¿El 23-F fue un golpe de involución o una operación especial del sistema?

¿Eran golpistas las fuerzas armadas o, por el contrario, se mantuvieron siempre leales y disciplinadas a las órdenes del rey? ¿Había conspiraciones militares o rebeliones de capitanías generales o la preparación de varios golpes simultáneos en los meses previos a la jornada del 23-F? ¿Fue realmente el general Alfonso Armada el mayor traidor de todos, o un hombre leal y disciplinado, que en todo momento estuvo a las órdenes del monarca? ¿Tras el asalto de Tejero al Congreso, se dio desde Zarzuela un contragolpe inmediato, o se quedó a verlas venir, hasta que el general Armada saliera investido presidente de un gobierno de concentración nacional? ¿Por qué el general Armada era el hombre políticamente bendecido por todas las fuerzas políticas —especialmente por la cúpula del Partido Socialista— para resolver la gravísima crisis del sistema semanas antes del 23-F? ¿Cuál fue el grado de participación que tuvo el PSOE en la Operación De Gaulle? ¿Y el resto de líderes de los demás partidos políticos? ¿Qué protagonismo tuvo el Servicio de Inteligencia —CESID— en el golpe del 23-F? ¿Dio un contragolpe o, por el contrario, fue quién lo activo y ejecutó? ¿Qué apoyo dio la Administración del presidente Reagan y el Vaticano a la operación especial del 23-F? ¿Cómo se desarrolló la Operación De Gaulle y en cuantas fases se ejecutó para que pudiera ser asumible democrática y constitucionalmente por todos? ¿Qué fue la Operación De Gaulle?

Jesús Palacios

23-F, el Rey y su secreto

30 años después se desvela la llamada «Operación De Gaulle»

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ePUByrm 14.05.13

Título original: 23-F, el Rey y su secreto

Jesús Palacios, 2010

Editor digital: ePUByrm

Corrección de erratas: JeSsE, GusiX, Fénix

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A Alesia, que representa a la generación que nació después del 23-F. Con el deseo de que esta obra contribuya a aclararle y aclararles aquellos hechos y sus circunstancias.

Introducción

El período de la Transición política española ha sido analizado desde diferentes ángulos y perspectivas a lo largo de estos años, en forma de memorias, crónicas, ensayos y relatos históricos. Diversos políticos que tuvieron su propio protagonismo en la citada etapa, así como periodistas, analistas e historiadores, han dejado escritos sus testimonios. Dicho período ha interesado por la forma en que se condujo el tránsito del régimen autoritario hacia la democracia y, especialmente, por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que sin duda alguna, marcó el punto de inflexión en la misma.

De la Transición en su conjunto, se ha hecho hincapié en Adolfo Suárez y, singularmente, en el protagonismo del rey Juan Carlos, verdadero artífice de la misma. Cuando estamos a punto de cumplir los 35 años de la coronación de don Juan Carlos de Borbón y Borbón, y los 30 años de aquella jornada del 23-F, me ha parecido un momento adecuado para hacer un estudio de aquel período, de sus circunstancias políticas y de sus máximos protagonistas. Éstas son las razones principales que motivan este ensayo.

Lo he centrado fundamentalmente en aquellas horas intensas del 23 de febrero de 1981 vividas por el monarca desde Zarzuela, porque don Juan Carlos no ha sido sólo el máximo protagonista de la Transición, sino porque también lo fue en aquella jornada del 23-F, en la que tuvo su momento decisivo.

La figura de Suárez y sus decisiones políticas, la analizo desde la doble vertiente de su plena sintonía con el rey, hasta el tiempo del profundo distanciamiento de la corona con el presidente, que condujo inexorablemente a la jornada del 23-F. Igualmente, dedico algo más que un capítulo al papel desarrollado por las fuerzas armadas en su conjunto, que desde el inicio de la Transición cerraron filas en torno al rey, y le fueron absolutamente leales en todo momento y circunstancia. Incluido el 23-F. También enjuicio el papel que jugaron las diferentes fuerzas políticas durante la crisis del suarismo y de la UCD, especialmente la actitud de los dirigentes del Partido Socialista, a quienes, en su afán de llegar al poder cuanto antes, no pareció importarles demasiado aceptar fórmulas delicadas y peligrosas o de difícil constitucionalidad.

A lo largo de esta obra, sostengo que lo que derivó en el 23-F no fue un intento de golpe de involución, sino una operación especial de corrección del sistema, que fue ampliamente «consensuada» con la nomenclatura de la clase política e institucional. Y con el beneplácito exterior de la administración norteamericana y del Vaticano.

Todo ello fue debido a que una vez producido el divorcio Suárez don Juan Carlos, se fueron alzando numerosas voces desde dentro del propio sistema, reclamando la apertura de un nuevo consenso, un nuevo pacto político, para reconducir el proceso de la Transición hacia una nuevas vías democráticas de desarrollo político. La frase «España necesita un golpe de timón», que popularizó el veterano político catalán Josep Tarradellas, llegó a sintetizar dichas aspiraciones. El objetivo principal era corregir el proceso autonómico, reformar el Título Octavo de la Constitución y cambiar la Ley Electoral, que primaba de forma escandalosa y antidemocrática a las formaciones políticas del nacionalismo vasco y catalán, principalmente, a las que otorgaba un desmesurado protagonismo.

Sobre Suárez recayó la crítica de su entrega al nacionalismo (don Juan Carlos llegó a calificar de «suicida» su política autonómica) mediante la concesión de las preautonomías, del término «nacionalidades», de impulsar el Título Octavo de la Constitución y de favorecer los estatutos de Cataluña y del País Vasco, sin que hubiera previamente una integración sólida en el conjunto de España por una idea global de nación, de un proyecto común compartido. Y los partidos nacionalistas encontraron que a través de la disparatada representación que les concedía la Ley Electoral, y que explotando su pueril victimismo histórico, podían ejercer permanentemente un chantaje al gobierno del Estado, a cambio de apoyos puntuales para obtener más privilegios, y siempre mayores cuotas de autogobierno y de aumento en sus intenciones soberanistas.

La operación especial 23-F, que entre otras razones se llevó a cabo para corregir dichas desviaciones y excesos peligrosos, fracasó al no conseguir que saliera adelante la formación de un gobierno excepcional integrado por representantes de todas las formaciones del arco parlamentario —excepto las nacionalistas—, que estaría presidido por el general Alfonso Armada Comyn, y cuyo vicepresidente hubiera sido Felipe González, secretario general del Partido Socialista. Armada había sido preceptor de don Juan Carlos y secretario de la Casa del Rey, y en todo momento un hombre leal a Su Majestad y a la corona.

Pero pese a su fracaso real, el 23-F mantuvo sus efectos en toda la clase política y la nomenclatura del sistema a lo largo de varios años, en lo que yo llamo «el golpe de Estado sicológico», paralizando en parte las desmesuradas exigencias nacionalistas, pero tan sólo en parte, porque ante la debilidad mostrada por los diferentes gobiernos del Estado, los partidos nacionalistas catalanes y vascos siguieron clamando por su «normalización» en contra del resto de España. Para ello continuaron presionando para ir alcanzando mayores cuotas financieras, mayor gestión de impuestos, prevalencia de su lengua en contra de la lengua española, común para todos; confrontación de los símbolos en la guerra de las banderas, exaltando la senyera y la ikurriña frente a la bandera rojigualda como separación; desarrollo de una educación sectaria, fomentando el odio hacia lo español y, en definitiva, la invención o acomodación de una historia tan dogmática como falsa, a fin de justificar sus continuas afrentas contra el resto de España.

Y si bien es cierto que Suárez fue quien abrió la lata autonómica de las nacionalidades, también lo es que los sucesivos presidentes la mantuvieron abierta sin contenerla, e incluso trasfiriendo más competencias a los nacionalismos, fuese con mayorías gubernamentales absolutas o relativas. Pero, en todo caso, ha sido con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero con quien se ha desatado una carrera febril autonomista-nacionalista sin freno, decantada abiertamente hacia el secesionismo. De ahí que entre las figuras de Suárez y de Zapatero se pueda establecer un paralelismo histórico a este respecto.

Suárez se lanzó de forma harto improvisada a la construcción del Estado de las autonomías, que no tenía precedente alguno en el derecho constitucional comparado. Y Rodríguez Zapatero se ha embarcado en la concesión de nuevos estatutos de mayor autogobierno por intereses exclusivamente partidistas y de poder y, en todo caso, espurios. Zapatero, en su afán de aislar a la oposición e impedir su alternancia en el poder (recuérdese la figura del «cordón sanitario»), ha ido mucho más lejos, llegando a identificarse con el discurso del nacionalismo identitario y secesionista, cuestionándose el concepto de nación, «discutido y discutible», hasta inventarse la «nación política, sociológica y histórica». Todo ello es debido a que tanto la cuestión de las autonomías como la de los nacionalismos siguen abiertas y sin resolver.

La exacerbación nacionalista viene provocando que desde el asesinato del almirante Carrero Blanco, España sea un país presionado por el terrorismo de ETA, chantajeado por el nacionalismo vasco y catalán más reaccionario y secesionista, y secuestrado por una clase política oligárquica, que resulta ser absolutamente incompetente para darse en el servicio a la sociedad, pero que se muestra resuelta y ávida para luchar por sus sectarios intereses de poder. De ahí que para nada resulte extraño que la sociedad en su conjunto vea a la clase política —tanto de la izquierda como de la derecha—, no sólo distante y alejada, sino como el segundo de sus problemas principales. Exclusivamente, como una secta de poder.

Hace casi diez años publiqué un primer estudio sobre la Transición y el 23-F. Dicho trabajo apareció con el título 23-F: el golpe del CESID, que a juicio de numerosos historiadores, analistas y periodistas, supuso una notable contribución para el esclarecimiento de aquellos hechos. Pero a mí, personalmente, también me supuso que el general Javier Calderón, director general del servicio de inteligencia por entonces, me presentara una querella criminal al estar disconforme con el papel que, a mi juicio, tuvo en los hechos del 23-F. Afortunadamente para mí, dicha querella se resolvió en la doble vía judicial; tanto ante el juzgado de primera instancia, como ante la audiencia provincial, con todos los pronunciamientos favorables hacia mí.

Sobre la etapa de la Transición hay numerosas fuentes escritas, pero la historia del 23-F es básicamente una historia oral. De ahí que, para la elaboración de este ensayo, haya mantenido a lo largo de estos pasados años numerosas conversaciones con el general Sabino Fernández Campo, ex jefe de la Casa del Rey. Muchas más conversaciones aún he venido manteniendo con el general Alfonso Armada Comyn, quien en diferentes momentos me facilitó su testimonio de forma manuscrita. También me reuní y hablé varias veces con el general Jaime Milans del Bosch, y con los generales Torres Rojas, Carlos Alvarado, Cabeza Calahorra y con otros más, así como con el coronel San Martín, el teniente coronel Antonio Tejero Molina, el comandante Pardo Zancada y con casi todos los que en los hechos del 23-F tuvieron algún tipo de protagonismo. Excepción hecha, naturalmente, de Su Majestad, el rey Juan Carlos.

Igualmente, he tenido la oportunidad de entrevistarme con varios agentes del servicio de inteligencia —CESID— que, en los hechos del 23-F y posteriormente, estuvieron muy cerca de los jefes y de las secciones que pusieron en marcha la ejecución de la operación especial 23-F. Así como con otros agentes que con posterioridad tuvieron conocimiento fehaciente de aquellos hechos. De entre todos ellos, únicamente puedo citar a los coroneles Diego Camacho, Juan Alberto Perote y el suboficial Juan Rando Parra, al darme su expresa autorización, manteniendo en la estricta reserva la identidad de otros muchos agentes.

En la parte escrita he vuelto a consultar varias carpetas del sumario de la causa 2/81, y trabajado con los cuatro volúmenes de las actas del juicio militar de Campamento. He repasado prácticamente toda o casi toda la bibliografía publicada al respecto, y revisado numerosos volúmenes de testimonios, memorias, crónicas, ensayos e investigaciones históricas sobre la Transición.

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a mi admirado amigo el hispanista Stanley G. Payne, con quien he tenido la fortuna de compartir alguna de mis obras anteriores. Sobre este original, Payne me envió su juicio y comentarios, que me han sido muy útiles. También lo hizo mi hermano Isidro, así como el coronel Diego Camacho, cuyas notas y observaciones he tenido muy en cuenta en diferentes análisis. Mi reconocimiento asimismo para mi amigo el historiador Charles Powell, cuyos trabajos sobre la política exterior norteamericana en la etapa de la Transición me han parecido valiosos.

No puedo dejar de resaltar el buen trato recibido en las instalaciones del Hotel Marbella Club, uno de los mejores de España, donde este verano pude tranquilamente revisar parte de este original, como tampoco puedo dejar de hacerlo con la familia de Carlos Tejedor, del Grupo La Máquina, que amablemente me ha venido facilitando diversos reservados de sus excelentes restaurantes para mi trabajo de campo y mis entrevistas. Mi agradecimiento, por último, a mis amigos Carlos y Alberto Ferri por su apoyo, a mi buen círculo de amigos, entre quienes están Antonio Sánchez, el cineasta Antonio del Real, Felipe Moreno, Javier Sánchez Lázaro, Ángel Muñoz, Jorge Lomana, José María Berciano, Eduardo García Serrano, Lorenzo Díaz, Ramón Casteleiro, Amando de Miguel, Jesús Esteban, Iñaki Ezquerra, Francisco Cantarero y al gran artista Jesús Gallo, de inolvidables recuerdos, y tantos otros, por su comprensión durante varios meses de encierro y «desaparición». Y también a Alesia, por su ánimo y buenos comentarios y, muy especialmente y siempre, a mis hijos Eduardo y Jesús por su paciencia y cariño.

I.
ACERCAMIENTO AL 23-F.
«OPERACIÓN DE GAULLE»

¿Qué fue el 23-F? ¿Cuál fue el papel del rey? ¿Cómo explicarlo? Durante varios años se ha aireado todo tipo de especies cultivadas principalmente desde los órganos de dirección del servicio de inteligencia CESID (Centro Superior de Información de la Defensa). Dichas especies han venido manteniendo que el intento de golpe de estado habría sido un golpe involutivo; una regresión hacia un tardofranquismo deseado por una rehala de delirantes militares golpistas y de algunos pequeños políticos ya amortizados, que añoraban un reciente pasado de dictadura, de régimen autoritario. Y que serían reacios a aceptar un sistema de libertades, de participación plural y de democracia estable. Y sin embargo, sospechosamente, tras el fracaso del 23-F, los dirigentes y responsables de los partidos políticos que jugaron con fuego con operaciones de dudosa constitucionalidad, se mostrarían más prudentes sin hacer demasiadas preguntas ni abrir investigación alguna.

Sencillamente, aquellos responsables políticos de la derecha y de la izquierda, se dieron por satisfechos afirmando que el rey Juan Carlos había salvado la democracia al desbaratar con su actuación la locura golpista porque supo sujetar con su autoridad a la mayor parte de los militares que aquella noche fueron leales y demócratas. Luego, después de que el monarca les leyera la cartilla a los dirigentes políticos por su frivolidad y sectarismo partidista, éstos jalearon una campaña mediática que blindaba al rey sin, en principio, tiempo de caducidad. «El rey, la noche del 23-F, se ganó la legitimidad de ejercicio», vinieron repitiendo de forma monocorde y cansina. Y se contentaron con que se sentara en el banquillo a unos pocos protagonistas de la asonada, los menos, y ello porque se exhibieron demasiado. Y dichos dirigentes políticos miraron para otro lado, cerrando el capítulo detrás de una pancarta con la leyenda «¡Democracia, sí. Dictadura, no!».

¿Fue eso el 23-F? Con el paso del tiempo, muchas de aquellas máximas fueron decayendo hasta hacerse insostenibles, para abrir paso a otras explicaciones más plausibles, con incluso veladas críticas a la actuación del rey. Pero la verdad oficial ha seguido aferrándose a los viejos clisés, intentando desvirtuar el trasfondo de aquella operación especial. La mayor parte de los estudios propagandísticos se fabricaron a base de estereotipos como que el gobierno que pretendía sacar adelante el general Alfonso Armada Comyn era el secreto de Polichinela, como escuché en un vivo debate televisivo a un veterano general. O qué valor y duración podría tener un gobierno votado bajo la presión de las armas, después de la ignominiosa estética provocada por Tejero al asaltar el Congreso con tiros al aire, arrastrar al suelo de la humillación a la totalidad del gobierno, oposición y parlamentarios —excepción hecha de Suárez, Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo—, y de la penosa afrenta sufrida por el vicepresidente Mellado al intentar Tejero derribarlo.

La historia del 23 de febrero de 1981 es sobre todo y principalmente una historia oral, porque tras su fracaso, los responsables de la ejecución de la operación se cuidaron muy mucho de hacer desaparecer las pocas evidencias que del mismo hubo escritas. Como también «desaparecieron» las grabaciones de las conversaciones telefónicas que se hicieron durante aquella tarde-noche y madrugada entre Zarzuela, el gran centro de poder y decisión, el Congreso, el Cuartel General del Ejército, la sede de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) y las capitanías generales, principalmente.

¿Qué fue de aquellas cintas? Su conocimiento hubiera arrojado mucha luz sobre el 23-F. Pero el responsable de su guardia y custodia, el ministro del Interior Juan José Rosón, llegaría a decir que su contenido era dinamita, y que lo mejor para la estabilidad de la democracia era que jamás se conocieran. Es decir, que su contenido se hurtó deliberadamente a la opinión pública y a las defensas de los procesados por el 23-F, como se haría con el Informe Jáudenes del CESID; un informe interno de carácter no judicial, que los responsables del Servicio de Inteligencia se vieron en la obligación de abrir para simular que iban a dirimir la responsabilidad de los agentes especiales que planificaron y ejecutaron la operación, y metieron a Tejero y a sus guardias en el Congreso.

¿Quiénes se quedaron con el secreto de las grabaciones? Naturalmente, ni durante la instrucción de la causa ni durante el proceso militar de Campamento, nadie se preocupó ni preguntó sobre aquel material. Tan sólo y a modo de esperpento, y ya fuese desde el ministerio del Interior o desde la parcela de Francisco Laína, secretario de estado de seguridad, se filtraron deliberadamente partes de las conversaciones que Tejero mantuvo con su amigo Juan García Carrés, ex jefe del Sindicato de Actividades Diversas durante el régimen franquista.

Las citadas conversaciones, además de evidenciar cierta exaltación y bravuconería por parte de ambos, revelarían que el ex sindicalista transmitió a Tejero algunos datos manipulados e interesadamente falsos para mantener viva su moral. Especialmente cuando el rey cursó instrucciones y órdenes concretas para cortocircuitar los hilos que estuvieron sosteniendo a Tejero en el Congreso durante siete largas horas (hasta la una y media de la madrugada del día 24), y estaba ya completamente aislado. Laína, por su parte, que se presentaría posteriormente muy ufano como responsable de un sui generis «gobierno de secretarios», al que ni el rey ni nadie de la cadena de mando militar hizo el menor caso, fue la persona que llegó a hacer la disparatada propuesta de querer lanzar a los GEO (Grupo Especial de Operaciones) al asalto del Congreso. Por fortuna para todos, tampoco se le prestaría atención alguna en este asunto.

Sí, después del 23-F se difundieron muchas mentiras e intoxicaciones. Pero si el 23-F hubiera triunfado, si hubiera conseguido su objetivo de salir adelante con el gobierno excepcional de coalición —algo sin precedentes en la historia de España—, entonces habría tenido muchos patrocinadores, muchos impulsores y muchas explicaciones comprensibles, plausibles y hasta justificadoras. Pero fracasó, aunque no en su totalidad, porque pese a su manifiesto fracaso, mantuvo durante casi veinticinco años los efectos visibles del «golpe de estado psicológico» entre la clase política, que a fin de cuentas era la gran responsable de la crisis institucional y del colapso político que se vivió a lo largo del bienio 1979-1980. Y plenamente descarnado durante el otoño-invierno de 1980-1981.

Con tales antecedentes, las preguntas deben ser estas dos: ¿Con qué grado de certeza podemos afirmar que el rey Juan Carlos supo con antelación lo que iba a suceder la tarde del 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados? ¿Y tuvo el monarca conocimiento previo de la operación especial montada, que incluía la violación inicial de la legalidad constitucional, para reconducirla posteriormente hacia un gobierno de concentración nacional con poderes especiales, para que pusiera fin a los disparates gubernamentales de los gobiernos de la UCD; para que frenara el desbordamiento nacionalista y para que acabara con el terrorismo, con el desbarajuste institucional y con la gravísima crisis del sistema? La respuesta a ambas cuestiones es lo que trataremos de ir desgranando a lo largo de estas páginas.

Y adelanto varias afirmaciones que si bien serán objeto de un análisis y desarrollo posterior, conviene señalarlas ahora. En el 23 de febrero de 1981 el rey Juan Carlos fue la clave principal, la pieza fundamental. Antes, durante y después. Todos, absolutamente todos, los que aquel día tuvieron algún grado de participación creyeron sin duda alguna que actuaban bajo las órdenes y los deseos del rey. Así, Tejero entró en el Congreso con el grito de «en nombre del rey», Milans levantó su región militar y dictó un bando decretando el estado de excepción en la misma, ante el vacío de poder originado en Madrid y quedando a las órdenes del rey; el general Armada se cansaría de repetir que «antes, durante y después del 23-F estuve a las órdenes del rey»; toda la cúpula militar de la JUJEM (Junta de Jefes de Estado Mayor), el JEME (Jefe del Estado Mayor del Ejército) José Gabeiras y la absoluta totalidad de los capitanes generales y mandos militares, estuvieron a las órdenes del rey y a la espera exclusivamente de sus decisiones.

En un sentido y en otro, todo se hizo en torno al rey. Todo pasó por el rey. Y durante un buen puñado de horas, el rey estuvo «a verlas venir». Sin la figura del rey, jamás habría habido ni existido 23-F. Quizás otra cosa en otro momento, pero no el 23 de febrero, que fue para lo que fue: un golpe sobre el sistema, tramado, desarrollado y ejecutado desde dentro del sistema para la corrección del propio sistema. Por lo tanto, no es que el rey tuviera conocimiento del mismo, que sí lo tuvo, sino que estuvo absolutamente involucrado en la operación. Ya fuera motu proprio o por dejar hacer. «¡A mí, dádmelo hecho!», sería la frase que repetiría en diversas ocasiones a lo largo de 1980 y en las semanas anteriores al 23 de febrero de 1981, cuando se le hablaba de la Operación De Gaulle, versus Operación Armada.

Se ha dicho que Don Juan Carlos dudó durante la jornada del 23 de febrero. Y es verdad que por momentos le asaltaron muchos temores que hubo de paliar y atajar su fiel secretario Sabino Fernández Campo. Pero el rey estuvo en el 23-F hasta que el tapón que le puso Tejero a Armada en el Congreso, le decidió a desmontar toda la operación. Aquel «A mí dádmelo hecho» fue su respuesta sistemática durante meses; tanto si quien le proponía que había que dar el golpe de timón era el comandante de estado mayor José Luis Cortina (jefe de los grupos operativos del servicio de inteligencia CESID), como si se trataba de los militares que recibía en audiencia y le sugerían que algo había que hacer para cambiar las cosas, porque la situación era límite, o si quienes lo hacían eran los responsables políticos gubernamentales o de la oposición socialista, o de Alianza Popular y de Coalición Democrática, o el histórico líder de la Esquerra, Josep Tarradellas. Todos ellos eran partidarios de acabar políticamente con Suárez y de apoyar un golpe de timón, que lo sería de corrección y ajuste de la democracia, con un gobierno de coalición —un nuevo pacto político de la transición— presidido por el general Armada.

El 23 de febrero de 1981 no hubo conspiración militar ni rebeliones de capitanías generales ni de generales ni varios golpes simultáneos, cogido alguno de ellos al vuelo de la improvisación; sino un entramado criptopolítico en el que una vez alcanzado el consenso básico sobre la fórmula gobierno de gestión presidido por el general Armada, que estaba integrado por representantes de todos los partidos políticos, se generó artificialmente un SAM —Supuesto Anticonstitucional Máximo— con la acción del teniente coronel Tejero —quien al final sería el chivo expiatorio—. No se trató de una acción militar masiva, en la que hubieran de intervenir activamente un gran número de unidades. Bastaba con dos generales de reconocido signo monárquico y de probada lealtad al rey Juan Carlos, uno de ellos, al mando de una potente capitanía; y la exhibición mínima de la fuerza, que obligara a alcanzar el objetivo de la aceptación política, pública y social de ese gobierno de integración, que debía resolverse sin derramamiento de sangre ni represión social.

Ése fue el diseño tramado como una operación especial, un golpe institucional, elaborado y ejecutado desde la dirección del servicio de inteligencia —CESID— para corregir los excesos cometidos por unos gobiernos de centro, y un presidente de gobierno —Adolfo Suárez— a quien se le había escapado el control de la situación política. Y en cuyo desplome se corría el riesgo de que arrastrara en su caída también a la corona; entre otras cosas, por la manifiesta vinculación personal y de compromiso que el propio rey Juan Carlos había dado a los gobiernos Suárez como gobiernos del rey. Al menos durante el tiempo en el que las sinergias entre ambos funcionaron plenamente.

Después vendría ya el distanciamiento, la pérdida de confianza del rey en Suárez, y el deseo real de quitarse al presidente de encima a cualquier precio y a toda costa. Pero también el 23-F pretendió ser una llamada de atención seria a toda la clase política; a la oposición del Partido Socialista, a la que, en su presión y acoso para derribar a Suárez, no le importaba utilizar atajos peligrosos para alcanzar el poder, e igualmente y de forma muy especial, una manera de enseñar los dientes a los partidos nacionalistas vascos y catalanes, y frenar el desarrollo autonomista suicida, que había que rediseñar y volver a consensuar profundamente.

La salida del régimen autoritario hacia la democracia fue modélica en su etapa inicial. La Ley para la Reforma Política, pergeñada por Torcuato Fernández Miranda desde su atalaya de la presidencia de las Cortes, y entregada a Suárez en agosto de 1976 para su aplicación —«toma estos papeles que no tienen padre por si te sirven para algo»—, sería la que posibilitaría la voladura de las estructuras políticas del franquismo. Y también la tranquilidad de conciencia del monarca, que por dos veces había jurado lealtad, y cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del régimen franquista, que por definición de principios eran permanentes, intangibles e inalterables, pero que también dejaban abierta la vía para su propia reforma legal. De ahí que esta ley para la reforma se inscribiera como la octava de las fundamentales, lo que no dejaba de ser toda una ironía.

Durante unos meses trepidantes, la sintonía entre el rey, Suárez y Fernández Miranda fue completa: hasta poco antes de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. Torcuato presentó su dimisión como presidente de las Cortes dos semanas antes de las elecciones. En sus declaraciones públicas afirmaría que ya había cumplido con lo que se le había pedido. Pero en el fondo era el resultado de sus ya profundas discrepancias con Suárez, que se había desenganchado de su tutela, había eliminado el preámbulo de la ley y modificado partes del texto de la reforma, suprimiendo el Consejo del Reino apostando, entre otras cosas, por la reforma-ruptura acelerada, frente a la reforma-ruptura controlada de Fernández Miranda.

Y porque quizá tan enigmático y circunspecto personaje, que también ambicionaba tener todo el poder, albergara la remota esperanza de que el rey le pidiera que fuese él quien formara gobierno ante un resultado que se suponía iba a ser igualado o incierto entre el centro y la derecha. Luego, el resultado electoral dio el triunfo en minoría al engrudo de siglas que se había articulado alrededor de la Unión de Centro Democrático (UCD), y un fuerte revés a la derecha reformista de Fraga, lo que de hecho suponía en realidad un sorprendente y gran triunfo del Partido Socialista.

Torcuato, que al final terminaría siendo devorado por sus propias intrigas, se fue distanciando con rencor de Suárez y con melancolía del rey hasta que murió amargado en Londres en 1980. Antes de fallecer en el más absoluto de los ostracismos, a quien le quería escuchar, que ya eran pocos, no se cansaba de repetirles que había que «repristinar» la situación política, volver a los orígenes, porque era una «locura jugar a la ruptura». Una cosa era llevar a cabo la destrucción de las Leyes Fundamentales y de toda la estructura del estado franquista, que era el proyecto de la corona, para integrar a la izquierda en el nuevo estado democrático, y otra muy diferente iniciar un camino sin saber hacia donde se quería ir. Entre el rey y Suárez había surgido un mutuo encantamiento por el estilo osado de hacer política del presidente, lo que en el fondo encantaba al rey, pues era lo que él anhelaba también. Y Suárez alardeaba de que «tengo al rey en el bote», y además ya era un presidente legitimado democráticamente por las urnas.

Aquél fue un tiempo mágico que se tradujo en la improvisación y la aventura, con momentos muy graves y delicados como el de la legalización del Partido Comunista. Y no tanto por la legalización en sí, sino por la forma en que se llevó a cabo. En los primeros días de septiembre de 1976, y a iniciativa suya, el presidente mantuvo una reunión con toda la cúpula y mandos militares para explicarles el alcance de las reformas que se proponía acometer, y en la que les aseguró y prometió que no se legalizaría a los comunistas. Siete meses después, durante la Semana Santa de 1977, Suárez cambiaría de criterio inscribiendo de improviso y sorpresivamente para casi todos al Partido Comunista de Santiago Carrillo en el registro de partidos políticos.

Aquel 9 de abril, que pasaría a la historia como el Sábado Santo Rojo, el presidente Suárez y el vicepresidente Gutiérrez Mellado se ganaron el distanciamiento y la inquina de la práctica totalidad de las fuerzas armadas, que hasta aquel momento estaban dispuestas y se habían comprometido a colaborar con el proceso de reformas políticas. Pero la legalización del PCE no tendría nada que ver con el 23-F, ni como precedente ni como inicio ni como puesta en marcha de supuestas conspiraciones militares contra Suárez y sus políticas. Valgan estas líneas como un apunte, pues este asunto tendremos tiempo de desarrollarlo más adelante.

Poco después de las primeras elecciones democráticas, diversas personalidades vinculadas con sectores liberales, con el reformismo franquista e incluso con el antifranquismo, comenzaron a reunirse al observar con grave preocupación la senda y deriva que tomaba la transición. Se trataba de políticos pertenecientes al gorullo de la UCD y a Alianza Popular; al monarquismo más activo, al mundo empresarial, económico, financiero y a la Iglesia. En todo caso, ninguno pertenecía al anclaje de los pequeños reductos del franquismo puro, insignificantes ya en sí mismos. Durante 1977 y 1978 —etapa preconstitucional en la que el rey tuvo casi todos los poderes heredados del dictador—, y 1979, mantuvieron asiduos encuentros para buscar fórmulas que atajara el rumbo político emprendido. A partir de 1980 sería ya todo muy diferente; un período de conspiración abierta desde todos los frentes para derribar a Suárez, con Zarzuela a la cabeza como gran impulsora.

Pero antes de ese momento, y pese a estar en el tiempo de la concordia y del pacto constitucional mantenido hasta las elecciones de marzo de 1979, aquellas gentes veían con profunda inquietud las excesivas concesiones otorgadas a los partidos nacionalistas, la articulación de la estructura del Estado en una fórmula preautonómica y autonómica sin precedentes ni tradición (para Torcuato Fernández Miranda era de una gravísima irresponsabilidad), y que no sólo podría despertar y acelerar el riesgo separatista, sino que las comunidades y regiones no sesgadas por la choza nacionalista, podrían llegar a contaminarse de los mismos males. Y transformarse en franquicias de poder federal o cuasi confederal con la institucionalización de un caciquismo de amargo recuerdo.

Aquellos personajes de la nomenclatura del sistema veían nefasta la elaboración de una ley electoral basada en el sistema proporcional que, si bien en un principio se había previsto que su aplicación fuera provisional, sólo para las primeras elecciones, después se mantuvo, primando de manera poco democrática la concentración del voto nacionalista, con el peligro de que si las urnas no otorgaran mayorías absolutas a los partidos de ámbito nacional, esos votos se llegaran a utilizar como un chantaje al poder central en beneficio de objetivos secesionistas. A aquellos hombres les preocupaba una política económica y laboral que asfixiaba el tejido industrial y empresarial, una política exterior que situaba a España más cercana a un tercermundismo ecléctico de los no alineados que al Occidente europeo y norteamericano, con quien España debería integrarse, y una falta de respuesta, hasta cobarde e inane, frente al brutal terrorismo de ETA, principalmente.

Esos encuentros se fueron celebrando periódicamente en la agencia de noticias Efe, presidida por el escritor y periodista antifranquista, además de firme monárquico, Luis María Anson; en la sede de los empresarios CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), presidida por Carlos Ferrer Salat, o en las casas de los políticos que habitualmente participaban del cónclave, o en diversos restaurantes. El tono general de los encuentros nada tenía que ver con la involución ni con la oposición al desarrollo democrático, ni siquiera tenía un tufo conspirativo, sino que lo era en defensa de la estabilidad democrática. Además de Ferret Salat y Anson, solían acudir políticos de la nueva derecha, como Salvador Sánchez Terán, José Luis Álvarez, Alfonso Osorio o Landelino Lavilla; y de la derecha clásica, como Manuel Fraga o Gabriel Elorriaga; banqueros, como Carlos March, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, Alfonso Escámez, Luis Valls Taberner o Rafael Termes, entre otros muchos más.

Y junto a ellos se sentaban varios oficiales del servicio de inteligencia como el capitán José María Peñaranda y Algar, el comandante José Faura Martín, responsable de la división interior del naciente CESID, y en ocasiones, hasta el general José María Bourgón, primer director del CESID. El espíritu de consolidación monárquica que presidía esas reuniones no podía ir contra el rey, pero sí contra Suárez y contra su forma de dirigir la transición, que algunos ya predecían que sería hacia la deconstrucción nacional para hacer de España un país inviable y un sistema fallido. Por eso querían que se fomentara una corriente de opiniones hacia el rey para que cambiara de jefe de gobierno antes de que la corona viera diluidos sus poderes al sancionar la Constitución. El objetivo de aquellos hombres era blindar a la corona de los graves riesgos que podía correr el joven rey demócrata, que por su juventud, bisoñez y acentuado espíritu aventurero, había depositado en quien decía de sí mismo que era un «chisgarabís» de la política, la delicada conducción y asentamiento de la democracia.

La errónea elección de hacer el tránsito hacia la democracia sobre modelos irreales e inventados, y sostenidos con enormes dosis de improvisación, alarmaba por entonces a hombres de gran experiencia política, como José María Gil Robles, el veterano líder de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas). A finales de octubre de 1978, días antes de que el Congreso y el Senado aprobaran el proyecto constitucional y, naturalmente, éste se sometiera a referéndum y posterior sanción, preconizaba para un futuro no muy lejano cierta amenaza de golpe militar: «si continúa el estado de cosas actual es posible que se haga inevitable»; o la visión del presidente Josep Tarradellas, quien poco antes de traspasar el poder de la Generalitat a Jordi Pujol, se manifestaba de esta forma tan clarividente: «estoy convencido de que es inevitable una intervención militar… Las autonomías no constituyen una solución para España… Nuestro país afronta la cuestión del País Vasco, que, para mí, es dramática».

Los informes y minutas que el agente del CESID José María Peñaranda redactaba de los encuentros, los elevaba a sus jefes directos del servicio, quedando registrados como materia reservada en los archivos del centro de inteligencia. El resultado práctico de aquellas reuniones fue la elaboración y redacción de un plan de actuación denominado «Operación De Gaulle». Estaba firmado por los oficiales José María Peñaranda y José Faura Martín, con el visto bueno y aprobación del director del centro, el general José María Bourgón. Aquel plan operativo surgió como una consecuencia lógica de lo que se exponía y hablaba en alguna de las reuniones coordinadas por Luis María Anson. Los agentes del CESID y su director general lo hicieron suyo.

Y así se redactaría; como una operación especial del servicio de inteligencia, es decir, que la «Operación De Gaulle» no fue redactada por una sugerencia externa al servicio, sino por una decisión interna del propio CESID. Básicamente, la «Operación De Gaulle» exponía que si la transición política en España llegara a precipitarse por caminos sumamente peligrosos para la estabilidad de la corona y de la democracia, se debería aplicar el modelo o la forma en la cual la IV República Francesa eligió al general Charles de Gaulle jefe de gobierno y posteriormente Presidente de la V República. Con ello, el ejército y la clase política francesa evitó el riesgo de una guerra civil, a consecuencia de una confrontación inminente y real que existía entonces en Francia a causa de la independencia de Argelia. Desarrollaré este último punto en el capítulo IX.

Roto el período de consenso tras las elecciones de marzo de 1979, el Partido Socialista iniciaría una durísima oposición de cerco, acoso y derribo a Suárez, con un punto de inflexión en la moción de censura de mayo de 1980. Todos recuerdan, porque se vivió en directo por televisión, que en ese momento el presidente se quedó petrificado en su escaño y no fue ni siquiera capaz de salir a la tribuna de oradores para defenderse. Suárez recibió un dardo envenenado, una bomba de efecto retardado que provocaría la ruptura definitiva en UCD y sería su certificado de defunción a corto plazo. Al presidente ya no le llovían críticas únicamente desde los sectores cercanos de la derecha, el centro, o incluso desde el mismo seno del conglomerado aberrante de aquel centrismo cazado a lazo para instalarlo en el poder.

A lo largo de 1980, la conspiración abierta contra Suárez fue absoluta. Se le abrió un fuego cruzado desde todos los frentes, estamentos e instituciones, que fueron transformando a Adolfo Suárez en una caricatura de sí mismo, en un autista encerrado en el búnker de La Moncloa al cobijo y calor de unos pocos y reducidos leales. España tenía un presidente que había llegado a repeler el Parlamento y los usos y normas de la democracia. «Suárez no soporta más democracia, ni la democracia soporta más a Suárez», señalaba un por entonces vitriólico Alfonso Guerra. Aquel joven seductor de no hacía mucho tiempo, había dejado de ser el mágico muñidor del sistema para convertirse en un grave problema para la democracia. Y, lo que para el rey, personalmente, era más serio, para la propia seguridad y estabilidad de la corona.

Las sinergias de encantamiento entre el rey Juan Carlos y Suárez hacía un tiempo que se habían roto. El riesgo de una gravísima crisis del orden político establecido acechaba. Felipe González declaraba alarmado que estaban encendidas las luces rojas del Estado. Fraga escribía al rey pronosticando una próxima crisis institucional que podía barrer a la misma corona. En ese marco, en esos instantes, en esos momentos, ante tal cúmulo de hondas preocupaciones, fue cuando la dirección del CESID decidió desempolvar la «Operación De Gaulle» y ponerla sobre la mesa. Había permanecido guardada en estado latente desde hacía un año, y en aquel momento se presentaba como el mejor remedio y como la solución más adecuada para tan crítica situación.

Es cierto que bien se pudo escoger otra fórmula u otra solución, como el golpe que la cúpula militar turca había dado en septiembre de 1980 y que llevó a la Jefatura del Estado al general Kenan Evren. Sobre aquel acontecimiento, el coronel Federico Quintero, agregado militar en Ankara, elaboró un meticuloso informe en el que reflejaba un cierto paralelismo entre la situación de Turquía y la de España, por si podía servir como modelo de aplicación. Pero el modelo que se escogió fue la «Operación De Gaulle», sobre la que responsables del CESID pondrían en antecedentes al rey Juan Carlos en la primavera de 1980, y con todo detalle durante el verano de dicho año. El jefe de los grupos operativos del Servicio de Inteligencia, José Luis Cortina, no era solamente un inteligente y astuto comandante de Estado Mayor, sino un íntimo colaborador del secretario general del mismo, el teniente coronel Javier Calderón, de quien tenía toda la confianza y complicidad, lo cual le permitía actuar con carta blanca y sin reserva alguna.

Pero además, y he aquí un dato importantísimo, José Luis Cortina había sido compañero de promoción —la XIV— del rey Juan Carlos en la Academia General Militar, estableciéndose desde entonces entre ambos una estrecha relación de amistad y confidencialidad. Aquello convertía al comandante Cortina en uno de los hombres más fuertes e importantes del CESID. Sus visitas a Zarzuela eran fluidas y periódicas. No necesitaba solicitar audiencia previa para ver al rey, dato que en su día me confirmaría el general Sabino Fernández Campo, secretario de la Casa del Rey y posteriormente jefe de la misma. El mismo comandante Cortina reconocería que, durante el mes de febrero de 1981, había visitado al rey en el palacio de La Zarzuela once veces. ¡Nada menos que once veces en los días previos al golpe! Ninguna de sus entradas quedaría registrada en el control de visitas. Por eso no tendría nada de extraño que el rey visitara un día de verano de 1980 la sede de la plana mayor de los grupos operativos del CESID, y que por ese espíritu aventurero con el que se había forjado la personalidad de don Juan Carlos, se prestara a camuflarse al pasar el control del edificio para evitar ser reconocido.

Cortina informaba al rey —aunque no era el único— de reuniones de generales, de coroneles juramentados, de otras iniciativas incontroladas al estilo Tejero, que iba por libre, que hacían imprescindible la puesta en marcha de una operación que neutralizase y recondujera la situación. Esos términos, «reconducir» y «reconducción», que también utilizará el rey después con profusión, eran igualmente de su cosecha. Al rey se le dibujaba un panorama muy grave en el ámbito militar que era deliberadamente exagerado, pero que conseguía el objetivo de que anidara en el ánimo del monarca una honda inquietud. Al igual que en la cúpula de los partidos políticos, de la nomenclatura del sistema y de los medios de comunicación.

Sí, es cierto, había una profunda irritación en las salas de banderas de los cuarteles, un fuerte malestar; se hablaba gráficamente de un ejército en estado de cabreo, de ruido de sables, y se publicaban aceradas críticas en los periódicos, como las de Milans del Bosch desplegadas a toda portada en ABC a finales de septiembre de 1979: «El balance de la transición no presenta un saldo positivo». Todo aquello hacía un magma necesario y útil. Pero no había conspiración militar, aunque de boquilla proliferaran todo tipo de conspiraciones militares. Las fuerzas armadas en su conjunto eran el mejor seguro del rey, contaba con su plena lealtad y apoyo, porque fundamentalmente así lo había expresado Franco, su comandante en jefe, en su última voluntad, en su testamento, y el ejército lo había recibido como su última orden.

Decidida la puesta en marcha de la «Operación De Gaulle», la dirección del CESID comenzó a fomentar la mejor imagen del general Armada entre sus compañeros de milicia, entre los dirigentes de los partidos políticos y demás instituciones. Los responsables de Alianza Popular eran viejos conocidos y de la máxima confianza de los jefes del CESID, pues no por casualidad habían sido ellos; Javier Calderón, los hermanos Cortina, Florentino Ruiz Platero, Juan Ortuño y otros responsables de la inteligencia nacional, los que al final del franquismo habían puesto los mimbres del partido reformista de Fraga bajo la tapadera de las siglas GODSA (Gabinete de Orientación y Documentación, Sociedad Anónima), de cierto matiz esotérico. Las conversaciones con Fraga, con Gabriel Elorriaga y con muchos otros, fueron frecuentes. Y el apoyo a la fórmula ofrecida, total.

También la cúpula socialista se mantuvo muy atenta a todo lo que se cocía y con antenas abiertas con el CESID. Calderón y Cortina llegaron a transmitir muy exageradamente los riesgos de un posible golpe militar a los miembros de la ejecutiva socialista Enrique Múgica, Luis Solana e Ignacio Sotelo, entre otros, asumiendo todos la conveniencia de apoyar la formación de un gobierno constitucional de concentración nacional presidido por el general Armada. En la cúpula del PSOE el riesgo golpista se retroalimentaba barajándose el rumor de que se estaba organizando un golpe que sería protagonizado por varios tenientes generales con mando en varias capitanías, otro de posibles mandos intermedios, y uno más que calificaban como el «golpe de la banda borracha». Esos rumores también proliferaban por casi todos los medios, pero en absoluto se correspondían con la realidad.

Sin embargo, los dirigentes del PSOE, con González a la cabeza, quisieron hacer llegar esa inquietud al secretario de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo —y de él al monarca— durante un almuerzo que celebraron en el otoño de 1980. A Sabino, que negaría tener información alguna sobre posibles golpes, le presentaron un análisis de la situación política pavoroso; la UCD se hallaba en el más puro desconcierto, se estaba descomponiendo y sumida en un absoluto caos, Suárez gobernaba bajo una extrema debilidad, y el momento no aguantaba hasta las próximas elecciones, le aseguraba González.

Pero en el fondo, lo que los dirigentes del Partido Socialista querían transmitir al secretario del rey es que el PSOE estaba dispuesto a participar activamente en un gobierno de coalición siempre que fuese constitucional o que se consiguiera hacer «pasar» como tal, y en el que participasen todas las fuerzas políticas democráticas, si con ello se evitaba la involución. Los socialistas aceptaban la figura del general Armada como presidente de dicho gobierno, al tiempo que le aseguraban a Sabino que conocían bien el desánimo que el rey sentía por el presidente Suárez, que se había cansado de él y que sabían que había personas con fácil acceso al monarca que le estaban «calentando la cabeza» sobre el inconveniente Suárez y la necesidad de buscar un sustituto a través de una moción de censura o bien provocando su dimisión.

Para Felipe González, el momento estaba llegando a ser límite: «El país —afirmaba— es como un helicóptero en el que se están encendiendo todas las luces rojas a la vez. Estamos en una situación de grave crisis y de emergencia. Es hora de que el gobierno y Suárez se percaten de ello… Esto no aguanta más.» Por eso no resultaría nada extraño que una vez confirmada la figura del general Armada para presidente del gobierno de concentración en el famoso almuerzo de Lérida, la nomenclatura del Partido Socialista se dedicara desde ese momento y hasta poco antes del 23 de febrero de 1981, a promover entre los líderes de los demás grupos políticos la fórmula del «gobierno de gestión más un general».

Por su lado, el monarca fue recibiendo en audiencia, uno a uno, a los jefes de partido de la oposición. A todos les transmitía que ante la gravedad del momento, estaba dispuesto a utilizar el mecanismo de arbitraje y moderación que, de forma muy confusa, le facultaba la Constitución. González comunicaría al rey que el desgobierno de la UCD estaba arrastrando a España al caos y era necesario adelantar las elecciones o, en todo caso, estudiar la formación de un gobierno de gestión, sin Suárez, con un independiente a su cabeza. Fraga, que ya había escrito al rey una larga y meditada carta sobre tan grave momento, le dijo que Madrid era un rumor constante de un próximo golpe, y que él estaba convencido de que si no se atajaba de inmediato la situación, si no se evitaba la «tentación de uno de esos bandazos y radicalizaciones tan frecuentes, por desgracia, en nuestra historia… vamos a vivir una grave crisis de Estado que puede afectar a la corona de la que, naturalmente, será responsable Suárez».

En esos momentos, de nada le valía ya al presidente denunciar que «conozco la iniciativa del PSOE de querer colocar en la presidencia del gobierno a un militar. ¡Es descabellado!». Suárez, cada vez más desprestigiado y aislado políticamente, era un hombre apestado y, de hecho, un cadáver político. La situación que se vivía entre la clase política y las instituciones en el otoño de 1980 en medio de tan profunda crisis era de vacío de poder.

La fórmula de un gobierno de coalición presidido por el general Armada había cuajado ampliamente entre toda la clase política y la nomenclatura del sistema, aunque por el momento se mantuviera tapado el nombre de quien sería el próximo presidente. De ahí que no tuviera nada de extraño que el propio Sabino confirmara en círculos militares y civiles restringidos que «habrá próximamente un gobierno de concentración presidido por el general Armada». Y que aquel hombre se sintiera ungido por todas las instituciones que le habían dado su apoyo. Armada era un hombre bendecido. La campaña de imagen propulsada desde el CESID había funcionado tan bien que hasta el propio rey Juan Carlos, pocos días antes del 23-F, le dijo con admiración a su hombre-solución: «Todo el mundo me habla maravillas de ti. ¿Cómo lo haces?»

El general de división Alfonso Armada Comyn no era un hombre cualquiera. Su firme raíz monárquica la había recibido de sus antepasados. Su padre, Luis Armada y de los Ríos-Enríquez, formó parte del pelotón de Alfonso XIII. Y él mismo fue ahijado de bautismo de la reina María Cristina. Durante 23 años había estado junto a Don Juan Carlos; como preceptor, siendo príncipe; después, como secretario general de la Casa del Rey. Y si en el otoño de 1977 tuvo que dejar su servicio directo en Zarzuela, fue por el precio exigido por Suárez, quien en su soberbio endiosamiento no admitía que nadie pudiera enturbiar su encandilada relación con el monarca y, mucho menos, criticar sus acciones de gobierno. Y Armada lo hacía. Pero nunca dejó de estar cerca del rey, de ser sus ojos y sus oídos entre la familia militar, y de informarle personalmente o con documentos de la situación, de la marcha de las cosas; fuese desde su destino en el Cuartel General del Ejército en Madrid, fuese desde Lérida, como gobernador militar de la plaza y jefe de la División de Montaña Urgel. Así se lo había pedido el rey en persona y, oficialmente, por escrito.

En 1980, Armada seguía manteniendo con el monarca una fluida relación de absoluta confianza y lealtad, que le permitía entrar y salir de Zarzuela cuando quisiera, sin necesidad de tener fijada audiencia previa. Era mucho más que un consejero áulico. Y sería a ese hombre leal a quien el monarca trasmitiría sus profundas amarguras y preocupaciones por la deriva de una situación política que podía poner en peligro la corona. De ello le hablaría en numerosas ocasiones en Zarzuela y en la residencia invernal de La Pleta en Baqueira. El rey le diría que él tenía razón, que las cosas con Suárez se habían desquiciado gravemente, que el desarrollo autonómico que el presidente había abierto era suicida para España, que todo se resquebrajaba, que los líderes de los partidos no pensaban más que en su propia conveniencia e interés partidista, y que no veía voluntad política en el presidente de querer enderezar la situación. Una situación muy peligrosa para la monarquía, que podía ser barrida si las cosas se desbordaban o estallaban.

Y la reina Doña Sofía le diría que él, Alfonso Armada, era el único que les podía salvar. Y el rey le pediría que hablara con Milans del Bosch, que hablara con sus leales soldados, con aquellos con los que podía contar de verdad, y le diría que si algo se estaba poniendo en marcha, algún movimiento, que entonces había que atajarlo, controlarlo y reconducirlo. Y el general Armada, que hablaba periódicamente con su amigo Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar (Valencia), llegaría a reunirse con él varias veces entre el otoño de 1980 y el invierno de 1981. En esos encuentros, le transmitiría las graves preocupaciones de los reyes y le solicitaría que, por su prestigio militar en el ejército, impusiera su autoridad si se estaba formando o preparando algo. También le anunciaría que como primera medida de alcance, el rey quería nombrarlo segundo jefe del ejército y llevarlo a Madrid, pese a la viva oposición que seguía mostrando Suárez, sobre quien estaba ejerciendo todas las formas posibles de presión para que dimitiera («hay que ver, Arias fue todo un caballero cuando le pedí la dimisión, en cambio Suárez se resiste a toda costa», se quejaba el rey). Y Armada hablaría a Milans de la «Operación De Gaulle» la fórmula que la dirección del CESID le había expuesto para reconducir la situación con la formación de un gobierno de concentración nacional que sería aceptado por todos los partidos y del que él sería el presidente y Milans el de la junta de jefes de los ejércitos.

Para entonces, la forma de sacar adelante el gobierno de concentración mediante la aplicación de la «Operación De Gaulle» era algo ya completamente decidido. Tan sólo hubo una variante que se estimó durante un corto período de tiempo, pero que muy pronto se desechó. Ésta consistía en la posibilidad de presentar una segunda moción de censura contra Adolfo Suárez, que sería apoyada por la práctica totalidad de los diputados, incluidos los de los sectores de la UCD enfrentados al presidente. Sobre éste ya se ejercía una tremenda presión mediante círculos concéntricos; desde la jerarquía eclesiástica, la confederación de empresarios, los círculos financieros, el sector de la banca, el ejército, los partidos políticos y los medios de comunicación. El guión de la moción de censura se basaba en un informe elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo Laureano López Rodó, autor también de otro informe, redactado en 1979, que plasmaba, según su criterio, la inconstitucionalidad de los estatutos de autonomía vasco y catalán, y el disparatado desarrollo autonómico escogido por Adolfo Suárez como vía de descentralización del Estado. Alfonso Armada le había enviado al rey ambos informes por conducto de Sabino.

Pero, para los instigadores en el CESID de la «Operación De Gaulle», esta vía no resultaba convincente y rápidamente quedó desechada. El asunto no era tanto la formación del gobierno de concentración ni la figura del general Armada, sobre lo que ya había pleno consenso, sino que la implantación de tal gobierno excepcional debía venir a través de una seria advertencia militar, de un amago, que hiciera reconsiderar a la totalidad de la clase política su frívola actuación, como así se valoraba, y que especialmente enseñara los dientes a las apetencias sin freno de los partidos nacionalistas, que ya se habían montado en el caballo de la secesión. Además, había que corregir el camino andado de las autonomías modificando ese título en la Constitución y dar una dura respuesta al atroz terrorismo de ETA. En suma, reforzar el Estado y la corona.

Y para que todo eso se llevara a cabo sin cortapisas ni zancadillas políticas, se debía hacer con la aceptación voluntaria, sin reservas ni recelos de los políticos, ni de los sectores institucionales más fuertes, ni de la sociedad, ni de los medios de comunicación. Con la colaboración y la aceptación por todos de un gobierno que actuaría con poderes especiales y sin control formal del Parlamento durante dos años. Aquél era el tiempo que restaba de legislatura. Luego, tras el trabajo hecho, se convocarían nuevas elecciones que, previsiblemente, darían el triunfo absoluto al Partido Socialista. Pero con una nueva oposición de centro derecha reestructurada bajo los populares y la dirección de Manuel Fraga. Para todo eso era para lo que se había decidido aplicar la «Operación De Gaulle»; de ahí, que una vez que Adolfo Suárez presentara su dimisión, a finales del mes de enero de 1981, su puesta en marcha no se retrasó ni se improvisó, sino que se aceleró.

Una vez encajadas todas las piezas de la puesta en marcha de la operación, a la dirección del CESID y a quienes estaban en el secreto de la trama, les faltaba aún el apoyo exterior, elemento imprescindible con el que había que contar, para que el gobierno formado tras el amago militar fuera aceptado internacionalmente, y la operación triunfara en todos los sentidos. Para ello se puso en antecedentes a las cancillerías de los Estados Unidos y del Vaticano, eje diplomático sobre el que basculaba la política exterior de España desde los tiempos del franquismo. El rey tuvo conocimiento de estas discretas gestiones por el general Armada y el comandante José Luis Cortina. Éste, siempre muy activo, se reuniría no sólo con su homólogo de la CIA en España, Ronald Edward Estes, y con otros espías «volantes», sino también con el embajador norteamericano en Madrid, Terence Todman, y con el nuncio del Vaticano, monseñor Innocenti. Y el general Armada también se entrevistaría a mediados de febrero de 1981 con el embajador Todman y con el nuncio Innocenti para explicarles el sentido y alcance de la operación, y garantizarles que la misma se hacía con el conocimiento del rey.

No hay un dato preciso para poder afirmar que el rey, por su parte, utilizara para este mismo cometido a su embajador volante Manolo Prado y Colón de Carvajal. Pero dados los antecedentes de sus gestiones discretas anteriores, y la tutela que Estados Unidos había ejercido sobre el monarca siendo príncipe, y en los primeros años de la transición, es algo no descartable que veremos con más detalle en el capítulo VI. El envite que tanto la corona como España se jugaban era muy fuerte. En todo caso, a ambos —Estados Unidos y Vaticano— se les aseguró que la acción pretendía una salida institucional necesaria si no se quería correr el riesgo de meter al país en el laberinto del pasado. Dicha acción no sería traumática ni cruenta, y era para salvar el sistema, la democracia, reforzar la monarquía y fortalecer el régimen de libertades. En tal solución participaban y estaban de acuerdo diversos líderes de los partidos políticos más importantes para formar un gobierno de salvación nacional que presidiría el general Armada, y que contaría con el pleno apoyo del ejército, que era un defensor a ultranza de la corona, evitándose así el riesgo de un hipotético golpe de involución.

Los nuevos vientos, que llegaban tanto de Washington como de Roma, se mostraron propicios. El presidente Ronald Reagan era firme partidario de poner fin a la época de distensión de Carter y de endurecer la guerra fría frente a la Unión Soviética, reforzando las áreas de la influencia norteamericana en el cercano y medio oriente, y principalmente en el Mediterráneo. Para ello, resultaba vital que España se integrara en la OTAN, a lo que Suárez había ido dando largas, jugando a un tercermundismo que desagradaba a los norteamericanos. Para éstos, el ingreso de España en la Alianza Atlántica era un elemento determinante en el diseño de la seguridad estratégica de los aliados en el sur de Europa. Esto era así ya con la administración demócrata de Carter, y se acentuó aún más con la republicana de Reagan.

Ya desde antes de su coronación, el rey Juan Carlos había buscado la tutela norteamericana para dar los primeros pasos desde el régimen autoritario hacia el democrático. Ante cualquier cambio fundamental en la política interna, el rey esperaba siempre contar con el apoyo de los Estados Unidos. Así lo hizo cuando se propuso cesar a Arias y nombrar a Suárez. Semanas antes de tomar esa decisión, el rey Juan Carlos viajó a Norteamérica para consultarlo con Ford y Kissinger, y regresar con su aceptación, pese a que el cese de Arias no era del total agrado del secretario de Estado Kissinger. También la elección de Juan Pablo II como nuevo papa facilitaría las cosas para una buena comprensión del Vaticano, lo que se confirmaría con la llegada del nuevo nuncio, monseñor Innocenti. A lo que habría que sumar la agria ruptura del pacto entre la jerarquía eclesiástica y Suárez por el proyecto de Ley de Divorcio.

La inesperada dimisión de Suárez precipitaría la «Operación De Gaulle». Ésta estaba prevista para el mes de marzo, cuando «florecen los almendros» (tendremos tiempo más delante de hablar sobre el enigma del colectivo Almendros). La aplicación de esta operación no podía ser un calco fiel de la que se desarrolló en Francia en 1958 para evitar el riesgo de guerra civil a causa de Argelia. Aquí faltaba el elemento objetivo que justificara la acción. Ni había riesgo de confrontación social, pese a la difícil situación de paro y de crisis económica, ni el brutal terrorismo de ETA ni el proceso pseudo revolucionario que se trataba de impulsar en el País Vasco, eran causas suficientes. De ahí que los estrategas del CESID tuvieran que inventarse artificialmente un Supuesto Anticonstitucional Máximo (SAM), un golpe de mano provocado por los mismos actores que inmediatamente después ofrecerían una salida a la ilegalidad cometida, con la oferta de formar un gobierno «constitucional», que corrigiese el atropello perpetrado, reconduciendo nuevamente la situación hacia la normalidad democrática.

¡Y qué mayor violación de la legalidad constitucional que el asalto y secuestro del gobierno y de todo un parlamento! Y aquí un breve inciso. Si se hubiera querido hacer de otra forma, el momento adecuado y óptimo de proponer el gobierno de concentración presidido por el general Armada habría sido durante las conversaciones abiertas por el rey para designar nuevo candidato a la presidencia del gobierno. UCD estaba en plena descomposición interna. Modificar el acuerdo del Congreso de Palma de Mallorca en el que salió elegido candidato Leopoldo Calvo Sotelo, hubiera sido sencillo, ya que para nadie era una alternativa viable, ni una solución su designación en un gobierno monocolor que, a la postre, sería más de lo mismo; por el contrario, el gobierno del general Armada contaba con el consenso y el apoyo de todas las fuerzas políticas, y su candidatura se hubiera aceptado unánimemente. Pero no era así como se habían decidido las cosas en el ánimo de los estrategas de la operación. Para conseguir los objetivos trazados, era necesario servirse, una vez más, del amago militar y de la exhibición de la fuerza, aunque ésta fuese mínima.

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina fue la persona seleccionada y captada por la dirección del CESID para ejecutar el SAM. Desde el inicio de la transición, Tejero había mostrado abierta y públicamente su posición crítica al desarrollo de la misma, y en general hacia los poderes gubernamentales, marcando un punto de inflexión con la operación Galaxia. Aquello no fue más que una serie de conversaciones que, desde el otoño de 1978, Tejero venía manteniendo con otros oficiales de la Guardia Civil y de la policía armada, con el fin de preparar un golpe de mano para asaltar el palacio de la Moncloa. El plan era absolutamente descabellado y sin sentido, y el CESID lo desbarató inmediatamente.

Tejero fue detenido, juzgado y condenado a siete meses de prisión, al considerar el tribunal militar que aquel intento no pasaba de ser más que un proyecto de intenciones en su fase inicial, siendo calificado como una «charla de café». Pero Tejero, por sus propias características, tenía el perfil ideal, a juicio de los responsables del servicio de inteligencia, para llevar a cabo el Supuesto Anticonstitucional Máximo; era partidario de dar un golpe, muy crítico con el sistema, y mostraba su admiración y respeto hacia el régimen anterior. Además, poseía una notable capacidad de liderazgo, dotes de mando, arrojo, valentía, temple y sangre fría, demostrados durante el tiempo que estuvo al frente de la lucha antiterrorista en Vizcaya, por lo que muchos jefes, oficiales y números de la Guardia Civil lo admiraban. Tejero era un tipo respetado y querido en el cuerpo.

Desde noviembre de 1979, fecha en la que salió de prisión, Tejero fue vigilado de cerca por agentes de la AOME (Agrupación Operativa de Misiones Especiales), la división más activa y autónoma del CESID, dirigida por el comandante José Luis Cortina. También desde la misma unidad, el CESID tuvo puntual información de las dos reuniones de la calle General Cabrera a las que asistió Tejero y en las que éste expuso su plan de asalto del Congreso, al igual que las conversaciones que mantuvo con diferentes capitanes de la Guardia Civil para reclutar la fuerza asaltante. La dirección del CESID conocía perfectamente los planes del teniente coronel para tomar el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, lo podía neutralizar en cualquier momento. Pero no era eso lo que interesaba. Por el contrario, el golpismo de Tejero, que fuera precisamente él quien estaba per se decidido a actuar, servía y encajaba perfectamente en los planes de los instigadores de la trama de la «Operación De Gaulle» para alcanzar su objetivo: la reconducción de un golpe inducido para llevar al general Armada a la presidencia del gobierno. De forma «constitucional y democrática».

Tejero sería el SAM de la operación y lo que había que hacer con él era, por un lado, tenerlo controlado y, por otro, abrirle una autopista hacia el Congreso; es decir, meterlo en el Congreso de los Diputados. Para ello, en el otoño de 1980, el capitán Francisco García Almenta, segundo de Cortina en la AOME, creó el SEA (Servicio Especial de Agentes), una unidad secreta y autónoma dentro del CESID, con la misión de ir preparando el terreno para facilitar a Tejero su objetivo. Más adelante, Cortina ordenaría al capitán Vicente Gómez Iglesias que cerrara filas junto a Tejero. Iglesias era el jefe de una de las cuatro secciones operativas de la AOME. Se trataba de un oficial inteligente y brillante, con una espléndida hoja de servicios, que había estado a las órdenes de Tejero en la lucha contraterrorista en el País Vasco. Iglesias mandó la compañía de Éibar cuando Tejero fue el jefe de la comandancia de Guipúzcoa. Allí fue donde se fraguó entre ambos una estrecha relación de amistad y de confianza, a lo que además se sumaba la excelente relación de vecindad y cercanía entre sus respectivas familias. Al objeto de estar lo más cerca de Tejero y facilitarle las cosas, Gómez Iglesias se apuntó por orden directa de Cortina a un curso de tráfico de la Guardia Civil una semana antes del 23-F.

La «Operación De Gaulle», que desde la dirección del CESID se puso en marcha el 23 de febrero de 1981, estaba estructurada en dos fases, y dentro de la primera en dos subfases más. La primera fase fue la ejecución del SAM: asalto al Congreso interrumpiendo la votación de investidura del candidato Leopoldo Calvo Sotelo, reteniendo al gobierno y a los diputados, hasta recibir las órdenes posteriores de la autoridad competente, militar, por supuesto, que facilitaría la resolución de la operación, según los objetivos propuestos. Esta fase fue la puesta en escena de la violación de la legalidad, elemento imprescindible para que saliera adelante la oferta posterior de un gobierno «constitucional», y se pudiera reconducir la situación hacia la legalidad democrática. Tejero la ejecutó de forma brillante, como si de manual de golpe de mano se tratara, y casi a la perfección, si no hubiera sido por los tiros de intimidación al techo del hemiciclo y el penoso incidente del intento de derribar al vicepresidente Gutiérrez Mellado.

Tanto Cortina como Armada, en las órdenes e instrucciones previas que dieron a Tejero, en lo que más hincapié hicieron fue en que la toma del Congreso tenía que ser limpia, sin derramamiento de sangre. Lo que llevó a cabo. Y si los tiros crearon un sobresalto inicial —dramático en todos los lugares, y de sorpresa en aquellos con los que se seguía en complicidad, «eso no es lo que estaba previsto»—, fue porque no se sabía hacia dónde habían ido dirigidos, y si habían alcanzado a alguien. Pero en cuanto los primeros observadores enviados al Congreso, y los que ya estaban en él, confirmaron que no había heridos ni daños físicos, se volvió a la tranquilidad, siguiendo adelante con la operación (hay que tener en cuenta que si bien los disparos se oyeron por la radio en directo, las imágenes de televisión con la entrada de Tejero; «¡quieto todo el mundo!», «¡al suelo!, ¡al suelo!», las ráfagas de ametralladora hacia el techo y el lamentable atropello a Gutiérrez Mellado, no se pudieron ver hasta el mediodía del 24, una vez fracasado el golpe y liberados los diputados).

El siguiente paso fue el bando dictado por Milans estableciendo el estado de excepción en su Capitanía General, «ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y el consiguiente vacío de poder… hasta tanto se reciban las correspondientes instrucciones que dicte S. M. el Rey». Lo que Milans ejecutó a la perfección, sacando unos grupos tácticos y operativos mecanizados por las calles de Valencia y de otras ciudades de su región, sin que se registrara el más mínimo incidente. Esto fue seguido en Madrid por las órdenes que el general Juste, jefe de la División Acorazada, firmó y autorizó para que salieran algunos regimientos y unidades con la finalidad de ocupar diversos objetivos en Madrid. Lo que parcialmente se llevó a cabo con la ocupación de los estudios centrales de Radio Televisión Española durante algo más de una hora.

Luego, todas las unidades regresaron a sus cuarteles, tras la contraorden dada, entre otros, por el propio general Armada, donde permanecerían acuarteladas en fase de alerta. Estos dos pasos —Valencia y Madrid— serían las dos subfases de la primera, y el fin de las mismas era apoyar y sostener la acción de Tejero. Si bien en el caso de la División Acorazada no llegó a completarse plenamente, ello no supondría contratiempo serio alguno para el objetivo final de la operación.

La segunda fase se inició con la entrada en escena del general Armada. Él mismo había asegurado que tras el asalto al Congreso se desplazaría a Zarzuela, «porque el Rey es voluble», desde donde, una vez valorada la situación, tomado contacto con la cúpula militar de la JUJEM, las capitanías generales, y con la autorización y el respaldo de Zarzuela se dirigiría al Congreso para hacer a los líderes de los partidos, portavoces y diputados la oferta de un gobierno de concentración presidido por él mismo, e integrado por representantes de todo el arco parlamentario, con Felipe González de vicepresidente. Gobierno que ya había sido consensuado por todos los partidos y aceptado institucionalmente unos meses atrás. Producido el asalto y tras comprobarse directamente en Zarzuela por la llamada de un miembro de la Guardia Real que estaba en el Congreso, y no parece que por casualidad, de que no había habido ni heridos ni daños físicos, la primera llamada que personalmente hizo el rey fue al general Armada para que fuera a Zarzuela.

¿Por qué la primera llamada del rey fue a su antiguo preceptor? De entrada y en pura lógica, debería sorprendernos que el rey se dirigiera directamente al segundo jefe del estado mayor y no al JEME Gabeiras o al PREJUJEM (Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor) Alfaro Arregui o al capitán general de Madrid, Quintana Lacaci, o aun al teniente general Milans, que era el que acababa de hacer público un bando declarando el estado de excepción en su región militar. Todo eso sería más lógico… Pero es que precisamente donde estaba toda la lógica era en que el rey tuviese que hablar con su antiguo secretario y siempre leal Alfonso Armada. Y si Armada no se desplazó a Zarzuela requerido por el rey y se quedó en el Cuartel General del Ejército, fue por consejo de Sabino Fernández Campo, quien con una notable intuición decidió extender sobre el rey un manto de protección en ese momento, al conocer que tanto Tejero, que había entrado en el Congreso «en nombre del rey», como en la Acorazada y en Valencia se citaba los nombres del rey y de Armada conjuntamente asociados.

Aquella prudencia de Sabino fue la que evitó que Armada se desplazara a Zarzuela cuando todas las personas que estaban con el rey en esos momentos, desde la reina Doña Sofía y el jefe de la Casa, Nicolás Mondéjar, hasta sus ayudantes y Manolo Prado, eran partidarios de que Armada fuera a Zarzuela. Por esa intuición protectora de Sabino y porque para él, en lo personal, la presencia de Armada en Zarzuela, su antecesor y quien lo había promocionado para ese puesto, tendría un protagonismo tan relevante que lo desplazaría a un segundo plano. Pero no hubo orden ni negativa ni dudas sobre Armada. Simplemente, la indicación de que siguiera en su puesto junto a Gabeiras en el cuartel general. Todos estos datos me los confirmaría el propio general Fernández Campo a lo largo de nuestras múltiples conversaciones: «Yo a Armada no le podía dar ninguna orden, y fui yo quien le dijo que continuara con Gabeiras y nos informara desde su despacho, porque no era necesario que viniera, pese a que todos a los que preguntaba el rey sí que eran partidarios de que Armada estuviera en la Zarzuela».

¿Desactivó este hecho la operación? En absoluto. ¿Fue el contragolpe que se dio o que se inició desde Zarzuela, como se ha asegurado en algún libro? En modo alguno. El objetivo de la operación era que Armada se desplazara con la autoridad suficiente al Congreso para ser investido presidente, que era el fin último de la misma. ¿Y se llegó a hacer? Sí. Por lo tanto, el que Armada no fuera a Zarzuela ni saliera desde allí hacia el Congreso, lo único que supuso fue retrasar en un par de horas, tres a lo sumo, la ejecución de la segunda fase de la operación. O quizá ni siquiera eso, porque estando en Zarzuela también hubiera tenido que emplear un lapso igual o parecido.

Durante las horas que Armada permaneció en el Cuartel General del Ejército, ¿se levantó sobre él alguna sospecha? ¡No! Y si alguien, después, con el objeto de acomodar su declaración, afirmó lo contrario, sencillamente mintió. No dijo la verdad. ¿Qué es eso de que a Gabeiras se le puso en guardia con el aviso de «ten cuidado con Armada, tenlo siempre controlado y no lo pierdas de vista»? ¿Pero qué tipo de patrañas nos han estado contando?

Armada firmó la Orden Delta (acuartelamiento de las tropas), se quedó al mando del Cuartel General del Ejército durante el tiempo en que Gabeiras estuvo fuera, reunido en la sede del PREJUJEM, con los otros jefes de Estado Mayor de los ejércitos, se movió libre y sin cortapisa alguna por todos los despachos y lugares que quiso, habló en varias ocasiones con el rey, con Sabino, con los capitanes generales, y con Milans del Bosch en presencia de otros muchos generales y ayudantes. Hasta que pensó que el asunto estaba maduro para hacer su propuesta de ir al Congreso para que lo nombraran presidente. Así fue como se hizo.

Cuajado pues el asunto, Armada se decidió a poner en marcha la parte final de la segunda fase de la operación: presentarse en el Congreso para que el pleno de la Cámara lo designase presidente de gobierno. Para ello, presentó la propuesta como si fuera una iniciativa o petición del general Milans del Bosch, a la que él se sometería aceptándola si ése era el deseo de la mayoría. Hasta estar «dispuesto a sacrificarme». La propuesta no caía como si se tratara de un hombre llovido del cielo sin paracaídas, aunque pretendiera presentarse por sorpresa como una alternativa razonable a la acción de Tejero. La figura del general Armada había sido aceptada por la nomenclatura del sistema para presidir un gobierno de consenso unos meses atrás, su nombre publicado y bendecido institucionalmente. Nada más lógico, pues, que el propio ejército, con el rey a la cabeza, diera luz verde a esa propuesta, que podría ser aceptada democráticamente por la clase política.

Con el JEME Gabeiras, que había regresado urgentemente de la sede de la PREJUJEM, Armada se encerró a solas en su despacho. Gabeiras quería saber el grado de viabilidad y consenso que había alcanzado la fórmula entre la clase política. No es que la desautorizara o prohibiera a Armada que la llevara a cabo, como por ahí se ha dicho. Lo que no quería tampoco era que Armada corriera riesgo alguno. Nadie dudaba de que Tejero le franquearía el paso y estaban seguros de que aceptaría la decisión momentánea de tener que salir al extranjero con sus capitanes, una vez cumplida su misión. A Gabeiras no sólo le convencieron los argumentos que le dio Armada, sino que tras las dos o tres conversaciones que ambos mantuvieron con el rey y con Sabino, el propio Gabeiras se ofreció a acompañar a Armada al Congreso. Pero Tejero únicamente aceptó que fuera Armada. La única duda que surgió en alguno de los generales que estaban junto a Armada en el cuartel general fue sobre la constitucionalidad de la fórmula. Y Armada, que conocía bien el informe de López Rodó y se había estudiado toda la mecánica de la operación, no tuvo más que mostrar el artículo de la Constitución que la avalaba, para que todos se quedaran convencidos de que la propuesta sería legal si los diputados la votaban favorablemente.

Al filo de las once y cuarto de la noche, el general de división Alfonso Armada Comyn, segundo jefe del ejército, salió hacia el Congreso de los Diputados para rematar la segunda fase de la operación. Iba autorizado oficialmente por toda la cúpula militar; por los capitanes generales, por el PREJUJEM, la JUJEM y su jefe directo el JEME Gabeiras que lo despidió con un: «¡A tus órdenes, presidente!». Y por Zarzuela. Aunque para dejar a salvo las espaldas del rey, Sabino deslizara la autorización real bajo el eufemismo de «Alfonso, vas a título personal». Curiosa forma ésta de proceder en el ejército; ir a cumplir una misión oficial, abierta y pública, no secreta, «a título personal». Y es que Sabino intuía que quizás a Armada no le saliera bien la operación, según lo previsto. Por eso, como amigo personal le recomendó que no fuera, pues aunque Tejero le abriera el paso hasta el hemiciclo y los diputados le votaran, se planteaba: «¿qué valor podrían tener esos votos dados bajo la presión y la amenaza de la fuerza de las armas?». A lo que Armada, con firmeza y seguridad le respondió: «¡Te equivocas! ¡Los socialistas me votan!», sin explicarle que su propuesta se presentaría después deslindada y completamente diferente y ajena a la acción de Tejero.

Armada fue recibido con alegría y satisfacción por los generales Aramburu y Sáenz de Santamaría en el despacho de crisis que habían montado en el Hotel Palace, porque con él allí, ahora «todo se va a resolver». Y también lo hizo Tejero en el Congreso inicialmente. Pero las cosas se torcerían cuando el teniente coronel forzara al general a que le mostrara la lista con la composición del gobierno que Armada iba a constituir tras ser votado por los diputados. En él no sólo estaba Felipe González como vicepresidente, sino varios miembros relevantes del Partido Socialista y otros dos del Partido Comunista.

En ese momento, Tejero se sintió frustrado y engañado. A él, nadie le había explicado previamente cuál iba a ser la composición del gobierno; ni Cortina, ni Armada, cuando la semana anterior le dijeron y le ordenaron asaltar el Congreso, ni Milans —que llegó a conocer por Armada quiénes integraban ese gobierno—, en las dos reuniones que celebraron a mediados de enero y el primero de febrero. Tejero preguntó en el primero de los dos cónclaves de General Cabrera qué pasaría después de la toma del Parlamento, a lo que Milans del Bosch contestó que eso no era cosa de ellos, «sino una decisión posterior de Su Majestad el Rey». Otra cosa diferente es que Tejero deseara que se constituyera un gobierno militar, lo que de forma falsa y espuria le fue alimentando la tarde noche del 23-F su amigo García Carrés. Y además tenía que salir con sus capitanes al extranjero. Aunque fuera por poco tiempo.

En la tensa y dura reunión que Armada mantuvo con Tejero para que éste aceptara los hechos y le franqueara el paso hacia el hemiciclo, no consiguió convencerlo. Ni siquiera Tejero quiso acatar la orden taxativa que le dio Milans del Bosch para que aceptara «lo que le está diciendo el general Armada». Después, Milans ya no quiso volver a hablar con el rebelde teniente coronel. Tejero creía que tenía el peso de toda España sobre sus espaldas sin percatarse de que a él y a su fuerza de guardias civiles se les había metido en el Congreso sobre una alfombra, y estaban siendo sostenidos por el bando de la Capitanía General de Valencia, y por la espera del rey, en una acción coordinada hasta ofrecer la solución que había que ofrecer. En el fondo, Tejero no iba a ser más que un chivo expiatorio. Y ahí, en ese momento, fue cuando la «Operación De Gaulle» versus «Solución Armada» embarrancó. Y fracasó.

Aquel fracaso se dio al despreciar el factor humano, que en el 23-F sería determinante. Primero, porque el general Armada no supo imponer su autoridad ante Tejero, a quien debió poner firmes sin más explicaciones. Se equivocó de raíz. No era con Tejero con quien tenía que negociar su propuesta, sino en todo caso en el hemiciclo con los diputados, cuya inmensa mayoría ya la había aceptado unos meses atrás. Y segundo, por la terquedad y la cerrazón de Tejero, pues si bien es cierto que a él no le llegaron a explicar cuál sería el fin último de la operación, no lo es menos que también se había prestado voluntariamente a la misma, acatando la jefatura y las órdenes del general Armada —aunque fuera a regañadientes— y del general Milans del Bosch, de forma plena y total.

A ambos desobedeció y contra los dos se rebeló. Improvisando sobre la marcha la exigencia absurda de que se formara un gobierno militar, para lo que el teniente coronel estaba absolutamente solo. Además, aquella operación institucional no se había montado para eso. Y si el 23-F no hubiera sido una operación palaciega, si de verdad hubiera sido una acción militar con grupos juramentados, el destino cierto de Tejero habría sido el de encontrarse ante un pelotón de ejecución. Porque la milicia es la milicia. Y tiene su código, siendo la disciplina una de las normas más estrictas.

Armada se mostró dubitativo y pusilánime a la hora de dar las correspondientes órdenes a Tejero. De ahí que no resultara extraño que al salir del Congreso con las manos vacías y sin lograr su objetivo de acceder al hemiciclo para hablar con los diputados, el rey, que ya estaba soportando una fuerte presión y no menos angustia, se indignara y se enfadara fuertemente con el hombre en el que había depositado su confianza para resolver con éxito la crisis: «el rey se enfadó cuando volví del Congreso», ha llegado a reconocer Armada. Luego de hablar éste con Sabino y con el rey, y cantar su fracaso, don Juan Carlos dio inmediatamente vía libre a Sabino para que Televisión Española emitiera el mensaje real (sobre cuyo contenido, dimensión y alcance cierto me extenderé en el capítulo XI), y seguidamente, procediera a abortar la operación. Pero, ¿cuál fue el momento decisivo del rey Juan Carlos durante aquellas 17 tensas horas? ¿Fue el mensaje o fue otro momento? Eso es algo que en las páginas que siguen intentaré mostrar el que según mi juicio fue el instante decisivo. Y ya adelanto que no fue el mensaje de la corona a la nación difundido por la televisión. ¿Cuál fue entonces?

A lo largo de estas páginas tendremos tiempo también de analizar si fue el rey Juan Carlos quien dio el contragolpe o, por el contrario, fue Tejero quien indirectamente abortó la operación al impedir o frustrar la entrada de Armada en el hemiciclo. Al rebelarse Tejero contra sus jefes, pretendiendo que se formara un gobierno militar, no era consciente de que con ello estaba haciendo fracasar la operación. Los instigadores del CESID que montaron el 23-F estaban tan seguros del éxito de su plan que no previeron una salida alternativa, y mucho menos la imprevista petición de Tejero. No la había. Y como el 23 de febrero se montó para lo que se montó, no para que Tejero pretendiera superponer sobre la marcha su propio golpe de Estado, no quedó otra salida que desmontarlo, cortocircuitando a Tejero y dejándolo aislado, dando el rey —que hasta ese momento había estado «a verlas venir», según Armada— las órdenes expresas, firmes y tajantes a sus capitanes generales de acatar la legalidad vigente y el orden constitucional. Y sobre esto «ya no me puedo volver atrás».

Pero, ¿qué hubiera pasado de haber conseguido Armada su objetivo de entrar en el hemiciclo para hacer su propuesta de ser designado jefe de un gobierno de concentración? Casi con toda seguridad, hubiera sido votado por la inmensa mayoría de la Cámara. Estaba previsto, además, que a su llegada varios jefes de filas lo avalaran: Fraga, Sánchez Terán, Herrero de Miñón, Enrique Múgica, Peces Barba y, entreotros, el ministro de Comercio, José Luis Álvarez, que, al parecer, era quien había sido designado para levantarse y hacer un breve discurso. En él hubiera puesto el acento en que la clase política debía asumir su responsabilidad por haber permitido que las cosas hubieran ido demasiado lejos con Suárez, que había llevado al sistema a una crisis institucional gravísima.

Cuando Armada contestó con firmeza a su amigo Sabino «¡te equivocas, los socialistas me votan!», al plantearle aquél sus dudas sobre la viabilidad de su propuesta a los diputados, el secretario del rey se cuestionaba que aunque dicha propuesta saliera adelante, posteriormente se podría decir que había sido arrancada por la presión y la fuerza de las armas. Lo que deslegitimaría democráticamente tal gobierno, lo haría muy inestable y débil y, probablemente, de muy corta duración. Pero Armada no le había argumentado a Sabino que de haber tenido éxito y haber salido investido presidente de gobierno, aquella votación jamás se habría vinculado con la acción ilegal de Tejero. Por el contrario, se hubiera presentado ante la opinión pública como una réplica a la misma; una solución plausible de reconducción aceptada libre y mayoritariamente por la clase política, que la habría aplaudido y de la que se habría felicitado por seguir manteniendo el sistema democrático abierto, al evitar el riesgo de involución del golpe de Tejero. Aquél fue el matiz inteligente que introdujeron quienes desde el CESID diseñaron la operación. Y en el que nunca antes se había reparado.

El 23-F se articuló en dos fases, en compartimentos estancos diferentes, aunque con un nexo de vinculación entre ambas que hubiera permanecido en secreto. Invisible. Los diputados jamás habrían asumido que habían votado un presidente y un gobierno arrancado a la fuerza, sino como una reacción legal y democrática a la ilegalidad de Tejero. Ni siquiera Milans del Bosch habría aparecido vinculado conla acción de Tejero, ni la Acorazada. Únicamente Tejero, que había arrastrado a unos oficiales y a unos guardias civiles a una acción desesperada, pero llevados por su celo y patriotismo ante el desgobierno de Suárez. Incluso, con el tiempo, hasta la acción de Tejero se habría maquillado mediante una campaña de imagen mediática de disculpa, que explicaría su loca acción llevado por su exaltado patriotismo y por las criminales acciones terroristas de ETA. Esa campaña de imagen habría sido remachada con la petición del indulto gubernamental. Que el gobierno, naturalmente, habría concedido. Y la opinión pública habría apoyado. Porque para eso están concebidas las campañas de propaganda impulsadas desde el poder.

Y si para la historia oficial o políticamente correcta, el rey Juan Carlos ha quedado como el artífice y el salvador de la democracia tras el fracaso del 23-F, de haber salido adelante aquella operación especial, el general Armada habría sido elevado al mismo nivel del rey o similar, y siempre también como el «salvador de la democracia». Una buena mano cosmética de propaganda se habría encargado de ello. Porque así hubiera convenido a todos.

Pero tras el fracaso del 23-F, el rey Juan Carlos hizo que la suerte fuese dispar para sus dos colaboradores más estrechos. Sobre Sabino recaería la grandeza, y sobre Armada, el repudio y la condena. «A ti, Alfonso, te han condenado las instituciones», le llegó a decir Leopoldo Calvo Sotelo a un atribulado Armada que treinta años después de aquella asonada no ha roto su vínculo de lealtad con el rey, aunque en ocasiones se haya lamentado de ser «como un perro para el rey. Es el que más patadas me está dando», o haya llegado a sentir que «a mí me ha condenado el rey». Y lo curioso entre Sabino y Armada es que ambos actuaron con la misma intención el 23 de febrero de 1981: proteger al rey y a la corona.

II.
LA MAÑANA DEL 23-F EN SUS DIFERENTES ESCENARIOS

El lunes 23 de febrero de 1981 amaneció en el palacio de la Zarzuela frío, seco y soleado, al igual que en el resto de España. Pero aquel día Don Juan Carlos lo viviría de una forma muy diferente al del resto de los españoles. Aquella mañana, los reyes decidieron que el joven príncipe Felipe y sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, no fueran a sus respectivos colegios, sin que tuvieran un cuadro repentino de malestar ni atravesaran procesos gripales. Simplemente, aquel día sus padres, los reyes, decidieron que se quedaran en casa.

En los otros escenarios donde se movían las personas que iban a protagonizar la operación especial 23-F, la mañana y las primeras horas de la tarde transcurrirían dentro de la normalidad de las decisiones ya tomadas. Alfonso Armada, designado dos semanas atrás segundo jefe del ejército por la firme voluntad y determinación del rey, acudió con uniforme de media gala a los actos conmemorativos del vigésimo quinto aniversario de la Brigada Paracaidista (BRIPAC) en Alcalá de Henares. Allí habló, entre otros, con el jefe del Estado Mayor de la Primera Región Militar (Madrid), general Sáenz de Tejada, quien le dio cuenta de la conversación que unos quince días atrás había mantenido con Milans del Bosch en su domicilio madrileño de La Moraleja. Milans era partidario de que el rey Juan Carlos tomara las riendas de la situación con los líderes políticos del arco parlamentario y enderezara el caos gubernamental e institucional. Armada le respondió que «no es exactamente eso, no es exactamente eso».

Después, en un pequeño corro con varios generales, Armada les manifestaría que «me preocupa lo que Jaime pueda hacer esta tarde en Valencia». Y antes de despedirse, le pidió al general Sáez Larumbe, destinado en el Cuartel General del Ejército, que «esta tarde estés a las seis en mi despacho, porque es muy posible que yo me tenga que ir a la Zarzuela y te necesite». No se sabe si como consecuencia de la conversación Armada-De Tejada o de otra instrucción, lo cierto es que esa tarde se dio la orden de que no se tocara a las cinco el paseo de la tropa, tal y como estaba estipulado según la orden de plaza de la Capitanía General. Es decir, que todas las unidades de la Primera Región Militar, División Acorazada, Brigada Paracaidista y Grupo de Operaciones Especiales, mantuvieron acuartelados a los soldados horas antes de que Tejero asaltara el Congreso de los Diputados.

En el seno del servicio de inteligencia (CESID), y concretamente en el área y secciones de los grupos operativos AOME (Agrupación Operativa de Misiones Especiales), dirigidos por Cortina, se habían transmitido ya las instrucciones de apoyar y cubrir la entrada de Tejero en el Parlamento. El capitán Francisco García Almenta, segundo de Cortina en la AOME, tenía todo dispuesto para que los miembros del Servicio Especial de Agentes (SEA), sargento Miguel Sales Maroto, y los cabos Rafael Monge Segura y José Moya Gómez, todos de la Guardia Civil, abrieran el paso hasta el Congreso a la fuerza de Tejero. Estos agentes venían operando desde octubre de 1980 en una base especial, en la calle Felipe IV esquina con Ruiz de Alarcón, a unos 300 metros del Congreso.

Otro oficial del CESID, el capitán Tostón de la Calle, también a las órdenes de Cortina, se había encargado de facilitar a estos miembros del SEA vehículos con matrículas dobladas y emisoras de enlace para la misión de coordinar la llegada al Congreso de la fuerza asaltante. Todo ello, dentro de la primera fase de la operación del 23-F, activada como Supuesto Anticonstitucional Máximo (SAM). Gómez Iglesias, jefe de una de las secciones operativas del CESID, y también a las órdenes directas de Cortina, ya había superado el «oportuno y súbito» ataque de cólico nefrítico con el que había amanecido, para no ir al curso de tráfico, y estaba en plena forma desde primeras horas de la tarde en el Parque de Automovilismo y en la Agrupación de Tráfico.

Con su entusiasmo, ayudaría a Tejero a despejar cualquier duda o vacilación de última hora entre los oficiales de la Guardia Civil comprometidos con el teniente coronel, y a llenar los autobuses de guardias que se dirigirían a tomar el Congreso. Iglesias se mantendría hiperactivo durante toda la jornada y la noche del 23 al 24 de febrero. Con las últimas instrucciones dadas, Cortina acortó su jornada matinal y se llevó a comer a todos los instructores de la escuela del CESID al club Somontes, en la carretera de El Pardo, justo enfrente de la entrada principal del palacio de la Zarzuela.

Tejero también tuvo una mañana muy dinámica, confirmando las fuerzas y unidades de las que iba a disponer para el asalto. A las diez, se pasó por las dependencias del Servicio de Información de la Agrupación de Tráfico, para reunirse con los responsables de la misma. Éstos querían estar seguros de que la operación de asalto estaba al mando de los generales Armada y Milans. Tejero se lo ratificaría, asegurando que ambos jefes militares le habían garantizado que contaba con el respaldo real. El jefe de la agrupación le prometió entonces la participación de las tropas del subsector de tráfico que mandaba el capitán José Luis Abad Gutiérrez. En la Dirección de la Guardia Civil, Tejero pudo observar que había una gran efervescencia y un ambiente enfervorecido. Gran número de jefes y mandos parecían estar al tanto del asalto al Congreso. El único, o uno de los pocos, que parecía no saber nada era precisamente el general Aramburu Topete, director del cuerpo.

Tejero ya había revisado con Gómez Iglesias los últimos detalles de coordinación para que la fuerza alcanzase el Congreso al mismo tiempo. Iglesias también había hablado con el capitán Muñecas, de la Primera Comandancia Móvil de Valdemoro, para indicarle el lugar donde unos agentes del SEA le estarían esperando con radioteléfonos y un vehículo, para guiarlos hasta el Parlamento: la plaza de la Beata María Ana de Jesús. Después, Tejero se desplazó al Parque de Automovilismo de la Guardia Civil para ultimar con el coronel Manchado el transporte de la fuerza asaltante y las unidades de las que finalmente dispondría.

Días atrás, a Tejero se le habían «caído» la Academia de Cabos y el Grupo de Acción Rural (GAR), ambos situados en Guadarrama, y que inicialmente se habían comprometido con la operación. Sin embargo, a primera hora de la noche, unidades del GAR mandadas por el comandante Sesma Fernández tomarían posiciones en el Congreso formando un cordón de seguridad exterior de apoyo a Tejero. Uno de los oficiales integrado en el mando de la unidad era el capitán Gil Sánchez Valiente, que pasaría a la historia del 23-F como «el hombre del maletín». El del Grupo de Acción Rural sería uno de los detalles pintorescos del 23-F. Durante mucho tiempo se intentaría explicar que el cordón de seguridad exterior que formaron las unidades del GAR era en posición de cerco a los asaltantes del Congreso. Y sin embargo, aquellos guardias civiles pertrechados y bien armados, se desplegaron tomando posiciones mirando hacia el exterior y no hacia el Parlamento; es decir que era una fuerza de apoyo a Tejero, y no de cerco. Sesma, su jefe, le enviaría un mensaje bien claro a Tejero: «yo estoy aquí para protegerte y apoyarte». Y todo ello desarrollándose a la vista y a escasos metros del mando provisional que Aramburu había montado en el despacho del director del Hotel Palace.

Pasadas las cuatro de la tarde, responsables del grupo operativo del servicio secreto de la Guardia Civil (GOSSI), con unos veinte guardias vestidos de civil del Grupo de Operaciones Especiales, llegaron a la Carrera de San Jerónimo desplegándose por los alrededores del Congreso y sus inmediaciones. Los oficiales, tras examinar el lugar, penetraron con algunos guardias en el interior del Congreso para hablar con los encargados de la seguridad exterior, que ese día de pleno se había reforzado. Uno de los oficiales de la Guardia Civil les comunicó que les habían enviado con unos hombres en un servicio especial para cubrir los alrededores. Los miembros de la policía nacional se mostrarían conformes, conduciéndoles a los accesos de entradas y salidas y a las dependencias de seguridad interior, que estaban a cargo de un comisario y de inspectores del Cuerpo Superior de Policía. Varios de ellos estaban jugando apaciblemente a las cartas.

La misión de estos miembros del GOSSI y del Grupo de Operaciones Especiales, sería la de peinar, limpiar la zona y eliminar cualquier posible resistencia para que la fuerza asaltante de Tejero tuviera vía libre al Congreso. Cuando Tejero ya se estaba acercando, uno de estos agentes, situado en el Hotel Palace, conectaría con él a través de uno de los radiotransmisores facilitados por el CESID para comunicarle que el acceso al Parlamento estaba despejado y controlado. Ya José Luis Cortina, en la reunión que había tenido con Tejero en su casa en la madrugada del 18 al 19 de febrero, le había anunciado que llegaría a las Cortes sin contratiempo alguno.

En la Tercera Región Militar, con cabecera en Valencia y bajo la jefatura del teniente general Jaime Milans del Bosh, se había puesto en marcha la alerta roja III de la Operación Diana; acuartelamiento de las tropas, municionamiento y repostado de los vehículos. Y ello en base a la nota emitida días pasados por las antenas del CESID valenciano, y la enviada esa misma mañana por el servicio de información de la Guardia Civil de la zona y tercio de Valencia, sobre posibles «actos terroristas y asaltos a los cuarteles» de elementos de extrema izquierda y militantes comunistas.[1]

Milans, que se había sumado a la acción 48 horas antes, tras las dos conversaciones que había mantenido con Armada el sábado 21 y el domingo 22 de febrero, en las que éste le ratificó que la operación se llevaría a cabo tal y como la habían planificado con antelación, había encargado a su segundo Jefe de Estado Mayor, coronel Diego Ibáñez Inglés, la redacción de un bando decretando el estado de excepción en su región militar. Dicho bando se haría público tan pronto como Tejero asaltase el Congreso de los Diputados y se produjera el subsiguiente vacío de poder, quedando bajo las órdenes y disposiciones de Su Majestad el rey.

Milans del Bosch intuía que iba a remolque en la toma de decisiones operativas, que hasta un mes antes creía tener bajo su control y jefatura. A consecuencia de las diferentes reuniones y conversaciones mantenidas con Armada meses atrás en su pabellón de Capitanía, Milans había convocado el domingo 18 de enero una reunión en la vivienda madrileña que su ayudante Pedro Mas Oliver poseía en la calle de General Cabrera 15. El objeto de la reunión era impartir las siguientes instrucciones u órdenes: primero, cualquier operación que se estuviera iniciando o que se pensara poner en marcha en un futuro, debería quedar supeditada a la «operación Armada», que es la que había sido aprobada institucionalmente; y segundo, la «operación Armada» quedaba en suspenso al menos durante treinta días o hasta el momento de recibir nuevas instrucciones. Para el desarrollo de la «operación Armada», Milans había querido verificar personalmente el plan de asalto al Congreso que Tejero había diseñado, dentro de la primera fase de la operación. A tal fin, le había pedido al general Carlos Alvarado Largo, profesor de táctica durante veinticinco años y que había sido jefe de Estado Mayor de la División Acorazada cuando Milans la tuvo bajo su mando, que examinara con detenimiento el proyecto de Tejero. Lo que hizo a plena satisfacción de todos.

Dos semanas después, domingo 1 de febrero, Milans había vuelto a convocar en la casa de su ayudante al mismo grupo (salvo al general Torres Rojas, porque su presencia ya no tenía sentido) para paralizar indefinidamente la puesta en marcha de la operación. El hecho significativo y trascendental, para Milans, era que entre la primera y la segunda reunión se había producido inesperadamente la dimisión del presidente Suárez y el general Alfonso Armada iba a ser nombrado de forma inminente segundo jefe del Ejército. Con ello, entendía que se irían facilitando en cadena los cambios gubernamentales y militares previstos en la «operación Armada», que eran los deseados por el rey, y que contaban con el consenso y apoyo de los líderes de las principales fuerzas políticas.

Pero al general Milans le habían pasado inadvertidos, o desconocía, dos hechos fundamentales: que agentes operativos del CESID bajo las órdenes de Cortina, habían controlado las dos reuniones, incluso habían hecho fotos de los asistentes a las mismas (generales Iniesta Cano, Torres Rojas, Alvarado Largo y Dueñas Gavilán; tenientes coroneles Mas Oliver y Tejero Molina, y de forma breve en la primera reunión, García Carrés, además del general Milans) y tenían la transcripción de lo conversado; y que desde la primera semana de febrero, el CESID se había hecho con el control, el plan de ejecución y la puesta en marcha de la Operación De Gaulle, la «operación Armada».

De ahí que, tanto Milans del Bosch como su ayudante y jefe de Estado Mayor, se quedaran completamente sorprendidos cuando el propio Tejero les informó, a escasas 72 horas del asalto al Congreso, de que había recibido instrucciones de Cortina de llevar a cabo dicho asalto el lunes 23 de febrero por la tarde: «aquí hay un comandante que empuja», diría Tejero. Milans no confirmaría esos hechos hasta la conversación que mantuvo con Armada a primera hora de la tarde del sábado 21 de febrero. «Bueno, pues entonces suerte, vista y al toro», le diría a Alfonso Armada al concluir su conversación. Y que remacharía ante el coronel Ibáñez Inglés y su ayudante Pedro Mas, con la frase: «Yo no me vuelvo atrás. Yo no dejo a un compañero en la estacada.»

En el juicio de Campamento, y durante varios años, Armada negó sistemáticamente el contenido de esas conversaciones con Milans, e incluso que hubieran existido, al tiempo que, desde la dirección del CESID, empeñada en proteger a Armada, se difundió la especie de que el interlocutor de Milans no fue Alfonso Armada sino alguien que se hizo pasar por él, y que simuló su voz en ambas conversaciones. La misma intoxicación se difundiría para negar que Armada fuera en realidad la persona con la que se había entrevistado Tejero a última hora de la tarde del sábado 21 de febrero en un despacho de la calle Pintor Juan Gris 5, que Cortina utilizaba habitualmente para sus encuentros y reuniones más discretas. Pero con el paso del tiempo, tan firme negativa se iría matizando, hasta reconocer que sí había sido él quien habló por teléfono con Milans en las dos ocasiones señaladas, como así me afirmaría personalmente a lo largo de nuestras múltiples conversaciones, y ratificaría en su testimonio al historiador José Manuel Cuenca Toribio: «Voy a admitir que hablé con Milans el domingo 22». Al igual que durante nuestras entrevistas me llegaría a decir que «bueno, si me hubiera entrevistado con Tejero, eso tampoco querría decir nada». Lo que a Cuenca Toribio le diría con un ecléctico galleguismo: «yo lo que ahora no voy a hacer es negarlo ni afirmarlo».[2]

Milans del Bosch, que como ha quedado apuntado había paralizado indefinidamente todo el operativo el domingo 1 de febrero, le había dicho a Armada que él se encargaría de avisar a Torres Rojas, gobernador militar en La Coruña, para que estuviera en Madrid el lunes 23. Su presencia sería un estímulo para la movilización de la División Acorazada y, llegado el caso, podría hacerse con el mando de la misma si Juste, su jefe, se volvía demasiado pusilánime o reticente. Torres Rojas había mandado la Acorazada hasta su abrupto cese a finales de enero de 1980, tras hacerse públicos unos rumores absolutamente infundados de que estaba preparando un golpe de Estado junto con la Brigada Paracaidista. Durante el tiempo que tuvo bajo su mando a la división, poco más de seis meses, Torres Rojas se había ganado el respeto y el aprecio de todos los jefes, oficiales y tropa de la división. Por su firmeza en el mando y su campechanía, le habían distinguido cariñosamente con el sobrenombre de «el general-soldado».

A fin de activar todos los detalles de la operación, Milans del Bosch llamó a Valencia a su antiguo subordinado Pardo Zancada, a quien tenía en gran estima por su integridad y dotes de mando. Pardo se puso en camino el domingo 22 por la mañana, comunicando antes el motivo de su viaje a su jefe directo el coronel San Martín, jefe de Estado Mayor de la Acorazada. En capitanía, Milans puso en conocimiento de Pardo lo que al día siguiente tendría lugar en Madrid: la toma del Congreso por fuerzas de la Guardia Civil al mando de Tejero, y lo que inmediatamente después él haría en su región militar. Acto seguido, le dijo que, con el objeto de reforzar dichas acciones, la División Acorazada tendría que tomar posiciones en una serie de lugares estratégicos de la capital, hasta que Armada se presentara en el Parlamento para presidir un gobierno de coalición nacional. Milans, además, quiso que Pardo estuviera presente en la conversación telefónica que a primera hora de la tarde iba a mantener con Armada. Pardo escuchó la conversación entre ambos generales y lo que Milans repetía de lo que le estaba diciendo Armada. A su llegada a Madrid, ya de madrugada, Pardo informó a San Martín de lo que Milans le había dicho, y de la conversación que éste había mantenido con Armada.

Resulta cuando menos sorprendente la atonía y la más que irregular conducta de Juste cuando, tras regresar precipitadamente a la división, asistió, como si se tratara de un invitado o de un espectador pasivo, a la exposición que el comandante Pardo hizo, ante todos los mandos y jefes de la división, de lo que iba a suceder en el Congreso y en Valencia en un par de horas. Y muy especialmente, ante la misión y los objetivos que debían alcanzar paralelamente diversas unidades de la división en Madrid. Juste era el comandante en jefe de la División Acorazada y no sólo no puso impedimento alguno cuando su Estado Mayor y el resto de jefes decidieron sacar las tropas a la calle (que, como ya hemos señalado, estaban acuarteladas horas antes del asalto de Tejero al Congreso por la orden de capitanía de que ese día no se tocara paseo de tropa), sino que dichas misiones se llevaron a cabo bajo sus órdenes.

A Juste nadie le presionó ni supuso amenaza alguna —como después se vería— la presencia de Torres Rojas. Tan sólo hizo un tímido intento de descolgar el teléfono para hablar con el capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci, su jefe directo en la cadena de mando. Intento del que desistió cuando San Martín le indicó que eso no sería conveniente en ese momento, al no estar Quintana al tanto de los acontecimientos. Juste se limitaría a dejar el teléfono, recostarse en su sillón y mirar a todos detenidamente para decir: «Bueno, pues adelante».

Con dicha orden, el Estado Mayor de la división se dispuso para poner en marcha la Operación Diana rectificada, mientras los mandos y jefes salían para ponerse al frente de sus respectivas unidades. Sin embargo, y sería otra anomalía más en el proceder de Juste, sí que hablaría con Milans para preguntarle lo que había que hacer, cuando el general Milans no era su jefe directo. «Yo sé lo que tengo que hacer aquí, y lo estoy haciendo. Tú sabrás lo que debes hacer ahí», le diría Milans. Y si es cierto que pasadas las siete de la tarde se puso en contacto con Zarzuela y habló con el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, fue exclusivamente con el fin de confirmar que Armada se encontraba en palacio junto al rey. Y nada más. Todo ello supuso una serie de anomalías en el proceder de Juste. Como también sería anómalo el proceder del secretario del rey al telefonear directamente al jefe de la Acorazada, puenteando al menos a dos de sus jefes directos en la cadena de mando; el capitán general de Madrid y el jefe del ejército. Pero los detalles de la conversación Sabino-Juste con el famoso «ni está ni se le espera», en referencia a Armada y «ah, entonces eso cambia las cosas», los analizaré más detenidamente en el siguiente capítulo.

En otros dos escenarios del exterior, sus responsables se mantenían igualmente a la espera del desarrollo de los acontecimientos según lo previsto. En el primero de ellos, el embajador norteamericano, Todman, estaba en contacto directo con Zarzuela, con Cortina, con el Departamento de Estado y el Pentágono, y con los mandos de las bases de utilización conjunta en España. Días atrás, Todman había comunicado al secretario de Estado, general Alexander Haig, y al Pentágono, la operación que se iba a llevar a cabo en España, recibiendo instrucciones de apoyarla y de mantenerse muy atento e informar al momento del desarrollo de los acontecimientos. Las diferentes redes de espionaje e información norteamericanas que había en España se mantuvieron también muy activas y alerta los días previos. Cuatro días antes del 23 de febrero, todo el personal de inteligencia, técnico y militar de las bases de utilización conjunta de Morón, Rota, Torrejón y Zaragoza, se pusieron en estado de alerta.

Todman había pedido un avión espía Awacs, que el 23-F estuvo listo en una base de Lisboa controlando las comunicaciones militares y gubernamentales. A primeras horas de la mañana del 23-F, el sistema de control aéreo norteamericano (Strategic Air Command), con sede central en la base de Torrejón, anuló el Control de Emisiones Radioeléctricas españolas (CONEMRAD). Buques de la VI Flota que operaban en el Mediterráneo, se situaron a pocas millas de la costa valenciana. Y los hijos del personal militar destinados en las bases no fueron al colegio el 23 de febrero, al igual que otros muchos de los diplomáticos de la legación norteamericana de Madrid. Con tales antecedentes, no debería resultar nada extraño que la primera declaración del general Alexander Haig sobre el golpe que se estaba desarrollando en España, fuese que ése era «un asunto interno de España».

En el segundo de los escenarios exteriores, el nuncio Innocenti había informado de la operación a la Secretaría de Estado Vaticana, recibiendo la instrucción de mantenerse atento para apoyarla en cuanto se resolviese. El 23 de febrero, la jerarquía eclesiástica estaba reunida en plenario, alerta y expectante, en la casa de ejercicios del Pinar de Chamartín, para designar a su nuevo presidente, en sustitución del cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Uno de los presentes, cualificadísimo miembro de la cúpula de la Iglesia, comentaría a los demás que «hoy es un día para estar atentos a la radio, pues es posible que se produzcan importantes acontecimientos». Ello era una consecuencia lógica de la buena sincronía concretada unos días atrás con el nuncio monseñor Innocenti y con varios prelados a quienes se les había anunciado la operación.

Tiempo después, un periodista veterano y de reconocida solvencia, Abel Hernández, especializado en asuntos de la Iglesia, afirmaría de forma expresiva que «No puede descartarse, según opinión recogida en medios eclesiásticos, que en la noche dramática del 23-F, por alguno de estos “cauces subterráneos” llegara a Roma alguna petición de apoyo para el golpe de estado de Milans y Tejero». Los obispos elegirían al día siguiente, 24 de febrero, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal al arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, e intentarían corregir su tibia reacción inicial, emitiendo un comunicado de afirmación democrática mucho más contundente sobre los sucesos del día 23.

Inicialmente, el más que prudente silencio eclesial se debió a que en el recinto de la reunión «tan sólo se disponía de un teléfono». Sin duda alguna, tan «magnífica» excusa sería digna de figurar en los mármoles.

Pero más polémico aún que el intento de justificar la reacción de los obispos, fue sin duda alguna la rectificación del departamento de Estado norteamericano con la célebre frase del general Alexander Haig de que lo que estaba pasando en Madrid era «un asunto interno de España». Por eso no sorprende en absoluto, aunque debiera, que dentro de esos silencios ocultos de Armada, extraídos a veces con forceps, veinte años después del 23-F dijera que «los americanos lo sabían, seguro», y que «pudo haber alguna sugerencia a los obispos».

Al día siguiente del 23-F, la diplomacia norteamericana haría pública una nota oficial del tenor siguiente:

En la prensa española y norteamericana han aparecido recientemente comentarios en los que se ha imputado a los Estados Unidos en general, y en particular al secretario de Estado, Alexander Haig, una actitud tibia de apoyo a la democracia española. Es necesario puntualizar nuestra posición en esta materia y sus antecedentes. Los Estados Unidos y el secretario Haig han apoyado fuertemente la democracia española durante los últimos cinco años de todas las formas posibles, y continuarán haciéndolo. Quien ponga en duda el apoyo de los Estados Unidos a la democracia española está mal informado. En ningún momento ha decaído este apoyo. Durante la noche en que se produjo el golpe de Estado, del 23 al 24 de febrero, nunca tuvimos la menor duda de que la democracia prevalecería en España. Cualquier afirmación de que el Gobierno de los Estados Unidos haya esperado el desenlace del golpe de Estado para mostrar su apoyo a la democracia española constituye una tergiversación grave y maliciosa.

Efectivamente, dicho comunicado oficial tenía un calado profundo y centraba plenamente el asunto. Era indudable que Washington había estado siempre y en todo momento dispuesto a defender y apoyar a la democracia española y su desarrollo, hasta el grado de ser tajante y firme al afirmar que «nunca tuvimos la menor duda de que la democracia prevalecería en España». El departamento de Estado sabía bien de qué hablaba. También respecto del 23-F. Aquella operación se puso en marcha para que, precisamente, la «democracia prevaleciera en España».

Tal y como estaba dispuesto tras la entrada de Tejero en el Congreso, en el palacio de Santo Domingo, sede de la Capitanía General de Valencia, Milans del Bosch decretó el estado de excepción en su región una vez superado el sobresalto de los disparos que fueron recibidos con la expresión: «¿Qué es eso?, esto no es lo que estaba previsto». Milans publicó su bando ante los acontecimientos que se estaban sucediendo en la capital de España y el consiguiente vacío de poder. Hasta que se recibiesen instrucciones del rey, quedaban prohibidas las huelgas, las actividades públicas y privadas de todos los partidos políticos, se establecía el toque de queda entre las nueve de la noche y las siete de la mañana, los cuerpos de seguridad del Estado pasaban a estar bajo la autoridad militar, y el capitán general asumía el poder judicial, administrativo, autonómico, provincial y municipal. Todas las emisoras de radio deberían dar lectura al citado bando cada media hora.

Después, telefoneó a su despacho a Armada, quien, para sorpresa de Milans se encontraba en el del JEME Gabeiras. Milans llegó a pensar por un instante que acaso Armada había puesto al jefe del ejército en antecedentes. Lo que de hecho pudo ser algo más que factible. Y pese a que no se trataba ni se hablaba con él (ya el rey, en la larga conversación que había tenido con Armada el 13 de febrero en Zarzuela, y que analizaremos más adelante, le había pedido que, como la mayor parte de los mandos militares estaba muy molesta con Gabeiras, «tú haces un poco de puente y suavizas las relaciones»), marcó a través de la red de mando el teléfono directo del JEME. Éste lo saludó cordialmente y le preguntó sobre las medidas que estaba tomando en su región, a lo que Milans le respondió que hasta que se aclarase lo que estaba pasando en Madrid y para evitar desórdenes y alteraciones del orden público, había dictado un bando y tomado una serie de medidas preventivas y tácticas. Gabeiras no sólo no le puso pega alguna sino que «le pareció perfecto». Después, Milans preguntaría por Armada, pero no hablaría con él, despidiéndose del JEME con un abrazo.

Los disparos en el Congreso causaron una total sorpresa en otros muchos lugares que seguían por la radio la votación. El desconocimiento y la incertidumbre creada al no saber hacia donde habían ido dirigidos, creó un clima de desasosiego y conmoción momentáneos, hasta que los primeros observadores que se encontraban en el Parlamento y los que llegaron con toda urgencia informaron de que los tiros habían sido intimidatorios y no había heridos. Ya hemos señalado que Milans comentó con inquietud a su Estado Mayor que «eso no es lo que estaba previsto»; Armada recogió el sobresalto que le había causado a Gabeiras y a otros generales —e incluso a él mismo— del Cuartel General del Ejército; en la sede central del CESID, su director interino, Narciso Carreras, dio un respingo agarrándose fuertemente a los brazos del sillón en un largo ¡queeeeeé! de asombro, en el instante que el capitán Juan Alberto Perote le comunicó el asalto. A diferencia de la impasible reacción mostrada por el secretario general Javier Calderón, que fríamente se limitó a ordenar el bloqueo de la centralita y la localización urgente de Cortina.

Por su parte, García Almenta demostraría tener un buen conocimiento del hecho al asegurar entre su gente que «se trata de un golpe de Estado y en breve comenzará a moverse la Brunete». Para verificar la salida de las unidades de la Acorazada, según las órdenes cursadas, enviaría a los capitanes Carlos Guerrero Carranza y Emilio Jambrina a observar, respectivamente, las entradas a Madrid por las nacionales V y VI. Y como ya había previsto con antelación que la tarde y la noche serían activas y largas en la sede principal de los grupos operativos del CESID, ordenó que se sacaran las bandejas de jugosas viandas y bebidas que habían sido encargadas por la mañana. Medidas que, como puede deducirse, nada tendrían que ver con una inmediata reacción de contragolpe desde el CESID, como con absoluta ligereza alguien ha escrito por ahí. Por el contrario, en la sede de la AOME se preparaban para brindar por el éxito de la operación.

También el impacto del asalto y los tiros en el Congreso sembrarían la confusión inicial en Zarzuela. El comandante Pastor, encargado de la seguridad, y el teniente coronel Agustín Muñoz Grandes y el comandante José Sintes, ayudantes del rey, sentirían una grave zozobra —«¡eso no es lo que estaba previsto!»—, que se despejaría tras la llamada a palacio de un miembro de la Guardia Real que había sido enviado al Congreso a observar los acontecimientos de la jornada. Los disparos habían sido de intimidación y no había nadie herido. El rey, enfundado en un chándal blanco, estaba siguiendo por radio la votación desde su despacho y listo para jugar un partido de squash con su amigo Ignacio Caro Aznar, «Nachi». La noche sería larga y había que estar preparado para quemar adrenalina.

III.
EL 23-F EL REY QUISO QUE ARMADA FUERA A ZARZUELA

Los tiros en el Congreso también fueron una total sorpresa para el rey. «Eso no es lo que estaba previsto», fue la frase que se pronunció desde el entorno del despacho de ayudantes de don Juan Carlos, y que me confirmaría en diferentes ocasiones Sabino, su secretario. En ese momento, la familia real estaba al completo en Zarzuela; el rey, la reina y sus hijos. El príncipe Felipe, y las infantas Elena y Cristina, se habían pasado casi todo el día jugando en palacio al tomar la precaución sus padres, los reyes, de que ese día no fueran al colegio. Con ellos estaban las infantas Pilar y Margarita, hermanas del rey, y el doctor Carlos Zurita, esposo de la infanta Margarita. Además el marqués de Mondéjar, jefe de la Casa del Rey; el general Joaquín de Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey; Joel Casino, interventor; Vicente Gómez López, coronel secretario; Fernando Gutiérrez, jefe de prensa; los tenientes coroneles Montesinos, Manuel Blanco Valencia y Agustín Muñoz Grandes; los comandantes Pastor y Sintes, el capellán de la Casa, padre Federico Suárez, y el ya mencionado Sabino. Después, y a medida que fue avanzando la tarde y la noche y el desarrollo de los acontecimientos, irían llegando otras personalidades y amigos del círculo más íntimo y privado de los reyes; como el embajador personal y administrador de las finanzas de don Juan Carlos, Manolo Prado.

La inmediata conversación con el miembro de la guardia real que desde Zarzuela se había enviado al Congreso, serenó la incertidumbre abierta, pero dejó cierto poso de intranquilidad. En palacio, hubo cierto sobresalto inicial por la forma en que Tejero había ocupado el Parlamento y se había hecho con su control. El mismo miembro de la guardia del rey que acababa de aclarar las cosas, facilitó a Sabino el número de teléfono con el que se podía poner en contacto directo con Tejero. Y aquí tenemos otra de las particularidades que abundarían en el reforzamiento de la idea de que el 23-F fue una operación muy especial. Sabino llamó personalmente a Tejero para reprocharle que hubiese entrado invocando el nombre del rey. Tejero le colgó el teléfono. El teniente coronel había asaltado el Congreso «en nombre del rey y del capitán general Milans del Bosch». Y estaba a las órdenes de los generales Milans y Armada y no obedecería más órdenes que las que ellos le dieran.

El rey quiso valorar entonces el alcance de la situación. Y todos se pusieron a trabajar en ello. Al instante, don Juan Carlos planteó la necesidad de llamar a Armada a Zarzuela para que informase de cómo estaban las cosas. Montesinos le dijo que en su opinión «debía recibir cuanto antes al general Armada para que nos informe de cuál es la situación». Y el rey preguntó a Mondéjar, a los ayudantes y al personal más relevante de la casa si Armada debía ir. Todos se mostraron partidarios de que fuese; Mondéjar, Montesinos, el padre Suárez, Muñoz Grandes, Sintes, Pastor, Vicente Gómez, las hermanas del rey, su cuñado…

El único que se opuso fue Sabino, pese a que sabía perfectamente a qué tenía que ir a Zarzuela el segundo jefe de Estado Mayor del Ejército. Pero creyó que lo mejor era que su amigo operase desde su despacho en el Cuartel General del Ejército. Los tiros en el Congreso habían creado cierto desagrado. Además, Sabino se resistía por una cuestión de espacios y competencias. No tenía la menor duda de que si Armada iba a Zarzuela se haría con el control y él quedaría en un segundo plano o anulado. Le molestaba sobre todo la idea de que fuera a interferir en su labor y en su papel. Sabino expuso al rey que sería conveniente conocer «cómo está la División Acorazada»; es decir, saber si el arma más potente del ejército español se estaba movilizando. Don Juan Carlos le dijo que fuera a informarse, mientras él solicitaba delante de los presentes que le pusieran con Armada para pedirle que fuera a Zarzuela.

En la conversación entre Sabino y Juste se pronunciaría la conocida respuesta: «Armada aquí no está, ni lo estamos esperando. Aquí no tiene que venir para nada», reducida para la historia a un lacónico «ni está ni se le espera». Además, el jefe de la Acorazada informó a Sabino que la división estaba en alerta Diana y que varios regimientos ya habían salido a ocupar o reforzar una serie de objetivos. Juste le comentó que había cursado esas órdenes tras la exposición que había hecho Pardo Zancada ante los mandos de la división unas horas antes. Y luego de que Torres Rojas y San Martín ratificaran que la operación estaba dirigida por Milans y Armada, que actuaban con el conocimiento y el respaldo del rey. Es decir, que sobre las siete de la tarde, el secretario de la Casa del Rey recibió una información directa del jefe de la División Acorazada, general José Juste Fernández, de que la acción desencadenada se estaba llevando a cabo bajo la plena y total creencia de que contaba con el respaldo real. Y que la figura de Armada aparecía vinculada con la del rey. Y que en ese momento Armada ya debería estar junto al monarca en Zarzuela.

Esa importante conversación Sabino-Juste tuvo lugar sobre las siete de la tarde, como acabo de referir, y así quedó registrada. No sobre las diez ni sobre las once de la noche, cuando Armada fue autorizado por Zarzuela —además de por el resto de la cúpula del Ejército— a desplazarse al Congreso para ofrecerse de presidente de Gobierno. Ni, por supuesto, posteriormente. Precisamente a esa hora. Lo que tiene un valor significativo a fin de entender y encajar el tipo de operación que se estaba llevando a cabo, y el respaldo con que contaba. Por otro lado, la expresión de Juste «¡ah, entonces eso cambia las cosas!», al escuchar que Armada no estaba junto al rey en Zarzuela, tampoco modificaría sustancialmente el plan previsto. Tan sólo se dio orden de que las unidades que ya habían salido regresaran y quedaran acuarteladas. Lo que disciplinadamente todas cumplieron, aunque a muchos de sus jefes no les gustara. Y quien tramitó y firmó la orden de acuartelamiento de las tropas, según la operación Delta, fue Armada como segundo jefe de Estado Mayor. También sería él —además de Mondéjar— quien solicitaría a los efectivos del regimiento Villaviciosa 14, que estaban ocupando las instalaciones centrales de la radio y la televisión, que regresaran a su cuartel para que pudiera salir hacia Zarzuela el equipo técnico que grabaría el mensaje del rey.

Cuando Sabino entró en el despacho del monarca, después de subir precipitadamente las escaleras que le separaban del suyo, don Juan Carlos estaba hablando por teléfono con Armada. Le había llamado al despacho del JEME Gabeiras, al no encontrarle en el suyo, y le acababa de decir que fuera a Zarzuela. Armada había contestado: «Señor, recojo unos papeles de mi despacho y salgo inmediatamente para allá». Antes, le había expuesto que debía ir a palacio para explicarle cómo estaba la situación y tomar juntos las decisiones oportunas. Que si no se actuaba rápidamente se corría el riesgo de que se produjese una división en las fuerzas armadas, lo que sería gravísimo y había que evitar por encima de todo. Eso es lo que Armada le dijo al rey, pero lo cierto es que ese riesgo jamás existió. Nunca hubo ni la más pequeña posibilidad de que se quebrara la unidad de las fuerzas armadas. Estaban sólida y férreamente unidas. Pero era conveniente y útil manifestar aquella visión deliberadamente exagerada para el fin propuesto. Y también un lenguaje convenido. Eso lo sabía bien Armada, y lo sabía mejor el rey, quien asentía a lo que Armada le decía al tiempo que Sabino le hacía ostensibles gestos negativos con el dedo índice de la mano derecha.

Fue entonces cuando el secretario se acercó y en voz baja le comentó al rey que lo mejor era que Armada no fuera a Zarzuela. El rey interrumpió su conversación; «Alfonso, espera un poco que te paso a Sabino», y le dio el teléfono a su secretario. Armada tenía a su lado a Gabeiras y a otros generales del Estado Mayor. La conversación con Sabino la mantuvo en un tono algo exaltado y nervioso. Le repitió lo que un momento antes le había comentado ya al rey. El momento era grave, pues había varias capitanías generales a punto de sublevarse, y un riesgo muy grave de que el Ejército se dividiera, por lo que era preciso que fuera a Zarzuela para explicar lo que estaba pasando, analizar el alcance de tan delicada situación y tomar las decisiones adecuadas. Sabino le respondió que no hacía falta que fuera por el momento, que lo mejor sería que se quedara en el Estado Mayor ayudando a Gabeiras, y que informara de lo que fuera ocurriendo desde su despacho del cuartel general. Y ahí quedó todo. Armada no insistió. Y se zanjó la cuestión. Momentáneamente.

El secretario del rey no reprochó a su amigo Alfonso que estuviera de hoz y coz metido en la operación, que fuera parte del eje de la misma, ni denunció que fuera el tapado, el que tendría que encargarse en unas horas de resolver dentro del orden constitucional el revolcón ilegal de Tejero en el Congreso. Tampoco era necesario. Armada ya se había hecho muy visible en determinados círculos institucionales, políticos y militares. Las cartas estaban quizá demasiado marcadas. Lo que hizo Sabino al decirle a Armada que lo mejor en ese momento era que se quedara en el Cuartel General del Ejército fue cubrir las espaldas del rey. Nada más. Y nada menos. Y por su propio celo personal y más íntimo, no deseaba que su antecesor en la secretaría lo anulara o marginara durante aquellas horas. Pero Sabino no le prohibió que fuera a Zarzuela. Ni mucho menos el rey.

Aquello fue algo que me negaría siempre el general Alfonso Armada durante nuestras numerosas conversaciones, mantenidas a lo largo de varios años: «A mí el rey me dijo: “Ayuda a Gabeiras, que lo necesitará”, y eso es lo que hice. A mí Sabino no me dio ninguna orden. Nadie me impidió que fuera a la Zarzuela. Si hubiera querido hubiera estado allí. Yo iba a la Zarzuela sin necesidad de pedir permiso.»[3] Y no le falta razón a Armada. Sabino le dijo que lo mejor era que se quedase en el cuartel general, pero no le dio orden alguna, porque, entre otras cosas, él no se la podía dar. Ni el rey tampoco lo hizo, ni nadie le dio un no rotundo para que desistiera, ni se cursó instrucción alguna en el control de seguridad al respecto. Sencillamente, Armada se ofreció a ir a la petición del rey de que estuviera junto a él en Zarzuela. Era lo convenido. Y Sabino, quizá por pura intuición, extendió un manto de protección sobre el rey porque entre quienes estaban activando el golpe se había hecho demasiado pública la vinculación rey-Armada. Y éste decidió no ir. Y esperar a ser reclamado. Como así sucedería unas horas después. «Antes, durante y después del 23-F estuve a las órdenes del rey», se ha cansado de repetir Armada durante todos estos años.

En algún libro con ciertas pretensiones de relato histórico, o de ensayo novelado o de novela ensayada, se ha afirmado que el rey dio el contragolpe a los quince minutos del asalto al Congreso. ¿Dónde estuvo el contragolpe de Zarzuela? De ser cierta tal afirmación, habría entonces que justificar más que razonablemente, esto es, con hechos, no con simples palabras, por qué el rey lo primero que hizo fue llamar a Armada, y por qué Sabino, además de pedirle a Tejero que no utilizara el nombre del rey, llamó personalmente al jefe de la Acorzada, saltándose toda la cadena de mando. Y por qué, una vez sabido que la figura de Armada era la principal en la operación, no se le puso en arresto inmediato. Al contrario, el hecho relevante es que a esas horas de la tarde no se tomaron medidas contra Armada. Nadie lo cuestionó. Ni lo apartaron. Ni se puso en guardia a Gabeiras ni al resto de generales de la cúpula militar, de la JUJEM, de las capitanías generales. ¿Pero por qué se iba a tomar alguna medida contra el general Armada si precisamente él era el eje de todo, si la operación se había puesto en marcha para conducirlo a la presidencia de un gobierno de concentración? Y para Zarzuela era claro que Armada estaba en el eje de la operación que se había iniciado con el asalto de Tejero al Congreso.

Sin embargo, es cierto que el hecho de que Armada no estuviese en Zarzuela dificultó que la operación se desarrollase tal y como había sido diseñada desde la dirección del CESID. Lo que generaría una cierta desorientación entre quienes se habían lanzado prestando su apoyo a la misma con tan sólo la palabra y el crédito puesto en dos generales muy prestigiosos y monárquicos, que afirmaban que esa operación contaba con el respaldo real. En un intento de paliar ese instante, se lanzó desde la Agencia Efe un flash con las campanitas de urgente con el texto «el general Armada está en la sala de espera del palacio de la Zarzuela», que sería rectificado a la media hora o tres cuartos después, por otro que decía que el general Armada «ni está ni se le espera» en el palacio de la Zarzuela. Frase que pasaría a formar parte de las citas antológicas del golpe del 23-F. Pero esas dudas momentáneas tan sólo abrirían un corto impasse en el desarrollo de la operación con el acuartelamiento de las tropas. Después de que Tejero y Milans del Bosch hubieran hecho su parte, todo quedó a la espera de que la decisión del mando supremo activara la resolución de la segunda fase de la operación, lo que se llevaría a cabo sobre las diez o las once de la noche. Únicamente eso.

Armada no quiso precipitarse ni forzar las cosas en ese momento. Entendió que no debía lanzarse, sino aguardar a que los demás lo empujasen. Y optó por esperar a que el sesgo de los acontecimientos lo reclamase. No podía ocurrir de otra manera. Ese contratiempo no supondría más que un pequeño cambio en el plan inicial. Sin duda que desde Zarzuela, su papel hubiera ido sobre ruedas. Con la Acorazada desplegada en Madrid (o quizá no, porque también se podía haber ordenado su acuartelamiento) y el resto de capitanías sumadas al bando de Milans, se habría desplazado dos horas después al Congreso con el mandato del rey para hacer su propuesta de gobierno de concentración y resolver la situación. ¿Pero acaso no fue eso lo que terminó sucediendo? ¿Contragolpe? ¿Qué contragolpe?

El 23-F se diseñó para lo que se diseñó. Prueba de que el proyecto era un producto de laboratorio del servicio de inteligencia, fue que nadie se movió en otra operación alternativa. Ni existía ni se había previsto. En el 23-F no hubo unidades del ejército juramentadas para dar un golpe, sino misiones encargadas de forma selectiva y exclusiva a unas pocas personas. De haberlas habido, habrían tirado por la calle de en medio. Ni mucho menos hubo la concatenación de tres golpes diferentes, otra de las especies intoxicadoras vertidas posteriormente desde el CESID para crear el magma de la confusión. Ni tampoco, naturalmente, estaba en los planes de las mentes pensantes de la dirección del CESID, que Tejero, el chivo expiatorio que habían metido en el Congreso, fuese quien en último caso obligase a abortar la operación, al impedir que Armada hiciera su propuesta a los diputados, y al salir con la absurda petición de que se formara una junta militar.

Se ha dicho de forma repetitiva y cansina que Armada actuó sibilinamente aprovechándose de su relación de confianza con el rey para conseguir satisfacer su ambición y ansia de poder. Que fue el primero que engañó al rey, que lo traicionó, aunque su intención fuera salvar al rey de sí mismo, interpretando algún gesto o alguna expresión real como si de una orden o de su voluntad se tratara. Armada no hizo tal cosa. Ni tampoco interpretó a su modo gesto alguno del rey. El único que esa tarde-noche tomó decisiones más allá de sus funciones, e incluso del estrecho marco legal que la Constitución otorgaba a la corona fue Sabino, aunque fuera con la permisividad del rey. Quizá por eso, cuando instantes antes de la audiencia que don Juan Carlos concedió en Zarzuela a los líderes políticos, a primera hora de la tarde del 24 de febrero, luego de haber tomado la decisión de abortar la operación 23-F, se dirigió a su secretario general con una palmada en la espalda diciéndole: «¡Y mira que si te has equivocado!». Porque los reyes nunca se equivocan. Son los demás.

Cambó dejó escrito en sus memorias al respecto que «los reyes tienen derecho y hasta el deber de faltar a cualquier compromiso personal siempre que el interés público lo demande. Lo consigno para que los hombres públicos que se pongan en contacto con el rey no olviden esta verdad inexorable». Y quizá también por eso a Sabino le acompañaría durante mucho tiempo la zozobra y el mal presagio que él mismo narraría en ocasiones en forma de sueño. En dicho sueño, a Sabino se le presentaban imágenes de unas unidades militares que penetraban en Zarzuela durante la noche del 23 de febrero. Al instante, el rey salía a abrazarlos a todos diciendo: «gracias por venir a liberarme. Sabino me tenía secuestrado y haciéndome decir cosas contra mi voluntad». Sabino era entonces detenido y puesto ante un pelotón de ejecución. En el momento de recibir la descarga, se despertaba angustiado y sudando. Fin del mal sueño.

Pero lo cierto es que durante algunos momentos de aquella tarde, el rey salió al jardín a llorar también su angustia: «¡Dios mío, qué fuerzas he desatado!». Y de aquellos dos generales, que buscaban ambos servirle con lealtad, uno, el general Alfonso Armada Comyn, acabó con una condena de 30 años y repudiado como traidor, y el otro, Sabino Fernández Campo, nombrado conde de Latores, con grandeza de España. ¿Quién de los dos no tuvo en cuenta el dictum de Cambó? Posiblemente ninguno de los dos.

IV.
ALFONSO ARMADA,
UN HOMBRE LEAL AL REY

A esa hora de la tarde del 23 de febrero en la que el rey Juan Carlos salió al jardín de Zarzuela a llorar su zozobra, agitada seguramente por la indecisión y la incertidumbre generada, es muy posible que en aquel instante afluyeran a su pensamiento las conversaciones que había mantenido en los últimos días con su siempre leal Alfonso Armada. Entre ellas, la del 17 de febrero y, muy especialmente, la del día 13 de ese mismo mes. Con no poco esfuerzo, el rey había logrado vencer la resistente oposición activa de Adolfo Suárez para traerse a su ex secretario a Madrid, y conseguido que el gobierno lo nombrara segundo jefe de Estado Mayor, bajo las órdenes directas del JEME Gabeiras.

Las semanas anteriores a su dimisión, Suárez ya era un ángel caído, un apestado político, como él mismo llegaría a reconocer, sometido a cerco, acoso y derribo desde todos los frentes institucionales abiertos contra él. El nombramiento oficial de Armada como segundo JEME, se lo comunicaría alborozado el propio don Juan Carlos desde el aeropuerto de Barajas la mañana del miércoles 3 de febrero, instantes antes de viajar al País Vasco, donde al día siguiente los filoterroristas de Herri Batasuna le armarían un escandaloso y bochornoso guirigay en la Casa de Juntas de Guernica. El testimonio manuscrito que el general Armada me brindó al respecto, muestra con elocuencia suficiente la inexistencia de recelo alguno con respecto a él, y de que su figura se proyectaba como la solución inmediata a la gravísima crisis institucional. Ya era un bendecido de todos los poderes fácticos.

«El Rey me llamó desde Barajas antes de volar a Vitoria. Lo noté contento. Me dijo: “Oye, Alfonso, ya está todo arreglado. Acabo de dejar firmado el decreto con tu nombramiento de segundo jefe de Estado Mayor del Ejército. Deja listo ahí todo cuanto antes que vienes a Madrid. Ya recibirás instrucciones. Un fuerte abrazo.” Confieso que la idea no me divertía nada. Estaba muy a gusto en Lérida. Y entonces… no suponía que las cosas iban a suceder como después ocurrieron. El rey me aclaró que independientemente de mi nuevo destino yo seguiría informándole directa y personalmente. Al poco rato de despedir a Su Majestad me telefoneó Gabeiras y me dijo: “¡por fin!, ¡ya te tenemos de segundo Jeme!”. Luego fue Rodríguez Sahagún. El ministro, un poco acelerado, me comentó que se iba de madrugada al Congreso de UCD a Palma de Mallorca, pero que antes quería verme, que fuera a Madrid con urgencia pues tenía algo muy importante que decirme. Avisé a mi mujer y salimos en coche. Cuando Sahagún me recibió, ya por la noche, escuetamente me comentó: “He retrasado mi viaje a Mallorca porque quería personalmente darte la noticia: Te vamos a nombrar segundo Jeme”. Y se marchó. Me quedé un poco estupefacto, porque eso me lo podía haber dicho por teléfono, y no haberme hecho ir a Madrid. Fue una manera tonta de hacerme perder el tiempo. Al día siguiente volví a Lérida para preparar mi regreso a Madrid.»[4]

Antes de esta serie de comunicaciones oficiales, los rumores de este nombramiento venían extendiéndose desde al menos cinco meses atrás. Éste sería uno de los temas de conversación durante la visita que Armada hizo a Milans a Valencia a mediados de noviembre de 1980. El rey quería tener cerca de él al ejército. Deseaba una cúpula militar afecta a la corona mandada por Milans del Bosch y traerse cuanto antes a Armada a Madrid de segundo jefe del ejército. La resistencia y negativa de Suárez a tal propósito era cada vez más débil, en correspondencia con su creciente desprestigio y aislamiento. Unos días después del mensaje de Navidad del rey de 1980, en el que apareció solo y con aspecto grave en televisión para hacer referencia a los «límites que no se pueden traspasar», que remacharía en su discurso de la Pascua Militar de enero de 1981 con la frase: «porque sabemos adónde vamos y de dónde no se puede pasar», el general Armada fue recibido por Gabeiras en el palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército.

Ya el JEME, un día antes de las palabras del rey, había dejado fluir ecos de una intervención militar que se adivinaba cercana o inminente, durante su alocución de la Pascua. «El ejército, tengámoslo bien presente, no sueña con imposiciones ni dictaduras, pero está irrevocablemente dispuesto, para la salvación de España, a cumplir con su misión perfectamente definida en la Constitución, que se fundamenta, como bien claro lo dice su artículo segundo, en la indisoluble unidad de la nación española.»[5] En su entrevista con Armada, Gabeiras le dejaría bien claro que su estancia en Lérida tocaba a su fin. Quería traérselo al Estado Mayor junto a él. Así me lo expresaría Armada durante una de nuestras conversaciones:

Un día me llamó Gabeiras y me preguntó: «Oye Alfonso, ¿tú quieres venir a Madrid? Hay una vacante en la Jefatura de Artillería del Ejército, otra en la Escuela Superior del Ejército. ¿Qué te gustaría? ¿O prefieres en el Estado Mayor de segundo Jeme?» Le contesté que yo prefería la Jefatura de Artillería porque allí estuvo mi padre y mi suegro, además, «para una de las vacantes que me propones —le digo— tiene más méritos que yo el general Víctor Castro Sanmartín». Me cortó al instante y me dijo: «Bueno, tú irás donde yo quiera». Le insistí que Castro era mejor para segundo Jeme, que era más antiguo que yo. Pero fue el rey el que decidió que fuera de segundo Jeme. Posteriormente Suárez lo ha reconocido así.[6]

¿Es ésa acaso la reacción lógica de un jefe del ejército que después del 23-F aseguró que ya sospechaba del general Armada, al que había puesto bajo vigilancia? La deposición del general Gabeiras en el juicio de Campamento sería una de las más bochornosas por la sarta de mentiras y de invenciones que contenía.

Adolfo Suárez se había opuesto denodadamente a que Armada volviera a estar cerca del rey desde que en el verano de 1977 consiguiera que saliera del servicio de Zarzuela. Sus crecientes diferencias en el fondo y en la forma respecto de cómo Adolfo Suárez estaba llevando a cabo la reforma política —es decir, la liquidación del régimen franquista—, alcanzaría el enfrentamiento abierto ante el rey por el modo en que Suárez había procedido a legalizar el Partido Comunista. Lo que marcaría un punto de inflexión. La excusa fue que Armada envió cartas con el membrete de Zarzuela solicitando el voto para Alianza Popular en las elecciones de junio del 77. Pero en el fondo, estaba ya servida la incompatibilidad entre Suárez y Armada. De ahí que incluso resultara lógica la exigencia del presidente de que el rey despidiera de la secretaría de Zarzuela a Armada. Muy atrás habían quedado los tiempos en los que un ambicioso Suárez, ocupado en ese tiempo en trabajarse la imagen del príncipe desde su cargo de director general de Televisión Española, tachara entre bromas de «cochino liberal» al entonces coronel Armada, secretario del príncipe Juan Carlos.

Suárez, en aquel tiempo, se movía en la ortodoxia neofalangista de los principios del Movimiento, para ir progresando adecuadamente a reformista del régimen, enterrador del mismo, cristianodemócrata convencido hasta las primeras elecciones democráticas, y desde junio de 1977, socialdemócrata de verdad de toda la vida dispuesto a disputar a Felipe González el espacio de la izquierda, porque el de la derecha «lo tengo en el bote». Pero siempre transformista de sí mismo en estado puro. La presión de un Suárez legitimado por las urnas, obligó al monarca a desprenderse del servicio directo de un hombre tal leal como Armada, que había estado a su lado como preceptor desde los 14 años, pero dejando bien claro que su deseo era seguir contando con su colaboración y asesoramiento. Así se lo comunicó expresamente Nicolás Mondéjar, jefe de la Casa del Rey, al vicepresidente Gutiérrez Mellado, en una carta que le envió en julio de 1977: «… y, además, me podría ayudar en alguna ocasión, pues deseo utilizar de forma esporádica la colaboración del general Armada, que lleva muchos años en esta casa y conoce particularmente algunos asuntos».

Antes de su salida de Zarzuela, Armada promocionó a Sabino Fernández Campo como sustituto suyo. Ambos habían estado juntos años atrás en la secretaría de varios ministros del Ejército, llegando a conocerse profundamente y a trabar una profunda relación personal de amistad, que se extendía a sus respectivas familias. Se respetaban mutuamente. Pero lo que verdaderamente interesa señalar en este estudio es que el general Armada jamás dejó de mantener una estrecha, fluida y permanente relación con el rey. Don Juan Carlos quiso designarlo senador real, lo que no se llevó a cabo al convencerle Armada de que no lo hiciera, muy poco antes de que publicara la lista. El monarca había depositado en él toda su confianza, y le interesaba especialmente como nexo de unión en la relaciones de la corona con las fuerzas armadas. Papel que en todo momento desarrollaría su antiguo preceptor; bien fuese desde la Escuela Superior del Ejército, en la que estuvo año y medio como profesor de táctica, bien el año que estuvo en el Cuartel General del Ejército al ser ascendido a general de división, con Gabeiras de JEME, bien desde Lérida, tras nombrarlo Rodríguez Sahagún gobernador militar de la plaza y jefe de la División Urgel a primeros de enero de 1980.

Durante todo ese tiempo, el monarca solicitaría a Armada su apoyo y colaboración para que le informara sobre el ambiente de crispación creciente que había en las fuerzas armadas por la mala marcha de las cosas. Pero no sólo le asesoraría sobre cuestiones militares, sino también políticas. Así, le enviaría el informe elaborado con toda seguridad por Laureano López Rodó en 1979, sobre la locura del desarrollo autonómico del Estado —el alegre «café para todos» promovido por un temerario presidente—, en el que se hacía hincapié en la inconstitucionalidad de los estatutos de Cataluña y el País Vasco, los dos primeros aprobados. Y el informe que en el otoño de 1980 —también redactado por López Rodó— desarrollaba la mecánica constitucional para la formación de un gobierno de concentración nacional presidido por una personalidad ajena a la disciplina de los partidos, pero consensuado por los líderes políticos.

Por encargo del monarca, Armada fue los ojos y los oídos del rey en el seno de la familia militar y, también, en otros muchos ámbitos políticos e institucionales. Todo ello se plasmaría desde el verano de 1977 hasta el 23 de febrero de 1981 en múltiples conversaciones, audiencias y entrevistas en Zarzuela y en la residencia de La Pleta, el refugio invernal de los monarcas durante sus estancias invernales en la estación del pirineo leridano de Baqueira. Por eso no puede resultar extraño que, ante un panorama de progresiva alarma militar (inventado o no, exagerado o no, fabricado o no, cuestión que examinaremos más adelante), el rey solicitara a Armada que le informara de todo lo que se podía mover; que hablara con Milans del Bosch, el otro gran militar monárquico e igualmente leal a la corona, y que estudiaran juntos cómo atajar las cosas, para que en el caso de que produjese un movimiento militar de gran envergadura, el rey se encargara de reconducirlo. Misiones que Armada acometería disciplinadamente, bajo las órdenes del monarca. Y sin ambiciones personales de su parte, como absurdamente se ha venido jaleando.

El 13 de febrero de 1981, el rey recibió a primera hora de la mañana a Armada en Zarzuela. Fue un despacho largo y principal con su flamante segundo jefe de Estado Mayor. El monarca tenía especial interés en hablar con él sobre la situación militar y política, y sobre los hechos que se desencadenarían unos pocos días después. Ignoro si pudo ser una continuación de la que habían mantenido el 6 de febrero en Baqueira, interrumpida tras el súbito fallecimiento de la reina Federica, madre de doña Sofía, y que no pudo reanudarse hasta después de los oficios religiosos y del enterramiento de la reina en Grecia. La cita se la dio personalmente el rey el miércoles 11, durante el funeral ortodoxo por la reina Federica. Sabino puso inicialmente algún reparo porque la agenda de ese día estaba completa y don Juan Carlos tuvo que resolver: «Mete a Alfonso el primero y corre la audiencia de mi primo Alfonso».

En aquella audiencia, el general Armada informó al monarca que se estaba ultimando la puesta en marcha de la operación especial. El golpe de Estado sui generis de rectificación política. Pero no le dio la fecha del asalto al Congreso, «porque en esos momentos todavía no la sé». Le dijo al rey que habría un golpe de mano que sería apoyado por una capitanía, a la que después se irían sumando otras más. El rey le escuchó con toda atención, pidiéndole que le siguiera manteniendo informado de cuanto fuera conociendo. Por último, le pidió que fuera a informar a Gutiérrez Mellado de lo que acababa de decirle a él. Armada también cumpliría ese cometido, y tuvo a continuación una entrevista con el vicepresidente del gobierno. En realidad, la cita formal era su presentación oficial por su reciente nombramiento.

El general Armada ha asegurado posteriormente que así lo hizo, pero no ha dado demasiados detalles explícitos respecto de sí el contenido de ambas conversaciones fue igual. Tan sólo que informó a Gutiérrez Mellado de lo que él sabía y que se ganó un fenomenal broncazo del «Guti», quien lo despidió con cajas destempladas: «tú ves visiones». Luego, Armada regresaría al cuartel general, donde Gabeiras le preguntó por la audiencia con Su Majestad y quiso saber si en algún momento habían hablado de él. Armada, parco en palabras, le respondió que él no contaba sus conversaciones con el rey, y que había recibido instrucciones de ayudarlo en su trabajo. Quizás, en este punto, Armada se refiera a que don Juan Carlos le pidió que como toda la cúpula militar estaba furiosa con Gabeiras «tú haces un poco de puente y suavizas las relaciones». Varios jefes militares, como Milans, ni siquiera le dirigían la palabra.

A lo largo de todos estos años, las especulaciones acerca de aquella famosa entrevista del general Armada con el rey han sido abundantes. Sin duda, contribuyó a ello la petición que por escrito le dirigió Armada al rey el 23 de marzo de 1981, un año antes del comienzo de las sesiones del juicio de Campamento. Desvelar el contenido de la conversación era clave para su defensa. Armada recibía constantes presiones de su familia, amigos, militares, políticos y ministros para que se defendiera. Con la decisión tomada, escribió dicha carta al rey solicitando su autorización para revelar lo que hablaron. Esa carta, que nunca se ha publicado, venía a decir que el rey podía estar seguro de que mantendría su lealtad hacia su persona y hacia la corona hasta el final, para lo que estaba dispuesto a sacrificarse, pero que también debía limpiar y salvar el honor de su familia, de su apellido, el de sus hijos y el suyo propio. Por todo ello, le pedía autorización para revelar el contenido de la conversación del 13 de febrero, de la que él, Armada, tenía recogida notas exactas. La carta la llevó en mano a Zarzuela José María Allende Salazar, conde de Montefuerte, diplomático, Grande de España y primo segundo de Alfonso Armada.

En Zarzuela el asunto se analizó con todo detenimiento entre el jefe y el secretario de la casa, los ayudantes y el personal más cualificado de palacio. Sin duda alguna, se trataba de una cuestión grave y de gran compromiso para el rey, tanto si contestaba afirmativa como negativamente. Y, sobre todo, si lo hacía mediante nota escrita. El rey había sido el primero en tachar de traidor a Armada durante la recepción que ofreció a los líderes políticos la tarde del 24 de febrero. Por ello, la decisión que se tomó en Zarzuela, por consejo de Sabino, fue que no era prudente que Su Majestad contestara por escrito. En vez de eso, una persona de toda confianza, amiga de Armada, le llevaría un mensaje verbal del rey. El mensajero escogido sería el teniente coronel Montesinos, que había coincidido con Armada en palacio. La respuesta real, inspirada por Sabino, era clara: «No puedo autorizarte a revelar el contenido de esa conversación puesto que desconozco lo que quieres exponer, pues aunque tú tengas notas recogidas de la misma, yo no las tengo y no sé lo que vas a decir.»

Sin duda alguna, el rey podía sentirse seguro del silencio de tan fiel y leal servidor. Efectivamente, el general Armada no utilizó nada de la citada conversación en su defensa durante el juicio por el 23-F, pero al trascender que había habido una petición y una respuesta, se fue creando una leyenda y un vendaval de rumores sobre la citada audiencia, que sería calentada por las defensas durante el proceso. Y aquella audiencia del 13 de febrero permaneció herméticamente sellada durante bastantes años. Con el paso del tiempo, Armada —aunque sin abrir totalmente el archivo de su memoria— ha llegado a reconocer que tanto el rey como el vicepresidente Mellado «sabían que algo iba a ocurrir, sabían que se iba a producir una acción, lo que después fue el 23-F; sabían que se iba a producir y no hicieron nada por evitarlo». Con el paso del tiempo, tuve la oportunidad de que el general Armada me facilitara por escrito unas notas de aquella entrevista con el rey Juan Carlos.

«La cuestión que se refiere a la entrevista que tuve con Su Majestad el 13 de febrero, es clave para mí. Nunca quise utilizarla, pero ahora para la historia creo mi deber aclararla. No revelo ningún secreto. Por eso la escribo con la conciencia tranquila y mi fidelidad está perfectamente conservada.

»El 10 de febrero, ultimando en Lérida mi regreso a Madrid, me llamaron de la Casa del Rey para que fuera el 11 por la tarde a la Zarzuela a un acto ortodoxo fúnebre por la Reina Federica. Fui con mi mujer y con mi ayudante el teniente coronel Torres. Después del acto hablé con el rey que me citó para el 13 a las 9,30 de la mañana. Sabino se opuso a esta cita sin que yo sepa la razón, pero el Rey tenía mucho interés en verme. El 12 se fueron todos a Atenas para el entierro de la Reina. Fui a Barajas para despedirlos. Ese día vi a Adolfo Suárez, entre otras personas.

»El 13 de febrero, a las nueve y media fui a ver al Rey. Le hablé de la situación, del descontento, de mis conversaciones con Milans (éste me había dicho «cuéntaselo al Rey»). Le insinué que había varias reuniones de oficiales y jefes que hablaban de dar un golpe. Pero no le dije lo del asalto al Congreso porque entonces yo no sabía la fecha fijada. Pero sí que algo se preparaba: «Señor va a ocurrir algo». El Rey me pidió que le informase de todo lo que supiera. Así lo hice. Le informé con todo detalle del malestar que había en las Fuerzas Armadas y de que se estaba preparando algo, un movimiento fuerte de generales y que tan pronto como se produjera se iban a sumar al mismo varias capitanías generales, como la III de Milans, la II de Merry Gordon, la IV de Pascual Galmes, la VII de Campano López y alguna otra más. La de González del Yerro, Canarias, que era el más decidido, fue el que no quiso saber nada cuando el que estaba tirando del asunto era Milans, de quien no se fiaba.

»Mi impresión es que me juzgó un alarmista. Pero me dijo que hablara con Gutiérrez Mellado. Fui a verlo al palacio de la Moncloa con mi ayudante, el comandante Bonel. El vicepresidente me recibió enseguida y empecé a narrarle lo que acababa de decirle al Rey. Poco a poco su cara se fue congestionando y crispando más. Me cortó. Estaba muy enfadado. Entre indignado y enfurecido me preguntó por Lérida, le contesté que la división estaba muy tranquila; que si eran monárquicos, inquirió, le afirmé que creía que sí y que en todo caso a mí me obedecerían. Entonces me confesó «yo no soy monárquico, soy juancarlista». Luego, de forma seca y dura, me dijo que cómo me atrevía a ir hasta el Rey con esas patrañas, que con mis historias fantásticas no hacía más que preocupar al Rey, perturbando su tranquilidad, sabiendo, además, que todo lo que le estaba contando no eran más que exageraciones mías que yo veía visiones. Me echó una buena bronca y me dio un mandato tajante: «Te ordeno que no vuelvas a molestar más al Rey ni a hablar con él sobre estas cosas. Olvida la política y ocúpate de tu destino en el Estado Mayor. Ayuda a Gabeiras que es tu obligación. No vuelvas a hablar con el Rey hasta que él te llame.» Me acompañó hasta el ascensor y al despedirnos volvió a reiterarme lo mismo de forma muy enérgica y molesta delante de mi ayudante. Al bajar me comentó Bonel: «Mi general, ¿qué es lo que le ha dicho? ¡Vaya cabreo morrocotudo que tenía el Guti!»

«Gutiérrez Mellado tuvo información, sabía lo del 23-F y no hizo nada para abortarlo. Fue uno de los grandes responsables de que eso sucediera.»[7]

V.
EL EJÉRCITO NUNCA FUE GOLPISTA

En la tarde del 23 de febrero de 1981 el rey depositó toda su confianza en el ejército. Lo conocía bien y estaba seguro de su lealtad. Pero, ¿en aquellos instantes de duda por los que pasó, llegó a temer el rey que las cosas se le pudieran escapar de las manos? ¿Qué perdiera el control? Por que, ¿cuál fue la actitud de las fuerzas armadas en el 23-F? ¿Hubo riesgo de división del ejército a lo largo de aquella tarde noche? ¿Era golpista el ejército? ¿Deseaba la involución? ¿Estaban conspirando las fuerzas armadas o una parte de las mismas para rebelarse? Dicha batería de preguntas merecen una serena reflexión. Si yo mismo las hubiera respondido después del fracaso del 23-F, o durante el proceso militar y su posterior revisión por la justicia civil, posiblemente habría afirmado, ante tal cúmulo de intoxicación activa como la que se estaba vertiendo, que por su herencia franquista, el ejército deseaba la involución, que si no en su totalidad, gran parte del mismo era golpista y estaba conspirando para rebelarse, que repudiaba la democracia, y que si en el 23-F no se rebeló en bloque fue gracias a la decidida y firme actuación del rey, que logró sujetarlo, aunque durante algunas horas de incertidumbre existió cierto riesgo de división. ¿Y fue realmente así?

Con la perspectiva del tiempo transcurrido, hoy puedo afirmar que, a mi juicio, en absoluto. Ni las fuerzas armadas en su conjunto ni una parte significativa de sus mandos estaban conspirando para rebelarse, ni el ejército era involucionista ni deseaba el retorno a un pasado de régimen autoritario o de dictadura, y mucho menos militar; como tampoco existió el más mínimo riesgo de división de las fuerzas armadas durante aquella jornada. Entonces, ¿cuál fue la actitud del ejército en el 23-F? Categóricamente hay que responder que de una disciplina plena, y de total acatamiento y lealtad a Su Majestad el rey. Y en un muy segundo plano al orden constitucional; en proporción similar en este caso a la de la clase política, que estaba iniciando el desarrollo de un alocado proceso autonómico trufado de inconstitucionalidad, y que después estuvo dispuesta a aceptar un regate «seudoconstitucional» para frenar y corregir dicho proceso.

Durante la transición corrieron ríos de tinta sobre la afición al golpismo del ejército. El temor a un golpe o a una serie de golpes, logró que mediáticamente se retroalimentara el fantasma golpista. Después del 23-F, el golpismo quedó unido a las esencias y valores de aquellos militares que lo único que deseaban era la involución. Todo ello, en su conjunto, no era más que un disparate mayúsculo, pero así quedó sentado. Hasta nuestros días. Es cierto que a lo largo del siglo XIX y durante las tres primeras décadas del XX, el ejército tuvo un protagonismo excesivo, y en ocasiones no deseado. Históricamente, sin embargo, el ejército español se había mantenido completamente subordinado a la autoridad real. Nunca se había rebelado ni insubordinado políticamente. Pero después de 1808, entró en un período de completa desorganización, para degradarse progresivamente hasta hacer de él un ejército paria, mal equipado, peor vestido, con épocas de meses y hasta de más de un año sin recibir la paga. Ese mal de fondo contribuiría a crear un caldo de cultivo adecuado para ser instrumentalizado en los torbellinos políticos acaecidos entre 1820 y 1923. Que no fueron pocos: tres guerras civiles dinásticas, pronunciamientos sucesivos, caos y desórdenes políticos constantes, caídas y restauraciones de la monarquía, huelgas generales, pérdida definitiva de los últimos jirones de un gran imperio… Descomposición y decadencia suma de la nación.

A lo largo de dicho período, los ejércitos fueron utilizados para realizar casi todos los cambios institucionales importantes, desde la restauración de la monarquía absoluta en Fernando VII en 1814. Luego, las guerras civiles carlistas y las continuas pugnas entre las oligarquías burguesas liberales y conservadoras, convertirían al ejército en el mejor recurso para los cambios de régimen o de gobierno o de constitución. Esa instrumentalización política del ejército se debió la mayoría de las veces a que las constituciones no contemplaban los mecanismos legales para llevar a cabo los cambios. Las alternancias pacíficas y no traumáticas en el poder. Y así surgirían los clásicos pronunciamientos, golpes, rebeliones o insurrecciones. Y también hasta su actuación como guardia de la porra.

Durante el siglo XIX, el ejército sería utilizado en no pocas ocasiones para reprimir disturbios y mantener el orden público. El hispanista norteamericano Stanley G. Payne ha precisado en su libro Los militares y la política en la España contemporánea —la gran obra de referencia— que la importancia del ejército a la hora de resolver disputas políticas y constitucionales, crearon, entre muchos mandos militares, importantes intereses políticos que les hicieron olvidar su propio caos institucional, para creerse que ante la desunión civil, el ejército era la única institución nacional verdadera.[8] Ese caos empezaría a modificarse en la dictadura de Primo de Rivera, continuaría parcialmente con la Segunda República, para cerrarse definitivamente durante la dictadura de Franco.

La utilización del ejército para la Operación De Gaulle resucitaría nuevamente aquella costumbre política del siglo XIX, que, como acabo de apuntar, se inició por las carencias que en su origen presentó el constitucionalismo liberal español de dicho siglo. Cuando las diferentes facciones liberales alcanzaban el poder, abrían un proceso constituyente del que en cada caso salía una constitución moderada, progresista o radical. Dichas constituciones fueron redactadas de manera facciosa o sectaria sin tener en cuenta la alternancia en el poder, de ahí que cuando el partido en el poder se debilitaba o su proyecto estaba agotado, había que acudir al pronunciamiento para abolir la constitución vigente y abrir un nuevo proceso constituyente de signo político distinto. Sería a partir de Narváez cuando el ejército empezara a tomar conciencia corporativa a la hora de influir o intervenir en política. Por ello, el destronamiento de Isabel II se realizó por el ejército en pleno, así como la venida de Amadeo I y la restauración de Alfonso XII. Cánovas del Castillo sería quien sistematizara el papel de las fuerzas armadas en el futuro, al hacer de ellas el último baluarte de la corona, su gran dique de contención para protegerla de la revolución social, y para que velaran como guardianes de la integridad territorial.

Alfonso XIII también llegaría a utilizar al ejército para ocultar su gravísima responsabilidad en el desastre de Annual, reflejada en el informe Picasso. El pronunciamiento de Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, no sólo no fue abortado por el rey sino que dejó hacer hasta que el golpe del capitán general de Cataluña se consolidó y triunfó. Entonces, el monarca intentaría justificar su simulada inocencia y desconocimiento ante el jefe del gobierno Manuel García Prieto. Cuando el marqués de Alhucemas fue a recibir a la estación al rey, quien regresaba de San Sebastián, donde estaba jugando al polo, lo primero que oyó de labios de Alfonso XIII fue: «¡Te juro, Manolo, que no lo sabía!». Frase que se haría tan popular y sería utilizada frecuentemente por la gente a modo de chanza para negar siempre cualquier evidencia ya sabida.

Don Juan Carlos fue designado sucesor en la jefatura del Estado por la única decisión y voluntad de Franco. Por nada ni nadie más. Después de cuatro décadas de poder personal absoluto, ésta sería la tercera instauración, que no restauración —como atinadamente sostiene el historiador Carlos Rojas—, al rechazar Franco el orden sucesorio dispuesto por la línea borbónica de Alfonso XIII en la figura de don Juan. El dictador eliminó al conde de Barcelona, buscó a su juicio al mejor príncipe para sucederlo como rey, y lo escogió en la persona de don Juan Carlos, el hijo del infante don Juan. Anteriormente, y de forma quizá incomprensible, los españoles habían coceado cuatro veces en menos de ciento setenta años a los antepasados de don Juan Carlos —en las soberanas personas de Carlos IV, Fernando VII, Isabel II y Alfonso XIII—, para volverlos a acoger y aclamar en el propio Fernando VII, en Alfonso XII y en el mismo don Juan Carlos, quien en 1975 recibió la absoluta lealtad del ejército. Sin fisuras.

Las fuerzas armadas así lo acataron, sencillamente porque ése fue el mandato póstumo del Caudillo. «Os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido.» Esa voluntad testamentaria fue recibida por el conjunto del ejército como la última orden de su capitán general. Que asumieron y cumplieron, poniendo un paraguas de protección sobre la corona en un momento en el que tenían mucho poder. Visible y manifiesto. De hecho, era la gran fuerza de contención, el muro que intentó derribar la izquierda sin lograrlo. La familia militar fue la única de la sociedad que se mantendría férreamente unida en torno al rey.

El ejército que recibió el rey había sido leal con Franco, era el ejército de la victoria total en la Guerra Civil y tenía un pasado franquista. Pero ya no era un ejército franquista. Era el ejército del rey Juan Carlos I de Borbón y Borbón, cuyo poder radicaba en su disciplina, unidad y jerarquía. Y, sin embargo, no era un ejército político, y mucho menos con ambiciones políticas. La dictadura de Franco fue la dictadura de un militar. No una dictadura militar. Por paradójico que pueda parecer, una de las principales características de la modernización institucional alcanzada por Franco y su régimen en las décadas de los años sesenta y setenta, fue la relativa despolitización de los militares, aun cuando el régimen se iniciara como gobierno militar y a pesar de que Franco fuera también explícito en su confianza en los militares para mantener la estabilidad de su sistema. Esto es algo que el profesor Stanley G. Payne, y yo mismo, hemos dejado bien patente en nuestra biografía sobre Franco.[9]

Con la jerarquía militar, Franco mantuvo siempre una relación especial; al mismo tiempo que los tenía a cierta distancia, los manipulaba, cambiando y girando los puestos principales y, en general, evitando cualquier concentración de poder entre ellos. Y si es cierto que los militares ocuparon muchos puestos de ministros y otros cargos administrativos importantes, especialmente durante la primera mitad del régimen, eso nunca ocultó el hecho de que Franco intentara evitar la interferencia militar en sus gobiernos y eliminara la posibilidad de un papel independiente, corporativo o institucional, para los militares fuera del propio ámbito de las fuerzas armadas.

Los oficiales y jefes que ocuparon cargos en las oficinas o instituciones del gobierno o se sentaban en las Cortes, lo hacían como administradores individuales o representantes de las diferentes armas que participaban en la administración estatal de forma coordinada e integrada, y no como representantes corporativos de las fuerzas armadas. La relativa desmilitarización del proceso político estuvo acompañada por una desmilitarización siempre creciente del presupuesto estatal, debida no tanto al respeto por la educación de Franco (que en el mejor de los casos es poco seguro), cuanto a su poca inclinación a emplear dinero en una modernización profesional y tecnológica de las fuerzas armadas que, tal vez, hubiera alterado su equilibrio político.

A pesar de que después de la muerte de Franco hubo una grande y creciente preocupación por el peligro de un golpe militar, ello fue absolutamente exagerado, porque, entre otras cosas, Franco disciplinó y despolitizó en grado importante las instituciones militares. Siempre se mostró decidido a evitar la intervención corporativa del Ejército y privó a las fuerzas armadas de cualquier voz corporativa directa y unificada en las instituciones. Y si muchos altos mandos participaron en el gobierno, sobre todo durante las dos primeras décadas del régimen, lo hicieron como personas individuales y funcionarios —como acabo de señalar—, no como representantes corporativos autónomos de las fuerzas armadas. La dictadura redujo firmemente la parte proporcional que correspondía al presupuesto militar —llegando incluso a colocarlo debajo del de educación por primera vez en la historia de España— y, en general, bajo el régimen de Franco, los militares se acostumbraron a actuar como subordinados institucionales en un sistema estable dirigido fundamentalmente por civiles.

En los primeros pasos de la transición, la oposición clandestina y del exilio estaba realmente muy fragmentada y era muy débil, incluidos el Partido Comunista, el más activo de todos, y la multitud de pequeños grupúsculos comunistas que deseaban abrir un proceso revolucionario. Eso es algo que sabía muy bien la diplomacia norteamericana, que desde 1969 se mantenía muy atenta y vigilante al proceso político que seguiría tras la muerte de Franco. Entre otros motivos, por el valor geoestratégico que tenía España, y por los propios intereses norteamericanos en suelo español. Con las bases de utilización conjunta en primer término. Estados Unidos mantenía una visión bastante optimista sobre el futuro de España. Y esa visión la basaba fundamentalmente en la percepción que tenía de la sólida unidad de los militares, quienes siempre podrían ofrecer un papel disuasorio ante cualquier contingencia no deseable.

Los informes diplomáticos y de inteligencia que manejaba la administración norteamericana señalaban con toda claridad que el ejército español en su conjunto estaba dispuesto a aceptar cambios políticos tras la muerte del dictador, y que no deseaba asumir protagonismo político alguno, queriendo quedarse al margen de la política. Lo que sin duda establecía una valoración de la posición de las fuerzas armadas plenamente coincidente con el papel que Franco les había otorgado a lo largo de su régimen personal. Así lo ponía de manifiesto el informe confidencial que Kissinger le entregó a Ford con motivo del viaje oficial que ambos hicieron a Madrid a finales de mayo de 1975. En dicho informe, el secretario de Estado aseguraba a su presidente que los militares españoles «parecen estar unidos y dispuestos a aceptar cambios políticos, y que quieren quedar al margen de la política, pero que estarían dispuestos a intervenir si apareciera una amenaza seria al orden público o si la extrema izquierda estuviese a punto de hacerse con el poder».[10] Por entonces, la administración norteamericana, y especialmente su secretario de Estado, Henry Kissinger, no se había sacudido aún el síndrome de los claveles comunistas portugueses; el golpe de Estado izquierdista y revolucionario (pretenciosamente en sus momentos iniciales) que parte del ejército portugués dio el 25 de abril de 1974 contra el ya decadente régimen autoritario del Estado Novo, implantado 48 años atrás por Salazar.

El rey Juan Carlos estaba plenamente decidido a hacer el tránsito del régimen autoritario que heredaba hacia la democracia y, aunque no sabía como llevarlo a cabo, contaba con el pleno apoyo de las fuerzas armadas. Entre otras cosas, era su jefe supremo. Capitán General de los Ejércitos. A Suárez le insinuó lo conveniente que sería que se ganara la comprensión y hasta el apoyo de los militares al proceso de reformas emprendido. A tal fin, el presidente convocó el 8 de septiembre de 1976, en su despacho de Castellana 3, a los altos mandos de los tres ejércitos. El entonces vicepresidente del gobierno, teniente general Fernando de Santiago, había intentado previamente clarificar el objeto de la reunión. Tenía la sospecha de que las fuerzas armadas podían verse comprometidas con la política concreta de un gobierno. Y no le faltaba razón. La semana anterior, había dirigido un documento a los ministros militares para que lo distribuyesen entre los capitanes generales. En su encabezamiento había escrito a mano «Máximo Secreto».

En dicho escrito, De Santiago exponía que ante la posibilidad de que la sociedad pudiera sacar la conclusión de que se había hecho un pacto entre el gobierno y los fuerzas armadas, y que la reforma constitucional tenía el respaldo del ejército, era necesario que el presidente conociera previamente el sentir militar y que éste tuviera bien claro cómo sería la evolución y cuál el límite tolerable de la reforma política. Si esto no se aclaraba antes, el presidente podría entender que tenía un cheque en blanco para seguir cualquier camino, lo que podría dificultar la labor de los ministros militares en el futuro. Y si la evolución política suponía en el fondo la ruptura o el cambio de régimen, «el pueblo español considerará que ha sido propiciado por las fuerzas armadas». Si esto se produjera, «los mandos militares intermedios podrían considerar que han sido traicionados por sus mandos superiores, con las gravísimas consecuencias que de ello podrían derivarse». De Santiago aconsejaba que algún capitán general formulase algunas preguntas —él mismo sugería varias— que obligasen al presidente a «exponer con concreción la política a seguir por el gobierno y que al mismo tiempo le hagan saber el sentir de las Fuerzas Armadas.»

En aquella reunión estaba la cúpula militar en pleno; el vicepresidente para asuntos de la Defensa, Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil; los tres ministros militares: Félix Álvarez-Arenas, Ejército; Gabriel Pita da Veiga, Marina; Carlos Franco Iribarnegaray, Aire; Manuel Gutiérrez Mellado, Jefe del Estado Mayor Central del Ejército; los jefes de las nueve capitanías generales, más Canarias y Baleares, los jefes de Estado Mayor, directores y presidentes de altos organismos e instituciones. En total, una treintena de generales y almirantes. Durante tres horas, el presidente fue desgranando el espíritu y la letra de la reforma política que se quería acometer. Las grandes líneas de su política. Asentar la democracia y consolidar la corona. Dos tenientes generales le iban formulando preguntas. Y Suárez les habló claro, con encanto y simpatía. El mensaje fue nítido: la reforma se iba a llevar a cabo con pleno respeto a los Principios Fundamentales del Movimiento. No iba a suponer quiebra ni grieta alguna. Se quería, sí, ir hacia un sistema democrático, con elecciones, que fuera compatible con el ordenamiento institucional vigente. Se trataba de adaptar la España de Franco a los nuevos tiempos, porque la figura del Caudillo era irrepetible y el rey tenía que hacer como que le lavaba la fachada a la casa.

Suárez, sacando lo mejor de sí mismo, les garantizó que no habría revanchismo ni separatismo, ni se tolerarían las algaradas ni los desórdenes públicos. El ministro del Ejército, Félix Álvarez-Arenas, leyó unas cuartillas acordadas previamente por el Consejo Superior del Ejército. A todos les preocupaba la cuestión de los partidos políticos. Sobre todo la actitud del gobierno ante el Partido Comunista. Entonces Suárez les respondió enérgico, de modo muy convincente: debían rechazar cualquier recelo o duda al respecto. Habría partidos políticos que irían desde la derecha a la izquierda moderada. El techo estaría en la socialdemocracia y como mucho en el Partido Socialista. Pero desde luego que el «Partido Comunista nunca será legalizado. Vosotros me conocéis bien. Yo también soy un hombre de lealtades. Sabéis de donde vengo y éste es mi firme compromiso. Tenéis mi palabra de honor».

A Suárez no lo aplaudieron pero casi. Le felicitaron efusivamente. Fue un momento exultante para el presidente. También se había metido en el bote a los militares. El teniente general Gutiérrez Mellado se mostró entusiasmado y abrazándolo fuertemente le dijo: «enhorabuena, presidente, has estado fenomenal». El teniente general Mateo Prado Canillas, capitán general de la VI Región Militar con cabecera en Burgos, lanzó un espontáneo «¡Viva la madre que te parió!». El teniente general Coloma Gallegos, capitán general de la IV Región, Barcelona, comentó: «a este chico hay que ayudarlo». La reunión tuvo un efecto inmediato. Casi todos salieron convencidos de las palabras del presidente. Había sabido ganárselos de corazón a corazón, pese a que a muchos la reforma no les gustaba. Pero no por la reforma en sí, sino por el panorama de imprevisión que ya se dibujaba. Y sin embargo, la aceptaron por disciplina. En realidad, Suárez, en ese momento, pensaba que era consecuente con la firme aseveración que dos meses atrás le había hecho a López Rodó al aprobar la reforma del Código Penal. «Ten la seguridad de que mientras yo sea presidente del gobierno, el Partido Comunista no será legalizado. Precisamente acabo de cesar a Miguel Lojendio en su cargo de embajador en París por haber recibido a Santiago Carrillo». Como igualmente pensaría que lo era con el hecho de que ese mismo día el prestigioso abogado y presidente de una importante agencia de comunicación, José Mario Armero, enviado especial de Suárez, se encontraba muy discretamente en el hotel Commodore de París con el líder comunista Santiago Carrillo. Para Suárez y su modo de hacer política, no había reglas escritas.

Los ministros militares elaboraron unas notas con la minuta de lo tratado, que enviaron a todos los acuartelamientos. Hasta el último rincón. Nadie en el seno del Ejército permanecería ajeno a lo que el presidente había expuesto a la cúpula militar. El ambiente era de buena disposición y de colaboración con el gobierno. Y el Ejército se comprometió con la reforma. La satisfacción fue también completa en Zarzuela. El secretario del rey, Alfonso Armada, se encargó por orden del monarca de pulsar cuál era el estado de opinión en las Fuerzas Armadas: «Suárez estaba preocupado por la situación y el estado de ánimo de los generales y altos mandos de los ejércitos. Les aseguró que no se legalizaría el Partido Comunista. El rey me mandó que hiciera un sondeo para conocer la reacción en el Ejército. Hablé con el general José Vega Rodríguez, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército. Durante unos días se estuvo trabajando en la información que iba llegando. El resultado fue que aquello había sentado y caído bien. El espíritu de la reunión había gustado. El presidente les había encantado y convencido. Todos estaban confiados. Hice un informe para el rey quien se lo dio a Suárez».[11]

Pero el resultado de aquella reunión no convencería en absoluto al general De Santiago, quien dos semanas después presentó su dimisión saliendo del gobierno sin escándalo ni ruido alguno. El vicepresidente intuía por dónde iba Suárez a dirigir la reforma. Fernando de Santiago se sentía cada vez más incómodo en aquel primer gobierno de Suárez y aprovecharía el proyecto de reforma sindical para dimitir al instante. Aquella reforma suponía de hecho el retorno de las grandes centrales sindicales prohibidas durante el franquismo y la eliminación de la estructura sindical vertical del régimen. Meses antes, había manifestado en privado que «el Ejército no consentirá que se quebrante el orden institucional. Yo no soy el general Berenguer». Pero durante el período que estuvo de vicepresidente no planteó interferencia ni discusión alguna, ni torpedeó las sesiones, ni conspiró, ni mucho menos presionó a Suárez. Únicamente, en alguna ocasión, había abandonado con porte señorial las deliberaciones del consejo, cuando no le gustaba lo que oía. A un tradicionalista de esencia y raíz como era él, no le encajaba eso de que la soberanía residiese en el pueblo. El poder venía de Dios.

Suárez aceptó su dimisión de inmediato. «Es un pesimista», le comentó a su otro vicepresidente, Alfonso Osorio, a quien confirmó que nombraría en su lugar al general Manuel Gutiérrez Mellado, «aunque sé que a Gabriel Pita y a algún otro les va a sentar como un tiro». A Osorio le sorprendió la medida. Y no le gustó. Él se había entendido bien con De Santiago, quien al despedirse le comentó: «Quiero equivocarme, estoy deseando equivocarme; pero alguien está improvisando demasiado». Pero el general Fernando de Santiago no salió del gobierno para conspirar contra él, ni mucho menos para preparar el ambiente para un golpe o una insurrección entre sus colegas de armas.

A finales de diciembre de 1989 le hice una entrevista a De Santiago en la que me evocó aquél tiempo:

Adolfo Suárez convocó a los capitanes generales a una reunión a primeros de septiembre de 1976 para explicarles el proceso de reforma constitucional y dar garantías. Eran los momentos más delicados de la transición. Yo vi perfectamente hacia dónde se quería ir y elaboré un documento secreto que di a los ministros militares para que lo distribuyeran a los capitanes generales. En él marcaba cuál podía ser el límite tolerable para la reforma política, descartando la ruptura para evitar que el ejército se viera en la necesidad de asumir un protagonismo político no deseable. Se trataba de clarificar la situación y evitar engaños en un pacto gobierno fuerzas armadas. En aquel documento sugería que se le hicieran al presidente varias preguntas. El día de la reunión tenía preparado otro escrito con el esquema de mi intervención. Era muy crítico con el proyecto de reforma constitucional por lo que suponía de hecho una ruptura con el régimen y la vuelta a un círculo vicioso muy peligroso de reacciones y revoluciones. Me di cuenta por el ambiente que se respiraba que si me levantaba a hablar podía ser el detonante de una situación muy desagradable que hubiera dado pie, digamos con eufemismo, a discrepancias importantes. Ante la duda opté por no levantarme, callar y marcharme. Estaba harto de los politicastros y de ver cómo se daban dentelladas unos a otros. Aquello me asqueaba y busqué la excusa para dimitir por un decreto que Adolfo Suárez quería poner en marcha para fulminar el régimen sindical. Duré en aquel gobierno exactamente nueve meses.[12]

Aquel compromiso inicial de colaboración de las fuerzas armadas en el proceso de reforma se quebraría drásticamente siete meses después con el sorpresivo anuncio de la legalización del Partido Comunista. El 9 de abril de 1977 —«Sábado Santo Rojo»—. Este asunto lo analizaré en el siguiente capítulo, pero adelanto que desde ese momento el Ejército se desenganchó del gobierno y del proceso de reformas, dejando de prestarle su apoyo y colaboración voluntaria, limitándose exclusivamente a cumplir con sus tareas burocráticas. Las fuerzas armadas en su conjunto se sintieron traicionadas por la palabra que Suárez les había dado. Y quebrado. No por el fondo de la legalización en sí, pero sí por la forma en que ésta se llevó a cabo. Y en ese desprendimiento del Ejército hacia Suárez, se vería arrastrado también el general Gutiérrez Mellado. En su caso, por el desprecio y la inquina que persistentemente mostraba hacia la familia militar.

Pero al igual que sucedía con Suárez, tampoco había sido así en un principio. El vicepresidente gozaba de la simpatía y el cariño de la mayoría de sus compañeros de milicia. No cabe duda de que en el interior de Mellado bullía la acción política. Meses atrás, le había declinado a Suárez la cartera de Gobernación. Y hubo un tiempo en que se acercó a Fraga a través de GODSA, donde otros compañeros y amigos suyos, como Javier Calderón, estaban diseñando el partido reformista. Para su alma pública, la vicepresidencia sí satisfacía sus ambiciones. Lamentablemente, su presencia en el gobierno iba a inaugurar un tiempo de tensas relaciones entre el colectivo militar y Suárez.

El «Guti», como cariñosamente se le llamaba, ha pasado a la historia de la transición como un modelo de virtudes. Espejo de militar demócrata. Especialmente por su digno comportamiento durante la innoble afrenta que Tejero le hizo en los primeros instantes de la toma del Congreso. Con ser ello cierto, la realidad, sin embargo, constata que encendió chispazos innecesarios, y provocó agrios enfrentamientos por su carácter intransigente y dogmático. Jamás pudo tolerar que nadie le llevase la contraria. Actuó arbitrariamente en el capítulo de ascensos y destinos; unas veces por capricho, otras por simple venganza. Pisó demasiados callos, siendo uno de los culpables de azuzar la bronca militar. Se ha argumentado ad nauseam que con ello quiso impedir que los «golpistas» copasen puestos sensibles. En ese caso, habría que concluir que la mayoría aplastante del Ejército era golpista. Lo que en absoluto era verdad. También se ha querido explicar su actitud por el desprecio que sus compañeros de armas sentían hacia el militar que había jalonado su carrera sin disparar un solo tiro en la Guerra Civil; sus servicios al bando nacional lo fueron en el campo de la inteligencia. No es cierto. Eso se desataría posteriormente. Cuando el teniente general Gutiérrez Mellado se convirtió en el «señor Gutiérrez». Hasta entonces fue un hombre muy querido y respetado. Su transformación por la acción política hizo de él más un factor de tensión que de pacificación militar.

Alfonso Osorio me confesaría durante una conversación, que Gutiérrez Mellado fue «un chisgarabís que convirtió la relación con el ejército en un patatal». Para Alfonso Armada su política de resentimiento fue catastrófica: «Gutiérrez Mellado supuso el divorcio entre el ejército y el gobierno. La legalización del Partido Comunista fue un engaño y una traición a la palabra dada. Pasó a no ser nada querido en el ejército. Perdió su prestigio. Llevó a cabo una política catastrófica. Fue un resentido contra Franco porque no le había otorgado ninguna condecoración. No le había recompensado y él pensaba que tenía méritos acreditados para haber sido reconocido».[13]

El coronel José Ignacio San Martín, uno de los condenados por el 23-F, que fue un estrecho colaborador del general, puso el acento en lo querido que había sido para sus compañeros hasta que su vocación política le condujo por otros derroteros y lo llevó a distanciarse de ellos: «En el fondo le gustaba la política… Tenía un gran prestigio. El “Guti” era querido y respetado en la colectividad militar. ¡Lástima que la rueda del destino le llevara por otros derroteros! Ha ido quedándose con muy pocos amigos entre sus compañeros. Si piensa que él tiene razón y los demás, la mayoría, nos equivocamos, es que está poseído de la soberbia, vicio que desconocía en él. Su sentido de la subordinación y sus reacciones destempladas ante cualquier contrariedad le traicionaban hasta convertirlo en otro hombre. Y el “Guti” tan querido por sus compañeros iría siendo abandonado hasta el punto de convertirse en el “señor Gutiérrez” para muchos. Al hacerse cargo del Estado Mayor Central del Ejército despertó grandes esperanzas. Le ha hecho mucho daño, mucho daño, el salto a la política, en donde se ha quemado».[14]

También a este respecto, Sabino Fernández Campo me llegó a asegurar que Mellado llevó al Ejército al estado de sublevación:

Gutiérrez Mellado se labró a pulso una política de resentimiento de prácticamente toda la familia militar. Tenía un trauma especial al no haber hecho la guerra de combatiente. Ante las afrentas de sus compañeros y falta de respeto se le desató un deseo de venganza. En su política militar cometió demasiados abusos. Enconó al ejército. Lo calentó y llevó hacia el estado de sublevación. Se equivocó muchísimo. Se dedicó a crear un clima de desprecio entre los generales. De forma caprichosa se saltaba el escalafón en los ascensos de los generales y en los destinos. Consiguió que la situación de deterioro entre el ejército y el gobierno se enconara y tensara mucho. Quitó concesiones tradicionales y clásicas que fueron insultantes. Al Cuerpo de Mutilados, lo dejó a su suerte hasta su extinción biológica; suprimió el Cuerpo Honorífico, que supuso una bofetada gratuita. Con su reorganización de las fuerzas armadas destruyó cosas simbólicas pero que tenían mucha importancia. En un principio estuvo dispuesto a aceptar que la ley de amnistía permitiera el reingreso en el Ejército de los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD) que habían sido expulsados.[15]

Se podría argumentar que todos estos testimonios pertenecen a personas adversas a Gutiérrez Mellado, y que le tenían inquina. ¿Todos?, ¿Alfonso Osorio y Sabino Fernández Campo? ¿También el general José Vega Rodríguez? El general Vega fue un estrecho colaborador del vicepresidente del gobierno. Hubo un tiempo, al inicio de la transición, en que su nombre aparecía ligado a la jefatura de un gobierno provisional propiciado por sectores de la izquierda. Al igual que en otro momento, un poco anterior, se colocaba a la persona del general Manuel Díez Alegría en un gobierno impulsado por la Platajunta Democrática. No eran más que especulaciones infundadas y deseos sin fundamento.

A la figura del general Vega se la distinguía por un porte demócrata y liberal. Y sin embargo, no hubo reparo alguno para colocarlo al frente de un supuesto gobierno militar que saldría impulsado por un golpe llevado a cabo conjuntamente por la División Acorazada y la Brigada Paracaidista. La especie mediática fue una solemne intoxicación lanzada a mediados de enero de 1980. El entonces ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, que se creía casi todo lo que le filtraban, corrió veloz a intentar apaciguar los ánimos entre los mandos de ambas unidades militares. El bulo no tenía nada de cierto, pero le costó el cese al general Luis Torres Rojas al frente de la Acorazada, y su forzoso traslado, sin ascenso a teniente general, al gobierno militar de La Coruña.

El «demócrata y liberal» general Vega tampoco aguantaría más los modos de actuar que tenía Gutiérrez Mellado y presentaría su dimisión a mediados de mayo de 1978 como jefe del Estado Mayor del Ejército. Fue un revés importante para la nomenclatura gubernamental castrense que Mellado titulara desde la vicepresidencia para la Defensa. Vega veía con grave preocupación los exagerados ataques que desde fuera del ámbito de la milicia se estaban cebando con los ejércitos. Además, disentía profundamente de las arbitrariedades que estaba llevando a cabo su jefe directo en materia de ascensos, como el desplazamiento orgánico de la JUJEM, los cambios en la capitanía de Barcelona y en la Acorazada; los saltos en el escalafón, siempre sagrado, para favorecer caprichosamente a unos generales que se suponía que serían más «dúctiles», en perjuicio de otros menos «simpáticos», como el general Milans.

Después vendría el milagro del «Palmar»[16], nombre que se dio al ascenso simultáneo de cinco generales para que el general Gabeiras pudiera ser designado JEME del Ejército. Como acabo de apuntar, el general Vega —calificado de progresista— empezó colaborando con pleno entusiasmo en el cambio político, tranquilizando la inquietud de sus compañeros de armas. Poco a poco se iría distanciando, al igual que los demás colegas, del proceso general al que veía por mal camino, hasta terminar muy enconado con Gutiérrez Mellado. Sus discrepancias, agrias y abiertas, lo fueron por cuestiones profesionales, pues «esas discrepancias van en detrimento del propio ejército… Porque creo que están disminuyendo la consideración y el prestigio que las fuerzas armadas se merecen».[17]

Desde entonces, las fuerzas armadas mostrarían en ocasiones su irritación y repulsa por la conducción de la cosa pública, por el desarrollo autonómico, por el intento de que la amnistía alcanzase a la facción de militares procesados y expulsados de las fuerzas armadas por su pertenencia a la UMD —conocidos como «úmedos»[18]—, por la falta de respeto al escalafón y a las ordenanzas en la política de ascensos, y muy especialmente por la inane reacción gubernamental ante los duros golpes del terrorismo de ETA, que se cebaba principalmente en miembros de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y del Ejército. El gobierno, invocando falazmente la disciplina, escondía los muertos y los enterraba sin dignidad ni respeto hacia los caídos y sus familiares. Espeluznante muestra de temor y debilidad, que a veces se quiso justificar con especies del tenor de que ése era «el riesgo que debían asumir» o que «para eso se les pagaba».

El creciente estado de malestar de las fuerzas armadas se traduciría en frases como: «el ejército en estado de cabreo» o el «ruido de sables» en las salas de banderas, comedores, bares y despachos de los acuartelamientos, que se reflejaban de forma exagerada en los medios de comunicación. Había, sí, ese estado de irritación militar por las políticas de Suárez, y por todas las cosas que acabo de comentar. Pero no había un ejército golpista ni las fuerzas armadas eran golpistas, ni hubo conspiraciones militares ni preparativos de golpes de Estado, ni deseos de involución. Malestar, cabreo e irritación, sí. Los mandos militares hablaban corrosiva y críticamente de cómo marchaban las cosas. En tono altisonante y, si se quiere, despectivo. Como lo había y lo hacían en otros muchos sectores profesionales civiles y de la nomenclatura del sistema por el caos gobernante de la UCD en general, y de Suárez en particular. Y sin embargo, los rumores de golpe eran insistentes. Una vez se dijo que un florón de generales se reunía en secreto y clandestinamente para preparar una declaración o pronunciamiento por el que urgirían al rey a que se hiciera con el control pleno de la situación, y se situaron las reuniones en Játiva (Valencia), de acuerdo con fuentes «seguras»: la realidad era que dichos encuentros supuestamente «conspiranoicos» tenían lugar en Jávea (Alicante), donde un grupo de generales poseían casas de verano y se reunían periódicamente con sus familias en actos sociales.

Otra vez se situaría en la División Acorazada y la Brigada Paracaidista, para asegurar con toda «certeza» que ambas unidades conjuntamente se preparaban para el asalto del poder, y difundiendo, de forma reiterada y persistente, especulaciones falsas y gratuitas a cuenta de pequeñas unidades que regresaban a sus cuarteles tras haber salido de maniobras. O bien, en un documento «oficial y secreto» en el que se presentaba un ramillete de golpes de Estado —civiles y militares— para que cada cual escogiera el suyo a su gusto. Me refiero al documento «Panorámica de las operaciones en marcha», puesto reservadamente en circulación a mediados de noviembre de 1980 desde el CESID (aunque un singular general asegure ser su redactor, lo que tampoco invalidaría la utilidad que buscaba el servicio de inteligencia con dicho documento) entre los sectores del poder político y de la nomenclatura del sistema. En el citado documento se desplegaba una panoplia de agitaciones conspirativas civiles que daba un paseo por casi todos los grupos políticos y por significados líderes. En este caso, se podría cerrar el capítulo «civil» con el titular que una sagaz y veterana periodista dio un día a su columna de opinión en el diario ABC: «Todos estamos conspirando».

En la vertiente militar, el documento analizaba una serie de supuestos preparativos de golpes a cargo de generales, coroneles —los técnicos— y espontáneos. No citaba nombre alguno, pero era fácil deducir la figura del teniente coronel Tejero en el golpe de los espontáneos. Lo que era totalmente cierto. No así las presuntas comisiones golpistas de coroneles y de generales, que eran literal y sencillamente inexistentes. Una pura invención. El mismo comandante Ricardo Pardo Zancada, condenado a 12 años de prisión por su iniciativa y su gesto de última hora de presentarse en el Congreso el 23-F, cuando ya el rey Juan Carlos había dado la orden de abortar la operación, lo confirmaría en su libro 23-F, la pieza que falta, una de las mejores obras escritas sobre el estado del Ejército y su reacción ante el golpe. Pardo tenía un excelente conocimiento de lo que se estaba cociendo internamente en el seno de las fuerzas armadas, y su testimonio sería claro y contundente al afirmar que no existían, en grado alguno, reuniones y movimientos conspirativos de generales. Mientras en el nivel de los coroneles, singularmente los de Estado Mayor, como era el caso de su jefe directo en la Acorazada, José San Martín, habían iniciado en el otoño de 1980 unas pequeñas conversaciones de no más de dos o tres coroneles, que el 23-F no habían alcanzado ningún nivel ni desarrollo conspirativo y ni mucho menos operativo.

Alfonso Armada también coincidiría con Pardo y sería mucho más preciso al afirmar que él jamás tuvo conocimiento de reuniones conspirativas de generales y mucho menos de preparativos de golpe. Sin embargo, los rumores insistentes de golpe serían muy útiles para que el CESID pudiera articular y desarrollar su operación especial. Con la difusión interesada de tales especies, se metía el miedo en el cuerpo a la clase política y a los nacionalistas, a fin de que aceptaran sin resistencia y de buena gana el gobierno de concentración como la mejor de las soluciones posibles. Fórmula que estaba perfectamente descrita en la «operación mixta cívico militar» del documento ya citado, y que analizaré en el capítulo X.

Al rey, lo que le interesaba por encima de todo era tener cerca al Ejército. Sabía que ante cualquier giro o complicación política, era su paraguas de protección, su más firme bastón de apoyo y su último recurso para mantener el equilibrio de la corona y de su propia persona. De ahí que buscara siempre el contacto directo con sus soldados para conservar viva su lealtad. Y refrendarla. Los necesitaba por encima de todo y los animaba y jaleaba para que se mantuvieran atentos y vigilantes. En diciembre de 1979, recibió en audiencia en Zarzuela a los jefes de la División Acorazada, quienes le iban a imponer el nuevo modelo de gorra carrista. El discurso de Torres Rojas fue incendiario, pero declamado en tono de oración. El jefe de la Acorazada habló del terrorismo, de la alevosa traición que por los cobardes atentados sufrían muchos españoles y compañeros de armas, y de lo dispuesta que estaba toda la división a regar con su sangre el mantenimiento de la unidad de España, su independencia y el orden constitucional. Terminado el acto y roto el protocolo, el rey fue a abrazar a Torres Rojas y a todo el grupo de jefes y mandos que se habían arremolinado, les dijo en su tono habitual, locuaz y espontáneo: «Sí, pero tenéis que salir con el cuchillo entre los dientes». Un mes después, Torres Rojas sería cesado por Mellado y Sahagún al hacerse pública la patraña inventada de la trama golpista de la Acorazada y los paracaidistas.

En los primeros días de mayo de 1980, el rey concedió una audiencia a Milans del Bosch. El capitán general de Valencia se quejaba de que otros muchos jefes menos antiguos habían sido ya recibidos y él seguía a la espera. El anuncio de la audiencia llegó al gobierno, que mostraría su inquietud y preocupación. Todavía estaban calientes los rescoldos de las declaraciones de Milans en ABC de finales de septiembre de 1979, que habían erizado la espalda del gobierno. Rodríguez Sahagún solicitó a Zarzuela que le informara del resultado de la entrevista. En la audiencia, de más de una hora de duración, Milans transmitiría al rey su enorme preocupación por el grave deterioro de la situación nacional. El gobierno llevaba a la quiebra a España, mostrándose muy duro contra el peligro nacionalista, las autonomías y la debilidad de Suárez para contener la inflación y el paro. La falta de autoridad y la pusilanimidad gubernamental en todos los asuntos eran pavorosas.

Milans presentó al rey un panorama deprimente, pero inferior a la crítica abierta que desde todos los ámbitos políticos cercaba ya a Suárez y a su gobierno. Le aseguró al monarca que tanto el Ejército como él mismo, estarían siempre a las órdenes del rey para garantizar la unidad de España y la permanencia de la corona. Y el rey, corroborando todo lo que había oído, le afirmaría en tono enérgico que él también estaba muy preocupado. Criticó duramente al presidente, porque éste ya no escuchaba a nadie. Se había distanciado de Zarzuela, encerrándose en Moncloa, sin querer presentar la dimisión. Concluida la audiencia, Rodríguez Sahagún le preguntó a Sabino cómo había ido la conversación y el secretario transmitió al rey el deseo del ministro de Defensa. «¿Que qué me ha planteado Milans? Querrás decir que qué es lo que le he dicho yo. Imagínate cómo se habrá marchado de contento, que me he adelantado yo a decirle todo lo que él tenía pensado decirme. Así que ha salido satisfechísimo.»[19]

A mediados de noviembre de 1980, don Juan Carlos recibió en audiencia privada a Jesús González del Yerro. El capitán general de Canarias y jefe del Mando Unificado del archipiélago era, junto a Milans del Bosch, el general más carismático del Ejército. El rey, en tan difíciles momentos, le transmitió sus preocupaciones y su deseo de buscar una salida con un nuevo gobierno, porque con Suárez ya no se podía seguir adelante. González del Yerro le señaló que desde Canarias observaba un enorme pesimismo y un gravísimo deterioro político. El cuadro era ya ritual y general: más de lo mismo; el ataque terrorista, el riesgo de disgregación de la patria y lo mal que marchaba la economía. Lo que hacía imprescindible un cambio urgente. Y para ello, el capitán general de Canarias estaba, como todos los demás, a las órdenes de su majestad.

Del Yerro ya había desempeñado cargos políticos durante el franquismo. El monarca le animó a seguir vigilante y atento, porque «ante los acontecimientos futuros que se esperan no se puede bajar la guardia». Don Juan Carlos también contaba con él. Precisamente, desde hacía un tiempo, el capitán general venía promoviendo homenajes a la bandera y a las fuerzas armadas por todas las poblaciones del archipiélago. Para González del Yerro estaba llegando el momento de pedir a las poblaciones peninsulares que «rompan su inhibición suicida, que manifiesten con claridad su fe en España… ante el resultado nefasto de taifas y divisiones». El capitán general de Canarias sería el único que se desmarcaría de la operación del 23-F porque el elegido había sido el general Armada y no él.

VI.
LA LEGALIZACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA: EL MOMENTO MÁS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN

En la tarde y la noche del 23-F, el rey Juan Carlos sabía bien que su estabilidad se basaba fundamentalmente en que el Ejército cerrara filas en torno a él y a la monarquía. Eso fue algo que iría constatando a lo largo del tiempo. Antes de su coronación, logró frenar el intento de su padre, el infante don Juan, de lanzar un tercer manifiesto, que en aquella ocasión iba dirigido contra él. El padre contra el hijo. Para ello, envió a París una comisión militar encabezada por el general Díez Alegría, que convenció a don Juan con el argumento de que el Ejército apoyaba y respaldaba plenamente a su hijo en el restablecimiento de la monarquía. También lo pudo comprobar durante todo el proceso de la transición y, muy especialmente, a lo largo de la jornada del 23-F. La corona se la había dado Franco, pero su afianzamiento en el trono había sido cosa de las fuerzas armadas. De ahí que le insistiera a Suárez en que debía ganarse a los militares en el proceso de reformas. Y el presidente, muy hábil, se los ganó durante siete meses.

Sin embargo, la legalización del Partido Comunista marcaría el punto de inflexión en las relaciones entre Suárez y las fuerzas armadas. Fue una decisión personal de Suárez. Pero acordada previamente con el rey. En el secreto estuvieron muy pocas personas: Gutiérrez Mellado, Martín Villa, Calvo Sotelo, Alfonso Osorio, Sabino Fernández Campo… alguno de ellos lo sabría prácticamente la víspera. Para el resto de la nomenclatura del sistema y la sociedad en general, la sorpresa fue completa. Especialmente para las fuerzas armadas, en las que cayó como un auténtico bombazo.

La violación de la palabra de honor dada por el presidente a los altos mandos militares meses atrás, hizo que en el Ejército la convulsión fuese total. Hubo reuniones oficiales, no clandestinas, al más alto nivel castrense, donde se escucharían bien altas y sonoras las palabras engaño y traición. El ejército era partidario de «exigir» al ejecutivo y de pedir la dimisión inmediata de los ministros militares. Que salieran del gobierno. Por vez primera —y última— se llegó a hablar de intervención militar desde dentro de la milicia. El Ejército llegó a plantearse en términos estrictos sublevarse. No fue una iniciativa de una parte, de unos pocos soldados ultras apegados a la nostalgia franquista. Fue la voluntad de todo el colectivo militar. El sentimiento de rebelión fue general. Insisto en que no sería la voz altisonante de una milicia de marginales trasnochados franquistas, sino la de aquellos a quienes se definía como liberales, progresistas, demócratas, asépticos profesionales y hombres del rey. Fue la valoración de todo un colectivo, sin fisuras, con un peso específico de poder más que notable.

Aquel Ejército de España que ya no era el de Franco, que era el del rey, al que arropaba en una unidad total, seguía siendo, no obstante, el de la victoria, que para ellos lo había sido sobre el comunismo en una espantosa y cruenta guerra civil. Así se había ido pasando a las nuevas generaciones de jóvenes oficiales; y entre otras, a la de comandantes y capitanes de la Academia General Militar de la promoción del rey. Durante una de las muchas decenas de conversaciones que he mantenido con el general Armada a lo largo de los últimos veinticinco años, me enjuició así aquel momento:

Había dos grupos, los que hicimos la guerra y los que se incorporaron a la milicia después. Los primeros estábamos en el puesto más alto del escalafón. Éramos conscientes de la situación pero más tranquilos. Los jóvenes eran quienes más nos apretaban, empujaban y exigían. Estaban, como nosotros, en contra de los atentados que golpeaban a las Fuerzas Armadas y a todos los sectores sociales, pero lo exteriorizaban más. Había una honda preocupación por los estatutos de autonomía y el desarrollo de la España de las autonomías. Y un tercer elemento que supuso el divorcio entre el Ejército y el Gobierno, personalizado en las figuras de Suárez y Gutiérrez Mellado fue la legalización del Partido Comunista. Fue un engaño y una traición a la palabra dada. El signo político de aquellos años de transición evidenciaba que se trataba mejor a quienes habían perdido la guerra.[20]

Qué duda cabe de que en la perspectiva del tiempo, la legalización del Partido Comunista llegaría a ser el mayor acierto político de Suárez y del rey Juan Carlos. Santiago Carrillo y el PCE, en su línea eurocomunista, contribuyeron positivamente a la pacificación política durante la transición. Sin el revanchismo ni las reivindicaciones radicales mantenidas durante el exilio. En ese aspecto, sería más extrema la actitud del PSOE con el mantenimiento de su línea dogmática marxista y de su voto particular sobre la opción republicana, que pertinazmente mantendría durante la elaboración de la Constitución a modo de amago. Si Suárez y el rey valoraron que la convocatoria de las primeras elecciones libres y democráticas reclamaba la presencia de todas las formaciones políticas, incluido el Partido Comunista, fue un error de magro calado por parte del presidente no haber prevenido antes al Ejército y haber intentado contar con su comprensión. De la misma forma en que les había explicado el alcance de la reforma y comprometido su palabra de que no se legalizaría a los comunistas, bien pudo, si las circunstancias así lo exigían, haberlos vuelto a reunir para exponerles que la situación había cambiado, que la transición hacia la democracia exigía la legalización de los comunistas por las particularidades de nuestra reciente historia. O por el compromiso personal adquirido por don Juan Carlos, siendo príncipe, con el viejo líder comunista Santiago Carrillo. Lo más seguro es que también lo hubieran aceptado; por disciplina y por mandato del rey, aunque no les gustara y estuvieran en contra. Pero por la forma en que se hizo fue todo un trágala que jamás perdonarían a Suárez y a Gutiérrez Mellado.

El Ejército no se irritó por el hecho de la legalización en sí, sino por el engaño que supuso la violación de una promesa. Cayó como una felonía que desenganchó a los militares del proceso de la transición. Su inquina la centraron en Suárez y Gutiérrez Mellado. El primero pasó a ser un tramposo sin crédito alguno; al segundo, lo apearon del empleo de teniente general y se quedó con el de «señor Gutiérrez». Al vicepresidente, muchos generales le retirarían el saludo. Ni siquiera se le pondrían en adelante al teléfono. Mellado trataría de justificarse posteriormente asegurando que habló con los ministros militares. No fue cierto. Por soberbia, desoyó las recomendaciones que en ese sentido le hicieron otros miembros del ejecutivo argumentado que «ése es un asunto mío», «yo me ocuparé de él». Pero no lo hizo.

Sin embargo, la responsabilidad fue del presidente. Incluso, varios miembros de su familia le retirarían el saludo. Y hasta le negarían ostensiblemente la paz en misa. En las conversaciones que don Juan Carlos mantuvo con José Luis de Vilallonga para su libro de recuerdos, el monarca le confesaría que se puede confiar en el Ejército si se juega limpio con él: «He pasado buena parte de mi tiempo intentando eliminar las eternas sospechas que levanta el ejército entre los políticos. Tanto más cuanto que son sospechas sin fundamento real. Yo, que los conozco bien, sé que se puede tener confianza en los militares, a condición, naturalmente, de jugar limpio con ellos.»[21]

Para la historia de la transición, la fecha de la inscripción del Partido Comunista será recordada como el Sábado Santo Rojo. La detención convenida de Carrillo en las Navidades de 1976, y la matanza de Atocha —preparada e inducida muy posiblemente por elementos de los servicios de inteligencia y policiales, o de servicios parapoliciales—, serían dos hechos que acelerarían el proceso de la legalización de los comunistas. Aprobada la reforma política, el gobierno dispuso la cita electoral y abrió la ventanilla para la inscripción partidaria. En aluvión se recibió una auténtica lluvia de siglas. La sopa de letras. También el Partido Comunista presentó en febrero sus estatutos en el ministerio del Interior para ser inscrito y reconocido. Pero su caso era singular. Una cuestión política y de tiempo, enviándose sus estatutos al Tribunal Supremo para que éste decidiera. La última reforma aprobada del Código Penal precisaba que no se inscribirían las formaciones políticas de obediencia internacional que pretendieran instaurar un régimen totalitario. Una redacción eufemística bastante sospechosa, que en su espíritu parecía dejar un portón abierto a una pronta legalización de los comunistas. Ni siquiera en la época de Stalin el PCUS se definía bajo esos principios. Era un partido «demócrata».

En el fondo, el asunto estaba pactado. Suárez fue jugando sus cartas con habilidad. El compromiso era favorecer un Partido Socialista fuerte. Así, concedería ipso facto la legalización del PSOE-renovado de Felipe González, al tiempo que bloqueaba temporalmente al PSOE-sector histórico, devolviéndole la documentación para que modificase sus estatutos. A cambio, González ya se había comprometido a deslindar su suerte de la del PCE. «No vamos a hacer toda nuestra lucha en función de la legalidad del Partido Comunista», afirmaría en la jornada inaugural del XXVII Congreso. La legalización del PCE no fue una imposición exterior. Al contrario. Naciones tan democráticas como los Estados Unidos y Alemania Federal tenían a los comunistas fuera de la ley. Y se trataba de países que en mayor y menor grado estaban tutelando la transición española. Abiertamente, la administración Ford-Kissinger no deseaba en absoluto que se les legalizase.

Lo que por entonces se desconocía era que en el verano de 1974 el príncipe Juan Carlos, Jefe de Estado en funciones por la primera enfermedad —tromboflebitis— de Franco, había tenido un primer contacto indirecto con Santiago Carrillo en París. En sus memorias, el viejo agitador revolucionario stalinista, devenido eurocomunista en los años setenta, describe el encuentro celebrado en el restaurante Le Vert Galant, cerca de Notre Dame, con José Mario Armero y Nicolás Franco Pascual de Pobil. La sorpresa de Carrillo fue mayúscula cuando se encontró ante el sobrino carnal del Caudillo, quien no le revelaría que estaba realizando una encuesta entre representantes de todos los sectores políticos para conocer su opinión sobre la monarquía y su papel futuro. Y quería saber lo que pensaba el líder comunista.

Carrillo le respondió que la muerte de Franco debía ser el fin de la dictadura. Nada de continuismo. La ruptura con el pasado debía dar paso a un sistema basado en el sufragio universal, libertad sindical, de partidos y amnistía política. El asunto de la monarquía debía ser resuelto posteriormente, en votación popular, aceptando la decisión de la mayoría. Aunque naturalmente el Partido Comunista se inclinaba por la república, para ellos la alternativa no estaba entre monarquía o república, sino entre democracia y dictadura. «En aquel momento, señala Carrillo, el señor Franco Pascual de Pobil no me dio ninguna pista sobre a quién representaba. Sólo tres años después, en ocasión de un encuentro que tuvimos en España, me aclaró que su visita respondía a una encuesta que le había encargado el entonces príncipe Juan Carlos entre dirigentes de la oposición democrática.»[22]

Posteriormente hubo un segundo contacto mucho más directo y con comunicados cruzados. A los pocos meses de ser coronado don Juan Carlos, éste envió a su embajador especial Manolo Prado a Bucarest a entrevistarse con Ceaucescu para que le hiciera llegar un mensaje a su correligionario Carrillo. En el interior de España, las bases comunistas desarrollaban una eficaz campaña de agitación callejera en contra de la monarquía y de la figura del rey, al que se reputaba una línea continuista de la dictadura. Por su parte, el líder comunista se prodigaba en declaraciones en medios extranjeros contra la joven figura de don Juan Carlos, que tenían su impacto entre los reformistas del régimen y en los grupos de la oposición moderada con los que se contaba para encarar la reforma del sistema. El rey tenía muy presentes los antecedentes históricos del descabalgamiento de su abuelo Alfonso XIII por el empuje de los partidos de izquierda y de la burguesía republicana, y por la pasividad de los sectores monárquicos. La restauración o instauración había costado un paréntesis de casi 45 años y su objetivo era consolidar la corona, no sobre el apoyo de la derecha ni de los monárquicos, que no existían, sino con la aceptación de los partidos de izquierda. Especialmente del Partido Comunista, el más activo y beligerante, con su líder Carrillo como máximo espoleador. Éste le aseguraba a la periodista italiana Oriana Fallaci que el reinado de Juan Carlos sería muy corto entre duros ataques, insultos y descalificaciones hacia el joven monarca.

«¿Qué posibilidades tiene Juan Carlos? Todo lo más ser rey por algunos meses. Si hubiera roto a tiempo con Franco, habría podido encontrar una base de apoyo. Ahora no tiene nada y le desprecian todos. Yo preferiría que hiciese las maletas y se fuese con su padre diciendo: “Devuelvo la monarquía al pueblo”. Si no lo hace, terminará muy mal… Para el hombre de la calle el único heredero legítimo de Alfonso XIII es el conde de Barcelona. Al reemplazar a éste, Juan Carlos traiciona a su padre. Y en España, y sobre todo para el hombre de la calle, quien traiciona a su padre, incluso por una corona, no puede gozar de la menor credibilidad de parte de sus compatriotas.»

Con independencia de que Carrillo no fuera el más indicado para enjuiciar las relaciones entre padre e hijo, pues en la memoria está su repugnante actitud hacia su padre, Wenceslao, poco antes del colapso total republicano en la Guerra Civil, el dictador rumano recibió a Prado con máximo recelo, como si de un superespía se tratara. Pero el embajador real conseguiría transmitir el mensaje: había que decirle a Carrillo de parte del rey que el Partido Comunista tenía que tener paciencia. La reforma del sistema político franquista se iba a hacer de inmediato, y para ello sería muy importante evitar todo intento por desestabilizar la convivencia nacional. El rey tenía la firme voluntad de que una vez establecida la democracia, el Partido Comunista fuese legal. Quizás en un período de dos años. Cuando Ceaucescu transmitió a Santiago Carrillo el contenido de la propuesta real, su respuesta no se hizo esperar: «Teníamos que ser legalizados al mismo tiempo que los demás y no después».

El asunto de la posible legalización del Partido Comunista ya había arrancado algunos chispazos durante la breve gestión gubernamental de Arias Navarro. En este caso, el malestar surgiría a cuenta del entonces poderoso ministro y vicepresidente Manuel Fraga Iribarne, quien durante unas jornadas de pesca en junio del 76 le filtraría al corresponsal del New York Times, Cyrus Sulzberger, que había que ir pensando en que algún día, quizá después de las primeras elecciones, el Partido Comunista de España tendría que ser legalizado. El barullo fue fenomenal. Los cuatro ministros militares, De Santiago, Álvarez-Arenas, Franco Iribarnegaray y Pita da Veiga, se dirigieron indignados al presidente exigiendo una rectificación del ministro del Interior, al tiempo que mostraron su considerable disgusto al rey. Fraga se negó a realizar rectificación alguna. Y Suárez, ay, circunstancias de la vida y seguramente del cargo —entonces estaba al frente de los últimos jirones del Movimiento—, llamó a Pita da Veiga para solidarizarse con la actitud que habían tomado los compañeros de armas por su gesto patriótico: «Las declaraciones de Fraga —le aseguró— sobre la posibilidad de legalizar a los comunistas son absolutamente intolerables».

La tutela que Estados Unidos ejercía implícitamente sobre el proceso de la transición española también haría que la administración Ford se pronunciara al respecto. El secretario de Estado Kissinger no era nada partidario de que los comunistas entraran en el proceso democrático inmediatamente. Había que darles largas o, incluso, no legalizarlos nunca, como en la República Federal de Alemania y ni que decir en la propia Norteamérica. A su juicio, la presencia de los comunistas «podría no ser compatible con la tranquilidad de España». Así se manifestaba ante sus colegas europeos y de la Alianza Atlántica, en cuyo seno se alzaban algunas voces partidarias de incluirlos cuanto antes, porque pensaban que para la credibilidad del establecimiento de la democracia en España era una condición sine qua non. De ahí que en junio de 1976 Kissinger le dijera con toda franqueza a José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno Arias, que «no vamos a decir nada si ustedes se empeñan en legalizar el Partido Comunista, pero tampoco les vamos a poner mala cara si lo dejan ustedes sin legalizar unos años más».

En diciembre del 76, el rey envío a Washington a Manolo Prado y Colón de Carvajal, quien entre sus poliédricas misiones no se encargaba sólo de llevar felizmente las finanzas reales. Prado fue con el encargo personal del rey de obtener igualmente el «placet» para la legalización del Partido Comunista. Kissinger volvería a mostrar sus conocidas reservas y reticencias. Pero no impondría su negativa, dejándolo en manos de la última decisión del rey Juan Carlos y del presidente Suárez. «Como secretario de Estado —le insistiría a Prado— debo decirle que desde nuestro punto de vista la situación legal del Partido Comunista es un asunto español. No somos nosotros quienes debemos decidirlo, ni podemos manifestarnos al respecto. Pero hablando como politólogo, en mi opinión, cuanto más pueda desarrollarse el sistema internamente antes de introducir ciertos cambios, mejor estarán. Dejen que el sistema se estabilice por sí solo. No creo que necesiten al Partido Comunista para hacerlo. Si yo fuese el rey, no lo haría. Demostrarían su fortaleza al no hacerlo. Tendrán un espectro político y de opinión totalmente normal sin ellos. La izquierda chillará, pero chillará de todas formas.»[23]

La llegada de Jimmy Carter a la Casa Blanca en enero de 1977 iba a modificar la postura de la administración norteamericana al respecto. Los nuevos aires de la administración demócrata sostenían ahora que Kissinger había exagerado interesadamente la amenaza comunista en la Europa Occidental. El nuevo secretario de Estado, Cyrus Vance, no veía tan amenazadora la presencia eurocomunista en España. Su posición, más abierta y pragmática, daría vía libre a la legalización de los comunistas.

A finales de febrero de 1977, Suárez ya había tomado la firme decisión de entrevistarse personalmente con Carrillo. Hasta ese momento había ido dando instrucciones al abogado José Mario Armero, quien se había entrevistado en varias ocasiones con Carrillo y alguno de sus colaboradores más cercanos. Pero ahora pensaba que la situación exigía que él tomase directamente las riendas del asunto en sus manos. Para ello, había despachado la cuestión con el rey, que naturalmente estaba de acuerdo. Y confidencialmente había puesto sobre aviso a algunos ministros y altas personalidades del Estado. Su vicepresidente civil Osorio sería uno de los más reticentes, aconsejando a Suárez que no pactara unilateralmente la legalización del PCE.

Previamente, debía conseguir que Carrillo aceptara la resolución del Tribunal Supremo. Suárez, en principio, se mostraría conforme. Fernández Miranda, su mentor ya por poco tiempo, se sobrecogería sobremanera. Estaba convencido de que el presidente iba a cometer un disparate. Si ese encuentro trascendiera, sus consecuencias serían gravísimas para el gobierno y para la corona. El momento era de una relativa tranquilidad después de la matanza de Atocha, y de que dos semanas atrás hubieran sido liberados de los GRAPO, en una brillante operación policial, el general Emilio Villaescusa y Antonio María de Oriol. Esta fracción comunista-terrorista de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, había secuestrado a Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado y miembro del Consejo del Reino, a mediados de diciembre de 1976, y al teniente general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, a finales de enero de aquel año de 1977.

El domingo 27 de febrero, Carrillo y Suárez se fundieron en un cordial abrazo en Villa Ana, la residencia del abogado Armero, situada en la localidad madrileña de Aravaca. Armero había recogido en su coche al presidente en el complejo de la Moncloa, en tanto que Ana, su mujer, había hecho lo propio con el dirigente comunista. A lo largo de seis horas, cena incluida, Suárez y Carrillo hablaron sin reservas de todas las grandes cuestiones políticas. El propósito del presidente era convocar elecciones generales hacia la mitad de junio. Serían las primeras democráticas después de 41 años. Y su propósito era conseguir que el Partido Comunista participase también en el proceso electoral. El momento oportuno para legalizar el partido lo escogería él. A cambio, el PCE tenía que declarar públicamente que aceptaba la monarquía, la unidad de España y la bandera.

Carrillo le dijo que sí a todo, obteniendo permiso gubernamental para celebrar en los siguientes días una cumbre euromediterránea en Madrid, a la que asistirían Georges Marchais y Enrico Berlinguer, líderes de los partidos comunistas de Francia e Italia, respectivamente. Así de fácil fue aquel encuentro entre Suárez y Carrillo, quienes luego se entenderían a la perfección, hasta incluso llegar al compromiso de hacer un gobierno de coalición en los peores momentos de la descomposición de UCD y del nirvana autista del presidente. De hecho, aquel encuentro pondría también el sello a la ruptura pactada. El 1 de abril, fecha conmemorativa del triunfo absoluto de las armas de Franco en la Guerra Civil, el Consejo de Ministros aprobó por decreto ley la desaparición de la Secretaría General del Movimiento, la cáscara ya vacía de la estructura política del franquismo, que, sin embargo, serviría a Suárez para organizar territorialmente el collage de la naciente UCD.

La inhibición del Tribunal Supremo respecto de la inscripción del Partido Comunista, devolvería al gobierno esa patata caliente para que fuera él quien tomase la decisión de su legalización. El lunes 4 de abril de 1977, se inició la Semana Santa con la salida de millones de españoles hacia los lugares de descanso escogidos. Ese día, Suárez planteó a parte de su equipo de colaboradores más estrechos la inmediata legalización del Partido Comunista. Estaban presentes Martín Villa, Landelino Lavilla, Alfonso Osorio, el general Gutiérrez Mellado e Ignacio García, que seguía siendo el ministro del Movimiento ya sin movimiento. Al vicepresidente Alfonso Osorio le preocupaba profundamente la reacción que pudieran tener los militares ante la medida: «Cuidado, no nos juguemos la corona». Oír eso no le gustaba nada al presidente. Gutiérrez Mellado trataba de tranquilizar a todos asegurándoles que no se debían de preocupar tanto por el Ejército. Ése era su ámbito y podían estar tranquilos. Él sabría como manejarlo. Por la noche, Suárez telefoneó a Osorio para informarle que Mellado ya había hablado con los jefes de Estado Mayor. Todos comprendían la decisión política, aseguraba.

Al día siguiente, el presidente volvería a insistirle en que Mellado había informado a los ministros militares y de nuevo a los jefes de Estado Mayor. La decisión no les gustaba, aunque la aceptarían por inevitable. El Sábado Santo, 9 de abril, Suárez tenía en su despacho un dictamen favorable de la junta de fiscales del Tribunal Supremo. Y sin pérdida de tiempo le ordenó a Martín Villa, ministro del Interior, que inscribiera al Partido Comunista en el registro de partidos. La televisión y las emisoras de radio informaron de inmediato. Los periódicos lo harían a toda plana al día siguiente, domingo. La sorpresa fue general. Y Suárez siguió asegurando a Osorio y a los demás, incluido el rey, de que el «Ejército va a estar tranquilo».

Aquel deseo de tranquilidad se tornaría de hecho en una situación explosiva. Las fuerzas armadas estallaron, llenas de indignación, desatando unos durísimos ataques contra Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado. La cadena de mando militar no había sido advertida, ni avisada, ni prevenida, ni informada ni, mucho menos, consultada con antelación. Y no se trataba de los sectores castrenses más ultras, como se ha venido manteniendo, sino de todo el colectivo castrense. El rey, por su testimonio a su biógrafo Vilallonga, asegura que le dijo a Suárez: «Tenemos que obrar sin herir la susceptibilidad de los militares. No tenemos que darles la impresión de que maniobramos a sus espaldas».[24] Suárez le reafirmó por tres veces a Osorio que Mellado había hablado con los ministros militares y con los jefes de Estado Mayor. Y éste pontificó que la parcela militar era asunto suyo y que ya estaba arreglado.

Después Mellado insistiría en diversas declaraciones, sobre todo tras el 23-F, en que había hablado con los militares informándoles de que el presidente estaría en su despacho para aclararles los motivos. No era cierto. Los ministros de uniforme y los altos mandos desmentirían uno a uno haber sido informados o avisados. La milicia se enteró por la radio y la televisión. ¿Por qué se hizo así? Seguramente porque Suárez prefirió asumir el riesgo de enfrentarse con la irritación militar —tras la reunión de septiembre del 76, enfatizaba que los tenía en el bote—, a verse engatillado entre dos fuegos si éstos se negaban en firme. Con ello, nunca estuvo más cerca la transición de una asonada militar. El engaño los llenó de cólera y el rey tuvo que actuar de apagafuegos para serenarlos. Y prácticamente sin hacer nada. Únicamente porque Franco le había puesto en el trono y había pedido a aquellos soldados que cerraran filas en torno a don Juan Carlos. Por nada más. Tenía toda la razón Santiago Carrillo cuando le afirmó a Tom Burns Marañón que «la autoridad que tenía el rey sobre los militares que podían sublevarse no se la daba al rey el hecho de ser constitucional, sino el hecho de haber sido puesto por Franco».[25]

Los tres ministros militares regresaron a Madrid de inmediato y tomaron la decisión de salir del gobierno, de presentar su dimisión. El rey decidió atajar la delicadísima situación que se avecinaba, citando a despacho a los tres ministros. El general Franco Iribarnegaray, titular del ministerio del Aire, fue convocado a Zarzuela a una audiencia urgente el lunes 11 por la mañana. El rey conseguiría convencerle de que no presentara la dimisión para no abrir una grave crisis institucional. El ministro acataría disciplinadamente la petición real y no convocaría siquiera el Consejo Superior Aeronaútico. El ministro de Tierra, Álvarez-Arenas, también despacharía con el rey a continuación. Pero en esta ocasión, la reunión sería tensa y emocional. No obstante, don Juan Carlos conseguiría que no presentara su dimisión, pero no pudo frenar la convocatoria para el día siguiente del Consejo Superior del Ejército, aunque sí que el ministro se pusiera inesperada y oportunamente «enfermo» para no asistir al consejo, no fuera que los generales en bloque le forzaran a que dimitiera en aquel acto.

El almirante Gabriel Pita da Veiga, ministro de Marina, sería el único que se mantendría firme. El rey no consiguió que se retractara. En la memoria de los marinos se mantenía vivo el asesinato de la mayor parte de los jefes y oficiales al inicio de la Guerra Civil. Pita da Veiga, arropado por todos los mandos de la Armada, escribiría una durísima carta a Suárez presentándole su dimisión irrevocable y anunciándole que la repulsa era tan general, que ningún jefe en activo de marina se prestaría voluntariamente a sustituirlo. Curiosamente, el almirante Pita tenía un perfil liberal en los ambientes políticos y periodísticos. Suárez y Mellado comprobaron que lo afirmado por Pita era cierto: nadie en la Armada se prestaba a sustituirlo. Pero al cabo de numerosas consultas, conseguirían que el almirante Pascual Pery Junquera, que estaba en la reserva, se prestara a sustituir a Pita. Hacía algunos años que Pery y Pita estaban enfrentados.

En la reunión del Consejo Superior del Ejército del martes, día 12, se oyeron más que palabras de indignación. Ante la «oportuna» afección del ministro Álvarez-Arenas, presidió el consejo el general Vega. Todos los capitanes generales arremetieron sin recato contra Suárez y Mellado en intervenciones incendiarias. Hasta el insulto. La familia militar se sentía traicionada. Vega, que pasaba por ser de lo más liberal, tampoco se quedaría atrás. La quiebra de las relaciones entre el ejército y el gobierno era una realidad. Al día siguiente, el ministro, ya restablecido, también «oportunamente», tenía sobre la mesa de su despacho la minuta completa de lo tratado. Había que hacer una nota suavizando algo los términos para enviarla a toda la cadena de mando. El teniente coronel Federico Quintero, entonces en la secretaría militar, dictaría en presencia del ministro la nota oficial. En el momento en el que se estaba refiriendo a la reacción que el consejo superior deseaba que tuviera el gobierno, el general Vega Rodríguez, jefe del Estado Mayor, le interrumpiría para pedir que se cambiara la palabra «espera» por «exige». Concluida la redacción de la nota y con el visto bueno del ministro, se distribuirían más de 50.000 copias a todas las capitanías a través de una sección que se llamaba «acción psicológica». La nota original estaba expresada en los siguientes términos:

El Ministro del Ejército a todos los Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales:

En la tarde del pasado día 12 de abril, el Consejo Superior del Ejército, por convocatoria del Ministro del Departamento, y bajo la presidencia del Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército, por enfermedad de aquél, se reunió a efectos de considerar la legalización del Partido Comunista de España y el procedimiento administrativo seguido al efecto por el Ministerio de la Gobernación, según el cual se mantuvo sin información y marginado al Ministro del Ejército.

El Consejo Superior consideró que la legalización del Partido Comunista de España es un hecho consumado que admite disciplinadamente, pero consciente de su responsabilidad y sujeto al mandato de las leyes expresa la profunda y unánime repulsa del Ejército ante dicha legalización y acto administrativo llevado a efecto unilateralmente, dada la gran trascendencia política de tal decisión.

La legalización del Partido Comunista de España por sí misma, y las circunstancias políticas del momento, determinan la profunda preocupación del Consejo Superior, con relación a instancias tan fundamentales cuales son la Unidad de la Patria, el honor y respeto a su Bandera, la solidez y permanencia de la Corona y el prestigio y dignidad de las Fuerzas Armadas.

En este orden, el Consejo Superior exige que el Gobierno adopte, con firmeza y energía, todas cuantas disposiciones y medidas sean necesarias para garantizar los principios reseñados.

Vinculado a cualquier decisión que se adopte, en defensa de los valores trascendentes ya expuestos, el Ejército se compromete a, con todos los medios a su alcance, cumplir ardorosamente con sus deberes para con la Patria y la Corona.

Cuando el vicepresidente Gutiérrez Mellado tuvo el texto en sus manos, puso el grito en el cielo. Eso era algo más que indisciplina, ¡era rebelión! ¡Qué era eso de exigir al gobierno! De inmediato llamó a Álvarez-Arenas para ordenarle que no se distribuyera la nota. Había que redactar una nueva. Sin embargo, surgiría un problema añadido: el diario vespertino El Alcázar ya la había publicado en portada. Y por la amplia difusión que tenía por las salas de bandera el órgano de la asociación de los excombatientes, sería del todo absurdo redactar una nota diferente cuyo primer original ya se había difundido y publicado. No obstante, y en tanto el vicepresidente se las ingeniaba para intentar salir de tan grave apuro, obligaría al ministro a colar una morcilla esperpéntica en un baile de despropósitos:

Y todo ello dentro del mayor respeto y acatamiento a las decisiones de nuestro Gobierno, que no tiene otra mira que laborar incansablemente por el bien de la patria y con la más absoluta lealtad a la Corona, al tiempo que con la mayor consideración y afecto a las Fuerzas Armadas.

Con el fin de poder justificarse, Álvarez-Arenas, que era conocido entre la milicia por el sobrenombre de «¡mecachis, qué guapo soy!», organizaría de inmediato su particular caza de brujas cesando a varios jefes y responsables de su secretaría y de la oficina de prensa del ministerio, sobre quienes descargaría el imperdonable «desliz» de haber difundido una nota que en ese momento aseguraba que no era la autorizada, y rizando el rizo, elaboraría otra diferente en la que intentaría acoplar explicaciones absurdas. Así, dos días después de la primera nota oficial, aprobada y difundida con su beneplácito, pondría en circulación una segunda nota que sí sería del agrado del vicepresidente de la Defensa. En ésta, además de repetir la morcilla que se había pegado a la primera, se aseguraba que el Ejército mantenía su «obligación indeclinable de defender la integridad de las instituciones monárquicas» (¿?). La nota no aclaraba a qué «instituciones monárquicas» tenía la obligación el Ejército de defender en su integridad. Pero toda una gran y fenomenal ceremonia de la confusión estaba servida.

El Ministro del Ejército a todos los Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales:

Por una inadmisible ligereza de la Secretaría Militar de este Ministerio, se envió un documento dirigido a los Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales del Ejército exponiendo unos hechos que no corresponden a la realidad, con el peligro de producir gran confusión entre nuestros Cuadros de Mando.

Dicho documento no había obtenido mi aprobación ni la del Jefe del Estado Mayor del Ejército, pero su precipitada difusión no pudo ser totalmente evitada.

El documento que mereció mi aprobación fue del siguiente tenor:

Es de gran interés que llegue a conocimiento de todos los componentes profesionales del Ejército que, en relación con la legalización del Partido Comunista, no me fue posible informarles oportunamente de las razones y justificación de dicha legalización porque el documento justificativo llegó a mi poder el viernes, día 8, por la tarde y la legalización fue oficial el sábado, día 9.

En consecuencia, el Consejo Superior del Ejército fue convocado para la tarde del día 12 del corriente al objeto de informar a los Altos Mandos de dichas razones, que se justificaban con base en los más altos intereses nacionales en las circunstancias actuales, para que, a su vez, dichos Mandos transmitieran a sus subordinados las conclusiones del Consejo Superior, que se reproducen a continuación y que fueron objeto de una posterior nota oficial:

El Consejo Superior del Ejército acordó por unanimidad informar al Sr. Ministro de los siguientes extremos según el Acta levantada al efecto:

La legalización del Partido Comunista ha producido una repulsa general en todas las Unidades del Ejército.

No obstante, en consideración a intereses nacionales de orden superior, admite disciplinadamente el hecho consumado.

El Consejo considera debe informarse al Gobierno de que, el Ejército, unánimemente unido, considera obligación indeclinable defender la unidad de la Patria, su Bandera, la integridad de las Instituciones monárquicas y el buen nombre de las Fuerzas Armadas.

Para evitar cualquier confusión en relación con lo anterior, me interesa exponer que el acuerdo del Consejo fue unánime en la redacción de las conclusiones y que es un deber ineludible de todos nosotros hacer honor a lo que en las mismas se dice.

Así pues, quiero expresar mi seguridad de que todos cuantos orgullosamente pertenecemos al Ejército español, sabremos cumplir con nuestro deber de mantenernos disciplinadamente unidos, confiando plenamente en nuestros mandos, a las incondicionales órdenes de nuestro Rey y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, así como al servicio de España, dentro del mayor respeto y acatamiento a las órdenes de nuestro Gobierno, que no tiene otra mira que laborar incansablemente por el bien de la Patria y con la más absoluta lealtad a la Corona, al tiempo que con la mayor consideración y afecto para las Fuerzas Armadas.

A la vista de tan clamorosa bajada de pantalones ministerial y de tan baja dignidad personal, el Consejo Superior del Ejército redactaría una breve nota que enviaría directamente al rey y al presidente del gobierno.

Hacer llegar a S. M. El rey directamente el disgusto del Ejército y que su figura se está deteriorando a consecuencia de la actitud del Gobierno. (Dejaciones, permisividad, falta de autoridad, indecisión).

Hacer saber al Presidente del Gobierno:

La burla que para el Ejército ha supuesto su actitud en contra de lo que dijo a los tenientes generales de Tierra y Aire y almirantes de la Armada.

Que es inadmisible que por un «error administrativo» se tenga al ministro del Ejército en la ignorancia de una decisión trascendental.

Que el responsable de ese «error administrativo» salga del Gobierno.

Que garantice que la actuación del Partido Comunista, no interfiera en lo más mínimo a las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su misión.

Que se adopten las medidas para que por ningún medio se ataque: LA UNIDAD DE LA PATRIA, LA CORONA y a las FUERZAS ARMADAS, que éstas están dispuestas a defender con todos sus medios.

Pero no sería ésta del Consejo Superior del Ejército la única reunión que altos mandos militares celebrarían por la convulsión originada por la forma en que el gobierno había legalizado al PCE. La capitanía general de Madrid convocó otra, a la que asistieron todos los mandos de la I Región Militar. El encuentro, solicitado por el general Milans, jefe de la Acorazada, estuvo presidido por el capitán general de Madrid, teniente general Federico Gómez de Salazar (después sería el presidente del tribunal militar que en el último tramo juzgaría el 23-F). Milans hizo un análisis hipercrítico de cómo el gobierno había resuelto el asunto del PCE, arremetiendo contra Suárez por haber roto el compromiso de honor que había sellado con el Ejército. Según Milans, no se podía admitir a un presidente que carecía de honor. España, aseguraba, se estaba deslizando por la misma senda que en febrero de 1936 «nos condujo al alzamiento y a la Guerra Civil». Sus durísimas palabras serían corroboradas con mayor dureza aún por todos los demás intervinientes. Varias decenas de generales, coroneles, tenientes coroneles y comandantes atizarían aún más aquel estado de enfurecimiento general. Todos sin excepción censurarían al gobierno sin paliativos, con una especial virulencia y dureza contra Suárez y Mellado, desconocida hasta entonces. Los ministros militares tampoco se librarían de la sacudida.

El general Luis Rosón, destinado en los servicios de información y que pasaba por estar tocado de un aire más progresista y liberal, también intervino suscribiendo lo afirmado por Jaime Milans, pero achacó la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo a las mismas fuerzas armadas por no haber querido conducir la transición tras el asesinato del almirante Carrero Blanco. El plan que algunos militares barajaron poner en marcha entonces, partía de que el tránsito hacia la democracia, ineluctable bajo cualquier prisma ideológico, se hiciera bajo el control político de las fuerzas armadas. Para ello, el Ejército de la Victoria debería liquidar las secuelas de la Guerra Civil, hacer la reconciliación política (la social hacía años que estaba hecha) e insertar a España en un sistema democrático al estilo del Occidente europeo. El camino se debería hacer sin sobresaltos ni errores, y la corona, arropada por los militares, iniciaría una nueva restauración-instauración fortalecida. A tal fin, un grupo de generales, de probada lealtad a Franco, estaba promoviendo la figura del general Manuel Díez Alegría.

Desafortunadamente, la baza de la influencia política que doña Carmen jugó —alentada por un pequeño clan familiar— sobre un Caudillo decrépito, anciano y sin pulso vigoroso, haría que la designación del sucesor del almirante Carrero se inclinase sobre la persona de un timorato, amortecido y débil Arias Navarro, pese a sus ramalazos de soberbia. Después, Díez Alegría sería cesado por haberse entrevistado con Ceaucescu, pese a que contaba con el conocimiento y la autorización del propio Arias. Aquella encerrona daría al traste definitivamente con la operación. Los intentos posteriores, iniciados con el general Vega Rodríguez a la muerte de Franco, no pasarían de ser eso, tibios intentos.

La medida exposición del general Rosón concluiría con el llamamiento a que el aire de insurrección que se respiraba y pulsaba no pasase a la acción. Como así fue. Pero «aquel día el ejército pudo haberse levantado», le aseguraría años después el general Rosón a la periodista Victoria Prego.[26] En esa misma línea se manifestaría el general José Vega Rodríguez al criticar contundentemente la forma en la que Suárez llevó a cabo la legalización del PCE, y la manera en la que Mellado despreció a sus colegas de armas. El momento más delicado para las fuerzas armadas durante la transición y el cambio político: «Para mí, sin duda, el momento crítico fue la legalización del Partido Comunista. Efectivamente crítico, pero como ahí está y es inútil ignorarlo, pues hay que aceptarlo.»[27]

Los servicios de información militares redactarían una minuta completa sobre lo que se había dicho y acordado en la reunión de mandos de la capitanía de Madrid. La dureza de los términos expresados indicaba sin duda alguna que nunca se estuvo tan cerca de la revuelta militar. Fue un sentimiento unánime. Pese a que después se haya querido camuflar como algo residual de la ultrada castrense. El documento mostraba la repulsa total por la legalización del Partido Comunista, censuraba con fuerte indignación al presidente del gobierno por haber engañado al ejército, exponía su absoluta desconfianza al gobierno, al que reputaba de débil, y a los altos cargos y mandos militares; es decir, los tres ministros militares y los capitanes generales. Bajo la sensación de fraude que vivían, el colectivo castrense se preguntaba: «¿qué hacen nuestros ministros y nuestros capitanes generales?». Evidenciando la inseguridad de hacia dónde se quería ir, se preguntaban por cuáles debían ser los valores morales que el ejército debía defender. Temían que el rey se involucrara en acciones concretas de gobierno que pudieran mermar su crédito. Y como remedio, pedían que el alto mando hiciera una declaración clara de cuál debía ser la posición del ejército, exigiendo una declaración pública del Partido Comunista sobre la unidad, la corona y las fuerzas armadas, exigiendo igualmente unos medios de comunicación responsables, para concluir solicitando la dimisión de todos los ministros militares —incluido Gutiérrez Mellado—, y que nadie del Ejército aceptase cubrir sus vacantes.[28]

La convulsión militar fue tan grave y generalizada que desde Zarzuela y Moncloa intentarían rebajar la efervescente crisis político-militar. El Ejército se mantuvo sumiso al rey por disciplina, pero su animosidad hacia Suárez y Mellado permanecería siempre latente. Por su lado, el gobierno le pidió a Carrillo que hiciera un gesto lo antes posible a fin de intentar tranquilizar las aguas revueltas de la milicia; en realidad, se le dijo al líder comunista que cumpliera con su parte del pacto. El 14 de abril, aniversario republicano, el Partido Comunista hizo pública su aceptación de la unidad de España, la monarquía y la bandera. Una gran enseña rojigualda, colocada detrás de varios miembros del comité central, ratificaba las declaraciones de Carrillo, que, sin embargo, serían recibidas con asombro e incredulidad por el comité central y la militancia del partido. Por parte de la derecha, Fraga aprovecharía el viaje de regreso a Madrid junto a Calvo Sotelo, después de haber pasado ambos unos días de descanso en Galicia, para descargarse a gusto contra aquella legalización. Sin duda, en aquel momento no le vinieron a la memoria a Fraga sus propias declaraciones de un año atrás, cuando era precisamente él quien había hablado primero de la legalización del PCE. Calvo Sotelo recordaría en sus memorias lo que le soltó el líder aliancista:

Habéis contraído una gravísima responsabilidad legalizando el Partido Comunista. La Historia os pedirá cuentas… Con una desgraciada decisión administrativa, habéis hecho retroceder 40 años la historia, habéis arruinado la pacificación de España, habéis provocado al Ejército, habéis abierto a la incertidumbre el futuro de nuestros hijos.[29]

Calvo Sotelo apuntaría también en sus memorias que unos días después coincidió con el general Armada en Zarzuela durante la toma de posesión del almirante Pery como nuevo ministro de Marina. Tras el acto, discutirían vivamente sobre el alcance del descontento militar. El secretario de la Casa del Rey le expresaría así su irritación: «¡No hay nada tan grave como subestimar la gravedad misma de los hechos! Me estremece la poca información que tenéis. Se puede hacer cualquier cosa con las bayonetas menos sentarse encima. Del Gobierno será la responsabilidad de lo que suceda.» Esas palabras no fueron del agrado del ministro y ordenó al general que se cuadrase. Armada pegó un taconazo y le pidió disculpas, retirándose, según Calvo Sotelo.[30] A los pocos días, Armada volvería a tener otra discusión con Suárez en Zarzuela, en presencia del rey, a cuenta de cómo había caído en los cuarteles la legalización de los comunistas. Así es como lo recordaba:

La forma como se llevó a cabo la legalización del Partido Comunista abrió una profunda grieta y una grave crisis institucional. Cuando el presidente por sorpresa para todos decidió su inscripción, talló un serio divorcio entre el Ejército y Suárez y Gutiérrez Mellado. Para paliar el asunto, Suárez preparó un informe elaborado desde el Estado Mayor que dirigía el general Vega. El Rey llamó a despacho al presidente el domingo siguiente al del sábado rojo. Su Majestad me pidió que estuviese presente para tratar la cuestión de la legalización del Partido Comunista. Suárez con el informe en la mano aseguró que la legalización había caído bien en el Ejército. Yo le interrumpí y le dije que eso no era así, que no sabía de dónde habría salido ese informe y cómo se había hecho, pero que la realidad era muy diferente. Delante de él, el Rey pidió mi opinión y que informara. Ya lo había hecho anteriormente. Insistí: La legalización había sido un engaño para las Fuerzas Armadas por la forma como se había llevado a cabo. Dije que el momento era delicadísimo. Suárez se mantuvo en su postura afirmando que no, que la operación se había hecho bien y que los militares estaban muy contentos, salvo el bastión ultra. Volví a reiterar que eso no era cierto y que se había hecho mal. Después el presidente se quedó a comer con el Rey en Palacio y yo me fui a almorzar al club de Puerta de Hierro. Cuando volví a la Zarzuela a las seis de la tarde, Suárez ya se había ido. Encontré al Rey muy serio y ya no me comentó nada. Luego supe que a solas Suárez había rogado al Rey que no se dejara convencer por lo que yo le decía. Pero el Rey se fiaba entonces totalmente de mí.[31]

Sabino Fernández Campo sería otro testigo relevante del momento. Desde hacía un año estaba designado para entrar en el círculo más exclusivo del rey. Le avalaba Armada y ambos eran íntimos amigos. Después tendría un papel esencial, en parte, en los sucesos del 23-F, que afectarían de por vida, ironías del destino, a su entrañable amigo Armada. Sabino había formado parte del equipo de colaboradores de Alfonso Osorio en Presidencia en el primer gobierno del monarca, y ahora estaba como subsecretario del ministerio de Información. El ex jefe de la Casa del Rey recordó con este autor, durante una de las decenas de conversaciones que ambos mantuvimos sobre la transición y sus casi diecisiete años de servicio en Zarzuela, que el vicepresidente Osorio aconsejó a Suárez que antes de resolver nada respecto a la legalización de los comunistas, volviera a reunir de nuevo a los jefes militares. Pero que el presidente no le hizo caso. «Las Fuerzas Armadas —me comentó Sabino— se llenaron de rencor hacia Suárez desde que les engañó al legalizar el Partido Comunista. Después de prometerles que no legalizaría a los comunistas en la macro reunión que tuvo en Presidencia del Gobierno el 8 de septiembre de 1976, debió de llamarlos personalmente cuando decidió lo contrario. El otro gran responsable fue Gutiérrez Mellado. Alfonso Osorio recomendó a Suárez que los llamara. También se lo comentó a Martín Villa. Éste hizo una gestión y le dijo: “Dice el Guti que de eso ya se encarga él”. Y no hizo nada.»[32]

La legalización del Partido Comunista fue el momento más delicado de la transición. El ejército se sintió engañado y traicionado por la palabra de honor que el presidente Suárez le había dado siete meses atrás. No cumplir esa palabra, no volver a reunirse con ellos para explicarles que la situación había cambiado, y que el momento político hacía necesario dar ese paso para estabilizar a la joven democracia española —si es que así lo creía o así lo había pactado el rey con Carrillo—, fue un gravísimo error político que desenganchó a prácticamente todo el colectivo militar del proceso de reformas. Y el menosprecio con el que Gutiérrez Mellado se comportó con sus colegas de armas, provocó que la irritación creciera en todos los estamentos militares hasta el punto de llegar casi al estado de rebelión. Que el rey Juan Carlos, sólo él, pudo contener.

Pero es interesante resaltar que las fuerzas armadas no conspiraron. Su profundo malestar fue público. Y sus notas y declaraciones fueron elaboradas desde la cadena de mando, no clandestinamente, y circularon pública y oficialmente por todos los medios. El resultado fue que se desengancharon del proceso de reformas y cambios políticos. Que dejaron de colaborar con aquella forma gubernamental de hacer política de Suárez y Mellado. Y también es importante reseñar que la legalización del PCE no tuvo nada que ver con los hechos del 23-F. Entre una cosa y otra no existió relación alguna. Ni la legalización del Partido Comunista fue el precedente del 23 de febrero, ni en el 23-F estuvo presente la memoria del Sábado Santo Rojo. Fueron dos asuntos completamente distintos y diferentes. Sin conexión alguna.

En los hechos gravísimos que se desataron dentro del Ejército a raíz de la legalización de los comunistas, tampoco habría represalias ni sanciones. Pero sí que hubo un precio que pagar: la salida del general Alfonso Armada de Zarzuela. El presidente Suárez se vio cogido en su propia trampa, al persistir y enfatizarle al monarca que la legalización de los comunistas no había sentado mal en el ejército, a lo que el secretario del rey le replicó con informes y de palabra de todo lo contrario. Como así fue. Suárez no podía tolerar ser desairado de esa manera delante del rey, e invocando su principio de autoridad como presidente del Gobierno, le pidió a don Juan Carlos que alejara al general Armada de Zarzuela. Como así ocurrió. Pero lo que jamás pudo conseguir Suárez fue que el rey rompiera su estrecha relación con Armada y que éste, por su lealtad, dejara de estar dentro del círculo más íntimo del monarca.

Aquellos momentos fueron muy difíciles. A juicio de todos o de casi todos, el más difícil. Que pudo ser sorteado porque el rey contuvo la explosión militar y porque el Ejército, colectivamente, se mantuvo disciplinado y leal con el monarca. Ése sería el punto que mejor podría definir la transición política española. Y aquel momento tan difícil también exigió de la prensa un esfuerzo conjunto. La mayoría de los periódicos volvería a ponerse de acuerdo para publicar el mismo día y en primera el mismo editorial. «No frustrar una esperanza», fue su título, en el que, entre otras cosas, se aseguraba que: «Los Ejércitos españoles constituyen el brazo armado de nuestra sociedad, al servicio del Estado y de su gobierno. El Ejército español lo forman los españoles y tiene encomendadas unas misiones establecidas en las Leyes; entre ellas no está incluida la emisión de opiniones contingentes sobre las decisiones políticas de los gobiernos de la nación.» Lo cual es absolutamente cierto e irreprochable. La cuestión es que las fuerzas armadas no emitieron una serie de opiniones sobre decisiones políticas, sino para criticar lo que para ellos fue un engaño a una palabra de honor dada por su presidente.

VII.
ESTADOS UNIDOS TUTELA AL REY Y LA TRANSICIÓN.
EL IMPACTO DE LA MARCHA VERDE

¿En qué momento pensó el rey que se había equivocado? Mejor dicho, porque los reyes nunca se equivocan, ¿en qué instante creyó don Juan Carlos que la vía emprendida por Suárez y sus colaboradores para hacer la transición había sido errónea y el modelo, errático? ¿Durante los meses de 1980 en los que activamente deseó que Suárez fuera barrido de la escena política? ¿O bien en los momentos de máxima tensión en los que salió al jardín de Zarzuela a llorar su zozobra y desahogarse en la tarde-noche del 23-F?

El rey siempre estuvo firmemente decidido a hacer el tránsito del régimen autoritario a un sistema democrático. Desde mucho antes incluso de que Franco le designara su sucesor en la Jefatura del Estado a título de rey. Eso ya se lo había confesado a un grupo de notables liberales en la primavera de 1966. Tres años antes de la designación. A finales de junio de ese año se celebró una cena en casa de Joaquín Garrigues Walker a la que asistió el príncipe Juan Carlos y un grupo de jóvenes profesionales de diversas tendencias y procedencias que buscaban ya nuevas formas de evolución política, y que años después formarían parte de los reformistas del franquismo. Allí se habló libremente del futuro de la monarquía y de la España que debería venir después de Franco. Todos dieron por hecho que la corona se establecería en un régimen democrático.

Don Juan Carlos también tomó parte activa en el debate, afirmando que su más vivo deseo sería establecer la monarquía en un régimen democrático, pero que en el futuro habría que evitar los excesos del pluripartidismo. Él se sentiría cómodo con un sistema de dos partidos; socialista y democristiano —junto a algún otro pequeño—, similar al sistema de los países anglosajones, y que en el juego democrático fueran alternándose en el poder. Franco tuvo una detallada información de la citada reunión, de todo lo hablado y de quiénes asistieron, y no hay ningún dato de que le hiciera al príncipe comentario alguno sobre la misma. Con su silencio y las vagas insinuaciones que en diferentes ocasiones le hizo a don Juan Carlos de que reinaría de forma muy diferente de como él había gobernado, parece deducirse que, pese a su repulsión por el sistema liberal-parlamentario, el dictador admitía implícitamente una evolución política futura del régimen hacia el bipartidismo dentro de las estructuras políticas del Movimiento.

Tras la designación del príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco en julio de 1969 y la llegada a la Casa Blanca del presidente Nixon, y del catedrático de Harvard Henry Kissinger a la Secretaría de Estado, el interés norteamericano por el futuro político de España se incrementaría notablemente. Así lo confirman los siete viajes oficiales que Kissinger realizó a Madrid entre 1970 y 1976 y las dos visitas de los presidentes Nixon y Ford en 1970 y 1975, respectivamente. El propio Kissinger lo constata en sus memorias al afirmar que «la contribución norteamericana a la evolución española durante los años setenta constituyó uno de los principales logros de nuestra política exterior.» En el fondo del asunto estaba el propio interés norteamericano por su afianzamiento en las bases españolas, y la importancia geoestratégica que España tenía para la defensa occidental en el sur de Europa y en el Mediterráneo.

Especialmente por las sucesivas convulsiones abiertas tras el golpe de Estado en Libia del coronel Muammar al-Gaddafi, de septiembre de 1969, las guerras árabes-israelíes de los Seis Días de junio de 1967 y del Yom Kippur de octubre de 1973, que harían del Próximo Oriente una de las zonas más peligrosas y permanentemente más inestables del planeta; el conflicto greco-turco a cuenta de Chipre, la emergente importancia de los partidos comunistas italiano y francés, la revolución marxista de los claveles portugueses y la crisis del Sáhara desatada en el otoño de 1975 por el rey Hassan II de Marruecos.

Tal cúmulo de acontecimientos realzaría el interés norteamericano en que España no se deslizara por un torbellino de agitaciones peligrosas a la muerte de Franco. El tránsito del régimen autoritario hacia un sistema homologable democráticamente con el Occidente europeo, se debería llevar a cabo de una forma ordenada y prudente, sin convulsiones ni precipitaciones arriesgadas que pudieran desestabilizar el proceso. Con el cambio de régimen, Estados Unidos apoyaría la incorporación de España a la Comunidad Europea y a la defensa atlántica. De ahí que, además de apoyar al príncipe, lo tutelara de forma activa.

En enero de 1971, don Juan Carlos realizó un largo viaje oficial por Estados Unidos. Nixon y Kissinger se percatarían entonces de que dicha tutela tenía que ser mucho más cerrada y estrecha al convencerse de la escasa solidez y la limitada capacidad intelectual que ofrecía el príncipe para «defender el fuerte» tras la muerte de Franco. Por eso, Nixon le aconsejaría en la larga conversación que ambos mantuvieron en el despacho oval de la Casa Blanca, que en un principio no acometiera grandes reformas hasta tanto no estuviera consolidada la estabilidad del cambio. Es decir, la de don Juan Carlos y la corona.

Tras esa conversación entre Nixon y don Juan Carlos, y la que posteriormente mantendría el príncipe con Kissinger, la preocupación de la administración norteamericana por la sucesión en España aumentó. Nixon envió al mes siguiente —febrero de 1971— al general Vernon Walters a Madrid, en misión secreta, para entrevistarse con Franco. Al presidente le interesaba por encima de todo conocer si el dictador podía cambiar de criterio sobre la elección del príncipe, lo que posiblemente no hubiese sido mal recibido por los norteamericanos, aunque no hay datos conocidos que lo confirmen. Walters era entonces el agregado militar de la embajada norteamericana en París, y había acompañado al presidente Nixon durante su viaje oficial a Madrid de octubre de 1970, al igual que 11 años atrás lo hiciera con Eisenhower en su famosa visita de diciembre de 1959. Por lo tanto, era un experto en los asuntos españoles, como en los de Hispanoamérica. Su trato con el jefe del Estado era abierto. De militar a militar.

La misión de Walters consistía principalmente en hablar con Franco confidencialmente y averiguar cuatro cosas; primero, si la decisión sobre la designación del príncipe era firme e irrevocable; segundo, si tenía pensado hacer el traspaso de poderes en vida; tercero, si había previsto durante ese período de tiempo designar un presidente de Gobierno identificado con el príncipe, y cuarto, saber cómo creía el Caudillo que sería la sucesión. Franco trató de tranquilizar a Nixon y le dijo a Walters que su decisión sobre la persona de don Juan Carlos era firme y definitiva, que no «había ninguna alternativa al príncipe», en el que había depositado su confianza en la seguridad de que sabría resolver bien la nueva situación; le aseguró que la sucesión sería tranquila y pacífica, sin convulsiones, porque la mayoría del pueblo español, asentado establemente en una ancha clase media, había alcanzado una sólida madurez, y porque, en todo caso, su sucesor contaría con el decidido apoyo del Ejército. Walters entregó personalmente aquel informe en la Casa Blanca.

Sin embargo, Nixon y Kissinger insistirían, con discreción y de manera sutil, a fin de evitar que se les pudiera acusar de inmiscuirse en los asuntos internos de España, en que Franco traspasara los poderes al príncipe en vida y cuanto antes, lo que en modo alguno lograrían. Pero se alegraron de la designación del almirante Carrero Blanco como presidente del Gobierno en mayo de 1973, así como de la posterior elección de Arias Navarro, tras el asesinato de Carrero perpetrado por ETA siete meses después de su nombramiento. Kissinger sabía que el aparato estatal franquista era débil e ineficaz, aunque daba por hecho que «Franco había sentado las bases para el desarrollo de instituciones más liberales», y que, inicialmente con Carrero y después con Arias, éste se llevaría a cabo gradualmente.

Pero sus reservas sobre la capacidad de don Juan Carlos seguirían estando de manifiesto. A finales de mayo de 1975, Kissinger viajó a Madrid con el nuevo presidente Ford, quien en agosto del 74 había sustituido a Nixon tras presentar éste su dimisión bajo la amenaza del empeachment por el asunto Watergate. A Ford, la conversación que mantuvo con el príncipe le convenció algo más que a Kissinger, que seguía manteniendo sus dudas sobre el nivel de solidez de don Juan Carlos. Así se lo expresó poco después al ministro de exteriores alemán, Hans Dietrich Genscher, y unos meses después al líder chino Deng Xiaoping. Para el poderoso secretario de Estado, don Juan Carlos era «un hombre agradable» pero «ingenuo», que no entiende de revoluciones ni a lo que se va a enfrentar», y que piensa que «lo puede lograr todo con buena voluntad». Kissinger era muy escéptico y dudaba de que el príncipe tuviera «la fuerza suficiente para manejar la situación por sí sólo».[33] Efectivamente, el futuro rey don Juan Carlos tan sólo contaría con el sólido apoyo y la lealtad de las fuerzas armadas. Así se lo demostrarían a lo largo de todo el proceso de la transición y de manera especial durante la jornada del 23 de febrero de 1981.

Don Juan Carlos desconocía entonces —y quién sabe si aún actualmente— cuál era la opinión y cuáles las dudas que en la administración republicana de Nixon y Ford —sobre todo Kissinger personalmente—, se tenían sobre sus limitaciones y capacidades. Sin embargo, sabía con certeza que podía contar con su pleno apoyo. Por eso, a finales de octubre de 1975, cuando Franco agonizaba y su estado de salud era absolutamente irreversible, solicitó a través del embajador en Madrid, Wells Stabler, la ayuda norteamericana para que se le hiciera el traspaso de poderes. Que se aplicara el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado. Un año antes, durante el verano de 1974, fue el propio Franco el que ordenó que se le traspasara el poder a don Juan Carlos con motivo de su episodio de tromboflebitis; poder que el Caudillo volvería a recuperar en septiembre de ese mismo año, tras su mejoría. Pero en aquel momento, ante un estado terminal, el príncipe solicitó (¿por medio de Prado, quizá?) al embajador Stabler una ligera presión norteamericana ante el presidente Arias para que se le cediera la Jefatura del Estado inmediatamente.

El embajador informó a Kissinger de la petición, quien la recibió con cautela y suma prudencia. Incluso tuvo que vencer la insistencia de sus colaboradores más directos de la Secretaría de Estado para que despachara favorablemente el asunto. Frente a la opinión de quienes aseguraban que de esa manera se identificaría a los Estados Unidos con los cambios de quien en breve iba a dirigir el país, Kissinger se negaría ante el temor a ser acusado de derrocar a Franco en contra de su voluntad, y envió un telegrama desde Tokio tan lacónico como firme: «El secretario no autoriza, repito, no autoriza a Stabler a hacer una aproximación a Arias en estos momentos.» Este episodio contradice el testimonio que don Juan Carlos hizo a su biógrafo Vilallonga, al que aseguró que rechazó y se resistió repetidas veces a aceptar el traspaso de poderes que Arias le ofreció con insistencia. Y que si finalmente transigió y aceptó la Jefatura del Estado en funciones, fue cuando los médicos le confirmaron que la situación clínica de Franco era absolutamente irreversible. Estos dos episodios distintos y con una semana de diferencia entre ambos, indican que, en todo caso, don Juan Carlos estaba resuelto a recibir el poder cuanto antes. Con ansiedad y tensión. La misma ansiedad y tensión que había vivido —«¿pero cuándo me llamará este hombre?»— los días previos a la llamada que Franco le hizo en julio de 1969 para comunicarle que había decidido designarle su sucesor.

La crisis desatada en el verano de 1975 por el monarca alauita Hassan II en el Sáhara occidental, forzaría una vez más al príncipe Juan Carlos a acudir en busca del auxilio de Kissinger. Pero en esta ocasión, los intereses de uno y otro iban a estar cruzados y no serían coincidentes. Hacía muchos años que el sueño imperial de Hassan de forjar el gran Magreb marroquí, pasaba por la anexión del territorio saharahui de Saguia el Hamra y Río de Oro. España, que había otorgado al territorio la categoría de provincia y había concedido la ciudadanía española a los saharauis, era la potencia administradora por mandato de la ONU, y se había comprometido a realizar un referéndum de autodeterminación auspiciado por Naciones Unidas.

A mediados de octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia de la Haya sentenció que Marruecos carecía de título de legitimidad alguno sobre el territorio y la población saharaui. Hassan reaccionó entonces con el anuncio de una gran marcha —la Marcha Verde— con el objetivo de ocupar «pacíficamente» el Sáhara. El monarca, que atravesaba una grave crisis interna, creía que si no se hacía con el Sáhara podría ser derrocado. Y se echó en los brazos de los norteamericanos. Sus padrinos y protectores, y sus grandes aliados, además de Francia.

Kissinger acudiría solícito en su socorro. Informó a Ford de que el fallo de La Haya era favorable a Marruecos, lo que en absoluto era cierto. Pero Estados Unidos no podía permitir que su aliado magrebí se viera en peligro, y mucho menos que un Sáhara independiente cayera bajo la influencia del régimen prosoviético de la Argelia de Bumedián. La administración norteamericana dispuso de inmediato el envió a Marruecos de apoyo logístico, suministros y armamento, en tanto la CIA se encargaba del plan operativo. La idea de una ocupación manu militari, camuflada dentro de una gran marcha civil y pacífica, fue de la Central de Inteligencia Americana. Suyo fue el nombre de la operación —Marcha Blanca—, que Hassan cambiaría por el de Marcha Verde. A Marruecos se desplazó Vernon Walters, subdirector ya de la CIA, para coordinar y dirigir la operación. Walters había acumulado una notable experiencia en América Latina derribando gobiernos y colocando dictadores títeres sumisos a los intereses norteamericanos. Y prestó todo su esfuerzo para que Hassan, al que conocía muy bien desde 1942, se saliera con la suya.

No cabe duda de que con un Franco en otras condiciones físicas, Hassan nunca se hubiera atrevido a dar ese paso, puesto que ya en 1974, aprovechando el episodio de la flebotrombosis, Franco frenó un primer intento de ocupación marroquí del Sáhara. Pero el Caudillo entró a mediados de octubre en su fase biológica terminal, lo que en esa ocasión sí aprovecharía el astuto rey marroquí para lanzarse definitivamente a la conquista del Sáhara. Aquel monarca podía ser cruel y déspota. Y lo era. Como también inteligente. Y sabía muy bien lo que quería. Por el contrario, el gobierno español, débil y pusilánime, además de confundido, estaba dividido entre quienes eran partidarios de resistir y hacer frente a la invasión de Marruecos con las armas en la mano (Cortina Mauri, Exteriores), y entre quienes querían salir corriendo del territorio lo antes posible (Arias Navarro, el jefe de un gabinete asustadizo y aturdido). Además, sobre alguno de los ministros, caso de Solís Ruiz (Movimiento), recaían algo más que sospechas de ser colaboradores de Hassan y de llevar sus inversiones en España.

Carro Martínez (Presidencia), al que sus malvados adversarios le llamaban «el Hombre de Cromañón» por sus espaldas visiblemente combadas, llegó a hacer ante Hassan la más indigna bajada de pantalones que se recuerde en un servidor público: dejarse someter al escribir al dictado de Hassan una carta en la que el gobierno español mendigaba que parase la Marcha Verde aceptando todas las exigencias marroquíes. En aquella carta, que Hassan se dirigió a sí mismo —«… ruego a V.M. tenga a bien considerar la terminación de la Marcha Verde, con el restablecimiento del statu quo anterior, habida cuenta de que de hecho ya ha obtenido sus objetivos»—, el gobierno español claudicaba de manera indigna, saliendo del territorio saharaui sin negociación alguna y de la forma más vergonzosa y humillante que se recuerde.

Aquella defección, y traición de España al Sáhara y a los saharauis, se completó con el difícilmente explicable papel que el sutil y maquiavélico Kissinger le hizo hacer a don Juan Carlos. En la agonía de Franco, el príncipe fue nombrado jefe de Estado en funciones el 30 de octubre. Su primera decisión sería enviar a Washington, en un intento desesperado, a su embajador volante Manolo Prado para solicitar de Kissinger que parase la ocupación marroquí del Sáhara. Don Juan Carlos pensaba en cómo salvar la cara «dignamente» ante el acuerdo gubernamental de toque de retirada inmediata.

El astuto secretario de Estado se presentaba en el conflicto aparentando una estricta y exquisita neutralidad. Y naturalmente, le dijo a Prado que haría la gestión, puesto que Hassan estaba jugando con fuego. Le aseguró que España era un aliado y un verdadero amigo, y él se había comprometido personalmente con el príncipe y su futuro. Hablaría con Hassan e intentaría convencerle de que paralizase los preparativos de la marcha, a fin de que todo se resolviera pacíficamente y sin perjuicio para nadie, puesto que lo que había que hacer era celebrar la consulta entre los saharauis, como disponía la ONU.

Detrás de esa posición para la galería de ingenuos, Kissinger movería luego las piezas del tablero al antojo de los intereses norteamericanos en la zona. Lo principal era prestar todo su apoyo a la ocupación marroquí del territorio, porque si Hassan «no obtiene el Sáhara, está acabado». Y ya en muy segundo lugar, se podría contemplar que si en algún momento se llevara a cabo un referéndum de autodeterminación, como pedía la ONU, sería siempre bajo la garantía de que la consulta arrojase un resultado favorable a Marruecos. Cualquier otra hipótesis era simplemente inviable. Quizá por esa razón en el Sáhara no se ha celebrado el referéndum en 35 años, y se mantiene desde entonces la ocupación militar de la mayor parte del territorio.

En ese juego de piezas bajo la apariencia de una falsa neutralidad, Kissinger le confiaría al presidente Bumedian que «no nos interesa que España esté ahí [en el Sáhara], porque no es lógico que España esté en África». A Hassan le garantizaría que un futuro Estado independiente sería inviable, puesto que «la idea de un país llamado Sáhara español no es algo exigido por la historia». Argumento con el que también intentaría convencer a Cortina Mauri.

Kissinger tenía una baja opinión de la inteligencia y las capacidades del príncipe, como ya hemos visto, y le transmitiría una presión y varias dudas añadidas: el conflicto abierto en el Sáhara sería «un desastre para España» y para él, personalmente, no sería nada bueno recibir la corona con un ejército victorioso y crecido, en el caso de que ganara la guerra. Se vería atado de manos para acometer las reformas democráticas que pretendía. Los mensajes eran totalmente contradictorios, pero buscaban causar impacto en la voluntad y determinación de don Juan Carlos.

Y desde luego que, por sus resultados, parece que causaron ese impacto. El 2 de noviembre, don Juan Carlos viajó por sorpresa a El Aaiún para dar una arenga retórica a las tropas allí destacadas. Aseguró a los soldados que se haría cuanto fuera necesario para que «nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y honor», que «España cumplirá sus compromisos y tratará de mantener la paz», pero que no se «debe poner en peligro vida humana alguna cuando se ofrecen soluciones justas y desinteresadas», al tiempo que «deseamos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen». Palabras que a la vista del resultado cosechado deberían ser algo más que matizadas.

Aquellas tropas, a las que se había dirigido el príncipe en esa breve alocución, estaban con la moral muy alta y perfectamente preparadas para el combate. Que deseaban. Hassan estaba convencido o quería convencerse de que «la mayoría de las tropas españolas están mal entrenadas y no lucharán». Pero su juicio era muy errático, por mucho apoyo y cobertura que le estuviera prestando la CIA. Las unidades destacadas en el Sáhara tan sólo esperaban la orden de sus jefes de abrir fuego sobre una masa abigarrada y cubierta de mugre que se acercaba tocando la pandereta entre gritos y rezongos. Esperaban la orden de combatir tan pronto como aquellos soldados encubiertos traspasaran los espinos fronterizos de seguridad para fundir sus cuerpos con los fósiles milenarios que apenas ocultan las arenas del desierto. Esa masa vociferante y sucia, utilizada por Hassan como escudo, venía flanqueada por las mejores unidades del ejército marroquí.

Nada más regresar el príncipe a Madrid con la faena hecha, le ordenó a Arias que acelerara los trámites de la «Operación Golondrina»: el abandono del Sáhara con toda urgencia. No es de extrañar que Hassan le telefoneara después para felicitarlo y decirle que había estado muy bien. Y hasta es muy posible que Kissinger también le aplaudiera por su gesto y su decidida acción. ¿Gesto? ¿Qué gesto? ¿Acción? ¿Qué decidida acción? El 8 de noviembre, el ministro Carro se humilló como no está en los escritos y se plegó a escribir la increíble carta ya analizada, que Hassan le estuvo dictando para dirigírsela a sí mismo. Y el 14 de noviembre, en el momento culminante de la agonía de Franco, el gobierno firmó el llamado «Acuerdo de Madrid» por el que capitulaba ante Marruecos y Mauritania y les entregaba el control total del Sáhara.

En realidad, la entrega sería tan sólo a Marruecos. Posteriormente, Mauritania, cuya presencia no tenía otro sentido que ser el convidado de piedra, también se alejaría. La salida del Sáhara, sin lucha ni negociación previa, fue absolutamente ignominiosa. Además de una humillación para un Ejército que estaba dispuesto a combatir por la dignidad de un gobierno absolutamente indigno. Y abandonar a su suerte a los saharauis —es decir, a la voluntad de un sátrapa como lo era aquel rey moro—, una completa traición. Ignominia y traición que se ha venido perpetuando durante todos estos años por parte de casi toda la clase política española con sus colores variopintos de gobierno y de oposición.

¿Por qué al príncipe le hicieron creer que era mejor una salida humillante que la dignidad con lucha? ¿Quién fabricó la especie de que lo mejor era atornillar al Ejército, maniatarlo, porque un ejército victorioso hubiera sido negativo para el futuro rey? La historia contemporánea española, incluso desde la edad moderna, está trufada de malos y débiles políticos, y de pusilánimes e incapaces monarcas. Sobran los ejemplos. Por eso se lanzan frases para la propaganda que justifiquen hechos infames que después pretenderán imponerse como verdades absolutas. Ése es el estigma de la mala política, de los gobernantes mediocres. Lo cierto es que en la crisis del Sáhara, don Juan Carlos, incomprensiblemente, no confió en su Ejército. Ese Ejército que demostraría serle fiel y leal posteriormente, durante su reinado.

Y algún cargo de conciencia debió de arrastrar cuando en los años noventa le confesaría a su biógrafo que «siempre hay fallos». Pero que para él «lo importante era detener esa alocada marcha de varios centenares de miles de personas dispuestas a todo para recuperar un territorio ocupado por fuerzas extranjeras». ¿Miles de personas dispuestas a recuperar un territorio ocupado por fuerzas extranjeras? ¿De dónde sale eso? ¿Quién ha llevado al pensamiento de don Juan Carlos semejante disparate? La presencia e influencia de España en el Sáhara databa de varios cientos de años. Presencia consolidada y ratificada por los tratados internacionales suscritos por España a principios del siglo XX, cuando Marruecos pasó a ser protectorado y la presencia del sultanato marroquí en el Sáhara occidental era simplemente inexistente.

A Marruecos tan sólo se le reconocieron ciertos lazos que lo vinculaban con algunas tribus nómadas. El fallo de la Corte de La Haya así lo confirmaría. Contundentemente. ¿Fuerzas extranjeras? ¿A cuáles se refiere el rey? ¿Al Ejército de España? Aquellas fuerzas españolas estaban legalmente en un territorio, suyo hasta aquel momento, amparadas por los tratados internacionales. Y desde finales de los años sesenta, como potencia administradora de la población saharaui por mandato de las Naciones Unidas. ¿Recuperar un territorio? El enemigo que tenía enfrente España no eran los saharauis a los que estaba protegiendo, sino el ejército regular marroquí. Ésas sí que eran las verdaderas tropas extranjeras que pretendían no recuperar, porque no se puede recuperar algo que jamás se ha poseído anteriormente, sino anexionarse aquel territorio mediante la invasión y la fuerza.

El rey también se cuestionaba ante su biógrafo por lo que hubiera hecho Franco en su lugar. Y reconoce que por su naturaleza «africanista» el Caudillo «hubiese jugado fuerte pero sin empecinarse en una guerra colonial que nos habría costado la condena general». Es más que posible que tenga razón don Juan Carlos. Franco no se hubiera empecinado nunca en una guerra colonial, porque ésta jamás se hubiera dado en el pleno ejercicio de sus capacidades y su mando en el poder. Como así fue. Lo que ya es más discutible es la aseveración de que, de haberse abierto las hostilidades, «nos habría costado la condena general». ¿Se refiere el rey quizás a la de las Naciones Unidas, que había otorgado a España el mandato de potencia administradora y ordenado la celebración de una consulta de autodeterminación a la población saharaui sobre el destino del territorio?

Prosigue el monarca asegurando que «no se trataba en absoluto de abandonar nuestras posiciones precipitadamente», pero que no se podía disparar sobre gente que venía con las manos desnudas, y que «por lo tanto íbamos a negociar una retirada en condiciones perfectamente honorables». La realidad de los hechos dice absolutamente todo lo contrario: se abandonó precipitadamente el Sáhara, aquellos «voluntarios» no invadían con las manos desnudas, sino flanqueados por fuerzas regulares marroquíes, y para nada se negoció una retirada en condiciones perfectamente honorables, sino perfectamente humillantes.

Por último, ya sobre este pasaje del Sáhara, asegura el rey que después de su visita de ida y vuelta a El Aaiún, Hassan «suspendió definitivamente la Marcha Verde». En absoluto. No fue así. El viaje del príncipe fue el 2 de noviembre, y la invasión del Sáhara prosiguió hasta el 8 de noviembre, cuando el monarca alauita dio orden de pararla tras arrancarle a Carro la ignominiosa carta ya comentada. Nunca antes. Pero mal sabor de boca debió de dejarle a don Juan Carlos el asunto del Sáhara, pues además de querer autoconvencerse de que «en el plano militar El Aaiún fue un éxito» —palabras que debería explicar, o matizar en qué sentido lo fue—, arroja lastre en el aspecto político al afirmar que «en el plano político es evidente que se hubieran podido hacer mejor las cosas. Pero los que se ocupan de la política son los políticos, no yo».

Es claro que los reyes nunca cometen errores, pues para asumir éstos siempre hay otros que penen con ellos. Caso de Armada o de Milans del Bosch, por ejemplo. Pero el rey debería recordar que como príncipe había asumido la Jefatura del Estado en funciones con todos los poderes de Franco, que eran absolutos, y que por lo tanto en aquel tiempo tenía capacidad legal para gobernar, legislar y dictar leyes. Y eso es lo que hizo durante unos años. Formalmente, el rey gobernó y ejerció la política como motor del cambio hasta el año 78. Posteriormente, y a raíz del pacto constitucional, diluiría aquellos máximos poderes en la Constitución, para quedarse con las confusas figuras del poder moderador y arbitral, además de ser jefe de las fuerzas armadas —en la realidad más simbólico que real— y con la representación de la Jefatura del Estado, por ser rey.

En el conflicto del Sáhara, está muy claro por qué intereses apostó Hassan. Por los suyos. Igualmente fueron muy visibles los intereses que defendió la administración norteamericana: su influencia en la zona y el decidido apoyo a su más firme aliado en el Magreb. Pero, ¿cuáles fueron los intereses que protegió España? ¿Los de los saharauis que tenía por mandato de la ONU? ¿Los suyos propios para apuntalar su influencia en la zona? ¿Preservar mejor las Canarias? ¿Blindar las ciudades de Ceuta y Melilla de la depredación marroquí? ¿Defender sus inversiones y la explotación de los fosfatos? ¿Asegurarse una permanencia digna y justa en el banco pesquero sahariano? ¿Hacerse respetar por Marruecos, su adversario histórico y natural? ¿Fueron ésos los intereses que abanderó España? ¿O al final sirvió a los intereses de Marruecos, Estados Unidos y Francia, por tan magnífica debilidad?

La muerte de Franco, luego de una espantosa agonía, dio paso al retorno de la monarquía. El 22 de noviembre de 1975 volvía a instalarse en la Jefatura del Estado una cabeza coronada. Había transcurrido un paréntesis de cuarenta y cuatro años desde la caída de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Don Juan Carlos fue ungido de los mismos poderes del dictador. Jamás antes en la historia, ni reyes ni validos ni gobernantes dispusieron de semejantes poderes personales. El colapso de la República, la terrible y dramática Guerra Civil, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, junto a la excepcionalidad de la dictadura franquista, lo hicieron posible.

El primer y más sólido apoyo que recibió el rey fue el de las fuerzas armadas, cumpliendo la última orden hológrafa del testamento —así la entendieron— de quien hasta entonces había sido su Capitán General. El propio don Juan Carlos reconocería posteriormente sin reserva alguna que «si después de la muerte de Franco el ejército no hubiera estado de mi parte… otro gallo hubiera cantado». Al rey le preocupaba profundamente el haber jurado por dos veces los Principios Fundamentales del régimen. Y parecía que eso le ataba, cuando su deseo era soltar amarras y desembarcar en la orilla democrática. Pero no sabía cómo hacerlo. Y el problema añadido es que casi nadie en el sistema parecía saberlo tampoco; excepto su antiguo preceptor y nuevo presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, y el liberal de gestos autoritarios Fraga Iribarne.

La primera cuestión que se planteó el rey fue la formación de su primer gobierno. ¿Qué debía hacer? ¿Ratificar al que había o formar uno nuevo? Su primer impulso le pedía cambiar de presidente. Con Arias no sólo no se entendía, rechinaba. Algunos asesores, que esperaban su momento, le animaban al cambio, pero otros muchos le decían que los primeros pasos debían ser muy prudentes. Ése era también el criterio de la mayoría de jefes de Estado y de gobierno que acudieron a arroparle tras su coronación. El presidente de Francia, Giscard d’Estaing, le aconsejaría delante de Armada que «ahora vayan con cuidado. La evolución, muy despacio, doucement. Es difícil luego dar marcha atrás». Y especialmente Kissinger, el gran protector, le recomendaría que ratificara a Arias, de quien pensaba que era «un hombre bastante decente» y «probablemente muy bueno para la etapa de la transición». Lo fundamental ahora, decía el secretario de Estado es que «mantengan la fortaleza y la autoridad del Estado por encima de todo.»

Don Juan Carlos ratificó a Arias pese a que el cuerpo le pedía lo contrario. En el nuevo gobierno, además de Areilza, Fraga y De Santiago como núcleo duro, figuraba de tapado el joven seductor Adolfo Suárez. Todo era ya cuestión de tiempo, de ver cuál sería la duración de aquel gabinete. Arias era un personaje taciturno, de arranques coléricos, atado a sus lealtades pasadas y aturdido en la forma y manera de ir abriendo el régimen hacia nuevas formas de participación política. Tenía voluntad de acometer reformas. Entendía, como casi todos, que la continuación del franquismo sin Franco era un imposible metafísico. Pero su «espíritu del doce de febrero» se había evaporado en el tiempo, y sus nuevas propuestas eran boicoteadas incluso desde Zarzuela.

Lo peor de todo estaba en que don Juan Carlos no quería entenderse con él. Ni intentarlo siquiera. Su malestar venía desde aquel momento en que, siendo príncipe, Arias se había dirigido a él llamándole «niñato». Con Franco moribundo, le presentó la dimisión, dándole una palmaditas en las rodillas e instándole a que formara una dictadura militar. Aquel día, don Juan Carlos lloraría de rabia rogándole que no dimitiera. Y ya como rey, Arias le dijo con dureza durante una discusión que él era republicano. Alfonso Armada me habló un día de aquellos hechos:

El rey estaba decidido a no seguir manteniendo a Arias. Un día le dijo que él era republicano. Eso le había molestado muchísimo. Siempre me pregunté qué necesidad tuvo Arias de decir aquello. Tampoco había olvidado la dimisión extemporánea que Arias le había presentado cuando supo que había enviado a Díez Alegría a París. Franco se estaba muriendo y el príncipe era jefe de Estado en funciones. El príncipe se enteró a través de Luis Gaitanes que su padre estaba preparando un manifiesto en París para hacerlo público tan pronto como muriese Franco. En él iba a reclamar sus derechos al trono y apelar al Ejército para que lo coronasen a él. Había que parar el manifiesto. Don Juan Carlos habló con los ministros militares y todos de acuerdo comisionaron al general Díez Alegría, que había sido jefe del Estado Mayor, a que transmitiera a don Juan un mensaje del príncipe: «Vete a París y habla con mi padre para que no saque el manifiesto. Convéncelo de que el Ejército apoya mi sucesión. Que no lance el manifiesto.» Arias se enfadó mucho cuando se enteró y le presentó al príncipe la dimisión dándole unas palmaditas fuertes en la rodilla. Aquel día el príncipe lloró y tuvo que rogarle que no dimitiera. Don Juan Carlos nos lo contó después a Mondéjar y a mí. Luego, todos estuvimos tratando de convencer a Carlos Arias de que no debía dimitir. El príncipe, la princesa, Torcuato, Mondéjar y yo.[34]

El rey estaba quemado con Arias. No le interesaba nada saber si el viaje juntos era hacia alguna parte. No lo quería hacer con él. Y preparó el camino para forzar su dimisión o cesarlo. En la primavera de 1976, encargó a Manolo Prado que le publicaran unas declaraciones en Newsweek. La andanada contra el presidente era directa: «Arias es un desastre sin paliativos». El hecho de que don Juan Carlos se desmarcara diciendo que debía haber sido una interpretación del periodista, y que se prohibiera la distribución de la revista, no impidió que tuviera un gran impacto entre la nomenclatura del régimen.

El último escollo a salvar estaba precisamente en Kissinger. El rey ya tenía decidida la designación de Suárez y quería tener la complacencia —el nihil obstat— de la administración norteamericana. En junio voló a Washington con la excusa de la firma del Tratado de Amistad. Kissinger seguía pensando que Arias lo estaba haciendo bien, que era el hombre necesario para aquel momento, al tiempo que tenía muy poca opinión de Suárez y ésta era más bien mediocre, pero por encima de todo estaba la solidaridad con el rey de España. Y la salvaguarda de los intereses norteamericanos. En un informe a Ford le expresaba que «nuestro propósito con esta visita es demostrar nuestro pleno apoyo al rey como la mejor esperanza para la evolución democrática con estabilidad que protegerá nuestros intereses en España». En el informe, también reconocía que «uno de los propósitos del viaje era reforzar la autoconfianza del rey y acrecentar su determinación».[35] No era necesario que Kissinger fuera más explícito: el rey había obtenido el placet para los cambios que se proponía.

El 3 de julio de 1976, Adolfo Suárez asumió la presidencia del gobierno. Instantes antes, Torcuato, que también era presidente del Consejo del Reino, declaraba: «estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido». Así comenzaría un tiempo de perfecta sintonía entre don Juan Carlos y Suárez. La relación se había iniciado una década antes, cuando un joven y ambicioso gobernador civil de Segovia había tenido la oportunidad de entregar un ramo de flores a los príncipes en una visita privada a la ciudad. Después, Suárez se dedicaría por entero a labrar la mejor imagen de los príncipes desde la dirección de la televisión. Era el tiempo en el que le decía a Armada: «¡Tú eres un cochino liberal!» Entonces, aquel político, avispado y listo, teñido aún de azul, apostaba de lejos por el futuro; mejor dicho, por su futuro. Y trabajándolo, supo ganarse la complicidad del futuro rey.

Entre Suárez y el monarca surgirían de inmediato unas puras sinergias de identidad, sincronía y compromiso, caracterizadas por un similar espíritu aventurero y un notable desconocimiento de la pequeña y de la gran política nacional e internacional, que los lanzaría en línea recta y con el acelerador a fondo hacia un proceso de cambios y de reformas, aunque ninguno de los dos supiera con certeza cuál sería el camino a seguir y, menos aún, si el objetivo a alcanzar —establecimiento de la democracia— se conseguiría con un Estado fuerte y consolidado o, por el contrario, muy debilitado. En adelante, Suárez demostraría con desparpajo que su deambular por la política podía pasar por todas las ideologías; desde la pseudofalangista con ribetes opusdeísticos y la democracia cristiana más castiza, hasta querer disputarle el territorio a la izquierda socialista. Con todo merecimiento, se venía arriba reafirmando su autoestima diciendo de sí mismo: «Yo soy un chusquero de la política». Aquella asociación se mantendría férreamente unida hasta el otoño de 1979. Después empezarían a anidar las dudas en don Juan Carlos, hasta intuir serios riesgos y peligros para la estabilidad del sistema democrático y de la corona; es decir, de su propia persona.

Sabemos que antes del 23-F, Armada se entrevistó con el embajador americano Todman. También sabemos que Cortina se vio igualmente con el embajador y con los responsables de la antena de la CIA y de otros servicios de inteligencia norteamericanos en España. Eso lo sabemos bien, como asimismo conocemos con cierto detalle el despliegue y las instrucciones que el Pentágono y la Secretaría de Estado cursaron a sus unidades militares en las bases españolas y a algunos diplomáticos de la legación en Madrid, para que se mantuvieran alerta ante los acontecimientos que se iban a desarrollar en España el 23 de febrero de 1981.

La administración Reagan urgía a que España se incorporara activamente a la defensa atlántica y del Mediterráneo, y había dado su beneplácito a una operación que modificaría sustancialmente la política exterior tercermundista auspiciada hasta entonces por Suárez. Sus guiños de acercamiento a Castro y el abrazo a Arafat, simbolizaban lo contrario del objetivo estratégico de los Estados Unidos, que no era otro que la caída del bloque soviético en Centroeuropa y la desaparición de la Rusia soviética. Lo que finalmente se conseguiría al final de los años ochenta.

Acabamos de analizar cómo diferentes administraciones norteamericanas tutelaron a don Juan Carlos en el tránsito hacia la democracia. Hemos visto que el rey no daba un paso importante sin tener previamente la aprobación y el apoyo de los Estados Unidos. Con tales precedentes, y ante una operación de un calado tan transcendental como la del 23 de febrero de 1981, que pretendía abrir un nuevo consenso y un pacto constitucional, ¿hubiera sido extraño que el rey personalmente consultara con Washington? ¿Que una vez más utilizara para ello a su embajador personal Manolo Prado? Hasta hoy, no se conoce el dato que lo constate. Quizá tengamos que esperar hasta que se abra la documentación oficial y reservada norteamericana de aquella época. Lo que sí es cierto y constatable es que el 23-F, Prado estuvo precisamente en Zarzuela desde primera hora de la tarde. ¿Casualmente? No. Según el rey, para tratar un asunto del Instituto de Cooperación Iberoamericana, que el embajador real presidía…

VIII.
LA POLÍTICA AUTONÓMICA DE SUÁREZ ES SUICIDA

¿Por qué el 23-F? ¿Cuáles fueron las razones que decidieron su puesta en marcha? ¿Por qué el rey Juan Carlos consintió que se llevara adelante? ¿Por qué dio luz verde a la operación montada desde el CESID? «¡A mí dádmelo hecho!», les decía a los responsables del Servicio de Inteligencia, a Cortina, a Armada a… «¡A mí dádmelo hecho!», repetía en cada ocasión en su círculo más cerrado de colaboradores de Zarzuela. Sí, las causas del 23-F fueron varias. ¿Hubo alguna por encima de las demás? No. A mi juicio, hubo varios elementos que sumados dieron un todo, y todos en su conjunto, determinaron que se ejecutara la operación. ¿Y cuál fue esa suma de motivos? Desde mi punto de vista, los siguientes:

El término «nacionalidades» y el título octavo de la Constitución.

El proceso autonómico y el desarrollo de las autonomías.

La brutalidad de las acciones terroristas de ETA, que estaba conduciendo hacia un proceso neorrevolucionario al País Vasco. Y el secuestro de la democracia.

La imperiosa necesidad de frenar la alocada espiral secesionista de los nacionalismos vasco y catalán

Las crisis gubernamentales y la pérdida de liderazgo de Adolfo Suárez.

La descomposición interna o la destrucción absoluta de la UCD

La ansiedad del PSOE por querer llegar al poder cuanto antes, buscando un atajo, sin importarle nada si ese atajo era constitucional o no, en coherencia con sus antecedentes históricos de partido golpista o proclive al golpismo en anteriores procesos revolucionarios.

La gravísima crisis del sistema y de las instituciones en general.

La alarma del rey porque la crisis del sistema pudiera arrastrar también a la corona.

El deseo de regenerar el sistema democrático mediante un nuevo pacto de transición y una nueva concordia constitucional, para reformar profundamente la Constitución.

«La política autonómica de Suárez es suicida.» Eso llegó a decir el rey antes del 23-F. Frase que volvería a repetir después. Varias veces. Pero toda vez que su desenganche del presidente fuera ya manifiesto. Nunca antes. Antes, estuvo con él apoyándolo en la travesía del desarrollo autonómico. Aquella fórmula sin precedentes, sui generis y sin homologación alguna en el derecho comparado. Pero en la cabecera del gobierno había un presidente tan aventurero y tan frívolo como ignorante, capaz de sacarse de la chistera el concepto mágico «café para todos», un engendro de originalidad para construir un estado jurídico-político que hasta ese momento no tenía circulación internacional alguna ni se sabía a ciencia cierta en qué consistía. Así pues, en la Constitución se consagraría el término «nacionalidades» y las autonomías.

La construcción de la España autonómica, que también para el rey fue entonces una genialidad, sin reparar en que reconocer expresamente la existencia de «nacionalidades» y de autonomías dentro de España, podía despertar ansias separatistas y contaminar a otras regiones del veneno identitario de lo propio y excluyente de los nacionalismos. Y poner en riesgo en el futuro la unidad nacional. Pero eso no pareció en aquel instante importar demasiado. Y sin embargo, la tijera para cortar y desvertebrar España estaba sobre la mesa. Y no sólo para eso, sino para acometer en un futuro inmediato su absoluta deconstrucción nacional.

Al monarca intentaron hacérselo ver en Zarzuela sus más directos colaboradores, cuando en un momento de alborozo, posiblemente contagiado del ilusionismo suarista, aseguró que el presidente había dado con el desatascador para calzar el concepto «nacionalidades» en el artículo segundo del texto constitucional. «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.» Entonces, la fiesta era con barra libre y el rey dio su visto bueno para que aquello tirara para adelante. «Lo que importa —enfatizaba el monarca— es que la Constitución se ponga en marcha. No podemos estar quietos y parados. Y en el supuesto de que tal riesgo se diera, siempre estaría la corona como símbolo de la integración y de la unidad de los españoles.»

Lo que le preocupaba sobremanera a don Juan Carlos era que se abriera un debate sobre la forma de gobierno, monárquica o republicana y que, en el nuevo marco de juego, la izquierda, que emergía de la clandestinidad y del exilio, se empecinara en llevar adelante un referéndum sobre monarquía o república. Para el rey, entonces bisoño y voluntarioso —de «ingenuo» lo había calificado Kissinger—, quizá fuera eso lo único que de verdad le angustiara en los primeros pasos de la transición. Aquello, y desprenderse cuanto antes del plomo franquista que llevaba bajo las alas. De ahí que hiciera tanto hincapié en el pacto con Carrillo, que venía del régimen republicano, y en su deseo de atraerse a los nuevos y jóvenes líderes del socialismo renovado, para que aceptaran la corona como marco de convivencia y de desarrollo político. La izquierda se traía en la mochila de las tópicas reivindicaciones, la consulta y el referéndum, y sobre eso no podía haber discusión alguna. Aunque le hubiera gustado barrer aquel régimen y hacer la ruptura total, no tenía la fuerza suficiente ni contaba con apoyo social para derribarlo. Era débil, y la corona contaba con el decidido apoyo y la unidad férrea de las fuerzas armadas.

Pero la izquierda también se traía en la mochila la España federal, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la amnistía… Y en el magma del exilio había hecho igualmente suyas las reivindicaciones nacionalistas de vascos y catalanes; «estatuto» y «autonomía». Cuestiones sobre las que sí que se podría ceder y pactar lo que fuera. Pues para frenar cualquier desmadre estaría siempre la corona como símbolo de la integración y de la unidad de los españoles. Al menos, ése era el pensamiento voluntarioso que anidaba en don Juan Carlos por entonces. De esa manera, empezaría la historia interminable, la historia inacabada y sin fin, que aún hoy día continúa con mayor efervescencia. Aquél sería el gran pecado original de la transición.

En el solemne discurso de apertura de la primera legislatura de la democracia, tras las elecciones de junio del 77, don Juan Carlos se dirigió a la Cámara (donde la izquierda le había recibido sentada y sin aplaudirle) demandando una nueva constitución, deseada por la corona. Al terminar su discurso, la izquierda le aplaudió puesta en pie. Al pacto constitucional se dedicaría una comisión de diputados a lo largo de 18 meses. La Constitución del 78 será la carta magna de elaboración más larga de nuestra historia democrática. Una constitución consensuada por todos los partidos, en la que todos cederán algo, no gustará totalmente a nadie, pero tampoco disgustará del todo a nadie. No obstante, su talón de Aquiles estará en el artículo segundo, al introducir el término «nacionalidades» como equiparable al de nación, y en el título octavo, sobre la configuración territorial de España y su desarrollo autonómico. Por muchos subterfugios y sofismas con que se pretendiera adornar el asunto, la palabra «nacionalidad» es correlativa a nación, con lo que implícitamente se definía a España como una nación de naciones. Se mire como se mire.

Jamás antes se había plasmado semejante disparate y barbaridad histórica. Ni siquiera con la Segunda República, en la que se produjo la eclosión del movimiento autonomista. Primero, con el restablecimiento de la Generalidad en abril del 31, y unos días después, nombrando Macià su primer gobierno. Después vendría la promulgación del Estatuto de Cataluña de septiembre de 1932, que en su artículo primero decía que «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del estado español». Nada de nacionalidad. Tampoco estaba incluido en la Constitución republicana de 1931. Lo único que se había introducido en ella era el término «región». Lo expresaba así en su artículo primero: «La República constituye un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y las regiones». Por lo que se alejaba también deliberadamente de ir hacia una «república federal». La República quiso mecer en un bálsamo a la burguesía y las instituciones catalanas. Y aún así, la Generalidad se rebelaría contra ella proclamando en octubre del 34 el «Estat catalá dentro de la república federal española». Sus progresivos desmanes y estragos llevarían al mismo Azaña a confesar su absoluta decepción con la Generalidad en su Cuaderno de la Pobleta en 1937, en plena Guerra Civil: «Empiezo por lo de Barcelona, muy grave,… Hay para escribir un libro con el espectáculo que ofrece Cataluña, en plena disolución. Ahí no queda nada: Gobierno, partidos, autoridades, servicios públicos, fuerza armada, nada existe… Histeria revolucionaria, que pasa de las palabras a los hechos para asesinar y robar; ineptitud de los gobernantes, inmoralidad, cobardía, ladridos y pistoletazos de una sindical contra otra… Debajo de todo eso, la gente común, el vecindario pacífico, suspirando por un general que mande, y se lleve la autonomía, el orden público, LA FAI [Federación Anarquista Ibérica], en el mismo escobazo.»[36]

Igualmente, en ninguna de las siete constituciones que estuvieron vigentes durante el siglo XIX (Constitución de Bayona de 1808, Constitución de Cádiz de 1812, Estatuto Real de 1834, Constitución de 1837, Constitución de 1845, Constitución de 1869 y Constitución de 1876) aparece la palabra «nacionalidad». Ni tampoco la palabra «región». El proyecto de constitución federal de 1873, que no llegaría a aprobarse, si bien declaraba que la nación española la componían 17 estados (incluyendo Cuba y Puerto Rico), no otorgaba a tales estados el carácter de nacionalidad, sino de región. Aquellos nuevos estados de la república eran los antiguos reinos de la monarquía.

Al inicio de la transición, había reivindicaciones sociales y políticas que atender, pero para los nacionalismos eran sobre todo territoriales. Las viejas y rancias pendencias enquistadas en el sectarismo histórico. España había superado para entonces muchos problemas; ya no tenía los religiosos ni los sociales, ni los de lucha de clases ni los étnicos, pero si los tenía de identidad como nación. Socialmente, hacía años que se había superado el concepto de las «dos Españas», tan sólo quedaba resolver la reconciliación en la clase política. Lo que se sellaría en el pacto constitucional. Por su lado, los nacionalistas vascos y catalanes soñaban además con recuperar lo que la Segunda República les había otorgado y la Guerra Civil y el franquismo les había negado.

Desde Cataluña, la presión la ejercía una burguesía lastimera y victimista, que en ocasiones depararía comportamientos absolutamente miserables; además de pequeños grupos herederos del anarcosindicalismo, la Esquerra y el Partido Comunista catalán. Sus balbuceos terroristas se irían acomodando a la mesa de negociación hasta desaparecer. No ocurriría así en el País Vasco. El rancio nacionalismo vizcaitarra de Sabino Arana se nutría de conceptos más primarios, lo que haría que a mediados de los años sesenta unos cuantos jóvenes burgueses eligieran la estrategia del tiro en la nuca y la goma dos, revistiendo su repugnante terrorismo de ideología reivindicativa territorial de extrema izquierda.

En el recuerdo histórico, el mayor mérito que se debe sumar al impulso nacionalista catalán en su derecho a decidir y en la búsqueda de su identidad como nación, sería el protagonizado en 1640 por la oligarquía catalanista. En tiempos del Austria Felipe IV, aquella oligarquía se negaba a contribuir a la Unión de Armas propuesta por el Conde Duque de Olivares para la causa de la Guerra de los Treinta Años. Y de una revuelta inicial de campesinos y segadores gerundenses, jaleada por varios prelados catalanes, y dirigida también contra la nobleza señorial catalana, se pasó a proclamar la secesión de Cataluña, echándose la Generalidad en brazos del absolutismo francés de Luis XIII, quien fue proclamado Conde de Barcelona y, de hecho, soberano de Cataluña.

La consecuencia nefasta para Cataluña y España, después de una guerra de doce años y luego de la derrota del ejército franco-catalán en 1652, sería la pérdida definitiva del condado del Rosellón y la mitad del de la Cerdaña, que pasaron a la plena soberanía de Francia, ya bajo el reinado de Luis XIV, por la Paz de los Pirineos de 1659. En cualquier libro de historia, este pasaje se estudiaría y analizaría como la defección y la traición más aberrante de aquella oligarquía catalana, no sólo contra el resto de España, sino contra la entraña misma del alma de Cataluña. Pero como la historia de España es la más singular de todas, este episodio se resuelve siempre demagógicamente, afirmando que fue por causa de la afrenta y la provocación mesetaria castellana.

El buenismo, la osadía, la ignorancia y la creencia de ser el máximo seductor de la escena, lanzaron a Suárez al abismo de la desvertebración y la deconstrucción nacional. Y no tanto porque restituyera los conciertos económicos forales a Vizcaya y Guipúzcoa, y la Generalidad a Cataluña. Quizás aquello fuese algo que había que hacer, pero sellándolo previamente con la garantía de un pacto previo de lealtad y de compromiso muy serio con el Estado. Así como que se pudiera llegar a conceder con el tiempo cierto tipo de preautonomía administrativa, jamás política, a ambas regiones. Cuando el presidente recibió a la llamada «comisión de los nueve» para exponerles cuál sería el marco de actuación y el desarrollo democrático, Jordi Pujol venía con la idea de que autonomía y nacionalismo no tocaba, y por eso les comentaría a sus colegas antes de entrar: «Bueno, de nacionalismo ni hablamos, ¿verdad?» Y para su sorpresa y la de los demás, Suárez se tiraría con todos, y él el primero, por el tobogán del abismo.

Las gravísimas iniciativas de Suárez no sólo estuvieron en la concesión de las preautonomías para Cataluña y el País Vasco, sino en lanzarse decreto en mano a crear otros tantos entes preautonómicos en Galicia, Aragón, Canarias, País Valenciano, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla-León, Asturias, Murcia y Castilla-La Mancha, sin saber siquiera cuál sería el ámbito territorial de cada uno, ni de si Navarra quedaría absorbida en el País Vasco o cuál sería el encaje de Madrid. Ello lastraría gravemente el texto constitucional, induciendo a implantar el Estado de las autonomías, con lo que, a juicio del catedrático García de Enterría, «España se jugaba literalmente su propia subsistencia sobre la opción autonomista de la Constitución».

A la vez que se desmontaba con urgencia el aparato administrativo del Estado, el café para todos autonómico fue demostrándose suicida para la cohesión nacional. Lejos de frenar las ansias nacionalistas de catalanes, vascos y algunos reducidos grupos gallegos, despertaría el recelo y el personalismo en todas las demás regiones. De pronto, emergió el culto por los hechos diferenciales, y volvió a resurgir el caciquismo institucional que había quedado arrumbado en el arcano del olvido hacía mucho tiempo. El concepto España pasaba a ser inexistente. En octubre de 1979 se aprobaron los referendums de los estatutos de Guernica y Sau. La proporción del censo electoral que acudió a votar fue del 53 por ciento en el País Vasco y del 52 por ciento en Cataluña. Y en diciembre de 1980 se aprobaría el Estatuto para Galicia con una participación del 26 por ciento del censo electoral. Lo que índica el «entusiasmo» social que despertaba en España el proceso autonómico.

Suárez, inmerso en su fiebre autonomista, ni siquiera tuvo la preocupación de poner un techo legal. La Constitución de la República exigía el voto afirmativo de los dos tercios del censo electoral. Ninguna precaución al respecto se tomó. El gobierno cedió a las presiones de los nacionalistas vascos y catalanes, intentando absurdamente equilibrarlo con un proceso abierto y generalizado para todas las demás, en tanto que al mismo tiempo deseaba frenarlas y ralentizarlas. Pero Andalucía, tan nacionalista de toda la vida, quería ser igual, y un pintoresco ministro, Clavero Arévalo, tan nacionalista andaluz, pondría el grito en el cielo de la discrepancia en el seno del propio gobierno. Su comunidad tendría que estar dentro de la primera velocidad.

Por su lado, el nacionalismo vasco deseaba que Navarra quedara incorporada al Estatuto de Guernica, y forzó al gobierno a ello. Suárez quiso convencer a sus propios diputados navarros para que transigieran en su incorporación a Euskadi. También los socialistas vascos, partidarios entonces de la autodeterminación, querían igualmente arrastrar a Navarra hacia la nueva Euskadi política Sus líderes amenazaban con movilizaciones populares. Sólo la firmeza de los diputados centristas navarros evitaría que desde el primer momento el viejo reino se incorporase a Guernica. Suárez entregó al País Vasco un Estatuto muy superior al de 1936, sin lograr siquiera que los nacionalistas acatasen el ordenamiento constitucional. Lo que no impediría que Javier Arzalluz llorara de emoción, al tiempo que expresaba su compromiso así: «Quisiéramos aportar a los demás nuestro trabajo en la consecución de una democracia política y económica y llegar a ser, no un factor de desestabilización sino un factor de estabilidad».

La velocidad con la que se imprimía ritmo a la acción política era tan vertiginosa que los estatutos vasco y catalán se promulgaron antes de constituirse el tribunal de garantías constitucionales —el Tribunal Constitucional—, soslayando así la posibilidad de presentar un recurso previo de inconstitucionalidad, lo que de todas formas suprimiría el gobierno socialista años después. A juicio de diversos constitucionalistas, la vía libre para ambos estatutos pasó pisando la misma normativa constitucional, y sin que estuviera desarrollada la ley orgánica que debía fijar el marco de los referendums, y la regulación de las competencias financieras de las comunidades autónomas. Las opiniones de aquellos expertos constitucionalistas y administrativistas, que aseguraban que los citados estatutos eran inconstitucionales, no serían tenidas en cuenta en forma alguna. Y cuando el general Armada le hizo llegar al rey un informe elaborado por López Rodó sobre la inconstitucionalidad de los estatutos, fue después de que don Juan Carlos hubiera modificado su sintonía con Suárez.

El proceso autonómico de las nacionalidades fue creando también una preocupación creciente en las fuerzas armadas, cuyos mandos y cuya oficialidad se vieron muy sorprendidos por unas decisiones políticas que creían que en el futuro más inmediato tendrían unos efectos muy peligrosos para la cohesión nacional. Mellado realizó un considerable esfuerzo, haciendo pedagogía por todos los acuartelamientos para tratar de calmar unos ánimos cada vez más encrespados. Pero lejos de apaciguarlos, logró que el tono de malestar se elevara al de bronca militar, con enfrentamientos personales e insultos graves. El ejército percibía que el nuevo invento de la estructura nacional abría una grieta en la vertebración de España y en su cohesión social. Pero aquella irritación personalizada en Gutiérrez Mellado jamás llevó al ejército a la conspiración militar. Ni siquiera en grado de preparación o de inicio para la conspiración.

Desde el otoño de 1979, don Juan Carlos modificaría sustancialmente su actitud comprensiva y de apoyo inicial al desarrollo constitucional en lo tocante al término nacionalidades y autonomías. El proceso autonómico era un viaje muy peligroso. La audacia y osadía de Suárez improvisando tan aventurada travesía, sólo podía explicarse por su desconocimiento de la historia. Aunque no es menos cierto que se veía acosado por la izquierda socialista y comunista, que avalaba el derecho a la autodeterminación en una España plurinacional, por las reivindicaciones de los nacionalistas gallegos, vascos y catalanes, y por la línea editorial de varios medios de comunicación. Pero él, como presidente, debió ser más prudente. El rey, lejos ya de pedir aquella comprensión inicial a sus soldados, dejaría él mismo de mostrársela a la acción de gobierno en esta materia, y no cejaría de expresar su malestar. Así, no perdonaría el optimismo del presidente, quien siempre aseguraba que «todo iba bien» y llegaría a calificar la política autonómica de Suárez de «suicida», como ya se ha expresado.

Desenvolviéndose en el mar de la confusión, Suárez llegó a darse cuenta de que había que parar —racionalizar fue el término utilizado— el desarrollo autonómico, pero tampoco tendría ya fuerza para resistir las presiones que siguió recibiendo. Resueltas por la vía rápida las autonomías de las comunidades llamadas históricas, el gobierno decidió ralentizar el camino de las demás. La comunidad gallega aceptó retrasar un año su proceso. Sin embargo, voces andaluzas, apegadas al romanticismo de Blas Infante, el «padre de la patria andaluza», afirmaban su derecho histórico a la primera velocidad. Entre aquellas voces y de forma determinante sobresalía la del ministro Clavero Arévalo, uno de los grandes animadores del «café para todos», que conseguiría arrancarle a un Suárez vacilante la convocatoria de un referéndum para la autonomía andaluza, para dimitir al instante. El gobierno tomaría la insólita decisión de postular la abstención en el mismo, por lo que pagaría un alto precio político.

Entre las voces contrarias al proceso autonómico estaba la del político catalán Josep Tarradellas, sin duda alguna la más destacada por su personalidad y por su historia. Tarradellas había sido uno de los fundadores de la Esquerra Republicana de Catalunya. Agitador revolucionario, participó en la rebelión de la Generalidad de octubre del 34 contra la República, por lo que fue encarcelado. Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero del 36, fue designado consejero de la Generalidad, desde donde trató de impulsar un plan de colectivizaciones al inicio de la Guerra Civil. Con la derrota absoluta del Frente Popular se exilió en Francia, donde fue nombrado presidente del inexistente gobierno catalán en 1954. Suárez lo rehabilitaría, nombrándolo presidente del gobierno preautonómico de Cataluña a su regreso del exilio en octubre de 1977. Su frase, pronunciada desde el balcón del palacio de la Generalidad —«¡Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!»—, pasaría al registro de las frases más célebres de la transición.

Tarradellas regresó a España con un pensamiento muy maduro y muy diferente al de aquel joven revolucionario obligado al exilio por la derrota de las armas. Para él, Cataluña debía hacer una profunda autocrítica para entenderse e integrarse plenamente con el resto de España. Sin reservas, recelos ni victimismos inventados. Fue uno de los primeros en dar la voz de alarma del disparatado proceso autonómico global emprendido, porque España se estaba deslizando por una pendiente muy negativa y peligrosa. Para él se hacía necesario dar cuanto antes un «golpe de timón», expresión que repetiría con insistencia, y de la que Cortina sería un activo propagador. Afirmaba Tarradellas que igualar el proceso autonómico había sido un grave error de concepción histórica, que podía conducir a la catástrofe y a repetir dramáticas confrontaciones civiles. Señalaba que existía un alto riesgo de que la nación se desmembrase o el Estado se hiciera ingobernable. Para ello, era urgente que, sin fantasías peligrosas ni locas quimeras, se fijara un techo razonable a todas las comunidades; especialmente a la vasca y catalana, y éstas se comprometiesen en una unidad nacional indispensable. Para Tarradellas, «el federalismo en España sería un error». Suárez había llevado al país a tal grado de deterioro, aseguraba, que la situación ya no se podía arreglar más que con el uso del bisturí. O eso, o el progreso espectacular de las últimas décadas se arrojarían al cubo de la basura. Por eso estaba convencido de que «es inevitable una intervención militar».

IX.
ETA SECUESTRA LA DEMOCRACIA
Y EL GOBIERNO ESCONDE A LOS MUERTOS

Durante años, los actos de terrorismo, matanzas y asesinatos del nacionalismo vasco más fanático, fueron celebrados por igual por el PNV, PSOE y PCE. Para ellos, los etarras eran héroes y patriotas que luchaban contra la dictadura franquista y socavaban sus cimientos y fortaleza. En la transición, el Partido Nacionalista Vasco sería el beneficiario directo de las acciones terroristas de ETA, del terror y de los muertos. De aquel intenso horror también se nutriría la ideología nacionalista en general. En todos los lugares. De hecho, el terrorismo de ETA pasó a secuestrar el proceso democrático en la transición, condicionándolo de forma determinante. Secuestro que aún hoy día no ha terminado de resolverse, si bien es cierto que la situación ha ido cambiando sustancialmente. Su mayor logro durante el franquismo fue el asesinato del almirante Carrero Blanco. Cuando el 20 de diciembre de 1973, el coche del presidente voló por los aires, el futuro del régimen cambió de dirección. Desde ese día, el tránsito hacia la democracia, que también se hubiera alcanzado con Carrero, aunque por otras vías bien diferentes, se deslizaría por los caminos de la confusión, la improvisación y el aventurerismo ya analizados.

Como ya he comentado, la izquierda socialista y comunista regresó del exilio clamando por el derecho a la autodeterminación de los pueblos de España. Era la consecuencia de una enfermedad generada en la clandestinidad por contagio del nacionalismo. Nunca antes la izquierda revolucionaria socialista, ni la comunista sovietizada, habían tenido tal ósmosis de identidad con ideologías nacionalistas de extracción burguesa, reaccionaria y clerical. Desde el País Vasco, los herederos de aquella burguesía nacionalista presionaba para que el gobierno restituyera los conciertos económicos forales a Vizcaya y Guipúzcoa, suprimidos por el bando nacional durante la Guerra Civil. Dicha restitución vendría salpicada con el asesinato del presidente de la Diputación de Guipúzcoa, José María Araluce, sobre cuyo cadáver los terroristas escupieron enfatizando que habían «ejecutado a uno de los miembros más caracterizados de la línea dura de la dictadura». Tiempo después, sería asesinado también Augusto Unceta, presidente de la Diputación de Vizcaya.

El objetivo de Suárez era llegar a las primeras elecciones sin atentados. Para ello, miembros del Servicio Central de Documentación (SECED), el servicio de inteligencia creado por Carrero, venían manteniendo diversos contactos con las dos ramas de ETA, militar y político-militar, para alcanzar un acuerdo de «alto el fuego» circunstancial. Sobre la mesa de negociación, el gobierno ofrecía una tregua a la carta: tantos presos indultados por tantos días sin bombas ni asesinatos. Aquéllas fueron las operaciones Aitor I y Aitor II. La primera, llevada por oficiales de inteligencia del Ejército y comisarios de policía, y la segunda, a través de la mediación de un periodista vasco, José María Portell, director del periódico la Hoja del Lunes de San Sebastián, considerado simpatizante de ETA, y a quien la banda terrorista asesinaría en junio de 1978.

El escollo difícil e insalvable estaba en entenderse con las dos ramas terroristas. ETA político-militar se inclinaba por negociar. Para ella, lo primordial era conseguir sacar a sus más de setecientos presos de las cárceles y participar en el proceso político de la «democracia burguesa». Durante las conversaciones, se planteó la amnistía general por delitos políticos. El gobierno estaba dispuesto a tramitarla, pero resultó más conveniente retrasar ésta hasta después de las elecciones, ya en el marco de un nuevo parlamento democrático. No obstante, desde el primer decreto de amnistía del verano del 76, el gabinete centrista fue añadiendo paulatinamente medidas de gracia con nuevos indultos y con medidas de extrañamiento hacia un país extranjero, para aquellos a quienes se les había conmutado la pena de muerte, todavía vigente.

Las concesiones de Suárez llegarían hasta el extremo de otorgar el indulto a los etarras que habían sido juzgados y condenados en el conocido proceso de Burgos de diciembre de 1970. Entre los terroristas condenados estaban los miembros del comando que había causado las primeras víctimas. Cuando el gabinete estudiaba las medidas de gracia, Suárez recibió la noticia del secuestro del industrial Javier de Ibarra, lo que le hizo exclamar: «¡No puede ser ETA!», llevándose las manos a la cabeza. Al presidente le habían garantizado que sus acuerdos circunstanciales con la organización terrorista le darían un margen de tranquilidad hasta las elecciones. Pese a tan «inoportuno contratiempo», el gobierno acordó las medidas de indulto, pasando por encima de las protestas de los ministros militares. En la jornada de reflexión del 14 de junio de 1977, se vaciaron las cárceles de terroristas. Una semana después de los primeros comicios, aparecería asesinado de un tiro en la nuca el industrial secuestrado. Javier de Ibarra y Bergé había sido alcalde de Bilbao y era cercano al PNV.

En octubre de 1977, todos los diputados, excepto dos, aprobaron la ley de amnistía. Era el colofón a las amnistías e indultos precedentes. Todos los terroristas de ETA, incluso los que habían participado en asesinatos, se beneficiarían de ella. En la explicación de motivos se afirmaba que aquellas muertes, atentados con bombas y secuestros, se habían llevado a cabo por razones políticas. Y la amnistía era política. A los terroristas de ETA se los distinguía con el «honor» de haber sido luchadores contra la dictadura franquista y por la libertad. El tiempo se encargaría de poner aquella gruesa estulticia en su sitio. ETA no luchaba contra un régimen autoritario sino contra España, o contra todo lo que estuviera teñido de españolidad, según el concepto ideológico de unos seres tan primarios y reduccionistas, trufados con el romanticismo pueril de Sabino Arana. Entre otros, fueron puestos en libertad los miembros del comando Txikia, que había asesinado al almirante Carrero, sin siquiera haber sido juzgados. Tal era el precio de las conversaciones secretas entre ETA y el gobierno que, en breve, fracasarían sin acuerdo alguno. Naturalmente, al igual que todas las negociaciones, conversaciones y contactos que todos los gobiernos han venido manteniendo con la banda terrorista a los largo de los años. Tan sólo un mes después de la amnistía ETA asesinaría al comandante Joaquín Imaz, jefe de la policía armada de Pamplona.

Julio de 1978 fue un mes lleno de agitación terrorista, preludio de negros presagios. Coincidiendo con la convocatoria del pleno que aprobaría el proyecto de constitución, un comando terrorista descerrajaba varios tiros sobre el general de brigada Manuel Sánchez Ramos y su ayudante, el teniente coronel José Pérez Rodríguez, en una barriada militar madrileña. Ambos fallecerían al instante en el interior de su coche oficial. ETA inauguraba así una nueva táctica de terror. Hasta entonces, el objetivo prioritario de sus acciones terroristas estaba en descargarlo sobre miembros de la Guardia Civil y la policía armada; además de empresarios, obreros, trabajadores… Desde ese momento, se iban a sumar dramáticamente altos oficiales de los ejércitos. Gutiérrez Mellado acudiría al Congreso al día siguiente de los asesinatos vestido de uniforme y con una sentida declaración: «Estos criminales atentados pretenden romper España, quebrantar nuestra moral, lograr que el gobierno y las fuerzas políticas pierdan los nervios, que las fuerzas de orden público se sientan intranquilas y que las fuerzas armadas duden.» En el funeral celebrado en el Cuartel General del Ejército, el vicepresidente sería despedido por sus colegas de armas con gritos sonoros de «Guti: ¡traidor! ¡Espía! ¡Masonazo!».

Sin embargo, para el gobierno, los muertos en atentados eran una carga incómoda y molesta que era conveniente ocultar, enterrándolos casi subrepticiamente, o con esquelas de despedida y recuerdo en los periódicos de «… falleció víctima de accidente terrorista». Por el contrario, la organización terrorista, comprobando los altos rendimientos políticos que le daban los muertos al nacionalismo independentista, elevaba su objetivo hacia el corazón de las fuerzas armadas. El 3 de enero de 1979 caería abatido a tiros a la puerta de su casa el general de división Constantino Ortín Gil, gobernador militar de Madrid. El asesinato conmocionó por su relevancia al gobierno y a la sociedad. En el Ejército, el impacto fue de muy alta crispación y rabia desbordada, que se volvería contra una política gubernamental tan contemporizadora en materia antiterrorista.

Al funeral en el Cuartel General del Ejército únicamente acudió dando la cara el vicepresidente para la Defensa, Gutiérrez Mellado. Doña Sofía reprocharía en Zarzuela que no entendía por qué razón no asistía el ejecutivo en pleno: «forma parte de sus obligaciones y resulta vergonzoso», comentaría. Pero también los reyes tardarían bastante tiempo en acudir a los funerales y entierros de las víctimas del terrorismo. Las instrucciones al término de las honras fúnebres, eran las de introducir de inmediato el féretro en un furgón estacionado en una puerta lateral y trasladarlo a toda velocidad al cementerio. Fue entonces cuando muchos jefes y oficiales estallaron de ira reclamando que se colocara la bandera sobre el ataúd. Cuando otros jefes militares que acompañaban a Mellado replicaron que «¿por qué con bandera?», se viviría uno de los actos más bochornosos que se recuerdan de la transición.

Generales, jefes y oficiales se lanzaron a arrebatar el cadáver a quienes lo llevaban con paso rápido al coche fúnebre, mientras el vicepresidente, su séquito de ayudantes y otros jefes, trataban de impedirlo. El espectáculo de indisciplina sería memorable. Gutiérrez Mellado fue zarandeado y empujado, y tachado de «¡masón!, ¡traidor! e ¡hijo de puta!», mientras alguno de sus ayudantes se enzarzaba a golpes con otros jefes militares. Finalmente, el féretro del general Ortín, con bandera, fue sacado por la puerta principal del Cuartel General, portado a hombros de unos mandos del ejército irascibles, entre un coro de gritos de «¡gobierno dimisión!, ¡ETA asesina! y ¡gobierno culpable!». En la calle, unos centenares de civiles, familiares de militares y de extracción ultra, aprovecharon para jalear a la comitiva con estruendosos gritos de «¡Ejército al poder!».

Para el general José Vega, tan insólito acto de indisciplina se explicaba por «un estado de irritación que evidentemente existe por esa ofensiva terrorista que estamos sufriendo». Por su parte, el vicepresidente Mellado, muy indignado por dicho acto de indisciplina masivo, ordenó al director del CESID, José María Bourgón, que le facilitara la identidad de los militares que habían participado en los incidentes para tomar medidas contra ellos. Varios agentes del servicio de inteligencia habían hecho fotos y hubiera resultado muy sencilla su identificación; además de los centenares de fotografías que habían tomado los enviados gráficos al funeral. Sin embargo, Bourgón desoyó la orden de Mellado, contestándole que «yo no soy ningún chivato de compañeros». Aquélla sería la gota que colmaría el vaso de una relación personal que se había ido deteriorando desde que el vicepresidente había puesto a Bourgón al frente del CESID, y que significaría su cese en el mismo. Pero lo curioso fue que Javier Calderón, el amigo de toda confianza del vicepresidente y verdadero hombre fuerte del CESID, tampoco denunciaría ni enviaría las fotografías de quienes habían tomado parte activa en tan sonados incidentes. En la Pascua Militar, el rey zanjaría el asunto con una llamada de atención a sus soldados al recordarles que «los peligros de la indisciplina son mayores que los del error.»

En 1979, ETA continuaría con su progresión sangrienta: 35 muertos en los tres primeros meses. El 25 de mayo, dos pistoleros de ETA ametrallaban en Madrid el coche en el que viaja el teniente general Luis Gómez Hortigüela, sus ayudantes, coroneles Agustín Laso Corral y Jesús Ábalos Jiménez, y el conductor Luis Gómez Borrero. Tras los disparos, los terroristas arrojaron una granada al interior del vehículo. Sus cuatro ocupantes fueron asesinados. Al día siguiente, una bomba destrozaba la popular cafetería California 47, situada en la calle Goya de Madrid. La deflagración causó 9 muertos y 62 heridos. La autoría de dicho atentado fue de los GRAPO. El 7 de junio, caería abatido en Tolosa (Guipúzcoa) el comandante de infantería Andrés Varela Rúa; a primeros de julio, Gabriel Cisneros Laborda, diputado centrista, sería ametrallado por un comando etarra a la puerta de su domicilio al resistirse a ser secuestrado, resultando gravemente herido. Uno de los miembros de aquel comando fue Arnaldo Otegui, reconocido años después como «un hombre de paz» por el presidente socialista Rodríguez Zapatero. Con semejante cosecha terrorista se pronunciaría oportunamente Xavier Arzalluz, el santón más cualificado por entonces del nacionalismo vasco, para animar al gobierno a negociar con los terroristas, porque «los de ETA son gente de palabra».

Con el inicio de la temporada turística, ETA colocó varias bombas en localidades de la Costa del Sol y de Levante, así como en el aeropuerto de Barajas y en las estaciones madrileñas de Chamartín y Atocha, con un balance de cinco muertos y un centenar de heridos. El 12 de julio, un pavoroso incendio destruyó el hotel Corona de Aragón, Zaragoza. Balance: 80 muertos y 130 heridos. El hotel estaba en su mayor parte ocupado por militares con sus familias, entre otros, por varios miembros de la familia Franco; Carmen Polo, su viuda, Carmen Franco, su hija, el marqués de Villaverde y varios de sus hijos y amigos. Todos tenían previsto acudir a la entrega de despachos de los nuevos alféreces en la Academia General Militar.

El delegado gubernamental en la capital maña, Francisco Laína, el mismo personaje que la noche del 23-F quiso meter a los GEO en el Congreso, se lanzó a dar una versión oficial antes incluso de que los técnicos dictaminaran las causas del incendio: el foco inicial se había encontrado en el aceite hirviendo que saltara de la sartén en que se estaban friendo los churros para el desayuno. La autoría del incendio fue obra de ETA. Y por lo tanto, un atentado. La banda terrorista lo reivindicaría por tres medios diferentes. Y con el tiempo se abrirían paso los dictámenes periciales que constataron la presencia de sustancias químicas que fueron colocadas en diferentes lugares para propagar rápidamente el incendio. Pero el gobierno impuso la increíble versión de la freidora de churros, ante el temor a las consecuencias que se podrían haber derivado de haber aceptado la autoría de ETA. Bastantes años después, el gobierno español presidido por José María Aznar, reconocería como víctimas de atentado terrorista a los muertos y heridos en el incendio.

El año 1979 se cerró con el secuestro del diputado centrista Javier Rupérez. Al comando de ETA (p.m.) integrado, entre otros, por una joven que se acercó a él y pudo ganarse su confianza, le resultó relativamente sencillo secuestrarlo a mediados de noviembre. El secuestro tuvo un gran impacto nacional e internacional. Y la negociación para su liberación entre el gobierno y la banda terrorista fue ardua y complicada, llegando incluso a intervenir públicamente el Papa Juan Pablo II pidiendo su liberación. Finalmente, el gobierno cedió al chantaje terrorista y Rupérez fue liberado a mediados de diciembre. Su patético rostro al llegar al palacio de la Moncloa era fiel reflejo del drama personal y de los días de horror padecidos.

1980 sería igualmente un año brutal de atentados terroristas. El 2 de septiembre era asesinado en Barcelona el general de brigada Enrique Briz Armengol y gravemente heridos los soldados Marcos Vidal Pinar y Luis Arnau Gabi, ambos de 19 años. En esta ocasión fueron los GRAPO quienes reivindicaron el atentado. Unos días después, fue abatido el capitán de la policía nacional Basilio Altuna de un tiro en la sien en la localidad alavesa de Erenchun. ETA (p.m.) asumiría su autoría. Noviembre de ese mismo año de 1980 sería espeluznante: 38 atentados, 17 asesinatos, 46 heridos, 150 detenidos, dos asaltos a cuarteles, 25 explosiones en edificios, vehículos y mobiliario urbano, 11 alijos de armas descubiertos, ocho comandos desarticulados…

El viernes 31 de octubre, ETA mató a bocajarro a Juan de Dios Doval cuando se dirigía a la facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Doval era miembro de la ejecutiva centrista de Guipúzcoa. Su asesinato se sumaría al que el 30 de septiembre le había costado la vida en Vitoria a José Ignacio Ustarán, miembro del comité ejecutivo de la UCD de Álava, y al que el 23 de octubre acabó con la vida de Jaime Arrese, también de la ejecutiva centrista de Guipúzcoa. Adolfo Suárez no acudió a ninguno de los funerales y entierros de sus correligionarios caídos. Ante las fuertes críticas desatadas, a la portavoz gubernamental, Rosa Posada, no se le ocurriría nada mejor que declarar oficialmente que «el presidente del gobierno no puede acudir a los entierros porque está ocupado en asuntos más importantes».

La citada declaración no se puede contemplar, ayer, hoy y siempre, más que desde la ignominia ante el horror, y que a modo de réplica se puede recordar la digna postura de la ex juez iraní Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz y activa defensora de los derechos humanos, quien ha afirmado que «un gobierno que teme a los muertos no puede ser fuerte». Y ésa era precisamente la situación en la que fueron cayendo todos los gobiernos de Suárez. Entonces ETA, que asesinaba una media de más de cien españoles al año, arrastraba al País Vasco hacia un proceso neorrevolucionario para alcanzar el objetivo de su independencia, con el beneplácito y la satisfacción del nacionalismo vasco. Y también del catalán. Tan pío y conservador siempre. Al escoger ETA como objetivo a los dirigentes centristas del País Vasco, numerosos militantes se vieron forzados a exilarse. El escritor y ensayista vasco Iñaki Ezquerra, quien también se ha visto forzado de alguna forma al «exilio interior», estima en su obra Exiliados en democracia, que como consecuencia del acoso terrorista de aquellos años, ETA obligó a un exilio interior hacia otros lugares de España a unos 200.000 vascos.

También a finales de octubre caería asesinado el abogado donostiarra José María Pérez López. El 3 de noviembre, serían cuatro guardias civiles, un paisano y cinco heridos graves, los que resultaron «cazados» en el bar Haizea de Zarauz; el jueves 6, caerían en Eibar (Guipúzcoa), un policía nacional y un amigo suyo, peluquero de profesión, y otro policía nacional en Baracaldo (Vizcaya); el viernes 14, fue abatido en Santurce (Vizcaya), Vicente Zorita, militante de Alianza Popular. El ensañamiento de los pistoleros con este último fue especialmente aberrante. El comando etarra lo sacó de su casa a punta de pistola. Tras amordazarlo, le dispararon un tiro en la nuca. Cuando la policía lo encontró y le retiró el esparadrapo que le sellaba la boca, salió una pequeña bandera española de su interior. El jueves 13 de noviembre, dos guardias civiles resultarían gravemente heridos en la localidad guipuzcoana de Lezo; el domingo 16, un comando de diez etarras asaltó el Batallón de Cazadores de Montaña Cataluña IV de Berga (Lérida), para apoderarse de armas y explosivos. Inicialmente, el comando consiguió reducir a tres soldados, pero al sonar la alarma se dieron a la fuga. A los pocos días, sus miembros fueron detenidos y el comando desarticulado. Contaba con el apoyo de un grupo separatista catalán.

Otro comando de cuatro terroristas, tres hombres y una mujer, asaltó la Jefatura del Sector Aéreo de San Sebastián, apoderándose de diverso armamento. En su huida, hirieron de gravedad al coronel Ramón Gómez Arnáldez, director del aeropuerto de Fuenterrabía, quien se enfrentó a tiros con los terroristas. Pese a ello, el gobierno lo cesaría de inmediato del mando de la Jefatura del Sector Aéreo de Vascongadas. El coronel había advertido a sus jefes en dos ocasiones, y por escrito, del riesgo de un asalto terrorista. El lunes 17, ETA mató al guardia civil Juan García León en Eibar; el miércoles 19 los Grapo asesinaron en Zaragoza al coronel del Ejército del Aire Luis Constante Acín; el viernes fue asesinado otro guardia civil en Tolosa y el jueves 27 de noviembre ETA mató al jefe de la Policía Municipal de San Sebastián, Miguel Garciarena Baraibar, teniente coronel en la reserva.

Ante tal cuadro de horror y muerte, los responsables políticos gubernamentales se perdían en cada ocasión en el consabido ritual de «enérgica condena» y de «exigimos a ETA», que no servía siquiera para tranquilizar sus propias conciencias pusilánimes y cobardes. El ministro del Interior, Juan José Rosón, era uno de los obligados a hacer el correspondiente ritual de condenar sin paliativos tanto aluvión de muerte y violencia. A cada atentado, y siempre con «enérgica firmeza», aseguraba que «ETA está cada día más contra las cuerdas. Estamos ante una ofensiva general de ETA que es un gesto de desesperación». Por su parte, Jesús María Viana, presidente de la UCD vasca, afirmaba que «unidos todos los partidos, vamos a aislar a ETA». Todo esto se decía en 1980. A la postre, no eran más que infames recursos dialécticos persistentes a los que con toda tenacidad se han ido acogiendo los diferentes responsables políticos de cada etapa y en cada momento a lo largo de todos estos años.

El mismo Viana reconocía en octubre de 1980 que «aquí [en el País Vasco] no somos libres, vivimos coaccionados por el terror. Falta la más mínima libertad. Lo que está logrando ETA es matar al pueblo. Va a por todas. Los terroristas quieren calcinar esta tierra. Nos vemos más en los funerales que en las reuniones de partido». El socialista Víctor Manuel Arbeloa, presidente del Parlamento Foral de Navarra, expresaba en un telegrama dirigido a la UCD guipuzcoana, tras un atentado, que «me veo obligado a decir bien alto que basta de funerales, de flores y de discursos; que en Euskadi, por culpa de unos y de otros, ya no se puede vivir, sólo se puede matar impunemente; que esto es un continuo día de difuntos».

Las diferentes reacciones en la oposición ante tanta violencia y muerte y, especialmente, ante un comportamiento tan miserable por parte del gobierno, iba creciendo de intensidad. Así, Manuel Fraga reiteraba en una entrevista lo que repetía asiduamente en sus famosas queimadas con periodistas: «Si valen las metralletas, ¿por qué no van a valer los cañones?… si sigue el estado de deterioro». El secretario general de los socialistas vascos, Txiki Benegas, quien ya había modificado su anterior posición de acercamiento y comprensión al mundo nacionalista y etarra, se mostraba dispuesto a hacer la guerra al entorno político de ETA: «Si Herri Batasuna quiere la guerra, la tendrá a todos los niveles. Estamos en un momento en el que está faltando libertad para poder expresarse libremente». El propio ministro de la Presidencia, Rafael Arias Salgado, lo reconocía también expresamente: «Lo del País Vasco es una guerra a medio plazo y yo no conozco ninguna que se pueda ganar en veinticuatro horas».

Por su lado, el lehendakari Carlos Garaicoechea, que era quien mejor recogía la cosecha de tanta muerte («ellos mueven el árbol [ETA] y nosotros recogemos las nueces», en expresión encanallada de Javier Arzalluz), coincidiría también con esos análisis: «Hay una situación de guerra civil que puede explotar en cualquier momento». Julio Jáuregui, senador del PNV, iba un poco más lejos: «En el País Vasco hay una guerra revolucionaria marxista-leninista. Es una guerra clandestina que sólo podrá ser combatida con otra guerra clandestina dirigida por el Estado desde el Estado». El senador fallecería pocos meses después, pero sus palabras serían aplicadas a rajatabla por los gobiernos socialistas de Felipe González en la guerra sucia de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). Pero quien mejor expresara el momento sería Javier Arzalluz, quien al menos sí que sabía lo que quería: «Antes de hablar de paz, hay que terminar la guerra pendiente. Tienen que restituirnos antes los conciertos que nos quitaron». Para ello se mostraba «partidario del diálogo con ETA o con cualquier organización que protagonice el terrorismo». Para el presidente del PNV «no se puede tratar a ETA como a una cuadrilla de asesinos».

Aquellos fueron años de tremenda indignidad gubernamental. En todos o casi todos los aspectos, y especialmente en lo concerniente al terrorismo de ETA. Las cifras fueron estremecedoras y hablaban por sí solas. El balance de víctimas en 1976 fue de 33 muertos, la mayoría a manos de ETA y GRAPO. En 1978, el terrorismo causó 113 muertos y 356 heridos, en atentados perpetrados mayoritariamente por ETA. 1979 se cerraría con un balance de 247 asesinados, 784 heridos y más de 600 atentados terroristas, la mayor parte obra de ETA. Entre las víctimas de ese año estaban los 80 muertos y los más de cien heridos del incendio del Hotel Corona de Aragón, cuya autoría sería reivindicada por ETA. 1980 sería un «maldito año bisiesto», que además de suponer una tremenda agonía política para Suárez, arrojaría en la brutalidad terrorista el balance salvaje de 132 muertos, 432 heridos, más de 480 atentados, más de 2.000 detenidos, 200 explosiones, 57 artefactos desactivados… «hazañas» que en su gran mayoría recaerían en los terroristas de ETA.

En noviembre de 1983, Felipe González, ya en el poder, sería mucho más contundente que Suárez en su análisis del terrorismo etarra, al plantear una serie de medidas antiterroristas, legales, en el Congreso: «La incomprensión de ETA hacia las medidas políticas que, con carácter pacificador, ha venido aprobando el Parlamento desde 1977… A la amnistía generosa se respondió con el asesinato y con la muerte; a la Constitución se respondió con el asesinato y con la muerte; a los estatutos de autonomía se respondió con los asesinatos, la extorsión y la violencia; a la supresión de la pena de muerte se respondió arrogándose las bandas terroristas de fanáticos el derecho a suprimir la vida de las personas».

Durante una de las conversaciones que mantuve con el coronel San Martín, éste se mostró convencido de que sin los «atentados tan brutales del terrorismo de ETA, no hubiera habido 23-F». Siempre creí que aquel juicio era demasiado absoluto para el todo. Sí es cierto que fue un factor muy importante a sumar. Pero hubo otros, tanto o más determinantes, como la descomposición de la UCD y las conspiraciones desde todos los frentes institucionales, políticos, empresariales, financieros, religiosos y periodísticos contra Suárez, el fenómeno disgregador autonómico, la insoportable presión de los nacionalismos… Pero con toda esa suma de elementos, la operación especial 23-F no se habría puesto en marcha jamás si el mando supremo no hubiera dado luz verde a la misma. Como factor de corrección. Como un nuevo pacto político. Y sin embargo, el ejército nunca conspiró pese a ser uno de los objetivos prioritarios del terrorismo de ETA, que entre 1976 y 1980 asesinaría a más de 500 personas y dejaría millares de víctimas.

X.
EL REY,
HARTO DE SUÁREZ.
LOS DEMÁS BUSCAN SU ASFIXIA

Una de las razones principales por las que se llevó a cabo la operación especial del 23-F, era que Adolfo Suárez había pasado de ser la solución a ser el problema en muy poco tiempo. No es que fuera un caso paralelo al del rey felón Fernando VII, que pasaría de ser el Deseado a ser coceado por los mismos que pocos años atrás habían suplicado por él con aquel rumboso y castizo «¡Vivan las caenas!». No, no se debería establecer comparación rigurosa alguna entre Fernando VII y Adolfo Suárez, porque el primero era un Borbón de la línea directa de los Borbones, y el segundo no era más que un pequeño burgués advenedizo pero ambicioso; un chusquero de la política, como decía de sí mismo, quizá con cierta ironía. Un hombre que en una línea de identidad absoluta con el nuevo Borbón recién instalado en la jefatura del Estado, había sido el instrumento, la solución, para poner en marcha el proceso de reformas políticas para pasar del régimen autoritario a la democracia. Suárez pasó de ser el protagonista del consenso, el pacto constitucional y la concordia, a ser el artífice del desencanto; y del desencanto, a la rebelión interna de los suyos, a la crítica abierta del resto de partidos, instituciones y grupos profesionales; y de la rebelión interna de los propios, a ser objeto de la presión y la conspiración más activa para echarlo del poder, desde el rey abajo, todos, porque se había convertido en el problema, en un apestado.

La buena relación de afinidad e identidad entre el rey y Suárez se mantuvo hasta poco después de las elecciones de marzo del 79, como ya he dicho. Tras aquellos comicios, que UCD volvió a ganar por mayoría simple, el PSOE dio por resuelta la etapa del consenso, pasando a hacer una oposición muy dura, personalizándola en el presidente. La noche electoral del 3 de marzo, a Felipe González le cayeron lágrimas de irritación y rabia, por el sentimiento de que Suárez había hecho juego sucio los últimos días de campaña. Pero lo más grave sería la grieta permanente que abrió con los jefes de filas del conglomerado de la UCD.

Suárez hizo más personal su tercer gobierno, castigando a los barones de la UCD, a los que dejó fuera. Aquello, lejos de apaciguar las aguas del partido, que en realidad nunca había dejado de ser un engendro artificial, iniciaría en los jefes de filas —de sí mismos, en realidad— una campaña de acoso y derribo contra su jefe, el presidente. Adolfo, que creía tener el control total del partido después del primer congreso de UCD, se blindaba en la Moncloa con un grupo de leales —los fontaneros— que serían los encargados de verse las caras con los demás. Como primer gesto de alejamiento y de rechazo a las normas y prácticas democráticas, Suárez se negaría a que hubiera debate en la sesión de investidura. El nuevo presidente del Congreso, Landelino Lavilla, se mostró escandalizado y trató de convencerlo de que presentara sus proyectos de gobierno, ideas y objetivos para la legislatura. No lo consiguió, y su cerrada negativa sería recibida con un fenomenal pateo del abanico de la izquierda. A Adolfo Suárez, el marco parlamentario ya no le servía como foro de debate y de discusión. Le producía un especial sarpullido y le daba repelús. Prefería las distancias cortas, el bis a bis, con el que se sentía más firme y seguro, pero que sin duda alguna no era tan democrático. De esta forma, optó por aislarse —bunquerizarse— en la Moncloa, dejando que fuese su vicepresidente Fernando Abril quien se batiera en el fuego cruzado. Pero lo cierto fue que sus gestos presidencialistas y distantes le irían generando una creciente desconfianza y un cada día mayor desprestigio, hasta dejar de ser fiable.

Aquella falta de respeto de Suárez a las normas y usos democráticos, le pasarían factura en breve. El 20 de mayo de 1980, el presidente decidió comparecer en el Congreso con un discurso elaborado por su equipo de fontaneros de la Moncloa. Con ello, pretendía mitigar sus notorias ausencias parlamentarias y ofrecer, a modo de excusa, una nueva ordenación autonómica, atajar el paro, la crisis económica y la sempiterna condena política que «exigiría» a los terroristas etarras que dejasen de matar. Pero lo que Suárez no sospechaba en absoluto era el golpe de descrédito que al día siguiente le daría por sorpresa Felipe González. El líder de la oposición, lejos de replicar el discurso de Suárez, anunció una moción de censura que cayó como una losa en el área gubernamental: «El presidente Suárez y su gobierno han incumplido reiteradamente compromisos programáticos contraídos ante el conjunto de los ciudadanos, acuerdos con otras fuerzas políticas y, asimismo, otros contraídos con las Cortes generales… El gobierno ha hecho gala de desprecio a las reglas del juego propias de la democracia parlamentaria que consagra la Constitución, llegándose a afirmar que un debate parlamentario constituye una trampa y que una interpelación por la libertad de expresión es una provocación».

Suárez se quedó atónito por el mazazo recibido, sin poder dar crédito a lo que estaba oyendo, e inmóvil de espanto, se mantuvo clavado en su escaño. Sin reacción alguna. En su lugar salió el vicepresidente Fernando Abril, el gran escudero presidencial, quien cogido también in albis, intentó balbucear una réplica aturullada y embarullada que se perdería en el limbo del diálogo Norte-Sur, que, por supuesto, nadie entendió. El Partido Socialista sabía de antemano que su iniciativa no triunfaría. Su objetivo era clavar un rejón de muerte en el corazón del suarismo. Que el presidente se hundiera en el abismo ante sus propios correligionarios, que dejase de ser fiable para las familias centristas y cayera en el descrédito entre las instituciones del Estado, los círculos fácticos y a los ojos del monarca. Y eso sí lo conseguiría. «El debate de la moción de censura —recordaría posteriormente Pablo Castellano— fue realmente elocuente en su significado. Romper la UCD y formar con parte de ella un nuevo gobierno de coalición con González a la cabeza… La moción de censura fue una bomba de efecto retardado que al final dio su fruto al dejar aislado al propio Suárez con respecto a sus familias y baronías.»[37]

Alfonso Guerra, ácido y de lengua de serpiente, se ensañaría con dureza con unas frases catilinarias: «Suárez no soporta más democracia; la democracia no soporta más a Suárez»… «La mitad de los diputados de UCD se entusiasman cuando oyen en esta tribuna al señor Fraga. Y la otra mitad lo hace cuando quien habla es Felipe González.» «Los españoles vieron cómo Suárez caía de las vitrinas y se hacía pedazos en el suelo.» Suárez salvó la moción de censura, pero salió de aquel debate con el certificado de defunción a tiempo tasado. Desde entonces, todos estarían a una para derribarlo.

En un nuevo intento de propósito de enmienda, Suárez aseguró a don Juan Carlos que haría crisis en el verano, formando un gobierno fuerte y estable. El rey, que había seguido con mucha preocupación el debate de la moción de censura, estaba ya convencido de que el presidente no tendría vigor para acometer esa empresa. Hacía un tiempo que las relaciones entre ambos se basaban en el escepticismo, la desconfianza y el distanciamiento. Aquella química de identidad, sinergia de fusión, complicidad en la gestión y sintonía en un objetivo común, se había desvanecido.

Y el monarca fue recibiendo en audiencia uno a uno a los jefes de partidos de la oposición. A todos les transmitía que ante la gravedad del momento, estaba dispuesto a utilizar el mecanismo de arbitraje y moderación para el que de forma muy confusa le facultaba la Constitución. González pensaba que el desgobierno de la UCD estaba arrastrando a España al caos y era necesario adelantar las elecciones o, en todo caso, estudiar la formación de un gobierno de gestión, sin Suárez, con un independiente a su cabeza. Fraga creía que si no se atajaba de inmediato la situación, íbamos a vivir una grave crisis de Estado que podía afectar a la corona, de la que, naturalmente, sería responsable Suárez. E incluso Carrillo era partidario de un gobierno de coalición.

Suárez trataba de ir capeando el temporal como buenamente podía. A los problemas que desde todos lados le cercaban, se alzaba cada vez más intensa y fuerte la oposición interna de los barones centristas. Todos le exigían su ruptura con Abril Martorell y que trasladara las decisiones importantes del gobierno al seno del partido, donde se encargarían de cocinarlas. Lo que de hecho era también un disparate. Entre crisis y crisis gubernamental, Suárez se reunió en los primeros días de julio con varios miembros de la comisión permanente de UCD en una finca pública de la sierra baja de Madrid, en el término de Manzanares el Real. Aquello se conocerá como el encuentro de la «Casa de la Pradera», y el fin era analizar el funcionamiento y las competencias de los órganos colegiados del partido y las perspectivas del II Congreso de la UCD, previsto para finales de enero de 1981.

Sin embargo el cónclave sería un calvario para Suárez, al cuestionar casi todos los presentes su liderazgo. Así, para el liberal Joaquín Garrigues el futuro inmediato pasaba o bien por hacer «una banda y gobernamos contigo o gobiernas tú sólo… y yo me tengo que ir a la oposición dentro del partido». Para Pío Cabanillas se había tocado fondo, Martín Villa le expuso que «eres tú mismo, Adolfo, el que debe decidir si sigues o no sigues», Francisco Fernández Ordoñez afirmó que había que resolver el reparto del poder antes del congreso; Landelino Lavilla propuso que una vez supieran lo que había que hacer, «ver si es bueno o no que Suárez siga siendo presidente del partido y presidente del gobierno». Garrigues insistiría en que Suárez tenía un «problema dentro de UCD», además de en todos los demás frentes. Excepción hecha de Fernando Abril, Rafael Arias Salgado y Rafael Calvo Ortega, el resto de los barones cuestionarían sin reserva alguna el liderazgo de Suárez, obligándole a compartir el poder. Ante un futuro tan negro, acordaron no descabalgar a Suárez del poder, al no tener un recambio claro inmediato, pero a cambio, el presidente compartiría colegiadamente el poder en el partido y en el gobierno.

De aquel encierro, Suárez saldría aún más capitidisminuido y con mucha menos autoridad. Eso fue algo que pudo comprobar poco tiempo después, cuando un diputado centrista quiso promover una nueva proposición de ley para amnistiar a los oficiales del ejército republicano y a los de la Unión Militar Democrática. Rodríguez Sahagún no veía con malos ojos este nuevo intento de hacer retornar a la milicia a los úmedos, que contaba con el apoyo entusiasta del PSOE y del PCE. Pero el Ejército volvería a plantarse, incrementándose el nivel de crispación militar. Toda la cadena de mando militar fue muy contundente en su negativa. Incluso el general Sáenz de Tejada, jefe del Estado Mayor de la Primera Región, llegaría a comentar entre los jefes de la Acorazada que en el caso de que se reincorporaran los úmedos al Ejército «haré lo posible por sublevar a la región».

La medida sería paralizada. Pero lo trascendente del asunto estuvo en que Adolfo Suárez, que era el jefe de la Junta de Defensa Nacional, se enteró de la iniciativa de su grupo parlamentario por los periódicos. Un claro signo de su divorcio con los responsables del partido centrista. Poco después, reconocería que se había actuado con precipitación provocando sin necesidad la indignación de las fuerzas armadas, a las que no se debía excitar desde la política, y que se le debía haber consultado la iniciativa previamente. Es posible que a su memoria acudiera la gravísima crisis desatada a causa de la legalización del Partido Comunista.

La moción de censura del PSOE había sido un mazazo para la credibilidad del presidente. Por entonces, la situación política se calificaba desde todos los ámbitos e ideologías de extraordinariamente grave y delicada. Hacía un año que Tarradellas clamaba por el golpe de timón. La descomposición de UCD, sus luchas familiares internas por el poder, la suicida política autonómica, las masacres terroristas y una grave crisis económica, presentaban un cuadro de inanidad gubernamental. Ante un panorama de semejante deterioro político, el tándem González-Guerra creía estar listo ya para conquistar el poder. Naturalmente, desde la propia UCD se estaban encargando de allanar el camino. Pablo Castellano, el líder de la izquierda socialista dentro del PSOE, recordaría posteriormente que «era muy difícil gobernar así, no sólo por razones objetivas, derivadas de la profunda crisis, sino también sabiendo que dos o tres ministros le contaban a Ferraz —sede del PSOE— todo lo que pasaba en los consejos [de ministros] y señalaban los puntos débiles por donde se podía atacar». Los dos últimos gobiernos de Suárez durarían poco más de cuatro meses.

Desde el CESID, hacía varios meses que se estaba trabajando en la Operación De Gaulle. Dicha operación se basaba como modelo en la forma en que el general Charles De Gaulle había retornado al poder en Francia a finales de los años cincuenta. En 1958, la situación en Argelia era un polvorín, y no sólo por los enfrentamientos entre el Frente de Liberación Nacional de Ben Bella y los pieds noirs (colonos franceses). Estos últimos consideraban el territorio magrebí argelino como una parte indisoluble de Francia, unido históricamente a la metrópoli y, por lo tanto, irrenunciable. Ese sentimiento era compartido por importantes sectores de las fuerzas armadas, de la sociedad y de la clase política, mientras otros colectivos se dejaban llevar por la fuerza de los hechos y de la praxis histórica, por lo que veían como algo irremediable la independencia de Argelia, fomentada por Estados Unidos y por los principios descolonizadores de Naciones Unidas. Así había ocurrido dos años antes en el gran trozo del protectorado francés de Marruecos, ante lo cual a la parte del protectorado español no le quedó más remedio que sumarse y conceder igualmente la independencia del territorio alauita.

Para Francia no fue un gran problema salir de Indochina y dejar aquella perla envenenada a los norteamericanos. Pero si ya la concesión de la independencia de Marruecos había sido un trágala aceptado a regañadientes, para muchos franceses, Argelia era Francia, y no estaban dispuestos a renunciar a ella, por lo que el riesgo de guerra civil era absolutamente real. En esa crítica situación, los más importantes y prestigiosos jefes del ejército francés, como los generales Raoul Salan y Jacques Massu, se dirigieron al presidente de la IV República, René Coty, conminándole a que la Asamblea de Francia designara jefe del gobierno al general Charles de Gaulle, retirado entonces en su casa de Colombey les Deux Églises, porque, de lo contrario, el ejército de Argelia se levantaría y los paracaidistas francesas caerían sobre París.

El presidente Coty se reunió con los jefes parlamentarios, a quienes propuso que ante una situación tan grave y delicada se eligiera al general De Gaulle jefe del gobierno. Con el apoyo de éstos, Coty presentó a De Gaulle ante la Asamblea de Francia, que le votó masivamente como nuevo jefe de gobierno, iniciándose así la caída de la IV República y el establecimiento de la V República. No cabe duda de que la designación del general De Gaulle como jefe de gobierno, y posteriormente como Presidente de la V República, fue un acto democrático, pero llevado a cabo bajo la amenaza de un golpe militar, sin que en este caso ni siquiera fuese necesaria la exhibición de la fuerza militar, porque había bastado con el anuncio de una intervención.

Trasladado aquel modelo al momento de la transición española, desde mediados de 1977, todo 1978 y primeros meses de 1979, era evidente que la situación de España no era en nada similar a la de Francia en 1958. En el caso español, no había riesgo alguno de polarización en la sociedad ni de confrontación entre las fuerzas armadas; por el contrario, éstas se mantenían férreamente unidas. Y ni siquiera los terribles estragos causados por los atentados terroristas de ETA, centrados en miembros de la policía, la Guardia Civil y el Ejército, principalmente, podían llegar a crear un riesgo de tal magnitud. Por lo tanto, los redactores de la «Operación De Gaulle» pensaron que para que se pudiera llegar a poner en marcha dicho plan, como fórmula correctora de la mala deriva de la situación política, había que introducir un elemento ex novo que sirviera de detonante para la aplicación de la solución correctora, de la reconducción. Objetivo que siempre debería alcanzarse sin que hubiera sangre ni represión alguna posterior. Que fuera totalmente incruenta. Para ello, los responsables del CESID se inventaron un SAM, un Supuesto Anticonstitucional Máximo, ya apuntado, como elemento previo e imprescindible para activar la operación, al objeto de que, una vez ofrecida a la clase política, fuese fácilmente aceptada motu proprio por la gran mayoría. En la creación de esa amenaza ficticia estaba pues el motivo que justificaba la operación.

Después de las elecciones de marzo de 1979 y tras el desdoblamiento que Suárez hizo de la doble función que venía ejerciendo el general Gutiérrez Mellado de vicepresidente y ministro de Defensa, esta cartera pasó a manos de Agustín Rodríguez Sahagún, un hombre de la total confianza del presidente Suárez y del vicepresidente Mellado. Una de las primeras decisiones de Rodríguez Sahagún fue reorganizar el área de involución del CESID, que hasta ese momento se había mantenido prácticamente inactiva. El ministro convocó a altos responsables del servicio, como al teniente coronel Javier Calderón, que era el secretario general del centro; a Florentino Ruiz Platero, jefe del gabinete de Calderón, y al comandante Santiago Bastos, para que activaran dicha área en unos momentos en los que el malestar entre los diferentes estamentos del Ejército era creciente.

En las salas de banderas, la irritación militar subía de tono, y en diversos medios de comunicación se anunciaban conspiraciones y amenazas de golpe de Estado periódicamente. Todas aquellas fantasmales amenazas eran absolutamente inexistentes; todas, salvo el proyecto de golpe de mano personal que el teniente coronel Tejero estaba planeando sobre el palacio de La Moncloa en noviembre de 1978. Pero el ministro estaba obsesionado con el fantasma golpista y, al tiempo que ante cualquier rumor se presentaba en los acuartelamientos, recababa insistentemente datos de sus agentes y colaboradores, singularmente del comandante Bastos, encargado de involución, o los citaba a cualquier hora, aunque fuese intempestiva.

En su visita al CESID, Sahagún conoció la «Operación De Gaulle» y recibió en su despacho todo el dossier elaborado por los oficiales Peñaranda y Faura sobre las reuniones a las que éstos habían estado asistiendo a lo largo de año y medio, principalmente en la agencia de noticias Efe. El ministro envió el grueso informe al presidente Suárez, quien después de examinarlo citó a su amigo Luis María Anson, presidente de la agencia. Entre ambos se habían cruzado años atrás una serie de favores y apoyos en un equilibrado do ut des. Suárez, siendo gobernador, le había brindado su apoyo a Anson cuando éste fuera procesado en pleno franquismo por un artículo que publicó en ABC a favor de Don Juan. Y Anson, a requerimiento del príncipe Juan Carlos, convertiría a Suárez en «el hombre del mes» al ser cesado de vicesecretario general del Movimiento, tras el fallecimiento en accidente de su ministro y protector Fernando Herrero Tejedor en junio de 1975. Aquella reunión entre Suárez y Anson en Moncloa fue dura y tensa. Cuajada de reproches. Sin embargo, Suárez no cesó a Anson de la presidencia de la Agencia Efe.

En el CESID, Sahagún resolvió el asunto muy discretamente, promoviendo el ascenso a general de división a José María Bourgón, para que dejara de manera inadvertida la dirección del centro. En el fondo, Sahagún no se entendía con el director general del Servicio de Inteligencia, al que puenteaba y ninguneaba porque, según él, «no se enteraba de nada» y desconocía todo sobre el mundo de la inteligencia. Al comandante Faura se le promocionó también de empleo y se le pidió que solicitara otro destino. En cuanto al capitán Peñaranda, fue el único que salió del CESID de forma algo abrupta. A la vuelta de sus vacaciones de verano de 1979, el nuevo director, general Gerardo Mariñas, le pidió que le entregara la llave de su despacho de inmediato, prohibiéndole que sacara un solo documento y sin que prácticamente le permitieran llevarse sus papeles y objetos personales. Sin una sola explicación.

Sin embargo, el plan operativo de la «Operación De Gaulle» ni se destruyó ni se hizo desaparecer. Se archivó como material secreto, así como todos los informes elaborados por los agentes Faura y Peñaranda. Después del 23-F, dichos informes serían de los primeros que solicitaran los nuevos responsables políticos, tan pronto como alcanzaban el poder, lo cual divertía mucho al general Calderón, cuando retornó al CESID como director general, entre 1996 y 2001. Tampoco los creadores de la «Operación De Gaulle» y de los informes previos tendrían dificultad alguna para desarrollar sus brillantes carreras militares. El general Bourgón pudo seguir su carrera militar sin problemas, al igual que Faura, que llegó a ser nada menos que general de Ejército (JEME) durante los años de gobierno de Felipe González, y Peñaranda, que alcanzó el grado de general de división.

Suárez, que llegó a tener cierto conocimiento de la misma con algún detalle, reconocería públicamente conocer «la iniciativa del PSOE de querer colocar en la presidencia del gobierno a un militar. ¡Es descabellado!». Pero no lo sería para el Partido Socialista, que además de contemplar con sumo interés cómo se despedazaba la UCD, participaba activamente en la voladura de Suárez, dejándose mecer en la operación lanzada desde el servicio de inteligencia. A dicha operación también se sumaba Manuel Fraga, al que ya se estaban acercando muchos críticos centristas, y aportaba con entusiasmo los votos de Coalición Democrática. Su opinión sobre Suárez y la UCD en agosto de 1980 no dejaba lugar a duda alguna: «Yo siempre sostuve que lo que había montado Suárez era artificial, que no tenía base, que su propio partido no era un partido real, que el Estado que estaba creando no estaba más que en las palabras y eran palabras que no se habían meditado».

Por entonces, ya hacía un tiempo que Cortina y otros responsables del servicio de inteligencia venían trabajando en lo que el jefe de los grupos operativos del CESID definiría como la creación del staff político del general Armada. «En el CESID todos me empujaban mucho. Querían que yo influyera en el rey para que cambiara la situación», me reconocería un día Armada en una de nuestras conversaciones. En ese tiempo, Alfonso Armada ya era el referente para sus compañeros de milicia y, sobre todo, para los líderes políticos de casi todo el arco parlamentario. A mediados de agosto de 1980, Armada recibió en su pazo gallego de Santa Cruz de Ribadulla al matrimonio Calvo Sotelo. El político centrista fue para ofrecerse también al general; estaba dispuesto a colaborar en lo que fuese porque la situación con Suárez era asfixiante. «Recuerdo las pestes que me decía sobre Adolfo Suárez. Que era urgente hacer algo. Todos los barones conspiraban sin recato contra el presidente.»[38] Calvo Sotelo dejaría su firma, señal de su paso aquel día, en el libro de honor de Santa Cruz para el pequeño recuerdo: «Con la nostalgia de otra visita anónima que hace ya muchos años…» Después del 23-F negaría de palabra y en sus memorias que dicha entrevista hubiera tenido lugar.

Igualmente, sería por aquellos días de agosto cuando Alfonso Armada recibió el informe reservado que le había solicitado al catedrático Laureano López Rodó sobre el mecanismo a aplicar para cambiar de presidente constitucionalmente. El escrito, redactado en cuatro folios, exponía una situación muy negativa y con tintes catastróficos. Aseguraba que mientras Suárez continuase en el poder no habría solución alguna para salir del caos. Por el contrario, el panorama empeoraría y se degradaría aún más. Luego explicaba que si la moción de censura del PSOE había fracasado era porque el candidato a presidente no era el adecuado, aunque sí que había servido para desgastar más a Suárez y a la UCD, al espolear en su propio seno el germen de la división y del enfrentamiento. Aplicando la frase de Tarradellas, insistía en que España necesitaba urgentemente un cambio de timón, porque el momento era malo pero aún se podía poner peor. Armada, que todavía permanecería durante unos meses más como gobernador militar en Lérida y jefe de la División Urgel, no lo olvidemos, le envió el informe a Sabino para que éste se lo hiciera llegar al rey.

En el documento López Rodó precisaba que sería perfectamente constitucional cambiar de presidente de gobierno mediante la presentación de una nueva moción de censura, en la que se propondría como candidato a una personalidad independiente que formaría un gobierno de concentración y de unidad y en el que participarían líderes de los diversos partidos. La moción sería apoyada por el PSOE, varios sectores de UCD y Coalición Democrática. Y la personalidad independiente podría ser un catedrático, un historiador o un militar: un general de reconocido prestigio, bien aceptado por las fuerzas armadas y en una buena relación de confianza con el rey. Aquel informe era en realidad una variante de la fase constitucional de la Operación De Gaulle; la parte de la misma que sería visible y pública. Su aplicación, tras la dimisión de Suárez, fue desechada por los responsables del CESID y por quien en último término podía dar luz verde a la misma. El deterioro institucional era tan grave —así lo vivían— que para corregir el sistema ya no había otra opción que la puesta en marcha del Supuesto Anticonstitucional Máximo, el SAM de Tejero. El éxito de la Operación De Gaulle requería que la clase política sintiera encima la presión y la amenaza militar.

En aquellas fechas preotoñales del 80, Suárez intentó mejorar su deteriorada imagen formando un nuevo gobierno y pidiendo la confianza de la Cámara. Lo que formalmente obtuvo, para de inmediato cebarse casi todos sobre él. Fraga, por ejemplo, no se andaría con medias tintas para volverle a la realidad: «Tras cuatro años de desgobierno, fracaso sistemático de la administración, incumplimiento de promesas, es imposible renovar la confianza al señor Suárez, y hay que decirle al país que nos lleva inexorablemente al desastre», afirmaría tan solo un día después de que el presidente sacara adelante la moción de confianza.

Pero sin duda alguna, sería Miguel Herrero de Miñón, portavoz del grupo parlamentario centrista y uno de los más críticos con Suárez, quien mostraría mayor dureza hacia el presidente. En cierta ocasión le había comentado a Sabino que le transmitiera al rey que «o se carga a Suárez o esto se va al desastre». Herrero formaba parte del staff político de Armada, se había acercado a Fraga y era uno de los activos dinamiteros de la UCD. También al día siguiente de la moción de confianza reclamaría desde las páginas del diario El País la democratización interna de la UCD. Y le lanzaría estos dardos envenenados a Suárez: «No al caudillaje arbitrario que pretende ocultar la irremisible pérdida del liderazgo en el partido, en el Parlamento y en el Estado… No al ejercicio o, lo que es peor, a la inerte posesión solitaria del poder, tendente a reducir el partido y la mayoría parlamentaria a un mero séquito fiel. Porque un partido sólo puede servir a la democracia política y social cuando el mismo es democrático, esto es, regido por un liderazgo colectivo… No al enfrentamiento radical y personal con la única oposición democrática y nacional que existe, el Partido Socialista Obrero Español… No a las ambigüedades de un programa vagoroso, apto sólo para ir tirando.»[39]

A finales de año, el cerco sobre Suárez se estrecharía con la irritación de la Iglesia a causa del proyecto de ley del divorcio. El ministro de Justicia Fernández Ordoñez, que actuaba casi como una cuña del PSOE en el gobierno y en UCD, logró sacar adelante la ley con el apoyo que había consensuado personalmente con el Partido Socialista. En este caso, la crispación vendría de un lado de los sectores democristianos centristas, y muy especialmente del seno de la Conferencia Episcopal y del cardenal Tarancón, quien por poco tiempo más estaría al frente de la misma. El prelado, calificado de progresista no hacía muchos años, rompería toda relación y diálogo con Suárez. Había pactado personalmente con él los límites de la ley, y se sentía totalmente engañado. La llegada en breve a Madrid de monseñor Innocenti, el nuevo nuncio del Vaticano, tensaría aún más las relaciones entre el Vaticano y el presidente. No olvidemos que desde hacía dos años gobernaba en Roma Juan Pablo II, cuyo pontificado sería uno de los factores externos en la caída de Suárez y en el apoyo decidido a la Operación De Gaulle. Concurso que tanto Armada como la cúpula del CESID se ganaron poco antes de la acción del 23-F.

Los anillos concéntricos que se cerraban sobre Suárez estaban casi a punto de conseguir su asfixia. En diciembre, el rey mantuvo con el presidente una conversación en su residencia de esquí de Baqueira. Don Juan Carlos, que ya estaba harto de él, quería presionarlo, una vez más, para que entendiera que lo mejor era que presentara la dimisión y se marchara. Y para ello le presentó el escenario de que si no recapacitaba y dimitía, existía la posibilidad de que se produjera un golpe de Estado, por lo que había que hacer lo posible para eliminar los motivos y ese supuesto no llegase a producirse. Por entonces, los rumores sobre todo tipo de golpes a la carta circulaban con profusión; golpe a la turca, golpe de generales, golpe de coroneles, un golpe de mano espontáneo…

Naturalmente, casi nada de esto era cierto. No existía base sólida alguna. El Ejército se mantenía disciplinadamente expectante a las órdenes del rey y de su cadena de mando. Pero la amenaza militar estaba siendo explotada interesadamente desde el CESID para poder presentar con normalidad su Operación De Gaulle. Suárez le comentó al monarca que había barajado la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, pero los catastróficos resultados que le auguraban las encuestas y el seguro triunfo socialista, le habían hecho desechar la idea. En su fuero interno, ya era un derrotado en todos los aspectos y estaba a punto de arrojar la toalla.

A primeros de enero de 1981, unos días después de aquella entrevista, sería Alfonso Armada el que subiría a La Pleta a ver al rey. El despacho se alargó varias horas. Don Juan Carlos le detalló la conversación que había tenido con el presidente. Le dijo que le desesperaba, que estaba harto de él, que le había planteado el riesgo de que se diera un golpe si no dimitía, y que de continuar aferrándose tercamente al poder, se podía ir todo al garete. Suárez le desesperaba y era necesario que no complicara más las cosas. Armada le comentó sus recientes conversaciones con Milans del Bosch y los detalles que los responsables del CESID le transmitían sobre la operación. El rey le pidió que volviera a reunirse con Milans. Ambos eran una garantía para la corona. Y en breve regresaría a Madrid para poder tenerlo todo mejor controlado. Efectivamente, Armada volvería a encontrarse con Milans del Bosch una semana después en Valencia, donde le contaría la conversación que había mantenido con el rey, acordando volver a reunirse unos días después en Madrid para examinar juntos el plan operativo de Tejero. Éstas son las notas manuscritas que con el tiempo me facilitaría el general Armada:

El rey llegó a estar muy descontento con Suárez. Mi impresión es que estaba harto de él y que deseaba cambiarlo. Creo que nunca pensó en mí para ningún puesto político. Estoy seguro que pensaba en mí para tranquilizar a los militares. Creía que yo tenía prestigio entre los mandos del ejército, que mi labor ahí podía ser importantísima. Era el flanco que más temía en aquel momento. Por las noticias que recibía de las fuerzas armadas, estaba preocupado. Más tarde, la política económica (paro, inflación y desorden), le ponían nervioso. Las autonomías no le convencían. Tenía decidido empeño en tranquilizar a las fuerzas armadas, pero no sabía cómo. Nunca recibí la impresión de que el rey quisiera un gobierno de salvación nacional. Prefería que los problemas se resolvieran por sus cauces. Tampoco creía en la solución Calvo Sotelo. En el cambio de gobierno pensaba, desde luego, sustituir a Gutiérrez Mellado por otro militar de prestigio. Creo que quiso cambiarlo, pero a Suárez no le gustaba ese cambio. En todo caso no lo hizo. El rey nunca me lo dijo claramente pero el marqués de Mondéjar me lo insinuó.

Creo que había mucha gente deseando que cambiara la situación, entre ellos muchos coroneles, pero no conocí ninguna operación de coroneles. Nunca supe nada de un posible golpe de coroneles.[40] Afirmo lo siguiente:

Había descontento en el ejército.

Los más exaltados, decían que había que acabar con la situación.

Los más sensatos, que el rey debía dar un «golpe de timón».

Algunos, pocos, pensaban que la situación mejoraría por sí sola.

Sí conocí que había un grupo de militares que preparaban un levantamiento.[41] Hablé de ello con:

Su Majestad el rey en Madrid, en Baqueira.

El vicepresidente para la Defensa, general Gutiérrez Mellado, varias veces. La última, el 13 de febrero de 1981, después de visitar al rey.

El ambiente militar estaba crispado en el año 80 y principios del 81. Los artículos de El Alcázar [Almendros], que sintonizaban con gran parte de la opinión militar, mantenían y potenciaban este «ambiente crítico». En cuanto a que el rey reconduciría la situación si se producía un hecho extraordinario es un punto interesante. El rey estaba preocupado con el ambiente en el ejército. Al menos, eso me parecía. Quería estar muy unido a los militares para que:

No se sublevaran.

Si hubiese existido una acción masiva él encauzarla. Pensaba que el prestigio de Milans y quizá también el que yo pudiera tener, podrían servirle de apoyo.

El general Milans del Bosch en Valencia me dijo que informase al rey del estado de ánimo militar y de lo que podía pasar. Así lo hice. Conté al rey todas las reuniones con Milans. Con todo detalle. Le hablé siempre de mis conversaciones con Milans y con todos los contactos que tuve con otros militares y políticos. Es cierto que había rumores de otras reuniones o golpes, pero mi papel fue siempre como receptor. Oír para contárselo al rey. Creo que había muchos deseos de «golpe de timón», pero nada concreto. Al rey le hablé varias veces de la situación y del ambiente en el ejército. Al principio no lo creía. Más tarde sí. El rey estaba enterado de la irritación militar que se respiraba en los cuarteles y le preocupaba. Gutiérrez Mellado le tranquilizaba diciendo que yo exageraba. Pero el rey me trajo de Lérida.[42]

Suárez decidió dimitir a finales de enero de 1981. Y para ello presentó una escena digna de un holocausto de drama griego. No permitiría que nadie le arrebatara el protagonismo de su final, sobre el que había llegado a una conclusión: «Yo he sufrido una importante erosión personal. La clase dirigente de este país ya no me soporta. Los poderes fácticos —salvo el ejército— me han ganado la batalla.»[43] Pero nadie le impediría que al día siguiente de hacer pública su dimisión fuera portada en todos los periódicos, y abriera los informativos de radio y televisión. En los días previos, se lo había adelantado a unos pocos colaboradores en la Moncloa. Luego, aprovechando el despacho semanal que tenía con el rey en Zarzuela, le dijo a Sabino que se adelantaría un poco para comentarle un asunto: «Quiero decírtelo a ti antes que a nadie, porque hoy vengo a presentarle mi dimisión al rey. Quiero que antes de que surja comentario alguno o cualquier tipo de rumor, que seas testigo de que yo vine hoy con la voluntad y el deseo de presentar la dimisión. Nadie me la ha pedido ni me ha echado, para que luego la historia no se escriba de otra manera. Soy yo el que presenta la dimisión y se va.»[44]

Cuando Suárez se lo comunicó al rey, éste se dio por enterado y dio por recibida la dimisión. Ni siquiera preguntó qué era lo que había que hacer en ese momento. Se la aceptó y punto. Sin duda interiormente, debió de llenarle de una enorme satisfacción y habrá sentido un gran desahogo, liberándose de una enorme carga. Únicamente al despedirlo le dijo con cierta energía que le concedería un título: «te haré duque». De ahí que no se entienda muy bien la amargura que Suárez le expresaría a Sabino seguidamente porque el monarca no había hecho el más mínimo gesto de su parte: «Te das cuenta como yo tenía razón; que tenía la inquina de la oposición, la irritación de los militares, la hostilidad del mundo financiero y empresarial, la enemistad de la Iglesia, cada vez peor prensa, que dentro de mi partido se conspira ya abiertamente contra mí, y que he perdido totalmente la confianza del rey. Te das cuenta de que no ha habido el más mínimo gesto de su parte.» A lo que Sabino, para dulcificarle algo el momento, le comentó que el rey se había quedado, al igual que él, de una pieza, por lo que «Adolfo, no confundas la sorpresa con la frialdad».[45] Pero lo que de verdad había sido toda una sorpresa en Zarzuela era la tenaz resistencia de Suárez a dimitir.

Suárez hizo pública su dimisión el jueves 29 de enero. El mismo día que ETA secuestró al ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan, al que asesinaría una semana después. En el primer texto con las palabras que iba a dirigir a la nación anunciando su despedida no figuraba mención alguna del rey. Y Sabino se lo señaló. Como tampoco estaba la frase que sería la más enigmática de su discurso: «No quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la Historia de España.» Pero lo cierto fue que Suárez no explicó las verdaderas razones de por qué dimitía. Quizás en su fuero interno estuviera la información fidedigna que Rosón le había enviado respecto de que el sector crítico y la mayoría de los barones le estaban preparando una nueva moción de censura. El grupo parlamentario centrista ya tenía recogidas las firmas. Y Alfonso Guerra lo había anunciado públicamente unas semanas atrás, de manera bastante explícita: «Si Suárez sigue encerrado en el retrete de la Moncloa, habrá que pensar en la necesidad de otra moción de censura». Sin duda alguna, aquello sería demasiado insoportable para su biografía. El hecho de que el PSOE le hubiera presentado ya una, entraba dentro de lo asumible, pero que ahora le cayera encima otra con el apoyo de muchos diputados de su propio partido —el último empujón para desalojarlo del poder—, era algo que jamás podría depurar de su biografía. Aquello hubiera sido un baldón ignominioso. Y para Suárez, la estética de su inmolación era algo sagrado.

Suárez tuvo que recordar al rey la promesa que le había hecho de la concesión del ducado. Don Juan Carlos se resistía porque a don Juan, su padre, era algo que no le agradaba nada. Para el conde de Barcelona, Adolfo Suárez siempre sería un oportunista advenedizo y sin principios. Nunca lo consideró. Pero finalmente se impondría el criterio del entorno de Zarzuela. Se había dado palabra de rey, y el monarca le nombró «duque de Suárez». Al despacharlo, lo hizo con la frase escrita por Sabino: «En la vida llegan momentos en los que es necesario prescindir de quienes nos han acompañado hasta entonces», frase que para la tensión del momento sonaba más bien a epitafio para una asociación —don Juan Carlos-Suárez— que había funcionado en perfecta simbiosis durante los primeros años de la transición. Después, Suárez pediría a Zarzuela que también se le hiciera «caballero del Toisón de Oro». Como a Torcuato. Creía merecerlo. Sin embargo, la petición ni siquiera fue considerada. Desde entonces, Adolfo Suárez se haría bordar en las camisas el distintivo de su nueva nobleza con una corona ducal, utilizando su título y sello aristocrático.

Con su renuncia, Suárez levantó una auténtica polvareda de comentarios, artículos y rumores, incrementando aún más las alarmas desestabilizadoras. Todos querían explicar los motivos de su abandono. Para Fraga, «Suárez se había quedado sin ideas, sin soluciones y sin apoyos políticos ni sociales. Y se fue porque no podía hacer otra cosa, sin nueva posibilidad para sus malabarismos». Calvo Sotelo, el sucesor designado por el dimitido presidente, diría que «Adolfo Suárez es un hombre peripatético… un excelente actor». Y sobre las razones de la dimisión apuntaría un sutil bosquejo de la Operación De Gaulle, en la que él iba a la grupa: «Las alusiones que conozco hablan de una “operación” poco trabada que habría interesado a políticos de la democracia situados a derecha y a la izquierda de UCD; su objetivo sería salvar a la monarquía parlamentaria de una crisis causada por la debilidad crónica de UCD, por un supuesto vacío de poder a que había dado lugar el desfallecimiento de Suárez. La sospecha, o la certidumbre, de que el partido socialista era sensible a un planteamiento así pudieron haber influido en el estado de ánimo del presidente más que el desmoronamiento de su propio partido.»[46] Y Calvo Sotelo añadiría algo muy interesante. Él tenía la firme «convicción de que ya en esa época los militares ni siquiera presionaban».[47]

El conocido periodista Emilio Romero, uno de los más distinguidos miembros del «frente de papel» en apoyo a la Operación De Gaulle, y que sería quien desvelara al general Armada como el hombre «políticamente bendecido» por todas las instituciones para presidir el gobierno de concentración, también arremetería duramente contra Suárez: «Lo que no fue nunca [Suárez] es ni gobernante, ni estadista. La exigencia del gobernante es la autoridad, la firmeza y la consecuencia, y su comportamiento ha sido la debilidad, la duda permanente, y la desorientación ideológica. Podría decirse de Suárez que había contribuido eficazmente a traer la democracia, pero todavía no había descubierto el modo de vivir en ella. Su marcha coincide con una de las crisis más graves de nuestra historia, y sobre todo dentro de un callejón en el que Suárez podría estar tapando la salida. En 1981 estamos sin Estado, con una economía en quiebra, en marcha hacia los dos millones de parados y con el terrorismo más alto de Europa. Lo deseable es ese golpe de timón del que habla Tarradellas y hacia la democracia, pero por otros caminos».[48]

Tarradellas, después de una audiencia con el rey, tampoco se quedaría precisamente atrás en la crítica al presidente caído: «Adolfo Suárez se autodestruyó encerrándose en la jaula de oro de la Moncloa y conviviendo poco con el pueblo, y por las presiones internas de su propio partido, atomizado en tantos grupos que ya no se entiende nadie en él. Las diferencias internas en UCD pueden destruir el partido y poner a España en una situación dramática. No comprendo tantas tendencias, tantos líos y tanta falta de responsabilidad… La situación del país es bastante crítica; no es trágica ni dramática, pero puede serlo si no se logra rápidamente un gobierno estable. Un gobierno de amplia base y, por lo tanto, un gobierno de unidad de UCD y PSOE, respaldados por Alianza Popular y el Partido Comunista.»

José Luis de Vilallonga escribirá en su libro El Rey (dejando expresamente la duda de si quien lo dice es don Juan Carlos o él mismo) que: «Suárez había llegado a ser extremadamente impopular, y finalmente arrojó la toalla. Entonces fue cuando ciertos militares de alta graduación, animados en sordina por Alfonso Armada, “el amigo del Rey”, lanzaron la idea de un “golpe de timón” a lo De Gaulle. Una idea que varios socialistas bien situados parecieron apreciar. A su vez, políticos de derechas admitieron no ver ningún inconveniente en sostener una solución radical en el marco legal de las instituciones, sin tener en cuenta que todo ello podía degenerar en un golpe de fuerza.»[49]

Adolfo Suárez explicaría años después su retirada así: «Cuando yo presento mi dimisión como presidente del gobierno lo hago entre otras razones porque no quería que todo lo que estaba produciéndose en la vida política española, en la que yo era una persona absolutamente detestada, pudiera involucrar también a Su Majestad el Rey.» Y remataría: «La realidad de los motivos y causas de mi dimisión como presidente hay que encontrarla en el acoso y derribo al que me sometió el PSOE, que logró erosionarme fuertemente, y a la división y encono de mi propio partido, la Unión de Centro Democrático, en el que se provocó —probablemente también incitada por el PSOE— una feroz contestación hacia mí. Los barones de UCD discutían todas y cada una de las medidas que adoptaba y el grupo parlamentario centrista mantenía una hostilidad permanente a cada una de mis decisiones.»[50]

XI.
EL CESID PONE EN MARCHA LA OPERACIÓN DEL 23-F
Y LA CLASE POLÍTICA LA ACEPTA

Otra de las razones por las que se puso en marcha la operación especial del 23-F, fue que al final del verano y comienzo del otoño de 1980, el sistema había alcanzado tal grado de desestabilización que lo hacía difícilmente sostenible por mucho más tiempo. La permanente crisis política en la que se había asentado el gobierno, con un presidente cada vez más debilitado, había penetrado en la estructura del propio sistema. Tal era el dictamen al que habían llegado muchos líderes políticos de la izquierda y de la derecha, así como de diversos grupos e instituciones. Dicho dictamen era coincidente con el análisis y la valoración de la situación que se hacía en el CESID, cuyos máximos responsables habían decidido activar la Operación De Gaulle hacía algunos meses.

Para la cúpula del servicio de inteligencia —singularmente para su secretario general, Javier Calderón, y para el jefe de los grupos operativos, José Luis Cortina—, el momento era de tal gravedad que ya no se podía corregir con una simple operación política cambiando al presidente. Ni siquiera con un gobierno de coalición. Era necesario rediseñar de nuevo el proceso de la transición mediante un nuevo pacto, que los líderes políticos deberían asumir con un gobierno de integración que sería dotado de fuertes poderes. Y por sí mismos los cauces de la política parlamentaria como tal no valían. Una vez más, como había ocurrido numerosas veces a lo largo de los últimos 150 años, había que acudir al estamento militar como solucionador del problema. Dicha convicción es la que se le había transmitido al rey, quien la había recibido con profunda y grave inquietud.

Por aquellas fechas de finales de agosto o primeros días de septiembre de 1980, el rey visitó la sede central —la plana mayor— de los grupos operativos del CESID. En el argot del servicio era conocida como París, y estaba situada en un chalé de la Carretera de la Playa de Madrid. El rey viajó sin su escolta oficial, con su compañero de la Academia Militar, Cortina, en uno de los coches camuflados del servicio de inteligencia. Iba de incógnito, y para no ser reconocido en el control de entrada decidió agacharse y esconder su cabeza entre las piernas de uno de los guardias civiles que viajaban a su lado en el asiento trasero.

En el interior, Cortina le explicó la estructura y funcionamiento de La Casa, como así era conocido el CESID en el mundo de los espías, y le puso en antecedentes de la situación. Le habló de que habían puesto en marcha un runrún de comentarios y rumores sobre el apremiante malestar militar y la variedad de amenazas de golpe de Estado; entre ellas, reuniones de generales, de coroneles juramentados y de otras iniciativas «incontroladas» del estilo Tejero. Todo ello era deliberadamente exagerado, pero era lo conveniente para crear un estado de inquietud en la clase política, que hiciera imprescindible la puesta en marcha de una operación que neutralizase aquella amenaza y recondujese la situación. Cortina le reiteró que el plan de acción del CESID era viable y ajustado a la Constitución. El comodín de la operación sería el general Armada, a quien los partidos políticos habían aceptado. Don Juan Carlos, consciente de que varios de sus antepasados habían sido descabalgados y coronados en el último siglo y medio vía golpes y pronunciamientos, le insistió en que le diesen resuelta la operación: «¡A mí dádmelo hecho!».

En aquel momento, el CESID se encontraba sin director titular. Interinamente figuraba como tal el coronel de la armada Narciso Carreras, recayendo de hecho el pleno control del servicio en su secretario general, Javier Calderón. En realidad, ésa era la situación existente desde la misma creación del servicio de inteligencia en el otoño de 1977. Los dos directores anteriores, los generales Bourgón y Mariñas, habían ejercido la dirección en la forma pero no en el fondo, actuando más bien de relaciones públicas del servicio. Calderón era un hombre de Mellado y contaba con toda su confianza, y a su vez, Cortina lo era de Calderón. Ambos eran en realidad los hombres fuertes de la inteligencia, quienes hacían y deshacían, y quienes puenteaban a los responsables de otras áreas para manejar y controlar toda la información.

El lobby integrado por Javier Calderón y José Luis Cortina, lanzó la operación desplegando varias vías envolventes. Si bien en un principio habían contemplado utilizar el mecanismo de una nueva moción de censura contra Suárez, ésta fue desechada al poco como inconveniente. Lo más adecuado era forzar la dimisión de Suárez mediante una presión de anillos concéntricos desde todos los poderes fácticos. Y eso era lo que se estaba desarrollando. Interiormente, en La Casa, no había día que Cortina, el más firme ejecutor del plan, no inflamase el patriotismo y afán de servicio de los más de 200 agentes que tenía en la AOME. Los arengaba sobre las recias, sacras y privilegiadas virtudes de las que estaba tocado el general Alfonso Armada Comyn. El hombre escogido para solventar la gravísima crisis que atravesaba España. Sus soflamas enfervorizaban el alma de los espías, que, henchidos, se juramentaban en apoteosis con la operación.

Cortina instruyó a su segundo de la AOME, el capitán García Almenta, para que crease un grupo secreto que estuviera siempre encima del proyectado golpe de mano de Tejero contra el Congreso. Aquel grupo fue la Sección Especial de Agentes (SEA), una unidad operativa con dependencia directa y única de Cortina y Almenta, que, según el coronel Perote, constituiría el misterio mejor guardado de los grupos operativos. «En el otoño de 1980 García Almenta reunió a un puñado de agentes “tan tarados como él” —eso dijo cuando los seleccionó— y dispuestos a todo. Aquellos voluntarios dispusieron enseguida de base propia, un piso que, precisamente, se ubicaba en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, donde comenzaron a vivir y actuar al margen de la AOME.»[51]

Paralelamente, Calderón y Cortina se dedicaron a crear un staff y desarrollar una campaña de imagen a favor de Armada. Éste, ante las instrucciones que el rey le fue dando para que sus colegas de armas cerrasen filas en torno a la corona y llegase a ser el bendecido de la clase política, asumía que: «No debe perderse de vista que todos los “establecimientos” de la monarquía en España, han sido por golpes de Estado. Incluso don Juan Carlos ha llegado a reinar por que Franco dio un golpe de Estado.»[52]

En el otoño de 1980, los rumores de posibles acciones militares circulaban con profusión. Como vengo señalando, esto no era caprichoso. Quienes desde el CESID expandían la teoría de los tres golpes, el de los tenientes generales, el de los coroneles y el de los «espontáneos», buscaban crear un adecuado caldo de cultivo —psicosis del miedo a la involución— en la clase política, en los llamados poderes fácticos y en las altas instituciones del Estado, con el objeto de que sus planes tuvieran éxito y no se escapase nada a su control. A veces, simples conversaciones de crítica en las salas de banderas, y expresiones como «el ejército en estado de cabreo», adquirían la categoría de máximo riesgo. Se les ponía altavoz. Se exageraban, porque así convenía, a través de elementos y apéndices mediáticos. Eso fue lo que ocurrió con los manidos golpes de los generales y de los coroneles. Nunca hubo nada organizado como tal, o que al menos estuviese en avanzada fase de preparación el 23 de febrero. Conversaciones y pequeñas reuniones iniciales sí se empezaban a dar. Y fueron conocidas en el CESID, que las utilizaría convenientemente para consensuar su operación en la clase política.

La cúpula del Partido Socialista se mantenía muy atenta a todo lo que se cocía. Miembros de su ejecutiva como Múgica, mantenían conversaciones frecuentes con Cortina. Así, durante una cena celebrada en casa de uno los fundadores de Alianza Popular, Cortina les daba la razón sobre la necesidad de que en España se llevara a cabo cuanto antes el golpe de timón reclamado por Tarradellas, asegurándoles que el gobierno de gestión, con un independiente a su cabeza, era perfectamente viable: «No es una solución disparatada si se lleva a cabo dentro de la Constitución. En definitiva, el parlamento puede votar libremente como presidente del gobierno a cualquier español.»[53]

Poco después, sería el propio Felipe González quien recabaría la opinión del secretario del rey sobre el ambiente golpista que se estaba extendiendo en la nomenclatura del sistema. El encuentro tuvo lugar en un conocido restaurante cercano a la sede del Partido Socialista. González acudió con Múgica y Peces Barba. Sabino les reconocería que no tenía conocimiento alguno sobre movimientos de generales, de coroneles y de «espontáneos». Pero todos estuvieron de acuerdo en que aquellas luces rojas que, según González, se habían encendido en el Estado, hacían necesario el gobierno de concentración presidido por Armada. Los socialistas ya habían dado su aceptación al mismo y a la «figura del general Armada, que ha sido perfectamente aceptado por nosotros», le ratificó González a Sabino. Éste les confirmó que la voluntad del rey era que dicho gobierno se formara en breve tiempo. Con Suárez o sin Suárez en la presidencia del gobierno. Sobre lo que todos los comensales estuvieron de acuerdo.

Con dicho objetivo, el Partido Socialista envió a Múgica a mediados de octubre a Lérida para entrevistarse con Armada, a fin de calibrar su definitivo compromiso en la operación. Felipe González había pensado inicialmente ser él mismo el interlocutor. Lo que prudentemente descartaría después. El encuentro se concretó en forma de almuerzo en la casa del alcalde leridano Antonio Siurana, miembro del PSOE. Además de éste como anfitrión, y de Múgica y Armada, también estuvo Joan Reventós, secretario de los socialistas catalanes. El destino de la cercana corrección del sistema político se habló entre un aperitivo, melón con jamón, lubina a la vasca y un postre.

La conversación giró sobre el grave momento político y la actitud del Ejército. Los comensales hablaron abiertamente de la manera de encauzar la gravísima situación del momento, mediante la formación de un gobierno de concentración presidido por Armada. La caída de Suárez se podía producir por una moción de censura o logrando que su partido lo echara o que el rey forzara su dimisión. Múgica le garantizó a Armada que el PSOE estaba bien dispuesto a ello, y aceptaba que el elegido fuese el general Armada. Para eso estaba él allí. Para ratificarlo, y para valorar la disposición del general. Y el acuerdo quedó cerrado. Posteriormente, y ante el fracaso de la operación, ninguno de los contertulios llegaría a reconocer tales extremos. A Múgica, aquel contacto con Armada le costaría unos años de travesía del desierto. Antes del juicio de Campamento, estuvo entrenándose con un equipo de juristas para salir lo más airoso posible de su declaración como testigo.

Por su lado, lo máximo que el general Armada me llegaría a reconocer durante una de nuestras conversaciones, sería que los socialistas fueron a examinarle. Sin que tampoco me aclarara demasiados detalles de la reunión que volvería a mantener con Múgica en su pazo de Santa Cruz de Rivadulla en diciembre de 1980. Pero de lo que sí estuvo siempre bien seguro era de que los socialistas le votarían como presidente del gobierno de concentración que intentó presentar en la Cámara la noche del 23-F. Armada recordaría así su comida con Múgica:

Me llamó Siurana. Fui de paisano. Comimos Múgica, Reventós, Siurana, su mujer y yo. Múgica no me preguntó nada del golpe o sobre rumores de golpes ni sobre el malestar, la irritación o inquietud en el ejército. Eso ya lo daba por sabido. Mi idea es que vino para hacerme un estudio que le habían encargado en el PSOE. Vino a conocerme, a saber cómo era yo. Él sabía que yo tenía muy buenas relaciones con el rey, que tenía prestigio en las fuerzas armadas. Hablamos mucho de política, de lo mal que iban las cosas. Luego del ejército y de generales, de personas. Me preguntó lo que opinaba de Sabino, de Sáenz de Santamaría, de Aramburu, de Gabeiras… Y me dijo: «Usted va a volver pronto a Madrid». Pero ni propusieron nada, ni yo propuse nada. Me pareció muy informado y me dijo que en el PSOE tenían dossiers de muchas personas.[54]

Armada informó de aquel almuerzo al rey, al capitán general de Cataluña y al coordinador de su staff, Cortina. Sahagún se enteró por Zarzuela y telefoneó a Armada para que le diese detalles. Éste le comentó que habían hablado de lo grave que sería para el Ejército la reincorporación de los úmedos y que habían estudiado la forma de emprender una acción combinada cívico-militar para la cría de ganado mular. Muy útil para el transporte de las tropas de montaña. Así se quitó de encima al ministro. Tampoco le aclaró de dónde salía el aluvión de nombres, civiles y militares, con los que la prensa especulaba para presidir un gobierno de coalición.

En el PSOE, Felipe González comenzó a preparar el terreno con afirmaciones del tenor de que el país era como un helicóptero en el que se habían encendido todas las luces rojas a la vez. «Estamos —insistía— en una situación de grave crisis y de emergencia. Es hora de que el gobierno y Suárez se percaten de ello.» Fraga, en uno de sus libros de memorias, recogería que «el PSOE, entretanto, continuaba jugando las cartas que me había apuntado Peces Barba: mantener la crisis abierta; presionar donde pudieran (incluso en la Zarzuela) sobre la idea de un “gobierno de gestión”, con UCD pero sin Suárez, al que pensaban seguir acorralando con acciones parlamentarias y extraparlamentarias… Lo cierto es que la idea de un “gobierno de gestión” empezó a interesar a mucha gente, para preparar unas elecciones serias y dar salida al “desencanto”. Nadie podía prever entonces las increíbles derivaciones que podría tener; y que no fueron ajenas a las famosas cenas [sic] de Lérida y, en último extremo, al juego de despropósitos que culminaría el 23 de febrero».[55]

Es posible que eso del «juego de despropósitos que culminaría el 23 de febrero», Fraga lo comentara para echar balones fuera, pues si había alguien que estaba no sólo al tanto de la operación, sino que la llegó a conocer hasta en sus últimos detalles, era precisamente él. De mantenerle bien informado —además de Armada— se encargaban directamente los responsables del CESID, que por algo habían sido los creadores de Alianza Popular, e indirectamente, por medio de Gabriel Elorriaga o de Gabriel Cisneros.

Algo similar ocurriría en el PSOE tras el fracaso de la operación. Pablo Castellano, uno de sus líderes, recordaría así la responsabilidad de los socialistas en la operación del 23-F: «En el partido del Sr. González se hizo el silencio muy rápidamente. Se despachó el asunto con un comunicado de la dirección cargado de tópicos, más no hubo análisis ni discusión alguna en el órgano máximo, Comité Federal, cuando los rumores afectaban de forma directa a miembros de la dirección, imputándoles al menos una imperdonable frivolidad de coqueteo o galanteo con alguno de los marciales ofertantes de soluciones “constitucionales” que se alcanzarían pisoteando la Constitución. O lo que es más grave, se acusaba a uno de ellos, encargado de los temas de la defensa, de haber actuado por interposición, asumiendo lógicamente que si algo salía mal nunca se vería respaldado por quienes conocían y aprobaban de sobra estos contactos, aunque sí protegido.»[56]

A mediados de noviembre de 1980, el Centro Superior de Información de la Defensa —CESID— puso en circulación muy restringida (únicamente lo dio a conocer al rey, al presidente del gobierno, al vicepresidente para la Defensa y al ministro de Defensa) un amplio informe titulado «Panorámica de las operaciones en marcha». El documento exponía una amplia panoplia de conspiraciones en el ámbito puramente civil de los partidos políticos parlamentarios, y en el militar, con una triple variedad de golpes: el de los generales, el de los coroneles y el de los espontáneos. Todo ello no era en realidad más que un largo y exhaustivo preámbulo cuya finalidad estaba en aprovechar el juego sucio político, la crispación social y las manifestaciones de irritación y malestar militar. El denominador común de todas las acciones era «el deseo de derribar a Suárez —desde las respectivas ideologías y estrategias— y reconducir la situación actual de España a otros parámetros subjetivamente más propicios».

Entre las conspiraciones civiles destacaban las de ideología democristiana, mixta, socialista y liberal. Sobre todas ellas daba una amplia referencia de nombres. Pero la auténtica virtud del documento estaba en la denominada «operación mixta cívico-militar», que era en la que el CESID venía haciendo especial hincapié, y que finalmente terminaría desarrollándose el 23-F. La exposición, sagazmente manipulada, se justificaba «dado el clima de anarquía y el desbarajuste socio-político existentes». Dicho texto antológico exponía que un grupo de civiles sin militancia y de generales con brillante historial, eran quienes la estaban promoviendo. El plan radicaba en forzar la dimisión de Suárez, provocar la discreta intervención de la corona y designar nuevo presidente a un general que contaría con todo el apoyo del Ejército. El nuevo presidente formaría un gobierno de «salvación nacional» —ya consensuado— formado por civiles independientes y otros propuestos por los partidos mayoritarios, para acometer una serie de reformas políticas y constitucionales hasta agotar la legislatura y convocar nuevas elecciones. La operación llevaba gestándose un año. Y líderes de UCD y del PSOE ya habían dado su vehemente conformidad. La viabilidad de la operación era muy alta y su plazo de ejecución se estimaba para antes de la primavera de 1981. Cuando los almendros estuvieran en flor. En sus puntos más interesantes decía así:

Está promovida por un grupo mixto, compuesto por un lado de civiles sin militancia política pero con experiencia en tal campo y, por otro lado, por un grupo de generales en activo, de brillantes historiales y con capacidad de arrastre.

Su mecanismo de implantación sería formalmente constitucional, aunque tal formalidad no pasaría, en su intención, de cubrir las apariencias legales mínimas para evitar la calificación de «golpismo».

La operación se plantearía así:

Mediante operaciones concéntricas de procedencia varia (medios financieros, eclesiásticos, estructuras militares, sectores de partidos políticos parlamentarios, personalidades, etc.), se forzaría la dimisión de Suárez. (Se considera como muy poco conveniente la presentación de una moción de censura.)

Al final de este proceso se haría necesaria la discreta intervención de la Corona para rematar y asegurar la citada dimisión. El Rey, seguidamente, pondría en marcha los mecanismos constitucionales al respecto.

Se consideran imprescindibles los mayoritarios apoyos de UCD y PSOE —a niveles parlamentarios— para asegurar la mayoría precisa en el momento de la investidura.

El Presidente del Gobierno sería un general con respaldo, pero no protagonismo público, del resto de la estructura militar.

El Gobierno estaría formado al menos en un 50 por 100 por civiles y algún que otro militar. Estos civiles serían independientes, no adscritos a ningún partido, y de reconocida solvencia personal. El resto lo compondrían civiles, pero propuestos por UCD, PSOE y CD. El Ejército se reservaría el derecho de veto —sobre las personas de esas procedencias— en la formación del Gobierno.

El Gobierno así configurado tendría como mandato el resto de la presente legislatura. Se configuraría como un «Gobierno de Gestión» o de «Salvación Nacional» y se impondría el siguiente programa: reforma constitucional; reordenación drástica de la legislación y estructura regionales; nueva Ley Electoral con recorte de atribuciones a los partidos; un plan de saneamiento económico; nueva Ley Sindical; nueva Ley de Orden Público y campaña de erradicación del terrorismo; nuevo enfoque a la política exterior; etc., etc. Al final de su mandato —que pretende desarrollar sin excesivas trabas parlamentarias— disolvería las Cámaras y convocaría elecciones generales.

Ajustada la parte civil y política de la Operación De Gaulle, se buscó la forma de reforzar y consolidar la parte castrense. Ya sabemos que la operación no se desarrollaría con una participación militar extensa. Por el contrario, ésta se tenía que llevar a cabo con la intervención directa de muy pocos efectivos militares; el teniente coronel Tejero para la primera fase, y los generales Milans del Bosch y Armada para la segunda. Exclusivamente. Las demás adhesiones activas que llegaron a darse serían un refuerzo, pero nunca algo determinante. Sin embargo, la familia militar sí que necesitaba una explicación coherente y racional de por qué se tenía que llevar a cabo la operación y por qué se debía producir la intervención del mando supremo, sobre el que el ejército colectivamente debería cerrar filas. Esa misión fue la que recayó en Almendros.

Entre el 17 de diciembre de 1980 y el 1 de febrero de 1981 aparecieron tres largos artículos en el diario El Alcázar firmados por Almendros. ¿Qué fue Almendros? O, mejor dicho, ¿quién fue Almendros? Sobre Almendros se llegaría a especular en todos los colores. Especialmente tras el fiasco del 23-F y con Manglano al frente del servicio de inteligencia. Sobre aquella figura se llegó a decir que se ocultaba un colectivo civil y militar, que los redactores de los artículos fueron varios y diferentes en cada una de las tres entregas, hasta el punto de pretender identificar y hacer públicos los nombres de diversas personas como los autores de los trabajos. Pero lo cierto es que Almendros nunca fue un colectivo. Detrás de aquel seudónimo únicamente hubo una persona. Y en los tres artículos la misma. Eso era algo que sabía perfectamente Armada. Y los responsables del CESID, quienes después del 23-F se dedicaron a expandir «cortinas» y nubes tóxicas para encapsular la figura de Almendros.

En diferentes etapas de mis investigaciones sobre el 23-F llegué a consolidar esta certeza. Quien primero me habló de que Almendros no era un colectivo, sino una sola persona, sería José Antonio Girón de Velasco, presidente de El Alcázar, el órgano de los excombatientes del bando nacional; después, sería el general Fernando de Santiago, y posteriormente el ex jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo. Los tres me aseguraron que tras Almendros estaba la figura del general Manuel Cabeza Calahorra. La certeza total la obtendría de labios del propio protagonista durante una entrevista que mantuve con él en abril de 1996 en su domicilio de Zaragoza. A lo largo de la conversación, Cabeza Calahorra me fue desgranando parte del trasfondo del 23-F: «Jamás estuvo en el ánimo de nadie forzar la situación hacia una involución. Ni destruir el sistema democrático. Por el contrario, se trataba de reforzarlo, porque corríamos el serio riesgo de introducirnos en una espiral muy peligrosa. La transición se hizo con grandes dosis de improvisación y de osada ignorancia… Yo colaboré con quien me lo pidió. Y sobre eso no me pida usted más detalles. Pero si lo que quiere oír es si yo era Almendros, le diré que sí, yo fui Almendros».[57]

Cabeza Calahorra había sido director de la Academia General Militar y de la Escuela Superior del Ejército, y capitán general de la V Región Militar (Zaragoza). Considerado como un brillante intelectual, era asiduo colaborador de El Alcázar. Tras el 23-F, les pidió a Armada y a Milans del Bosch que se pusieran de acuerdo en su testimonio. En el juicio de Campamento fue el codefensor militar de Milans del Bosch. Cabeza Calahorra —Almendros— fue la parte intelectual visible de la Operación De Gaulle en el ámbito militar. En dicha esfera, llegó a jugar un papel muy importante; de la misma forma en que, en otro sentido, la tuvo Tarradellas con sus continuos llamamientos al «golpe de timón» (la primera vez en Morella con la presencia de José Luis Cortina), y en que la tuvieron diversos periodistas, financieros, empresarios, responsables políticos, de la Iglesia… en aceptar la operación del CESID, sin que se identificaran para nada con posiciones de ultraderecha o querencias golpistas.

El valor fundamental de los artículos de Almendros fue el de anunciar por escrito las razones por las que había llegado la hora de intervenir en la gravísima crisis institucional del sistema: el fracaso gubernamental, el del resto de los partidos e instituciones, el haber alcanzado el punto crítico del no retorno, provocando la intervención de las otras instituciones —el rey y las fuerzas armadas—. En sus artículos exponía las pautas a seguir a muy corto plazo, hasta desembocar en la solución correctora: un gobierno de regeneración nacional. Todo dicho públicamente entre 60 y 22 días antes de la operación.

El primer artículo de Almendros se publicó el 17 de diciembre de 1980 bajo el título «Análisis político del momento militar». En él afirmaba que el ejército ya había superado la inicial perplejidad que le había supuesto la transición política, en la que, pese a que alteraba su cuadro de valores, había estado dispuesto a aceptar, reconocer y secundar la necesidad de un conjunto de reformas. Pero ahora los temores de las fuerzas armadas eran por «España como nación», ante lo que los valores sustanciales del alma militar estarían llamados a entrar constitucionalmente en juego. Daba por hecho que Suárez y Gutiérrez Mellado hacía tiempo que habían perdido el control del proceso de reformas, para el que tuvieron la necesidad de apoyarse en el contrapeso de la institución militar, a la que, sin embargo, no dudaron en neutralizar posteriormente por una politización partidista, al «interrumpir en lo posible la relación de los eslabones de la cadena de mando con el rey».

Proseguía con que en la calle estaba firmemente instalada la urgencia de una solución correctora que permitiera regenerar la situación, al tiempo que se recuperase un verdadero propósito nacional. Y añadía: «Cuando parecemos abocados, según toda la sintomatología, a una próxima crisis en la Presidencia del Gobierno, habría que desear que el sucesor reuniese las condiciones necesarias para recuperar la autoridad moral sobre unos militares que, ante todo y sobre todo, apetecen el ejercicio de su profesión en un ambiente de honor y disciplina, al servicio de España, de todos los españoles y de un sistema de libertades que respete la pluralidad en el ser y en el sentir, pero sin que ello menoscabe o ensombrezca la innegociable unidad de la Patria.»

El jueves 22 de enero, el diario de los ex combatientes publicó una nueva entrega de Almendros. «La hora de las otras instituciones» fue su título. En esta ocasión, Almendros se apoyaba en el mensaje del rey de Navidad y de la Pascua Militar, y en las declaraciones que Tarradellas había hecho a un periódico. Afirmaba que España estaba sumida en una profunda crisis de identidad como nación, y como Estado, inmersa cada vez más en una crisis radical. Era preciso afrontar el fracaso definitivo de este ensayo llevado a cabo con ilusión y esperanza, pero al mismo tiempo con exceso de improvisaciones. La Constitución no funcionaba porque se había convertido en un arca de subterfugios legales según los momentos coyunturales y los pactos; lo que hacía ingobernable a la nación. Por eso urgía su reforma. Aseguraba que era innegable el divorcio entre ciudadanos y políticos, unos políticos erráticos que, obsesionados por las secuelas del franquismo, habían desencadenado procesos tan regresivos como el de las autonomías. Y una clase política carente de la categoría moral necesaria para reconocer sus errores que, al igual que el Congreso de los Diputados como institución, había quedado muy deteriorada.

Para Almendros, ni el gobierno gobernaba ni se atajaban los errores acumulados, que agravaban todavía más la crisis económica. Por eso apelaba a un nuevo y distinto gobierno de amplios poderes que dispusiera de las asistencias precisas para resolver con decisión el relanzamiento de una nueva economía, la reducción del paro, el terrorismo y su incidencia en la vida cotidiana, la seguridad ciudadana, la razonable reconducción del proceso autonómico y la reforma de la Constitución. El artículo concluía citando a Bolívar y preguntándose si podía el desguazador reconstruir la misma nave que había desmantelado. Y ante el silencio a dicha pregunta, apostillaba que cuando nadie en el Estado parecía poder desarrollar tal función, quizá fuese la hora, no de apelar a congresos, partidos y gobierno, de los que nada decisivo podía salir ya, sino a las restantes instituciones del Estado: el rey y las fuerzas armadas.

Bajo el título «La decisión del mando supremo» publicó Almendros su tercera entrega en El Alcázar el domingo 1 de febrero de 1981. A 22 días vista del desarrollo de la Operación De Gaulle. El texto de esta última entrega era más corto, pero infinitamente más directo y contundente. Almendros llamaba abiertamente a la intervención del rey y de las fuerzas armadas: «Se ha alcanzado el punto crítico, de no retorno, de la decisiva crisis institucional del sistema… Hemos entrado en un tiempo protagónico para las otras instituciones: el rey y las fuerzas armadas.» Es muy claro que estas expresiones no podían ser la opinión personal y particular de nadie. Almendros —Cabeza Calahorra— exponía dichas opiniones por mandato, dentro de un orden de la cadena militar, y plenamente integrado en la Operación De Gaulle y coordinado con ella.

Afirmaba en el artículo que la irresponsabilidad política había puesto fin a un triste proceso en el que «forzosamente se obliga a intervenir a la corona». Y para ello era necesario que nadie intentara inmovilizar al rey, reduciendo su papel a la interpretación literal y mecánica de las reglas constitucionales para los cambios de gobierno. La crisis no era una crisis normal. Ni su solución pasaba por la vía del puro continuismo. Se había emplazado a la corona ante la oportunidad histórica de iniciar una sustancial corrección de rumbo, el reiterado golpe de timón que posibilitase la formación de un gobierno de regeneración nacional asistido de toda la autoridad que precisaban unas circunstancias tan excepcionales. Citaba Almendros al general De Gaulle, y no por casualidad, como ejemplo patriótico de quien supo establecer correctamente el orden de prioridades entre «las instituciones del Estado y las libertades», en una situación de emergencia. También aquella hora de España planteaba la grave responsabilidad que se había depositado sobre la soledad de la corona, que debía resolver ante la disyuntiva de un proceso que precipitase la liquidación del sistema, si se optaba por la solución del puro continuismo, o, por el contrario, si se decantaba por la instauración de una nueva fase regeneracionista.

El mismo día en que se publicó la tercera entrega de Almendros, Milans del Bosch volvió a reunir en la casa madrileña de su ayudante al grupo con el que había tenido la primera reunión dos semanas atrás. Si aquel primer cónclave de la calle General Cabrera había tenido por objeto examinar el golpe de mano de Tejero sobre el Congreso, y tener controlada cualquier otra iniciativa, por pequeña que fuera, en esta ocasión Milans del Bosch haría hincapié en paralizar cualquier acción. Entendía Milans que al dimitir Suárez y traerse el rey a Armada a Madrid de segundo jefe del ejército, las cosas se irían arreglando por sus cauces naturales. Y parecía lo lógico.

Pero Milans ignoraba que desde ese mismo instante la iniciativa de la Operación De Gaulle ya no estaría en sus manos. Los responsables del CESID decidieron arrebatársela y tomarla bajo su control. Ellos serían los que activarían a Tejero, cuando cinco días antes del 23-F, Cortina le comunicó al teniente coronel —por vez primera— que el lunes 23 de febrero tenía que asaltar el Congreso de los Diputados. Y paralizar la votación de investidura del nuevo candidato a presidente. Y esperar a que llegara la autoridad competente, militar, por supuesto, para que decidiera lo que tenía que ser. Y para lo cual dispondría de vía libre y apoyo pleno del servicio de inteligencia. Porque la cuestión no radicaba en la dimisión de Suárez, ni en el nombramiento de un nuevo presidente, o de un nuevo gobierno, que sería más de lo mismo, ni hasta de un hipotético gobierno de concentración, sino en la aplicación estricta de la Operación De Gaulle, es decir, en la exhibición de la fuerza militar (sin daños ni heridos), como el único camino para poder llevar a cabo la reforma profunda del sistema. Sin cortapisas ni oposición ni voces chirriantes de los grupos nacionalistas que la pudieran entorpecer.

Aquella segunda reunión de General Cabrera sí que aportaría un dato relevante y de suma importancia. Al concluir la reunión, Milans se ofreció a llevar en su coche oficial al general Carlos Alvarado a su casa. Alvarado había sido el jefe de Estado Mayor de la Acorazada cuando Milans mandaba la División, y quien examinó el plan de Tejero al haber sido profesor de táctica durante veinticinco años. Al llegar a su casa, Milans le reveló que Armada sería el próximo presidente del gobierno. Que formaría un gobierno de concentración en el que había gente de todos los partidos políticos y algunos independientes, incluso varios socialistas y algún comunista. «El rey ya conoce la composición de ese gobierno —prosiguió Milans— y aunque a mí no me gusta mucho la idea, si ésa es la decisión que han tomado, yo la acepto sin más. Lo importante es que esto se arregle. Ah, sí, a mí me nombran presidente de la JUJEM, dentro de los muchos cambios militares que va a ver.»

Al facilitarme su testimonio, Alvarado me aseguró que se había quedado bastante sorprendido con la idea de un gobierno en el que habría socialistas y demás, y que no era de su agrado, pero que no le comentó nada a Milans. Sin embargo, mucho más sorprendido se quedaría cuando su antiguo jefe le preguntara si él querría ser el ministro de Defensa del gobierno Armada. Alvarado lo recordaba con estas palabras: «A punto de llegar a mi casa, Jaime se volvió y me dijo: “El único cargo que queda por cubrir es el de ministro de Defensa. ¿A ti, Carlos, te interesaría?, yo le hablaría a Armada al respecto”. Me dejó de una pieza. Cuando pude reaccionar se lo agradecí mucho, pero le hice ver que la política no iba conmigo, que preferiría estar al mando de unidades. Y nos despedimos. No nos volveríamos a ver hasta después del 23-F.» A mí no me encajaba la idea de que Milans se me cuadrara y me dijera: «A sus órdenes, señor ministro».[58]

Encajadas todas la piezas, la nomenclatura del PSOE —Alfonso Guerra, Peces Barba y Múgica, principalmente— se dedicó a promover la fórmula del «gobierno de gestión más un general». Como si la iniciativa fuera suya, hablaron con los líderes de los grupos críticos centristas, con Osorio, Fraga y Areilza, de Coalición Democrática, con Ramón Tamames en el Partido Comunista, con representantes nacionalistas catalanes y con el diputado Marcos Vizcaya del PNV. A ese respecto, Jordi Pujol recogería en sus memorias que a finales de verano de 1980, Múgica le visitó para «preguntarme cómo veríamos que se forzase la dimisión del presidente del gobierno y su sustitución por un militar de mentalidad democrática.»

Parecidas «iniciativas» hacia el gobierno de concentración o de salvación nacional, se desarrollarían desde otros ámbitos políticos y en la prensa a través de prestigiados articulistas. En vísperas del 23-F, el secreto a voces era que todos los partidos convergían y estaban de acuerdo en el «golpe de timón» fuerte con un general controlándolo. Juan de Arespacochaga, que fuera alcalde de Madrid y senador real, relata en su libro de memorias que: «Las circunstancias nos iban acercando por momentos a la necesidad de un gobierno de salvación, con los partidos más importantes representados en él, porque históricamente resulta ser ésta la forma más idónea en tiempos de dificultades graves, para modificar una política e incluso una constitución, pero sin poner en riesgo todo el sistema.»[59]

Abundando en lo mismo, pocos como él sintetizaron mejor lo que fue el golpe del 23-F. «El sistema no se ponía en discusión por mucho que fuera preciso proporcionarle un reactivo. Se trataba de un pacto de partidos e instituciones que hubiera colocado a la cabeza un personaje de la máxima relevancia social y profesional, comprometido con la transición y de la máxima confianza del rey, bien visto por la Iglesia y las fuerzas económicas y con el placet de las grandes democracias. Esa designación recayó en el general Armada a quien se comprometieron a apoyar instituciones muy características del país y con una evidente colaboración del PSOE.»[60]

En aquellos días previos, Armada y su entorno de colaboradores estaban saturados de contactos, visitas y saludos. Todos o casi todos querían rendirle reconocimiento. Su flamante nuevo despacho en el Cuartel General del Ejército, así como su casa madrileña y su pazo gallego, se convirtieron en centros de peregrinación para numerosos políticos, empresarios, industriales, banqueros, religiosos y, naturalmente, militares. El general de división era para quien estuviese en la pomada el referente de la nueva situación que ya se vislumbraba. Y un selecto mundo exclusivo se abría a su seducción. Era el hombre bendecido por todas las instituciones.

La gente de Alianza Popular y de Coalición Democrática estaban de su mano; Areilza, Fraga y Osorio, siempre amigos; los barones y críticos de UCD, Herrero de Miñón, José Luis Álvarez, Salvador Sánchez Terán, Pío Cabanillas, y la izquierda socialista y comunista, habían aceptado su jefatura en un gobierno de salvación nacional. Pero sobre todo, eran los centristas los que estaban más volcados. «Los más interesados en la solución Armada —me reconocería el general— eran los barones de UCD. Si alguien hizo gestiones a favor mío para un gobierno fueron los hombres de UCD, que no estaban contentos con Suárez. Ese grupo sí que me insinuaba cosas, no me llegó a hacer proposición concreta alguna, pero estaba más cerca que los del PSOE. Todos los barones conspiraban contra el presidente.»[61]

Y aquí es conveniente decir algo respecto de lo que de manera capciosa se iría divulgando años después como la trama civil del 23-F. Tras el fracaso del golpe, comenzó a airearse el nombre de grupúsculos y personas vinculados con la ultraderecha, como parte o apéndice de la trama golpista militar. Nada más lejos de la realidad. Al sector ideológico de la extrema derecha —léase Fuerza Nueva, Falange Española, Confederación de Combatientes y grupos afines— le pasarían completamente inadvertidos los instantes previos al 23-F. De hecho, no se enteraron hasta la irrupción de Tejero en el Congreso. Salvo quizá la excepción de Girón de Velasco por su vinculación con El Alcázar. No cabe duda alguna que de haberlo sabido o de haber contado con ellos, habrían participado con sumo entusiasmo en la operación. Pero decididamente se les mantuvo completamente al margen.

En el 23-F, los grupúsculos de ultraderecha no significaron absolutamente nada. Prueba de ello es que el diputado Blas Piñar estuvo todo el tiempo aislado y marginado de los asaltantes en el interior del hemiciclo. Y el hecho de que el único civil procesado fuera Juan García Carrés, no se debió a su conocida extracción falangista o a que estuviese operando con un grupo organizado, sino a que su amistad personal con Tejero lo situó en diversos escenarios —de algunos de los cuales, por cierto, lo invitaron a salir— y, sobre todo, por las cintas que esa larga tarde-noche-madrugada le grabó Laína durante las conversaciones que mantuvo con Tejero. Años después del 23-F, Milans del Bosch acusaría a Carrés de ser una persona que desvariaba, de tener una mente calenturienta y de inventarse las cosas.

Si hubo tramas en el 23-F, éstas no fueron de ultraderecha. Si se quiere buscar un protagonismo civil en el 23-F, habría entonces que mirar hacia los responsables de los partidos políticos parlamentarios que se pasaron el año de 1980 conspirando abiertamente contra Suárez y dinamitando al partido centrista. Especialmente desde las filas socialistas y, sobre todo, los barones y sus respectivas familias en el propio seno de la UCD. Muchos de ellos se embarcaron en una dinámica que iba mucho más allá de la pura y legítima confrontación política. Hasta llegar a asumir acuerdos de gobiernos de salvación u operaciones De Gaulle, cuya gestación inicial, su primera fase, estaba enfangada en la ilegalidad constitucional. Por el contrario y en sentido propio, en la operación del 23-F convergieron una serie de fuerzas, grupos, partidos e instituciones dispares para un mismo fin. Con independencia de que unos u otros lo supieran o fueran conscientes de su alcance o papel.

La actividad de algunos partidos y de sus mentores pareció recordar actuaciones rancias de épocas pasadas, felizmente superadas, que tan ricas fueron para la historia de los pronunciamientos y del golpismo nacional. Al conmemorase los XXV años de la coronación de don Juan Carlos, Sabino Fernández Campo señalaría en un artículo el viejo regusto de ciertos políticos por incitar a los militares. «Y tal vez, me atrevo a imaginar —escribía Sabino— ejercicios peligrosos de civiles a quienes, siguiendo la tradición de los “pronunciamientos” en la Historia de España, les gusta jugar con fuego para impulsar la actuación militar y conseguir “cambios de timón”, aunque luego la marcha de las cosas tome un rumbo imprevisto y no puedan aprovecharse los beneficios pretendidos.»[62] El ex jefe de la Casa del Rey sabía bien de lo que hablaba. Él también había tenido su parte de protagonismo. Y no pequeño, por cierto.

Tras el fracaso del 23-F, la clase política en general se dedicó a realizar un notable ejercicio de ocultación. El líder de la izquierda socialista, Pablo Castellano, sería testigo de cómo en el PSOE «se hizo el silencio muy rápidamente» cuando circulaban intensos rumores de que miembros de la ejecutiva del partido habían ido mucho más allá de un simple «coqueteo o galanteo» con alguno de los marciales ofertantes de soluciones «constitucionales». Castellano lo dejaría escrito así: «Muchos años después, no sé si atando bien cabos o deslindando redes, sigo teniendo la convicción de que, además de la llamada trama civil integrista y de la trama militar golpista, hubo una trama de conspiradores de “salón de sesiones”, unos sentados en sus escaños y otros con cara de póquer, mirando a la pared en alguna saleta aledaña.»[63]

Efectivamente, luego del 23-F, muchos de los ilustres políticos que se habían contaminado con la operación, giraron la cabeza hacia otro lado y se pusieron a silbar. Después, y en un buen ejercicio de disimulo y de notable hipocresía, se lanzaron a la calle en apoyo de la democracia detrás de una pancarta. Con más valor, pudieron haber intentado explicar que aquel golpe blando era una cirugía necesaria —si es que con esa convicción se habían embarcado— en defensa del sistema de libertades, la Constitución, la democracia y la corona. Aunque a algunos de los protagonistas visibles de la asonada el cuerpo les pidiera otra cosa, tal y como ocurriría después.

Precisamente ésa fue la magia que hicieron posible los Calderón y los Cortina, al hacer confluir mundos absolutamente antagónicos en un mismo objetivo. Consiguieron sumar instituciones del Estado y significados demócratas responsables de los partidos parlamentarios de raíz conservadora, liberal, progresista y de izquierda, con elementos antidemócratas, y militares leales a la corona y fieles en el recuerdo a Franco. Todos en un mismo paquete para satisfacer las exigencias de cada cual. Desde quienes en el Ejército estimaban la vía de un golpe, hasta los que llegaron a aceptar como última solución una salida forzada traumática, pero asumible, pasando por los partidarios de dar una «lección» a la época de desgobierno de Suárez y, en lo militar, a Mellado. Y a la vez, proscribir de los usos políticos alocadas aventuras de futuro incierto y peligroso. Un efecto vacuna. Únicamente un servicio de inteligencia, una institución del Estado que extiende su influencia sobre todas las demás y en el conjunto de la sociedad, dotado de las soberbias y astutas mentes de aquel equipo directivo, pudo hacer viable tan compleja conjura.

XII.
EL MOMENTO DECISIVO DEL REY

¿Cuál fue el momento decisivo del rey en la jornada del 23 de febrero de 1981? Porque hubo un momento decisivo para don Juan Carlos aquella tarde-noche. Pero, ¿cuál fue? El 23-F, el monarca vivió muchos instantes intensos, llenos de zozobra, inquietud, angustia, duda y temor. Todo ello se dio en la figura real. A un tiempo o prolongadamente. Y quizá el rey quisiera liberar gran parte de aquella presión cuando salió al jardín de Zarzuela, ya cayendo la noche, para romper a llorar y soltar tensiones. «¡Dios mío, qué fuerzas he desatado!», se dijo posiblemente con amargura. Porque es verdad que si alguien tuvo el peso de España sobre sus espaldas aquel día, ése fue el rey. Sí, esa frase la pronunciaría Tejero durante el juicio de Campamento. Pero no fue más que una boutade del teniente coronel. El problema es que llegó a creérselo o se lo hicieron creer personajes excéntricos del tipo García Carrés. Y por eso se salió del papel que tenía asignado para terminar rebelándose contra los dos jefes a los que había aceptado como tales en la operación. Aunque no estuvieran en su escala de mando natural. No, el 23-F fue el rey la persona que llevó ese peso todo el tiempo. Al menos, desde el inicio de la operación hasta su resolución y fracaso.

Hay quien ha escrito (y parece que se lo ha creído) que el rey dio el contragolpe a los 15 minutos de la entrada de Tejero en el Congreso. Y establece ese tiempo —15 minutos— para aseverar que fue lo que duró el triunfo del golpe. No más. Medidos así, con toda precisión.

Porque después de tan efímeros minutos de «gloria», a las 18.45 (minuto arriba minuto abajo, concedamos eso) el monarca neutralizó a los golpistas. Y la fiesta se acabó. ¿De verdad fue así? ¿O se trata de otra boutade más? Ya lo hemos analizado en la introducción y en el capítulo segundo. Pero si alguien se cree seriamente eso, ¿podría aportar un dato, un solo dato, que lo corrobore y contraste? Sólo un hecho, no más, para sostener con rigor tal afirmación.

Claro, quienes a estas alturas estén pensando todavía en el 23-F como un pulso sostenido entre involución y democracia, están perdidos o siguen igual de perdidos que lo han estado tantos intoxicados por la propaganda oficial u oficiosa, y políticamente «conveniente», luego de fracasado el 23-F. Y seguramente necesitan ajustar esos comportamientos como sea para que puedan calzar y explicar de mala manera unos hechos que, dentro de tales análisis, serán siempre inexplicables. Por mucho que lo intenten. Pero el 23-F no fue nada de eso o yo estoy convencido de que no fue nada de eso. Al menos, eso es lo que estoy tratando de aclarar en esta obra.

No, yo no creo que don Juan Carlos diera el contragolpe a los 15 minutos de iniciarse la operación. En absoluto. ¿Cómo iba a dar el contragolpe a una operación que había demandado que se la dieran hecha, a una acción que le venía exigiendo la práctica totalidad de la clase política, se diga lo que se diga, para corregir los desatinos de un alocado y suicida proceso reformista? No sólo carece de sentido, sino que no es cierto. Por el contrario, el rey esperó a que Armada culminara con éxito el objetivo final de la operación diseñada bajo el nombre de Operación De Gaulle. ¿O es que acaso no fue ése el objetivo último de la operación, de acuerdo con el guión trazado? ¿Y se llevó a cabo? Sí; entonces, ¿dónde estuvo el contragolpe real?

Quizá debamos insistir algo más en ello. Dentro de la tesis del golpe «involucionista», se me podría contraargumentar que naturalmente el rey sí que dio el contragolpe e hizo fracasar el 23-F por tres decisiones: al impedir que Armada fuera a Zarzuela, objetivo fundamental de los golpistas; al neutralizar la salida de la Acorazada y obligar a las pocas unidades que ya lo habían hecho a regresar a sus bases, quedando éstas acuarteladas, y al frenar en seco los ánimos de los militares progolpistas y díscolos. Desde mi punto de vista, no dejaran de ser intentos extravagantes de explicar lo inexplicable. En definitiva, coartadas insostenibles a la luz de los hechos, que siempre serán inmutables, por mucho que se les siga retorciendo.

Si bien es cierto que Armada no fue a Zarzuela, pese a que la primera llamada del rey, nada más asaltar Tejero el Congreso, fue a él para pedirle que se desplazara a palacio, porque así ambos lo habían convenido previamente, y porque ésa era también la opinión de todos los colaboradores y ayudantes que había en aquel instante junto al monarca. De todos, salvo la de Sabino, que sería la que finalmente se impondría. Pero no porque sospechara de Armada. En absoluto. ¿Cómo Sabino iba a sospechar de alguien de quien ya sabía con antelación que ese día sería investido presidente de gobierno? Demasiadas rastas para rizar el rizo.

Vuelvo a insistir en lo que ya he dicho en el capítulo II. El secretario del rey quiso extender un manto de protección sobre el monarca al saber por Juste que los nombres de don Juan Carlos y de Armada circulaban con profusión, juntos y unidos, en la operación desencadenada. Y Sabino entendió que era conveniente preservar al rey del contacto directo con Armada en ese momento. Por eso, y porque al secretario le molestaba que la llegada de Armada a Zarzuela le anulase en sus funciones. Lo que seguramente así habría ocurrido de haber estado Armada en palacio. Aquello no fue más que una intuición del secretario, que el rey le echaría en cara instantes antes de recibir a los líderes políticos, la tarde del veinticuatro de febrero: «¡Y mira que si te has equivocado!»

También es cierto que las pequeñas unidades de la Acorazada que habían llegado a tomar la radio y la televisión, se retirarían una hora después, así como que el resto de regimientos que ya habían salido, regresaron a sus bases, y que todos los efectivos de la unidad más potente del ejército quedaron acuartelados. ¿Esto hizo o contribuyó al fracaso de la operación? En absoluto. ¿Por qué se hizo entonces? La primera y principal razón fue que su presencia en las calles no era necesaria. La exhibición de las armas ya se había hecho con el asalto de Tejero al Parlamento, y con el bando y la salida de las unidades en Valencia. Y Milans del Bosch era el encargado de sostener la acción de Tejero hasta la resolución de la operación en su segunda fase. Además, no se debía traspasar al Ejército el protagonismo del SAM, el acto de la rebelión. Ése era el papel otorgado a Tejero y a sus capitanes de la Guardia Civil.

Una pequeña exposición de fuerza sí, pero luego todos obedeciendo órdenes disciplinadamente. Hasta el gobierno Armada. Después, todas las acciones del Ejército se explicarían perfectamente bajo la disciplina y el acatamiento del orden constitucional. Incluido el bando y la actitud de Milans del Bosch, que, no se olvide, se cursó ante el «vacío de poder en Madrid» y a la «espera de las órdenes del rey». Y eso fue lo que hizo en todo momento el capitán general de la III Región Militar. Permanecer y estar a las órdenes del monarca. Y respecto de la toma de la televisión, sería el propio Armada quien a petición de Mondéjar, solicitaría a los escasos efectivos que habían alcanzado la televisión, que se retirasen, porque ni a Mondéjar ni a nadie de Zarzuela les estaban haciendo caso los jefes del regimiento Villaviciosa 14. Y ni que decir al capitán general de Madrid. El jefe de la Casa del Rey le pidió a Armada que consiguiera que salieran de aquellas instalaciones porque quería que unos equipos de cámaras se desplazaran a Zarzuela para grabar el mensaje del rey. Y así lo hizo Armada.

Y respecto de que el rey frenó en seco o supo sujetar los ánimos progolpistas de los militares díscolos… ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Si toda la cadena de mando, absolutamente toda, desde los jefes de Estado Mayor (JUJEM) a los capitanes generales, se mantuvieron disciplinadamente a las órdenes del rey en todo momento. Absolutamente todos aquellos con los que habló el rey a lo largo de aquella jornada: desde los que le decían «bueno, señor, leña al mono» o «qué, señor, adelante, ¿no?», hasta los que, simplemente, se ponían a «sus órdenes, majestad, ¡para lo que sea!».

No, no hubo tal contragolpe. Hubiera habido contragolpe si inmediatamente se hubiera cursado orden de poner en arresto a Armada o de neutralizarlo. Todo el mundo que debía saberlo hablaba de Armada a las 7 de la tarde como el eje de la operación. ¿Se tomaron medidas contra él para reducirlo? ¿Se cursaron instrucciones a su jefe directo Gabeiras para arrestarlo? ¿Se aisló en algún momento de la tarde-noche-madrugada al general Armada? O por el contrario, ¿no gozó de plena libertad de acción y de movimientos, quedando bajo su pleno control el Cuartel General del Ejército cuando Gabeiras se desplazó a la sede del PREJUJEM? Ésas sí se hubieran entendido como medidas para neutralizar el golpe que se estaba desarrollando. ¿Se hizo acaso eso? En absoluto; por el contrario, las cosas se fueron desarrollando de acuerdo con el plan de la Operación De Gaulle.

¿Y se aisló acaso a Milans del Bosch? ¿Llamó alguien al capitán general de Valencia? ¿El rey, el JEME Gabeiras, para ordenarle que retirara el bando y a las tropas? ¿Para decirle que había sido desposeído del mando? ¿Para informarle que estaba arrestado? Sí, es verdad que esas llamadas se llegarían a hacer, pero ¿cuándo, a qué hora? Desde luego, no entre las siete de la tarde y la una de la madrugada. Y Gabeiras sí que habló con Milans a media tarde, sobre las ocho, y quedó muy satisfecho de la conversación, cuando Milans le confirmó que había dictado el bando y sacado unos grupos tácticos a la calle para preservar el orden, permaneciendo a la espera de órdenes. ¿Le dijo entonces Gabeiras, a esa hora, que se considerara arrestado y que sería destituido? ¿Qué retirara el bando? En absoluto. Nunca a esa hora.

Otra cosa era lo que el jefe del Ejército se llegaría a inventar, sí, inventar, en su famoso cuaderno de bitácora, para ajustar unos hechos fracasados, imaginándose acciones que jamás existieron y conversaciones que nunca se celebraron. Como aquella que aseguró haber mantenido a tres bandas con el rey y Milans, en la que supuestamente le comunicó a este último que estaba arrestado. Pura invención, consecuencia natural de un fracaso. Pero no adelantemos acontecimientos, porque esta parte del relato la dejaremos para lo que yo llamo el momento decisivo del rey. Porque lo tuvo. Pero, ¿en qué momento se dio? Lo veremos un poco más adelante.

Antes me parecen convenientes unas breves líneas más para rematar este apunte del contragolpe que nunca existió. ¿Cómo se puede explicar que, dentro de la cadena de mando militar, el rey se dirigiera sin mediación alguna a su ex secretario, por muy flamante segundo jefe del Ejército que fuera? La primera llamada del rey tras el asalto de Tejero al Congreso, la primera, fue a Armada. Lo lógico es que hubiera sido al Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor o a la JEME. Sí, la hizo al despacho de Gabeiras, pero fue después de no localizar a Armada en el suyo. Y el rey, nada más descolgar el teléfono Gabeiras, le dijo que le pasara con Armada. En el 23-F se puenteó al JEME Gabeiras y al capitán general de Madrid, Quintana Lacaci. Tenemos al rey hablando directamente con el segundo jefe del ejército. ¿Por ser el segundo jefe del ejército? No. ¿Por ser su ex secretario? Tampoco. Lo hacía porque era la persona designada para erigirse en nuevo presidente de un gobierno excepcional que vendría dado luego de anular la acción de Tejero.

Intentar explicarlo de otra manera es algo carente de toda lógica en la cadena estructural de mando de un ejército. Pero lleno de lógica si el rey quería hablar con Armada para decirle que fuera a Zarzuela. Porque así estaba previsto que fuera. Porque así es, insisto, como se había convenido entre ambos con antelación. ¿Cómo explicar también la iniciativa de Sabino de «voy a hablar con la Acorazada directamente porque la tenemos ahí al lado»? ¿Es que acaso no había una cadena de mando por delante?

En teoría, y ante un acontecimiento como el 23-F, la figura del Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, teniente general Ignacio Alfaro Arregui, debería haber sido capital y protagónica. Era nada menos que el jefe de los ejércitos, después del rey. Y sin embargo, dicha figura pasaría prácticamente inadvertida. Aunque sí que llegaría a tener cierto protagonismo, muy fugaz, cuando, junto al resto de los otros jefes de los estados mayores de los ejércitos, estuvo a punto de emitir una nota aprobada por todos, por la que se consolidaba el golpe a la turca: el golpe dado desde la cabeza del ejército. Pero como aquello no era lo previsto en la operación 23-F, se paró desde Zarzuela, como veremos en seguida.

No, el rey no dio el contragolpe a los 15 minutos de iniciarse el golpe, sino que, por el contrario, dejó que las cosas siguieran fluyendo según el guión trazado de la operación. ¿Acaso no llegó a presentarse Armada en el Congreso tal y como estaba previsto, para ser designado presidente y formar un nuevo gobierno? ¿Y no fue con la autorización de Zarzuela, y la de su jefe directo Gabeiras —quien le despidió con un sonoro «¡A tus órdenes, presidente!»— y la del resto de los capitanes generales, excepto el de Canarias, y en su caso por puros celos personales? No, el rey hasta aquel momento dejó que las cosas fluyeran, y como poco «estuvo a verlas venir», como ha reconocido Armada.

También se ha dicho que en el CESID se pusieron todos a trabajar para dar el contragolpe (¿?). Esta afirmación es más temeraria aún. Pero como el papel lo sostiene todo, o casi todo… Me reitero en lo mismo que en el punto anterior; pido un dato, un solo dato, que contraste o refrende tal aseveración. Porque sería del todo chirriante que el mismo servicio de inteligencia que dio cobertura y metió a Tejero en el Congreso se pusiera acto seguido y «activamente» a dar el contragolpe. Desde luego, no en las sedes de los grupos operativos, donde poco después de cumplida su misión, pusieron sobre las mesas bandejas de canapés y de finas y exquisitas viandas de un catering encargado por la mañana para celebrar el éxito de la operación. Allí, todos o, mejor dicho, casi todos los agentes estaban eufóricos. En el ambiente se respiraban aires de victoria.

Y desde luego, tampoco estaban entregados al contragolpe en el área de contrainteligencia, afanados en ese momento en dar cuenta de las botellas de cava o de champán que habían abierto para brindar por el feliz resultado de la operación. También ahí se respiraban aires de victoria. Los mismos aires que llevó Cortina, radioteléfono a la oreja, a la sede central del CESID para informar a sus superiores, especialmente a Calderón, de la marcha de la operación. De aquella jornada no consta nada acerca de que el secretario general del servicio de inteligencia cursara instrucciones de contragolpe, sino todo lo contrario. Eso es algo que pudo comprobar personalmente el capitán Diego Camacho, cuando de madrugada se presentó en la dirección del CESID para informar que venía del Congreso, donde había constatado que el jefe de la operación era el general Armada. A lo que Calderón y Cortina le respondieron poniendo cara de póquer y negando que tal cosa fuera cierta. Negación que seguirían manteniendo en los siguientes días, pese a que el rey, a las pocas horas de fracasada la operación, ya había dejado al descubierto a su antiguo preceptor y ex secretario.

Del servicio de inteligencia se ha preferido venir sosteniendo, a lo largo de los años, que fue inepto y que no se enteró de nada; que a sus responsables el golpe los «pilló por sorpresa», como enfatizaría el propio Calderón, antes que tener que enfrentarse a la responsabilidad de haber sido sus planificadores y ejecutores. Pero llegar a sostener que el CESID no sólo no tuvo nada que ver en la operación del 23-F, sino que se activó al instante para dar el contragolpe, es rizar el rizo de lo chocante. Y también de lo grotesco. Y más, si se trata de argumentar con el hecho de que unos agentes se desplegaran sobre dos carreteras de acceso a Madrid. Efectivamente, García Almenta, subordinado de Cortina y segundo en el mando de los grupos operativos, envió a dos agentes del servicio a las nacionales V y VI para que comprobaran si había movimiento de tropas. Para poco después ordenarles que regresaran a la base porque el «ejército ya se está moviendo». Y porque en la base les esperaba todo un surtido de canapés, tortillas variadas, recio ibérico pata negra finamente cortado y vinos con denominación de origen. Aquélla sería la inexistente acción de contragolpe del CESID.

Hasta el momento en el que Armada se desplazó al Congreso investido de toda la autoridad para resolver la operación en su segunda fase, ocurrió un hecho destacable que después del 23-F ha pasado absolutamente inadvertido. También porque así interesaba. Sobre las ocho y media o nueve de la noche, minuto arriba, minuto abajo, se reunieron en la sede del PREJUJEM los jefes de los estados mayores de los ejércitos. Allí permanecerían aproximadamente dos horas. Tiempo en el que Armada tuvo bajo su autoridad al Ejército. El objeto de los jefes militares fue examinar el momento creado por el asalto de Tejero. Los jefes máximos de los tres ejércitos acordaron que ante el «vacío de poder creado, la JUJEM asumía el poder de forma provisional» hasta que se resolviera la situación. Para ello, redactaron una nota para difundirla. El PREJUJEM Ignacio Alfaro habló por teléfono con el rey, exponiéndole la medida que habían acordado adoptar. Al monarca el asunto le pareció bien, pero Sabino le pidió que le pasara el texto por télex. Tras su lectura pausada, Sabino habló con el rey y con la JUJEM, diciéndoles que esa nota consolidaba, provisionalmente, el golpe a la turca. Y preguntó si era eso lo que se deseaba hacer o era mejor esperar a que Armada resolviera el asunto.

La decisión que se tomó fue que lo más conveniente era que la nota no se difundiera. La operación no se había diseñado para un golpe a la turca. Y no se llegó a hacer pública la nota. Después se explicaría tímidamente y con sordina, que la cúpula de las fuerzas armadas había tenido un desliz y no se había dado cuenta del fondo de la decisión que habían acordado. Pero todo dentro de su absoluta y mejor buena fe. ¿Fue tan inocente la JUJEM que no sabía acaso lo que estaba haciendo y la trascendencia de su acto? ¿Que, llevados por su buena intención no se habían percatado de lo que estaban diciendo? O sea, que a esas horas la cúpula de los ejércitos había entrado en estado de puro atontamiento (esto también es un desliz), que no se enteraba ni de lo que estaba haciendo, y que hubo que llamarle la atención para que no diera ese comunicado. ¿De verdad fue así? No, nada de eso fue cierto.

En el trasfondo estaba la verdadera razón: en el 23-F no se trataba de que se diera un golpe a la turca. Pero de inocentes, nada.

Despejado el asunto y para no dar por perdido el tiempo, la Junta de Jefes de Estado Mayor difundiría seguidamente un pequeño comunicado redactado al alimón con Sabino que decía así:

La Junta de Jefes del Alto Estado Mayor, reunida a las diez de la noche, ante los sucesos desarrollados en el palacio del Congreso, manifiesta que se han tomado las medidas necesarias para reprimir todo atentado a la Constitución y restablecer el orden que la misma determina.

Dicho comunicado encajaba ortodoxamente dentro de la resolución de la segunda fase de la operación que debía completar Armada. Gabeiras regresó al cuartel general en el momento en que desde Zarzuela se emitía una nota del rey dirigida a todos los capitanes generales y almirantes. Aquella nota de Zarzuela reforzaba la anterior de la JUJEM y también encajaba plenamente en el buen espíritu de la resolución de la segunda fase de la Operación De Gaulle. En ella, el monarca recordaba al Ejército que cualquier medida que se tomase debería estar dentro de la legalidad y destinada a afianzar el orden constitucional, previo conocimiento de la JUJEM. Su hora de emisión fue a las 22.35 h. y su redacción, igualmente de la mano de Sabino, decía lo siguiente:

Ante la situación creada por sucesos desarrollados en el palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado autoridades civiles y Junta de Jefes de Estado Mayor tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional, dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que, en su caso, hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la JUJEM. Ruego me confirme que retransmiten a todas las autoridades del ejército.

Sobre las 11.30, minuto arriba, minuto abajo, Armada alcanzaba la verja de entrada del Congreso de los Diputados. Finalmente, se presentaba en escena la aplicación de la segunda fase de la operación diseñada. Tejero recibiría al hombre que 48 horas antes le había ordenado asaltar el Parlamento, pero autorizaba sólo la presencia del general con su ayudante —porque Gabeiras también había querido acompañar a Armada, e iban caminando hacia la entrada del Congreso que daba acceso al hemiciclo—. Armada se había disculpado porque las cosas se hubieran demorado algo, según lo inicialmente previsto. «Pero ahora, le dijo Armada, usted Tejero tiene que restituir a los diputados en sus puestos y retirar a la fuerza, porque voy a entrar a hablar con los parlamentarios a proponerles la formación de un gobierno presidido por mí.»

Tejero le preguntó entonces qué cartera era la del general Milans en dicho gobierno, y al decirle que Milans no formaría parte del mismo, pero que más adelante sería designado PREJUJEM, se habían desplazado a una pequeña habitación acristalada del nuevo edificio para hablar. Y allí fue donde dio comienzo el principio del fin. El desastre para los fines y objetivos de la operación estuvo en que Armada no le pidiera a Tejero que se cuadrara y se pusiera en primer tiempo de saludo, y en que accediera a hablar. Armada no tenía nada que negociar con Tejero, en todo caso sería con los jefes de filas de los partidos. La puerta estaba cerrada pero, a través de los cristales, varios de los capitanes de la fuerza asaltante observaban expectantes y preocupados al ver que los gestos de ambos comenzaban a subir de tono. Aquélla no era una conversación suave y mucho menos dulce.

Armada le explicó que la única solución era formar un gobierno de concentración en el que participarían casi todos los partidos políticos. No había otra opción viable. Y además, Tejero y sus oficiales debían abandonar España. Irse a Portugal, donde ya se habían hecho gestiones, hasta que todo se fuera calmando. Después, todos podrían regresar y reintegrarse en sus respectivos destinos sin problema alguno. Y a Tejero se le ascendería a coronel y se le enviaría al norte a darle duro al terrorismo etarra. El teniente coronel abrió la puerta y les dijo a los oficiales que estaban atónitos contemplando la escena: «Nos ofrece un avión y al extranjero». Y cerró la puerta.

Cuando Tejero le preguntó quiénes formaban ese gobierno, su rostro se encolerizó. Armada le fue revelando algún nombre hasta que no tuvo más remedio que mostrarle la lista completa. Al leer en ella los nombres de Felipe González y de algún comunista, que ni siquiera conocía, estalló de furia. Él no había entrado en el Congreso para eso. De haberlo sabido con antelación, jamás hubiera admitido esa solución. Él era partidario de la formación de una junta militar que fuese presidida por el general Milans del Bosch. Armada le replicó que quién había hablado de un gobierno militar, ¿quién? E intentó hacerle comprender que si no se aceptaba eso, el esfuerzo realizado no habría valido para nada. Sería un completo fracaso y las consecuencias, peores para España en general, y para ellos en lo personal. Pero Tejero no escuchaba, estaba rabioso. Se sentía engañado, porque de haber sabido que la acción era para formar un gobierno con socialistas y comunistas, no habría querido saber nada. Seguramente, se hubiera desenganchado. Pero ahora, cogido entre lo más profundo de sus convicciones, radicalmente enfrentadas a socialistas y comunistas, no podía brindarles «su trabajo». Antes, prefería la muerte.

Luego de cruzarse unos cuantos insultos, Armada apeló al sentido de la disciplina militar de Tejero. Último recurso. Él era un soldado que había recibido una orden de un superior jerárquico. La había aceptado y ejecutado. Y en la vida militar, si hay algo sagrado, es que no se pueden cuestionar las órdenes, ni su naturaleza, ni someter a debate sus consecuencias. Le gustase o no, fuese de su agrado o no, debía obedecer. Tejero le espetó que él estaba ahí por el general Milans del Bosch, que era al único que reconocía y admitía como jefe. No estaba a las órdenes de nadie más. Armada propuso entonces que llamase a Valencia y hablase con Milans. La conversación con el capitán general de Valencia se sucedió en medio de una gran tensión. Armada explicó a Milans que Tejero se negaba a permitirle dirigirse a los diputados para resolver el gobierno en cuestión. Aquel gabinete sobre el que Armada sí que había puesto en antecedentes a Milans. Y le pidió que por encima de todo hiciera entrar en razón a Tejero, «que está muy ofuscado, y a mí no me quiere obedecer, porque dice que su único jefe eres tú. Si no lo convences, el fracaso y todo lo demás está a la vista.»

Milans intentó en tono suave que Tejero se serenase, que viese el fondo del asunto y aceptase lo que le estaba ofreciendo Armada. Le dijo que lo que le estaba planteando el general Armada era factible. Había un avión a disposición que los sacaría fuera, y que pasado un tiempo podrían regresar sin problemas. Y sin responsabilidad alguna. A Tejero, eso le daba lo mismo. Él no había entrado en el Parlamento para que de su acción se formara un gobierno con socialistas y comunistas. Lo que él quería y deseaba era un gobierno militar «presidido por usted, mi general». Milans del Bosch, sorprendido, le preguntó quién había hablado de un gobierno militar. Nunca antes se había entrado en asuntos políticos y Tejero lo sabía bien. En todo momento se habló de que la acción era para apoyar la solución Armada, y en eso era en lo que estaban. Lo demás era una cuestión que se había dejado en las manos de Armada y de su majestad el rey. Ellos debían buscar la fórmula que quisieran. Y los demás a obedecer. Y concluyó Milans: «Por todo ello, le ordeno, Tejero, que haga caso de lo que le está diciendo el general Armada y acepte la solución que le ha propuesto». Tejero le contestó que «no me puede ordenar ni pedir eso, mi general, antes que aceptar una cosa así prefiero morir». Y le colgó el teléfono.

La conversación concluiría como el rosario de la aurora. Armada y Tejero insultándose un poco más. Enrabietado al máximo, el teniente coronel le dijo, amenazador, que no intentase hacer nada con sus guardias, que sólo le obedecerían a él, ni tampoco intentase entrar con fuerzas en el Congreso. Estaba dispuesto a convertir aquello en un holocausto, en una nueva epopeya émula de Santa María de la Cabeza. Armada cedió entonces ante la intransigencia y cerrazón del asaltante, y antes de abandonar el lugar le preguntó con gravedad si podía darle su palabra de que nada les ocurriría a los diputados. Lo que Tejero le garantizó.

El gobierno que el general Armada pretendía proponer en el hemiciclo al pleno del Congreso allí secuestrado era el siguiente:

Presidente: Alfonso Armada Comyn (general de división).

Vicepresidente Político: Felipe González Márquez (secretario general del PSOE).

Vicepresidente Económico: José María López de Letona (ex gobernador del Banco de España).

Ministro de Asuntos Exteriores: José María de Areilza (diputado de Coalición Democrática).

Ministro de Defensa: Manuel Fraga Iribarne (presidente de Alianza Popular, diputado de CD).

Ministro de Justicia: Gregorio Peces Barba (diputado del PSOE).

Ministro de Hacienda: Pío Cabanillas Galla (ministro de Suárez, diputado de la UCD).

Ministro de Interior: Manuel Saavedra Palmeiro (general de división).

Ministro de Obras Públicas: José Luis Álvarez (ministro de Suárez y diputado de UCD).

Ministro de Educación y Ciencia: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (diputado de UCD).

Ministro de Trabajo: Jordi Solé Tura (diputado del PCE).

Ministro de Industria: Agustín Rodríguez Sahagún (ministro de Suárez, diputado de UCD).

Ministro de Comercio: Carlos Ferrer Salat (presidente de la patronal CEOE).

Ministro de Cultura: Antonio Garrigues Walker (empresario).

Ministro de Economía: Ramón Tamames (diputado del PCE).

Ministro de Transportes y Comunicaciones: Javier Solana (diputado del PSOE).

Ministro de Autonomías y Regiones: José Antonio Sáenz de Santamaría (teniente general).

Ministro de Sanidad: Enrique Múgica Herzog (diputado del PSOE).

Ministro de Información: Luis María Anson (periodista, presidente de la Agencia Efe).

A lo largo de todo este tiempo, Armada ha negado sistemáticamente y con toda firmeza la existencia de aquel gobierno de concentración. Aferrándose, para salir del paso, a que fue al Congreso para resolver la situación de los diputados, lo que era cierto, y que jamás llevó lista de gobierno alguno, ni a Tejero le leyó nombres, ni habló con él de la formación de ningún gobierno, lo que en modo alguno era cierto. Con el paso de los años, Armada llegaría a reconocerme que Tejero les desobedeció a él y a Milans: «Hablamos con Milans. Éste le dijo que me obedeciera. No hizo caso.» Y ya con una mayor distancia, llegaría a ratificarme por escrito que, «si los diputados quedaban libres, Tejero tomaba un avión, Milans se retiraba, etc., es posible que se hubiera ido a un gobierno nuevo y de “concentración”. Ésa podía ser la solución. En el caso del golpe de Pavía, éste disolvió las Cortes y se formó un gobierno presidido por Serrano. Este gobierno, designado por el Rey, sería constitucional».[64]

A la salida de la brusca y frustrada entrevista con Tejero, Armada se dirigió al Palace. Su cabeza debía ser un torbellino y consumió los apenas doscientos metros de distancia en ordenar los pensamientos que le golpeaban en el cerebro. Que Sabino le dijera que lo mejor era que no fuese a Zarzuela por una cuestión personal y de celos, lo podía entender. Pero que Tejero le hubiera impedido acceder al hemiciclo precisamente a él, que 48 horas antes le había dado las instrucciones para asaltar el Congreso, sencillamente era algo que no podía creer. Tejero le había llegado a reconocer como jefe máximo de la operación, por encima incluso de Milans, pese a tener un empleo menor. Era algo delirante, totalmente increíble. Tejero, pensaba Armada, se había vuelto loco o era un visionario indisciplinado. A la puerta del hotel le aguardaban expectantes varios generales, además de Aramburu y Santamaría. La cara del segundo jefe del Ejército denotaba que las cosas no habían ido nada bien. Era como si se le hubiera venido encima un muro de hielo. Con concisión les narró que el teniente coronel no le había permitido dirigirse a los diputados, y que por lo tanto no había podido hacer nada. A Sáenz de Santamaría no le agradaba nada lo que estaba oyendo. Él era uno de los ministros de aquel gobierno.

En Zarzuela, cogió el teléfono Sabino. «He fracasado —le dijo—, Tejero está loco, casi ni ha querido escucharme, tampoco ha hecho caso a Milans, está dispuesto a convertir eso en un nuevo santuario, pero me ha prometido que la suerte de los diputados no corre riesgo alguno.» Sabino se despidió de su amigo con hondo sentimiento y le pasó el teléfono al rey, quien al escucharlo estallaría de cólera. Armada hizo otra llamada al JEME Gabeiras, a quien repitió lo mismo. Aramburu le pidió que por favor fuese a ver a Laína. Quería hablar con él y a ver si «tú lo convences de que se olvide del disparate de querer meter a los GEO en el Congreso». De camino, Armada pensaba que quizá las cosas no estuvieran del todo perdidas aún. A Tejero había que hacerlo recapacitar. En ese momento fue cuando escuchó por la radio del coche que la televisión se disponía a emitir un mensaje del rey. Al escucharlo, lo recibió como un nuevo jarro de agua fría. Pero en el fondo pensaba que el contenido del mensaje real no iba dirigido contra él. Y estaba en lo cierto. Las cosas aún podían arreglarse.

En la entrevista con Laína no pudo evitar decir que el rey se había precipitado con su mensaje. Debía haber esperado a que él completase su misión. Y si era necesario, afirmó, estaría incluso dispuesto a pasar por la exigencia de Tejero y constituir una junta militar. Inmediatamente después la sustituiría por el gobierno pactado con los líderes políticos. A Laína le dijo que se olvidase de la insensata idea de intentar meter a los GEO en el Congreso. Sería una locura, se produciría una masacre. El presidente de aquella fantasmal junta de secretarios y subsecretarios había escuchado y grabado todas las conversaciones que Armada había celebrado con Zarzuela y con Milans. Pero ni le dijo ni le reprochó nada. Posteriormente, y ya con el guión cambiado, sacaría pecho y afirmaría que reconvino a Armada por su actitud. No fue cierto.

El mensaje real, que analizaré seguidamente, también traería lo suyo. Aquel breve texto hacía varias horas que se había grabado en el despacho del rey en el palacio de la Zarzuela. Pero no se emitió por televisión hasta pasada la una y cuarto de la madrugada. La demora tendría, según los criterios, diversas explicaciones. Unos dirían que la grabación fue laboriosa; otros, que las instalaciones de televisión estuvieron tomadas, lo que había sido indudablemente cierto hasta las nueve de la noche. Hubo quien cargaría la culpa en el viaje de ida y vuelta, con camionetas lentas y pesadas, aunque según en qué sentido, pues al ir a Zarzuela apenas si podían subir las cuestas con aquellos equipos de grabación tan pesados (¿?), y sin embargo de regreso a los estudios de televisión, aquellas mismas camionetas iban a toda velocidad. No, lo cierto era que el mensaje real estaba bajo las posaderas del director general de la televisión desde hacía más de dos horas, esperando a que Zarzuela diera luz verde para su emisión. Directivos de la televisión llamaban constantemente a Zarzuela para ver si lo lanzaban ya. En todas las tentativas Sabino respondía lo mismo: «no, esperad, que estamos pulsando el ambiente que hay en las capitanías generales». Y la verdad, que había que esperar el resultado de Armada en el Congreso. Este hecho, para el general Armada, sería así de diáfano:

El Rey procedió con cautela.

1.º Tuvo que grabarlo.

2.º Tuvo que llegar a televisión.

3.º Esperó a que mi gestión fracasase.

¿Qué hubiera pasado si Tejero deja en libertad a los diputados y están de acuerdo en proponer al Rey un gobierno? El mensaje resultaría ridículo. Había que esperar y es lo que se hizo.[65]

El mensaje del rey decía lo siguiente:

Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los Capitanes Generales de las Regiones Militares, Zonas Marítimas y Regiones Aéreas la orden siguiente:

Ante la situación creada por sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las Autoridades Civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.

Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse, deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor.

La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria no puede tolerar en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.

¿Cuál fue el momento decisivo del rey en la noche del 23-F? ¿Fue la emisión de su mensaje televisivo? Para la propaganda oficial, así habría sido. Pero en la realidad de los hechos no fue tal. El mensaje supuso el momento del cambio de la voluntad del rey. Si hasta aquel instante había estado a la espera de «¡A mí dádmelo hecho!» o, como mínimo, «a verlas venir», desde entonces decidió tirar por la calle de en medio y abortar la operación. La exigencia de Tejero, «una junta militar», era inasumible. Y no sólo para la corona. Además, la operación especial no se había diseñado, montado y ejecutado para aquel disparate.

Se ha dado una extraordinaria importancia a la emisión del mensaje del rey. Qué duda cabe de que la tuvo. Pero el mensaje no marcó el punto de inflexión. Un antes y un después. Ese mensaje, que no iba contra la solución Armada, no dejaba de ser una continuación del telegrama dirigido a la cúpula militar a las 22,30 horas. De hecho en su bloque principal se trataba del mismo texto, salvo el añadido de las últimas líneas. En el télex, el rey pedía al Ejército que tomase todas las medidas para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Y, sin embargo, la situación se mantendría en compás de espera hasta la salida a escena de la segunda fase de la operación: la corrección de Armada a la acción ilegal de Tejero. En el mensaje, se había añadido que la corona no podía admitir la actitud de personas que pretendiesen interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Es decir, el golpe de mano de Tejero asaltando el Congreso. En todo lo demás, abundaba en más en lo mismo, dentro de la línea ya significada en el telegrama. Y nadie ha mantenido que a las 22.30 horas el golpe estuviera finiquitado. Por el contrario, se mantenía en todo lo alto a la espera de su resolución.

¿Cuál fue, pues, la raya en el agua que señalaría el antes y el después? Hasta la entrevista de Armada con Tejero, el 23-F se movió sobre la solución Armada. Hubo al respecto un movimiento de fuerzas que se posicionaron en apoyo de esa operación, mientras otras, las menos, se mantuvieron pasivas. Sin hacer nada. Salvando, claro está, la natural confusión de muchos al no saber bien el terreno que estaban pisando. El 23 de febrero de 1981, el poder estuvo totalmente en manos de los militares, y éstos esperaron tranquilamente a que el rey resolviese. Insisto en que no hubo división entre los militares constitucionalistas y demócratas, y los que no lo eran. El matiz se planteó entre los que asumieron una posición más decidida apoyando a Milans para la solución Armada, y los que se mantuvieron estáticos aguardando instrucciones del rey. Pero todos, sin excepción, estuvieron a sus órdenes.

El apoyo para que Armada fuese presidente era unánime cuando se le envió oficialmente al Congreso, excepto el caso ya señalado de González del Yerro. Dicho apoyo cambiaría radicalmente, no tanto en el instante en el que Armada fracasó con Tejero, sino en el momento en el que el rey decidió cortar el asunto. Al bloquear Tejero a Armada, se solapó en el 23-F la solución Armada, que era para lo que se había dado el golpe, con la exigencia personal de Tejero. Éste, al impedir, en su arrebato y su rabia, la entrada de Armada al hemiciclo y exigir al tiempo el gobierno de una junta militar, estaba, de hecho, y quizá sin saberlo, montando sobre la marcha su propio golpe de Estado personal. Por eso se desmontaría el 23-F y se le haría fracasar.

Tras el fracaso de Armada, el rey entró en cólera. Y abortó la operación. La petición de Tejero no sólo era absurda e improvisada. Nadie en las fuerzas armadas hubiera estado dispuesto a secundarla, salvando el primer impulso emocional. Si es cierto que una vez más en la historia contemporánea española asistíamos a una utilización del ejército para poner orden en el guirigay político, también lo es que el rey Juan Carlos jamás habría cedido a la imposición o al trágala de un gobierno militar solicitado por Tejero, porque de haberlo hecho, la corona se hubiera puesto a sí misma fecha de caducidad. De ahí que el monarca saliera fuerte y contundente después, afirmando que «Jaime [Milans] ahora vas contra la corona» o que «afirmo que ni abdico ni me marcharé de España» o que el que «se rebele será responsable y puede provocar una guerra civil». Contundentes afirmaciones que, de haber sido hechas a las siete de la tarde del 23 de febrero, hubieran hecho creíble que el rey, de verdad, estaba dando el «contragolpe» a la acción de Tejero y poniendo firmes a sus soldados. Pero entonces, no después.

A la nueva situación generada en el Congreso había que cortarle las alas cuanto antes. La presencia espontánea de la columna del comandante Pardo Zancada, iba a suponer un contratiempo más, puesto que Pardo había salido de la Acorazada con la vana esperanza de que otras unidades se sumasen a su iniciativa. A más, el comandante desconocía cuando llegó a la Carrera de San Jerónimo, que el rey acababa de lanzar su mensaje. Sobre la una y cuarto de la madrugada, esto es, pocos minutos después de emitirse el mensaje real por televisión —¿o fue en el mismo momento o un minuto antes?—, Milans recibió una llamada de don Juan Carlos. El dato importante es que ésta era la primera comunicación que su majestad hacía a la capitanía valenciana y al teniente general Milans del Bosch. Hasta ese preciso instante, el rey y Milans no habían hablado directa y personalmente durante la jornada del 23-F.

El rey estaba a punto de entrar en su momento decisivo. Le saludó afectuosamente y le preguntó por cómo estaban las cosas en su capitanía y si tenía tropas en la calle. Milans del Bosch le respondió que todo estaba muy tranquilo y que había sacado unas unidades para garantizar el orden, quedando a la espera de recibir instrucciones de Su Majestad. Entonces, el rey se las dio. Le mandó que las retirase, a lo que el capitán general contestó que de inmediato cursaría la orden de que regresasen a sus cuarteles. Y se despidieron volviendo a saludarse afectuosamente.

Aquella primera comunicación del monarca con Milans sería el momento decisivo del rey. Y marcaría el punto de no retorno. La conversación la reforzaría inmediatamente el rey con un télex en el que le instaba a cumplir el mandato que le había dado. «Te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido y que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud.» El rey afirmaba su rotunda decisión de mantener el orden constitucional y de que no abdicaría ni abandonaría España. «Quien se subleve está dispuesto a provocar una nueva guerra civil.» La redacción de tan contundente y firme texto fue de Sabino. El rey, después de leerlo y aprobarlo, se lo dio a sus ayudantes Sintes y Muñoz Grandes, quienes reflexionaron con el monarca sobre el contenido del escrito. Y sin saber con certeza en qué momento, añadiría: «Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás.» Una frase increíble que siempre iba a permitir, en un fácil juego de palabras, que muchos interpretasen que si el rey ya no podía volverse atrás, es porque antes se había echado p’alante.

La segunda llamada a Milans la hizo el rey pasada la una y media de la madrugada del 24. Don Juan Carlos quería tener la certeza de que había recibido su télex y estaba cumpliendo la orden dada. Milans le ratificó que las órdenes ya habían sido cursadas y las tropas estaban regresando a sus cuarteles. «Estoy a las órdenes de Vuestra Majestad. Mi lealtad hasta el final, Señor», le dijo. Y se despidieron, una vez más, con un fuerte abrazo. Desde aquel instante, el golpe de Tejero, el de la junta militar, estaba muerto. El paraguas le había durado a Milans en esta ocasión menos de treinta minutos. Con tal contundencia se desmontó el apoyo exterior que lo sostenía. Antes de aquel momento, cuando Tejero se movía dentro de la solución Armada, lo estuvo sosteniendo siete horas. Lo demás sería un tiempo basura añadido. Hasta que el teniente coronel, completamente aislado, decidió rendirse y liberar a todos los diputados a mediodía del día 24. El propio Tejero lo comprobaría en un intento de hablar con Milans sobre las tres de la madrugada. Tenía la estúpida pretensión de que fuese a Madrid para ponerse al frente. Milans lo despreció. Ni siquiera quiso ponerse al teléfono. El coronel Ibáñez le dijo secamente que su capitán general estaba acatando las órdenes recibidas de Su Majestad, y que él, Tejero, lo que debía hacer era ponerse en contacto con el general Armada. Era la única solución factible.

Tejero estaba ya absolutamente sólo, aunque le anunciasen con cantos de sirena la presencia de regimientos que jamás le llegarían. Su amigo Carrés seguía tratando de insuflarle moral en la derrota. Y en la estupidez. Y en ciertos desvaríos de engaño miserable. Lo que ambos compartirían —Tejero y Carrés— durante algunas horas de aquella noche-madrugada. Así, en un momento determinado, Carrés recibió una llamada del coronel Ibáñez para informarle que varias capitanías se sumaban expresamente al bando de Milans, y apoyaban abiertamente la formación de un gobierno presidido por el general Armada. Acto seguido, Carrés telefoneaba a Tejero para transmitirle las «fabulosas noticias», pero manipulando arteramente el dato de que aquellas cinco capitanías decían sí a un gobierno presidido por el general Milans del Bosch.

El último intento de su minigolpe correría a cargo de una especie de manifiesto, redactado hacia las cuatro de la madrugada. En su elaboración, Tejero contó con la colaboración de Pardo, que en aquel momento quizá no supiera en qué jardín se había metido. «Las unidades del Ejército y de la Guardia Civil… No admiten más que un gobierno que instaure una verdadera democracia.» Tejero seguía clamando por «su gobierno» en el desierto. Y vía Carrés intentaría que El Alcázar lo publicase, pero el mismo Armada le pidió al director del periódico que no lo hiciera. Y el tal manifiesto no se publicó.

El rey volvió a llamar sobre las cuatro de la mañana, por tercera y última vez, a Milans. En esta ocasión, le pidió que ordenase a Tejero que depusiera su actitud. Milans le respondió que ya lo había intentado antes, cuando le pidió que aceptase lo que Armada le estaba proponiendo, y no le había hecho caso. Alrededor de las cinco de la mañana, la reina Sofía, que durante todo el tiempo se había distinguido por una actuación serena y discreta, llevando café y unos bocadillos a los colaboradores del rey, que se habían pasado esas largas y tensas horas sin probar bocado, preguntó por qué no le «dicen a Tejero que abandone el Congreso, que el rey se lo ordena». A lo que Sabino le respondió que «ya lo hemos hecho, Señora, se lo hemos dicho varias veces, pero es que no nos hace caso».

El caso Pardo Zancada sería diferente del de Tejero. Todos o casi todos en Zarzuela estaban dispuestos a ir personalmente al Congreso para sacarlo de allí. Sus amigos Sintes y Muñoz Grandes y algún otro más, sentían con desgarro su suerte y convencieron al rey para que les permitiera ir. Sabino estimó que sería mejor que dicha gestión la hiciera alguno de los jefes naturales del comandante, frenando, incluso, que alguno de los ayudantes del rey se «escapara» hacia el Congreso. Como enviado se escogió a la figura del coronel San Martín, quien se presentó en el Congreso con este mensaje real: «Al acatar la orden del Rey, salvas con esa actitud tu honor y tu patriotismo, toda vez que tu acción estaba impulsada por el amor a España y la fidelidad al Rey.»

Sin embargo, Pardo decidió quedarse, y sus capitanes también. Hasta que su amigo, el teniente coronel Eduardo Fuentes, Napo, consiguió negociar su entrega, en la que, de rebote, se incluiría la suerte de Tejero y la de los guardias civiles que lo habían acompañado. En la recta final, Tejero solicitaría la presencia de Armada. Ahora lo reclamaba «porque hace dos días me ordenó que entrara en el Congreso». Quizás el teniente coronel se olvidara deliberadamente de que diez horas antes había desobedecido las órdenes que sus dos jefes le habían dado, y que se había rebelado e insubordinado expresamente contra ambos. Y singularmente contra el general Armada.

La rúbrica a las condiciones pactadas para entregarse se estampó sobre el capó de uno de los jeep de la columna de Pardo. Pero en el recuerdo del 23-F quedará aquel momento de la mañana del 24 en el que un emocionado don Juan Carlos se fundió en un sentido abrazo con su secretario general mientras le decía «gracias Sabino, me has salvado». Y ese otro instante, que tuvo lugar por la tarde de aquel mismo día, en el que los líderes políticos esperaban a ser recibidos en audiencia para escuchar del rey una soberana reprimenda por sus irresponsables comportamientos durante muchos meses de la transición. La grave crisis había dado tiempo a unas horas de reflexión y de valoración, en las que el ser humano se debate en el pesimismo y la felicidad cuando hace balance. Antes de traspasar la puerta la palma del rey golpeó de forma afectuosa la espalda de su secretario, se le quedó mirando y, producto de una profunda reflexión, le dijo: «¡y mira que si te has equivocado!». Dictum que, como diría el siempre admirado Carlos Rojas, sería digno de los mármoles.

Pero el único que dio el contragolpe de verdad, un contragolpe absolutamente insospechado para quienes planificaron la operación, fue Tejero. Y para eso no estaba montada la fiesta. Sólo hubiera faltado que un teniente coronel al que se metió en el Congreso para cumplir una misión secuestrando al gobierno y a los diputados, se le hubiera consentido que saliera de allí con un gobierno militar. ¡De locos! ¡De locos! Lo que se fabricó después del 23-F fue una fábula extraordinaria. Y así puede haber alguien que frívolamente y con la ligereza del desconocimiento haya tildado en algún libro de miserable al Ejército. ¡Qué equivocado y errado está! El ejército en su conjunto no tuvo un comportamiento miserable el 23-F. Fue disciplinado y estuvo a las órdenes del rey. Todo, en su conjunto. Sin excepción alguna. Salvo el visionario Tejero.

¿Por qué fracasó entonces el 23-F? El plan urdido por el CESID, brillante y bien diseñado, tuvo varias fallas globalizadas en un solo aspecto: no tener en cuenta el factor humano. Ésa fue la clave. Algo tan sencillo de entender para el común de los mortales, como difícil de prever para mentes ensoberbecidas, henchidas de orgullo, que fueron capaces de planificar sobre la mesa deslumbrantes operaciones que, sin embargo, terminarían arrumbadas en el fracaso por despreciar eso que se llama elementos colaterales; el ser humano. Y el 23-F estuvo lleno de ese componente humano que, al final, sería determinante para su fracaso.

Tras la desastrosa resolución del 23-F, el rey optó por cortar cualquier nexo que lo vinculara con la operación. Bien fuese por haber tenido previamente un conocimiento preciso y exacto de la misma, o bien por dejar hacer. O por ambas cosas a la vez. Por ello, Sabino le recomendaría cierta prudencia con Armada, pues si se le dejaba demasiado expuesto, «puede decir que Vuestra Majestad es el que ha empujado el golpe, que lo ha intentado». A lo que don Juan Carlos respondió tajante: «eso Alfonso no lo dirá nunca».[66] Semejante convicción personal explicaría por qué a las pocas horas de fracasado el golpe, cuando Adolfo Suárez comentó en Zarzuela, ante el monarca y el resto de líderes políticos, que se había equivocado con Armada y que se había sentido muy tranquilo al saber que el general había ido al Congreso para intentar solucionar lo del asalto de Tejero, el rey, también tajante, le cortara para decir: «¡Te equivocas! ¡Armada es el mayor traidor de todos!».

Posteriormente, y quizá por cierta necesidad de buscar una explicación que le serenase por todo lo que había pasado, don Juan Carlos comentaría ante una comisión militar guatemalteca a la que concedió audiencia, que lo que había que hacer para controlar siempre todas la situaciones adversas, «es lo que hice yo en el 23-F, que los engañé a todos». Declaración sobre la que la reina Sofía incidiría varios años después, al asegurar que en el 23-F, «Juan Carlos había hecho creer a los militares que estaba con ellos».

Inicialmente, no cabe duda alguna de que la actitud del rey hacia su antiguo preceptor y ex secretario fue de una notable dureza. Dicha actitud quedaría reflejada en uno párrafos de la edición francesa de El Rey (página 195) que no figuran en la española. En la citada obra José Luis de Vilallonga, su redactor, afirma que Armada es el más despreciable de todos los conspiradores del 23-F, cuya traición ha sido una cuchillada en la espalda del rey. Y don Juan Carlos, ante tan duras calificaciones, apostilla: «Es infinitamente triste, José Luis, descubrir que un hombre en el que había puesto toda mi confianza desde hace muchos años me traicionaba con tanta perfidia.»

Pero tan extraordinaria dureza cambiaría en el rey con el paso de los años. Y así, durante el transcurso de una audiencia que el rey concedió al general Montesinos, antiguo ayudante en Zarzuela en el tiempo en que Armada era el secretario general de la Casa, el monarca se interesó por cómo le iba la vida a Alfonso Armada. Y le dijo: «Estoy muy pesaroso, triste y apenado porque en el 23-F hubo unos que me engañaron y confundieron cuando me aseguraron que Alfonso era la cabeza del golpe. Y bien que lo siento, porque Alfonso siempre me demostró su lealtad personal y una entrega absoluta a la corona. Pero ahora, fíjate, después de todo lo ocurrido, no puedo hacer nada por volver las cosas atrás y reivindicar la figura de Armada. Siento admiración por Alfonso porque, a pesar de todo lo que le ha ocurrido y lo mal que lo tuvo que pasar con la condena del 23-F y la pérdida de su carrera militar, una de las cosas más queridas para él, ha sabido mantenerse en silencio y no hablar. No como otros. La de Alfonso sí que es una postura de dignidad y de lealtad. Le estoy muy agradecido y nunca lo olvidaré. Me pesa el mal que ha sufrido, pero no sé cómo se podría arreglar ahora.»[67]

Del 23-F nos quedó que los generales Armada y Milans del Bosch fueron condenados a 30 años de prisión por golpismo. ¿Golpismo de verdad? ¿Golpismo motu proprio? ¡Quién puede creerse ya eso!

XIII.
UNA CAUSA JUDICIAL
CERRADA EN FALSO

El fracaso de la operación del 23-F se resolvió materialmente a mediodía del 24 de febrero con el pacto del capó, firmado por Armada, quien fue requerido para tal efecto por Tejero. Aunque la operación ya había quedado sentenciada a la una y cuarto de la madrugada. Desde ese instante, casi todos los implicados —visibles y tapados— en la asonada iban a tratar de eludir su responsabilidad y negar su participación en la misma. Excepción hecha de las figuras de Milans del Bosch y de Tejero, además de la fuerza de la Guardia Civil que le había seguido a asaltar el Congreso de los Diputados.

El primero que negaría cualquier vinculación con el golpe sería Armada a través de una nota que hizo pública el día 25. Nota que no fue autorizada por Zarzuela, pero que Anson difundiría a través de la agencia Efe. Desde ese momento, el eje de su defensa se mantendría en negar que se hubiese sublevado y decir que su única misión había sido la de sacar a los diputados, porque «antes, durante y después del 23-F actué a las órdenes del rey». La agencia Efe y algunos otros medios de comunicación tratarían de «limpiar» el papel de Armada. Desde el CESID, con Calderón y Cortina a la cabeza, hasta su jefe en el estado mayor Gabeiras. Sin embargo, el primero que lo dejaría en evidencia, como ya hemos visto, sería el monarca durante la audiencia en Zarzuela a los líderes políticos la tarde del 24 de febrero. Aquella misma tarde, la Junta de Defensa reunida en Zarzuela acordó cesar al general Alfonso Armada Comyn como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército.

Pese a ello, en el CESID, Calderón y Cortina seguirían esforzándose en despejar cualquier duda sobre la implicación de Armada en el golpe, insistiendo en que su papel había sido ejemplar, sin tacha ni mácula alguna. «Es una burda intoxicación relacionarlo con los golpistas», decían, al tiempo que preparaban una estrategia para fijar sus propios límites de actuación. A tal fin, acordaron que jamás se habían visto ni se conocían. La entrevista con Tejero en Pintor Juan Gris jamás había existido. El plan para llevar a Armada a presidir un gobierno de regeneración nacional no había sido otra cosa que rumores y especulaciones periodísticas. Estaban conformes en negarlo todo. Con firmeza. Armada iba a mantener que había ido al Congreso autorizado por Zarzuela y el Ejército, para intentar sacar a los diputados y al gobierno. Hasta ese día, no había participado en nada. Cualquier otro reconocimiento podría ser un hilo conductor incómodo hacia Zarzuela.

Precisamente el mismo día en que Milans del Bosch llegó al Cuartel General del Ejército —24 de febrero por la tarde—, y mientras esperaba a que Gabeiras le comunicase que estaba arrestado, Armada se acercó hasta él, brevemente, con un corto mensaje: «No conviene que nos vean juntos. Tenemos que olvidar todo lo anterior. Para nosotros todo empezó el 23 de febrero.» Después seguirían otros más. Uno a los pocos días, cesado ya Armada, en el despacho del jefe de servicios del palacio de Buenavista, del que fue testigo el coronel José Ramón Pardo de Santayana. Éste le había pedido a Milans del Bosch que lo aceptara como oficial a sus órdenes y estaba presente en el momento que Armada le decía: «Jaime, tú y yo debemos ponernos de acuerdo en una cosa por nuestro bien y el de mucha gente. Tenemos que tener muy claro que nosotros empezamos a actuar después de las seis y media de la tarde, después de que Tejero ocupara el Congreso. Entre nosotros nunca han existido conversaciones anteriores ni reuniones de tipo alguno.» También Cabeza Calahorra —Almendros—, que sería codefensor de Milans en el juicio, les insistiría a ambos en la misma línea. «Que se pongan de acuerdo. Que Jaime y Alfonso se pongan de acuerdo.» Pero Milans, pese a los hechos que llegaría a silenciar o sobre los que no diría toda la verdad, no negaría a Tejero. «Yo no hago cambalaches», refutaría molesto.

Confiado en la vía Armada, a Cortina le faltaba la de Tejero. Junto con el capitán Gómez Iglesias, le visitaron en prisión con la misma consigna: «Estamos trabajando a vuestro favor. Pero es muy importante que no nos impliques a nosotros. Nada antes del 23-F.» Algún efecto debió de hacer el mensaje. En su primera declaración ante el instructor especial de la causa, José María García Escudero, Tejero no habló ni de Cortina ni de Gómez Iglesias ni de nadie del CESID. El nombre de Cortina lo revelaría Tejero en la segunda declaración, prestada el 4 de abril de 1981 en la prisión del Castillo de la Palma en el Ferrol. No obstante, en dicha declaración seguiría silenciando la participación de su amigo el capitán Iglesias. Hasta la declaración del 10 junio. Finalmente, los dos hombres del CESID, Cortina y Gómez Iglesias, serían procesados en el último momento. El comandante Cortina en mayo y el capitán Iglesias en junio de 1981.

En el seno del CESID se intentó también ocultar la participación de agentes y unidades operativas en el golpe. Sus responsables, con Calderón y Cortina a la cabeza, trataron de imponer la consigna del silencio y el «aquí no ha pasado nada». Pero el capitán Diego Camacho y el suboficial Juan Rando, entre otros, presionarían desde el primer instante para que se esclareciera cuál había sido la actuación y el papel del servicio de inteligencia en los hechos del 23-F. Sobre ellos, tanto Calderón como Cortina ejercieron todo tipo de presiones. En un principio, negando la mayor, luego con la intimidación y la amenaza y, por último, con el intento de comprar su silencio. Así, Calderón llegaría a hacer a Camacho una última oferta a cambio de su silencio: «Si te olvidas de todo, te nombró jefe de operaciones del CESID». Tentadora propuesta que el capitán no aceptó.

Ante el cariz que estaba tomando el asunto dentro del servicio, y el temor de que pudiera estallar un gravísimo escándalo, el 31 de marzo de 1981 el coronel Narciso Carreras, director interino, firmó un escrito bajo el sello de «secreto» dirigido al teniente coronel de Artillería Juan Jáudenes Jordana, jefe de la división de interior del CESID: «Sírvase realizar una información de carácter no judicial acerca de la posible participación de miembros de la AOME en los sucesos de los días 23 y 24 de febrero pasado.» Pero todo sería una pamema. Convenientemente aleccionado por la dirección del centro, Jáudenes tomaría declaración a los ocho agentes sobre quienes se dirimía el conflicto. Primero, a los que inculpaban: el capitán Camacho, el capitán Rafael Rubio y el sargento Juan Rando. Después, y a modo de réplica, a los sospechosos. Cortina negaría radicalmente todo, en un tono irritado y prepotente; García Almenta era un mar de disculpas ante hechos coincidentes que eran fruto de la casualidad; el sargento Sales y los cabos Monge y Moya, del SAM, negarían su participación en base a las coartadas preacordadas y a Operaciones Mister oportunamente desviadas de su escenario.

El Informe Jáudenes concluyó con unos párrafos de exculpación. Y el asunto se daba por concluso y cerrado. Posteriormente no se abrió investigación alguna a la vista de los evidentes y palpables elementos contradictorios que se mostraron. Simplemente, el informe no los tenía en cuenta. Y fueron rechazados. Y los que se demostraron inculpatorios y concordantes, no los tomaba en consideración. La conclusión del Informe Jáudenes resultó, pues, determinante: no había pruebas de que algún miembro del CESID hubiera participado en los preparativos y desarrollo del golpe. Un carpetazo que se sustentaba en una calculada ambigüedad. Jáudenes hizo un trabajo burocrático, de oficinista, en el que se lavó las manos con una añagaza de documento. Pero era lo que sus jefes le habían pedido para poner punto final a un asunto que se les estaba empezando a escapar de las manos. Cortina y Almenta dejaron el CESID en mayo de 1981. Sus funciones en la AOME serían asumidas por el comandante Juan Ortuño y el capitán Juan Alberto Perote. Ortuño, un hombre de Calderón, recibiría la orden de éste de eliminar todo vestigio que pudiera aparecer sobre el 23-F en el seno del CESID. Lo que cumplió.

El rocambolesco 23-F concluiría con 33 procesados en el banquillo, una instrucción irregular a cargo del juez García Escudero, la dimisión de un fiscal togado y la «huida» del presidente del tribunal, general Luis Álvarez, que también lo era del Consejo Supremo de Justicia Militar. La razón fue que «a ti yo no te podía condenar y me puse enfermo», le reconocería años después a Armada. También en otro pasaje y en otro tiempo, ese personaje esotérico que fue Calvo Sotelo, que durante años persiguió a Armada para que lo enchufara en un ministerio, querría justificarse con un «a ti te han condenado las instituciones». Alguna de ellas, como Zarzuela, por cierto, estuvieron recibiendo a diario una copia del proceso en la fase de instrucción y en la de la vista oral.

La delicadeza del proceso obligó al gobierno a estar algo más que atento a la fase de instrucción del sumario y a las sesiones de la vista oral. A iniciativa suya, se designó como juez instructor de la causa, con jurisdicción especial, a García Escudero, general togado del Ejército del Aire y letrado de las Cortes. Las defensas de aquellos a quienes se les fue notificado el auto de procesamiento, recurrieron la designación del instructor por ser un juez especial y no el ordinario predeterminado por la ley. Y porque García Escudero se había pronunciado sobre el 23-F en diversos artículos publicados bajo el seudónimo de Nemo. Los recursos fueron rechazados uno tras otro.

El problema principal era delimitar a quién procesar y su número. El gobierno y la clase política, así como los medios de comunicación en general, se movieron inicialmente con mesura y prudencia. Era algo que el rey había pedido a los líderes políticos en la tarde del 24 de febrero, al darles unos cuantos severos toques de atención: «Sería muy poco aconsejable una abierta y dura reacción de las fuerzas políticas contra los que cometieron los actos de subversión, pero aún resultaría más contraproducente extender dicha reacción, con carácter de generalidad, a las fuerzas armadas y a las de seguridad.» Por eso se dejaría al margen a los jefes y mandos de la III Región Militar, y se juzgaría únicamente a su capitán general, Milans del Bosch, a uno de sus jefes de Estado Mayor, coronel Ibáñez Inglés, y a uno de sus ayudantes, teniente coronel Mas Oliver. Algo parecido ocurriría en la Acorazada al evitarse el procesamiento del jefe de la unidad, general Juste, y del resto de jefes y mandos de la división. Únicamente se sentarían en el banquillo su jefe de Estado Mayor, coronel San Martín, al comandante Pardo Zancada y a los cuatro capitanes que lo acompañaron de madrugada al Congreso.

En apenas cinco meses, de finales de febrero a mediados de julio de 1981, García Escudero concluyó la instrucción sumarial. En la Causa 2/81, de más de quince mil folios, se recogieron las declaraciones de los procesados, de los testigos, los careos entre Armada y Milans, Ibáñez Inglés, Mas Oliver, Pardo Zancada y Tejero, así como el de Tejero con José Luis Cortina. Además de las declaraciones juradas de los testigos que no comparecieron en el acto del juicio, como la del secretario del rey Sabino Fernández Campo. El escrito de acusación del fiscal togado José Manuel Claver Torrente, del cuerpo jurídico de la Armada, solicitaba más de 316 años de reclusión para los encausados. Y el escrito de las defensas, la libre absolución para sus patrocinados. Varios de ellos se acogerían a la figura del estado de necesidad y de obediencia debida. Finalmente, García Escudero decidió procesar a 32 militares; un teniente general, Milans del Bosch; dos generales de Brigada, Alfonso Armada y Torres Rojas; un capitán de navío, Camilo Menéndez, el exponente testimonial de la armada, que fue a solidarizarse con Tejero al Congreso; tres coroneles, José Ignacio San Martín, Diego Ibáñez y Miguel Manchado; dos tenientes coroneles, Antonio Tejero y Pedro Mas Oliver; dos comandantes, Pardo Zancada y José Luis Cortina; trece capitanes, cinco del Ejército, Juan Batista, Javier Dusmet, Carlos Álvarez Arenas e Ignacio Cid Fortea, y ocho de la Guardia Civil, Francisco Acera, Juan Pérez de la Lastra, Carlos Lázaro Corthay, Enrique Bobis, José Luis Gutiérrez Abad, Jesús Muñecas, Vicente Gómez Iglesias y Francisco Ignacio Román; ocho tenientes de la Guardia Civil, Pedro Izquierdo, César Álvarez, José Núñez, Vicente Ramos, Jesús Alonso, Manuel Boza, Santiago Vecino y Vicente Carricondo. Y al paisano Juan García Carrés, por sus soflamas telefónicas de aliento a Tejero la tarde-noche del 23 de febrero.

Pero uno de los actos más sorprendentes de la fase de instrucción giraría sobre el Informe Jáudenes y pasaría prácticamente inadvertido. García Escudero lo solicitó al CESID a través del ministro de Defensa Alberto Oliart, y pese a ser una materia clasificada, se le entregó voluntariamente. El instructor llamó a declarar a varios agentes que figuraban en el informe y cuyas declaraciones incorporó al sumario. Y luego, después de analizarlo y tomar notas, lo devolvió al CESID, hurtándolo a las partes, a las defensas singularmente, deshaciéndose de un elemento de prueba que hablaba sobre hechos que iban a ser juzgados, perjudicando gravemente a las partes encausadas. En diferentes sesiones del juicio se pudo comprobar un hecho tan anómalo y jurídicamente irregular, como que el fiscal citara en varias ocasiones las declaraciones que habían prestado algunos agentes del CESID al instructor, especialmente la deposición de Cortina, sin que ninguno de ellos llegara a testificar. Salvo Cortina, claro está, que estaba siendo juzgado. Y de esa manera, el nombre del Informe Jaúdenes jamás se llegaría a pronunciar durante el juicio de Campamento.

De forma implícita, García Escudero reconocería que nunca quiso penetrar en la trama obscura del CESID, y dejó suelta esa línea de investigación. En su libro de memorias Mis siete vidas, revelaría que procesó a Cortina, «un profesional del camuflaje», y a Gómez Iglesias «a última hora, como consecuencia de la segunda declaración de Tejero». No hay duda alguna de que los miembros del CESID que se sentaron en el banquillo, lo hiceron exclusivamente porque habían tenido alguna relación con Tejero y éste los implicó en el golpe. Por nada ni nadie más. Con razón, García Almenta se permitiría comentar ufano en la AOME que «no hay cojones para procesarme a mí». No tuvo contacto alguno con Tejero. En su libro ya citado, García Escudero dejó escrito que con el protagonismo del CESID, la causa del 23-F entró en un mar de sospechas. «Con ellos [se refiere a Cortina y Gómez Iglesias] entró en la causa una nebulosa de contornos y contenidos inciertos, como era la participación de hombres del CESID en la operación… En la hipótesis más halagüeña para el CESID, la actuación de esta organización en la prevención del 23-F fue cualquier cosa menos brillante, pero había motivos para sospechar que al menos algunos de sus hombres habían hecho algo más grave que no enterarse.» Sorprendente reconocimiento del instructor de la causa, al que quizá le sirviera como descargo de conciencia el plasmarlo en sus memorias.

Las sesiones de la vista oral se celebraron en el acuartelamiento del Servicio Geográfico del Ejército, en la zona de Campamento, un barrio de la periferia madrileña en la autovía a Extremadura, donde había muchas instalaciones militares ya cerradas. En ese recinto se construyó una sala dotada de estrictas medidas de seguridad. El juicio se celebró entre el 19 de febrero y el 24 de mayo de 1982, en 48 sesiones de mañana y tarde. El órgano juzgador fue el Consejo Supremo de Justicia Militar, el superior castrense competente al ser juzgados varios generales. El presidente del tribunal fue Luis Álvarez, que estuvo asistido por varios consejeros, especialmente por el general De Diego, quien se convertiría en la sombra del tribunal.

A algunos de los encausados, además de sus abogados defensores, les asistieron codefensores militares, como los generales Cabeza Calahorra (Milans), Fernando de Santiago (Ibáñez Inglés) y Carlos Alvarado (Pardo Zancada). Desde el inicio de la vista, los procesados se polarizaron en dos grupos irreconciliables; de un lado, Armada y los miembros del CESID Cortina y Gómez Iglesias, y, de otro, Milans del Bosch y todos los demás. Los tres primeros lo negaron absolutamente todo, en tanto que Milans hablaría de sus conversaciones con Armada y las de éste con los reyes, invocando la necesidad de reconducir cualquier amago golpista y de dar una salida a la crisis política institucional con la formación de un gobierno de concentración nacional presidido por Armada. Figura que había sido bendecida por todos los poderes, y gobierno que había sido consensuado por toda la clase política.

Pero la estrella sin duda alguna fue el teniente coronel Tejero, quién además de ser el SAM para asaltar el Congreso, sería quien en última instancia frustraría la operación al impedir a Armada que accediera al hemiciclo para proponerse como presidente, y «montar» sobre la marcha su propio golpe a la carta. Al deponer sobre sus conversaciones con Cortina y Armada, pronunciaría aquella enigmática frase de «espero que alguien algún día me explique lo que fue el 23-F». Y estaba en lo cierto. Tejero, como tantos otros, jamás se enteró de lo que había sido la operación especial 23-F.

En el juicio, la invocación al monarca —y su negación— fue siempre el hilo conductor. Y no tanto por una cuestión de estrategia de las defensas, sino porque la figura del rey Juan Carlos sería absolutamente fundamental. Nadie de los protagonistas del 23-F se movió sin creer tener la seguridad y la certeza de que la operación contaba con el conocimiento y el respaldo real. Vuelvo a insistir en que sin la figura del monarca no habría habido 23-F, pues fue decisivo para quienes pusieron en marcha el golpe, como igualmente lo fue cuando se decidió a cortar las alas a la operación, con la primera llamada que de madrugada le hizo a Milans, ordenándole que retirara el bando e hiciera regresar las unidades a los cuarteles. Aquel instante justo que marcó el momento decisivo del rey.

A lo largo de las sesiones, se sucedieron una serie de hechos, como el rechazo de casi el 90 por ciento de los testigos propuestos por las defensas, o que se permitiera que muchos testigos declararan mediante certificación escrita; como la JUJEM, los capitanes generales y Fernández Campo; o el plante de los procesados al tribunal y su negativa a entrar en la sala del juicio en protesta por la publicación de un artículo, o que Armada viera frustrada su defensa al no poder hacer uso de la conversación que tuvo con el rey el 13 de febrero de 1981, según el mensaje verbal transmitido desde Zarzuela por el conde de Montefuerte.

Entre otros detalles para el anecdotario histórico, sería sonoro el «eres un hijo de puta» de Milans del Bosch dirigido a Armada tras la declaración de éste último. Como bronca fue la reacción de casi todos los procesados a la deposición del general Sáenz de Santamaría, al compararlos con terroristas y secuestradores de aviones que hacían rehenes. Entonces, Milans se erigió en portavoz de todos los procesados para dirigirse al tribunal afirmando que sentía «náuseas y asco» por tales declaraciones, abandonando seguidamente la sala, seguido de casi todos los procesados. Y algo más que capciosa fue la declaración del comandante Cortina, escapista en su testimonio ante el consejo. Sin embargo, poco tiempo después, Cortina llegaría a reconocer a José Romero Alés, uno de sus profesores de la escuela de Estado Mayor —y que con el tiempo llegó a tener mando de capitán general en Canarias—, que «había en aquel momento varias hipótesis y elegimos la que resultaba menos peligrosa.» Como extraña y oportuna sería la enfermedad del presidente Luis Álvarez para quitarse de en medio y ceder la presidencia del tribunal al general Federico Gómez de Salazar, porque «yo no te podía condenar» como años después le reconocería a Armada.

En la sentencia del Consejo Supremo, hecha pública el 3 de junio de 1982, Milans y Tejero fueron condenados a treinta años de reclusión por un delito probado de rebelión militar, mientras Armada lo era a seis años, al igual que Torres Rojas y Pardo Zancada. Sobre el resto de los procesados recayeron condenas menores, siendo absuelto Cortina, pero, curiosamente, no su subordinado Gómez Iglesias, que fue condenado a tres años. Todos los tenientes, así como el capitán Batista, fueron absueltos. Pero el gobierno, que recibió el fallo con sobresalto, dio instrucciones para que se recurriera al Tribunal Supremo. A Calvo Sotelo, la sentencia le había creado una «profunda preocupación», y a Suárez, «desasosiego». También el fiscal y una decena de defensores presentarían recurso. Once días después de la sentencia fueron destruidas con bombas las cuatro sedes operativas del CESID. Lo más probable es que fuera como protesta manifiesta por la absolución de Cortina.

El fallo del Supremo elevó considerablemente las penas para varios de los procesados. Armada fue condenado a treinta años, lo mismo que Milans y Tejero; Torres Rojas y Pardo, a doce; San Martín e Ibáñez Inglés, a diez; Manchado, a ocho, y a seis Mas Oliver. El Supremo confirmó la absolución de Cortina, pero dobló la sentencia de Gómez Iglesias, que pasó de tres a seis años, condenando a cinco años de reclusión a los capitanes Muñecas y Abad, y entre tres, dos y uno, al resto de capitanes y tenientes. A Camilo Menéndez y a García Carrés les confirmaron el fallo anterior, uno y dos años respectivamente, siendo absueltos los capitanes Batista e Ignacio Román.

Para quienes recibieron una sentencia superior a los tres años, ello supuso la pérdida de la carrera militar, y para Milans, Armada y Tejero, la de grado. Ninguno de los condenados llegó a cumplir íntegramente su pena. El gobierno socialista de Felipe González concedió el primer indulto al capitán Gómez Iglesias el día de Nochebuena de 1984. Milans y Armada permanecieron en prisión siete y diez años, respectivamente. Tejero, con quince años en prisión, fue quién más condena penó.

Otros agentes del CESID que estuvieron vinculados en algún momento con la Operación De Gaulle o que se vieron implicados en su ejecución en el 23-F, pudieron seguir sus carreras profesionales sin problema alguno, alcanzando alguno de ellos grados relevantes y mandos brillantes. Como por ejemplo: José Faura, que llegó a general de Ejército (JEME); Javier Calderón, teniente general; Juan Ortuño, teniente general y jefe del Eurocuerpo, y que como tal fue el máximo responsable de la fuerza internacional de la OTAN en Kosovo; Jesús María Peñaranda, general de división; Francisco García Almenta, general de brigada; y Ramón Tostón, general de brigada.

Cortina pudo continuar su carrera militar. Incluso pudo ascender a general cuando su promoción de la academia general llegó a estar clasificada para el ascenso a general. Por entonces, estaba al frente del mando de personal del ejército el teniente general Calderón, quien le puso encabezando la lista. No ascendería porque el ministro Narcís Serra tachó su nombre de su propia mano. Luego, en 1991, Cortina optó por pasar a la reserva ante el escándalo que se desató al ser acusado de haber filtrado diferentes informaciones a medios de comunicación. Pero Cortina seguiría trabajando en el campo de la inteligencia, especialmente durante las dos legislaturas del presidente Aznar.

Precisamente tras ganar las elecciones el Partido Popular en 1996, Aznar tenía previsto que su ministro de Defensa fuera Rafael Arias Salgado, pero a instancias del rey tuvo que quitarlo de la lista y ofrecer la cartera a Eduardo Serra. Quizá fuera una consecuencia de los efectos colaterales del 23-F, o más probablemente un pacto consensuado entre Felipe González y el monarca. Una garantía de que el asunto del terrorismo de estado de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) no se desvelaría. Pero, sin duda, el hecho más sorprendente sería el nombramiento del general Javier Calderón como director general del servicio de inteligencia. Y de José Luis Cortina como asesor de Presidencia. Con Calderón retornaría al CESID el espectro del 23-F. El nuevo gobierno volvía a poner la seguridad nacional en manos de quienes durante 1980 y 1981 planearon, coordinaron, activaron y ejecutaron la operación especial 23-F.

De ahí que no resultaría muy sorprendente que una de las primeras medidas del nuevo director del servicio de inteligencia consistiera en hacer un ajuste de cuentas. Calderón pudo finalmente llevar a cabo su venganza fría en el tiempo, apartando del servicio a los agentes Diego Camacho y Juan Rando Parra, junto a otros más, al considerarlos «no idóneos» para el servicio. Dichos agentes fueron quienes, en 1981, lejos de plegarse a la consigna del silencio, le exigieron a Calderón que se aclarara cuál había sido la participación en el golpe de diversos agentes de la AOME, y del CESID como servicio de inteligencia.

JESÚS PALACIOS. (San Lorenzo de El Escorial, Madrid), es periodista y escritor especializado en Historia Contemporánea. Desde hace más de cinco lustros ejerce el periodismo, actividad que en ocasiones ha interrumpido para dedicarse a la comunicación institucional, social y de empresa. Ha trabajado en diversos periódicos, emisoras de radio y de televisión.

Entre otros libros, ha publicado con gran éxito de ventas: Los papeles secretos de Franco (Temas de Hoy); La España totalitaria (Planeta); 23-F: El golpe del Cesid (Planeta), Las cartas de Franco (La Esfera de los Libros); Franco y Juan Carlos. Del franquismo a la Monarquía (Flor del Viento). Con el historiador norteamericano Stanley G. Payne, reconocido internacionalmente como uno de los mejores hispanistas, ha escrito Franco, mi padre (La Esfera de los Libros).

Para televisión ha producido y dirigido varios documentales como ¿Por qué Juan Carlos? y Las claves del 23-F.

El general Sabino Fernández Campo, ex jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, afirmó que «a Jesús Palacios le deberá la Historia de los últimos tiempos muchas aclaraciones que contribuirán a que en el futuro se tenga un concepto más exacto, más neutral y más independiente de lo sucedido en momentos decisivos de la vida de nuestro país».

Notas

[1] El magro de la nota remitida por la antena del CESID valenciano y por el servicio de información de la Guardia Civil de la zona decía así: «El pasado sábado, en visita girada a Valencia por Ignacio Gallego, del Comité Central del PCE, manifestó a nivel de militantes de CC.OO. que el Golpe de Estado era posible actualmente y que caso de producirse la reacción inmediata debía ser ocupar los cuarteles, haciendo alusión a que “como armas no nos faltan…”

»En relación con las armas que dicen disponer, desde hace tiempo se viene detectando que existe una forma de aprovisionamiento de armas cortas a través de las excursiones a Andorra que organizan con regularidad las asociaciones de barrios. Asimismo, el puerto de Valencia constituye un foco importante del tráfico ilegal de armas.» <<

[2] Manuel Cuenca Toribio, Conversaciones con Alfonso Armada. El 23-F, pág. 209, Edit. Actas, Madrid 2001. La segunda conversación Milans-Armada tuvo lugar el domingo 22 de febrero a las tres de la tarde. A Milans lo acompañaban el coronel Ibáñez, el teniente coronel Pedro Mas y el comandante Pardo Zancada. El capitán general tenía interés en que Pardo estuviera presente en la conversación. En su diálogo con Armada, Milans fue repitiendo en voz alta las respuestas de aquel.

—Sí, dime Alfonso, ¿qué paso ayer?

—Esto se hace, Jaime.

—¿Qué se hace?

—Sí, se hace, no se puede parar, no he podido parar a Tejero.

—Bueno, ¿y yo como actúo?

—Yo en cuanto pase me iré a la Zarzuela, pero tú no me llames allí hasta que yo te llame y te de un número al que me puedas llamar.

—Entonces, ¿no estarás en tu despacho?

—Bueno, estaré o no estaré, no lo sé, posiblemente estará el general Sáez Larumbe.

—¿Has hablado con el número uno?

—No, en las últimas horas no he podido hablar. Oye, convendría avisar a Luis.

—Luis ¿qué Luis? [Ibáñez le apunta Torres Rojas]. Ah, sí, intentaremos llamarlo desde aquí, ¿pero no sería más fácil que tú lo llamaras desde ahí?

—Es que no sé si podré localizarlo.

—Bien, lo intentaremos nosotros. ¿Has hablado con Sáenz de Tejada? [jefe de Estado Mayor de la I Región Militar]

—No, pero mañana lo veré en la Brigada Paracaidista y hablaré con él.

—Bueno Alfonso, pues suerte y un abrazo.

—Otro muy fuerte para ti Jaime.

(Declaración de Milans del Bosch en la vista oral del juicio de Campamento el lunes 8 de marzo de 1982, folio 0I 4068222). <<

[3] Testimonio del general Alfonso Armada al autor. <<

[4] Testimonio manuscrito del general Armada al autor. <<

[5] Discurso del general Gabeiras en el Cuartel General del Ejército con motivo de la Pascua Militar el 5 de enero de 1981. <<

[6] Testimonio manuscrito del general Armada al autor. <<

[7] Testimonio manuscrito del general Armada al autor. <<

[8] Stanley G. Payne, Los militares y la política en la España contemporánea, Edit. Ruedo Ibérico, París, 1968, pp. 13. <<

[9] Franco, mi padre. Testimonio de Carmen Franco, La esfera de los libros, Madrid, 2008. <<

[10] Charles Powell, «Estados Unidos y España, de la dictadura a la democracia», en Del autoritarismo a la democracia, AAVV, p. 46, Editorial Sílex, Madrid, 2007. <<

[11] Conversación con el autor y testimonio manuscrito del general Armada. <<

[12] Tiempo, 25 de diciembre de 1989. <<

[13] Testimonio manuscrito del general Alfonso Armada. <<

[14] José Ignacio San Martín, Servicio especial, Editorial Planeta, Barcelona, 1983, pp. 225 y 226. <<

[15] Conversación con el autor. <<

[16] Lo del término «Palmar» se escogió oportunamente por la secta ultracatólica que el autodenominado «papa» Clemente había fundado en la localidad sevillana de Palmar de Troya, en la que aseguraba que se habían producido diversos milagros y apariciones marianas. Para el invidente «papa» Clemente, Juan Pablo II era un masonazo muy peligroso. <<

[17] María Mérida, Mis conversaciones con los generales, Plaza & Janés, Barcelona, 1980, pp. 266. <<

[18] Los «úmedos» se vieron seducidos por la revolución de los claveles portuguesa del 25 de abril de 1974, e intentaron articular una corriente interna en el ejército desde el verano de 1974. Preconizaban que si en España no era posible un golpe similar al portugués, que al menos las fuerzas armadas se democratizasen —un imposible natural— para traer un régimen democrático. Se calificaban de demócratas de izquierda, socialistas y progresistas. Su matriz nutriente fue Barcelona y Madrid. Tras ser condenados en consejo de guerra por rebelión militar, su núcleo duro fue expulsado de las fuerzas armadas, perdiendo el empleo que tenían. Hubo un intento para que fueran incluidos en la Ley de Amnistía de octubre de 1977, por la que se les permitiría reintegrarse en los ejércitos, conservando grado, antigüedad y derechos. Pero el plante de la cúpula castrense fue unánime ante el riesgo de introducir un elemento de posible división y confrontación futura en las fuerzas armadas. En esa ocasión el mismo Gutiérrez Mellado se mostraría firme e inflexible apoyando a sus colegas de armas. Si la amnistía incluía a los «úmedos», aseguró el vicepresidente a los encargados de redactar la ley, él no podría garantizar la disciplina en el ejército y se vería obligado a dimitir. Finalmente, la Ley de Amnistía los dejaba en libertad pero fuera del Ejército. Algunos volverían a trabajar para la organización clandestinamente hasta su autodisolución a finales de junio de 1977, después de las primeras elecciones democráticas. Sería con Felipe González de presidente cuando se aprobó su reingreso en el ejército, que fue más simbólico que real. Al igual que el acto de homenaje y concesión de medallas que el ministerio de Defensa les organizó en 2010. <<

[19] Conversación del general Fernández Campo con el autor. <<

[20] Conversación y testimonio manuscrito del general Alfonso Armada. <<

[21] José Luis de Vilallonga, El Rey, Plaza & Janés, Barcelona, 1993, pp. 155 y 156. <<

[22] Santiago Carrillo, Memorias, Editorial Planeta, Barcelona, 1993, pp. 587 y 588. <<

[23] Charles Powell, «Estados Unidos y España, de la dictadura a la democracia», en Del autoritarismo a la democracia, AAVV, Editorial Sílex, Madrid, 2007, pp. 67 y 68. <<

[24] José Luis de Vilallonga, op. cit. pp. 124. <<

[25] Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el rey, Plaza & Janés, Barcelona, 1995, p. 332. <<

[26] Victoria Prego, Diccionario de la transición, Plaza & Janés, Barcelona, 1999, pp. 405-407. <<

[27] María Mérida, Mis conversaciones con los generales, Plaza & Janés, Barcelona, 1980, pp. 266. <<

[28] El documento completo de la reunión de la capitanía general de Madrid decía así:

1.º Estado de opinión

Dentro del estado de opinión pulsado en las Unidades de la Región, se ha observado:

Existe repulsa unánime por la legalización del Partido Comunista aprobada por el Gobierno, junto a una total indignación, ante la sensación de haber sido engañados, lo que presenta una total desconfianza en la actuación del Gobierno.

Junto a una total adhesión a sus mandos de Unidad, se observa un principio de desconfianza hacia los altos Mandos al estimar [que] no han evitado con anterioridad que se llegue a los actuales extremos. Asimismo se observa una sensación de fraude por parte de los que, hasta ahora, han sido espejo de formación por conseguir una «España no Comunista» siendo frecuentes las preguntas de:

«¿Qué hacen nuestros Ministros?»

«¿Qué hacen nuestros Capitanes Generales?»

2.º Significado moral

Junto a un aumento de la unión entre todos los Cuadros de Mando se advierte:

Una desconfianza latente en los altos Mandos, aumentada por algunas notas informativas de carácter positivo que posteriormente fueron desmentidas por los hechos.

Una inseguridad de cuáles son los valores actuales morales en el Ejército, con una sensación de negligencia en lo que es defensa de la Patria contra sus enemigos internos (los hasta ahora conocidos).

Temor a que la figura de S.M. el rey se vea involucrado en estos o futuros actos del Gobierno en provecho de éste, con detrimento de su figura y carácter representativo.

3.º Consecuencias

Se considera el hecho de que las Fuerzas Armadas han sido reiteradamente engañadas por el Presidente del Gobierno lo que hace que parezcan que están una y otra vez desvinculadas de la realidad.

RESUMEN

Hay un completo y unánime malestar ante la legalización del Partido Comunista y su realización.

Tal legalización supone la de su doctrina que atenta contra los tres principios antes expuestos (Unidad de la Patria, Corona y Fuerzas Armadas).

Se tiene la sensación en ocasiones de estar defraudando a la población civil que confía y espera en el Ejército.

Es opinión general entre el personal de las Fuerzas Armadas, que el Presidente del Gobierno ha engañado a los altos Mandos del Ejército y que el consentimiento de éstos, ha provocado una grave desconfianza, aún paliada en parte, por la adhesión de los Man-dos inferiores a los de su Unidad.

La actuación de los Altos Mandos, ha provocado comentarios tales como: ¿qué ha pasado de las convicciones por las que lucharon? Hasta el punto de ponerlas en duda en la actualidad.

Se ha catalogado al Gobierno, en el mejor de los casos de débil y precisamente en unos momentos donde tal debilidad no puede caer, por las consecuencias que traería consigo.

CONCLUSIONES

Para recuperar la confianza perdida, se considera necesario:

Publicar una declaración del Alto Mando Militar, concreta y sin ambigüedades, en los medios informativos, poniendo de manifiesto su postura ante la situación actual de la nación y en especial ante la legalización del Partido Comunista y lo que trae consigo.

Exigir una declaración pública del Partido Comunista sobre su doctrina y en especial sobre los puntos fundamentales de Unidad de la Patria, Corona y Fuerza Armadas. La no aceptación de que fuesen respetados supondría, según lo dispuesto, colocarse al margen de la Ley.

Exigir responsabilidades a los medios informativos.

Ante la situación actual se considera necesario la dimisión del Vicepresidente del Gobierno para la Defensa, y de los tres Ministros militares, al verse implicados por su aceptación o consentimiento en la legalización del Partido Comunista.

Esta medida se complementaría con un compromiso entre los Tenientes Generales de no aceptar ninguna cartera en el actual Gobierno, lo que restituiría la confianza del Ejército en sus medios superiores y de la población civil en su Fuerzas Armadas. <<

[29] Leopoldo Calvo Sotelo, Memoria viva de la transición, Plaza & Janés, Barcelona, 1990, pp. 18 y 19. <<

[30] Leopoldo Calvo Sotelo, op. cit., pág. 21. <<

[31] Conversación con el autor y testimonio manuscrito del general Armada. <<

[32] Conversación del ex jefe de la Casa del Rey con el autor. <<

[33] Charles Powell, Estados Unidos y España, de la dictadura a la democracia, pp. 49. Art. del libro Del autoritarismo a la democracia, VVAA, Edit. Sílex, Madrid 2007. <<

[34] Conversación con el autor y testimonio manuscrito del general Armada. <<

[35] Charles Powell, op. cit., pp. 65 y 66. <<

[36] Manuel Azaña, Obras completas, tomo IV, Memorias políticas y de guerra, Oasis, México, 1968, p. 575. <<

[37] Pablo Castellano, Yo sí me acuerdo, Editorial Temas de Hoy, Madrid, 1994, pp. 339. <<

[38] Testimonio del general Armada al autor. <<

[39] Artículo de Miguel Herrero de Miñón en El País del 19 de septiembre de 1980. <<

[40] Éste es uno de pocos puntos en el que coinciden Armada y Tejero. Cuando el fiscal general togado, Claver Torrente, le preguntó a Tejero en el juicio de Campamento si sabía algo del grupo de coroneles y de teniente coroneles, éste le contestó que «yo no sé nada más que esto». <<

[41] Sin duda alguna, el general Armada hace referencia velada a los preparativos que desde hacía más de seis meses había puesto en marcha Tejero, cuyos movimientos no habían dejado de estar controlados por el CESID ni un solo instante, dejándole libertad de movimientos para que, en su momento, su acción de comando sobre el Congreso fuese el factor desencadenante de gran magnitud que ofreciera la salida de un gobierno de amplia base presidido por Alfonso Armada. <<

[42] Testimonio manuscrito del general Armada al autor. <<

[43] Josep Meliá, Así cayó Adolfo Suárez, págs. 63-67. <<

[44] Testimonio de Sabino Fernández Campo al autor. <<

[45] Testimonio de Sabino Fernández Campo al autor. <<

[46] Leopoldo Calvo Sotelo, Memoria viva de la transición, págs. 25, 26 y 31. En el libro de Victoria Prego, Presidentes, Calvo Sotelo ya no califica el vacío de poder de supuesto, sino que lo da por hecho con rotundidad: «Había en primer lugar, quizá, una preocupación por prolongar el vacío de poder, que estaba todos los días en la prensa desde antes de mi elección, desde la crisis de UCD y sobre todo desde la dimisión de Adolfo», pág. 136. <<

[47] Victoria Prego, Presidentes, pág. 123. <<

[48] Emilio Romero, ABC, 30 de enero de 1981. <<

[49] José Luis de Vilallonga, El Rey, págs. 165 y 166. <<

[50] Victoria Prego, Presidentes, págs. 106 y 107. <<

[51] Juan Alberto Perote, Confesiones…, pág. 73. <<

[52] Testimonio del general Armada al autor. <<

[53] Díaz Herrera e Isabel Durán, Los secretos del poder. Del legado franquista al ocaso del felipismo, pág. 169. <<

[54] Testimonio manuscrito del general Armada al autor. <<

[55] Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, pág. 216. <<

[56] Pablo Castellano, Yo sí…, pág. 347. <<

[57] Conversación con el general Cabeza Calahorra en Zaragoza el 10 de abril de 1996. <<

[58] Testimonio del general Carlos Alvarado al autor. <<

[59] Juan de Arespacochaga, Carta a unos capitanes, pág. 269. <<

[60] Entrevista a Arespacochaga en el boletín de la Fundación Francisco Franco, número 63, noviembre de 1994. <<

[61] Testimonio del general Armada al autor. <<

[62] Sabino Fernández Campo, El rompecabezas del 23-F, suplemento extraordinario de ABC, noviembre de 2000. <<

[63] Pablo Castellano, Yo sí me acuerdo, págs. 346 y 347. <<

[64] Testimonio manuscrito del general Armada al autor. <<

[65] Testimonio del general Armada al autor. <<

[66] José Manuel Cuenca Toribio, Conversaciones con Alfonso Armada. El 23-F, Editorial Actas, Madrid, 2001, pág. 166. <<

[67] Testimonio del general Armada al autor. <<