicas de América Latina, a los chilenos el derecho de voto les fue retirado en septiembre de 1973 y devuelto cuando el líder de la Coalición de la Guerra Fría así lo dispuso –en 1989, cuando ya el Dictador había perdido el control sobre la rebelada población y estaba disponible el relevo cooptado entre antiguos cuadros de los partidos Democristiano, Radical, Socialista y, en menor número, Comunista. El domingo 2 de octubre de 1988 el State Departament convocaba al embajador de Chile para comunicarle la nota que, a la misma hora, entregaba en Santiago el embajador de EEUU para expresar su «seria preocupación» de que fuera saboteado el referéndum del miércoles 5 sobre la continuidad del Dictador. El lunes 3 el Departamento de Estado explicaba por qué hizo trabajar a sus diplomáticos en domingo: «nuestras preocupaciones se fundan en información consistente». La hija de Tad Szulc, periodista en el Christian Science Monitor, me comentó aquella noche en Washington que el portavoz del Departamento de Estado le había revelado off the record cómo durante el fin de semana el jefe del Ejército había dado órdenes para desvirtuar el referéndum. Hecha pública la conjura, hasta el último sargento del país andino supo de qué lado se alineaba EEUU. En la medianoche del escrutinio, mientras el Ministerio del Interior daba resultados parciales manipulados, el jefe de la Fuerza Aérea declaraba a la prensa que el Dictador había perdido. Si en 1973 el presidente de la Internacional Democristiana, el italiano Mariano Rumor, fue utilizado para estimular el apoyo de Eduardo Frei y Patricio Aylwin a la insurrección militar contra el Estado democrático, en 1989 «Craxi habló con Flaminio Piccoli, presidente de la Internacional Demócrata-cristiana, para decirle que el PSI y la DC [de Italia] deberían unir sus fuerzas a fin de ayudar a los demócratas chilenos [a elegir Presidente a Patricio Aylwin]»[63]. En los hechos, pagaron para llevar a la Presidencia en 1989 no a un democristiano ajeno a la insurrección militar de 1973 sino al mismo Aylwin; es decir, buscaron y lograron impedir que reemergieran las alianzas republicano-socialistas que en el Gobierno o en la oposición se sucedieron en el país andino desde 1937 a 1973. Personas antaño independientes, volvieron del exilio dispuestos a mantener el país enrolado en las coordenadas que le impusieron mediante una dictadura militar y el Estado de guerra interno.

Bettino Craxi y Giulio Andreotti desviaron de los Presupuestos del Estado italiano millones de dólares hacia un Proyecto Sur-Chile[64] –importar a América Latina la alianza democristiana-socialdemócrata sobre la que se asentaron políticas de la guerra fría en Europa. El dinero no fue entregado a un partido político –sus órganos de dirección colegiada no conocían ni cuantías, ni origen, ni destino–, sino a dos o tres individuos que lo usaron para promocionarse a sí mismos, contratar a cuadros y ponerles a sueldo. Multiplicaron la eficacia de la encubierta inversión original al socaire de una ley electoral de listas cerradas y del erario público. El magistrado Vittorio Paraggio, encargado de investigar la operación encubierta denominada Marco Polo, pidió en 1994 a las autoridades andinas esclarecer el uso de 992.000 dólares del erario italiano desviados en 1989 hacia una cuenta bancaria, en Nueva York, abierta a nombre de un hombre procedente del PS-Renovado y responsable de finanzas del PPD. El mismo Magistrado había encontrado documentación de otros 40 millones de dólares desviados a personas del PDC chileno a través de Organizaciones No Gubernamentales como ISCOS y CICS. El fundador de esta última, Franco Foschi, estuvo vinculado a la Logia P-2.

Ricardo Núñez, secretario general del PS-Renovado mientras recibía dinero de Craxi y en 1994 vicepresidente del Senado, cubría los hechos desvelados con el argumento de «temo por el futuro del sistema político, no está tan consolidado como para resistir una montaña de lodo como la que podrían traer sucesivos exhortos [de Italia]» (declaraciones a APSI). Entre los nombres que los jueces italianos mencionaban como recibiendo el dinero figuraban algunas personas del renovado PS que serían ministros de Aylwin y, en 1994, ministro uno y senador el otro durante el gobierno del hijo de Frei. El “sistema” cuyo futuro inquietaba a Núñez tuvo como argamasa a individuos que aceptaron la tutela militar sobre el Estado, dejar impunes crímenes contra la Humanidad, marginar a los ciudadanos de la dirección efectiva de la cosa pública, mantener salvaguardias pretendidamente “constitucionales” contra la soberanía popular, corromper en suma la tradición predominante antes de la Dictadura de honestidad en los cuadros políticos. La oficialidad de las FF AA continuó bajo el mando de los mismos criminales comunes y torturadores ascendidos después de la insurrección de 1973, fuera del control del Legislativo y Ejecutivo –ambos impedidos de nombrar o remover a los mandos o de controlar los presupuestos castrenses; los senadores designados directamente por el Ejecutivo decidían la mayoría en la Cámara Alta; las candidaturas que no sobrepasaban el 30% de los sufragios no podían acceder al Parlamento –lo que forzaba a pactos alambicados que, a la postre, hacían que los candidatos efectivos fueran los designados por los propios personajes cooptados para institucionalizar la obra de la dictadura. Aun así, los parlamentarios finalmente elegidos tenían también vedado reformar la Constitución de la Dictadura sin acuerdo de quienes la impusieron. No era tal “sistema” lo amenazado por la investigación judicial italiana, sino el aporte al mismo de específicos personajes, la causa y el sentido de su actuar. Es decir, el entramado para que la obra de la dictadura sobreviviera a la persona del Dictador, la manipulación de valores democráticos y de símbolos de la izquierda hasta devaluarlos, la programada desmovilización de los ciudadanos. Desarbolada la alternativa republicano-socialista, estaría colmada la aportación que los financieros pidieron a los cooptados. ¿Derivaría de ello algún riesgo para el “sistema”? No lo veían así los intereses conservadores, pues hacia ellos orientaba el hijo de Frei la política de su Presidencia.

Lo que la investigación judicial italiana de 1994 revelaba era la internacionalización de la corrupción de políticos a través de alambiques de la guerra fría. La recuperación por los ciudadanos de la soberanía interna y democrática sería improbable sin desvelar la tramoya que metamorfoseó algunos engendros de la guerra fría en régimen de partidos mediante habilidades jurídico-electorales equivalentes, que se aplican desde el Caribe a Patagonia. En países como Guatemala coexisten con organizaciones paramilitares que continúan asesinando y torturando impunemente. Pero no se confunda coyuntura, realidad estructural y necesidades colectivas. Los hombres de la guerra fría son tan pasajeros como fatua fue su pretensión de exhibir sus políticas como las únicas posibles. Los parámetros de las relaciones internacionales son cambiantes, las realidades nacionales dinámicas. El 18 de mayo de 1994 la Corte Suprema de Venezuela ordenaba el ingreso en prisión de Carlos Andrés Pérez, presidente de la República destituido por el Congreso un año antes por peculado y malversación de fondos públicos –al parecer, en intervenciones encubiertas de la guerra fría en América Latina y la Península Ibérica vía la Internacional Socialista, de la que Pérez era vicepresidente. La reacción de la nación venezolana fue de tal envergadura que el propio partido que fundó Pérez, Acción Democrática, le expulsaba de sus filas. En las mismas fechas la Magistratura italiana ordenaba la busca y captura de Bettino Craxi –anterior primer ministro, vicepresidente de la Internacional Socialista, líder máximo del Partido Socialista Italiano–, fugado de los más de sesenta procesos judiciales donde estaba implicado por corrupción. El 29 de julio de 1994 un Tribunal de Milán le condenaba, en ausencia, a ocho años y medio de cárcel por colaborar en la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano, en octubre de 1995 le sumaba otros cuatro años por fraude a Enimont y el 17 de abril de 1996 ocho años adicionales por comisiones ilegales en el Metro de Milán. En mayo de 1994, la Justicia había procesado y encarcelado al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, de la confianza de Felipe González, mientras que el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, del equipo González, tras varios meses de fuga ingresaba en prisión acusado de malversación de caudales públicos, cohecho, estafa, prevaricación, falsedad en documento público y fraude a la Hacienda pública. El 28 de julio siguiente el Juzgado que investigaba el asesinato de tres decenas de personas entre 1983 y 1987 inculpaba ante el Tribunal Supremo al propio presidente del Gobierno –Felipe González–, a su ministro del Interior –José Barrionuevo– y a su ministro de Defensa –Narcís Serra– como presuntos «promotores de banda armada u organización terrorista, malversación de caudales públicos y detención ilegal».

Razones de sobrevivencia obligan a los pueblos hispánicos a continuar esforzándose por recuperar –o adquirir– el derecho a gobernarse a sí mismos, a libertades civiles y participación social efectivas, a sacudir los yugos –burdos o sutiles– impuestos durante su alistamiento en una Coalición bélica. Necesitan articular la sociedad en torno de instituciones representativas; organizar y dotar a la población de medios humanos, económicos, culturales y técnicos, para incrementar la cohesión interna y disminuir la desigualdad en las relaciones externas. Continuarán así su camino hacia la construcción de Estados y sistemas económicos democráticos y participativos. Ni América Latina, ni España, ni Portugal pueden esperar recibir más de lo que puedan engendrar por sí mismos o intercambiar con el resto del Mundo.

El enrolamiento de Portugal, España y las repúblicas latinoamericanas en coaliciones bélicas al servicio de fines hegemónicos ha dejado balances negativos si no catastróficos. Nuestra afirmación en tanto que Estados, necesaria para nuestras libertades internas, requiere recuperar o incrementar las libertades externas. Es de nuestro interés promover organizaciones multilaterales de prevención y solución de conflictos internacionales, que nos distancien de los conflictos hegemónicos y nos permitan ser más dueños de nuestra propia suerte. Portugal y España obviamente procurarán tener la mejores relaciones con Francia, Gran Bretaña, Alemania o EEUU, mas no pueden olvidar que la recurrencia de las intervenciones militares y políticas de estas Potencias en la Península Ibérica debiera estimularnos a dotarnos de medios que eviten enfeudamientos modernizados. Lo que otorga prioridad a la articulación intrapeninsular y a no desintegrar las estructuras internas tras espejismos que recubren prácticas intervencionistas. Evitar ser alistados en bloques de unos contra otros exige a latinoamericanos, españoles y portugueses preservar su capacidad de promover el respeto del derecho de cada pueblo a elegir libremente su régimen económico y político.

La realidad es cambiante. La disminución de las luchas entre las Potencias por la hegemonía sobre Europa abriría oportunidades antes sofocadas o imposibilitadas. La Península Ibérica podría ver reducida la prioridad relativa que le asignaron las sucesivas Potencias que desearon dominar su territorio. En América Latina los esfuerzos para dejar de ser peones de ambiciones imperiales marcarán el siglo XXI. Los pueblos latinoamericanos se apoyarán más en sus propios medios, se desarrollarán también hacía su propio y vasto interior continental y con ello redefinirán sus relaciones con Europa, EEUU y el resto del Mundo. Lo que sumado a los cambios que se producirán dentro de EEUU redimensionará las relaciones mundiales. Algunos esbozos de la reorientación se percibían en 1994 cuando el comercio de Brasil con el solo Paraguay era mayor que con Francia, y el intercambio con Uruguay equivalía al sostenido con Gran Bretaña. Entre 1991 y 1994 el comercio entre Argentina y Chile se había triplicado, también entre Argentina y Brasil (6.300 millones de dólares en 1993), Brasilia aceptando que su vecino fuera su segunda fuente de aprovisionamiento en petróleo y la primera en trigo (75% de sus importaciones). Al tiempo, el 13 de junio de 1994 dos países del Pacto Andino –Colombia y Venezuela– suscribían un convenio de libre comercio con México. Las interacciones debían aumentar con la supresión de tarifas aduaneras entre los Estados de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) y el establecimiento de una tarifa externa común desde enero de 1995. Ya en 1994 habían completado un sistema de esclusas que hacía navegables 2.400 km entre Paraguay y Sao Paulo, pero se ocupaban en hacer lo propio en 3.470 km de los ríos Paraguay y Paraná para el año 2.000.

La compresión del espacio-tiempo derivado de innovaciones tecnológicas en transportes y comunicaciones altera la significación de la geografía física. La importancia de los componentes culturales en las relaciones entre los pueblos contribuirá a que los de la Península Ibérica encuentren en los de América aportes y apoyos recíprocos, equilibrio natural a su realidad europea y mediterránea. A partir de sus propias sociedades y de sus considerables recursos podrán beneficiarse de las oportunidades que ofrece la multipolaridad económica, cultural, técnica y política que se abre paso en todos los Continentes. Pero confiemos primero en nosotros mismos para tratar de librarnos de coaliciones y sistemas de fuerza que tratan de materializar los postulados de darwinismo social que Spykman teorizaba:

si [EEUU] puede unir y organizar al Nuevo Mundo de manera que una gran masa de concentrada fuerza esté disponible para actuar al otro lado del Océano, puede influir en la política de Europa y Asia. Y si el Viejo Mundo continúa dividido y bajo equilibrios [contrapuestos], aquella fuerza exterior puede jugar un papel determinante en su vida política. Pero si, por el contrario, el Viejo Mundo puede ser unido y organizado de manera que una gran masa concentrada de fuerza esté disponible para actuar al otro lado del Océano, el Nuevo Mundo será rodeado y, en función de su poder de resistencia, puede tener que someterse a los dictados del Viejo[65].

Si las estrategias de origen histórico británico satelizan a los pueblos ibéricos y latinoamericanos, los oponen entre sí y los enfrentan a los imperios reales o potenciales de Eurasia; si la política imperial germana convirtió su dominio sobre los españoles en vía de influencia sobre Latinoamérica; si las estrategias históricas francesas ven a los pueblos de la Península Ibérica y América Latina como recursos auxiliares a contraponer a los de Gran Bretaña, Alemania o EEUU, el interés de los así subordinados estriba más bien en librarse de uno u otro designio imperial. El autogobierno interno y la autonomía externa presuponen emanciparse de estrategias de dominación, los pueblos con intereses equivalentes son aliados naturales. El de los émulos de Spykman no puede ser un horizonte positivo para los pueblos de América Latina y la Península Ibérica, tampoco el de postulados opuestos que ambicionarían levantar un imperio en Eurasia para rivalizar con EEUU por el dominio del Mundo. Una y otra ambición recogen la inercia de siglos de guerras hegemónicas, son la levadura de nuevas y mayores hecatombes para el género humano y el ecosistema. Desligarse de los imperios, no ser arrastrados hacia ilusiones de contraimperios, es una magna contribución que los pueblos sin vocación de imperio –sin medios para ello– pueden hacer a la paz y libertades propias y a las del conjunto de la Humanidad.

Madrid, abril de 1996

Epílogo a la edición de 2012

Los documentos y testimonios conocidos, los hechos sobrevenidos después de 1996, confirman los considerados en la primera edición, que se reproduce textualmente. La carga para EEUU de mantener su protectorado sobre el capitalismo internacional ha aumentado: su deuda pública bruta también; en junio de 2012 superaba los 15,8 billones de dólares según el Departamento del Tesoro, equivalente al 103% del Producto Nacional Bruto, contra alrededor del 56% en 1996. Ha aumentado también la especulación financiera, debilitando a los Estados que hacen depender su prosperidad del dinero ajeno más que del ahorro y cohesión interna, mientras reducen la capacidad negociadora de sindicatos y trabajadores asalariados, los “reestructuran” y tratan como mercancía. Alemania, Francia y el Reino Unido quieren ser independientes entre sí; mientras, la política exterior y de defensa europea continúa subordinada a la de una OTAN que se expande hacia las fronteras de Rusia y China, las cuales, a su vez, no se inclinan ante aquélla. Se ha confirmado, asimismo, que tras la incruenta revolución democrática que en abril de 1974 puso término a la dictadura fascista en Portugal, Estados Unidos coordinó con la República Federal de Alemania la cooptación de personas que emergerían controlando a los partidos políticos que sustituirían al Partido Único franquista en la administración pública:

Después de que Kissinger, secretario de Estado, hubiera exigido medidas de contra-espionaje […] el coordinador de los servicios secretos Schüler convino con el BND[1], Willy Brandt, Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher y Franz Josef Strauss la creación de un fondo secreto en el presupuesto del BND a través del cual los partidos y sus fundaciones respectivas recibirían sumas que les permitirían financiar a las instituciones democráticas de la Península Ibérica […] La operación «Pólipo» fue lanzada a comienzos del verano de 1975, después de reunirse [el canciller] Schmidt con el presidente americano Ford y con Kissinger, secretario de Estado. En septiembre, el primer secretario del SPD [Partido Socialdemócrata], Börner, recibió a Wessel, presidente del BND. La conversación trató y concretó la operación conjunta en España que debía sostener a la oposición al régimen de Franco […] Para Wessel la operación «Pólipo» resultó una buena apuesta al demostrar a los socialdemócratas que sus proyectos en política exterior podían ser alcanzados con los métodos de los servicios secretos. En 1983 el canciller Helmut Kohl suprimió el sistema de [entrega de dinero a través de] fundaciones y lo reemplazó por una caja negra en el Ministerio de Asuntos Exteriores denominada «Gastos secretos para fines particulares»[2].

El presente ni es prisionero de la historia ni la ignora

Quienes mantuvieron a España bajo una dictadura fascista restablecieron en 1977 el sufragio universal bajo restricciones de una severidad sin paralelo en el resto de Europa: ser el único país que no ha exigido indemnización por los bombardeos de la aviación militar alemana e italiana a población civil desarmada en 1936-1939 (Guernica, Málaga, Barcelona, Valencia, Alicante, etc.), ni responsabilidades por el internamiento de españoles en campos de exterminio alemanes entre 1940 y 1945; ni por los delitos de lesa humanidad sobre aproximadamente 4.380.000 personas –equivalente al 17% del total de habitantes en la España de 1936– por el hecho de pertenecer al grupo nacional a destruir, en todo o en parte, por sus convicciones laicistas y republicano-representativas de gobierno. De ellas, decenas de miles fueron ejecutadas; entre 136.062 y 152.230 detenidas y “desaparecidas”; otras 3.400.000 privadas de libertad y/o sus bienes confiscados, según antecedentes que se conservan en el Archivo Histórico de Alcalá de Henares y en la investigación del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de Madrid iniciada en 2008 –antes de que el Tribunal Supremo la prohibiera y expulsara al juez instructor. Alrededor de 500.000 españoles fueron desplazados al exilio; unos 30.000 niños fueron sustraídos a sus padres biológicos y entregados a otro grupo nacional, con identidades alteradas hasta hoy.

Mientras que, a partir de 1977, España ha ratificado los principales tratados internacionales en materia de derechos fundamentales convenidos tras la derrota del nazi-fascismo en 1945, su aplicación ha sido confiada a magistrados que en su día juraron lealtad al Dictador y a los Principios Fundamentales del Movimiento, preservando así la impunidad absoluta de los autores de actos de naturaleza genocida cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Al tiempo que los gobiernos sucesivos coinciden en denegar la desclasificación de documentos públicos de la dictadura, entre ellos más de 10.000 procedentes de distintos departamentos militares entre 1936 y 1968, con el argumento de que su lectura contribuiría a generar “ruido mediático y afectaría a otros Estados” (los que contribuyeron a mantener a los españoles bajo el fascismo entre 1936 y 1977)[3].

No puede entenderse este hecho sin tener presente la ingeniería política ideada para prolongar la hegemonía de los sectores sociales, económicos y religiosos que derrocaron por las armas el régimen representativo republicano en 1936-1939 y sostuvieron el de la dictadura: prohibir la participación en las elecciones parlamentarias de junio de 1977 a los partidos republicanos; establecer un sistema electoral de discriminación del electorado urbano que dificultara la unidad de las izquierdas y los republicanos, facilitara la de las derechas y cerrara el ciclo que iniciara el manifiesto de D. Alfonso XIII de Borbón del martes 14 de abril de 1931:

Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo […] Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos[4].

Aquel día se había conocido que en las elecciones municipales la coalición republicano-socialista había ganado la alcaldía de 37 capitales de provincia, Esquerra Republicana de Catalunya de 3, los monárquicos de 10[5].

La desintegración de la URSS y la reunificación de Alemania a partir de 1989 han sobrepasado las estructuras que, desde 1945, impulsaron los EEUU para contener a la Unión Soviética (y a los partidos obreros de Europa occidental), dividir y “europeizar” Alemania y evitar un nuevo intento de “germanizar” Europa. En las posteriores iniciativas alemanas hacia el resto de Europa no es difícil vislumbrar reverberaciones de la experiencia unificadora de los Estados de lengua alemana acometida por Prusia entre 1828 –primera unión aduanera (Zollverein)– y la constitución del II Imperio alemán en 1871, que pueden resumirse en estos términos:

Los líderes prusianos […] diseñaron con brillantez los acuerdos del Zollverein como estructuras plutocráticas, camufladas bajo un Congreso General liberal e intergubernamental […] el cual, durante gran parte de su existencia, tuvo unos procedimientos de votación muy liberales que daban a todos sus miembros el mismo poder de voto y plena capacidad de veto. Además de ofrecer a los futuros integrantes beneficios económicos incomparables e inmediatos (derivados de aranceles aduaneros mayores de los que, de otro modo, los Estados podrían percibir), Prusia creó el Congreso General para apaciguar a los miembros liberales del electorado que desafiaban la supervivencia política de los dirigentes políticos reaccionarios de los Estados alemanes. Prusia estaba dispuesta a crear estas estructuras y asumir significativos costes financieros a corto plazo, puesto que su mayor ambición era unir a los Estados alemanes […]. Intentos anteriores de integración fracasaron porque intentaron incluir a las dos grandes potencias: Prusia y Austria. Sólo cuando Prusia fue capaz de excluir a Austria, y por lo tanto se convirtió en la única plutocracia, los acuerdos de integración resultaron exitosos[6].

Las alianzas que se intentan recomponer alrededor de Alemania a algunos les rememoran métodos de «regreso al Congreso de Viena [de 1814-1815] y a nacionalismos gubernamentales»[7], a otros que «España está en el precipicio, agarrada a la cornisa»[8], al tiempo que el capital financiero especulativo los domina a todos. En contraste, la consolidación de la independencia de China Popular abre a los pueblos de Europa y América Latina oportunidades de mayor autonomía –comparable, en algunos aspectos, a la que ofreció a los hispanoamericanos la apertura de los mercados de Estados Unidos y Europa cuyo acceso, hasta 1814, la Corona española les mantenía prácticamente cerrado.

Cuando el endeudamiento externo tiene fines ilegítimos

La economía reposa en hechos, circunstancias, opciones y decisiones cuyos fines, causas y medios no son neutros, son en beneficio o desmedro de intereses individuales, colectivos o nacionales. Así lo han considerado todas las doctrinas económicas antes y después de Adam Smith. Para este profesor de Filosofía Moral de la Universidad de Glasgow, el orden de prioridad de los deberes del Estado debiera ser el siguiente: «1. proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes; 2. proteger, tanto como sea posible, a cada miembro de la sociedad de la injusticia y la opresión de cualquier otro miembro; 3. establecer y mantener aquellas instituciones y trabajos públicos que, aunque puedan ser ventajosos en el mayor grado para una gran sociedad, son, sin embargo, de tal naturaleza que la ganancia nunca podrá pagar los gastos que efectúen individuos o pequeños grupos de individuos, y que por lo tanto no puede esperarse que éstos puedan establecerlos o mantenerlos»[9]. Un paradigma difícil de identificar con lo que en los últimos años se suele denominar “neoliberalismo”: restringir la prestación de servicios sociales básicos, concentrar la riqueza en el 1% de la población, subvertir o derrocar a los regímenes que discrepan de tal sistema y sostener en su lugar a dictaduras.

En el sistema económico global, dentro del cual España y los Estados de América se han configurado desde el siglo XVI, el empréstito ha sido uno de los instrumentos financieros utilizados para intervenir, dividir o dominar a pueblos enteros. Un ejemplo paradigmático es el acuerdo secreto de 30 de agosto de 1898 entre el Reino Unido y Alemania para conceder un préstamo conjunto a Portugal y, anticipando que no podría reembolsarlo, repartirse en compensación los territórios portugueses de Angola, Mozambique y Timor[10].

Hay, sin embargo, ejemplos de resistencia a estos instrumentos. Así, tras el pánico financiero de 1837 los estados de Mississippi, Arkansas, Florida y Michigan repudiaron la deuda pública –en su mayor parte propiedad de inversores extranjeros– alegando que apenas había dejado beneficios[11]. En México, en 1860 el presidente liberal Benito Juárez repudió la deuda contraída bajo el régimen de facto del general Zuloaga (1857-1860). La ley de 18 de junio de 1883 hizo lo propio con la deuda contraída por los gobiernos «que pretendieron haber existido en México desde el 17 de diciembre de 1857 al 24 de diciembre de 1860 y desde el 1 de junio de 1863 al 21 de junio de 1867»[12] –lo que incluía la deuda contraída por el gobierno de Maximiliano de Austria quien, en 1864, se proclamó emperador con el apoyo de Francia y de los conservadores mexicanos y la resistencia de los liberales.

Los EEUU de América obligaron a repudiar la deuda que los rebeldes estados confederados habían contraído, entre 1861 y 1865, con Francia y el Reino Unido, y también les hicieron aprobar la Enmienda n.º 14 a la Constitución Federal, una salvaguardia preventivo-disuasoria de sediciones e insurrecciones:

Ni los Estados Unidos ni ningún estado asumirá o pagará alguna deuda u obligación incurrida en ayuda a una insurrección o rebelión contra los Estados Unidos […], todas esas deudas, obligaciones y reclamos deben ser tenidas como ilegales y nulas[13].

Después de 1877 los estados de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Luisiana, Carolina de Norte, Carolina del Sur y Tennessee repudiaron, a su vez, la deuda pública contraída entre 1865 y 1877 alegando que, aunque suscrita en nombre del Estado por dirigentes elegidos, éstos no habían representado debidamente a sus pueblos sino que habían actuado en beneficio propio, de manera corrupta[14].

Los EEUU aplicaron una variante de esta doctrina en Cuba, en 1899, al pedir que España asumiera la deuda contraída por los cubanos alzados contra la Corona. El argumento de EEUU era, entre otros, que

desde el punto de vista moral, la propuesta de imponerla a Cuba es igualmente insostenible. Si, como se afirma a veces, las luchas por la independencia cubana hubieran sido apoyadas por una minoría de la isla, el imponer sobre el conjunto de los habitantes el costo de la represión de las insurrecciones sería castigar a muchos por los hechos de pocos. Si, por otra parte, esas luchas, como lo afirman los Comisionados Americanos, han representado las esperanzas y las aspiraciones del conjunto del pueblo cubano, sería aún más injusto oprimir a los habitantes con una carga creada por España en el esfuerzo para oponerse a su independencia[15].

En el laudo arbitral entre el Reino Unido y Costa Rica de 1923, el entonces presidente de la Corte Suprema de EEUU, el muy conservador William Howard Taft, falló en favor del repudio de la deuda que el gobierno de Federico Tinoco (1917-1919) contrajo con el Royal Bank of Canada. El argumento de Taft fue que, a pesar de que Tinoco convino en nombre de Costa Rica el préstamo, éste no había sido destinado a un uso legítimo del gobierno[16].

Estos y otros precedentes fueron teorizados, en 1927, por el emigrado ruso Alexander Nahum Sack, a la sazón profesor de l’École Libre des Sciences Politiques[17], según unas reglas que proponía que debían ser enjuiciadas por un tribunal internacional[18] a fin de evitar arbitrariedades y abusos:

Si un poder despótico contrata una deuda no para favorecer los intereses del Estado sino para fortalecer su régimen despótico, para reprimir a la población que lo combate, esa deuda es odiosa para la población del Estado entero: es una deuda del régimen, deuda personal del poder que la ha contratado, y en consecuencia decae con el derrumbe de ese poder […]. La deudas «odiosas», contratadas y utilizadas para fines que, a sabiendas de los acreedores, son contrarias a los intereses de la nación, no obligan a esta última –en el caso de que llegue a desembarazarse del gobierno que las había contratado– salvo en el límite de las ventajas reales que hubiera podido obtener de esas deudas. Los acreedores han cometido un acto hostil con respecto al pueblo; no pueden entonces esperar que la nación liberada de un poder despótico asuma las deudas «odiosas», que son deudas personales de ese poder.

Aun si un poder despótico fuera destituido por otro, no menos despótico, y que tampoco responda a la voluntad del pueblo, las deudas «odiosas» del poder caído no dejan de ser sus deudas personales de éste y no son obligatorias para el nuevo poder.

Se podría igualmente incluir en esta categoría de deudas los empréstitos contratados con propósitos manifiestamente interesados y personales de los miembros del gobierno o de personas y grupos ligados al gobierno, propósitos que no tienen ninguna relación con los intereses del Estado […].

Cuando el gobierno contrae deudas con el fin de avasallar a la población de una parte de su territorio o de colonizarla con ciudadanos de la nacionalidad dominante, etc., esas deudas son odiosas para la población indígena de esa parte del territorio del Estado deudor[19].

A lo largo de los siglos XIX y XX, tan plagados de sediciones internas financiadas y sostenidas por Potencias intervencionistas, las constituciones iberoamericanas no han adoptado una previsión semejante a la de la Enmienda n.º 14 de la Constitución de EEUU. Resultaría ilustrativo analizar las causas por las que han dado la espalda a estos precedentes. Tuve oportunidad de comprobarlo durante la segunda mitad de noviembre de 1973, dos meses después de que rebeldes armados se apropiaran del gobierno de Chile mediante matanzas, torturas generalizadas, represión socio-económica, política y cultural. Beatriz Allende –hija y colaboradora personal del Presidente chileno muerto el 11 de septiembre anterior en combate con los rebeldes– me invitó a reunirme en La Habana, Cuba, con los más altos dirigentes de los partidos del Gobierno constitucional de Chile entonces libres por encontrarse en el extranjero en el momento de la insurrección. Mientras los ministros del Gobierno legítimo de Chile, entre ellos el de Defensa, Orlando Letelier, estaban encerrados en un campo de trabajos forzados de la austral Isla Dawson, en la del Caribe se veían, por primera vez, Julio Benítez –ex ministro, miembro de la Comisión Política del Partido Socialista–, Volodia Teitelboim –senador, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista–, Jorge Arrate –del Partido Socialista y vicepresidente de CODELCO, la empresa estatal exportadora de cobre mayor del mundo–, embajadores y dignatarios de todos los partidos del gobierno de Chile. Les sugerí declarar con esa ocasión que, cuando recuperara su soberanía popular, Chile cuestionaría reembolsar los préstamos que sostuvieran a la dictadura. Arrate lo descartó, le parecía a «aquel que cuando estaba en el fondo del pozo lanzaba amenazas para cuando saliera…» (a mí me recordaba más bien al que, para salir, cavaba más a fondo), mientras que Teitelboim sostenía en aquellos días que pedir el boicot económico de la dictadura perjudicaría al pueblo chileno. No compartía esa posición Orlando Letelier, tampoco la Junta Militar rebelde. Letelier, después de que su amigo Diego Arias, gobernador de Caracas, lograra liberarlo en septiembre de 1974, convenció al gobierno de Holanda para promover un boicot internacional y en 1976 la empresa holandesa Stevin Groep canceló la inversión de 62,5 millones de dólares en Chile. La Junta Militar hizo asesinar a Letelier el 21 de septiembre de 1976 en Washington, D.C.[20]. La deuda pública total, que durante diecisiete años financió la cruel represión contra el pueblo chileno, ascendía a más de 19.000 millones de dólares[21] en 1990; la asumió íntegra el gobierno democristiano-socialista que sucedió al de la dictadura y mantuvo a gran parte de los chilenos en el “pozo” de sobreexplotación económica y discriminación sociocultural.

Aquellos precedentes reemergen en marzo de 2005 en Nigeria: la Cámara de Representantes aprueba repudiar la deuda externa contraída durante la dictadura militar; en 2006 en Noruega, que condona unilateralmente la deuda de Ecuador, Egipto, Jamaica y Perú por “ilegítima”[22]; en 2007 en Ecuador, que declara ilegítima parte de su deuda externa; en octubre de 2008 en Islandia –con ocasión de la especulación financiera que colapsó el sistema bancario con pérdidas equivalentes a dos veces el ingreso nacional anual, destruyó riqueza equivalente a siete veces su Producto Interno Bruto, perjudicó a acreedores y depositantes extranjeros por el equivalente de cinco veces el ingreso nacional anual. Islandia nacionalizó los tres bancos responsables y repudió una deuda del orden del 300% de su renta nacional. A pesar de que el gobierno laborista del Reino Unido respondió aplicando la ley Anti-terrorism, Crime and Security de 2001 a Islandia y sus empresas, y le embargó los bienes del Landsbanki, en 2010 y 2011 los islandeses aprobaron en referéndum repudiar el reembolso de la deuda externa y enjuiciar a los banqueros y gobernantes cuya especulación comprometió la economía nacional[23]. El 25 de noviembre de 2011 el Tribunal Supremo islandés confirmó la legislación que confería prioridad a compensar a los depositantes antes que a los 64 bancos, fondos especulativos de alto riesgo y compañías de seguros cuya especulación provocó la quiebra[24].

La hegemonía del capital financiero sobre el Estado

Desde las elecciones de 1977 –las primeras pluralistas celebradas desde febrero de 1936–, los partidos españoles con representación parlamentaria se financian con subvenciones de los presupuestos públicos, con préstamos de entidades financieras privadas cuyos intereses cautelan y con donaciones en gran medida opacas (las cuotas de los afiliados representan un porcentaje irrelevante de su presupuesto). En el año 2006 los principales partidos recibieron 193,1 millones de euros en subvenciones públicas y reconocían acumular, con entidades bancarias, deudas por un total de 155,8 millones[25].

El monto real del endeudamiento de los actuales partidos políticos con bancos que colaboraron con la Dictadura es la incógnita indescifrable que denuncian reiteradamente el Tribunal de Cuentas español y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), organismo del Consejo de Europa que el 15 de mayo de 2009 comunicaba a España «su preocupación en cuanto a la situación de endeudamiento de los partidos políticos y a la posibilidad de que esta situación los haga más vulnerables o dependientes de las instituciones de crédito». Sin embargo, el 1 de abril de 2011 el GRECO constataba que ninguno de los remedios que propuso había sido puesto en práctica[26], al tiempo que los escándalos de corrupción en la financiación de los principales partidos se han sucedido unos a otros (entre ellos, los casos Filesa y Gürtel, protagonizados por el PSOE y el Partido Popular, respectivamente).

Los favores gubernamentales a las entidades financieras exteriorizan la continuada dependencia de los principales grupos políticos. En paralelo, mientras los partidos mayoritarios bloquean en el Congreso de Diputados legislar que las formaciones políticas no puedan aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas o fundaciones que presten servicios o contraten con las administraciones públicas[27], los bancos condonan de manera opaca y sin explicación conocida préstamos a los partidos[28] después de que los gobiernos de Felipe González (PSOE) y José María Aznar (Partido Popular) privatizaran la totalidad de la banca de propiedad pública, desguazando también al Estado de este neurálgico instrumento de defensa del interés colectivo. En mayo de 2012 el gobierno de turno imponía a los ciudadanos pechar con 23.500 millones de euros para cubrir la quiebra de la entidad privada Bankia, y un mes después con los 100.000 millones que pedía a la UE para sostener a otros bancos privados. Sin explicar las causas de la quiebra ni quién se beneficiaba de ella, el gobierno se oponía a investigar y exigir responsabilidades a los gestores –nombrados por políticos feudatarios de las entidades financieras– y ningún dirigente sugería alternativa efectiva alguna a la mera socialización de las mayores pérdidas de la historia de la banca privada española.

El sistema establecido a partir de 1977 en España ha adoptado políticas propias del capitalismo financiero: privar al Estado de medios de producción y cambio en áreas estratégicas y de excedentes que le aporten recursos para sostener inversiones productivas y redistributivas; desindustrialización y deslocalización industrial, explotación del “ejército laboral de reserva” local y planetario, debilitamiento de los sindicatos y de los partidos obreros; reducción de impuestos a las mayores empresas y fortunas individuales, con la consiguiente reducción de ingresos del Estado compensada con endeudamiento; desregulación del movimiento de capitales; incremento de la concentración de los principales medios de producción, financieros e información en empresas privadas que desestabilizan las estructuras políticas y/o socioeconómicas que no controlan.

Un ejemplo de deliberada desfinanciación pública lo ilustran los datos de la administración tributaria: en España el tipo máximo para el tramo de renta más elevado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) descendió del 65,51% en 1977 al 56% en 1998, y al 43% en 2010; el tipo impositivo efectivo para las rentas superiores a 180.000 euros ha descendido desde el 49,37% en 1993 al 30,8% en 2008 (al 27,4% para las rentas por encima de los 600.000 euros); el impuesto sobre los beneficios de las sociedades, desde el 19,5% en 1995 al 9,9% en 2010. Y el Real Decreto de 30 de marzo de 2012 amnistió incluso a quienes defraudaron a la Hacienda Pública esos porcentajes decrecientes.

Entre 1987 y 2007 el conjunto de los Estados de la OCDE ha mantenido prácticamente constantes los ingresos por impuestos –han pasado de un promedio del 36,3% al 38% del PIB– y se han financiado endeudando al Estado: la deuda pública ha pasado en los mismos años de una media del 55% al 100% del PIB[29].

Si bien en el Tratado de Maastricht (1992) los Estados de la Unión Europea (UE) habían fijado en el 60% del PNB el límite de la deuda pública y en el 3% del PIB el del déficit presupuestario anual que, si se sobrepasaba, desencadenaría la recomendación del Consejo Europeo de reducirlo so pena de sanciones; si bien este límite fue reafirmado en 1997 en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de coordinación de las políticas fiscales dentro de la Unión Económica y Monetaria (UEM), sin embargo, entre 2000 y 2010, fue sobrepasado 14 veces por Alemania y Francia –contra 4 veces por España, cuyos dirigentes se abstuvieron de pedir a la UE que aplicara a Alemania y Francia las medidas previstas para evitar/contener los desequilibrios fiscales y presupuestarios en el origen del sobreendeudamiento. España lo hubiera podido solicitar entonces sin pérdidas de soberanía a cambio, a diferencia de lo que le ha ocurrido a partir de julio de 2010, durante la recesión económica impuesta desde Alemania después de que –entre 2007 y 2010– la UE y Estados Unidos respondieran a la mayor crisis del sistema capitalista desde 1929 con incrementos notables del endeudamiento público, mientras mantenían los privilegios fiscales del gran capital, con el consiguiente debilitamiento económico del Estado.

Tras la crisis financiera que se desarrolla a partir de 2007 en EEUU y la quiebra del banco Lehman Brothers, un estudio de la Brookings Institution de julio de 2011 mostraba que la deuda neta agregada de las economías capitalistas más desarrolladas[30] se había incrementado desde 18,1 billones de dólares en 2007 (46% del PIB) a 29,5 billones en 2011 (70% del PIB), y calculaba que llegaría a 41,3 billones de dólares en 2016 (80% del PIB). En contraste, la deuda correlativa de las economías “emergentes”[31] para esos mismos años pasaba, en billones de dólares, de 3,8, a 4,9 y 6,7, equivalentes al 28%, 26% y 21% del PIB respectivamente. La disminución en Argentina fue del 67,7% al 40,7% y 31,4% del PIB, y en China del 19,6% al 16,5% y 9,7%, respectivamente.

Mientras, en paralelo, el proceso de creciente concentración de la riqueza ha llevado a que, en EEUU, los 400 individuos más ricos acumulen en 2011 más riqueza que 154 millones de sus conciudadanos (el 50% de la población) y el 1% de la población el 35,6% del total de la riqueza nacional, más que lo que suma el 90% de la población[32]. En 17 de los 22 Estados de la OCDE, la desigualdad económica se ha incrementado entre mediados de la década de 1980 y 2008; en México, EEUU, Grecia y Francia a ritmo mayor que en los restantes, siendo Chile el primero en la escala de desigualdad más extrema[33].

Este proceso ha facilitado que el capital financiero controle tanto a los Estados de la Unión Europea como a EEUU[34], y que especule con la deuda que han acumulado con los bancos que participaron en su endeudamiento. Según el Bank for International Settlements (Banco de Pagos Internacionales), en marzo de 2011 la exposición total de los bancos extranjeros a la deuda de España, Grecia, Irlanda y Portugal era de unos 2,5 billones de dólares, de los que correspondían a Alemania 569.000 millones de dólares; al Reino Unido, 431.000 millones; a Francia, 380.000 millones de dólares. El FMI estimaba, en agosto de 2011, que la banca europea soportaba 200.000 millones de euros (287.000 millones de dólares) de pérdidas latentes en bonos soberanos de Irlanda, Grecia, Portugal, España, Bélgica e Italia[35].

En este proceso el capital financiero se ha beneficiado, primero, de los réditos del endeudamiento de los Estados y cuando, a partir de 2007, ha emergido el riesgo de impagos, ha exigido que lo asuman los ciudadanos, a lo que han accedido los gobernantes de Estados Unidos y la UE inyectando enormes masas de liquidez de capital público en la banca privada en forma de créditos privilegiados y otras medidas que han aumentado, a su vez, el déficit de los Estados de manera muy considerable.

En 2007-2012 los principales partidos políticos del posfranquismo han aceptado que el Estado asuma las consecuencias de las especulaciones de la banca privada (incluida la inmobiliaria). Lo que ha disminuido los ingresos del Estado –que han pasado desde casi un 3% del PIB de superávit en 2007 a un 8,5% de déficit en 2011– y aumentado la tasa de desempleo desde el 8% de 2007 al 24,6% de mayo de 2012 (52,1% la juvenil). Lo que el capital financiero ha aprovechado, a su vez, para especular ampliando el diferencial de la prima de riesgo de la deuda pública española con la del bono alemán, en desmedro de España –debe pagar mayor interés para obtener nuevos préstamos– y provecho de Alemania. Los referidos partidos políticos lo han aceptado sin reservas, dando la espalda a las enseñanzas de la historia, incluso a la premonición del presidente Franklin D. Roosevelt sobre posibles consecuencias de la concentración del poder económico, en su mensaje al Congreso de EEUU de 29 de abril de 1938:

Sucesos infelices en el exterior nos han enseñado dos verdades simples acerca de la libertad de un pueblo democrático. La primera verdad es que la libertad en una democracia no está asegurada si el pueblo tolera el crecimiento del poder privado hasta un punto en que sea más fuerte que el estado democrático mismo. Esto, en esencia, es fascismo –dominio del Gobierno por un individuo, grupo u otro poder privado controlante. La segunda verdad es que la libertad en una democracia no está asegurada si su sistema de negocios no ofrece empleo ni produce y distribuye bienes de manera que sostenga un nivel de vida aceptable.

Tres agencias privadas califican la solvencia de Estados y empresas

A partir de un muestreo de treinta millones de actores económicos, la investigación efectuada por S. Vitali, J. B. Glattfelder y S. Battiston[36] sobre 43.060 empresas transnacionales ha concluido, en 2011, que casi el 40% del valor económico mundial de éstas se concentra en torno a un núcleo de 147 empresas –de las que el 75% son intermediarias financieras– que se controla a sí mismo, y cuyos estrechos lazos de co-propiedad les permite formar bloques; los efectos sistémicos de las operaciones de estos bloques suele ser denominado con la abstracción de “los mercados” –sin nombre ni rostro.

Desde la década de 1980, las administraciones de Reagan en EEUU, de Thatcher en el Reino Unido, del PSOE y el Partido Popular en España, de algunos de sus homónimos en el resto de Europa, han privatizado también funciones reguladoras de las finanzas públicas y privadas. Las han dejado, de hecho, en manos de un duopolio de agencias privadas estadounidenses –Standard & Poor’s y Moody’s– que califican la calidad del crédito de empresas, municipalidades, Estados e instrumentos financieros (empréstitos, bonos, productos estructurados como deudas y obligaciones colaterales). El proceso seguido a este fin ha consistido en subordinar a los propios reguladores públicos –tales como la US Securities and Exchange Commission (SEC) y otros organismos reguladores de EEUU, el Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), y los equivalentes de la Unión Europea– a los recursos analíticos y a las recomendaciones de esas agencias privadas según un rango crediticio en letras, desde AAA (muy alta capacidad de cumplir la obligación) a D (impago confirmado). Investigaciones como la de A. Kruck han corroborado la correlación existente entre, por un lado, el grado de dependencia de los reguladores públicos respecto de los recursos analíticos de las agencias privadas y, por otro lado, el uso que de los ratios de calificación de éstas hacen los propios reguladores de los Estados y los organismos intergubernamentales[37].

A partir de la crisis financiera de 2007 en EEUU la especulación en torno a la deuda y la prima de riesgo de los Estados europeos aparece articulada con declaraciones de Standard & Poor’s y Moody’s, seguidas a mucha distancia por las de la agencia europea Fitch. Las tres están financiadas y comparten dirigentes con algunas de las empresas cuyos productos califican, las cuales, a su vez, se benefician de la calificación. Así, al rebajar a un Estado la ratio de solvencia, obligan a éste a pagar intereses más altos para financiarse, con el consiguiente provecho para los conglomerados prestamistas y empobrecimiento del Estado –lo que los principales dirigentes del posfranquismo han aceptado.

Antes de la crisis de 2007 estas agencias de calificación habían atribuido la más alta calificación –AAA– a ingentes sumas de bonos hipotecarios de alto riesgo especulativo. Cuando la superchería quedó al descubierto, el sistema bancario privado mundial se hubiera hundido de no haber sido apuntalado con sumas de dinero público gigantescas, de los ciudadanos, sin precedente histórico. Sin embargo, los gobiernos se limitaron a ayudar a los bancos privados sin contrapartidas en cuanto al control y uso de ese dinero, ni exigir responsabilidades a los directivos que provocaron quizás la mayor catástrofe financiera desde 1870, ni concebir instrumentos alternativos de la gestión financiera.

La simbiosis entre las agencias de calificación y algunas empresas es ilustrativa[38]; todas las presentes o vinculadas con la dirección de Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch están en el núcleo central corporativo que identifica el citado estudio de S. Vitali, J. B. Glattfelder y S. Battiston; entre las vinculadas se hallan también algunas de las que fijan la tasa del LIBOR (London Interbank Offered Rate) –como el Barclays Bank, multado en junio de 2012 con 500 millones de dólares por manipular entre 2005 y 2011 esta tasa, aplicada diariamente en transacciones superiores a 450 billones de dólares.

El patrón que emerge de la especulación articulada entre agencias de calificación, capital financiero y medidas sociales represivas es conocido: constreñir la autonomía general del Estado en todas sus estructuras (central, regional/autonómica y municipal), en particular en relación con el capital financiero; transferir a empresas privadas patrimonio y servicios públicos; restringir los derechos laborales y las prestaciones a los trabajadores, y ciudadanos en general, en materia de cultura, educación, salud pública, pensiones, servicios sociales, etc. Tal articulación es indisimulada: el lunes 5 de diciembre de 2011, cinco minutos después de que la canciller de Alemania y el presidente de Francia anunciaran las medidas políticas y económicas que deseaban que aceptara el Consejo Europeo convocado para el viernes 9 de diciembre de 2011, la agencia Standard & Poor’s publicitaba que ponía bajo «observación negativa» a 15 Estados del euro para rebajarles la calificación según se portaran ese viernes; el martes 6, con gran gozo, el ministro alemán de Hacienda declaraba que «se trata de la mejor incitación posible para la cumbre de esta semana. No puedo imaginar nada más eficaz», al tiempo que el presidente del Gobierno español (del PSOE) y el presidente del Partido Popular avanzaban su incondicional respaldo a lo que les pidieran Alemania y Francia[39].

Durante la semana del 4 al 9 de junio de 2012 la misma articulación acompañó a las presiones combinadas de EEUU, el FMI, Alemania y Francia para que el gobierno de España (del Partido Popular) solicitara de la UE un préstamo de 100.000 millones de euros –equivalente al 10% del PNB– destinado a bancos privados pero con el Estado garantizando su reembolso con preferencia a la de la deuda pública (que a fines de marzo ascendía al 72,1% del PNB). Si el día 7 la agencia Fitch había rebajado la calificación de solvencia de España de A a BBB, el día 12, una vez pedido el préstamo, bajaba la calificación de 18 bancos privados, y dos días después la agencia Moody’s bajaba la del Reino de España desde A3 (notable bajo) a BAA3 (en el borde del bono basura), so pretexto, precisamente, de que la naturaleza preferente de dicho préstamo perjudicaba la solvencia de la deuda pública en su conjunto, además de incrementarla. Lo que de inmediato aprovechó el capital especulativo para lograr que el interés que paga el Estado español por colocar bonos a 10 años escalara al 7% (contra el 1,4% de los alemanes), lo que a su vez impulsó la espiral especulativa en perjuicio de los intereses colectivos de los ciudadanos.

Para superar este oligopolio los Estados que se propongan satisfacer el interés general deberán reasumir sus competencias clasificadoras y crear organismos públicos, nacionales o plurinacionales, con mandatos y competencias de cuyo ejercicio respondan.

Consecuencias para los españoles y europeos

El Tribunal Constitucional alemán había recordado en 2009 que la Unión Europea es una estrecha asociación permanente de Estados que permanecen soberanos, y que una federación europea no es posible mientras no lo aprueben en referéndum los ciudadanos, quienes siguen siendo los sujetos de la legitimación democrática. Ha reafirmado la inalienabilidad de la soberanía y el «poder constituyente» del pueblo: es decir, su derecho de autodeterminación, que forma parte integral de la salvaguardia de los principios democráticos y de la identidad constitucional que reconoce a cada ciudadano el derecho a la democracia y soberanía, a pedir el amparo del Tribunal si considera que una resolución de la UE pone en peligro el Estado o los principios de justicia social y bienestar; que la soberanía nacional comprende, como mínimo, las decisiones presupuestarias fundamentales sobre ingresos y gastos públicos, incluidas las relativas a empréstitos[40]. Sin embargo, en 2010-2012, desde Alemania y Francia, han aportado una nueva prueba de que, sin los costos de una intervención militar, la instrumentación del capital financiero pone de rodillas a las instituciones que en el Estado español tienen la misión de salvaguardar la supremacía de la ley, el autogobierno democrático y los instrumentos de desarrollo económico, bienestar y cohesión social de los ciudadanos.

El euro como moneda y el eurosistema no reposan en un poder político federal ni confederal. Las estructuras de la Unión Europea carecen de instrumentos jurídicos y políticos que la defiendan de la especulación cuando grupos financieros dirigidos por comités centrales privados y estructurados desplazan electrónicamente de un país a otro, sin barrera ni restricción alguna, masas de capitales superiores a las que disponen los Estados.

En 2010-2012 los bancos privados tenedores de deuda soberana de Grecia, Portugal, España, Italia e Irlanda pidieron que un ente público –el Banco Central Europeo (BCE)– la comprara y asumiera el riesgo de su eventual impago. Entre mayo de 2010 y el 30 de diciembre de 2011 el BCE había adquirido deuda por más de 218.000 millones de euros[41] en contrapartida de «la pérdida de alguna soberanía económica hasta que el equilibrio correcto sea logrado»[42], según expuso el 29 de junio de 2011 el presidente del BCE ante el Parlamento Europeo. El siguiente 1 de septiembre era el presidente del Bundesbank quien proponía privar de soberanía fiscal a los Estados que tuvieran un déficit presupuestario superior al límite establecido en el Tratado de Maastricht y el PEC[43] –no lo había pedido cuando éste era el caso de Francia y Alemania en 2003-2004.

El BCE es una institución de la UE, pero sus decisiones no responden ante ningún organismo representativo de los pueblos europeos, de sus parlamentos o gobiernos. En los hechos, en cada ocasión, ha actuado según interesaba a los principales organismos financieros privados, en desmedro de los ciudadanos y de los recursos públicos. Desde el 9 de diciembre de 2011 el BCE ha estado ofreciendo préstamos en cuantía ilimitada (1,3 billones de euros hasta abril de 2012) al 1% de interés durante tres años a bancos privados, que los prestaban al Reino de España, Italia y otros Estados a un interés hasta un 700% más alto.

Sin embargo, la compra por el BCE a la banca privada de deuda soberana sobrepasa sus competencias legales, según declaraba el presidente federal de Alemania[44] dos semanas después de que el BCE se permitiera enviar instrucciones secretas a los primeros ministros de Italia (Berlusconi, conservador) y España (Rodríguez Zapatero, del PSOE). La filtración el 8 de agosto[45] de la carta dirigida tres días antes al de Italia provocó una tormenta política en los partidos de oposición:

[…] Si no es un programa de gobierno, le falta poco […]. El acuerdo entre las partes era no hacerlo público, pero cuanto más emergen los detalles del mismo, más claro está que hay un límite al secreto que se puede mantener sobre un programa de gobierno. […] Allí están las medida a tomar, está el calendario según el cual se aplicarán, y tampoco faltan los instrumentos legislativos que el BCE pide que adopte el gobierno: los más rápidos y los más eficaces […]. Sobre las desregulaciones en toda la estructura de la economía italiana, se descubre así que la Eurotorre sugiere a Berlusconi que proceda por decreto, para acelerar […]. Parecida urgencia emerge de la carta de Draghi y Trichet sobre el tema de las privatizaciones: se habla de cesiones también por parte de sociedades públicas locales y se pide avanzar lo más rápidamente posible. […] El punto más delicado se refiere al mercado de trabajo, un sector que históricamente ha permanecido fuera de las competencias europeas. Pero esta vez Trichet entra en el tema y lo hace en detalle: menos rigidez en la norma sobre despidos en los contratos por tiempo indefinido, intervención sobre el empleo público, superación del modelo actual basado en la extrema flexibilidad de los jóvenes y precarios y en la total protección de los otros […]. Si Italia no atiende a esta carta, puede olvidarse de la intervención del BCE para sostener los títulos de deuda del Tesoro […].

Esas instrucciones del BCE llegaban al gobierno de Roma[46] cuando la deuda soberana de Italia (el 17% del total de la UE) tenía vencimientos del orden de los 69.000 millones de euros en agosto-septiembre de 2011, de 175.000 millones entre julio y diciembre de 2011, y a fines de 2013 necesitaba refinanciar 500.000 millones de euros.

En España, los sucesivos gobiernos del PSOE y del Partido Popular no han desvelado el contenido de la instrucción del BCE; el PSOE incluso mintió el 26 de agosto de 2011 ante el Parlamento negando su existencia. Trascendió, sin embargo, que el BCE, con el acuerdo de los gobiernos conservadores de Francia y Alemania, compraría a los bancos privados deuda pública de España en la medida en que el Gobierno y Parlamento españoles aprobaran lo que les pedían el capital financiero internacional y empresarios españoles, a saber: desregular los contratos de trabajo, aumentar los períodos de los contratos de empleo precario, salarios por debajo del mínimo legal, sustituir los convenios colectivos sectoriales por otros a nivel de empresa, desindexar los salarios de la inflación[47]. Al tiempo que el 23 de agosto el presidente del Gobierno (PSOE) ordenaba, sin previo conocimiento del Consejo de Ministros ni de los órganos representativos de su partido, establecer en el artículo 135 de la Constitución la «prioridad absoluta» del pago de la deuda pública por delante de cualquier otro gasto –¿cabe preterición mayor de los restantes deberes del Estado?– y desposeer al Parlamento de la facultad de aprobar un presupuesto con déficit superior al 0,4%, lo que sus parlamentarios cumplieron el siguiente 2 de septiembre con la adhesión entusiasta de los del Partido Popular[48].

Con independencia de su dudosa eficacia económica y de sus negativos efectos sociales, la forma como se ha llevado a cabo esta primera enmienda de la Constitución de 1978 es un reflejo más de la profundidad de la intervención de la soberanía nacional y popular, y de algunos de sus vectores.

Cuando las principales reservas financieras susceptibles de acudir a la puja de bienes y servicios públicos se encuentran en Asia y la entrada masiva en los países europeos de esos capitales, en gran parte de propiedad estatal, puede entrañar una variación geoestratégica significativa, la España intervenida da la espalda a quienes tratan de aumentar la autonomía de Iberoamérica (sus reservas bordeaban en 2011 los 700.000 millones de dólares). Mientras, Alemania actualiza seculares estrategias hacia Eurasia (en Rusia encuentra las energías fósiles más próximas[49]; en 2011, la mitad de lo que importa China de la UE viene de Alemania, contra el 39% en 2000), Gran Bretaña mantiene su vinculación preferente con EEUU y su desconfianza hacia la posible entente euroasiática en torno a Alemania y Rusia, cuyo estereotipo resumía el editorialista del conservador Daily Telegraph el 7 de julio de 2011:

Es importante detenerse a considerar las consecuencias de la unión fiscal europea. Primero, significará la destrucción económica de la mayoría de los países del Sur de Europa. Realmente, este proceso ya ha avanzado mucho. Gracias a su pertenencia a la eurozona, países periféricos como Grecia y Portugal –y en magnitud creciente España e Italia– han sufrido un proceso de desindustrialización forzada. Su soberanía económica ha sido borrada; enfrentan un futuro de estados vasallos, cuyo rol se reduce al disfrutado por las colonias de Europa en el siglo XIX y principios del siglo XX. Proveerán de mano de obra barata, materias primas, productos agrícolas y un mercado preparado para recibir los bienes manufacturados y servicios de los mucho más productivos y eficientes europeos del Norte. Sus líderes políticos, como el infortunado Yorgos Papandreu de Grecia, perderán toda legitimidad política, convirtiéndose en representantes locales de poderes distantes, que están obligados a instrumentar programas económicos de otras partes, a cambio de subvenciones financieras masivas[50].

Desde 1895, el Reino Unido se ha apoyado en EEUU frente al sistema europeo que ha tratado de construir el II Imperio alemán entre 1871 y 1918 y el III Imperio a partir de 1933 –épocas en que las potencias occidentales tenían intervenida la mayor parte de Asia y los EEUU no estaban hiperendeudados, a diferencia de hoy. Después de que la República Federal Alemana ha obtenido en la Unión Europea ventajas económicas y políticas que le ha facilitado absorber a la República Democrática Alemana, abrir nuevos mercados, aumentar el superávit de sus exportaciones y el déficit de las de otros Estados, que Alemania asuma la “estabilización” de Europa y su articulación con Eurasia es más congruente con las concepciones geoestratégicas de Karl Haushoffer que con las que dieron origen a la OTAN.

El trazo de ciertas líneas es evidente. En la reunión bilateral del 16 de agosto de 2011 la canciller alemana Merkel y el presidente francés Sarkozy, por sí y ante sí, al margen de las instancias de la UE, se constituyeron en directorio de facto y proclamaron que España debería ceder lo que le restaba de soberanía presupuestaria y fiscal antes de que la UE aceptara su ruego de ayuda del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera del BCE[51]. En otras palabras, a diferencia de lo que durante el Zollverein hizo Prusia –asumir los costos necesarios durante décadas, hasta lograr que la unión aduanera se transformara en unidad política bajo su autoridad–, en 2011 Alemania mantenía para sí los beneficios de la UE al tiempo que desplazaba sobre otros Estados el costo de asegurar mercados abiertos, la continuidad del flujo de capitales, un prestamista de último recurso, la estabilidad de tipos de cambio y la coordinación de las funciones macroeconómicas.

El siguiente 28 de octubre de 2011, el primer ministro Yorgos Papandreu, líder del partido socialdemócrata PASOK, pedía al Parlamento griego un voto de confianza al tiempo que anunciaba un inminente referéndum sobre las condiciones del plan de ajuste que le había impuesto la víspera la Unión Europea; el 29 de octubre, en medio de rumores de golpe de Estado, reemplazaba a la cúpula militar; el 1 de noviembre el Consejo de Ministros respaldaba por unanimidad convocar el referéndum y tres días después el Parlamento le confirmaba su confianza. Sin embargo, tras el ultimátum de 2 de noviembre de la canciller de Alemania, del presidente Sarkozy y de la presidencia de la Unión Europea de no entregar a Grecia el préstamo de 8.000 millones de euros comprometido en septiembre de 2011 para evitar la suspensión de pagos, el 6 de noviembre el proyecto de referéndum había sido abandonado, Papandreu había dimitido, su partido aprobaba ejecutar el “plan de ajuste” de la UE e integrarse en un gobierno de coalición con el partido conservador y la extrema derecha presidido por Lucas Papademos, miembro de la Comisión Trilateral y ex vicepresidente del BCE. El siguiente 12 de noviembre también era forzado a dimitir el primer ministro conservador de Italia, y el presidente italiano designaba senador vitalicio a Mario Monti (ex presidente de la Comisión Trilateral para Europa y consejero de Goldman Sachs y Coca-Cola), para, sin convocar elecciones, confiarle encabezar un gobierno de “técnicos” apoyado por Alemania, Francia y los EEUU[52].

A diferencia de la pequeña Islandia, la UE ha mostrado carecer de instrumentos operativos frente a diktats y políticas poco compatibles con democracia representativa y eficacia económica. El euro ha adquirido así una cara nueva; ha emergido, por un lado, como un elemento de crisis creciente –si no de ruina– para pueblos que en siglo XX estuvieron sometidos mediante dictaduras fascistas como Italia, España, Portugal o Grecia; de pérdida de fortaleza democrática y poder adquisitivo, de restricciones y deflación sin límite previsible (algo económicamente irracional con una moneda sobrevaluada y más del 52% de los jóvenes en paro en España); de empobrecimiento social y cultural para la mayoría de la población (mayor cuanta más soberanía ceden sus dirigentes); y, por otro lado, como un lastre para Alemania –cuando está recuperando su soberanía y considera que la fiscal le es tan inalienable como para Francia la suya sobre la force de frappe atómica; ¿cabe acaso que los ciudadanos alemanes acepten ceder la primera antes que Francia la segunda?

Los centros del capital financiero han hecho su lectura de este proceso y sus especulaciones medran anticipando la explosión del sistema en torno del euro y la quiebra de algunos Estados. Han creado una dinámica que en Alemania algunos piensan que abre la oportunidad de modificar los tratados en orden a institucionalizar mayor subordinación de los pueblos, en los términos propuestos el 14 de noviembre de 2011 por la canciller Merkel al congreso de su partido democristiano: una “nueva Europa” donde los Estados transferirían competencias presupuestarias y fiscales a la zona euro, un presidente permanente sería elegido por sufragio universal y en cuyo Banco Central el voto, hasta hora igual, sería reemplazado por otro ponderado según el volumen de la economía de cada Estado[53]. Es decir, una UE bajo la hegemonía del país con más población y recursos económicos[54] bloquea la libertad de los ciudadanos de cambiar su sistema socioeconómico y/o político. Una variante de este proceso ha sido explicitada en el documento de trabajo del Gobierno alemán publicado el 21 de noviembre de 2011 en el Daily Telegraph[55], concretada en la carta del 7 de diciembre de 2011 de la canciller alemana y el presidente francés al de la Unión Europea[56], y en la propuesta alemana al Consejo Europeo en enero de 2012 de nombrar un “comisario” para controlar el presupuesto nacional griego y asignar sus ingresos fiscales a reembolsar la deuda externa con prioridad […][57].

Nadie en el establishment posfranquista se ha opuesto a que el Reino de España sea absorbido en esa “nueva Europa” y desposeído, también, de la decisión última en materia presupuestaria, fiscal y financiera. El propio presidente del Gobierno el 6 de junio de 2012 ofrecía por escrito, a los presidentes de la Unión Europea y del Consejo Europeo, «mayor cesión de soberanía, en particular en los ámbitos fiscal y económico; crear una autoridad fiscal en Europa que oriente la política fiscal en la zona euro, armonice las políticas fiscales de los Estados Miembros, permita un control de las finanzas centralizado, ser gestora de su deuda; la supervisión comunitaria del sistema bancario y de un fondo de garantía de depósitos común; una “Unión fiscal y bancaria”»[58]. Ello a pesar de las previsibles consecuencias socioeconómicas negativas de enajenar los instrumentos financieros, fiscales y presupuestarios a organismos sobre los que no existe control democrático, aumentando el desguace de los instrumentos del Estado y la consiguiente legitimación de su desintegración territorial.

Tampoco se conoce de responsable alguno que en España haya propuesto alianzas –dentro y fuera de la UE– en defensa de intereses específicos de los ciudadanos no subordinados necesariamente a los de Alemania y/o EEUU. Tras el pronunciamiento militar contra la I República española en 1874, las políticas internas, la integridad territorial de la monarquía restaurada quedaron en parte en manos de Alemania[59]; también las de la dictadura y la monarquía instauradas tras la intervención alemana contra la II República[60]. La envergadura de la desconfianza en la capacidad de las estructuras político-económicas y sus dirigentes parecía llevar a la mayoría de españoles a aceptar, en diciembre de 2011, que su economía fuera directamente dirigida desde fuera de España[61], sin advertir que éste era uno de los fines del Gobierno alemán publicitado un mes antes, ni tampoco las consecuencias que de ello derivan.

Estos hechos reafirman la precariedad de los valores democráticos si no cuentan con voluntad y medios de defensa frente a quienes los consideran prescindibles, en particular ante recetas económicas ya experimentadas antes: extraer la mayor ganancia posible de países a cuyo endeudamiento han contribuido; “capitalizar” la deuda cuando no pueden pagarla, es decir, que el capital recupere parte de sus créditos quedándose con empresas y otros bienes que previamente han depreciado. Pero se niegan a aceptar este criterio “de mercado” cuando son los Estados quienes compran sus propias deudas depreciadas. La meta no es mantener o lograr mayor igualdad social, industrialización o autonomía para decidir el presente y futuro de los ciudadanos, sino aplicar directrices del capital especulativo sobre el equilibrio fiscal –excepto cuando los bancos privados piden financiarse con el déficit fiscal– como medio para privatizar empresas de servicios básicos, disminuir la participación de los asalariados y ciudadanos en la renta nacional, reducir a su mínima expresión la capacidad del Estado para intervenir en el sistema económico y, en consecuencia, su capacidad de defender los intereses generales de su población.

Los pueblos iberoamericanos de uno y otro hemisferio ni se han resignado ni se resignarán a sufrir las perversas consecuencias del juego de las Potencias y del capital especulativo. En España pondrán en cuestión los pilares de las estructuras socioeconómicas, políticas y concepciones geoestratégicas que se suceden sin solución desde 1939 hasta hoy, construirán otras en las que participen de forma activa los ciudadanos y los trabajadores, con mayor igualdad social, vigencia efectiva de los valores democráticos y ecológicos, inversiones productivas en innovación y formación, articuladas con la realidad internacional que se aleja de los supuestos de la Guerra Fría sobre los que se construyeron el TIAR, la OEA, la OTAN y la UE. Que no aceptarán, en suma, las seculares concepciones estratégicas teorizadas por Halford Mackinder que en 1997 Brzezinski actualizaba así:

En pocas palabras, la geoestrategia euroasiática de los Estados Unidos debe incluir un control resuelto de los Estados dinámicos desde el punto de vista geoestratégico […]. Para usar una terminología propia de la era más brutal de los antiguos imperios, los tres grandes imperativos de la geoestrategia imperial son los de impedir confabulaciones entre los vasallos y mantener su dependencia en términos de seguridad, mantener a los tributarios obedientes y protegidos e impedir la unión de los bárbaros[62].

Esos denominados «bárbaros» incluye a Rusia, India y China[63], y en el altar de la preservación de tales imperativos los actuales discípulos de Mackinder sacrifican los intereses y derechos de «vasallos» y «tributarios» –entre los que sitúan a los iberoamericanos y a las instituciones democráticas que les son disfuncionales. Constatar las manifestaciones de este proceso en la Europa de hoy día, como hace Habermas[64], no basta. Concebir y crear medios legítimos de autodefensa requiere tomar consciencia de las causas de las interacciones, de sus medios, fines y consecuencias, humanas y ecológicas.

JOAN E. GARCÉS

Madrid, 26 de junio de 2012

Documentos[1]

Joan E. Garcés Ramón. (Llíria, Valencia, 1944). Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1966); Diplôme d’Etudes Supérieures en Sciences Politiques por la Fondation Nationale des Sciences Politiques (París, 1967); Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona (París, 1970). Entre julio de 1970 y el 11 de septiembre de 1973 fue asesor político personal de Salvador Allende y en 1974 del Director General de la UNESCO.

En 1974 formó parte del equipo personal de François Mitterrand en las elecciones a la Presidencia de la República francesa como Candidato del Programa Común de las Izquierdas.

Entre 1967 y 1970 ha sido profesor de las Universidades: Autónoma de Madrid (España), Lovaina (Bélgica), Oxford (Inglaterra), Los Andes (Colombia) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Políticas (Chile). Investigador titular de la Fondation Nationale des Sciences Politiques de Paris (1974-1977), Visiting-Fellow del Institute for Policy Studies de Washington D.C. (1988-1990).

En 1999 recibió en el Parlamento de Suecia el llamado Premio Nobel Alternativo. El galardón es concedido desde 1980 por la Right Livelihood Awards Foundation.

En 2001 el Presidente de la República francesa le nombró Officier de l’Ordre Nationale du Mérite.

Título: Soberanos e intervenidos

Autor: Joan E. Garcés

Fecha de edición: 1996, 2012

Epub: Libros vagabundos, 2015

NOTAS

Introducción del autor

[1] El socialista André Cheradame, autor de L’Allemagne, la France et la question d’Autriche (París, 1902), exponía en Le Plan pangermanique démasqué. Le rédoutable piège berlinois de la partie nulle (París, Plon, 1916) que las conquistas territoriales previstas por el programa pangermánico de 1895 y 1911 estaban logradas en un 90% y, por tanto, los aliados anglo-franco-rusos debían rechazar una paz que al dejar intacto el potencial político-militar alemán, su hegemonía en los Balcanes y el “eje Hamburgo-Golfo Pérsico”, permitiría a Alemania extender su influencia a Oriente Medio, Asia, África y aspirar al imperio universal. <<

[2] F. Cambó, Memòries, pp. 288-289 de la versión publicada en Madrid, Alianza, 1987. <<

[3] Ibid., pp. 288-289. <<

[4] Ibid., p. 297. <<

[5] Militar adscrito al Servicio Central de Documentación del almirante Carrero Blanco, director del mismo durante el gobierno Suárez y destinado, un año después, al Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). <<

[6] Casinello fue enviado a negociar con Tarradellas por el presidente del Gobierno, A. Suárez, acompañado por Manuel Ortínez –antiguo director general del Ministerio de Comercio, vinculado a medios financieros e intermediario del vicepresidente del Gobierno Alfonso Osorio (democristiano)–, según cuenta este último en Trayectoria política de un ministro de la monarquía, Barcelona, Planeta, 1980, p. 322. Casinello era redactor principal del libro elaborado por los servicios de información de Carrero Subversión y reversión en la España actual, publicado bajo el seudónimo Carlos I. Yusti –según J. I. Sanmartín: Servicio Especial. A las órdenes de Carrero Blanco, Barcelona, Planeta, 1983, p. 199. <<

[7] F. Cambó, ibid., p. 299. <<

[8] Embajador de Francia ante el gobierno de F. González desde 1983 a 1986. <<

[9] El País, 7-11-1984, p. 19. <<

[10] Una vía de financiación clandestina giraba en torno de empresas ficticias como Filesa y Time-Export. Su investigación por el Tribunal Supremo desembocó el 5 de mayo de 1995 en el procesamiento de 39 responsables de grandes empresas, bancos privados y miembros del equipo González. <<

[11] Revista Tribuna (Madrid), 9-5-1994, pp. 40-42; diario El Mundo (Madrid), 24-5-1993, p. 1. <<

[12] J. H. Backer, The Decision to Divide Germany. American Foreign Policy in Transition, Durham (NC), Duke University Press, 1978. <<

[13] Entre 1985 y 1993 el sector público de la economía española fue reducido del 12 al 7% del valor añadido bruto, empleo y formación bruta de capital, según estimación del Colegio de Economistas. <<

[14] Declaraciones de Jacques Delors en El País, 8-1-1989. <<

[15] El País, ABC y Diario 16 de 17 y 18-6-1987. <<

[16] Las referencias OSS corresponden a los archivos del Office of Strategic Services, y ABC (American-British Conversations) a los del Combined Chiefs of Staff (CCS) de EEUU y el Reino Unido, ambos en depósito en la War Branch, National Archives of the U.S., Washington, D.C. <<

NOTAS

Capítulo 1

[1] Escribe el general Francisco Franco Salgado-Araujo, confidente de su homónimo pariente: «La preocupación grande de Franco a últimos de 1942 y primeros de 1943 era la aproximación de la guerra a nuestras fronteras, en especial al estrecho de Gibraltar y a las Islas Canarias […]. “Yo sé –me decía el Caudillo– que Inglaterra está preparada para ocupar nuestras islas… [En ese caso] atacaríamos Gibraltar y daríamos paso libre por España a las fuerzas alemanas para la ocupación de la zona del protectorado francés de Marruecos” […]», en Mi vida junto a Franco, Barcelona, Planeta, 1977, p. 301. De hecho, esa postura la mantenía Franco ya a fines de 1940. <<

[2] J. M.ª Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, Madrid, Taurus, 1976, p. 26. <<

[3] Informe de fecha 31 de marzo de 1942, en Donovan Microfilms, roll 116, file 223, A 3304, RG 226, National Archives of the USA, Washington, D.C. <<

[4] «F.N.B. materials indicating possible agencies and agents to work in and through the Iberian Peninsula. Appraisals of the factors involved», Donovan Microfilms, cit., roll 93. <<

[5] Donovan Microfilms, RG 22G, roll 93, ibid. <<

[6] Alan H. Hillgarth ingresó en la Marina británica a los 13 años. A los treinta se retiró a vivir a Palma de Mallorca, como vicecónsul del Reino Unido. Ocupada la isla por las tropas de Franco, fue nombrado Cónsul y condecorado con la Order of the British Empire. En 1939 negoció la entrega a Franco de la isla de Menorca. El contrabandista Juan March, que en la primera guerra mundial colaboró con los servicios secretos de Alemania e Italia, era de Mallorca. Cf. A. Dixon: Señor monopolio. La asombrosa vida de Juan March, Barcelona, Planeta, 1985. <<

[7] Valor adquisitivo de la peseta elaborado según el coste de la vida del Instituto Nacional de Estadística, Informe Económico 1993 del Banco Bilbao-Vizcaya, Bilbao, 1994, p. 264. <<

[8] El 18 de noviembre de 1940 el canciller Hitler había instruido en la Directiva núm. 8 al Estado Mayor preparar el plan de operaciones conocido como «Fénix», que contemplaba la ocupación alemana de las islas Canarias, las portuguesas de Azores y Cabo Verde, así como el ataque a Gibraltar con apoyo aéreo desde España, la ocupación del norte de Marruecos, a la sazón bajo protectorado español, y el cierre del acceso al Mediterráneo occidental. El plan alemán presuponía que el gobierno de Franco declaraba la guerra a Gran Bretaña. <<

[9] J. M.ª Gil-Robles, ob. cit., p. 28. <<

[10] A. Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, Barcelona, Planeta, 1981, pp. 46-47. <<

[11] A. Marquina Barrio, en España en la política de seguridad occidental. 1939-1986, Madrid, Ediciones Ejército (Servicio de Publicaciones del Estado Mayor del Ejército), 1986, p. 38, afirma que los 10 millones de dólares fueron depositados por el gobierno de Londres en el Swiss Bank Corporation de Nueva York. Silencia el papel de March y desplaza a 1943 lo que ya era una realidad más de un año antes: «los generales más antiguos habían formado una Junta Militar con el apoyo económico del Reino Unido […]. La Junta llegaría a contar en 1943 con cerca de treinta generales […]. Tuvo como cabezas de fila a Aranda, Kindelán, Orgaz y Queipo de Llano». D. Smyth, Diplomacy and Strategy of Survival: British Policy and Franco’s Spain, 1940-41, Cambridge, 1986, pp. 35-36, siguiendo fuentes británicas alude al incidente del bloqueo de los 10 millones de dólares en una cuenta bancaria de Nueva York, reduce a «unos diez» el número de generales sobornados a través de March –cuyo nombre menciona–, e incrementa el monto del dinero puesto en circulación, la mitad del cual habría sido pagada en efectivo y la otra mitad depositada en cuentas personales en Nueva York y Buenos Aires. <<

[12] A. Kindelán, ibid., pp. 58-59. <<

[13] En la reunión del Consejo Superior del Ejército de 15 de diciembre de 1941, ya sus integrantes habían pedido sin éxito a Franco que separara la función de jefe del Estado de la de presidente del Gobierno, un «cambio de personas» en el Gobierno, la retirada del Ejército del desempeño de funciones civiles en la administración del Estado, según A. Kindelán, ob. cit., pp. 46-47. <<

[14] Donovan Microfilms, cit., A 3304, roll 127, RG 226, E180. <<

[15] OPD 385, sec. II, National Archives of the U.S., Washington, D.C. <<

[16] OPD 336, Spain, sec. II, cit. <<

[17] «C. Wyatt consideraba a Beigbeder como una fuente de información fiable y como una mina de los más importantes secretos de los servicios de información, incluso de despachos de británicos y norteamericanos. El grupo de Súñer lo ha marcado para matarlo, pero [Aranda] se las arregló para que escapara. El comandante Wyatt llevó a Beigbeder en avión a Marruecos, donde ahora Beigbeder reside en el palacio del Halifa», en «Meeting of Board of Analists. Observations by Commander B. H. Wyatt», Donovan Microfilms, cit., roll 116, file 223. <<

[18] L. López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, Barcelona, Plaza y Janés, 1979, p. 30. Una detallada descripción de lo que el OSS denomina «the Begoña affair and the political crisis of August 1942» en S. G. Payne, The Franco Regime. 1936-1975, Madison, Wisconsin, Univ. of Wisconsin Press, 1987, pp. 302-312. Más próxima a Serrano es la descripción de Ramón Garriga en Franco-Serrano Súñer. Un drama político, Barcelona, Planeta, 1986, pp. 133-143. B. Crozier (Franco, a Biographical History, Londres, Eyre and Spottiswoode, 1967, pp. 422-423) silencia el papel de los servicios de inteligencia anglosajones y mira hacia los de los alemanes. <<

[19] Donovan Microfilms, cit., roll 138. <<

[20] Según S. G. Payne, ob. cit., p. 305, «en marzo de 1942 Aranda dijo a los británicos que podía contar con la participación de siete de los ocho Capitanes Generales en un movimiento contra Franco […]». <<

[21] Según R. Garriga, ob. cit., p. 140, Serrano dice que fue aquel 1 de septiembre cuando su cuñado le llamó al Palacio de El Pardo «para hablarte de un asunto muy grave, de una decisión grave que he tomado […]. Voy a sustituirte por el general Jordana». <<

[22] La dimisión del ministro de Justicia es desmentida en un cable del día siguiente. <<

[23] R. de la Cierva, Franco. Un siglo de España, Madrid, Editora Nacional, 1973, t. II, p. 328. <<

[24] «Yo creo que el Caudillo aprovechó lo ocurrido para desprenderse políticamente de su cuñado y poder así dar un viraje a su política en favor de los EEUU e Inglaterra», dice el general Francisco Franco Salgado-Araujo en ob. cit., p. 302. <<

[25] Jefe del Estado Mayor del general Eisenhower. <<

[26] «U.S. Department of State. Division of European Affairs. Memorandum. November 19, 1942», firmado por Ray Atherton, OPD 336, Spain, sec. I, cit. <<

[27] Ibid. <<

[28] «OSS, Interoffice Memo to Major David Bruce from W. A. Roseborough, December 12, 1942, Subject: Bombing targets in Spain», Records of the OSS Washington Director’s Office, cit., roll 58. <<

[29] J. L. de Vilallonga, Le Roi. Entretiens, París, Fixot, 1994, p. 217. <<

[30] Declaraciones al diario El Mercurio (Santiago de Chile). <<

[31] J. L. de Vilallonga, ob. cit., p. 75. Para el interlocutor de don Juan Carlos, Alfonso de Borbón-Dampierre «fue utilizado por Franco como posible pieza de recambio para el caso de que las relaciones [del primero con su padre] el Conde de Barcelona le hubieran obligado a cambiar de opinión en cuanto al heredero designado por él mismo», p. 74. <<

NOTAS

Capítulo 2

[1] M. Walker, The Cold War, Londres, Fourth Estate, 1993. <<

[2] «Top Secret. JWPC 496. July 16, 1947», ABC 381 Global Estimate (July 16, 1947), National Archives of the U.S., Washington, D.C., documento desclasificado a petición mía el 25-11-1988. <<

[3] Carta de Franco a Hitler, 26-2-1941, reproducida en el White Book sobre España publicado por el Departamento de Estado de EEUU, 1946. <<

[4] Declaración de Franco al embajador Carlton J. H. Hayes, reproducida por éste en su libro Wartime Mission in Spain, 1942-1945, Nueva York, The Macmillan Co., 1945, p. 31. <<

[5] «Dalton to Churchill, 17 January, 1941», en F. H. Hinsley, British Intelligence in the Second World War. Its Influence on Strategy and Operations, Nueva York, Cambridge Univ. Press, 1979, t. I, pp. 275-276. <<

[6] ABC 65/10, WM (40) 281 of 1 Nov. 1940; CAB 80/23, COS (40) 966 (COS Résumé, No.64) y COS (40) 968 of 23 November; CAB 80/24, COS (40) 1040 (JIC) of 13 December 1940. <<

[7] ABC 381 (25-7-1942), sec. 4-B, «Memorandum for the Assistant Chief of Staff, Operations Division», War Department Military Intelligence Service, Washington. <<

[8] «Combined Chiefs of Staff 103/13, Oct. 27, 1942», ABC 381 (25-7-1942), sec. 3. <<

[9] OSS, Despacho de J. E. Hoover de 7-7-1942. Cita como fuente de la información a Wagemann, secretario del Ministerio de Hacienda alemán. <<

[10] Carta de Donovan al general A. C. Wedemeyer, 27-10-1942, ABC 381 Mediterranean Area (12-3-1942), sec. 1. <<

[11] «Economic Policy in support of a special operation», 25-10-1942, JCS 136, ABC 381 (25-7-1942), sec. 3. <<

[12] Carta de Donovan al brigadier general A. C. Wedemeyer, 28-10-1942, ABC 381 Mediterranean Area (12-3-1942), sec. 1. <<

[13] «Axis capabilities in the Mediterranean Area», memorándum del Joint Intelligence Committee al JCS, 28-11-1942, ABC 381 Mediterranean Area (2-11-1942). <<

[14] OSS CID 26566 (Jan. 4, 1943). <<

[15] ABC 334.3 Policy Comte (8-1-1942), sec. 4, cit. <<

[16] JSP, ABC 385 Spain (3-25-1943). Las cursivas son mías. El plan fue aprobado por el JSP y enviado el 13 de abril de 1943 al general Eisenhower. <<

[17] «Memorandum on OSS in Spain», Madrid, March 8, 1943, ABC 381 Mediterranean Area (12-3-1942), sec. 2. <<

[18] «Estimate of the Enemy Situation, 1943-1944. European Area», JIC 121/2, 28-7-1943, ABC 384 European-Mediterranean (2 Aug. 1943). <<

[19] Según el embajador C. J. H. Hayes, ob. cit., p. 16. <<

[20] JCS 170, 406, 406/1, ABC 381, Medit. Area (12-3-1942), sec. 3, «Operations by OSS in the European Theater», Oct. 28, 1943. <<

[21] OSS CID 34433, May 22, 1943. <<

[22] JSP, Special Military Plan for Psychological Warfare in Spain…, cit. <<

[23] «Spain. Emigré Groups in the United Kingdom», OSS, E115, box 33, folder 45, 18 de mayo de 1943 (en francés). <<

[24] «Spanish Republican Opinion: Reaction to Rumors of a Spanish Monarchy», July 14, 1943, opinión del que fuera ministro de Asuntos Exteriores del gobierno republicano, Álvarez del Vayo, OSS, 38907. <<

[25] «General report on Spain», to JICA, 9-6-1943, OSS, Entry 97, box 3, folder 23. <<

[26] JCS, «Estimate of the Enemy Situation, 1943-1944, European-Mediterranean Area», report by the Joint Staff Planners, ABC 384, European-Mediterranean (2 Aug. 1943), 7 Aug. 1943. <<

[27] CCS 303, par. 10. <<

[28] JCS, 444, «Strategic Concept for the Defeat of the Axis in Europe», memorandum by the Joint Staff Planners, 5 Aug., 1943, ABC 381, Europe (5 Aug., 1943). <<

[29] Carta de la Embajada británica al Departamento de Estado, 22 sept., 1943. ABC 400.3295, Iberia (Sept. 27, 1943), sec. 1-A. <<

[30] Combined Chiefs of Staff 321, «Policy toward Spain», meeting of 20 August 1943, ABC 400.3295 Iberia (Sept. 27, 1943), sec. 1-A, y Memorandum by the British Chiefs of Staff, CCS 321, 20 Aug. 1943, ABC 336 Spain (20 Aug., 1943). <<

[31] Según la versión del teniente-general Fernando Moreno Calderón al agregado militar de EEUU, «Personal Conversation with Military Attaché, Political Views of Leading Spanish Generals and Colonels», 29 Jan. 1946, OSS 41604. <<

[32] Combined Chiefs of Staff 319/3, 19-22 August, 1943. «Final Report to the President and Prime Minister», ABC 319.1 Quadrant (19 Aug., 1943). <<

[33] Joint Administrative Committee 65/3. «Formulation of Policy on Trade with the Iberian Peninsula», October 11, 1943, ABC 400.3295 Iberia (27 Sept., 1943), sec. 1-A. <<

[34] JCS. 715, «Desirability of Spain and Portugal entering war against Axis», Memorandum by the Commander in Chief, U.S. Fleet, and Chief of Naval Operations, February 18, 1944. ABC 384 Portugal (3 Jan., 1944), sec. 2. <<

[35] «U.S. Requirements for Military Rights which require negotiation with the Spanish Government», JSP 684/25, June 26, 1946, ABC 686 (Nov. 6, 1943). <<

[36] Copia de la carta a la embajada de Alemania en París, OSS X-94359. <<

[37] Ibid. <<

[38] «La Politique espagnole. Vers un arrangement transitoire avec les Alliès», Bulletin de renseignement du 14 mars 1944, Direction des Services Spéciaux, Présidence du Comitée Français de Libération Nationale, OSS 64328. <<

[39] «European Political Report», July 18, 1944, OSS XL 1525. <<

[40] «Monarchist Movement on the Peninsula», 11 April, 1944, OSS 72198. <<

[41] «Franco and Don Juan», 13 July, 1944, OSS L38124. <<

[42] Cables del embajador suizo en Madrid, Broye, a Berna sobre solicitud de Areilza de un visado. 3 y 14 de mayo de 1945. En su Manifiesto del 22 de marzo anterior, el conde de Barcelona había pedido que Franco dejara el poder. <<

[43] OSS 106659, 12 August, 1944. <<

[44] «Possible Monarchist Plot among Generals», 16 August, 1944, OSS 88154. El 18 de julio de 1944, JCS de EEUU había pedido que «all economic and political measures at our command should be employed to stop all aid rendered by Spain to Germany», carta del general Marshall al secretario de Estado, JCS, 538/6, ABC 400.3295 Iberia (Sept. 27, 1943). <<

[45] «Colonel Casado», 2 Sept, 1944, OSS L-45401. <<

[46] «Schemes of Spanish Republicans and Socialists in Exile», 30 August, 1944, OSS A-38868. <<

[47] «The political situation in Spain», estudio del Military Intelligence Service, (December 15, 1944), ABC 319.1 MIS (12 Sept. 1944). <<

[48] Minuta de la reunión entre el presidente Roosevelt y los jefes de Estado Mayor (Novemb. 19, 1943), ABC 384 N. W. Europe (20 Aug.43), sec.1-A. <<

[49] «Economic Policy with Respect to Spain and Portugal», carta al Secretario de Estado, 22 August, 1944, JCS 538/9, ABC 400.3295 Iberia (27 sept. 1943), sec.1-B. Posición reiterada el 9 de septiembre siguiente en carta del general Marshall al Secretario de Estado. <<

[50] OSS L-50395, 24-10-1944. Información del servicio secreto británico. <<

[51] «Mr. Eden Memorandum of August 9, 1944, on Soviet policy in Europe outside the Balkans», WP (44) 436; N 4957/183/38, reproducido en sir L. Woodward: British Foreign Policy in the Second World War, Londres, Her Majesty’s Stationery Office, 1971, t. III, p. 123-131. Las cursivas son mías. <<

[52] OSS XL-53130, August 26, 1944. El OSS en Washington no puede confirmar si su embajada en Madrid fue consultada: «se estima de interés la información porque aporta un eslabón en el asunto España-Rusia que hasta ahora faltaba». J. A. Sangróniz representaba a España ante el Comité Francés de Liberación Nacional en Argel. <<

[53] «Juan March recommends allied intervention to help establish constitutional monarchy in Spain», December 5, 1944, OSS 106659. <<

[54] «The political situation in Spain», estudio del Military Intelligence Service, cit. <<

[55] Memorándum de A. Scott Lockwood a Whitney N. Shepardson, Washington, 17-1-1945, en Donovan Papers, OSS, archivo 93. National Archives of the U.S. <<

[56] «Compilation of Background Material for Argonaut, Political Questions which may possibly be involved in Military Discussions», ABC 337 (11 Jan., 1945), sec. 1-B. <<

[57] Preparación de Conferencia de Yalta, 8-2-1945, OSS 115976. <<

[58] «Conversation with Generals Aranda and Beigbeder», December 13, 1945, Intelligence report OSS XL-34014. <<

[59] W. D. Leahy: I Was There: The Personal Story of the Chief of Staff to President Roosevelt and Truman, based on His Notes and Diaries Made at the Time, Nueva York, Whittlesey House, 1950, p. 428. <<

[60] OSS L55065. <<

[61] OSS L58129, July 7, 1945. <<

[62] «Views of Josep Irla on the Catalan Political Situation», 5 April, 1945, OSS X-128198. <<

[63] «Opinions of Don Juan, Count of Barcelone», April 13, 1945, OSS 128201. <<

[64] OSS L-57881, April 19, 1945. <<

[65] «Spanish anti-Franco organizations and activities in France», Military Intelligence Division W. D. G. S., July 7, 1945, p. 10, OSS-XL12286. <<

[66] Ibid., p. 14. <<

[67] Ibid., pp. 25-26. <<

[68] «Draft Translation of an account of meetings held by Franco with Spanish Generals and with Monarchists on 16 and 17 July 1945. Political Situation in Spain», OSS XL-18864, July 19, 1945. Las cursivas son del original. <<

[69] Fuente: cable de Salazar a sus embajadores en París, Londres y Washington, 10-8-1945. Interceptado por los servicios de EEUU, desclasificado en agosto de 1993, cit. <<

[70] «An appreciation of the Spanish Political Situation», carta de Norman Armour al secretario de Estado, October 8, 1945, p. 5, OSS XL-33368. <<

[71] Ibid., p. 10. <<

[72] Entrevista con Eberhardt von Stohrer, Suiza, 19-10-1945. <<

[73] De Gaulle a Eugenio Vegas, OSS XL-26165, Berna, 16 November, 1945. El 10 de agosto anterior, De Gaulle había manifestado al embajador de Portugal que «la monarquía era la única solución para España dada la división entre los republicanos». Fuente: Cable del día siguiente de Castro a Salazar, interceptado por los servicios de EEUU, cit. <<

[74] «War Department Policies and Assumptions Governing the Demobilization of the Army from the Defeat of Japan to the Establishment of the Post War Army», elaborado en marzo de 1945 por el Strategy and Planning Department en concurrencia con el Operations Division Dept. <<

[75] «Strategic Guidance to Facilitate Planning within the War Department», Assumptions of the Strategy Section, OPD 381, Jan. 15, 1946, ABC 092 (18 July, 1945), sec. 1-B. <<

[76] Ibid. <<

[77] «Memorandum for the Commanding General. Army Air Force», JSSC 21-2-1946, ABC 092 (18 July, 1945), sec. 1-B. <<

[78] «Statements and Opinions of Spanish Communist Leaders in France», Strategic Services Unit, War Department, 10 March, 1946, OSS 47209. <<

[79] JCS 1592, 2 January, 1946, «Foreign Policy of the United States», ABC 092 (18 July, 1945), sec. 1-B. <<

[80] SPS. Memorandum for the Assistant Secretary of War, «Foreign Policy of the United States», 12 February, 1946, ABC 092 (18 July, 1945), sec. 1-B. <<

[81] «Memorandum for the State-War-Navy Coordinating Committee. Foreign Policy of the United States», 21 Feb., 1946. ABC 092 (18 July, 1945), sec.1-B. <<

[82] Comentario del general Lincoln al «Memorandum for General Hull», 9 March, 1946, ABC 381 (8 March, 1946). <<

[83] Memorandum for the Chief of Staff, «Broad Actions Desirable in Light of Present Rusian Situation», JIS 341, elaborado antes del 12 de marzo de 1946, ABC 336, Russia (22 August, 1943), sec. 1-A. <<

[84] Ibid. <<

[85] «Russian Position in the Eastern Mediterranean», Memorandum for General Hull, April 19, 1946, ibid. <<

[86] «Memorandum for Record» del general G. A. Lincoln, jefe de planificación estratégica del Ejército, April 16, 1946, ibid. <<

[87] «Military Preparadness», memorándum del general G. A. Lincoln al general Hull, March 9, 1946, ABC 381 (8 March 1946). Las cursivas son del original. <<

[88] «Memorandum to the Secretary of Staff», JWPC, 453, ibid. <<

[89] «Memorandum for the President», JCS, March 30, 1946, ibid. <<

[90] Admiral Nimitz, «Memorandum for General Eisenhower», June 13, 1946, ABC 471.6 Atom (11 Aug. 45), sec. 7. <<

[91] «U.S. Vital Strategic Interests», Generals Norstad’s speech at War College, 11/21/1946, ABC 350.001 (26 Oct. 46), sec. 1-A. <<

[92] «Tentative over-all strategic concept and estimate of initial Operations. Short Title: “Pincher”», informe del JWPC 432/7 (Revised), 18 June 1946. <<

[93] «U.S. Requirements for Military Rights which require negotiations with the Spanish Government», JPS 684/1946, 28 June 1946, JCS 570/72, SWNCC 38/43, ABC 686 (6 nov. 43), sec. 30. <<

[94] «Memorandum for the Chief of Staff», by S. J. Chamberlain. Major General, Director of Intelligence, 21 August 1946, ABC 336 Russia (22 Aug. 43). <<

[95] «The Soviet Threat against the Iberian Peninsula and the Means Required to meet it. Short title: “Drumbeat”», Joint War Plans Comittee 465/1, 8 May 1947, ABC 381 USSR (2 March 46), sec. 1-D. <<

[96] Ibid. <<

[97] OSS, XL-46239. <<

[98] «Strategic Guidance to Facilitate Planning within the Joint Agencies, ref. JCS, 1630», informe del JSSC en colaboración con el JSP, ABC 092 (18 July 1945), sec.1-B. <<

[99] A. F. Ginger y D. Christiano (comps.), The Cold War Against Labor, Berkeley (Ca.), Meiklejohn Civil Liberties Institute, 1987. <<

[100] «Report of ad hoc Committee of Joint Staff Planners on USFET Plans for Action in Case of Soviet Agression», by the JSP, November 15, 1946, ABC 381 U.S.-U.K. (23 Feb. 46). <<

[101] «Spain. Political Views of Leading Generals and Colonels», January 29, 1946, OSS 41604, cit. <<

[102] «Views of Major general Antonio Castejón», Intelligence Report, March 14, 1946, OSS 48103. <<

[103] «Soviet Military Objectives and Capabilities, 1947-1950», Joint Intelligence Staff, Oct. 27, 1947, ABC 381 USSR (2 Mar. 46), sec. 1-G. <<

[104] «Memorandum by the Chiefs of Staff. U.S. Army. Report of the JSSC to the JCS on Strategic Guidance to Facilitate Planning within Joint Agencies (JCS/1630/6)», ABC 092 (18 July 1945), sec. 1-B. <<

[105] «Significance of a Western Bloc», Military Intelligence Division, War Department, Washington D.C., May 31, 1946, pp. 30-31, ABC 092. Western European Bloc (1 June 46). <<

[106] Citado en «Significance of a Western Bloc», Military Intelligence Division, War Department, Washington D.C., May 31, 1946, pp. 30-31, ABC 092 Western European Bloc (1 June 46). <<

[107] «The Military Occupation of Germany», Memorandum by the United Kingdom Delegation to the European Advisory Commission, Londres, January 15, 1944. ABC 384 N. W. Europe (20 Aug. 43), sec. 1-B. <<

[108] «Intelligence on Russia», memorándum de la SPS, 1-3-1946, 14 March 1946, ABC 336, Russia (22 Aug. 43), sec. 1-A. <<

[109] «The Foreign Situation», memorándum de Ernest Bevin al Gabinete británico, 8-11-1945, en «Bevin’s Papers», FO, 800/478/MIS/45/14. <<

[110] A. Nevind (comp.), The Diary of John Quincy Adams, 1794-1845, Nueva York, 1929, p. 306. <<

[111] «Resumé of World Situation», Department of State, Foreign Relations of the United States, 1947, I, p. 771. <<

[112] «Bevin’s talk with Schumann», Oct. 2, 1943, F.O. 800/460/EUR/48/42-3. <<

[113] «Bevin’s meeting with Marshall», Oct. 4, 1948, ibid., EUR/48/48-9. En el mismo sentido, el encuentro en la misma fecha de Marshall con Bevin y Schumann, Foreign Relations of the U.S., 1948, cit., vol. III, pp. 1053-1054. <<

[114] En L. López Rodo, Testimonio de una política de Estado, Madrid, Planeta, 1987, pp. 197-200. <<

[115] Informe Anual del ministro de Defensa, marzo de 1982. <<

NOTAS

Capítulo 3

[1] Informe del embajador Bowers a Sumner Welles, subsecretario de Estado, de 4-4-1941, y de Welles a Bowers de 2-5-1941. <<

[2] Fuente: RG 59, General Records of the Department of State. Central Decimal File 1945-1949. From: 825.00b/1-146 to: 825.008/3-3147, box 5355, National Archives of the U.S., Washington D.C. La documentación citada en las páginas siguientes tiene la misma fuente, mientras no se identifique otra. <<

[3] Cable cifrado de J. F. Lequerica al embajador Cárdenas, interceptado por los servicios de EEUU. Desclasificado en agosto de 1993 por orden de un juez de EEUU a instancias del historiador Gar Alperovitz, del Institute for Policy Studies de Washington, D.C., quien ha tenido la gentileza de hacérmelo llegar. <<

[4] Cable interceptado por los servicios de EEUU, desclasificado por la orden judicial de 1993 antes mencionada, reproducido en International Herald Tribune, 12-8-1993, p. 3. <<

[5] NSC 5613/1, CIA Intelligence Annex: Sino-Soviet Bloc Activity in Latin America, April 15, 1958, p. 1. <<

[6] «U.S. Objectives and Courses of Action with Respect to Latina America», A Report to the National Security Council (NSC) by the Executive Secretary, March 6, 1953, Washington, p. 18. Informe anexo a Directiva NSC 144, aprobada el siguiente día 18. <<

[7] Telegrama de Marshall a US = POLAD (Berlín), Washington, 24-7-1947. Tobías Barros era hijo de Tobías Barros Ortiz, militar y ministro de Asuntos Exteriores, Defensa, Obras Públicas y Educación durante la Administración Ibáñez del Campo (1952-1958). <<

[8] «U.S. Policy Regarding Anti-Communist Measures which could be planned and carried out within the Inter-American System», A Report to the National Security Council, Washington, 28-6-1948, p. 2. <<

[9] Ibid., p. 4. <<

[10] NSC 5613/1, U.S. Policy toward Latin America, Sept. 25, 1956, p. 2. <<

[11] NSC 5613, U.S. Policy toward Latin America, August 20, 1956, p. 1. <<

[12] NSC 5613/1, CIA Intelligence Annex: Sino-Soviet Bloc Activity in Latin America, cit., p. 2. <<

[13] NSC 5432, U.S. Policy toward Latin America, August 18, 1954, p. 5. <<

[14] NSC 5613, U.S. Policy toward Latin America, August 20, 1956, p. 9. <<

[15] Cable interceptado por los servicios de EEUU, desclasificado en agosto de 1993 por orden judicial, cit. En agosto de 1945, Guatemala y Panamá habían roto sus relaciones diplomáticas con España; el día 7 el Congreso de Perú había recomendado hacer lo mismo. México nunca reconoció al gobierno de Franco. <<

[16] NSC 5902/1, Statement of U.S. Policy toward Latin America, November 15, 1960, p. 2. <<

[17] «Confirmation Hearings on Charles E. Wilson as Secretary of Defense», Feb. 18, 1953, U.S. Senate. <<

[18] NSC 54532, cit., pp. 2 y 9; NSC 5613, cit., p. 9. <<

[19] National Security Study Memorandum 108, Review of U.S. Policy toward Latin America, December 10, 1970, p. 2. <<

[20] Departamento de Estado, 825.50/47, J. B. Faust to State, 6-9-1939. <<

[21] FO/371/26876 (Chile), A283/283/9, Orde to Halifax, 14 December, 1940. Foreign Office Records, Public Record Office, Londres. <<

[22] Según los cálculos de M. J. Francis, The Limits of Hegemony, Notre Dame, 1977, p. 10. <<

[23] Según los cálculos de M. Vera, La política económica del cobre en Chile, Santiago, 1961, p. 55. <<

[24] En su alocución al Ejército en septiembre de 1993. <<

[25] Fuente: RG 59. General Records of the Department of State, Central Decimal File 1945-1949. From: 825.00b4-147 to: 825.001 Rios, Juan Antonio/12-3149, box 5357. National Archives of the U.S., Washington D.C. Los documentos citados en este capítulo, salvo indicación en contrario, proceden de la misma fuente. <<

[26] Memorándum. Office of the Secretary Department of State. October 9, 1945: «Topics which President Rios may wish to discuss» [en Washington]. Ibid. <<

[27] «U.S. Objectives and Courses of Action with Respect to Latin America», A Report to the National Security Council, March 6, 1953, cit., p. 6. <<

[28] Memorándum del Legal Attaché de 10-12-1945, remitido por el embajador Bowers al secretario de Estado el siguiente día 10. <<

[29] NSC 5432, U.S. Policy toward Latin America, August 18, 1954, pp. 2 y 7: «[…] EEUU debe promover y cooperar en aplicar las sanciones del Tratado de Río, incluidas las militares, en caso de que un Estado latinoamericano esté amenazado o dominado por el comunismo […] sanciones que deben aplicarse hasta donde sea posible en colaboración con otros miembros de la OEA, y unilateralmente sólo en último recurso». <<

[30] Memorándum del Legal Attaché, de 10-12-1945, anexo a la carta de embajador Bowers al secretario de Estado, de fecha 10-12-1945. <<

[31] NSC 5613/1, CIA Intelligence Annex: Sino-Soviet Bloc Activity in Latin America, cit., p. 3. <<

[32] «U.S. Policy Regarding Anti-Communist Measures…», cit., pp. 2-3. Documento con páginas en blanco, censuradas. <<

[33] «U.S. Objectives and Courses of Action with Respect to Latin America», cit., 6 marzo, 1953, p. 6. <<

[34] NSC 5613/1, CIA Intelligence Annex: Sino-Soviet Bloc Activity in Latin America, cit., p. 5. <<

[35] «U.S. Objectives and Courses of Action with Respect to Latin America», A Report to the NSC by the Executive Secretary, March 4, 1953. <<

[36] Memorándum del Departamento de Estado al Encargado de Negocios de Chile en Washington, 24-10-1946. <<

[37] Braden to Clayton, 6-11-1946. <<

[38] Bowers to Braden, 2-1-1947. <<

[39] Embajador Bowers a secretario de Estado, telegramas del 8 y 9 de octubre de 1947. <<

[40] Legal Attaché, Memorandum for the Ambassador, Re: Communist Anti-United States “imperialistic” Propaganda Campaign; «Reactivation and Formation of Third International», Santiago, 5-9-1946. <<

[41] Ibid. <<

[42] Memorándum de J. E. Hoover, director del FBI, Washington 10-9-1946, cuatro días después de que González Videla ganara las elecciones presidenciales con apoyo del PCCh. <<

[43] NSC Progress Report by the Under Secretary of State on the implementation of «U.S. Objectives and Courses of Action with Respect to Latin America» (NSC 144/1), 20-11-1953, p. 13. <<

[44] Memorándum del Legal Attaché de 10-12-1945, remitido por el embajador Bowers al secretario de Estado el mismo día. <<

[45] Informe sobre el PCCh remitido por el director del FBI a los jefes de los servicios de información de las FF.AA. de EEUU y del Departamento de Estado, 27-6-1947, p. 18. <<

[46] «U.S. Policy Regarding Anti-Communist Measures…», cit., p. 3. <<

[47] Ibid., p. 5. <<

[48] «Communist Activities in Chile», memorándum del director del FBI, J. E. Hoover, al jefe de Inteligencia Naval (Navy Dpt., Washington D.C.), al Assistant Chief of Staff, G-2 (War Dpt., Reading Panel, Military Intelligence Service, Washington, D.C.), al jefe de la Division of Foreign Activity Correlation, State Department, Washington, D.C. <<

[49] Memorandum to NWC - Mr. Flack, from NWC - Mr. Wells. Subject: Anti-U.S. Communist Line in Chile, 4-5-1946. <<

[50] «Communist Third International and Anti-United States Propaganda Campaign, Report of Legal Attaché», despacho del embajador Bowers al secretario de Estado, 6 de septiembre de 1946, con copia a los agregados Militar y Naval de la Embajada en Santiago. El informe del Legal Attaché es, a su vez, remitido por el director del FBI a otros destinatarios el siguiente 10 de septiembre. <<

[51] «Alleged project of law to outlaw Communism», carta del embajador Bowers al Secretario de Estado, 26-3-1946. <<

[52] George S. Messersmith a Claude G. Bowers, Buenos Aires, 30-9-1946. <<

[53] Memorándum de J. E. Hoover, Washington, 1-11-1946. <<

[54] Acheson to Bowers, 20-2-1947; Woodward to State Department, 4-4-1947. <<

[55] C. G. Bowers al secretario de Estado, Santiago, 15-10-1946. González Videla presidía hasta pocas semanas antes la Asociación Chilena de Amigos de la República Española. <<

[56] J. Attali, Verbatim. I. 1981-1986, París, Fayard, 1993, pp. 45-46. <<

[57] Bowers a Dean Acheson, subsecretario de Estado, y Spruille Braden, ayudante del secretario de Estado, Santiago, 20-11-1946. <<

[58] Spruille Braden a C.G. Bowers, 29-5-1947. <<

[59] «El Departamento de Defensa [de EEUU] ha dividido entre las tres Armas los Programas de Defensa y Ayuda Mutua (MDPA) con los países latinoamericanos, una manera en parte de repartirse la carga de trabajo y en parte de satisfacer las rivalidades entre los servicios. Chile fue asignado a la Marina». Memorándum de AR a OSA, Washington, 7-12-1955. <<

[60] Bowers al secretario de Estado, Santiago, 29-5-1947. En el mismo sentido, mensaje de 20 de junio siguiente. <<

[61] Bowers al secretario de Estado, Santiago, 2-7-1947. <<

[62] Telegrama firmado por Lovett, secretario de Estado subrogante, Washington, 20-8-1947. <<

[63] Bowers al secretario de Estado, Santiago, 11-9-1947. <<

[64] Bowers a Norman Armour, assistant secretary of State, Santiago, 10-10-1947. <<

[65] Bowers al secretario de Estado, Santiago, 24-10-1947. <<

[66] Declaración del Comité Central del Partido Socialista, 22-10-1947. <<

[67] Ibid. <<

[68] Embajador Bowers al secretario de Estado, Santiago, 31-10-1947; telegrama del Departamento de Estado a Embajada en Santiago, 10-11-1947. <<

[69] Messersmith a Bowers, Buenos Aires, 30-9-1946. <<

[70] A. F. Ginger y D. Christiano (comps.), The Cold War Against Labor, Berkeley (Ca.), Miklejohn Civil Liberties Institute, 1987. <<

[71] Bowers al secretario de Estado, 5-5-1948. <<

[72] Informe del embajador Bowers, 3-5-1948. <<

[73] Bowers al secretario de Estado, 5-5-1948. <<

[74] State Department, Chile, Decimal Files 1945-1949. Treinta y cuatro años después, en la insurrección militar de 1973 desempeñarían un destacado papel un vicealmirante y un general de idénticos apellidos y de las mismas familias. <<

[75] CIA Memorandum to the Forty Committee (NSC), presented to the Select Committee on Intelligence, US House of Representatives, 1975. Publicado en CIA. The Pike Report, Nottingham (GB), 1977, pp. 204-205. <<

[76] Según Tom Braden, alto dirigente de la CIA, en «I’m glad the CIA is “immoral”», Saturday Evening Post, 20-5-1967. <<

[77] Informe de la Embajada de EEUU en Santiago, 8 de junio de 1949. <<

[78] Bowers al secretario de Estado, «Some factors in the election of General Carlos Ibáñez in the Santiago senatorial election», 15-3-1949. <<

[79] «Memorandum of Conversation with Colonel Arce dated August 26, 1954», Beaulac a Departamento de Estado, 5-1-1955. <<

[80] En 1953 EEUU había establecido misiones de su Ejército, Marina y Fuerza Aérea en las veintiuna repúblicas latinoamericanas, excepto Argentina y República Dominicana. NSC Progress Report on the implementation of «U.S. Objectives and Courses of Action with Respect to Latin America» (NSC 144/1), 23-7-1953, p. 15. <<

[81] «U.S. Objectives and Courses of Action with Respect to Latin America», en A Report to the National Security Council by the Executive Secretary, March 4, 1953, pp. 2 y 7. <<

[82] Embajada en Santiago a Departamento de Estado, 5-1-1955. <<

[83] Instrucción del Departamento de Estado a la Embajada en Santiago, Washington, 8-7-1955. <<

[84] «Military Mission Agreement with Chile», State Department, memorándum de 13-3-1956. <<

[85] Telegrama de ARMA Chile al secretario de Estado, 27-4-1956. <<

[86] Financial Year 1961 Mutual Security Program for Chile, de Amembassy Santiago al Departamento de Estado, 9-10-1959, p. 3. <<

[87] NSC 5613, U.S. Policy toward Latin America, August 20, 1956, p. 17. NSC 5902/1, de 15-11-1960, p. 38. <<

[88] NSC 5613/1, U.S. Policy toward Latin America, September 25, 1956, p. 10. NSC 5902, cit., pp. 37-38. <<

[89] NSC Progress Report, cit., November 20, 1953, p. 17. <<

[90] «U.S. Policy toward Latin America», August 20, 1956, p. 7. <<

[91] Telegrama de J. F. Dulles a la Embajada en Santiago, 2-4-1957. <<

[92] Comandante en jefe del Caribe [y Sudamérica] con base en Panamá. <<

[93] Telegrama de J. F. Dulles a la Embajada en Santiago, 2-4-1957. <<

[94] NSC Progress Report, cit., November 20, 1953, p. 15.; id., July 23, 1953, p. 12. <<

[95] NSC Progress Report by the Under Secretary of State on the implementation of «U.S. Objectives and Courses of Action with Respect to Latin America (NSC 144/1)», November 20, 1953, p. 19. <<

[96] NSC Progress Report, cit., p. 18. <<

[97] Memorándum del Operations Coordinating Board, de 16-8-1954, a James S. Lay, Jr., secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, anexo al NSC 5432 de 18-8-1954, cit. <<

[98] Amembassy to the Department of State, «Socialist Unity Congress, July 5-7», July 10, 1957. <<

[99] Embajador Lyon al secretario de Estado, 15-11-1957. Fuente: RG 59 General Records of the Department of State, Decimal File 1955-1959. From: 725.00 (w)/5-859 to: 725.081/7-655, box 3027. <<

[100] Le Monde (París), 23-10-1993, p. 1. <<

[101] NSC 5613/1, CIA Intelligence Annex, April 15, 1958, p. 7. <<

[102] Despacho de la Embajada en Santiago al Departamento de Estado, 15-5-1959. <<

[103] La llamada a la insurrección armada en el Congreso de Chillán es reivindicada retrospectivamente en C. Altamirano, Dialéctica de una derrota, México, Siglo XXI, 1977, pp. 27-29. <<

[104] Covert Action in Chile, 1963-1973, A Staff Report of The Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities (US Senate), 18 December, 1975, p. 18. <<

[105] NSC 5902/1, Statement of U.S. Policy toward Latin America, November 15, 1960, pp. 15-16. <<

[106] «Chilean Political Matters», Memorandum of Conversation, July 11, 1955, RG Dept. of State, 1955-1959, Chile, box 3024. Mr. Lyon era el oficial de la sección América Latina (ARA) en la Embajada de EEUU. Carmona sería promovido a ministro de Defensa por Eduardo Frei. En 1973 apoyó activamente la insurrección contra el gobierno constitucional, y colaboró con la dictadura militar. Willy Brandt fue diputado de Berlín Oeste desde 1949 y alcalde entre 1957 y 1966. <<

[107] Ibid., pp. 14 y 18. <<

[108] Una temprana referencia sobre Frei en los archivos del OSS es la de aproximadamente septiembre de 1941, en un informe sobre la “quinta columna” en América Latina que le sitúa entre los «simpatizantes de Franco» que fundaron, aquel año, el Instituto Hispano-Chileno de Cooperación Intelectual, junto con Pedro Lira Urquieta, Alejandro Méndez (de la Falange Nacional de Chile), Eduardo Cruz Coke, Tomás Cox Mendes y Fernando Márquez de la Plata. Donovan Papers, OSS, file 93, cit. <<

[109] Al comentar la petición planteada al presidente de Bolivia para que nombre un «Gabinete con elementos más moderados», el NSC Progress Report on the Implementation of NSC 144/1, de 20-11-1953, agrega: «Es postulado básico de nuestra política latinoamericana que, al determinar la amplitud de la ayuda de EEUU, se preste consideración a la disposición y capacidad del Estado recipiendario para coooperar con EEUU en lograr objetivos comunes», p. 4. <<

[110] Covert Action in Chile, 1963-1973, cit., p. 40. <<

[111] «Ambassador Cole Conversation with Oppossition Senator Radomiro Tomic», 31-1-1962, RG 59, Dpt. of State, 1960-1963, Chile, box 1564. <<

[112] «Memorandum of Conversation with Deputy Luis Pareto González», February 1, 1962, ibid. En 1973 Pareto, desde el PDC y como presidente de la Cámara de Diputados estimuló la insurrección militar contra el gobierno constitucional. <<

[113] Amembassy to the Department of State, «XIX Congress of the Chilean Socialist Party», February 13, 1962, ibid., box 1566. La visión en la Embajada de EEUU era que a diferencia de la de Ampuero, la candidatura de Almeyda «creía que el PC había superado el sectarismo y era más flexible. A Almeyda le gustaría una “revolución cubana” en Chile con estrechos vínculos con el bloque chino-soviético, y la fusión en Chile de los dos partidos marxistas». <<

[114] Norman M. Pearson to the Department of State, “Popular Front Tactic to Isolate Communists”, December 20, 1961, ibid., box 1564. <<

[115] Cole to Secretary of State, Feb. 27, 1962, ibid., box 1564. <<

[116] Ibid. <<

[117] Ibid. El ministro de AA EE anticipaba también al Embajador, con el ruego de que lo mantuviera “super secreto”, que la devaluación monetaria que pedía la “misión Goodwin” iba a ser aprobada. <<

[118] Cole to Secretary of State, March 15, 1962, ibid., Sergio Díez era entonces presidente en funciones del Partido Conservador. En 1973, como senador del Partido Nacional, impulsó la insurrección contra el Gobierno democrático y colaboró con la dictadura militar. <<

[119] Carta de Cole a Ch. Bowles, 18-5-1962, ibid. <<

[120] «Review of Chilean Political Situation Two Years Before Presidential Election», July 11, 1962, informe de Norman M. Pearson al Departamento de Estado, ibid., box 1564. <<

[121] Amembassy Caracas to Department of State, Aug. 20, 1962, ibid. <<

[122] Memorandum of Conversation, «Current Situation in Chile, and the Alliance for Progress», December 11, 1962, ibid., box 1565. <<

[123] «Farewell Call of Ambassador Muller on the President», Memorandum of Conversation, January 24, 1963, ibid. <<

[124] Ibid., pp. 8-9, 15-16. <<

[125] CIA Memo de 9-10-1970, en Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders, The Select Committee to Study Govermental Operations with Respect to Intelligence Activities, US Senate, 20 nov. 1975, p. 230. <<

[126] Al informe arriba citado del Senado de EEUU cabe añadir el Interim Report: Alleged Assassination Plots…, «Schneider», pp. 225-254. <<

[127] Alleged Assassination Plots…, cit., p. 229. <<

[128] National Security Study Memorandum 97, July 24, 1970. <<

[129] En el Pleno de la Junta Nacional del PDC, el 4-10-1970, la propuesta de elegir al doctor Allende en el Congreso Pleno fue aprobada por 271 votos contra 191. El sector minoritario en 1970 recuperó la dirección en junio de 1973 y nombró presidente del PDC a Patricio Aylwin, quien con el apoyo de Eduardo Frei sumó el PDC a la insurrección de julio-septiembre de 1973 y el 11 de septiembre respaldó públicamente a la Junta Militar. Patricio Aylwin le rindió pleitesía en la reunión secreta que celebró con la Junta el 10 de octubre siguiente, el acta de la cual se reproduce en El Siglo, de 8-9-1993. <<

[130] Según el director de la CIA, R. Helms, en Alleged Assassination Plots…, cit., pp. 227 ss. Nixon había sido abogado de Pepsi-Cola Co., Agustín Edwards fue vicepresidente de ésta entre 1970 y 1973. <<

[131] Los tres fueron cesados por el presidente Allende. El de Carabineros, Vicente Huerta, sería designado en 1990 senador por Augusto Pinochet. <<

[132] Fue estipendiado con 50.000 dólares, según se probó en su juicio ante la Corte Marcial presidida por el general Orlando Urbina y confirmó el cable de la Task Force de 20-10-1970 reproducido en Alleged Assassination Plots…, cit., p. 244. La colaboración del general en retiro Roberto Viaux fue pagada con 20.000 dólares americanos y un seguro de vida de 250.000 dólares (cable de la CIA a Santiago el 13-10-1970, en Alleged Assassination Plots…, p. 241). <<

[133] NSC, «National Security Decision Memorandum 93», November 9, 1970. <<

[134] Testimonio de W. Colby el 22 de abril de 1974 ante una comisión del Congreso de EEUU, The Sunday Times, 27-10-1974, p. 15. <<

[135] Así opina Roger Morris, miembro del Consejo de Seguridad Nacional dirigido por Kissinger, en Uncertain Greatness: Henry Kissinger and American Foreign Policy, Londres, 1977, p. 241. <<

[136] CIA, Directoriate of Intelligence: «Situation Following the Chilean Presidential Election», 9-9-1970, en Alleged Assassination Plots…, cit., p. 229. <<

[137] Alleged Assassination Plots…, cit., p. 240. <<

[138] Covert Action in Chile…, cit., p. 36. <<

[139] Ibid., pp. 37-38. <<

[140] F. Landis, «Robert Moss, Arnaud de Borchgrave and Right-wing Disinformation», Covert Action Information Bulletin, Washington, D.C., agosto-septiembre 1980, p. 8. <<

[141] NSC 5902/1, Nov. 15, 1960, cit., p. 39. <<

[142] Covert Action in Chile…, cit., p. 38. <<

[143] Según un informe publicado en la revista Time, 30-9-1974. <<

[144] Covert Action in Chile…, cit., pp. 30 y 39. <<

[145] S. M. Hersh, The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House, Nueva York, Summit, 1983, p. 270, citando a Roger Morris, miembro del National Security Council bajo la dirección de Henry Kissinger. En los hechos, Allende fue activamente solidario con la revolución cubana y Castro con la chilena. Asumiendo las realidades, medios e historia específicos de cada nación, compartieron objetivos comunes de liberación social e independencia latinoamericana. <<

[146] General C. Prats González, Memorias. Testimonio de un soldado, Santiago, Pehuén, 1985, en especial pp. 597-598. <<

[147] Ese sentido se dio a la derrota de George Bush en las elecciones presidenciales de noviembre de 1992. Véase J. E. Garten, A Cold Peace. America, Japan, Germany, and the Struggle for Supremacy, Nueva York, Twentieth Century Fund, 1992; L. Thurow, Head to Head. The Coming Economic Battle among Japan, Europe and America, Nueva York, Morrow, 1992. <<

[148] J. Bregeon y F. Luchaire, «Quelle défense économique?», Revue de la Défense Nationale, París, junio de 1988; Ch. Harbulot, La machine de guerre économique. Etats-Unis, Japon, Europe, París, Económica, 1992. <<

[149] En 1970 los comandantes en jefe y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional colaboraron en la definición de los términos relativos a las FF.AA. <<

[150] Aparecen incorporadas, en lo esencial, también en las Bases del proyecto de nueva Constitución que, en su debate en el Congreso, debían a su vez ser acordadas, en la medida de lo posible, con el principal partido de la oposición, el Demócrata Cristiano. <<

[151] General Carlos Prats, Memorias…, cit., pp. 173, 174, 176. El victoriano personaje también formuló la misma propuesta al general Guerraty, comandante en jefe de la Fuerza Aérea. <<

[152] El conflicto principal entre el Ejecutivo y la oposición parlamentaria democristiana estuvo centrado en torno de la delimitación de las tres áreas de propiedad –privada, pública y mixta. El Proyecto de Constitución circunscribe al área social los sectores productivos que en 1973 eran de propiedad pública. <<

[153] El mediodía del domingo 9 de septiembre de 1973, el presidente de la República anticipó al comandante en jefe del Ejército así como al inspector general del mismo, Orlando Urbina, que en las horas siguientes iba a convocar el referéndum. Aquella tarde, de regreso a su casa, el jefe del Ejército decidió su alta traición e impedir la llamada a las urnas. <<

[154] N. Davies, The Last Two Years of Salvador Allende, Londres, I. B. Tauris, 1985, p. 358. <<

[155] Brezhnev visitó oficialmente EEUU en junio de 1973, año en el que «las relaciones soviético-americanas alcanzaron un nivel de amistad desconocido desde la segunda guerra mundial», según A. Dobrynin en In Confidence. Moscow’s Ambassador to America’s six Cold War Presidents, Nueva York, Random House, 1995, pp. 265-266, quien agrega que «para nosotros, en EEUU era Nixon la fuerza principal que impulsaba las políticas de distensión [con la URSS]». <<

[156] En 1993, fuentes competentes de EEUU me confirmaron que desde la escuadra norteamericana el 11 de septiembre de 1973 se prestó apoyo a la insurrección. <<

NOTAS

Capítulo 4

[1] Citado por J. M.ª Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché (1945-1954), Madrid, Taurus, 1976, p. 253. <<

[2] Ibid., p. 302. <<

[3] Tras el pronunciamiento militar de 13 de septiembre de 1923, Prieto se alineó con quienes en el PSOE colaboraron con la dictadura del general Primo de Rivera, Julián Besteiro teorizó esta opción, Largo Caballero aceptó que el Dictador le designara miembros del Consejo de Estado. Los tres apoyaron en 1931 que el POSE pactara con los partidos republicanos, en marzo de 1939 los tres respaldaron la insurrección del coronel Casado contra el gobierno republicano presidido por el doctor Juan Negrín (PSOE), y los tres coincidieron en entregar Madrid a las tropas de Franco. <<

[4] Ibid., p. 317. <<

[5] Intelligence Note: Student Disorders in Spain, memorándum de 16 de febrero de 1956, RG 59, St. Dpt., Spain, 1955-1959, box 3397. <<

[6] «Politico-Economic Assessment for Spain: July-December 1961», Amembassy, Madrid to The State Department, 6-3-1962. RG 59, St. Dpt., Spain, 1960-1963, box 2574. <<

[7] Memorandum of Conversation, 5-3-1962. RG 59, State Department, Spain, 1960-1963, box 2574. <<

[8] Department of State. Memorandum of Conversation, 28-4-1959, con don José Antonio de Aguirre, RG 59, St. Dpt., Spain, 1955-1959, box 3399. <<

[9] Cabot to secretary of State, Madrid, 30-10-1956, RG 59, St. Dpt., Spain, 1955-1959, box 3397. <<

[10] Recomendación el 3-6-1955 de Thruston B. Morton, asistente del secretario de Estado, tras conocer la exposición de J. M. Batista i Roca al presidente de la Comisión de AA EE del Senado, RG 59, St. Dpt., Spain, 1955-1959, box 3401. <<

[11] NSC, 129/1, edición en microfilm, University Publications of America, Inc., Frederick, Maryland. <<

[12] The Spanish Opposition. Part I: General Observations, J. D. Lodge al Departamento de Estado, Madrid 26, 1959, 10 pp., RG 59, St. Dpt., Spain, 1955-1959, box 3399. <<

[13] Ibid., p. 2, «Ridruejo admite que su grupo apenas reúne a 100 personas en toda España». <<

[14] Headquarters. Department of the Army Office, Deputy Chief of Staff for Military Operations. Washington 25, D.C., 27 July 1959. OPS OD OCB. Memorandum for: Defense Member, OCB Working Group on Spain. Subject: OCB Operations Plan for Spain. RG 218, JCS, 1959, box 144. <<

[15] Amembassy Madrid to The Dpt. of State, Washington, 25-8-1959, «The Spanish Opposition: Some activities, views and difficulties of the internal, clandestine Spanish Socialist Movement», RG 59, St. Dpt., Spain, 1955-1959, box 3399. <<

[16] Ibid., p. 11. Durante el posfranquismo Felipe González sentó a Zayas en el Parlamento; a J. Reventós le hizo embajador en Francia, a F. de Carvajal, presidente del Senado; a Mariano Rubio, gobernador del Banco de España; a “Federico” (alias de Jorge Semprún) –convertido al anticomunismo–, ministro de Cultura entre 1988 y 1991. <<

[17] Ibid., p. 10. <<

[18] S. P. Huntington, Instability and the Non-Strategic Level of Contact, Study Memorandum núm. 2, Washington D.C., Institute for Defense Analysis, Special Studies Group, Oct. 6, 1961, pp. 21-36. <<

[19] F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, Planeta, 1976, p. 507. <<

[20] El financiamiento personal oculto a Mario Soares, su origen y canales, fueron desvelados en 1996 por el funcionario del Partido Socialista portugués, Rui Mauro, miembro de la Comisión Trilateral, en Contos prohibidos. Memórias de un P. S. desconhecido, Lisboa, Don Quixote, 457 pp. <<

[21] V. A. Walters, Silent Missions, Nueva York, Doubleday and Co., 1978, pp. 551-557. <<

[22] L. López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, Madrid, Plaza Janés, 1979, p. 609. <<

[23] C. E. Black, The Dynamics of Modernization, Nueva York, Harper and Row, 1966, p. 62; J. Lapalombara y M. Weiner, Political Parties and Political Development, Princeton, NJ., Princeton Univ. Press, 1966, pp. 432-433. <<

[24] M. Peydro Caro, Las escisiones del PSOE, Barcelona, Plaza Janés, 1980. <<

[25] Le Monde, 3-6-1975. <<

[26] Le Monde, 26-9-1975. <<

[27] Según don Juan Carlos de Borbón, en J. L. Vilallonga, Le Roi. Entretiens, cit., pp. 107-109 y 126. <<

[28] Según S. Carrillo, El año de la peluca, Madrid, Ed. B, Grupo Z, 1987, p. 70. <<

[29] Prieto a Gil-Robles, 15 de octubre de 1947, La monarquía…, ob. cit., p. 240. <<

[30] J. L. de Vilallonga, Le Roi. Entretiens, cit., pp. 78-83. <<

[31] Ibid., pp. 71-74. <<

[32] Ibid., p. 86. <<

[33] Ibid., p. 125. <<

[34] J. L. de Vilallonga, Le Roi. Entretiens, cit., p. 139. <<

[35] Embajador Jean-François Deniau a J. L. de Vilallonga, ibid., p. 123. <<

[36] S. P. Huntington, «Political Order and Political Decay», en Political Order in Changing Societies, New Haven, Conn., Yale Univ. Press, 1968, p. 1. <<

[37] S. McBride, The Reagan Admininistration’s Foreign Policy, Londres, International Progress Organization, 1985, p. 13. <<

[38] Trilateral Commission (comp.), The Crisis of Democracy, Nueva York, New York Univ. Press, 1975, p. 8. <<

[39] Informe de Samuel Huntington, ibid., p. 158. <<

[40] D. Hapgood (comp.), The Role of Popular Participation in Development, Cambridge, Mass., MIT Press, Center for International Studies, 1969, p. 49. <<

[41] Informe de S. Huntington, ob. cit., p. 158. <<

[42] Ibid. <<

[43] Bundeskanzler Brandt. Reden und Interwiews, Hamburgo, 1971. <<

[44] Citado en B. Greiner, Amerikanische Aussenpolitik von Truman bis heute, Colonia, 1980, p. 22. <<

[45] Z. Brzezinski, «America and Europe», Foreign Affairs, vol. 49, núm. 1, oct. de 1970, p. 22. <<

[46] Véase, por ejemplo, Brief of Short Emergency War Plan (HALFMOON), JCS 1844/13, de 21 de julio de 1948, y Brief of Joint Outline Emergency War Plan (OFFETACKLE), Joint Strategic Plans Committee 877/59, de 26 de mayo de 1949, ambos en Records of the Joint Chiefs of Staff on deposit in the Modern Military Records Branch, National Archives, Washington, D.C. <<

[47] M. T. Klare y C. Arnson, Supplying Repression: U.S. Support for Authoritarian Regimes Abroad, Washington, D.C., Institute for Policy Studies, 1981. <<

[48] N. Chomsky y E. S. Herman, The Washington Connection and Third World Fascism: The Political Economy of Human Rights, Boston, South End Press, 1979, vols. 1 y 5. <<

[49] Según el consejero de Torrijos, José Blandón, en declaraciones a El País (Madrid), 9-8-1981, p. 2. <<

[50] Un ejemplo del poder de intervención alemán lo aporta Alfonso Osorio, ministro de la Presidencia y vicepresidente en los primeros gobiernos de la monarquía (junio de 1976-julio de 1977), en su libro Trayectoria política de un ministro de la Corona (Barcelona, Planeta, 1980, p. 332). El presidente Adolfo Suárez le ofrecía en junio-julio de 1977 una cartera ministerial o, en su defecto, una embajada, o la dirección de una gran empresa estatal, de un banco, gestionarle un título de nobleza… Osorio declina las sucesivas ofertas y pide la dirección de la Fundación Humanismo y Democracia, sucursal en España de la Fundación Konrad Adenauer. Suárez se lo niega. <<

[51] El País, 15-3-1981, entre otros. <<

[52] «Operación Galaxia», El País, 21-11-1978. <<

[53] El País, 1-5-1981. <<

[54] El País, 6-3-1981. <<

[55] Diario de Noticias (Lisboa), 28-3-1981, primera página. <<

[56] La publicada por Sábado Gráfico en la primera semana de marzo de 1981, reproducida por otros periódicos como Diario 16 (5-3-1981). <<

[57] Sábado Gráfico, 12-5-1981, «Centros militares de Madrid: 7 de mayo. CASI…». <<

[58] Entrevista del Corriere della Sera (octubre, 1980) con Lucio Gelli (único italiano invitado en enero de 1981 a la toma de posesión del presidente Reagan), en cuya residencia fueron descubiertos el 17 de marzo siguiente los documentos que le mostraban como cabeza visible de la Logia P-2. La revelación de sus miembros provocó tal escándalo que el gobierno democristiano de Forlani dimitió mientras que los altos mandos militares y de los servicios de información fueron destituidos o arrestados, al igual que el propio Gelli. <<

[59] El 17-4-1994 la Audiencia Provincial de Roma condenó al fundador de la Logia, Lucio Gelli, a 17 años de cárcel, y al general Gianadelio Maletti, ex jefe de los servicios secretos, a 14 años. <<

[60] Newsweek, 23-3-1981. <<

[61] El País, 26-2-1981. <<

[62] L. Calvo Sotelo, Memoria viva de la transición, Barcelona, Plaza y Janés/Cambio 16, 1990, p. 226. <<

[63] Los sucesivos párrafos entrecomillados sin referencia de origen proceden del Informe del Ministro de Defensa al Congreso de los Diputados, de 17-3-1981. <<

[64] «Felipe propondría… ¡UN GOBIERNO PRESIDIDO POR UN MILITAR! […] ¿quién será ese general?: “el que la va a armar”, “el que la tiene armada”». <<

[65] Diario 16, 23-3-1981. <<

[66] Declaraciones a El País, 25-1-1981. <<

[67] Real-Decreto firmado por el ministro de Defensa el 3-2-1981. <<

[68] Boletín Oficial del Ejército de 17-2-1981. <<

[69] Según Justino Sinova en Diario 16, 27-2-1981. <<

[70] Ibid. <<

[71] Por ej., La caída de Suárez, Madrid, Ed. Emiliano Escobar, 3-2-1981, pp. 46-49. <<

[72] Conclusiones del Fiscal togado del Consejo Supremo de Justicia Militar, El País, 12-8-1981. <<

[73] Ibid. <<

[74] Ibid. <<

[75] Declaración de Tejero ante el juez instructor del sumario, El País, 1-5-1981. <<

[76] El País, 30-1-1981, p. 5. <<

[77] Ibid. <<

[78] C. Ferrer Salat «acarició la idea de aspirar a La Moncloa cuando el agotamiento de Suárez», según L. Calvo Sotelo, ob. cit., p. 165. <<

[79] Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19-2-1981, p. 1. <<

[80] De las conclusiones del Fiscal togado del Consejo Superior de Justicia Militar. <<

[81] Ibid. <<

[82] Del Informe del ministro de Defensa al Congreso de los Diputados, 17-3-1981. <<

[83] Conclusiones del Fiscal togado. <<

[84] Ibid. <<

[85] Ibid. <<

[86] El País, 1-5-1981. <<

[87] Declaración de Tejero en el sumario, El País, 14-8-1981. <<

[88] Ibid. <<

[89] Ibid. <<

[90] Ibid. Algún tiempo después, Solé Tura se incorporó al equipo de González Márquez. <<

[91] El País, 10-6-1979. <<

[92] Declaración a El País, 31-3-1981. <<

[93] Según L. Calvo Sotelo, ob. cit., pp. 209-210. <<

[94] Declaraciones de A. Suárez a El País, 31-4-1981. <<

[95] Diario 16, 9-3-1981. Información reiterada en casi todos los relatos del golpe de Estado, v. gr., P. Urbano, Con la venia… yo indagué el 23-F, Madrid, Argos-Vergara, 1982; J. L. Morales y J. Celada, La alternativa militar. El golpismo después de Franco, Madrid, Revolución, 1981. <<

[96] Conferencia en la Escuela de Verano del PSOE, El País, 6-9-1980. <<

[97] El País, 7-11-1980. <<

[98] Ibid. <<

[99] Despacho de Europa Press reproduciendo las palabras de F. González en la apertura del Consejo Federal de Organización del PSOE, Las Provincias (Valencia), 8-11-1980. <<

[100] El País, 12-11-1980. <<

[101] Puede leerse, por ejemplo, en Diario 16 de 9-3-1981. <<

[102] Declaración de L. Calvo Sotelo a la revista Tiempo (Madrid), 25-6-1990. <<

[103] Declaración pública de L. Calvo Sotelo el 23-2-1996, recogida en la prensa española del día siguiente. <<

[104] El Socialista, 21-1-1981. <<

[105] L. Calvo Sotelo confirma que A. Suárez «no encontró apoyos el 24 [de febrero para continuar al frente del Gobierno]. El 26 se fue a la isla de Contadora», ob. cit., p. 53. <<

[106] «Study Finds NATO War Plans Outdated. Report Concludes Soviets Incapable of Surprise Attack in Europe», artículo de Patrick E. Tyler y R. Jeffrey Smith a partir de documentos provenientes de los servicios de información norteamericanos, The Washington Post, 29-11-1989. Las declaraciones de R. Reagan fueron formuladas en la Casa Blanca a periodistas norteamericanos, Diario 16, 21-10-1981, p. 14. <<

[107] Según el cardenal de Filadelfia Krol –de origen polaco–, en T. Szulc, Karol Wojtyla, Nueva York, Simon and Schuster, 1995. Siendo Brzezinski (de origen polaco) consejero de Seguridad Nacional de EEUU, para Szulc fueron «Krol y el cardenal de Viena –König, de origen polaco– los arquitectos jefes de la campaña» para hacer Papa al polaco Wojtyla. <<

[108] La Paix indésirable? Rapport sur l’utilité des guerres. Prefacio de J. K.Galbraith, París, Calman-Levy, 1968, p. 14, traducido del Report from Iron Mountain on the Possibility and Desirability of Peace, Nueva York, Leonard C. Lewin, 1967. <<

[109] L. Calvo Sotelo, ob. cit., pp. 126-127. <<

[110] G. Gurvitch, Quel avenir attend l’homme, París, 1962, p. 153. <<

[111] Una relación parcial es la publicada por el ministro de A. Suárez, disidente del Gobierno primero y marginado después del partido UCD, Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, ob. cit. <<

[112] A los equipos no protegidos que llegaron a entrar en el Parlamento se les impidió formar grupo autónomo para privarles de capacidad de iniciativa legislativa y de expresión propia. Fue el caso de Euskadiko Esquerra, la Federación de Partidos Socialistas y el Partido Socialista Popular en la legislatura de 1977-1978; de Pueblo Canario Unido, Fuerza Nueva, Herri Batasuna, Euskadiko Esquerra y Acción Democrática en la de 1979-1982. <<

[113] Dokumente zur parteipolitischen Entwicklung in Deutschland seit 1945, Berlín, 1962, vol. I, pp. XV ss. Bearbeitet und hasg. von Ossip K. Flechtheim, Berlín, H. Wendler. <<

[114] R. Michels, Les partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties, Paris, Flammarion, 1914. <<

[115] J. Agnoli, Die Transformation der Demokratie, Berlín, Voltaire Verlag Gmbh, 1967, pp. 42-43 de la versión castellana editada por Siglo XXI, Madrid, 1977. <<

[116] Ramón Jáuregui, secretario general de F. González en el País Vasco, declaraba el 8 de noviembre de 1993: «No me parece nada mal que 14 ó 15 años después del llamado período de consenso pudiera reproducirse un consenso semejante al del Movimiento Nacional», El País, 9-11-1993, p. 16. <<

[117] L. Basso, Socialisti e cattolici al bivio, Manduria, Lacaita, 1961, pp. 109 ss.; Fascismo e Democrazia Cristiana. Due regimi del capitalismo italiano, Milán, Mazzotta, 1975. <<

[118] G. Leibholz, Zu den Problemen des faschistischen Verfassungrechtes, Berlín-Leipzig, 1928, p. 37. <<

[119] «Ésta es otra España», Cambio 16 (Madrid), 1-3-1982, p. 23. <<

[120] V. Pareto, «Economía e demagogia», Giornale Economico, 10-1-1923. <<

[121] V. Pareto, «Pochi punti di un futuro ordinamento constituzionale», ibid., 25-9-1923. <<

[122] El teniente-coronel Antonio Tejero ratificó en su comparecencia ante el Tribunal militar sus declaraciones sobre los ministros integrantes del non-nato gobierno del general Armada. Este último, cabeza visible de la variante “constitucional” del golpe de 1981, destituido el 25 de febrero de su puesto de segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, arrestado, juzgado y condenado por el Consejo Supremo de Justicia Militar en febrero-marzo de 1982, fue indultado el 23 de diciembre de 1988 –después que Enrique Múgica asumiera la cartera de Justicia en el gobierno González. <<

[123] Jorge Verstrynge, secretario general del partido de Manuel Fraga, decía en voz alta lo que muchos pensaban: «UCD fue un partido para la transición, pero su cometido terminó con el 23 de febrero de 1981», diario Ya (Madrid), 27 de enero de 1982. <<

[124] Según la secretaría de organización del Partido Comunista, 120.000 militantes abandonaron este partido entre 1979 y 1983, El País, 19-2-1988. En 1991 el PCE tenía 70.000 afiliados, en 1995 unos 46.000, El País 18-4-1995, p. 20. <<

[125] Garrigues es un destacado miembro de la Comisión Trilateral en España. En Sábado Gráfico (Madrid) de 24-3-1982, agregaba: «En la ayuda del Partido Liberal alemán hay una parte financiera, […] otra es el entrenamiento de cuadros […], donaciones para reuniones, etc. […] estamos discutiendo con ellos trasladar la idea de los Clubs –no partidos– a Iberoamérica y, en particular, a México». <<

[126] Declaraciones a El País semanal, 26-6-1994, p. 44 (las cursivas son del original). <<

[127] Según Guillermo Galeote, secretario de Finanzas de la Comisión Ejecutiva del partido de González, ésta consagraba «quince minutos al año» a considerar el origen y destino de los miles de millones de pesetas del Presupuesto anual (testimonio en noviembre de 1994 ante el Magistrado instructor del Sumario sobre financiación ilegal del citado partido, El País, 29-11-1994, p. 15). <<

NOTAS

Capítulo 5

[1] Margaret Thatcher describe en sus Memorias (1993) el desconcierto y temor que la imparable unificación alemana en 1989-1990 provocaba tanto a ella como al presidente de Francia, François Mitterrand. <<

[2] Le Monde, 26-8-1990, p. 4. <<

[3] International Herald Tribune (IHT), 13-7-1994, p. 1. <<

[4] Le Monde, 5-9-1990, p. 3. <<

[5] IHT, 6-9-1990, p. 1, y 7-9-1990, p. 2. <<

[6] Le Monde, 6-9-1990, p. 6. <<

[7] IHT, 7-6-1991, p. 1. <<

[8] Discursos en Chicago y Nueva York, IHT, 20-6-1991. <<

[9] IHT, 19-6-1991. <<

[10] IHT, 20-6-1991. <<

[11] IHT, 19-6-1991. <<

[12] IHT, 9-2-1991, p. 2. <<

[13] IHT, 9-2-1991. <<

[14] IHT, 9-5-1991, p. 3. <<

[15] Declaraciones a Dan Oberdorfer, según IHT de 20-5-1991. <<

[16] Cf. artículo de Seymour Hersh en The Atlantic Monthly, mayo de 1994. <<

[17] IHT, 18-5-1991, p. 2. <<

[18] Discurso inaugural de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, Berlín, 19-6-1991. <<

[19] IHT, 17-5-1991, p. 8. <<

[20] IHT, 25-5-1991, p. 6. <<

[21] Discurso de Major en la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, Washington 26-9-1990, IHT del 27, p. 10. Informe del Bundesbank, Cinco Días (Madrid), 25-9-1990. <<

[22] IHT, 26-9-1990, p. 7. <<

NOTAS

Capítulo 6

[1] Mensaje televisado, The Washington Post, 23-11-1989. <<

[2] Alocución de M. Gorbachov ante la ONU, Nueva York, 7-12-1988. <<

[3] The Washington Post, 16-12-1989, citando fuentes oficiales del ejército soviético. <<

[4] Ibid., 17-12-1989. <<

[5] Ibid., 16-12-1989. <<

[6] Según el diario del almirante William D. Leahy de los días 3, 4, 5 de mayo de 1946 (Papers, Manuscripts Division, Library of Congress, Washington D.C.), y el del almirante James V. Forrestal de 3 y 4 de mayo de 1946 (Papers, Princeton University Library, Princeton, Nueva Jersey). <<

[7] El País, 15-11-1989. <<

[8] Declaraciones a La Tribune de l’Expansion (París), 13-11-1989. <<

[9] El País, 14-11-1989. <<

[10] Declaración de funcionarios de EEUU reproducida en IHT, 14-11-1989. <<

[11] Declaración de la agencia Tass, ibid., 11-11-1989. <<

[12] Declaración de Gennadi I. Guerasimov, portavoz del Ministerio de AA EE de la URSS, el 10-11-1989. Ibid., 11-11-1989. <<

[13] El ministro soviético de AA EE visitaba por primera vez la sede de la OTAN en Bruselas dos semanas después de Malta, el 19 de diciembre. La víspera había firmado el primer tratado comercial entre la URSS y la CEE. <<

[14] «Nada será como antes», artículo en El País, 16-11-1989, p. 19. <<

[15] Declaración del portavoz del Ministerio de AA EE, Yuri Gremitskikh, el 29-11-1989, The Washington Post, 30-11-1989. <<

[16] Según la agencia Tass, ibid., 6-12-1989. <<

[17] Estudios del Pentágono proponían en 1989 reducir el nivel de soldados de EEUU acuartelados en Europa occidental de 305.000 a 150.000, The Washington Post, 17-12-1989. El 31 de enero de 1990 el presidente Bush anunciaba al Congreso la reducción de aquéllos hasta 195.000, a cambio de que la URSS redujera a esa misma cifra sus 575.000 soldados desplegados en Europa oriental, a lo que los soviéticos respondieron que deseaban reducirla mucho más. <<

[18] Ibid., 27-11-1989. <<

[19] Ibid., 30-11-1989. <<

[20] Ibid., 19-12-1989. <<

[21] U.S. Department of State, Bureau of Public Affairs, Office of Public Communications, After the NATO Summit: Challenges for the West in a Changing World, Washington, D.C., junio de 1989. <<

[22] The Washington Post, 22-8-1989. <<

[23] «Reshaping of U.S. Forces in Europe Underway», ibid., 17-12-1989. <<

[24] El 4 de diciembre George Bush declaraba ante los jefes de Estado y Gobierno de la OTAN que la reunificación «debe ocurrir en el contexto de continuidad del compromiso de Alemania con la OTAN y con una Comunidad Europea crecientemente integrada», The Washington Post, 5-12-1989. Un alto funcionario de la RFA ampliaba: «nuestro interés es traer Europa Oriental, Alemania del Este incluida, al mundo libre. Kohl no ha querido apostar por una posición moderada para evitar que fuerzas radicales de la derecha e izquierda alemanas se apropien del tema. Existe un peligro considerable de que los radicales puedan tratar de vincular la unificación con la neutralidad de Alemania, que aflojaría sus lazos con el Oeste», ibid., 8-12-1989. <<

[25] Ibid., 7-12-1989. <<

[26] Ibid., 5-12-1989. <<

[27] Entrevista a la TV de la RDA, ibid., 16-12-1989. <<

[28] El 15 de diciembre de 1989 la Comisión Europea de la CEE aceptaba el proyecto expuesto por Baker en Berlín de institucionalizar sus vínculos con EEUU. <<

[29] Exposición de J. A. Baker, reproducida en The Washington Post, 13-12-1989. <<

[30] Conferencia de prensa en marzo de 1959, en Charles de Gaulle, Discours et Messages: Avec le renouveau: 1958-1962, París, Plon, 1970. <<

[31] «NATO Ministers agree on new Political Role», despacho desde Bruselas en The Washington Post, 16-12-1989. <<

[32] Una semana después de participar en el encuentro de Malta, el consejero de Seguridad Nacional de EEUU, general Brent Scowcroft, viajaba a China a informar sobre aquél. <<

[33] Ver los planes del Pentágono filtrados por The Washington Post de 17-12-1989, en el artículo «Reshaping of U.S. Forces in Europe Underway». <<

[34] Gorbachov informaba el 4 de diciembre al Pacto de Varsovia que «el realismo impone que en un futuro previsible las dos [alianzas] sean mantenidas», Le Monde, 6-12-1989. <<

[35] Gorbachov en el Capitolio de Roma, 29-11-1989. <<

[36] The Washington Post, 30-11-1989. <<

[37] El Pentágono tenía listos los planes de invasión ya en la primavera de 1989, la orden operativa de aplicarlos fue dada a comienzos de noviembre según declaraciones de fuentes oficiales, ibid., 24-12-1989. <<

[38] The Washington Post, 24-12-1989. <<

[39] Declaración del secretario de Estado James Baker III al programa de TV-NBC «Meet the Press» el 24 de diciembre a las 10 a.m., y en The Washington Post de 25-12-1989. <<

[40] The Washington Post, 25-12-1989. <<

[41] J. Attali, Europe(s), París, Fayard, 1994, pp. 42-43. <<

[42] Entrevista Bush-Mitterrand en la isla de Saint Martin. <<

[43] J. Attali, ob. cit., pp. 59, 68, 75 y 79. <<

NOTAS

Capítulo 7

[1] J. S. Goldstein, Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age, New Haven, Yale Univ. Press, 1988. <<

[2] Cifras comunicadas al Soviet Supremo por el presidente Gorbachov el 30 de mayo de 1989 y por el primer ministro Ryzhkov el 7 y 10 de junio siguientes (Le Monde, 31 de mayo, The Washington Post, 8 y 10-6-1989). <<

[3] Según cálculos publicados por el Banco de Pagos Internacionales, LVII Informe Anual, 1987. <<

[4] Cf. P. Peterson, «The Morning After», The Atlantic, octubre, 1987. <<

[5] Financial Times, 2-12-1987; The Economist, 31-10-1987. <<

[6] Flow of Funds Accounts, Washington, D.C., junio de 1988. <<

[7] Economic Report of the President, 1987 y 1988. <<

[8] Previsión del Departamento de Comercio de Norteamérica, 30-10-1987. <<

[9] Estimación del presidente R. Reagan, 22-10-1987. <<

[10] En El País de 24-4-1979 se podía leer: «La Fundación Nacional Konrad Adenauer ha aportado un millón de dólares […] a la campaña electoral de UCD» en las municipales del 19 de abril. Nadie protestó después de esta revelación, por supuesto. <<

[11] The Wall Street Journal, 29-5-1987, p. 2. <<

[12] Ibid. <<

[13] La importancia del desenlace de la guerra de España en 1939 para la hegemonía alemana sobre Francia ha sido analizada por A. Adamthwaite en The Making of the Second World War, Londres, Allex and Unwin, 1977, pp. 58-59. Sobre el proyecto de imperio italiano sobre ambas orillas del Mediterráneo, complementario del de Alemania sobre el resto de Europa, véase McGregor Knox, Mussolini Unleashed; 1939-1941, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1982. <<

[14] Declaración de Dean Acheson ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Executive Sessions of the Senate Foreign Relations Committee (Historical Series), Washington, D.C., 1976, vol. III/1, p. 19. <<

[15] F. Ikle y A. Wohlstetter, Discriminate Deterrence: Report of the Commission on Integrated Long-Term Strategy, Washington, U.S. Government Printing Office, 1988. <<

[16] Robert S. McNamara desarrolla su propuesta en Out of the Cold. New Thinking for American Foreign and Defense Policy in the 21st Century, Nueva York, Simon and Shuster, 1989. <<

[17] The Washington Post, 7-5-1989. <<

[18] J. H. Backer, The Decision to Divide Germany. American Foreign Policy in Transition, Durham, N.C., Duke Univ. Press, 1978. <<

[19] D. Yergin, La paix saccagée. Les origines de la guerre froide et la division de l’Europe, París, Balland, 1977, pp. 42 ss. <<

[20] Declaración en Schwerin, El País, 23-5-1987, p. 3. <<

[21] The Wall Street Journal, 2-6-1987, p. 2. <<

[22] Según Francis Blanchard, director general de la Organización Industrial del Trabajo, International Herald Tribune, 23-12-1987, p. 4. <<

[23] «The International Policy of German Socialists», 23-10-1943, Union of German Socialist Organisation in Great Britain, declaración recogida en OSS, E115, box 33, folder 6. <<

NOTAS

Capítulo 8

[1] I. Kant, La paz perpetua, Königsberg, 1795 y 1796. <<

[2] J. N. Roseneau, «Intervention as a Scientific Concept», Journal of Conflict Resolution, vol. XIII, núm. 2, junio 1969, p. 163. <<

[3] Ch. Tilly, «Reflections on the History of European State-Making», en Ch. Tilly, (comp.), The Formation of National States in Western Europe, Princeton, N J, Princeton Univ. Press, 1975; F. Braudel, The Perspective of the World, New York, Harper and Row, 1984. <<

[4] F. Braudel, «History and the Social Sciences», en P. Burke (comp.), Economy and Society in Early Modern Europe: Essays from Annales, New York, Harper and Row, 1972 pp. 11-42; en cooperación con F. C. Spooner, «Prices in Europe from 1450 to 1750» en E. E. Rich y E. H. Wilson (comps.), The Cambridge Economic History of Europe, núm. 4, pp. 374-486, Londres, Cambridge Univ. Press, 1967. <<

[5] I. Wallerstein (comp.), The Politics of the World Economy, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1984; The Modern World System, vol. 1: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sexteenth Century, Nueva York, Academic Press, 1974. <<

[6] Cf. entre otros: C. Sánchez Albornoz, España un enigma histórico, Buenos Aires, 1956; J. Fontana, La quiebra de la monarquía española, Barcelona, Ariel, 1971; M. Kossok, «Comuneros und Germanias. Spanien an der Schwell der frühbürgerlichen Revolution?», Zeitschrift für Geschichte, núm. 27 (1), 1979, pp. 46-65; P. Vilar, La Catalogne dans l’Espagne moderne, París, 1962; H. Kamen, «The Decline of Spain: A Historical Myth?», Past and Present, núm. 81, nov. de 1978; H. E. S. Fisher, The Portugal trade. A Study of Anglo-Portuguese Commerce 1700-1770, Londres, 1971; S. Sideri, Trade and Power, Informal Colonialism in Anglo-Portuguese Relations, Rotterdam, Rotterdam Univ. Press, 1970; G. Anes Álvarez, «España durante el siglo XVIII: Auge económico y permanencia de estructuras tradicionales», Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas, Rosario Universidad Nacional del Litoral, núm. 7, 1964, pp. 114-125, El Antiguo Régimen: los Borbones, Madrid, 1975. <<

[7] Ronquillo al Rey, 10-6-1686, pp. 6-10, consulta de la Junta de Guerra, 9-8-1686, Consejo de Indias, Mexico, 61-6-20, Archivo General de Simancas. <<

[8] Ibid., Mexico, 61-6-35. <<

[9] Stevens Transcript Relating to the Peace Negotiation of 1782-1783, Manuscripts Division of the Library of Congress, Washington, D.C. <<

[10] Carta a J. Brown, 26-5-1788, The Writtings of Thomas Jefferson, Washington, D.C., 1903, vol. V, p. 17. <<

[11] «Jefferson to A. Stuart», París, 25-1-1786, 1786, The Writtings of Thomas Jefferson, ob. cit., vol. V, pp. 259-260. <<

[12] «To Messrs. Carmichael and Short», Filadelfia, 1793, The Writtings of Th. Jefferson, ob. cit., vol. IX, pp. 55-56. El 23 de junio del mismo año Jefferson escribía a J. Madison sobre la posible inminencia de una declaración de guerra de EEUU a España (ibid., pp. 138-139). <<

[13] Citado en J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington, 1906, vol. VI, pp. 11-12. <<

[14] W. A. Williams, Contours of American History, Cleveland, World Publishing, 1961, pp. 174-175. <<

[15] «[…] El Emperador exigía la cesión de las provincias de más acá del Ebro por indemnización de lo que la Francia ha gastado y gastará en gente y dinero para la conquista de España […]». Carta de 22-9-1810 a José I Bonaparte de don Miguel Josef de Azanza, duque de Santa Fe, embajador de España en París. <<

[16] «Jefferson to Madison», 19-4-1809, The writtings…, cit., vol. XII, p. 274. Ese año el general Wilkinson había sido enviado a Cuba a sondear la situación y ofrecer la amistad de EEUU. <<

[17] S. F. Bemis, Pinckney’s Treaty: A Study of America’s Advantage from Europe’s Distress, 1783, 1800, Baltimore, The John Hopkins Press, 1923; H. E. Bolton, New Spain and the Anglo-American West, Los Ángeles, 1932. <<

[18] Spanish Minister of Foreign Affairs to Wellesley, June 22, 1817, July 12, August 13, Sept. 4, FO (72), p. 203. <<

[19] Tratado Adams-Luis de Onís. «Castlereagh to Bagot» (embajador en Washington), Most Private and Secret, Nov. 10, 1817, FO (5), 120; (72), 222, 224, 225, 226. <<

[20] J. Adams, Memoirs, VI, pp. 70-74; 111-112. <<

[21] Carta de 9-5-1823, E. J. Stapleton, Official Correspondence of George Canning, Londres, 1887, I, p. 116. <<

[22] C. K. Webster, The Foreign Office of Castlereagh, 1815-1822, Londres, 1947, p. 51. <<

[23] Ibid., p. 53. <<

[24] C. A. Villanueva, Bolívar y el general San Martín, pp. 127-137. <<

[25] «Hyde de Neuville à Richelieu», dépêches de janvier à juin 1818, Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Correspondances politiques, París. <<

[26] «Halsey to Monroe», March 3, 1817; «Carrera to H. Didier», Dec. 12, 1817, Monroe Papers, Library of Congress, Washington, D.C. <<

[27] «Adams to Monroe», August 25, 1820, Monroe Papers. <<

[28] «Robinson to Adams», Jan. 19, 1819, Dept. of State, Special Agents, vol. V; Manning, Diplomatic Correspondence, I-349. <<

[29] Cf. A. Gil Novales, Del Antiguo al Nuevo Régimen en España, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de Historia, 1986, p. 145. <<

[30] Citado por H. V. Temperley, The Foreign Policy of Canning, 1822-1827. Holly Alliance and the New World, Londres, G. Bell and Sons, 1925, p. 13. <<

[31] Weisungen nach Russland, Bd. 12, Metternich a Lebzeltern, Mar. 4/20, Wiener Staats Archiv, Viena. <<

[32] H. V. Temperley y L. M. Penson (comps.), Foundations of British Foreign Policy, Cambridge, 1938, p. 48. <<

[33] A. W. Ward y G. P. Gooch (comps.), The Cambridge History of British Foreign Policy (CHBFP), Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1923, pp. 623-633. <<

[34] C. K. Webster, The Foreign Office of Castlereagh, 1815-1822, ob. cit., p. 233. <<

[35] Ibid., pp. 322-323. <<

[36] Nota de Castlereagh al embajador de Francia de 22-9-1820, citada en B. de Sauvigny, Metternich et la France après le Congrès de Vienne, vol. II, p. 353. <<

[37] C. K. Webster, ob. cit., p. 360. <<

[38] Discurso en marzo de 1936, en W. Churchill, The Second World War, vol. 1, The Gathering Storm, 1948, Londres, Reprint Society, 1950, pp. 178-179. <<

[39] El «Plan Global de Operaçöes» del gabinete británico (y de EEUU) en el Portugal de 1975, y la petición de Mario Soares de una intervención angloamericana, son descritos por Ruis Mateus en Contos proibidos. Memórias de un PS desconhecido, cit., pp. 80-98. <<

[40] I. Nichols, The European Pentarchy and the Congress of Vienna, 1882, p. 26. <<

[41] H. V. Temperley, The Foreign Policy of Canning, 1822-1827, ob. cit., p. 65. <<

[42] Cf. R. H. Barteley, Imperial Russia and the Struggle for Latin American Independence, 1808-1828, Austin, Texas, 1978. <<

[43] J. Q. Adams, Memoirs, Filadelfia, J. B. Lippincot and Co., reedición de 1875, VI, pp. 207-208. <<

[44] M. Lafuente, Historia general de España, Barcelona, 1898, t. V, pp. 420-421. <<

[45] «Cabinet Memo on Recognition, December 1824», en H. V. Temperley, ob. cit., p. 551. <<

[46] Ibid., pp. 551-553. <<

[47] Despacho de Canning al gobierno francés del 31-3-1823, reproducido en H. V. Temperley, ob. cit., 1966, 2.ª ed., p. 75. <<

[48] K. Hammer, Die Französische Diplomatie des Restauration und Deutschland, 1814-1830, p. 115. <<

[49] J. Q. Adams, Memoirs, VI, pp. 194-200. <<

[50] H. V. Temperley, ob. cit., pp. 114-118. <<

[51] Mensaje de Adams al Congreso, 15-3-1826. <<

[52] El presidente de México se lamentaba el 23-5-1826, ante su Asamblea Nacional, de que «la memorable promesa del presidente Monroe es desconocida por el actual Gobierno de Estados Unidos», BFSP, XIII, 23/26-5-1826, p. 1082. <<

[53] H. V. Temperley, ibid., 1.ª ed., p. 208. <<

[54] E. J. Stapleton, Political Life of Canning, 1831, II, p. 244. <<

[55] Canning a Neumann (ministro de Austria en Londres), en Neumann to Metternich, VSA, Berichte aus England, Bd. 223, No. 25, Litt.B., Londres, 4 juillet 1824. <<

[56] FO France, 146/55, Canning to Stuart, núm. 5, Jan. 24/23; Wellington, Despatches, Correspondence and Memoranda, publicados en 1867-1871, vol. I, pp. 303-305. <<

[57] FO Spain, 185/91, Canning to ’A Court, Feb. 4/23. <<

[58] «Canning to Sarmento», Mar. 7/23, FO France, 146/55; Canning to Stuart, núm. 25, Mar. 11/23. <<

[59] FO Portugal, 63/270; 273/21, «Thornton to Canning», Oct. 31/23, núm. 31, Secret and Confidential. <<

[60] Therry, Speeches of Canning, Londres, 1836, VI, pp. 89-92; Star (Londres), 13-12-1826. <<

[61] «Malign to Lord Melville», March 18-20, 1825, FO Peru, 61/6. Las cursivas son del original. <<

[62] H. V. Temperley, ob. cit., p. 117. <<

[63] Manning, Diplomatic Correspondence, I, pp. 186 ss. <<

[64] Yonge, Liverpool, III, p. 305. <<

[65] «Allen to Adams», Manning, II, p. 1112. <<

[66] «Canning to Chamberlain», Dec. 8, 1823, Jan. 9, 1824, FO, (63), 257, 275. <<

[67] Manifestaciones de Bolívar recogidas en «Ricketts to Canning», Secret and Confidential, 14-7-1826, FO (61), 8. <<

[68] Ibid. <<

[69] FO (61), 15. <<

[70] «Campbell to Aberdeen», Confidential, May 14, 1829, FO (18), 64; id., Separate and Enclosed y Memoire anexa, June 4, 1829, FO (18), 64; id., May 31, 1829. <<

[71] Carta de Bolívar a Campbell, Guayaquil, 5-8-1829, anexa a «Campbell to Aberdeen», Confidential, Sept., 13, 1829, FO (18), 66. <<

[72] «Fleming to Aberdeen», Nov. 29, 1829; Feb. 27, 1830, FO (18), 73, 79. <<

[73] Instructions núm. 7, Aug. 8, 1820, FO (18), 53. <<

[74] «Adams to Monroe», August 15, 1820, Monroe Papers, Library of Congress, cit. <<

[75] «Harrison to Clay», March 27, 1829. Harrison fue expulsado de Colombia en noviembre siguiente, acusado de complotar asesinatos de líderes y el derrocamiento del Gobierno, «Campbell to Aberdeen», Secret, nov. de 1829, FO, (18), 66. La versión colombiana en «Vergara to Moore», Oct. 17, 1829, Jan. 17, 1830, Desp. Colombia, VI. <<

[76] «Larned to [President] Van Buren», Dec. 19, 1829. <<

[77] Ibid., 8-3-1830. <<

[78] C. K. Webster, The Foreign Policy of Palmerston, 1830-1841, Londres, 1937, I, p. 238. <<

[79] J. Vicens Vives, «La industrialización y el desarrollo económico de España de 1800 a 1936», en Coyuntura económica y reformismo burgués y otros estudios de historia de España, Barcelona, 1974, 4.ª ed., pp. 145 ss. <<

[80] D. G. Southgate, The Most English Minister, Londres, MacMillan, 1966, p. 108. <<

[81] H. V. Temperley y L. M. Penson (comps.), Foundations of British Foreign Policy from Pitt (1782) to Salisbury (1902). Documents Old and New, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1938, p. 103; C. K. Webster, Palmerston…, ob. cit., I, p. 393. <<

[82] C. K. Webster, ibid., p. 397. <<

[83] D. G. Southgate, ob. cit., p. 103. <<

[84] Declaraciones de Woodrow Wilson de 11-3-1911 y 27-10-1913. <<

[85] C. K. Webster, ob. cit., I, p. 246. <<

[86] R. W. Seton-Watson, Britain in Europe, 1789-1914, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1937, p. 254. El embajador de Francia no fue ajeno al gesto de Narváez hacia el de Londres. <<

[87] Despacho de Villiers a Palmerston de 15 de septiembre, Clarendon Papers (Bodlean Library de Oxford), ms. c.452, y Public Record Office, FO 444, núm. 147, de la misma fecha. <<

[88] FO, cit., 444, núm. 147, de Villiers a Palmerston, 15-9-1835. <<

[89] P. Hanke, Mendizábal y la instauración de la monarquía constitucional en España (1790-1853), Madrid, Siglo XXI, 1974, p. 216. <<

[90] FO, cit., 462, núm. 286, 5-11-1836. <<

[91] R. Bullen, «France and the Problem of Intervention in Spain. 1834-1836», Historical Journal, XX, II, 1977, pp. 363-393; «Party Politics and Foreign Policy: Whigs and Tories and Iberian Affairs 1830-1836», en Bulletin of the Institute of Historical Research, vol. LI, núm. 123, mayo, 1978, pp. 37-59; Palmerston, Guizot and the Collapse of the Entente Cordiale, Londres, 1974. <<

[92] R. Bullen, «The Great Powers and the Iberian Peninsula, 1815-1848», en A. Sked, Europe’s Balance of Power, 1815-1848, Londres, MacMillan, 1979, p. 71. <<

[93] El País, 7-1-1988. <<

[94] El gobierno francés no presentó protesta diplomática ninguna por los asesinatos cometidos en el País Vasco francés, según Fernando Morán –entonces ministro de AA EE– El País, 22-1-1995, p. 15. El presidente del Gobierno, F. González, declaró ante la Audiencia Nacional en el primer juicio a los GAL en 1991 que en sus «entrevistas con las autoridades francesas desde 1983 no se mencionó a los GAL» (ibid., 20-2-1995, p. 20). <<

[95] Auto de procesamiento del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, publicado por los principales diarios el 19-4-1995. Procesamientos confirmados por el Tribunal Supremo, quien en enero de 1996 procesó también al ministro del Interior de F. González entre 1982 y 1989, José Barrionuevo, por detención ilegal, malversación de caudales públicos y relación con banda armada. (V. auto de procesamiento en El País, 25-1-1996, pp. 20-22). <<

[96] FO, cit., 445, núm. 189, 28-11-1835. <<

[97] Ibid., 443, núm. 141, de 31 de agosto de 1835. <<

[98] Ibid., 445, núm. 189, en el que Villiers informa a Palmerston de su esfuerzo para evitar «por todos los medios que nosotros sufriéramos algún perjuicio». <<

[99] «Palmerston a Villiers», FO, cit., 429, núms. 49 y 50, de 21 de diciembre de 1835. <<

[100] «Villiers a Palmerston», FO, 445, núm. 201, de 7-12-1835. <<

[101] FO 72:845, «Otway to Clarendon», núm. 62, Madrid, July 23, 1854. <<

[102] «Soulé to Mercy», núm. 27, Madrid, July 15, 1854. U.S. State Department. Despatches, vol. 39, Spain. <<

[103] Ibid., July 22, 1854. <<

[104] «Lord Howden to Clarendon», FO 72:846, núm. 218, Madrid, September 15, 1854. <<

[105] Ibid., pp. 91-92. <<

[106] Colección de los documentos diplomáticos presentados a las Cámaras francesas, al Parlamento inglés y las Cortes españolas sobre el casamiento de S.M. doña Isabel II y de S.A.S. la Infanta Dña. Luisa Fernanda, Madrid, 1847, pp. 27-29. <<

[107] Ibid., pp. 100-102. <<

[108] F. Díaz-Plaja, Historia de España en sus documentos. Siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1983, p. 241. <<

[109] FO, núm. 64, 18-12-1825, Separate and Private, XV. <<

[110] «Vaughan to Canning», Private, 31-3-1827, FO (50), 31. <<

[111] A. Alcalá Galiano, Historia de España, Madrid, 1844, t. VII, p. 271. <<

[112] FO, «Layard a Grenville», 3-1-1873. <<

[113] M. Ruiz Zorrilla, A mis amigos y a mis adversarios, 1874. <<

[114] Cf. D. Steefel, Bismarck, the Hohenzollern Candidacy and the Origins of the Franco-prussian War, Cambridge (Mas.), Harvard University Press, 1962. <<

[115] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, Madrid, 1874, t. IV, pp. 2119-2127. <<

[116] De la situación y de los intereses de España en el movimiento reformador de Europa, Madrid, 1848, p. 147. <<

[117] P. Pruneda, Historia de la guerra de México desde 1861 hasta 1867, Madrid, 1867, p. IX. <<

[118] Ph. S. Foner, The Spanish-Cuban-American War and the Birth of American Imperialism, 1895-1902, Nueva York, Monthly Rev. Press, 1972. <<

[119] Die Grosse Politik der Europäischen Kabinette, 1870-1914, XV. <<

[120] Ibid., XV, pp. 28-29. <<

[121] Ibid., XV, pp. 53-58. <<

[122] Ibid. <<

[123] Ibid., XV, pp. 72-103. <<

[124] Citada en P. Bourne, Fidel: A Biography of Fidel Castro, Nueva York, Dodd-Mead, 1986, pp. 8-9. <<

NOTAS

Capítulo 9

[1] Discurso de 1-3-1848. Véase J. Joll (comp.), Britain and Europe: Pitt to Churchill 1793-1940, Oxford, Clarendon Press, 1967. <<

[2] «Memorandum by Mr. Eyre Crowe on the Present State of British Relation with France and Germany», FO, 1907, publicado en G. P. Gooch y H. Temperley, British Documents on the Origins of the War, 1898-1904, vol. 2: The Testing of the Entente 1904-1906, Londres, His Majesty’s Stationary Office, 1928, p. 403. <<

[3] Geographical Journal, núm. 23, Londres, 1904, pp. 421-437. <<

[4] Democratic Ideals and Reality. A Study in the Politics of Reconstruction, Londres, 1919. Reeditado en 1942 en Nueva York, Henry Holt and Co. <<

[5] H. J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality. A Study in the Politics of Reconstruction, reedición de 1942, Nueva York, H. Holt and Co., pp. 125-126. <<

[6] Ibid., p. 120. <<

[7] N. J. Spykman, The Geography of the Peace, Nueva York, Harcourt, Brace and Co., 1944. <<

[8] G. Chaliand y J. P. Rageau, Atlas stratégique, París, Fayard, 1983, p. 25. <<

[9] H. J. Mackinder, The Geographical Pivot of History, reedición de 1951 por The Royal Geographical Society, Londres, p. 43. <<

[10] H. J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, ob. cit., p. 126. <<

[11] Memorándum de George F. Kennan, «U.S. Delegation, European Advisory Commission», April 4, 1944. ABC 384 N. W. Europe. 20 August 43, sec. 1-B. National Archives of the U.S., Washington D.C. <<

[12] Combined Chiefs of Staff 320/2, «Brief for COSSAC on proposed revision of outline plan for “Rankin”- Case “C”», ABC 384 N. W. Europe (20-8-1943), sec. 1-A. <<

[13] H. J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, ob. cit., p. 139. <<

[14] Foreign Affairs, July, 1943. <<

[15] Bevin al embajador norteamericano Lew Dowglas, FO 800/460/EUR/48/21. Charles Bohlen y Georges Kennan, dos de los más influyentes diplomáticos del Departamento de Estado, se opusieron al rearme-división de Alemania y a la creación de la OTAN. Entendían que enfrentaba a EEUU con una URSS cuyo peligro militar estimaban exagerado. Para Kennan «la causa básica de la inseguridad en la mente de los [dirigentes] europeos occidentales es […] su real falta de confianza en ellos mismos […]. Son hoy gente abatida, cansada y no quieren en realidad hacer frente a la realidad» (conferencia en el Colegio de Guerra Naval, 11 de octubre de 1948). Véase memorandos del Director del Policy Planning Staff (Kennan), «Considerations Affecting the Conclusion of a North Atlantic Security Pact», U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1948, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1974, vol. 3, pp. 284-85, «Policy with Respect to American Aid to Western Europe, Views of the Policy Planning Staff»; ibid., pp. 224-225, «North Atlantic Security Pact», vol. 3, p. 285. <<

[16] E. Heath, «Realism in British Foreign Policy», Foreign Affairs, vol. 48, núm. 1, octubre, 1969. <<

[17] J. Kühn, Zeitschrift für Geopolitik, Múnich, febrero, 1940. <<

[18] E. Banse, Raum und Volk im Weltkrieg, 1932. <<

[19] J. Kühn, Zeitschrift für Geopolitik, cit., febrero, 1940. <<

[20] Th. Jones, A Diary with Letters 1931-1950, 1954, p. 209. <<

[21] L. Aubert, «Politique extérieure de la France», 13-11-1938, rapport au président du Conseil Daladier, Documents diplomatiques Français, 1932-1939, París, Imprimérie Nationale, t. XII, 1978. <<

[22] Ibid. <<

[23] Ibid. <<

[24] Ibid. <<

[25] Ibid. <<

[26] W. L. Shirer, The Collapse of the Third Republic: An Inquire into the Fall of France, 1940, Nueva York, Simon and Schuster, 1969, p. 376; R. J. Young, In Command of France: French Foreign Policy and Military Planning, 1933-1940, Cambridge, (Mas.), Harvard Univ. Press, 1978, pp. 208-209; A. Adamthwaite, France and the Coming of the Second World War, 1936-1939, Londres, Cass, 1977, p. 222. <<

[27] Los mandos militares británicos eran contrarios a combatir a Alemania en 1938, según ha estudiado M. Howard, The Continental Commitment, Londres, Temple Smith, 1972, pp. 119 y 122. <<

[28] En su Diary Notes escribía el 1-9-1939 «it is impossible to deny […] the comparative reasonableness of Hitler’s suggested terms for a settlement with Poland». Sobre la tesis de que Hitler deseaba evitar la guerra con el Reino Unido y Francia cuando invadió Polonia, véase A. J. P. Taylor, The Origins of the Second World War, Greenwich, Conn., Fawcet, 1961, 2.ª ed.; G. Martel (comp.), The Origins of the Second World War Reconsidered: The A. J. P. Taylor Debate after Twenty-five Years, Winchester, Allen and Unwin, 1986. <<

[29] Por ejemplo R. Leeb, Defense, traducción publicada en Harrisbourg (Pa.), Military Service, 1943; J. J. Mearsheimer, Conventional Deterrence, Ithaca (NY), Cornell Univ. Press, 1983, cap. 4. <<

[30] Carta de Liddell Hart a Wingfield-Stratford, 22-4-1944. <<

[31] A. J. P. Taylor, The Origins of the Second World War, cit., pp. 219 y 229. <<

[32] Sunday Pictorial, 12-1-1919. M. Gilbert, Churchill, Stricken World, Boston, 1966, pp. 244-246. <<

[33] W. H. Parker, Mackinder: Geography as an Aid to Statescraft, Oxford, Clarendon Press, 1982, pp. 167-172. El principal impulsor de la intervención armada contra la revolución bolchevique era el ministro británico del Ejército y Aire, Winston Churchill, en sus propios términos para «estrangularla en el huevo», W. Churchill, The Second World War, vol. IV, The Hinge of Fate, Londres, 1951, p. 428. <<

[34] Según la documentación oficial de 1939 de los ministerios de Asuntos Exteriores británico y soviético publicada en Documents on British Foreign Office, Londres, 2.ª serie, 1972, vol. 12; Cf. «Soviet Peace Efforts on the Eve of World War Two: A Review of the Soviet Documents», en Journal of Contemporary History (Londres), vol. 15, 1980, pp. 577-602; I. K. Kobliakov, USRR: For Peace against Agression 1933-1941, Moscú, 1976, p. 11. <<

[35] G. Niedhart, Grossbritannien und die Sowjetunion 1934-1939, Múnich, 1972; D. N. Lammers, Explaining Munich; The Search for Motive in British Policy, Stanford, California, 1966. <<

[36] Citado en J. Krasuski, «Stosunki polsko-niemieckie 1918-1939», en J. Zarnowski (comp.), Przyjaznie i antagonizmy, Wroclaw, 1977, p. 209. <<

[37] A. J. P. Taylor, The Origins…, pp. 222 y 269-270. <<

[38] R. J. Sontag y J. S. Beddie (comps.), Nazi-Soviet Relations, Washington, 1948, p. 34. <<

[39] «The British guarantee to Poland of 31 March 1939: a retrospective view after 40 years», paper presented at the session on East Europe in the Diplomacy of 1939 of the American Historical Association, Nueva York, 29-12-1979; A. J. P. Taylor, The Origins…, p. 211. <<

[40] Ch. Thorne, The Approach of War 1938-1939, Londres, 1967, p. 163. <<

[41] H. Batowsky, «Le dernier traité d’alliance franco-polonais», Les Relations franco-allemandes 1933-1939: Colloques internationaux núm. 563, París, 1976. <<

[42] A. J. P. Taylor, The Origins…, pp. 224-266, 232-233, 249, 252; J. Haslam, The Soviet Union and the Struggle for Collective Security in Europe, 1933-39, Nueva York, 1984, pp. 195-231; R. Manne, «The British Decision for Alliance with Russia, May 1939», Journal of Contemporary History, vol. 9, 1974, p. 12; «Some British light on the Nazi-Soviet pact», European Studies Review, núm. 3, vol. 11, 1981, pp. 83-102. <<

[43] Minutas del encuentro de 14-8-1939, The British Documents on Foreign Policy, cit., 3.ª serie, VII, Appendix II; R. Manne, «The British Decision…», cit. <<

[44] Cianos’s Diary 1939-1943, ed. de 1947, p. 123. <<

[45] B. Bond, British Military Policy between the Two World Wars, Oxford, 1980. <<

[46] Informe de los Chiefs of Staff, diciembre 1937, citado por M. Howard, The Continental Commitment, Londres, 1972, pp. 120-121; A. Preston, General Staff and Diplomacy before the Second World War, Londres, 1978; R. J. Young, In Command of France: French Foreign Policy and Military Planning, 1933-1940, Cambridge (Mas.), 1978. <<

[47] M. Cowling, The Impact of Hitler, Cambridge, 1975, pp. 271 ss. <<

[48] A. J. P. Taylor, The Origins…, pp. 105-106; L. C. Gardner, «The New Deal, New Frontiers, and the Cold War», en D. Horowitz (comp.), Corporations and the Cold War, Nueva York, 1969. <<

[49] K. Karausch, The Four Power Pact, 1933, Madison, 1965; G. Giordano, Il Patto a Quattro nella politica estera di Mussolini, Bolonia, 1976. <<

[50] A. Mayer, Politics and Diplomacy of Peacemaking: Containment and Counterrevolution at Versailles, Nueva York, 1967; J. M. Thompson, Russia, Bolshevism and the Versailles Peace, Princeton, 1966. <<

[51] B. J. Wendt, Economic Appeasement: Handel und Finanz in der britischen Deutschland-Politik, 1933-1939, Düsseldorf, 1971, pp. 526 y 529. <<

[52] Cartas de Chamberlain a sus hermanas Hilda, de 19 de febrero, e Ida, de 12 de marzo de 1939, en Archivo Neville Chamberlain, Birmingham, Univ. Library. <<

[53] Archivo N. Chamberlain, cit., 7-11-1932, pp. 160 y 167. <<

[54] H. L. Kes, The Secret Diary of Harold L. Ickes, Londres, 1978, II, p. 568; G. L. Barron, Leadership in Crisis: F. D. Roosevelt and the Path to Intervention, Nueva York, Port Washington, 1973, pp. 33 ss. <<

[55] H. Willert, Washington and other Memories, Boston, 1972, p. 2. <<

[56] H. D. Loock, «Weserubung-A Step towards a Greater Germanic Reich», Scandinavian Journal of History, núm. 2, 1977, p. 68; S. Newman, March, 1939: The British Guarantee to Poland. A Study in the Continuity of British Foreign Policy, Oxford, 1976. <<

[57] The Documents on British Foreign Policy, cit., 3.ª serie, VI, núm. 370, conversaciones entre el secretario de Comercio con Ultramar, Hudson, y Wohltat, agente económico de Goering. <<

[58] R. P. Traina, American Diplomacy and the Spanish Civil War, Bloomington, Indiana Univ. Press, 1968, p. 221. El 3 de marzo de 1939, el embajador del gobierno republicano, el socialista Fernando de los Ríos, se despidió del secretario de Estado Cordel Hull y cerró la sede de la Embajada en Washington. El subsiguiente día 4, EEUU reconocía a Franco como jefe del Estado Español. <<

[59] La participación de los servicios britanicofranceses en el golpe de Casado está recogida en declaración del ministro de AA EE de la República, el socialista Álvarez del Vayo, el 14-7-1943, en OSS 38907. <<

[60] R. J. Sontag y J. S. Beddie (comps.), Nazie-Soviet Relations, 1939-1941, Documents from the Archives of the German Foreign Office, Washington, D. C., Government Printing Office, 1948, p. 76. <<

[61] Despacho al State Department, 11 de marzo de 1939, Foreign Relations of the U.S.: Soviet Union, editado por el Departamento de Estado, pp. 739-740. <<

[62] E. Bennett, Franklin D. Roosevelt and the Search for Security. American-Soviet Relations, 1933-1939, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources, 1985, p. 191. <<

[63] D. Reynolds, The Creation of the Anglo-American Alliance, 1937-1941. A Study in Competitive Cooperation, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1982, p. 31. <<

[64] B. Ponomaryov; A. Gromyko y V. Khvostov (comps.), History of Soviet Foreign Policy, 1917-1945, Moscú, 1969; I. K. Kobliakov USSR: For Peace, Against Aggression, 1933-1941, Moscú, 1976. <<

[65] A. J. P. Taylor, The Origins…, p. 37. <<

[66] Que Danzig no era casus belli para Londres puede leerse explicitado en el mensaje de Kennard a Halifax de 4-5-1939, The Documents on British Foreign Policy, cit., 3.ª serie, V, núm. 355. <<

[67] Expectativa británica, contemplada en encuentros con el gobierno de Francia el 24-11-1938, y el 21-5-1939, R. Butler y E. L. Woodward, (comps.), Documents on British Foreign Policy, 1919-1939, 3.ª serie, III, núm. 325, 1 de febrero de 1939, y V, núm. 576, respectivamente. <<

[68] Que a lo largo de 1939 la política británico-francesa buscaba un acuerdo pacífico con Alemania y excluía cualquier forma de ayuda militar efectiva a sus aliados del Este, es reiterado en S. Aster, 1939: The Making of the II World War, Londres, 1973, pp. 94-95, 143-151, y N. H. Gibbs, Grand Strategy, cit., Londres, 1976, I, pp. 703-707, 713-714. <<

[69] «Le bloc continental Europe Centrale-Eurasie-Japon», escrito en 1940, en K. Haushofer, De la géopolitique, París, Fayard, 1986, pp. 114 y 116. <<

[70] Sir Llewellyn Woodward, British Foreign Policy in the Second World War, II, Londres, 1970-1976, pp. 220-236. <<

[71] Fraser J. Harbutt, Churchill, America and the Origins of the Cold War, Oxford, Oxford Univ. Press, 1986, p. 54. <<

[72] Declaración ante la Cámara de los Comunes, Parliamentary Debates, 5.ª serie, vol. 535 (1954-1955): pp. 170-171. <<

[73] Lord Halifax: «Diary» (manuscrito), 15-9-1952. Véase también A. L. Jr. Smith, Churchill’s German Army: Wartime Strategy and Cold War Policies, 1943-1947, Beverly Hills and Londres, 1947, pp. 11-24 ss. <<

[74] G. Alperovitz, «Dickering with the Nazis», en Cold War Essays, Nueva York, Anchor Books, 1970. <<

[75] 26-6-1945. Combined Intelligence Committee. Memorandum for Information N. 71 Political Intelligence Report. 14 May 1945 ABC, 381 Germany (29 Jan 43) Sec. 1-B. <<

[76] A. J. P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe, Oxford, 1954, p. 294. <<

[77] F. Fischer, Griff nach der Weltmacht, Düsseldorf, 1961; idem, Germany’s Aims in the First World War, Nueva York, 1967; idem, War of Illusions, Nueva York, 1975; I. Geiss, Der polnische Grenzstreifen 1914-1918, Lübeck, 1960; el diario del ayudante de Bethmann-Hollweg, K. Riezler, Tagebücher, Aufsätze, Dokumente, ha sido editado por K. D. Erdmann, Gotinga, 1972. <<

[78] «German Educational and Research Activities in Relation with Latin America», noviembre, 1942, OSS 26810. <<

[79] 26 Juin, 1945. Combined Intelligence Committee. Memorandum for Information N. 76. Political Intelligence Report, reproduce texto íntegro del memorándum, ibid. <<

[80] «Conversations franco-britaniques du 24 novembre 1938. Comptes rendus», Documents diplomatiques Français, 1932-1939, ob. cit., p. 768. <<

[81] N. H. Gibbs, Grand Strategy, Londres, Her Majesty’s Stationary Office, I, 1973, pp. 375-393. <<

[82] «Top Secret. 26 Juin, 1945. Combined Intelligence Committee. Memorandum for Information N. 76. Political Intelligence Report», ibid. <<

NOTAS

Capítulo 10

[1] OSS Washington D.C., 4 August, 1944. Memorandum for the Joint Chiefs of Staff. JCS 1035. <<

[2] Comentario de Donovan en Memorandum for the President, 30-11-1944, anexo al informe «Present attitudes of the German Junkers», en Donovan Papers, OSS, M 180. <<

[3] Memorándum de Bohlen, 15-12-1943, Foreign Relations of the U.States: The Conferences at Cairo and Tehran, 1943, Washington, D.C., 1961, p. 846. <<

[4] «Planning for War (II)», ABC 350.0001 Speeches (26 Oct., 1946), sec. 1. <<

[5] Ibid. <<

[6] «Overall Strategy on the War», ABC 350.001 Speeches (26 Oct., 1946), sec. 1. <<

[7] «Minutes of Meeting between the President and the Chiefs of Staff, Held on Board ship in The Admiral’s Cabin, on Friday, 19-11-1943, at 1500», ABC 384 N. W. Europe, Aug. 20, 1943, sec. 1-A. <<

[8] «Conference with the Secretary of State», memorándum, ABC 384 N. W. Europe, 20 August, 1943, sec. 1-A. <<

[9] JSP, 25 November 1943, Rankin, case C, ibid. <<

[10] The White House, Washington, 21-2-1944. «Memorandum for the Acting Secretary of State», ABC 384 N. W. Europe, 20 Aug, 1943, sec. 1-B. <<

[11] JCS, «Allocation of Zones of Occupation in Germany», ABC 384 N. W. Europe, 20 Aug., 1943, sec. 1-B. <<

[12] «Memorandum for general Roberts», 11 August, 1944, ibid. <<

[13] Ibid. <<

[14] «Policy Toward European Neutrals», ABC 334.3 Policy Cmte. (8-1-1942), sec. 4 (las cursivas son mías). <<

[15] «Office of War Information, American Embassy, London», 13-2-1943, OSS, E115, box 31, file 19. <<

[16] J. E. Dreifort «The French Popular Front and the Franco-Soviet Pact, 1936-37: a Dilemma in foreign policy», Journal of Contemporary History, vol. 11, 1976, pp. 217-236. <<

[17] OSS Archives, Bern-IS-PTS-9, box 14. <<

[18] OSS Archives, Bern-IS-PTS-9, box 13. <<

[19] OSS Archives, Bern-si-int-57-65, box 9. <<

[20] OSS Archives, Bern-si-PTS-9, box 14. <<

[21] OSS Archives, Bern-si-PTS-1-9, box 13. <<

[22] «European Political Report», 18 Aug., 1944, OSS XL-1525. <<

[23] «Memorandum for general Roberts», 10-11-1944, ABC 384 Europe-Mediterranean (2 Aug., 1943). <<

[24] ABC 336 (5-15-1943). <<

[25] JCS, «Memorandum for Information No.180. Report on Political Conditions in Occupied Europe», 17 Jan., 1944, ABC 092, 17 Jan., 1944. <<

[26] ABC 381 Medit. Area (12-3-1942), sec. 3. <<

[27] «The Treatment of Germany. “The Morgenthau Plan”», The National War College, 13-10-1947, ABC 387 Germany (18 Dec., 1943), sec. 1-E. <<

[28] W. S. Churchill, Great Contemporaries, 1937, reedición de 1973 en Chicago, p. 200, y Step by Step, 1936-39, Londres, 1939, p. 170. <<

[29] Citado en A. Mayer «The Power Politician and Counter-revolutionary», in P. Stanski (comp.), Churchill: A Profile, Nueva York, 1973, p. 182. Colliers’s, 3-9-1938. <<

[30] Viener Staats Archiv, Berichte aus England, Bd. 223, July 4, 1824. Neumann to Metternich. Weisungen nach England, Bd. 224. Metternich to Esterhazy, July 18 [1824] (dos despachos). <<

[31] ABC 381 Medit. Area (12-3-1942), sec. 3. <<

[32] «JCS Info. Memo 374 (Washington)», ABC 092 USSR (Nov. 15, 1944). <<

[33] Ibid. <<

[34] Ibid. <<

[35] «Intelligence Study based on the assumption that the U.S. did not use, and had not the capability of using, atomic bombs in the war against Japan», ABC 471.6 Atom (17 Aug., 1945), sec. 7. <<

[36] D. Yergin, Shattered Peace. The Origins of the Cold War and the National Security State, Boston, Houghton Mifflin, 1977; G. Alperovitz, Atomic Diplomacy. Hiroshima and Potsdam. The Use of the Atomic Bomb and the American Confrontation with Soviet Power, Nueva York, Penguin Books, 1985; The Decision to Use the Atomic Bomband the Architecture of an American Myth, Nueva York, A. A. Knopf, 1955. <<

[37] ABC 350.001 (26 Oct., 1946), sec. 1-A. <<

[38] S. Landau, The Dangerous Doctrine. National Security and U.S. Foreign Policy, Londres, Westview Press, 1988. <<

[39] «U. S. Military Policy», JCS, 1496/3, Sept. 1945, ABC 092 (18, July, 1945) sec. 1-B. <<

[40] «National Objectives of War», Strategic Plans Branch, Plans and Operations Department, julio de 1947, ABC 381 Global Estimate (16 Jul., 1947). <<

[41] Véase M. Howard, The Mediterranean Strategy in the Second World War, Londres, Weidenfeld and Nicholson, 1968, pp. 65-68. <<

[42] «Address by General Wedemeyer at the Armed Forces Staff College. Norfolk, Virginia, 10-11-1947. Subject: “Strategy”», ABC 350.001 (26 Oct., 1946), sec. 1-A. Carta del major general H. S. Aurand al Lt. General A. C. Wedemeyer, de 26-12-1947, en ABC 020 Wedemeyer Memo (1 Nov. 47). <<

[43] Kennan’s Papers, box 17, Seeley Mudd Library, Princeton University Press. <<

[44] CIA 1, 26-9-1947, in Harry S. Truman Library, Papers of Harry S. Truman. President’s Secretary’s Files. <<

[45] The Political Implications of West Germany Military Contributions to Western European defense, CIA/RR 37-50, Dec. 11, 1950, ibid. <<

[46] JCS 1769/1, april 29, 1947: «U.S. Assistance to other countries from the standpoint of National Security», Department of State: Foreign Relations of the U.S.: 1947, I, pp. 738-750. <<

[47] CIA: Possibility of direct soviet military action during 1948, ORE 22/48, 2-4-1948, en Harry S. Truman Library, cit. <<

[48] Department of State, Foreign Relations of the U.S.: 1949, IV, p. 240, Italia, Benelux. <<

[49] H. C. Mayer, German Recovery and the Marshall Plan, 1948-1952, Bonn, Atlantic Forum, 1969; J. Gimbel, The Origins of the Marshall Plan, Stanford (Ca.), Stanford Univ. Press, 1976; Th. A. Wilson, The Marshall Plan: An Atlantic Venture of 1947-1952 and how it Shaped our World, Nueva York, Foreign Policy Association, 1977. <<

[50] CIA: Review of the World Situation, CIA 4-49, April 20, 1949, Harry S. Truman Library, cit. <<

[51] Declaraciones a The Times (Londres), 13-7-1978. <<

[52] PPS, 23, 24-2-1948, en Department of State, Foreign Relations of the U.S.: 1948, I, (part 2), pp. 510-512, 515-521. <<

[53] U.S. Congress, House of Representatives, Report 4 with part IX of hearings on Winning the Cold War: The U.S. Ideological Offensive, prepared by the Subcommittee on International Organizations and Movements of the Committee on Foreign Affairs, Washington, D.C., Government Printing Office, 1966, pp. 1-152. <<

[54] PPS, 23, 24-2-1948, Department of State, Foreign Relations of the U.S.: 1948, I, (part 2), pp. 510-512, 515-520. <<

[55] Department of State, Foreign Relations of the U.S.: 1948, I, (part 2), pp. 510-512; 515-521. <<

[56] NSC 7, March 30, 1948, en Department of State, Foreign Relations of the U.S.: 1948, I, (part 2), pp. 546-550. <<

[57] PPS, 43, 1948, November 23, 1948, ibid…, III, pp. 284-288. <<

[58] L. Einaudi, Diario 1945-1947, Roma, Laterza, 1993. <<

[59] T. Powers, The Man who Kept the Secrets, Nueva York, 1979, pp. 25-33. <<

[60] PPS 13, Nov. 6, 1947. Department of State, Foreign relations…: 1947, I, pp. 772-777. <<

[61] CIA: Review of the World Situation as it Relates to the Security of the United States, CIA 3-48, March 10, 1948, Harry S. Truman Library, cit. <<

[62] «Policy Questions Concerning a Possible German Settlement», PPS núm. 37, August 12, 1948, Department of State, Foreign Relations of the U.S.: 1948, II, pp. 1288-1296. <<

[63] NSC 20/1, Aug. 18, 1948, «U.S. Objectives with Respect to Russia», en Records of the National Security Council on Deposit in the Modern Military Records Branch, National Archives, Washington, D.C. <<

[64] NSC 68, April 14, 1950, Department of State, Foreign Relations of the U.S.: 1950, I, pp. 237-292. <<

[65] Z. Brzezinski, Illusions dans l’équilibre des puissances, París, L’Herne, 1977, p. 129. <<

[66] C. Audler, Le plan pangermanique démasqué. Le redoutable piège berlinois de la partie nulle, París, Plon, 1916, cit. <<

[67] CIA: Review of the World Situation, CIA 3-49, March, 16, 1949, Harry S. Truman Library, cit. <<

[68] Declaración a Newsweek (Washington), 16-3-1987. <<

[69] Declaraciones del Presidente del Gobierno de Italia, Giovanni Goria (democristiano), a Le Figaro (París), 26-11-1987. <<

[70] Le Monde, 28-11-1987, editorial. <<

[71] International Herald Tribune, 3-12-1987. <<

[72] Declaración a Newsweek (Washington), 16-3-1987. <<

[73] Declaraciones a Le Point (París), 16-3-1987. <<

[74] Declaración a Newsweeek, cit., 16-3-1987. <<

NOTAS

Capítulo 11

[1] Carta de 26-11-1947, con membrete del presidente del Emergency Committe of Atomic Scientists. Original en ABC 471.6, Atom (17 Aug. 1945), sec. 7. <<

[2] The New York Times (NYT), 2-2-1994. <<

[3] The Washington Post, 7-12-1993. <<

[4] En «Il mondo secondo Clinton», La Repubblica (Roma), 4-12-1993. <<

[5] Conferencia pronunciada en el John Hopkins University School for Advanced International Studies, International Herald Tribune, 24-9-1993. <<

[6] Documento publicado por The New York Times, 9-3-1992, cit. <<

[7] Cit., pp. 27, 28 y 30. <<

[8] Z. Brzezinski, Out of Control. Global Turmoil on the Eve of the 21st Century, Nueva York, MacMillan Publishing Co., 1993. <<

[9] IHT, 18-11-1993, p. 6. <<

[10] IHT, 12-1-1995, p. 1. <<

[11] La fracción democristiana en torno de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Montalva, la mayoría de la derecha local, los servicios de intervención de la Administración Nixon-Kissinger. <<

[12] IHT, 23-3-1994, pp. 1 y 17. Declaración de Dennis MacShane, dirigente de la Federación Metalúrgica Mundial, con base en Ginebra. <<

[13] NYT, 11-2-1994. J. F. Maisto había sido antes secretario de Estado adjunto para América Central. <<

[14] Estimación para 1994 del Banco Central de Rusia, Financial Times, 11-8-1994. <<

[15] IHT, 3-2-1994, p. 6. <<

[16] NYT, 30-1-1994. <<

[17] El País, 11-6-1994, p. 5. <<

[18] Según Gennadi Gerasimov, IHT, 29-12-1994. <<

[19] En Ucrania el salario real cayó un 70% entre 1990 y 1994, mientras que la inflación en el solo año de 1993 sobrepasaba el 10.000%. <<

[20] «Si el Estado ruso se desintegrara, los 25.000 misiles nucleares serían para nosotros un problema muy serio», diría el secretario de Estado W. Christopher el 16 de enero de 1995 ante la guerra en Chechenia (IHT, 16-1-1995, p. 4). <<

[21] IHT, 5-10-1993, pp. 1 y 3. <<

[22] En 1993 el 40% del comercio de la República Checa estaba concentrado en Alemania, diez veces más que en 1989. Su integración en la esfera de influencia económica germana era sólo cuestión de tiempo. <<

[23] Acta de la reunión de 26-4-1990 entre Xabier Arzalluz y dirigentes de Herri Batasuna, El País, 3-4-1994. <<

[24] El general Rose ordenó al servicio de información militar británico (SAS) «no identificar los objetivos» que los pilotos de la OTAN debían haber bombardeado. La orden fue interceptada por los servicios de escucha de EEUU, cuyo mando militar protestó por la postura del general británico «partidario de la prudencia y contrario a la internacionalización del conflicto de los Balcanes», según E. Vulliamy en The Guardian, 30-1-1996. <<

[25] «U.S. Aide says Peace Bid has “Totally Disappeared”», IHT, 12-4-1994, p. 1. <<

[26] «NATO Chief Sends a Tough Warning: Don’t Hit UN Force», IHT, 12-4-1994, p. 5. <<

[27] Conferencia de prensa de Yeltsin en Madrid, El País, 13-4-1994, p. 5. <<

[28] El País, 14-5-1994, p. 2. <<

[29] IHT, 10 y 15 de junio de 1994, p. 1. <<

[30] H. Kissinger, «Europe Needs a Strong NATO, Not Utopian Gimmicks», IHT, 24-1-1994; Z. Brzezinski, «The Way Forward for an Inspired NATO», IHT, 2-12-1993; «A Premature Partnership», Foreign Affairs, enero de 1994; «Two Tracks for NATO toward Central Europe and Rusia», Foreign Affairs, enero de 1995. <<

[31] El País, 21-12-1993, 1, 2 y 6-2-1994. <<

[32] Ibid. <<

[33] Entrevista en Süddeutsche Zeitung, 2-11-1993. <<

[34] Despacho de la Agencia Reuters, 4-11-1993. <<

[35] J. Fouché, Mémoires, reedición de 1993, París, Arléa, pp. 196 y 276-278. <<

[36] Encuesta del Times Mirror Center en septiembre-octubre de 1993. IHT, 2-11-1993. <<

[37] IHT, 27-5-1993. <<

[38] The New York Times, 12-1-1994. <<

[39] IHT, 6-1-1994. <<

[40] Ibid., 6-1-1994. <<

[41] Conferencia de prensa en Madrid, El País, 13-4-1994, p. 5. <<

[42] «Grachov cambia de opinión y rechaza la Asociación para la Paz de la OTAN», El País, 16-4-1994, p. 6. <<

[43] Postura reiterada por Pavel S. Grachov el 25-5-1994 ante la Conferencia de Ministros de Defensa de la OTAN, IHT, 26-5-1994, pp. 1 y 5. En la misma, mientras el Ministro británico enfatizaba que cuando ingrese en la Asociación para la Paz «Rusia no tendrá derecho a participar en la toma de decisiones de la OTAN», el Ministro alemán divergía: «la meta es una asociación entre Rusia y la OTAN». Por su parte el ministro de Exteriores germano, K. Kinkel, rechazaba al día siguiente que la OTAN y la UEO fueran subordinadas a la CSCE. <<

[44] IHT, 13-5-1994, p. 2. <<

[45] Según un amplio sondeo en diciembre de 1995, realizado por expertos de las universidades Columbia y Minnesota, el 60% de la población rusa (contra el 20%) creía que «los asesores económicos del Oeste buscan debilitar a Rusia» (IHT, artículo de Jerry Hough, 13-2-1996). <<

[46] IHT, 7-5-1994, p. 3. <<

[47] Discurso de William Perry el 4-2-1996 en Múnich, titulado «Realizar la visión de Marshall», El País, 5-2-1996, p. 2. <<

[48] El País, 4-2-1996. <<

[49] Ministro de Asuntos Exteriores (democristiano) de Chile entre 1964 y 1970. <<

[50] Según S. M. Hersh, The Price of Power, cit., p. 263. <<

[51] L’Express, 29-12-1986. <<

[52] Manifestaciones del embajador de Francia en Bonn, François Scheer, a periodistas alemanes, El País, 19-3-1994, p. 19, e IHT, 30-3-1994, p. 2. <<

[53] El País, 3-4-1994, p. 12. <<

[54] Entrevista de Carlos Westendorp a El País, 3-4-1994. <<

[55] Artículo publicado en El País, 15-9-1992. <<

[56] Artículos de Nicolás Sartorius, ex parlamentario del Partido Comunista que, rompiendo la disciplina de su grupo, votó a favor de la ratificación del Tratado de Maastricht, en El País (Madrid), 29-11-1993 (pp. 13-14) y 7-9-1992, respectivamente. <<

[57] Xabier Arzalluz en El País 24-5-1992. Holanda y Bélgica se independizaron de la monarquía hispánica en los siglos XVII y XVIII. <<

[58] Ibid., 28-9-1992. <<

[59] El Mundo 1-7-1994, p. 12. <<

[60] Artículo publicado en El País, 27-9-1992. <<

[61] Entrevista en El País, 4-11-1986. <<

[62] F. Delaisi, Les deux Europes, París, Payot, 1929. <<

[63] Según Marguerita Boniver, responsable de relaciones exteriores del PSI de Craxi, en Qué Pasa (Santiago), 13-8-1994, p. 19. <<

[64] APSI (Santiago), 8-8-1994, pp. 8-12; Hoy, 8-8-1994, pp. 9-12; Punto Final, 16-10-1994, p. 32. <<

[65] N. J. Spykman, America’s Strategy in World Politics, Nueva York, Harcourt, Brace and Co., 1942, p. 179. <<

NOTAS

Epílogo

[1] Bundesnachrichtendienst, servicios secretos de la República Federal de Alemania. <<

[2] M. Mueller y E. Schmidt-Eenboom, Histoire des services secrets allemands, París, Nouveau Monde, 2009, pp. 312-319; Der Spiegel, 7-2-2000. <<

[3] Declaración del ministro de Defensa el 29 de mayo de 2012, Europa Press y otras agencias. <<

[4] Diario ABC, Madrid, 17 de abril de 1931. <<

[5] En las mayores ciudades –Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao– la coalición republicano-socialista sumó 199 concejales, Esquerra Catalana 25 y los monárquicos 88. La nación española habló en las sucesivas elecciones parlamentarias de 1931, 1934 y febrero de 1936. En estas últimas la coalición del Frente Popular obtuvo el 47,03% de los votos y 285 diputados; el Centro Nacional Republicano, 3,71% y 12 diputados; el Partido Republicano Radical, 1,32% y 1 diputado; el Partido Nacionalista Vasco 1,59% y 9 diputados. Enfrente, las derechas sumaron el 46,48% de los votos y 166 diputados; el partido fascista (Falange Española) el 0,07%, es decir, 6.800 votos y ningún diputado. <<

[6] K. J. Hancock, Regional Integration: Choosing Plutocracy, Palgrave Macmillan, 2009, cap. 5. <<

[7] Términos de Jacques Delors en la «Tribuna» que publicaba el 11 de abril de 2012 en la revista Notre Europe. Penser l’unité européenne. <<

[8] Declaraciones del vicesecretario de organización del Partido Popular, en el gobierno de España, Europa Press, 20-4-2012. <<

[9] A. Smith, An Inquire into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, Libro V, cap. I, partes I a III: Of the Revenues of the Sovereign or Commonwealth. <<

[10] El 18 de junio de 1898 el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania informaba a su embajador en Francia sobre «medios de presión, comercial u otros, que permitan poner las finanzas de Portugal bajo control internacional». El siguiente 8 de junio el ministro alemán enumeraba a su embajador en Londres los territorios que Alemania quería para sí en África Occidental y Oriental, Asia y el Pacífico, entre ellos los de España en Filipinas, las Islas Carolinas y una base naval en Canarias. El 8 de agosto siguiente el embajador en el Reino Unido escribía al Gobierno alemán que «en las presentes circunstancias, no es imposible que Francia haga un intento –muy poco apreciado aquí– de establecer un acuerdo con España, similar al que estamos intentando con Portugal, respecto de Ceuta y la costa mora». Fuente: German Diplomatic Documents, 1871-1914, edición de E. T. S. Dugdale, volumen III, The Growing Antagonism, 1898-1910, Nueva York, Harper & Brothers, 1930, pp. 27-41. <<

[11] W. B. English, «Understanding the Costs of Sovereign Default: American State Debts in the 1840s», The American Economic Review, 86, 1996, pp. 259-275. <<

[12] J. B. Moore, International Arbitrations, vol. III, p. 2918. <<

[13] Al interpretar esta enmienda la Corte Suprema consideró inválidas las deudas que ayudaron a la rebelión y mantuvo las destinadas a mantener funciones civiles y pacíficas de la Administración (74 US 700, 725 [1868]; 97 US 454 [1878]). <<

[14] B. U. Ratchford, American State Debts, Durham, Duke Univ. Press, 1941. La Corte Suprema de EEUU anuló algunas de estas repudiaciones. <<

[15] A Treaty of Peace Between the United States and Spain, S. Treaty Doc. No. 62, 1989, en 50 (Annex to Protocol n.º 5). <<

[16] «Arbitration between Great Britain and Costa Rica», American Journal of International Law, vol. 18, n.º 1, enero de 1924, p. 168. <<

[17] Escuela nacionalizada en 1945 bajo el nombre de Fondation Nationale des Sciences Politiques (Sciences-Po). <<

[18] En 2003 Joseph Stiglitz proponía que los contenciosos sobre deuda ilegítima fueran resueltos por un tribunal internacional según criterios jurídicos establecidos por la ONU, en «Odious Rulers, Odious Debts», The Atlantic Monthly, nov. de 2003. <<

[19] A. N. Sack, Les effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières: traité juridique et financier, París, Recueil Sirey, 1927, pp. 157-158. <<

[20] Orlando Letelier, socialista, fue sucesivamente embajador en EEUU, ministro de Relaciones Exteriores, Interior y de Defensa entre 1970 y 1973. Véanse J. Dinges y S. Landau, Assassination on Embassy Road, Nueva York, Pantheon Books, 1980; T. Branch y E. M. Propper, Labyrinth, Nueva York, Penguin Books, 1982; J. E. Garcés y S. Landau, Orlando Letelier. Testimonio y vindicación, Madrid, Siglo XXI de España, 1996; H. Soto y M. Lawner, Orlando Letelier: el que lo advirtió. Los Chicago boys en Chile, Santiago de Chile, Lom, 2011. <<

[21] Fuente: Banco Central de Chile, BIS, FMI, Banco Mundial, OCDE; en 1973 la deuda externa de Chile bordeaba los 4.000 millones de dólares. <<

[22] «Al cancelar estas deudas, [Noruega] quiere dar pie a un debate internacional sobre la responsabilidad del prestamista», en el artículo de K. Guha, «Norway Debt Cancellation Hailed by Activists», Financial Times, 5-10-2006. <<

[23] Véanse R. H. Wade y S. Sigurgeirsdóttir, «Iceland’s meltdown: The rise and fall of international banking in the North Atlantic», Real-World Economics Review, n.º 56, marzo de 2011, pp. 58-71; Th. Gylfason (profesor de la Universidad de Islandia), «Iceland after the Fall: Stranger than Fiction», Milken Institute Review, 14-1-2010. <<

[24] Financial Times, 26-11-2011: «Icelandic Court rules to repay British and Dutch». En septiembre de 2011 el FMI estimaba que la tasa de crecimiento de Islandia sería en 2012 el doble que la de la eurozona. <<

[25] Fuente: Tribunal de Cuentas, Informe de fiscalización de los estados contables del ejercicio 2007 de los Partidos Políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales o en las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, Madrid, 2012. La deuda en millones de euros con entidades financieras era, en el caso del PSOE + PSC, 70,2; del Partido Popular, 59,3; de Convergència i Unió (UDC + CDC), 30,7; de Izquierda Unida + ICV, 25,6; del Partido Nacionalista Vasco, 17,1. <<

[26] Consejo de Europa: Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO), Informe sobre «la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos», de 1 de abril de 2011 (Greco RC-III (2011) 5F, puntos 53 a 63). <<

[27] El País, 25-4-2011: «La financiación de los partidos políticos. El control de las donaciones, bloqueado en el Congreso». <<

[28] J. Ll. Pérez Francesch, «La financiación de los partidos políticos en España. Consideraciones a partir de los informes del Tribunal de Cuentas y de la nueva Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio», en Papers, Revista de Sociologia, Univ. Autònoma de Barcelona, n.º 92, 2009, pp. 249-271. <<

[29] Fuente: OCDE, según datos recogidos el 24 de agosto de 2011 en www.stats.oecd.org. <<

[30] El estudio, elaborado a partir de datos y estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo y de tipos de cambio constantes (según su promedio entre el 14 de abril y el 12 de mayo de 2011), agrupa los datos de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y los Estados Unidos. <<

[31] Este estudio considera “emergentes” las economías de Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Hungría, India, Indonesia, Jordania, Kazajstán, Kenia, Letonia, Lituania, Malasia, México, Marruecos, Nigeria, Pakistán, Perú, Filipinas, Polonia, Rumanía, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tailandia, Turquía y Ucrania. Se olvida a menudo que, durante los milenios que preceden a la segunda mitad del siglo XVIII, China era la economía más importante del mundo. <<

[32] Datos elaborados por el Working Group on Extreme Inequality, fuente: Th. Piketty y E. Saez, «Income Inequality in the United States, 1913-1998», Quarterly Journal of Economics, 118(1), 2003, actualizado en 2008 en www.emlab.berkeley. <<

[33] Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, estudio publicado por la OCDE en diciembre de 2011. <<

[34] En el ámbito mundial, la Unión Europea y EEUU sumaban en 2010, respectivamente, el 17% y 12% del comercio, el 50% y 20% de la ayuda al exterior (según las bases de datos del Banco Mundial), y el 21% y 43% del gasto militar (según el SIPRI Yearbook de 2011). <<

[35] «IMF and eurozone clash over estimates», Financial Times, 31-08-2011. <<

[36] S. Vitali, J. B. Glattfelder y S. Battiston, «The network of global corporate control», Public Library of Science (PLoS) Journal, oct. 26, 2011. <<

[37] A. Kruck, en Private Ratings, Public Regulations. Credit Rating Agencies and Global Financial Governance, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2011, define a las agencias de calificación como «expertos transnacionales en establecer calificaciones cuya calificación crediticia los reguladores públicos convierten en vinculante» (p. 15). <<

[38] Según los datos sobre las Agencias Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch reunidos por A. G. Marshall en «The Great Global Debt Depression: It’s All Greek To Me», accesible en www.globalresearch.ca. <<

[39] «Rajoy y Zapatero apoyan la reforma de la UE que piden Francia y Alemania. […] El próximo presidente quiere una ratificación rápida y un desarrollo urgente del límite del déficit», El País, 7-12-2011. <<

[40] Bundesverfassungsgericht, caso 2 BvE 2/08 et al., sentencia de 30 de junio de 2009 del Tribunal Constitucional de Alemania sobre la interpretación y aplicación del Tratado de Lisboa de la Unión Europea de 2007, pp. 178 y ss, 181 y ss, 229, 249, 252, 256-260. <<

[41] Un estudio de Barclays Bank estimaba el 6-01-2012 que, de esta suma, corresponde a deuda de Italia el 43%, de España el 22%, de Grecia el 17%, de Portugal el 10%, de Irlanda el 9%, en «Barclays Estimates ECB Losses on Bond Purchases at 30 Billion, or Nearly Half of Eurosystem Capital». <<

[42] Véase el artículo de B. Maguire, «Trichet Advocates A New European Confederation», accesible en www.europeanbusinessexpress.com. <<

[43] German bank chief wants «real fiscal eurozone union», AFP, 01-09-2011. <<

[44] Exposición de Christian Wulff (democristiano) el 24 de agosto de 2011 ante un grupo de premios Nobel de economía, El País, 25-08-2011. <<

[45] F. Fubini :«Ecco la lettera di Trichet e Draghi. Cessioni, liberalizzazioni e lavoro. Le condizioni di Francoforte per l’intervento sui titoli italiani», Il Corriere della Sera, 11-08-2011. <<

[46] El texto íntegro de la carta del 5 de agosto de 2011 del presidente y vicepresidente del BCI al primer ministro Silvio Berlusconi ha sido desvelado el 29-09-2011 por Il Corriere della Sera. <<

[47] E. Ekaizer, «La carta robada. El apoyo del BCE a España no es gratis», en diario Público, 25-08-2011; «Carta boca arriba. Rajoy aplica la hoja de ruta de la misiva de Trichet a Zapatero», Público, 2-12-2011; Indecentes. Crónica de un atraco perfecto, Madrid, Espasa, 2012, pp. 125-131. <<

[48] Votaron en contra los parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa-Verds per Catalunya (2 diputados), Unión Progreso y Democracia (1), los nacionalistas catalanes –Convergència i Unió (10), Esquerra Republicana de Catalunya (3)–; Partido Nacionalista Vasco (6), Nafarroa Bai (1), Bloque Nacionalista Galego (2) y Coalición Canaria (2). No votaron 4 de los 258 parlamentarios del PSOE. <<

[49] El 25 de noviembre de 2010 el primer ministro ruso escribía en el Süddeutsche Zeitung que Rusia podría un día convenir con la UE «una zona de libre cambio o incluso formas más avanzadas de integración […] un mercado continental unificado […] que impulsara una nueva ola industrializadora en el continente europeo». <<

[50] «The euro crisis will give Germany the empire it’s always dreamed of», por Peter Oborne, editorialista principal del conservador Daily Telegraph, 21-07-2011. <<

[51] Entre agosto y el 4 de noviembre de 2011 el BCE había adquirido en el mercado secundario bonos soberanos por 183.000 millones de euros. <<

[52] B. Obama: «I cambiamenti nei governi greco e italiano sono positivi. I nuovi governi in Italia e in Grecia attueranno le riforme necessarie», declaración del 12-11-2011 reproducida en Il Corriere della Sera el mismo día. <<

[53] Financial Times de 14-11-2011: «Merkel urges stronger union to back euro». <<

[54] Según Der Spiegel de 18-11-2011, a principios de 2011 «el ministro de Hacienda alemán Wolfgang Schäuble hizo un aparte con la canciller y le explicó que la crisis del euro no podía ser resuelta con políticas improvisadas. Le dijo a la canciller que estaba a favor de usar la crisis para avanzar la unidad política de Europa», en «German Referendum on Europe? Merkel Eyes Constitution Revamp to Boost EU Powers». <<

[55] Zur Zukunft der EU: Erforderliche integrationspolitische Fortschritte zur Schaffung einer Stabilitätsunion (El futuro de la UE: medidas necesarias de integración para progresar en establecer una unión estable). <<

[56] «La Lettre de Sarkozy et Merkel à Van Rompuy», Le Monde, 7-12-2011. <<

[57] «Germany’s Power “Is Causing Fear” in Europe», Der Spiegel, 2-2-2012. <<

[58] Mariano Rajoy hizo pública esta carta en la sesión del Congreso de los Diputados de 13-06-2012. <<

[59] I. Schulze, «Bismarck […] pretende fortalecer la monarquía española con el fin de prestar apoyo al principio dinástico […] y, al mismo tiempo, favorecer su política de alianzas europeas. […] El interés de Bismarck por España ha estado siempre marcado por dos causas, por un lado la defensa de la Monarquía como forma de Estado […] y, por otro, como apoyo contra Francia», en «La diplomacia personal de Alfonso XII: una proyectada alianza con el Imperio Alemán», Boletín de la Real Academia de la Historia, CLXXXII, sept.-dic. 1985, pp. 486, 501; J. Salom Costa, España en la Europa de Bismarck. La política exterior de Cánovas (1871-1888), Madrid, CSIC, 1967. <<

[60] R. H. Whealey, Hitler and Spain: the Nazi role in the Spanish Civil War, 1936-1939, Lexington, Univ. Press of Kentucky, 1989. <<

[61] Según la encuesta que publicaba El País el 18-12-2011, hasta el 74% de los españoles respalda una «cesión de soberanía a Europa para salir de la crisis». <<

[62] Z. Brzezinski, The Grand Chessboard, Basic Books, 1997, p. 40 [ed. cast.: El gran tablero mundial, Barcelona, Paidós, 1998, p. 48]. <<

[63] Según el «Defense Strategic Guidance Briefing from the Pentagon» del secretario de Defensa de 5 de enero de 2012, el ejército de EEUU va a «concentrar su presencia, su poder de proyección y disuasión en Asia-Pacífico». <<

[64] J. Habermas, Zur Verfassung Europas (Sobre la constitución de Europa), Berlín, Suhrkamp, 2011, un ensayo sobre la destrucción de la democracia en la Unión Europea por las políticas del gobierno democristiano-liberal de la canciller Merkel. <<

NOTAS

Documentos

[1] Nota del editor: La escasa calidad de algunos de los 77 documentos que se incluyen, se debe a que proceden de un microfilm. No obstante, los hemos mantenido por su relevancia documental. <<