Jesús Laínz

El privilegio catalán

300 años de negocio de la burguesía catalana

Prólogo de Josep Ramón Bosch

© El autor y Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2017

© de la ilustración de cubierta Julen Urrutia, 2017

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Colección Nuevo Ensayo, nº 29

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PRÓLOGO DE JOSEP RAMÓN BOSCH

Espanya ens estima

En el verano de 2014 presidía la asociación Societat Civil Catalana, organización transversal que trabaja por la unidad de España en Cataluña, cuando mi buen amigo Jesús Laínz me invitó a Cantabria para explicar mi punto de vista sobre el «Proceso catalán». A partir de aquel momento surgió una profunda amistad entre nosotros, y, por mi parte, una indisimulada admiración hacia este cántabro que emprendió hace ya muchos años su particular cruzada para desmontar los mitos y las falsedades de los nacionalismos separatistas que amenazan con destruir España.

Prologar el libro de Jesús es un honor, y recomiendo al lector disfrutar de cada una de las páginas que siguen a esta breve introducción. Les aseguro que será una dosis de información, de clarificación y desmitificación sobre las múltiples patrañas que se han tejido en torno al proceso. Durante los últimos años, en Cataluña se ha popularizado el «Espanya ens roba» cocinado en las cloacas de la Generalitat. Sin embargo, los saldos de las balanzas fiscales de Cataluña, incluso los calculados por la Generalitat, son plenamente coherentes con las diferencias de renta per cápita existentes entre Cataluña y el resto de España, y son similares a los registrados por las regiones ricas de otros países.

Como explica Jesús Laínz, el siglo XIX fue la época dorada de la economía catalana. Tras la guerra napoleónica, los catalanes expandieron sus actividades a través de los nuevos cambios tecnológicos emanados de la revolución industrial, y que aplicados con diligencia a los nuevos procesos industriales, permitieron un rápido crecimiento económico. La agricultura se renovó, se expandió el olivo, la patata, los frutos secos y la vid; la mejora económica fue debida a las desamortizaciones que emprendieron los sucesivos gobiernos españoles y que permitieron la capitalización y las consiguientes inversiones de una burguesía exitosa. La industrialización empezó con el tratado de Amiens (1802), que puso fin al bloqueo británico en las colonias americanas y permitió el éxito de la industria textil catalana. El gobierno de Cabarrús fomentó la importación de hiladoras y telares mecánicos, y a partir de 1827 la estabilidad de precios ayudó a los industriales catalanes en su expansión, potenciada por el arancel proteccionista y la entrada de capital de las posesiones hispanas de América.

José Bonaplata, con su fábrica El Vapor, representa el renacimiento industrial catalán a partir de 1832 junto al banquero barcelonés afincado en Madrid, Gaspar Remisa, iniciando el despertar de la industria textil algodonera y lanera (El Vapor Viejo, Fabra Coats, España Industrial y las colonias textiles del Llobregat, Sabadell y Terrassa), la expansión de la banca y las cajas, la creación de la industria química moderna, la inicial industria eléctrica (Xifrà y Dalmau, artífice de la Sociedad Española de Electricidad), la expansión de la industria metalúrgica estrechamente ligada a la minera, la industria tapera que Vicens Vives tildó como «el imperialismo corchero catalán», la Bolsa de Barcelona recibía la colocación de acciones de toda España, el ferrocarril y los sistemas de transporte se extendían por todo el territorio, el puerto de Barcelona estrenó el sistema de navegación a vapor, etc. Todo ello gracias al empuje catalán y al compromiso hispánico de sus gentes, sin grandes concentraciones de capital ni inversiones extranjeras.

Cataluña sólo tenía un mercado para vender sus producciones: el resto de España y las menguadas colonias que iban quedando del viejo imperio español. Mientras el resto del país permanecía sin industrialización y sufría un atraso económico evidente (excepto Vizcaya y Asturias), Cataluña crecía y se enriquecía a través de las políticas proteccionistas de los gobiernos españoles. El triunfo de Cataluña era la conquista económica de España. Ninguna región tan pequeña y sin recursos naturales supo sacar tanto provecho del comercio interior. Contradictoriamente, el librecambismo hispánico también estuvo encabezado por un catalán, Laureano Figuerola, introductor de la peseta, y junto a otros catalanes como Bosch y Labrús y al empuje del Fomento del Trabajo Nacional, se conseguiría el liderazgo catalán de la economía española. Los catalanes mandaban en Madrid, el llamado «grupo catalán» constituido por Girona, Güell, Arnús, Ferrer-Vidal, Serra, Estruch, Muntadas, Juncadella, Jover, disponían de un poder casi ilimitado, y sostenían los gobiernos de España, abrían bancos, imponían su voluntad a la Bolsa y hacían y deshacían los partidos políticos. Así fue durante dos centurias y Cataluña ha sido próspera, rica y plena gracias a España. Los catalanes teníamos el poder de una notable presencia y estima, pero no teníamos protagonismo. Ahora en pleno siglo XXI los catalanes tenemos el protagonismo mediático, pero perdimos el poder, la presencia y la estima del resto de España.

Cataluña vive un déficit de calidad democrática, con actuaciones desleales de la Generalitat y de muchas de las entidades locales que vulneran la legalidad; con actuaciones que dañan la seguridad jurídica y limitan los derechos de las personas; con la aprobación de resoluciones declarando a los municipios a favor de los postulados separatistas; con la burda manipulación de la educación de los catalanes incitando al odio hacia el resto de españoles. Cataluña sufre la instrumentalización de las políticas de comunicación al servicio de la denominada construcción nacional de los Países Catalanes, la falta de neutralidad de las instituciones dominadas por el radicalismo y la demonización de los discrepantes provocando una suerte de muerte civil del opositor al régimen corrupto nacido del pujolismo. La burguesía catalana cómplice del nacionalismo está asustada ante la lógica frustración que se expande entre muchos catalanes que creyeron que el proceso separatista sería un divertimento. El oasis catalán es una enorme charca emponzoñada de corrupción y liderada por unos radicales que nos llevan al enfrentamiento civil.

Convergència Democràtica de Catalunya se constituyó en un movimiento nacional y eje vertebrador del panorama político catalán, mediante la técnica de «fer país» superando el discurso izquierda-derecha y centrando su ideario en propagar e imponer la ideología nacionalista y en construir una Arcadia feliz. Fundado en Montserrat en 1974, se disolvió hace unos meses para transformarse en el Partit Demòcrata Catalá con el objetivo de borrar la memoria de la persona que lo fundó y ejercer la centralidad en el mainstream catalán. El legado ideológico de Pujol seguirá siendo dominante en los próximos años ya que generaciones enteras de catalanes han sido sometidas a la eugenesia educativa de nacionalización mental y lingüística mediante un proceso de desconexión del resto de España. Se ha propagado la falsificación histórica, invirtiendo recursos y años en la creación mitológica, y se trabaja para eliminar la lengua común. Un proceso destructivo de España que está siendo letal para la convivencia civil, que provoca la huida de cientos de empresas y que está condicionando de forma grave y preocupante la recuperación política, económica y social.

Pujol trazó una exitosa hoja de ruta para conseguir introducir el nacionalismo en todos los ámbitos, y ese meticuloso plan fue revelado en las páginas de El Periódico el 28 de octubre de 1990, cuando se publicó el llamado Programa 2000, una compleja estrategia diseñada para introducir el nacionalismo en todos los ámbitos, el nation building o reprogramación nacionalista de la que ahora sufrimos sus letales consecuencias en su capítulo final.

Marketing y propaganda, dirigido en primer lugar a potenciar la autoestima autóctona y la divulgación de la «configuración de la personalidad catalana» (más cultos, más modernos, más cívicos, más solidarios, más europeos que el resto de los españoles); un segundo paso de enorme manipulación histórica (Cataluña milenaria o imaginarias guerras contra España); el fomento de fiestas populares impostadas, tradiciones, costumbres y un trasfondo mítico que se expande hasta el último rincón de Cataluña. Un tercer aspecto que quiere potenciar el pilar fundamental del discurso secesionista a través del nuevo concepto de nación dentro del marco europeo: Cataluña (Països Catalans) como nación europea emergente reafirmando el sentimiento europeísta a través de la conexión carolingia y desvinculándola de la Hispania Goda. El descubrimiento del potencial de futuro, es decir los Països Catalans, como centro de gravedad preferente sobre el arco mediterráneo noroccidental y el espacio occitano-catalán, complementado con la propaganda del factor demográfico «sólo avanzan los pueblos que son jóvenes» (bajo la campaña «Som sis milions» o la novedosa de los «Nous catalans»); y aderezado con una larga lista de agravios (Espanya ens roba), propagando hasta la saciedad que Cataluña es una nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico. La lengua catalana usada como elemento mollar e ideológico, propagando una sociedad civil viva, cohesionada, con conciencia de pertenencia, generadora de riqueza material y espiritual. Todo ello embelesado en el marco final del proceso de autodeterminación sustituido por el eufemismo del llamado Dret a decidir, la exitosa falacia argumental que no existe ni en la práctica internacional ni en el derecho constitucional ni en el lenguaje político comparado, pero que se trata de una maniobra retórica inteligente que traslada el debate nacionalista al terreno democrático.

Ortega y Gasset habló en 1921 de la invertebración de España, una tesis sobre el origen y la formación de la nación española, y emitió un diagnóstico demoledor de la explosiva situación social de nuestro país en el momento en que escribió su libro. Décadas después de su análisis, España ya no es el país socialmente invertebrado que describió, pues las instituciones que configuran el Estado han aprendido a dialogar entre sí. Ni la Iglesia ni el Ejército ni la Judicatura son poderes aislados, ni practican la política del compartimento estanco que denunciaba, pero indiscutiblemente sigue infectada del particularismo nacionalista y la maldita conllevancia orteguiana sigue siendo el centro del debate sobre la cohesión de nuestra patria.

Ortega afirmaba que «la esencia del particularismo es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte, y en consecuencia deja de compartir los sentimientos de los demás». Después del pacto constitucional de 1978, los funcionarios gobernantes han sido incapaces de zanjar de una vez por todas la vertebración sentimental de España, cediendo las competencias claves de la educación a los partidarios de la secesión, que con malvada habilidad han ideado un imaginario pedagógico lleno de despropósitos y falsedades. Mientras se creaba un relato inventado sobre el pasado común, se manipuló torticeramente la necesaria normalización del catalán, obligando a una inmersión lingüística que ha supuesto de facto la exclusión del castellano como lengua común. Paralelamente han sido millones los euros invertidos en medios de comunicación, que han provocado el estallido del sentimiento nacionalista entre los catalanes, facilitando la vuelta del particularismo y el triunfo de un relato impostado. En un bando hay funcionarios, en el otro nacionalistas y en el medio ningún patriota.

Las tesis orteguianas de la invertebración española, formuladas hace ya casi cien años, siguen presentes en nuestra sociedad, víctima por un lado del particularismo secesionista del nacionalismo y por otro de la ciega visión que desde el poder central se ha ejercido creyendo que Castilla ha hecho España y desdeñando el proceso incorporativo, en la consideración de la historia como un proceso continuo, en el que unidades territoriales preexistentes se organizan en una estructura nueva y por la que una idea compartida e ilusionante mantiene unida la estructura, entendido como «un proyecto sugestivo de vida en común», para lo cual tiene tanta validez el convencer como el obligar. Sin embargo, lo que se está primando actualmente es un concepto diametralmente opuesto, esto es la desintegración de España, en el que las partes del todo comienzan a vivir como todos aparte, lo que Ortega llamó particularismo. La nación por encima de la patria.

Los separatistas tienen su proyecto. Lo que promueven no es el amor a la patria, sino el odio al resto de pueblos de España, confirmando lo que dijo el general de Gaulle: «El patriotismo es amar a tu país, sin embargo, el nacionalismo es detestar el país de los otros».

Jesús, en un excelente ejercicio histórico, nos desmonta las falacias del nacionalismo y nos muestra el camino para amar a nuestra patria superando el nacionalismo, dejando de odiar a nuestros compatriotas entendiendo que «Espanya ens estima» —España nos quiere—, especialmente a los catalanes.

Que disfruten del libro.

***

INTRODUCCIÓN

España nos roba

España nos roba. Tras varias décadas lavando el cerebro de los catalanes con invasiones españolas, guerras independentistas, genocidios lingüísticos y demás tergiversaciones históricas, el arma final tiene el feo nombre de un pecado capital: la avaricia. Los españoles son unos vagos y su Estado es un parásito que nos chupa la sangre a los laboriosos catalanes. Por eso tenemos que separarnos, para poder ser todo lo ricos que de verdad seríamos si no tuviéramos que cargar con el lastre y el latrocinio español.

Sobre balances, inversiones, impuestos y demás asuntos contables del Estado autonómico se han escrito en los últimos años páginas más que suficientes para desbaratar la manipulación magistralmente esloganizada por los separatistas. Y por lo que se refiere a latrocinios, tanto los institucionalizados —que anulan, ellos solos, la legitimidad del suicida Estado de las Autonomías— como los efectuados en el íntimo círculo familiar —aunque no por ello menos suculentos—, valga como resumen la letra de la jotica cantada por Javier Badules en las fiestas de Graus de 2014:

«Yo os diré lo que les pasa
a los independentistas:
dicen que España les roba
y el ladrón tenían en casa».

Lamentablemente, los catalanes, y el conjunto de los españoles, se han visto obligados a esperar décadas para empezar a conocer en toda su magnitud el secreto a voces del formidable sistema de corrupción construido por los separatistas desde su intangible gobierno autonómico. Pero la tozudez de los hechos acaba imponiéndose y cada día va quedando más claro que las prisas por la independencia de tantos dirigentes nacionalistas no son más que una maniobra para ponerse fuera del alcance de la justicia. Y parapetados tras cientos de miles de estafados inconscientes agitando banderitas en la calle.

Así pues, para no repetir lo innecesario, el objetivo de estas páginas será alejarnos un poco de la actualidad inmediata para poder contemplar la faceta económica del separatismo catalán con la debida perspectiva. Porque el problema no es de hoy, ni arrancó con Franco ni con el Desastre del 98, puesto que hunde sus raíces bastante más atrás: en el siglo XVIII.

Pero antes de detenernos en la centuria en la que la dinastía Borbón comenzó a reinar en España, es necesario atrasar el reloj un par de siglos más y cruzar el charco. Pues en la participación o no participación de los catalanes en la empresa americana entroncan algunos de los problemas más importantes sobre los que trataremos aquí.

EL HEROICO SIGLO XV

El pleito americano

El primer agravio que suelen agitar los separatistas catalanes contra Castilla —es decir, contra España, conceptos que ellos han hecho sinónimos cuando no lo son— es la exclusión de los catalanes de América.

Efectivamente, una serie de datos confusos y contradictorios parecieron sugerir que los súbditos aragoneses —subrayemos: aragoneses, no catalanes— estuvieron excluidos de los asuntos americanos por voluntad de los Reyes Católicos. En primer lugar hay que tener en cuenta que los derechos sobre las tierras recién descubiertas derivaban del Tratado de Alcaçovas (1479) que puso fin a la guerra lusocastellana por la sucesión de Enrique IV, guerra en la que, además de las candidaturas de Isabel y Juana la Beltraneja, también se disputaron el litoral africano y las islas Canarias. Según dicho tratado, quedaban para Portugal las costas africanas al sur del cabo Bojador y para Castilla, «las islas de Canaria ganadas e por ganar». Es decir, las tierras que se descubrieran hacia el oeste. Aragón no era parte ni en el litigio ni en el acuerdo, tanto por no participar en la pugna por el trono como por no tener litoral atlántico. Por lo tanto, del hecho de que sólo la Corona de Castilla tuviera derechos en el Atlántico se derivó la incorporación a ella de las tierras descubiertas por Colón.

Además, y como consecuencia de lo anterior, la cuestión quedó así fijada tanto en el Tratado de Tordesillas como en las previas bulas alejandrinas que otorgaron a la Corona de Castilla el derecho de conquistar las Indias y la obligación de evangelizarlas. Finalmente, si se pretendiese echar sobre el Papa la culpa de la discriminación contra los naturales de la Corona de Aragón, no es pequeño detalle el hecho de que Alejandro VI fue —¡sarcasmos de la historia!— el valenciano Rodrigo de Borja, natural de la Corona de Aragón.

Algunos testimonios, como el de Gonzalo Fernández de Oviedo, refieren la instrucción dada por la reina Isabel en 1498, con motivo del tercer viaje colombino, de que sólo pasaran a las Indias los vasallos de los señoríos de su patrimonio, es decir, los de la Corona de Castilla. Pero el mismo Fernández de Oviedo explicó que, a pesar de esta prohibición, vigente hasta 1504, año del fallecimiento de la reina, pudieron pasar los demás con licencia. En principio, por lo tanto, una exclusión, y no absoluta, de seis años.

Por otro lado, en las instrucciones dadas por Isabel y Fernando a Ovando en 1501, se le ordenó que en las Indias «no haya extranjeros de nuestros reinos y señoríos», con lo que ambos reyes se estaban refiriendo a los no súbditos de las dos Coronas, en concreto al expresamente excluido de la gobernación de Castilla Felipe el Hermoso y su corte de flamencos. Eso explica la confusa cláusula testamentaria de Isabel, de conformidad con su marido, al establecer que «el trato y provecho de ellas se haga y se trate y negocie desde estos mis reinos de Castilla y León, y en ellos y a ellos venga todo lo que de allá se trajere», destinada a prohibir el comercio con y desde puertos de Flandes.

Pero, aparte de estos y otros datos confusos y contradictorios, el hecho fue que desde el primer momento, y hasta que Carlos III eliminó el monopolio de los puertos andaluces en el comercio americano, los súbditos aragoneses participaron por igual en el descubrimiento, conquista, evangelización, poblamiento y gobierno de América.

Por ejemplo, el valenciano Luis de Santángel fue uno de los principales responsables de que el viaje de las tres carabelas pudiera realizarse; el jefe militar del segundo viaje de Colón fue el ampurdanés Pedro de Margarit al frente de doscientos soldados catalanes; el primer vicario apostólico en las nuevas tierras fue Bernardo Boil, benedictino de Montserrat, que derribó en la Isla Española miles de ídolos, fundó las primeras iglesias e instituyó los primeros obispados; en manos del tarraconense Miguel Ballester quedó la fortaleza de la Concepción; Miguel de Pasamonte fue tesorero general; Jaime Rasqui fue uno de los conquistadores del Río de la Plata; Juan Orpí fundó Nueva Barcelona en Venezuela; la primera ciudad venezolana, Coro, la fundó Juan Martín de Ampués; Juan de Grau y Ribó, compañero de Hernán Cortés, se esposó con Xipaguazin, hija de Moctezuma; el valenciano Diego Ramírez de Arellano descubrió las islas australes que llevan su nombre; el leridano Gaspar de Portolá conquistó California... Y muchos catalanes, valencianos y aragoneses fueron gobernadores y virreyes de todos los territorios americanos. Y, por supuesto, en los puertos de Sevilla y Cádiz, desde el mismo descubrimiento, hubo tantos comerciantes aragoneses como castellanos pues no existió discriminación legal alguna para el comercio con las Indias entre los naturales de uno u otro reino.

Además —es necesario insistir— todo el victimismo queda anulado de raíz pues, aun en el caso de que hubiese sido cierta la exclusión, sus destinatarios no habrían sido los catalanes, sino los súbditos de los territorios de la Corona de Aragón. Habríase tratado, pues, de un asunto de naturaleza jurídica en el contexto de la compleja fragmentación de la Europa del Antiguo Régimen, y nunca una medida de carácter nacional, y mucho menos aún dirigida contra los catalanes por el hecho de serlo, como sostiene el discurso eternamente lastimero del nacionalismo.

Por otro lado, la incoherente paranoia nacionalista consiste en condenar el descubrimiento y conquista de América por los castellanos, celebrando, muy ignorantemente, la ausencia de los catalanes, mientras que al mismo tiempo afean a Castilla el haberles impedido participar en ello. Ambos argumentos sirven para lo mismo, arremeter contra Castilla, aunque se anulen entre sí. Y por si esto fuera poco, reprochan a Castilla haber mantenido a los catalanes al margen del comercio americano y después la acusan de ser la responsable del Decreto de Nueva Planta que se lo permitió.

Finalmente, no debe olvidarse que el mayor poder y peso de Castilla durante los siglos imperiales tuvo como contrapartida la mucha mayor presión fiscal y militar que soportó, lo que acabó dejándola exangüe en comparación con los territorios forales, Aragón, Navarra y Vascongadas, como lamentó Quevedo en sus amargos versos:

«En Navarra y Aragón
no hay quien tribute un real;
Cataluña y Portugal
son de la misma opinión;
sólo Castilla y León
y el noble reino andaluz
llevan a cuestas la cruz».

Pero abandonemos la América del siglo XV y acerquémonos a la España del XVIII.

EL NOVEDOSO SIGLO XVIII

Tras 1714

Que no cunda el pánico: no hablaremos aquí de la Guerra de Sucesión ni de Casanova ni del 11 de septiembre. Avasalladores son los ríos de tinta que han fluido sobre ello, así que no contribuiremos a la inundación y nos centraremos en sus consecuencias jurídicas y económicas.

Olvidándonos de las mil y un mentiras, tergiversaciones y ocultaciones que se han sembrado en las últimas décadas sobre la Guerra de Sucesión —en palabras del eminente historiador británico Henry Kamen, «uno no sabe si reír o llorar ante tanta insensatez»—, subrayaremos solamente que no es cierto que Castilla invadiese y se anexionase Cataluña ni que ésta fuese un estado soberano en 1714, sino un territorio con algunas instituciones propias, como en cualquier otro lugar de la Europa del Antiguo Régimen, y parte constituyente de la Corona de Aragón, es decir, de España. No es cierto que se tratase de una guerra entre castellanos y catalanes, sino entre partidarios de dos candidatos al trono de España, sin distinción de regiones. No es cierto que Felipe V suprimiera la soberanía nacional representada en las Cortes catalanas, pues eran estamentales y, por lo tanto, no representaban a soberanía nacional alguna. Y, lo que más importa en relación con el tema de estas páginas, no es cierto que Felipe V incorporara Cataluña a Castilla, sino que uniformizó legislaciones y centralizó el gobierno, fenómeno general en toda la Europa de aquel tiempo, lo que también conllevó grandes cambios en la vieja planta castellana, detalle que no suele recordarse.

Llegada la paz, Cataluña se adentraría en el siglo XVIII entre el dolor por la guerra pasada y la prosperidad que la nueva situación iría facilitando. Y mientras que algunos siguieron lamentando la desaparición de las antiguas estructuras del reino de Aragón, otros alabaron las medidas tomadas por Felipe V.

Entre éstos destacó el futuro presidente de las Cortes gaditanas, Lázaro Dou, que ensalzó a Felipe V por su prudencia en el gobierno, por haber eliminado numerosas reliquias del sistema feudal, por haber promovido la humanidad y la libertad de sus súbditos prohibiendo, por ejemplo, a los señores catalanes aplicar penas corporales, así como por haber impulsado la industria y la enseñanza, razones por las que le otorgó el título de Solón de Cataluña.

Su compañero en Cortes Antonio Capmany también fue un entusiasta partidario de la dinastía borbónica y alabó las reformas realizadas desde el reinado de Felipe V. Seguidor de las doctrinas fisiocráticas, consideró un acierto la unificación jurídica y administrativa de todos los antiguos reinos de España, como la eliminación de los peajes y aduanas interiores y la liberalización del comercio con América, por considerar que había provocado el desarrollo de la hasta entonces atrasada industria nacional, cuyos puestos de cabeza empezaba a ocupar su región natal. Consideró que los viejos privilegios de los territorios de la antigua Corona de Aragón, derogados por el Decreto de Nueva Planta, habían cumplido su función en siglos pasados —los que llamó «siglos góticos»—, pero el desarrollo social y económico del siglo XVIII los había privado de sentido. A pesar de ello, durante sus últimos meses de vida defendió en las cortes gaditanas que la estructura administrativa del reino aragonés quizá pudiese haber servido de modelo para la futura organización de España sobre la que en aquellos días se trataba.

Aunque a muchos les sorprenderá, algunos influyentes intelectuales catalanistas renegaron de Casanova y los suyos y manifestaron su preferencia por el bando borbónico. Uno de ellos fue nada menos que Antoni Rovira i Virgili, ignorante enciclopédico que hoy da nombre a una universidad y falsificador histórico confeso que, por una vez, atinó al observar que los herederos de los catalanes austracistas del XVIII no eran los nacionalistas como él, sino los «carlistas de la montaña catalana».

Pero el más interesante fue el mallorquín Gabriel Alomar, destacado dirigente del catalanismo de izquierdas en el primer tercio del siglo XX. Su argumento fue sencillo y coherente: el bando borbónico trajo el progreso. En un artículo publicado en El Poble Català el 13 y 14 de septiembre de 1906 afirmó que él, en 1714, probablemente hubiese sido botifler «porque la casa de Borbón representaba el futurismo (…) Era la invasión salvadora del norte, del norte a punto de emanciparse, sobre la España negra, último reducto de todo un mundo que moría».

Según el progresista Alomar, era Francia la que venía a modernizar la España anquilosada, y esa Francia llegaba a lomos del caballo de Felipe V. No se trataba sólo de «la desfloración de la adormecida y mortecina Cataluña, sino de aquella España inquisitorial y funesta». Además, y esto es lo esencial, Alomar consideró beneficiosa la derogación de los fueros catalanes, derogación que, antes o después, habría acometido igualmente la dinastía Habsburgo por estar condenados a desaparecer a causa de su anacronismo.

Ésta es la clave del siglo XVIII catalán. Pues, como explicó el egregio historiador Jaume Vicens Vives, «al echar por la borda un anquilosado régimen de privilegios y fueros, la Nueva Planta de Felipe V fue un desescombro que obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir y les libró de las paralizadoras trabas de un mecanismo legislativo inactual».

Y comenzó el porvenir

Porque, efectivamente, Cataluña comenzó a despegar económicamente a partir de la derogación de su régimen foral y a causa de las medidas tomadas por los monarcas de la nueva dinastía.

Pero comencemos recibiendo al joven Felipe V. Pues cuando puso su pie en Cataluña en 1701, el pueblo y las instituciones se apresuraron a darle la bienvenida, a rendirle homenaje y a celebrar grandes festejos, con motivo de los cuales se escribieron en su honor numerosos opúsculos, versos, coplas, canciones y villancicos.

Por ejemplo, Raymundo Costa, en su Oración panegírica en acción de gracias a Dios por el acertado llamamiento, feliz venida y gloriosa exaltación del Rey Nuestro Señor Felipe V de Castilla y V de Aragón, celebró que Carlos II le hubiese dado en testamento su corona para que la conservase unida como «cuerpo uno y sin división de partes, cuerpo político, civil y místico de España». Su paisano Juan Bach recordó en su Sermón panegírico que «Su Majestad, con liberalidad verdaderamente Regia, decretó nuevos privilegios a Cataluña, superiores a los que había recibido de sus serenísimos reyes». Y, en el mismo sentido, un austracista tan eminente como Narciso Feliu de la Peña reconoció que Cataluña consiguió de Felipe de Anjou «cuanto había pedido» y que «las Constituciones que habían hecho las Cortes fueron las más favorables que había conseguido la Provincia».

Pero, ¿cuáles fueron esos privilegios tan notables concedidos por el primer Borbón? Pues, entre ellos, el envío a América de dos barcos anuales sin pasar por el monopolio sevillano, la libre y exenta introducción de vinos, aguardientes y otros productos agrícolas en todo el reino y, para evitar la competencia extranjera, el establecimiento de aranceles para los vinos, aguardientes y tejidos de otros países.

Y con esto empezamos a atisbar el meollo de la cuestión que nos ocupa. Pues no por casualidad el recién mencionado Feliu de la Peña había publicado veinte años antes, en 1681, reinando Carlos II, su Político discurso en defensa de la cierta verdad que contiene un memorial presentado a la Ciudad de Barcelona, suplicando mande y procure impedir el sobrado trato y uso de algunas ropas estrangeras que acaban el comercio y pierden las artes en Cataluña, cuyo título se basta para explicar el contenido.

Pero regresemos a Felipe V. Ya que poco después de las Cortes de 1702 llegaría el desembarco angloholandés en Barcelona, el quebrantamiento del juramento de fidelidad prestado por las Cortes catalanas, el juramento al Archiduque Carlos, la guerra civil y todo lo demás de sobra conocido y más que de sobra manipulado.

Acabada la guerra, una de las claves del progreso económico dieciochesco fue la paulatina liberalización del comercio tanto interior como con América, lo que benefició tanto a Cataluña como a otras provincias. Ya en 1717 el rey triunfante suprimió los aranceles interiores, prohibió la importación de tejidos de algodón y ordenó la preferencia por los productos nacionales en la adquisición de pertrechos para el ejército.

Desde el descubrimiento, todo barco que saliera hacia o llegara de América tenía que pasar por la Real Casa de Contratación de Indias, en Sevilla, por motivos tanto fiscales como de seguridad, pues, debido a los piratas y al casi perpetuo enfrentamiento con otras potencias, las flotas navegaban agrupadas y protegidas por buques de guerra. En 1717, recién concluida la Guerra de Sucesión, se trasladó la Casa de Contratación al más operativo puerto de Cádiz, momento a partir del cual se fue liberalizando paulatinamente el comercio y la navegación. Así, en 1728 San Sebastián pasó a monopolizar el comercio con Venezuela y en 1755, ya con Fernando VI, se fundó la Real Compañía de Comercio de Barcelona, cuyo propósito fue fomentar el comercio y la agricultura en las islas de Puerto Rico, Santo Domingo y Margarita, y más tarde la venezolana Cumaná. Obtuvo los mismos privilegios fiscales que la donostiarra Compañía de Caracas y envió su primer barco al Caribe, La Perla Catalana, dos años más tarde. Una de sus actividades más habituales fue llevar negros a Puerto Rico en el viaje de ida y traer azúcar en el de vuelta.

El agradecimiento de los catalanes por los propicios reinados de los dos primeros Borbones se evidenció en 1759 con motivo de la llegada desde Nápoles de Carlos III para ocupar el trono español tras la muerte de su hermano Fernando VI. El nuevo rey entró en España por Barcelona, ciudad que lo celebró con gran entusiasmo durante varios días de galas, arcos triunfales, audiencias, música, bailes y fuegos artificiales. De todo ello nos ha quedado recuerdo a través de los magníficos grabados que realizó Francesc Tramulles, una de las cumbres de la edición dieciochesca española, y de la Relación Obsequiosa de los seis primeros días en que logró la Monarchía Española su más Augusto Principio, anunciándose a todos los vassallos perpetuo regozijo, y constituyéndose Barcelona un Paraíso con el arribo, desembarco y residencia que hicieron en ella las Reales Magestades del Rey Nuestro Señor Don Carlos III y de la Reyna Nuestra Señora Doña María Amalia de Sajonia, escrita por orden del ayuntamiento barcelonés.

Seis años más tarde este rey liberalizaría el comercio caribeño desde los puertos andaluces de Cádiz, Sevilla y Málaga, mediterráneos de Cartagena, Alicante y Barcelona, y atlánticos de La Coruña, Gijón y Santander. Y en 1778 promulgó el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias, que abrió el comercio con Perú, Chile y Río de la Plata y añadió cuatro puertos españoles más a los ya autorizados: Almería, Tortosa, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife.

La incipiente industria catalana se desarrolló con rapidez y se asentó gracias a los grandes mercados que se le abrieron en todo el reino, especialmente en América, a donde enviaron privilegiadamente sus productos agrícolas (vinos y aguardientes), textiles (seda, lana y sobre todo algodón) e industriales (jabón, papel y productos metalúrgicos). Además, Carlos III dio un muy notable empujón a la industria textil nacional mediante la prohibición de introducir «en estos Reynos y Señoríos, gorros, guantes, calcetas, fajas y otras manufacturas de lino, cáñamo, lana y algodón, redecillas de todos géneros, hilo de coser ordinario, cinta casera, ligas, cintas y cordones».

Tanta prosperidad alcanzó Cataluña que José Cadalso pudo escribir en sus Cartas Marruecas (1775) que «los catalanes son los pueblos más industriosos de España (…) Por un par de provincias semejantes pudiera el rey de los cristianos trocar sus dos Américas».

Si apoteósicos fueron los recibimientos de Felipe V y Carlos III, el de su hijo Carlos IV no se quedó atrás. Un 11 de septiembre, por cierto. Pues este bonachón e inútil monarca visitó Cataluña en 1802, seis años antes de perder su trono a manos de Napoleón. También en esta ocasión los catalanes celebraron por todo lo alto los dos meses durante los que Barcelona fue Corte Real. No faltó de nada: repique de campanas, salvas de artillería, monumentos conmemorativos, conciertos, teatro, corridas de toros, cabalgatas, banquetes, bailes, mascaradas, fuegos artificiales… e incluso algunos próceres locales gustosos de sustituir a los caballos en el tiro de la carroza en la que se desplazaban los reyes.

Las Escuelas Pías de Cataluña saludaron al rey publicando en lengua catalana —la prohibidísima y perseguidísima lengua catalana— una Cançó Real, escrita por Jaume Vada, en la que se le agradecía la paz y prosperidad de España durante el «siglo de oro» traído por los Borbones, a la vez que se le recordaba que, si la guerra se hiciese necesaria, no se encontraría vasallo que no estuviese dispuesto a derramar su sangre y su vida en defensa del trono. Entresacamos dos breves fragmentos:

«Gran Carlos, amat idol de l’Espanya,
del trono honor, de nostre Siggle gloria (…)
El Fat ordena que de tots cantada
sia, Augustos Borbons, la excelsa gloria;
y vol qu’ab vostres fets quede aumentada
del Siggle d’or la memorable Historia».

Detalle significativo fue el de que no había abandonado aún Barcelona cuando el buen Carlos IV, el 6 de noviembre de aquel 1802, promulgó un edicto por el que se prohibía importar hilo de algodón y sus manufacturas.

Pero este «Siggle d’or» tenía sus días contados, pues Marte ya estaba afilando su espada para inaugurar el siguiente por todo lo alto con la impagable ayuda del Gran Corso.

EL NEFASTO SIGLO XIX

La traca inaugural

El siglo que concluiría con los desastres navales de Cavite y Santiago iba a comenzar con el desastre naval de Trafalgar a causa de la antinatural alianza entre la monárquica España de Carlos IV y la revolucionaria Francia de Napoleón. Y a continuación llegarían los seis años de guerra contra el antiguo aliado durante los que los catalanes morirían a miles en defensa de la independencia de España, la religión católica y el trono de Fernando VII.

Como resumió el mariscal Berthier, «ninguna otra parte de España se ha sublevado con tanto encarnizamiento». Y, efectivamente, al comenzar el asedio de Gerona en julio de 1809, la Junta Superior del Principado emitió una proclama a los gerundenses solicitando la participación de todos en la lucha contra el invasor ya que «ninguna clase, ningún estado puede eximirse de tomar las armas y organizarse debidamente para repeler la agresión que sufren los derechos del Altar y del Trono, los intereses de la Nación española, su dignidad e independencia».

Pero no nos detengamos en la guerra y sigamos nuestro camino económico, no sin antes mencionar de pasada el delirio con el que los catalanes recibieron en 1814 al Deseado y los mil homenajes que le prestaron a su paso por Figueras, Gerona, Tarragona y Reus.

A continuación llegaría la pérdida del inmenso imperio americano trescientos años después del viaje de las tres carabelas. Y es importante subrayar que uno de los motivos de queja de los criollos, y una de las razones por las que muchos de ellos apostaron por independizarse de la metrópoli aprovechando su debilidad tras la francesada, fue el monopolio de ésta sobre el comercio, lo que se manifestaba, por ejemplo, en que todos los países que quisiesen traficar con los territorios americanos tenían que hacerlo a través de los puertos españoles.

Todo aquello no fue más que la entrada triunfal en el siglo XIX, el siglo negro de la historia de España en lo político, lo económico y lo militar. Pero no lo fue de Cataluña ni tampoco de las Provincias Vascongadas, sobre todo Vizcaya a partir del último tercio del siglo debido al auge de la siderurgia. Pues ambas regiones consiguieron hacer su revolución industrial a un ritmo casi equiparable al del resto de la Europa occidental mientras que España en su conjunto, país principalmente agrícola, quedaba bastante rezagada. Por eso, y nada más que por eso, surgió el separatismo que, enquistado, seguimos padeciendo hoy.

Así reflejó Balmes en 1845 la distancia existente entre Barcelona y las demás ciudades españolas:

«Salta a los ojos que esta ciudad se halla en circunstancias muy excepcionales con respecto a las demás poblaciones importantes de España. Basta pasar de ella a Zaragoza, Valencia, Granada, Sevilla o Madrid para palpar la diferencia. Al verla con sus numerosas fábricas, sus repletos almacenes, sus magníficas tiendas, sus elegantes edificios; al notar los hábitos de aseo en todas las clases; al observar el espíritu de trabajo y de adelanto que las domina, diríase que Barcelona no pertenece a España, sino que es una importación que se nos ha hecho de Bélgica o de Inglaterra. Nada se encuentra en ella que no contraste vivamente con la dejadez, la ociosidad, el desaseo que ofenden en otras poblaciones de la Península».

Pero su éxito fue relativo, pues tanto las industrias vascas como las catalanas siguieron en conjunto por detrás de las francesas, británicas y otras europeas en calidad y competitividad, por lo que necesitaron la política proteccionista de los gobiernos españoles para poder sobrevivir. De ello fueron muy conscientes la mayoría de los intelectuales, políticos y, sobre todo, industriales catalanes de aquel tiempo. Y, asegurando para sus productos la cautividad del mercado español y colonial al precio de perjudicar el comercio internacional y la industria de otras regiones, prefirieron seguir viviendo cómodamente protegidos por los aranceles en vez de innovar y arriesgar para poder competir en el mercado internacional.

La culpa fue del arancel

Por eso la historia de la economía española del siglo XIX y buena parte del XX es la historia del arancel.

Tras los antecedentes dieciochescos arriba mencionados, recién concluida la Guerra de la Independencia, Fernando VII sancionó la siguiente Real Orden (5 de noviembre de 1816):

«Como la venta de los tegidos de algodón extranjero influyen sobremanera en la decadencia y ruina de las fábricas de la nación, trascendiendo á la agricultura y comercio, ha merecido este punto la soberana atención del Rey nuestro Señor; y habiendo oído al Consejo pleno de Hacienda, se ha servido resolver lo siguiente: (…) 6º. Que, en conformidad del artículo 10 de la Real cédula de 6 de noviembre de 1802, debe continuar prohibida la introducción de los lienzos blancos, pintados o estampados de algodón, y los que tengan mezcla de lino, seda y lana, las cotonadas blabets, biones en blanco o azul, las muselinas y estopillas, los gorros, guantes, medias, mitones, fajas y chalecos hechos a la aguja ó el telar, los flecos, galones, cintas, felpillas, borlas, alamares, delantales, sobrecamas, franelas de algodón y lana, y otros cualesquiera géneros semejantes».

Una de las fechas más relevantes fue la de 1820, año en el que, paradójicamente, las Cortes del Trienio Liberal reforzaron la tendencia proteccionista ya apuntada durante el reinado de Carlos IV y continuada en los primeros años de Fernando VII, como acabamos de ver. Aunque la paradoja no lo fue tanto puesto que el proteccionismo fue una política muy extendida en la Europa postnapoleónica, intensificada en el caso español por la pérdida de los recursos y del inmenso mercado continental americano así como por su retraso industrial.

Uno de los más activos defensores del proteccionismo, el diputado catalán Juan de Balle, argumentó que el único camino para fomentar la industria de una nación era prohibir la entrada de los artículos extranjeros, como habían hecho todas las naciones ilustradas, sobre todo aquellas de industria naciente y por lo tanto vulnerable. Acusó a la pérfida Inglaterra de intentar aprovechar su adelanto industrial promoviendo el libre cambio entre las demás naciones mientras ella protegía con aranceles sus productos, alabó las medidas tomadas en España desde el reinado de Carlos III y puso como ejemplo de sus tesis la situación de Cataluña:

«Así lo hemos visto en Cataluña. El Señor D. Carlos III expidió la célebre pragmática de 14 de septiembre de 1771 por la que prohibió rigurosamente no sólo la entrada de todo género de algodón, o con mezcla, que fuese de fábrica extranjera, sino que ninguna persona, de cualquier estado y condición que fuese, pudiera usarlo en sus vestidos y adornos, bajo la multa y pena de comiso. Esta prohibición se hizo extensiva a las provincias exentas y se sostuvo con tesón no sólo en aquel reinado, sino en el posterior (…) Desde entonces las fábricas de hilados y tejidos de algodón han recibido considerable incremento con una rapidez de que hay pocos ejemplares (…) Al sistema prohibitivo adoptado por el Señor D. Carlos III se debió que Cataluña en el año 1808 contara en su territorio dos mil fábricas de algodón (…) Con las leyes prohibitivas vio Cataluña floreciente su marina mercantil, de tal manera que el año 1808 contaba más de doscientos barcos destinados a la carrera de América (…) Si las Cortes conceden la libertad de introducir géneros extranjeros, van a arruinar la benemérita, la heroica Cataluña, sembrando la muerte y la desolación entre aquellas familias que no tienen otro medio de subsistencia que el producto que les proporciona el trabajo que emplean en las operaciones de hilar, tejer y estampar el algodón».

El poeta y político liberal andaluz Francisco Martínez de la Rosa vio el asunto desde otra perspectiva:

«No hay cosa más desigual ni más injusta. Es injusta esta ley respecto de los consumidores, esto es, respecto de la mayoría de la nación, supuesto que por ella se nos obliga a comprar los géneros más caros y de inferior calidad; y si la riqueza o pobreza está en razón de los medios que se tienen para hacer estas adquisiciones, es claro que obligando a las clases consumidoras a comprar los géneros más caros se las hace más pobres».

Aunque tengamos que dar un salto de cuarenta y tres años, merece la pena intercalar aquí las palabras de uno de los más eminentes defensores de la doctrina proteccionista, el acaudalado empresario catalán Juan Güell y Ferrer. Pues en 1863, para responder a quienes acusaban a los proteccionistas de presionar a los gobiernos para que las leyes estuvieran al servicio de sus intereses en vez de los de la nación, dio a la imprenta esta significativa reflexión:

«Que no nos hagan, como de costumbre, el argumento de mala ley, de que como productores defendemos nuestros intereses: sí, defendemos nuestros intereses; ¿es acaso un delito defender uno sus intereses? El interés de los puros consumidores es un interés despreciable, perjudicial y del cual los gobiernos no deben preocuparse sino para destruirlo: el interés de las naciones es la suma de los intereses de sus productores».

Pero regresemos a 1820. Pues cuando el diputado catalán Guillermo Oliver y Salvá defendió los aranceles arguyendo que era el pueblo el que los pedía, Martínez de la Rosa le respondió que parapetar los intereses personales tras un supuesto interés popular era un argumento hipócrita:

«Pero pregunto yo ahora: ¿es éste el clamor de los pueblos? No señor, es sólo de las clases interesadas. Se habla de tales manufacturas o de tales artefactos, y al momento las clases que quedan perjudicadas levantan el clamor y dicen que es la voz de la nación; pero sólo se trata de sus intereses».

Y su colega asturiano Álvaro Flórez Estrada argumentó a su vez:

«Creo que el sistema prohibitivo es tan eminentemente injusto y opuesto al mismo fin que se propone, que es poco menos que vergonzoso el que el congreso se detenga a oír las razones en que se apoya esta doctrina. Es evidentemente injusto porque se reduce a que una docena de comerciantes con poco trabajo tengan en contribución la fortuna de diez o doce millones de individuos, esto es, que el comerciante pueda vender caro, y que el comprador que podía comprar barato, compre los géneros al precio que quieren los vendedores (…) La experiencia en todos los casos manifiesta lo contrario de lo que han propuesto las comisiones. Se prohíbe la importación de un género y se hace un gravísimo mal, porque la nación que acude a este remedio para evitar el comercio que tenía con otra, hace que esta otra se valga del mismo remedio, y una a otra se hacen un recíproco mal. El comercio es un cambio de cosas con cosas, y cuantas más restricciones le pongamos, cuanta menos libertad le demos, más perjuicios deben resultarnos».

Venció la postura de Balle y demás proteccionistas de todas las provincias, por lo que las Cortes prohibieron la importación de productos textiles extranjeros, lo que satisfizo grandemente a los industriales catalanes.

La historia siguió su curso. Entrose por aquí san Luis con su nutrida descendencia, cayeron los liberales y Fernando VII recuperó su absolutista naturaleza. Pero el proteccionismo continuó, apoyado sobre todo desde una Cataluña que iría destacándose como la región española en la que hasta los más progresistas eran proteccionistas.

El hierro y el vapor desembarcan en España

Pero no todo consistió en proteger el producto de la laboriosidad de los pañeros catalanes y otros arriesgados empresarios en la difícil España de aquellos años, ya que buena parte del desarrollo industrial dependió de las subvenciones recibidas del Estado.

Uno de los casos más significativos sucedió precisamente en aquellos años finales del reinado de Fernando VII. Pues al inquieto barcelonés José Bonaplata y Corriol, vástago de familia algodonera, se le ocurrió visitar Francia y, sobre todo, la puntera Inglaterra para estudiar in situ las novedades técnicas de su industria y comprar maquinaria para modernizar su empresa. En Londres consiguió que el embajador español, Francisco Cea Bermúdez, apoyara su plan en el Ministerio de Hacienda, del que, efectivamente, recibiría la muy notable cantidad de 65.000 duros de la época (1.300.000 reales) y exenciones arancelarias para la importación de la costosa maquinaria.

Bonaplata y sus socios no perdieron el tiempo, y en 1833, en la barcelonesa calle Tallers, bajando las Ramblas la primera a la derecha, se abrió la primera fábrica española con maquinaria metálica a vapor, que empleó a setecientos trabajadores.

Pero, lamentablemente, todo aquel trabajo y toda aquella inversión tuvieron muy corta vida. Pues en la bullanga de 1835, en la que, por la escasa acometividad de los toros de una corrida, las turbas barcelonesas saquearon y quemaron conventos y causaron numerosas víctimas, otro de sus objetivos fue la fábrica de Bonaplata. Pues acusaban a la maquinaria de provocar el paro, como habían hecho sus precursores luditas británicos algunos años antes y como volverían a hacer los catalanes veinte años más tarde con motivo del conflicto de las selfactinas (de self-acting, máquinas automáticas de hilar).

El periódico liberal barcelonés El Vapor propuso que el que debía pagar los platos rotos —de la fábrica, evidentemente, no de los conventos, por no hablar del gobernador militar Pedro de Bassa, que había sido arrojado por un balcón, arrastrado y quemado en la calle— era el gobierno de la nación por haber sido incapaz de mantener el orden:

«Si los gobernantes, siguiendo un sistema erróneo, dieron lugar al estallido popular de resultas del cual se quemó la fábrica, es justo y muy justo que la Nación indemnice a los propietarios de los perjuicios sufridos, toda vez que, por carecer de una ley de responsabilidad, no pueden los propietarios reclamar la responsabilidad de los agentes del poder».

De la misma opinión, Bonaplata y compañía solicitaron al Gobierno una indemnización de 2.696.625 reales por los daños sufridos, indemnización que fue sustituida por una nueva aportación gubernamental para montar una nueva instalación, lo que efectivamente se hizo, pero esta vez en Madrid, ciudad en la que fallecería prematuramente pocos años después.

Una de las consecuencias más graves de todo ello fue que varios empresarios que tenían pensado instalar talleres mecánicos tardaron bastantes años en perder el miedo, lo que retrasó un poco más el normal desarrollo de la industria textil catalana.

Más aranceles

En 1837, dos años más tarde del incendio bullanguero, y también de Francia como los Hijos de san Luis, pero esta vez de turista, llegó a España Henri Beyle, el egregio literato al que hay que buscar en las enciclopedias por su inmortal seudónimo de Stendhal. Sobre su visita a Barcelona nos dejó unos párrafos de felice recordación:

«Es digno de mención que en Barcelona se predica la más pura de las virtudes, el beneficio de todos, y al mismo tiempo se quiere disfrutar de privilegios: divertida contradicción. Estos señores quieren leyes justas, con la excepción de la ley de aduanas, que debe estar hecha a su antojo. Los catalanes exigen que cada español que usa telas de algodón pague cuatro francos al año porque en el mundo hay una Cataluña. Es preciso que el español de Granada, Málaga o La Coruña no compre, por ejemplo, los tejidos de algodón ingleses, que son excelentes y cuestan un franco la vara, y se sirva de los tejidos catalanes, muy inferiores y que cuestan tres francos la vara. Sin embargo, estas gentes son republicanas hasta el tuétano y grandes admiradoras de Jean-Jacques Rousseau y del Contrato social; pretenden amar lo que es beneficioso para todos y detestar las injusticias de las que se benefician unos pocos, es decir, que detestan los privilegios de la nobleza de la que carecen, pero quieren continuar disfrutando de los privilegios del comercio que su turbulencia arrancó antaño a la monarquía absoluta. Los catalanes son liberales como el poeta Alfieri, que era conde y detestaba a los reyes pero consideraba sagrados los privilegios de los condes».

Tres años antes de estas palabras, la Comisión de Fábricas de hilados, tejidos y estampados de algodón del Principado de Cataluña había dado a la imprenta una Memoria sobre la necesidad del sistema prohibitivo en España en la que había argumentado al revés que Stendhal. Quizás el francés tuvo la oportunidad de leerla. Nunca lo sabremos.

«Pero este sistema prohibitivo ¿no autoriza un monopolio nacional a favor de los productores contra los consumidores? ¿No se hace a éstos una injusticia obligándoles a pagar más caros unos géneros que tendrían más baratos y mejores sin tales restricciones? Tal es la cantinela que repiten los proclamadores de la independencia mercantil. ¡¡Monopolio!!»

Y la respuesta de los comisionados catalanes consistió en que si se abrieran las puertas a la industria extranjera, «más perfecta y más barata que la nuestra», se arruinaría la industria nacional y se establecería el monopolio de aquélla:

«Si pues de todos modos se sufriría el monopolio, ¿no vale más que lo disfrute la industria doméstica que la extraña?».

En el mismo año en que Stendhal apuntaba sus reflexiones, llegó al ministerio de Hacienda el liberal zamorano Pío Pita Pizarro, que ejerció dicho cargo durante tres años. En 1840, pocos meses después de abandonar el despacho, publicó un Examen de la hacienda y deuda del Estado en el que, explicando sus tesis librecambistas, denunció «la gran influencia que los fabricantes catalanes tenían en el gobierno para sostener el sistema prohibitivo y de monopolio que tan enormes ganancias les produce a costa de la nación». Además de por «enriquecerse a costa de la gran masa de consumidores», el sistema proteccionista le parecía perjudicial porque provocaba que sus beneficiarios, carentes de competencia, descuidaran las mejoras de su maquinaria. Y por si fuera poco, les acusaba de contrabandistas por «poner los sellos de sus fábricas en los géneros producidos por las estrangeras».

Cuatro años más tarde de las reflexiones stendhalianas y pocos meses después de las de Pita Pizarro, el progresista anglófilo Espartero aprobaba un arancel moderadamente menos proteccionista que los anteriores. Además, corrió el rumor de que estaba en tratos con Inglaterra para firmar un tratado comercial que permitiría la entrada de tejidos ingleses y la salida de productos agrarios que hasta entonces no podían saltar las murallas aduaneras levantadas por Londres como respuesta al proteccionismo español.

Aunque el tratado nunca llegó a firmarse, en Cataluña saltaron las alarmas. Como resumió el eximio historiador catalán Ferrán Soldevila en su monumental Historia de España, lo que temían los fabricantes era que «la industria catalana iba a ser sacrificada en ventaja de las frutas y los vinos españoles y de las industrias inglesas».

El jurista y político barcelonés Joaquín María Sanromá y Creus, interesantísimo personaje del que hablaremos más tarde, describió así la situación:

«Corría la voz de que se permitiría la entrada a los algodones ingleses; gran motivo de alarma entre los fabricantes acaudalados, y primera ocasión de manifestarse aquel espíritu proteccionista tan funesto, en mi sentir, para los mismos intereses catalanes».

En los meses siguientes, para resumir, los proteccionistas catalanes consiguieron imponer su criterio, el progresista Espartero salió corriendo hacia el exilio londinense y le sustituyó el moderado Narváez.

De la mano del Espadón de Loja regresó de su exilio María Cristina de Borbón, esposa de Fernando VII y regente de su hija, la todavía niña Isabel II. Así describió su triunfal entrada en Barcelona el arriba mencionado Sanromá:

«Los moderados no cabían en el pellejo al ver aquel recibimiento incomparable y el vuelco que las cosas iban dando. La población acudió en masa: banderas, gallardetes, colgaduras, salvas, campaneo, Te Deum en la catedral, arcos triunfales y un clamoreo inmenso. ¡Viva la Madre de los españoles! —voceaban los más ardientes».

Aprovechemos la ocasión para detenernos brevemente en este Joaquín María Sanromá. Nacido en Barcelona en 1828, fue un erudito economista y jurista que ejerció de catedrático de varias materias en varias universidades españolas. Discípulo y amigo suyo, ejercería de subsecretario de Laureano Figuerola al ser nombrado éste ministro de Hacienda en 1868, así como de diputado liberal durante el Sexenio Revolucionario. Ambos fueron figuras descollantes del librecambismo español de la época.

No fueron pocas ni tibias las páginas que destinó Sanromá a defender sus tesis y a criticar el lobby proteccionista que, sobre todo desde su natal Cataluña, obstaculizaba, en su opinión, el progreso de España. Por ejemplo, y sin salirnos del gobierno Narváez, éste promulgó en 1849 un nuevo arancel suavizador de la presión sobre los productos siderúrgicos y buena parte de los textiles, lo que volvió a enfurecer a unos fabricantes catalanes que, sin embargo, acabarían saliendo favorecidos al verse obligados a apretarse un poco las clavijas para sobrevivir. Así lo describió Sanromá:

«Renovaron el material, formaron sociedades, buscaron capitales; y de entonces data lo único presentable y decentito que ha ido ostentando después su industria algodonera. Por supuesto, gimoteando siempre; siempre tan desatendidos, siempre tan melancólicos. Condición eterna de aquellas gentes: hacer la fortuna a pucheritos».

En sus Memorias denunció que «unos cuantos fabricantes catalanes y otros tantos ferreteros vizcaínos tenían metido el país en un puño». Con ellos hacían coro algunos empresarios cerealistas castellanos, pero la parte del león se la llevaban sus paisanos:

«Pero los gallitos de la fiesta eran los proteccionistas de mi tierra, y muy especialmente los algodoneros. A fuerza de ingeniosas combinaciones, habían llegado a tomar una posesión mansa del consumo general, de la Administración y de la Hacienda. Pagando, como pagaban, una contribución insignificante en comparación con los tributos que pesaban sobre la mayoría de las industrias no protegidas, pretendían, sin embargo, ser los representantes de la industria del país; y limpia, lisa y llanamente declaraban enemigo de la industria nacional a todo el que se los pusiera por delante. Maña muy conocida, y enteramente igual a la que suelen poner en uso todas las clases que aspiran al mando o al mangoneo (…) Con tales ínfulas de suprema encarnación industrial, mis buenos paisanos del hilado y del tejido habían logrado, como lo han vuelto a conseguir después, ejercer en Barcelona una verdadera soberanía, y en el resto de España un verdadero pontificado. Ellos conminaban, ellos palmeteaban, ellos excomulgaban. Si algún célebre abogado de allí hubiese deseado perder su clientela, o la suya algún médico celebérrimo, no tenía más que declararse en público partidario de la libertad de comercio».

Efectivamente, como explica el historiador de la economía Francesc Cabana, «hablar de libre cambio en Cataluña en la segunda parte del siglo XIX era hablar del diablo».

Regresando a Sanromá, la estrategia de presión de los industriales catalanes a los gobiernos nacionales en defensa de sus intereses privados fue descrita en líneas que parecen haber sido escritas hoy:

«Tenían una organización vastísima. En la capital del Principado, el gran Sanhedrín de la Junta de Fábricas (…) En Madrid, un comisionado especial, con treinta o cuarenta mil reales de asignación, y siempre a la husma de lo que se susurraba, de lo que se decía, de lo que pudiese ser una amenaza para los sagrados intereses. Y en el Parlamento, un par de santones de talla, con su Quos ego preparado para el supuesto, y poco probable caso, de que algún desdichado Ministro de Hacienda, apurado por las necesidades del Tesoro, pretendiese correrse un poco, aflojando los tornillos de las Aduanas».

Siglo y medio después, el recién mencionado Francesc Cabana, eminente historiador económico de adscripción separatista, ha confirmado lo denunciado en aquel entonces por Sanromá:

«Los catalanes defendían sus intereses, y hay que decir que aquellos industriales catalanes eran de armas tomar, eran personajes muy duros que iban directos, que no tenían ningún escrúpulo a la hora de defenderse y que tenían personas que estaban a sus órdenes y a las que pagaban».

Así fue durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, con excelentes resultados para unos industriales catalanes que casi siempre se salieron con la suya, y no siempre defendiendo la razón y la justicia. Así lo reflejó en sus Memorias, con sorprendente sinceridad, nada más y nada menos que Francesc Cambó:

«Los catalanes hemos sido siempre muy hábiles al manejar los aranceles y saber defender nuestros intereses. A veces, incluso, las defensas han sido exageradas y, por tanto, perjudiciales e injustas. La superioridad de los catalanes sobre los políticos españoles, e incluso sobre los funcionarios, era tan grande que, en la lucha arancelaria, la victoria de los primeros era casi siempre segura».

La bestia parda

Pero no adelantemos acontecimientos y regresemos al siglo XIX. En concreto a la década de los 60 y a la figura esencial de Laureano Figuerola. Nacido en la localidad barcelonesa de Calaf en 1816, Figuerola fue un eminente economista y abogado que, además de su labor docente, ejerció de ministro de Hacienda tras la Revolución de 1868 y que ha pasado a la historia como la bestia parda de los proteccionistas decimonónicos. Durante su mandato instauró la peseta (palabra catalana, por cierto: de peceta, diminutivo de peça) como unidad monetaria nacional y diseñó, junto con Sanromá, la reforma arancelaria librecambista que provocó la ira de los industriales catalanes.

El motivo fue que Figuerola estableció en su Ley de Bases Arancelarias que ningún artículo importado tendría un arancel superior al 15%. El que llegaría a ser famoso artículo 9º de dicha ley establecía en su base 5ª el proyecto de llegar en pocos años a la desaparición de los derechos protectores transformándolos en puramente fiscales.

Pero los industriales catalanes, ejerciendo su habitual presión en el Gobierno y el Parlamento, consiguieron de su paisano Prim, presidente del Gobierno, los que se llamaron derechos extraordinarios, es decir, una subida hasta el 35% para los productos de su competencia.

Célebre fue el enfrentamiento de Figuerola con el presidente Prim y el diputado José Puig y Llagostera, paisanos suyos ambos. Entre otros detalles, Puig acusó a Figuerola de «entregar el país atado de pies y manos a quien quizá se lo compró». Llovieron piropos en ambas direcciones y poco faltó para que llegaran a las manos e incluso a los floretes.

Pero lo más importante fue que Prim no se alineó con su ministro de Hacienda, sino con los industriales catalanes promotores de continuar con el proteccionismo, lo que indignó a Figuerola, que dimitió aunque acabaría regresando al gobierno pocos meses después.

Figuerola fue una persona muy poco querida en su tierra natal, pues se le percibió como un traidor a España y, más concreta y directamente, como un enemigo de los intereses económicos de sus paisanos. Y, como suele suceder, el conocimiento y la reflexión no fueron los elementos dominantes en el debate político, fenómeno universal sobre todo cuando anda en medio la billetera.

Así se lamentó de la imposibilidad de razonar con unos paisanos suyos que tenían el proteccionismo por axioma:

«La idea proteccionista en Cataluña es dogmática, esto es, no se discute, pero yo, que a pesar de la atmósfera de mi país, Cataluña, siempre proteccionista, he sentido la idea del libre cambio, la he estudiado una y muchas veces, a ver si es que estaba ofuscado, y he visto que no, he visto que la razón no está de parte de mis paisanos».

Un siglo después de su muerte, Figuerola sigue siendo un personaje controvertido para los pocos catalanes que recuerdan quién fue. Uno de ellos es, como es lógico, el ya citado Francesc Cabana, eminente historiador, expresidente del Ateneo barcelonés y activo promotor de la secesión, quien expresó hace ya más de una década su deseo de que algún día se escribiese una biografía de quien fuera una figura de extraordinaria importancia en la España decimonónica. Pero atención, no cualquier biografía:

«Figuerola no estuvo bien visto en Barcelona. Está enterrado actualmente en Gerona, junto a su mujer. Es un personaje de primera categoría que merecería, de todas todas, una biografía que a mí me gustaría que la hiciésemos en Cataluña, porque si no, la harán en Madrid y, si la hacen en Madrid, pasará lo que pasará, y ciertas cosas se explicarán un poco sesgadas. Ésta es mi opinión como pueden suponer, que también debe de ser un poco sesgada como catalán que soy».

Portentosa argumentación.

Un eterno sacrificio momentáneo

Figuerola y su amigo y colaborador Sanromá fueron dos catalanes que se opusieron a la opinión proteccionista predominante en la Cataluña de su tiempo. Pero fueron excepciones. Pues, tanto antes como después de ellos, la gran mayoría de los catalanes defendieron el sistema que consideraron más eficaz para la protección de sus intereses. Y su excusa fue el retraso industrial que exigía medidas especiales de protección durante un tiempo para poder ponerse a la altura tecnológica de los países más industrializados y así no sucumbir por el camino ante sus mejores productos. El problema de la excusa del atraso es que duró dos siglos, lo que acabó revelándola como una involuntaria confesión de impotencia. Y dio la razón a quienes sostuvieron que la única consecuencia del proteccionismo habría de ser que los industriales españoles, con su mercado interior cautivo, no se esforzarían por modernizarse y ser más competitivos.

Así lo denunció el liberal sevillano Manuel Sánchez Silva, que tanto se destacaría en legislaturas posteriores por su enfrentamiento ideológico con los fueristas vascos, con motivo de su debate parlamentario con el diputado catalán Joaquín Jaumar. Cuando éste defendió la necesidad de mantener el sistema prohibitivo como sacrificio momentáneo de la nación para permitir a la industria catalana ponerse al nivel de los competidores europeos, Silva le respondió así:

«Dice el Sr. Jaumar que hagamos un sacrificio momentáneo. Señores, ¿es sacrificio momentáneo el que se está haciendo desde Felipe V y Fernando VI hasta nuestros días? No es momentáneo, es de siglos. Nuestros antepasados han estado y todos hemos estado sacrificándonos continuamente a favor de la industria catalana, y esta industria nunca llega a su apogeo; yo siempre la veo en el mismo estado. No se diga que es sacrificio momentáneo con el objeto de que lo otorguemos; es sacrificio que hace mucho tiempo estamos haciendo, y no es justo que por más tiempo estén perjudicadas todas las demás provincias por favorecer a Cataluña».

Estas palabras fueron pronunciadas en 1841. Sobre el asunto correrían ríos de tinta durante un siglo más.

A la necesidad de la protección dedicó muchas páginas Aribau —no en vano fue director general del Tesoro y de la Junta de Aduanas y Aranceles entre 1847 y 1850— en sus estudios sobre la industria algodonera. Así lo reconoció Almirall en 1886 al escribir en Lo catalanisme que «nuestra gran industria no puede vivir sin una atmósfera artificial arancelaria». Así lo denunció Santiago Ezquerra, noventayochista con treinta años de adelanto, en su amargo opúsculo de 1869 ¡Los españoles no tenemos patria!:

«De entonces [reinado de Felipe V] acá ha desarrollado [Cataluña] algún tanto su industria a costa de la gran protección que se le ha concedido, incurriendo en la grave contradicción de que a algunos diputados que ha mandado a las Cortes, incluso a las actuales Constituyentes, aunque sean de las fracciones más liberales y hasta republicanos, les impone la condición de que no se reformen los aranceles restrictivos que rigen, condición que pugna abiertamente con el principio de libertad que pretenden algunos sostener que está encarnado en aquella comarca (…) En parte de Cataluña hay otras varias [industrias] a beneficio de la gran protección que se les viene dispensando desde el siglo anterior; sus productos no resisten la competencia extranjera; aun con toda la ayuda que se les ha concedido, no pueden presentarse en el mercado, ni con abundancia, ni a precios cómodos para el consumidor».

Y sobre ello abundó en 1907 Francisco Jaume, industrial gerundense, tan ferviente proteccionista como antiseparatista, en su El separatismo en Cataluña. Crítica del catalanismo según los hechos:

«Debemos nuestra prosperidad a los reyes de esta dinastía, pues fueron ellos que inauguraron la protección arancelaria, fuente de prosperidad y poder de las naciones modernas. Fue Carlos III, de gloriosa memoria, que supo escoger tan bien sus ministros, quien empezó la buena política arancelaria; y por lo tanto a él se debe y a sus sucesores, hasta doña Isabel II inclusive, que no quiso nunca separarse de esta conducta a la que debe España lo poco que vale en industria y riqueza.

(…) Y en la industria algodonera, que es la principal de Cataluña, y en la que más nos hemos distinguido y mayormente ha contribuido a nuestra prosperidad, ¿qué ha pasado?

—Pues lo mismo; que no pudo crearse sin recurrir a la prohibición de la entrada en nuestra nación de todo género de algodón. Mientras no se aplicó tal medida esta industria no progresó, y sólo con ella empezó a tomar el desarrollo a que ha llegado.

(…) Es pues un error, y a la vez una ingratitud, y por ende una grande injusticia negar a nuestros gobiernos tan señalado servicio; a la vez que una torpeza insigne suponer que todo lo ha hecho nuestra aptitud. Es ésta un elemento indispensable, es claro que sí; pero elemento que se encuentra siempre en toda población desde que hay ocasión a manifestarse».

¡Muera la república, viva el rey!

Así pues, a pesar de que los catalanes ejercieron una influencia decisiva en el Sexenio Revolucionario —Pi y Margall, Prim, Figueras, Tutau y Vergés, Suñer y Capdevila— y de que el republicanismo federal tuvo en Cataluña su más fuerte bastión, la inestabilidad política, los continuos desórdenes, la nueva guerra carlista y la amenaza librecambista provocaron que los catalanes, con los empresarios a la cabeza, se apuntaran con alegría a la restauración borbónica en la persona de Alfonso XII. No por casualidad los patronos catalanes —entre ellos, algunos fundadores de acaudaladas dinastías que han llegado hasta nuestros días, como Pedro Bosch y Labrús, Domingo Sert y Ríus o Juan Güell y Ferrer— habían creado en 1868 el Fomento de la Producción Nacional y en 1876 el Fomento de la Producción Española (gérmenes de la patronal Fomento del Trabajo Nacional nacida en 1889) para oponerse en bloque a las reformas librecambistas de Figuerola.

Y Barcelona volvió a ser, otra vez, la ciudad más entusiásticamente borbónica de toda España. Apoteósico fue el recibimiento a Alfonso XII por parte del pueblo y las instituciones barcelonesas en enero de 1875. El alcalde proclamó en su discurso de bienvenida que Barcelona no olvidaría jamás la honra de ser la primera ciudad española que le había recibido. El ministro de Marina, marqués de Molins, telegrafió al gobierno un breve informe:

«Alfonso XII recibido en Barcelona como Rey por autoridades y por inmenso pueblo, con el vivo interés que inspira su dignidad, y más su persona y su proclamación. El Rey ha confiado su entrada al amor de los catalanes, y el éxito ha excedido a las esperanzas de todo el mundo. La bahía y la ciudad, intransitables por llenas; indescriptibles por entusiastas; los corazones unánimes. ¡Dios protege a Alfonso XII!».

Y el propio rey envió este mensaje a su destronada madre, exiliada en París:

«Madre mía: el recibimiento que me ha hecho Barcelona excede mis esperanzas y excedería tus deseos. Con el corazón conmovido por la voz del pueblo español, que por primera vez me aclama como padre, te da las gracias y acepta tu bendición como la de Dios, quien ha pedido por ti y por mis ya hijos catalanes».

¡Encarnizada, vive Dios, la lucha sostenida por los catalanes contra la dinastía borbónica a lo largo de los siglos, como reza el evangelio separatista!

Memorial de agravios

Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue suspender la aplicación de la base 5ª de la Ley Figuerola, la más odiada por los proteccionistas catalanes. Y dos años más tarde, en 1877, se aprobó un arancel que regresaba a un proteccionismo suave, nunca del todo satisfactorio para los industriales catalanes.

Pero la base 5ª solamente había sido suspendida, no abolida; y cuando el liberal Sagasta alcanzó el gobierno en 1881, volvió a ponerla en vigor. Nueva sulfuración de los industriales proteccionistas, agravada por un tratado comercial con Francia al que no se miró con buenos ojos.

Vistas las protestas, el gobierno reculó y además promulgó la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas (1882). Fue diseñada para convertir Cuba y Puerto Rico en fortalezas arancelarias reservadas para los exportadores españoles, especialmente los cerealistas y los textiles, quienes, dada la saturación del mercado interior y la difícil salida hacia Europa a causa precisamente de la política arancelaria, necesitaban asegurarse un mercado antillano que absorbiese su producción.

Los vecinos estadounidenses, por supuesto, respondieron subiendo los aranceles al azúcar cubano, lo que afectó gravemente a los industriales azucareros. El malestar cubano iba subiendo al mismo ritmo que los beneficios de los industriales catalanes. Así lo admitiría el Centro Industrial de Cataluña en 1890:

«Sin las ventajas obtenidas en los mercados de Cuba y Puerto Rico merced a la Ley de Relaciones Comerciales de 20 de julio de 1882, que abrió una puerta de salida a nuestros productos, de seguro hubiera sufrido una terrible catástrofe la industria algodonera española, desapareciendo en su mayor parte».

Y así lo admitiría Ramón de Sentmenat y Despujol, marqués de Ciutadilla y de Sentmenat, senador y presidente de la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Barcelona:

«Los efectos producidos por las leyes de relaciones comerciales han sido muy satisfactorios».

Más tarde volveremos con esta Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas, ya que daría que hablar durante bastantes años.

A pesar de los «efectos satisfactorios» de la legislación proteccionista, el eterno descontento de los proteccionistas catalanes, esta vez la posible firma de un tratado comercial con Gran Bretaña que amenazaba su monopolio textil, fue, junto con el debate sobre la posible derogación del derecho civil catalán, la principal causa de la redacción de la famosa Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, más conocida como el Memorial de greuges o Memorial de agravios.

Presentado a Alfonso XII el 10 marzo de 1885, seis meses antes de que se lo llevara la tuberculosis, su redactor fue un Valentí Almirall que por aquellas mismas fechas se encontraba dando las últimas pinceladas a su obra capital, publicada en 1886: Lo Catalanisme, piedra fundacional del ídem.

El amable monarca agradeció la visita a los delegados catalanes y aprovechó para alabar la laboriosidad de sus paisanos afirmando que «si hoy España tiene industria, lo debe a Cataluña». Además, se comprometió a ser su abogado «en las cuestiones de su industria y de sus leyes, porque en cuanto a la primera soy proteccionista, y tan individualista como la Comisión por lo que respecta a las segundas». Y, finalmente, dijo que recibía con mucho gusto el memorial y tendría interés en estudiarlo.

Nunca sabremos si el infortunado monarca llegó a leerlo, tanto por su precario estado de salud como por lo farragoso del texto. Resumiendo la parte destinada al agravio arancelario, Almirall y los suyos echaron mano del símil médico para explicar su punto de vista. Los Estados prósperos no necesitan medidas proteccionistas, y si las adoptasen les sucedería lo que al individuo sano al que se obliga a tomar drogas y medicinas que no necesita. Los Estados pletóricos, enfermos por exceso de vida productiva, cuya máxima personificación era Gran Bretaña en su cénit imperial, se veían obligados a establecer colonias en lugares todavía no civilizados para conseguir nuevos consumidores de sus productos. Y lo debían hacer por las buenas o, textualmente, «abriendo mercados a cañonazos para llevar los géneros en la punta de las bayonetas».

Abramos aquí un breve paréntesis, porque la vida a veces nos sorprende con simpáticas coincidencias: en aquel mismo año de 1885 en el que los proteccionistas catalanes justificaban cañonazos y bayonetas para conseguir nuevos mercados, se celebró en Berlín la conferencia internacional en la que se decidió el reparto colonial de África. A España se le confirmaron las posesiones en el Golfo de Guinea conseguidas el año anterior por Manuel Iradier. El explorador vasco escribiría posteriormente sobre esta empresa:

«Lo digo poseído de legítimo orgullo, sobre la bandera de mi querida España que tremolé durante tres años en los países africanos, que no se ha escrito el nombre de ninguna víctima ni ha caído una sola gota de sangre humana».

Cerremos el paréntesis y retomemos las recetas de los agraviados. Porque la solución que proponían para los Estados enfermos de raquitismo, entre ellos, evidentemente, España, no podía ser otra que el proteccionismo:

«Tiene que examinar cuáles son los productos cuya entrada libre imposibilitaría el desarrollo de los parecidos en el país, y gravarlos; tiene que estudiar las diferencias entre su producción y la de otros países, tanto en calidad como en precio, y, reduciéndolas a números, dificultar su entrada con la imposición de derechos que representen estas diferencias. En una palabra, el Estado débil y raquítico, cuya producción no haya llegado todavía a la edad viril, no tiene más salida que entregarse a los aranceles. Para dicha enfermedad o debilidad todavía no se ha descubierto otra medicina».

Por lo tanto, dada la situación débil y raquítica de la industria española, y más en concreto la catalana, «el convenio con la Gran Bretaña es el golpe más transcendental que pueda darse a la producción manufacturera del país, en sus manifestaciones más importantes».

Evidentemente, los empresarios catalanes volvieron a salirse con la suya. Pero el Memorial no trataba sólo del asunto arancelario, sino de otras muchas cuestiones de índole política, cultural y lingüística. Y como, quizá debido al fallecimiento del rey, no se obtuvo respuesta, el siguiente paso de los incipientes catalanistas fue redactar las Bases de Manresa (1892).

Los librecambistas contraatacan

Dos días antes de que los delegados catalanes fueran recibidos por el rey para contarle sus agravios, la Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduana, es decir, los librecambistas, habían celebrado un gran acto en el Teatro Real de Madrid a propósito del tratado comercial con Gran Bretaña que levantaba las iras de los proteccionistas. Su tema fue, evidentemente, la defensa de dicho tratado y la crítica a sus opositores, principalmente, una vez más, los industriales y políticos catalanes. A estos últimos el ministro liberal Segismundo Moret, participante en el acto, los denominó «falange macedónica cerrada» por considerarlos uniformemente a sueldo de los primeros.

Lo presidió el incombustible Figuerola, que denunció a los «industriales privilegiados» que «hoy lo mismo que hace cuarenta años, presentan los mismos argumentos y las mismas amenazas». Arguyó que, si bien cuarenta años antes podría haberse comprendido que los industriales temiesen su ruina, los hechos habían desmentido sobradamente las profecías anunciadas, por lo que, si ahora seguían en sus trece, era por mala fe:

«Hay muchas personas que obran con notoria malicia o ignorancia de los hechos, sacrificando el interés general de la nación a los suyos particulares, y que al decir ruina, quieren decir menos ganancia, menos palacios que levantar, menos acumulación de millones en sus bolsillos, sacándolos de los bolsillos de los demás españoles».

El diputado liberal manchego Luis Felipe Aguilera criticó que «ciertos industriales de Cataluña, que anteponen siempre sus egoístas intereses particulares a las conveniencias generales del país», prefiriesen no exportar vino a Inglaterra con tal de seguir sin competencia para sus industrias textiles.

El republicano asturiano Manuel Pedregal hizo hincapié en los perjuicios sufridos en otras provincias españolas a causa de unas leyes proteccionistas que obstaculizaban grandemente la exportación de sus productos:

«No comprendo cómo en Valencia permanecen tranquilos, cuando debieran levantarse hasta las piedras contra esta intransigencia de Cataluña; cómo en Málaga no se clama contra este egoísmo; cómo en el oeste de España no se remueven en su lecho de dolor los gallegos contra los egoístas que pretenden cerrar las puertas de España al comercio inglés; cómo los mineros, qué tan maltrechos se encuentran en estos momentos, no alzan también su voz contra los gritos que se dan en Cataluña para limitar el comercio de Inglaterra con España».

El también republicano Gumersindo de Azcárate comentó un artículo aparecido en un periódico de Barcelona en el que, dado «lo falseado que está entre nosotros el régimen parlamentario» (la «democracia de baja calidad» que dicen ahora), se proponía «aflojar los lazos que ligan Cataluña a las demás provincias». Éstas fueron las palabras de Azcárate:

«Es gracioso en verdad esto de querer aflojar esos lazos cuando los atados somos nosotros y en beneficio de ellos (…) Estoy conforme con los proteccionistas catalanes en que si sucede lo que estamos viendo, es debido al falseamiento del régimen parlamentario (…) Sí, es verdad; el deplorable estado de la política en nuestro país ha influido en esta cuestión, pero ha sido a favor de los fabricantes barceloneses».

Pero no podemos abandonar 1885 sin recordar brevemente otra de esas coincidencias cósmicas que hacen de la historia la más trepidante de las novelas.

De los agravios españoles a los alemanes

Porque las diminutas Islas Carolinas, perdidas en el Pacífico, saltaron a la actualidad en agosto de aquel año debido a que la Alemania de Bismarck pretendió poner su pie en ellas.

A los españoles, la inmensa mayoría de los cuales no habría sido capaz de ubicar dichas islas en un mapa en el improbable caso de que hubiera conocido su existencia, se les inflamó de repente la vena patriótica. Y Cataluña no fue ninguna excepción. Se convocó una gran manifestación de afirmación nacional a la que se adhirieron prensa, empresarios y partidos, incluido el Centre Català de Valentí Almirall. Cientos de miles de barceloneses llenaron balcones y calles de banderas españolas, escarapelas rojigualdas y estandartes con el lema «Viva la integridad de la patria».

La prensa en bloque, con La Vanguardia a la cabeza, rugió de patriótica ira contra el insolente teutón. Al día siguiente de la manifestación, exclamaba el editorialista de dicho periódico:

«¡Aún hay patria, aún hay patria! Nuestro entusiasmo justifica la exclamación con que damos comienzo a esta reseña; porque creíamos que el acto de ayer sería brillante, sería imponente, pero jamás hubiéramos imaginado tanta majestuosidad, tanta grandeza. Sí, aún tenemos patria; aún España puede ser una gran nación. Aún no hay país alguno que nos aventaje en patriotismo».

Pero el detalle más interesante fue que Valentí Almirall, que cinco meses antes había redactado el Memorial de greuges, participó ahora también en la redacción del manifiesto unitario. Los firmantes se dirigieron al gobierno para exigirle «la defensa de la dignidad de la patria» y para hacerle saber que en Barcelona «nadie admite siquiera discusión sobre el perfecto derecho que tiene el pueblo español a todo el territorio nacional».

Llegados al Océano Pacífico, nos vamos acercando al momento cumbre, al epicentro del terremoto cuyos temblores seguimos sufriendo los españoles en el siglo XXI. Y aquel terremoto se desató a la vez en el Pacífico y en el Atlántico: en las Filipinas y en las Antillas.

Hagamos, pues, un alto en el camino y echemos un vistazo a la situación de Cuba, Puerto Rico y Filipinas a lo largo del siglo XIX. Y, en concreto, al destacado papel que representaron, en varias actividades, los catalanes.

Los catalanes en América

Porque si el siglo XIX fue el del despegue extraordinario de la industria y el comercio catalán en la Península, también lo fue en las provincias de ultramar, con lo que un porcentaje muy notable de los protagonistas económicos y políticos relacionados con ellas e instalados en ellas fueron catalanes [1].

Por ejemplo, ministro de Ultramar en los años finales de Isabel II fue el barcelonés Francisco Permanyer y Tuyet. Uno de los próceres del proteccionismo, Pedro Bosch y Labrús, no se contentó con las provincias aún españolas, sino que defendió la idea de organizar un gran mercado común con todos los territorios, ya independizados, que habían pertenecido al imperio español, lo que desarrolló en su libro de 1889 La conveniencia de un concierto económico entre las distintas naciones de raza española. Y un muy destacado defensor del colonialismo fue Víctor Balaguer, no por casualidad nombrado en 1871 ministro de Fomento y Ultramar. Se distinguió por su insistencia en impulsar las infraestructuras, el comercio y la presencia española en Filipinas, a la que consideraba «un mercado que viene». En un libro escrito sobre el archipiélago insistió en la necesidad de «españolizar el país por la extensión de la raza peninsular» y promover las industrias del algodón, las maderas, el tabaco y la minería para que España, y más en concreto Cataluña, pudiese abastecerse de todo ello en suelo filipino sin tener que comprárselo, entre otros, a los rivales Estados Unidos, principal proveedor algodonero de la industria textil catalana.

Pero saltemos hasta América. Porque la primera de las guerras de independencia cubanas, la que ha pasado a los libros de historia como Guerra de los Diez Años (1868-1878), prendió por varios motivos: las quejas por la creciente tributación casi nunca empleada en asuntos locales, las limitadas libertades políticas y de prensa, las trabas al comercio con otros países de la región, especialmente Estados Unidos, las ansias de autogobierno de cierta cantidad de criollos y el deseo de convertir la renta de aduanas en contribución directa. Este último objetivo fue descrito por el muy influyente indiano Juan Güell como «el pretexto de la rebelión que tanta sangre cuesta». La mayor parte de los hacendados, tanto criollos como peninsulares, no se sumaron a una rebelión que sembró la isla de destrucciones, incendios y asesinatos.

La indignación en España fue general, y Cataluña fue de las regiones más destacadas en manifestar su patriotismo y su hostilidad a los separatistas cubanos. Ante las primeras noticias que llegaban de la otra orilla del Atlántico, ciento veintiocho hombres de negocios barceloneses, preocupados por considerar «comprometidos los grandes intereses de este país en la Isla de Cuba, las vidas de nuestros hermanos y la honra de nuestro pabellón», pidieron a la Diputación de Barcelona que organizara un cuerpo de voluntarios cuyos gastos se comprometieron a cubrir mediante una suscripción patriótica.

Junto a la defensa de la patria, que nadie puso en duda, quedó claro desde el principio que también había que defender otros asuntos más pedestres. La Diputación barcelonesa, en el llamamiento que hizo para animar al alistamiento, destacó «la trascendencia de la pérdida [de Cuba] para el sostenimiento de nuestro comercio, industria y agricultura». Y Juan Mañé y Flaquer, desde su Diario de Barcelona, pidió a sus paisanos que fuesen prácticos:

«Los que quieran salvar a Cuba, los que quieran conservar a nuestra agricultura, a nuestra industria, a nuestro comercio y a nuestra marina mercante el principal si no el único mercado que hoy le queda, han de estar dispuestos a ofrecer al gobierno no estériles votos ni afeminadas lamentaciones, sino auxilios positivos en hombres y dinero».

Juan Güell publicó a los pocos meses del estallido de la guerra un opúsculo, Rebelión cubana, en el que negaba el derecho de los cubanos a rebelarse y recordaba la importancia que la isla caribeña tenía no sólo para los capitales españoles allí radicados, sino también para el comercio y la industria de la metrópoli por tratarse del principal mercado para «el desagüe de nuestros productos»:

«La nación española, no sólo tiene el derecho, sino el imprescindible deber de combatir la rebelión cubana, agotando todos los medios y recursos para salvar el honor nacional y las vidas e intereses de los hombres honrados y laboriosos que encuentran la fortuna y bienestar en aquellas posesiones españolas».

Por lo tanto, quien, directa o indirectamente, contribuyese a su pérdida, «debe ser execrado de todos los españoles que estimen en algo la gloria y la honra de su patria». Por el contrario, alabó a los cubanos que combatían la rebelión, quienes, dada la próspera situación de Cuba en comparación con las repúblicas vecinas, especialmente con el caos de Santo Domingo, «deseaban y desean, por sentimientos españoles, por su propio interés y por egoísmo de buen género, el estatu-quo».

En los debates de las Cortes Constituyentes celebrados en marzo de 1870, el diputado José Puig y Llagostera —el que estuvo a un pelo de batirse en duelo con Figuerola— homenajeó «a los españoles que en Cuba vierten a raudales su sangre y sus tesoros por defender la integridad de la Nación y la honra de la Patria». Y clamó por que «no impunemente prevalezcan las doctrinas de una escuela que dice: Sálvense los principios y piérdanse las colonias. No. ¡Sálvense las colonias y piérdanse los principios! Húndanse los principios, pero sálvese el país».

Los llamamientos al combate tuvieron mucho eco y la afluencia de dinero y soldados superó las previsiones, lo que hizo que el batallón de voluntarios catalanes fuera el primero de toda España en salir hacia Cuba en marzo de 1869. En meses posteriores se reclutaron otros dos batallones. En total, tres mil seiscientos voluntarios, cifra que triplicó el número de quintos catalanes que debían partir hacia Cuba en el reemplazo de ese año.

Unos pusieron el dinero y la mayoría puso la sangre para defender la patria de todos y el dinero de los demás.

Oscuros negocios

Entre otros muchos versos escritos por los literatos catalanes para exaltar el esfuerzo bélico español en ultramar, merece la pena entresacar éstos de Francisco Camprodón reprochando a los criollos sublevados su imprudencia e ingratitud hacia una España a la que, en su opinión, habrían de verse obligados a pedir ayuda para evitar su destrucción a manos de los esclavos emancipados:

«¡Cuán pronto de la mar en las orillas,
mirando hacia el Oriente de rodillas,
invocarías la española mano,
viendo en hora menguada
tu púdica criolla profanada
por el labio brutal del africano!».

Porque el enfrentamiento racial contó en aquellos días tanto como la cuestión del separatismo. La mayoría de los españoles de aquellos años estaba lejos de cuestionar la utilidad y moralidad de la esclavitud negra, práctica casi extinguida en el mundo occidental pero aún practicada en la década de 1860 en los Estados Unidos, Brasil y los territorios caribeños de algunas potencias europeas como Holanda y España.

La presencia de esclavos negros en las Antillas venía de tiempo atrás, sobre todo del siglo XVIII y del comienzo de la explotación industrial de la caña de azúcar. Curiosamente, el periodo de mayor afluencia de esclavos de todo el siglo fueron los escasos once meses durante los que La Habana estuvo en manos inglesas tras su toma en 1762. Precisamente el carácter esclavista de la economía cubana, excepcional en el imperio español, fue lo que hizo que Cuba no se uniera a la oleada emancipadora del primer tercio del siglo XIX, pues el miedo a los negros empujó a los criollos a mantenerse fieles a España.

El temor a una guerra de razas siempre estuvo presente. Por ejemplo, en el revolucionario año de 1848, con motivo de la abolición de la esclavitud en las colonias francesas, se produjeron levantamientos de esclavos en algunos países caribeños, por lo que, ante el miedo a que la rebelión se extendiese por los dominios españoles, el catalán Juan Prim, a la sazón capitán general de Puerto Rico, dictó un decreto para evitar «una lucha de exterminio entre las razas». En él se sujetaban a la jurisdicción militar los delitos de cualquier especie que cometiesen los individuos de raza africana, tanto esclavos como libres, y se establecían penas rigurosas como la de ser pasado por las armas en caso de agredir a un blanco «por justificada que fuese la agresión» o la de facultar a los dueños de esclavos a dar muerte a los que se sublevaren. Como se decía por aquel entonces, «Cuba será española o africana». Y cuando, en décadas posteriores, algunos criollos acariciaron la idea de la separación, no fue para conseguir una Cuba independiente, sino para incorporarse a los Estados Unidos, más concretamente a los del sur. Por eso dicha tentación desapareció para siempre con la victoria de Lincoln.

Si bien el tráfico de esclavos estaba prohibido por el gobierno español desde que firmara en 1817 con Gran Bretaña el tratado de supresión del tráfico negrero, la eficacia de dicha norma fue bastante deficiente en las décadas siguientes. Tan deficiente que el tráfico aumentó y, dados los riesgos de un negocio convertido en ilegal, los precios se dispararon. Por eso algunas de las fabulosas fortunas que amasaron los indianos provinieron en buena parte de tan odiosa industria. Además, contaron con la colaboración de algunos funcionarios y militares corruptos, que también se enriquecieron cobrando una tasa por cada negro entrado ilegalmente —entre ellos los capitanes generales Tacón, Vives, Lersundi y nada menos que O’Donnell—, lo que permitió al esclavista catalán Francisco Martí y Torrents presumir con cinismo de que había hecho su fortuna «comprando blancos y vendiendo negros». No por casualidad el mayor esclavista de todos, el vasco Julián de Zulueta, llegó a alcalde de La Habana, senador vitalicio, comendador de la Orden de Isabel la Católica, primer marqués de Álava y primer vizconde de Casablanca.

Entre los principales traficantes y propietarios de esclavos se destacaron algunos catalanes, en cuyas manos se encontraba buena parte de la industria y el comercio antillano, como Jaime Tintó, Pelegrín Marqués, Jaime Ricomá, Francisco Granell, Gregorio Ferrer, Juan Roig, Juan Ferrer, Domingo Martorell, Esteban Gatell o José Vidal. Uno de los más conocidos fue Juan Maristany y Galcerán, responsable de la casi extinción de los indígenas de la Isla de Pascua en 1862. Perseguido por los ingleses en El Callao, consiguió escapar gracias a la ayuda de la Armada española, lo que le permitió morir anciano y acomodado en su Masnou natal.

Al aumentar paulatinamente los obstáculos legales internacionales para el tráfico de negros, se comenzó a sustituirlos con irlandeses salidos de su patria por la gran hambruna de la patata de 1845, gallegos, canarios y sobre todo culíes chinos, todos ellos en régimen de semiesclavitud. La más importante compañía traficante de culíes fue La Alianza, de los catalanes Juan Colomé, Marcial Dupierris y Antonio Ferrán.

Pero los anteriores no fueron los únicos, puesto que el río de dinero que afluyó a Cataluña gracias al comercio esclavista fue una de las principales aportaciones al enriquecimiento urbano de Barcelona y otras localidades en las que invirtieron los acaudalados comerciantes catalanes de las Antillas. Incluso se fundó en La Habana, en la década de 1840, la Compañía Catalana General de Seguros con el fin de cubrir los riesgos de los negreros.

Entre los más destacados esclavistas estuvo José Xifré y Casas, uno de los principales propietarios de fincas urbanas de Barcelona y origen de la expresión «ser más rico que Xifré». Otro fue José Gener y Batet, dueño de la fábrica de tabaco La Escepción, tras el incendio de cuyos talleres pudo contemplarse el espectáculo de los cadáveres carbonizados de los trabajadores que no pudieron huir por estar encadenados a sus bancadas. O el ya mencionado Martí y Torrents, pirata en su juventud y negrero en su madurez, también dedicado al comercio a gran escala de indios yucatecos en connivencia con el gobierno mexicano. O Miguel Biada, férreo defensor del esclavismo y padre del pionero ferrocarril Barcelona-Mataró. Y junto a ellos, Juan Güell, Pedro Gil y Babot, Antonio López, Roque Jacinto Llopart, Cristobal Roig y Vidal, Manuel Roig y Milá, Mariano Flaquer, José Baró y Blanchart, Pablo Forcadell, Miguel Pous, José María Borrell, Pedro Samá y Parés, Salvador Samá y Martí, Jaime Vilardebó y muchos otros patriarcas de las actuales dinastías de la burguesía catalana que fundaron las grandes firmas industriales, navieras y financieras que pusieron a Cataluña en la primera fila de la economía española.

De aquellos tiempos nos ha llegado la copla cubana, otrora célebre, «Desde el fondo de un barranco grita un negro con afán: ¡Dios mío, quién fuera blanco aunque fuera catalán!», cuyo sentido, admirativo por su capacidad de trabajo o despectivo por su ausencia de escrúpulos, sigue discutiéndose todavía hoy. Otra coplilla de la misma época rezaba «¡Ay!, cuando amaso yo, sabrosito sale el pan. ¡Ay!, panadero soy, y esclavo de catalán».

Fuesen cuales fuesen los motivos de estos versos, lo indudable fue que, cuando estalló la guerra, los insurrectos corrieron la voz por toda la isla de que «no han de quedar catalanes en Cuba». El estadounidense Joseph J. Dimock, viajero en la Cuba de aquellos años, relató en sus memorias de viaje una disputa entre un tabernero español y un negro liberto en la que «el negro dedicó todo tipo de epítetos insultantes que el filosófico, o acobardado, comerciante soportó con gran paciencia (…) Entre otros epítetos insultantes y oprobiosos, enfatizó la palabra catalán, mostrando que para él era uno de los nombres más insultantes».

Quizá ayuden a explicar tan sorprendente animosidad las palabras del barcelonés san Antonio María Claret, arzobispo de Santiago de Cuba, que denunció que, entre todos los propietarios de esclavos, «los más malos son los que han venido de España, y singularmente los catalanes, que son malísimos, pésimos, nunca confiesan, ni comulgan, ni van a misa, y todos viven amancebados, o tienen ilícitas relaciones con mulatas y negras, y no aprecian otro dios que el interés».

Sobre la presencia de catalanes en el ramo de la usura escribió en 1844 el también estadounidense John G. Wurdemann:

«Los catalanes proveen a los plantadores con todo lo necesario para sus negros y sus plantaciones; les adelantan dinero por sus cosechas, que luego venden a comisión; y a menudo les prestan el dinero necesario para construir sus costosas instalaciones azucareras o sus más baratos cafetales, pero todo ello a un interés ruinoso dado el escaso valor actual de sus cosechas».

Durante el breve reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873) la Sociedad Abolicionista presentó en el Senado un proyecto de ley para acabar con la esclavitud en las Antillas, proyecto que se topó con una férrea oposición por parte de los Círculos Hispano-Ultramarinos organizados en aquellos mismos días para defender los intereses de unos propietarios antillanos temerosos de la posible creación de un estado de antiguos esclavos como había sucedido en Haití. Junto a la retórica patriótica habitual y su oferta de ayuda económica para sofocar la rebelión, una de sus propuestas fue la de conseguir la venta pública de las propiedades confiscadas a los partidarios de la insurrección.

Los círculos más influyentes, además del de Madrid, fueron, no por casualidad, los de los principales puertos del comercio ultramarino: Cádiz, Bilbao, Santander y Barcelona. El más importante de todos, patrocinado por el Fomento de la Producción Nacional, fue el barcelonés, dirigido por una larga lista de influyentes empresarios.

Se constituyó en diciembre de 1871 en los salones de la Lonja. Durante la reunión, el diputado republicano Baldomero Lostau tomó la palabra para afirmar que España no era la madre patria de Cuba, sino su madrastra, tras lo que tuvo que poner pies en polvorosa para evitar problemas con los demás asistentes.

Un año más tarde, en diciembre de 1872, al confirmarse la voluntad del gobierno de abolir la esclavitud en Puerto Rico, se redoblaron las protestas en toda España. El círculo de Barcelona presentó las suyas al gobierno en colaboración con otras entidades como el Fomento de la Producción Nacional, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, el Instituto Industrial de Cataluña, la Sociedad Económica de Amigos del País y 2.674 firmas de propietarios, fabricantes, navieros, comerciantes e industriales catalanes:

«Cataluña, que tantos sacrificios ha hecho en pro de las posesiones ultramarinas contribuyendo a su fomento, ilustración y riqueza, tiene derecho a que se atiendan sus ruegos, a que se fije la atención en la justicia de sus reclamaciones (…) ¿Quién consumiría, Exmo. Sr., lo que Cataluña produce, si las Antillas dejaran de ser españolas? ¿A dónde irían nuestros vinos, nuestros aceites, los productos todos de nuestra agricultura y de nuestra industria? ¿Qué otros mercados tienen? Y nuestra marina, ¿en qué se ocuparía, impotente para competir con otras naciones y sin más vida que la que le da el transporte de los productos nacionales a aquellos mercados?».

Volvió a celebrarse en la Lonja un acto multitudinario contra la abolición. Un par de presentes, que osaron gritar «abajo la esclavitud», salieron calientes de allí.

Como, a pesar de la oposición encontrada, el gobierno decidió finalmente abolir la esclavitud en Puerto Rico, los antiabolicionistas se agruparon en la denominada Liga Nacional, en cuya dirección se encontraron numerosos Grandes de España, empezando por el duque de Alba. Su principal círculo fue el de Barcelona, compuesto por las entidades patronales habituales y numerosos industriales, comerciantes, navieros, financieros, políticos, obispos, catedráticos, juristas como Estanislao Reynals, escritores como Joaquín Rubiò y Ors —lo Gayter del Llobregat que escribiera sus versos para «despertar els catalans de la seva vergonyosa y criminal indiferència» hacia la lengua catalana— y directores de periódicos como Juan Mañé y Flaquer, patrón del Diario de Barcelona, y Bartolomé Godó, fundador de La Vanguardia.

Obviamente, también hubo destacados catalanes que militaron en el bando antiesclavista, como el escritor y diputado republicano Salvador Sanpere y Miquel o los incansables Figuerola y Sanromá. Este último, en 1872, pronunció una conferencia en Madrid en la que expresó su deseo de que llegara el día en el que «la conservación de Cuba no dependa ni del barril que sale de Santander, ni del tonel que se expide por las costas de Cataluña», para que los españoles pudieran ocuparse de los «verdaderos y altísimos intereses» de España allí, que no eran los intereses pecuniarios de los industriales, sino la defensa frente al expansionismo del poderoso vecino anglosajón y la buena gobernación de la isla para evitar el separatismo. Y reprochó su hipocresía a quienes se envolvían en la bandera para defender sus intereses y sus monopolios:

«Como si no supiéramos que tanto españolismo y tanto alarde de sentimiento patrio bien podrían encubrir más de un interés material y más de una mira de estrechísimo egoísmo; porque habéis de saber que, entre los que piden la conservación de Cuba, como la pedimos y la deseamos nosotros, hay muchos que la piden y desean, no por Cuba ni por España, sino por ellos y para ellos; y son los que tienen harinas y quieren seguir vendiéndolas en Cuba al amparo de un monopolio inicuo e irritante; son los que tienen vinos y quieren colonias y muchas colonias para proteger y sostener una gran marina de guerra (…) son, en fin, los eternos roedores políticos, polilla de nuestros tiempos, que no contentos con haber devastado la esquilmada viña de las viejas tierras, buscan allende los mares nuevas y más fértiles viñas».

En nuestros días, el historiador barcelonés Josep M. Fradera, especialista en historia del colonialismo, ha explicado que los influyentes antiabolicionistas catalanes, por sus grandes intereses en las provincias antillanas, consideraron que la esclavitud y el comercio privilegiado eran las dos patas sobre las que se sostenía el sistema colonial que había que conservar:

«Colonialismo y esclavismo no significaban lo mismo, pero estos hombres atesoraban una larga experiencia que les había enseñado los delicados hilos que unían lo uno con lo otro. Así, por ejemplo, se puede dudar sobre aquello que les preocupó más, si la desaparición del derecho diferencial de bandera en las Antillas o el hundimiento de la plantación esclavista; pero este dilema no tenía sentido alguno para ellos, y se movilizaron por igual en función de ambas piezas del sistema colonial heredado».

A pesar de los esfuerzos de los antiabolicionistas, el primer gobierno republicano, tras la súbita abdicación de Amadeo, confirmó la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, preámbulo de lo que sucedería siete años más tarde en Cuba. De este modo, debido al antiabolicionismo centrado en buena parte en Cataluña, a España corresponde el lamentable honor de ser la última potencia europea en acabar con tan anacrónica y odiosa institución, quince años más tarde que Estados Unidos en casa y Holanda en su Guayana.

Naturalmente, no todos los empresarios catalanes de ultramar se dedicaron al tráfico humano, aunque muchos de ellos se aprovecharan del trabajo de los esclavos africanos para sus negocios. La mayoría se dedicaron al comercio, la navegación y la explotación del azúcar y el tabaco. El primero que comenzó a explotar el café, en concreto para fabricar aguardiente, fue el catalán Josep Gelabert en 1748; la primera fábrica de chocolate la montó José Antonio Mestres; Juan Xifré, tras haber obtenido el monopolio de las pieles del ganado sacrificado en La Habana, dirigió la mayor tenería de la isla; el fundador de la primera fábrica de cigarros en 1810 fue Bernardino Rencurrell; el de la célebre marca de tabaco que lleva su nombre, Jaime Partagás; y el del no menos famoso ron, Facundo Bacardí.

Evidentemente, no todos los catalanes que pusieron su pie en Cuba consiguieron hacer dinero. El mencionado Wurdemann describió las penosas condiciones de vida de algunos catalanes que daban vueltas como fieras enjauladas en los cuchitriles que les servían a la vez de tienda y habitación y que tenían por lema «cinco años de privación por una fortuna». Para atender las necesidades de los poco afortunados se fundó en La Habana en 1840 la Sociedad de Beneficencia de los Naturales de Cataluña, que presume de ser la entidad de ayuda social más antigua del mundo.

Los indianos participaron de forma muy destacada en el nacimiento de importantes firmas afincadas en Cataluña como la Compañía Trasatlántica —que, aparte de encargarse del traslado de las tropas españolas a las guerras cubanas, conseguiría la concesión del transporte marítimo oficial entre Barcelona y Manila, monopolizando así la navegación entre España y Asia a través del recién abierto canal de Suez—; el Banco Hispano Colonial —fundado en 1876 para financiar la primera guerra de Cuba, diecinueve de cuyos veintinueve miembros del Consejo de Administración eran barceloneses y cuyos accionistas hicieron un gran negocio porque los ingresos fiscales de Cuba, incluida la renta de aduanas, se emplearon en pagar los intereses del crédito—; o la Compañía General de Tabacos de Filipinas.

En el primer número de Las Antillas, revista hispano-americana, política, científica, literaria y comercial, publicado en Barcelona el 10 de diciembre de 1866, se explicaba así la relación entre Cuba y Cataluña:

«Desde los primitivos tiempos de la conquista, Cataluña, la activa, la laboriosa Cataluña, ha dado a las Antillas sus brazos sobrantes que han ido a roturar aquellas vírgenes llanuras siempre feraces, siempre exuberantes. No han sido ingratas aquellas hijas mimadas de la naturaleza, y Cataluña, a impulsos de los capitales ultramarinos, ha visto moverse sus máquinas, hermosearse sus poblaciones, regarse sus antes áridas llanuras, formarse sobre su azulado cielo esa aureola de fama y de renombre que la coloca a la cabeza de España. Mutuos fueron los servicios, mutuas son las recompensas».

Tal fue la laboriosidad de miles de catalanes, que consiguieron acaparar buena parte de la riqueza de ambos archipiélagos. Numerosos autores tanto nacionales como extranjeros dejaron recuerdo de ello al escribir sobre los que, a veces con admiración, a veces con envidia, a veces con desprecio, calificaron como yanquis de España, judíos españoles e israelitas de la Cristiandad.

El extraordinario desarrollo urbanístico y artístico de la Barcelona del Ensanche cogió impulso precisamente a partir de la primera repatriación de capitales que comenzó al estallar en 1868 la Guerra de los Diez Años, y se intensificaría con la pérdida de las Antillas treinta años después. La brillante Barcelona modernista —incluidos los edificios de Gaudí y otros arquitectos pagados por los López, los Güell y demás— que hoy admiran los turistas de todo el mundo no habría sido posible sin las riquezas amasadas en las provincias españolas de ultramar.

Polémica cubano-catalana

Pasaron los años, terminó la primera guerra cubana con una victoria pírrica que prolongaría la presencia española en la isla dos décadas más, y por aquí continuaba el eterno debate proteccionismo-librecambismo, especialmente importante para unos antillanos a los que cada vez se les apretaban más las tuercas para que adquiriesen solamente productos peninsulares. Por no hablar de que el principal productor mundial de algodón, y a la vez comprador del 80% de los productos de la isla, era el vecino de enfrente, los poderosos y populosos Estados Unidos. Y de que, en lógica represalia, ese vecino subió sus aranceles, lo que dificultó más aún la exportación de los productos cubanos, sobre todo los azúcares y los tabacos.

Tanto los importadores como los exportadores cubanos rechazaban la legislación emanada de Madrid por considerarla paralizadora de la economía cubana. Los primeros, por verse obligados a comprar productos peninsulares que no siempre eran ni los más baratos ni los más adecuados. Y los segundos, por la imposibilidad de vender sus productos al gran vecino yanqui. Así que en 1890 se dirigieron al gobierno rogándole que tomara, entre otras, las siguientes medidas: derogar la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas de 1882; firmar un tratado comercial con los Estados Unidos que permitiese seguir exportando libremente azúcar, mieles y tabaco; entablar negociaciones con otros países para asegurar la salida a los productos de Cuba; conceder la libre venta de tabaco en la Península; y establecer la igualdad de derechos y deberes en el comercio con la Península, pues hasta ese momento, según se quejaban los cubanos, regía la ley del embudo: libertad de tráfico para la metrópoli y prohibicionismo para la colonia:

«España no puede consumir nuestros azúcares ni nuestro tabaco; España no puede proveernos de harinas, ni de carne, ni de la maquinaria, lencería o tejidos que nos hacen falta, y en ese caso ¿qué significa ese cabotaje, aun establecido en toda su plenitud, si se consuma a trueque del sacrificio, de haber de renunciar a las especulaciones con los pueblos que apuran a buen precio nuestra producción y nos abastecen con economía de lo que necesitamos?».

El ministro de Ultramar, Manuel Becerra, no tuvo que tomarse el trabajo de dar respuesta, en un sentido u otro, a los argumentos de los cubanos, pues ya lo hizo por él la más influyente entidad proteccionista de España, el catalán Fomento del Trabajo Nacional. En un centenar de páginas, muchas de ellas plagadas de cifras de difícil seguimiento a más de un siglo de distancia, los redactores del Fomento, presumiendo de carecer de pusilanimidad y de «un culpable indiferentismo que no cabe en nuestro pecho cuando corren riesgo de ser lesionados intereses, lo mismo del orden material que del moral, que afectan hondamente al honor y al bienestar de la patria», acusaron a los cubanos de «blasonar de muy amantes de la patria» para acto seguido «inferirla heridas que sería luego difícil cicatrizar».

Tras una sorprendente alegación de que no entraban en el debate como parte interesada, señalaron a los cubanos que «siempre se verá en el fondo de sus reclamaciones el pecado original de una lucha con los derechos de aduanas» y consideraron que el afán por suprimir la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas revelaba «un espíritu grandemente antipatriótico».

Y como conclusión, un memorable párrafo en el que, una vez más, los industriales catalanes confundieron patriotismo con sus propios intereses e incluso se permitieron amenazar al gobierno que no siguiera el camino indicado por ellos:

«Lo que no es lógico, ni justo, ni patriótico, es divorciar la madre patria de su provincia ultramarina predilecta, pretendiendo romper sus lazos comerciales: que no otra cosa significa la abolición de la ley del 20 de julio de 1882 para sustituirla con un derecho que excluiría a nuestras harinas, nuestros tejidos, casi todos nuestros artículos en suma, no quedando apenas otro comercio que el de los vinos. He aquí lo que en modo ninguno podemos admitir, y ¡ay del gobierno débil que lo admita, dejándose llevar de asechanzas de imponderable alcance!».

El Círculo de Hacendados y Agricultores de la Isla de Cuba respondió largamente al folleto del Fomento. También aportó muchas cifras para contrarrestar las de los catalanes, pero sus argumentos centrales consistían, en primer lugar, en que, si la Península no era capaz de absorber más que una pequeña parte de la producción cubana, debía dejar de obstaculizar con aranceles la venta del resto, que además era la parte mayor, a quien quisiera comprarlo.

En segundo, que si la industria peninsular no era capaz de proveer a Cuba de elementos indispensables para la producción, como la maquinaria, no era lógico que se cerraran las puertas «a las mercancías extranjeras por medio de exorbitantes derechos de importación».

Y, finalmente, se quejaron los isleños de tener que subvencionar de su propio bolsillo las industrias peninsulares protegidas. Pusieron un ejemplo con un artículo muy usado por los hacendados, el saco para envasar azúcar:

«Un saco vacío para envasar azúcar, procedente de Cataluña, se vende en Cuba a 0,23 $. Pero ese mismo saco, importado de Inglaterra, pudiera venderse a 0,15 $ si se introdujera en las mismas condiciones que el saco catalán; o en 0,18 $ si pagase un derecho de importación del 20%. De los 0,08 $ de exceso de precio que los hacendados pagan por cada saco, no ingresa nada en el Tesoro de Cuba sino que todo va a formar las utilidades del fabricante peninsular. Un ingenio que haga 40.000 sacos de azúcar paga hoy, pues, un exceso de 3.200 $, que es la prima o regalo que el fabricante catalán recibe del dueño del ingenio. No ingresando esos 3.200 $ en las Cajas de las Aduanas de Cuba, se encuentra el Tesoro de la Isla en déficit, y para llenar el vacío se impone al mismo hacendado, en forma de nuevas contribuciones, la obligación de pagar otra vez esos mismos 3.200 $ que, como prima de protección, ha recibido el afortunado fabricante catalán, quien, gracias a la ley de 1882, hará imposible la importación en Cuba de sacos ingleses, sobre los que pesa hoy un derecho prohibitivo de 0,825 $ por cada saco, o sea del más del 60% de su costo».

Y de ello sacaron los hacendados cubanos las siguientes conclusiones:

«El antagonismo entre el interés legítimo de Cuba y esas industrias peninsulares que no pueden prosperar sino perjudicando a esta Isla, es necesario e inevitable mientras los privilegios existan; y la nación, lejos de medrar, sufre y se debilita, como tiene que suceder siempre que entre los diversos miembros de una comunidad deja de reinar la debida armonía (…) Si, por razones de Estado, merecen en la Península algunas industrias primas especiales de protección, es indiscutible que esas primas debe pagarlas el Erario nacional y no los hacendados cubanos, quienes, en medio de sus mayores desgracias, nunca han pretendido, ni pretenden ahora, que las leyes de la Península tengan por objeto especial favorecer a Cuba; ni que para subvencionar la industria del azúcar en esta Isla se impongan contribuciones, y se causen perjuicios, a las industrias establecidas en la Península (…) No piden los agricultores y los hacendados azucareros ninguna protección especial (…) sino que se limitan a pedir que no se agrave su situación por medio de impuestos y de trabas cuyo resultado final es favorecer las industrias de la Península».

No tardaron en responder los socios del Fomento del Trabajo Nacional, esta vez acusando a los cubanos de entregarse a unos estadounidenses deseosos de «consagrar una especie de zollverein antillano-norteamericano que, al par que heriría la dignidad de España, nos crearía gravísimos conflictos internacionales, que darían al traste con los últimos restos de nuestro moribundo poder colonial».

Con su «corazón de españoles profundamente herido», acusaron a algunos diputados tanto insulares como peninsulares, que a sus ojos más parecían agentes norteamericanos que representantes de la patria, del «crimen de lesa nación». Y les advirtieron de que, en cualquier otro país menos «perturbado en la esfera moral» que España, «hubieran expiado duramente sus audacias».

Y si en su primer escrito se permitieron amenazar a gobiernos, más fácil les fue en esta ocasión amenazar a los antillanos:

«Con impaciencias saturadas de sentimientos hostiles a la patria, nunca se ha ido, ni se irá jamás a ninguna parte. Los productores peninsulares quedan profundamente resentidos del proceder que con ellos se ha observado y más pronto de lo que a muchos se les figura, se les brindará ocasión de tomar amplio desquite. ¡Ay de los antillanos, si entonces se les mide con la propia medida!».

España para los españoles

Mientras tenía lugar este debate, cambiaron de nuevo los despachos ministeriales. Con el conservador Cánovas en el gobierno desde julio de 1890, los proteccionistas respiraron. Pues, efectivamente, en 1891 —el mismo año de la polémica recién mencionada y en el que el docto presidente publicó un influyente artículo titulado De cómo he venido yo a ser doctrinalmente proteccionista— llegó un nuevo arancel que derogó definitivamente el de Figuerola y levantó una muralla a la importación: los productos textiles alcanzaron una media superior al 50%, destacando el algodón con un 85%.

Entre los más afectados se encontraron de nuevo unos cubanos que vieron cómo sus reclamaciones no fueron tenidas en cuenta. Y muchos consideraron que la única salida que quedaba para la supervivencia de sus industrias era la secesión.

Dos años más tarde de esta polémica, en 1893, el gobierno firmó sendos tratados comerciales con Alemania, Italia y Gran Bretaña, lo que volvió a poner en pie de guerra al bando proteccionista por considerar que significarían la ruina de la producción española. De modo que el 9 de noviembre se celebró un acto multitudinario en el Teatro Arriaga de Bilbao, presidido por el banquero e industrial vizcaíno Víctor Chávarri, al que acudieron personalidades proteccionistas de toda España: hulleros asturianos, fabricantes madrileños, etc. La delegación más numerosa e influyente fue la catalana, llegada en tren y ovacionada por las multitudes, en cada estación de parada, entre banderas nacionales, gritos de «¡España para los españoles!» y los sones del Pasodoble o Marcha de Cádiz.

Aquí toca una breve digresión filarmónica, que el asunto tiene miga. Pues en 1886 Federico Chueca y Joaquín Valverde habían compuesto una zarzuela, titulada Cádiz, ambientada en el asedio francés de la capital constitucional durante la Guerra de la Independencia. Pronto se destacaría como su número más famoso el pasodoble o marcha que acabaría gozando de vida independiente y que se puso muy de moda en los años finales del siglo XIX, tanto que hasta se habló de convertirlo en el himno nacional. En aquel mismo año de 1893 había sido empleado para despedir a los soldados que partieron hacia Melilla para combatir una vez más al secular enemigo marroquí. Dos años más tarde sonaría en los embarques de soldados hacia Cuba y Filipinas, e incluso acompañaría el fusilamiento en Manila de José Rizal. Pero dejémoslo por ahora, que luego volverá.

En el acto bilbaíno, los oradores acusaron a los ministros librecambistas, como Moret, de estar al servicio de Inglaterra o de Francia, o de firmar tratados al dictado de Bismarck, según cada caso, pero siempre en daño de España.

Cincuenta años después del debate de 1841 en el que se denunció el eterno argumento de una provisionalidad del proteccionismo que ya entonces llevaba durando más de un siglo, el delegado catalán Juan Sallarés, acaudalado empresario textil sabadellense y dirigente del Fomento del Trabajo Nacional, insistió en ello:

«El proteccionismo que nosotros proclamamos y que deseamos prevalezca consiste en hacer que se desarrollen las fuerzas propias de nuestra Nación para vivir con ellas dentro de nuestra riqueza, y cuando éstas hayan adquirido todo su pleno desarrollo, entonces será ocasión de buscar nuevos mercados».

En concreto se defendió que mucho más importante que salir a vender los productos españoles más allá de los Pirineos era asegurar para ellos el mercado de las Antillas y Filipinas.

En el escenario del Arriaga se desplegaban mesas cubiertas de paños con los colores nacionales y en el foro destacaba un gran escudo con las armas de Cataluña, Vizcaya, Asturias, León, San Sebastián y Santander, así como con la inscripción, lema del acto, de «España para los españoles. Arancel 1882».

Abundaron las apelaciones a la patria, a la soberanía nacional, a la dignidad de la nación y hasta al árbol bendito de Guernica. Y la reunión se disolvió a los gritos de «¡Viva Cataluña! ¡Viva Guipúzcoa! ¡Viva Asturias! ¡Viva Vizcaya! ¡Viva la producción nacional! y ¡Viva España!».

Después del Desastre del 98 se celebrarían muchas más reuniones vasco-catalanas, pero, cosa curiosa, para entonces su naturaleza había mutado: ahora ya no las convocaban los industriales, sino los políticos; y no para dar vivas, sino mueras a España; y no para reclamar aquello de «España para los españoles», sino para reclamar su ruptura.

Pero no adelantemos acontecimientos.

La traca final

Pues, a pesar de tanta exaltación patriótica, sólo quince meses después, en febrero de 1895, llegaría el comienzo del fin: la nueva y definitiva guerra hispano-cubana que, debido a la intervención de los Estados Unidos, liquidaría las últimas provincias españolas de ultramar. Los motivos fueron varios, entre ellos la indisimulada aspiración estadounidense de controlar sus mares adyacentes mediante la anexión de los territorios claves, entre los que destacaba Cuba ya desde tiempos de Jefferson. Pero el motivo que más pesó fue el deseo de muchos cubanos de gobernarse a sí mismos emancipándose de una metrópoli que percibían lejana y limitadora de su progreso. Por su parte, los industriales españoles temían la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas tanto por lo que de allí obtenían como por lo que allí exportaban. Aunque, evidentemente, las responsabilidades estuvieron muy repartidas, las poderosas burguesías vasca y catalana, que acumulaban en sus manos buena parte de la industria nacional, fueron las más influyentes en la toma de algunas decisiones que exasperaron a las provincias ultramarinas.

Por ejemplo, además de continuos actos de apoyo a las medidas dirigidas a reprimir el separatismo en ultramar, envíos de tropas incluidos, cuando en 1893 Antonio Maura, ministro de Ultramar, impulsó un proyecto descentralizador para satisfacer las reivindicaciones autonomistas de los cubanos, fue el muy influyente Fomento del Trabajo Nacional la organización que mostró una oposición más férrea a cualquier reforma autonomista. Dado que dicha organización empresarial catalana y otras de toda España, al igual que muchos políticos y periodistas, contemplaron la reforma descentralizadora de Maura como una vergonzosa concesión a los separatistas, fue descartada antes de nacer. Por cierto, Máximo Gómez, generalísimo del ejército separatista cubano, declararía pocos años después de la guerra que ésta no habría tenido lugar si se hubieran implantado las reformas propuestas por Maura.

En 1896, para hacer frente a los crecientes gastos militares de Cuba, el gobierno decidió lanzar una emisión de valores del Tesoro con la garantía de la renta de aduanas y la general de la nación. «Hasta el último hombre y hasta la última peseta» fue la consigna repetida por todos. Entre los más entusiastas aplaudidores de la medida estuvieron, una vez más, las Cámaras de Comercio catalanas, el Banco de Barcelona, el Banco Hispano Colonial y el Fomento del Trabajo Nacional. Esta última organización animó a sus socios a suscribirse puesto que «Cataluña, y menos los productores, no pueden hacerse sordos a un llamamiento que está íntimamente ligado a sus intereses».

Un año después, a finales de noviembre de 1897, ya demasiado tarde pues los Estados Unidos no tardarían en entrar en la guerra para dar la puntilla al ejército español, el gobierno de Sagasta otorgó la Carta Autonómica tanto a Cuba como a Puerto Rico. La medida fue recibida con alborozo por los liberales, con resignada aceptación por los conservadores y con horror, en la otra orilla del charco, por los cubanos que añoraban la mano dura del general Weyler, y en ésta, por los proteccionistas más pugnaces, entre los que se destacaron, de nuevo, la Liga Vizcaína de productores y el Fomento del Trabajo Nacional. Éste último, además, recibió el apoyo incondicional de la Diputación de Barcelona.

Según explicaron los miembros del gobierno liberal, los dos motivos principales de su decisión consistían en que se veían obligados por coherencia con su ideario a ampliar las reformas iniciadas por el conservador Cánovas y en que consideraban que, debido a un arancel exageradamente protector, la industria nacional se aprovechaba con exceso de las colonias.

Los dirigentes del Fomento no era gente dada a perder el tiempo: una comisión se presentó en Madrid para intentar evitar en el último instante la concesión de autonomía a las provincias caribeñas. Pero, una vez firmado el decreto por la regente María Cristina, la comisión regresó en tren a Barcelona «sumida en la tristeza del vencido», como relató el corresponsal de La Vanguardia. Esa misma noche, en una sala a rebosar, Juan Sallarés, en nombre de la patronal, agradeció a la comisión sus «activas gestiones en pro de una causa que no es la de los fabricantes, ni la de Cataluña, sino de España entera, que precisa ineludiblemente colonias para poder gozar de una vida próspera». Y confió en que, con la victoria de las armas españolas, «presto arribarán mejores tiempos para la causa proteccionista».

En los meses siguientes, tanto los periódicos catalanes como los de ámbito nacional recogieron sus insistentes protestas contra unas concesiones autonómicas que pronto se demostrarían totalmente inútiles por la entrada en la guerra de los Estados Unidos y la derrota española que llegaría antes de que terminara el año 98.

Intereses económicos aparte, cuando llegó la guerra los barceloneses se echaron a la calle en masa, al son de la omnipresente Marcha de Cádiz, para despedir a los soldados que embarcaban hacia el frente, para celebrar la declaración de guerra contra los yanquis, para alegrarse con los bulos de victorias sobre ellos que se propalaban de vez en cuando y para despedir apoteósicamente a un general Weyler que embarcó en su puerto para ponerse al frente de las tropas españolas. Lo mismo sucedió al desembarcar el general Polavieja de regreso de Filipinas. Para su recepción, los barceloneses erigieron nada menos que un arco de triunfo «reproducción exacta en sus dimensiones y estructura de la Puerta de Alcalá de Madrid por encargo del Comercio, la Industria, la Agricultura y la Navegación de Barcelona, que tanto se interesan por la pacificación de las islas Filipinas y por la futura suerte de aquella rica colonia». Lo único que lamentaba La Vanguardia era que el modelo elegido no fuese suficientemente español por tratarse de «la adocenada creación del italiano Sabatini».

Durante toda la guerra la prensa catalana fue un constante clamor patriótico. Hasta las muy izquierdistas La Campana de Gràcia y La Esquella de la Torratxa, de larga tradición en la prensa barcelonesa, combinaron la exaltación de la patria y el ejército con la ridiculización de un enemigo borracho, cobarde y despreciable. Este último periódico, en súbito ataque de hidalguía, calificó a los estadounidenses como una «rassa de mercaders sense conciencia».

Tanto estos como otros periódicos hasta entonces indudablemente patriotas, e incluso hostiles al incipiente catalanismo, no tardarían, con la derrota, en comenzar a acusar al resto de España, en concreto a Castilla —y con más crueldad todavía a la que consideraban su caricatura, Andalucía—, de ser la culpable de lo sucedido, a menospreciarla —empezando por «la ridícula Marcha de Cádiz»—, a insultarla y, acto seguido, a odiarla. La chispa del 98 prendió un reguero de pólvora que se extendió por toda la sociedad catalana con extraordinaria rapidez. Los —en palabras de Pla, Pella y Forgas, Rovira y Virgili, Prat de la Riba o Cambó— cuatro gatos que hasta aquel momento se habían sentido atraídos por las doctrinas catalanistas se convirtieron de repente en miles.

Algo ya había olfateado el infortunado Ángel Ganivet en el aire de Cataluña cuando, poco antes del 98, escribió:

«He estado tres veces en Cataluña, y después de alegrarme la prosperidad de la que goza, me ha disgustado la ingratitud con que juzga a España la juventud intelectual nacida en este período de renacimiento; a algunos les he oído negar a España. Y, sin embargo, el renacimiento catalán ha sido obra, no sólo de los catalanes, sino de España entera, que ha secundado gustosamente sus esfuerzos».

Hasta entonces los ideólogos prenacionalistas y nacionalistas habían compartido la bandera del proteccionismo con los industriales catalanes; recuérdese el Memorial de Agravios de 1885. Y como la guerra cubano-filipina no era más que una prolongación desquiciada de la política colonial y proteccionista cuyos principales apoyos había encontrado el gobierno durante décadas en Cataluña, los nacionalistas se mantuvieron, en su mayoría —no así los colaboradores de La Renaixença, paulatinamente los de La Veu de Montserrat y los de algún periódico catalanista de alcance local—, prudentemente al margen mientras duró una lucha a la que se opusieron por considerar a Cuba y Cataluña dos territorios sujetos a la misma opresión centralista y por saber que toda la sociedad catalana, tanto por intereses económicos como por patriotismo, se les habría echado encima. Así lo admitió Cambó en sus Memorias.

El 17 de abril de 1898, en plena escalada de tensión prebélica, La Veu de Catalunya explicó sus temores y sugirió sus propuestas:

«Venga lo que venga, España se va al fondo; si de los pueblos que la forman alguno quiere volver a las alturas, que no se duerma: afloje los lazos y entréguese libremente a los dos grandes instintos de la vida, el de la conservación y el del perfeccionamiento».

En el número del 8 de mayo, cuando todavía no había pasado una semana de la derrota de Cavite, La Veu, olvidándose de la muy destacada participación catalana en el delirio bélico, sentenciaba que «España está perdida sin remedio, es un pueblo enfermo y con tendencia a los delirios». Y concluía el artículo —firmado concretamente por su director Narcís Verdaguer y Callís— con la siguiente propuesta:

«Estamos clavados a una barca que hace agua; si queremos salvarnos hemos de aflojar las ataduras».

Muy similares palabras había escrito el año anterior el equívoco Joan Maragall en un artículo, titulado La independencia de Cataluña, que no sería publicado en vida suya y que habría de esperar a la aparición de la primera edición de sus obras completas, treinta años después de su muerte, para ver la luz:

«El pensamiento español está muerto. No quiero decir que no haya españoles que piensen, sino que el centro intelectual de España ya no tiene ninguna significación ni eficacia actual en el movimiento general de ideas del mundo civilizado. Por eso nosotros, que queremos seguir dentro de este movimiento general, creemos llegada a España la hora del sálvese quien pueda, y hemos de desligarnos bien deprisa de todo tipo de atadura con una cosa muerta».

No es casualidad que los separatismos, el catalán y el vasco, nacieran y comenzaran a desarrollarse en aquellos días. De haberse encontrado España en buena situación política y económica, ni se habría tenido interés en la separación ni se habrían elaborado excusas. La burguesía catalana, que tanto tenía que perder en Cuba y Filipinas, se había distinguido durante todo el siglo XIX por su apoyo incondicional a la política colonialista. E incluso en bastantes casos, como hemos visto más arriba, esclavista. Pero tras la derrota muchos creyeron ver en la separación, o al menos en una profunda descentralización, el remedio a sus problemas económicos.

La debacle nacional de la que muchos industriales catalanes, en mayor grado que los de otras regiones de España, fueron causantes debido a su férrea oposición a la liberación del comercio colonial, fue achacada al gobierno de Madrid, a la España castellana, como si sólo esa región hubiese sido la culpable y como si los industriales, intelectuales, parlamentarios, ministros y militares catalanes —entre ellos los generales Juan Prim (capitán general de Puerto Rico), Eulogio Despujol (torpe y corrupto capitán general de Filipinas) y Victor María Concas (capitán del buque Infanta María Teresa en la batalla de Santiago de Cuba)— no hubieran participado en ello privilegiadamente y en primera línea. Por no hablar de un pueblo catalán que hizo gala de un patriotismo español tan encendido y agresivo como el de cualquier otra región, si no más.

Uno de los fenómenos más dignos de reflexión fue el de que tras el 98, provocado en buena parte por la defensa de los intereses económicos de las regiones españolas más industrializadas y a la vez más intransigentes con la menor concesión de autonomía, fueron precisamente esas regiones, Vascongadas y Cataluña, las que pasarían a reclamar la autonomía, e incluso la independencia, para ellas.

El despegue del separatismo

En un artículo publicado una semana después de la derrota de Santiago de Cuba, el anónimo redactor de La Veu relataba una conversación mantenida algunas semanas antes en una reunión de grandes industriales, uno de los cuales lamentó la pertenencia de Cataluña a España exclamando «¡Cómo se equivocaron nuestros abuelos en la guerra del año ocho! ¡Más nos habría valido aceptar los pactos de Napoleón que ponernos en su contra!». Y continuaba mencionando lo escuchado a menudo en días posteriores a otras personas que sostenían que «los catalanes tenemos que dejar España, porque España nos lleva sin remedio a la perdición», que «no se ve ni la posibilidad de que un cambio cualquiera en el régimen de España pueda sustituir, para nuestra industria y comercio, los caminos que ahora se le cierran» y que «no hay remedio, no hay esperanza: formando parte de España, Cataluña nunca se recuperará de esto».

Aquél fue el momento en el que muchos grandes industriales catalanes abrazaron la súbitamente exitosa causa nacionalista, sobre todo la versión moderada, católica y derechista representada por la Lliga Regionalista de Prat de la Riba y Cambó. El dinero no entiende de patrias, sobre todo cuando las cosas se ponen feas. Una prueba casi caricaturesca de ello es que mientras que muchos industriales algodoneros, principales afectados por la derrota al perder tanto a sus principales proveedores de materia prima como un mercado mayor que el que tenían en España, se apuntaron al nacionalismo, los laneros, menos dañados, no les siguieron en su nueva orientación política.

Ése fue el caso, por ejemplo, de Lluís Ferrer-Vidal, poderoso cementero y banquero que fue elegido diputado lliguista en varias legislaturas en las primeras décadas del siglo naciente.

O el de Guillermo Graell, secretario del Fomento del Trabajo Nacional distinguido por sus fogosas conferencias pronunciadas por toda España en defensa del proteccionismo y las colonias de ultramar que, súbitamente mutado en Guillem, pasose al regionalismo y a la dura crítica, en lengua catalana, al gobierno central y al trato fiscal dado a Cataluña. Tras la Primera Guerra Mundial rectificó y se convirtió en un férreo defensor de la unidad nacional española.

O el del empresario textil Albert Rusiñol—no confundir con su artístico hermano Santiago—, diputado del Partido Liberal en la legislatura 1893-1896, presidente del Fomento del Trabajo Nacional de 1899 a 1901 y pasado repentinamente a las filas de una Lliga en cuyas listas se presentó hasta el final de su vida. En un debate —que mencionaremos más tarde a propósito de su camarada Bartomeu Robert— mantenido en las Cortes durante su primera legislatura como diputado lliguista, en 1901, un impaciente Rusiñol interrumpió en voz alta los argumentos del presidente Sagasta:

—No nos entendemos.

—¿Y cuando su señoría era liberal? —disparó Luis Armiñán, diputado por Cervera.

—Era un pecador —replicó Rusiñol.

El viraje fue espectacular. El recién mencionado Fomento del Trabajo Nacional y otras poderosas corporaciones (el Ateneo, la Sociedad Barcelonesa de Amigos del País, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro y la Liga de Defensa Industrial y Comercial), que hasta los primeros meses del año 98 se habían opuesto a la menor concesión autonomista para Cuba y Filipinas, enviaron el 15 de noviembre una carta a la reina regente solicitando la organización regional de España y la concesión del concierto económico a Cataluña.

Porque de la noche a la mañana, para muchos catalanes Cuba había pasado de ser la odiada provincia separatista, traidora a España, a la que no había que conceder ni un adarme de autonomía, a ser el modelo envidiado de la autonomía, e incluso de la secesión, que comenzaron a desear para Cataluña. Esta cubanofilia catalanista acabaría desembocando años después en la señera con el triángulo azul y la estrella, inspirada en la bandera de la República de Cuba y consagrada en la Constitució Provisional de la República Catalana redactada por la Assemblea Constituent del Separatisme Català celebrada, precisamente en La Habana, en 1928. No por casualidad el principal redactor de dicha Constitución fue Josep Conangla i Fontanilles, gran patriarca del catalanismo en Cuba, donde moriría en 1965 tras haber convertido el Centro Catalán de la Habana, fundado por los españolísimos catalanes de Cuba en 1882, en una entidad difusora del separatismo y haber sido delegado de la Generalidad para América Central durante los años republicanos. Y el diseñador en 1918 de la estelada, que fue adoptada como símbolo de dicho Centro Catalán de la Habana el año siguiente, fue Vicenç Albert Ballester, residente en Cuba en 1898 que, al regresar a Cataluña algún tiempo después, descubriría su vocación de militante del catalanismo más radical.

Pero no había concluido aún aquel 1898 cuando el Comité Nacionalista Catalán de París editó en francés una nota dirigida a la prensa europea, titulada La question catalane y escrita por Prat de la Riba, en la que explicó a los periodistas extranjeros que la causa del desastre había que buscarla en la preponderancia política de los castellanos. Y como entre ellos y los catalanes mediaban antitéticas diferencias de «raza, temperamento y carácter», la única solución posible era la separación de Cataluña en mayor o menor grado. Las tendencias en el seno del nacionalismo, según expusieron, eran tres: la continuidad de la unidad política de España, según lo propuesto en el Memorial de 1885 y las Bases de Manresa de 1892, organizándola federalmente; una confederación ibérica a tres bandas —Portugal, Castilla y Cataluña— dado que «el pueblo castellano, pueblo primitivo, incapaz de soluciones complejas, no concibe otra forma de unión que la absorción, y no sabrá ni querrá jamás abandonar sus tradiciones dominadoras»; y la tercera, la anexión a Francia.

Atención al argumento:

«Hay una gran parte de productores catalanes que, hasta hoy, por interés personal, se mantenían al margen del movimiento nacionalista porque compensaban con los derechos de aduana los perjuicios que el desorden administrativo les causaba. Pero hoy, que se han perdido casi todas las colonias, comprenden que la protección que necesitan consiste en el orden, una buena administración, vías de comunicación, en lo que consiste el medio ambiente administrativo propio de los Estados verdaderamente civilizados y que les permite perfeccionar la producción y comprar a buen precio; y saben muy bien que todo esto no se lo puede proporcionar el Estado español o castellano, degeneración de un Estado puramente agrícola y militar. Por consiguiente, vuelven sus ojos hacia Francia y se declaran partidarios de una anexión, solución asimismo propuesta por una pequeña fracción radical de la juventud intelectual de Cataluña».

Y concluyó Prat con una melosa sugerencia a la République, Une et Indivisible:

«Si las corrientes descentralizadoras y federalistas que están naciendo hoy en Francia se desarrollan rápidamente y se traducen en reformas de la actual constitución unitaria y centralista de la República francesa, la idea anexionista tendrá muchas oportunidades de triunfar. Una situación, un momento propicio de la política internacional europea, y la anexión será un hecho».

Cambó recordó en sus Memorias el papel que el 98 representó en el despegue del catalanismo:

«Diversos hechos ayudaron a la rápida difusión del catalanismo y a la aún más rápida ascensión de sus dirigentes. La pérdida de las colonias, después de una sucesión de desastres, provocó un inmenso desprestigio del Estado, de sus órganos representativos y de los partidos que gobernaban España. El rápido enriquecimiento de Cataluña, fomentado por el gran número de capitales que se repatriaban de las perdidas colonias, dio a los catalanes el orgullo de las riquezas improvisadas, cosa que les hizo propicios a la acción de nuestras propagandas dirigidas a deprimir el Estado español y a exaltar las virtudes y merecimientos de la Cataluña pasada, presente y futura».

Pero con eso no bastaba. Todavía quedaba por delante una magna operación de ingeniería ideológica basada en la tergiversación. Así la explicó Cambó, de nuevo con sorprendente sinceridad:

«Como en todos los grandes movimientos colectivos, el rápido progreso del catalanismo fue debido a una propaganda a base de algunas exageraciones y de algunas injusticias: esto ha pasado siempre y siempre pasará, porque los cambios en los sentimientos colectivos no se producen nunca a base de juicios serenos y palabras justas y mesuradas. Además de un fondo de verdad, para romper la costra de la indiferencia con que chocan todas las novedades y que protege a todos los statu quo, hay que conceder que los movimientos transformadores se tomen algunas libertades».

Efectivamente, su camarada y amigo Prat de la Riba se tomó la libertad, en esta «segunda fase del proceso de nacionalización catalana», de dedicarse a sembrar el odio. Así lo admitió, sin rubor alguno, en los muy conocidos párrafos de la Biblia del catalanismo, La nacionalitat catalana, en los que, entre otras hermosas confesiones, incluyó la de que «tanto como exageramos la apología de lo nuestro, rebajamos y menospreciamos todo lo castellano, a tuertas y a derechas, sin medida».

El menosprecio se manifestó de varias maneras. Por ejemplo, atribuyendo a los castellanos un carácter quijotesco y alucinado que contrastaría con el pragmatismo de los catalanes. O un anticuado sentido de la hidalguía que les impediría valorar el trabajo, a diferencia de los laboriosos catalanes. En concreto, la palabra gandul fue muy usada por la prensa catalanista para referirse a los castellanos y, sobre todo, a los andaluces. O un gusto por los toros, el flamenco y lo meridional frente al europeísmo de los catalanes. O una inferioridad racial consistente en el semitismo contagiado durante los largos siglos de la Reconquista —no en vano dos de los insultos más utilizados en aquellos días contra los castellanos fueron los de semitas y moros—, semitismo que se consideraba incompatible con la sangre germánica de unos catalanes descendientes de Carlomagno.

Historia de dos hermanos

A punto de abandonar el siglo XIX, desviémonos brevemente por caminos literarios para visitar a dos insignes catalanes de aquellos días, pues sus biografías son un fiel reflejo de la gran crisis política, cultural y afectiva que agitó a la Cataluña finisecular y cuyos efectos siguen muy vivos en el siglo XXI.

Santiago Rusiñol y Prats nació en Barcelona en 1861 y su hermano Albert un año más tarde. Como sus padres murieron siendo ellos niños, se criaron con su abuelo paterno, acomodado empresario textil de Manlleu. Tras trabajar algunos años en la empresa familiar, Santiago acabaría decidiendo que lo suyo no eran las cuentas y los negocios sino el arte y la bohemia. Su hermano, por el contrario, se hizo cargo de la fábrica, Hilatura Rusiñol Hermanos, y desarrolló una exitosa carrera como industrial textil, dirigente patronal y político tránsfuga, como hemos mencionado en el apartado anterior.

El mundo de Santiago fue la literatura y la pintura, sobre todo la segunda, si bien logró fama en ambas disciplinas. Por el contrario, la política nunca le interesó, hasta el punto de que cuando alguien comenzaba a hablar de ella en su presencia, se marchaba. Pero no fue totalmente ajeno a las agitaciones de la Cataluña de su época y en cierto modo simpatizó, levemente y durante algún tiempo, con algunas de las reivindicaciones económicas, lingüísticas y políticas del segundo partido de su hermano.

El cataclismo del 98 no dejó de afectarle en sus opiniones y hasta en su manera de percibir y valorar asuntos en principio ajenos a la política. En 1890, durante una de sus numerosas estancias en París, relató así la nostálgica Nochebuena que celebró en Montmartre con su grupo de amigos compatriotas:

«No fueron los brindis tan alegres como era de esperar. Hablando del arte, de la patria, de los amigos ausentes y de otras cosas y de otros seres queridos, empezamos bromeando y acabamos por ponernos serios y tal vez pensativos (…) Al son de la palabra, y entre el incienso del tabaco, expusiéronse teorías y echáronse a volar proyectos lejanos; acariciáronse ideales y brotaron esperanzas; removiéronse sueños íntimos de esperanza y levantáronse «castillos en España», y el aire fue impregnándose del entusiasmo que brotaba de todos los corazones (…) Y cuando Casas pulsó la guitarra e hizo brotar de sus cuerdas aquellas notas de oriental melancolía, parecionos oír, con aquel canto, el eco de España (…)».

También nos dejó una anécdota muy interesante sobre la imagen que de España se tenía en el extranjero:

«En este baile concierto [el Moulin Rouge] están actualmente de moda las canciones españolas, como restos del recuerdo que dejaron en la última exposición las manolas y toreros. En todas las sesiones salen a lucir su garbo dos chulas de Batignoles, por lo menos, vestidos a lo Carmen de ópera cómica, con su calañés inverosímil y su fantástica chaqueta: tocan la pandereta a puñetazo limpio, hablan (con elogio) de los ojos españoles o sacan el puñal de la liga; bailan la danse du v… y acaban lanzando algunos olés tan ibéricos como les permite su garganta parisiense (…) El único español auténtico, vestido de andaluz, que sale a relucir entre tanta imitación, es un castellano viejo. Vino aquí a vender no sé qué productos de su querida Castilla, mas como no llevaba ni panderetas, ni dátiles, ni naranjas, ni vestía de impertérrito contrabandista, pasó desapercibido entre este público que no conoce más nacionalidad que el traje tan adulterado como todos saben. Se arruinó con lo que debía ser su negocio y, sin dinero ni buen humor para volver a España, se quedó en Montmartre emigrado (…) Más tarde, con la experiencia del desengaño, cambió de rumbo. Compró un traje viejo de torero en las corridas Meneses que aquí se dieron, y sirvió con él de modelo a los pintores característicos, hasta que, por fin, fue contratado como bolero en el Moulin Rouge, donde hoy, contrariada su vocación de labrador, baila hasta reventar, como un derviche y, pálido, flaco y disfrazado, parece un fantoche del flamenquismo importado en esta tierra para muestra de aquel género».

Pasaron los años, llegó el 98, su hermano Albert se pasó a una Lliga Regionalista que comenzaba su despegue, y a Santiago se le ocurrió escribir una sátira de los Juegos Florales. Porque, amante de la poesía de verdad, despreciaba a los poetastros hábiles en encontrar rimas pero incapaces de crear hondura y belleza. Y, por otro lado, deploraba la creciente utilización de los certámenes poéticos por parte de los catalanistas como plataforma para lanzar sus reivindicaciones políticas.

Así pues, el 29 de abril de 1902 estrenó en el teatro Romea su comedia Els Jocs Florals de Canprosa, en la cual, además de los rimeros y de los cursis, se burlaba del abuso de barretinas y señeras y de los obsesos con mencionar las Bases de Manresa y cantar Els Segadors en cualquier lugar y momento.

El escándalo que se organizó, tanto en el propio teatro como en la prensa en días posteriores, hizo historia. Pues mientras los anticatalanistas de todo tipo, de izquierda o derecha, celebraron la sátira, los catalanistas condenaron a Rusiñol a los infiernos por crimen de lesa patria.

La Veu de Catalunya, por ejemplo, lamentó dos días después del agitado estreno la sátira salida de la pluma del hermano de quien había sido elegido presidente de la Lliga dos semanas antes tras el fallecimiento del doctor Robert, y le acusó de hacer escarnio «de los sentimientos más sagrados de la patria, de las instituciones más dignas de respeto, de las manifestaciones más honradas y enaltecedoras».

El crítico teatral del recién nacido ¡Cu-Cut! disparó con bala para condenar a Santiago y recordarle su condición de hermano de Albert:

«(…) Aquellos ¡Segadors! que hace pedir continuamente a un bobo, alguna cosa llevarán dentro o detrás de sí para, en ciertos momentos solemnes, hacer levantar como un solo hombre a todo un público, bastante más selecto que aquel que cada dos por tres cantaba la Marcha de Cádiz. Y muchas cosas más sabría si en vez de vagar por esos mundos de Dios huyendo del hambre y del trabajo, hubiese seguido, en días críticos para el pueblo que le ha visto nacer, las huellas de su hermano, a quien maldita la gracia que le habrá hecho esta última boutade del que lleva su nombre».

Como contraste, en las páginas del diario republicano La Publicidad, Daniel Ortiz, alias Doys, una de las bestias pardas de la Lliga y su órgano La Veu, recordaba que «los regionalistas están cayendo en el chauvinisme que ellos achacan a los moros, sin apercibirse de ello. Roja y gualda es la bandera de éstos, y gualda y roja es la de aquéllos. Los castellanos tienen la Marcha de Cádiz y aquí tenemos Els Segadors».

El pobre Rusiñol, que había disparado el grueso de su artillería contra los malos poetas, quedó estupefacto ante la airada reacción de los catalanistas, a los que se dirigió en el prólogo que escribió para la edición impresa:

«No es que no me gusten los Juegos Florales, a los que considero una hermosa, buena y útil fiesta de las letras, sino que la fiesta de las letras se está convirtiendo poco a poco en la fiesta de la política; los Juegos Florales son y han de ser para los poetas, solamente para los poetas, y no para los compañeros de la causa, por buena, por elevada y por noble que sea la causa (…) Ya es suficientemente grande Cataluña, ya es suficientemente justo lo que defiende, para que no se pueda hacer broma de todas las mezquindades que tienen las causas nobles. En el teatro se han burlado del pueblo griego, del pueblo romano, de todas las menudencias que han tenido, que tienen y que tendrán todos los pueblos de la tierra; de todas las religiones, de todos los ideales, de todas las jerarquías, de todas las obras clásicas, ¿y no se puede hacer, ¡válgame Dios!, un poco de broma de los que sacan continuamente a relucir, venga o no venga a cuento (como no lo vienen nunca en las fiestas de la poesía) las tales Bases de Manresa? Se han burlado de la Marsellesa, de todas las Carmañolas y de todas las Marchas Reales habidas y por haber, ¿y no se puede criticar el abuso absurdo de unos Segadors que no siegan, de estos Segadors que, de tan serios, se van convirtiendo en Marcha de Cádiz, es decir, marcha bullanguera, sin lustre de victoria?».

Pero la polémica floral llegaría más lejos, pues una semana después del estreno de Els Jocs Florals de Canprosa los Juegos Florales de Barcelona fueron suspendidos por la autoridad militar a causa de la pitada con la que se recibió a la bandera española y el aplauso con el que se acompañó su retirada.

La prensa afecta a la Lliga se desmarcó inmediatamente de estos hechos y sus principales dirigentes los condenaron. Las palabras más significativas fueron, no por casualidad, las de Albert Rusiñol, el hermano diputado del autor excomulgado:

«No sé si esos jóvenes silbaron la bandera española, pero si lo hicieron así, protesto contra un hecho tan inaudito. Nunca he aplaudido ni aplaudiré jamás a los que cometen tamaño desafuero. Yo soy autonomista catalán y primero renegaría de mis ideas que infamarme con el nombre de separatista. Lo que quiero para Cataluña lo quiero también para las demás regiones españolas. Creo que el suceso de ayer pudo evitarse (…) Es verdaderamente una fatalidad que no seamos comprendidos. Nos está sucediendo lo mismo que a los autonomistas cubanos. Fomentamos el regionalismo, la autonomía, pero bajo una bandera común. Creemos que siendo las partes diferentes, contribuyen a formar un todo grande y respetable».

Como los Juegos Florales de verdad habían sido suspendidos mientras que los de ficción seguían sobre las tablas, los catalanistas lo tomaron a ofensa y agravaron los cargos contra la comedia de Rusiñol, a quien consideraron traidor a la patria y aliado de la opresión centralista. Temiendo altercados, los propietarios del teatro Romea se vieron obligados a cortar las escenas más polémicas, las que ridiculizaban las Bases de Manresa y Els Segadors. Así lo reflejó Doys en su chirigota del 6 de mayo en La Publicidad:

«En Romea, ¡qué desgracia!, por miedo a tanto farol
extirpan chistes y gracia a Santiago Rusiñol.
En el sainete atrevido que tanto gusta a las gentes
hay alguien que ha suprimido los efectos más salientes.
Ésa es una concesión —lo dicen en los pasillos—
que se hace a ese pelotón de melenudos chiquillos,
que, infantil, no se resigna a escuchar, ver y callar,
y que lleva la consigna de «al primer chiste, silbar».
El tipo aquel que pedía a pasto Los Segadores,
se ha suprimido hoy en día por dar gusto a esos señores (…)
Lo de las barras también ha quedado suprimido
y otras frases, otras cien, que todos han aplaudido (…)».

Algunos meses después, en septiembre, Doys volvería a mencionar la comedia de Rusiñol, en este caso en una conversación —real o imaginada— sobre las reivindicaciones de la Lliga mantenida con Manuel Girona, acaudalado banquero y senador vitalicio por el Partido Conservador. Al preguntarle por el programa catalanista, popularmente conocido como la ideya, así respondió Girona:

«—La ideya es un papu que han inventado los fabricantes para hacer miedo al tirano de Madrid y poderle sacar hasta las asaduras. ¿Que no concede un privilegio? Pues ¡visca Canprosa lliure! ¿Que lo concede? Pues silencio en las filas. Así tendremos el concierto económico, la zona neutral, y ataremos los perros con longanizas y los calzoncillos con cintas de seda (…)

—Y a esos perdigots [los redactores de La Veu de Catalunya, conocida entre sus adversarios por La perdiu] los llamas tú ximplets?

—Lo son. Ellos no hacen más que lo que les indican los verdaderos directores del cotarro, que son dos: el clero y la fabricación».

Un año pasó, y a Rusiñol, quizá para congraciarse con el público votante de su hermano, se le ocurrió saltar de la comedia a la tragedia para escribir un drama, L’hèroe, ambientado en la reciente guerra de Filipinas. Aunque no se tratase en absoluto de un ataque a España, su tema central era el antimilitarismo, lo que, efectivamente, agradó mucho a los simpatizantes de un catalanismo que renegaban de un ejército y un Estado que habían perdido las provincias de ultramar cinco años antes. Tanto éxito tuvo L’hèroe, que superó a cualquier otra obra teatral anterior o posterior de su autor.

El bastante maniqueo argumento de la obra consistía en que un joven catalán, cuya familia se sostenía por el trabajo de todos sus miembros en telares manuales, regresa de Filipinas convertido en héroe condecorado, pero, a causa de su paso por la vida militar, también adornado por todas las virtudes: holgazán, fanfarrón, egoísta, avaricioso, jugador, borracho, sableador, mujeriego, violador, mal hermano, mal hijo y adúltero.

No faltó ninguno de los tópicos catalanistas: la Marcha de Cádiz como ubicuo acompañamiento musical; el ¡Viva España! como grito ridículo empleado para adormecer al pueblo; la verborrea heroica del sargento, único personaje que habla en castellano; la ridiculización de lo flamenco, la guitarra y el acento andaluz; la mentalidad hidalga y militar que rechaza el trabajo por indigno, etc.

El drama concluye con la muerte del falso héroe a manos de un soldado repatriado consumido por la enfermedad, convertido en vengador de todos, que exclama señalando a los desconsolados padres y sus humildes telares manuales:

—¡Qué voy a haber matado al héroe! ¡He matado al gandul del pueblo! ¡Los del telar son los héroes!

Rusiñol no volvería a tratar de estos asuntos en los casi treinta años que le quedaban por delante hasta su muerte en su amado Aranjuez en el verano de 1931, recién instaurada la Segunda República. Pero su vida y obra, así como la de su hermano Albert, ejemplifican en gran medida la Cataluña de su tiempo: el brusco cambio político y afectivo provocado por el Desastre del 98; la irrupción de nuevos protagonistas políticos, la Lliga Regionalista, en sustitución de los viejos partidos de ámbito nacional; la estrecha vinculación de la Lliga con los intereses de la burguesía industrial catalana; la crítica a un Estado centralista percibido como ineficaz y fracasado; el rechazo a la España cañí encarnada en el flamenquismo; y el menosprecio a una España castellana depositaria de valores ajenos a Cataluña: el ejército frente al telar.

EL AGITADO SIGLO XX

En las Cortes

Como consecuencia directa del Desastre, llegaron los primeros éxitos electorales de los catalanistas tanto en las elecciones locales como en las nacionales. En la primera a la que se presentaron, la de 1901, la recién creada Lliga consiguió enviar seis diputados a la Carrera de San Jerónimo. Uno de ellos fue el distinguido craneómetra Bartomeu Robert, al que correspondió el honor de proponer al gobierno Sagasta el 19 de julio de aquel año la descentralización del Estado, la oficialidad de la lengua catalana y la concesión del concierto económico a Cataluña para que las fuerzas económicas allí latentes pudieran acrecentarse.

El presidente, entre aprobaciones y protestas de unos y otros, respondió así:

«No quiere este Gobierno, ni ningún Gobierno, destruir la fuerza que supone el Sr. Robert en Cataluña, sino que este Gobierno, como todos los Gobiernos, desea aprovecharla. Porque debe saber el Sr. Robert que las fuerzas a que S. S. se ha referido las ha creado Cataluña, pero las ha creado bajo el amparo, bajo el favor, bajo la protección de todos los Gobiernos de España. Se queja el Sr. Robert del régimen en que vivimos, de la organización del país, y de que por ese régimen y por esa organización no ha llegado España a tener la prosperidad que han alcanzado, afortunadamente para ellos, otros pueblos. Pero el Sr. Robert y los que como él piensan son los que menos razón tienen para quejarse de la organización ni del régimen en que vivimos, porque, gracias a ese régimen, Barcelona es una de las poblaciones más importantes del Mediterráneo, y Cataluña es hoy próspera y feliz como no lo ha sido jamás. ¿Cómo he de negar la aptitud y las energías de los catalanes? Pero esa aptitud y esas energías hubieran quedado quizá baldías sin la protección que en todos los tiempos han dado todos los Gobiernos españoles a esa tierra feliz. Cataluña, que tiene todavía el hereu en la familia, Cataluña ha sido el hereu de la pobre España. Pero, ¿quién lo duda? Habrá sido un hereu que ha sabido utilizar los privilegios y las ventajas que su madre le ha concedido. No; tened tranquilidad, tened calma, porque yo no lo digo en son de hostilidad a Cataluña, sino todo lo contrario; pero no se pueden negar las cosas. ¿Quién duda que Cataluña se ha hecho rica por España y con España? ¿Quién duda que, para hacerse rica, ha habido necesidad de concederla en las leyes ciertos privilegios que le han dado ventajas sobre sus hermanas, las demás provincias de España? ¿Quién duda que quizá el malestar de nuestras perdidas Antillas haya sido debido a la preferencia que daba España a Cataluña? ¿Es esto hostilidad a Cataluña? ¡Ah, no! Ésta es la realidad de los hechos y ésta es la demostración de que Cataluña no haría bien si no estuviera ligada a España como está ligado el hijo querido a la madre amantísima y cariñosa».

El diputado Robert volvió a tomar la palabra para defender que el sistema arancelario había sido igual para todos y que eso demostraba que «en Cataluña hay gérmenes de vida, que es una región potente y que ha sabido aprovecharse mejor que otras regiones (y yo lo deploro) de ese régimen arancelario». Y en cuanto a la pérdida de las colonias, exculpó a Cataluña y culpó a «nuestra inmoral administración».

A imperio muerto, imperio puesto

Pero la «inmoral administración» del imperio español en sus momentos finales no impidió que el nacionalismo catalán, aparentemente antimperialista y antimilitarista, aspirase a buscarle un sustituto. Un sustituto alla catalana, por supuesto.

Pues Prat de la Riba, en los capítulos finales de su La nacionalitat catalana, publicado ocho años después del 98, consideró que la fase de plenitud del nacionalismo de un gran pueblo era el imperialismo, fase expansiva a la que consideraba que le faltaba poco por llegar al pueblo catalán. Al fin y al cabo ya se había justificado moralmente la expansión imperial, por las buenas o por las malas, en el Memorial de Agravios presentado a Alfonso XII veinte años antes.

Con el modelo austrohúngaro en mente, la propuesta pratiana consistió en una especie de confederación imperial que englobaría a las tres naciones peninsulares —la castellana, la catalana y la portuguesa— más la sorprendente inclusión, es de suponer que con la ayuda de un Jaime I resucitado conquistando su natal Montpellier, de una buena porción de la Francia meridional.

Por supuesto, el elemento catalán habría de llevar la voz cantante en la nueva estructura imperial dado que ya había comenzado a transfundir a la rezagada Castilla sus concepciones políticas, económicas, jurídicas e incluso literarias y artísticas:

«No hemos conseguido la plenitud de expansión interior, pero ya el nacionalismo catalán ha comenzado la segunda función de todos los nacionalismos, la función de influencia exterior, la función imperialista. El arte, la literatura, las concepciones jurídicas, el ideal político y económico de Cataluña, han iniciado la obra exterior, la penetración pacífica de España, la transfusión a las demás nacionalidades españolas y al genio del Estado que las gobierna».

Pero, ¿en qué consistía ese «ideal económico de Cataluña» que se había impuesto en España? He aquí la respuesta, breve y cristalina:

«El criterio económico de los catalanes en las cuestiones arancelarias hace años que ha triunfado».

Y punto. Según el padre del nacionalismo catalán, en eso consistía la vanguardista aportación económica catalana al nuevo imperio.

Finalmente, tras la inminente victoria del pensamiento político catalanista sobre las concepciones dominantes en España, se abrirían las rutas imperiales de una nueva confederación ibérica lista para reclamar su cuota en la carga del hombre blanco:

«Entonces será hora de trabajar para reunir a todos los pueblos ibéricos, desde Lisboa hasta el Ródano, dentro de un solo Estado, de un solo Imperio; y si las nacionalidades españolas renacientes saben hacer triunfar ese ideal, saben imponerlo como la Prusia de Bismarck impuso el ideal del imperialismo germánico, podrá la nueva Iberia elevarse al grado supremo de imperialismo: podrá intervenir activamente en el gobierno del mundo con las otras potencias mundiales, podrá otra vez expansionarse sobre las tierras bárbaras y servir a los altos intereses de la humanidad guiando hacia la civilización a los pueblos rezagados e incultos».

La época dorada de la Lliga

Alucinaciones imperiales aparte, continuaron avanzando los tristes primeros años tras el Desastre, y algunas voces, no precisamente de las menos autorizadas, aun coincidiendo con el doctor Robert en la denuncia del mal gobierno, subrayaron el factor económico como el más determinante en el estallido final de las provincias de ultramar. Unamuno, por ejemplo, señaló en 1899 a los «mercaderes» como los «causantes de la guerra». Y seis años después, en 1905, escribió estas amargas y acusatorias líneas:

«Aquí apenas se hablaba de relaciones hispano-americanas hasta que perdimos nuestras últimas colonias en América y entonces nos entró de repente una especie de ternura maternal, o lo que ello sea, y dimos unos cuantos en cacarear lo de la hermandad de raza, o mejor de lengua. No faltó quien hablara de hijos ingratos (…) Mientras tuvimos colonias, nos empeñamos en explotarlas, trayendo de los Estados Unidos trigo, que se molía en Cataluña y se volvía a llevar a Cuba en forma de harina, haciéndoles pagar carísima la maquila de la molienda, cuando tenían el trigo a la puerta de casa».

Con el motivo de compensar la pérdida de los mercados de ultramar, en 1906 se apretó un poco más la tuerca del proteccionismo. Los empresarios siderúrgicos vascos se aliaron con los algodoneros catalanes —con renovadas energías dado el ascenso de sus respectivos partidos nacionalistas— así como con los hulleros asturianos y los cerealistas castellanos —éstos, resignados al mal menor— para conseguir unos elevados derechos de protección sobre el valor de las mercancías extranjeras. Acerca de la autoría de la reforma escribiría treinta años después el perpetuamente influyente Pedro Gual Villalbí —sobre el que volveremos más adelante—, que fue «obra principalísima de los representantes del Fomento del Trabajo Nacional y de la Liga Vizcaína de Productores, a cuya inciativa y a cuya competencia y perseverancia se debió aquella buena obra».

Sin embargo, los grandes perjudicados fueron los agricultores levantinos, a los que la exportación se les hizo casi imposible. Vicente Blasco Ibáñez lo denunció así en un artículo de 1907 titulado La lepra catalanista:

«Valencia, que ha sido la Cenicienta del Mediterráneo, en cuyo puerto impera la más honda miseria por culpa de Barcelona, que lo absorbe todo, que es el verdugo de Levante, que quiere convertir toda España en huevo para tragarse hasta la cáscara, que envía a nuestra ciudad sus productos libremente, sin que sufran ningún impuesto a su entrada, y en cambio la pasa, la naranja y las legumbres valencianas pagan un enorme tributo municipal al entrar en Barcelona; Valencia, cuya agricultura muere por imposición del industrialismo catalán, porque catalanes y vizcaínos han conseguido la confección de unos infames aranceles que nos tapian los mercados internacionales para la exportación de nuestra fruta, sometiéndonos a una pérdida anual de más de cien millones de pesetas, que se traduce en hambre y congojas en el campo y languidez en la vida comercial de la ciudad».

Y comenzó la época dorada de la Lliga Regionalista de Cambó y Prat de la Riba, con el primero de enlace con Madrid y el segundo dirigiendo Cataluña desde la presidencia de la Diputación desde 1907 y de la Mancomunidad, primer ensayo autonómico, desde su creación en 1914. Siempre haciendo equilibrios, los pragmáticos dirigentes de la Lliga oscilaron entre la propaganda separatista, tanto en el interior como en el extranjero, y la colaboración con el régimen. No en vano Cambó ejerció de ministro de Fomento con Antonio Maura durante unos cuantos meses de 1918 y de Hacienda de 1921 a 1922. Y, por supuesto, no desatendieron la defensa de los intereses económicos de la clase a la que representaban, la burguesía conservadora catalana.

Así sucedió en 1909 durante la Semana Trágica, en la que la Lliga cerró filas con el gobierno contra los revolucionarios, cuya delación pidió a los ciudadanos desde la prensa adicta. Ferrán Agulló, secretario general de la Lliga, escribió un artículo en La Veu de Cataluña, el 13 de agosto de 1909, explicando a los ciudadanos que «quien conozca a los culpables tiene el deber de ayudar a la acción de la justicia que les persigue; no hay excusa que valga. Pero temo que la cobardía de mucha gente, disfrazada de buen corazón y de humanitarismo, dejará sola a la justicia».

Cambó y su partido se distinguieron por su ferocidad contra el chivo expiatorio Ferrer Guardia tanto en vida como tras su fusilamiento. Joan Maragall envió a La Veu un artículo, titulado La ciutat del perdó, en el que reclamó a los barceloneses que imploraran al rey el perdón para Ferrer y los demás condenados a muerte. Prat de la Riba se negó a publicarlo porque, como explicó por carta a Maragall, habría sido una irresponsabilidad por parte de la Lliga abandonar al gobierno de Maura en su tarea de restablecimiento del orden público.

Y así sucedió también en 1919 con la huelga de La Canadiense, empresa abastecedora de la electricidad, el gas y el agua de Barcelona. Pues acabó convirtiéndose en una huelga general de larga duración y un gran triunfo de la CNT, por lo que gobernantes y empresarios temieron su agravamiento y extensión a otras partes de España.

La Lliga se encontraba ocupada en aquel momento en la defensa en las Cortes de un proyecto de estatuto de autonomía que fuera más allá de la primera semilla plantada por la Mancomunidad cinco años antes. Pero ante la amenaza de un estallido revolucionario en Cataluña, con el fantasma de la revolución rusa muy presente, Cambó echó el freno a la cuestión autonómica y se centró en el más acuciante y amenazante problema social. Como curiosidad más que significativa, aquella fue la primera ocasión en la que apareció el término Generalidad para designar la nueva institución de modo que estuviese ligada con la tradición histórica. Pero no lo propusieron los catalanistas, a quienes ni se les ocurrió, sino Antonio Maura.

En sus breves ocho meses de ministro de Hacienda, entre agosto de 1921 y marzo de 1922, Cambó no perdió el tiempo. Pues le sobró para sacar adelante el muy proteccionista arancel que ha pasado a la historia con el nombre de su autor —y con el remoquete, muy usado por los profesionales afectados, de La Gran Muralla China— y que habría de estar vigente nada menos que hasta 1960, sobreviviendo a la monarquía, a la dictadura primorriverista, a la república y adentrándose largamente en el régimen franquista.

Una vez más, como en 1906, los intereses industriales prevalecieron sobre los agrarios, pues Cambó y los sectores a los que representaba impusieron su opinión de que España tenía que avanzar en la modernización de su industria. Opuestos a ellos, los representantes agrícolas abandonaron la Junta de Aranceles y Valoraciones, a la que acusaron de contraria al progreso de la agricultura y de provocar el hambre de la nación a cambio del enriquecimiento de los industriales vascos y catalanes y otros diseminados por toda España.

Hacia la dictadura

Pero el Arancel Cambó no zanjó, ni mucho menos, el eterno debate entre el proteccionismo y el librecambismo. Pues, caído el gobierno Maura en marzo de 1922, le siguieron dos breves mandatos, el de José Sánchez Guerra y el de Manuel García Prieto, que acabarían desembocando en el soplo de Estado —en palabras de Unamuno— de Primo de Rivera. Durante ellos se promulgó la Ley Bergamín de Autorizaciones, que rebajó el arancel y abrió negociaciones de tratados comerciales con Francia, Gran Bretaña, Bélgica y Alemania, lo que enfureció al sector industrial, con los catalanes, una vez más, a la cabeza. El principal responsable de las negociaciones fue el ministro de Asuntos Exteriores (entonces llamado de Estado), el liberal Santiago Alba, personaje destacado en los acontecimientos por venir. Pues, partidario de un menor proteccionismo para la industria y defensor de los intereses agrarios, se convirtió en la persona más odiada por los fabricantes catalanes. Por eso éstos, junto con los grandes siderúrgicos vascos, ante la amenaza al ultraproteccionismo establecido por Cambó tan solo un año antes, se echarían en brazos de un Primo de Rivera del que esperaban un contraataque proteccionista.

Pero había otro factor no menos influyente, ya que en Barcelona la situación social se encontraba lejos de estar tranquila. Pues aquéllos fueron los años del pistolerismo, que enfrentó a los anarquistas contra la Lliga, los empresarios, el gobernador Martínez Anido y la Unión de Sindicatos Libres. Cambó, en representación de los empresarios, fue el encargado de convencer a Eduardo Dato de que nombrara gobernador civil al general Severiano Martínez Anido en noviembre de 1920. Su eficacia contra el terrorismo anarquista fue tal que la Lliga y los empresarios quedaron encantados con su gestión. La Cámara Oficial de Industria de Barcelona, por ejemplo, le consideraba «la encarnación de los altos prestigios de la ley».

Pero también se alzaron voces para protestar contra la utilización del ejército como guardia pretoriana de los industriales catalanes. Una de ellas fue la de Unamuno, quien acusó a Anido de «servir a la constitución autonómica de la Lliga en contra de la Constitución del Reino de España».

El breve presidente José Sánchez Guerra acabó destituyéndole en octubre de 1922 por sus expeditivos métodos contra los anarquistas, sobre todo por su generosa aplicación de la ley de fugas y otros actos poco reglamentarios. Cuando llevó el decreto de cese a Alfonso XIII, éste, sabedor de los muchos apoyos de Anido, le pidió que reflexionara antes de tomar esa decisión, ante lo que Sánchez Guerra amenazó con dimitir.

—Tienes unos cojones como la catedral de Toledo —sentenció Su Majestad al firmar al pie.

Los empresarios catalanes se enfurecieron con el gobierno, protestaron individualmente y en grupo, consideraron un agravio el cese de Anido, pidieron nombrarle hijo adoptivo de Barcelona y le organizaron una despedida regia en el hotel Ritz. Acto seguido, setenta corporaciones catalanas, con el Fomento del Trabajo Nacional y la Cámara de Comercio al frente, solicitaron al gobierno la intervención del ejército para poner fin al terrorismo.

Éste, que se extendió desde 1919 hasta 1923, provocó varios cientos de muertos entre obreros, empresarios y matones. Las dos víctimas más destacadas fueron el dirigente anarquista Salvador Seguí, el noi del sucre, y el presidente del Gobierno, Eduardo Dato, asesinado por tres anarquistas catalanes en la Puerta de Alcalá.

Por estos motivos, la región española que con mayor entusiasmo acogió el golpe primorriverista fue Cataluña. Así lo explicaría Cambó en sus libros Les dictadures y Per la concórdia, publicados en los años finales del régimen:

«La dictadura española nació en Barcelona, la creó el ambiente de Barcelona, donde la demagogia sindicalista tenía una intensidad y una cronicidad intolerables. Y, ante la demagogia sindicalista, fallaron todos los recursos normales del poder, todas las defensas normales de la sociedad».

Respecto a la participación de la Lliga:

«Fueron las campañas catalanistas contra los gobiernos parlamentarios los que crearon en Barcelona el ambiente necesario para que pudiese estallar el golpe de Estado. Esto pareció tan evidente entonces —aunque ahora parezca una paradoja— que en Madrid hombres de gran perspicacia creyeron que el golpe de Estado era una cosa concertada entre el general Primo de Rivera y la Lliga».

Y en una carta a un amigo suyo, publicada años después, consideró «la actitud de los militares como la única dulzura que en unos años amargos hemos podido gustar», e incluso lamentó que no lo hubieran hecho ya en 1917.

De su correligionario Josep Puig i Cadafalch, a la sazón presidente de la Mancomunidad de Cataluña tras el fallecimiento de su fundador Prat de la Riba, son las siguientes palabras:

«La gente se mataba por las calles. Daba vergüenza ser catalán. Se hablaba en todo el mundo de nuestra anarquía delirante (...) Nosotros creímos que el Capitán General resolvería el fenómeno del orden público y le ayudamos».

Y Joan Ventosa i Calvell, diputado y exministro lliguista, escribiría que «cuando el general Primo de Rivera publicó su famoso manifiesto, fue en Cataluña donde recibió más espontáneas, sinceras y entusiastas manifestaciónes de adhesión».

Efectivamente, así lo confirmaría el propio protagonista:

«En Barcelona ha sido una manifestación de despedida la que se me ha dispensado, como yo no podía soñar. Catalanes significados, gente de esa Barcelona que se dicen separatistas, lanzaron los vivas a España más intensos y más entusiastas que he oído nunca: Si ho fas bé, no hi haurà separatisme, me gritaban. ¡Viva el Rey, viva España!».

Pero vayamos al manifiesto del 12 de septiembre, pues en él encontraremos jugosos datos sobre la otra clave de la cuestión golpista: la política librecambista del ministro Santiago Alba.

En primer lugar merece ser destacado el muy significativo detalle de que los autores del manifiesto comenzaran proclamando la necesidad de libertar a la patria «de los profesionales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso».

Los motivos aducidos para justificar la necesidad del golpe fueron los asesinatos y atracos impunes, le depreciación de la moneda, el despilfarro de los gastos reservados, la propaganda comunista, la impiedad e incultura, la descarada propaganda separatista, etc. Pero junto a ellos se encontraba uno particularmente interesante: la «sospechosa política arancelaria por la tendencia, y más porque quien la maneja hace alarde de descocada inmoralidad».

¿A quién se referían? Evidentemente, a Santiago Alba, chivo expiatorio del fracaso de todo un sistema. Incluso le dedicaron un párrafo para él solo:

«El proceso contra don Santiago Alba queda desde luego abierto, que a éste lo denuncia la unánime voz del país y queda también procesado el que, siendo jefe del gobierno y habiendo oído de personas solventes e investidas de autoridad las más duras acusaciones contra su depravado y cínico ministro, y aun asintiendo a ellas, ha sucumbido a su influencia y habilidad política sin carácter ni virtud para perseguirlo, ni siquiera para apartarlo del gobierno».

Al día siguiente, el recién estrenado dictador concedió una entrevista al diario La Correspondencia de España en la que desarrolló las acusaciones contra el odiado ministro:

«Alba ha sido la gota de agua, el motivo circunstancial que nos ha impulsado al movimiento. El régimen político de España, en continua decadencia, nos hizo pensar en muchas ocasiones en esto; pero el caso de don Santiago Alba impedía que las cosas siguieran así un momento más. Tenemos numerosas denuncias y acusaciones concretas contra dicho señor. El señor Alba ha firmado contratos comerciales en combinación con elementos capitalistas para su único provecho personal; ha concedido almadrabas con fines utilitarios, y se supone fundadamente que ha dispuesto de parte de los nueve millones de gastos secretos que se llevan gastados este año en Marruecos, siendo así que en el pasado ejercicio no se gastaron más que ocho mil pesetas y pico».

Y respecto a lo que se pensaba de Alba en Cataluña, concluyó Primo de Rivera:

«En Barcelona, señores, el ambiente era fatal. Todos cuantos industriales y comerciantes me visitaban, se repetían alarmadísimos sus mismas quejas contra el señor Alba: «¡És un lladre, és un lladre!», me decían todos. Esto no podía continuar, porque a su vida política se unía su conducta personal de ostentación y escándalo. El señor Alba está complicado en negocios de contrabando».

Dadas las circunstancias, Santiago Alba, que se encontraba veraneando en San Sebastián a la vera de don Alfonso XIII, dimitió de su cargo ante la indiferencia regia y optó prudentemente por cruzar el Bidasoa.

Y, efectivamente, las fuerzas vivas de Cataluña se apelotonaron para declarar su apoyo al golpe de Estado. Junto a los ya mencionados próceres de la Lliga y la Mancomunidad, las Cámaras de Comercio e Industria, el Instituto Agrícola de San Isidro y otras entidades, el Fomento del Trabajo Nacional no tardó ni un día en enjabonar al dictador:

«Excmo. Sr.: Los productores todos de Cataluña, singularmente los que integran la máxima representación de la industria, agrupados en el Fomento del Trabajo Nacional, se complacen en hacer constar a V. E. de manera solemnísima su entusiasta identificación, su adhesión intangible al programa de gobierno y de regeneración de nuestra patria, que traza con competencia innegable, con autoridad indiscutible, el manifiesto dirigido por V. E. al país y al Ejército».

Como dato final sobre el apoyo prestado por las instituciones catalanas y las organizaciones catalanistas, tanto Joaquín Leguina y Asunción Núñez como Ramón Tamames recogen una anécdota muy jugosa. Vaya como prólogo que don Miguel siempre tuvo fama de jugador y mujeriego. Su acérrimo enemigo Blasco Ibáñez escribió al respecto recién llegado el nuevo régimen:

«Recuerdo lo que contaban de él en Valencia cuando era capitán general de dicha región. Una vez, la gente se indignó contra él porque en el palco de un teatrillo le sorprendieron con una corista, consumando casi en presencia del público lo que los demás sólo se atreven a hacer a puerta cerrada. De sus tiempos juveniles guarda la afición a visitar por la noche ciertas viviendas que en Francia ostentan un gran número sobre su puerta. Aún en la actualidad, siendo dueño absoluto de España, los trasnochadores de Madrid encuentran muchas veces su automóvil oficial detenido en las cercanías de las más reputadas casas de lenocinio. Estas casas quedan cerradas para sus habituales parroquianos cuando las visita por la noche Su Excelencia y sus amigos. Además, Primo de Rivera es uno de los más famosos jugadores de España. No hay círculo de juego que no le haya tenido por cliente. Se ha jugado lo suyo y lo de otros, y cuando se apoderó del gobierno para moralizar a España, andaba, según dicen, muy falto de dinero».

Pues bien, los mencionados Leguina, Núñez y Tamames recogen en sus respectivos libros una conversación que dicen que tuvo lugar entre el conde de Güell y el oficial ayudante de Primo de Rivera. Encontrábase el acaudalado lliguista Juan Antonio Güell y López, II conde de Güell y III marqués de Comillas, tomando las aguas en un balneario un par de días antes del pronunciamiento del que estaba al corriente, cuando recibió una llamada del ayudante de Primo anunciándole un pequeño inconveniente para seguir adelante con lo planeado. El problema era la frase principal del manifiesto, el «España con honra» que inspiraba todo el movimiento.

—Bueno, ¿y qué? —preguntó Güell.

—Pues que el capitán general tiene un problema respecto a la honra.

—¿Cuál es ese problema?

—Que tiene deudas de juego en el casino militar y teme que se lo echen en cara, pues esas deudas son deudas de honor.

—¡Acabáramos! —zanjó el conde desenfundando el talonario.

Sea cierta o no la anécdota, lo indiscutible es que la confluencia entre las intenciones del nuevo gobernante y los intereses de la burguesía industrial catalana estuvo bien clara desde el principio. He aquí, por ejemplo, lo declarado por el dictador en Barcelona del 1 de febrero de 1926:

«Preocupa al gobierno la crisis industrial que atraviesa Cataluña, especialmente la industria textil. Las causas principales de esta crisis, de la que, en general, sufre toda la producción española, radica en el hecho de estar rodeada España de países que tienen una moneda mucho más baja. Algunos de estos países, como Italia, tienen exuberancia de producción y han hallado en el cambio facilidad para introducir sus productos en nuestro país, ya que las previsiones de los tratados de comercio se han estrellado ante aquella circunstancia de estar baja la moneda. El Gobierno, no obstante, ha de tener interés, y lo tiene, en resolver este problema. Pondrá todo su empeño en que el acierto le guíe, y acudirá al extremo, si es preciso, de retocar y reformar los convenios comerciales».

Y, para terminar, he aquí el reproche de Unamuno a una «desdichada plutocracia catalana» que, ante las pesadillas que le provocaban el comunismo y el sindicalismo, «vendió una vez más el alma de su pueblo por un poco de seguridad material, dejó que se injuriara e hiriera a la tan decantada personalidad catalana a cambio de que se le prometiera denunciar los tratados de comercio».

Hacia la república y la guerra

Algo más de seis años duró la dictadura. Y con su caída arrastró al rey que la había legitimado.

Llegó la Segunda República. Y en Cataluña la hegemonía de la derechista Lliga de Cambó fue repentinamente sustituida por la Esquerra Republicana de Macià.

Dejemos de lado muchas cosas y centrémonos en lo fundamental. Poco antes de morir en octubre de 1934, exactamente diez días después del golpe de Companys, el egregio Santiago Ramón y Cajal había puesto el punto final a sus reflexiones octogenarias, en las que, aunque alabó la laboriosidad de catalanes y vascos, les reprochó su ingratitud por haber disfrutado durante tanto tiempo del trato privilegiado por parte de los gobiernos y a costa del bolsillo de los ciudadanos:

«Me asombra que la mayoría de los catalanes deseen emanciparse y cortar las amarras, según frase favorita de la Rambla. ¿Tan mal les ha ido a las oligarquías barcelonesas explotando el atraso y dejadez industrial castellanos? Cierto que en el gobierno central hubo algún lamentable exceso de celo unitarista, sobre todo en los tiempos de la dictadura. Pero París bien vale una misa, y los efectos beneficiosos de un arancel casi prohibitivo para las industrias textiles y fabriles extranjeras merecen indulgencia y olvido de algún abuso del poder central, sobre todo teniendo en cuenta la inestabilidad y versatilidad de los gobiernos. Sería injusto atribuir exclusivamente al arancel la prosperidad inaudita de Cataluña. En ella han intervenido también primordialmente las excelentes cualidades de los catalanes: laboriosidad infantigable, espíritu de ahorro, carácter emprendedor».

Un año más tarde, en junio de 1935 —¡casi exactamente un siglo después de las idénticas reflexiones de Stendhal!—, Valle-Inclán declararía al diario El Pueblo Gallego que «en España se mira con rencor al catalán por la obligación que tenemos de vivir de su mala industria».

Pero todos estos asuntos, igual que muchos otros, acabaron arrastrados por la gran inundación de la guerra. Una guerra que la incesante farsa separatista ha narrado, narra y seguirá narrando como una guerra entre España y Cataluña que terminó con la invasión de ésta por aquélla. Así lo han estudiado los niños catalanes en las aulas adoctrinadoras y así lo han mamado todos los catalanes de los medios de comunicación del régimen totalitario separatista permitido durante cuatro décadas por los inútiles o cómplices inquilinos de la Moncloa, sin excepción. Y así lo seguirán creyendo —sí, verbo creer, no verbo pensar—, y así lo seguirán repitiendo —sí, verbo repetir, no verbo opinar— hasta la tumba.

Pero quizá debiera recordarse que aquella guerra de agresión contra Cataluña fue promovida por personajes de la talla de Francesc Cambó, el viejo dirigente catalanista que, si ante el pistolerismo anarquista de los años 20 se echó en brazos de Primo de Rivera, cuando llegó la revolución marxista de los años 30 repitió en los de Franco.

¡Visca Franco! ¡Arriba Espanya!

En 1936 Cambó escribió textos de gran importancia propagandística, como los dos artículos para el londinense Daily Telegraph en los que resumió la guerra recién estallada como una lucha de la civilización contra la barbarie comunista ya que «España había llegado a un punto en el que la revuelta contra el gobierno constituía no ya una necesidad sino un deber patriótico». En un tercer artículo (La cruzada española), esta vez para el bonaerense La Nación, sostuvo que la guerra entablada en suelo español era un enfrentamiento mortal contra el bolchevismo que debía interesar a todas las naciones del mundo.

También encabezó el manifiesto que secundaron multitud de personalidades catalanas de la política, la empresa y la cultura para proclamar su apoyo a Franco y pedir a los jóvenes catalanes que empuñaran las armas contra el gobierno republicano y contra Companys:

«Los que suscribimos esta declaración somos hombres de diferentes ideologías y procedencias. Somos catalanes, y con esta sola característica común, unimos nuestras firmas para protestar contra la actuación y el lenguaje de los hombres que hoy detentan el gobierno de la Generalidad y que pretenden identificar los sentimientos y la voluntad de Cataluña con la tiranía de los anarquistas y marxistas que han asesinado y asesinan con refinamiento de la más bárbara crueldad; que han destruido tesoros de arte que nos habían legado las generaciones pasadas como patrimonio espiritual de nuestra tierra; que arruinan nuestra economía con groseras experiencias en todas partes desacreditadas, y deshonran a nuestro pueblo con locuras y crímenes sin precedentes en la historia.

Como catalanes, afirmamos que nuestra tierra quiere seguir unida a los otros pueblos de España por el amor fraternal y por el sentimiento de la comunidad de destino, que nos obliga a todos a contribuir con el máximo sacrificio a la obra común de liberación de la tiranía roja y de reparación de la grandeza futura de España. Como catalanes, saludamos a nuestros hermanos que, a millares, venciendo los obstáculos que opone la situación de Cataluña, luchan en las filas del ejército libertador y exhortando a todos los catalanes a que, tan pronto como materialmente les sea posible se unan a ellos ofrendando sus vidas para el triunfo de la causa de la civilización en lucha contra la barbarie anarquista y comunista.

El caso de Cataluña no es distinto del de Madrid, Valencia, Málaga y otras ciudades y regiones de España, oprimidas todas por un poder despótico del que desean fervientemente verse liberadas. Son en gran mayoría los catalanes que por estar sometidos a una opresión que no tienen aún hoy medio de sacudir, no pueden expresar su indignada protesta. Nosotros que podemos hacerlo, seguros de expresar sus sentimientos, queremos hacerla llegar a todos nuestros hermanos de España».

¿Firmantes de este manifiesto? Pues escritores, poetas, filólogos, periodistas, pintores, músicos y otros artistas e intelectuales como Salvador Dalí, Eugenio d’Ors, Federico Mompou, Josep Pla, Llorenç Riber, Octavi Saltor, Joan Baptista Solervicens, Agustí Calvet, Manuel Brunet, Antoni Griera, Llorenç Villalonga, Martín de Riquer, Carles Sentís, Pere Pruna, Higini Anglès o Josep M. Tous. Junto a ellos, la plana mayor de diputados, senadores, alcaldes y ministros de la Lliga, como Lluís Durán i Ventosa, Raimon Coll, Joan Ventosa i Calvell, Raimon d’Abadal i Calderó, Raimon d’Abadal i Vinyals, Josep Puig i Cadafalch, Ferran Valls i Taberner, Josep Maria Tallada i Paulí, Miquel Vidal i Guardiola, Josep Bertran Musitu, Rafael Gay de Montellà, Joan Vallès i Pujals, Josep Maria Trias de Bes i Giró, Lluís Puig de la Bellacasa, Joaquim Maria de Nadal o Pedro Rahola. A los que se añadieron juristas, banqueros, empresarios, científicos, ingenieros, médicos o profesionales varios como Félix Millet i Maristany, Manuel Reventós i Bordoy, Juan Mas Bagá, Manuel Sagnier, Josep Mompou, Josep Ballvé Pallisé, Juan Gibert Queraltó, Emilio Vidal Ribas, Glòria Bulbena, Luis Amat, Luis Girona, Alejandro Pons, Julián Carbonell, José María Condeminas, Pedro Cabot, Francisco Ribó y varias decenas más. Sí, los apellidos no engañan: entre sus descendientes se encuentran muchas personalidades de la política, la cultura, la economía y el saqueo de la Cataluña de hoy.

Siguiendo con Cambó, no sólo le dio a la pluma a favor de Franco, sino que puso su fortuna a su disposición y organizó la propaganda exterior del bando alzado. Así creó y financió, junto con el empresario sabadellense Joan Llonch, la Oficina de Propaganda y Prensa de París, también llamada Oficina Catalana de París, a sugerencia de Joan Ventosa y Joan Ribó. Sus principales responsables fueron Joan Estelrich, Xavier Ribó, Felip Rodés, Octavi Saltor y Joaquim Reig. Otros colaboradores fueron Vicenç Solé, Joaquim Pellicena y Valentí Castanys, así como otros exiliados en Italia y Suiza, como Joan A. Parpal, Joan Costa, Raimon d’Abadal y Manuel Brunet.

Estelrich también dirigió el periódico franco-español Occident, destinado a sostener la causa franquista, y escribió libros propagandísticos como La persecución religiosa en España, traducido a varias lenguas europeas. Este libro surgió también de una iniciativa de Cambó, que encargó a varios colaboradores la recogida de información sobre los crímenes cometidos por los republicanos contra la Iglesia para darlos a conocer por todo el mundo. Uno de ellos fue el monje de Montserrat y escritor Antoni Ramon i Arrufat, huido a Italia, cuyo trabajo acabó pasando a manos de Estelrich:

«(…) tenía que acabar de redactar un folleto que había comenzado por encargo del Sr. Francesc Cambó, destinado a desvelar a los católicos y otras confesiones cristianas del mundo los crímenes de todo tipo cometidos por los rojos en la Península Ibérica, sobre todo contra las personas y cosas sagradas. Parecía inconcebible que no hubiera una reacción rápida y general ante los asesinatos de sacerdotes y religiosos y la quema de templos y conventos. Por eso había que pintar con colores vivos estas barbaridades y hacerles ver claro nuestro panorama y no continuar en la actitud de pasividad suicida como hasta ahora, cuando no tomando partido por los mismos criminales bajo el color de democracia, libertad, gobierno legal y otros tópicos engañadores utilizados por los propagandistas gubernamentales. Que yo sepa, el material fue transmitido a don Juan Estelrich, que desde París se ocupaba intensamente en trabajos contrarrevolucionarios, y lo refundió en el libro que publicó el mismo año de 1937 bajo el título La persecución religiosa en España».

Otra iniciativa de Cambó y los hombres de la Lliga fue Ràdio Veritat, la emisora en catalán que, instalada en Italia con el beneplácito de Mussolini, operó desde marzo de 1937 hasta el fin de la guerra. En sus emisiones participaron los ya mencionados Pla, Solervicens, Pellicena y d’Abadal junto a otros como Eduard Segarra, Manuel Ribé, Delfí Escolá y Joan Costa i Deu, redactor jefe de La Veu de Catalunya que, poco antes de morir en Génova en 1938, publicó en italiano los libros Cento martiri della revoluzione del 1936 nella Catalogna (Cien mártires de la revolución de 1936 en Cataluña) y Barcelona sotto l’incubo del terrore rosso (Barcelona bajo la pesadilla del terror rojo).

Génova, por cierto, fue la ciudad italiana en la que se concentró la mayor cantidad de huidos de la Cataluña de Companys, alrededor de 50.000. Uno de los más distinguidos genoveses fue el conde de Godó, propietario de La Vanguardia y, tras la victoria, procurador en Cortes.

Por lo que se refiere a la propaganda interior, se destacaron Xavier de Salas i Bosch, Josep Maria Fontana Tarrats, Josep Vergés i Matas, Ignasi Agustí, Santiago Nadal i Gaya y Juan Ramón Masoliver, catalanes de Burgos fundadores de la influyente revista Destino —nombre proveniente de la frase joseantoniana «España es una unidad de destino en lo universal»—; así como tres de los principales dibujantes y guionistas de las revistas juveniles Pelayos y Flecha —de ideario carlista y falangista respectivamente—, Valentí Castanys i Borràs, Josep Serra i Massana y José María Canellas i Casals.

Por otro lado, el general Mola creó nada más comenzada la guerra el SIFNE, Servicio de Información de la Frontera Noroeste de España, que fue dirigido por el lliguista Josep Bertran i Musitu con la colaboración, entre otros, de Josep Pla, Carles Sentís y Eugenio d’Ors.

Y junto a la propaganda y el espionaje, la defensa jurídica del bando alzado. Pues tres de los autores del Dictamen sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936, elaborado para sostener jurídicamente la legitimidad del golpe de Estado, fueron los catalanes Adolfo Pons i Umbert, Josep Maria Trias de Bes y Eduardo Aunós, antiguos diputados lliguistas los dos últimos.

Por lo que se refiere a la Iglesia, decisivos para la sustentación internacional del alzamiento del 18 de julio y del régimen de él salido fueron los cardenales catalanes Isidro Gomá, arzobispo de Toledo y primado de España, —que definió la guerra como el conflicto entre «España y la anti-España, la religión y el ateísmo, la civilización cristiana y la barbarie»— y Enrique Pla i Deniel, así como el obispo de Gerona, José Cartañá i Inglés.

En cuanto a los altos mandos militares, hay que subrayar al general Pedro Vives Vich, pionero de la aviación militar española que salvó su vida en el Madrid de julio del 36 refugiándose en la embajada noruega, entre cuyas paredes fallecería dos años después. Y al general Andrés Saliquet, artífice del golpe en Valladolid, uno de los doce miembros de la Junta de Defensa Nacional de Burgos que eligió a Franco como Generalísimo y, tras la victoria, consejero de Estado, procurador en Cortes, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y marqués de Saliquet por concesión de Franco. Y, por supuesto, al general Manuel Goded Llopis, catalán de Puerto Rico, activo conspirador y encargado por Mola del golpe en Barcelona, donde sería fusilado tras su fracaso.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar a los miles de catalanes que huyeron de la Cataluña republicana para alistarse en el ejército nacional o que se escondieron para no ser alistados en el republicano.

Como todo el mundo sabe, pues las imágenes se han repetido por la televisión un millón de veces, en 1939 decenas de miles de catalanes cruzaron la frontera ante la victoria franquista, junto con soldados y civiles republicanos de toda España. Pero al mismo tiempo —hecho que no se recuerda nunca, como el de que la gran mayoría de los huidos a Francia regresaron a España antes de que hubiese acabado 1939— una cantidad no menor recibía brazo en alto a los vencedores en todas las poblaciones catalanas. Así lo agradeció por radio el general Juan Bautista Sánchez, de la V División de Navarra, a los barceloneses:

«Os diré en primer lugar a los barceloneses, a los catalanes, que agradezco con toda el alma el recibimiento entusiasta que habéis hecho a nuestras fuerzas. También digo al resto de los españoles que era un gran error eso de que Cataluña era separatista, de que Cataluña era antiespañola. Debo decir que nos han hecho el recibimiento más entusiasta que yo he visto, ¡y cuidado que he tenido el honor y la gloria de asistir a actos semejantes! (...) y en ningún sitio, os digo, en ningún sitio nos han recibido con el entusiasmo y la cordialidad que en Barcelona».

El franquismo en Cataluña

El Evangelio nacionalista ha revelado a sus fieles que el franquista fue un régimen impuesto por la España castellana —o España simplemente, pues el Evangelio dice que es la misma cosa— a Cataluña, como si la Guerra Civil hubiese sido un conflicto entre regiones en vez de entre ideologías.

Como tener que explicar lo obvio una y otra vez es muy cansado, nos remitiremos a lo explicado en el apartado anterior y daremos la palabra a un eminente republicano que compartió exilio con los nacionalistas catalanes y que no regresó a España hasta la muerte de Franco. Y además no castellano, sino gallego, dato innecesario en circunstancias normales pero quizá relevante en las anormales circunstancias de los fieles del Evangelio nacionalista.

Pues Salvador de Madariaga tuvo que contrarrestar en numerosas ocasiones los esfuerzos que los nacionalistas vascos y catalanes realizaron ante diversas potencias en busca de apoyo para sus pretensiones. Por ejemplo, con motivo de una carta que dirigió José Antonio Aguirre al presidente norteamericano Eisenhower con ocasión de su visita a España en 1959, en la que reiteraba todos los tópicos posibles, entre ellos, evidentemente, el de una Cataluña vencida en la Guerra Civil y oprimida por la España franquista, Madariaga le contestó con una carta en la que, entre otras muchas cosas, le dijo:

«Y vengo ahora al régimen. Con frecuencia se presenta al régimen como un opresor de las libertades de Euskadi y de Cataluña, y se atribuye esta opresión a España; o a Madrid. Este modo de hablar y de escribir y de pensar es una tremenda injusticia a los españoles no-vascos y no-catalanes, y sobre todo a Madrid. Eso que nos oprime a todos es un aspecto de España, intolerante, reaccionario, antiliberal, pero no situable en ningún lugar de nuestra geografía. Y aún diré más. Si se va a intentar un mapa de España coloreando aproximadamente la densidad de eso que nos oprime a todos, no serían ni Cataluña ni Euskadi las regiones más blancas. Y aún diré más: este régimen vino con la ayuda fervorosa y aun heroica de los navarros; lo manda un gallego; lo apoyan los banqueros vascos y catalanes; y en su alto personal político y diplomático predominan vascos y catalanes».

Un año más tarde, ante la acusación de castellanismo del régimen lanzada por Juan Cuatrecasas, delegado general de la Generalidad en Argentina, Madariaga le reprochó

«la tendencia a presentar el régimen de Franco como opresor de Cataluña y de Euzkadi, como si Andalucía y Castilla, Extremadura y Aragón, no sufrieran tanta opresión como Euzkadi y Cataluña (...) La tendencia a olvidar que el régimen está apoyado y servido por gallegos, vascos y catalanes en cantidad más que proporcional, tanto que el querer representarlo como una opresión de la periferia por Castilla podría fácilmente invertirse, representándolo como una opresión de Castilla por la periferia».

Por lo que se refiere a los catalanes que gobernaron España desde los consejos de ministros presididos por Franco, habrá que empezar por los dos que formaron parte de la Junta Técnica del Estado, el primer gobierno establecido en la zona franquista en octubre de 1936: Joaquín Bau y Nolla, presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Abastos, presidente del Consejo de Estado y vicepresidente del Consejo del Reino, y Francisco Serrat y Bonastre, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Y continuaremos con Eduardo Aunós, embajador y ministro de Justicia que ya se había estrenado como ministro con Primo de Rivera tras haber sido previamente diputado de la Lliga Regionalista; Joaquín Planell y Riera, presidente de la Empresa Nacional Calvo Sotelo, vicepresidente del INI y ministro de Industria de 1951 a 1962; Laureano López Rodó, embajador, comisario general del Plan de Desarrollo y ministro de Asuntos Exteriores que formó un equipo de colaboradores catalanes entre los que se encontraban Lluc Beltrán, Fabià Estapé, Joan Sardà, Carles Ferrer Salat y Juan Antonio Samaranch; Enrique Fontana, ministro de Comercio que consiguió en 1970 la firma de un acuerdo preferencial con la Comunidad Económica Europea que redujo las barreras arancelarias; Gonzalo Fernández de la Mora y Mon, ministro de Obras Públicas; Enrique García-Ramal, ministro delegado de Sindicatos; Cruz Martínez Esteruelas, ministro de Planificación y de Educación y Ciencia; y Pedro Cortina Mauri, ministro de Asuntos Exteriores.

Mención aparte merecen Demetrio Carceller y Pedro Gual Villalbí. El primero, subdirector general de CAMPSA cuando Primo de Rivera y Calvo Sotelo la crearon en 1927, fue ministro de Industria y Comercio de 1940 a 1945, los años del hambre, así como uno de los creadores del Instituto Nacional de Industria (INI). Pero también fue el contacto gubernamental de los empresarios textiles catalanes. Por ejemplo, para mitigar los efectos de la política autárquica del anterior ministro de Industria, Luis Alarcón, al que le tocó lidiar con los difíciles meses de la inmediata postguerra, Carceller negoció con los algodoneros la creación en 1944 del Consorcio de Industriales Textiles Algodoneros (CITA), organismo privado concebido para asegurar las importaciones de algodón, a la sazón obstaculizadas por la marina británica como medida de presión contra el régimen franquista durante la Segunda Guerra Mundial. Diez años más tarde se transformaría en el Servicio Comercial de la Industria Textil Algodonera (SECEA), que funcionaría hasta su integración en 1977 en el Fomento del Trabajo Nacional y la CEOE.

La carrera de Gual Villalbí fue todavía más interesante. Pues, militante de la Lliga Regionalista en las primeras décadas del siglo, en la segunda mitad de los 20 pasó a ser secretario del Fomento del Trabajo Nacional y miembro de la Asamblea Nacional Consultiva de Primo de Rivera, desde la que promovió la reforma arancelaria, finalmente no realizada, de 1928. Sumado al 18 de julio, ejerció de ministro sin cartera de 1957 a 1965 y de presidente del Consejo de Economía Nacional, desde donde promovió el Plan de Estabilización de 1957-59, hasta su muerte en 1968. «Cataluña necesita un ministro catalán», dicen los presentes que sentenció Franco. Y, efectivamente, según explicó la necrológica que le dedicó el ABC, «a principios de 1957 fue nombrado ministro sin cartera presidente del Consejo de Economía Nacional, cargo en el que tendría oportunidad reiterada de hacer valer en Madrid las aspiraciones y los problemas de Cataluña». Un embajador permanente de Cataluña sentado a la vera del Caudillo. Ninguna otra región gozó de ese privilegio.

Por no hablar de quien, sin tocar cartera, tuvo más influencia que un ministro por su calidad de alcalde de Barcelona, embajador en París, presidente de La Caixa, presidente del Fomento del Trabajo Nacional, consejero nacional de Falange, procurador en Cortes y amigo personal de Franco, a quien alojaba en su castillo de Perelada cuando pasaba por Cataluña: Miquel Mateu i Pla.

Junto a él, otros ciento ochenta y siete catalanes ejercieron de procuradores en cortes y veintitrés, de consejeros nacionales del Movimiento.

Y no cometeremos la descortesía, ya que nos vamos acercando al final, de atormentar al lector con las biografías de los cientos de alcaldes, procuradores en Cortes y presidentes de todo tipo de organismos y empresas, algunos de ellos conocidísimos, que pasaron con tranquilidad de la Lliga (e incluso de la Unió Socialista de Catalunya y Esquerra Republicana) a FET y de las JONS o de FET y de las JONS a Convergència i Uniò, y a veces incluso, con el permiso del reloj vital, haciendo el trayecto completo de ida y vuelta.

Por otro lado, no se pueden dejar de recordar las multitudinarias bienvenidas que los catalanes ofrecieron a Franco en las quince ocasiones (1939, 1941, 1942, 1947 (dos), 1949, 1952, 1955, 1957 (dos), 1960, 1962, 1963, 1966 y 1970) en las que visitó Cataluña por variados motivos: revistas militares, aniversarios de la Liberación, entregas de medallas de oro de varias ciudades, visitas a fábricas, ferias de muestras y exposiciones, consejos de ministros en Pedralbes, inauguraciones de hospitales, fábricas, viviendas sociales, centrales hidroeléctricas y otras obras públicas, finales de la Copa en el Camp Nou, reconstrucciones de iglesias y monasterios destruidos durante la guerra, visitas a Montserrat, Congreso Eucarístico Internacional, inundaciones del Vallés, inauguración del Parque Nacional de Aigües Tortes, homenajes a Jaime Balmes y Joan Maragall, etc.

Las imágenes cinematográficas conservadas son más que elocuentes: Franco recibido por muchedumbres rientes, agitando con las manos y colgando en los balcones decenas de miles de banderas nacionales; con pancartas y carteles, particulares y oficiales, en la prohibida lengua catalana, la misma lengua en la que cantaban los coros; y, por supuesto, al ritmo de las prohibidas sardanas. Por no hablar del apoteósico recibimiento dado por los barceloneses a los soldados de la División Azul repatriados en 1954 en el buque Semíramis.

Pues, aunque se trate de episodios de la historia catalana de los que hoy nadie quiere acordarse, las acogidas más masivas que jamás recibió Franco en región alguna de España fueron las de Cataluña. Quizá sólo comparables a las de Bilbao y San Sebastián.

Y finalmente, una curiosidad deportiva. Porque el F. C. Barcelona, ese «ejército de un país desarmado» que cada vez que gana al real Madrid venga el 1714, según escribió Vázquez Montalbán, se salvó de la bancarrota gracias a que en agosto de 1965 Franco firmó la recalificación de los antiguos terrenos de Les Corts, que pasaron a ser edificables y cuyo notable aumento de precio permitió al club pagar las deudas contraídas en la construcción del Camp Nou. Su solemne inauguración en 1957, por cierto, gozó de todos los sacramentos eclesiásticos, ministeriales y falangistas posibles, y estuvo plagada de banderas españolas, himnos que nadie pitó, trajes populares, barretinas y sardanas, esa danza que, como explicó el Nodo en la prohibida lengua catalana, «és la dansa sencera d’un poble que estima i avança donant-se les mans».

Lo que sí es cierto es que el F. C. Barcelona puede presumir de haber sido el único club de fútbol español que no concedió a Franco una medalla de oro. Porque le concedió dos. La primera en 1971, pues, gracias a la influencia de Joan Gich, exdirectivo del Barça y a la sazón delegado nacional de Educación Física y Deportes, presidente del Comité Olímpico Español, consejero nacional del Movimiento y procurador en Cortes, el gobierno concedió al club a fondo perdido cuarenta y tres millones de pesetas para la construcción del Palau Blaugrana y el Palacio de Hielo. Por los favores prestados, recibieron la medalla de oro del Barça el propio Gich, el ministro secretario general del Movimiento Torcuato Fernández-Miranda y el Jefe del Estado Francisco Franco. Y tres años después, para conmemorar el 75º aniversario del club, la junta directiva se trasladó al palacio de El Pardo para entregarle la segunda. Es de bien nacidos ser agradecidos.

El desarrollo de Cataluña

Pero lo más importante para lo tratado en estas páginas fue el indudable bienestar y desarrollo del que gozó Cataluña durante el régimen franquista. Porque, aunque habrá que pasar por el confesionario para purgar la siguiente afirmación, las dos regiones ganadoras de la postguerra, las dos regiones que se vieron más favorecidas por la política económica, industrial y de infraestructuras de cuarenta años de franquismo fueron, precisamente, el País Vasco y Cataluña.

Ambas regiones contaban con muchas ventajas: muy industrializadas y excelentemente ubicadas, con grandes puertos de mar, a las puertas del resto de Europa y en los puntos de la frontera con Francia más adecuados para realizar grandes infraestructuras viarias. No por casualidad las primeras autopistas españolas se construyeron para comunicarlas entre ellas y para darles salida hacia Francia. En concreto, la primera autopista española, inaugurada en 1969, fue la Barcelona-Mataró, en recuerdo del primer ferrocarril en suelo español, construido en 1848 entre ambas localidades. En 1975, final del régimen franquista, Cataluña, con el 6’3% del territorio nacional, contaba con el 45,5% de los kilómetros de autopista. Madrid, la opresora capital de la opresora España, tuvo que esperar varias décadas para poder estar aceptablemente conectada por autopista: exactamente hasta 1991 para estarlo con Barcelona y, por lo tanto, con Francia y el resto de Europa. Por no hablar de otras regiones españolas, que todavía tuvieron que esperar más. Por ejemplo, la autopista del Mediterráneo en su tramo catalán, desde la frontera francesa hasta Amposta, estaba totalmente construida en 1976. Como contraste, la del Cantábrico se concluyó en 2014, cuarenta años más tarde. Y en cuanto a los ferrocarriles, los datos también eran muy favorables para Cataluña al terminar el régimen franquista: 268.500 millones de pesetas en stock ferroviario frente a los 172.100 de Madrid, su inmediata seguidora.

En cuanto a la intervención gubernamental para promover industrialmente determinadas zonas de España que recibieron grandes inversiones en detrimento de otras regiones que vieron cómo se ahondaban aún más las diferencias que ya se arrastraban desde el siglo XIX, ¿qué puede decirse que no saltase a los ojos en aquel entonces y que no siga saltando a los ojos hoy?

Centrándonos en Cataluña, que es lo que nos ocupa, las inversiones del INI tuvieron un peso enorme en su economía. Recuérdese simplemente la SEAT, con 25.000 empleados en la Zona Franca: la mayor concentración obrera de España. O la Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA), fabricante de los vehículos Pegaso. Y también podrían mencionarse las centrales nucleares de Vandellós y Ascó, la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (ENHER) o la Empresa Nacional de Petróleo de Tarragona (ENTASA), esta última creada durante la etapa en la que el barcelonés Claudio Boada fue presidente del INI.

Aparte del mundo de la política, miles de catalanes estuvieron entre los banqueros y empresarios más influyentes hasta el punto de que puede afirmarse que dirigieron en buena medida la vida económica de la España de Franco. Y sus descendientes siguen poblando hoy muchas de las juntas directivas de las grandes empresas españolas. Los empresarios textiles, por ejemplo, se contaron entre los más entusiastas partidarios de un régimen para conseguir cuyo triunfo muchos tuvieron que derramar su sangre o que ver cómo la derramaron sus hijos; un régimen que les devolvió las fábricas incautadas por las autoridades republicanas o destruidas por los revolucionarios y que les facilitó su reconstrucción y puesta en marcha. Un ejemplo entre mil: Eusebio Bertrand i Serra fue uno de los fundadores de la Lliga, por la que fue diputado durante veinte años, y consejero del Fomento del Trabajo Nacional, del Banco Hispano Americano y del Banco de España. Uno de los más importantes empresarios textiles del mundo, fue partidario de Primo de Rivera en 1923 y tuvo que huir en 1936 a zona nacional para salvar su vida. Se instaló en San Sebastián —rebautizada San Sebastià de Guíxols por los muchos miles de catalanes escapados de la zona republicana que allí se concentraron—, desde donde colaboró activamente con la Asociación Cooperadora para la Continuidad Industrial, ocupada en la reconstrucción de las fábricas dañadas por la guerra. Y una historia similar de guerra, revolución, incautamiento, alzamiento y reconstrucción podría contarse de la familia Muntadas, propietaria, desde su fundación a mediados del siglo XIX, de La España Industrial, la que fuera durante mucho tiempo la fábrica más grande de España. Como agradecimiento y celebración de la victoria del ejército de Franco, elaboró una tela estampada dedicada «A nuestros héroes. Año de la Victoria», con toda la simbología habitual enmarcada en una cinta rojigualda con las fechas del 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939.

Durante el régimen franquista, Cataluña estuvo a la cabeza de España en renta per cápita, con más del doble que numerosas provincias andaluzas, extremeñas, castellanas o gallegas. Y recibió generosas inversiones del Estado nunca llegadas a otras regiones, que quedaron al margen de este desarrollo. De ahí que millones de sus habitantes tuvieran que emigrar a Madrid, País Vasco, Cataluña y otros países de Europa en busca del trabajo que sus desindustrializadas regiones no podían facilitarles. Cataluña no se despobló. Castilla y Aragón sí.

Pero hasta esto ha sido utilizado por los separatistas como argumento contra la pérfida España, pues el tradicional rechazo a los charnegos, elemento esencial del nacionalismo catalán desde sus orígenes, adoptará una nueva forma, esta vez como maquiavélica operación de los gobiernos franquistas contra la existencia del pueblo catalán. Pues uno de los más glosados preceptos del Evangelio separatista es el perverso plan que habría pergeñado el régimen para, mediante la emigración, diluir el sentimiento nacional de los catalanes, para llevar a cabo una especie de genocidio limpio, sin muertes.

Sólo el fanatismo puede impedir comprender la sencilla explicación de este fenómeno: en la depauperada España de la postguerra la gente acudía a trabajar allí donde se podía encontrar trabajo, fuese donde fuese. Y era más fácil encontrar trabajo en la industria vizcaína o barcelonesa que en el campo extremeño o las montañas gallegas. Además, quedaría sin explicación la emigración a otras fuentes de trabajo como Madrid —donde hay de todo menos madrileños—, Bélgica, Suiza o Alemania. ¿Tuvo Franco también la intención de diluir el sentimiento nacional madrileño, belga, suizo y alemán?

EL ABSURDO SIGLO XXI

El cadáver

Y Franco se murió.

Y llegó la democracia.

Y se redactó una Constitución dos de cuyos siete ponentes fueron catalanes: el comunista Jordi Solé Tura y el nacionalista Miquel Roca i Junyent.

Y aquella Constitución se hizo para satisfacer los deseos de los nacionalistas vascos y catalanes, sobre todo un título VIII diseñado para cumplir, no la voluntad de una mayoría de españoles poco interesados en el sistema autonómico, sino la de aquéllos.

Y, para dar gusto a los nacionalistas catalanes, aquella Constitución incorporó en su artículo 2 el absurdo concepto nacionalidades, tan criticado política, jurídica y semánticamente por ignorantes agoreros debidamente linchados.

Y aquella Constitución fue aplaudida por los nacionalistas catalanes, que pidieron el Sí en el referendo.

Y tan entusiastas fueron los catalanes con aquella Constitución que la aprobaron por abrumadora mayoría (91% de los barceloneses, 90’4 de los gerundenses, 91’9 de los leridanos y 91’7% de los tarraconenses), superior a la del conjunto de España (88,5%).

Y uno de los partidos más beneficiados del sistema establecido por la Constitución ha sido Convergència i Unió, pues gracias a ella no sólo ha gobernado Cataluña durante décadas, sino que también ha sido protagonista privilegiado de los gobiernos nacionales mediante pactos de legislatura con PP y PSOE.

Pero, al mismo tiempo que los nacionalistas catalanes gobernaban en Cataluña y en toda España gracias a esa Constitución, se dedicaban a horadarla desde dentro. Bien claro lo dejó aquel lema, tan repetido en los tiempos transicionales, de «avui paciència, demà independència». Y más claro todavía lo dejó Jordi Pujol, español ejemplar de 1984 según el ABC, en aquella conversación con el ministro socialista Fernández Ordóñez recogida por José Bono en sus memorias:

«La independencia es cuestión de futuro, de la generación de nuestros hijos. Por eso, los de la actual generación tenemos que preparar el camino con tres asuntos básicos: el idioma, la bandera y la enseñanza».

No cabe mejor resumen del régimen totalitario implantado en Cataluña por Convergència i Unió gracias a esa Constitución.

Pero ahora, una vez conseguida la hegemonía ideológica, institucional y social, ha llegado el momento de decir que esa Constitución no sirve, que es un cadáver jurídico, que no representa a los catalanes, que no tiene legitimidad en Cataluña y que, por consiguiente, hay que desobedecerla.

Pues hay que construir la nación catalana, y para ello, lógicamente, hay que destruir previamente la nación española. Y los nacionalistas catalanes, de cualquiera de sus variantes, pretenden dinamitar la nación española y su Constitución exigiendo a los demás españoles que asistamos a ello sin rechistar. En eso consiste el derecho a decidir.

Pero, ¿qué es eso del derecho a decidir? Pues la autodeterminación de toda la vida, aunque la autodeterminación de Cataluña sea insostenible. En breve: ni Cataluña es una colonia, ni ha sido conquistada, ni sufre ocupación extranjera, ni España vulnera en Cataluña los derechos humanos. Es más, los únicos derechos lingüísticos vulnerados en Cataluña son los de los castellanohablantes. Y eso, siendo breves y quedándonos en la superficie.

Por eso lo llaman ahora derecho a decidir, que queda como más inatacable. Porque ¿quién va a ser tan mala persona, tan fascista, como para impedir a los demás decidir sobre lo que les interesa? Pero, enamorados de sus propias palabras, los separatistas no alcanzan a comprender que dicho derecho no se crea por mucho que lo enuncien con las palabras más hermosas que consigan imaginar. Además, como confesó ante las cámaras Agustí Colomines, presidente de CatDem, el laboratorio de ideas de Convergència:

«Eso del derecho a decidir es una chorrada que nos hemos inventado para no decir lo que es: el derecho de autodeterminación, y punto y se acabó el asunto».

El móvil

Pero, ¿cuál es el argumento central, cuál es el móvil de este súbito acelerón hacia la secesión? Pues que España nos roba.

Pero, aclarémonos. ¿En qué consiste esa España que nos roba? ¿Es el Estado el que nos roba? ¿O las otras regiones? ¿O los ciudadanos? ¿Y qué nos roba? ¿Cuánto nos roba? ¿Dónde nos roba? ¿Cómo nos roba? ¿Desde cuándo nos roba?

Ya advertimos en la primera de estas páginas que doctores tiene la Iglesia y que muchos y muy enjundiosos estudios [2] se han publicado en los últimos años analizando los argumentos económicos y fiscales con los que los nacionalistas han construido esta nueva fase de su eterno gimoteo ante el Estado.

Pero, pasando por alto el hecho esencial de que los que pagan los impuestos son las personas, no los territorios, no podemos olvidar que los separatistas pretenden sustentar su queja económica no sólo en los hechos recientes, sino en una acumulación ya añosa que vendría a justificar eso que llaman deuda histórica. Porque una de las patrañas más extendidas en nuestra descoyuntada España de las Autonomías consiste en que cualquier cabeza de ratón se cree legitimada para reclamar, en nombre de su taifa, una deuda histórica que España tendría que pagar. Lo interesante del caso es que, como todos lo dan por evidente, nadie se ocupa en explicarlo. Ya sea Andalucía por su pobreza —que se supone que tendría que haber sido menor— o Cataluña por su riqueza —que se supone que tendría que haber sido mayor—, aquí todos se creen acreedores. Pero, ¿quién será el deudor? ¿España? ¿El resto de España? ¿Alguna parte en concreto de España? ¿La imperial Castilla? Imaginemos a las opulentas Soria y Badajoz pagando a la paupérrima Barcelona. ¿La centralista Madrid? ¿Los ciudadanos españoles, sin importar lo que ingrese cada uno?

¿Por qué será que nunca se reclama nada en sentido contrario? ¿Cabría imaginar que alguna vez a un gobierno español se le ocurriese reclamar lo pagado en exceso a lo largo de la historia a alguna región española? Para abrir boca, podría empezarse, por ejemplo, por ese atentado a la decencia y la inteligencia que se llama cupo vasco. Si se echasen números, nos íbamos a reír.

Pero hay otras regiones que han recibido, a lo largo de muchos años, décadas e incluso siglos, beneficios del resto de la nación. Y no nos referimos solamente a lo aportado por el Estado, un Estado tradicionalmente intervencionista, por cierto, sino también a lo pagado por los ciudadanos.

En estas páginas hemos hablado un poco de ello desde el punto de vista histórico e ideológico. Empezando por el sencillo hecho de que Cataluña formase parte de España, pues sin ese sencillo hecho Cataluña no habría tenido relación alguna ni con la metrópoli ni con su imperio, ni habría podido disfrutar de los protegidos mercados antillano y filipino durante todo el siglo XIX. Descomunales asuntos difíciles de cuantificar.

Pero lo nuestro no son los cálculos, que somos de letras. Por el contrario, sí es la materia del economista catalán Gabriel Tortella y los coautores del libro arriba mencionado, quienes, analizando los datos a su disposición, llegan a la conclusión de que el sobrecoste pagado por todos los ciudadanos españoles por la protección arancelaria a la industria algodonera catalana ascendería, sólo en el siglo XIX y utilizando las cifras más bajas, a 510.720 millones de euros actuales, deuda histórica de Cataluña con el resto de España que a nadie se le ha ocurrido ni se le ocurrirá jamás reclamar a Cataluña.

¿Acaso en la pérfida España alguna vez se le ha pasado a alguien por la cabeza redactar un memorial de agravios con los sacrificios realizados por todos los españoles durante dos siglos para mantener a la industria catalana al abrigo de la competencia exterior, entre ellos la obligación de pagar más por productos peores?

¿O con el lucro cesante provocado por la imposibilidad de exportar sus productos que sufrieron durante muchas décadas otras regiones?

¿O con las fortunas que hicieron muchos catalanes en las provincias de ultramar gracias a su pertenencia a una nación española a la que con tanta injusticia e ingratitud insultaron cuando se abatió sobre ella el Desastre del 98?

¿O con las subvenciones e inversiones que los gobiernos, con el dinero de los impuestos de todos los españoles, han efectuado en Cataluña durante siglos, incluido aquel gran benefactor de Cataluña que fue el régimen franquista?

¿O con las concesiones, adjudicaciones, donaciones, regalos, inmunidades y otros privilegios con los que los gobiernos de UCD, PSOE y PP han intentado y siguen intentando contentar a organismos, entidades, empresas y políticos catalanes a lo largo de los últimos cuarenta años de régimen democrático?

Y mejor olvidarse de los agravios que todos los españoles han recibido del nacionalismo catalán —y del vasco, por supuesto, crímenes etarras aparte— de palabra, obra y omisión desde su nacimiento hace algo más de un siglo. ¡Ese sí que iba a ser un pedazo de memorial!

El cómplice

El asunto no termina ahí, evidentemente, pues a la avaricia del protagonista principal, el muy burgués, conservador, clasista, particularista e insolidario nacionalismo catalán, ha venido a echarle una poderosa mano ese sector ideológico que se supone —aunque probablemente sea demasiado suponer— que está en las antípodas de lo burgués, lo conservador, lo clasista, lo particularista y lo insolidario: la izquierda.

Pues, sin duda, una de las facetas más divertidas de todo esto es que el nacionalismo catalán, ideología construida en el siglo XIX por el sector de la más acaudalada burguesía catalana que consideró el abandono de la España del 98 la mejor manera de conservar su dinero; ideología paralelamente nacida entre el clero más conservador que quería que no se alterase un orden edénico amenazado por el liberal e impío pueblo español, con la lengua como barrera; ideología derivada en buena parte de la añoranza de la organización foral y estamental del Antiguo Régimen; cuyo programa fundacional, las Bases de Manresa, propugnaba el sufragio censitario y gremial; y cuyo mito fundacional es una guerra por los sagrados derechos del trono y el altar encarnados en un monarca de la muy imperial y católica dinastía Habsburgo, sea hoy sostenida con entusiasmo por una izquierda que, en un principio, vio en ella un arma más para subvertir el orden socioeconómico a través de la subversión del orden nacional y que, finalmente, se ha contagiado de ella por completo y la considera el colmo del progresismo.

Pero no intente, cándido lector, razonar con un izquierdista contagiado del virus hispanófobo del separatismo, pues su alta soberbia y sus bajos intereses se lo impedirán. Alta soberbia, porque, desde su mayor altura intelectual y moral, le resultará imposible darse cuenta de su incoherencia. Y bajos intereses, porque lo que late en el fondo de los corazones de estos revolucionarios de salón es el inconfesable afán de ser ellos también señoritos.

Y gobernantes del nuevo Estado independiente, claro.

El fin

Corría el año de 1918 cuando un singular barcelonés, Francesc Pujols i Morgades, catalanista de vanguardia y elaborador de un sistema filosófico bautizado humildemente como Pantología o Ciencia del Todo, publicó su Concepto General de la Ciencia Catalana. En él desarrolló la idea de la existencia de una corriente filosófica característicamente catalana iniciada por Raimundo Lulio y culminada por él mismo. Debido a esta corriente de pensamiento, Pujols consideraba a los catalanes seres excepcionales por el hecho de ser hijos de la «terra de la veritat», lo que causará que algún día, vayan al lugar del mundo que vayan, se lo encontrarán «tot pagat»:

«Tal vez no lo veamos, porque estaremos muertos y enterrados, pero es seguro que los que vengan después verán a los reyes de la Tierra arrollidarse ante Cataluña. Y será entonces cuando los lectores de mi libro, si todavía quedan algunos ejemplares, sabrán que tenía razón. Cuando se mire a los catalanes será como si se mirase a la sangre de la verdad; cuando se les dé la mano será como si se tocase la mano de la verdad. Todos sus gastos, vayan donde vayan, les serán pagados por ser catalanes. Serán tan numerosos que la gente no podrá acogerlos como huéspedes en sus viviendas, y les invitarán al hotel, el regalo más valioso que se le puede hacer a un catalán cuando viaja. Al fin y al cabo, y pensándolo bien, más valdrá ser catalán que millonario. Como las apariencias engañan, aunque un catalán sea más ignorante que un asno, los extranjeros le tendrán por un sabio que lleva la verdad en sus manos. Cuando Cataluña sea reina y maestra del mundo, nuestra reputación será tal, y la admiración que se nos tendrá llegará a tal punto, que muchos catalanes no manifestarán su origen y se harán pasar por extranjeros. Si alguien se sorprende de que Cataluña —que, en comparación con otras naciones, no tiene nada y no representa nada; que no tiene lo más mínimo, es decir, la independencia política; cuyas decisiones no pesan nada en el gobierno del Estado— esté destinada a dominar el mundo, si alguien se sorprende por ello, nosotros le responderemos así: si hubiesen dicho a los romanos, cuando querían dominar Judea, que los judíos les dominarían a ellos, así como a toda Europa y América —que todavía no había sido descubierta— es seguro que se habrían echado a reír».

Sin duda, a muchos estas palabras les parecerán las de un humorista, por lo que se hace necesario aclarar que en los últimos años de su vida Pujols insistió en que, a pesar del estilo irónico de dicho libro («muy generalizado en aquella época entre los intelectuales de mi generación»), lo escribió totalmente en serio.

Este sorprendente superhombrismo, que ya denunciara Pío Baroja, impregna desde la capa más erudita hasta la más vulgar del mundo catalanista. El complejo de superioridad, de excepcionalidad, de padecer males siempre por culpa de los españoles, de hallarse en otra dimensión, por encima de principios y leyes, se manifiesta diariamente en los dichos y hechos de los dirigentes nacionalistas, ya sea el desprecio por España que emana eternamente de sus palabras o la sensación de impunidad que tan en bandeja les ha puesto la inoperancia del Estado durante cuatro décadas.

Sería trágicamente injusto que el eje Pujols-Pujol acabe caracterizando a la Cataluña del siglo XXI. Pero, entre lo salido de la pluma del extravagante Pujols y lo entrado en la billetera del sinvergüenza Pujol, es innegable, lamentablemente, que la imagen de los catalanes no pasa por su mejor momento, cuando siempre ha sido la de gente inteligente, honrada y trabajadora.

Pero parece que no hay remedio. En páginas anteriores habíamos citado a Francesc Cabana, eminente historiador de la economía, uno de los fundadores de Banca Catalana junto con su cuñado Jordi Pujol y separatista militante, con motivo de su deseo de que la biografía de Laureano Figuerola que echaba a faltar no se escribiese «en Madrid» para evitar interpretaciones sesgadas. En 2012 publicó Espanya, un pes feixuc (España, un lastre), cuya sinopsis en la página web de la editorial Grup62 explica así su contenido:

«Francesc Cabana ha escrito y publicado una pila de libros sobre la historia de la economía catalana y puede demostrar lo que afirma, que España representa y ha representado una carga para Cataluña. Un peso muerto, un lastre. Este libro es un nuevo memorial de agravios, que se añade a los escritos en otras épocas y que no olvida los errores —por acción y omisión— de los propios catalanes. Cabana recorre, con sabiduría y claridad, la trayectoria de un país que ha intentado aprovechar los despistes y debilidades de un Estado centralista que ha abandonado para siempre el plural las Españas con el que era conocido hasta mediados del siglo XIX. A medida que este Estado se ha ido modernizando, la capacidad económica de Cataluña se ha ido debilitando, hasta el punto de que ahora está en juego nuestra supervivencia, no sólo como nación, sino también como comunidad avanzada y próspera económicamente».

O sea, que ¡tanto Casanova, tantas banderitas, tantas antorchitas, tanto colp de falç, tantos agravios y tanta cursilería para acabar dando la razón a Joaquín María Sanromá, el catalán que hace ya siglo y medio se lamentaba de la «condición eterna de aquellas gentes: hacer la fortuna a pucheritos»; y a Narcís Verdaguer, el catalán que, ante la derrota de Cavite, describió a España como «una barca que hace agua» de la que había que cortar amarras; y a Francesc Pujols, el catalán que hace ahora exactamente un siglo levantó el infundio de que lo que de verdad desean los catalanes es tener «tot pagat»!

La farsa continúa.

***

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1 El tema de los siguientes apartados, dedicados al papel de los catalanes en América, está desarrollado con mayor amplitud en J. Laínz, España contra Cataluña. Historia de un fraude, Ed. Encuentro, Madrid 2014, págs. 22-70.

2 Para no cansar con una lista farragosa, quedémonos con el libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, de los catalanes Josep Borrell y Joan Llorach (Ed. Los libros de la catarata, Madrid 2015); con el extenso trabajo colectivo, dirigido por el economista catalán Gabriel Tortella, Cataluña en España: historia y mito (Ed. Gadir, Madrid 2016); y con los estudios elaborados por la benemérita asociación Convivencia Cívica Catalana presidida por Francisco Caja, todos ellos disponibles en la página web de dicha asociación: Las pensiones en las autonomías; Las inversiones en infraestructuras en Cataluña. Licitación de obra pública. Análisis de los años 2011 a 2016; Análisis del comercio de Cataluña. Las ventas catalanas al resto de España y al extranjero; Las inversiones en infraestructuras en España. Análisis y distribución territorial. Estudio de la última década (2006-2015); Cataluña rica, Cataluña pobre. Apuntes sobre la renta per cápita catalana; El resto de España, motor de la economía catalana. Estimación cuantitativa del impacto de las compras del resto de España sobre la economía de Cataluña; Las balanzas fiscales dentro de Cataluña; Apuntes sobre la balanza fiscal de Cataluña 2011; Los falsos paraísos del nacionalismo catalán: La Noruega del Sur y la Suiza del Mediterráneo; Desplome de la inversión extranjera en Cataluña en 2014; El declive económico de Cataluña. Cómo las tensiones políticas y la deriva secesionista están afectando a la economía catalana; El sistema de financiación autonómica; El maquillaje de la balanza fiscal de Cataluña; Las cuentas claras de Cataluña; Posicionamiento sobre el «pacto fiscal» presentado por Artur Mas; Las trampas de la balanza fiscal de Cataluña; Análisis del déficit fiscal catalán. Comparación de Cataluña con los länder alemanes; La financiación del gobierno catalán. Análisis comparado nacional e internacional.