El último empujón hacia el dominio totalitario de la izquierda consiste en demonizar el franquismo y todas sus consecuencias, incluidos el régimen del 78 y la Monarquía. En eso consiste la llamada «memoria histórica», que presenta la Segunda República como una democracia derribada por el fascismo, el clero y la aristocracia. Pero sin los miles de fraudes, atentados, destrucciones, crímenes y violencias cometidos por los izquierdistas ya desde 1931, no se puede comprender el estallido de la guerra.

Frente al proyecto de blanqueamiento histórico e ideológico de la izquierda y de condenación eterna de la derecha, el presente libro pone de manifiesto que la República fue destruida principalmente por los propios republicanos, como confesaron con amargura algunos de los que aplaudieron inicialmente su advenimiento tales como Ortega, Marañón, Campoamor, Besteiro, Unamuno, Alcalá-Zamora, Lerroux, Sánchez-Albornoz o Madariaga, entre otros.

Este volumen recoge los sorprendentes testimonios de muchos de ellos, que acabaron aborreciendo la deriva del régimen republicano y ensalzando a Franco como el restaurador del orden y la civilización.

Jesús Laínz

La gran venganza

De la Memoria Histórica al derribo de las Monarquía

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Titivillus 02.06.2022

Título original: La gran venganza

Jesús Laínz, 2021

Editor digital: Titivillus

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«Hemos esperado durante treinta y nueve años, y esperaremos algún año más, pero después nuestra venganza durará cuarenta veces treinta y nueve años. Se lo prometo».

Dolores Ibárruri, Pasionaria, 1974

INTRODUCCIÓN

En los últimos años del régimen franquista fue quedando cada día más claro que los ministros, procuradores y demás altos cargos partidarios de la evolución hacia un sistema democrático iban a imponerse, tras el fallecimiento del jefe del Estado, sobre los que propugnaban una imposible continuación del régimen surgido de la Guerra Civil.

Muerto Franco en noviembre de 1975, doce meses más tarde la inmensa mayoría del pueblo español (el 94,17 %) aprobó en referéndum la reforma política propuesta por los gobernantes para establecer una nueva legalidad constitucional partiendo de la anterior —«de la ley a la ley» fue el lema de la Transición—, una de cuyas piezas fundamentales fue la reinstauración de la monarquía constitucional en la persona de Juan Carlos I, nieto del derrocado Alfonso XIII. La constitución de España como reino, tras el paréntesis abierto por la Segunda República, fue una decisión del régimen franquista en 1947. Y en 1969 Franco designó al príncipe Juan Carlos como su sucesor para cuando él faltase.

Pieza esencial del proceso de transición entre ambos regímenes fue la Ley de Amnistía de octubre de 1977, promulgada para allanar el camino hacia la reconciliación nacional mediante el borrón y cuenta nueva de todos los delitos de naturaleza política cometidos desde la Guerra Civil hasta aquel momento, lo que también incluyó los crímenes recientes de ETA y otros grupos terroristas de menor importancia.

Así transcurrieron tres décadas de relativa calma desde el punto de vista jurídico, ya que, por el contrario, desde el ideológico y el cultural la izquierda no cesó en su campaña de demonización del bando nacional en los terrenos interconectados de la política, la prensa, la televisión y el cine. Para ello se procedió a una paulatina eliminación de monumentos y referencias públicas de personas y hechos de dicho bando a la vez que al homenaje de los del bando republicano, así como a la creación de una nueva historia de buenos y malos sin causas, explicaciones ni matices, y de presencia creciente, respuesta silenciada e implantación dogmática.

El Partido Popular, ajeno a cualquier vínculo con partido alguno existente en 1936 —a diferencia del PSOE, de vida ininterrumpida desde entonces hasta hoy— pero siempre temeroso de ser acusado de filofranquista, nunca se opuso a estas medidas que fueron minando poco a poco el espíritu de la Transición y de la Constitución de 1978. E incluso colaboró con ellas: un caso de singular importancia fue la declaración condenatoria del alzamiento del 18 de julio de 1936 aprobada por unanimidad en el Congreso el 20 de noviembre de 2002, gobernando con mayoría absoluta José María Aznar. Aquella deslegitimación del régimen franquista no fue acompañada, sin embargo, ni por la deslegitimación paralela del golpe de Estado socialista de octubre de 1934, antecedente esencial de la guerra, ni por la de la deriva bolchevique del régimen republicano, que ahogó España en el caos a partir de las elecciones fraudulentamente ganadas por el Frente Popular en febrero de 1936.

Con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero en marzo de 2004 tras los sangrientos atentados yihadistas de Madrid, el proceso se aceleró: una de sus primeras decisiones al respecto fue el derribo de la estatua ecuestre de Franco presente en los Nuevos Ministerios madrileños junto a las de los dirigentes socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, que allí siguen a pesar de haber sido tan golpistas como Franco en su sangrienta intentona revolucionaria de 1934. La obsesión de la izquierda con las estatuas de Franco y otras referencias de su régimen ha sido justificada mediante la comparación con Alemania e Italia. El argumento consiste en que si todo recuerdo de los regímenes de Hitler y Mussolini han sido eliminados de las vías públicas de ambos países, lo mismo tendría que suceder en España con el régimen de Franco. Pero las diferencia entre ambos casos no son pequeñas. En primer lugar, porque mientras que Hitler y Mussolini perdieron su guerra, Franco ganó la suya, y desde los orígenes del mundo los que han erigido estatuas en su memoria han sido, como es lógico, los vencedores: todos los países del mundo están sembrados de los recuerdos dejados por gobernantes y guerreros victoriosos a lo largo de milenios. Y en segundo lugar, porque mientras que las actuales repúblicas italiana y alemana nacieron a partir de la eliminación bélica de los regímenes fascista y nacionalsocialista, la actual Monarquía española es consecuencia de la victoria de Franco sobre la Segunda República y continuación —«de la ley a la ley»— del régimen nacido a causa de aquella victoria. Por lo tanto, la explicación del mismo trato para casos tan opuestos entronca en la maniquea historieta de buenos y malos arriba mencionada: Franco y su recuerdo han de ser extirpados porque su bando fue el de los malos; los republicanos, por el contrario, fueron los buenos. Y las palabras no han sido elegidas al azar: en el homenaje que le hicieron a Santiago Carrillo el 16 de marzo de 2005 —con la asistencia del presidente Zapatero, Ibarretxe y Pujol— el eminente y muy ilustrado socialista Gregorio Peces-Barba denominó a los allí presentes, izquierdistas y separatistas, «los buenos», y a los ausentes, los derechistas, «los malos». He ahí la clave de la cuestión: se trata de la frontera moral fijada en su propio beneficio por los izquierdistas y sus aliados separatistas, y cualquier otra consideración histórica, lógica, jurídica o constitucional sobra.

Pero el paso más importante consistió en la Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007, impulsada por el presidente Zapatero, con la que se rompió el consenso alcanzado en la Transición y plasmado en la Constitución de 1978. Se pretendió anular la amnistía de 1977 con el fin de perseguir a los dirigentes franquistas, se reabrieron las heridas, se avivaron rencores apagados y el ambiente político se tensó de modo inimaginable hasta entonces. El Partido Popular prometió su derogación en las campañas electorales dirigidas por Mariano Rajoy, si bien la promesa quedó incumplida junto a muchas otras, lo que provocó el creciente rechazo de buena parte de sus votantes, que emigraron hacia otras opciones políticas, fundamentalmente Ciudadanos y Vox.

Con la llegada al poder de la coalición socialcomunista PSOE-Unidas Podemos, sus dirigentes creen llegado el momento de poner la guinda al pastel pacientemente cocinado durante cuarenta años de falsa reconciliación por parte de un sector considerable de la izquierda. Lo llaman Segunda Transición y consiste en la condenación absoluta y eterna del bando victorioso en 1939 y, por consiguiente, la deslegitimación de todo lo de él surgido, Constitución de 1978 y Monarquía incluidas.

La exhumación de Franco del Valle de los Caídos —en donde, por cierto, fue enterrado no por voluntad propia, sino por la del rey Juan Carlos— en octubre de 2019 fue un gesto de enorme importancia simbólica. A ello se le ha añadido la expulsión —de frágil sostenibilidad jurídica— de los herederos de Franco del pazo de Meirás, con el tragicómico detalle añadido del proyecto gubernamental de dedicarlo a centro conmemorativo de su antigua propietaria, Emilia Pardo Bazán, cuyos hijo y nieto fueron asesinados por los chequistas cuyos ufanos herederos ideológicos se sientan hoy en la Moncloa. Y en los últimos días de diciembre de 2020 el Gobierno anunció su intención de conmemorar el nonagésimo aniversario de la Constitución republicana de 1931; el mismo Gobierno que siente alergia a conmemorar la de 1978.

Pero el movimiento clave del gobierno Sánchez-Iglesias comenzó incluso antes de su llegada al poder: la presentación por el PSOE el 22 de diciembre de 2017, gobernando todavía Rajoy, de una proposición de ley para reformar la Ley de Memoria Histórica zapateriana.

Entre otras muchas medidas, el PSOE propuso introducir en el Código Penal varios artículos dignos del más depurado Estado totalitario: «prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses» para quienes «enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo, o los delitos que hubieran sido cometidos contra las víctimas de la Guerra Civil Española o del franquismo», artículo que, por su amplio abanico interpretativo, podría llevar a la cárcel a quien expresara sus dudas a propósito de la versión izquierdista sobre el carácter democrático de la Segunda República, sobre la legitimidad del alzamiento del 18 de julio, sobre la culpabilidad de la guerra o sobre el desarrollo del régimen de Franco. Detalle de singular importancia para el establecimiento de dicha versión oficial es la creación de una «Comisión de la Verdad» que habría hecho, ya desde su propio nombre, las delicias de Orwell. Por no hablar de que «el lapso temporal del trabajo de recopilación, análisis y elaboración del informe final por parte de la Comisión de la Verdad abarcará el periodo histórico que se inicia con el comienzo de la Guerra Civil Española en julio de 1936 y termina con la aprobación de la Constitución española el 6 de diciembre de 1978». Es decir, se olvidan expresamente los miles de crímenes, atentados, asaltos, incendios, destrucciones y violencias de todo tipo cometidos por los izquierdistas durante los años republicanos, especialmente durante la revolución de 1934 y los meses posteriores al triunfo fraudulento del Frente Popular en febrero de 1936, sin lo cual no puede comprenderse el estallido de la guerra.

También propuso el PSOE la inhabilitación para el ejercicio de su profesión «por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad» si el delincuente intelectual fuese un profesional de la educación. Finalmente, se facultaba a los tribunales para eliminar el material delictivo y censurar los medios delincuentes mediante recursos dignos de Fahrenheit 451 o la actual dictadura comunista coreana:

«El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos o cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. En los casos en los que, a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo».

Contra este plan totalitario de reescritura de la historia española y de adoctrinamiento de las futuras generaciones en una visión maniquea de la gran tragedia española de 1936-39 se han alzado numerosas voces por considerarlo opuesto a la reconciliación nacional sellada en la Constitución de 1978, incompatible con un régimen democrático y deslegitimador de la Monarquía. Y es muy importante subrayar que no todas estas voces provienen del campo político habitualmente considerado derechista: por ejemplo, los socialistas Joaquín Leguina, Francisco Vázquez y Fernando Savater, el comunista Félix Ovejero, los eurodiputados de UPyD Francisco Sosa y Enrique Calvet y el de Ciudadanos Javier Nart. En el Manifiesto por la Historia y la Libertad por ellos firmado, se estableció que «no se puede imponer por ley un único relato de la historia», que «legislar sobre la historia o contra la historia es un signo de totalitarismo, antidemocrático y liberticida», que la proposición de ley del PSOE «ataca directamente los fundamentos de la Constitución», que se trata de «una ley de tipo soviético» impropia de un partido democrático, que «intenta anular la libertad de pensamiento de los españoles» y que «ningún parlamento democrático puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, la criminalizaría estableciendo una checa de pensamiento único al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado».

Dos años más tarde, ya con el PSOE y Unidas Podemos en la Moncloa, revive el asunto bajo el nuevo nombre de Ley de Memoria Democrática cuyo anteproyecto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de septiembre de 2020.

Por lo poco que se puede saber hasta el momento, su campo de actuación será amplio: revocación de condecoraciones o títulos concedidos durante el régimen franquista; anulación de los juicios franquistas, entre ellos el muy destacado del golpista separatista Lluís Companys; fuertes multas e incluso ilegalización de las asociaciones que convoquen actos o hagan campañas de divulgación que «inciten a la exaltación del franquismo»; conversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil, «resignificación» del mismo con finalidad pedagógica y expulsión de los benedictinos del monasterio adjunto; aunque lo consideran de importancia secundaria, se plantea derribar la cruz del monumento, la más grande de la Cristiandad; y una de las medidas de más largo alcance: actualización de los contenidos educativos para adoctrinar a los niños en la verdad oficial sobre la historia contemporánea de España. Es decir, prolongar totalitariamente el adoctrinamiento de los jóvenes para sembrar la hegemonía ideológica izquierdista generación tras generación.

Entre los partidos políticos, Vox ya ha anunciado su oposición. Respecto al Partido Popular, habrá que ver su decisión, pues se trata de un tema del que siempre se ha escabullido para evitar la temida acusación de filofranquismo. En enésima demostración de equidistancia, lo que nunca ha hecho la izquierda, Pablo Casado ha afirmado que ambos bandos fueron igual de malos y que ambos merecieron perder la guerra. A título particular, Cayetana Álvarez de Toledo ha propuesto el no rotundo de su partido a una ley a la que, lejos de considerarla democrática, la tiene por continuación del espíritu dictatorial franquista pero esta vez en dirección contraria. El peso que esta opinión personal pueda tener en su partido es hoy por hoy imprevisible, pues no en vano ha sido destituida recientemente de su cargo de portavoz de ese partido en el Congreso.

El momento elegido para promover esta polémica ley no ha sido fruto del azar, sino que ha venido dado por la situación delicada que atraviesa la Corona española a causa de los escándalos pecuniarios del rey emérito, hoy en el extranjero. Los comunistas en el Gobierno no han disimulado su interés en aprovechar la coyuntura para derribar la Monarquía: el vicepresidente Pablo Iglesias declaró el 18 de septiembre de 2020 que es «tarea fundamental» de su partido trabajar para acabar con la Monarquía y con el régimen que representa. Curiosamente, el poder judicial se muestra tan activo en la investigación de las actividades poco claras del rey emérito como pasivo en la investigación de las menos claras aún del partido del vicepresidente. Por no hablar de la escandalosa inmunidad de Jordi Pujol y su clan familiar.

En resumen: la Ley de Memoria Democrática, de título astutamente elegido para dejar fuera de la consideración de demócratas a quienes se atrevan a oponerse a ella, es otro paso, de inmensa importancia, en la alzheimerización de todo un país: resucitando el pasado y enterrando el presente, se impone qué es lo que se debe recordar de hechos acaecidos hace un siglo y al mismo tiempo se decreta el olvido de cientos de crímenes de la izquierdista ETA —socia de legislatura del igualmente izquierdista Gobierno PSOE-Podemos—, los familiares de cuyas víctimas siguen vivos y muchos de cuyos culpables siguen en libertad.

El Gobierno ha decretado que la Guerra Civil hay que tenerla muy presente para extraer de ella la legitimidad exclusiva de la izquierda y la infamia eterna de la derecha. El PSOE, y junto a él las demás izquierdas, lleva ochenta años intentando reescribir la historia. Porque, ocultando la verdad y construyendo —según la certera expresión de Besteiro— un Himalaya de mentiras, lo que dicho partido pretende es borrar su culpa como principal responsable del hundimiento de la República y del estallido de la Guerra Civil y transferírsela a Franco. De este modo se blanquea su pasado y se legitima su presente y su futuro.

***

Este volumen recoge una selección de artículos publicados sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el régimen de Franco desde que Zapatero lo resucitó mediante su Ley de Memoria Histórica. Casi todos ellos se publicaron en Libertad Digital desde 2014 hasta 2021, sobre todo en los últimos tres años.

Cuando el proyecto socialista de reforma de dicha ley avanzó su voluntad de castigar con multas y cárcel para los autores y censura y destrucción de las obras que pudieran ser consideradas apología del franquismo, en Libertad Digital fue apareciendo intermitentemente una serie titulada «Republicanos contra la República» para señalar que, puestos a censurar y destruir textos, quizá hubiese que empezar por los de Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, Unamuno, Lerroux, Camba, Campoamor, Azorín, Baroja y tantos otros, excelentes compañeros de pira libresca y de cárcel si todavía vivieran. Y si cuestionar el relato que pretenden hacer oficial e intocable sobre el siglo XX español implica apología del franquismo o cualquier otro delito de reciente invención, la defensa de la libertad exige incurrir en esos delitos para dejar en evidencia a los totalitarios.

Finalmente, dada la creciente evidencia de que la consecuencia final de la magna operación deslegitimadora de la Transición y la Constitución de 1978 es el derribo de la Monarquía y la destrucción de la propia existencia de España como nación, los capítulos finales están dedicados a tan importante cuestión.

I
RESUCITANDO RENCORES

La indefensión de España

No es ningún descubrimiento que en España sucede el extraño fenómeno, inconcebible en el resto de Europa, de que mientras son posibles afirmaciones del tipo «España es un error de la historia», «España no es una nación» o incluso «España no existe», lo contrario resulta ciertamente difícil. Quien ose opinar que la existencia de la nación española es evidente, tan evidente como la de cualquier otra nación europea —y en muchos casos con mayor razón y densidad histórica—, será mirado con irónica suficiencia. Y, por supuesto, sobre quien se atreva a defenderla frente a los ataques de los separatismos lloverán anatemas provenientes de quienes consideran que las únicas naciones existentes son las fantasmagorías surgidas hace un siglo de la cursilería separatista.

Esta indefensión de España tiene como causa principal el evidente nacionalismo español del que hizo gala el régimen nacido el 1 de abril de 1939 tras una guerra en la que habían sido vencidos, además de las izquierdas, los separatistas vascos y catalanes. Tomando el rábano por las hojas, no son pocos los españoles actuales que, al identificar España con Franco, rechazan su nación por considerarla un invento franquista.

A quienes hacen encarnar una nación en un gobernante olvidándose del antes y el después cabría preguntarles por qué, entonces, no podría identificarse imprescriptiblemente a Francia con el reinado de Luis XIV, a Inglaterra con Enrique VIII, a Italia con Julio César o a Rusia con Iván el Terrible. Todos esos momentos fueron parte de la historia de esas naciones, pero a nadie se le ocurriría establecer el vínculo indisoluble entre aquellos gobiernos y la nación, como si esta quedara condenada a ejercer eternamente la representación de aquel momento de su historia.

Pero la explicación no termina en Franco, sino que arranca de más atrás y llega más lejos.

Tras la caída del Antiguo Régimen en las agitadas últimas décadas del siglo XVIII y primeras del XIX, la división del espectro político respondió en todos los países europeos a un esquema parecido. Por un lado se encontraban quienes —situados en lo que según el vocabulario político actual podría ser identificado como la derecha— defendían una posición fuerte de los monarcas en el gobierno de las naciones, incluso sosteniendo la residencia de la soberanía en las personas reinantes, así como la confesionalidad de un Estado que debía estar sustentado por la doctrina de la Iglesia.

Al otro lado se encontraban los que, siguiendo la concepción liberal y democrática nacida con la Ilustración y la Revolución francesa, propugnaban la soberanía nacional residente en el pueblo y proclamada en un texto constitucional, así como una menor vinculación con la doctrina y la institución eclesiástica. La historia del constitucionalismo español del siglo XIX es la de los vaivenes entre estas dos posturas.

Con todos los matices dados por las características de cada nación, en toda Europa la división partidista se estructuró de modo similar. En España este enfrentamiento se escenificó violentamente en las guerras carlistas. En otros países sucedieron fenómenos similares; en Francia, por ejemplo, las cruentas guerras realistas en las provincias occidentales en 1793 y 1799, así como los vaivenes entre revolución, bonapartismo y restauración borbónica que no concluirían hasta la instauración de la Tercera República. En Italia el conflicto estalló sobre todo con ocasión de las guerras de unificación. El país europeo que se mantuvo más al margen de estos conflictos fue Gran Bretaña, heredera de una tradición política algo diferente.

La división política decimonónica podría esquematizarse, por lo tanto, en los siguientes tres tercios: los partidarios del mantenimiento de ciertas estructuras del Antiguo Régimen; los liberales o constitucionalistas; y, por último, una creciente tendencia hacia el democratismo republicano, alejado aún de una posterior derivación hacia el socialismo tras la progresiva implantación de las doctrinas de Marx y otros ideólogos revolucionarios.

Con diversas variaciones de tiempo y lugar, este esquema partidista sobrevivió hasta la Primera Guerra Mundial y el transcendental hito de la Revolución Rusa. A partir de ese momento el esquema partidista sufrió una profunda transformación. El parlamentarismo y el capitalismo habían sufrido un grave desprestigio a causa de la guerra y las crisis económicas de los años siguientes, por lo que las opciones autoritarias, de izquierda y derecha, experimentaron un repentino crecimiento. El triunfo comunista en 1917 en Rusia y el fascista en Italia cuatro años después servirían de ejemplo para otros países europeos. Varios sufrieron violentas revoluciones comunistas con diversos resultados, como Hungría y Alemania, mientras que los partidos de corte fascista —las JONS y la Falange en España, el Rexismo en Bélgica, la Guardia de Hierro en Rumania, la BUF en Gran Bretaña— experimentaban notable auge, conquistaban el poder en naciones de la envergadura de Alemania y en otras se situaban cerca de alcanzarlo.

Por el contrario, las derechas reaccionarias desaparecieron o perdieron gran parte de su peso, con la notable excepción del carlismo español, que demostraría su extraordinario vigor en 1936. También gozaron de cierta fuerza la Action Française de Maurras y Daudet así como los partidarios de la restauración imperial en la Alemania de Weimar, muchos de los cuales acabarían engullidos por el Partido Nacionalsocialista mientras otros intentarían infructuosamente asesinar a Hitler.

Una vez más la política europea se dividía en tres tercios, aunque distintos de los del siglo anterior. En el centro se hallaban aquellas opciones políticas partidarias del parlamentarismo democrático, desde el conservadurismo hasta la socialdemocracia. Flanqueando este cuerpo central se encontraban las izquierdas y las derechas revolucionarias, del socialismo al anarquismo en el caso de aquellas, y las diversas variantes de la ascendente derecha revolucionaria en el de estas.

Del alineamiento de estos tres tercios dependerían el desarrollo y el resultado de las guerras que estallarían en 1936 en España y tres años más tarde en toda Europa. Porque, aunque la ingeniería ideológica izquierdista haya construido, con indudable éxito, una visión idealizada consistente en que fueron dos guerras entre la democracia —encarnada en la izquierda— y el fascismo —encarnado en la derecha—, la realidad fue muy otra y, además, —y esto es lo esencial— diferente en cada caso.

En España la Segunda República había llegado más por el abandono de los monárquicos que por la victoria de los republicanos y fue recibida con esperanza por muchos españoles tanto de izquierda como de derecha. No en vano algunos de sus principales impulsores fueron políticos derechistas como Alcalá-Zamora o Miguel Maura e intelectuales no vinculados a los partidos izquierdistas como Marañón, Unamuno, Ortega o Madariaga. Sin embargo, el régimen republicano no tardaría en manifestar su tendencia hacia la violencia, la radicalización y la sectarización izquierdista, lo que produjo el pronto desencanto de muchos de sus promotores y el paulatino desprestigio entre millones de ciudadanos que no consiguieron llegar a considerarlo un régimen político civilizado. Las intentonas revolucionarias de izquierdistas y separatistas, el creciente clima de aniquilación de toda opción política no izquierdista, la violencia inconcebible en un régimen democrático normal —incluido el asesinato del jefe de la oposición—, acabó todo ello provocando que una parte probablemente mayoritaria del pueblo español recibiese la noticia del alzamiento militar con alivio y esperanza. La actitud de las izquierdas consiguió que, además del tercio situado a la derecha del espectro político (falangistas, carlistas, la CEDA y Renovación Española), gran parte del tercio central, el ocupado por centristas, liberales e incluso parte de quienes habían sostenido a los republicanos moderados de izquierda, apoyase al bando alzado. Melquíades Álvarez, fundador del Partido Reformista en el que militara Azaña, fue asesinado en la cárcel Modelo junto a otros políticos e intelectuales de varia ideología y adscripción partidista pero encuadrables, todos ellos, en la categoría de «antirrevolucionarios». Gregorio Marañón, que formara parte de la Agrupación al Servicio de la República junto a Ortega y Pérez de Ayala y en cuyo domicilio se celebrara la histórica reunión entre Alcalá-Zamora y Romanones en la que se decidió la salida de Alfonso XIII de España tras conocerse los resultados electorales, acabaría apoyando el alzamiento e incorporándose a la España franquista:

—Si los rojos ganaran, yo no volvería jamás a España. Si los otros ganan, con sus defectos y todo, iré —escribiría Marañón a Menéndez Pidal durante la guerra.

Marañón salió de España a finales de 1936 huyendo de la barbarie republicana. Desde su exilio francés escribió al embajador chileno Agustín Edwards sobre la situación de muchos izquierdistas atrapados en zona «amiga»:

«Yo no puedo darle a usted los nombres de las personas de izquierdas, absolutamente neutras, que han tenido que esconderse por el justificado temor de perder su vida: ya por haber sido directamente perseguidos, ya por haber visto de cerca la persecución de los suyos (…) Como la tolerancia era el ideal fundamental de muchos de nosotros, ahora nos duele con dolor de tragedia el ver que el negarla se considera como una cosa natural. Por eso están voluntariamente desterrados la casi totalidad de los hombres de izquierda española, cuyo izquierdismo no iba a cruzarse de brazos ante el crimen (…) Tiene usted dónde escoger entre las docenas y docenas de profesores de la Universidad española, en su mayoría liberales y republicanos, que viven ahora en Francia y en otros países, y más aún, a los exministros republicanos que con distintos pretextos están ausentes de la República democrática y parlamentaria, a la que no quieren volver».

Ese fue el caso de muchos intelectuales, militares y políticos republicanos, como el exministro radical Diego Hidalgo, el primer alcalde republicano de Madrid Pedro Rico, el escritor Ramón Gómez de la Serna o la diputada radical Clara Campoamor, que se refugiaron en las embajadas madrileñas durante toda la contienda o huyeron al extranjero, regresando varios de ellos cuando acabó la guerra o muriendo otros en el exilio sin haber podido o querido regresar. Como ha señalado Henry Kamen,

«los exiliados más famosos de entonces huyeron de la República, no de Franco: Juan Ramón Jiménez, Ortega, Marañón, Menéndez Pidal, Salvador de Madariaga. Hasta Pau Casals, que yo pensaba que habría salido en el 39, salió antes, huyendo de la Barcelona republicana y de las amenazas de muerte de los asesinos anarquistas».

Esa gran coalición, surgida de la necesidad y escorada por reacción hacia la derecha e incluso hacia la extrema derecha revolucionaria, fue la causa principal de la derrota de un gobierno republicano cada día más desprestigiado en el interior y en el exterior.

En el resto de Europa, sin embargo, iba a suceder lo contrario, motivo por el que el Eje acabaría perdiendo la guerra. La política desarrollada por los regímenes fascistas, especialmente el alemán, logró perder las simpatías que buena parte de la derecha liberal europea sentía por unos movimientos que habían demostrado su eficacia al vencer en sus países a la revolución comunista. En Gran Bretaña, por ejemplo, se experimentaba fascinación por el fascismo italiano y su líder Mussolini. El partido creado a su imagen, la British Union of Fascists de Oswald Mosley, trazaba una trayectoria ascendente. Más minoritaria, la Imperial Fascist League del germanófilo Arnold Leese fijaba su atención en la Alemania hitleriana. Las simpatías hacia las potencias del Eje llegaban alto en la sociedad británica, incluso hasta el monarca reinante, Eduardo VIII. Y entre la intelectualidad no eran pocos los que —como el hoy mundialmente famoso Tolkien— manifestaban su preferencia por estar de cualquier lado menos del de la Rusia soviética. En el país más anticomunista del mundo, los Estados Unidos, eran también muchos —como el héroe nacional y líder de America First Charles Lindbergh— los que manifestaban sus simpatías por unos regímenes que se presentaban como firmes baluartes contra la expansión del comunismo.

Sin embargo, por variados factores como el frágil equilibrio instaurado en Versalles, el expansionismo alemán, la potente influencia judía en la administración y la finanza norteamericanas, la oposición de amplios sectores de la Iglesia y el creciente rechazo a un modo de gobernar que se antojaba intolerable en la parlamentaria Europa occidental, los regímenes fascistas acabarían encontrándose solos en el momento crucial, mientras que las democracias occidentales, equivalentes al tercio central arriba explicado, se aliaban nada menos que con la Rusia de Stalin, el tercio de la izquierda. Exactamente al revés de lo ocurrido tres años antes en España. Y de nuevo sería el bando que concentró dos tercios de las opciones políticas el que finalmente lograría el triunfo.

No es cierto, por lo tanto, que la guerra civil española consistiese en un enfrentamiento entre la democracia y el fascismo. En primer lugar, porque las izquierdas españolas tenían, en general, bastante poco de democráticas; y, en segundo, porque el bando alzado solo puede ser calificado de fascista mediante un deliberado ocultamiento de la realidad. Clara Campoamor, eminente republicana que huyó del Madrid republicano para no poder establecerse en España tras la victoria de Franco, lo explicó así en su La revolución española vista por una republicana:

«La división, tan sencilla como falaz, hecha por el gobierno entre fascistas y demócratas, para estimular al pueblo, no se corresponde con la verdad. La heterogénea composición de los grupos que constituyen cada uno de los bandos (…) demuestra que hay al menos tantos elementos liberales entre los alzados como antidemócratas en el bando gubernamental».

La parte que podría ser calificada con cierta propiedad como fascista —si por fascismo ha de entenderse las doctrinas revolucionarías autoritarias cercanas al modelo italiano—, es decir, la Falange, ni siquiera había logrado representación parlamentaria en las elecciones de febrero de 1936. Sin embargo, la radicalización de la vida política en los meses siguientes produjo un rápido crecimiento de las filas falangistas, crecimiento que se disparó tras el 18 de julio. Pero el grueso del bando alzado tuvo poco de fascista. Solo los primeros años del nuevo régimen, por mimesis con sus amigas Italia y Alemania, se caracterizaron por la adopción de algunas medidas propias de un gobierno así definible: el encuadramiento militar de la juventud, la política exterior favorable al Eje, el envío a Rusia de la División Azul y poco más. Pero todo ello, sobre todo tras 1945 e incluso cuando se evidenció en Stalingrado la inevitable derrota del Eje, no tardaría en quedar en poco más que una superficial estética pseudofascista que también iría diluyéndose con el paso de los años. Por otra parte, en un régimen gobernado por familias políticas de muy diversa procedencia ideológica, los ministros falangistas irían perdiendo paulatinamente su protagonismo hasta conseguirse que cuando aún faltaban dos décadas para la muerte de Franco los pocos falangistas que quedaban en España se sintiesen al margen del régimen e incluso se opusieran, si bien con poca energía, a él. Basta leer los escritos de Rafael García Serrano para comprobar la amargura con la que los falangistas soportaban el régimen nacido el 18 de julio de 1936 en gran medida a causa de su aportación humana e ideológica.

El mito izquierdista consiste, por lo tanto, en reivindicarse como la única fuerza que se opuso al fascismo y defendió la democracia y la libertad en todo lugar y circunstancia, tanto en Europa en 1939-45 como en España en 1936-39. Ello le distinguiría de las derechas españolas, las cuales, a diferencia de las europeas y americanas, prestaron su apoyo al fascismo español. Y como el fascismo español recibió el apoyo de Hitler y Mussolini, encarnaciones del mal absoluto en el mundo surgido tras 1945, toda la derecha española llevará eternamente el número de la bestia marcado en su frente.

La propaganda izquierdista ha explotado magistralmente este mito, como si toda iniciativa no salida de la izquierda perteneciera automáticamente al mundo del fascismo. No solo despliega sus efectos en la actividad política cotidiana, sino que hasta los referentes ideológicos, e incluso literarios, del pasado disfrutan de muy diferente suerte dependiendo de su alineación en el 36: mientras que a Azaña u otros republicanos se les respeta y cita a menudo —y no solo desde la izquierda—, sería suicida que a algún político se le ocurriese susurrar la más leve mención, por ejemplo, a José Antonio Primo de Rivera, un pensador de breve obra pero de indudable importancia en la España del siglo XX. Se hacen homenajes al fusilado Lluís Companys, pero nadie recuerda que también sufrieron injusta y violenta muerte Ramiro de Maeztu, Víctor Pradera, Gregorio Balparda, Ramiro Ledesma, José María Albiñana o Julio Ruiz de Alda. Y por lo que se refiere a la literatura, se condena el asesinato de García Lorca mientras se olvida, entre otros, el de Muñoz Seca. Y muchos literatos que se adhirieron al bando alzado y que consiguieron sobrevivir a la guerra, como Jardiel Poncela o Fernández Flórez, siguen hoy, más de medio siglo después, cargando con un pesado fardo que impide que su obra sea conocida y valorada por sí sola.

Cerrando el círculo abierto al comenzar estas líneas, incluso la defensa de la nación española ha quedado desprestigiada hasta su práctica imposibilitación a causa de esta absurda reductio ad hitlerum, mientras que los enemigos de España, los separatismos de cualquier procedencia, gozan de todos los parabienes por haberse enfrentado —con el permiso de Santoña— a lo que se llamó fascismo.

Este fenómeno se muestra con especial relieve en lo referente a la simbología nacional. En todos los países de Europa sus símbolos nacionales están indiscutiblemente asumidos por todas las opciones políticas. En España, por el contrario, la izquierda sigue demostrando alergia a unos símbolos que no puede dejar de identificar con el bando vencedor en 1939. En nombre de la bandera tricolor los franceses vencieron al enemigo alemán; en nombre de la Union Jack los británicos hicieron lo propio; en nombre de la tricolor italiana, que enarbolaban con fervor los partisanos comunistas, se acabó con el régimen mussoliniano, pues a ningún italiano de ningún partido se le ocurrió identificar dicha bandera con el gobierno fascista aunque este también la hubiese utilizado; en nombre de la bandera tricolor de Weimar la Alemania de 1945 sustituyó a Hitler por Adenauer. En España, por el contrario, sucedieron dos hechos que marcaron importantes diferencias con estos países europeos: el primero, el necio cambio de color que se instauró en 1931 a diferencia de la Primera República Española, que conservó la bandera tradicional española que arrancaba del reinado de Carlos III; el segundo y más importante, el hecho de que la guerra española no se librase contra un enemigo extranjero ante el que todo el pueblo español se hubiera agrupado bajo una bandera, sino que se tratase de una guerra civil entre dos bandos representados cada uno de ellos por unos colores diferentes. El que finalmente lograría la victoria no utilizó una bandera de nueva creación —como sí había hecho el bando republicano o la Alemania hitleriana— sino que recuperó la tradicional que había sido sustituida en 1931. Por ello hoy, lamentablemente, tantos millones de españoles siguen olvidando su nacimiento en el siglo XVIII y viendo en ella solamente el símbolo de uno de los dos bandos contendientes en 1936. Y junto a la bandera, esta asombrosa confusión incluye lo que es mucho más importante: la identificación de España con uno de los bandos enemigos en la contienda.

Además, toda esta interesada confusión es la causa principal del indudable éxito de la campaña de adoctrinamiento de masas efectuada por los separatismos gracias al control sobre el sistema de educación que la temblorosa derecha española les entregó en bandeja en 1978 con tal de que le fueran perdonados todos sus pecados, pasados, presentes o futuros, reales o inventados. Cuando varios dirigentes socialistas, ya con Felipe González en la Moncloa, empezaron a darse cuenta del error cometido y pretendieron corregir una situación que solo podía desembocar en el alistamiento masivo en las filas separatistas de una juventud adoctrinada —que no educada— en las aulas, otras autorizadas voces de dicho partido respondieron que el hecho de que los separatistas controlasen el sistema educativo no implicaba necesariamente el reclutamiento de los estudiantes para los partidos separatistas. Y para ello utilizaban el argumento personificado en ellos mismos: ¿no había utilizado el franquismo las aulas para adoctrinar a dos generaciones en una ideología de la que, al día siguiente de la muerte de Franco, ya no se acordaba nadie? ¿No eran ellos mismos, gobernantes socialistas, la prueba de que el adoctrinamiento franquista no había dado resultado?

Pero quienes así opinaron no se percataron del grave error de interpretación que estaban cometiendo. Efectivamente, el régimen franquista desplegó, sobre todo en los primeros años de su andadura, cierto aparato adoctrinador dirigido a formar a los estudiantes en los principios ideológicos sobre los que se sustentaba. Pero no pudo tener éxito por la sencilla razón de que iba contra la corriente del mundo. España no es una isla que pueda ser aislada del resto de Europa y del planeta. Las películas que veían los españoles eran norteamericanas; la música que escuchaban, inglesa; la literatura y la prensa, de todas partes. El estilo de vida que copiaban y ansiaban era el americano; no tarareaban el Prietas las filas, sino el quiero ser una chica ye-yé. Los españoles no peregrinaban a Bayreuth a abismarse religiosamente en el brumoso universo wagneriano, sino a Perpiñán a ver películas eróticas. Los ídolos de los jóvenes no eran ni Ramiro Ledesma, ni el capitán Palacios ni el coronel Moscardó, sino los melenudos cantantes de Liverpool. La más breve y exacta definición de esta época la dio hace algunos años Umbral al recordar que «los Beatles purgaron el siglo de obsesiones fascistas». Por todo ello el adoctrinamiento franquista estaba condenado a fracasar. No podía luchar contra el mundo, sobre todo cuando el mundo había decretado la errónea excepcionalidad de un régimen que todos sabían condenado a desaparecer en cuanto falleciese su constructor.

Por el contrario, el adoctrinamiento separatista es exitoso porque va a favor de corriente. Se equivocan quienes afirman que los separatismos están condenados a desaparecer en este mundo tendente a la globalización —véase el ejemplo escocés. Es precisamente esa globalización la que acaba de empezar a provocar la reacción contraria en muchas comunidades de todo tipo —nacionales, lingüísticas, culturales, religiosas— que se niegan a ver su personalidad barrida en un uniformizado mundo sin alma. Además, en el caso de España no hay que olvidar que esta es políticamente incorrecta y la representación misma de lo reaccionario, por lo que cualquier doctrina que se le oponga parte con la presunción de bondad y progresismo. Esta desquiciada manera de argumentar ha provocado el siguiente absurdo: España, esa nación que, además de encarnar una evidente realidad histórica en la que se imbrican desde hace muchos siglos los vascos y los catalanes, garantiza la libertad y la igualdad de sus ciudadanos, carga con la fama de fascista y por lo tanto enfrentarse a ella es rebelde. Por el contrario, los gobiernos separatistas —de vocación opresora y uniformizante inimaginable en la Europa civilizada, que llevan décadas imponiendo inmersiones lingüísticas, acaparando totalitariamente política, sociedad y cultura, y que incluso se apoyan en la privilegiada situación de incontestabilidad que les han brindado las pistolas del terrorismo separatista— pasan por rebeldes. Quienes son perseguidos, oprimidos, acallados e incluso asesinados son los opresores. Quienes se han sometido a la dictadura separatista y viven cobardemente despreocupados de la violencia que a ellos no les afecta son los rebeldes. Defender España es reaccionario y opresor. Defender la imposición separatista es rebelde y progresista.

Tales son las consecuencias del mito sostenido a dos manos por la izquierda y los separatismos. Y de él depende nada menos que la supervivencia de la nación española.

La guerra de las estatuas

Aprovechando el tirón dado por Zapatero al asunto de las estatuas de Franco y la resurrección de la Guerra Civil que todos creíamos enterrada, proliferan las iniciativas autonómicas y municipales para eliminar los monumentos y calles que conservan nombres relacionados con el régimen franquista. Aparte del innecesario despilfarro que ello implica, no acaba de comprenderse bien por varias razones.

La primera es que en todas las ciudades de España hay barrios enteros que fueron construidos durante el franquismo y, obviamente, bautizados en aquel momento. ¿Los bombardeamos? La segunda es que si Franco ha de desaparecer de las calles por su responsabilidad en un enfrentamiento civil, Largo Caballero, Prieto, Aguirre y Companys no fueron menos responsables y, sin embargo, ni las estatuas madrileñas de los dos primeros, ni la bilbaína del tercero, ni el paseo barcelonés del último son cuestionados.

—Es que Franco no fue elegido por el pueblo —es otro de los argumentos utilizados.

Pero si el no ser un gobernante elegido en las urnas es el argumento para demoler estatuas, no iba a quedar nada en pie ni en España ni en ningún otro lugar del mundo. El sufragio universal es invento muy reciente, empezado a implantar, paradójicamente, a golpe de guillotina. La Humanidad entera llevaba milenios gobernándose sin pasar por las urnas. ¿Destruimos todo lo anterior a 1789?

—Es que su régimen nació de un golpe de Estado —se dice como siguiente justificación.

Cierto. Como el norteamericano, que nació de una guerra civil; o como la actual monarquía inglesa, que nació de la batalla de Hastings; o como la República Francesa, que nació del asalto a la Bastilla y el corte de miles de cabezas.

—Es que Franco fue un dictador. Y es una vergüenza que siga habiendo estatuas y calles con su nombre. En ningún otro país de Europa sucede algo semejante. ¿No ve que ni en Alemania ni en Italia hay recuerdo alguno de Hitler y Mussolini?

Cierto también. Pero es que Hitler y Mussolini perdieron su guerra mientras que Franco ganó la suya. La diferencia es grande. En todas partes y en toda época los que dejaron monumentos para la posteridad fueron los que ganaron. Por eso Francia está llena de recuerdos a De Gaulle. Si en el 45 hubieran ganado los que perdieron, hoy las estatuas serían de Pétain. En Alemania habría estatuas de Hitler y no de Adenauer. Si los ejércitos de George Washington hubiesen perdido la guerra, la ciudad del Potomac no llevaría hoy su nombre, sino el de Howe o el de Cornwallis. Si la Guerra de Secesión la hubiesen ganado los que la perdieron, la estatua de Lee estaría hoy en el lugar de la de Lincoln. Si en Rusia en 1921 hubiera vencido el ejército blanco en vez del rojo, hoy no adornaría el Kremlin la estatua de Zukov, sino la de Kolchak. En España hay estatuas de Isabel la Católica porque fue ella y no Juana la Beltraneja la que venció en la lucha por el trono. Y hay estatuas de Espartero, Isabel II y Alfonso XII, y no de Zumalacárregui o Carlos VII, porque fueron aquellos los que vencieron en las guerras carlistas.

Además, Franco es parte de la historia de España, nos guste o no. Igual que Largo Caballero. Por eso ambos tienen el mismo derecho a ser recordados en la vía pública. Solo una miope perspectiva histórica y una mezquina concepción de la política puede impedir la comprensión de algo tan sencillo. Salvo que lo que se esté tratando aquí sea otra cosa: la eliminación de una parte de la historia de España por motivos partidistas. En ese caso no hay nada que objetar, salvo que España, por resentimiento y venganza, sería el primer país del mundo en el que a los vencedores de una guerra la posteridad les castiga con su desaparición de las calles y a los perdedores les premia con estatuas. O lo que es aún más divertido: se quitan las estatuas de Franco por haber triunfado en su golpe de Estado del 36 y se ponen las de Largo Caballero y Companys por haber fracasado en el suyo del 34.

Parece que por ahí van las cosas. Pero, eso sí: al gobierno socialista, que sufre de urticaria por una dictadura desaparecida hace treinta años y por las placas dedicadas a personas que ni conocen pero que les han dicho que fueron unos fachas, no le molestan los cientos de calles y plazas de las provincias vascas dedicadas al idiota de Sabino Arana, a los traidores (a la República) Aguirre, Irujo y Ajuriaguerra, y, por supuesto, a los democratísimos asesinos etarras que han visto premiados sus crímenes con su inmortalización en la vía pública. Todos estos no ofenden, no molestan, no insultan a nadie, ni representan una dictadura actual, efectiva, en pleno funcionamiento, como constatan todos los días cientos de políticos socialistas desde que se levantan de la cama y llaman a sus escoltas para que los pasen a recoger por el portal.

El pasado que nos espera

El eximio Mark Twain escribió hace un siglo: «Muchas cosas no suceden como debieran, y la mayor parte de ellas ni tan siquiera llegan a suceder. Es tarea del historiador consciente corregir estos defectos».

Si este fenómeno se circunscribiera al ámbito erudito de la historia, suficientemente mala sería la cosa. Pero lo grave es que los más entusiastas correctores de defectos históricos suelen ser los políticos, sobre todo en esta cainita España nuestra, probablemente el país del mundo en el que más se utiliza la historia como arma política.

Hace cuarenta años, el tránsito de un régimen a otro pudo hacerse precisamente gracias a la convicción que tuvo la inmensa mayoría de políticos y ciudadanos sobre la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva para no pasarnos la eternidad discutiendo sobre cuáles de nuestros abuelos tuvieron más culpa de la Guerra Civil. Aparentemente el acuerdo funcionó, aunque el paso del tiempo ha ido demostrando que mientras que la derecha en bloque se lo tomó en serio, buena parte de la izquierda lo asumió a regañadientes. Pues en el fondo de su corazón seguían latiendo la frustración de la derrota y el ansia de revancha, aunque ya imposible en el campo de batalla, todavía alcanzable en los libros, en la historia, en el cine, en eso que tan atinadamente consagró Zapatero con la cursilada de la Memoria Histórica. Aunque para ello haya que condenar a la amnesia histórica a Claudio Sánchez-Albornoz, presidente del gobierno de la República en el exilio que recordó amargamente a sus compañeros de bando que fue la izquierda española, con su golpe de octubre del 34, la que acabó con la República.

Y junto a la izquierda, por supuesto, los separatismos, los otros perdedores de la Guerra Civil, aunque en su defensa hay que admitir que desde el principio han sido bastante menos hipócritas que una izquierda que ha ido avivando paulatinamente las brasas del odio según el correr del tiempo nos alejaba de 1939.

El penúltimo acto del eterno guerracivilismo de la izquierda y los separatistas se está representando ahora con la campaña de eliminación de nombres e imágenes que no encajan en su totalitaria corrección política. Notable es el paso adelante que implica añadir a los purgados habituales, —Franco y compañía— una nueva categoría, esta vez actual y en ejercicio: la Monarquía. Y lo más divertido del asunto es que con la defenestración de bustos regios pretenden adelantar en lo simbólico lo que desean conseguir próximamente a golpe de urna. Ya que de momento no está a su alcance eliminarlos en persona, al menos se dan el gusto de hacerlo en efigie, como en los buenos viejos tiempos de la Santa Inquisición.

Especialistas en reyes, y por supuesto en guerras civiles —pues no saciados con la de 1939, siguen progresistamente aferrados a la de 1714—, los catalanistas son insuperables en estas lides. Recuérdese la ocultación hace un par de años del escudo de armas de Felipe V que presidía desde principios del siglo XVIII una de las puertas de la muralla de la Ciudadela y desde 1869 la fachada del arsenal posteriormente convertido en sede del parlamento catalán. Ya lo había hecho Macià en 1932, y en esta última ocasión han contado con el voto favorable de unos socialistas que, por lo visto, se suman a sus aliados separatistas para borrar parte de la historia del país que aspiran a gobernar. Precisamente Macià y los suyos, discípulos aventajados de Orwell, establecieron en el artículo 115.o de su Constitució Provisional de La Habana (1928) que «en el término más breve posible, una vez conseguida la independencia, los Ayuntamientos se ocuparán de hacer desaparecer, de los municipios respectivos, todo vestigio público que en fórmula de rótulos, lápidas, estatuas, monumentos, escudos, etc., recuerden actos, personajes, hechos o cosas relacionadas con los tiempos de la opresión española en Cataluña». En nombre de la Cataluña separatista, la Cataluña de verdad ha de desaparecer.

Hablando de reyes, numerosos gobernantes nacionales, regionales y municipales izquierdistas se dedicaron, sobre todo en los añorados años transicionales, a eliminar el yugo y las flechas de no pocos monumentos dedicados a los Reyes Católicos, convencidos de su erección por FET y de las JONS.

Sus extensiones posteriores, como el bolchevique Sindicato de Estudiantes, han continuado la juerga proponiendo, por ejemplo, cambiar el nombre del Colegio 19 de julio de Bailen por considerarlo exaltador del alzamiento de 1936. ¡Estudiosos estudiantes estos que no han estudiado que en esa localidad y en esa fecha de 1808 se pegaron algunos tiros!

Y ahora, a ochenta años de la Guerra Civil y cuarenta de la muerte de Franco, la izquierda insiste en convencernos de que el progreso, el bienestar y la felicidad se conseguirán cambiando a Vázquez de Mella por Zerolo. En España el tiempo pasa inútilmente: ya advirtió Julio Camba en junio de 1931, recién instaurada la República, que lo que interesaba a algunos no era modernizar unas locomotoras que solo servían para tostar cacahuetes, sino rebautizarlas eliminando las placas que todavía rezaban «Alfonso XIII».

Lo grave de estas ridiculeces retrohistóricas es que demuestran la torcida consideración que demasiados tienen de la política no como la actividad dirigida a la buena gestión de las cosas públicas, sino a la perpetua agitación del odio para construir un peligroso futuro político sobre los cimientos del imposible deseo de ganar guerras con un siglo de retraso.

Juzgar a Franco

No parece que cuarenta años hayan sido suficientes para poder juzgar con objetividad la figura de Francisco Franco. Cualquier político, de cualquier nacionalidad y época, levanta necesariamente demasiadas pasiones tanto a favor como en contra. Consideraciones de todo tipo, políticas, culturales, religiosas y nacionales, influyen en los juicios emitidos sobre personajes del pasado. El ser humano es un animal pasional. Por ejemplo, el hecho de ser protestante suele facilitar una valoración negativa de Felipe II, mientras que ser católico impide una valoración serena de Lutero. Y viceversa. Sin movernos de época, ser inglés suele ayudar mucho para sobrevalorar las luces y minusvalorar las sombras de Francis Drake y John Hawkins, mientras que ser español facilita la exculpación de Medina Sidonia y la inculpación de las tormentas.

La cosa se agrava cuando se trata de guerras civiles, pues la sangre vertida es la propia. En los USA, por ejemplo, siguen sin cicatrizar del todo las heridas entre el norte y el sur, del mismo modo que en Francia siguen sin desvanecerse las sombras de Pétain y De Gaulle. Entre nosotros, de permanente actualidad es la antipatía que Felipe V despierta en muchos catalanes, incapaces de analizar con objetividad la vida y obra del vencedor de la Guerra de Sucesión. Y lo mismo sucede con los protagonistas de unas Guerras Carlistas que siguen siendo juzgados en buena medida a partir de la visión que cada uno tenga hoy del asunto foral y su posterior mutación separatista.

Pero, sin duda alguna, el acontecimiento histórico que sigue levantando ampollas es esa Guerra Civil eternamente presente no solo en el campo de la investigación histórica, lo que es comprensible, sino sobre todo en el del debate político, lo que es lamentable. La sinrazón llega hasta el extremo de que la militancia de los abuelos en uno u otro bando influye poderosamente en la alineación política de muchos de sus nietos, como demostró de modo tan destacado el resentido Zapatero. Por eso hará falta todavía el paso de un par de generaciones para que, una vez olvidado el enfado por el tatarabuelo fusilado por uno u otro bando, los españoles sean capaces de opinar sobre Franco, o sobre cualquier protagonista de aquella guerra, con la debida frialdad.

Sin embargo, no debiera ser tan difícil valorar a los principales protagonistas de aquel grande y trágico episodio de nuestra historia, aparcando en lo posible pasiones personales, familiares y partidistas, por el resultado de la vida y obra de cada uno de ellos. Evidentemente en todos ellos hay sombras y luces, y evidentemente unos y otros despertarán mayores o menores simpatías dependiendo, como sentenció Mario Benedetti, del dolor con que se les mire.

El lector memorioso recordará la multitudinaria votación que organizó hace algunos años una cadena de televisión para decidir quién había sido el español más grande de la historia. El vencedor fue el rey Juan Carlos I. Los invitados por la cadena para comentar los resultados de la votación fueron el político José Bono y el literato Antonio Gala, a quienes les pareció escandaloso que Franco hubiese acabado en un puesto bastante alto de la lista. Pero, se mire a la persona de Franco con simpatía, antipatía o indiferencia, se aprecie o no su papel como militar y político, se contemple con agrado, con disgusto o con desinterés el resultado final de la contienda y los hechos del régimen político nacido de ella, lo que parece indudable es que, de todos los españoles del siglo XX, ningún otro fue un destacado militar, ganó una guerra civil, gobernó su país durante cuarenta años sin demasiada molestia y se despidió de la vida imponiendo como sucesor al español más grande de la historia. No parece mal currículum.

Ganar la Guerra Civil con un siglo de retraso

Suele lamentarse la creciente crispación de la vida política española, sobre todo cuando se la compara con el espíritu de consenso que inspiró aquello que se llamó el paso de la ley a la ley. También suele llamar la atención que las generaciones de izquierdistas que vivieron la derrota, el exilio y la clandestinidad supieron pasar página y colaborar con la derecha, buena parte de ella proveniente del aparato franquista, en la construcción del régimen democrático; mientras que las nuevas generaciones de izquierdistas se distinguen por un leninismo trasnochado, un afán revanchista y una virulencia antifranquista sorprendentes en quienes nacieron después de muerto Franco y aprobada la Constitución de 1978. La última manifestación de este cansino antifranquismo retardado han sido las repetidas invocaciones a la Segunda República por parte de Pablo Iglesias, puñito en alto, durante el circo de investidura de Pedro Sánchez.

Suele presentarse a los socialistas de la generación de la Transición como contrarios a la actual deriva de la izquierda española. Efectivamente, así puede deducirse, en unos casos más que en otros, de algunas declaraciones recientes de figuras históricas del socialismo español como Pablo Castellano, Joaquín Leguina, José María Fidalgo y José Luis Corcuera además de los dos más influyentes, Felipe González y Alfonso Guerra. Pero sería injusto olvidar la responsabilidad de aquella generación en la lenta pero incesante construcción del discurso guerracivilista que hoy despliega la izquierda desde el PSOE hasta Podemos, pasando por toda la sopa de letras separatista.

Para ir por orden, podríamos comenzar recordando que la víspera de la primera celebración del 1 de mayo tras la muerte de Franco, la de 1976, José Manuel Otero Novas y otras personas del círculo que solo dos meses después llegaría al gobierno con Adolfo Suárez, pidieron a Felipe González y otros dirigentes socialistas que «suprimieran de un libro en ciernes una reivindicación orgullosa de su golpe de Estado de 1934. Les argumentamos que no era un buen comienzo de la democracia defender un ataque violento a las instituciones democráticas. Y se negaron. Salió la reivindicación». Así lo recordó Otero Novas en un artículo publicado en ABC el 1 de febrero de 1996.

En 1984, ya con el PSOE en la Moncloa, se cumplió el medio siglo de aquel golpe de Estado que abrió el camino hacia la guerra civil. Se celebraron actos, congresos y conferencias, y varios dirigentes socialistas aprovecharon la ocasión para manifestar su sintonía con los revolucionarios del 34. Como guinda del cincuentenario, se inauguraron las estatuas de los dos principales responsables del golpe, Prieto y Largo Caballero, junto a los Nuevos Ministerios madrileños.

Otro elemento clave del envenenamiento de la política actual ha sido la pueril imagen de la Guerra Civil transmitida por los mayoritariamente izquierdistas cineastas españoles desde hace cuarenta años. Bochornoso espectáculo que ha superado con creces en maniqueísmo a las producciones de los primeros años de la posguerra, con el agravante de que aquel fue un régimen dictatorial surgido de una guerra civil, lo que explica mucho sobre la visión oficial del conflicto bélico, mientras que el régimen actual es una democracia, basada precisamente en el pluralismo político, y completamente ajena, en teoría, a guerras civiles y revanchas. Y lo mismo podría decirse de la televisión y de lo poco y malo que se enseña a los niños en los colegios.

Pero no recae en la izquierda toda la responsabilidad por esta reescritura de nuestra historia que tan largos y profundos efectos está teniendo en la vida política nacional. Pues la condena parlamentaria del 18 de julio de 1936 y el simultáneo silencio absolutorio sobre octubre de 1934 se efectuaron gobernando Aznar.

Después, gracias al inmortal Zapatero, llegaría la Ley de la Memoria Histórica así como el muy simbólico derribo de la estatua de Franco que acompañaba en los Nuevos Ministerios a las arriba mencionadas de Prieto y Largo Caballero. El juicio histórico quedaba claro: el golpe de estado de Franco en 1936 fue ilegítimo y digno de oprobio, mientras que el de los socialistas y los separatistas catalanes en 1934 fue legítimo y merecedor de homenaje.

Aunque pronto cumplirá ya una década, dicha ley sigue desplegando sus venenosos efectos. Si bien habla con enorme hipocresía de «espíritu de reconciliación y concordia», de «voluntad de reencuentro de los españoles», de honrar a «todos los que padecieron injusticias y agravios por unos u otros motivos políticos, ideológicos o religiosos», de «contribuir a cerrar heridas todavía abiertas» y de que «no es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva», la realidad sobre su aplicación práctica demuestra que lo perseguido es exactamente lo contrario: odio, venganza, espíritu chequista, dos raseros de medir, maniqueísmo, falsedad, mala fe e intención de reescribir la historia con el objetivo de ganar la batalla de la imagen y la propaganda con un siglo de retraso. El que suscribe sabe bien de lo que habla ya que formó parte durante algunos meses de la comisión consultiva organizada por el ayuntamiento santanderino para este menester, comisión de la que dimitió para evitar problemas de hígado.

No nos extrañemos ahora de tantas segundas transiciones, de tanta indignación con un régimen desaparecido hace cuarenta años, de tantos homenajes a sus enemigos reales o ficticios, de tantas ganas de poner patas arriba el actual régimen por considerarlo viciado de origen… Todo eso ha sido sembrado por la izquierda política, intelectual, cinematográfica y periodística durante cuarenta años ante la parálisis, cuando no con la complicidad, de la derecha. Ahora, lógicamente, estamos recogiendo los frutos.

Pero no se olvide que en el mismo saco va el cuestionamiento de una Monarquía que, efectivamente, no debe su existencia a una decisión popular expresada en las urnas, sino a la mayestática voluntad de don Francisco Franco Bahamonde como consecuencia de su victoria en aquella guerra cuyos efectos ahora algunos quieren anular con efectos retroactivos. Lo cual no deja de tener su gracia.

Reductio ad Francum

Pocos años habían pasado desde 1945 cuando el filósofo Leo Strauss bautizó como Reductio ad Hitlerum el abuso consistente en zanjar cualquier debate asociando una persona, un hecho, una idea o una opinión con Hitler: si Hitler apoyaba una cosa, tal cosa es mala. La técnica se ha usado, y se sigue usando, hasta la náusea, y lo mismo ha servido para rechazar la música de Wagner que para criticar propuestas ecologistas por haber sido Hitler amante de aquella y por haberse promulgado durante el III Reich algunas leyes conservacionistas.

Una subespecie de tan pueril fenómeno, y en estrecho contacto precisamente a causa de la ayuda prestada por la Alemania hitleriana al bando alzado en 1936, es la Reductio ad Francum, consistente en exactamente lo mismo pero en versión carpetovetónica. Su fórmula es fácil y se cumple con precisión matemática: si Franco apoyaba una cosa, tal cosa es mala; y si Franco era enemigo de una cosa, tal cosa es buena.

Sus consecuencias, de largo alcance, van de lo anecdótico a lo transcendental. La más contundente de todas ellas es la virginal pureza de la que presume la izquierda por haber luchado contra Franco en la guerra del 36. Pero el que los partidos socialista y comunista se enfrentaran a quien, efectivamente, no fue un gobernante democrático no les convierte a ellos en demócratas. De hecho, los dos partidos que con más insistencia proclamaron su enemistad hacia la democracia por considerarla tan solo un paso intermedio hacia la dictadura del proletariado fueron el PCE y el PSOE. Por eso estalló la guerra civil.

Lo mismo sucede con los separatismos vasco y catalán, todas cuyas ramas son tenidas por respetables debido al mismo motivo, incluida una ETA adorada por la izquierda por su aparente antifranquismo. Pero el que la ETA fuera enemiga del franquismo no impidió que su objetivo político no tuviese nada que ver con la democracia, sino con la instauración en el País Vasco de una dictadura socialista. Además, la falsedad de su antifranquismo quedó cruentamente demostrada con el 95 % de sus crímenes cometidos tras la muerte de Franco. Por no mencionar que las cuarenta y ocho personas asesinadas por ETA hasta 1975 han sido las más olvidadas de todas por haber caído sobre ellas la maldición de haber muerto durante el régimen cuyo contacto todo lo ensucia.

El callejero, las estatuas y otros homenajes también dependen de la Reductio ad Francum. ¿Por qué, si no, han sido derribadas las estatuas del vencedor de la guerra mientras que se conservan las de los perdedores, Prieto y Largo Caballero, por ejemplo? Porque, a pesar de que tan golpistas fueron estos como aquel, la gran falacia izquierdista exige que Franco sea considerado golpista ilegítimo y malvado mientras que los dirigentes socialistas fueron golpistas legítimos y justicieros.

Pero, sin duda, la consecuencia más importante de la Reductio ad Francum es ese ridículo complejo de superioridad moral e intelectual que caracteriza a nuestra izquierda y a sus compañeros de viaje separatistas y que ha sido aceptado por nuestra derecha, enciclopédicamente ignorante e insuperablemente cobarde. Complejo que, poco a poco, ha provocado la hegemonía ideológica izquierdista, y la de sus compañeros de viaje separatistas, que tarde o temprano, más temprano que tarde, acabará llevando a España al despeñadero. La Corona la primera, por supuesto.

Paracuellos o el doble rasero

Hace algunos años leí en un artículo, que lamentablemente no he podido localizar, que García Lorca fue víctima de un brutal asesinato. Y algunas líneas más abajo, que el de Muñoz Seca en Paracuellos de Jarama fue un error político. Difícilmente se puede resumir mejor la llamada Memoria Histórica, esa gran patraña que envenena el pasado, el presente y el futuro de España.

Tan curiosa visión de la historia tiene una explicación muy sencilla: la distinta valoración moral que, para los representantes de ciertas opciones políticas, merecen los hechos, e incluso los crímenes, dependiendo de la ideología política en nombre de la cual se cometan. El fenómeno es tan viejo como la Humanidad y se pueden rastrear ejemplos en todo momento y lugar, pero su época dorada llegó, sin duda, con la irrupción de las masas en la política en 1789. Pues con ella alcanzaron su máxima expresión la sensiblería, las pasiones colectivas, los odios y las excusas. Gloriosos precursores de ello, como de casi todo, fueron aquellos franceses inventores del totalitarismo que, en nombre de la Égalité y la Fraternité, acabaron con un Antiguo Régimen indudablemente obsoleto pero escasamente sangriento para anegar Europa en sangre durante dos generaciones. Bien claro dejó su santón Robespierre que el nuevo régimen republicano, para conseguir su objetivo de instaurar el «despotismo de la libertad», habría de implicar «la destrucción de todo lo que se le oponga». Y su camarada Carrier advirtió a sus afortunados compatriotas que «o Francia se regenera a nuestra manera o la convertiremos en un cementerio».

Sus continuadores soviéticos lograron idénticas hazañas. Pues una vez derribado un zarismo anacrónico, opresivo y con muchos miles de fusilados y encarcelados a sus espaldas, instauraron el paraíso proletario que, a cambio, provocó decenas de millones de víctimas y el encarcelamiento global de cientos de millones de personas tras el que bautizaron, con excelso sentido del humor, como Muro de Protección Antifascista (Antifaschistischer Schutzwall).

A continuación llegarían sus discípulos españoles, con Santiago Carrillo a la cabeza. Pues este dirigente —primero socialista, después comunista, y homenajeado post mortem por el Partido Popular— se distinguió, aparte de por su papel principal en las matanzas de Paracuellos, por el doble rasero con el que durante toda su larga vida descalificó sin matices los hechos y opiniones de sus adversarios y alabó, también sin el menor matiz, los de los suyos. Sánchez Dragó dejó para la posteridad un programa televisivo (2003) en el que el anciano comunista se enfrentó con el filósofo Gustavo Bueno. El esquema ideológico de Carrillo era hipócritamente sencillo: no es posible comparar el golpe de Estado izquierdista de 1934 con el acaecido el 18 de julio de 1936, ya que el primero estuvo justificado por lo siguiente:

«No había otra forma de detener el fascismo que la lucha armada. Lo que intentábamos en 1934 era impedir que en España sucediera lo mismo que había sucedido en Italia. No era un golpe contra la democracia. Fue un intento de impedir que por la vía parlamentaria un partido fascista como la CEDA llegase al poder».

Aparte de la insostenible afirmación de que la monárquica y democristiana CEDA fuese un partido fascista, ¡curiosa manera de defender la democracia impidiendo el normal desarrollo del régimen democrático! ¡Y magnífica justificación del 18 de julio la que nos dejó don Santiago! Porque si justificó el golpe del 34 como medio para abortar el imaginado golpe de los que él llamó fascistas, los alzados del 36 justificaron su decisión como medio para abortar lo que ellos llamaron revolución comunista. Con la singular diferencia de que esta última no fue imaginada, sino que se anunció, se proclamó y se puso en marcha desde, por lo menos, las elecciones de febrero de aquel año hasta la definitiva gota del asesinato de Calvo Sotelo.

En esto consiste el doble rasero para los hechos políticos dependiendo de la ideología de sus protagonistas. Pero más significativo todavía de la perversión moral de sus sostenedores es lo que sucede cuando ese doble rasero se aplica a los crímenes. Pues los izquierdistas encuentran siempre el modo de agravar los de los contrarios —reales o imaginados, y baste con pensar en el barranco de Órgiva, aquel ansiado Paracuellos franquista que quedó en enterramiento de cabras— y, sobre todo, de absolver los suyos. Por eso los pueden anunciar sin disimulo, como el socialista Luis Araquistáin: «La limpia va a ser tremenda. Lo está siendo ya. No va a quedar un fascista ni para un remedio». Y además, siempre se tiene a mano la justificación moral, social, histórica o dialéctica que exonera de culpas a la eternamente inocente izquierda. Así lo explicó Largo Caballero: «La revolución exige actos que repugnan, pero que después justifica la historia».

Y ochenta años después de aquellos trágicos hechos, la izquierda, con maniqueísmo digno de los cuentos infantiles, sigue gozando de la fortuna de encontrar eximentes que sirven paralelamente para acentuar la perversidad de sus oponentes, curas, banqueros, marqueses y generales deseosos de seguir oprimiendo a los pobres. Los historiadores Joan Villarroya y Josep María Solé lo han explicado espléndidamente:

«La represión ejercida por jornaleros y campesinos, por trabajadores y obreros y también por la aplicación de la ley entonces vigente, era para defender los avances sociales y políticos de uno de los países con más injusticia social de Europa. Los muchos errores que indudablemente se cometían pretendían defender una nueva sociedad. Más libre y más justa. La represión de los sublevados y sus seguidores era para defender una sociedad de privilegios».

Los miles de asesinados en Paracuellos pueden descansar en paz ya que, gracias a Carrillo, murieron por una buena causa: la construcción de una sociedad más libre y más justa.

El timo de Guernica

Es casi una vulgaridad repetirlo, de tan repetido que está. Pero si hay un caso que demuestra lo atinado de aquella frase sobre la verdad como la primera víctima de las guerras, ese caso es, sin duda, el del bombardeo de Guernica.

Porque aquel bombardeo no fue ni el primero, ni el último, ni el más importante ni el más letal de la Guerra Civil, de no importa qué bando, pero sin duda fue, y sigue siendo, el más conocido en todo el mundo por la propaganda posterior y, fundamentalmente, por el hecho de que Picasso pintase sobre él uno de los cuadros más famosos de todo el siglo XX. Aunque ni siquiera esto es cierto, pues se limitó a reutilizar un cuadro previo de tema taurino.

En aquel abril de 1937 las tropas nacionales avanzaban hacia un Bilbao en el que los peneuvistas de José Antonio Aguirre maniobraban a espaldas de sus aliados republicanos para traicionarlos y rendirse por separado; Mola y Franco libraban su pulso particular para demostrar quién mandaba más; y aviadores italianos y alemanes hacían su guerra en ocasiones algo desconectados del mando nacional.

El número, clase y nacionalidad de los aviones participantes, la cantidad y clase de bombas arrojadas, el tiempo que duró el bombardeo y otros detalles militares han sido repetidos, analizados, alterados, descritos y citados en un millón de ocasiones, así que pasaremos de puntillas sobre ellos para no aburrir innecesariamente con datos técnicos.

Una de las cuestiones más debatidas ha sido la de si Guernica podía ser considerado objetivo de interés militar o no. La propaganda republicana insistió en la respuesta negativa para denunciar lo que consideraba un ejemplo de la barbarie fascista sobre la población civil. Y muchos autores siguen insistiendo en ello. Pero no parece demasiado sostenible dada la presencia en Guernica de cuarteles, varios cientos de soldados, fábricas de armas —que no fueron el principal objetivo por el obvio interés de los nacionales en mantenerlas operativas— y, sobre todo, el puente sobre el río Oca que se pretendió destruir para dificultar la retirada de los soldados republicanos.

Por el contrario, la alegación de que solo se pretendió destruir el puente tampoco parece sostenible, entre otros motivos por las cínicas palabras del comandante de la Legión Cóndor, Wolfram von Richthofen, cuando, algún tiempo después, reconocería que «en Guernica me comporté de una forma muy maleducada».

Tampoco parece sostenible que la gran destrucción de la ciudad fuese debida a las bombas, pues los testigos presenciales relataron que la mayor parte de ella no fue afectada y que la devastación fue debida al incendio posterior, que no fue atajado con diligencia por unos bomberos que llegaron demasiado tarde y se fueron demasiado pronto sin haber apagado los focos existentes.

Evidentemente, tampoco fue cierta la versión nacional de que Guernica había sido quemada por los republicanos en fuga, si bien es cierto que contaban con los antecedentes de Eibar e Irún para sospecharlo en un primer momento.

Una de las más insistentes mentiras ha sido la de que se trató de una decisión de Franco y Mola para arrasar simbólicamente al pueblo vasco mediante la destrucción del centenario roble y la Casa de Juntas. Pero cuando Mola se enteró de la acción decidida por von Richthofen estalló de indignación. Franco también se enfadó por la indisciplina de la Legión Cóndor pero no dijo nada para no enfrentarse con sus aliados alemanes. Y dos semanas después de lo de Guernica, el 10 de mayo, reiteró la orden que ya había dado anteriormente:

«No deberá ser bombardeada ninguna población abierta y sin tropas o industrias militares sin orden expresa del Generalísimo o del General Jefe del Aire».

Y respecto a la voluntad de arrasar los símbolos forales vascos, estas fueron las palabras de José Antonio Aguirre al día siguiente:

«Los aviadores alemanes al servicio de los facciosos españoles han bombardeado Guernica, incendiando la histórica villa que tanta veneración tiene entre los vascos. Nos han querido herir en lo más sensible de nuestros sentimientos patrios, dejando una vez más de manifiesto lo que Euzkadi puede esperar de los que no vacilan en destruir hasta el santuario que recuerda los siglos de nuestra libertad y nuestra democracia».

Y estas, la del periodista británico George Steer, quizá el principal creador del mito de Guernica por su artículo The tragedy of Guernica publicado en The Times:

«El objetivo del bombardeo ha sido la desmoralización de la población civil y la destrucción de la cuna de la raza vasca».

Verborrea heroica aparte, para desmentir lo sostenido por ambos baste el hecho de que Mola, al entrar sus tropas en la ciudad dos días después, ordenó la inmediata protección del árbol y la Casa de Juntas por una guardia de requetés.

Especialmente importante ha sido, tanto entonces como hoy, el baile de cifras de fallecidos. Significativamente, la prensa bilbaína y los primeros testigos hablaron de pocas víctimas, incluido el mencionado Steer.

Pero pronto llegarían los ceros. Varios periódicos ingleses y estadounidenses, interesados en agrandar la amenaza alemana, llegaron a ochocientas y novecientas víctimas. En Francia, L’Humanité alcanzó las dos mil. José de Labauria, el alcalde peneuvista de Guernica, anunció por Radio Bilbao que habían muerto «miles y miles». Un folleto propagandístico editado por el gobierno de la República para informar del bombardeo en el extranjero concretó más: 1654 muertos y 889 heridos. En su libro De Guernica a Nueva York, publicado en 1944, Aguirre corrigió al alza: dos mil. Su correligionario Pedro de Basaldúa, en un libro paradójicamente titulado En defensa de la verdad, fue aún más lejos: hasta los tres mil. Indalecio Prieto, en su artículo de 1955 Guernica la mártir, quedose en los dos mil. Y varias décadas más tarde Hugh Thomas lo cifró, sorprendentemente, entre cien y mil seiscientos, manifestando su preferencia por el millar. Como contraste, Ricardo de la Cierva escribió en 1970 que «no llegaron a una docena».

Pues bien, Jesús Salas Larrazábal, historiador que acudió a los registros civiles y a los de entierros y fallecidos en el hospital de Basurto en aquellos días, fijó la cantidad en ciento veinte. Posteriormente, el periodista Humberto Unzueta confirmó los ciento veinte apuntados por Salas, de los que identificó con nombres y apellidos a ciento quince; y la asociación Gernikazarra ha considerado en los últimos años que la cifra podría llegar hasta aproximadamente el centenar y medio.

Pero lo más importante de todo es la utilización que de Guernica sigue haciéndose hoy. Pues el PNV ha exigido en numerosas ocasiones que España pida perdón por el bombardeo, como lo hiciera en 1997 el presidente alemán Roman Herzog. Pero no se comprende bien por qué España ha de pedir perdón por semejante cosa. ¿Acaso era el bando llamado nacional el que representaba a España? ¿No habíamos quedado en que se trataba del bando golpista contra el gobierno legítimo de la República? Si fue así, el bando que representaba a España tendría que haber sido el otro, aquel en el que precisamente militaban los peneuvistas. Pero si se empeñan en atribuir la cualidad de «España» al bando nacional, entonces estarán dando la razón a Franco, al cardenal Goma y a tantos otros que, tanto entonces como en décadas posteriores, definieron al bando republicano como la anti-España. Además, por ese camino se podría empezar a exigir perdones a diestro y siniestro, empezando por el que debería pedir el PNV por los cientos de asesinados en las cárceles y barcos-prisión a su cargo. Y al PSOE y el PCE, únicos partidos, junto con el PNV, que continúan existiendo desde entonces, por la orgía de sangre que desataron en retaguardia durante los tres años de guerra.

El bombardeo de Guernica —al que Aguirre otorgó la categoría de «el más brutal asesinato registrado jamás»— da para mucho. Pues el mundo batasuno ha aprovechado en alguna ocasión aquel mitificado acontecimiento para comparar la Audiencia Nacional con la Legión Cóndor. E incluso ha servido para legitimar los crímenes de ETA. Por ejemplo, el número de diciembre de 1970 de la revista Sabindarra, editada por nacionalistas afincados en Venezuela, rezaba así en su portada:

«ESPAÑA ASESINA. España destruyó Gernika y Durango. GORA EUZKADI AZKATUTA. MUERA ESPAÑA. LA JUSTICIA QUE EL MUNDO NO HIZO (España no estaba entre los criminales del juicio de Núremberg) CONTRA LOS CRIMINALES DE GERNIKA OBLIGÓ A LOS VASCOS CONDENADOS A MUERTE EN BURGOS A LUCHAR POR SALVAR EUZKADI. ¡MUERA ESPAÑA!».

El historiador Alberto Reig fijó la clave de la cuestión en su artículo de 1987 Guernica como símbolo:

«Guernica se ha convertido en una bandera ideológica por encima de su estricta realidad histórica (…) El bombardeo de Guernica no solo tiene un enorme significado político, más allá de la estricta realidad de los hechos, sino que también ha pasado a representar un hito más en la lucha del pueblo vasco —a lo que ha contribuido determinantemente el régimen franquista— por su reconocimiento pleno como comunidad diferenciada, frente al torpe nacionalismo unitarista del fascismo español».

Es decir, que el bombardeo de Guernica demuestra una vez más, lamentablemente, que lo importante no es la veracidad con la que se relaten los hechos, sino el sentimiento que se provoca con el relato y el rédito político que se pueda sacar de ello.

¿Ley de memoria o sed de venganza?

Dados sus borrascosos horizontes electorales, refrescan los socialistas su recurso favorito: el guerracivilismo. Pues con la modificación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 pretenden disputar a un Podemos en bajamar los votos de la izquierda más malintencionada, esa que se mueve a golpe de vísceras. En una España con un paro insoportable y un golpe de Estado encima de la mesa, lo urgente es reactivar la malhadada ocurrencia del venenoso Zapatero para volver a enfrentar a los españoles ochenta años después.

Ya en la exposición de motivos se desvela el fraude totalitario: «La historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silenciamiento de los vencidos», clama el texto. Pero de lo que aquí se trata es, precisamente, del silenciamiento de los vencedores. Y también menciona el deseo de hacer un «esfuerzo reparador a favor de quienes comprometieron su vida y su libertad en la lucha por la democracia y las libertades», y entre ellos menciona expresamente a los brigadistas internacionales, chiste digno de los hermanos Marx.

Como argumento de autoridad, esta exposición de motivos apela a la de su antecesora, en la que se afirmaba con rotundidad que «nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y la dignidad de todos los ciudadanos». Estamos de acuerdo. Pero ¿se estaría refiriendo, por ventura, a lo que hizo el PSOE en 1934?

El proyecto socialista propone declarar el 31 de octubre, fecha en la que se aprobó la Constitución en el Parlamento, día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura. Es decir, proclama que la Constitución de 1978 es la plasmación política de la venganza sobre los vencedores del 39. ¿Ignoran nuestros desmemoriados socialistas que dicha Constitución está fundamentada precisamente en lo contrario, en la ausencia de victorias y derrotas y en la reconciliación de todos los españoles de todas las opciones políticas?

Más adelante proclama el «derecho inalienable de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes». ¿Y la mejor manera de conseguirlo es que el Estado establezca unilateralmente esa verdad? Verdad que, como se señala, será incluida en los programas educativos de todos los niveles, incluida, naturalmente, la formación de los profesores.

Para construir esa verdad, los socialistas desean la creación de la «Comisión de la Verdad». ¿Cabe algo más totalitario, más despótico, más asfixiante? ¿Cómo se articula semejante aberración soviética en un régimen democrático como el español? Si Orwell hubiera conocido al PSOE, no habría tenido que inventar nada para su 1984.

Detalle muy revelador es el de que «el lapso temporal del trabajo de la Comisión de la Verdad abarcará el periodo histórico que se inicia con el comienzo de la Guerra Civil Española en julio de 1936 y termina con la aprobación de la Constitución española el 6 de diciembre de 1978». Es decir, lo que sucedió entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936 no tiene importancia: ni el caos, ni la desaparición del Estado, ni los tres mil muertos por violencia política, ni los muchos miles de heridos, ni los infinitos atentados, huelgas, saqueos, incendios, destrucciones, palizas, detenciones arbitrarias, robos, asaltos y todo tipo de desmanes ocurridos durante aquel régimen. Nada de eso cuenta. Lo único que cuenta es que una mañana de julio Franco y los demás, odiando como odiaban tanta libertad y tanta democracia, decidieron dar un golpe de Estado para acabar con ellas.

Otra prueba de que no se trata de sembrar la concordia sino de bendecir maniqueamente el bando republicano y maldecir el nacional es el artículo 28-1, en el que se prohíbe «la exhibición de simbología de exaltación de la Guerra Civil y Dictadura en cementerios públicos», pero nada se dice de los muchos monumentos que en dichos cementerios exaltan el bando contrario. Y se instalarán placas explicativas en los llamados «lugares de Memoria», es decir, allí donde el bando nacional hubiera cometido «crímenes de lesa Humanidad o contrarios a los Derechos Humanos». Todo ello, claro está, tras cuarenta años de minuciosa eliminación de todo recuerdo de los crímenes cometidos por los republicanos.

Uno de los aspectos más preocupantes de la propuesta es que serán declaradas ilegales las asociaciones que realicen apología del franquismo, el fascismo y el nazismo. En primer lugar, ¿qué pintan aquí el fascismo y el nazismo? Y en segundo, ¿por qué no se incluyen otras ideologías que llevan sobre sus espaldas muchos millones de muertos, como el socialismo y el comunismo? ¿De esas sí se puede hacer apología? Si alguien menciona, por ejemplo, la violencia insostenible de 1936 o el desarrollo económico experimentado por España durante el régimen franquista, ¿estará enalteciéndolo y habrá de dar con sus huesos en la cárcel de seis meses a dos años? Y si encima se le ocurre pronunciar tan tremendas palabras en un aula, ¿habrá que añadirle la inhabilitación de tres a diez años? ¿Dónde queda la libertad de expresión y la de cátedra? Es decir, ¿dónde queda la Constitución de 1978? Y, por si fuera poco, los tribunales de la nueva Inquisición socialista ordenarán la destrucción, borrado o inutilización de los libros pecaminosos. Y de las páginas de Internet en caso de que el contenido hubiera sigo colgado en el ciberespacio. La dictadura total.

Uno de los argumentos esenciales en defensa de esta sinrazón es la equiparación del régimen franquista con los de Hitler y Mussolini, de lo que se infiere el envío de aquel al Averno en compañía de estos últimos. Interminables discusiones ideológicas aparte, la damnatio memoriae de Hitler y Mussolini se decretó, por parte de los vencedores extranjeros, en el mismo momento en el que perdieron su guerra; y en España se pretende lo mismo, por parte de un régimen democrático español sin vencedores ni vencidos, ochenta años después de que Franco ganara la suya. Premio para el que encuentre las cuatro diferencias.

Pero de nada valen los argumentos, pues los aplicantes de la Ley de Memoria Histórica, en todos los niveles gubernativos y administrativos, se caracterizan por su fétida mezcla de ignorancia, incapacidad, fanatismo y resentimiento.

Finalmente, la propuesta socialista proclama, con inalcanzable hipocresía, su interés en «adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos». Pero, muy al contrario, lo que se consigue con toda esta agitación del odio por motivos electoralistas es que quien, como el que suscribe, no es ni franquista, ni falangista ni carlista por los mismos motivos por los que no es ni alfonsino, ni jaimista, ni isabelino, ni cristino, ni fernandino, ni austracista, ni borbónico, ni isabeliano, ni beltranejista, ni rodriguista, ni witizano, ni leovigildista ni hermenegildista, proclame solemnemente su satisfacción con efectos retroactivos por la victoria de Franco sobre la barbarie, el caos y la peste bolchevique de la Segunda República, victoria que salvó a España para la civilización y dio origen al régimen que, con todas sus virtudes y todos sus defectos, construyó el bienestar y el progreso que hicieron posible la llegada pacífica y consensuada del actual.

Reivindicación franquista de Antonio Machado

Para agitar un poco más la Guerra Civil, Pedro Sánchez ha viajado al sur de Francia a reivindicar la Segunda República mediante el homenaje a dos ilustres republicanos allí enterrados, Manuel Azaña y Antonio Machado. Según el inquilino de la Moncloa, este homenaje ha llegado «tarde, muy tarde», y ha tenido que ser él quien les muestre «el respeto de su patria que un día les fue negado». Centrémonos hoy en Machado y comprometámonos a dedicar otro rato al presidente Azaña.

Porque el poeta, simpatizante de los partidos izquierdistas, fue un activo propagandista del bando republicano, miembro de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética y admirador de Stalin:

«Moscú, aunque salude con el puño cerrado, es la mano abierta y generosa, el corazón hospitalario para todos los hombres libres, que se afanan por crear una forma de convivencia humana que no tiene sus límites en las fronteras de Rusia. Desde su gran revolución, un hecho genial surgido en plena guerra entre naciones, Moscú vive consagrado a una labor constructora, que es una empresa gigante de radio universal (…) La Rusia actual, la Gran República de los Soviets, va ganando, de hora en hora, la simpatía y el amor de los pueblos; porque toda ella está consagrada a mejorar las condiciones de la vida humana, al logro efectivo, no a la mera enunciación, de un propósito de justicia».

Estos párrafos, y algunos más de contenido parecido, habrían bastado para justificar, en el ardor bélico de aquel tiempo, la enemistad hacia Machado de una España nacional recién vencedora de un bando republicano aliado de la Unión Soviética. Sin embargo, en noviembre de 1940, pocos meses después de su muerte en Colliure, se publicaba en Madrid el primer número de la revista falangista Escorial, dirigida por Dionisio Ridruejo y Pedro Laín Entralgo, destacados dirigentes de la propaganda del nuevo régimen. Con el título El poeta rescatado, Ridruejo incluyó en él, «como escritor falangista con jerarquía de gobierno», un emocionado artículo de homenaje a quien había sido su maestro en años pasados y su enemigo político en los recientes, artículo que habría de encabezar las obras completas de Machado editadas un año más tarde. Confesando su «amor, ternura y admiración» por él, afirmó que «ningún otro poeta contemporáneo ha entrado en mí más hondo» y que «con muy pocas reservas, le creo el poeta más grande de España desde el vencimiento del siglo XVII hasta la fecha». Y, lamentando que se hubiera alineado con el bando enemigo, le reivindicó con estas palabras:

«Basta ojear las páginas de este libro para asegurarse que, pese a todo, nosotros no podemos resignarnos a tener a Machado en un concepto de poeta nefando, prohibido y enemigo. Por el contrario, queremos y debemos proclamarlo —cara a la eternidad de su obra y de la vida de España— como gran poeta de España, como gran poeta nuestro».

Esta admiración por la obra de Machado no fue exclusiva de Ridruejo. Por ejemplo, el jesuita guipuzcoano Antonio Garmendia de Otaola publicó en 1949 Lecturas buenas y malas a la luz del dogma y de la moral, enciclopédico repaso de la literatura universal de considerable influencia entre el público lector deseoso de orientación moral. No es fácil encontrar en las páginas de Garmendia un autor que se salve. De Homero a Baroja, pasando por Boccaccio, Balzac, Cervantes o Quevedo, siempre aparece algún defecto, ya sea la inmoralidad, el ateísmo, la procacidad o el antipatriotismo. Ni siquiera se libraron de su veto algunos notorios defensores del régimen, como Azorín o Jardiel Poncela. Este último, tan ardiente apologista de Franco que prefería llamarle «san Francisco Franco Bahamonde», recibió el Premio Nacional de Teatro en 1947, lo que Garmendia consideró un enorme desafuero «porque no conseguimos explicarnos que en la patria de los mártires por Dios y por España se haya podido propinar un bofetón tan claro a la decencia nacional». También rechazó la concesión del Premio Nacional de Literatura en 1943 al falangista Rafael García Serrano por La fiel infantería, libro condenado —y retirado y no vuelto a publicar hasta 1958— por el cardenal Pla y Deniel por juzgarlo escéptico y volteriano y considerar inadmisible que los soldados nacionales fueran de putas y dijeran palabrotas. Por el contrario, el republicano Antonio Machado mereció ser definido por el censor como «poeta de la expresión clara y el pensamiento hondo», y su obra, como «lo más valioso de nuestra poesía del siglo XX».

Del interés prestado a la obra machadiana a lo largo del régimen franquista es buena prueba el libro que Concha Espina publicó en 1950, De Antonio Machado a su grande y secreto amor, en el que sacó a la luz las cartas, hasta entonces inéditas, que el poeta había dirigido a una enamorada anónima cuya identidad —la poetisa Pilar de Valderrama— no se desvelaría hasta 1981.

La obra de Machado se reeditó continuamente y se estudió de forma destacada en todos los colegios de España. Un solo ejemplo: el manual de Literatura española contemporánea de la editorial Anaya (Lázaro Carreter y Correa Calderón, 1964), calificó Campos de Castilla como «una de las cumbres de nuestra poesía contemporánea», La tierra de Alvargonzález como «la pieza maestra de la poesía narrativa contemporánea» y Una España joven como una «obra excepcional» dentro de las de «tema patriótico», de «fundamental presencia» en la obra machadiana.

Cuarenta y cuatro años después de su muerte, Pedro Sánchez desea sacar a Franco de su tumba por los mismos motivos electorales por los que ha visitado la de Machado para ofrecerle el «respeto de su patria que un día le fue negado». Sánchez, evidentemente, ignora lo arriba explicado, del mismo modo que también ignorará algunos párrafos del poeta sevillano —aunque él le crea soriano— que quizá le conviniese conocer:

«De aquellos que se dicen gallegos, catalanes, vascos, extremeños, castellanos, etc., antes que españoles, desconfiad siempre. Suelen ser españoles incompletos, insuficientes, de quienes nada grande puede esperarse (…) Razón tienes, diosa mía, cuando me dices que la República —¡tan deseada!, yo confieso haberla deseado sinceramente— nos ha defraudado un poco. La cuestión de Cataluña, sobre todo, es muy desagradable. En esto no me doy por sorprendido, porque el mismo día que supe el golpe de mano de los catalanes lo dije: los catalanes no nos han ayudado a traer la República, pero ellos serán los que se la lleven. Y en efecto, contra esta República, donde no faltan hombres de buena fe, milita Cataluña. Creo con don Miguel de Unamuno que el Estatuto es, en lo referente a Hacienda, un verdadero atraco, y en lo tocante a enseñanza, algo verdaderamente intolerable».

Durante el franquismo, régimen dictatorial surgido de una guerra civil en el que unos partidos ejercieron de vencedores y otros de vencidos, se homenajeó sin matices ni problemas la obra de un poeta que había militado entre estos últimos. Pero hoy, en un régimen democrático en el que, por su propia esencia, no puede haber ni vencedores ni vencidos, se prohíben homenajes a la obra de Agustín de Foxá por facha.

La excusa antifranquista

La izquierda española, enferma de frustración y resentimiento, saca el cadáver de Franco del Valle de los Caídos porque, según ha explicado una ministra de cuyo nombre no puedo acordarme, los vencidos del 39 consiguen con ello su primera victoria. La Constitución de 1978, barrida de un plumazo.

Pero, ya que se impone la actualidad catalana, engarcemos la profanación de la tumba por los socialistas con la incineración de Cataluña por los separatistas. Porque uno de los principales mitos fundacionales del régimen de 1978 consiste en acusar a Franco de ser el mayor fabricante de separatistas por haber provocado en Cataluña el rechazo a España. Si así hubiese sido, dicho rechazo tendría que haberse manifestado intensamente en las primeras elecciones tras la muerte de Franco, con las supuestas heridas todavía en carne viva. Pero en aquellas elecciones (junio de 1977) el voto separatista, representado por ERC y afines, alcanzó un insignificante 4,72 %. Otro 16,68 % fue el resultado del Pacte Democràtic per Catalunya, la coalición encabezada por Jordi Pujol, en aquel entonces explícitamente autonomista y ajena al separatismo. En las elecciones de abril de 2019, tras cuarenta y dos años de régimen democrático y autonómico, el resultado conjunto de todas las opciones separatistas, de diversas intensidades y matices, alcanzó el 54,27 % (ERC 24,59 %, ECP-Guanyem 14,89%, JxCat 12,05, Front Republicá 2,74 %). Teniendo en cuenta que Franco murió hace casi medio siglo y que aproximadamente la mitad del electorado actual nació durante el régimen democrático, la conclusión es evidente: el fabricante de separatistas no ha sido ninguna opresión por parte del régimen de Franco, sino el lavado de cerebro totalitario por parte del de Pujol.

El lavado efectuado mediante aulas y televisiones es tan evidente que no merece la pena gastar tinta en explicarlo. Pero lo curioso es que, cuando se menciona el adoctrinamiento infantil por el totalitarismo catalanista, inmediatamente salta al terreno de juego el comodín de Franco: «¡Pues anda que la Formación del espíritu nacional!». Sin embargo, el problema del argumento «¡Pues anda…!» es que, aun pretendiendo transferir la culpa a la otra parte, lo que realmente consigue es confesar la propia. Y además dicha confesión, al haber sido empleada para establecer un paralelismo con un régimen dictatorial, hunde doblemente la pretensión del catalanismo de presentarse como democrático. Del catalanismo ¡y del republicanismo!, pues para adoctrinamiento político de los niños, el que puso en funcionamiento el Ministerio de Instrucción Pública del Frente Popular en 1937 con su Cartilla escolar antifascista: un silabario para enseñar a leer a los niños cuya voluntad totalitaria y de abuso infantil hace palidecer cualquier otro ejemplo de cualquier otro régimen. Ya desde la introducción se dejaban las cosas claras:

«Hemos procurado que todas las frases consignadas tengan un contenido a tono con la lucha heroica que está sosteniendo el pueblo español contra los traidores a España, aliados a los invasores extranjeros. La lucha por la cultura del pueblo español, que la reacción mantenía en la ignorancia y el analfabetismo, va unida inseparablemente a la lucha ideológica y política contra el fascismo. El pueblo español está derrotando al fascismo con las armas en la mano. Los maestros y todos los trabajadores de la cultura deben hacer honor a este ejemplo, derrotando también al fascismo con los libros y con la pluma».

Y tras subrayar que este silabario no ha sido recordado jamás cuando se habla del adoctrinamiento político infantil, he aquí las frases, fragmentadas en letras y en sílabas, con las que los niños debían dar sus primeros pasos en la lectura durante la muy democrática España republicana:

«República democrática; Todos camaradas; Obediencia al Gobierno legítimo; El Gobierno de la República es el Gobierno del Pueblo; El comisario político nos orienta; La retaguardia debe colaborar con la vanguardia; Pablo Iglesias, fundador del partido socialista español; ¡Proletarios de todos los países, uníos!; Durruti murió luchando por la libertad; Lenin, nuestro gran maestro; Venceremos al fascismo; El Frente Popular nos lleva al triunfo; La tierra para el que la trabaja; El Gobierno de la República nos entrega la tierra; La Unión Soviética nos ayuda; El fascismo es la esclavitud y la barbarie; Después de vencer al fascismo tendremos una España próspera y feliz».

Pero, regresando a la actualidad, ni siquiera la comparación franquista hace justicia al totalitarismo catalanista. Efectivamente, el régimen del 18 de julio imitó en sus primeros años los ejemplos de los regímenes totalitarios que en aquel tiempo marcaban tendencia en Europa: sobre todo, como es lógico, la Italia mussoliniana y la Alemania hitleriana, pero no hay que olvidar, aunque pueda parecer paradójico, la Unión Soviética, primera potencia mundial en control del pensamiento y adoctrinamiento de las masas. Y así apareció el Frente de Juventudes, principal iniciativa del régimen para el encuadramiento y adoctrinamiento de los jóvenes. Pero según el curso de la guerra se torcía para el Eje, el régimen español fue eliminando, tanto en la forma como en el fondo, sus facetas más cercanas al totalitarismo. Por eso el Frente de Juventudes acabaría desapareciendo y dejando paso a la despolitizada OJE. La última reliquia del interés adoctrinador del régimen franquista fue la famosa Formación del espíritu nacional, asignatura sobre la que ponen la lupa quienes necesitan agitar el ectoplasma franquista para esconder las culpas propias.

Pero, para disgusto de los totalitarios hodiernos, hasta ese paralelismo se queda corto. El objeto de aquella asignatura fue el estudio de la historia de España y del régimen jurídico de aquellos días. En cuanto a la primera, quienes tuvieron que estudiarla —así como quienes consulten hoy los textos de entonces— pueden atestiguar que se trató de un relato, aunque orientado por el nacionalcatolicismo imperante, mucho más serio que los disparates impartidos hoy en las madrasas separatistas. Y el componente jurídico podría equipararse a la enseñanza actual de la Constitución y otras normas que configuran la base de nuestro ordenamiento. Pero lo más importante es que aquella asignatura tuvo una importancia decreciente con el paso de los años y fue siempre una maría a la que no se prestaba demasiada atención, en la que solía darse el aprobado general y que a menudo quedaba a cargo del profesor de gimnasia. Hasta hubo profesores de ella, y redactores de sus textos, que acabarían de diputados socialistas…

Por el contrario, el adoctrinamiento separatista actual ha ido ganando paulatinamente intensidad en los sistemas educativos autonómicos hasta el punto de impregnar asignaturas y actividades de todo tipo, incluido el tiempo de recreo, como diseñaron sabiamente hace cuarenta años los ideólogos de CiU con el objetivo primordial de enseñar a los niños a odiar. Y, por supuesto, para lograrlo es necesario que no haya voces discordantes. Como ha explicado recientemente el profesor Francisco Oya, promotor de Las Termopilas, plataforma que agrupa a profesores, mozos de escuadra y otros funcionarios acosados por no ser separatistas, el gobierno catalán

«sume al funcionario disidente con el separatismo en una situación de acoso laboral y social, a ser posible empujándolo a la depresión y destruyéndolo como persona con el fin de neutralizarlo completamente. Es habitual la instrucción de expedientes disciplinarios sin ninguna base y alimentados con falsedades. También la familia de los afectados, singularmente los hijos en edad escolar, acostumbran a ser blanco de los ataques supremacistas».

Y resume así la posible comparación con el régimen franquista:

«El miedo a ser sancionado es algo que no sucedía en la época de Franco. Cuando yo comencé a dar clase, todos los profesores eran por oposición y, excepto quienes daban Formación del espíritu nacional, había trotskistas y maoístas que hablaban abiertamente. Eso ahora es imposible. Cualquier profesor que diga que es del PP o Ciudadanos es señalado. Ese es el tipo de sociedad que ha creado el procés».

Todo esto, en conjunción con unos medios de comunicación en régimen de monopolio y con cuya omnipresencia el régimen franquista no pudo ni soñar, ha logrado crear una atmósfera social cuya existencia se tiene por natural y de la que resulta muy difícil escapar. ¡Esto sí que es totalitarismo!

¿Será casualidad que ronde los veinte años la edad media de los pimpollos que iluminan la Ciudad Condal con sus hogueras para protestar contra una división de poderes que su analfabetismo les impide comprender?

Aunque haya coincidido con la profanación de su tumba para agitar odios políticos con un siglo de retraso, no le echemos esta vez la culpa a Franco, a su régimen y a sus asignaturas. La edad de los protagonistas lo prueba: la culpa es del todopoderoso Pujol, de sus aliados de la Moncloa y del Estado de las Autonomías.

Regreso al Edén

Se ha explicado muchas veces: uno de los elementos claves del nacionalismo, de cualquier nacionalismo en cualquier parte del mundo, consiste en la reivindicación de un paraíso perdido, de un edén nacional que fue violado por el enemigo y que los presentes están obligados a recuperar.

Los casos españoles (con perdón) son clarísimos: el primero, el de aquellos vascos cuya «independencia originaria», tan antigua como la existencia de los cromañones, se perdió el día en que fueron invadidos por los españoles. Por sorprendente que parezca, no hay acuerdo sobre la fecha de la pérdida: a veces se echa mano de la cantinela del domuit vascones aunque sea un cuento chino; otras veces aparece alguna extraña invasión castellana en la Edad Media; en otras se viene más cerca, hasta los tiempos de Espartero o los de Cánovas; y luego está la definitiva «reinvasión» (término de reciente invención) de Franco en 1937, de la que surge la alucinación de las «fuerzas de ocupación» que sirvió de excusa para los crímenes de ETA. El segundo caso, por supuesto, es el de aquellos catalanes que vivían chapoteando en oro en una Cataluña independiente que desapareció con la invasión española. Estos al menos indican la fecha exacta de la pérdida del Edén, más modesta que la antediluviana vascongada: el 11 de septiembre de 1714. Otros han intentado seguir su ejemplo, como esos que, creyéndose nietos de Breogán, añoran una democrática Galicia prehistórica; o esos andaluces que sitúan su paraíso perdido en los harenes musulmanes.

El mismo fenómeno edénico se da en la otra orilla del Atlántico desde hace dos siglos: la reivindicación de un idílico pasado preeuropeo que los americanos de hoy deberían recuperar para construir el paraíso en la tierra. Lo más divertido del asunto es que los indigenistas, que deben de imaginar las sangrientas civilizaciones precolombinas como modelos de progresismo y democracia, se reclutan tanto entre los amerindios, descendientes de los conquistados, como entre los blancos, descendientes de los conquistadores y de las posteriores oleadas inmigratorias provenientes de Europa. Y como los indigenistas de allende se han tragado el disparate de que comparten la categoría de conquistados con los separatistas de aquende, suelen hacer causa común con ellos: de ahí la proliferación de americanos acogidos en España que se apuntan al separatismo. Los nombres de la ingratitud son tan conocidos que no mancharemos con ellos estos párrafos. Separatismo o indigenismo, ambas patologías políticas fueron definidas certeramente por Ortega hace ya un siglo:

«La única diferencia radical entre la historia humana y la historia natural es que aquella nunca puede comenzar de nuevo. Romper la continuidad con el pasado, querer comenzar de nuevo, es aspirar a descender y plagiar al orangután».

Pero todavía hay un tercer tipo de edenismo que añadir a los dos anteriores: el izquierdista. Y todos ellos comparten dos características que los definen. La primera, de rabiosa actualidad: el afán de reescribir la historia para dominar el presente y construir la utopía del futuro. En el caso de los indigenistas, se manifiesta en el eterno llanto por lo que sucedió en suelo americano desde 1492. En el caso de separatistas e izquierdistas, su afán es tan evidente desde hace tanto tiempo, ocupa tantas páginas de periódico y tantas horas de televisión que no precisa mayor comentario.

La segunda característica común, de devastadora potencia, es el resentimiento. Porque sin esta baja pasión no se explican ni el indigenismo, ni el separatismo ni el izquierdismo. Por unas u otras causas, con unas u otras excusas ideológicas, la clave está en que todos ellos son unos incurables resentidos: resentidos con España porque es grande y su provincia es pequeña; resentidos con una de las naciones más importantes de la historia de la Humanidad porque su neonacioncita inventada no pasa de tribu; resentidos con los hispanohablantes porque su lengua regional no tiene alcance mundial; resentidos con los blancos porque ellos son marrones; resentidos con la madre patria porque, dos siglos después la emancipación, siguen sin librarse de la pobreza, la ineficacia y el desorden; resentidos con quienes ganaron la guerra civil hace casi un siglo; resentidos con quienes construyeron una transición pacífica que impidió la ruptura vengativa que ellos deseaban; resentidos con ellos mismos, con el destino o con el mundo entero porque no tienen tanto dinero como el vecino, o porque son feos, o porque nadie les toma en serio, o porque son tontos, o porque son ignorantes, o porque son unos inútiles.

Para terminar, olvidémonos por un momento de la pesadez separatista y centrémonos en esa izquierda cobarde y sin embargo sedienta de victorias, venganzas y enemigos, a ser posible los sepultados hace cuarenta años, ya que los vivos se pueden defender. Porque en 1974, la siniestra Dolores Ibárruri dejó claro, en una entrevista al semanario italiano Il Borghese, el proyecto de la izquierda española de retrasar el reloj de la historia hasta 1936 para comenzar de nuevo desde allí, pero esta vez venciendo ellos:

«Hemos esperado durante treinta y nueve años, y esperaremos algún año más, pero después nuestra venganza durará cuarenta veces treinta y nueve años. Se lo prometo».

Medio siglo después, Zapatero el memorioso y Sánchez el necrófilo continúan con la venganza.

¿Vencedores o vencidos?

Se ha repetido un millón de veces: la historia la escriben los vencedores, pues sobre los vencidos cae el castigo añadido del silencio. Así ha sido siempre. Pero hay una extraña excepción: la guerra civil española, sobre la que se han escrito miles de libros y cuya narración dominante, tanto en España como en el extranjero, es, sin duda alguna, la simpatizante con el bando derrotado. ¿Será, pues, el único caso en el que la historia de una guerra no ha sido legada a la posteridad por la pluma de los vencedores?

Los hechos parecen confirmarlo. Por ejemplo, el dominio aplastante de la propaganda izquierdista en el cine. Desde hace medio siglo no hay película sobre la Guerra Civil que no responda al esquema maniqueo de unos nacionales crueles, feos, estúpidos y antipáticos defendiendo la opresión frente a unos republicanos bondadosos, guapos, inteligentes y generosos luchando por la libertad. Las películas antifranquistas filmadas durante el régimen democrático se cuentan por docenas, mientras que del enfoque contrario no hay ninguna. Y las películas de propaganda producidas durante el régimen franquista no pasaron de un puñado, casi todas de la inmediata postguerra y que pronto dejaron paso a un cine poco o nada interesado en la propaganda ideológica.

En cuanto a la historiografía, la hegemonía prorrepublicana es igualmente abrumadora. Las voces que se alzan contra la versión dominante son condenadas al silencio, y los pocos casos que consiguen cierta relevancia, como Pío Moa, acaban sepultados bajo el insulto. Naturalmente, los libros escolares siguen la misma pauta. El último paso es la pretensión del gobierno socialista de que dudar de la visión establecida como oficial esté penado con multas, cárcel, secuestro de libros e inhabilitaciones.

Todo esto parece claro, pero el punto que merece alguna reflexión es el del propio concepto de vencedores y vencidos. Y en esto tiene mucho que ver la batalla por la imagen, ganada en 1936 por el bando rebelde. Porque, a pesar de la hostilidad con la que fue recibido por unas democracias que no deseaban la instalación en España de un régimen amigo de Italia y Alemania, las atrocidades republicanas, tanto anteriores como posteriores al 18 de julio, acabaron convenciéndoles de que la República española no era un régimen democrático, sino una revolución bolchevique. Por eso no recibió ayuda ni de Francia, ni de Inglaterra ni de los Estados Unidos. El «Blood, blood, blood!» con el que Churchill rechazó saludar al embajador republicano en Londres lo resume perfectamente. Solo la URSS la apoyó, por motivos ideológicos obvios.

Por el contrario, los nacionales fueron tolerados a regañadientes por quienes no tardarían en convencerse de que era mejor una victoria de Franco, incluso con la ayuda de Hitler y Mussolini, que un régimen títere de Stalin. En cuanto a estos tres dirigentes, conviene detenerse un momento en la cronología, ya que olvidarse de ella conduce a no comprender nada. Porque el núcleo de la condena a Franco no es otro que la ayuda recibida de los dictadores italiano y alemán. Esta vinculación con los regímenes fascistas es la que, mediante la invencible reductio ad Hitlerum, corta en seco cualquier intento de razonar sobre las causas, protagonistas y consecuencias de la Guerra Civil.

Pero cuando Franco consiguió la ayuda de Hitler y Mussolini, ambos estaban muy lejos de recibir la condena universal con la que fueron castigados in aeternum tras su aniquilación en 1945. Roosevelt se inspiró en Mussolini para muchas medidas de su New Deal, Churchill declaró que «si yo fuese italiano, vestiría la camisa negra de los fascistas de Mussolini» y Stravinsky proclamó que «no creo que nadie venere a Mussolini más que yo». También recibió loas de Emil Ludwig, Valle-Inclán, Pío XI y Gandhi. En cuanto a Hitler, si bien no despertó tantas simpatías por el temor que inspiraba el rearme alemán, también fue respetado por numerosas personalidades de todo el mundo, desde el rey británico Eduardo VIII y el ex primer ministro Lloyd George hasta el escritor noruego Knut Hamsun o el héroe nacional estadounidense Charles Lindbergh. Y su posterior archienemigo Churchill, a pesar de la desconfianza que siempre le provocó, escribió en 1935 que la recuperación de Alemania «es una de las hazañas más destacadas de toda la historia del mundo»; y en 1937, que «si mi patria fuese derrotada, desearía encontrar un campeón tan indomable como Hitler para restaurar nuestro coraje y recuperar nuestro lugar entre las naciones».

Por lo que se refiere a sus crímenes, cuya sombra se pretende extender sobre Franco, no hay que olvidar que el momento en el que suele fecharse la decisión sobre la llamada solución final fue la Conferencia de Wannsee, celebrada en 1942, seis años después del comienzo de la guerra española. Por el contrario, en 1936 la URSS de Stalin ya tenía a sus espaldas muchos millones de muertos por la revolución, las purgas, la deskulakización y el Holodomor. La cronología es indiscutible: el bando que se alió en 1936 con un régimen asesino de masas fue el republicano, no el nacional.

Pero todo esto cambió en 1945, pues tras la derrota del Eje todos sus aliados fueron condenados y todos sus opositores, absueltos, incluida una URSS que, por haber vencido, no tuvo su Núremberg. E incluso logró el absurdo de ser considerada campeona de la democracia, al igual que la República española. La mayor prueba de ello fue lo tratado en Potsdam por Truman, Churchill y Stalin. Pues cuando este último propuso invadir una España a la que consideró el único régimen fascista superviviente, los angloamericanos, aun admitiendo su desagrado por Franco, arguyeron que era mejor dejar a España en paz, que no representaba ningún peligro para el mundo y que, al fin y al cabo, no se había mostrado hostil contra ellos cuando, en 1940-41, podría haberles puesto en graves aprietos si hubiera entrado en la guerra al lado de Hitler. Stalin, aparte de recordar la División Azul, insistió en que el régimen de Franco se había instalado gracias a la colaboración de Hitler y Mussolini, pecado original que no compartían otras dictaduras como la portuguesa y por el que debía ser barrido de la faz de la Tierra.

Los derrotados del 39 fueron los vencedores del 45, momento en el que, treinta años antes de la muerte de Franco, arrancó la buena imagen del bando republicano y la mala del bando nacional. A lo que se añadiría la traición de una Iglesia que le debía la vida.

Por eso socialistas y comunistas llevan ochenta años proclamándose vencedores morales de la guerra. Y por eso se equivoca la ministra Dolores Delgado al proclamar entusiasmada que la profanación de la tumba de Franco es la primera victoria de los vencidos. Ni fueron vencidos ni esta es su primera victoria: gracias a su camarada Stalin, llevan venciendo desde 1945.

Largo Caballero y la Ley de Venganza Histórica

Stalin, que de tonto no tenía un pelo, estaba preocupado por la mala imagen del bando republicano. Sabía que a sus aliados españoles no les convenía aparecer ante el mundo como un régimen comunista, puesto que ello provocaría la hostilidad de países como Francia y Gran Bretaña, evidentemente antifascistas pero al mismo tiempo temerosos de que en Europa occidental se afianzase otro régimen de estilo soviético. Así que en diciembre de 1936 envió una carta al presidente del gobierno, el socialista Largo Caballero, recomendándole aparentar ciertas formas parlamentarias y coexistir con otras opciones políticas, sobre todo la Izquierda Republicana del presidente Azaña:

«No se debe rechazar a los dirigentes republicanos [de Izquierda Republicana] sino que, por el contrario, hay que atraerlos y acercarlos más al gobierno. Sobre todo, es necesario asegurar el apoyo de Azaña y su grupo al gobierno y hacer todo lo posible por vencer sus vacilaciones. Esto es necesario para evitar que los enemigos de España la consideren una república comunista e impedir así su intervención abierta, que constituye el mayor peligro para la España republicana».

Pero Largo Caballero respondió al dictador soviético que nadie en el bando republicano tenía interés en aparentar ser una democracia:

«Independientemente de la suerte que reserve el futuro a la institución parlamentaria, entre nosotros, incluso entre los republicanos, no tiene partidarios entusiastas».

No se pudo acusar al que fuera presidente del PSOE de insinceridad. A lo largo de su vida expresó en numerosas ocasiones, tanto de palabra como por escrito, sus diáfanas opiniones políticas. He aquí un breve ramillete de ellas:

—Quiero decirles a las derechas que si triunfan tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos.

—La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución.

—La transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas. Estamos ya hartos de ensayos de democracia; ¡que se implante en el país nuestra democracia!

—En las elecciones de abril de 1931 los socialistas renunciaron a vengarse de sus enemigos y respetaron vidas y haciendas; que no esperen esa generosidad en nuestro próximo triunfo. La generosidad no es arma buena. La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan, pero que luego justifica la Historia.

—Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral, y ese periodo es la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos.

—Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución, tendremos que conquistarlo de otra manera.

—Vamos, repito, hacia la revolución social. Mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad. Y en tal caso, camaradas, habrá que obtenerlo por la violencia.

—Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una república burguesa, sino la bandera roja de la revolución socialista.

—Hay que apoderarse del poder político; pero la revolución se hace violentamente: luchando, y no con discursos.

—No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad.

Tras las palabras, los actos. Porque Largo Caballero fue el presidente del Gobierno desde el 4 de septiembre de 1936 hasta el 17 de mayo de 1937, tiempo en el que se cometieron muchos miles de crímenes por motivos políticos y religiosos. Además, fue el principal responsable de la entrega de armas a partidos y sindicatos que el recién nombrado presidente Giral se vio obligado a ordenar el 19 de julio ante las amenazas de Largo Caballero de desatar la rebelión obrera. Tras aquella romántica decisión de poner en manos de las hordas frentepopulistas todo tipo de armas, desapareció lo poco que quedaba del imperio de la ley y se desató el inaudito baño de sangre por el que el bando republicano mereció el descrédito internacional que acabaría provocando como consecuencia más importante la pérdida de la guerra.

Con la Ley de Memoria Histórica en la mano se han eliminado de calles, plazas y todo tipo de construcciones las efigies y nombres de numerosas personalidades del régimen franquista, desde ministros hasta gobernadores o alcaldes, a pesar de haber sido los artífices e inauguradores de muchos de esos lugares, con el argumento de que, por ejercer sus respectivas competencias, son responsables solidarios de todo cuanto hubiese sucedido en España durante su mandato. Por lo tanto, Largo Caballero, según dicha regla, sería responsable de miles de asesinatos ocurridos en el territorio republicano bajo su mandato como presidente del gobierno.

Pero no fue responsable solamente de eso, sino del propio estallido de la guerra, como le responsabilizaron, a él en persona, republicanos de la eminencia de Claudio Sánchez-Albornoz y Salvador de Madariaga. Con estas contundentes palabras rebatió Madariaga la fábula de buenos y malos en la que se sostiene la propaganda izquierdista mundial desde hace ya casi un siglo y atribuyó a Largo Caballero la culpa principal del estallido de la guerra:

«Este era el estado de España en mayo de 1936. No se trataba de un choque entre la derecha y la izquierda, no se trataba de una sublevación de ese feudalismo tan caro a los adolescentes de todas edades y naciones que, armados de máquinas de escribir, invadieron España en 1936 para no ver en ella más que lo que ya traían en sus ojos ingenuos e ignorantes. Aquello fue sobre todo una aventura de Largo Caballero y de su fracción revolucionaria dentro del Partido Socialista, en violenta oposición con la voluntad nacional expresada en las elecciones del 16 de febrero y en contra también de la actitud evolucionista, leal a la República y constitucional de todos los dirigentes del régimen, desde Indalecio Prieto hasta Gil Robles, ambos inclusive, en violenta oposición también contra una parte considerable de su propio partido al que a tiros de revólver se negaba la palabra en los comicios. Este y no el artificial pintado por la pasión, la ignorancia o el prejuicio, es el verdadero cuadro de aquellos días. ¿Cómo extrañarse de que creciera el fascismo? No se arguya que la violencia socialista se debió a la violencia fascista, pues aun dejando aparte que una democracia socialista pudo haber tenido a raya la violencia fascista o de quienquiera que fuese sin salirse ni un ápice de la ley, no era contra los fascistas contra quienes tiraban los amigos de Largo Caballero en Écija, sino contra sus correligionarios socialistas culpables, por todo crimen, de aspirar a un gobierno de Frente Popular. Mucha tinta se ha vertido discutiendo si cuando se sublevaron los militares en julio de 1936 se estaba preparando o no un alzamiento de extrema izquierda. Largo Caballero no ocultó jamás su intención sobre este punto. Siempre fue su propósito llevar a España a una dictadura del proletariado».

Pero, en respuesta a la iniciativa de Vox para eliminar su nombre y efigie de varios espacios públicos, el gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias acaba de decidir que a Largo Caballero no se le puede aplicar la Ley de Memoria Histórica por haber sido el presidente legítimo de un gobierno democrático legítimo salido de las legítimas elecciones de febrero de 1936. Y, por lo tanto, es merecedor de la estatua de los Nuevos Ministerios madrileños y de calles en varias ciudades de España, pues no en vano fue un destacado defensor de la democracia y la libertad frente al fascismo.

Se ha demostrado mil veces desde su promulgación en 2007, pero con esta decisión gubernamental se ha vuelto a demostrar que la llamada Ley de Memoria Histórica del añorado Zapatero merecería el nombre, más apropiado, de Ley de Venganza Histórica, pues no persigue ni conservar la historia, ni promover la reconciliación, ni reinstaurar la justicia ni ninguna otra de las mentiras que se esgrimieron en su favor y que el analfabeto y eunuco PP fue incapaz de contrarrestar. El único objetivo de dicha ley fue vengarse, agredir, injuriar y humillar a una derecha actual a la que la izquierda ha proclamado continuadora de los vencedores de 1939. Y con ello, esconder la inmensa responsabilidad de —como denunciaron los autorizadísimos Alcalá-Zamora, Sánchez-Albornoz, Lerroux, Madariaga y Besteiro— el principal culpable de los cientos de miles de muertos provocados por la Guerra Civil española: el PSOE de Francisco Largo Caballero y Pedro Sánchez.

¡Franco, Franco, Franco! ¡Visca Espanya!

¡Ah, aquellos 1.o de octubre en Cataluña! ¡Menudas celebraciones se organizaban cada año cuando llegaba el Día del Caudillo!

Porque la muy franquista Cataluña se destacaba en su devoción por quien, tras cinco años de creciente caos republicano y tres de guerra y crímenes en la retaguardia gobernada por Companys, había restaurado el orden, la paz y la prosperidad.

Cada aniversario de la exaltación de Franco a la jefatura del Estado fue celebrado por el pueblo e instituciones catalanas con todo tipo de ceremonias, recepciones, discursos, concentraciones, manifestaciones, paradas militares, festejos y desfiles. Las banderas españolas adornaban edificios y balcones así como los barcos atracados en el puerto. Las instituciones públicas y las corporaciones privadas —cabildos, academias, cámaras, colegios profesionales, escuelas, universidad, etc.— se sumaban a los festejos y enviaban sus testimonios de adhesión.

De todo ello dio cumplido testimonio durante décadas la prensa catalana, con su buque insignia, La Vanguardia de Carlos de Godo Valls, refugiado en la Italia fascista durante la guerra y posteriormente procurador en Cortes, a la cabeza.

El primer 1.o de octubre tras la guerra, el de 1939, La Vanguardia encabezó la portada con un contundente «¡Dios guarde al Caudillo, como a España misma!». Y su editorial declaró lo siguiente:

«La Vanguardia, en este día —que es el primero de la conmemoración de referencia que se celebra, a la luz vibrante y orientadora de las antorchas de la paz, ya que las del triunfo la iluminaron desde el primer año— rinde el homenaje, no solo cordial de todos sus sentimientos entrañables, sino de su razón reflexiva puesta en el supremo fin de la salud de España, al hombre providencial que en la paz como en la guerra resume en su persona y en su misión la unidad del mandato histórico que la Patria le confiere (…) Esta es, pues, la esencia de la fiesta que celebramos al conmemorar el Día del Caudillo: la Unidad de España. Unidad con Franco. Unidad bajo el mando de Franco. Unidad para los Destinos de que Franco es indiviso custodio y depositario ante la Historia».

En la catedral se celebró un solemne oficio durante el que los coros interpretaron la Misa de Nuestra Señora de Montserrat. Y en el desfile posterior, junto a soldados y organizaciones del Movimiento, participaron entusiastas el Real Club Deportivo Español y el Fútbol Club Barcelona.

El año siguiente, 1940, la prensa informó sobre la ciudad engalanada con cientos de miles de banderas, sobre la enorme multitud que llenó el Paseo de Gracia por la mañana y sobre la magna corrida de toros celebrada por la tarde.

La Vanguardia resumió así la celebración de 1941:

«Barcelona entera vibró ayer, al unísono, de emoción española. Una vez más, esta bella capital mediterránea quiso reiterar su fervor y su devoción y su amor a la figura del Caudillo. La ciudad, asociándose de corazón a la fausta fecha, vistió desde el alba sus mejores galas y exornó sus edificios y embelleció sus calles con colgaduras, y sobre todo, con el símbolo sagrado e inmortal de los inmarcesibles colores patrios».

Y así la de 1942:

«Barcelona entera fue ayer una ciudad en fiesta, manifestada no solamente en el asueto de fábricas, talleres y despachos, sino también en la nota patriótica que colgaduras y banderas pusieron en los balcones de todas las casas, tanto en el centro de la urbe como en las barriadas, y que fueron una patente demostración de la gratitud que todos guardamos para el que nos redimió de la esclavitud comunista y antinacional».

Especialmente solemne fue la celebración de 1955, pues Barcelona contó con el privilegio de la presencia del homenajeado, que presidió el acto central en el salón del trono del Palacio de Pedralbes mientras miles de barceloneses se agolpaban en las cercanías para aclamarle. Así lo reflejó La Vanguardia:

«Que el Caudillo haya querido conmemorar en Barcelona el aniversario de su exaltación a la jefatura del Estado buscando precisamente en las vísperas de ese día su llegada a nuestra ciudad para que tal fecha adviniese durante su estancia aquí, es una nueva prueba de emocionado cariño y de alta consideración que Barcelona debe agradecer entrañablemente a Franco. La solemnidad del día, festejado siempre aquí con el lucimiento y el júbilo que merece, tuvo ayer caracteres verdaderamente nacionales que permiten sin hipérbole decir que en Barcelona estuvo ayer, como estará mientras el Caudillo se halle entre nosotros, la capitalidad del reino».

Los fastos del 1.o de octubre ocuparon durante cuarenta años la portada de La Vanguardia con una sola excepción, la de 1970, debido a la llegada a España, precisamente aquel mismo día, del presidente Nixon.

El año siguiente volvió a ocupar la portada, dedicada a la gran manifestación de apoyo a Franco celebrada en la plaza de Oriente de Madrid y titulada «Casi sin palabras»:

«Casi sin palabras tenemos que acompañar estas fotos del homenaje que ayer le fue rendido a Franco. Casi sin palabras, porque es imposible encontrar las frases capaces de expresar lo sucedido, de contar con un verdadero realismo lo que fue la explosión del fervor popular que tuvo por escenario la madrileña plaza de Oriente. Allí, dos protagonistas se encontraron frente a frente. Uno de ellos, el Generalísimo; el otro, el pueblo español. No creemos que ya nunca en futuras ocasiones puedan superarse horas de tan intensa emoción como estas, en las que el entusiasmo desbordado de más de un millón de personas demostraba en el presente y otorgaba como un legado a la historia, que Franco siempre estuvo al servicio de España y que España, desde hace treinta y cinco años, siempre lo tuvo como único Caudillo».

El último 1.o de octubre celebrado por La Vanguardia antes de su oportuna deriva hacia el separatismo fue el de 1975, con la última aparición de Franco en la plaza de Oriente un mes antes de su fallecimiento. Este fue su título: «Impresionante manifestación patriótica de homenaje a Franco. España por encima de todo».

Cataluña, siempre leal. Al poder.

El Barça ens roba

Allá por 1987, en memorable rapto de mentecatez ideológicamente causada, a Manuel Vázquez Montalbán se le ocurrió otorgar al Barça la categoría de «ejército de un país desarmado». Y cada vez que este ejército ganaba al Real Madrid, convertido al parecer en ejército del Estado Estatal, «Cataluña se resarcía un tanto de todas las guerras civiles que ha perdido desde el siglo XVIII» y compensaba «trescientos años de humillaciones históricas».

Aunque tampoco viene mal una derrota de vez en cuando, «a ser posible propiciada por los árbitros, para recuperar ese retrato de víctima privilegiada». Pues no es moco de pavo que Cataluña pueda remozar de vez en cuando tan alto privilegio ratificando, mediante esas derrotas injustas, «su condición metafísica de pueblo perdedor, de pueblo desgraciado, sometido al yugo tiránico de las hordas centralistas».

Por la boca muere el pez: «víctima privilegiada». No pudo elegir Vázquez Montalbán mejor adjetivo, vive Dios. Porque, efectivamente, si el Barça sigue existiendo hoy fue en buena medida por la graciosa voluntad de aquel gran benefactor de Cataluña que se llamó Francisco Franco.

Por ejemplo, el ejército catalán se salvó de la bancarrota gracias a que en agosto de 1965 el Caudillo firmó manu militari —nunca mejor dicho— la recalificación de los antiguos terrenos de Les Corts, que pasaron a ser edificables y cuyo notable aumento de precio permitió al club pagar las inasumibles deudas contraídas en la construcción del Camp Nou. Su solemne inauguración en 1957, por cierto, gozó de todos los sacramentos eclesiásticos, ministeriales y falangistas posibles, y estuvo plagada de banderas españolas, himnos que nadie pitó, trajes populares, barretinas y sardanas, esa danza que, como explicó el Nodo en la prohibidísima y perseguidísima lengua catalana, «és la dansa sencera d’un poble que estima i avança donant-se les mans».

Lo que sí es cierto, y se trata de un mérito que sería injusto olvidar, es que el Barça puede presumir de haber sido el único club de fútbol español que no concedió a Franco una medalla de oro. Porque le concedió dos. La primera en 1971, pues, gracias a la influencia de Joan Gich Bech de Careda, exdirectivo del Barça y a la sazón delegado nacional de Educación Física y Deportes, presidente del Comité Olímpico Español, consejero nacional del Movimiento y procurador en Cortes, el gobierno concedió al club a fondo perdido cuarenta y tres millones de pesetas de las de entonces para la construcción del Palau Blaugrana y el Palacio de Hielo. Por los favores prestados recibieron la medalla de oro el propio Gich, el ministro secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández-Miranda, y el jefe del Estado, Francisco Franco. Y tres años después, para celebrar el 75.o aniversario del club, la junta directiva se trasladó al palacio del Pardo para entregarle la segunda.

Aprovechó el comunista caviar Vázquez Montalbán aquella ocasión para denunciar que «el franquismo prefería que las masas gritaran en los estadios, los domingos de cinco a siete de la tarde, a cambio del silencio en las calles durante los días laborables». ¡Tremenda perfidia la de aquel régimen por alienar al proletariado con droga deportiva los domingos de cinco a siete! ¡Miedo da pensar en lo que podría haber logrado con las herramientas de las que dispone el régimen actual, en el que dicha droga, multiplicada por un millón, es inoculada en las conciencias a través de estadios, televisiones, prensa, radios e Internet siete días a la semana y veinticuatro horas al día!

Parece improbable que alguien ose negar la evidencia de que el maestro insuperable en estos asuntos de la futbolcracia es el Barça, ese club deportivo que no desaprovecha oportunidad para entrometerse en política. Su última acción, por el momento, ha sido informar de que «se adhiere al Pacte Nacional pel Referèndum, la campaña de adhesiones para recoger el apoyo de instituciones, entidades, electos y particulares, de dentro y de fuera de Cataluña, para la celebración de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña».

Cada uno puede decidir lo que le dé la gana, naturalmente, pero quizá conviniese ir reclamando a ese club que presume de ser más que un club que, antes de cerrar la puerta por fuera cual criada respondona, devuelva los muchos dineros, salidos de los impuestos de todos los españoles, recibidos de la generosidad del régimen franquista.

Las batallitas del abuelo

Para explicar la necesidad de la nueva dosis de enfrentamiento entre españoles llamada Ley de Memoria Democrática, la ministra comunista Yolanda Díaz ha declarado en el Congreso, con pulso alterado y gesto crispado, que su padre sufrió las cárceles franquistas. Con ello Díaz ha demostrado ser una fiel continuadora de José Luis Rodríguez Zapatero, que solió utilizar el fusilamiento de su abuelo como argumento político, costumbre muy extendida entre los izquierdistas y curiosamente muy poco practicada por los que se supone que están en la orilla política contraria.

Pero todos tenemos abuelo. El mío paterno, por ejemplo, Manuel Laínz Ribalaygua, dio con sus huesos en la checa que regentaba el socialista Manuel Neila en la calle del Sol de Santander, bajo los siguientes tres cargos: capitalista, monárquico y católico. Respecto al primer crimen, mi abuelo manifestó que, efectivamente, con sus fábricas daba de comer a varios cientos de familias. Lo de monárquico lo despachó con un «ni fu ni fa», y en cuanto a lo de católico, confesó que «ciertamente, de misa diaria». Lo tuvieron un par de días interrogándolo hasta que, en medio de la noche, le dijeron que se fuera a su casa. Pero en el momento de dirigirse hacia la puerta, le cogió del brazo un miliciano:

—Don Manuel, usted no me conoce, pero soy Fulano, el marido de Zutana, que trabaja en su fábrica de colchones. Además, es usted el padrino de bautizo de mi hijo. Ni se le ocurra salir, porque le van a pegar dos tiros en un callejón antes de que llegue a casa. Venga conmigo a mi despacho, métase en el armario y no se le ocurra moverse en toda la noche.

A la mañana siguiente, con el sol ya alto, el buen miliciano aprovechó un momento sin vigilancia para sacar de la checa a su protegido.

—Váyase a su casa y no salga de ella hasta que entren los suyos.

Su hermano José María lo pasó bastante peor. Detenido por dar catequesis a los niños de su parroquia, acabó en el barco-prisión Alfonso Pérez, donde el 27 de diciembre de 1936 fueron asesinados ciento sesenta presos derechistas. A él no le tocó en el pito, pito, gorgorito con el que eligieron los destinatarios de una bala en la cabeza. Después fue enviado al batallón disciplinario encargado de cavar trincheras en el puerto del Escudo, con los pies encadenados durante varios meses. Pasó tanta hambre que desarrolló la curiosa facultad de contar los garbanzos en su caída desde el cucharón hasta el plato. Mi padre se moría de risa recordando que casi nunca fallaba.

Su otro hermano Martín, instalado en Barcelona para hacerse cargo de los negocios familiares allí ubicados, tampoco gozó de tranquilidad. Se las apañó a duras penas para evitar ser encarcelado por fascista, dejó testimonio del «Prohibido el usted y el señor» que presidía los tribunales populares e incluso se vio obligado, como todo el vecindario, a retirar el felpudo de la entrada, insoportable ostentación burguesa por la que los milicianos le advirtieron de que podría ser encarcelado.

Mi abuelo materno, Luis Fernández Martín, también pasó sus aventuras para salvar la vida. Como murió en 1945, siendo mi madre todavía muy niña, y dado que mi abuela debió de sufrir una especie de borrado selectivo de los recuerdos de aquella época, no he conseguido saber gran cosa de él. No se le conoció actividad política alguna, salvo que debió de ser vagamente eso que suele llamarse una persona de derechas. Mi abuela alguna vez mencionaba que fueron a por él por lo alto, guapo y bien plantado que era. Lo que sí sé a ciencia cierta es que tuvo que pasar varios días escondido entre los cadáveres de un hospital de sangre en el que mi abuela ejercía de enfermera improvisada; y varios meses más, emparedado junto a otros dos perseguidos en una carbonera de trampilla oculta bajo una alfombra. Cómo salvó la vida y lo que le sucedió durante el resto de la guerra lo ignoro.

Por la parte de mi mujer, mis suegros me han contado alguna vez cómo los jóvenes se tiraban de los camiones de reclutamiento forzoso y se escondían en los bosques para no tener que luchar en el ejército republicano; y cómo los milicianos confiscaban los ganados de los paisanos y organizaban, mientras estos pasaban hambre, grandes comilonas en las que se divertían arrojando chuletones a los perros. Por eso casi todo el mundo, sin ideología alguna en su mayoría, recibió la entrada de las tropas nacionales como el regreso de la ley y el orden.

No podemos terminar esta pequeña historieta sin una última mención al chequista socialista Manuel Neila, de infausta memoria, cuyas manos, manchadas con la sangre de muchas decenas de infelices, también se dedicaron a acaparar joyas y dineros, delitos por los que fue detenido en 1938 en Francia, donde se había instalado tras su huida de Santander un año antes. Denegada su extradición, acabó sus días en México.

Nada de particular, como pueden ver, y unas historias que jamás se me hubiera ocurrido trasladar al papel de no ser por la insistencia de nuestros gobernantes en desenterrar las historias bélicas de sus abuelitos.

Abuelitos tenemos todos, y aventuras parecidas a estas, y mucho más trágicas, pueden ser contadas por millones de españoles que tuvieron a sus familiares en ambos bandos. Sin embargo, es dudoso que sean tantos los interesados en hacer de las historias de sus abuelos asunto de debate político en el siglo XXI, con la enorme cantidad de problemas muy actuales, muy serios y muy urgentes que hay que resolver.

No parece que nuestros dirigentes izquierdistas se hayan dado cuenta de ello, pero todos tenemos abuelos y padres que sufrieron en aquellos duros años. Eso nos iguala a todos los españoles. Pero hay una característica que distingue a los dirigentes izquierdistas de los españolitos de a pie, especialmente de esos que no pertenecemos a su secta de resentidos: nosotros concebimos la política como el arte de servir al bien común aquí y ahora, no como el instrumento para agitar rencores y obtener venganza por hechos acaecidos hace un siglo.

II
LA REALIDAD DE LA REPÚBLICA

Cartas de Jardiel Poncela a Colau y Carmena sobre la legalidad de la República

Ilustrísimas alcaldesas:

Disculpad que me entrometa en vuestros asuntos de allí abajo, pero creo que merece la pena que haga una excepción y sustituya el arpa por la tecla durante un rato. Pues vuestras palabras en la exposición sobre el Madrid de 1936 han sido muy comentadas por aquí estos días. Para ser exacto, en la nube de los españoles que se mudaron aquí arriba precisamente durante aquel año.

Presumo que no habréis leído nunca ninguna de mis páginas por haber sido un escritor de esos que llamáis fascistas, así que antes de nada os aclararé que jamás fui hombre ni de las derechas ni de las izquierdas, pues siempre me gustaron ideas inherentes a ambos bandos, y con su mezcla estuvo hecha mi ideología ecléctica. Pero sí he de confesar que, con el paso del tiempo y la llegada de la guerra, me alineé con el bando del general Franco por los motivos que a continuación os explicaré.

¡Y eso que el régimen que surgió de su victoria, al cual apoyé con entusiasmo, no me trató nada bien! Algunas de mis obras fueron censuradas por, según se dijo, atentar contra la concepción moral del régimen. En honor a la verdad habría que decir por atentar contra la visión moral de algunos sectores del régimen, los más cercanos al catolicismo integrista. Pues en sus primeros años, cuando los falangistas tuvieron más influencia, mis obras no encontraron obstáculos para editarse y representarse. Pero cuando, a partir de 1941, los falangistas comenzaron a ser apartados y los católicos, bajo el mando de Gabriel Arias-Salgado, se hicieron cargo de los asuntos de prensa y propaganda, comenzaron a llover sobre mis escritos las acusaciones de inmoralidad. Siempre que aparecía algún asunto de matrimonios mal avenidos, de cuernos o, sobre todo, de sexo, llegaban los tachones. Me cambiaban las escenas en las que aparecían camas, y si escribía «amante» o «divorcio» me lo sustituían por «novio» y «separación». Así que os podréis imaginar la que se organizó cuando se me ocurrió escribir que cuesta menos vestir a una mujer que desnudarla. ¡Madre! ¡El drama padre! Y cuando me concedieron el Premio Nacional de Teatro de 1946, el jesuita Antonio Garmendia, autor de un libro muy influyente en aquellos días titulado Lecturas buenas y malas a la luz del dogma y de la moral, no consiguió explicarse que «en la patria de los mártires por Dios y por España se haya podido propinar un bofetón tan claro a la decencia nacional».

Pero, una vez aclarado esto, vayamos con lo que habéis manifestado, eso de que la guerra civil española fue el enfrentamiento entre un bando, el republicano, que defendía la democracia y la legalidad, y otro, el golpista, que defendía el fascismo. Pero la cosa no es tan sencilla. Antes de nada os aviso de que, como estoy bastante desentrenado en esto de escribir, voy a limitarme a reproducir la carta que escribí en 1947 al periodista mexicano Armando de María para explicarle lo que había sucedido en España durante la República y la Guerra Civil. Lamentablemente, el cáncer, robándome las ganas y el tiempo, me impidió terminarla y me obligó a devolverle a Dios la visita que, de mi mano, hizo Él a Getafe en 1932. Así que nunca la envié y solo se publicó bastantes años después junto con otros papeles que se quedaron en mi cajón. Acaba de aparecer, por cierto, una nueva edición de mi obra inédita que no incluye esta carta. ¡Qué lástima que la censura siga funcionando, ahora en sentido contrario!

No incluiré comillas, pues salvo la introducción y la despedida prácticamente todo será textual. Empecemos por lo de la legalidad. Por ejemplo, por las realizaciones de aquel régimen tan legal. Porque, desde el principio, la República echó abajo con saña sectaria cuanto se había hecho o se estaba haciendo antes de llegar ella, desde las estatuas de antiguos reyes que adornaban los paseos hasta los objetivos trascendentales para el país, singularmente Obras Públicas y Agricultura. Paralizó en el acto todas las obras hidráulicas en marcha, que eran muchas y espléndidas, puestas en marcha por la Dictadura, y las dejó desmoronarse. E igual procedió con las carreteras y caminos, ferrocarriles y puertos, etc. Y organizó en cambio una Reforma Agraria de tal modo ruinosa para la economía nacional que uno se preguntaba estupefacto si aquello era la obra de un loco, de un memo, de un agente extranjero o de un criminal. Pero había que atacar a lo anterior, aunque lo anterior fuera inmejorable. Y todo por odio político.

La situación en el campo pronto fue terrible; y en él, a los delitos que ya se cometieron en las ciudades, hubo que sumar el incendio de cosechas y el asesinato de todo aquel que quiso oponerse a tan noble labor. A todo se unió la quema de conventos e iglesias y el asesinato de algún que otro cura, como aperitivo o vermouth de comidas fuertes futuras. Pero, para las personas provistas de sentido moral, había otra cosa peor: la mentira sistemática, el descarado cinismo y la calumnia que la República de 1931 manejó, instituyendo en España esa moda que no hay más remedio que declarar que ha sido y sigue siendo la característica de las izquierdas españolas y de muchas izquierdas extranjeras. Porque sucedía que aún veíamos los espectadores a los incendiarios alejándose, cuando ya se les echaba la culpa del incendio a las derechas, y se hacía con ese motivo una redada de derechistas, camino de las cárceles. Y aún se hallaba caliente el cadáver de un asesinado por un individuo del que se podía decir hasta el nombre, y ya se vociferaba y se escribía en los periódicos que aquella muerte era una provocación derechista. Alentadas en sus peores instintos por la impunidad y cada vez más exaltadas por el propio desorden, las masas comenzaron a desmandarse sin freno por todas partes.

En resumen: que aquello que hubo en España no fue una democracia, sino una asesinocracia. Porque la República española no fue sino una revolución que duró, con alternativas, cinco años y tres meses, al cabo de los cuales desembocó en la anarquía y trajo la guerra. Porque la guerra no la trajo Franco, sino la anarquía ya insufrible en que había caído el país. Esto también es una verdad exacta, contrariamente a lo que dicen las propagandas. Semejante estado de descomposición, desorden, delincuencia, libertinaje político, odio social y ruina ya en marcha, había sido el resultado de la labor de gobierno de aquellos cinco años de República: y el que no lo reconozca así habiéndolo presenciado, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente; y aún no he dicho bastantes veces «miente» para expresar cómo y de qué manera miente.

¡Por no hablar de las escandalosas elecciones de febrero de 1936! Porque las izquierdas unidas en bloque se volcaron en las urnas dispuestas a salir por las buenas o por las malas; legalmente o ilegalmente; con suficiente número de actas o anulando las actas del enemigo; con papeletas de votación o a tiros; de frente o por la coacción; con derecho y justicia, o sin derecho y de un modo injusto… Naturalmente, las izquierdas salieron triunfantes: y aquello fue el principio del fin.

Hablando de fines, aquí termino por hoy, pues cuando me pongo a dar a la tecla me quedo solo. Pero el próximo día continuaremos, que se me han quedado bastantes cosas en el tintero, sobre todo esa bobada sobre demócratas contra fascistas.

Un saludo casi divino de vuestro Enrique.

***

Ilustrísimas alcaldesas:

Aquí estoy de nuevo dándole a la tecla, que, salvo las mujeres, es lo que más me gustó cuando vivía allí abajo.

Vamos hoy con el asunto del golpismo, eso que tanto os gusta sacar a relucir cuando se trata de aquellos a los que llamáis fascistas de 1936 y de lo que os olvidáis cuando sus protagonistas son los socialistas de 1934 o los separatistas de 2017. Porque hay un detalle muy curioso que los izquierdistas nunca habéis explicado: ¿por qué, si la República había venido por sufragio —o sea, por la voluntad del país—, se la boicoteaba y atacaba constantemente, sobre todo por parte de los que más habían contribuido a proclamarla?

Pues hasta la Guardia de Asalto, la policía creada por la República, llegó a estar rebasada, y no por las derechas, ciertamente, que no podían ni mover un dedo, sino por las izquierdas, que ya no querían República, como en el fondo no la habían querido nunca; y contra cuyos principales ataques tuvo esa República que dictar una ley especial —que se llamó Ley de defensa de la República— cuya lectura deberían practicar un rato todas las tardes los señores de la ONU para que supiesen lo que es canela y las libertades y la democracia que les concedía a los españoles el régimen «legal» que abatió el general Franco.

En nombre de la libertad de prensa las izquierdas perseguían a los pocos diarios que no eran gubernamentales y los arruinaban a multas y a suspensiones. Ejerciendo sobre sus contrincantes todas las limitaciones posibles a la libertad, la República concedió, en cambio, a sus correligionarios cuantas licencias y libertades pueden existir en el mundo. La prensa no marxista dejó prácticamente de existir, mientras que la marxista llamaba a sus huestes al combate, anunciándolo próximo.

El resultado de semejante desigualdad de trato, propio solo de un sistema de gobierno tiránico, pronto dio sus peores frutos y los partidos agitadores y los agitadores particulares comenzaron a campar por sus respetos, con la consecuencia de propagandas subversivas de todo género, huelgas parciales y generales, bombas y petardos en calles y edificios, sabotajes a ferrocarriles, fábricas, saltos de agua, centrales eléctricas, atentados personales, atracos en ciudades y carreteras, asaltos a bancos, robos a mano armada, etc.

En el último año del régimen antes del estallido de la guerra se encarcelaba a las derechas por redadas, que, solo en Madrid, eran de 250 a 300 personas diarias. Ateneos Libertarios y Comités repartían consignas atroces, y hasta las organizaciones comunistas infantiles (llamados pioneros) tuvieron señalada su misión futura. Se confeccionaron listas con los nombres de las personas que había que matar en el primer momento; y otras con los nombres de aquellos a quienes había que matar en segunda vuelta. Se repartían en los centros de izquierdas instrucciones de ataque enseñando el mejor manejo de todo instrumento ofensivo: desde la dinamita hasta la hoja de afeitar dispuesta en un mango, «instrumento propio para atacar a la víctima cuando ya está en el suelo» (textual, pues yo leí esas instrucciones). Y todo esto con la aprobación y el estímulo del Gobierno, del que era presidente Santiago Casares Quiroga.

Se hablaba franca y descaradamente de hacer la Revolución Roja en plazo breve. —¡Esta vez va a ser un 34 largo!, —se oía en bares y tabernas, dicho a gritos, aludiendo a que se iban a repetir, aumentados, los sucesos de 1934. ¿Sabéis que el Movimiento de Franco se adelantó a una revolución comunista, planeada y decidida para octubre de 1936? Seguro que no. Y, sin embargo, en la España de aquellos días se sabía: era ya valor convenido. En junio de 1936 la situación era insostenible. Decir ¡Viva España! era un grito subversivo que significaba la cárcel inmediata. Pero ¡Muera España! estaba admitido y se decía. También se decía por todas partes ¡Viva Rusia! y ¡Rusia sí, España no! Y cuando llegó el 18 de julio, fue el delirio en propaganda comunista, porque consideraban la guerra ganada en diez o doce días y ya no disimulaban su verdadero objetivo, que era la sovietización de España y la muerte de todo ser humano que no se sometiese a esa tiranía.

Vayamos ahora con ese pueril esquema de «democracia contra fascismo» en el que los izquierdistas os obcecáis desde hace casi un siglo. Porque hacia el año 34 ya no se habló de derechas ni de izquierdas, pues surgieron dos palabras que las sustituyeron. Y así las izquierdas se llamaron a sí mismas marxistas, aunque nadie había leído a Marx. Pero no hacía falta haber leído a Carlos Marx. Tampoco las masas marxistas tenían por qué saber qué era el marxismo; bastaba con «serlo». Y a las derechas se las llamó fascistas, también sin necesidad de que nadie supiese cuál era el ideario del fascismo: bastaba con saber —o con creer— que fascista era la concreción y el resumen de toda la perversidad y la vileza capaces de albergarse en pecho humano, y con eso ya se tenía la clave de la historia política contemporánea del mundo, a saber: la eterna lucha entre el Bien y el Mal; y el Mal, intrínseco y sin mezcla alguna de Bien, era el fascismo; y el Bien, intrínseco y sin mezcla alguna de Mal, era el marxismo. La cosa no podía ser ni más infantil, ni más idiota, ni más rudimentaria, ni más inverosímil, ni más imposible de aceptar para cualquiera que tuviera dos dedos de frente y un mínimo de experiencia de la vida. Pero era infantil y rudimentaria, y toda idea infantil y rudimentaria entra como una barrena en el cerebro de las masas y allí se queda para siempre. Tendremos, pues, concepto antitético de «marxismo-bien» y «fascismo-mal» para tantos años, y quizá para tantos siglos, como hemos tenido concepto antitético de «Dios-bien» y «Demonio-mal».

Ahora había que decir: soy un fanático de izquierdas, soy un marxista. Y al que no decía eso, el fanatismo de izquierdas le consideraba automáticamente como un fascista asqueroso, como un enemigo repugnante contra el cual todo era lícito y justo; desde la muerte en adelante. Y a mí no me dio la gana de decir aquello. Ahora el señor y el señorito eran fascistas por el solo hecho de ser señorito y señor; y eran acreedores a la muerte. Luego iban a serlo solo por llevar corbata o por usar el bigote recortado. Pues a todo eso se llegó. Y esta es también la verdad.

«¡La libertad de todos proclamo en alta voz! ¡Y muera quien no piense igual que pienso yo!». Estos malos versos de un cantable de zarzuela encierran más «doctrina» política de izquierdas en España que todos los volúmenes que se han escrito, desde Adán y Eva, acerca de tal tema. Porque es claro, preciso, indiscutible e innegable que el fanatismo de nuestras izquierdas es mucho peor y mucho más feroz que el otro fanatismo y que todos los fanatismos.

Abandono aquí la tecla y regreso al arpa, ilustrísimas alcaldesas, convencido de que todo lo expuesto os ha entrado por una oreja y salido por la otra. Pues compruebo desesperanzado que, en mis días igual que hoy, el fanatizado de izquierdas es inmutable, cerril e inconvencible. Vosotras acabáis de demostrarlo una vez más.

Un beso de vuestro Enrique y hasta la vista, si Dios quiere.

El PSOE, siempre contra la ley y las urnas

Empecemos por el principio. En octubre de 1934, el PSOE de Indalecio Prieto y Largo Caballero, referentes históricos con derecho a estatua, desató la revolución para saltarse el resultado de las urnas y tomar violentamente el poder. ¿La excusa? Que la CEDA, partido vencedor de las elecciones, no estaba legitimado para gobernar por ser fascista. ¿Consecuencias? Dos mil muertos y una república definitivamente condenada debido al ataque de sus propios partidarios.

Paralelamente, Companys y los suyos aprovecharon la ocasión para dar su golpe en Cataluña con la misma excusa. ¿Consecuencias? Cincuenta muertos, los bravos escamots escamoteados bajo sus camas, varios dirigentes del golpe huyendo como ratas por las alcantarillas y la Generalidad desprestigiada para siempre ante el resto de España.

Si en las Provincias Vascongadas no sucedió lo mismo fue porque el PNV, al fin y al cabo derechista y clerical, prefirió no sumarse a la propuesta que a sus diputados hizo Indalecio Prieto. Así lo relataría años después uno de los allí presentes, Telesforo Monzón:

«Los abertzales fuimos, también en aquella ocasión, insistentemente invitados a sumarnos a la revuelta anticonstitucional, y fue el propio Indalecio Prieto quien pidió hablar con nosotros apremiantemente en una de las salas del Congreso para ofrecernos, de forma poco velada, la independencia de Euskadi a cambio de nuestra ayuda al levantamiento: —Yo no he sido partidario de este levantamiento —nos dijo—, pero acepto la disciplina de mi partido. Si ustedes nos ayudan, nos podríamos entender. Yo prefiero una Euskadi independiente a una España retrógrada y de derechas».

El gobierno republicano sofocó la revolución manu militari. La ley se aplicó y los responsables dieron con sus huesos en la cárcel. En los meses siguientes la crispación política aumentó y el gobierno se vio obligado a adelantar las elecciones para febrero de 1936, a las que los partidos izquierdistas de toda España y los separatistas catalanes acudieron agrupados en el Frente Popular.

Los tres primeros puntos de su programa electoral incluyeron la amnistía a los condenados «por delitos políticos sociales» cometidos posteriormente a noviembre de 1933, es decir, principalmente los perpetrados durante la revolución de octubre de 1934; la reposición en sus trabajos de los funcionarios y trabajadores que los hubieran perdido por dicha causa; la concesión de reparaciones tanto a las «familias de las víctimas producidas por las fuerzas revolucionarias» como «por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en la represión»; y el castigo de los «casos de violencia de los agentes de la fuerza pública acaecidos bajo el mando de los Gobiernos reaccionarios». En resumen, la impunidad de los delincuentes y la persecución a los agentes de la ley.

Tras la victoria en las elecciones de febrero, adulteradas mediante un sinfín de irregularidades, pucherazos y violencias confesadas por los propios dirigentes izquierdistas, la primera medida del nuevo gobierno fue, efectivamente, la liberación de los revolucionarios y la restitución del golpista Companys al frente de la Generalidad.

Las consecuencias del caos en el que naufragó España a partir de aquellas elecciones son muy conocidas. Para resumir, como admitiría Claudio Sánchez-Albornoz, presidente republicano en el exilio, la responsabilidad del estallido de la guerra civil la tuvieron los republicanos «por no haber sabido mantener el orden, cayera quien cayera».

Pasados algunos años, surgió una ETA que contó con las simpatías de la inmensa mayoría de la izquierda española por considerar a la banda terrorista la heroica vanguardia de la lucha por la democracia. Dicha consideración fue la causa principal de la amnistía que, con el cambio de régimen, olvidó los crímenes etarras por haber sido cometidos durante el régimen franquista, como si por tratarse de un régimen no democrático y por asesinar en nombre de la «liberación nacional de Euskadi» quedasen justificados los asesinos y rebajado el valor de la vida de los asesinados.

Para darse cuenta de su gravísimo error político y su peor aberración moral, la izquierda tuvo que esperar a que empezaran a caer asesinados políticos socialistas. Porque mientras las víctimas siguieron siendo políticos derechistas, militares, policías y guardias civiles, no hubo problema. Y cuando a los socialistas de Felipe González les tocó llegar a la Moncloa y tomar cartas en el asunto, no se les ocurrió nada mejor que olvidarse del Estado de derecho y montar el GAL.

Ahora el golpe de Estado lo han vuelto a dar los separatistas catalanes, sus tradicionales aliados. Y por eso son merecedores de todos los mimos por parte de los actuales gobernantes socialistas y comunistas. Rendición ideológica, claudicación jurídica, desactivación policial, acercamiento de presos, desautorización de los informes sobre totalitarismo educativo… Y ahora, declaraciones de varios ministros y de la delegada del gobierno en Cataluña sobre su deseo de que, si hay sentencia condenatoria, los golpistas sean indultados.

Todos los parabienes para los golpistas de hoy. Y, al mismo tiempo, venganza hasta cuarenta años más allá de la tumba para el golpista de hace un siglo. Nada puede ser más lógico: para legitimar históricamente el proyecto revolucionario del Frente Popular de hoy, hay que mantener fresca la demonización de quien acabó con el caos criminal del Frente Popular de ayer.

No se olvide: el PSOE de hoy es el mismo que el de 1936. No solo porque se trate de la misma organización y porque siga rindiendo homenaje a sus referentes históricos, los golpistas Prieto y Largo Caballero, sino porque sus dirigentes siguen demostrando el mismo desprecio por el resultado de las urnas y por el Estado de derecho, obstáculos que no tienen el menor reparo en saltar cuando conviene a sus superiores intereses partidistas.

Execración de Azaña

«Los vencidos ganaron humanamente la guerra», ha declarado Pedro Sánchez ante la tumba de Azaña. Discutible opinión, sobre todo teniendo en cuenta los ríos de sangre en los que se ahogaron las simpatías de muchos países que deberían haber prestado su apoyo al gobierno republicano. Empezando por una Francia y una Gran Bretaña que no tardaron en comprender que no se encontraban ante un régimen democrático equivalente a los suyos, sino ante una revolución bolchevique equivalente a la rusa.

Pero de lo que no cabe duda es de que la ganaron propagandísticamente. Y no solo en España desde 1975, sino en todo el mundo desde 1945. Pues la presencia de Stalin entre los vencedores de aquel año impidió que el comunismo tuviese su Núremberg y bendijo todo lo que había tocado, incluido el bando republicano español, mientras quedaba contaminado todo lo que hubiesen tocado los vencidos, incluido el bando nacional español. Injusto maniqueísmo, cierto, pero así son las injustas cosas de la injusta política. Y por eso, casi un siglo después, Pedro Sánchez ha podido, según sus propias palabras, «rendir homenaje a aquella democracia española que fue derrotada por la tiranía».

Pero regresemos a Manuel Azaña, máxima encarnación de aquella «democracia española» nacida inesperadamente en 1931 y fenecida trágicamente en 1936. Por quienes le trataron sabemos que fue un hombre acomplejado, frustrado, cercano al suicidio en sus años jóvenes, escritor resentido por carecer de lectores y convencido de merecer grandes destinos. Unamuno, que siempre sintió un enorme desprecio por él, escribiría que «no hay nada más peligroso en política que un resentido con talento». Soberbio y despectivo con las clases populares a las que, paradójicamente, pretendió representar, le molestaba que a sus mítines acudiese el populacho iletrado: en una ocasión le sacó de sus casillas el hecho de que las primeras filas las hubiesen ocupado unos gitanos.

Su labor como conspirador antimonárquico no fue ni intensa ni influyente. Merecen ser destacadas su presencia en el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930 y su conferencia Tres generaciones del Ateneo, pronunciada el 20 de noviembre en el Ateneo de Madrid, en la que explicó su concepción del gobierno como una institución manejada por los inteligentes como él y a la que debían someterse las masas («los gruesos batallones populares, encauzados al objetivo que la inteligencia les señale»), y de España como una nación fallida cuya trayectoria histórica había sido un continuo error («En el estado presente de la sociedad española, nada puede hacerse de útil y valedero sin emanciparnos de la historia. Como hay personas heredo-sifilíticas, así España es un país heredo-histórico»). Y por último, su participación en la conspiración de Jaca, tras cuyo esperpéntico fracaso se escondería tanto del gobierno como de los suyos para no salir a la luz, todavía muerto de miedo, hasta el 14 de abril.

A partir de aquel momento los acontecimientos se precipitaron. El 10 de mayo, solo un mes después de la llegada de la ansiada República, su rumbo se torcería para siempre a causa de la primera quema de edificios religiosos. Y, sobre todo, a causa de la inacción de un gobierno que, por su sectario anticlericalismo, se lavó las manos ante el quebrantamiento del orden público. «Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano», declararía Azaña, ministro de la Guerra y principal promotor de la dejación gubernamental. Año y medio más tarde Unamuno recordaría aquella frase para acusar a Azaña de abrir la espita de la violencia con la excusa de haber sido ejercida por «buenos republicanos». Y también le responsabilizó de una Ley de Defensa de la República que, con su secuela de arbitrariedades ministeriales y cierres de periódicos de la oposición, otorgaba a los ciudadanos menos instrumentos de defensa que la Inquisición. No por casualidad declararía Azaña en el Parlamento, en noviembre de 1932, que «no creo en la independencia del poder judicial» y que los tres poderes del Estado no debían estar subordinados a lo que estableciese la Constitución, sino «al espíritu público dominante en el país».

Una de las personas que mejor le conoció fue su íntimo enemigo Niceto Alcalá-Zamora, con el que tuvo trato frecuente debido a sus respectivas funciones gubernamentales. No ahorró epítetos para quien consideró «satánicamente soberbio» e «insuperablemente descortés». Los diarios de don Niceto están plagados de lamentos por la inacción de Azaña, por su continua vulneración de las leyes, su arbitrariedad, sus delitos (prevaricación, nepotismo…), su violencia en las discusiones, su carácter vengativo, su cobardía, su hipocresía, su vanidad y su despotismo con los subordinados:

«Azaña, grande en las pequeñeces de la soberbia, se preocupó y contrarió mucho hoy, día de tan distinguidas preocupaciones, porque un recluta de la escolta, que no le conocía y estaba de centinela en la antesala de mi despacho, permaneció en su lugar en posición de descanso, y no cuadrado, mientras él entraba para firmar».

El decano de los luchadores contra Alfonso XIII, Alejandro Lerroux, huido de la España republicana en 1937, atribuyó la culpa de la guerra a Azaña y Alcalá-Zamora («siniestros muñecos fracasados en el régimen caído, sin energía, sin capacidad, sin grandeza de alma, y hasta sin sexo») por haber acabado con el imperio de la ley.

Por su parte, Unamuno acusó a Azaña de ser el mayor culpable de la degeneración de la República, de las salvajadas de los frentepopulistas y de la subsiguiente guerra. Cuando el 19 de julio se anunció el alzamiento en Salamanca, el viejo republicano exclamó alborozado: «¡Viva España, soldados! Y ahora, ¡a por el faraón del Pardo!». Faraón del Pardo al que Unamuno retó a que se suicidara como único acto patriótico a su alcance. Declaró al holandés Johan Brouwer que el principal responsable de la tragedia de España había sido Azaña por haber querido cambiarla sin sentar previamente bases nuevas, frivolidad que solo podía producir «desorden, alteración, inestabilidad, vacío». Por su culpa, España se había convertido en un barco a la deriva. La España heredo-sifilítica del discurso ateneístico, su concepción de España como un eterno error, había tenido efectos tan letales como la inoperancia gubernativa. Diez años más tarde, en 1947, Enrique Jardiel Poncela reflexionaría así sobre el pensamiento de Azaña, lamentablemente heredado punto por punto por la izquierda española del siglo XXI:

«Era Azaña un hombre mediocre, antiguo empleado de la Dirección de Registros, exsecretario del Ateneo y autor de tres libros que no se habían leído. Provisto de una cultura lo bastante superficial para creerse él mismo un hombre culto y para impresionar a las masas; y orador de mucho éxito por la amargura y el derrotismo rencoroso con que trataba los temas históricos principalmente. Su mecánica oratoria no era complicada: consistía en presentar como axiomas lúgubres e impresionantes todas las calumnias que contra España y sus hijos gloriosos se han repetido en el mundo, y presentar como tópicos risibles y despreciables todos los elogios que a favor de España y de sus hijos gloriosos se han repetido en el mundo. De ello resultaba, al admitir como artículo de fe lo malo y al burlarse incrédulamente de lo bueno, que España había sido siempre un país despreciable y los españoles, los seres más miserables de la creación. En suma: crítica negativa, muy del gusto del español medio, que —no olvide usted el individualismo— disfruta oyendo hablar mal de sus semejantes. Claro que este caso de Azaña tampoco es nuevo en nuestra historia: la misma amargura derrotista y calumniadora ejercida por el padre Bartolomé de las Casas creó para siempre la leyenda negra de la conquista española en América: y aún creen en ella los países americanos y aún cree en ella España, que es lo más gordo. Pues, ¿cómo no había de ser verdad si lo decía un testigo español? Y nadie, naturalmente, podría pensar que existen y han existido españoles, como el padre Las Casas, a quien el derrotismo más amargo, propio quizá de una mente y un organismo enfermos, convertía en los peores enemigos de España. Azaña era uno de estos, en sus discursos y en sus libros. Y sus libros no se habían leído, pero ¡ay!, sus discursos los oía todo el mundo por la radio… e hicieron más daño que el peor veneno».

No fueron más amables las palabras que le dedicó su colega Julio Camba:

«Hay pajarracos siniestros que viven en la oscuridad y que, según la creencia popular, auguran males sin cuento cuando salen por azar a la luz del sol. Azaña es uno de estos pajarracos de mal agüero, y yo no sé qué potencia demoniaca lo arrancó un día de su covachuela del ministerio de Gracia y Justicia, negociado de últimas voluntades, para ponerlo en el primer plano de nuestra vida pública, pero desde entonces no ha habido en España sosiego, cordialidad ni alegría. El pan se volvió agrio, la fruta amarga y el vino pendenciero. Azaña fue la discordia, el rencor, la división en bandos irreconciliables, la envidia y el sectarismo. Fue como una sombra funesta que, agrandada fuera de toda lógica proporción por el coro de sus partidarios, se proyectó sobre el suelo nacional, donde ya no volvió a crecer semilla buena».

Y estas, las de Wenceslao Fernández Flórez:

«El jefe del Estado es un megalómano amargado por su fealdad física y por sus años de oscuro servicio en la burocracia más modesta, que siente como una humillación (…) Solo posee una condición que abulte tanto como su cobardía: su fatuidad. Es el hombre en quien se han reunido, notorias e hipertrofiadas, todas las malas condiciones del burócrata: maldiciente, comunero, desdeñoso tras el parapeto de la ventanilla, obsesionado por alcanzar a costa de lo que sea el primer puesto del escalafón Su maldad fue hipócrita. En medio de todo el daño que hizo no se puede señalar ni un solo acierto que beneficiase al país».

A pocos días del fin de la guerra, Ramón Pérez de Ayala, uno de los «padres» de la República, escribió una carta a Gregorio Marañón para reiterarle su condena a los republicanos, especialmente a Azaña:

«No podía contar yo con que la ausencia de la hormona testicular estragase hasta tal punto una buena inteligencia natural. En octubre del 34 tuve la primera premonición de lo que verdaderamente era Azaña. Leyendo luego sus memorias del barco de guerra —tan ruines y afeminadas— me confirmé. Cuando le vi y le hablé siendo ya presidente de la República, me entró un escalofrío de terror al observar su espantosa degeneración mental, en el breve espacio de dos años, y adiviné que todo estaba perdido para España con aquella gente».

Así juzgaron a Azaña sus amigos, compañeros y camaradas republicanos. Ochenta años más tarde, Pedro Sánchez se emociona ante las célebres palabras azañistas «Paz, piedad y perdón», indignas en un vencido y solo aceptables en un hombre victorioso, gobernante, poderoso. Pero cuando Azaña lo fue, las palabras que salieron de sus labios fueron las contrarias.

Según Pedro Sánchez, tan admirador de Azaña como José María Aznar, la Constitución de 1978 «restauró los valores» de la Segunda República, los valores de «la España con la que soñó Azaña».

Peligroso halago…

Una república hundida por los propios republicanos

Lo que dice la leyenda extendida universalmente por la aplastante propaganda izquierdista desde hace ochenta años es que la Segunda República fue un régimen democrático, homologable a las demás democracias occidentales, que fue atacado por una alianza de obispos, marqueses y militares para acabar con la libertad del pueblo y recuperar sus privilegios ancestrales. Hasta un hombre de la extraordinaria inteligencia de George Orwell cayó en la puerilidad de escribir que lo que pretendía el bando nacional, apoyado solo por la aristocracia y la Iglesia, era, más que implantar un régimen fascista a sueldo de Hitler, reinstaurar el feudalismo, lo que demuestra que de nada suelen servir la inteligencia y la cultura ante la potencia de los prejuicios ideológicos.

Un alzamiento multitudinario y una larga guerra de tres años necesitan bastante más explicación que la historieta de indios y vaqueros en la que la ha convertido la propaganda izquierdista. Pero cuanto más simple es el mensaje, a más gente llega y con más facilidad penetra en su cerebro y, lo que es mucho más importante, en su corazón. De ahí la importancia esencial de dividir con claridad los dos bandos enfrentados: el de los buenos y el de los malos.

Así que, para llevar la contraria, toca apuntar aquí algunos datos discordantes. Por ejemplo, el violento rechazo de los llamados «padres de la República», Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, a la criatura que parieron. Y junto ellos, otros muchos egregios republicanos como Alejandro Lerroux, Miguel de Unamuno, Claudio Sánchez-Albornoz, Melquíades Álvarez, etc.

Pero no fueron los únicos, pues el paso del apoyo a la oposición a la República fue compartido por millones de españoles de toda clase y condición. Dos ejemplos ilustres más: el primero, el de Valle-Inclán, que evolucionó desde su carlismo juvenil hasta su simpatía por la Unión Soviética y que recibió con alborozo la llegada de la República. Pero no tardó muchos meses en desengañarse, denunciar que «España sufre ahora la dictadura socialista» y aclamar la labor realizada en Italia por Mussolini. El segundo, el de su colega Concha Espina, una de las fundadoras de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, partidaria de la separación de la Iglesia y el Estado, del voto femenino y del divorcio, que en una entrevista realizada en noviembre de 1931 declaró que «la forma actual del gobierno tiene mis mayores esperanzas porque mi ilusión política de toda la vida fue la República» y que «en unos meses España ha recorrido muchos años: ¡Cómo no ser optimista!». Pero un par de años más tarde acabó falangista, escribiendo versos en homenaje a José Antonio y siendo una de las más fogosas apologistas del alzamiento.

Merece la pena detenernos un poco en Sánchez-Albornoz dada su autoridad como presidente del gobierno de la República en el exilio. Porque en su Anecdotario político, publicado en Argentina en 1972, recordó la quema de iglesias en mayo de 1931 como la triste jornada en la que «habían iniciado su barbarie los energúmenos que habrían de llevarnos al desastre». Lamentó el sectarismo de unos y otros y el bajísimo nivel de los parlamentarios, como el radicalsocialista Emilio Baeza, que se quejó de los debates constituyentes gritando: «¿Pero aquí venimos a discutir o a votar?». Uno de los pocos que mereció su respeto fue Julián Besteiro, que compartió con él su disgusto por la política de Azaña durante el bienio 1931-33:

«Nos desfiguraron la República. ¡Cuántos errores! La España con la que usted y yo soñábamos va a ser imposible. Temo, incluso, por el porvenir de nuestro régimen».

A pesar de su amistad y admiración por su jefe de filas Manuel Azaña, no le ahorró la acusación de cobardía por «su falta de agallas para restaurar el orden público cayera quien cayera». Muy repetida es la confesión que Azaña le hizo en agosto de 1937 sobre el dominio que los socialistas y comunistas ejercían sobre los republicanos que, como él, se consideraban moderados:

«La guerra está perdida, absolutamente perdida. Pero si por milagro se ganase, en el primer barco que saliera de España tendríamos que salir los republicanos, si nos dejan, porque el poder quedará en manos de los comunistas».

Siempre mostró su enemistad con Largo Caballero, enemistad recíproca que le llevó a no regresar a territorio republicano, temiendo por su vida, mientras el socialista se mantuviese al frente del Gobierno. Albornoz fue testigo presencial de los continuos planes de revolución de Largo y los suyos. En 1933, tras la victoria electoral derechista, los socialistas, «que no se resignaban democráticamente a la derrota», asediaban día tras otro a Azaña con la misma cantinela de que «don Manuel, esto es intolerable, no podemos vivir así, hay que hacer la revolución, hay que echarse a la calle».

Muy claramente proclamó Indalecio Prieto en el Parlamento que «los socialistas nos comprometemos a desencadenar la revolución». Y, efectivamente, así hicieron en octubre de 1934. Salvador de Madariaga, embajador y ministro republicano, lo resumió así:

«El alzamiento de 1934 es imperdonable. La decisión presidencial de llamar al poder a la CEDA era inatacable, inevitable y hasta debida desde hacía ya tiempo. El argumento de que Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era a la vez hipócrita y falso. Hipócrita porque todo el mundo sabía que los socialistas de Largo Caballero estaban arrastrando a los demás a una rebelión contra la Constitución de 1931, sin consideración alguna a lo que se proponía o no Gil Robles; y, por otra parte, a la vista está que el presidente Companys y la Generalitat entera violaron también la Constitución. ¿Con qué fe vamos a aceptar como heroicos defensores de la República de 1931 contra sus enemigos más o menos ilusorios de la derecha a aquellos mismos que para defenderla la destruían? (…) Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936».

En 1942, Indalecio Prieto declararía en el Círculo Cultural Pablo Iglesias de México:

«Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo. Por mandato de la minoría socialista, hube yo de anunciarlo sin rebozo desde mi escaño del Parlamento».

Medio siglo más tarde el igualmente republicano Julián Marías recordaría sobre la revolución socialista de 1934 que «la República murió entonces. Fue la negación de la democracia, el no aceptar el resultado de unas elecciones limpísimas».

Y en 1936, durante las negociaciones para constituir el Frente Popular de cara a las elecciones de febrero, Largo Caballero afirmó sin rodeos que «después del triunfo, yo me reservo el derecho de hacer la revolución».

El 6 de abril de 1975 el periódico Personas publicó una entrevista al anciano Sánchez-Albornoz:

«¿Sabe qué fue lo que dije el 31 de marzo de 1939? Dije: Por fin se dejaron de matar los españoles, enhorabuena. Si llegamos a ganar la guerra nosotros, se hubiera establecido el comunismo en España. ¿Cómo podía estar yo al lado de gente que ha matado a doce mil curas? (…) Oiga, se van a asustar cuando lean que yo no deseaba la victoria en la guerra civil, pero es cierto. Tampoco la deseaba Azaña, hubiéramos tenido que irnos de España (…) Se van a escandalizar cuando lean que yo no deseaba el triunfo republicano, pero es verdad (…) Si Franco gana la guerra en el primer momento, hubiese sido mucho mejor (…) Si Fanjul se adelanta, podía haberse apoderado de Madrid. Fue una pena. La guerra hubiera terminado mucho antes. Nos fusilarían a cien republicanos, pero la guerra no hubiese dejado esta semilla de odio y miedo (…) Estoy en contra del comunismo y del fascismo, son dos regímenes de dictadura, pero con una diferencia: de todo régimen totalitario de derechas se sale. Del comunismo, en cambio, no».

Junto a los republicanos que se habían vuelto enemigos de la República y los que, aun siendo altos cargos de ella, no deseaban su victoria, hay que señalar otro factor clave en su desintegración: las luchas intestinas entre las diversas facciones izquierdistas, empezando por el incesante enfrentamiento entre socialistas. Porque no solo el moderado Besteiro y los suyos perdieron la batalla frente a los revolucionarios Prieto y Largo Caballero, ya que los partidarios de estos dos últimos también chocaron a menudo, y en ocasiones a tiros. El más llamativo de aquellos enfrentamientos tuvo lugar durante un mitin socialista en Écija el 31 de mayo de 1936, del que Prieto tuvo que escapar perseguido a tiros por unos partidarios de Largo que le acusaban de cómplice del fascismo. Así lo relataría el propio Prieto:

«En Écija, ni a González Peña, que volvía del presidio, ni a Belarmino Tomás, ni a mí, que regresábamos de la expatriación, se nos permitió hablar. De Écija tres diputados socialistas fuimos expulsados a tiros por nuestros propios correligionarios».

Pero no se trató de una reacción aislada y espontánea, sino de la consecuencia de una sesuda elaboración ideológica previa. Porque tras el fracaso de la revolución de octubre de 1934, en el PSOE se abrió un debate sobre las lecciones que había que aprender de ello y los planes que había que elaborar para conseguir el triunfo en una posterior revolución. Pocos meses después, a mediados de 1935, la comisión ejecutiva de la Federación de Juventudes Socialistas editó un opúsculo titulado Octubre: segunda etapa, escrito por su presidente y su secretario general, Carlos Hernández Zancajo y Santiago Carrillo. A Julián Besteiro le consideraban la «personificación de la traición» por cometer el error de considerar el Estado democrático y la Constitución suficientes para defender los intereses de la clase obrera y por «cantar endechas a la democracia, la legalidad y el parlamentarismo»:

«Sus palabras merecieron contestación. Se le negaron todas las virtudes que él atribuía a la democracia burguesa, al Estado que habíamos creado, a la Constitución, al mito de la República».

Para las Juventudes Socialistas, la insurrección de octubre había significado un «progreso formidable» hacia la revolución ya que había demostrado «la necesidad de romper definitivamente con el reformismo» y con la «pocilga parlamentaria» para proceder a la «depuración revolucionaria del PSOE» y conseguir su radicalización y bolchevización. Y paralelamente a una depuración interior que debía acabar con los traidores Besteiro y Prieto, propusieron la anulación de los comunistas por ser otro obstáculo para la revolución:

«Es preciso desarmar a los comunistas, identificados con la derecha del Partido Socialista en la apreciación de esta cuestión, poniendo de relieve cómo los verdaderos bolcheviques somos nosotros».

Para demostrarlo, los jóvenes dirigentes socialistas recordaron que el PSOE «defendió ardientemente» la Revolución rusa desde el primer momento, que «nadie hallará en el socialismo español los rasgos característicos de la socialdemocracia europea», que su objetivo «no es solo la Revolución española, sino la Revolución mundial, la dictadura proletaria en todos los países» y que «nuestro partido ha sido partidario siempre de la violencia revolucionaria y la ha utilizado en diversas ocasiones, la última en octubre».

Concluyeron sus páginas expresando su voluntad de conseguir «la bolchevización del Partido Socialista, la expulsión del reformismo, la derrota de la burguesía y el triunfo de la Revolución bajo la forma de la dictadura proletaria» inspirados en «las mejores tradiciones del bolchevismo ruso y en los dos grandes paladines del Socialismo clásico: Marx y Lenin». Y para desarrollar ese programa, declararon tener por jefe a Largo Caballero.

George Orwell, marxista contrario a la ortodoxia de los partidos fieles a Moscú, recordó a los partidos comunistas europeos que se habían dedicado durante décadas a enseñar que la democracia, además de una estafa, no era más que una manera eufemística de llamar al capitalismo. Por eso les reprochó que, en cuanto estalló la guerra española, se unieran al coro universal que clamaba que en suelo español se estaba librando una lucha mortal entre el fascismo y la democracia. «No es una buena táctica afirmar primero que la democracia es una estafa, y pedir luego: ¡Luchad por la democracia!». Orwell explicó que lo que estaba sucediendo en España no era una guerra civil en defensa de un régimen democrático, sino «el comienzo de una revolución». Y lamentó que habrían conseguido más apoyo internacional en hombres, medios y dinero si, en vez de haber pedido ayuda en nombre de la «España democrática», lo hubieran hecho en el de la «España revolucionaria».

El enfoque fue idéntico en el campo anarquista. Por ejemplo, el cenetista Juan López Sánchez, ministro de Comercio con Largo Caballero, proclamó en febrero de 1937 que «el pueblo español está derramando su sangre, no por la República democrática y su Constitución de papel, sino por una revolución».

Aunque el alzamiento de julio pareció atenuar los pleitos entre izquierdistas, el desarrollo de la guerra las acentuó debido a la incompatibilidad entre quienes pretendían centrarse en ganar la guerra, fundamentalmente los socialistas y comunistas, y quienes preferían aprovechar la coyuntura bélica para llevar adelante la revolución social, sobre todo los anarquistas y los comunistas libertarios. Estos se dedicaron a construir un nuevo modelo de explotación de la tierra mediante su colectivización y la abolición del dinero; e incluso la quema material de los billetes. El secretario general del Partido Comunista, José Díaz, resumió así el fracaso del experimento: «Ese comunismo libertario ha durado lo que ha tardado en vaciarse la despensa».

Por lo que se refiere a los trotskistas del POUM, competidores de los prosoviéticos PCE y PSUC, Stalin ordenó su eliminación bajo la acusación de ser agentes del fascismo internacional a sueldo de los servicios secretos de Franco y Hitler. En la primavera de 1937 anarquistas y poumistas fueron perseguidos en toda España por unos comunistas crecientemente hegemónicos y a las órdenes de la NKVD, la policía secreta soviética dirigida en Madrid por Alexander Orlov y en Barcelona por Erno Gerö. Varios cientos de muertos quedaron por el camino, sobre todo en Cataluña, entre ellos el dirigente poumista Andrés Nin, cuyo cadáver despellejado nunca se encontró.

Testigo directo de todo ello fue George Orwell, alistado en las milicias del POUM en el frente aragonés. En su célebre Homenaje a Cataluña describió la guerra intestina que desangró el bando republicano y que le obligó a salir corriendo de España —«con la policía pisándome los talones»— para no caer asesinado por sus compañeros de bando.

Pero esa es otra historia.

Los mayores ladrones de la historia de España

Sobre los dirigentes republicanos escribió Julio Camba que «se apoderaron del Estado con el mismo criterio con el que hubieran podido apoderarse de un salchichón». Para repartirse las tajadas. Fueron muchas las páginas que dedicó a denunciar el saqueo llevado a cabo por unos gobernantes izquierdistas más interesados en su enriquecimiento personal que en la gestión de la cosa pública. Tantos fueron los enchufes, los cargos inútiles creados para colocar a los camaradas, los gastos suntuarios y los hábitos de nuevo rico —sobre todo de unos socialistas cuya hipocresía no se cansó de restregarles—, que calificó el nuevo régimen como «la República de los enchufes».

Pío Baroja, que definió a la República como «una merienda de negros en la que los republicanos y socialistas se repartían todos los empleos», escribió palabras similares sobre los más distinguidos dirigentes republicanos:

Azaña es un enamorado de la pompa y la grandiosidad. Cuando era presidente del Consejo amuebló el palacio de la Presidencia, según dijeron, con los mejores muebles de la Granja y de Riofrío. En el Palacio Real y en el Pardo tenía proyectos de hacer jardines suntuosos. No comprendía que, si se trataba de suntuosidad y de estética, para esto valía más que sirvieran de fondo a un príncipe decorativo que no a un señor de un tipo vulgar como él. Algo de esta ansia de magnificencia tenían todos los políticos de la República. Cuando al principio se compraron automóviles soberbios, que valían cerca de veinte mil duros, Largo Caballero se quejó al comisionista de Irún porque no tenían el aparato de radio que debían tener según el catálogo, y lo reclamó imperiosamente.

—Ahora es nuestro momento —decían jefes y jefecillos, pero no pensando en el pueblo, sino en sí mismos. Fue la época de los enchufistas.

Ya lo había advertido Josep Pla el mismo 14 de abril de 1931. Como le pilló en Madrid, el día siguiente salió a pasear para contemplar la fiesta republicana. Un madrugador acaparador de cargos, conocido como Paragüitas, se había hecho con el puesto de secretario del fiscal de la República, el socialista Ángel Galarza, para presumir de lo cual se agenció con enorme rapidez un cochazo con chófer incluido. El ampurdanés fue invitado por Paragüitas a contemplar el entusiasmo popular mientras circulaban mayestáticamente para dar envidia a los transeúntes.

Valle-Inclán fue nombrado en 1932 conservador del Patrimonio Artístico Nacional, pero no tardó en denunciar que los gobernantes de la flamante República se dedicaban a vender obras de arte de palacios, museos e iglesias a marchantes franceses, que después las vendían con enormes beneficios a millonarios norteamericanos. Escribió varias cartas al ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, protestando tanto por este saqueo como por los actos vandálicos contra el patrimonio artístico, pero no recibió respuesta alguna, por lo que dimitió inmediatamente.

El veterano cronista parlamentario Wenceslao Fernández Flórez también dejó testimonio del saqueo:

«En el Parlamento hay una pandilla de forajidos, hartos de matar y robar en la revolución de octubre; nos gobiernan ignorantes audaces, enamorados de sus magníficos automóviles con radio y calefacción; desde arriba y desde abajo se saquea el país: nunca tantas fortunas se improvisaron tan rápida y oscuramente».

Pero estas actividades se iban a acelerar enormemente con el estallido de la guerra. El episodio más famoso fue el saqueo de las enormes reservas de oro del Banco de España como garantía del pago a la URSS de un material militar del que no llegaría más que una pequeñísima parte y de mala calidad. La excusa alegada por el ministro de Hacienda Juan Negrín y sus aliados comunistas fue la necesidad de llevarlo a lugar seguro ante el avance de las tropas de Franco. Uno de los protagonistas de la operación, el militar comunista Valentín González, el Campesino, lo relataría así en sus memorias:

«El Kremlin se dedicó a intervenir abiertamente en la guerra civil española a los dos meses de empezada (…) Pero al pueblo español le costaría un altísimo precio en sangre, en sufrimiento y en oro (…) La situación de Madrid se hacía peligrosa y los ministros concedieron fácilmente lo que se les pedía, aunque ignorando los verdaderos propósitos de Negrín. Conocieron tales propósitos solo el embajador soviético, Rosenberg, el servicio de la NKVD en España y una parte del Buró Político del Partido Comunista Español».

El Campesino explicó cómo José Díaz, secretario general del PCE, le encargó hacer el traslado del oro con gran secreto, a las dos de la madrugada, a espaldas del director del Banco de España, empleando solo militantes comunistas de confianza y camuflando los camiones con los distintivos propios de los transportes de explosivos:

«Hízose todo en medio del mayor misterio y como si se tratara de un robo. Y eso fue: un inmenso robo hecho al pueblo español. Yo no lo sabía o no lo comprendía entonces: ahora que lo sé, el recuerdo de mi involuntaria complicidad me llena de indignación contra mí mismo y contra sus organizadores conscientes».

Han pasado a la historia las palabras con las que Stalin celebró en un banquete la llegada del tesoro español a Odesa: «Los españoles no verán su oro más de lo que puedan verse sus propias orejas».

Pero el oro del Estado no iba a ser el único botín; el de los ciudadanos también. En el otoño de 1936 el presidente Largo Caballero, Negrín y el director general del Tesoro Méndez Aspe ordenaron a los particulares la entrega al Banco de España del oro y las divisas que poseyeran. También se ordenó la confiscación de las cuentas corrientes y la apertura de las cajas de seguridad. Los ahorros y recuerdos de millones de españoles, adinerados y humildes, pasaron a manos de unos gobernantes que se apresuraron a trasladarse a Valencia. Uno de los robados fue Alcalá-Zamora, recientemente destituido de la presidencia y en viaje veraniego por las costas escandinavas. Junto a la de sus ahorros, el expresidente sufrió la desaparición de sus documentos, incluidos los diarios que escribió durante su etapa de gobierno y que no serían recuperados hasta ochenta años después. En sus memorias acusaría a los socialistas de haber prolongado la guerra «sin posibilidad de vencer, mientras subsistió la de procurarse algún seguro de emigración a costa de las reservas del Banco de España y del saqueo de este».

Otro destacado robo fue el perpetrado en el Museo Arqueológico, de donde, para escándalo de unos funcionarios que consiguieron salvar algunas piezas enterrándolas en el jardín, agentes gubernamentales sacaron las valiosas colecciones de monedas antiguas de oro y plata. En agosto de 1937 y marzo de 1938, con la derrota cada vez más cerca, se redondeó el saqueo, esta vez incluyendo hasta los montes de piedad. Una vez más, la excusa fue su protección:

«Con el fin de salvaguardar los intereses de los titulares de cajas y depósitos de toda la banca acreditada en territorio leal al Gobierno de la República, procede que unos y otros pasen inmediatamente al Estado para que el ministro de Economía adopte las precauciones indispensables que garanticen en todo momento la integridad del contenido de dichas cajas y depósitos».

Por supuesto, no olvidaron las iglesias, monasterios y catedrales, donde se acumulaban joyas y obras de arte de incalculable valor. Por ejemplo, el 4 de septiembre del 36, pocos días antes de la entrada de los soldados de Franco en Toledo, el presidente del Tribunal de Cuentas, Emilio Palomo, por orden del presidente del Gobierno, procedió, junto a representantes de los partidos comunista y socialista, a la confiscación del tesoro de la catedral: decenas de joyas litúrgicas y obras de arte, entre ellas el famoso manto de las cincuenta mil perlas, una escultura de Pedro de Mena y un cuadro de Benvenuto Cellini. Y lo mismo sucedió en los más importantes templos de toda España, porque de los miles restantes, repartidos por todo el país, se ocuparon las masas incontroladas que, tras su saqueo, procedieron a su destrucción e incendio.

Capítulo aparte fue el vaciamiento del Museo del Prado, también con la excusa de su protección, mito cuyo éxito propagandístico ha llegado hasta nuestros días. Sin embargo, los escasos daños sufridos por los bombardeos de la aviación nacional, el hecho de que la evacuación de los cuadros comenzara semanas antes de que se produjeran los primeros bombardeos, los grandes riesgos a los que se expuso a los cuadros en su traslado y numerosos testimonios de personas involucradas indican la intención gubernamental de venderlos en el extranjero, lo que no se consiguió por la terminación de la guerra y porque la venta de piezas de fama mundial no habría pasado desapercibida. Muchos de los cuadros del Prado, enviados a Suiza, fueron expuestos en Ginebra de junio a septiembre de 1939 y después devueltos a España.

El subdirector del Prado, Francisco Sánchez Cantón, declararía posteriormente que a finales de 1937 una delegación de intelectuales antifascistas le había comunicado que «salido de Madrid hace meses el oro del Banco, lo que queda es el Museo. Sobre él se pueden obtener empréstitos. Con las divisas habrá cañones y aeroplanos. Sería tonto dejárselo a los rebeldes». Salvador de Madariaga resumió con contundencia que «el cacareado salvamento de los cuadros del Prado, lejos de ser tal salvamento, fue uno de los mayores crímenes que contra la cultura española se han cometido jamás». Y Gregorio Marañón, en una carta dirigida precisamente a Madariaga el 15 de febrero de 1939, dio algunos detalles más:

«Negrín es un verdadero loco, y es lamentable que el mundo condicione uno solo de sus pasos por la insensatez de este hombre, loco sobre todo loco moral, irresponsable y agravado por el alcoholismo (…) Sabrá Vd. por Sert todo lo que ha ocurrido con los cuadros del Prado. Yo aprobé su gestión porque tenía el convencimiento de que a última hora aquellos irresponsables que han engañado al mundo con la farsa de su amor al arte cuando, si lo hubieran tenido en verdad, hubieran dejado los cuadros en Madrid que es donde estaban más seguros, terminarían sus hazañas con alguna fechoría grande. Testigos presenciales me han referido que Pérez Rubio, pintor fracasado y enloquecido por el comunismo, que como Vd. sabe es el responsable de todo, había dicho repetidas veces, aquí y en América, que antes de entregar los cuadros a los fascistas los destruirían. Había, además, el peligro de la barbarie sin responsabilidad de las masas en los últimos momentos».

Paralelamente al saqueo gubernamental, muchos directores de checas aprovecharon sus labores para robar a sus prisioneros, a menudo después de asesinarlos. Algunos consiguieron fugarse con su botín antes de la llegada de las tropas nacionales y otros, como el socialista García Atadell y sus compinches, huidos a Francia con maletas llenas de joyas, acabaron en manos de los nacionales y ejecutados. Sobre García Atadell escribió Fernández Flórez:

«Y la prosapia de los mandamases —como llamaba el pueblo a los responsables o jefes de cualquier cosa—, y aquella codicia desenfrenada con la que de repente millares y millares de ciudadanos se convirtieron en ladrones de joyas, de plata, de cuadros, de cuanto encontraban; aquella persecución del cargo bien pagado, del automóvil de marca, de la casa cómoda; aquellos vinos de fama y aquellos licores caros que los jefes de las cuadrillas —como el miserable García Atadell— tenían siempre en sus mesas… No. No era porque odiasen al rico por sus riquezas, sino porque querían sustituirlo. Un ladrón, en fin, no es más que un burgués impaciente».

La salida de toda esta riqueza pública y privada se aceleró según se acercaba la victoria de Franco. Varios lugares de Cataluña fueron la última etapa antes de cruzar la frontera, como los castillos de Figueras y Perelada y la mina de la Vajol. La derrota, el caos y las prisas provocaron escenas dignas de recuerdo. Por ejemplo, un dirigente comunista participante en estos asuntos, José María Rancaño, redactó en un informe para su partido algunos años después:

«En Figueras puede ver el espectáculo de un ministro [Francisco Méndez Aspe, de Izquierda Republicana, mano derecha de Negrín y el ministro de Hacienda que tres años antes había participado como director general del Tesoro en el expolio del Banco de España], rodeado de funcionarios y otras gentes, en una lucha angustiosa contra el tiempo, deshaciendo relojes y echando a un lado las tapas de oro y plata, y la maquinaria al suelo; destripando alhajas de toda clase; metiendo en maletas y cajas, empaquetando, ocupándose él mismo de todo, dando voces, presa del mayor histerismo».

La casualidad hizo que el Campesino también fuese testigo de la salida de España del oro y las joyas acumuladas tanto en Figueras como en Lérida. Los destinatarios fueron la Pasionaria y José Díaz, quienes a su vez se lo entregaron a Maurice Thorez, secretario general del Partido Comunista Francés. Además, Negrín le donó otros 2500 millones de francos con los que puso en funcionamiento su órgano Ce Soir. «Como puede verse —resumió el Campesino—, la tan cacareada solidaridad comunista rusa e internacional con el pueblo español fue solo un permanente saqueo».

Pero el periplo del botín no iba a terminar con el cruce de los Pirineos. El presidente Negrín escribiría a su camarada Indalecio Prieto que «nunca se ha visto que un Gobierno o su residuo, después de una derrota, facilite a sus partidarios, como lo hacemos, medios y ayuda que ningún Estado otorga a sus ciudadanos después de una victoria».

Con estas palabras se refería Negrín al plan de manutención del exilio republicano mediante los tesoros sacados de España. La pieza más importante de este plan fue el buque Vita, adquirido por el Gobierno para trasladar el grueso del material lejos del alcance de Franco y de los países europeos que ya le habían reconocido, Gran Bretaña incluida. En las ciento diez cajas se encontraban, según el inventario realizado por los responsables: depósitos del Banco de España y de los montes de piedad, el joyero de la Capilla Real, lingotes y monedas de oro, objetos históricos de la catedral de Tortosa, colecciones numismáticas de la Casa de la Moneda, incunables, cuadros de valor incalculable, joyas religiosas de todo tipo, entre ellas el manto de las cincuenta mil perlas de la catedral de Toledo, etc.

El destino elegido fue México, a donde fueron muchos dirigentes republicanos huyendo de la derrota, entre ellos Indalecio Prieto. Pero el error que cometió Negrín fue encargar la supervisión del viaje a los guardaespaldas de Prieto, la célebre Motorizada que asesinó a Calvo Sotelo. Cuando el Vita llegó al puerto de Tampico el 28 de marzo —el mismo día en que el ejército de Franco entraba en Madrid—, y ante la ausencia del encargado por Negrín de la recepción, Prieto se apropió del cargamento en connivencia con su amigo el presidente mexicano Lázaro Cárdenas, lo que enfrentaría a ambos socialistas durante el resto de sus vidas con acusaciones cruzadas de robo de lo que se suponía patrimonio de la República.

El cargamento entró en territorio mexicano sin pasar por control aduanero alguno y quedó en manos de un Prieto que, hasta su fallecimiento en 1962, se dio la gran vida en su mansión mientras miles de republicanos sufrían los campos de concentración franceses y alemanes y, posteriormente, un largo exilio sin apenas ayudas.

Las Asociaciones de Refugiados Españoles en México le dirigieron esta carta el 6 de septiembre de 1940:

«Los que suscriben, refugiados políticos españoles y como tales titulares del patrimonio que usted como presidente de la JARE [Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles] tiene en su poder (…) Lejos de cumplir con aquellos deberes, la JARE, así como el Comité Técnico, han prostituido su función, distribuyendo el dinero común de modo ilícito entre los amigos y partidarios de los gestores del mismo, obligando a la masa a vivir en la más paupérrima de las miserias (…) Entre tanto, usted y sus parientes y amigos viven en casas suntuosas como la que usted posee en Nuevo León 103, y dilapidan crapulosamente el dinero colectivo (…) A cuenta del patrimonio de los refugiados, ustedes llevan una conducta en este país que hace honor a los plutócratas y terratenientes españoles contra quienes el pueblo vertió su sangre en la guerra civil».

La república de la chusma

La Belle Époque fue un tiempo de barbas y sombreros. Hasta que llegó 1914 para poner el mundo patas arriba, todos llevaron la cabeza cubierta con sombreros, tanto más altos cuanto más distinguidos pretendieran ser los propietarios. Los obreros, por su parte, y hasta los chiquillos, si bien prefirieron las gorras, también llevaron sus cabezas cubiertas. Pero aquella maldita guerra no acabó solo con viejas dinastías y viejas fronteras, sino con muchas viejas costumbres: los hombres se afeitaron las barbas, las mujeres se cortaron el pelo, las ropas se hicieron más simples y los sombreros comenzaron a desaparecer.

En los años veinte todavía resistieron los bombines y otros sombreros bajos, pero para los treinta la moda internacional había dictado su desaparición. Los más influyentes fueron los jóvenes aspirantes a elegantes, que consideraron la cabeza descubierta un signo de modernidad y distinción. Pero la moda, fenómeno impredecible, se vio acompañada por la ideología, lo que añadió un toque desquiciado a todo el asunto.

Porque, efectivamente, durante décadas las clases sociales se distinguieron tanto por el dinero como por el atuendo. Los sombreros rígidos, desde la chistera hasta el bombín y el canotier, fueron signo de las clases acomodadas, propietarios y profesionales, mientras que las blandas gorras formaron parte del uniforme proletario. Y los partidos políticos de izquierdas prestaron especial atención a este detalle. Un adolescente José María Pemán, pasajero en un tren granadino en los primeros años del siglo XX, fue testigo de la impostura de Juan Sol y Ortega, dirigente del Partido Republicano Progresista que viajaba con él en un vagón de primera clase. Poco antes de llegar a la estación de la localidad donde iba a hablar en un mitin, «se quitó la corbata, se pasó a un coche de tercera clase y cambió su sombrero por una boina».

A Pío Baroja, que por entonces experimentaba una tibia simpatía intelectual por las tesis anarquistas, le dijo el dirigente de la CNT Francisco Ascaso que «no es usted de los nuestros porque lleva corbata», lo que al guipuzcoano le pareció una estupidez.

Con el paso de los años se largó Alfonso XIII —rey descoronado que tiró muy poco de sombrero— y llegó la Segunda República, régimen durante el que, junto a tantas otras cosas, se exacerbaron los pleitos indumentarios. No había concluido aquel memorable abril de 1931 cuando a Josep Pla se le ocurrió entrar en una sombrerería madrileña:

—Un sombrero ordinario, flexible, claro… —supuso el sonriente vendedor.

—¡No, no! Hongo, si me hace el favor.

—Es que, verá usted… Esta temporada se llevan muy poco estos sombreros. Con esto de la república, comprenderá…

El apenado Pla decidió, por lo tanto, renunciar al hongo:

«Al salir, sin embargo —estando como estoy rodeado por un mar de gorras y sombreros flexibles más bien sudados—, siento que esta renuncia me lleva a interesarme, en la medida de mis pobres fuerzas, por la revolución general en la que nos hemos metido. Todo se ha politizado. Los sombreros se han politizado».

Pero el cambio indumentario por motivos ideológicos no quedó reducido a los sombreros. Así explicó Julio Camba sus efectos en los parlamentarios, que achacó a la pérdida de «toda noción de respeto» en la sociedad de aquellos días:

«En las Cortes constituyentes la inmensa mayoría de los diputados eran sinsombreristas y sinchalequistas; algunos eran también sincorbatistas y no faltó mucho para que empezasen a surgir asimismo los sinchaquetistas y los sincalcetinistas. Se dice que es más cómodo andar sin sombrero que con él, y yo no lo dudo, pero algo debe de ocurrir en el mundo para que la razón de comodidad se imponga a las de cortesía y buen parecer».

Al estallar la guerra, los asuntos de indumentaria, de aseo e incluso de expresión alcanzaron su máxima importancia. Largo Caballero, tan elegante basta entonces, abandonó el sombrero y se pasó a la boina, la gorra y el mono azul, ropa tradicional de trabajo convertida de repente en el uniforme probatorio de la ortodoxia republicana. No en vano el órgano de expresión de la Alianza de Intelectuales Antifascistas llevó por nombre El mono azul.

Negrín y Azaña, sin embargo, se resistieron a adoptar el uniforme proletario. Al fin y al cabo, el presidente nunca disimuló su condición de burgués acomodado. Por ejemplo, en 1934, durante un viaje en tren con sus correligionarios Giral y Sánchez-Albornoz para dar un mitin en Valencia, las masas les aclamaban en las estaciones al grito de «¡Muera la burguesía!», lo que acabó hartando a un Azaña que abrió la ventanilla y les lanzó un «¡Idiotas, yo soy un burgués!».

De cómo saliera uno a la calle o de las palabras que empleara para saludar podía depender la conservación o la pérdida de su vida. Llevar sombrero se consideró la mayor manifestación de fascismo indumentario que pudiera imaginarse, y no fueron pocos los que acabaron asesinados por ello, al igual que por no tener callos en las manos, ir a misa, poseer crucifijos o imágenes religiosas, ser empresario, llevar corbata, tener barco, ser socio de algún club privado, vivir en un barrio elegante o leer el ABC. Por lo que se refiere a las palabras peligrosas, las que implicaban cortesía, respeto o jerarquía, como tratar a alguien de señor o de usted, se consideraron manifestaciones de clasismo burgués, por lo que pasaron a estar muy mal vistas.

Para dar ejemplo, en los tribunales frentepopulistas se colgaron carteles con la advertencia «Prohibido el usted y el señor». A la socialista Margarita Nelken le ofendía que los jueces siguiesen vistiendo su indumentaria profesional tradicional, que a ella le parecía un disfraz burgués más propio del carnaval que de la justicia popular:

«¿Has visto, lector, alguna fotografía de la apertura de tribunales? Unos señores con unas togas, unas chapas estilo cotillón colgándoles del cuello y unas estrellas sobre el corazón…, y cuentan las reseñas del acto que al final del mismo el público, puesto en pie, entonó puño en alto La Internacional. Pues bien, creemos que convendría ponerse de acuerdo. O lo uno o lo otro (…) La toga, el collar, etc., son como los espadones, espuelas y plumeros de los generales: llevan en sí unos microbios que poco a poco se van comiendo el cuerpo más sano. Los anacronismos tienen en su propia sustancia tal vitalidad que no tardan nunca en dejar de serlo, y para ello ponen a tono con su apariencia cuanto les rodea (…) La justicia del pueblo no puede presentarse ante el pueblo como la que se hacía en contra de él».

De nuevo, el relato de Baroja en Miserias de la guerra:

«Ha bastado una semana para que todo se haya transformado, operándose en el escenario madrileño algo tan rápido como una de esas mutaciones que se producen en la representación de una revista de gran espectáculo. Hasta el modo de saludar en la calle es ya distinto de lo que era antes. Ya no se dice ¡Adiós!, sino ¡Salud!, ostensiblemente, poco menos que a gritos, y el nuevo estilo ha cundido con rapidez acelerada. No sabemos hasta dónde llegará esto. En la calle todo el mundo viste ahora mal, muchos han debido registrar el fondo de sus armarios para ponerse lo que tenían desechado hace años, pantalones con rodilleras, chaquetas con los codos desgastados, zapatos con los tacones torcidos, y se ha compuesto un tipo con aire cochambroso: el pobre porque no tiene otra cosa, el rico porque ha ingresado en una orden mendicante supuesta que le produce vivos deseos de disfrazarse de proletario».

A Baroja le pareció especialmente detestable la hipocresía de unos gobernantes cuya ideología supuestamente humanitaria no engendraba bondad sino crímenes. Esto escribió sobre Juan García Oliver, terrorista anarquista —él mismo calificó a su banda Los Solidarios, codirigida por Durruti, como «los mejores terroristas de la clase trabajadora»— ascendido a ministro de Justicia en el Gobierno de Largo Caballero:

«Este señor, impulsado por su doctrinarismo humanitario, piensa que hay que tratar a los criminales como víctimas de la sociedad y llevarlos a vivir a ciudades penitenciarias cómodas, donde haya teatros, cinematógrafos, bailes, etc. Con este sistema los criminales aparecerán como privilegiados, y será entonces una excelente carrera matar a alguno para llevar una vida agradable. Estas ridículas utopías contrastan con el sistema que los amigos del señor García Oliver practican en las calles fusilando al que lleva un sombrero o una corbata de dos pesetas».

Testigo de ello fue el escritor Luis Ruiz Contreras, destacado critico, secretario perpetuo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y traductor de las obras completas de Anatole France y Guy de Maupassant. Por imitación de su idolatrado France, el librepensador, ácrata y anticlerical Ruiz Contreras adoptó la costumbre de cubrirse con un peculiar bonete de seda, lo que le llevó al borde de su asesinato, como él mismo relataría en sus Memorias de un desmemoriado:

La revolución había estallado el domingo 19, y el viernes 24, al atardecer, provistos de pistolas y carabinas, unos mozalbetes, ¡por mi supuesta condición de clérigo!, me obligaban a subir a un automóvil de que disponían, para llevarme a la Casa de Campo. La intervención inesperada y casual de un tendero socialista puso límite a su error, y el responsable me dijo entonces, amablemente:

—Voy a darle un consejo amistoso: modifique usted su apariencia; esconda el gorrito y no se deje ver mucho por aquí (estábamos en el portal de mi casa), porque son varios los que lo saben y le buscan.

Sabían ya en el Ateneo Libertario de las Ventas, desde la tarde anterior, en que una ronda, capitaneada por un minero de Asturias, hubo de interrogarme y cachearme, que yo, un viejo de buena estatura, barba cana y corta, gabán oscuro y gorrito de seda, era un fascista, con automóvil, que trataba de ocultar, y clérigo por añadidura. La inexactitud, que pudo ser mi muerte, consistía en unir a mi persona los atributos de otra y una profesión imaginaria. Consecuencia del histórico gorrito.

Otro testigo presencial de aquella locura indumentaria fue Pedro de Répide, cronista oficial de Madrid y entusiasta republicano que acabó huyendo de la República para convertirse en fervoroso apologista del bando rebelde:

«Las señoras que se atrevían a salir a la calle hacíanlo descotadas y de trapillo. A pesar de ello, no podían ocultar su porte y sus modales, que motivaban sonrisas y burletas, cuando no frases de franca hostilidad entre las populares, que hacían buenas a las calceteras de la Revolución francesa. Los hombres seguían fielmente y con un rigor desconocido la moda del sinsombrerismo y el sincorbatismo. El calor ayudaba a este descuido y los más correctos y atildados mostrábanse a pecho descubierto y remangados los brazos».

Como contraste con el camuflaje proletario que los «burgueses» debían adoptar para pasar desapercibidos, los nuevos amos se dedicaron a presumir de sus privilegios:

«Comunistas y anarquistas se apoderan de hoteles y de casas ricas, y allí llevan a las milicianas, que se lucen en los balcones y miradores con trajes elegantes y batas de color».

El prominente chequista socialista Agapito García Atadell llegaría al virtuosismo de hacerse servir por tres doncellas de cofia y uniforme selectos vinos robados mientras asesinaba a varios cientos de personas, muchas de ellas previa tortura, en el palacete madrileño en el que instaló su checa con el conocimiento e incluso las alabanzas de la prensa y miembros del gobierno por su eficacia en el exterminio de los considerados quintacolumnistas. Y para la posteridad quedaron cientos de fotografías para las que turbas izquierdistas de todo pelaje posaron muertas de risa ataviadas con báculos, mitras y ropajes obispales junto a las momias exhumadas de monjas y otros eclesiásticos.

En La revolución española vista por una republicana, Clara Campoamor escribió amargas líneas sobre la fealdad como salvavidas bajo el dominio de «una chusma rencorosa envenenada por una odiosa propaganda de clase»:

«El hecho de poder presumir en la ciudad y, para algunos, el saqueo y la venganza, eran carnaza suficiente para atraer a las milicias a mucha gente que tenía que haber estado en la cárcel (…) Toda la ralea de una gran ciudad actuaba libremente, con desbocada pasión, y gozaba de la impunidad que brindaba la ausencia de fuerza pública (…) No se veía en las calles un solo sacerdote porque aquellos que se habían arriesgado a salir durante los primeros días habían sido exterminados. Las monjas que habían sido expulsadas de orfanatos y hospitales tuvieron que huir vestidas de civil. Como su cabello corto estaba de moda, pudieron pasar desapercibidas. Los ciudadanos que, siendo funcionarios o empleados, debían forzosamente salir a la calle, lo hacían disfrazados de descamisados. Madrid, la ciudad coqueta por excelencia donde, por tradición, las mujeres cuidan su peinado y su calzado, pareció transformada por la varita de una bruja fea y mala (…) Madrid ofrecía un aspecto asombroso: burgueses saludando levantando el puño y gritando en todas las ocasiones el saludo comunista para no convertirse en sospechosos; mujeres sin sombrero; vestidos usados, raspados, toda una invasión de fealdad y de miseria moral, más que material, de gente que pedía humildemente permiso para vivir».

Más amargas aún fueron las reflexiones de Wenceslao Fernández Flórez en Una isla en el mar rojo, trágica novela en la que el insigne escritor gallego reflejó su propia experiencia de refugiado en las embajadas de Argentina y Holanda:

«Individuos ganosos de disimular su porte burgués pasaban destocados y sin corbata con apariencias humildes bajo las que jadeaba el temor (…) Mi traje estaba arrugado, no llevaba corbata ni sombrero, prendas proscriptas en aquellos meses de la revolución en que el ansia de todos los perseguidos era aparecer ordinarios y ser fácilmente confundidos con un trabajador manual, si se veían forzados a salir a la calle. Hasta se corregía la actitud para andar como sin garbo (…) Todo lo monstruoso fue desde los primeros instantes marxista. Cuanto se podía poseer por el robo era robado, y los dones intransferibles, como la belleza, el talento, la distinción, la bondad, eran destruidos. Se igualaba por un nivel que no estaba siquiera en la superficie, sino en el fondo del abismo. Si cada pecado capital tuviese un régimen propio, el de la Envidia sería el comunismo».

Además, había muchos ojos vigilantes a la caza del impostor. Así lo explicó el diario donostiarra Frente Popular en un editorial titulado «Sin sombrero y con alpargatas» dos semanas después del 18 de julio:

«El movimiento revolucionario que se va extinguiendo rápidamente, en sus últimas fases ha traído a la ciudad el sinsombrerismo, al que muchos ya habían renunciado, y el alpargatismo, que parece el calzado más democrático para ir por el mundo (…) Así las cabezas y los pies nos confunden a todos al menos exteriormente. Por fuera todos parecemos pueblo, pero dentro de algunas cabezas sigue anidando el odio al pueblo y a la República creada por él (…) Pero a pesar de estos afanes democráticos que algunos han querido mostrar a última hora por fuera, no crean que engañan a nadie. La ciudad no es tan grande para que los enemigos puedan emboscarse fácilmente. Lo importante no es la ropa sino los sentimientos. Y todos sabemos a qué atenernos en esta cuestión».

En la provincia vecina, El Liberal de Indalecio Prieto, órgano del socialismo vizcaíno, publicó el 27 de julio un artículo similar sobre «La actualidad de la boina»:

«Como dure algunos días más la sedición militar, se va a agotar en los comercios el surtido de boinas. ¿Qué relación tiene el levantamiento insensato y criminal con la clásica prenda vasca? Al parecer, ninguno. Pero es el caso que a todos les ha dado estos días por cubrirse la cabeza con boina, hasta ahora atributo de artesanía y popular. Gentes que jamás la usaron van hoy luciéndola, no muy seguros de llevarla bien colocada, con estilo. ¿A qué se debe esta inesperada exaltación de la boina? Se debe a que el artesanado y el pueblo están de moda. Todos quieren aparecer como personas humildes, porque la boina aplastada sobre la cabeza es modestia, así como el sombrero, con su copete rajado, tiene algo de cimera y de casco, algo que denota señorío (…) ¡Cuánta ingenuidad! Creen que por ponerse una simple boina en la cabeza ya han borrado su pasado. Creen que la boina es un carnet».

Lo mismo sucedía en Barcelona, como atestiguó George Orwell, a quien un viajante francés sentado junto a él en el tren que le conducía a España le advirtió de que «usted no puede ir a España con ese aspecto. Quítese el cuello y la corbata. Se los van a arrancar en Barcelona». El viajante tenía razón. He aquí lo que escribió Orwell:

«Las formas serviles e incluso ceremoniosas del lenguaje habían desaparecido. Nadie decía señor o don y tampoco usted; todos se trataban de camarada y tú, y decían salud en vez de buenos días (…) El aspecto de la muchedumbre era lo que más extrañeza me causaba. Parecía una ciudad en la que las clases adineradas hubieran dejado de existir. Con la excepción de un escaso número de mujeres y de extranjeros, no había gente bien vestida; casi todo el mundo llevaba tosca ropa de trabajo, o bien monos azules o alguna variante del uniforme miliciano. Ello resultaba extraño y conmovedor. En todo esto había mucho que yo no comprendía y que, en cierto sentido, incluso no me gustaba, pero reconocí de inmediato la existencia de un estado de cosas por el que valía la pena luchar. Asimismo, creía que los hechos eran tales como parecían, que me hallaba en realidad en un Estado de trabajadores, y que la burguesía entera había huido, perecido o se había pasado por propia voluntad al bando de los obreros. No me di cuenta de que gran número de burgueses adinerados simplemente esperaban en las sombras y se hacían pasar por proletarios hasta que llegara el momento de quitarse el disfraz (…) Las ropas elegantes constituían una anormalidad (…) En los primeros meses de la revolución hubo seguramente miles de personas que deliberadamente se pusieron el mono proletario y gritaron lemas revolucionarios para salvar el pellejo».

Y llegó la victoria de los nacionales, cantada por Celia Gámez en su célebre Ya hemos pasao, cuya primera estrofa recordaba así el Madrid frentepopulista:

Era en aquel Madrid de hace dos años,

donde mandaban Prieto y don Lenín,

era en aquel Madrid de la cochambre,

de Largo Caballero y don Negrín.

El 13 de mayo, un mes después de la victoria, Julio Camba publicó en Ya un artículo en el que vinculó la desaparición de los sombreros con la degeneración moral de una Humanidad sin respeto por el prójimo, en la que, por querer todos «ser democráticamente iguales», se había comenzado por ser iguales en mala educación y cuyo destino final acabaría siendo «eso que en las casas del pueblo llaman unos el caos, otros la órdiga, y los más leídos y escribidos, la revolución social o dictadura del proletariado». Pero la victoria de Franco había llegado para enderezar las cosas:

«Parece que ya hay sombreros en Madrid. Yo acabo de contarlos por docenas en una fotografía de la desventurada ciudad donde durante treinta y dos meses espantosos dicen que no se había visto ninguno. Ya hay sombreros en Madrid, y esto significa, sencillamente, que ya hay, de nuevo, civilización».

A un avispado empresario madrileño se le ocurrió aprovechar el sinsombrerismo republicano para hacer su agosto en los primeros meses de la paz. «Los rojos no usaban sombrero» fue el famoso lema con el que la sombrerería Brave consiguió aumentar sus ventas entre los caballeros añorantes de elegancias pasadas o deseosos de dejar constancia de su adhesión al nuevo régimen.

Pero el éxito no duró, pues la moda, tanto en España como en todo el mundo, ya hacía bastante tiempo que había dictado la muerte de los sombreros. Además, lo que triunfaba en la España de aquellos marciales años eran las gorras militares y las boinas rojas.

Hoy, casi un siglo después, y sin que —gracias a Dios— tengan nada que ver en ello las ideologías políticas, el sombrero ha desaparecido casi por completo, al menos lo que por sombrero se entendió tradicionalmente en Europa y América. Bueno, con una excepción: las mujeres bolivianas, que, por intrincados vericuetos de las modas, siguen fieles al bombín.

La república de la destrucción

Lo primero que destruyó la Segunda República fue el empleo, ya que una de las primeras medidas del Gobierno provisional fue cancelar todas las obras públicas comenzadas por Primo de Rivera, como los ambiciosos planes de embalses, carreteras (el Circuito Nacional de Firmes Especiales, que contemplaba una primera fase de 7000 kilómetros de modernas vías), ferrocarriles, puertos y paradores nacionales.

Pero en breve se iba a escribir el primer capítulo de las destrucciones por las que la República habría de pasar a la historia: las materiales. Porque el 10 de mayo, solo un mes después del gozoso parto del nuevo régimen, comenzaron en Madrid las destrucciones de iglesias y conventos. La chispa se prendió durante la inauguración del Círculo Monárquico en la calle Alcalá con la presencia de Juan Ignacio Luca de Tena, director del ABC. Sonó la Marcha Real, comenzaron los insultos y se acabó a golpes y tiros. El ministro de la Gobernación, el exmonárquico Miguel Maura, no pudo desplegar a la Guardia Civil por la oposición del presidente Alcalá-Zamora y de Azaña, ministro de la Guerra. Vista la inacción gubernamental, las masas izquierdistas comenzaron a incendiar edificios religiosos. Con letras de oro pasaron a los anales las palabras de Azaña: «Todos los conventos de España no valen la vida de un republicano. Si sale la Guardia Civil, yo dimito». En dos días ardieron, entre conventos, iglesias y colegios, una decena de edificios religiosos, y entre otros muchos objetos valiosos, los 20 000 volúmenes de la biblioteca del Instituto Católico de Artes e Industrias y los 80 000 de la Casa Profesa de los jesuitas.

La furia destructora se contagió a otras ciudades, sobre todo en Levante y Andalucía. La ciudad más afectada fue Málaga, cuyo gobernador militar, el masón Juan García Gómez-Caminero, dejó hacer a los vándalos e inmovilizó a los agentes del orden. «Ha comenzado el incendio de iglesias. Mañana continuará» fue el telegrama que envió a Azaña. Llegaría a general de División e Inspector General del Ejército.

El balance final de aquellas jornadas fue un centenar de edificios religiosos destruidos, varias bibliotecas y archivos incendiados, varios cementerios profanados, cientos de obras de arte —cuadros, retablos, esculturas— quemadas, destrozadas o robadas, numerosos comercios asaltados, varios dirigentes monárquicos detenidos, varios periódicos derechistas asaltados, El Debate y el ABC suspendidos, cuantiosos heridos y una decena de muertos. La prensa de izquierdas lo celebró como manifestación de la sana indignación del pueblo contra las provocaciones de curas, monárquicos y demás reaccionarios. He aquí, por ejemplo, el editorial de El Socialista del 12 de mayo:

«La ofensiva antirrepublicana, de indiscutible táctica fascista, comenzó, sin embargo, bastante burdamente. El resultado de esa ofensiva, que es a todas luces un gran disparate, está reflejado con máxima elocuencia en los conventos e iglesias que han ardido (…) Quien pretenda hostigar, saliendo a la calle bien armado, a un Gabinete como el que hoy rige los destinos de España, actuará, antes que contra el Gobierno, contra el Pueblo (…) La reacción ha visto ya que el pueblo está dispuesto a no tolerarla. Han ardido conventos. Esa es la respuesta de la demagogia popular a la demagogia derechista. Nada hubiera sucedido sin la provocación, torpe y suicida, de periódicos y gentes tan apegados al latifundio y a la reacción que no merecen la libertad que hasta aquí se les dio».

Tres años después llegaría el segundo capítulo: la revolución socialista de octubre de 1934, que provocaría cerca de dos mil muertos. Aunque las destrucciones y crímenes salpicaron todo el país, Asturias concentró la mayor parte. Fueron asesinados treinta y cuatro sacerdotes, monjes y seminaristas, e incendiados cincuenta y ocho edificios religiosos. Singular importancia tuvo la voladura de la Cámara Santa de la catedral ovetense, con la que se destruyeron obras de arte, reliquias y objetos de muchos siglos de antigüedad. También dinamitaron la antigua Universidad de Oviedo y quemaron su biblioteca, una de las más importantes de España. Al fin y al cabo, no eran pocos los doctrinarios izquierdistas que por aquellos años proclamaron la necesidad de acabar con la cultura acumulada en siglos pasados, toda ella engendradora de opresión. Baroja tomó nota, por ejemplo, del concejal socialista madrileño que proclamó que «la prehistoria es una ciencia reaccionaria».

Pero lo más grave estaba por llegar, pues tras la victoria fraudulenta del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 se desató el caos en toda España. Los diarios de Alcalá-Zamora son una fuente, aunque no exhaustiva, insuperablemente autorizada para conocer su magnitud: desorden general, inaplicación de la ley, impunidad de los delincuentes, apoyo de las autoridades a los revolucionarios, persecución a personas calificadas como fascistas, destrucción de periódicos, sedes de partidos y otros lugares considerados derechistas, profanaciones e incendios de iglesias y conventos, ocupaciones de fincas, incautaciones de fábricas y minas, robos de cosechas, saqueos, descarrilamientos, bombas, tiroteos, palizas, linchamientos, vejaciones, mutilaciones, asesinatos…

Con letras de sangre pasaron a los anales las dos relaciones que hizo Calvo Sotelo en el Parlamento, nunca desmentidas por el Gobierno. En la primera (15 de abril) recopiló los hechos sucedidos desde el 16 de febrero, victoria del Frente Popular en las elecciones, hasta el 1 de abril: 58 asaltos y destrozos en centros políticos; 72 en establecimientos públicos y privados; 33 en domicilios particulares; 36 en iglesias; total de asaltos y destrozos, 199; 12 incendios en centros políticos; 45 en establecimientos públicos y privados; 15 en domicilios particulares; 106 en iglesias, 56 de ellas completamente destrozadas; 11 huelgas generales; 39 tiroteos; 65 agresiones; 24 atracos; 345 heridos y 74 muertos. En su segunda intervención (6 de mayo) recopiló lo sucedido desde el 1 de abril hasta el 4 de mayo: 47 muertos; 216 heridos; 38 huelgas; 53 bombas; 52 incendios, en su mayor parte de iglesias; y 99 atracos, atentados y agresiones. Según palabras de su adversaria la republicana Clara Campoamor, «aquel acto le costaría la vida».

Todavía faltaban dos meses para su asesinato y el estallido de la guerra, momento en el que cayeron las pocas barreras que quedaban. La principal víctima fue una Iglesia católica en la que la propaganda izquierdista personificó todos los males que aquejaban a España. El 18 de agosto de 1936, un mes después del alzamiento, la moderada Izquierda Republicana de Azaña proclamaba en su órgano Política que «casi todos esos monumentos cuya caída deploramos son calabozos donde se ha consumido durante siglos el alma y el cuerpo de la humanidad». Sus aliados socialistas, comunistas y anarquistas no se anduvieron con remilgos. Tres días antes Solidaridad Obrera, órgano de la CNT, había publicado estos párrafos:

«Sus bienes están mal adquiridos. Los han robado. Viven del chantaje puro. Arrebatan las chiquillas de los hogares. Envenenan a la juventud. Han estafado a la nación (…) La Iglesia ha de desaparecer para siempre. Los templos no servirán más para favorecer las alcahueterías más inmundas. Se han terminado las pilas de agua bendita (…) No existen covachuelas católicas. Las antorchas del pueblo las han pulverizado. En su lugar renacerá un espíritu libre que no tendrá nada de común con el masoquismo que se incuba en las naves de las catedrales. Pero hay que arrancar la Iglesia de cuajo. Para ello es preciso que nos apoderemos de todos sus bienes que por justicia pertenecen al pueblo. La Órdenes religiosas han de ser disueltas. Los obispos y cardenales han de ser fusilados. Y los bienes eclesiásticos han de ser expropiados».

Pero no fue a la expropiación a lo que se dedicaron los izquierdistas, sino a la destrucción y la muerte: 6832 religiosos asesinados en tres años; trece obispos, 4184 sacerdotes, 2365 frailes y 283 monjas, a los que hay que sumar muchos miles más de seglares que fueron asesinados por ser católicos. La mayor masacre de cristianos de la historia, superior a las persecuciones romanas y las revoluciones francesa y rusa tanto en cantidad como en ferocidad: muchos de ellos murieron tras tortura, apaleados, descuartizados, ahogados, enterrados vivos, quemados, toreados o arrojados a los leones de la casa de fieras del Retiro.

Las masacres cometidas en retaguardia fueron el factor principal de la pérdida de apoyo de unas potencias occidentales en principio recelosas ante un Franco apoyado por Mussolini y Hitler. Consciente de ello, al enterarse de la matanza de la cárcel Modelo, Indalecio Prieto exclamó: «La brutalidad de lo que aquí acaba de ocurrir significa que con esto ya hemos perdido la guerra». Algo similar sucedió el 25 de septiembre y el 2 de octubre en los barcos-prisión bilbaínos Cabo Quilates y Altuna Mendi, así como el 4 de enero en varias prisiones de la misma ciudad: en las matanzas allí desatadas fueron asesinadas cerca de cuatrocientas personas, bastantes más que las víctimas del bombardeo de Guernica, si bien no tuvieron un Picasso que las inmortalizase. Lo que más horrorizó al peneuvista Telesforo Monzón, consejero de Gobernación del gobierno autónomo, no fueron los asesinatos, algunos de ellos previa tortura, sino el posible eco exterior: «¡Qué dirán de nosotros los ingleses!». En otro barco-prisión, el Alfonso Pérez, anclado en Santander, fueron asesinados 156 personas el 27 de diciembre de 1936.

Estas matanzas, sin embargo, fueron calderilla en comparación con lo sucedido en otros lugares. En Barcelona, por ejemplo, por los registros del Hospital Clínico, usado como depósito de cadáveres, se conocen los más de seis mil asesinados entre el 18 de julio y el 9 de septiembre. Por lo que se refiere a Madrid, Clara Campoamor fue testigo de las «espeluznantes ejecuciones en masa» efectuadas en la Casa de Campo, la Pradera de san Isidro y las carreteras cercanas: «El gobierno hallaba todos los días sesenta, ochenta o cien muertos tumbados en los alrededores de la ciudad». Este fue el motivo por el que la muy republicana Campoamor se apresuró a huir de la España republicana, aunque hoy la propaganda izquierdista difunda que huyó de Franco.

Mención aparte merecen, por supuesto, Paracuellos de Jarama, donde fueron asesinadas, según los cálculos más bajos, 2500 personas, cincuenta de ellas niños, en noviembre de 1936. Y el cementerio de Aravaca, donde reposan los cuerpos, la mayoría de ellos sin identificar, de más de ochocientas personas allí asesinadas, si bien ninguna de ellas se apellidaba García Lorca.

Por lo que se refiere a los edificios, fueron destruidos veinte mil iglesias y monasterios con todo su contenido: retablos, cuadros, imágenes, bibliotecas, archivos, etc. Los que no fueron destruidos acabaron como mercados, garajes, cuarteles, refugios, polvorines, cuadras y pocilgas. Y se prohibió la tenencia privada de objetos religiosos. Dos ejemplos entre mil: el primero, el bando del Comité Revolucionario de Játiva, constituido por la CNT y la UGT, de 24 de octubre de 1936:

«El Comité Revolucionario de esta ciudad ordena a todos los vecinos que depositen en la plaza pública más inmediata a su domicilio, todos cuantos objetos, imágenes, estampas, etc., de carácter religioso tengan en su poder, con excepción de los que por ser de metales preciosos o corrientes o de cualquier otra materia aprovechable puedan tener valor material, de los cuales se desprenderán igualmente entregándolos en el Departamento de Orden Público de este Comité. Se concede para estas operaciones el plazo de cinco días, pasados los cuales se realizará investigación en todos los domicilios y en el que se encontrasen objetos de los indicados serán declarados facciosos sus moradores y en tal carácter serán pasados por las armas».

El segundo, el bando del Comité Local de Defensa de Sabadell de 8 de septiembre de 1936:

«Aquest Comitè ha pres l’acord de concedir 48 hores de temps a tots els ciutadans que a casa seva tenen material u objectes religiosos per portarlos a la Covartera, de les 8 del matí a la una del migdia, i de les 4 de la tarda a les 8. Els que no compleixin aquesta ordre seran considerats facciosos i per tant s’hauran d’atendre a les conseqüències».

Cataluña fue singularmente castigada por la furia antirreligiosa, como confesó satisfecho el presidente Companys al preguntarle una periodista francesa por la posibilidad de reabrir los templos al culto católico una vez pasados los primeros furores revolucionarios: «Oh, este problema no se plantea siquiera —respondió el presidente esquerrista—, porque todas las iglesias han sido destruidas».

El abad de Montserrat, Antoni Maria Marcet, escribiría que «aquellos tres años fueron los más terribles y gloriosos de la historia de España, durante los que toda una civilización milenaria estuvo en peligro de hundirse en la más desenfrenada de las barbaries». Marcet habló sobre hechos que vivió en directo: el saqueo e incendio de miles de iglesias y conventos, el asesinato de cientos de personas, los periódicos izquierdistas proponiendo la destrucción de la abadía de Montserrat, etc. Testigo de todo ello fue el socialista inglés George Orwell, llegado a Barcelona en diciembre de 1936:

«Casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes, quemadas. Por todas partes, cuadrillas de obreros se dedicaban sistemáticamente a demoler iglesias (…) La realidad es que los templos fueron saqueados en todas partes como algo muy natural, porque estaba perfectamente sobreentendido que el clero español formaba parte de la estafa capitalista. Durante los seis meses pasados en España solo vi dos iglesias indemnes».

Una de esas dos iglesias indemnes fue la Sagrada Familia, lo que Orwell lamentó por considerarla «uno de los edificios más feos que he visto en el mundo entero (…) Creo que los anarquistas demostraron mal gusto al no dinamitarla cuando tuvieron oportunidad de hacerlo, en lugar de limitarse a colgar un estandarte rojinegro entre sus agujas».

Peor suerte corrió el adyacente taller de Gaudí, incendiado por las turbas mientras profanaban la tumba de Josep Maria Bocabella, promotor y fundador del templo. En aquel incendio desaparecieron planos y maquetas dejadas por Gaudí para la continuación de las obras. También fueron profanadas las tumbas de otros egregios catalanes como Wifredo el Velloso, Jaime Balmes, el obispo Josep Morgades, restaurador del monasterio de Ripoll, y el obispo Torras y Bages, con cuyo cráneo jugaron al fútbol.

Pero la destrucción no se limitó a las iglesias. Respecto a las casas de campo aragonesas, «lugares de gran nobleza», Orwell escribió que «a veces uno sentía una especie de oculta simpatía hacia los expropietarios fascistas al ver cómo trataba la milicia los edificios confiscados. En la Granja, toda habitación que no estuviera en uso había sido convertida en letrina, un horrible amontonamiento de muebles destrozados y excrementos».

La mayoría de las iglesias destruidas por los republicanos fueron restauradas por el nuevo régimen, y hasta en los más alejados rincones de España pudieron leerse las placas conmemorativas con la leyenda «Destruida por las hordas rojas. Reconstruida por la España Nacional». A lo largo de los últimos cuarenta años todas esas placas han sido eliminadas; y con ellas, una de las páginas más sangrientas de la historia de España. Y en eso precisamente consiste la solemnemente bautizada Memoria Histórica.

Sobre la legitimidad o ilegitimidad del 18 de julio

El 21 de diciembre de 1938, tocando ya la victoria con la punta de los dedos, el gobierno de Franco encargó a una comisión de veintidós juristas la elaboración de un informe sobre la «ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936» con el objetivo de contrarrestar la propaganda del agonizante bando contrario, centrada en la reivindicación de su carácter de gobierno legítimo y defensor de la democracia. La orden de Serrano Suñer explicó con claridad su tesis acusatoria:

«Que los órganos y las personas que el 18 de julio de 1936 detentaban el Poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo, que, al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley».

Los tres argumentos principales de la comisión fueron la inconstitucionalidad del Parlamento surgido de unas elecciones, las de febrero de 1936, fraudulentas; la responsabilidad de los gobernantes en el asesinato de Calvo Sotelo; y la conversión del Estado, desde dichas elecciones, en un «instrumento sectario puesto al servicio de la violencia y del crimen».

Empezando por el último, el régimen republicano fue, sin duda, el más caótico de la historia contemporánea de España: las garantías constitucionales estuvieron suspendidas más de la mitad de su duración; 2629 muertos por violencia política en cinco años, una media de nueve por semana; muchos miles de heridos; cientos de huelgas, de saqueos, de atentados, de incendios de iglesias, conventos, bibliotecas, centros derechistas e incluso lugares asociados con la vida burguesa, como teatros, casinos, restaurantes o cafeterías.

En los sangrientos meses posteriores a las elecciones de febrero, la violencia y el caos se disparó: cientos de asesinatos, incendios, palizas, detenciones arbitrarias, destitución de jueces, asalto a las cárceles para liberar a condenados por la revolución de 1934 —y de paso a presos comunes—, robos de cosechas, invasiones de fincas, incautación de propiedades, cierre de colegios católicos, ataques a sedes de los partidos derechistas, etc.

Como reconoció el egregio republicano Salvador de Madariaga, «el país había entrado en una fase claramente revolucionaria. Ni la vida ni la propiedad estaban a salvo en ninguna parte». En sus propias carnes lo sufrió nada menos que el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, a quien despertaron a las cuatro de la madrugada para informarle de que el terror reinaba en su finca de Jaén. Y cuando llegaron los guardias de asalto a poner orden, se llevaron presos a sus familiares y dejaron dueños del pueblo a los revolucionarios. El presidente recogió en su diario muchos otros «atentados y tumultos en que se eclipsa la autoridad», como el registro de domicilios de derechistas, la destitución y prisión de alcaldes legítimos, la prohibición del culto católico, extorsiones, palizas, mutilaciones, etc. Singularmente afectados fueron los automovilistas, obligados por la fuerza a pagar un impuesto revolucionario a cuadrillas que controlaban las carreteras. Una vez más, no se libró de ello ni el escandalizado presidente, al que obligaron a aflojar la bolsa para salvar la vida y poder continuar su viaje.

Pero la comisión no centró su acusación en los desmanes populares, sino en las irregularidades cometidas por quienes tuvieron responsabilidades de gobierno. Por ejemplo, el propio Alcalá-Zamora tomó nota de «la sistemática ocultación por el Gobierno [de Azaña] a mí de cuanto ocurre sobre alteración del orden público», de la aprobación de decretos manifiestamente anticonstitucionales, de excarcelaciones ilegales, etc. Junto a todo lo anterior estuvieron las exculpaciones de quienes habían participado en la revolución de 1934, culpables de delitos de sangre incluidos; su reincorporación al ejército y la policía; la simultánea inculpación de los encargados de defender el orden constitucional; la ilegalización de varios partidos derechistas y la detención de miles de sus militantes; la impunidad para los delitos cometidos por izquierdistas; los procesos políticos arbitrarios, —José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo, fue detenido «por fascista», delito no tipificado en el Código Penal—; las sustituciones de alcaldes electos por militantes frentepopulistas; el incumplimiento por parte del Gobierno de las sentencias judiciales, incluida, por ejemplo, la anulación por el Tribunal Supremo de la ilegalización de Falange; la incorporación de militantes socialistas y comunistas a las fuerzas de seguridad como «delegados de policía»; etc. Todo ello fue resumido por uno de los fundadores de la República, Miguel Maura, como «la verdadera plaga bolchevique que está asolando el país. Los ciudadanos pacíficos viven con la sensación de que las leyes son letra muerta».

Mención aparte merece, por las trascendentales consecuencias que tuvo el magnicidio, el comportamiento de algunos políticos izquierdistas antes, durante y después del asesinato de Calvo Sotelo. Porque, en primer lugar, estuvieron las muy conocidas amenazas de muerte a él y a Gil Robles en el Parlamento por parte de los comunistas José Díaz y Dolores Ibárruri, el socialista Ángel Galarza e incluso el presidente Casares Quiroga. En segundo, los no menos conocidos vínculos del PSOE y, en concreto, del círculo de Indalecio Prieto, con los agentes policíacos autores del crimen. Y, finalmente, el bloqueo que este impuso al Gobierno en su inicial intención de investigar los hechos, la impunidad en que quedaron los asesinos, la censura de prensa decretada inmediatamente, la nueva oleada de detenciones de derechistas e incluso el cese de Ursicino Gómez Carbajo, el juez de instrucción que pretendió esclarecer lo sucedido.

Por lo que se refiere al fraude electoral de febrero, punto primero de la comisión de juristas, estos denunciaron la falsificación de actas, la proclamación de diputados que no habían sido elegidos, la anulación de elecciones en varias circunscripciones para repetirse en condiciones de violencia, así como la declaración de incapacidad de diputados que no estaban legalmente incursos en ella. Alcalá-Zamora ya apuntó el 8 de marzo que

«una de las cosas más extrañamente difíciles ha resultado conocer los datos numéricos de votación en las recientes elecciones (…) Ha costado días y esfuerzos saberlo porque las manipulaciones de prestidigitación a partir del lunes 17, preparatorias de tantas resurrecciones y muertes de candidatos, lo imposibilitan».

Una vez escapado de la escabechina, escribió en el Journal de Génève el 17 de enero de 1937 que el Frente Popular había logrado la mayoría absoluta mediante la violencia y un pucherazo masivo que calculó en ochenta diputados derechistas eliminados para ser sustituidos fraudulentamente por izquierdistas.

Por su parte, el flamante nuevo presidente del Gobierno, Manuel Azaña, escribió a su cuñado Rivas Cherif estas cínicas líneas:

«En La Coruña íbamos a sacar cinco o seis. Pero antes del escrutinio surgió la crisis, y entonces los poseedores de 90 000 votos en blanco se asustaron ante las iras populares, y hemos ganado los trece puestos… ¡Veleidades del sufragio!… Han sacado al otro… para que no saliera Emiliano, a quien metimos preso la misma noche de formarse el gobierno, para salvarle la vida, decían los de allí… hemos sacado… otro en Guipúzcoa… y no tenemos dos porque los comunistas se llevaron las actas pistola en mano».

Ochenta años después de aquel enorme fraude electoral los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han publicado su esencial aportación (1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular) para zanjar, documentos originales en mano, cualquier posible discusión sobre la legitimidad de unas elecciones que habían sido ganadas por las derechas y cuyo falseamiento desató la crisis final de un régimen republicano convertido en revolución bolchevique.

El suicidio de la República fue confesado con amargura por muchos eminentes republicanos, como los padres fundadores Ortega, Pérez de Ayala y Marañón, huidos del régimen que tanto contribuyeron a construir y cuyos hijos acabaron alistándose voluntarios en el ejército de Franco. Ayala escribiría sobre los dirigentes republicanos que «nunca pude concebir es que hubiesen sido capaces de tanto crimen, cobardía y bajeza». Marañón fue todavía más contundente:

«¡Qué gentes! Todo es en ellos latrocinio, locura, estupidez (…) Tendremos que estar varios años maldiciendo la estupidez y la canallería de estos cretinos criminales, y aún no habremos acabado. ¿Cómo poner peros, aunque los haya, a los del otro lado?».

Hasta Indalecio Prieto, en un rapto de honradez, acabaría admitiendo que «una sola cosa está clara: que vamos a merecer, por estúpidos, la catástrofe». Y su gran rival en el seno del PSOE, Julián Besteiro, llegó a descalificar de tal modo a los republicanos que atribuyó al bando alzado la defensa de la civilización:

«La verdad real: estamos derrotados por nuestras propias culpas. Estamos derrotados nacionalmente por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que han conocido quizás los siglos. La política internacional rusa, en manos de Stalin y tal vez como reacción contra un estado de fracaso interior, se ha convertido en un crimen monstruoso que supera en mucho las más macabras concepciones de Dostoyevski y de Tolstoi. La reacción contra ese error de la República de dejarse arrastrar a la línea bolchevique la representan genuinamente, sean los que quieran sus defectos, los nacionalistas que se han batido en la gran cruzada anticomintern».

Los republicanos, aun partiendo con una enorme ventaja en medios humanos, materiales y financieros, perdieron la batalla militar por su incompetencia y su desgaste en luchas intestinas —recuérdese el POUM—, ya comenzadas antes del estallido de la guerra: Prieto y los suyos perseguidos a tiros por los seguidores de Largo Caballero el 31 de mayo de 1936 en Écija. Perdieron la batalla del apoyo internacional porque sus desmanes consiguieron que las potencias democráticas no se implicaran en la defensa de un régimen equiparable a la Rusia de 1917. Y perdieron la batalla del apoyo del pueblo español porque la gran mayoría, incluidos muchos que habían recibido la República con esperanza, rechazó su caos y ansió la victoria del bando que, a sus ojos, representaba la recuperación del orden.

En unas declaraciones a Le Matin en septiembre de 1936, Unamuno denunció la «ola de destrucción, asesinatos, saqueos y crímenes de todo tipo» desatada por comunistas y anarquistas. Acusó a Azaña y a su «gobierno delincuente» de ser «el responsable de todo lo que sucede» porque «se habla del gobierno de Madrid, pero no hay gobierno en Madrid; hay solamente bandas armadas, que cometen todas las atrocidades imaginables (…) Estamos ante una lucha entre la civilización y la anarquía. Madrid no representa realmente la Democracia. Es la anarquía en su forma más perversa». Y a causa de todo ello, confesó su satisfacción por que «el ejército ha demostrado una gran habilidad» y auguró que Franco «puede salvar a España».

Como ha señalado Stanley G. Payne con magistral brevedad, la fenecida «República democrática», a partir de las elecciones de febrero del 36, «era poco más que un recuerdo, aunque tendría una vida muy larga como mero eslogan de propaganda». Tan larga que ha llegado hasta nuestros días y ha conseguido mantener, en España y en todo el mundo, el mito de una República democrática destruida injustamente por un golpe fascista organizado por curas, marqueses y militares.

Sin embargo, la constatación de los hechos históricos no permite otra salida que confirmar la exactitud de los argumentos elaborados en 1939 por la comisión de juristas franquistas. Después cada uno sacará sus conclusiones sobre si, a pesar de todo, estuvo justificado o no el recurso a la fuerza; sobre si la guerra fue inevitable o no; sobre qué bando mereció ganarla; y sobre las virtudes o defectos del régimen salido de ella.

Pero ya va siendo hora de arrojar al vertedero de los mitos absurdos esa versión pueril y maniquea de republicanos demócratas y buenos contra nacionales fascistas y malos que tanto ha envenenado y sigue envenenando la vida política de España.

III
REPUBLICANOS CONTRA LA REPÚBLICA

Marañón, el arrepentido

Quizá la Segunda República nunca hubiera llegado, o hubiera llegado más tarde o de otro modo, sin la aportación de unos pocos personajes de enorme influencia en aquellos días. Uno de los más importantes fue el egregio médico y escritor Gregorio Marañón, figura destacada del liberalismo español de la primera mitad del siglo XX.

Aunque no pudo asistir al Pacto de San Sebastián, firmado el 17 de agosto de 1930 por varias personalidades republicanas para aunar esfuerzos en el derrocamiento de la Monarquía, Marañón envió una entusiasta carta de adhesión. Pocos meses después fundaría, junto a Ortega y Pérez de Ayala, la Agrupación al Servicio de la República, de gran influencia en el cambio de régimen.

Hasta tal punto influyó personalmente Marañón en ello, que la reunión final entre Alcalá-Zamora y el conde de Romanones, el mediodía del 14 de abril, en la que se decidió la claudicación de los monárquicos y el traspaso de poderes tuvo lugar en su casa. Así lo recordaría don Niceto en sus memorias:

«La capitulación de la corona en casa de Marañón fue ofrecida por aquella sin darnos tiempo a exigirla cual ya habíamos decidido. Reflejóse de ese modo, hasta en los últimos trámites, la honda verdad de que todo régimen muere por el suicidio en que remata y expía sus culpas. Húndense las monarquías por los reyes y sus cortesanos, como hacen perecer las repúblicas sus partidarios más fanáticos».

Efectivamente, no tardarían los fanáticos en desengañar a Marañón y sus compañeros. Así le expresó su desazón a Ortega poco después de las elecciones constituyentes:

«No me deja el pensamiento de que hemos de decir algo al país en estos momentos. Hemos sido una fuerza grande para traer la república y hemos dado un sentido más alto que el que había hasta entonces al movimiento. Ahora se hunde, precisamente, ese sentido de dignidad. Las pequeñas e inofensivas sandeces de los monárquicos sirven de pretexto para justificar la plebeyez de mala ley de los que nunca supieron hacer nada por el progreso de España ni por la república; y ahora quieren que esta sea un instrumento de su exclusiva pertenencia. Perdone, pero estoy muy inquieto viendo tanta sandez. Nuestro nombre ha sido la garantía para centenares y centenares de votantes: muchos más de los que están en nuestras listas, y no han votado para esto».

Tras dos años de diputado, abandonó la primera línea de la política y se centró en su labor científica. Pero al estallar la guerra, las cosas se le pusieron difíciles. Por su tibieza republicana, tuvo que comparecer dos veces en sendas checas y una ante un tribunal popular. Y el Comité Obrero prohibió la reedición de Raíz y decoro de España porque en una de sus páginas Marañón había escrito: «Yo, que he sido siempre liberal, gracias a Dios». Además, le obligaron con amenazas a firmar un documento de apoyo al gobierno republicano y a emitir una declaración por la radio del Partido Comunista. Así relató al historiador Josep Pijoan lo sufrido a manos de «aquella caterva de asesinos»:

«Yo he estado cinco meses en Madrid, en contacto con ellos, y le aseguro que toda la intransigencia y la pequeñez de espíritu de todos los obispos y todos los izquierdistas del mundo es poca cosa comparada con la suya. Cuando durante cinco meses he tenido que firmar, pistola al pecho, lo que querían cuatro acólitos de don Fernanditísimo; cuando he tenido que decir por la radio lo que querían, a las 12 de la noche, entre fusiles, comprenderá usted que todo lo de los otros me parece una broma. Me acuerdo de aquel Primo de Rivera, dictador, que me encarceló, como de santa Teresita».

Dado que el horizonte empezaba a oscurecerse, se refugió con su familia en la embajada de Polonia, tras lo que consiguió escabullirse y embarcar en Alicante en un buque inglés con destino a Francia. Al poco de llegar a París, el 21 de febrero de 1937, explicó a Le Petit Parisien los motivos por los que había salido de Madrid:

«Me sabía en peligro. Una mañana leí, en el periódico de Largo Caballero, estas líneas destacadas en letras enormes: Si queréis saber los antecedentes de Gregorio Marañón, buscadlos en las listas fascistas. ¡Era una sentencia de muerte! Esta hoja oficial publica, en efecto, bajo esta forma, sus órdenes de ejecución. Los benévolos verdugos, tan pronto como se los alerta, rivalizan en celeridad. Todos aquellos a quienes he visto señalados de este modo han sido asesinados unas horas después de la salida de la edición (…) Los intelectuales que han tenido la suerte de encontrarse en territorio controlado por los nacionales no han visto amenazadas sus vidas ni se han visto obligados a exiliarse. Compruébelo usted mismo: en los hoteles de París y otras ciudades francesas podrá encontrar refugiados políticos españoles. Todos han escapado de la España roja. Ninguno ha tenido que escapar de la España nacional».

Y varios días más tarde tuvo que aclarar ante una asamblea de intelectuales franceses las que a su juicio eran opiniones erróneas sobre lo que estaba sucediendo en España:

«No hay que esforzarse mucho, amigos míos. Escuchen ustedes este argumento: el 88 % del profesorado de Madrid, Valencia y Barcelona ha tenido que huir al extranjero, abandonar España, escapar a quien más pueda. ¿Y saben ustedes por qué? Sencillamente porque temían ser asesinados por los rojos, a pesar de que muchos de los intelectuales amenazados eran tenidos por hombres de izquierda. ¿Comprenden ustedes ahora, queridos amigos?».

Y a continuación enumeró una larga lista de intelectuales huidos «de la España roja», entre ellos Menéndez Pidal, Ortega y Gasset, García Morente, Pérez de Ayala, Puig y Cadafalch, Jiménez Díaz, Baroja, Azorín, d’Ors, Madariaga, Juan Ramón Jiménez y Gómez de la Serna, escapados de un régimen a cuyos dirigentes dedicó Marañón todo tipo de adjetivos: crueles, ladrones, infames, cobardes, desleales, podridos.

Pocos días más tarde publicó un artículo en El Pueblo de Montevideo, «Ante la más monstruosa de las pedanterías del crimen», en el que reiteró la presencia en París de huidos de la República, incluidos numerosos izquierdistas que habían preferido mantenerse lejos de los suyos:

«Hoy quedan en la España roja exclusivamente los marxistas y sus prisioneros. Esta verdad es tan patente que cualquiera la puede comprobar sin más que pasearse por las calles de París. Diputados del Frente Popular, exministros y altos cargos, periodistas de los diarios de izquierda: apenas falta uno; y a ellos se añade la casi totalidad de la Universidad española. El espectáculo no requiere más comentario que su sola contemplación (…) Los hombres de izquierda no moscovizados están fuera de España. Muchos no se atreven a decir las razones de su destierro. Pero ninguno quiere volver».

En numerosas ocasiones recordó que el estallido de la guerra se había debido a las dos revoluciones provocadas por las izquierdas, como respuesta a la última de las cuales los militares y el pueblo se habían rebelado. Así lo explicó, por ejemplo, en su ensayo Liberalismo y comunismo, publicado en la Revue de Paris el 15 de diciembre de 1937:

«Con el pretexto del triunfo de las derechas en las elecciones, intentaron un golpe de mano revolucionario y netamente comunista para ocupar el poder en octubre de 1934. Esto no lo recuerdan en el extranjero, donde no tienen por qué saber la historia de España al detalle, aun siendo tan reciente. Pero los españoles, que no lo han podido olvidar, se ríen del súbito puritanismo con que los mismos que entonces hicieron la revolución contra algo tan legal como unas elecciones, se cubren hoy el rostro con la toga porque una parte del pueblo y el ejército se sublevó, a su vez, dos años más tarde, ante las violencias del poder, algunas de la magnitud del asesinato del jefe de la oposición por la propia fuerza pública (…) La sublevación de Asturias en octubre de 1934 fue un intento en regla de ejecución del plan comunista de conquistar España (…) El movimiento comunista de Asturias fracasó por puro milagro. Pero dos años después tuvo su segundo y formidable intento».

En el artículo para el periódico uruguayo arriba mencionado lamentó que hubiera quienes seguían identificándole con el régimen republicano, régimen que había sido sustituido por una dictadura marxista:

«La España liberal, cordial y clara que deseamos unos cuantos ha muerto a manos del Frente Popular, más definitivamente aún que la España anquilosada que barrió la dictadura de Primo de Rivera. ¿Qué tengo yo que ver con los que la han matado?».

Una de las ideas que más repitió fue su arrepentimiento por haber colaborado en el advenimiento de la República y la acusación a todos los liberales por haber facilitado el camino hacia la revolución y la guerra debido a su «ceguera para los colores», su «daltonismo», su «incapacidad para ver el despotismo cuando aparece teñido de rojo». Así lo declaró al Petit Parisien:

«Solo una cosa importa: que España, Europa y la Humanidad se vean liberados de un régimen sanguinario, de una institución de asesinos de cuyo advenimiento, por un trágico error, nos confesamos culpables».

En una carta a Menéndez Pidal de octubre de 1937 reprochó a las democracias occidentales no haber apoyado contundentemente a los alzados debido al mismo error que habían cometido previamente los liberales españoles:

«Gran error ha sido el de las democracias del mundo, entre ellas la americana, de no darse cuenta de que se ponían inconscientemente al lado de lo más antidemocrático que existe actualmente, que es el comunismo. Todas ellas sufrirán el mismo castigo que nosotros, el que ya anunciaba Tácito, con el que estoy tan familiarizado: la dictadura. No tenemos derecho a quejarnos de ella, pues la hemos hecho necesaria por nuestra ayuda estúpida a la barbarie roja».

Y en marzo de 1939, con la guerra a punto de acabar, reiteró su arrepentimiento a Pérez de Ayala:

«Horroriza pensar que esta cuadrilla hubiera podido hacerse dueña de España. Sin quererlo siento que estoy lleno de resquicios por donde me entra el odio, que nunca conocí. Y aún es mayor mi dolor por haber sido amigo de tales escarabajos; y por haber creído en ellos. ¡No merecemos que nos perdonen! Consolémonos con que los hijos parecen ya a salvo de peligro y con que ellos no se han contaminado con la revolución de Caco y caca».

Su apoyo al bando nacional fue inequívoco desde el primer momento. En febrero de 1937, recién llegado a Francia, declaró que «la victoria de Franco es segura, lo que colmará todos mis deseos». Y a Pérez de Ayala le confesó que «tengo tal fe en que la causa nacionalista es la causa de España, que la mantendría con todas sus consecuencias». Pocos meses después, mientras su familia veraneaba en el San Sebastián franquista, le escribió lo siguiente a Menéndez Pidal:

«Yo tengo mi resolución tomada para el porvenir. Si los rojos (ahora y siempre, comunistas, rusos) ganaran, yo no volvería, jamás, a España. Si los otros ganan, con sus defectos y todo, iré. Prefiero la Inquisición a la Inquisición + pedantería + mentira + hipocresía».

Le enorgulleció mucho que su hijo Gregorio, pudiendo quedarse en París con él, hubiese preferido alistarse al ejército de Franco, donde alcanzó el grado de alférez provisional. En años posteriores ejercería, entre otros altos cargos, los de consejero nacional del Movimiento y procurador en Cortes.

El 29 de marzo de 1939, recién disparado el último tiro, escribió a Pérez de Ayala:

«Yo creo que en el espíritu nacionalista, que ha nacido, hay muchas cosas buenas, algunas admirables. Por lo pronto, allí está España. Franco se ha conducido con serenidad, con nobleza. Con pulcritud, con espíritu español».

Y en aquellos mismos días le reprochó a Salvador de Madariaga que creyese las mentiras que la prensa internacional vertía sobre el bando vencedor, entre ellas la de que la victoria de Franco convertía a España en títere de Hitler y Mussolini y base para sus ejércitos:

«Ahora ha visto usted que todo lo que desde hace años se decía en el mundo democrático de la guerra de España y de su problema político era mentira. Esta fase final de la guerra prueba no una superioridad de un ejército sobre otro, sino la fuerza de la realidad contra la mentira (…) Puede usted tener por cierto que no quedará en tierra española un italiano. Los alemanes se han ido ya. Se irán como se fueron los ingleses de Wellington (…) Los judíos que fabrican la opinión pública, infecta, de las putrefactas democracias no saben historia. No tienen más que codicia y bilis en el alma. Le hablo a usted sin pasión. Nadie en Europa ha visto a la España nacional. Nadie sabe lo que es. Todavía no ha dicho nadie una cosa que salta a la vista: que Franco es un maravilloso general superior a todos los que andan en activo en el mundo».

Ortega: ¡No es esto, no es esto!

La actividad principal de José Ortega y Gasset no fue, evidentemente, la política, aunque tanto en sus escritos como en sus acciones nunca dejó de participar en el debate sobre cómo debía regenerarse una España recién salida del Desastre del 98.

Opuesto a la dictadura de Primo de Rivera, la complicidad de Alfonso XIII con ella le pareció la gota que colmaba el vaso de los desmanes de una Monarquía que debía desaparecer por el bien de España. Por eso publicó en El Sol el 15 de noviembre de 1930 el histórico artículo El error Berenguer, en el que deploró con singular indignación los siete años de gobierno primorriverista:

«España ha sufrido durante siete años un régimen de absoluta anormalidad en el Poder público, el cual ha usado medios de tal modo anormales, que nadie, así, de pronto, podrá recordar haber sido usados nunca ni dentro ni fuera de España, ni en este ni en ningún otro siglo (…) No es imposible, pero sí sumamente difícil, hablando en serio y con todo rigor, encontrar un régimen de Poder público como el que ha sido de hecho nuestra Dictadura en todo el ámbito de la historia, incluyendo los pueblos salvajes. Solo el que tiene una idea completamente errónea de lo que son los pueblos salvajes puede ignorar que la situación de derecho público en que hemos vivido es más salvaje todavía, y no solo es anormal con respecto a España y al siglo XX, sino que posee el rango de una insólita anormalidad en la historia humana».

Ortega consideró que no se podía continuar con el régimen monárquico como si nada hubiera pasado y que la aceptación regia de la Dictadura debía implicar su extinción. Por eso concluyó el artículo con el célebre «¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia» que tanto influiría en la decisión de muchos españoles de optar por un régimen republicano.

Pocos meses después, en febrero de 1931, fundaría la Agrupación al Servicio de la República junto a Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, hecho por el que el trío pasaría a la historia como «los padres de la República». Los tres firmaron el manifiesto en el que exaltaron «la grande promesa histórica que es la República española»:

«La Monarquía de Sagunto ha de ser sustituida por una República que despierte en todos los españoles, a un tiempo, dinamismo y disciplina, llamándolos a la soberana empresa de resucitar la historia de España».

Su compromiso con la causa republicana le llevó a reclutar nuevos adeptos entre personalidades de la política y la cultura. Este fue el caso de Francesc Cambó, a cuyo despacho acudió Ortega con tal fin. Así lo recordó el inteligente y experimentado catalán en sus memorias:

«Cuando esperaba que yo le diese un sí y una firma, tuvo que escuchar una exposición serena de mis argumentos dirigidos a hacerle ver que aquella República de que me hablaba era un puro ensueño; que si la República venía, sería gobernada o por los socialistas o por Lerroux con su gente tarada; que el nuevo régimen supondría el comienzo de una era de convulsiones para España, que se traduciría en un inevitable retroceso en la cultura (…) Al oírme, tuvo un ataque de furia. Salió de mi salón batiendo la puerta».

Fue elegido diputado a las Cortes constituyentes junto a trece de sus compañeros de candidatura. Muy significativamente, siete de ellos acabarían enfrentados a la República: los tres fundadores; Alfonso García Valdecasas, que dos años más tarde participaría en la creación de Falange; Vicente Iranzo, condenado a muerte por un tribunal revolucionario, logró salvar la vida por su amistad con Martínez Barrio, lo que no impediría que, tras la guerra, fuese condenado a varios años de libertad vigilada por su supuesta pertenencia a la Masonería; José Pareja, ministro de Instrucción Pública que fue destituido por desafecto a la República y tuvo que refugiarse en la embajada uruguaya; y Manuel Rico Avello, ministro de Gobernación y de Hacienda que acabaría asesinado en la cárcel Modelo junto a otros destacados políticos republicanos «moderados» como Melquíades Álvarez o Ramón Álvarez-Valdés.

No tardaría mucho tiempo Ortega en empezar a desconfiar de la República neonata. El 2 de junio, solo mes y medio después de su alumbramiento y ya con la primera quema de edificios religiosos a sus espaldas, lamentó que «gentes con almas no mayores que las usadas por los coleópteros han conseguido en menos de dos meses encanijarnos esta República niña y hacerle perder el garbo con que nació».

Participó activamente en las discusiones parlamentarias, en las que destacó por su oposición a organizar España como un Estado federal, lo que juzgó un retroceso hacia tiempos medievales, y por su crítica a las izquierdas a causa de su concepción de la República como un régimen revolucionario y de su propiedad exclusiva. El 9 de septiembre de 1931 publicó en el diario Crisol un importante artículo en el que advirtió que la República no funcionaría mientras no se desterrara la palabra «revolución» que tanto gustaba a los izquierdistas. Y lo concluyó con unas palabras que han pasado a la historia:

«Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron con el advenimiento de la República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: ¡No es esto, no es esto! La República es una cosa. El radicalismo es otra. Si no, al tiempo».

El 6 de diciembre, tres días antes de la aprobación parlamentaria de la Constitución, pronunció un discurso, titulado Rectificación de la República, en el que lamentó, entre otros aspectos, su «arcaico anticlericalismo» y el espíritu partidista por encima del interés nacional:

«Lo que no se comprende es que, habiendo sobrevenido la República con tanta plenitud y tan poca discordia, sin apenas herida ni apenas dolores, hayan bastado siete meses para que empiece a cundir por el país desazón y descontento, desánimo; en suma, tristeza. ¿Por qué nos han hecho una República triste y agria bajo la joven constelación de una República naciente?».

Desilusionado de un régimen al que acusaba de sectario y extremista, en octubre de 1932 disolvió la Agrupación al Servicio de la República y se retiró de la actividad política no sin antes reiterar por escrito su desafección por una «Constitución lamentable, sin pies ni cabeza ni el resto de materia orgánica que suele haber entre los pies y la cabeza».

Tras el pucherazo masivo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, Ortega consideró que la situación de España no auguraba un porvenir pacífico, por lo que viajó a París para ir preparando el traslado de su familia. Y con el asesinato de Calvo Sotelo, que le sorprendió en Madrid, vio claro que por fin se había desatado la revolución que la izquierda venía anunciando desde tiempo atrás. Como relataría posteriormente su hijo, temió que se produjeran, por parte republicana, acciones contra las personas de mentalidad equilibrada, al igual que había sucedido en octubre de 1934, cuando los primeros tiros se dispararon contra el domicilio de Besteiro, vecino suyo en El Viso, en castigo por respetar el sistema democrático. Se escondieron en casa de su suegro, justo a tiempo para que García Atadell y sus esbirros encontraran su domicilio vacío. Así lo relató su hijo Miguel:

«Después nos refugiamos en la Residencia de Estudiantes, donde había, por lo menos, una vigilancia y un baluarte. Allí corrió mi padre serios peligros. Con amenazas, le pidieron que firmase un manifiesto redactado por un grupo extremista, los Escritores Antifascistas. Mi padre, muy enfermo, en cama, se negó a firmarlo. La negativa indignó de una manera terrible y peligrosísima a los jóvenes escritores comunistas. Volvieron con terribles amenazas; lo hubieran matado (…) El nefasto diario Claridad arremetió contra mi padre diciendo cosas como esta: “que su filosofía era donde se habían alimentado las mentes fascistas”. Esto era una condena a muerte; nadie se libraba, después, de ser fusilado en un plazo breve. Mi padre, sin embargo, comprendió que antes de matarle querrían utilizarlo para su beneficio. Así fue. Después de pocos días, aparecieron otra vez (mi padre estaba muy enfermo, con septicemia de origen biliar); pretendían que hablase por radio a América. No sé cómo logró una demora, que aprovechamos para salir de España todos, ya que lo que más le preocupaba era dejar rehenes».

Una vez conocida su fuga de España, la Comisión Universitaria Depuradora le destituyó de su cátedra. Algunos meses después, en el «Epílogo para ingleses» que escribió para una nueva edición de La rebelión de las masas, relataría así este episodio lamentando la ignorancia con la que se juzgaban en el extranjero los hechos de España:

«Mientras en Madrid los comunistas y sus afines obligaban a escritores y profesores, bajo las más graves amenazas, a firmar manifiestos, a hablar por radio, etc., cómodamente sentados en sus despachos o en sus clubs, exentos de toda presión, algunos de los principales escritores ingleses firmaban otro manifiesto donde se garantizaba que esos comunistas y sus afines eran los defensores de la libertad. Evitemos los aspavientos y las frases, pero déjeseme invitar al lector inglés a que imagine cuál pudo ser mi primer movimiento ante hecho semejante, que oscila entre lo grotesco y lo trágico. Porque no es fácil encontrarse con mayor incongruencia».

Y continuó reprochando a Albert Einstein la insolencia de haberse creído con derecho a opinar sobre la guerra civil española usufructuando «una ignorancia radical sobre lo que ha pasado en España ahora, hace siglos y siempre».

Refugiada toda la familia en París, evitó el contacto personal con los dirigentes y diplomáticos republicanos allí destinados, algunos de ellos amigos suyos. Sus dos hijos decidieron alistarse en el ejército de Franco con plena aprobación paterna. Desde la distancia, siguió el desarrollo de la guerra con enorme interés y el deseo de una rápida victoria del bando nacional. Cuando un amigo le transmitió el bulo de que se acababa de rendir el Alcázar de Toledo, Ortega respondió que «no puede ser verdad; los cadetes del Alcázar de Toledo no se rinden nunca».

Mantuvo contacto frecuente con Marañón, al que confesó con amargura su arrepentimiento por haber participado tan activamente en la campaña contra la Monarquía. Y le recordó a menudo la desagradable conversación que, unos días antes de publicar El error Berenguer, había mantenido con un Cambó contrario al cambio de régimen. Siete años y una guerra civil después, a Ortega no le quedó más remedio que admitir que el catalán había acertado y él, la cabeza más influyente de la España de su tiempo, se había equivocado estrepitosamente.

Si bien el 13 de marzo de 1939 escribió a su compañero de filas, de desengaño y de huida confesándole «haber pasado alguna nerviosidad con la última coletada del atún comunista», el 28 de marzo le envió un telegrama expresando su «alborozo y felicitación» por la entrada de Franco en Madrid.

Receloso de la acogida que podrían darle los gobernantes e intelectuales españoles por haber representado tan alto papel en la proclamación del fenecido régimen republicano, prefirió pasar los primeros años de la posguerra fuera de España, a donde regresó en 1944 y donde residió, intelectualmente activo pero políticamente al margen, hasta su fallecimiento en 1955.

Pérez de Ayala, el embajador desertor

El tercer «padre» de la República, junto a Ortega y Marañón, fue el eminente novelista y ensayista Ramón Pérez de Ayala, nacido en Oviedo en 1880.

De juventud volteriana y melenuda, en los primeros años del nuevo siglo, bajo el embrujo de Rubén Darío, fue camarada de letras de Benavente, Juan Ramón Jiménez, Azorín y Valle-Inclán así como uno de los fundadores de la revista modernista Helios. En el muy literario año de 1927 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura y al año siguiente consiguió un sillón en la Real Academia.

De visceral antimonarquismo, en los últimos meses del reinado de Alfonso XIII dedicó estas crueles líneas a una familia real española a la que consideró genéticamente incapacitada para un progreso político al ritmo de los tiempos:

«Los Borbones, como se sabe, son una familia francesa. Los propios franceses, después de larga experiencia a su costa, han definido esta familia diciendo que los Borbones nunca aprenden ni nunca olvidan. Llevan una fatalidad en la sangre. Parafraseando la definición francesa, pudiéramos decir que los Borbones son incorregibles (improgresivos) y resentidos (vengativos). Puestas en juego estas cualidades dentro del curso histórico, resultará que una monarquía borbónica será siempre incompatible y se opondrá por todos los medios a cualquier movimiento de progreso político y a la evolución liberal de los tiempos (…) Las dos únicas monarquías donde no se pudo llegar a la democratización sincera han sido Austria y España. La dinastía española lleva en las venas una mezcla de sangre borbónica y austríaca, sin contar las aportaciones irregulares, clandestinas o fraudulentas, perfectamente comprobadas, pues los Borbones, y sobre todo las Borbonas, raras veces han sido dechado de honestidad y continencia. Isabel II, abuela materna de nuestro monarca actual, casó (o la casaron) con un eunuco. Esto no obstante, se realizó el milagro (los Borbones suelen ser también bastante milagreros) de que obtuviese copiosa prole».

En febrero de 1931, pocos meses después de escribir estas líneas, Pérez de Ayala sería el tercer firmante del manifiesto de la Agrupación al Servicio de la República.

Además de diputado desde 1931 hasta 1933, fue nombrado director del Museo del Prado, cargo al que se acumuló el de embajador en Londres. Paulatinamente desengañado de la República y apartado del debate político, dimitió de su embajada londinense tras el pucherazo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936.

Su sucesor, llegado a Londres un mes antes del 18 de julio, sería Julio López Olivan, de breve ejercicio debido a que dedicó todos sus esfuerzos a apoyar a los alzados saboteando los contactos entre el gobierno madrileño y el londinense y enviando a Franco los fondos del Banco de España en Londres. Tras su destitución en septiembre, llegaría el nuevo embajador, Pablo de Azcárate, que comenzaría su labor soportando el bochorno de que Winston Churchill se negara a darle la mano exclamando «Blood, blood, blood!».

Al estallar la guerra, Pérez de Ayala sobrevivió calladamente en Madrid hasta que en septiembre consiguió huir de España en un buque británico, «como Simónides del naufragio, de milagro y con solo lo que pude llevar bajo la piel».

Ya instalado en París como muchos otros republicanos fugados de la República, no perdió ocasión de defender la causa rebelde y de atacar a la España republicana, a la que calificó de «infierno». Sus dos hijos abandonaron la seguridad parisina para alistarse voluntarios en el ejército nacional. El 29 de junio de 1937, de visita en Londres, escribió la siguiente carta a Franco ofreciéndole sus servicios:

«Mi querido general: (…) Desde hace cerca de un año he venido buscando manera de hacer llegar a usted directamente, lo primero, mi adhesión sincera, y después, el ofrecimiento de mis humildes servicios. En cuanto a lo primero, todos mis conatos me parece como si hubieran sido frustrados, hasta este momento, en que Arias Paz me hace el favor de conducir, en persona, estas líneas hasta usted. En cuanto a lo segundo, espontáneamente y por mi cuenta y riesgo, no he cesado un instante de estar sirviendo a usted, hasta donde pude y se me alcanzó; y si bien la propia alabanza envilece, imagino, sin incurrir en ese feo vicio, que algunas de mis actividades no han sido del todo inútiles, superfluas o excusadas. Su leal; Ayala».

Un año más tarde, en junio de 1938, publicó un artículo en The Times explicando al público británico su postura frente a la guerra española:

«El respeto y el amor por la verdad moral me empujan a confesar que la República Española ha constituido un fracaso trágico. Sus hijos son reos de matricidio. No es menos cierto que ya no hay republicanos en uno u otro lado. Desde el comienzo del movimiento nacionalista, he asentido a él explícitamente y he profesado al general Franco mi adhesión, tan invariable como indefectible. Me enorgullece y honra tener mis dos únicos hijos sirviendo como simples soldados en la primera línea del ejército nacional. Por su fe, sentido del deber y espíritu de sacrificio, la juventud nacionalista está haciendo España y el mundo vivideros para el porvenir».

El 17 de marzo de 1939, a pocos días del fin de la guerra, un feliz Pérez de Ayala escribió una carta a su viejo amigo Gregorio Marañón para reiterarle su disgusto por la República y los republicanos, especialmente por Manuel Azaña:

«Cuanto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutrieron a los pechos nuestra gran tragedia, todo me parecerá poco. Inspecciono mi ficha histórica y, en puridad, no hallo ocasión para el remordimiento de haber creído jamás en ellos. Siempre los tuve por tontos de babero y brutos estructurales. Por ejemplo, nunca admití que Prieto tuviese inteligencia; sí, solo pillería cazurra, que es su mimetismo. Prieto es brutísimo. Pero en un principio yo presumía, o me hacía la ilusión, de que percibían una vaga vislumbre de su bobería innata y su brutalidad incorregible, por donde se mostrarían dóciles, relativamente, al buen parecer de los demás entendidos. No tardé en desengañarme. Lo que nunca pude concebir es que hubiesen sido capaces de tanto crimen, cobardía y bajeza. Hago una excepción. Me figuré un tiempo que Azaña era de diferente textura y tejido más noble. No podía contar yo con que la ausencia de la hormona testicular estragase hasta tal punto una buena inteligencia natural. En octubre del 34 tuve la primera premonición de lo que verdaderamente era Azaña. Leyendo luego sus memorias del barco de guerra —tan ruines y afeminadas— me confirmé. Cuando le vi y le hablé siendo ya presidente de la República, me entró un escalofrío de terror al observar su espantosa degeneración mental, en el breve espacio de dos años, y adiviné que todo estaba perdido para España con aquella gente».

En junio, tras la victoria de Franco, escribió sobre él a Marañón:

«De Franco siempre he tenido la mejor opinión, lo cual vale bien poco, pues la opinión es sobremanera falible, singularmente la mía. Pero he tenido fe en él; y esto vale mucho más. Opinión o no opinión, fe o no fe, parece archievidente que España, —Franco y España— esto es, libre, son una cosa misma».

En 1940 regresó a Madrid, donde fue recibido con consideración por las personalidades políticas a las que visitó. Pero también recibió malas palabras de quienes no se olvidaban de su distinguida participación en el nacimiento de la República. Descorazonado por el tibio recibimiento a pesar de su enérgico apoyo al bando franquista, Ayala decidió instalarse en Buenos Aires, donde trabajó de agregado honorario de la embajada española.

Tras algunas idas y venidas, en 1954 regresaría definitivamente a Madrid, donde fallecería en 1962. El antaño revolucionario republicano se ganó la vida en sus últimos años escribiendo en el conservador y monárquico ABC.

Unamuno contra la República

La vida de Miguel de Unamuno comenzó con una guerra civil y concluyó con otra. Pues, nacido en Bilbao en 1864, le tocó sufrir el asedio carlista en el invierno de 1874, experiencia infantil que inspiraría su primera novela, Paz en la guerra. Y el destino le tenía preparado fallecer la nochevieja de 1936, recién estallada una nueva guerra civil que atormentaría sus últimos meses de vida.

Opuesto al incipiente bizkaitarrismo sembrado por los hermanos Arana, ingresó en 1894 en las filas socialistas bilbaínas y colaboró con artículos de opinión en el periódico La lucha de clases. Pero sus simpatías por el socialismo fueron atenuándose hasta que tres años después lo abandonó desengañado.

Reflejó su antimonarquismo en numerosos artículos como los publicados en 1918 en el periódico El mercantil valenciano, que le valieron una condena a dieciséis años de prisión y una fuerte multa por acusar al monarca y a su regia madre de no ser más que marionetas de los recién vencidos Hohenzollerns y Habsburgos en contra de los intereses de España, condena de la que fue indultado para, aprovechando la ocasión, dar a Alfonso XIII un baño de benevolencia.

Por su oposición a la dictadura de Primo de Rivera, acabó desterrado en Fuerteventura en 1924, desde donde no se privó de escribir cartas a sus amigos calificando al dictador de mentecato, borracho y putero. Tras unos pocos meses en la isla llegó el indulto, pero Unamuno prefirió establecerse en Francia a regresar a España.

Destituido Primo de Rivera en 1930, Unamuno regresó a tiempo para asistir a los últimos coletazos de la monarquía. Se presentó a las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 por la Conjunción Republicano-Socialista. Elegido concejal, le cupo el honor de proclamar la República desde el balcón del ayuntamiento salmantino celebrando el comienzo de una nueva era y la conclusión de «una dinastía que nos ha empobrecido, envilecido y entontecido».

Dos semanas después, el 1 de mayo, Unamuno desfiló al frente de la manifestación obrera junto a Prieto y Largo Caballero. Salió elegido diputado como independiente por la Conjunción Republicano-Socialista y se distinguió en los debates constitucionales, fundamentalmente en lo relativo al estatuto catalán, con el que fue muy crítico por considerar que privaría de derechos a los no nacionalistas, y a la oficialidad de las lenguas regionales, a la que se opuso con rotundidad sobre todo para la enseñanza. En la votación para elegir presidente de la República, para la que contó con el apoyo de un nutrido grupo de escritores como Salinas, Guillen, Bergamín y Diego, se llevó el chasco de obtener solamente un voto, al igual que Ortega, resultados ridículos en comparación con los 362 del vencedor, Niceto Alcalá-Zamora.

Además de recuperar el rectorado de la Universidad de Salamanca del que había sido destituido por Primo de Rivera, fue nombrado presidente del Consejo de Instrucción Pública y ciudadano de honor de una República para cuyo advenimiento él presumió de haber contribuido más que nadie debido a sus incesantes escritos contra Alfonso XIII, su reclusión en Fuerteventura y su posterior exilio voluntario en Francia.

Pero su descontento por el nuevo régimen no hizo más que crecer ya desde los debates constitucionales. «Aquellas Constituyentes de nefasta memoria. Dios nos perdone», las calificaría cuatro años después. Nunca pudo ocultar Unamuno su desprecio por el Parlamento:

«A veces vibra la Cámara bien; pero otras… otras es el aullar de una jauría de perros lobos que en las tinieblas barrunta la presa».

En una entrevista concedida a La Voz en agosto de 1931, señaló a separatistas y comunistas como los principales causantes de la «situación caótica» que ya en fecha tan temprana empezaba a vislumbrar:

«¡Qué majaderos son los separatistas! Cualquier aldehuela nos demandará el mejor día su estatuto. Son los separatistas una cuadrilla de literatos fracasados compuesta de locos y de vanidosos. No saben lo que piden. La única petición clara es que quieren ser guapos. Y la majeza es una endemia muy española. Y el comunismo es la enfermedad de moda. Si a la majeza del separatismo le llamamos endemia, llamémosle epidemia a la de esos señoritos denominados comunistas españoles. Estos últimos aún son más locos, más vanidosos, más ignorantes y más literatos fracasados que los primeros. A unos y a otros se les puede aplicar exactamente la terminación de uno de los pensamientos de Maquiavelo: Doy la vida por la vanidad».

El 25 de noviembre de 1932 pronunció una sonada conferencia en el ateneo madrileño en la que manifestó, como ya habían hecho otros artífices republicanos como Ortega y Marañón, su desilusión:

«Vengo como quien va a un sacrificio, con el ánimo bastante deprimido. He dicho que me dolía España, y hoy me sigue doliendo. Y me duele, además, su República».

Así comenzó un discurso en el que fue desgranando las numerosas taras de un régimen por el que tanto había trabajado. Reprochó que Azaña, con su célebre frase de mayo de 1931 «todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano», abriera la espita de la violencia «aceptable» por ser ejercida por «buenos republicanos». Continuó denunciando que la Ley de Defensa de la República, con su secuela de arbitrariedades y cierres de periódicos de la oposición, otorgaba a los ciudadanos menos instrumentos de defensa que la Inquisición. Y dedicó especiales ataques a los estatutos de autonomía y a «esa monserga de la personalidad diferencial de las regiones»:

«El autonomismo cuesta caro y sirve para colocar a los amigos de los caciques regionales. Habrá más funcionarios provinciales, más funcionarios municipales; habrá un Parlamento y un Parlamentito. Es decir, existirá una enorme burocracia. En vez de una República de trabajadores vamos a hacer una República federal de funcionarios de todas clases. Dios quiera que vuestros hijos encuentren en esa nueva sociedad que se avecina las satisfacciones que yo no podría encontrar. ¡Que esa República federal de funcionarios de todas clases encuentre un ideal! No es lo que yo soñaba. ¡Qué le vamos a hacer! Presencio con tristeza que ha desaparecido toda serenidad. Yo sirvo a un sentimiento de justicia, y me aterra que con otros se cometan injusticias».

Estos y otros desacuerdos, unidos a su enorme desprecio por Azaña («No hay nada más peligroso en política que un resentido con talento»), llevaron a Unamuno a no presentarse a las elecciones de 1933 y a centrarse en su actividad académica. En mayo de aquel año presentó su dimisión como presidente del Consejo de Instrucción Pública por su oposición a un proyecto de enseñanza que juzgó fanáticamente anticlerical y demasiado complaciente con las exigencias de los catalanistas.

La creciente violencia política le atormentaba por considerarla anunciadora de tragedias. Así, el 29 de septiembre de 1934, una semana antes de que el PSOE y la Esquerra desencadenaran la revolución, pronunció estas agoreras palabras con motivo de su jubilación:

«Y ahora, estudiantes míos, tengo que deciros otra cosa. Sería congojoso que os ejercitarais en el abuso de las armas de fuego —o de las llamadas blancas— y que las escondierais en el mondado libro de matute, pero más congojoso será que os dejéis ganar del ejercicio de otras armas peores. Me refiero a las de la calumnia, la injuria, la insidia y el insulto de que tanto empiezan a abusar vuestros mayores. Os están enseñando a calumniar, a injuriar, a insultar a la generación de vuestros padres y abuelos. Os están incitando a despreciarlos. Os están incitando a renegar de los que os dieron vida. Vosotros, estudiantes españoles, que os ejercitáis en la investigación científica, histórica y social, en la dialéctica —escuela de tolerancia y de comprensión de la concordancia final de las discordias; de la coincidencia de las oposiciones, que dijo el Cusano—, vosotros tenéis que enseñar a vuestros padres —a nosotros— que esa marea de insensateces —de injurias, de calumnias, de burlas impías, de sucios estallidos de resentimientos— no es sino el síntoma de una mortal gana de disolución. De disolución nacional, civil y social. Salvadnos de ella, hijos míos. Os lo pide al entrar en los setenta años, en su jubilación, quien ve en horas de visiones revelatorias rojores de sangre y algo peor: livideces de bilis. Salvadnos, jóvenes, verdaderos jóvenes, los que no mancháis las páginas de vuestros libros de estudio ni con sangre ni con bilis».

Tres meses y dos mil muertos más tarde, el 6 de enero de 1935, día de Reyes, Unamuno dirigiría esta alocución a los niños españoles en nombre del presidente de la República:

«Os hemos dado mal ejemplo, muy mal ejemplo, y estamos avergonzados de ello. No sé si también arrepentidos. Nos figuramos que nuestros juegos son más serios que los vuestros porque en los nuestros se matan los jugadores. Hay muchos de nosotros que quieren enseñaros nuestros juegos. ¡Decidles que no! (…) Decidles que las escuelas de España deben ser la verdaderas Casas del Pueblo, y que no queréis que entren en ellas nuestros malditos juegos de guerra civil».

Con el paso del tiempo, los síntomas no hicieron sino agravarse. El 7 de junio de 1936 publicó en el diario madrileño Ahora un artículo, titulado «Ensayo de revolución», en el que describió la violencia contra unos jueces por parte de las hordas revolucionarias:

«Hace unos días hubo aquí, en Salamanca, un espectáculo bochornoso de una Sala de Audiencia cercada por una turba de energúmenos dementes que querían linchar a los magistrados, jueces y abogados. Una turba pequeña de chiquillos —hasta niños, a los que se les hacía esgrimir el puño— y de tiorras desgreñadas, desdentadas, desaseadas, brujas jubiladas (…) Y toda esta grotesca mascarada, reto a la decencia pública, protegida por la autoridad. La fuerza pública, ordenada a no intervenir sino después de… agresión consumada. Método de orillar conflictos que no tiene desperdicio».

Un mes después, el 3 de julio, a solo dos semanas del asesinato de Calvo Sotelo y el estallido de la guerra, Unamuno denunció el insoportable clima de violencia sembrado por el Frente Popular. Para ello contó tres anécdotas —«frutos de la tan cacareada revolución»— de las que había sido testigo. La primera, la de un zángano que había manoseado a una joven que paseaba acompañada por su familia. Cuando su padre le reprendió, el aguerrido mocetón se puso a gritarle «¡Fascista, fascista!», ante lo que la familia tuvo que escabullirse para evitar ser aporreada por los compinches del otro. La segunda, la de un gamberro que, censurado por un guardia por hacer sus necesidades en la calle, se irguió amenazante espetándole «¡Que soy del Frente Popular!». Y la tercera, la de unos niños de unos doce años que irrumpieron en una iglesia chillando puño en alto «¡Maldito sea Dios!» y «¡Hay que darles unas hostias!».

Unamuno achacó estos sucesos, «y muchos más de la misma laya» a la «barbarie, zafiedad, soecidad, malos instintos y estupidez» de la que se aprovechaban los doctrinarios izquierdistas «para hacer comulgar con ruedas de molino soviético a los papanatas que les leen». Y aprovechó para dejar bien claro su desprecio por la República y su arrepentimiento por haberla apoyado:

«Cada vez que oigo que hay que republicanizar algo me pongo a temblar, esperando alguna estupidez inmensa. No injusticia, no, sino estupidez. Alguna estupidez auténtica, y esencial, y sustancial, y posterior al 14 de abril. Porque el 14 de abril no lo produjeron semejantes estupideces. Entonces, los más que votaron la República ni sabían lo que es ella ni sabían lo que iba a ser esta República. ¡Que si lo hubiesen sabido…!».

El 19 de julio, en cuanto un oficial del ejército leyó en Salamanca la proclamación del estado de guerra, el viejo republicano salió corriendo del casino, agitó jubiloso el sombrero y exclamó: «¡Viva España, soldados! Y ahora, ¡a por el faraón del Pardo!». A continuación, en compañía de un diputado de la CEDA y otro de Izquierda Republicana, se presentó en el cuartel general para ponerse a su servicio.

Unamuno recibió con alborozo el alzamiento por su rechazo a unos dirigentes republicanos que habían provocado la revolución bolchevique y por su horror ante los desmanes de las turbas. Además, creyó que el golpe militar triunfaría en pocos días, prácticamente sin efusión de sangre, con el objetivo de rectificar el rumbo de una República cuya existencia no se puso en duda al principio. Ni siquiera la de la bandera tricolor.

Efectivamente, las proclamas de aquellos primeros días solieron acabar con vivas a la República, algunos de los principales dirigentes no se distinguieron por sus simpatías monárquicas y las tropas salieron de sus cuarteles bajo la bandera republicana. Su sustitución por la multisecular bandera bicolor, con todo el simbolismo antirrepublicano que ello implicaba, no se decretaría hasta el 30 de agosto debido a la presión de los decisivos elementos monárquicos, tanto carlistas como alfonsinos, implicados en el alzamiento. Precisamente sobre la cuestión de la bandera escribiría Unamuno estas líneas en los apuntes que fue acumulando en las últimas semanas de su vida con la intención de usarlos para un posible libro titulado El resentimiento trágico de la vida:

«Fue un disparate mandar quitar los crucifijos de las escuelas pues con ello le dieron un sentido que no tenían, y otro disparate cambiar la bandera pues le dieron a la bicolor un sentido que no tenía. El crucifijo es símbolo de una religión inconsciente popular = laica, pagana y no ortodoxa, y la bandera era nacional y no monárquica».

Pocos días después del alzamiento, al constituirse el nuevo ayuntamiento salmantino, Unamuno tomó posesión de su cargo de concejal, tras lo que pronunció un breve discurso en la Plaza Mayor:

«Hay que salvar la civilización occidental, la civilización cristiana, tan amenazada. Bien de manifiesto está mi posición de los últimos tiempos, en que los pueblos están regidos por los peores, como si buscaran los licenciados de presidio para mandar».

La idea de la salvación de la civilización fue uno de los motivos centrales de su apoyo a los nacionales, como explicó en sus numerosos textos y declaraciones de aquellos meses bélicos. Por ejemplo, el 10 de agosto escribió una carta a su amigo el socialista belga Émile Vandervelde en la que, junto a dicha idea, le confesó su arrepentimiento por haber colaborado en el advenimiento de la República:

«He llorado porque una tragedia ha caído sobre mi patria (…) Y yo, que creía trabajar por el bien de mi pueblo, también soy responsable de esta catástrofe. Fui uno de aquellos que deseaban salvar la humanidad sin conocer al hombre (…) No me abochorna confesar que me he equivocado. Lo que lamento es haber engañado a otros muchos. De esto quiero dejar constancia y, si entraña una humillación, la aceptaré (…) La historia me había mostrado la imagen de una España grande y espléndida. Sentí el dolor de su decadencia. Creí necesario invocar la democracia socialista para levantarla. Creí que una antigua tradición de civilización cristiana podía sustituirse impunemente, e incluso con provecho, por el más progresivo materialismo. Luché por esta reforma. Conocí la persecución y el exilio. Pero no cejé hasta llegar al fin. Un día saludé entusiasta la llegada de la República española. Amanecía una nueva era. ¡España revivía! Pero España estuvo a punto de perecer. En muy poco tiempo el marxismo dividió a los ciudadanos. Conozco la lucha de clases. Es el reino del odio y la envidia desencadenados. Conocimos un periodo de pillaje y crimen. Nuestra civilización iba a ser destruida».

Una semana más tarde concedía una entrevista al periodista norteamericano Hubert R. Knickerbocker en la que le explicó que «Madrid está bajo el control del bandidaje y la licencia, y el mundo debe enterarse de que la guerra civil española no es una guerra entre liberalismo y fascismo, sino entre civilización y anarquía». Subrayó el singular peso del anarquismo en la izquierda española, mayor que el del comunismo a diferencia de los demás países europeos, a lo que añadió una curiosa reflexión racial sobre la que volvería en entrevistas posteriores:

«Los españoles son esencialmente fatalistas. Quieren ir en todo hasta el límite; gustan de los extremismos. No olvidemos que la sangre que corre por sus venas no es solo morisca y vasca, sino también gitana (…) Esos energúmenos declaran que tienen derecho a quemar iglesias porque las iglesias son feas y llaman República libre a los que quieren suprimir todas las libertades religiosas».

Según Knickerbocker, los reproches más ácidos los dedicó a los dirigentes republicanos por haber desvanecido sus sueños de una República liberal. Su rencor llegó a sugerir a Azaña que se suicidara como acto patriótico. Y ante la pregunta sobre por qué se ponía al lado de los militares que pretendían acabar con una República que tanto había ayudado a crear, la respuesta de Unamuno fue la siguiente:

«Porque el gobierno de Madrid y todo lo que representa se ha vuelto loco, literalmente lunático. Esta lucha no es contra una República liberal, es una lucha por la civilización. Lo que representa Madrid no es socialismo, no es democracia, ni siquiera comunismo. Es la anarquía, con todos los atributos que esta palabra temible supone. Alegre anarquismo, lleno de cráneos y huesos de tibias y destrucción».

A principios de septiembre declaró al diario francés Le Matin:

«No hay gobierno en Madrid; hay solamente bandas armadas, que cometen todas las atrocidades imaginables. El poder está en manos de presidiarios que fueron liberados y se pasean blandiendo sus pistolas. Azaña nada representa (…) Él es el gran responsable de lo que acontece. Cuando el movimiento surgió, creyó que se trataba de un simple pronunciamiento. No comprendió que había un pueblo dispuesto a unirse al ejército (…) Los comunistas nunca tuvieron una noción de política constructiva. Los anarquistas no fueron rozados por tal idea. Esos hombres están atacados de delirio furioso. Tal vez se trate de una crisis de desesperación. Las iglesias que saquean e incendian, los cristos que decapitan, los esqueletos que exhuman, acaso sean solo gestos de desesperación; pero en todo esto debe de haber otra cosa de origen patológico (…) Felizmente, el ejército ha dado pruebas de gran prudencia. Franco y Mola tuvieron el supremo cuidado de no pronunciarse contra la República. Son dos hombres sensatos y reflexivos. Franco ha tenido la oportunidad de forjarse en Marruecos como un líder de primer orden. Militarmente, por lo menos, este soldado puede salvar a España».

El 20 de septiembre, la firma de Unamuno encabezó el Mensaje de la Universidad de Salamanca a las Universidades y Academias del mundo acerca de la guerra civil española, en el que se reiteraba la idea central del «choque tremendo producido sobre el suelo español al defenderse nuestra civilización cristiana de Occidente, constructora de Europa, de un ideario oriental aniquilador».

Poco después le visitó el hispanista holandés Johan Brouwer, de la revista Tijd, a quien le explicó que el principal culpable de lo que sucedía en España era Azaña por haber querido cambiarla sin sentar previamente nuevas bases, lo que consideraba una frivolidad que solo podía producir «desorden, alteración, inestabilidad, vacío». Brouwer le interrogó sobre su generoso donativo al ejército de Franco:

—Usted ha ofrecido una suma en apoyo al ejército del partido de la derecha. Así que su posición está clara.

—Mi posición nunca está clara. Nunca he estado de acuerdo con nadie. Ni conmigo mismo. Lo único que está claro es que esta guerra debe acabar. Un país como España necesita unos dirigentes constructivos y con autoridad. La historia debe poder desarrollarse con tranquilidad. Desde estas convicciones apoyo el partido que se ha rebelado. La rebelión es la línea continua. Con el mantenimiento de la autoridad habrá la oportunidad para la sabiduría, para la reflexión y también para la educación del pueblo.

Aunque afirmó temer por igual el comunismo y el fascismo por no reconocer ninguno de ellos «la plena dignidad espiritual, racional y social del ser humano», explicó así su preferencia por el bando rebelde:

«Estoy del lado de los rebeldes porque solo en ellos veo garantías para una solución progresiva de los problemas de España. Con ellos veo las posibilidades para una acción colectiva y constructiva. Esperamos que los diversos partidos políticos que están unidos en el frente de la derecha encontrarán en la lucha común la buena voluntad y el espíritu de sacrificio para reconstruir España. La Iglesia tendrá que dedicarse con empeño a su tarea evangelizadora. La gran masa deberá estar unida con ella en fe. Y en cuanto al fascismo, solo puede surgir y existir en un Estado espiritualmente débil».

Azaña no tardó en reaccionar contra quien tanto estaba dañando la reputación de la causa republicana, privándole de su rectorado vitalicio y sus cargos en el Ministerio de Instrucción Pública, ante lo que Franco contraatacó confirmándole en el rectorado. Y la prensa republicana vertió cataratas de insultos —chalado, bilioso, cínico, inhumano, mezquino, impostor— contra el gran traidor al que ahora acusaban de ser el inspirador espiritual del fascismo. Por ejemplo, el primer número de El mono azul (27 de agosto), revista de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, le fulminó con estas palabras:

«El marxismo nos enseñaba a gritos que la obra de Unamuno estaba toda alimentada de sangre reaccionaria, que su aliento venía desde la misma noche medieval (…) No hemos tenido que esperar mucho tiempo para ver con nuestros propios ojos el hundimiento de Unamuno en medio de un mundo de generales, obispos y terratenientes».

El órgano socialista Claridad menospreció el manifiesto de los intelectuales en apoyo del gobierno de la República, aparecido en la prensa el 30 de julio, por considerar poco fiable la lealtad republicana de muchos de ellos. Efectivamente, los socialistas sabían mejor que nadie que muchas de sus firmas habían sido arrancadas a punta de pistola, como atestiguaron, entre otros, Ortega y Marañón:

«El fascismo triunfante hubiera publicado un manifiesto con las mismas firmas. Proporciona esta seguridad el conocimiento de la condición moral de tipos como Unamuno, Azorín, Baroja o Madariaga. Cada uno de ellos lleva un traidor dentro. O una complacencia de meretriz, a elegir».

Pero la realidad fue que, aunque no varió su oposición frontal al gobierno republicano, el entusiasmo inicial de Unamuno por quienes se habían rebelado contra él no tardó en enfriarse ante las noticias que le iban llegando sobre la represión que los alzados estaban ejerciendo en su retaguardia. Algunas de las víctimas fueron amigos suyos, como Casto Prieto, alcalde republicano de Salamanca, José Manso, diputado socialista, y Atilano Coco, pastor protestante y masón cuya esposa imploró al viejo rector una ayuda que no le pudo prestar.

El hecho que cambiaría la actitud de Unamuno con el bando alzado fue el celebérrimo, y muy novelado, episodio del 12 de octubre con él y Millán-Astray como principales protagonistas. Al parecer, Unamuno, que presidía el acto en representación de Franco, no tenía pensado hablar, pero le hicieron cambiar de opinión las palabras de algunos oradores, sobre todo las del catedrático de Literatura Francisco Maldonado contra vascos y catalanes por considerarlos la anti-España. Además de recordar que en aquella mesa presidencial estaban sentados un vasco y un catalán que no podían ser acusados precisamente de antiespañoles, apeló a la concordia en un momento en el que el furor bélico estaba provocando muchas víctimas inocentes en ambas retaguardias.

No quedó registro sonoro ni escrito de lo sucedido, por lo que la única fuente de conocimiento son los testimonios, parecidos aunque no coincidentes, de los que allí estuvieron. Pero la versión que más eco ha tenido fue la de una persona que no estuvo presente y que elaboró de oídas un relato con el objetivo político de escenificar una lucha entre el bien y el mal, personificados en el bando republicano —el suyo— y el nacional. Se trató de Luis Portillo, viceministro azañista de Justicia exiliado en Inglaterra, cuya libre elaboración Unamuno’s last lecture, escrita un lustro después de los hechos dando rienda suelta a su imaginación, sería considerada fuente directa por Hugh Thomas para su muy influyente The Spanish Civil War (1961), y desde entonces reproducida incluso por historiadores filofranquistas como Ricardo de la Cierva.

La versión de Portillo consiste en el épico enfrentamiento entre el racional rector y el irracional general, arropado este último por falangistas y legionarios pistolas en mano. El núcleo de la narración es la celebérrima frase, tan repetida como el padrenuestro:

«Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España. He dicho».

El problema de dicha frase, como coinciden todos los presentes, es que nunca fue pronunciada. El propio Unamuno lo relataría así en varias cartas posteriores:

«Es el terrible resentimiento, es la envidia (…), es la lepra nacional, es el odio a la inteligencia. Y por haber dicho esto en público, y que vencer no es convencer, ni conquistar es convertir, y haber pedido otros métodos, el gobierno dictatorial militar que me restituyó mi rectorado me ha destituido de él sin oírme ni darme explicaciones (carta a su traductora italiana Maria Garelli, 21 de noviembre). En una fiesta universitaria que presidí dije toda la verdad, que vencer no es convencer ni conquistar es convertir, que no se oyen sino voces de odio y ninguna compasión. ¡Hubiera usted oído aullar a esos dementes de falangistas azuzados por ese grotesco y loco histrión que es Millán-Astray! (carta a su amigo bilbaíno Quintín de Torre, 1 de diciembre)».

El matiz es importante, pues no es lo mismo proponer a alguien compasión que reprocharle altaneramente su actitud. Y tampoco aparece testimonio de que Millán-Astray pronunciara el igualmente célebre «¡Muera la inteligencia!». Así lo recordó José María Pemán («La verdad de aquel día», ABC, 26 de noviembre de 1964):

«Recuerdo que combatió el excesivo consumo de la palabra anti-España; que dijo que no valía solo vencer, sino que había que convencer (…) Cuando terminó y se sentó, se levantó, como movido por un resorte, el general Millán-Astray, inesperada y para mí innecesariamente (…) Fueron unos gritos arrebatados de contradicción a Unamuno. No hubo ese ‘muera la inteligencia’ que luego se ha dicho y que denuncia claramente su posterior elaboración culta (…) Lo que dijo fue ‘mueran los intelectuales’… Hizo una pausa. Y como vio que varios profesores hacían gestos de protesta, añadió con ademán tranquilizador: ‘los falsos intelectuales traidores, señores’».

De los testimonios directos recopilados por el biógrafo Emilio Salcedo y, más recientemente, por el historiador Severiano Delgado, se deduce que la tensa versión de Portillo no se atiene a la verdad. En cuanto a las palabras exactas, confirmadas por el propio Unamuno en su correspondencia, debieron de aproximarse a esto:

«Vencer no es convencer y hay que convencer sobre todo, y no puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión; el odio a la inteligencia, que es crítica y diferenciadora, inquisitiva, mas no de inquisición».

La falsedad de Portillo, tanto en las palabras —brevísimas en los labios de Unamuno y discurso ciceroniano en su pluma— como en los hechos, puede apreciarse también en las fotografías conservadas: Unamuno saliendo tranquilamente junto a Carmen Polo y el cardenal Pla, Millán-Astray dándoles la mano amablemente y unos falangistas sin gestos crispados ni ademanes violentos. Pero lo que sí es cierto es que aquel encontronazo implicó su destitución como concejal y rector así como el enfriamiento de sus relaciones con unas autoridades que le dieron la espalda a partir de entonces.

Durante los dos meses que le quedaron de vida concedió varias entrevistas, escribió algunas cartas y esbozó el Resentimiento trágico de la vida, que no llegaría a la imprenta hasta 1991. Si hasta aquel momento había disparado sus invectivas solo contra el bando republicano, a partir del 12 de octubre las dedicó también al contrario: los hunos y los hotros, como habrían de pasar a la historia de la obra unamuniana. No había transcurrido una semana desde el agitado episodio universitario cuando Unamuno fue entrevistado por Nikos Kazantzakis para el diario ateniense Kathimeriní. Aunque manifestó su desesperación por la locura que se había adueñado de ambos bandos, a los que acusaba de no creer en nada, ni en Lenin ni en Cristo, y de que lo único que les movía era la rabia, insistió en su defensa del bando nacional, único capaz de garantizar el orden:

«En este momento crítico que está atravesando España, yo sé que debería estar junto a los soldados. Son ellos los que nos salvarán, los que impondrán el orden. Los otros nos han traído la anarquía y la barbarie. Franco y Mola son prudentes y tienen rectitud moral. Quieren el bien del país, son sencillos y equilibrados. Saben lo que significa la disciplina y saben imponerla. No haga caso, no me he vuelto de derechas, no traicioné la libertad. Pero, por ahora, es absolutamente necesario imponer el orden. Después me levantaré y empezaré a luchar de nuevo por la libertad, absolutamente solo. No soy ni fascista ni bolchevique. Estoy solo».

En los últimos días de octubre le entrevistaron los hermanos Jean y Jerôme Tharaud. Comenzó lamentando que le hubieran destituido «por palabras bien inocentes y que no niego» y concluyó repitiendo su propuesta de suicidio a Azaña. Cuando el entrevistado señaló que lo que estaba sucediendo en España le parecía consecuencia de «una enfermedad mental colectiva, una epidemia de locura con un substrato patológico», los entrevistadores le lanzaron una pregunta muy característica de la visión que suele tenerse de España desde el norte de los Pirineos, a la que Unamuno respondió con una reflexión racial que ya había apuntado dos meses antes al norteamericano Knickerbocker:

—En este furor sanguinario que prevalece tan extrañamente en España, ¿no hay algo que viene de todo lo que en ella hay de árabe y de bereber?

—Es muy posible. Pero hay otra sangre que se ha mezclado en nuestras venas, de la que no se habla nunca, pero que, en mi opinión, tiene una importancia considerable en la formación de nuestra raza y de nuestra mentalidad. Es la sangre de los gitanos, esa población errante de herreros, de estañadores, de negociantes de caballos, de trenzadores de canastas, de las que dicen la buenaventura, que se les encuentra por doquier en este país, hasta en la más insignificante aldea. Tales gitanos tienen instintos primitivos, inhumanos, antisociales, y estoy convencido de que es sobre todo a través de ellos que se ha introducido entre nosotros una herencia cruel.

Posteriormente extendería la crueldad congénita a los andaluces, sin distinción de bandos y con las ideologías como meras excusas. Por ejemplo, el 27 de noviembre escribió esto a Francisco de Cossío, director de El Norte de Castilla y partidario de los sublevados:

«Claro está que aun siendo hoy ya toda la Falange algo inmundo, de verdugos demenciados, no comparo lo de aquí, la castellana con la andaluza. Lo de Andalucía es algo que pone espanto. De parte de los hunos y de los hotros. En el fondo es una locura colectiva con cierta base somática. Una epilepsia de la doble lepra española, la sífilis y la envidia. Lo de Málaga, Almería, Granada, Sevilla… es indecible. Esos degenerados andaluces con sus bizantinas pasiones de invertidos sifilíticos y de eunucos masturbadores. ¡Y eso se ampara en yugos y flechas! ¡Como en hoces y martillos!».

En cuanto al breve manifiesto que redactó para explicar su postura, y que copió a los hermanos Tharaud, podría resumirse su contenido en estos párrafos:

«Apenas iniciado el movimiento popular salvador que acaudilla el general Franco, me adherí a él diciendo que lo que hay que salvar en España es la civilización occidental cristiana y con ella la independencia nacional (…) En tanto, me iban horrorizando los caracteres que tomaba esta tremenda guerra civil sin cuartel debida a una verdadera enfermedad mental colectiva, a una epidemia de locura. Las inauditas salvajadas de las hordas marxistas, rojas, exceden todo descripción y he de ahorrarme retórica barata. Y dan tono no socialistas, ni comunistas, ni sindicalistas, ni anarquistas, sino bandas de malhechores degenerados, expresidiarios criminales natos sin ideología alguna que van a satisfacer feroces pasiones atávicas. Y la natural relación a esto toma también muchas veces, desgraciadamente, caracteres frenopáticos (…) Si el desdichado gobierno de Madrid no ha podido querer resistir la presión del salvajismo apellidado marxista, debemos esperar que el gobierno de Burgos sabrá resistir la presión de los que quieren establecer otro régimen de terror (…) Insisto en que el sagrado deber del movimiento que gloriosamente encabeza Franco es salvar la civilización occidental cristiana y la independencia nacional, ya que España no debe estar al dictado ni de Rusia ni de otra potencia extranjera cualquiera, puesto que aquí se está librando, en territorio nacional, una guerra internacional. Y es deber también traer una paz de convencimiento y de conversión y lograr la unión moral de todos los españoles para rehacer la patria que se está ensangrentando, desangrando, arruinándose, envenenándose y entonteciéndose. Y para ello, impedir que los reaccionarios se vayan en su reacción más allá de la justicia y hasta de la humanidad, como a las veces tratan (…) Triste cosa sería que el bárbaro, anticivil e inhumano régimen bolchevístico se quisiera sustituir con un bárbaro, anticivil e inhumano régimen de servidumbre totalitaria. Ni lo uno ni lo otro, que en el fondo son lo mismo».

Incapaz de comprender el estallido de furia colectiva, incluido el bando que se decía —y él creía— defensor de la civilización, intentó hallar la explicación en algunos culpables identificables: militares furiosos como Martínez Anido o el propio Millán-Astray, curas fanáticos o, sobre todo, unos falangistas a los que en un principio consideró perniciosos por su cercanía al fascismo. A pesar de ello, siempre tuvo en alta estima a José Antonio e incluso, invitado por él, asistió a un mitin falangista celebrado en Salamanca en febrero de 1935, asistencia que acabaría teniendo el inimaginable efecto de que por ella la Academia Sueca le privó del premio Nobel de Literatura del año siguiente.

Pero con el paso de los meses fue advirtiendo que los falangistas no tenían la influencia que había supuesto —«parece que los desgraciados falangistas empiezan a reaccionar y a avergonzarse, si es que no a arrepentirse, del papel de verdugos que han estado haciendo»— y cambió su acusación hacia los carlistas y el general Mola, a quien en un principio había tenido por sensato y ahora dedicaba los peores adjetivos. Por el contrario, siempre tuvo en alta consideración a Franco, al que exculpó de los desmanes cometidos por sus aliados. Así se lo explicó a Quintín de Torre, con singular sinceridad por tratarse de una carta privada, dos semanas antes de morir:

«En cuanto al caudillo —supongo que se refiere al pobre general Franco—, no acaudilla nada en esto de la represión, del salvaje terror de retaguardia. Deja hacer. Esto, lo de la represión de retaguardia, corre a cargo de un monstruo de perversidad, ponzoñoso y rencoroso. Es el general Mola (…) Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de Franco, sin contar con los otros y fiado —como sigo estándolo— en este supuesto caudillo. Que no consigue civilizar y humanizar a sus colaboradores. Dije, y Franco lo repitió, que lo que hay que salvar en España es la “civilización occidental cristiana” puesta en peligro por el bolchevismo, pero los métodos que emplean no son civiles, no son occidentales, son africanos —el África no es, espiritualmente, Occidente—, ni menos son cristianos. Porque el grosero catolicismo tradicionalista español apenas tiene nada de cristiano. Eso es militarización africana pagano-imperialista; y el pobre Franco (…) se ve arrastrado en ese camino de perdición. Y así nunca llegará la paz verdadera. Vencerán, pero no convencerán, conquistarán, pero no convertirán».

Una semana antes de su muerte recibió a Armando Boaventura, del lisboeta Diário de Noticias, a quien le subrayó que consideraba a las «hordas rojas» unos «fenómenos patológicos, malhechores, expresidiarios, criminales natos de tipo lombrosiano que procuran satisfacer las ruines pasiones que abrigan en sus instintos de bestias feroces». En cuanto al bando nacional, le indicó tanto su disgusto por los partidos agrupados en él como su adhesión a Franco, «un buen hombre y un gran general».

En sus últimas líneas, esbozadas tres días antes morir, el desesperado Unamuno reiteró sus obsesiones: la barbarie del Frente Popular, su adhesión al alzamiento para salvar la civilización, los métodos no civilizados de los militares, el desquite de inspiración carlista y frailuna por encima de la lucha contra el marxismo, el exilio exterior o interior que esperaba a muchos españoles inteligentes y limpios de corazón, el abatimiento…

Lo dejó anotado en las desordenadas cuartillas de El resentimiento trágico de la vida: «Da asco ser hombre».

Alcalá-Zamora, el presidente contra la República

Niceto Alcalá-Zamora nació en la localidad cordobesa de Priego en 1877. De acomodada familia de propietarios rurales y jurista de formación, ingresó por oposición en el Consejo de Estado. Simpatizante desde joven del Partido Liberal, salió elegido diputado por primera vez en 1906. Se distinguió por su capacidad oratoria y ejerció de ministro de Fomento en 1917-18 y de Guerra en 1922-23.

Opuesto a Primo de Rivera, renunció al puesto de consejero de Estado que le ofreció en 1928 por su condición de exministro. Le expresó por escrito su rechazo y aprovechó para recomendarle su dimisión y para acusar al rey de haber cometido perjurio al haber violado gravemente la Constitución. Se difundieron por toda España miles de ejemplares de la carta, lo que le procuró gran notoriedad. Esta coherencia le permitiría afear años más tarde al PSOE su oportunismo por no haber tenido inconveniente en gozar durante la dictadura del doble privilegio de haber sido el único partido tolerado y de que Largo Caballero hubiese ocupado un puesto en el Consejo de Estado.

El 13 de abril de 1930, sustituido Primo de Rivera por el general Berenguer, Alcalá-Zamora pronunció un histórico discurso en Valencia en el que declaró la retirada de su apoyo a Alfonso XIII y reivindicó una república según el modelo francés, discurso que repitió en varias provincias y que, según su compañero de partido Miguel Maura, «acrecentó en progresión geométrica el entusiasmo popular por la república».

Cuatro meses después participaría en el Pacto de San Sebastián en representación de Derecha Liberal Republicana, recién fundada por él y Maura. De aquella reunión salió como presidente del comité ejecutivo, antecedente del Gobierno provisional de la República que efectivamente presidiría tras la caída de la Monarquía el 14 de abril.

Tras el fracasado cuartelazo de Jaca en diciembre de 1930, los conspiradores fueron condenados a seis meses de prisión, leve pena inmediatamente sustituida por la libertad condicional. Pero antes de su liberación sucedió un hecho singular que demostró que la Monarquía ya estaba muerta. Pues José Sánchez Guerra, encargado por el rey de formar gobierno tras la destitución de Berenguer, se presentó en la cárcel para rogar a los golpistas presos que accediesen a ser sus ministros. Rechazado el ofrecimiento, al cabizbajo Sánchez Guerra solo le quedó poner su cargo en manos del rey, que designó al almirante Aznar como presidente del que sería el último gobierno de la Monarquía.

Pocas semanas después, Alcalá-Zamora protagonizaría su capitulación durante la histórica entrevista con Romanones en el despacho de Marañón, en la que exigió la salida del rey «antes de que se ponga el sol». Aquel mismo día fue nombrado presidente del Gobierno provisional, cargo que ejercería hasta octubre, cuando abandonó el gobierno por su desacuerdo con los artículos anticlericales de la Constitución.

En la primavera de 1936, recién sustituido en la jefatura del Estado por Manuel Azaña, escribió el ensayo Los defectos de la Constitución de 1931. Subrayó entre ellos su tendencia colectivista y socializante, el anticatolicismo feroz y la subordinación de la realidad nacional a los esquemas ideológicos izquierdistas:

«Se procuró legislar obedeciendo a teorías, sentimientos o intereses de partido, sin pensar en esa realidad de convivencia patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para España, como si esta surgiese de nuevo, o la Constitución fuese a regir en otro país, o sea indiferente la condición de aquel que se la dé o vaya a practicarla. El criterio decisivo estaba en reaccionar contra lo que existiese (…) con propósito sistemático de hacer tabla rasa de cuanto fuera una realidad y una tradición política española».

Su acusación más grave fue la voluntad izquierdista de convertir la Constitución en un trágala para «mortificar, agredir e injuriar» a la derecha, lo que, según él, convirtió la norma suprema en una invitación a la guerra civil. No en vano el diputado radicalsocialista Álvaro de Albornoz declaró durante el debate constituyente que no había que concebir la Constitución como una transacción entre todos los partidos, sino como una imposición de la izquierda sobre la derecha, aun al precio de una posible guerra civil:

«No más transacciones con el enemigo irreconciliable de nuestros sentimientos y nuestras ideas. Si estos hombres creen que pueden hacer la guerra civil, que la hagan: eso es lo moral, eso es lo fecundo. El sello de nuestra Constitución y de nuestra República no puede ser otra cosa».

Sobre estas palabras anotaría años después Alcalá-Zamora:

«¡Se hizo una Constitución que invoca a la guerra civil desde lo dogmático, en que impera la pasión sobre la sociedad justiciera! ¡No en vano en una discusión famosa durante el debate constitucional, en nombre del partido que pesó más dañosamente para los rumbos de la política, se entonó lírico canto invocando, provocando, a la guerra civil!».

A pesar de su desagrado por la Constitución, dos meses después de su dimisión como presidente del Gobierno provisional fue elegido presidente de la República. No comenzó con buen pie el nuevo régimen, ultrajado con solo un mes de vida por la primera quema de iglesias y conventos. El presidente acusó a Azaña de haber sido el principal responsable por haber impedido el envío de la Guardia Civil para reprimir a los incendiarios. Así describiría aquellos episodios en sus memorias:

«Para la República fueron desastrosos: le crearon enemigos que no tenía; quebrantaron la solidez compacta de su asiento; mancharon un crédito hasta entonces diáfano e ilimitado (…) Pero de momento los partidos de izquierda aprovecharon mezquinos para fines de provecho inmediato el odioso hecho, alegando que reflejaba indignaciones del sentimiento popular».

Aunque consideró que la masonería no había sido responsable directa de los desmanes, deploró su desmesurada influencia a través de numerosos políticos sujetos a su obediencia —de los trece ministros del gobierno surgido tras las elecciones de febrero de 1936, nueve eran masones—, influencia que utilizó «para toda la inspiración funestamente sectaria en lo irreligioso, tanto de la Constitución cuanto de las leyes que la desenvolvieron y la agravaron, todas ellas evidentemente de inspiración masónica»:

«En suma, la masonería ayudó muy poco, perturbó bastante y dañó mucho a la República. En su acción sobre los individuos, no creo que a nadie lo haya hecho mejor de lo que por sí ya fuese; y en cambio he visto varios casos de personalidad contradictoriamente desdoblada, en los cuales el hombre quería seguir siendo noble y leal, pero el masón resultaba falso e ingrato. Mi impresión resumida es la de una fuerza que en cuanto tiene de inofensivo no es seria y en lo serio no es inofensiva».

La Constitución le otorgó amplios poderes, lo que provocó frecuentes choques con los presidentes de los sucesivos gobiernos, especialmente con Lerroux y Azaña, por los que experimentó profunda antipatía. Siempre temeroso de que le acusaran de derechista y dispuesto a cualquier cesión con tal de ganarse las simpatías de la izquierda, desconfió de Gil Robles y de su CEDA por considerarlo un partido de dudosa fidelidad republicana. Por eso, a pesar de haber sido el partido más votado en las elecciones de noviembre de 1933, el presidente hizo todo lo posible por evitar que se hiciese cargo del Gobierno, dejándolo en manos del Partido Radical de Lerroux. Estas maniobras acabarían desembocando en la convocatoria anticipada de elecciones para febrero de 1936, lo que provocaría el pucherazo del Frente Popular y la cuesta abajo hacia la guerra. Así diagnosticó la enfermedad que acabaría provocando la caída de la República: la intención de la izquierda de considerarse la única legitimada para gobernarla:

«Se propendió desde el verano de 1931 y en los dos años siguientes a hacer de la República, más que una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles, una sociedad estrecha, con número limitado de accionistas y hasta con bonos privilegiados de fundador».

Esa concepción patrimonial del régimen traería como consecuencia la inclinación de la izquierda a dar golpes de Estado cuando los resultados electorales no cumplieran sus deseos. Así sucedió cuando la derecha ganó las elecciones de 1933:

«Tan pronto como se conocieron los resultados del primer escrutinio, empezaron a proponérseme y a pedírseme golpes de Estado por los partidos de izquierda (…) Nada menos que tres golpes de Estado con distintas formas y un solo propósito se me aconsejaron en veinte días».

El primero se lo propuso el radicalsocialista Juan Botella, ministro de Justicia. El segundo, su camarada Félix Gordón, ministro de Industria, secundado por Azaña, Casares Quiroga y Domingo. Y el tercero, el socialista Negrín, que le aconsejó «un gobierno de extrema izquierda con disolución de las nuevas Cortes, pero aplazada mientras se elaboraba otra ley electoral que asegurase el triunfo de aquellos partidos».

Un año más tarde, con motivo de la inevitable entrada de la CEDA en el gobierno, los socialistas desataron la revolución. Según anotó el presidente, el proveedor de armas cortas fue el director general de Seguridad, Manuel Andrés, de la Acción Republicana de Azaña e íntimo amigo de Indalecio Prieto. En cuanto a las armas automáticas de largo alcance, habían sido adquiridas por el socialista Araquistáin aprovechando su embajada en Berlín.

A pesar de su insistente voluntad de equidistancia, Alcalá-Zamora no pudo dejar de subrayar la responsabilidad primordial de un PSOE que, tanto en 1934 como en 1936, había desatado una violencia que provocó la respuesta igualmente violenta del Gobierno republicano en el 34 y de los alzados en el 36. Estas líneas las anotó en su diario el 9 de febrero de 1936, una semana antes de las últimas elecciones:

«Entre tantas equivocaciones reaparece como fundamental la de octubre de 1934 (…) Parece increíble que, sobre todo los hombres cultos de izquierdas, no se den cuenta de cómo les alcanza y recae sobre ellos gran parte de la responsabilidad en los excesos de esa represión (…) [Las guerras civiles] son el mayor y más brutal desastre de pasiones, y por lo mismo, quien las hace explotar responde moralmente de cuanto ordena, de casi todo lo que se produce como obra de los suyos y de una parte muy considerable de la crueldad ajena, que como reacción provocan. La rebelión de 1934 suministra, con el vigor del contraste, enseñanza y demostración expresiva».

Estas, en su ensayo sobre los defectos de la Constitución de 1931:

«El PSOE es el único que por su fuerza, composición, número y tendencia puede elegir entre ser gubernamental o revolucionario…, y no sabe elegir, porque los dos impulsos, que le atraen, y las dos corrientes, que le dividen, le llevan a reclamar, mediante la revolución, el Gobierno y, a veces, a preparar desde el Gobierno la revolución».

Y estas últimas, en sus memorias redactadas en el exilio, donde volvió a acusar al PSOE de ser el principal culpable de la guerra, de su prolongación innecesaria y del saqueo de España en beneficio privado de sus dirigentes:

«En las terribles responsabilidades del desastre nacional y el republicano, las hay abrumadoras para los socialistas por su marcha hacia la revolución social, que provocaba a los otros fanáticos de la reacción, también deseosos de la guerra civil, y porque, prendida esta, la prolongaron sin posibilidad de vencer, mientras subsistió la de sostenerla y procurarse algún seguro de emigración a costa de las reservas del Banco de España y del saqueo de este».

Precisamente fueron los dirigentes socialistas, junto con Azaña, los responsables de la confabulación que le destituyó antes de que concluyera su mandato. Azaña y Prieto acordaron desbancarle para ocupar respectivamente la jefatura del Estado y la del Gobierno. La excusa fue un absurdo debate sobre si el presidente ya había consumido las dos disoluciones de Cortes para las que le facultaba la Constitución o si, por el contrario, la primera no contaba por haberse tratado de las constituyentes, anteriores a la propia Constitución. Lo más farisaico del asunto fue que el método empleado por la izquierda para destituir al jefe del Estado fue declarar improcedente la disolución de las Cortes derechistas que había conducido precisamente al triunfo frentepopulista.

Casi todos (238 votos contra cinco) dieron la espalda al presidente: los izquierdistas porque les estorbaba en sus proyectos de radicalización, y los derechistas, que se abstuvieron, porque no le perdonaban los obstáculos que puso a la entrada de la CEDA en el gobierno tras su victoria de 1933. Así recogió en sus memorias lo que calificó como «golpe de Estado parlamentario»:

«Era indudable que aguardando al fin de 1937 se habría producido ya el habitual bandazo electoral en sentido opuesto, otra vez hacia la derecha, acelerado y extremado por las violencias de la acción política; y por consiguiente en aquella fecha la elección de Azaña hubiera sido imposible (…) La paz del país, la consolidación del régimen, la fortuna patria, las vidas, todo el destino de España se pospuso, arriesgó y perdió por la carrera apresurada y ambiciosa, y aun por la impaciencia, de un solo hombre».

Este fue el negro augurio del expresidente:

«La noche del 7 de abril, ya destituido, dije con la más fácil y dolorosa profecía que aquello podía ser para mí como para los míos la paz, pero que la República constitucional, democrática y de derecho había acabado y se iba hacia el desastre (…) Es indudable que mi cese desembocó en la guerra civil y era ello tan previsible que lo advertí al desleal gobierno en el último consejo; pero la responsabilidad es plena de quienes acordaron mi destitución, advertidos de sus peligros, y de quienes la aprovecharon, porque desde el otro lado deseaban la tragedia».

Los últimos meses de la presidencia de Niceto Alcalá-Zamora no se vieron agitados solamente por su irregular destitución, ya que dos acontecimientos mucho más graves iban a descoyuntar el régimen hasta su derrumbe final. El primero fue el fraudulento triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Tras la última crisis de gobierno de la coalición radicalcedista, el presidente y su amigo Portela Valladares calcularon que unas nuevas elecciones provocarían un crecimiento notable de los partidos centristas, acercándose al centenar de escaños y moderando la creciente crispación política. Pero se llevaron la sorpresa de que el centro siguió siendo irrelevante y que las listas más votadas fueron las frentepopulistas. O así lo pareció en un primer momento… Porque tanto en su diario como sobre todo en sus posteriores memorias, ya con más información, Alcalá-Zamora denunció el pucherazo con el que las izquierdas dieron la vuelta al resultado de las elecciones. Aunque en un principio dio por buena una estrecha ventaja de las candidaturas izquierdistas sobre las derechistas, no tardó en darse cuenta de las incontables irregularidades:

«[La hueste parlamentaria del Frente Popular] llegó a esa mayoría absoluta, y aun a la aplastante, en las etapas del sobreparto electoral, todas de ilicitud y violencia manifiestas (…) La fuga de los gobernadores y su reemplazo tumultuario por irresponsables y aun anónimos permitió que la documentación electoral quedase en poder de subalternos, carteros, peones camineros o sencillamente de audaces asaltantes, y con ello todo fue posible (…) Ya las elecciones de segunda vuelta, aunque afectaran a muy pocos puestos, fueron resultado de coacciones y pasó lo que el gobierno quiso. ¿Cuántas actas falsificaron? (…) El cálculo más generalizado de las alteraciones postelectorales las refiere a ochenta».

Los culpables del inmenso pucherazo fueron los partidos izquierdistas y el PNV, que falsificaron los resultados en la comisión de actas del Congreso:

«En la historia parlamentaria de España, no muy escrupulosa, no hay memoria de nada comparable a la comisión de actas de 1936. Aprobó todos los atropellos que le convenían, anuló las actas de los enemigos más odiados y proclamó por sistema a sus favoritos vencidos, con arbitrariedad tal que para abrirles paso expulsaba no al último de los vencedores, cual hubiera sido lógico, y sí a aquel de los anteriores a quien juzgaba más antipático o más débil para estorbar el atropello (…) Llegó un momento en que se disponían a anular las proclamaciones de Gil Robles y de Calvo Sotelo. Entonces yo, aun tan injuriado por los dos, recordé al gobierno que expulsar a los dos jefes de la oposición equivaldría a suprimir el régimen parlamentario. El argumento detuvo el golpe».

En un artículo publicado en el Journal de Genéve el 17 de enero de 1937, explicó a los lectores suizos una ley electoral española que consideraba «defectuosa, injusta y absurda» pues había permitido, por ejemplo, que en circunscripciones donde el Frente Popular había recibido 30 000 votos menos que las derechas, había conseguido, sin embargo, diez diputados de cada trece. Pero lo decisivo fue el fraude:

«[El Frente Popular] resultó la minoría más importante; pero la mayoría absoluta se les escapaba. Sin embargo, logró conquistarla, consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de legalidad y conciencia. Desde la noche del 16, el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados (…) desencadenó en la calle la ofensiva del desorden; reclamó el poder por medio de la violencia. Crisis: algunos gobernadores civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales; en muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados. Segunda etapa: conquistada la mayoría de este modo, le fue fácil hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de Validez de las actas, que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsó de las Cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria, se trataba de la ejecución de un plan deliberado y de gran envergadura».

Tras el pucherazo, se desató el caos revolucionario hasta extremos hoy difíciles de concebir. La ley desapareció, los agentes policiales y las autoridades gubernativas, lejos de prender a los delincuentes, los apoyaban en sus agresiones contra los ciudadanos pacíficos. Los partidos y sindicatos izquierdistas desataron la persecución de las derechas: personas, asociaciones, periódicos, sedes de partidos y hasta cafeterías, bibliotecas, clubes, teatros u otros lugares de ocio acusados de burgueses. Y por supuesto, el Ejército y la Iglesia. Para defender el orden público el Gobierno decretó la suspensión de garantías constitucionales, pero en realidad dejó hacer, para desesperación del presidente:

«El Gobierno no gobernaba. El desorden era dueño de campos y ciudades, allí realizando robos y usurpaciones, aquí saqueos, incendios e incautaciones, sin detenerse ni en Madrid mismo y sin que nadie intentara evitarlo».

A punto de ser destituido, quedó aislado en palacio, con el teléfono pinchado y desinformado de lo que sucedía, como lamentó en numerosas entradas de su diario:

«Las noticias que en España se ocultan, a mí más que a nadie, pero que los tachones de la censura facilitan conocer tardíamente, y que la prensa y la radio del extranjero divulgan y anticipan, son muy desoladoras acerca del orden público. Aunque el Consejo de ayer fue todo él dedicado a la política exterior, incidentalmente aludí yo al orden público, y como extrañándose, dijeron “no hay nada de particular”. Sin embargo por aquellos medios he sabido que la jornada del domingo y su continuación de ayer lunes fue desastrosa en incendios y homicidios, especialmente en Cádiz y Escalona, y con menos intensidad en las provincias de Badajoz, Palencia, Segovia, Logroño, Vizcaya, Oviedo, Granada y Huesca… que sepamos».

Pero las noticias que el Gobierno le ocultaba acababan llegándole por personas que le visitaban, por emisoras de radio extranjeras y por los pocos periódicos, sobre todo provinciales, que podían escapar de la censura, calificada por él como «la más rígida que España había conocido (…) tan intransigente, tan susceptible, que no permitía el menor ataque contra un acto o contra una palabra de los gobernantes». Aunque hasta para esto hubo una excepción, así relatada en su diario:

«El tercer uso inaudito [de la suspensión de garantías] fue exceptuar del régimen de previa censura a un periódico, El Liberal de Bilbao, del que ya era propietario Indalecio Prieto, con el consiguiente privilegio editorial, anejo al monopolio político, que le llevó a extender su radio de reparto a regiones donde antes no penetraba, haciendo competencia insólita e insostenible al resto de la prensa. La protesta de los periódicos así perjudicados fue desoída y ahogada».

La prensa derechista no fue solamente censurada, sino eliminada materialmente. Por ejemplo, los talleres de La Nación, órgano primorriverista, fueron saqueados e incendiados, paso previo al asesinato de la mayoría de sus operarios cuatro meses más tarde.

Los desmanes se contaron por miles, muchos anotados por Alcalá-Zamora directamente en su diario y posteriormente en sus memorias. Estas son sus palabras textuales: manifestaciones delante del palacio presidencial, amenazando con «entrar con gritos, puños, cantos y demás liturgia moscovita»; incendios de casas y fábricas de enemigos políticos; asesinatos de guardias con empleo de sus mismas armas; despojo, profanación e incendio de iglesias y conventos, a veces llevados a efecto por los propios alcaldes; liberación de presos comunes; en Valencia, destitución tumultuosa del rector y casi todos los decanos; asalto al sanatorio de leprosos de Alicante, con la dispersión de aquellos desventurados; incendio de la cárcel de Bilbao; evasión de los presos de la cárcel de Gijón con la evidente colaboración de los guardianes; destitución a tiros y puñaladas de alcaldes derechistas; robos generalizados de cosechas en Andalucía; ocupaciones de casas y expulsión de sus propietarios; pánico que paraliza iniciativas, ahuyenta capitales y hace emigrar a la gente de pueblos a ciudades grandes; incautación de fábricas y talleres; ocupación de las minas de Almadén previa expulsión de directivos e ingenieros; terror y abandono durante la noche de sus moradas por muchos habitantes de Madrid, inquilinos de viviendas próximas a templos o conventos; número considerable de heridos en las clínicas; registro de domicilios y todo tipo de violencias a las personas de derechas; prohibición del culto religioso por varios ayuntamientos; asesinatos de dirigentes derechistas, como el exministro Alfredo Martínez; linchamientos de militares, guardias civiles y personas que salieran de iglesias; incendios, bombas («el hecho de cada día y casi de cada hora»), altercados, asesinatos y tiroteos por toda España…

«Las cosas más enormes las refieren los testigos autorizados y veraces. Hay en los pueblos personas sobre quienes se cumplió la amenaza de arrancarles una oreja. Hay casos en que, al huir de un pueblo para librarse de una agresión y dirigirse a otro los amenazados, llega antes que ellos por teléfono la orden de recibirlos moliéndolos a palos».

Especialmente significativa, como manifestación del fin del imperio de la ley, fue la complicidad de numerosos alcaldes y gobernadores con los delincuentes, dando órdenes a los agentes policiales de no intervenir e incluso auxiliando a aquellos:

«He sabido de buen origen que varios de los gobernadores, algunos de ellos manifiestos forajidos, anunciaron al tomar posesión, y además casi todos lo practican, que a ellos les tenían sin cuidado las leyes cuando estas se opusieran al interés o voluntad de los partidos que forman la mayoría (…) En Granada, el juez de instrucción pidió auxilio al capitán de la Guardia Civil para contener el incendio del juzgado, edificio de arte plateresco, y que, con arte o sin él, era el juzgado. El gobernador ha reprendido al capitán por prestar el auxilio y ha pedido que se le imponga un mes de arresto».

El caos le alcanzó en persona, pues ser el presidente de la República no le eximió del pago del «dinero por las buenas» que, como bandoleros surgidos de siglos pasados, exigían grupos de «gentes mal encaradas» por las carreteras de Andalucía, y con la aprobación expresa del gobernador. Además, sus tierras jienenses fueron saqueadas, y sus familiares, perseguidos por «las turbas, amparadas por la autoridad tumultuaria». A estos hechos dedicó varias páginas de sus escritos:

«A raíz de la victoria electoral de las izquierdas, pocas horas después de conocerse, empezó la invasión y robo de nuestras fincas (…) Ni siquiera ha ido [el gobernador], y sí un delegado suyo con camiones y fuerzas de asalto, quien llegando al pueblo, y sin duda para restablecer el orden, se llevó presos… ¡a treinta y siete personas de las más respetables de mi familia y amigos, con el párroco y los coadjutores a la cabeza, que no habían podido huir, y dejó tranquilos y dueños del pueblo a los alborotadores! (…) La de cal aquel día fue enviar un camión con guardias de asalto que dejaron a los revoltosos dueños de la ciudad y se llevaron presos a todos mis parientes y a sus amigos (…) En aquella ocasión logré, ya que no evitar tamañas humillaciones, salvarles la vida, pues el plan anunciado era el incendio nocturno del ayuntamiento-cárcel para quemar vivos a todos los detenidos. De no ser ello vana amenaza dará idea que fueron asesinados en el verano del mismo año cuatro de aquellos parientes: dos en las proximidades ferroviarias de Madrid, cuando fusilaron a la expedición de presos de Jaén, los otros dos llevados vivos al cementerio de Alcaudete para matarlos allí a navajazos. Los primeros eran entre sí hermanos y los últimos, padre e hijo; en presencia de estos se discutió previamente cuál moriría primero, y con súplica por ambos de la trágica prelación, resolvieron los asesinos que fuese el padre quien presenciara antes de morir el asesinato del hijo».

Manuel Azaña escribió a su cuñado Rivas Cherif párrafos parecidos:

«Hoy nos han quemado: siete iglesias, seis casas, todos los centros políticos de derecha y el Registro de la Propiedad. A media tarde, incendios en Albacete y en Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño; el viernes, Madrid, tres iglesias. El jueves y miércoles, Vallecas… Han apaleado en la calle Caballero de Gracia a un comandante vestido de uniforme, que no hacía nada. En Ferrol, a dos oficiales de artillería; en Logroño, acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales… lo más oportuno. Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias y conventos: ¡hasta en Alcalá!».

De Azaña lamentó Alcalá-Zamora su inclinación a agarrarse a cualquier excusa para culpar de la violencia izquierdista a las derechas: una señora imprudente que provocó a los manifestantes, un cura belicoso, los fascistas…

El desorden frentepopulista alarmó a los socialistas franceses, preocupados porque su imagen podría verse comprometida en las próximas elecciones por el ejemplo español. Hasta el ministro de Exteriores soviético, Litvínov, aunque regocijado, recomendó moderación a sus camaradas españoles por el espectáculo que estaban dando ante todo el mundo.

El primer punto del programa electoral del Frente Popular había sido la amnistía de los condenados por la revolución del 34, incluidos quienes habían manchado sus manos de sangre. El 26 de febrero, pocos días después de las elecciones, Alcalá-Zamora constató alarmado las ansias de guerra de la izquierda, que reclamaba la impunidad para los revolucionarios e incluso para los presos comunes con el pretexto de ser conexos, mientras pretendía castigar a los dirigentes derechistas por haber dirigido la represión gubernamental, incluidos quienes no habían tenido responsabilidad ministerial, como Gil Robles. «La prensa de izquierda muestra con insensato rencor que la amnistía no la concibe como tregua, y sí como una fase más de la guerra civil», anotó en su diario.

Efectivamente, el día siguiente el asturiano Ramón González Peña, futuro presidente del PSOE y la UGT, pronunció un discurso radiado a toda España:

«La revolución de octubre no fue ineficaz, porque evitó que se implantara el fascismo en España. A pesar de que fuéramos vencidos, no decidimos recluirnos en nuestras casas. Hay que seguir luchando por el triunfo definitivo del socialismo. Seríamos hipócritas si no dijéramos que no nos satisface el programa del Frente Popular. Aún no se ha aplicado la amnistía a algunos condenados por tenencia de explosivos y armas. Para una nueva revolución deben constituirse grupos de personas que no entiendan nada de juridicidad y puedan realizar una labor depuradora quitando malas hierbas».

El Gobierno de Azaña —al que Alcalá-Zamora calificó como «el más gastado y odiado en pocos días de cuantos ha padecido este país»— se parapetó tras la excusa de la presión popular para poner en libertad, reincorporándolos a sus puestos de trabajo, a miles de condenados por graves crímenes. Así lo anotó, escandalizado:

«En posesión el Gobierno de tal decreto y de la ley de amnistía, pedidos con urgencia para pacificar el país, dejó que los sindicalistas anárquicos pusieran en la calle a autores de crímenes horribles y comunes, y toleró algo más grave. Hubo pequeños patronos de talleres domésticos llevados en familia, donde esta se vio obligada a convivir con los asesinos del padre o del hermano. En algunas tiendas propusieron a los dependientes que cobraran sin trabajar, pero aquellos exigieron estar en los mostradores para dañar a los comerciantes, alejando a la clientela, a la que espantaba tal presencia. En el Banco de España, según me refirió su exgobernador Zavala, se exigió por el Gobierno la readmisión de quien había disparado siete tiros de pistola contra un subgobernador, que se libró de la muerte mediante maniobras violentas y peligrosas del automóvil en que iba; y también la de otro empleado, reo de muerte por robo con homicidio».

Paralelamente, la UGT, la CNT y el Partido Comunista convocaron una huelga general, una de cuyas demandas era «la disolución de las organizaciones fascistas, el desarme y la destitución de sus jefes y la expulsión de los elementos fascistas de los cuerpos de seguridad».

Debido a la violencia creciente, Alcalá-Zamora consideró que no se daban las condiciones necesarias para que se pudiesen celebrar en paz y libertad las elecciones municipales que se avecinaban:

«En las terribles circunstancias de orden público actuales, las elecciones, faltas en la inmensa mayoría de España, no ya de las garantías políticas, sino de las humanas del Derecho Natural, adolecerían de nulidad colosal, de inexistencia moral y jurídica, constituyendo solo en grado gigantesco modalidades de los dos típicos delitos electorales: la falsedad y la coacción».

Por eso recomendó insistentemente al Gobierno que cancelara las elecciones «mientras él y la ley no vuelvan a ser dueños del orden, el campo y la calle, amparando el derecho de todos». Y subrayó la intención de los partidos izquierdistas de enterrar el régimen republicano por considerarlo un mero paso intermedio hacia la revolución socialista según el modelo bolchevique:

«Les previne, además, contra el anuncio hecho por los extremistas de que una vez ganadas por ellos, incluso contra los republicanos de izquierda, esas votaciones por medio del terror, izarían la bandera roja sobre los ayuntamientos y exigirían la capitulación de los poderes de la República, alegando que esta debía caer como subió, en virtud de unas elecciones municipales».

El Gobierno hizo caso del consejo presidencial y el 3 de abril Azaña anunció que había suspendido indefinidamente las elecciones municipales, lo que alegró mucho a Alcalá-Zamora ya que consideró que con dicha suspensión se podría avanzar más fácilmente hacia el restablecimiento de la paz y el orden.

Pero no fue así. Lejos de atenuarse, la violencia política no hizo sino aumentar. Además, cuatro días después, el 7 de abril, Alcalá-Zamora fue destituido mediante la tenaza parlamentaria de Azaña y Prieto. Tras una breve presidencia interina de Diego Martínez Barrio, Azaña fue nombrado nuevo presidente el 11 de mayo. Largo Caballero recordaría así el peso de la egolatría de Azaña en aquella trascendental destitución:

«Era halagador para él obtener una revancha completa ocupando el puesto de su enemigo vencido y destituido. ¡Todos tenemos nuestras debilidades! Destronar de la presidencia a su contrario, ocupar su puesto era el logro completo de sus anhelos».

El ya expresidente escribiría indignados párrafos sobre la corrupción de su sustituto, dedicado, mientras España ardía, a inventarse cargos para los amigos:

«Seguí leyendo a diario la Gaceta, que daba un espectáculo desolador. Se hacía interminable el índice de los nombramientos; era el apoderamiento por toda la mesocracia izquierdista del presupuesto, creando cargos por legiones».

Pero no se trataba solamente de nepotismo, sino de una concepción totalitaria del Estado, todos cuyos puestos pretendía acaparar:

«En la propia Gaceta aparecieron los nuevos golpes de Estado para adueñarse de todos los poderes y de paso satisfacer ambiciones. Se asaltó la independencia constitucional tan cuidadosa de la presidencia del Tribunal Supremo y desapareció airadamente la de todo el Tribunal de Garantías. Creían ir sin obstáculos al goce pleno del mando e iban a la perdición de todo y de todos».

Otros asuntos ocupaban el tiempo del nuevo presidente, entre ellos lo que él mismo llamó «elegantizar la República». Ya había comenzado a conocerlo Alcalá-Zamora cuando en 1932 ocupó por primera vez La Granja de San Ildefonso, residencia veraniega del presidente de la República. Quedó atónito al hallar desmantelado el palacio: sus muebles habían sido llevados por instrucciones de Azaña a su residencia oficial de presidente del Gobierno y al Ministerio de la Guerra, «cuyo mobiliario —anotó perplejo Alcalá-Zamora—, que había bastado a los jefes de gobierno y ministros de la Monarquía, encontró pobre el representante como jefe de gobierno de un régimen republicano».

Cuatro años más tarde Azaña retomaba su afición, así anotada por su predecesor:

«Hubo plantaciones cuidadosas y seleccionadas de geranios en las dependencias de El Pardo. Eleváronse los carruajes, que en mi tiempo fueron dos y con uno solo hubiera tenido bastante, hasta doce, según me refirieron. El pabellón que dentro del piso bajo de palacio me había señalado Azaña para una familia de nueve personas, lo encontró insuficiente para un matrimonio sin hijos, y pareciéndole también poco la parte del piso principal que había servido a los reyes, encargó con dudoso gusto artístico y pésimo de otro orden, que se le destinara parte de la del edificio destinado al culto. Me había parecido suntuaria la escolta; se aumentó hasta cerca del séxtuplo con una guardia especial (…) Cuando vino la República, mi familia siguió en un modesto apartamento y no creímos que se había destronado una dinastía Borbón Habsburgo-Lorena para sustituirla por otra Alcalá-Zamora Castillo. Por lo visto estábamos equivocados y el nuevo poder que paseara presos a mis parientes entronizaba la nueva dinastía Azaña-Rivas Cherif».

Tras su cese como presidente, decidió embarcarse con su familia en el crucero veraniego por las costas árticas que siempre habían deseado. Pero, ante la violencia creciente, no salieron de España sin antes poner a buen recaudo en la agencia de Crédit Lyonnais dinero, objetos valiosos y las anotaciones que había tomado a lo largo de su mandato.

El 7 de julio embarcaron en Santander, última tierra española que pisaría el expresidente. En Hamburgo se enteró del asesinato de Calvo Sotelo el día 13, y en Islandia, del alzamiento militar. Pocos días después supo del saqueo de su casa por orden del Gobierno del régimen que había presidido hasta tres meses antes:

«Luego me enteré de que de mi casa, tras otros tanteos más tímidos o menos audaces, se incautaron un vendedor de periódicos extremista del puente de Vallecas, conocido por el Andaluz, y una mujer, más atrevida que él, llamada Gloria».

Tras su domicilio les llegó el turno a sus demás bienes: el ministro de Gobernación, el socialista Galarza, «por inspiración sin duda emanada de Azaña», no paró hasta dar con sus cajas de seguridad en el Banco Hispano Americano y el Crédit Lyonnais.

Alcalá-Zamora comenzó a escribir sus memorias para reconstituir el diario robado. Tras la invasión alemana de 1940, el expresidente, junto a su familia, abandonó su domicilio francés para comenzar un periplo que le llevó a África, México, Cuba y finalmente a Argentina, donde residió hasta su muerte en 1949.

Si el régimen republicano saqueó su casa, tierras y otras propiedades, los vencedores no se quedaron cortos al incautarle sus menguadas cuentas corrientes y sus propiedades en Priego, además de imponerle una cuantiosa multa y las penas de extrañamiento e inhabilitación durante quince años. Aquella fue la factura que tuvo que pagar don Niceto por pretender dotar de moderación a un régimen que nació con la vocación contraria y cuya difícil presidencia probablemente le quedase demasiado grande. No fueron pocos los que le consideraron cándido, imprudente y cizañero, un mediocre sin personalidad y con demasiadas ansias de notoriedad. Su compañero republicano Pérez de Ayala, por ejemplo, escribió sobre él que «con su facundia mazorral y su sonrisa satisfecha, [era una] reminiscencia del bobo de nuestras comedias antiguas». Azaña, que no se distinguió precisamente por valiente y viril, le despreció por cobarde y le humilló a menudo en los consejos de ministros. Por no hablar del cruel soneto que a su muerte le dedicó Alberti:

Yace el tonto, repito, el Presidente,

aquel que en vida solo fue Niceto,

risa del hambre de la pobre gente.

Con orín en su mármol firma ahora

este epitafio noble y de respeto:

Fue tonto en Priego, en Alcalá y Zamora.

Su cadáver fue repatriado en 1979 y enterrado en el cementerio de la Almudena. Y sus diarios fueron recuperados en 2008, tras setenta años en poder de un particular que se hizo con ellos en el caos final del gobierno republicano en Valencia. Los herederos de Alcalá-Zamora tuvieron que vencer la oposición del gobierno de Zapatero a publicar un documento de tan extraordinaria importancia: cuando desempolvar el pasado conduce al desprestigio de la izquierda, la Memoria Histórica deja de ser interesante.

Alejandro Lerroux, el decano republicano

Alrededor de la cuna de la Segunda República pulularon numerosos recién llegados a la causa republicana. Algunos de ellos representaron papeles muy destacados tanto en su alumbramiento como en su gobernación, como los exmonárquicos Miguel Maura y Niceto Alcalá-Zamora. Pero entre tanto advenedizo destacó alguien que podía presumir de un largo currículum republicano: el cordobés Alejando Lerroux.

Desde joven ejerció de activista, de periodista y hasta de duelista, por lo que dio con sus huesos en chirona en no pocas ocasiones. Y en otras, para escapar de la justicia por sus polémicos escritos o por su complicidad en la Semana Trágica de 1909 y la huelga general de 1917, tuvo que exiliarse en Francia y Argentina. Han pasado con notable celebridad a los anales de las citas los incendiarios párrafos que escribió en 1906 para incitar a la juventud a enderezar el rumbo de España por medios revolucionarios:

«Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura, destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie, penetrad en los registros de la propiedad y haced hogueras con sus papeles para que el fuego purifique la infame organización social (…) No os detengáis ni ante los sepulcros ni ante los altares. No hay nada sagrado en la tierra, más que la tierra y vosotros que la fecundaréis con vuestra ciencia, con vuestro trabajo, con vuestros amores (…) El pueblo es esclavo de la Iglesia: vive triste, ignorante, hambriento, resignado, cobarde, embrutecido por el dogma y encadenado por el terror al infierno. Hay que destruir la Iglesia (…) A toda esa obra gigante se oponen la tradición, la rutina, los derechos creados, los intereses conservadores, el caciquismo, el clericalismo, la mano muerta, el centralismo, la estúpida contextura de partidos y programas concebidos por cerebros vaciados en los troqueles que fabricaran el dogma religioso y el despotismo político. Muchachos, haced saltar todo eso como podáis (…) Luchad, matad, morid».

Consideró que la monarquía era el gran obstáculo para la libertad y el progreso de España. Junto a su volcánico republicanismo, la faceta de su actividad política que más le caracterizó y que le procuró los mayores éxitos fue su beligerancia contra el catalanismo rampante desde el 98, al que definió, con agudeza, como «el hijo degenerado del contubernio monstruoso entre una aspiración literaturesca, romántica, y un malestar social subido al periodo agudo con motivo de la catástrofe nacional».

Con motivo del asalto al ¡Cu-cut! por los militares en noviembre de 1905, dio a la prensa un artículo («El alma en los labios») en el que apoyó a los asaltantes y afirmó que, de haber sido militar, habría ido a quemar «La Veu, el ¡Ca-Cat!, la Lliga, el palacio del obispo (…) y varios conventos, escuelas de separatismo».

Se opuso al apoyo de los republicanos a la Solidaritat Catalana y, ganándose el apodo de «Emperador del Paralelo», se convirtió en la bestia parda de los catalanistas y enemigo irreconciliable de Cambó y Prat de la Riba.

Progresivamente evolucionado hacia un republicanismo moderado, fue uno de los firmantes del Pacto de San Sebastián y ministro de Estado en el gobierno provisional. Pero no tardaría en comenzar a descorazonarse, en mayo de 1931, por una quema de conventos que parecía inspirada por sus fogosos escritos anticlericales de un cuarto de siglo atrás. En sus memorias calificó aquellos hechos como «el primer borrón y la primera vergüenza» de la República naciente.

Vencedor su Partido Radical en 1933 en colaboración con la CEDA, Lerroux alcanzó la presidencia del gobierno, por lo que le tocó lidiar con la revolución socialista y el golpe de Companys de octubre de 1934. Caído su gobierno el año siguiente por los escándalos del estraperlo y el asunto Nombela, perdió influencia hasta el punto de no conseguir acta de diputado en las elecciones de febrero de 1936.

Ante el asesinato de Calvo Sotelo, la familia Lerroux decidió ponerse a salvo en Portugal. El mismo 18 cruzó la frontera y algunos días después se le unió el resto de la familia. Su casa fue saqueada, y muchos de sus compañeros, que habían ejercido de ministros, diputados y alcaldes del Partido Radical, fueron asesinados por los republicanos.

Desde el refugio portugués, Lerroux publicó una nota de apoyo a los rebeldes y envió a Franco varias cartas manifestándole su adhesión. A su compañero de partido Vicente Sierra le escribió para explicarle que apoyar a Franco era sinónimo de colaborar «con la razón, con la justicia, con el significado histórico de nuestra civilización y progreso».

El 30 de enero de 1937 publicó en el periódico parisino L’Illustration un largo artículo en el que explicó a los lectores franceses su opinión sobre la guerra de España:

«Desde el falso triunfo electoral conseguido en febrero por el Frente Popular, España era el teatro de las violencias más criminales, por las que nadie era castigado. En Madrid eran continuos los incendios y los asesinatos, incluso en pleno día. El gobierno ni lo persiguió ni tomó las más elementales medidas de precaución (…) Me pregunto si, para renovar completamente el Estado actual, no hará falta destruirlo o si bastará con abrir un paréntesis y suspender la intervención de la democracia, es decir, de todos, en la dirección de los asuntos públicos; restringir las libertades individuales para subordinarlas al interés supremo de la nación y concentrar todos los poderes de un pueblo, que se niega a disolverse en la anarquía o a perecer en la impotencia, en las manos de una autoridad, o más bien de una dictadura, que se pusiera inmediatamente manos a la obra y que no cerrara el paréntesis hasta haber conseguido restablecer el orden material, la paz social, el prestigio de la ley, la disciplina del trabajo sin lucha de clases, la justicia sin privilegios, todo ello al ritmo normal de los pueblos que contribuyen al progreso universal, sin fiebres, convulsiones ni delirios, sin que la fuerza bruta de la revolución intervenga para nada en sus actividades, incluso mediante la fórmula legal de la represión (…) Y toda mi obra de sacrificio voluntario, jalonada a lo largo de mi vida por persecuciones, procesos, prisión, condenas y exilio, se perdió en el momento en el que llegó la revolución. Porque para mí la república es la patria, el pueblo, la democracia, la libertad, la justicia, la paz, el orden, el trabajo fecundo, el progreso social, moral y político bajo la autoridad de un poder ejecutivo respetado, capaz, enérgico, austero, estable y firme. Pero todo se hundió de repente: ya no queda ni parlamento, ni democracia, ni libertad, ni justicia, ni orden, ni paz. ¿Qué queda, entonces, Dios mío, de la república? Y, como no concibo la patria sin la república, ¿qué queda de la patria? Porque la patria no puede ser ni esta horda salvaje que, con el pretexto de igualdad social, roba, saquea y asesina; ni esa banda de intelectuales primarios que la dirigen y que, prefiriendo que la obra de veinte siglos de civilización desaparezca, no tienen el heroísmo de morir con ella, ni la grandeza, ni la nobleza de asumir sus responsabilidades. Antes de huir, seguros de su impunidad, han saqueado el tesoro nacional, robado los bienes privados, dejando tras ellos, como carne de cañón, el miserable rebaño que pagará con su sangre (…) No se trata de un pronunciamiento militar, sino de un alzamiento nacional tan sagrado, tan legítimo, como el de la independencia en 1808. Mucho más sagrado todavía, puesto que no se trata solo de la independencia política, sino también de la organización social y económica, del hogar, de la propiedad, de la cultura, de la conciencia, de la vida, en fin, de toda una civilización y toda una historia».

Al cumplirse el primer aniversario del alzamiento, escribió a Franco:

«Excelentísimo señor: En el día de hoy se cumple el año del alzamiento nacional que, con el ejército a la cabeza, se inició para salvar a España de la anarquía y de la barbarie. El mismo día pasaba yo esta frontera y los sucesos me han retenido en el apartamiento de este país acogedor. Pocos días después me di la satisfacción de ofrecerle por teléfono mi adhesión personal. Pensando exclusivamente en la patria y abriendo un paréntesis en las actividades con que pretendí servirla, sin renunciamientos ni abdicación algunos, he confiado todas mis esperanzas en su alta representación en la hora de la duda, pero con la seguridad en mi espíritu de que la victoria premiará su sacrificio y el de los españoles que colaboran en la patriótica cruzada. Y me permito celebrar en mi soledad este aniversario, ratificando por escrito mi adhesión leal y desinteresada al hombre que por designio providencial asume la representación nacional en momentos supremos de dolor, de sacrificio y de heroísmo. Con toda consideración, respeto y afecto le saluda; Alejandro Lerroux».

En noviembre de aquel mismo año puso punto final a La pequeña historia, libro en el que plasmó su juicio sobre una guerra cuya culpa cargó sobre unos gobernantes republicanos que habían acabado con el imperio de la ley:

«Cuando el general Franco apareció en el horizonte de las esperanzas nacionales con la espada en alto, en España ya no existía un Estado ni forma alguna de legalidad. Desde mucho antes la autoridad y la ley habían dejado de ser una garantía para los derechos esenciales de la personalidad humana. Ni la vida, ni el hogar, ni la propiedad, ni la conciencia de cada ciudadano tenían otra seguridad que la que pudieran proporcionarle sus propios e individuales medios de defensa (…) Yo me he preguntado algunas veces cómo habrían reaccionado las democracias que gobiernan, por ejemplo en Inglaterra o en Francia, si en su territorio hubiesen podido ocurrir durante semanas y meses consecutivos sucesos como aquellos, cuya relación estadística se leyó en el Parlamento español sin que nadie la desmintiera o atenuara, detallando todo género de delitos realizados desde que llegó al poder el Gobierno del Frente Popular. Y todavía hoy me pregunto qué habrían hecho en esos países el gobierno y la opinión si hubiesen visto levantarse en su respectivo Parlamento a un ministro que, luego de oír el discurso de un diputado de la oposición, hubiese declarado: Contra ese hombre, jefe del partido monárquico, ninguna violencia será delito (…) Sigo preguntándome qué habría ocurrido si, inmediatamente después de tales inverosímiles manifestaciones, el diputado aludido hubiese sido asesinado por agentes de la autoridad, dependientes del gobierno y directamente subordinados al ministro que pronunció aquella frase, invitación al asesinato que se ejecutó con todas las agravantes que ha podido prever y consignar en sus códigos la ciencia penal. En España la opinión no reaccionó, el Parlamento no protestó contra el ministro criminal, el Gobierno no le destituyó, los tribunales no persiguieron a los criminales, los criminales no solo siguieron inmunes, impunes y en libertad, sino que fueron premiados (…) Inglaterra y Francia y las democracias gobernantes de otros muchos pueblos han seguido fingiendo que creían en la existencia de un Estado español y una legalidad española bajo el gobierno de los que habían provocado, tolerado o amparado con la impunidad el saqueo, el incendio y el asesinato (…) La autoridad del Estado y todo lo que constituía una legalidad había dejado de serlo de hecho en cuanto fue incapaz de conservar el orden para la convivencia social y no podía garantizar los derechos individuales, ni reprimir y castigar a los que los atropellaban. Los españoles no estaban obligados a subordinarse a poderes que, al faltarles la base de una legalidad, se había convertido en arbitrarios y anárquicos y, sobre todo, ineficaces».

Y negó que Franco se hubiera rebelado contra un régimen democrático legítimo, sosteniendo, por el contrario, que fue el que defendió la ley y el orden contra una República convertida en anarquía criminal:

«Al perecer el Estado y la legalidad de hecho, sus titulares representantes habían perdido de derecho el de exigir a los españoles la obligación de la obediencia. La resistencia y la desobediencia ya no eran delito porque faltaba la autoridad legítima que tuviese derecho a exigir lo contrario. Imperaba la anarquía. Y cuando la anarquía se apodera de un país, y el desorden se convierte en crimen, no se le ocurre a nadie otra manera de establecer una disciplina que apelar a la fuerza (…) Aquellos, todos, habían dejado de ser legítimos desde que sus agentes se convirtieron en ejecutores y asesinos. La democracia se había convertido en demagogia (…) Luego el ejército no se sublevó: actuó en funciones de poder supletorio cuando todos los demás perdieron su eficacia y su legitimidad (…) El general Franco no se sublevó (…) Hablar de sublevación en este caso es no solamente un absurdo jurídico, sino también una mentira histórica (…) A la hora presente nuestro ejército no solo defiende la independencia nacional, amenazada por hombres y doctrinas que niegan la Patria, sino también el hogar, la familia, la propiedad, el honor de nuestras mujeres, la vida de nuestros hijos, la religión de nuestros padres, ¡hasta la tumba de nuestros mayores, que ha sido sacrílegamente profanada! El ejército no se sublevó contra el pueblo, que ya no era pueblo, sino rebaño de fieras. No se sublevó contra la República, puesto que salió de sus cuarteles con la bandera de la República, al compás del himno de la República y al grito de “¡Viva la República!”. No se sublevó contra la ley, sino por la ley que todos habían jurado defender y que aquellos habían traicionado. No se sublevó contra la autoridad, que ya no tenía titulares legítimos, ni hombres, ni súbditos, sino para establecer una autoridad. La posteridad hará justicia al gesto heroico del general Franco y al impulso patriótico del ejército. Los espíritus apegados a las apariencias de la legalidad, como los fariseos a la letra de su doctrina, pueden tranquilizarse. Ni Franco ni el ejército se salieron de la ley, ni se alzaron contra una democracia legal, normal y en funciones. Ni hicieron más que sustituirla en el hueco que dejó cuando se disolvió en la anarquía de sangre, fango y lágrimas».

A pesar de su alegría por la victoria de Franco, matizada por su deseo de que el nuevo régimen hubiera consistido en un breve puente hacia otro régimen democrático, no le fue permitido el regreso a España por su antigua vinculación con la masonería, de lo que fue absuelto en 1945. Continuó residiendo en Portugal hasta su regreso dos años más tarde a España, donde, anciano, enfermo y olvidado, fallecería cristianamente en junio de 1949. Al funeral del viejo republicano liberal, defensor de la legalidad frente a los socialistas y finalmente partidario del 18 de julio como solución al caos, acudieron exministros republicanos, exministros monárquicos con el conde de Romanones a la cabeza y gobernantes franquistas como el a la sazón presidente de las Cortes, Esteban Bilbao. Todo un símbolo de la reconciliación nacional que Lerroux siempre deseó.

Clara Campoamor, la republicana antisocialista

La artífice de la igualdad de derecho de sufragio para hombres y mujeres nació en Madrid en 1888 en una familia humilde. Su padre, empleado de un periódico, fue un ferviente republicano que enseñó a su hija que los regalos navideños no se los traían los Reyes Magos, sino la República, que era más buena y más guapa.

Abogada y activa ateneísta, se distinguió por su incesante actividad a favor de la igualdad de derechos de las mujeres. Contraria a Primo de Rivera, en 1929 se afilió a la Acción Republicana de Manuel Azaña. Pero en 1931, deseosa de entrar en el Parlamento, se llevó la sorpresa de que en su partido se negaron a que encabezara ninguna lista, razón por la que lo abandonó y se afilió al Partido Radical de Alejandro Lerroux, con el que fue elegida diputada por Madrid. Dado que tanto Lerroux como otros compañeros de partido eran masones, decidió ingresar en la logia.

Partidaria del divorcio y de la derogación del delito de adulterio, pasó a la historia por ser la adalid del acceso de las mujeres al voto en igualdad de condiciones con los hombres. Hasta entonces las mujeres solamente podían votar en las elecciones municipales, según estableció Primo de Rivera en 1924. En el anteproyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Consultiva se estableció el sufragio universal para todos los españoles de ambos sexos, pero dicha Constitución no llegó a nacer debido a la caída de Primo de Rivera en enero de 1930.

En el debate parlamentario de 1931 participaron otras dos mujeres: Margarita Nelken por el PSOE y Victoria Kent por el Partido Radical Socialista. Pero no fueron ellas las únicas protagonistas. Por ejemplo, Roberto Novoa, de la Federación Republicana Gallega, se opuso al voto femenino por considerar que las mujeres están prisioneras de sus emociones y poco capacitadas para la reflexión, por lo que dejarlas votar implicaría la instauración en España de un nuevo matriarcado a las órdenes de la Iglesia católica. Victoria Kent compartía ese temor por carecer las mujeres españolas en aquel momento de «fervor democrático y republicano».

El resultado de la votación fue de 161 a favor del voto femenino, 121 en contra y 188 abstenciones. A favor votaron buena parte de los socialistas, algunos republicanos minoritarios y las derechas. En contra, el propio partido de Campoamor, la Acción Republicana de Azaña, los radicalsocialistas y el sector prietista del PSOE, Margarita Nelken incluida. Prieto proclamó indignado que se había dado una «puñalada trapera» a la República. Dos meses después, en diciembre de 1931, la izquierda intentó evitar el voto femenino por última vez. Aprovechando que los partidos de derechas habían abandonado la Cámara, se presentó una enmienda para retrasarlo, pero, tras una nueva intervención de Campoamor, fue rechazada por el escaso margen de 131 votos en contra y 127 a favor. Irónico fue el hecho de que en las primeras elecciones generales en las que las mujeres pudieron votar, quien consiguiera tal derecho no saliera reelegida diputada. En 1935 dejó el partido de Lerroux por su descontento con la represión de la revolución asturiana y pidió su alta en Izquierda Republicana, pero fue rechazada.

Apartada de la política, el 18 de julio le sorprendió en Madrid, donde permaneció hasta que a finales de septiembre embarcó rumbo a Italia:

«La anarquía que reinaba en la capital ante la impotencia del Gobierno y la absoluta falta de seguridad personal, incluso para los liberales —o quizá sobre todo para ellos—, me impusieron esa prudente medida».

Durante la travesía, unos falangistas pensaron arrojarla por la borda como castigo por haber promovido la legalización del divorcio, como presumirían en un artículo publicado en El Pensamiento Navarro. Ya en Lausana, publicó La révolution espagnole vue par une républicaine para explicar a los lectores francófonos lo que estaba sucediendo en España. En 1938 se instaló en Argentina, en 1947 pasó algunos meses en Madrid y en 1950 intentó conseguir, con la mediación de Concha Espina, el permiso para quedarse en España. Pero debido a su fugaz pertenencia a la masonería —la abandonó a los dos años de ingresar—, la respuesta fue afirmativa en caso de que proporcionara nombres de sus hermanos de logia; pero en caso contrario habría de enfrentarse a doce años de cárcel. Regresó a Argentina y algunos años más tarde se instaló definitivamente en su casa de Lausana, donde fallecería en 1972 a los ochenta y cuatro años.

Su relato sobre la España de 1936 es la confesión de un desengaño. Ya el título señala la clave de la cuestión: revolución. Porque lo que España estaba sufriendo, según la muy republicana Clara Campoamor, era una revolución izquierdista que había provocado, como reacción de supervivencia, el alzamiento del 18 de julio.

Su primera acusación fue contra los violadores de la Constitución por haber destituido ilegalmente al presidente Alcalá-Zamora, con lo que «la mayoría parlamentaria hizo desaparecer las últimas huellas de respeto y consideración que la opinión pública había mantenido hacia la ley y las instituciones republicanas». El principal responsable, junto con Azaña, fue el «secreto instigador de toda aquella maniobra», Indalecio Prieto, «ese espíritu letal para la República» según Campoamor.

El caos había comenzado con el triunfo frentepopulista en febrero, momento que las masas izquierdistas interpretaron como punto de partida de la nueva sociedad regida por ellos. Campoamor fue testigo de cómo los obreros izquierdistas comían en hoteles y restaurantes sin pagar la cuenta y amenazando a los dueños que se atrevían a reclamársela; lo mismo sucedía en los comercios, cuando no los saqueaban a punta de pistola; las huelgas eran constantes y masivas, con la construcción paralizada y las reparaciones suspendidas. Como consecuencia, muchas casas carecían de agua y de ascensor, pues los huelguistas se encargaron de destrozarlos:

«¡La guinda de este encantador caos la constituían cinco o seis bombas de dinamita que cada día los huelguistas colocaban en edificios en construcción para hacerlos saltar por los aires! (…) Se ocuparon tierras, se propinaron palizas a los enemigos, se atacó a todos los adversarios, tildándolos de fascistas. Iglesias y edificios públicos eran incendiados, en las carreteras del Sur eran detenidos los coches, como en los tiempos del bandolerismo, y se exigía de los ocupantes una contribución en beneficio del Socorro Rojo Internacional. Con pueriles pretextos se organizaron matanzas de personas pertenecientes a la derecha. Así, el 5 de mayo se hizo correr el rumor de que señoras católicas y sacerdotes hacían morir niños distribuyéndoles caramelos envenenados. Un ataque de locura colectiva se apoderó de los barrios populares y se incendiaron iglesias, se mataron sacerdotes y hasta vendedoras de caramelos en las calles».

Ante un Gobierno incapaz de mantener el orden, Falange creció a gran velocidad, pues sobre todo los jóvenes, «descontentos con la molicie del partido del Sr. Gil Robles», encontraron en el de José Antonio Primo de Rivera protección y respuesta frente al caos. La persecución a las derechas y la impunidad de las izquierdas culminó en la «odiosa ilegalización sin ninguna base legal» de Falange y, poco después, en la inoperancia ante el asesinato de Calvo Sotelo.

Tras el golpe militar, el Gobierno republicano dio otro golpe igualmente mortal para la República: la entrega de armas a las organizaciones políticas. En su fugaz intento de formar gobierno, Martínez Barrio intentó impedir la distribución de armas, pero los socialistas y los comunistas se opusieron enérgicamente:

«Dejándose arrastrar así por los socialistas, el gobierno entregó la España gubernamental a la anarquía (…) Así, cupo al Sr. Prieto dar el finiquito a un régimen que, entre las manos de Martínez Barrio, podía haberse salvado».

Campoamor concedió que la preocupación de los sublevados «no carecía de fundamento, y esa idea de adelantarse a la revolución comunista se hace más clara». También les dio la razón en no considerar al bando gubernamental el representante «puro y auténtico de la democracia». Subrayó que el del 18 de julio no había sido un pronunciamiento militar clásico, ya que al ejército se habían sumado civiles en masa. Y hasta en la simbología se evidenciaba que no se trataba simplemente de un choque entre defensores y enemigos de la República: algunos de los militares alzados eran republicanos (Cabanellas, Queipo), y otros la habían servido con lealtad cuando estuvo en peligro (Fanjul, Goded, Franco); y en todas las provincias alzadas siguió enarbolándose la bandera tricolor hasta finales de agosto, cuando la presión de los elementos monárquicos, tanto carlistas como alfonsinos, acabó decidiendo su sustitución por la vieja rojigualda. En el bando republicano, por el contrario, se apresuraron a retirar la tricolor y sustituirla, muy significativamente, por la bandera roja socialista o la rojinegra anarquista.

Un punto de la propaganda gubernamental que desmintió con especial insistencia fue la acusación de fascismo al bando rebelde, compuesto por varias familias políticas no siempre cercanas: las derechas republicanas, los monárquicos constitucionales, los carlistas, los católicos y, como único elemento propiamente fascista, la Falange:

«La división tan sencilla como falaz hecha por el Gobierno entre fascistas y demócratas, para estimular al pueblo, no se corresponde con la verdad. La heterogénea composición de los grupos que constituyen cada uno de los bandos demuestra que hay al menos tantos elementos liberales entre los alzados como antidemócratas en el bando gubernamental».

Observó que los gobernantes del bando nacional eran «hombres con una profunda formación técnica» y no siempre «atrasados en sus opiniones políticas, sino aquellos que, en una época tranquila y normal, hubiesen desarrollado en España una actividad liberal en el sentido que tiene ese término cuando las élites intelectuales dirigen un país». Como contraste, Campoamor juzgaba que muchos de los políticos republicanos se caracterizaban por su ignorancia, lo que convertía su acción política en «demagogia abocada al suicidio, amén de grotesca».

Dedicó muchas páginas a describir el caos en el que naufragó el bando republicano: prostitutas conviviendo con los milicianos, muchos de los cuales acabaron en el hospital con enfermedades venéreas; milicianos que, en vez de marchar al frente, se pavoneaban con sus armas por las calles o se dedicaban a asesinar civiles:

«Al principio se persiguió a los elementos fascistas. Luego la distinción se hizo borrosa. Se detenía y se fusilaba a personas pertenecientes a la derecha, luego a sus simpatizantes, más tarde a los miembros del Partido Radical del Sr. Lerroux, y luego —error trágico o venganza de clase— se incluyó a personas de la izquierda republicana (…) Cuando se comprobaban aquellos errores, se echaba la culpa de los asesinatos a los fascistas y se continuaba (…) Iban a buscar a la gente en pleno día a su casa, a su trabajo o en la calle. Si no encontraban al que buscaban se llevaban a algún miembro de su familia».

El caos era general: exterminio del clero, miles de asesinatos —«los más odiosos fueron, como siempre, reservados a las mujeres, apaleadas y ultrajadas antes de perder la vida»—, proscripción de corbatas y sombreros, desaliño y suciedad para pasar desapercibido, etc. Este «terror ejercido por una chusma rencorosa envenenada por una odiosa propaganda de clase» provocó que los republicanos demócratas, que en un primer momento se habían opuesto a la sublevación, acabaran deseando el triunfo de Franco:

«Cada día el Gobierno se vio más aislado entre las fuerzas socialistas, comunistas y sindicalistas. Por cierto que parecía estarlo muy a gusto. Sin embargo, poco a poco, a los ojos del pueblo republicano pero pacífico, liberal pero amante del orden, demócrata pero temeroso de la anarquía aún más que de la dictadura, el Gobierno republicano perdía su carácter de legítimo y legal adquirido por las elecciones».

Además, no había que olvidar a los muy influyentes enviados de Stalin, ya que «su presencia ha llevado a todos los republicanos a dejar el país cuando les ha sido posible, aun a costa de jugarse la vida. Todos aquellos que no quieren ver España convertida en sucursal de los soviéticos se separan del Gobierno».

Denunció que el gobierno republicano, incapaz de asegurar el orden público y el respeto a la vida humana, «ya no es digno de ese nombre», y hasta llegó a acusarle de satisfacción por los crímenes ya que «pareciera que los consideraban con indiferencia e incluso que cerraban los ojos convencidos de que aquella depuración podía mostrarse útil y necesaria para la seguridad interior».

Quien se declaró liberal y tan alejada del fascismo como del comunismo, avisó de que si triunfaba el bando republicano, «no sería el triunfo de un régimen democrático», y que la consecuencia sería la instalación en España del «comunismo bolchevique o el libertarismo anarquista». En cualquier caso, «la dictadura del proletariado».

Finalmente, señaló con contundencia al principal culpable del hundimiento de la República y de la subsiguiente guerra: el PSOE. Porque aunque evidentemente no inició el alzamiento, lo había provocado mediante el acoso a la derecha desde el día siguiente a la victoria electoral y no quiso detenerlo cuando se le presentó la ocasión. Al abandonar «su clásico carácter evolucionista para volverse revolucionario» y al haber ido cayendo los republicanos demócratas «en todas las trampas que la estrategia socialista les tendió», su influencia «ha tenido consecuencias fatales para la República»:

«Podemos afirmar que la República española, nacida el 12 de abril, cae hoy aniquilada por las fatales consecuencias de las divisiones de los republicanos y de la alianza de una parte de los republicanos con los socialistas».

Pero hoy, medio siglo después de la muerte de Clara Campoamor, el PSOE y sus aliados comunistas, continuadores del totalitarismo izquierdista que tanto odió, la reivindican como una de los suyos.

Julio Camba: una mierda de república

Quien estaba destinado a ser la pluma más prodigiosa del periodismo español del siglo XX, el sin par Julio Camba, nació en la pontevedresa Villanueva de Arosa en 1884. Revoltoso, ateo y antimonárquico desde jovencito, encajó una paliza a manos de unos pescadores, durante una visita de Alfonso XIII a su tierra, «porque no quise descubrir mi cabeza que piensa ante el monigote real». Poco después se coló de polizón en un barco y, como muchos miles de gallegos de aquellos días, se largó a Argentina. Pero en vez de a hacer fortuna, se dedicó a la militancia anarquista redactando panfletos y organizando huelgas, por lo que dos años después sería detenido y devuelto a España.

Tras colaborar en periódicos anarquistas como La Protesta Humana o Tierra y Libertad, en 1903 se estableció por su cuenta fundando un semanario anarquista titulado El Rebelde, en el que colaboraron personalidades del anarquismo internacional como los franceses Reclus y Tailhade o el ruso Kropotkin.

Un año más tarde fue encarcelado brevemente por escarnio al dogma católico. No sería su último proceso. Se trató de una parábola en la que comparó a un hombre que, necesitado de ayuda, clamaba inútilmente a Dios con otro que, gritando «¡Cristo puerco!» y «¡Cochina virgen!», ponía manos a la obra para resolver su problema. Camba concluyó su artículo con esta reflexión:

«La prédica de Cristo produjo esas generaciones cobardes que sufrieron resignadamente el yugo de todos los opresores (…) La doctrina cristiana, propagando la humildad y la resignación, ha castrado todas las energías del hombre. Si queremos, pues, hacer obra fecunda, tenemos que ser fuertes, rebeldes, anticristianos (…); tenemos que escupir al rostro de Cristo el salivazo de nuestras blasfemias purificadoras».

Cerrado El Rebelde en 1905, fundó La Anarquía Literaria, que solo logró publicar un número. A continuación entró a trabajar en la redacción del diario republicano El País, y en 1907, durante el gobierno largo de Antonio Maura, escribió una serie de crónicas parlamentarias en España Nueva, diario de los republicanos de Alejandro Lerroux. Enemigo del parlamentarismo en general y de la derecha maurista en particular, mostró respeto por pocos diputados, entre ellos el expresidente de la Primera República, Nicolás Salmerón. También dedicó palabras elogiosas a Puig y Cadafalch por percibir en el catalanismo un potencial revolucionario que coincidía con sus ansias anarquistas. Pero quedaba poco de anarquista en un Camba cada día más escéptico. El 31 de mayo de 1906 se celebró en Madrid la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg, para la que Camba obtuvo un pase de periodista. Pero, carente de interés, se lo pasó a su compañero de militancias anarquistas Mateo Morral, que aprovechó la ocasión para dejar veinticinco muertos y cien heridos en la calle Mayor. Camba fue detenido inmediatamente, pero pudo probar que, a pesar de su amistad con Morral, no tuvo nada que ver con el atentado. Aquella masacre aceleró el abandono por parte de Camba de una fe anarquista que cada día le resultaba más antipática.

A partir de 1908 recorrió medio mundo como corresponsal de varios diarios. En 1913 comenzó su colaboración con ABC, que se prolongaría hasta su fallecimiento en 1962.

En abril de 1931 encontrábase en Nueva York, de donde regresó curioso y esperanzado ante el nuevo régimen:

«Antes de la República, yo vivía en paz y en gracia de Dios, ignorando generalmente quién era ministro de Estado o quién tenía a su cargo la cartera de Hacienda. Dado mi concepto general de la política, no me interesaban nada los detalles, y solo el cambio de régimen pudo vencer mi pesimismo, haciéndome seguir con cierta curiosidad la marcha de la cosa pública. Fue un momento, nada más que un momento…».

Efectivamente, su esperanza tuvo corta vida. «La República nos quitó la ilusión de la República», escribiría años más tarde. En las semanas inaugurales, el Gobierno Provisional, para dejar patente que se consideraba a las órdenes del pueblo, celebró sus primeras reuniones a puerta abierta. Camba asistió a una de ellas, en la que se nombró fiscal general de la República al socialista Ángel Galarza, que se distinguiría cinco años más tarde por amenazar de muerte a Calvo Sotelo desde su escaño del Congreso y por lamentar pocos días después no haber podido participar en su asesinato.

—Esto es una mierda de República —declaró Camba—, y si todo lo que se les ha ocurrido es nombrar a ese imbécil de Galarza para un puesto de responsabilidad, sabe Dios las tonterías que van a hacer y lo que nos espera.

A partir de aquel momento comenzó a escribir artículos en los que, bajo su característica ironía, latía su profundo disgusto por el nuevo régimen. Aquellos artículos, varios de ellos censurados por un Gobierno poco amigo de las críticas, fueron recopilados en un volumen titulado Haciendo de República, publicado en 1934. El título reflejó la principal acusación de Camba: pretender ser una República sin conseguir serlo de verdad. Por eso debía contentarse con hacer como si lo fuera.

Por ejemplo, su cáustica pluma se cebó en unos republicanos más preocupados por cambiar de nombre a las cosas que por cambiar las cosas. Fueron borrados de calles y monumentos todos los recuerdos de la derrocada Monarquía, y hasta nombres políticamente neutros fueron sustituidos por los de los nuevos dirigentes o por los de símbolos republicanos, como una calle Mayor madrileña rebautizada calle Mateo Morral en homenaje al terrorista amigo de Camba:

«No quedó un hotel con nombre monárquico, aunque en ninguno de ellos se procuró mejorar la comida ni el alojamiento. El teatro de la Princesa tomó no sé qué otra denominación, así como el Infanta Isabel; pero de las tonterías que solían representarse en ambos no se preocupó nadie (…) Tuve que irme convenciendo de que son legión los republicanos que, habiéndose creído durante la Monarquía partidarios de un cambio de régimen, no fueron nunca, en rigor, más que partidarios de un cambio del nombre del régimen».

El cambio deseado por los republicanos no se limitaba, como es natural, a los asuntos onomásticos, puesto que incluía muy principalmente el ansia de ocupar los puestos oficiales mejor remunerados y repartirlos entre los amigos. Por eso Camba llamó al nuevo régimen «la República de los enchufes»:

«Se creaban cargos especiales que quizá fuesen útiles, pero que daba la casualidad de que casi siempre se distribuían entre los amigos y los contertulios, y en los primeros meses aquello producía la impresión de una mesa de ruleta».

Una de las ideas más repetidas por Camba fue la de que los izquierdistas promovieron el cambio de régimen no para servir al pueblo español, sino para satisfacer sus propios apetitos:

«Cuando los hombres de la República se incautaron del Estado español, se vio bien a las claras que no querían introducir en él ninguna reforma fundamental, ni muchísimo menos, y que, si lo deshacían y lo ponían en pedazos era, sencillamente, para mejor repartírselo entre unos y otros. Se apoderaron del Estado con el mismo criterio con el que hubieran podido apoderarse de un salchichón».

El partido aparentemente más revolucionario pero en realidad más aficionado a los enchufes, el derroche y los lujos de nuevo rico fue el PSOE:

«¡Pobres magnates del socialismo español, condenados a predicar la revolución social para seguir disfrutando los encantos de la vida burguesa y sin poder declararse nunca burgueses so pena de quedar convertidos ipso facto en unos tristes y paupérrimos proletarios! (…) Es innegable que estos señores ocupan en la sociedad burguesa una situación de privilegio; pero ¿cómo la han conquistado? Pues, sencillamente, combatiendo los privilegios de la sociedad burguesa. Y ahora, cuando la sociedad burguesa se les ha entregado ya por entero, ¿qué remedio les queda más que seguir atacándola si quieren seguir gozando de sus dulzuras?».

«Dicen que el poder ofusca la razón y que uno de los dones con que favorece a aquellos que logran conquistarlo es el precioso don del olvido, evitando así que, al recordar sus propias predicaciones, haya quien sienta el remordimiento de no ajustarse a ellas».

A la ambición económica sumaban sus ínfulas de grandeza:

«Hemos echado a su majestad don Alfonso XIII y ahora tenemos en Madrid a cuatrocientas y pico de majestades. ¡Cuatrocientos y pico de caballeros, cada uno de los cuales se figura que el ser diputado a Cortes es algo así como ser el mismísimo rey de bastos…!».

Además, el ansia de colocaciones, honores y sueldos no solía ir acompañada de conocimiento y capacidad:

«Unos señores que promueven nada menos que un cambio de régimen para apoderarse de los ministerios y que luego, ya dentro de ellos, tienen que llamar a los empleados de plantilla para preguntarles qué es lo que se puede hacer allí».

Respecto a los debates constituyentes, se rio Camba del paupérrimo nivel de sus señorías, salvo excepciones como la de Ortega y Gasset:

«Y a los dos meses, no había tasca, garito ni lupanar en España donde se emplease un lenguaje comparable al de las Cortes. Al contrario. Cuando en cualquier lugar de mala índole profería alguien una palabra malsonante, los demás solían llamarle al orden diciéndole: ¡Cuidadito!, ¿eh? Aquí no estamos en el Congreso».

Denunció que la redacción de la Constitución republicana había sido el producto de cambalaches, no de debates serios:

«Y así se iban dando unas cosas por otras —la secularización de los cementerios por la ley de Arrendamientos rústicos, o la ley de Términos municipales por la expulsión de las órdenes religiosas—, en un cambalacheo de bolsa de pescado o de feria de ganados (…) Y así, en este ambiente y por medio de este lenguaje, cambiando artículos del Estatuto catalán por puntos del programa socialista, o viceversa, en un verdadero regateo de gitanos, es como se fue haciendo esa Constitución tan nueva que tenemos».

Criticó severamente la ignorancia con que se habían encarado las reivindicaciones regionalistas, el absurdo de «aquellos energúmenos» de pretender organizar España como un Estado federal y la política religiosa de unos izquierdistas que rechazaban su propia nación por su pasado. Al anticlerical y ateo Camba, que en su lecho de muerte confesaría al sacerdote que la única oración que recordaba era el «cuatro esquinitas tiene mi cama», le indignó aquella «República de hombres muy avanzados que se avergüenzan de España porque España tiene la costumbre de ir a misa».

Condenó el odio antirreligioso que llevó al Gobierno, a través de su embajador en México, el socialista Álvarez del Vayo, a combatir allí el catolicismo mediante el apoyo al movimiento indigenista:

«Lo que no podré explicarme nunca es que España haya apoyado ese movimiento de una manera oficial, a no ser que quisiera acabar al mismo tiempo con México y consigo misma, pero hoy se ve bien claro que no era realmente España quien hacía aquella política, sino la horda que se había apoderado de ella. Era la Horda, tan antiespañola como antimexicana, y enemiga no solo de esta o de aquella civilización, sino sencillamente de la civilización en general».

El 18 de julio le sorprendió en Lisboa, donde se encontraba veraneando. Pasó a la zona rebelde y durante dos años publicó en ABC numerosos artículos en defensa de la causa nacional. Desde el principio se mostró confiado en la victoria de Franco debido a su organización frente al caos revolucionario en el que se hundió la República:

«La revolución es una juerga, una orgía, una bacanal que no tiene nada que ver con la guerra. Se tiran tiros. Se comen jamones. Se matan curas. Se lidia al buen burgués en las plazas de toros o se le unce a las norias campesinas. Corre el vino que es un gusto, y más aún que el vino, emborracha la sangre. Cuanto mayor es el recato de una mujer o la inocencia de una niña, con mayor fruición se las hace objeto de público escarnio (…) Pero la guerra no es esto ni muchísimo menos. La guerra, por el contrario, es orden, método, disciplina, jerarquía, autoridad y responsabilidad (…) Cuando la revolución se mezcla con la guerra, el desastre resulta inevitable por muchas ventajas de que se disfruten en un principio (…) En la guerra tienen que mandar unos y obedecer otros, mientras que en las revoluciones mandan todos y no obedece ninguno. La guerra es sacrificio y la revolución es jolgorio. La guerra es orden y la revolución desenfreno (…) Y como dos cosas tan opuestas y contradictorias es forzoso que se anulen recíprocamente, de ahí el que los rojos estén condenados de un modo irremisible a perder al mismo tiempo su revolución y su guerra».

Wenceslao Fernández Flórez: el terror rojo

El coruñés Wenceslao Fernández Flórez, el más insigne representante del periodismo literario español del siglo XX junto a su paisano Julio Camba, sustituyó su inicial vocación médica por el periodismo cuando empezó a colaborar con varios periódicos gallegos antes de haber cumplido los veinte años. De allí saltó al ABC, para el que publicaría desde 1914 hasta 1936 una larga serie de crónicas parlamentarias por las que consiguió renombre en toda España.

Apasionado de su tierra natal, consiguió que la Real Academia reconociera la categoría de lengua para el gallego, hasta entonces tenido por dialecto, y defendió infructuosamente que Emilia Pardo Bazán fuera la primera mujer académica. Sus primeros relatos fueron ilustrados por Castelao, patriarca del nacionalismo gallego, con quien le unió una buena amistad a pesar de sus diferencias ideológicas. En 1926 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura por Las siete columnas, novela en la que sostuvo la tesis de que la sociedad no podría sostenerse si se eliminaran los siete pecados capitales, insustituibles acicates de la actividad humana.

Como plasmaría por escrito, «recibí en mi instrucción y mis ideas el influjo liberal en el que fuimos educados todos los hombres de mi tiempo». Viajó a menudo por Europa y se declaró admirador de los gobiernos progresistas de los países escandinavos y Holanda. Las elogiosas páginas que dedicó a esta, a la que consideró una «nación ejemplar», le merecieron la concesión de la orden de Orange-Nassau. Aunque partidario de Antonio Maura y defensor de la Monarquía cuando arreciaron los ataques contra ella aprovechando los destronamientos de 1918, no ahorró críticas a un régimen podrido por el caciquismo, los enchufes, las desigualdades sociales, la mediocridad de los políticos y la ineficacia del Parlamento.

Si bien recibió en 1935 la Medalla de Oro de Madrid y la Banda de la República, en sus crónicas parlamentarias reflejó su creciente rechazo al nuevo régimen. El 2 de abril de 1936, un mes después del pucherazo del Frente Popular, señaló con desesperanza que, debido a la conjunción de la censura de prensa y el creciente caos, el tiempo de la reflexión política había dejado paso al de la crónica de sucesos:

«La literatura política está desbordada. No tiene sabor, ni color, ni olor, al lado de la fuerte rudeza de los acontecimientos. La censura hace imposible dar a los artículos el tono que necesitarían los momentos que vivimos (…) Estamos más allá de toda teoría; estamos en plena acción (…) Los ingenieros son incapaces de construir diques en el instante en que sobreviene una riada. Los hacen antes o después del aluvión, pero si se dedicasen a poner piedrecitas y argamasa entre los irritados remolinos, perderían el material y el tiempo».

En las páginas que dedicaría a recordar aquellos meses previos a la guerra, describió la violencia en las calles, las denuncias falsas, las detenciones de coches a punta de pistola para que sus ocupantes pagasen tributo al Socorro Rojo, los asaltos a comercios, el saqueo de viviendas, la ocupación de fincas, el arbitrario envío a prisión de personas de bien «mientras que sus huéspedes habituales ocupaban los cargos públicos». Pero lo más grave era que no se trataba de desmanes perseguidos por los agentes de la ley, sino que estos amparaban los crímenes y la voz cantante de la revolución la llevaban los políticos del Frente Popular:

«Una mayoría parlamentaria en la que había hombres procesados por robo, histéricos, analfabetos, energúmenos, estorbaba cualquier discusión con el rápido gesto de sacar la pistola del bolsillo (…) Y la sangre corre bajo la complacida mirada de los ministros, de la Policía, de los periódicos que trafican con las ideas, de una muchedumbre inmensa de hombres envenenados de rencor».

El infierno se desató cuando el 13 de julio agentes de Prieto asesinaron a Calvo Sotelo y el 18 se rebeló el ejército. Fernández Flórez, perseguido por los frentepopulistas, tuvo que esconderse durante un año. Sus peripecias quedaron reflejadas en varios artículos publicados en el lisboeta Diario de Noticias en los meses siguientes a su huida, artículos que fueron recopilados en el libro O terror vermelho, publicado en 1938 en portugués y nunca traducido al español. Pero sirvió de base para la novela Una isla en el mar rojo, cuyos personajes ficticios recrearon sus propias andanzas y para la que empleó numerosos párrafos textuales de sus artículos portugueses. En ellos había explicado que lo suyo no tuvo nada de especial puesto que desgracias parecidas les sucedieron a muchos otros miles que se vieron perseguidos por los motivos más insospechados, ya que «cuando se anunció oficialmente que se daría armas al pueblo comprendimos que ningún poder sería capaz de contener la catástrofe».

«De repente, el populacho típico de todas las revoluciones se extendió por Madrid: infrahombres sucios de ceño asesino; mujeres hienas, vociferadoras y desgreñadas, que llevaban en los ojos la alegría de poder matar; chicuelos alborotadores, orgullosos del revólver que habían conseguido pero cuyo mayor placer eran las llamas de los incendios; toda la gentuza que sufre de fealdad física o espiritual; la que lleva las serpientes de la envidia en el caduceo de su impotencia; la que representa un salto atrás, el salto del aborigen bestial que da proporcionalmente cada generación (…) Las terribles furias de la Revolución francesa fueron superadas por estos monstruos. Tantos horrores me hicieron comprender perfectamente que las personas que viven en un medio normal en el extranjero supondrán que son invenciones y que, cuando hayamos desaparecido los que vivimos esta verdad tremenda, las generaciones que lleguen después considerarán estos hechos, lamentablemente exactísimos, como exageraciones de un partidismo inflamado».

Y comenzó la purga de periodistas de diarios derechistas como ABC, El Universo, El Debate y El Siglo Futuro, sacados de sus casas y asesinados, algunos previa tortura, como sus compañeros del ABC Víctor Pradera, Honorio Maura, Álvaro Alcalá Galiano, Federico Santander, Manuel Bueno y el subdirector Alfonso Rodríguez Santamaría. Así describió Fernández Flórez el personal que llenó el vacío:

«Desde el primer momento se apoderó de los periódicos una gente audaz, impaciente y cruel que surgió entre los propios empleados y del enorme depósito de fracasados que siempre ha habido en cualquier profesión (…) Periodistas de medio pelo y juntaletras que, o por su indigencia mental o por su moralidad desacreditada, siempre habían encontrado desdeñosas e inaccesibles las columnas de los grandes diarios se apresuraron a tomarlas al asalto en aquella orgía de incautaciones que decretaba cualquiera: una asociación, un grupo, un hombre, el Gobierno… el que primero llegase con la pistola en la mano o la escopeta en bandolera».

Estos nuevos amos de la prensa y la radio, tanto desde los periódicos incautados como desde los órganos tradicionales de la izquierda, dirigidos por Araquistáin, Prieto, Álvarez del Vayo o Largo Caballero, se dedicaron a agitar el odio y a señalar las personas que debían ser eliminadas. Como también experimentaron personalmente Ortega y Marañón, «ser citado en esos periódicos equivalía a una sentencia de muerte. ¿Vive aún Fulano? —preguntaban—. Y el cuerpo exánime de Fulano aparecía al día siguiente en cualquier lugar de las afueras»:

«En sus almas había un odio profundo, amargo, doloroso, nacido del recuerdo de sus continuos fracasos. Y expresaban ese odio con una atención inicua sobre los que, iluminados por el claro sol de la celebridad o por el más pálido rayo de la popularidad, los tenían ocultos bajo su sombra (…) Sus discursos eran incitaciones iracundas, insultos contra todos y contra todo (…) Ninguno de ellos conseguía decir algo interesante, pero bajo el fervor de su odio se les notaba un orgullo infantil por hablar al público a través de aquel medio prestigioso y científico de la radio. La novedad de esta oratoria consistía en la inclusión de palabras soeces pronunciadas sin embarazo y con ostentación (…) La máxima crueldad en los discursos radiofónicos y los artículos de prensa, las más feroces incitaciones al crimen, pertenecieron a una mujer: la judía alemana Margarita Nelken».

A los dirigentes izquierdistas les culpó del horror provocado por el veneno de sus palabras, inspiradas en el bolchevismo ruso:

«Las ideas eran rusas, los procesos eran rusos; rusos eran los hombres llegados para dirigir las matanzas; rusas las armas, rusos los nombres que se invocaban, las denominaciones de las brigadas, los originales de los grandes retratos que presidían sus reuniones (…) Aquellas multitudes entonaban La Internacional y un himno que decía Somos los hijos de Lenin. Y su ¡No pasarán! era francés. Yo vi por las calles de Madrid, en pleno verano, milicianos orgullosos de ostentar gorros rusos de piel y blusas de mujik. Decir ¡Viva España!, era un grito subversivo. Todo era Rusia. No había nada más que Rusia».

De aquel «envenenamiento de las ideas» surgió el 19 de julio la «fauna de la revolución»:

«Larvas de hombres, de mujeres, de niños, cubrieron Madrid en aquel día sin olvido. Greñas, muecas, garras, mugre, rugidos, ojos de fuego, rostros asimétricos, cuerpos tarados… Hervían. Salían de todas las esquinas, de todos los sumideros; eran los gusanos de una súbita putrefacción de Madrid. ¿Habían estado siempre allí sin que los viésemos o surgían de cada palabra malvada que hacían caer sobre Madrid por el surtidor de la radio los canallas de aquel oprobioso gobierno? Legiones satánicas, amasadas con odio, con pus, con la animalidad más baja; semblantes de capricho goyesco probaban que entre la bestia y el hombre hay un eslabón que aún no se ha perdido».

Junto al salvajismo de las masas izquierdistas, Fernández Flórez destacó la hipocresía de sus dirigentes:

«Se predicaba contra la pena de muerte y se asesinaba sin demostración de culpa; se invocaba la libertad y, como las cárceles no bastaban, cada grupo convertía en prisión cualquier palacete y lo llenaban a rebosar de infelices que no habían cometido ningún delito ni falta; se anatematizaba la codicia capitalista y todos corrían a robar oro, plata y piedras preciosas sin ni siquiera limpiar la sangre; se censuraba el militarismo y todos querían ser capitanes y generales, con uniformes pintorescos, pistolones enormes y derecho a comer sin pagar en todos los hoteles, entre dos rubias oxigenadas; se hablaba de igualdad y los hijos en edad militar de los dirigentes rojos no conocieron otras detonaciones que las del champán en el ameno campo de batalla de los cabarets extranjeros».

Consciente de que «mis comentarios a las sesiones parlamentarias habían herido muchas vanidades fustigando aquel rebaño de abogaduchos y de advenedizos engreídos», salió de su domicilio a tiempo para no ser detenido por los milicianos. Así comenzaría una larga escapada de escondite en escondite, acogido por amigos cuyas vidas ponía en peligro y finalmente refugiado en las embajadas argentina y holandesa.

Las legaciones extranjeras en Madrid llegaron a acoger once mil refugiados, incomunicados y sin poder poner un pie fuera de sus puertas, algunos de los cuales solo pudieron empezar a ser evacuados ya avanzado 1937; otros muchos tuvieron que esperar a la entrada del ejército de Franco. Más suerte tuvieron los catalanes, que en cantidad cercana a los cincuenta mil consiguieron embarcar hacia Francia e Italia.

Tras mil peripecias, narradas como crónica en O terror vermelho y como novela en Una isla en el mar rojo, en julio de 1937 consiguió llegar a Francia en un coche del consulado holandés. Tras dejar atrás doce largos meses de angustia, puso su pluma al servicio de la causa rebelde tanto en las páginas de sus libros como en las del ABC de Sevilla. Allí publicó numerosos artículos dedicados a homenajear a figuras como Sanjurjo y José Antonio, al que consideró un mártir de la patria adelantado a un tiempo que no le comprendió; a agradecer a los países extranjeros, especialmente los hispanoamericanos, el refugio dado a tantos miles; a vituperar al gobierno francés por su apoyo militar y diplomático al bando republicano; a burlarse de «los burgueses simpatizantes de la República que echaron a correr y todavía siguen murmurando ¡No era esto… no era esto!»; a acusar a los dirigentes republicanos de enriquecerse con el producto de sus rapiñas mientras sus seguidores daban su vida en defensa de una República abandonada; y a rechazar los intentos de mediación internacional para alcanzar una paz negociada:

«En España están en lucha dos principios antitéticos e inconciliables en toda su eternidad, que no pueden ni combinarse ni disolverse el uno en el otro. Es el bien y el mal, el odio y el amor, el ser y el no ser de España. No podemos decir: bueno, pues vamos a ser un poco de bandidos. Ni tampoco: nos resignaremos a estar un poco muertos (…) España no se podrá rehacer sin el triunfo».

Pero la alegría del triunfo no aplacó su dolor, como reflejó en la frase de Léon Bloy con la que encabezó Una isla en el mar rojo: «El sufrir pasa; el haber sufrido no pasa jamás». Ni sus opiniones políticas ni su consideración del ser humano volverían a ser las mismas. Del marxismo, con el que nunca simpatizó, poco más pudo decir:

«Era la envidia referida a lo bueno, a lo bello, a lo mejor; la envidia de la riqueza, la del poder. Y la que tenía efectos y manifestaciones más terribles aún que en sus otras modalidades: la envidia al talento. Grande era la alegría de aquellos miserables cuando hallaban en la casa allanada un buen botín de dinero o de joyas. Pero ninguno de sus espantosos placeres igualaba al que se procuraban cuando podían apagar de un tiro la llama que representaba la inteligencia, la sabiduría de un hombre selecto. Era lo que les daba más clara idea de su diabólica potestad. Toda una riqueza interior, toda una experiencia formada con lentitud y con esfuerzo en años de reflexión y de estudio, estaba allí ante ellos, viva, en potencia, capaz de esos milagros —más trascendentales y profundos que los que puede realizar el oro—, y de pronto, tras una detonación, ya no era más que materia orgánica paralizada, inerte. La Envidia es bolchevique. En el imposible afán de igualar se disimula la Envidia. Entre todos los aviesos auxiliares de que disponen los rojos, ninguno más terrible y más repugnante (…) El marxismo es la religión de los envidiosos, de los fracasados, de los inferiores, y como no pueden ascender hasta lo bueno, buscan la igualdad rebajándolo hasta su propio nivel. Son los gusanos burlándose de las aves y decretando que nada hay de mejor gusto que arrastrar el vientre sobre la tierra».

Pero su crítica no se limitó al marxismo:

«Los que creyeron de buena fe en la democracia descubrieron entonces su falsedad. Permítaseme decir, puesto que estoy dando curso a mis impresiones personales, que, en lo que me queda de vida, oír elogios a la democracia me causará tanto espanto como oír serios elogios a la protección que a los hombres dispensan los fetiches de una tribu australiana (…) Hay algo en lo que no puede creer ya nunca un hombre que haya vivido en cualquier sitio de la España roja: la posibilidad de una democracia. Hay algo de lo que no volverá a oír hablar sin escepticismo: las innatas virtudes del pueblo (…) Porque la masa es imbécil. Y como la masa es imbécil, la democracia es imposible (…) Pasarán muchos años y acaso los hombres vuelvan a hablar en serio de esas mentiras: pero nosotros, los que hemos visto, sabemos durante todo el para siempre de nuestras vidas lo que es un pueblo entregado a sí mismo».

Al terminar la guerra volvió a Madrid, pero no halló alegría en ello porque «aquel sufrimiento fue tan grande, que hasta su sombra es un intolerable sufrimiento. Yo he buscado en Madrid mi sonrisa, y no la encontré». Y en varias de sus obras posteriores, tanto librescas como periodísticas, reiteró que los meses pasados bajo el terror rojo le habían cambiado para siempre:

«Esa innumerable legión de fantasmas con los ojos arrancados, con las lenguas cortadas, con los pies y las manos atravesados por los clavos de la crucifixión, con los sudarios de las llamas que los quemaron, con el gesto enloquecido de los enterrados vivos, con los cráneos, los pechos, los vientres acribillados por las balas de las fieras asesinas, tiene ya su parcela en el campo de los horrores de la Historia humana (…) En realidad, yo he sido muerto violentamente. Muchas creencias que anidaban en mi espíritu no existen ya; mis ideas acerca de los hombres y de los pueblos se han modificado en sus raíces; las concepciones de antes, fruto de lecturas y experiencias, fueron desarraigadas y sustituidas por estotra experiencia más brutal, más profunda, más amplia, más aleccionadora (…) Mucho murió y mucho nació en mí. Nada hay que enseñe y fecundice tanto como el dolor (…) Cuando revivo, como ahora, lúcidamente todos aquellos horrores, me pregunto a mí mismo si de verdad podré volver a encontrar alguna vez en mi corazón fe suficiente para estimar de nuevo a los hombres. Y me temo que, por muy larga que sea mi vida, ya no podrá ser, nunca más, nunca más…».

Menéndez Pidal, un erudito entre dos fuegos

El más grande filólogo español del siglo XX dedicó toda su vida al estudio de la historia y las lenguas de España y se mantuvo apartado de una actividad política que siempre le disgustó. Hombre de talante liberal, se vinculó desde su juventud a la Institución Libre de Enseñanza, la Junta para Ampliación de Estudios y el Centro de Estudios Históricos, en los que trabajó intensamente y ejerció cargos directivos.

Elegido director de la Real Academia Española en 1925, se opuso, mediante carta abierta a Primo de Rivera, al cierre de la Universidad de Madrid como respuesta a una huelga. El dictador le respondió que «el progreso científico está segurado cuando las universidades solo se dedican a la difusión de la ciencia pura, sabiendo ser neutras con relación a la vida gubernativa». También participó en 1930, recién dimitido Primo, en el acto en defensa de la lengua catalana, cuyo uso público había estado limitado durante la Dictadura, en el que también participaron Marañón, Pérez de Ayala y Ortega.

En las elecciones de abril de 1931 Pidal votó a las candidaturas republicanas, si bien rechazó la propuesta de formar parte de la Agrupación al Servicio de la República por su alergia a la política activa y por no agradarle la indiferencia hacia la unidad de España que creyó percibir en ellos. Recibió con alborozo el nuevo régimen, esperando que abriera una nueva era de regeneración política y cultural. E incluso se barajó su nombre para la presidencia que finalmente recaería en Alcalá-Zamora.

Sin embargo, ya con los debates constitucionales empezaría a disgustarle el rumbo que tomaba la República, por ejemplo en lo referente al anticlericalismo plasmado en el polémico artículo 26. Pero la gran batalla la dio por una unidad nacional que veía peligrar. El 26 de julio de 1931 publicó en el diario El Sol un artículo dedicado a desmontar la pretensión de hacer de España un Estado federal, sumando sus argumentos a los de Unamuno y Ortega. Lamentó que «el grito selvático» dado por los promotores de los estatutos autonómicos consistiera en que «cada uno se gobernará como le dé la gana», lo que Pidal consideró incompatible con la asociación y la convivencia. Respecto a la federación, admitió que se trataba de una forma de gobierno «feliz para muchos pueblos y que está lejos de significar disgregación», pero no le pareció apropiado para España:

«Pero tiene bastante de ruptura cuando no se instaura para atar lo disgregado, sino para separar lo unido por cuatro siglos y medio de historia. Federarnos es algo parecido a divorciarnos (…) Galicia, Vasconia, Cataluña, se puede decir que no vivieron un momento solas en la historia, perennemente unidas a un imperio toledano o leonés, a un imperio castellano, a un reino aragonés. Una veintena de siglos vinieron trabando con mil nudos las mallas; ¿por qué pecados nuestros ahora es urgente desgarrarlas? España, se dice, contiene pueblos demasiado heterogéneos. Pero esto no sería razón. ¡Cuántas otras grandes naciones tienen más variedad que España en tipos raciales y en lenguas, empezando por la centralista Francia! Solo que en los pueblos sanos esta heterogeneidad solo se estima como riqueza espiritual de cuarto orden; en los pueblos neuróticos pasa a ser de riqueza primaria, esencial. Tan esencial, como que se la procura abultar artificialmente».

Por estos y otros motivos, Pidal propugnó una descentralización racional, no basada en resentimientos y no lesiva para la integridad de la nación. Por ejemplo, le pareció insostenible la aspiración catalanista de que los mozos catalanes prestaran servicio militar sin salir de su tierra, pues de ese modo se evitaría «la gran ocasión de convivencia, la que más confraterniza y funde las partes de una nación; quizá la única cosa buena que tiene el servicio militar». Y respecto al bilingüismo de algunas regiones, consideró necesario garantizar el uso tanto de las lenguas de ámbito regional como de la castellana, penetrada en todas las regiones españolas desde los lejanos siglos medievales:

«Y al oír renegar de esta penetración, al oír comparar insensatamente el castellano al inglés, comprendemos que aún está muy viva la psicología del amargor».

Un mes más tarde protestó contra la supresión de la expresión «nación española» a propuesta de los catalanistas Gabriel Alomar y Antoni Xirau, lo que a Pidal le pareció «lastimoso» por negar constitucionalmente a España su condición de nación, que quedaba así reducida a mero Estado. Por otro lado, le pareció disparatado comparar la situación de Cataluña dentro de España con las de Polonia o Finlandia dentro de los imperios alemán, austríaco y ruso. Criticó que mientras que en Madrid se reconocían la personalidad y los derechos de las regiones periféricas, en estas se negara cualquier título histórico a lo que Pidal llamó «la España nuclear». Y lamentó que la llegada de la República hubiera provocado la exacerbación de las aspiraciones autonomistas:

«Las afirmaciones de personalidad regional en esta homogénea y democrática España brotan y engruesan ahora por todas partes, como hongos, tras la lluvia republicana. Cada ciudad podría alegar sus características individuales; cada aldea, el hecho diferencial que engríe a Coteruco de Abajo contra Coteruco de Arriba».

Finalmente, deploró que los catalanistas, incluso antes de tener aprobado el estatuto, estuvieran implantando un sistema de discriminación lingüística más opresor que el que tan amargamente habían denunciado en el régimen monárquico, y advirtió sobre la importancia de la educación para evitar el desmoronamiento de España:

«Digo esto sin la menor acritud, no más para repetir que la psicología vieja del desamor y de la incomprensión perdura y que el idioma se sigue empleando como un arma y no como un instrumento (…) El robustecer la conciencia hispana mediante la enseñanza es un deber del Estado absolutamente indeclinable entre nosotros, dada esa cortedad de visión para la anchura del horizonte nacional propia de las regiones. Misión intransferible; que no va menos en ello que la consolidación o el desmoronamiento de la nación española, que se tambalea para convertirse en simple Estado (…) ¿No podrían los catalanes dirigentes preocuparse de algo más que de su cultura íntima y aplicar el entusiasmo de que están rodeados a impulsar la de España toda? ¿No encerrarse en sus centros culturales y no echar por dentro el cerrojo idiomático para que allí no entre nadie?».

Sobre la cuestión educativa regresaría una semana después en un artículo para replicar a una respuesta de Rovira y Virgili. Como «verdadero encuentro bélico» lo calificó Pidal, y lamentó «el infantil descomedimiento de quien no le cabe en la cabeza que las cosas catalanas puedan ser atendidas bien más que por los catalanes»:

«La que siempre fue una nación se convertiría en un simple Estado; compartimientos estancos, nacioncillas aisladas, cultivadoras del hecho diferencial, empeñadas en negar obcecadamente, como vemos, los lazos ideales, para quedarse solo con los lazos materiales que convengan. Peor que un Imperio austrohúngaro. No nos hagamos ilusiones. Si bajo esta psicología del resentimiento, el Estado Español no tiene respecto de la región una prenda de unión espiritual en la enseñanza, la generación del desamor acabará por raer, con pertinaz trabajo de zapa, todo sentimiento de unidad espiritual; la fuerza moral de la nación, la única fuerza de los pueblos, será arruinada y la disgregación del nuevo Imperio austrohúngaro será rápida».

Al estallar la guerra, su vecindario de Chamartín se convirtió en escenario habitual de asesinatos, por lo que se refugió, junto a otros intelectuales, en la Residencia de Estudiantes por sugerencia de su director Alberto Jiménez Fraud. Pero la persecución también alcanzó a los allí alojados, entre ellos al propio director, a Ortega postrado en cama, a Dámaso Alonso y al exministro liberal Prieto Bances, que escapó in extremis por el bosque. Aquel día, Pidal, escondido tras un árbol, oyó decir a los milicianos: «¿Dónde estará el otro pájaro?». Y cuando se fueron, se preguntó: «¿Seré yo el otro pájaro?». Tomó la decisión de escapar cuanto antes; y con toda su familia, para evitar represalias. Su primera escala antes de embarcar en un buque inglés fue la embajada de México. Su nombre apareció en el manifiesto de apoyo a la República que incluyó a muchos que ya habían huido de ella o estaban a punto de hacerlo, como sus tres padres fundadores. Sobre ello escribiría posteriormente en sus notas privadas:

«Mentira. Yo no firmé ninguno. Me firmaron sin consultarme, como era práctica entonces. Me firmaron porque no había libertad de prensa para protestar (…) ¿Qué luto debo guardar a la fenecida República? Yo no disfruté prebenda alguna de monarquías, dictaduras ni repúblicas».

Durante los tres años bélicos residió en Burdeos, Cuba, Estados Unidos y París. A México se negó a ir, según explicó a Marañón, por el elevado número de republicanos allí concentrados. A Américo Castro le manifestó por carta su dolor por la situación de España, solo equiparable a la catástrofe de 711:

«El horizonte de España es tenebroso, como en ninguna otra época de su pasado (exceptuando la invasión musulmana yo no veo otra peor). La pérdida de los tesoros materiales, culturales y morales es espantosa, y sin embargo, tengo esperanza de que la vida intelectual se ha de restaurar mejor de lo que ahora podemos figurarnos».

Se fue avivando su fe en que la guerra terminase pronto con el triunfo de Franco, como solía animarle el más entusiasta Marañón en sus conversaciones y cartas. A finales de 1938, con la victoria nacional a la vuelta de la esquina, desenfundó su pluma para contrarrestar la propaganda antiespañola desplegada por algunos periódicos franceses que consideraban a vascos y catalanes como la parte civilizada y democrática de una España reaccionaria frente a la que Francia debía protegerlos:

«El inestimable valor del pueblo vasco reside en su resistencia a la civilización occidental de Roma, lo que le ha permitido conservarse como una reliquia de la España Ibérica. El pueblo vasco no ha conocido la civilización occidental sino después de la desaparición del Imperio, cuando se la inculca esa España de la que quiere protegerle el autor de este artículo. Es de esta estrecha unión, de esta participación en las tempestades interiores de España, cuando se desarrollan las horas de grandeza del pueblo vasco (…) Sería de desear que los escritores del gran pueblo francés no se injiriesen en la dolorosa lucha de España. ¡Dejad a los españoles decidir entre ellos sin injerencias extranjeras!».

Le Temps no tuvo la elegancia de publicar el artículo de Pidal, lo que sí hizo la prensa franquista. Y ya en marzo de 1939, disparándose los últimos tiros de la guerra, explicó así a Américo Castro su satisfacción:

«Ya sabe usted mi principio. Deme usted la España sin fragmentar en bochornosas republiquitas y cualquier cosa que allá pase se remediará en muy pocos años; mientras que la fragmentación no se remediará en siglos o nunca. El no sentir esta gran verdad, el no reconocer la idea nacional, es el enorme fallo de nuestras izquierdas. ¡Monstruoso Frente Popular! Mire usted Francia qué cuerdamente se lo ha raído de sí. Usted que peleó y sufrió como gran español en el patronato de la universidad barcelonesa, de seguro que no se quitaría el sombrero aquí en París delante del escudo de la Legación de Euskadi, la republiquilla jaleada por Le Temps y por Maritain. Por fortuna ya se ha ido a freír espárragos».

Ansioso por regresar a España, llevaba meses moviendo hilos a través del jefe del gabinete diplomático de Franco, José Antonio Sangróniz. A mediados de julio ya estaba en Madrid recibiendo la bienvenida de manos del cuñadísimo Serrano Suñer. Entre colegas y amistades encontró tanto amistad como reticencias, pues hubo quienes no le perdonaron sus anteriores simpatías republicanas y su tibia adhesión al bando alzado. Además, el militar monárquico y posterior ministro Jorge Vigón publicó un artículo («La voz de nuestros muertos. Infiltraciones») en el que deploró que se aceptara «como arrepentimiento lo que no es sino capacidad de adaptación dudosamente deshonesta». Se refería con ello a un Pidal cuyo antiguo cargo de director de la Real Academia había entrado en conflicto con José María Pemán, que le había sucedido interinamente en 1938 y que ahora contaba con la ventaja de su firme vinculación con el alzamiento. Pidal devolvió su medalla de director y franqueó el paso a Pemán, si bien en 1947 volvió a ser elegido director, cargo desde el que consiguió que los sillones de los académicos exiliados permanecieran sin cubrir hasta que fallecieran. Contrariamente, no halló obstáculo para continuar su actividad desde el principio en la Academia de la Historia.

Además, por denuncia de Vigón, tuvo que vérselas con el Tribunal de Responsabilidades Políticas hasta que su causa fue sobreseída en 1943. Sobre el revanchismo de la España de la inmediata posguerra, había anotado en 1940:

«Cuando volví a España, tenía alguna esperanza, aunque no mucha, de hallar en ella una atmósfera próxima a descargarse de los rencores que toda guerra civil deja tras de sí. Desvanecida esa esperanza, creo lo mejor permanecer aparte, confiando en que, aunque por mi edad ya no lo vea, vendrán tiempos sin odios en que nuestra España pueda ser una en los espíritus y grande en el esfuerzo».

A pesar de que la Junta para Ampliación de Estudios y otros organismos como el Centro de Estudios Históricos, en los que tanto había trabajado, iban a ser reformados en manos del Opus Dei para su transformación en el actual Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Pidal retomó con normalidad su actividad, que aún habría de durar otras tres décadas hasta su fallecimiento, casi centenario, en 1968.

Melquíades Álvarez, una tragedia republicana

El que llegaría ser egregio tribuno y presidente del Congreso de los Diputados nació en Gijón en 1864. Destacado jurista, ejerció de abogado y de catedrático de Derecho Romano mientras comenzaba su vida política en las filas del republicanismo de Nicolás Salmerón. En sus años jóvenes, amigo y protegido de Leopoldo Alas Clarín, escribió en varios periódicos republicanos, en los se distinguió por su dureza contra la monarquía.

En 1901 salió elegido diputado por primera vez. Por su locuacidad y su voz de tenor le colocaron los motes de El tribuno y Pico de oro. Sobre él escribió Pérez Galdós que era «hijo predilecto de la musa Polimnia, en quien los antiguos personificaron la elocuencia». En su estreno como parlamentario explicó así sus convicciones anticlericales:

«El partido republicano es enemigo del clericalismo; y es enemigo del clericalismo, no tan solo porque conduce a la injerencia del poder teocrático en la vida del Estado, sino porque constituye la causa principalísima, casi me atrevo a decir que la única, de este vergonzoso atraso en que se desarrolla, por desgracia, la vida intelectual y política de nuestra España».

Pero su anticlericalismo no le impidió exigir respeto a la religión católica, condenar las blasfemias y la violencia contra el clero e incluso considerar que «la religión es algo fundamental en la sociedad humana»:

«Tan insensato es el que vocifera en la plaza pública pidiendo en nombre de la razón natural que se suprima a Dios como el que dice desde la cátedra de la Iglesia, invocando al efecto una falsa tradición religiosa, que el liberalismo es pecado».

En 1911 colaboró en el nacimiento del sindicalismo minero asturiano en un mitin en el que compartió tribuna con Pablo Iglesias, presidente del PSOE. Un año más tarde fundó el Partido Reformista, que sería presidido por el histórico dirigente republicano Gumersindo de Azcárate y en el que militarían figuras tan importantes del mundo de la política y la cultura como Azaña, Ortega, Américo Castro, Pérez de Ayala y los futuros dirigentes socialistas Álvaro de Albornoz y Fernando de los Ríos.

Partidario de la neutralidad durante la Gran Guerra, en 1917 colaboró con el PSOE de Besteiro, la UGT de Largo Caballero y otros grupos republicanos en la convocatoria de huelga general inspirada por lo que en aquel momento estaba sucediendo en Rusia. Según declaró en aquellos días, «a los reyes no les quedan más caminos que el del destierro o el del patíbulo». Fracasada la huelga, terminada la guerra e instaurado el régimen soviético, Álvarez se manifestó partidario de «una dictadura inteligente y provisional, sin divorciarse de la democracia. La dictadura que defendió Robespierre en sus últimos días».

En los años siguientes continuó ejerciendo de diputado, elegido en varias ocasiones en coalición con los socialistas. Tras las elecciones de abril de 1923, en las que su partido obtuvo veinte escaños, Álvarez fue elegido presidente del Congreso. Poco duró su presidencia, pues el 13 de septiembre llegaría el golpe de Estado de Primo de Rivera. Su postura fue clara desde el principio:

«Yo soy y continuaré siendo adversario de las viejas oligarquías que se reparten la gobernación de España. Yo soy, por principio, enemigo de cuanto lesione el Derecho, y por eso censuro a Primo de Rivera».

Dos meses más tarde, él y Romanones, como presidentes del Congreso y el Senado, se dirigieron oficialmente a Alfonso XIII para que cumpliera con su obligación de convocar Cortes, ante lo que el rey y Primo de Rivera destituyeron a ambos de sus cargos. Durante los años siguientes intentó convencer al rey para que reinstaurara la normalidad constitucional e incluso participó en alguna poco consistente conspiración para derribar al dictador, pero la mayor parte de su tiempo la dedicó al ejercicio de la abogacía.

Pocas semanas después de la proclamación de la República, Álvarez y sus compañeros de filas refundaron su partido, que en adelante se llamaría Partido Republicano Liberal Demócrata. Estas fueron las palabras de Álvarez en su discurso inaugural:

«Está tan unida la causa de la República al interés nacional, que servir en estos instantes a la República es servir a España, ya que una y otra necesitan, para el desenvolvimiento de su vida, del orden y de la libertad. Sin orden, correligionarios, no hay vida en los pueblos ni en las instituciones políticas que los rigen; sin libertad, los pueblos no prosperan ni pueden engrandecerse».

Durante la campaña para las elecciones constituyentes de junio de 1931, Álvarez comprobaría en persona que algo estaba sucediendo en unas izquierdas con las que había colaborado durante décadas: el mitin que estaba celebrándose en el teatro Campoamor de Oviedo tuvo que suspenderse a causa de la violencia desatada por los socialistas para impedir que la voz del Partido Republicano Liberal Demócrata fuera escuchada. Vista la situación, sus dirigentes decidieron retirarse de las elecciones generales.

Sin embargo, el viejo compañero de andanzas republicanas Alejandro Lerroux llegó al rescate ofreciendo a Álvarez un puesto en una candidatura conjunta de radicales, socialistas y otros izquierdistas en la que figuraban el propio Lerroux y Manuel Azaña.

Durante los debates constituyentes, Álvarez insistió en la necesidad de elaborar una Constitución que no implicase la imposición del criterio de la mayoría, como había sucedido con las anteriores, sino que se fundamentase en el acuerdo entre todos los partidos políticos. En cuanto a la cuestión religiosa, se mostró partidario de separar Iglesia y Estado, pero no de pretender destruir la conciencia religiosa del pueblo español. Y se manifestó en contra del estatuto de autonomía para Cataluña acusando a los catalanistas de intentar engañar a todos con sus tibiezas ideológicas y maniobras terminológicas:

«Aun antes de los Reyes Católicos ya existía en España la unidad nacional a pesar de la pluralidad. En el siglo XIII ya se proclamaba la única España de los cinco reinos, de modo que nosotros recogemos la herencia de la unidad española. Y hablar de pluralidad de naciones es una temeridad. No se concibe esa pluralidad. Con el mismo derecho que Cataluña, mañana pueden reclamar el reconocimiento de su nacionalidad Vasconia y Galicia, y luego vendrán otras que harán de España, no una nación, sino una expresión geográfica. Los catalanes habríais de tener el valor de decir que sois enemigos de la unidad nacional, y entonces el Gobierno no podrá acceder a vuestras pretensiones».

Aunque insistiese en la ubicación centrista de su partido, tan alejado de las izquierdas como de las derechas por rechazar lo que consideraba extremismo de ambas, el hasta entonces izquierdista Melquíades Álvarez sorprendió a todos al tomar la decisión de alinear su partido con la coalición derechista encabezada por la CEDA para las elecciones de 1933.

Tras la victoria de la coalición radicalcedista, las izquierdas aceleraron su deriva revolucionaria hasta su violento estallido en octubre de 1934. El asturiano Álvarez lamentó el reguero de sangre provocado por la revolución que, encabezada por el PSOE, tuvo en su tierra natal su principal escenario. A los dirigentes de ese partido les lanzó la acusación de haber cometido los peores crímenes, la alta traición y la rebelión, mucho más graves que los de quienes «han cometido asesinatos, violaciones, latrocinios y se han manchado con toda clase de crímenes»:

«El resultado ha sido el asesinato de docenas de religiosos, de ingenieros ilustres que habían derramado el bien y el atropello de infelices mujeres cuyos relatos no pueden publicarse por respeto al pudor. Y en aquel movimiento, mientras se decía que el dinero no tenía valor, los dirigentes socialistas se convertían en vulgares ladrones, apoderándose del dinero del Banco de España».

En las elecciones de febrero de 1936 se repetiría la misma coalición, si bien Álvarez no consiguió salir elegido. En junio, con la tragedia a la vuelta de la esquina, José Antonio Primo de Rivera, ya encerrado en la prisión de Alicante, le designó para que le defendiera ante los tribunales. El juicio no llegaría a celebrarse porque pocas semanas después los acontecimientos se precipitaron con el asesinato de Calvo Sotelo y el golpe militar.

Ante la gravedad de lo que estaba sucediendo en España, su familia hizo gestiones para que la embajada de los Estados Unidos le concediese asilo político, lo que no se consiguió. Convencido de no tenía nada que temer, se negó a esconderse a pesar de la insistencia de familiares y amigos. Tras dos semanas de incertidumbre, el 4 de agosto fue detenido y enviado a la cárcel Modelo, donde coincidió con numerosos dirigentes derechistas, militares y otras personas sospechosas de complicidad con los alzados.

Una semana después apareció en Claridad, periódico del sector largocaballerista del PSOE, un artículo azuzando a las masas contra los presos de la Modelo:

«La cárcel Modelo es un nido de fascistas y el pueblo tiene derecho a entrar en todas partes, y en la cárcel Modelo con mayor razón».

Los maltratos y vejaciones por parte de los milicianos hicieron estallar al viejo tribuno, que a voz en cuello maldijo la mentira de las democracias, «que abren un camino de dolor y ruina a la patria y a la Humanidad. Y todavía en esta hora se dan las manos sobre el crimen, y así se presentan ante el mundo. Yo maldigo y reniego de esa vil democracia y me arrepiento mucho». Y continuó alabando al ejército por haberse alzado «para salvar a la nación de la vergüenza y el vilipendio», concluyendo con repetidas invocaciones a Dios.

Finalmente, la madrugada del 22 de agosto un miliciano socialista obligó a los funcionarios a salir de la cárcel para dejar las manos libres a las turbas, que asesinaron a golpes y tiros a una treintena de militares y dirigentes derechistas. Los insultos que hasta el último momento lanzó Melquíades Álvarez fueron interrumpidos por un bayonetazo en la garganta.

Compañeros de martirio fueron, entre otros: Manuel Rico, exministro centrista, viejo compañero de Álvarez en el Partido Reformista y posteriormente miembro de la Agrupación al Servicio de la República; Ramón Álvarez-Valdés, exministro y también compañero de partido de Melquíades Álvarez; Julio Ruiz de Alda, cofundador de Falange; Fernando Primo de Rivera, hermano de José Antonio; José María Albiñana, diputado del Bloque Nacional de Calvo Sotelo; los diputados de la CEDA Tomás Salort y Rafael Esparza; Francisco Javier Jiménez, diputado de Izquierda Liberal Monárquica; y tres militantes falangistas que habían militado antes en partidos de izquierda: Sinforiano Moldes, Enrique Matorras y Nicasio Ribagorda. Pocos días después serían asesinados otros dos exministros radicales: Gerardo Abad y Rafael Salazar, este último también exalcalde de Madrid.

Los dirigentes de la República comprendieron la trascendencia de lo ocurrido entre los muros de la prisión, ya que se trató de un golpe letal para la imagen de un Gobierno necesitado del apoyo internacional contra los rebeldes. Azaña, el antiguo compañero de filas de Álvarez, exclamó al enterarse:

«¡Han asesinado a Melquíades! ¡Esto no, esto no! Me asquea la sangre, estoy hasta aquí. Nos ahogará a todos».

E Indalecio Prieto, por su parte, lanzó un negro augurio:

«La brutalidad de lo que aquí acaba de ocurrir significa, nada menos, que con esto ya hemos perdido la guerra».

George Orwell: rebelión en la pocilga

Sobre algunos libros pende una extraña maldición: todo el mundo los cita pero nadie los ha leído. Uno de ellos es el célebre Homenaje a Cataluña de George Orwell, que muchos suponen una apología de Cataluña e incluso del nacionalismo catalán aunque el papel de la primera se limite a ser el lugar donde suceden las cuitas del autor y el segundo ni se mencione. Y los homenajeados no son ni Cataluña ni los catalanes, sino los milicianos españoles, ingleses, italianos, belgas y de otras nacionalidades con los que Orwell compartió trinchera en Huesca y tiroteos callejeros en Barcelona. Curiosamente, uno de sus muy escasos comentarios sobre los catalanes trató sobre el desprecio que sentían por los andaluces, a los que consideraban «una raza de semisalvajes».

A finales de 1936 Orwell viajó a España para informar in situ a la prensa marxista internacional de lo que allí estaba sucediendo. Con una carta de recomendación del ILP (Independent Labour Party), socio británico del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), él y su esposa llegaron a Barcelona en los últimos días de diciembre. Deseoso de sumar esfuerzos para vencer a un fascismo triunfante desde la ascensión al poder de Hitler y Mussolini, una vez en España, y a pesar de su mala salud, decidió alistarse en las milicias que los partidos y sindicatos estaban organizando. Dada su vinculación con el ILP, optó por alistarse en la milicia del POUM, si bien posteriormente admitiría que, de haber tenido una idea más cabal de la situación política del bando republicano, probablemente se hubiese sumado a los anarquistas.

Encontró una Barcelona sucia, caótica, de edificios adornados con banderas rojas e iglesias incendiadas. El aseo, los buenos modales y la elegancia habían desaparecido. La propaganda cubría las fachadas y atronaba las calles hasta el anochecer. Orwell se mostró encantado de aquel prometedor experimento igualitario destinado a servir de ejemplo al mundo. Pero también se encontró con el igualitarismo durante los escasos días de instrucción militar previos a la partida hacia el frente.

«La disciplina no existía; si a un hombre no le gustaba una orden, se adelantaba y discutía violentamente con el oficial (…) ¿Cómo demonios podía ganar la guerra un ejército así?».

Asistió a interminables discusiones sobre lo que era y lo que no era permisible en un ejército revolucionario. No había diferencias entre oficiales y soldados, todo se votaba y cualquier intento de jerarquización era tachado de burgués y fascista. En una ocasión, cuando un soldado se dirigió a un teniente llamándolo señor, este le reprendió por ser todos camaradas. «No creo que esto facilitara su tarea», anotaría Orwell. Solo apelando a la lealtad al Partido se conseguía poner un poco de orden.

Tras el breve entrenamiento, consistente sobre todo en desfilar por las calles, los milicianos marcharon al frente de Aragón sin saber disparar un fusil. Y lo que allí encontró Orwell, ascendido fulgurantemente a cabo, fue el caos. Cuando en una ocasión ordenó a uno de sus soldados que ocupara un puesto de centinela, el afectado se negó alegando que estaría expuesto al fuego enemigo. Al pretender obligarle por la fuerza, se vio inmediatamente rodeado de hombres furiosos que le gritaban: «¡Fascista, fascista! ¡Déjale en paz! ¡Este no es un ejército burgués!».

Dato significativo fue que en las trincheras republicanas no ondeara ninguna bandera tricolor; solamente las rojas comunistas y las rojinegras anarquistas. La única bandera republicana que vio Orwell durante sus cuatro meses en el frente aragonés fue una en las trincheras enemigas, donde evidentemente dominaban las rojigualdas.

La escasez y la desorganización provocaban que las unidades se robaran armas unas a otras siempre que podían, que los escasos fusiles fueran antiguallas oxidadas, que las balas no dispararan y que las granadas estallaran en la mano. No había ninguna organización tras las líneas: ni baños, ni zonas de despioje ni lugares donde beber un café, y las pocas prostitutas accesibles «eran una fuente de celos». Lo que sí había era «algunos sodomitas», entre ellos un quinceañero al que llamaban «el maricón».

La suciedad y el desorden de los edificios usados por las milicias «parecía constituir uno de los subproductos de la revolución»:

«En todos los rincones había pilas de muebles destrozados, monturas rotas, cascos de bronce, vainas de sables y alimentos en putrefacción. Era enorme el desperdicio de comida, en especial de pan. En nuestro barracón se tiraba después de cada comida una canasta llena de pan, hecho lamentable si se piensa que la población civil carecía de él».

Algunos años después, en 1942, confesaría en su artículo Recuerdos de la guerra de España que «la letrina de nuestros barracones desempeñó un papel importante en el desvanecimiento de mis ilusiones sobre la guerra civil española». Y si los cuarteles y barracones eran un infierno, las trincheras estaban a otro nivel:

«La posición tenía un hedor nauseabundo, y fuera del pequeño recinto de la barricada había excrementos por todas partes. Algunos milicianos tenían por costumbre defecar en la trinchera, lo cual no resultaba nada grato cuando había que recorrerla a oscuras».

Luego estaban los hospitales, centros habituales de rapiña. Hasta los camilleros robaban a los heridos que transportaban. Durante su hospitalización por una mano infectada, los practicantes aprovecharon para robarle sus objetos de valor. «Todos robaban en el frente —escribió— como efecto inevitable de la escasez, pero el personal hospitalario era siempre el más ladrón». Aunque las medicinas y los equipos no solían faltar, el pésimo transporte, la desorganización y la inexperiencia de las enfermeras —muy escasas debido a la ausencia de las monjas que se ocupaban tradicionalmente de esas labores— provocaron que murieran miles de soldados que habrían podido sanar con unos cuidados básicos. Y la cirugía no se practicaba siempre en condiciones adecuadas:

«Mientras esperaba a que me examinaran, en la sala de cirugía se llevaba a cabo alguna espantosa operación sin anestesia, por motivos que ignoro. La operación se prolongó muchísimo, los alaridos se sucedían y, cuando entré allí, había sillas tiradas por el suelo y charcos de orina y sangre por todas partes».

Pero lo que tuvo consecuencias más graves para el desarrollo de la guerra fue la división reinante en el bando republicano. Orwell pudo comprobar sus desastrosos efectos:

«Señalaron la posición situada a nuestra izquierda diciendo: —Aquellos son los socialistas (refiriéndose a los del PSUC). Me sentí desconcertado y pregunté: —¿Acaso no somos todos socialistas? Me pareció una idiotez que hombres que se jugaban la vida por igual tuvieran partidos distintos. Mi actitud siempre fue: —¿Por qué no dejamos de lado todas esas tonterías políticas y seguimos adelante con la guerra?».

La división llegó al extremo de que las armas soviéticas que iban llegando fuesen repartidas solo entre los comunistas, dejando al margen a sus supuestos aliados:

«He descrito ya la forma en que estábamos armados, o desarmados, en el frente de Aragón. Casi no cabe duda de que las armas fueron deliberadamente retenidas a fin de que los anarquistas no contaran con demasiado poder, pues podrían usarlo más tarde con un propósito revolucionario; en consecuencia, la gran ofensiva de Aragón, que hubiera alejado a Franco de Bilbao y posiblemente de Madrid, nunca tuvo lugar».

Transcurridos tres meses en el frente, Orwell regresó a Barcelona de permiso a finales de abril. El ambiente con el que se encontró era distinto del de enero: si bien los de la CNT y los de la UGT venían matándose desde meses atrás, seguían agravándose las tensiones entre anarquistas y poumistas por un lado y el estalinista PSUC por otro. El debate ideológico entre los trotskistas y los estalinistas era secundario frente a la cuestión táctica: los primeros consideraban que la guerra y la revolución social debían ser inseparables y simultáneas; los segundos, apoyados por la URSS y el Gobierno de Valencia, pretendían aplazar la revolución hasta que se ganase la guerra.

La lucha inflamaba periódicos, carteles, panfletos y emisoras de radio. Los anarquistas y los poumistas consideraban que los comunistas del PSUC eran unos derechistas contrarrevolucionarios, mientras que estos acusaban a aquellos de ser agentes a sueldo de Franco y Hitler:

«Decían de nosotros que éramos trotskistas, fascistas, traidores, asesinos, cobardes, espías y cosas por el estilo (…) Uno de los rasgos más repugnantes de la guerra es que toda la propaganda bélica, todos los gritos y las mentiras y el odio provienen siempre de quienes no luchan (…) Los individuos que escribían panfletos contra nosotros y nos insultaban en los periódicos permanecían seguros en sus casas o, en el peor de los casos, en las oficinas periodísticas de Valencia, a cientos de kilómetros de las balas y el barro».

El 3 de mayo el Gobierno decidió arrebatar la central barcelonesa de la Telefónica a unos anarquistas que permitían o interceptaban a voluntad las comunicaciones, incluidas las del Gobierno y la Generalidad. Aquella fue la chispa que prendió una lucha de todos contra todos que duró una semana y que acabó provocando varios cientos de muertos y varios miles de heridos. Así resumió Orwell lo vivido aquellos días:

«Permanentemente se tenía la angustiosa sensación de que uno podía ser denunciado a la policía secreta por quien hasta entonces había sido un amigo. La larga pesadilla de la lucha, el estrépito, la falta de comida y de sueño, la mezcla de tensión y aburrimiento de las horas pasadas en la azotea preguntándome si al minuto siguiente recibiría un balazo o me vería obligado a disparar, me habían destrozado los nervios (…) Nadie que haya vivido en Barcelona entonces o en los meses posteriores olvidará la agobiante atmósfera creada por el miedo, la sospecha, el odio, la censura periodística, las cárceles abarrotadas, las enormes colas para conseguir alimentos y las patrullas de hombres armados».

Tres días después de las luchas de Barcelona regresó al frente, donde no tardaría en recibir un disparo en la garganta que no alcanzó la carótida por un milímetro y que estuvo a punto de privarle de la voz para el resto de su vida. Conseguido el certificado médico de inutilidad, decidió regresar a Inglaterra.

Pero todavía le faltaba mucho por ver. El 15 de junio el POUM fue declarado ilegal por el nuevo Gobierno de Negrín bajo la acusación de estar a sueldo de los fascistas. La policía confiscó sus oficinas y arrestó a todos los que habían tenido vinculación con él, incluidos heridos graves que fueron sacados de los hospitales. Si no los encontraba, la policía detenía a la esposa como rehén. Su máximo dirigente, Andrés Nin, murió despellejado por agentes soviéticos. Avisado a tiempo por su esposa, Orwell huyó y tuvo que dormir en las ruinas de una iglesia incendiada:

«No importaba lo que hubiera hecho. No era una redada corriente de delincuentes, sino el reinado absoluto del terror. Yo no era culpable de ningún acto definido, pero sí de trotskismo (…) Era inútil aferrarse a la idea inglesa de que uno está a salvo mientras cumpla la ley. En la práctica, la ley era la voluntad de la policía».

Respecto a las cárceles republicanas, comparables según él a las mazmorras inglesas del siglo XVIII, en ellas murieron muchos, incomunicados, sin juicio, amontonados en celdas sin espacio para tumbarse, nadando en sus excrementos, comiendo bazofia y sin ver el sol durante meses: «No estoy exagerando; cualquier sospechoso político que haya estado encarcelado en España podrá confirmar lo que digo».

Hartos de su experiencia española, los Orwell consiguieron cruzar los Pirineos el 23 de junio de 1937:

«Experimentaba un deseo abrumador de alejarme de todo, de la horrible atmósfera de sospecha y odio político, de las calles llenas de hombres armados, de ataques aéreos, trincheras, ametralladoras, tranvías chirriantes, té sin leche, comida grasosa y escasez de cigarrillos: casi todo lo que había aprendido a asociar con España».

Ya en casa, Orwell intentó explicar su experiencia a los izquierdistas ingleses, pues, según él, seguían engañados por la propaganda de unos comunistas que habían vencido provisionalmente en la lucha intestina pero que no tardarían en perder la guerra:

«Desde hace algún tiempo, un régimen de terror —la supresión forzosa de los partidos, la censura asfixiante de la prensa, el espionaje incesante y los encarcelamientos masivos sin juicio— ha ido imponiéndose. Cuando dejé Barcelona a finales de junio, las prisiones estaban atestadas; de hecho, las cárceles estaban desbordadas desde hacía mucho y los prisioneros se apiñaban en cualquier cuchitril provisional que pudiera encontrarse para ellos (…) Si tuve que esquivar las ametralladoras comunistas en los tumultos de Barcelona, si finalmente tuve que huir de España con la policía pisándome los talones, todo eso me ocurrió porque pertenecía a la milicia del POUM y no a la del PSUC».

El eco de la purga comunista en España acabaría inmortalizado en su celebérrima Rebelión en la granja, fábula destinada a avisar sobre cuán fácilmente «la propaganda totalitaria puede controlar la opinión de la gente en países democráticos» y sobre cómo ese tipo de revoluciones siempre acaba en la sustitución de unos tiranos por otros:

«Al regresar de España en 1937, se me ocurrió desvelar el mito soviético con una historia que pudiese ser fácilmente traducida y fácilmente comprendida por cualquiera».

Pero Homenaje a Cataluña no fue lo único que escribió Orwell sobre la guerra española. Cuando regresó a Inglaterra, siguió muy pendiente del transcurso de la guerra y tomó la pluma a menudo para rebatir en la prensa izquierdista británica lo que consideró errores y mentiras sobre lo que estaba sucediendo en España. Porque acusó a la prensa de izquierdas de toda Europa de ser la principal culpable de difundir información falsa siguiendo las órdenes de Moscú.

Por ejemplo, esta fue la carta que envió a Left Review sobre un escrito de intelectuales marxistas apoyando a los republicanos españoles:

«¿Quiere hacer el favor de dejar de enviarme esta maldita basura? Yo no soy uno de esos mariquitas modernos suyos, como Auden y Spender; yo estuve seis meses en España, la mayor parte del tiempo combatiendo, tengo un agujero de bala en el cuerpo y no me voy a poner a escribir tonterías sobre la defensa de la democracia (…) Y dígale a ese mariquita de Spender amigo suyo que estoy conservando ejemplares de sus poemas heroicos sobre la guerra y que cuando llegue el momento en que se muera de vergüenza por haberlos escrito, como se mueren de vergüenza ahora los que escribieron propaganda bélica en la Gran Guerra, se los restregaré con ganas por las narices».

Lamentó Orwell que el fanatismo congénito de los seres humanos les lleve a rechazar la información que les desagrada y a ser capaces de creerse cualquier disparate siempre que encaje en sus deseos ideológicos. Sin embargo, él mismo cayó en ese fanatismo al rechazar muchos datos sobre lo que sucedía en España en aquellos momentos —por ejemplo, la masacre de religiosos y otros civiles en la retaguardia republicana, que no acababa de creerse del todo— y al asumir prejuicios históricos sobre España muy arraigados en la Europa protestante. Por ejemplo, llegó a España con una imagen de ella folletinesca, como recién salida de la Carmen de Bizet, pero tan arraigada que su experiencia de seis meses en Cataluña y Aragón le sirvió incluso para reafirmarla:

«En las tranquilas callejuelas apartadas de Lérida y Barbastro me pareció tener una visión fugaz, una especie de lejano rumor de la España que vive en la imaginación de todos. Sierras blancas, manadas de cabras, mazmorras de la Inquisición, palacios moriscos, hileras oscuras y ondulantes de mulas, verdes olivares, montes de limoneros, muchachas de mantillas negras, vinos de Málaga y Alicante, catedrales, cardenales, corridas de toros, gitanos, serenatas: en pocas palabras, España, el país de Europa que más había atraído mi imaginación».

Al partir, no pareció haber cambiado mucho su visión sobre «un país primitivo donde el capitalista es lisa y llanamente un explotador, el funcionario un granuja, el cura un fanático ignorante o un pícaro y el prostíbulo un pilar de la sociedad». Paradójicamente, lamentó que las trincheras republicanas no estuvieran adecuadamente provistas de servicios de desahogo sexual, lo que conducía a los jóvenes milicianos a darse a la sodomía, y encontró enternecedor el detalle de que en los burdeles colectivizados de Barcelona se colgaran carteles rogando a los clientes que tratasen a las prostitutas con el respeto debido a unas «camaradas».

No debe sorprender, por lo tanto, que su interpretación sobre el estallido de la guerra encajase con exactitud en un esquema marxista ortodoxo de lucha de clases —curas, marqueses y militares contra el pueblo— y completamente ignorante de la violencia contra la oposición y la demolición de la legalidad republicana precisamente por los republicanos:

«El gobierno del Frente Popular no estaba de ningún modo dominado por los extremistas. Lejos de propiciar ninguna crisis usando la violencia contra la oposición, antes bien se debilitó por culpa de su moderación (…) El plan de reformas del gobierno amenazaba a los grandes latifundistas y a la Iglesia, como es preceptivo en cualquier reforma radical. En la España contemporánea era imposible acercarse a una democracia real sin chocar de frente con poderosos intereses creados».

Y por eso el «gobierno elegido democráticamente» —¿no supo nada Orwell del magno pucherazo frentepopulista, confesado hasta por Alcalá-Zamora y Azaña?— emprendió reformas radicales «ciñéndose por completo a la ley», lo que provocó que la oposición rompiese la baraja y se sublevara:

«El odio que la República española suscitó en los millonarios, los duques, los cardenales, los señoritos, los espadones y demás bastaría por sí solo para saber qué se cocía. En esencia fue una guerra de clases. Si se hubiera ganado, se habría fortalecido la causa de la gente corriente del mundo entero. Pero se perdió, y los inversores de todo el mundo se frotaron las manos. Esto fue lo que sucedió en el fondo; lo demás no fue más que espuma de superficie».

Sobre los hechos de los que fue testigo presencial escribió con bastante mayor puntería. Por ejemplo, rebatió el argumento, muy habitual entre los defensores de la República, de que las iglesias solo fueron atacadas cuando los sacerdotes disparaban desde ellas:

«No tiene sentido negar que se destruyeron iglesias en toda la España republicana. Algunos partidarios del gobierno, para dar respetabilidad a su causa, han dicho que solo fueron destruidas las iglesias utilizadas como reducto durante los combates callejeros del principio de la guerra. Es mentira. Se destruyeron iglesias en todas partes, en ciudades y pueblos, y, exceptuando unos cuantos templos protestantes, a ninguno se le permitió abrir sus puertas ni celebrar servicios hasta agosto de 1937».

También desmintió que el proletariado internacional se hubiera movilizado en apoyo de sus compañeros españoles, como anunciaba triunfalmente la propaganda izquierdista de toda Europa:

«Cuando dije que había dejado de creer en la solidaridad internacional de la clase obrera (…) pensaba en la historia europea de los últimos diez años y en el gran fracaso que supuso para la clase obrera europea no mantenerse unida frente a la agresión fascista. La guerra civil española duró casi tres años, y en todo ese tiempo no hubo ningún país donde los trabajadores hiciesen ni siquiera una huelga para apoyar a sus compañeros españoles. Si no me fallan las cifras, los trabajadores británicos dieron a los fondos de ayuda a España alrededor del uno por ciento de lo que gastaron en ese mismo periodo en las apuestas de fútbol y de carreras de caballos».

Pero el asunto central de sus críticas y lamentos fueron las luchas intestinas que desangraron el bando republicano, singularmente el exterminio del POUM a manos de los comunistas fieles a la disciplina moscovita, exterminio del que fue testigo directo en Barcelona y por el que estuvo a punto de perder su vida. Según Orwell, la guerra civil había comenzado como una prometedora revolución efectuada por los anarquistas y sus aliados:

«En agosto de 1936 el gobierno era casi impotente, había soviets locales por todas partes y los anarquistas constituían la principal fuerza revolucionaria. En consecuencia, todo era un caos indescriptible, las iglesias todavía humeaban y se fusilaba en masa a los sospechosos de ser fascistas, pero en todas partes reinaba la fe en la revolución y se decía que había terminado una esclavitud de siglos».

Pero con el paso de los meses, los comunistas habían ido imponiéndose para, según Orwell, liquidar la revolución con la excusa de ganar la guerra. Bajo el dominio comunista, España se había convertido en un «infierno de espionaje y odio político» dirigido desde Moscú:

«Aunque personas bienintencionadas lo negaron en su momento, hay pocas dudas de que el gobierno español estuvo dirigido por Moscú desde mediados de 1937 hasta los penúltimos momentos de la guerra. Se ignoran las razones últimas de los rusos, pero en cualquier caso querían instalar en España un gobierno obediente, y el de Negrín cumplía ese requisito».

La guerra entre el PSUC y el POUM fue descrita con bastante detalle y anécdotas personales en Homenaje a Cataluña, pero Orwell continuó sacando a la luz nuevos datos en los años siguientes. Por ejemplo, en diciembre de 1938, con la guerra a punto de terminar, publicó un artículo sobre el encarcelamiento de su camarada y superior poumista George Kopp, «detenido durante año y medio por los perros guardianes del Partido Comunista»:

«Después de una intensiva campaña pidiendo la liberación de George Kopp, nuestros camaradas belgas han conseguido salvar a otro militante revolucionario de las garras de los estalinistas españoles. Se ha salvado a George Kopp, pero este llevará durante mucho tiempo en su carne las huellas de la sádica crueldad de estos inquisidores del siglo XX. Cuando George Kopp llegó a España, era un joven fornido y robusto, lleno de salud y fuerza. Hoy, después de su largo calvario, lo vemos delgado, débil y encorvado, ha de andar despacio y apoyándose en un bastón. Tiene el cuerpo lleno de costras y magulladuras, las huellas de las enfermedades que ha contraído en las mazmorras subterráneas de las checas estalinistas, en las bodegas húmedas y sin aire de los barcos prisión y en los campos de trabajo».

Orwell y su mujer tuvieron más suerte, pues lograron escapar por los pelos de sus perseguidores comunistas:

«Cuando salí de España, a finales de junio de 1937, el clima de Barcelona, entre las detenciones continuas, la censura de prensa y las hordas de policías armados al acecho, era de pesadilla (…) La temporada que pasamos en España fue muy interesante, pero también espantosa (…) Fue un asunto extraño. Entramos en el país como heroicos defensores de la democracia y tuvimos que abandonarlo cruzando la frontera de puntillas y con la policía pisándonos los talones (…) Aunque nosotros salimos bien librados, casi todos nuestros amigos y conocidos están en la cárcel, y es probable que se queden allí indefinidamente. En realidad no se les acusa de nada, solo son sospechosos de trotskismo. Cuando me fui sucedían las cosas más terribles: detenciones en masa, heridos sacados a rastras de los hospitales y metidos en celdas, la gente hacinada en calabozos hediondos donde apenas había espacio para acostarse, presos apaleados y medio muertos de hambre, etc. Por ahora es imposible que la prensa inglesa publique ni una sola palabra sobre lo que acabo de decir».

Esta fue la aventura española de George Orwell, que vino a España para luchar contra Franco junto a sus camaradas comunistas y que tuvo que salir corriendo para no ser asesinado, no por Franco, sino por sus camaradas comunistas.

Francesc Cambó, entre Bolívar y Bismarck

—Debe usted escoger entre ser el Bolívar de Cataluña o el Bismarck de España, pero es imposible que quiera ser las dos cosas al mismo tiempo.

La certera estocada de Alcalá-Zamora entró hasta el fondo. Y Cambó, uno de los políticos más inteligentes de la España del siglo XX, la encajó con caballerosidad, lo que demostraría cuando algunos años después, al redactar sus memorias, confesara sin rubor que el que llegaría a ser presidente de la Segunda República «expresó una gran verdad».

Desde la irrupción de la Lliga Regionalista como consecuencia de 1898, su estrategia se había basado en el doble frente: en Barcelona, Enric Prat de la Riba al mando de la Mancomunidad catalana, primer ensayo autonómico; y en Madrid, Francesc Cambó como mediador con los gobiernos españoles e incluso ministro en dos ocasiones. Pero el doble frente también fue ideológico, pues la Lliga osciló hábilmente entre la amenaza separatista y la ambición de gobernar España según el ejemplo de la próspera Cataluña. Por eso Bolívar y Bismarck eran difíciles de conciliar en la misma persona.

Cuando Alcalá-Zamora lanzó su dardo, terminaba 1918, año en el que habían rodado cuatro testas imperiales. Ante tan negros presagios, el rey pretendió calmar la Cataluña agitada por el anarquismo mediante un régimen autonómico que se ganara a la potente burguesía para la causa nacional y monárquica. Así que le encargó a Cambó que pusiera manos a la obra. Ante las expectativas abiertas en Europa por los catorce puntos de Wilson, Cambó creyó llegado el momento en el que sus reivindicaciones tendrían que ser escuchadas en Madrid. Pero ante la oposición de los demás partidos, el crecimiento de la derecha antiautonomista en Cataluña y, sobre todo, la amenaza de un estallido revolucionario por la huelga de La Canadiense —abastecedora de la electricidad, el gas y el agua de Barcelona—, Cambó frenó la cuestión autonómica y se centró en el más acuciante problema social, sobrevolado por el fantasma de la revolución rusa. La Lliga proclamó su apoyo al gobierno, dirigió el recién creado Somatén y Cambó cogió el fusil para dar ejemplo patrullando las calles de Barcelona. El conservador Cambó había vencido —¡y no sería ni la última vez ni la más sonada!— al autonomista Cambó.

Lo mismo sucedería tres años más tarde, cuando rogó al gobierno que sofocara el terrorismo anarquista que ensangrentaba Barcelona. El envío del resolutivo general Martínez Anido colmó de satisfacción a unos industriales que se enfadarían mucho cuando un año más tarde el gobierno le destituyó por extralimitarse en sus funciones. Y también fue Cambó, de nuevo al frente de la burguesía catalana, uno de los principales aplaudidores del golpe de Estado de Primo de Rivera, aunque no tardara en arrepentirse por las medidas represoras del uso público de la lengua catalana que tomó el Directorio militar.

Pero lo gordo no llegaría hasta 1936, cuando los revolucionarios llamaron de nuevo a sus puertas, esta vez dispuestos a todo. Ya lo había advertido en 1931 a algunos que, como Ortega y Gasset, le invitaron a sumarse a la demolición de la monarquía y la instauración de la república: «Si a España llega la república, serán las izquierdas sociales las que la dominen y, probablemente, las que la deshagan», fue su respuesta.

El 18 de julio sorprendió a Cambó veraneando a bordo de su yate en el Adriático. Bolívar se apresuró a soplarle en el oído, así que escribió a su correligionario Joan Ventosa que era conveniente que el gobierno frentepopulista se mantuviera en el poder para consolidar los estatutos de autonomía. Pero aquel día también se desató la caza del liguista al igual que la de los demás derechistas. Cientos de liguistas murieron asesinados y muchos miles más consiguieron ponerse a salvo en Francia e Italia. Dada la situación, aunque consciente de que entre los alzados no habría de encontrar mucha simpatía hacia el catalanismo por muy conservador que fuera —lo que lamentaría con creciente amargura durante la guerra y en años posteriores—, Cambó maniobró con contundencia: puso su fortuna a disposición de Franco, movilizó a la Lliga en su apoyo y patrocinó un sinfín de acciones en el extranjero, como Radio Veritat, la emisora franquista en lengua catalana instalada en la Génova fascista, y la Oficina de Propaganda y Prensa de París, también llamada Oficina Catalana de París, dedicada a organizar la propaganda exterior de los sublevados.

En una carta dirigida a su estrecho colaborador Joan Estelrich, Cambó le explicó que la personalidad colectiva catalana estaba más amenazada por el bando republicano que por el nacional, idea que repetiría a menudo:

«Tiene que haber vencedores y vencidos, y todos debemos desear que venzan los militares a pesar de las molestias que nos puedan causar, pues con ellos, quizá contra su voluntad, se salvará Cataluña y se nos ofrecerán mil ocasiones para ir restaurando los estragos de este periodo de demagogia roja. Si triunfase esta, se consolidaría la vergüenza que ya pasamos hoy al ver que una Cataluña autónoma, con pretensiones de semiindependencia, significa la imposición de los murcianos y la proscripción de la lengua catalana».

Cambó encargó a sus colaboradores recoger información sobre los crímenes antirreligiosos para desvelar ante el mundo la propaganda de un gobierno republicano que se decía defensor de la democracia y la libertad. Estelrich escribió con ese material La persecución religiosa en España, traducido a varias lenguas, y también fue el encargado de dirigir la revista franco-española Occident. En ella afirmó Cambó en octubre de 1937:

«Enemigos convencidos de todas las formas de revolución destructora, y sobre todo de la más reciente y diabólica: el bolchevismo tártaro; partidarios de los eternos Renacimientos contra el fuego cruzado de la decadencia y la anarquía, afirmamos los derechos de la nación, del principio nacional como garantía de solidaridad social y de continuidad histórica (…) España posee hoy, conduciendo el destino de la nación, un hombre, el general Franco, que restituye a su patria su sentido histórico, su ideal nacional y todo el contenido de su propia y auténtica tradición».

Escribió textos de gran importancia propagandística, como dos largos artículos para el londinense Daily Telegraph (28 y 29 de diciembre de 1936) en los que resumió la guerra recién estallada como una lucha entre la civilización y la barbarie comunista. En el primero de ellos explicó que ni el gobierno republicano era legítimo y nacido del sufragio, ni los alzados eran unos militares deseosos de dominio y privilegios:

«Ni es cierto que el Frente Popular haya alcanzado el poder a base de una formidable corriente de opinión que le diera un rotundo triunfo electoral, ni es exacto que la España donde aún domina esté regida por un gobierno constitucional y parlamentario, sino que lo está por la más bárbara y feroz dictadura de clase (…) El programa del Frente Popular fue de una violencia inaudita: dejando de lado lo que pueda haber de constructivo en el socialismo y aun en el comunismo, se consagraba a excitar los malos instintos de la plebe, a fomentar todos los rencores y a prometer las más absurdas realizaciones sociales basadas siempre en la destrucción y en el aniquilamiento de sus adversarios».

A continuación describió las maniobras de los partidos izquierdistas para alterar el resultado de unas elecciones, las de febrero de 1936, que habían perdido: desmanes de las turbas, pasividad de la fuerza pública, autoridades escondidas para no contrariar a las masas, falsificación de escrutinios, anulación de elecciones en algunas provincias en las que había perdido el Frente Popular, clima de anarquía y levantamiento, etc.:

«¿Acaso el gobierno del Frente Popular logró, o lo intentó siquiera, borrar el turbio origen de su ascensión al poder y ganarse la confianza o al menos el respeto de los ciudadanos españoles? ¡Todo lo contrario! (…) Y así, contra la Constitución, fue otorgada una amnistía general que solo puede otorgarse por ley, y se ordenó a los patronos a readmitir a los obreros despedidos, aunque lo hubieran sido por causa legítima, aunque lo hubieran decidido los tribunales, aunque lo hubiese impuesto el gobierno. Se impuso el desorden. Con la aplicación de ambos decretos se destruyó toda disciplina en el trabajo y se produjeron infinidad de casos monstruosos. Me limitaré a citar uno solo: un obrero que pocos meses antes había asesinado a un patrono, debía ser readmitido por los hijos de la víctima en el mismo puesto de trabajo. Y como premio, debían abonarle los salarios desde el día en que cometió el crimen. Estas primeras claudicaciones del poder público significaron una considerable agravación en el proceso de descomposición social en el que vivía España desde el 17 de febrero. Los agitadores averiguaron que ante su voluntad cedía el gobierno, se torcía la ley y se burlaba la Constitución. Las masas extremistas se apercibieron de que sus directores estaban dispuestos a sostener y amparar todas las violencias y todos los crímenes. Y así empezó la guerra civil española: con invasión de fincas, asesinatos de patronos, incendios de iglesias… y persecución de fascistas».

En el segundo artículo londinense, titulado «España bajo la tiranía anarquista», Cambó continuó describiendo la situación de España en los meses previos al 18 de julio:

«El proceso de descomposición interna de España se acentuó de día en día. El gobierno actuaba al dictado de comunistas, anarquistas y socialistas bolchevizantes. Los crímenes políticos y sociales estaban a la orden del día. Por las carreteras no se podía circular sin pagar tributo a unas bandas que, con el nombre de Socorro Rojo, desvalijaban a los transeúntes ante los agentes de la autoridad obligados a permanecer como meros espectadores de todos los delitos cometidos en nombre de una ideología revolucionaria. Bastaba una bandera roja o un puño en alto para poder robar, incendiar y asesinar impunemente».

Prosiguió denunciando a Casares Quiroga por declarar en el Parlamento, ante las peticiones desesperadas de la oposición para que hiciese cumplir la ley, que el gobierno no se sentía juez en la lucha, sino beligerante; y por negarse a protestar por el asesinato de Calvo Sotelo y a castigar a los asesinos. Y concluyó prestando especial atención a lo que sucedía en Cataluña, donde «el terror rojo» perseguía por igual a los de derechas que a los de «izquierdas burguesas» y había establecido tribunales populares que no aplicaban las normas legales, sino «los dictados de su conciencia revolucionaria»:

«Las iglesias han sido quemadas; la mayoría de las viviendas, saqueadas y expoliadas; todas las propiedades, tanto de españoles como de extranjeros, han sido incautadas; se han violado las cajas de los bancos y los comités anarquistas disponen a su antojo de sus bienes y de los depósitos particulares. Todos los periódicos han sido incautados, no por el Gobierno, sino por miembros de las distintas organizaciones revolucionarias y, a costa de sus antiguos propietarios, si tienen bienes en España, defienden la política de los incautadores. Solo en la Hungría de Bela Kun puede encontrarse algo semejante al régimen que impera en Cataluña. Y el régimen de Cataluña es el que impera en todas las provincias gobernadas por el Frente Popular, el régimen que imperaría en toda España si no se hubiera producido el alzamiento militar (…) Yo les invito a que piensen cuál sería su actitud en su país si un gobierno llegase a someterse a las órdenes de comités anarquistas y comunistas, que se le impusieran, y que las aceptara, toda suerte de claudicaciones: gobernar contra la Constitución; infringir las leyes; prostituir la Justicia; amparar el crimen impidiendo que la fuerza pública se oponga a los robos, incendios y asesinatos que se cometen ante su presencia y separando de sus cargos a los que no muestren su satisfacción por cooperar en esta obra de descomposición nacional; organizar, valiéndose de los agentes de orden público, vestidos de uniforme, el asesinato de los adversarios políticos; preparar la destrucción del ejército para que no pueda impedir que la más espantosa anarquía se apodere del país. Ya sé que me dirán que esto no es posible. Y yo les digo que esto es lo que ha pasado en España y que no habrá un representante diplomático o consular que pueda negar mis afirmaciones. Y cuando tengan que aceptar la realidad de aquellos hechos, tendrán que admitir que se había producido en España aquella situación en que la insurrección contra el poder público no solo era un derecho, sino un deber de patriotismo y ciudadanía».

En un tercer artículo («La cruzada española»), esta vez para el bonaerense La Nación, sostuvo que la guerra entablada en suelo español tenía un valor universal por tratarse de un enfrentamiento mortal contra el comunismo que debía interesar a todas las naciones del mundo; «La victoria de la España nacional es exactamente lo contrario de la victoria del bolcheviquismo en 1917».

También encabezó el manifiesto que secundaron multitud de personalidades catalanas de la política, la empresa y la cultura (Dalí, d’Ors, Mompou, Pla, Calvet, Riquer, etc.) para proclamar su apoyo a Franco y pedir a los jóvenes catalanes que empuñaran las armas contra el gobierno republicano y contra Companys:

«Los que suscribimos esta declaración somos hombres de diferentes ideologías y procedencias. Somos catalanes, y con esta sola característica común, unimos nuestras firmas para protestar contra la actuación y el lenguaje de los hombres que hoy detentan el gobierno de la Generalidad y que pretenden identificar los sentimientos y la voluntad de Cataluña con la tiranía de los anarquistas y marxistas que han asesinado y asesinan con refinamiento de la más bárbara crueldad; que han destruido tesoros de arte que nos habían legado las generaciones pasadas como patrimonio espiritual de nuestra tierra; que arruinan nuestra economía con groseras experiencias en todas partes desacreditadas, y deshonran a nuestro pueblo con locuras y crímenes sin precedentes en la historia. Como catalanes, afirmamos que nuestra tierra quiere seguir unida a los otros pueblos de España por el amor fraternal y por el sentimiento de la comunidad de destino, que nos obliga a todos a contribuir con el máximo sacrificio a la obra común de liberación de la tiranía roja y de reparación de la grandeza futura de España. Como catalanes, saludamos a nuestros hermanos que, a millares, venciendo los obstáculos que opone la situación de Cataluña, luchan en las filas del ejército libertador y exhortando a todos los catalanes a que, tan pronto como materialmente les sea posible se unan a ellos ofrendando sus vidas para el triunfo de la causa de la civilización en lucha contra la barbarie anarquista y comunista. El caso de Cataluña no es distinto del de Madrid, Valencia, Málaga y otras ciudades y regiones de España, oprimidas todas por un poder despótico del que desean fervientemente verse liberadas. Son en gran mayoría los catalanes que por estar sometidos a una opresión que no tienen aún hoy medio de sacudir, no pueden expresar su indignada protesta. Nosotros que podemos hacerlo, seguros de expresar sus sentimientos, queremos hacerla llegar a todos nuestros hermanos de España».

Bismarck había vencido de nuevo, y esta vez de forma definitiva, a Bolívar.

Gaziel, catalanista republicano

El periodista catalán más influyente de la primera mitad del siglo XX, Agustí Calvet, más conocido por su alias Gaziel, nació en la gerundense San Feliú de Guíxols en 1887. Doctorado en Letras en Madrid en 1908, dos años después comenzó su actividad periodística en La Veu de Catalunya, el periódico de la Lliga Regionalista. Y en 1911 se incorporó al Institut d’Estudis Catalans, que había fundado poco antes el patriarca nacionalista Enric Prat de la Riba.

El estallido de la Primera Guerra Mundial le sorprendió en París, desde donde comenzó a enviar reportajes a La Veu. Al germanófilo Prat, presidente de la Diputación de Barcelona y de la neonata Mancomunidad de Cataluña, no le gustaron los artículos del francófilo Gaziel, de modo que tuvo que poner su pluma al servicio de La Vanguardia, periódico para el que escribiría durante muchas décadas a partir de entonces y que dirigiría desde 1920 hasta 1936. Al pasarse del órgano catalanista al periódico de los Godo y de la lengua catalana a la española, se ganó la enemistad de sus antiguos compañeros del catalanismo moderado de la Lliga.

Como casi todos en Cataluña, recibió con entusiasmo la dictadura de Primo de Rivera por considerarla un remedio contra la violencia social y la decadencia política. Así lo recordaría algunos años después, en medio de la creciente violencia republicana:

«[Los catalanes] Tenemos fama de sucios, como los pordioseros y los gitanos, en toda la redondez de la tierra. Se dice en todas partes que estamos plagados, infestados de parásitos sociales. Barcelona es la ciudad de las bombas, como quien dice la casa de las chinches por antonomasia (…) Hace unos cuarenta años que vivo aquí, y no puedo negar que ha sido continuamente entre bombas (…) y cuando no hay bombas, hay pistoleros, y cuando no pistoleros, atracos, y a veces, como ahora, bombas, atracos y pistoleros, todo revuelto a la vez. Y cuando, por rarísima casualidad, no hay nada de eso, en inverosímil y corto descanso, es… ¡porque hay dictadura!».

Pero no tardó en desengañarse debido al recorte de libertad que implicaron los años primorriveristas, lo que, por reacción, le llevó a alegrarse todavía más de la proclamación de la Segunda República. En opinión del republicano de derechas y catalanista moderado Gaziel, con el desplome del vetusto edificio monárquico había llegado la definitiva regeneración política y la oportunidad de estructurar España según el modelo federal que consideraba el más adecuado a su naturaleza. Además, tan enemigo del que llamó «uniformismo castellano» como del separatismo, consideró que el nuevo régimen y el estatuto autonómico provocarían la «feliz bancarrota del separatismo», que había experimentado un fuerte crecimiento en los años anteriores. Así se lo explicó en octubre de 1931 a los intelectuales castellanos que comenzaban a desconfiar de la autonomía para Cataluña que ocupaba buena parte de los debates del Parlamento republicano:

«¿Y para esto hemos hecho y traído la República?, se dirán con asombro, casi con involuntaria indignación, muchos intelectuales castellanos. Sí, amigos, hermanos: República, en España, es esto, no puede ser más que esto. La uniformidad, la dominación, el imperialismo castellanista los forjaron aquellas dinastías absolutas cuyo último vástago acabáis de arrojar de España. Si no queríais que la preponderancia exclusiva de Castilla se desvaneciese, debíais conservar a su creadora y sostenedora, que era la Monarquía. Al querer la República habéis abierto la puerta a la diversidad. Y esa puerta ya no hay quien la cierre (…) ¡España ha muerto: vivan las Españas!».

Partidario de una república federal, Gaziel consideró que, para ir acostumbrando a los españoles, había que avanzar despacio hacia ella, y tuvo a la Constitución republicana y el Estatuto catalán como los primeros pasos de un esperanzado proceso que tenía que ser liderado por Cataluña:

«Cataluña tiene una enorme responsabilidad ante el futuro (…) Cataluña ha de demostrar prácticamente, a todas las demás tierras hispánicas, las ventajas del régimen federal».

Pero el entusiasmo le iba a durar muy poco. Acababa de cumplir la República nueve meses cuando comentó con amargura la primera crisis ministerial:

«Sinceramente: nada nuevo. No es que haya resultado mejor ni peor que las crisis del anterior régimen. Es que, poco más o menos, ha venido a ser lo mismo. Olvido evidente del interés general; lucha sorda entre ambiciones partidistas; ministros que se van y ministros que vienen sin razón alguna; carteras distribuidas con absoluto desprecio de la capacidad personal; de Instrucción Pública se pasa a Economía, y de Fomento a Justicia, como de un piso por alquilar a otro piso vacante (…) Vaciedad, frivolidad, ociosidad».

Dedicó numerosos artículos a denunciar el paupérrimo nivel de los políticos republicanos:

«¡Palabrería, palabrería, palabrería! Un inmenso, un inacabable rumor, servido al público en forma de diálogos pueriles, insípidos y efímeros, como los de las novelas por entregas. ¡Y eso es política en España! Política de folletín para porteras (…) Fijaos bien: el Sr. Companys no es risible en lo más mínimo. La Marina española tampoco es materia humorística. Pero juntad las dos cosas, escribid o leed esta frase tan corta: El Sr Companys, ministro de Marina, y al instante obtendréis lo que ha ocurrido en España entera (y muy especialmente en Cataluña) al conocerse la noticia: un ligero estupor, breve como un relámpago; y en seguida, una ingenua, una inmensa, una dilatada sonrisa (…) Y todo ello es perfectamente comprensible. Los ministros saltan de una cartera a otra, y los diputados aceptan la primera que se les ofrece o toman la que pueden, porque el Gobierno no se forma, como podría suponerse erróneamente, de cara al país, sino que es necesario formarlo, quieras o no, de cara a los partidos (…) Porque en el Parlamento no mandan las competencias; mandan los partidos. Para formar un Gobierno no hay más remedio, pues, que dirigirse a ellos, prescindiendo de toda capacidad personal (…) Si la gente se diese cuenta de quién ha llegado a ser ministro con la República, y de muchos que lo siguen siendo todavía, quizás por ahí vendría —por la vergüenza— la solución. En ninguna empresa, en ningún negocio, en ningún comercio, por humilde y destartalado que sea, habrían admitido como simple empleado de trescientas pesetas mensuales a muchísimos de los hombres, perfectamente ineptos y absolutamente ignorantes, a quienes se confió o está confiada todavía la gerencia de alguno de los más graves intereses públicos de España. ¿Qué tiene, pues, de extraño, que vayamos de mal en peor?».

Un mes más tarde, los continuos estallidos de violencia izquierdista le llevaron a avisar de que la revolución pacífica del 14 de abril podría acabar convirtiéndose en una revolución sangrienta:

«¿Qué va a ocurrir si esto continúa? Ocurrirá lo siguiente: aquella revolución (…) que hasta ahora solo hemos visto, felizmente, manifestarse en días de fiesta, entusiasmo callejero, discursos parlamentarios y artículos de periódicos, estallará de veras, a tiro limpio, a sangre y fuego, por ciudades, campos y aldeas. La quema de conventos, Castilblanco, Arnedo, y ahora Bilbao, son levísimas muestras de lo que puede ser ese espectáculo en preparación».

Otra grave amenaza para la República, según Gaziel, consistió en que, mientras que las izquierdas se lanzaban hacia la revolución con ímpetu creciente, las derechas se caracterizaban por su eterna parálisis:

«El segundo escollo general de las derechas es su actitud negativa. Las izquierdas actúan. Las derechas solo critican. Las izquierdas hacen cosas. Las derechas se contentan con decir que están mal hechas (…) No dicen nunca qué debería hacerse en vez de lo hecho, no oponen aun programa otro programa, a una reforma otra reforma, a la renovación de izquierdas la renovación de derechas. Actitud pasiva, negativa, incomprensiva. Un observador imparcial diría muchas veces que las izquierdas piensan erróneamente; pero de las derechas diría casi siempre que no piensan nada. Su lema es la más inútil y lírica melancolía: ritorniamo all’antico».

No había cumplido el nuevo régimen dos años cuando, en abril de 1933, Gaziel proclamó su pesimismo por su futuro dado que se trataba de una «república sin republicanos». El abismo entre derechas e izquierdas no hacía sino agrandarse por la falta de voluntad de entendimiento por ambas partes:

«El ambiente de España (…) por momentos se está enrareciendo y simplificando en dos zonas irreductibles, bárbaramente esquemáticas y cortantes, como el sol y la sombra de las plazas de toros: derechas e izquierdas, reacción y revolución. Y lo espantoso es que, en el fondo, la República no interesa a unas ni a otras (…) Pues bien: esto acabará mal. Lo digo con angustia, lo digo con dolor (…) Cada vez va ganando terreno la decisión, no de superarse unos y otros con la tolerancia, sino de satisfacerse cada uno mediante la violencia. Y —de no venir una conversión casi milagrosa— es inevitable: esto acabará mal».

Pero el que las derechas, de raíces mayoritariamente monárquicas, no fuesen entusiastas republicanas no carecía de lógica. Lo incomprensible era que los principales enemigos de la República fuesen las izquierdas:

«Lo que hierve en sus cabezas no es la idea republicana, sino la revolucionaria: el íntimo y profundo anhelo, no de construir un nuevo sistema de gobierno, más justo, más equitativo, más beneficioso para todos los hombres de buena voluntad, sino la de provocar una subversión social, una inversión de clases, para colocar a la suya propia en un plano dominante, hundiendo el plano actual de las demás, especialmente de las privilegiadas. Una parte de esta ciudadanía izquierdista votó la República como un principio, como manera de abrir la primera brecha en el muro enemigo (…) Pero nadie, o casi nadie entre las izquierdas —y esto es tremendo—, se tomó a la República como un fin en sí misma».

Tras la victoria radicalcedista en las elecciones de noviembre de 1933, Gaziel lamentó la indecisión de unas derechas que, a pesar de haber vencido en las urnas, se mostraban remisas a aplicar las medidas que habían propugnado y se dejaban amedrentar por unas izquierdas cada día más convencidas de ser las únicas legitimadas para gobernar. A dichas izquierdas Gaziel les reprochó que consideraran que las elecciones eran válidas solamente si les favorecían y que manifestaran su voluntad de acabar con la República para desencadenar la revolución. En concreto, al dirigente socialista Largo Caballero le acusó de «fanático», de «echarse al monte» y de pretender «hundirlo todo, hacer la revolución a sangre y fuego».

El 28 de septiembre de 1934 condensó estas acusaciones en un artículo de singular amargura:

«Una coalición de izquierdas, donde predominaba el Partido Socialista, estuvo gobernando España durante dos años. Hizo y deshizo cuanto le pareció necesario. Su fuerza, indiscutible en régimen democrático, era de índole parlamentaria. Su instrumento —decían— era la legalidad. Su razón suprema, el bien de la República. Quien se alzase airadamente contra esos muros fundamentales del régimen era implacablemente aplastado. Bien. Pero cambia el viento, porque España es, políticamente, un país de puras ventoleras. Viene el 19 de noviembre de 1933. Triunfan en las urnas los partidos de derecha. Todos los de izquierda sucumben: los republicanos, aniquilados; los socialistas, disminuidos. Y entonces comienza el extraordinario cambio de decoración, el juego extraño. ¿La mayoría parlamentaria?, dicen los que manejaban la de ayer. Una farsa. ¿La legalidad? Un estorbo. ¿La República? ¡Un bledo! Los que gobernaron dos años no pueden consentir ser gobernados ni un minuto. Nada de democracia: ¡la revolución, la revolución! Obstrucciones y escandaleras parlamentarias continuas, huelgas generales, armas, bombas, amenazas apocalípticas… Decidme: democráticamente hablando, ¿es esto jugar limpio?».

Una semana después, el PSOE desataba la revolución. El 4 de octubre el presidente Lerroux anunció los cambios ministeriales que había efectuado. Para las carteras de Justicia, Trabajo y Agricultura fueron designados los cedistas Rafael Aizpún, José Oriol y Manuel Giménez. El PSOE cumplió su amenaza de no aceptar la entrada de miembros de la CEDA en el Gobierno con la excusa de que no se podía tolerar la presencia de fascistas al frente de la República. El que la CEDA fuese el partido vencedor en las elecciones no era relevante.

Por lo que se refiere a Cataluña, Gaziel, desde la dirección de La Vanguardia, anotó aquel mismo día que «a los elementos exaltados de la Generalidad, ese gobierno, que nada tiene de temible, les va a hacer el mismo efecto que le hace a un toro un trapo rojo». Dos días más tarde relató así el golpe esquerrista:

«Alguien se acerca al balcón. Es él. El presidente. Es Companys. Una estrepitosa ovación saluda su presencia ante el pueblo (…) Proclama el Estado Catalán dentro de la República Federal Española, ofrece asilo al Gobierno provisional que se forme y, finalmente, rompe las relaciones con el Gobierno de Madrid. Es algo formidable. Mientras escucho me parece como si estuviera soñando. Eso es, ni más ni menos, una declaración de guerra. ¡Y una declaración de guerra —que equivale a jugárselo todo, audazmente, temerariamente— en el preciso instante en que Cataluña, tras largos siglos de sumisión, había logrado, sin riesgo alguno, gracias a la República y a la Autonomía, una posición incomparable dentro de España, hasta erigirse en su verdadero árbitro, hasta el punto de poder jugar con sus gobiernos como le daba la gana! En estas circunstancias la Generalidad declara la guerra, esto es, fuerza a la violencia al Gobierno de Madrid, cuando jamás el Gobierno de Madrid se atrevió ni se habría atrevido a hacer lo mismo con ella. Y eso, ¿por qué? Por una República Federal Española que nadie pide en España, cuando menos ahora, y por un Estado Catalán que, dada ya la existencia de la Generalidad, no se necesita para nada… Estoy bañado en sudor, realmente aterrado».

No intentó repartir las culpas de lo sucedido entre los partidos, y menos aún entre Madrid y Barcelona: los únicos culpables habían sido los catalanes, en concreto los gobernantes de Esquerra Republicana:

«¡Y los catalanes mismos lo hemos echado todo a rodar! (…) La historia de Cataluña es esto: cada vez que el destino nos coloca en una de esas encrucijadas decisivas en que los pueblos han de escoger, entre varios caminos, el de su salvación y su encumbramiento, nosotros, los catalanes, nos metemos fatalmente, voluntariamente, estúpidamente, en un callejón sin salida (…) Entre el gobierno catalán y el de Madrid ha habido un largo duelo que duró varios meses. Y toda la inteligencia, la habilidad, la templanza, la previsión; en una palabra: todas las virtudes gubernamentales han estado de parte del gobierno republicano. Toda la estupidez se acumuló de parte de la Generalidad (…) Todo se ha perdido, incluso el honor (…) Desconfiad de las explicaciones tenebrosas y melodramáticas. La culpa capital, la causa suprema de nuestra desventura, se debe a nosotros, a los catalanes todos, a Cataluña en peso, y muy en especial a sus partidos políticos más representativos. ¡Esta es la única explicación satisfactoria y profunda! ¡Esta es la pura verdad!».

Pero más importante que la rebelión de Companys y los suyos fue la revolución con la que los socialistas provocaron dos mil muertos en toda España, sobre todo en Asturias. Gaziel les acusó de haber acabado con la República que tanto habían ansiado, mientras que a las derechas, que la recibieron a disgusto, les había tocado el papel de defensores del orden constituido:

«Ahora, esto se ha terminado. Quiero decir que se ha terminado la República del 14 de abril. Los que la trajeron están descartados, aniquilados. Los que no la querían son dueños de ella. Y se da el caso portentoso —¡otra cosa de España!— de que la Constitución ha sido desgarrada y pisoteada por los mismos que la votaron, y los encargados ahora de custodiarla son aquellos que la combatieron».

De nada servía que las derechas hubieran acabado aceptando el régimen republicano si las izquierdas, al perder el gobierno, se lanzaban a liquidarlo violentamente:

«Durante tres años los partidos de izquierda dominaron por completo. Dominar, en España, significa hacer lo que al dominador le da la gana. No hubo medio de convencer a las izquierdas para que se refrenasen, para que anduviesen con tiento, pensando en que una parte importantísima del país no estaba ni podía estar conforme con las numerosísimas y radicales reformas que se efectuaban en todos los órdenes (…) Naturalmente, vino la indigestión prevista. El país estalló, y en las elecciones de noviembre —hace un año— las izquierdas dominantes fueron barridas por las derechas (…) En cuanto las derechas comenzaron a pasar el Rubicón y a republicanizarse, las izquierdas, al verlas llegar, dieron inequívocas muestras de una extraña locura (…) Comenzaron a desbarrar, diciendo que las derechas no debían llegar al poder (…) Por fin, una parte de esas izquierdas se lanzó a la más absurda, a la más descabellada, a la más impopular de las revoluciones (…) ¿Puede darse, en el terreno democrático, fenómeno de una extravagancia mayor? (…) ¿Y esto es democracia? ¡Qué va a ser! (…) Si de la República han de estar ausentes las derechas cuando mandan las izquierdas, y luego, cuando son las derechas las que gobiernan, las izquierdas han de enloquecerse y lanzarse a la revolución, no habrá —no ha habido todavía— verdadera democracia en España (…) Y si la democracia sigue fallando, como falló hasta ahora, queramos o no iremos a dar, tarde o temprano, en su contrario, que es un régimen dictatorial».

Siguieron transcurriendo los meses y las cosas no hicieron sino empeorar. En muchas de sus páginas, Gaziel insistió en denunciar la falsa democracia imperante en España, puesto que los partidos no tenían interés alguno en colaborar para conseguir el bien común, sino en actuar «como verdaderos sindicatos para el asalto y reparto del poder» y en agitar la «enconada guerra civil que late en la entraña de esta áspera tierra». También insistió en lamentar la costumbre democrática, agravada durante el régimen republicano, de colocar ineptos en los ministerios en vez de personas capaces:

«Como han sido los partidismos políticos los que han dispuesto a ciegas de los ministerios del país para enchufar en ellos a sus hombres, aunque sean ineptos, el acoplamiento suele dar en España resultados como, por ejemplo, el siguiente: de la Industria y el Comercio se encarga, a lo mejor, un abogadillo provinciano; del Ejército, un periodista; de la Marina, un maestro de escuela; de las Obras Públicas, un catedrático de Derecho Canónico; de Justicia, un revistero de toros; de Gobernación, un cacique de pueblo (…) ¿Cómo no ha de ir mal del país? (…) ¿Democracia? ¿Autocracia? ¡Al diablo las palabras! Lo importante sería un régimen en el que gobernasen los hombres aptos, no los partidos catastróficos. ¡Y que lo llamen como les dé la gana!».

Con motivo de las elecciones de febrero de 1936, en las que se impuso el Frente Popular mediante mil fraudes y violencias, Gaziel se empeñó en imaginar que todavía era posible un entendimiento entre los bloques políticos para no tener que desembocar en una dictadura, si bien no le quedó más remedio que confesar que, de tener que resignarse a dicho tipo de régimen, «la que me da miedo a mí no es la posible dictadura blanca, sino la posible dictadura roja».

El reloj siguió avanzando y llegó el mes de junio. Al veterano comentarista no le entraba en la cabeza lo que consideró «obsesión» y «alucinación» de unos izquierdistas que veían fascistas por doquier ya que como tal consideraban a todos los que no les habían votado a ellos, ya fuesen falangistas, carlistas, monárquicos, radicales, liberales, conservadores o incluso izquierdistas democráticos. Sin embargo, tampoco pudo evitar admitir que, efectivamente, muchos españoles, hartos de la situación, comenzaban a volver sus ojos hacia eso que, vagamente llamado fascismo, ofrecía una solución al caos reinante:

«¿Qué cambio es ese? ¿Qué ha ocurrido? ¿Acaso es posible que las gentes, de pronto, se hayan puesto a estudiar profundamente derecho político, y después de largas lecturas y copiosas comparaciones hayan llegado a la consecuencia teórica de que el régimen fascista es el mejor de todos? ¡No, hombre, no! No están las gentes ni los tiempos para tanta doctrina. Lo que ocurre es, sencillamente, que aquí no se puede vivir, que no hay gobierno: las huelgas y los conflictos, y el malestar, y las pérdidas, y las mil y una pejigueras diarias, aun descontando los crímenes y los atentados, tienen mareados y aburridos a muchos ciudadanos. Y en esta situación, buscan instintivamente una salida, un alivio, y no encontrándolos en lo actual, llegan poco a poco a suspirar por un régimen donde por lo menos parezcan posibles».

La contradicción esencial que acabaría conduciendo a la República hacia su caos final fue que al Gobierno salido de las urnas no le quedó más remedio que apoyarse en quienes no pretendían gobernarla, sino derribarla mediante la revolución. El más destacado representante de este sector bolchevique fue el socialista Francisco Largo Caballero:

«El señor Largo Caballero ha expuesto con toda crudeza y lealtad, a las masas proletarias, la necesidad urgente, inaplazable y apocalíptica de llevar a cabo en seguida la revolución social para barrer de una vez ese cochino orden capitalista y esa postrera y caduca forma republicano-democrática que su decrepitud ha adoptado en España, y levantar sobre sus ruinas humeantes la dictadura férrea del proletariado».

Pero en Largo Caballero y demás partidarios de acabar con la República tuvieron que apoyarse los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga desde las elecciones de febrero:

«Gobernar es, ha sido y será siempre imponer y conservar un orden determinado (…) Y cuando gobernar no es eso, no es nada. En España también tenemos, bueno o malo, un orden establecido. Y la función del Gobierno es la de mantenerlo (…) Pero una parte muy considerable de los votos parlamentarios que le sostienen pertenece francamente al campo de la revolución social, la más rotunda y completa, la más contraria al orden imperante de cuantas puedan darse. Y una masa enorme de los electores que respaldan esos votos decisivos es abierta y ciegamente revolucionaria. Esto, ni más ni menos, quiere decir lo siguiente: que el Gobierno español está obligado a conservar un orden que las mismas fuerzas gubernamentales quieren destruir. ¿Cómo puede gobernar un Gobierno de esta clase?».

Según Gaziel, a la España de aquel trágico verano de 1936 solo le cabían tres opciones. La primera, que el Gobierno izquierdista acabase imponiendo su voluntad a los izquierdistas partidarios de la revolución. La segunda, que los revolucionarios acabasen derribando tanto el Gobierno como el régimen republicano para instaurar la dictadura del proletariado. Y la tercera, que un tercer orden viniese a imponerse a las dos opciones anteriores:

Efectivamente, como el Gobierno no gobernó, fueron la mitad de los españoles los que chocaron contra la revolución. Y llegó el 18 de julio.

Pocos días después, Frances Cambó redactó un manifiesto de apoyo a Franco que suscribió casi toda la flor y nata de los empresarios, juristas, políticos, intelectuales y artistas catalanes.

Junto a los de Salvador Dalí, Eugenio d’Ors, Josep Puig y Cadafalch, Ferran Valls Taberner, Llorenç Villalonga, Félix Millet, Federico Mompou, Josep Pla, Martín de Riquer y otros muchos, allí estuvo el nombre de Agustí Calvet, alias Gaziel.

El impío don Pío

El mayor novelista de la generación del 98, de cuya existencia dudó y a la que negó pertenecer, nació en San Sebastián en 1872 en una familia de raigambre liberal. Aunque se doctoró en medicina, ejerció durante poco tiempo, tras lo que intentó ganarse la vida como empresario panadero antes de dedicarse plenamente a una literatura de la que malvivió el resto de su larga vida.

Independiente, escéptico, agnóstico y anticlerical desde que tuvo uso de razón, experimentó alguna simpatía juvenil por el anarquismo y el republicanismo. Así lo explicó en su discurso de ingreso en la Academia Española en mayo de 1935:

«En esa época de estudiante era yo un sectario; me sentía republicano intransigente. Creía que una revolución como la francesa era un espectáculo indispensable en todos los países, y un poco de terror y de guillotina me parecía una vacuna necesaria para los pueblos. Pronto dejé el credo republicano y evolucioné hacia el anarquismo. El mío era un anarquismo schopenhaueriano y agnóstico, que se hubiera podido resumir en dos frases: No creer, no afirmar (…) Para mí, antes y ahora, el anarquismo no ha sido más que una crítica de la vida social y política, un liberalismo extremo».

A partir de 1905 simpatizó con el Partido Republicano Radical de Lerroux y llegó a presentarse a unas elecciones en las que no salió elegido. Mal orador y poco entusiasta del parlamentarismo, abandonó el mundo de la política para no regresar nunca.

Durante la Primera Guerra Mundial fue, junto a Jacinto Benavente, el intelectual germanófilo más destacado. Su anticatolicismo, su judeofobia y su desprecio por la democracia le llevaron a desear una victoria de la protestante Alemania guillermina por considerar que implicaría la renovación de Europa:

«Creo que si hay algún país que pueda aplastar la Iglesia católica, es Alemania. Si hay algún país que pueda arrinconar para siempre al viejo Jehová, con su séquito de profetas de nariz ganchuda y de grandes barbas de farsantes, con sus descendientes los frailucos puercos y ordinarios y los curitas pedantuelos y mentecatos, es Alemania. Si hay algún país que pueda desacreditar esta camama del parlamentarismo, es Alemania. Si hay algún país que pueda acabar con la vieja retórica, con el viejo tradicionalismo español, soez y grosero, con toda la sarna semítica y latina, es Alemania. Si hay algún país que pueda sustituir los mitos de la religión, de la democracia, de la farsa de la caridad cristiana por la ciencia, por el orden y por la técnica, es Alemania».

Si bien en 1899, con una Francia hirviendo por el caso Dreyfus, escribió varios artículos en defensa del capitán judío, la fuerte antipatía de Baroja por sus correligionarios provenía de considerarlos los responsables del fanatismo que había originado las dos grandes lacras ideológicas del mundo: el cristianismo y el marxismo, tan mesiánicos el uno como el otro para quien se definió «enemigo particular de los paraísos»:

«Si socialistas y comunistas tienen como profeta a Karl Marx, que era un judío, los conservadores y fervientes católicos tienen una religión que es por su origen completamente judía».

«Respecto a los ímpetus sociales subversivos, es indudable que hay en todos ellos un fermento judaico. Lo ha habido siempre. En la protesta rencorosa contra la civilización aparece el judaísmo en forma de masonería, de comunismo o de anarquismo».

«El ¡Viva la muerte! de los anarquistas españoles es igual al Solvet saeculum in favilla de las lamentaciones cristianas primitivamente judaicas. Ese fermento judaico de la multitud llorosa aparece siempre en las utopías extremistas».

Por su irreligiosidad, los sectores católicos nunca le apreciaron. En 1910, el jesuita alavés Pablo Ladrón de Guevara anatematizó a Baroja en su guía moral literaria Novelistas malos y buenos: «No le cuadra el nombre de Pío, sino de impío, clerófobo y deshonesto». El juego de palabras hizo fortuna en ambientes clericales y carlistas.

Por lo que se refiere a la democracia, en muchos de sus ensayos la criticó por considerarla el «absolutismo del número», del mismo modo que el socialismo es el «absolutismo del estómago». El que la voluntad del pueblo se expresase a través de sus representantes en el Parlamento le parecía «la farsa más estupenda que se ha inventado» y propuso suprimir el sufragio universal para que los que tomaran las decisiones políticas fueran los inteligentes sin depender del criterio de la mayoría:

«Marcharíamos directamente, sin ambages, a la supresión de las instituciones democráticas como las Cortes, el jurado y las demás, que no tienen más base que la ley de las mayorías y el número aplastante que representa la fuerza de un rebaño de bárbaros. Experimentalmente veríamos que la masa es siempre lo infame, lo cobarde, lo bajo; que un público, que también representa la masa, es siempre imbécil, y que en una Cámara o un Congreso los sentimientos falsos sustituyen a los sinceros, que las almas viles y rastreras se sobreponen a las altas y nobles».

En cuanto a los totalitarismos, tan pujantes en la Europa de aquellos días, los rechazó en bloque y sin matices:

«El comunismo es una doctrina de sumisión, hecha para un cuartel o para un convento. ¿Qué libertad puede ser la que dé el comunismo?».

«Yo no soy comunista ni en teoría. No he visto que el comunismo haya dado buenos resultados en ninguna parte. Para mí, comunismo y fascismo son muy parecidos, uno y otro son arbitrariedades despóticas».

«Siempre pensé que el advenimiento al poder de las masas, fueran rojos o blancos, traería enseguida consigo la hostilidad contra todo el que quisiera ser independiente y tener un espíritu liberal. Por eso miré con la misma suspicacia a unos que a otros».

No lamentó la caída de Alfonso XIII porque «yo no soy un defensor de la Monarquía, pero hay que reconocer que hay Monarquías buenas y malas. La nuestra era mala, y bien muerta está. A nadie le puede extrañar que se le ponga en la tumba un epitafio definitivo». Pero tampoco demostró entusiasmo por el nuevo régimen dado que «no creía en el personal formado por ateneístas, profesores, oradores y gacetilleros».

Sus críticas a la República abarcaron desde la personalidad de los dirigentes hasta sus crímenes pasando por las medidas contraproducentes que acabaron despertando la hostilidad de muchos españoles que la habían recibido con esperanza. Dado que el análisis temático de estos escritos requeriría otro libro, he aquí algunos párrafos de los muchos que pueden encontrarse en Rapsodias, La guerra civil en la frontera, Ayer y hoy, Aquí París, Rojos y blancos, Miserias de la Guerra y Libertad frente a sumisión:

«El Gobierno de la República no se distinguió más que por sus torpezas y disparates, comenzando por el suceso de Casas Viejas. Los políticos de la República han hecho buenos a los de la Monarquía».

«Se ha perseguido no solo al clero, sobre todo al clero pobre, sino a las costumbres de los pueblos. Se han prohibido fiestas y procesiones que a nadie estorbaban y que eran gratas a las ciudades y aldeas (…) A los industriales, el Gobierno los ha acogotado (…) Matan la gallina de los huevos de oro. Si las industrias mueren, el Estado las creará de nuevo. ¡Qué ilusión! ¡Y qué superstición! (…) A los propietarios de fincas rústicas, el Gobierno, últimamente, los ha perseguido y molestado (…) La reforma agraria, tan cacareada, en realidad no se hizo. Ni había plan ni ganas de hacerla; era una plataforma política (…) La nuestra ha sido una revolución de ateneístas. Ateneístas, en España, es sinónimo de doctrinario, de incomprensivo y de pedante. Todas las reformas han quedado en el papel».

«Nuestros republicanos, unidos a los socialistas, han amenazado y no han dado; han dicho que van a hacer y no han hecho nada, con lo cual han conseguido que los capitalistas estén asustados y los obreros exasperados. Respecto a represiones y violencias, los meses que llevamos de República han producido más muertos en las calles de las ciudades que cuarenta años de Monarquía».

«Los republicanos acabaron en España con la posibilidad de un gobierno decoroso, digno y civilizado. Mostraron una estupidez, una desgana, una necedad verdaderamente extraña. Eran todos los políticos republicanos charlatanes hueros, que no pensaban más que en echar discursos, lucirse, cobrar buenos sueldos, tomar posturas y nada más».

«Los comunistas y socialistas suelen decir: los sacerdotes de las distintas religiones hablan de los pobres y viven bien y no se ocupan de los miserables. Pero ellos hacen lo mismo. Al menos en España. Desde que ocuparon el poder, esas gentes que se proclamaban defensores de los humildes no pensaron en otra cosa más que en repartirse todos los cargos con un ansia fea y desagradable, reveladora de su codicia».

«Nadie puede pensar que los gobiernos de la República hayan sido hábiles, ni justos, ni sensatos. Ha sido una orgía de apetitos desenfrenados».

«La República española ha vivido en plena dictadura, en pleno despotismo y en plena arbitrariedad. Ha suprimido periódicos; ha metido en la cárcel a gente inocente; ha atropellado; ha tenido el deseo de vejar».

«La credulidad de la masa es infantil. La República española ha vivido en plena dictadura, en pleno despotismo y en plena arbitrariedad. Esto hubiera sido lo de menos si hubiera acertado. A pesar de su fracaso, ha convencido de su éxito a una gran parte del pueblo, que sigue creyendo en ella. Libertad de prensa, y ha suprimido periódicos; inviolabilidad del domicilio, y ha metido en la cárcel a gente inocente, sin motivo y sin razón. Es igual que la dictadura de sus compinches, entre los que abundan los ladrones y los asesinos».

«Ahora se empieza a pensar que [la República] ha sido algo feo, repulsivo, deletéreo, como si hubieran reventado las letrinas de la ciudad, infestando el aire con sus miasmas».

El 18 de julio estaba veraneando en su casa de Vera de Bidasoa. Un par de días después acompañó en coche a un amigo médico a visitar a una paciente en un pueblo cercano, y al regresar coincidieron con una columna de requetés que avanzaba hacia San Sebastián. Los detuvieron, y uno, que le había reconocido, dijo:

—Este es el viejo miserable que ha insultado en sus libros a la religión y al tradicionalismo.

—Hay que matarlo —respondieron los requetés.

El médico y el escritor estuvieron a la sombra algunas horas hasta que el coronel Martínez de Campos los puso en libertad. Al regresar a Vera, tomó la decisión de cruzar inmediatamente la frontera para evitar futuros sobresaltos. Alojado en sus primeros días de exilio en San Juan de Luz, fue entrevistado por un periodista americano al que declaró su preferencia por el bando rebelde:

«Yo creo que si los militares son vencedores y tienen alguna discreción, la mayoría de los españoles podrá vivir medianamente. Quizá habrá conflictos obreros, no sé. Ahora, si los rojos ganaran, lo que me parece poco probable, y siguieran una política como hasta aquí, sería la vida caótica y sin sentido».

A continuación se afincó durante algunos meses en el Colegio de España de París a pesar de las presiones del embajador, el socialista Araquistáin, para que le expulsasen. En la capital francesa sobrevivió gracias a los artículos que le publicaron en Argentina, México y Chile. Entre sus recuerdos de los primeros días de la guerra, destacó que «en el periódico de Madrid, Claridad, inspirado por ese pedante mediocre de Largo Caballero, al contar que yo había sido preso en Navarra por los carlistas, se dijo que era una lástima que no me hubieran fusilado».

El 1 de noviembre de 1936 publicó en el Diario de Navarra «Una explicación», en la que resumió su enemistad hacia la República:

«Meses antes del advenimiento de la República, me asombraba que la mayoría de escritores y profesores de Madrid, Ortega y Gasset, Unamuno, Azorín, Marañón, etc., no vieran que detrás de la República tenía que venir un intento de revolución social y de comunismo, en parte dirigido por los judíos de Moscú (…) El parlamentarismo no ha demostrado más sino que es un buen medio para los arribistas, para los ambiciosos que van a hacer su carrera. Con la gran batalla política y parlamentaria, vino lo que se llamó el enchufe y vimos a ministros, a subsecretarios y a diputados echándoselas de conquistadores en automóviles charolados, con cupletistas y carreras en restaurantes y cabarets, en una cachupinada continua (…) La serpiente [Azaña] hizo su nido en el Palacio Real y pensó cambiar las decoraciones, para él poco lujosas, y ser algo como el Rey Sol de la República. ¡Pobre gente! Y todo ha estado a la misma altura (…) Este tumor o este absceso formado por mentiras, es de desear que lo saje cuanto antes la espada de un militar».

Poco después insistiría en su desagrado por ambos bandos pero también en su preferencia por Franco:

«En este momento en que blancos y rojos luchan con una rabia desesperada y sádica en España, no parece que pueda haber solución intermedia. Esto es lo peor. O dictadura roja obrera o dictadura blanca militar. No hay otra alternativa. Yo no soy un reaccionario, ni un conservador. Tampoco tengo intereses prácticos en uno u otro bando (…) A pesar de todo, creo que una dictadura blanca, que permitiese una libertad espiritual, sería preferible para España que una dictadura roja. Una dictadura estilo Primo de Rivera podía ser soportable. Una dictadura roja en todos los países es lo mismo, un poder lleno de equívocos, de intenciones oscuras y de petulancia».

En septiembre de 1937 regresó a la zona nacional y en enero viajó a Salamanca para jurar como miembro del recién creado Instituto de España. Aceptó con indiferencia que la editorial Reconquista recopilara fragmentos de libros anteriores bajo el curioso título de Comunistas, judíos y demás ralea. No participó ni en la selección de textos, ni en el título ni en el disparatado prólogo en el que Giménez Caballero le consideró «precursor español del fascismo» por su novela César o nada, publicada por entregas en el diario lerrouxista El Radical en 1910.

Volvió a establecerse en París durante otro año y regresó definitivamente en junio de 1940, ante el avance de los tanques alemanes. Pasó los últimos años al margen de la vida pública, tan indiferente hacia el régimen franquista como este hacia él.

En 1949, siete años antes del fallecimiento de Baroja, el jesuita Antonio Garmendia de Otaola, guipuzcoano como él, publicó una guía literaria en la línea de la editada cuarenta años antes por el padre Ladrón de Guevara. Titulada Lecturas buenas y malas a la luz del dogma y de la moral, no fue más benévola que aquella con el impío don Pío: «Autor antiespañol, anticatólico y antihumano».

Tan alta distinción probablemente arrancase una amarga sonrisa a quien había escrito diez años atrás, con los fusiles todavía humeantes, que «la guerra civil no ha dejado más que un reguero de crueldad, de barbarie, de bajeza, un odio escondido que no desaparecerá ni en cien años».

Azorín, el apologista

José Martínez Ruiz, de acomodada familia alicantina, dio sus primeros pasos políticos en los terrenos del krausismo y el anarquismo. En la última década del siglo XIX, todavía veinteañero, publicó en periódicos republicanos como El País y El Progreso numerosos textos para difundir las teorías del socialismo anarquista, a menudo con el seudónimo de Ahrimán, el dios persa de la destrucción. Incluso llegó a proponer a sus lectores una lista de lecturas indispensables para la formación de un buen anarquista.

Admirador de Bakunin y Kropotkin, creía en el progreso indefinido de la Humanidad, que conduciría necesariamente hacia el paraíso anarquista cuando todos los hombres se comportasen rectamente haciendo innecesario cualquier tipo de autoridad. «El triunfo de las nuevas ideas vendrá por la ciencia», llegó a afirmar. Según el joven Martínez Ruiz, para conseguir tan alto grado de evolución, la Humanidad tenía que eliminar los obstáculos que lo impedían: la patria, por tratarse de un orden encubridor de la opresión además de por debilitar el internacionalismo proletario; el Estado y el ejército, por su condición de estructuras al servicio de los poderosos; la religión, por tratarse de una superstición aliada de la estructura de poder burgués y por haber adulterado el mensaje de Cristo, el primer anarquista; y el matrimonio, porque, según sus propias palabras, «cuando en todas partes se predica la insurrección contra la tiranía, ¿por qué predicar esa monstruosidad de una mujer sometida a las crueldades de un marido?».

Pero sus incendiarios escritos no se correspondían ni con su carácter pacífico ni con su condición de señorito que nunca tuvo trato ni con la clase obrera ni mucho menos aún con los militantes dedicados a la acción directa. Lo más revolucionario que se atrevió a hacer fue pasear con un paraguas rojo para escandalizar a los burgueses como él. En cuanto a la violencia como camino hacia la revolución, siempre la tuvo por contraproducente ya que el verdadero cambio social habría de ser paulatino, equivalente a la evolución de las especies en lo biológico:

«La sociedad anarquista será un hecho. No hay más que abrir la historia para ver la transformación que van sufriendo todos los privilegios y todas las tiranías (…) Sin negar la revolución, y yo no la niego, se puede creer en la transformación cercana (…) La Humanidad camina hacia el comunismo anarquista, pero camina con paso tardo. El programa es lento, y en esa misma lentitud está la firmeza de su obra».

A partir de 1904 comenzó a firmar como Azorín, símbolo del giro ideológico hacia posiciones cada vez más derechistas que le llevaría a ejercer de diputado conservador entre 1907 y 1919. Y así cambió los que posteriormente calificaría como «alegres pecadillos de juventud» por sus artículos en el monárquico ABC.

Gran amante de Francia, durante la Primera Guerra Mundial puso su pluma al servicio de la causa aliada. Con los artículos aparecidos en ABC a lo largo de los años bélicos se publicarían tres volúmenes: Entre España y Francia (páginas de un francófilo) en 1917; París, bombardeado en 1919; y Con bandera de Francia en el tardío 1949. La incoherencia esencial de estos escritos francófilos de Azorín consistió en que dedicó cientos de páginas a alabar a Francia por su parlamentarismo y su democracia frente al antiparlamentarismo de la autocrática Alemania guillermina para acabar proclamando su ferviente antiparlamentarismo, evidentemente influido —al igual que otros coetáneos como d’Ors y Calvo Sotelo— por el reaccionario Charles Maurras, fundador de Action Française:

«El parlamentarismo ha fracasado en todas partes. Si Alemania ha podido llegar al vigor y a la organización de que ha dado pruebas, se debe a que el régimen parlamentario era una palabra y no un hecho en Alemania. No había en Alemania más voluntad que la de unos pocos cerebros directores (…) El parlamentarismo es el desorden, la incompetencia y el abandono».

Durante la dictadura primorriverista se alejó de la política, así como durante el quinquenio republicano. Al estallar la guerra civil, espantado por los asesinatos de numerosos familiares y amigos, huyó de Madrid para instalarse en París, donde coincidiría con otros huidos de la España republicana como Baroja, Ortega, Marañón y Pérez de Ayala.

En la capital francesa, en compañía de su esposa, llevó una existencia austera y tranquila, dedicada a escribir, pasear y hurgar en las librerías de viejo de las orillas del Sena. Y silenciosa, pues a pesar de los años pasados en suelo francés, confesó su incapacidad absoluta para aprender idiomas. Forzado a salir de España prácticamente con lo puesto, logró mantenerse mediante los artículos publicados en La Prensa de Buenos Aires, con los que formaría años después los volúmenes Pensando en España y Sintiendo a España, publicados tras su regreso en 1939.

Confeso partidario del bando nacional, escribió varios memoriales a Franco manifestándole su adhesión y aconsejándole sobre varios asuntos relacionados con la vida intelectual española. Por ejemplo, el 21 de enero de 1939, con el ejército nacional a punto de entrar victorioso en Barcelona, le dirigió una larga carta que comenzó así:

«Señor: se van precipitando los acontecimientos y quiero terminar la serie de mis memoriales (…) Pronto pudiera ser tocada, al entrar las tropas nacionales en Barcelona, la majestuosa marcha de los clarines, que hoy toca nuestra caballería y que es la primera marcha española que se compuso para tocarla cuando penetraron los Reyes Católicos en Granada. La restauración, nueva reconquista, estará en breve cumplida. Y el derecho, restablecido».

Y la concluyó recomendándole organizar cuanto antes el regreso a España de los intelectuales de ambos bandos que habían salido de ella huyendo de la guerra:

«¿Cuál podrá ser el espectáculo, contemplado por Europa y América, de una España flamante, creada a costa del más puro heroísmo, de sacrificios sublimes, en que falte, empero, cantidad de distinguidos hijos suyos?».

Pocas semanas después del fin de la guerra, Azorín regresó a España, donde fue bien recibido en general, aunque algunos, como Gabriel Arias-Salgado, pretendieron prohibirle escribir en periódicos por haberse marchado al extranjero durante la guerra. Serrano Suñer y otros ministros desautorizaron al integrista Arias-Salgado y el alicantino pudo volver a publicar libros y artículos sin problema alguno.

Y, efectivamente, en los años siguientes surgieron de su pluma, difíciles de digerir por su combinación de pedantería, aburrimiento y adulación, decenas de textos apologéticos sobre el nuevo régimen y, sobre todo, sobre las figuras de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco, considerados respectivamente como el alma y el cuerpo, el inspirador y el realizador de la España por venir.

El 30 de noviembre de 1939, por ejemplo, dedicó estas palabras al fundador de Falange:

«José Antonio ha entrado plenamente en la región serena donde se vive entre laureles y mirtos inmortales. Si quisiéramos definir con un solo vocablo su personalidad, elegiríamos el vocablo inefable (…) José Antonio, el bueno. José Antonio, el que no tendrá par en muchos y muchos años de la historia patria. Estás en la inmortalidad y estás entre nosotros».

Estas son de tres años más tarde:

«El pensamiento de José Antonio ha sido fecundo. José Antonio ha sido el pensamiento, y nuestro Caudillo, la acción. La vida de José Antonio es fina y delicada, y la vida de nuestro Caudillo es clara y fluida. Ya amanece. Ya está amaneciendo, José Antonio: tu amanecer simbólico, tu amanecer de España».

Pero los mayores elogios los reservó para Franco, al que consideró un hombre providencial, equiparable al Cid, por haber librado a España de la desolación marxista. Capitaneando «la magna gesta de la reconquista de España» comenzada el 18 de julio, instante decisivo que iguala en fulgor al 2 de mayo, a Bailen y a las Navas de Tolosa, se había elevado «a las cimas más altas de la Historia».

Entre sus cualidades como gobernante, Azorín destacó su inteligencia empuñando el timón en los tormentosos años de la Segunda Guerra Mundial. A principios de 1943, con la partida bélica aún indecisa, ponderó así la labor de Franco:

«Condensando el año 1942 en breve lapso, el escritor considera con admiración la ingente suma de prudencia, de constancia, de serenidad, de inflexibilidad, de cautela, de fortaleza que esa voluntad y esa inteligencia, las del Caudillo, han tenido que usar a lo largo de los doce meses del año para que España subsistiese en su mismo ser normal (…) En tanto que los demás escribíamos o manufacturábamos la materia, ¡cuántos y cuántos trances arduos, dificilísimos, habrá tenido que dominar el Caudillo! Nosotros estábamos tranquilos en nuestro vivir, seguros en nuestros trabajos, y el anhelo del Caudillo para que nosotros gozáramos de esa tranquilidad y de esa seguridad ha debido de llegar a extremos verdaderamente patéticos. Con viva simpatía, con honda gratitud, con admiración sincera va el pensamiento del escritor, en estas horas serenas, desde su biblioteca al palacio de El Pardo. Y si antes, inmerso en lo pretérito, consideraba las grandes figuras de nuestra historia, contempla ahora la figura del Caudillo. El escritor, para resumir su estado afectivo en la presente ocasión, se hace a sí mismo esta pregunta. ¿Habrá existido entre las grandes figuras de la historia de España alguna que se haya encontrado ante tan trascendentales problemas como nuestro Caudillo y haya tenido que resolver esos angustiosos problemas con la serenidad, el tacto y la prudencia de nuestro Caudillo?».

A finales de 1944, con una Alemania a punto de claudicar, Azorín agradeció a Franco haber mantenido a España fuera de la guerra:

«Franco, estratega eminente, se nos revela en la paz como un político consumado. La paz de Franco es, en suma, una obra maravillosa de fina política (…) Franco, como estadista, tiene una cualidad inapreciable: se adelanta, con previsión cauta, a los acontecimientos. Tengamos fe profunda en Franco».

Y el 31 de mayo de 1945, con la guerra concluida en Europa, reiteró su agradecimiento:

«No es triste ahora nuestra España; a través de una borrasca inmensa de Europa, del mundo, ha sabido, gracias al Caudillo, mantenerse en la paz. Y mantenerse disponiendo todas las cosas de modo que podamos los españoles mirar sin prevenciones temerosas lo por venir».

A lo largo de las dos décadas de vida que todavía le quedaron por delante, siguió elogiando las realizaciones del régimen y recomendando a los españoles continuar la obra de Franco. El viejo noventayochista que en su anarquista juventud se pavoneara con su paraguas rojo recibió numerosos honores y distinciones del régimen franquista: la gran cruz de Isabel la Católica, la de Alfonso X el Sabio y la medalla de oro del Mérito al Trabajo, así como la erección de varias estatuas.

Pedro de Répide, cronista y testigo de Madrid

Nació en Madrid en 1882 de padres desconocidos, si bien él mismo se encargó de hacer circular difusas leyendas sobre su origen, como la de que era hijo bastardo de Isabel II y un sacerdote. Lo indudable fue su empleo como secretario de la reina exiliada durante los últimos años de su vida. Tras el fallecimiento de la de los tristes destinos en 1904 en su palacio parisino, Pedro de Répide regresó a Madrid para dedicarse al periodismo. Sumando a su oscuro nacimiento su vida bohemia, su rostro empolvado, sus tacones altos, su amaneramiento y su notoria homosexualidad, Répide se convirtió en una figura singular del Madrid del cambio de siglo. Poeta, novelista y cronista de costumbres bajo el seudónimo de El Ciego de las Vistillas, su reputación literaria descansa sobre todo en su ingente labor recopiladora de información sobre lugares, personajes, sucesos y cotilleos del Madrid pasado y presente, con la que elaboró su obra cumbre, Las calles de Madrid, referencia insustituible sobre la historia de la capital. Por todo ello fue nombrado cronista oficial de la villa en 1923 y de la provincia en 1935.

De ideología republicana e izquierdista, fue uno de los fundadores en 1919 del periódico de dicha tendencia La Libertad, en el que escribió durante muchos años. También participó en la fundación en 1933 de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, país que había visitado tres años antes y a cuyo sistema político dedicó enormes elogios en su libro La Rusia de ahora.

Recibió con entusiasmo la Segunda República, como declaró el mismo 14 de abril en un artículo en el que responsabilizó a la dictadura de Primo de Rivera —«aquel golpe contra la libertad; aquel intento de ahogo de la ciudadanía; aquel soberano menosprecio de la voluntad popular que pedía sencillamente justicia; aquellos seis años indignos»— de ser la principal fabricante de republicanos:

«El resultado ha sido el más espléndido triunfo de la coalición republicano-socialista (…) España está en marcha, y ya no hay fuerza capaz de detenerla. ¡Hosanna!, gritará nuestro júbilo en esta primavera feliz florecida de todas las renovaciones. Y cuando pensemos en quién ha levantado a este Lázaro, en quién ha operado el gran milagro vivificador, tendremos que bendecir a los conculcadores del derecho, en nombre de la justicia, y a los que ejercitaron la tiranía les daremos las gracias en nombre de la libertad».

Tres días más tarde arremetió contra la dinastía derrocada acusándola de perjurio y robo y lamentando su abandono de España en impunidad. Reiteraría su hostilidad hacia los Borbones en la biografía de Isabel II que publicaría un año más tarde.

Pero su entusiasmo republicano se fue apagando a la misma velocidad con la que evolucionaba ideológicamente hacia la derecha. Abandonó La Libertad y, hasta su cierre y persecución de varios de sus redactores al estallar la guerra, colaboró en el diario derechista Informaciones.

Sabedor de estar en el punto de mira por «mis continuadas campañas contra la necedad y codicia de los socialistas y la aversión que experimentaba y declaraba contra las concupiscencias y desmanes del marxismo», los primeros días consiguió pasar desapercibido a pesar de su rechazo a camuflarse con el mono azul que se había convertido en seguro de vida. «Yo era una de las tres personas y media que andaban por Madrid sin vestir el inevitable mono», recordaría en sus memorias, pero por su indumentaria y su carencia de carnés revolucionarios acabó siendo detenido por milicianos socialistas y conducido, para darle el paseo de rigor, a la Casa de Campo, en cuyo lago contempló horrorizado montones de cadáveres calcinados. La casualidad hizo que se cruzase en su camino un benemérito miliciano, el único alfabetizado y que le trataba de usted, que le conocía por sus escritos. Tras salvar el pellejo in extremis, tomó la decisión de pasarse a zona nacional, lo que consiguió embarcando en un buque francés hacia Marsella:

«Tras una estada de pocos días en París, pasé nuevamente por Marsella para embarcarme a África, donde había de poner mi esfuerzo al servicio de la causa (…) Inolvidable momento aquel en que pisé suelo liberado [Tánger]. Al apearnos en la forzosa detención de aquella frontera, se enturbiaron mis ojos y sentí que se levantaba mi corazón como si quisiera alcanzar la bandera, nuestra bandera, la única, la cobijadora de nuestra cuna y la merecedora de nuestra vida. Adelantéme unos pasos y besé un puñado de tierra. Entonces oí unos aplausos candentes. Volví el rostro y encontré que era el saludo cariñoso y emocionante con que celebraban mi reincorporación a España unos buenos españoles, entre los que se confundían los uniformes de la Guardia Civil y de Regulares con las camisas azules donde se encendían, al lado del corazón, los yugos de grana y las flechas de fuego».

El Alto Comisario en Tánger le encargó la fundación y dirección del periódico Presente, en el que puso su pluma al servicio de la propaganda rebelde. La reacción del bando contrario no se hizo esperar: fue destituido de su cargo de cronista de Madrid, lo que no le disgustó porque «yo no podría ser cronista de un Madrid zafio y salvaje». Y, según él mismo señaló, «cuando me vi fuera del territorio rojo y, en cumplimiento de mis deberes de español, comencé mi labor nacionalista, los improperios llovieron sobre mí». Por ejemplo, su antiguo periódico La Libertad dedicó en abril de 1937 varios artículos a zaherirle por traidor y homosexual:

«Pedro de Répide se dedica a dar conferencias contra España en la zona rebelde. Y ya que está allí, hace una visita cariñosa a los moros, por los que siente desde su más tierna infancia una atracción irresistible (…) Ahora pasea su persona, esclava de todos los vicios, por la zona española de Marruecos, —¡campo ideal para sus devaneos!—, aplaudiendo a los fascistas».

Tras varios meses en Tánger embarcó para Venezuela, donde residió hasta su regreso a España en 1946. Dos años después murió en su amado Madrid, olvidado por casi todos. De agosto a noviembre de 1937 publicó en el diario caraqueño La Esfera una serie de artículos posteriormente recopilados en el libro Memorias de un aparecido. Relato fiel del sangriento drama español, feroz denuncia no solo de los crímenes, sino de toda la política republicana desde los albores del régimen.

Comenzó Répide renegando de opiniones anteriores, como aquella condena a la dictadura primorriverista ahora bendecida porque «jamás se vivió en España mejor que en tiempo de Primo de Rivera, en que había trabajo, dinero y alegría». Atribuyó a sendos despechos la súbita metamorfosis republicana de los monárquicos Alcalá-Zamora y Miguel Maura. El del primero obedeció a que no le otorgaran el cargo de letrado de la Casa Real ni le encargaran la testamentaría de la reina María Cristina, fallecida en 1929. En cuanto a Maura, Répide lo atribuyó al hecho de que Alfonso XIII no intercediera por su suegro encarcelado a causa de la quiebra del Banco de Castilla.

Continuó denunciando la ilegitimidad de origen de la República por haberse proclamado antes de conocerse el resultado del escrutinio general en toda España, lo que habría demostrado la victoria de las candidaturas monárquicas. Precisamente de las manifestaciones que recorrieron las calles madrileñas aquel 14 de abril recogió una anécdota singular: el texto de una de las pancartas rezaba «¡Abajo la raza latina!». No pudiendo comprender la inquina hacia la propia raza y la relación que ello pudiera tener con el cambio de régimen, pidió explicación a los manifestantes, que le respondieron así: «¿La raza latina? Pues los curas, hombre, los curas. Los que hablan latín».

Lamentó la escasa preparación de los parlamentarios constituyentes, «morralla política, salvo contadas excepciones (…) Así salió ello». Como a tantos otros sinceros republicanos, le escandalizó que, tras la victoria derechista en las elecciones de 1933, no hubiese accedido Gil Robles a la presidencia del gobierno, «pero un veto misterioso lo impedía, porque los amigos de la Constitución no clamaban por su cumplimiento más que cuando les favorecía». Y más aún le escandalizaron la absolución de Largo Caballero y el indulto del comandante Pérez Farras —que se había sublevado en Barcelona al grito de ¡Muera España!— a pesar de su gravísima responsabilidad en la revolución de octubre de 1934. De ello culpó al presidente Alcalá-Zamora, cuya debilidad disfrazada de benevolencia asestó un golpe mortal al imperio de la ley: «Ese día en que el gobierno hizo dejación de su poder para someterse a la oratoria del abogado presidente, quedó cuajada la tragedia de 1936», resumiría Répide.

El caos final llegó con la victoria fraudulenta del Frente Popular en febrero de 1936:

«El resto lo hicieron las mañas electorales de los socialistas, maestros en el arte de cubileteo de los sufragios, poniendo cuantos votos querían donde no los había habido nunca y anticipando en su provecho el día del Juicio Final para hacer salir a los muertos de sus sepulcros camino de las urnas. Por eso, cuando se habla de gobierno legítimo para designar el formado entonces, cabría el asombro si todavía pudiésemos asombrarnos de algo (…) Mas ¡para qué hablar ya de Parlamento, ni de democracia, ni de Constitución, si los primeros en hacer caso omiso de todo eso han sido ellos, para quienes no existen otras normas que las de la violencia y la arbitrariedad!».

La victoria frentepopulista implicó el fin del parlamentarismo y de la libertad:

«En las Cortes, los diputados derechistas no podían hablar. Negábaseles todo derecho. La amnistía, concedida con una amplitud sin límites, ponía en la calle a meros criminales (…) En fábricas, talleres y establecimientos comerciales, los verdugos eran impuestos a las familias de las víctimas, las cuales tenían que pagarles cantidades por supuestos atrasos (…) Los propugnadores de la libertad declaraban fuera de la ley a partidos y organizaciones perfectamente dentro de la legalidad. Sus afiliados y directivos eran perseguidos y al fin se logró dar cárcel a José Antonio Primo de Rivera (…) Oíanse continuamente, con chasquido de blasfemias, los alaridos de ¡No queremos España! ¡Queremos Rusia! Y los de ¡Viva Rusia, muera España!, expresiones inconcebibles por muy revolucionario que se sea. Las huelgas inmotivadas se sucedían. Las bombas estallaban por dondequiera que hubiese una obra en construcción y donde no la hubiera. Los atentados se continuaban. Sabíase que una revolución sangrienta y brutal, de tipo marxista, se gestaba y su aparición acercábase por momentos. Oficiales del ejército actuaban como instructores de las fuerzas rojas».

Fue testigo directo de la matanza desatada a principios de mayo como consecuencia del bulo sobre monjas disfrazadas repartiendo caramelos envenenados a los niños:

«Un pueblo que es capaz de creer eso es incapaz de gobernarse por sí mismo. Los hechos más salvajes empezaron a producirse. Pobres damas que caminaban solas y ancianas indefensas fueron víctimas del linchamiento. Las estampas en que hemos visto representada la Pasión de Cristo venían a la memoria ante aquellas infelices rodeadas, estrechadas por una muchedumbre ululante y frenética que las golpeaba, las derribaba, destrozaba sus ropas primero y sus carnes después y abandonaba por fin un amasijo de pingajos sanguinolentos (…) Por mis propios ojos vi que el testimonio era cierto. Y podrían citarse diversos casos más. Todo ello contemplado por guardias de Seguridad y de Asalto, que no sentían el imperativo del deber, ni siquiera la natural indignación de hombres, ante el espectáculo de pobres y ancianas mujeres acometidas y martirizadas por manadas de bestias feroces, entre las que había hembras también, que no féminas, horror y mengua de su sexo».

Con el asesinato de Calvo Sotelo «acabaron de quebrarse las leyes y terminaba de derrumbarse un estado imposible». Acusó a los gobernantes de ser los culpables directos tanto del crimen como de la impunidad de sus ejecutores materiales. Subrayó la hipocresía de quienes habían considerado «santa y magnífica» la rebelión de octubre de 1934 y declaraban «inadmisible» la dirigida contra ellos dos años después. Y les responsabilizó del horror revolucionario por haber tomado la decisión de entregar armas al populacho según la voluntad insistente de Largo Caballero y otros socialistas. Con cada militante izquierdista convertido en denunciante, juez y ejecutor, nadie estaba a salvo: enemistades personales, ser religioso o militar o haber votado a partidos de derechas implicaba la muerte.

«No se eximía tampoco el Radical, con lo que los partidarios de Lerroux y de Gil Robles pagaban así las debilidades y lenidades de sus jefes. En la vorágine iban envueltos, y con la misma razón, los centristas de Portela, los llamados progresistas de Alcalá-Zamora y los conservadores de Miguel Maura (…) El vórtice arrastraba lo mismo a los cómplices de la Revolución que a sus enemigos».

Sus propias experiencias y las recogidas de otras personas le sirvieron para llenar numerosas páginas con los horrores desatados en 1936, que dejaron en la insignificancia los de épocas pasadas y que demostraron que era absurdo mantener la esperanza en el perfeccionamiento moral del ser humano:

«Sade y Masoch hubieran tenido que aprender de los refinamientos crueles en las muertes de seres de toda edad y sexo, en los cadáveres de ancianas arrojados a los muladares y en las doncellas, púberes apenas, arrancadas del calabozo para ser sacrificadas, mancilladas, babeadas por todos los sapos de los torpes instintos y destrozadas por las garras de la lujuria (…) Registraban sus ropas en busca de repugnante botín, si los matadores no se habían podido detener en la tarea. A la primera luz del alba irrumpía el resto de la romería frenética. Entre alaridos demoníacos, insultaban los cadáveres con los dicterios más soeces, los escupían, los pateaban, bailaban en torno a ellos una danza caribe, triscaban con saltos de aquelarre y no faltaba fiera con traje femenil que, a horcajadas sobre un cuerpo sacrificado y sangriento, le rociaba con la asquerosa ofensa de sus líquidas superfluidades».

Así resumió Répide su visión de una guerra a la que calificó de «cruzada, nueva reconquista y nueva guerra de la independencia»:

«España es ahora el baluarte del mundo y su contienda es la empeñada entre la cultura y el salvajismo, entre la luz y la tiniebla, entre Ormuz y Ariman, como Júpiter y los titanes, como Dios y los ángeles caídos, precipitados por su soberbia y su ignorancia. La España nacional defiende la civilización del universo».

Ignacio Zuloaga, pintor de Franco

El guipuzcoano Ignacio Zuloaga, último gran maestro de la pintura clásica española, vino al mundo en Éibar en el seno de una familia de artistas. Tras una larga etapa en París, donde tuvo estrecho contacto con creadores de la talla de Toulouse-Lautrec, Degas, Gauguin y el español Rusiñol, cayó cautivado por Andalucía. De ahí nació su pasión por los toros, el flamenco y los gitanos, temas que reflejaría a menudo en sus cuadros. Su paisano Pío Baroja, que no debió de llevarse bien con él, probablemente le tuviera en mente cuando escribió esta reflexión sobre la gitanería pictórica:

«Yo no tengo ninguna simpatía por los gitanos; me parece una gente cínica y sin gracia. No tienen más que un repertorio vulgar, de chistes de almanaque, pero los meridionales, sobre todo los andaluces, creen que son la flor y nata del país. El robar, el engañar, el comer animales muertos y abandonados en el campo, todo eso les parece genial. Los pintores españoles, que, en general, son de ideas mediocres, quieren creer que es más español un gitano que un vasco, un catalán o un asturiano. Es el lugar común de los tontos».

Y de Andalucía a Segovia, pues la otra gran pasión estética de Zuloaga fueron los adustos paisajes castellanos y sus recios habitantes.

Cosechó gran éxito de crítica y comercial tanto en Europa como en los Estados Unidos, pero al precio de recibir amargas críticas en su patria. Porque la imagen de España emanada de la obra de Zuloaga echó sal en las heridas de un país ansioso por subirse plenamente al carro de la modernidad tras el Desastre del 98. Zuloaga aparecía como la antítesis del luminoso Sorolla: los aldeanos tristes, sucios y envueltos en ropajes antiguos, los paisajes ásperos, las ciudades vetustas… con todo ello parecía que Zuloaga, acusado de antipatriota, se regodeaba en esa España negra y atrasada que lamentaban los escritores noventayochistas y que los españoles pretendían olvidar.

Aquellos escritores atormentados por la esencia y el porvenir de España, así como los más jóvenes Marañón, Ortega y Pérez de Ayala, fueron amigos del guipuzcoano y gozaron del privilegio de ser retratados por él. Como asiduo veraneante en Zumaya, Ortega frecuentó la casa y el taller de Zuloaga, a uno de cuyos cuadros, el célebre El enano Gregorio el Botero, dedicó unas enjundiosas reflexiones:

«¡Divino enano mortal, bárbaro animáculo que aún no llegas a ser un ser humano y lo eres bastante para que echemos de menos lo que te falta! Tú representas la pervivencia de un pueblo más allá de la cultura; tú representas la voluntad de incultura».

Al apolítico Zuloaga el estallido de la guerra le sorprendió en París, donde se enteró del saqueo de su taller madrileño. Temiendo que sucediese algo similar en su casa de Zumaya, logró del gobierno que enviase un grupo de milicianos para su protección, si bien ya habían desaparecido algunos cuadros suyos y del Greco. No satisfecho con la medida gubernamental, se trasladó allí con su familia, y allí estaba cuando entraron las columnas de Mola en mayo de 1937.

El nuevo alcalde improvisado, Cosme Iraundegui, no debía de tener demasiada simpatía por el ilustre pintor, de modo que envió un malintencionado informe denunciándole por haber pedido ayuda al gobierno de Madrid para la protección de su vivienda, por no haber hecho ninguna demostración de júbilo ni colgar banderas a la entrada de las tropas nacionales y por no haber colaborado económicamente con ellas. Acusábale también de «haber convivido siempre con los llamados intelectuales», recibiendo en verano a personajes como Marañón o Pérez de Ayala. Mal informado estaba el alcalde, pues aquellos dos intelectuales, efectivamente participantes en la construcción del régimen republicano cinco años atrás, se estaban distinguiendo en aquellos momentos por su activo apoyo al bando rebelde. Ni Zuloaga ni el gobierno de Burgos prestaron atención a aquella carta del acalde zumayano.

Cinco meses más tarde, en octubre, Zuloaga publicó en Occident, periódico en lengua francesa editado por Cambó, Estelrich y demás catalanes de Franco, el siguiente artículo titulado Una advertencia al mundo:

«Una política constructiva: la de la nueva España, la de Franco. Una política destructiva: la política roja, la del bolchevismo. Basta con abrir los ojos a la realidad de España para comprender la verdad. Y donde la verdad se evidencia probablemente del modo más inmediato y sin equívoco posible es en el aspecto horrible del daño irreparable provocado por la guerra roja a nuestros tesoros artísticos. Este arte incomparable de España, este viejo tesoro heredado de antiguas épocas, este tesoro adquirido pieza a pieza por la fe y el patriotismo de los verdaderos españoles. Porque cuando las tropas de Bonaparte nos despojaron de gran parte de este magnífico tesoro, se la llevaron lejos de su lugar de origen pero a un sitio donde todavía podemos admirarla. Y Moscú saquea los templos, los museos y los palacios de Rusia, pero lo que ha robado, no lo devuelve. Aquí, Moscú y sus esclavos españoles se entregan a la locura de su fanatismo para eliminarnos, porque lo que más puede dañar a España es que todo eso se vaya para nunca regresar. Esta es la razón de la destrucción sistemática del tesoro, de esta profanación, de este incendio sin tregua, que tiene la rabia ciega de una erupción, de un terremoto. ¿Cómo no pensar, ante este desastre irremediable de nuestro arte español, que pueda servir de advertencia —de ejemplar advertencia— para otros países más o menos amenazados por el torrente devastador? ¿No hay ningún organismo internacional que sea capaz de prevenir catástrofes como esta? Es espantoso imaginar, al ver todo lo que se ha destruido en España, que podría suceder lo mismo en otros países. Y el universo entero, por poco civilizado que se sienta, debe asociarse urgentemente a esta gran empresa: la salvaguardia del arte amenazado. Mi vida entera, que he consagrado al arte, tiembla ante este montón de ruinas, y grito con toda mi voz y clamo con todas mis fuerzas, más adecuadas para servir a España con el pincel que con la pluma».

Curiosamente, el otro pintor de la llamada España negra, José Gutiérrez-Solana, huido a París tras haber sido forzado a firmar un manifiesto de apoyo al bando republicano, escribió líneas muy parecidas en aquellos mismos días:

«En Madrid me cogió la revolución pintando. Tuve que dejar los pinceles. Vivía frente al cuartel de María Cristina y pude presenciar escenas horribles (…) De los cuadritos que pinto en París algunos están hechos rememorando recuerdos de España, de esta España que ha conocido la tragedia más espantosa de su historia, hasta llegar a la anarquía y al crimen, pero por fortuna toca a su fin gracias al esfuerzo y patriotismo del ejército español para resurgir en una España fuerte y gloriosa como deseamos todos los que verdaderamente la queremos. ¡Arriba España! ¡Saludo a Franco!».

Efectivamente, Zuloaga puso su pincel al servicio de la propaganda del bando nacional. Sus cuadros fueron expuestos en sendas exposiciones de pintura española celebradas en Londres y en la fascista Venecia, en cuya Bienal obtuvo el Gran Premio Mussolini con cuarenta obras entre las que se encontraba El Alcázar en llamas, pieza clave en la internacionalización de la resistencia toledana como símbolo del espíritu heroico de los alzados contra el comunismo.

En abril de 1939, recién terminada la guerra, escribió a una amiga coleccionista de sus obras:

«Gracias a Dios, y a Franco, ¡al fin se ganó la guerra y terminó! Y terminó a pesar de los deseos de los países que se llaman democráticos, ¡qué farsa, qué vergüenza, cuando estos países conocían la verdad de este drama! Todos trabajaremos con todas nuestras fuerzas para reconstruir una nueva España, libre, grande y unida (…) ¡Qué vergüenza en el futuro para esos países que han apoyado los crímenes, el vandalismo salvaje, que imperó dentro del clan soviético en España! Esto nos ha tocado a todos, más o menos, pero Dios nos ayudará y lo superaremos».

El día 19 de aquel mes de abril se inauguró en Bilbao una exposición de pintura, escultura y arte decorativo con el que los vencedores pretendieron comenzar a recuperar la normalidad tras la terminación de la guerra. Así rezaba su catálogo:

«No hay Bilbao sin España. Por eso languideció el espíritu y se mustiaron las artes en la Bilbao torva de internacionales y alelada de comarcalismo. Franco le devolvió su verdadero numen. Se ha dicho que la civilización solo florece en el círculo de paz que traza la espada. En el círculo de paz que ha trazado la espada de Franco renacen las artes en Bilbao (…) La Bilbao sucia y mutilada que dejó el farisaico contubernio de rojos y separatistas es hoy de nuevo la Bilbao pulcra y dinámica de España. A su afanoso trajinar para satisfacer las necesidades urgentes que ha traído la guerra, aún le sobran bríos para gastarlo en lo superfluo, que es, después de todo, la flor de la vida. Así esta Exposición que ha hecho posible la espada pacificadora y civilizadora de Franco».

El autor principal de aquella exposición fue Zuloaga.

Su obra también cumplió una importante función diplomática: tres de sus cuadros fueron regalados por Franco a un Hitler al que le gustaron tanto que los destinó a su residencia alpina de Berchtesgaden.

En los seis años que quedaban hasta su fallecimiento en 1945, Zuloaga siguió poniendo su prodigioso pincel al servicio del nuevo régimen. Su obra más importante fue el retrato de Franco, idealizado y rejuvenecido, con la boina roja carlista, la camisa azul falangista y el pantalón caqui como símbolo de la unión de las tres principales fuerzas del bando victorioso. Además de este retrato, pintó los de Millán-Astray, Serrano Suñer y Wenceslao Alonso, el requeté más viejo de la guerra.

Ninguno de estos cuadros fueron mostrados en la gran exposición conmemorativa organizada en 2019 en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Especialmente el de Franco, colgado en el Pazo de Meirás, ha sido borrado de libros, archivos y catálogos sobre la obra del gran pintor guipuzcoano. Hasta el estudio de referencia sobre la obra de Zuloaga, el de Lafuente Ferrari, ha sido retocado para que en las nuevas ediciones no solo esté ausente el retrato de Franco, sino también su nombre.

Ochenta años después de ser pintado, el director del museo bilbaíno, Miguel Zugaza, explicó así el motivo de la exclusión de un cuadro que habría sido «una provocación innecesaria»:

«Aún no estamos preparados como sociedad para ver esta pintura. No, al menos, para verla como una obra de arte. Hubiéramos tenido que protegerla con guardias de seguridad y, sin duda, habría eclipsado al resto de la exposición. No hubiéramos visto el arte de Zuloaga sino al Zuloaga que simpatizó con el franquismo, y este no era nuestro objetivo».

Una censura más en el espíritu orwelliano de la Ley de Memoria Histórica, ahora más crecida y convertida en Democrática.

Los franceses de Franco

Al mismo tiempo que en las trincheras de España, los bandos contendientes combatieron más allá de sus fronteras para ganarse el apoyo de gobiernos y naciones extranjeras. Pieza esencial en el ajedrez internacional fue, evidentemente, Francia, gobernada en aquel momento, por primera vez en su historia, por un gobierno socialista en coalición con los radicales y con el apoyo de los comunistas: el llamado Frente Popular presidido por Léon Blum.

Su amistad, como es lógico, se dirigía hacia el gobierno del homónimo Frente Popular de Azaña y Largo Caballero, si bien las masacres de civiles consiguieron que tanto Francia como sobre todo Gran Bretaña observasen con precaución lo que estaba sucediendo en España, especialmente desde que la Unión Soviética se mostró como su aliado más firme. Aunque Francia no intervino militarmente, aportó a los gubernamentales armamento y apoyo diplomático.

Pero, al margen de la posición del gobierno, en Francia se desató un vivo debate entre los partidarios de uno y otro bando, y no solamente entre los campos, más o menos previsibles, de la derecha y la izquierda. Algunos intelectuales católicos como Bernanos, Mauriac y Maritain no se alinearon con Franco porque rechazaron la consideración de cruzada que la Iglesia había dado a la causa rebelde o porque condenaron la represión en retaguardia y algunas acciones de guerra como el bombardeo de Guernica. Pero fueron la excepción en un catolicismo francés horrorizado por el exterminio eclesiástico y temeroso de que una victoria de los aliados de la URSS afianzase su poderío político y militar.

De los tres críticos mencionados, el más activo fue un Maritain que, sin embargo, negó a los gubernamentales la condición de defensores de una legalidad republicana que ellos mismos habían destruido:

«Los partidarios de la anarquía o de la dictadura del proletariado, cuyo primer principio es despreciar la legalidad, que sueñan con conquistar el poder por cualquier medio, que habían pisoteado la República de mil maneras y que abrían el país a la influencia de agitadores internacionales, iban a convertirse en los edificantes defensores y celadores del principio de la legitimidad gubernamental y de la independencia nacional».

Y acusó a los gobernantes frentepopulistas de debilidad e incluso de complicidad con los crímenes cometidos por unos «descontrolados» de los que pretendieron desmarcarse:

«Cuando la historia de estos acontecimientos pueda ser escrita, hará sin duda aparecer no solamente la debilidad, sino demasiadas veces la complicidad —por cobardía sobre todo— de órganos gubernamentales en las sevicias, en los actos de denegación de justicia, en los saqueos y en las matanzas de las que tantos miles de personas (se dice que más de trescientas mil) han sido víctimas».

Intentó encontrar una explicación para la terrible violencia contra el clero en que este, al haberse puesto al servicio de las clases dominantes durante siglos, había conseguido que «la noción de religión se hubiese confundido con la del poder clerical». Y también criticó que el clero español se hubiese sumado en bloque a un alzamiento considerado guerra santa y cruzada dado que cualquier guerra, por esencia, es «algo profano y secular, no algo sacro; y no solo algo profano, sino algo abierto al mundo de las tinieblas y del pecado».

Pero la gran mayoría de los intelectuales y políticos derechistas criticaron con contundencia la postura de Maritain, Mauriac y Bernanos e inundaron la prensa francesa de artículos en defensa del bando nacional, al que consideraron defensor de la civilización occidental frente a la barbarie bolchevique. En diciembre de 1937, decenas de miembros de la Académie française, senadores, diputados, escritores, filósofos, juristas, profesores, científicos, artistas y militares firmaron un Manifiesto a los intelectuales españoles mediante el que se solidarizaron con el alzamiento del 18 de julio:

«Muchos intelectuales franceses desean tener la ocasión de transmitir a sus hermanos españoles, tan castigados por los acontecimientos actuales, su calurosa simpatía. Todos los que admiran a la gloriosa España, todos los conocedores de la magnífica contribución que ha aportado a la civilización con su arte, su literatura, su ciencia, su espiritualidad, su pasión por el descubrimiento, todos los que deploran el espantoso cataclismo que amenaza con hacer desaparecer los valores preciosos que su misión ha representado siempre, todos los que desean el fin de las divisiones actuales y el restablecimiento de un orden fundado en la moral y el respeto a las nociones de libertad, autoridad y propiedad, se unirán a nosotros. El pasado de España tiene tan grande valor para el mundo entero que no es posible concebir para ella un futuro del que estén ausentes el respeto y la inspiración de una tradición augusta. Nos situamos por encima de cualquier política. Creemos que no hay ni franceses ni españoles dignos de tales nombres que no compartan los principios siguientes: la fraternidad de las clases y no su odio recíproco, la libertad de las personas, la justicia social, la independencia respecto de todo partido y secta cuya sede sea extranjera, la garantía absoluta del territorio nacional, continental, colonial o insular, la defensa contra toda intervención extranjera en los asuntos internos con el pretexto de la ideología. Gracias al pensamiento de sus grandes juristas, España fundó el derecho internacional moderno sobre el respeto a los derechos de la persona humana; Francia declaró hace tiempo los derechos del hombre; a España corresponde afirmar con la misma energía los derechos de la nación. En estas horas dolorosas, nosotros, franceses, no podíamos olvidar todos los vínculos de raza, de tradición y de cultura que nos unen a nuestra hermana latina. No podíamos olvidar que en numerosas ocasiones pasadas, especialmente en el momento de la guerra de la independencia americana, los españoles y los franceses combatieron por la misma causa y bajo las mismas banderas. Y, durante la Gran Guerra, miles de voluntarios vinieron de más allá de los Pirineos para luchar a nuestro lado. Como consecuencia de ello, no podemos sino desear el triunfo, en España, de los que representan hoy la civilización contra la barbarie, el orden y la justicia contra la violencia, la tradición contra la destrucción, las garantías de la persona contra la arbitrariedad. Por lo tanto, saludamos a los hombres que, en esta hora de terrible adversidad, representan tan dignamente la inteligencia y la cultura de su país. Les tendemos nuestras manos y afirmamos nuestra solidaridad con ellos. Nos oponemos a todas las divisiones que una ideología nefasta quisiera interponer entre nosotros. Nuestro objetivo es mostrar a los pueblos y a los gobiernos que la Francia verdadera y la España verdadera están y continúan unidas».

Cuando aquel mismo año de 1937 se publicó La persécution religieuse en Espagne, denuncia de las atrocidades frentepopulistas escrita por Joan Estelrich bajo encargo de Francesc Cambó e introducida por el poema Aux martyrs espagnols del eminente Paul Claudel, el no menos eminente novelista y ensayista Henry Bordeaux escribió, pensando en Maritain y compañía:

«He aquí que acaba de publicarse un libro sobre la persecución religiosa en España, precedido de un poema de Paul Claudel sobre esta pobre nación crucificada, en el que la masacre de quince mil sacerdotes, religiosos y religiosas se demuestra con rigor. ¿Qué más hace falta para abrir los ojos de esos católicos ilusos que todavía creen poder flirtear con la República a pesar de las advertencias reiteradas del Soberano Pontífice?».

He aquí un fragmento del poema de Claudel:

En esta hora de tu crucifixión, santa España,

en este día, hermana España, que es tu día,

con los ojos llenos de entusiasmo y de lágrimas,

¡te envío mi admiración y mi amor!

¡Cuando todos los cobardes traicionan,

tú, una vez más, no has claudicado!

¡Como en los tiempos de Pelayo y el Cid,

una vez más has empuñado la espada!

¡Ha llegado el momento de elegir

y de desenvainar el alma!

La principal preocupación de los franceses partidarios de la victoria de Franco —entre los que se distinguió por su incansable actividad propagandística el egregio hispanista Maurice Legendre— fue la subversión comunista que, tras su fracaso en Polonia, Alemania y Hungría recién concluida la Gran Guerra, habría hecho presa en España para desde allí continuar extendiéndose por Europa occidental.

Jacques Bardoux, senador y presidente del Institut de France —y abuelo de Giscard d’Estaing—, denunció que el gobierno soviético y la Internacional comunista habían sido los proveedores de instrucciones, asesores y armas de los revolucionarios tanto en 1934 como en 1936, mucho antes de que ningún soldado italiano o alemán pusiese su pie en suelo español en apoyo de los nacionales:

«Si la República española muere, su asesino no habrá sido Hitler ni menos aún Mussolini, sino Stalin. El Hombre de Acero es el sepulturero de Occidente».

El escritor Gaëtan Bernoville acusó a los comunistas franceses de apoyar a sus camaradas españoles para poder desatar tras su victoria la revolución en Francia.

Paul Claudel escribió que la revolución española era una anarquía minuciosamente preparada y dirigida hacia el objetivo de destruir el orden social y la Iglesia.

El escritor y corresponsal de guerra Raymond Recouly subrayó la ilegitimidad de un gobierno frentepopulista «surgido de unas elecciones indudablemente falseadas», tras las que «inauguró una política de violencia, asesinato y terror que acabó con todos los derechos y libertades» para abrir el camino a la revolución comunista, camino interrumpido por la espada de Franco.

El general Édouard de Castelnau definió la guerra de España como «el conflicto entre dos ideologías irreconciliables, entre dos concepciones de la vida, de la dignidad y de la libertad humana, entre la civilización cristiana y la barbarie moscovita».

El gran historiador Pierre Gaxotte alabó el papel histórico de España como vanguardia de los grandes cambios históricos, —América, la Contrarreforma— y como eterna muralla protectora de Europa contra las invasiones asiáticas:

«España reconquistó la tierra cristiana de la invasión árabe (…), liberó el Mediterráneo de la hegemonía marítima de los turcos, marcando así el límite de su expansión (…) Tras haber impedido dos veces el asalto de Asia, probablemente lo impida una tercera. Quizá sea España, como ha profetizado Mussolini, la tumba del bolchevismo».

El escritor y diputado Xavier de Magallon dedicó inflamados párrafos a reivindicar para Franco y los suyos la condición de rebeldes con la que la propaganda frentepopulista pretendía desacreditarlos; y para los frentepopulistas que se decían defensores de la legalidad, la condición de tiranos contra los que rebelarse era una obligación:

«¡Rebeldes! Confieso que no puedo oír ni leer con sangre fría este vocablo espeluznante del que los amigos del bolchevismo español hacen un uso tan ridículo, irritante o divertido según el humor de cada día (…) Hay que oírles decir: ¡Los rebeldes! Conozco amigos, víctimas de este error prodigioso, cuya voz se transforma cuando lo dicen, temblando de convicción, de indignación, de desprecio, y con ojos chispeantes de furor si sorprenden una sonrisa insinuándose en vuestros labios. Y junto a ello, ¡Legal! ¡El gobierno legal! (…) Quizá sea la excusa de quienes ni saben ni son culpables de no saber. Disculpemos e incluso admiremos a tantos pobres diablos, tantos jóvenes generosos que van a hacerse matar junto a auténticos bandidos por una causa que creen justa y que es lo contrario de lo que ellos creen y lo que ellos quieren. Pero no es excusa para quienes creen saber, y saben, en qué astillero de desguace, en qué jardín de los suplicios se ha convertido la España rusificada, la España de las maravillas y las delicias. A quienquiera que esté informado y que les apoye con el vano y falso pretexto que sea, hay que decirle que es cómplice de esos gubernamentales, de esos escrupulosos reivindicadores de la legalidad cuyo primer acto fue sacar de la prisión y poner a su lado o en cabeza a todos los criminales de derecho común, ladrones y asesinos, más honorables, es cierto, más dignos de piedad y de perdón que sus liberadores. ¿Legal, este gobierno violador de todas las leyes divinas y humanas? ¿Rebeldes, quienes se han levantado contra su dominación abyecta y sangrienta? ¡Casi tanto como las legiones de san Miguel contra las hordas de Satán! La gloria de Franco es inmortal. ¡Ojalá Francia pueda encontrar a alguien como él si fuera amenazada por el mismo peligro!».

Pero el más insigne amigo francés de los vencedores de la guerra española fue el mariscal Philippe Pétain, que coincidió por primera vez con Franco con motivo del desembarco de Alhucemas en septiembre de 1925, en el que ambos participaron. Por su destacado papel al mando de la Legión, el joven coronel Franco, de treinta y tres años, ascendió a general de brigada y recibió la Legión de Honor francesa.

Durante la guerra española, Pétain, como presidente del Consejo Permanente de Defensa Nacional, se opuso a la intervención que planteó Blum para ayudar a sus camaradas españoles. En febrero de 1939, a un mes del final de la guerra, Francia y Gran Bretaña reconocieron al gobierno de Franco. Con el fin de conseguir que olvidara el apoyo prestado por el anterior gobierno francés al bando perdedor, el nuevo presidente Édouard Daladier consideró que no podía enviar a Madrid mejor embajador que Pétain.

Regresado a París en mayo de 1940 para participar en el gobierno en pleno avance alemán, al anciano mariscal le tocaría la triste misión de manejar el timón de la Francia derrotada desde su gobierno instalado en Vichy y supervisado por Alemania. Franco, en su último encuentro en Montpellier en febrero de 1941, fue uno de los pocos gobernantes que le mostraron amistad hacia su persona y su régimen.

Tras su condena a muerte en 1945, conmutada por cadena perpetua debido a su edad, Franco declaró que, si algún día quedaba en libertad, España ofrecía su hospitalidad a quien había otorgado al caudillo español el título de «la espada más limpia de Europa».

Los músicos de Franco

Los enemigos de Franco suelen menospreciarle recordando que no se trató de una persona particularmente filarmónica. Efectivamente, por la escasa información disponible al respecto, parece que fue así. Pero ninguno de sus sucesores al mando del Gobierno español parece haberse distinguido por su devoción a Euterpe, aunque en estos casos no se utilice como acusación.

Al margen de los gustos artísticos del Caudillo, no fueron pocos los músicos que pusieron sus pentagramas al servicio de la causa rebelde: por ejemplo, guipuzcoano Juan Tellería, compositor de música sinfónica y de zarzuelas. Las obras con las que cosechó más éxito de crítica y público fueron el poema sinfónico La dama de Aitzgorri (1917) y la zarzuela El joven piloto (1934), pero por lo que pasó a la historia fue por ser el autor de la música del Cara al Sol, reutilización de una obra anterior titulada Amanecer en Cegama.

La posteridad no ha sido benévola con un compositor que gozó de considerable celebridad en el primer tercio del siglo XX: en 1972 ETA voló el monumento conmemorativo erigido en su Cegama natal; su música, profundamente vasca la mayor parte de ella, nunca se programa; y ahora están en el proceso de eliminación de la calle con su nombre.

También guipuzcoano fue el jesuita Nemesio Otaño, enemigo personal de Tellería e incluso hostil a un Cara al sol que le pareció un himno demasiado revolucionario y ajeno a la tradición, a diferencia de una Marcha Real efectivamente rechazada por los falangistas por su carácter monárquico. Mientras esperaba la llegada de las tropas nacionales, compuso el himno titulado ¡Franco, Franco!, «en honor al Generalísimo y Caudillo de España».

Tras el triunfo de los suyos, Otaño estuvo al frente del conservatorio de Madrid durante más de una década, dirigió la prestigiosa revista Ritmo y encabezó, junto al pianista José Cubiles y el egregio compositor Joaquín Turina, la recién creada Comisaría General de Música, que desplegó una intensa actividad de propaganda internacional, sobre todo en la Italia fascista y el III Reich.

Aunque en sus años de madurez su fecundidad creativa menguó considerablemente, Joaquín Turina colaboró con la propaganda del régimen poniendo música a algunas películas históricas de la primera posguerra así como al documental del NO-DO Primavera sevillana (1943). También desplegó, junto a su actividad como comisario de la Música, que ejercería hasta su fallecimiento en 1949, una activa labor de crítico. Ya desde sus prebélicos tiempos en el diario católico El Debate se había distinguido por su enemistad hacia las vanguardias de entonces, a las que acusó de deshumanizar la música: «La victoria de nuestros soldados ha barrido, al menos en el ámbito de la música, toda esa confusión», proclamó. El 29 de marzo de 1939, un día después de la entrada triunfal del ejército de Franco en Madrid, Turina regresó a la redacción de El Debate, cerrado por las autoridades republicanas desde el 20 de julio de 1936, para proclamar con euforia: «¡Volvemos a vivir!».

Maestro de Tellería en su juventud, y coautor junto a él del frívolo El cabaret de la academia (1927), había sido el madrileño Conrado del Campo, de gran influencia y renombre internacional. Pasó toda la guerra en Madrid mientras su hijo luchaba en el ejército de Franco. Veterano catedrático del conservatorio madrileño y crítico musical del diario El Alcázar, Conrado del Campo siguió componiendo hasta su fallecimiento en 1953. Entre obras orquestales, cuartetos de cuerda, óperas y zarzuelas, dio a luz en 1944 Ofrenda a los caídos. Poema sinfónico de la Guerra Nacional, con evidentes referencias a la letra del Cara al Sol y texto recitado de José María Pemán.

También puso su música al servicio del bando rebelde Ernesto Halffter, que al estallar la guerra se encontraba en Lisboa becado por la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Algunas semanas después envió una carta a la Junta Nacional de Burgos:

«Adherido con todo el entusiasmo al movimiento nacionalista, me ofrezco para lo que ese Gobierno quiera utilizarme dentro de mis posibilidades. Aguardando sus órdenes, continuaré entretanto aquí dedicado a mi labor, que es también una forma de servir a la Patria».

Tanto él como su mujer portuguesa colaboraron con la propaganda del bando nacional en el país vecino. Y en 1937, inspirado por la célebre Noches en los jardines de España de su maestro Manuel de Falla, compuso Amanecer en los jardines de España, breve pero notable partitura cuyo título hacía obvia referencia al último verso del Cara al Sol y cuyos derechos cedió en beneficio del ejército de Franco. Tras una inquietante introducción que simboliza la República, en su desarrollo se entrecruzan el Himno nacional, el Cara al sol, el Oriamendi y el Himno de la Legión, unificando así musicalmente las principales fuerzas políticas del alzamiento con la nación y el ejército.

Otro destacado apologista musical de Franco fue el barcelonés Antoni Massana y Bertran, que puso su musa al servicio del régimen del 18 de julio con obras sinfónico-corales como ¡Arriba España!, Despliega tu bandera, Dios y patria, Elegía azul, Cruzados del Señor, Marcha Imperial, Y el Imperio volvía, Marcha fúnebre a los caídos y Cantata a Cristo Rey, cuidadosamente ausentes del artículo a él dedicado en la Gran Enciclopedia Catalana.

El caso más singular fue, sin duda, el del mayor compositor español del siglo XX, Manuel de Falla. Afincado en París durante los primeros años del siglo, decidió regresar a España al estallar la Primera Guerra Mundial. Tanto él como su hermano pensaron enrolarse en el ejército francés «por lo mucho que debemos (y yo sobre todo) a esta querida tierra de Francia», pero acabaron desistiendo por no dejar a sus padres y hermana sin medios de subsistencia. Esta francofilia volvería a representar un papel importante en los últimos años de su vida, esta vez a causa de la Segunda Guerra Mundial.

Fervoroso católico y totalmente ajeno a la política, se asombró y alegró de que la Segunda República, cuya proclamación consideró revolucionaria, hubiese llegado en paz y tranquilidad. Pero no tardaría en desencantarse. Ante las primeras violencias anticatólicas de mayo de 1931, él y otras personas distinguidas de Granada enviaron el siguiente telegrama al presidente Alcalá-Zamora, también católico:

«Grupos no numerosos han estado dos días cometiendo en la ciudad toda clase de sacrilegios, atropellos a domicilios religiosos e insultos a sus personas, sin eficaz intervención autoridades. A V. respetuosamente, como representante supremo Poder, acudimos con nuestra información y nuestra indignada protesta».

En enero de 1932 el Gobierno decretó la retirada de los crucifijos de las escuelas, lo que provocó que Falla escribiera a su amigo Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública, lamentando la ofensiva anticristiana y que no se tuviera con la fe de los católicos, tan mayoritarios en España, «el mismo respeto que se concede a la de los moros y judíos de Marruecos». E incluso se permitió la ironía de preguntarle si, ya que se proponía crear un Instituto de Estudios Árabes, acaso fuese a prohibir que en él se estudiase el Corán. Dos meses después rechazó un homenaje que pretendió ofrecerle el ayuntamiento de Sevilla con el argumento de que si a Dios se le había retirado oficialmente todo homenaje, ¿cómo podría él, su humilde criatura, aceptar uno?

En las elecciones de febrero de 1936 la candidatura de derechas, por la que votó Falla al igual que en 1933, venció en la provincia de Granada. Como en otros lugares de España, los izquierdistas se movilizaron tan ruidosa y violentamente que consiguieron que el Congreso anulara las elecciones y acordara una segunda vuelta que arrojó el resultado opuesto. Y por el camino quedaron los incendios y saqueos del teatro Isabel la Católica, varias iglesias y conventos, los talleres del periódico de la CEDA, cafés, fábricas y comercios, el club de Tenis, las sedes de Falange y de Acción Popular y numerosas viviendas privadas. En esta ocasión, Falla dirigió a su viejo conocido Manuel Azaña, nuevo presidente de la República, una carta que nunca recibió respuesta:

«Mi muy distinguido amigo: Quiero manifestarle un vivísimo anhelo, en el que participan muchos miles de españoles: que veamos el final de esta etapa de amargura que sufrimos los cristianos de España a causa de la destrucción de nuestros templos, de las inmundas blasfemias públicas y colectivas —comenzando por los ultrajes más horrendos al Santo Nombre de Dios, venerado hasta ahora en todos los siglos y por todos los pueblos cultos e incultos de la tierra—, y del martirio de personas que han consagrado su vida a la caridad. Por eso yo suplico, no solo al presidente de la República sino a la persona de tan fina sensibilidad literaria que siempre he considerado como amigo, que nos ayude en este trance sirviéndose de su autoridad suprema. Con tal esperanza le dirijo esta carta, la única que desde hace mucho tiempo escribo, a causa de una grave enfermedad, ocasionada por todos esos sacrilegios y sucesos, que ha puesto en peligro mi vida. Y esté usted absolutamente seguro de que le hablo solo como católico, con independencia de todo interés político (que nunca he tenido) o puramente humano, cuya mezcla con la religión me ha parecido siempre reprobable».

Pero tampoco se abstuvo de criticar los que consideró errores ideológicos provenientes del otro lado. El 8 de julio, cinco días antes del asesinato de Calvo Sotelo, envió una carta a Ramiro de Maeztu en la que le expuso su opinión sobre cómo contrarrestar la revolución que se estaba desatando en aquellos precisos días:

«El único remedio que tenemos contra ella es, no una contrarrevolución de tipo conservador, que mantiene incluso lo execrable, por ser seguro, sino otra revolución más profunda y alta, guiada por el amor que debemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos».

Y estalló la guerra. Y comenzaron a caer amigos suyos en ambos lados. Muy cerca de él, y a pesar de sus intentos de intercesión, García Lorca fue asesinado por los nacionales. Y en Fuenterrabía, su mejor amigo, el diputado conservador Leopoldo Matos, corrió la misma suerte a manos de los republicanos. Deprimido y encerrado en su casa granadina, enfermó de consideración y sufrió desnutrición durante meses.

Pero, a pesar de todo, la defensa de la religión por parte de los alzados fue el factor clave para que Falla se alineara con ellos. Obsesionado con la evitación de muertes innecesarias, el 18 de septiembre escribió a su amigo y paisano José María Pemán para rogarle que mediara ante las autoridades en aquellos momentos de furia bélica:

«Ya sé que en estos momentos, siendo tantos y tan horrendos los crímenes que determinaron el actual movimiento salvador de España, la serenidad de juicio se hace a veces dificilísima; pero por eso mismo creo de obligación estricta para los cristianos que insinuemos nuestros temores y amarguras a quienes, por el cúmulo de graves responsabilidades y preocupaciones, se ven a veces fatalmente obligados a recurrir a procedimientos expeditivos que en tiempos normales no pondrían seguramente en práctica».

Un mes más tarde escribió al general Queipo de Llano para felicitarle por «la espléndida hazaña de julio con la que inició Vd. en España su movimiento salvador» y para pedir a Dios que «el santo grito de Viva Cristo Rey, que tantos mártires lanzan al morir, tenga fecunda eficacia en el convencimiento y en las obras de los cristianos españoles que aún vivimos. Esto es: que el divino Evangelio de justicia, de amor y de misericordia sea puesto en práctica». Y en sucesivas cartas a Pemán manifestó su alegría por la «felicísima reconquista» de Málaga así como su deseo de que el ejército de Franco no tardase en tomar Madrid.

En 1937, ante la insistencia del general monárquico Luis Orgaz de dotar al ejército nacional de un nuevo himno, arregló el Canto de los almogávares de la ópera Els Pirineus de su maestro Felipe Pedrell. El proyecto, titulado Himno Marcial, cayó pronto en el olvido a pesar de la letra escrita por Pemán.

El 1 de febrero de 1938 el servicio de prensa del Gobierno de Burgos en Londres publicó la siguiente declaración de Falla, titulada My hope (Mi esperanza), reproducida un mes más tarde en la revista francesa Occident:

«Aunque me encuentro al margen de toda política, y a pesar del dolor intenso que me causa cualquier guerra, celebro el alzamiento nacional de España con la esperanza de que no tengamos que seguir sufriendo las blasfemias gritadas en nuestras calles, las destrucciones y sacrilegios perpetrados en nuestras iglesias y cementerios, el saqueo de nuestras bibliotecas, la destrucción de nuestros antiguos tesoros artísticos, el martirio de los ministros y servidores de Dios, todo ello cometido con el satánico propósito de arrancar de la conciencia del hombre la esencia eterna de su origen divino. Esto es lo que yo siento y digo con toda la convicción cristiana que me impele a situar a Dios por encima de todo y a esperar, con deseo ardiente, la llegada del día en el que España y todas las naciones merezcan los dones inmensos de la verdadera paz, de la clemencia y de la justicia y gracia de Dios».

El 1 de abril de 1939 concluyó por fin la guerra española, pero los tambores de guerra en Europa sonaban más fuertes cada día. Al francófilo Falla le desesperó que Francia volviese a estar en guerra contra Alemania y temió que España pudiese acabar participando. Con una guerra había tenido suficiente. Además, él y su hermana estaban pasando por una temporada de estrecheces económicas a causa de su escasez productiva, agravada por las muchas penalidades de la posguerra. Invitado por la Institución Cultural Española de Buenos Aires a dirigir una serie de conciertos en el teatro Colón, el estallido de la Segunda Guerra Mundial a principios de septiembre le convenció para abandonar suelo europeo un mes más tarde. El crítico musical Federico Sopeña recordaría cuarenta años más tarde que «soy testigo de excepción de la preocupación de Turina por Falla, no exiliado, pero tampoco dispuesto a volver a una Europa con Francia derrotada».

Se instaló en Alta Gracia, localidad serrana de la provincia de Córdoba en la que supuso que mejorarían sus achaques respiratorios. El Gobierno de Franco, deseoso de que Falla regresara a España, le prometió una renta vitalicia y le concedió honores como la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, pero su frágil salud y el miedo a la guerra acabarían atándolo a una Argentina de la que no regresaría con vida.

Concluida la guerra mundial, recibió del Gobierno de Madrid una última propuesta de regreso, que le fue transmitida por el viejo dirigente catalanista Francesc Cambó, vecino suyo en Alta Gracia. Así le respondió:

«Aunque tan honrado como agradecido por sus ofrecimientos en nombre del Gobierno, sigo pensando como hasta ahora he pensado en cuanto se relaciona con mi regreso a España, o sea que por la tranquilidad que exigen el delicado estado de mi salud y la posible eficacia de mis trabajos de música, debo esperar, para mi tan deseado regreso a nuestra patria, a que en Europa comiencen siquiera a estabilizarse las cosas».

En los últimos meses de su vida prestó especial atención a los debates sobre España en la ONU y a las propuestas de varios gobiernos —sobre todo México, Francia y, naturalmente, la URSS— para intervenir militarmente con el propósito de arrojar a Franco del poder. Además, la aparición de la bomba atómica le había convencido de que la Humanidad no tardaría en autodestruirse.

El 14 de noviembre de 1946, Manuel de Falla expiró en tierra argentina sin haber podido terminar su Atlántida, que quedaría en manos de su discípulo Ernesto Halffter. Ocho décadas más tarde, algunos autores sostienen que Falla huyó de la España de Franco. Andrés Trapiello, por ejemplo, ha afirmado en Las armas y las letras que «el ferviente católico Falla, al término de la guerra, se exilió en Argentina y no volvió nunca a pisar suelo español, poniendo tierra y mar de por medio con aquellos asesinos que debía de considerar escasamente cristianos».

Pero mientras la vida de Falla se apagaba en la otra orilla del Atlántico, en España comenzaba a ascender la estrella del compositor que habría de sustituirle al frente de la música española: Joaquín Rodrigo. Nacido en Sagunto en 1901 y ciego desde los tres años a causa de la difteria, no fue hombre de preocupaciones políticas. En las primeras elecciones republicanas (junio de 1931), de listas abiertas, votó, como explicó por carta a su novia y futura esposa, a las personas que le parecieron más adecuadas con independencia de a qué partidos representasen, si bien dejó traslucir desprecio a los monárquicos y rechazo a los socialistas:

«He votado a los más inteligentes sin preocuparme a qué partido pertenecen y con tal forma que han resultado dos de derechas, uno del centro y dos de izquierda (…) Todos son republicanos. Ya no hay monárquicos. Han desaparecido por el escotillón de la intransigencia los unos, y los otros por la falta de ideales marchándose al sol que más calienta. No, no he votado a los socialistas, no acaba de gustarme su programa (…) Por otra parte, yo no voto nunca a los partidos ni a las ideas, voto a los hombres. Y solo me interesan cuando son buenos, honrados, inteligentes y fuertes».

Cuando estalló la guerra, Rodrigo se encontraba en París, donde había estado formándose musicalmente con el influyente maestro Paul Dukas durante varios años. Su elección política quedó clara cuando aceptó participar en el curso de verano de 1938 de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, donde se concentró la cúpula intelectual de la España nacional, mayoritariamente falangista. Sus tres conferencias, con el título conjunto de «La música instrumental en las cortes imperiales de España», encajaron muy bien con un falangismo exaltador de la España del siglo XVI como modelo para el nuevo Estado.

De regreso hacia París, cenando en San Sebastián con el marqués de Bolarque y Regino Sainz de la Maza, el ilustre guitarrista y activo falangista le lanzó el reto de componer para él un concierto para guitarra. Rodrigo, animado por un par de copas de Rioja, recogió el guante.

En junio del año siguiente, ya concluida la guerra de España, participó, junto al gran pianista Ricardo Viñes, intérprete reverenciado por sus amigos Ravel y Debussy y dedicatario de las Noches en los jardines de España de Falla, en un concierto organizado por la embajada española en París a beneficio de los niños víctimas de la guerra. Y el 3 de septiembre, dos días después de que los tanques alemanes entrasen en Danzig, el compositor y su esposa pianista cruzaron la frontera francoespañola con escaso equipaje y una partitura: el Concierto de Aranjuez. Gracias a sus contactos en las altas esferas no tardó en conseguir los puestos de asesor musical de Radio Nacional, profesor del conservatorio y crítico musical del diario Pueblo.

El estreno del Concierto de Aranjuez tuvo lugar en Barcelona el 9 de noviembre de 1940, seguido de sendas interpretaciones en Bilbao y Madrid en las semanas siguientes. Su éxito fue inmediato y procuró a su autor una fama mundial que le acompañaría toda la vida. Por otro lado, el hecho de que se tratase de un concierto para guitarra tenía un especial significado en aquella España posbélica en la que se la exaltaba como el instrumento definitorio de la tradición musical española, heredera de la vihuela de los siglos imperiales. Además, tanto este concierto como otros posteriores encajaban en la corriente castellanista que identificaba el folclore y el carácter castellano como lo genuinamente español frente al estereotipo andalucista que hasta el gaditano Falla, autor de partituras andaluzas tan sobresalientes como La vida breve o El amor brujo, había abandonado en la década de los veinte para acercarse a los modos y referencias castellanas (El retablo de Maese Pedro, Concierto para clave). El propio Rodrigo acuñó el término neocasticismo para definir esta manera de entender la música española.

El concierto también conoció el éxito tras su estreno en varios países amigos del nuevo régimen como Alemania, Portugal y Argentina. Y tras él llegaría el segundo éxito de Rodrigo: su Concierto heroico para piano y orquesta, inspirado por las ruinas de su natal Sagunto. Estructurado en cuatro movimientos representados respectivamente por la espada, la espuela, la cruz y, finalmente, por el laurel como símbolo de la victoria, consiguió el Premio Nacional de Música de 1942.

El más activo embajador de la música de Rodrigo fue, como es natural, el dedicatario del Concierto de Aranjuez, Regino Sainz de la Maza, que en julio de 1936 se encontraba de gira por América. A su regreso a España, puso su guitarra al servicio de Falange dando conciertos a beneficio del Auxilio Social, y como crítico musical de ABC desplegó una activa labor difusora de las concepciones estéticas del nuevo régimen. En sus recitales incluyó a menudo sus propias transcripciones de la música de los vihuelistas de los siglos XV y XVI y definió la guitarra como la reencarnación de la vihuela en el siglo XX. Así, mientras el régimen de Franco revivía la España imperial, él, con su guitarra, era el encargado de revivir la música de aquella época modélica.

El otro gran guitarrista de aquellos días, Andrés Segovia, que se definió a sí mismo como liberal y republicano, tuvo que escapar de Barcelona para salvar su vida ante las milicias comunistas que saquearon su casa. Así se lo explicó por carta a un amigo:

«Hemos pasado emociones y tristezas sin cuento durante los días de la revolución en Barcelona. Hablarte de los horrores que hemos presenciado sería renovar nuestra desesperación (…) Tuvimos que escapar en un barco italiano que nos condujo a Génova (…) Mi casa de Barcelona, con mi biblioteca, música, tapices, grabados, cuadros, plata abundante, recuerdos de Extremo Oriente, joyas, etc., ha sido, según la expresión de un pariente que nos comunicó veladamente la noticia, limpiada. Los cofre-forts del Banco, abiertos y despojados. De modo que nos hemos quedado sin nada, absolutamente sin nada».

Desde su residencia ginebrina declaró su adhesión al bando rebelde:

«Me enorgullezco de estar entre los artistas españoles, amantes de su patria, que han jurado su adhesión, desde los primeros días de la lucha, a la noble cruzada nacionalista. Por fidelidad a las gloriosas tradiciones de nuestra civilización, que tan profundamente ha influido siempre en los destinos humanos, por un verdadero amor al pueblo cuya frágil credulidad han explotado los políticos sin conciencia a sueldo de Rusia, por una esperanza firme en el porvenir de nuestra grande España devuelta, gracias a la victoria, al irresistible poder de sus valores seculares, todos debemos ayudar a la victoria nacionalista. Este triunfo enriquecerá el tesoro espiritual de nuestra época y, mañana, las naciones más lejanas y más hostiles nos lo agradecerán. Seamos dignos de la noble misión que la patria nos confía, y que cada uno, según sus medios, la cumpla sin miedo y sin falta».

A pesar de las dificultades propias de la posguerra, la producción musical española, sobre todo la sinfónica y concertística, experimentó en la década de los cuarenta una reactivación extraordinaria tanto en cantidad como en calidad. Tras las fructíferas décadas iniciales del siglo XX, dominadas por las figuras de Albéniz, Granados, Turina y Falla secundados de lejos por un Grupo de los ocho que se dispersaría por la guerra, los agitados años republicanos habían sumido la música española, con pocas excepciones, en un silencio del que emergería con la paz: Castilla (1938) de Jesús Arámbarri; conciertos de Aranjuez (1940), heroico (1942), de estío (1944) e in modo galante (1949) de Rodrigo; Rapsodia portuguesa (1940) de Ernesto Halffter; Diez melodías vascas (1941) y Sinfonía pirenaica (1946) de Jesús Guridi; y Cinco canciones negras (1949) de Xavier Montsalvatge. A lo que habría que añadir, ya en 1957 y desde el exilio parisino, el magnífico Concertino para guitarra y orquesta de Salvador Bacarisse, estéticamente tan cercano a su modelo el Concierto de Aranjuez.

IV
JAQUE AL REY

Vaporizando a Franco

La falsificación del pasado con fines políticos no se ha inventado hoy. «El que controla el pasado, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado». Ese era el eslogan del Ingsoc, el Socialismo Inglés, omnipotente partido que gobernaba el mundo de pesadilla que imaginó George Orwell en su 1984. Para eliminar cualquier hecho que contradijese la ideología del Ingsoc, el omnipotente Ministerio de la Verdad empleaba la técnica de la vaporización, es decir, su eliminación de cualquier lugar, registro o medio que pudiese recordar su existencia a un pueblo que de este modo quedaba condenado a opinar lo que el poder decidiese en cada momento.

A lo largo de la historia la izquierda ha practicado la vaporización con singular dedicación. Muy interesante fue, por ejemplo, lo sucedido en la Alemania recién derrotada de noviembre de 1918, pues con millones de soldados regresando desde el frente, millones de civiles pasando hambre y frío, millones de parados, carreteras colapsadas, manifestaciones, desmanes, revolución y caos general, los gobernantes socialdemócratas dedicaban su tiempo a establecer por decreto los contenidos políticamente correctos que debían impartir los profesores en las aulas. Obligaron a destruir la literatura que pudiese ser considerada belicista, dieron instrucciones sobre lo que se debía enseñar acerca de las causas y los culpables de la guerra y establecieron un sistema de selección de los profesores según su ideología política.

En la misma línea, la izquierda española lleva cuatro décadas obsesionada con el borrado de cualquier recuerdo del régimen político surgido de su fracaso en la Segunda República y su derrota en la Guerra Civil. La iniciativa de cambiar el callejero es solo una más, lógica consecuencia de la Ley de Memoria Histórica. Pero el objetivo perseguido tiene bastante más enjundia que el cambio de los nombres de las calles: la construcción de una historia oficial en la que la derecha quede eternamente condenada por su maldad y la izquierda aparezca, virginal, como la eterna portadora del bien, la verdad y la belleza.

Para ello hay que condenar al olvido a cualquier persona manchada por el contacto con el mal absoluto: el régimen de Franco. Y así se encuentran hoy en el punto de mira insignes figuras de la política, la ciencia, las artes y las letras como, entre otros muchos, Calvo Sotelo, Juan de la Cierva, Foxá, Cunqueiro, Turina, Concha Espina, Jardiel Poncela, Marquina, d’Ors, Gerardo Diego, Maeztu, Muñoz Seca, Dalí, Pla, Gómez de la Serna, Manuel Machado y Miguel Mihura.

El disparate tiene varias facetas. La primera, el hecho de que dichas personas fueron recordadas en calles y monumentos, no por su colaboración con el régimen del 18 de julio, sino por la importancia de su obra. La segunda, el pequeño matiz de que ni Calvo Sotelo, ni Maeztu ni Muñoz Seca tuvieron siquiera la oportunidad de llegar a ser franquistas: los republicanos los asesinaron antes. La tercera, el agradecimiento debido a los purgantes por tan hermosa muestra del páramo cultural franquista provocado por el exilio de la intelectualidad española debido a su rechazo a un régimen apoyado solamente por militares, curas y marquesas y bla, bla, bla.

Por otro lado, no se comprende bien que estas personas, como el propio Franco, deban desaparecer de las calles por su vinculación a un régimen nacido de un golpe de Estado, pues tan golpistas como Franco lo fueron Prieto y Largo Caballero y sin embargo sus estatuas siguen adornando los Nuevos Ministerios madrileños.

Si tanto interés hay en eliminar todo vestigio del régimen anterior, convendría no olvidar que el más importante de todos es la actual Monarquía constitucional, última y más sólida consecuencia de la derrota republicana de 1939.

De modo que quienes, de espaldas a los problemas reales de los ciudadanos, deseen actuar con coherencia en estos anacrónicos menesteres, mejor que andar cambiando nombres de calles lo que deberían hacer es exigir el exilio del rey y la proclamación de la república. Así no perderían su tiempo y no nos lo harían perder a los demás con estas bobadas.

¡Qué breve es la perpetuidad!

El 22 de noviembre de 1975 tuvo lugar el primer acto de S. M. el rey Juan Carlos I como tal. Se trató, naturalmente, del que suele denominarse Discurso de la Corona. En él glosó así la figura de su antecesor, a cuya voluntad debía el trono:

«Una figura excepcional entra en la Historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la Patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien, como soldado y estadista, ha consagrado toda la existencia a su servicio».

Para completar el homenaje, pocos días más tarde firmó un Decreto (3269/1975, de 5 de diciembre) cuyo artículo único rezaba lo siguiente:

«En todos los escalafones de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire figurará en cabeza, en lo sucesivo y a perpetuidad, el excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde, Generalísimo y Capitán General de los Ejércitos, seguido de la frase Caudillo de España».

Salta a la vista la nula influencia que dicha perpetuidad ha ejercido en la vida política española durante estas cuatro décadas, caracterizada en buena medida por la incesante denigración de todo lo que tuviera que ver, de cerca o de lejos, con el régimen franquista. Lo cual no deja de ser chocante si se tiene en cuenta que, en el mencionado Discurso de la Corona, Juan Carlos I recordó que su título de rey de España le había sido conferido por «la tradición histórica, las Leyes Fundamentales del reino y el mandato legítimo de los españoles». Retórica aparte, está claro que apelar en noviembre de 1975 al mandato legítimo de los españoles carecía totalmente de sentido: el pueblo español no había expresado ningún mandato puesto que todavía había de transcurrir un año para el referéndum sobre la reforma política y dos para las primeras elecciones. En cuanto a la tradición histórica, de nada habría servido sin la voluntad personal de Franco de ignorar al heredero, el hijo de Alfonso XIII, y designar como sucesor a su nieto. Por lo tanto, la única causa eficiente de su ascenso al trono fue, efectivamente, las Leyes Fundamentales del reino, es decir, el Estado nacido como consecuencia del alzamiento del 18 de julio de 1936, sin el cual él nunca habría sido rey.

Perpetua ha sido, efectivamente, la demonización del régimen de Franco y sus supuestos herederos —una UCD y un PP inexistentes en 1936— y la santificación de la Segunda República y sus efectivos herederos —los partidos socialista y comunista, que sí existían en aquellos días y, por supuesto, los separatistas—. La izquierda no ha perdido oportunidad de proclamar la intrínseca perversidad de la derecha y la paralela condición de la izquierda de virgen inmaculada de la historia, lo que indudablemente ha ido calando en las nuevas generaciones con la subsiguiente hegemonía ideológica y electoral. Y la segunda consecuencia de este pueril esquema de buenos y malos ha sido la perpetua alianza entre la izquierda y los separatistas, compañeros de antifranquismo, así como la simpatía que la izquierda ha sentido durante décadas por unos etarras a los que consideraba aguerridos combatientes contra Franco a pesar de que cometieran la inmensa mayoría de sus crímenes después de su fallecimiento y con la Constitución ya aprobada.

Ante ello la Corona ha guardado perpetuo silencio, solo superado por la indigencia intelectual y la cobardía de una derecha incapaz de recordar al PSOE y los separatistas su golpe de 1934 y su corresponsabilidad en el enfrentamiento de 1936.

Pero lo más importante ha sido la perpetua incapacidad de la Corona y de la derecha para recordar a los incansables revanchistas izquierdistas y separatistas que la Constitución de 1978, que ellos aprobaron con entusiasmo, significó precisamente el cierre de los enfrentamientos civiles del pasado para conseguir la reconciliación. Pero dicha reconciliación, aunque entonces la fingieran, ni los separatistas ni buena parte de los dirigentes izquierdistas se la creyeron. Y aunque se la creyesen, ya se están encargando las nuevas generaciones, atiborradas de mito antifranquista, de reavivar antiguos rencores.

Aunque algunos sigan sin enterarse de ello, las perpetuas mentiras tienen consecuencias. Y el perpetuo silencio ante las mentiras, también.

Apología de Franco

Ya que la intención del Gobierno socialcomunista es acabar con la libertad de expresión consagrada en la Constitución criminalizando las opiniones que no sean de su agrado, aportemos aquí nuestro granito de arena sobre el gran coco que les sigue quitando el sueño pero sin el que tampoco podrían vivir: Francisco Franco. Porque si Sánchez, Iglesias y Garzón, desde sus sillones en un gobierno de la Monarquía, pueden defender las bondades de la República como régimen del pasado y como proyecto para el futuro, ¿acaso los artículos 14.o y 20.o de la Constitución no ampararán a los delincuentes del pensamiento que deseen hacer lo propio con Franco y su régimen?

Comenzando por su condición de militar, qué mejor que recordar las palabras que el egregio socialista Indalecio Prieto, futuro enemigo suyo, le dedicó en su muy glosado mitin en Cuenca el 1 de mayo de 1936:

«No he de decir ni media palabra en menoscabo de la figura del ilustre militar. Le he conocido de cerca cuando era comandante. Le he visto pelear en África, y para mí, el general Franco, que entonces peleaba en la Legión a las órdenes del hoy también general Millán-Astray, llega a la fórmula suprema del valor, es hombre sereno en la lucha. Tengo que rendir este homenaje a la verdad».

La guerra que iba a estallar dos meses después daría la razón a Prieto: sin las principales ciudades e industrias, sin la flota, sin dinero, sin el gobierno, sin representación exterior, con casi nada, Franco ganó paso a paso una guerra que parecía imposible de ganar. Sus enemigos dicen de él que era tonto, ignorante y un mal militar. Asombrémonos, pues, de cuán listos, ilustrados y excelentes militares fueron los que, teniendo todo a su favor, se dejaron vencer por aquel tonto.

Tan tonto y tan mal militar fue que consiguió aunar las voluntades de quienes, en su bando, sostuvieron posiciones políticas no solo diferentes, sino enfrentadas: monárquicos alfonsinos, carlistas, falangistas, liberales, conservadores, católicos, anglófilos, germanófilos, partidarios de la reinstauración monárquica, partidarios de la república nacionalsindicalista, partidarios de entrar en la guerra mundial junto al Eje, partidarios de entrar junto a los aliados, partidarios de la neutralidad… Exactamente lo contrario de lo sucedido en un bando republicano que se desangró en continuas luchas intestinas.

Tan tonto y tan mal militar fue que, a pesar de su cercanía ideológica con Italia y Alemania, a pesar de la deuda que con ellas tenía por su ayuda en la guerra española, y a pesar de sus fulgurantes victorias de los primeros tres años, consiguió maniobrar para no entrar en una guerra que, como le explicó en Hendaya a un enojado Hitler, previo imposible de ganar contra la tenaza soviético-anglosajona, de potencia humana y material muy superior a la del Eje. Acertó.

Tan tonto y tan mal militar fue que en 1965 advirtió a Lyndon B. Johnson de que los Estados Unidos iban a perder la recién estallada guerra de Vietnam por la guerra de guerrillas en la jungla, la dispersión y ocultamiento del enemigo, el apoyo de la población local, la ineficacia de las armas convencionales y la complicada situación internacional. «Es preciso no perder de vista estos hechos —resumió Franco al presidente norteamericano—. Las cosas son como son y no como nosotros quisiéramos que fueran. Se necesita trabajar con las realidades del mundo nuevo y no con quimeras». Volvió a acertar.

Siete años antes, en 1958, el periodista Serge Groussard le había entrevistado para Le Figaro. Hablaron largamente de la guerra española y de la mundial, de Mussolini, Hitler, Salazar, Pétain y otros dirigentes, de ideología, de economía y de política tanto española como mundial. Al terminar, Groussard le confesó a Franco:

«Excelencia: en 1938 traté de alistarme en las tropas republicanas, y a última hora no pude hacerlo porque solo tenía diecisiete años. No han variado, de entonces acá, mis sentimientos. Si la historia pudiese empezar de nuevo, en las filas de los republicanos españoles trataría yo, hoy todavía, con toda mi alma, de luchar. Y dando esto por sentado, he comprendido, en el curso de esta entrevista, que es usted un hombre digno de estimación. Para mí es un deber decírselo; es un sentimiento de honor».

La certera visión a largo plazo de Franco quedó demostrada, por ejemplo, en la ocasión en la que Nixon, interesado en preservar el orden en el Mediterráneo, envió a Vernon Walters a sonsacarle su opinión sobre lo que podría suceder en España cuando él faltara. Así lo relató Walters al ABC el 15 de agosto de 2000:

—Yo he creado —dijo Franco— ciertas instituciones que nadie piensa que funcionarán. Están equivocados. El príncipe será rey, porque no hay alternativa. España irá lejos en el camino que desean ustedes, los ingleses y los franceses: democracia, pornografía, droga y qué sé yo. Habrá grandes locuras, pero ninguna de ellas será fatal para España.

—Pero, mi general, ¿cómo puede usted estar seguro?

—Porque yo voy a dejar algo que no encontré al asumir el gobierno de este país hace cuarenta años.

Yo pensé que iba a decir las Fuerzas Armadas, pero él dijo:

—La clase media española. Diga a su presidente que confíe en el buen sentido del pueblo español. No habrá otra guerra civil.

Pero pasemos a apuntar brevemente algunos detalles del régimen franquista sobre los que quizá merezca la pena reflexionar. Por ejemplo, el hecho de que la estructura del Estado de derecho del que, según la Constitución, hoy disfrutamos se levantara durante el régimen de Franco: Ley de bases de régimen local (1945), Ley de régimen local (1950), Ley de expropiación forzosa (1954), Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (1956), Ley de régimen jurídico de la administración del Estado (1957), Ley de procedimiento administrativo (1958), Ley de régimen jurídico de las entidades estatales autónomas (1958), Ley de funcionarios civiles del Estado (1964), Ley de contratos del Estado (1965), etc.

O el hecho de que el nivel de preparación de los ministros franquistas fuera estratosférico en comparación con los analfabetos que nos gobiernan desde hace décadas, empezando por un Adolfo Suárez, conocido por sus innatas dotes de trepador, que presumía de no haber leído nunca un libro y que, en comparación con nuestros ministros actuales, pasaría por un Aristóteles.

O el hecho de que el nepotismo, tara ausente del régimen franquista, sea consustancial al actual, con el vicepresidente Iglesias y la ministra Montero, esa nulidad, como suprema manifestación. Ningún gobernante franquista enchufó a su mujer en ningún gobierno, mientras que los enchufes de hoy, en todos los niveles, son incontables.

Paralelamente, los gobernantes franquistas se caracterizaron por la austeridad de su ejercicio y las retribuciones ridículas en comparación con el derroche y los sueldazos principescos que cobran los políticos de hoy en todos los niveles. Los recién mencionados marqueses de Galapagar, por ejemplo, aguerridos luchadores comunistas contra los privilegios de la casta política, han ingresado en poco más de un lustro más que Franco en cuarenta años de jefatura del Estado. El dictador, de muy austeras costumbres como es bien conocido, no aprovechó su mando para enriquecerse, lo que habría tenido muy fácil. No podrá presumir de lo mismo su sucesor, que ha amasado una considerable fortuna por medios no siempre claros, lo que amenaza gravemente el futuro de su dinastía.

Continuando con la economía, en 1975 había en España 700 000 empleados públicos para un total de 35,7 millones de habitantes. Hoy, con 47,3 millones, los funcionarios —sobre todo debido a la hipertrofia autonómica— ascienden a 2,6 millones: un ruinoso aumento del 271 % frente a un aumento de población del 32 %.

Dentro del apartado funcionarial merece especial atención el de las fuerzas de orden público: en 1975 guardaban la ley 88 000 policías y guardias civiles. Hoy hay 150 000, a los que hay que sumar 92 000 policías autonómicos y locales. En total, 242 000, el triple que con Franco.

Directamente relacionado con esto, las cárceles de Franco alojaban en 1975 a 14 700 delincuentes; cuatro por cada diez mil habitantes. Los 50 000 actuales representan casi once presos por cada diez mil habitantes, cerca del triple que durante el régimen franquista. Y eso, pasando por alto que en 2009 se alcanzó la cifra de 74 000 reclusos —cinco veces más que con Franco— y que la actual cifra es la consecuencia de la impunidad de muchos delitos, la inaplicación de la ley y las políticas de reinserción que ponen en la calle anticipadamente a miles de delincuentes que en muchos casos continúan con su actividad criminal. En resumen: muchos más policías y muchos más presos que con Franco: curioso contraste entre un régimen dictatorial y uno democrático.

Por lo que se refiere a la economía, apartado que por sí solo daría para otro libro, quedémonos con la evidencia de que durante las cuatro décadas de régimen franquista España experimentó la transformación económica y sociológica que los países más avanzados de Europa occidental habían experimentado en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX: el paso de sociedad rural y agrícola a urbana e industrial, con todas las enormes consecuencias que ello supuso. Solamente dos cifras para comparar: la primera, el paro del 3,7 % en 1975 frente al 16,2 % actual; y la segunda, la deuda pública del 7,3 % del PIB en 1975 frente al 120 % de hoy. Constatar estas cifras al alcance de cualquiera ¿incurrirá en el delito de apología del franquismo?

Pasemos a continuación a asuntos educativos. Quienes, desde la posición de profesor o desde la de alumno, conocieron la formación que se impartió en las aulas de los años franquistas pueden dar testimonio de que de ellas se salía con buena formación. Hoy, salvo los cegados por sus prejuicios ideológicos, es prácticamente universal el clamor contra la destrucción educativa sufrida en España al menos desde la aprobación de la nefasta LOGSE socialista, que ha provocado que los alumnos lleven décadas saliendo de las aulas con una ignorancia que causa bochorno. Por otro lado, el adoctrinamiento totalitario que sufren hoy los niños es incomparable, en duración e intensidad, con la tan denostada Formación del espíritu nacional, asignatura maría a la que se prestó escasa atención. Y la disidencia política de los profesores, mayoritaria en las décadas finales del régimen franquista y generalmente inocua, sufre en el actual régimen democrático implacable persecución, sobre todo en Cataluña y el País Vasco.

En este año de la pandemia es especialmente importante recordar que el sistema sanitario público español, uno de los mejores del mundo en extensión, organización e infraestructuras, es obra del régimen de Franco, jefe del Estado que murió en la cama de un hospital público. Singular contraste con nuestros actuales gobernantes socialistas y comunistas, a quienes «lo público» nunca se les cae de la boca pero que, en cuanto comienzan a padecer los síntomas del coronavirus, corren a la sanidad privada.

En la España franquista todo el mundo tenía que cumplir la ley, tanto los españoles como los extranjeros que desearan instalarse aquí. Ni asalto de vallas, ni agresión a los guardias fronterizos, ni desobediencia a las autoridades, ni pretensión de vivir sin trabajar cobrando todo tipo de subvenciones a costa de los impuestos de los demás. La España actual es un país en el que quien ocupa ilegalmente una vivienda tiene más derechos que el propietario y en el que un inmigrante ilegal, sin haber trabajado nunca, cobra más pensión que un anciano que ha cotizado toda su vida.

Evidentemente, no todo en el régimen de Franco fueron aciertos, empezando por una represión posbélica que no siempre distinguió certeramente entre culpables e inocentes. Uno de sus mayores errores fue su entrega a una Iglesia católica a la que salvó del exterminio y que se lo agradeció dejándole colgado de la brocha a partir del Vaticano II. La enorme influencia eclesiástica, sobre todo en el ámbito educativo, fue causa principal de antipatía hacia el régimen por parte de millones de niños que pasaron por las aulas de entonces, antipatía que sigue activa hoy en día; y lo mismo podría decirse de la injusta legislación sobre el divorcio y el delito de adulterio, evidentemente inspirada por la Iglesia, si bien no muy diferente de la existente en la mayoría de los países europeos. Tampoco acertó en las torpes ofensas a las lenguas regionales proferidas en los primeros años de la posguerra. El que hayan sido muy exageradas por la propaganda separatista no elimina sus devastadoras consecuencias de largo alcance. Otro error del régimen franquista fue su cultivo de los estereotipos de la España cañí, que tanto daño siguen haciendo a la imagen de España por promover el separatismo en el interior y el menosprecio en el extranjero. En cuanto al urbanismo y la protección del patrimonio arquitectónico, el régimen franquista permitió una destrucción inconcebible en otros países europeos y que afeó para siempre ciudades, pueblos y paisajes. Y en nombre del desarrollo y la modernización, construyó unas infraestructuras turísticas que, en muchos casos, son modelo de destrucción del litoral. Finalmente, fracasó gravemente en el desarrollo y la dignificación de inmensas zonas rurales, lo que provocó la emigración y el desarraigo de millones de personas. Muchos de estos errores, por cierto, siguen sin ser resueltos, e incluso se han agravado, en manos de los gobiernos democráticos.

Pero vayamos concluyendo. Los gobernantes franquistas, buscando la reconciliación nacional cuarenta años después de la terminación de la guerra civil, decidieron suicidarse como régimen para traer a España la democracia. Los gobernantes izquierdistas, deseando reavivar el enfrentamiento entre españoles cuarenta años después de la instauración de la democracia, han decidido dinamitar el régimen de 1978 con la colaboración de sus socios separatistas y terroristas.

El régimen de Franco no puso en peligro la existencia de la nación puesto que las instituciones del Estado no trabajaron en contra de la existencia del propio Estado. Hoy el Estado ampara, promueve y financia con el dinero de todos los españoles las instituciones que, como algunos gobiernos autonómicos —y, cada día con más intensidad, el propio gobierno nacional—, se dedican a sabotearle desde dentro.

Cuando Franco murió, España era un Estado fuerte, unido, eficaz, solvente, prestigioso y sin el menor riesgo de fracaso. Hoy, fragmentado en porciones hostiles entre sí, el Estado está tan al borde del derrumbe que cada día aumenta el número de quienes, en el extranjero, consideran a España un Estado fallido.

¿Qué credibilidad va a tener un Estado cuya representación exterior está fragmentada, cuyas partes luchan entre sí, cuyos gobernantes regionales dan golpes de Estado, cuyos gobiernos no defienden el Estado ni ante las instancias internacionales ni ante sus propios tribunales, cuyos gobernantes son socios de legislatura de partidos y bandas terroristas que tienen como objetivo la destrucción del Estado, cuyo inmenso déficit le obliga a depender de la financiación internacional y cuya Corona se tambalea por la acción combinada de las corruptelas del rey emérito y los ataques del Gobierno?

Ante todo esto, no parece difícil deducir que Franco fue un gobernante de gran eficacia y cuyo balance es muy superior al de todos los que vinieron después, desde el monarca hasta el último ministro.

Aunque quizá acabe ante un tribunal por haber escrito esto.

Han caído dos mitos

En este malhadado año del virus respiratorio y la peste monclovita, solo nos faltaba la guinda: la crisis de Estado provocada por el aireamiento de las andanzas erótico-dinerarias del rey emérito, secreto a voces desde hace muchos años y oportunamente destapado durante el gobierno socialcomunista. Porque los dos mitos que han caído con ello han sido la grandeza de Juan Carlos I y la bondad de la Transición.

Respecto al viejo rey, su mítica grandeza descansa, sobre todo, en haber devuelto la democracia a España y haber impedido el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En principio, esto último parece lo más inatacable a pesar de algunas dudas que siguen sin ser aclaradas y que probablemente nunca se aclararán. Pero lo primero es más discutible: los que pusieron a España en el camino hacia un régimen democrático fueron Franco y sus ministros, convencidos ya desde treinta años antes de su muerte de que a España no le cabía otra opción que regresar a un sistema democrático como los de los demás países occidentales. En concreto desde 1943, cuando la batalla de Stalingrado evidenció que los que iban a ganar la Segunda Guerra Mundial eran los aliados. El freno y marcha atrás de la División Azul fue el primer paso hacia la reinstauración de la democracia. Juan Carlos I y Adolfo Suárez se limitaron a consolidar un proceso de democratización abierto mucho antes por el propio régimen franquista. Basta echar un vistazo a lo que Franco explicó a Vernon Walters, enviado de Nixon, sobre la democracia que llegaría a España cuando él faltase.

Respecto a la Transición de la dictadura a la democracia, sigue siendo idolatrada como lo mejor que le pudo pasar a España en aquel entonces, sobre todo debido a una Constitución que debe ser reverenciada por sus éxitos. Y aquí está el error, pues de aquella Transición y de aquella Constitución derivan los males actuales de España, empezando por la delicada situación de la propia Monarquía.

Olvidémonos hoy del bendito Título VIII y de todas las maravillas que de él han derivado, empezando por la utilización totalitaria de las competencias autonómicas para dinamitar el Estado desde dentro. Y que les pregunten a los casi novecientos asesinados por ETA y a sus miles de familiares lo estupenda que fue aquella Transición.

Porque hoy toca centrarnos en la Monarquía y en la persona de Juan Carlos I, designado para la jefatura del Estado por Francisco Franco, lo que debe tenerse muy presente. Pues su legitimidad no arranca de ninguna cadena dinástica, interrumpida y desterrada en 1931, sino de la voluntad del vencedor de la Guerra Civil, que volvió a constituir España como reino pudiendo haberla constituido como república nacionalsindicalista o como le hubiera dado la gana; que pudo haber elegido a otro miembro de otras ramas de la familia Borbón; o que pudo haber dejado el poder en manos de cualquier otra persona en calidad de regente, pasándole así la patata caliente de elegir sucesor a su vez. En resumen: la legitimidad del ascenso de Juan Carlos I al Trono de España arrancó, nos guste o no, del 18 de julio de 1936, como reconoció al jurar su cargo de sucesor en 1969:

«Plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar, como sucesor a título de Rey, lealtad a su Excelencia el jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino. Quiero expresar, en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936».

Hay que recordar esto porque Juan Carlos I cometió el grave error de no pronunciar ni sílaba contra la paulatina demolición de su propia legitimidad mediante la declaración condenatoria del 18 de julio aprobada por unanimidad en el Congreso el 20 de noviembre de 2002, gobernando José María Aznar, la subsiguiente Ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero, y el acelerón guerracivilista del actual gobierno socialcomunista. Las proclamaciones parlamentarias y las leyes tienen consecuencias de largo alcance, tanto jurídicas como políticas. Mientras que la pusilánime y analfabeta derecha nunca se ha enterado de nada, la izquierda lo ha tenido siempre presente, y la ruptura que no pudo conseguir en las elecciones de 1977 y 1979 debido a la victoria de la posfranquista UCD, la acaricia ahora tras cuarenta años de paciente labor de zapa.

Paralelamente, Juan Carlos I no comprendió la fragilidad de una dinastía que, a diferencia de otras europeas muy asentadas, lleva dos siglos sobreviviendo a duras penas entre numerosas guerras dinásticas, revoluciones, exilios, atentados, restauraciones y repúblicas. Por eso debía haber sido siempre impecable tanto en el fondo como en las formas. Pero con su plebeyo campechanismo, sus malos modales —como el grito tabernario a Chávez, tan celebrado en su momento y que, como contraste, dejó a Zapatero como un caballero—, sus peripecias falderas y sus chanchullos comisionistas, lo que ha conseguido es que sean muy pocos los españoles, tanto entre sus muy mimados enemigos como entre sus muy despreciados partidarios, que le tomen en serio a él y, lamentablemente, a la Monarquía.

Porque lo más grave de todo es que el principal perjudicado no es él, sino su hijo Felipe VI, hombre digno y rey de impecable trayectoria institucional que hoy ve su Trono cuestionado por los errores y vicios de su padre. Por no hablar de la lamentable inestabilidad de todo un país al que, aparte de su difícil situación económica y del eterno sabotaje separatista, ahora le toca soportar también que se agriete hasta la forma de Estado. Y los españolitos no podemos refugiarnos de este caos en un palacio con grifería de oro ni en una mansión en el Caribe.

Mi amigo republicano

Yo tengo un amigo republicano. Tan buen amigo que solemos regar nuestras tertulias con güisqui del bueno e incluso nos prestamos mutuamente nuestros libros, esas cosas que han de prestarse todavía menos que las novias. Y tan republicano que lleva a sus espaldas noventa y nueve años de republicanismo, ni uno más ni uno menos.

A mi amigo, a republicano no le gana nadie. Porque cuando Alfonso XIII salió corriendo, mi amigo tenía diez tiernos añitos, y su padre, viejo republicano que le había contagiado la alergia a unos Borbones a los que acusaba de la artrosis de España, salió con él a la calle a llorar de alegría aquel 14 de abril. Mi amigo suele contarme, con una chispa de nostalgia en la mirada, lo que significó para él aquella primavera republicana:

—Solo hubo un día en mi vida en el que sintiera una euforia política más grande que aquel 14 de abril del 31: el 18 de julio del 36.

No se me altere, impaciente lector, que ahora mismo le explica mi amigo esta paradoja:

—¡Qué poco nos duró la alegría! Porque si los Borbones habían sido una tropa de inútiles al menos desde el canalla de Fernando VII, los republicanos los hicieron buenos: el bruto de Indalecio Prieto, el idiota de Alcalá-Zamora, el venenoso de Azaña, el chalado de Companys, la fiera de la Pasionaria, el animal de Largo Caballero… Tenías que ver a sus huestes desfilando por la calle puño en alto. ¡Qué rostros, qué gestos, qué gritos, qué odio…! Y los pocos que valían para algo, Ortega, Marañón y compañía, ya sabes lo que tardaron en arrepentirse.

Así que ambos republicanos, el viejo y el joven, el padre y el hijo, recibieron alborozados a los que, bajo la bandera rojigualda, llegaron para restaurar el orden.

A mi amigo le tocó pasar por el Frente de Juventudes y recibir la educación del nuevo régimen. Inteligente y escéptico, leía —y sigue leyendo— todo lo que caía en sus manos, por lo que, aunque satisfecho con la situación política, el entusiasmo le quedó lejos. Tan lejos que siempre consideró que Franco se mantuvo demasiado tiempo en el poder:

—Tendría que haber dimitido nada más ganar la guerra para dar paso a un régimen republicano serio y ordenado. Inspirado en la ideología falangista o algo similar, naturalmente, pero en manos de civiles que fueran turnándose en el gobierno.

Pasados los años, su prestigio personal y profesional provocaron que el gobernador civil de su provincia le ofreciera la alcaldía de su municipio, pero rechazó la oferta por no tener vocación política. El gobernador le respondió que no hacía falta mucho de eso, sino simplemente ganas de que la administración funcionara con eficacia, ante lo que alegó que prefería seguir centrado en su trabajo. Dada la insistencia del gobernador, sacó la carta que creyó definitiva:

—Además, hay otra cosa: soy republicano.

—Eso no es impedimento —contraatacó el gobernador—. Su ideología me da igual. Lo que cuenta es que un alcalde ha de ser inteligente, honrado y eficaz. Y usted lo es.

Pero no hubo manera de convencerle y siguió ejerciendo su profesión hasta que le llegó la hora de la jubilación.

Se llevó un disgusto el día de 1947 en el que la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado estableció la constitución de España nuevamente en reino, tras el paréntesis abierto en 1931, y previo que el sucesor de Franco sería propuesto por él a título de rey o de regente. Y el disgusto fue todavía mayor cuando veintidós años más tarde, en 1969, el Caudillo designó al príncipe Juan Carlos como su sucesor para cuando él faltase:

—¿Otra vez los Borbones en el trono? ¡Ganar una guerra para esto!

Siguieron pasando los años de una larga vida comenzada durante el reinado de Alfonso XIII y continuada con la República, la guerra, el franquismo y de nuevo la Monarquía. Y ahora le toca contemplar cómo los herederos ideológicos de los vencidos en 1939, rebosantes de un afán de venganza disimulado durante algunas décadas pero ahora remozado, aprovechan las corrupciones privadas de Juan Carlos I para torpedear una Monarquía que perciben como el último resto del franquismo que les queda por dinamitar.

—El español es un pueblo enfermo —lamenta mi amigo—. ¡Para una vez que tenemos un Borbón digno…! Un siglo después se repite la maldición: lo peor de España vuelven a ser los republicanos.

Y esto, precisamente esto, es lo que mi amigo el veteranísimo republicano no perdona a los republicanos Sánchez e Iglesias: que a sus noventa y nueve años le hayan convertido en un ferviente monárquico.

De Domiciano a Juan Carlos I

Tito Flavio Domiciano fue nombrado emperador el año 81. Por la información que nos ha llegado de aquellos días, gobernó en paz con su pueblo y fue bastante eficaz en asuntos económicos, militares y administrativos, pero al mismo tiempo su carácter despótico le ganó muchos enemigos, sobre todo en un Senado paulatinamente privado de poderes. Con su asesinato el año 96, tras quince de reinado, concluyó la dinastía Flavia que había inaugurado Vespasiano treinta años antes.

Tras el nombramiento de Nerva como nuevo emperador, el Senado se vengó decretando la condena de su memoria: sus arcos triunfales fueron demolidos, sus monedas fundidas, sus estatuas destruidas, sus retratos retocados para que representaran el rostro del nuevo emperador, y su nombre eliminado de los registros públicos, como si nunca hubiese existido. E historiadores posteriores, como Tácito y Suetonio, inmortalizaron su recuerdo como un tirano de la talla de Calígula y Nerón.

Catorce siglos habían pasado cuando, en 1491, Luis Vives Valeriola, judío valenciano convertido a la fe católica, pasó por el altar para casarse con Blanquina March Almenara, también judía y también recientemente convertida en aquellos peligrosos años para unos judíos españoles que pocos meses después iban a ser expulsados por los Reyes Católicos. El 6 de marzo del muy histórico año de 1492 nacía en Valencia el que estaba destinado a convertirse en la principal figura del humanismo renacentista español, su hijo Juan Luis Vives.

Nueve años más tarde, en 1501, la Inquisición acusó a Luis padre de seguir practicando ritos judaicos en la sinagoga secreta que regentaba un familiar, si bien fue absuelto y no recibió pena alguna. En 1508 la peste azotó las costas levantinas, y una de sus víctimas fue Blanquina, que falleció a los treinta y cinco años. Pero no se habían acabado los problemas religiosos para su viudo, pues en 1522 fue detenido de nuevo bajo la misma acusación. Esta vez fue encontrado culpable, se le confiscaron todos sus bienes y fue ejecutado en la hoguera.

Sus hijas Beatriz y Leonor, mientras su filósofo hermano recorría las universidades de media Europa, reclamaron que les fueran devueltos los diez mil sueldos que su madre había aportado al matrimonio en concepto de dote. El juez les dio la razón y recibieron un primer pago del total. Pero el fiscal inquisitorial, con el fin de evitar la devolución del resto, abrió un proceso postumo contra su madre, fallecida vente años atrás. La sentencia final condenó a Blanquina por los delitos de herejía y apostasía, por lo que se confiscaron sus bienes, se condenó su memoria y su cadáver fue desenterrado para ser quemado públicamente.

Llegados a nuestros días, el gobierno socialcomunista, recogiendo lo sembrado por sus predecesores, ha dado el último paso en la voladura del pacto de 1978: la condenación de la memoria de Franco y del régimen surgido de su victoria de 1939. Y, paralelamente, la exaltación de los gobernantes de la Segunda República, incluidos los que mancharon sus manos con la sangre de miles de inocentes, como Indalecio Prieto, Santiago Carrillo, Francisco Largo Caballero y Lluís Companys.

Y así, dos milenios después de Domiciano y cinco siglos después de Blanquina March, se han derribado las estatuas del condenado, se ha borrado su nombre de todo lugar, calle o construcción, se ha desenterrado su cadáver, se ha decretado su infamia eterna y se pretende prohibir que alguien emita opinión alguna que no sea condenatoria de él y su régimen. ¡Ni los talibanes llegaron a tanto!

Gracias a Dios, como consuelo patriótico los españoles podemos disfrutar del espectáculo de la progresía mundial derribando estatuas de todo aquel personaje que no encaje en la historieta de Alicia en el País de las Maravillas de la que se nutre su furia analfabeta.

Y por si esto fuera poco, acaba de comenzar la caza y captura de toda calle, edificio, monumento e institución que lleve el nombre de Juan Carlos I, el nuevo coco de la política española. ¡Y sin ni siquiera esperar a su fallecimiento! Pero, vista la velocidad a la que vamos, quizá Felipe VI —la pieza verdaderamente codiciada— tarde poco en alcanzarle.

Aunque también es cierto que, como contraste, por primera vez en cuatro décadas han sido dos golpistas socialistas, Prieto y Largo Caballero, los eliminados del callejero madrileño debido a una propuesta de Vox ateniéndose a la Ley de Memoria Histórica. Lo más significativo de todo es que, tras medio siglo de agitación del odio guerracivilista y de resurrección del pasado con fines políticos presentes, cuando por primera vez les ha tocado a los izquierdistas probar la medicina que ellos recetaron, gritan cual vampiros ante agua bendita acusando a la derecha de agitar el odio y de mirar hacia atrás en vez de ocuparse de los problemas de hoy. ¡Qué divertido se está poniendo todo!

¡Cómo se nota que, a diferencia de nuestros infelices antepasados, nosotros hemos sido bendecidos con la dicha de vivir en una época de luz, civilización, tolerancia, derechos, libertades y democracia! ¡Cuánto hemos progresado!

JESÚS LAÍNZ (Santander, 1965) es columnista de Libertad Digital y autor en Ediciones Encuentro de varios libros dedicados al problema separatista que han cosechado un notable éxito de crítica y lectores.

Adiós, España. Verdad y mentira de los nacionalismos (2004), calificado por Stanley G. Payne como «el más completo compendio crítico o guía sobre la mayoría de estos problemas que haya aparecido nunca en un solo libro», se centró sobre todo en el separatismo vasco.

Desde Santurce a Bizancio. El poder nacionalizador de las palabras (2011), dedicado a desentrañar la ingeniería lingüística desplegada en España y otros países europeos, fue definido por Amando de Miguel como «la crónica despiadada, inflamatoria y cáustica de hasta qué extremos de estolidez pueden llegar los delirios nacionalistas».

España contra Cataluña. Historia de un fraude (2014), El privilegio catalán (2017) y Negocio y traición (2020) se han centrado en el estudio histórico e ideológico del separatismo catalán. A este último Stanley G. Payne lo considera «una contribución clave en este momento de división y debilidad cívicas, porque su enfoque subraya del modo más claro los aspectos de narcisismo, egocentrismo y oportunismo que han dominado en la historia política del catalanismo».