El estudio de los problemas sociales de México, y en especial de la Revolución Mexicana, ha sido preocupación constante de Jesús Silva Herzog. En esta obra expone los momentos principales de nuestro movimiento armado desde fines del Porfiriato hasta el régimen constitucional de Venustiano Carranza, destacando el trasfondo económico que determinó el cambio radical de la sociedad mexicana. El hacendismo, con su formación de latifundios en detrimento de peones y de comunidades, las tiendas de raya, el ausentismo de los propietarios, son causas de malestar agrario; en las ciudades, la legislación, la jurisprudencia y el arbitraje sistemáticamente antiobreristas hicieron nacer un clima de oposición que exacerbó la falta de libertad política y el continuismo en el poder de la clase gobernante. Por eso Francisco I. Madero encontró un ambiente propicio para iniciar la Revolución y derrocar al anciano dictador.

Jesús Silva Herzog

Breve historia de la Revolución mexicana II

La etapa constitucionalista y la lucha de facciones

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Titivillus 10.06.2021

Título original: Breve historia de la Revolución mexicana II

Jesús Silva Herzog, 1960

Portada de Beltrán sobre un grabado de Posada

Editor digital: Titivillus

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CAPÍTULO I

El Gabinete de Victoriano Huerta. Opinión de Vera Estañol sobre la personalidad del usurpador. Los gobernadores maderistas son sustituidos por militares. El terror impera en la nación. Asesinatos de diputados federales y del senador Belisario Domínguez. Huerta disuelve las Cámaras. Carranza desconoce a Huerta y redacta el Plan de Guadalupe. Una versión de Francisco J. Múgica. Las primeras batallas entre federales y constitucionalistas. Lucio Blanco toma Matamoros y hace el primer reparto de tierras en el norte del país. Dos notables estrategos improvisados: Álvaro Obregón y Francisco Villa. Carranza en Hermosillo, Sonora: organiza su primer Gabinete y pronuncia conceptuoso discurso revolucionario. La lucha de clases.

LOS HABITANTES de la capital de la República habían sufrido privaciones sin cuento durante la decena trágica. Los combates en algunas partes del centro de la metrópoli habían tenido aterrorizados a los capitalinos. Decenas de ciudadanos pacíficos, víctimas de su curiosidad o de su mala suerte habían muerto o habían sido heridos por las balas perdidas de los contendientes. No pocas casas fueron averiadas por los cañones de la Ciudadela o por los de los que defendían al Gobierno legítimo de don Francisco I. Madero. En consecuencia es explicable el desbordamiento de júbilo de la gente al saber que la lucha había terminado. ¿Qué importaba que el Presidente, el Vicepresidente y sus ministros estuvieran presos por órdenes de Victoriano Huerta? Lo único que importaba era volver a la normalidad después de la tremenda pesadilla de diez días. Además, es necesario reconocer que precisamente en la ciudad de México fue donde Madero siempre tuvo mayor número de enemigos y lógicamente menos partidarios; fue siempre el foco del porfirismo y donde más lució la gallarda figura del viejo autócrata. La ciudad de México a través de nuestra historia nunca se ha distinguido por su espíritu revolucionario.

Se refiere que al trasladarse los nuevos ministros designados en el pacto de la Embajada, de la Secretaria de Gobernación al Palacio Nacional, la muchedumbre que llenaba las calles los aplaudió alborozada en todo el trayecto. Muchos de ellos, hay que reconocerlo, gozaban entonces de buen nombre y prestigio intelectual. Se refiere también que algunos como Francisco León de la Barra y Jorge Vera Estañol rehusaron aceptar al notificárseles su nombramiento; pero a la postre tuvieron que aceptar ante la presión de Huerta y del embajador norteamericano. A este propósito Vera Estañol, en su libro La Revolución Mexicana. Orígenes y resultados escribe:

«La designación de Huerta para la Presidencia provisional no fue del agrado general, y de semejante displicencia y aun repugnancia participó la mayoría de los llamados a formar su Ministerio.

»En la segunda conferencia, a que Vera Estañol fue convocado para instarle a que entrara al nuevo Gabinete, se le informó que el embajador de los Estados Unidos había hecho saber que, de no arreglarse inmediatamente la situación de inconformidad con el pacto de la Embajada, los Estados Unidos estaban dispuestos a desembarcar los marinos de sus barcos de guerra anclados en puertos mexicanos o en su vecindad».

El mismo autor, que debió haber conocido bien a Victoriano Huerta por haber sido durante varios meses su ministro de Instrucción Pública, emite en la obra citada sobre su jefe accidental el juicio siguiente:

«De sesenta y un años de edad, físicamente recio e inmune al trabajo, excesos y vigilia; despejado de inteligencia en los periodos normales, malicioso y suspicaz; militar por meollo y educación; sostenido y tenaz en sus determinaciones también durante los periodos normales y hombre de acción; pero egoísta, inmensurablemente ambicioso, renuente a la noción del deber, ignorante o desdeñoso de toda energía individual o social libre, maquiavélico, falaz hasta la decepción de sí mismo, brutal, arbitrario, disoluto y por remate alcohólico empedernido con las consiguientes intermitencias de abulia y ofuscación, Huerta, bajo la acción aumentativa del poder, es dentro del Gobierno el elemento disolvente por excelencia».

Y este hombre anormal, traidor por naturaleza, ebrio consuetudinario y malvado, se había adueñado de la primera magistratura de la nación.

En el Palacio Nacional, el día 19 de febrero, se celebró el ascenso al poder de Victoriano Huerta, con asistencia del cuerpo diplomático acreditado en México. El siniestro embajador norteamericano Henry Lane Wilson pronunció un optimista discurso, asegurando que la paz se restablecería en el país gracias a la habilidad y a la energía del nuevo mandatario. Inmediatamente después Huerta notificó por la vía telegráfica a los gobernadores de los Estados su nombramiento. Entre ellos cabe citar a revolucionarios distinguidos como Rafael Cepeda, de San Luis Potosí; Miguel Silva, de Michoacán y Manuel Mestre Ghigliazza, de Tabasco. Todos, incluyendo a los expresamente mencionados, aceptaron de hecho en aquellos momentos —18 y 19 de febrero— la usurpación, excepto don Venustiano Carranza, gobernador del Estado de Coahuila. Semanas después fue secundado por el Gobierno de Sonora.

El día 22, ya lo sabe el lector, fueron cobardemente asesinados don Francisco I. Madero y don José María Pino Suárez. La noticia del crimen causó impresión escalofriante en todo el país y en el extranjero. En la ciudad de México y en buen número de grandes ciudades se celebró en los casinos aristocráticos y en numerosas casas de gente acaudalada la muerte de los dos mártires; se celebró brindando con champaña y augurando un porvenir brillante para la República. La alta burguesía estaba de plácemes; pero el pueblo, la gente humilde y buena parte de la clase media condenaron el magnicidio con justificada indignación. Los grandes periódicos se pusieron desde luego al servicio de Huerta.

Manuel Márquez Sterling en Los últimos días del presidente Madero dice lo que copiamos a continuación:

«… El espía sustituye al soldado. Y los periodistas, ayer libres, hoy esclavos, solicitan de mi buena fe datos que publicar del revés, con la malicia del terror y el encanto inefable de servir al nuevo amo…

»Caído el Gobierno del mártir, los viejos actores, cesantes y dispersos buscan inútilmente su lugar en la escena, que ya no les pertenece; y los impulsa el recuerdo abultado y triste de antigua y borrosa gloria. Se entregan a brazos del audaz que promete los mismos placeres de pasada época y no ven el incendio que corre furioso por las cortinas que disfrazan su miseria. El cuartelazo ha sido absurda conjura de gente rica, de industriales omnipotentes, de banqueros acaudalados y de comerciantes favoritos que ansían su “fetiche” y labran, sin saberlo, su ruina. Para ellos, asesinar a Madero no fue, ni con mucho, un delito. Y con mirada hosca reprochan, desde luego, a quienes intentaron salvar aquella existencia que imaginaban lesiva a sus intereses de cortesanos…».

Bien pronto se vio que al Gobierno de Huerta lo apoyaban los banqueros, los grandes industriales, los grandes comerciantes, el Clero, sobre todo el alto Clero, y por supuesto el ejército federal. Del otro lado, en contra del usurpador, estaba el pueblo: campesinos, obreros, mineros, pequeños agricultores e intelectuales de la clase media. Mención especial merece la actitud asumida en la ciudad de México por los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial, pues sin vacilación se pronunciaron contra el Gobierno huertista, sosteniendo con decisión y valor sus anhelos de transformación social.

El 1.º de mayo de 1913 celebraron por primera vez en el país el Día del Trabajo en un teatro de la capital. Entre otros oradores habló el diputado Isidro Fabela, pronunciando un discurso a favor del proletariado de las ciudades y de los campos, con ataques vigorosos a la minoría privilegiada y censurando implícitamente al Gobierno. Al día siguiente, al saber que se trataba de aprehenderlo, Fabela pudo escapar de México para unirse a la Revolución.

Semanas más tarde de la celebración del Día del Trabajo, la Casa del Obrero Mundial organizó el 25 de mayo un gran mitin, el cual se efectuó en el monumento a Benito Juárez. Hablaron Serapio Rendón, Jesús Urueta, José Colado, Rafael Pérez Taylor, Eloy Armenia, el poeta José Santos Chocano y Antonio Díaz Soto y Gama. Se refiere que este último dijo, poco más o menos, que «los trabajadores formaban ya encadenamientos prepotentes que ninguna fuerza, ni divina ni humana, era capaz de hacer pedazos, a despecho de todos los traidores y a despecho de todos los cuartelazos; que el pueblo mexicano era revolucionario por idiosincrasia y que por tal razón echaría por tierra, viniendo del norte o del sur, al Gobierno espurio y vil de Victoriano Huerta, que se había entronizado en México para mengua y vergüenza de nuestra historia…».

Asombra y provoca nuestra admiración la valentía de aquellos ciudadanos que se jugaban la vida al atacar sin eufemismos al régimen huertista. Los miembros de la Casa del Obrero Mundial, no obstante los peligros que les acechaban, continuaron en su actitud oposicionista y en terca defensa de sus ideales.

Los gobernadores legítimos de los Estados que por temor o por otras causas, por coincidir con Huerta o con la idea de esperar el momento oportuno para combatirlo, fueron arbitrariamente depuestos y sustituidos por gobernadores militares. Algunos gobernadores de claro origen maderista como Rafael Cepeda, de San Luis Potosí y Alberto Fuentes D., de Aguascalientes, fueron encarcelados. En Morelos el general Juvencio Robles, famoso por sus crímenes horrendos, aprehendió por órdenes de Huerta al gobernador Benito A. Tajonar y a los miembros de la Cámara de Diputados. Lo mismo ocurrió en Querétaro, con pequeñas variantes en el procedimiento. De suerte que cuatro o cinco meses después del cuartelazo, todos los gobernadores eran soldados de probada lealtad a Victoriano Huerta. Inevitablemente con tantos hechos basados en la arbitrariedad crecía el descontento en toda la nación y se arrojaba leña a la hoguera revolucionaria.

Por otra parte, Huerta bien pronto también traicionó a su amigo ocasional, el general Félix Díaz, destituyendo a los ministros que en el Gabinete lo representaban, y aplazando indefinidamente, con diferentes pretextos, la convocatoria a elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República como se había convenido en el Pacto de la Embajada. El tal Pacto ya no tenía más valor, como dice la frase consagrada, «que el papel en que estaba escrito».

Los ministros que renunciaron en los primeros meses del Gobierno del usurpador: Alberto García Granados, de Gobernación; Jorge Vera Estañol, de Instrucción Pública; Toribio Esquivel Obregón, de Hacienda; Manuel Mondragón, de Guerra y Marina; y más tarde Rodolfo Reyes, el amigo más cercano del sobrino de don Porfirio.

«Pero para que la burla fuera más terrible y sangrienta —escribe Miguel Alessio Robles en Historia política de la Revolución—, el general Huerta hizo que se pospusieran las elecciones presidenciales y continuar él en la Presidencia de la República. Nombró al general Félix Díaz embajador en el Japón, en misión especial, para que marchara a expresar al Mikado el agradecimiento de México por la representación diplomática que envió ese país con motivo del primer centenario de la proclamación de la Independencia nacional.

»Al tener conocimiento el Mikado que la misión diplomática mexicana estaba lista para salir de nuestro país y embarcarse rumbo al Japón, se apresuró a comunicar a la Cancillería de México que la familia imperial se iba a ausentar de Tokio, y que no regresaría a esa capital hasta el otoño próximo, y que, por lo tanto, era conveniente suspender ese viaje. El general Félix Díaz marchó entonces rumbo a Los Ángeles y San Francisco, donde fue recibido hostilmente por todos los mexicanos residentes en esas ciudades».

Mientras tanto el terror iba imperando en la capital y en el resto del país.

Huerta quería ahogar en sangre la protesta de los hombres de bien; quería establecer la paz costara lo que costara, sin detenerse ante la comisión de los crímenes más nefandos. Después de los asesinatos de don Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, Gustavo Madero y Adolfo Bassó, fueron asesinados en la ciudad de México y en las poblaciones cercanas, sin formación de causa en la forma más artera, numerosas personas honorables, patriotas y dignas, tan sólo por haber manifestado su desacuerdo con los procedimientos de Gobierno del militar desleal y sanguinario que desgobernaba desde el Palacio Nacional.

El general maderista Gabriel Hernández, preso en la cárcel de Belén, fue asesinado pocas semanas después de la decena trágica por Enrique Cepeda, gobernador del Distrito Federal. La misma suerte corrió por aquellos mismos días en el Estado de Chihuahua el gobernador Abraham González, quien con antelación había sido depuesto de su cargo.

No se respetó la vida de los representantes populares a pesar de su investidura. El diputado Edmundo Pastelín fue asesinado el 13 de junio, el diputado Adolfo G. Gurrión el 17 de agosto, y el viril tribuno Serapio Rendón el 22 del mismo mes, también en agosto fue pasado por las armas un valiente periodista nicaragüense, Solón Argüello. Los gobernadores militares de los Estados colaboraban con su jefe en la tarea infernal de matar a diestra y siniestra a los sospechosos de inconformidad con el régimen espurio.

Pero lo que ya resultó intolerable para los miembros del Congreso de la Unión fue el asesinato del senador Belisario Domínguez el 7 de octubre. El patriota chiapaneco escribió un discurso temerario y viril, atacando de frente al general Huerta.

La lectura del discurso de don Belisario Domínguez nos emociona todavía. Es un ejemplo de dignidad, de valor, de honradez. Él sabía bien que seguramente firmaba su sentencia de muerte, pero quiso cumplir con su deber de ciudadano y de senador de la República.

Según la opinión de algunos historiadores, el discurso fue pronunciado el 23 de septiembre. También hay la versión de que su autor no logró pronunciarlo. Todos están de acuerdo en que circuló con amplitud. Victoriano Huerta no podía perdonar tamaña audacia.

Se supo más tarde que antes de ser asesinado el senador Belisario Domínguez, el famoso cirujano Aureliano Urrutia, entonces ministro de Gobernación, le cortó la lengua por órdenes de Huerta. Obviamente no hay documento que pruebe lo anterior. Sucesos de esta naturaleza se vuelven leyenda y con el tiempo se confunden con la historia.

Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo eran cada vez más tirantes. Al conocerse la desaparición del senador Domínguez, la Cámara de Diputados consideró que había llegado el momento de actuar con energía y pedir explicaciones a aquél. Mas aquí conviene dejar el relato al licenciado Jorge Vera Estañol, testigo presencial de los hechos, puesto que era a la sazón miembro de la Cámara. Vera Estañol refiere lo que copiamos a continuación, en su obra citada antes:

«En esta vez, al peligro común la corporación responde con vigorosa solidaridad: siente que unida debe enfrentarse al Ejecutivo o que sus miembros irán cayendo poco a poco bajo el puñal homicida, y nombra una comisión para que pida al secretario del Interior que investigue el crimen y consigne a los culpables.

»Nada obtiene en ese camino, a no ser las protestas de inocencia del Gobierno; la comisión recoge pruebas fehacientes de que se trata de un asesinato perpetrado por los agentes de la policía, y por fin la Cámara acuerda dirigirse al Ejecutivo en demanda de garantías para sus miembros, en el concepto de que, de no obtenerlas, celebrará sus sesiones en lugar que le preste seguridades.

»El acuerdo se discute esa misma noche, el 9 de octubre de 1913, en Consejo de Ministros y por mayoría de votos se resuelve pedir a la Cámara que revoque su determinación, y en caso de negativa, disolverla por medio de la fuerza pública.

»Para las tres de la tarde del día 10 de octubre de 1913, hora reglamentaria de la apertura de las sesiones, el local en que las celebra la representación nacional hállase literalmente atestado de agentes de la policía; los sótanos, los palcos, las galerías, las azoteas, el vestíbulo, todo está ocupado; sólo se han dejado libres la sala de sesiones, los salones de juntas y los pasillos de comunicación entre éstos y aquélla.

»Los representantes del pueblo penetran, no obstante, al local, todos comprenden que es un despliegue de fuerza para intimidarlos y no pocos se dan cuenta de los extremos a que Huerta ha resuelto llegar; mas están decididos a saber de una vez por todas a qué atenerse.

»El presidente de la Cámara designa una comisión, que se acerque a Garza Aldape, secretario de Gobernación, para que mande retirar a los agentes de la policía.

»Mientras se espera el regreso de los comisionados se presenta Garza Aldape, densamente pálido, visiblemente nervioso; algunos diputados amigos personales suyos se acercan a él y averiguan que lleva la misión de notificar a la Cámara de Diputados la resolución tomada en el Consejo de Ministros: las reflexiones que se le hacen encuentran esta sola respuesta: el propósito del Ejecutivo es irrevocable, cualesquiera que sean las consecuencias.

»En conferencia con el presidente de la asamblea da a conocer el objeto de su visita, como se le diga que es probable que no haya quórum, responde que se completará trayendo por la fuerza a los representantes que falten.

»Entretanto ocupan las cuatro calles, que rodean la manzana en que está situado el edificio, fuerzas federales de infantería y caballería, entre ellas el famoso 29 Batallón de Blanquet, las que tienen el encargo de impedir que los diputados salgan del local.

»La excitación es intensa y general; algunos representantes opinan que es incompatible con la reunión de la asamblea deliberante la descarada presión de revólveres y máuseres; otros, más exaltados, quieren que aquélla se celebre.

»El presidente de la Cámara ha formado ya su plan de acción: se cerciora de que hay quórum y manda abrir la sesión.

»Garza Aldape sube a la tribuna y comunica lo resuelto por el presidente con la aprobación del Consejo de Ministros: o la asamblea revoca inmediatamente su acuerdo de la víspera, o el Ejecutivo tomará las providencias que juzgue necesarias. El dilema es, pues, inequívoco: o la abdicación absoluta de las prerrogativas constitucionales del cuerpo legislador o su inmediata disolución.

»El presidente de la Cámara contesta “in continenti” que la transcripción taquigráfica del mensaje presidencial pasa a dictamen de la comisión respectiva, y acto continuo levanta la sesión.[1]

»Poco versado en achaques parlamentarios, el ministro de Gobernación se queda perplejo con el acuerdo; mas como no falta un diputado huertista —el celebrado poeta Díaz Mirón— que le advierta la verdadera significación del trámite, Garza Aldape intima en lo particular al presidente de la Cámara, que si en el plazo de quince minutos la comisión no presenta dictamen, o éste no es aprobado, en el sentido que quiere el Ejecutivo, la asamblea será disuelta.

»Garza Aldape abandona el salón, el presidente de la Cámara se mantiene firme en no convocarla de nuevo, y treinta minutos después el inspector general de policía acompañado de todos sus agentes, manda desalojar el local y aprehender a ciento diez diputados, según lista que lleva consigo.

»Sólo ochenta y cuatro pueden ser habidos: figuran entre ellos renovadores, independientes y antirreeleccionistas y los ex ministros Reyes y Vera Estañol: de los católicos sólo se aprehende al diputado por Chiapas, firmante del dictamen relativo al asesinato del senador chiapaneco Belisario Domínguez, si bien antes de las veinticuatro horas se le pone en libertad.

»Parte de los presos son conducidos a pie hasta la penitenciaría, en medio de dos filas de soldados de línea; los restantes van en tranvía al mismo destino, igualmente custodiados.

»En el trayecto la gente que ha acudido al alboroto se agolpa, especialmente en los cruceros; algunos circunstantes vitorean a los diputados y aun se atreven a lanzar mueras a Huerta; pero la cosa no pasa de allí.

»Sabedor de lo que ocurre, el Senado acuerda su propia disolución: es un acto de noble solidaridad; es también la más imparcial ejecutoria en el terrible conflicto de los dos poderes; porque hasta entonces la Cámara alta ha dado a Huerta las muestras más inequívocas de su espíritu reposado, conciliador y amigo del orden».

Ahora conviene que pasemos al campo enemigo del dictador dipsómano, que había cometido y seguía cometiendo toda clase de atropellos y crímenes; pasemos a relatar los sucesos que tenían lugar en el campo revolucionario en el curso de los primeros ocho meses del Gobierno de Huerta.

Pascual Orozco, el guerrillero que tanta fama alcanzara en la etapa maderista de la Revolución y que después, como lo recordará el lector, volvió sus armas contra su antiguo jefe el presidente Madero, se sumó al régimen de la usurpación, hundiéndose en el lodo de la ignominia. Claramente se vio que a Orozco jamás lo movió ningún ideal firme y superior, sino su ambición de ascender en la escala social. En cambio Emiliano Zapata, a quien Huerta quiso atraer a su lado de igual manera que a Orozco, ofreciéndole «el oro y el moro», se mantuvo firme en defensa de sus principios. Continuó en pie de lucha combatiendo a las fuerzas de Huerta al mando del general Juvencio Robles; y el 30 de mayo de 1913 expidió un Manifiesto reformando el Plan de Ayala en su aspecto político, desconociendo al Gobierno de Huerta. En el artículo primero se lee:

«Artículo 1.º Son aplicables, en lo conducente, los conceptos contenidos en este artículo al usurpador del Poder Público, general Victoriano Huerta, cuya presencia en la Presidencia de la República acentúa cada día más y más su carácter contrastable con todo lo que significa ley, la justicia, el derecho y la moral, hasta el grado de reputársele mucho peor que Madero; y en consecuencia la Revolución continuará hasta obtener el derrocamiento del pseudo mandatario, por exigirlo la conveniencia pública nacional, de entero acuerdo con los principios consagrados en este plan; principios que la misma Revolución está dispuesta a sostener con la misma entereza y magnanimidad con que lo ha hecho hasta la fecha, basada en la confianza que le inspira la voluntad suprema nacional».

El manifiesto explica la actitud rectilínea e insobornable en cuanto a las metas que aspiraban a conquistar los surianos.

El autor o autores del Manifiesto seguían creyendo en las fabulosas riquezas de México. En esto, ya lo sabemos, estaban equivocados. En cambio, no lo estaban al insistir en que lo fundamental consistía en una justa distribución del ingreso, en mejorar las condiciones de vida de las grandes masas, en ratificar el ideal agrarista del Plan de Ayala. Además —vale la pena subrayarlo— se habla de la libertad económica como base sustantiva de un régimen de justicia y de paz.

Don Venustiano Carranza al recibir el 18 de febrero el telegrama de Huerta informándole de haberse hecho cargo del Poder Ejecutivo de la Nación y de que tenía presos al Presidente y Vicepresidente de la República decidió desde luego combatir al Gobierno espurio, congruente con sus deberes constitucionales, pues había protestado, al hacerse cargo del Gobierno de Coahuila, cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República. Sin pérdida de tiempo, el día 19 logró que la Legislatura del Estado expidiera dos decretos fundamentales: el primero desconociendo a Huerta, y el segundo otorgando facultades extraordinarias al gobernador en todos los ramos de la Administración para coadyuvar al restablecimiento de la legalidad en toda la nación. En los días siguientes el señor Carranza organizó una pequeña fuerza con todos los elementos de que pudo disponer para enfrentarse al poderosísimo ejército federal. Así Carranza y su pequeña tropa se lanzaron a una aventura que en aquellos momentos parecía temeraria e insensata. ¿Cómo iba a ser posible que un puñado de valientes con escasos elementos pudiera vencer a un ejército profesional numeroso y perfectamente equipado y disciplinado? Sin embargo, ese puñado de valientes tenía la fuerza que da la convicción de luchar por una causa noble y justa.

El señor Carranza no podía lógicamente sostenerse en la ciudad de Saltillo ante la enorme superioridad del enemigo que bien pronto salió de Monterrey a combatirlo, lo mismo que de otras poblaciones cercanas. Abandonó la capital de Coahuila y comenzó la odisea revolucionaria. En las primeras semanas de marzo se registraron los primeros combates en los que en más de una ocasión fueron derrotados los que más tarde formarían el Ejército Constitucionalista. El 26 de marzo se firmó el Plan de Guadalupe en la hacienda del mismo nombre; un plan que sólo aspiraba a derrocar a Huerta para restablecer el orden constitucional, que había sido en realidad destruido por el Pacto de la Embajada y por los hechos que le sucedieron.

El Plan de Guadalupe le parecerá a cualquier lector demasiado pobre en su redacción y en su contenido. Nada hay en él que implique el propósito de realizar las reformas sociales y económicas que ya por entonces reclamaban con urgencia las masas populares, lo mismo que pequeños grupos de intelectuales progresistas que ya se daban cuenta de los problemas fundamentales que agitaban al país; mas todo parece indicar que el señor Carranza, quien personalmente redactó dicho Plan, pensó en aquel instante que lo que importaba desde luego era allegarse el mayor número de partidarios para hacer menos difícil, larga y sangrienta la lucha que se iniciaba, sin plantear desde luego problemas de carácter fundamental y por lo tanto inevitablemente discutibles.

Ahora bien, es a nuestro parecer muy interesante e ilustrativo lo que años más tarde escribió sobre el particular el Gral. Francisco J. Múgica, testigo presencial de aquel hecho histórico. El referido escrito fue publicado por el Ing. Juan de Dios Bojórquez.

«Entretanto se definía la actitud de las entidades soberanas que constituyen la federación de los Estados Unidos Mexicanos frente al cuartelazo y se notaba con tristeza que la mayoría absoluta de ellas reconocía humildemente al usurpador, el señor Carranza meditaba la forma de unir y coordinar los pequeños pero valiosos elementos ya en acción y dispuestos a la lucha, pues con clara visión de estadista pensaba que una personalidad más vigorosa que la suya podría asumir sin dificultad alguna la suprema jefatura del movimiento, y para dicho efecto, dirigió atenta carta al antiguo patriota y prestigiada personalidad del señor general don Jerónimo Treviño, que por aquel entonces vacilaba en secundar el cuartelazo de la Ciudadela no obstante su personalidad militar y el mando de las fuerzas que guarnecían extensa zona fronteriza.

»Pero el general Treviño, ya caduco y claudicante, por la influencia de la paz porfiriana y el espíritu aprensivo del ejército, rehusó de plano recibir la bandera de la Revolución tan generosamente ofrecida por el señor Carranza y definió su actitud en el sentido de secundar el cuartelazo. Mientras esto sucedía, se habló mucho y largo, entre la juventud que rodeaba al gobernador coahuilense, de formular un plan revolucionario en que se proclamaran como razones de la lucha los principios sociales, que más tarde debían de ser la invencible bandera de la Revolución. En Mesillas, en Acatita de Bajan, en estación Monclova, en los más insignificantes campamentos que servían de vivac transitorio a la columna legalista, en las marchas angustiosas por aquellos polvorientos desiertos fronterizos, en todas partes, departían los jóvenes compañeros de aventuras con el gobernador Carranza sobre los varios temas sociales que la Revolución debía de comprender en su plan y en su bandera; pero don Venustiano, con aquella prudencia y aquella solemnidad que caracterizó toda su vida de caudillo rebelde, replicaba a la impaciente juventud que lo seguía, con una prudente dilatoria que hiciera cristalizar antes que todo en la conciencia del país y en el juicio del exterior el fundamento legal de la lucha. Pensaba, con la entereza de hombre cuerdo, que la ley ultrajada era el argumento menos discutible para justificar la lucha sangrienta iniciada por él e iba, así, emplazando nuestra fogosidad y nuestra impaciencia sin negarnos la razón en la amplitud de nuestro ideal. En esta constante pugna ideológica del sostenedor de la ley y de las aspiraciones juveniles que no eran otra cosa que las necesidades del pueblo, la lucha continuaba siempre adversa y cada día más difícil. El mes de marzo tocaba a su fin; el Gobierno usurpador reforzaba el ejército de operaciones contra el Gobierno legalista concentrando fuerzas y elementos en la capital del Estado y allá fuimos, cuando menos se esperaba la ofensiva, a hacer una demostración de fuerza y de presencia. Dos días duró el ataque a Saltillo; se peleó en las mismas calles de la ciudad; los arrabales estuvieron en poder de las fuerzas insurgentes todo el tiempo del asedio; pero tan prolongado esfuerzo, tan desigual la lucha, tanto sacrificio de sangre que no se reponía muy fácilmente, hicieron nuestra derrota, imponiéndonos violenta retirada y por distintas rutas rumbo a Monclova. Como si esto no fuera ya aniquilante, hubimos de luchar aún largas dos horas en la cuesta del Cabrito contra una columna federal salida de Monterrey, que pretendió ocupar lugar tan estratégico para evitarnos la retirada hacia nuestra base única de aprovisionamiento. La disputa de la posición fue dura y enérgica, quedando en nuestro poder a costa de muchos dispersos y de casi la pérdida absoluta de la moral de nuestro ejército. Desde aquella tarde azarosa y fatal se impusieron las grandes jornadas, por la estepa llena de cardos y lechuguilla; desposeída de todo oasis; llena de inmensidad y de penuria… Pero el día 25 llegamos a la Hacienda de Guadalupe, colocada estratégicamente en el valle solitario que se inicia en las fecundas cañadas de Boca de Tres Ríos. La hacienda nos brindaba la seguridad estratégica de las cordilleras cercanas; el refrigerio de las escasas pero apreciabilísimas aguas de arroyos; la reparación del extenuamiento físico de hombres y bestias que apenas habían probado el sustento y descansado lo indispensable, a campo raso, para proseguir las marchas; y por último, nos permitía el albergue de sus trojes y cobertizos destartalados como una esperanza de mejores tiempos. Ya limpios los cuerpos y tranquilos los nervios de las condiciones del lugar, el jefe Carranza y su secretario particular el capitán Breceda se encerraron en la oficina de raya de la finca. Todos presentimos algo grato; conjeturamos que una nueva marcha se enunciaría en breve o que se trazaría un nuevo y más halagüeño plan de campaña. Pero no, el encierro del gobernador, de don Venus, como le decían, abreviando, los rudos fronterizos, fue largo y como siempre solemne, dando por resultado aquella voz imperativa del trompeta de órdenes del Cuartel General llamando a jefes y oficiales. En el panorama del recuerdo pasan lista de presente los oficiales y jefes del Segundo de Carabineros de Coahuila al mando del modesto y sencillo teniente coronel Cesáreo Castro; los oficiales y jefes del Primer Regimiento “Libres del Norte” al mando del apuesto y atractivo teniente coronel Lucio Blanco; los contados elementos del deshecho y aniquilado Segundo Regimiento de Carabineros de San Luis, cuyo jefe, el teniente coronel Andrés Saucedo, había quedado enfermo en Monclova; los contados oficiales del 28.º Regimiento Federal en organización que había venido casi íntegra a nuestras filas del mando de su jefe el teniente coronel Luis Garfias; los contados y modestos oficiales de la pequeña escolta del Primer Jefe que, al mando del mayor Aldo Baroni y del humilde pero bravo capitán Gaspar Cantó, estuvieron siempre en su sitio a la hora del peligro y de la refriega; la oficialidad indomable y el jefe heroico del Segundo Cuerpo de “Libres del Norte”, al mando de su serio, seco y bizarro teniente coronel Francisco Sánchez Herrera; los inolvidables soldados ya caídos, Agustín Millán, Antonio Portas y la entusiasta oficialidad veracruzana de los regimientos rurales por ellos comandados y, por último, los jóvenes ayudantes que bajo las órdenes del jefe del Estado Mayor, teniente coronel Jacinto B. Treviño, estaban ansiosos siempre de nuevas aventuras y del encauzamiento social de la Revolución. Todos risueños, alegres, firmes, fueron pasando al pequeño cuarto en que horas antes se encerrara solamente con su secretario particular el jefe Carranza. La habitación era pequeña, cuadrangular, con una diminuta ventana, en el centro del muro, hacia el campo, y una puerta angosta que daba acceso a una especie de vestíbulo medianero con los cobertizos donde estaban los talleres de herrar y carpintear; los aperos rudimentarios del rancho. Dos mesas mugrientas y apolilladas y dos sillas eran todo el ajuar de aquella oficina en que la oficialidad descrita, de una columna inferior a setecientos hombres, iba a firmar un pacto con el Gobierno Constitucional de Coahuila y con el pueblo todo del país para defender y hacer triunfar el plan revolucionario que, por arcanos y desconocidos decretos del destino, debía llamarse Plan de Guadalupe. El secretario particular del señor Carranza puso en nuestras manos un pliego haciéndonos saber que aquello era el plan esperado y que debíamos de firmar aquella mañana memorable. Se hizo el silencio, se leyó el documento. Era conciso, breve e iletrado [sic] como su autor. En todo él sólo campeaba la idea legalista, motivo y principio de aquella campaña. ¿Qué pensaron aquellos jóvenes luchadores que habían seguido a Madero al impulso de grandes anhelos económicos, educacionales y sociales? No podría definirse y sería aventurado escrutar el cerebro de aquel núcleo de hombres incultos o semiilustrados, pero pasada la ofuscación de las palabras, transmitidas como procedentes del Primer Jefe, empezaron las propuestas para agregar al proyecto del señor Carranza lineamientos agrarios, garantías obreras, reivindicaciones y fraccionamiento de latifundios, absolución de deudas y abolición de tiendas de raya. La algarabía era confusa en el pequeño ambiente de aquel cuarto histórico; las ideas se perdían en el espacio por el desorden con que eran emitidas; y, entonces, se propuso orden, método, serenidad y el nombramiento de una directiva que encauzara aquel entusiasmo. Un aplauso subrayó la idea y sonaron los nombres del teniente coronel Jacinto B. Treviño, del teniente coronel Lucio Blanco y de otros más humildes para presidir la asamblea. Blanco fue aclamado unánimemente y pasó a una de las sillas, al centro de la mesa, junto a la ventana ruin. Faltaba un secretario: el capitán Múgica fue designado y ocupó la otra silla en la cabecera de la mesa. La asamblea, organizada, tuvo un movimiento tumultuoso de acomodamiento dentro del estrecho recinto; y empezó, serena, reflexiva y patriota, a dictar los principios y los fundamentos filosóficos que habían de explicar a la opinión de aquel entonces y a las generaciones futuras el fundamento de la lucha y las aspiraciones de los iniciadores. Todo el anhelo popular que más tarde encarnó en la Constitución de 17 sonó en las palabras de aquellos modestos oficiales y jefes de aquella memorable asamblea; pues significaba el deseo fervoroso de acabar con aquel organismo carcomido, egoísta y torpe que había creado la dictadura porfiriana y el grupo de favoritos que disfrutaron el país como una propiedad privada y exclusiva. Todos queríamos que aquel documento abarcara la historia de las generaciones que iban a rebelarse y los anhelos que perseguían. Naturalmente que estas manifestaciones fueron hechas en forma nebulosa, con la confusión de gentes poco instruidas, pero con la videncia del que ha sufrido y con la sabiduría que da la expoliación interminable. Y pusimos mano a la obra. Enderezamos alambicados considerandos que expusieran nuestra filosofía y nuestros pensamientos para concluir con resoluciones firmes y enérgicas. Pero el secretario Breceda velaba por los pensamientos del señor gobernador Carranza puestos en el documento en proyecto, y salió a rendir parte de nuestras pretensiones. Don Venustiano se presentó, presto, en el recinto de la asamblea pidiendo informes de nuestra actitud. Fueron amplias las explicaciones; claros los conceptos; dignas las actitudes. Deseábamos hablarle al pueblo, no sólo de la razón legal de la guerra, sino de la oportunidad, de la necesidad de vindicar las usurpaciones desde la tierra hasta la del poder, desde la económica hasta la política. Ya sereno, el caudillo de la legalidad contestó así a nuestro entusiasmo: “¿Quieren ustedes que la guerra dure dos años, o cinco años? La guerra será más breve mientras menos resistencia haya que vencer. Los terratenientes, el Clero y los industriales son más fuertes y vigorosos que el Gobierno usurpador; hay que acabar primero con éste y atacar después los problemas que con justicia entusiasman a todos ustedes, pero a cuya juventud no le es permitido escogitar los medios de eliminar fuerzas que se opondrían tenazmente al triunfo de la causa”. La asamblea objetó aun que había juventud para luchar no sólo cinco años sino diez si era preciso para llegar al triunfo; pero prevaleció la opinión del jefe y con agregado de los considerandos ya escritos y la promesa de formular el programa social al triunfo de la lucha, se suscribió el documento histórico que rememoro y pasó a la firma de todos aquellos jóvenes que han vivido una epopeya con la modestia de los iniciadores de todas las causas y el desinterés firme y sincero de todos los patriotas. El Plan de Guadalupe fue la bandera de una lucha trascendental para nuestro progreso; trascendental para las relaciones internacionales; trascendental para nuestra educación científica; trascendental para nuestro ejército; trascendentalísima para nuestros obreros y campesinos que han alcanzado, al fin, tener una personalidad vigorosa y un bienestar económico que tenían derecho a esperar desde que hicieron la revolución de Independencia y repartieron en las luchas de Reforma y del segundo Imperio».

En Monclova se unen al Ejército Constitucionalista Cándido Aguilar, Jesús Agustín Castro, Francisco Murguía, Luis y Eulalio Gutiérrez, Francisco Coss y Sebastián Carranza. En la misma población recibe don Venustiano a los comisionados del Estado de Sonora que van a participarle que el Gobierno de dicha entidad ha desconocido al de Huerta. A este propósito debemos relatar que el gobernador sonorense José María Maytorena se había negado a desconocer al régimen huertista; pero ante la presión de los jefes maderistas Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Manuel M. Diéguez, Salvador Alvarado, Juan Cabral y Benjamín Hill, todos ellos con mando de fuerzas, optó por solicitar licencia de la legislatura local por seis meses para separarse de su alto cargo, licencia que le fue concedida. En su lugar fue designado el señor Ignacio L. Pesqueira, quien el 5 de marzo con apoyo de la Cámara local y de los jefes antes citados desconoció al Gobierno originado en el cuartelazo de la Ciudadela. De suerte que el movimiento revolucionario iniciado por don Venustiano Carranza se iba fortaleciendo con nuevos y valiosos elementos materiales y humanos.

En el mes de abril los constitucionalistas se adueñaron de la población de Piedras Negras. Desde allí inició el señor Carranza la obra legislativa de la Revolución, expidiendo los siguientes decretos:

Decreto número 1, de 20 de abril, por medio del cual se reconocen los grados de quienes militaron en el ejército maderista, así como también a los del ejército federal que no hubiesen participado en el levantamiento de Félix Díaz en Veracruz en octubre de 1912 ni en el cuartelazo de febrero de 1913. En este decreto se señala un plazo de 30 días para incorporarse a las filas revolucionarias.

Decreto número 2, de 24 de abril, desconociendo todas las disposiciones y actos que hubieren emanado y emanaran de los tres poderes del Gobierno huertista, y lo mismo tratándose de los Gobiernos de los Estados.

Decreto número 3, de 26 de abril, autorizando la emisión de papel moneda de curso forzoso, hasta por la cantidad de cinco millones de pesos.

Decreto número 4, de 10 de mayo, expedido en Monclova, reconociendo a nacionales y extranjeros el derecho de reclamar, al triunfo de la Revolución, las indemnizaciones correspondientes por daños sufridos durante la lucha maderista y por los que sufrieran en el curso de la contienda que se iniciaba.

Decreto número 5, de 14 de mayo, resucitando la terrible ley de 25 de enero de 1862, dictada por el Gobierno de Juárez, contra los traidores a la patria, con el fin de aplicarla a los participantes en el cuartelazo de la Ciudadela. Aclaremos que la ley mencionada no establecía sino dos penas: ocho años de prisión o la muerte.

Decreto número 6, de 4 de julio, en el que se ordena la organización del Ejército Constitucionalista en siete cuerpos; con su denominación y zona de operaciones.

Al saberse en los Estados Unidos que el señor Carranza, el hombre que había arrojado el guante a Victoriano Huerta y que con un pequeño ejército de alrededor de mil hombres, había establecido su cuartel general en la población fronteriza, acudieron a Piedras Negras buen número de periodistas norteamericanos para entrevistarlo. Don Venustiano consideró desde luego útil y oportuno conversar con los representantes de la prensa de la nación vecina, para informar del porqué de su actitud y de los propósitos que perseguía. La versión de la entrevista que tomamos del libro del general Juan Barragán, es de singular importancia porque ofrece perfil interesante de la personalidad del caudillo revolucionario. Barragán dice en su libro Historia del Ejército y de la Revolución Constitucionalista lo que aquí se inserta en forma textual:

«Contrariamente a lo que esperaban los periodistas, el señor Carranza se presentó ante ellos en el lugar convenido para la entrevista, acompañado únicamente de su ayudante y sobrino, el entonces teniente Alberto Salinas Carranza, que debería servirle de intérprete. Hechas las presentaciones y cambiados los saludos de rigor, Mr. Weeks, en representación del grupo, dijo al Primer Jefe:

»“Los reporteros americanos aquí presentes deseamos escuchar de sus labios las razones que ha tenido usted para ‘rebelarse’ contra el Gobierno del general Victoriano Huerta. También desearíamos conocer el programa político y militar que piensa usted desarrollar durante la lucha armada, así como los elementos de que dispone para enfrentarse al poderoso Ejército Federal. Por último, nos interesaría conocer la actitud que piensa usted asumir respecto de los Estados Unidos, después del violento mensaje que dirigiera usted al ex presidente Taft, desde la ciudad de Ramos Arizpe…”.

»El Primer Jefe, sin mayores vacilaciones, lejos de dar categórica respuesta a cada una de las anteriores preguntas, cambiando de momento los papeles, replicó de esta manera:

»“Yo deseo me digan ustedes quién es el jefe militar que tiene a su cuidado y bajo su responsabilidad la ciudad de Washington, capital y asiento de los poderes de la Unión Americana, así como la guarda y seguridad de sus mandatarios”.

»Desconcertados los reporteros con semejante pregunta cuya significación y alcance no acertaban a comprender, se limitaron a contestar con inexpresivo laconismo:

»“—El mayor general Leonardo Wood”.

»“—Muy bien —dijo el señor Carranza—; díganme, entonces, ustedes, ¿cuál sería la actitud del pueblo americano si mañana el mayor general Leonardo Wood se presentara en la Casa Blanca, aprehendiera y asesinara al presidente Wilson y al Vicepresidente, y se proclamara Presidente de los Estados Unidos Norteamericanos?”.

»Advertidos los periodistas del sentido de la pregunta, respondieron al unísono:

»“—El pueblo americano, presa de justa indignación, se arrojaría sobre su cobarde asesino y lo lincharía…”.

»El señor Carranza refrendó con una sonrisa esta respuesta, y con su acostumbrada firmeza agregó:

»“—Pues bien, eso mismo pienso hacer yo con el general Huerta y con los principales responsables de los cobardes asesinatos consumados en la persona de los primeros mandatarios del país”.

»No bien salían de su asombro los reporteros, cuando el señor Carranza continuó:

»“—Deseo aclarar a ustedes que, con el asesinato del Presidente y Vicepresidente de la República, ha quedado roto el orden constitucional, y como al hacerme cargo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila, protesté guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Coahuila, fiel a este juramento he asumido públicamente la noble obligación de restablecer el orden constitucional y de castigar con todo el rigor de la ley a los asesinos del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez”.

»“—Como ustedes comprenderán —siguió diciendo el señor Carranza—, no soy un rebelde, sino el legítimo representante de la Ley. El rebelde y traidor a nuestras instituciones es el usurpador Victoriano Huerta. Reconocido éste por los demás acobardados gobernadores de los Estados, la única autoridad que actualmente existe en la República, es la que ostento como Gobernador Constitucional de mi Estado y que jamás declinaré ante ningún peligro. Para realizar esta magna empresa, como ustedes ven, sólo cuento, por ahora, con un puñado de valientes patriotas que han secundado mi actitud, resueltos a vencer o morir; pero tengo la seguridad de que muy pronto el pueblo mexicano en armas contribuirá al derrocamiento del espurio régimen de Victoriano Huerta. Así, pues, yo espero fundadamente que el Gobierno americano permanecerá neutral en esta lucha, aunque bien podría pretender que desconociera un régimen de Gobierno como el de Huerta, erigido mediante la traición y el asesinato, y nadie más obligado a hacerlo que el Gobierno americano, dada la indebida e inconsulta intervención que correspondió en aquellos trágicos sucesos a su embajador Lane Wilson; pero prefiero abstenerme de hacerlo. No quiero mezclar a ningún país extranjero en los asuntos domésticos de México. Lo único que deseo, y lo reitero, es que el Gobierno americano, consecuente con su moral política y respeto de la ley de las naciones, observe en esta lucha la más estricta neutralidad, permitiendo al pueblo mexicano, que en el libre ejercicio de su derecho, decida, por medio de las armas, la suerte de un régimen como el de Huerta, que deshonra a mi pueblo y a mi patria”».

Ahora bien, no es nuestro propósito relatar las numerosas, grandes y pequeñas batallas que se libraron entre revolucionarios y huertistas durante los largos meses de la pugna enconada y sangrienta, entre otras razones porque harían demasiado extenso nuestro relato. De suerte que vamos a mencionar solamente en este capítulo algunos de los hechos de armas de mayor significación, de principios de mayo a los comienzos de octubre de 1913:

Lucio Blanco se interna en el Estado de Tamaulipas; pelea en varias ocasiones contra guarniciones federales en distintos poblados, derrotándolas; y el 4 de junio, después de varios días de lucha se adueña de la población de Matamoros.

El general Francisco Villa aparece levantado en armas en el Estado de Chihuahua seguido por un grupo de valientes, y obtiene su primera victoria en el poblado de Saucillo el 29 de mayo, aniquilando completamente a los federales, que perdieron doscientos individuos entre muertos, heridos y prisioneros. En la batalla se distinguieron los generales Manuel Chao y Maclovio Herrera.

En sonora el general Álvaro Obregón y los coroneles y tenientes coroneles Salvador Alvarado, Manuel M. Diéguez, Juan Cabral, Benjamín Hill y Plutarco Elías Calles, bien pronto se adueñaron de dicho Estado. El general Obregón libró varias batallas espectaculares en Santa Rosa, Santa María y Ortiz, venciendo a las fuerzas federales al mando del general Pedro Ojeda y puso sitio al puerto de Guaymas. Todo lo anterior fue realizado de mayo a septiembre.

Tanto Álvaro Obregón como Francisco Villa, generales hasta cierto punto improvisados, puesto que ninguno de los dos había hecho estudios militares, se revelaron desde muy luego como grandes estrategas que sabían vencer a generales profesionales, algunos de ellos con estudios superiores en las academias de Francia o Alemania.

Villa había sido ladrón de ganado, y según se decía por aquellos años su verdadero nombre era Doroteo Arango. Era un hombre rudo e ignorante que ni siquiera hablaba bien el español, pues cometía numerosos errores sustituyendo unas letras por otras. Era desconfiado y astuto; frecuentemente cruel; mas con facilidad solía conmoverse y llorar como niño. Tenía una mirada acerada que se clavaba como puñales en su interlocutor. Villa era un primitivo; una fuerza de la naturaleza. Nadie le superaba comandando quinientos, mil o dos mil hombres. De actividad sin reposo, hacía con su tropa jornadas inverosímiles. Tal vez exagerando un poco cabe decir que fue un guerrero intuitivo, verdaderamente extraordinario.

El caso de Obregón es diferente: mestizo, cargado de blanco, pertenecía a la clase media rural; autodidacto que había acumulado conocimientos generales, sobre todo en relación con el cultivo del campo. Era dueño de un pequeño rancho en las cercanías de Huatabampo. Al triunfar el maderismo fue electo presidente municipal de la población citada y cuando Pascual Orozco se rebeló contra el Gobierno del señor Madero, Álvaro Obregón organizó un batallón que con otras fuerzas sonorenses pasó de Sonora a Chihuahua a combatir a los infidentes orozquistas distinguiéndose en los primeros combates como hombre no sólo valiente sino temerario, a la vez que habilísimo y gran estratega. Era ingenioso, de carácter simpático y de talento poco común, aunado a una memoria casi fabulosa.

Hay que agregar, insistiendo en ello, que mientras Villa y Obregón luchaban en Chihuahua y Sonora contra los federales de Huerta, Lucio Blanco, como ya lo dijimos, peleaba en Tamaulipas y lo mismo hacían en Nuevo León Pablo González, Francisco Murguía y Antonio I. Villarreal. En Coahuila y Zacatecas daban guerra a los huertistas los hermanos Eulalio y Luis Gutiérrez, Pánfilo Natera y otros.

Por todas partes cundía la Revolución, la protesta armada contra el Gobierno usurpador que había surgido del infame Pacto de la Embajada. En Michoacán no daban tiempo de reposo al Ejército Federal los revolucionarios Gertrudis Sánchez, Joaquín Amaro, Juan Espinosa y Córdoba, Martín Castrejón y Héctor F. López. Lo mismo hacían en el oriente de San Luis Potosí Alberto Carrera Torres y los hermanos Cedillo. En fin la Revolución se extendía por todos los Estados de la República: Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, etc. Y cada día el Ejército Federal era menos capaz de contener el torbellino de la Revolución.

Un hecho por demás interesante que no debemos pasar en silencio fue la primera dotación de tierras en el norte del país. El 30 de agosto de 1913 el general Lucio Blanco distribuyó entre campesinos los terrenos de la hacienda Los Borregos; el acto se celebró con solemnidad, pronunciando fogoso y radical discurso el mayor Francisco J. Múgica, quien censuró a los grandes terratenientes por explotar sin medida a sus trabajadores y habló de la obra redentora que habría de realizar la Revolución al elevar las condiciones de vida del proletariado. Debemos hacer notar que esta distribución de tierras se hizo sin ningún apoyo legal; se hizo revolucionariamente, a la brava, como se dice en la jerga popular. El hecho se explica incuestionablemente por los ideales de aquellos jóvenes revolucionarios que se habían lanzado a la lucha para transformar la estructura social de la nación, y porque por su impaciencia generosa ya no pudieron esperar la hora del triunfo definitivo y quisieron demostrar al pueblo su plena identificación con sus necesidades y aspiraciones. Todo parece indicar que al señor Carranza no le gustó la inesperada acción agrarista de Lucio Blanco y de sus subordinados, puesto que semanas después ordenó a Blanco que entregara el mando de sus fuerzas a otro jefe y fuera a unírsele a Hermosillo para darle otra comisión.

Pasemos a otro asunto. La mira principal de Huerta, durante los primeros meses de su Gobierno, era dominar completamente el Estado de Coahuila donde había comenzado la Revolución y dar buena cuenta de don Venustiano Carranza y su gente. Por lo tanto, concentró numerosas tropas por todos los rumbos del Estado, al mando de los generales Joaquín Mass y Guillermo Rubio Navarrete con instrucciones de que tomaran la plaza de Piedras Negras, lugar estratégico por su vecindad con los Estados Unidos, en la cual el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista había establecido su cuartel general. Carranza abandonó la población sin esperar el asedio de los federales, dirigiéndose a Cuatro Ciénegas, lugar de su nacimiento, para marchar después a Torreón y participar en el ataque que varias fuerzas revolucionarias, concentradas en sus alrededores, preparaban. Efectivamente, Torreón fue infructuosamente atacado durante ocho días por los revolucionarios, del 22 al 30 de julio de 1913, debido a la superioridad del enemigo, tanto en número de combatientes como en disciplina y armamento. El señor Carranza dirigió personalmente las operaciones. Las fuerzas atacantes estuvieron mandadas por Calixto Contreras, Tomás Urbina, Orestes Pereyra, Pánfilo Natera, José Isabel Robles, Cándido Aguilar, Eugenio Aguirre Benavides y Eulalio Gutiérrez.

Después de la fracasada toma de Torreón el general Cándido Aguilar recibió instrucciones del Primer Jefe para trasladarse al Estado de Veracruz, a fin de activar la campaña contra el Gobierno de Huerta. De Torreón marchó don Venustiano a la capital de Durango que había sido ocupada por los hermanos Arrieta. De allí partió al Estado de Sinaloa cruzando la Sierra Madre Occidental, custodiado por una escolta de alrededor de cien hombres. A mediados de septiembre llegó a El Fuerte, Sinaloa. Allí fue a encontrarlo el general Álvaro Obregón. Éste y el Primer Jefe arribaron a Hermosillo el día 20, donde fueron recibidos con entusiasmo desbordante por los habitantes de la ciudad. A este respecto el propio general Obregón en Ocho mil kilómetros en campaña dice lo que sigue:

«En Hermosillo fue objeto el Primer Jefe de la recepción más entusiasta que he presenciado yo durante la Revolución. Todas las manifestaciones de simpatía que el Jefe recibió en el trayecto desde Navojoa a Hermosillo, fueron la expresión franca y sincera de un pueblo consciente, que sabe apreciar los sacrificios de los hombres que le defienden su dignidad y sus derechos».

A los pocos días de encontrarse en Hermosillo, procedió el señor Carranza a organizar el primer Gabinete del Gobierno Constitucionalista en la forma siguiente: secretario de Relaciones y de Hacienda, licenciado Francisco Escudero; oficial mayor de Relaciones, licenciado Isidro Fabela; secretario de Gobernación, licenciado Rafael Zubaran Capmany; oficial mayor, Adolfo de la Huerta; subsecretario de Guerra, general Felipe Ángeles; oficial mayor de Comunicaciones y Fomento ingeniero Ignacio Bonillas; jefe del Estado Mayor de la Primera Jefatura, coronel Jacinto B. Treviño; secretario particular de la Primera Jefatura, Gustavo Espinosa Mireles.

Y no debemos terminar este capítulo sin hacer especial referencia al discurso importantísimo que pronunció el señor Carranza en el Ayuntamiento de Hermosillo el 23 de septiembre de 1913. Decimos importantísimo porque quien lo lea encontrará que no es cierto que don Venustiano carecía de ideas de transformación social, tendientes a modificar la vida de la nación. En el discurso de que se trata se encuentran en germen las ideas del decreto de 12 de diciembre de 1914, expedido en Veracruz, así como también la legislación revolucionaria posterior, incluyendo la ley de 6 de enero de 1915, origen de la reforma agraria. Por el interés y trascendencia del discurso se transcribe en seguida un fragmento del mismo:

«Ya es tiempo de no hacer falsas promesas al pueblo y de que haya en la historia siquiera un hombre que no engañe y que no ofrezca maravillas, haciéndole la doble ofensa al pueblo mexicano de juzgar que necesita promesas halagüeñas para aprestarse a la lucha armada en defensa de sus derechos. Por esto, señores, el Plan de Guadalupe no encierra ninguna utopía, ninguna cosa irrealizable, ni promesas bastardas hechas con la intención de no cumplirlas. El Plan de Guadalupe es un llamado patriótico a todas las clases sociales, sin ofertas y sin demandas al mejor postor. Pero sepa el pueblo de México que, terminada la lucha armada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá que principiar formidable y majestuosa la lucha social, la lucha de clases, queramos o no queramos nosotros mismos y opónganse las fuerzas que se opongan, las nuevas ideas sociales tendrán que imponerse en nuestras masas; y no es sólo repartir las tierras y las riquezas naturales, no es el sufragio efectivo, no es abrir más escuelas, no es igualar y repartir las riquezas nacionales; es algo más grande y más sagrado; es establecer la justicia, es buscar la igualdad, es la desaparición de los poderosos, para establecer el equilibrio de la economía nacional.

»El pueblo ha vivido ficticiamente, famélico y desgraciado, con un puñado de leyes que en nada le favorecen. Tendremos que removerlo todo. Crear una nueva Constitución cuya acción benéfica sobre las masas nada, ni nadie, pueda evitar.

»Nos faltan leyes que favorezcan al campesino y al obrero; pero éstas serán promulgadas por ellos mismos, puesto que ellos serán los que triunfen en esta lucha reivindicadora y social».

En realidad, bueno es subrayarlo, la lucha de clases hacía tiempo que había comenzado. Puede decirse que desde que se inició la Revolución Constitucionalista la sociedad mexicana se dividió, aparte los tibios y neutrales, en dos bandos perfectamente definidos. Sosteniendo al régimen huertista estuvieron, como ya antes se dijo, los banqueros, los grandes industriales, los grandes comerciantes, el ejército federal, el Clero, especialmente el de elevada jerarquía. Hay que agregar a los hacendados, muchos de los cuales organizaron guardias blancas para defender sus propiedades y luchar en contra de las pequeñas partidas de revolucionarios. Del lado de Carranza y de los jefes que lo secundaron en su formidable aventura, se alistaron trabajadores de las minas, de los talleres, de las fábricas y sobre todo, sobre todo del campo. También se unieron a la Revolución algunas decenas de intelectuales de diversas procedencias y categorías.

En consecuencia, a medida que la lucha fue intensificándose se acentuó el odio de unos a otros, de los revolucionarios hacia los que en alguna forma sostenían al Gobierno huertista. Esto explica la razón por la cual a medida que el tiempo fue transcurriendo la lucha tomaba caracteres de mayor virulencia.

En Hermosillo se conoció bien pronto la noticia de la disolución de las Cámaras federales perpetrada por Huerta el 10 de octubre. La noticia del tremendo error cometido llevó al ánimo de los revolucionarios la convicción de que había comenzado el principio del fin del Gobierno más vergonzoso y criminal de la historia de México.

ANEXO 1

PLAN DE GUADALUPE[2]

MANIFIESTO A LA NACIÓN

CONSIDERANDO que el general Victoriano Huerta, a quien el Presidente Constitucional don Francisco I. Madero había confiado la defensa de las instituciones y legalidad de su Gobierno, al unirse a los enemigos rebeldes en contra de ese mismo Gobierno, para restaurar la última dictadura, cometió el delito de traición para escalar el poder, aprehendiendo a los C. C. Presidente y Vicepresidente, así como a sus ministros, exigiéndoles por medios violentos las renuncias de sus puestos, lo cual está comprobado por los mensajes que el mismo general Huerta dirigió a los gobernadores de los Estados comunicándoles tener presos a los Supremos Magistrados de la Nación y su Gabinete. Considerando que los poderes Legislativo y Judicial han reconocido y amparado en contra de las leyes y preceptos constitucionales al general Victoriano Huerta y sus ilegales y antipatrióticos procedimientos, y considerando, por último, que algunos gobiernos de los Estados de la Unión han reconocido al Gobierno ilegítimo impuesto por la parte del ejército que consumó la traición, mandado por el mismo general Huerta, a pesar de haber violado la soberanía de esos Estados, cuyos gobernadores debieron ser los primeros en desconocerlo, los suscritos, jefes y oficiales con mando de fuerzas constitucionalistas, hemos acordado y sostendremos con las armas el siguiente

PLAN

1.º Se desconoce al general Victoriano Huerta como Presidente de la República.

2.º Se desconoce también a los poderes Legislativo y Judicial de la Federación.

3.º Se desconoce a los Gobiernos de los Estados que aún reconozcan a los Poderes Federales que forman la actual administración, treinta días después de la publicación de este Plan.

4.º Para la organización del Ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como Primer Jefe del Ejército que se denominará «Constitucionalista» al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador constitucional del Estado de Coahuila.

5.º Al ocupar el Ejército Constitucionalista la ciudad de México se encargará interinamente del Poder Ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza, o quien lo hubiere substituido en el mando.

6.º El Presidente interino de la República convocará a elecciones generales, tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el Poder al ciudadano que hubiere sido electo.

7.º El ciudadano que funja como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista en los Estados cuyos Gobiernos hubieren reconocido al de Huerta asumirá el cargo de gobernador provisional y convocará a elecciones locales, después que hayan tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que hubiesen sido electos para desempeñar los altos poderes de la Federación, como lo previene la base anterior.

Firmado en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, a los 26 días de marzo de 1913.

Teniente coronel, jefe del Estado Mayor, Jacinto B. Treviño; teniente coronel del Primer Regimiento, «Libres del Norte», Lucio Blanco; teniente coronel del Segundo Regimiento, «Libres del Norte», Francisco Sánchez Herrera; teniente coronel del 38.º Regimiento, Agustín Millán; teniente coronel del 38.º Regimiento, Antonio Portas; teniente coronel del «Primer Cuerpo Regional», Cesáreo Castro; mayor, jefe del Cuerpo de «Carabineros de Coahuila», Cayetano Ramos Cadelo; mayor, jefe del Regimiento «Morelos», Alfredo Ricaut; mayor Médico del Estado Mayor, doctor Daniel Ríos Zertuche; mayor Pedro Vázquez; mayor Juan Castro; mayor del E. M., Aldo Baroni; mayor del 38.º Regimiento, Adalberto Palacios; mayor Tirso González; mayor Adolfo Palacios; capitán primero, Ramón Caracas; capitán primero, secretario particular del gobernador de Coahuila, Alfredo Breceda; capitán primero Feliciano Menchaca; capitán primero Santos Dávila Arizpe; capitán primero F. Garza Linares; capitán primero Guadalupe Sánchez; capitán primero F. Candez Castro; capitán primero F. Cantú; capitán primero de Estado Mayor, Rafael Saldaña Galván; capitán primero de Estado Mayor, Francisco J. Múgica; capitán primero Gustavo Elizondo; capitán segundo Nemesio Calvillo; capitán segundo Armando Garza Linares; capitán segundo Camilo Fernández; capitán segundo Juan Francisco Gutiérrez; capitán segundo Manuel Charles; capitán segundo Rómulo Zertuche; capitán segundo Carlos Osuna; capitán segundo Antonio Vita; capitán segundo José Cabrera; capitán segundo Manuel H. Morales; teniente Manuel M. González; teniente B. Blanco; teniente de Estado Mayor, Juan Dávila; teniente de Estado Mayor, Lucio Dávila; teniente de Estado Mayor, Francisco Destenave; teniente de Estado Mayor, Andrés Saucedo; teniente Jesús R. Cantú; teniente José de la Garza; teniente Francisco A. Flores; teniente Jesús González Morín; teniente José E. Castro; teniente Alejandro Garza; teniente José N. Gómez; teniente Pedro A. López; teniente Baltasar M. González; teniente Benjamín Garza; teniente Cenobio López; teniente Venancio López; teniente Petronilo A. López; teniente Ruperto Boone; teniente Ramón J. Pérez; teniente Álvaro Rábago; teniente José María Gámez; subteniente Luis Reyes; subteniente Luz Menchaca; subteniente Rafael Limón; subteniente Reyes Castañeda; subteniente Francisco Ibarra; subteniente Francisco Aguirre; subteniente Pablo Agilitar; subteniente A. Cantú; subteniente A. Torres; subteniente Luis Martínez; subteniente A. Amezcua; subteniente Salomé Hernández.

Los que subscribimos, jefes y oficiales de guarnición en esta plaza, nos adherimos y secundamos en todas sus partes el Plan firmado en la Hacienda de Guadalupe, Coah., el 26 de los corrientes.

Piedras Negras, Coah., marzo 27 de 1913.

Jefe de las armas, Gabriel Calzada; jefe de las armas de Allende, A. Barrera; jefe del Cuerpo de Carabineros del Río Grande, mayor R. E. Múzquiz; mayor del Cuerpo de A. del D. de Río Grande, mayor Dolores Torres; capitán primero Manuel B. Botello; capitán segundo I. Zamarripa; capitán segundo Julián Cárdenas; capitán primero del Batallón «Leales de Coahuila», Feliciano Mendoza, teniente J. Flores Santos; teniente Adolfo Treviño; subteniente Juan G. González; capitán segundo Federico Garduño; subteniente A. Lozano Treviño.

Los jefes y oficiales en el campo de operaciones de Monclova se adhieren y secundan el Plan firmado el día de ayer en la Hacienda de Guadalupe. Mayor Teodoro Elizondo, capitán primero Ramón Arévalo, capitán segundo Francisco Garza Linares, capitán segundo F. G. Galarza, capitán segundo Miguel Ruiz.

En el texto que publicó el Sr. Francisco Naranjo en su Diccionario biográfico revolucionario, p. 288, agregó los siguientes nombres:

Tlalnepantla, México, 30 de marzo de 1913. Los jefes y oficiales suscritos del 21 Cuerpo Rural, nos adherimos al Plan de Guadalupe, Coah. Coronel Jesús A. Castro, capitán primero Miguel M. Nafarrete, Emiliano P. Nafarrete; tenientes: Juan Jiménez, Conrado Gallardo, Marcial Galarza, Gonzalo Garza, Rosalío Quiñones, Manuel M. Viramontes, Blas Corral.

ANEXO 2

UN DISCURSO DEL LICENCIADO ISIDRO FABELA EL 1.º DE MAYO DE 1913[3]

SEÑORAS y señores:

El mundo entero consagra hoy sus alegrías, sus optimismos, sus entusiasmos a la Fiesta del Trabajo, como un tributo espontáneo de simpatía, como una ofrenda de amor, como un signo de reconocimiento y de admiraciones para esos millones de seres, respetables y no respetados, que pasan la vida pesada y melancólicamente trabajando siempre para los demás en medio a la monotonía doliente de la pobreza, sin más premio que las alabanzas mudas de la propia conciencia, sin más aliciente que la conquista del pan de todos los días, sin más consuelo que los dulces quereres del hogar, sin más descanso a veces que el de las noches, sin más esperanza que la conservación del salario.

Y ellos son, ellos, los que concurren con sus manos incansables a la eterna algarada del mundo; ellos son los productores pacientes y constantes de la riqueza; ellos son los que torturando sus fuerzas, menoscabando su salud y agotando impíamente su triunfal juventud, viven laborando la felicidad ajena.

Ellos construyen los palacios principescos que adornan los bulevares para ostentación desdeñosa y altiva de los dueños ricos; ellos fabrican los carruajes opulentos que se deslizan por las brillantes avenidas, donde los herederos ricos y los burgueses se abandonan al amor y placidez de su aburrida pereza o a la estulticia de sus estupendos problemas de divertimientos; ellos son los que llevan el confort a los salones, la elegancia a los atavíos, la suntuosidad a los banquetes, el esplendor a los teatros y el lujo maravilloso y deslumbrante a las mansiones regias.

Y ellos son también los que viven en las fábricas bajo el ruido terco y ensordecedor de las máquinas, mirando siempre la aridez desconcertante de las bandas, oliendo a todas horas el ambiente asfixiador del humo, teniendo siempre los ojos fijos, la atención insistente, las manos incansables en la tarea ruda que se transformará en pan.

Ellos son los que escuchan y acatan en el taller, sin un gesto de disgusto, sin un altisonante vocablo, a los patronos que tienen bajo su férula el estómago de los obreros.

Ellos son los que rompen la tierra bajo un sol ardentísimo, los que siembran el grano en las invernadas mortíferas, los que siegan en las sementeras sobre los fangos y bajo los torrentes.

Por ellos estamos aquí los que sentimos sus dramas misérrimos, los que comprendemos sus justas inconformidades, los que amamos su pobreza, los que ensoñamos su adelanto, los que bendecimos sus brazos edificantes, y los que vemos en el sublime sudor de sus frentes el rocío de esa madrugada luminosa que iniciará la verdadera transformación de nuestros obreros.

No vengo ante vosotros, señores, a doctrinar; no es este momento a propósito para las enseñanzas económico-sociales, sino propicio únicamente para que nuestra señora la alegría, tomando asiento en este cenáculo, suelte las riendas de sus pegasos impacientes y vaya regando desde su carro imperial rosarios de carcajadas, coronas de abrazos y floraciones de besos, a todos los hijos de esta patria enferma, que alientan apenas, subyugados por el capital y carcomidos por la faena.

¿Cuál es el problema que nos toca plantear, trabajar y resolver? El mejoramiento de la clase obrera, de acuerdo con la historia, con el medio y con las circunstancias actuales; porque es una verdad, de un gran filósofo, este apotegma incontrovertible: las necesidades crean las leyes y no las leyes a las necesidades.

Ahora bien, señores ¿qué significación tiene esta apoteosis?

El día primero de mayo es un día simbólico, no significa solamente el deseo fervoroso del regocijo, de la expansión cordial de todos los espíritus, del sincero sentimiento amoroso que une a todos los hermanos en el trabajo, en la abnegación y en el dolor, no; este día fausto como una resurrección, trascendente como una revelación, hermoso como una reconquista, representa algo más que las puras emociones, porque representa las tendencias de la clase obrera.

La aspiración legítima de millones de hombres de alcanzar en la sociedad una vida mejor, más digna, más justa, más humana. Esta ansia de libertad que sacude las almas, que aguijonea los cerebros contra nuestras leyes económicas, arcaicas y opresoras, y contra los mandatarios, incapaces de penetrar los ideales del pobre, porque el pobre está abajo y sufre y el gobernante está arriba y olvida. Este impulso tremendo del proletariado, «empujado por todas las fuerzas de la historia y por todas las necesidades económicas del siglo», a un altivo pero justo ideal de mejoramiento económico, se transforma en aleluya regocijante en este día de mayo.

El anhelo fundamental y equitativo del trabajador de la fábrica, del taller y del campo, de amenguar un poco la tiranía ominosa del capital, que pesa despiadadamente sobre sus hombros, ya cansados de aparente vencidos, y de tener un participio cada vez menos exiguo en la repartición de la riqueza que él mismo produce; ese afán de ascenso, ese ensueño de ambición que los grandes civilizados de los grandes países reclaman en el libro, en la conferencia y en los parlamentos, irradian por primera vez en México y por todos los ámbitos de la República en este día inmortal, que debiera llamarse no el día del trabajo, sino la fiesta del mundo, porque es la aurora del proletariado que empieza a apuntar en el horizonte de la civilización moderna un nuevo sol espléndido y rojo, magnánimo y justo: la redención del trabajo.

La intensa vida intelectual de los economistas contemporáneos que han compenetrado su alma con el alma del pueblo, que han arrancado a la ciencia los postulados sociológicos que habrán de reivindicar en el porvenir el aumento del salario, la disminución de las horas de trabajo, el descanso dominical, la protección a los trabajadores accidentados, las asociaciones obreras, etc., esa constante lucha del pensador contra los Gobiernos timoratos, contra las legislaciones conservadoras, contra los espíritus retardatarios; esa altruista labor de apostolado y aun de martirio de toda una teoría de hombres de buena voluntad que ha conquistado la culta Francia, la amada España, la gentil Italia; todos los ideales libertarios de esas almas superiores palpitan en este día en el ambiente universal, revolucionan todos los almarios, agitan todas las manos que se despliegan victoriosas al aplauso, que es una floración de redenciones, y levantan las frentes de los obreros, frentes de sacrificio que ayer se abatieron rendidas de cansera, divinamente sucias de tierra o de humo, de carbón o de aceite, y que hoy surgen limpias como el honor y radiantes como la verdad para recibir los besos fecundos del Primero de Mayo.

Todos los dolores del pauperismo que en miles de hogares se manifiestan en lágrimas, en hambre, en desesperaciones, en desalientos y en muerte; todos los odios reconcentrados del pobre que vive llorando contra el rico que pasea sonriendo; del asalariado que suda, obedece y calla contra el patrón que ruge y desprecia; del obrero que trabaja para mal comer contra el burgués que maquina para explotar; todas esas dolencias lacerantes como un flagelo, todas esas miserias amargas como la injusticia, cristalizan en vuestras mentes, aletean en vuestros recuerdos en este día memorable e imperecedero. Pero ¿cómo? No para acrecentar los rencores, que eso sería bajeza y no hidalguía, sino para pensar en tantos males y reclamar los derechos vulnerados con las leyes en la mano; no para vengar afrentas, sino para meditar conquistas; no para arrebatar, sino para pedir; no para maldecir, sino para perdonar.

¿Por qué? Porque la evolución económica es segura, pero debe ser lenta para que sea sólida; porque el mejoramiento de la clase obrera corre parejas con su educación general; porque las leyes progresistas en pro del trabajador deben estudiarse en los gabinetes, observarse en los talleres y discutirse en los parlamentos, de acuerdo con las necesidades económicas de cada país, pero no copiarlas de otras naciones, no para imponerlas intempestivamente, porque eso sería torpe y resultaría infructuoso, y además, señores, porque hemos llegado a un momento histórico en nuestra Patria, en el cual las ideas libertarias de toda especie están ya espiritualmente conquistadas, tienen raigambre honda y fuerte en nuestras conciencias, y flotan ya en todos los labios como botones tempraneros prontos a romperse en vítores, cuando la libertad; que llama a nuestras puertas, sea definitiva.

Y el triunfo esplenderá maravillosamente, señores obreros, porque el equilibrio equitativo entre el capital y el trabajo es una utopía que se realiza poco a poco, a pesar de los economistas clásicos, a pesar de la burguesía despiadada y sórdida, a pesar de la tradición y de los derechos adquiridos.

Pero ¿cuándo serán resueltos esos problemas que preocupan al obrero?

Tiempo falta todavía… porque hay muchos prejuicios que destruir, ignorancias radicales e intereses opuestos que vencer, y, más que nada, nobles doctrinas que predicar.

El principio de aquellos fines está sentado. Ya se ha traspuesto el sentimiento y se ha llegado a la acción, ya no son meros lirismos declamatorios los anhelos igualitarios y las ideas de mejoramiento, ya existe la conciencia del derecho en millones de hombres, ya están establecidas incontables sociedades de obreros que funcionan constantemente; ya repercuten por doquiera las voces de los directores intelectuales, que lanzan la buena nueva en el corrillo, en la asamblea, en el periódico y en el mitin; ya prendió la luz del pensamiento en las mentes obscuras; ya surgió a las bocas la inconformidad antes latente y reconcentrada de todos los pechos; ya se levantó poderosa, con gesto de orgullo y fortaleza, la gallarda rebeldía; la rebeldía trágica de la sangre y la rebeldía misericordiosa de la idea.

Ya hoy, señores, la primera manifestación genuinamente obrera por sus componentes y por sus ideales se presentó imponente de majestad y de civismo, con belleza inolvidable de intención, ante la Cámara de representantes del pueblo, y depositó ante un público compacto y delirante de obreros tres memoriales, que habrán tarde o presto de transformarse en leyes, al grupo Liberal Renovador de esa Cámara, que lleva en su sangre, sangre del pueblo, que nació del pueblo y trabajará por el obrero para cumplir así con los sagrados deberes que lleva troquelados fuertemente en su alma al conjuro de un glorioso apóstol,[4] cuya sangre de martirio, salpicada a todos los vientos, grabará en la historia de mi Patria con letras que irradiarán como soles, a pesar de todos los cuartelazos y a pesar de todas las tiranías, esta sola palabra: ¡Libertad!

La semilla hoy lanzada a la sementera siempre fecunda del pensamiento, después de corta o larga germinación fructificará al cabo, porque esas semillas de libertad e igualdad siempre son fecundantes en estas tierras americanas.

Y esta celebración, esta consagración del día del trabajo ¿no es ya el paso primigenio, seguro y gigante, en la vía de los mejoramientos? ¿Esta congregación fraternal, que escucha como en un templo y aplaude con entusiasmo al mañana lisonjero, no es ya una primicia de triunfo?

¡Oh!, sí, señores, yo veo en vuestras ilusiones un valiente reto a las añejas costumbres que claudicarán barridas por las frondas prepotentes del primero de mayo; yo presiento en vuestras palabras plenas de fe, verbos proféticos que recogerán vuestros hijos como verdades indiscutibles; yo miro en vuestras sonrisas tranquilamente plácidas la seguridad de una convicción y el secreto de una bella esperanza recóndita y vivaz.

Sólo que es preciso que la confianza impere como un dogma religioso en todos los gremios, que la perseverancia en las actividades sea uniforme y sea constante, y que el amor, amparando a todos los domeñados, a todos los vencidos, a todos los oficiantes en la religión no comprendida del deber, se yerga y se imponga como un dios inapelable, cuyos designios de concordia son indiscutidos e indiscutibles.

Compañeros, compañeros de ideales y de amores: la historia de la República os contempla serenamente, con mirada alentadora de agradecimiento y de confianza.

Podéis tomar a vuestros hogares, como paladines de victoria, a decir a vuestros padres y a vuestras esposas que en este día, fausto como una resurrección, trascendente como una revelación, hermoso como una reconquista, habéis arrancado al pueblo mexicano el primer grito de emancipación para el trabajo.

Podéis arribar al santuario inmaculado del verdadero afecto, que es donde se elaboran las grandes ideas de la reforma del mundo, a decir a vuestros hijos con solemnidad profética que ellos sí serán verdaderamente libres, para que mañana, cuando sean ciudadanos y vosotros estéis descansando para siempre, ellos vayan grave y orgullosamente con sus pensamientos al porvenir y sus corazones al pasado, a desparramar sobre vuestros nombres las rosas rojas del primero de mayo.

1913.[5]

ANEXO 3

REFORMAS AL PLAN DE AYALA[6]

PRIMERO. Se reforma el artículo primero de este plan en los términos que en seguida se expresan:

Artículo 1.º Son aplicables, en lo conducente, los conceptos contenidos en este artículo AL USURPADOR DEL PODER PÚBLICO, GENERAL VICTORIANO HUERTA, Cuya presencia en la Presidencia de la República acentúa cada día más y más su carácter contrastable con todo lo que significa ley, la justicia, el derecho y la moral, hasta el grado de reputársele mucho peor que Madero; y en consecuencia la Revolución continuará hasta obtener el derrocamiento del pseudo mandatario, por exigirlo la conveniencia pública nacional, de entero acuerdo con los principios consagrados en este Plan; principios que la misma Revolución está dispuesta a sostener con la misma entereza y magnanimidad con que lo ha hecho hasta la fecha, basada en la confianza que le inspira la voluntad suprema nacional.

SEGUNDO. Se reforma el artículo tercero de este Plan, en los términos siguientes:

Artículo 3.º Se declara indigno al general Pascual Orozco del honor que se le había conferido por los elementos de la revolución del Sur y del Centro, en el artículo de referencia; puesto que por sus inteligencias y componendas en el ilícito, nefasto, pseudogobierno de Huerta, ha decaído de la estimación de sus conciudadanos, hasta el grado de quedar en condiciones de un cero social, esto es, sin significación alguna aceptable; como traidor que es a los principios juramentados.

Queda, en consecuencia, reconocido como jefe de la Revolución de los principios condensados en este Plan el caudillo del Ejército Libertador Centro-Suriano general Emiliano Zapata.

Campamento Revolucionario en Morelos, mayo 30 de 1913.

El general en jefe, Emiliano Zapata, rúbrica. Generales: ingeniero Ángel Barrios, Otilio E. Montaño, Eufemio Zapata, Genovevo de la O., Felipe Neri, Cándido Navarro, Francisco V. Pacheco, Francisco Mendoza, Julio A. Gómez, Amador Solazar, Jesús Capistrán, Mucio Bravo, Lorenzo Vázquez, Bonifacio García, rúbricas. Coroneles: Aurelio Bonilla, Ricardo Torres Cano, José Alfaro, José Hernández, Camilo Duarte, Francisco Alarcón, Francisco A. García, Emigdio H. Castrejón, Jesús S. Leyva, Alberto Estrada, Modesto Rangel, rúbricas. Teniente coronel: Trinidad A. Paniagua, rúbrica. Secretario, M. Palafox, rúbrica.

Es copia auténtica de su original y la certifico: Emiliano Zapata, rúbrica.

ANEXO 4

EL PRIMER REPARTO DE TIERRAS EN EL NORTE DEL PAÍS[7]

[Relato del general Juan Barragán Rodríguez]

CUPO AL general Lucio Blanco el honor de efectuar el primer reparto de tierras que llevó a cabo la Revolución, estimulado por el anhelo justiciero de sus compañeros de armas, particularmente por el empeño que puso en que la obra se realizara, el jefe de su Estado Mayor, Francisco J. Múgica. Este reparto se realizó en terrenos de la hacienda llamada Los Borregos, cercana a Matamoros, sobre la orilla del Río Bravo y mediante el cual quedaron convertidos los antiguos labriegos que trabajaban rudamente para el interés del amo, en pequeños propietarios.

La ceremonia que para tal objeto se organizó fue solemne, teniendo insospechada repercusión aun en los espíritus más egoístamente endurecidos. Con la anticipación debida, se hizo circular la invitación del caso, que estaba contenida en las siguientes palabras:

«La Comisión Agraria encargada de la repartición de tierras en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, tiene el honor de invitar a usted a la ceremonia que tendrá verificativo el día 30, a las 4 p. m., en la hacienda Los Borregos, con motivo de la inauguración de sus trabajos, conforme al adjunto programa. Matamoros, agosto 29 de 1913. La Comisión.

PROGRAMA:

»I. La Marsellesa.

»II. Discurso oficial por el doctor Ramón Puente.

»III. Marcha “Viva Madero”.

»IV. Lectura del Manifiesto que sobre cuestiones agrarias lanza a sus soldados el general Lucio Blanco, jefe de las Fuerzas Constitucionalistas en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas.

»V. Entrega de Títulos de Propiedad de Tierras a representantes del proletariado y a individuos a quienes les fueron arrebatados sus terrenos.

»VI. Marcha “Constitucionalista”.

»VII. Discurso por el Jefe del Estado Mayor, C. Francisco J. Múgica.

»VIII. Demarcación de los linderos de algunas de las tierras que se repartirán durante este acto.

»IX. Himno Nacional».

La nota sobresaliente la dio el mayor Múgica con un magnífico discurso en que condenó el régimen feudal de la propiedad, lanzando sus anatemas contra la servidumbre y el despotismo de las oligarquías criollas, y manifestando que en un país como México, eminentemente agrícola, los destinos del pueblo y de la Patria están vinculados al cultivo de la tierra. Nadie sospechaba en esos días a un tiempo mismo alegres y sombríos, llenos de marciales arrestos, que aquel primer reparto de tierras fuera el preludio de la reforma trascendental que alentó la segunda y definitiva etapa de la Revolución Mexicana.

Los periódicos amigos y enemigos de Brownsville y otras ciudades del Estado de Texas, con ese instinto maravilloso del que observa, explora y analiza, concedieron mayor importancia a este hecho, al parecer intrascendente, que a las resonantes victorias militares de armas constitucionalistas. El complemento de este pasaje lo ofrecemos con la reproducción del acta que fue levantada en aquellas fechas:

«En la ciudad de Matamoros, el día seis de agosto de mil novecientos trece, reunidos en el salón del Cuartel General los CC. jefes y oficiales que militan bajo las órdenes del C. general Lucio Blanco; quien comanda las fuerzas constitucionalistas que operan en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, con objeto de conocer los trabajos que sobre repartición de tierras se han llevado a cabo por la Comisión nombrada al efecto; se les enteró detalladamente de todos los proyectos, planes, proclamas y demás labores que dicha Comisión ha propuesto para la realización práctica, segura e inmediata de la distribución de terrenos, tanto a las clases desheredadas del país como a los soldados constitucionalistas que han sabido defender, a riesgo de su vida, la legalidad y la justicia de la causa del pueblo; y habiendo quedado todos plenamente satisfechos de la eficacia y viabilidad de los referidos trabajos, los aprobaron por unanimidad y resolvieron, compenetrados de la importancia y del espíritu de justicia que encierra este magno esfuerzo de la Revolución, defenderlo con su espada, jurando por su honor de soldados derramar su sangre si fuere necesario, en defensa de estos ideales, única base firme sobre la que podrá cimentarse la futura prosperidad y grandeza de la Patria. Y para debida constancia de este acto trascendental y solemne, filmaron los presentes invitando a todos los quisieren hacerse solidarios de esta obra patriótica a que lo hicieran asimismo: Lucio Blanco. Vicente Seguda. Andrés Saucedo, Emiliano P. Nafarrete. Jesús Garza. Samuel G. Rebollo. P. M. Hermosillo. Gustavo Elizondo. Abelardo Menchaca. Federico González Garza. Zeferino Muñoz. L. Discuirt. Silvino M. García. Carlos B. Bringas. Alfredo Rodríguez. Juan Barragán Rodríguez. José Martí. Ezequiel Pérez. Arturo Lazo de la Vega. Fortunato Zuazua. León Castro Serio. Alberto Fuentes D. Luis G. Malváez. Daniel Ríos Zertuche. Gregorio Morales Sánchez. Francisco J. Múgica. Ramón Puente. Heriberto Jara. Mauro Rodríguez. Alfonso Gómez Morentín. José T. Cantú. Federico Sánchez Correa. Atanasio C. Pérez. Librado Peña González. Federico Sada. Alejo G. González. Manuel Urquidi. Eleuterio Reyna. J. Álvarez E. Jesús G. Hermosillo. José M. Sánchez Valdés. Juan Francisco Gutiérrez. Armando E. Landois. Fausto Garibay. José R. López. L. Alcaraz. Alejo Gómez. Federico E. Lozano. Alfonso M. Farías. Carlos Campero. Gabriel Gavira. Víctor Blanco. José María Ayala. Guillermo Castillo Tapia. P. Elizondo. Salvador Fernández Treviño».

ANEXO 5

UN DISCURSO TRASCENDENTAL DEL SEÑOR CARRANZA, EN EL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA[8]

24 de septiembre de 1913

ES PARA mí muy satisfactorio tener una nueva oportunidad para agradecer en público a este gran pueblo sonorense la manifestación de que fui objeto como jefe de la Revolución y del Ejército Constitucionalista a mi arribo a esta ciudad, y aprovecho la ocasión de encontrarme ante tan selecta concurrencia y distinguidas personalidades revolucionarias para expresar, aunque sea someramente, mis ideas políticas y SOCIALES, porque creo de mi deber ir exponiendo y extendiendo lo que el país necesita para su mejoramiento y desarrollo.

Séame permitido dar una ojeada retrospectiva a nuestra historia, y se verá que el origen de nuestra Revolución fue una tiranía de treinta años, un cuartelazo y un doble asesinato. La tiranía fue una consecuencia de la inmoralidad llevada al extremo en el Ejército y esos asesinatos resultante de la misma inmoralidad. Era mi deber como gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Coahuila, protestar inmediatamente contra los criminales acontecimientos del cuartelazo consumado por Victoriano Huerta y los que lo secundaron, y protestar por medio de las armas, haciendo a la vez un llamamiento a todos los ciudadanos de la República para que se pusieran a la altura de sus obligaciones cívicas. Y vi con satisfacción y orgullo que todos los mexicanos conscientes han respondido a mi llamado, surgiendo por todas partes ejércitos de ciudadanos que se han convertido en verdaderos soldados todavía no con la instrucción militar requerida en los cuarteles, pero sí con el corazón bien puesto y con el entusiasmo bélico desbordante para construir una patria mejor; pues no es la lucha armada y el triunfo sobre el ejército contrario lo principal de esta gran contienda nacional; hay algo más hondo en ella y es el desequilibrio de cuatro siglos: tres de opresión y uno de luchas intestinas que nos han venido precipitando a un abismo.

Durante treinta años de paz que disfrutó el país bajo la administración del general don Porfirio Díaz, no hizo el país sino estar en una calma desesperante y en un atraso más grande que el de los países similares de nuestra vasta América indoespañola, sin progreso material ni social; el pueblo se encontró durante esos treinta años sin escuelas, sin higiene, sin alimentación, y, lo que es peor, sin libertad. Los periódicos diarios engañaban constantemente al público hablándole de los progresos educativos, del crédito de la República, de la consolidación de nuestra moneda, de nuestra balanza bursátil con los mercados extranjeros, de nuestras vías de comunicación, de nuestras relaciones con las demás naciones civilizadas; pero lo cierto es que lo único que se hacía era robustecer cada día más la tiranía que ya carcomía el alma nacional. Siempre he creído que esta época por que atravesó México fue semejante a la época de Augusto y a la de Napoleón III, en que todo se le atribuía a un solo hombre. Y cuando más trataba de engañarnos la prensa gobiernista, surgió un ciudadano proclamando la Revolución como único medio de sanear la vida política de la nación, llevando escritos como principios de ella, el SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCIÓN, lo que desgraciadamente no era una novedad, pues ya el general Díaz, como promesa, había escrito los mismos principios en el Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco. ¿Y qué hizo el general Díaz de su promesa? La más grande falsía, la mentira más sangrienta al pueblo y la conversión a la tiranía nada menos que por treinta años.

Ya es tiempo de no hacer falsas promesas al pueblo y de que haya en la historia siquiera un hombre que no engañe y que no ofrezca maravillas, haciéndole la doble ofensa al pueblo mexicano de juzgar que necesita promesas halagüeñas para aprestarse a la lucha armada en defensa de sus derechos. Por esto, señores, el Plan de Guadalupe no encierra ninguna utopía, ninguna cosa irrealizable, ni promesas bastardas hechas con intención de no cumplirlas. El Plan de Guadalupe es un llamado patriótico a todas las clases sociales, sin ofertas y sin demandas al mejor postor. Pero sepa el pueblo de México que, terminada la lucha armada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá que principiar formidable y majestuosa la lucha social, la lucha de clases, queramos o no queramos nosotros mismos y opónganse las fuerzas que se opongan, las nuevas ideas sociales tendrán que imponerse en nuestras masas: y no es sólo repartir las tierras y las riquezas nacionales, no es el Sufragio Efectivo, no es abrir más escuelas, no es igualar y repartir las riquezas nacionales; es algo más grande y más sagrado; es establecer la justicia, es buscar la igualdad, es la desaparición de los poderosos, para establecer el equilibrio de la conciencia nacional.

En el orden material es necesario empezar por drenar los suelos para buscar en la naturaleza, científicamente, los elementos de vida necesarios para el desarrollo de un país civilizado. En el moral, es necesario cultivar el espíritu del hombre, no sólo en la niñez y en la adolescencia, sino durante toda su vida, para que su civismo nos honre en cualquiera parte del mundo donde se encuentre un mexicano, como el ejemplo de Antonio de la Fuente.

Tenemos centenares de ciudades que no están dotadas de agua potable y millones de niños sin fuentes de sabiduría, para informar el espíritu de nuestras leyes. El pueblo ha vivido ficticiamente, famélico y desgraciado, con un puñado de leyes que en nada le favorecen. Tendremos que removerlo todo. Crear una nueva constitución cuya acción benéfica sobre las masas nada, ni nadie, pueda evitar. Cambiaremos todo el actual sistema bancario, evitando el inmoral monopolio de las empresas particulares que han absorbido por cientos de años todas las riquezas públicas y privadas de México. Ya de hecho hemos evitado la emisión, o el derecho de emisión, mejor dicho, de papel moneda por bancos particulares, que debe ser privilegio exclusivo de la Nación. Al triunfo de la Revolución, ésta establecerá el Banco Único, el Banco de Estado, lográndose, de ser posible, la desaparición de toda institución bancaria que no sea controlada por el Gobierno.

Nos faltan leyes que favorezcan al campesino y al obrero; pero éstas serán promulgadas por ellos mismos, puesto que ellos serán los que triunfen en esta lucha reivindicadora y social.

Las reformas enunciadas y que se irán poniendo en práctica conforme la Revolución avance hacia el Sur, realizarán un cambio total de todo y abrirán una nueva era para la República.

Y con nuestro ejemplo se salvarán otras muchas naciones que padecen los mismos males que nosotros, especialmente las repúblicas hermanas de Centro y Sudamérica. La América Latina no debe olvidar que esta lucha fratricida tiene por objeto el restablecimiento de la justicia y del derecho, a la vez que el respeto de los pueblos poderosos para los débiles; que deben acabarse los exclusivismos y privilegios de las naciones grandes respecto de las pequeñas; deben aprender que un ciudadano de cualquier nacionalidad, que radica en una nación extraña, debe sujetarse estrictamente a las leyes de esa nación y a las consecuencias de ellas, sin apelar a las garantías que por la razón de la fuerza y del poderío le otorgue su nación de origen. Entonces reinará sobre la tierra la verdadera justicia, cuando cada ciudadano, en cualquier parte del mundo, se encuentre y se sienta bajo su propia nacionalidad. No más bayonetas, no más cañones, ni más acorazados para ir detrás de un hombre que por mercantilismo va a buscar fortuna y a explotar la riqueza de otro país, creyendo que en él debe tener más garantías que cualquiera de los ciudadanos que en su propio país trabajan honradamente.

Ésta es la Revolución, señores, tal cual yo la entiendo; estos lineamientos generales regirán a la humanidad más tarde como un principio de justicia.

Al cambiar nosotros totalmente nuestra legislación, implantando normas con una estructura moderna y que cuadre más con nuestra idiosincrasia y nuestras necesidades sociales, excitaremos también a los pueblos hermanos de raza, para que ellos no esperen a tener un movimiento revolucionario como el nuestro, sino que lo hagan en plena paz y se sacudan tanto en el interior como en el exterior, los grandes males heredados de la Colonia y los nuevos que se hayan creado con el capitalismo criollo, así como se sacudan los prejuicios internacionales y el eterno miedo al coloso del Norte.

Para terminar, señores, felicito públicamente al Estado de Sonora, que tan virilmente respondió con las armas para vengar un ultraje que constituye un baldón para la patria y una vergüenza de la civilización universal contemporánea.

ANEXO 6

EL DISCURSO SUICIDA DEL SENADOR BELISARIO DOMÍNGUEZ[9]

23 de septiembre de 1913

SEÑOR presidente del Senado:

Por tratarse de un asunto urgentísimo para la salud de la Patria, me veo obligado a prescindir de las fórmulas acostumbradas y a suplicar a usted se sirva dar principio a esta sesión tomando conocimiento de este pliego y dándolo a conocer en seguida a los señores senadores. Insisto, señor presidente, en que este asunto deberá ser conocido por el Senado en este mismo momento, porque dentro de pocas horas lo conocerá el público y urge que el Senado lo conozca antes que nada.

Señores senadores: Todos vosotros habéis leído, con profundo interés, el informe presentado por don Victoriano Huerta ante el Congreso de la Unión, el 16 del presente.

Indudablemente, señores senadores, que lo mismo que a mí os ha llenado de indignación el cúmulo de falsedades que encierra ese documento. ¿A quién se pretende engañar, señores? ¿Al Congreso de la Unión? No, señores, todos sus miembros son hombres ilustrados que se ocupan de política, que están al corriente de los sucesos del país y que no pueden ser engañados sobre el particular. Se pretende engañar a la nación mexicana, a esta noble Patria que, confiando en vuestra honradez y en vuestro valor, ha puesto en vuestras manos sus más caros intereses.

¿Qué debe hacer en este caso la Representación Nacional?

Corresponder a la confianza con que la Patria la ha honrado, decir la verdad y no dejarla caer en el abismo que abre a sus pies.

La verdad es ésta: Durante el Gobierno de don Victoriano Huerta, no solamente no se ha hecho nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes; la Revolución se ha extendido en casi todos los Estados; muchas naciones, antes buenas amigas de México, rehúsanse a reconocer su Gobierno, por ilegal; nuestra moneda encuéntrase depreciada en el extranjero; nuestro crédito en agonía; la prensa entera de la República amordazada o cobardemente vendida al Gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad; nuestros campos abandonados, muchos pueblos arrasados, y por último, el hambre y la miseria en todas sus formas amenazan extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada Patria.

¿A qué se debe tan triste situación?

Primero y antes que todo a que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por Presidente de la República a don Victoriano Huerta, al soldado que se apoderó del Poder por medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la Presidencia fue asesinar cobardemente al Presidente y Vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular, habiendo sido el primero de éstos quien colmó de ascensos, honores y distinciones a don Victoriano Huerta y habiendo sido él igualmente a quien don Victoriano Huerta juró públicamente lealtad y fidelidad inquebrantables.

Y segundo, se debe esta triste situación a los medios que don Victoriano Huerta se ha propuesto emplear para conseguir la pacificación. Esos medios ya sabéis cuáles han sido: únicamente muerte y exterminio para todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su Gobierno.

La paz se hará, cueste lo que cueste, ha dicho don Victoriano Huerta. ¿Habéis profundizado, señores senadores, lo que significan esas palabras en el criterio egoísta y feroz de don Victoriano Huerta? Esas palabras significan que don Victoriano Huerta está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra Patria, con tal que él no abandone la Presidencia, ni derrame una sola gota de su propia sangre.

En su loco afán de conservar la Presidencia, don Victoriano Huerta está cometiendo otra infamia. Está provocando con el pueblo de los Estados Unidos de América un conflicto internacional en el que, si llegara a resolverse por las armas, irían estoicamente a dar y a encontrar la muerte todos los mexicanos sobrevivientes a las matanzas de don Victoriano Huerta, todos, menos don Victoriano Huerta, ni don Aureliano Blanquet, porque esos desgraciados están manchados por el estigma de la traición y el pueblo y el ejército los repudiarían, llegado el caso.

Ésa es en resumen la triste realidad. Para los espíritus débiles, parece que nuestra ruina es inevitable, porque don Victoriano Huerta se ha adueñado tanto del Poder que, para asegurar el triunfo de su candidatura a la Presidencia de la República en la parodia de elecciones anunciadas para el 26 de octubre próximo, no ha vacilado en violar la soberanía de la mayor parte de los Estados, quitando a los gobernadores constitucionales e imponiendo gobernadores militares que se encargarán de burlar a los pueblos por medio de frases ridículas y criminales.

Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la Representación Nacional y la Patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca.

La Representación Nacional debe deponer de la Presidencia de la República a don Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan, con mucha razón, todos nuestros hermanos alzados en armas y de consiguiente, por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos.

Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa, porque don Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación ni escrúpulos a todo aquel que le sirve de obstáculo. ¡No importa, señores! La Patria os exige que cumpláis con vuestro deber aun con el peligro y aun con la seguridad de perder la existencia. Si en vuestra ansiedad de volver a ver reinar la paz en la República os habéis equivocado, habéis creído las palabras falaces de un hombre que os ofreció pacificar a la Nación en dos meses, y le habéis nombrado Presidente de la República, hoy que veis claramente que este hombre es un impostor, inepto y malvado, que lleva a la Patria con toda velocidad hacia la ruina ¿dejaréis, por temor a la muerte, que continúe en el Poder?

Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta: ¿Qué se diría de la tripulación de una gran nave que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso, nombrara piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco?

Vuestro deber es imprescindible, señores, y la Patria espera de vosotros que sabréis cumplirlo.

Cumpliendo ese primer deber, será fácil a la Representación Nacional cumplir los otros que de él se derivan, solicitándose en seguida de todos los jefes revolucionarios que cesen toda hostilidad y nombren sus delegados para que, de común acuerdo elijan al Presidente que deba convocar a elecciones presidenciales y cuidar de que éstas se efectúen con toda legalidad.

El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano y la Patria espera que la honréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por Primer Mandatario a un traidor y asesino.

Doctor Belisario Domínguez, senador por el Estado de Chiapas.

CAPÍTULO II

Los decretos de Victoriano Huerta tendientes a justificar la disolución de las Cámaras. La leva se generaliza en todo el país. Cambios y más cambios en el Gabinete huertista. Un manifiesto zapatista. Victorias militares de los revolucionarios, en el norte y sur de la nación. El caso del súbdito inglés William S. Benton, fusilado por órdenes de Villa. El incidente de Tampico originado por el desembarco y detención de marinos del acorazado Dolphin. El crimen de la ocupación de Veracruz por el ejército norteamericano después de vencer la resistencia heroica del pueblo. Argentina, Brasil y Chile intervienen para evitar la guerra entre México y los Estados Unidos. Las conferencias de Niagara Falls. Los ejércitos de Huerta sufren nuevos descalabros. Al fin Huerta renuncia y sale del país. Carranza se preocupa por los problemas del petróleo y de la tenencia de la tierra. Los tratados de Teoloyucan y el licenciamiento del ejército federal. Los revolucionarios ocupan la capital de la República.

AL DÍA siguiente de la disolución de las cámaras el 11 de octubre de 1913, Victoriano Huerta expidió un manifiesto a la nación y tres decretos con la mira de justificar el golpe de Estado, hecho sin precedente tratándose de sistemas legislativos no parlamentarios como el de México y los Estados Unidos, según la opinión de personas versadas en tales achaques.

El manifiesto es modelo de cinismo. Victoriano Huerta dice en dicho documento que está dispuesto a sacrificar su propia vida al servicio de la nación; que el fuero de diputados y senadores había sido patente de inmunidad penal, olvidando o pretendiendo olvidar con impudencia inaudita que a pesar del fuero había mandado asesinar a varios diputados y al senador Belisario Domínguez; dice también que ha podido organizar un ejército de 85 mil hombres para imponer la paz en la República. Con descaro difícil de concebir afirma que el Poder Legislativo usurpaba funciones de los otros dos poderes y que había dado muestras repetidas de hostilidad hacia el Ejecutivo. Esto era notoriamente falso, pues tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores habían aprobado la mayor parte de las iniciativas de aquél, sin excluir los empréstitos onerosos contratados fuera y dentro del país.

En el primer decreto Huerta se erige asimismo en dictador, sin tapujos ni eufemismos, al privar del fuero a los miembros de la XXVI Legislatura, quedando éstos en consecuencia «sujetos a la jurisdicción de los Tribunales, en caso de ser responsables de algún delito o falta». Se refiere que en la noche del día en que fue disuelto el Congreso corrió por la ciudad el rumor de que varios diputados serían asesinados. El rumor no carecía de fundamento y los temores de nuevos atentados los justificaba la comisión de hechos criminales recientes. Dos miembros del cuerpo diplomático obligaron al ministro de Relaciones, Querido Moheno, a que los acompañara aquella noche a la penitenciaría y a que juntos tomaran nota de todos los representantes populares ilegalmente encarcelados. Esto de seguro sirvió para detener la mano asesina del dipsómano.

En el segundo decreto Victoriano Huerta se arroga la facultad de decidir desde la altura de su megalomanía que el Poder Judicial de la Federación continúe funcionando en los términos establecidos por la Constitución General de la República. Por otra parte, se concede por su propia autoridad facultades extraordinarias en los ramos de Gobernación, Hacienda y Guerra, mientras se instala el nuevo Congreso que debía ser elegido el 26 de octubre, dieciséis días después del golpe de Estado. Uno se pregunta: ¿cómo iba a ser posible preparar una elección general en sólo quince días? Sin embargo, la farsa fue consumada. Huerta, después de la disolución del Congreso, no iba a detenerse ante ningún obstáculo que se opusiera a sus designios, a su capricho, a su ambición. Su régimen había perdido desde el día anterior, 10 de octubre, la apariencia de Gobierno de jure para quedar simplemente como Gobierno de facto.

El tercer decreto, que tiene fecha 10, está precedido de una serie de considerandos tendiente a justificar con malabarismos jurídicos el golpe de Estado; ordena la disolución de las Cámaras y convoca, según ya lo apuntamos en el párrafo anterior, a elecciones no sólo para diputados y senadores sino al mismo tiempo para Presidente y Vicepresidente de la República.

Huerta arroja la tenue y desgarrada careta con la que cubría su ambición y se postula él para Presidente, y para Vicepresidente a su compinche el general Aureliano Blanquet. Y efectivamente, las elecciones, o mejor dicho la farsa de elecciones, se realizan en la fecha indicada. El licenciado Jorge Vera Estañol, insospechable de haber sido partidario de la Revolución constitucionalista, al referirse al acto electoral de que se trata, escribe en la obra ya citada, lo que sigue:

«Desde luego, la convocatoria a elecciones extraordinarias de diputados y senadores para el día 26 del mismo octubre es inmediatamente seguida de reformas a la ley electoral, que arrebatan de manos de los votantes y ponen discrecionalmente en las de las autoridades políticas el control de las casillas y colegios del cómputo de los sufragios, con el único y exclusivo objeto de que el nuevo Congreso sea, sin salvedades, hechura huertista.

»A continuación, Huerta y varios de sus ministros y adláteres, ya sin hipócritas disimulos, se dan a la tarea de hacer y rehacer la lista de los futuros diputados y senadores; tarea ciertamente difícil, pues esos puestos, antes tan codiciados, inspiran ahora temor o repugnancia, ¡tan general es la creencia de que el régimen huertista está en el principio de su fin, y tan preñada de humillaciones se considera la perspectiva de servir al Dictador!

»Para hacer aceptar las ahora declinadas curules se emplean la persuasión, la súplica y los halagos, y cuando tales empeños no vencen las resistencias, se acude a la amenaza: así, los pocos hombres serios que a la postre figuran en las listas oficiales van a la fuerza; los demás, o son militantes que se creen encadenados por la ordenanza o insignificantes maniquíes.

»Por último, el usurpador arroja su ya inútil disfraz y hace postular en las elecciones de Presidente y Vicepresidente, la fórmula Huerta-Blanquet.

»El día 26 de octubre se consuma la impudente farsa; no hay fraude, superchería, presión o violencia que deje de utilizarse en los empadronamientos, instalación de casillas, confección de cédulas, cómputo de votos y aprobación de credenciales; no se cuidan siquiera las apariencias; la imposición es brutal, desenmascarada, primitiva, y como resultado de ella, se anuncia la formación de un Congreso exclusivamente huertista y el casi unánime sufragio por el Dictador y su lugarteniente para los dos más elevados puestos del Poder Ejecutivo».

A la distancia de tantos años transcurridos, de tanta vergüenza e ignominia tanta, es muy posible que el lector esboce una sonrisa amarga ante aquella mascarada trágica. ¡Pobre México, a veces tan infortunado y siempre tan digno de suerte mejor!

Después del 10 de octubre la arbitrariedad y el desenfreno no reconocen límites en los territorios dominados por el huertismo. La leva está a la orden del día tanto en la capital como en otras ciudades y poblados. Ningún individuo mal vestido está a salvo de ser aprehendido aun cuando no haya cometido delito alguno para llevarlo al cuartel próximo o distante. Allí se le cortaba el pelo a rape, se le ponía el uniforme de soldado y de prisa se le enseñaba a manejar el rifle. Después de dos o tres días de elementalísima enseñanza militar era enviado a combatir contra los revolucionarios. Muchos pobres reclutas, centenares y miles, no volvieron a sus hogares; murieron sin gloria, anónimamente, por defender ambiciones e intereses que no eran los suyos. Carne de cañón sacrificada por la insensatez y la maldad.

Un testigo presencial de la leva de que eran víctimas en la ciudad de México centenares de modestos ciudadanos refiere lo que copiamos a continuación:

«El reclutamiento del soldado se hace por leva: se toma a los conscriptos de las prisiones, de las Inspecciones de Policía, de donde se puede. Solamente que ahora se opera en masa, por la necesidad de los grandes números: de los curiosos que acuden al incendio de El Palacio de Hierro, un gran almacén de ropa de la capital, salen más de mil reclutas; a setecientos ascienden los que se recogen a la salida de una función de toros, que por ser inaugural atrae numerosa concurrencia; y las batidas se repiten sin cesar en las puertas de los teatros, cinematógrafos y cantinas, en la vía pública, en dondequiera que promete abundante colecta.

»De allí van directamente al cuartel a vestir el uniforme y cargar el arma y sin demora son incorporados a su batallón y enviados a la campaña».

Por otra parte el Gobierno de Huerta se caracterizó por la constante desorganización y cambios en su Gabinete. En sus diecisiete meses de Gobierno o más bien de desgobierno cambia cinco veces al ministro de Relaciones, cuatro al de Gobernación, tres al de Justicia, cuatro al de Instrucción Pública, cinco al de Fomento, dos al de Agricultura, tres al de Comunicaciones, tres al de Hacienda y dos al de Guerra. Y algo semejante ocurre con el gobernador del Distrito Federal y con los gobernadores de los Estados.

A lo anterior hay que agregar el desbarajuste financiero; los onerosos empréstitos exteriores; los préstamos forzosos a los Bancos establecidos en el país; la elevación de los gravámenes fiscales; los negocios sucios; en fin, la más completa inmoralidad administrativa. Así perdiendo cada vez más, semana a semana, el apoyo no diremos del pueblo que jamás lo tuvo, sino de la grande y pequeña burguesía que al principio le dieron su respaldo entusiasta, el Gobierno huertista llegó al mes de abril de 1914 con su precario prestigio inicial hecho trizas. Su flamante ejército había ya sido derrotado en numerosas acciones de guerra, y los revolucionarios avanzaban victoriosos desde diferentes lugares del país sobre la capital de la República.

Empero, es necesario retroceder un poco y hacer un resumen de la lucha revolucionaria. Con fecha 20 de octubre de 1913 el general Emiliano Zapata firmó un manifiesto dirigido a la nación, explicando una vez más los principios que le animaban y los propósitos que perseguía. El manifiesto está escrito en estilo oratorio, semejante a los documentos de igual o parecida índole que por aquellos años se acostumbraban. De manera obvia se ratifica el Plan de Ayala en la creencia de que resolvería todos los problemas de México. Por supuesto que Zapata y sus consejeros áulicos estaban en este punto equivocados, ya que el susodicho Plan solamente se refería al problema agrario. También continuaban creyendo en las fabulosas riquezas de nuestro país; pero independientemente de las observaciones anteriores, debemos reconocer sin ambages la pureza del movimiento zapatista, su buena fe y la honradez de sus caudillos. Cabe agregar que los autores del manifiesto conocían bien la desigualdad irritante de los pocos inmensamente ricos y de los muchos inmensamente pobres. Y para conocimiento del lector vamos a transcribir cuatro párrafos, tomados de aquí y de allá, del documento mencionado:

«La nación mexicana es demasiado rica. Su riqueza, aunque virgen, es decir, todavía no explotada, consiste en la agricultura y la minería; pero esa riqueza, ese caudal de oro inagotable, perteneciendo a más de quince millones de habitantes, se halla en manos de unos cuantos miles de capitalistas y de ellos una gran parte no son mexicanos. Por un refinado y desastroso egoísmo, el hacendado, el terrateniente y el minero, explotan una pequeña parte de la tierra, del monte y de la veta, aprovechándose ellos de sus cuantiosos productos y conservando la mayor parte de sus propiedades enteramente vírgenes, mientras un cuadro de indescriptible miseria tiene lugar en toda la República. Es más, el burgués, no conforme con poseer grandes tesoros de los que a nadie participa, en su insaciable avaricia, roba el producto de su trabajo al obrero y al peón, despoja al indio de su pequeña propiedad y no satisfecho aún, lo insulta y golpea haciendo alarde del apoyo que le presentan los tribunales, porque el juez, única esperanza del débil, hállase también al servicio de la canalla; y ese desequilibrio económico, ese desquiciamiento social, esa violación flagrante de las leyes naturales y de las atribuciones humanas, es sostenida y proclamada por el Gobierno, que a su vez sostiene y proclama pasando por sobre su propia dignidad, la soldadesca execrable.

»Allí está la razón de por qué no reconoceremos a ningún Gobierno que no nos reconozca y, sobre todo, que no garantice el triunfo de nuestra causa.

»Puede haber elecciones cuantas veces se quiera; pueden asaltar, como Huerta, otros hombres la Silla Presidencial, valiéndose de la fuerza armada o de la farsa electoral, y el pueblo mexicano puede también tener la seguridad de que no arriaremos nuestra bandera ni cejaremos un instante en la lucha, hasta que, victoriosos, podamos garantizar con nuestra propia cabeza el advenimiento de una era de paz que tenga por base la justicia y como consecuencia la libertad económica.

»Téngase, pues, presente, que no buscaremos el derrocamiento del actual Gobierno para asaltar los puestos públicos y saquear los tesoros nacionales, como ha venido sucediendo con los impostores que logran encumbrarse a las primeras magistraturas; sépase de una vez por todas, que no luchamos contra Huerta únicamente sino contra todos los gobernantes y los conservadores enemigos de la hueste reformista, y sobre todo, recuérdese siempre que no buscamos honores, que no anhelamos recompensas, que vamos sencillamente a cumplir el compromiso solemne que hemos contraído dando pan a los desheredados y una patria libre, tranquila y civilizada a las generaciones del porvenir».

El manifiesto está calzado con estas palabras: «Reforma, Libertad, Justicia y Ley». No aparecen aún los vocablos «Tierra y Libertad».

En el norte, el centro y el sur del país continuaba la pelea. El 23 de noviembre de 1913 fue tomada después de rudos combates la ciudad de Culiacán, capital del Estado de Sinaloa, por las fuerzas al mando del general Álvaro Obregón. En estos combates se distinguieron los generales Lucio Blanco, Manuel M. Diéguez, Ramón F. Iturbe, Benjamín Hill y otros jefes y oficiales de la División del Noroeste. A fines de abril de 1914, dicha División Constitucionalista dominaba completamente todo el Estado de Sonora, con excepción del Puerto de Guaymas ocupado por los federales, el cual desde hacía varios meses se hallaba sitiado por las fuerzas al mando del general Salvador Alvarado. Además, Obregón ya se había adueñado de casi todo el Estado de Sinaloa.

La División del Norte, comandada por el general Francisco Villa, había luchado y continuaba luchando con notable actividad, obteniendo sobre el enemigo importantes y sonadas victorias. El 15 de noviembre de 1913, el famoso guerrillero norteño había tomado por sorpresa la población fronteriza de Ciudad Juárez, sin necesidad de disparar un solo tiro, obteniendo cuantioso botín de guerra en armas y parque. Siete semanas después infligió tremenda derrota a las fuerzas federales en Ojinaga. En el mes de marzo, Villa era ya dueño de todo el Estado de Chihuahua y avanzaba hacia el sur, teniendo como objetivo la ciudad de Torreón. El ataque a esta plaza, defendida por un poderoso ejército al mando del general José Refugio Velasco, se inició el 24 del mes precitado, y después de rudísimos y sangrientos combates cayó en poder de Francisco Villa y su División aguerrida y hasta entonces invicta el 2 de abril de 1914. Las pérdidas de los federales fueron considerables tanto en hombres como en toda clase de material de guerra. Los generales huertistas abandonaron Torreón en derrota y se dirigieron con su diezmado ejército rumbo a San Pedro de las Colonias. Días más tarde les esperaba otro nuevo y tremendo fracaso. En la batalla de Torreón participaron la mayor parte de los generales pertenecientes a la División del Norte. Entre ellos precisa recordar a José Isabel Robles, Eugenio Aguirre Benavides, Tomás Urbina, Raúl Madero y otros. También participó el general Eulalio Gutiérrez, con parte de su brigada.

Por otro lado, en los Estados de Nuevo León, Tamaulipas y parte de Coahuila y San Luis Potosí, también luchaban sin tregua los jefes, oficiales y tropa pertenecientes a la División del Noreste al mando del general Pablo González. Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, fue tomada por lo más granado del Ejército Constitucionalista del Noreste al mando de los generales Pablo González, Francisco Murguía y Antonio I. Villarreal. El 12 de enero de 1914, una brigada de la misma División del Noreste al mando del general Eulalio Gutiérrez, se adueñó después de reñidísimo combate de la población de Matehuala, perteneciente a San Luis Potosí.

Puede decirse que Monterrey, la tercera ciudad de la República en importancia, tanto por su desarrollo económico cuanto por el número de sus habitantes, fue repetidas veces amagada por los revolucionarios casi desde el principio de la lucha contra el régimen de Huerta. Poco a poco la División del general González se fue apoderando de los Estados de Tamaulipas, Nuevo León y del norte de Coahuila. Desde principios de abril de 1914, la capital de Nuevo León estaba seriamente amenazada por fuerte concentración de los mejores elementos de la División del Noreste. Al fin se ordenó el asalto formal, y el 24 de dicho mes fue tomada, venciendo la tenaz resistencia de la poderosa guarnición federal. Entre los generales que participaron en esta importantísima acción de armas mencionamos a Antonio I. Villarreal, Cesáreo Castro y Teodoro Elizondo.

Inevitablemente el hecho de que dos ciudades tan importantes como Torreón y Monterrey hubieran caído en poder de la Revolución en el curso del mes de abril, produjo en la capital de la República desaliento y pesimismo entre los partidarios del Gobierno espurio, a la vez que optimismo y aliento entre sus enemigos, cada día más numerosos.

Mientras tanto continuaban en Michoacán la guerra de guerrillas los revolucionarios Amaro, García Aragón y Rentería Luviano; no dejaban ni por un momento tranquilas a las guarniciones federales de las principales plazas de aquel Estado. El general Cándido Aguilar ya se había apoderado de una parte de la zona petrolera de Veracruz, por supuesto con disgusto sin disimulos de las empresas petroleras extranjeras que veían obstaculizada la extracción del oro negro que aquel año de 1914 ya acusaba su inmensa potencialidad.

Y no debemos olvidar en este esquema de la lucha armada a los surianos que reconocían como jefe supremo al general Emiliano Zapata. Todos los esfuerzos de Huerta y de su sanguinario lugarteniente Juvencio Robles fracasaron en su propósito de aniquilar a los zapatistas. A Zapata lo llamaban los periódicos nada menos que el «Atila del Sur» y se esforzaban por presentarlo como un bandido vulgar ante la opinión pública; pero el «Atila del Sur» aumentaba constantemente sus efectivos y ensanchaba su esfera de acción. El Plan de Ayala era imán poderoso que atraía a millares de campesinos a las filas batalladoras del caudillo agrarista. El mes de abril de 1914 fue fatal para Huerta. El día 8 de dicho mes las fuerzas zapatistas se adueñaron de la población de Iguala, Gro., y el día 24 de Chilpancigo, capital del Estado. De suerte que a fines de abril de 1914 prácticamente el norte del país se hallaba en poder de la Revolución, así como también los Estados de Morelos y Guerrero y parte de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y otras entidades de la República. Seis o siete capitales de Estado, con flamantes gobernadores revolucionarios, habían sido sustraídas del dominio de Huerta.

Aquí se impone una breve digresión. El general Francisco Villa, hasta el mes de abril de 1914, había obtenido victorias de incuestionable significación sobre el ejército federal. Se había adueñado de todo el Estado de Chihuahua y vencido a la poderosa fuerza federal que defendía la plaza de Torreón. Mas de igual manera tuvieron importancia indudable los triunfos del general Álvaro Obregón en las batallas que libró contra los huertistas en Sonora y Sinaloa, ganando para la Revolución esos dilatados territorios. Y en cuanto al general Pablo González, que si bien es cierto no demostró las dotes estratégicas de Villa y Obregón, cierto es también que había hecho su parte ayudado por activos y valientes generales subalternos, tales como Murguía, Villarreal, Cesáreo Castro, Teodoro Elizondo, Luis Caballero y los hermanos Eulalio y Luis Gutiérrez. Entre otros hechos de armas que debemos acreditar a la División del Noreste, por la significación militar y política que tuvieron, están los triunfos alcanzados al adueñarse de las capitales de Nuevo León y Tamaulipas. Además, no hay que desdeñar las operaciones de los zapatistas, ni de los guerrilleros que al mando de pequeñas partidas revolucionarias obligaban a Huerta a distraer en su persecución o en defensa de poblaciones asediadas regimientos y batallones que de otra suerte hubiera concentrado para combatir a los núcleos más poderosos. Por lo tanto, queremos afirmar que a ninguno de los jefes de las tres divisiones o ejércitos del Noreste, del Norte o del Noroeste, debe atribuírseles el triunfo exclusivo de la Revolución o una absoluta supremacía sobre los demás. Todos los revolucionarios que lucharon contra el huertismo tienen sus propios méritos, que deberá reconocer la historia. Decir, como se decía entonces y suele decirse todavía, que la caída de Huerta se debió a las victorias alcanzadas por la División del Norte, exclusiva o casi exclusivamente, es una afirmación desorbitada, superficial e injusta. No queremos escatimar méritos guerreros a Francisco Villa, a quien la prensa de los Estados Unidos hizo famoso internacionalmente, atribuyéndole hechos y hazañas fabulosas; pero sí queremos tratar de destruir exageraciones y juicios simplistas; queremos dar a cada quien lo que en justicia le corresponde. A la distancia de más de medio siglo, precisa reconocer que a mediados de 1914, las figuras de mayor estatura revolucionaria eran las de Carranza, Villa, Obregón y Zapata. Carranza en primer lugar y después los otros tres. Y no hay balanzas de precisión histórica para saber cuál de ellos pesaba más en la conciencia popular de la nación. Incuestionablemente cada uno de los tres generales revolucionarios mencionados era más conocido en las regiones de sus andanzas guerreras.

El 21 de febrero de 1914, el general Villa dirigió desde Chihuahua al señor Carranza, en Nogales, Sonora, el telegrama siguiente:

«Martes 16 del corriente, inglés William S. Benton, trató asesinarme en Ciudad Juárez, pero debido a la violencia con que obré pude desarmarlo personalmente y lo entregué a un consejo de guerra para que lo juzgara, el cual lo condenó a muerte. Con este motivo prensa enemiga en Estados Unidos está haciendo gran escándalo. El citado Benton, además del atentado contra mi persona, ha cometido varios crímenes amparado por Terrazas y creo sinceramente que el fallo del jurado fue absolutamente justificado. Lo comunico a usted para que no se deje sorprender con falsas informaciones. Salúdolo respetuosamente».

En efecto, la prensa norteamericana hizo un gran escándalo con motivo de la muerte del súbdito inglés, presionando a su Gobierno para que tomara medidas enérgicas contra México. Algunos periódicos sugerían sin disimulo la conveniencia de la intervención armada. El señor Roberto Pesqueira, agente confidencial del Gobierno Constitucionalista en Washington, dirigió extensos telegramas informando a Carranza de la gravedad de la situación, así como también que el Gobierno inglés había pedido al de los Estados Unidos que exigiera a su nombre se hiciese amplia investigación sobre el caso. Don Venustiano esperó serenamente la representación del secretario de Estado, Bryan, lo cual hizo por medio del cónsul Simpich, de Nogales, Sonora. El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista contestó negando al Gobierno de Washington, por supuesto en mesurado estilo diplomático, la facultad de la representación que se arrogaba, añadiendo que debía ser el Gobierno de Inglaterra el que tratara el enojoso asunto directamente con él. Esta respuesta evidentemente patriótica porque implicaba el desconocimiento de la famosa doctrina de Monroe, produjo mayor descontento en los sectores intervencionistas norteamericanos y arreció la campaña de prensa contra nuestro país. Sin embargo, la tal campaña se fue debilitando y las cosas no llegaron a mayores por aquellos días.

En relación con el caso Benton, jamás se supo si Villa había dicho o no la verdad; si Benton había sido juzgado por un consejo de guerra o simplemente asesinado por órdenes de él.

Ahora bien, es menester recordar que el Presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, retiró al embajador Henry Lane Wilson pocos días después de haberse hecho cargo de la primera magistratura de su país, pues era del dominio público lo mismo en México que en el extranjero, la participación del embajador yanqui en los sucesos que culminaron con los asesinatos de los señores Madero y Pino Suárez. El presidente Wilson, ex profesor de la Universidad de Princeton, puritano por abolengo y por hondas convicciones, se sentía defensor de la democracia en el mundo y por lo mismo adversario decidido de los gobiernos dictatoriales. Lógicamente se declaró desde luego enemigo de Victoriano Huerta, sobre todo a partir de la disolución de las Cámaras el 10 de octubre de 1913. Jamás reconoció al Gobierno de Huerta, aun cuando dejó instalada la Embajada en la ciudad de México y un encargado de negocios al frente de ella.

No puede negarse la intervención por todos conceptos condenable del mandatario norteamericano en los asuntos interiores de México. Es obvio que tuvo derecho pleno para no reconocer al Gobierno del magnicida dictador; pero no lo tuvo para exigirle que renunciara a la Presidencia, como lo hizo por medio de dos notas que su encargado de negocios entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el mes de noviembre de 1913, tan cargado de infortunios para la nación. Esa intromisión, de igual manera que las anteriores de la Casa Blanca y las posteriores de Wilson en México y otras naciones latinoamericanas, nunca podrán justificarse ante la historia.

En una parte del mensaje que el presidente Woodrow Wilson dirigió el 2 de diciembre al Congreso de los Estados Unidos, dijo que «no puede haber perspectivas ciertas de paz en América hasta que el general Huerta haya entregado la autoridad por él usurpada en México; hasta que quede entendido por todos, efectivamente, que pretendidos gobiernos como ése, no serán tolerados ni reconocidos por el Gobierno de los Estados Unidos»; que «el conato de mantener un Gobierno en la ciudad de México ha fracasado y que se ha establecido un despotismo militar que apenas si tiene la apariencia de autoridad nacional. Originóse en la usurpación de Victoriano Huerta, quien después de un breve intento de aparecer como Presidente constitucional, ha acabado finalmente por prescindir de sus pretensiones de legitimidad y se ha declarado dictador. Existe, en consecuencia, ahora en México una situación que hace dudar de si podrán ser efectivamente protegidos por largo tiempo siquiera los más elementales y fundamentales derechos de sus propios nacionales o de los ciudadanos de otros países residentes en su territorio, y que, de continuar por largo tiempo, amenaza poner en peligro los intereses pacíficos, el orden y una existencia tolerable en las tierras que colindan con nosotros al Sur». Días después de la lectura del mensaje, el Gobierno de los Estados Unidos ordenó a sus nacionales que salieran del territorio de México. Después de todo esto parecía inminente la intervención armada. Sólo faltaba un pretexto para que el atentado fuera cometido.

Y el pretexto al fin se presentó. El 9 de abril de 1914 siete soldados y un oficial norteamericanos, pertenecientes a la infantería de marina del acorazado «Dolphin» que estaba frente al puerto de Tampico desembarcaron de una lancha que enarbolaba la bandera de los Estados Unidos en un sector bajo control militar. Tampico estaba sitiado por fuerzas revolucionarias y defendido por tropas federales al mando del general Ignacio Morelos Zaragoza. Los siete soldados y el oficial fueron obligados a salir de la lancha por el coronel Ramón H. Hinojosa, a quien seguían diez soldados perfectamente armados. Los yanquis fueron detenidos; pero al saberlo Morelos Zaragoza los puso en libertad y dio cumplida disculpa al almirante Mayo, jefe de la flota extranjera surta en aguas territoriales mexicanas. El almirante no estuvo conforme con la disculpa, considerando la breve detención de sus subordinados como gravísima ofensa a la dignidad del Gobierno y del pueblo de los Estados Unidos. Mayo exigió una disculpa oficial, seguridades de que Hinojosa sería castigado y que la bandera de los Estados Unidos fuera izada y saludada con veintiún cañonazos. El incidente que en realidad carecía de importancia pasó a las cancillerías. El Departamento de Estado ratificó las exigencias del marino. Huerta dijo que aceptaba siempre que inmediatamente después fuera también saludada con veintiún cañonazos la bandera mexicana. No hubo acuerdo, y el presidente Wilson solicitó del Congreso facultades para utilizar las fuerzas de mar y tierra contra nuestro país en los términos siguientes: «Vengo a pediros vuestra aprobación para que pueda emplear las fuerzas armadas de los Estados Unidos tan ampliamente como pueda ser necesario para obtener del general Huerta y de sus secuaces el más completo reconocimiento de los derechos y dignidad de los Estados Unidos aun en medio de las angustiosas condiciones que ahora prevalecen en México… En lo que hacemos no puede haber pensamiento de agresión o de engrandecimiento egoísta… Deseamos conservar incólume nuestra gran influencia por el servicio de la libertad tanto en los Estados Unidos como en cualquiera otra parte donde pueda emplearse en beneficio de la humanidad». Y la infamia iba a consumarse horas más tarde.

Frente al puerto de Veracruz se hallaba una poderosa flota de los Estados Unidos. Se hallaba también el vapor Ipiranga que traía fuerte cargamento de armas y parque para el Gobierno de Victoriano Huerta. Fletcher, comandante de la flota, recibió instrucciones de evitar el desembarque del navío alemán y de ocupar Veracruz. El día 21 sin previo aviso, sin declaración de guerra, varias lanchas ocupadas por marinos yanquis perfectamente armados se dirigieron a tierra con el propósito de ocupar la plaza. Inmediatamente los alumnos de la Escuela Naval y el pueblo se aprestaron a la defensa del puerto, rechazando en más de una ocasión a los marinos. La lucha desigual duró varias horas. Al fin tuvieron que ceder los mexicanos ante el cañoneo de los acorazados, la superioridad numérica y armamento de los intrusos. Sin embargo, ese pueblo y esos cadetes lograron con su valor y heroísmo poner a salvo el honor nacional. Muchos cayeron en la desigual pelea. Entre todos los combatientes nuestros se cita el caso del cadete José Azueta, quien con una ametralladora detuvo durante varias horas el ataque enemigo. Herido gravemente fue retirado del lugar de su hazaña. Hay la versión de que ya ocupado el puerto por el invasor, el almirante Fletcher, impresionado por el heroísmo de Azueta, fue personalmente a ofrecerle los servicios de un cirujano norteamericano. Y se dice que el joven héroe contestó: «¡De los invasores no quiero ni la vida!». Días después dejó de existir.

En contraste con la conducta irreprochable de los cadetes de la Escuela Naval y del pueblo veracruzano, el general Gustavo Mass que guarnecía la ciudad al mando de algunos cientos de soldados federales, al darse cuenta del ataque enemigo, se retiró prudentemente de la plaza para estacionarse en Tejería, lugar cercano al puerto. No se sabe bien si lo que hizo fue por propia iniciativa o por instrucciones de la Secretaría de Guerra y Marina.

El internacionalista Isidro Fabela escribe en su libro titulado Historia diplomática de la Revolución Mexicana lo siguiente:

«La ocupación militar de Veracruz por la infantería de marina de los Estados Unidos, el año de 1914, fue un delito internacional que constituyó, por parte de su autor principal, el presidente Woodrow Wilson, no sólo un desconocimiento evidente de los principios del derecho de gentes, sino un gravísimo error político que puso en claro su incomprensión absoluta de la Revolución Mexicana y de la psicología de nuestro pueblo…».

Y nosotros agregamos que la ocupación de Veracruz fue como una mancha negra que oscurece con otras manchas negras la política de los Estados Unidos con las naciones latinoamericanas: México, Cuba, Filipinas, Panamá, Nicaragua, Santo Domingo, Guatemala y en 1965 otra vez Santo Domingo.

Miguel Alessio Robles escribió en 1938 a propósito de la ocupación de Veracruz: «La grandeza de un pueblo se mide por las ideas que defiende, por la excelsitud de sus artistas, de sus poetas, de sus pensadores, de sus héroes, de sus mártires. Cuando se habla de Atenas recordamos a sus artistas, cuando se habla de Roma recordamos a sus jurisconsultos, cuando se habla de España recordamos a sus poetas, cuando se habla de Francia recordamos a sus escritores, cuando se habla de Alemania recordamos a sus filósofos, cuando se habla de Estados Unidos, tan fuertes, tan ricos, tan poderosos, recordamos sus atropellos».

Y nosotros los mexicanos no debemos olvidar el ultraje del 21 de abril de 1914, en que contra toda razón y todo derecho fue hollado por segunda vez el suelo patrio por los invasores norteamericanos.

El mismo día en que fue ocupado Veracruz, el cónsul norteamericano Carothers entregó al señor Carranza una nota del Departamento de Estado, asegurándole que el presidente Wilson no intentaba hacer la guerra a México; que si Veracruz había sido ocupado era por la negativa de Huerta de dar satisfacción por agravios recibidos; que estaba con el pueblo de México y que lo único que deseaba era el restablecimiento del orden constitucional en la República. Además se pedía la opinión del propio señor Carranza sobre la situación. El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista contestó inmediatamente sosteniendo que el Gobierno ilegítimo de Huerta no representaba a la nación y que él, Carranza, era la única autoridad legítima a la cual debió y debía dirigirse para cualquier reclamación el Gobierno de los Estados Unidos. La nota del Primer Jefe es mesurada, enérgica y patriota; es una protesta por la violación de la soberanía nacional. Para conocimiento del lector copiamos aquí dos párrafos de dicho documento:

«… Mas la invasión de nuestro territorio, la permanencia de vuestras fuerzas en el puerto de Veracruz, o la violación de los derechos que informan nuestra existencia como Estado soberano, libre e independiente, sí nos arrastrarían a una guerra desigual, pero digna, que hasta hoy queremos evitar.

»Ante esta situación real por que atraviesa México, débil, hoy más que nunca, después de tres años de sangrienta lucha, comparada con la formidable de la nación americana; y considerando los hechos acaecidos en Veracruz como atentatorios en el más alto grado para la dignidad e independencia de México y en pugna con vuestras reiteradas declaraciones de no desear romper el estado de paz y amistad con la nación mexicana, y en contradicción también con la resolución del Senado de vuestro país, que acaba de declarar que los Estados Unidos no asumen ninguna actitud contra el pueblo mexicano ni tienen propósito de hacerle la guerra; considerando igualmente que los actos de hostilidad ya cumplidos exceden a lo que la equidad exige para el fin perseguido, el cual puede considerarse satisfecho, no siendo por otra parte el usurpador de México a quien en todo caso competería otorgar una reparación; interpreto los sentimientos de la gran mayoría del pueblo mexicano que es tan celoso de sus derechos como respetuoso ante los derechos ajenos, y os invito a suspender los actos de hostilidad ya iniciados, ordenando a vuestras fuerzas la desocupación de los lugares que se encuentran en su poder, en el puerto de Veracruz…».

A nuestro juicio la respuesta de Carranza fue congruente con su posición de jefe de la Revolución, pues Huerta estaba ya casi perdido y hubiera sido torpe negociar con él para formar un frente único contra los invasores, sin esperar con serenidad el desarrollo de los acontecimientos. Precisemos que la respuesta a que estamos haciendo referencia está fechada en la ciudad de Chihuahua el 22 de abril, un día después del atentado contra nuestra soberanía.

Bien pronto se vio que la intervención de los norteamericanos se limitaba a permanecer en el puerto de Veracruz, lo cual contribuyó a que fracasaran los propósitos de Victoriano Huerta, de utilizar en su provecho la intervención extranjera. El fuego patriótico de millares de ciudadanos que se manifestó durante los primeros días, se apagó poco a poco, al saberse que continuaba la lucha revolucionaria contra el Gobierno de Huerta y la mediación amistosa de Argentina, Brasil y Chile para evitar la guerra entre los Estados Unidos y México.

Así fue en efecto. El día 25 de abril los representantes diplomáticos de las tres naciones mencionadas acreditadas en Washington, ofrecieron sus buenos oficios al Gobierno de Wilson y al de Huerta, con el fin de solucionar pacíficamente el lamentable conflicto. Tanto el primero como el segundo aceptaron inmediatamente y de buen grado la mediación, procediendo a designar plenipotenciarios, quienes iniciaron las negociaciones el 20 de mayo en Niagara Falls, del lado canadiense. El Gobierno de Huerta designó tres representantes, los señores Emilio Rabasa, Agustín Rodríguez y Luis Elguero, todos ellos juristas distinguidos y de excelente reputación. El Gobierno de Washington nombró a los señores Joseph R. Lamar, magistrado de la Suprema Corte de Justicia y Frederick W. Lehmann, consultor del Departamento de Estado. Y mientras cambiaban impresiones orales y escritas en presencia de los ministros de Argentina, Brasil y Chile los flamantes plenipotenciarios, en México se tambaleaba el régimen de Huerta, por el empuje de los ejércitos revolucionarios. Los federales sufrían tremendas derrotas y perdían las ciudades más importantes, ya no sólo del norte sino también del centro y del sur del país. Lógicamente las conferencias de Niagara Falls resultaban cada vez más difíciles e inoperantes. No se necesitaba ser profeta para augurarles el más completo fracaso.

La historia ha recogido dos memoranda que reflejan la posición de los plenipotenciarios de Huerta y de Wilson. El memorándum de los mexicanos de 12 de junio, debemos reconocerlo, es claro y patriota, rechaza con energía la osada actitud intervencionista del Gobierno norteamericano, pero ignorando o más bien aparentando ignorar la comprometida situación en que se hallaba el régimen huertista en aquellos momentos, por los triunfos repetidos y cada vez de mayor importancia de los constitucionalistas. Los delegados mexicanos estaban de acuerdo con el retiro de Victoriano Huerta y proponían la formación de un Gobierno neutral que convocara a elecciones. Los norteamericanos estaban por supuesto conformes con la eliminación del soldado usurpador; mas proponían que el Gobierno que convocara a elecciones se integrara con una mayoría absoluta de constitucionalistas, apoyándose en que éstos ya dominaban buena parte del territorio nacional. No ocultaban estar interviniendo en los asuntos internos de México. Pero aseguraban con insistencia en que lo único que deseaba el presidente Wilson era el restablecimiento de la paz y la prosperidad de nuestro país. El antiguo y puritano profesor de la Universidad de Princeton se erigía en nuestro protector sin más apoyo que la fuerza y su propia voluntad.

El acuerdo, ya lo apuntamos antes, fue imposible. Las conferencias de Niagara Falls llegaron a su término el 25 de junio, firmándose un protocolo simplemente para salir del paso. Vera Estañol al referirse al tal protocolo dice que «es un curioso ejemplar de teratología diplomática, refractario a toda clasificación técnica…». Uno no puede explicarse por qué el Gobierno de Wilson aceptó tratar con representantes de un régimen político que nunca había reconocido y con el cual había roto relaciones diplomáticas a raíz del incidente de Tampico. La única explicación que se ocurre es que quiso dar tiempo al Ejército Constitucionalista, cuyo poderío creciente auguraba el completo y rápido triunfo. En cuanto a Huerta es fácil pensar que aceptó las conferencias de Niagara Falls como la única posibilidad de salir de la muy difícil situación en que se encontraba.

El 25 de junio de 1914, fecha de la firma del protocolo, estaban contados los días del Gobierno emanado de la traición y el crimen.

Las constantes derrotas del ejército federal durante los primeros meses de 1914 y la ocupación de Veracruz por los norteamericanos el 21 de abril, no quebrantaron la voluntad de Victoriano Huerta, quien seguía creyendo en la posibilidad de dominar la situación con los elementos que aún le quedaban. Para llenar las bajas de su ejército continuó la leva de abril en adelante, lo mismo en la capital de la República que en otras ciudades y pequeños centros de población. Con excepción de la gente decente, o mejor dicho de los individuos del sexo masculino bien vestidos, más o menos en buenas relaciones con las autoridades, nadie estaba a salvo de ser aprehendido y llevado al cuartel próximo o distante para engrosar el diezmado ejército de forzados. Así, como ya se dijo en otra parte, miles de ciudadanos pacíficos, alistados contra su voluntad y convicciones fueron a morir en las batallas de San Pedro de las Colonias, Zacatecas y Orendáin.

La Casa del Obrero Mundial fue clausurada con lujo de fuerza el 27 de mayo de 1914, encarcelando a los dirigentes. Huerta no se daba por vencido y continuaba sembrando el terror en todas las zonas por él todavía dominadas.

Los triunfos revolucionarios, de abril de 1914 en adelante, se multiplicaron por todas partes. A continuación vamos a dar las fechas en que fueron tomadas por los constitucionalistas varias plazas de enorme importancia en el norte y el centro del país; unas después de reñidas y sangrientas batallas; otras porque los federales las evacuaban sin combatir retirándose hacia el Sur.

Después de la toma de Torreón las fuerzas de la División del Norte comandadas por Villa avanzaron hacia San Pedro de las Colonias donde se habían hecho fuertes los huertistas. Se libró una tremenda batalla en la que los federales fueron casi completamente aniquilados, no obstante que sumaban algo más de doce mil hombres. Fue uno de los mayores reveses que sufrieron. La diezmada columna federal se dirigió a Saltillo, plaza que bien pronto evacuaron marchando hacia San Luis Potosí. Saltillo fue ocupado, por supuesto sin disparar un tiro, por la brigada del general José Isabel Robles el 20 de mayo.

Siete días antes de la ocupación de la capital de Coahuila, el puerto de Tampico cayó en poder de los constitucionalistas, después de largo sitio y reñidos combates. Los federales se vieron obligados a evacuar las ciudades. Las fuerzas atacantes estuvieron a las órdenes del general Pablo González y de otros jefes de la División del Noreste.

Los generales Lucio Blanco y Rafael Buelna, pertenecientes a la división del general Álvaro Obregón tomaron el 16 del mismo mes de mayo la población de Tepic, entonces capital del territorio del mismo nombre.

La batalla de Zacatecas fue tal vez la más tremenda en que se empeñaron revolucionarios y huertistas. Se refiere que la ciudad estaba defendida por alrededor de doce mil hombres. La brigada del general Pánfilo Natera inició el ataque pero sin resultado satisfactorio. No tenía a su disposición sino seis mil hombres. El enemigo era mucho más poderoso. Ante este hecho el general Villa con parte de la División del Norte, fuerte en diez mil individuos, avanzó rápidamente de Torreón a las inmediaciones de la plaza asediada. La lucha terrible duró varios días con pérdidas considerables para unos y otros. Por fin el 23 de junio la plaza que parecía inexpugnable fue ocupada por los revolucionarios. Él general Felipe Ángeles fue quien tuvo a su cargo el mando supremo de la artillería, y se cuenta que a él se debió en gran parte la victoria. El botín fue considerable. En el libro del general Juan Barragán, que ya hemos citado, se lee en relación con la batalla de Zacatecas lo que sigue:

«Zacatecas cayó en poder de Villa el día 23 de junio, después de varios días de tremendos combates. Defendía la plaza el general federal Luis Medina Barrón, que tenía a sus órdenes doce mil soldados, no diez mil como se suponía, numerosa artillería y ametralladoras, perfectamente fortificado, tanto en las posiciones naturales de la ciudad como en las obras de defensa que expresamente habían construido los federales. En el ataque tomaron participación: la División del Norte, las fuerzas de Natera y Arrieta y la Brigada Triana, estimándose el efectivo de las tropas revolucionarias en dieciséis mil hombres. El enemigo dejó en poder de los vencedores doce mil rifles máuser, doce cañones, varias ametralladoras y seis mil prisioneros, habiéndose recogido del campo de batalla cuatro mil ochocientos treinta y siete cadáveres federales. Puede decirse que toda la guarnición federal sucumbió, pues Medina Barrón, Argumedo y otros generales apenas pudieron escapar con trescientos hombres rumbo a Aguascalientes. Por parte de las fuerzas constitucionalistas hubo que lamentarse la muerte, en uno de los combates, del general Trinidad Rodríguez, y la del general Toribio Ortega, quien sucumbió en Chihuahua a los pocos días de la caída de Zacatecas, víctima del tifus que se desarrolló en la ciudad como consecuencia de la terrible mortandad».

También debemos mencionar la batalla de Orendáin en que las fuerzas constitucionalistas de Obregón aniquilaron a una columna federal de ocho mil hombres. Esta batalla tuvo lugar los días 6 y 7 de julio e hizo posible que al día siguiente ocuparan los revolucionarios, ya sin combatir, la ciudad de Guadalajara, la más importante después de la de México, pues los federales la habían evacuado la noche anterior.

La capital de San Luis Potosí la ocuparon los constitucionalistas el 18 de junio, sin necesidad de combatir. Primero entraron las fuerzas del general Alberto Carrera Torres y muy poco después las del general Eulalio Gutiérrez.

El mismo Carrera Torres se adueñó de la capital de Guanajuato el 29 del mes antes citado.

Dos días antes las avanzadas de la División del Noreste mandadas por el general Francisco Murguía ocuparon la ciudad de Querétaro, que como es bien sabido se encuentra solamente a un poco más de 200 kilómetros de la capital de la República por carretera.

Debemos agregar que ya para mediados de julio de 1914 todas las ciudades fronterizas de los Estados Unidos estaban en poder de la Revolución, lo mismo que todo el Norte, casi todo el Centro y una parte del Sur. En estas condiciones Victoriano Huerta, el soldado traidor, ya no pudo resistir más; y con fecha 15 de ese mes de julio, trágico para él, presentó su renuncia a la Presidencia de la República ante el Congreso ilegal que había nombrado a fines de octubre de 1913. Un día antes partió rumbo a Puerto México a fin de embarcarse y abandonar para siempre el territorio nacional.

Queremos insistir en algo que ya se ha escrito en capítulos anteriores. Nos referimos a la afirmación de que en la etapa constitucionalista del movimiento revolucionario, es decir, en la pugna contra el Gobierno de Huerta, se vio desde luego que asumía las características de una lucha de clases. Y por estimarlo necesario y oportuno queremos repetir que apoyaron al Gobierno de Huerta inmediatamente después del cuartelazo de la Ciudadela, el ejército pretoriano del general Díaz, el Clero y la grande y mediana burguesía nacional y extranjera. Con Carranza, Zapata y los demás caudillos se fueron sumando individuos de la clase popular y unos cuantos intelectuales pertenecientes a la clase medía. En consecuencia, los dos campos quedaron desde un principio deslindados con claridad meridiana. Y siguiendo al doctor José María Luis Mora, podemos decir que del lado de Huerta estaban los partidarios del retroceso y del de Carranza los amigos del progreso. En lenguaje contemporáneo cabe usar los vocablos derecha e izquierda; la derecha apoyaba a la dictadura huertista y la izquierda a la Revolución.

Alguna vez el escritor dominicano Pedro Henríquez Ureña, dijo que la historia de México había sido siempre una lucha entre el peladismo honrado y el decentismo ladrón. Nosotros agregamos que el mal ha consistido en que muy a menudo los pelados se han vuelto personas decentes con todas sus consecuencias.

Ahora bien, al ocupar los revolucionarios al principio de la contienda un pequeño poblado o una población de cinco a diez mil habitantes, muchas veces después de sangrienta lucha, se enteraban de que los ricos y los miembros del Clero habían sido sus más enconados enemigos. Esto se repitió en todas partes desde marzo de 1913 hasta el mes de agosto de 1914. Inevitablemente fue creciendo cada vez más el odio de las huestes revolucionarias hacia unos y otros. Por su parte, las personas ricas al saber que los constitucionalistas o los zapatistas se aproximaban en número considerable a las poblaciones medianas o pequeñas en que habitaban, huían a la capital del Estado o de la capital del Estado a la de la República, según los casos. Y por regla general al apoderarse los soldados de la Revolución de los centros urbanos, sus jefes y oficiales ocupaban, para vivir en ellas, las casas más o menos suntuosas, los palacetes o palacios de la minoría acaudalada. En no pocas ciudades importantes, como Monterrey y San Luis, todos o casi todos los componentes del Clero fueron expulsados del país.

Empero, es pertinente aclarar aquí despacio y con el mayor énfasis, porque presenciamos los hechos, que no es cierto que los revolucionarios eran contrarios a la doctrina de Cristo. Nada de eso. Millares de soldados al entrar triunfantes a una plaza ostentaban en los sombreros la imagen de la Virgen de Guadalupe o de algún santo consagrado por la Iglesia Católica. Los revolucionarios, o mejor dicho para ser precisos, los jefes y oficiales revolucionarios eran anticlericales por la simple razón de que los clérigos los habían combatido con saña, y porque algunos de estos jefes y oficiales conocían más o menos bien la historia de México. Sabían que lo mismo en las guerras por la Independencia que en las de la Reforma, el Clero mexicano estuvo siempre del lado de la riqueza y en contra de la clase económicamente más débil. No podemos negar que las pasiones muchas veces se desbordaron como siempre ha ocurrido y ocurre en las guerras civiles. De los crímenes y arbitrariedades del huertismo ya nos hemos ocupado; mas ahora debemos agregar que también los hubo en el campo revolucionario, sin que podamos dictaminar si en mayor o en menor escala. En ocasiones al ocupar una plaza los caudillos de la Revolución con sus tropas, eran fusilados los enemigos reconocidos que no habían podido escapar. Sin embargo, con excepciones lamentables, no se torturaba al adversario ni hubo actos sistemáticos de crueldad como ha sucedido en otros países en años posteriores. Además, bueno es apuntarlo, siempre se respetó la vida de la mujer. En conclusión puede asegurarse que las torturas como sistema y la sistematización de la crueldad no se emplearon en México durante la Revolución.

Pasando a otro asunto nos parece de interés recordar que el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, antes de llegar a la capital de la República, demostró su preocupación por dos problemas fundamentales: el del petróleo y el agrario. Con respecto al primer problema, ordenó el 21 de julio de 1914 que se cobrara un derecho de $0.10 en oro por cada tonelada de petróleo que se exportara; y en relación con el segundo problema, dispuso con fecha 6 de agosto del año mencionado, que los gobernadores constitucionalistas de los Estados en poder de la Revolución, reunieran el mayor número de datos e informes sobre la cuestión agraria, pues debía reconocerse que era un arduo problema de urgente necesidad que debía resolverse al triunfo de la causa revolucionaria. Estas dos disposiciones de la primera jefatura desmienten una vez más a quienes han escrito que al señor Carranza no le importaban los problemas vitales de la nación, los de carácter económico y social.

Victoriano Huerta, ocupémonos una vez más de este personaje sombrío, acudió, antes de renunciar a la Presidencia, al conocido expediente de nombrar secretario de Relaciones al licenciado Francisco Carvajal, quien de conformidad con la Constitución de 1857, ocupó la silla presidencial pensando en la posibilidad de llegar a una transacción con los victoriosos caudillos revolucionarios. Éstos dominaban ya a fines de julio y comienzos de agosto más de las dos terceras partes de la República, y hubiera sido estupidez inaudita tomar en serio a un Gobierno sin ningún arraigo popular y prácticamente vencido. Los generales Álvaro Obregón y Lucio Blanco se situaron en Teoloyucan, a 30 kilómetros de la capital, con el propósito de tomarla si era menester a sangre y fuego. Carvajal también renunció, y se dio prisa para escapar al extranjero. De suerte que el Gobierno originado en el Pacto de la Embajada se quedó acéfalo y sin más camino que pactar su rendición incondicional. Con este propósito salieron de la ciudad de México para Teoloyucan los señores general Gustavo Salas, vicealmirante Othón Blanco, Eduardo Iturbide, Alfredo Robles Domínguez y varios representantes diplomáticos. Pero dejemos una vez más la palabra al licenciado Jorge Vera Estañol. De su libro ya citado tomamos lo que a continuación se transcribe:

«Carvajal intenta de nuevo obtener garantías; Gustavo Salas, comisionado de la Secretaría de Guerra, y Eduardo Iturbide, gobernador del Distrito Federal, acompañados de los representantes diplomáticos del Brasil, Guatemala, Francia e Inglaterra y del agente revolucionario Alfredo Robles Domínguez, se encaminan rumbo a Teoloyucan a conferenciar con Carranza y con los dos jefes militares Álvaro Obregón y Lucio Blanco.

»Salas lleva el encargo de proponer, por vía de capitulación, que los federales evacuaran la plaza de México, dirigiéndose sobre la línea del Ferrocarril Mexicano, rumbo a Puebla, con armas y pertrechos, para que al establecerse el nuevo Gobierno con la Presidencia provisional de Carranza, todos los contingentes federales queden a sus órdenes, bajo la condición de una amnistía general por razón de delitos políticos.

»Iturbide va a solicitar garantías para la población civil y a concertar la forma de hacer el servicio de policía urbana y de proteger a la ciudad contra la temida onda zapatista.

»Después de humillantes esperas y desaires, que se extienden a los agentes diplomáticos del séquito, y de mantener preso a Iturbide, al fin se abren las pláticas, interrumpiéndose por algunas horas para que los comisionados puedan dar cuenta de que los revolucionarios exigen que las fuerzas evacuantes no lleven consigo artillería, ni parque de reserva.

»Carvajal resuelve en esta sazón abandonar el puesto y dirigirse a Veracruz, a cuyo efecto nombra a Refugio Velasco comandante general del Ejército y le entrega la situación.

»Bajo estos auspicios se celebra ese mismo día el convenio de Teoloyucan.

»El gobernador del Distrito con la gendarmería a sus órdenes cuidará del orden en la ciudad de México, hasta que las fuerzas revolucionarias entren a tomar posesión.

»Los federales evacuarán inmediatamente la capital con rumbo a Puebla, en grupos no mayores de 5000 hombres, sin artillería ni parque de reserva; se reconocerán sus grados a los jefes y oficiales del Ejército, quedando éstos y aquéllos bajo las órdenes del Gobierno que se organice por la Revolución; las guarniciones de Manzanillo, Córdoba, Jalapa, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán serán disueltas y desarmadas; los buques de guerra en el Golfo de México y en el Pacífico se concentrarán respectivamente en Coatzacoalcos y Manzanillo.

»Tal es el convenio que generalmente se conoce como el origen de la disolución del Gobierno claudicante y del Ejército y de cuyas consecuencias alternativamente se hacen responsables a Carvajal y a Velasco».

El relato de Vera Estañol es fiel en términos generales, aun cuando no oculta su filiación política reaccionaria. Desde luego, según otros informes que tenemos a la vista, no es cierto lo de la descortesía de los jefes del ejército triunfante. Empero si por falta de cortesía se entiende la actitud tajante de don Venustiano Carranza ante la impertinencia del ministro del Brasil que exigía garantías no sólo para los extranjeros sino también para los mexicanos radicados en la ciudad de México, entonces tenemos que dar la razón al referido letrado. A este propósito el general Juan Barragán, muy probablemente testigo presencial de los hechos, cuenta el siguiente diálogo entre el señor Carranza y el señor J. M. Cardoso de Oliveira, decano del cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno de Huerta:

«Cambiados los saludos de rigor, el señor Cardoso Oliveira inició la plática diciendo al señor Carranza: “En representación de mis colegas exijo de usted amplias garantías para los extranjeros y para los nacionales de la ciudad de México. Si usted se compromete formalmente a otorgarlas, yo pondré toda mi influencia para que se rinda la capital…”.

»“—Un momento, señor Ministro —interrumpió el señor Carranza—: puede usted contar con toda clase de garantías para los extranjeros que residen en la ciudad de México; pero respecto a los nacionales, no le reconozco a usted ningún derecho para venir a pedir garantías para ellos, ni para que en su calidad de representante extranjero venga usted a inmiscuirse en asuntos que son únicamente de la competencia de nosotros, los mexicanos”.

»Como el señor Cardoso de Oliveira tratara de insistir, el Primer Jefe lo interrumpió diciéndole: “Hemos terminado la conferencia, señor Ministro…”. Y el señor Carranza se levantó de su asiento, lo que obligó al impertinente diplomático a retirarse…».

Aquí debemos reconocer que la prenda más sobresaliente de don Venustiano Carranza en toda su actitud política e independientemente de sus errores, fue defender sin vacilación la dignidad y la soberanía de la nación.

Al fin, el 15 de agosto de 1914, entró a la ciudad de México el general Álvaro Obregón, comandando una parte de su ejército, sin haber perdido él jamás una batalla. Cinco días después llegó a la capital el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.

Victoriano Huerta había fracasado en su intento de establecer la paz sin más recursos que la fuerza militar, la violencia, la arbitrariedad y el asesinato; había fracasado en su intento de retroceder en la historia. Él despreció al pueblo y el pueblo en armas lo venció. Y ya no mencionaremos más el nombre de ese personaje siniestro que es mancha indeleble en la historia doliente de nuestro México.

El señor Carranza y los principales jefes de su ejército que le acompañaron fueron recibidos con entusiasmo desbordante entre vítores y aplausos por los capitalinos.

Es fama que siempre han recibido así a todos los triunfadores. Ignoraban que gruesas nubes se acumulaban en el horizonte, anuncio de nuevas tormentas, de nuevas desgracias para México.

ANEXO 7

DECRETOS DE VICTORIA HUERTA CON MOTIVO DE LA DISOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS[10]

«MEXICANOS: al hacerme cargo de la Presidencia Interina de los Estados Unidos Mexicanos, en circunstancias que vosotros conocéis, mi único propósito, mi más ferviente anhelo fue y ha sido y sigue siendo, realizar la paz de la República, aceptando los sacrificios y las responsabilidades que demanda esta gigantesca labor. Uno de los mayores sacrificios a que me he visto obligado, es la expedición del Decreto en el que se consigna la disolución del Poder Legislativo, al cual siempre traté con el mayor acatamiento, procurando también, con el mayor ahínco, hacer una perfecta armonía entre los Poderes de la Unión; desgraciadamente he fracasado en este supremo deseo porque la Cámara de Diputados ha demostrado una sistemática e implacable hostilidad para todos y cada uno de los actos de mi Gobierno. Designé como secretario de Estado y del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes al honorable ciudadano Eduardo Tamariz y la Cámara, tras el especioso pretexto de que se trataba de un católico, negó el permiso respectivo a dicho ciudadano, cuya gestión hubiese sido, sin duda, fructuosa para la República, en la que precisamente por liberal, caben todos los credos y encuentran ancho campo diversas aspiraciones. Se han remitido varias iniciativas del Ejecutivo para la organización y reorganización de los servicios públicos y la Cámara, intransigente, no ha despachado asuntos que son trascendentales para el porvenir de la Nación y más aún, el Ejecutivo pudo convencerse de que la mayoría estaba resuelta a negarle todo subsidio, a pesar de las anormales condiciones por que atravesamos y los graves compromisos que tenemos en el interior y en el exterior, no se ha detenido aquí el Poder Legislativo, numerosos de sus miembros militan en las filas de la Revolución y muchos otros, amparados por el fuero, conspiran en la ciudad a ciencia y paciencia del Gobierno, que se ha encontrado maniatado frente a tales funcionarios para quienes el fuero ha sido patente de inmunidad penal, últimamente la actitud de las Cámaras ha rebasado no ya los límites constitucionales de la armonía de los poderes sino hasta las fórmulas de simple cortesía y decencia; el Presidente de la República se ha visto aludido en forma profundamente ofensiva y calumniosa, instituyéndose comisiones para la averiguación de hipotéticos delitos que no sólo privan al Ejecutivo de la eficacia en la acción que le está conferida, sino que al mismo tiempo de la manera más flagrante invade las atribuciones del Poder Judicial, único al cual le corresponde juzgar y decidir de los delitos que se cometen; semejante situación no podrá engendrar sino el caos y la anarquía. Si el subscrito viese en la actitud de rebeldía de la Cámara un movimiento coordinado y compacto, brotado de la opinión pública, con caudillos capaces de recibir el Gobierno y de conducir al país a días prósperos, gustoso abandonaría el Poder para entregarlo a manos expertas, pero nada de esto sucede, la oposición en las Cámaras obedece a los más encontrados móviles y a los anhelos más divergentes; podría asegurarse que si mañana, este Cuerpo tuviese que designar al Ejecutivo de la Unión, se trabaría en su seno la más sangrienta batalla sobre los despojos del poder público.

»Mexicanos: sólo un compromiso he contraído con vosotros: hacer la paz en la República, para lograrlo, estoy dispuesto a hacer el sacrificio de mi vida y a emprender las más abnegadas empresas; devastada la Nación por tres años de guerra civil, disminuidos sus ingresos notablemente y aumentados en cambio sus egresos al doble de los años normales, he podido, sin embargo, organizar un Ejército de ochenta y cinco mil hombres al servicio de la pacificación nacional, todos mis esfuerzos para hacer de la Patria un pueblo respetable en el interior y respetado en el exterior, lamentablemente se han visto nulificados por la labor perturbadora y obstruccionista de las Cámaras con las cuales quise ser conciliador hasta el último extremo: al recibir una comunicación de la Cámara de Diputados apremiante para el Ejecutivo e invasora de las facultades constitucionales de los otros poderes, mandé al señor secretario de Gobernación para que aquel Cuerpo reconsiderase sus resoluciones: todo fue en vano, y agotados los recursos de la prudencia y del orden, tuve que decidir la disolución del Cuerpo Legislativo a fin de que el pueblo elector, experimentado ya por los dolores de una larga lucha civil, mande a la Representación Nacional a ciudadanos cuyo único anhelo, cuyo solo ideal, sea la reconstrucción de la Patria sobre el sólido cimiento de la paz pública. V. Huerta».

«Victoriano Huerta, Presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que en virtud de haber sido disueltas las Cámaras de Diputados y Senadores de la XXVI Legislatura del Congreso de la Unión e inhabilitadas para ejercer sus funciones y en uso de las facultades de que me hallo investido en el ramo de Gobernación, por el Decreto de 11 de octubre del año en curso, he tenido a bien decretar lo siguiente:

»Artículo Único. Cesa el fuero constitucional de que han estado investidos, en razón de las funciones que desempeñaban, los ciudadanos que formaron el XXVI Congreso de la Unión, y en consecuencia quedan sujetos a la jurisdicción de los tribunales, en caso de ser responsables de algún delito o falta. Por tanto, mando se imprima, publique y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio Nacional de México. A 11 de octubre de 1913. V. Huerta. Al C. Licenciado Manuel Garza Aldape, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. Presente. Y lo comunico a Ud. para su inteligencia y demás fines. Libertad y Constitución, México, 11 de octubre de 1913. M. Garza Aldape, Al C.…».

«Victoriano Huerta, Presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

»Que habiendo sido disueltas las Cámaras de Diputados y Senadores de la XXVI Legislatura del Congreso de la Unión e inhabilitadas para ejercer sus funciones, entre tanto elige el pueblo los nuevos mandatarios que asuman el Poder Legislativo y en el concepto de que el Gobierno debe tener todas las facultades necesarias para hacer frente a la situación y restablecer el orden constitucional a la mayor brevedad, como es su propósito, puesto de manifiesto al haber señalado para el día 26 del mes en curso la verificación de las elecciones extraordinarias de Diputados y Senadores, he tenido a bien decretar lo siguiente: Art. I. El Poder Judicial de la Federación continuará funcionando en los términos que establece la Constitución Federal de la República, debiendo acatar el Decreto del Ejecutivo de fecha 10 del mes en curso, el presente, y los que de éstos emanen. Art. II. El Poder Ejecutivo de la Unión conserva todas las facultades que le atribuye la Constitución Federal y asume además en los ramos de Gobernación, Hacienda y Guerra sólo por el tiempo estrictamente necesario para que se establezca de nuevo el Poder Legislativo, las facultades que a éste otorga la Constitución, de las que hará uso, expidiendo los decretos de general observancia que estime convenientes para el mejor servicio público. Art. III. El Ejecutivo de la Unión dará cuenta al Poder Legislativo del uso que hiciera de las facultades que asume por medio de este Decreto tan pronto como entre en funciones. Por tanto, mando se imprima, publique y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio Nacional de México, a 11 de octubre de 1913. V. Huerta. Al C. Lic. Manuel Garza Aldape, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. Presente. Y lo comunico a usted para su inteligencia y demás fines. Libertad y Constitución. México, 12 de octubre de 1913. Manuel Garza Aldape».

«Victoriano Huerta, Presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que en vista de las graves y excepcionales circunstancias porque atraviesa la Nación, y CONSIDERANDO que los solemnes compromisos contraídos por el Gobierno de la República ante sus nacionales, ante las naciones extranjeras y ante la posteridad misma lo coloca para cumplirlos, como necesariamente los cumplirá, en la necesidad imprescindible e imperiosa de considerar la causa de la pacificación preferente a cualquiera otro interés privado o colectivo, so pena de dejar al país entregarse a un estado de anarquía que en su desenfreno, ya que no justificado, podrá dar pretexto a la intervención de potencias extranjeras en nuestros asuntos interiores, lo que acabaría con la dignidad nacional que debe mantenerse por encima de todo; CONSIDERANDO que para la realización de aquellos compromisos es condición forzosa que los tres Poderes, en quienes reside la soberanía nacional marchen en perfecta armonía dentro de la ley sin que ninguno de los tres rebase los límites de sus atribuciones para invadir las de cualquiera de los otros dos, porque esto lejos de tender a la pacificación donde radica la vida misma del país, es origen y fuente de desórdenes que rompen el equilibrio de los tres Poderes sin el cual el orden constitucional es una farsa encubridora de violaciones; CONSIDERANDO que tanto se interrumpe el régimen constitucional cuando el Poder Ejecutivo invade la esfera propia del Legislativo o el Judicial como cuando es uno de éstos el que invade las atribuciones… sea necesario interrumpir ese orden debe ser siempre como suprema e ineludible medida de bien público y esto sólo por el tiempo estrictamente indispensable para volver al régimen constitucional; CONSIDERANDO que las Cámaras de la actual Legislatura de la Unión ya bajo el Gobierno anterior se habían demostrado inquietas y desorganizadas al grado de que en vez de contribuir a la obra propia del estado político constituían un poderoso elemento disolvente de todo orden social; bajo el Gobierno que en la actualidad rige los destinos de la República han llegado a convertirse en el peor enemigo del Ejecutivo hostilizándolo en todos sus actos, invadiendo su jurisdicción hasta en aquellos como el nombramiento de secretarios de Estado, respecto de los cuales jamás se puso en tela de juicio la plena soberanía del Ejecutivo, por donde aquel poder, la Cámara popular principalmente, se ha convertido en una agrupación demagógica cuya única tendencia perfectamente definida es la de impedir toda obra de Gobierno en el preciso momento en que puesta en peligro la autonomía nacional todos deberían reunirse al Ejecutivo y agruparse bajo la misma gloriosa bandera para defensa de la patria; CONSIDERANDO que en sus tendencias demagógicas la Cámara de Diputados no solamente ha atacado las bases fundamentales de la vida social como el derecho de propiedad y otros no menos esenciales, sino que diariamente y alardeando de ello para soliviantar los ánimos atropella los otros dos poderes de la Unión e invade su esfera de acción propia y genuina con la pretensión no obstante no ser un poder completo, de reunir en sí todos los poderes como sucedió en el caso Barros-Limantour en que despreció las órdenes del Poder Judicial y como sucede ahora mismo en que de nuevo atropella ese poder usurpando atribuciones de juez de instrucción para investigar supuestos delitos del fuero común y en que desatendiendo las condiciones del país de suyo ya muy graves amenaza al Ejecutivo y al país con abandonar su solapada conducta revolucionaria para declararse francamente rebelde; CONSIDERANDO que el Ejecutivo de la Unión, deseoso de evitar choques con los otros Poderes ha estado tolerando las usurpaciones que de sus facultades ha venido cometiendo el Legislativo, ha intervenido con sus buenos oficios para prevenir choques entre la Cámara de Diputados y el Poder Judicial como de hecho intervino en el escandaloso caso Barros-Limantour evitando el conflicto de fuerzas; CONSIDERANDO que en el presente caso la prudencia y la buena voluntad del Ejecutivo ha llegado al extremo pocas veces visto de ir a pedir a la Cámara popular reiteradamente la reconsideración de sus acuerdos ilegales y atentatorios sin haber obtenido otra cosa que una comprobación más de que aquella Cámara es decididamente disolvente y revolucionaria y de que está resuelta a acabar por cualquier medio con el Poder Ejecutivo sin que en modo alguno le preocupen ni le importen las gravísimas consecuencias que su actitud implica en este supremo instante de la vida nacional; CONSIDERANDO por último que si ha de romperse el orden constitucional por uno u otro medio como resultado de la obra antipatriótica de los señores miembros del Poder Legislativo es indispensable que mientras se reconstituyen las instituciones se salve la Patria y la dignidad nacional, lo que no se conciba con la desaparición del Poder Ejecutivo que viene procurando la Cámara popular, por estas consideraciones he venido a expedir el siguiente Decreto: Art. I. Se declaran disueltas desde este momento e inhabilitadas para ejercer sus funciones las Cámaras de Diputados y Senadores de la Legislatura del Congreso de la Unión. En consecuencia, cualesquiera actos y disposiciones de dicho Cuerpo Legislativo serán nulos y no podrán recibir la sanción del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos. Art. II. Se convoca al pueblo mexicano a elecciones extraordinarias de diputados y senadores al Congreso de la Unión; estas elecciones se verificarán el día 26 del mes en curso y servirá para ellas la división territorial verificada para las elecciones extraordinarias de Presidente y Vicepresidente de la República que se celebrarán en la misma fecha. Art. III. Por esta vez el Senado se renovará por entero debiendo durar los senadores de número impar así como los CC. Diputados hasta el 15 de septiembre de 1914 y los de número par hasta el 15 de septiembre de 1916. Art. IV. Las próximas Cámaras se reunirán el día 15 del próximo mes de noviembre para la revisión de credenciales debiendo quedar instaladas el 20 del mismo y deberán ocuparse preferentemente de calificar las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República y de juzgar los actos cumplidos por el Gobierno interino desde la presente fecha hasta la instalación de las Cámaras. Art. V. Las elecciones extraordinarias de Diputados y Senadores a que se convoca por el presente Decreto se sujetarán a las disposiciones relativas de las leyes electorales vigentes en cuanto no se opongan al presente Decreto. Art. VI. Para las elecciones de diputados servirá la misma división territorial a que se sujetaron las elecciones de 1912. Por tanto, mando se imprima, publique y se le dé debido cumplimiento. Dado en el Palacio Nacional a 10 de octubre de 1913. V. Huerta. Al C Manuel Garza Aldape, secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. Presente. Y lo comunico a Ud. para su inteligencia y demás fines. Libertad y Constitución. México, a 10 de octubre de 1913. Manuel G. Aldape».

ANEXO 8

MANIFIESTO DE EMILIANO ZAPATA A LA NACIÓN[11]

Octubre de 1913

LA VICTORIA se acerca, la lucha toca a su fin. Se libran ya los últimos combates y en estos instantes solemnes, de pie y respetuosamente descubiertos ante la Nación, aguardamos la hora decisiva, el momento preciso en que los pueblos se hunden o se salvan, según el uso que hacen de la soberanía conquistada, esa soberanía por tanto tiempo arrebatada a nuestro pueblo, y la que con el triunfo de la Revolución volverá ilesa, tal como se ha conservado y la hemos defendido aquí, en las montañas que han sido su solio y nuestro baluarte. Volverá dignificada y fortalecida para nunca más ser mancillada por la impostura ni encadenada por la tiranía.

Tan hermosa conquista ha costado al pueblo mexicano un terrible sacrificio, y es un deber, un deber imperioso para todos, procurar que ese sacrificio no sea estéril; por nuestra parte, estamos bien dispuestos a no dejar ni un obstáculo enfrente, sea de la naturaleza que fuere y cualesquiera que sean las circunstancias en que se presente, hasta haber levantado el porvenir nacional sobre una base sólida, hasta haber logrado que nuestro país, amplia la vía y limpio el horizonte, marche sereno hacia el mañana grandioso que le espera.

Perfectamente convencidos de que es justa la causa que defendemos, con plena conciencia de nuestros deberes y dispuestos a no abandonar ni un instante la obra grandiosa que hemos emprendido, llegaremos resueltos hasta el fin, aceptando ante la civilización y ante la Historia las responsabilidades de este acto de suprema reivindicación.

Nuestros enemigos, los eternos enemigos de las ideas regeneradoras, han empleado todos los recursos y acudido a todos los procedimientos para combatir a la Revolución, tanto para vencerla en la lucha armada, como para desvirtuarla en su origen y desviarla de sus fines.

Sin embargo, los hechos hablan muy alto de la fuerza y el origen de este movimiento:

Más de treinta años de dictadura parecían haber agotado las energías y dado fin al civismo de nuestra raza, y a pesar de ese largo periodo de esclavitud y enervamiento, estalló la Revolución de 1910, como un clamor inmenso de justicia que vivirá siempre en el alma de las naciones como vive la Libertad en el corazón de los pueblos para vivificarlos, para redimirlos, para levantarlos de la abyección a que no puede estar condenada la especie humana.

Fuimos de los primeros en tomar parte en aquel movimiento, y el hecho de haber continuado en armas después de la expulsión de Porfirio Díaz y de la exaltación de Madero al poder, revela la pureza de nuestros principios y el perfecto conocimiento de causa con que combatimos y demuestra que no nos llevaban mezquinos intereses, ni ambiciones bastardas, ni siquiera los oropeles de la gloria, no; no buscábamos ni buscamos la pobre satisfacción del medro personal, no anhelábamos la triste vanidad de los honores, ni queremos otra cosa que no sea el verdadero triunfo de la causa, consistente en la implantación de los principios, la realización de los ideales y la resolución de los problemas, cuyo resultado tiene que ser la salvación y el engrandecimiento de nuestro pueblo.

La fatal ruptura del Plan de San Luis Potosí motivó y justificó nuestra rebeldía contra aquel acto que invalidaba todos los compromisos y defraudaba todas las esperanzas; que nulificaba todos los esfuerzos y esterilizaba todos los sacrificios y truncaba, sin remedio, aquella obra de redención tan generosamente emprendida por los que dieron sin vacilar, como abono para la tierra, la sangre de sus venas. El Pacto de Ciudad Juárez devolvió el triunfo a los enemigos y la víctima a sus verdugos; el Caudillo de 1910 fue el autor de aquella amarga traición, y fuimos contra él, porque, lo repetimos: ante la causa no existen para nosotros las personas y conocemos lo bastante la situación para dejarnos engañar por el falso triunfo de unos cuantos revolucionarios convertidos en gobernantes: lo mismo que combatimos a Francisco I. Madero, combatiremos a otros cuya administración no tenga por base los principios por los que hemos luchado.

Roto el Plan de San Luis, recogimos la bandera y proclamamos el Plan de Ayala.

La caída del Gobierno pasado no podía significar para nosotros más que un motivo para redoblar nuestros esfuerzos, porque fue el acto más vergonzoso que puede registrarse; ese acto de abominable perversidad; ese acto incalificable que ha hecho volver el rostro indignados y escandalizados a los demás países que nos observan y a nosotros nos ha arrancado un estremecimiento de indignación tan profunda, que todos los medios y todas las fuerzas juntas no bastarían a contenerla, mientras no hayamos castigado el crimen, mientras no ajusticiemos a los culpables.

Todo esto por lo que respecta al origen de la Revolución; por lo que toca a sus fines, ellos son tan claros y precisos, tan justos y nobles, que constituyen por sí solos una fuerza suprema; la única con que contamos para ser invencibles, la única que hace inexpugnable estas montañas en que las libertades tienen su reducto.

La causa porque luchamos, los principios e ideales que defendemos, son ya bien conocidos de nuestros compatriotas, puesto que en su mayoría se han agrupado en torno de esta bandera de redención, de este lábaro santo del derecho, bautizado con el sencillo nombre de Plan de Villa de Ayala. Allí están contenidas las más justas aspiraciones del pueblo, planteadas las más imperiosas necesidades sociales, y propuestas las más importantes reformas económicas y políticas, sin cuya implantación el país rodaría inevitablemente al abismo, hundiéndose en el caos de la ignorancia, de la miseria y de la esclavitud.

Es terrible la oposición que se ha hecho al Plan de Ayala, pretendiendo, más que combatirlo con razonamientos, desprestigiarlo con insultos, y para ello, la prensa mercenaria, la que vende su decoro y alquila sus columnas, ha dejado caer sobre nosotros una asquerosa tempestad de cieno, de aquel en que alimenta su impudicia y arrastra su abyección. Y sin embargo, la Revolución, incontenible, se encamina hacia la victoria.

El Gobierno, desde Porfirio Díaz a Victoriano Huerta, no ha hecho más que sostener y proclamar la guerra de los ahítos y los privilegios contra los oprimidos y los miserables; no ha hecho más que violar la soberanía popular, haciendo del poder una prebenda; desconocer las leyes de la Evolución, intentando detener a las sociedades, y violar los principios más rudimentarios de la Equidad, arrebatando al hombre los más sagrados derechos que le dio la Naturaleza. He allí explicada nuestra actitud, he allí explicado el enigma de nuestra indomable rebeldía y he allí propuesto, una vez más, el colosal problema que preocupa actualmente no sólo a nuestros conciudadanos, sino también a muchos extranjeros. Para resolver ese problema, no hay más que acatar la voluntad nacional, dejar libre la marcha a las sociedades y respetar los intereses ajenos y los atributos humanos.

Por otra parte, y concretando lo más posible, debemos hacer otras aclaraciones para dejar explicada nuestra conducta del pasado, del presente y del porvenir.

La nación mexicana es demasiado rica. Su riqueza, aunque virgen, es decir, todavía no explotada, consiste en la Agricultura y la Minería; pero esa riqueza, ese caudal de oro inagotable, perteneciendo a más de quince millones de habitantes, se halla en manos de unos cuantos miles de capitalistas y de ellos una gran parte no son mexicanos. Por un refinado y desastroso egoísmo, el hacendado, el terrateniente y el minero, explotan una pequeña parte de la tierra, del monte y de la veta, aprovechándose ellos de sus cuantiosos productos y conservando la mayor parte de sus propiedades enteramente vírgenes, mientras un cuadro de indescriptible miseria tiene lugar en toda la República. Es más, el burgués, no conforme con poseer grandes tesoros de los que a nadie participa, en su insaciable avaricia, roba el producto de su trabajo al obrero y al peón, despoja al indio de su pequeña propiedad y no satisfecho aún, lo insulta y golpea haciendo alarde del apoyo que le prestan los tribunales, porque el juez, única esperanza del débil, hállase también al servicio de la canalla; y ese desequilibrio económico, ese desquiciamiento social, esa violación flagrante de las leyes naturales y de las atribuciones humanas, es sostenida y proclamada por el Gobierno, que a su vez sostiene y proclama pasando por sobre su propia dignidad, la soldadesca execrable.

El capitalista, el soldado y el gobernante habían vivido tranquilos, sin ser molestados, ni en sus privilegios ni en sus propiedades, a costa del sacrificio de un pueblo esclavo y analfabeto, sin patrimonio y sin porvenir, que estaba condenado a trabajar sin descanso y a morirse de hambre y agotamiento puesto que, gastando todas sus energías en producir tesoros incalculables, no le era dado contar ni con lo indispensable siquiera para satisfacer sus necesidades más perentorias. Semejante organización económica, tal sistema administrativo que venía a ser un asesinato en masa para el pueblo, un suicidio colectivo para la nación y un insulto, una vergüenza para los hombres honrados y conscientes, no pudieron prolongarse por más tiempo y surgió la Revolución, engendrada, como todo movimiento de las colectividades, por la necesidad. Aquí tuvo su origen el Plan de Ayala.

Antes de ocupar don Francisco I. Madero la Presidencia de la República, mejor dicho, a raíz de los Tratados de Ciudad Juárez, se creyó en una posible rehabilitación del débil ante el fuerte, se esperó la resolución de los problemas pendientes y la abolición del privilegio y del monopolio, sin tener en cuenta que aquel hombre iba a cimentar su Gobierno en el mismo sistema vicioso y con los mismos elementos corrompidos con que el caudillo de Tuxtepec, durante más de seis lustros, extorsionó a la Nación. Aquello era un absurdo, una aberración, y sin embargo, se esperó, porque se confiaba en la buena fe del que había vencido al Dictador. El desastre, la decepción no se hicieron esperar. Los luchadores se convencieron entonces de que no era posible salvar su obra ni asegurar su conquista dentro de esa organización morbosa y apolillada, que necesariamente había de tener una crisis antes de derrumbarse definitivamente: la caída de Francisco I. Madero y la exaltación de Victoriano Huerta al poder.

En este caso y conviniendo que no es posible gobernar al país con este sistema administrativo sin desarrollar una política enteramente contraria a los intereses de las mayorías, y siendo, además, imposible la implantación de los principios porque luchamos, es ocioso decir que la Revolución del Sur y del Centro, al mejorar las condiciones económicas, tiene, necesariamente, que reformar de antemano las instituciones, sin lo cual, fuerza es repetirlo, le sería imposible llevar a cabo sus promesas.

Allí está la razón de por qué no reconoceremos a ningún Gobierno que no nos reconozca, y sobre todo, que no garantice el triunfo de nuestra causa.

Puede haber elecciones cuantas veces se quiera, pueden asaltar, como Huerta, otros hombres la silla presidencial, valiéndose de la fuerza armada o de la farsa electoral, y el pueblo mexicano puede también tener la seguridad de que no arriaremos nuestra bandera ni cejaremos un instante en la lucha hasta que, victoriosos, podamos garantizar con nuestra propia cabeza el advenimiento de una era de paz que tenga por base la Justicia y como consecuencia la libertad económica.

Si como lo han proyectado esas fieras humanas vestidas de oropeles y listones, esa turba desenfrenada que lleva tintas en sangre las manos y la conciencia, realizan con mengua de la ley la repugnante mascarada que llaman elecciones, vaya desde ahora, no sólo ante el nuestro, sino ante los pueblos todos de la tierra, la más enérgica de nuestras protestas, en tanto podamos castigar la burla sangrienta que se haga a la Constitución de 57.

Téngase, pues, presente, que no buscaremos el derrocamiento del actual Gobierno para asaltar los puestos públicos y saquear los tesoros nacionales, como ha venido sucediendo con los impostores que logran encumbrar a las primeras magistraturas; sépase de una vez por todas que no luchamos contra Huerta únicamente, sino contra todos los gobernantes y los conservadores enemigos de la hueste reformista, y sobre todo, recuérdese siempre que no buscamos honores, que no anhelamos recompensas, que vamos sencillamente a cumplir el compromiso solemne que hemos contraído dando pan a los desheredados y una patria libre, tranquila y civilizada a las generaciones del porvenir.

Mexicanos: Si esta situación anómala se prolonga: si la paz, siendo una aspiración nacional, tarda en volver a nuestro suelo y a nuestros hogares, nuestra será la culpa y no de nadie. Unámonos en un esfuerzo titánico y definitivo contra el enemigo de todos; juntemos nuestros elementos, nuestra energía y nuestras voluntades y opongámoslos cual una barricada formidable a nuestros verdugos; contestemos dignamente, enérgicamente ese latigazo insultante que Huerta ha lanzado sobre nuestras cabezas; rechacemos esa carcajada burlesca y despectiva que el poderoso arroja, desde los suntuosos recintos donde pasea su encono y su soberbia, sobre nosotros, los desheredados que morimos de hambre en el arroyo.

No es preciso que todos luchemos en los campos de batalla, no es necesario que todos aportemos un contingente de sangre a la contienda, no es fuerza que todos hagamos sacrificios iguales en la Revolución; lo indispensable es que todos nos irgamos resueltos a defender el interés común y a rescatar la parte de soberanía que se nos arrebata.

Llamad a vuestras conciencias; meditad un momento sin odio, sin pasiones, sin prejuicios, y esta verdad, luminosa como el sol, surgirá inevitablemente ante vosotros: la Revolución es lo único que puede salvar a la República.

Ayudad, pues, a la Revolución. Traed vuestro contingente, grande o pequeño, no importa cómo, pero traedlo. Cumplid con vuestro deber y seréis dignos; defended vuestro derecho y seréis fuertes, y sacrificaos si fuere necesario, que después la patria se alzará satisfecha sobre su pedestal inconmovible y dejará caer sobre vuestra tumba «un puñado de rosas».

Reforma, Libertad, Justicia y Ley

Campamento Revolucionario en Morelos, 20 de octubre de 1913.

El General en Jefe del Ejército Libertador del Sur y Centro, Emiliano Zapata.

ANEXO 9

LA NOTA DEL SEÑOR CARRANZA AL PRESIDENTE WILSON CON MOTIVO DE LA OCUPACIÓN DE VERACRUZ[12]

CHIHUAHUA, 22 de abril de 1914. Señor cónsul J. C. Carothers. C. Juárez. En contestación al mensaje del señor secretario Bryan, que me fue comunicado por su conducto, sírvase usted transcribir a dicho señor Bryan la siguiente nota dirigida al señor Presidente Wilson:

En espera de la resolución que el Senado americano diera al mensaje que Vuestra Excelencia le dirigió con motivo del lamentable incidente ocurrido entre la tripulación de una lancha del acorazado Dolphin y soldados del usurpador Victoriano Huerta, se han ejecutado actos de hostilidad por las fuerzas de mar, bajo el mando del almirante Fletcher, en el puerto de Veracruz. Y ante esta violación de la soberanía nacional, que el Gobierno constitucionalista no esperaba de un Gobierno que ha reiterado sus deseos de mantener la paz con el pueblo de México, cumplo con un deber de elevado patriotismo al dirigiros la presente nota para agotar todos los medios honorables, antes de que dos pueblos honrados rompan las relaciones pacíficas que todavía los unen.

La nación mexicana, el verdadero pueblo de México, no ha reconocido como a su mandatario al hombre que ha pretendido lanzar una afrenta sobre su vida nacional, ahogando en sangre sus libres instituciones. En consecuencia, los hechos del usurpador Huerta y sus cómplices no significan actos legítimos de soberanía; no constituyen funciones verdaderas de derecho público interior ni exterior, y menos aún representan los sentimientos de la nación mexicana, que son de confraternidad hacia el pueblo norteamericano.

La posición de Victoriano Huerta en lo que concierne a las relaciones de México con los Estados Unidos, así como con la Argentina, Chile, Brasil y Cuba, ha quedado firmemente establecida con la actitud justiciera de los gobiernos de estas naciones, al negar su reconocimiento al usurpador, prestando de este modo a la noble causa que represento un valioso apoyo moral.

El título usurpado de Presidente de la República no puede investir al general Huerta de la facultad de recibir una demanda de reparación de parte del Gobierno de los Estados Unidos, ni de otorgar una satisfacción si ella es debida.

Victoriano Huerta es un delincuente que cae bajo la jurisdicción del Gobierno constitucionalista, hoy el único, por las circunstancias anormales del país, que representa la soberanía nacional de acuerdo con el espíritu del artículo 128 de la Constitución Política Mexicana. Los actos ilegales cometidos por el usurpador y sus parciales y los que aún pueden perpetrar, ya sean de carácter internacional, como los acaecidos en el puerto de Tampico, ya sean de orden interior, serán juzgados y castigados con inflexibilidad y en breve plazo por los tribunales del Gobierno constitucionalista.

Los actos propios de Victoriano Huerta nunca serán suficientes para envolver al pueblo mexicano en una guerra desastrosa con los Estados Unidos, porque no hay solidaridad alguna entre el llamado Gobierno de Victoriano Huerta y la nación mexicana, por la razón fundamental de que él no es el órgano legítimo de la soberanía nacional. Mas la invasión de nuestro territorio, la permanencia de vuestras fuerzas en el puerto de Veracruz, o la violación de los derechos que informan nuestra existencia como Estado soberano, libre e independiente, sí nos arrastraría a una guerra desigual, pero digna, que hasta hoy queremos evitar.

Ante esta situación real por que atraviesa México, débil, hoy más que nunca, después de tres años de sangrienta lucha, comparada con la formidable de la nación americana; y considerando los hechos acaecidos en Veracruz como atentatorios en el más alto grado para la dignidad e independencia de México y en pugna con vuestras reiteradas declaraciones de no desear romper el estado de paz y amistad con la nación mexicana, y en contradicción también con la resolución del Senado de vuestro país que acaba de declarar que los Estados Unidos no asumen ninguna actitud contra el pueblo mexicano ni tienen propósito de hacerle la guerra; considerando igualmente que los actos de hostilidad ya cumplidos exceden a lo que la equidad exige para el fin perseguido, el cual puede considerarse satisfecho; no siendo por otra parte el usurpador de México a quien en todo caso competería otorgar una reparación, interpreto los sentimientos de la gran mayoría del pueblo mexicano que es tan celoso de sus derechos como respetuoso ante los derechos ajenos, y os invito a suspender los actos de hostilidad ya iniciados, ordenando a vuestras fuerzas la desocupación de los lugares que se encuentran en su poder, en el puerto de Veracruz, y a formular ante el Gobierno constitucionalista que represento, como Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila y jefe del Ejército Constitucionalista, la demanda del Gobierno de los Estados Unidos originada por sucesos acaecidos en el puerto de Tampico, en la seguridad de que esa demanda será considerada con un espíritu de la más alta justicia y conciliación. El Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila y Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, V. Carranza.

ANEXO 10

CAMBIO DE NOTAS ENTRE REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DE HUERTA Y EL DE WASHINGTON DE 12 Y 15 DE JUNIO DE 1914, RESPECTIVAMENTE[13]

MEMORÁNDUM del 12 de junio de 1914 presentado por la delegación mexicana a la delegación americana en Niagara Falls.

«Las proposiciones presentadas por la delegación americana demuestran que el fin de su política es dar el triunfo incondicional y absoluto a la Revolución, con lo cual toma a su cargo la dirección de los asuntos interiores de México, adopta resueltamente el camino de la intervención inmediata en su dirección y por consiguiente acepta la responsabilidad del nuevo orden de cosas.

»El Gobierno americano, por medio de su delegación, quiere: primero, que el Presidente provisional sea un constitucionalista; segundo, que la junta electoral tenga mayoría de constitucionalistas; tercero, que las fuerzas de mar y tierra americanas permanezcan en territorio y aguas jurisdiccionales de México por un tiempo que el Gobierno de Washington puede hacer indefinido y prolongar hasta la época de la elección. Todo esto significa el derecho de imponer un Presidente en la elección próxima; porque si todos los elementos del Gobierno provisional han de ser revolucionarios, la libertad electoral será una superchería.

»Por este motivo la delegación mexicana ha declarado a los mediadores, desde luego, que rechaza la proposición de entregar el Gobierno de México a un constitucionalista, y que la rechaza por su propia cuenta sin consultar al Gobierno de México, porque no consiente tomar participación ninguna en los manejos necesarios para que el Gobierno de Washington imponga un Presidente en México.

»¿Por qué el Gobierno de Washington objeta el establecimiento de un Gobierno provisorio neutral que los mediadores propusieron y la delegación mexicana aceptó desde luego? Todos contestarán a esta pregunta, diciendo que es porque el Gobierno de Washington no quiere la libertad electoral en México. Es evidente que una elección libre en un pueblo no ejercitado en el sufragio sólo puede realizarse presidida por un Gobierno imparcial. El establecimiento del Gobierno neutral es lo único que puede proponerse con lealtad para con el pueblo mexicano, cuyo beneficio ha alegado constantemente el Presidente Wilson como motivo de su actitud. Si se trata realmente del bien del pueblo mexicano, hay que preguntarle a ese pueblo cómo lo entiende y no imponérselo a la fuerza.

»… Si el sentimiento nacional favorece a Carranza, no hay para que manchar su elección con la sospecha de la superchería o de la violencia, ni con la ostentación de la intervención americana. Carranza elevado a la primera magistratura por el sentimiento nacional, manifestado en la elección libre, podrá ser un Presidente respetable, capaz de unificar el espíritu público y de asentar las bases de la pacificación definitiva de México; elevado por una maniobra convencional de Washington, será un Presidente con el peor desprestigio, imposibilitado para el bien y contra el cual se alzará el clamor popular para acusarlo de traición y de sumisión perpetua a las órdenes de la Casa Blanca.

»En resumen, la cuestión es de poca importancia, según las concepciones del Gobierno americano, porque es de forma: Carranza llegará a la Presidencia de México, según se afirma, de todas maneras; la forma que se discute es, si se llega a ese fin por medio de un Gobierno provisional rebelde que imponga la elección o por medio de un Gobierno provisional neutral que presida honrada e imparcialmente la elección. Y si la cuestión es de mera forma, es inconcebible que baste para romper la conferencia y para empujar a los combatientes en luchas sangrientas que seguirán desolando a México.

»Estas razones nos impiden también aceptar la proposición que establece una junta electoral con mayoría constitucionalista y por tanto creada expresamente para dar el triunfo a un partido determinado.

»Las mismas razones nos impiden aceptar la proposición que prolonga indefinidamente la permanencia de las fuerzas navales en aguas de México y las que tiene en la ciudad de Veracruz. Las elecciones de México no pueden ni deben hacerse bajo un aparato de presión material sobre un pueblo».

[Carta del 15 de junio de 1914 del delegado americano J. R. Lamar al delegado mexicano Emilio Rabasa, en respuesta al memorándum precedente]:

«Se recibió su nota de 12 de junio con el memorándum anexo. Consigna usted en él ampliamente sus objeciones al plan que los representantes americanos presentaron a la junta de mediadores.

»El Presidente [Wilson] reconoce hechos y ve en los éxitos pasados del ejército constitucionalista la prueba indisputable de la aprobación de la nación mexicana.

»Nuestro Gobierno sólo desea ayudar a conseguir la pacificación de México. No tiene interés especial en el procedimiento o en la persona que sirva para realizar su gran propósito; y si insiste en algún procedimiento especial o en la selección de una clase determinada de hombres, es solamente porque cree que ellos son el único medio para llegar al fin que desean el país de ustedes, el nuestro, el de los mediadores y todo el mundo civilizado.

»De la misma manera, nuestras objeciones al plan propuesto por los mediadores y aprobado por ustedes se han basado en la profunda convicción de que la adopción de ese plan no detendrá los progresos del ejército victorioso, ni producirá esa pronta paz que el Gobierno americano desea tan sinceramente».

«Conducir esa guerra [la civil de México] a su término y restaurar la paz y el Gobierno constitucional son los anhelos del Presidente; y tal fin puede realizarse únicamente consultando los justos deseos de los constitucionalistas, que no sólo están en mayoría numérica, sino que son ahora la fuerza dominante en el país».

«Si las personas escogidas por los mediadores para desempeñar el Gobierno provisional cuentan con la confianza de los constitucionalistas, se dará un gran paso hacia la pacificación de México y a la vez no será causa de alarma para quienes ustedes representan, pues que se tiene el propósito de ofrecer una amnistía general para todos los delitos políticos y sus conexos. De aceptarse el plan tanto por el general Huerta como por el general Carranza, vendrá la cesación de la lucha. El Gobierno provisional se establecerá para mantener el orden, proteger la vida y la propiedad y convocar a una elección en la que todo ciudadano con derecho a sufragar puede depositar su voto por el Presidente que quiera.

»Por otra parte, si se aceptara el plan que ustedes sostienen y se eligiese un neutral como Presidente interino, no habríamos logrado ningún resultado práctico, sino que tendríamos que enfrentarnos con el hecho insuperable de que los constitucionalistas, ahora casi completamente triunfantes, rechazarán el plan, repudiarán al hombre y seguirán adelante con renovado celo hacia la ciudad de México, con toda la pérdida consiguiente de sangre y vidas.

»Es tan evidente la conveniencia de elegir un constitucionalista, que parece aceptarse como necesario y expeditivo que el Presidente provisional provenga de dicha facción, aunque ustedes agregan que debiera ser alguno que, aunque miembro de ella, haya sido de tal modo inactivo que deba clasificarse como neutral. Pero evidentemente, en una contienda como la que se ha entablado en México por varios años, debe suponerse racionalmente y aun necesariamente que todos los hombres inteligentes de cierta prominencia están de corazón de uno o del otro lado y el país tendrá razón para cuestionar el patriotismo de cualquier mexicano que no hay dado color en semejante contienda… Por tanto, debe procurarse, no encontrar un neutral, sino alguno cuya actitud en las cuestiones fundamentales lo haga aceptable a los constitucionalistas, a la vez que por su carácter, reputación y conducta sea aceptable al partido opuesto. Ese hombre, y sólo ese hombre, puede racionalmente tener expectativas de gozar de la confianza y respeto del país entero…

»Al objetar la proposición de la proyectada junta electoral ustedes olvidan completamente el hecho de que todas las precedentes elecciones en México se han llevado a cabo bajo la vigilancia de un solo miembro del Gabinete, representante del partido dominante. Por analogía la próxima elección debiera ser vigilada por un funcionario único, representante del partido constitucionalista. A evitar las justas críticas contra este procedimiento tiende el plan de los representantes americanos; cuyo intento es que esta elección, la más importante en la historia de México, sea vigilada por una junta compuesta de representantes de ambos partidos políticos.

»Es cierto que en el plan americano se propone que la mayoría de la junta sea constitucionalista, pero tal cosa se debe a que este último partido representa ahora el sentimiento de la mayoría del pueblo de México…».

«Los Estados Unidos han entrado a la mediación con la esperanza de que ella conduzca a la paz y la paz a la prosperidad. Con ese solo fin a la vista ha sido formulado el plan que proponen los representantes americanos y sobre el cual debemos insistir…».

ANEXO 11

TRATADOS DE TEOLOYUCAN[14]

«COMO consecuencia de la partida del señor licenciado don Francisco S. Carbajal, que fue hasta anoche el depositario interino del Poder Ejecutivo de la República, he asumido la autoridad, con mi carácter de gobernador del Distrito Federal y jefe de la Policía. Es mi deber principal procurar a todo trance que no se altere el orden de la ciudad y que todos sus pobladores gocen de tranquilidad y garantías. Para el logro de tales fines, he pactado solemnemente con el señor general en jefe del Cuerpo de Ejército Constitucionalista del Noroeste, don Álvaro Obregón, debidamente autorizado por quienes corresponde, para la ocupación de la capital por las fuerzas de su mando, las bases que en seguida se puntualizan:

»1. La entrada de dichas fuerzas en la ciudad de México se llevará a cabo tan luego como se hayan retirado [conforme vayan retirándose] los federales, al punto de común acuerdo fijado entre el señor don José Refugio Velasco, general en jefe del Ejército Federal, y el señor general don Álvaro Obregón.

»2. Una vez ocupada la plaza, haré entrega de todos los cuerpos de policía, quienes desde luego quedarán al servicio de las nuevas autoridades y gozarán de toda clase de garantías.

»3. El ejército al mando del general Obregón consumará la entrada a la ciudad de México en perfecto orden, y los habitantes de la misma no serán molestados en ningún sentido.

»El señor general Obregón se ha servido ofrecer, además, que castigará con la mayor energía a cualquier soldado o individuo civil que allane o maltrate cualquier domicilio, y advertirá al pueblo, en su oportunidad, que ningún militar podrá permitirse, sin autorización expresa del general en jefe, solicitar ni obtener nada de lo que sea de la pertenencia de particulares.

»Leída que fue la presente acta y siendo de conformidad para ambas partes, firmamos, quedando comprometidos a cumplir las condiciones pactadas.

»En las avanzadas de Teoloyucan, el día trece de agosto de mil novecientos catorce. (Firmados). Eduardo Iturbide. General Álvaro Obregón».

«CONDICIONES EN QUE SE VERIFICARÁ LA EVACUACIÓN DE LA PLAZA DE MÉXICO POR EL EJÉRCITO FEDERAL Y LA DISOLUCIÓN DEL MISMO:

»I. Las tropas dejarán la plaza de México, distribuyéndose en las poblaciones a lo largo del ferrocarril de México a Puebla, en grupos no mayores de cinco mil hombres. No llevarán artillería ni municiones de reserva. Para el efecto de su desarme, el nuevo Gobierno mandará representaciones que reciban el armamento.

»II. Las guarniciones de Manzanillo, Córdoba, Jalapa y Jefatura de Armas en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, serán disueltas y desarmadas en esos mismos lugares.

»III. Conforme vayan retirándose las tropas federales, las constitucionalistas ocuparán las posiciones desocupadas por aquéllas.

»IV. Las tropas federales que guarnecen la poblaciones de San Ángel, Tlalpan, Xochimilco y demás, frente a los zapatistas, serán desarmadas en los lugares que ocupan, tan luego como las fuerzas constitucionalistas las releven.

»V. Durante su marcha, las tropas federales no serón hostilizadas por los constitucionalistas.

»VI. El jefe del Gobierno nombrará las personas que se encarguen de los gobiernos de los Estados con guarnición federal, para los efectos de la recepción del armamento.

»VII. Los establecimientos y oficinas militares continuarán a cargo de empleados que entregarán, a quien se nombre, por medio de inventarios.

»VIII. Los militares que por cualquier motivo no puedan marchar con la guarnición, gozarán de toda clase de garantías, de acuerdo con las leyes en vigor, y quedarán en las mismas condiciones que las estipuladas en la cláusula décima.

»IX. El general Obregón ofrece, en representación de los jefes constitucionalistas, proporcionar a los soldados los medios de llegar a sus hogares.

»X. Los generales, jefes y oficiales del Ejército y de la Armada, quedarán a disposición del Primer Jefe de las fuerzas constitucionalistas, quien, a la entrada a la capital queda investido con el carácter de Presidente provisional de la República.

»XI. Los buques de guerra que se encuentran en el Pacífico, se concentrarán en Manzanillo, y los del Golfo en Puerto México, donde quedarán a disposición del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, quien, como se ha dicho, a la entrada a la capital, queda investido con el carácter de Presidente provisional de la República.

»Por lo que respecta a las demás dependencias de la Armada en ambos litorales, como en el Territorio de Quintana Roo, quedarán en sus respectivos lugares, para recibir iguales instrucciones del mismo Primer Funcionario.

»Sobre el Camino Nacional de Cuautitián a Teoloyucan, a trece de agosto de 1914. Por el Ejército Constitucionalista: general Álvaro Obregón. L. Blanco (firmados). Por el Ejército Federal: G. A. Salas. Por la Armada Nacional: vicealmirante O. P. Blanco».

CAPÍTULO III

Las dificultades entre Carranza y Villa y el Pacto de Torreón. Fracasan los intentos de advenimiento entre constitucionalistas y zapatistas. El general Obregón a punto de ser asesinado por Villa, quien desconoce la autoridad del señor Carranza el 22 de septiembre de 1914. Decretos de varios gobernadores constitucionalistas a favor del proletariado de las ciudades y de los campos. Propaganda socialista y del sindicalismo revolucionario. La Convención de México y la de Aguascalientes. En ésta se desconoce a Carranza y comienza la lucha de las facciones. Anarquía en la ciudad de México. El presidente provisional Eulalio Gutiérrez huye de la capital rumbo al Norte; es derrotado y se rinde a Carranza. El Primer Jefe legisla desde Veracruz. La ley de 6 de enero de 1915. Obregón ocupa de nuevo la capital de la República y después se dirige al Norte con poderoso ejército a combatir a Villa. Los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial.

DESDE el mes de marzo de 1914 surgieron dificultades entre el señor Carranza y el general Villa. Éste había ordenado el fusilamiento, por algún motivo baladí, del general Manuel Chao, gobernador de Chihuahua. Al saberlo el Primer Jefe llamó a Villa e impidió el atentado. Se refiere que la escena fue violenta y que Villa obedeció a regañadientes. Posteriormente, sobre todo después de la toma de Torreón, el jefe de la División del Norte solía ser descortés con don Venustiano y poner objeciones a sus órdenes. Por lo tanto, puede decirse que a principios de junio de 1914 las relaciones entre Carranza y Villa no eran del todo amigables.

Villa era un hombre violento, impulsivo, rudo e inculto. Lo de su rudeza e incultura le consta al autor de este libro personalmente por haberlo tratado en dos ocasiones: una en la población de Aguascalientes y la otra en la de León. Al jefe de la aguerrida División del Norte lo habían mareado sus victorias militares y el grupo de políticos que le rodeaba, haciéndole creer que su significación en la guerra civil superaba en mucho a la del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Por otro lado, los periódicos de los Estados Unidos, como ya se hizo notar en capítulo anterior, se habían ocupado y se ocupaban de Villa en términos hiperbólicos, presentándolo a sus lectores con elogios desorbitados cual si se tratara de uno de esos personajes fabulosos de que se habla en antiguas leyendas. Si a lo anterior se agrega que mandaba un ejército de más de 20,000 soldados, fácilmente se comprenderá su soberbia sin medida y el despertar de su ambición.

En cambio don Venustiano Carranza poseía una buena cultura, particularmente histórica, y pertenecía a la clase media acomodada de su Estado natal. Era un hombre reposado, sereno, enérgico y muy celoso de su autoridad de Primer Jefe; tal vez pueda decirse que en ocasiones era inflexible y obstinado. Es un viejo terco, solían decir aun sus más cercanos partidarios y amigos.

Entre estos dos hombres tan disímbolos, tan opuestos, no era posible que durara la armonía. Carranza desconfiaba de Villa y Villa de Carranza.

Las dificultades se agudizaron en el curso de la primera quincena de junio con motivo del ataque a la ciudad de Zacatecas. Carranza no quería que Villa tomara la plaza al frente de sus fuerzas y Villa quería ser el héroe, quería añadir una victoria más a sus laureles. Hubo varias conferencias telegráficas entre el uno y el otro. Don Venustiano estaba en Saltillo y el general Villa en Torreón. El resultado fue gravísimo: la insubordinación de todos los jefes de la División del Norte. Zacatecas, ya lo sabemos, fue tomada a sangre y fuego el 23 de junio, gracias a la estrategia y al empuje de los que se habían insubordinado a la Primera Jefatura. Sin embargo, el general Villa dio al señor Carranza parte de la toma de la plaza; permitió que quedara en ella como gobernador y comandante militar el general Pánfilo Natera, designado por el Primer Jefe, y regresó con sus tropas a Torreón.

Ahora bien, como por entonces todavía el constitucionalismo tenía enemigo al frente y de seguro también por razones de patriotismo, los jefes de la División del Norte, de igual manera que los de la División del Noreste, interpusieron sus buenos oficios para zanjar las dificultades existentes entre el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y el jefe de la División del Norte. Por fortuna la gestión tuvo éxito y se convino en celebrar negociaciones en la ciudad de Torreón. Don Venustiano nombró como representantes de la División del Noreste a los generales Antonio I. Villarreal, Cesáreo Castro y Luis Caballero; Villa designó con el mismo carácter al general José Isabel Robles, al doctor Manuel Silva y al ingeniero Manuel Bonilla. Después de arduas discusiones durante cinco días se firmó el 8 de julio de 1914 el documento denominado Pacto de Torreón. En este documento la División del Norte reiteró solemnemente su adhesión a la Primera Jefatura, rectificando en consecuencia su actitud anterior, con lo cual quedó resuelto el grave problema suscitado semanas antes. En tal virtud se llegó de nuevo a la unidad del Ejército Constitucionalista bajo el mando supremo de don Venustiano Carranza, por lo menos transitoriamente.

Entre las varias cláusulas aprobadas, a nosotros nos importa de manera especial, por su contenido económico, social y político, destacar las que a continuación transcribimos:

«Siendo la actual contienda una lucha de los desheredados contra los abusos de los poderosos, y comprendiendo que las causas de las desgracias que afligen al país emanan del pretorianismo, de la plutocracia y de la clerecía, las divisiones del Norte y del Noreste se comprometen solemnemente a combatir hasta que desaparezca por completo el Ejército ex federal, el que será sustituido por el Ejército Constitucionalista; a implantar en nuestra nación el régimen democrático; a procurar el bienestar de los obreros; a emancipar económicamente a los campesinos, haciendo una distribución equitativa de las tierras o por otros medios que tiendan a la resolución del problema agrario, y a corregir, castigar y exigir las debidas responsabilidades a los miembros del Clero católico romano que material e intelectualmente hayan ayudado al usurpador Victoriano Huerta».

Se ve con claridad, una vez más, el hondo interés de los revolucionarios por resolver, al llegar el triunfo decisivo, los problemas fundamentales que agitaban a la nación.

El señor Carranza sin ocultar a sus amigos más próximos su escepticismo sobre la conducta futura de Villa, aprobó tácitamente, de seguro por razones políticas y estratégicas del momento, el Pacto de Torreón.

Según las cláusulas 5.a y 6.a del Plan de Guadalupe, al tomar los constitucionalistas la capital de la República, el señor Carranza o quien lo sustituyera en el mando supremo debía asumir el poder como Presidente interino. Carranza, por razones que desconocemos, no quiso que se llamara Presidente, sino Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión. Pero desde luego se instaló en el Palacio Nacional y designó a sus más cercanos colaboradores con el carácter de Subsecretarios u Oficiales Mayores encargados de las diferentes Secretarías. He aquí su Gabinete:

Relaciones, licenciado Isidro Fabela; Gobernación, licenciado Elíseo Arredondo; Hacienda, ingeniero Felícitos Villarreal; Comunicaciones, ingeniero Ignacio Bonillas; Instrucción Pública y Bellas Artes, ingeniero Félix F. Palavicini; Fomento, Colonización e Industria, ingeniero Pastor Rouaix; Guerra y Marina, general Jacinto B. Treviño, y Justicia, licenciado Manuel Escudero Verdugo.

Uno de los primeros pasos que dio don Venustiano fue procurar entenderse con los zapatistas. Con tal objeto comisionó a los señores general Antonio I. Villarreal y licenciado Luis Cabrera para trasladarse a Cuernavaca a conferenciar con el general Zapata y sus consejeros. Las conferencias se iniciaron el 28 de agosto de 1914 en la población mencionada. Del lado de los surianos, además de Zapata, estuvieron presentes entre otros los generales Manuel V. Palafox, Alfredo Serratos y el licenciado Antonio Díaz Soto y Gama. Los zapatistas se mostraron intransigentes, manifestando que la única base de paz entre los revolucionarios del Norte y los del Sur debía consistir en «la absoluta sumisión de los constitucionalistas al Plan de Ayala en todas sus partes, tanto en lo relativo a los principios como en cuanto a los procedimientos políticos de su idealización y en cuanto a la jefatura de la Revolución». Las pretensiones resultaban desorbitadas y absurdas, entre otras razones porque la derrota del ejército federal y la huida del soldado traidor que usurpó el poder no fue obra de los surianos sino de los constitucionalistas, veinte veces más fuertes en número de soldados y pertrechos de guerra que aquéllos. Apenas el 13 de agosto los zapatistas tomaron Cuernavaca, precisamente el mismo día en que se firmaban los tratados de Teoloyucan y cuando los constitucionalistas eran dueños de dos tercios del país. ¿Cómo iba a someterse Carranza a Zapata en tales condiciones? El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista estaba dispuesto a tomar en consideración el Plan de Ayala y buscar la solución del problema de la tenencia de la tierra en todo el territorio nacional; mas no estaba dispuesto, lógicamente, a subordinarse a un campesino iletrado, débil, debilísimo desde el punto de vista militar frente a las poderosas divisiones que habían hecho trizas al no menos poderoso ejército huertista. Tampoco podía aceptar incondicionalmente el Plan de Ayala, cuyas deficiencias e impracticabilidad hicimos notar en uno de los capítulos precedentes. En fin, la ruda intransigencia de Manuel V. Palafox y de su jefe fueron la causa desdichada del fracaso de las negociaciones. Pocos días después comenzaron las hostilidades entre constitucionalistas y zapatistas.

El 15 de septiembre al anochecer se recibió en México nota telegráfica del Departamento de Estado anunciando la pronta desocupación de Veracruz por las tropas norteamericanas. A las 11 de la noche en la tradicional ceremonia del «Grito», ceremonia que como es bien sabido recuerda el principio de la lucha por nuestra independencia, el señor Carranza, con apoyo en dicha nota, la anunció al pueblo reunido en la inmensa plaza desde el balcón central del Palacio Nacional. La noticia produjo desbordante alegría, aplausos entusiastas y gritos alborozados de la muchedumbre. Iba a concluir la infamia perpetrada el 21 de abril. Desgraciadamente todavía transcurrieron algo más de dos meses. Los invasores abandonaron el puerto el 23 de noviembre, siete meses después de haber hollado nuestro suelo.

En vista de que no obstante los arreglos de Torreón a que hizo mención en párrafos anteriores, la conducta del jefe de la División del Norte aparecía cada vez más sospechosa, el general Álvaro Obregón se trasladó a la ciudad de Chihuahua para conversar con el famoso guerrillero. En la primera visita las relaciones entre los dos militares fueron amistosas y juntos pasaron al Estado de Sonora con el objeto de resolver las dificultades existentes entre el gobernador Maytorena, que se había tomado villista, y el coronel Plutarco Elías Calles, carrancista. El arreglo fracasó a la postre por la perfidia de Maytorena. No obstante, por lo menos en apariencia Villa continuó mostrándose amigo de Obregón. Éste, después de pasar unas horas en México regresó a Chihuahua a mediados de septiembre con el fin patriótico de ejercer presión en Villa para que aceptara la invitación del señor Carranza a concurrir acompañado de sus generales a la Convención de jefes constitucionalistas que habría de iniciar sus labores en la capital el 1.º de octubre de ese año de 1914.

El conflicto sonorense se agudizaba. Ahora entre Maytorena, Calles y el general Benjamín Hill. Francisco Villa, siempre suspicaz y con frecuencia violento y colérico, creyó que Obregón azuzaba contra el gobernador de Sonora a Hill y a Calles; y el 17 de septiembre y en los días subsecuentes estuvo en varias ocasiones a punto de asesinar al divisionario sonorense. Pero este episodio tiene caracteres tan dramáticos y pinta con tal fidelidad el carácter de Francisco Villa, que nos parece conveniente dejar el relato de los sucesos al propio Obregón, tomándolo de su libro Ocho mil kilómetros en campaña. Dice así:

«Al entrar en la habitación en que Villa se encontraba, éste se levantó de su asiento, sin ocultar su indignación, y desde luego me dijo:

»—El general Hill está creyendo que conmigo van a jugar… es usted un traidor, a quien voy a mandar pasar por las armas en este momento.

»Y dirigiéndose entonces a su secretario, señor Aguirre Benavides, que estaba en la pieza contigua presenciando estos hechos, le dijo:

»—Telegrafíe usted al general Hill, en nombre de Obregón, que salga inmediatamente para Casas Grandes.

»Luego se dirigió nuevamente a mí, y me preguntó:

»—¿Pasamos ese telegrama?

»A lo que contesté:

»—Pueden pasarlo.

»En seguida de obtener mi respuesta, Villa se dirigió a uno de sus escribientes ordenándole:

»—Pida por teléfono veinte hombres de la escolta de “Dorados”, al mando del mayor Cañedo, para fusilar a este traidor.

»Entonces me dirigí a Villa diciéndole:

»—Desde que puse mi vida al servicio de la Revolución, he considerado que será una fortuna para mí perderla.

»Aguirre Benavides, que había previsto los acontecimientos, había llamado violentamente al general Madero, y éste se encontraba ya también en la pieza contigua, dándose cuenta de los hechos relatados.

»A propósito del mayor Cañedo, que debería mandar la escolta para mi ejecución, debo consignar que anteriormente había pertenecido al Cuerpo de Ejército de mi mando, del que por disposición mía, fue dado de baja, expulsándolo de Sonora, por indigno de pertenecer a nuestro ejército.

»En los momentos que yo replicaba al amago de Villa, y cuando quizá estuve en peligro de ser asesinado por él mismo, como en muchos casos llegó a hacerlo con otros, se introdujo en la pieza contigua el llamado general y doctor Felipe Dussart —individuo a quien yo en Sonora había destituido de nuestras filas, por indigno de pertenecer al Ejército Constitucionalista—, quien haciendo a Villa una señal, empezó a aplaudirlo, dando algunos saltos, para demostrar su regocijo por mi próxima ejecución, y exclamando:

»—¡Bravo, bravo, mi general…!; así se necesita que obre usted.

»Fue tal la indignación que Villa experimentó contra aquel ser despreciable que iba a festejarse de mi ejecución, que llevó sobre él su furia diciéndole:

»—¡Largo de aquí, bribón, fantoche, porque lo corro a patadas!

»Mientras se registraba aquel sainete entre Villa y Dussart, yo continuaba paseando a lo largo del cuarto.

»Cuando Villa hubo lanzado fuera a Dussart, volvió a mi compañía, y los dos seguimos dando vueltas por la pieza.

»La furia de aquel hombre lo estaba haciendo perder el control de sus nervios, y a cada momento hacía movimientos que denunciaban su excitación.

»A mí no me quedaba más recurso que llevar al ánimo de Villa la idea de que me causaría un bien con asesinarme, y con este propósito, cada vez que él me decía: “Ahorita lo voy a fusilar”, yo le contestaba: “—A mí, personalmente, me hace un bien, porque con esa muerte me van a dar una personalidad que no tengo, y el único perjudicado en este caso será usted”.

»La escolta había llegado ya.

»A mis oficiales los tenían detenidos en la pieza que se me había preparado como recámara, y sólo faltaba la última palabra de Villa.

»Éste continuaba, a mi lado, paseándose por la pieza, cuando repentinamente se separó, dirigiéndose hacia el interior de la casa.

»Al cuarto contiguo, donde se encontraban al principio Aguirre Benavides y el general Madero, habían llegado Fierro y algunos otros satélites de Villa, de los que —como Fierro— se distinguieron siempre por su afición al crimen.

»El tiempo transcurría, y nuestra situación no variaba en nada.

»Cuando todo estaba listo para nuestra ejecución, llegó el agente especial del Gobierno de los Estados Unidos, Mr. Canova, seguramente con intención de entrevistar a Villa; pero tuvo que regresarse sin hacerlo, porque no le permitieron franquear la puerta de la casa.

»La noticia de la orden para nuestro fusilamiento había cundido ya por toda la ciudad, y grupos de curiosos se reunían en los contornos de la casa de Villa para presenciar las ejecuciones.

»Había transcurrido una hora, cuando Villa hizo retirar la escolta y levantar la guardia que teníamos a la puerta.

»Como a las 6:30 p. m. entró a la pieza y, tomando asiento, me invitó a que me sentara a su lado.

»Nunca había estado yo más consecuente en atender una invitación. En seguida tomé asiento en el sofá que Villa me señaló al invitarme.

»Villa con una emoción que cualquiera hubiera creído real, en tono compungido, me dijo:

»—Francisco Villa no es un traidor; Francisco Villa no mata a hombres indefensos, y menos a ti, compañerito, que eres un huésped mío. Yo te voy a probar que Pancho Villa es hombre, y si Carranza no lo respeta, sabrá cumplir con los deberes de la patria.

»Aquella emoción tan bien fingida continuó en creciente, hasta que el llanto apagó su voz por completo, siguiéndose a esto un silencio prolongado, el que vino a turbar un mozo, que de improviso entró en la habitación y dijo:

»—Ya está la cena.

»Villa se levantó y, enjugando su llanto, me dijo: “—Vente a cenar, compañerito, que ya todo pasó”. Confieso que yo no participaba de la opinión de Villa de que todo había pasado, pues en mí no sucedía lo mismo, porque el miedo ni siquiera empezaba a declinar».

No obstante aquella escena finalmente emotiva, Villa tuvo en jaque a Obregón durante los ocho días posteriores, resultado de las encontradas influencias que en él ejercían sus amigos más cercanos, unas veces volvía a pensar en fusilar al divisionario sonorense, otras en ponerlo en libertad. Del 17 al 24 de septiembre, Obregón estuvo en manos de Villa, de hecho prisionero. Al fin logró escapar gracias a la ayuda decidida que le prestaron dos jefes de la División del Norte: los generales Eugenio Aguirre Benavides y José Isabel Robles que guarnecían la plaza de Torreón.

La insubordinación de Villa se consumó el 22 de septiembre al dirigir al señor Carranza el telegrama siguiente:

»Cuartel General en Chihuahua. Septiembre 22 de 1914. Señor Venustiano Carranza. México, D. F. En contestación a su mensaje, le manifiesto que el general Obregón y otros generales de esta División, salieron anoche para esa capital con el objeto de tratar importantes asuntos relacionados con la situación general de la República; pero en vista de los procedimientos de usted que revelan un deseo premeditado de poner obstáculos para el arreglo satisfactorio de todas las dificultades para llegar a la paz que tanto deseamos, he ordenado que suspendan su viaje y se detengan en Torreón. En consecuencia, le participo que esta División no concurrirá a la Convención que ha convocado y desde luego le manifiesto su desconocimiento como Primer Jefe de la República, quedando usted en libertad de proceder como le convenga. El general en jefe, Francisco Villa».

Lo que había hecho Carranza no había sido otra cosa que invitar en tono cortés a Francisco Villa a concurrir con los generales a sus órdenes a la Convención de generales constitucionalistas convocada para el 1.º de octubre en la capital de la República, con el objeto de discutir el programa de la Revolución. Villa sabía bien que en la Convención fracasaría su ambición ante la abrumadora mayoría de jefes leales a don Venustiano; lo que quería era la renuncia de éste en su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, para quedar él, Villa, indiscutiblemente en el primer plano. A nuestro parecer habían despertado la ambición del rústico caudillo unos cuantos letrados que se habían arrimado a su sombra protectora, sin que faltara la influencia de sus lugartenientes Rodolfo Fierro y Tomás Urbina, criminales natos de la peor ralea. No es del todo aventurado colegir que Villa soñaba en la Presidencia de la República.

Antes de proseguir nuestro relato sobre la amenaza de una nueva guerra intestina, queremos hacer referencia a las disposiciones de carácter social y económico que desde fines de agosto y en el mes de septiembre de 1914 dictaron varios jefes revolucionarios, así como también de otros sucesos de índole semejante:

Alberto Fuentes D., gobernador y comandante militar del Estado de Aguascalientes, por decreto en vigor a partir del 23 de agosto establece el descanso semanal y la jornada máxima de ocho horas de trabajo.

El general Pablo González decreta con fecha 3 de septiembre en los Estados de Puebla y Tlaxcala, la abolición de las deudas del proletariado del campo y de las ciudades.

Luis F. Domínguez, gobernador y comandante militar del Estado de Tabasco ordena también la abolición de las deudas y establece un salario mínimo y la jornada máxima de ocho horas.

El decreto más completo expedido en aquellos días sobre la materia que nos ocupa, fue sin duda alguna el del general Eulalio Gutiérrez, gobernador y comandante militar del Estado de San Luis Potosí. En dicho decreto, fechado el 15 de septiembre, se señala un salario mínimo para toda clase de trabajadores; se establece la jornada máxima de nueve horas; se suprimen las tiendas de raya; se proscriben las deudas de los peones, y se dictan una serie de disposiciones tendientes a mejorar su nivel de vida. Además ordena el decreto citado la organización del Departamento del Trabajo en el Estado, con el objeto de ayudar a resolver sus problemas a los trabajadores de las fincas rústicas, de las minas y de las industrias de transformación.

Los ordenamientos anteriores que por supuesto no fueron los únicos, ponen de relieve los anhelos de superación económica y social de los caudillos revolucionarios. Ya no sólo les anima el cumplimiento del Plan de San Luis y del Plan de Guadalupe, sino además aspiran a realizar cambios radicales y profundos en provecho del campesino que yacía en la miseria desde hacía más de cuatro siglos, víctima de la explotación de una minoría egoísta.

Por otra parte, en los años de 1913 y 1915 se publicaron algunos folletos de propaganda socialista, aun cuando muchas veces sus autores no sabían bien lo que era el socialismo. Puede citarse el folleto de Rafael Pérez Taylor titulado El Socialismo en México, publicado en 1913. Se intentaba divulgar la doctrina socialista en forma muy esquemática y sin sólida información. Otro folleto escrito por el periodista Luis F. Bustamante, titulado Savia Roja, también de tendencias socialistas, aproximadamente de la misma época, nos proporciona información interesante que es pertinente recoger aquí. El autor nos informa que en los años de 1898 y 1899, «en Yucatán se empezaron a propagar las ideas socialistas.

»Es por lo tanto —dice— aquella Península, la cuna del socialismo en México.

»Por la época citada un hispano socialista, José Zaldívar, que había sido expulsado de Cataluña, primero y de una República sudamericana después, arribó a las playas yucatecas, fundando un periódico de doctrinas marxistas, del que sólo vieron la luz pública tres números, pues el régimen molinista que entonces imperaba en la Península clausuró la imprenta y expulsó al ibero socialista embarcándolo para La Habana a bordo de un barco de la “Ward Line”…». En el mismo escrito Bustamante adoctrina a los trabajadores en estos términos:

«El sindicalismo, constituyendo sociedades de resistencia al capital, fortifica a los gremios obreros, los hace fuertes; con el tiempo los impone al capital.

»Los obreros de las ciudades, sindicalizados, pueden “boicotear” al comerciante o al industrial que se resiste a mejorar los jornales o a reducir la jornada a ocho horas; puede decretar la huelga general de los gremios y dejar a las ciudades sin pan, sin combustible, sin luz, sin tranvías; puede establecer el “label” y el “sabotaje”.

»Y cuando el capital se ve vencido por la pujante fuerza del núcleo en huelga, cede, aumenta el salario, disminuye las horas de labor y mejora así, en algo, o en mucho en ocasiones, la triste situación del pobre, del de abajo, del que antes sufría y callaba y que ahora en los centros europeos es respetado, temido y toma parte en la cosa pública.

»Nuestros obreros de las ciudades deben constituirse en sindicatos de resistencia al capital. En este sentido, en la Metrópoli, se ha dado ya un gran paso.

»Y cuando esos sindicatos tengan en sus arcas los miles de duros que requiere la huelga general de un gremio, podrá obtenerse para todos los obreros del país, más de lo que hasta hoy han conseguido los ferrocarrileros gracias a los esfuerzos de un Félix C. Vera, el temido periodista que logró en la época cesariana paralizar el tráfico de Dos Divisiones; lo que no ha mucho, durante el Gobierno maderista, lograron los motoristas en México, en Veracruz los obreros de Orizaba y en Yucatán los estibadores y ferrocarrileros».

Otra muestra de lo que decimos respecto a la imprecisa información de lo que es el socialismo se encuentra en la conferencia que pronunció en agosto de 1914 el teniente coronel David G. Berlanga en el Teatro Morelos de la población de Aguascalientes. De ella tomamos los tres párrafos que se insertan a continuación:

«Es preciso que los obreros se organicen en centros socialistas, para que se preparen así a ser ungidos con los nuevos derechos que la Revolución les otorga, y hacer uso de sus nuevas riquezas materiales, de sus nuevos instrumentos de trabajo, para que se transformen en verdaderos elementos del progreso y de la fraternidad nacional.

»Otra de las soluciones del Socialismo es la “socialización de la autoridad”. Esto es, que la autoridad sea emanada del pueblo, que sea colectiva, que esté formada de elementos que representen al pueblo y que pueda ser sustituida por alguna otra autoridad cuando el pueblo crea conveniente.

»El socialismo persigue la “socialización de los productos”. Esto es, que los gobiernos inspeccionen los talleres, las fábricas, las haciendas, las minas y todos los establecimientos mercantiles, a fin de que los productos de ellos sean repartidos de una manera equitativa entre los elementos que contribuyen para la adquisición de la riqueza. Esto es, que el Gobierno vigile los intereses del asalariado y establezca relaciones justas entre el capital y el trabajo».

David G. Berlanga era un profesor educado en Alemania. En San Luis Potosí, durante el Gobierno maderista, desempeñó el cargo de director general de Educación. Al iniciarse la segunda etapa de la Revolución se incorporó a las fuerzas del general Pablo González, participando en no pocos combates. Fue uno de los secretarios de la Convención de Aguascalientes.

En relación con el problema de la tierra, tiene interés mencionar el folleto del licenciado Miguel Mendoza López y Schwertfeger titulado Tierra Libre, que vio la luz pública en 1914 y que tuvo amplia difusión. De dicho folleto vamos a tomar los cinco párrafos que siguen:

«La sociedad actual no garantiza el derecho de las clases productoras al permitir que las no productoras se apropien del fruto del trabajo de aquellas sin haber hecho nada para merecer semejante privilegio. En efecto, para que el derecho al producto íntegro del trabajo pueda realizarse en toda su plenitud es de todo punto indispensable la abolición de todas aquellas instituciones que, como la de la propiedad privada de la tierra muy principalmente, tienden a favorecer injustamente a unos con perjuicios de los otros.

»Mientras un hombre pueda reclamar la propiedad exclusiva de la tierra la miseria existirá y se hará más y más intensa a medida que esa propiedad se concentre. Un ejemplo aclara esta verdad: supongamos una isla habitada por cien o mil hombres, que el número no viene al caso, quienes viven del cultivo del suelo de la isla, aprovechándose cada uno de ellos de lo que buenamente le produce su trabajo. Ninguno de los habitantes de la isla ha pretendido que los demás trabajen para él exigiendo el pago de alguna renta por el uso del suelo, siguiendo los dictados de sus conciencias y las leyes de la naturaleza, sin acuerdo especial todos han considerado la tierra de propiedad común. Pero llega a la isla de nuestro ejemplo un conquistador, y venciendo a sus habitantes por la fuerza de las armas, los sujeta a esclavitud, declarándose dueño y señor de la carne y sangre de los vencidos. Supongamos también que este conquistador mejor aconsejado declara la libertad de sus nuevos esclavos y se convierte ya no en dueño de ellos sino del suelo de la isla. ¿Cuál sería el resultado? El mismo en uno y en otro caso. El poder del vencedor se extendería igualmente hasta privar de la vida a los vencidos, con sólo negarles el permiso de cultivar el suelo, siendo éste la única fuente de sus recursos. Ahora bien, lo que pasa en una isla, pasa en un continente y pasa en el mundo entero.

»Si pues los derechos naturales del hombre constituyen el objeto de la sociedad, la institución de la propiedad privada de la tierra que impide la realización de esos derechos produciendo la miseria de la mayoría, debe abolirse. Con la propiedad territorial en favor de los privilegiados, éstos seguirán consumiendo sin producir, mientras los productores producirán sin consumir sino lo que aquéllos les permitan. Debemos, por tanto hacer la tierra propiedad común, debemos acabar para siempre con todo privilegio injustificado, debemos abolir todos los títulos individuales sobre la tierra. “Esta doctrina está de acuerdo con el estado más elevado de la civilización; se puede llevar a cabo sin acarrear una comunidad de bienes, ni causaría trastorno serio alguno en las disposiciones existentes. El cambio indispensable sería simplemente un cambio de propietarios. La propiedad individual se transformaría en la propiedad común del público. En lugar de estar en posesión particular, lo estaría del gran cuerpo reunido: la sociedad. En vez de arrendar los acres de un propietario aislado, el labrador los arrendaría de la Nación. En lugar de pagar la renta al agente de don Juan o de su Señoría, la pagaría a un agente o subagente del pueblo. Los mayordomos serían oficiales públicos y no privados, y la posesión única sería el arriendo. Un estado de cosas así arreglado estaría en perfecta armonía con la ley moral. Bajo ella todos los hombres serían igualmente propietarios, todos los hombres serían igualmente libres de hacerse arrendatarios. Es claro, por tanto, que con este sistema la tierra estaría cercada, ocupada y cultivada con subordinación entera a la ley de una libertad imparcial”. (Herbert Spencer, Estática Social, Capítulo IX, Sección VIII).

»¡Trabajadores!, vivimos en una época semejante a la de Cristo. Vivimos en medio de una sociedad tan corrompida como la del imperio romano sintiendo en lo más íntimo de nuestras almas la necesidad de reanimarla y de transformarla y de unir a todos sus diversos miembros en una sola fe, bajo una sola ley, en una sola aspiración: el libre y progresivo desarrollo de todas las facultades de las cuales ha dado Dios el germen a sus criaturas. Busquemos el reino de Dios en la tierra así como en el cielo, o mejor dicho, que la tierra pueda hacerse una preparación para el cielo, y la sociedad un empeño tras la progresiva realización de la divina idea.

»Cada acto de Cristo era la visible representación de la fe que predicaba; y en torno de Él estaban los Apóstoles, que encarnaban en sus acciones la fe que habían aceptado. Imitadlos, y venceréis. Predicad el deber a las clases que os rodean, y cumplid, en tanto, cuanto en vosotros esté, vuestro deber propio. Predicad la virtud, el sacrificio y el amor; y sed vosotros mismos virtuosos, amantes y prontos para el propio sacrificio. Decid vuestras opiniones atrevidamente y haced conocer vuestras necesidades sin temor, pero sin acritud, sin reacción y sin amenazas. La más fuerte amenaza, si verdaderamente hubiese esos para quienes es necesaria será la firmeza y no la irritación de vuestros discursos. “Luchad y morid si es preciso en defensa del ideal de redención y de libertad humana agrupados alrededor de vuestra roja bandera y lanzando a los privilegiados el grito de reto supremo: ¡Tierra libre!”».

Como se ve nuestro socialista agrario se apoya en el Spencer de la primera época, antes de que cambiara de ideas como lo hizo notar Henry George; mas al mismo tiempo les recuerda a los trabajadores la doctrina de Jesús de Galilea y les aconseja luchar y morir si es preciso enarbolando su roja bandera al grito redentor de ¡Tierra Libre! Esto de «¡Tierra Libre!» o de «¡Tierra y Libertad!», según nuestros informes, fue uno de los lemas del anarquismo europeo. En consecuencia, hagamos notar de paso, la curiosa mezcla de tres distintos ingredientes en las ideas de nuestro autor: socialismo agrario, cristianismo y anarquismo. Por supuesto que con la observación anterior no queremos restar méritos al escrito del distinguido hombre de letras, quien sabemos bien que fue uno de los primeros partidarios decididos de la reforma agraria cuando se iniciaba su aplicación y cuando intereses creados numerosos y poderosísimos se oponían a ella.

La Casa del Obrero Mundial reanudó sus trabajos de propaganda revolucionaria inmediatamente después de que el Ejército Constitucionalista ocupó la capital de la República el 15 de agosto de 1914. Al principio fueron vistos con simpatía los dirigentes de la Casa y los trabajos que llevaban al cabo por altos funcionarios del Gobierno constitucionalista, de tal manera que se les entregó el edificio del Jockey Club —hoy Sanborn’s— centro aristocrático del porfirismo. Allí estuvieron por corto tiempo las oficinas de varios sindicatos y la Escuela Racionalista. Un autor refiere que «este amplísimo y lujosísimo palacio fue entregado íntegro a los líderes obreros, entre los que recuerdo al compañero Luis N. Morones, electricista; Salvador Gonzalo García, mecánico (finado); Eduardo Cortina, conductor; Cayetano Sánchez, panadero; Eulalio Martínez, jornalero; Martín Torres, tejedor; Eduardo Moneda R., plomero; Celestino Gasea, zapatero, y tantos más que sería cansado enumerar.

»Todos y cada uno se dieron por recibidos, procediendo desde luego a repartir salas y salones para los diferentes sindicatos que estaban creados y que eran bien pocos; cuanto había de valor en aquel recinto, una parte quedó en poder de líderes y obreros, y la otra, la mayor parte, ya había desaparecido en manos de la Revolución. Cómodamente instalados más de cinco mil trabajadores, nombráronse mesas directivas y, desde luego, una intensa labor en pro de nuestras ideas empezó a desarrollarse, los delegados se multiplicaron y los propagandistas del Socialismo se distribuían por todos rumbos, para intensificar una campaña que había de traernos como resultado el triunfo definitivo de las ideas libertarias de que tanto se había hablado y discutido». Pero semanas después el señor Carranza comenzó a alarmarse y ordenó al general Pablo González que desalojara a los obreros del flamante edificio, lo cual se cumplió al pie de la letra.

El autor de este libro asistió a todas las sesiones de la Convención de Aguascalientes como enviado especial del periódico Redención que se editaba en la ciudad de San Luis Potosí. En 1916 escribió un artículo acerca de aquel trascendental episodio revolucionario; mas por entonces no tuvo donde publicarlo y lo dejó olvidado en su pequeño archivo. Veinte años después lo dio a la luz pública en la revista Futuro que se publicaba bajo los auspicios de la Universidad Obrera de México; y por tratarse de impresiones directas y recientes, nos ha parecido aconsejable insertar aquí tal y como entonces fue redactada la mayor parte del escrito de marras:

«Con fecha 27 de septiembre los jefes de la División del Norte se dirigieron telegráficamente al señor Carranza, desde la ciudad de Torreón, pidiéndole que para evitar males al país entregara el poder a don Fernando Iglesias Calderón, jefe del Partido Liberal y sombra de ilustre apellido. El primer jefe contestó con altivez que sólo renunciaría ante la próxima Convención, y que si en ella los jefes reunidos le ratificaban la confianza sabría combatir a Villa como había combatido a Victoriano Huerta.

»Y mientras empezaban a llegar a México los delegados a la Convención de octubre y los carrancistas combatían en los alrededores del Distrito Federal a los zapatistas, los generales Álvaro Obregón, Eulalio Gutiérrez, Eduardo Hay, Ramón F. Iturbe, José Isabel Robles y Eugenio Aguirre Benavides, celebraban juntas en Aguascalientes para resolver de manera pacífica las dificultades. En esas juntas acordaron proponer que la Convención de México se trasladara a Aguascalientes, a fin de que tuvieran amplias garantías los representantes de todos los bandos, ya que dicha ciudad estaba alejada de los grupos armados más fuertes y numerosos.

»En México se efectuaron solamente cuatro sesiones, del 1.º al 4 de octubre, en virtud de que se aprobó la idea del traslado a Aguascalientes. En la sesión del día 2 el señor Carranza presentó su renuncia. Dijo, dirigiéndose a los delegados: “Vosotros pusisteis en mis manos el mando del Ejército, vosotros pusisteis en mis manos el Poder Ejecutivo de la Unión; y estos dos poderes sagrados no los puedo entregar sin mengua de mi honor, a solicitud de un grupo de jefes descarriados. Solamente puedo entregarlos, como los entrego en estos momentos, a los jefes aquí reunidos”. La renuncia tenía frases patéticas y no fue aceptada. El licenciado Luis Cabrera había preparado el acto inteligentemente.

»La tarde del 10 de octubre de 1914 se efectuó la sesión inaugural de la Convención de Aguascalientes, en el Teatro Morelos de aquella población. Los más buenos deseos animaban a los delegados y un sincero optimismo flotaba en el ambiente. Se creía que las dificultades iban a ser definitivamente resueltas, que en aquellas reuniones se formaría el programa del nuevo Gobierno de acuerdo con las necesidades y aspiraciones del pueblo mexicano. El general Antonio I. Villarreal fue nombrado presidente de la Convención. Poco después sus miembros la declararon soberana y firmando sobre la bandera nacional, protestaron solemnemente, bajo su palabra de honor, cumplir y hacer cumplir los acuerdos y disposiciones que de ella emanaran.

»Aguascalientes y sus cercanías se declararon neutrales para que los delegados discutieran con libertad; pero a medida que los días pasaban, las fuerzas de la División del Norte se aproximaban poco a poco a la población. Varios delegados protestaron y hubo algunos que hasta pidieron que la Convención se trasladara a otro lugar donde hubiera garantías. La ciudad estaba materialmente llena de jefes, oficiales y soldados villistas, los que en hoteles y cantinas se expresaban públicamente en términos poco favorables del general Obregón y de otros generales considerados como carrancistas. El 16 de octubre por la tarde Villa llegó a la ciudad inesperadamente, el 17 se presentó a la Asamblea, dio un cordial abrazo a Obregón, firmó también en la bandera y pronuncio un mal hilvanado discurso que no pudo concluir porque estaba emocionado y los sollozos ahogaron sus palabras.

»Al día siguiente se nombraron dos importantes comisiones. La primera para invitar a ir a Aguascalientes al C. Primer Jefe y la segunda para que hiciera lo mismo con el general Zapata. Aquélla estaba formada por los generales Obregón, Castro y Chao y ésta la presidía el general Felipe Ángeles. La noche en que Obregón salió rumbo a la capital, su automóvil fue tiroteado al pasar por una calle cercana a la Estación.

»El resultado de aquellas dos comisiones fue un factor muy importante en el desarrollo de los acontecimientos.

»El señor Carranza dio por toda respuesta un pliego, con instrucciones de que fuera abierto en la Convención. Zapata envió un numeroso grupo de representantes encabezados por el licenciado Antonio Díaz Soto y Gama.

»El día 24 llegaron los zapatistas a Aguascalientes. El 27 asistieron por primera vez a las sesiones. La de esa mañana fue la más tormentosa de cuantas se celebraron. Muy poco faltó para que se convirtiera en tragedia. Soto y Gama subió a la tribuna y pronunció un vehemente discurso atacando a don Venustiano y criticando el hecho de que se hubiera firmado sobre la bandera nacional. Dijo, entre otras cosas, que aquella bandera era una piltrafa, un guiñapo inútil y ridículo. La tormenta estalló. Todos gritaban desordenadamente. Muchos delegados echaron mano a las pistolas y estuvieron a punto de disparar llenos de indignación sobre Díaz Soto y Gama, quien permaneció en la tribuna con los brazos cruzados, inmóvil y sereno. Entre la infernal gritería se escuchaban las voces de los generales Eduardo Hay y Mateo Almanza que recomendaban calma a sus compañeros. La calma se hizo al fin. Soto y Gama continuó su discurso. Quince minutos más tarde los delegados lo aplaudían con entusiasmo desbordante.

»En la tarde del mismo día los zapatistas pidieron la discusión del Plan de Ayala, el plan más revolucionario de cuantos hasta esa fecha habían sido formulados.[15]

»La llegada de la comisión zapatista marcó una nueva etapa en la historia de la Convención. Al principio la personalidad de Carranza era indiscutible, sagrada, intocable; una semana después de la llegada de los zapatistas se podían dirigir al Primer Jefe los más enconados ataques, sin provocar protestas. No puede negarse que a partir de la llegada de los zapatistas fue cuando comenzó a hablarse de principios revolucionarios, reformas económicas y programas de Gobierno. Los zapatistas dieron contenido ideológico a la Convención.

»El Primer Jefe declinó en su respuesta la invitación que se le había hecho de ir a Aguascalientes, renunciando condicionalmente al Poder. Decía que estaba dispuesto a dejarlo, siempre que Villa y Zapata se retiraran también a la vida privada y que se estableciera un Gobierno Preconstitucional, encargado de realizar las reformas políticas y sociales que necesitaba el país. Tan importante documento pasó para su estudio a las Comisiones de Guerra y Gobernación formadas por los delegados Ángeles, Obregón, Miguel A. Peralta, García Aragón, Martín Espinosa y Eulalio Gutiérrez. El dictamen rendido por dichas comisiones se discutió y aprobó en una larga sesión de veinticuatro horas. Los puntos más trascendentales que contenía fueron los siguientes: Primero: Cesa como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión el C. Venustiano Carranza, a quien se le otorga el grado de general de división con antigüedad del Plan de Guadalupe. Segundo: Cesa el general Francisco Villa como jefe de la División del Norte. Tercero: Nómbrese un Presidente Provisional por 20 días mientras se traslada la Soberana Convención a la capital de la República y el general Emiliano Zapata manda un delegado debidamente autorizado.

»Es pertinente hacer notar que la representación zapatista no tenía amplios poderes de su jefe y en consecuencia no era posible tomar acuerdos definitivos con relación a los revolucionarios del Sur. Los zapatistas habían obrado hábilmente, pues mientras ellos influían de manera decisiva en la Convención no se comprometían a nada con las otras facciones.

»El general Eulalio Gutiérrez fue nombrado Presidente provisional. Al día siguiente se le presentó como agente confidencial del Presidente Wilson, el señor Leo J. Canova. Este caballero afirmó en más de una ocasión al general Gutiérrez que el Gobierno de Washington veía con agrado su designación y que estaba dispuesto a ayudarlo en todo lo que fuera posible. También eran agentes confidenciales del presidente puritano los señores J. L. Silliman y George Carothers. El primero lo representaba ante el señor Carranza y el segundo ante el jefe de la División del Norte; y, según noticias dignas de crédito, tanto el uno como el otro halagaban con palabras melosas y vagas promesas a los dos caudillos. La Casa Blanca se ponía una vez más a la altura de su misión civilizadora, de su brillante historia continental, de las epopeyas de Texas, Cuba y Panamá.

»El general Villa manifestó desde luego que estaba dispuesto a dejar el mando de su División y hasta representó la comedia de entregar sus fuerzas a Gutiérrez; comedia nada más, pues siguió como de costumbre dando órdenes a sus subordinados desde su carro especial.

»Por lo que a don Venustiano se refiere no tomó en cuenta el cese dado por los convencionistas. El 2 de noviembre partió de la capital rumbo a Córdoba, de donde dirigió una circular a los militares que habían asistido a las sesiones del Teatro Morelos ordenándoles que se presentaran a su Secretaría de Guerra y Marina.

»Después de estos acontecimientos se hicieron todavía algunos esfuerzos encaminados a evitar la lucha. El general Gutiérrez celebró conferencias con Pablo González, cerca de Aguascalientes y con el señor Carranza desde las oficinas telegráficas de la propia ciudad. Don Venustiano pedía que Villa abandonara el país y saliera a La Habana en el mismo vapor que él. Además quería que se designara a Pablo González Presidente provisional. Ambas proposiciones fueron rechazadas.

»Para cubrir el expediente, Villa fue otra vez nombrado Jefe de su División. El avance sobre la capital de la República se hizo sin ninguna dificultad. Las tropas carrancistas se replegaban sin presentar combate.

»La Convención se dirigió a San Luis Potosí y más tarde a Querétaro, donde se esperó la noticia de la toma de la capital, que fue evacuada el 24 de noviembre por los últimos carrancistas al mando del general Lucio Blanco, el que días más tarde se unió a la Convención. Esa misma noche entraron los zapatistas dando a los habitantes toda clase de garantías…».

El día 6 de diciembre de 1914 los generales Eulalio Gutiérrez, Francisco Villa y Emiliano Zapata, presenciaron desde el balcón central del Palacio Nacional el desfile de la flamante División del Norte que había llegado a la capital de la República casi sin combatir. Los tres jefes revolucionarios estuvieron enteramente de acuerdo solamente durante unos cuantos días. Muy pronto surgieron dificultades entre ellos, sobre todo entre Francisco Villa y Eulalio Gutiérrez. Éste, Presidente provisional nombrado por la Convención de Aguascalientes que ya se había instalado en México y que había ratificado su designación, ordenó al general Villa que avanzara sobre Puebla y Veracruz, con el fin de acabar con la desmoralizada tropa leal a don Venustiano. Pero Villa ya no estaba para hazañas guerreras. La ciudad de México lo había mareado con sus múltiples encantos, de manera particularísima con los encantos de sus mujeres blancas o morenas; de pelo negro o rubio. Y aquí va una anécdota que en su primera parte presenció quien esto escribe:

El general Eulalio Gutiérrez al llegar a la gran ciudad se instaló en el Hotel Palacio que estaba ubicado en la esquina de la Av. 16 de Septiembre y la calle de Isabel la Católica. Una mañana llegó el general Villa a dicho hotel para visitar al Presidente provisional. A la entrada sus ojos codiciosos se clavaron en la cajera, una hermosa muchacha plena de juventud y de gracia que apenas había rebasado los veinte años. El generalote se acercó a ella y le dijo: «Oiga, chula, a la tarde vengo para llevármela» y subió a entrevistar a Gutiérrez. La señorita cajera no fue en la tarde, sustituyéndola en su trabajo la esposa del administrador del hotel, una francesa otoñal de algo más de 45 años. Villa cumplió su palabra. Se presentó en el hotel alrededor de las cinco de la tarde; y al no encontrar a la preciosa muchacha, con la ayuda de tres oficiales de su Estado Mayor se llevó a la europea. Por supuesto que el ministro de Francia presentó su queja a Relaciones Exteriores.

En aquel mes de diciembre y primera quincena de enero, hubo en la capital varias autoridades de hecho, entre las cuales cabe mencionar la de Gutiérrez, la de Villa, la de Zapata y la de otros jefes militares. Lo anterior equivale a decir que hubo en la vida de la ciudad aspectos anárquicos. Al Presidente provisional sólo obedecían los miembros de su Gabinete, los de su Estado Mayor y algunos centenares de soldados. El licenciado José Vasconcelos, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, tuvo que esconderse, porque el zapatista Palafox quería asesinarlo; y también tubo que esconderse el licenciado Manuel Rivas, secretario particular de Gutiérrez, por causa semejante.

El general Rodolfo Fierro, de las fuerzas de Villa, hizo aprehender y fusilar sin formación de causa al teniente coronel David Berlanga, de la División del Noreste, y al periodista Paulino Martínez, viejo y ameritado luchador que militaba en el zapatismo.

Después del Hotel Palacio, el presidente Gutiérrez se alojó en el Palacio Braniff, perteneciente a familia acaudalada. Una tarde de comienzos de enero de 1915, el general Villa rodeó con dos mil hombres de caballería la mansión citada y con varios individuos de su Estado Mayor subió a la oficina del general Gutiérrez, amenazándolo con reducirlo a prisión porque sabía —según dijo— que intentaba traicionarlo. El diálogo entre los dos generales revolucionarios fue al principio áspero y cuajado de mutuas injurias. Poco a poco vinieron las explicaciones y a la postre la serenidad y la cordura se impusieron. Un gran abrazo de despedida… y todo aparentemente quedó resuelto. Pocos días después Villa marchó al Estado de Chihuahua a ocuparse de asuntos de carácter militar.

Gutiérrez y sus consejeros comprendieron que Villa era ingobernable, ambicioso y brutal. Entonces se dieron pasos en firme para formar una nueva facción independiente de Carranza, Villa y Zapata. Se contaba con las fuerzas del propio Gutiérrez, las de Lucio Blanco y las de los generales villistas José Isabel Robles y Eugenio Aguirre Benavides: en total, muy cerca de treinta mil hombres. Además se creía posible contar con el general Obregón. Uno de los generales de la División del Norte —se nos dijo entonces que fue Manuel Chao— supo del nuevo plan y lo puso en conocimiento del general Villa, quien con ocho trenes militares se dirigió a la capital. El Presidente provisional no lo esperó. El 15 de enero abandonó la capital rumbo al Norte, acompañado por los batallones y regimientos de que pudo disponer. El desastre fue completo: deserciones y una batalla desdichada en que fue herido el general Gutiérrez en una pierna. Al fin, no tuvo más remedio que rendirse al señor Carranza, quien lo amnistió. Las fuerzas de Lucio Blanco y de otros jefes fueron prácticamente aniquiladas en las cercanías de San Felipe, Gto., por una fuerte columna villista al mando del general Abel Serratos.

¿Cuál era la situación militar en México a mediados de enero de 1915? Veamos lo que a tal respecto escribe el general Juan Barragán:

«Llegamos al periodo más álgido de la Revolución constitucionalista. Un sucinto análisis de la topografía en que operaban los diversos ejércitos beligerantes, bastará para demostrar que las fuerzas constitucionalistas se hallaban en las peores condiciones militares.

»Empezando por los Estados del Norte: Sonora, únicamente la plaza de Agua Prieta estaba en poder de las tropas constitucionalistas; Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, absolutamente dominados por la División del Norte; en Tamaulipas los constitucionalistas conservaban Nuevo Laredo, Matamoros y Tampico, estando la capital y el resto del Estado en poder del enemigo. Estados del Golfo: Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, dominados por los constitucionalistas; posteriormente se perdió Yucatán. Estados del Pacífico: Chiapas, controlado por el Gobierno constitucionalista; Oaxaca, una parte en poder del enemigo; la región del Istmo y el resto por el Ejército Constitucionalista; Guerrero, en manos del enemigo, excepto el puerto de Acapulco; Colima, en poder de las tropas adictas a la Primera Jefatura; Sinaloa, dominado por el enemigo, menos el puerto de Mazatlán, y, finalmente, los Estados del interior, todos en poder del enemigo, inclusive la capital de la República.

»Por la descripción que antecede, se observará que las fuerzas constitucionalistas ocupaban, precisamente, lo que pudiéramos llamar la periferia de la República, en tanto que los villistas y zapatistas se hallaban situados en el centro del país. Esta situación colocaba a las primeras en una posición inferior, estratégicamente hablando, a las de los bandos antagónicos, si bien es cierto que los constitucionalistas, teniendo en su poder los puertos en ambos litorales y varios de los fronterizos, podían recibir los elementos de guerra que se adquirían en el extranjero y que en su mayor parte llegaban por Veracruz, de donde se distribuían a las diversas columnas militares, también era innegable que se veían precisados a vencer numerosas dificultades con pérdida de tiempo en el transporte de dicho material y de contingentes a los puntos débiles que debían reforzarse. En cambio, los villistas y zapatistas, situados en el centro del país, dominando las redes ferroviarias y con varias ciudades de la frontera norte, se hallaban en aptitud de mover, con rapidez, sus tropas a cualquier lugar que necesitaran atacar o defender y también estaban en condiciones de recibir, con regularidad, los pertrechos de guerra comprados en los Estados Unidos.

»Encontrándose en Puebla el general Obregón, tuvo conocimiento el Primer Jefe que la columna villista que se hallaba en la ciudad de México había regresado al norte del país y que sólo guarnecían la capital las fuerzas zapatistas».

Todo lo que antes se dice es cierto; mas es cierto también que la mejor dirección militar y política estaba de parte de los constitucionalistas: de don Venustiano Carranza y de sus consejeros civiles y militares. Esto explica, por lo menos en parte, el desarrollo de los acontecimientos posteriores, pues mientras en la capital de la República imperaba la anarquía y la Convención militar revolucionaria continuaba desintegrándose, en Veracruz el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, adicionaba el Plan de Guadalupe por decreto de 12 de diciembre de 1914 y expedía el 6 de enero de 1915 la ley con la cual se inició en nuestro país la reforma agraria.

El decreto de 12 de diciembre contiene una serie de considerandos equivalentes a una sucinta historia de la Revolución constitucionalista. En algunos de estos considerandos se hace al general Villa el grave cargo de estar encabezando una nueva reacción. El señor Carranza se apoya en el hecho de que mientras que él había venido sosteniendo la conveniencia de no establecer el orden constitucional antes de hacer las reformas económicas, sociales y políticas que el país reclamaba, el jefe de la División del Norte exigía que se convocara a elecciones presidenciales inmediatamente, haciendo caso omiso de los problemas fundamentales de la nación.

A juicio nuestro el señor Carranza tenía razón, por lo menos en parte, al llamar a Villa reaccionario en aquellos momentos. Lo que ocurrió fue que buen número de individuos cuyos intereses habían sido lesionados por jefes carrancistas, al conocer las dificultades entre el Primer Jefe y la División del Norte acudieron a Villa en demanda de protección y se pusieron incondicionalmente a sus órdenes. De esta suerte el general Villa, llevado por su odio al señor Carranza, aceptó en múltiples ocasiones los servicios de personas de filiación reaccionaria. En el Estado Mayor del general Felipe Ángeles fueron aceptados desde comienzos de octubre, varios jóvenes hijos de grandes latifundistas que habían sufrido la intervención de sus haciendas por órdenes de los gobernadores revolucionarios. Esto último, porque nos consta personalmente, lo afirmamos de modo categórico.

Sin embargo, tal vez sea exagerado clasificar de reaccionario al jefe de la División del Norte. En verdad que en los primeros meses de 1915 se repetía constantemente ese cargo entre los constitucionalistas fieles a don Venustiano; pero ello se explica por el inevitable desbordamiento de las pasiones y del odio entre unos y otros. Lo que sí puede decirse y lo decimos después de maduras reflexiones, es que el general Francisco Villa desde marzo a abril de 1914, fue algo así como el representante del ala derecha en el movimiento revolucionario.

Del decreto de 12 de diciembre citado con anterioridad, conviene transcribir el artículo segundo que es, sin duda, el de mayor importancia y trascendencia social. Dice así:

«El Primer Jefe de la Revolución y Encargado del Poder Ejecutivo expedirá y pondrá en vigor, durante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí; leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron injustamente privados; leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad raíz; legislación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero y, en general, de las clases proletarias; establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional; bases para un nuevo sistema de organización del Poder Judicial Independiente, tanto en la Federación como en los Estados; revisión de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil de las personas; disposiciones que garanticen el estricto cumplimiento de las leyes de Reforma; revisión de los códigos Civil, Penal y de Comercio; reformas del procedimiento judicial, con el propósito de hacer expedita y efectiva la administración de justicia; revisión de las leyes relativas a la explotación de minas, petróleo, aguas, bosques y demás recursos naturales del país, y evitar que se formen otros en lo futuro; reformas políticas que garanticen la verdadera aplicación de la Constitución de la República, y en general todas las demás leyes que se estimen necesarias para asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos, y la igualdad ante la ley».

Como se ve, el artículo transcrito contiene promesas legislativas tendientes a transformar la organización del país en aspectos fundamentales; y debemos reconocer que el señor Carranza cumplió con buen número de esas promesas, entre las cuales cabe mencionar la Ley de la Reforma Agraria y la Ley de Relaciones Familiares.

La Ley de 6 de enero de 1915 es sin discusión el paso legislativo de mayor trascendencia en materia agraria después de las Leyes de Desamortización y Nacionalización de los bienes de la Iglesia de 1856 y 1859, respectivamente.

Es bien sabido que la Ley de 6 de enero de 1915 fue redactada por el licenciado Luis Cabrera, conforme a las ideas que había expresado en su célebre discurso el 5 de diciembre de 1912 sobre la reconstitución de los ejidos de los pueblos en la Cámara de Diputados. Esta ley marca el principio de lo que se ha convenido en llamar la Reforma Agraria Mexicana. El mérito de Cabrera es indiscutible; mas es indiscutible también el mérito de Carranza por haber aprobado el proyecto, transformarlo en ley con su firma y asumir la consiguiente responsabilidad.

La celebérrima ley consta de nueve considerandos y doce artículos de enorme interés y trascendencia. Para nosotros la trascendencia y el interés estriban no sólo en la justificación del movimiento revolucionario, sino en el criterio que sustenta respecto a que todos los pueblos sin tierras, hayan tenido o no ejidos, tienen derecho a tenerlas para satisfacer sus necesidades. En otras palabras, la tesis de que todos los individuos, por el hecho de existir, tienen derecho a que la sociedad les proporcione los medios de subsistencia, por supuesto siempre que ellos realicen funciones productivas.

La ley considera que una de las causas más generales del malestar y descontento de la población agrícola del país ha sido el despojo de los terrenos que a los pueblos les fueron concedidos en la época colonial. Estos despojos —agrega— se realizaron no sólo por medio de enajenaciones llevadas a efecto por las autoridades políticas, sino también por composiciones o ventas concertadas por las secretarías de Fomento y Hacienda, o a pretexto de deslindes, para favorecer a los denunciantes de excedencias o demasías al servicio de las compañías deslindadoras. Todo esto con la frecuente complicidad de los jefes políticos y de los gobernadores.

«En consecuencia —se dice textualmente— no ha quedado a la gran masa de la población de los campos otro recurso para proporcionarse lo necesario a su vida, que alquilar a vil precio su trabajo a los poderosos terratenientes, trayendo esto, como resultado inevitable, el estado de miseria, abyección y esclavitud de hecho, en que esa enorme cantidad de trabajadores ha vivido y vive todavía».

Lógicamente en la exposición de motivos concluye el legislador que para establecer la paz en la República y organizar la sociedad mexicana de conformidad con uno de los postulados básicos de la Revolución, es necesario restituir a numerosos pueblos los ejidos de que fueron despojados, a la vez que dotar de tierras a los núcleos de población carentes de ellas.

Se ve que el pensamiento fundamental del autor o de los autores de la Ley de 6 de enero aspiró a proporcionar medios de vida a millares de familias paupérrimas y a elevar su nivel económico y cultural.

A nuestro juicio el paso legislativo de mayor trascendencia durante el periodo preconstitucional fue la Ley Agraria de que se trata. Había que dar el primer paso, sobre todo por razones políticas; había que atraerse al constitucionalismo la masa campesina del centro y del norte del país para combatir con éxito contra la División del Norte comandada por el general Francisco Villa; había que tener a la mano una ley agraria frente al Plan de Ayala, con el propósito bien claro de quitar al general Zapata el monopolio del ideal agrarista. De suerte que no parece aventurado afirmar que las consideraciones de carácter político influyeron en la expedición de la Ley de 6 de enero de 1915 y que dicha ley a su vez influyó efectivamente en el triunfo de las fuerzas leales al señor Carranza. Probablemente la ley que comentamos aparecía más clara y práctica a los campesinos que el Plan zapatista. Mientras tanto y durante los primeros meses de 1915, el general Villa no se había preocupado por elaborar un programa bien definido de reformas sociales.

Al abandonar la ciudad de México el general Eulalio Gutiérrez, precario Presidente provisional, fue designado para sustituirlo por la Convención heredera de la de Aguascalientes que seguía funcionando en la capital, el general Roque González Garza, quien había representado a Villa en la susodicha Convención.

El general Álvaro Obregón había organizado un nuevo ejército con asombrosa celeridad.

El 5 de enero tras de reñidos combates tomó la ciudad de Puebla, y el 28 del mismo mes, sin combatir, la de México. La intención del divisionario sonorense era permanecer unas cuantas semanas en la metrópoli para aumentar su ejército con voluntarios dispuestos a combatir contra la temible División del Norte. El éxito fue completo, incluyendo a los batallones rojos formados por obreros. El 10 de marzo al frente de una poderosa columna de las tres armas, el general Álvaro Obregón evacuó la capital para marchar audazmente al centro del país en busca de Francisco Villa.

Los capitalinos sufrían privaciones sin cuento, particularmente la gente económicamente más débil, con tantas entradas y salidas de las varias facciones que incomunicaban a la gran ciudad de sus zonas de aprovisionamiento de artículos de primera necesidad. Así fue durante los cuarenta días de ocupación obregonista, y así continuó siendo todavía durante largos meses. El ingeniero Alberto J. Pani, al referirse a los cuarenta días, escribe en sus Apuntes autobiográficos lo que sigue:

«Lo más urgente era mitigar el hambre de los pobres. El Primer Jefe mandó, para este fin, medio millón de pesos: una gota de agua en el océano. Para hacer la mejor aplicación de esa suma, ampliarla y promover el mayor mejoramiento posible de la situación, el general Obregón creó la “Junta Revolucionaria de Auxilios al Pueblo” integrada por mí como Presidente y por el Dr. Atl y don Juan Chávez —este último antiguo funcionario de la Secretaría de Hacienda— como Vocales.

»Para ampliar los recursos de la Junta, pareció aconsejable tratar de extraer los fondos que faltaban de las cajas de los ricos, tanto porque resultaba lógica, en aquellas circunstancias, cualquier medida con tendencia igualitaria, como porque, estando en guerra, procedía quebrantar por todos los medios posibles la fuerza enemiga y castigar, de paso, a quienes tanto estorbaban la Revolución, comprendiendo en este grupo al Clero católico, que había prestado tan fuerte apoyo moral —y se afirmaba persistentemente que también pecuniario— a la criminal Dictadura de Huerta».

La tarea no fue fácil, pues fue menester emplear medidas enérgicas para obligar al Clero egoísta y a los mercaderes acaparadores y codiciosos, a prestar ayuda a los habitantes más pobres, que carecían de lo más necesario a su existencia.

Incuestionablemente que entre los que más sufrieron privaciones durante los mencionados cuarenta días se contaban los obreros pertenecientes a la Casa del Obrero Mundial. A este hecho indudable hay que añadir que los obreros de dicha organización conocían el decreto prometedor de 12 de diciembre de 1914 y la Ley de 6 de enero de 1915. En consecuencia, según nuestra opinión, todos los hechos anteriores combinados influyeron en los dirigentes de la Casa para cambiar de táctica, abandonando la lucha meramente sindical para sumarse al constitucionalismo que según su parecer ofrecía mayores garantías para la consecución de sus ideales de transformación social. Para ellos, en aquel preciso momento histórico y lugar geográfico, Carranza representaba la Revolución y Villa lo contrario. De aquí el Pacto de 17 de febrero, origen de los batallones rojos, firmado en Veracruz por el señor Rafael Zubaran Capmany, en representación del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, y por los siguientes representantes de la Casa del Obrero Mundial: Rafael Quintero, Carlos M. Rincón, Rosendo Salazar, Juan Tudó, Salvador Gonzalo García, Rodolfo Aguirre, Roberto Valdés y Celestino Gasca.

En cumplimiento del Pacto se organizaron seis batallones rojos que bien pronto fueron a pelear contra el villismo.

Las autoridades militares dispusieron que el primero de esos batallones, integrado en su totalidad por obreros de la Maestranza Nacional de Artillería, fuera enviado al mando inmediato del general Manuel Cuéllar a El Ébano, S. L. P.; el segundo, compuesto por la Federación de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías y otros gremios, fue enviado de guarnición a la Huasteca Veracruzana, a las órdenes del general Emilio Salinas; el tercero y cuarto, integrados por obreros de la industria de hilados y tejidos, ebanistas, canteros, pintores, sastres y conductores de carruajes de alquiler, formaron la tercera brigada de infantería del Cuerpo de Ejército del Noroeste, al mando de los generales Juan José Ríos y José J. Méndez, se incorporaron a las legiones del general Álvaro Obregón; finalmente, el quinto y sexto, compuestos por albañiles, tipógrafos, mecánicos y metalúrgicos, quedaron a las órdenes del coronel Ignacio C. Enríquez.

Y muy luego aquellos soldados improvisados recibieron su bautismo de sangre.

ANEXO 12

PACTO DE TORREÓN ENTRE VILLISTAS Y CARRANCISTAS[16]

REFORMAS AL PLAN DE GUADALUPE

EN LA ciudad de Torreón, Estado de Coahuila de Zaragoza, a las diez de la mañana del día cuatro de julio de mil novecientos catorce, a iniciativa de los ciudadanos jefes de la División del Norte, se reunieron en la parte alta del edificio del Banco de Coahuila, situado en las calles de Zamora, número cuatrocientos veintitrés, los señores general José Isabel Robles, doctor Miguel Silva, ingeniero Manuel Bonilla y coronel Roque González Garza, los tres primeros, delegados de la División del Norte, y el último, como secretario de estos señores delegados, y los señores generales Antonio I. Villarreal, Cesáreo Castro y Luis Caballero, como representantes de la División del Noreste, siendo secretario de ellos el señor Ernesto Meade Fierro, con el objeto de zanjar las dificultades surgidas entre los jefes de la División del Norte y el ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Revisadas las credenciales extendidas por los ciudadanos generales de las mencionadas divisiones, se procedió a elegir desde luego un presidente, habiendo resultado electo el doctor Miguel Silva. Abiertos los debates, y después de haber exhortado el presidente de la asamblea a los señores delegados para que en todas sus resoluciones sólo mirasen por el bien de la patria, el señor ingeniero don Manuel Bonilla interrogó a los señores representantes de la División del Noreste para que explicaran cuáles eran sus facultades y si venían con la aquiescencia del señor Carranza. El señor general Antonio I. Villarreal contestó que, según se podía ver por las credenciales exhibidas, solamente venían en representación de los ciudadanos jefes de la División del Noreste. Acordóse después que los señores secretarios, durante las discusiones, tuvieran voz informativa. Acto continuo hizo uso de la palabra el señor ingeniero Manuel Bonilla, manifestando que la División del Norte no ha desconocido ni desconocerá al C. Venustiano Carranza como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista; que dicha División sólo desea que el Jefe Supremo ejerza su autoridad justificadamente y sin poner obstáculo alguno a las operaciones militares. El ciudadano delegado José Isabel Robles apoyó lo asentado anteriormente por el ingeniero Bonilla, agregando que era conveniente que el ciudadano general Francisco Villa continuara como jefe de la División del Norte. Como resultado de esta discusión tomáronse los acuerdos siguientes: Primero: La División del Norte reconoce como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista al señor don Venustiano Carranza y solemnemente le reitera su adhesión. Segundo: El señor general don Francisco Villa continuará como jefe de la División del Norte. Para ilustrar el criterio de los señores delegados, la secretaría dio lectura a los mensajes y notas cambiadas entre el ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y los señores generales de la División del Norte. Con esto terminó la sesión, habiéndose señalado las cuatro de la tarde de este mismo día para reanudarla.

Reunidos los señores delegados a la hora antes mencionada, el presidente preguntó a la asamblea si no había inconveniente en poner a discusión este punto: Que a la División del Norte se le suministre todo lo necesario para continuar sin entorpecimiento alguno sus operaciones militares. Después de una amplia discusión, y no habiendo llegado a ningún acuerdo, se suspendió la sesión para continuarla al día siguiente.

Reunidos a las diez de la mañana, desde luego continuó discutiéndose la proposición de que se hace mérito. Habiendo tomado parte en la discusión todos los señores delegados, se llegó a este acuerdo, el cual fue aprobado por unanimidad de votos: Las divisiones del Ejército Constitucionalista recibirán de la Primera Jefatura todos los elementos que necesiten para la pronta y buena marcha de las operaciones militares, dejando a la iniciativa de sus respectivos jefes libertad de acción en el orden administrativo y militar cuando las circunstancias así lo exijan; pero obligándose a dar cuenta de sus actos con la debida oportunidad para su ratificación o rectificación por parte de la Primera Jefatura.

Con esto terminó la sesión de la mañana del día cinco de julio, habiéndose convocado para continuarla al día siguiente.

A las diez a. m. se abrió la sesión. Los señores delegados de la División del Norte, en concreto, hicieron la siguiente proposición: Que el ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista nombre un Gabinete responsable, es decir, ministros con plena autoridad, indicados por los gobernadores, para el manejo de los negocios. Los señores delegados de la División del Noreste hicieron varias objeciones a la proposición anterior, alegando, entre otras cosas, la libertad constitucional que tiene el Ejecutivo de la República para designar a sus ministros. Por las razones que se expusieron, los señores representantes de la División del Norte modificaron su proposición, presentándola en este sentido:

Las divisiones del Norte y Noreste se permiten presentar a la consideración del ciudadano Primer Jefe la siguiente lista de personas, entre las cuales estima que podrían designarse algunas para integrar la Junta Consultiva de Gobierno: señores Fernando Iglesias Calderón, licenciado Luis Cabrera, general Antonio I. Villarreal, doctor Miguel Silva, ingeniero Manuel Bonilla, ingeniero Alberto Pani, general Eduardo Hay, general Ignacio L. Pesqueira, licenciado Miguel Díaz Lombardo, licenciado José Vasconcelos, licenciado Miguel Alessio Robles y licenciado Federico González Garza. Los señores Villarreal, Bonilla y Silva suplicaron atentamente fueran retirados sus nombres de la lista anterior, haciendo presentes diversos motivos. Los demás señores delegados expusieron que habiendo sido los ciudadanos generales de la División del Norte, y no los interesados mismos, los que habían indicado sus nombres, no se podía acceder a su solicitud. Por tal motivo, la lista de candidatos para integrar el Gabinete del ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista quedó aprobada tal como fue presentada a la consideración de la asamblea.

A continuación se pasó a discutir las siguientes reformas al Plan de Guadalupe, propuestas por los delegados de la División del Norte.

Segunda. Que se reforme el Plan de Guadalupe en sus cláusulas sexta y séptima, como sigue:

Sexta. El Presidente interino de la República convocará a elecciones generales, tan luego como se haya efectuado el triunfo de la Revolución y entregará el poder al ciudadano que resulte electo.

Séptima. De igual manera, el primer jefe militar de cada Estado donde hubiere sido reconocido el Gobierno de Huerta convocará a elecciones locales tan luego como triunfe la Revolución.

La misma delegación pidió que se adicione dicho Plan de la manera que sigue:

Octava. Ningún jefe constitucionalista figurará como candidato para Presidente o Vicepresidente de la República, en las elecciones de que trata la cláusula anterior.

Novena. Sin perjuicio de la convocatoria a que refiere el artículo sexto, se reunirá, al triunfo de la Revolución, una Convención donde se formulará el programa que deberá desarrollar el Gobierno que resulte electo.

En esta Convención estarán representados a razón de uno por cada mil hombres.

Al ser discutida la primera cláusula se expusieron por los señores delegados varias consideraciones de orden constitucional, militar y político, habiéndose llegado al acuerdo que en seguida se expresa:

Al tomar posesión el ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, conforme al Plan de Guadalupe, del cargo de Presidente interino de la República, convocará a una Convención que tendrá por objeto discutir y fijar la fecha en que se verifiquen las elecciones, el programa de Gobierno que deberán poner en práctica los funcionarios que resulten electos y los demás asuntos de interés general. La Convención quedará integrada por delegados del Ejército Constitucionalista nombrados en junta de jefes militares, a razón de un delegado por cada mil hombres de tropa. Cada delegado a la Convención acreditará su carácter por medio de una credencial, que será visada por el jefe de la División respectiva.

Levantóse la sesión, citándose para reanudarla a las cuatro de la tarde, hora en que dio principio con la lectura de la proposición que en seguida se cita, presentada por los señores delegados de la División del Norte: «El conflicto de Sonora debe ser resuelto por el Primer Jefe sin que se viole la soberanía del Estado y respetando la persona del Gobernador Constitucional, C. José Maytorena». Habiéndola discutido de una manera detenida y amplia por todos los señores delegados, fue aprobada por unanimidad de votos, como en seguida se transcribe:

«Sexta. En bien del triunfo de las armas revolucionarias y para calmar los ánimos en el Estado de Sonora, se sugiere respetuosamente al ciudadano Primer Jefe que obre de la manera que crea más conveniente para solucionar el conflicto que existe en dicho Estado, sin violar su soberanía ni atacar la persona del gobernador electo constitucionalmente, C. José María Maytorena. Se excitará al patriotismo del señor Maytorena para que se separe del puesto de gobernador del Estado, si estima que de esta manera puede ponerse fin al conflicto interior, proponiendo una persona prestigiada, imparcial y constitucionalista, para que se encargue del Gobierno de Sonora y dé garantías al pueblo, cuyos sagrados intereses están en peligro». Con esto se dio por terminada la sesión.

Reanudada el martes, siete, a las diez de la mañana, los señores delegados de la División del Noreste suplicaron a la asamblea que tuviera a bien aprobar esta cláusula, que literalmente dice:

«Séptima. Es facultad exclusiva del ciudadano Primer Jefe el nombramiento y remoción de empleados de la Administración Federal en los Estados y Territorios dominados por las fuerzas constitucionalistas, asignándoles su jurisdicción y atribuciones». Como las veces anteriores, el punto se discutió detenida y ampliamente, habiendo sido aprobada en la misma forma en que se presentó. A continuación, los propios señores delegados presentaron otra cláusula, que dice:

«Las divisiones del Norte y Noreste, comprendiendo que la actual es una lucha de los desheredados contra los poderosos, se comprometen a combatir hasta que desaparezca por completo el Ejército ex Federal, sustituyéndolo por el Ejército Constitucionalista; a impulsar el régimen democrático en nuestro país; a castigar y someter al Clero católico romano, que ostensiblemente se alió a Huerta, y a emancipar económicamente al proletariado, haciendo una distribución equitativa de las tierras y procurando el bienestar de los obreros». Puesta a discusión, los señores delegados de la División del Norte la aceptaron en principio, y con las adiciones y correcciones consiguientes, fue aprobada de esta manera:

«Octava. Siendo la actual contienda una lucha de los desheredados contra los abusos de los poderosos, y comprendiendo que las causas de las desgracias que afligen al país emanan del pretorianismo, de la plutocracia y de la clerecía, las divisiones del Norte y del Noreste se comprometen solemnemente a combatir hasta que desaparezca por completo el Ejército ex Federal, el que será sustituido por el Ejército Constitucionalista; a implantar en nuestra nación el régimen democrático; a procurar el bienestar de los obreros; a emancipar económicamente a los campesinos, haciendo una distribución equitativa de las tierras o por otros medios que tiendan a la resolución del problema agrario, y a corregir, castigar y exigir las debidas responsabilidades a los miembros del Clero católico romano que material e intelectualmente hayan ayudado al usurpador Victoriano Huerta».

Con lo anterior, los señores delegados de la División del Norte dieron por terminadas las conferencias, habiendo aprobado por unanimidad de votos las cláusulas que se consignan en la presente acta, la cual se levantó por cuadruplicado y firmaron de conformidad en unión de los señores secretarios.

Constitución y Reformas. Torreón, Coahuila, julio 8 de 1914.

Antonio I. Villarreal. Miguel Silva. Manuel Bonilla. Cesáreo Castro. Luis Caballero. José Isabel Robles. E. Meade Fierro. R. González Garza.

ANEXO 13

EL FRACASO DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL SEÑOR CARRANZA Y EL GENERAL ZAPATA[17]

INFORME RENDIDO POR LOS SEÑORES GENERAL ANTONIO I. VILLARREAL Y LICENCIADO LUIS CABRERA

AL C. VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo. México, D. F.

Resumiendo por escrito el informe verbal que hemos rendido a usted, sobre la misión que nos llevó a conferenciar con el general Emiliano Zapata, manifestamos a usted lo siguiente:

Llegamos a Cuernavaca la tarde del jueves 27 del pasado agosto. Estando ausente de esta ciudad el general Zapata, fuimos informados de que llegaría al día siguiente.

Entretanto, en esa misma noche, fuimos invitados por el coronel don Manuel V. Palafox, secretario del general Zapata, para cambiar «ideas» sobre el asunto que motivaba nuestro viaje. Tuvimos una primera reunión de carácter inoficial, en la que estuvieron presentes, entre otras personas, los señores Manuel V. Palafox, Alfredo Serratos, general Enrique F. Villa, licenciado Antonio Díaz Soto y Gama, doctor Genaro Amezcua, doctor Antonio Briones, doctor Alfredo Cuarón, Reynaldo Lecona y algunas otras personas más. De nuestra parte, el señor Juan Sarabia, el licenciado Luis Cabrera y el general Antonio I. Villarreal.

Por lo que hace a nuestra personalidad como representantes de usted, expusimos que habíamos ido a Cuernavaca aprovechando una invitación que el señor Sarabia nos había transmitido. Interpretando la buena voluntad que el general Zapata tendría para recibirnos, por lo tanto, íbamos más bien como revolucionarios altamente simpatizadores del problema agrario contenido en el Plan de Ayala; y por tal motivo no habíamos creído necesario proveernos con credenciales firmadas por usted, tanto más, cuanto que, de enviar usted representantes propiamente dichos éstos habrían tenido que ser escogidos libremente por usted y no siguiendo la sugestión hecha por conducto del señor Sarabia.

No obstante, esta explicación pareció causar cierta sorpresa y no poca decepción al saber que íbamos como parlamentarios inoficiales.

Manifestamos, sin embargo, llevar ciertas autorizaciones verbales de usted, que nos reservamos hacer conocer personalmente al general Zapata.

Por lo que hace al cambio de ideas, comenzábamos a efectuarlo con entera franqueza y libertad, procurando hacer conocer nuestro modo de pensar, el de usted y el de la mayoría de los elementos revolucionarios, pero a poco andar pudimos convencemos de que la prudencia aconsejaba este cambio de ideas solamente en el sentido de oír las ajenas sin rebatirlas.

Puede reasumirse el criterio del grupo revolucionario con el que discutimos, en la forma siguiente: «Violado el Plan de San Luis por don Francisco I. Madero, la Revolución de Ayala debe considerarse como la continuación legítima de la de 1910.

»La Revolución de Guadalupe no es más que un incidente supeditado a la de Ayala.

»La Revolución de Ayala tiene principios y tendencias bien definidas, los cuales están consignados en el Plan de Ayala, mientras el de Guadalupe no es más que un Plan para cambio de Gobierno, siendo ésta otra razón por la cual el movimiento del Norte debe considerarse supeditado al del Sur».

El Plan de Ayala contiene diversos artículos cuyo conocimiento es interesante:

El artículo primero es un considerando sobre las condiciones políticas existentes en noviembre de 1911. El artículo segundo desconoce a don Francisco I. Madero como Presidente de la República.

Tales son los principales artículos del Plan de Ayala, de los cuales se consideran como declarativos de principios, el cuarto, el sexto, el séptimo y el octavo, y como procedimiento para la realización de estos principios, los demás, entre los cuales merecen atención el segundo, el tercero, el duodécimo y el decimotercero.

Según la opinión dominante en el grupo con quien discutimos la cuestión, el Plan de Ayala está tan profundamente incrustado en la conciencia de los revolucionarios surianos, que cualquier cambio que en él se efectuara, sería difícil de aceptar. Su derogación o fusión con otro Plan sería imposible y no bastaría que el jefe del Ejército Constitucionalista garantizara el cumplimiento de los principios agrarios que contiene, sino que seria necesario que aquél aceptase y suscribiese y elevase a la categoría de principio constitucional el Plan de Ayala íntegro, sin modificación alguna.

Según esa misma opinión, la única forma de entender el triunfo de la Revolución por los zapatistas, es que el Plan de Ayala triunfe en todas sus partes, es decir, tanto en sus ideas como en sus disposiciones políticas.

El nombre mismo del Plan de Ayala es tan importante, que se cree indispensable mencionarlo como emitido para convencer a los revolucionarios de que ha triunfado ese Plan.

Las meras adiciones de ese Plan sugeridas por nosotros, encontraban fuertes objeciones. En el curso de las conferencias discutimos algunos puntos no incluidos en el Plan de Ayala y encontramos que nuestras críticas, por defecto, al Plan de Ayala, se interpretaban en seguida como ataques a la sustancia del Plan mismo y a la Revolución del Sur.

La única base de paz que los revolucionarios del Sur admiten es, pues, la absoluta sumisión de los constitucionalistas al Plan de Ayala en todas sus partes, tanto en lo relativo a los principios como en cuanto a los procedimientos políticos de su realización, y en cuanto a la Jefatura de la Revolución.

Predomina en ellos la idea de que en el estado actual de cosas que privan en el Estado de Morelos y demás zonas dominadas por el zapatismo, la cuestión agraria ya está resuelta, es decir, las usurpaciones están ya reivindicadas, las tierras repartidas y las propiedades de enemigos confiscadas, y que lo único que falta es legalizar lo hecho, para lo cual necesitamos estar seguros de la sinceridad de propósitos del Gobierno que se encargue de ratificar lo hecho por ellos.

Esto hace tomar importancia a los demás preceptos del Plan de Ayala (artículos 12 y 13), que nosotros llamábamos procedimientos políticos, para realizar los principios, y que allá en Cuernavaca se llaman «garantías del cumplimiento del Plan de Ayala».

El secretario Palafox sostuvo la idea que ya conocíamos, de que la condición previa y sine qua non para cualquier arreglo, tenía que ser la sumisión del Primer Jefe y de los generales constitucionalistas al Plan de Ayala, firmándose al efecto un acta de adhesión en que se aceptara el Plan mencionado en todas sus partes. El general Zapata aprobó la idea, encargándose Palafox de apoyarla, reforzarla e insistir en que la sumisión al Plan de Ayala debería ser previa e incondicional.

A nuestra proposición de que simplemente se adoptara el Plan de Ayala en sus principios fundamentales, incorporándolos en un arreglo o convenio, se nos hizo saber que la condición de sumisión a todas las disposiciones del Plan, tanto agrarias como políticas, era sine qua non y previa a toda discusión sobre otros asuntos y que solamente después de que nosotros consiguiéramos convencer al Primer Jefe para que firmase el acta de sumisión al Plan de Ayala, podría entrarse a tratar de las conferencias por los delegados.

Habiendo tomado nota ad referéndum de la primera condición, pudimos conocer los probables puntos que en estas conferencias podrían tratarse.

Después de reproducir los términos de la discusión inoficial del viernes sobre este punto, el señor Palafox precisó que esas juntas podrían componerse de tres enviados de cada lado, en la inteligencia de que los delegados deberían estar provistos de credenciales que los autorizaran ampliamente para cerrar estipulaciones y firmar arreglos.

Dichos delegados deberían reunirse precisamente en Cuernavaca o en el lugar en que se encontrara el Cuartel General de la Revolución de Ayala.

En este punto el secretario Palafox se mostró tan inflexible como respecto del lugar de la junta de jefes y el general Zapata asintió.

Por lo que toca a los arreglos sustanciales a que pudiera llegarse en esas juntas de jefes, o sea a las condiciones bajo las cuales los revolucionarios del Sur quisieran deponer su actitud hostil hacia el Gobierno constitucionalista, Palafox mencionó como primera y esencial el abandono del Poder Ejecutivo por parte del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista o cuando menos la admisión a su lado de una persona de toda la confianza del general Zapata, para que toda clase de medidas, nombramientos y en general todo acto de gobierno fuera discutido y acordado con ese representante del general Zapata.

No pudimos entrar a una verdadera discusión de estos puntos por ser materia de las proyectadas conferencias; nos limitamos a anotarlos para conocimiento de usted.

Del mismo modo se habló acerca de la segunda condición esencial, consistente en la celebración de una Convención revolucionaria en que se nombrara el Presidente interino de la República y se discutiera el programa de Gobierno, en el cual deberían quedar incluidos, sin alteración, los principios del Plan de Ayala.

Al resumir las condiciones expuestas, para su perfecta inteligencia, cambiaron un poco de lugar y de categoría, es decir, que dos de ellas pasaron de hipotéticas que eran a firmes y precisas.

Las condiciones, pues, que el general Zapata exige del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista para un acuerdo que evite la guerra entre los revolucionarios del Norte y los del Sur, son las siguientes:

Primera. Ante todo, deben firmar el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y los generales que de él dependen, un acta de sumisión al Plan de Ayala, no sólo en su esencia, sino en todas sus partes.

Segunda. Mientras puedan celebrarse las conferencias proyectadas, debe pactarse un armisticio sobre la base de la entrega de la plaza de Xochimilco a las fuerzas zapatistas.

Tercera. El jefe del Ejército Constitucionalista debe retirarse desde luego del Poder Ejecutivo de la Nación. O bien el jefe del Ejército Constitucionalista podrá continuar en el Poder Ejecutivo, siempre que admita a su lado un representante del general Zapata, con cuyo acuerdo se dictarán las determinaciones trascendentales y se harán los nombramientos para puestos políticos.

Cuarta. Una vez llenados los tres anteriores requisitos, podrá nombrar el jefe del Ejército Constitucionalista sus delegados, autorizándolos debidamente para discutir y firmar arreglos. Dichas conferencias se celebrarán precisamente en el Cuartel General de la Revolución de Ayala, y tendrán por objeto tratar de los procedimientos para llevar a cabo las disposiciones del Plan de Ayala.

Tales son, en sustancia, las condiciones de arreglos mencionados por el señor Palafox y apoyados por el general Zapata, para solucionar el conflicto inminente entre la Revolución del Norte y la del Sur.

México, septiembre 3 de 1914. Luis Cabrera (rúbrica). Antonio I. Villarreal.

RESPUESTA DEL SEÑOR CARRANZA

He recibido el informe que ustedes me han transmitido, como resultado de su entrevista con el general Emiliano Zapata.

Como de dicha informe se deduce que el señor general Zapata considera indispensable para cualquier arreglo, que previamente haga yo una declaración de sumisión al Plan de Ayala, suplico a ustedes transmitan por escrito al general Zapata mi contestación, que es la siguiente:

Habiendo recibido la investidura de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, por delegación de los diversos jefes militares, con sujeción al Plan de Guadalupe, que colaboraron conmigo para el derrocamiento de la dictadura del general Huerta, no podría yo abdicar este carácter para someterme a la jefatura del general Zapata, ni desconocer el Plan de Guadalupe para adoptar el de Ayala.

Considero, por lo demás, innecesaria esa sumisión, supuesto que, como manifesté a ustedes, estoy dispuesto a que se lleven a cabo y legalicen las reformas agrarias que pretende el Plan de Ayala, no sólo en el Estado de Morelos, sino en todos los Estados de la República que necesiten de dichas medidas.

Si el general Zapata y los jefes que lo siguen, pretenden realmente que se lleven a cabo las reformas que exige el bienestar del pueblo suriano, tienen el medio de verificarlo, uniendo sus esfuerzos a los de esta Primera Jefatura, reconociendo la autoridad de ella y concurriendo a la Convención de jefes que he convocado para el día primero de octubre del corriente año, precisamente con el objeto de discutir allí el programa de reformas que el país exige.

Agradeciendo a ustedes sus patrióticos esfuerzos en bien de la paz, reitero a ustedes mi atenta consideración y particular aprecio.

Constitución y Reformas. Palacio Nacional, México, a 5 de septiembre de 1914. El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza.

A los CC. general de brigada Antonio I. Villarreal y licenciado Luis Cabrera. Presentes.

ANEXO 14

DECRETO SOBRE EL SALARIO MÍNIMO[18]

EULALIO GUTIÉRREZ, general de brigada del Ejército Constitucionalista, gobernador y comandante militar del Estado de San Luis Potosí, en uso de las facultades de que se halla investido, decreta lo siguiente: Ley sobre sueldos de peones. Art. 1.º El tipo mínimo del salario para el trabajador en el Estado de San Luis Potosí, a contar del día 16 de los corrientes, será de $0.75 (setenta y cinco centavos) diarios y el tiempo máximo de trabajo será de nueve horas diarias. En las minas el salario mínimo será de $ 1.25 (un peso veinte y cinco centavos) diarios. En los lugares o en las negociaciones o industrias en que se hayan estado pagando salarios mayores que el mínimo que ahora se fija no podrán disminuir aquéllos. Art. 2.º En las fincas de campo no se le cobrará al trabajador el agua ni la leña que hubiere menester para su gasto doméstico y se le proporcionará gratuitamente casa habitación que reúna las mejores condiciones posibles de higiene y comodidad. Art. 3.º El salario que devengue el trabajador le será cubierto precisamente en moneda de circulación legal y sin descuento alguno, semanariamente. Art. 4.º El comercio es libre en el Estado. Quedan prohibidas en absoluto las tiendas de raya. Las que existen en las haciendas, empresas industriales, ranchos, etc., sólo podrán continuar como establecimientos ordinarios, sin que se obligue a los peones a comprar en ellas o a recibir mercancías a cuenta de pagos o jornales. Se prohíbe que los hacendados o patrones favorezcan directa o indirectamente a algún comerciante en prejuicio de los demás. El dueño o encargado de todo rancho, hacienda o empresa industrial, de acuerdo con una comisión o delegación del Ayuntamiento respectivo, designará un sitio a propósito que se destinará a mercado, plaza de comercio, haciendo, de común acuerdo también, la distribución equitativa de lotes entre aquellos comerciantes que los soliciten y quienes no pagarán otros impuestos que los determinados expresamente por las leyes. La plaza de comercio no tendrá menos de cien metros por lado. Art. 5.º Los trabajadores de las fincas de campo pueden tener en ellas, sin pagar arrendamiento por concepto de pastos, aguas, etc., aparte de los animales domésticos de cualquiera clase necesarios para su uso personal y el de su familia, hasta cinco animales de ganado mayor y diez de menor. Respecto del exceso pagarán cuotas, previa autorización de la autoridad política, pagándoles entretanto la mitad de las acostumbradas. Art. 6.º En lo sucesivo las deudas contraídas por los trabajadores de campo prescribirán de oficio en el término de un año, contándose éste, para cada préstamo o cargo en cuenta, desde la fecha del mismo préstamo o cargo, aun cuando al trabajador se le lleve cuenta corriente. Art. 7.º Queda absolutamente prohibido poner cualquier género de trabas que de alguna manera dificulten al obrero o trabajador que en todo tiempo pueda cambiar de residencia o simplemente ir a otra parte en busca o aceptación de trabajo. Art. 8.º No procede contra los obreros y trabajadores la providencia de arraigo por asuntos civiles. Art. 9.º No son susceptibles de embargo los salarios. Tampoco lo es el que a los trabajadores corresponda en los contratos a partido o de aparcería o a destajo. Art. 10. El hacendado que diere tierras a partido, proporcionando al trabajador los útiles de labranza necesarios, inclusive las yuntas y semillas, cuando las tierras sean de temporal y estén abiertas, no podrán percibir más del veinte y cinco por ciento de la cosecha. Si las tierras fueren de riego y estuvieren abiertas y el hacendado proporcionare los elementos necesarios para el trabajo, la parte que le corresponderá no podrá ser mayor del cincuenta por ciento de la cosecha. En ambos casos se entenderá que ésta será recibida a la orilla de las mismas labores y su conducción y transporte, adonde convenga a los interesados, será por cuenta de ellos. Art. 11 (fracción A). Los anticipos que el hacendado haga al trabajador para el sostenimiento de su familia o pago de jornal, hasta levantar su cosecha, serán en dinero efectivo y se devolverán al recogerse ésta, bien sea que el trabajador venda lo que le corresponde o pague su adeudo al hacendado o que a éste le convenga tomar semillas o lo que tenga el trabajador, siempre que sea al precio de la plaza más cercana y con deducción solamente de los fletes que reporten. Art. 11 (fracción B). Se considera deuda de peón, redimible en las condiciones que establece la fracción anterior, hasta la cantidad de $50.00 (cincuenta pesos) anuales, considerando lo que exceda de esa cantidad como deuda civil sujeta a las leyes vigentes. Art. 12. El Gobierno establecerá en esta ciudad una oficina que se denominará «Departamento del Trabajo», que estará a cargo de un director con el número de empleados competentes, y la cual conocerá de todos los asuntos relativos al trabajo. Procurará el mejoramiento de la clase obrera y, muy especialmente, que esta ley se haga efectiva e investigará la oferta y demanda de trabajo, a fin de que los trabajadores puedan fácilmente encontrar trabajo y mejorar su situación. El mismo «Departamento del Trabajo» procurará que las empresas críen, en relación a su capital y utilidades, fondos que tengan por objeto obras de beneficencia en favor de sus propios trabajadores. TRANSITORIOS. Art. 1.º Los beneficios de esta ley no son renunciables en ningún caso. Art. 2.º Se concede acción popular para la denuncia de las infracciones a la misma. Art. 3.º Todas las quejas relativas a sus transgresiones serán por conducto de las autoridades políticas inmediatas, para que éstas las hagan llegar a conocimiento del Ejecutivo. Art. 4.º Es facultad del Ejecutivo imponer las multas que a su juicio crea pertinentes a los infractores de esta ley. Art. 5.º Habiendo sido hasta ahora exclusivamente bajos los salarios, deben estimarse como un complemento de ellos los anticipos, préstamos o cargos en general, hechos a los trabajadores por los hacendados o patrones y, por lo tanto, se declaran pagadas por los peones o trabajadores del campo todas las cuentas que con tal motivo se hayan llevado a que tengan saldo en su contra. Por tanto, mando se cumpla y ejecute el presente decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y, al efecto, se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

Dado en el Palacio de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a los 15 días del mes de septiembre de 1914.

Eulalio Gutiérrez, León Flores, oficial mayor.

ANEXO 15

ADICIONES AL PLAN DE GUADALUPE DE 12 DE DICIEMBRE DE 1914 Y DECRETOS DICTADOS CONFORME A LAS MISMAS[19]

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la República Mexicana,

CONSIDERANDO:

Que al verificarse, el 19 de febrero de 1913, la aprehensión del Presidente y Vicepresidente de la República por el ex general Victoriano Huerta, y usurpar éste el Poder Público de la Nación el día 20 del mismo mes, privando luego de la vida a los funcionarios legítimos, se interrumpió el orden constitucional y quedó la República sin gobierno legal;

Que el que suscribe, en su carácter de gobernador constitucional de Coahuila, tenía protestado de una manera solemne cumplir y hacer cumplir la Constitución General, y que en cumplimiento de este deber y de tal protesta estaba en la forzosa obligación de tomar las armas para combatir la usurpación perpetrada por Huerta, y restablecer el orden constitucional en la República Mexicana;

Que este deber le fue, además, impuesto, de una manera precisa y terminante, por decreto de la Legislatura de Coahuila en el que se le ordenó categóricamente desconocer al Gobierno usurpador de Huerta y combatirlo por la fuerza de las armas, hasta su completo derrocamiento;

Que, en virtud de lo ocurrido, el que suscribe llamó a las armas a los mexicanos patriotas, y con los primeros que lo siguieron formó el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913, que ha venido sirviendo de bandera y de estatuto a la Revolución Constitucionalista;

Que de los grupos militares que se formaron para combatir la usurpación huertista, las Divisiones del Noroeste, Noreste, Oriente, Centro y Sur operaron bajo la dirección de la Primera Jefatura, habiendo existido entre ésta y aquéllas perfecta armonía y completa coordinación en los medios de acción para realizar el fin propuesto; no habiendo sucedido lo mismo con la División del Norte que, bajo la dirección del general Francisco Villa, dejó ver desde un principio tendencias particulares y se sustrajo al cabo, por completo, a la obediencia del Cuartel General de la Revolución Constitucionalista, obrando por su sola iniciativa al grado de que la Primera Jefatura ignora todavía hoy, en gran parte, los medios de que se ha valido el expresado general para proporcionarse fondos y sostener la campaña, el monto de esos fondos y el uso que de ellos haya hecho;

Que una vez que la Revolución triunfante llegó a la Capital de la República, trataba de organizar debidamente el Gobierno Provisional y se disponía, además, a atender las demandas de la opinión pública, dando satisfacción a las imperiosas exigencias de reforma social que el pueblo ha menester cuando tropezó con las dificultades que la reacción había venido preparando en el seno de la División del Norte, con propósitos de frustrar los triunfos alcanzados por los esfuerzos del Ejército Constitucionalista;

Que esta Primera Jefatura, deseosa de organizar el Gobierno Provisional de acuerdo con las ideas y tendencias de los hombres que con las armas en la mano hicieron la Revolución Constitucionalista, y que, por lo mismo, estaban íntimamente penetrados de los ideales que venía persiguiendo, convocó en la ciudad de México una asamblea de generales, gobernadores y jefes con mando de tropas, para que éstos acordaran un programa de Gobierno, indicaran en síntesis general las reformas indispensables al logro de la redención social y política de la Nación, y fijaran la forma y época para restablecer el orden constitucional;

Que este propósito tuvo que aplazarse pronto, porque los generales, gobernadores y jefes que concurrieron a la Convención Militar en la ciudad de México estimaron conveniente que estuvieran representados en ella todos los elementos armados que tomaron parte en la lucha contra la usurpación huertista, algunos de los cuales se habían abstenido de concurrir, a pretexto de falta de garantías y a causa de la rebelión que en contra de esta Primera Jefatura había iniciado el general Francisco Villa, y quisieron, para ello, trasladarse a la ciudad de Aguascalientes, que juzgaron el lugar más indicado y con las condiciones de neutralidad apetecidas para que la Convención Militar continuase sus trabajos.

Que los miembros de la Convención tomaron este acuerdo después de haber confirmado al que suscribe en las funciones que venía desempeñando como Primer Jefe de la Revolución Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la República del que hizo entonces formal entrega, para demostrar que no le animaban sentimientos bastardos de ambición personal, sino que, en vista de las dificultades existentes, su verdadero anhelo era que la acción revolucionaria no se dividiese, para no malograr los frutos de la Revolución triunfante;

Que esta Primera Jefatura no puso ningún obstáculo a la translación de la Convención Militar a la ciudad de Aguascalientes, aunque estaba íntimamente persuadida de que, lejos de obtenerse la conciliación que se deseaba, se había de hacer más profunda la separación entre el jefe de la División del Norte y el Ejército Constitucionalista, porque no quiso que se pensara que tenía el propósito deliberado de excluir a la División del Norte de la discusión sobre los asuntos más trascendentales, porque no quiso tampoco aparecer rehusando que se hiciera el último esfuerzo conciliatorio y porque consideró que era preciso, para el bien de la Revolución, que los verdaderos propósitos del general Villa se revelasen de una manera palmaria ante la conciencia nacional, sacando de su error a los que de buena fe creían en la sinceridad y en el patriotismo del general Villa y del grupo de hombres que le rodean;

Que, apenas iniciados en Aguascalientes los trabajos de la Convención, quedaron al descubierto las maquinaciones de los agentes villistas, que desempeñaron en aquélla el papel principal, y se hizo sentir el sistema de amenazas y de presión que, sin recato, se puso en práctica, contra los que, por su espíritu de independencia y sentimientos de honor resistían las imposiciones que el jefe de la División del Norte hacía para encaminar a su antojo los trabajos de la Convención;

Que, por otra parte, muchos de los jefes que concurrieron a la Convención de Aguascalientes no llegaron a penetrarse de la importancia y misión verdadera que tenía dicha Convención y, poco o nada experimentados en materias políticas, fueron sorprendidos en su buena fe por la malicia de los agentes villistas, y arrastrados a secundar inadvertidamente las maniobras de la División del Norte sin llegar a ocuparse de la causa del pueblo, esbozando siquiera el pensamiento general de la Revolución y el programa de Gobierno Preconstitucional, que tanto se deseaba;

Que, con el propósito de no entrar en una lucha de carácter personalista y de no derramar más sangre, esta Primera Jefatura puso de su parte todo cuanto le era posible para una conciliación ofreciendo retirarse del poder siempre que se estableciera un Gobierno capaz de llevar a cabo las reformas políticas y sociales que exige el país. Pero no habiendo logrado contentar los apetitos de poder de la División del Norte, no obstante las sucesivas concesiones hechas por la Primera Jefatura, y en vista de la actitud bien definida de un gran número de jefes constitucionalistas que, desconociendo los acuerdos tomados por la Convención de Aguascalientes, ratificaron su adhesión al Plan de Guadalupe, esta Primera Jefatura se ha visto en el caso de aceptar la lucha que ha iniciado la reacción que encabeza por ahora el general Francisco Villa.

Que la calidad de los elementos en que se apoya el general Villa, que son los mismos que impidieron al Presidente Madero orientar su política en un sentido radical, fueron, por lo tanto, los responsables políticos de su caída y, por otra parte, las declaraciones terminantes hechas por el mismo jefe de la División del Norte, en diversas ocasiones, de desear que se restablezca el orden constitucional antes de que se efectúen las reformas sociales y políticas que exige el país, dejan entender claramente que la insubordinación del general Villa tiene un carácter netamente reaccionario y opuesto a los movimientos del Constitucionalista, y tiene el propósito de frustrar el triunfo completo de la Revolución, impidiendo el establecimiento de un Gobierno Preconstitucional que se ocupara de expedir y poner en vigor las reformas por las cuales ha venido luchando el país desde hace cuatro años;

Que, en tal virtud, es un deber hacia la Revolución y hacia la Patria proseguir la Revolución comenzada en 1913, continuando la lucha contra los nuevos enemigos de la libertad del pueblo mexicano;

Que teniendo que substituir, por lo tanto, la interrupción del orden constitucional durante este nuevo periodo de la lucha, debe, en consecuencia, continuar en vigor el Plan de Guadalupe, que le ha servido de norma y bandera, hasta que, cumplido debidamente y vencido el enemigo, pueda restablecerse el imperio de la Constitución;

Que no habiendo sido posible realizar los propósitos para que fue convocada la Convención Militar de octubre, y siendo el objeto principal de la nueva lucha, por parte de las tropas reaccionarias del general Villa, impedir la realización de las reformas revolucionarias que requiere el pueblo mexicano, el Primer Jefe de la Revolución Constitucionalista tiene la obligación de procurar que, cuanto antes, se pongan en vigor todas las leyes en que deben cristalizar las reformas políticas y económicas que el país necesita expidiendo dichas leyes durante la nueva lucha que va a desarrollarse.

Que, por lo tanto, y teniendo que continuar vigente el Plan de Guadalupe en su parte esencial, se hace necesario que el pueblo mexicano y el Ejército Constitucionalista conozcan con toda precisión los fines militares que se persiguen en la nueva lucha, que son el aniquilamiento de la reacción que renace encabezada por el general Villa y la implantación de los principios políticos y sociales que animan a esta Primera Jefatura y que son los ideales por los que ha venido luchando desde hace más de cuatro años el pueblo mexicano;

Que, por lo tanto, y de acuerdo con el sentir más generalizado de los jefes del Ejército Constitucionalista, de los gobernadores de los Estados y de los demás colaboradores de la Revolución e interpretando las necesidades del pueblo mexicano, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1.º Subsiste el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913 hasta el triunfo completo de la Revolución y, por consiguiente, el C. Venustiano Carranza continuará en su carácter de Primer Jefe de la Revolución Constitucionalista y como Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, hasta que vencido el enemigo quede restablecida la paz.

Art. 2.º El Primer Jefe de la Revolución y Encargado del Poder Ejecutivo expedirá y pondrá en vigor, durante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí; leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron injustamente privados; leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad raíz; legislación para mejorar la condición del peón rural; del obrero, del minero y, en general, de las clases proletarias; establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional; bases para un nuevo sistema de organización del Poder Judicial Independiente, tanto en la Federación como en los Estados; revisión de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil de las personas; disposiciones que garanticen el estricto cumplimiento de las leyes de Reforma; revisión de los códigos Civil, Penal y de Comercio; reformas del procedimiento judicial, con el propósito de hacer expedita y efectiva la administración de justicia; revisión de las leyes relativas a la explotación de minas, petróleo, aguas, bosques y demás recursos naturales del país, y evitar que se formen otros en lo futuro; reformas políticas que garanticen la verdadera aplicación de la Constitución de la República, y en general todas las demás leyes que se estimen necesarias para asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos, y la igualdad ante la ley.

Art. 3.º Para poder continuar la lucha y para poder llevar a cabo la obra de reformas a que se refiere el artículo anterior, el Jefe de la Revolución queda expresamente autorizado para convocar y organizar el Ejército Constitucionalista y dirigir las operaciones de la campaña; para nombrar a los gobernadores y comandantes militares de los Estados y removerlos libremente; para hacer las expropiaciones por causa de utilidad pública que sean necesarias para el reparto de tierras, fundación de pueblos y demás servicios públicos; para contratar empréstitos y expedir obligaciones del Tesoro Nacional, con indicación de los bienes con que han de garantizarse; para nombrar y remover libremente los empleados federales de la administración civil y de los Estados y fijar las atribuciones de cada uno de ellos; para hacer, directamente, o por medio de los jefes que autorice, las requisiciones de tierras, edificios, armas, caballos, vehículos, provisiones y demás elementos de guerra; y para establecer condecoraciones y decretar recompensas por servicios prestados a la Revolución.

Art. 4.º Al triunfo de la Revolución, reinstalada la Suprema Jefatura en la ciudad de México y después de efectuarse las elecciones de Ayuntamientos en la mayoría de los Estados de la República, el Primer Jefe de la Revolución, como Encargado del Poder Ejecutivo, convocará a elecciones para el Congreso de la Unión, fijando en la convocatoria las fechas y los términos en que dichas elecciones habrán de celebrarse.

Art. 5.º Instalado el Congreso de la Unión, el Primer Jefe de la Revolución dará cuenta ante él del uso que haya hecho de las facultades de que por el presente se halla investido, y especialmente le someterá las reformas expedidas y puestas en vigor durante la lucha, con el fin de que el Congreso las ratifique, enmiende o complemente, y para que eleve a preceptos constitucionales aquellas que deban tener dicho carácter, antes de que se restablezca el orden constitucional.

Art. 6.º El Congreso de la Unión expedirá las convocatorias correspondientes para la elección del Presidente de la República y, una vez efectuada ésta, el Primer Jefe de la Nación entregará al electo el Poder Ejecutivo de la Nación.

Art. 7.º En caso de falta absoluta del actual Jefe de la Revolución y mientras los generales y gobernadores proceden a elegir al que deba sustituirlo, desempeñará transitoriamente la Primera Jefatura el jefe del Cuerpo del Ejército, del lugar donde se encuentre el Gobierno Revolucionario al ocurrir la falta del Primer Jefe.

Constitución y Reformas. H. Veracruz, diciembre 12 de 1914. V. Carranza.

Al C. oficial mayor Encargado del Despacho de Gobernación. Presente.

Y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

Veracruz, diciembre 12 de 1914. El oficial mayor, Adolfo de la Huerta.

ANEXO 16

LEY DE 6 DE ENERO DE 1915, QUE DECLARA NULAS TODAS LAS ENAJENACIONES DE TIERRAS, AGUAS Y MONTES PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS, OTORGADAS EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN LA LEY DE 25 DE JUNIO DE 1856[20]

VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos y jefe de la Revolución, en virtud de las facultades de que me encuentro investido, y

CONSIDERANDO: Que una de las causas más generales del malestar y descontento de las poblaciones agrícolas de este país, ha sido el despojo de los terrenos de propiedad comunal o de repartimiento, que les habían sido concedidos por el Gobierno colonial como medio de asegurar la existencia de la clase indígena, y que, a pretexto de cumplir con la Ley de 25 de junio de 1856 y demás disposiciones que ordenaron el fraccionamiento y reducción a propiedad privada de aquellas tierras entre los vecinos del pueblo a que pertenecían, quedaron en poder de unos cuantos especuladores;

Que en el mismo caso se encuentran multitud de otros poblados de diferentes partes de la República, y que, llamados congregaciones, comunidades o rancherías, tuvieron origen en alguna familia o familias que poseían en común extensiones más o menos grandes de terrenos, los cuales siguieron conservándose indivisos por varias generaciones, o bien en cierto número de habitantes que se reunían en lugares propicios, para adquirir y disfrutar, mancomunadamente, aguas, tierras y montes, siguiendo la antigua y general costumbre de los pueblos indígenas;

Que el despojo de los referidos terrenos se hizo no solamente por medio de enajenaciones llevadas a efecto por las autoridades políticas en contravención abierta de las leyes mencionadas, sino también por concesiones, composiciones o ventas concertadas con los ministros de Fomento y Hacienda, o a pretexto de apeos y deslindes, para favorecer a los que hacían denuncios de excedencias o demasías, y las llamadas compañías deslindadoras; pues de todas estas maneras se invadieron los terrenos que durante largos años pertenecieron a los pueblos y en los cuales tenían éstos la base de su subsistencia;

Que, según se desprende de los litigios existentes, siempre han quedado burlados los derechos de los pueblos y comunidades, debido a que, careciendo ellos, conforme al artículo 27 de la Constitución Federal, de capacidad para adquirir y poseer bienes raíces, se les hacía carecer también de personalidad jurídica para defender sus derechos, y por otra parte, resultaba enteramente ilusoria la protección que la ley de terrenos baldíos, vigente, quiso otorgarles al facultar a los síndicos de los ayuntamientos de las municipalidades para reclamar y defender los bienes comunales en las cuestiones en que esos bienes se confundiesen con los baldíos, ya que, por regla general, los síndicos nunca se ocuparon de cumplir esa misión, tanto porque les faltaba interés que los excitase a obrar, como porque los jefes políticos y los gobernadores de los Estados estuvieron casi siempre interesados en que se consumasen las explotaciones de los terrenos de que se trata;

Que privados los pueblos indígenas de las tierras, aguas y montes que el Gobierno colonial les concedió, así como también las congregaciones y comunidades de sus terrenos, y concentrada la propiedad rural del resto del país en pocas manos, no ha quedado a la gran masa de la población de los campos otro recurso para proporcionarse lo necesario a su vida, que alquilar a vil precio su trabajo a los poderosos terratenientes, trayendo esto, como resultado inevitable, el estado de miseria, abyección y esclavitud de hecho, en que esa enorme cantidad de trabajadores ha vivido y vive todavía;

Que en vista de lo expuesto, es palpable la necesidad de devolver a los pueblos los terrenos de que han sido despojados, como un acto de elemental justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres, sin que a esto obsten los intereses creados a favor de las personas que actualmente poseen los predios en cuestión; porque, aparte de que estos intereses no tienen fundamento legal, desde el momento en que fueron establecidos con violación expresa de las leyes que ordenaron solamente el repartimiento de los bienes comunales entre los mismos vecinos, y no su enajenación en favor de extraños, tampoco han podido sancionarse o legitimarse esos derechos por una larga posesión, tanto porque las leyes antes mencionadas no establecieron las prescripciones adquisitivas respecto de esos bienes, como porque los pueblos a que pertenecían estaban imposibilitados de defenderlos por falta de personalidad necesaria para comparecer en juicio;

Que es probable que, en algunos casos, no pueda realizarse la restitución de que se trata, ya porque las enajenaciones de los terrenos que pertenecían a los pueblos se hayan hecho con arreglo a la ley, ya porque los pueblos hayan extraviado los títulos o los que tengan sean deficientes, ya porque sea imposible identificar los terrenos o fijar la extensión precisa de ellos, ya, en fin, por cualquiera otra causa; pero como el motivo que impide la restitución, por más justo y legítimo que se le suponga, no arguye en contra de la difícil situación que guardan tantos pueblos, ni mucho menos justifique que esa situación angustiosa continúe subsistiendo, se hace preciso salvar la dificultad de otra manera que sea conciliable con los intereses de todos;

Que el modo de proveer a la necesidad que se acaba de apuntar, no puede ser otro que el de facultar a las autoridades militares superiores que operen en cada lugar, para que, efectuando las expropiaciones que fueren indispensables, den tierras suficientes a los pueblos que carecían de ellas, realizando de esta manera uno de los grandes principios inscriptos en el programa de la Revolución, y estableciendo una de las primeras bases sobre que debe apoyarse la reorganización del país;

Que proporcionando el modo de que los numerosos pueblos recobren los terrenos de que fueron despojados, o adquieran los que necesiten para su bienestar y desarrollo, no se trata de revivir las antiguas comunidades, ni de crear otras semejantes sino solamente de dar esa tierra a la población rural miserable que hoy carece de ellas, para que pueda desarrollar plenamente su derecho a la vida y librarse de la servidumbre económica a que está reducida; es de advertir que la propiedad de las tierras no pertenecerá al común del pueblo, sino que ha de quedar dividida en pleno dominio, aunque con las limitaciones necesarias para evitar que ávidos especuladores particularmente extranjeros, puedan fácilmente acaparar esa propiedad, como sucedió casi invariablemente con el repartimiento legalmente hecho de los ejidos y fundos legales de los pueblos, a raíz de la Revolución de Ayutla.

Por lo tanto, he tenido a bien expedir el siguiente decreto:

Artículo 1.º. Se declaran nulas:

I. Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los Estados o cualquiera otra autoridad local, en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas;

II. Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por la Secretaría de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, y

III. Todas las diligencias de apeo o deslinde, practicadas durante el periodo de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras autoridades, de los Estados o de la Federación, con las cuales se hayan invadido y ocupado, ilegalmente, tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades.

Artículo 2.º La división o reparto que se hubiera hecho legítimamente entre los vecinos de un pueblo, ranchería, congregación o comunidad, y en la que haya habido algún vicio, solamente podrá ser nulificado cuando así lo soliciten las dos terceras partes de aquellos vecinos o de sus causahabientes.

Artículo 3.º Los pueblos que necesitándolos, carezcan de ejidos o que no pudieren lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubieren sido enajenados, podrán obtener que se les dote del terreno suficiente para reconstituirlos conforme a las necesidades de su población, expropiándose por cuenta del Gobierno nacional el terreno indispensable para ese efecto, del que se encuentre inmediatamente colindante con los pueblos interesados.

Artículo 4.º Para los efectos de esta ley y demás leyes agrarias que se expidieren, de acuerdo con el programa político de la Revolución, se crearán:

I. Una Comisión Nacional Agraria de nueve personas y que, presidida por el secretario de Fomento, tendrá las funciones que esta ley y las sucesivas le señalen;

II. Una comisión local agraria, compuesta de cinco personas, por cada Estado o Territorio de la República, y con las atribuciones que las leyes determinen;

III. Los comités particulares ejecutivos que en cada Estado se necesiten, los que se compondrán de tres personas cada uno, con las atribuciones que se les señalen.

Artículo 5.º Los comités particulares ejecutivos dependerán en cada Estado de la comisión local agraria respectiva, la que a su vez, estará subordinada a la Comisión Nacional Agraria.

Artículo 6.º Las solicitudes de restitución de tierras pertenecientes a los pueblos que hubieran sido invadidos u ocupados ilegítimamente, y a que se refiere el artículo 1.º de esta ley, se presentarán en los Estados directamente ante los gobernadores, y en los Territorios y Distrito Federal, ante las autoridades políticas superiores, pero en los casos en que la falta de comunicaciones o el estado de guerra dificultare la acción de los gobiernos locales, las solicitudes podrán también presentarse ante los jefes militares que estén autorizados especialmente para el efecto por el encargado del Poder Ejecutivo; a estas solicitudes se adjudicarán los documentos en que se funden.

También se presentarán ante las mismas autoridades las solicitudes sobre concesión de tierras para dotar de ejidos a los pueblos que carecieren de ellos, o que no tengan títulos bastantes para justificar sus derechos de reivindicación.

Artículo 7.º La autoridad respectiva, en vista de las solicitudes presentadas, oirá el parecer de la comisión local agraria sobre la justicia de las reivindicaciones y sobre la conveniencia, necesidad y extensión en las concesiones de tierras para dotar de ejidos, y resolverá si procede o no la restitución o concesión que se solicita; en caso afirmativo, pasará el expediente al comité particular ejecutivo que corresponda, a fin de que, identificándose los terrenos, deslindándolos y midiéndolos, proceda a hacer entrega provisional de ellos a los interesados.

Artículo 8.º Las resoluciones de los gobernadores o jefes militares, tendrán el carácter de provisionales, pero serán ejecutadas en seguida por el Comité particular ejecutivo, y el expediente, con todos sus documentos y demás datos que se estimaren necesarios, se remitirá después a la comisión local agraria, la que, a su vez, lo elevará con un informe a la Comisión Nacional Agraria.

Artículo 9.º La Comisión Nacional Agraria dictaminará sobre la aprobación, rectificación o modificación, de las resoluciones elevadas a su conocimiento, y en vista del dictamen que rinda el encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, sancionará las reivindicaciones o dotaciones efectuadas, expidiendo los títulos respectivos.

Artículo 10.º Los interesados que se creyeren perjudicados con la resolución del encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, podrán ocurrir ante los tribunales a deducir sus derechos dentro del término de un año, a contar desde la fecha de dichas resoluciones, pues pasado este término ninguna reclamación será admitida.

En los casos en que se reclame contra reivindicaciones y en que el interesado obtenga resolución judicial declarando que no procedía la restitución hecha a un pueblo, la sentencia sólo dará derecho a obtener del Gobierno de la Nación la indemnización correspondiente.

En el mismo término de un año podrán ocurrir los propietarios de terrenos expropiados, reclamando las indemnizaciones que deban pagárseles.

Artículo 11. Una ley reglamentaria determinará la condición en que han de quedar los terrenos que se devuelvan o se adjudiquen a los pueblos y la manera y ocasión de dividirlos entre los vecinos, quienes entretanto los disfrutarán en común.

Artículo 12. Los gobernadores de los Estados o, en su caso, los jefes militares de cada región autorizada por el encargado del Poder Ejecutivo, nombrarán desde luego la comisión local agraria y los comités particulares ejecutivos.

TRANSITORIO. Esta ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación mientras no concluya la actual guerra civil. Las autoridades militares harán publicar y pregonar la presente ley en cada una de las plazas o lugares que fueren ocupando.

Constitución y Reformas. H. Veracruz, enero seis de mil novecientos quince. V. Carranza. Rúbrica.

ANEXO 17

LOS TRABAJADORES DE LA CASA DEL OBRERO MUNDIAL SE UNEN AL CONSTITUCIONALISMO[21]

MANIFIESTO

COMPAÑEROS:

Todos sabéis cuál ha sido el programa de lucha de la Casa del Obrero Mundial hasta el día 10 del presente, en que, reunidos sesenta y seis de sus miembros y tras de discusión amplia y meditada, acordaron suspender la organización gremial sindicalista y entrar en distinta fase de actividad, en vista de la necesidad apremiante de impulsar e intensificar la Revolución que más se acerca en sus ideales a la aspiración unánime de mejoramiento económico y social que ha servido de orientación a las agrupaciones de resistencia contra la opresión del capitalismo, que se han instituido en diferentes poblaciones de la República.

Siempre condenamos la participación de los obreros en los movimientos armados, por la dolorosa experiencia de muchos años de fracasos de los caudillos que, burlando la credulidad ingenua del pueblo, lograron rodearse de adeptos dispuestos a sacrificar su vida por la consecución de una finalidad aparentemente provechosa; siempre hemos sostenido desde la tribuna, el folleto y el periódico, que sólo el esfuerzo colectivo de los trabajadores, desplegado en el seno de los sindicatos de oficio, podría acercarnos paulatina, pero seguramente, hacia la manumisión deseada; siempre combatimos los prejuicios que viven en el fondo de toda acción revolucionaria, que no se concreta a transformar una sociedad dominada por los que todo lo consumen y nada producen, poniendo en manos de la clase trabajadora cuanto por ley natural le corresponde; pero ante la situación tremenda de aniquilamiento de vidas por efecto de las armas y del hambre, que pesa directamente sobre la gleba explotada de los campos, las fábricas y los talleres, es necesario enfrentarnos con la resolución del convencido y de una vez por todas contra el único enemigo común: la burguesía, que tiene por aliados inmediatos el militarismo profesional y el Clero.

Basta de exhortaciones ineficaces que nos mantienen en la línea de los neutrales; basta de ansias comprimidas, de manifestaciones inútiles, que sólo debemos dejar para los débiles y conservadores de un estado de cosas desesperante e inicuo; basta, en una palabra, de formularios y doctrinas, que no contribuyen en el actual momento sino a ayudar a los reaccionarios en su obra de obstaculizar la corriente del progreso, que debemos ser los primeros en encauzar y prestarle impetuosidades arrolladoras. Se nos presenta la oportunidad de arrojar el guante a nuestros verdugos infames, colaborando de hecho y de palabra al lado de la Revolución, que no ha transigido con sus maquinaciones y ha sabido castigarlos, reivindicando así los vulnerados derechos de la multitud eternamente sacrificada.

La Casa del Obrero Mundial no llama a los trabajadores a formar grupos de inconscientes para militarizarlos y servir de mesnada que vaya ciegamente a una lucha que no busque más beneficios que el encumbramiento de unos cuantos audaces que los arrojen al matadero para saciar sus desmedidas ambiciones; no quiere incondicionales abyectos, que sólo sigan el mandato del jefe que los fanatiza con sugestiones de valor mal entendido; no: reclama la cooperación de todos sus hermanos para salvar los intereses de la comunidad obrera, segura de que sabrá estar en todo tiempo al nivel de su misión redentora, toda vez que su participación revolucionaria ha sido garantizada por un convenio especial entablado entre la delegación del comité revolucionario nombrado al efecto y el primer jefe del constitucionalismo, ciudadano Venustiano Carranza.

En el documento transcripto a continuación está delineada la forma en que iremos a engrosar la revolución; estaremos siempre juntos, ya con armas o sin ellas; iremos a las poblaciones a levantar el ánimo de los trabajadores para que secunden nuestra decisión, haciéndoles comprender que con el constitucionalismo está el porvenir de las agrupaciones obreras y del pueblo en general; organizaremos comités revolucionarios locales y uno central cerca del Gobierno constitucionalista; cumpliremos con el programa social de la Revolución en cuanto se refiere al proletariado de los campos y de las ciudades, y reanudaremos nuestras labores de asociación gremial tan luego como lo permitan las circunstancias en toda la región mexicana.

PACTO CELEBRADO ENTRE LA REVOLUCIÓN CONSTITUCIONALISTA Y LA CASA DEL OBRERO MUNDIAL

En atención a que los obreros de la Casa del Obrero Mundial se adhieren al Gobierno constitucionalista, encabezado por el ciudadano Venustiano Carranza, se ha acordado hacer constar las cláusulas que normarán las relaciones de dicho Gobierno con los obreros y las de éstos con aquél, para determinar la forma en que los obreros han de prestar su colaboración a la causa constitucionalista, los ciudadanos Rafael Quintero, Carlos M. Rincón, Rosendo Salazar, Juan Tudó, Salvador Gonzalo García, Rodolfo Aguirre, Roberto Valdés y Celestino Gasca, nombrados en comisión ante el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado del Poder Ejecutivo, por el comité revolucionario de la ciudad de México, el cual, a su vez, representa a la Casa del Obrero Mundial, y por el licenciado Rafael Zubaran, secretario de Gobernación, en representación del citado primer jefe.

1.a El Gobierno constitucionalista reitera su resolución, expresada por decreto de 12 de diciembre del año próximo pasado, de mejorar, por medio de leyes apropiadas, la condición de los trabajadores, expidiendo durante la lucha todas las leyes que sean necesarias para cumplir aquella resolución.

2.a Los obreros de la Casa del Obrero Mundial, con el fin de acelerar el triunfo de la Revolución constitucionalista e intensificar sus ideales en lo que afecta a las reformas sociales, evitando en lo posible el derramamiento innecesario de sangre, hacen constar la resolución que han tomado de colaborar, de una manera efectiva y práctica, por el triunfo de la Revolución tomando las armas ya para guarnecer las poblaciones que están en poder del Gobierno constitucionalista, ya para combatir a la reacción.

3.a Para llevar a cabo las disposiciones contenidas en las dos cláusulas anteriores, el Gobierno constitucionalista atenderá, con la solicitud que hasta hoy ha empleado, las justas reclamaciones de los obreros en los conflictos que puedan suscitarse entre ellos y los patrones, como consecuencia del contrato de trabajo.

4.a En las poblaciones ocupadas por el Ejército Constitucionalista y a fin de que éste quede expedito para atender las necesidades de la campaña, los obreros se organizarán de acuerdo con el comandante militar de cada plaza, para el resguardo de la misma y la conservación del orden.

En caso de desocupación de poblaciones, el Gobierno constitucionalista, por medio del comandante militar respectivo, avisará a los obreros su resolución, proporcionándoles toda clase de facilidades para que se reconcentren en los lugares ocupados por las fuerzas constitucionalistas.

El Gobierno constitucionalista, en los casos de reconcentración, auxiliará a los obreros, ya sea como remuneración de los trabajos que ejecuten, ya a título de ayuda solidaria, mientras no se les proporcione trabajo, con objeto de que puedan atender las principales necesidades de subsistencia.

5.a Los obreros de la Casa del Obrero Mundial formarán listas en cada una de las poblaciones en que se encuentren organizados, y desde luego en la ciudad de México, incluyendo en ellas los nombres de todos los compañeros que protesten cumplir con lo que dispone la cláusula segunda. Las listas serán enviadas, inmediatamente que estén concluidas, a la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista, a fin de que ésta tenga conocimiento del número de obreros que estén dispuestos a tomar las armas.

6.a Los obreros de la Casa del Obrero Mundial harán una propaganda activa para ganar la simpatía de todos los obreros de la República y del obrero mundial hacia la Revolución constitucionalista, demostrando a todos los trabajadores mexicanos las ventajas de unirse a la Revolución, ya que ésta hará efectivo, para las clases trabajadoras, el mejoramiento que persiguen por medio de sus agrupaciones.

7.a Los obreros establecerán centros y comités revolucionarios en todos los lugares que juzguen conveniente hacerlo. Los comités, además de la labor de propaganda, velarán por la organización de las agrupaciones obreras y por su colaboración en favor de la causa constitucionalista.

8.a Los obreros que tomen las armas en el Ejército Constitucionalista y las obreras que presten servicios de atención o curación de heridos, u otros semejantes, llevarán una sola denominación, ya sea que estén organizados en compañías, batallones, regimientos, brigadas o divisiones. Todos tendrán la denominación de «rojos».

Constitución y Reformas. Salud y revolución social. H. Veracruz, 17 de febrero de 1915. Firmados: Rafael Zubaran Capmany. Rafael Quintero. Carlos M. Rincón. Rosendo Solazar. Juan Tudó. Salvador Gonzalo García. Rodolfo Aguirre. Roberto Valdés. Celestino Gasea. Rúbricas.

Con lo expuesto nos parece suficiente para sintetizar nuestros propósitos y demostrar la conveniencia de apoyar la actitud de la Casa del Obrero Mundial, institución que siempre ha contado con la confianza y la adhesión moral de solidaridad de los obreros levantados y conscientes. Ya nos haremos escuchar desde la tribuna en México y otras partes, con objeto de robustecer sólidamente la justificación de la determinación tomada, que creemos, con la firmeza de nuestra honradez, fundamentada en razones de una fuerza social inalienable.

A quien dude o vacile respecto del buen resultado de la nueva obra emprendida por la Casa del Obrero Mundial, le recordaremos tan sólo que, estando juntos, nadie podrá, como no seamos rebaño de pusilánimes, traicionar la esencia de los principios que hasta ayer sostuvimos con la palabra verbal y escrita, y que de hoy en adelante sostendremos, además, con la acción en la brega libertaria.

Salud y revolución social. México, 20 de febrero de 1915. El comité revolucionario: secretario general, Rafael Quintero. Secretarios auxiliares: Carlos Rincón, Leobardo Castro. Tesorero: Jesús Torres Polo. Tesorero auxiliar: Casimiro del Valle. Vocales: J. Barragán Hernández. Rosendo Salazar. Celestino Gasea. Jacinto Huitrón. Vicente Mendieta. Juan Tudó. Roberto Valdés. Salvador Gonzalo García. Rodolfo Aguirre. Manuel Herrera Ortiz. Crescendo Magaña. Manuel Farfán. Salvador Álvarez. Adolfo Salgado. Ernesto Méndez. Rúbricas.

CAPÍTULO IV

Obregón derrota a Villa en cuatro grandes batallas en el centro del país. Se eclipsa la estrella de Francisco Villa. Una partida de villistas asesina a varios norteamericanos cerca de Santa Isabel. Villa ataca la población norteamericana de Columbus, creando grave conflicto internacional. La batalla de El Carrizal entre mexicanos y yanquis. La Ley Agraria de Villa. La Doctrina Carranza. El Primer Congreso Feminista Mexicano. Un Congreso Obrero de tendencias socialistas celebrado en Veracruz en marzo de 1916. El último acto de la convención revolucionaria: un interesante programa de reformas sociales. La baja constante del papel moneda hace cada vez más difícil la vida del proletario. Una huelga suprimida con mano de hierro por el señor Carranza.

A FINES de marzo al frente de poderoso ejército llegó el general Álvaro Obregón a la ciudad de Querétaro, sin importarle dejar enemigos a retaguardia. El 4 de abril —no se olvide que tratamos del año de 1915— ocupó la población de Celaya, donde todo hacía suponer que sería atacado por la División del Norte al mando del general Villa. Efectivamente Villa avanzaba de norte a sur con muchos de sus mejores elementos y el propósito de atacar a los constitucionalistas. El general Felipe Ángeles, según lo refiere el ingeniero Federico Cervantes en su libro Felipe Ángeles y la Revolución de 1913, sugirió al jefe de la División del Norte que no combatiera en el centro del país porque podría ser derrotado; que lo sensato era replegarse al norte; reunir el mayor número posible de elementos de toda índole y allí esperar a Obregón. Pero el impetuoso «Napoleón Mexicano», como solía llamarlo la prensa de Estados Unidos, no hizo caso de tales consejos y se lanzó a la batalla confiado en la agresividad hasta entonces irresistible de su soldados aguerridos.

No vamos a referir pormenores de las cuatro grandes batallas que entre Celaya y Aguascalientes libraron los ejércitos enemigos: villistas y constitucionalistas. Se dice que combatieron en ocasiones cuarenta mil hombres de cada lado, hecho sin precedente en la historia de México. La primera batalla tuvo lugar en Celaya los días 6 y 7 de abril; la segunda, el 13, 14 y 15 del propio mes en la misma población; la tercera del 1.º al 5 de junio entre Silao y León, en la que una metralla le hizo pedazos el brazo derecho al general Obregón; y la cuarta en las proximidades de la capital del Estado de Aguascalientes, del 6 al 10 de julio. En estas cuatro batallas fueron vencidos los villistas con enormes pérdidas de vidas y elementos de guerra; quebrantándose seriamente su poder militar. Puede decirse que a partir de la derrota de Aguascalientes se eclipsó la buena estrella de Francisco Villa definitivamente.

Hagamos referencia de paso, como dato curioso, que por aquellos días Villa llamaba despectivamente a Obregón «el perfumado», y Obregón llamaba a Villa reaccionario, traidor, bandido y con otros adjetivos deprimentes.

En El Ébano, llave de la zona petrolera y del puerto de Tampico en poder de los constitucionalistas, se combatió sin cesar o casi sin cesar del 21 de marzo al 31 de mayo de 1915. Las fuerzas defensoras estuvieron al mando del general Jacinto B. Treviño y las atacantes las comandó el famoso general villista Tomás Urbina. Los esfuerzos para apoderarse de aquel punto estratégico fracasaron, no obstante el valor suicida de los urbinistas. La defensa de El Ébano tiene, como otros episodios de aquella etapa de la guerra civil, un cierto matiz —perdón por la paradoja— de inútil epopeya.

La lucha entre villistas y constitucionalistas continuó casi todo el año de 1915. Poco a poco los constitucionalistas se fueron adueñando de todo el centro y el norte del país, infligiendo tremendas derrotas a las cada vez más desmoralizadas tropas enemigas. Francisco Villa penetró en el mes de noviembre al Estado de Sonora, decidido a jugar su última carta. Fue vencido en Agua Prieta, en Hermosillo y en otros lugares de aquel Estado. Tuvo que volver a Chihuahua, ya no como general en jefe de un poderoso ejército, sino encabezando un pequeño grupo de no más de mil hombres. Y todavía durante un lustro no dejó de ser problema, a veces grave, tanto para el Gobierno como para la nación.

Retrocedamos varios meses. Al dejar la capital de la República el general Obregón con fecha 10 de marzo, según ya se refirió al final del capítulo anterior, la ocuparon los convencionistas, o más bien el resto de los convencionistas, apoyados principalmente por las fuerzas del general Zapata. Recordemos que a raíz de la escapada de México del general Eulalio Gutiérrez la convención designó Presidente de la República al general villista Roque González Garza. Este militar permaneció en ese puesto hasta el 10 de junio en que fue sustituido por el licenciado Francisco Lagos Cházaro. La convención instalada en la ciudad de México, en su mayor parte integrada por zapatistas, llevó a cabo interesantes deliberaciones relativas a las reformas económicas, sociales y políticas que exigían con apremio las grandes masas de la población. Por supuesto que todo quedó en deliberaciones y acuerdos, entre otras razones porque era cada vez más pequeño el territorio dominado por el Gobierno emanado de la tantas veces mencionada convención.

El 14 de junio el Gobierno convencionista sale de la ciudad de México para instalarse en Toluca. No permaneció mucho tiempo en dicha población ante la proximidad de los constitucionalistas. Los convencionistas se dividieron una vez más; unos la emprendieron rumbo al norte habiendo sido completamente aniquilados por fuerzas enemigas; otros buscaron la sombra protectora del general Zapata, reuniéndose y celebrando sesiones cuando podían estar seguros por cierto tiempo en alguna población.

El Gobierno de Wilson reconoció al constitucionalismo como Gobierno de facto el 19 de octubre de 1915. Se tienen noticias que al enterarse de tal hecho el general Villa, montó en cólera y que nació en su ánimo un odio feroz contra los norteamericanos, que tantas veces lo habían colmado de elogios, despertando sus ambiciones de caudillo intrépido y sagaz. Los efectos de ese odio feroz y agreguemos casi irracional, muy pronto se transformaron en hechos punibles que crearon gravísimos problemas a la nación.

El primer hecho tuvo lugar el 10 de enero de 1916. Dos jefes villistas, Rafael Castro y Pablo López, al mando de un grupo de antiguos soldados de la famosa División del Norte, detuvieron al tren de Ciudad Juárez a Chihuahua, cerca de un punto denominado Santa Isabel; hicieron bajar a los extranjeros que eran 18, contándose entre ellos 15 norteamericanos; todos trabajaban en una compañía minera. Los formaron frente al pasaje atónito y sin más ni más fueron fusilados. Sólo uno de ellos aprovechando la confusión del momento pudo escapar. El salvaje atentado levantó inevitablemente olas de indignación lo mismo en los Estados Unidos que en México y en otras naciones. Aquellos 17 hombres no habían cometido delito alguno, ni habían tenido que ver nada en la lucha entre villistas y carrancistas; fueron víctimas inocentes del encono y de la maldad.

Días después se recibió en la Secretaría de Relaciones del Gobierno constitucionalista, la nota del Gobierno de Washington protestando por el crimen y reclamando cuantiosa indemnización para cada una de las familias de los mineros sacrificados. Esta reclamación, conocida como el caso de Santa Isabel, fue motivo de larga controversia diplomática que a la postre ganó nuestro país.

El segundo hecho, incuestionablemente de mucha mayor gravedad, fue el asalto al pueblo norteamericano de Columbus el 9 de marzo por una partida de forajidos al mando de Francisco Villa. A las 4 de la mañana se presentaron por sorpresa en la población, matando a tres soldados, hiriendo a siete y además a cinco vecinos. Varios establecimientos comerciales fueron saqueados e incendiados. Dos horas después de consumada la fechoría, los bandidos se internaron en territorio mexicano.

Al ocuparse el licenciado Isidro Fabela de tan gravísimo suceso, escribe en su libro Historia diplomática de la Revolución Mexicana los párrafos que copiamos a continuación:

«Lógicamente podrá tenerse por cierto que el infame delito de Santa Isabel obedeció a una orden del general Villa, aunque él personalmente no haya concurrido al lugar del crimen colectivo, puesto que poco después Pablo López ya estaba a su lado para perpetrar juntos la incursión en territorio americano, asaltando el poblado de Columbus. Y es que Francisco Villa se propuso castigar, en las formas que pudiera, a quienes fueran hasta hacía poco sus amigos los norteamericanos, y que de la noche a la mañana lo desconocieron y según él lo traicionaron en forma tal que ameritaban el castigo de sus venganzas que serían terribles.

»Por eso no se conformó con que fueran sacrificados crudelísimamente los 18 inmolados de Santa Isabel. Quería más sangre. Su odio hacia los Estados Unidos tomaba las características de una fobia truculenta que lo arrastró al peor de los delitos, al de lesa patria. Porque así fue. Al invadir en son de guerra los Estados Unidos para incendiar y saquear propiedades y matar norteamericanos en Columbus no hizo sino ponernos al borde de la guerra con los Estados Unidos. Pero eso no le causaba ningún remordimiento, puesto que tal era su deseo.

»Su espíritu vengativo llegó al más enconado rencor hasta el grado de provocar una conflagración internacional que podría costarnos la pérdida de nuestra nacionalidad, o el hecho de colocamos, quizá para siempre, en la categoría de un Estado sometido a la férula de la gran potencia nórdica».

Hábilmente el señor Carranza, dándose cabal cuenta del peligro de intervención norteamericana que nos amenazaba, propuso a Washington la celebración de un convenio con apoyo en antecedentes de fines del siglo XIX consistente en la reglamentación del paso de soldados mexicanos o norteamericanos de una u otra nación en persecución de gavillas de asaltantes. Pero el Gobierno del país vecino, sin esperar el proyecto del convenio propuesto, ordenó que el general John J. Pershing cruzara la frontera al mando de poderosa columna y se internara en el Estado de Chihuahua en persecución de Francisco Villa. A esta tercera invasión de México por ejércitos estadounidenses se le llamó la expedición punitiva.

México protestó con toda energía. Los Estados Unidos contestaron que la punitiva no era contra México, contra el pueblo de México, sino tan sólo para castigar a los forajidos de Pancho Villa, y a éste en particular si se lograba su aprehensión. Hubo dos escaramuzas de los soldados norteamericanos con partidas villistas; hubo un serio incidente en la población de Parral entre soldados yanquis y el pueblo con saldo de muertos y heridos de ambas partes; hubo un nuevo asalto por bandidos mexicanos a la población de Glenn Springs; y hubo, en fin el 21 de junio, un combate entre fuerzas norteamericanas y constitucionalistas en un lugar denominado «El Carrizal». El general Félix Gómez, obedeciendo instrucciones superiores se opuso a que avanzara más al sur una columna al mando del capitán Charles J. Boyd. Éste, altanero y decidido ordenó el avance de su tropa. Se entabló duro combate entre mexicanos y norteamericanos. El general Gómez fue muerto al comenzar la lucha, sustituyéndolo en el mando el teniente coronel Genovevo Rivas Guillén. Los yanquis fueron completamente derrotados. El capitán Boyd y otros oficiales murieron en la refriega. Una vez más apareció el peligro de guerra internacional; una vez más la habilidad de Carranza alejó el peligro al ordenar se pusieran inmediatamente en libertad a los prisioneros americanos hechos en la batalla y se les condujera en un tren especial a El Paso, Tex., acompañando a los cadáveres de sus compañeros; y expresando al mismo tiempo al Departamento de Estado, con notoria oportunidad, cuánto lamentaba lo sucedido.

El Gobierno de México no cesó de pedir la retirada de la punitiva al Gobierno de Washington. El presidente Wilson y el secretario Lansing hablaban constantemente de sus sentimientos amistosos para el Gobierno constitucionalista y el pueblo mexicano. Sin embargo, los actos del Gobierno norteamericano resultaron con frecuencia contrarios a las palabras de amistad de su Presidente y de su secretario de Estado. La cancillería mexicana por instrucciones del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión dirigió, con fecha 22 de mayo de 1916, una larga nota al Gobierno de la nación vecina, poniendo los puntos sobre las íes; nota en la cual apartándose de eufemismos diplomáticos se formuló tremenda requisitoria contra el juego doble del poderoso imperio, especialmente en su política con respecto a México. El juego doble o sea la discrepancia entre las palabras y los hechos ha sido norma de la política internacional de la Casa Blanca. Esto lo saben bien quienes bien conocen la historia de las relaciones entre Estados Unidos y las naciones latinoamericanas.

Continuaron cambiando notas los dos gobiernos. Se celebraron conferencias entre delegados mexicanos y norteamericanos, primero en New London, desde comienzos de agosto y después en Atlantic City. Asunto fundamental: la salida de la punitiva de territorio mexicano. El 24 de noviembre se firmó el convenio que libraba a nuestro país de la invasión extranjera. Pero no fue sino hasta los días 5 y 6 de febrero de 1917 cuando las fuerzas de Pershing evacuaron nuestro territorio. El flamante general estadounidense que no pudo con Pancho Villa, puesto que no cumplió su promesa de aprehenderlo y castigarlo, participó después en la primera Guerra Mundial, al frente de los boys norteamericanos, volviendo de Europa al fin de la contienda con prestigio de héroe y de gran estratega.

México respiró cuando salieron los últimos soldados yanquis, pues durante largos meses vivió bajo la amenaza de guerra con los Estados Unidos.

Ahora, otra vez retrocediendo un poco, es necesario que nos ocupemos de cuestiones ajenas a la guerra y a la diplomacia, para tratar de asuntos de carácter social, que conforme a nuestro parecer constituyen el aspecto más trascendental de la Revolución mexicana.

El general Álvaro Obregón, dos días después de la primera batalla de Celaya contra la División del Norte, es decir, el 9 de abril de 1915, expidió un decreto fijando un salario mínimo en los Estados de Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato, para todos los trabajadores del campo y las ciudades, incluyendo a los de carácter doméstico. En el mismo decreto, ratificado semanas más tarde por el señor Carranza, se establece que su vigencia se iría extendiendo a medida que fueran siendo dominadas otras entidades de la República por los constitucionalistas.

Por su parte el general Francisco Villa, de quien hemos dicho que llevado por su ardor militar no se había preocupado por precisar por medio de decretos sus ideas sociales, se resolvió al fin a expedir una ley agraria para no quedarse atrás del Plan de Ayala ni tampoco de la Ley de 6 de enero de 1915. La ley villista apareció publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno convencionista provisional, en Chihuahua el 7 de junio de 1915, firmada por Villa en la ciudad de León el 24 de mayo anterior. En consecuencia la publicación se hizo cuando la División del Norte había sufrido tremendas derrotas, que prácticamente la liquidaron como fuerza militar y política de significación nacional. Lógicamente la ley tardía del guerrillero norteño no tuvo ninguna aplicación. El autor de la ley fue muy probablemente el licenciado don Francisco Escudero. Hagamos a continuación un breve resumen de tal ordenamiento:

I. Se deja a los Estados, fundamentalmente, la resolución del problema agrario, incluyendo el financiamiento.

II. Se declara de utilidad pública el fraccionamiento de las grandes propiedades territoriales, mediante indemnización.

III. El término «mediante indemnización» no se compagina del todo con el contenido del artículo 11, en el cual se dice que no podrán ocuparse los terrenos sin que antes hayan sido pagados.

IV. Se ordena que la extensión de las parcelas no deba pasar de veinticinco hectáreas y que deberán ser pagadas por los adquirentes.

V. En el artículo 4 se determina que también se expropiarán por razones de utilidad pública los terrenos circundantes de los pueblos indígenas, con el fin de distribuirlos en pequeños lotes.

VI. Al Gobierno Federal se le señalan funciones secundarias.

VII. La idea fundamental de la ley es la de crear una clase rural relativamente acomodada.

Se nos ocurre pensar que si Villa hubiera triunfado y no hubiera tenido ningún efecto el decreto de 6 de enero, tal vez hubiera quedado vigente la ley del villismo; pues bien, suponiendo que así hubiese sido, estamos persuadidos de que todavía existirían numerosos grandes latifundios —más de los que existen en la actualidad—, porque los Estados nunca hubieran dispuesto de los recursos necesarios, y aun admitiendo sin conceder, que hubieran dispuesto de tales recursos, los tres millones de campesinos sin tierras hubieran estado imposibilitados para adquirir los terrenos. En resumen, no sería posible hablar, como hoy podemos hacerlo, con sus defectos y limitaciones, de la Reforma Agraria Mexicana.

Como ya se apuntó anteriormente, a fines del año de 1915 la facción carrancista había triunfado y sus generales eran dueños por lo menos de cuatro quintas partes del territorio de la nación. Don Venustiano abandonó su cuartel general establecido en el puerto de Veracruz para hacer un recorrido por varios Estados de la República. El 2 de noviembre en Matamoros y el 26 de diciembre en la ciudad de San Luis Potosí, pronunció los dos discursos de mayor significación desde el punto de vista ideológico durante el periodo preconstitucional. En ellos se halla contenida lo que se ha dado en denominar la Doctrina Carranza, según el parecer de varios autores, entre ellos el licenciado Isidro Fabela y el general Juan Barragán.

En el discurso de Matamoros el señor Carranza comenzó por hacer una recordación histórica de México, con especial mención al porfirismo, el cual según el orador, fue un Gobierno que dio la apariencia de progreso, sin que la nación hubiera en realidad progresado durante varios lustros. Después el caudillo constitucionalista afirmó que la Revolución no era tan sólo el «sufragio efectivo» y la «no reelección», es decir, que no perseguía fines exclusivamente políticos sino de mucho mayor alcance. Tampoco, agregó don Venustiano, el movimiento revolucionario va a limitarse a repartir tierras y a establecer numerosas escuelas; el movimiento revolucionario aspira a que México sea el alma de las demás naciones que padecen los mismos males que los mexicanos padecimos en el pasado; y de seguro arrastrado por sus propias palabras y su propio entusiasmo, se siente con ímpetus de profeta y anuncia que las naciones latinoamericanas tendrán que seguir en el futuro el camino trazado por México con su Revolución. En un momento de su disertación se muestra internacionalista, al opinar que «reinará sobre la tierra la verdadera justicia cuando cada ciudadano, en cualquier punto que pise del planeta, se encuentre bajo su propia nacionalidad». Estas palabras recuerdan las del griego Eurípides, cuando escribió que «como todo el aire se halla abierto para el vuelo del ave, toda la tierra es patria para el hombre de bien». De trecho en trecho en la historia del mundo, aquí, allá y acullá, se encuentran hombres generosos que han soñado en una sola patria para todos los seres humanos.

Por otro lado, es muy probable que al llegar el señor Carranza a la población de Matamoros haya escuchado buen número de quejas por el constante descenso en el poder de compra del papel moneda, que comenzó a emitirse en Piedras Negras desde el comienzo del movimiento constitucionalista. De manera obvia, a medida que aumentaba la circulación del papel constitucionalista se reducía su equivalencia frente al dólar. El señor Carranza se vio obligado en su discurso a dar una somera explicación de las causas que le obligaron a fabricar papel moneda sin ninguna garantía. El asunto tiene interés, por lo cual vale la pena transcribir a continuación el párrafo relativo:

«El desequilibrio económico que ha resultado en una lucha de dos años y medio de guerra es lo que más nos afecta, y estamos viviendo ficticiamente. Después de haber creado una moneda para poder sostener el ejército, hay algunos a quienes llama la atención el hecho de que el valor de nuestros pesos fluctúe diariamente; pero ¿creamos nosotros esa moneda para ir a cambiarla por oro en alguna parte de la tierra? Nosotros la creamos por una necesidad, porque era el medio más equitativo para que la carga de la Revolución pesara sobre todos los ciudadanos. Cuando empezó la lucha, que era necesario dar haberes a los soldados, sin tener más recursos que los que quitábamos a los pueblos, se me propuso, entre otras, la idea de emitir bonos, según el sistema empleado en épocas pasadas para sacrificar a la nación. Yo no acepté ninguno de los medios propuestos y resolví lanzar papel moneda, para que fuera equitativo el gasto que la guerra traería consigo, para que sirviera como medio de cambio y para sufragar también todos los demás gastos en los ramos de la administración que se iba creando. Si hubiéramos recurrido a los préstamos forzosos, habrían sido unos cuantos los que hubieran soportado ese peso, y cualesquiera que sean los errores o las ideas políticas de nuestros enemigos, nadie tiene derecho para cometer una injusticia. El peso de la guerra lo soportamos todos nosotros. Los culpables de las desgracias de nuestro pueblo serán castigados por la ley; sus propiedades serán confiscadas si la responsabilidad de ellos así lo requiere, pero de ningún modo debemos cometer una injusticia contra nuestros mismos hermanos».

Y el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista pide buen ánimo y cooperación de todos los ciudadanos, para resolver a la postre el arduo y difícil problema.

En el discurso de San Luis Potosí el señor Carranza repite algunas de las ideas expresadas en Matamoros, pero es en ciertos momentos más enfático, más categórico, como cuando dice que la Revolución Mexicana servirá de ejemplo a todas las naciones de la tierra. El discurso lo inició con estas palabras: «Nosotros representamos la legalidad durante la lucha armada, y actualmente somos los revolucionarios, no sólo de la nación mexicana, sino los revolucionarios de la América Latina, los revolucionarios del Universo». Lo anterior parece excesivo aun cuando explicable por la euforia derivada del triunfo sobre Francisco Villa, de la seguridad de que ya dominaban sus tropas en toda o en casi toda la nación. En nuestra opinión lo más característico de las ideas del señor Carranza en aquella ocasión, se encuentra en el párrafo que aquí copiamos:

«Hasta ahora han venido sucediéndose las luchas en todo el mundo, sin comprender por qué se desgarran las naciones, a cada paso. Pues bien, son los grandes intereses militares los que llevan a las naciones a la guerra, y mientras esos intereses existan, esas guerras serán un amago para la humanidad. Por eso afirmo que las leyes deben ser universales, y que lo que aquí conquistamos como una verdad, todo aquello que la ley humana signifique bienestar lo mismo en México que en África, la lucha eterna de la humanidad ha sido por el mejoramiento, ha sido por el bienestar, ha sido por el engrandecimiento de los pueblos, y esos grandes sacudimientos no han llevado otro objeto que el bienestar de las colectividades. Por esos principios se ha destrozado la humanidad, y para que cese la guerra, es preciso que reine en la tierra la justicia; es doloroso que los principios que se vayan conquistando sólo sean para una sola nación; por eso veis que la Revolución no es sólo la lucha armada ni son los campos ensangrentados, que ya se secan; es algo más grande, es el progreso de la humanidad que se impone, y que a nosotros, por desgracia, por fatalidad, o por ventura, nos ha tocado ser los iniciadores en esta gran lucha. Estas ideas que ahora he expresado y que hace poco fueron indicadas por mí, han tenido eco en un distinguido ciudadano que pensó ya también en la unión de las naciones latinoamericanas, y en los principios que acabo de enunciar, de justicia, de paz, de libertad para todos los pueblos de América. Debemos de unirnos como lo hemos estado durante la lucha, para que en la época de paz y de reconstrucción, después de esta guerra que ha ido realizando una transformación general en todos los sistemas, podamos llegar a la meta de nuestras aspiraciones, logrando el engrandecimiento de toda la América Española. Digo, sobre todo, de la América Española, porque a ésta la forman naciones que por su poca significación no han ocupado todavía el lugar distinguido que les corresponde en el progreso de la humanidad. Estamos viendo ahora cómo se hacen pedazos las naciones europeas para decidir su suerte en una guerra; pero los que sostienen esa contienda, que no es de defensa nacional, sino una guerra de intereses, no sienten ni piensan en todas las desgracias que pesan sobre sus actos, piensan únicamente en los grandes intereses privados, y no en los de todos, en las desgracias de los que caen como víctimas durante la lucha. Parecerá increíble que, después de una guerra en la que hemos derramado tanta sangre, y en la que hemos luchado por tanto tiempo, el Primer Jefe se exprese en estos términos; pero es que nuestra lucha ha sido de carácter distinto que aquéllas, pues la voluntad del pueblo siempre deberá imponerse sobre cualquiera ley, sobre cualquiera institución que estorbe su mejoramiento y su progreso, sobre cualquier Gobierno que impida al hombre ser ciudadano y disfrutar de todos los bienes que la naturaleza le ha concedido. El hecho de que haya habido malos elementos entre nosotros es lo que nos llevó a la contienda, porque a los hombres honrados obligan los malvados a levantar la mano para corregirlos como merecen. Ahora será el Gobierno de los hombres de sanas intenciones el que encauce el actual estado de cosas, que ha sido el resultado de una prolongada campaña para que el país vuelva a levantarse, y llegar hasta el lugar que debe ocupar en el continente americano».

No cabe duda que son por demás interesantes las ideas expresadas por don Venustiano Carranza en los discursos de Matamoros y San Luis Potosí y que destacan la personalidad de su autor; pero decir que esas ideas sueltas, incuestionablemente brillantes, forman una doctrina, nos parece notoria exageración, hija del afecto y del cariño que aquel gran hombre supo despertar en sus amigos y colaboradores más cercanos.

Ahora conviene recordar el Primer Congreso Feminista celebrado en la República, que tuvo lugar en Mérida, Yucatán, en el mes de enero de 1916, como resultado de la Convocatoria que al efecto expidió el general Salvador Alvarado, gobernador y comandante militar de aquel Estado. Del informe que las congresistas dirigieron al gobernador, al llegar a su término el congreso, se toman las conclusiones que a nuestro parecer son las más significativas, porque ponen de relieve las ideas que predominaban en las mujeres más progresistas en aquel momento histórico de fervor revolucionario.

»I. En todos los centros de cultura de carácter obligatorio o espontáneo, se hará conocer a la mujer la potencia y la variedad de sus facultades y la aplicación de las mismas a ocupaciones hasta ahora desempeñadas por el hombre.

»II. Gestionar ante el Gobierno la modificación de la Legislación Civil vigente, otorgando a la mujer más libertad y más derechos para que pueda con esta libertad escalar la cumbre de nuevas aspiraciones.

»III. Ya es un hecho la efectividad de la enseñanza laica.

»IV. Evitar en los templos la enseñanza de las religiones a los menores de diez y ocho años, pues la niñez todo lo acepta sin examen por falta de raciocinio y de criterio propio.

»V. Inculcar a la mujer elevados principios de moral, de humanidad y de solidaridad.

»VI. Hacerle comprender la responsabilidad de sus actos. “El bien por el bien mismo”.

»VII. Fomentar los espectáculos de tendencias socialistas y que impulsen a la mujer hacia los ideales de libre pensamiento.

»VIII. Instituir conferencias periódicas en las escuelas, cuya finalidad sea ahuyentar de los cerebros infantiles el negro temor de un Dios vengativo e iracundo que da penas eternas semejantes a las de Talión: “Diente por diente, ojo por ojo”.

»IX. Que la mujer tenga una profesión, un oficio que le permita ganarse el sustento en caso necesario.

»X. Que se eduque a la mujer intelectualmente para que puedan el hombre y la mujer completarse en cualquiera dificultad y el hombre encuentre siempre en la mujer un ser igual a él.

»XI. Que la joven al casarse sepa a lo que va y cuáles son sus deberes y obligaciones; que no tenga jamás otro confesor que su conciencia.

»XII. Establézcanse conferencias públicas a las que asistan principalmente profesores y padres de familia a compenetrarse de los nobilísimos fines que persigue la educación racional con su base de libertad completa, la que lejos de conducir al libertinaje, orienta a las generaciones hacia una sociedad en que predomine la armonía y la conciencia de los deberes y derechos.

»XIII. La supresión de las escuelas actuales, con sus textos, resúmenes y lecciones orales, para sustituirlas con institutos de educación racional, en que despliegue acción libre y beneficiosa.

»XIV. Creación del mayor número posible de escuelas-granjas mixtas.

»XV. Fomentar por medio de conferencias y artículos de periódicos, la afición al estudio de la medicina y farmacia en el bello sexo.

»XVI. Deben abrirse a la mujer las puertas de todos los campos de acción en que el hombre libra a diario la lucha por la vida.

»XVII. Puede la mujer del porvenir desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, es tan capaz como éste de ser elemento dirigente de la sociedad».

El informe rendido al general Salvador Alvarado, lo firmaron con el carácter de presidenta del Congreso la señora Adolfina Valencia de A. y la secretaria del mismo, señorita Consuelo Ruz Morales. Las conclusiones a que llegaron las mujeres yucatecas muestran el espíritu progresista que predominaba en los sectores revolucionarios de aquella entidad. Yucatán fue sin disputa el Estado de la República más avanzado en materia social durante los gobiernos de Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto. En ninguna otra parte del país se llegó tan cerca de la implantación de un régimen socialista. En más de una ocasión el Gobierno Federal tuvo que intervenir para contener el radicalismo de las autoridades yucatecas, que tuvieron que luchar en contra de una especie de feudalismo oscuro, agresivo y soberbio.

No en todos los Estados de la República se imitó a los gobernantes de Yucatán durante el periodo preconstitucional, ni tampoco en los años inmediatos posteriores. Desgraciadamente no pocos revolucionarios, al convertirse después de la victoria en altos funcionarios civiles o militares, olvidaron bien pronto los principios e ideales por los que habían combatido y se fueron sumando a la burguesía nacional. Las mujeres, el coñac y el póker fueron elementos eficaces para neutralizar las aspiraciones apostólicas de los jóvenes guerrilleros; porque es oportuno recordar que la Revolución Mexicana la hicieron personas jóvenes, con poquísimas excepciones en contrario. Estos jóvenes, después de haber arriesgado la vida en uno o varios combates, después de haber sufrido privaciones y penalidades en múltiples ocasiones, creyeron que les había llegado la hora del desquite y no pudieron resistir la tentación de disfrutar de los bienes materiales que proporciona la riqueza. Y es que a la Revolución Mexicana, como ya lo dijimos hace tres lustros en otro trabajo, le faltó una mística en el sentido de servir con pasión fervorosa o fervor apasionado a una causa noble, clara, desinteresada; le faltó en muchos casos y momentos el ímpetu creador que transforma desde sus raíces la estructura de una sociedad, de igual manera que la conciencia y visión del mundo de los individuos que la componen.

Claro que no estaba apagado el fuego revolucionario en todos los que habían participado de alguna manera en la tremenda pugna, ni muerto el anhelo de mejorar la existencia de las masas, obsesión de los mejores caudillos revolucionarios. A este propósito queremos señalar algunos sucesos que tuvieron lugar en el país en el curso del año de 1916, antes de la convocatoria al histórico congreso constituyente.

Ahora bien, la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal convocó a los trabajadores sindicalizados de todo el país a un congreso en el puerto de Veracruz, con el propósito de estudiar y discutir los problemas que a los obreros afectaban por aquellos meses y formular un programa de principios de acción. El Congreso, al que asistieron representantes de buen número de sindicatos, inició sus trabajos el 5 de marzo de 1916. El Comité Ejecutivo quedó integrado en la forma siguiente: presidente, Herón Proal; secretario del interior, J. Pascual Ríquer; secretario del exterior, Lauro Alburquerque; secretario de actas, J. Barragán Hernández, y secretario tesorero, Francisco Suárez López. Después de arduas deliberaciones se aprobaron una Declaración de Principios y un Pacto de Solidaridad quedando constituida la Confederación de Trabajadores de la Región Mexicana.

A nuestro juicio, conviene destacar los dos primeros artículos de la declaración de principios, porque se acepta el principio de la lucha de clases, la socialización de los medios de producción y como táctica de lucha la acción directa; es decir, principios, finalidades y tácticas del socialismo revolucionario internacional.

El manifiesto expresa textualmente lo que sigue:

»Primero. La Confederación del Trabajo de la Región Mexicana acepta, como principio fundamental de la organización obrera, el de la lucha de clases, y como finalidad suprema para el movimiento proletario, la socialización de los medios de producción.

»Segundo. Como procedimiento de lucha contra la clase capitalista, empleará exclusivamente la acción directa, quedando excluida del esfuerzo sindicalista toda clase de acción política, entendiéndose por ésta el hecho de adherirse oficialmente a un gobierno o a un partido o personalidad que aspire al poder gubernativo.

»Tercero. A fin de garantizar la absoluta independencia de la Confederación, cesará de pertenecer a ella todo aquel de sus miembros que acepte un cargo público de carácter administrativo.

»Cuarto. En el seno de la Confederación se admitirá a toda clase de trabajadores manuales e intelectuales, siempre que estos últimos estén identificados con los principios aceptados y sostenidos por la Confederación, sin distinción de credos, nacionalidades o sexo.

»Quinto. Los sindicatos pertenecientes a la Confederación son agrupaciones exclusivamente de resistencia.

»Sexto. La Confederación reconoce que la escuela racionalista es la única que beneficia a la clase trabajadora».

De manera obvia desde la Declaración de tales principios y del Pacto de Solidaridad de los congresistas representantes de diversos sectores del proletariado, se hizo más honda la zanja que los separaba de la facción constitucionalista, puesto que mientras el señor Carranza y sus generales, por lo menos en su mayor parte, tendían a restablecer en breve el orden constitucional y llevar al cabo reformas inspiradas en un liberalismo social, aquéllos querían transformar desde sus cimientos la estructura económica del país.

Puede decirse que desde la publicación del documento citado se hicieron incompatibles las dos tendencias y fue inevitable la lucha durante todo ese año de 1916, tocándoles la peor parte a los trabajadores y a sus dirigentes. Varias huelgas fueron suprimidas por la fuerza y sus líderes encarcelados. Desde el mes de enero habían sido licenciados los batallones rojos, de seguro por temor a la propagación de las ideas radicales de sus componentes.

No obstante lo que antes se dice, precisa reconocer que el principio de la lucha de clases y la socialización de los medios de producción, como metas supremas a conquistar, no desaparecieron del todo en los años y lustros posteriores, ni han desaparecido aún de la terminología de extrema izquierda.

La Soberana Convención de Aguascalientes, como se recordará, se trasladó a la ciudad de México; pero cuando la capital de la República fue ocupada definitivamente por fuerzas constitucionalistas, la Convención vivió durante cierto tiempo una vida trashumante, al amparo del ejército zapatista que permaneció peleando contra tirios y troyanos. En la pequeña población de Jojutla, del Estado de Morelos, dio, según nuestras noticias, las últimas señales de existencia como cuerpo coaligado. Allí los convencionistas redactaron un programa de reformas políticas y sociales. El interés del documento estriba en que refleja el pensamiento sobre problemas fundamentales de la nación, de los representantes de varios generales entre los cuales predominaban los de los jefes zapatistas. Es seguro que el programa fue aprobado por el propio general Emiliano Zapata.

Cabe advertir que algunos de tales representantes de generales no zapatistas como de Rafael Buelna y Juan Cabral, entre otros, se habían desconectado de sus representados, consecuencia del aislamiento de la Convención que tenía que andar de la ceca a la meca según las peripecias de la contienda. Hay un caso notorio: el documento está firmado por el representante del general Tomás Urbina, quien hacía varios meses había sido fusilado por su compadre y amigo el general Francisco Villa.

Sea de ello lo que fuere, el Programa de Reformas Político-Sociales está en términos generales bien redactado y bien pensado; contiene de hecho modificaciones y ampliaciones al Plan de Ayala. El contenido de varios de sus artículos formó parte de la legislación revolucionaria posterior; y es que algunos de sus redactores, entre quienes merece especial mención el licenciado Antonio Díaz Soto y Gama, talentoso hombre de letras, conocían bien los problemas de México.

El programa que nos ocupa abarca todos o casi todos los problemas nacionales: agrario, obrero, educativo, de política y de administración. Simplemente como muestra vamos a transcribir a continuación los primeros nueve artículos que se refieren predominantemente a cuestiones que podemos denominar de carácter económico-social:

«Artículo 1.º. Destruir el latifundismo, crear la pequeña propiedad y proporcionar a cada mexicano que lo solicite la extensión de terreno que sea bastante para subvenir a sus necesidades y a las de su familia, en el concepto de que se dará la preferencia a los campesinos.

»Artículo 2.º. Devolver a los pueblos los ejidos y las aguas de que han sido despojados, y dotar de ellos a las poblaciones que, necesitándolos, no los tengan o los posean en cantidad insuficiente para sus necesidades.

»Artículo 3.º. Fomentar la agricultura, fundando bancos agrícolas que provean de fondos a los agricultores en pequeño, e invirtiendo en trabajos de irrigación, plantío de bosques, vías de comunicación y en cualquiera otra clase de obras de mejoramiento agrícolas todas las sumas necesarias, a fin de que nuestro suelo produzca las riquezas de que es capaz

»Artículo 4.º. Fomentar el establecimiento de escuelas regionales de agricultura y de estaciones agrícolas de experimentación para la enseñanza y aplicación de los mejores métodos de cultivo.

»Artículo 5.º. Facultar al Gobierno Federal para expropiar bienes raíces, sobre la base del valor actualmente manifestado al Fisco por los propietarios respectivos, y una vez consumada la reforma agraria, adoptar como base para la expropiación, el valor fiscal que resulte de la última manifestación que hayan hecho los interesados. En uno y en otro caso se concederá acción popular para denunciar las propiedades mal valorizadas.

»Artículo 6.º. Precaver de la miseria y del futuro agotamiento a los trabajadores, por medio de oportunas reformas sociales y económicas, como son: una educación moralizadora, leyes sobre accidentes del trabajo y pensiones de retiro, reglamentación de las horas de labor, disposiciones que garanticen la higiene y la seguridad en los talleres, fábricas y minas, y en general por medio de una legislación que haga menos cruel la explotación del proletariado.

»Artículo 7.º. Reconocer personalidad jurídica a las uniones y sociedades de obreros, para que los empresarios, capitalistas y patrones tengan que tratar con fuertes y bien organizadas uniones de trabajadores, y no con el operario aislado e indefenso.

»Artículo 8.º. Dar garantías a los trabajadores, reconociéndoles el derecho de huelga y el de boicotage.

»Artículo 9.º. Suprimir las tiendas de raya, el sistema de vales para el pago del jornal, en todas las negociaciones de la República».

A los nueve artículos siguen veintinueve más y tres transitorios; todos ellos reflejan un pensamiento revolucionario más maduro que todos los decretos y declaraciones anteriores del zapatismo.

El documento aparece firmado en la forma y por las personas siguientes:

Jenaro Amezcua, representante del general Eufemio Zapata; Agustín Arriola Valadez, representante de la División Everardo González; Donaciano Barba, representante del general Jesús Capistrán; Vidal Bolaños Villaseñor, representante del general Maximino V. Iriarte; Enrique M. Bonilla, representante del general Rafael Buelna; Baudilio B. Caraveo, representante del general Agustín Estrada; Amador Cariño, representante de la División Amador Salazar; Luis Castell Blanch, representante del general Pedro Saavedra; José H. Castro, representante del general Magdaleno Cedillo; Zenón R. Cordero, representante del general doctor Antonio F. Cevada; Joaquín M. Cruz, representante del general Adolfo Bonilla; Antonio Díaz Soto y Gama, representante del general Emiliano Zapata; Ramón Espinosa y Leobardo Galván, representantes de la Brigada Galván; Severino Gutiérrez, representante de la División Francisco Mendoza; Juan H. Ponce, representante de la Brigada Enrique S. Villa; Cipriano Juárez, representante del general Miguel Salas; Juan Ledesma, representante de la Brigada Querétaro; Macario López y Reynaldo Lecona, representantes del general Miguel Morales; Modesto Lozano y José López Guillermín, representantes del general S. Crispín Galeana; Rodolfo Magaña, representante de la Brigada Camarena; Mucio Marín, representante del general Mucio C. Bravo; Melesio Méndez, representante de la División Genovevo de la O.; Manuel Oscura, representante del general Guillermo Santana Crespo; Albino Ortiz, representante del general M. Palafox; Agustín Preciado, representante del general Juan G. Cabral; Alberto L. Paniagua, representante de la División Domingo Arenas; Quintín A. y Pérez, representante del general Epigmenio Jiménez; Félix Rodríguez y José Pozos Rodríguez, representantes de la División Lorenzo Vázquez; Antonio Ruiz, representante del general Leandro Arcos; Francisco Alfonso Salinas, representante del general Tomás Urbina; Gumersindo M. Sánchez, representante del general Vicente Rodríguez; Benjamín Villa, representante del general Ramón Ballena; Ángel Zenteno, representante del general Zenteno.

El año de 1916 fue muy difícil para todas las personas sujetas a ingresos fijos, debido a la baja constante del poder adquisitivo de la moneda en circulación o sea del papel moneda emitido por el Gobierno constitucionalista.

Ya en el mes de mayo la situación de los trabajadores era insostenible, pues mientras los comerciantes calculaban el precio de las mercancías en oro, los trabajadores veían disminuido en forma catastrófica su salario real. El 22 del mes citado se declararon en huelga en la ciudad de México los electricistas, los tranviarios y otros gremios. El Gobierno intervino desde luego logrando la suspensión del movimiento que amenazaba trastornar la vida de los capitalinos. Los obreros obtuvieron tan sólo ligera mejoría en sus misérrimos jornales. Por supuesto que dos o tres semanas después esa leve mejoría desapareció como consecuencia de nuevas devaluaciones monetarias. La única solución lógica y razonable consistía en el pago a los trabajadores en monedas de metal amarillo o su equivalente en papel infalsificable, como se denominaba la última emisión de papel moneda. Así lo comprendieron los obreros del Distrito Federal y en ello basaron sus demandas.

La Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal resolvió declarar la huelga general por sorpresa el 30 de julio de ese año de 1916. A las 3 de la mañana comenzó la huelga, suspendiéndose la generación de energía eléctrica y otros servicios públicos. Don Venustiano hizo que los miembros del comité de huelga fueran llevados a su presencia. Y sucedió algo increíble… Carranza, el hombre sereno ante las mayores dificultades y los mayores peligros, perdió completamente la serenidad en aquella ocasión; injurió a los trabajadores con palabras enérgicas en exceso; ordenó su inmediato encarcelamiento y la aplicación de la Ley de 25 de enero de 1862.

No es ocioso recordar una vez más que la ley mencionada la expidió don Benito Juárez para aplicarla a los intervencionistas y trastornadores del orden público, considerados en aquella ocasión como traidores a la patria. De conformidad con la tal ley sólo pueden aplicarse dos penas: ocho años de prisión o la muerte. El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista desde los comienzos de la Revolución que él acaudillara, resucitó la ley tantas veces aquí mencionada para aplicarla contra Victoriano Huerta y los huertistas. Pero he aquí que el jefe de la Revolución victoriosa sufrió por aquellos días algo así como una transitoria obnubilación, tal vez originada por la cólera que le produjo el intento de huelga general, pues de otra manera no es posible explicarse su inquina desorbitada contra los dirigentes de una organización obrera. Y en vista de que la Ley de 25 de enero de 1862 no era fácil aplicarla a los trabajadores que él, Carranza, había enviado a presidio, expidió un decreto con fecha 1.º de agosto que fue publicado por medio de Bando Solemne en la capital de la República.

Ese decreto inaudito, monstruoso, arroja una mancha sobre la personalidad de Venustiano Carranza. Nosotros lo hemos elogiado en más de una ocasión cuando ha sido menester; mas tratándose del malhadado decreto de 1.º de agosto de 1916, lo censuramos con la mayor energía y sostenemos que cometió gravísimo error político y jurídico; político porque fue un acto contra los principios que él en más de una ocasión había sostenido; y jurídico porque trató de aplicar a delincuentes o presuntos delincuentes, una ley promulgada después de que los delitos o supuestos delitos fueron cometidos. Y no exageramos. El lector nos dará la razón simplemente leyendo el primer artículo del decreto. Dice así:

«Artículo 1.º. Se castigará con la “pena de muerte”, además de a los trastornadores del orden público que señala la Ley de 25 de enero de 1862;

»Primero. A los que inciten a la suspensión del trabajo en las fábricas o empresas destinadas a prestar servicios públicos o la propaguen; a los que presidan las reuniones en que se proponga, discuta o apruebe; a los que la defiendan y sostengan; a los que la aprueben o suscriban; a los que asistan a dichas reuniones o no se separen de ellas tan pronto como sepan su objetivo, y a los que procuren hacerla efectiva una vez que se hubiera declarado.

»Segundo. A los que con motivo de la suspensión de trabajo en las fábricas o empresas mencionadas o en cualquiera otra, y aprovechando los trastornos que ocasiona, o para agravarla o imponerla destruyeren o deterioraren los efectos de la propiedad de las empresas a que pertenezcan los operarios interesados en la suspensión o de otras cuyos operarios se quiera comprender en ella; y a los que con el mismo objeto provoquen alborotos públicos, sea contra funcionarios públicos o contra particulares, o hagan fuerza en las personas o bienes de cualquier ciudadano, o que se apoderen, destruyan o deterioren bienes públicos o de propiedad particular.

»Tercero. A los que con amenazas o por la fuerza impidan que otras personas ejecuten los servicios que prestaban los operarios en las empresas contra las que se haya declarado la suspensión del trabajo».

Claro que en los considerandos del decreto se quiso dar cariz político a la huelga; se acusó a los organizadores de contrarrevolucionarios, de perturbar la paz pública; se calificó su conducta de antipatriótica y criminal.

El día 31 de julio fue ocupado militarmente el local del Sindicato Mexicano de Electricistas, lo mismo que el de la Unión de Empleados de Restaurantes. Además, la Casa del Obrero Mundial, clausurada por los esbirros de Victoriano Huerta el 27 de mayo de 1914, fue otra vez clausurada por los esbirros de Venustiano Carranza el 31 de julio de 1916. La historia, es cierto, a veces se repite.

El 2 de agosto al mediodía se reanudaron todos los servicios, para lo cual se utilizó la fuerza pública. La huelga había fracasado y sufrido rudo golpe el movimiento obrero. Después de consejos de guerra para juzgar a los promotores de la fracasada huelga general, a ninguno de ellos se le pudo aplicar la Ley de 25 de enero de 1862, ni el terrible decreto de 1.º de agosto de 1916. Poco a poco fueron puestos en libertad, con excepción de Ernesto Velasco. Éste fue sentenciado a muerte pero no se cumplió la condena. Estuvo recluido en la penitenciaría hasta el 18 de febrero de 1918, un año después de haberse proclamado la Constitución de 1917.

ANEXO 18

FRAGMENTO DE LA NOTA ENVIADA POR MÉXICO A WASHINGTON PONIENDO LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

[22 de mayo de 1916][22]

«… EL GOBIERNO mexicano cree necesario aprovechar esta oportunidad para pedir al Gobierno americano una definición más categórica de sus verdaderas intenciones hacia México. A este respecto espera que, al expresarse con entera franqueza, no se interpreten sus palabras como un propósito de herir la susceptibilidad del Gobierno americano; pero se ve en el caso de hacer a un lado los eufemismos diplomáticos para poder expresar sus ideas con entera claridad. Si en la exposición de los agravios que a continuación se expresan el Gobierno mexicano usa de la más absoluta franqueza, es porque considera de su deber hacer llegar con la más perfecta claridad al espíritu del Gobierno y del pueblo de Estados Unidos, el punto de vista mexicano.

»El Gobierno americano viene hace mucho tiempo haciendo protestas de amistad a los países latinoamericanos y se ha valido de todos los esfuerzos posibles para convencer a los mismos de que desea respetar en lo absoluta su soberanía.

»Especialmente con respecto a México, el Gobierno americano ha declarado en muy repetidas ocasiones que no intenta intervenir de ninguna manera en sus asuntos interiores y que desea dejar a nuestro país que resuelva por sí solo sus difíciles problemas de transformación política y social.

»Recientemente todavía, y con motivo de la expedición de Columbus, el Gobierno americano por conducto de su Presidente ha hecho la declaración de que no pretende intervenir en los asuntos de México ni invadirlo; de que no desea una sola pulgada de su territorio, y de que no atentará en ningún caso contra su soberanía.

»El Gobierno de Washington y sus representantes en la frontera han declarado también expresamente que no es voluntad del pueblo americano entrar en una guerra o en un conflicto armado con México.

»Todo, en suma, a juzgar por las declaraciones oficiales que vienen haciéndose de algún tiempo acá por el Gobierno de Washington, haría creer que hay un verdadero propósito de parte del Gobierno y del pueblo de los Estados Unidos para no entrar en conflicto con México.

»El Gobierno mexicano tiene, sin embargo, la pena de hacer notar que los actos de las autoridades militares americanas están en absoluta contradicción con las anteriores declaraciones y se ve, por lo tanto, en el caso de tener que apelar al Presidente, al Departamento de Estado, al Senado y al pueblo americanos, para que, de una vez por todas, se defina cuál es la verdadera tendencia política de los Estados Unidos con relación a México.

»Es igualmente necesario que con este motivo el Gobierno de los Estados Unidos defina de una manera precisa sus propósitos respecto a México, para que así puedan juzgar también las demás naciones latinoamericanas de la sinceridad de éstos y puedan en consecuencia apreciar en su justo valor las protestas de amistad y fraternidad que hace muchos años vienen haciéndoles.

»El Gobierno americano manifestó, por boca de su Presidente mismo, que la Expedición Punitiva de Columbus se retiraría del territorio mexicano tan pronto como la partida de forajidos de Villa hubiera sido destruida o disgregada. Más de dos meses han transcurrido desde que esta expedición penetró a territorio mexicano; los generales Scott y Funston declararon en Ciudad Juárez que las bandas de Villa están enteramente disgregadas, y sin embargo, las tropas americanas no se retiran del territorio de México.

»El Gobierno de Estados Unidos está convencido y ha aceptado el hecho de que no queda ya ninguna labor militar que hacer a la expedición de Columbus, y sin embargo, no se ha cumplido aún la promesa hecha por el presidente Wilson de que esas fuerzas se retirarían tan pronto como hubiesen alcanzado el propósito que las hizo entrar.

»Los motivos de orden político interior que pueden existir para no retirar las tropas americanas del territorio mexicano, por fundados que se supongan, no justifican esa actitud, sino que por el contrario, acentúan más la discrepancias entre las protestas de respeto a la soberanía de México, y el hecho efectivo de que por razones de política interior de Estados Unidos se continúe un estado de cosas a todas luces injusto para la República Mexicana.

»El Gobierno americano manifestó que su propósito al hacer penetrar tropas americanas a México era únicamente defender su frontera contra probables incursiones. Esta declaración está, sin embargo, en contradicción con la actitud asumida por el mismo Gobierno americano al discutir el Convenio sobre un cruce mutuo de fronteras, pues mientras el Gobierno mexicano pretendía que este Convenio limitara la zona de operaciones de las tropas de uno y otro país, el tiempo que debieran durar las expediciones, el número de soldados y el arma de que se compusieran, el Gobierno americano eludió constantemente estas limitaciones. Esta actitud del Gobierno americano que es el que esperaba tener frecuentes ocasiones de cruzar la frontera con motivo de las incursiones de forajidos, está indicando claramente el propósito de tener facultades para penetrar en territorio mexicano más allá de donde las necesidades de defensa pudieran exigirlo.

»La Expedición Punitiva de Columbus, como se le ha llamado, no tenía, conforme a las declaraciones del presidente Wilson, más objeto que alcanzar y castigar a la banda de forajidos que habían cometido el atentado, y se creía organizada en el supuesto de que el Gobierno mexicano hubiera dado su consentimiento para ello. Dicha expedición, sin embargo, ha tenido un carácter de tan clara desconfianza hacia el Gobierno mexicano y de tan absoluta independencia, que justamente no puede considerarse más que como una invasión hecha sin el consentimiento, sin el conocimiento y sin la cooperación de las autoridades mexicanas.

»Fue notorio que la expedición de Columbus cruzó la frontera sin conocimiento del Gobierno mexicano. Las autoridades militares americanas han llevado a cabo esa expedición sin haber esperado a tener el consentimiento del Gobierno de México, y aun después de que estuvieron oficialmente informadas de que este Gobierno no había dado su consentimiento para ella, continuaron sin embargo haciendo pasar más tropas sin dar a conocer a las autoridades mexicanas este hecho.

»La expedición ha penetrado y operado dentro de territorio mexicano sin procurar la cooperación de las autoridades mexicanas. Las autoridades militares americanas han guardado siempre un completo sigilo respecto de sus movimientos sin informar de ellos al Gobierno mexicano, como lo habrían hecho si efectivamente hubieran tratado de obtener la cooperación. Esta falta de aviso y de acuerdo fue la causa del choque ocurrido en Parral entre fuerzas americanas y ciudadanos mexicanos.

»Por último, la expedición de Columbus ha sido hecha sin ningún espíritu de armonía, sino al contrario, con un espíritu de desconfianza respecto de nuestras autoridades, pues no solamente no se buscó nuestra cooperación, ni se nos informó respecto de las operaciones militares que se efectuaban, sino que se organizó la expedición llevando armas de artillería y de infantería.

»Si se trataba solamente de perseguir a una banda de forajidos que por su naturaleza tenía que ser esencialmente ligera, esa persecución sólo podía llevarse a cabo por medio de fuerzas de caballería también ligera. El empleo de la artillería y de la infantería no puede explicarse de otra manera que como una medida de precaución contra un probable ataque por parte de las fuerzas mexicanas.

»Ahora bien, no se compadecen las protestas de cooperación amistosa hechas por las autoridades americanas, con el uso de la infantería y de la artillería, destinadas exclusivamente a ser empleadas contra las fuerzas regulares mexicanas.

»Si la expedición de Columbus se hubiera hecho con consentimiento del Gobierno mexicano y buscando su cooperación, el empleo de la infantería y de la artillería habría sido un insulto a las autoridades mexicanas por suponérselas capaces de felonía contra las fuerzas americanas que hubieran entrado en persecución del enemigo común, fiadas en la amistad de aquéllas. Es preferible, sin embargo, interpretar este hecho como una prueba de que las fuerzas americanas penetraron a territorio mexicano sin consentimiento del Gobierno de México, y por lo tanto, dispuestas a repeler cualquier agresión de parte de las fuerzas regulares mexicanas que ignoraban su presencia.

»Todos estos hechos demuestran que ha habido una gran discrepancia entre las protestas de sincera y amistosa cooperación de parte de las autoridades americanas y la actitud efectiva de la expedición que por su desconfianza, por el sigilo en cuanto a sus movimientos y por las armas de que se componía, indicaba claramente una intención hostil y una verdadera invasión de nuestro territorio.

»El Gobierno americano ha manifestado en diversas ocasiones que la expedición de Columbus no tenía más objeto que perseguir y destruir a las bandas de Villa, y que tan pronto como este fin hubiera sido alcanzado, se retiraría.

»Los hechos, sin embargo, han demostrado que la intención del Gobierno americano ya no era la misma durante las conferencias de Ciudad Juárez y El Paso. No se explica de otra manera que el general Scott haya insistido tan enfáticamente en que se firmara un memorándum en que se decía que las fuerzas americanas no concluirían su retirada, si ocurría cualquier otro suceso que modificara la creencia del Gobierno americano en la capacidad del Gobierno de México para proteger la frontera. La conclusión que se deduce de esa insistencia del general Scott respecto de la firma de dicho memorándum es que la expedición de Columbus entró a México prometiendo retirarse tan pronto como se destruyeran las bandas de Villa, pero que después se pretende utilizarla como instrumento para garantizar la protección de la frontera.

»El Gobierno americano justamente desea la protección de su frontera. Si la frontera estuviese debidamente protegida contra incursiones provenientes de México, no habría razón ya para las dificultades existentes. El Gobierno americano conoce las dificultades que median para la protección de una línea fronteriza en que no hay accidentes naturales que ayuden a defenderla, y no obstante sus inmensos recursos, el mismo Gobierno americano no ha podido dar una protección eficaz a lo largo de más de dos mil kilómetros que tienen que cubrirse.

»El Gobierno mexicano propuso que los jefes militares encargados de las tropas de uno y otro país discutieran un plan de acantonamiento a lo largo de la línea divisoria, y no obstante las protestas del Gobierno americano de desear resolver las dificultades con México, el general Scott no aceptó llevar a cabo dicho plan de acantonamiento, que es lo único racional y lo único que puede hacerse sin que uno y otro país invada la soberanía o el territorio del otro. El Gobierno americano prefiere conservar sus tropas inactivas y ociosas dentro del territorio mexicano, en vez de sacarlas para mantenerlas a lo largo de la frontera, de acuerdo con las autoridades mexicanas, que harían otro tanto. Con esto da ocasión el Gobierno americano a que se suponga que su verdadera intención es conservar las tropas que tiene ya internadas en México, en previsión de necesitarlas allí más tarde para futuras operaciones.

»El Gobierno americano en todas ocasiones ha declarado querer ayudar al Gobierno constitucionalista a concluir la obra de pacificación y desea que esta obra se lleve a cabo en el menor tiempo posible. La actitud efectiva del Gobierno americano en relación con estos deseos, resulta enteramente incongruente, pues viene ejecutando desde hace tiempo diversos actos que indican que no sólo no presta ninguna ayuda a la obra de pacificación de México, sino que por el contrario, parece poner todos los obstáculos posibles para que ésta se lleve a cabo.

»En efecto, sin contar con el gran número de representaciones diplomáticas que so pretexto de protección a los intereses americanos establecidos en México embarazan constantemente la labor del nuevo Gobierno que pretende organizar la condición política, económica y social del país sobre nuevas bases, un gran número de hechos hace sentir la influencia del Gobierno americano contra la consolidación del actual Gobierno mexicano.

»El apoyo decidido que en un tiempo tuvo Villa de parte del general Scott y del Departamento de Estado mismo, fueron la causa principal de que por muchos meses se prolongara la guerra civil en México. Más tarde, el apoyo continuo del Clero católico mexicano que trabaja incesantemente contra el Gobierno constitucionalista, y las constantes actividades de la prensa intervencionista americana y de los hombres de negocios de aquel país, son cuando menos un indicio de que el Gobierno americano actual no quiere o no puede evitar todos los trabajos de conspiración que contra el Gobierno constitucionalista se efectúan en Estados Unidos.

»El Gobierno americano reclama incesantemente del Gobierno mexicano una protección efectiva de sus fronteras, y sin embargo, la mayor parte de las bandas que toman el nombre de rebeldes contra este Gobierno, se proveen y arman, si no es que también se organizan, en el lado americano, bajo la tolerancia de las autoridades del Estado de Texas, y podría decirse que aun de las autoridades federales de los Estados Unidos. La lenidad de las autoridades americanas hacia estas bandas es tal, que en la mayor parte de los casos los conspiradores, que son bien conocidos, cuando han sido descubiertos y se les llega a reducir a prisión, obtienen su libertad por caución insignificante, lo cual ha permitido continuar en sus esfuerzos.

»Los emigrantes mexicanos que conspiran y organizan incursiones del lado de los Estados Unidos, tienen ahora más facilidades de causar daño que anteriormente, pues sabiendo que cualquiera nueva dificultad entre México y los Estados Unidos prolongará la permanencia de las tropas americanas, procuran aumentar las ocasiones de conflicto y fricción.

»El Gobierno americano dice ayudar al Gobierno constitucionalista en su labor de pacificación y reclama urgentemente que esa pacificación se lleve a cabo en el menor tiempo posible, y que la protección de las fronteras se efectúe del modo más eficaz. Y sin embargo, ha detenido en diversas ocasiones los cargamentos de armas y municiones compradas por el Gobierno mexicano en los Estados Unidos, que deberían emplearse para acelerar la labor de pacificación y para proteger más eficazmente la frontera. Los pretextos para detener el embarque de municiones consignadas a este Gobierno han sido siempre fútiles y nunca se ha dado una causa franca; se ha dicho, por ejemplo, que se embargaban municiones por ignorarse quién fuese el verdadero dueño, o por temor de verlas caer en manos de partidas villistas.

»El embargo de pertrechos consignados al Gobierno mexicano no puede tener más interpretación que la de que el Gobierno americano desea precaverse contra la emergencia de un conflicto futuro, y por lo tanto trata de evitar que vengan a manos del Gobierno mexicano armas y parque que pudieran emplearse contra las tropas americanas mismas. El Gobierno americano estaría en su derecho de precaverse contra esa emergencia, pero en ese caso no debería decir que está tratando de cooperar con el Gobierno mexicano y sería preferible encontrar una mayor franqueza en sus procedimientos.

»O el Gobierno americano desea decidida y francamente ayudar al Gobierno mexicano a restablecer la paz, y en ese caso no debe impedir el paso de armas, o los verdaderos propósitos del Gobierno americano son prepararse para que en el caso de una futura guerra con México, este país se encuentre menos provisto de armas y parque. Si fuere esto último, preferible es decirlo.

»De todas maneras, el embargo de armas y parque consignados a las autoridades mexicanas, efectuado con el frívolo pretexto de evitar que estas armas y municiones caigan en manos de partidas villistas, es una indicación clara de que los actos efectivos de las autoridades militares americanas están enteramente en desacuerdo con los propósitos de paz de parte del Gobierno americano.

»El Gobierno mexicano no puede querer la guerra con Estados Unidos, y si ésta llegara a efectuarse, sería indudablemente como consecuencia de un propósito deliberado de parte de los Estados Unidos. Por ahora esos actos de precaución del Gobierno americano son indicios de que hay un propósito de preparación para esa emergencia, o lo que es lo mismo, un principio de hostilidad de parte de Estados Unidos hacia México.

»Por último, las autoridades americanas de Nueva York dizque a moción de una sociedad neutral de pacifistas, han ordenado la detención de algunas piezas de maquinaria que el Gobierno mexicano trasladaba a México para la fabricación de municiones, la cual maquinaria no se concibe que pudiera ser empleada sino algunos meses después de traerla a este país. Este acto del Gobierno americano, que tiende a impedir la fabricación de municiones en un futuro remoto, es otro indicio claro de que sus verdaderos propósitos hacia México no son de paz, pues mientras se exportan diariamente millones y millones de dólares en armas y parque para la guerra europea, sin que las sociedades pacifistas de Estados Unidos se conmuevan ante el espectáculo de esa guerra, las autoridades de Nueva York se muestran dispuestas a secundar los propósitos de esas humanitarias sociedades cuando se trata de exportar a México maquinaria para la fabricación de armas y parque.

»México tiene el indiscutible derecho, como lo tienen los Estados Unidos y como lo tienen todas las naciones del mundo, de proveer a sus necesidades militares, sobre todo cuando se halla frente a una tarea tan vasta como es la de lograr la pacificación interior de este país; y el acto del Gobierno de Estados Unidos al embargar maquinaria destinada a la fabricación de municiones, está indicando, o que los Estados Unidos desean poner obstáculos para la completa pacificación o que este acto es sólo uno de la serie de los ejecutados por las autoridades de Estados Unidos en previsión de una proyectada guerra con México.

»Todas las circunstancias anteriormente mencionadas indican que los verdaderos propósitos de las autoridades militares de Estados Unidos están en absoluta contradicción con las continuas protestas de amistad del Gobierno americano hacia México.

»El pueblo y el Gobierno mexicanos tienen la absoluta seguridad de que el pueblo americano no desea la guerra con México. Hay, sin embargo, fuertes intereses americanos y fuertes intereses mexicanos empeñados en procurar un conflicto entre ambos países. El Gobierno desea firmemente mantener la paz con el Gobierno americano, pero para ese efecto es indispensable que el Gobierno americano se sirva explicar francamente sus verdaderos propósitos hacia México.

»Es indispensable que desaparezca esa contradicción entre las protestas de amistad de parte de Washington y los actos de desconfianza y de agresión de parte de las autoridades militares americanas.

»El Gobierno y el pueblo mexicanos necesitan, por lo tanto, saber a qué atenerse, y quieren estar seguros de que los conceptos tantas veces expresados por el Gobierno de Estados Unidos correspondan realmente a los sinceros anhelos de amistad entre los dos pueblos, amistad que debe existir no solamente en el terreno de las declaraciones, sino cristalizada en hechos.

»El Gobierno mexicano invita, pues, formalmente al Gobierno de los Estados Unidos a hacer cesar esta situación de incertidumbre entre ambos países y a apoyar sus declaraciones y protestas de amistad con hechos reales y efectivos que convenzan al pueblo mexicano de la sinceridad de sus propósitos. Estos hechos, en la situación actual, no pueden ser otros que la retirada de las tropas americanas que se encuentran en territorio mexicano.

»Al cumplir con las instrucciones del ciudadano Primer Jefe, aprovecho la oportunidad para ofrecer a Vuestra Excelencia las seguridades de mi muy distinguida consideración.

»El secretario (firmado). C. Aguilar.

»A Su Excelencia, Roberto Lansing, secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Washington, D. C.

ANEXO 19

DECRETO DEL GENERAL OBREGÓN SOBRE SALARIO MÍNIMO[23]

VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, a los habitantes de ella y a cuantos el presente vieren, hago saber: Que en uso de las amplias facultades de que estoy investido, conforme al artículo 2 del decreto de 12 de diciembre de 1914; y teniendo en consideración: Que, para hacer más intensa y fructuosa la campaña que en defensa del principio de legalidad y de los ideales nacionales encarnados en la Revolución Constitucionalista, está haciendo el señor general Álvaro Obregón en el interior de la República, fue ampliamente autorizado por esta Primera Jefatura no solamente para dictar las medidas relacionadas directamente con las operaciones militares que tiene a su cargo, sino también para expedir las demás que tuvieren por fin el bienestar y mejoramiento de las clases sociales en general y especialmente el de las clases menesterosas, a quienes es debido hacer llegar desde luego los beneficios de la Revolución; que en virtud de esta autorización, el señor general Obregón expidió en Celaya, con fecha 9 del corriente mes de abril, un decreto relativo al tipo de jornal mínimo y a algunas relaciones entre patrones y obreros; que examinando este decreto, se ha visto desde luego que responde a las necesidades del momento, las cuales llena de manera satisfactoria; y que, si bien esta Primera Jefatura tiene en estudio una ley general sobre regulación del contrato de trabajo, en la que se establecen reglas sobre la jornada máxima de los trabajadores y sobre el salario mínimo que deben percibir, esa ley no se ha expedido todavía, por lo que el decreto de referencia expedido por el señor general Obregón suple desde luego la falta de una ley especial de carácter general y puede regir la materia hasta la expedición de esa ley: He tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

Artículo 1.º Se confirma en todas sus partes, declarando que es perfectamente obligatorio el decreto expedido por el señor Álvaro Obregón en Celaya, el día 9 del corriente mes de abril, cuyo tenor es el siguiente:

ÁLVARO OBREGÓN, general en jefe del Ejército de Operaciones, en nombre de la Revolución y autorizado por el C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, a los habitantes del Estado hago saber: 1.º Que, desde hoy, el salario mínimo en efectivo de los jornaleros deberá ser de setenta y cinco centavos cada día, aumentando la ración de cereales que actualmente se les tiene asignada en un veinticinco por ciento. 2.º En este aumento de sueldo deben quedar comprendidos proporcionalmente los que hoy disfrutan los mozos, cocineros, lavanderos y demás domésticos, cualesquiera que sea su carácter o denominación. 3.º Este aumento de jornal no autoriza a los patrones para aumentar las horas de trabajo, de destajos o tareas. 4.º En esta disposición están comprendidos los Estados de Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato, que están controlados por este Ejército de Operaciones. 5.º Respecto a los jornaleros en las demás entidades federativas que aún están en poder de la reacción, se irán dictando las mismas disposiciones, en proporción con las ya establecidas, tan pronto como sean controladas. 6.º Al ser violadas estas disposiciones, el trabajador deberá presentar su queja a la autoridad constitucionalista correspondiente, quien ordenará el reintegro inmediato de la cantidad que se le haya dejado de pagar, más lo correspondiente al tiempo que haya empleado en sus gestiones, fijando la misma autoridad el castigo debido.

Constitución y Reformas. Dado en el Cuartel General en Celaya, Gto., a 9 de abril de 1915. El general en jefe, Álvaro Obregón.

Artículo 2.º El decreto confirmado subsistirá hasta que se expida la ley general sobre el contrato de trabajo que ha de regir en toda la República. Publíquese para su conocimiento.

Dado en H. Veracruz, Ver., el 26 de abril de 1915. V. Carranza. Rúbrica.

ANEXO 20

LEY AGRARIA DEL GENERAL FRANCISCO VILLA[24]

FRANCISCO VILLA, general en jefe de Operaciones del Ejército Convencionista, a los habitantes de la República hago saber:

Que en virtud de las facultades extraordinarias contenidas en el Decreto de 2 de febrero del presente año, expedido en la ciudad de Aguascalientes, y de las cuales estoy investido, y

CONSIDERANDO: Que siendo la tierra en nuestro país la fuente, casi la única de la riqueza, la gran desigualdad en la distribución de la propiedad territorial ha producido la consecuencia de dejar a la gran mayoría de los mexicanos, a la clase jornalera, sujeta a la dependencia de la minoría de los terratenientes, dependencia que impide a aquella clase el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Que la absorción de la propiedad raíz por un grupo reducido es un obstáculo constante para la elevación de los jornales en la justa relación con la de los artículos de primera necesidad, prolonga así la precaria situación económica de los jornaleros y los imposibilita para procurar su mejoramiento intelectual y moral;

Que la concentración de la tierra en manos de una escasa minoría es causa de que permanezcan incultas grandes extensiones de terreno y de que, en la mayoría de éstos, sea el cultivo tan deficiente que la producción agrícola nacional no basta a menudo para satisfacer el consumo; y semejante estorbo a la explotación de los recursos naturales del país redunde en perjuicio de la mayoría del pueblo;

Que la preponderancia que llega a adquirir la clase propietaria en virtud de las causales anotadas y bajo el amparo de gobiernos absolutistas favorece el desarrollo de abusos de todo género que obligan finalmente al pueblo a remediarlos por la fuerza de las armas, haciéndose así imposible la evolución pacífica del país.

Que por estas consideraciones ha venido a ser una apremiante necesidad nacional el reducir las grandes propiedades territoriales a límites justos, distribuyendo equitativamente las excedencias.

Que la satisfacción de esta necesidad ha sido una solemne promesa de la Revolución; y por tanto, debe cumplirlas sin demora el Gobierno Provisional emanado de ella, conciliando en lo posible los derechos de todos;

Que una reforma social como la que importa la solución del problema agrario, que no sólo afecta a todo el país sino que trascenderá a las generaciones venideras, debe realizarse bajo un plan sólido y uniforme en sus bases generales, rigiéndose por una misma ley;

Que la Ley Federal no debe sin embargo contener más que los principios generales en los que se funda la reforma agraria dejando que los Estados, en uso de su soberanía, acomoden esas bases a sus necesidades locales; porque la variedad de los suelos y de las condiciones agronómicas de cada región requieren diversas aplicaciones particulares de aquellas bases; porque las obras de reparto de tierras y de las demás que demanda el desarrollo de la agricultura serían de difícil y dilatada ejecución si dependieran de un centro para toda la extensión del territorio nacional; y porque las cargas consiguientes a la realización del reparto de tierras deben, en justicia, reportarlas los directamente beneficiados y quedan mejor repartidos haciéndolas recaer sobre cada región beneficiada;

Que no obstante la consideración contenida en el párrafo anterior para exonerar a la Federación del supremo deber de cuidar que en todo el territorio nacional se realice cumplidamente la reforma agraria y de legislar en aquellas materias propias de su incumbencia, según los antecedentes jurídicos del país que complementan la reforma.

En tal virtud he tenido a bien expedir la siguiente:

LEY GENERAL AGRARIA:

Artículo 1.º Se considera incompatible con la paz y la prosperidad de la República la existencia de las grandes propiedades territoriales. En consecuencia, los gobiernos de los Estados, durante los tres primeros meses de expedida esta Ley, procederán a fijar la superficie máxima de tierra que, dentro de sus respectivos territorios, pueda ser poseída por un solo dueño; y nadie podrá en lo sucesivo seguir poseyendo ni adquirir tierras en extensión mayor de la fijada, con la única excepción que consigna el artículo 18.

Artículo 2.º Para hacer la fijación a que se refiere el artículo anterior, el Gobierno de cada Estado toma en consideración la superficie de éste, la cantidad de agua para el riego, la densidad de su población, la calidad de sus tierras, las extensiones actualmente cultivadas y todos los demás elementos que sirvan para determinar el límite más allá del cual la gran propiedad llega a constituir una amenaza para la estabilidad de las instituciones y para el equilibrio social.

Artículo 3.º Se declara de utilidad pública el fraccionamiento de las grandes propiedades territoriales en la porción excedente del límite que se fije conforme a los artículos anteriores. Los Gobiernos de los Estados expropiarán, mediante indemnización, dicho excedente, en todo o en parte, según las necesidades locales. Si sólo hicieren la expropiación parcial, el resto de la porción excedente deberá ser fraccionada por el mismo dueño con arreglo a lo prescrito en el inciso IV artículo 12 de esta Ley. Si este fraccionamiento no quedare concluido en el plazo de tres años, las tierras no fraccionadas continuarán sujetas a la expropiación decretada por la presente Ley.

Artículo 4.º Se expropiarán también los terrenos circundantes de los pueblos de indígenas en la extensión necesaria para repartirlos en pequeños lotes entre los habitantes de los mismos pueblos que estén en aptitud de adquirir aquéllos, según las disposiciones de las leyes locales.

Artículo 5.º Se declara igualmente de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios para fundación de poblados en los lugares en que se hubiere congregado o llegare a congregarse permanentemente un número tal de familias de labradores, que sea conveniente, a juicio del gobierno local, la erección del pueblo; y para la ejecución de obras que interesan al desarrollo de la agricultura parcelaria y de las vías rurales de comunicación.

Artículo 6.º Serán expropiadas las aguas de manantiales, presas y de cualquiera otra procedencia, en la cantidad que no pudiere aprovechar el dueño de la finca a que pertenezcan, siempre que esas aguas pudieran ser aprovechadas en otra. Si el dueño de ellas no las utilizare, pudiendo hacerlo, se le señalará un término para que las aproveche, bajo la pena de que si no lo hiciere, quedarán dichas aguas sujetas a expropiación.

Artículo 7.º La expropiación parcial de tierras comprenderá, proporcionalmente, los derechos reales anexos a los inmuebles expropiados, y también la parte proporcional de muebles, aperos, máquinas y demás accesorios que se necesiten para el cultivo de la porción expropiada.

Artículo 8.º Los gobiernos de los Estados expedirán las leyes reglamentarias de la expropiación que autoriza la presente y quedará a su cargo el pago de las indemnizaciones correspondientes. El valor de los bienes expropiados, salvo en el caso de convenio con el propietario, será fijado por peritos nombrados uno por cada parte y un tercero para caso de discordia. Éste será designado por los primeros peritos y si no se pusieran de acuerdo, por el juez local de Primera Instancia. En todo caso en que sea necesario ocurrir al tercer perito, se fijará el valor definitivo de los bienes expropiados, tomando la tercera parte de la suma de los valores asignados, respectivamente, por los tres valuadores.

Artículo 9.º Si la finca en que se verifique la expropiación reportare hipotecas u otros gravámenes, la porción expropiada quedará libre de ellos mediante el pago que se hará al acreedor o acreedores de la parte del crédito que afectare a dicha porción, proporcionalmente, y en la forma en que se haga el pago al dueño. Si hubiere desacuerdo acerca de la proporcionalidad de la cancelación, será fijada por peritos. La oposición del deudor al pago se ventilará en juicio con el acreedor sin suspender la cancelación, depositándose el importe del crédito impugnado.

Artículo 10. Se autoriza a los Gobiernos de los Estados para crear deudas locales en la cantidad estrictamente indispensable para verificar las expropiaciones y sufragar los gastos de los fraccionamientos a que se refiere esta Ley, previa aprobación de los proyectos respectivos por la Secretaria de Hacienda.

Artículo 11. Los gobiernos de los Estados no podrán decretar la ocupación de las propiedades objeto de esta Ley, ni tomar posesión de los terrenos expropiados, sin que antes se hubiere pagado la indemnización correspondiente en la forma que disponga la Ley local; pero podrán decretar las providencias convenientes para asegurar los muebles necesarios de que habla el artículo 7.º Los dueños de las fincas que puedan considerarse comprendidos en esta Ley, tendrán obligación de permitir la práctica de los reconocimientos periciales necesarios para los efectos de la misma Ley.

Artículo 12. Las tierras expropiadas en virtud de esta Ley se fraccionarán inmediatamente en lotes que serán enajenados a los precios de costo además de gastos de apeo, deslinde y fraccionamiento, más un aumento de diez por ciento que se reservará a la Federación para formar un fondo destinado a la creación del crédito agrícola del país.

Compete a los Estados dictar las leyes que deban regir los fraccionamientos y las adjudicaciones de los lotes para acomodar unos y otras a las conveniencias locales; pero al hacerlo, no podrán apartarse de las bases siguientes:

I. Las enajenaciones se harán siempre a título oneroso, con los plazos y condiciones de pago más favorables para los adquirentes en relación con las obligaciones que pesen sobre el Estado a consecuencia de la deuda de que habla el artículo 10.

II. No se enajenará a ninguna persona una porción de tierra mayor de la que garantice cultivar.

III. Las enajenaciones quedarán sin efecto si el adquirente dejare de cultivar sin causa justa durante dos años la totalidad de la tierra cultivable que se le hubiere adjudicado; y serán reducidas si dejare de cultivar toda la tierra laborable comprendida en la adjudicación.

IV. La extensión de los lotes en que se divida un terreno expropiado no excederá en ningún caso de la mitad del límite que se asigne a la gran propiedad en cumplimiento del artículo 1.º de esta Ley.

V. Los terrenos que se expropien conforme a lo dispuesto en él artículo 4.º se fraccionarán precisamente en parcelas cuya extensión no exceda de veinticinco hectáreas y se adjudicarán solamente a los vecinos de los pueblos.

VI. En los terrenos que se fraccionen en parcelas se dejarán para el goce en común de los parcelarios los bosques, agostaderos y abrevaderos necesarios.

Artículo 13. Los terrenos contiguos a los pueblos que hubieren sido cercenados de éstos a título de demasías, excedencias o bajo cualquiera otra denominación y que habiendo sido deslindados no hubieren salido del dominio del Gobierno Federal, serán fraccionados desde luego en la forma que indica el inciso V del artículo anterior.

Artículo 14. Los gobiernos de los Estados modificarán las leyes locales sobre aparcería en el sentido de asegurar los derechos de los aparceros en el caso de que los propietarios abandonen el cultivo de las labores o de que aquéllos transfieran sus derechos a un tercero. Los aparceros tendrán en todo caso el derecho de ser preferidos en la adjudicación de los terrenos que se fraccionen conforme a esta Ley o por los propietarios respecto de las parcelas que hubieren cultivado por más de un año.

Artículo 15. Se declaran de jurisdicción de los Estados las aguas fluviales de carácter no permanente que no formen parte de límites con un país vecino o entre los Estados mismos.

Artículo 16. Los gobiernos de los Estados, al expedir las leyes reglamentarias de la presente, decretarán un reavalúo fiscal extraordinario de todas las fincas rústicas de sus respectivos territorios y se tomará como base de los nuevos avalúos el valor comercial de las tierras, según su calidad, sin gravar las mejoras debidas al esfuerzo del labrador. Sólo quedarán exentos del impuesto los predios cuyo valor resulte inferior a quinientos pesos oro mexicano.

Artículo 17. Los gobiernos de los Estados expedirán leyes para constituir y proteger el patrimonio familiar sobre las bases de que éste sea inalienable, que no podrá gravarse ni estará sujeto a embargos. La transmisión de dicho patrimonio para herencia, se comprobará con la simple inscripción en el Registro Público de la Propiedad, del certificado de defunción del jefe de la familia y de su testamento o en caso de intestado, de los certificados que acrediten el parentesco. Se considerará parte integrante del patrimonio familiar todo lote de veinticinco hectáreas o menos adquirido en virtud de los fraccionamientos que ordena esta Ley.

Artículo 18. El Gobierno Federal podrá autorizar la posesión actual o adquisición posterior de tierras en cantidad mayor que la adoptada como límite, según el artículo 1.º, en favor de empresas agrícolas que tengan por objeto el desarrollo de una región, siempre que tales empresas tengan carácter de mexicanas y que las tierras y aguas se destinen al fraccionamiento ulterior en un plazo que no exceda de seis años. Para conceder tales autorizaciones se oirá al Gobierno del Estado al que pertenezcan las tierras de que se trate y a los particulares que manifiesten tener interés contrario a la autorización.

Artículo 19. La Federación expedirá las leyes sobre crédito agrícola, colonización y vías generales de comunicación y todas las demás complementarias del problema nacional agrario. Decretará también la exención del Decreto del Timbre a los títulos que acrediten la propiedad de las parcelas a que se refiere esta Ley.

Artículo 20. Serán nulas todas las operaciones de enajenación y de fraccionamiento que verifiquen los Estados contraviniendo las bases generales establecidas por esta Ley. Cuando la infracción perjudicare a un particular, dicha nulidad será decretada por los tribunales federales en la vía procedente conforme a la Ley de Administración de Justicia del Orden Federal.

Dado en la ciudad de León, a los veinticuatro días del mes de mayo de 1915. Francisco Villa.

Al C. Lic. Francisco Escudero, Encargado del Departamento de Hacienda y Fomento. Chihuahua.

ANEXO 21

DOS DISCURSOS EN QUE CARRANZA ESBOZA SU DOCTRINA REVOLUCIONARIA[25]

[En Matamoros, Tamps., el 29 de noviembre de 1915]

AYER manifesté mi agradecimiento a este pueblo heroico, por la manifestación de que fui objeto como jefe de la Revolución y jefe del Partido Constitucionalista. Expresé, aunque ligeramente, las condiciones de la nueva situación, estando ya para terminar la lucha armada. Nunca he creído que un lugar como éste sea apropiado para exponer los asuntos públicos de la nación, pero la misma dificultad de hablar en otro sitio me obliga a tratar de política en esta ocasión, porque creo un deber ir exponiendo lo que el país necesita para su mejoramiento, y las ideas que poco a poco han ido desarrollándose en esta larga lucha que ya casi ha terminado.

El origen de la guerra, conocido para todos, ha sido una tiranía de treinta años, un cuartelazo y un asesinato. Esta tiranía fue una consecuencia de la inmoralidad llevada al extremo en el Ejército, y ese asesinato, la consecuencia de la misma inmoralidad. Para poner el remedio a tal situación, todos los ciudadanos nos hemos armado, y al cabo de tres años hay un nuevo ejército, hay nuevos jefes, surgidos de esos mismos ciudadanos que se vieron obligados a tomar el rifle para derrocar la tiranía. Están convertidos ahora en verdaderos soldados, no con la instrucción militar que se da en los establecimientos de esta índole, sino con los elementos que el carácter da a cada uno de los que siguiendo su vocación se han distinguido en el campo de batalla.

Pero no es la lucha armada lo principal de esta gran lucha nacional, hay algo más hondo en ella y es el desequilibrio de cuatro siglos; tres de opresión y uno de luchas intestinas que no trajeron consigo todos los bienes que eran de esperarse porque era imposible que nuestros hombres públicos pudieran encauzar al país por donde era necesario. Así fueron sucediéndose una tras otra las guerras civiles, sin saber cuál era la que salvaría verdaderamente al país de los males que le aquejaban, y en medio de esa desesperación que todos sentían, vino la paz, que lejos de salvar a la patria, iba a precipitarla en un abismo.

En esa era de paz, de aparentes mejoras materiales, en que las escuelas se habían centuplicado, en que el crédito de la República parecía haberse consolidado, y las relaciones con las demás naciones civilizadas se hacían cada día más estrechas; en ese periodo como en el de todas las tiranías, bajo una apariencia de progreso se iba corroyendo poco a poco el alma nacional. Fue semejante esa época a la de Augusto y a la de Napoleón III, en que todo se le debía a un hombre. Y cuando todos creían en esa bonanza y pensaban que era un necesidad conservar ese régimen, porque se creía que al terminar el jefe de la nación se destruía su obra de progreso, vino la Revolución y nos encontramos en medio de un caos espantoso. La Revolución se hizo no sólo para alcanzar los principios de «Sufragio Efectivo» y de «No Reelección», porque el sufragio efectivo no se obtiene únicamente cuando el hombre sabe hacer respetar sus derechos, y esto no lo necesitaba como un principio para poder votar. La «No Reelección» fue un valladar que quiso ponerse pretendiendo evitar con ella los abusos de malos gobernantes, que pudieran posesionarse indefinidamente del poder público, sin comprender que es inútil consignar en la Ley ese principio, pues lo esencial es conquistar por completo la libertad del ciudadano, ya que sin ésta pierde un pueblo toda la dignidad, toda la vergüenza y todo lo que tiene el carácter de viril y valiente para hacerse respetar sus derechos hasta el último día. El general Díaz escribió los mismos principios y no hubo nada del sufragio que prometieron todos aquellos que habían ido con él a la lucha, pues cuando triunfó fue su Gobierno el que en la Historia de México ocupara el lugar más señalado como una de las más grandes tiranías en medio de una apariencia de legalidad, en medio del reinado de la Constitución, en medio de las autoridades civiles y de todo el poder militar. En la Revolución de hoy existe algo más, más importante; no es sólo repartir tierras, no es abrir escuelas, son muchos los problemas que hay que resolver y que sólo una labor lenta y continuada debe llevar a cabo.

El desequilibrio económico que ha resultado en una lucha de dos años y medio de guerra es lo que más nos afecta, y estamos viviendo ficticiamente. Después de haber creado una moneda para poder sostener el Ejército, hay algunos a quienes llama la atención el hecho de que el valor de nuestros pesos fluctúe diariamente; pero ¿creamos nosotros esa moneda para ir a cambiarla por oro en alguna parte de la tierra? Nosotros la creamos por una necesidad, porque era el medio más equitativo para que la carga de la Revolución pesara sobre todos los ciudadanos. Cuando empezó la lucha, que era necesario dar haberes a los soldados, sin tener más recursos que los que quitábamos a los pueblos, se me propuso, entre otras, la idea de emitir bonos según el sistema empleado en épocas pasadas para sacrificar a la nación. Yo no acepté ninguno de los medios propuestos y resolví lanzar papel moneda, para que fuera equitativo el gasto que la guerra traería consigo, para que sirviera como medio de cambio y para sufragar también todos los demás gastos en los ramos de la administración que se iban creando. Si hubiéramos recurrido a los préstamos forzosos, habrían sido unos cuantos los que hubieran soportado ese peso, y cualesquiera que sean los errores o las ideas políticas de nuestros enemigos, nadie tiene derecho para cometer una injusticia. El peso de la guerra lo soportamos todos nosotros. Los culpables de las desgracias de nuestro pueblo serán castigados por la Ley; sus propiedades serán confiscadas si la responsabilidad de ellos así lo requiere, pero de ningún modo debemos cometer una injusticia contra nuestros mismos hermanos.

Durante la lucha hemos recurrido a todos los sacrificios para llevar al triunfo nuestra causa, porque era la causa del pueblo; pero terminada la guerra, el jefe de la Revolución deja de ser jefe de un grupo, y al convertirse en el jefe de la Nación debe ser equitativo y justo para todos. Por eso ahora, para buscar los remedios que deben curar la situación de la República que ha entrado ya en convalecencia después de su sangrienta lucha, todos deben contribuir con el Gobierno para salvar la situación en que se encuentra. Es necesario que todos contribuyan en proporción a lo que tiene cada quien de capital, pues tenemos el deber de sostener los gastos generales de la Nación. Nuestros compromisos con el exterior deben satisfacerse, y es necesario encauzar a la Nación, lo mismo que a los Estados y Municipios, en la idea de que podemos y debemos subvenir a todas esas necesidades. Yo espero que la Nación hará un esfuerzo más después de haberse salvado de la lucha que acaba de pasar, y que significa no sólo su bienestar sino su progreso futuro.

Las reformas enunciadas y que ya van poniéndose en práctica, realizarán un cambio en todo y abrirán una nueva era para la República. Pero nuestra obra de salvar a la Nación tiene más importancia todavía: la de que México sea el alma de las demás naciones que padecen los mismos males que nosotros, aun de aquellas que vemos más prósperas como la República de Argentina y Chile, que gozan de la paz de que nosotros disfrutamos aparentemente algunos años.

Los que al principio creyeron que estaban sujetas a la paz y al orden constitucional la soberanía de la Nación Mexicana, y la misma soberanía de todas las naciones Latino Americanas, tendrán que comprender que si no obran desde luego dichas naciones en el mismo sentido que nosotros, tendrán que hacerlo más adelante por fuerza, puesto que llegarán a encontrarse en una situación que las obligará a conquistar sus libertades.

Ya es tiempo que la América Latina sepa que nosotros hemos ganado con la lucha interior el restablecimiento de la justicia y del derecho, y que esta lucha servirá de ejemplo para que esos pueblos formen sus soberanías, sus instituciones y la libertad de sus ciudadanos. La lucha nuestra será comienzo de una lucha universal que dé paso a una era de justicia, en que se establezca el principio del respeto que los pueblos grandes deben tener por los pueblos débiles. Deben ir acabando poco a poco todos los exclusivismos y todos los privilegios. El individuo que va de una Nación a otra debe sujetarse en ella a las consecuencias, y no debe tener más garantías ni más derechos que los que tienen los nacionales.

Reinará sobre la tierra la verdadera justicia cuando cada ciudadano, en cualquier punto que pise del planeta, se encuentre bajo su propia nacionalidad. No más bayonetas, no más cañones, ni más acorazados para ir detrás de un hombre que por mercantilismo va a buscar fortuna y a explotar las riquezas de otros países, y que cree que debe tener más garantías que cualquiera de los ciudadanos de su país que trabajan honradamente.

Esta es la Revolución, señores; esto es lo que regirá a la humanidad más tarde como un principio de justicia.

También manifesté ayer que siempre había tenido deseos de visitar esta heroica ciudad, porque ha sido para mí motivo de satisfacción llegar a todos los lugares de nuestra Patria que están señalados en la Historia de la Revolución como grandes y nobles. Yo creo que los recuerdos de nuestros héroes influyen siempre en nosotros, y por eso ha dicho con razón un escritor español que «los muertos mandan». Los hechos gloriosos de nuestros antepasados mártires, que hicieron a un lado todo para trabajar por la salvación de sus hermanos, son los que inspiran nuestros actos, y ello significará más tarde el bienestar de las sociedades. Es por esto que yo recorro con gusto los lugares históricos de la Nación, porque he creído siempre que sobre todos los afectos está el afecto de la Patria, y que en ese sentimiento inspiraron todos sus actos los grandes hombres que nos sirven de ejemplo.

Me felicito de haber estado en esta reunión y de haber hablado como lo he hecho en otras ocasiones, pidiendo a todos los que ayer me siguieron en la guerra, que ahora en la paz me ayuden para llevar a cabo la reconstrucción de la Patria.

[En San Luis Potosí, el 26 de diciembre de 1915]

SEÑORES: Nosotros representamos la legalidad durante la lucha armada, y actualmente somos los revolucionarios, no sólo de la Nación Mexicana, sino los revolucionarios de la América Latina, los revolucionarios del Universo.

No tenemos como único deber que cumplir con nuestra Patria la destrucción de la reacción, que ya casi hemos conseguido; ahora que llegamos al fin de la lucha, tenemos el deber de dar a la República las reformas indispensables para el mejoramiento de la sociedad; pero tenemos un deber más grande todavía; el que la historia, desde el descubrimiento de América, nos ha señalado, puesto que México ha ocupado un gran lugar en la historia de los pueblos civilizados. México ha sido el único país de la América que, después de tres siglos de dominación y colonización y después de un siglo de luchas intestinas, ha venido a constituir una Nación. La Nación que debe ser modelo de la América Española, ya empieza la obra de reconstrucción, y hoy espero que todos los que me han secundado durante tres años para bien de nuestra Patria, y mayor lustre de nuestra historia, me sigan ahora para poder llevar al fin la gran obra que hemos emprendido, obra que muchos, tal vez, no pensaron alcanzar, cuando comenzábamos la lucha contra la dictadura y la reacción. Debemos sostener el lugar que hemos ocupado en la historia. Nuestros grandes episodios son conocidos desde la época de la conquista, por todos los hombres de los países civilizados, y desde entonces, siglo tras siglo, México nunca ha podido pasar inadvertido para la América; tenemos el deber de hacer conocer en cada ciudad lo trascendental de esta verdadera Revolución, que va a servir de ejemplo a todas las naciones de la tierra. Nosotros llevaremos en nuestras leyes, el bienestar que debe tener todo ciudadano en cualquier Nación; nosotros llevaremos también una transformación en la legislación internacional, lo cual ya es una necesidad.

Hasta ahora han venido sucediéndose las luchas en todo el mundo, sin comprender por qué se desgarran las naciones, a cada paso. Pues bien, son los grandes intereses militares los que llevan a las naciones a la guerra, y mientras esos intereses existan, esas guerras serán un amago para la humanidad. Por eso afirmo que las leyes deben ser universales, y que lo que aquí conquistamos como una verdad, todo aquello que la ley humana signifique bienestar lo mismo en México que en la África, la lucha eterna de la humanidad ha sido por el mejoramiento, ha sido por el bienestar, ha sido por el engrandecimiento de los pueblos, y esos grandes sacudimientos no han llevado otro objeto que el bienestar de las colectividades. Por esos principios se ha destrozado la humanidad, y para que cese la guerra, es preciso que reine en la tierra la justicia; es doloroso que los principios que se vayan conquistando sólo sean para una sola nación; por eso veis que la Revolución no es sólo la lucha armada ni son los campos ensangrentados, que ya se secan; es algo más grande, es el progreso de la humanidad que se impone, y que a nosotros, por desgracia, por fatalidad, o por ventura, nos ha tocado ser los iniciadores en esta gran lucha. Estas ideas que ahora he expresado y que hace poco fueron indicadas por mí, han tenido eco en un distinguido ciudadano que pensó ya también en la unión de las naciones Latino Americanas, y en los principios que acabo de enunciar, de justicia, de paz, de libertad para todos los pueblos de América. Debemos de unimos como lo hemos estado durante la lucha, para que en la época de paz de reconstrucción, después de esta guerra que ha ido realizando una transformación general en todos los sistemas, podamos llegar a la meta de nuestras aspiraciones, logrando el engrandecimiento de toda la América Española. Digo, sobre todo, de la América Española, porque a ésta la forman naciones que por su poca significación no han ocupado todavía el lugar distinguido que les corresponde en el progreso de la humanidad. Estamos viendo ahora cómo se hacen pedazos las naciones europeas para decidir su suerte en una guerra; pero los que sostienen esa contienda, que no es de defensa nacional, sino una guerra de intereses, no sienten ni piensan en todas las desgracias que pesan sobre sus actos, piensan únicamente en los grandes intereses privados, y no en los de todas, en las desgracias de los que caen como víctimas durante la lucha. Parecerá increíble que, después de una guerra en la que hemos derramado tanta sangre, y en la que hemos luchado por tanto tiempo, el Primer Jefe se exprese en estos términos; pero es que nuestra lucha ha sido de carácter distinto que aquéllas, pues la voluntad del pueblo siempre deberá imponerse sobre cualquiera ley, sobre cualquiera institución que estorbe su mejoramiento y su progreso, sobre cualquier Gobierno que impida al hombre ser ciudadano y disfrutar de todos los bienes que la naturaleza le ha concedido. El hecho de que haya habido malos elementos entre nosotros es lo que nos llevó a la contienda, porque a los hombres honrados obligan los malvados a levantar la mano para corregirlos como merecen. Ahora será el Gobierno de los hombres de sanas intenciones el que encauce el actual estado de cosas, que ha sido el resultado de una prolongada campaña para que el país vuelva a levantarse, y llegar hasta el lugar que debe ocupar en el Continente americano.

Juzgo oportuno manifestar mis deseos de que el pueblo siga al Gobierno en su difícil obra. Que el Gobierno de San Luis Potosí, y el pueblo de este Estado, sepan seguir a la Primera Jefatura, ahora que empieza la obra de reconstrucción; sólo quiero decir a esta reunión de ciudadanos que representan los intereses de la ciudad y que han tenido la bondad de obsequiarme con este banquete, que pongan fe y confianza en que el Gobierno sabrá cumplir con su deber. Para esto, pido el apoyo de todos los ciudadanos honrados y aun cuando hasta ahora es la fuerza del ejército formado por el pueblo la que se ha impuesto sobre los regímenes anteriores, guiado por estos oficiales y por estos ciudadanos que han sabido defender nuestra soberanía, espero que todos contribuyan al sostenimiento del nuevo Gobierno; y si por desgracia volvemos a tener algún otro traidor que tratara de destruir el triunfo conquistado, espero que entonces, también estos mismos oficiales y estos mismos ciudadanos que han sabido hacer triunfar nuestra Santa Causa, sabrán estar conmigo y luchar nuevamente hasta destruir cualquier intento de reacción.

Brindo por el Estado de San Luis Potosí, por la participación que ha tomado para hacer cumplir todas sus aspiraciones de libertad y de progreso; brindo también por el pueblo en general que me ha seguido con tanta abnegación en la lucha.

ANEXO 22

EL PRIMER CONGRESO FEMINISTA[26]

LA CONVOCATORIA

A LOS VEINTE y ocho días del mes de octubre de 1915, el Gobierno revolucionario del Estado que preside el Gral. D. Salvador Alvarado, dictó la siguiente convocatoria para el Primer Congreso Feminista de Yucatán, que a la letra dice:

CONSIDERANDO: que la mujer yucateca ha vivido hasta ahora entregada al hogar y sus obligaciones se han concretado a las que se originan de una vida quieta, empírica, sin dinamismo, que trascienda a la evolución y sin aspiraciones que la liberten de la tutela social y de las tradiciones en que ha permanecido sumida.

CONSIDERANDO: que la historia primitiva de la mujer es contraria al estado social y político que actualmente guarda, pues en el matriarcado, revelación y testimonio de su preponderancia pretérita, estuvo orgullosa de sus derechos.

CONSIDERANDO: que es un error social educar a la mujer para una sociedad que ya no existe, habituándola a que, como en la antigüedad, permanezca recluida en el hogar, el cual sólo abandona para asistir a los saraos y fiestas religiosas, y que no se le reivindica colocando sobre su tumba el epitafio romano: «Cuidó de su casa y supo hilar la lana», pues la vida activa de la evolución exige su concurso en una mayoría de las actividades humanas.

CONSIDERANDO: que para que puedan formarse generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca, una educación que la permita vivir con independencia, buscando en las artes subsistencia honesta, que, de este modo, los hijos que constituyen la patria futura se eduquen imitando en las madres edificantes ejemplos de labor y libertad.

CONSIDERANDO: que la Revolución Constitucionalista ha manumitido a la mujer, concediéndole derechos que antes no tenía, como los que se derivan del divorcio absoluto, y que resultarían ilusorias estas justas concesiones de no prepararla convenientemente para la conquista del pan y para la conservación y defensa de estos derechos alentándola a la conquista de nuevas aspiraciones.

CONSIDERANDO: que el medio más eficaz de conseguir estos ideales o sea de libertar y educar a la mujer, es concurriendo ella misma con sus energías e iniciativas a reclamar sus derechos, a señalar la educación que necesita y a pedir su injerencia en el Estado, para que ella misma se proteja, se convoca desde luego a un Congreso Feminista a todas las mujeres honradas de Yucatán, conforme a las siguientes bases:

I. Al Congreso Feminista podrán asistir todas las mujeres honradas de Yucatán, que posean cuando menos los conocimientos primarios.

II. El Congreso Feminista efectuará sus labores en ocho días improrrogables, verificando por lo menos una sesión diaria.

III. El Ejecutivo del Estado designará una junta que se encargará de organizar todo lo relativo al Congreso, y de nombrar comisiones iniciales hasta de cinco miembros, para resolver los temas.

IV. Este Congreso discutirá y resolverá los temas siguientes:

1. ¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones?

2. ¿Cuál es el papel que corresponde a la Escuela Primaria en la reivindicación femenina, ya que aquélla tiene por finalidad preparar para la vida?

3. ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que debe fomentar y sostener el Estado, y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del progreso?

4. ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido sino también dirigente de la sociedad?

V. Las dos primeras sesiones del Congreso tendrán por objeto: la primera, nombrar la Junta Directiva del Congreso, que se compondrá de una Presidente, una Vicepresidente, diez Vocales y tres Secretarias; y la segunda, aumentar hasta diez el número de las componentes de las comisiones que estudiarán y formularán las conclusiones de las cuestiones propuestas.

VI. Los gastos de viaje y permanencia en esta ciudad que eroguen los concurrentes al Congreso Feminista, serán cubiertos por el Estado.

VII. Las resoluciones de este Congreso tendrán el carácter de proyectos, los que serán elevados a la categoría de Leyes, previo estudio que de ellos haga el Departamento de Legislación Social de la Secretaría General de Gobierno.

VIII. La Junta Directiva actuará desde el día 7 de diciembre del presente año y dictará las órdenes conducentes a la apertura del Congreso, siendo por cuenta del Erario Público todos los gastos que erogue.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado a los veintiocho días del mes de octubre de mil novecientos quince. El gobernador y Comandante Militar del Estado. S. Alvarado. El Secretario General interino, Rafael Aguirre C.

EL INFORME DEL CONGRESO

INFORME que la Junta Directiva del Primer Congreso Feminista de Yucatán rindió al Ejecutivo del Estado, antes de la clausura del propio Congreso y de acuerdo con la Convocatoria respectiva.

Tengo el honor de comunicar al Gobierno de su digno cargo, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento Interior del Primer Congreso Feminista, las conclusiones que las señoras y señoritas congresistas aprobaron por mayoría de votos, en las sesiones verificadas durante los días 13, 14, 15 y 16 del presente mes, las cuales fueron propuestas por las comisiones encargadas de absolver los temas cuyo estudio tuvo a bien proponer.

Para la absolución del primer tema que dice: ¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones? Se acordó lo que sigue:

I. En todos los centros de cultura de carácter obligatorio o espontáneo, se hará conocer a la mujer la potencia y la variedad de sus facultades y la aplicación de las mismas a ocupaciones hasta ahora desempeñadas por el hombre.

II. Gestionar ante el Gobierno la modificación de la Legislación Civil vigente, otorgando a la mujer más libertad y más derechos para que pueda con esta libertad escalar la cumbre de nuevas aspiraciones.

III. Ya es un hecho la efectividad de la enseñanza laica.

IV. Evitar en los templos la enseñanza de las religiones a los menores de diez y ocho años, pues la niñez todo lo acepta sin examen por falta de raciocinio y de criterio propio.

V. Inculcar a la mujer elevados principios de moral, de humanidad y de solidaridad.

VI. Hacerle comprender la responsabilidad de sus actos. «El bien por el bien mismo».

VII. Fomentar los espectáculos de tendencias socialistas y que impulsen a la mujer hacia los ideales del libre pensamiento.

VIII. Instituir conferencias periódicas en las escuelas, cuya finalidad sea ahuyentar de los cerebros infantiles el negro temor de un Dios vengativo e iracundo que da penas eternas semejantes a las del Talión: «Diente por diente, ojo por ojo».

IX. Que la mujer tenga una profesión, un oficio que le permita ganarse el sustento en caso necesario.

X. Que se eduque a la mujer intelectualmente para que puedan el hombre y la mujer completarse en cualquiera dificultad y el hombre encuentre siempre en la mujer un ser igual a él.

XI. Que la joven al casarse sepa a lo que va y cuáles son sus deberes y obligaciones; que no tenga jamás otro confesor que su conciencia.

Segundo tema propuesto: ¿Cuál es el papel que corresponde a la Escuela Primaria en la reivindicación femenina, ya que aquélla tiene por finalidad preparar para la vida?

Para su absolución se acordó lo que sigue:

I. Establézcanse conferencias públicas a las que asistan principalmente profesores y padres de familia a compenetrarse de los nobilísimos fines que persigue la educación Racional con su base de libertad completa, la que lejos de conducir al libertinaje, orienta a las generaciones hacia una sociedad en que predomine la armonía y la conciencia de los deberes y derechos.

II. La supresión de las escuelas actuales, con sus textos, resúmenes y lecciones orales, para sustituirlas con institutos de educación racional, en que se despliegue acción libre y beneficiosa.

El tercero que dice: ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que deben fomentarse y sostenerse en el Estado y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del progreso? Fue absuelto dicho tema en la forma siguiente:

I. Para fomentar la afición a la pintura, crear inmediatamente una Academia de Dibujo, Pintura, Escultura y Decorado; asimismo establecer la clase de Música en las principales poblaciones del Estado.

II. Crear clases de declamación en el Conservatorio y Escuela Normal.

III. Clases de fotografía, platería, trabajos de fibra de henequén, imprenta, encuadernación, litografía, fotograbado, grabado en acero y en cobre, el arte de la florista y trabajos de cerámica en las Escuelas Vocacionales; que los emolumentos de que disfruten los profesores sean iguales; la creación de becas para las señoritas del interior del Estado que deseen cursar estas asignaturas y que todas estas clases sean también nocturnas.

IV. Creación del mayor número posible de Escuelas-Granjas Mixtas.

V. Fomentar por medio de conferencias y artículos de periódicos la afición al estudio de la medicina y farmacia en el bello sexo.

VI. Fomentar la afición a la literatura y a escribir libros de higiene, artes y cuanto redunde en pro del progreso de la mujer.

Cuarto tema: ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido sino también dirigente de la sociedad? Fue absuelto dicho tema como sigue:

I. Deben abrirse a la mujer las puertas de todos los campos de acción en que el hombre libra a diario la lucha por la vida.

II. Puede la mujer del porvenir desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, es tan capaz como éste de ser elemento dirigente de la sociedad.

Protesto las seguridades de mi más atenta y respetuosa consideración.

Constitución, y Reformas. Mérida, enero 16 de 1916. La presidente, Adolfina Valencia de A. La secretaria, Consuelo Ruz Morales, rúbricas. Al C. Gral. D. Salvador Alvarado, gobernador y comandante militar del Estado. Presente.

ANEXO 23

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA REGIÓN MEXICANA[27]

[Veracruz, 14 de marzo de 1916]

PRIMERO. La Confederación del Trabajo de la Región Mexicana acepta, como principio fundamental de la organización obrera, el de la lucha de clases, y como finalidad suprema para el movimiento proletario, la socialización de los medios de producción.

Segundo. Como procedimiento de lucha contra la clase capitalista, empleará exclusivamente la acción directa, quedando excluida del esfuerzo sindicalista toda clase de acción política, entendiéndose por ésta el hecho de adherirse oficialmente a un gobierno o a un partido o personalidad que aspire al poder gubernativo.

Tercero. A fin de garantizar la absoluta independencia de la Confederación, cesará de pertenecer a ella todo aquel de sus miembros que acepte un cargo público de carácter administrativo.

Cuarto. En el seno de la Confederación se admitirá a toda clase de trabajadores manuales e intelectuales, siempre que estos últimos estén identificados con los principios aceptados y sostenidos por la Confederación, sin distinción de credos, nacionalidades o sexo.

Quinto. Los sindicatos pertenecientes a la Confederación son agrupaciones exclusivamente de resistencia.

Sexto. La Confederación reconoce que la escuela racionalista es la única que beneficia a la clase trabajadora.

PACTO DE SOLIDARIDAD

Primera. Las agrupaciones que forman la Confederación del Trabajo de la Región Mexicana son autónomas en su régimen interior; pero en casos de interés general, se sujetarán al sentir de la mayoría de las federaciones comarcales, que serán consultadas por el Comité Central.

Segunda. El paro general será declarado sólo en casos de suma gravedad, y para el efecto se informará previamente a las agrupaciones confederadas de las causas que lo motiven.

Tercera. Cuando alguna agrupación tome alguna determinación que afecte a las demás entidades confederadas, contraviniendo este pacto, será la única responsable de las consecuencias y se considerará sin derecho a la cooperación de la Confederación.

Cuarta. Cuando del seno de una agrupación de las agrupaciones confederadas se expulse a alguno de sus miembros, se pasará aviso al Comité Central para que éste, a su vez, lo haga conocer a las demás agrupaciones, cuidando de no hacerlo cuando después de todas las investigaciones conducentes se llegue tanto en el sindicato como en la federación local o comarcal a la conclusión de que el expulsado tiene culpa efectivamente.

Quinta. Las agrupaciones confederadas contribuirán mensualmente con la cantidad que ellas mismas acuerden para el sostenimiento del Comité Central y los gastos de organización.

Sexta. Las agrupaciones confederadas que ocupen distintos locales con diferentes nombres en una misma población, harán caso omiso de ello, prestándose la ayuda que el presente pacto establece.

Séptima. Las agrupaciones no representadas en el Congreso Preliminar que estén de acuerdo con los principios sostenidos por la Confederación, pueden adherirse a ella firmando el pacto de solidaridad entre el Comité Central y la representación de dichas agrupaciones.

Octava. Las agrupaciones que acepten el presente pacto no podrán celebrar convenios aisladamente con otras agrupaciones sin previo estudio y asentimiento del Comité Central.

Novena. La Confederación se considera existente mientras haya dos federaciones que sostengan el presente pacto de solidaridad.

ANEXO 24

PROGRAMA DE REFORMAS POLÍTICO-SOCIALES DE LA REVOLUCIÓN APROBADO POR LA SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA[28]

CUESTIÓN AGRARIA

LA REVOLUCIÓN se propone realizar las siguientes reformas:

Art. 1. Destruir el latifundismo, crear la pequeña propiedad y proporcionar a cada mexicano que lo solicite la extensión de terreno que sea bastante para subvenir a sus necesidades y a las de su familia, en el concepto de que se dará la preferencia a los campesinos.

Art. 2. Devolver a los pueblos los ejidos y las aguas de que han sido despojados, y dotar de ellos a las poblaciones que, necesitándolos, no los tengan o los posean en cantidad insuficiente para sus necesidades.

Art. 3. Fomentar la agricultura, fundando bancos agrícolas que provean de fondos a los agricultores en pequeño, e invirtiendo en trabajos de irrigación, plantío de bosques, vías de comunicación y en cualquiera otra clase de obras de mejoramiento agrícola todas las sumas necesarias, a fin de que nuestro suelo produzca las riquezas de que es capaz.

Art. 4. Fomentar el establecimiento de escuelas regionales de agricultura y de estaciones agrícolas de experimentación para la enseñanza y aplicación de los mejores métodos de cultivo.

Art. 5. Facultar al Gobierno Federal para expropiar bienes raíces, sobre la base del valor actualmente manifestado al Fisco por los propietarios respectivos, y una vez consumada la reforma agraria, adoptar como base para la expropiación el valor fiscal que resulte de la última manifestación que hayan hecho los interesados. En uno y en otro caso se concederá acción popular para denunciar las propiedades mal valorizadas.

CUESTIÓN OBRERA

Art. 6. Precaver de la miseria y del futuro agotamiento a los trabajadores, por medio de oportunas reformas sociales y económicas, como son: una educación moralizadora, leyes sobre accidentes del trabajo y pensiones de retiro, reglamentación de las horas de labor, disposiciones que garanticen la higiene y seguridad en los talleres, fábricas y minas, y en general por medio de una legislación que haga menos cruel la explotación del proletariado.

Art. 7. Reconocer personalidad jurídica a las uniones y sociedades de obreros, para que los empresarios, capitalistas y patrones tengan que tratar con fuertes y bien organizadas uniones de trabajadores, y no con el operario aislado e indefenso.

Art. 8. Dar garantías a los trabajadores, reconociéndoles el derecho de huelga y el de boicotaje.

Art. 9. Suprimir las tiendas de raya, el sistema de vales para el pago del jornal, en todas las negociaciones de la República.

REFORMAS SOCIALES

Art. 10. Proteger a los hijos naturales y a las mujeres que sean víctimas de la seducción masculina, por medio de leyes que les reconozcan amplios derechos y sancionen la investigación de la paternidad.

Art. 11. Favorecer la emancipación de la mujer por medio de una juiciosa ley sobre el divorcio, que cimente la unión conyugal sobre la mutua estimación o el amor, y no sobre las mezquindades del prejuicio social.

REFORMAS ADMINISTRATIVAS

Art. 12. Atender a las ingentes necesidades de educación e instrucción laica que se hacen sentir en nuestro medio, y a este fin realizar las siguientes reformas:

I. Establecer, con fondos federales, escuelas rudimentarias en todos los lugares de la República adonde no lleguen actualmente los beneficios de la instrucción, sin perjuicio de que los Estados y los Municipios sigan fomentando los que de ellos dependan.

II. Exigir que en los institutos de enseñanza primaria se dedique mayor tiempo a la cultura física, y a los trabajos manuales y de instrucción práctica.

III. Fundar escuelas normales en cada Estado, o regionales donde se necesiten.

IV. Elevar la remuneración y consideración del profesorado.

Art. 13. Emancipar la Universidad Nacional.

Art. 14. Dar preferencia, en la instrucción superior, a la enseñanza de las artes manuales y aplicaciones industriales de la ciencia, sobre el estudio y fomento de las profesiones llamadas liberales.

Art. 15. Fomentar las reformas que con urgencia reclama el derecho común, de acuerdo con las necesidades sociales y económicas del país; modificar los códigos en ese sentido y suprimir toda embarazosa tramitación para hacer expedita y eficaz la administración de justicia, a fin de evitar que en ella encuentren apoyo los litigantes de mala fe.

Art. 16. Establecer procedimientos especiales que permitan a los artesanos, obreros y empleados el rápido y eficaz cobro del valor de su trabajo.

Art. 17. Evitar la creación de toda clase de monopolios, destruir los ya existentes y revisar las leyes y concesiones que los protejan.

Art. 18. Reformar la legislación sobre sociedades anónimas, para impedir los abusos de las juntas directivas y proteger los derechos de las minorías de accionistas.

Art. 19. Reformar la legislación minera y petrolífera, conforme a las siguientes bases:

Favorecer las exploraciones mineras y petrolíferas; promover el establecimiento de bancos refaccionarios de la minería, impedir el acaparamiento de vastas zonas; conceder amplios y eficaces derechos a los descubridores de yacimientos metalíferos; otorgar al Estado una participación proporcional de los productos brutos en las dos industrias mencionadas; declarar caducas las concesiones relativas, en caso de suspensión o posible reducción de trabajos por más de cierto tiempo, sin causa justificada, lo mismo que en los casos de desperdicio de dichas riquezas, o de infracción de las leyes que protejan la vida y la salud de los trabajadores y habitantes comarcanos.

Art. 20. Revisar las leyes, concesiones y tarifas ferrocarrileras, abolir las cuentas diferenciales en materia de transportes, y garantizar al público en los casos de accidentes ferroviarios.

Art. 21. Declarar que son expropiables por causa de utilidad pública los terrenos necesarios para él paso de oleoductos, canales de irrigación y toda clase de comunicación destinada al servicio de la agricultura y de las industrias petroleras y mineras.

Art. 22. Exigir a las compañías extranjeras que quieran hacer negocios en México cumplan con los siguientes requisitos:

I. Establecer en la República juntas directivas suficientemente capacitadas para el reparto de dividendos, rendición de informes a los accionistas, y exhibición de toda clase de libros y documentos.

II. Cumplir con el precepto hasta hoy inobservado de someterse a la jurisdicción de los tribunales mexicanos, que serán los únicos competentes para resolver sobre los litigios que se susciten con motivo de los intereses aquí radicados y, por lo mismo, sobre las demandas judiciales que contra las compañías se presenten.

Art. 23. Revisar los impuestos aduanales, los del Timbre y los demás tributos federales, a efecto de establecer mejores bases para la cuotización; destruir las actuales franquicias y privilegios en favor de los grandes capitalistas y disminuir gradualmente las tarifas protectoras, sin lesionar los intereses de la industria nacional.

Art. 24. Librar de toda clase de contribuciones indirectas a los artículos de primera necesidad.

Art. 25. Eximir de toda clase de impuestos a los artesanos y comerciantes en pequeño, así como a las fincas de un valor ínfimo.

Art. 26. Suprimir el impuesto llamado personal o de capitación y los demás similares.

Art. 27. Abolir el sistema de igualas, tanto en la Federación como en los Estados.

Art. 28. Establecer el impuesto progresivo sobre las herencias, legados y donaciones.

Art. 29. Gravar las operaciones de préstamo ya concertadas, tengan o no garantías hipotecarias, con un impuesto que recaiga exclusivamente sobre los acreedores, y que cubrirán éstos al recibir el importe de su préstamo.

Art. 30. Gravar con fuertes impuestos la venta de tabacos labrados y bebidas alcohólicas, establecerlos prohibitivos sobre éstos cuando su fabricación se haga con artículos de primera necesidad.

Art. 31. Formar el catastro y la estadística fiscal en toda la República.

REFORMAS POLÍTICAS

Art. 32. Realizar la independencia de los municipios, procurando a éstos una amplia libertad de acción que les permita atender eficazmente a los intereses comunales y los preserve de los ataques y sujeciones de los gobiernos federal y locales.

Art. 33. Adoptar el parlamentarismo como forma de Gobierno de la República.

Art. 34. Suprimir la Vicepresidencia de la República y las Jefaturas Políticas.

Art. 35. Suprimir el Senado, institución aristocrática y conservadora por excelencia.

Art. 36. Reorganizar sobre nuevas bases el Poder Judicial para obtener la independencia, aptitud y responsabilidad de sus funcionarios y hacer efectivas también las responsabilidades en que incurran los demás funcionarios públicos que falten al cumplimiento de sus deberes.

Art. 37. Implantar el sistema de voto directo, tanto en las elecciones federales como en las locales, y reformar las leyes electorales de la Federación y de los Estados, a fin de evitar que se falsifique el voto de los ciudadanos que no saben leer ni escribir.

Art. 38. Castigar a los enemigos de la causa revolucionaria, por medio de la confiscación de sus bienes y con arreglo a procedimientos justicieros.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La designación de gobernadores que se ha hecho, o que en lo sucesivo se haga, por las juntas locales de los Estados, deberá someterse para su validez a la ratificación de la Soberana Convención Revolucionaria.

Ésta podrá negar su ratificación:

I. Si el nombramiento no se ha efectuado con absoluta sujeción al artículo 13 del Plan de Ayala.

II. Si el candidato carece de antecedentes revolucionarios.

Segundo. Los gobernadores podrán ser removidos por la Convención previo proceso en forma, cuando violen los preceptos del Plan de Ayala o del presente Programa de Reformas, cometan delitos graves del orden común, toleren o dejen impunes los abusos que cometan sus subordinados o den cabida a elementos reaccionarios en el seno del Gobierno.

Tercero. Sólo tendrán derecho a tomar parte en las elecciones locales para el nombramiento de gobernadores los jefes que hayan empezado a revolucionar antes de la caída de Victoriano Huerta.

Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Jojutla, Estado de Morelos, 18 de abril de 1916.

Jenaro Amezcua, representante del general Eufemio Zapata; Agustín Arriola Valadez, representante de la División Everardo González; Donaciano Barba, representante del general Jesús Capistrán; Vidal Bolaños Villaseñor, representante del general Maximino V. Iriarte; Enrique M. Bonilla, representante de la Brigada Cal y Mayor; Aurelio Briones, Pedro Buelna, representantes del general Rafael Buelna; Baudilio B. Caraveo, representante del general Agustín Estrada; Amador Cariño, representante de la División Amador Salazar; Luis Castell Blanch, representante del general Pedro Saavedra; José H. Castro, representante del general Magdaleno Cedillo; Zenón R. Cordero, representante del general Dr. Antonio F. Cevada; Joaquín M. Cruz, representante del general Adolfo Bonilla; Antonio Díaz Soto y Gama, representante del general Emiliano Zapata; Ramón Espinosa, Leobardo Galván, representantes de la Brigada Galván; Severino Gutiérrez, representante de la División Francisco Mendoza; Juan H. Ponce, representante de la Brigada Enrique S. Villa; Cipriano Juárez, representante del general Miguel Salas; Juan Ledesma, representante de la Brigada Querétaro; Macario López, Reynaldo Lecona, representantes del general Miguel Morales; Modesto Lozano, José López Guillermín, representantes del general S. Crispín Galeana; Rodolfo Magaña, representante de la Brigada Camarena; Mucio Marín, representante del general Mucio C. Bravo; Melesio Méndez, representante de la División Genovevo de la O.; Manuel Oscura, representante del general Guillermo Santana Crespo; Albino Ortiz, representante del general M. Palafox; Agustín Preciado, representante del general Juan G. Cabral; Alberto L. Paniagua, representante de la División Domingo Arenas; Quintín A. y Pérez, representante del general Epigmenio Jiménez; Félix Rodríguez, José Pozos Rodríguez, representantes del general Francisco A. García; Leopoldo Reynoso Díaz, representante de la División Lorenzo Vázquez; Antonio Ruiz, representante del general Leandro Arcos; Francisco Alfonso Salinas, representante del general Tomás Urbina; Gumersindo M. Sánchez, representante del general Rodolfo Rodríguez; Josué S. Vega, representante del general Vicente Rodríguez; Benjamín Villa, representante del general Ramón Bahena; Ángel Zenteno, representante del general Zenteno; Luis Zubiría y Campa.

ANEXO 25

DECRETO DE CARRANZA CONTRA LOS TRABAJADORES[29]

VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido, y considerando: Que las disposiciones que se han dictado por las autoridades constitucionalistas para remediar la situación económica de las clases trabajadoras y el auxilio que se les ha prestado en multitud de casos, lejos de determinarlas a prestar de buena voluntad su cooperación para ayudar al Gobierno a solucionar las dificultades con que ha venido luchando a fin de implantar el orden y preparar el restablecimiento del régimen constitucional, han hecho creer a dichas clases que de ellas depende exclusivamente la existencia de la sociedad, y que son ellas, por lo tanto, las que están en posibilidad de imponer cuantas condiciones estimen convenientes a sus intereses, aun cuando por esto se sacrifiquen o perjudiquen los de toda la comunidad y aun él comprometa la existencia del mismo Gobierno;

Que para remediar ese mal no hace mucho tiempo la autoridad militar del Distrito Federal hizo saber a la clase obrera que si bien la Revolución había tenido como uno de sus principales fines la destrucción de la tiranía capitalista, no había de permitir que se levantase otra tan perjudicial para el bien de la República, como sería la tiranía de los trabajadores;

Que esto no obstante, la suspensión del trabajo de la Empresa de Luz Eléctrica y de las otras que con ella están ligadas, que acaba de declarar el sindicato obrero, está demostrando de una manera palmaria que los trabajadores no han querido persuadirse de que ellos son una parte pequeña de la sociedad y que ésta no existe sólo para ellos, pues que hay otras clases cuyos intereses no les es lícito violar, porque sus derechos son tan respetables como los suyos;

Que si bien la suspensión del trabajo es el medio que los operarios tienen para obligar a un empresario a mejorar los salarios cuando éstos se consideran bajos en relación con los beneficios que aquél obtiene, tal medio se convierte en ilícito desde el momento que se emplea no sólo para servir de presión sobre el industrial, sino para perjudicar directa e indirectamente a la sociedad, sobre todo, cuando se deja ésta sin la satisfacción de necesidades imperiosas, como sucede con la suspensión actual, la que si bien daña a las empresas a que pertenecen los obreros del sindicato, daña aún más a la población entera, a la que se tiene sin luz, sin agua y sin medios de transporte, originando así males de muchísima consideración;

Que por otra parte, la exigencia del sindicato obrero al decretar la suspensión del trabajo, no va propiamente encaminada contra las industrias particulares de los empresarios, sino que afecta de una manera principal y directa al Gobierno y a los intereses de la nación, supuesto que tiene por objeto sancionar el prestigio del papel constitucionalista, único recurso de que se puede disponer por ahora como medio de cambio y para hacer todos los gastos del Servicio Público, entretanto se puede restituir la circulación de especies metálicas; pues que claramente se propone en la resolución de la Comisión que ha declarado la suspensión, que no se acepte dicho papel por el valor que le ha fijado la ley, sino por el que le fijen con relación al oro nacional las operaciones que se hacen con especulación de mala fe verificada contra las expresas prevenciones de aquélla;

Que la conducta del sindicato obrero es en el presente caso tanto más antipatriótica y por tanto más criminal, cuanto que está determinada por las maniobras de los enemigos del Gobierno, que queriendo aprovechar las dificultades que ha traído la cuestión internacional con los Estados Unidos de América, y la imposibilidad, o al menos la gran dificultad de obtener municiones fuera del país, quieren privarlo del medio de proporcionárselas con su propia fabricación en los establecimientos de la nación, quitándole al efecto la corriente eléctrica indispensable para el movimiento de la maquinaria;

Que en vista de esto, hay que dictar sin demora las medidas que la situación reclama, ya que además de ser intolerable que la población del Distrito Federal siga careciendo de agua, luz y transportes y de que sigan paralizados todos los servicios públicos, hay el peligro de que a su ejemplo se generalicen los trastornos de la paz en otras partes de la República;

Que la conducta del sindicato obrero constituye, a no dudarlo, en el presente caso, un ataque a la paz pública, tanto por el fin que con ella se persigue, toda vez que, según se ha expresado, procede de los enemigos del Gobierno y está encaminada a poner al mismo en la imposibilidad de servirse de sus propios recursos para atender a las necesidades de la pacificación y el restablecimiento del orden en la nación, y a desprestigiar el papel constitucionalista privándolo del valor que la ley le ha fijado; pero como pudieran no estar comprendidos en la Ley de 25 de enero de 1862 otros casos y otras personas además de los principales promotores de la suspensión actual, se hace indispensable ampliar las disposiciones de la citada ley, extendiéndola a casos que de seguro habría comprendido si en la época en que se dio hubiera sido conocido este medio de alterar la paz y de hostilizar al Gobierno de la nación.

Por todo lo expuesto, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se castigará con la PENA DE MUERTE, además de a los trastornadores del orden público que señala la Ley de 25 de enero de 1862:

Primero. A los que inciten a la suspensión del trabajo en las fábricas o empresas destinadas a prestar servicios públicos o la propaguen; a los que presidan las reuniones en que se proponga, discuta o apruebe; a los que la defiendan y sostengan; a los que la aprueben o suscriban; a los que asistan a dichas reuniones o no se separen de ellas tan pronto como sepan su objeto, y a los que procuren hacerla efectiva una vez que se hubiera declarado.

Segundo. A los que con motivo de la suspensión de trabajo en las fábricas o empresas mencionadas o en cualquiera otra, y aprovechando los trastornos que ocasiona, o para agravarla o imponerla destruyeren o deterioraren los efectos de la propiedad de las empresas a que pertenezcan los operarios interesados en la suspensión o de otras cuyos operarios se quiera comprender en ella; y a los que con el mismo objeto provoquen alborotos públicos, sea contra funcionarios públicos o contra particulares, o hagan fuerza en la persona o bienes de cualquier ciudadano, o que se apoderen, destruyan o deterioren bienes públicos o de propiedad particular.

Tercero. A los que con amenazas o por la fuerza impidan que otras personas ejecuten los servicios que prestaban los operarios en las empresas contra las que se haya declarado la suspensión del trabajo.

Artículo 2.º Los delitos de que habla esta Ley serán de la competencia de la misma autoridad militar que corresponde conocer de los que define y castiga la Ley de 25 de enero de 1862, y se perseguirán, y averiguarán, y castigarán en los términos y con los procedimientos que señala el decreto número 14, de 12 de diciembre de 1913.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento y efectos consiguientes.

Dado en la ciudad de México, a primero de agosto de 1916. V. Carranza.

CAPÍTULO V

Don Venustiano Carranza convoca a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857. El Congreso se reúne el 1.º de diciembre de 1916 y termina sus labores el 31 de enero de 1917. El 5 de febrero es proclamada la nueva Carta Magna. Exposición y crítica de los artículos 3.º, 27, 28, 123 y 130. Convocatoria para elecciones de diputados, senadores y Presidente de la República. El 1.º de mayo ocupa don Venustiano Carranza la silla presidencial. ¿En 1972 se cumple con los ideales de los constituyentes de 1917?

EL SEÑOR Carranza, con sorpresa para la mayoría de la nación, convocó a un Congreso Constituyente por medio de dos decretos fechados el 14 y el 19 de septiembre de 1916, El Congreso debía reunirse para reformar la Constitución de 1857, iniciar sus labores el 1.º de diciembre y terminarlas el 31 de enero de 1917. Las elecciones de diputados se efectuaron el 22 de octubre; y el 20 de noviembre tuvo lugar en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro la primera reunión de los presuntos diputados. En otras de las sesiones previas fue designado presidente del Constituyente el licenciado Luis Manuel Rojas, hombre de limpios antecedentes revolucionarios, quien según podrá recordar el lector, escribió en febrero de 1913 la tremenda requisitoria contra el embajador de los Estados Unidos Henry Lane Wilson, acusándolo de complicidad en los asesinatos de los señores Madero y Pino Suárez.

El 1.º de diciembre, de conformidad con la Convocatoria, inició sus tareas el Congreso. Don Jesús Romero Flores, testigo presencial de los hechos por haber sido uno de los diputados, escribe lo siguiente:

«El recinto del Congreso estaba lujosamente engalanado: en el fondo se encontraba el estrado de la mesa directiva; al pie del foro la tribuna para los oradores y las mesas de taquígrafos parlamentarios; en todo el salón se instalaron las curules de los diputados; en las plateas, los lugares señalados al cuerpo diplomático, secretarios de Estado, militares y representantes de la prensa; los palcos estaban atestados de una numerosísima concurrencia de todos los sectores sociales, siendo el pueblo quien en mayor número campesinos y obreros de las fábricas inmediatas a Querétaro, ocupaban los palcos y galerías.

»Una comisión de diputados recibió en el pórtico al señor Carranza, quien entró acompañado de los señores secretarios de Fomento y Justicia, respectivamente, ingeniero Pastor Rouaix y licenciado Roque Estrada, y de los miembros de su Estado Mayor.

»Ocupó en el estrado el señor Carranza el sitio de honor, teniendo a su derecha al presidente del Congreso y distribuidos en los demás sitiales los miembros de la mesa directiva, los secretarios de Estado y el señor general Federico Montes, gobernador de Querétaro.

»El licenciado Rojas, en medio de un silencio general, declaró: “El Congreso Constituyente abre hoy, día primero de diciembre de mil novecientos dieciséis, su único periodo de sesiones”. Después, el señor Carranza dio lectura a su informe, que fue escuchado con sumo interés y en el cual hacía un sesudo análisis de la Constitución de 1857 que trataba de reformarse; de las causas en que se fundaban esas reformas, y, finalmente, de los artículos que a su juicio deberían ser modificados. Puso en manos del señor presidente del Congreso el Proyecto de Reformas que sometía al estudio y deliberación de la asamblea».

El proyecto de reformas de don Venustiano reproducía buen número de artículos de la Constitución de 1857 sin ninguna modificación, pero contenía cambios más o menos substanciales en varios de los más importantes. Sin embargo, esos cambios resultaron demasiado prudentes o tímidos para el ala izquierda del Congreso que incuestionablemente constituía la mayoría del mismo. Mención especial merecen los artículos 3.º, 27, 28, 123 y 130. Fueron y son a nuestro juicio los de mayor significación de la nueva Carta Magna que debía regir y que rige en nuestro país desde hace algo más de diez lustros. Por este hecho seguramente incontrovertible son de tales artículos de los que en forma especial vamos a ocuparnos.

En aquel momento histórico había entre los miembros de la asamblea un grupo numeroso de jóvenes revolucionarios que habían luchado en los campos de batalla y que quería de una vez por todas transformar la estructura económica y las instituciones jurídicas de la nación para que el pueblo de México pudiera marchar hacia adelante y realizar plenamente su destino. Este grupo de inconformes con el proyecto de la Primera Jefatura desempeñó un papel de singular importancia en tan memorable reunión. Ya se sabe bien que el progreso y la civilización han sido resultado de la inconformidad. ¿Los fundadores de religiones, los descubridores de islas y continentes, los creadores de patrias, los grandes cientistas y los grandes inventores, no han sido acaso grandes inconformes? Pues bien, dentro de un marco modesto, modestísimo, aquellos hombres de izquierda contribuyeron a que la Constitución de 5 de febrero de 1917 fuera la más avanzada del mundo en la fecha en que fue promulgada. Al principio, la criticaron con severidad y acritud no pocos juristas de la vieja escuela porque trataba de resolver en algunos de sus artículos problemas ingentes de carácter económico y social; mas después ha sido imitada lo mismo en América que en Europa al reorganizar u organizarse otras naciones.

Pasemos a examinar los artículos mencionados: El artículo 3.º se discutió durante 4 días y fue votado por 99 votos en pro y 58 en contra. El texto aprobado se copia a continuación:

«Artículo 3.º La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.

»Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.

»Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial.

»En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria».

El artículo 3.º de la Constitución de 1857 se limitaba a estatuir que la enseñanza debía ser libre. Claramente se ve el predominio de la doctrina liberal de fines del siglo XVIII y primera mitad del XIX. En cambio, el mismo artículo de la Constitución de 1917 establece el laicismo en todas las escuelas oficiales y particulares y en todos los grados. Además, prohíbe que las corporaciones religiosas o ministros de cualquier culto puedan establecer escuelas primarias. De suerte que el legislador de 1917 está en contra de la educación religiosa, en forma radical y tajante. El hecho se explica porque en las filas revolucionarias durante la lucha armada, fue creciendo un sentimiento anticlerical a causa de que en la mayoría de los casos, como ya lo sabe el lector, los miembros del Clero se habían puesto del lado del huertismo. De seguro también influyó el conocimiento que algunos constituyentes tenían de la dolorosa historia de México.

En el mes de diciembre de 1934 se reformó el artículo 3.º redactado por los Constituyentes de Querétaro, para establecer, según se dijo entonces, la educación socialista. Esto fue, incuestionablemente, grave error, por dos razones fundamentales: la primera porque es absurdo educar dentro de moldes socialistas a la niñez y a la juventud de un país en que no existe el socialismo; y la segunda, porque con excepciones que confirman la regla, los profesores de todos los grados de la enseñanza no tenían ni siquiera nociones de tal doctrina. ¿Y cómo iban a enseñar lo que ellos ignoraban? Inevitablemente la protesta fue casi unánime, persistente y sin tregua, hasta diciembre de 1945, en que se impuso la necesidad de reformar la reforma anterior.

El nuevo artículo 3.º, todavía vigente, fue seguramente redactado por don Jaime Torres Bodet, entonces Secretario de Educación, con ánimo conciliador. Sin embargo, los sectores más reaccionarios no han dejado de protestar contra dicho ordenamiento, solicitando su reforma cada vez que la ocasión se presenta. Pero para conocimiento del lector vamos a transcribir las cuatro primeras fracciones de dicho artículo que son las más importantes:

«Art. 3.º La educación que imparta el Estado —Federación, Estados, Municipios—, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia:

»I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:

»a) Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

»b) Será nacional, en cuanto —sin hostilidades ni exclusivismos— atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.

»c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos;

»II. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y grados. Pero por lo que concierne a la educación primaria, secundaria y normal (y a la de cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a campesinos), deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público. Dicha autorización podrá ser negada o revocada, sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno;

»III. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior, deberán ajustarse, sin excepción, a lo dispuesto en los párrafos iniciales I y II del presente artículo, y, además, deberán cumplir los planes y los programas oficiales;

»IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones, que exclusiva o predominantemente realicen actividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, no intervendrán en forma alguna en planteles en que se imparta educación primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros o a campesinos…».

Como se ve, el artículo 3.º por segunda vez reformado, es menos radical que el redactado por los constituyentes de 1857, puesto que permite tácitamente la instrucción religiosa en las escuelas de enseñanza superior: técnicas, universitarias o de otra índole. Cabe decir que fue un paso atrás, una oscilación de la izquierda a la derecha dentro de la terminología y realidad mexicanas. No obstante, es honrado reconocer que en la actualidad —julio de 1970— no se cumple con la letra ni mucho menos con el espíritu del flamante artículo sencillamente porque la Secretaría de Educación Pública permite que se imparta educación religiosa en las escuelas particulares primarias y secundarias, así como también la participación del Clero en tales establecimientos.

El artículo 27 del proyecto de Constitución enviado por el señor Carranza al Congreso Constituyente no satisfizo a los legisladores, según lo refiere el ingeniero Pastor Rouaix en su excelente libro Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917. La redacción que se aprobó fue resultado de largas deliberaciones entre los diputados de la izquierda del Congreso, que conocían bien los problemas más apremiantes del país y a quienes dominaba una pasión encendida para asegurar la independencia y el adelanto de su patria.

A nuestro parecer, los aspectos de mayor alcance político, económico y social del artículo 27, pueden sintetizarse en la forma que vamos a intentar:

Primero. La declaración de que la propiedad de las tierras y aguas corresponde originalmente a la nación.

Segundo. El principio de que la propia nación tiene en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Es decir, el legislador se pronuncia a favor de la tesis de que la propiedad no es de derecho natural, sino un derecho eminentemente social.

Tercero. El principio de expropiación por causa de utilidad pública.

Cuarto. El principio de que corresponde a la nación el dominio directo de los recursos del subsuelo y que tal dominio es inalienable e imprescriptible. Como se ve, hay una separación precisa entre la propiedad del suelo y la subterránea, en contra de lo dispuesto por el Código de Minería de 1884, que la había asimilado.

Quinto. La exigencia de que durante el próximo periodo constitucional —1917-1920— debían fraccionarse los latifundios con el fin de crear la pequeña propiedad.

Sexto. La elevación a precepto constitucional de la Ley de 6 de enero de 1915. Los constituyentes quisieron dar mayor fuerza a la obligación de restituir y dotar de tierras a los pueblos.

Séptimo. La prohibición de que las asociaciones religiosas de cualquier índole pudieran adquirir, poseer o administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos. Se ratifica lo dispuesto a este propósito por el mismo artículo de la Constitución de 1857.

El artículo 27 que fue aprobado por unanimidad es, sin duda, el más avanzado de la Carta Magna vigente, no obstante que ha sufrido trece modificaciones en el curso de los cincuenta y cuatro años transcurridos; unas veces en sentido afirmativo para los grandes intereses nacionales, como en la reforma cardenista de 27 de diciembre de 1939 y otras en forma negativa como en la alemanista de 31 de diciembre de 1946. En la primera se establece que la explotación del petróleo sólo puede hacerla el Gobierno Federal, de seguro para evitar que las concesiones que se otorguen a particulares se traspasen a empresas extranjeras; en la segunda, la alemanista, se favoreció la formación de nuevos latifundios en los distritos de riego, al aumentar la extensión de la pequeña propiedad inafectable, perjudicando así a los campesinos pobres con sus derechos agrarios a salvo.

De todos modos, el artículo 27 ha sido de enorme beneficio para el país, puesto que ha contribuido junto con la reforma agraria a robustecer la nacionalidad y la independencia económica de México. El petróleo es nuestro y la tierra pertenece en la inmensa mayoría de los casos a los mexicanos. Sin embargo, es menester confesar que todavía existen latifundios, grandes propiedades y cientos de miles de campesinos sin tierras.

En relación con la tenencia de la tierra que ha sido históricamente y que es todavía el problema fundamental de México, dimos nuestro parecer en el libro El agrarismo mexicano y la reforma agraria. Exposición y crítica en los términos que desde luego copiamos:

«Para terminar queremos expresar con sinceridad nuestro parecer sobre el futuro de la reforma agraria. Pensamos que lo fundamental consiste en elevar el nivel económico y cultural de las grandes masas de la población campesina, no sólo por razones humanas, sino también por razones económicas. Es menester incorporar de prisa y definitivamente a los habitantes del campo tanto indios puros como mestizos a la civilización occidental, según hemos convenido en llamarla; es preciso robustecer el mercado interno elevando en alto grado la capacidad de compra del proletariado rural, sin lo cual no será posible la industrialización de México.

»Ahora bien, al abarcar en su conjunto el estado en que se halla el desarrollo de la reforma agraria al comenzar el periodo gubernamental del licenciado Adolfo López Mateos, creemos que ha sido un grave error la parcelación de numerosos ejidos, creando minifundios que imposibilitan su cultivo con técnica y procedimientos modernos y que no han sacado de la miseria o la pobreza a los usufructuarios de ellos. De aquí que tenemos la convicción más firme de que es necesario, urgente e inaplazable reformar la reforma agraria con el fin de que cada ejido se explote colectivamente, sin excepción alguna, a fin de constituir unidades agrícolas organizadas bajo normas cooperativas. De esta manera los ejidos podrán utilizar tractores, camiones, abonos, semillas mejoradas, para ser sujetos de crédito solvente al incrementar la producción y la productividad. Por supuesto que el número de campesinos de cada unidad ejidal deberá limitarse con el propósito concreto de que cada familia disfrute de un mediano bienestar económico, lejos de la pobreza o la miseria en que han vivido sumergidos sus padres, sus abuelos y todos sus antepasados durante más de cuatro siglos. Los campesinos sobrantes a los que ya no sea posible dotar de terrenos productivos por absoluta carencia de ellos, podrán ser absorbidos por la industria del país, cada vez más importante, resultado —bueno es apuntarlo de nuevo— de una creciente demanda interna de mercancías.

»Por otra parte, debe enmendarse la reforma constitucional de diciembre de 1946, pues no encontramos razonable ni justificado que se fije una mayor extensión de tierra inafectable cuando se cultiva con productos de mayor rendimiento, tales como el algodón, la caña de azúcar, etc. Además, es conveniente revisar la legislación sobre explotaciones ganaderas para evitar que una vez conseguido el certificado de inafectabilidad se cultiven las tierras con maíz, frijol, trigo y aun productos de mayor rendimiento. También debe evitarse con decisión y energía la concentración familiar de la tierra que existe en los distritos de riego, con mengua del espíritu de reforma agraria y de los ideales a que aspira el pueblo de México en la actualidad, es decir en 1959.

»De acuerdo con lo anterior ya no debe permitirse que personajes influyentes por su privanza política, por su riqueza no siempre bien habida o por ambas cosas, a la vez, continúen siendo dueños de 1000, 1500 y 2000 hectáreas y todavía más, mientras miles de campesinos sin tierra esperan desilusionados y hambrientos el cumplimiento de lo que se les ha prometido una y muchas veces.

»Finalmente sintetizamos nuestro pensamiento afirmando que debe reformarse la reforma agraria, si queremos avanzar con paso firme en la historia y acelerar el progreso económico, social, político y cultural de todos los habitantes de la nación».

El artículo 28 contra los monopolios es una juiciosa y útil ampliación del mismo artículo de la Constitución anterior; mas desgraciadamente no puede afirmarse que no existan monopolios de empresas privadas en México o de clara tendencia monopolística, aun cuando legalmente sea difícil la comprobación. Por supuesto que no nos referimos al petróleo, a los ferrocarriles ni a la industria eléctrica, porque son entidades económicas gubernamentales, distintas de las que tuvieron en mente los legisladores; son producto de nuevas modalidades económicas, de sucesos económicos modernos de organización social.

Pasemos ahora al artículo 123 que es, como se sabe bien, base de la legislación del trabajo. Este artículo no fue en la mayoría de sus fracciones novedad mexicana, puesto que muchas de las normas que establece ya existían en algunas otras naciones: el derecho de huelga, la jornada de 8 horas, la fijación de un salario mínimo, etc. Probablemente la única novedad de importancia se encuentra en la fracción VI en cuanto al reparto de utilidades que las empresas deben conceder a los trabajadores. Por otra parte, vale la pena insistir en lo que ya se apuntó con anterioridad, es decir, que dicho artículo tuvo buen número de antecedentes en decretos, manifiestos, programas, discursos y artículos antes de la Revolución y durante las varias etapas de la contienda armada.

Ahora bien, el artículo 123 se cumple en parte y en algunas partes. Pongamos tan sólo algunos ejemplos:

El salario mínimo fijado para 1970-1971 no es suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia, ni siquiera en la ciudad de México, mucho menos en otras ciudades y todavía menos en pequeñas poblaciones y en el campo. En muchos lugares del país, está por debajo de la Ley de Bronce de Fernando Lassalle. Por otro lado, en relación con el reparto de utilidades, no todas las empresas cumplen con el ordenamiento o acuden a triquiñuelas contables para reducir la parte que corresponde a los trabajadores.

La jornada de ocho horas y las normas relativas al trabajo de los niños menores de doce años, se cumplen en las grandes industrias; mas no siempre en las pequeñas, en el comercio, en diversos servicios y sobre todo, sobre todo, en el campo.

La industria a domicilio continúa siendo explotación inhumana, especialmente de las mujeres costureras, por individuos voraces y sin escrúpulos, lo mismo extranjeros que mexicanos.

En fin, el hecho incontrovertible es que a la distancia de cincuenta y cuatro años de haberse establecido por los constituyentes de 1917 las bases de la legislación del trabajo, no podemos ufanamos de su pleno acatamiento. Es cierto que las dificultades han sido y son considerables; que muchas veces la realidad se opone a la consecución de los mejores propósitos; pero es cierto también, por una parte, que ha faltado decisión, desinterés, energía, honradez e ímpetu creador de los gobernantes; y por la otra, cabe señalar en cuanto a los industriales, comerciantes y hombres de negocios de toda laya, la incomprensión de sus verdaderos intereses, su egoísmo, su fiebre de lucro y su táctica absurda de creer que lo mejor para ellos es esquilmar sin medida a sus empleados y obreros. Claro está que tratándose de los hombres de Gobierno, lo mismo que de los negociantes —acudimos a un lugar común— hay excepciones que confirman la regla.

El artículo 123 ha sido reformado el 6 de septiembre de 1929 y el 21 de octubre de 1960; en sus fracciones II, III, VI, XXI y XXII el 20 de noviembre de 1962; en su fracción IX, el 4 de noviembre de 1933 y el 20 de noviembre de 1962; en su fracción XVIII, el 30 de diciembre de 1938; en su fracción XXIX, el 6 de septiembre de 1929; en su fracción XXXI, el 5 de noviembre de 1942 y el 20 de noviembre de 1962, y en su apartado B el 21 de octubre de 1960 y el 6 de octubre de 1961. Las reformas de mayor importancia y trascendencia fueron promovidas por el licenciado Adolfo López Mateos en los primeros años de su gestión presidencial.

El artículo 130 permanece teóricamente incólume, sin lesión ni menoscabo en su redacción; es el mismo que redactaron los constituyentes de 1917. ¿Pero hay alguna persona honrada que al leerlo con atención pueda decir que se cumple plenamente? La verdad es que no pocos de sus preceptos son letra muerta. La Secretaría de Gobernación desde hace mucho tiempo no ha cumplido, ni cumple en la actualidad con el deber ineludible que tiene de hacer que se cumpla con la Constitución. Recordemos tan sólo el párrafo siguiente:

«Para ejercer en los Estados Unidos Mexicanos el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por nacimiento».

¿No hay ministros extranjeros de diferentes cultos en México, especialmente del culto católico? Nosotros respondemos categóricamente, despacio y en voz alta que sí los hay. ¿Y por qué se han permitido tamañas violaciones a la ley fundamental de la República? Lo más alarmante es la inmigración de ministros del culto católico de nacionalidad española, enviados a México en el curso de los años del Gobierno franquista. Decimos lo más alarmante porque los clérigos españoles, el hecho es bien conocido, son los más fanáticos e ignorantes, los de criterio más estrecho porque viven en el siglo XVI; y esos clérigos están envenenando la conciencia de la niñez y de la juventud.

La Secretaría de Gobernación ha permitido desde hace lustros las violaciones a este artículo constitucional. Los secretarios de Gobernación han sido Miguel Alemán, Héctor Pérez Martínez, Adolfo Ruiz Cortines, Ángel Carvajal, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría; tres ex Presidentes y el actual Presidente. Y ahora parece oportuno citar el artículo 87: «El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”». Dejamos al lector que por sí mismo llegue a las deducciones e inducciones que estime apropiadas.

El autor de este libro no está en contra de ninguna religión. Las respeta como el que más; pero sí está en contra de aquellos ministros de cultos que no enseñan, ni conocen bien la esencia de la doctrina que tienen el deber de conocer con profundidad y que, olvidándola con frecuencia lamentable, lo único que les importa es la ceremonia, el rito y lucrar en el ejercicio de su ministerio.

Los dos artículos que exigieron mayor trabajo y más arduas discusiones fueron el 27 y 123. El ingeniero Pastor Rouaix durante varias semanas trabajó sin descanso, fuera de las sesiones del Congreso, en la redacción de dichos artículos. Sus principales colaboradores tratándose del artículo 123, fueron los licenciados José Natividad Macías, José Inocente Lugo y el señor Rafael de los Ríos. A las personas anteriormente citadas al elaborarse el artículo 27 se sumó el licenciado Andrés Molina Enríquez. Pero debe aclararse que también contribuyeron eficazmente en las discusiones de ambos ordenamientos constitucionales varios miembros del Congreso. En consecuencia puede afirmarse de modo categórico que ninguna persona en particular fue el autor de ninguno de los dos proyectos que con pocas modificaciones aprobó el Constituyente; fue obra colectiva en la que participaron predominantemente los diputados izquierdistas. Sin embargo, es justo reconocer que el papel principal lo desempeñó el ingeniero Rouaix, revolucionario sin tacha, injustamente olvidado.

Hay otro hecho que es menester dejar en claro. Nos referimos a que el señor Carranza, independientemente de sus opiniones personales, dejó que los constituyentes discutieran con absoluta libertad, sin ejercer ninguna presión para que se aprobara su proyecto de reformas. Y así lo demuestra la Constitución aprobada y proclamada el 5 de febrero de 1917, que el propio señor Carranza juró cumplir y hacer cumplir.

En la sesión de clausura el presidente del Congreso, don Luis Manuel Rojas, en una parte de su discurso se dirigió al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista en los términos siguientes:

«Si en algunos puntos se ha ido un poco más allá de lo que vuestra sabiduría había indicado como un término medio, justo y prudente de las encontradas tendencias nacionales, el calor de la juventud, que ha seguido la gloriosa bandera enarbolada por usted en Guadalupe, su entusiasmo revolucionario, después de la lucha, y su natural afán de romper los viejos moldes sociales, reaccionando así contra inveterados vicios del pasado, explican suficientemente los motivos habidos en el seno de esta Asamblea para apartarse algo de la senda serena y perfectamente justificada que usted nos había trazado…

»De cualquier manera que se piense, es claro que la obra legislativa que surge de este Congreso, como punto admirable de la gran Revolución Constitucionalista, había de caracterizarse por su tendencia a buscar nuevos horizontes y a desentenderse de los conceptos consagrados de antaño en bien de las clases populares que forman la mayoría de la población mexicana, que han sido tradicionalmente desheredadas y oprimidas».

Un día después de haber llegado a su término la obra legislativa, el 6 de febrero, don Venustiano Carranza expidió la convocatoria para elecciones de diputados y senadores al XXVII Congreso de la Unión y para Presidente de la República. Las elecciones se efectuaron el 11 de marzo. De manera obvia fue electo Presidente quien había ejercido las funciones de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión. El 15 de abril tuvo lugar la apertura del nuevo Congreso y el 1.º de mayo de 1917, año memorable, ocupó la Presidencia de la República don Venustiano Carranza. A partir de ese momento comenzó una nueva etapa histórica: la de los gobiernos revolucionarios.

El país volvió a tener un Gobierno constitucional, después de cuatro años de sangrienta lucha en la que por la guerra, el hambre y la epidemia de tifo murieron alrededor de un millón de mexicanos. Los cuatro jinetes del Apocalipsis habían cabalgado furiosos e incansables por todo el inmenso territorio de la nación.

Y para honrar a nuestros muertos los revolucionarios sinceros y los que por azar ocupan altos puestos gubernamentales, debemos para celebrar con dignidad cada 5 de febrero la Promulgación de nuestra Carta Magna, trabajar sin tregua para que se cumplan sus postulados fundamentales. No sólo eso, sino marchar hacia adelante de acuerdo con la realidad de nuestro momento histórico, el progreso tecnológico y las nuevas corrientes del pensamiento contemporáneo. La meta inmediata que debemos alcanzar con urgencia inaplazable y sin escatimar esfuerzo alguno, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio en otros trabajos y hace muchos años, estriba en acabar con la miseria, la ignorancia y las enfermedades de las grandes masas de nuestra población. Todavía hoy, después de más de medio siglo, no obstante los logros alcanzados en el campo social y económico, todavía hoy, repetimos, existen millones de mexicanos con hambre de pan, hambre de tierras, hambre de justicia y hambre de libertad.

Y no son palabras vanas, ni manía de hacer frases. Hay hambre de pan en el sentido de una alimentación insuficiente e inapropiada para más de un 60% de los habitantes del país; hay hambre de tierras, porque miles de campesinos no las tienen y tienen derecho a tenerlas; hay hambre de justicia, entre otras varias y complejas razones, porque no puede haberla cuando la mayor parte del ingreso nacional se distribuye entre la minoría privilegiada o semiprivilegiada; y hay hambre de libertad, porque esta hermosa palabra es mentira si no se disfruta de mediano bienestar económico, base necesaria para ocupar un sitio decoroso en la sociedad.

Sin embargo, no somos pesimistas. Durante largos años el problema fundamental de México fue conocer nuestros problemas. Ahora creemos que por lo menos ya los conocemos y, por lo tanto, ya conocemos los medios para resolverlos. Para ello necesitamos ser laboriosos, capaces, honrados y amar a México con hondo interés desinteresado.

ANEXO 26

LA CONSTITUCIÓN DE 1917[30]

ARTÍCULO 3.º

Artículo 3. La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.

Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.

Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial.

En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.

ARTÍCULO 27

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña propiedad; para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones de terrenos que se hayan hecho hasta ahora de conformidad con el decreto de 6 de enero de 1915. La adquisición de las propiedades particulares necesarias para conseguir los objetos antes expresados se considerará de utilidad pública.

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.

Son también propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las de las lagunas y esteros de las playas; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos principales o arroyos afluentes desde el punto en que brota la primera agua permanente hasta su desembocadura, ya sea que corran al mar o que crucen dos o más Estados; las de las corrientes intermitentes que atraviesen dos o más Estados en su rama principal, las aguas de los ríos, arroyos o barrancos, cuando sirvan de límite al territorio nacional o al de los Estados; las aguas que se extraigan de las mismas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes anteriores en la extensión que fija la ley. Cualquiera otra corriente de agua no incluida en la enumeración anterior, se considerará como parte integrante de la propiedad privada que atraviese; pero el aprovechamiento de las aguas, cuando su curso pase de una finca a otra, se considerará como de utilidad pública y quedará sujeta a las disposiciones que dicten los Estados.

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones por el Gobierno Federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata y se cumpla con los requisitos que prevengan las leyes.

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación se regirá por las siguientes prescripciones:

I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o combustibles minerales en la República Mexicana. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas;

II. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente, por sí o por interpósita persona, entrarán al dominio de la Nación, concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. La prueba de presunciones será bastante para declarar fundada la denuncia. Los templos destinados al culto público son de la propiedad de la Nación representada por el Gobierno Federal, quien determinará los que deben continuar destinados a su objeto. Los obispados, casas curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la Nación para destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los Estados en sus respectivas jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto público, serán propiedad de la Nación;

III. Las instituciones de beneficencia pública o privada que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él; pero podrán adquirir, tener y administrar capitales impuestos sobre bienes raíces, siempre que los plazos de imposición no excedan de diez años. En ningún caso las instituciones de esta índole podrán estar bajo el patronato, dirección, administración, cargo o vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas; ni de ministros de los cultos o de sus asimilados, aunque éstos o aquéllos no estuvieren en ejercicio;

IV. Las sociedades comerciales por acciones no podrán adquirir, poseer o administrar fincas rústicas. Las sociedades de esta clase que se constituyeren para explotar cualquiera industria fabril, minera, petrolera o para algún otro fin que no sea agrícola, podrán adquirir, poseer o administrar terrenos únicamente en la extensión que sea estrictamente necesaria para los establecimientos o servicios de los objetos indicados, que el Ejecutivo de la Unión o de los Estados fijarán en cada caso;

V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo;

VI. Los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les haya restituido o restituyeren conforme a la Ley de 6 de enero de 1915, entretanto la ley determina la manera de hacer el repartimiento únicamente de las tierras;

VII. Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones III, IV y VI, ninguna otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar por sí bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al objeto de la institución. Los Estados, el Distrito Federal y los Territorios, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.

Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada; y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base, aumentándolo con un diez por ciento. El exceso de valor que haya tenido la propiedad particular por las mejoras que se le hubieren hecho con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a la resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.

Se declaran nulas todas las diligencias, disposiciones, resoluciones y operaciones de deslinde, concesión, composición, sentencia, transacción, enajenación o remate que hayan privado total o parcialmente de sus tierras, bosques y aguas a los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población que existan todavía, desde la Ley de 25 de junio de 1856; y del mismo modo serán nulas todas las disposiciones, resoluciones y operaciones que tengan lugar en lo sucesivo y que produzcan iguales efectos. En consecuencia, todas las tierras, bosques y aguas de que hayan sido privadas las corporaciones referidas, serán restituidas a éstas con arreglo al decreto de 6 de enero de 1915, que continuará en vigor como ley constitucional. En el caso de que, con arreglo a dicho decreto, no procediere por vía de restitución la adjudicación de tierras que hubiere solicitado alguna de las corporaciones mencionadas, se le dejarán aquéllas en calidad de dotación, sin que en ningún caso deje de asignársele las que necesitare. Se exceptúan de la nulidad antes referida únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos en virtud de la citada Ley de 25 de junio de 1856 o poseída con nombre propio a título de dominio por más de diez años, cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas. El exceso sobre esa superficie deberá ser vuelto a la comunidad, indemnizando su valor al propietario. Todas las leyes de restitución que por virtud de este precepto se decreten, serán de inmediata ejecución por la autoridad administrativa. Sólo los miembros de la comunidad tendrán derecho sobre los mismos terrenos mientras permanezcan indivisos, así como los de propiedad, cuando se haya hecho el fraccionamiento.

El ejercicio de las acciones que corresponden a la nación por virtud de las disposiciones del presente artículo se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras y aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes de que se dicte sentencia ejecutoriada.

Durante el próximo periodo constitucional, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes para llevar a cabo el fraccionamiento de las grandes propiedades, conforme a las bases siguientes:

a) En cada Estado y Territorio se fijará la extensión máxima de tierra de que puede ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida.

b) El excedente de la extensión fijada deberá ser fraccionado por el propietario en el plazo que señalen las leyes locales y las fracciones serán puestas a la venta en las condiciones que aprueben los gobiernos de acuerdo con las mismas leyes.

c) Si el propietario se negare a hacer el fraccionamiento, se llevará éste a cabo por el Gobierno local, mediante la expropiación.

d) El valor de las fracciones será pagado por anualidades que amorticen capitales y réditos en un plazo no menor de veinte años, durante el cual el adquirente no podrá enajenar aquéllas. El tipo del interés no excederá del cinco por ciento anual.

e) El propietario estará obligado a recibir bonos de una deuda especial para garantizar el pago de la propiedad expropiada. Con este objeto, el Congreso de la Unión expedirá una ley facultando a los Estados para crear su deuda agraria.

f) Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno.

Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público.

ARTÍCULO 28

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio de un solo Banco que controlará el Gobierno Federal, y a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos, de artículos de consumo necesario, y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio, o servicios al público; todo acuerdo o combinación, de cualquiera manera que se haga, de productores, industriales, comerciantes y empresarios de transportes o de algún otro servicio, para evitar la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados; y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses.

Tampoco constituyen monopolio las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan, y que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo la vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas por sí o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuando las necesidades públicas así lo exijan, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata.

ARTÍCULO 123

Artículo 123. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo:

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de dieciséis años. Queda también prohibido a unos y otros el trabajo nocturno industrial; y en los establecimientos comerciales no podrán trabajar después de las diez de la noche.

III. Los jóvenes mayores de doce años y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas. El trabajo de los niños menores de doce años no podrá ser objeto de contrato.

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos.

V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el periodo de la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos.

VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. En toda empresa agrícola, comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades, que será regulada como indica la fracción IX.

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento.

IX. La fijación del tipo de salario mínimo y de la participación en las utilidades a que se refiere la fracción VI, se hará por comisiones especiales que se formarán en cada Municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación, que se establecerá en cada Estado.

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda.

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por tiempo excedente, un ciento por ciento más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los hombres menores de dieciséis años y las mujeres de cualquiera edad, no serán admitidos en esta clase de trabajos.

XII. En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un número de trabajadores mayor de cien, tendrán la primera de las obligaciones mencionadas.

XIII. Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar.

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.

XV. El patrono estará obligado a observar en la instalación de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salubridad, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte para la salud y la vida de los trabajadores la mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las penas que al efecto establezcan las leyes.

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera.

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros.

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. Los obreros de los establecimientos fabriles militares del Gobierno de la República no estarán comprendidos en las disposiciones de esta fracción, por ser asimilados al Ejército Nacional.

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno.

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al Arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada, o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero se retire del servicio por falta de probidad de parte del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él.

XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores y por salario o sueldos devengados en el último año, por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra.

XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociaciones, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes.

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas del trabajo o por cualquiera otra institución oficial o particular.

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante.

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato:

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo.

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal.

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos.

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados.

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa.

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrario o despedírsele de la obra.

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores.

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios.

XXIX. Se consideran de utilidad social: el establecimiento de Cajas de Seguros Populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la previsión popular.

XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados.

ARTÍCULO 130

Artículo 130. Corresponde a los Poderes Federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes. Las demás autoridades obrarán como auxiliares de la Federación.

El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera.

El matrimonio es un contrato civil. Éste y los demás actos del estado civil de las personas, son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil, en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley.

La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias.

Los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten.

Las Legislaturas de los Estados únicamente tendrán facultad de determinar, según las necesidades locales, el número máximo de ministros de los cultos.

Para ejercer en México el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por nacimiento.

Los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada constituida en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular, o en general del Gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.

Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se necesita permiso de la Secretaría de Gobernación, oyendo previamente al Gobierno del Estado. Debe haber en todo templo un encargado de él, responsable ante la autoridad del cumplimiento de las leyes sobre disciplina religiosa, en dicho templo, y de los objetos pertenecientes al culto.

El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más, avisará desde luego a la autoridad municipal, quién es la persona que esté a cargo del referido templo. Todo cambio se avisará por el ministro que cese, acompañado del entrante y diez vecinos más. La autoridad municipal, bajo pena de destitución y multa hasta de mil pesos por cada caso, cuidará del cumplimiento de esta disposición; bajo la misma pena llevará un libro de registro de los templos, y otro de los encargados. De todo permiso para abrir al público un nuevo templo, o del relativo a cambio de un encargado, la autoridad municipal dará noticia a la Secretaría de Gobernación, por conducto del Gobernador del Estado. En el interior de los templos podrán recaudarse donativos en objetos muebles.

Por ningún motivo se revalidará, otorgará dispensa o se determinará cualquier otro trámite que tenga por fin dar validez en los cursos oficiales, a estudios hechos en los establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los ministros de los cultos. La autoridad que infrinja esta disposición será penalmente responsable, y la dispensa o trámite referidos, será nulo y traerá consigo la nulidad del título profesional para cuya obtención haya sido parte la infracción de este precepto.

Las publicaciones periódicas de carácter confesional, ya sea por su programa, por su título o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán comentar asuntos políticos nacionales ni informar sobre actos de las autoridades del país, o de particulares, que se relacionen directamente con el funcionamiento de las instituciones públicas.

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

No podrá heredar por sí ni por interpósita persona ni recibir por ningún título un ministro de cualquiera culto, un «inmueble», ocupado por cualquiera asociación de propaganda religiosa o de fines religiosos o de beneficencia. Los ministros de los cultos tienen incapacidad legal para ser herederos, por testamento, de los ministros del mismo culto o de un particular con quien no tengan parentesco dentro del cuarto grado.

Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones religiosas, se regirán para su adquisición, por particulares, conforme al artículo 27 de esta Constitución.

Los procesos por infracción a las anteriores bases nunca serán vistos en jurado.

CRONOLOGÍA DE LOS PRESIDENTES DE MÉXICO DE 1917 A 1972

Señor VENUSTIANO CARRANZA. Del 1.º de mayo de 1917 al 21 de mayo de 1920.

Señor ADOLFO DE LA HUERTA. Del 1.º de junio de 1920 al 30 de noviembre del mismo año.

General ÁLVARO OBREGÓN. Del 1.º de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924.

General PLUTARCO ELÍAS CALLES. Del 1.º de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928.

Licenciado EMILIO PORTES GIL. Del 1.º de diciembre de 1928 al 4 de febrero de 1930.

Ingeniero PASCUAL ORTIZ RUBIO. Del 5 de febrero de 1930 al 3 de septiembre de 1932.

General ABELARDO L. RODRÍGUEZ. Del 3 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934.

General LÁZARO CÁRDENAS. Del 1.º de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940.

General MANUEL ÁVILA CAMACHO. Del 1.º de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946.

Licenciado MIGUEL ALEMÁN. Del 1.º de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952.

Señor ADOLFO RUIZ CORTINES. Del 1.º de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958.

Licenciado ADOLFO LÓPEZ MATEOS. Del 1.º de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964.

Licenciado GUSTAVO DÍAZ ORDAZ. Del 1.º de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970.

Licenciado LUIS ECHEVERRÍA. Ocupa la presidencia desde el 1.º de diciembre de 1970. Su periodo terminará el 30 de noviembre de 1976.

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NOTAS

[1] Fungía como presidente el señor José María de la Garza. <<

[2] Planes políticos y otros documentos, op. cit., pp. 137-52. <<

[3] Homenaje a Isidro Fabela. Tomo I. Antología. Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F., 1959. <<

[4] Don Francisco I. Madero. <<

[5] Este discurso fue pronunciado en México poco tiempo después de sacrificado el Presidente Madero, durante la época de terror del tirano Huerta. Publicado en Arengas revolucionarias, Madrid. Tipografía Artística, 1916. <<

[6] Planes políticos y otros documentos, op. cit., pp. 84-5. <<

[7] Juan Barragán Rodríguez, Historia del Ejército y de la Revolución Constitucionalista. Tomo I, Talleres Gráficos de la Editorial Stylo, México, 1945, pp. 173-176. <<

[8] Juan Barragán Rodríguez, op. cit., pp. 215-19. <<

[9] Belisario Domínguez, Memorable discurso del Dr. Belisario Domínguez. Bloque Nacional Revolucionario de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, México, D. F., 1929, pp. 1-4. <<

[10] Jorge Vera Estañol, La Revolución Mexicana. Orígenes y resultados. Editorial Porrúa, S. A. México, 1957, pp. 342-346. <<

[11] Gildardo Magaña, Emiliano Zapata y el agrarismo en México. Editorial Ruta. México, 1952, tomo III, páginas 252-7. <<

[12] Juan Barragán Rodríguez, op. cit., pp. 453-5. <<

[13] Jorge Vera Estañol, op. cit., pp. 362-364. <<

[14] Juan Barragán Rodríguez, Historia del Ejército Constitucionalista, pp. 599-602. (Tomo I). Talleres Gráficos de la Editorial Stylo. México, 1945. <<

[15] El autor no estaba bien informado. No conocía el Plan del Partido Liberal ni el Plan Orozquista. <<

[16] Planes políticos y otros documentos, op. cit., pp. 152-7. <<

[17] Manuel Fabila, op. cit., pp. 244-50. <<

[18] Planes políticos y otros documentos, op. cit., pp. 188-98. <<

[19] Planes políticos y otros documentos, op. cit., pp. 158-164. <<

[20] Manuel Fabila, op. cit., pp. 270-4. <<

[21] Rosendo Salazar y José G. Escobedo, op. cit., pp. 98-101. <<

[22] Isidro Fabela, op. cit., tomo II, pp. 248-257. <<

[23] Planes políticos y otros documentos, op. cit., páginas 181-182. <<

[24] Gaceta oficial del Gobierno Convencionista Provisional, Tomo I, N.º 16. Chihuahua, junio 7 de 1915. Director general, B. Rosales. <<

[25] Jesús Acuña. Memoria de la Secretaria de Gobernación correspondiente al periodo revolucionario comprendido entre el 19 de febrero de 1913 y el 30 de noviembre de 1916. Formada por el Lic.… Secretario de Estado, Encargado del Despacho de Gobernación para presentar ante el Soberano Congreso Constituyente. México, D. F., 1933. <<

[26] El Primer Congreso Feminista de Yucatán, Convocado por el C. Gobernador y Comandante Militar del Estado, Gral. D. Salvador Alvarado y reunido en el teatro «Peón Contreras» de esta ciudad, del 13 al 16 de enero de 1916. Mérida, Yuc., México. Pp. 31-33, 129-131. <<

[27] Rosendo Salazar y José G. Escobedo, op. cit., pp. 179-80. <<

[28] Planes políticos y otros documentos, op. cit., pp. 123-8. <<

[29] Rosendo Salazar y José G. Escobedo, op. cit., pp. 205-207. <<

[30] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Edición oficial. México, Imprenta de la Secretaría de Gobernación, 1917. <<