En esta obra ya clásica, Jesús Silva Herzog expone los momentos principales de la Revolución mexicana, narrados y analizados desde su trasfondo económico, social e histórico. A la exposición de los hechos, el autor añade una selección de documentos fundamentales para entender este episodio: desde decretos y programas de partidos hasta testimonios personales. Este primer volumen abarca desde los últimos años del Porfiriato hasta el asesinato de Francisco I. Madero.

Jesús Silva Herzog

Breve historia de la Revolución mexicana I

Los antecedentes y la etapa maderista

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Titivillus 10.06.2021

Título original: Breve historia de la Revolución mexicana I

Jesús Silva Herzog, 1960

Diseño de cubierta: R/4, Pablo Rulfo

Editor digital: Titivillus

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CAPÍTULO I

La propiedad territorial en México hasta 1855. Las leyes de desamortización y nacionalización de las propiedades rústicas y urbanas del Clero. En el Congreso Extraordinario Constituyente de 1856-1857, los diputados Ponciano Arriaga e Ignacio Vallarta se pronuncian en contra de los grandes hacendados. Lo que Justo Sierra opinaba sobre el problema de la tierra. La colonización por extranjeros y la obra nefasta de las compañías deslindadoras. La requisitoria de Wistano Luis Orozco contra esas compañías. El censo de 1910. Un folleto de Toribio Esquivel Obregón. El Gobierno de Díaz entrega tierras a extranjeros en la frontera norte del país.

A LA DISTANCIA de sesenta y un años de haberse iniciado la Revolución Mexicana, con la claridad que da el tiempo, puede asegurarse que la causa fundamental de ese gran movimiento social que transformó la organización del país en todos o casi todos sus variados aspectos, fue la existencia de enormes haciendas en poder de unas cuantas personas de mentalidad conservadora o reaccionaria. Por esta razón, hemos juzgado necesario comenzar esta breve historia con un esquema de la concentración de la tierra en México.

Desde antes de la conquista existían en México grandes propiedades territoriales: las de los templos, las del rey, las de los nobles y guerreros. Grandes propiedades para aquellos tiempos y aquella organización; medianas o pequeñas si se las compara con las de épocas posteriores en las mismas zonas geográficas.

Al terminar la conquista recibieron los conquistadores grandes extensiones territoriales, premio a sus crueles y a la par brillantes hazañas. Hernán Cortés recibió, junto con el título de Marqués del Valle, veintitrés villas con veinticinco mil vasallos. Los españoles que después vinieron a poblar los nuevos dominios recibieron a su vez dilatadas extensiones de tierras para ser cultivadas con el trabajo del indio. Por su parte el Clero fue poco a poco adueñándose de numerosas fincas rústicas y urbanas, gracias a las donaciones piadosas y a otros medios que supo utilizar hábilmente.

De manera que al finalizar la época colonial existían en la Nueva España las enormes propiedades del Clero, el más poderoso latifundista en tan inmensos territorios. Existían también haciendas productivas de extensión considerable, pertenecientes a españoles y criollos. Los pueblos indígenas tenían el fundo legal, en el que a cada familia se le daba un pequeño solar para construir su vivienda; los propios, tierras municipales para aprovechamiento general de los habitantes; las tierras de repartimiento, divididas en parcelas minúsculas que se entregaban al jefe de familia en usufructo, con la obligación de cultivarlas como en el «calpulalli» entre los aztecas; y finalmente el ejido, continuación del «altepetlalli» precolonial, instituido por Felipe II en 1573.

El ejido existía en España y se adaptó en México a las necesidades y costumbres de los nuevos vasallos. Consistía y consiste en una porción de terreno situado en las afueras del poblado, de extensión variable en consonancia con el número de jefes de familia, puesto que su objeto era y es todavía, por lo menos teóricamente, proporcionar medios de vida a la comunidad.

Todas las propiedades de los pueblos estaban sujetas a normas jurídicas especiales. No pertenecían a los individuos sino a las comunidades y no podían ser enajenadas en forma alguna. Había seguramente una relación correcta entre tales normas y el grado evolutivo del indígena.

Las tierras de los pueblos resultaron en numerosos casos insuficientes para llenar las más elementales necesidades humanas, en contraste con las inmensas propiedades del Clero y también con las de los españoles y criollos. El historiador Riva Palacio escribió a fines del siglo pasado sobre tal asunto, en México a través de los siglos, lo siguiente: «Esas bases de división territorial en la agricultura y esa espantosa desproporción en la propiedad y posesión de las tierras, constituyó la parte débil del cimiento al formarse aquella sociedad, y ha venido causando grandes y trascendentales trastornos económicos y políticos; primero en la marcha de la colonia y después en la de la República. El desequilibrio en la propiedad, la desusada grandeza de muchas posesiones rústicas al lado de multitud de pueblos entre cuyos vecinos se encuentra apenas un solo propietario, ha mantenido, durante más de tres siglos, la sorda agitación que ha hecho tantas manifestaciones con el carácter de movimientos políticos, pero acusando siempre un malestar social, y fue causa sin duda, en el segundo siglo de la dominación española, de algunos tumultos, porque la magnitud y el estancamiento de la propiedad alientan y facilitan el monopolio produciendo la escasez artificial de los efectos de primera necesidad para conseguir por ese medio el alza de precios y la segura y fácil ganancia». De modo que desde ahora puede decirse que muchos de los males que ha sufrido el país tienen su origen en la desigual e injusta distribución de la tierra desde los comienzos de la dominación española. Hay siempre una relación directa entre la tierra y el hombre. A una mejor distribución de la propiedad agraria, corresponde un mayor adelanto social.

Un economista irlandés de origen, Bernardo Ward, que pasó la mayor parte de su vida en España, que fue consejero de Fernando VI y ministro de la Real Junta de Comercio y Moneda, decía en su libro titulado Proyecto económico que la medida más importante para resolver los problemas de América, consistía en dar en propiedad tierras a los indios para que así gozaran de la plena y pacífica posesión de todo el fruto de su trabajo. Pero las opiniones de Ward, del hombre de ciencia desinteresado, no fueron atendidas por los gobernantes y políticos españoles, y la realidad se impuso decenios más tarde al desgajarse de España sus vastos y ricos territorios de América. Claro está que de todos modos no era posible evitar la independencia de los pueblos sojuzgados; mas la lucha hubiera sido distinta si las tierras se hubieran repartido con inteligencia y equidad, creándose así intereses vitales entre un gran número de pobladores. La pequeña propiedad —dice un autor— es la espina dorsal de las naciones.

Entre los caudillos de la Independencia no faltaron quienes vieron con claridad la cuestión relativa a la tierra. Morelos pensaba que debía repartirse con moderación, «porque el beneficio de la agricultura consiste en que muchos se dediquen con separación a beneficiar un corto terreno que puedan asistir con su trabajo». Pero como la Independencia la consumaron los que combatieron a Morelos, los criollos acaudalados que llegaron a comprender las ventajas económicas y políticas que obtendrían con la separación de España, nada hicieron para resolver el problema fundamental y de mayor trascendencia para el nuevo Estado. De 1821 a 1855 no se puso en vigor ninguna medida de significación tendiente a encontrarle solución al serio problema de la tenencia de la tierra. Por supuesto que durante ese tercio de siglo no faltaron hombres preocupados y patriotas que se dieron cuenta de la mala organización de la propiedad territorial. El doctor Mora fue siempre adversario de las grandes concentraciones territoriales y siempre se pronunció a favor de la pequeña propiedad. Pensaba que nada adhiere al individuo con más fuerza y tenacidad a su patria, que la propiedad de un pedazo de tierra; y Mariano Otero, el notable pensador cuyo pulso dejó de latir prematuramente, decía en 1842: «Son sin duda muchos y numerosos los elementos que constituyen las sociedades; pero si entre ellos se buscara un principio generador, un hecho que modifique y comprenda a todos los otros y del que salgan como de un origen común todos los fenómenos sociales que parecen aislados, éste no puede ser otro que la organización de la propiedad». Así, Otero, por estas y otras de sus ideas cabe ser catalogado entre los que se anticiparon a la interpretación materialista o económica de la historia.

El problema más grave de México en cuanto a la propiedad territorial, desde principios del siglo XVIII hasta mediados del XIX, consistía en las grandes y numerosas fincas del Clero en aumento año tras año y sin cabal aprovechamiento. Propiedades amortizadas, de «manos muertas», que sólo en muy raras ocasiones pasaban al dominio de terceras personas; constituían, pues, enormes riquezas estancadas sin ninguna o casi ninguna circulación. El doctor Mora planteó con erudición, valentía y claridad el tremendo problema en su estudio presentado a la Legislatura de Zacatecas en los comienzos de la cuarta década del siglo pasado. El trabajo de Mora fue visto con disgusto por las autoridades eclesiásticas, puesto que implicaba amenaza de pérdida de tan cuantiosos bienes, probablemente necesarios para dominar en la conciencia de los fieles. Las opiniones del distinguido polígrafo, y de otros mexicanos progresistas, se abrieron camino lentamente, se filtraron en el ánimo de los ciudadanos más alertas, hasta transformarse en firme convicción de que el país no podría avanzar y constituirse definitivamente como nación, si no se desamortizaban las propiedades del Clero.

Por fin, el 25 de junio de 1856 se promulgó la Ley de Desamortización. Sus preceptos y tendencias fundamentales pueden resumirse de la manera siguiente:

1.º Prohibición de que las corporaciones religiosas y civiles poseyeran bienes raíces, con excepción —tratándose de las del Clero— de aquellos indispensables al desempeño de sus funciones.

2.º Las propiedades del Clero debían adjudicarse a los arrendatarios calculando su valor por la renta al 6% anual.

3.º En el caso de que los arrendatarios se negaran a adquirir tales inmuebles, éstos quedarían sujetos a denuncio, recibiendo el denunciante la octava parte del valor.

4.º El Clero podía emplear el producto de la venta de sus fincas rústicas y urbanas en acciones de empresas industriales o agrícolas.

Como lo habrá advertido el lector, la Ley no trataba de despojar al Clero de su cuantiosa riqueza sino sólo de ponerla en movimiento para fomentar la economía nacional. Sin embargo, el Clero estuvo inconforme y amenazó con la excomunión a quienes se atrevieran a adquirir sus bienes raíces por cualquiera de los dos procedimientos que la Ley señalaba. Además, tal vez por no confiar demasiado en la eficacia de la excomunión, provocó las guerras más sangrientas que registran las páginas de la historia mexicana, y tan largas como las de la Independencia, puesto que duraron también once años, de 1856 a 1867. Terminaron con la prisión y fusilamiento de Maximiliano y el triunfo de los ejércitos liberales.

Pío IX estimuló la intransigencia del Clero mexicano, lo mismo que la de todos los fieles, ordenándoles desobedecer no sólo la Ley de 25 de junio, sino también la Constitución de 1857, condenándolas, reprobándolas y declarándolas írritas y de ningún valor. Sin los anatemas del Papa, cargados de odio anticristiano, quizás no hubiera estallado la guerra de tres años y no hubiera sido tal y como fue, por lo menos en parte, la historia de México de aquel periodo sangriento y cruel.

Por otra parte, los resultados de la Ley de Desamortización no coincidieron con los propósitos del legislador. Los arrendatarios, en su mayor parte de escasa cultura y de más escasos recursos, no se adjudicaron las fincas del Clero. En cambio, no faltaron denunciantes, propietarios de extensos terrenos que agrandaron sus ya vastos dominios con los bienes de «manos muertas». Mientras tanto, la Iglesia de Cristo utilizaba el dinero producto de tales ventas para intensificar la lucha en contra del Gobierno de la República, para que fuese más enconada y sangrienta la guerra entre hermanos. Había que defender sobre todas las cosas los bienes temporales.

La Constitución de 1857, de corte liberal, ratificó los principios de la Ley de Desamortización. Los que participaron en las discusiones y redacción de la Carta Fundamental de la República conocían bien el serio problema de la distribución de la tierra, la situación de miseria de los campesinos y la conducta orgullosa y el inmenso poder de los grandes terratenientes. Ponciano Arriaga decía que en el aspecto material la sociedad mexicana no había adelantado, puesto que la tierra continuaba en pocas manos, los capitales acumulados y la circulación estancada. Decía también que en su concepto los miserables sirvientes del campo, especialmente los indios, se hallaban enajenados por toda su vida, porque el amo les regulaba el salario, les daba el alimento y el vestido que quería y al precio que deseaba, so pena de encarcelarlos, atormentarlos e infamarlos si no se sometían a su voluntad; y en otro momento de su disertación en la tribuna del Constituyente, agregaba que el fruto del trabajo no pertenecía al trabajador, sino a los señores.

En las mismas sesiones del memorable Congreso, el jurista Vallarta opinaba que el propietario cometía abusos al disminuir la tasa del salario; al pagar con signos convencionales que no habían sido creados por la ley; al obligar al jornalero a un trabajo forzado por deudas anteriores y al vejarlo con tareas humillantes. Agregaba que la Constitución democrática que se estaba discutiendo sería una mentira; más todavía, un sarcasmo, si no se garantizaban los derechos de los pobres; si no se les aseguraba protección contra esos numerosos e improvisados señores feudales, dignos de haber vivido bajo un Felipe II o un Carlos IX.

La guerra civil continuó más encarnizada que nunca después de haberse promulgado la nueva Constitución; lucha sin tregua, lucha a muerte entre conservadores y liberales. Aquéllos contaban con la ayuda moral y financiera del Clero, de buena parte de los soldados de carrera, de los hacendados, de la inmensa mayoría de los ricos; éstos, los liberales, se apoyaban en una minoría de hombres cultos, progresistas y amantes de su patria, y en numerosos grupos representativos de la clase económicamente más débil de la sociedad. Los unos trataban a toda costa de que no hubiera cambios sustanciales en el país; los otros luchaban exactamente por lo contrario; querían que la nación se transformara marchando hacia adelante, querían constituir un México distinto y mejor, un México nuevo cimentado en principios de justicia y de libertad.

El Clero utilizaba para fomentar la guerra los recursos que obtenía de la venta de sus bienes raíces, en lugar de invertirlos en acciones de empresas agrícolas e industriales como indicaba la Ley de 25 de junio. Entonces el Gobierno liberal de Benito Juárez, obligado por las circunstancias, expidió la Ley de Nacionalización de los Bienes de la Iglesia, el 12 de julio de 1859. En consecuencia, desde esa fecha el producto de los inmuebles de «manos muertas» debía ser entregado a las oficinas recaudadoras del Gobierno. No era posible ni razonable continuar permitiendo que el adversario, el Clero en abierta rebelión, empleara el dinero proveniente de los efectos de una ley para combatir a la autoridad legítima que la había expedido.

Lo peor de todo consistió, al fin de cuentas, en que los resultados de las leyes referidas fueron contrarios a los propósitos de sus autores, quienes pensaron que al desamortizar las propiedades eclesiásticas se crearía la pequeña propiedad y se estimularía el desarrollo agrícola e industrial de la República. Por desgracia no fue así; lo que sucedió puede resumirse en la forma siguiente:

1.º Las propiedades rústicas y urbanas del Clero fueron efectivamente nacionalizadas.

2.º Las propiedades no fueron a dar a manos de los arrendatarios, sino a las de los denunciantes, en su mayor parte ricos propietarios territoriales, que de esa manera agrandaron sus ranchos y haciendas.

3.º Las tierras comunales y los ejidos fueron en buen número de casos fraccionados, entregando las parcelas a los indígenas en plena propiedad; pero como éstos no estaban preparados por su grado evolutivo para ser propietarios, bien pronto vendieron sus predios a vil precio a los ricos hacendados vecinos.

En resumen, se fortaleció el latifundismo en México y en consecuencia se llevó al cabo una mayor concentración de la propiedad territorial.

En 1875 se expidió una ley de colonización, la cual fue ampliada en 1883. Los gobernantes insistían en pensar en aquellos años que nada sería mejor para el progreso de la agricultura que traer colonos extranjeros a trabajar la tierra, con nuevos y más adelantados métodos de cultivo. Soñaban todavía en las fabulosas riquezas del país descritas por Humboldt; creían en la existencia de dilatados territorios de feraces tierras que sólo esperaban el esfuerzo del hombre para prodigar sus frutos. Lo que ocurría era que por andar empeñados en guerras intestinas y haber sufrido agresiones de dos potencias extranjeras, Estados Unidos y Francia, la inmensa mayoría de los mexicanos no había tenido tiempo de estudiar y conocer nuestra realidad. En las zonas templadas y salubres, tierras de temporal empobrecidas por un mismo cultivo durante siglos y sujetas a la irregularidad de las lluvias y a las heladas tempranas o tardías; en las zonas cálidas, fértiles terrenos y selvas primitivas y lluviosas donde la fiebre amarilla y el paludismo acechaban al hombre; y sólo aquí y allá, en distintas regiones, manchas de tierra fecunda que daban al agricultor altos rendimientos. Esas eran, en términos generales, las condiciones agrícolas de México al expedirse las leyes de colonización.

Justo Sierra, excepción que confirma la regla, sí conocía su país, pues en un artículo en El Federalista el 4 de enero de 1876, a propósito de la colonización escribió:

«¿Quién fue el primero, cuál fue la serpiente que tentó a nuestra pobre patria, a esta Eva indiana perdida en las sombras salvajes de su paraíso, diciéndole: eres rica? De ahí vienen todos nuestros pecados, porque eso era una mentira infame, porque somos pobres y sólo a nuestros esfuerzos, a nuestra pena, al sudor que corra de nuestra frente, deberemos un día la riqueza.

»Y la colonización, ¿cómo puede ser una realidad? De un modo solo. Dando tierras al colono. Y el Gobierno, la nación ¿no tiene baldíos? ¿Qué hacer? Decretar la desamortización que aún falta; la expropiación por causa de utilidad pública.

»Ni hay otra solución, ni otro remedio.

»Expropiación sin indemnización previa, sino posterior; es decir, suspensión de los efectos del artículo 27 de la Constitución.

»Si hay quien se atreva a iniciar esto el año que hoy comienza, esta fecha, 1876, será después de esta otra, 1810, la más grande de todas; si la última marca del nacimiento del pueblo mexicano, la primera señalará la época en que tomamos la toga viril, en que el pueblo mexicano se hizo hombre».

Precisa reconocer que el ilustre maestro campechano se adelantó a su tiempo, en el artículo del cual se transcribieron los anteriores fragmentos.

Los gobernantes no pensaron que al venir colonos franceses, españoles, italianos o alemanes con un nivel de vida muy superior al del peón mexicano, se hubieran transformado de trabajadores agrícolas en simples usufructuarios del trabajo barato y en nuevos amos del campesinado aborigen.

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que como resultado de las leyes de colonización, se organizaron en el país varias compañías denominadas deslindadoras. Estas compañías debían deslindar las tierras baldías y traer colonos extranjeros para que las trabajaran; y como compensación por los gastos que hicieran para conseguir esos propósitos, se les adjudicaría la tercera parte de las tierras deslindadas.

De 1881 a 1889, las compañías de que se trata deslindaron 32 200 000 hectáreas. De esta cantidad se les adjudicaron de conformidad con la ley, es decir, sin pago alguno, 12 700 000 hectáreas; y se les vendieron a vil precio 14 800 000 hectáreas más. Total: 27 500 000 hectáreas, o sea, algo más del 13% de la superficie total de la República. Por lo tanto, solamente quedaron 4 700 000 hectáreas a favor de la nación. Empero, lo más impresionante estriba en señalar el hecho de que esas compañías hasta el año de 1889 estaban formadas únicamente por veintinueve personas, todas ellas acaudaladas y de gran valimiento en las altas esferas oficiales.

Todavía de 1890 a 1906, año en que fueron disueltas las compañías, deslindaron 16 800 000 hectáreas, quedándose con la mayor parte de las tierras los socios de tan lucrativo negocio, cuyo número había ascendido a cincuenta en los comienzos de este siglo. Por el camino de los deslindes, uno de los socios adquirió en Chihuahua 7 000 000 de hectáreas; otro, en Oaxaca, 2 000 000; dos socios en Durango, 2 000 000, y cuatro en Baja California, 11 500 000. De manera que ocho individuos se hicieron propietarios de 22 500 000 hectáreas, hecho sin precedente en la historia de la propiedad territorial en el mundo.

La acción de las compañías deslindadoras, junto con las leyes sobre baldíos de 1863, 1894 y 1902, agravaron aún más el problema de la distribución de la tierra. José María Vigil reconocía en México a través de los siglos, precisamente en 1889, la gravedad del problema, según él debido a la manera como se había constituido la propiedad territorial en México, a las condiciones en que se hallaban propietarios y jornaleros, a los odios profundos que dividían a unos de otros y a los interminables litigios de terrenos entre los pueblos y los hacendados. Añadía que tales antagonismos tomaban en tiempo de revolución proporciones formidables y explicaban por sí solos la agitación y los crímenes que solían cometerse.

Claro está que no había en México la asombrosa cantidad de terrenos baldíos que deslindaron para adueñarse de ellos las compañías deslindadoras: 49 000 000 de hectáreas, la cuarta parte de todo el territorio mexicano. Cometieron toda clase de arbitrariedades y despojos, en particular tratándose de pequeños propietarios y de pueblos de indígenas que no poseían títulos perfectos a juicio de los influyentes covachuelistas al servicio de las compañías; tierras heredadas de padres a hijos desde la época colonial fecundadas con el sudor de varias generaciones. Los tribunales, por supuesto, fallaban siempre a favor de los poderosos.

Wistano Luis Orozco, en su obra Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos, publicada en 1895, escribió en relación con las compañías deslindadoras y los daños tremendos que causaron en toda la República, lo siguiente:

«… un hecho ampliamente comprobado es, que siempre que una compañía deslindadora ha emprendido trabajos de habilitación de baldíos en un Estado, el valor de la propiedad agraria ha descendido allí rápidamente.

»Tocar este punto es tocar en su esencia la cuestión que nos hemos propuesto abordar en este capítulo.

»Esta turbación de los ánimos entre los poseedores de la tierra, este descenso de precios en el valor de ella, no ha causado males graves a los grandes propietarios, que casi siempre ejercen tutelas ignominiosas sobre los encargados del poder público. A ellos les ha sido siempre fácil lograr un avenimiento con el Gobierno; y por los más viles precios reafirmar, no sólo posesiones de buena fe, sino también las crueles usurpaciones que han hecho a sus débiles vecinos.

»Pero todas estas cosas traen grandes aflicciones y grandes pérdidas para los dueños de la pequeña propiedad.

»El pequeño propietario, acostumbrado a conocer al Gobierno por el hacha del Receptor de Rentas y por el garrote del gendarme, se alarma desde el momento en que oye hablar de cosas oficiales. Además, su natural instinto le hace temer que mediante el manejo de una composición, le arrebate el opulento hacendado su vecino hasta la última esperanza de recuperar las tierras que dicho hacendado le tiene invadidas. Al mismo tiempo concibe esperanzas de recobrar esas tierras, ayudado por las compañías deslindadoras, que él juzga íntimamente ligadas con el Gobierno Supremo. Y trastornado su juicio por estos justos temores y estas vanas esperanzas, acude presuroso a verificar un arreglo con los deslindadores de baldíos.

»Para verificar este arreglo, saca dinero a intereses altísimos, malbarata los animales de labranza, cercena el pan de sus hijos… se precipita, en fin, en la ruina más desastrosa.

»Esta debilidad es la que han explotado las compañías deslindadoras. Y así, cuando se nos ha dicho que el ministro de Fomento ha deslindado 30 000 000 de hectáreas de tierras nacionales, debemos tener presentes dos cosas importantes: la primera, que esos deslindes no han servido para desmoronar ni en pequeña parte las grandes acumulaciones de propiedad territorial existentes en nuestro país: la hidra infernal de ese feudalismo oscuro y soberbio permanece en pie con sus siete cabezas incólumes. La segunda cosa que debemos tener presente es que tras de esos treinta millones de hectáreas han corrido muchos más millones de lágrimas: pues no son los poderosos, no son los grandes hacendados quienes han visto caer de sus manos esos millones de hectáreas, sino los miserables, los ignorantes, los débiles… los que no pueden llamar compadre a un juez de Distrito, a un gobernador ni a un ministro de Estado.

»De aquí un trastorno completo en el propósito de las leyes y en los ideales de la democracia; pues mientras el fin supremo de las leyes de baldíos y de colonización es alargar el beneficio de la propiedad agraria a los que carecen de ella, en nombre de esas mismas leyes se arroja de sus posesiones a los pobres campesinos, o se les obliga a rescatarlas mediante dolorosos sacrificios.

»De esta manera, cosas buenas, honestas y justas en la teoría legal o científica, vienen a ser profundamente malas, odiosas y antisociales en las realidades descarnadas de la vida».

No fue posible resistir la tentación de insertar los párrafos anteriores, porque en ellos se ofrece la opinión de un abogado distinguido que conoció mejor que nadie la acción nociva de las compañías deslindadoras. Wistano Luis Orozco defendió a muchos pueblos indígenas de la codicia del terrateniente y de la parcialidad de los tribunales, luchando siempre con singular valentía y honradez acrisolada. Su libro tiene, además del mérito erudito, el valor de documento histórico. Orozco fue el primero que en un estudio amplísimo y profundo señaló la llaga que corroía al régimen porfirista.

Según el Censo de Población de 1910, había en el país 840 hacendados, 411 096 personas clasificadas como agricultores y 3 096 827 jornaleros del campo. La población total de México ascendía a 15 160 369 habitantes. La cifra relativa a jornaleros del campo no puede servir para calcular con exactitud matemática el número de familias campesinas, porque en algunas de ellas trabajaban y trabajan el padre y los hijos mayores, clasificados todos como jornaleros; pero sí es útil para estimar el número de individuos que dependían del salario rural y que cabe estimar en 12 000 000, o sea, aproximadamente el 80% de la población. Este dato que es bueno tener presente se aprovechará más tarde en muy importantes consideraciones.

En cuanto a las personas englobadas bajo el rubro de agricultores, 411 096, no es posible saber con exactitud quiénes fueron así clasificados; mas puede pensarse con apoyo en nuestro conocimiento directo del país al finalizar la primera década del siglo, que comprendió también a propietarios de haciendas, a dueños de ranchos y de huertas dentro de las poblaciones o cercanas a ellas; a administradores, mayordomos, caporales y monteros de las haciendas, empleados de confianza de las mismas y sobre todo a medieros o aparceros que cultivaban un pedazo de la tierra del amo poniendo los animales de labranza, la semilla y su trabajo personal; en fin, a todos aquellos que vivían del campo y que formaban parte de una categoría superior, o apenas ligeramente superior a la del peón.

Los 840 hacendados, sin dejar lugar a duda, sí estaban clara y perfectamente clasificados por el censo. Eran los dueños de la mayor parte del territorio nacional. Uno de ellos, el general Terrazas, poseía en el norte millones de hectáreas, seguramente el propietario individual de más extensas tierras en cualquier país y en todos los tiempos. Por eso, cuando alguien preguntaba si Terrazas era de Chihuahua, la respuesta era: «No, Chihuahua es de Terrazas».

Para que una persona se considerara a sí misma acreedora al título de hacendado, debía poseer una finca de cientos de kilómetros cuadrados; si no, era apenas un ranchero más o menos pobre o más o menos acomodado.

De acuerdo con la costumbre mexicana, una propiedad de 1000 o 2000 hectáreas se llamaba rancho, dejando la designación de hacienda para extensiones mucho mayores. Es obvio que tal apreciación no era rígida e invariable en todo el territorio de la nación; dependía de las condiciones del terreno y de las características climáticas.

Se puede tener idea de la extensión de las haciendas mexicanas por los datos tomados por González Roa del Registro Público de la Propiedad, datos que consigna en su libro El aspecto agrario de la Revolución Mexicana, y que aquí se presentan en el cuadro siguiente:

Quince haciendas arrojaban un total de 1 464 612 hectáreas, o sea, un promedio de algo menos de 100 000 hectáreas por hacienda. Además, hay que citar la hacienda de La Angostura en el Estado de San Luis Potosí, dentro de cuyos linderos se levantaban dos estaciones del ferrocarril a Tampico: San Bartolo y Las Tablas. Para ir de la finca principal a una de las estancias de la misma hacienda, por ejemplo a El Granjenal, era menester caminar a caballo alrededor de 20 kilómetros, y había otras estancias aún más lejanas las unas de las otras dentro de aquella propiedad.

Había haciendas que pertenecían a dos o tres hermanos o a toda una familia, pero hubo algunos terratenientes dueños de más de una hacienda, de tres y aun de cinco; hombres que gozaban de un inmenso poder, porque además solían ser propietarios de fincas urbanas, accionistas de empresas mineras y de los bancos de la localidad.

La gran hacienda nunca fue cultivada con la finalidad de obtener el mayor rendimiento. En ella no hubo, seguramente, muchas oportunidades para observar la ley del rendimiento decreciente en la agricultura, porque en la inmensa mayoría de los casos los métodos de explotación no diferían de los de la época colonial: cultivo extensivo y con la misma semilla año tras año; arados egipcios; lentas yuntas de bueyes y trabajo barato de peones y aparceros. Por supuesto que no faltaron algunos hacendados progresistas que procuraron modernizar la explotación de sus fincas, de conformidad con los adelantos de la técnica agrícola; mas no fueron numerosos estos casos.

Pero aun dentro del sistema de cultivo extensivo, nunca pudo el hacendado mexicano aprovechar toda la tierra cultivable en su propiedad, ya fuese con ganado mayor o menor o con siembras de escaso rendimiento como el maíz. Nunca tuvo a la mano el capital necesario, ni tampoco la voluntad que nace del amor a la tierra y al oficio. El hacendado mexicano de fines del siglo pasado y de principios del XX no era efectivamente agricultor, no era hombre de campo sino señorito de ciudad. Lo único que le importaba consistía en que el administrador de la finca le entregara periódicamente el dinero necesario para vivir con holgura en la capital de la provincia, en la ciudad de México, en Madrid o en París, según gustos personales y medios económicos. A la hacienda sólo iba de tarde en tarde, por una o dos semanas acompañado de amigos y familiares, en plan de fiesta.

Sin embargo, cabe hacer notar que algunas haciendas del centro del país —esto nos consta personalmente— producían para el mercado y en consecuencia no sólo para llenar las necesidades de sus trabajadores, peones, caporales, mayordomos y otros empleados de confianza.

Por otra parte la construcción de ferrocarriles elevó la renta de la tierra y el valor de las fincas rústicas próximas a las nuevas vías de comunicación. Además, se registró durante los largos años del gobierno del general Díaz, por las razones que se explicarán posteriormente, un aumento constante en los precios de los productos agrícolas, sin precedente en la historia económica de México. Todo lo anterior, unido a los bajos impuestos que pagaban los grandes propietarios y al hecho de que los jornales permanecieron sin elevarse, favoreció a los poderosos y rutinarios hacendados, en sus ingresos personales, pero no favoreció en manera alguna al progreso agrícola del país. El hacendado absentista, mientras más dinero recibía de su administrador o de sus administradores, más gastaba en su vida de lujo y de despilfarros. No fue siquiera capaz de producir los artículos necesarios a la frugal alimentación del pueblo, puesto que según datos estadísticos oficiales, de 1903-1904 a 1911-1912, importamos maíz por valor de 27 000 000 de pesos y 94 000 000 de otros granos alimenticios.

No hay que olvidar que la población de la República en aquellos años significaba menos de la tercera parte de la que puede estimarse para 1971, ni tampoco que el poder de compra del peso mexicano era muchas veces mayor que en la actualidad.

El latifundio ha sido siempre y en todas partes negación de progreso, llaga social y explotación de millones de parias por unos cuantos privilegiados.

Los grandes hacendados de México utilizaron su influencia para defraudar al fisco federal y a los fiscos locales; siempre pagaban menores impuestos de los que debían pagar. Andrés Molina Enríquez consigna, a manera de ejemplo, datos concretos relativos a tres haciendas del Estado de México: La Gavia, con un valor real de seis millones de pesos, estaba valuada para fines fiscales en $362 695.00; San Nicolás Peralta pagaba por $417 790.00 y valía dos millones, y por último. Arroyo Zarco, con valor efectivo de millón y medio, sólo contribuía a los gastos públicos con base en un avalúo de $ 378 891.00. En cambio, a los pequeños propietarios, que no tenían amigos en las esferas gubernamentales, se les aplicaba todo el rigor de las leyes impositivas. Y ésta era en los comienzos del siglo la situación en todo el campo mexicano.

Toribio Esquivel Obregón publicó en el año de 1912 un folleto con el título de El problema agrario en México. En aquel entonces aún no había cometido el autor de tan interesante trabajo el grave error de formar parte del gabinete de Victoriano Huerta y se le consideraba en los círculos políticos como un hombre progresista y moderno. En una parte del folleto, Esquivel Obregón escribió:

«En México pasa todo lo contrario. Los grandes terratenientes siempre han tenido acción decisiva. Todas las revoluciones que hasta hoy ha habido, se han hecho invocando el bien del pueblo, pero la clase privilegiada, merced a su gran facultad de adaptación, ha hecho que no sólo esas revoluciones, sino todas las leyes que en su contra se han dado, se vuelvan a su favor y hagan que al día siguiente su fuerza sea mayor que la víspera de cada uno de esos movimientos sociales.

»Desde antes de la conquista de México, los individuos que pertenecían a la clase que había de ser dominadora aquí, quisieron sujetar a los indios a esclavitud en las Antillas, que fueron las primeras tierras que ocuparon en el Nuevo Mundo, y como la reina Isabel se opusiera enérgicamente, ellos, aparentando acatar el religioso mandato de su soberana, invocaron la necesidad que tenía el indio de conocer las verdades evangélicas, para lograr que se les encomendara enseñar esa doctrina y con el carácter de encomenderos lograron tener esclavos con más la ventaja de ni tener que alimentarlos. Vino la revolución de Independencia y combatieron contra ella; pero a poco comprendieron que les convenía hacerla para no tener ni patronato ni responsabilidad ante el rey, y ayudaron a la Independencia, y al consumarla quedaron en la tierra como moros sin señor, mejor todavía que antes, y en lugar del monopolio que reduce el comercio, implantaron la protección a título patriótico aumentando sus utilidades. Después combatieron la Revolución de Ayutla y la Reforma; pero se adjudicaron las fincas nacionalizadas y mediante una pequeña composición quedaron más ricos que antes y sin perder nada ante Dios. La Intervención francesa pudo haberlos perjudicado muy seriamente, y mientras Juárez y Lerdo estuvieron en el poder, las facultades de adaptación de poco les sirvieron; pero el general Díaz realizó todos sus ideales cimentando su prosperidad en dos puntos de apoyo; la ley de baldíos y la política de conciliación: una hacía crecer las propiedades; la otra daba la irresponsabilidad. Aquello pareció ser la época más feliz; las grandes haciendas del tiempo de la Reforma nada fueron en comparación de las nuevas; pero el pueblo despojado y hambriento se levantó siguiendo al primero que le habló de reivindicaciones, y cuando triunfó la revolución hecha al grito de “abajo los latifundios” el terrateniente, que ve muy lejano el porvenir de aquellas tierras que adquirió durante la administración pasada, que ve cada día más difícil que en México prospere el antiguo sistema de explotación de esas fincas, se hace también revolucionario, grita también “abajo los latifundios” y dice al Gobierno: aquí tengo una de esas grandes fincas, cómpramela: me costó, si acaso, a cien pesos el sitio: te lo vendo a doscientos pesos hectárea. Jugué a la encomienda católica contra la esclavitud pagana y gané un poco; jugué a la Independencia y al proteccionismo patriótico contra la sujeción a la metrópoli española y al antieconómico monopolio y gané algo más; jugué después a la adjudicación de bienes de manos muertas en forma ajustada a los preceptos de la Iglesia y aumenté más mi fortuna; jugué luego a introducir la civilización agraria arrojando a los indios rutineros y testarudos en todo el país y aproveché tan bien la fuerza gubernamental que aquí me tienes encomendero de la tierra y dueño de ella; pero como los trabajadores han emigrado en busca de alimento a causa de mi labor civilizadora y como los otros que quedaban se han levantado contra mí, me decido a ganar el ciento por uno en bien de la patria, para, en lugar de ser un hacendado en situación dudosa, convertirme en multimillonario e ir a codearme con mis congéneres en Wall Street».

El párrafo transcrito pinta admirablemente al personaje negativo que fue en nuestra historia el gran hacendado. Formó con el militar y el cura algo así como un triunvirato diabólico, causa principal de las desgracias del pueblo mexicano. Hubo tres palabras trágicas en la historia de México hasta reciente fecha: hacienda, sacristía y cuartel.

Por otro lado la crítica más severa que puede hacerse a la política agraria del régimen porfirista estriba en la entrega de considerables extensiones territoriales a individuos y empresas extranjeras en la frontera norte de la nación, poniendo así en peligro la integridad del territorio.

Sabido es que muchas y muy serias dificultades entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos tuvieron su origen en las reclamaciones agrarias del Departamento de Estado, por la expropiación de tierras que fue menester llevar al cabo en cumplimiento de las promesas de la Revolución. Entre las referidas entregas de inmensos terrenos, señalemos los casos siguientes: a la Compañía Richardson, 222 000 Has. en la región meridional del río Yaqui, y otra parte en el norte hasta completar 300 000; a la Colorado River Land Co., 325 364 Has. en el Distrito Norte de la Baja California; a The Palomas Land Co., en Chihuahua, 776 938 Has.; a L. Bocker, 35 000; a E. P. Fuller, 230 000; a H. G. Barret, 105 702; a The Chihuahua Timber Land Co., 125 000; y como otra muestra de tan graves errores, todos los mexicanos recordamos que en el mes de agosto de 1958 fue expropiado el latifundio Greene, el cual tenía una extensión de poco más de 260 000 hectáreas.

En resumen, la política agraria del porfirismo fue contraria al interés de la República; fue una política equivocada y la causa principal de la revolución. El mestizo y el indio esperaron silenciosos la hora del desquite y llegado el momento propicio, rifle en mano se arrojaron a la lucha reivindicadora.

CAPÍTULO II

Descripción de las haciendas mexicanas de principios del siglo XX. Los precios del maíz, frijol, trigo y arroz en 1792, 1892 y 1908. El alza de los precios de los artículos de primera necesidad y la baja del salario real. El sistema monetario bimetalista y la constante devaluación de nuestra moneda durante el gobierno del general Díaz. La Ley de bronce de Lassalle. Aspectos de la vida de una ciudad de 70 mil habitantes en el segundo lustro de este siglo. La penetración del capital extranjero. La prohibición de las huelgas por el gobierno porfirista. Las huelgas de Cananea y de Río Blanco.

EL CASCO de la gran hacienda, o sea lo que podemos llamar el centro de la propiedad rústica, estaba rodeado por altos y sólidos muros protectores. Esto en cuanto a las viejas fincas coloniales o construidas en el siglo XIX durante el largo periodo de revoluciones y anarquía. Las nuevas grandes haciendas, organizadas al amparo de la paz porfiriana, ya no necesitaron de esos altos muros que daban a las antiguas haciendas la apariencia de fortalezas medievales; pero todas las grandes haciendas de principios del siglo tenían por regla general los mismos edificios e igual o muy semejante organización.

El casco de la finca se componía de la gran casona del propietario, la casa del administrador, la casa o casas de los empleados, las oficinas o el escritorio como generalmente se llamaba, la tienda de raya, la iglesia y la cárcel. Además, las trojes, los establos y la huerta. En la casona del propietario se podía disfrutar de todas o casi todas las comodidades de la vida moderna: luz eléctrica, baños de agua tibia, salón de billar, salas espaciosas, el enorme comedor y numerosas recámaras; todo amueblado con lujo, a veces con demasiado lujo y mal gusto. En algunas fincas no faltaba frente al edificio principal el jardín cultivado con esmero por manos expertas, con sus árboles frondosos y variadas plantas ornamentales.

La casa del administrador no carecía de todo lo necesario para una familia de la clase media acomodada. Las demás casas del personal de confianza estaban en relación con la categoría administrativa y social de los ocupantes.

La tienda de raya desempeñaba un papel importantísimo en aquella organización, allí se vendía al peón y a su familia la manta, el percal, el jabón, el maíz, el frijol, el aguardiente, y por supuesto otras mercancías a precios generalmente más altos que los del mercado y no siempre de buena calidad. El jornal se pagaba con mercancías y sólo cuando sobraba un poco solía completarse con moneda de curso legal. En la tienda de raya se llevaba al peón cuenta minuciosa de sus deudas, las cuales pasaban de padres a hijos y jamás podían extinguirse, entre otras causas y razones, porque las necesidades elementales del peón y su familia no podían llenarse con el exiguo jornal. Al hacendado le convenía tener peones adeudados porque así le era más fácil tenerlos arraigados a la tierra y explotarlos mejor.

Por otra parte, la Iglesia también desempeñaba un papel de indudable significación. Allí estaba el cura para guiar al rebaño por el buen camino; allí estaba para hablar a los desdichados, a los miserables, a los hambrientos, de la resignación cristiana y de las delicias que les esperaban en el cielo, al mismo tiempo que de los tormentos del infierno para los desobedientes, para aquellos que no acataran con humildad las órdenes de los amos. Y si la coerción económica de la tienda de raya y la coerción moral del cura no resultaban suficientes para mantener en la obediencia al jornalero, entonces allí estaba la cárcel, la cárcel del hacendado y los castigos corporales para someterlo; allí estaba el inmenso poder del propietario para enviar al rebelde a formar en las filas del ejército de forzados del porfirismo.

En el casco de algunas haciendas había un pequeño cuarto destinado a escuela. Un profesor improvisado y unos treinta o cuarenta niños. Esa era toda la participación de algunos terratenientes generosos a la educación nacional.

A unos quinientos o mil metros del casco de la hacienda, se levantaban las habitaciones de los peones: casuchas de uno o dos cuartos, comúnmente de uno solo, construidas de adobe, pedazos de tabla o ramas de árbol, según las regiones del país; casuchas sin ventanas y piso de tierra; cocina, comedor y recámara, todo en una misma habitación de 20 a 30 metros cuadrados. Muebles: el pequeño brasero para cocinar; el metate y el comal para las tortillas; cazuelas, platos y jarros burdos de barro, y los petates para dormir el peón, la mujer y la numerosa prole.

A dos, cinco o diez kilómetros, estaban los potreros para los cultivos o el ganado. Las faenas debían comenzar a las seis de la mañana y concluir a la hora en que se pone el sol.

Todo lo que arriba se dice es en lo general aplicable a las haciendas del centro del país y se apoya en el conocimiento directo del autor.

Luis Enrique Erro, en su libro Los pies descalzos, hace de una hacienda de principios del siglo en el Estado de Morelos, la siguiente descripción: «Además, aparte de los campos de labranza y monte, el conjunto de los edificios centrales de la hacienda era más o menos de esta manera. Había, desde luego, una gran pared alta y gruesa, apuntalada regularmente cada tantos metros por robustos contrafuertes. Esta gran pared, de obscura piedra, circundaba un gran recinto toscamente oval. Dentro de este recinto estaban todas las edificaciones de la hacienda, a cuyo conjunto se llamaba el “casco”. Fuera de él, el extenso campo de labor y la aglomeración de casas donde vivían los peones, a la que se llamaba “la cuadrilla”.

»En gran contraste con “el casco”, “la cuadrilla” era miserable, sus casas parecían improvisadas y estaban construidas con los más increíbles e inadecuados materiales. En medio del conglomerado una fila de cuartos de adobe, sin ventana pero con una abertura destinada a puerta, vivían los favorecidos. Esta fila de edificaciones había sido construida siglos atrás por los religiosos a quienes perteneció la hacienda. Cada cuarto, de cuatro por cinco metros, se consideraba como una casa para una familia. Estaban todos numerados y eran hasta cincuenta y siete. El resto de las casas de “la cuadrilla” se aglomeraba alrededor de esta edificación por todos lados. Cada casa era de un solo cuarto, en el cual dormía, naturalmente en el suelo, toda la familia, y dentro del cual se cocinaba la mayor parte del año. Era una parte importante del miserable salario. Los peones, sus mujeres y sus niños, estaban llenos de piojos, vestidos de sucios harapos, comidos por las fiebres.

»Los pisos interiores, al igual que lo que podríamos llamar calles, eran de tierra floja. En tiempo de lluvias las calles eran lodazales. Terreno y casas de “la cuadrilla” eran propiedad de la hacienda. Cualquier obra que un peón hiciera en mejora o reparación de la mísera vivienda, pasaba a ser propiedad de la hacienda. La cual, por conducto de los empleados, podía dar o quitar esta o aquella casa a este o aquel peón con entera libertad».

En cuanto al recinto amurallado escribe Erro: «Había allí dentro muchos edificios dispuestos a un lado y al otro de lo que hubiera sido calle principal y única, pero que por su anchura se denominaba el patio.

»Al lado izquierdo, conforme se entraba, estaban en primer lugar las caballerizas, establos y macheros. Llamábase así a las edificaciones destinadas a albergar, respectivamente, los caballos de silla y tiro de carruajes, las reses de ordeña y las bestias de labor. Seguían después las trojes donde se almacenaban pasturas, cosechas, aperos de labranza y cuanto hay. Estos edificios construidos en el siglo XVII bajo la dirección de hábiles religiosos cuya orden había sido propietaria de la finca, eran de lo más bello. Algunos estaban techados con bóveda de medio cañón, otros tenían magníficos envigados.

»Seguía después la casa de los dependientes, que lo había sido de la comunidad de los religiosos. Luego la del administrador… y rodeada de artificiosos jardines, la del dueño. La casa del administrador fue, en el siglo XVII, el priorato desde el cual se administraba la hacienda.

»Aunque sobria en su estilo, era, como las trojes, magnífico edificio, si bien un poco grande para ser habitado por una sola pareja. El patio interior con su fuente y su arreglado y anticuado jardín, era hermoso y fresco en aquel caluroso clima.

»La casa del dueño, construida para ser suntuosa, estaba llena de las sandeces y banalidades propias de la arquitectura del siglo XIX. Estaba amueblada sin escatimar un real; se había llevado allí cuanto había y se habían construido todas las habitaciones necesarias para ello. Ornábase, entre otras cosas, con un saloncito turco que era la quintaesencia del mal gusto, a pesar de que había muebles en él que, a decir de los tenderos vendedores, habían venido directamente de Constantinopla y del Cairo. En realidad todos eran franceses.

»Aparte de todos estos edificios, estaban el ingenio, la fábrica de alcohol, la tienda de raya, el templo, la casa del párroco, un huerto con frutales.

»Había muchas otras cosas y muchas otras casas.

»A este recinto se entraba o se salía por dos puertas enormes, cada una con su respectivo portero, que estaba siempre muy bien armado con pistola y carabina que eran de la hacienda. Los empleos de portero eran sabrosas canonjías, pues el trabajo no era mucho, si bien la “responsabilidad” era grande. Se escogía para porteros a ciertos peones de comprobada buena conducta y fidelidad. Abríanse las puertas a hora temprana al amanecer y se cerraban al anochecer también temprano.

»En cada puerta había dos torreones con aspilleras. La barda y las puertas parecían fortificaciones intomables. Fortificaciones lo eran, aunque cuando el pueblo se sublevó no sirvieron de nada».

De manera que puede decirse que las características señaladas, con ligeras variantes, eran comunes a los grandes latifundios.

Los ochocientos cuarenta hacendados que registra el Censo de 1910 vivían con holgura económica. El administrador les enviaba periódicamente buenas sumas de dinero, producto de las ventas de maíz, frijol, trigo, o del ganado mayor o menor. La casa del gran propietario en la capital del Estado o en la de la República, se distinguía por lo espaciosa, los muebles lujosos, las alfombras de alta lana y la numerosa servidumbre. El hacendado vivía lo mejor que podía vivirse desde el punto de vista material. Se sentía aristócrata, perteneciente a una especie zoológica privilegiada y tenía clara conciencia de su grandeza y de su poder. Era altivo, orgulloso y a veces gastador. Gozaba de la amistad de los altos funcionarios del porfirismo y de la consideración y del respeto de todos. Allí va don fulano, el dueño de tal hacienda, decían los pobres diablos, con un dejo de admiración o envidia cuando lo veían pasar; pero si se acercaba a ellos, se quitaban el sombrero para saludarlo. El hacendado no era culto ni tenía, por supuesto, ideas generales sobre el mundo, el hombre y el universo. Era católico por rutina o conveniencia y porfirista convencido por ambas cosas. Había hacendados benévolos y otros que no lo eran; pero todos explotaban sistemáticamente al infortunado jornalero. Los administradores de las haciendas vivían bien aun cuando sin las grandes ventajas económicas, sociales y políticas del gran propietario. Estaban ligados a él y tuvieron que correr su misma o parecida suerte. El personal de confianza: empleados del escritorio, dependientes de la tienda de raya, mayordomos de campo y caporales, formaban parte de una especie de clase media rural; estaban también ligados al amo y disfrutaban de un mediano pasar. Por regla general, además del sueldo, que nunca era muy alto, se les daban buenas tierras en aparcería, cuyo cultivo estaba a cargo de peones que ellos pagaban y solían vigilar. Así, cuando el año era bueno, mejoraban sus ingresos. Con ese personal de confianza vinculado al propietario, se formaron las guardias blancas que estuvieron primero en contra de los grupos revolucionarios y después en contra de los agraristas, es decir, de los campesinos que después de 1917 lucharon por la restitución o dotación de ejidos.

El administrador de una gran hacienda recibía un sueldo de ochenta a cien pesos mensuales, además de casa, tierras para cultivar a medias y otras ventajas menores. Los sueldos del tenedor de libros, mayordomos y otros empleados y dependientes, fluctuaban entre ocho y quince pesos a la semana, y los de caporales y monteros, entre tres y cinco pesos.

El jornal de los peones era de dieciocho a veinticinco centavos, más o menos igual nominalmente a lo que se pagaba a sus lejanos antepasados al finalizar el periodo colonial. Pero este tema exige dar al lector algunas cifras y detalles, porque se trata de algo sin lo cual no es posible entender la historia de la Revolución ni otra de las causas fundamentales que la originaron.

Humboldt nos informa, en su célebre libro sobre México, que el salario del jornalero en el primer lustro del siglo XIX era de veinticinco centavos diarios en las tierras frías y de treinta centavos en la tierra caliente. Creo que las tierras que el sabio alemán clasificó como frías son las comprendidas en las zonas templadas del centro del país, y la tierra caliente la de las costas o próximas a las costas del Golfo de México y del Océano Pacífico. La diferencia en los jornales que él advirtió se explica a nuestro parecer por la mayor densidad demográfica en las zonas centrales que en el resto del territorio de Nueva España, motivo por el cual en aquellos años había una oferta de brazos más abundante en las tierras frías que en la tierra caliente. Según el mismo Humboldt, el ingreso anual del jornalero del campo apenas bastaba, en el mejor de los casos, para cubrir las necesidades más apremiantes de él y su familia. Lo que por ahora importa afirmar es que en 1910, cuando celebrábamos con grandes fiestas el centenario de la Independencia, el salario del campesino mexicano, como antes se dijo, permanecía estacionario en relación con los últimos años del siglo XVIII y de principios del XIX.

El alimento del peón mexicano se compone desde hace siglos principalmente de maíz, frijol y chile. En algunas regiones agrega a su dieta el café y el pulque; y de tarde en tarde, muy de tarde en tarde, come pan y arroz. La carne y la leche han sido y son artículos de lujo para él. Con esa precaria alimentación ha vivido, ha trabajado y producido riqueza para sus amos.

A continuación conviene dar unos cuantos datos sobre precios del maíz, del frijol, del trigo y del arroz, artículos que por su importancia en el consumo nacional influyen, sobre todo el maíz, en los precios de los demás productos alimenticios. Los datos que en seguida se incluyen han sido tomados de la obra de Toribio Esquivel Obregón que lleva por título La influencia de España y de los Estados Unidos sobre México.

Estos precios son de mayoreo y seguramente corresponden a la ciudad de México. De todos modos son útiles porque reflejan la tendencia al alza en todo o casi todo el país y dan una idea de la elevación del costo de la vida, sobre todo tratándose de los económicamente más débiles y sujetos a ingresos fijos, puesto que según la ley de Ernesto Engel, es mayor el porciento del presupuesto familiar que se gasta en alimentos a medida que el ingreso es menor. Y éste era el caso de los peones de las haciendas porfiristas, del 80% de los habitantes de la nación. El costo de la vida se había elevado considerablemente, en tanto que se había reducido de manera catastrófica el salario real. No es en consecuencia exagerado decir que en los comienzos de este siglo, cuando se hablaba de paz, de orden y progreso, cuando se creía que México caminaba seguro y con celeridad hacia adelante, la gran masa de la población sufría de hambre, se vestía mal y se alojaba peor; porque si allá por el año 1804, de acuerdo con la opinión de Humboldt, el ingreso de la familia campesina apenas bastaba para satisfacer las necesidades más elementales, ¿cuál sería su situación en 1910, cuando los precios del maíz se habían casi triplicado y los del frijol más que sextuplicado?

Francisco Bulnes escribió en El verdadero Díaz y la Revolución: «El progreso de un pueblo se mide por la situación de sus clases populares, y al llegar la Dictadura a su apogeo, la mayoría del pueblo mexicano se aproximaba al nadir sepulcral, por la miseria, más que nunca cruel y desvergonzada…». Y el autor citado no puede catalogarse entre los partidarios de la Revolución, sino más bien entre sus más decididos y apasionados adversarios.

Pero se ocurre preguntar ¿por qué en México permanecieron estacionarios los jornales, no obstante la elevación de los precios, y esto durante un largo periodo? Además, se sabe bien que en varios países europeos, durante la segunda mitad del siglo XIX, bajaron los precios de buen número de artículos de primera necesidad y los salarios se elevaron. Entonces, ¿por qué en México se observa un fenómeno contrario? La explicación debe darse, puesto que se trata de un hecho económico que a juicio del autor del presente trabajo, según ya se dejó apuntado, fue uno de los factores determinantes de la Revolución.

Las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857, por una parte y por la otra las Leyes de Colonización y de Baldíos influyeron de modo decisivo en la tremenda concentración territorial de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Muchos ejidos, muchas tierras de común repartimiento y muchas pequeñas propiedades desaparecieron, encontrándose millares de ejidatarios, usufructuarios y pequeños propietarios, sin más camino para ganarse el pan que ofrecerse como peones en los ranchos, en las medianas y grandes haciendas; y como era menor el número de brazos necesarios que el que se ofrecía constantemente, funcionó de modo inevitable la ley de la oferta y la demanda.

Por otra parte, el 27 de noviembre de 1867 se expidió una ley estableciendo en la República el sistema monetario bimetalista, a semejanza de lo que por aquellos años se hacía sobre la misma materia en los países más adelantados del mundo.

Las características del bimetalismo pueden resumirse en la forma siguiente:

1.ª Se establece una relación legal entre el oro y la plata, lo más cercana posible a la realidad, a los precios internacionales de ambos metales.

2.ª Libre acuñación en las casas de moneda, tanto de las monedas de oro como de las de plata, a solicitud de cualquier interesado.

3.ª Valor legal y poder liberatorio ilimitado, lo mismo de las monedas de oro que de las de plata.

4.ª Las piezas de cobre o de níquel no tienen poder liberatorio ilimitado; se utilizan únicamente para facilitar las pequeñas transacciones y con carácter fiduciario.

La relación legal que se estableció fue la de dieciséis y media onzas de plata por una de oro; pero esta relación se rompió casi inmediatamente después de expedida la ley monetaria, sobre todo a partir del año de 1870, a causa de un constante descenso en el valor del metal blanco en el mercado de Londres. Desde ese año y hasta los comienzos del segundo lustro de este siglo, el precio de la plata puede representarse por una línea descendente muy pronunciada y casi sin interrupción. En 1904 la equivalencia del oro con la plata era de uno a treinta y nueve en vez de uno a dieciséis y medio, establecida por la ley de 1867.

Por supuesto que inmediatamente después de establecido en México el sistema bimetalista, funcionó la Ley de Gresham; y las monedas de metal amarillo, las hermosas onzas de oro, desaparecieron rápidamente de la circulación. De manera que de 1867 a 1905, año en que se implantó el sistema monetario denominado patrón de cambio de oro, el bimetalismo legal fue sustituido en la realidad por un monometalismo plata.

La relación entre la plata y el oro, que durante un largo lapso de más de dos mil años había sido de trece a diecisiete unidades por una unidad, se rompió para siempre a partir de 1870. Las causas determinantes de tal fenómeno se encuentran en el descubrimiento de nuevas minas argentíferas y en el empleo de mejores métodos de explotación.

La moneda de plata, única que circulaba con poder liberatorio ilimitado y que podía acuñarse libremente, se hallaba lógicamente vinculada, en cuanto a su poder de compra, al precio del metal del que se componía. De suerte que si el precio de la plata en lingotes bajaba en los mercados, se reducía inmediatamente la capacidad adquisitiva de nuestra moneda y se elevaban los precios. Los mexicanos, como lo hizo notar hace tiempo un distinguido economista, con frecuencia se levantaban en la mañana más pobres, o menos ricos, que la noche anterior, con excepción de los exportadores que solían ganar más al vender sus mercancías en oro.

La información y observaciones anteriores explican, junto con el hecho de la concentración agraria, la baja del salario real del jornalero mexicano y la miseria que sufría en los años inmediatamente anteriores a la Revolución de 1910.

El ya citado Bulnes escribió con razón que «… el hombre, antes que animal religioso, moral, político, es un animal económico como todos, y que como todos con raras excepciones todo lo sacrifica por sus alimentos, comenzando por la religión, cuando conoce que ésta se los arrebata». En otra parte dice: «Toda clase social famélica sujeta su moral, su libertad y toda su acción a salvarse del hambre…». Y el campesino mexicano —cabe agregar— necesitaba salvarse del hambre y se arrojó al torbellino de la Revolución.

Al peón de las haciendas mexicanas no puede llamársele siervo si se quiere usar una terminología estricta, ni señor feudal al dueño de dilatados territorios, ni tampoco feudalismo a la organización agraria en la época del Gobierno de Porfirio Díaz; pero si se quisiese encontrar una cierta analogía más o menos lejana, tal vez podría aceptarse la comparación, particularmente en los estados del Sur, con el feudalismo europeo. Empero, por tener características privativas, es más exacto llamar simplemente peón al jornalero del campo, hacendado al poderoso terrateniente y hacendismo al sistema, como le llamó por primera vez Blas Urrea, en un brillante artículo publicado hace ya más de seis decenios.

En las haciendas del centro del país en que se producía en buena medida para el mercado —ya antes se dijo esto— no es decididamente correcta la asimilación a la época feudal.

El peón de las haciendas estaba sometido a la ley de bronce de Fernando Lassalle. Esta ley puede enunciarse en la forma siguiente: una máquina para trabajar, para moverse, necesita combustible, y el propietario tendrá inevitablemente que hacer ese gasto; mas como la máquina no es de duración indefinida hay que ir amortizando año tras año la suma que costó, a fin de sustituirla por una nueva cuando ya no sea útil a causa de su desgaste. Pues bien, según Lassalle, la vida del trabajador es como la de la máquina. Su salario le permite alimentarse —el combustible— y alimentar a su hijo o hijos, quien o quienes lo sustituirán —la amortización de la máquina— cuando él, por haber envejecido, ya no pueda trabajar.

Sí; el peón estaba sometido a la ley de bronce porque su miserable jornal apenas bastaba para que él y su familia comieran lo indispensable para no perecer. Sus hijos, desnutridos, víctimas de la incuria, de la ignorancia y de enfermedades infecciosas, morían con frecuencia antes de cumplir dos años. En cuanto a aquellos que a pesar de todo triunfaban en un medio tan hostil, su destino era ser para siempre peones de la finca como sus padres, sus abuelos y sus antepasados.

Pablo Macedo, miembro prominente del Grupo Científico y amigo del general Díaz, escribía en el año de 1902 lo que a continuación se copia: «Ejercían también influencia, y por muchos conceptos incontrastable, a causa de su riqueza y de su alianza con el Clero, los propietarios rurales. ¿Qué hicieron de ella? Convertirla también en provecho propio, de la manera más absurda y egoísta, porque nunca se cuidaron del bien de las clases proletarias. Por el contrario, en cada hacienda, en donde no era posible mantener al peón en una esclavitud de hecho peor que la de derecho, porque ésta protege siquiera en algo al esclavo; en esas haciendas, decimos, se instituía la tienda de raya para arrebatar al bracero su mísero jornal a cambio de mercancías de ínfima calidad y a precios exorbitantes; y, lo que es peor todavía, a cambio de aguardiente y pulque para embrutecerlo más, para favorecer la tendencia al alcoholismo, ingénita en el indio, y que los conquistadores notaron desde luego y aprovecharon desde los tiempos primitivos para mejor explotar y, acaso sin saberlo bien, para condenar a inferioridad, que parece irremediable, a una raza infeliz y desgraciada». Pero ni Macedo, ni el Grupo Científico, ni el Gobierno, dieron un solo paso para mejorar las condiciones de vida del 80% de los habitantes del país, para salvar de la miseria y del hambre «a una raza infeliz y desgraciada». Fue menester que esa raza luchara por salvarse y rompiera las cadenas que la sujetaban y oprimían. ¡Hambre total en los campos: de pan, de tierras, de justicia y de libertad!

En las ciudades de principios de siglo se advertía desde muy luego la desigualdad social. Tomemos a manera de ejemplo una población de setenta mil habitantes, capital de uno de los Estados del centro de la República. Arriba de todos estaba la aristocracia, una aristocracia sin pergaminos, sin abolengo, sin historia; es decir, una falsa aristocracia. La componían los grandes hacendados, algunos —no es ocioso insistir en ello— a la vez dueños de casas, de acciones mineras y del banco de la localidad; propietarios de grandes establecimientos comerciales, unos pocos mexicanos y buen número de españoles, franceses o de otras nacionalidades; altos funcionarios extranjeros de compañías mineras, norteamericanas o inglesas; y por último, médicos y abogados con éxito profesional, abogados y médicos de esa minoría privilegiada. Todos amigos del régimen político porfirista, satisfechos, orgullosos, mirando de arriba a abajo al resto de los habitantes de la ciudad. El gobernador del Estado pertenecía generalmente a algunas de las familias acaudaladas o se había enriquecido de prisa en el ejercicio del poder.

No puede decirse que esa pseudoaristocracia fuera culta y que le importara la cultura, excepción hecha de uno que otro profesionista inteligente y amante de las ciencias o de las bellas artes. Los demás sabían leer y escribir y conocían bien las cuatro reglas elementales de la aritmética. Hombres y mujeres vestían con elegancia a la moda de Londres o París. Admiraban lo extranjero, sobre todo lo que venía de Francia o de Italia; más lo de Francia que lo de Italia. La influencia de los norteamericanos todavía no se hacía sentir en las costumbres y en los gustos de aquella gente. Lo mexicano, lo auténticamente nuestro, ocupaba un segundo plano y era de mal tono admirar el arte indígena. Esa minoría afortunada y dichosa, tan dichosa y afortunada como se puede ser en la tierra en cuanto al goce de bienes materiales, se consideraba a sí misma como la única depositaria de la decencia y de las buenas maneras. Se consideraba gente decente a las personas que vestían bien, que eran ricas y no demasiado morenas. Había relación entre la decencia y la riqueza, entre la decencia y el color de la piel: una atenuada discriminación racial, herencia de siglos pretéritos.

Para esa altiva aristocracia, para esas personas decentes, quedaba abajo, muy abajo la clase media, el medio pelo y los pelados; estaba el indio al que utilizaban en toda clase de trabajos, explotándolo sin medida y por quien sentían el más hondo desprecio.

Los ricos de las ciudades gozaban de influencia ante todas las autoridades: desde el policía hasta el gobernador, pasando por el jefe político. Una persona bien vestida podía mandar a la cárcel a cualquier individuo mal vestido, a cualquier pelado, simplemente con el cargo de que le había faltado al respeto. El gendarme obedecía sin demora. Esto lo presenció en más de una ocasión el autor de estas páginas.

La clase media se componía de ingenieros, abogados y médicos de escasa clientela, profesores normalistas, empleados de oficinas, dependientes de comercio, pequeños comerciantes, trabajadores calificados de los ferrocarriles, artesanos con éxito, etc. Cabe estimar que aquellos que a principios del siglo recibían ingresos entre cincuenta y cien pesos mensuales, tenían un nivel de vida que los colocaba en esa clase o categoría social. Los de ingresos un poco mayores vivían con cierta holgura; los de menos ingresos, treinta o cuarenta pesos al mes, vivían en la pobreza, en una pobreza un tanto vergonzante. Entre los componentes de la clase media se hallaban los hombres más cultos de la sociedad mexicana, los más inteligentes y de más relevantes prendas morales. De la clase media salieron algunos caudillos de la Revolución de 1910.

Pero la inmensa mayoría: artesanos, obreros, trabajadores no calificados de toda especie, vivían peor que el escribiente de juzgado o el dependiente de la tienda de abarrotes. Un peón ganaba en la ciudad treinta y siete centavos diarios y un maestro albañil setenta y cinco centavos. La jornada de trabajo era por regla general de diez a doce horas. Esta clase, llamada la clase baja en el lenguaje provinciano de la época, no vivía en la pobreza, sino en la miseria.

En la ciudad de setenta mil habitantes que hemos tomado como ejemplo, con una población escolar de catorce mil niños, aproximadamente, no había escuelas sino para una cuarta parte de ellos. Eso sí, existían veinticuatro iglesias, algunas muy hermosas, la mayor parte de ellas construidas en la época colonial. No había drenaje ni agua potable suficiente. El tifo y la tifoidea eran enfermedades endémicas.

Y en todas partes se hablaba del progreso de la nación, gracias a las excelencias del gobierno del general Porfirio Díaz. No se sabía entonces que éramos un país subdesarrollado.

Durante el régimen porfirista no hubo libertad política ni libertad de pensamiento. No olvidemos el lema del Gobierno: «Poca política y mucha administración». Nada más que la administración no tuvo en cuenta a la masa trabajadora; no se ocupó de los pobres sino únicamente de los ricos, de los ricos nacionales y extranjeros. El señor Limantour, director supremo de la política económica de México durante cuatro lustros aproximadamente, creía que abriendo de par en par las puertas al capital del exterior se resolverían todos los problemas. Además, y esto ya se apuntó antes, el interés del régimen se limitó al fomento de la producción y a dirigir, en ocasiones tardíamente y no siempre con buen tino, los fenómenos monetarios. Jamás se preocupó por resolver el problema de la distribución del ingreso. Hubo progreso económico, pero no desarrollo económico, que es diferente. Progresar es marchar hacia adelante. Se progresa si se construye una nueva vía férrea, si se establece una nueva industria textil o si se termina un nuevo camino para automóviles; pero eso no es desarrollo; porque el desarrollo consiste en el estrecho maridaje de la eficiencia económica con la justicia social. Lo uno y lo otro son inseparables.

Ahora bien, mientras los obreros, artesanos y campesinos, los más débiles económicamente, eran vistos con mal disimulado desprecio por todas las autoridades administrativas, desde el jefe político hasta el presidente de la República, los grandes hombres de negocios disfrutaban de la amistosa consideración de todos los funcionarios. Don Francisco I. Madero, en su libro La sucesión presidencial en 1910, escribió: «El general Díaz encuentra uno de sus más firmes apoyos en el capitalista, y por ese motivo, sistemáticamente estará contra los intereses de los obreros». Lo anterior no puede negarse, entre otras razones porque se trataba de un gobierno plutocrático que, obviamente, servía a los intereses de su clase.

Es bien sabido que no existía ninguna legislación que protegiera de algún modo al proletariado de las ciudades y de los campos. Las huelgas estaban prohibidas y se castigaba con severidad a quienes en forma alguna pedían la elevación del salario, o la reducción de la jornada de trabajo. El Código Penal del Distrito Federal castigaba con 8 días a 3 meses de arresto y multa de 25 a 500 pesos a quienes pretendieran el alza de los salarios o impidieran el libre ejercicio de la industria o del trabajo por medio de la violencia física o moral. Algo semejante se ordenaba con mayor o menor severidad en los códigos penales de buena parte de los Estados de la República. El Gobierno de Díaz sólo permitía la organización de sociedades mutualistas entre obreros y artesanos. Sin embargo, a fines del siglo XIX y principios del XX, comenzaron a organizarse algunos grupos de trabajadores en uniones que solían reclamar mejor trato de parte de los patronos o capataces, más altos salarios y menor número de horas de labor. Un autor registra 250 huelgas durante el porfirismo, principalmente en los ferrocarriles, la industria tabaquera y la de hilados y tejidos de lana y algodón. En muy pocas tuvieron éxito las demandas de los trabajadores, pues el Gobierno del general Díaz siempre apoyaba con decisión y energía a las empresas.

Los ferrocarrileros deben contarse entre los trabajadores que primero organizaron agrupaciones de resistencia. Entre ellas cabe mencionar la Sociedad de Ferrocarrileros Mexicanos, en Nuevo Laredo; la Suprema Orden de Empleados del Ferrocarril Mexicano, en la ciudad de México; la Hermandad de Ferrocarrileros, en Monterrey; la Unión de Mecánicos, en Puebla; la Unión de Caldereros, en Aguascalientes; y sobre todo, la Gran Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarril, fundada en 1907 por Félix C. Vera y suprimida en 1908 por el Gobierno, a causa de un conato de huelga en San Luis Potosí.

La Gran Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarril tenía entre sus postulados el de que los ferrocarriles fueran manejados por mexicanos. En aquellos años no sólo los puestos de dirección propiamente dichos eran ocupados por norteamericanos, sino también los de segunda, tercera y cuarta categoría. Los superintendentes de división, los jefes de trenes, los despachadores, conductores, maquinistas y aun los jefes de telegrafistas y de estaciones importantes eran norteamericanos. Pocas veces, muy pocas veces, el trabajador mexicano tenía posibilidades de ascender a los puestos de cierta importancia y bien remunerados. Para él quedaban reservados los empleos secundarios: telegrafista, garrotero, mecánico, fogonero, jefe de estación de segunda, oficinista, mensajero, etc. Un periódico de la época consigna en tono festivo la preferencia por los norteamericanos en la forma siguiente:

«—¿Tú eres americano? —Sí, señor. —Pase usted y siéntese. —¿Qué son ruedas? —Unas cosas redondas. —¿Dónde va la lumbre? —En el fogón. —¿Para dónde caminan las ruedas? —Para delante.

»—Es bastante, usted puede ser maquinista.

»—¿Qué es usted? —Mexicano. —¡Oh, tú molestar mucho todo el tiempo! —¿Sabes tú inglés? —No, señor. —¿Qué cantidad de combustible consumirá una locomotora corriendo a doce leguas por hora y subiendo una pendiente de 3% con presión de 100 libras? ¿Cuál sería el número de calorías desarrolladas? ¿Cuál es el consumo de agua y aceite? ¿Cuál la fricción sobre los rieles? ¿Cuál el trabajo de los émbolos y el número de vueltas de las ruedas? ¿Cuál es la cantidad de vapor que se consume en una subida de 4% y dos leguas de longitud?… —Señor, no sé, porque me pregunta muchas cosas y de una vez. —¡Ah!, tú, mexicano, no saber nada. Tú muy animal, necesitar muchas patadas. Tú no servir para maquinista. Tú no servir más que para garrotero, en un tren de carga. Tú no ascender por no contestar».

Poco a poco, por etapas, los ferrocarriles se mexicanizaron, realizándose así el ideal de los fundadores de la Gran Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarril.

Como se ve, el Gobierno no veía con buenos ojos que se organizaran los obreros de la incipiente industria nacional. Había que dar seguridades y garantías al capital; había que contener con mano de hierro el más leve intento de agitación. «Orden y progreso», ésa fue una de las normas fundamentales del porfirismo. Sólo se permitía, según se apuntó arriba, el mutualismo, herencia de pasados días.

Sin embargo, no fue posible entonces, como jamás lo ha sido, contener las justas aspiraciones de la masa trabajadora para mejorar su existencia. Tampoco fue posible cerrar las fronteras a las noticias de lo que pasaba en otras latitudes, ni la circulación de las ideas. Y así, a pesar de todo, comenzó a perturbarse la paz porfiriana.

Desde principios del año de 1906 comenzó la agitación obrera. Lázaro Gutiérrez de Lara, que sostenía relaciones epistolares con Ricardo Flores Magón, enemigo del régimen porfirista y que entonces publicaba en los Estados Unidos el periódico Regeneración, organizó el «Club Liberal de Cananea» en la población del mismo nombre. Los miembros del club no sólo sostenían ideas políticas opuestas al gobierno, sino también principios de transformación nacional, de honda transformación tendiente a mejorar las condiciones económicas y culturales del pueblo mexicano.

En Cananea había descontento entre los trabajadores de la empresa norteamericana que explotaba las minas de cobre: The Cananea Consolidated Copper Company, tanto por los bajos salarios como por los malos tratos que recibían del personal norteamericano y en particular de algunos capataces. La situación era cada vez más difícil y la tirantez de relaciones aumentaba cada día entre obreros y patrones. Al fin, la huelga comenzó el 1.º de junio de aquel año. Los dos principales dirigentes del movimiento fueron los trabajadores Manuel M. Diéguez y Esteban B. Calderón.

Al día siguiente de iniciada la huelga, los obreros presentaron a la empresa un pliego de peticiones que el abogado de la misma calificó de absurdas. Y bien vale la pena reproducir aquí tan importante documento histórico:

MEMORÁNDUM

«1. Queda el pueblo obrero declarado en huelga.

»2. El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las condiciones siguientes:

»I. La destitución del empleo del mayordomo Luis (Nivel 19).

»II. El mínimo sueldo del obrero será cinco pesos, con ocho horas de trabajo.

»III. En todos los trabajos de la “Cananea Consolidated Copper Co.”, se ocuparán el 75% de mexicanos y el 25% de extranjeros, teniendo los primeros las mismas aptitudes que los segundos.

»IV. Poner hombres al cuidado de las jaulas, que tengan nobles sentimientos para evitar toda clase de irritación.

»V. Todo mexicano, en los trabajos de esta negociación, tendrá derecho a ascenso, según se lo permitan sus aptitudes».

Aquí es preciso señalar el hecho de que fueron los mineros de Cananea los primeros que en México lucharon por conquistar la jornada de ocho horas y un salario mínimo suficiente para satisfacer, dentro de marcos humanos, las necesidades del trabajador y de su familia; fueron los primeros mártires de noble cruzada, héroes anónimos, precursores de la revolución social que había de transformar la fisonomía de la nación.

El 1.º de junio por la tarde se organizó una ordenada manifestación de tres mil trabajadores de la empresa minera. Desfilaron por las calles de la población hasta la maderería de la Cananea Copper, para invitar a los obreros que aún seguían trabajando a unirse al movimiento. Éstos lo hicieron desde luego, provocando la ira de los jefes norteamericanos. Los hermanos Metcalf, desde un balcón, arrojaron agua con una manguera sobre los manifestantes.

La respuesta fue una lluvia de piedras y la contrarrespuesta un tiro que mató instantáneamente a un obrero. La lucha comenzó. Los dos hermanos Metcalf y diez trabajadores mexicanos murieron en el primer encuentro. La lucha se reanudó en más de una ocasión durante ese día y el siguiente. De un lado el gobernador del Estado de Sonora, Rafael Izábal, que había llegado a Cananea con alrededor de cien hombres, las autoridades locales, los empleados extranjeros de la compañía, y 275 soldados norteamericanos al mando del coronel Rining, que había cruzado la frontera a petición del acobardado e imbécil mandatario sonorense. Del otro lado los cinco mil trescientos trabajadores de las minas de cobre. Aquéllos, perfectamente armados; éstos, prácticamente inermes. Es cierto que asaltaron los montepíos y se apoderaron de algunos rifles, escopetas y pistolas, mas bien pronto se les agotó el parque y se quedaron indefensos.

Perdieron los obreros. Las amenazas del jefe de las armas, general Luis E. Torres, de enviar a los huelguistas a pelear en contra de la tribu yaqui, por una parte, y por la otra el hambre, los obligaron a regresar al trabajo. Manuel M. Diéguez, Esteban B. Calderón y José María Ibarra fueron aprehendidos y sentenciados a sufrir quince años de prisión en el castillo de San Juan de Ulúa, la espantosa y subhumana cárcel adonde el porfirismo arrojaba a sus víctimas. Así, a sangre y fuego, con mano de hierro, se creyó que podían contenerse las legítimas aspiraciones de la masa trabajadora. Se ignoraba que causa que tiene mártires es causa que triunfa; a veces desde luego y en ocasiones después de largo tiempo; pero siempre, siempre, la sangre injustamente vertida se transforma en simiente que germina en nuevos anhelos y rebeldías. La historia de México lo comprueba plenamente.

Siete meses después de los sucesos de Cananea, había de registrarse en el Estado de Veracruz otro suceso sangriento y de más serias consecuencias.

A mediados de 1906 se organizó en Río Blanco el Gran Círculo de Obreros Libres. Bien pronto se Lindaron círculos afines en Puebla, Querétaro, Jalisco, Oaxaca y Distrito Federal, los cuales reconocían al de Río Blanco como centro director. El órgano periodístico Revolución Social sostenía ideas inspiradas en los principios del programa del Partido Liberal de los Flores Magón, principios radicales y de abierta y decidida oposición al régimen del general Díaz. Las opiniones revolucionarias del periódico alarmaron con sobrada razón a los capitalistas. El Centro Industrial de Puebla —asociación patronal— expidió un reglamento prohibiendo que los trabajadores se organizaran, so pena de expulsión. Las protestas no se hicieron esperar y el descontento cundió entre los obreros. Hubo paros y huelgas en varias partes. Se ponía en peligro la tranquilidad del país, la paz que había perdurado durante tantos años. Intervino el Gobierno del Centro y obreros y patronos ofrecieron someterse al laudo que habría de pronunciar el Presidente de la República.

El laudo se dio a conocer el 5 de enero de 1907 en un teatro de la ciudad de Orizaba a los trabajadores de las fábricas vecinas. El laudo era contrario a los intereses de los trabajadores. Don Porfirio, lógicamente, afirmaba una vez más su posición al lado del capital. Estalló ruidosa la inconformidad y se resolvió no obedecer las órdenes presidenciales. El artículo 1.º del laudo decía: «El lunes 7 de enero de 1907 se abrirán todas las fábricas que actualmente están cerradas en los Estados de Puebla, Veracruz, Jalisco, Querétaro, Oaxaca y en el Distrito Federal, y todos los obreros entrarán a trabajar en ellas, sujetos a los reglamentos vigentes al tiempo de clausurarse o que sus propietarios hayan dictado posteriormente y a las costumbres establecidas». De manera que los hilanderos y tejedores quedaban así en manos de los patrones y quedaba en vigor el Reglamento que prohibía toda organización obrera y que, precisamente, había provocado la agitación.

El día 7 de enero, en Río Blanco, los obreros no entraron a la fábrica. Se presentaron frente a las puertas para impedir que alguno entrara. Los dependientes de la tienda de raya se hicieron de palabras con un grupo de obreros. Menudearon las injurias y sonó un tiro. Un obrero cayó muerto. Alguno de los dependientes había disparado su pistola. La muchedumbre se arrojó sobre la tienda y, después de saquearla, la incendió.

La muchedumbre indignada formada por hombres, mujeres y niños, resolvió marchar rumbo a Orizaba. Muchos de ellos jamás volverían a sus jacales. Una fracción del 12.º Regimiento se había apostado en la Curva de Nogales y al aparecer la multitud, los soldados dispararon sus armas una y muchas veces. Cumplían órdenes de su jefe, el general Rosalino Martínez. No hubo aviso previo de intimidación. El saldo: doscientas víctimas entre muertos y heridos. No fue eso todo. Durante el resto de ese día y parte de la noche, los soldados se ocuparon de cazar a los pequeños grupos de obreros dispersos que huían para tratar de salvarse. La persecución fue encarnizada, innecesaria y brutal.

A la mañana siguiente, frente a los escombros de la tienda de raya de Río Blanco, fueron fusilados Rafael Moreno y Manuel Juárez, presidente y secretario del «Gran Círculo de Obreros Libres». A otros dirigentes menores se les deportó al lejano e insalubre territorio de Quintana Roo, condenados a trabajos forzados.

En El Imparcial de la ciudad de México, diario subvencionado por la dictadura, se publicó un editorial comentando los sangrientos sucesos y llenando de elogios al general Díaz. El editorial se titulaba «Así se gobierna».

ANEXO 1

LAUDO DEL PRESIDENTE PORFIRIO DÍAZ, CON MOTIVO DE LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE HILADOS Y TEJIDOS[1]

Enero de 1907

«ARTÍCULO primero. El lunes 7 de enero de 1907 se abrirán todas las fábricas que actualmente están cerradas en los Estados de Puebla, Veracruz, Jalisco, Querétaro, Oaxaca y en el Distrito Federal, y todos los obreros entrarán a trabajar en ellas, sujetos a los reglamentos vigentes al tiempo de clausurarse o que sus propietarios hayan dictado posteriormente y a las costumbres establecidas.

Artículo segundo. Los industriales dueños de dichas fábricas, por medio de los representantes que se hallan en esta capital, ofrecen al señor Presidente de la República continuar haciendo el estudio que han emprendido desde antes de la huelga actual de los obreros, con el objeto de uniformar las tarifas de todas las fábricas sobre las siguientes bases:

I. Los obreros que trabajan en las máquinas de preparación, hilados o tejidos, en una fábrica, recibirán salarios iguales a los que perciben los trabajadores de su clase en las demás fábricas de una región o distrito fabril, en donde las condiciones de vida y de trabajo sean idénticas.

II. Los demás trabajadores no comprendidos en la fracción anterior, incluyendo a los maestros, cabos, etc., serán pagados según los convenios que celebren con los administradores respectivos.

III. La nivelación de los sueldos a que se refiere la fracción I se hará sobre la base de aceptar, para cada región, el promedio de las tarifas más altas que en ellas rija para productos de igual clase.

IV. Se establecerá el sistema de pagar primas, a juicio del administrador, a los obreros que produzcan más y mejor de lo que normalmente hacen sus compañeros.

V. Los industriales ofrecen al señor Presidente realizar la reforma a que se refiere esta cláusula lo más pronto que sea posible.

Artículo tercero. Se establecerá en las fábricas el sistema de dar a cada obrero una libreta con las contraseñas necesarias para su autenticidad, y en la cual se anotarán los datos que se consideren necesarios respecto a la buena conducta, laboriosidad y aptitudes del operario.

Las anotaciones que el administrador haga en la libreta, las hará constar en un registro y pondrá el mayor cuidado en que sean enteramente imparciales y verdaderas.

Cuando un obrero pierda su libreta, se le dará otra a su costa, en la inteligencia de que el valor de ella no excederá de cincuenta centavos.

Los obreros, cuando ingresen a una fábrica, tendrán la obligación de presentar su libreta al administrador y éste deberá firmar la libreta al aceptar al obrero y cuando el último haya de separarse de la fábrica.

Artículo cuarto. Ofrecen los señores industriales al señor Presidente de la República, ocuparse desde luego en estudiar los reglamentos de las fábricas para introducir en ellos las reformas y modificaciones que estimen convenientes, tanto para garantizar los intereses y la buena marcha de sus establecimientos, como para mejorar, hasta donde sea posible, la situación de los obreros. Especialmente introducirán las mejoras siguientes:

I. Las multas que se establezcan por falta de cumplimiento de los obreros y por otras que se expresarán en los reglamentos, se destinarán íntegramente a un fondo para auxiliar a las viudas y huérfanos de los obreros.

II. No se harán descuentos a los obreros para pago de médico, para fiestas religiosas o profanas, ni para otros fines. Cada fábrica pagará un médico por igual para que lo ocupen los obreros que lo deseen.

III. Solamente se cobrarán a los obreros canillas y otros materiales de las fábricas, que se destruyan por su culpa; pero no las que se rompan o concluyan por el uso a que estén destinadas. Esto se determinará por el administrador tomando en consideración los informes de los maestros.

IV. Los obreros podrán recibir en sus habitaciones a las personas que estimen conveniente, quedando a cargo de la autoridad dictar los reglamentos necesarios para la conservación del orden, de la moral y de la higiene y la manera de hacerlos cumplir.

V. Cuando un obrero sea separado de una fábrica por causa que no constituya delito o falta de los que castigan las leyes o estén previstos en los reglamentos de las fábricas, tendrá un plazo de ocho días para desocupar la casa que esté ocupando, contando este plazo desde que le paguen su raya. Cuando su separación se verifique por causa que amerite castigo impuesto por la ley, o porque en los registros de los obreros que se acostumbran a las entradas y salidas de las fábricas se descubra que lleven armas o cerillos, o que cometa otra de las infracciones que motivan esos registros, deberá desocupar la casa en el mismo día que se le pague su raya.

Artículo quinto. Los obreros que tengan alguna reclamación o solicitud que hacer, la presentarán personalmente por escrito, que firmarán los mismos, al administrador, quien deberá comunicarles la resolución que se dicte, a más tardar en el término de quince días. Los obreros quedan obligados a continuar en el trabajo durante el tiempo que dilate la resolución, y si cuando ésta se les dé a conocer no quedaren satisfechos, podrán separarse del trabajo.

Artículo sexto. Los industriales procurarán mejorar las escuelas que hay actualmente en las fábricas y crearlas en donde no las haya, con el fin de que los hijos de los obreros reciban instrucción gratuita.

Artículo séptimo. No se admitirán los menores de siete años en las fábricas, para trabajar, y mayores de esa edad sólo se admitirán con el consentimiento de sus padres; en todo caso, no se les dará trabajo sino una parte del día, para que tengan tiempo de concurrir a las escuelas hasta que terminen su instrucción primaria elemental.

Se recomendará a los gobernadores de los Estados y a los secretarios de Instrucción Pública, por lo que respecta al Distrito Federal, que establezcan la reglamentación y vigilancia de las escuelas de las fábricas, de manera que quede garantizada la educación de los hijos de los obreros.

Artículo octavo. Los obreros deberán aceptar de los jefes políticos respectivos, nombren personas que se encarguen de la dirección de los periódicos que publiquen, con el objeto de que en ellos no se deslicen injurias para nadie, ni se publiquen doctrinas subversivas que extravíen a los mismos obreros. Éstos podrán escribir en esos periódicos, dentro de esos límites, todo lo que gusten, con el objeto de levantar el nivel de las clases trabajadoras y de inspirarles hábitos de honorabilidad, de orden y de ahorro.

Artículo noveno. Los obreros quedan comprometidos a no promover huelgas, y menos intempestivamente, puesto que en la cláusula cinco se establece la forma de que hagan sus quejas y sus solicitudes, con el fin de satisfacerlas hasta donde sea justo».

CAPÍTULO III

El Círculo Liberal Ponciano Arriaga fundado en la ciudad de San Luis Potosí en 1899. La Confederación de Círculos Liberales y la represión porfirista. Encarcelamientos y expatriaciones voluntarias. El programa del Partido Liberal y Manifiesto a la Nación firmado en San Luis Misuri el 1.º de julio de 1906. La entrevista Díaz-Creelman y sus consecuencias políticas. El libro titulado La sucesión presidencial en 1910 por don Francisco I. Madero. La fundación de partidos políticos. Los reeleccionistas y los antirreeleccionistas frente a frente.

DESDE los últimos años del siglo XIX y primeros del actual comenzó la agitación política en el país. Algunos intelectuales de la clase media dieron los primeros pasos para organizarse y atacar a la dictadura no obstante los peligros que tal conducta necesariamente implicaba. En 1899 fundaron en la ciudad de San Luis Potosí el Círculo Liberal Ponciano Arriaga el ingeniero Camilo Arriaga, descendiente del prócer de la Reforma, y Juan Sarabia, Antonio Díaz Soto y Gama, Librado Rivera, Rosalío Bustamante, Humberto Macías Valadez, José y Benjamín Millán, Carlos y Julio Uranga, Víctor Monjarás y otros más. Bien pronto se organizaron otros círculos liberales en varias poblaciones de la República con ideas y principios semejantes.

El 5 de febrero de 1901 hubo una reunión en la misma ciudad de San Luis Potosí para constituir la «Confederación de Círculos Liberales». Asistieron delegados de muchas partes de la nación, no faltando la representación femenina. Hubo discursos anticlericales y en contra del gobierno del general Díaz. En esa ocasión, tal vez por lo inesperado de la actitud oposicionista de los asistentes no hubo ningún acto hostil en su contra; pero en la segunda reunión que comenzó a celebrarse en un teatro de la localidad el 24 de enero de 1902, apareció la mano de don Porfirio. Heriberto Barrón, personaje bien conocido en aquellos años en los círculos del mundo oficial, penetró inesperadamente en el teatro en los momentos en que hacía uso de la palabra el primer orador. Barrón iba acompañado de buen número de policías, quienes al entrar dispararon sus pistolas ocasionando entre los asistentes el inevitable desconcierto. La cosa no pasó a mayores, gracias a la serenidad de los dirigentes de la asamblea.

Heriberto Barrón y sus esbirros obligaron a todos a abandonar el salón. Al salir se encontraron con sorpresa que el edificio estaba rodeado por una parte del batallón que guarnecía la plaza. Los principales organizadores fueron aprehendidos, acusados del delito de sedición; y durante ocho meses, por tratar de ejercer derechos ciudadanos que la Constitución garantizaba, sufrieron prisión injusta en la penitenciaría del Estado.

En 1903 reorganizaron el Círculo Liberal en la ciudad de México sus mismos fundadores. Entre otros elementos valiosos se unieron al «Círculo», Santiago de la Hoz, Ricardo y Enrique Flores Magón; Luis Jaso, Alfonso Cravioto y Santiago R. de la Vega. Publicaron tres periódicos de oposición: El Hijo del Ahuizote, dirigido por Juan Sarabia; Excélsior, por Santiago de la Hoz y Regeneración por Ricardo Flores Magón. Además hay que citar entre otros periódicos adversarios del régimen imperante: El Diario del Hogar, Juan Panadero, El Colmillo público y Redención. Los artículos que aparecían en estas publicaciones periódicas eran algo así como pequeños dardos arrojados al sólido edificio del porfirismo, estropeando los vidrios y la pintura de la fachada y contribuyendo a mantener vivo el descontento que ya se manifestaba en algunos sectores de la población.

Por supuesto que precisa reconocer la valentía, la abnegación, el desinterés y el patriotismo de aquellos periodistas, tan distintos de los que cobraban buenos sueldos sin peligro en algunos en los grandes rotativos subvencionados. Don Filomeno Mata se pasó un decenio entre la redacción de su Diario del Hogar, el escondite y la prisión. En cuanto salía en libertad volvía a aparecer el periódico en la misma actitud de oposición, uno, cinco, diez números, y otra vez se le aprehendía si no lograba ocultarse a tiempo. Pero el viejo luchador jamás renunció a sus convicciones, jamás se vendió ni dejó su trinchera de combatiente.

Varios miembros del nuevo «Círculo Liberal» fueron bien pronto perseguidos y encarcelados por órdenes del general Díaz o de sus testaferros. Pasaron varios meses en la cárcel de Belén, Jesús Martínez Carreón, Alfonso Cravioto, Juan Sarabia y Ricardo y Enrique Flores Magón.

En la cárcel de Belén había celdas espantosas destinadas a quebrantar la voluntad de los enemigos del régimen. Ricardo Flores Magón describió más tarde la ergástula en que pasó varias semanas:

«Alguna vez, cuando aún era joven, fui internado durante semanas en un calabozo oscuro, tan oscuro que me impedía verme las manos. Esto aconteció en la ciudad de México, durante aquel horripilante periodo en que Díaz imperaba con mano sangrienta. El calabozo carecía de pavimento y constituía el piso una capa de fango de tres o cuatro pulgadas de espesor, mientras que las paredes rezumaban un fluido espeso que impedía secar las expectoraciones que negligentemente habían arrojado sobre ellas los incontables y descuidados ocupantes anteriores. Del techo pendían enormes telarañas, desde las que acechaban enormes, negras y horribles arañas. En un rincón abierto en el albañal, había un agujero… Era éste uno de los calabozos en los que el déspota acostumbraba arrojar a sus opositores con la esperanza de quebrantar sus espíritus, y fue una de esas cámaras infernales, tan sagazmente calculada para quebrantar, majar y estropear la voluntad más poderosa, de donde Jesús Martínez Carreón, el exquisito artista cuyas pinturas le conquistaron el reconocimiento de Europa y América, fue sacado agonizante y ciego para morir pocas semanas después en un hospital, presa de la tuberculosis. En mi horrible morada pude soportar el viscoso contacto con las paredes; mis pulmones, entonces jóvenes y sanos, pudieron resistir el veneno de aquella tumba; mis nervios, atraque sensibles, pudieron ser amaestrados a mi voluntad, para responder con sólo un leve estremecimiento a los asaltos y mordiscos de las ratas en la oscuridad… Mi petate estaba húmedo, así como mi vestido; de vez en cuando un golpe en el petate o en el fango, o de mañana en mi cuerpo, me indicaba que una araña había caído y un estremecimiento recorría mi sistema nervioso. Pero pude soportar todo, menos la ausencia de luz». Algunos de ellos, al cumplir la condena, se expatriaron voluntariamente. En Laredo, Texas, comenzó otra vez a publicarse Regeneración; mas las autoridades norteamericanas hostilizaron a sus redactores y algunos sufrieron varios días de cárcel. Juan Sarabia y Ricardo Flores Magón tuvieron que refugiarse, por lo pronto, en Canadá; otros, se radicaron en San Luis Missouri para alejarse de la influencia del Gobierno de México.

Hay un documento de singular importancia que suele olvidarse. Nos referimos al «Programa del Partido Liberal y Manifiesto a la Nación», firmado en San Luis Missouri el 1.º de julio de 1906 por Ricardo y Enrique Flores Magón, Antonio I. Villarreal, Juan y Manuel Sarabia, Librado Rivera y Rosalío Bustamante. En este documento que circuló clandestinamente en el país en buen número de centros de trabajo, se invitaba al pueblo a rebelarse contra la dictadura porfirista, después de pintar con exactitud y vivos colores la realidad angustiosa, la miseria y la ignorancia en que yacían las grandes masas de la población.

El programa está lleno de ideas renovadoras tanto políticas como sociales y económicas; es un programa inspirado en anhelos de honda transformación, de mejoramiento individual y colectivo en todos los campos, en todos los órdenes de la vida.

En materia política se aspira a la libertad del sufragio y a la no reelección continuada. En consecuencia, se acepta que una persona que ha sido Presidente de la República pueda volver a serlo, pero después de uno o dos periodos de haber dejado el poder. Esta solución es menos radical y no sabemos si más conveniente que la fórmula constitucional en vigor; porque puede pensarse que si una persona ha dado muestras de capacidad, de honradez y patriotismo al frente del Poder Ejecutivo, no hay razón para privar al país de sus servicios en tan alto cargo y de manera definitiva. Tal vez con el tiempo sea posible que se llegue a la solución de los autores del documento que se comenta.

En el programa se aboga por la supresión de los jefes políticos, caciques segundones de ingrata memoria. Dependían administrativamente del gobernador del Estado y estaban de hecho sometidos a la voluntad de los hacendados de su jurisdicción. La mayor parte de tales pequeños funcionarios fueron durante largos lustros azote de los ciudadanos más pobres e ignorantes y origen en buena parte del general descontento, representantes de la injusticia y de la arbitrariedad.

Los autores del Manifiesto y Programa del Partido Liberal, expresan sin ambages sus ideas anticlericales, de seguro por su conocimiento de la historia de México; y, cosa interesante que conviene subrayar: sugieren que se establezcan ligas de unión entre todos los países latinoamericanos.

Entre las medidas que se proponen y que cabe clasificar como reformas económicas y sociales, precisa mencionar las siguientes:

1.ª En las escuelas primarias deberá ser obligatorio el trabajo manual.

2.ª Deberá pagarse mejor a los maestros de enseñanza primaria.

3.ª Restitución de ejidos y distribución de tierras ociosas entre los campesinos.

4.ª Fundación de un Banco Agrícola.

5.ª Los extranjeros no podrán adquirir bienes raíces; sólo podrán hacerlo si se nacionalizan mexicanos.

6.ª La jornada máxima de trabajo será de ocho horas y se prohibirá el trabajo infantil.

7.ª Se deberá fijar un salario mínimo tanto en las ciudades como en los campos.

8.ª El descanso dominical se considerará obligatorio.

9.ª Las tiendas de raya se abolirán en todo el territorio de la nación.

10.ª Se otorgarán pensiones de retiro e indemnizaciones por accidentes en el trabajo.

11.ª Se expedirá una ley que garantice los derechos de los trabajadores.

12.ª La raza indígena será protegida.

El autor de este libro puede asegurarlo, porque le consta personalmente, que muchos de los jefes revolucionarios en la etapa constitucionalista de la Revolución conocieron bien el Manifiesto y Programa del Partido Liberal y que, indudablemente, influyó en su pensamiento. Esta influencia se advierte con claridad en la Constitución de 1917, de manera particular en el artículo 123, que legisla en materia de trabajo.

Los autores del documento político que citamos continuaron, después de la distribución del mismo, sembrando ideas de inconformidad y agitando a la masa trabajadora por medio del periódico Regeneración, que publicaban en los Estados Unidos y que era enviado por correo a los suscriptores de México. Esto último también nos consta de modo personal porque lo leímos en más de una ocasión.

Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal y sus demás compañeros organizaron un movimiento revolucionario que debía estallar el 25 de junio de 1908. Quizá escogieron ese día en recuerdo de la Ley de Desamortización de los Bienes del Clero, expedida en la misma fecha cincuenta y dos años antes. Hubo levantamientos en Las Vacas y en Viesca, Coahuila; en Valladolid, Yucatán, y en Palomas, Chihuahua. Las fuerzas del Gobierno sofocaron rápidamente los movimientos revolucionarios e hicieron numerosas aprehensiones.

Juan Sarabia, al cruzar la frontera, fue traicionado por dos oficiales del Ejército Federal que se habían comprometido a secundar el movimiento. Se le envió a la prisión de San Juan de Ulúa, donde pasó tres años hasta que lo libertó la Revolución.

Por otra parte, debemos recordar de paso la lucha del Gobierno para someter a la tribu yaqui en el Estado de Sonora, lucha sangrienta y cruel en que los bravos indígenas pelearon siempre con valentía en defensa legítima de sus terrenos, que trataban de arrebatarles terratenientes poderosos apoyados por las bayonetas y los cañones de don Porfirio. La deportación de hombres, mujeres y niños de la tribu al Estado de Yucatán, fue un procedimiento inhumano e infame, ya condenado sin apelación por la historia.

En septiembre del año de 1907, el general Díaz había cumplido 77 años. Lógica e inevitablemente ya no gozaba de las energías físicas ni de la capacidad intelectual de su espléndida madurez. Sus amigos más cercanos pensaban con inquietud en el futuro de México, cuando el pulso del viejo autócrata dejara de latir. El vicepresidente Ramón Corral, impuesto en tal alto cargo por don Porfirio, no disfrutaba de simpatía popular, a pesar de sus méritos, siempre discutidos y discutibles. La inmensa mayoría de las personas preocupadas por la situación política no veían con buenos ojos que Corral fuera el sucesor del presidente Díaz. A fines de ese año de 1907 se hablaba en pequeños círculos de quién debía sustituir a Corral en las próximas elecciones de 1910. Entre muchos amigos del Gobierno se pensaba que el general Díaz debía ser reelecto, pero que seguramente no terminaría su periodo de seis años a causa de su avanzada edad. De aquí la importancia del problema relativo a la vicepresidencia. En esos círculos formados por personas cultas predominaban en forma aplastante los porfiristas. Para sustituir primero a don Ramón Corral y después a don Porfirio, si el caso llegara, se oían los nombres del general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León; del licenciado don José Ives Limantour, ministro de Hacienda, y de don Teodoro Dehesa, gobernador de Veracruz; pero la verdad era que nadie entre esos amigos del Gobierno, cálidos o tibios, se atrevía a dar el primer paso. Todos esperaban la voz del amo, la rectificación del principio de «poca política y mucha administración».

Al fin, en los comienzos de 1908 sucedió algo inesperado. Apareció publicada en la revista norteamericana Pearson’s Magazine, una larga entrevista concedida a su redactor James Creelman por el presidente Díaz. En ella se trataron temas políticos de enorme trascendencia para el país.

La célebre entrevista contiene largas tiradas literarias del periodista yanqui, así como también elogios desorbitados a don Porfirio. Lo presenta como el hombre más grande de su tiempo, como el héroe más grande de América y del mundo entero; mas lo importante desde el punto de vista histórico estriba en las palabras del viejo dictador, en las declaraciones que le atribuyó Creelman y que nunca fueron rectificadas o desmentidas. La entrevista fue traducida al español y publicada en El Imparcial de México y en La Ilustración de Bogotá.

A continuación transcribimos las declaraciones más significativas que hizo el general Díaz en aquella ocasión:

«Por mí, puedo decirlo con toda sinceridad, el ya largo periodo de la Presidencia no ha corrompido mis ideales políticos, sino antes bien, ha logrado convencerme más y más de que la democracia es el único principio de gobierno, justo y verdadero, aunque en la práctica es sólo posible para los pueblos ya desarrollados.

»Es cierto que cuando un hombre ha ocupado un puesto investido de poder por largo tiempo, puede llegar a persuadirse de que aquel puesto es de su propiedad particular, y está bien que un pueblo libre se ponga en guardia contra tales tendencias de ambición personal.

»Hemos conservado la fórmula de Gobierno republicano y democrático; hemos defendido y mantenido intacta la teoría; pero hemos adoptado en la administración de los negocios nacionales una política patriarcal, guiando y sosteniendo las tendencias populares, en el conocimiento de que bajo una paz forzosa, la industria y el comercio desarrollarían elementos de estabilidad y unión en un pueblo naturalmente inteligente, sumiso y benévolo.

»He esperado con paciencia el día en que la República de México esté preparada para escoger y cambiar sus gobernantes en cada periodo sin peligro de guerras, ni daño al crédito y al progreso nacionales. Creo que ese día ha llegado…».

Y después de hablar al periodista de que en México ya existía una clase media fuerte, inteligente y activa; de que los ricos sólo se ocupaban de su dinero y de sus dignidades; y de afirmar que los indios estaban acostumbrados a ser tutoreados y a obedecer, el anciano caudillo agregó: «… Sin embargo, creo firmemente que los principios de la democracia se han extendido y seguirán extendiéndose en México.

»Tengo firme resolución de separarme del poder al expirar mi periodo, cuando cumpla ochenta años de edad, sin tener en cuenta lo que mis amigos y sostenedores opinen, y no volveré a ejercer la Presidencia». Y para no dejar ninguna duda, añadió: «La nación está bien preparada para entrar definitivamente en la vida libre».

Al preguntar Creelman al general Díaz sobre la actitud de su Gobierno al organizarse en el país partidos de oposición, respondió: «Si en la República llegase a surgir un partido de oposición, le miraría yo como un bien y no como un mal, y si ese partido desarrollara poder, no para explotar, sino para dirigir, yo le acogería, le apoyaría, le aconsejaría y me consagraría a la inauguración feliz de un gobierno completamente democrático».

En resumen, el general Díaz expresó la opinión de que el sistema democrático es el único justo y que la nación —en 1908— ya estaba preparada para entrar de modo definitivo en la vida libre. Además, aseguró enfáticamente que se retiraría del poder al término del periodo presidencial en 1910.

Es imposible poder asegurar que don Porfirio haya dicho lo que dijo ocultando su pensamiento verdadero, o que fue sincero al decir lo que dijo y que la presión de sus amigos le obligaron a traicionar sus buenas intenciones. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que las declaraciones que se comentan animaron a los partidarios y a los enemigos del régimen a iniciar actividades políticas en todo el territorio de la nación, despertando a las grandes masas aletargadas durante un cuarto de siglo.

Después de la entrevista Díaz-Creelman aparecen folletos y libros acerca de los problemas políticos de la hora, de igual manera que nuevas publicaciones periódicas de todos los colores y matices.

El licenciado Manuel Calero, de filiación porfirista, publica en septiembre de 1908 un folleto con el título de Cuestiones electorales, en el cual reconoce que la nación no había entrado a la etapa en que las instituciones funcionan como lo dispone la ley. Calero, de seguro recordando una de las frases del presidente Díaz en sus conversaciones con Creelman, escribió en el folleto citado lo siguiente: «El país necesitará pronto empezar a vivir la vida de los pueblos libres». Y en otra parte de la misma publicación: «El mexicano humilde, a quien la letra de nuestra Constitución eleva a la ciudadanía, jamás dará valor a esta investidura legal, mientras la experiencia diaria le enseña que son dueños de su libertad todos los agentes de la jerarquía autoritaria, empezando por el más bajo».

Es pertinente recordar que la ley electoral en vigor entonces, establecía el sistema indirecto de votación a semejanza del norteamericano. Calero se pronuncia a favor de una nueva ley electoral que consagrara el principio de la elección directa, porque según él, «mientras no lleguemos al sufragio efectivo, estamos a orillas del mismo abismo —las revoluciones latinoamericanas— en que se debaten nuestros infortunados compadecidos». Otro de los puntos de vista del autor de Cuestiones electorales, estriba en la tesis de que debía establecerse en la ley, como requisito de la ciudadanía, el de saber leer y escribir. Esta opinión la tuvo también el ilustre José María Luis Mora; pero —subrayémoslo— setenta años antes.

En el mes de diciembre de ese año de 1908 comenzó a circular un libro en San Pedro, Coahuila, con el título de La sucesión presidencial en 1910 y un subtítulo: «El Partido Nacional Democrático». El autor del libro, Francisco I. Madero, no era conocido en los círculos políticos e intelectuales de la capital de la República. Pronto se supo que se trataba de un hombre rico, perteneciente a una de las familias más acaudaladas y poderosas del norte del país.

El libro es un somero y a la par valiente estudio de las condiciones políticas de México en aquellos años. Los temas sociales y económicos apenas asoman en unas cuantas páginas de la obra. Madero se muestra defensor apasionado de la democracia y cree que la libertad política es la panacea para todos los males de la nación.

Al referirse a la agricultura escribe que «en este ramo tan importante de la riqueza pública, poco ha hecho el Gobierno para su desarrollo, pues con el régimen de Gobierno de uno solo, resulta que los únicos que se aprovechan de todas las concesiones son los que lo rodean y más particularmente en el caso actual, pues uno de los medios de que se ha valido el general Díaz para premiar a los jefes tuxtepecanos ha sido el de darles grandes concesiones de terrenos nacionales, lo cual ha constituido una rémora para la agricultura, pues bien sabido es que los grandes propietarios raras veces se ocupan de cultivar sus terrenos y se concretan generalmente al ramo de ganadería, cuando no los han dejado abandonados para venderlos después a alguna compañía extranjera, como ha sucedido con más frecuencia». La observación anterior es cierta, nada más que Madero sólo apunta un aspecto del problema de la explotación y de la distribución de la tierra, seguramente, insistimos en ello, el más grave de todos los problemas de México en los comienzos del siglo XX.

Opina Madero, sin duda con razón, que al general Díaz no le convenía apoyar a los obreros en sus luchas en contra de los capitalistas, porque mientras aquéllos al elevarse constituyen un factor importante en la democracia, éstos son siempre partidarios de los gobiernos constituidos, autocráticos y moderados. La verdad es, agregamos nosotros, que a los capitalistas lo único que les importa es que el Gobierno garantice sus intereses, independientemente del origen del Gobierno y de su moderación.

El autor del libro que se comenta escribe en relación con los trabajadores: «La situación del obrero mexicano es tan precaria, que a pesar de las humillaciones que sufre allende el Río Bravo, anualmente emigran para la vecina república millares de nuestros compatriotas, y la verdad es que su suerte es por allá menos triste que en su tierra natal». Nos limitamos a señalar el hecho de que el mal no es sólo de los tiempos actuales —el bracerismo— sino anterior a la Revolución.

Es cierto que en La sucesión presidencial en 1910 Madero critica al régimen porfirista, sobre todo desde el punto de vista político; mas siempre en tono moderado, respetuoso para la persona del general Díaz y en ocasiones no oculta su admiración al caudillo. Aquí tenemos una muestra:

«En lo particular, estimo al general Díaz, y no puedo menos de considerar con respeto al hombre que fue de los que más se distinguieron en la defensa del suelo patrio y que después de disfrutar por más de treinta años el más absoluto de los poderes, haya usado de él con tanta moderación; acontecimiento de los que muy pocos registra la historia». Y en otro párrafo: «El general Díaz ha prestado dos grandes servicios a la patria: acabar con el militarismo que ha perdido todo su brillo engañador y su prestigio en treinta años de paz; y borrar los odios que dividían a la gran familia mexicana por medio de su hábil y patriótica política de conciliación, pues aunque él se haya apoyado en esta política para conservar el poder, no por eso pierde su mérito, sino que al contrario, da testimonio de él el éxito obtenido».

De manera que según don Francisco I. Madero —esto nos importa recalcarlo— según su opinión expresada en 1908, el general Díaz usó del poder con moderación no obstante su largo periodo gubernamental; y uno de sus más grandes méritos consistió en su política de conciliación con el Clero. Lo menos que puede decirse por ahora es que ambas opiniones son por lo menos muy discutibles, si no es que equivocadas.

El principal objeto del libro es lograr la formación de un gran partido político, que su autor denomina Partido Nacional Democrático. Él creía que al tener dicha agrupación el valor y el patriotismo de despertar la opinión pública, adquiriría un sólido prestigio nacional; y que aun cuando fuese derrotado en la primera lucha, con el tiempo llegaría a tener enorme influencia en los destinos de México. La idea del señor Madero en 1908, a propósito de las próximas elecciones presidenciales, era la de que el Partido Nacional Democrático escogiera su candidato entre los miembros de la administración porfirista, para demostrar de esta manera la falta de ambiciones personales y de espíritu de oposición sistemática; para probar así la pureza de las intenciones y el verdadero patriotismo de los miembros de la asociación política en proyecto. Hay algo más: don Francisco I. Madero pensaba entonces en la posibilidad de celebrar un convenio entre el Gobierno de don Porfirio y el Partido Nacional Democrático, consistente en que continuara en el poder el anciano autócrata y ocupara la Vicepresidencia un miembro del citado partido. «Este convenio —escribió Madero— sería más ventajoso para los demócratas, mientras mayores fueran sus fuerzas, y podría consistir en que continuara en la Presidencia el general Díaz, aceptando como vicepresidente al candidato en quien los demócratas se hubieran fijado para el mismo puesto, y dando determinadas libertades a fin de que paulatinamente y sin sacudimientos, se fueran renovando las autoridades municipales en toda la República, los gobernadores y las Cámaras de la Unión». Sin embargo, las ideas de Madero se fueron modificando de prisa, se fueron radicalizando y aclarando al calor de los acontecimientos. Siempre es la realidad la que impone a los hombres sus normas de conducta y sus ideas matrices. Si aquélla cambia, ésta cambia también.

En el curso del año de 1909 se organizaron varios partidos políticos. Unos a favor de la fórmula Díaz-Corral; otros a favor de Díaz, sin Corral; y los terceros en contra del uno y del otro en franca oposición al régimen imperante.

El primero en fundarse fue el Partido Democrático, un partido distinto al imaginado por el señor Madero en su libro. El Partido Democrático celebró su Asamblea General el 22 de enero del año arriba citado, e integró su mesa directiva como sigue: presidente, Benito Juárez Maza, hijo del Benemérito; vicepresidentes, Manuel Calero y José Peón del Valle; secretarios, Jesús Urueta, Diódoro Batalla, Rafael Zubarán y Capmany y Carlos Trejo y Lerdo de Tejada; pro-secretarios, Abraham Castellanos, Manuel Castelazo y Fuentes y José G. Ortiz; tesorero, Carlos Basave y del Castillo Negrete; pro-tesorero, Mauricio Gómez, y vocales, Francisco Martínez Baca y otros. La mayor parte de estas personas eran profesionistas e intelectuales de prestigio reconocido en la nación y amigos cercanos del régimen porfirista.

El 1.º de abril se puso en circulación el Manifiesto del Partido Democrático. Lo redactaron Calero, Urueta, Batalla y Zubarán Capmany; cuatro de los más destacados hombres de letras entre los miembros de aquella agrupación política. El estilo del Manifiesto es elocuente y claro; la crítica al régimen porfirista apenas se insinúa. Su tono se asemeja a esos documentos redactados por hábiles y experimentados políticos ingleses.

Las aspiraciones del Partido Democrático, según el Manifiesto, pueden concretarse así:

Conservación de la paz.

Evolución lenta, sin sacudimientos ni violencias.

Respeto a la vida y a la libertad.

Vigencia real de la Constitución de 1857 y de las Leyes de Reforma.

Libertad de los Municipios y supresión de los jefes políticos.

Independencia e inamovilidad del Poder Judicial.

Fomento de la educación, base del adelanto político.

Estudio de una nueva ley electoral, con miras a establecer el voto directo.

Organización del Ministerio de Agricultura «a fin de inaugurar una política agraria y de crédito interior».

Elaboración de una ley sobre accidentes de trabajo, como un primer paso para llegar a una completa legislación obrera.

En consecuencia, según los flamantes e incipientes demócratas, no había entonces en México respeto a la vida ni a la libertad; no estaban realmente en vigor la Constitución de 1857 ni las Leyes de Reforma; los Municipios no eran libres y no gozaba de independencia el Poder Judicial. Todo ello era cierto, indiscutiblemente.

Ahora bien, la mayoría de tales aspiraciones se abrieron camino en el curso de los acontecimientos posteriores y fueron superados por el movimiento revolucionario de 1910 a 1917.

Todo parece indicar que al general Díaz no le gustó el Manifiesto de sus amigos demócratas, ni mucho menos la actitud de ellos en cuanto al problema de la Vicepresidencia, puesto que no simpatizaban con don Ramón Corral. Estaban de acuerdo con reelegir a don Porfirio para un séptimo periodo, pero querían que el candidato a la Vicepresidencia fuese un cambio en el Gobierno. Hay quienes aseguran que el candidato de muchos de los componentes del Partido para sustituir a Corral, era el licenciado Benito Juárez Maza, hombre inteligente y honorable; aseguran también que el general Díaz había aceptado al principio y que cambió más tarde de opinión, probablemente por la influencia del señor Limantour y de otros miembros del grupo científico.

Es tal vez oportuno recordar que el grupo llamado científico estaba formado en su mayor parte por profesionistas distinguidos, algunos de los cuales ocupaban puestos destacados en la administración; otros, fuera de ella, disfrutaban de influencia y de jugosas granjerias.

Según refiere Ramón Prida, hubo una conferencia entre el presidente Díaz y los señores Ramón Corral, José Ives Limantour y Olegario Molina, en la cual se decidió que Díaz y Corral debían ser reelectos para el periodo de 1910-1916. Así el viejo autócrata se decidió a no respetar desde aquel momento sus propias palabras, aquellas que dijera hacía unos cuantos meses al periodista Creelman.

Benito Juárez Maza, Jesús Urueta, Diódoro Batalla y José Peón del Valle visitaron algunas ciudades en propaganda política para contribuir a despertar la conciencia ciudadana, adormecida desde hacía varios lustros.

Muy pronto se hizo sentir la hostilidad de los eleccionistas puros en contra del Partido Democrático. Nos referimos a los partidarios de la fórmula Díaz-Corral. Manuel Calero se separó del Partido y muchos otros siguieron su ejemplo, temerosos de disgustar a don Porfirio y caer en desgracia.

De mucha mayor importancia que el Partido Democrático fueron los grupos reyistas, los partidarios del general Bernardo Reyes, gobernador del Estado de Nuevo León y ex secretario de Guerra y Marina en el Gabinete porfirista. Reyes gozó durante cierto tiempo de enorme popularidad en todo el país. Los grupos reyistas se multiplicaron a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Su fórmula fue: Díaz para la Presidencia y Reyes para la Vicepresidencia. El Club Soberanía Popular, fundado en la ciudad de México en el mes de abril de 1909, fue en cierta medida reconocido como el centro director de la campaña. Al doctor Francisco Vázquez Gómez se le eligió presidente de la agrupación y al licenciado José López Portillo y Rojas vicepresidente. El primero era médico muy distinguido y el segundo abogado de talento y buen novelista.

Los directores del Club Soberanía Popular adquirieron la mayoría de las acciones del periódico México Nuevo, a efecto de intensificar la campaña a favor de su candidato. Bien pronto publicaron un Manifiesto a la Nación, el cual no contenía un programa de gobierno ni tampoco ideas generales sobre problemas políticos, sociales y económicos. El tal Manifiesto se limitaba a elogiar con moderación al general Díaz y con entusiasmo al general Reyes, refiriendo con cierto detalle sus cualidades militares y sus grandes dotes de gobernante.

Durante las primeras semanas de la campaña a favor del general Reyes, éste permaneció callado, sin decir esta boca es mía, sin aceptar ni rechazar su postulación. Lo más probable es que ante su creciente popularidad, pensara que el general Díaz se vería obligado a rendirse ante los hechos y a invitarlo a que aceptara su candidatura a la Vicepresidencia. Reyes era leal a don Porfirio; mas don Porfirio no era leal a Reyes. Don Porfirio lo odiaba, le tenía desconfianza y lo consideraba rival peligroso. Comenzó a hostilizarlo con alardes de fuerza militar y nombrando jefe de las tropas en el Estado de Nuevo León al general Jerónimo Treviño, considerado como enemigo de Reyes. Éste entendió el juego; se dio cuenta de los deseos del dictador y declaró al fin de modo rotundo que no aceptaría su postulación para la Vicepresidencia. Después recibió instrucciones de dejar el Gobierno de Nuevo León y viajar rumbo a Europa dizque para hacer estudios militares. A Reyes le quedaron solamente dos caminos: obedecer o levantarse en armas. Optó por lo primero y marchó al destierro.

Unos cuantos días después de la entrevista que tuvieron con el general Díaz los señores Corral, Limantour y Molina, en la que se decidió la reelección del Presidente y del Vicepresidente de la República, comenzaron a organizarse grupos reeleccionistas en todas las ciudades, pueblos, villas y aldeas, con la intervención de los gobernadores, los jefes políticos y aun otras autoridades menores. Por supuesto que no faltaron los fracasos en algunos centros urbanos y rurales. De manera obvia la fórmula reeleccionista tuvo mayor éxito en las grandes ciudades que en las medianas y pequeñas. Desde luego se advirtió que los partidarios de la reelección, del continuismo, eran por regla general las personas ricas y de la clase media acomodada, en tanto que entre los adversarios predominaba la gente de modestos ingresos. El señor López Portillo y Rojas, en su libro titulado Elevación y caída de Porfirio Díaz, al referirse a la ciudad de México en relación con el asunto que estamos tratando escribe: «En el Club Reeleccionista figuraron los científicos más connotados, los católicos más fervientes, los ricos de todos los matices y hasta parientes cercanos del candidato antirreeleccionista». Y es que los parientes cercanos del señor Madero —comentamos nosotros— pertenecían a la clase acaudalada del país.

Los reeleccionistas tuvieron a su disposición la ayuda de toda la maquinaria oficial, así como también recursos monetarios en forma ilimitada. Uno de los científicos más activos —no hombre de ciencia sino miembro del grupo político— y amigo íntimo de Corral, el licenciado Rosendo Pineda, fue designado jefe supremo de la campaña, indudablemente por acuerdo del propio general Díaz. Pineda se reveló habilidoso, decidido a todo con tal de conseguir su objeto, sin escrúpulos para calumniar a los adversarios; fue, sobre todo, eficaz corruptor. En resumen, demostró ser buen lacayo y mal ciudadano.

Además de El Imparcial, diario subvencionado con el que contaron los porfirio-corralistas en la lucha política, se fundaron El Reeleccionista y El Debate. El primero, precisa confesarlo, se mantuvo siempre dentro de un marco de decencia; pero el segundo, es decir, El Debate, batió todos los récords de la bajeza y de la inmundicia periodística, sólo superados en los últimos tiempos por ciertos columnistas o columnistas de los grandes rotativos metropolitanos.

Varios jóvenes y brillantes oradores a sueldo fueron enviados de la ciudad de México a algunas provincias para defender la imposición que se preparaba. El pueblo no los escuchó de buen grado, no obstante la presión oficial y la elocuencia de los tribunos. En Guadalajara no los dejó hablar y los despidió con gritos de desaprobación, con silbidos y piedras. Las represalias se desataron desde luego: 60 estudiantes fueron encarcelados.

El Partido Democrático y los grupos reyistas desaparecieron del escenario político. Sólo quedaron frente a frente en el campo de la contienda los reeleccionistas y los antirreeleccionistas; Porfirio Díaz, el héroe de la guerra y de la paz, y Francisco I. Madero, el joven apenas conocido, insignificante, sin personalidad, sin títulos ni historia. Ésta era la situación a principios del año de 1910.

El Centro Antireeleccionista de México inició sus labores el 22 de mayo de 1909. Su actitud fue desde luego de oposición al régimen porfirista; fue una actitud valiente, patriota y de jugarse el todo por el todo a una sola carta. La directiva del centro quedó formada por las personas siguientes: presidente, Emilio Vázquez Gómez; vicepresidentes, Francisco I. Madero y Toribio Esquivel Obregón; secretarios, Filomeno Mata, Paulino Martínez, Félix F. Palavicini y José Vasconcelos; tesorero, Manuel Urquidi y vocales, Luis Cabrera y Florentino Morales. La propaganda de sus ideas políticas comenzó desde Juego, por supuesto con las limitaciones de un partido de oposición a un Gobierno que se juzgaba fuerte, firme y con hondas raíces históricas. La gente sensata, como siempre ocurre en tales casos, consideraba temeraria, inoportuna y sin sentido la acción de aquellos precursores del antirreeleccionismo y de una renovación en los sistemas de gobierno. Se fundó El Antirreeleccionista, periódico de corta vida y larga eficacia. Sus principales redactores fueron Palavicini, Cabrera, Vasconcelos y Federico González Garza. Todos ellos, unos más que otros, habrían de desempeñar papeles de importancia en los acontecimientos posteriores.

Hubo momentos de desaliento entre los antirreeleccionistas. En cierto momento la lucha parecía estéril y la empresa superior a todo esfuerzo humano. La fama de hombre enérgico de que gozaba el general Díaz, infundía respeto y temor a todos; pero la renuncia del general Reyes a su candidatura vicepresidencial y su salida de México, llevó a muchos de sus partidarios a sumarse a los grupos antireeleccionistas, reforzando sus filas e inyectando nuevos bríos y entusiasmo.

El 15 de abril de 1910 se reunió la Asamblea Nacional Antirreeleccionista con delegados de todo el país, para designar candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Fue un acto cívico verdaderamente democrático y ejemplar. Don Francisco I. Madero resultó nombrado para la Presidencia por mayoría absoluta de votos, y don Francisco Vázquez Gómez para la Vicepresidencia, con pequeño margen sobre su adversario, el licenciado Toribio Esquivel Obregón.

El 20 de abril los señores Madero y Vázquez Gómez presentaron su programa de gobierno, el cual después de varias interesantes consideraciones, fundaron en las bases que a continuación se transcriben:

«1.ª Restablecer el imperio de la Constitución, haciendo efectivos los deberes y derechos que ella prescribe, así como la independencia de los Poderes de la Federación y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

»2.ª Procurar la reforma de la Constitución, estableciendo el principio de No Reelección del Presidente y Vicepresidente de la República. Procurar igual reforma en la Constitución Política de los Estados, por lo que hace a los gobernadores, y hacer efectivo el requisito de vecindad del Distrito, Territorios o Estados, para la elección de diputados y senadores.

»3.ª Procurar la reforma de la Ley Electoral, a fin de alcanzar la efectividad del sufragio. Procurar mayor ensanche y libertad del Poder Municipal y la abolición de las Jefaturas y Prefecturas Políticas.

»4.ª Reglamentar el artículo 7.º de la Constitución Federal, con el objeto de hacer efectiva la libertad de escribir.

»5.ª Mejorar y fomentar la instrucción pública, y quitar las trabas que actualmente tiene la libertad de enseñanza.

»6.ª Mejorar la condición material, intelectual y moral del obrero, creando escuelas talleres, procurando la expedición de leyes sobre pensiones o indemnizaciones por accidentes del trabajo, y combatiendo el alcoholismo y el juego. Igual solicitud se tendrá respecto de la raza indígena en general, especialmente de los indios mayos y yaquis, repatriando a los deportados y fundando colonias agrícolas en los terrenos nacionales, o los que puedan adquirirse con tal objeto. Acelerar la mexicanización del personal ferrocarrilero en todas sus jerarquías, instituyendo al efecto los centros de educación que sean necesarios.

»7.ª Favorecer el desarrollo de la riqueza pública: hacer que los impuestos sean repartidos con equidad, abolir el sistema de igualas y combatir los monopolios y privilegios; y sobre todo, cuidar que los fondos públicos se inviertan en beneficio del país.

»8.ª Fomentar la grande, y muy especialmente la pequeña agricultura y la irrigación, a la cual se destinará una parte de los fondos públicos. En cuanto a la minería, la industria y el comercio, se les concederán todas las franquicias que aseguren su desarrollo y prosperidad.

»9.ª Estudiar y llevar a la práctica las medidas más eficaces para mejorar las condiciones del ejército, a fin de que esté más apto para el desempeño de la alta misión que le está encomendada, de ser el guardián de las instituciones y del honor y la independencia de la República. Como una de las principales medidas, se hará obligatoria la enseñanza militar.

»10.ª Estrechar las buenas relaciones con los países extranjeros, especialmente con los latinoamericanos y dirigir prudentemente la política para lograr la unión de las repúblicas centroamericanas».

El lector puede seguir paso a paso en las páginas de este libro, la trayectoria del pensamiento revolucionario; por ejemplo, puede observar en las bases del programa de los antirreeleccionistas cierta influencia del Partido Liberal de los Flores Magón y de sus compañeros, así como también algunas de las ideas expresadas poco antes en el Manifiesto de los demócratas: Calero, Urueta, Batalla y los demás distinguidos hombres de letras; mas indudablemente los señores Madero y Vázquez Gómez hicieron su propia aportación al caudal ideológico que habría de influir en la transformación social del país. Desde luego cabe citar el principio de la no reelección y la tesis expresada con cierto énfasis de la protección al indígena, de modo particular al yaqui y al mayo combatidos con notoria injusticia por el porfirismo.

Por otra parte, vale la pena destacar otros dos aspectos que se advierten en el programa que se comenta, los que cabe enumerar de la manera siguiente:

1. La mexicanización del personal ferrocarrilero como una de las metas que debían alcanzarse. Todavía en el año de 1910 todos los empleos técnicos y de dirección los ocupaban norteamericanos: conductores, maquinistas, jefes de talleres, jefes de trenes, superintendentes, etc. Muy pocos años después esa meta fue conquistada. Así, poco a poco, se va precisando la tendencia nacionalista de la Revolución.

2. Tiene particular interés la base 10.ª Madero y Vázquez Gómez querían estrechar las relaciones amistosas con todos los pueblos, pero especialmente con los países latinoamericanos; querían, además, «dirigir prudentemente la política para lograr la unión de las repúblicas centroamericanas». La actitud de simpatía, de cálido afecto para las naciones de nuestra América, de la América de que hablara Rubén Darío en su poema dedicado a Teodoro Roosevelt, ha sido firme y constante en México; mas lo que llama la atención es la idea de dirigir, es decir, de encabezar desde el Gobierno una política internacional tendiente a lograr la unión de Centroamérica, viejo ideal incumplido al escribir estas líneas. Y se usa el vocablo prudentemente, tal vez pensando en la posible acción negativa del Gobierno de los Estados Unidos. Siempre el fantasma de Norteamérica en la historia contemporánea de los pueblos al sur del Río Bravo.

Recuerdo que por aquellos días oí contar que don Evaristo Madero, abuelo de don Francisco y patriarca de la acaudalada familia norteña, al saber que su nieto había sido electo candidato a la Presidencia y que había aceptado, le dijo: «Eres un atrevido e inconsciente; eres un microbio comparado con la grandeza del señor general Porfirio Díaz»; y no sólo eso, pues se sabe bien que los más respetables miembros de la familia y aun la mayoría de los hermanos del flamante candidato, estuvieron al principio y durante largo tiempo en contra de la conducta política de su pariente.

ANEXO[2]

PLAN DEL PARTIDO LIBERAL

JUNTA ORGANIZADORA DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO

Programa del Partido Liberal y Manifiesto a la Nación

1.º de julio de 1906

MEXICANOS:

La Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, en nombre del Partido que representa, proclama solemnemente el siguiente

Programa del Partido Liberal

Exposición

Todo partido político que lucha por alcanzar influencia efectiva en la dirección de los negocios públicos de su país está obligado a declarar ante el pueblo, en forma clara y precisa, cuáles son los ideales por que lucha y cuál el programa que se propone llevar a la práctica, en caso de ser favorecido por la victoria. Este deber puede considerarse hasta como conveniencia para los partidos honrados, pues siendo sus propósitos justos y benéficos, se atraerán indudablemente las simpatías de muchos ciudadanos que para sostenerlos se adherirán al partido que en tales propósitos se inspira.

El Partido Liberal, dispersado por las persecuciones de la Dictadura, débil, casi agonizante por mucho tiempo, ha logrado rehacerse, y hoy rápidamente se organiza. El Partido Liberal lucha contra el despotismo reinante hoy en nuestra Patria, y seguro como está de triunfar al fin sobre la Dictadura, considera que ya es tiempo de declarar solemnemente ante el pueblo mexicano cuáles son, concretamente, los anhelos que se propone realizar cuando logre obtener la influencia que se pretende en la orientación de los destinos nacionales.

En consecuencia, el Partido Liberal declara que sus aspiraciones son las que constan en el presente Programa, cuya realización es estrictamente obligatoria para el Gobierno que se establezca a la caída de la Dictadura, siendo también estricta obligación de los miembros del Partido Liberal velar por el cumplimiento de este Programa.

En los puntos del Programa no consta sino aquello que para ponerse en práctica amerita reformas en nuestra Legislación o medidas efectivas del Gobierno. Lo que no es más que un principio, lo que no puede decretarse, sino debe estar siempre en la conciencia de los hombres liberales, no figura en el Programa, porque no hay objeto para ello. Por ejemplo, siendo rudimentarios principios de liberalismo que el Gobierno debe sujetarse al cumplimiento de la ley e inspirar todos sus actos en el bien del pueblo, se sobrentiende que todo funcionario liberal ajustará su conducta a este principio. Si el funcionario no es hombre de conciencia ni siente respeto por la ley, la violará, aunque en el Programa del Partido Liberal se ponga una cláusula que prevenga desempeñar con honradez los puestos públicos. No se puede decretar que el Gobierno sea honrado y justo: tal cosa saldría sobrando cuando todo el conjunto de las leyes, al definir las atribuciones del Gobierno, le señalan con bastante claridad el camino de la honradez; pero para conseguir que el Gobierno no se aparte de ese camino, como muchos lo han hecho, sólo hay un medio: la vigilancia del pueblo sobre sus mandatarios, denunciando sus malos actos y exigiéndoles la más estrecha responsabilidad por cualquier falta en el cumplimiento de sus deberes. Los ciudadanos deben comprender que las simples declaraciones de principios, por muy altos que éstos sean, no bastan para formar buenos gobiernos y evitar tiranías; lo principal es la acción del pueblo, el ejercicio del civismo, la intervención de todos en la cosa pública.

Antes que declarar en este Programa que el Gobierno será honrado, que se inspirará en el bien público, que impartirá completa justicia, etc., etc., es preferible imponer a los liberales la obligación de velar por el cumplimiento del Programa, para que así recuerden continuamente que no deben fiar demasiado en ningún Gobierno, por ejemplar que parezca, sino que deben vigilarlo para que llene sus deberes. Ésta es la única manera de evitar tiranías en lo futuro y de asegurarse el pueblo el goce y aumento de los beneficios que conquiste.

Los puntos de este Programa no son ni pueden ser otra cosa que bases generales para la implantación de un sistema de Gobierno verdaderamente democrático. Son la condensación de las principales aspiraciones del pueblo y responden a las más graves y urgentes necesidades de la Patria.

Ha sido preciso limitarse a puntos generales y evitar todo detalle, para no hacer difuso el Programa, ni darle dimensiones exageradas; pero lo que en él consta, basta, sin embargo, para dar a conocer con toda claridad lo que se propone el Partido Liberal y lo que realizará tan pronto como, con la ayuda del pueblo mexicano, logre triunfar definitivamente sobre la Dictadura.

Desde el momento que se consideran ilegales todas las reformas hechas a la Constitución de 57 por el Gobierno de Porfirio Díaz, podría parecer innecesario declarar en el Programa la reducción del periodo presidencial a cuatro años y la no reelección. Sin embargo, son tan importantes estos puntos, y fueron propuestos con tal unanimidad y empeño, que se ha considerado oportuno hacerlos constar expresamente en el Programa. Las ventajas de la alternabilidad en el poder y las de no entregar éste a un hombre por un tiempo demasiado largo no necesitan demostrarse. La Vicepresidencia, con las modificaciones que expresa el artículo 3, es de notoria utilidad, pues con ella las faltas del Presidente de la República se cubren desde luego legal y pacíficamente, sin las convulsiones que de otra manera pudieran registrarse.

El servicio militar obligatorio es una tiranía de las más odiosas, incompatible con los derechos del ciudadano de un país libre. Esta tiranía se suprime, y en lo futuro cuando el Gobierno Nacional no necesite, como la actual Dictadura, tantas bayonetas que lo sostengan, serán libres todos los que hoy desempeñan por la fuerza el servicio de las armas, y sólo permanecerán en el Ejército los que así lo quieran. El Ejército futuro debe ser de ciudadanos, no de forzados, y para que la Nación encuentre soldados voluntarios que la sirvan, deberá ofrecerles una paga decente y deberá suprimir de la ordenanza militar esa dureza, ese rigor brutal que estruja y ofende la dignidad humana.

Las manifestaciones del pensamiento deben ser sagradas para un Gobierno liberal de verdad; la libertad de palabra y de prensa no deben tener restricciones que hagan inviolable al Gobierno en ciertos casos y que permitan a los funcionarios ser indignos y corrompidos fuera de la vida pública. El orden público tiene que ser inalterable bajo un buen Gobierno, y no habrá periodista que quiera y mucho menos que pueda turbarlo sin motivo, y aun cuando a la vida privada no tiene por qué respetarse cuando se relaciona con hechos que caen bajo el dominio publico. Para los calumniadores, chantajistas y otros pícaros que abusen de estas libertades, no faltarán severos castigos.

No se puede, sin faltar a la igualdad democrática, establecer tribunales especiales para juzgar los delitos de imprenta. Abolir por una parte el fuero militar y establecer por otra el periodístico, será obrar no democráticamente sino caprichosamente. Establecidas amplias libertades para la prensa y la palabra, no cabe ya distinguir y favorecer a los delincuentes de este orden, los que, por lo demás, no serán muchos. Bajo los gobiernos populares, no hay delitos de imprenta.

La supresión de los tribunales militares es una medida de equidad. Cuando se quiere oprimir, hacer del soldado un ente sin derechos, y mantenerlo en una férrea servidumbre, pueden ser útiles estos tribunales con su severidad exagerada, con su dureza implacable, con sus tremendos castigos para la más ligera falta. Pero cuando se quiere que el militar tenga las mismas libertades y derechos que los demás ciudadanos, cuando se quita a la disciplina ese rigor brutal que esclaviza a los hombres, cuando se quiere dignificar al soldado y a la vez robustecer el prestigio de la autoridad civil, no deben dejarse subsistentes los tribunales militares que han sido, por lo general, más instrumentos de opresión que garantía de justicia. Sólo en tiempo de guerra, por lo muy especial y grave de las circunstancias, puede autorizarse el funcionamiento de esos tribunales.

Respecto a los otros puntos, sobre la pena de muerte y la responsabilidad de los funcionarios, sería ocioso demostrar su conveniencia, que salta a la vista.

La instrucción de la niñez debe reclamar muy especialmente los cuidados de un Gobierno que verdaderamente anhele el engrandecimiento de la Patria. En la escuela primaria está la profunda base de la grandeza de los pueblos, y puede decirse que las mejores instituciones poco valen y están en peligro de perderse, si al lado de ellas no existen múltiples y bien atendidas escuelas en que se formen los ciudadanos que en lo futuro deban velar por esas instituciones. Si queremos que nuestros hijos guarden incólumes las conquistas que hoy para ellos hagamos, procuremos ilustrarlos y educarlos en el civismo y el amor a todas las libertades.

Al suprimirse las escuelas del Clero, se impone imprescindiblemente para el Gobierno la obligación de suplirlas sin tardanza, para que la proporción de escuelas existentes no disminuya y los clericales no puedan hacer cargos de que se ha perjudicado la instrucción. La necesidad de crear nuevas escuelas hasta dotar al país con todas las que reclame su población escolar la reconocerá a primera vista todo el que no sea un enemigo del progreso.

Para lograr que la instrucción laica se imparta en todas las escuelas sin ninguna excepción, conviene reforzar la obligación de las escuelas particulares de ajustar estrictamente sus programas a los oficiales, estableciendo responsabilidades y penas para los maestros que falten a este deber.

Por mucho tiempo, la noble profesión del magisterio ha sido de las más despreciadas, y esto solamente porque es de las peor pagadas. Nadie desconoce el mérito de esta profesión, nadie deja de designarla con los más honrosos epítetos; pero, al mismo tiempo, nadie respeta la verdad ni guarda atención a los pobres maestros que, por lo mezquino de sus sueldos, tienen que vivir en lamentables condiciones de inferioridad social. El porvenir que se ofrece a la juventud que abraza el magisterio, la compensación que se brinda a los que llamamos abnegados apóstoles de la enseñanza, no es otra cosa que una mal disfrazada miseria. Esto es injusto. Debe pagarse a los maestros buenos sueldos como lo merece su labor; debe dignificarse el profesorado, procurando a sus miembros el medio de vivir decentemente.

El enseñar rudimentos de artes y oficios en las escuelas acostumbra al niño a ver con naturalidad el trabajo manual, despierta en él afición a dicho trabajo y lo prepara, desarrollando sus aptitudes, para adoptar más tarde un oficio, mejor que emplear largos años en la conquista de un título. Hay que combatir desde la escuela ese desprecio aristocrático hacia el trabajo manual, que una educación viciosa ha imbuido a nuestra juventud; hay que formar trabajadores, factores de producción efectiva y útil, mejor que señores de pluma y de bufete. En cuanto a la instrucción militar en las escuelas, se hace conveniente para poner a los ciudadanos en aptitud de prestar sus servicios en la Guardia Nacional, en la que sólo perfeccionarán sus conocimientos militares. Teniendo todos los ciudadanos estos conocimientos, podrán defender a la Patria cuando sea preciso y harán imposible el predominio de los soldados de profesión, es decir, del militarismo. La preferencia que se debe prestar a la instrucción cívica no necesita demostrarse.

Es inútil declarar en el Programa que debe darse preferencia al mexicano sobre el extranjero, en igualdad de circunstancias, pues esto está ya consignado en nuestra Constitución. Como medida eficaz para evitar la preponderancia extranjera y garantizar la integridad de nuestro territorio, nada parece tan conveniente como declarar ciudadanos mexicanos a los extranjeros que adquieran bienes raíces.

La prohibición de la inmigración china es, ante todo, una medida de protección a los trabajadores de otras nacionalidades, principalmente a los mexicanos. El chino, dispuesto por lo general a trabajar con el más bajo salario, sumiso, mezquino en aspiraciones, es un gran obstáculo para la prosperidad de otros trabajadores. Su competencia es funesta y hay que evitarla en México. En general, la inmigración china no produce a México el menor beneficio.

El Clero católico, saliéndose de los límites de su misión religiosa, ha pretendido siempre erigirse en un poder político, y ha causado grandes males a la Patria, ya como dominador del Estado con los gobiernos conservadores, o ya como rebelde con los gobiernos liberales. Esta actitud del Clero, inspirada en su odio salvaje a las instituciones democráticas, provoca una actitud equivalente por parte de los gobiernos honrados que no se avienen ni a permitir la invasión religiosa en las esferas del poder civil, ni a tolerar pacientemente las continuas rebeldías del clericalismo. Observara el Clero de México la conducta que sus iguales observan en otros países —por ejemplo, en Inglaterra y los Estados Unidos—: renunciara a sus pretensiones de gobernar al país; dejara de sembrar odios contra las instituciones y autoridades liberales; procurara hacer de los católicos buenos ciudadanos y no disidentes o traidores; resignarse a aceptar la separación del Estado y de la Iglesia, en vez de seguir soñando con el dominio de la Iglesia sobre el Estado; abandonara, en suma, la política y se consagrara sencillamente a la religión; observara el Clero esta conducta, decimos, y de seguro que ningún Gobierno se ocuparía de molestarlo ni se tomaría el trabajo de estarlo vigilando para aplicarle ciertas leyes. Si los gobiernos democráticos adoptan medidas restrictivas para el Clero, no es por el gusto de hacer decretos ni por ciega persecución, sino por la más estricta necesidad. La actitud agresiva del Clero ante el Estado liberal, obliga al Estado a hacerse respetar enérgicamente. Si el Clero en México, como en otros países, se mantuviera siempre dentro de la esfera religiosa, no lo afectarían los cambios políticos; pero estando, como lo está, a la cabeza de un partido militante —el conservador— tiene que resignarse a sufrir las consecuencias de su conducta. Donde la Iglesia es neutral en política, es intocable para cualquier Gobierno; en México, donde conspira sin tregua, aliándose a todos los despotismos y siendo capaz hasta de la traición a la Patria para llegar al poder, debe darse por satisfecha con que los liberales, cuando triunfen sobre ella y sus aliados, sólo impongan algunas restricciones a sus abusos.

Nadie ignora que el Clero tiene muy buenas entradas de dinero, el que no siempre es obtenido con limpios procedimientos. Se conocen numerosos casos de gente tan ignorante como pobre, que da dinero a la Iglesia con inauditos sacrificios, obligada por sacerdotes implacables que exigen altos precios por un bautismo, un matrimonio, etc.; amenazando a los creyentes con el infierno si no se procuran esos sacramentos al precio señalado. En los templos se venden, a precios excesivos, libros o folletos de oraciones, estampas y hasta cintas y estambritos sin ningún valor. Para mil cosas se piden limosnas, y espoleando el fanatismo, se logra arrancar dinero hasta de gente que disputaría un centavo si no creyera que con él compra la gloria. Se ve con todo esto un lucro exagerado a costa de la ignorancia humana, y es muy justo que el Estado, que cobra impuestos sobre todo lucro o negocio, los cobre también sobre éste, que no es por cierto de los más honrados.

Es público y notorio que el Clero para burlar las Leyes de Reforma ha puesto sus bienes a nombre de algunos testaferros. De hecho, el Clero sigue poseyendo los bienes que la ley prohíbe poseer. Es, pues, preciso poner fin a esa burla y nacionalizar esos bienes.

Las penas que las Leyes de Reforma señalan para sus infractores son leves, y no inspiran temor al Clero.

Los sacerdotes pueden pagar tranquilamente una pequeña multa, por darse el gusto de infringir esas leyes. Por tanto, se hace necesario, para prevenir las infracciones, señalar penas que impongan respeto a los eclesiásticos atrevidos.

La supresión de las escuelas del Clero es una medida que producirá al país incalculables beneficios. Suprimir la escuela clerical es acabar con el foco de las divisiones y los odios entre los hijos de México, es cimentar sobre la más sólida base, para un futuro próximo, la completa fraternidad de la gran familia mexicana. La escuela clerical, que educa a la niñez en el más intolerante fanatismo, que la atiborra de prejuicios y de dogmas caprichosos, que le inculca el aborrecimiento a nuestras más preclaras glorias nacionales y le hace ver como enemigos a todos los que no son siervos de la Iglesia, es el gran obstáculo para que la democracia impere serenamente en nuestra Patria y para que entre los mexicanos reine esa armonía, esa comunidad de sentimientos y aspiraciones, que es el alma de las nacionalidades robustas y adelantadas. La escuela laica, que carece de todos estos vicios, que se inspira en un elevado patriotismo, ajeno a mezquindades religiosas, que tiene por lema la verdad, es la única que puede hacer de los mexicanos el pueblo ilustrado, fraternal y fuerte de mañana, pero su éxito no será completo mientras que al lado de la juventud emancipada y patriota sigan arrojando las escuelas clericales otra juventud que, deformada intelectualmente por torpes enseñanzas, venga a mantener encendidas viejas discordias en medio del engrandecimiento nacional. La supresión de las escuelas del Clero acaba de un golpe con lo que ha sido siempre el germen de amargas divisiones entre los mexicanos y asegura definitivamente el imperio de la democracia en nuestro país, con sus naturales consecuencias de progreso, paz y fraternidad.

Un Gobierno que se preocupe por el bien efectivo de todo el pueblo no puede permanecer indiferente ante la importantísima cuestión del trabajo. Gracias a la Dictadura de Porfirio Díaz, que pone el poder al servicio de todos los explotadores del pueblo, el trabajador mexicano ha sido reducido a la condición más miserable; en dondequiera que presta sus servicios, es obligado a desempeñar una dura labor de muchas horas por un jornal de unos cuantos centavos. El capitalista soberano impone sin apelación las condiciones del trabajo, que siempre son desastrosas para el obrero, y éste tiene que aceptarlas por dos razones: porque la miseria lo hace trabajar a cualquier precio o porque, si se rebela contra el abuso del rico, las bayonetas de la Dictadura se encargan de someterlo. Así es como el trabajador mexicano acepta labores de doce o más horas diarias por salarios menores de setenta y cinco centavos, teniendo que tolerar que los patronos le descuenten todavía de su infeliz jornal diversas cantidades para médico, culto católico, fiestas religiosas o cívicas y otras cosas, aparte de las multas que con cualquier pretexto se le imponen.

En más deplorable situación que el trabajador industrial se encuentra el jornalero de campo, verdadero siervo de los modernos señores feudales. Por lo general, estos trabajadores tienen asignado un jornal de veinticinco centavos o menos, pero ni siquiera este menguado salario perciben en efectivo. Como los amos han tenido el cuidado de echar sobre sus peones una deuda más o menos nebulosa, recogen lo que ganan esos desdichados a título de abono, y sólo para que no se mueran de hambre les proporcionan algo de maíz y frijol y alguna otra cosa que les sirva de alimento.

De hecho, y por lo general, el trabajador mexicano nada gana; desempeñando rudas y prolongadas labores, apenas obtiene lo muy estrictamente preciso para no morir de hambre. Esto no sólo es injusto; es inhumano, y reclama un eficaz correctivo. El trabajador no es ni debe ser en las sociedades una bestia macilenta, condenada a trabajar hasta el agotamiento sin recompensa alguna; el trabajador fabrica con sus manos cuanto existe para beneficio de todos, es el productor de todas las riquezas y debe tener los medios para disfrutar de todo aquello de que los demás disfrutan. Ahora le faltan los dos elementos necesarios: tiempo y dinero, y es justo proporcionárselos, aunque sea en pequeña escala. Ya que ni la piedad ni la justicia tocan el corazón encallecido de los que explotan al pueblo, condenándolo a extenuarse en el trabajo, sin salir de la miseria, sin tener una distracción ni un goce, se hace necesario que el pueblo mismo, por medio de mandatarios demócratas, realice su propio bien obligando al capital inconmovible a obrar con menos avaricia y con mayor equidad.

Una labor máxima de ocho horas y un salario mínimo de un peso es lo menos que puede pretenderse para que el trabajador esté siquiera a salvo de la miseria, para que la fatiga no le agote, y para que le quede tiempo y humor de procurarse instrucción y distracción después de su trabajo. Seguramente que el ideal de un hombre no debe ser ganar un peso por día, eso se comprende; y la legislación que señale tal salario mínimo no pretenderá haber conducido al obrero a la meta de la felicidad. Pero no es eso de lo que se trata. A esa meta debe llegar el obrero por su propio esfuerzo y su exclusiva aspiración, luchando contra el capital en el campo libre de la democracia. Lo que ahora se pretende es cortar de raíz los abusos de que ha venido siendo víctima el trabajador y ponerle en condiciones de luchar contra el capital sin que su posición sea en absoluto desventajosa. Si se dejara al obrero en las condiciones en que hoy está, difícilmente lograría mejorar, pues la negra miseria en que vive continuaría obligándolo a aceptar todas las condiciones del explotador. En cambio, garantizándole menos horas de trabajo y un salario superior al que hoy gana la generalidad, se le aligera el yugo y se le pone en aptitud de luchar por mejores conquistas, de unirse y organizarse y fortalecerse para arrancar al capital nuevas y mejores concesiones.

La reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio se hace necesaria, pues a labores tan especiales como éstas es difícil aplicarles el término general del máximum de trabajo y el mínimum de salario que resulta sencillo para las demás labores. Indudablemente, deberá procurarse que los afectados por esta reglamentación obtengan garantías equivalentes a las de los demás trabajadores.

El establecimiento de ocho horas de trabajo es un beneficio para la totalidad de los trabajadores, aplicable generalmente sin necesidad de modificaciones para casos determinados. No sucede lo mismo con el salario mínimo de un peso, y sobre esto hay que hacer una advertencia en extremo importante. Las condiciones de vida no son iguales en toda la República: hay regiones en México en que la vida resulta mucho más cara que en el resto del país. En esas regiones los jornales son más altos, pero a pesar de eso el trabajador sufre allí tanta miseria como la que sufren con más bajos salarios los trabajadores en los puntos donde es más barata la existencia.

Los salarios varían, pero la condición del obrero es la misma: en todas partes no gana, de hecho, sino lo preciso para no morir de hambre. Un jornal de más de $ 1.00 en Mérida como de $ 0.50 en San Luis Potosí mantiene al trabajador en el mismo estado de miseria, porque la vida es doblemente o más cara en el primer punto que en el segundo. Por tanto, si se aplica con absoluta generalidad el salario mínimo de $ 1.00 que no los salva de la miseria, continuarían en la misma desastrosa condición en que ahora se encuentran sin obtener con la ley de que hablamos el más insignificante beneficio. Es, pues, preciso prevenir tal injusticia, y al formularse detalladamente la ley del trabajo deberán expresarse las excepciones para la aplicación del salario mínimo de $ 1.00, estableciendo para aquellas regiones en que la vida es más cara, y en que ahora ya se gana ese jornal, un salario mayor de $ 1.00. Debe procurarse que todos los trabajadores obtengan en igual proporción los beneficios de esta ley.

Los demás puntos que se proponen para la legislación sobre el trabajo son de necesidad y justicia patentes. La higiene en fábricas, talleres, alojamientos y otros lugares en que dependientes y obreros deben estar por largo tiempo; las garantías a la vida del trabajador; la prohibición del trabajo infantil; el descanso dominical; la indemnización por accidentes y la pensión a obreros que han agotado sus energías en el trabajo; la prohibición de multas y descuentos; la obligación de pagar con dinero efectivo; la anulación de la deuda de los jornaleros; las medidas para evitar abusos en el trabajo a destajo y las de protección a los medieros; todo esto lo reclaman de tal manera las tristes condiciones del trabajo en nuestra Patria, que su conveniencia no necesita demostrarse con ninguna consideración.

La obligación que se impone a los propietarios urbanos de indemnizar a los arrendatarios que dejen mejoras en sus casas o campos es de gran utilidad pública. De este modo, los propietarios sórdidos que jamás hacen reparaciones en las pocilgas que rentan serán obligados a mejorar sus posiciones con ventaja para el público. En general, no es justo que un pobre mejore la propiedad de un rico, sin recibir ninguna compensación, y sólo para beneficio del rico.

La aplicación práctica de esta ley y de la siguiente parte del Programa Liberal, que tienden a mejorar la situación económica de la clase más numerosa del país, encierra la base de una verdadera prosperidad nacional. Es axiomático que los pueblos no son prósperos sino cuando la generalidad de los ciudadanos disfruta de particular y siquiera relativa prosperidad. Unos cuantos millonarios, acaparando todas las riquezas y siendo los únicos satisfechos entre millones de hambrientos, no hacen el bienestar general sino la miseria pública, como lo vemos en México. En cambio el país donde todos o los más pueden satisfacer cómodamente sus necesidades será próspero con millonarios o sin ellos.

El mejoramiento de las condiciones del trabajo, por una parte, y por otra, la equitativa distribución de las tierras, con las facilidades de cultivarlas y aprovecharlas sin restricciones, producirán inapreciables ventajas a la Nación. No sólo salvarán de la miseria y procurarán cierta comodidad a las clases que directamente reciben el beneficio, sino que impulsarán notablemente el desarrollo de nuestra agricultura, de nuestra industria, de todas las fuentes de la pública riqueza, hoy estancadas por la miseria general. En efecto; cuando el pueblo es demasiado pobre, cuando sus recursos apenas le alcanzan para mal comer, consume sólo artículos de primera necesidad, y aún éstos en pequeña escala. ¿Cómo se han de establecer industrias, cómo se han de producir telas o muebles o cosas por el estilo en un país en que la mayoría de la gente no puede procurarse ningunas comodidades? ¿Cómo no ha de ser raquítica la producción donde el consumo es pequeño? ¿Qué impulso han de recibir las industrias donde sus productos sólo encuentran un reducido número de compradores, porque la mayoría de la población se compone de hambrientos? Pero si estos hambrientos dejan de serlo; si llegan a estar en condiciones de satisfacer sus necesidades normales; en una palabra, si su trabajo les es bien o siquiera regularmente pagado, consumirán infinidad de artículos de que hoy están privados, y harán necesaria una gran producción de esos artículos. Cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la desnudez coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener petate por todo ajuar, la demanda de mil géneros y objetos que hoy es insignificante aumentará en proporciones colosales, y la industria, la agricultura, el comercio, todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás alcanzaría mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria general.

La falta de escrúpulos de la actual Dictadura para apropiarse y distribuir entre sus favoritos ajenas heredades, la desatentada rapacidad de los actuales funcionarios para adueñarse de lo que a otros pertenece, ha tenido por consecuencia que unos cuantos afortunados sean los acaparadores de la tierra, mientras infinidad de honrados ciudadanos lamentan en la miseria la pérdida de sus propiedades. La riqueza pública nada se ha beneficiado y sí ha perdido mucho con estos odiosos monopolios. El acaparador es un todopoderoso que impone la esclavitud y explota horriblemente al jornalero y al mediero; no se preocupa ni de cultivar todo el terreno que posee ni de emplear buenos métodos de cultivo, pues sabe que esto no le hace falta para enriquecerse: tiene bastante con la natural multiplicación de sus ganados y con lo que le produce la parte de sus tierras que cultivan sus jornaleros y medieros, casi gratuitamente. Si esto se perpetúa ¿cuándo se mejorará la situación de la gente de campo y se desarrollará nuestra agricultura?

Para lograr estos dos objetos no hay más que aplicar por una parte la ley del jornal mínimo y el trabajo máximo, y por otra la obligación del terrateniente de hacer productivos todos sus terrenos, so pena de perderlos. De aquí resultará irremediablemente que, o el poseedor de inmensos terrenos se decide a cultivarlos y ocupa miles de trabajadores y contribuye poderosamente a la producción, o abandona sus tierras o parte de ellas para que el Estado las adjudique a otros que las hagan producir y se aprovechen de sus productos. De todos modos, se obtienen los dos grandes resultados que se pretenden: primero, el de proporcionar trabajo, con la compensación respectiva a numerosas personas, y segundo, el de estimular la producción agrícola. Esto último no sólo aumenta el volumen de la riqueza general sino que influye en el abaratamiento de los productos de la tierra.

Esta medida no causará el empobrecimiento de ninguno y se evitará el de muchos. A los actuales poseedores de tierras les queda el derecho de aprovecharse de los productos de ellas, que siempre son superiores a los gastos de cultivo; es decir, pueden hasta seguir enriqueciéndose. No se les van a quitar las tierras que les producen beneficios, las que cultivan, aprovechan en pastos para ganado, etc., sino sólo las tierras improductivas, las que ellos mismos dejan abandonadas y que, de hecho, no les reportan ningún beneficio. Y estas tierras despreciadas, quizá por inútiles, serán, sin embargo, productivas cuando se pongan en manos de otros más necesitados o más aptos que los primitivos dueños. No será un perjuicio para los ricos perder tierras que no atienden y de las que ningún provecho sacan, y en cambio será un verdadero beneficio para los pobres poseer estas tierras, trabajarlas y vivir de sus productos. La restitución de ejidos a los pueblos que han sido despojados de ellos es de clara justicia.

La Dictadura ha procurado la despoblación de México. Por millares, nuestros conciudadanos han tenido que traspasar las fronteras de la Patria, huyendo del despojo y la tiranía. Tan grave mal debe remediarse, y lo conseguirá el Gobierno que brinde a los mexicanos expatriados las facilidades de volver a su suelo natal, para trabajar tranquilamente, colaborando con todos a la prosperidad y engrandecimiento de la Nación.

Para la cesión de tierras, no debe haber exclusivismos; deben darse a todo el que las solicite para cultivarlas. La condición que se impone de no venderlas tiende a conservar la división de la propiedad y a evitar que los capitalistas puedan de nuevo acaparar terrenos. También para evitar el acaparamiento y hacer equitativamente la distribución de las tierras se hace necesario fijar un máximum de las que se pueden ceder a una persona. Es, sin embargo, imposible fijar ese máximum, mientras no se sepa aproximadamente la cantidad de tierras de que pueda disponer el Estado para distribución entre los ciudadanos.

La creación del Banco Agrícola, para facilitar a los agricultores pobres los elementos que necesitan para iniciar o desarrollar el cultivo de sus terrenos, hace accesible a todos el beneficio de adquirir tierras y evita que dicho beneficio esté sólo al alcance de algunos privilegiados.

En lo relativo a impuestos, el Programa se concreta a expresar la abolición de impuestos notoriamente inicuos y a señalar ciertas medidas generales de visible conveniencia. No se puede ir más adelante en materia tan compleja ni trazar de antemano al Gobierno todo un sistema hacendario. El impuesto sobre sueldos y salarios y la contribución personal son verdaderas extorsiones. El impuesto del Timbre, que todo lo grava, que pesa aun sobre las más insignificantes transacciones, ha llegado hasta hacer irrisoria la declaración constitucional de que la justicia se impartirá gratuitamente, pues obliga a los litigantes a desembolsar cincuenta centavos por cada foja de actuaciones judiciales; es una pesada carga cuya supresión debe procurarse. Multitud de serias opiniones están de acuerdo en que no se puede abolir el Timbre de un golpe, sin producir funestos desequilibrios en la Hacienda pública, de los que sería muy difícil reponerse. Esto es verdad; pero si no se puede suprimir por completo y de un golpe ese impuesto oneroso, sí se puede disminuir en lo general y abolir en ciertos casos, como los negocios judiciales, puesto que la justicia ha de ser enteramente gratuita, y sobre compras y ventas, herencias, alcoholes, tabacos y en general sobre todos los ramos de producción o de comercio de los Estados que éstos solamente pueden gravar.

Los otros puntos envuelven el propósito de favorecer el capital pequeño y útil, de gravar lo que no es de necesidad o beneficio público en provecho de lo que tiene estas cualidades y de evitar que algunos contribuyentes paguen menos de lo que legalmente les corresponde. En la simple enunciación llevan estos puntos su justificación.

Llegamos a la última parte del Programa, en la que resalta la declaración de que se confiscarán los bienes de los funcionarios enriquecidos en la presente época de tiranía. Esta medida es de la más estricta justicia. No se puede ni se debe reconocer derecho de legítima propiedad sobre los bienes que disfrutan a individuos que se han apoderado de esos bienes abusando de la fuerza de su autoridad, despojando a los legítimos dueños, y aun asesinándolos muchas veces para evitar toda reclamación. Algunas bienes han sido comprados, es verdad; pero no por eso dejan de ser ilegítimos, pues el dinero con que se obtuvieron fue previamente sustraído de las arcas públicas por el funcionario comprador. Las riquezas de los actuales opresores, desde la colosal fortuna del Dictador hasta los menores capitales de los más ínfimos caciques, provienen sencillamente de robo, ya a los particulares, ya a la Nación; robo sistemático, y desenfrenado, consumado en todo caso a la sombra de un puesto público. Así como a los bandoleros vulgares se les castiga y se les despoja de lo que habían conquistado en sus depredaciones, así también se debe castigar y despojar a los bandoleros que comenzaron por usurpar la autoridad y acabaron por entrar a saco en la hacienda de todo el pueblo. Lo que los servidores de la Dictadura han defraudado a la Nación y arrebatado a los ciudadanos, debe ser restituido al pueblo, para desagravio de la justicia y ejemplo de tiranos.

La aplicación que haga el Estado de los bienes que confisque a los opresores debe tender a que dichos bienes vuelvan a su origen primitivo. Procediendo muchos de ellos de despojos a tribus indígenas, comunidades de individuos, nada más natural que hacer la restitución correspondiente. La deuda enorme que la Dictadura ha arrojado sobre la Nación ha servido para enriquecer a los funcionarios: es justo, pues, que los bienes de éstos se destinen a la amortización de dicha deuda. En general, con la confiscación de que hablamos, el Estado podrá disponer de las tierras suficientes para distribuir entre todos los ciudadanos que las soliciten. Un punto de gran importancia es el que se refiere a simplificar los procedimientos del juicio de amparo, para hacerlo práctico. Es preciso, si se quiere que todo ciudadano tenga a su alcance este recurso cuando sufra una violación de garantías, que se supriman las formalidades que hoy se necesitan para pedir un amparo, y los que suponen ciertos conocimientos jurídicos que la mayoría del pueblo no posee. La justicia con trabas no es justicia. Si los ciudadanos tienen el recurso del amparo como una defensa contra los atentados de que son víctimas, debe este recurso hacerse práctico, sencillo y expedito, sin trabas que lo conviertan en irrisorio.

Sabido es que todos los pueblos fronterizos comprendidos en lo que era la Zona Libre sufrieron, cuando ésta fue abolida recientemente por la Dictadura, inmensos perjuicios que los precipitaron a la más completa ruina. Es de la más estricta justicia la restitución de la Zona Libre, que detendrá las ruinas de las poblaciones fronterizas y las resarcirá de los perjuicios que han padecido con la torpe y egoísta medida de la Dictadura.

Establecer la igualdad civil para todos los hijos de un mismo padre es rigurosamente equitativo. Todos los hijos son naturalmente hijos legítimos de sus padres, sea que éstos estén unidos o no por contrato matrimonial. La Ley no debe hacer al hijo víctima de una falta que, en todo caso, sólo corresponde al padre.

Una idea humanitaria, digna de figurar en el Programa del Partido Liberal y de que la tenga presente para cuando sea posible su realización, es la de sustituir las actuales penitenciarías y cárceles por colonias penitenciarias en las que sin vicios, pero sin humillaciones, vayan a regenerarse los delincuentes, trabajando y estudiando con orden y medida, pudiendo tener el modo de satisfacer todas las exigencias de la naturaleza y obteniendo para sí los colonos el producto de su trabajo, para que puedan subvenir a sus necesidades. Los presidios actuales pueden servir para castigar y atormentar a los hombres, pero no para mejorarlos, y por tanto, no corresponden al fin a que los destina la sociedad que no es ni puede ser una falange de verdugos que se gozan en el sufrimiento de sus víctimas, sino un conjunto de seres humanos que buscan la regeneración de sus semejantes extraviados.

Los demás puntos generales se imponen por sí mismos. La supresión de los jefes políticos que tan funestos han sido para la República como útiles al sistema de opresión reinante, es una medida democrática, como lo es también la multiplicación de los municipios y su robustecimiento. Todo lo que tiende a combatir el pauperismo, directa o indirectamente, es de reconocida utilidad. La protección a la raza indígena que, educada y dignificada, podrá contribuir poderosamente al fortalecimiento de nuestra nacionalidad, es un punto de necesidad indiscutible. En el establecimiento de firmes lazos de unión entre los países latinoamericanos, podrán encontrar esos países —entre ellos México— una garantía para la conservación de su integridad, haciéndose respetables por la fuerza de su unión ante otros poderes que pretendieran abusar de la debilidad de alguna nación latinoamericana. En general, y aun en el orden económico, la unión de estas naciones las beneficiaría a todas y cada una de ellas: proponer y procurar esa unión es, por tanto, obra honrada y patriótica.

Es inconcuso que cuanto consta en el Programa del Partido Liberal necesita la sanción de un Congreso para tener fuerza legal y realizarse: se expresa, pues, que un Congreso Nacional dará forma de Ley al Programa para que se cumpla y se haga cumplir por quien corresponda. Esto no significa que se dan órdenes al Congreso, ultrajando su dignidad y soberanía; no. Esto significa sencillamente el ejercicio de un derecho del pueblo, con el cual en nada ofende a sus representantes. En efecto, el pueblo liberal lucha contra un despotismo, se propone destruirlo aun a costa de los mayores sacrificios, y sueña con establecer un Gobierno honrado que haga más tarde la felicidad del país, ¿se conformará el pueblo con derrocar la tiranía, elevar un nuevo Gobierno y dejarlo que haga en seguida cuanto le plazca? ¿El pueblo que lucha, que tal vez derramará su sangre por constituir un nuevo Gobierno, no tiene el derecho de imponer algunas condiciones a los que van a ser sus favorecidos con el poder, no tiene el derecho de proclamar sus anhelos y declarar que no elevará mañana a determinado Gobierno sino con la condición de que realice las aspiraciones populares?

Indudablemente que el pueblo liberal que derrocará la Dictadura y elegirá después un nuevo Gobierno tiene el más perfecto derecho de advertir a sus representantes que no los eleva para que obren como les plazca, sino para que realicen la felicidad del país conforme a las aspiraciones del pueblo que los honra colocándolos en los puestos públicos. Sobre la soberanía de los congresos, está la soberanía popular.

No habrá un solo mexicano que desconozca lo peligroso que es para la Patria el aumento de nuestra ya demasiado enorme Deuda Extranjera. Por tanto, todo paso encaminado a impedir que la Dictadura contraiga nuevos empréstitos o aumentar de cualquier modo la Deuda Nacional no podrá menos que obtener la aprobación de todos los ciudadanos honrados que no quieran ver envuelta a la Nación en más peligros y compromisos de los que ya ha arrojado sobre ella la rapaz e infidente Dictadura.

Tales son las consideraciones y fundamentos con que se justifican los propósitos del Partido Liberal, condensados concretamente en el Programa que se insertará a continuación.

PROGRAMA DEL PARTIDO LIBERAL

Reformas Constitucionales

1. Reducción del periodo presidencial a cuatro años.

2. Supresión de la reelección para el Presidente y los gobernadores de los Estados. Estos funcionarios sólo podrán ser nuevamente electos hasta después de dos periodos del que desempeñaron.

3. Inhabilitación del Vicepresidente para desempeñar funciones legislativas o cualquier otro cargo de elección popular, y autorización al mismo para llenar un cargo conferido por el Ejecutivo.

4. Supresión del servicio militar obligatorio y establecimiento de la Guardia Nacional. Los que presten sus servicios en el Ejército permanente lo harán libre y voluntariamente. Se revisará la ordenanza militar para suprimir de ella lo que se considere opresivo y humillante para la dignidad del hombre, y se mejorarán los haberes de los que sirvan en la Milicia Nacional.

5. Reformar y reglamentar los artículos 6.º y 7.º Constitucionales, suprimiendo las restricciones que la vida privada y la paz pública imponen a las libertades de palabra y de prensa, y declarando que sólo se castigarán en este sentido la falta de verdad que entrañe dolo, el chantaje, y las violaciones de la ley en lo relativo a la moral.

6. Abolición de la pena de muerte, excepto para los traidores a la Patria.

7. Agravar la responsabilidad de los funcionarios públicos, imponiendo severas penas de prisión para los delincuentes.

8. Restituir a Yucatán el territorio de Quintana Roo.

9. Supresión de los tribunales militares en tiempo de paz.

Mejoramiento y fomento de la instrucción

10. Multiplicación de escuelas primarias, en tal escala que queden ventajosamente suplidos los establecimientos de instrucción que se clausuren por pertenecer al Clero.

11. Obligación de impartir enseñanza netamente laica en todas las escuelas de la República, sean del Gobierno o particulares, declarándose la responsabilidad de los directores que no se ajusten a este precepto.

12. Declarar obligatoria la instrucción hasta la edad de catorce años, quedando al Gobierno el deber de impartir protección en la forma que le sea posible a los niños pobres que por su miseria pudieran perder los beneficios de la enseñanza.

13. Pagar buenos sueldos a los maestros de instrucción primaria.

14. Hacer obligatoria para todas las escuelas de la República la enseñanza de los rudimentos de artes y oficios y la instrucción militar, y prestar preferente atención a la instrucción cívica que tan poco atendida es ahora.

Extranjeros

15. Prescribir que los extranjeros, por el solo hecho de adquirir bienes raíces, pierden su nacionalidad primitiva y se hacen ciudadanos mexicanos.

16. Prohibir la inmigración china.

Restricciones a los abusos del Clero católico

17. Los templos se consideran como negocios mercantiles, quedando, por tanto, obligados a llevar contabilidad y pagar las contribuciones correspondientes.

18. Nacionalización, conforme a las leyes, de los bienes raíces que el Clero tiene en poder de testaferros.

19. Agravar las penas que las Leyes de Reforma señalan para los infractores de las mismas.

20. Supresión de las escuelas regentadas por el Clero.

Capital y trabajo

21. Establecer un máximum de ocho horas de trabajo y un salario mínimo en la proporción siguiente: $1.00 para la generalidad del país, en que el promedio de los salarios es inferior al citado, y de más de $1.00 para aquellas regiones en que la vida es más cara y en las que este salario no bastaría para salvar de la miseria al trabajador.

22. Reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio.

23. Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo los patronos no burlen la aplicación del tiempo máximo y salario mínimo.

24. Prohibir en lo absoluto el empleo de niños menores de catorce años.

25. Obligar a los dueños de minas, fábricas, talleres, etc., a mantener las mejores condiciones de higiene en sus propiedades y a guardar los lugares de peligro en un estado que preste seguridad a la vida de los operarios.

26. Obligar a los patronos o propietarios rurales a dar alojamiento higiénico a los trabajadores, cuando la naturaleza del trabajo de éstos exija que reciban albergue de dichos patronos o propietarios.

27. Obligar a los patronos a pagar indemnización por accidentes del trabajo.

28. Declarar nulas las deudas actuales de los jornaleros de campo para con los amos.

29. Adoptar medidas para que los dueños de tierras no abusen de los medieros.

30. Obligar a los arrendadores de campos y casas a que indemnicen a los arrendatarios de sus propiedades por las mejoras necesarias que dejen en ellas.

31. Prohibir a los patronos, bajo severas penas, que paguen al trabajador de cualquier otro modo que no sea como dinero efectivo; prohibir y castigar que se impongan multas a los trabajadores o se les hagan descuentos de su jornal o se retarde el pago de raya por más de una semana o se niegue al que se separe del trabajo el pago inmediato de lo que tiene ganado; suprimir las tiendas de raya.

32. Obligar a todas las empresas o negociaciones a no ocupar entre sus empleados y trabajadores sino una minoría de extranjeros. No permitir en ningún caso que trabajos de la misma clase se paguen peor al mexicano que al extranjero en el mismo establecimiento, o que a los mexicanos se les pague en otra forma que a los extranjeros.

33. Hacer obligatorio el descanso dominical.

Tierras

34. Los dueños de tierras están obligados a hacer productivas todas las que posean; cualquier extensión de terreno que el poseedor deje improductiva la recobrará el Estado y la empleará conforme a los artículos siguientes.

35. A los mexicanos residentes en el extranjero que lo soliciten los repatriará el Gobierno pagándoles los gastos de viaje y les proporcionará tierras para su cultivo.

36. El Estado dará tierras a quienquiera que lo solicite, sin más condición que dedicarlas a la producción agrícola, y no venderlas. Se fijará la extensión máxima de terreno que el Estado pueda ceder a una persona.

37. Para que este beneficio no sólo aproveche a los pocos que tengan elementos para el cultivo de las tierras, sino también a los pobres que carezcan de estos elementos, el Estado creará o fomentará un Banco Agrícola que hará a los agricultores pobres préstamos con poco rédito y redimibles a plazos.

Impuestos

38. Abolición del impuesto sobre capital moral y del de capitación, quedando encomendado al Gobierno el estudio de los mejores medios para disminuir el impuesto del Timbre hasta que sea posible su completa abolición.

39. Suprimir toda contribución para capital menor de $ 100.00, exceptuándose de este privilegio los templos y otros negocios que se consideran nocivos y que no deben tener derecho a las garantías de las empresas útiles.

40. Gravar el agio, los artículos de lujo, los vicios, y aligerar de contribuciones los artículos de primera necesidad. No permitir que los ricos ajusten igualas con el Gobierno para pagar menos contribuciones que las que les impone la ley.

Puntos generales

41. Hacer práctico el juicio de amparo, simplificando los procedimientos.

42. Restitución de la Zona Libre.

43. Establecer la igualdad civil para todos los hijos de un mismo padre, suprimiendo las diferencias que hoy establece la ley entre legítimos e ilegítimos.

44. Establecer, cuando sea posible, colonias penitenciarias de regeneración, en lugar de las cárceles y penitenciarías en que hoy sufren el castigo los delincuentes.

45. Supresión de los jefes políticos.

46. Reorganización de los municipios que han sido suprimidos y robustecimiento del poder municipal.

47. Medidas para suprimir o restringir el agio, el pauperismo y la carestía de los artículos de primera necesidad.

48. Protección a la raza indígena.

49. Establecer lazos de unión con los países latinoamericanos.

50. Al triunfar el Partido Liberal, se confiscarán los bienes de los funcionarios enriquecidos bajo la Dictadura actual, y lo que se produzca se aplicará al cumplimiento del Capítulo de Tierras —especialmente a restituir a los yaquis, mayas y otras tribus, comunidades o individuos, los terrenos de que fueron despojados— y al servicio de la amortización de la Deuda Nacional.

51. El primer Congreso Nacional que funcione después de la caída de la Dictadura anulará todas las reformas hechas a nuestra Constitución por el Gobierno de Porfirio Díaz; reformará nuestra Carta Magna, en cuanto sea necesario para poner en vigor este Programa; creará las leyes que sean necesarias para el mismo objeto; reglamentará los artículos de la Constitución y de otras leyes que lo requieran, y estudiará todas aquellas cuestiones que considere de interés para la Patria, ya sea que están enunciadas o no en el presente Programa, y reforzará los puntos que aquí constan, especialmente en materia de Trabajo y Tierra.

Cláusula especial

52. Queda a cargo de la Junta Organizadora del Partido Liberal dirigirse a la mayor brevedad a los gobiernos extranjeros, manifestándoles, en nombre del Partido, que el pueblo mexicano no quiere más deudas sobre la Patria y que, por tanto, no reconocerá ninguna deuda que bajo cualquiera forma o pretexto arroje la Dictadura sobre la Nación ya contratando empréstitos, o bien reconociendo tardíamente obligaciones pasadas sin ningún valor legal.

Reforma, Libertad y Justicia

St. Louis, Mo., julio 1.º de 1906.

Presidente, Ricardo Flores Magón, Vicepresidente, Juan Sarabia. Secretario, Antonio I. Villarreal. Tesorero, Enrique Flores Magón. 1er Vocal, Prof. Librado Rivera. 2.º Vocal, Manuel Sarabia. 3er. Vocal, Rosalío Bustamante.

Mexicanos:

He aquí el Programa, la bandera del Partido Liberal, bajo la cual debéis agruparos los que no hayáis renunciado a vuestra calidad de hombres libres, los que os ahoguéis en esa atmósfera de ignominia que os envuelve desde hace treinta años, los que os avergoncéis de la esclavitud de la Patria, que es vuestra propia esclavitud, los que sintáis contra vuestros tiranos esas rebeliones de las almas indóciles al yugo, rebeliones benditas, porque son la señal de que la dignidad y patriotismo no han muerto en el corazón que las abriga.

Pensad, mexicanos, en lo que significa para la Patria la realización de este Programa que hoy levanta el Partido Liberal como un pendón fulgurante, para llamaros a una lucha santa por la libertad y la justicia, para guiar vuestros pasos por el camino de la redención, para señalaros la meta luminosa que podéis alcanzar con sólo que os decidáis a unir vuestros esfuerzos para dejar de ser esclavos. El Programa, sin duda, no es perfecto: no hay obra humana que lo sea; pero es benéfico y, para las circunstancias actuales de nuestro país, es salvador. Es la encarnación de muchas nobles aspiraciones, el remedio de muchos males, el correctivo de muchas injusticias, el término de muchas infamias. Es una transformación radical: todo un mundo de opresiones, corrupciones, de crímenes, que desaparece, para dar paso a otro mundo más libre, más honrado, más justo.

Todo cambiará en el futuro.

Los puestos públicos no serán para los aduladores y los intrigantes, sino para los que, por sus merecimientos, se hagan dignos al cariño del pueblo; los funcionarios no serán esos sultanes depravados y feroces que hoy la Dictadura protege, y faculta para que dispongan de la hacienda, de la vida y de la honra de los ciudadanos: serán, por el contrario, hombres elegidos por el pueblo que velarán por los intereses públicos, y que, de no hacerlo, tendrán que responder de sus faltas ante el mismo pueblo que los había favorecido; desaparecerá de los tribunales de justicia esa venalidad asquerosa que hoy los caracteriza, porque no habrá Dictadura que haga vestir la toga a sus lacayos, sino pueblo que designará con sus votos a los que deban administrar justicia, y porque la responsabilidad de los funcionarios no será un mito en la futura democracia; el trabajador mexicano dejará de ser, como es hoy, un paria en su propio suelo: dueño de sus derechos, dignificado, libre para defenderse de esas explotaciones villanas que hoy le imponen por la fuerza, no tendrá que trabajar más que ocho horas diarias, no ganará menos de un peso de jornal, tendrá tiempo para descansar de sus fatigas, para solazarse y para instruirse, y llegará a disfrutar de algunas comodidades que nunca podría procurarse con los actuales salarios de $ 0.50 y hasta de $ 0.25; no estará allí la Dictadura para aconsejar a los capitalistas que roben al trabajador y para proteger con sus fuerzas a los extranjeros que contestan con una lluvia de balas a las pacíficas peticiones de los obreros mexicanos: habrá en cambio un Gobierno que, elevado por el pueblo, servirá al pueblo, y velará por sus compatriotas, sin atacar a derechos ajenos, pero también sin permitir las extralimitaciones y abusos tan comunes en la actualidad; los inmensos terrenos que los grandes propietarios tienen abandonados y sin cultivo dejarán de ser mudos y desolados testimonios de infecundo poderío de un hombre, y, recogidos por el Estado, distribuidos entre los que quieran trabajarlos, se convertirán en alegres y feraces campos, que darán el sustento a muchas honradas familias: habrá tierras para todo el que quiera cultivarlas, y la riqueza que produzcan no será ya para que la aproveche un amo que no puso el menor esfuerzo en arrancarla, sino que será para el activo labrador que después de abrir el surco y arrojar la semilla con mano trémula de esperanza, levantará la cosecha que le ha pertenecido por su fatiga y su trabajo; arrojados del poder los vampiros insaciables que hoy lo explotan y para cuya codicia son muy pocos los más onerosos impuestos y los empréstitos enormes de que estamos agobiados, se reducirán considerablemente las contribuciones; ahora, las fortunas de los gobernantes salen del Tesoro Público: cuando esto no suceda, se habrá realizado una gigantesca economía, y los impuestos tendrán que rebajarse, suprimiéndose en absoluto, desde luego, la contribución personal y el impuesto sobre capital moral, exacciones verdaderamente intolerables; no habrá servicio militar obligatorio, ese pretexto con que los actuales caciques arrancan de su hogar a los hombres, a quienes odian por su altivez o porque son el obstáculo para que los corrompidos tiranuelos abusen de débiles mujeres, se difundirá la instrucción, base del progreso y del engrandecimiento de todos los pueblos; el Clero, ese traidor impenitente, ese súbdito de Roma y enemigo irreconciliable de las libertades patrias, en vez de tiranos a quienes servir y de quienes recibir protección, encontrará leyes inflexibles, que pondrán coto a sus excesos y lo reducirán a mantenerse dentro de la esfera religiosa; la manifestación de las ideas no tendrá ya injustificadas restricciones que le impidan juzgar libremente a los hombres públicos: desaparece la inviolabilidad de la vida privada, que tantas veces ha sido escudo de la corrupción y la maldad y la paz pública dejará de ser un pretexto para que los gobiernos persigan a sus enemigos: todas las libertades serán restituidas al pueblo y no sólo habrán conquistado los ciudadanos sus derechos políticos, sino también un gran mejoramiento económico; no sólo será un triunfo sobre la tiranía, sino también sobre la miseria. Libertad, prosperidad: he ahí la síntesis del Programa.

¡Pensad, conciudadanos, en lo que significa para la Patria la realización de estos ideales redentores; mirad a nuestro país hoy oprimido, miserable, despreciado, presa de extranjeros, cuya insolencia se agiganta por la cobardía de nuestros tiranos; ved cómo los déspotas han pisoteado la dignidad nacional, invitando a las fuerzas extranjeras a que invadan nuestro territorio; imaginad a qué desastres y a qué ignominias pueden conducimos los traidores que toleramos en el poder, los que aconsejan que se robe y se maltrate al trabajador mexicano, los que han pretendido reconocer la deuda que contrajo el pirata Maximiliano para sostener su usurpación, los que continuamente están dando pruebas del desprecio que sienten por la nacionalidad de que estamos orgullosos los compatriotas de Juárez y de Lerdo de Tejada! Contemplad, mexicanos, ese abismo que abre a vuestros pies la Dictadura, y comparad esa negra sima con la cumbre radiosa que os señala el Partido Liberal para que os dispongáis a ascenderla.

Aquí, la esclavitud, la miseria, la vergüenza, allá, la liberación, el bienestar, el honor; aquí, la Patria encadenada, exangüe por tantas explotaciones, sometida a lo que los poderes extranjeros quieran hacer de ella, pisoteada su dignidad por propios y extraños; allá, la Patria sin yugos, próspera, con la prosperidad de todos sus hijos, grande y respetada por la altiva independencia de su pueblo; aquí el despotismo con todos sus horrores; allá la libertad con toda su gloria. ¡Escoged!

Es imposible presentaros con simples y entorpecidas palabras el cuadro soberbio y luminoso de la Patria de mañana, redimida, dignificada, llena de majestad y de grandeza. Pero no por eso dejaréis de apreciar ese cuadro magnífico, pues vosotros mismos lo evocaréis con el entusiasmo si sois patriotas, si amáis este suelo que vuestros padres santificaron con el riego de su sangre, si no habéis renegado de vuestra raza que ha sabido aplastar despotismos y tronos, si no os habéis resignado a morir como esclavos bajo el carro triunfal del cesarismo dominante. Es inútil que nos esforcemos en descorrer a vuestros ojos el velo del futuro, para mostraros lo que está tras él: vosotros miráis lo que pudiéramos señalaros. Vosotros consoláis la tristeza de nuestra actual servidumbre, evocando el cuadro de la Patria libre del porvenir; vosotros, los buenos mexicanos, los que odiáis el yugo, ilumináis las negruras de la opresión presente con la visión radiosa del mañana y esperáis que de un momento a otro se realicen vuestros ensueños de libertad.

De vosotros es de quien la Patria espera su redención, de vosotros, los buenos hijos, los inaccesibles a la cobardía y a la corrupción que los tiranos siembran en torno suyo, los leales, los inquebrantables, los que os sentís llenos de fe en el triunfo de la justicia, responded al llamado de la Patria: el Partido Liberal os brinda un sitio bajo sus estandartes, que se levantan desafiando al despotismo; todos los que luchamos por la libertad os ofrecemos un lugar en nuestras filas; venid a nuestro lado, contribuid a fortalecer nuestro partido, y así apresuraréis la realización de lo que todos anhelamos. Unámonos, sumemos nuestros esfuerzos, unifiquemos nuestros propósitos, y el Programa será un hecho.

¡Utopía!, ¡ensueño!, clamarán, disfrazando su terror con filosofías abyectas, los que pretenden detener las reivindicaciones populares para no perder un puesto productivo o un negocio poco limpio. Es el viejo estribillo de todos los retrógrados ante los grandes avances de los pueblos, es la eterna defensa de la infamia. Se tacha de utópico lo que es redentor, para justificar que se le ataque o se le destruya; todos los que han atentado contra nuestra sabia Constitución se han querido disculpar declarándola irrealizable; hoy mismo, los lacayos de Porfirio Díaz repiten esa necesidad para velar el crimen del tirano, y no recuerdan esos miserables que esa Constitución que llaman tan utópica, tan inadecuada para nuestro pueblo, tan imposible de practicar, fue perfectamente realizable para gobernantes honrados como Juárez y Lerdo de Tejada. Para los malvados, el bien tiene que ser irrealizable; para la bellaquería, tiene que ser irrealizable la honradez. Los corifeos del despotismo juzgarán impracticable y hasta absurdo el Programa del Partido Liberal; pero vosotros, mexicanos que no estaréis cegados por la conveniencia y ni por el miedo; vosotros, hombres honrados que anheláis el bien de la Patria, encontraréis de sencilla realización cuanto encierra ese Programa inspirado en la más rudimentaria justicia.

Mexicanos:

Al proclamar solemnemente su Programa el Partido Liberal, con el inflexible propósito de llevarlo a la práctica, os invita a que toméis parte en esta obra grandiosa y redentora, que ha de hacer para siempre a la Patria libre, respetable y dichosa.

La decisión es irrevocable: el Partido Liberal luchará sin descanso por cumplir la promesa solemne que hoy hace al pueblo, y no habrá obstáculo que no venza ni sacrificio que no acepte por llegar hasta el fin. Hoy os convoca para que sigáis sus banderas, para que engroséis sus filas, para que aumentéis su fuerza y hagáis menos difícil y reñida la victoria. Si escucháis el llamamiento y acudís al puesto que os designa vuestro deber de mexicanos, mucho tendrá que agradeceros la Patria, pues apresuraréis su redención; si veis con indiferencia la lucha santa a que os invitamos, si negáis vuestro apoyo a los que combatimos por el derecho y la justicia, si, egoístas o tímidos, os hacéis con vuestra inacción cómplices de los que nos oprimen, la Patria no os deberá más que desprecio y vuestra conciencia sublevada no dejará de avergonzaros con el recuerdo de vuestra falta. Los que neguéis vuestro apoyo a la causa de la libertad, merecéis ser esclavos.

Mexicanos:

Entre lo que os ofrece el despotismo y lo que os brinda el Programa del Partido Liberal, ¡escoged! Si queréis el grillete, la miseria, la humillación ante el extranjero, la vida gris del paria envilecido, sostened la Dictadura que todo eso os proporciona; si preferís la libertad, el mejoramiento económico, la dignificación de la ciudadanía mexicana, la vida altiva del hombre dueño de sí mismo venid al Partido Liberal que fraterniza con los dignos y los viriles, y unid vuestros esfuerzos a los de todos los que combatimos por la justicia, para apresurar la llegada de ese día radiante en que caiga para siempre la tiranía y surja la esperada democracia con todos los esplendores de un astro que jamás dejará de brillar en el horizonte sereno de la Patria.

Reforma, Libertad y Justicia

Saint Louis, Mo., julio 1.º de 1906.

Presidente, Ricardo Flores Magón. Vicepresidente, Juan Sarabia. Secretario, Antonio I. Villarreal. Tesorero, Enrique Flores Magón, 1.er Vocal, Prof. Librado Rivera. 2.º Vocal, Manuel Sarabia, 3er. Vocal, Rosalío Bustamante.

ANEXO 3

LA ENTREVISTA DÍAZ-CREELMAN[3]

[Probablemente, enero de 1908]

DESDE la prominencia del Castillo de Chapultepec contemplaba el presidente Díaz la venerada capital de su país, que se extiende sobre una vasta llanura rodeada de montañas imponentes, mientras que yo, que había realizado un viaje de cuatro mil millas desde Nueva York, para ver al héroe y señor de Méjico moderno, al hábil conductor en cuyas venas corren mezcladas la sangre de lo aborígenes mixtecas con la de los invasores españoles, admiraba con interés inexplicable aquella figura esbelta y marcial, de fisonomía dominante y al mismo tiempo dulce. La frente ancha coronada de níveos cabellos lacios, los ojos oscuros y hundidos que parecen sondear nuestra alma, se toman tiernos por momentos, lanzan miradas rápidas a los lados, se muestran ya terribles y amenazadores, ya amables, confiados o picarescos; la nariz recta y ancha con ventanillas que se dilatan o se contraen a cada nueva emoción, fuertes quijadas que se desprenden de unas orejas grandes, bien formadas, pegadas a la cabeza y que terminan en una barba cuadrada y viril; una barba de combate; la boca firme que esconde bajo el bigote blanco; el cuello corto y musculoso; los hombros anchos, el pecho levantado; el porte rígido imparte a la personalidad un aire de mando y dignidad; tal es Porfirio a los setenta y siete años, como lo vi hace pocos días de pie, en el mismo lugar en donde cuarenta años antes esperaba con firmeza el final de la intervención de la monarquía europea en las repúblicas americanas, mientras su ejército sitiaba la ciudad de Méjico, y el joven emperador Maximiliano moría en el campo de Querétaro, más allá de las montañas que se levantan hacia el Norte.

Algo magnético en la mirada serena de sus grandes ojos oscuros, y en el aparente desafío de las ventanillas de su nariz, trae a la imaginación cierta misteriosa afinidad entre el hombre portentoso y el inmenso panorama que se extiende a la vista.

No hay en el mundo una figura más romántica y marcial, ni que despierte tanto interés entre los amigos y los enemigos de la democracia, como la del soldado estadista cuyas aventuras, cuando joven, superaban a las descritas por Dumas en sus obras, y cuya energía en el Gobierno ha convertido al pueblo mejicano de revoltoso, ignorante, paupérrimo y supersticioso, oprimido durante varios siglos por la codicia y la crueldad españolas, en una nación fuerte, pacífica y laboriosa, progresista, y que cumple sus compromisos.

El general Díaz ha gobernado la República de Méjico durante veintisiete años con tal poder, que las elecciones nacionales han venido a convertirse en mera fórmula. Bien pudiera haber colocado sobre su cabeza la corona imperial. Sin embargo, ese hombre sorprendente, primera figura del Continente Americano, hombre enigmático para los que estudian la ciencia de gobernar, declara ante el mundo que se retirará de la Presidencia de la República a la expiración de su periodo actual, para poder ver a su sucesor pacíficamente posesionado, y para que con su cooperación, pueda el pueblo mejicano demostrar al mundo que ha entrado de manera pacífica y bien preparado, en el goce completo de sus libertades; que la nación ha salido del periodo de las guerras civiles y de la ignorancia, y que puede escoger y cambiar gobernantes sin humillaciones ni revueltas.

Ya es bastante, en el corto espacio de una semana, abandonar la maleante atmósfera de las oficinas de Wall Street y los jugadores de bolsa, para hallarse de pie sobre las agrias rocas de Chapultepec, contemplando un paisaje de belleza casi fantástica, al lado de un hombre que con sólo su valor y su firmeza de carácter ha transformado una república en país democrático, y oírle disertar sobre la democracia como la esperanza de bienestar de las naciones. Y esto precisamente cuando el pueblo de los Estados Unidos tiembla ante la perspectiva de una tercera reelección para Presidente.

El general Díaz contempló un momento el majestuoso paisaje que se extendía al pie del antiguo castillo, y luego, sonriendo ligeramente, se internó por una galería, rozando a su paso una cortina de florones rojos y geranios rosa, amorosamente enlazados, al jardín interior, en cuyo centro una pila rodeada de palmeras y flores, lanzaba plumas de agua, de la misma fuente en que Moctezuma apagó su sed bajo los gigantescos cipreses que aún levantan sus ramas alrededor de las rocas que pisábamos.

«Es un error suponer que el porvenir de la democracia de Méjico se haya puesto en peligro por la continua y larga permanencia de un Presidente en el poder», dijo con calma. «Por mí, puedo decirlo con toda sinceridad, el ya largo periodo de la Presidencia no ha corrompido mis ideales políticos, sino antes bien, he logrado convencerme más y más de que la democracia es el único principio de Gobierno, justo y verdadero; aunque en la práctica es sólo posible para los pueblos ya desarrollados».

Callóse por un instante. Sus oscuros ojos se fijaron en el lugar donde el Popocatépetl coronado de nieve hunde su volcánica cima entre las nubes a una altura de cerca de diez y ocho mil pies, al lado de los nevados cráteres del Iztaccíhuatl, y en seguida añadió:

«Puedo separarme de la Presidencia de Méjico sin pesadumbre o arrepentimiento; pero no podré, mientras viva, dejar de servir a este país».

A pesar de que los rayos del sol daban de lleno en la cara del Presidente, sus ojos permanecían completamente abiertos. El verde esmeralda del paisaje, el humo de la ciudad, la azulosa cadena de las montañas, la diafanidad, pureza y perfume del ambiente parecían excitarlo; sus mejillas se coloreaban y con las manos cogidas a la espalda, la cabeza echada hacia atrás, aspiraba a pulmón lleno el aire aromoso y puro, que batía suavemente los abanicos de las plantas.

«Sabrá usted —le dije— que en los Estados Unidos nos preocupamos hoy por la reelección de Presidente para un tercer periodo».

Sonrió ligeramente, púsose luego serio, movió la cabeza en señal de afirmación, y en su semblante lleno de inteligencia y firmeza, apareció una expresión de supremo interés, difícil de describir.

«Sí, sí, lo sé —me contestó—: Es muy natural en los pueblos democráticos, que sus gobernantes se cambien con frecuencia. Estoy perfectamente de acuerdo con ese sentimiento».

Difícil era persuadirse de que escuchaba a un militar que ha gobernado una república durante más de un cuarto de siglo con un poder desconocido para muchos monarcas. Sin embargo, hablaba con la convicción y sencillez del que ocupa un alto y seguro puesto, que le pone a cubierto de toda sospecha hipócrita.

«Es cierto —continuó— que cuando un hombre ha ocupado un puesto, investido de poder por largo tiempo, puede llegar a persuadirse de que aquel puesto es de su propiedad particular, y está bien que un pueblo libre se ponga en guardia contra tales tendencias de ambición personal; sin embargo, las teorías abstractas de la democracia y la práctica y aplicación efectiva de ellas, son a menudo necesariamente diferentes, quiero decir, cuando se prefiere la sustancia a la forma.

»No veo yo la razón por qué el Presidente Roosevelt no sea reelegido, si la mayoría del pueblo de los Estados Unidos desea que continúe en el poder…

»Aquí, en Méjico, las condiciones han sido muy diferentes. Yo recibí el mando de un ejército victorioso, en época en que el pueblo se hallaba dividido y sin preparación para el ejercicio de los principios de un Gobierno democrático. Confiar a las masas toda la responsabilidad del Gobierno hubiera traído consecuencias desastrosas, que hubieran producido el descrédito de la causa del Gobierno libre.

»Sin embargo, aunque yo obtuve el poder primitivamente del ejército, tan pronto como fue posible, se verificó una elección y el pueblo me confirió el mando; varias veces he tratado de renunciar la Presidencia, pero se me ha exigido que continúe en el ejercicio del poder, y lo he hecho en beneficio del pueblo que ha depositado en mí su confianza. El hecho de que los bonos mejicanos bajaron once puntos cuando estuve enfermo en Cuernavaca, es una de las causas que me han hecho vencer la inclinación personal de retirarme a la vida privada.

»Hemos conservado la forma de Gobierno republicano y democrático; hemos defendido y mantenido intacta la teoría; pero hemos adoptado en la administración de los negocios nacionales una política patriarcal, guiando y sosteniendo las tendencias populares, en el convencimiento de que bajo una paz forzosa, la educación, la industria y el comercio desarrollarían elementos de estabilidad y unión en un pueblo naturalmente inteligente, sumiso y benévolo.

»He esperado con paciencia el día en que la República de Méjico esté preparada para escoger y cambiar sus gobernantes en cada periodo sin peligro de guerras, ni daño al crédito y al progreso nacionales. Creo que ese día ha llegado…».

Generalmente se sostiene que en un país que carece de clase media no son posibles las instituciones democráticas, dije yo.

El presidente Díaz volvióse con ligereza, y mirándome fijamente me contestó:

«Es cierto. Méjico tiene hoy clase media, lo que no tenía antes. La clase media es, tanto aquí como en cualquiera otra parte, el elemento activo de la sociedad. Los ricos están siempre harto preocupados con su dinero y dignidades para trabajar por el bien estar general, y sus hijos ponen muy poco de su parte para mejorar su educación y su carácter, y los pobres son ordinariamente demasiado ignorantes para confiarles el poder. La democracia debe contar para su desarrollo con la clase media, que es una clase activa y trabajadora, que lucha por mejorar su condición y se preocupa con la política y el progreso general.

»En otros tiempos no había clase media en Méjico, porque todos consagraban sus energías y sus talentos a la política y a la guerra. La tiranía española y el mal Gobierno habían desorganizado la sociedad; las actividades productivas de la Nación se abandonaban en las continuas luchas, reinaba la confusión, no había seguridades para la vida ni para la propiedad. Bajo tales auspicios ¿cómo podía surgir una clase media?».

»General Díaz —interrumpí— usted ha tenido una experiencia sin precedente en la historia de la República; ha tenido en sus manos la suerte de esta nación por treinta años, para amoldarla a su voluntad; pero los hombres perecen y los pueblos continúan viviendo; ¿cree usted que Méjico seguirá su vida de República pacíficamente? ¿Cree usted asegurado el porvenir de esta nación bajo instituciones libres?».

Bien valía la pena de haber venido desde Nueva York hasta el Castillo de Chapultepec, para contemplar la expresión del héroe en este momento; sus ojos se encendieron con la llama del patriotismo, de la fuerza, del genio militar y del profeta.

«El porvenir de Méjico está asegurado —dijo con voz enérgica—. Temo que los principios de la democracia no hayan echado raíces profundas en nuestro pueblo; pero la nación se ha levantado a gran altura y ama la libertad. Nuestra mayor dificultad estriba en que el pueblo no se preocupa suficientemente por los negocios públicos en beneficio de la democracia. El mejicano, por regla general, estima en alto grado sus derechos y está siempre listo para defenderlos. La fuerza de voluntad para vencer las propias tendencias es la base del Gobierno democrático, y esa fuerza de voluntad sólo la tienen los que reconocen los derechos de sus vecinos.

»Los indios, que constituyen más de la mitad de nuestra población, se preocupan muy poco de la política. Están acostumbrados a dejarse dirigir por los que tienen en las manos las riendas del poder, en lugar de pensar por sí solos. Esta tendencia la heredaron de los españoles, quienes les enseñaron a abstenerse de tomar parte en los asuntos públicos y a confiar en el Gobierno como su mejor guía. Sin embargo, creo firmemente que los principios de la democracia se han extendido y seguirán extendiéndose en Méjico».

»Pero usted no tiene partido de oposición en la República, señor Presidente, y ¿cómo pueden progresar las instituciones cuando no hay oposición que refrene al partido que está en el poder?

»Es cierto que no hay partido de oposición. Tengo tantos amigos en la República, que mis enemigos no se muestran deseosos de identificarse con la minoría. Aprecio la bondad de mis amigos y la confianza que en mí deposita el país; pero una confianza tan absoluta impone responsabilidades y deberes que me fatigan más y más cada día. Tengo firme resolución de separarme del poder al expirar mi periodo, cuando cumpla ochenta años de edad, sin tener en cuenta lo que mis amigos y sostenedores opinen, y no volveré a ejercer la Presidencia.

»Mi país ha depositado en mí su confianza y ha sido bondadoso conmigo; mis amigos han alabado mis méritos y han callado mis defectos; pero quizá no estén dispuestos a ser tan generosos con mi sucesor, y es posible que él necesite de mis consejos y de mi apoyo; por esta razón deseo estar vivo cuando mi sucesor se encargue del Gobierno».

Al decir esto, cruzó los brazos sobre el pecho y continuó con énfasis.

«Si en la República llegase a surgir un partido de oposición, le miraría yo como una bendición y no como un mal, y si ese partido desarrollara poder, no para explotar, sino para dirigir, yo le acogería, le apoyaría, le aconsejaría y me consagraría a la inauguración feliz de un Gobierno completamente democrático.

»Por mí, me contento con haber visto a Méjico figurar entre las naciones pacíficas y progresistas. No deseo continuar en la Presidencia. La nación está bien preparada para entrar definitivamente en la vida libre. Yo me siento satisfecho de gozar a los setenta y siete años de perfecta salud, beneficio que no pueden proporcionar ni las leyes ni el poder, y el que no cambiaría por todos los millones de vuestro rey del petróleo». El color de su piel, el brillo de sus ojos y la firmeza y elasticidad de sus piernas, confirmaban sus palabras. Esto parece increíble en un hombre que ha sufrido las privaciones de la guerra y los tormentos de la prisión, y sin embargo, este hombre se levanta a las seis de la mañana, trabaja con ahínco hasta muy avanzada la noche; es, aún hoy día, un notable cazador y generalmente sube de dos en dos los peldaños de las escaleras del Palacio.

«Los ferrocarriles han desempeñado importante papel en la conservación de la paz en Méjico —continuó—. Cuando por primera vez me posesioné de la Presidencia, sólo existían dos pequeñas líneas que comunicaban la capital con Veracruz y con Querétaro. Hoy tenemos más de diez y nueve mil millas de vía férrea. El servicio de correos se hacía en diligencia, y a menudo sucedía que ésta era saqueada dos o tres veces entre la capital y Puebla, por salteadores de caminos, aconteciendo generalmente que los últimos asaltantes no encontraran ya qué robar. Hoy tenemos establecido un servicio barato, seguro y rápido en todo el país, y más de dos mil doscientas oficinas de correo. El telégrafo en aquellos tiempos casi no existía: en la actualidad tenemos una red telegráfica de más de cuarenta y cinco mil millas. Empezamos por castigar el robo con pena de muerte, y esto de una manera tan severa, que momentos después de aprehenderse al ladrón, era ejecutado. Ordenamos que dondequiera que se cortase la línea telegráfica y el guardia cogiera al criminal, se castigara a aquél, y cuando el corte ocurriera en una plantación cuyo propietario no lo impidiera, se colgara a éste en el primer poste telegráfico. Recuerde usted que éstas eran órdenes militares. Fuimos severos y en ocasiones hasta la crueldad; pero esa severidad era necesaria en aquellos tiempos para la existencia y progreso de la nación. Si hubo crueldad, los resultados la han justificado». Al decir esto dilatábanse las ventanillas de su nariz, y su boca contraída formaba una línea recta.

»Para evitar el derramamiento de torrentes de sangre fue necesario derramarla un poco. La paz era necesaria, aun una paz forzosa, para que la nación tuviese tiempo para pensar y para trabajar. La educación y la industria han terminado la tarea comenzada por el ejército…».

¿Cuál juzga usted entre la Escuela y el Ejército, elemento de mayor fuerza para la paz?, le pregunté.

«La Escuela, si usted se refiere a la época actual. Quiero ver la educación llevada a cabo por el Gobierno en toda la República, y confío en satisfacer este deseo antes de mi muerte. Es importante que todos los ciudadanos de una misma República reciban la misma educación, porque así sus ideas y métodos pueden organizarse y afirmar la unión nacional. Cuando los hombres leen juntos, piensan de un mismo modo; es natural que obren de manera semejante».

¿Cree usted que la mayoría india de la población de Méjico, sea capaz de un alto desarrollo intelectual?

«Lo creo, porque los indios, con excepción de los yaquis, y algunos de los mayas, son sumisos, agradecidos e inteligentes, tienen tradiciones de una antigua civilización propia, y muchos de ellos figuran entre los abogados, ingenieros, médicos, militares y otras profesiones».

El humo de gran número de fábricas cerníase sobre la ciudad. «Es mejor —le dije— ese humo, que el de los cañones».

«Sí —me contestó—, y sin embargo, hay épocas en que el humo de los cañones es preciso. La clase pobre y trabajadora de mi país se ha levantado para sostenerme, pero yo no puedo olvidar lo que mis compañeros de armas y sus hijos han hecho por mí en horas de prueba». Los ojos del veterano se nublaron.

«Aquello —le dije señalando un moderno circo de toros, situado cerca del Castillo— es la única institución española que desde aquí se divisa».

«¡Ah! —exclamó—, usted no ha visto las casas de empeño que España nos legó con sus circos de toros.

»Las naciones son como los hombres, y éstos son, más o menos, lo mismo en todo el mundo; hay, pues, necesidad de estudiarlos para comprenderlos. Un Gobierno justo es, sencillamente la colectividad de aspiraciones de un pueblo traducidas en una forma práctica. Todo se reduce a un estudio individual. El individuo que apoya a su Gobierno en la paz y en la guerra, tiene algún móvil personal; ese móvil puede ser bueno o malo; pero siempre, siempre es en el fondo una ambición personal. El fin de todo buen Gobierno debe ser el descubrimiento de ese móvil, y el hombre de Estado debe procurar encarrilar esa ambición, en lugar de extirparla. Yo he procurado ese sistema con mis gobernados, cuyo natural dócil y benévolo préstase más para el sentimiento que para el raciocinio, cuando se quiere hacer llegar a ellos la convicción. He tratado de comprender las necesidades del individuo. El hombre espera alguna recompensa aun en su adoración a Dios ¿cómo puede un Gobierno exigir un absoluto desinterés?…

»La dura experiencia de la juventud me enseñó muchas cosas. Cuando yo manejaba dos compañías de soldados, se pasaron seis meses sin que recibiera instrucciones del Gobierno; vime obligado entonces a pensar, y a disponer, y a convertirme en Gobierno, y encontré que los hombres eran lo que he encontrado después que son. Creía en los principios democráticos como creo todavía, aunque las condiciones han exigido la adopción de medidas fuertes para conservar la paz y el desarrollo que deben preceder al Gobierno libre. Las teorías políticas aisladas no forman una nación libre…».

El progreso actual de Méjico dice a Porfirio Díaz que su tarea en América ha terminado con éxito.

Su obra llevada a término feliz, con muy poco esfuerzo ajeno, y en pocos años, ha sido inspirada por el Panamericanismo y constituye la esperanza de las repúblicas latinoamericanas.

Ya se vea el general Díaz en el Castillo de Chapultepec, en su despacho del Palacio Nacional, ora en el elegante salón de su modesta casa particular rodeado de su joven y bella esposa, de sus hijos de la primer mujer, o bien al frente de sus tropas con el pecho cubierto de condecoraciones conferidas por grandes naciones, siempre es el mismo: sencillo, recto, digno y lleno de la majestad que le imparte la conciencia de su poder.

Hace pocos días el secretario de Estado, Mr. Root, juzgaba al presidente Díaz así:

«Creo que de todos los grandes hombres que viven en la actualidad, el general Porfirio Díaz es el que más vale la pena de conocer. Sea que uno considere las aventuras, atrevimiento y caballerosidad de su juventud, o el inmenso trabajo de Gobierno que han llevado a feliz término su inteligencia, valor y don de mando, o ya sea que sólo se considere su especialmente atractiva personalidad, no conozco persona alguna en cuya compañía prefiera estar. Si yo fuera poeta, escribiría poemas épicos; si músico, compondría marchas triunfales, y si mejicano, consideraría que la lealtad de toda una vida no sería suficiente para corresponder a los inmensos servicios que ha procurado a mi país. Como no soy poeta, músico ni mejicano, sino únicamente un americano que ama la justicia y la libertad, considero a Porfirio Díaz, presidente de Méjico, como uno de los hombres a cuyo heroísmo debe rendir culto la humanidad entera».

CAPÍTULO IV

Las campañas políticas de don Francisco I. Madero por todo el país. El caudillo antirreeleccionista habla en la ciudad de Durango de derogar las Leyes de Reforma. En Orizaba y en San Luis Potosí sostiene que el pueblo no pide pan sino libertad. Una inútil entrevista entre el general Díaz y el señor Madero. Madero y Roque Estrada aprehendidos en Monterrey acusados de rebelión. Se les envía presos a San Luis Potosí. Después de mes y medio obtienen su libertad caucional. El último fraude electoral del porfirismo. Inútiles protestas presentadas por los partidarios políticos de oposición. Madero se escapa de San Luis Potosí y se interna en Estados Unidos. El Plan de San Luis Potosí de 5 de octubre de 1911, redactado y firmado en San Antonio, Texas, por Madero. La promesa de restituir ejidos a los pueblos. El Plan Político Social de 18 de marzo de 1911.

DON FRANCISCO I. MADERO, acompañado de su esposa y del licenciado Roque Estrada, visitó varias poblaciones de la República en activa propaganda política. Siempre hacían uso de la palabra Madero, Estrada y alguno o algunos de los simpatizantes de la localidad. Madero tenía una voz delgaducha, levemente atiplada; pero hablaba bien y sabía tender un hilo de emoción entre él y su auditorio. Roque Estrada, entonces muy joven, tenía cualidades de buen orador. Uno y otro acababan siempre por ganar voluntades y partidarios. Al principio unos cuantos acudían a escucharlos. Sin embargo, poco a poco fue creciendo el número de gente que iba a los mítines que se organizaban para oírlos, hasta llegar a formarse verdaderas muchedumbres entusiastas y dispuestas a todo por defender y para hacer triunfar los nuevos ideales.

Para la prensa porfirista, que era la más numerosa y la que tenía mejores elementos de toda especie, el señor Madero estaba loco, completamente loco; porque sólo un loco podía enfrentarse a la figura recia, prestigiada, respetable y heroica del general Díaz. Se publicaban caricaturas, editoriales e informaciones ridiculizando al dirigente antirreeleccionista, y a veces se arrojaba el lodo de la calumnia sobre su limpia personalidad. El loco Madero, se oía decir a menudo a la gente decente, a la burguesía nacional y extranjera. Además, su pequeña estatura contrastaba desventajosamente con la de don Porfirio, contraste que era motivo de burla y menosprecio, sobre todo entre las mujeres de la clase media o aristocratizantes.

«En aquel primer periodo de la vida política de don Francisco I. Madero —escribe José R. del Castillo en su libro Historia de la Revolución Social de México— ninguno, absolutamente ninguno de los numerosos miembros de su familia lo acompañaron. Los que años después deberían rodearlo, hasta maniatar su voluntad y desprestigiarlo, por entonces se apartaban de él y lo miraban como un apestado, apresurándose a condenar su obra, a censurarla públicamente, a calificarla como un desatino y a estrechar más y más sus relaciones de amistad con Limantour, con quien tenían ligas desde hacía bastantes años. Parece que el único que estaba a su lado y aplaudía sus entusiasmos era Gustavo Madero, que tanto había de significarse al triunfo de la Revolución. Pero don Ernesto, don Alfonso, el mismo don Francisco Madero senior y sus parientes don Antonio V. Hernández, que era senador, y el licenciado Rafael Hernández, que era diputado, maldecían y execraban los entusiasmos democráticos y los anhelos antirreeleccionistas de don Francisco I. Madero, a quien consideraban y calificaban de loco».

El porfirismo estaba apoyado por el Clero merced a la política de conciliación, así como también por las fuerzas económicas más poderosas del país: banqueros, industriales, comerciantes y los grandes propietarios territoriales. Todos ellos eran lógicamente conservadores en el sentido de no desear cambio alguno, puesto que gozaban de bienestar, de holgura y de riqueza al amparo de la paz impuesta con mano de hierro por el caudillo oaxaqueño. Las empresas mineras en su mayor parte norteamericanas e inglesas, las fábricas de hilados y tejidos de franceses y españoles, los comercios de importancia de los que eran dueños individuos de varias nacionalidades, en fin, toda la incipiente burguesía que disfrutaba de innúmeros privilegios, se deshacía en elogios sobre la bondad del régimen y de las cualidades de estadista del Presidente octogenario.

Pero como el pueblo —no es ocioso repetirlo— tenía hambre de pan, hambre de tierras, hambre de justicia y hambre de libertad, siguió al primero que le habló con sinceridad y valentía de conformidades, de rebeldías y de esperanzas.

Las autoridades comenzaron a preocuparse por los éxitos de Madero. «En Colima —refiere Romero Flores— se le comenzó a hostilizar abiertamente, impidiéndole imprimir volantes para anunciar al pueblo sus mítines; se le negaba, además, localidad para verificarlos, y, finalmente, se le impedía, con la ayuda de la policía, que fuera escuchado por sus simpatizadores». No obstante, las jiras políticas de Madero continuaron con éxito creciente, venciendo con la ayuda popular los obstáculos que la Dictadura le oponía para detenerlo en su noble carrera de sembrador.

Entre los discursos importantes que pronunció Madero en sus jiras políticas para conocer su modo de pensar en cuestiones fundamentales, está el que pronunció en Durango en contra de las Leyes de Reforma, con sorpresa para quienes lo escucharon, puesto que significaba romper con la tradición del liberalismo mexicano. Roque Estrada, al referirse a ese discurso en su libro La Revolución y Francisco I. Madero, escribe: «Juzgaba él [Madero] de impropia aplicación a las Leyes de Reforma, porque su único objeto había sido el combatir al Partido Conservador, en una época en que era una constante amenaza para la paz pública y para las instituciones; que en la época en que estábamos ningún objeto podían tener dichas leyes, puesto que ese partido no existía ya, ni podía existir, porque las doctrinas liberales eran generalmente aceptadas y porque ya nadie aspiraba a dominar por medio de la fuerza religiosa. Consideraba la aplicación de dichas leyes atentatoria para las libertades públicas, y que el goce de esas libertades debía ser absoluto. Además podían considerarse como derogadas, porque hacía mucho tiempo que no se aplicaban, y, en último grado, para volverlas a aplicar era preciso una previa revisión de ellas». En estas opiniones se advierte la buena fe del futuro caudillo a la par que sus escasos conocimientos históricos, tanto de la historia de México como de la historia general. El señor Madero estaba equivocado al creer que el Partido Conservador había sido definitivamente derrotado en 1867 al ocupar las tropas liberales la ciudad de México después del fusilamiento de Maximiliano. Los partidos conservadores y reaccionarios, o del retroceso como los llamaba el doctor Mora, están aún en pie de lucha en 1970; y por supuesto que Roma, hoy lo mismo que ayer, aspira al dominio de los pueblos por medio de la religión y su poder financiero.

A mediados del año de 1910, muchos de los habitantes del país estaban seguros de la firmeza del régimen porfirista. Madero, lógicamente, sostenía opinión contraria, que expresaba con claridad y valor temerario en las reuniones políticas organizadas por sus partidarios. Una muestra de ello la encontramos en el discurso que pronunció en la ciudad de Orizaba el 22 de mayo de 1910. Dijo en esa ocasión: «El edificio de la Dictadura ya se bambolea, ya vacila, ya está próximo a derrumbarse y no podrá resistir el primer embate del pueblo». En esos meses Madero hablaba únicamente de lucha democrática y de la victoria que se obtendría en los comicios. Muy lejos de su ánimo se hallaba en aquellos meses la idea de provocar un movimiento armado; pero de todos modos los ataques del antirreeleccionismo irritaban al Gobierno y las represalias que tomaba encendían la pasión de los maderistas. Así se fueron preparando los sucesos que habrían de turbar la paz porfiriana.

Ahora bien, en ese mismo discurso, dirigido especialmente a los obreros de las fábricas de hilados y tejidos cercanas, el candidato antirreeleccionista dijo: «Del Gobierno no depende aumentaros el salario ni disminuir las horas de trabajo, y nosotros, que encamamos vuestras aspiraciones, no venimos a ofreceros tal cosa, porque no es eso lo que vosotros deseáis; vosotros deseáis libertad… y es bueno que en este momento, que en esta reunión tan numerosa y netamente democrática, demostréis al mundo entero que vosotros no queréis pan, queréis únicamente libertad, porque la libertad os servirá para conquistar el pan». En las frases transcritas se transparenta el pensamiento de Madero y se explican sus actos posteriores. Estaba convencido de que el Estado debía ser únicamente un productor de seguridad; que debía «dejar hacer y dejar pasar» en todo lo concerniente a la vida económica y social, limitándose a garantizar la propiedad y la libertad. Las ideas de Madero coincidían con las de los economistas de Francia y de Inglaterra que aparecieron como novedades en la historia del pensamiento allá por la segunda mitad del siglo XVIII. Olvidaba los cambios profundos registrados en las naciones más adelantadas, consecuencia inevitable del progreso de la ciencia aplicada y de nuevos conceptos sobre el hombre, la sociedad y el universo.

Por otra parte, el candidato a la primera magistratura de la nación estaba equivocado, completamente equivocado al decir que los trabajadores no querían pan sino libertad. No puede haber libertad sin pan, porque el pan es la base de la libertad. Tampoco es cierto que la libertad sirve para conquistar el pan. Un pueblo libre y a la par hambriento estará siempre dispuesto a renunciar a su libertad para no morir de hambre; estará dispuesto a sufrir las cadenas de la esclavitud antes que resignarse a perecer. El señor Madero, hombre bueno, sincero e idealista, perteneciente a una familia acaudalada, poseedor él mismo de una buena fortuna, no entendió desde un principio, no pudo nunca entender los problemas fundamentales de México. Se dio cuenta de que algo grave pasaba, de que el pueblo estaba enfermo; pero ignoró las causas del mal y equivocó el diagnóstico y el tratamiento.

En plena campaña electoral, el señor Madero tuvo una entrevista con el general Díaz, gracias a la intervención de don Teodoro Dehesa. En esa entrevista, Madero propuso una transacción consistente en que los antirreeleccionistas votaran con los reeleccionistas por don Porfirio para la Presidencia y que, unos y otros, se pronunciaran a su favor [de Madero], para la Vicepresidencia. Se cuenta que el presidente Díaz se negó rotundamente, seguro de su inmenso poder, a aceptar la transacción; y se cuenta también que cuando el líder demócrata le dijo que entonces se verían en las elecciones, el viejo caudillo replicó irónicamente, esbozando una sonrisa: «¡Bien dicho! Veremos lo que resuelven los comicios. Ya sé que tengo dos rivales para la Presidencia, usted y Zúñiga y Miranda».

El licenciado don Nicolás Zúñiga y Miranda era un hombre alto y flaco, vestido siempre de negro, con levita cruzada y sombrero alto; caballeroso, de finos modales, había hecho buenos estudios y litigaba en los tribunales con éxito mediano, de igual manera que muchos otros abogados; pero se le había metido en la cabeza ser Presidente de la República desde hacía algunos lustros. De manera que en cada nuevo período presidencial se autopresentaba como candidato de oposición en contra de don Porfirio, sin contar con partido político alguno que lo apoyara. En cuanto se hablaba de la Presidencia el hombre perdía su habitual cordura y daba la impresión de no estar en sus cabales. De modo inevitable rápidamente se tomó en personaje popular y pintoresco y fue durante largos años motivo de caricaturas ingeniosas, de burlas y sarcasmos sin cuento.

Don Francisco I. Madero, acompañado de su esposa y del licenciado Roque Estrada, salió de la ciudad de México rumbo a Monterrey en su última jira de propaganda electoral, la noche del 3 de junio de 1910. Las elecciones, según la ley en vigor, debían verificarse a fines del mismo mes. A las ocho de la mañana del día 4 llegó el tren a San Luis Potosí. En la estación del ferrocarril nos encontrábamos un centenar de simpatizadores del señor Madero —la mayor parte estudiantes— que habíamos tenido noticias de su paso por la población. Él salió a la plataforma del carro dormitorio a recibir las muestras de simpatía de que era objeto y para dirigirnos la palabra; pero un sujeto que estaba en el grupo se adelantó a hablar y dijo entre otras cosas al candidato demócrata que por qué andaba agitando al pueblo mexicano; que si tanto le dolía su miseria por qué no repartía sus bienes entre los pobres, etc., etc. Madero hizo un buen discurso un tanto enérgico y agresivo en contra de la Dictadura. Recuerdo perfectamente que al dirigirse al sujeto aquél, le lanzó esta frase: «El pueblo no pide pan, pide libertad». La misma idea del discurso de Orizaba, el mismo error fundamental. Las palabras sonaron bien y las aplaudimos con entusiasmo.

Roque Estrada pronunció un breve y a la par hermoso discurso. Terminó asegurando que la causa antirreeleccionista triunfaría por la razón o por la fuerza.

En Monterrey hubo varios mítines con enorme éxito popular. El Gobierno ya no resistió, perdió la serenidad y la policía intervino abiertamente, ya sin ningún disimulo. El día 7 fueron aprehendidos Madero y Estrada a petición del juez de Distrito de San Luis Potosí, acusados de incitar al pueblo a la rebelión. Días después fueron trasladados a aquella ciudad e internados en la Penitenciaría del Estado. ¡Gravísimo error del porfirismo! Desde ese momento comenzó a crecer rápidamente la popularidad de Madero, quien apareció a los ojos del pueblo como víctima de un régimen despótico.

Madero y Estrada obtuvieron su libertad bajo fianza y con la ciudad por cárcel el 22 de julio, después de haber sufrido cuarenta y cinco días de prisión. El padre del candidato obtuvo esa resolución del Gobierno del Centro, con la influencia de su amigo el ministro de Hacienda, don José Ives Limantour.

La fianza por Madero fue de $10 000 y de $ 5000 por Roque Estrada. El fiador fue el rico minero don Pedro Barrenechea y no el doctor Rafael Cepeda como escribió un historiador.

Desde que Madero obtuvo su libertad caucional, se le veía frecuentemente por las calles de la población acompañado de uno o de varios amigos. El autor de este libro lo vio en más de una ocasión pasear a pie por la alameda, parque que se encuentra enfrente de las dos estaciones de ferrocarril. Yo nunca supe ni advertí que estuviera vigilado.

Las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República se efectuaron el 26 de junio en medio de una paz impuesta por el terror, como dice Romero Flores en sus Anales históricos de la Revolución Mexicana. El candidato de oposición estaba en la cárcel y en la cárcel estaban muchos de los más conspicuos antirreeleccionistas. En consecuencia, aquellas elecciones no podían tener ninguna legalidad.

El 1.º de septiembre, el Comité Electoral de los partidos Nacionalista Democrático y Nacional Antirreeleccionista presidido por el licenciado Federico González Garza, entregó al oficial mayor de la Cámara de Diputados un memorial de protesta por los incontables atentados y fraudes cometidos durante las elecciones, pidiendo al mismo tiempo la nulidad del acto electoral. En uno de los primeros párrafos decía:

«Vinimos a levantar la más solemne de las protestas por las punibles infracciones cometidas a la Ley Electoral vigente y por los incalificables atentados que se perpetraron a nuestras instituciones en las elecciones que para funcionarios federales se verificaron en los meses de junio y julio últimos, y a reclamar, como su natural y legítima consecuencia, la nulidad de las mismas elecciones en los casos concretos de los cuales en su oportunidad se hará mérito, y especialmente de las elecciones que se refieren a la Presidencia y Vicepresidencia de la República». El memorial iba acompañado de varios legajos conteniendo centenares de actas de protesta y otros documentos que demostraban el fraude cometido. El 8 y el 23 del mismo mes de septiembre se entregaron a la Cámara otros memoriales ratificando lo dicho en el primero, con nuevos y abundantes documentos probatorios de la farsa electoral. La Cámara de Diputados contestó en los comienzos de octubre a los partidos coaligados, negando en un lacónico oficio, sin argumento alguno, la petición de nulidad del reciente acto electoral. González Garza declaró entonces que la acción legal de los partidos de oposición al régimen porfirista había terminado. Sólo quedaba un camino: la lucha armada con todas sus consecuencias.

Durante todo el mes de septiembre de ese año de 1910, se celebraron en la ciudad de México las fiestas del Centenario de nuestra Independencia. Eso se dijo; pero no era el Centenario de la Independencia mexicana, sino apenas el Centenario del Grito de Dolores, del llamado de Hidalgo al pueblo para luchar por la Independencia. Claro está que eso no lo ignoraba la gente del Gobierno; lo sabía perfectamente; mas de lo que se trataba en el fondo era algo distinto, se trataba de un acto político para exaltar la personalidad del general Díaz dentro y fuera del país y así asegurar la séptima reelección del octogenario caudillo. Efectivamente, la gallarda figura de don Porfirio brilló como nunca durante las fiestas, entre hermosas damas y elegantes embajadores especiales venidos de lejanos países.

El Centenario del Grito de Dolores también se conmemoró en las demás poblaciones de la República, por supuesto que no durante todo el mes ni con el boato de la capital. En los discursos oficiales al mencionar a los grandes constructores de la Patria: Hidalgo, Morelos y Juárez, se agregaba frecuentemente el nombre del general Porfirio Díaz.

De manera que la protesta de los oposicionistas al régimen imperante, los memoriales enviados a la Cámara de Diputados pidiendo la nulidad de las elecciones, resultaban actos desagradables, inoportunos y discordantes. Pero hubo algo peor: la manifestación pública del 11 de septiembre, organizada por los antirreeleccionistas y los nacionalistas democráticos. El objeto de la manifestación según lo dijeron, era simplemente rendir culto a los héroes de la Independencia. Las autoridades negaron el permiso para que se efectuara, no obstante lo cual se llevó al cabo, o más bien se trató de llevarla al cabo. La policía intervino para disolver a los manifestantes y la sangre del pueblo turbó la alegría de los festejos y manchó las calles asfaltadas de la ciudad. Un grupo numeroso de los que participaron en la manifestación pudo rehacerse y protestar con efectiva energía lanzando una lluvia de piedras sobre la casa en que habitaba el Presidente sin que nadie tuviera tiempo para impedirlo.

Escribe el mismo Romero Flores que «burlando la vigilancia de sus custodios pudo el señor Madero, no sin grave peligro, escaparse de San Luis la madrugada del día 6 de octubre, yéndose a los Estados Unidos, favorecido por un empleado del express que lo ocultó una buena parte del camino, pasando la frontera por Laredo e internándose en San Antonio, Texas, adonde fueron a unírsele en breve su familia, el licenciado Estrada y el doctor Cepeda. En esa ciudad la esperaban ya Sánchez Azcona, González Garza, Aquiles Serdán y otros de sus más allegados y partidarios». Ya se dijo que nos consta que a Madero no se le vigilaba mientras recorría a pie las calles y los jardines de San Luis Potosí. Por lo tanto, fue para él muy fácil escapar y cruzar la línea divisoria con los Estados Unidos.

El Plan de San Luis está fechado en la ciudad de San Luis Potosí el 5 de octubre de 1910, el último día que estuvo en esa ciudad el señor Madero. El Plan no fue redactado en esa fecha sino varios días más tarde y en la población norteamericana de San Antonio, Texas.

El Plan de San Luis contiene un preámbulo en el que se hace historia de los últimos acontecimientos políticos y se dirigen ataques al Gobierno del general Díaz. Se habla de que las palabras mágicas de «Sufragio efectivo y no reelección» habían electrizado a las masas adormecidas durante largos años y las habían lanzado a la lucha cívica con entusiasmo y abnegación sin precedente. El Plan consta de quince artículos, más bien breves, entre los cuales se encuentran cuatro transitorios. Se sabe que la mayor parte del documento en cuestión fue obra personal de Madero.

En el artículo 1.º se declaran nulas las elecciones de julio anterior y en el 2.º, lógicamente, se dice que será desconocido el Gobierno de don Porfirio a partir del nuevo periodo presidencial. En el artículo 4.º se consagra el principio de la no reelección; en el 5.º se declara Madero Presidente Provisional, con apoyo en la tesis de que si hubiera habido libertad en las elecciones él, indudablemente, hubiera sido electo para ocupar la primera magistratura de la Nación. En el artículo 7.º se señala el 20 de noviembre para que todos los ciudadanos tomen las armas, a fin de arrojar del poder al Gobierno ilegítimo de Díaz. El artículo 6.º, que no se ha mencionado, y del 8.º en adelante tratan de cuestiones de significación secundaria y meramente circunstanciales.

El artículo 3.º en su párrafo 3.º es, a juicio del autor de este libro, lo más importante del Plan de San Luis, y lo que más influyó para que millares de campesinos se sumaran al movimiento revolucionario, para que hubiera levantamientos armados en muchos lugares del país desde el 20 de noviembre en adelante. El párrafo referido es de tal manera importante y trascendental que es necesario transcribirlo a continuación:

«Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, por acuerdo de la Secretaría de Fomento; o por fallos de los Tribunales de la República. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos y se les exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos. Sólo en caso de que esos terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la promulgación de este Plan, los antiguos propietarios recibirán indemnización de aquellos en cuyo beneficio se verificó el despojo».

A nuestro entender, el caso de Zapata y sus compañeros de armas es bien claro. Él y los suyos se lanzaron bien pronto a la Revolución, no porque los hubieran electrizado las palabras mágicas de sufragio efectivo y no reelección, como se decía en el documento político que se comenta, sino porque creyeron en las promesas agraristas del párrafo arriba inserto; porque ellos, efectivamente, habían sido despojados de sus tierras por las autoridades y los hacendados del Estado de Morelos, y pensaron que había llegado la hora de la justicia. Algo semejante ocurrió con otros grupos que se levantaron en armas en varias regiones del territorio mexicano.

En uno de los últimos párrafos del Plan de San Luis, haciendo seguramente referencia a su entrevista con don Porfirio, el señor Madero dice: «Está en la conciencia nacional que hice todo lo posible para llegar a un arreglo pacífico y estuve dispuesto hasta a renunciar a mi candidatura siempre que el general Díaz hubiese permitido a la Nación designar aunque fuese al Vicepresidente de la República». Otra vez se observa claramente que a don Francisco I. Madero le importaba sobre todo el problema o los problemas políticos, ocupando un lugar secundario en su cuadro de ideas y principios los de carácter económico y social. Si se compara el Plan de San Luis con las bases del Programa de Gobierno firmado por Madero y Vázquez Gómez varios meses untes como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, se advertirá fácilmente que éste es más complejo y radical que aquél. En el Plan ya no se habla como en el Programa de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, de proteger a la raza indígena, de estimular el desarrollo de la agricultura, de establecer pensiones de retiro e indemnizaciones por accidentes del trabajo; ya no se habla de combatir los monopolios y los privilegios ni tampoco de estrechar las relaciones con los países latinoamericanos. El Plan de San Luis es pobre, pobrísimo en lo económico y en lo social, excepción hecha, como ya antes se señaló, del párrafo 3.º del artículo 3.º, en comparación con las bases del Programa de Gobierno. A nuestro juicio, la explicación de tal hecho puede encontrarse en que mientras en el Programa predominaron las ideas de los Vázquez Gómez y otros, en el Plan se impusieron las de Madero, predominantemente políticas.

Pero las necesidades insatisfechas, tanto sociales como económicas, se percibían claramente en numerosos sectores de la población y presionaban más enérgicamente a las masas que las aspiraciones políticas. Un ejemplo interesante se encuentra en el «Plan Político Social proclamado por los Estados de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Campeche, Puebla y el Distrito Federal». Dicho documento aparece firmado en la sierra de Guerrero el 18 de marzo de 1911, por las personas que a continuación se indican y que dijeron representar a diez mil ciudadanos: Joaquín Miranda padre, y Joaquín Miranda hijo, Carlos B. Múgica, Rodolfo Magaña, Antonio Navarrete, Gildardo Magaña, Gabriel Hernández, José Pinelo, Francisco y Felipe Fierro, Francisco Maya, Miguel Frías, Felipe Sánchez y Dolores Jiménez y Muro.

En el Plan de referencia se reconoce como Presidente provisional de la República y jefe de la Revolución a don Francisco I. Madero. Tácitamente se reconoce también el Plan de San Luis, pero se insiste en las reformas o innovaciones de carácter social y económico, especialmente en las relativas al grave problema de la distribución de la tierra. Así es que en relación con el párrafo 3.º del artículo 3.º del Plan de San Luis, se dice lo siguiente: «Todas las propiedades que han sido usurpadas para darlas a los favorecidos por la actual administración serán devueltas a sus antiguos dueños». Y en otra parte del mismo documento se añade que aquellos propietarios que tengan más tierras de las que puedan cultivar, estarán obligados a entregarlas a los que las soliciten, teniendo por su parte derecho a un rédito del 6% anual en relación con el valor fiscal del terreno.

Se insiste de igual manera en la elevación de los salarios, en la reducción de la jornada de trabajo y en el propósito de mejorar las condiciones de vida de los habitantes indígenas del país. Y los autores del Plan Político Social, lo expresan en forma escueta, directa y sencilla, como aspiración nacida con apremio de la entraña macerada del pueblo. Dicen simplemente:

«Se protegerá en todos sentidos a la raza indígena, procurando por todos los medios su dignificación y su prosperidad.

»Se aumentarán los jornales a los trabajadores de ambos sexos, tanto del campo como de la ciudad.

»Las horas de trabajo no serán menos de ocho ni pasarán de nueve».

Y creemos que por la primera vez en un documento político-revolucionario de la época se trata de modo expreso acerca del problema de la habitación obrera. En uno de los artículos del Plan Político Social se afirma que se establecerá la equidad en los alquileres de las casas, «a reserva de realizar trabajos posteriores para la construcción de habitaciones higiénicas y cómodas, pagaderas en largos plazos para las clases obreras».

Finalmente, en el último artículo del Plan de que se viene tratando, se dice en tono categórico: «Quedan abolidos los monopolios de cualquier clase que sean». Se repite una vez más lo que ya antes se había repetido y que, por otra parte, continuará repitiéndose hasta la redacción del artículo 28 de la Constitución General de la República.

En la misma fecha del Plan de San Luis, don Francisco I. Madero suscribió un Manifiesto dirigido al Ejército federal, invitándolo a defeccionar y a unirse al movimiento revolucionario. Madero, siempre ingenuo y convencido de la bondad de su causa, estaba seguro de que el 20 de noviembre el ejército creado por el general Díaz se rebelaría en contra del Gobierno del general Díaz. En consecuencia, el triunfo de la Revolución sería rápido e inevitable. El doctor Vázquez Gómez en sus Memorias políticas, al referirse a este asunto y hacer notar que el Ejército fue leal a don Porfirio, hace el comentario siguiente: «¡Quién había de pensar entonces —fines de octubre de 1910— que la defección de una fracción del ejército acabaría más tarde con el Gobierno y la vida de Madero, siendo ya Presidente de la República!». Había de repetirse una vez más, agregamos nosotros, la historia vergonzosa, desintegradora y sombría de los cuartelazos del siglo XIX.

ANEXO 4

PLAN DE SAN LUIS POTOSÍ[4]

LOS PUEBLOS, en su esfuerzo constante por que triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios.

Nuestra querida Patria ha llegado a uno de esos momentos: una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir, desde que conquistamos nuestra independencia, nos oprime de tal manera, que ha llegado a hacerse intolerable. En cambio de esta tiranía se nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa para el pueblo mexicano, porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza; porque no tiene por objeto el engrandecimiento y la prosperidad de la Patria, sino enriquecer un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente personales, explotando sin escrúpulos las concesiones y contratos lucrativos.

Tanto el poder Legislativo como el Judicial están completamente supeditados al Ejecutivo; la división de los poderes, la soberanía de los Estados, la libertad de los Ayuntamientos y los derechos del ciudadano sólo existen escritos en nuestra Carta Magna; pero, de hecho, en México casi puede decirse que reina constantemente la Ley Marcial; la justicia, en vez de impartir su protección al débil, sólo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte; los jueces, en vez de ser los representantes de la Justicia, son agentes del Ejecutivo, cuyos intereses sirven fielmente; las cámaras de la Unión no tienen otra voluntad que la del Dictador; los gobernadores de los Estados son designados por él y ellos a su vez designan e imponen de igual manera las autoridades municipales.

De esto resulta que todo el engranaje administrativo, judicial y legislativo obedecen a una sola voluntad, al capricho del general Porfirio Díaz, quien en su larga administración ha demostrado que el principal móvil que lo guía es mantenerse en el poder y a toda costa.

Hace muchos años se siente en toda la República un profundo malestar, debido a tal régimen de Gobierno; pero el general Díaz, con gran astucia y perseverancia, había logrado aniquilar todos los elementos independientes, de manera que no era posible organizar ninguna clase de movimiento para quitarle el poder de que tan mal uso hacía. El mal se agravaba constantemente, y el decidido empeño del general Díaz de imponer a la Nación un sucesor, y siendo éste el señor Ramón Corral, llevó ese mal a su colmo y determinó que muchos mexicanos, aunque carentes de reconocida personalidad política, puesto que había sido imposible labrársela durante 36 años de Dictadura, nos lanzáramos a la lucha, intentando reconquistar la soberanía del pueblo y sus derechos en el terreno netamente democrático.

Entre los partidos que tendían al mismo fin, se organizó el Partido Nacional Antirreeleccionista proclamando los principios de SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCIÓN, como únicos capaces de salvar a la República del inminente peligro con que la amenazaba la prolongación de una dictadura cada día más onerosa, más despótica y más inmoral.

El pueblo mexicano secundó eficazmente a ese partido y, respondiendo al llamado que se le hizo, mandó a sus representantes a una Convención, en la que también estuvo representado el Partido Nacional Democrático, que asimismo interpretaba los anhelos populares. Dicha Convención designó a sus candidatos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República, recayendo esos nombramientos en el señor Dr. Francisco Vázquez Gómez y en mí para los cargos respectivos de Vicepresidente y Presidente de la República.

Aunque nuestra situación era sumamente desventajosa porque nuestros adversarios contaban con todo el elemento oficial, en el que se apoyaban sin escrúpulos, creímos de nuestro deber, para servir la causa del pueblo, aceptar tan honrosa designación. Imitando las sabias costumbres de los países republicanos, recorrí parte de la República haciendo un llamamiento a mis compatriotas. Mis jiras fueron verdaderas marchas triunfales, pues por donde quiera el pueblo, electrizado por las palabras mágicas de SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCIÓN, daba pruebas evidentes de su inquebrantable resolución de obtener el triunfo de tan salvadores principios. Al fin, llegó un momento en que el general Díaz se dio cuenta de la verdadera situación de la República y comprendió que no podía luchar ventajosamente conmigo en el campo de la Democracia, y me mandó reducir a prisión antes de las elecciones, las que se llevaron a cabo excluyendo al pueblo de los comicios por medio de la violencia, llenando las prisiones de ciudadanos independientes y cometiendo los fraudes más desvergonzados.

En México, como República democrática, el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional, y ésta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento.

Por este motivo el pueblo mexicano ha protestado contra la ilegalidad de las últimas elecciones; y queriendo emplear sucesivamente todos los recursos que ofrecen las leyes de la República en la debida forma, pidió la nulidad de las elecciones ante la Cámara de Diputados, a pesar de que no reconocía al dicho cuerpo un origen legítimo y de que sabía de antemano que, no siendo sus miembros representantes del pueblo, sólo acatarían la voluntad del general Díaz, a quien exclusivamente deben su investidura.

En tal estado de cosas, el pueblo, que es el único soberano, también protestó de un modo enérgico contra las elecciones en imponentes manifestaciones llevadas a cabo en diversos puntos de la República, y si éstas no se generalizaron en todo el territorio nacional fue debido a terrible presión ejercida por el Gobierno, que siempre ahoga en sangre cualquier manifestación democrática, como pasó en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, México y otras partes.

Pero esta situación violenta e ilegal no puede subsistir más.

Yo he comprendido muy bien que si el pueblo me ha designado como su candidato para la Presidencia, no es porque haya tenido la oportunidad de descubrir en mí las dotes del estadista o del gobernante, sino la virilidad del patriota resuelto a sacrificarse, si es preciso, con tal de conquistar la libertad y ayudar al pueblo a librarse de la odiosa tiranía que lo oprime.

Desde que me lancé a la lucha democrática sabía muy bien que el general Díaz no acataría la voluntad de la Nación, y el noble pueblo mexicano, al seguirme a los comicios, sabía también perfectamente el ultraje que le esperaba; pero a pesar de ello, el pueblo dio para la causa de la Libertad un numeroso contingente de mártires cuando éstos eran necesarios, y con admirable estoicismo concurrió a las casillas a recibir toda clase de vejaciones.

Pero tal conducta era indispensable para demostrar al mundo entero que el pueblo mexicano está apto para la democracia, que está sediento de libertad, y que sus actuales gobernantes no responden a sus aspiraciones.

Además, la actitud del pueblo antes y durante las elecciones, así como después de ellas, demuestra claramente que rechaza con energía al Gobierno del general Díaz y que, si se hubieran respetado esos derechos electorales, hubiese sido yo electo para la Presidencia de la República.

En tal virtud, y haciéndome eco de la voluntad nacional, declaro ilegales las pasadas elecciones, y quedando por tal motivo la República sin gobernantes legítimos, asumo provisionalmente la Presidencia de la República, mientras el pueblo designa conforme a la ley sus gobernantes. Para lograr este objeto es preciso arrojar del poder a los audaces usurpadores que por todo título de legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral.

Con toda honradez declaro que consideraría una debilidad de mi parte y una traición al pueblo que en mí ha depositado su confianza no ponerme al frente de mis conciudadanos, quienes ansiosamente me llaman, de todas partes del país, para obligar al general Díaz, por medio de las armas, a que respete la voluntad nacional.

El Gobierno actual, aunque tiene por origen la violencia y el fraude, desde el momento que ha sido tolerado por el pueblo, puede tener para las naciones extranjeras ciertos títulos de legalidad hasta el 30 del mes entrante en que expiran sus poderes; pero como es necesario que el nuevo Gobierno dimanado del último fraude no pueda recibirse ya del poder, o por lo menos se encuentre con la mayor parte de la Nación protestando con las armas en la mano, contra esa usurpación, he designado el DOMINGO 20 del entrante noviembre para que de las seis de la tarde en adelante, en todas las poblaciones de la República se levanten en armas bajo el siguiente

PLAN

1.º Se declaran nulas las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, magistrados a la Suprema Corte de la Nación y diputados y senadores, celebradas en junio y julio del corriente año.

2.º Se desconoce al actual Gobierno del general Díaz, así como a todas las autoridades cuyo poder debe dimanar del voto popular, porque además de no haber sido electas por el pueblo, han perdido los pocos títulos que podían tener de legalidad, cometiendo y apoyando, con los elementos que el pueblo puso a su disposición para la defensa de sus intereses, el fraude electoral más escandaloso que registra la historia de México.

3.º Para evitar hasta donde sea posible los trastornos inherentes a todo movimiento revolucionario, se declaran vigentes, a reserva de reformar oportunamente por los medios constitucionales aquellas que requieran reformas, todas las leyes promulgadas por la actual administración y sus reglamentos respectivos, a excepción de aquellas que manifiestamente se hallen en pugna con los principios proclamados en este Plan. Igualmente se exceptúan las leyes, fallos de tribunales y decretos que hayan sancionado las cuentas y manejos de fondos de todos los funcionarios de la administración porfirista en todos los ramos; pues tan pronto como la Revolución triunfe, se iniciará la formación de comisiones de investigación para dictaminar acerca de las responsabilidades en que hayan podido incurrir los funcionarios de la Federación, de los Estados y de los Municipios.

En todo caso serán respetados los compromisos contraídos por la administración porfirista con gobiernos y corporaciones extranjeras antes del 20 del entrante.

Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, por acuerdo de la Secretaría de Fomento, o por fallos de los tribunales de la República. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos y se les exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos. Sólo en caso de que esos terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la promulgación de este Plan, los antiguos propietarios recibirán indemnización de aquellos en cuyo beneficio se verificó el despojo.

4.º Además de la Constitución y leyes vigentes, se declara Ley Suprema de la República el principio de NO REELECCIÓN del Presidente y Vicepresidente de la República, de los gobernadores de los Estados y de los presidentes municipales, mientras se hagan las reformas constitucionales respectivas.

5.º Asumo el carácter de Presidente provisional de los Estados Unidos Mexicanos con las facultades necesarias para hacer la guerra al Gobierno usurpador del general Díaz.

Tan pronto como la capital de la República y más de la mitad de los Estados de la Federación estén en poder de las fuerzas del Pueblo, el Presidente provisional convocará a elecciones generales extraordinarias para un mes después y entregará el poder al Presidente que resulte electo, tan luego como sea conocido el resultado de la elección.

6.º El Presidente provisional, antes de entregar el poder, dará cuenta al Congreso de la Unión del uso que haya hecho de las facultades que le confiere el presente plan.

7.º El día 20 de noviembre, desde las seis de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. Los pueblos que estén retirados de las vías de comunicación lo harán desde la víspera.

8.º Cuando las autoridades presenten resistencia armada, se les obligará por la fuerza de las armas a respetar la voluntad popular, pero en este caso las leyes de la guerra serán rigurosamente observadas, llamándose especialmente la atención sobre las prohibiciones relativas a no usar balas explosivas ni fusilar a los prisioneros. También se llama la atención respecto al deber de todo mexicano de respetar a los extranjeros en sus personas e intereses.

9.º Las autoridades que opongan resistencia a la realización de este Plan serán reducidas a prisión para que se les juzgue por los tribunales de la República cuando la Revolución haya terminado. Tan pronto como cada ciudad o pueblo recobre su libertad, se reconocerá como autoridad legítima provisional al principal jefe de las armas, con facultad de delegar sus funciones en algún otro ciudadano caracterizado, quien será confirmado en su cargo o removido por el Gobierno Provisional.

Una de las principales medidas del Gobierno Provisional será poner en libertad a todos los presos políticos.

10.º El nombramiento del gobernador provisional de cada Estado que haya sido ocupado por las fuerzas de la Revolución será hecho por el Presidente provisional. Este gobernador tendrá la estricta obligación de convocar a elecciones para gobernador constitucional del Estado, tan pronto como sea posible, a juicio del Presidente provisional. Se exceptúan de esta regla los Estados que de dos años a esta parte han sostenido campañas democráticas para cambiar de Gobierno, pues en éstos se considerará como gobernador provisional al que fue candidato del pueblo siempre que se adhiera activamente a este Plan.

En caso de que el Presidente provisional no haya hecho el nombramiento de gobernador, que este nombramiento no haya llegado a su destino o bien que el agraciado no aceptara por cualquiera circunstancia, entonces el gobernador será designado por votación de todos los jefes de las armas que operen en el territorio del Estado respectivo, a reserva de que su nombramiento sea ratificado por el Presidente provisional tan pronto como sea posible.

11.º Las nuevas autoridades dispondrán de todos los fondos que se encuentren en todas las oficinas públicas para los gastos ordinarios de la administración; para los gastos de la guerra, contratarán empréstitos voluntarios o forzosos. Estos últimos sólo con ciudadanos o instituciones nacionales. De estos empréstitos se llevará una cuenta escrupulosa y se otorgarán recibos en debida forma a los interesados a fin de que al triunfar la Revolución se les restituya lo prestado.

Transitorio. A. Los jefes de las fuerzas voluntarias tomarán el grado que corresponda al número de fuerzas a su mando. En caso de operar fuerzas voluntarias y militares unidas, tendrá el mando de ellas el de mayor graduación, pero en caso de que ambos jefes tengan el mismo grado, el mando será del jefe militar.

Los jefes civiles disfrutarán de dicho grado mientras dure la guerra, y una vez terminada, esos nombramientos, a solicitud de los interesados, se revisarán por la Secretaría de Guerra, que los ratificará en su grado o los rechazará según sus méritos.

B. Todos los jefes, tanto civiles como militares, harán guardar a sus tropas la más estricta disciplina, pues ellos serán responsables ante el Gobierno Provisional de los desmanes que cometan las fuerzas a su mando, salvo que justifiquen no haberles sido posible contener a sus soldados y haber impuesto a los culpables el castigo merecido.

Las penas más severas serán aplicadas a los soldados que saqueen alguna población o que maten a prisioneros indefensos.

C. Si las fuerzas y autoridades que sostienen al general Díaz fusilan a los prisioneros de guerra, no por eso y como represalias se hará lo mismo con los de ellos que caigan en poder nuestro; pero en cambio serán fusilados, dentro de las veinticuatro horas y después de un juicio sumario, las autoridades civiles y militares al servicio del general Díaz que una vez estallada la Revolución hayan ordenado, dispuesto en cualquier forma, trasmitido la orden o fusilado a algunos de nuestros soldados.

De esa pena no se eximirán ni los más altos funcionarios; la única excepción será el general Díaz y sus ministros, a quienes en caso de ordenar dichos fusilamientos o permitirlos, se les aplicará la misma pena, pero después de haberlos juzgado por los tribunales de la República, cuando ya haya terminado la Revolución.

En caso de que el general Díaz disponga que sean respetadas las leyes de guerra, y que se trate con humanidad a los prisioneros que caigan en sus manos, tendrá la vida salva; pero de todos modos deberá responder ante los tribunales de cómo ha manejado los caudales de la Nación y de cómo ha cumplido con la ley.

D. Como es requisito indispensable en las leyes de la guerra que las tropas beligerantes lleven algún uniforme o distintivo y como sería difícil uniformar a las numerosas fuerzas del pueblo que van a tomar parte en la contienda, se adoptará como distintivo de todas las fuerzas libertadoras, ya sean voluntarias o militares, un listón tricolor; en el tocado o en el brazo.

CONCIUDADANOS: Si os convoco para que toméis las armas y derroquéis al Gobierno del general Díaz, no es solamente por el atentado que cometió durante las últimas elecciones, sino para salvar a la Patria del porvenir sombrío que le espera continuando bajo su dictadura y bajo el Gobierno de la nefanda oligarquía científica, que sin escrúpulo y a gran prisa están absorbiendo y dilapidando los recursos nacionales, y si permitimos que continúe en el poder, en un plazo muy breve habrán completado su obra: habrán llevado al pueblo a la ignominia y lo habrán envilecido; le habrán chupado todas sus riquezas y dejado en la más absoluta miseria; habrán causado la bancarrota de nuestra Patria, que débil, empobrecida y maniatada se encontrará inerme para defender sus fronteras, su honor y sus instituciones.

Por lo que a mí respecta, tengo la conciencia tranquila y nadie podrá acusarme de promover la Revolución por miras personales, pues está en la conciencia nacional que hice todo lo posible para llegar a un arreglo pacífico y estuve dispuesto hasta a renunciar mi candidatura siempre que el general Díaz hubiese permitido a la Nación designar aunque fuese al Vicepresidente de la República; pero, dominado por incomprensible orgullo y por inaudita soberbia, desoyó la voz de la Patria y prefirió precipitarla en una Revolución antes de ceder un ápice, antes de devolver al pueblo un átomo de sus derechos, antes de cumplir, aunque fuese en las postrimerías de su vida, parte de las promesas que hizo en La Noria y Tuxtepec.

Él mismo justificó la presente Revolución cuando dijo: «Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y ésta será la última revolución».

Si en el ánimo del general Díaz hubiesen pesado más los intereses de la Patria que los sórdidos intereses de él y de sus consejeros, hubiera evitado esta Revolución, haciendo algunas concesiones al pueblo; pero ya que no lo hizo… ¡tanto mejor!, el cambio será más rápido y más radical, pues el pueblo mexicano, en vez de lamentarse como un cobarde, aceptará como un valiente el reto, y ya que el general Díaz pretende apoyarse en la fuerza bruta para imponerle un yugo ignominioso, el pueblo recurrirá a esa misma fuerza para sacudirse ese yugo, para arrojar a ese hombre funesto del poder y para reconquistar su libertad.

San Luis Potosí, octubre 5 de 1910.

Francisco I. Madero

ANEXO 5

PLAN POLÍTICO SOCIAL[5]

Proclamado por los Estados de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Campeche, Puebla y el Distrito Federal

CONSIDERANDO que la situación que pesa sobre los mexicanos es verdaderamente aflictiva, debido a los gobernantes que hoy suspenden las garantías individuales, sólo para derramar a torrentes la sangre de los mexicanos dignos, no bastándoles para sofocar el actual movimiento revolucionario, a que han dado lugar con sus incesantes abusos, haber suprimido la prensa independiente, cerrado clubes, prohibido toda manifestación reveladora de la opinión pública y llenado las cárceles, sin respetar ni a las mujeres, de ciudadanos enemigos de la tiranía;

CONSIDERANDO que estos gobernantes se entronizaron, en un principio, por medio del engaño, pues proclamaron, para ello, lo mismo que hoy combaten: «Sufragio efectivo y no reelección» y establecieron, en lugar de estos principios a que debieron el triunfo, la más absoluta, la más abusiva, la más sangrienta de las dictaduras, siendo por lo mismo reos de estafa, respecto de los puestos que ocupan, de traición a sus propias doctrinas y de abuso de poder unidos al fraude en las pasadas elecciones;

CONSIDERANDO que en nuestro ser político y social es preciso llevar a cabo ciertas reposiciones y reformas, exigidas por las necesidades de la generación contemporánea, las cuales son imposibles de realizar bajo el régimen de un Gobierno dictatorial y plutócrata, como el que tenemos;

CONSIDERANDO, en fin, que el pueblo es el SOBERANO ÚNICO y el SUPREMO LEGISLADOR, pues todo el que expide leyes o gobierna en algún sentido es porque ha recibido del pueblo el poder para ello, nos hemos reunido varios grupos, cuyo número pasa de 10 000 de esa gran colectividad, pertenecientes a los Estados de Guerrero, de Tlaxcala, de Michoacán, de Campeche, de Puebla y el Distrito Federal, los cuales, por medio de nuestros representantes, cuyos nombres no se expresan por ahora, en atención a que NO TENEMOS GARANTÍAS, proclamamos el siguiente plan, invitando a todos nuestros conciudadanos para que le adopten, por convenir así a las necesidades de la Nación y a una época de regeneración y reforma:

I. Se desconoce al Presidente y Vicepresidente de la República, a los senadores y diputados, así como a todos los demás empleados que son electos por el voto popular en virtud de las omisiones, fraudes y presiones que tuvieron lugar en las elecciones pasadas;

II. El general Díaz con sus ministros, Miguel Macedo, que desempeña el puesto de subsecretario de Gobernación, los miembros de las comisiones unidas que votaron por la SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS, los jueces que, teniendo a su cargo los procesos de los llamados reos políticos, han violado la Ley por obedecer una consigna o han, por lo mismo, retardado una sentencia justa, LOS TRAIDORES A LA CAUSA Y TODOS LOS JEFES DEL EJÉRCITO QUEDAN FUERA DE LA LEY; SE LES JUZGARÁ SEGÚN LAS DISPOSICIONES QUE ELLOS HAN TOMADO RESPECTO DE LOS INSURRECTOS;

III. Se reconoce como Presidente provisional y jefe supremo de la Revolución, al señor Francisco I. Madero.

IV. Se proclama, como ley suprema, la Constitución de 1857, el Voto libre y la No reelección;

V. Se reformará la Ley de Imprenta, de un modo claro y preciso, determinando los casos en que una persona puede quejarse justamente de difamación, así como también los casos en que es un delito trastornar el orden público, atendiendo a las causas y fines del hecho, para castigar debidamente al culpable, si el trastorno mencionado constituye efectivamente un delito;

VI. SE REORGANIZARÁN LAS MUNICIPALIDADES SUPRIMIDAS.

VII: QUEDA ABOLIDA LA CENTRALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA, ESTABLECIENDO, EN SU LUGAR, LA FEDERACIÓN DE LA MISMA;

VIII. Se protegerá en todo sentido a la raza indígena, procurando por todos los medios su dignificación y su prosperidad;

IX. TODAS LAS PROPIEDADES QUE HAN SIDO USURPADAS PARA DARLAS A LOS FAVORECIDOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN SERÁN DEVUELTAS A SUS ANTIGUOS DUEÑOS;

X. SE AUMENTARÁN LOS JORNALES A LOS TRABAJADORES DE AMBOS SEXOS, tanto del campo como de la ciudad, EN RELACIÓN CON LOS RENDIMIENTOS DEL CAPITAL, para cuyo fin se nombrarán comisiones de personas competentes para el caso, las cuales dictaminarán, en vista de los datos que necesiten para esto;

XI. LAS HORAS DE TRABAJO NO SERÁN MENOS DE OCHO HORAS NI PASARÁN DE NUEVE;

XII. LAS EMPRESAS EXTRANJERAS establecidas en la República EMPLEARÁN EN SUS TRABAJOS LA MITAD CUANDO MENOS DE NACIONALES MEXICANOS, tanto en los puestos subalternos como en los superiores, con los mismos sueldos, consideraciones y prerrogativas que concedan a sus compatriotas;

XIII. Inmediatamente que las circunstancias lo permitan, se revisará el valor de las fincas urbanas, a fin de establecer la equidad en los alquileres, evitando así que los pobres paguen una renta más crecida, relativamente al capital que estas fincas representan, a reserva de realizar trabajos posteriores para la construcción de habitaciones higiénicas y cómodas, pagaderas en largos plazos para las clases obreras;

XIV. TODOS LOS PROPIETARIOS QUE TENGAN MÁS TERRENOS DE LO QUE PUEDAN O QUIERAN CULTIVAR, ESTÁN OBLIGADOS A DAR LOS TERRENOS INCULTOS A LOS QUE LO SOLICITEN, teniendo, por su parte, derecho al rédito de un 6 por ciento anual, correspondiente al valor fiscal del terreno;

XV. Quedan abolidos los monopolios de cualquier clase que sean.

¡Abajo la Dictadura! Voto Libre y no Reelección.

Sierra de Guerrero, marzo 18 de 1911.

Los representantes

CAPITULO V

Levantamientos en armas en Coahuila, Chihuahua, Yucatán y Sinaloa en 1908 y a mediados de 1910. El asalto a la casa de Aquiles Serdán en Puebla et 18 de noviembre de ese año. Dos días después comienza la lucha armada en el Estado de Chihuahua. Madero entra al país el 14 de febrero de 1911 y se pone a la cabeza de la Revolución. La invasión de Baja California por tos magonistas. En marzo se levantan en Morelos los hermanos Zapata. Don Porfirio nombra nuevo Gabinete y proclama la no reelección. Madero amaga Ciudad Juárez al frente de tres mil hombres. Un armisticio que fracasa. El manifiesto del general Díaz del de mayo. El convenio de paz de Ciudad Juárez. Una carta notable de Blas Urrea. La renuncia del general Díaz y de Corral. León de la Barra, Presidente. Madero entra victorioso a la ciudad de México.

EL 24 DE JUNIO de 1908, en la población de Viesca, Coahuila, Benito Ibarra acompañado de unos cuantos individuos se levantó en armas en contra del Gobierno de don Porfirio. Dos días después hacía lo mismo Antonio de P. Araujo en las Vacas, lugar perteneciente también al Estado de Coahuila; mas el movimiento armado de mayor importancia fue el de 1.º de julio en Palomas, Chih., capitaneado por Enrique Flores Magón, José Inés Salazar, Práxedis Guerrero y Francisco Manrique. Todo estos levantamientos obedecieron a planes del Partido Liberal y se apoyaban en los principios del Manifiesto de San Luis Missouri; pero probablemente fueron prematuros. El país no estaba aún preparado para la Revolución y fueron fácilmente sofocados por las tropas del Gobierno.

Dos años más tarde, el 4 de junio de 1910, la población de Valladolid, Yuc., fue teatro de muy graves sucesos. Los habitantes ya no pudieron soportar los malos tratos y las arbitrariedades del jefe político, Luis Felipe Regil; y encabezados por Miguel R. Ponce y Claudio Alcocer se apoderaron de la población en actitud francamente rebelde y asesinaron a Regil. Fue menester enviar tropas en gran número para recobrar la plaza, lo cual sólo pudo conseguirse después de una verdadera batalla.

Gabriel Leyva, también a mediados de 1910, se levantó en armas en el Estado de Sinaloa. Su lucha por conquistar la libertad solamente duró unas pocas semanas. Fue vencido en un combate por las fuerzas federales y desde luego pasado por las armas.

Los hechos a que se hace referencia ponen de relieve el creciente descontento que reinaba en la Nación a fines de la primera década del siglo. Las causas de tal descontento las explicaba Blas Urrea, ilustre escritor político, en la forma siguiente:

«El caciquismo: o sea la presión despótica ejercida por las autoridades locales que están en contacto con las clases proletarias, la cual se hace sentir por medio del contingente, de prisiones arbitrarias, de la ley fuga, y de otras múltiples formas de hostilidad y de entorpecimiento a la libertad del trabajo.

»El peonismo: o sea la esclavitud de hecho o servidumbre feudal en que se encuentra el peón jornalero, sobre todo del enganchado o deportado al sureste del país, y que subsiste debido a los privilegios económicos, políticos y judiciales de que goza el hacendado.

»El fabriquismo: o sea la servidumbre personal y económica a que se halla sometido de hecho el obrero fabril, a causa de la situación privilegiada de que goza en lo económico y en lo político el patrón, como consecuencia de la protección sistemática que se ha creído necesario impartir a la industria.

»El hacendismo: o sea la presión económica y la competencia ventajosa que la gran propiedad rural ejerce sobre la pequeña, a la sombra de la desigualdad en el impuesto, y de una multitud de privilegios de que goza aquélla en lo económico y en lo político y que produce la constante absorción de la pequeña propiedad agraria por la grande.

»El cientificismo: o sea el acaparamiento comercial y financiero y la competencia ventajosa que ejercen los grandes negocios sobre los pequeños, como consecuencia de la protección oficial y de la influencia política que sus directores pueden poner al servicio de aquéllos.

»El extranjerismo: o sea el predominio y la competencia ventajosa que ejercen en todo género de actividades los extranjeros sobre los nacionales, a causa de la situación privilegiada que les resulta de la desmedida protección que reciben de las autoridades y del apoyo y vigilancia de sus representantes diplomáticos».

Blas Urrea veía con bastante claridad los problemas que agitaban la República y la necesidad urgente de resolverlos. Y como el Gobierno porfirista no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, no conocía la realidad imperante; la Revolución era inevitable.

En cuanto se imprimió el Plan de San Luis fue enviado por correo de San Antonio, Texas a diferentes lugares de México y a los más adictos partidarios de don Francisco I. Madero. Por supuesto que el Gobierno se dio cuenta bien pronto de los planes sediciosos de Madero y de sus asociados, por lo que comenzó a tomar las medidas que juzgó necesarias y a vigilar de cerca a los más conocidos partidarios del antirreeleccionismo. El 13 de noviembre fueron aprehendidos en la capital de la República algunos de los más destacados maderistas. Sin embargo, desde mediados de octubre iban a San Antonio, Texas, a recibir instrucciones de Madero numerosos correligionarios que regresaban a diferentes lugares del país a organizar la lucha armada. Por aquellos días de fines de octubre y principios de noviembre, Madero, algunos familiares y amigos, según lo refirió más tarde el licenciado Roque Estrada, estaban llenos de optimismo en cuanto al éxito de la Revolución. El propio Madero, por ejemplo, creía que en dos semanas se alcanzaría la victoria en todo el territorio nacional.

El 18 de noviembre, dos días antes del señalado en el Plan de San Luis para el levantamiento general, sucedió algo muy grave en la ciudad de Puebla, al presentarse el jefe de la policía, Miguel Cabrera, acompañado de varios policías, en la casa del señor Aquiles Serdán, conocido y muy destacado dirigente maderista. Cabrera, pistola en mano, quiso penetrar en la casa para practicar un cateo, pues tenía noticias de que allí se ocultaban buenas cantidades de rifles y parque; y como esto era cierto y Aquiles Serdán se hallaba por lo tanto seriamente comprometido, ya que estaba resuelto a levantarse en armas el día 20, de seguro pensó que había que iniciar la lucha desde luego y que además ya no le quedaba ningún otro camino. Rifle en mano se encaró a Cabrera y lo mató de un certero balazo en la frente. Poco después comenzó una verdadera pequeña batalla que duró alrededor de cuatro horas. Un batallón completo atacó la casa de Serdán, defendida por un puñado de valientes. Se refirió entonces que hasta las mujeres participaron en la lucha, cargando los rifles y animando a los varones. Se les agotó al fin el parque y tuvieron que rendirse. Al entrar los soldados a la casa, con toda clase de precauciones, solamente encontraron a unas cuantas mujeres; los hombres habían muerto; pero no estaba entre los cadáveres el jefe de la casa. Al día siguiente en la madrugada, al salir Aquiles Serdán de un escondite cavado en el piso de la sala, fue asesinado por el soldado que estaba de guardia en la habitación. Así en lucha heroica en el centro del país comenzó de hecho la Revolución Mexicana, que transformaría profundamente en breve plazo la fisonomía de la Nación en múltiples aspectos de su vida social.

En el libro de López Portillo y Rojas titulado Elevación y caída de Porfirio Díaz se lee que «llegó el 20 de noviembre y el pueblo mexicano parecía no responder al llamado de Madero. Esta primera desilusión abatió profundamente el ánimo de la familia [Madero], quien creyó que todo estaba perdido, y hasta llegó a resolver en consejo, que Francisco I. Madero saliera para Cuba; y los oficiales que rodeaban a Madero fueran despedidos». Lo que ocurrió fue que las noticias de los levantamientos en Chihuahua llegaron a San Antonio, Texas, donde se había refugiado el caudillo, hasta los primeros días de diciembre. Inmediatamente renació el optimismo y los recursos de parte de la acaudalada familia Madero se invirtieron en la aventura revolucionaria. Desde luego se organizaron nuevas expediciones y se hicieron compras de armas y parque, para lo cual se contó con el disimulo de las autoridades norteamericanas, que ya no veían con simpatía al Gobierno de don Porfirio. Esto, como siempre, a causa de que tal Gobierno no se mostraba dócil a los deseos de la Casa Blanca.

Abraham González fue quien organizó los levantamientos armados en Chihuahua. El 20 de noviembre se levantó Pascual Orozco en San Isidro; José de la Luz Blanco en Santo Tomás; Francisco Villa en San Andrés, muy cerca de la capital del Estado; y un día después Guillermo Baca se apoderó de la importante población de Parral, la que tuvo que abandonar al día siguiente por la superioridad de las fuerzas federales que marcharon a recuperar la plaza. Por aquellos mismos días hubo otros levantamientos de menor importancia en los Estados de Coahuila y Durango.

Al principio los cabecillas revolucionarios, gente desconocida y por consiguiente sin ningún prestigio en el país, se hallaban acompañados solamente de unos cuantos hombres, por lo que el Gobierno creyó fácil acabar con ellos en breve plazo como había ocurrido en casos anteriores; pero en esta ocasión todo iba a desenvolverse de modo distinto, porque se habían creado ya las condiciones sociales favorables al movimiento revolucionario. Los pequeños grupos de Pascual Orozco, José de la Luz Blanco, Francisco Villa y otros, fueron creciendo cada día con excelentes tiradores y buenos jinetes hasta formar guerrillas que solían derrotar a las tropas de línea. En Pedernales, Ciudad Guerrero y Mal Paso, los revolucionarios obtuvieron las primeras victorias de significación. En Mal Paso, un soldado orozquista de Caballería, en lo más reñido del combate, penetró en el campo enemigo a carrera tendida y lazó una ametralladora, que fue la primera que utilizaron los alzados.

Entre los meses de enero y febrero de 1911, hubo otros levantamientos en diferentes lugares de la Nación. Luis Moya se levantó en armas en las cercanías de Nieves, Zac., y después de una breve y brillante carrera militar murió al atacar la población de Sombrerete del mismo Estado.

La campaña en contra de los alzados de Chihuahua la dirigía desde la capital de la República, por enfermedad del Presidente, su hijo el teniente coronel Porfirio Díaz, asesorado por sus amigos, militares del mismo o de menor grado, sin experiencia y sin conocimiento del terreno en que se desarrollaban las operaciones militares. Por supuesto que se cometieron con frecuencia serios errores que aprovecharon las guerrillas revolucionarias.

El 14 de febrero, por un punto no lejos de Ciudad Juárez, entró a territorio nacional el señor Francisco I. Madero, acompañado de algunos de sus partidarios. La noticia se extendió rápidamente y produjo animación y entusiasmo en las filas revolucionarias. Semanas después, el 6 de marzo, Madero con sus mejores tropas atacó la importante plaza de Casas Grandes, a punto de ser tomada si no hubiera sido por la llegada oportuna de refuerzos al mando del general Samuel García Cuéllar. Los revolucionarios sufrieron la primera seria derrota. Madero estuvo a punto de ser capturado pero logró escapar y retirarse en orden con el resto de su diezmada tropa. El general García Cuéllar recibió un balazo en una mano, siendo necesario amputársela desde luego. No obstante, no quiso entregar el mando a su segundo, el coronel Eguía Liz. Esto originó larga discusión y pérdida de tiempo. Si esto no hubiera sucedido, piensa el licenciado Ramón Prida, Madero hubiera caído en poder de las tropas federales, se hubiera consumado la derrota de los alzados y ese día tal vez, hubiera terminado la Revolución. No estamos de acuerdo con la opinión del señor Prida. Todo eso que dice pudo haber sucedido: aprehensión de Madero y completa derrota de los maderistas. Hasta podemos suponer algo más: que Madero hubiera sido fusilado. Pues bien, ni en ese caso extremo hubiera terminado la Revolución. Lo episódico hubiera sido distinto pero no se hubiera modificado en lo fundamental el cauce del río caudaloso de la historia; porque cuando hay desajustes en la vida social de un pueblo, y eso pasaba precisamente en México, existen fuerzas que actúan para restablecer el equilibrio perdido. El caudillo es secundario, que si perece en la lucha, siempre aparecerá uno nuevo para ocupar su puesto.

Un episodio que no debe pasar inadvertido en este breve relato, es la invasión de Baja California a fines de enero de 1911, por un grupo de mexicanos, norteamericanos y de otras nacionalidades, dirigido por Ricardo y Enrique Flores Magón. Este movimiento no tenía ninguna conexión con los maderistas de Chihuahua y de otras entidades federativas; fue del todo independiente y obedeció a ideas radicales de profunda transformación social. No pocos mexicanos, tanto partidarios del Gobierno como de los revolucionarios de Madero, se alarmaron al recibir la noticia de la toma de Mexicali por los magonistas —llamémosles así— más que por otra causa por miedo a la intervención de los Estados Unidos. Los magonistas tomaron también Tijuana; pero días después fueron completamente derrotados por las tropas de Celso Vega, jefe político de Ensenada. Según nuestras noticias, no es cierto que los Flores Magón intentaran organizar una república independiente en la Baja California, como se dijo por aquellos días en algunos periódicos y posteriormente por escritores mal informados. Los Flores Magón se lanzaron a la lucha armada de acuerdo con los principios del anarquismo internacional, con la pretensión de que fuera la base ideológica para la reorganización económica, social y política de México.

Por otra parte, veinte mil soldados norteamericanos se movilizaron a lo largo de la frontera con México. El Gobierno de Díaz pidió el retiro de esas tropas. Washington no lo hizo y dio la pueril explicación de que se trataba simplemente de maniobras militares periódicas. El hecho influyó psicológicamente tanto en el ánimo de los porfiristas como en el de los revolucionarios, y explica en parte el desarrollo de los acontecimientos posteriores. El recuerdo de 1847, la sombra trágica de los Estados Unidos proyectándose una vez más sobre el territorio de México, sobre el corazón de un pueblo en lucha por conquistar un poco de pan y de libertad.

En el curso del mes de marzo se lanzan a la lucha en el Estado de Morelos Torres Burgos y los hermanos Zapata. El primero muere apenas iniciada la campaña. En Guerrero también se aprestan a la lucha armada Ambrosio Figueroa, Juan Andrew Almazán y José I. Lugo. En otras partes hay también brotes revolucionarios. El Ejército federal comienza a ser insuficiente para combatir tantos focos de sedición y cada día empeora más la situación militar del Gobierno. El 16 de marzo el Gobierno de Díaz expide un decreto suspendiendo las garantías individuales en todo el territorio nacional.

Mientras tanto en Nueva York, de regreso de Europa, el señor don José Ives Limantour, ministro de Hacienda del régimen porfirista, conferencia con el doctor Vázquez Gómez, con don Venustiano Carranza y con algunos de los miembros de la familia Madero. Limantour, como es bien sabido, era la persona más influyente en el Gobierno de Díaz. El objeto de esas conferencias no fue otro que el de cambiar impresiones acerca de los medios para restablecer la paz. Limantour temía a la intervención armada de los Estados Unidos y lo mismo los del bando opuesto. Había que hacer la paz a toda costa; había que poner a salvo la integridad del territorio y la soberanía de la República. De modo que poco a poco se fue creando una psicosis pacifista entre buen número de los principales miembros del Gobierno y de la Revolución.

Todo parece indicar que a mediados del mes de marzo ni Madero ni Vázquez Gómez juzgaban indispensable la renuncia del viejo dictador para hacer la paz. En cambio, según Manuel Calero, para él, como para muchos, Limantour llegó a México en marzo de 1911 con el bien definido propósito de sacrificar al general Díaz. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que bien pronto se hizo sentir la presencia del ministro de Hacienda en la capital de la República. El general Díaz, viejo y achacoso —había cumplido 80 años—, ante la gravedad de la situación se dejó guiar por los consejos de aquél. «El Presidente —dice el mismo Calero— ya no tenía conciencia cabal de sus actos». Y agrega: «La conducta de Limantour no sólo fue torpe, sino falaz y traicionera». Todos convienen en que desde su regreso de Europa, Limantour abandonó a su suerte al grupo científico, del que había sido jefe durante largos años, y que muchos de sus actos por aquellos días dramáticos resultaban oscuros e inexplicables para sus amigos más cercanos. La explicación de que el ministro de Hacienda abandonara a su suerte a los llamados científicos, quizá se encuentra en los compromisos contraídos con don Bernardo Reyes en París, franco enemigo de aquéllos.

El 24 de marzo el general Díaz hace cambios importantes en su Gabinete, probablemente para facilitar las negociaciones de paz en proyecto y de acuerdo con el señor Limantour. El viejo león con el peso de los años había perdido su bravura y su decisión. El nuevo Gabinete quedó formado de la manera siguiente: Relaciones, Francisco León de la Barra; Gobernación, Miguel Macedo, con el carácter de subsecretario Encargado del Despacho; Justicia, Demetrio Sodi; Instrucción Pública, Jorge Vera Estañol; Fomento, Manuel Marroquín y Rivera; Comunicaciones, Norberto Domínguez; y en Hacienda y en Guerra quedaron los mismos: Limantour y González Cosío, respectivamente. No todos los hombres nuevos superaban a los antiguos. En algunos casos eran notoriamente inferiores como en el ramo de Instrucción Pública. Entre el maestro Justo Sierra y el abogado Vera Estañol había una enorme distancia a favor de aquél. Esto se ve hoy con mayor claridad que entonces; porque mientras la personalidad de uno ha crecido, la del otro se ha achicado de tal modo que ya apenas se advierte en el marco de la cultura nacional. Sierra había tenido dificultades y discusiones un tanto agrias con el ministro de Hacienda a propósito de problemas educacionales, en relación con el presupuesto de egresos. El educador y el hacendista no se entendían del todo bien; tenían opiniones divergentes en cuestiones fundamentales. Limantour creía que la inversión de capitales extranjeros en México nos traería el bienestar y la felicidad; Sierra pensaba que tales inversiones eran peligrosas porque nos subordinaban a otros países y a la larga podría comprometerse la independencia nacional. Y a Limantour se le presentó la oportunidad de deshacerse de un colega molesto, indeseable y peligroso.

El hecho de que quedara al frente de la Secretaría de Guerra y Marina el anciano general González Cosío, se explica porque don Porfirio no aceptó a última hora al general Bernardo Reyes, que había sido propuesto por Limantour. Reyes y Limantour, antiguos adversarios políticos, se habían reconciliado al encontrarse en más de una ocasión en la capital de Francia. Lo que sí aceptó el presidente Díaz fue que al general Reyes se le llamara de Europa con el propósito de encargarlo de la campaña en contra de los revolucionarios. Así se hizo cablegráficamente; pero como los acontecimientos se precipitaron, se le ordenó que esperara en La Habana hasta nueva orden. Cuando Reyes pisó tierra mexicana la Revolución había triunfado.

El 1.º de abril, acompañado de su nuevo Gabinete, el general Díaz se presentó a leer su informe ante el Congreso de la Unión. Lo más importante, más todavía, lo más sensacional de tal documento político, fue el anuncio de que muy en breve se enviaría a las Cámaras un proyecto de ley para hacer efectivo el sufragio y para establecer el principio de la no reelección. Con esta medida el general Díaz trató de arrebatar la bandera de lucha a los revolucionarios. De seguro fue demasiado tarde. Don Porfirio había perdido ya la confianza de la Nación y los efectos de la medida fueron enteramente contrarios a lo que él y sus más cercanos consejeros esperaban. La actividad revolucionaria continuaba sin tregua, con nuevos éxitos y cada vez con mayor ardor y decisión.

Desde comienzos de abril iniciaron gestiones de paz los señores Óscar Braniff y Toribio Esquivel Obregón, celebrando entrevistas con personas destacadas de la familia Madero. Esquivel Obregón y Braniff aseguraban por aquellos días que obraban por cuenta propia, sin ninguna representación oficial; mas la verdad no era ésa; la verdad era que habían sido enviados por el ministro Limantour. El doctor Vázquez Gómez sostuvo la opinión de que no debían llevarse a cabo pláticas sobre arreglos de paz sino tan sólo con representantes del Gobierno formalmente acreditados, con lo cual sería posible obtener de los Estados Unidos el reconocimiento de la beligerancia, es decir, algo así como la legitimidad desde un punto de vista internacional del movimiento revolucionario.

Mientras tanto Madero reúne todos sus elementos de combate y se aproxima a la población fronteriza de Ciudad Juárez, con el propósito de atacarla. Avanza con la gente de Pascual Orozco, Francisco Villa, José de la Luz Blanco, Marcelo Caraveo, José Inés Salazar, Emilio Campa y un tal José Garibaldi, descendiente, según se decía entonces, de gran héroe italiano. Total: muy cerca de tres mil hombres. Esto alarma al Gobierno porfirista de igual manera que al doctor Vázquez Gómez y a otros revolucionarios. Lo de siempre: el miedo a nuestros vecinos. Aquí es oportuno recordar las palabras de alguien que no hemos podido identificar: «¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos!».

Las fuerzas revolucionarias llegan frente a Ciudad Juárez. Entonces convienen en firmar un armisticio, don Francisco I. Madero por una parte, y por la otra el general Juan Navarro, defensor de la plaza. Inmediatamente principian las negociaciones de paz. El Gobierno del general Díaz nombra su representante al licenciado Francisco Carvajal y el jefe de la Revolución al doctor Vázquez Gómez, al licenciado José María Pino Suárez y a Francisco Madero padre. Después de varios días fracasan las negociaciones. El último día del armisticio termina el 6 de mayo.

El caudillo de la Revolución, según nuestro parecer y otras opiniones, tuvo siempre grandes simpatías por Limantour y creía que era indispensable su permanencia en la Secretaría de Hacienda. Además, cuando comenzaron las conversaciones de paz. Madero no pensaba que fuera necesaria la renuncia del general Díaz. Vázquez Gómez sostuvo parecer contrario. A su juicio no debía firmarse la paz sin la renuncia del autócrata y sin que quedara definitivamente fuera del Gobierno don José Ives Limantour. La opinión de Vázquez Gómez prevaleció y por eso se rompieron las negociaciones. El 7 de mayo, el general Díaz expidió un manifiesto dirigido al pueblo de México. En el primer párrafo se lee:

«La rebelión iniciada en Chihuahua en noviembre del año pasado, que, por las escabrosidades del terreno no pudo sofocarse a tiempo, ha soliviantado en otras regiones de la República las tendencias anárquicas y el espíritu de aventura, siempre latentes en algunas capas sociales de nuestro pueblo. El Gobierno que presido acudió, como era de su estricto deber, a combatir en el orden militar el movimiento armado, y en el orden político —el Presidente de la República en el informe que rindió ante el Congreso de la Unión, en primero de abril próximo anterior, declaró ante todo el país y ante todo el mundo civilizado, que era su propósito entrar en un camino de reformas políticas y administrativas— en acatamiento de las justas y oportunas demandas de la opinión pública. Es público y notorio que el Gobierno, desentendiéndose del cargo que se le hace de no obrar espontáneamente, sino bajo la presión de la rebelión, ha entrado de lleno en el camino de las reformas prometidas».

Tardíamente el Gobierno de Porfirio Díaz se había dado cuenta de algunas de las necesidades y aspiraciones del pueblo mexicano, que debieron haberse satisfecho años antes para evitar la guerra civil y sus consecuencias lamentables de pérdidas de vidas y de riqueza. En los dos últimos párrafos del Manifiesto se expresa: «El Presidente de la República, que tiene la pena de dirigirse al pueblo en estos solemnes momentos, se retirará, sí, del poder, pero como conviene a una Nación que se respeta, como corresponde a un mandatario que podrá sin duda, haber cometido errores, pero que en cambio también ha sabido defender a su patria y servirla con lealtad.

»El fracaso de las negociaciones de paz traerá consigo la recrudescencia de la actividad revolucionaria. El Gobierno, por su parte, redoblará sus esfuerzos contando con la lealtad de nuestro heroico ejército para sojuzgar la rebelión y someterla al orden; pero para conjurar pronta y eficazmente los inminentes peligros que amenazan nuestro régimen social y nuestra autonomía nacional, el Gobierno necesita del patriotismo y del esfuerzo generoso del pueblo mexicano: con él cuenta y con él está seguro de salvar a la patria».

De manera que el 7 de mayo de 1911, vale la pena subrayar el hecho, el general Díaz anunciaba al país que dejaría el poder cuando se lo dijera su conciencia y anunciaba también que ante el fracaso de las negociaciones de paz en Ciudad Juárez, el Gobierno iba a redoblar sus esfuerzos para combatir a los rebeldes y someterlos al orden; pero para lograrlo y salvar a la patria del peligro que amenazaba al régimen social y a la autonomía de la Nación, es decir, de la anarquía y de la intervención extranjera, el viejo caudillo reclamaba la ayuda decidida y generosa del pueblo mexicano; reclamaba a la hora del peligro la ayuda generosa y decidida de un pueblo al que él, Porfirio Díaz, había olvidado desde hacía un cuarto de siglo.

Al terminar el último día del armisticio concertado entre don Francisco I. Madero y el general Navarro, sin que hubiera sido posible llegar a ninguna resolución, las fuerzas revolucionarias rodeaban Ciudad Juárez y se hallaban en varios lugares a un tiro de fusil de los defensores de la plaza. Muy a menudo soldados del Gobierno y maderistas se gritaban palabras soeces e injuriosas. Esto, precisamente, sucedió el 8 de mayo. Las injurias subieron de tono y comenzó el tiroteo que rápidamente se fue generalizando hasta transformarse en un ataque vigoroso y por todos los rumbos de la población fronteriza. Ya nadie pudo detener el ímpetu de los soldados de uno y otro bando. Después de tres días de rudos combates, Ciudad Juárez cayó en poder de la Revolución.

Inmediatamente después de ocupada la plaza y de resolver los problemas más urgentes, el señor Madero, en su carácter de Presidente provisional, nombró miembros de su Gabinete a las personas siguientes: doctor Francisco Vázquez Gómez, en Relaciones; licenciado Federico González Garza, en Gobernación; licenciado José María Pino Suárez, en Justicia; ingeniero Manuel Bonilla, en Comunicaciones; y señor Venustiano Carranza, en Guerra y Marina.

El general Juan Navarro, que durante la campaña militar en contra de los revolucionarios había sido cruel fusilando en más de una ocasión a los prisioneros, era justificadamente odiado por las tropas de Orozco, de Villa y de los otros jefes maderistas. Al caer prisionero. Villa y Orozco trataron de pasarlo por las armas. Madero se opuso y a riesgo de su propia vida salvó la del general Navarro, llevándolo personalmente al lado norteamericano, acto generoso que disgustó a los jefes de la Revolución. El disgusto fue tal que Orozco y otros jefes iniciaron un movimiento de rebeldía en contra de Madero. Éste, al saberlo, se dirigió al lugar en que se encontraban los presuntos sublevados; le habló a la tropa en elocuente discurso y el peligro fue conjurado. Estos actos de generosidad y de valor de Madero, de que se ocupaban los periódicos de la capital de la República, principalmente El País, diario católico dirigido por el polemista Trinidad Sánchez Santos, aumentaron de modo sorprendente la popularidad del caudillo de la Revolución. El valor y la bondad son virtudes que siempre apasionan y entusiasman a los pueblos.

La victoria alcanzada por Madero y sus huestes en Ciudad Juárez tuvo una importancia considerable en los acontecimientos posteriores. La opinión pública se inclinó decididamente a favor de Madero y todos los días aparecían en diferentes lugares de la nación numerosos grupos armados. El doctor Francisco Vázquez Gómez, que se oponía al ataque a Ciudad Juárez por temor a los Estados Unidos, escribe en sus Memorias políticas: «Convengo, claro está, en que la toma de Ciudad Juárez sin incidente internacional, contribuyó grandemente al triunfo de la Revolución; más por su influencia moral, que fue decisiva, que por su importancia militar». Y el miembro del grupo científico, licenciado Ramón Prida, dice por su parte en su libro De la dictadura a la anarquía, sobre el mismo asunto: «La caída de Ciudad Juárez fue el golpe de gracia al Gobierno del general Díaz. Con una sola batalla ganada, con la toma de una plaza sin importancia, como Ciudad Juárez, la revolución iniciada en noviembre de 1910 había triunfado. No eran las armas, sino la opinión pública, la que venció». Lo cierto es que muy pocos días después de la caída de Ciudad Juárez, se concertó otro armisticio entre el Gobierno de don Porfirio y la Revolución. Se nombraron los mismos plenipotenciarios y se reanudaron las pláticas para restablecer la paz.

El radicalismo y la intransigencia de Vázquez Gómez triunfó al fin sobre la opinión moderada de la familia Madero y la del jefe de la Revolución. Éstos estaban conformes en que continuara en el poder el general Díaz y su ministro de Hacienda, mientras aquél juzgaba indispensable la renuncia de ambos para garantizar el triunfo de los ideales por los que se había luchado, por los que se habían destruido no pocas riquezas y segado numerosas vidas.

El día 21 de mayo por la noche, frente a la Aduana de Ciudad Juárez, se firmó el convenio de paz que se transcribe a continuación:

«En Ciudad Juárez, a los veintiún días del mes de mayo de mil novecientos once, reunidos en el edificio de la Aduana fronteriza, los señores licenciados Francisco S. Carvajal, representante del Gobierno del señor general D. Porfirio Díaz; D. Francisco Vázquez Gómez; D. Francisco Madero y licenciado D. José María Pino Suárez, como representantes los tres últimos de la Revolución para tratar sobre el modo de hacer cesar las hostilidades en todo el territorio nacional y considerando:

»Primero. Que el señor general Porfirio Díaz ha manifestado su resolución de renunciar la Presidencia de la República, antes de que termine el mes en curso;

»Segundo. Que se tienen noticias fidedignas de que el señor Ramón Corral renunciará igualmente a la Vicepresidencia de la República dentro del mismo plazo;

»Tercero. Que por ministerio de la ley el señor licenciado don Francisco L. de la Barra, actual secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno del señor general Díaz, se encargará interinamente del Poder Ejecutivo de la Nación y convocará a elecciones generales dentro de los términos de la Constitución;

»Cuarto. Que el nuevo Gobierno estudiará las condiciones de la opinión pública en la actualidad para satisfacerlas en cada Estado dentro del orden constitucional y acordará lo conducente a las indemnizaciones de los perjuicios causados directamente por la Revolución, las dos partes representadas en esta conferencia, por las anteriores consideraciones, han acordado formalizar el presente

CONVENIO

»Único. Desde hoy cesarán en todo el territorio de la República las hostilidades que han existido entre las fuerzas del Gobierno del general Díaz y las de la Revolución; debiendo éstas ser licenciadas a medida que en cada Estado se vayan dando los pasos necesarios para restablecer y garantizar la paz y el orden público.

»Transitorio. Se procederá desde luego a la reconstrucción o reparación de las vías telegráficas y ferrocarrileras que hoy se encuentran interrumpidas.

»El presente convenio se firma por duplicado».

Claramente se ve que el convenio fue una transacción entre el Gobierno y la Revolución, puesto que desde aquellos momentos don Francisco I. Madero ya no pretendió ser el Presidente provisional de la República.

Se refiere que don Venustiano Carranza al conocer el Convenio de Paz dijo: «Revolución que transa, Revolución perdida». Pero nosotros nos preguntamos, ¿a qué se debió la transacción? A nuestro juicio se debió a que tanto el gobierno del general Díaz como los revolucionarios temían la intervención de los Estados Unidos en México. Allí estaban de avanzada los veinte mil hombres del ejército norteamericano en la frontera. No se olvide que el gobierno del presidente Taft había heredado el poder de Teodoro Roosevelt, el de «the big stick and the dollar diplomacy». De suerte que puede decirse que tanto el gobierno porfirista como sus adversarios sacrificaron sus posiciones anteriores por poner a salvo la autonomía de la nación. Esto no sabemos que se haya dicho expresa y claramente por ningún historiador o cronista de aquellos sucesos como nosotros aquí lo asentamos; y a la distancia de los sesenta años transcurridos, es de justicia reconocer el patriotismo de los bandos en pugna.

Blas Urrea, que conocía bien la realidad política, social y económica del país, se dirigió a Madero por medio de una carta abierta que apareció publicada en varios periódicos. La carta tiene tal significación y tales méritos, que vale la pena reproducir aquí por lo menos algunos de sus párrafos. Blas Urrea escribió:

«Las revoluciones son siempre operaciones dolorosísimas para el cuerpo social; pero el cirujano tiene ante todo el deber de no cerrar la herida antes de haber limpiado la gangrena. La operación, necesaria o no, ha comenzado: usted abrió la herida y usted está obligado a cerrarla; pero guay de usted, si acobardado ante la vista de la sangre o conmovido por los gemidos de dolor de nuestra patria cerrara precipitadamente la herida sin haberla desinfectado y sin haber arrancado el mal que se propuso usted extirpar; el sacrificio habría sido inútil y la historia maldecirá el nombre de usted, no tanto por haber abierto la herida, sino porque la patria seguirá sufriendo los mismos males que ya daba por curados y continuaría además expuesta a recaídas cada vez más peligrosas, y amenazada de nuevas operaciones cada vez más agotantes y cada vez más dolorosas».

Le dijo que su responsabilidad es tal que «si no acierta a percibir con claridad las reformas políticas y económicas que exige el país, correrá usted el riesgo de dejar vivos los gérmenes de futuras perturbaciones de la paz, o de no lograr restablecer por completo la tranquilidad en el país».

Blas Urrea tuvo razón al sospechar lo que sospechó. El cirujano don Francisco I. Madero cerró la herida precipitadamente sin extirpar la parte gangrenada; no pudo ver con claridad las reformas económicas y sociales que reclamaba el pueblo mexicano, y dejó vivos los gérmenes de nuevas y prolongadas perturbaciones.

Por otra parte, fue seguramente un serio error del Convenio de Ciudad Juárez el compromiso de licenciar las tropas maderistas contraído por los plenipotenciarios de la Revolución. Los licenciamientos, no obstante que sólo parcialmente se llevaron al cabo, produjeron hondo malestar y descontento entre los que habían arriesgado la vida para combatir al régimen porfirista, originando desde luego y poco más tarde, múltiples y graves problemas de muy difícil solución.

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que después del triunfo de Ciudad Juárez crecieron, con explicable rapidez, numerosas fuerzas rebeldes improvisadas que tomaron fácilmente buen número de poblaciones importantes. La prensa del país, antes gobiernista, fue dando el viraje con rapidez sorprendente a favor de Madero y de su causa.

En la ciudad de México se anunció que el general Díaz y el señor Corral presentarían las renuncias de sus cargos el día 24 de mayo. Las tribunas de la Cámara de Diputados se llenaron de un público expectante. Al no presentarse las renuncias comenzaron los gritos y las protestas ruidosas del público. Las personas que ocupaban las tribunas y las que esperaban en las calles organizaron una manifestación, vitoreando a Madero y lanzando mueras al general Díaz. Varios edificios fueron lapidados. La muchedumbre a cada instante más desordenada y ululante se dirigió al Palacio Nacional. La tropa hizo fuego y quedaron tendidos sobre el asfalto manchado de rojo doce muertos y veinte heridos.

El general Díaz no estaba dispuesto a presentar su renuncia. Parece que vaciló hasta los últimos momentos. Un grupo de generales le pedía que continuara en el poder y le ofrecían ir a pelear en los campos de batalla; sus familiares, Limantour, De la Barra y Vera Estañol —según José R. del Castillo en su Revolución social de México— ejercían presión en él para arrancarle la renuncia. Al fin cedió el orgullo del octogenario. Su renuncia y la de Corral fueron presentadas el día 25. La renuncia de Corral se aceptó por unanimidad; la de Díaz se aceptó; pero hubo dos votos en contra: el de Benito Juárez Maza y el de José Peón del Valle. Hermosa actitud romántica, totalmente inútil, de uno y otro.

La renuncia del general Porfirio Díaz a la presidencia que ocupara durante treinta años es un documento histórico que merece reproducirse aquí:

«El pueblo mejicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra internacional, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para robustecer la industria y el comercio de la República, fundar su crédito, rodearle de respeto internacional y darle puesto decoroso ante las naciones amigas; ese pueblo, señores diputados, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el Supremo Poder Ejecutivo es la causa de la insurrección.

»No conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social: pero admitiendo sin conceder que puedo ser culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mí la persona menos a propósito para raciocinar y decidir sobre mi propia culpabilidad. En tal concepto, respetando como siempre he respetado la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal, vengo ante la Suprema Representación de la Nación a dimitir el cargo de Presidente Constitucional con que me honró el voto nacional; y lo hago con tanta más razón, cuanto que para retenerle sería necesario seguir derramando sangre mejicana, abatiendo el crédito de la nación, derrochando su riqueza, cegando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos internacionales.

»Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado hará surgir en la conciencia nacional un juicio correcto, que me permita morir llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas».

López Portillo y Rojas, al referirse a la renuncia de don Porfirio, opina en términos nada favorables y hasta un tanto duros y apasionados. A tal respecto escribe estos dos párrafos:

«El documento fue visto con frialdad por la mayoría y pareció que no estaba a la altura de las circunstancias. El único resultado profundo, inmenso, verdaderamente general que produjo, fue el de una desbordada alegría, porque se vio en él la terminación de la lucha y el cumplimiento de un anhelo popular.

»Entretanto, Díaz y su familia habían quedado solos, enteramente solos, en su mansión de la calle de Cadena. El autócrata había engañado a los científicos, a Limantour, a sus amigos, a sus partidarios; había jugado con todo y con todos, y en la hora suprema del descenso, de la caída, no había quien se le quisiese acercar. A solas y con el mayor sigilo, arregló su salida de la capital en tren expreso, que lo condujo a Veracruz… De nadie se despidió, ni de sus más fieles amigos; Limantour mismo ignoró su escapatoria».

Es cierto, la renuncia no estuvo a la altura de las circunstancias; se mezclaban en ella la verdad y la mentira; el orgullo y la humildad; el reproche y el halago al pueblo que había gobernado despóticamente. Es cierto, al general Porfirio Díaz le faltó grandeza en el momento amargo de la derrota. No puede negarse que los mexicanos lo colmaron de honores pero no es cierto que lo hubieran proclamado su caudillo durante la intervención francesa. Él fue uno de los caudillos, no el único. Se vienen a la memoria los nombres de Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, Mariano Escobedo, Santos Degollado y algunos más de primera fila, de la misma categoría que don Porfirio. Hace notar la importancia de la obra administrativa por él realizada y finge sorpresa por la insurrección de «bandas milenarias». La última parte de la renuncia es patética. Espera confiado el juicio favorable sobre la obra realizada, y así morir llevando en el fondo de su alma la estimación de sus compatriotas. Murió en tierra extranjera el 2 de julio de 1915 y todavía espera el fallo definitivo de la historia.

El ex Presidente salió de la ciudad de México para Veracruz el mismo día 25 de mayo. Lo acompañaron su familia, el general Félix Díaz y los señores Fernando y Manuel González. La escolta que custodió el tren estuvo al mando del general Victoriano Huerta, que tan siniestro papel habría de desempeñar poco más tarde en la historia de México. Su nombramiento, según Prida, «se debió a una casualidad, pues el general Díaz jamás le tuvo confianza». El parecer de Prida nos parece correcto.

Y el hombre extraordinario que rigiera los destinos de México durante varios lustros, el héroe y dictador, el octogenario cargado de experiencias, de gloria y de desengaños, se embarcó en el vapor «Ipiranga» rumbo a Europa el día 27 entre el aplauso, los vítores y las lágrimas del noble pueblo veracruzano. Ante la desgracia del anciano caudillo, el pueblo olvidaba los agravios sufridos y daba un claro ejemplo de su enorme nobleza.

Don Francisco León de la Barra ocupó la Presidencia de la República el 26 de mayo. Su Gabinete, designado de acuerdo con Madero, quedó integrado en la forma siguiente: Relaciones, Bartolomé Carbajal y Rosas; Gobernación, Emilio Vázquez Gómez; Justicia, Rafael L. Hernández; Instrucción Pública, Francisco Vázquez Gómez; Fomento, Manuel Calero; Comunicaciones, Manuel Bonilla; Hacienda, Ernesto Madero; Guerra y Marina, Eugenio Rascón Solamente tres de los miembros del Gabinete eran revolucionarios: los dos Vázquez Gómez y Bonilla. Rafael L. Hernández y Ernesto Madero eran parientes del caudillo de la Revolución triunfante, pero ligados al porfirismo. A Calero podemos clasificarlo como independiente y de ideas democráticas moderadas; a Carbajal y Rosas como diplomático de carrera y amigo de De la Barra, y a Rascón, simplemente como un viejo general.

El viaje de Madero de Ciudad Juárez a la capital de la República fue una marcha triunfal; fue vitoreado en todo el trayecto con entusiasmo delirante. El 7 de junio llegó a México a las doce treinta de la tarde. Lo esperaban cien mil personas para aclamarlo. Las muestras espontáneas, enteramente espontáneas de adhesión y cariño que le tributó el pueblo en esa ocasión, no habían tenido paralelo en la historia de México con caudillo alguno, excepción hecha quizá en la entrada de Iturbide al frente del Ejército Trigarante, al consumarse la Independencia política de México el 27 de septiembre de 1821; y después del 7 de junio de 1910[6] no ha sucedido nada semejante, si se excluye la que tuvo lugar en marzo de 1938 con motivo de la expropiación de los bienes de las empresas petroleras.

Pero en medio del júbilo popular algunos hombres despechados, llenos de odio, esperaban agazapados en la sombra la hora de la venganza.

ANEXO 6

UN NOTABLE ARTÍCULO DE LUIS CABRERA

TITULADO

«LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO»[7]

Principios de abril de 1911

DESPUÉS de haber procurado demostrar en tres artículos políticos que se publicaron en El Diario del Hogar de esta capital y en La Opinión de Veracruz, que los medios empleados por el Gobierno del general Díaz para restablecer la paz han sido ineficaces, me propongo ahora exponer los remedios que en mi concepto debería emplear el Gobierno para lograr ese fin.

Analizaré, pues, con la concisión que permite la complejidad del asunto: a) la materia del conflicto; b) las reformas legislativas que deben hacerse; y c) las bases de una transacción que podía celebrarse.

LAS CAUSAS DEL CONFLICTO

La prensa semioficial comenzó sosteniendo que la actual perturbación de la paz se debía a la ambición personal de Madero y de sus amigos; pero las proporciones alarmantes que ha tomado la Revolución han hecho comprender que el verdadero origen del movimiento revolucionario es un gran malestar social respecto del cual el levantamiento de Madero no fue más que el reactivo que lo puso en fermentación.

Las principales causas de descontento que la opinión pública ha podido precisar, clasificadas según su origen aparente, son las siguientes:

El caciquismo: o sea la presión despótica ejercida por las autoridades locales que están en contacto con las clases proletarias, y la cual se hace sentir por medio del contingente, de las prisiones arbitrarias, de la ley fuga, y de otras múltiples formas de hostilidad y de entorpecimiento a la libertad del trabajo.

El peonismo: o sea la esclavitud de hecho o servidumbre feudal en que se encuentra el peón jornalero, sobre todo el enganchado o deportado del sureste del país, y que subsiste debido a los privilegios económicos, políticos y judiciales de que goza el hacendado.

El fabriquismo: o sea la servidumbre personal y económica a que se halla sometido de hecho el obrero fabril, a causa de la situación privilegiada de que goza en lo económico y en lo político el patrón, como consecuencia de la protección sistemática que se ha creído necesario impartir a la industria.

El hacendismo: o sea la presión económica y la competencia ventajosa que la gran propiedad rural ejerce sobre la pequeña, a la sombra de la desigualdad en el impuesto, y de una multitud de privilegios de que goza aquélla en lo económico y en lo político y que producen la constante absorción de la pequeña propiedad agraria por la grande.

El cientificismo: o sea el acaparamiento comercial y financiero y la competencia ventajosa que ejercen los grandes negocios sobre los pequeños, como consecuencia de la protección oficial y de la influencia política que sus directores pueden poner al servicio de aquéllos.

El extranjerismo: o sea el predominio y la competencia ventajosa que ejercen en todo género de actividades los extranjeros sobre los nacionales, a causa de la situación privilegiada que les resulta de la desmedida protección que reciben de las autoridades y del apoyo y vigilancia de sus representantes diplomáticos.

Todas estas y otras causas de descontento que no han llegado a precisarse todavía, son de naturaleza tan varia, que cada individuo, según su ocupación, su raza, su posición social, las juzga de distinto modo: para el agricultor el problema es agrario; para el comerciante, es económico; para el obrero, es industrial; para el abogado, es jurídico; para el político, es democrático; para el proletario, lo es todo.

Es un error, sin embargo, creer que las causas del malestar sean exclusivamente económicas, o exclusivamente internacionales, o exclusivamente de raza; ni que esas causas sean comunes a todas las clases sociales o a todas las regiones del país, sino que son tan complejas, que ni siquiera puede decirse de qué naturaleza principal son para cierta región o para cierta clase social.

Pero así como las enfermedades, que cualquiera que sea su etiología o su naturaleza, casi todas se manifiestan por medio de la fiebre, que es el síntoma más común de un estado patológico, así también en las sociedades, cualesquiera que sean sus males, éstos se traducen siempre por el síntoma de la fiebre política, lo cual hace suponer que el problema es solamente político.

Mas como el síntoma político es de fácil percepción y el único que admite remedios directos, en todas las crisis sociales los esfuerzos principales tienden a resolver la cuestión política. Esta conducta se explica porque, así como en las enfermedades puede llegar un momento en que la fiebre constituya por sí sola el peligro principal que hay que conjurar, así también en las sociedades hay situaciones en que la crisis política por sí sola es tan grave, que debe atenderse con preferencia respecto de los otros problemas, aunque éstos sean en el fondo las causas principales del mal. Tal es nuestra situación en los momentos actuales.

Es, pues, necesario conocer las necesidades políticas y urgente atender a remediarlas.

El problema político de México puede resumirse como sigue:

Las leyes constitucionales y sus derivados garantizan para todos los habitantes de la República una suma igual de libertades personales, civiles y políticas; esas leyes, en teoría, son todo lo avanzadas que pudiera desearse y están a la altura de las que puedan existir en cualquier país civilizado. Pero esas leyes no se ejecutan con igualdad, sino que su aplicación se había venido dejando al prudente arbitrio del Presidente de la República, de los gobernadores de los Estados y aun de las pequeñas autoridades locales. Así venían las cosas desde mucho tiempo atrás, aunque sin hacerse sentir con caracteres de malestar, sino que por el contrario se explicaba esa suspensión discrecional de garantías como una necesidad del momento para obtener la consolidación de la paz.

Desde que el general Díaz reasumió la Presidencia en 1884, los principios de libertad y de igualdad conquistados en 1857 no habían sido puestos en vigor, porque se suponía que lo más conveniente era dejar al criterio del general Díaz el decidir hasta dónde podían cumplirse las leyes y en qué casos aconsejaba la prudencia una tiranía convencional.

El resultado de este sistema ha sido que los extranjeros y un reducido grupo de privilegiados gozaran aún mayores garantías y mayores libertades que las que teóricamente conceden las leyes; que otra clase social más numerosa, pero también limitada, gozara escasamente con más o menos esfuerzo de conquista, de esas libertades, mientras que la gran mayoría de la nación y sobre todo las clases proletarias, casi no tuvieran garantías ningunas, ni disfrutaran de libertades, ni pudieran ejercer los derechos que las leyes les conceden en teoría.

Mientras esta desigualdad se consideró como una situación transitoria todos se sometieron a ella, reconociendo su necesidad. Pero he ahí que la larga práctica de no aplicar las leyes convirtió en costumbre lo que no se había pensado que fuera más que una excepción, y que los beneficiados con esa costumbre comenzaran a pensar en la conveniencia de que el sucesor del general Díaz continuara también «su sabia política», erigida en el sistema de Gobierno.

Las clases proletarias que ya comenzaban a resentir las consecuencias de la persistencia del sistema personalista, protestan por primera vez, y ya para la segunda reelección del general Díaz en 1892, se dieron cuenta de que la mencionada política era innecesaria e inconveniente. En 1899 esa política, que se ha venido considerando como personal y exclusiva del general Díaz, no contaba con la tolerancia general, la prueba es que para que pudiera continuarse requirió el apoyo de algunos trabajos políticos en que tomaron parte los extranjeros y las demás clases beneficiadas con ella. Pero cuando se hicieron evidentes el malestar y el descontento de las clases proletarias, fue en 1907 en ocasión de la crisis económica por la cual atravesaba el país.

Hasta entonces el malestar social no había tenido manifestaciones políticas, sino caracteres sumamente vagos, que no podían precisarse. Pero cuando en 1909 el general Díaz declaró en la famosa entrevista Creelman que deseaba retirarse a la vida privada, el espíritu público se vio obligado a despertar y el problema se concretó: ¿Debía o no continuarse la política que había venido empleando el general Díaz?

Con este motivo se acentuaron dos tendencias y se delinearon dos partidos políticos: Uno, el de la minoría dominante y privilegiada, que deseaba la continuación del mismo estado de cosas, notoriamente favorable a sus intereses; otro, el de la mayoría dominada, que deseaba algún cambio que no acertaba a definir.

El primero se llamó o pudo llamarse partido reeleccionista, continuista, neoconservador, etc. El segundo se llamó o pudo llamarse reformador, renovador, igualitario, etc.

El partido continuista expuso claramente su programa diciendo que lo único deseable para México era la reelección constante de funcionarios y la «continuación de la sabia política del general Díaz» personalizada en la candidatura «Díaz-Corral».

El partido renovador, con menos elementos y menos facilidades para organizarse, manifestó sus deseos de que se efectuara «algún cambio» que rompiera la monotonía del continuismo y se opuso a la candidatura Díaz-Corral. Tres fueron los principales subgrupos de este partido: los demócratas que hicieron gran labor doctrinal y de propaganda, pero que no llegaron a la lucha electoral; los reyistas que mostraron grandes energías y que habrían llegado hasta el fin de la campaña, si no hubieran quedado sin jefe antes de las elecciones federales; y los antirreeleccionistas que considerados como utopistas y mirados con indiferencia y hasta con desprecio en un principio, hallaron sin embargo un hombre alrededor del cual pudieron adquirir cohesión y llegaron hasta la lucha electoral, en la cual fueron arrollados enteramente por el Gobierno del general Díaz, que naturalmente se había aliado a los continuistas.

El partido continuista se preparaba ya a saborear su triunfo cuando uno de los grupos del partido renovador se levantó en armas.

La aventura fue calificada de absurda y descabellada. El mismo general Díaz declaró públicamente poder dominar muy pronto la situación suponiendo que contaba, como en otras épocas, con toda la opinión pública; pero después de cuatro meses de esfuerzos ha visto que es difícil dominar la Revolución porque tiene que habérselas no solamente con la rebeldía armada de los antirreeleccionistas, sino también con la rebeldía pacífica de los demás renovadores, y aun con la hostilidad pasiva de los continuistas, que en los momentos de crisis se han desentendido de sus deberes de partido, y han entrado en esa neutralidad desconfiada y egoísta, peculiar de los cómplices que eluden la responsabilidad de un fracaso.

El general Díaz, convencido de la verdadera dificultad de sofocar el movimiento, y en el temor de que se prolongue esta situación o de que surjan complicaciones internacionales, está procurando, bajo la dirección del señor Limantour, emplear otros medios que no sean los que siempre se habían empleado en estos casos.

Al efecto, y sin dejar de mostrar un desprecio oficial a los rebeldes, ha enarbolado la bandera de la Revolución misma declarando que ya no es continuista, sino renovador, y que se halla dispuesto a introducir en las leyes, en su sistema de Gobierno y en el personal de su administración, los cambios que exige el partido renovador.

Ahora bien, las promesas de reformas del Gobierno no resultaron todo lo explícitas ni todo lo radicales que algunos esperaban que serían en vista de la gravedad de la situación, dando por resultado que los revolucionarios dudaron de la buena fe y de la aptitud del Gobierno del general Díaz para llevarlas a cabo. Por otra parte, como los cambios efectuados en el Gabinete del general Díaz no parecieron indicio claro de que éste se propusiera cambiar de sistema político, no es de extrañar que los antirreeleccionistas levantados en armas no hayan dado paso a deponerlas y crean que la actitud del general Díaz es una simple estratagema para debilitarlos.

Por su parte, los demás renovadores se mantienen en actitud de reserva expectante, mientras que los continuistas comienzan a hacer oír un sordo rumor de desconfianza y desaprobación.

ANEXO 7

MANIFIESTO DEL GENERAL DÍAZ[8]

MANIFIESTO A LA NACIÓN

Mexicanos:

La rebelión iniciada en Chihuahua en noviembre del año pasado, que, por las escabrosidades del terreno no pudo sofocarse a tiempo, ha soliviantado en otras regiones de la República las tendencias anárquicas y el espíritu de aventura, siempre latentes en algunas capas sociales de nuestro pueblo. El Gobierno que presido acudió, como era de su estricto deber, a combatir en el orden militar el movimiento armado, y en el orden político —el Presidente de la República en el informe que rindió ante el Congreso de la Unión, en primero de abril próximo anterior, declaró ante todo el país y ante todo el mundo civilizado, que era su propósito entrar en un camino de reformas políticas y administrativas— en acatamiento de las justas y oportunas demandas de la opinión pública. Es público y notorio que el Gobierno, desentendiéndose del cargo que se le hace de no obrar espontáneamente, sino bajo la presión de la rebelión, ha entrado de lleno en el camino de las reformas prometidas.

Con esto el Gobierno Federal en lo que de él depende; el Poder Legislativo de la Unión y los Poderes locales, se proponen desarmar a aquellos de nuestros conciudadanos que se hayan lanzado de buena fe a la guerra, en pos de principios políticos, ya que los poderes constituidos se adelantan a la realización de sus anhelos; y se proponen también, principalmente, garantizar a la gran masa de nuestros conciudadanos, de hábitos pacíficos y laboriosos, de tendencias evolutivas y progresistas, que el Gobierno procede de buena fe y que no tiene otra preocupación que el establecimiento de la paz por cualquier medio, con tal que sea decoroso y digno.

Entretanto el Gobierno se aplicaba a la doble labor de combatir con las armas la rebelión y dar garantías para las promesas a la opinión pública, algunos ciudadanos patriotas y de buena voluntad se ofrecieron espontáneamente a servir de mediadores entre los jefes rebeldes y el Gobierno, con el propósito laudable de provocar pláticas de concordia y de paz. El Presidente de la República no podía prohijar estos buenos oficios sin desconocer los títulos legítimos de su autoridad; pero tampoco podía negarse a oír palabras de paz, porque todo su anhelo es restablecerla a costa de cualquier esfuerzo, a costa de cualquier sacrificio personal. Así pues, sin coartar para nada su libertad de acción, y sin rebajar la autoridad de la Nación que representa, manifestó a los mediadores oficiosos que escucharía con gusto las proposiciones que vinieran del campo rebelde en demanda de paz. El resultado de esta iniciativa privada fue, como se sabe, que se concertara un armisticio entre el comandante de las fuerzas federales en Ciudad Juárez y los jefes alzados en armas que operan en aquella región, para que durante la tregua se presentaran al Gobierno las condiciones o bases a que había de sujetarse el desarme de la rebelión.

El Presidente constituyó su delegado en la persona del señor licenciado don Francisco Carvajal, magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como se ve por las instrucciones que se le dieron, el Gobierno estaba dispuesto a llevar su espíritu de concordia y liberalidad hasta donde lo permitiera el decoro de la República y los intereses mismos de la paz.

Infortunadamente, la buena voluntad del Gobierno se interpretó, por los jefes rebeldes, como debilidad o poca fe en la justicia de su causa; ello es que las negociaciones fracasaron por las exorbitancias de las demandas revolucionarias, de todo punto incompatibles con un régimen legal.

Ahora, con pleno conocimiento de causa, diga cualquier hombre de corazón bien puesto de parte de quién queda la responsabilidad del fracaso de las negociaciones de paz.

La renuncia del Presidente de la República, que exigía la rebelión, dejaría en estos momentos tan difíciles sin jefe reconocido a la Nación y el Ejército, cuya conducta bizarra y ejemplar unida al buen sentido del pueblo mexicano, es el punto de apoyo firme de la situación. No es, pues, una inspiración de la vanidad personal del que habla, para quien el Poder no tiene ya sino amargos sinsabores y grandes responsabilidades, lo que le hizo negarse a la exigencia de la rebelión; no: es el deber, el supremo deber que tiene de dejar al país dentro del orden y de la ley, o de hacer un sacrificio, aun de la propia vida, para conseguirlo.

Por otra parte, hacer depender la Presidencia de la República, es decir, la autoridad soberana de la Nación, de la voluntad o el deseo de un grupo de ciudadanos más o menos numeroso, de ciudadanos armados, no es, ciertamente, establecer la paz, que siempre debe tener por base el respeto a la ley, sino por el contrario, abrir en nuestra historia un siniestro periodo de anarquía cuyo imperio y consecuencias nadie puede prever.

El Presidente de la República, que tiene la pena de dirigirse al pueblo en estos solemnes momentos, se retirará, si, del Poder, pero como conviene a una Nación que se respeta, como corresponde a un mandatario que podrá, sin duda, haber cometido errores, pero que en cambio, también ha sabido defender a su Patria y servirla con lealtad.

El fracaso de las negociaciones de paz traerá consigo la recrudescencia de la actividad revolucionaria. El Gobierno, por su parte, redoblará sus esfuerzos contando con la lealtad de nuestro heroico ejército para sojuzgar la rebelión y someterla al orden; pero para conjurar pronta y eficazmente los inminentes peligros que amenazan nuestro régimen social y nuestra autonomía nacional, el Gobierno necesita del patriotismo y del esfuerzo generoso del pueblo mexicano: con él cuenta y con él está seguro de salvar a la Patria.

CAPÍTULO VI

Los grandes periódicos capitalinos contra la Revolución y su caudillo. Madero disuelve arbitrariamente el Partido Antirreeleccionista. La Revolución comienza a dividirse. Lucha en Puebla entre federales y maderistas. Una carta de Federico González Garza a don Francisco I. Madero. El Partido Constitucional Progresista y la designación de Pino Suárez como candidato a la Vicepresidencia de la República. El Gobierno de De la Barra hace imposible el licenciamiento de las fuerzas de Emiliano Zapata y comienza de nuevo la guerra intestina. Arreglos con la tribu yaqui. Un manifiesto anarquista de Ricardo Flores Magón. El triunfo de la fórmula Madero-Pino Suárez en las elecciones de octubre. Madero, presidente.

DESPUÉS de la caída de Ciudad Juárez en poder de los revolucionarios y mientras se discutían los tratados de paz, se multiplicaron, como ya se dijo, los levantamientos armados en toda la República y aumentó de manera asombrosa el número de soldados de la Revolución. No fueron pocos los grupos de maderistas, como entonces generalmente se les llamaba, mal montados y peor armados que entraron a las poblaciones durante la última quincena de mayo, en actitud de guerrilleros victoriosos sin disparar un solo tiro y sin haberlo disparado antes. Por supuesto que no faltaron generales y coroneles improvisados, reclamando granjerías por sus méritos en campañas imaginarias. Todo esto hizo difícil y muy costoso el licenciamiento de las fuerzas revolucionarias y pseudorrevolucionarias, no obstante que tal licenciamiento fue apenas parcial y no total como se había estipulado en los Convenios de Ciudad Juárez.

Los partidarios civiles de Madero aumentaron también después de la renuncia del general Díaz; aumentaron de modo sorprendente. En los primeros días de jimio de 1911 muy pocos se atrevían a oponerse a la simpatía de que gozaba don Francisco I. Madero, cuya figura había adquirido proporciones de grandeza heroica. Él, hombre pequeñito de estatura y hasta hacía poco tiempo desconocido, se había enfrentado al gigante y lo había derribado del trono que ocupara durante tantos años; y se habla en todas partes del talento, del valor temerario y de la generosidad sin límites del nuevo caudillo.

El 7 de junio al llegar a la ciudad de México cargado de gloria, su estrella llegó al punto culminante y a su mayor luminosidad. Bulnes escribió por aquellos días que la popularidad de Madero competía con la de la Virgen de Guadalupe.

Pasaron las semanas y el señor Madero se prodigaba en declaraciones y discursos. Le gustaba exteriorizar su pensamiento, siempre rebosante de patriotismo y de sus principios políticos. La prensa porfirista, amordazada durante varios lustros, se encontró inesperadamente libre sin que hubiera hecho nada por conquistar la libertad. No supo gozar de ella y se arrojó al pantano del libertinaje. Madero, generoso y a la par ingenuo, presentó desde muy luego blanco muy visible para los dardos envenenados de periodistas del antiguo régimen. Antes de que terminara el mes de junio comenzó la campaña en diarios y revistas en contra de los hombres de la Revolución y a favor del Presidente De la Barra y de los porfiristas que formaban parte de su Gobierno. Entre esos porfiristas no hay que excluir a los parientes del propio Madero: su tío don Ernesto y su primo don Rafael L. Hernández. Aquél, al hacerse cargo de la Secretaría de Hacienda, declaró que nada cambiaría en esa dependencia, porque sólo era menester darle cuerda cada veinticuatro horas, como si se tratara de un buen reloj.

El semanario de caricaturas Multicolor, nacido al amparo de la libertad, fue seguramente el que más contribuyó a menguar el prestigio de Madero y de los dos únicos ministros revolucionarios que quedaban, don Abraham González y el ingeniero Manuel Bonilla. El licenciado Emilio Vázquez Gómez y su hermano don Francisco bien pronto renunciaron a sus altos cargos.

Los caricaturistas de dicho semanario, Santiago R. de la Vega y Ernesto García Cabral, se hicieron famosos por su ingenio y mordacidad; y el diario católico El País, que había ayudado al triunfo de la Revolución, pronto se revolvió virulento contra ella y su caudillo, de igual manera que contra su hermano don Gustavo Madero, a quien por tener un ojo de vidrio lo motejó en sus columnas llamándole «Ojo Parado». El apodo canallesco se impuso en todo el país.

El señor licenciado don Francisco León de la Barra, al día siguiente de protestar como Presidente de la República, expidió un manifiesto a la Nación que se publicó en todos los periódicos. En uno de los párrafos decía: «Como garantía de la pureza de mis intenciones si no fueran bastante para ello los antecedentes de mi vida pública, declaro que en ningún caso aceptaré mi candidatura para la Presidencia o la Vicepresidencia de la República en la próxima lucha electoral…». En páginas posteriores vamos a ver si el «Presidente blanco», como le llamaban sus admiradores, cumplió la palabra empeñada.

Por otra parte, el general Bernardo Reyes llega a la ciudad de México el 9 de junio. En el trayecto de Veracruz a la capital es aclamado, pero uniendo su nombre al de Madero. Días después Reyes celebra una entrevista con Madero y De la Barra. Aquél le ofrece la Secretaría de Guerra y Marina al llegar al poder y Reyes acepta. En aquel día todo parece marchar como nave en mar apacible; pero las mentes más alerta advertían en la lejanía del horizonte la formación de nubes negras, presagio de tempestad.

Don Francisco I. Madero establece sus oficinas en el Paseo de la Reforma. Su hermano Gustavo lo imita, y uno y otro, por supuesto mucho más el primero que el segundo, intervienen en los asuntos del Gobierno, con mengua de la buena marcha de la administración pública. Hay una situación imprecisa; hay dos autoridades: la de Madero y la del Presidente interino. A veces están de acuerdo y marchan juntos; otras, cada quien camina por su lado; en fin, las cosas no van bien. Se empieza a decir que fue una equivocación el convenio de Ciudad Juárez; que debió haberse luchado hasta alcanzar el triunfo definitivo.

Lo peor de todo estriba en que se van dividiendo los mismos revolucionarios. De un lado Madero, su familia y los más adictos a él; del otro los hermanos Vázquez Gómez y sus partidarios. El doctor Francisco Vázquez Gómez, médico eminente, es más realista, más culto y más inteligente que Madero; conoce mejor a los hombres y tiene conciencia de su superioridad. Leyendo sus Memorias políticas se nota que veía a Madero de arriba abajo y con cierto desdén. Su hermano don Emilio lo secunda en su actitud. Pero el uno y el otro son más radicales que Madero y sus familiares, personas muy acomodadas. Los dos Vázquez Gómez saben bien que el problema de México no es sólo político sino también económico y social. Francisco Vázquez Gómez, en las primeras semanas del interinato de De la Barra, le escribe a Madero una carta en la cual entre otras cosas le dice: «El problema de las tierras es tan urgente y tan grave, que si no se resuelve o se trata inmediatamente, lo resolverá una nueva revolución por su propia cuenta, como de hecho, lo comienza a hacer». De seguro Vázquez Gómez, al escribir las últimas palabras, pensaba en Emiliano Zapata que ya se había perfilado como un apasionado defensor del reparto de tierras. Además, don Emilio resultó demasiado radical en la Secretaría de Gobernación y desentonaba con el resto de sus colegas; don Emilio distribuía atenciones, dinero, armas y parque a los jefes maderistas con mando de tropas; se oponía terminantemente al licenciamiento, y en cierta ocasión propuso en plena reunión de Gabinete que debía renunciar De la Barra y que ocupara desde luego la Presidencia el señor Madero. En tales condiciones la lucha entre los antiguos correligionarios parecía inevitable.

El 9 de julio, el señor Madero anunció al país la disolución del Partido Antirreeleccionista, del que él y Vázquez Gómez habían sido candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, electos en la asamblea de mediados de abril de 1910; y Madero, candidato de un partido, con argumentos muy discutibles, disolvió al partido que lo había hecho su candidato. Naturalmente, la división entre los revolucionarios se ahondó más todavía. Un grupo de cierta importancia no aceptó la disolución, ordenada arbitrariamente y tan lejos de todo principio democrático; lo que hicieron fue desconocer a Madero como jefe y designar en su lugar al doctor Vázquez Gómez.

Madero nombró un Comité Central para organizar un nuevo partido, en el mismo documento en que decretara la disolución del Partido Antirreeleccionista. El comité quedó formado por las personas siguientes: Juan Sánchez Azcona, Gustavo Madero, José Vasconcelos, Luis Cabrera, Alfredo Robles Domínguez, Roque Estrada, Manuel M. Alegre, Enrique Bordes Mangel, Eduardo Hay, Jesús González, Adrián Aguirre Benavides, Ignacio Fernández de Lara, Pedro Galicia Rodríguez, Eusebio Calzado, Jesús Urueta, Jesús Flores Magón, Heriberto Frías, Rafael Martínez, Miguel Díaz Lombardo y Roque González Garza. Unos cuantos días más tarde quedaba organizado el Partido Constitucional Progresista.

Al mismo tiempo se reorganizaron el Partido Nacional Democrático y el Partido Liberal. Este último con la directiva que se indica a continuación: Fernando Iglesias Calderón, Camilo Arriaga, Antonio Díaz Soto y Gama, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Felipe Gutiérrez de Lara y Vidal Garza Pérez. También aparecieron nuevos partidos entre los cuales cabe citar al Partido Liberal Radical, encabezado por don Francisco Escudero, y al Partido Católico Nacional, dirigido por Manuel Amor, Gabriel Fernández Somellera, Francisco Pascual García y Eduardo Tamariz, todos ellos porfiristas y de extrema derecha. El país se hallaba entregado a la actividad política en una atmósfera cargada de peligros; mas gozando de absoluta libertad.

La enemistad entre los soldados revolucionarios y los del Ejército federal, el cual había quedado prácticamente intacto después de Ciudad Juárez, lo podía advertir en cualquier parte de la nación el observador menos atento. Por una parte, el viejo ejército porfirista constituido con individuos de tropa bien disciplinados y equipados, a las órdenes de jefes y oficiales instruidos en la ciencia y el arte de la guerra; por la otra, oficiales y jefes improvisados al mando de campesinos valientes pero sin instrucción militar bastante y con armas inferiores a las de aquéllos. Los federales despreciaban a los maderistas porque se sentían muy superiores a ellos y porque estaban seguros, completamente seguros de haberlos derrotado si la paz no se hubiera hecho tan pronto como se hizo. Los maderistas odiaban a los federales porque para ellos y con razón, eran los enemigos a los que habían combatido y los sostenedores del régimen dictatorial de Porfirio Díaz. De suerte que a menudo se recibían noticias de riñas sangrientas entre individuos y pequeños grupos de los bandos en pugna.

El 12 de julio en Puebla, alrededor de las 10 de la noche, ocurrió algo grave. Las fuerzas maderistas que ocupaban la plaza de toros a guisa de cuartel, son provocadas por un grupo de amigos del ex gobernador de aquel Estado, general Mucio P. Martínez. Comienza una simple riña a tiros. Los martinistas son perseguidos hasta el cuartel de los federales donde se refugian; es el cuartel donde se aloja el 29 Batallón al mando del coronel Aureliano Blanquet. Los federales se creen atacados y a su vez toman las armas en contra de los maderistas. Se entabla sangrienta batalla. El 29 Batallón, tras varias horas de lucha, toma la plaza de toros. Resultado: ochenta muertos maderistas y algo menos de veinte federales. Entre los maderistas se encuentran los cadáveres de algunas mujeres y niños asesinados dentro de la plaza de toros en la furia de la pelea. Fue una verdadera carnicería. El 29 Batallón era muy superior en número y armamento.

Al día siguiente, 13 de julio, llegó a la ciudad el señor Madero, según se había convenido unas semanas antes. Fue recibido cariñosamente por el pueblo, sus correligionarios y amigos más próximos. Por supuesto que desde luego se pusieron en su conocimiento los sucesos de la noche anterior; pero con sorpresa para los maderistas, el caudillo demócrata reaccionó en contra de los suyos y en favor de los federales. Felicitó al general Luis G. Valle, jefe federal de la zona militar, al 29 Batallón y especialmente al coronel Blanquet. Habló de actos vandálicos y de que los soldados revolucionarios debían cuanto antes ser licenciados.

Esa misma noche hubo una junta de jefes y oficiales de la Brigada Oriente y de otras corporaciones revolucionarias. Varios oradores —según informes fidedignos de los hermanos Gaona Salazar— sostuvieron la idea de lanzar un nuevo plan revolucionario, adicionando el Plan de San Luis Potosí; un plan más radical en materia de tierras y avanzado en legislación obrera. Hablaron también de que se imponía acabar con todos los terratenientes, caciques y toda clase de tiranos. Hubo algunos que propusieron desconocer a Madero y continuar la lucha armada. Al fin, después de apasionadas discusiones, se impuso la opinión de los más prudentes, en el sentido de esperar a que Madero ocupara la Presidencia de la República. De todos modos es interesante observar cómo lentamente, entre los grupos revolucionarios, las aspiraciones políticas se iban subordinando a las de carácter económico y social.

El señor Madero parte días después de Puebla para Tehuacán con el fin de presenciar el licenciamiento de buen número de tropas maderistas. A Tehuacán le escribe el licenciado Federico González Garza, de seguro uno de sus mejores amigos. González Garza está alarmado por la situación. Considera que son enemigos del maderismo —él dice de la Revolución— los porfiristas, los magonistas, los reyistas, los científicos y los vazquistas. Hay también enemigos, según su parecer, en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como dentro de las mismas Secretarías de Estado. En la carta a que se hace referencia, y que está fechada en la ciudad de México el 18 de julio de 1911, González Garza le dice a Madero que su optimismo que había sido una virtud se había transformado en un grave defecto. Y agrega: «De esta creencia mía participan, créalo usted, amigo mío, todos los que se toman el trabajo de observar los hechos; pues son los acontecimientos los que nos traen la convicción de que usted sigue mirando las cosas tras el prisma engañador de su optimismo, y empleando aún los primitivos procedimientos para dominar la situación…».

Al referirse a la labor antipatriótica de la prensa, escribe: «Lo estamos viendo en la reprensible conducta de todos los periódicos de la capital, con excepción de uno o dos, los cuales parece que han olvidado que es usted el salvador de un pueblo según es de ver cómo están sembrando la alarma y la desconfianza en el seno de las masas, exagerando dolosamente el asunto más insignificante y provocando rencores entre ambos ejércitos». Con encomiable sinceridad, González Garza agrega: «Usted está perdiendo prestigio porque no se le considera bastante enérgico para dominar a los numerosos elementos anárquicos cuya agitación va siendo cada vez mayor».

Al presidente De la Barra, en comentarios a la carta precitada, González Garza lo juzga con severidad al considerarlo desleal e hipócrita y al servicio de los intereses del régimen caído. Veamos lo que escribe: «El simple testaferro de calidad, pero al fin testaferro, se rebela contra el transitorio papel que las partes le han confiado en una empresa en que se juega el bienestar o la desgracia de todo un pueblo, y allí donde el verdadero mandante, la Revolución, por voz de su caudillo, dispone lo que debe hacerse para favorecer la resolución de uno de sus postulados, el económico-social, sin necesidad de que se derrame una sola gota más de sangre mexicana, el simple intermediario, envanecido y envalentonado por las adulaciones y el apoyo de la reacción que en realidad no ha sido aún arrojada del poder, equivoca trágicamente su papel, confunde la salud del pueblo con la estabilidad y prestigio de su efímera administración y lleno de arrogancia y vanidad, prefiere que el Estado de Morelos se convierta en un hacinamiento de ruinas humeantes antes que consentir se entablen negociaciones pacíficas para satisfacer, hasta donde sea posible, las demandas de aquel pueblo infortunado». González Garza veía con claridad la situación política del país a mediados de julio de 1911. Lo que él pensaba en aquellos días era lo mismo que pensaban los revolucionarios más inteligentes, ya fuesen los que estaban muy cerca de Madero o aquellos cuyas simpatías se inclinaban a favor de los Vázquez Gómez.

El señor Madero no cambia de actitud ni modifica sus puntos de vista al leer la carta de su leal amigo. Sigue optimista, seguro de la bondad de todos los hombres, del patriotismo de todos los mexicanos; seguro de que la sinceridad, el desinterés y la buena fe son fuerzas incontrastables; seguro de que en cualquier momento de peligro, el pueblo estaría con él para luchar a su lado y ganar una nueva batalla.

Las relaciones entre Madero y los Vázquez Gómez empeoraban cada día, sobre todo con don Emilio, quien por otra parte no encajaba bien en el Gabinete del Presidente interino. Era demasiado soberbio, autoritario y radical en sus ideas políticas, sociales y económicas. En cierta ocasión propuso la disolución de las cámaras por medio de la fuerza, es decir, propuso un golpe de Estado. No podía continuar al frente de la Secretaría de Gobernación. Hubo un momento en que ya no era persona grata a De la Barra ni tampoco a Madero, a la familia del caudillo, ni a sus amigos más cercanos. Tuvo que renunciar con fecha 2 de agosto. La renuncia fue redactada en los siguientes términos:

«Después de haber tenido diversas dificultades con el señor Presidente de la República, motivadas por la circunstancia de representar él en el Gobierno actual, la tendencia conservadora del antiguo régimen, y yo la tendencia renovadora de la Revolución triunfante, tendencia de la cual mi conciencia no ha debido ni debe separarse, el señor Presidente de la República ha tenido a bien ordenarme que presente mi renuncia de secretario de Estado y del Despacho de Gobernación y cumpliendo con esa orden, vengo a renunciar y renuncio el puesto mencionado». El resto, fórmulas rutinarias de cortesía.

En sustitución del licenciado Emilio Vázquez Gómez se nombró al ingeniero Alberto García Granados, de quien escribió Ramón Prida en su libro De la dictadura a la anarquía que era persona que gozaba de buena reputación, pero de carácter atrabiliario y de mediana inteligencia. Nosotros pensamos que parece que tenía otros defectos. Se cuenta que por aquellos días, García Granados dijo en cierta ocasión: «La bala que mate a Madero salvará a la República».

El doctor Vázquez Gómez cuenta en sus Memorias políticas que pocos días después de la renuncia de su hermano Emilio el señor Madero le dijo: «Ya ve usted, ahora el Ministerio de Gobernación es una oficina decente, mientras que cuando estaba su hermano no había más que pelados». Y asegura que él le respondió: «Ahora los llama usted pelados, pero durante la campaña, los llamaba correligionarios; pues a ésos que usted llama pelados se debe el triunfo de la Revolución y a ellos les deberá usted ser Presidente de la República». Por supuesto que no es posible saber si el diálogo transcrito es total o sólo parcialmente verdadero. Lo único que podemos decir es que Vázquez Gómez fue un hombre honesto y veraz, aun cuando orgulloso y apasionado. Además, hay que recordar los antecedentes familiares de Madero y su vida de hombre rico para darse cuenta de la influencia inevitable que esa vida y esos antecedentes debieron haber ejercido en su psicología.

La renuncia de Emilio Vázquez Gómez originó un buen número de protestas de algunos sectores revolucionarios, entre los cuales cabe citar la de los grupos comandados por Heriberto Jara y Camerino Mendoza. Don Francisco I. Madero se vio obligado a expedir un manifiesto a la nación explicando, de conformidad con sus puntos de vista, la renuncia de don Emilio. Dicho manifiesto contenía frases duras en contra del dimitente y terminaba diciendo que podía asegurar que con los últimos cambios en el Ministerio de Gobernación, las aspiraciones de los revolucionarios iban a estar mejor garantizadas. Es probable que unas cuantas semanas más tarde el jefe de la Revolución tuviera que cambiar de parecer ante la actitud de García Granados en el caso del Estado de Morelos y en relación con el licenciamiento de las fuerzas de Emiliano Zapata. De todos modos es indudable que la renuncia de Emilio Vázquez Gómez trajo como resultado una mayor división entre los jefes revolucionarios con mando de fuerzas, división que al acentuarse meses más tarde habría de ensangrentar una vez más el suelo de México.

Muy pronto algunos sectores de la opinión pública comenzaron a censurar a Madero por su nepotismo, hecho que no era posible negar. En el Gabinete del presidente De la Barra estaban don Ernesto Madero y don Rafael L. Hernández Madero; don Gustavo Madero era uno de los directores, tal vez el más prominente, del Partido Constitucional Progresista de reciente creación; el joven Raúl Madero era general con mando de tropas; en fin, don Francisco Madero padre, sus hijos Alfonso y Julio y su hija Mercedes, todos en alguna forma intervenían en la política y aun en las cuestiones de Gobierno. Los Madero constituían una familia muy numerosa a la vez que unida por hondos afectos e intereses económicos.

Federico González Garza explica, a nuestro entender de manera satisfactoria, la causa por la cual Madero se vio obligado a rodearse de los miembros de su familia en sus tareas políticas y revolucionarias. La explicación de González Garza consiste en hacer notar que Madero no pudo hacer otra cosa por la falta de suficientes colaboradores de mediana y alta cultura. González Garza da en su libro La Revolución Mexicana, una lista bastante reducida y benévola de personas que él califica como ilustradas y que participaron en la etapa maderista de la Revolución. La mayor parte de esas personas pudieron ser englobadas en lo que el polemista Francisco Bulnes llamara con su lenguaje hiperbólico «el medio pelo intelectual».

Efectivamente, puede afirmarse que en los años de 1910 y 1911, la inmensa mayoría de los intelectuales mexicanos estaban en alguna forma ligados al régimen porfirista. Los pocos de auténtica valía y que estuvieron con la Revolución desde sus comienzos, tal vez no pasaban de algo más de una docena. En consecuencia, el señor Madero se vio obligado a caer en el nepotismo y aceptar para tareas de gran responsabilidad a personas que no siempre tenían la estatura necesaria. Además, en algunas ocasiones llevado por su candidez y optimismo incurable, llamó a connotados porfiristas y a gente oportunista y desleal.

A fines del mes de agosto de 1911 se reunió en la capital la convención del Partido Constitucional Progresista, para designar candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. En cuanto a la Presidencia no existía problema alguno; la opinión de los delegados de todo el país estaba unificada a favor de don Francisco I. Madero. Pero tratándose de la Vicepresidencia el caso era muy diferente, puesto que cuatro candidatos se disputaban el alto cargo: el doctor Francisco Vázquez Gómez, el licenciado José María Pino Suárez, el ingeniero Alfredo Robles Domínguez y Fernando Iglesias Calderón. Los dos últimos fueron fácilmente eliminados y el problema quedó entre Pino Suárez y Vázquez Gómez.

Los más adictos a Madero estaban en contra de la candidatura Vázquez Gómez y a favor de la de Pino Suárez. Sin embargo, la pelea no estaba ganada. Vázquez Gómez era más popular que su adversario; tenía más méritos y más historia en la política nacional. Hubo oradores de peso como Jesús Urueta y Alberto J. Pani, que defendieron la candidatura de Pino Suárez; hubo otros de igual categoría que defendieron la de Vázquez Gómez, como Luis Cabrera y Aquiles Elorduy. La balanza no parecía inclinarse a ningún lado; mas momentos antes de la votación don Francisco I. Madero pronunció un largo y fogoso discurso apoyando a Pino Suárez. Entonces la balanza indecisa se inclinó a favor de éste y Vázquez Gómez fue eliminado.

El triunfo de Pino Suárez no fue bien recibido en muchas partes. Esto lo recuerda perfectamente el autor de este libro. Muchos opinaron que eso era volver a las andadas; muchos dijeron que había sido una imposición y que eso era repetir el caso de Ramón Corral. Madero y Pino Suárez fueron recibidos con cierta hostilidad en algunas poblaciones como Jalapa, Guadalajara y Chihuahua que en jira política visitaron después de la asamblea del nuevo partido político. A nuestro juicio, la candidatura del poeta y abogado yucateco restó simpatizadores en todo el país al caudillo de la Revolución. Su estrella continuaba declinando lentamente.

En los comienzos de agosto, mientras se comentaba la renuncia de Emilio Vázquez Gómez, Zapata le decía al licenciado Gabriel Robles Domínguez, enfáticamente, que no desarmaría a sus campesinos hasta que no fuera realidad la restitución de ejidos a los pueblos, principalmente la restitución a su pueblo natal de los terrenos usurpados por el poderoso propietario de la Hacienda del Hospital. A Emiliano Zapata nunca le importaron gran cosa las cuestiones políticas; él se levantó en armas en contra del régimen de Díaz porque le encendió el alma la promesa del artículo 3.º del Plan de San Luis. Desde niño había presenciado el despojo de los terrenos de Anenecuilco, lugar de su nacimiento, y había participado en las luchas del pueblo para recobrarlos; luchas estériles porque la autoridad se ponía siempre de parte del acaudalado terrateniente. Zapata —dice Sotelo Inclán— no encendió la Revolución en Morelos, la Revolución lo arrastró a él y cumplió su destino.

El Gobierno interino y el mismo Madero insisten en que Zapata debe licenciar sus tropas. Zapata se niega. Entonces Madero valientemente, sin hacer caso de sus más allegados, se traslada a la población de Cuautla donde tiene el grueso de sus fuerzas el caudillo suriano. Madero le promete distribuir tierras al llegar al poder; y para desvanecer todo vestigio de desconfianza, le ofrece que será gobernador de Morelos el general revolucionario Eduardo Hay y comandante militar su hermano Raúl Madero. Zapata cede y comienza el licenciamiento. Pero precisamente cuando el licenciamiento comienza el general Victoriano Huerta marcha sobre Cuautla con instrucciones del Gobierno de avanzar a sangre y fuego. Esto ocurría el 27 de agosto. García Granados, el flamante ministro de Gobernación, declara por medio de la prensa que el Gobierno no pactaría con bandidos. Naturalmente las gestiones de Madero para que Zapata licenciara sus tropas se vienen por tierra.

Unos cuantos días antes del 27 de agosto, Madero había enviado desde Cuautla al Presidente Interino un telegrama en el que le decía: «… Tengo datos y fundamentos suficientes para asegurar a usted que el general Huerta está obrando de acuerdo con el general Reyes y no dudo que su proyecto sea alterar el orden con cualquier pretexto y con fines nada patrióticos. Considero que Huerta y Blanquet son los menos apropiados para la misión de paz, sobre todo en estos Estados». El Presidente De la Barra no hizo caso del telegrama, según se ve por lo que se refiere en el párrafo anterior. Madero regresa molesto a la capital; y es hasta entonces, opina Federico González Garza, cuando al fin se da cuenta del juego obscuro del «Presidente blanco». El mismo González Garza afirma que De la Barra, a quien llamaba hipócrita, fue el causante de la separación inicial de Madero y Zapata, la que más tarde había de ser tajante y definitiva.

El general Huerta tomó fácilmente Cuautla, Yautepec y Villa de Ayala; frecuentemente los zapatistas no presentaban combate. Cuando el enemigo era superior en número de gente y en armamento se dispersaban ocultándose en los caseríos o en los barrancos. A veces no se ocultaban; escondían el rifle y se ponían a trabajar pacíficamente la tierra. El guerrillero se transformaba en labriego y las fuerzas federales no encontraban al enemigo. Pero cuando las circunstancias parecían favorables a los zapatistas se reunían rápidamente centenares de hombres y daban la sorpresa, aparecían donde menos se esperaba. Así, con suerte varia desde el punto de vista militar, con éxitos y fracasos, lucharon durante algo más de nueve años por conquistar para el trabajador del campo el derecho a un pedazo de tierra y el goce de la libertad para todos los mexicanos.

La tribu yaqui en el Estado de Sonora, como ya se dijo, había dado la nota discordante al turbar la paz porfiriana. Había sido víctima, como muchos otros grupos indígenas, de la codicia del terrateniente y de los abusos de la autoridad; nada más que los yaquis habían defendido el derecho a sus tierras con las armas en la mano y habían dado mucho que hacer a los batallones que el general Díaz enviaba para someterlos sin que nunca lo hubiera logrado por completo. Esto se logró, transitoriamente, por medios pacíficos el 1.º de septiembre de 1911.

Don Francisco I. Madero, en representación del Gobierno federal, firmó en la ciudad de México y en la fecha fijada arriba un convenio con los jefes de la tribu para su total rendición. Al fin se hacía justicia a una raza altiva y batalladora. El Gobierno quedó comprometido con los yaquis a restituirles sus terrenos; pagar a cada trabajador un peso diario mientras se consumaba la restitución; prestarles ayuda financiera para la explotación agrícola; establecer escuelas; construir una iglesia en cada ejido y no cobrarles impuesto alguno durante treinta años.

La pacificación de los yaquis fue un triunfo del señor Madero. Lástima grande que no se dio cabal cuenta entonces ni mucho después de las condiciones angustiosas en que vivían centenares de comunidades indígenas que, por razones geográficas o de otra índole, no habían podido defender el derecho a sus tierras en la misma forma y con igual energía que la tribu yaqui.

No debemos dejar de mencionar el largo manifiesto que Ricardo Flores Magón dirigió al pueblo mexicano el 23 de septiembre; porque en dicho documento precisó sus ideas el famoso dirigente anarquista, y porque esas ideas influyeron en pequeños sectores revolucionarios, entonces y mucho después:

«La Junta Organizadora del Partido Liberal mexicano ve con simpatía vuestros esfuerzos para poner en práctica los altos ideales de emancipación política, económica y social, cuyo imperio sobre la tierra pondrá fin a esa ya bastante larga contienda del hombre contra el hombre, que tiene su origen en la desigualdad de fortunas que nace del principio de la propiedad privada.

»Abolir ese principio significa el aniquilamiento de todas las instituciones políticas, económicas, sociales, religiosas y morales que componen el ambiente dentro del cual se asfixian la libre iniciativa y la libre asociación de los seres humanos que se ven obligados, para no perecer, a entablar entre sí una encarnizada competencia, de la que salen triunfantes, no los más buenos, ni los más abnegados, ni los mejor dotados en lo físico, en lo moral o en lo intelectual, sino los más astutos, los más egoístas, los menos escrupulosos, los más duros de corazón, los que colocan su bienestar personal sobre cualquier consideración de humana solidaridad y de humana justicia.

»Sin el principio de la propiedad privada no tiene razón de ser el Gobierno, necesario tan sólo para tener a raya a los desheredados en sus querellas o en sus rebeldías contra los detentadores de la riqueza social; ni tendrá razón de ser la Iglesia, cuyo exclusivo objeto es estrangular en el ser humano la innata rebeldía contra la opresión y la explotación por la prédica de la paciencia, de la resignación y de la humildad, acallando los gritos de los instintos más poderosos y fecundos con la práctica de penitencias inmorales, crueles y nocivas a la salud de las personas, y, para que los pobres no aspiren a los goces de la tierra y constituyan un peligro para los privilegios de los ricos, prometen a los humildes, a los más resignados, a los más pacientes, un cielo que se mece en el infinito, más allá de las estrellas que se alcanzan a ver.

»Capital, Autoridad, Clero: he ahí la trinidad sombría que hace de esta bella tierra un paraíso para los que han logrado acaparar en sus garras por la astucia, la violencia y el crimen, el producto del sudor, de la sangre, de las lágrimas y del sacrificio de miles de generaciones de trabajadores, y un infierno para los que con sus brazos y su inteligencia trabajan la tierra, mueven la maquinaria, edifican las casas, transportan los productos, quedando de esa manera dividida la humanidad en dos clases sociales de intereses diametralmente opuestos: la clase capitalista y la clase trabajadora; la clase que posee la tierra, la maquinaria de producción y los medios de transportación de las riquezas, y la clase que no cuenta más que con sus brazos y su inteligencia para proporcionarse el sustento».

El 1.º de octubre fueron las elecciones primarias y el día 15 las secundarias. El Partido Constitucional Progresista postuló para Presidente y Vicepresidente de la República, como era obvio, a los señores Francisco I. Madero y licenciado José María Pino Suárez, respectivamente; el Partido Antirreeleccionista a Madero y Vázquez Gómez, consecuente con la Convención de abril de 1910; y Madero y el licenciado De la Barra fueron los candidatos del Partido Católico. El señor De la Barra había aceptado al fin su postulación a la Vicepresidencia, no obstante las solemnes declaraciones que había hecho a raíz de su designación como Presidente.

Con bastante ventaja triunfó la fórmula del Partido Constitucional Progresista. Por lo tanto el 6 de noviembre de 1911 ocupó la silla presidencial el caudillo de la Revolución.

Había concluido el Gobierno del licenciado Francisco León de la Barra, Gobierno que según la opinión de Alberto J. Pani, prolongó íntegramente la tendencia reaccionaria de la dictadura porfirista; y Manuel Calero, miembro del Gabinete presidencial en aquel régimen, escribió años más tarde en su obra Un decenio de política mexicana, lo siguiente: «En medio del desorden más lamentable en la política general, incoherente y sin rumbo, y con sublevaciones por doquiera, reveladoras de la espantosa indisciplina que suscitara la Revolución, pasamos el angustioso periodo del interinato, siempre con la pueril esperanza de que, “cuando la Revolución se hiciera Gobierno”, según el clisé consagrado, el país volvería a alcanzar una condición de equilibrio». La verdad es que aquel Gobierno fue una prolongación del antiguo régimen y que tuvo que actuar bajo la presión de fuerzas antagónicas, lo cual hizo extremadamente difícil su acción tanto política como administrativa.

Pero como ya antes se dijo, el señor Madero inició sus altas funciones gubernamentales en los primeros días de noviembre con su habitual optimismo y entre los vítores y aplausos de sus partidarios, que seguramente aún constituían la mayor parte de los ciudadanos de México.

Su Gabinete quedó formado como sigue: secretario de Relaciones Exteriores, licenciado don Manuel Calero; de Gobernación, don Abraham González; de Hacienda y Crédito Público, don Ernesto Madero; de Guerra y Marina, general don José González Salas; de Justicia, licenciado don Manuel Vázquez Tagle; de Fomento, Colonización e Industria, licenciado don Rafael L. Hernández; de Comunicaciones y Obras Públicas, ingeniero don Manuel Bonilla, y de Instrucción Pública y Bellas Artes, licenciado don Miguel Díaz Lombardo. Del nuevo Gabinete sólo don Manuel Bonilla y don Abraham González habían participado en la Revolución. Recuerdo que por aquellos días comenzó a decirse: Madero va a gobernar con sus enemigos contra sus amigos.

Lo más grave de todo era que Madero, ya en la Presidencia, continuaba pensando que los problemas fundamentales del país eran políticos y que éstos habían sido resueltos; continuaba creyendo en la magia de las palabras «Sufragio efectivo y No reelección»; pero el sufragio efectivo, la no reelección y la libertad meramente política de nada le servían al proletariado de las ciudades y de los campos, para quienes parecía que se habían hecho todos los males de la tierra y ninguno de sus bienes.

ANEXO 8

CARTA QUE EL LICENCIADO FEDERICO GONZÁLEZ GARZA DIRIGIÓ A MADERO A TEHUACÁN, PUEBLA, EL 18 DE JULIO DE 1911[9]

Correspondencia particular del subsecretario de Justicia. México, 18 de julio de 1911.

Señor don Francisco I. Madero. Tehuacán, Pue.

Mi siempre estimado y distinguido amigo:

Ha de saber usted que desde la fecha en que salió para ésa hasta hoy, he observado tales cambios en la opinión, que juzgo un deber de amigo fiel, de correligionario sincero y de ciudadano que anhela el bien para su patria, llamar fuertemente su atención.

Quería hacer un viaje especial para hablar con usted; pero como no sé si me lo permitirán mis labores en esta oficina, creo ganar tiempo escribiéndole.

Lo primero que quiero decirle es que no vea con indiferencia esta carta, pues creo que sus amigos leales tenemos el derecho en toda ocasión y especialmente en los momentos supremos, de ser oídos por usted; pues de no corresponder con su confianza la antigua lealtad que le profesamos, no sé con qué título exigiría usted de nosotros a su vez esa misma confianza.

Reconozco que ese optimismo desmesurado que hasta hoy ha sido el rasgo más saliente del criterio político de usted, es el que sin duda alguna pudo despertar de su sueño de abyección a nuestro pueblo, y llevarlo más tarde a la victoria; reconozco también que ha llegado usted al triunfo usando en muchas ocasiones procedimientos del todo inusitados, atrayéndose a sus enemigos con actos de suprema nobleza, en vez de emplear los medios comunes a que apelan la mayoría de los hombres públicos; pero yo creo sinceramente que aquel optimismo ha dejado de ser en usted una gran virtud para empezar a convertirse, por el simple juego de las circunstancias, en un grave defecto, y creo además que es llegado el tiempo en que el pueblo vea que usted posee toda la elasticidad necesaria en un verdadero estadista para saber emplear contra sus enemigos diversidad de medios según las circunstancias lo exijan.

De esta creencia mía participan, créalo usted, amigo mío, todos los que se toman el trabajo de observar los hechos; pues son los acontecimientos los que nos traen la convicción de que usted sigue mirando las cosas tras el mismo prisma engañador de su optimismo, y empleando aún los primitivos procedimientos para dominar la situación, olvidándose de que, una vez pasados los días heroicos en que el anhelo único de todo el pueblo era sacudirse una vieja tiranía, vienen ahora días de mezquindad y deshonor, en los que en muchos hombres empiezan a despertarse y a florecer pasiones malsanas, producto de su desenfrenada ambición y su carencia de patriotismo.

Que aquel noble proceder de usted es ya inadecuado para las actuales circunstancias, lo demuestra el hecho de que ahora cada individuo se permite censurar la conducta de usted, encontrándolo un hombre lleno de honradez y buena fe, pero sin la desconfianza precisa para no ver más que amigos y partidarios en todos los que le rodean.

Cáusame dolor advertir el crecido número de personas que en estos momentos empiezan a vacilar y manifiestan tendencia a una franca indisciplina y a buscar nuevas orientaciones.

Ahí tiene usted al antiguo Centro Anti-reeleccionista arrojándole el guante y desconociéndole autoridad para nombrar un Comité Directivo; ahí tiene usted a una confederación de 12 clubes convocando por su cuenta a una Convención con tendencias a desconocer la autoridad de ese mismo Comité; lo estamos viendo en la reprensible conducta de todos los periódicos de la capital, con excepción de uno o dos, los cuales parece que han olvidado que es usted el salvador de un pueblo, según es de ver cómo están sembrando la alarma y la desconfianza en el seno de las masas, exagerando dolosamente el asunto más insignificante y provocando rencores entre ambos ejércitos. Más allá contemplamos a otro grupo que se reúne bajo el nombre de «Comité de Salud Pública», siendo su primer acto invitar a una gran manifestación de desagravio por «los viles asesinatos» cometidos en Puebla en las personas de varios alemanes, llevando su imprudencia y su deseo de escándalo hasta invitar a los representantes diplomáticos para que presencien aquel acto, como invitándolos a que presenten sus reclamaciones; y todavía más, vemos a este mismo grupo declarar que si los hombres de la Revolución nos mostramos incapaces de realizar lo que ella proclamó y no sabemos encauzar a la Revolución por el camino del orden, entonces, que lo digamos de una vez para que otros hombres se encarguen de la tarea, y venga un nuevo dictador. Volvemos la vista, y vemos a un viejo crapuloso de lo más corrompido que guarda la Cámara de Representantes,[10] presentar ante la misma una acusación contra todo el Ejecutivo por los sucesos de Puebla, y cosa más escandalosa aún, escuchar al orador oficial en la ceremonia de hoy a Juárez, que el único responsable de que la paz no se haya restablecido aún en la República, es usted, quedando libres de toda censura De la Barra y su Ministerio. Peón del Valle va más allá: inculpa también a todos los partidos por tolerar este estado de cosas, así como a los demás poderes de la Federación, e interpela al Legislativo por qué ha permanecido mudo frente a atentados como los de Puebla, sugiriendo la idea de que debe convocar a sesiones extraordinarias ¡y todo esto es recibido con nutridos aplausos, siendo felicitado personal y calurosamente por el señor De la Barra y cada uno de sus ministros! Añádase a todo esto un malestar y una inquietud general, la idea persistente y cada día más intensa de que la contrarrevolución está para estallar, y comprenderá usted que andar ahora con optimismos es justificar plenamente ese sentimiento de desconfianza que con tanta rapidez ha comenzado a desarrollarse contra usted. Y sólo señalo unos cuantos ejemplos, omitiendo otros muchos que corroboran lo que yo deseo que llame enérgicamente su atención, y es lo siguiente: que usted está perdiendo prestigio porque no se le considera bastante enérgico para dominar a los numerosos elementos anárquicos cuya agitación va siendo cada vez mayor.

El resultado de esa creencia, entre otras consecuencias, es que los enemigos que al principio se hubieran contentado con dejárseles misericordiosamente con vida, o permitiéndoles que se ausentasen del país, hoy se han soliviantado de tal modo que poco ha de faltar para que la Cámara, compuesta en su mayoría de bribones que si tuvieran vergüenza ya no estarían allí, promueva y acuerde alguna ley o resolución especial para considerar a usted culpable de cuantos crímenes se cometan en adelante.

Abra usted los ojos, amigo mío, por cuyo prestigio y gloria comienzo a sentir tantos temores; vuelva usted a escuchar como en otros tiempos a sus amigos que nunca lo han engañado; explore usted la verdadera opinión pública; no tenga usted tanta fe en su buena estrella que no siempre ha de estar en el cenit; no vaya a Campeche o Yucatán, permanezca en ésa o trasládese a una hacienda cercana a esta capital a la que no tenga acceso el ferrocarril; decídase usted a que se cambie secretario de Gobernación; que no se licencien del Ejército Libertador más tropas que las que hayan demostrado que sólo sirven para alterar el orden y no para mantenerlo; que se formen cuerpos integrados por los elementos más sanos, deshaciéndose resueltamente de los nocivos; que estos cuerpos sean situados en lugares o plazas en donde no existan federales, mientras los federales deberán estar en donde no haya insurgentes para evitar con esto todo choque; que los mismos cuerpos tengan jefes escogidos que se den cuenta completa de su misión y de sus responsabilidades, de manera que no se vacile en hacérselas efectivas cuando en ellas hubieren incurrido; conducirse de tal modo con el señor De la Barra que éste cambie de política en el sentido de hacer experimentar al pueblo y especialmente a nuestros enemigos, una impresión de fuerza y no de debilidad, como la que hoy se está experimentando; castigar con mano enérgica cualquier desafuero de los insumisos que conspiran en la sombra, así como toda intentona para trastornar el orden y desprestigiar al Gobierno provisional; dirigirse con alguna frecuencia al Comité que usted ha creado estimulándolo para que trabaje sin descanso y con verdadera actividad en el sentido de preparar cuanto antes y eficazmente, la próxima campaña electoral; pues que les enemigos no duermen y su actividad es manifiesta.

En estos momentos ya Robles Domínguez no oculta sus pretensiones a la Vicepresidencia, las cuales algunos de nosotros le habíamos descubierto con anterioridad; su oposición a los Vázquez Gómez es bien conocida y yo le he escuchado censurar acremente la conducta de su otro posible competidor, Pino Suárez.

Naturalmente esto nada significaría, si no fuera porque para lograr su objeto ha tenido que producir y sigue fomentando una lamentable escisión en el seno de nuestro partido, tratando de desconocer al Comité y formando un núcleo de clubes disidentes, cuyos trabajos, de no armonizarlos con los de aquél, producirán en los ciudadanos de fuera que no pueden darse cabal cuenta de sus manejos, la confusión y desconcierto a la hora de ser convocados por ambos grupos, cada cual por su parte. A la fecha y por fortuna, ya los clubes confederados han comprendido el juego de Robles Domínguez y pronto sabremos su última determinación.

Día 22. Ayer dije a usted que había vuelto a renacer cierta tranquilidad que nos hacía falta por completo. El nombramiento del general González Salas para la Subsecretaría de Guerra, que tanto se había hecho esperar, ha contribuido en gran parte para que renazca la calma; pero sigue flotando en la atmósfera cierta sensación de un mal oculto cuya llegada se presiente, y yo no lo puedo atribuir sino a lo que antes dije: a que ni usted con todo su inmenso prestigio, ni el señor De la Barra con todo su tacto y los grandes elementos del Gobierno, logran con su actual política causar en las masas y mucho menos en nuestros enemigos, que están sin descanso espiando y aprovechando nuestras debilidades, la impresión de fuerza y poder que es tan necesaria para que un Gobierno inspire el respeto suficiente a reprimir el abuso de la libertad.

Va otra muestra: Un amigo de Saltillo me escribe lo siguiente: «Recordarás que el 21 de noviembre, en los momentos mismos de estallar la Revolución por ustedes organizada, nos encontramos en Eagle Pass; allí te referí las persecuciones que por mis ideas había sufrido. En mi destierro tuve oportunidad de unirme con los amigos del pueblo (en aquel entonces los Flores Magón) y tomé participio en los asuntos de Jiménez y las Vacas, y dada mi amistad con el personal de tal partido, puedo asegurarte que en Eagle Pass, Del Río, San Antonio y otros puntos, los magonistas, de acuerdo con los “científicos”, con toda actividad preparan una contrarrevolución. Estos trabajos restan a nuestro partido como una tercera parte de sus elementos… etc.».[11] Este señor me escribe para anunciarme que en la próxima convención de clubes que en Coahuila se verificará para la designación de candidato para gobernador, mi nombre va a figurar, e insiste, al igual que la Comisión que vino a ofrecerme esa candidatura, que la acepte. Ya me apresuro a contestarle lo mismo que expresé a dicha Comisión, y voy a escribir al señor Carranza para comunicarle cuáles son los motivos que alegan algunos de nuestros paisanos para estar descontentos con él, a fin de que pronto ponga el remedio.

Lo que se me dice de Coahuila queda confirmado con el informe que Robles Linares envía desde Ensenada y que ayer remití a usted traducido.

En vista de todo lo anterior, insisto, para bien de nuestra causa y para que no disminuya por ningún motivo el prestigio personal de usted, que suspenda por ahora su proyectado viaje a Campeche y Yucatán; pues además de los peligros inherentes a toda expedición por esa zona, por virtud de su clima, la presencia de usted cerca de esta capital es indispensable a fin de estar listo para toda emergencia y poder influir en el Gobierno en un momento dado de un modo eficaz y estar al tanto de los acontecimientos para obrar en consecuencia.

Me alegro mucho que usted haya designado a mi hermano Roque como segundo en jefe de las fuerzas del Estado de Puebla; pues aunque el desempeño de ese puesto está erizado de dificultades y peligros, podemos estar tranquilos de que su presencia fortalecerá más la fidelidad y disciplina de las fuerzas revolucionarias.

Sírvase dar mis recuerdos a Sarita, y deseando vivamente que acierte usted en todos sus actos en esta última parte de nuestra campaña, quedo como siempre su devoto amigo, atto. correligionario y S. S.

F. González Garza.

P. D. Ya para enviar esta carta, leí en un periódico el recorte que le envío y que viene a confirmar que hoy todo el mundo hace y dice lo que quiere porque no temen ni a usted ni al Gobierno, y es mi humilde sentir que de seguir así las cosas, cuando lleguemos a las elecciones, probablemente presenciaremos que, así como hoy esos señores generales y coroneles (?) advierten al Gobierno los riesgos que correrá si se cambia un ministro, también le advertirán que no se someterán al voto público si acaso éste resulta adverso para sus fines muy particulares. Todo esto me hace suplicar a usted que desista de su viaje a la península yucateca.

ANEXO 9

MANIFIESTO DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO[12]

23 de septiembre de 1911

MEXICANOS:

La Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano ve con simpatía vuestros esfuerzos para poner en práctica los altos ideales de emancipación política, económica y social, cuyo imperio sobre la tierra pondrá fin a esa ya bastante larga contienda del hombre contra el hombre, que tiene su origen en la desigualdad de fortunas que nace del principio de la propiedad privada.

Abolir ese principio significa el aniquilamiento de todas las instituciones políticas, económicas, sociales, religiosas y morales que componen el ambiente dentro del cual se asfixian la libre iniciativa y la libre asociación de los seres humanos que se ven obligados, para no perecer, a entablar entre sí una encarnizada competencia, de la que salen triunfantes, no los más buenos, ni los más abnegados, ni los mejor dotados en lo físico, en lo moral o en lo intelectual, sino los más astutos, los más egoístas, los menos escrupulosos, los más duros de corazón, los que colocan su bienestar personal sobre cualquier consideración de humana solidaridad y de humana justicia.

Sin el principio de la propiedad privada no tiene razón de ser el Gobierno, necesario tan sólo para tener a raya a los desheredados en sus querellas o en sus rebeldías contra los detentadores de la riqueza social; ni tendrá razón de ser la Iglesia, cuyo exclusivo objeto es estrangular en el ser humano la innata rebeldía contra la opresión y la explotación por la prédica de la paciencia, de la resignación y de la humildad, acallando los gritos de los instintos más poderosos y fecundos con la práctica de penitencias inmorales, crueles y nocivas a la salud de las personas, y, para que los pobres no aspiren a los goces de la tierra y constituyan un peligro para los privilegios de los ricos, prometen a los humildes, a los más resignados, a los más pacientes, un cielo que se mece en el infinito, más allá de las estrellas que se alcanzan a ver…

Capital, Autoridad, Clero: he ahí la trinidad sombría que hace de esta bella tierra un paraíso para los que han logrado acaparar en sus garras por la astucia, la violencia y el crimen, el producto del sudor, de la sangre, de las lágrimas y del sacrificio de miles de generaciones de trabajadores, y un infierno para los que con sus brazos y su inteligencia trabajan la tierra, mueven la maquinaria, edifican las casas, transportan los productos, quedando de esa manera dividida la humanidad en dos clases sociales de intereses diametralmente opuestos: la clase capitalista y la clase trabajadora; la clase que posee la tierra, la maquinaria de producción y los medios de transportación de las riquezas, y la clase que no cuenta más que con sus brazos y su inteligencia para proporcionarse el sustento.

Entre estas dos clases sociales no puede existir vínculo alguno de amistad ni de fraternidad, porque la clase poseedora está siempre dispuesta a perpetuar el sistema económico, político y social que garantiza el tranquilo disfrute de sus rapiñas, mientras la clase trabajadora hace esfuerzos por destruir ese sistema inicuo para instaurar un medio en el cual la tierra, las casas, la maquinaria de producción y los medios de transportación sean de uso común.

MEXICANOS: El Partido Liberal Mexicano reconoce que todo ser humano, por el solo hecho de venir a la vida, tiene derecho a gozar de todas y cada una de las ventajas que la civilización moderna ofrece, porque esas ventajas son el producto del esfuerzo y del sacrificio de la ciase trabajadora de todos los tiempos.

El Partido Liberal Mexicano reconoce, como necesario, el trabajo para la subsistencia, y, por lo tanto, todos, con excepción de los ancianos, de los impedidos e inútiles y de los niños, tienen que dedicarse a producir algo útil para poder dar satisfacción a sus necesidades.

El Partido Liberal Mexicano reconoce que el llamado derecho de propiedad individual es un derecho inicuo, porque sujeta al mayor número de seres humanos a trabajar y a sufrir para la satisfacción y el ocio de un pequeño número de capitalistas.

El Partido Liberal Mexicano reconoce que la Autoridad y el Clero son el sostén de la iniquidad Capital, y, por lo tanto, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano ha declarado solemnemente guerra a la Autoridad, guerra al Capital, guerra al Clero.

Contra el Capital, la Autoridad y el Clero el Partido Liberal Mexicano tiene enarbolada la bandera roja en los campos de la acción en México, donde nuestros hermanos se baten como leones, disputando la victoria a las huestes de la burguesía, o sean: maderistas, reyistas, vazquistas, científicos y tantas otras cuyo único propósito es encumbrar a un hombre a la primera magistratura del país, para hacer negocio a su sombra sin consideración alguna a la masa entera de la población de México, y reconociendo todas ellas, como sagrado, el derecho de propiedad individual.

En estos momentos de confusión, tan propicios para el ataque contra la opresión y la explotación; en estos momentos en que la Autoridad, quebrantada, desequilibrada, vacilante, acometida por todos sus flancos por las fuerzas de todas las pasiones desatadas, por la tempestad de todos los apetitos avivados por la esperanza de un próximo hartazgo; en estos momentos de zozobra, de angustia, de terror para todos los privilegios, masas compactas de desheredados invaden las tierras, queman los títulos de propiedad, ponen las manos creadoras sobre la fecunda tierra y amenazan con el puño a todo lo que ayer era respetable: Autoridad, Capital y Clero; abren el surco, esparcen la semilla y esperan, emocionados, los primeros frutos de un trabajo libre.

Éstos son, mexicanos, los primeros resultados prácticos de la propaganda y de la acción de los soldados del proletariado, de los generosos sostenedores de nuestros principios igualitarios, de nuestros hermanos que desafían toda imposición y toda explotación con este grito de muerte para todos los de arriba y de vida y de esperanza para todos los de abajo: ¡Vida, Tierra y Libertad!

La tormenta se recrudece día a día: maderistas, vazquistas, reyistas, científicos, delabarristas os llaman a gritos, mexicanos, a que voléis a defender sus desteñidas banderas, protectoras de los privilegios de la clase capitalista. No escuchéis las dulces canciones de esas sirenas, que quieren aprovecharse de vuestro sacrificio para establecer un Gobierno, esto es, un nuevo perro que proteja los intereses de los ricos. ¡Arriba todos; pero para llevar a cabo la expropiación de los bienes que detentan los ricos!

La expropiación tiene que ser llevada a cabo a sangre y fuego durante este grandioso movimiento, como lo han hecho y lo están haciendo nuestros hermanos los habitantes de Morelos, sur de Puebla, Michoacán, Guerrero, Veracruz, norte de Tamaulipas, Durango, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y regiones de otros Estados, según ha tenido que confesar la misma prensa burguesa de México, en que los proletarios han tomado posesión de la tierra sin esperar a que un Gobierno paternal se dignase hacerlos felices, conscientes de que no hay que esperar nada bueno de los Gobiernos y de que «la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos».

Estos primeros actos de expropiación han sido coronados por el más risueño de los éxitos; pero no hay que limitarse a tomar tan sólo posesión de la tierra y de los implementos de agricultura: hay que tomar resueltamente posesión de todas las industrias por los trabajadores de las mismas, consiguiéndose de esa manera que las tierras, las minas, las fábricas, los talleres, las fundiciones, los carros, los ferrocarriles, los barcos, los almacenes de todo género y las casas queden en poder de todos y cada uno de los habitantes de México, sin distinción de sexo.

Los habitantes de cada región en que tal acto de suprema justicia se lleve a cabo no tienen otra cosa que hacer que ponerse de acuerdo para que todos los efectos que se hallen en las tiendas, almacenes, graneros, etc., sean conducidos a un lugar de fácil acceso para todos, donde hombres y mujeres de buena voluntad practicarán un minucioso inventario de todo lo que se haya recogido, para calcular la duración de esas existencias, teniendo en cuenta las necesidades y el número de los habitantes que tienen que hacer uso de ellas, desde el momento de la expropiación hasta que en el campo se levanten las primeras cosechas y en las demás industrias se produzcan los primeros efectos.

Hecho el inventario, los trabajadores de las diferentes industrias se entenderán entre sí fraternalmente para regular la producción; de manera que, durante este movimiento, nadie carezca de nada, y sólo se morirán de hambre aquellos que no quieran trabajar, con excepción de los ancianos, los impedidos y los niños, que tendrán derecho a gozar de todo.

Todo lo que se produzca será enviado al almacén general en la comunidad del que todos tendrán derecho a tomar TODO LO QUE NECESITEN SEGÚN SUS NECESIDADES, sin otro requisito que mostrar una contraseña que demuestre que se está trabajando en tal o cual industria.

Como la aspiración del ser humano es tener el mayor número de satisfacciones con el menor esfuerzo posible, el medio más adecuado para obtener ese resultado es el trabajo en común de la tierra y de las demás industrias. Si se divide la tierra y cada familia toma un pedazo, además del grave peligro que se corre de caer nuevamente en el sistema capitalista, pues no faltarán hombres astutos o que tengan hábitos de ahorro que logren tener más que otros y puedan a la larga poder explotar a sus semejantes; además de este grave peligro, está el hecho de que si una familia trabaja un pedazo de tierra, tendrá que trabajar tanto o más que como se hace hoy bajo el sistema de la propiedad individual para obtener el mismo resultado mezquino que se obtiene actualmente; mientras que si se une la tierra y la trabajan en común los campesinos, trabajarán menos y producirán más. Por supuesto que no ha de faltar tierra para que cada persona pueda tener su casa y un buen solar para dedicarlo a los usos que sean de su agrado. Lo mismo que se dice del trabajo en común de la tierra, puede decirse del trabajo en común de la fábrica, del taller, etc.; pero cada quien, según su temperamento, según sus gustos, según sus inclinaciones podrá escoger el género de trabajo que mejor le acomode, con tal de que produzca lo suficiente para cubrir sus necesidades y no sea una carga para la comunidad.

Obrándose de la manera apuntada, esto es, siguiendo inmediatamente a la expropiación la organización de la producción, libre ya de amos y basada en las necesidades de los habitantes de cada región, nadie carecerá de nada a pesar del movimiento armado, hasta que, terminado este movimiento con la desaparición del último burgués y de la última autoridad o agente de ella, hecha pedazos la ley sostenedora de privilegios y puesto todo en manos de los que trabajan, nos estrechemos todos en fraternal abrazo y celebremos con gritos de júbilo la instauración de un sistema que garantizará a todo ser humano el pan y la libertad.

MEXICANOS: por esto es por lo que lucha el Partido Liberal Mexicano. Por esto es por lo que derrama su sangre generosa una pléyade de héroes, que se baten bajo la bandera roja al grito prestigioso de ¡Tierra y Libertad!

Los liberales no han dejado caer las armas a pesar de los tratados de paz del traidor Madero con el tirano Díaz, y a pesar, también, de las incitaciones de la burguesía, que ha tratado de llenar de oro sus bolsillos, y esto ha sido así, porque los liberales somos hombres convencidos de que la libertad política no aprovecha a los pobres sino a los cazadores de empleos, y nuestro objeto no es alcanzar empleos ni distinciones, sino arrebatarlo todo de las manos de la burguesía, para que todo quede en poder de los trabajadores.

La actividad de las diferentes banderías políticas que en estos momentos se disputan la supremacía, para hacer, la que triunfe, exactamente lo mismo que hizo el tirano Porfirio Díaz, porque ningún hombre, por bien intencionado que sea, puede hacer algo en favor de la clase pobre cuando se encuentra en el poder; esa actividad ha producido el caos que debemos aprovechar los desheredados, tomando ventajas de las circunstancias especiales en que se encuentra el país, para poner en práctica, sin pérdida de tiempo, sobre la marcha, los ideales sublimes del Partido Liberal Mexicano, sin esperar a que se haga la paz para efectuar la expropiación, pues para entonces ya se habrán agotado las existencia de efectos en las tiendas, graneros, almacenes y otros depósitos, y como al mismo tiempo, por el estado de guerra en que se había encontrado el país, la producción se había suspendido, el hambre sería la consecuencia de la lucha, mientras que efectuando la expropiación y la organización del trabajo libre durante el movimiento, ni se carecerá de lo necesario en medio del movimiento ni después.

MEXICANOS: si queréis ser de una vez libres no luchéis por otra causa que no sea la del Partido Liberal Mexicano. Todos os ofrecen libertad política para después del triunfo: los liberales os invitamos a tomar la tierra, la maquinaria, los medios de transportación y las casas desde luego, sin esperar a que nadie os dé todo ello, sin aguardar a que una ley decrete tal cosa, porque las leyes no son hechas por los pobres, sino por señores de levita, que se cuidan bien de hacer leyes en contra de su casta.

Es el deber de nosotros los pobres trabajar y luchar por romper las cadenas que nos hacen esclavos. Dejar la solución de nuestros problemas a las clases educadas y ricas es ponernos voluntariamente entre sus garras. Nosotros los plebeyos; nosotros los andrajosos; nosotros los hambrientos; los que no tenemos un terrón donde reclinar la cabeza; los que vivimos atormentados por la incertidumbre del pan de mañana para nuestras compañeras y nuestros hijos; los que, llegados a viejos, somos despedidos ignominiosamente porque ya no podemos trabajar, toca a nosotros hacer esfuerzos poderosos, sacrificios mil para destruir hasta sus cimientos el edificio de la vieja sociedad, que ha sido hasta aquí una madre cariñosa para los ricos y los malvados, y una madrastra huraña para los que trabajan y son buenos.

Todos los males que aquejan al ser humano provienen del sistema actual, que obliga a la mayoría de la humanidad a trabajar y a sacrificarse para que una minoría privilegiada satisfaga todas sus necesidades y aun todos sus caprichos, viviendo en la ociosidad y en el vicio. Y menos malo si todos los pobres tuvieran asegurado el trabajo; como la producción no está arreglada para satisfacer las necesidades de los trabajadores sino para dejar utilidades a los burgueses, éstos se dan maña para no producir más que lo que calculan que pueden expender, y de ahí los paros periódicos de las industrias o la restricción del número de trabajadores, que provienen, también, del hecho del perfeccionamiento de la maquinaria, que suple con ventajas los brazos del proletariado.

Para acabar con todo eso es preciso que los trabajadores tengan en sus manos la tierra y la maquinaria de producción, y sean ellos los que regulen la producción de las riquezas atendiendo a las necesidades de ellos mismos.

El robo, la prostitución, el asesinato, el incendiarismo, la estafa, productos son del sistema que coloca al hombre y a la mujer en condiciones en que para no morir de hambre se ven obligados a tomar de donde hay o a prostituirse, pues en la mayoría de los casos, aunque se tengan deseos grandísimos de trabajar, no se consigue trabajo, o es éste tan mal pagado, que no alcanza el salario ni para cubrir las más imperiosas necesidades del individuo y de la familia, aparte de que la duración del trabajo bajo el presente sistema capitalista y las condiciones en que se efectúa, acaban en poco tiempo con la salud del trabajador, y aun con su vida, en las catástrofes industriales, que no tienen otro origen que el desprecio con que la clase capitalista ve a los que se sacrifican por ella.

Irritado el pobre por la injusticia de que es objeto; colérico ante el lujo insultante que ostentan los que nada hacen; apaleado en las calles por el polizonte por el delito de ser pobre; obligado a alquilar sus brazos en trabajos que no son de su agrado; mal retribuido, despreciado por todos los que saben más que él o por los que por dinero se creen superiores a los que nada tienen; ante la expectativa de una vejez tristísima y de una muerte de animal despedido de la cuadra por inservible; inquieto ante la posibilidad de quedar sin trabajo de un día para otro; obligado a ver como enemigo a los mismos de su clase, porque no sabe quién de ellos será el que vaya a alquilarse por menos de lo que él gana, es natural que en estas circunstancias se desarrollen en el ser humano instintos antisociales y sean el crimen, la prostitución, la deslealtad los naturales frutos del viejo y odioso sistema, que queremos destruir hasta en sus más profundas raíces para crear uno nuevo de amor, de igualdad, de justicia, de fraternidad, de libertad.

¡Arriba todos como un solo hombre! En las manos de todos están la tranquilidad, el bienestar, la libertad, la satisfacción de todos los apetitos sanos; pero no nos dejemos guiar por directores; que cada quien sea el amo de sí mismo; que todo se arregle por el consentimiento mutuo de las individualidades libres. ¡Muera la esclavitud! ¡Muera el hambre! ¡Vida, Tierra y Libertad!

MEXICANOS: con la mano puesta en el corazón y con nuestra conciencia tranquila, os hacemos un formal y solemne llamamiento a que adoptéis, todos, hombres y mujeres, los altos ideales del Partido Liberal Mexicano. Mientras haya pobres y ricos, gobernantes y gobernados, no habrá paz, ni es de desearse que la haya porque esa paz estaría fundada en la desigualdad política, económica y social, de millones de seres humanos que sufren hambre, ultrajes, prisión y muerte, mientras una pequeña minoría goza de toda suerte de placeres y de libertades por no hacer nada.

¡A la lucha!; a expropiar con la idea del beneficio para todos y no para unos cuantos, que esta guerra no es una guerra de bandidos, sino de hombres y mujeres que desean que todos sean hermanos y gocen, como tales, de los bienes que nos brinda la Naturaleza y el brazo y la inteligencia del hombre han creado, con la única condición de dedicarse cada quien a un trabajo verdaderamente útil.

La libertad y el bienestar están al alcance de nuestras manos. El mismo esfuerzo y el mismo sacrificio que cuesta elevar a un gobernante, esto es, un tirano, cuesta la expropiación de los bienes que detentan los ricos. A escoger, pues: o un nuevo gobernante, esto es, un nuevo yugo, o la expropiación salvadora y la abolición de toda imposición religiosa, política o de cualquier otro orden.

¡TIERRA Y LIBERTAD!

Dado en la ciudad de Los Ángeles, Estado de California, Estados Unidos de América, a los 23 días del mes de septiembre de 1911. Ricardo Flores Magón. Librado Rivera. Anselmo L. Figueroa. Enrique Flores Magón.

CAPÍTULO VII

El Plan de Tacubaya. Sigue la campaña de la prensa contra el maderismo. El general Bernardo Reyes se levanta en armas. El Plan de Ayala. La rebelión de Pascual Orozco y el Plan denominado De la Empacadora. Los orozquistas que al principio habían vencido a las tropas del Gobierno son al fin derrotados por una columna comandada por el general Victoriano Huerta. El dictamen de la Comisión Agraria Ejecutiva. Lo que pensaba el Presidente Madero sobre el problema agrario. El primer decreto hacendario en materia de petróleo. Félix Díaz se levanta en armas en Veracruz y es fácilmente vencido. Madero le perdona la vida. Iniciativas en materia agraria presentadas en la Cámara de Diputados. El célebre discurso agrarista de Luis Cabrera pronunciado el 3 de diciembre de 1912. Al finalizar este año el prestigio del Presidente Madero sufre dramática declinación.

EL 31 DE octubre de 1911, siete días antes de que don Francisco I. Madero ocupara la silla presidencial, firmaban en una casa de la pequeña población de Tacubaya los señores Paulino Martínez, Policarpo Rueda y Francisco I. Guzmán, un plan revolucionario llamado «Plan de Tacubaya», desconociendo anticipadamente al futuro Gobierno. En dicho documento político se declaraban nulas las elecciones que habían dado el triunfo a Madero y Pino Suárez; se declaraban disueltas las Cámaras de la Unión; y sin disimulos ni eufemismos, en forma directa, se decía que el propósito fundamental del Plan era llevar a la Presidencia de la República al licenciado Emilio Vázquez Gómez, a quien se colmaba de elogios y se le atribuían las más altas virtudes cívicas.

Los autores del Plan de Tacubaya acusaban a Madero de nepotismo, de haber traicionado el Plan de San Luis y de haber impuesto a Pino Suárez y a varios gobernadores de los Estados. Lo llamaban pérfido, demente criminal y le hacían otros cargos; pero lo más interesante de tal documento era la siguiente declaración: «El problema agrario en sus diversas modalidades es, en el fondo, la causa fundamental de la que derivan todos los males del país y de sus habitantes». En este punto los firmantes del Plan de Tacubaya tenían obviamente razón puesto que se apoyaban en un hecho real e incontrovertible; pero entonces no pasó nada de importancia: cierta alarma momentánea en el país y unas cuantas aprehensiones en la ciudad de México.

El 6 de noviembre, repitamos la fecha, don Francisco I. Madero cruzó sobre su pecho la codiciada banda presidencial.

La popularidad del señor Madero al ocupar la Presidencia, había descendido en toda la República en comparación con aquella de que había gozado al entrar como caudillo victorioso a la ciudad de México cinco meses antes.

La prensa no cejaba en su tarea de atacar a Madero, a su hermano Gustavo y a los secretarios de Gobernación y de Comunicaciones y Obras Públicas. A don Gustavo Madero continuaban llamándolo los periódicos de oposición sistemática, que eran los de mayor circulación, «ojo parado»; a don Abraham González, le decían «ñor Abraham» para indicar su impreparación intelectual y acentuar su rusticidad, y a don Manuel Bonilla, con el perverso propósito de hacerlo aparecer como un imbécil, le inventaron la palabra «bonilladas», bajo cuyo rubro decían que decía las más divertidas tonterías. Por supuesto que a los ataques de los diarios y semanarios no escapaban otros miembros del Gobierno ni sus partidarios más decididos.

Manuel Calero llama a don Abraham González hombre de buen sentido, honrado a carta cabal y patriota; y respetable, capaz y laborioso a Manuel Bonilla. La opinión de Calero ha sido en más de una ocasión confirmada por quienes conocieron a esos dos hombres, víctimas de una prensa al servicio de ruines intereses. La opinión de Calero a este respecto es muy valiosa porque no obstante haber servido al Gobierno de Madero en dos altos cargos, primero como secretario de Relaciones y después como embajador en Washington, estuvo siempre inconforme con la política del Presidente, lo cual nos lleva a pensar que tal vez nunca fue un colaborador leal. A su juicio, Madero «no era ni estadista, ni político, ni siquiera sujeto equilibrado». Sobre el mismo tema escribe en Un decenio de política mexicana: «Madero era liberal y demócrata y en estos dos conceptos, tomados en toda su amplitud, estábamos de acuerdo. En lo que tendríamos que disentir, a juzgar por su conducta durante el interinato, era en los procedimientos de su Gobierno; pero yo esperaba que los suyos se modificarían a medida que fuera percatándose de las responsabilidades que traía consigo su función de Presidente de la República. Cierto que Madero iba al Gobierno con la cabeza hinchada de fórmulas vanas; que su voluntad incierta estaba sujeta a violentos giros e inesperadas reversiones; que no tenía conocimiento de los hombres, ni estudios de administración, ni experiencia política; pero a trueque de estas deficiencias su corazón rebosaba en patriotismo, benevolencia y honradez». Este juicio nos parece en lo general severo, pero en el fondo no lejos de la amarga verdad.

Al general Bernardo Reyes le habían hecho creer sus amigos más cercanos que aún gozaba de enorme popularidad en todo el país, como dos años antes cuando numerosos grupos de ciudadanos le habían ofrecido su candidatura a la Vicepresidencia. Además, estaba seguro de la incapacidad de Madero para gobernar y pensó que él, Bernardo Reyes, era quien podía dominar la situación al tomar en sus hábiles manos el timón de la República. Para conseguir su propósito o para tratar de conseguirlo le quedaba solamente un camino, levantarse en armas; y el viejo y ameritado militar, que luchara en el pasado en defensa de las instituciones republicanas, se lanzó a esa aventura peligrosa engañado por el espejismo de una fácil victoria.

Naturalmente el general Bernardo Reyes redactó y publicó su plan revolucionario. El contenido del plan puede resumirse de esta manera:

1. Se acepta el Plan de San Luis, adicionándolo con la idea de establecer una zona libre en la frontera norte de la nación.

2. Se desconoce la legalidad de las últimas elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, así como también a todas las autoridades que no secundaran el plan.

3. En el artículo 4.º se dice: «Quedan especialmente sujetos a revisión y en condición de ser anulados los acuerdos, disposiciones, decretos y sentencias referentes a enajenación de terrenos declarados baldíos y que estaban de antemano poseídos, verificándose en su caso las restituciones debidas».

Sólo un breve comentario: Cabe decir que a partir de noviembre de 1911, se va generalizando en todo el país una mayor preocupación por el problema de la mala distribución de la tierra, aun entre algunos de aquellos que habían servido a la dictadura. No obstante, el señor Madero no se daba todavía cabal cuenta de la magnitud de ese problema y de cuán urgente era comenzar a resolverlo sin pérdida de tiempo. Continuaba embriagado de optimismo, soñando en la eficacia de las palabras mágicas: «Sufragio efectivo. No reelección».

Continuaba sin preocuparse seriamente de las cuestiones sociales y económicas que eran las causas principales que originaban la inconformidad y la agitación. El señor Madero, congruente con sus ideas, se sintió tranquilo y satisfecho cuando el Congreso de la Unión, el 27 de noviembre, elevó a precepto constitucional la no reelección de Presidente y Vicepresidente de la República.

Volvamos al general Bernardo Reyes. Se había marchado a los Estados Unidos. Cruzó la frontera el 13 de diciembre de 1911, acompañado de un pequeño grupo de partidarios. Después nadie se le unió. Al saberse perseguidos, el puñado de amigos se fue dispersando y bien pronto el general Reyes se quedó solo, completamente solo. De seguro debió haber pasado horas y días amargos, vencido y desilusionado; huyendo solitario por los montes del Estado de Nuevo León que durante largos años gobernara con acierto y mando firme. Al fin se rindió a las autoridades de la población de Linares, el 25 de diciembre, doce días después de iniciada su aventura. Se le condujo a la ciudad de México donde fue internado en la Prisión Militar de Santiago. Pudo haber sido fusilado; mas el presidente Madero, el generoso, lo salvó de la muerte.

José Vasconcelos escribe en Ulises criollo, a propósito de la bondad de Madero: «Le dolía la humillación de sus enemigos y hubiera deseado abrirles el presidio y también la anchura inmensa de sus pequeños brazos». A nuestro parecer estas palabras retratan con fidelidad un aspecto de la personalidad de aquel hombre tan cargado de virtudes humanas y tan lleno de defectos como estadista.

Los zapatistas, como ya lo sabemos, continuaron levantados en armas durante el interinato del señor De la Barra. Sabemos también que nunca presentaban batalla cuando se daban cuenta de la superioridad numérica y del equipo de las fuerzas del Gobierno. Al aproximarse éstas se dispersaban o huían para refugiarse en lo más intrincado de las montañas próximas. Las tropas federales que iban en su persecución encontraban solamente a campesinos labrando la tierra o conversando tranquilos a las puertas de sus jacales. Al ser interrogados nunca sabían nada de los zapatistas, ni los habían visto en parte alguna; pero ellos mismos eran zapatistas combatientes que habían escondido el rifle y que estaban resueltos a empuñarlo de nuevo en la primera oportunidad. Al presentarse la ocasión propicia, solían atacar por sorpresa a los pequeños destacamentos enemigos, venciéndolos sin dificultad. El espionaje, por otra parte, estaba perfectamente organizado y la sorpresa a ellos, a los zapatistas, era imposible. Puede decirse que había un espía en cada habitante rural del Estado de Morelos. Así se explica que jamás durante nueve años hubieran podido ser aniquilados no obstante la enorme superioridad del enemigo.

Algunos, demasiado optimistas, pensaban que Emiliano Zapata se rendiría con sus tropas al ocupar don Francisco I. Madero la Presidencia. Estaban equivocados, completamente equivocados. A los zapatistas no les importaba lo del sufragio efectivo y la no reelección. Muchos de ellos ni siquiera sabían bien la significación y el alcance de tales vocablos. Lo que les importaba era la restitución de las tierras a los pueblos, robadas por poderosos terratenientes con la complicidad de las autoridades responsables. Por eso, por el hambre de tierras y por las injusticias de que habían sido víctimas, abandonaron sus hogares y fueron a la lucha, alentados por la promesa contenida en el artículo 3.º del Plan de San Luis; y como el señor Madero, ya en la Presidencia, no diera inmediatamente pasos efectivos para cumplir esa promesa, los zapatistas, impacientes, resolvieron con justificada terquedad pelear sin tregua por el logro de sus aspiraciones.

De aquí que en la Villa de Ayala, el 25 de noviembre de 1911, firmaron el plan revolucionario conocido históricamente con el nombre de «Plan de Ayala», los generales Emiliano Zapata, Otilio E. Montaño, José Trinidad Ruiz, Eufemio Zapata, Jesús Morales, Próculo Capistrán, Jesús Navarro, Francisco Mendoza y otros jefes y oficiales del ejército zapatista

Los autores del Plan consideraban que Madero había traicionado los principios de la Revolución y que trataba de acallar por medio de la fuerza bruta a los pueblos que exigían el cumplimiento de sus promesas. Añadían que Madero había impuesto a Pino Suárez y a varios gobernadores de los Estados en contra de los principios que proclamara. Decían también que había pactado con los científicos, con los hacendados y caciques de toda laya. Por último aseguraban que Madero era inepto para gobernar y lo llamaban nada menos que traidor a la patria. Lógicamente lo desconocían como jefe de la Revolución y en su carácter de Presidente de México. Al desconocerlo en cuanto a las primeras funciones mencionadas, nombraban en su lugar al general Pascual Orozco, el militar más prestigiado del maderismo. Agregaban que si Orozco no aceptaba la designación hecha en su favor, entonces lo sustituiría en el mando supremo el general Emiliano Zapata.

Lo más importante del documento político que estamos comentando se halla en las adiciones al Plan de San Luis. Son de tal manera interesantes para conocer la trayectoria ideológica de la Revolución en su aspecto social, que es necesario transcribir íntegramente algunos artículos que las contienen:

«6.º Como parte adicional del Plan que invocamos, hacemos constar: Que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes y muebles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en las manos, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos lo deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución.

»7.º En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la Industria o a la Agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa, se expropiarán, previa indemnización[13] de la tercera parte de los monopolios a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.

»8.º Los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente Plan, se nacionalizarán sus bienes y las dos terceras partes que a ellos correspondan, se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en las luchas del presente Plan».

El resto de los artículos del Plan de Ayala se refieren a los procedimientos a seguir en cuanto al problema de la tierra, así como también en relación con la forma de restablecer el orden constitucional cuando triunfara el nuevo movimiento revolucionario. El lema que calza el Plan de Ayala es el siguiente: «Libertad, Justicia y Ley».

El Plan de que se trata fue redactado por Otilio Montaño y Emiliano Zapata. El primero profesor pueblerino de primeras letras, y, el segundo, un campesino que apenas sabía leer y escribir; pero ambos conocían bien la miseria que padecía el habitante del campo; la habían sufrido en su propia carne y por eso tenían idea de sus necesidades elementales insatisfechas y de sus anhelos de mejoramiento individual y colectivo.

Al conocerse el Plan por aquellos días de fines de noviembre y principios de diciembre de 1911, por haber sido publicado en El Diario del Hogar de Filomeno Mata, pensaron los observadores realistas que era impracticable. En nuestros días, al examinar el Plan de Ayala y compararlo con hechos históricos anteriores y posteriores ocurridos en México, nos impresiona la moderación y la ingenuidad de estos agraristas; porque, por una parte, sólo aspiraban a restituir sus terrenos a los legítimos dueños y, por la otra, a expropiar previa indemnización, es decir, mediante pago adelantado, la tercera parte de las tierras de los grandes latifundistas; y únicamente en caso de abierta rebeldía, sería menester llegar a la nacionalización del total de sus propiedades. Ya sabemos que en los años posteriores se llegó mucho más lejos, consecuencia inevitable de la radicalización de las ideas durante la guerra civil, durante una lucha larga y sangrienta entre el pueblo y la clase acaudalada.

El presidente Madero envió un poderoso ejército para combatir a los zapatistas, al «Atila del Sur», según llamaban a Zapata los grandes rotativos de la ciudad de México y los pequeños periódicos de provincia. La crueldad imperó en los dos bandos. Los federales fusilaban a diestra y siniestra e incendiaban aldeas enteras sospechosas de simpatía zapatista. Por su parte, los zapatistas imitaban en mucho a los federales. «Ojo por ojo y diente por diente». Crueldad infecunda, estúpida e inútil como todas las crueldades. Ni las tropas del Gobierno ni las de Zapata lograron la victoria definitiva.

A fines de febrero de 1911 el Gobierno no había restablecido la paz en la nación; la campaña de publicidad en contra del señor Madero continuaba cada vez con mayor encono, y su popularidad y prestigio, fatalmente, decrecían semana a semana.

En los primeros días de marzo se rebeló en contra del Gobierno el general Pascual Orozco, quien entonces gozaba de popularidad en todo el país. Orozco se adueñó desde luego del Estado de Chihuahua, secundado por la Legislatura Local y por los generales, jefes y oficiales revolucionarios a sus órdenes, con excepción de Francisco Villa que permaneció leal al señor Madero.

El Plan Orozquista, que así puede llamarse, está firmado en la ciudad de Chihuahua el 25 de marzo de 1912 por los generales siguientes: Pascual Orozco, José Inés Salazar, Emilio Campa, Cheche Campos, Benjamín Argumedo y otros, la mayor parte, militares improvisados que se habían distinguido por su valor en los campos de batalla.

En el nuevo plan revolucionario se dice que se luchará por el triunfo del Plan de San Luis, del Plan de Tacubaya y del Plan de Ayala; pero además contiene novedades y es mucho más avanzado que ninguno de los tres anteriores. A primera vista se advierte la influencia del Manifiesto del Partido Liberal publicado en 1906.

Lo que podemos llamar considerandos del Plan Orozquista están escritos en estilo tan ampuloso y pedestre que de modo inevitable provocan la sonrisa burlona del lector contemporáneo; la pasión se desborda en torrentes con insultos y calumnias a don Francisco I. Madero; y de vez en vez, aquí y allá, se ataca a los Estados Unidos de Norteamérica. Un ejemplo de esto último: «Madero ha profanado nuestra bandera con la mano sacrílega del yankee». Y este otro: «Francisco I. Madero ha arrancado de nuestro escudo el águila gloriosa devorando la serpiente, para sustituirla con el buitre que devora la América Española». Nada de eso; literatura política barata y a la par calumniosa. No por lo del buitre sino por Madero. Éste fue siempre verdadero patriota.

Ahora bien, los artículos del Plan Orozquista son otra cosa. Muchos de ellos contienen una visión certera de algunos de los problemas fundamentales de México. Están redactados con claridad y son antecedentes de la Constitución de 1917.

En materia política aspiraban a suprimir la Vicepresidencia de la República y a los jefes políticos; de conceder independencia al Poder Municipal y de garantizar la libertad para escribir y pensar; pero a nuestro entender lo más importante de dicho documento estriba en las reformas económico-sociales, porque nos muestran cómo iban cuajando y precisándose las ideas revolucionarias. Estas ideas, con las cuales trataban de transformar la organización del país y por las que los orozquistas, según sus palabras, estaban resueltos a luchar hasta vencer o morir, tienen tal significación histórica que no es posible resistir la tentación de darlas a conocer, transcribiendo los artículos correspondientes:

«34. Para mejorar y enaltecer la situación de la clase obrera, se implantarán desde luego las siguientes medidas:

»I. Supresión de las tiendas de raya bajo el sistema de vales, libretas o cartas-cuentas.

»II. Los jornales de los obreros serán pagados totalmente en dinero en efectivo.

»III. Se reducirán las horas de trabajo, siendo éstas diez horas como máximum para los que trabajan en jornal y doce para los que lo hagan a destajo.

»IV. No se permitirá que trabajen en las fábricas niños menores de diez años, y los de esta edad hasta la de diez y seis sólo trabajarán seis horas al día.

»V. Se procurará el aumento de jornales armonizando los intereses del capital y del trabajo, de manera que no se determine un conflicto económico que entorpezca el progreso industrial del país.

»VI. Se exigirá a los propietarios de fábricas que alojen a los obreros en condiciones higiénicas, que garanticen su salud y enaltezcan su condición.

»35. Siendo el problema agrario en la República el que exige más atinada y violenta solución, la Revolución garantiza que desde luego se procederá a resolverlo, bajo las bases generales siguientes:

»I. Reconocimiento de la propiedad a los poseedores pacíficos por más de veinte años.

»II. Revalidación y perfeccionamiento de todos los títulos legales.

»III. Reivindicación de los terrenos arrebatados por despojo.

»IV. Repartición de todas las tierras baldías y nacionalizadas en toda la República.

»V. Expropiación por causa de utilidad pública, previo avalúo, a los grandes terratenientes que no cultivan habitualmente toda su propiedad; y las tierras así expropiadas se repartirán para fomentar la agricultura intensiva.

»VI. A fin de no gravar el Erario, ni mucho menos aumentar con empréstitos en el extranjero la deuda exterior de la nación, el Gobierno hará una emisión especial de bonos agrícolas para pagar con ellos los terrenos expropiados, y pagará a los tenedores el interés del 4 por ciento anual hasta su amortización. Esto se hará cada 10 años con el producto del pago de las mismas tierras repartidas, con el que se formará un fondo especial destinado a dicha amortización.

»VII. Se dictará una ley orgánica reglamentaria sobre la materia».

Todas estas ideas económico-sociales, de igual manera que las de carácter político a que arriba se hizo referencia, formaron parte con ciertas variantes de la Ley fundamental de la nación, algo menos de un lustro más tarde.

El Gobierno organizó sin demora una fuerte columna militar para combatir a los orozquistas al mando del general González Salas, ministro de la Guerra en el Gabinete del señor Madero. El 25 de marzo tuvo lugar la batalla en la estación de Rellano entre los federales y los revolucionarios. Aquéllos fueron completamente derrotados y González Salas, militar pundonoroso, se pegó un tiro que lo privó de la vida. Había cometido errores en la dirección de la campaña y no pudo soportar su fracaso.

Sin pérdida de tiempo fue enviada al Estado de Chihuahua una fuerza militar más numerosa y mejor equipada que la anterior a las órdenes del general Victoriano Huerta, uno de los jefes de mayor prestigio en el ejército. En esta ocasión, como en muchas otras, la historia no se repitió. El 22 y el 23 de mayo, otra vez en Rellano, los orozquistas sufrieron tremenda derrota; y, días más tarde, en Bachimba, fueron completamente aniquilados. El general Huerta sometió bien pronto a la obediencia al Estado de Chihuahua y consolidó su prestigio de hábil estratega.

Hay un hecho que no debemos pasar inadvertido relacionado con Francisco Villa, por la fama que más tarde alcanzó en México y en otros países. La columna militar del general Huerta, de la que formaba parte Villa, estaba en Torreón preparándose para avanzar al Norte en contra de Orozco y su gente. Villa se había robado un caballo de pura sangre que pertenecía a un cierto personaje de la localidad. El propietario presentó su queja al jefe de las fuerzas y éste ordenó a Villa que devolviera el caballo a su dueño; pero Villa, levantisco e indisciplinado por naturaleza, se negó a obedecer. Entonces el general Huerta ordenó qué fuera aprehendido y fusilado al día siguiente por insubordinación en campaña. Alguien avisó por teléfono a México. El Presidente Madero hizo que la ejecución se suspendiera y que Villa fuera trasladado a la capital en calidad de prisionero. Fue internado en la Prisión Militar de Santiago, de donde se fugó poco tiempo después, según se dijo por aquellos días, con la ayuda del propio Presidente de la República. Villa jamás olvidó que Madero le salvó la vida y siempre tuvo para él y su memoria las palabras de mayor afecto, gratitud y admiración.

Ahora es necesario retroceder un poco en nuestro relato. Mientras se luchaba en el Norte en contra de Orozco y en el Sur se combatía a Zapata, el presidente Madero rendía su informe a la XXV Legislatura el 1.º de abril de 1912. El informe es extenso y se ocupa en su mayor parte de la marcha de la administración pública, pero también trata de cuestiones políticas, sociales y económicas. A tal respecto vamos a consignar aquellas que a nuestro juicio tienen mayor importancia y que reflejan las ideas del jefe del Poder Ejecutivo de la Nación:

I. Estima injustificados los movimientos dirigidos por Zapata y Orozco y llama «hordas vandálicas» a los zapatistas. No advierte o parece que no advierte, las causas profundas que habían originado esos movimientos de rebeldía.

II. Afirma una vez más su confianza en la lealtad del ejército heredado del porfirismo.

III. Al referirse a los rumores de la intervención armada en México por los Estados Unidos, dice que el pueblo de México «a pesar de todas las deficiencias de que adolece o que se le atribuyen en el orden político, ama su independencia y su dignidad más que su propia vida». Aquí, por asociación de ideas se recuerdan las primeras palabras del Manifiesto Comunista de Marx y Engels: «Un espectro se cierne sobre Europa: el espectro del comunismo». Nosotros podemos decir que a través de nuestra historia desde 1824 hasta la fecha, un espectro se ha cernido y se cierne todavía sobre México: el espectro de los Estados Unidos.

IV. Informa que se establecerán quinientas escuelas rudimentarias de acuerdo con el decreto de 1.º de julio de 1911. Entendemos que no pudo organizarse tan loable propósito por la agitación política y la guerra intestina.

V. Dice textualmente: «… El Ejecutivo se preocupa hondamente por el problema agrícola, porque estima que en la solución de este problema está vinculado el porvenir económico de la República». También trata de la organización de la Comisión Nacional Agraria y de la Comisión Agraria Ejecutiva, para estudiar los problemas de la pequeña propiedad y del fraccionamiento y colonización de tierras. Nótese que el señor Madero hasta esa fecha se limita a ordenar el estudio del problema agrario, sin tomar ninguna medida práctica para resolverlo desde luego. Y es que, desgraciadamente, aún no se daba cabal cuenta de la magnitud y gravedad de dicho problema, ni de cuán inaplazable era encontrar sin demora el camino para su resolución.

Las ideas que por aquellos días tenía el Gobierno para resolver el problema de la tenencia de la tierra pueden resumirse en los tres puntos que se indican a continuación:

1. Parcelar los ejidos que aún continuaban indivisos de acuerdo con la Constitución de 1857.

2. Fraccionar terrenos nacionales para venderlos en lotes medianos o pequeños para crear la pequeña propiedad.

3. Comprar algunas haciendas a los grandes terratenientes para fraccionarlas con las mismas finalidades del caso anterior.

La Comisión Agraria Ejecutiva integrada por el licenciado José Lorenzo Cossío y los ingenieros Manuel Marroquín y Rivera y Roberto Gayol, presentó un interesantísimo dictamen a la Secretaría de Fomento con fecha 15 de abril, dando su opinión sobre la mejor manera de acelerar la resolución del problema agrario. En dicho documento los profesionistas citados no ocultan su disentimiento con las ideas gubernamentales por considerarlas completamente equivocadas. En su opinión el fraccionamiento tanto de los terrenos nacionales como de las haciendas que se compraran, exigía estudios cuidadosos y de un lapso demasiado largo, todo lo cual resultaba inconveniente ante la urgencia de resolver problema tan fundamental. A su parecer lo que debía hacerse desde luego era reconstruir los ejidos de los pueblos en forma comunal, haciendo para ello las reformas legales necesarias. Claramente advertirá el lector las discrepancias entre las opiniones del Gobierno y de los miembros de la referida comisión. Nosotros creemos que la razón estaba del lado de los señores Gayol, Cossío y Marroquín y Rivera.

En los meses agitados en que gobernó al país don Francisco I. Madero, se organizan o se fortalecen varias agrupaciones obreras al amparo de la libertad preconizada por el nuevo régimen. Entre estas agrupaciones cabe citar al Gremio de Alijadores en Tampico; la Unión Minera Mexicana en el Norte; la Confederación del Trabajo en Torreón; la Confederación de Sindicatos Obreros de la República Mexicana en Veracruz; la Unión de Canteros; la Confederación Tipográfica de México en el Distrito Federal y varias agrupaciones de ferrocarrileros en diferentes lugares del país; pero tal vez el hecho más importante en aquella etapa histórica desde el punto de vista del movimiento obrero, fue la fundación de la Casa del Obrero Mundial. A este respecto escriben Rosendo Salazar y José G. Escobedo lo que parece interesante recoger:

«De las reuniones verificadas en el taller de Méndez, los demoledores Moncaleano y otros, que leían La conquista del pan, de Pedro Kropotkine, y Las mentiras convencionales de la civilización, del judío Max Simón Nordau, quisieron hacer algo que significara la realización de ambiciones nobilísimas y a la vez que lanzaban a la publicidad el órgano intitulado Luz el 15 de julio de 1912, en la 4.º calle de Matamoros N.º 105, establecían la Casa del Obrero Mundial, y en ella la Escuela Racional, ideal del profesor Francisco Ferrer Guardia, con el patrocinio de la Unión de Canteros».

No puede negarse que la Casa del Obrero Mundial dirigida por asiduos lectores de Pedro Kropotkine, Miguel Bakunin y Elíseo Reclus, influyera durante varios años en el pensamiento de no pocos trabajadores mexicanos, quienes frecuentaban la flamante institución cada vez en mayor número. Además, solían asistir para expresar sus opiniones y conversar con los trabajadores, intelectuales de alta o mediana talla como Jesús Urueta, Antonio Díaz Soto y Gama, Rafael Pérez Taylor, Agustín Aragón, Santiago R. de la Vega, José D. Ramírez Garrido, Fredesvindo Elvira Alonso, Diego Arenas Guzmán, Serapio Rendón, Sotero Prieto, Ignacio Díaz Soto y Gama y el inquieto poeta peruano entonces de fama internacional, José Santos Chocano. El Gobierno de Madero, como ya es bien sabido, cuyas ideas predominantes se cimentaban en el liberalismo del siglo XIX, bien pronto vio con desconfianza y cierta hostilidad a la Casa del Obrero Mundial, pues expulsó del país a uno de sus fundadores, el dirigente español Juan Francisco Moncaleano, y clausuró la Escuela Racionalista adscrita a la misma Casa.

También ejercieron influencia notoria en el proletariado de las ciudades los escritos de Ricardo Flores Magón, que con ejemplar constancia publicaba en su periódico Regeneración desde los Estados Unidos. Este periódico circulaba entre los miembros de uniones y sindicatos de trabajadores. Flores Magón evolucionó del liberalismo social predominante en el Plan del Partido Liberal de 1.º de julio de 1906, a un anarquismo con ciertos curiosos ingredientes comunistas. Tomemos unos cuantos ejemplos:

«Deseamos que nuestros compañeros los desheredados se penetren bien de lo que es la libertad política y los beneficios que puede reportar a los pueblos. Nosotros tenemos la convicción de que la libertad política por sí sola es impotente para hacer la felicidad de los pueblos, y es por eso por lo que trabajamos con empeño por hacer entender al pueblo que su verdadero interés es el de trabajar por la libertad económica, que es la base de todas las libertades, el cimiento sólido sobre el cual puede construirse el grandioso edificio de la emancipación humana.

»Es oportuno ahora volver a decir lo que tanto hemos dicho: hay que hacer que este movimiento, causado por la desesperación, no sea el movimiento ciego del que hace un esfuerzo para librarse del peso de un enorme fardo, movimiento en que el instinto domina casi por completo a la razón. Debemos procurar los libertarios que este movimiento tome la orientación que señala la Ciencia. De no hacerlo así, la Revolución que se levanta no serviría más que para sustituir un Presidente por otro Presidente, o lo que es lo mismo un amo por otro amo. Debemos tener presente que lo que se necesita es que el pueblo tenga pan, tenga albergue, tenga tierra por cultivar; debemos tener presente que ningún Gobierno por honrado que sea, puede decretar la abolición de la miseria. Es el pueblo mismo, son los hambrientos, son los desheredados los que tienen que abolir la miseria, tomando en primer lugar, posesión de la tierra que por derecho natural no puede ser acaparada por unos cuantos, sino que es la propiedad de todo ser humano. No es posible predecir hasta dónde podrá llegar la obra reivindicadora de la próxima Revolución; pero si llevamos los luchadores de buena fe el propósito de avanzar lo más posible por ese camino; si al empuñar el “winchester” vamos decididos, no al encumbramiento de otro amo, sino a la reivindicación de los derechos del proletariado; si llevamos al campo de la lucha armada el empeño de conquistar la libertad económica, que es la base de todas las libertades, que es la condición sin la cual no hay libertad ninguna; si llevamos ese propósito encauzaremos el próximo movimiento popular por un camino digno de esta época; pero si por el afán de triunfar fácilmente; si por querer abreviar la contienda quitamos de nuestras tendencias el radicalismo que las hace incompatibles con las tendencias de los partidos netamente burgueses y conservadores, entonces habremos hecho obra de bandidos y de asesinos, porque la sangre derramada no servirá más que para dar mayor fuerza a la burguesía, esto es, a la casta poseedora de la riqueza, que después del triunfo pondrá nuevamente la cadena al proletariado con cuya sangre, con cuyo sacrificio, con cuyo martirio ganó el poder.

»… Nuestro objeto es que la tierra y la maquinaria de producción queden en poder de todos y cada uno de los habitantes de México, sin distinción de sexo.

»El pueblo mexicano es ignorante en su mayoría, pero es inteligente y comprende que su salvación no está en elegir un nuevo gobernante, sino en tomar posesión de la fábrica, del taller, de la mina, del campo, del barco, del ferrocarril, de todo, en fin, para que no haya hambre, para que todos seamos iguales y hermanos.

»Compañeros trabajadores: continuad ingresando al Partido Liberal Mexicano. No esperéis nada bueno de los gobiernos. Haceos justicia desconociendo el derecho de propiedad individual. Que todo sea para todos. No esperéis a que esté hecha la paz para que un Gobierno misericordioso ponga en vuestras manos todo lo que existe. Tomad inmediata posesión de todo».

Y puede afirmarse, porque nos consta personalmente, que algunos jefes y oficiales revolucionarios recibieron la influencia de los escritos de Ricardo Flores Magón. Unos murieron en la lucha; otros se fueron adaptando a las distintas circunstancias impuestas por la realidad, y no faltaron quienes abandonando el radicalismo de la juventud combativa, prefirieron enriquecerse para sumarse a la nueva burguesía nacional.

En el segundo y último informe rendido al Poder Legislativo el 16 de septiembre, el Presidente Madero, siempre optimista, dijo lo siguiente: «Esperemos que de hoy en adelante México disfrutará de una paz inalterable, porque los principios de la efectividad del sufragio y de la no reelección, conquistados en la Revolución de 1910, serán la mejor garantía del regular funcionamiento de las instituciones republicanas». Pero en otro lugar del mismo informe se refiere al empréstito de diez millones de dólares contratado en Europa y en los Estados Unidos para gastos de guerra. Y es que los zapatistas a quienes lanzaba el cargo de cometer «depredaciones criminales» y de emplear «procedimientos salvajes de destrucción», estaban en pie de lucha tercos e indomables a pesar de sus frecuentes derrotas. El «Atila del Sur» no podía ser aniquilado por las numerosas fuerzas federales enviadas a combatirle.

En el informe en cuestión el señor Madero se refiere a su interés por mejorar la justicia; a su preocupación por la conservación de los bosques; a que se habían nombrado inspectores del petróleo para fijar el impuesto federal; y una vez más elogia la lealtad del ejército que, meses más tarde, probaría su deslealtad.

En materia de instrucción pública pone en conocimiento del Congreso que hay ciento cuarenta y cinco mil niños en las escuelas primarias del Distrito Federal y cuatro mil seiscientos treinta y cinco alumnos de la Universidad. Dice que se han establecido ya cincuenta escuelas rudimentarias, reconociendo que eran muy pocas en comparación con las necesidades de la enseñanza elemental en el campo mexicano.

A mediados del año hubo una convención obrero-patronal de la industria de hilados y tejidos, en la cual estuvieron representadas ciento quince fábricas, la inmensa mayoría de ellas. Los resultados no fueron satisfactorios para los trabajadores; no obtuvieron ninguna ventaja efectiva y no estuvieron conformes con los reglamentos aprobados. Lo más que se consiguió, según parece, fue la promesa hecha por casi todos los representantes de las empresas de reducir la jornada de trabajo que era entonces, generalmente, de diez a once horas. El presidente Madero se limitó a informar de la convención al Poder Legislativo, en forma lacónica y sin comentario alguno de importancia. Quizás seguía pensando en que los gobernantes no debían mezclarse en cuestiones de carácter económico y social.

Sin embargo, en este segundo informe es visible la preocupación del Presidente por el problema agrario, puesto que después de referir que existían veintiún millones de hectáreas nacionales, entre las que se contaban tierras que habían estado en poder de las compañías deslindadoras, añade que dichas tierras serían divididas para venderlas a precios módicos y aun darlas gratuitamente o arrendarlas. También informó en esa ocasión sobre el nombramiento de una comisión que estaba estudiando el problema del fraccionamiento y de la colonización de la gran propiedad, fomentando la iniciativa de los terratenientes, siempre de acuerdo con ellos y por medio de convenios especiales.

No es posible saber los pasos siguientes que hubiera dado el Gobierno de Madero de haber tenido tiempo para ocuparse del problema agrario; mas nos inclinamos a pensar, con apoyo en el conocimiento de la personalidad del caudillo gobernante, que él hubiera ido tan despacio por falta de energía y decisión, que hubiera sido imposible calmar la agitación en el campo y establecer una paz orgánica y duradera.

El Gobierno del general Díaz había dejado prácticamente en plena libertad a las compañías petroleras para explotar el subsuelo de México, lo mismo a las inglesas que a las norteamericanas. No se les cobraba ningún impuesto sobre la producción, exportación, importación de maquinaria, etc.; no se tenía idea de la enorme riqueza que sería el petróleo. Los primeros pasos para legislar en materia de gravámenes fiscales a la industria del petróleo los dio el Gobierno de don Francisco I. Madero al establecer el 3 de junio de 1912 un impuesto especial del timbre sobre petróleo crudo de producción nacional de $0.20 por tonelada.

El ingeniero José López Portillo y Weber, autor del capítulo «La industria petrolera en México hasta 1933», del Informe —3 de agosto de 1937— de la Comisión Pericial en el Conflicto de Orden Económico de la Industria Petrolera, escribe lo siguiente:

«El 3 de junio de 1912 puede considerarse como una fecha trascendental en la historia petrolera del país. En este día se expidió el primer decreto que establece un impuesto sobre el petróleo crudo, que vino a constituirse por primera vez en el país como una fuente de ingresos para la administración mexicana.

»El Gobierno del presidente Madero parece haber concedido a la cuestión del petróleo una atención que revela por las medidas preliminares que dictó, en las que evidentemente trataba de basar disposiciones ulteriores de amplia envergadura. Su primera providencia, el 11 de julio de 1912, fue disponer el registro de las compañías petroleras, después ordenó a la Dirección de Aduanas que averiguara el número de compañías o negociaciones petroleras que hubiera en México, pues, al parecer, la disposición anterior no había sido completamente atendida. La caída del Gobierno del presidente Madero impidió el desarrollo del programa que se adivinaba a través de estas disposiciones iniciales».

Tenemos noticias de que el moderadísimo impuesto, o más bien insignificante, a la producción de petróleo, disgustó a las empresas extranjeras, que pretendían que el Gobierno no interviniera en forma alguna en sus negocios.

Por otra parte, en la Cámara de Diputados tenían lugar verdaderos duelos parlamentarios. Fue una época brillante en la historia del parlamentarismo mexicano. La oposición la dirigía el cuadrilátero, formado por diputados de fácil palabra e ideas reaccionarias: José María Lozano, Querido Moheno, Nemesio García Naranjo y Francisco M. de Olaguíbel. En la otra trinchera, del lado del Gobierno Maderista, estaban hombres de alta talla intelectual como Jesús Urueta y Luis Cabrera; el primero gran orador y el segundo brillante polemista, dueño y señor de una dialéctica incisiva y demoledora. El público llenaba las tribunas de la Cámara en todas las sesiones, interesado en los debates y atraído por la pirotecnia verbal de los contendientes.

En la misma Cámara, en el curso del año de 1912, se presentaron varias iniciativas para resolver el problema agrario. La honda preocupación por este problema era cada vez mayor en toda la República, contribuyendo para ello en no escasa medida las guerrillas invencibles de Emiliano Zapata y su ya entonces famoso Plan de Ayala. Entre los diputados que presentaron tales proyectos cabe citar a José González Rubio, Adolfo Isassi, Gabriel Vargas, Juan Sarabia, Miguel Alardín y Luis Cabrera. La más importante iniciativa fue el proyecto de ley de Cabrera, quien para sostenerlo pronunció el 3 de diciembre de ese turbulento 1912, un discurso magistral en el que analizó con profundidad y amplios conocimientos la cuestión de la tierra en México. La idea fundamental de Cabrera coincidía con el dictamen de la Comisión Agraria Ejecutiva, en el sentido de que era menester reconstituir los ejidos de los pueblos. El discurso citado tiene la categoría de documento histórico.

El general Félix Díaz, sobrino de don Porfirio y de méritos personales que solían discutirse a menudo, había hecho carrera a la sombra y bajo la protección de su tío. Félix Díaz era ambicioso y soñaba en ocupar la primera magistratura de la nación: el 16 de octubre logró sublevar en contra del Gobierno al 21 batallón que guarnecía el puerto de Veracruz, al mando del coronel Díaz Ordaz, pariente suyo. Siete días después los sublevados no pudieron resistir al ataque de la columna militar enviada desde México al mando del general Joaquín Beltrán. En pocas horas el puerto fue tomado sin que fuera necesario librar una gran batalla. Félix Díaz se había hecho la ilusión de que gozaba de enorme prestigio en el ejército federal y que, por lo tanto, la columna enviada en su contra se sumaría desde luego a su causa.

Naturalmente el sobrino de su tío, como solía llamársele a don Félix para indicar que todo se lo debía al viejo dictador, también publicó su plan político al levantarse en armas en Veracruz. El plan citado no era revolucionario sino reaccionario; no contenía ninguna promesa económica o social; se limitaba a injuriar a Madero y a ofrecer el restablecimiento de la paz. Su idea fundamental, seguramente, era volver al porfirismo, único sistema de Gobierno que alcanzaba a comprender. Sin embargo, aceptaba el principio de libre sufragio y la no reelección.

El general Félix Díaz fue aprehendido y desde luego pudo haber sido fusilado de conformidad con la ley militar; pero el señor Madero, siempre magnánimo, le perdonó la vida. Conducido a la ciudad de México se le internó en la Penitenciaría.

Después del fracaso de la rebelión felicista, la prensa no cejó en su campaña para desprestigiar al régimen emanado de la Revolución. En el mes de diciembre hubo algunos casos en que los periódicos, descaradamente, incitaban al ejército a rebelarse contra el Gobierno.

Es cierto que Madero había cometido no pocos errores en el ejercicio del poder; pero también es cierto que la prensa al comentarlos les daba un alcance mucho mayor y los amplificaba sin medida. La renovación del Poder Legislativo y la elección de algunos gobernadores de los Estados, no siempre se ajustaron a la doctrina del sufragio efectivo. En ciertos casos se hizo sentir la presión del Gobierno central. Esto sumado a la incomprensión de los problemas económicos y sociales y a la actitud en ocasiones poco circunspecta del Presidente, fueron acumulando en el horizonte político vientos huracanados.

Manuel Calero escribió: «Al terminar el primer año de su Gobierno, Madero era el Presidente más impopular que México ha tenido, sencillamente, porque ninguno había sido visto con tan poco respeto». Lo anterior, precisa confesarlo, era una verdad dolorosa que consta a quienes presenciábamos con angustia el desarrollo de los acontecimientos; y se acercaba uno de los dramas más vergonzosos de la historia de México.

ANEXO 10

PLAN DE TACUBAYA QUE REFORMA AL DE SAN LUIS POTOSÍ[14]

MANIFIESTO A LA NACIÓN

CONCIUDADANOS:

La Revolución gloriosa del 20 de noviembre de 1910 ha sido frustrada por la completa falta de juicio y de tacto del encargado de acatarla y de hacer cumplir sus preceptos. La sangre derramada en los campos de Chihuahua, en las montañas del Sur, en la Patria toda, ha sido inútil para el país y para el pueblo, porque ha aprovechado únicamente a los traficantes de la política que ha convertido en oro la muerte de catorce mil ciudadanos. Los ideales supremos de la Revolución: la libertad y la Justicia, representados en la fórmula «Sufragio Efectivo y No-Reelección», han sido violados brutalmente por los hombres sin conciencia que abandonaron la bandera insurgente para ponerse bajo la protección del futuro prócer, volviendo al régimen personal del nepotismo y de la simonía. La era de paz y de progreso, tan esperada y tan merecida de todos, se vio convertida en una conjuración familiar de especuladores que no sólo agotan el presupuesto y destruyen las fuerzas políticas del país, sino que ponen presos a los que en nombre de la Patria y de los ofrecimientos hechos en el campo de batalla, piden el cumplimiento del Plan de San Luis.

Madero allanó para sí el camino de la presidencia y abandonó, o arrojó a las cárceles, a todos los que combatieron; se burló de las promesas hechas, impuso gobernadores a pesar de las repetidas protestas de los gobernados, restauró caciques, excluyó a los jefes revolucionarios, llamó a sus parientes y formó con ellos, con sus incondicionales y con elementos viciados de la administración pasada, su corte de adulación y de intriga; se proclamó el único digno de recompensa, por encima de los deseos patrios, por encima de los intereses públicos y de los méritos de los que regaron su sangre y expusieron su vida por el triunfo de los ideales. Injurió al ejército, declaró bandidos a los revolucionarios, porque exigían legalidad y justicia, y no se ocupó de nada ni de nadie, sino de preparar su elección y de asistir a festejos. Con ese fin, postergó a Pascual Orozco, lo mismo que a tantos otros ameritados combatientes, se negó a recibir a los que pedían auxilios y pagos, ordenó se desecharan las reclamaciones de los que no eran ciegos instrumentos suyos, dio el dinero a los que le servían en sus maquinaciones, y para llevar a lo inaudito su ambición y su perfidia, excluyó a nuestro candidato, al inmaculado de la Revolución, Lic. D. Emilio Vázquez Gómez, creador del antirreleccionismo, sostenedor de la causa con su propio peculio y que no especuló con la guerra, porque no se prestaba a los sucios manejos de los Madero y representaba a todos ellos la honradez y la rectitud revolucionarias.

Madero, para engañar una vez más al pueblo, llama contrarrevolución a nuestra protesta, y sabe que miente: no combatimos contra la Revolución, sino por ella, y continuamos la Revolución que él hace fracasar: nuestra bandera es el Plan de San Luis, consagrado por la sangre de nuestros compatriotas, cuyo cumplimiento exigimos. La contrarrevolución la ha hecho él, que se hace llamar leader de la Revolución; él, que celebra festines sobre los cadáveres de Puebla; él, que ordena la aprehensión de los partidarios del Lic. Emilio Vázquez; él, que encarcela a los periodistas; él, que contrata empréstitos para comprar favoritos y para hacerse de tierras que explotar y de lacayos que dirigir; él, que promete distribuir terrenos y emplea el dinero del pueblo en dar a su hermano Gustavo para redimir las hipotecas de la familia y para tener a sueldo en Nueva Era a los ignominiosos calumniadores de oficio y a los probados enemigos de la Revolución.

Hacemos un nuevo llamamiento a los revolucionarios y a los hombres libres, de todas las clases y de todos los gremios. Francisco I. Madero, a las demandas de los insurgentes, que han exigido el cumplimiento del Plan de San Luis, que reivindica para el pueblo la Libertad y para todos la Justicia, ha contestado en última entrevista, y ya nombrado Presidente (único fin que él buscaba), que nada tiene que hacer en esos ramos, pues si el pueblo quiere tierras, debe comprarlas, y si desea libertad debe trabajar para adquirirla; lo que equivale a un reto a la clase proletaria que lo subió al Poder.

Francisco I. Madero, con impudencia escandalosa, el primer día de su gobierno ha restaurado sobre los cadáveres de los bravos soldados federales y de los heroicos insurgentes, el odioso régimen de Porfirio Díaz, desprovisto de tradición y de grandeza. ¡Oh, soldados!, vosotros no defendéis ya la legalidad ni el orden. El mismo Madero ha dicho que vuestra disciplina sirvió para sostener tiranías y para prolongar abyecciones y que no buscaba apoyo en vosotros. Mostradle vuestra dignidad y vuestro valor; sois honra de la República como todos los valientes; no deseamos combatir contra vosotros, sino contra el nuevo tirano; luchamos sólo por la libertad, porque el régimen de la ley está hecho pedazos por el nuevo Presidente, surgido del fraude y asentado sobre vuestros cadáveres y los de los insurrectos, sacrificados todos por el ideal y expoliados hoy por una ambición demente y criminal.

La Revolución abrigaba dos traidores en el seno: Madero y Limantour; y el leader con su familia están haciendo de la República un campo de explotación que no tuvo precedente en la época porfiriana. Los primeros actos de Madero fueron: desconocer a la Revolución, rodearse de un grupo personalista, exigir la renuncia del señor Lic. Emilio Vázquez Gómez, porque representaba los ideales y la pureza revolucionarias e independientes del lucro personal de la familia Madero, y convocar una Convención, como las porfirianas, para iniciar su política con un acto igual al que determinó la sublevación contra el general Díaz; con la imposición de Pino Suárez para el cargo de Vicepresidente de la República. Francisco I. Madero, por este atentado, ha condenado al fracaso su Gobierno y ha decretado la sublevación por las mismas razones expuestas en el Plan de San Luis Potosí que está vigente.

El general Díaz faltó a sus compromisos años después de haber asumido el poder: Madero los ha pisoteado antes de haber sido electo para la Presidencia, mediante la nueva corrupción, a saber: compra de votos y de hombres, imposición por medio de las armas y usando el más escandaloso fraude electoral.

Los científicos produjeron indignación general, porque no sólo invadieron los puestos públicos, sino que, ligados con el Gobierno, ocuparon los empleos privados, la inspección o dirección de las grandes empresas para obtener rebajas de impuestos, causa de que haya sido imposible una equitativa ley sobre la materia, para conservar directa y decisiva influencia en su favor, y en contra de la mayoría del pueblo.

Madero y la familia de Madero han saqueado el dinero de la Nación, han acaparado los gobiernos de los Estados, los Ministerios, las empresas y concesiones, las tierras y sociedades, y el reparto ha sido de un bandidaje tal, que han consumido las reservas, y ahora aumentan la deuda para poder afrontar las demandas crecientes de sus aliados y para cubrir los compromisos del país, cuyos intereses se dejaron en último término.

Mientras los insurgentes son excluidos, degradados, encarcelados o muertos, los empleados y servidores de D. Porfirio, los hombres del antiguo régimen, Rendón, Díaz Lombardo, Ramos Pedrueza, Rabasa, Castillo, Calero, Casasús, Creel, Pimentel y Fagoaga, recogen la sangre de libertadores y de federales, se agrupan en torno del leader y de sus hermanos y devoran los frutos de la Revolución, porque a Madero no le preocupa la libertad ni le importa el pueblo, acostumbrado como está a explotarlo en sus haciendas.

El dinero de la nación sirve para la familia y para los amigos, y el empréstito contraído con los Estados Unidos, para redimir las hipotecas de Gustavo Madero, «Ojo Parado», para poner a sueldo a los que insultan a la Revolución y al ejército, para pagar la Hacienda de Chapingo y para costear los banquetes y jiras de Madero.

La Nación, escarnecida y horrorizada, se levanta a un solo grito de indignación y de vergüenza, porque creyó asistir al triunfo trascendental y glorioso de la Revolución, y se le hizo asistir a su asesinato y al de nuestros hermanos.

En la conciencia nacional está la evidencia de haber impuesto arbitrariamente el señor Madero al Vicepresidente Pino Suárez, violando y rompiendo en pedazos la voluntad nacional: que ha impuesto y está pretendiendo imponer varios gobernadores en algunos Estados de la República. Pues bien: si hoy se toleran por el país esas criminales imposiciones, se repetirán tantas veces cuantas el señor Madero o su familia lo quieran, a pesar de los ideales de la Revolución; y para evitar tan grande mal, es necesario rebelarse contra aquella primera imposición, para que todo Gobierno que en lo porvenir se imponga sepa que con ello determina su caída: sólo de este modo lograremos desde hoy obligar a los gobiernos futuros a que no vuelvan a hacer imposiciones de funcionarios de elección popular, y sólo obrando así podremos curar de tan odiosa enfermedad a la política del Gobierno de la República.

El problema agrario en sus diversas modalidades es, en el fondo, la causa fundamental de la que derivan todos los males del país y de sus habitantes, y por esto se ha resuelto que las diversas soluciones de ese problema deben comenzar a ejecutarse y a realizarse lo mismo que los demás ideales de la Revolución, en el momento mismo en que el triunfo se verifique, sin esperar más ni dilatar por motivo alguno la ejecución de las soluciones del problema agrario, que constituye el mejoramiento económico de los habitantes y el establecimiento definitivo del verdadero progreso.

En virtud de lo expuesto, hemos secundado el Plan de Tacubaya que reforma el de San Luis Potosí y que, por ahora, se reduce a los puntos siguientes:

I. Son y se declaran nulas las elecciones de 1.º y 15 de octubre y nulos todos los actos que de ellas se deriven.

II. Se declaran disueltas las Cámaras de la Unión y nulos todos sus actos, así como las leyes y decretos emanados de ellas o que de ellas emanen, desde el 15 de septiembre último hasta el quince de diciembre próximo.

III. La Revolución nacida del Plan de Tacubaya tiene por móvil, inmediatamente, llevar al señor Lic. D. Emilio Vázquez Gómez a la Presidencia de la República, quien a pesar de habernos aconsejado siempre la paz y el orden es el único estadista que nos da garantías: a nosotros, al país y a todos los hombres, quien se entregará honrada y patrióticamente en la Presidencia al cumplimiento de los ideales de la gloriosa Revolución pasada, y a quien el señor Madero ha reducido, por desgracia para la República, a una completa esterilidad.

Para lograr ese fin, para que el señor D. Emilio Vázquez Gómez en la Presidencia convoque a elecciones de Presidente, de Vicepresidente, de diputados y senadores, a fin de que el país entre lo más pronto posible al orden constitucional y para devolver la paz y la tranquilidad a todos los intereses y a todas las conciencias, se han otorgado a aquel eminente liberal, licenciado C. Emilio Vázquez Gómez, y aquí se confirma el otorgamiento, todas las facultades que sean necesarias.

Hemos meditado mucho antes de dar este paso, pero la salvación de la patria lo exige ya, porque no es posible que se resuelva a quedar sujeta a las intrigas y arbitrariedades y reprobadas ambiciones del señor Madero y de su especuladora familia, ni a caer en el extremo tan temido de volver a ser gobernada por la espada; con ella terminarían todas las garantías que nos otorga nuestra Constitución como hombres y como ciudadanos.

Este movimiento revolucionario, continuación legítima del glorioso grito de insurrección del 20 de noviembre de 1910, está plenamente justificado por las imposiciones del señor Madero, entre otras la del Vicepresidente Lic. Pino Suárez, fruto de la alarmante y completa falta de juicio del que no ha sabido ponerse a la altura de las necesidades nacionales ni de las justas demandas del pueblo mexicano.

Para hacer menos grave la continuación del movimiento revolucionario, declaramos que no va contra los gobernadores ya electos últimamente y aceptados por sus gobernados, sino únicamente contra los caciques que hayan quedado del régimen anterior, contra el señor Madero y sus cómplices que impusieron al Vicepresidente y contra las Cámaras que sancionaron la imposición.

Mexicanos: si os llamamos nuevamente al combate no es con el solo fin de quitar a un hombre de la silla presidencial para poner otro, sino para llevar a su término los ideales u objeto único de la Revolución: Resolver de una vez y para siempre nuestro problema agrario e impartir la Justicia por igual a todos los hombres, respetando y haciendo respetar la Ley, cuyo respeto debe ser el fundamento de la paz.

Tacubaya, octubre 31 de 1911.

Paulino Martínez, 1.er Vocal, rúbrica. Doctor Policarpo Rueda, 2.º Vocal, rúbrica. Francisco I. Guzmán, Secretario, rúbrica.

ANEXO 11

PLAN DE AYALA[15]

PLAN libertador de los hijos del Estado de Morelos, afiliados al Ejército Insurgente que defiende el cumplimiento del Plan de San Luis, con las reformas que ha creído conveniente aumentar en beneficio de la Patria Mexicana.

Los que suscribimos, constituidos en Junta Revolucionaria para sostener y llevar a cabo las promesas que hizo al país la Revolución de 20 de noviembre de 1910, próximo pasado, declaramos solemnemente ante la faz del mundo civilizado que nos juzga y ante la Nación a que pertenecemos y amamos, los propósitos que hemos formulado para acabar con la tiranía que nos oprime y redimir a la Patria de las dictaduras que se nos imponen las cuales quedan determinadas en el siguiente Plan:

1.º Teniendo en consideración que el pueblo mexicano, acaudillado por don Francisco I. Madero, fue a derramar su sangre para reconquistar libertades y reivindicar derechos conculcados, y no para que un hombre se adueñara del poder, violando los sagrados principios que juró defender bajo el lema de «Sufragio Efectivo y No Reelección», ultrajando así la fe, la causa, la justicia y las libertades del pueblo; teniendo en consideración que ese hombre a que nos referimos es don Francisco I. Madero, el mismo que inició la precitada Revolución, el que impuso por norma gubernativa su voluntad e influencia al Gobierno Provisional del ex Presidente de la República licenciado Francisco L. de la Barra, causando con este hecho reiterados derramamientos de sangre y multiplicadas desgracias a la Patria de una manera solapada y ridícula, no teniendo otras miras, que satisfacer sus ambiciones personales, sus desmedidos instintos de tirano y su profundo desacato al cumplimiento de las leyes preexistentes emanadas del inmortal Código de 57, escrito con la sangre revolucionaria de Ayutla.

Teniendo en cuenta que el llamado Jefe de la Revolución Libertadora de México don Francisco I. Madero, por falta de entereza y debilidad suma, no llevó a feliz término la Revolución que gloriosamente inició con el apoyo de Dios y del pueblo, puesto que dejó en pie la mayoría de los poderes gubernativos y elementos corrompidos de opresión del Gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que no son ni pueden ser en manera alguna la representación de la Soberanía Nacional, y que, por ser acérrimos adversarios nuestros y de los principios que hasta hoy defendemos, están provocando el malestar del país y abriendo nuevas heridas al seno de la Patria para darle a beber su propia sangre; teniendo también en cuenta que el supradicho señor don Francisco I. Madero, actual Presidente de la República, trata de eludirse del cumplimiento de las promesas que hizo a la Nación en el Plan de San Luis Potosí, siendo las precitadas promesas postergadas a los convenios de Ciudad Juárez; ya nulificando, persiguiendo, encarcelando o matando a los elementos revolucionarios que le ayudaron a que ocupara el alto puesto de Presidente de la República, por medio de las falsas promesas y numerosas intrigas a la Nación.

Teniendo en consideración que el tantas veces repetido Francisco I. Madero, ha tratado de acallar con la fuerza bruta de las bayonetas y de ahogar en sangre a los pueblos que le piden, solicitan o exigen el cumplimiento de las promesas de la Revolución, llamándoles bandidos y rebeldes, condenándolos a una guerra de exterminio, sin conceder ni otorgar ninguna de las garantías que prescribe la razón, la justicia y la ley; teniendo igualmente en consideración que el Presidente de la República Francisco I. Madero, ha hecho del Sufragio Efectivo una sangrienta burla al pueblo, ya imponiendo contra la voluntad del mismo pueblo, en la Vicepresidencia de la República, al licenciado José María Pino Suárez, o ya a los gobernadores de los Estados, designados por él, como el llamado general Ambrosio Figueroa, verdugo y tirano del pueblo de Morelos; ya entrando en contubernio escandaloso con el partido científico, hacendados-feudales y caciques opresores, enemigos de la Revolución proclamada por él, a fin de forjar nuevas cadenas y seguir el molde de una nueva dictadura más oprobiosa y más terrible que la de Porfirio Díaz; pues ha sido claro y patente que ha ultrajado la soberanía de los Estados, conculcando las leyes sin ningún respeto a vida ni intereses, como ha sucedido en el Estado de Morelos y otros conduciéndonos a la más horrorosa anarquía que registra la historia contemporánea.

Por estas consideraciones declaramos al susodicho Francisco I. Madero, inepto para realizar las promesas de la Revolución de que fue autor, por haber traicionado los principios con los cuales burló la voluntad del pueblo y pudo escalar el poder; incapaz para gobernar y por no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos, y traidor a la Patria, por estar a sangre y fuego humillando a los mexicanos que desean libertades, a fin de complacer a los científicos, hacendados y caciques que nos esclavizan y desde hoy comenzamos a continuar la Revolución principiada por él, hasta conseguir el derrocamiento de los poderes dictatoriales que existen.

2.º Se desconoce como Jefe de la Revolución al señor Francisco I. Madero y como Presidente de la República por las razones que antes se expresan, procurándose el derrocamiento de este funcionario.

3.º Se reconoce como jefe de la Revolución Libertadora al C. general Pascual Orozco, segundo del caudillo don Francisco I. Madero, y en caso de que no acepte este delicado puesto, se reconocerá como jefe de la Revolución al C. general don Emiliano Zapata.

4.º La Junta Revolucionaria del Estado de Morelos manifiesta a la Nación, bajo formal protesta, que hace suyo el Plan de San Luis Potosí, con las adiciones que a continuación se expresan en beneficio de los pueblos oprimidos, y se hará defensora de los principios que defienden hasta vencer o morir.

5.º La Junta Revolucionaria del Estado de Morelos no admitirá transacciones ni componendas hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio Díaz y de Francisco I. Madero, pues la Nación está cansada de hombres falsos y traidores que hacen promesas como libertadores y al llegar al poder, se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos.

6.º Como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar: que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos, correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en las manos, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos lo deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución.

7.º En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos, las tierras, montes y aguas; por esta causa, se expropiarán, previa indemnización, de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México, obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.

8.º Los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente Plan, se nacionalizarán sus bienes y las dos terceras partes que a ellos correspondan, se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en las luchas del presente Plan.

9.º Para ejecutar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicarán las leyes de desamortización y nacionalización, según convenga, pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez a los bienes eclesiásticos, que escarmentaron a los déspotas y conservadores que en todo tiempo han querido imponemos el yugo ignominioso de la opresión y el retroceso.

10.º Los jefes militares insurgentes de la República que se levantaron con las armas en las manos a la voz de don Francisco I. Madero, para defender el Plan de San Luis Potosí y que se opongan con fuerza al presente Plan, se juzgarán traidores a la causa que defendieron y a la patria, puesto que en la actualidad muchos de ellos por complacer a los tiranos, por un puñado de monedas o por cohechos o soborno, están derramando la sangre de sus hermanos que reclaman el cumplimiento de las promesas que hizo a la Nación don Francisco I. Madero.

11.º Los gastos de guerra serán tomados conforme al artículo XI del Plan de San Luis Potosí, y todos los procedimientos empleados en la Revolución que emprendemos, serán conforme a las instrucciones mismas que determina el mencionado Plan.

12.º Una vez triunfante la Revolución que llevamos a la vía de la realidad, una junta de los principales jefes revolucionarios de los diferentes Estados, nombrará o designará un Presidente interino de la República, que convocará a elecciones para la organización de los poderes federales.

13.º Los principales jefes revolucionarios de cada Estado, en junta, designarán al gobernador del Estado a que correspondan, y este elevado funcionario, convocará a elecciones para la debida organización de los poderes públicos, con el objeto de evitar consignas forzosas que labren la desdicha de los pueblos, como la conocida consigna de Ambrosio Figueroa en el Estado de Morelos y otros, que nos condenan al precipicio de conflictos sangrientos sostenidos por el dictador Madero y el círculo de científicos hacendados que lo han sugestionado.

14.º Si el presidente Madero y demás elementos dictatoriales del actual y antiguo régimen, desean evitar las inmensas desgracias que afligen a la patria, y poseen verdadero sentimiento de amor hacia ella, que hagan inmediata renuncia de los puestos que ocupan y con eso, en algo restañarán las graves heridas que han abierto al seno de la patria, pues de no hacerlo así, sobre sus cabezas caerán la sangre y anatema de nuestros hermanos.

15.º Mexicanos: considerad que la astucia y mala fe de un hombre está derramando sangre de una manera escandalosa, por ser incapaz para gobernar; considerad que su sistema de Gobierno está agarrotando a la patria y hollando con la fuerza bruta de las bayonetas nuestras instituciones; y así como nuestras armas las levantamos para elevarlo al poder, las volvemos contra él por faltar a sus compromisos con el pueblo mexicano y haber traicionado la Revolución iniciada por él; no somos personalistas, ¡somos partidarios de los principios y no de los hombres!

Pueblo mexicano, apoyad con las armas en las manos este Plan y haréis la prosperidad y bienestar de la patria.

Libertad, Justicia y Ley. Ayala, Estado de Morelos, noviembre 25 de 1911.

General en jefe, Emiliano Zapata, rúbrica. Generales: Eufemio Zapata, Francisco Mendoza, Jesús Navarro, Otilio E. Montano, José Trinidad Ruiz, Próculo Capistrán, rúbricas. Coroneles: Pioquinto Galis, Felipe Vaquero, Cesáreo Burgos, Quintín González, Pedro Salazar, Simón Rojas, Emigdio Marmolejo, José Campos, Felipe Tijera, Rafael Sánchez, José Pérez, Santiago Aguilar, Margarito Martínez, Feliciano Domínguez, Manuel Vergara, Cruz Salazar, Lauro Sánchez, Amador Salazar, Lorenzo Vázquez, Catarino Perdomo, Jesús Sánchez, Domingo Romero, Zacarías Torres, Bonifacio García, Daniel Andrade, Ponciano Domínguez, Jesús Capistrán, rúbricas. Capitanes: Daniel Mantilla, José M. Carrillo, Francisco Alarcón, Severiano Gutiérrez, rúbricas, y siguen más firmas.

ANEXO 12

PACTO DE LA EMPACADORA[16]

(Plan orozquista)

BERNARDO Castro, notario número quince en actual ejercicio.

CERTIFICO: Que en el volumen vigésimoctavo de mi Protocolo y su Apéndice, se encuentran las siguientes actas: NÚMERO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE. En la ciudad de Chihuahua, a las cuatro de la tarde del día nueve de marzo de mil novecientos doce: Bernardo Castro, notario número quince en actual ejercicio, hago constar: Que a solicitud del señor general don David de la Fuente, de cuarenta y cinco años de edad, casado, vecino de Tacubaya, Distrito Federal, y accidentalmente en esta ciudad, hospedado en el Hotel Palacio; protocolizo original y en una foja útil agregándola al Apéndice de mi Protocolo, en su carpeta correspondiente y marcada con la letra A, original un acta levantada en esta ciudad a inmediaciones de la Casa Empacadora a las diez de la mañana del día seis del corriente marzo, en que se hizo constar la protesta otorgada por el señor general Pascual Orozco, hijo, entre los jefes y oficiales que suscriben la misma acta, de luchar por el triunfo de los ideales del Plan de San Luis, reformado en Tacubaya, de conformidad con la parte relativa al Plan de Ayala, protesta que fue otorgada ante el referido señor general don David de la Fuente, en su propia representación y en la de los demás jefes y oficiales que concurrieron al acto. Fueron testigos de este acto los señores: Emilio Aguirre, de cuarenta y un años de edad, soltero, comisionista, con habitación en la calle de la Llave número doscientos dos; y Toribio M. Méndez, de treinta y un años, casado, empleado, que vive en el callejón del Trébol número doscientos treinta y seis. Doy fe. D. de la Fuente, Emilio Aguirre, Toribio M. Méndez, Bernardo Castro, rúbricas. Sello: «Bernardo Castro, Notario 15. Chihuahua». Una estampilla de a cincuenta centavos debidamente cancelada. En la puerta principal de la Casa Empacadora de esta ciudad a las diez de la mañana del día 6 de marzo de 1912, ante mí, general David de la Fuente, en mi propia representación y en la de los generales, jefes y oficiales que concurrieron al acto, todos revolucionarios, presente el C. general Pascual Orozco (hijo), por previo acuerdo que le fue comunicado en nota relativa se le interrogó en la siguiente forma: ¿Protestáis por vuestro honor y por vuestra vida, y por el honor y la vida de vuestros hijos, luchar por el triunfo de los ideales del Plan de San Luis Potosí, reformado en Tacubaya y de conformidad en la parte relativa del Plan de Ayala? Y habiendo contestado afirmativamente, el expresado general De la Fuente agregó: Si así lo hiciereis, la nación os lo premie, y si no, os lo demandaremos por medio de las armas. Con lo que se dio por terminada la presente acta que suscribimos todos los concurrentes al acto. P. Orozco, D. de la Fuente, Inés Salazar, Emilio P. Campa, Lic. R. Gómez Robelo, Braulio Hernández, Roque Gómez, Lázaro L. Alanís, Lázaro Quevedo, Rodrigo M. Quevedo, T. V. Núñez, F. Cázares, Arturo L. Quevedo, Juan B. Porras, Máximo Castillo, secretario Pedro Loya, rúbricas.

Y a pedimento del mismo señor general De la Fuente, expido la presente copia certificada que autorizo y firmo en la ciudad de Chihuahua, a los nueve días del mes de marzo de mil novecientos doce, habiendo tomado previamente la copia mecánica que previene la ley. Doy fe. Bernardo Castro, rúbrica. El sello de autorizar. Al margen de la primera foja, una estampilla de cincuenta centavos debidamente cancelada.

MEXICANOS: el triunfo definitivo de la Revolución iniciado con la toma de Ciudad Juárez se apresura rápidamente y es preciso, por lo tanto, hacer conocer a la nación, de una manera definida y pormenorizada, cuáles son las verdaderas tendencias de ella, ampliando la proclama expedida con fecha 8 del presente mes y dando a conocer el programa detallado que sintetiza los anhelos del pueblo y honradez de principios que persigue el actual movimiento de rebelión. La Revolución, en su principio localizada, se ha convertido de hecho en un levantamiento general de descontento contra el Presidente Madero y su Gabinete. Cuenta con el elemento invencible de la opinión popular; con un ejército organizado y disciplinado de más de diez mil hombres en el norte de la República y treinta o cuarenta mil en el resto del país. Dispone de un Estado entero unánimemente unido a la Revolución; de una Legislatura Constitucional que ha desconocido al Gobierno del Centro; y de un Gobierno también constitucional de parte de la Revolución; ha expedido decretos que garantizan el imperio de la ley; ha podido contratar fácil, y espontáneamente colocar un empréstito de un millón doscientos mil pesos; en toda la región ocupada por las fuerzas revolucionarias funcionan regularmente todos los servicios públicos, con autoridades constituidas, funcionarios municipales, policía, orden y moralidad; recaudación metódica de impuestos; seguridad para la vida y los intereses de nacionales y extranjeros; castiga con mano severa los desmanes y los abusos de los que, acogiéndose a la bandera libertadora, han pretendido ir tras del pillaje y del robo, a fin de demostrar que no es un movimiento vandálico ni de anarquía, sino una rebelión santa contra el despotismo. Esta Revolución ha vencido en todas las acciones donde ha sido preciso combatir; ha tratado con decoro y dignidad a los heroicos y denodados prisioneros federales, dignificándolos como se merecen, y no ejercerá represalias ni castigos sino contra los infidentes, los ambiciosos y los verdugos del pueblo.

Con todos estos elementos que la glorifican y enaltecen, va la Revolución hacia adelante, con la seguridad del triunfo y la certeza de que cumplirá con su deber y con sus promesas, y llama al pueblo para que sin temores y desconfianzas la secunde con su aplauso, con su sanción y con su esfuerzo.

Cuando el impulso malsano de las pasiones de los hombres conduce a los pueblos al error, a la vergüenza y a la esclavitud, es un deber sagrado el sustraerlos del error, alejarlos de la vergüenza y librarlos de la esclavitud.

Los sacrosantos anhelos de Libertad y de Justicia del pueblo mexicano, explotado vilmente por el más ambicioso, inepto y miserable de los hombres, llevó a ese pueblo hasta el sacrificio, juzgando erróneamente que el mentido apóstol le llevaba al Tabor de las reivindicaciones, y fue como pléyade de mártires y héroes que le crucificasen en el calvario de la más negra de las traiciones.

Francisco I. Madero, el fariseo de la Democracia, el Iscariote de la patria, por ambición y por herencia de raza —pues es retoño de casta maldita de hermanos en lucha con hermanos—, ha arrastrado por el fango, la vergüenza y la honra de la patria, ha manchado la historia de nuestra raza procreadora de héroes y ha vendido la dignidad y la independencia nacionales.

Francisco I. Madero ha comprado con oro de las arcas de nuestros únicos enemigos las balas fratricidas.

Francisco I. Madero ha segado veinte mil vidas con la dinamita de sus filibusteros.

Francisco I. Madero ha profanado nuestra bandera con la mano sacrílega del yankee.

Francisco I. Madero ha arrancado de nuestro escudo el águila gloriosa devorando la serpiente, para sustituirla con el buitre que devora la América española.

Francisco I. Madero ha usurpado el poder con el apoyo de nuestros expoliadores, llegando a él, no por el camino llano de la Democracia, sino por las tortuosidades del engaño y la traición; ascendiendo por una pirámide de cadáveres y escombros, y burlando la buena fe del pueblo que por error convirtió en ídolo al verdugo.

Cuando la cuerda del tirano o el látigo del dominador son bastantes para que los hombres o los pueblos encorven las espaldas y se pongan de rodillas ante la tiranía o la abominación, es porque han dejado de ser hombres; porque han dejado de ser pueblos.

Cuando la huella de la cuerda o el verdugón del latigazo encienden la ira de los hombres o de los pueblos, y les levanta erguidos desafiando al destino, y con la mirada serena, retando al porvenir, es porque esos hombres van a la dignificación y esos pueblos a la gloria y a la grandeza.

Y a la grandeza y a la gloria irá nuestro pueblo que ha sido procreador de héroes y demoledor de tiranías.

¡Viriles y abnegados hijos de Juárez y Morelos! ¡Por nuestras venas corre mezclada la sangre de la raza azteca, estoica y firme con la de la raza hispana noble y valerosa! ¡Demostremos al mundo una vez más que aún sabemos ir como Cuauhtémoc al martirio o arrojar nuestro puñal al enemigo como Guzmán el Bueno, para que asesine a nuestros hijos! ¡Los pueblos que viven de rodillas son vileza; los que de pie sucumben son ejemplo!

Y a eso os llamamos; a que de pie muramos por la raza y por la patria, con el Derecho por escudo, la dignidad por guía, nuestro valor por norma, y nuestra fe en el triunfo como único galardón de nuestro esfuerzo.

Os convocamos, compatriotas, para una Gran Revolución de principios y a la vez de emancipación. No os va a cobijar el estandarte de una bandería personalista, sino la noble enseñanza que ampara los derechos del pueblo.

La Revolución maderista fue nociva a la patria porque desde que se inició fue incubada en gérmenes de traición; porque llevaba como principales elementos de combate el dinero yanqui y la falange de filibusteros mercenarios, que sin ley, sin honor y sin conciencia, fueron a asesinar a nuestros hermanos. Porque sus miembros directores eran solamente ambiciosos vulgares y sin escrúpulos; por la historia de las traiciones y vilezas de los antecesores de Madero, y porque aquella cuadrilla de bandoleros engañaban al pueblo e iban al nepotismo, al robo y a la venta de la patria.

Está ya bien demostrado, para oprobio eterno de ese hombre sin honor y sin fe, que ha vendido a la patria, constituyendo, con la camarilla de ministros envilecidos que lo rodea, un Gobierno que no es más que una dependencia del Gobierno de Washington.

En tal virtud, como heraldos de la dignidad nacional, con las armas en las manos, y en representación de la Junta Revolucionaria, declaramos ante la nación:

1.º El iniciador de la Revolución, Francisco I. Madero, falseó y violó el Plan de San Luis.

2.º Francisco I. Madero hizo la Revolución con dinero de los millonarios americanos y con el apoyo indirecto o encubierto del Gobierno de los Estados Unidos. Esto está demostrado aun por las propias declaraciones de Madero.

3.º Francisco I. Madero llevó en sus filas filibusteros americanos y de otras nacionalidades para asesinar mexicanos.

4.º Francisco I. Madero robó a la nación asociado con todos los de su sangre, con el pretexto de fuerza armada en las elecciones que lo elevaron a él y a José María Pino Suárez a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

6.º Francisco I. Madero impuso por la fuerza de las armas gobernadores interinos e hizo elegir por medio del fraude de los propietarios, violando la soberanía de los Estados.

7.º Francisco I. Madero contrató y recibió a los dos días de subir al poder usurpado CATORCE MILLONES de dólares, de Wall Street, con pretexto de ampliar los servicios de las líneas nacionales, ampliación que no era perentoria, pero con el verdadero objeto de pagar con ellos su deuda contraída para la Revolución, a la casa Waters, Pierce Oil Co., de los Estados Unidos, por conducto de sus dos apoderados en México, a quienes Madero hizo nombrar de antemano, consejeros de las Líneas Nacionales.

8.º Francisco I. Madero, de manera perjudicial y humillante para la nación, ha puesto en manos del Gobierno americano los destinos de la patria, por medio de complacencias indignas y de promesas que afectan a su nacionalidad e integridad.

9.º Por los delitos y crímenes anteriores se declara a Francisco I. Madero y a sus cómplices traidores a la patria y se les deja fuera de la ley.

10.º Habiendo mediado fraude y fuerza armada en las elecciones de octubre de 1911, se declaran nulas las de Presidente y Vicepresidente y se desconoce por tanto el carácter de Francisco I. Madero como Presidente y de José María Pino Suárez como Vicepresidente y como presidente nato del Senado.

11.º Por principios de equidad y para no lesionar intereses, se reconocen los empréstitos hechos en el extranjero hasta la fecha; pero se declara de una manera solemne que, aun cuando fuere causa de grandes conflictos, no se reconocerá ningún empréstito, concesión o contrato hecho con extranjeros residentes dentro o fuera del país, después de la fecha de esta proclama.

12.º La Revolución desconoce y hará nulas todas las concesiones o contratos hechos por el Gobierno usurpador a los miembros de la familia Madero o a parientes consanguíneos y políticos y a los llamados ministros de su Gabinete. Y para reivindicación de los capitales obtenidos por medio de tales concesiones, éstos se confiscarán y adjudicarán, la mitad al denunciante y la otra mitad a los huérfanos y viudas de las víctimas de la Revolución.

13.º Para evitar trastornos en la administración civil de los pueblos y ciudades, la Revolución reconoce a todas las autoridades actualmente existentes, siempre que se adhieran a ella y reconozcan sus principios. De lo contrario se les considerará rebeldes contra la salud de la patria y cómplices del Gobierno usurpador e infidente, y como tales serán castigados con todo el rigor de la ley.

14.º Se reconocen como legítimas las Cámaras de la Unión y las Legislaturas locales, así como los Poderes Judiciales en toda la República, siempre que reconozcan la Revolución, desconozcan al Gobierno de Madero y garanticen su concurso como legisladores para la realización de los principios proclamados en este manifiesto.

15.º Siendo ésta una Revolución de principios, salvadora de la Democracia y de la soberanía nacional, no hay en ella ningún personalismo, y por consiguiente no hay Presidente provisional ni candidato para la Presidencia. La Revolución reconoce como únicos poderes legalmente constituidos, el Legislativo y el Judicial, considerando acéfalo por ilegitimidad al Ejecutivo de la Federación, con sujeción al artículo anterior.

16.º La Revolución declara derogada la reforma constitucional que instituye la Vicepresidencia de la República, y vigente el precepto constitucional que investía al presidente del Senado como sustituto del Ejecutivo; pero como quiera que en el presente momento histórico no hay Presidencia legítima en el Senado, puesto que funge como tal el llamado Vicepresidente Pino Suárez, transitoriamente queda en suspenso esa disposición constitucional hasta que funcione regularmente el régimen legal después del triunfo de la Revolución.

17.º En virtud de lo anterior, y de acuerdo con los principios de la más pura Democracia, al triunfar la Revolución, ésta declarará Presidente interino de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano designado por elección en la siguiente forma: todos los generales, jefes y oficiales del Ejército Nacional Revolucionario y miembros civiles de ella, que ocupen la capital de la República, elegirán una junta compuesta de quince individuos, y esta junta, en votación secreta, designará la persona que ocupará la primera magistratura como Presidente interino, o determinará si deberá constituirse una Junta de Gobierno compuesta de tres miembros, siguiendo el sistema suizo, para que funcione interinamente como Poder Ejecutivo, entretanto se verifican las elecciones. Ni el designado como Presidente interino, en el primer caso, ni ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno en el segundo, podrán ser electos como Presidente constitucional en las siguientes elecciones.

18.º Este interinato durará un año a contar desde la fecha de la toma de posesión, a fin de que haya tiempo suficiente para que la nación triunfe y, segura del buen éxito de sus esfuerzos, esté completamente pacífica y en aptitud de ejercitar libremente el deber del sufragio.

19. La Revolución considera como ilegales las elecciones de diputados y senadores que se hagan durante la Administración del Gobierno usurpador, pues considera tales elecciones como fruto espurio de un Gobierno de traidores y, por tanto, declara que sólo reconocerá en el momento del triunfo como legítimos representantes del pueblo a los actuales miembros de ambas Cámaras, cuyo periodo de mandato se declara prorrogado hasta la fecha de la terminación del Gobierno interino debiendo hacerse las nuevas elecciones simultáneamente con las del Ejecutivo, a fin de que el funcionamiento del nuevo régimen sea uniforme y emanado absolutamente de la voluntad nacional expresada libremente en los comicios. Esto en el caso de que las Cámaras se hayan adherido a la Revolución, según lo expresado en el artículo 14.

De lo contrario, la Revolución disolverá las Cámaras, y el Poder Ejecutivo asumirá las facultades de Legislativo durante el interinato.

20. Los elementos armados de la Revolución, al triunfar ésta, continuarán en pie de guerra al mando de sus mismos jefes y dentro del perímetro donde hayan operado a fin de que sirvan de garantía a las aspiraciones de la Revolución, y a la soberanía y derechos de cada uno de los Estados a que pertenezcan, pues dado que su misión no es apoyar a la ambición de un hombre que le convierte en árbitro de los destinos de la patria sino defender y contribuir a la efectividad del sufragio y al mantenimiento de la soberanía de cada una de las entidades de la Federación de acuerdo con los intereses generales de la Unidad Nacional, pero no subordinando unos a otros, sino consolidándolos armónicamente, se hace preciso que esas fuerzas sirvan de sostén y vigilancia del cumplimiento de los anhelos legítimos del pueblo hasta tanto que el Gobierno interino, con su apoyo, lleve a término el cumplimiento de las promesas de la Revolución.

21. Siendo anticonstitucional la militarización del país, y contraria a los principios democráticos, se deroga la ley despótica del servicio militar obligatorio expedida por el Gobierno maderista, que arranca hijos a las viudas, padres a los inocentes para servir de apoyo a las ambiciones de cualquier déspota. Los ciudadanos están obligados a servir a su patria en guerra extranjera, pero bajo lo preceptuado en la Constitución. En tal virtud el glorioso Ejército Federal continuará en pie como mantenedor de la soberanía y dignidad nacionales, como defensor de las instituciones; pero se reclutará con voluntarios bien retribuidos y alimentados, y su efectivo en pie de paz no excederá de veinticinco mil hombres de las tres armas.

22. Todos los Estados de la Federación cumplirán con el deber que les impone la Constitución de organizar y sostener la guardia nacional, y ésta se formará en cada Estado con las fuerzas revolucionarias pertenecientes a cada uno de ellos, debidamente seleccionadas; manteniendo cada Estado en servicio activo tan sólo el número indispensable para constituir el respectivo pie veterano de ellas, sin ser gravoso para el erario local.

23. La instrucción de las guardias nacionales para tener uniformidad eficiente será impartida por la Federación; y tanto el reclutamiento como la organización de ellas se determinarán en la ley orgánica respectiva.

24. El excedente que quede de las fuerzas revolucionarias, después de la organización del pie veterano de la Guardia Nacional en cada Estado, se licenciará paulatinamente después de que tome posesión el Presidente constitucional elegido libremente por el pueblo.

25. Se dará por terminado el periodo presidencial comenzado por el señor general don Porfirio Díaz al finalizar el año del interinato del Ejecutivo designado por la Revolución.

De consiguiente, con la toma de posesión del Presidente electo por el pueblo, comenzará un nuevo periodo que durará los seis años que determina la ley.

26. Los demás funcionarios federales de elección popular se renovarán, igualmente, en los periodos marcados por la ley.

27. Por ninguna causa ni motivo, por imperiosos que sean, se concederán al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar en ningún ramo de la Administración Pública, excepción hecha del ramo de Guerra, para la movilización y dirección del Ejército y Guardia Nacional en caso de guerra extranjera.

28. La Revolución hará efectiva la independencia y autonomía de los Ayuntamientos para legislar y administrar sus arbitrios y fondos.

29. Se suprimirán en toda la República los cargos de jefes políticos, cuyas funciones serán desempeñadas por los presidentes municipales.

30. A fin de perfeccionar el sistema federal de la República, los territorios de Tepic y la Baja California serán incorporados como Estados de la Federación, previa consulta con sus habitantes, en lo que respecta a los recursos económicos de los mismos, a fin de que sus presupuestos de egresos no graven de manera nociva los intereses de los contribuyentes.

31. El territorio de Quintana Roo será reintegrado al Estado de Yucatán, del que fue separado por razones que ya no existen en la actualidad.

32. A fin de impedir que el control del Gobierno en los Ferrocarriles Nacionales se menoscabe, el Gobierno no podrá deshacerse, por causa alguna, de las acciones que posee; sino por el contrario, y para acelerar de manera efectiva la completa nacionalización de las líneas, se creará anualmente en el presupuesto de egresos una partida destinada a la compra de mayor número de acciones de dicha empresa.

33. Igualmente, para hacer efectiva la nacionalización del personal de las mismas líneas, el Gobierno cuidará de fomentar el adelanto práctico y técnico del personal mexicano y exigirá de la empresa la más rápida sustitución posible de empleados extranjeros por mexicanos, así como que, en igualdad de aptitudes, se paguen a los mexicanos iguales sueldos que a los extranjeros.

34. Para mejorar y enaltecer la situación de la clase obrera, se implantarán desde luego las siguientes medidas:

I. Supresión de las tiendas de raya bajo el sistema de vales, libretas o cartas-cuentas.

II. Los jornales de los obreros serán pagados totalmente en dinero efectivo.

III. Se reducirán las horas de trabajo, siendo éstas 10 horas como máximum para los que trabajen a jornal y 12 para los que lo hagan a destajo.

IV. No se permitirá que trabajen en las fábricas niños menores de diez años, y los de esta edad hasta la de diez y seis sólo trabajarán 6 horas al día.

V. Se procurará el aumento de jornales armonizando los intereses del capital y del trabajo, de manera que no se determine un conflicto económico que entorpezca el progreso industrial del país.

VI. Se exigirá a los propietarios de fábricas que alojen a los obreros en condiciones higiénicas, que garanticen su salud y enaltezcan su condición.

35. Siendo el problema agrario en la República el que exige más atinada y violenta solución, la Revolución garantiza que desde luego se procederá a resolverlo, bajo las bases generales siguientes:

I. Reconocimiento de la propiedad a los poseedores pacíficos por más de veinte años.

II. Revalidación y perfeccionamiento de todos los títulos legales.

III. Reivindicación de los terrenos arrebatados por despojo.

IV. Repartición de todas las tierras baldías y nacionalizadas en toda la República.

V. Expropiación por causa de utilidad pública, previo avalúo, a los grandes terratenientes que no cultiven habitualmente toda su propiedad; y las tierras así expropiadas se repartirán para fomentar la agricultura intensiva.

VI. A fin de no gravar el Erario, ni echar mano de las reservas del Tesoro, ni mucho menos aumentar con empréstitos en el extranjero la deuda exterior de la nación, el Gobierno hará una emisión especial de bonos agrícolas para pagar con ellos los terrenos expropiados, y pagará a los tenedores el interés del 4 por ciento anual hasta su amortización. Ésta se hará cada diez años con el producto del pago de las mismas tierras repartidas con el que se formará un fondo especial destinado a dicha amortización.

VII. Se dictará una Ley Orgánica Reglamentaria sobre la materia.

36. Se reorganizará de manera eficiente el Catastro en el Distrito Federal, Territorios y Estados de la Federación, para que pueda hacerse una equitativa nivelación de los impuestos, y éstos se graduarán con la intervención de juntas consultoras para cada ramo o fuente de impuestos, suprimiéndose de una manera absoluta el sistema de igualas a los contribuyentes, por ser ese sistema perjudicial e indecoroso y constituir un monopolio o privilegio prohibidos por la Constitución.

37. La libertad de escribir y de emitir el pensamiento en cualquier forma será efectiva, sin más restricciones que las impuestas en la Constitución en su texto original y antes de ser reformado el artículo 7.º.

El presente Plan Revolucionario llena debidamente las necesidades y aspiraciones nacionales. Confiamos en que el pueblo acudirá a nuestro llamamiento.

Los partidos que van a la lucha pacífica electoral con un candidato destinado previamente ejercitan un derecho democrático.

Los partidos revolucionarios que con anticipación al triunfo enarbolan la bandera personalista no hacen más que ir a la ruina de la patria y a la esclavitud del pueblo, puesto que de antemano ponen en manos de un solo hombre toda la enorme fuerza conquistada con el triunfo de las armas, convirtiendo la Revolución en bandería y armando el brazo de quien después se convierte en su verdugo.

Por eso es que en este Programa no se proclama ningún Presidente provisional sino que se expresa la manera de elegir un ciudadano o una Junta de Gobierno que ejerza el Poder Ejecutivo de la República interinamente para garantizar el cumplimiento y realización de los anhelos nacionales.

CONCIUDADANOS: Llamamos a nuestras filas a todos los patriotas; a todos los que con toda la honradez de una fe santa y el arrojo del que va a dar su vida por la felicidad de la patria, y a todos los que hasta ahora se han abstenido de tomar parte en la lucha. Para la salvación de la patria y de la dignidad nacional no hay distinción de partidos en los momentos de peligro común, pues ésos, en los países democráticos, sólo deben luchar frente a las urnas electorales, y no en los campos de batalla.

Soldados de la República: Vuestra misión sagrada es velar por las instituciones de la nación, y no servir de apoyo y de sostén a un hombre que criminalmente la engaña, la roba, la hunde en la anarquía y la entrega al extranjero, empobrecida y maniatada.

No os hacemos un llamamiento para que faltéis a vuestros deberes de lealtad, pues no os exhortamos a violar las leyes ni a derrocar las instituciones, sino a desconocer el Gobierno de un hombre nefasto que lleva al país a la ruina y a la esclavitud.

¡Vuestra heroicidad y disciplina en la última contienda os ha conquistado la admiración del mundo!

¡Si el espíritu caballeresco inculcado en vuestras almas despierta escrúpulos en vuestras conciencias, sólo os pedimos que al disparar sobre vuestros hermanos tengáis presente que ésta es una verdadera lucha de emancipación; que recordéis al coronel Morelos y demás víctimas sacrificadas en la lucha fratricida; y que os juzgan, desde el cielo de su gloria, los sublimes Niños Mártires inmolados en holocausto de nuestro honor y nuestra libertad!

Cuartel General en Chihuahua, marzo 25 de 1912.

Reforma, Libertad y Justicia

General Pascual Orozco H.; General Inés Solazar; General Emilio P. Campa; General J. J. Campos; General Benjamín Argumedo; Coronel Demetrio Ponce; Coronel Gonzalo C. Enrile; Coronel Félix Díaz; José Córdoba, Secretario.

Un sello que dice: «República Mexicana. General en jefe del Ejército Nacional Revolucionario».

ANEXO 13

IDEAS GENERALES ACEPTADAS POR LA COMISIÓN AGRARIA EJECUTIVA PARA INICIAR LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA AGRARIO[17]

DESEOSA la Comisión Agraria Ejecutiva de que sus trabajos tengan un resultado práctico, tan inmediato, tan rápido como lo permita la índole del problema cuya resolución se le encomienda, resolvió iniciar esos trabajos haciendo un breve análisis de los diversos caminos que puede seguir, y ahora tiene el honor de presentar a usted las primicias de ese trabajo analítico, en que funda varias conclusiones, que si son aprobadas, ellas servirán de base para los trabajos subsecuentes.

La idea fundamental que conviene tomar como base de cualquier solución pronta, debe ser la de que sus efectos se perciban en una extensión del territorio nacional tan grande como sea posible, porque si la acción de Gobierno se limita demasiado, ella excitará los celos y las pasiones que utilizan los agitadores para aumentar la intranquilidad en las regiones donde no alcancen desde luego las medidas que se tomen.

La compra de terrenos para su fraccionamiento no satisface a esta condición fundamental, y es además un medio muy costoso cuya aplicación requiere tiempo y mucho estudio para que no resulte un fracaso en que se comprometan enormes sumas de dinero que vayan a quedar en poder de los especuladores, sin que el país reciba por ello ningún beneficio proporcionado.

Varios peligros ofrece la compra inmediata de terrenos; uno de ellos es: el de que bastó iniciar la idea de que el Gobierno intentaba adquirir algunas propiedades, para que hiciese explosión la codicia de los especuladores, a quienes ciega esta pasión hasta el punto de que no vacilan en aprovechar la crisis por la cual atraviesa nuestro país, para venir haciendo proposiciones en las que, por lo bajo, triplican el valor de terrenos improductivos que son una carga para sus actuales poseedores, y que, sin embargo, los que las proponen sueñan ya en convertir hoy en vehículo para llenar sus cajas con torrentes de oro que saldrán del Tesoro Público y de la Caja de Préstamos; dos frentes que suponen muy fácilmente explotables, en las actuales circunstancias, y es digno de anotarse el hecho de que no se viene a proponer la venta de buenas fincas que son productivas, por cuya razón sus actuales poseedores están satisfechos de ellas, sino que, con excepción de las haciendas de Morelos, profundamente perturbado ahora, todas las demás proposiciones se refieren a terrenos que son improductivos por varias circunstancias.

La compra de terrenos para fraccionar se presenta bajo muy variadas fases, que conviene analizar a medida que se conozcan sus diversas formas, para dar una solución compatible con los intereses públicos, y que sin lesionar ningún interés privado, sea realmente benéfica para el país, pero creemos que no se debe buscar en este medio la solución única y general de la dificultad: primero, porque sus beneficios no pueden abarcar sino pequeñas regiones; segundo, porque sólo como excepción se encontrarán terrenos adecuados para llenar las necesidades que se trata de satisfacer, y tercero, porque, según lo que ya dejamos asentado, la compra y fraccionamiento de terrenos de propiedad particular requiere mucho tiempo y estudio para ejecutarlo, si las operaciones se han de hacer en forma que sea realmente beneficiosa para el objeto que se busca, en vez de que sean ruinosas para el país, pues si no se medita lo que se hace, en cada caso particular, los resultados pueden ser desastrosos desde varios puntos de vista.

Los terrenos nacionales no son tampoco inmediatamente realizables: primero, porque no están bien deslindados; su simple localización demanda tiempo, trabajo y dinero, y segundo, porque para que sea costeable su explotación, lo mismo que en el caso de los terrenos de bajo precio de propiedad particular, se requiere un estudio minucioso de sus condiciones sanitarias, agronómicas, topográficas, hidrográficas y meteorológicas, y para ese estudio, además de un personal numeroso y gruesas sumas de dinero, se necesita disponer de un tiempo que sale de los límites que fija la premura con que se requiere satisfacer la impaciencia de los interesados en que se dé al problema agrario una solución práctica inmediata.

En el programa y dictamen de la Comisión Nacional Agraria se fijaron ya las bases sobre las cuales el Gobierno puede adquirir propiedades para su fraccionamiento y colonización, y la simple lectura de dichas bases demuestra cuánto es el trabajo preliminar que se tiene que desarrollar, antes de que sea posible definir si conviene o no comprar una propiedad determinada, pues hay que hacer estudios e investigaciones de varios géneros, todos muy complexos, antes de resolver si una propiedad satisface a los requisitos que son indispensables para que llene el objeto a que se le destina, y si no se toman todos los datos y se hacen los estudios preliminares que aseguren que es posible mejorar las condiciones del terreno y aumentar su productividad, se expone el Gobierno a perder infaliblemente el crédito y el tiempo, y también, muy probablemente, grandes cantidades de dinero.

Tomando en cuenta la idea fundamental que anunciamos al principio, el carácter de nuestra población y su amor al terruño, que la arraiga con fuerza incontrastable, creemos que al programa de la Comisión Nacional Agraria conviene agregar las medidas que tiendan a reconstruir los ejidos de los pueblos, excluyendo sólo aquellos que por ser capitales, cabeceras de distrito o bien por su industria o manera de vivir, no la requieran, y esa reconstrucción se debe hacer bajo la forma de propiedad comunal, modificando la legislación vigente en cuanto sea necesario, para corregir los excesos a que se llevó la aplicación de principios benéficos que impuso: la necesidad de salvar a la sociedad de los males que le producía el acaparamiento de la riqueza pública y de la propiedad territorial, por los gremios que gozaban de riquezas, fueros, exenciones y privilegios que los hacían más poderosos que el Gobierno mismo.

Estimamos que es indispensable que haya una reacción que traiga a su justo límite la aplicación de preceptos que tuvieron por objeto nada más corregir abusos, no destruir prácticas y costumbres que mantienen la solidaridad de los pueblos y que inducen a éstos a respetar la propiedad, siendo ellos mismos propietarios; además, aquellas costumbres son tradicionales, en nada perjudican a la sociedad y fueron instituidas porque se adaptan a las tendencias, a las inclinaciones, a la manera de ser de los pueblos que las practicaron; traen el bienestar y cierta manera de vivir a colectividades numerosas, a las que hacen más amantes de la tierra y las impulsan a defenderla con un vigor y una energía de que carecen, cuando no hay un interés material que las estimule.

La reconstitución de los ejidos bajo la forma comunal, con su carácter de inalienable, además de las razones que en su apoyo se acaban de señalar, subsana ciertas dificultades que conviene tomar en cuenta, porque son muy importantes.

Una de ellas, muy esencial, es la de que al restablecer los ejidos, para utilizar los terrenos de que están formados, no hay que promover una emigración de pobladores, pues si los terrenos que se han de aplicar a una comunidad están lejos del lugar en que ésta reside, en primer lugar, la mayoría opondrá grandes resistencias para desalojarse, porque el apego al terreno es una de las características de nuestra población que no es emigrante; en segundo lugar, el transporte y el establecimiento de grandes grupos humanos es muy costoso; la nación no cuenta con los elementos que demandaría este solo de talle, si hubiese de satisfacer por este medio los deseos y aspiraciones de las masas que esperan que el problema agrario se resuelva en su favor; en tercer lugar, el desalojamiento de grandes masas de población traería consigo un desequilibrio, una perturbación de los elementos de trabajo ya establecidos, y ese desequilibrio pudiera ocasionar una crisis peligrosa; en cuarto lugar, si se aleja un grupo de trabajadores del lugar en que residen, pierden los elementos con que ahora cuentan para subsistir, que deben ser algunos, puesto que viven, y tendría la nación que sostener una carga pesadísima, si bajo su responsabilidad se lleva con la promesa de mejorar sus condiciones, a grandes masas humanas que, por muy distintos motivos, pueden no contribuir a que se realicen los propósitos que el Gobierno tiene, pues bastará la nostalgia del terruño para desalentar a muchos que volverían a sus tierras más pobres, más desalentados para sostener la lucha por la vida; en quinto lugar, en la gran masa de población que solicita tierras, la mayoría de los componentes carecen de aptitudes para ser propietarios y cumplir compromisos personales, mientras que sí cumplirán los que contraigan colectivamente, y la explotación de terrenos comunales se hará en una forma tal, que sólo disfruten de ellos los que sean trabajadores, los que cultiven y utilicen debidamente las parcelas que les correspondan.

Los medios a que se tiene que acudir para lograr la reconstrucción de los ejidos, tienen que variar de acuerdo con las circunstancias especiales de la localidad de que se trata.

Nosotros acabamos de comenzar el estudio del asunto, las ideas que tenemos son puramente teóricas; surgieron en las discusiones que sostuvimos al buscar los medios de satisfacer la necesidad pública cuyo estudio tuvo usted a bien confiarnos, y encontramos que es un problema nuevo; no hay precedentes que nos sirvan de guía y por lo mismo la acción que proponemos tiene que ser, hasta cierto punto, experimental, porque sólo la experiencia y el análisis de los diversos casos que se han de presentar, pueden servir de base para clasificar los hechos y definir la manera con que se ha de proceder, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada grupo de casos que se forme por la semejanza de sus detalles.

Por de pronto, en vista de que hay pueblos que se quejan de que fueron despojados por actos de la autoridad, parece justo instituir una comisión de letrados competentes y honorables, que estudien aquellos casos en que haya fundamentos para creer que cabe una restitución, indemnizando a los poseedores o en alguna otra forma que sea equitativa.

También hay Estados, como Oaxaca, que conservan en muchos pueblos sus ejidos, acudiendo a ciertos expedientes para eludir la ley, y ésta es una de las razones que hay para modificar esa ley que impone la necesidad de apelar a subterfugios para conservar una costumbre que no hay razón para destruir.

En la imposibilidad en que estamos, no sólo de clasificar sino aun de enumerar las variadas condiciones en que se han de presentar las circunstancias que faciliten o dificulten la reconstitución de los ejidos, si las ideas que tenemos el honor de presentar, merecen la superior aprobación, creemos que por de pronto se deben pedir a los Ayuntamientos de los pueblos algunos datos relativos a las condiciones en que están los terrenos adyacentes, por lo que se refiere a los derechos de propiedad, valor por unidad de superficie, productos y demás detalles que permitan resolver el problema de su adquisición.

Estimamos que, para no excitar el celo de autoridad de los gobiernos de los Estados, conviene dirigirse a los Ayuntamientos en forma de un simple aviso, notificando que el Gobierno Federal ha creado una Comisión que se ocupa de estudiar la manera de reconstruir los ejidos y darles una existencia legal, si el Poder Legislativo sanciona sus iniciativas y procedimientos y, por esta razón, los pueblos quieren hacerlo, pueden acudir a la citada Comisión para que les tramite y allane las dificultades que pudiera ofrecer la realización del pensamiento, bajo el concepto de que la Comisión depende de la Secretaría de Fomento y a ésta debe dirigirse toda la correspondencia.

Como es natural, también a los gobiernos de los Estados se les tendrá al tanto de los pasos que se den, pero creemos que no sería práctico dejar a su discreción el que se recaben o no los datos que los Ayuntamientos son los únicos que pueden suministrar.

Resumiendo las ideas que contiene la exposición anterior, tenemos el honor de presentar a usted las siguientes conclusiones:

1.ª Para iniciar los trabajos de la Comisión Agraria Ejecutiva, se deben proponer y poner en práctica las medidas que tiendan a producir sus efectos en la mayor extensión que sea posible del territorio nacional.

2.ª La utilización de los terrenos nacionales no satisface a esta primera condición, y además, se necesita deslindarlos y estudiar sus condiciones físicas para determinar si son aprovechables para establecer en ellos colonos que puedan prosperar.

3.ª La compra de terrenos de propiedad particular, con el objeto de mejorar sus condiciones y fraccionarlos, requiere también un estudio minucioso y detallado que permita prever si pueden prosperar o no las colonias que allí se instalen.

4.ª Los estudios necesarios para decidir si se deben colonizar determinados terrenos nacionales o particulares, son, además de muy costosos, muy dilatados, condiciones que impiden proceder al fraccionamiento y venta, con la rapidez que las circunstancias reclaman.

5.ª La Comisión Ejecutiva estima que el medio más general y práctico para comenzar la resolución del problema agrario, es el de reconstruir los ejidos de los pueblos, corrigiendo los excesos a que se llevó el alcance de las leyes de desamortización.

6.ª Deben, sin embargo, llevarse adelante las recomendaciones de la Comisión Nacional Agraria que, aun cuando son un poco tardías en sus efectos, darán muy buenos resultados prácticos si se aplican tomando el tiempo y las precauciones que su ejecución reclama.

7.ª Conviene instituir una Comisión de peritos legistas que analice las reclamaciones de los pueblos que se quejan de haber sido despojados de sus ejidos por actos de la autoridad.

8.ª La suscrita comisión propone que se notifique a los Ayuntamientos de toda la República, que el Gobierno Federal ha instituido una Comisión que ponga en práctica las medidas que se han propuesto para resolver el problema agrario, entre las cuales se ha tomado en cuenta la de reconstruir los ejidos de los pueblos, y por esto, se les notifica, para que utilicen los servicios de la citada Comisión, en el caso de que lo estimen conveniente, pues sólo se espera saber que desean los Ayuntamientos utilizar esos servicios para emprender los trabajos que sean necesarios.

9.ª En caso de que se aprueben las ideas que la Comisión propone, ésta formulará un proyecto de iniciativa de la reforma que conviene hacer a la legislación para regularizar la existencia de los ejidos bajo la forma comunal.

Estamos ya estudiando algunos otros puntos acerca de los cuales tendremos que consultar a usted proponiendo las conclusiones relativas; ahora tenemos el honor de someter las que anteceden al ilustrado juicio de usted, reiterándole nuestra muy atenta consideración.

México, 15 de abril de 1912. José L. Cossío. Roberto Gayol. M. Marroquín y Rivera. Rúbricas.

ANEXO 14

FRAGMENTO DEL DISCURSO SOBRE EL PROBLEMA AGRARIO PRONUNCIADO EL 3 DE DICIEMBRE DE 1912 POR EL DIPUTADO LUIS CABRERA[18]

Puedo ya plantear el problema tal como lo entiendo en estos momentos. A riesgo de cansaros, voy a insistir en la súplica de vuestra indulgencia respecto de un punto.

La política la entiendo como la más concreta de las ciencias, como la más concreta de las artes, y exige, por lo mismo, gran cuidado para no caer en razonamientos de analogía, tanto respecto de otros países como respecto de otros tiempos. Nuestra política necesita ante todo el conocimiento personal y local de nuestra patria y de nuestras necesidades, más bien que el conocimiento de principios generales sacados del estudio de otros pueblos.

Los antecedentes que voy a tomar para la resolución de este problema, no son los antecedentes de la historia de Roma, ni los de la Revolución inglesa, ni los de la Revolución francesa, ni los de Australia ni los de Nueva Zelanda, ni siquiera los de Argentina, sino los antecedentes del único país que puede enseñarnos a resolver nuestros problemas, de un país que es el único que podemos copiar: de Nueva España. Nueva España es el único país al que puede copiar México.

Dos factores hay que tener en consideración: la tierra y el hombre; la tierra, de cuya posesión vamos a tratar, y los hombres, a quienes debemos procurar dar tierras.

No quiero cansar la atención de los señores diputados que me escuchan, disertando sobre lo que es, era o se llamaba el fundo legal de los pueblos de Nueva España, y, por lo tanto, sólo haré una brevísima exposición.

Ya fuese que se respetaran las condiciones encontradas por los ocupantes españoles en el momento de la conquista, y que, por consiguiente, siguiendo la sabia disposición de Felipe II, se dejara a los indios en el estado en que se encontraban; ya fuese que se fundasen pueblos por medio de reducciones; ya se formaran pueblos propiamente tales por medio del establecimiento de colonos, la población no podía subsistir conforme al criterio español, ni conforme al criterio colonial, si no tenía el casco, los ejidos y los propios. El casco, que constituía la circunscripción destinada a la vida verdaderamente urbana; el ejido, destinado a la vida comunal de la población, y los propios, destinados a la vida municipal de la institución que allí se iba a implantar.

Del casco no tenemos que ocuparnos. Los ejidos y los propios han sido origen de importantísimos fenómenos económicos desarrollados en nuestro país. Todo el que haya leído una titulación de tierras de la época colonial puede sentir cómo trasciende la lucha entre las haciendas y los pueblos a cada página de la titulación de una hacienda o de un pueblo. En la lucha económica rural que se entabló durante la época colonial entre los pueblos y las haciendas, el triunfo iba siendo del pueblo por sus privilegios, por sus condiciones de organización, por la cooperación efectiva que los siglos enseñaron a los indígenas y a los habitantes de los pueblos y, sobre todo, por el enorme poder que ponía en manos de los pueblos la posesión de los propios, como elementos de riqueza para la lucha, y los ejidos, como elementos de conservación.

Los ejidos aseguraban al pueblo su subsistencia, los propios garantizaban a los Ayuntamientos el poder; los ejidos eran la tranquilidad de las familias avecindadas alrededor de la iglesia, y los propios eran el poder económico de la autoridad municipal de aquellos pueblos, que eran ni más ni menos que grandes terratenientes frente al latifundio que se llamaba la hacienda. Ése fue el secreto de la conservación de las poblaciones frente a las haciendas, no obstante los grandísimos privilegios que en lo político tenían los terratenientes españoles en la época colonial.

Se abusó de los propios, se llegó a comprender hasta dónde constituían una verdadera amortización; y cuando, por virtud de leyes posteriores, se trató de la desamortización de bienes de manos muertas, no vaciló en considerar a los propios como una forma de amortización muy peligrosa, y que era necesario deshacer al igual que fueron deshechas las amortizaciones de las instituciones religiosas y de las corporaciones laicas.

La situación de los pueblos frente a las haciendas era notoriamente privilegiada hasta antes de la ley de desamortización de 1856. Estas leyes están ya perfectamente juzgadas en lo económico, y todos vosotros sabéis sin necesidad de que os lo repita, cómo mientras pudieron haber sido una necesidad respecto de los propios de los pueblos, fueron un error muy serio y muy grande al haberse aplicado a los ejidos. Las leyes de desamortización se aplicaron a los ejidos en forma que todos vosotros sabéis, conforme a las circulares de octubre y diciembre de 1856, resolviéndose que, en vez de adjudicar se a los arrendatarios, debían repartirse, y desde entonces tomaron el nombre de terrenos de repartimiento, entre los vecinos de los pueblos. Éste fue el principio de la desaparición de los ejidos, y éste fue el origen del empobrecimiento absoluto de los pueblos. En la actualidad, no diré ya que por usurpaciones, que las ha habido; no diré ya que por robos o por complicidades con las autoridades, que los ha habido a miles, sino por la forma que se dio a las amortizaciones de los ejidos, era natural, por una razón económica, que éstos fuesen a manos que supiesen utilizarlos mejor. De las manos de los vecinos agraciados en un reparto, tarde o temprano deberían pasar a constituir un nuevo fundo o un nuevo latifundio con el carácter de hacienda, o agregarse a las haciendas circunvecinas. Los resultados vosotros los sabéis; en ciertas zonas de la República y principalmente en la zona correspondiente a la Mesa Central, todos los ejidos se encuentran constituyendo parte integrante de las fincas circunvecinas; en la actualidad, pueblos como Jonacatepec, como Jojutla… pero ¿para qué he de citar a Morelos? Citaré al Distrito Federal: pueblos como San Juan Ixtayopa, como Mixquic, como Tláhuac, como el mismo Chalco, se encuentran absolutamente circunscritos dentro de las barreras de la población, y en condiciones de vida tales, que jamás al más cretino de los monarcas españoles o de los virreyes de la Nueva España se le habría ocurrido que un pueblo pudiese vivir en esta forma; y, sin embargo, era necesario que fuese un aventurero español el que viniese a convencemos de que los pueblos de México no necesitan, para vivir, más que el terreno donde se amontona el grupo de jacales de sus moradores.

Ésta es la situación del 90 por ciento de las poblaciones que se encuentran en la Mesa Central, que Molina Enríquez ha llamado ya la zona fundamental de los cereales, y en la cual la vida de los pueblos no se explica sin la existencia de los ejidos.

Contra la desintegración de los ejidos hubo sus defensas, y habéis escuchado en otra ocasión al ciudadano diputado Sarabia decir desde esta tribuna que ciertos pueblos, y puso como ejemplo un pueblo del Distrito Federal, habían conservado por ciertos medios sus ejidos. No era un solo pueblo ni son unos cuantos; son bastantes ya los que en tiempo oportuno supieron resistir la desintegración de sus ejidos por medios que están al alcance de todos. Después de hecha la repartición de sus terrenos en manos de los vecinos, instintivamente muchos de ellos comenzaban a depositar sus títulos de adjudicación en manos de aquella persona que merecía mayor confianza de parte de los vecinos del pueblo, hasta que este cacique, llamémosle así en el buen sentido de la palabra, reunía en sus manos todos los pequeños títulos con encargo tácito de conservar y defender los terrenos del pueblo por medio de una administración comunal que continuaba de hecho. En el Estado de México este sistema fue frecuentísimo y llegó a perfeccionarse hasta volver a la situación comunal, de donde la ley los sacaba, por medio de un procedimiento que iba más de acuerdo con las modernas tendencias de organización social, según el alcance de la inteligencia un poco torpe de los tinterillos del pueblo.

Ésta fue la única forma de defensa que se encontró contra la desaparición de la propiedad comunal; pero esa forma de defensa era absolutamente ineficaz frente a la vigorosa atracción que ejercían sobre la pequeña propiedad de repartimiento los latifundios circunvecinos.

Ya fuese, pues, por despilfarro de los pequeños titulares, ya por abusos de las autoridades, lo cierto es que los ejidos han pasado casi por completo de manos de los pueblos a manos de los hacendados; como consecuencia de esto, un gran número de poblaciones se encuentran en la actualidad absolutamente en condiciones de no poder satisfacer ni las necesidades más elementales de sus habitantes. El vecino de los pueblos del Estado de Morelos, del sur de Puebla, del Estado de México no tiene absolutamente manera de llevar a pastar una cabra, ni de sacar lo que por ironía se llama leña, y que no es más que un poco de basura para el hogar del paria; no tiene absolutamente manera de satisfacer aquellas necesidades indispensables de la vida rural, porque no hay absolutamente un metro cuadrado de ejidos que sirva para la vida de las poblaciones. Y no se necesitan argumentos económicos ni mucha ciencia para comprender que una población no puede vivir cuando no hay medios de carácter industrial que puedan suplir a los medios de carácter agronómico que les hacían vivir anteriormente.

Los medios ingenuos para la resolución de este problema, para el remedio de esta situación, consistirían, en primer lugar, en «las reivindicaciones». Si los vecinos de los pueblos recordaban que allá por ejemplo en los municipios de Ixtlahuaca o de Jilotepec, habían existido ejidos ¿qué cosa más natural y más sencilla que acudir a la autoridad, ahora que ha triunfado esa Revolución que había prometido justicia, que había prometido tierras? —y que las había prometido, dígase lo que se quiera—; ¿qué cosa más natural que pedir la reivindicación de los ejidos? Y sin embargo ¿qué cosa más difícil en realidad que obtener la reivindicación de los ejidos? Las reivindicaciones se han intentado, pero en la forma más injusta que podía haber; porque mientras las reivindicaciones de las grandes injusticias, de las más recientes expoliaciones de los pueblos no han podido efectuarse ni encuentran apoyo absolutamente en ninguna parte, ni en la administración de justicia, ni en el seno de esta misma Cámara, en cambio las reivindicaciones contra los pequeños terratenientes, contra los modestos vecinos que habían quedado con algunas partículas de los ejidos en las manos allí cerca de la población, ésas sí han encontrado un apoyo, y el más injustificado de los apoyos, en algunas autoridades locales, que creen que con alentar el despojo de aquellos que se encuentran poseyendo pequeñas porciones de terreno del que antiguamente constituía el ejido, salvan la situación. Y no se ha querido ver que las verdaderas reivindicaciones, las que podían haberse intentado, o cuando menos haberse pensado, son las dirigidas a recobrar ejidos que pasaron en globo a manos de grandes terratenientes, los cuales en algunos casos están perfectamente protegidos a título de que se trata de intereses de familias influyentes y aun de extranjeros, que es necesario respetar para no echar a perder el crédito del país.

Esto es lo que ha ocurrido en muchas partes; no quiero mencionar ejemplos de personas, porque no quiero lastimar a nadie; pero si me permitís, voy a mencionar uno. Para no salirme del círculo y del dominio feudal de Íñigo Noriega, mencionaré a Xochimilco, Chalco y sus diversos pueblos no han podido obtener absolutamente que les sean devueltas las tierras usurpadas por los medios más inicuos y hasta por la fuerza de los batallones; la autoridad sigue prestando garantías a Íñigo Noriega para la defensa de sus enormes latifundios, hechos por medio del despojo de los pueblos, y en cambio, Aureliano Urrutia en Xochimilco, tiene encima todas las ambiciones de algunos agitadores, y toda la arbitrariedad de las autoridades locales, que azuzan al pueblo clamando contra el «enorme latifundio» de 300 hectáreas que Aureliano Urrutia «está detentando» con perjuicio de las sagradas promesas proclamadas por la Revolución de 1910.

Este caso se presenta por miles en el resto de la República, y constituye la causa de un gran número de descontentos que presenciamos, ofreciéndosenos así la paradoja de que los terratenientes en pequeño sean las principales víctimas de la reivindicación de tierras y sean precisamente los enemigos de todo cambio en las condiciones económicas de los pueblos; ¿por qué tal absurdo? Porque las revoluciones, en este caso, para hablar en términos sencillos, están dando en el dedo malo, el hilo se está reventando por lo más delgado.

La solución que presento no es nueva; pero permitidme que antes de explicarla, ya que os he descrito el estado de la tierra y cómo ha venido a quedar en poder de los grandes terratenientes, y antes de decir cómo puede salir de esas manos para devolverla a los pueblos, os diga unas cuantas palabras acerca de lo que yo llamo «el hombre».

Las leyes de desamortización de 1856, acabando con los ejidos, no dejaron como elementos de vida para los habitantes de los pueblos, que antiguamente podían subsistir durante todo el año por medio del esquilmo y cultivo de los ejidos, más que la condición de esclavos, de siervos de las fincas. Cuando os preguntéis el porqué de todas las esclavitudes rurales existentes en el país, investigad inmediatamente si cerca de las fincas de donde salen los clamores de esclavitud hay una población con ejidos. Y si no hay ninguna población con ejidos a la redonda, como pasa por ejemplo en el Istmo y como mucho tiempo ha pasado en el Estado de Tlaxcala y en muchas partes del sur de Puebla, comprenderéis que la esclavitud de las haciendas esté en razón inversa de la existencia de ejidos en los pueblos.

El industrialismo, comenzado a desarrollar desde el año de 1884 para acá, vino a transformar un poco la condición de las clases rurales, sobre todo en aquellos lugares en donde había actividad industrial o que se encontraban en la proximidad de centros extractivos mineros. Así fue como algunas poblaciones fueron poco a poco mejorando económicamente, hasta el grado de que ciertas poblaciones en la actualidad no necesitan para nada los ejidos, porque sus condiciones industriales o sus condiciones mineras dan suficiente ocupación y suficientes salarios a la población. Nadie dirá que El Oro o Torreón, por ejemplo, que Guanajuato, o cualquiera otra capital de Estado necesitase ejidos. ¿Por qué? Porque tienen otros elementos industriales de vida.

Pero en los lugares donde no existen esas condiciones de vida, son necesarios los ejidos para los pequeños poblados; y donde no hay ni siquiera pueblos, donde enormes extensiones de terreno y distritos enteros se encuentran ocupados por la hacienda, allí indudablemente existe la esclavitud. Turner tenía razón; vosotros sabéis que cuando el México bárbaro se escribió, era cierto todo lo que se relataba allí; más aún, que los colores eran débiles; pero esa malhadada cobardía que nos dominaba en aquella época hacía que creyéramos injurioso para el general Díaz el que se confesase que durante su Gobierno y en el país que él había sabido gobernar dizque tan bien, existía la esclavitud. Turner tenía razón y los artículos de México bárbaro, son apenas un ligero e insignificante bosquejo de lo que pasa en todas partes del país, todavía en los momentos actuales. (Aplausos).

Señores diputados:

Excusadme un momento más, que ya que he cansado vuestra atención procuraré dar un poco de interés a lo que sigue: no vais a oír nada nuevo ni mucho menos expresado en formas elegantes; vais a oír la observación escueta, pero conmovedora, de los hechos.

La hacienda, tal como la encontramos de quince años a esta parte en la Mesa Central, tiene dos clases de sirvientes o jornaleros: el peón de año y el peón de tarea. El peón de año es el peón «acasillado», como generalmente se dice, que goza de ciertos privilegios sobre cualquiera peón extraño, con la condición de que «se acasille», de que se establezca y traiga su familia a vivir en el casco de la hacienda y permanezca al servicio de ella por todo el año. El peón de tarea es el que ocasionalmente, con motivo de la siembra o con motivo de la cosecha, viene a prestar sus servicios a la finca.

El peón de año tiene el salario más insignificante que puede tener una bestia humana; tiene un salario inferior al que necesita para su sostenimiento, inferior todavía a lo que se necesita para la manutención de una buena mula. ¿Por qué? ¿Existe ese salario? ¿Técnicamente es posible que un hombre viva con ese salario? Pues no es posible que viva con ese salario; pero el salario existe en estas condiciones de inferioridad por las siguientes razones:

La hacienda puede pagar, por ejemplo, o calcula poder pagar, un promedio de $ 120.00 por los cuatro meses que necesita las labores del peón; esto significaría que tendría que pagar en cuatro meses a razón de $ 30.00 o sea $ 1.00 diario, a un buen peón que le bastaría para todas las labores del año. Pero si recibiese al peón y lo dejase ir nuevamente, tendría las dificultades consiguientes de la busca de brazos. Se ve entonces en la necesidad de procurar la permanencia de ese peón dentro de la finca, diluyendo el salario de cuatro meses en todo el curso del año, pagando el jornal de $0.31 diarios, o sean los mismos $120.00 al año.

El jornal de $0.31 diarios, para el peón de año, es ya un magnífico salario que no en todas partes se alcanza; generalmente el peón de año gana $0.25.

El peón de año será conseguido a un reducidísimo salario; pero con la condición de que permanezca allí y de que allí tenga a su familia, es decir, el precio de su libertad; como vais a verlo, tiene asegurado el trabajo para todo el año, aunque sea con un jornal insignificante; un salario que es inferior al flete que gana el más malo de los caballos o la más mala de las acémilas si se le pone de alquiler. El dueño de la finca paga, pues, un salario, que oscilando alrededor de $0.25 diarios, no basta para las necesidades del peón; por consiguiente, el hacendado busca la manera de conservar ese peón «acasillado».

Si dispone del jefe político, que no es más que un mozo de pie de estribo del hacendado; si dispone del arma tremenda del contingente, esa terrible amenaza que viene pesando hace mucho sobre nuestras clases rurales; si dispone de la tlapixquera para encerrarlo cuando quiere huir de la finca; si dispone, en fin, del poder y de la fuerza, puede tener los peones que necesite y puede estar cierto de que allí permanecerán. Pero en cuantos estos medios meramente represivos le faltan, el dueño de la finca tiene que acudir a otros, tiene que aflojar un poco y acudir a medios económicos y de otro orden de atracción para conservar todavía al peón. Voy a enumerarlos.

El precio a que tienen derecho de obtener el maíz los peones de la hacienda, constituye el primero de los complementos del salario del peón de año. Si el maíz vale generalmente en el mercado $ 8.00 o $ 10.00, no importa; de la cosecha de la hacienda siempre se ha apartado maíz suficiente para poder dar constantemente al peón de año el maíz a $ 6.00 o a seis reales la cuartilla. Media cuartilla semanaria es la dotación regular de la familia del peón. Éste ya es un incentivo económico y de hecho es un pequeño aumento al salario del peón, supuesto que se le rebaja el valor del maíz, y se le da en el maíz un pequeño complemento a su salario; no mucho, apenas lo suficiente para que no se muera de hambre. Y esto tiene el carácter de un favor del amo a los peones de año.

En la zona pulquera se conoce otro aumento al salario del peón flachiquero: se llama el tlaxilole; es la ración de pulque, que al caer de la tarde y después de cantar el «Alabado», recibe el tlachiquero para las necesidades de su familia, y que, o lo bebe o lo vende, o lo va a depositar en algo que él llama un panal, en un tronco hueco de maguey donde sirve de semilla para una fabricación clandestina. Lo general es que se lo beba o lo venda; pero de todos modos, el tlaxilole constituye un pequeño aumento al salario del peón tlachiquero.

Constituye también un complemento del salario —y debería yo haberla mencionado en primer lugar—, la casilla, es decir, la mitad o tercera parte, u octava parte de casilla que le toca a un desgraciado de éstos como habitación; es cierto que el peón «acasillado» tiene que compartir el duro suelo en que se acuesta con otros peones o sirvientes de la finca, en una promiscuidad poco cristiana; pero, sin embargo, tiene una pequeña porción del hogar, que es un complemento del sueldo de que goza.

Mientras tiene el carácter de peón de año, tiene —¡y qué pocas veces la tiene!— la escuela. La escuela existe, pero en condiciones tales, que en el año de 1895, en que yo serví como maestro de escuela en una hacienda pulquera, recibí como primeras instrucciones del administrador de la hacienda —que entre paréntesis, no era quien pagaba mi sueldo, sino que yo era empleado oficial—, no enseñar más que a leer y escribir y el Catecismo de la doctrina cristiana, con prohibición absoluta de enseñanza de la aritmética y, sobre todo, «de esas cosas de institución cívica que ustedes traen y que no sirven para nada». (Aplausos).

Cuando en 1895 era yo maestro de escuela en una hacienda del Estado de Tlaxcala, no se conocía allí la enseñanza de la lectura y escritura simultáneas, ni el método de palabras normales. Esto lo pueden comprender los que son maestros de escuela y saben los adelantos que la Pedagogía había ya hecho en aquella época. Encontré implantado en la escuela el silabario de San Miguel, que en la mayor parte de la República había sido ya sustituido tiempo antes por el silabario de San Vicente. Encontré gran resistencia de parte de los hacendados para la enseñanza de la aritmética, y vosotros comprenderéis por qué esa resistencia. Y si esto pasaba en el año de 1895, aquí a las puertas de la Capital y a tres horas de ferrocarril, ya supondréis lo que sigue pasando en muchas partes del país. Pero, en fin, la escuela es un pequeño aumento al salario del peón, que, por cierto, no siempre proporciona la hacienda.

Siguen los fiados en la tienda de raya. La tienda de raya no es un simple abuso de los hacendados; es una necesidad económica en el sistema de manejo de una finca: no se concibe una hacienda sin tienda de raya; y no va a ser éste el momento en que yo haga digresiones acerca de los medios de suprimirlas, supuesto que ya hemos recibido la iniciativa de los señores Ramírez Martínez y Nieto, en mi concepto muy atinada. La tienda de raya es el lugar donde el hacendado fía las mercancías al peón, lo cual se considera un beneficio para el jornalero; pero, al mismo tiempo, es el banco del hacendado. Los complementos al salario de que antes he hablado constituyen las larguezas de la finca que el hacendado entrega con la mano derecha; con la mano izquierda, o sea por conducto de la tienda de raya el hacendado recoge los excesos del salario que había pagado al jornalero; todo eso que el peón ganaba en el maíz, en la casilla y en el tlaxilole, todo eso lo devuelve en el mostrador de la tienda de raya. Y lo tiene que devolver indefectiblemente, porque el sistema de fiado perpetuo, constante, incurable en nuestras clases sociales y hasta en nosotros mismos, es la muerte económica de nuestras clases pobres. El sistema de fiado tiene su más característica aplicación en la tienda de raya, donde el jornalero recibe fiado todos los días lo que necesita para comer, descontándoselo de su raya el domingo, pues el peón, por lo regular, no recibe al fin de la semana en efectivo más que unos cuantos centavos; lo demás es cuestión de mera contabilidad.

Cuándo llega la Semana Santa, la mujer necesita unas enaguas de percal; los hijos, un par de huaraches, y el hombre, un cinturón o una camisa con que cubrir sus carnes. Como para el peón no existe absolutamente ninguna otra fuente de ingresos que el jornal, no tiene otra parte a donde acudir más que al patrón de la finca para que le haga el préstamo de Semana Santa. El préstamo de Semana Santa no excede por término medio de $ 3.00 a $ 5.00 por cada peón, y el hacendado lo hace como renglón regular de egresos, sin pensar en cobrarlo; pero sí se apunta indefectiblemente en los libros de la hacienda, en la cuenta especial de peones adeudados. ¿Para qué, si no podrá pagarlo el jornalero, si tampoco el dueño de la finca piensa recobrarlo? No importa; ya lo cobrará en la sangre de los hijos y de los nietos hasta la tercera o cuarta generación. (Aplausos).

El préstamo de Semana Santa se reproduce en Todos Santos con una poca más de gravedad, porque el préstamo de Todos Santos es el más importante de los tres préstamos del año; varía entre $ 6.00 y $ 10.00 por peón. Hay otro préstamo que se hace con motivo de la fiesta del patrono de la finca; pero, por lo regular, el tercer préstamo es el de la Noche Buena, con el cual se cierra el año. Los tres préstamos del año son un aumento de salario en la apariencia; en el fondo sí lo son; pero son los aumentos de salario más inicuos, por cuanto constituyen la verdadera cadena de la esclavitud. El peón de año gana $ 120.00 pero anualmente queda adeudado en otros $ 30.00 pongamos por caso. Esos $ 30.00 que caen gota a gota en los libros de la hacienda, significan el forjamiento de la cadena que vosotros conocéis; una cadena de la cual todavía en la época a que he hecho referencia, yo personalmente he visto no poder ni querer librarse a ninguno de aquellos desgraciados, que, aún en la certeza de que nadie los veía y de que podían huir sin familia o con ella a muchas leguas de distancia, no lo hacían. El peón adeudado permanece en la finca, más que por el temor, más que por la fuerza, por una especie de fascinación que le produce su deuda; considera como su cadena, como su marca de esclavitud, como su grillete, la deuda que consta en los libros de la hacienda, deuda cuyo monto nunca sabe el peón con certeza, deuda que algunas veces sube a la tremenda suma de $ 400.00 o $ 500.00, deuda humanitaria en apariencia, cristiana sin réditos, y que no sufre más transformación en los libros de la hacienda que el dividirse a la muerte del peón en tres o cuatro partidas, que van a soportar los nuevos mocetones que ya se encuentran al servicio de la finca. (Aplausos).

Queda, por último, otra forma de aumento de salario, que solamente se concede a ciertos y determinados peones muy escogidos; es lo que vulgarmente se llama el «piojal», pegujal en castellano. El pegujal es un pequeño pedazo de terreno; nunca llega a un cuartillo de sembradura; apenas significa, digamos, un cuarto de hectárea, que tiene derecho de sembrar el peón viejo que ha hecho merecimientos en la finca, para completarse con la cosecha de maíz, que, por cierto, no recoge él sino que vende, las más veces en pie todavía, al dueño de la finca, pero con la cual puede medio amortiguar su deuda o completar las necesidades de su familia. El pegujal no se concede al peón jornalero propiamente dicho, sino a los peones que han ascendido a capitanes o que tienen el carácter de sirvientes de la finca, como mozos o caballerangos; pero el pegujal es una de las formas de complemento de salario, que consiste en permitir que el peón pueda hacer una pequeña siembra por su propia cuenta. El pegujal es, sin embargo, el origen de la independencia de algunos peones que han podido llegar a medieros o arrendatarios; es, por lo tanto, el complemento más interesante para nuestro propósito.

Con excepción del pegujal, todos los demás complementos del salario del peón son otros tantos eslabones de una cadena, son otros tantos medios de esclavizar al jornalero dentro de la hacienda.

El jornalero que tendía a librarse encontraba, para su independencia, dos obstáculos; uno personal y otro económico. Antes de los movimientos revolucionarios de 1910, la política rural consistía en prestar a los hacendados la fuerza del Poder Público para dominar a las clases jornaleras: si el peón intentaba fugarse, el jefe político lo enviaba al contingente, y, si era necesario, se le aplicaba la ley fuga. Económicamente, el jornalero tenía que conformarse con no completar su salario, limitándose a lo que podía ganar como peón.

En la actualidad, ahora que el Gobierno carece o no quiere emplear los medios de represión antiguos, el jornalero es el enemigo natural del hacendado, principalmente en el sur de Puebla, en Morelos, en el Estado de México, bajo la forma del zapatismo; pero esta insurrección tiene principalmente una causa económica. La población rural necesita completar su salario: si tuviese ejidos, la mitad del año trabajaría como jornalera, y la otra mitad del año dedicaría sus energías a esquilmarlos por su cuenta. No teniéndolos, se ve obligada a vivir seis meses del jornal, y los otros seis meses toma el rifle y es zapatista.

Si la población rural tuviese, como excepcionalmente tienen todavía algunos pueblos, lagunas que explotar por medio de la pesca, de la caza, del tule, etc.; o montes que esquilmar, aunque fuese bajo la vigilancia de las autoridades, donde hacer tejamanil, labrar tabla u otras piezas de madera; donde hacer leña; donde emplear, en fin, sus actividades, el problema de su alimentación podría resolverse sobre una base de libertad; si la población rural jornalera tuviese tierra donde sembrar libremente, aunque no fuese más que un cuartillo de maíz al año, podría buscar el complemento de su salario fuera de la hacienda; podría dedicarse a trabajar como jornalero no «acasillado» el tiempo que lo necesita la hacienda, por un salario más equitativo, y el resto del año emplearía sus energías por su propia cuenta, para lo cual le proporcionaría oportunidad el ejido.

Mientras no sea posible crear un sistema de explotación agrícola en pequeño, que substituya a las grandes explotaciones de los latifundios, el problema agrario debe resolverse por la explotación de los ejidos como medio de complementar el salario del jornalero.

Pero admiraos, señores diputados. Estamos tan lejos de entender el problema, que en la actualidad aun los pueblos que conservan sus ejidos tienen prohibición oficial de utilizarlos. Pueblos del Distrito Federal que conservan sus ejidos, a pesar de la titulación y repartición que de ellos se ha hecho, se ven imposibilitados de usarlos bajo la amenaza de verdaderas y severísimas penas. Conozco casos de procesos incoados contra cientos de individuos por el delito de cortar leña en bosques muy suyos, y un alto empleado de Fomento opina que los pueblos de Milpa Alta, de Tlálpam y de San Ángel que se encuentran en la Serranía del Ajusco, y que fueron los que me eligieron para diputado y que acuden a mí, naturalmente, en demanda de ayuda en muchas ocasiones, todos estos pueblos debían suspender los cortes de leña en sus propios terrenos y entrar en orden. «Entrar en orden» significa, para él, buscar trabajo por jornal, para subsistir sin necesidad de otras ayudas; es decir, bajar a tres o cuatro leguas, a Chalco, a Tlálpam o a la ciudad de México, y volver a dormir al lugar donde se encuentran sus habitaciones. Esos pueblos no debían explotar sus bosques, porque la conservación de éstos es necesaria para la conservación de los manantiales que abastecen de aguas potables a México. Y cuando yo llamaba la atención de la Secretaría de Fomento sobre lo imperioso de las necesidades, sobre la injusticia de la prohibición y sobre que, para los pueblos de la serranía del Ajusco, está más lejos la ciudad de México que los campos zapatistas de Jalatlaco, de Santa María y de Huitzilac, y que les es más sencillo ganarse la vida del otro lado del Ajusco con el rifle, que de este lado con el azadón, se me contestaba: «De todos modos, sería preferible que desaparecieran esas poblaciones de la serranía del Ajusco, con el fin de que podamos seguir una política forestal más ordenada y más científica». (Aplausos). Aquellos hombres siguen clamando porque se les permita utilizar esos pequeños esquilmos, que, en sustancia, no significan la destrucción forestal y sí significan la vida de miles de individuos y hasta el restablecimiento de la paz, y, sin embargo, no he podido conseguir desde el mes de junio a acá, por más esfuerzos que he hecho, que el ministro de Fomento siga una política distinta respecto de estos desgraciados y que tome en consideración sus necesidades; necesidades que tienen que satisfacer, si se puede con el azadón, y si no, con el rifle. (Voces: «Muy bien»; aplausos).

Cuando se piensa en el zapatismo como fenómeno de pobreza de nuestras clases rurales, desde luego ocurre atender a remediar las necesidades de esas clases, y aquí de los medios ingenuos: un ministro propone continuar el Teatro Nacional para dar trabajo; otro, abrir carreteras; se piensa, en fin, en dar trabajo en forma oficial, en vez de procurar que estos individuos completen sus salarios por los medios económicos naturales y por su propia iniciativa.

El complemento de salario de las clases jornaleras no puede obtenerse más que por medio de posesiones comunales de ciertas extensiones de terreno en las cuales sea posible la subsistencia. Ciertas clases rurales siempre y necesariamente tendrán que ser clases servidoras, necesariamente tendrán que ser jornaleras; pero ahora ya no podremos continuar el sistema de emplear la fuerza política del Gobierno en forzar a esas clases a trabajar todo el año en las haciendas a bajísimos salarios.

Los grandes propietarios rurales necesitan resolverse a ensayar nuevos sistemas de explotación, a no tener peones más que el tiempo que estrictamente lo exijan las necesidades de cultivo, ya que las grandes fincas no requieren como condición sine qua non la permanencia de la peonada durante todo el año en las fincas. Si a las haciendas les basta con un máximum de seis meses de labor y un mínimum de cuatro, y si la población jornalera ya no puede continuar esclavizada en la finca por los medios que ponía a disposición de las haciendas al Poder Público, esa población, o toma el rifle y va a engrosar las filas zapatistas, o encuentra otros medios lícitos de utilizar sus energías, sirviéndose de los pastos, de los montes y de las tierras de los ejidos.

CAPÍTULO VIII

El general Manuel Mondragón al frente de 2 mil hombres se subleva contra el Gobierno legítimo el 9 de febrero de 1913. Comienza la decena trágica en la capital de la República. Mondragón pone en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. Reyes muere al intentar adueñarse del Palacio Nacional. Los rebeldes se adueñan de la Ciudadela. El general Huerta nombrado jefe de las fuerzas leales. Hambre y sangre en la ciudad de México. La intervención indebida y canallesca del embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson. El presidente Madero y el Vicepresidente son aprehendidos. Renuncian a sus altos cargos. La esposa del señor Madero pide a Wilson su intervención para salvar la vida de su esposo; el embajador se niega a intervenir en este caso. Madero y Pino Suárez son asesinados. El «Yo acuso» del diputado Luis Manuel Rojas.

LA NOCHE del sábado 8 de febrero de 1913 circularon rumores en la ciudad de México de que se preparaba una asonada militar. El gobernador del Distrito Federal y el inspector general de Policía pudieron comprobar con alarma creciente en las primeras horas del domingo 9 que efectivamente una parte de la guarnición de la plaza, formada por más de un regimiento, se preparaba ya sin disimulos para derribar al Gobierno legítimo y hundirse en el lodo de la traición. El glorioso ejército mexicano iba a manchar una vez más las páginas de la historia de un pueblo infortunado.

El general Manuel Mondragón fue el primer capitán de los traidores. Al mando de una fuerza respetable por su número —más de dos mil hombres— hizo que fueran puestos en libertad los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. Reyes se puso al frente de los sublevados y ordenó la marcha hacia el Palacio Nacional, con el propósito de tomarlo, si era menester, a sangre y fuego.

El histórico Palacio, asiento del Poder Ejecutivo, estaba defendido por el pundonoroso general Lauro Villar, jefe de la zona militar correspondiente a la capital de la nación. Los defensores no llegaban a doscientos y los atacantes se aproximaban ya a los tres mil. El general Bernardo Reyes, montado en brioso caballo, lucía su gallarda figura de divisionario. Al mando de su tropa llegó a la Plaza de la Constitución y colocándola frente al Palacio exigió la rendición de los defensores. Probablemente Reyes, sobreestimando la influencia de su prestigio militar se engañó una vez más, al pensar que su presencia bastaría para el logro de sus fines y que, en esa ocasión, la rendición se obtendría sin derramar una sola gota de sangre. Una descarga cerrada de los defensores fue la respuesta a su requerimiento. El tiroteo se generalizó por breves momentos. El general Reyes cayó de su caballo, muerto instantáneamente por certero balazo en la frente. Los rebeldes se retiraron en desorden, quedando el Palacio Nacional en manos de los leales. El general Lauro Villar había sido herido en la refriega y se vio obligado a dejar el mando de las fuerzas adictas al régimen maderista. Cabe pensar que si eso no hubiera sucedido, si Villar hubiera continuado como jefe supremo y no lo hubiera sustituido en el mando el general Victoriano Huerta, la historia de aquellos días trágicos sería hoy contada de manera diferente.

Félix Díaz y Manuel Mondragón, que habían permanecido a la retaguardia, se dirigieron un tanto desalentados por su primer fracaso a la Ciudadela, un edificio de grandes proporciones que se utilizaba a guisa de cuartel y almacén de armas y pertrechos. Ahí no encontraron resistencia los infidentes y establecieron en condiciones óptimas su cuartel general.

Mientras tanto, el presidente Madero al recibir las noticias del cuartelazo en su residencia del Castillo de Chapultepec, se dirigió sin pérdida de tiempo al Colegio Militar que entonces se hallaba en el mismo castillo. Ahí arengó a los cadetes, con su palabra fácil y elocuente, a cumplir con su deber en defensa de las instituciones. Inmediatamente después montó a caballo y marchó rumbo al centro de la ciudad por el Paseo de la Reforma y la Avenida Juárez, escoltado por los jóvenes cadetes y en compañía de varios miembros de su Gabinete. En el trayecto se presentó el general Victoriano Huerta y ofreció sus servicios al Presidente con acentuada actitud respetuosa. El presidente Madero, que ya tenía conocimiento de que el general Lauro Villar estaba herido e incapacitado para continuar al frente del ejército, nombró a Huerta, de seguro sin reflexión bastante, comandante militar de la Plaza y por consiguiente jefe de las operaciones contra los felicistas.

En la esquina de las calles de San Juan de Letrán y la Avenida Juárez, hubo un cerrado tiroteo entre un grupo de rebeldes que se había quedado rezagado de sus compañeros y los alumnos que escoltaban al Presidente. El señor Madero fue obligado a ponerse a salvo en el local de una fotografía. Al fin pudo llegar a su despacho del Palacio Nacional para atender los asuntos urgentes que las circunstancias exigían. Se refiere que estaba sereno, optimista y confiado en que la rebelión sería dominada en unas cuantas horas.

La lucha comenzó muy luego entre los dos bandos. Buen número de calles céntricas de la capital de la República fueron transformadas en campo de batalla. Combates con fusiles, ametralladoras y cañones de todos los calibres; muertos y heridos a centenares, tanto combatientes como ciudadanos pacíficos; edificios destruidos y averiados; la vida civil interrumpida; miedo y hambre en no pocos hogares por la dificultad para comprar alimentos; escándalo internacional por los hechos mismos, que amplificaban los corresponsales extranjeros; barcos de guerra norteamericanos en aguas de Veracruz; y el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, amenazando con la intervención.

Llegan el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, y la Ciudadela no sufre todavía un ataque formal. Algunos amigos y colaboradores del señor Madero empiezan a desconfiar del general en jefe.

Uno de tantos días, Huerta ordenó a un regimiento de rurales, maderistas probados, al mando del coronel Castillo, que atacara de frente, a pecho descubierto, la Ciudadela. Esto sin que la artillería hubiera antes preparado el asalto y sin haber organizado la ofensiva general. Al coronel Castillo le pareció disparatada la orden y solicitó que le fuera ratificada. Huerta lo hizo. El coronel Castillo obedeció y se lanzó con su tropa a la muerte. Parece que los felicistas habían sido avisados del estúpido ataque. Estaban preparados y barrieron con fuego de ametralladora a los infortunados, leales y valientes atacantes. Ninguno quedó con vida para contar el suceso. Así, con este acto infame, el general Victoriano Huerta se deshacía de los soldados sospechosos de firme adhesión al Gobierno legítimo. En los primeros días de la decena trágica, el señor Madero, dando una vez más prueba de su valor inquebrantable, fue a Cuernavaca acompañado de unas cuantas personas para traer a México al general Felipe Ángeles que dirigía la campaña contra los zapatistas. Ángeles era uno de los jefes militares más prestigiados por su capacidad y honradez. Llegó a la ciudad de México con parte de sus tropas sin pérdida de tiempo; pero Huerta, sabiendo que sería siempre leal al Gobierno, le señaló un puesto secundario desde el cual no podía hacer daño con sus cañones a los defensores de la Ciudadela.

A fines de la semana, algunos allegados al Gobierno sabían que los rebeldes recibían a menudo buenos cargamentos de víveres, con el disimulo de sus adversarios; sabían también que porfiristas y súbditos españoles ayudaban con dinero a la causa de Félix Díaz; y, sabían por último, que los reaccionarios de toda laya apretaban sus filas y se sumaban a los sublevados.

Por otra parte, crecía la desconfianza en la lealtad de Huerta, los días pasaban sin que fuera organizado el ataque general sobre el reducto rebelde. El domingo 16, el presidente Madero, quizás porque comenzaba a desconfiar de Huerta, lo llamó a su despacho para preguntarle cuándo iba a ser por fin el anunciado asalto general que acabara de una vez por todas con la rebelión. Algo más debió haberle dicho en tono impaciente, transparentándose tal vez una leve sospecha de traición; porque según el testimonio del ingeniero Alberto J. Pani, Huerta, abrazando a Madero le dijo: «Yo soy, señor Presidente, siempre el mismo; fiel hasta la muerte». Y en el pecho de Madero, siempre noble y siempre crédulo, debió haber renacido la tranquilidad y la confianza. Al día siguiente, lunes 17, Huerta le dijo al señor Madero: «Prometo a usted, señor Presidente, que mañana todo habrá terminado». En esta ocasión, el miserable cumplió su palabra.

Mientras en las refriegas inútiles morían decenas de hombres, el representante diplomático «de la gran democracia norteamericana» intrigaba con actividad demoníaca en contra de la incipiente democracia que en México se trataba de implantar. A un grupo de senadores les dijo que si no cesaba la lucha en las calles de la capital sería inevitable la intervención armada de los Estados Unidos, agregando que la única solución consistía en la renuncia de Madero. Más tarde pudo comprobarse que el embajador no había recibido instrucciones de su Gobierno en tal sentido y que, en asunto tan grave, procedía por cuenta propia y en forma incompatible con los deberes de su cargo. Pero los señores senadores, de seguro temerosos de que se cumplieran las amenazas del diplomático, acudieron en número de veinticinco al Palacio Nacional; y una vez que fueron recibidos por el Presidente le pidieron que presentara la renuncia de su alto cargo. Madero respondió que tenía motivos para afirmarles que no existía peligro alguno de intervención militar y que él sólo muerto dejaría la Presidencia. El embajador no se dio por vencido y envió con el mismo objeto al señor Cólogan, ministro de España en México. El resultado de esta nueva gestión fue también negativo. Madero estaba en su puesto y le asistía plenamente la razón.

En los sótanos de la Embajada de los Estados Unidos se imprimía una hoja suelta para alentar a los sublevados. Henry Lane Wilson no ocultaba su juicio injusto y deprimente sobre Madero. Decía que estaba loco y que debía ser encerrado en un manicomio. Buen número de representantes diplomáticos fueron testigos de tales palabras. Puede asegurarse que la intervención del embajador norteamericano, un malvado químicamente puro, en aquellos días dolorosos para México, fue un factor decisivo para que se consumara la negra traición. Desde el día 15 estaba enterado de lo que se tramaba y no fue ajeno a los arreglos entre Félix Díaz y Victoriano Huerta. Así pagaba la hospitalidad que le había brindado México y las atenciones recibidas de un Gobierno amigo.

El martes 18 de febrero Victoriano Huerta cumplió su palabra: la decena trágica terminó; nada más que no con la rendición de la Ciudadela sino con la detención del Presidente de la República, del Vicepresidente y de varios secretarios de Estado. Después de algunos incidentes sangrientos en el mismo despacho presidencial, cuando el señor Madero trataba de salir de Palacio, el 29 batallón fue el encargado de consumar la infamia. Su jefe, el general Aureliano Blanquet, tomando del brazo al señor Madero, le dijo: «Es usted mi prisionero»; la respuesta fue: «Es usted un traidor». Félix Díaz, el ambicioso mediocre, y Huerta, el perverso ambicioso, se habían entendido merced a los buenos oficios de Wilson. Fue el espantoso maridaje de la maldad con la tontería.

Don Francisco I. Madero y don José María Pino Suárez quedaron prisioneros en una habitación de la parte baja del Palacio Nacional. Se habló entonces del Pacto de la Ciudadela; mas ese documento es históricamente conocido como el Pacto de la Embajada, porque fue en la Embajada de los Estados Unidos, según informaciones de buena fuente, donde lo firmaron sus autores. El tal documento merece ser reproducido aquí:

«En la ciudad de México a las nueve y media de la noche del día 18 de febrero de 1913, reunidos los señores generales Félix Díaz y Victoriano Huerta, asistidos el primero por los licenciados Fidencio Hernández y Rodolfo Reyes, y el segundo por los señores teniente coronel Joaquín Mass y el ingeniero Enrique Cepeda, expresó el señor general Huerta que en virtud de ser insostenible la situación por parte del Gobierno del señor Madero, para evitar más derramamiento de sangre y por sentimientos de fraternidad nacional ha hecho prisionero a dicho señor, a su Gabinete y a algunas otras personas; que desea expresar al señor general Díaz sus buenos deseos para que los elementos por él representados fraternicen y todos unidos salven la angustiosa situación actual. El señor general Díaz expresó que su movimiento no ha tenido más objeto que lograr el bien nacional y que en tal virtud está dispuesto a cualquier sacrificio que redunde en beneficio de la patria. Después de las discusiones del caso, entre todos los presentes arriba señalados, se convino lo siguiente:

»Primero: Desde este momento se da por inexistente y desconocido el Poder Ejecutivo que funcionaba, comprometiéndose los elementos representados por los generales Díaz y Huerta a impedir por todos los medios cualquier intento para el restablecimiento de dicho poder.

»Segundo: A la mayor brevedad se procurará solucionar en los mejores términos legales posibles la situación existente y los señores generales Díaz y Huerta pondrán todos sus empeños a efecto de que el segundo asuma antes de setenta y dos horas la Presidencia provisional de la República con el siguiente Gabinete: Relaciones, licenciado Francisco L. de la Barra; Hacienda, licenciado Toribio Esquivel Obregón; Guerra, general Manuel Mondragón; Fomento, ingeniero Alberto Robles Gil; Gobernación, ingeniero Alberto García Granados; Justicia, licenciado Rodolfo Reyes; Instrucción Pública, Jorge Vera Estañol; Comunicaciones, ingeniero David de la Fuente.

»Será creado un nuevo Ministerio que se encargará de resolver la cuestión agraria y ramos anexos, denominándose de Agricultura y encargándose de la Cartera respectiva el licenciado Manuel Garza Aldape. Las modificaciones que por cualquier causa se acuerden en este proyecto de Gabinete deberán resolverse en la misma forma en que se ha resuelto éste.

»Tercero: Entre tanto se soluciona y se resuelve la situación legal, quedan encargados de todos los elementos y autoridades de todo género, cuyo ejercicio sea requerido para dar garantías, los señores generales Huerta y Díaz.

»Cuarto: El señor general Félix Díaz declina el ofrecimiento de formar parte del Gabinete provisional en caso de que asuma la Presidencia provisional el señor general Huerta, para quedar en libertad de emprender sus trabajos en el sentido de sus compromisos con su partido en la próxima elección, propósito que desea expresar claramente y del que quedan bien enterados los firmantes.

»Quinto: Inmediatamente se hará la notificación oficial a los representantes extranjeros limitándola a expresarles que ha cesado el Poder Ejecutivo; que se provee a su sustitución legal; que, entretanto quedan con toda la autoridad del mismo los señores generales Díaz y Huerta, y que se otorgarán todas las garantías procedentes a sus respectivos nacionales.

»Sexto: Desde luego, se invitará a todos los revolucionarios a cesar en sus movimientos hostiles, procurando los arreglos respectivos. El general Victoriano Huerta. El general Félix Díaz».

Es verdad y ya lo hemos dicho en más de una ocasión: Madero había perdido prestigio y su popularidad en enero de 1913 sufría dramático descenso. En primer lugar no había podido restablecer la paz en la nación; en segundo, no le fue posible durante los quince meses de su Gobierno conocer a fondo y atacar con decisión los problemas fundamentales del país; en tercero, no había demostrado capacidad de estadista; y en cuarto, no eran pocos los que dudaban de su sinceridad y apego a la doctrina del sufragio efectivo, desde la imposición de Pino Suárez y de algunos gobernadores de los Estados. Si a los errores y deficiencias anteriores se agrega la incesante campaña adversa al régimen de la prensa reaccionaria, la cual a cada paso sugería que la salvación de México sólo podría encontrarse en una especie de neoporfirismo, es posible que el lector tenga una idea aproximada de la realidad en los momentos en que estalló la rebelión felicista.

Por supuesto que lo anterior no quiere decir que justifiquemos el cuartelazo. No; de ninguna manera. Tenemos la más profunda convicción de que los ejércitos existen únicamente para defender la patria de una agresión extranjera, para sostener las instituciones y para mantener la paz interior. El ejército que se aparta de estas tres altas funciones y vuelve sus armas en contra de un Gobierno legítimo se aparta de sus deberes y se cubre de oprobio.

De lo que antes se escribe sobre el descenso de la popularidad y del prestigio de don Francisco I. Madero, no debe colegirse que ya no contaba en absoluto con el apoyo y la simpatía de grupos hasta cierto punto numerosos en todo el país; pero incuestionablemente le habían vuelto la espalda millares de los que habían sido sus partidarios cuando entró triunfante a la capital de la República en junio de 1911.

En cuanto a la situación militar, cabe hacer unas cuantas observaciones. Los rebeldes de la Ciudadela estaban prácticamente sitiados y pudo con facilidad evitarse que recibieran víveres. En todo el resto del país el ejército federal permaneció fiel al Gobierno durante la decena trágica. Las fuerzas al mando de Huerta eran superiores a las de Díaz desde la llegada del general Ángeles, y todavía era posible mejorar sus efectivos con tropas traídas a la capital de otras poblaciones. La Ciudadela, según opinión de expertos militares, pudo haber sido tomada en unas cuantas horas. Lo que sucedió fue que desde el primer momento el general en jefe comenzó a trenzar los hilos de la traición. A algunos colaboradores cercanos, al señor Madero, les pareció muy pronto sospechosa la conducta de Huerta y así se lo hicieron saber; pero el Presidente, siempre bondadoso e ingenuo, no dio crédito a sus verdaderos amigos; tal vez pensó en la imposibilidad de que en pecho humano pudiera caber tanta maldad. Y pagó bien cara su credulidad, su incapacidad para conocer a los hombres; al hombre, el único cruel entre todos los animales de la creación.

La decena trágica, según cálculos aproximados, dejó un saldo de dos mil muertos y seis mil heridos entre beligerantes y gente pacífica víctima de su curiosidad. Lucha sangrienta y a la par vergonzosa y criminal.

El mismo día 18 fueron aprehendidos Gustavo Madero y Adolfo Bassó. Este último, marino de reconocido mérito, intendente de las residencias presidenciales, había defendido valientemente el Palacio Nacional al ser atacado por el general Reyes. Bassó y Gustavo Madero fueron entregados por órdenes de Huerta a la soldadesca de la Ciudadela, que después de la fácil victoria tenía sed de alcohol y de sangre. Gustavo Madero fue injuriado y vejado por la canalla ebria. Un soldado le dio un bayonetazo en el único ojo que tenía, y ciego, dando traspiés, sufrió heridas con arma blanca y arma de fuego. Su cadáver, según el ingeniero Alberto J. Pani, presentaba treinta y siete heridas. Bassó fue pasado por las armas por el delito de lealtad al Gobierno que servía. Murió con serenidad admirable, mirando la Estrella Polar que, según sus últimas palabras, le había guiado muchas veces en sus viajes por el mar. El señor Manuel Oviedo, jefe político de Tacubaya, maderista de convicción, también fue asesinado. Y apenas comenzaba la orgía de sangre.

Don Francisco I. Madero y don José María Pino Suárez tuvieron que renunciar a sus altos cargos desde su prisión improvisada en el Palacio Nacional. El general Huerta, dueño de la situación, sacó del pecho una medalla y un escapulario que aseguró le habían sido regalados por su madre, y tomándolos con la mano derecha dijo al licenciado Pedro Lascuráin: «Juro respetar la vida de los prisioneros». Ofreció también que serían enviados a Veracruz con toda clase de seguridades, para que se embarcaran en el crucero «Cuba» rumbo a La Habana, acompañados por el ministro de aquel país hermano, señor Manuel Márquez Sterling.

La renuncia dice así: «Ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de Diputados: En vista de los acontecimientos que se han desarrollado de ayer a acá en la nación, y para mayor tranquilidad de ella, hacemos formal renuncia de nuestros cargos de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, para los que fuimos elegidos. Protestamos lo necesario. México, 19 de febrero de 1913. Francisco I. Madero. José María Pino Suárez».

El señor Federico González Garza asegura que Madero renunció con la idea de salvar su vida y luchar después en contra de los traidores. Esto es seguramente cierto y Madero hubiera cumplido su propósito.

Parece que muchos diputados no concurrieron a la sesión en que se presentó la renuncia de los dos mandatarios y que no hubo el quorum legal. Pero esto, naturalmente, no iba a impedir a Huerta la realización de sus planes. La renuncia fue aceptada por la mayoría de los legisladores. Inmediatamente protestó como Presidente de la República, de acuerdo con la Constitución, el secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Pedro Lascuráin; mas como éste designó en seguida, único acto de su Gobierno, secretario de Gobernación al general Huerta, renunció a su vez según lo convenido, protestando luego Huerta como Presidente. Lascuráin ocupó la primera magistratura de la nación durante unos cuarenta minutos. Así se consumó la usurpación del Poder Ejecutivo, en medio del terror y bajo el imperio de las bayonetas.

Es de justicia hacer notar que dando pruebas de valor civil, votaron en contra de la aceptación de la renuncia del señor Madero, los diputados Alfonso Alarcón, Francisco Escudero, Leopoldo Hurtado y Espinosa, Luis Manuel Rojas, Manuel F. Méndez, Ramón Morales, Luis F. Navarro y Alfredo Ortega; y en contra de la aceptación de la de Pino Suárez los cuatro primeros. Estos datos los hemos tomado del libro Apuntes autobiográficos por el ingeniero Alberto J. Pani.

Hay quienes sostienen que el secretario de Relaciones Lascuráin no debió haber presentado su renuncia antes que los señores Madero y Pino Suárez estuvieran a salvo. De este parecer es el licenciado Isidro Fabela. En su libro Historia diplomática de la Revolución Mexicana escribe:

«Examinando serenamente los hechos históricos que precedieron a la presentación de la renuncia de los señores Madero y Pino Suárez, es evidente que el único responsable de esa entrega anticipada es don Pedro Lascuráin. Este señor, cuya honorabilidad no lo escuda de los severos juicios de la historia, no cumplió con sus deberes hacia el amigo y jefe que le había ordenado, con recomendación expresa, no presentar su dimisión hasta que no hubiese salido del país. No acató esas órdenes, y al no cumplirlas entregó a la muerte al Presidente y al Vicepresidente de la República. Y su culpabilidad se acentúa cuando sabemos que el señor Lascuráin se apresuró, desalado, a hacer lo contrario que el señor Madero le recomendara poniendo en manos de Huerta los documentos que éste necesitaba para apoderarse del Poder Ejecutivo de la Unión, por ministerio de la ley y con visos de aparente legalidad que le dieron fuerza en el interior y en el extranjero.

»La disculpa de que la no presentación de las renuncias significaría la muerte de los presos no es valedera. Esa excusa no estaba basada en el deber ni en la razón, sino en el miedo; no era la defensa de las víctimas sino la defensa personal de quien así procedía. El temor agudo oscureció la lógica del señor Lascuráin que no vio, o no quiso ver, que si no presentaba aquellas renuncias que le quemaban las manos, Victoriano Huerta habría tenido que asesinar al Primer Magistrado de la República, en cuyo caso no hubiera tenido, como tuvo, la legalidad aparencial que le dieron los diputados a la XXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

»Por supuesto que tampoco el señor presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez debieron haber dimitido su alto cargo, no solamente porque era ingenuo creer que el amigo desleal y soldado traidor cumpliría su palabra, pues quien es traidor una vez, lo será ciento, sino por una cuestión de principio: ellos eran supremos mandatarios de la República por la voluntad y confianza del pueblo y el pueblo nunca quiso quitarles su sagrada investidura que debieron haber conservado hasta el último extremo, es decir, hasta el de ser víctimas de un magnicidio, pero no de un crimen del orden común, por no tener ya la investidura oficial de que ellos mismos se despojaron.

»El señor Madero debió haber cumplido al pie de la letra lo que dijera a los senadores cuando le pidieron su renuncia: “… Estoy aquí por mandato del pueblo y sólo muerto saldré del Palacio Nacional”. Y por no haber cumplido ese su altivo y dignísimo deber, dejó de ser héroe para ser solamente un mártir.

»Naturalmente que esos hechos no rebajan ante la historia patria los merecimientos excelsos de don Francisco Madero, y en cambio sí hicieron más sucia y repugnante la obra delictuosa de Victoriano Huerta».

El señor Ramón Prida, que nunca fue maderista, relata en De la dictadura a la anarquía lo que pasó en la Embajada de los Estados Unidos la noche del 18 de febrero, horas después de consumada la traición y tal vez horas antes de los asesinatos de Gustavo Madero y Adolfo Bassó. El relato de Prida coincide en lo esencial con otros relatos que conocemos; y como nos parece verídico e imparcial por haber sido escrito por quien lo escribió, lo transcribimos a continuación:

«El dieciocho de febrero en la noche, reuniéronse en la Embajada algunos ministros extranjeros, que deseaban saber la realidad de los acontecimientos. El señor Embajador no pudo recibirlos desde luego, porque estaba atendiendo a otras visitas. En uno de los salones de la Embajada conversaban los generales Victoriano Huerta y Félix Díaz en presencia del Embajador. Acompañaban al primero los señores Enrique Zepeda y Joaquín Mass. Al segundo lo acompañaban los señores Rodolfo Reyes y Fidencio Hernández, estando también presente el senador don Guillermo Obregón. Así se discutieron los términos en que quedaba pactado el reparto que del poder hacían dos ambiciones frente a frente. Sucedió, como lo pinta la fábula y acontece siempre en tales casos; todo se lo llevó el león. El general Huerta discutió uno que otro nombre de ministro, más bien por fórmula; así quitó la Cartera de Hacienda a don Carlos G. de Cosío, para darla a don Toribio Esquivel Obregón, a quien ni consultaron, limitándose a enviarle un recado para que al siguiente día se presentara en el Ministerio de Gobernación a protestar.

»Formada la lista, el embajador Wilson, con ella en la mano, fue al salón contiguo, donde estaban los ministros extranjeros esperándolo. Después de los saludos correspondientes, el Embajador les dijo: “Señores, los nuevos gobernantes de México someten a nuestra aprobación el Ministerio que van a designar, y yo desearía que si ustedes tienen alguna objeción que hacer, la hagan para trasmitirla a los señores generales Huerta y Díaz, que esperan en el otro salón. Con esto demuestran el deseo que les anima, de marchar en todo de acuerdo con nuestros respectivos gobiernos, y así creo firmemente que la paz en México está asegurada”. Los ministros se apresuraron a tomar copia de los nombres que estaban en la lista, y al llegar al señor Garza Aldape, que figuraba en el Ministerio de Agricultura que se iba a crear, uno de los presentes lo objetó: “Este señor —dijo—, es un ladrón”. “El señor Garza Aldape, repuso el Embajador, no es más que un proyecto de ministro”. “Nosotros, dijo el ministro de Cuba, no creo que debamos rechazar ni aprobar nada, sino simplemente tomar nota de lo que se nos comunica y trasmitirlo a nuestros gobiernos”. La mayoría de los presentes apoyaron las palabras del señor Márquez Sterling, y el señor Embajador regresó al salón donde lo esperaban los señores Huerta, Díaz y personas que los acompañaban.

»El Embajador manifestó que los representantes diplomáticos no hacían ninguna objeción a los ministros propuestos. Momentos después, los diplomáticos eran invitados a pasar al salón donde estaban los generales Huerta y Díaz. Y ante ellos, el licenciado Rodolfo Reyes con gran énfasis dio lectura a lo que el público ha dado en llamar “El Pacto de la Ciudadela” y que mejor debiera designarse como lo hago yo: “El Pacto de la Embajada”.

»Terminada la lectura del documento, el embajador Wilson y los mexicanos presentes aplaudieron. Inmediatamente, el general Huerta, alegando que tenía ocupaciones urgentes, se despidió. Intencionalmente había dejado al brigadier Díaz para lo último, y al llegar a él se detuvo un momento. Parecía que ambos vacilaban: al fin Huerta abrió los brazos, y dos ambiciones contrarias se estrecharon, pensando, probablemente, en el momento en que pudieran destruirse una a la otra. Nuevamente resonaron los aplausos en el salón, aplausos que otra vez encabezaba su Excelencia el embajador americano, Mr. Henry Lane Wilson.

»El Embajador salió a despedir al general Huerta, acompañándolo hasta la puerta. Al regresar, en el vestíbulo de la Embajada, encontró a don Félix Díaz, quien, con sus acompañantes, se había despedido de los diplomáticos. Al ver Mr. Wilson al brigadier Díaz, exclamó: “¡Viva el general Díaz!, salvador de México”. Los que acompañaban al brigadier respondieron: “¡Viva!”, e invitados por el Embajador, pasaron al comedor, donde les ofreció una copa de champagne. ¡Aún vivía Madero y todavía no firmaba su renuncia!

»Los diplomáticos extranjeros habían oído todo lo ocurrido. Oyeron el chocar de las copas, los vivas dados en el vestíbulo, y el estruendo del tapón al dejar libre el espumoso champagne. Uno de ellos hizo la observación de que era extraño que no se les hubiera invitado también para aquel acto; pero el Encargado de Negocios del Japón, agregó: “Mr. Wilson sabe bien a quienes invita para estos casos”.

»Al reunirse el embajador americano con sus colegas que sólo lo esperaban para despedirse, todos ellos, casi a un tiempo exclamaron: “¿No irán estos hombres a matar al Presidente?”.

»“Oh, no, dijo Mr. Wilson, a Madero lo encerrarán en un manicomio: el otro sí es un pillo, y nada se pierde con que lo maten”.

»“No debemos permitirlo”, dijo inmediatamente el ministro de Chile.

»“Ah, replicó el embajador, en los asuntos interiores de México no debemos mezclarnos: allá ellos que se arreglen solos”.

»Nadie dijo una palabra. Silenciosamente a los pocos momentos abandonaron los representantes extranjeros la Embajada Americana. Al traspasar el umbral del edificio, ya en la calle, uno de ellos dijo: “Es curioso este embajador: cuando se trata de dar auxilio a un jefe rebelde y que bajo el pabellón de su patria se concierte el derrumbe de un Gobierno legítimo ante el cual él está acreditado, no tiene inconveniente en intervenir, ser testigo del pacto y aun discutir las personas que formarán el nuevo Gobierno, sin que le preocupe si se trata o no de asuntos interiores del país; pero cuando se trata de salvar la vida a dos personajes políticos, a quienes la traición y la infamia quizá, están discutiendo la manera de matar, encuentra que su posición de representante de una potencia extraña no le permite intervenir, aunque sí califica, a raja tabla y con notoria indiscreción a los gobernantes del país ante quienes está acreditado”.

»“Tiene usted razón, replicó otro de los ministros, quizá eso sea un capítulo secreto de la doctrina Monroe, que aún no llega a nuestro conocimiento. Y ya que habla usted de indiscreciones, agregó: ¿ya no habrá hoy hojita?”.

»“¿Para qué?, replicó el interpelado, ya hoy habrán trasladado la imprenta a lugar más cómodo”».

El señor Prida afirma que la información anterior la obtuvo directamente de varios representantes diplomáticos, testigos de los hechos que refiere y que, a nuestro juicio, son ciertos porque coinciden en lo fundamental, como antes se apuntó, con las versiones de otras personas bien enteradas y dignas de crédito.

En la recepción de Palacio ya Huerta presidente y dueño de la situación, el embajador Wilson brindó por el éxito del nuevo Gobierno, por su Presidente que, aseguró el diplomático yanqui, devolvería la paz al pueblo mexicano.

Mientras tanto al conocerse la noticia de los asesinatos de Gustavo Madero y Adolfo Bassó, se temió por la suerte de don Francisco I. Madero y don José María Pino Suárez. Los amigos más cercanos comenzaron a desconfiar de la palabra empeñada por Huerta, de que respetaría la vida de los prisioneros. La desconfianza se tomó en alarma cuando se comprobó que Huerta no permitía la salida a Veracruz de Madero y Pino Suárez, para embarcarse en el crucero Cuba, como él, Huerta, lo había formalmente prometido al tratarse de las renuncias de los dos mandatarios.

La esposa del señor Madero, angustiada y llorosa, visitó al Embajador de los Estados Unidos para pedirle que interviniera en favor de su esposo y le salvara la vida. Henry Lane Wilson desoyó las súplicas de aquella noble mujer atribulada.

El 22 de febrero, día de Washington, tuvo lugar una recepción en la Embajada de los Estados Unidos. Los invitados bebieron champaña, comieron sabrosos bocadillos y conversaron alegremente. El Embajador, según refiere Márquez Sterling en Los últimos días del presidente Madero, como a las nueve de la noche declaró en un corrillo de invitados que Huerta respetaría la vida de los prisioneros, agregando que sería una desgracia para aquél asesinar al señor Madero. En esto último, en lo de la desgracia, por primera vez, vio claro su excelencia y acertó en su pronóstico.

Y mientras en la Embajada se destapaban botellas de champaña, Madero y Pino Suárez seguían en su cárcel improvisada, ignorantes del trágico fin que les aguardaba. Madero estuvo siempre sereno; Pino Suárez, abatido. González Garza cuenta que Madero le dijo: «Como político he cometido dos graves errores que son los que han causado mi caída; haber querido contentar a todos y no haber sabido confiar en mis verdaderos amigos». Esto es verdad; pero a esas dos causas precisa añadir dos más, su falta de capacidad para conocer a los hombres y su desconocimiento de los problemas fundamentales de la nación.

Ya cerca de media noche de ese día 22, fueron sacados del Palacio Nacional los señores Madero y Pino Suárez: se les separó desde luego y se les obligó a subir en distintos automóviles, asegurándoles que se les conducía a la Penitenciaría para su mayor comodidad. Ya cerca del edificio penal, uno y otro fueron cobardemente asesinados al bajar de los vehículos, por los agentes que los custodiaban. Un tal Francisco Cárdenas, mayor de las fuerzas rurales, fue quien mató al señor Madero. Un grupo de gendarmes al mando del felicista Cecilio Ocón, simuló un ataque a los automóviles. En ese momento se consumó el tremendo crimen. La versión oficial apareció al día siguiente en los periódicos: al ser conducidos los señores Madero y Pino Suárez a la Penitenciaría, un grupo de sus amigos quiso libertarlos, entablándose una lucha a tiros entre ellos y los policías que conducían a los prisioneros. En la refriega resultaron muertos ambos personajes. Nadie lo creyó. Desde luego, con indignación contenida o abierta, fue señalado el responsable: Victoriano Huerta.

Y Francisco I. Madero, caudillo que había arrojado del poder al general Porfirio Díaz, el gobernante sin cabal estatura de estadista, ascendió por el camino del sacrificio a mártir de la democracia y apóstol de la libertad.

El crimen había sido consumado con la complicidad del embajador Wilson. El diputado Luis Manuel Rojas lanzó un «Yo acuso» con valor temerario y patriotismo ejemplar. He aquí la tremenda requisitoria contra el representante diplomático de los Estados Unidos, dirigida al pueblo norteamericano:

«Yo acuso a míster Henry Lane Wilson, embajador de los Estados Unidos en México, ante el honorable criterio del gran pueblo americano, como responsable moral de la muerte de los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, que fueron electos por el pueblo, Presidente y Vicepresidente de la República Mexicana, en 1911.

»Yo acuso al embajador Wilson de haber echado en la balanza de los destinos de México todo el peso de su influencia como representante del Gobierno de Washington, para inclinarla en el sentido de los gobiernos de la fuerza.

»Yo acuso al embajador Wilson de haber esgrimido en contra de la legalidad, representada por el presidente Madero y por el vicepresidente Pino Suárez, la amenaza de una inminente intervención armada por el ejército de los Estados Unidos, durante los días del combate en las calles de la capital, y cuando, por el contrario, todos los liberales y demócratas mexicanos esperábamos contar con la simpatía y apoyo moral de los liberales y repúblicos de aquel pueblo que es uno de los más libres y demócratas de la tierra.

»Yo acuso al embajador Wilson de haber tenido conocimiento oportuno del golpe de Estado contra el orden constituido… y de haber recibido en la Embajada a los enviados de los jefes de la Revolución, que acaso deseaban contar con su apoyo, de consumar su ataque a la legalidad.

»Yo acuso al embajador Wilson de haber mostrado parcialidad en favor de la reacción, desde la primera vez que don Félix Díaz se levantó en armas en Veracruz; pues entonces el señor Wilson concedió entrevistas a la prensa americana, alabando francamente al jefe rebelde, faltando así a la conducta normal de un embajador y dando pruebas de no ser digno de tan alta misión.

»Yo acuso al embajador Wilson de que por un resentimiento personal hacia el presidente Madero, de que dio pruebas claras en algunas ocasiones, no ha hecho uso de su gran poder moral ante los hombres del nuevo orden de cosas, en ayuda de los prisioneros. Es evidente que los hombres de la nueva situación no se habrían negado a una petición franca y verdadera del embajador Wilson, lo cual era el único medio de salvar las vidas de los señores Madero y Pino Suárez. Y no hizo esto a pesar de las instrucciones cablegráficas de Washington; a pesar de las apasionadas y dolientes súplicas de las señoras de Madero y Pino Suárez; a pesar del magnífico deseo de varios otros representantes diplomáticos; a pesar de la formal petición que yo le hice en la Embajada, como gran maestro de la Logia del Valle de México, y a pesar de los clamores de clemencia del pueblo en general.

»Yo acuso al embajador Wilson de haber presumido que los señores Madero y Pino Suárez podían ser sacrificados por el pretexto de una imperiosa necesidad política, dados los apasionamientos y contingencias del momento, sin embargo que los señores generales Huerta y Félix Díaz, en presencia del señor Wilson y de otros representantes diplomáticos, habían hecho la promesa de respetar las vidas de los prisioneros, siempre que consintieran en firmar su renuncia, permitiéndoles salir inmediatamente al extranjero.

»Yo acuso al embajador Wilson de haberse lavado las manos como Pilatos, cuando ya firmadas y aceptadas por la Cámara las renuncias de los señores Madero y Pino Suárez, no se les permitió a los prisioneros salir inmediatamente rumbo a Europa, haciendo esperar en vano a sus esposas y familiares, que los esperaban en la estación del ferrocarril de Veracruz, fiados en las seguridades que les había dado el mismo señor Wilson.

»Yo acuso al embajador Wilson de que ni por un natural sentimiento de humanidad se le ocurrió, en el último extremo, amparar a los prisioneros bajo la bandera americana, a pretexto de que no quería cargar con la responsabilidad de lo que después hicieran los señores Madero y Pino Suárez.

»Yo acuso al embajador Wilson de haber observado una doble conducta; pues una fue su actitud efectiva acerca de los nuevos poderes, y otra la que aparentó ante los señores Madero y Pino Suárez.

»Yo acuso al embajador Wilson de no haber informado exactamente a su Gobierno de lo que aconteció en México, y de haber justificado en todo y por todo la necesidad de un cambio de poderes.

»Yo acuso al embajador Wilson de haberse inmiscuido personalmente en la política de México, habiendo contribuido de manera poderosa a la caída de los gobiernos del presidente Díaz y del presidente Madero. Al contestar una comunicación del general Huerta le aconsejó que se hiciera autorizar por el Congreso de la Unión para legalizar el nuevo orden de cosas.

»Yo acuso al embajador Wilson de estar valiéndose de algunos miembros de la colonia americana de la capital de México, para que el Gobierno de Washington lo conserve en su elevado puesto; por más que esto no sería grato para la mayoría de los mexicanos, después del papel asumido por el señor Wilson en la última tragedia política de nuestra patria.

»Yo hago estos cargos concretos al embajador Wilson, bajo mi fe de hombre honrado y con peligro de mi vida, esperando justicia del pueblo americano».

Algunos periódicos importantes del país vecino, dando pruebas de imparcialidad y espíritu de justicia, entre ellos el New York World, censuraron con severidad a Henry Lane Wilson, quien bien pronto fue retirado de nuestro país, pero el daño causado y la afrenta a todo un pueblo con su perversa intervención ya no tenía remedio.

Mientras tanto Victoriano Huerta creía posible establecer la paz en la nación por medio de la fuerza y el crimen, creía posible regresar a los métodos de Gobierno del pasado, creía posible hacer retroceder a un pueblo decidido a marchar hacia adelante, creía posible que las corrientes del río de la historia retrocedieran a sus fuentes originarias. Lo que hizo en su ceguera fue lograr que los cuatro jinetes del Apocalipsis cabalgaran victoriosos por todo el territorio de la nación, provocando la guerra, la peste, el hambre y la muerte.

ANEXO 15

REVELACIONES DE LA SEÑORA MADERO SOBRE EL ASESINATO DE SU ESPOSO[19]

Pero volvamos a las culpas del embajador Lane Wilson.

«Un documento fehaciente que para la historia es de fundamental importancia, porque aclara la indudable responsabilidad que tuviera el embajador Henry Lane Wilson en las renuncias y muerte de los señores Presidente Madero y Vicepresidente Pino Suárez, es el que ahora reproducimos y que se refiere a la entrevista que el periodista norteamericano Robert Hammond Murray celebró con la señora doña Sara Pérez viuda de Madero, el día 15 de agosto de 1916.

»Tal entrevista escrita y debidamente firmada se depositó en la Embajada de los Estados Unidos de donde fue copiada más tarde con fecha 21 de abril de 1927, habiendo sido autenticada por el honorable Arturo L. Meyer, vicecónsul de los Estados Unidos de Norteamérica, actuando en su carácter oficial. En tal documento se insertó la siguiente constancia:

»“Soy la viuda de Francisco I. Madero, antiguo Presidente de los Estados Unidos de México. Mi domicilio es Zacatecas N.º 88. Ciudad de México, México. El día quince de agosto del año de 1916 escribí y entregué a Robert Hammond Murray, en la ciudad de México, un documento que contiene la verdadera relación de lo que pasó entre el señor Henry Lane Wilson, en esa época embajador de los Estados Unidos de América en México, y yo, en una entrevista que tuvimos ambos y que tuvo lugar en la tarde del veinte de febrero de 1913, en el local ocupado en aquella época por la Embajada americana en la ciudad de México.

»”Hoy he examinado e identificado ese documento y la reproducción fotográfica de él, documento escrito en cinco hojas de papel, con las dimensiones legales, escritas en máquina hasta el final de cada hoja, a las que hoy he puesto mi firma que va al calce de la última hoja, o sea la quinta hoja de esa declaración, habiendo puesto esta última firma originalmente en el documento a que se refiere esta declaración el día 15 de agosto de 1916, cuando el mencionado documento fue firmado y entregado al expresado señor Murray. También juro ser verdad todo lo aseverado en el mencionado documento en cada una y en todas sus partes… Al calce esta certificación: Arturo L. Meyer, vicecónsul de los Estados Unidos de América… Servicio Consular Americano. Abril 29 de 1927”.

»He aquí los términos de tal entrevista con las preguntas del periodista Robert Hammond Murray y las respuestas de doña Sara Pérez viuda de Madero:

»P. Antes de que entremos en los detalles personalmente acaecidos entre usted y el antiguo embajador de los Estados Unidos en México señor Henry Lane Wilson en los días transcurridos desde el arresto de su esposo, el 18 de febrero de 1913, hasta su asesinato el 22 del mismo mes y año, cuando usted y otros miembros de la familia del Presidente trataron en vano que el embajador americano utilizara el poder del Gobierno de los Estados Unidos y su indiscutible influencia en el ánimo de Victoriano Huerta para que salvara la vida del Presidente Madero y del Vicepresidente Pino Suárez, ¿es verdad que la actitud del embajador americano hacia el Presidente Madero y su Gabinete fue siempre poco amistosa?

»R. El Presidente Madero y virtualmente todos los miembros de aquel Gobierno creían firmemente, y al parecer con razón, que la actitud del embajador americano no sólo para el Gobierno de mi esposo, sino también para la República Mexicana, era no sólo poco amistosa sino descaradamente enemiga.

»P. ¿Se hicieron indicaciones al Presidente Madero para que pidiera el retiro del embajador al Gobierno americano?

»R. Muchas veces sus amigos pidieron al Presidente Madero y le urgieron para que solicitara del Gobierno de Washington que fuera retirado aquel embajador.

»P. ¿Por qué rehusó hacerlo?

»R. Siempre decía: “Va a estar aquí poco tiempo y es mejor no hacer nada que contraríe a él o a su Gobierno”.

»P. Durante el tiempo que duró la rebelión contra el Gobierno del Presidente Madero, esto es, del 9 a 18 de febrero en que Huerta se apoderó del poder y puso presos al Presidente y a sus ministros, ¿la conducta del embajador fue amistosa, y se vio que ayudara al Gobierno Federal?

»R. Al contestar esta pregunta permítame usted que yo haga una: ¿durante ese intervalo hizo el embajador algo, o dijo una palabra amistosa en favor del Gobierno legítimo que estaba asediado por rebeldes y traidores? ¿Hay persona honrada, sin prejuicios, que crea que si el embajador simplemente hubiera puesto mala cara a Huerta y a su traición, habría caído el Gobierno de Madero? ¿Hay persona honrada y sin prejuicios que crea que si el embajador hubiera hecho en firme y con energía una representación ante Huerta las vidas del Presidente y del Vicepresidente habrían sido sacrificadas?

»P. ¿Estuvo usted con el Presidente durante la rebelión?

»R. No volví a ver a mi esposo desde que dejó el Castillo de Chapultepec para ir al Palacio Nacional en la mañana del 9 de febrero. Él permaneció en el Palacio Nacional y yo en el Castillo de Chapultepec.

»P. ¿Cuándo supo usted la prisión del Presidente y que Huerta se había apoderado del Gobierno?

»R. Temprano en la tarde. Traté de hablar con mi esposo por el teléfono privado y no pude obtener contestación; entonces hablé al Ministerio de Comunicaciones de donde me dijeron que todo marchaba perfectamente y que los combates de ese día habían sido favorables al Gobierno y que el ejército y el pueblo en su totalidad permanecían fieles al Presidente Madero. Cuando estaba aún en el teléfono llegaron tres ayudantes del Presidente, los capitanes Garmendia, Montes y Casarín, que habían podido escapar de Palacio. Me refirieron lo que había pasado en el Palacio; que Huerta se había apoderado del poder, que se había atentado contra el Presidente en su misma oficina; que varios hombres habían muerto, y que el Presidente había escapado de las balas y había bajado al patio de Palacio para arengar a los soldados cuando Blanquet lo había hecho prisionero.

»P. El embajador en sus mensajes dice que el Presidente había asesinado a algunos hombres durante la pelea en sus oficinas, ¿esto es verdad?

»R. No es verdad. Jamás andaba armado.

»P. ¿Cuándo se fue usted del Castillo?

»R. Inmediatamente que los ayudantes del Presidente me refirieron lo que había pasado; busqué refugio en la Legación Japonesa.

»P. ¿Cuáles fueron las condiciones que pusieron para su renuncia el Presidente y el Vicepresidente?

»R. Por convenio con Huerta y bajo la oferta que él hizo de que podrían abandonar el país sin que nada se les hiciera y marchar a Europa, fue como se obtuvo la renuncia.

»P. ¿Pretendió usted ver al Presidente?

»R. Sí, varias veces, pero infructuosamente.

»P. ¿Cuándo tuvo usted su entrevista con el embajador?

»R. La misma tarde el 20 de febrero de 1913. Mercedes, mi cuñada, me acompañó. El embajador no estaba en la Embajada cuando llegamos; la señora Wilson nos recibió y ordenó que se le llamase por teléfono a Palacio diciéndole que estábamos allí.

»P. ¿Cuál fue la actitud y continente del embajador?

»R. Mostraba que estaba bajo la influencia del licor. Varias veces la señora Wilson tuvo que tirarle del saco para hacerlo que cambiara de lenguaje al dirigirse a nosotros. Fue una dolorosa entrevista. Dije al embajador que íbamos a buscar protección para las vidas del Presidente y Vicepresidente. “Muy bien, señora —me dijo—. ¿Y qué es lo que usted quiere que yo haga?”.

»“—Quiero que usted emplee su influencia para salvar la vida de mi esposo y demás prisioneros”.

»“—Ésa es una responsabilidad —contestó el embajador— que no puedo echarme encima ni en mi nombre ni en el de mi Gobierno”.

»¿Responsabilidad por salvar la vida de un hombre? La responsabilidad la tuvo por no salvarlo.

»“—¿Sería usted tan bondadoso —le respondí entonces— de enviar este telegrama al Presidente Taft escrito y firmado por la madre del Presidente? Únicamente por conducto de la Embajada podíamos esperar que ese mensaje llegara a poder del Presidente Taft. Suponíamos que el cable estaba en manos del Gobierno y que era inútil esperar se dejara pasar un telegrama de esa naturaleza. Aquí tiene usted una copia de ese telegrama”.

»México, D. F., 20 de febrero de 1913. Al Presidente de los Estados Unidos. Señor William H. Taft. Ruego a usted interceda a efecto de que el convenio hecho por mi hijo y sus amigos con el general Huerta de permitirle irse a Europa sea cumplido. Sus vidas están en peligro y sobre todo tienen derecho a su libertad porque son hombres honrados, y ésa fue la condición expresa que pusieron para renunciar, como es bien sabido por los diplomáticos que intervinieron en el convenio. Acudo a usted con el carácter de madre afligida, que apela a la única persona cuya influencia puede salvar la vida de su hijo y asegurar su libertad. Mercedes G. de Madero.

»P. ¿Cuál fue la respuesta del embajador una vez que leyó el mensaje que usted le entregaba?

»R. “Es innecesario enviar esto”, dijo, pero insistí. Entonces el embajador dijo: “Está bien. Lo enviaré”. Y se echó el mensaje en la bolsa.

»P. ¿Envió el mensaje el embajador?

»R. Puede usted ver la contestación que recibí del Departamento de Estado.

»Abril 10, 1913. Señora de Madero. Ciudad. Nueva York. Señora: Su carta de 2 de marzo dirigida al H. William Taft, en esa época Presidente de los Estados Unidos, en la que pide usted se le informe si el mensaje que envía usted en copia con su carta llegó a manos del presidente Taft, fue enviada a este Departamento. Las constancias existentes en ese Departamento demuestran que dicho mensaje fue tomado en consideración por el Presidente Taft y que inmediatamente se dieron instrucciones en la materia a la embajada, y los pasos que se dieron en favor del ex Presidente Madero y el ex Vicepresidente Pino Suárez fueron con conocimiento y bajo la dirección del Presidente. El embajador aseguró al dar cuenta de los pasos que se dieron en favor del ex Presidente y el ex Vicepresidente que no pudieron ser más enérgicos de lo que fueron. Soy de usted, señora, su atento servidor. John B. Moore, secretario de Estado en funciones.

»P. ¿Hizo usted algún otro esfuerzo para asegurarse que el mensaje en cuestión lo había recibido el Presidente Taft?

»R. Cuando estuve en La Habana en camino para Nueva York, envié al Presidente Taft la siguiente carta: Habana, 2 de marzo de 1913. A su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos, Honorable William H. Taft. Washington, D. C. Señor: Dirijo a Su Excelencia esta carta para incluirle copia de un mensaje que mi madre política la señora Mercedes G. de Madero dirigió a Su Excelencia el 20 de febrero último por conducto del embajador de los Estados Unidos, Honorable Henry Lane Wilson, telegrama que personalmente entregué a dicho señor para que tuviera la bondad de trasmitirlo en clave. Como Su Excelencia puede ver en el texto de dicho mensaje, implorábamos su influencia para salvar la vida de mi esposo, el señor don Francisco I. Madero, tan querido para nosotros. Dados los hechos que ocurrieron y como no recibimos respuesta de Su Excelencia, deseamos saber si ese telegrama llegó o no a sus manos.

»P. ¿Qué pasó después de que usted entregó al embajador el telegrama dirigido al Presidente Taft?

»R. El embajador me dijo: “Seré franco con usted, señora. La caída de su esposo se debe a que nunca quiso consultarme”. Nada pude responder a eso, porque había ido a pedir un favor y a solicitar intercediera por la vida de mi esposo y no a discutir cuestiones de política, ni la conducta de nadie con el embajador.

»P. ¿Qué más dijo el embajador?

»R. El embajador continuó diciendo: “Usted sabe, señora, que su esposo tenía ideas muy peculiares”. Yo le contesté: “Señor embajador, mi esposo no tiene ideas peculiares, sino altos ideales”. A esto el embajador nada replicó y en seguida le dije que también solicitaba la misma protección y seguridad que pedía para el Presidente Madero, para el Vicepresidente Pino Suárez. El embajador se exaltó repentinamente y me dijo: “Pino Suárez es un mal hombre y no puedo dar ninguna seguridad respecto a él. Es el culpable de la mayor parte de las dificultades que ha tenido su esposo de usted. Esa clase de hombres debe desaparecer, es uno de los jefes de la ‘porra’”. El embajador usaba el nombre con que vulgarmente se designaba al Partido Progresista que el Presidente Madero fundó durante su campaña política.

»P. ¿Qué quería decir el embajador al decir que el Vicepresidente Pino Suárez debía desaparecer?

»R. Yo entendí que decía que debía ser sacrificada la vida del Vicepresidente y por eso le hice saber que el señor Pino Suárez tenía una mujer y seis hijos que quedarían en la miseria si llegaba a perder la vida.

»P. ¿Y qué dijo a eso?

»R. Se encogió de hombros. Me dijo que el general Huerta le había consultado qué debía hacerse con los prisioneros. “¿Y qué le contestó usted?”, le pregunté. “Le dije que hiciera lo que fuera mejor para los intereses del país”, me dijo el embajador. Mi cuñada no pudo menos que interrumpirlo diciendo: “¿Cómo le dijo usted eso? Usted sabe bien qué clase de hombre es Huerta y su gente, y van a matarlos a todos”.

»P. ¿Qué contestó el embajador a eso?

»R. No contestó nada, pero dirigiéndose a mí me dijo: “Usted sabe que su marido es impopular; que el pueblo no estaba conforme con su Gobierno como presidente”. “Bueno, le contesté, si eso es cierto ¿por qué no lo ponen en libertad y lo dejan irse a Europa, donde no podría hacer daño alguno?”. El embajador me contestó: “No se preocupe usted ni se apure, no harán daño a la persona de su esposo. Sé sobre el particular todo lo que va a suceder. Por eso sugerí que renunciara su esposo”.

»P. El embajador en una entrevista publicada en el New York Herald de 21 de marzo de 1916 dijo que usted le había pedido suplicara a Huerta pusiera a su esposo en la Penitenciaría para mayor seguridad. ¿Le hizo usted esa petición al embajador?

»R. No; hablamos únicamente de su seguridad personal y de la urgencia de exigir a Huerta que permitiera al Presidente y a los otros prisioneros salir del país. Le hablé de la falta de comodidades que había donde estaba. “Según parece —contestó el embajador— la lleva muy bien donde está. Durmió cinco horas de un tirón”.

»P. ¿Cuál fue el final de esa conversación?

»R. Cuando terminó la entrevista y dejamos la Embajada no habíamos ganado más que la promesa del embajador de que al Presidente no se le haría daño alguno en su persona, y la oferta de que enviaría al Presidente Taft el mensaje en que se le pedía salvara las vidas de los presos.

»P. ¿La oferta del embajador se cumplió?

»R. Dos días después los presos fueron asesinados.

»P. ¿La conversación entre usted y el embajador fue en inglés o en español?

»R. Fue en inglés.

»P. “¿Sabe usted si la señora de Pino Suárez tuvo alguna conversación con el embajador en la que éste empleara la expresión: Debe de desaparecer” en forma similar a la que usó en la conversación con usted?

»R. La señora de Pino Suárez y otros miembros de la familia me han dicho, y tengo motivos para creer en su dicho, que el embajador les dijo: “Madero debe desaparecer”, naturalmente ellos interpretaron que esa frase indicaba la opinión del embajador que la vida del Presidente debía ser sacrificada.

»P. ¿Cree usted que el embajador pudo salvar las vidas del Presidente y Vicepresidente?

»R. Tengo la firme convicción de que si el embajador hubiera hecho enérgicas representaciones, como era razonable esperar las hiciera, en interés de la humanidad, no sólo se habrían salvado las vidas del Presidente y Vicepresidente, sino que habría evitado la responsabilidad que recae con esos hechos en los Estados Unidos por los actos de su representante diplomático en México».

México, D. F., agosto de 1916. Sara Pérez de Madero.

Al calce de la firma anterior se inserta el certificado siguiente:

República de México, D. F. Ciudad de México. Consulado General de los Estados Unidos de América. S. S.

Yo, Arturo L. Meyer, vicecónsul de los Estados Unidos de América de la ciudad de México, debidamente comisionado y autorizado, certifico que la copia anexa de una declaración hecha por la señora Sara Pérez de Madero y ratificada bajo juramento ante mí el 29 de abril de 1927, referente a una entrevista habida entre dicha señora Madero y el señor Henry Lane Wilson, embajador de los Estados Unidos, en 20 de febrero de 1913, ha sido cuidadosamente cotejada por mí con el original, hoy día exhibido ante mí, la que encuentro exactamente igual palabra por palabra y número por número. Y en fe de lo cual firmo el presente certificado y lo autorizo con mi sello hoy, 9 de junio de 1927. Arthur L. Meyer, vicecónsul de los Estados Unidos de América. Servicio N.º 3436. Honorarios $ 2.00 equivalente a $ 5.00 moneda nacional.

JESÚS SILVA HERZOG (1892-1985) fue fundador del Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas y de la revista Cuadernos Americanos, además de miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. De su vasta obra destacan El pensamiento económico, social y político de México. 1810-1964 y Trayectoria ideológica de la Revolución mexicana, 1910-1917, publicados por el FCE.

NOTAS

[1] Armando y Germán List Arzubide, La huelga de Río Blanco. Publicaciones del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública. México, 1935, pp. 20-25. <<

[2] Francisco Naranjo, Diccionario biográfico revolucionario. Imprenta Editorial Cosmos, México, D. F., 1935, pp. 249-263. <<

[3] José López Portillo y Rojas, Elevación y caída de Porfirio Díaz. Librería Española. México, pp. 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 y 369. <<

[4] Francisco Naranjo, op. cit., pp. 264-8. <<

[5] Planes políticos y otros documentos. Fondo de Cultura Económica, 1954. Pp. 68-70. <<

[6] En el original aparece el año 1910, aunque claramente se trata de 1911. [N. del e. d.] <<

[7] Blas Urrea. Obras políticas. México, Imprenta Nacional, S. A., 1921, pp. 176-80. <<

[8] Prida, Ramón, ¡De la dictadura a la anarquía! Imprenta de «El Paso del Norte», El Paso, Texas, 1914, pp. 313-15. <<

[9] González Garza, Federico, La Revolución Mexicana. Mi contribución político-literaria. México, D. F. MCMXXXVI. A. del Bosque, impresor, pp. 297-302. <<

[10] El licenciado José María Gamboa. <<

[11] Estos datos, procedentes del doctor Cepeda, se corroboran con declaraciones de Heriberto Barrón en el Gráfico de octubre de 1930, contestando ataques de Jesús Flores Magón. <<

[12] Flores Magón, Ricardo, Vida y obra. Semilla libertaria (artículos). Tomos I y II. Grupo Cultural «Ricardo Flores Magón». México, D. F., 1923, pp. 36-45. <<

[13] El subrayado es nuestro. <<

[14] Planes políticos y otros documentos. Fondo de Cultura Económica, México, 1954, pp. 55-60. <<

[15] Francisco Naranjo, op. cit., pp. 272-274. <<

[16] Francisco Naranjo, op. cit., pp. 276-82. <<

[17] Trabajos e iniciativas de la Comisión Agraria Ejecutiva, Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento. México, 1912, pp. 5-14. <<

[18] Manuel Fabila, Cinco siglos de legislación agraria en México. México, D. F., pp. 224-35. <<

[19] Isidro Fabela, Historia diplomática de la Revolución Mexicana. 1. (1912-1917). Fondo de Cultura Económica. México-Buenos Aires. 1958, pp. 175-83. <<