«Convéncete, Jesús —había manifestado José María Aznar tras perder las elecciones de junio del 93—, los ricos madrileños no me apoyan porque saben que conmigo les irá bastante peor que con Felipe…».

Tras la victoria de marzo del 96, Aznar se vió obligado a suscribir un «Pacto de Investidura» para formar un Gobierno que significaba, en esencia, la renuncia al compromiso de regeneración democrática que le había llevado a La Moncloa. Ese ideal de regeneración implicaba un peligro abisal para las elites que habían sacado tajada del régimen que representó Felipe González: la banca, las grandes fortunas, una Corona perfectamente acoplada al felipismo, la propia cúpula socialista y, naturalmente, el único poder fáctico real existente en la España de nuestros días: el grupo Prisa de Jesús Polanco. ¿Accedería el primer Gobierno de la derecha democrática española a actuar de zapatero remendón de un sistema agotado, nucleado en torno al eje de poder (Polanco-Felipe-Su Majestad el Rey) surgido en octubre de 1982, o se decidiría cortar por lo sano, levantando las alfombras y abordando el saneamiento radical de las instituciones?.

Este es el relato del choque de trenes producido por la irrupción del Gobierno Aznar en la estructura de poder del régimen salido de la transición. Con lo más granado del capitalismo patrio por socios, con la Corona bien sujeta y con el PSOE en funciones de puro gregarismo (¿cuál es la naturaleza de las relaciones entre PSOE y Prisa?, ¿quién es el verdadero capo de esa brillante entente?). Jesús Polanco —casi un Estado dentro del Estado, un poder que reclama una Justicia y una fiscalidad aparte—, se ha convertido en la única oposición real al Gobierno del PP.

Con el ritmo trepidante que le caracteriza, lleno de datos, testimonios, e informaciones insospechadas, Jesús Cacho, compone un cuadro sobrecogedor y deslumbrante de la España de hoy. Un libro, escrito en el estilo que ha creado escuela en el periodismo de investigación, indispensable para conocer las corrientes de fondo por las que transita el poder en nuestros días.

Jesús Cacho

El negocio de la libertad

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epubyrm 16.10.14

Título original: El negocio de la libertad

Jesús Cacho, 1999

Editor digital: epubyrm

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A Teya, mi madre

PRÓLOGO

Todo empezó el 2 de septiembre del 97, con un almuerzo en el Hotel Palace de Madrid con Rafael Borrás y Carmen Fernández de Blas, en representación de la editorial Plaza y Janes.

De aquella cita salió el acuerdo para escribir un libro en torno a la llamada «guerra digital» que por aquel entonces, y desde hacía justamente un año, mantenía ocupados a los ejércitos de Prisa y de Telefónica en singular pelea, bajo la atenta mirada de un Gobierno que, hasta el mes de abril de dicho año, había sido un protagonista más de la batalla.

Pero apenas unos meses después, ya estaba claro que aquélla era una trifulca de cortos vuelos. Villalonga y Polanco se enfadaban y/o abrazaban una vez al mes, más o menos, de acuerdo con los parones y/o acelerones que experimentaban las negociaciones en marcha para la fusión de Vía Digital y Canal Satélite Digital, una operación que el de Telefónica estaba dispuesto a firmar pero que al final resultó imposible por la cabezonería de un Juan Luis Cebrián empeñado en convertir un asunto meramente empresarial en un trágala político.

De modo que en los primeros meses del 98, la idea original de ese libro sobre la «guerra digital» varió de rumbo para convertirse en algo pretendidamente más ambicioso, centrado en la legislatura Aznar o, más concretamente, en el choque de trenes producido por la irrupción del primer Gobierno de la derecha democrática española en el ancho de vía de un Partido Socialista que había descarrilado tras casi 14 años de poder por culpa de la corrupción y el crimen de Estado.

Cuatro años de Gobierno popular en los que la oposición a Aznar iba a correr fundamentalmente a cargo del grupo Prisa, con un PSOE que, sumido en profunda crisis, cambió hasta tres veces de líder en los últimos tres años. ¿Cómo luciría España al final de la primera legislatura Aznar? ¿Que quedaría de aquel paisaje apelmazado y tenso, sin esperanza, que se encontraron los populares en marzo del 96?

Un planteamiento quizá ambicioso en exceso, que pronto se reveló como una carga de trabajo formidable. Lo cierto es que en los dos últimos años he estado varias veces a punto de arrojar la toalla, para dedicarme a menesteres más modestos. Si no lo he hecho ha sido por la férrea determinación de no admitir la derrota y mantenerme fiel a esa fuerza de voluntad heredada de mis ancestros castellanos. No podía rendirme. Pero también, y sobre todo, por no defraudar el apoyo recibido de mi familia, mis amigos y de todos aquellos que me tienen afecto que, por fortuna, son muchos.

Con ellos por muleta he llegado hasta aquí, atravesando las dudas y soledades de uno de los tiempos más difíciles de mi vida. A todos, mil gracias. Gracias a mis hijas, María y Ángela, que no han cesado de animarme, a menudo desde un punto de vista mordazmente crítico. Gracias a mi madre y hermanos, que han compartido a ciegas mi preocupación.

Mi agradecimiento más profundo a José Antonio Sánchez y Ángeles López, por quererme… y soportarme.

Gracias mil a Francisco Justicia, compañero y amigo del diario El Mundo, que leyó los textos y aportó un sinnúmero de valiosas sugerencias.

Gracias muy especiales a Nacho Cardero, un joven periodista llamado a ser un gran periodista, que durante dos años me ayudó y fue testigo en mi estudio de Aravaca de las peripecias de una singladura que a veces temí nunca llegaría a puerto.

Mi sincero reconocimiento a los frailes agustinos del monasterio de Santa María de la Vid, machadianas orillas del Duero entre Aranda y el Burgo de Osma, con quienes he compartido este año largos fines de semana, que accedieron a prestarme el silencio de una de sus celdas, gracias al cual este libro recibió empujes esenciales hacia su final.

Gracias también a un buen número de amigos que me ayudaron con aspectos parciales de este trabajo, cuyos nombres omitiré para no hacer demasiado larga la relación y, en algunos casos, no crearles problemas.

Por desgracia, el agradecimiento no puede hacerse extensible a la editorial Plaza y Janes. El 19 de octubre pasado, una apesadumbrada Carmen Fernández de Blas, almorzando en el restaurante «La Paloma» de Madrid, me transmitió la mala nueva: los «jefes», después de haber recibido y analizado los originales de los cuatro primeros capítulos, habían decidido no publicar el libro, a menos que yo consintiera en mutilar alrededor del 50 por 100 de los textos.

Los responsables de la editorial, con sede en Barcelona, Manfred Grebe, director general para el área de España y Latinoamérica, y su segundo, Juan Pascual, director general adjunto, no se andaban con excusas a la hora de explicar su decisión: «no queremos problemas». No los querían con Polanco, ni con la Casa Real, ni con el PSOE, ni con el Gobierno, por lo que gustosamente se avenían a perder el dinero que habían adelantado a la firma del contrato y a ceder el original para que pudiera ser publicado por otro editor.

Tal parece ser la filosofía de Berstelsmann, propietario de Plaza y Janes, cuyo fundador Reinhard Mohn recibió años atrás el premio Príncipe de Asturias de la Comunicación. El poderoso grupo editorial alemán, una potencia también en nuestro país (dueño, entre otros negocios, del Círculo de Lectores), se ha instalado, pues, en España dispuesto a prestar un gran servicio a la libertad de expresión restringiendo descaradamente sus límites. Todo un indicio de los riesgos y limitaciones que hoy conlleva expresarse con libertad en España, al margen de lo políticamente correcto. Así están las cosas a las puertas del nuevo milenio.

Por fortuna, había gente dispuesta a correr el riesgo de publicar este libro. Es el caso de Ramón Akal, dueño de la editorial del mismo nombre, con once sumarios del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista a sus espaldas. Mi agradecimiento vuela más lejos que las palabras. Va por él.

Aravaca, 25 de noviembre de 1999

1
EL AMARGO SABOR DE UNA VICTORIA

Fue una llamada que desencadenó una tormenta. Martes 9 de abril de 1996. El presidente en funciones, Felipe González, todavía instalado en un Palacio de La Moncloa que venía ocupando desde finales del 82, recibió una llamada desde el Ministerio de Defensa cuyo titular, Gustavo Suárez Pertierra, acababa de despedir en la puerta a Rafael Arias-Salgado.

El ex ministro de la UCD, convertido en uno de los más firmes baluartes del equipo de José María Aznar en la calle Génova, había visitado Defensa por mandato del futuro presidente del Gobierno para ser informado sobre el inminente envío de un nuevo contingente de soldados destinado a reforzar la fuerza militar española ocupada en labores de pacificación en Bosnia. Nadie mejor que él para la tarea, teniendo en cuenta que había venido ocupándose de cuestiones relacionadas con Defensa en el «shadow cabinet» de Aznar.

Con el coche de Arias-Salgado perdido en la corriente del tráfico del Paseo de la Castellana, camino de la plaza de Colón, el teléfono comenzó a sonar con insistencia en el despacho de González. Lo cogió el propio Felipe:

—Oye, que éste viene aquí, seguro…

—¿Qué dices? ¿De qué me hablas?

—De Rafael Arias-Salgado. Acaba de salir por la puerta del Ministerio y éste viene a Defensa, no me cabe la menor duda.

—¿Cómo…?

—Lo que oyes. Yo creo que Aznar ya le ha dicho que va a ser el nuevo ministro de Defensa.

González dio un brinco que a punto estuvo de dar con su testa en el techo: ¡Rafael Arias-Salgado, que apenas unos días antes se había manifestado, en una cena cuyos ecos llegaron nítidos a oídos de González, decididamente partidario de entregar a la Justicia los papeles del Cesid, iba a ser nombrado futuro ministro de Defensa, responsable directo, por tanto, de los servicios de inteligencia…!

Un gesto de rabia nubló su semblante. La animadversión de González, como de buena parte del PSOE, hacia Arias-Salgado tiene su origen en la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de Adolfo Suárez en abril de 1981. Al político democristiano le tocó oponerse desde la tribuna de oradores a la moción defendida por Alfonso Guerra. Y no se anduvo por las ramas. Buen orador, contundente y cáustico, enjaretó una replica que produjo en el ánimo de las huestes del PSOE el efecto de un terremoto. Felipe nunca le perdonaría aquella afrenta.

Desde tan lejana ocasión, la distancia no había dejado de agrandarse. Con la UCD o con el PP en la oposición, Rafael Arias-Salgado jamás ha perdido un cuerpo a cuerpo parlamentario con los hombres del PSOE. Un hueso duro de roer.

De modo que González intuyó el peligro nada más colgar con su confidente en Defensa. Desde el 1 de abril se sabía que Aznar había ofrecido el Ministerio de la Presidencia a Francisco Álvarez Cascos, que había asignado los de Economía e Interior a Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, respectivamente, y que Rafael Arias-Salgado contaba con todas las papeletas para ir a Defensa, aunque se intuía que no le haría ascos a Presidencia o Exteriores. El líder del PP, que el domingo 31 de marzo se había encerrado durante cinco horas con Jordi Pujol para preparar la estrategia que debía culminar con su nombramiento como presidente antes del 24 de abril, tenía claras las líneas maestras de su futuro Gabinete.

Pero Felipe seguía manteniendo la incógnita sobre el destino final de Arias-Salgado, que le acababan de despejar desde el Ministerio de Defensa. ¡Y Arias era partidario de entregar a los jueces unos papeles que podían llevarle a la cárcel! No había tiempo que perder. Tenía que impedir aquel nombramiento.

Rápidamente tomó una decisión. Tenía que localizar a Adolfo Suárez, su antecesor en la Presidencia del Gobierno. Le llamaría al despacho de la calle Antonio Maura.

—Tengo que verte inmediatamente.

—Pero ¿qué pasa? ¿es algo tan grave que no pueda esperar?

—Imposible —cortante, directo, frío—. Tengo que verte con urgencia.

Adolfo Suárez tardó apenas 45 minutos en presentarse en la sede de la Presidencia del Gobierno. Picado por la curiosidad, quiso saber enseguida las razones de tamaña urgencia.

—Arias-Salgado acaba de salir del Ministerio de Defensa, donde Pertierra le ha estado poniendo al corriente del envío de un nuevo contingente a Bosnia.

—Bueno, ¿y qué?

—Que está claro que ese cretino va a ser el futuro ministro de Defensa de Aznar.

—¿Y…?

—Que eso es una declaración de guerra. Este tío ha dicho el otro día en una cena que había que entregar a los jueces los papeles del Cesid y eso tiene para mí un riesgo muy grande, un riesgo que no estoy dispuesto a correr porque, te advierto una cosa: como me pongan entre la espada y la pared me llevo por delante a quien haga falta, no te quepa duda…

—Pero hombre, qué cosas dices, ¿quién te va a poner entre la espada y la pared?, ¿por qué va a ocurrir algo de eso?

—Porque sí, porque yo me conozco el paño y ese tío no me gusta un pelo. Y te anuncio que no estoy dispuesto a pasar por el trago de sentarme siquiera en el banquillo. Lo sabes de sobra.

—Chico, yo creo que te estás precipitando, pero, vamos a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo?

—¿Qué puedes hacer? Te lo voy a decir: vas a llamar a La Zarzuela y vas a ir a ver al Rey para contarle lo que está pasando.

—Pero así, por las buenas, ahora…

—Sí, ahora mismo, no hay tiempo que perder, te vas desde aquí, te presentas allí y dices que le quieres ver, que es un asunto de la máxima urgencia.

—Pero, ¿qué le digo?

—Que llame a capítulo a Aznar y le diga que arregle eso antes de que sea demasiado tarde para que todos tengamos la fiesta en paz, porque aquí no se ha contado toda la verdad de la lucha antiterrorista.

—Pero bueno, habrá que llevar alguna idea preparada, tener una alternativa a Arias, por si Aznar acepta el cambio o el propio Monarca lo pide.

—Esa alternativa existe.

—¿Cómo se llama?

—Eduardo Serra —pronunció González sin mover un músculo— un hombre de mi confianza y de la tuya, y a quien el Rey ve con buenos ojos porque él también le debe algunos favores.

Adolfo Suárez se fue directamente desde Moncloa al Palacio de la Zarzuela. No está lejos. Ordenó a su chófer salir a la Nacional VI, carretera de La Coruña, para tomar, antes de llegar al nudo de Puerta de Hierro, la salida que conduce a la M-30 dirección Este, coger después el desvío de El Pardo y… La Zarzuela.

El Rey recibió de inmediato al mensajero de González, quien explicó las razones que habían provocado tan intempestiva irrupción en la tranquilidad de un lento atardecer de abril. El líder del PSOE no admitía que Arias-Salgado ocupara la cartera de Defensa.

El Monarca, un profesional de la simpatía, dio pronto rienda suelta al mal humor que le producía el motivo de la visita, pero su margen de maniobra ante González era escaso. El problema, manifestó perplejo a Suárez, estaba en hacer entrar en razón a Aznar.

—Porque ya sabes cómo es éste, más raro que un perro verde, pero lo llamaré, claro que sí, aunque a ver por dónde me sale, qué me dice…

—Le llamaré; no, Señor, tiene que hacerlo ya, porque a lo mejor mañana puede ser tarde.

El Rey tiró de teléfono, quiero que vengas a verme, sí, mañana, mañana a las 10 de la mañana, no se atrevió a citarle aquella misma noche, hubiera sido demasiado, dejémoslo para mañana, y que sea lo que Dios quiera.

* * *

Nada se ha sabido de lo acontecido en aquella entrevista matinal en el Palacio de la Zarzuela. Las relaciones entre ambos personajes nunca han sido fáciles. José María Aznar no ríe con soltura, no es un conversador fácil y no le gusta bailar el agua. Por el contrario, es un castellano serio y austero, cumplidor de su palabra, nada amigo de las fintas verbales y menos aún de la guasa sureña de un Felipe. Un tipo frío hasta parecer estirado, que a menudo produce la impresión de estar ausente, para desazón de Ana, su mujer, que se desespera al advertir la trasmutación que diariamente sufre su marido en cuanto pisa el quicio de la puerta, porque en casa es otro hombre, sostiene la bella e inteligente Ana, relajado y cordial, cariñoso, directo, amable en el trato, nada forzado, «si se comportara fuera de casa como lo hace dentro, se llevaría a la gente de calle», suele decir la Botella en familia, pero no hay nada que hacer, ni fuera ni dentro, él es «ansí», un tipo honrado, trabajador, duro, casi roqueño, con una voluntad de hierro y una resistencia espartana. Un hombre en las antípodas del Monarca.

Las risas a propósito de Aznar, las chuflas a cuenta del «bigotín», las bromas con cargo al líder del PP eran moneda de curso legal en las relaciones entre el Rey y Mario Conde, en los días de vino y rosas del banquero en Palacio. Mario aborrecía a Aznar y transmitía esos sentimientos en derredor. Mario creía que era una pesada broma del destino el que un tipo tan limitado como José María fuera aspirante a la presidencia del Gobierno estando él allí, el más listo, el más guapo, el más galante…

Y José María es un tipo que no olvida fácilmente. No ha olvidado que perdió las elecciones generales del 93 por seguir ciertas recomendaciones en aquel famoso debate en Telecinco, un fiasco de enormes proporciones que redujo a cero la ventaja adquirida en el debate previo de Antena 3. En aquella ocasión, el candidato recibió el real consejo de extremar la prudencia y no tensar las cosas, no había que aumentar la crispación que se enseñoreaba del país, mejor no hacer sangre, al fin y al cabo él ya tenía las elecciones ganadas tras el cuerpo a cuerpo de Antena 3, y por lo tanto tenía que hablar «en presidente…».

Y, en lugar de sangre, el candidato llegó con horchata en las venas a los estudios de Telecinco. «Cuando le vi salir de casa, supe que aquél no era su día», declararía tiempo después Ana, y es que José María es un tipo de biorritmo incierto, que si normalmente está mal pertrechado para el debate televisivo, algunos días sencillamente no está. Sorprendido en el primer mano a mano, Felipe llevaba esta vez la lección aprendida. Decidido a vender cara su derrota, el presidente puso contra las cuerdas a un candidato apático y ausente, a pesar de que, obligado a jugar al ataque, el sevillano dejó casi todos los flancos, empezando por el de la corrupción, al descubierto.

El consejo de «hablar en presidente» habría de pesar como una losa sobre la mente de Aznar durante mucho tiempo. ¿Quería el Rey que el Partido Popular ganara las elecciones de junio del 93? Aquella derrota electoral no hizo sino aumentar la desconfianza existente entre el líder popular y La Zarzuela.

Unos meses después, en abril del 94, el capo del PP dirigió una dura andanada al Monarca por intermedio de Manuel Prado y Colón de Carvajal, quien había acudido a la calle Génova a presentar una supuesta queja, una de esas «embajadas» propias de un intrigante nato como él, que si fulano ha dicho, que si mengano ha contado… Aznar, un hombre para pocas bromas, despidió al «embajador» con cajas destempladas, dígale al Monarca que, en caso de crisis institucional, el Partido Popular nunca le apoyaría si se diera alguno de estos supuestos:

En caso de que estallara un escándalo de corrupción económica que salpicara a la Corona.

En el caso de que la Corona no actuara como garante de la unidad de España.

En caso de que la Corona ligara su futuro al de un líder político determinado y concreto.

Todo un aviso a Palacio y a sus relaciones con Felipe González, Todo un recordatorio de lo ocurrido a su abuelo, don Alfonso XIII, tras haber unido su suerte a la del general Primo de Rivera. «Y como no estaba seguro de que Prado transmitiera el mensaje con la claridad con que yo me había expresado, tiré de teléfono y llamé a La Zarzuela para contárselo yo personalmente al interesado…».

* * *

El encuentro en Palacio no debió ser fácil. Aznar no ha dicho una palabra de lo allí acontecido ni a sus más directos colaboradores. Tampoco el Monarca, como es lógico, ha soltado prenda.

Pero el resultado fue que el futuro presidente del Gobierno entró en Zarzuela con un ministro de Defensa in mente y salió con otro. Apenas unas horas después, mediodía del miércoles 10 de abril, y con la precipitación propia del caso, Felipe González reunía en La Moncloa a su sucesor en la Presidencia, José María Aznar, y al ex presidente Adolfo Suárez, en tareas de testigo y albacea, en un almuerzo que debía rebajar tensiones, sellar la voluntad de no levantar ninguna alfombra, y confirmar, en definitiva, el pacto rubricado horas antes en La Zarzuela. El almuerzo (que causó las iras del único ex presidente no invitado, Leopoldo Calvo-Sotelo, desconocedor de que aquello no había sido una amable reunión de viejos colegas de pupitre), rodeado del más absoluto secreto y sobre el que ninguna de las partes ofreció justificación convincente, se filtró, sin embargo, a la prensa. «A Felipe le sorprendió, porque se suponía que era una comida que debía mantenerse en completa reserva», escribió Lucía Méndez en El Mundo.

Adolfo Suárez ya había hecho de mensajero días atrás, cuando, en pleno rifirrafe negociador con Pujol, González le pidió que transmitiera a Aznar el mensaje de que el PSOE podría abstenerse en la segunda votación de su investidura «si hiciera falta». Y, naturalmente, no sin comtrapartidas.

Días después, el Monarca se explicaba de esta guisa ante un amigo que le visitó en Zarzuela:

—Me llamó Aznar el domingo a casa de mi hermana, donde había ido a almorzar, para decirme que había decidido nombrar a Eduardo Serra como ministro de Defensa. ¿Por qué crees tú que ha nombrado a Serra…?

—Eso mismo me pregunto yo, Señor.

El lunes, 29 de abril, Aznar llamó a su despacho en la calle Génova a Rafael Arias-Salgado, que trabajaba dos plantas más abajo. Tras los saludos de rigor, la pregunta concluyente:

—¿Quieres entrar en el Gobierno?

—Hombre, presidente, muchas gracias por contar conmigo; sabes que la respuesta es sí.

—De acuerdo, pero tengo que decirte que no puede ser ni Defensa, ni Exteriores. Te puedo ofrecer Fomento o Trabajo.

—Pues si hay que elegir, prefiero Fomento.

Era un Ministerio que había quedado con sus competencias menguadas a cuenta de la decisión de crear el de Medio Ambiente, para compensar lo cual recibió en el último momento las telecomunicaciones, que inicialmente estaba previsto que las llevara la secretaría de Estado de Miguel Ángel Rodríguez.

Como en las fichas del dominó, la súbita aparición en escena de Eduardo Serra provocó una serie de cambios en cadena en el tablero del nuevo Gobierno.

Serra «el menor», que ya había sido subsecretario a las órdenes de Narcís Serra en Defensa, es un hombre muy ligado a la familia Entrecanales (copropietario de la constructora Acciona y uno de los grandes amigos de cenas y cacerías del Monarca), Isabelita Azcárate y esa beautiful madrileña bien relacionada con la Casa Real.

Hombre ambicioso, con larga mano en el Cesid, Eduardo Serra cobró 750 millones de pesetas como indemnización por su salida de Airtel, donde apenas llevaba dos años de presidente, después de haber pedido 1.000 millones. El asunto se discutió en la Comisión Ejecutiva del BCH —accionista de Airtel—, donde esa cifra fue considerada una exageración. «¡Es una osadía inaudita el que un individuo sea capaz de pedir una indemnización semejante por irse a su gusto de un trabajo!».

* * *

Aquel día en Zarzuela, José María Aznar rubricó lo que en algunos medios se denominó el «Pacto de Investidura», pacto que el líder del PP tuvo que suscribir con las fuerzas del Régimen salido de la transición para poder gobernar. Diez, quince, veinte años más joven que la mayoría de los personajes que monopolizaron la política española a partir de finales de los setenta, nadie terminaba de fiarse de él ni de los apoyos mediáticos que le habían ayudado a ganar las elecciones.

Sin deber favores a ninguno de los grandes grupos empresariales o financieros, visto con recelo por la propia patronal CEOE, con el Ejército desmovilizado y la Iglesia en horas bajas como grupo de presión, José María Aznar sólo estaba moralmente obligado con el ideal de regeneración democrática y saneamiento económico que enarbolaban aquellos que le habían desbrozado el camino, tan lleno de dificultades, para llegar a La Moncloa.

Pero ese ideal de regeneración implicaba un peligro abisal para las elites que habían sacado tajada del régimen de corrupción representado por don Felipe González, la banca, los ricos —fundamentalmente de la construcción—, también para una Corona perfectamente acoplada al felipismo, por supuesto para la propia cúpula socialista y, naturalmente, para el único poder fáctico real que existe en la España de nuestros días: el grupo Prisa de Jesús Polanco.

«Convéncete, Jesús —había manifestado José María Aznar después de perder las elecciones de junio del 93—, los ricos madrileños no me apoyan porque saben que conmigo les irá bastante peor que con Felipe…».

Ese pacto de investidura significaba, en esencia, la renuncia al compromiso de regeneración democrática de las instituciones que había alentado la llegada de Aznar a Moncloa. Un seguro de vida, un pasaporte hacia la eternidad para el felipismo, en el sentido de que no serían levantadas las alfombras ni investigadas sus malas prácticas.

El pacto se confirmó definitivamente durante la estancia del Monarca en Palma de Mallorca en agosto del 96, en lo que algunos han dado en llamar el «pacto de Marivent» y al que, en más de una ocasión, aludiría el dirigente de Izquierda Unida, Julio Anguita[1].

Para unos, el corolario de lo ocurrido en torno a la formación del primer Gobierno del PP es que José María Aznar abdicó de sus principios regeneracionistas al aceptar la inclusión en su Gabinete de Eduardo Serra. Para otros, sin embargo, se trata de algo más sencillo: el líder popular entendió que no podría ir muy lejos remando en contra del establishment del régimen.

El siguiente diálogo tuvo lugar entre un ex ministro de la UCD a un miembro del gabinete Aznar:

—Pero, ¿de qué habláis en los Consejos de Ministros con Eduardo Serra delante?

—Pues de la mar y de los peces, porque si se toca algo importante sabemos que enseguida lo van a saber tanto Felipe González como el Monarca.

«Aznar nunca pensó en romper o cortar por lo sano en temas de Cesid y de Defensa», asegura una fuente de Moncloa. «Al contrario, y dada la polémica que entonces rodeaba a los servicios secretos, siempre se manifestó partidario de una línea de continuidad, porque lo contrario hubiera sido muy desestabilizador. De ahí el nombramiento de Eduardo Serra, una carta que yo creo que tuvo en su bocamanga desde el principio».

La consecuencia del «Pacto de Investidura» fue que los servicios de inteligencia iban a seguir afectos a Defensa, continuarían reportando a Serra, controlados por Serra. Los famosos «papeles del Cesid» estaban en buenas manos. Álvarez Cascos perdería la batalla por el control de los servicios secretos, un riesgo que no podía correr el entramado del régimen surgido de la transición.

* * *

Como fruto colateral de pacto, algunas fuentes sugieren que Adolfo Suárez fue nombrado asesor para el área latinoamericana de la entonces compañía pública Telefónica, decisión en la que habrían intervenido tanto Aznar como el propio Monarca, con unos emolumentos de 60 millones de pesetas anuales. Un agradecimiento a los servicios prestados. Las dificultades económicas de Suárez han sido motivo recurrente de conversación en la vida política y social española. El ex presidente es un hombre sin medios de fortuna, pero se comporta como si los tuviera, construyéndose casas —como la de Palma— cuyo mantenimiento implica la existencia de unos importantes ingresos regulares.

Curioso caso el de Adolfo, un hombre navegando entre dos aguas desde que abandonó la Presidencia en el 81, moviéndose entre el deseo de revancha contra Felipe González, a cuenta del duro castigo al que el líder del PSOE le sometió durante sus últimos años como presidente del Gobierno de la UCD, y la sensación de que, como inquilino de Moncloa que fue, hay un elemento de continuidad entre ellos que debe salvaguardar.

Entre el 94 y el 96, en los momentos más duros de González, Adolfo fue un hombre que se situó muy cerca de Aznar y, de rebote, de quienes vivían empeñados en la denuncia sin concesiones del felipismo. El abulense, que con frecuencia acudía a cenar a casa de Pedrojota Ramírez, se sentó en primera fila durante el acto de presentación del libro David contra Goliat, obra que presentaron al alimón Aznar, Anguita y él mismo, tres pesos pesados. Lo curioso del caso es que Adolfo acababa de dejar a Felipe González en Moncloa cuando acudió al acto, de modo que, descubierto, se excusó ante Pedrojota con gesto humilde: «Le he dicho a Felipe que venía a esto tuyo, y se ha quedado muy sorprendido…».

Está claro, pues, que al mismo tiempo mantenía una estrecha relación con el líder socialista, hasta el punto de que el PSOE llegó a ofrecerle la incorporación a sus listas, invitación que el fundador de la UCD declinó.

Es el sempiterno doble juego que ha presidido la vida del político abulense en los últimos 18 años, una vela a Dios y otra al diablo, resentido contra Felipe —la influencia de Amparo Illana ha sido, en este sentido, determinante—, pero presto siempre a echar un capote a Felipe, y cercano también al Rey, dispuesto a realizar cuantas tareas de go-between se le encomendaran, pero al tiempo quejoso con el Monarca, dolido por el trato, la indiferencia con la que Palacio aceptó su dimisión, hasta el punto de que hay quien, conociéndole bien, cree que el Duque es la percha ideal en la que ajustaría, como un traje a la medida, la Presidencia de una hipotética III República Española.

Con todo, el papel de Adolfo Suárez como bisagra del «Pacto de Legislatura» está aún sin escribir. El resultado del proceso fue que Aznar enterró arco y carcaj, se limpió las pinturas de guerra que durante años había lucido, amenazantes, contra el felipismo, y aceptó el borrón y cuenta nueva y el «todo sea por la estabilidad». El fiador de ese pacto, el testigo en el Gobierno, era Eduardo Serra. A cambio, González iba a garantizarle un año de tregua parlamentaria, un año sin oposición, incluso con apoyo parlamentario en aquellas grandes cuestiones de Estado, tal que Maastricht, que así lo requieran.

Y Aznar picó el anzuelo. Por eso, cuando, el 2 de agosto del 96, el nuevo Gobierno decidió no desclasificar los papeles del Cesid de acuerdo con el criterio de Serra «el chico», Aznar no hizo otra cosa que cumplir su parte en los compromisos suscritos.

—Si vosotros tuvierais la información que yo tengo, habríais tomado la misma decisión.

Es decir, la de no desclasificar. Fue la frase, brutal en su rotundidad, que el propio Aznar adelantó a alguno de sus más íntimos amigos, la misma frase que dejó sobre la mesa del Consejo de Ministros que adoptó la decisión.

* * *

El humor, si no el honor, quedó seriamente tocado la noche del 3 de marzo del 96, cuando, a la hora del recuento de votos, la abrumadora victoria que las encuestas auguraban al PP quedó reducida a menos de 300.000 votos.

Una sorpresa mayúscula: las urnas otorgaron una victoria por la mínima del Partido Popular sobre un PSOE afectado por el terrible desgaste de casi 14 años de poder, un desempleo que superaba el 23 por 100 de la población activa, la deuda pública, la corrupción galopante, el terrorismo del GAL, y la quiebra de instituciones clave del aparato del Estado, Guardia Civil, Cesid, Ministerio del Interior, etc.

Aquella noche la consternación era evidente entre la cúpula popular refugiada en la calle Génova. Mientras la feligresía más «enragé» del PP gritaba en plena calle aquello de «Pujol, enano, habla castellano», en la planta octava de la sede «popular» Aznar y los suyos se mesaban los cabellos al constatar que iba a ser difícil formar Gobierno y que, de poder hacerlo, no habría más remedio que pactar precisamente con «el enano». La amarga victoria del PP, y la «derrota dulce» del PSOE.

Los resultados eran la constatación de que la simple palabra «derecha» seguía estando cargada de connotaciones negativas para muchos españoles. De acuerdo con una encuesta manejada por el CIS, sólo el 9% de los votantes que se manifiestan de derechas afirma que no votaría nunca al PSOE, mientras que el 30 por 100 de los que se declaran de izquierdas asegura que jamás votaría al PP. «El centro-derecha tiene un largo camino por delante hasta hacer desaparecer ese tabú», asegura el ministro portavoz Josep Piqué.

La noche del 3 de marzo dio paso a dos de los meses más difíciles en la vida de José María Aznar. Había que bailar con la más fea. Dos meses en los que cabe distinguir tres fases perfectamente diferenciadas. En la primera, inmediatamente posterior a la jornada electoral, el deseo de Aznar de formar Gobierno fue considerado por mucha gente como un «escenario utópico». Unos resultados electorales inesperados, que planteaban un escenario no previsto, fueron aprovechados por el polanquismo y sus terminales para descartar la posibilidad de un Gobierno Aznar, y especular con la convocatoria de nuevas elecciones.

La maniobra, sin embargo, no podía durar, de modo que muy pronto se fue abriendo paso una segunda fase, en la cual el efecto sorpresa de la noche del recuento comenzó a ceder para imponerse la ley implacable de los resultados electorales, según la cual el partido más votado tiene que formar Gobierno.

A finales de marzo, Jordi Pujol efectuó una declaración que fue toda una declaración de principios, en la que vino a decir que era necesario cierto tiempo para poder digerir «lo que se puso muy difícil en la campaña electoral». El presidente de la Generalitat estaba subliminalmente admitiendo que le fastidiaban los resultados electorales, pero que no podía cargar con la responsabilidad de negar el derecho a formar Gobierno a la lista más votada por culpa de la negativa de CiU a negociar. Necesitaba tiempo para asimilar el «enano, habla castellano». La declaración de Pujol marcó un punto de inflexión: el pragmatismo de los resultados electorales iba a imponer su ley sobre el escenario inmediato.

Pero entonces, cuando ya empezaba a madurar como solución un Gobierno de la derecha, se pusieron en marcha algunas operaciones alternativas: el PP podía gobernar, cierto, pero con un candidato distinto a Aznar.

Consciente del peligro que entrañaba ser gobernado por alguien que, ayuno de cualquier compromiso, iba a reducir a cero la influencia que había tenido con González, con los riesgos que ello implicaba para su cuenta de resultados, Jesús Polanco fue capaz de lanzar una maniobra de tanto calado como postular a Alberto Ruiz-Gallardón, aquí un amigo, como potencial candidato del Partido Popular a la Presidencia en caso de que José María Aznar no lograra formar Gobierno. Todo un envite, con ribetes de «cuartelazo», en el que se embarcó de hoz y coz el felipismo. Y Ruiz-Gallardón se dejó querer.

Fue una hipótesis que circuló entre el establishment y ciertas capas urbanas cultas, pero que tenía un problema —el mismo que el propio Ruiz-Gallardón tiene desde entonces—, y es que Polanco no tiene ninguna credibilidad en el Partido Popular. Si su pretensión era la de proyectar su influencia sobre el nuevo Gobierno, debía contar con algún ascendiente de credibilidad entre las gentes que debían formarlo, cosa que no ocurría en absoluto. La maniobra, que tuvo un notable éxito en los círculos de influencia mediática de El País y la SER, no tuvo el menor impacto en el Partido Popular.

En plena «operación Gallardón», la nueva junta directiva de la sección española del Instituto Internacional de Prensa (IPI), acudió a Palacio para presentar a Su Majestad el Congreso del Instituto cuya celebración estaba prevista para finales de marzo del 97 en Granada, y a cuya clausura deseaban invitar formalmente al Monarca.

El caso es que, después de los mensajes protocolarios, el Rey, en torno al consabido corrillo —Gutiérrez, Tapia, Pedrojota, Cebrián— contó, con la verborrea que le caracteriza, su último encuentro con Jordi Pujol, «y le he animado a que apoye a José María Aznar; le he dicho que si antes apoyó al PSOE, no veo por qué ahora no podría hacerlo con el PP para hacer posible la formación de Gobierno», y, entonces, el Monarca, con gesto de quien cree haber hablado demasiado, simuló morderse la lengua y, mirando a Juan Luis Cebrián, añadió con gesto pícaro:

—¡Bueno, eso si don Jesús no tiene inconveniente…!

El Rey, descartados ciertos cantos de sirena que había escuchado en días posteriores al 3 de marzo, estaba ya por la solución Aznar, que es tanto como decir por el respeto a la Constitución, pero, consciente del poder del amo de Prisa, estaba pidiendo el plácet de Polanco, que es realmente quien parte el bacalao en España.

La «operación Ruiz-Gallardón» se fue diluyendo como un azucarillo en el momento en que Pujol empezó a mover ficha, sin que el estandarte utilizado por el cántabro para la maniobra, el propio Gallardón, se desmarcara públicamente de la misma. Se abría paso la creencia de que habría un «Gobierno Aznar», en una tercera fase del proceso que duraría casi un mes y que empezó a tomar cuerpo con el apoyo al futuro Gobierno de Coalición Canaria (CC).

* * *

Mientras Partido Popular y nacionalistas se embarcaban en una difícil negociación que permitiera la formación de un Gobierno estable, el nerviosismo empezó a cundir entre el colectivo empresarial. «La economía no puede esperar», decían, alarmados, en CEOE, ante la evidencia creciente de que nos encontrábamos frente a una desaceleración de la economía. Las expectativas más optimistas cifraban en un 2 por 100 el crecimiento del PIB durante el primer trimestre del año, una tasa que en España significa no ya la creación de empleo, sino su destrucción. Y como en un paso de la Semana Santa, las organizaciones empresariales salieron a la calle en demanda de un pacto rápido y estable que permitiera al futuro Gobierno marcar pronto sus prioridades en materia económica.

Por suerte, los fundamentos de la economía seguían siendo buenos: las empresas estaban saneadas y el balance de las economías familiares era igualmente positivo. En el terreno de la inflación se habían hecho progresos considerables y el sector exterior, tradicional cuello de botella en época de crisis, seguía exportando.

La incógnita parecía centrada en el segundo semestre. Porque la esperada recuperación de la segunda mitad del año estaba cada vez más pendiente del acuerdo de Gobierno entre PP y CiU. Ambas partes parecían hallarse en un cruce de caminos: ¿pactar cuestiones concretas antes de la investidura o hacerlo después? El problema es que muy pocas cosas se podían cerrar antes de que Aznar se sentara en Moncloa y pudiera verificar la verdadera situación. Sólo el anuncio de un pacto estable podía permitir movilizar el consumo y desatascar decisiones de inversión que estaban paradas en espera de un horizonte político despejado.

De la lenta, trabajosa, difícil negociación entre el PP y los nacionalistas catalanes para formar Gobierno se hizo cargo un hombre de la templanza de Rodrigo Rato. El resultado electoral del 3 de marzo significaba para Pujol la oportunidad de seguir estando en el fiel de la balanza de la política española, incluso con algunas ventajas con respecto a las dos últimas legislaturas del PSOE, porque, frente a los espolones de un González curtido en mil batallas, enfrente iba a tener ahora un partido y un líder sin experiencia, ineludiblemente necesitados de su apoyo para poder gobernar y a quienes resultaría fácil manejar en la sombra con relativa facilidad. El líder de CiU se aprestaba a solicitar un alto peaje por su contribución a la gobernabilidad del Estado.

Pujol se tomó su tiempo. El necesario para poder vender ante su electorado un cambio de acera tan llamativo. Su explicación de fondo no estuvo exenta de sutileza: si el apoyo de CiU al PSOE había operado la catarsis de convertir a unos malos socialdemócratas, llenos de instintos nacionalizadores, en una gente preocupada por la industria y la economía productiva (algo que le interesaba de verdad a Cataluña), ahora CiU estaba obligada a desempeñar un papel no menos trascendente, incluso arriesgado, con el PP: el de hacer de contrapeso democrático en un Gobierno de la derecha pura y dura, plagado de gente dispuesta a echarse al monte y poner en peligro las libertades y los derechos históricos de las nacionalidades.

De modo que si, con los socialistas, habían jugado a ser el fiel de la balanza económica, con el PP, que muy pronto iba a demostrar que no necesitaba a nadie para hacer funcionar la economía, iban a jugar a ser el fiel de la balanza de la convivencia y las libertades.

Pujol, en todo caso, tenía buenas razones para querer el pacto, al margen de su vocación de amortiguador de las supuestas pulsiones derechistas «populares». La principal, hasta el extremo de colocarla por delante de cualquier otra, era la necesidad de poner orden en la financiación autonómica. En efecto, la Generalitat debía unos 950.000 millones de pesetas, según datos del Banco de España, que sumados a deudas con proveedores y organismos varios, elevaban la cifra por encima del billón de pesetas. En estas condiciones, el pago de los intereses de esa deuda se había convertido en una pesada carga que había hecho fracasar, a pesar de la caída de los tipos de interés, el plan para reducir el déficit autonómico del año 95. Caballo desbocado, las finanzas de don Jordi iban a necesitar una inyección de dinero suplementaria durante dos o tres años para atajar la hemorragia. La Generalitat estaba a punto de quiebra.

Porque se trataba de dinero, José María Aznar estuvo doblemente acertado al situar a Rato al frente de las negociaciones con CiU. El éxito de su gestión fue tal que Rodrigo salió de ellas convertido en el número dos no sólo del Partido Popular, sino del Gobierno e, incluso, del país.

Antes de firmar, el Honorable escenificaría su pequeña venganza contra el Partido Popular viajando a Madrid para entrevistarse con Felipe González, Alberto Ruiz-Gallardón y el gobernador del Banco de España, Ángel Rojo, en un gesto de calculada indiferencia hacia José María Aznar.

Fueron, sin embargo, los canarios quienes primero valoraron la importancia del acercamiento de Pujol al PP: si a los 156 diputados de Aznar se les sumaban los 16 de CiU, el resultado daba 172 diputados, una suma que podía permitir a los populares no tener que pagar ningún «favor» más. Coalición Canaria se puso entonces en marcha y, después de Semana Santa, firmó un pacto de apoyo parlamentario con el PP, porque sus 4 escaños eran más valiosos si se sumaban a 156 que si se añadían a 172. De manera que, a mediados de abril, Aznar ya contaba con el apoyo de 160 diputados.

Así, mientras avanzaban las negociaciones con CiU, alguien advirtió al PNV de los peligros que corría: sus votos no iban a ser necesarios, lo que reducía su papel a cero en la próxima legislatura. A menos, claro, que se adelantaran al acuerdo con CiU. Fue así como una noche, en Burgos, se firmó el acuerdo entre PP y PNV.

La firma definitiva del pacto PP-CiU vino a demostrar algo que los españoles desconocían y que iban a poder comprobar a partir de entonces: la capacidad de José María Aznar de aguantar al límite en situaciones comprometidas. El de Aznar, en efecto, había sido todo un ejercicio de cintura, un alarde de paciencia, de dejar que las cosas maduraran, sabiendo que el toro nacionalista tenía que derrotar antes de entrar al trapo. Dos meses plenos de incertidumbre.

Sobre el pacto con CiU planeaba la sospecha de unas concesiones que podían poner en peligro el objetivo fundamental del nuevo Gobierno: cumplir los objetivos de Maastricht. Para los mercados financieros iba a resultar fundamental la voluntad del nuevo Gobierno de observar una estricta disciplina presupuestaria y abordar la reducción del déficit público, puesto que de ello se iba a derivar directamente un descenso significativo de los tipos de interés. A los empresarios, además de la regulación de determinadas condiciones fiscales (actualización de balances), les interesaba conocer la disposición del Ejecutivo para acometer una nueva reforma del mercado del trabajo que favoreciera la creación de empleo.

* * *

Con el respaldo de 156 diputados y el apoyo de nacionalistas catalanes, vascos y canarios, Aznar fue elegido presidente del Gobierno el sábado 4 de mayo de 1996. Para entonces, el choque brutal con la realidad electoral española, plasmada en los resultados del 3 de marzo, le había hecho reflexionar hasta establecer, como esculpido en bronce, el motto fundamental de su legislatura: «Lo primero que dijo José María Aznar en el primer Consejo de Ministros fue que el principal objetivo de este Gobierno era durar —asegura un miembro del Gabinete—, y yo sonreí para mis adentros, tócate los cojones, vaya cosa tan profunda que acaba de decir, qué frivolidad… Pero, con el paso de los meses, lo fui entendiendo. Durar era imprescindible para acabar con algunos prejuicios sólidamente asentados en el inconsciente colectivo de los españoles. Había que durar para que el pueblo español se acostumbrara a ver gobernar a la derecha democrática, y que lo viera como la cosa más normal del mundo».

El objetivo de durar iba a ser el certificado de garantía del Gobierno Aznar. Todo supeditado a durar, a conseguir alargar la legislatura hasta agotarla. Y durar con 156 diputados significaba gobernar apelando al consenso. Aznar se planteó la tarea como un venerable abate convencido de poder contentar a todo el mundo, dispuesto a hacer tortillas sin romper un solo huevo, decidido a utilizar el BOE sin hacer un rasguño, sin menoscabar los privilegios adquiridos por determinados grupos durante el felipismo.

El arranque no fue malo. Tras la investidura y el inicial mes de euforia, una estimación de voto realizada por el CIS situó al PP 1,3 puntos por encima del PSOE, una ventaja similar a la de las elecciones. Muy pronto fue necesario entrar en materia con la preparación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 97, que obligaban a conjugar dos objetivos aparentemente opuestos: la necesidad de ajustar, por un lado, y la de atender las demandas nacionalistas, por otro.

Los observadores más agudos comprendieron enseguida que la estabilidad del Gobierno Aznar iba a depender del comportamiento de la economía. Si la economía tiraba y creaba empleo, Aznar podía encontrarse con su momento de gloria hacia el final de la legislatura. También comprendieron, sin embargo, que el PP renunciaba a arremangarse y acometer las reformas de fondo tantas veces apuntadas para fiarlo todo a la bonanza del ciclo, una filosofía que encontraba su coartada perfecta en los 156 diputados y en las servidumbres impuestas por los pactos de Gobierno con CiU.

«Se trata de ver cuántos kilos de suerte son necesarios para que cuadre el círculo de Maastricht sin tocar esas reformas y sin perjudicar a nadie, porque aquí to er mundo e güeno, y se trata de gobernar sin levantar ronchas en ningún grupo social importante —aseguraba un economista liberal muy crítico con los primeros pasos del Gobierno—. Es la búsqueda del consenso en grado superlativo, la estrategia del abrazo con la sociedad y el fin del miedo a la derecha, el mensaje de que todo sigue igual, todo funciona igual y no ha habido cambio ninguno».

El Gobierno, sin embargo, demostró que quería hacer los deberes metiendo en cintura al gasto[2], tradicional enemigo de la economía española. José Folgado, secretario de Estado de Presupuestos, no olvidará fácilmente su debut en el cargo, «horroroso, porque acababa de llegar y, víspera del primer Consejo de Ministros, me vine corriendo al despacho después de la toma de posesión para coger la tijera dispuesto a recortar, reunido hasta la madrugada con Rato y Montoro».

El Consejo de Ministros del día siguiente aprobó, como medida de choque, un recorte del gasto público por importe de 200.000 millones de pesetas. Una decisión que tenía unos riesgos muy grandes y que provocó la reacción airada de González («ustedes hunden el país», «a ustedes no les van a salir las cuentas»), pero que se demostró un acierto, porque los mercados financieros consideraron la medida como una declaración de principios, una manifestación —frente a la ausencia de credibilidad que había afectado a los últimos gobiernos del PSOE— de la voluntad de nuevo Gobierno de hincarle el diente al déficit público, lo que dio paso a la carrera a la baja de los tipos de interés.

* * *

Sin embargo, en julio —quizá por su inexperiencia, quizá por ese miedo que el subconsciente de muchos españoles alienta hacia esa «derechona» simbolizada en el dóberman socialista—, las acciones del Gobierno Aznar empezaron a caer en la Bolsa de la estimación popular, y ello más por demérito propio que por iniciativa de un PSOE agobiado por el tráfago de sus pasados escándalos en los juzgados.

Quienes caritativamente habían sonreído ante la «profundidad» del discurso inaugural de Aznar («lo importante es durar») se dieron cuenta pronto de las dificultades con las que iba a tropezar un partido de la derecha, y en minoría, para gobernar un país esquilmado por casi catorce años de felipismo, con un aparato administrativo (la Justicia, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, etc.) totalmente infiltrado por un régimen mecido al calor de su vocación de partido único.

La intelligentsia patria, esa progresía inane que había portado las arras del matrimonio de intereses entre felipismo y polanquismo, mostró por primera vez sus dientes a primeros de julio, con ocasión del cambio de poderes en RTVE. Un anuncio de regulación de empleo en el ente público fue aprovechado para hablar de «purga» y acusar al Gobierno de actuar con criterios políticos y no profesionales. Eran los primeros y devastadores efectos que la «derechona» iba a surtir sobre la cultura, acusaban los «progres», que aprovecharon la ocasión para apuntar a José María Aznar con el dedo ante sus poderosos amigos extranjeros[3].

La expulsión de ciento tres inmigrantes ilegales en Melilla y la posterior deportación de otro grupo de africanos, que fueron narcotizados para facilitar su traslado, dio ocasión a esa vieja progresía para tachar por primera vez de «fascista» al Gobierno. Para que nadie faltara a la cita, allí estaba el genial Almodóvar y su juicio final sobre el futuro del cine: «El PP nos ha puesto un verdugo». Algunos listos empezaban a sospechar que se iban a terminar las subvenciones arbitrarias.

El nuevo Gobierno no podía esperar ninguna ayuda del mundo de la cultura criada a los pechos del polanquismo y acostumbrada a vivir de la sopa boba de las ayudas oficiales. De los «enemigos», ni agua, pero ¿y de los amigos? El drama de Aznar es que estaba igualmente obligado a defenderse de los falsos amigos, esos que le habían ayudado a llegar a Moncloa y que ahora esperaban cobrarse la ayuda prestada a precio de oro. Quienes conocían un poco al nuevo presidente sabían, sin embargo, que tales pretensiones estaban condenadas al fracaso.

Naturalmente, el Gobierno tampoco podía esperar ayuda gratuita de sus aliados nacionalistas. Antes al contrario, por mor de los pactos, el PP se había visto obligado a servir a Pujol en bandeja de plata la cabeza de su tradicional hombre en Cataluña, Alejo Vidal-Quadras, el más fogoso flagelo del nacionalismo tribal encarnado por el ala radical convergente. En cuanto al PNV, el Gobierno hizo almoneda de alguna de sus más queridas promesas electorales, como la mano dura que había prometido mantener con el terrorismo etarra y sus presos.

Aliados puros, pues, ninguno. Ni siquiera la Iglesia, a la que el ministro Arenas se negó a dar una alegría con la asignación del 0,5 por 100 del IRPF a partir del concepto «otros fines». Pero, ¿no eran de derechas?, se preguntaba, perplejo, más de un abate. En pago de tanta «maldad», los obispos llegaron a censurar la boda del vicepresidente Álvarez Cascos con Gema Ruiz.

Ni siquiera los ricos. En efecto, el mundo del dinero empezó pronto a mostrar sus reticencias a cuenta de la política de privatizaciones emprendida por el Ejecutivo, tarea que correspondió al ministro de Industria, Josep Piqué, y que necesariamente tenía que chocar con la filosofía e intereses del PSOE. Un sector público fuerte significa más poder para el Gobierno de turno, más capacidad de presión e intervención, más prebendas a repartir entre los fieles de la cofradía política. Para González, era mejor «cobrar un duro más por la gasolina que privatizar compañías estatales», sobre todo si las presidencias se entregaban «a los amigos del PP», según Joaquín Almunia.

Lo que muy pocos esperaban, sin embargo, es que esa misma política tropezara con las zancadillas de millonarios y grupos de poder acostumbrados a vivir del monopolio o a su sombra. Para éstos, liberalizar suponía poner en peligro posiciones de privilegio asentadas durante décadas de cabildeo con el poder político.

* * *

La primera bomba le estalló al Gobierno Aznar en las manos cuando el 2 de agosto hizo pública su decisión de no entregar al Tribunal Supremo los famosos papeles del Cesid relativos al caso GAL, en contra de las promesas efectuadas por el PP cuando estaba en la oposición.

La conexión Serra-González-Zarzuela se hacía así evidente para muchos españoles avisados, para quienes la decisión de Aznar no tenía más explicación que la necesidad de respetar los compromisos contraídos en el «pacto de investidura». Aquello pareció el sello y rúbrica al remedo de «ley de punto final» a que aspiraba el felipismo, con el visto bueno de Palacio.

Las palabras de Eduardo Serra, hablando unos días antes en el Parlamento de la necesidad de «asumir el pasado», cobraban así plena significación. La herencia socialista empezaba a pesar como una losa sobre el nuevo Gobierno. «Aquí se está utilizando la seguridad nacional como trinchera para proteger la seguridad personal de los miembros del Gobierno», había dicho, desde la oposición, el ahora vicepresidente Álvarez Cascos.

El diario El Mundo, que tanto había tenido que ver con la caída de González, se rasgó las vestiduras. «El primer gatillazo del presidente», escribió Pedrojota, quien equiparaba la decisión de Aznar con la que, en 1974, tomó Gerald Ford cuando concedió a su antecesor, Nixon, el perdón por el caso Watergate.

«El Gobierno debe mirar al futuro y dejar a la justicia que se ocupe del pasado», aseguró un Aznar que achacó la tramontana formada al poder de arrastre de dos «comunicadores», Antonio Herrero y Pedrojota Ramírez, dos de sus principales apoyos en la oposición, a quienes retiró la palabra durante un par de meses. La decisión provocó no pocas tensiones con personas del entorno de Aznar, caso de Federico Trillo. «Serra dijo que los papeles del Cesid afectan a la seguridad del Estado y yo me lo tengo que creer», aseguró una diplomática Margarita Mariscal.

«La decisión del 2 de agosto no vino condicionada por ningún tipo de pacto —asegura un miembro del Gabinete—. Por supuesto que éramos muy conscientes del coste que iba a tener para nosotros, en el bien entendido de que la pelotera no tenía recorrido porque el escenario, tal como finalmente se desarrolló, estaba claro: el Gobierno, en uso de su facultad institucional, decía no a la entrega, pero si era requerido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no pensaba oponer resistencia».

Pero, asociado a la decisión de no entregar los papeles del Cesid, el Ejecutivo cometió un error grave del que fue culpable el voluntarismo de Defensa, y es que, cuando ya se había asumido el coste de la decisión del 2 de agosto, Serra intentó paliar sus consecuencias con la presentación, en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones, de un anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales que, entre otras cosas, preveía que tales secretos permanecieran bajo siete llaves durante nada menos que medio siglo. Se trataba, en realidad, de un «papel» hecho deprisa y corriendo en el mes de agosto por Defensa, precisamente la instancia que menos autoritas tenía en aquellos momentos para meterse en tales jardines. Éramos pocos y parió la abuela.

De modo que a la vuelta de septiembre, en el peor momento del Gobierno y con la intención de voto por los suelos, el Ejecutivo se topó con el bello panorama formado por el diario El Mundo y la Cadena COPE arreando estera de forma inmisericorde a cuenta de los famosos papeles, amplificado todo ello por la entrada en escena del citado anteproyecto de ley (ahora llamado proyecto de Ley de Secretos de Estado). Para que no faltara ningún ingrediente en el guiso, y con el Parlamento ya abierto, el informe se remitió al Consejo General del Poder Judicial, con lo que el Gobierno se aseguró «tres meses como puta por rastrojo» (en opinión de un miembro del Gabinete), de modo que lo que se suponía iba a ser un proyecto destinado a neutralizar el efecto negativo de los papeles del Cesid se convirtió en un verdadero bumerán.

Afortunadamente Aznar entró rápidamente al corte con aquel «yo creo que se puede mejorar». Pero el daño ya estaba hecho, y eso sin recibir siquiera un escueto «gracias» por parte del primer partido de la oposición. Antes al contrario. El PSOE, parapetado en sus posiciones de poder en la judicatura y los medios de comunicación, centró su labor opositora en la exacerbación del miedo a una derecha que supuestamente se movía por afanes de revanchismo, hasta el punto de que Rato se vio obligado a salir a la palestra para descartar públicamente la celebración de «juicios políticos» contra el anterior Gobierno, mientras el propio Aznar volvió a tranquilizar a los espíritus aún inquietos reafirmando los compromisos asumidos en el «pacto de investidura»: «Lo diré con la mayor claridad: yo no voy a perseguir a nadie desde el Gobierno. La época de los escándalos no volverá».

* * *

La decisión del 2 de agosto del 96 de no desclasificar los papeles del Cesid supuso un mazazo moral para quienes creyeron que el Gobierno del PP sería capaz de encabezar la regeneración que estaba reclamando a gritos nuestro sistema democrático.

Al fiasco de los famosos papeles le siguieron dos meses de caída en picado. El Ejecutivo regresó de vacaciones para darse de bruces con la dura realidad de su inferioridad parlamentaria y, quizá, de su falta de hechuras. Porque, instalados en septiembre, comenzaron a advertirse los errores, los nervios (Aznar contra Vidal-Quadras, Ramallo contra Aznar, Cascos contra Serra, Tocino contra Serra, Ramallo contra Serra… todos contra Serra, a quien secretamente se acusaba de haber desnaturalizado al Gobierno), las vacilaciones, la falta de coordinación, las contradicciones internas propias de primerizos, una situación que, rápidamente captada por la opinión pública, iba a causar un enorme daño electoral y de imagen al equipo de Aznar hasta final de año.

El caso de la cesión del 30 por 100 del IRPF a las comunidades autónomas fue un ejemplo de ese descontrol. Es normal que la decisión fuera cuestionada por Ibarra, Chaves y Bono, pero ¿también por Juan José Lucas y Manuel Fraga? Enseguida comenzó a hablarse de descoordinación, mientras florecían las primeras críticas al Gobierno entre los propios diputados populares, quejosos del aislamiento y la «frialdad» de Aznar, pero, sobre todo, del fiasco que estaba suponiendo un Gobierno que había sido votado, entre otras cosas, para que levantara las alfombras y abordara la regeneración de las instituciones.

Aznar, recluido en su castillo encantado (de nuevo el «síndrome Moncloa»), parecía desorientado. Cogido en la tenaza de las alianzas con el nacionalismo periférico, su labor quedaba reducida a la de un gestor de la cosa pública que, en cuanto pretendía traspasar esos límites, era llamado al orden por CiU y PNV. Tras el pateo general recibido por el proyecto de Ley de Secretos Oficiales, Aznar decidió meterlo en la nevera, y lo mismo pasó con la política de tasas (autovías, recetas) y un sinfín de tímidas propuestas que eran retiradas de la circulación al menor atisbo de censura pública. Como el esquiador que sale por primera vez a las pistas, el Ejecutivo parecía instalado en la inseguridad y el miedo a errar.

Precisamente para no errar, el Gobierno puso en práctica una curiosa estrategia consistente en calibrar la reacción de la opinión pública mediante aquellos irritantes «globos sonda» que tanto daño hicieron a su imagen.

Empezaba el «show Barea», el padre de la criatura. Ya el 9 de julio el viejo profesor le había montado un buen número al Gobierno al manifestar que las pensiones debían subir menos que el IPC, obligando a Aznar por primera vez a salir al corte y asegurar que no tocaría el Pacto de Toledo. Se trataba sin duda de una situación entre histérica e histriónica: el hombre llamado a ayudar al presidente con sus sabios consejos se iba a convertir en su gran quebradero de cabeza a causa de una innata incapacidad para guardar los papeles bajo llave en el despacho. El profesor Barea, sin pretenderlo, se iba a convertir en el gran abrevadero de argumentos del PSOE a la hora de hacer oposición. Un filón.

Sobre España se extendía un caluroso otoño, pero sobre la popularidad y la intención de voto del PP estaba cayendo una intensa nevada. En este clima de incertidumbre empezó a gestarse uno de los grandes fracasos del Gobierno Aznar en la legislatura: el de una Justicia politizada hasta el tuétano, cuyo deterioro, en calidad y credibilidad, ha seguido imparable en estos años.

El PSOE, bien atrincherado en sus dos plazas fuertes, judicatura y medios de comunicación, le había hecho en pleno mes de julio una verdadera jugarreta al PP con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, un acuerdo torpemente negociado y peor cerrado, y del que arrancan todas las desgracias judiciales del Partido Popular.

Estaba claro que el único territorio donde el Gobierno popular iba a poder expresarse con cierta libertad e independencia, Jordi Pujol mediante, era el económico.

Los datos macroeconómicos, en efecto, comenzaban a dar alguna que otra alegría. Así, el paro empezó a reducirse por primera vez en mucho tiempo, mientras la tasa de inflación se moderaba de forma sensible. Rato, por su parte, anunció que el gasto público crecería (2,5 por 100) menos que la inflación, un entremés de rigor presupuestario muy apreciado por los mercados, al tiempo que el Banco de España aseguraba que el crecimiento del PIB podía llegar al 3 por 100 hacia finales de año. La desaceleración parecía superada. Definitivamente, la economía podía ser el salvavidas de un Gobierno que, fuera de los números, hacía gala de una extraña torpeza. Los elogios comenzaban a lloverle desde el mundo empresarial y financiero.

Pero incluso aquello que hacía bien el Gobierno lo vendía mal. Frente a maestros en el manejo de la opinión pública como Rubalcaba y sus amigos, los comunicadores de Moncloa, con Miguel Ángel Rodríguez a la cabeza, parecían meros aprendices. El Ejecutivo no sabía explicarse.

A mediados de septiembre, un reputado economista, demócrata a fuer de liberal, se quejaba con amargura de la sensación de despiste que acompañaba al Gobierno. «Es dramática la falta de arrope doctrinal de todo lo que hace. Privatizar, por ejemplo, ¿para qué? ¿Simplemente para sacar dinero y aliviar el déficit? No, señor; usted tiene que privatizar porque doctrinalmente tiene razones para pensar que el sector privado gestiona mejor y que el Estado no tiene por qué convertirse en vendedor de seguros, o de aceros, o en hotelero.

¿Por qué no se explican estas cosas? Todo es oportunismo, y lo único que importa es el poder, el poder en sí mismo, el poder sin fundamentos y sin ideología… leninismo en estado puro».

* * *

Aznar se cayó del guindo la tarde/noche del 20 de septiembre del 96, con motivo de un mitin en el Palacio de los Deportes organizado por el Partido Popular.

Aquella noche, después del festejo, Alberto Ruiz-Gallardón preguntó a su mujer su opinión sobre el acto mientras cenaban con unos amigos.

—¿Qué tal ha estado esto?

—De pena.

—¿Ah, sí?… ¿Y por qué de pena?

—Mira, creo que es el peor mitin que has dado desde que te conozco y, a pesar de eso, has sido el mejor, así que con eso te digo todo.

José María Aznar se encontró con que prácticamente acababa de ganar las elecciones y no era capaz de llenar el Palacio de los Deportes de Madrid. Los ecos del rum-rum de provisionalidad que se había instalado en casi todos los ambientes sociales llegaban todas las mañanas a sus oídos, y las encuestas cada día peor, y esa sensación de desánimo que invadía a la gente, y esa falta de ilusión… Había que hacer algo.

A la mañana siguiente, sábado, Aznar convocó a Mayor Oreja, del que se había distanciado bastante, Rodrigo Rato y Javier Arenas. Jaime parecía desazonado:

—Noto que no me saludan con alegría. Estuve el fin de semana pasado en una boda y advertí que la gente se retrae, que ya no es tan cariñosa con nosotros como antes del verano.

La sensación de que el Gobierno se había desinflado como por arte de magia y de que todo el mundo le tomaba el pelo era percibida también por los ministros. Había que cambiar de estrategia. Aquel 21 de septiembre comenzó a germinar un lento cambio de mood en el Gobierno que, de alguna manera, significaría la paulatina vuelta a la confrontación, y que podría considerarse como el preludio de la reacción a que daría lugar el famoso «pacto de Nochebuena».

Unos días después del espectáculo del Palacio de los Deportes, el matrimonio Ramírez acudió a cenar con los Aznar. Era un intento de reconciliación tras el abismo abierto entre ambos por la decisión del 2 de agosto. Pues bien, en esa cena, Ágatha Ruiz de la Prada, con el desenfado que la caracteriza, gesto y voz de niña grande dispuesta a contar las verdades del barquero, espetó al presidente fuera de todo protocolo:

—Mira, que quede claro: ¡ya no creemos en ti, amor…!

* * *

El 27 de septiembre el Gobierno aprobó los Presupuestos Generales del Estado más duros de los últimos veinte años, incluyendo la congelación del sueldo de los funcionarios y un descenso del 7,3 por ciento de la inversión pública. Marcarse un objetivo de déficit del 3 por 100 cuando se venía de otro del 6,5 significaba un esfuerzo muy considerable, que sin duda iba a ser valorado como se merecía por los mercados financieros.

Eran unos PGE creíbles, que cumplían el objetivo de Maastricht. «Estamos contentos —aseguraba José María Cuevas—, aunque de tanto pedir unos Presupuestos serios y austeros nos han dado taza y media y han empezado por ser rigurosos con las empresas, que se llevan un buen palo: cae la inversión pública, hay un incremento de cinco puntos en las retenciones del impuesto de sociedades y un tijeretazo en las transferencias a empresas públicas y privadas, además de una importante contracción de los márgenes en sectores como farmacia, petróleo, energía o seguros».

«Cumplimos Maastricht, sí, pero ¿vamos a creérnoslo a pies juntillas? Pues no —aseguraba un conocido banquero—. Y es que tenemos que acudir a la teoría del dopage: hay que dopar al atleta para que rebase el listón en la fecha señalada, aunque no vuelva a saltar nunca más esa altura, y si hay que arrinconar problemas como el de RTVE, pues se arrinconan y listo. Se trata de ganar tiempo».

Doce días después de la presentación de los PGE, el Ejecutivo se apuntó un segundo tanto con la firma, el 9 de octubre y en el Palacio de la Moncloa, del «pacto de pensiones» con los sindicatos. El Gobierno del centro-derecha afianzaba así una de sus mayores conquistas: la paz social durante la práctica totalidad de la legislatura.

Conocedor de que más del 50 por 100 de los pensionistas había votado el 3 de marzo al PSOE, Aznar se había confesado a uno de sus íntimos: «Te aseguro que no vuelvo a perder unas elecciones por culpa de los pensionistas…». Pero, para firmar ese pacto, el Ejecutivo había dejado en la estacada a la patronal CEOE. Todo el gozo de Cuevas en un pozo. «El análisis de Aznar es político, y el de CEOE es económico —aseguraban en la sede de Diego de León—, y no se puede esperar otra cosa de un Gobierno dominado por una socialdemocracia que en lugar de ser laica es cristiana, lo cual se refleja en la continuidad del PER o en la deuda que no deja de engordar de RTVE, mientras los problemas de fondo no se atacan».

«¿Qué liberales hay en el Gobierno? —se preguntaban en CEOE—. Pues Barea, Folgado, Piqué, Esperanza Aguirre y pare usted de contar, porque el resto, empezando por Aznar, son socialcristianos, y no digamos ya gente como Arias-Salgado. El matiz liberal se ha diluido en una socialdemocracia vergonzante. El resultado es que se trata de un Gobierno sin ideología, que vive y trabaja en función de las encuestas».

Las relaciones entre Aznar y Cuevas iban a conocer varios meses de una absoluta frialdad. El de CEOE había quedado en una posición desairada ante la clase empresarial al ser excluido de la negociación de un acuerdo firmado por «un político populista y lenguaraz como Arenas a quien, en la mejor tradición andaluza, la de un Solís Ruiz, le importa un bledo firmar compromisos que pueden hipotecar a futuro a la economía española con tal de salir en la foto».

Las clases urbanas de mayor formación económica y cultural valoraron, al margen de banderías, el esfuerzo de disciplina fiscal que suponían los PGE y la capacidad de consenso del «pacto de pensiones». Y por eso mismo la mayor parte de esos sectores no dejaban de sentir cierta sensación de perplejidad al constatar la distancia abismal que separaba las realizaciones del Gobierno con la pobre imagen que de él tenía la opinión pública. Toda una deslumbrante paradoja.

* * *

A primeros de octubre, uno de los asesores de Aznar aseguraba que el presidente sólo tendría que esperar hasta final de año para recoger la cosecha de la siembra que estaba haciendo con los PGE y el acuerdo sobre pensiones, sin meterse en camisa de once varas. «El Gobierno debe quedarse tranquilo unos meses y ver cómo mejora el clima económico y cómo se despedaza el PSOE a la puerta de los tribunales de Justicia. Porque el tiempo juega a su favor».

Es verdad que el Ejecutivo popular había conseguido sacar adelante unos PGE muy duros para una sociedad acostumbrada a tirar del gasto público; había logrado un acuerdo sobre pensiones con los sindicatos que no se firmaba desde hacía más de diez años y además había llegado a un pacto de financiación por cinco años con las comunidades autónomas, con la dificultad que entraña poner de acuerdo a diecisiete autonomías. Para cerrar el círculo, el presidente había encargado al ministro Arenas la puesta en marcha de una reforma laboral consensuada con los agentes sociales.

Y, sin embargo, la imagen del Gobierno en la calle no podía ser más endeble, más sometida al pim-pam-pum desmesurado, inmisericorde, de los creadores de opinión. La ciudadanía estaba perdiendo la confianza —si alguna vez la tuvo— en Aznar a pasos agigantados, como parecían indicar las encuestas, que situaban al PSOE como ganador en intención de voto. El 13 de octubre, El País publicó una demoledora encuesta de Demoscopia: El PSOE superaba en 4,6 puntos al PP, mientras un González que luchaba por mantenerse lejos de los tribunales de Justicia como imputado en el caso GAL contaba con mejor imagen que Aznar.

La situación, más que paradójica, era esquizofrénica. Los socialistas, con todos sus escándalos a cuestas, se consolidaban como alternativa. Los populares se preguntaban sorprendidos: «¿Qué estamos haciendo mal, cuando lo único que queremos es sacar a España del lodazal en el que está sumergida?». El diario El Mundo le añadía pimienta al puzzle en un editorial-charada: «¿Por qué este Gobierno parece peor de lo que es?».

La respuesta parecía múltiple: desde la interminable saga de «globos sonda», que había contribuido a extender la idea de que se trataba de un equipo dominado por la inseguridad y la bisoñez, hasta la creencia de que Aznar era un simple prisionero de los pactos suscritos con los partidos nacionalistas. España vivía un clima de absoluta paz social, y la economía daba signos evidentes de recuperación, pero entre los votantes se afianzaba la idea de que el Gobierno Aznar iba a durar un cuarto de hora.

El ambiente en el partido se enrarecía por momentos, porque eran muchos los que pensaban que se podía llegar a perder rápidamente lo que tanto tiempo había costado ganar: La Moncloa. La acusación más común era que «este Gobierno no sabe vender lo que hace». En Toledo, con ocasión del Día de la Policía, el presidente tuvo que aguantar su primera pitada a cuenta de la congelación salarial de los funcionarios.

Para acabar de adornar el cuadro, un nuevo y morrocotudo escándalo de la época felipista saltó a la palestra implicando directamente a Eduardo Serra, el hombre que hacía de puente entre el Ejecutivo, el Palacio de la Zarzuela y la oficina de la calle Gobelas, en El Plantío, donde Felipe González había instalado su particular cuartel general. El diario El Mundo reveló que el Cesid había espiado y grabado al Rey de forma reiterada. La soledad del ministro de Defensa parecía total.

Fue el punto más bajo de Serra, que acudió a parlamentar con Aznar enarbolando bandera blanca: «Acepté ser ministro porque me llamaste y porque me ilusionó la tarea, pero no voy a ser nunca un obstáculo para tu Gobierno, de modo que tienes mi dimisión si la necesitas». Su salida del Ejecutivo se daba por hecha entre su propio círculo de amigos en torno al 15 de octubre. Pero echar a Serra significaba un desaire al Monarca, quizá un obús en plena línea de flotación de Su Majestad. Era también poner en solfa el «pacto de investidura», esa especie de seguro multirriesgo firmado por Aznar con el Rey y González. Y al mismo tiempo era un portazo a esa España que echó raíces en torno al felipismo, la España del cinismo y la mentira, del miedo a decir la verdad, de los «visitadores» en Zarzuela, de los Entrecanales, los March, los Polanco, los Arango, los Auger, la España de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción…

Serra aguantó el tipo. Aznar no le aceptó la dimisión y a partir de ese momento el ministro de Defensa empezó a remontar el vuelo hasta convertirse en uno de los más sólidos pilares presidenciales. Una deriva que corrobora la tesis de quienes sostienen que José María Aznar ha terminado plegándose a los deseos de ese inmenso lobby nucleado en torno al Monarca, partidario de que algo cambie para que todo siga igual.

* * *

En la lista de «desafectos» al Gobierno Aznar había una clase, que no pululaba por asfalto sino por despacho alfombrado, especialmente preocupante para un Ejecutivo de centro-derecha: la de los poderes económicos y financieros.

En efecto, la endeblez en la acción de Gobierno, unida a la fantástica recuperación del voto socialista que pregonaban las encuestas, se tradujo en la repetición de un movimiento típico del mundo del dinero cuando en el horizonte aletea un cambio político: los poderes financieros desenganchaban su barca de la ribera de Aznar, si es que algunos estuvieron alguna vez amarrados a ella, para situarse en medio del río, cuando no francamente en la orilla, otra vez, del felipismo. Cuidado con las veleidades «aznaristas». El Gobierno Aznar parecía flor de un día.

González, desde su despacho de la calle Gobelas, se había dedicado a segarle la hierba a su sucesor en Moncloa llamando a los banqueros, recibiendo a gente, conspirando. Y los poderosos del dinero se asustaron: ¿será verdad que éste puede volver enseguida?

Si a la presión felipista y a las dudas del mundo del dinero sobre la falta de consistencia del Ejecutivo se unen procesos en marcha tan importantes como las privatizaciones, tendremos formado el cóctel explosivo que animaba a los ricos a tentarse la cartera antes de dar un paso al frente y abjurar definitivamente del felipismo. Un proceso privatizador, unido a otro más amplio de liberalización de la economía, implica para el gobierno que lo emprende estar dispuesto a enfrentarse a un pool de intereses muy fuerte, porque esas políticas ponen en cuestión posiciones de poder muy sensibles y consolidadas a lo largo del tiempo.

El «Tigrekan» socialista se encargaba de recordar a mucho dubitativo rico hispano los riesgos del cambio de acera. ¿Con quién podían vivir mejor las grandes fortunas de la construcción: con un gobierno dispuesto a tirar del gasto público en infraestructuras o con otro obligado a controlar el déficit? La vida, ciertamente, se había hecho más difícil para mucha gente, bancos y banqueros incluidos (y no sólo por la revolución de los tipos de interés), porque competir en una economía desregulada supone apelar diariamente al esfuerzo y la imaginación, sin esperar que el poder político le resuelva a uno sus estrecheces.

Los riesgos de la liberalización eran una amenaza para muchos sectores, desde las telecomunicaciones al suelo, pasando por la energía o la sanidad. Miles de millones de pesetas y mucho poder estaba en juego. «En cuanto tocas un tornillo liberalizador —aseguraba por aquel entonces Rato—, salta como herida por el rayo la España de las ventajas consolidadas con el felipismo».

Frente a la sensación de paz social que se vivía en la calle, la pelea política e ideológica se estaba librando con toda intensidad en la judicatura y la prensa. La batalla de la imagen seguía librándose en los medios de comunicación, donde la superioridad socialista era un hecho incontestable, con la armada de Prisa a la cabeza. La pelea en la cumbre la protagonizaban, cómo no, dos diarios: El Mundo y El País.

La Justicia era ya, en efecto, el mayor problema del Ejecutivo popular, una balsa a la deriva que, sin timón, se movía a impulsos del odio entre jueces y fiscales, la politización de unos y otros y la capacidad de presión de los poderosos (el Supremo acababa de anunciar la apertura de juicio oral contra los responsables de finanzas del PSOE en el caso Filesa, exculpando a los capos del partido y a los banqueros que aceptaron el chantaje).

El escándalo más sonoro tuvo lugar el 3 de noviembre, día en que la Sala Segunda del Supremo, por seis votos contra cuatro, exculpó a González como imputado en el caso GAL «para no estigmatizarle», en escandalosa decisión que llenó las páginas de los periódicos durante varios días. Benegas y Narcís Serra corrieron idéntica buena suerte. «No fue un día feliz para la Justicia en España», aseguró Andrés Ollero, portavoz del PP en la Comisión de Justicia.

El felipismo dominaba —lo sigue haciendo— el Consejo General del Poder Judicial, el Constitucional, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, cuyo presidente, Clemente Auger, es un hombre criado a los pechos de Jesús Polanco. Los Belloch, Ledesma, Sala y compañía controlan la Justicia, y el diario El País, desde sus páginas de «Tribunales», dice lo que es bueno o malo, verdadero o falso, admisible o inadmisible en ese poder del Estado.

El nuevo fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno popular se arrastraba como una sombra por los pasillos de la Justicia, mientras la ministra del ramo demasiado tenía con esconder la cabeza para que no le alcanzara ninguno de los cascotes desprendidos en la pelea.

Este horizonte de refriega judicial tenía lugar mientras la situación económica comenzaba a mostrar definitivamente su mejor cara. «Empiezo a verlo todo demasiado bien y eso me preocupa, porque es demasiado pronto y puede que el ciclo no aguante hasta el final de la legislatura —aseguraba un alto cargo de Economía—. Pero aquí va a haber un boom más intenso de lo que mucha gente piensa, con un tirón muy fuerte del consumo. La economía puede salvar a este Gobierno».

Lo peor, sin embargo, estaba por llegar. Confiado andaba José María Aznar en que los alentadores signos de reactivación económica le sacaran del atolladero de imagen en el que parecía metido cuando sobrevino el golpe del «pacto de Nochebuena», mediante el cual dos jugadores de póker tan acreditados como Jesús Polanco y Antonio Asensio se hacían con el cien por cien del fútbol televisado y mandaban a los infiernos la plataforma digital auspiciada por el Gobierno a través de Telefónica. El «pacto de Nochebuena» era el broche de cartón piedra que cerraba el malhadado primer semestre de Gobierno del Partido Popular.

Jesús Polanco, acostumbrado a dominar el mercado de la información en general y el de la televisión de pago en particular, gracias al favor político, había dado un puñetazo sobre la mesa. No había en España empresa o empresario que, en su sector, tuviera garantizada una posición de cuasi-monopolio como la suya en el mercado de la comunicación. El cántabro, dueño de una maquinaria formidable dedicada a la propagación de ideología, con capacidad para influir, moldear conciencias y mantener o derribar gobiernos, venía a certificar con el acuerdo con Asensio su posición de privilegio en el mercado de las ideas, al tiempo que hacía un negocio de proporciones faraónicas.

* * *

Pocos días después de la jornada electoral del 3 de marzo, cuando aún no estaba claro que José María Aznar fuera a ser el inquilino de Moncloa, el mexicano Azcárraga, dueño de Televisa, de visita en España, se atrevió a formular ante un amable Aznar una advertencia nada casual:

—Si logra formar Gobierno, le aconsejo que en los primeros cien días dé usted un golpe de fuerza, haga explícito un acto de autoridad, envíe una señal inequívoca a los poderes financieros de que las riendas están en sus manos. Al fin y al cabo fue lo que hizo Felipe González con Rumasa. Porque si no hace algo de eso, tendrá problemas.

Aznar, parapetado tras una sonrisa distante, guardó silencio. Siete meses y medio después de este consejo gratuito, el Gobierno del PP por él encabezado no sólo no había dado ese golpe de mano que le reclamó Azcárraga, sino que se lo habían dado. Y había sido Jesús Polanco el responsable del manotazo. Meses atrás, recién vuelto de las vacaciones de agosto, el amo de Prisa acudió una tarde a Moncloa para ser recibido por Aznar. A punto de producirse los primeros intercambios de disparos en torno a la disputa por las plataformas digitales, el cántabro se atrevió a decirle que «esto es un negocio que tenemos que arreglar nosotros y sacar ventajas comunes».

—¿Qué quieres decir, Jesús?

—Que esto tenemos que pactarlo entre tú y yo.

—¿Y eso qué significa?

—Pues que si pactamos, a ti no te toca nadie ni un pelo.

La conversación, que corrió como la pólvora entre ministros y secretarios de Estado, revela la urdimbre moral de un personaje para quien todo es «un negocio», todo se puede comprar y vender, negociar y regatear, un todo que, con Aznar en Moncloa, debía presuponer para Polanco la continuidad en el estatus privilegiado del que había disfrutado con los gobiernos del PSOE.

No hubo pacto con Polanco. Hubo, en cambio, golpe de Nochebuena, un acontecimiento que vino a certificar el error de tratar de gobernar para todo el mundo sobre la base del consenso y la buena voluntad, el deseo de no ofender, de no herir a nadie, como si ese voluntarismo de Arcadia feliz, reñido con la naturaleza de la política, pudiera ser suficiente para templar las ambiciones de Polanco y los afanes de revancha de un Felipe que se consideraba injustamente apartado de La Moncloa por apenas 300.000 votos.

Mal asesorado por las fuerzas vivas de su propio partido y por tantos como en el PP sufren complejo de socialdemocracia, mal aconsejado por Palacio y por aquellos que querían extender una piadosa alfombra capaz de tapar la corrupción moral y política de catorce años de Gobierno del PSOE, Aznar había intentado gobernar sin romper con la herencia del pasado. Su estrategia se había demostrado un fiasco. Tan fiel lector de Azaña, el presidente hubiera sacado mayor provecho aplicando «la doctrina de la discordia productiva» de Unamuno, para quien «la convivencia no es cosa de convención; convivir no es sólo convenir. Ni es cosa de pacto. No se pacta la convivencia».

La etapa de «crispación» (según la terminología polanquil), a la que se vería abocado a partir de entonces un Gobierno obligado a hacer demostración del principio de autoridad, fue consecuencia directa del fracaso de la estrategia del sosiego. Porque lo que Aznar quería presentar como consenso fue tomado por esos poderes como debilidad, ausencia de hechuras, falta de consistencia. Y esa interpretación hizo fortuna en el mundo del dinero.

El panorama de inexperiencia y vacilaciones que caracterizó el primer semestre del Gobierno Aznar componía un cuadro que, perfectamente filtrado por el Grupo Prisa, sirvió a Cebrián y su gente para expandir por doquier la doctrina de que Aznar «no comería el turrón» como presidente del Gobierno (una mercancía que el «comando Rubalcaba» distribuía con gran profesionalidad a través de los vasos comunicantes afectos al felipismo), hasta el punto de que en algunos cenáculos se decía, con cierto aire displicente, que «al bigotes» le iba a salvar el precepto constitucional según el cual los gobiernos tienen que durar al menos un año, porque en otro caso…

Muchos creyeron que el 24-D era el certificado de defunción de José María Aznar. De hecho, para animar a Asensio a firmar, Polanco le «vendió» que con ello iban a precipitar la celebración de elecciones anticipadas, que por supuesto perdería Aznar, de modo que la vuelta de Felipe y los suyos era cuestión de meses, por lo que esa alianza suponía un posicionamiento estratégico a futuro que podía reportarle grandes ventajas.

Antonio Asensio sabía de sobra que la firma del «pacto de Nochebuena» significaba un grave desaire para el Gobierno Aznar. ¿Por qué lo hizo? Porque alguien le convenció de que el poder de Aznar era finito o infinitamente insignificante, que era lo que creía mucha gente importante. El mundo del dinero empezaba a dar por amortizado al nuevo presidente.

Lo cual no hacía sino abrir un interrogante de gran calado para alguna gente sensible que, dentro de ese mundo, sabía que en Felipe había mucho pasado pero muy poco futuro. ¿Cuál de las dos Españas se llevaría el gato al agua? ¿Terminarían los duros espolones del felipismo por hacer trizas en unos meses al polluelo recién salido del cascarón de esa España abierta que el Gobierno del PP decía encarnar? Entre las brumas de diciembre del 96 se adivinaba una batalla de verdadera trascendencia.

* * *

El «pacto de Nochebuena» urdido por Jesús Polanco iba a forzar a José María Aznar a explicitar el gesto de autoridad que el mexicano Azcárraga le había recomendado. El Gobierno del PP se iba a ver obligado a mandar al desván los compromisos suscritos en el «pacto de investidura» para desenterrar el hacha de guerra. Era un envite a cara de perro en el que la derecha española se lo jugaba casi todo.

El papel del diario El Mundo volvería a demostrarse decisivo tras el golpe del 24-D, sin duda el peor momento del Gobierno Aznar, haciéndole ver públicamente la dimensión histórica del envite que los «felipancos» le proponían.

Era una batalla de poder y dinero a partes iguales, y en su estado más violento y puro. Pelea de poder que no se planteaba en la banca, ni en la energía, ni en las telecomunicaciones, sino en los medios de comunicación. Y no por casualidad. Porque, como se demostró en el 93, cuando un grupo de editores decidió sacar adelante de nuevo la candidatura de Felipe González porque «era la solución que más convenía a nuestros intereses», el poder político se dilucida en los medios de comunicación. Y porque el dueño del más poderoso de los grupos de comunicación españoles es Jesús Polanco («El interés personal sólo requiere instinto —decía Bertrand Russell—, mientras el interés de la comunidad exige virtud»), una gran fortuna hecha a la sombra del poder político.

Está claro que en la historia reciente de España habrá un antes y un después del 24 de diciembre del 96. Un grupo privado, actuando como testaferro de un líder político, le echó ese día un pulso al Gobierno, un pulso que el Gobierno legítimo de la nación no podía perder. Decía Matías Cortés, un abogado que representa como pocos el espíritu de la colmena de la componenda felipista, que «la operación de Nochebuena pudo llevarse a cabo porque Felipe así lo quiso y Pujol consintió, y porque mi patrón [Jesús Polanco] es un osado y tiene más huevos que el caballo de Santiago».

Lo diría semanas después un Rodrigo Rato muy poco proclive a la confrontación: «Nunca podremos agradecerle suficientemente a Polanco la lección impagable que para nosotros fue la ducha fría del 24 de diciembre del 96».

2
EL GOLPE DEL DÍA DE NOCHEBUENA

Antonio Asensio quemó sus naves con el Gobierno de José María Aznar el 17 de diciembre de 1996. Ese día, el editor, recibido en el Palacio de La Moncloa, no dijo la verdad al presidente.

—Mira, Antonio, que me dicen que estás en tratos con otra gente…

—Que no, José María, que no es verdad. ¿Y con qué gente te han dicho que. estoy?

—Con Polanco.

—Ni hablar. ¿Tú crees que después de lo que ha pasado entre nosotros, que me han llamado de todo, voy a querer tener tratos con él? Jamás. Te reitero una vez más mi voluntad de permanecer al lado de este Gobierno en el campo de la comunicación.

—Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no firmáis?

—Porque estoy esperando a que Juan reaccione y tome una decisión definitiva.

El lunes 23 de diciembre por la tarde, Juan Villalonga, presidente de Telefónica, se entrevistó con Asensio. El dueño del Grupo Zeta y de Antena 3 le contó que había decidido, por fin, vender los derechos del fútbol de su propiedad a Jesús Polanco, y Villalonga le respondió que le parecía estupendo, casi le dio las gracias, me liberas de un compromiso, Antonio, ya sabes que no he terminado de ver nunca esto del fútbol y su utilidad para Telefónica, un problema menos a la vista, mira, y puesto que eso ya se ha solucionado, te voy a pedir un favor, y es que me prepares un almuerzo con Jesús para mañana mismo.

—¡Uy, Juan, qué cosas dices! No creo que quiera, ¡está contigo como una pantera!

—Anda, hazme ese favor, hay que olvidar lo que ha pasado y cerrar heridas.

Villalonga, súbitamente liberado de un peso, encantado de haberse conocido, hizo una llamada telefónica a su amigo Aldo Olcese, presidente de Fincorp:

—Aldito, tengo que darte una gran noticia: ¡por fin me he quitado al Asensio de encima! ¡Me acaba de decir que ha firmado con Polanco!

—Hombre, eso está muy bien, Juan, pero habrá que ver si el presidente del Gobierno se alegra tanto como tú, porque puede que le hayas creado un problema de cojones a tu amigo.

Ese mismo 23 de diciembre, Juan Villalonga y señora cenaron en casa de Pedro Pérez, en la urbanización Fuente del Fresno, en compañía de Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS, y del secretario de Estado para el Deporte, Pedro Antonio Martín Marín, con sus respectivas mujeres. Y cuando Pérez, con cierto retraso, apareció ante sus invitados, se encontró con la sorpresa de un Villalonga que, copa en mano, estaba explicando a Florentino Pérez lo feliz que se sentía tras haberse sacudido el lío de la televisión digital, un asunto que estaba enturbiando sus relaciones con los socios bancarios de Telefónica.

—¡Asensio me acaba de hacer el regalo de Navidad!

Al día siguiente, 24 de diciembre, día de Nochebuena, Juan Villalonga fue recibido a primera hora en Moncloa por José María Aznar. La tormenta no había hecho más que estallar, porque el presidente intuyó enseguida el problema que se le venía encima. La falta de visión política de que había hecho gala su amigo iba a permitir a Jesús Polanco, el gran enemigo del PP, blindar su poder. A primera hora de la tarde, en la Fundación Santillana, se iba a firmar un acuerdo que dejaba al Gobierno en una posición delicadísima, evidenciando una falta de apoyos casi total entre las fuerzas vivas del país. Una sensación de frustración se apoderó aquella mañana del recinto presidencial.

En un momento del encuentro, Aznar llamó a su despacho a Miguel Ángel Rodríguez («MAR»). El secretario de Estado de la Comunicación creía que la batalla estaba perdida. Asensio se había pasado al enemigo y Telefónica aparecía como la gran responsable del desastre.

—Pero, ¿qué ha ocurrido, Juan? —preguntó el presidente.

—Pues lo que te dije ayer, José María, que este tío me ha pedido 10.000 millones para él, aparte de los 30.000 que me cuesta el fútbol, y le he dicho que no, joder, que no estoy dispuesto a dárselos…

—¿Y qué va a hacer?

—Me temo que pactar con Polanco.

El ambiente se fue caldeando y algunas palabras más altas que otras comenzaron a sobrevolar la reunión.

—¡Amenazas no, ¿eh?! —exclamó un Villalonga dispuesto a no aceptar los reproches de MAR.

El presidente del Gobierno se mantenía en silencio mientras sus dos interlocutores intercambiaban frases cargadas de despecho. A la capacidad para la introversión de Aznar se unía el asombro que le producía el hecho de que Asensio, que una semana antes le había reiterado su vocación de «hombre del PP en los medios de comunicación», estuviera a punto de protagonizar tan espectacular cabriola.

El de Telefónica salió de Moncloa con la cabeza gacha, abrumado por la responsabilidad asumida. Lo había echado todo a perder, y sólo entonces era consciente de hasta qué punto. De vuelta en su despacho, lo primero que hizo fue llamar a Antonio Asensio para rogarle que suspendiera el almuerzo con Polanco. «Con la que está cayendo, sólo falta que me vean confraternizando con él».

Ese día, Villalonga fue a comer al Club 31 con Guillermo de la Dehesa y, a punto de terminar su almuerzo, recibió en su móvil una llamada de Asensio confirmándole que acababa de firmar con Polanco, no he tenido más remedio que irme con ellos, Juan, tú lo sabes, y Juan, por primera vez frío como una anguila, le contestó que ya eres mayorcito, Antonio, y sabrás lo que haces. El de Telefónica transmitió al editor un recado:

—Te va a llamar Miguel Ángel Rodríguez.

Y, en efecto, Rodríguez, casi a cara de perro, llamó al editor:

—Antonio, te va a llamar Luis María Ansón para hacerte una oferta de parte de Televisa.

—¿Y por qué no me llama Ansón directamente? ¿Por qué tienes que hacer tú de intermediario?

Al catalán, curado de espantos, le parecía extraño ver al Gobierno convertido en broker de Televisa, es que no entiendo nada, Miguel Ángel, porque, ¿cómo explicaríamos el hecho de que un grupo de comunicación extranjero se quedara con la exclusiva del fútbol español?

Ansón llamó a Asensio para, en nombre de Azcárraga (el dueño de Televisa), ofrecerle 200 millones de dólares (unos 30.000 millones de pesetas) por la compra de los derechos televisivos de los trece clubes que eran propiedad del editor catalán. La oferta se confirmó a través de un fax que el periodista remitió al editor con la cifra señalada. Sin embargo, poco después Ansón telefoneó a MAR para hacerle partícipe del fracaso de su gestión. Y entonces Rodríguez, a la desesperada, descolgó el teléfono para proferir ante Asensio la famosa amenaza que, meses más tarde, se convertiría en gran tormenta parlamentaria.

—Te vas a enterar; te garantizo que me voy a encargar personalmente de que vayas a parar al sitio donde tenías que estar hace tiempo…

—¡Vete a tomar por el culo!…

* * *

La historia había comenzado meses atrás. El 5 de mayo de 1996, Juan Villalonga había aparecido por la presidencia de Telefónica como un extraterrestre, obligado a tomar decisiones rápidas sobre problemas nuevos cuya naturaleza en gran medida desconocía. Al margen de los retos propios de la actividad básica de la compañía, el nuevo caporal se dio de bruces con el proyecto de Cablevisión, auspiciado por un grupo mediático tan poderoso como Prisa, enemigo mortal del Gobierno Aznar, pero aún empeñado en hacer de la operadora su partner para todo tipo de negocios futuros; se topó, también, con un Antonio Asensio decidido a venderle los derechos televisivos sobre una serie de clubes de fútbol y, finalmente, tropezó con TVE y Televisa, un dúo que trataba de hacer business con Asensio y la televisión digital a costa del dinero de Telefónica. Ante panorama tan complejo, Villalonga, bien pertrechado de sentido común, se aferró a su regla de oro para casos de desconcierto: se trataba de «darle hilo a la cometa», es decir, comprar tiempo con todos.

El proyecto de una televisión digital venía rodado desde finales de marzo, cuando ya era una evidencia que José María Aznar, a pesar de los desvelos de Prisa, iba a lograr formar Gobierno. Miguel Ángel Rodríguez, coordinador del área de Comunicación del PP desde el año 93 y portavoz del Gobierno, siempre interesado en los temas de la digitalización, se había echado sobre sus modestos hombros la hercúlea tarea de lanzar una llamada «plataforma digital», cuya filosofía última consistía en la creación de un grupo de comunicación alternativo al de Jesús Polanco pero que, de puertas afuera, debía venderse como un proyecto abierto a la participación de todas las empresas que tuvieran algo que ver con ese mundo. Así de bonito se lo vendió Rodríguez a Juan Luis Cebrián, consejero delegado de Prisa, en un desayuno mantenido mano a mano a mediados de marzo del 96, justo después de ganar las elecciones, en la sede de Prisa, Gran Vía 32, ocho y media de la mañana.

Se trataba de crear una plataforma en la que pudieran participar todas las empresas de televisión españolas públicas y privadas, empezando por TVE, en unión de un potente socio del mundo de la comunicación de habla hispana que, a juicio del Gobierno, debería ser Televisa, pero que podía ser Televisa, más Direct TV, más los Cisneros.

El dueño de la cadena mexicana, Emilio Azcárraga, era un hombre devorado por una obsesión que nunca llegaría a ver hecha realidad, puesto que la muerte le privó de su victoria cuando la meta estaba ya al alcance de su mano: estar presente en España, hacer televisión en España, triunfar en España de la mano de su Televisa. Varias veces lo había intentado y otras tantas se había estrellado por la oposición de Polanco y Felipe González. España se había convertido en el permanente objeto del deseo del «Tigre» Azcárraga.

La victoria electoral de José María Aznar no hizo sino renovar ese impulso. El magnate mexicano realizó gestos inmediatos hacia el líder del PP, justo en el momento en que el nuevo Gobierno se estaba planteando la posibilidad de lanzar una plataforma de televisión digital que oponer a la de Polanco. Azcárraga, que ya poseía una en México y otra en los Estados Unidos y tenía intereses en otras de Argentina y Chile, formuló al Ejecutivo «popular» un planteamiento muy claro basado en la reciprocidad territorial: «Yo les abro a ustedes mis plataformas a condición de que ustedes me abran la suya. Sentémonos a hablar y pongámonos de acuerdo en los términos de la operación».

El acuerdo inicial, firmado a principios del verano del 96 entre Televisión Española y Televisa, respondía a aquel planteamiento: TVE abría su futura plataforma a Televisa, y Televisa hacía lo propio con las suyas respecto a TVE.

Dicho lo cual, el Gobierno, según Rodríguez, tenía poco más que decir. «Pónganse ustedes de acuerdo en los porcentajes, porque eso nos da igual», decía la doctrina oficial. Cada canal era autónomo para ganar su propio dinero con la emisión de contenidos. Lo que hacía falta era contar con el respaldo financiero suficiente para acometer los costes del proyecto. Para Juan Luis Cebrián, sin embargo, MAR ya había dicho bastante: aquélla era una iniciativa del Gobierno y, por lo tanto, un proyecto político, es decir, politizado, y debía ser analizado en consecuencia.

Prisa puso pegas desde el principio. La primera era Televisa. A los Polancos no les gustaba la cadena mexicana. Azcárraga no era un buen socio porque, entre otras cosas, apoyaba dictaduras tipo PRI. Ellos preferían a Direct TV, lo cual no dejaba de ser curioso, puesto que la cadena norteamericana pertenece a la multinacional General Motors, que, como todo el mundo sabe, se ha dedicado siempre a hacer obras de caridad en Iberoamérica. Tampoco se entendía muy bien la diferencia, a efectos ideológicos, entre Azcárraga y los hermanos Cisneros, exiliados en Miami huyendo de la Justicia venezolana.

Polanco se sentía demasiado fuerte para compartir algo con los demás[4]. El 20 de junio del 96, el cántabro anunciaba en la Junta de Accionistas de Prisa que Sogecable, de la que era presidente, iniciaría antes de un año sus operaciones de televisión digital, con una oferta superior a los veinticinco canales que operarían por cable y por satélite. El editor aprovechaba la ocasión para lanzar una advertencia al Gobierno: «Estableceremos las alianzas cuando y con quienes nuestro grupo considere oportuno, sin aceptar (y espero que estas palabras no ofrezcan dudas de interpretación) servidumbres ni imposiciones exteriores que puedan coartar nuestra independencia».

El juego de cada uno estaba claro. Sin embargo, Cebrián volvió a recibir a Rodríguez en su despacho de Gran Vía antes del verano. Fue un encuentro plagado de trampas, orientado por el deseo de Juan Luis de proveerse de munición con la que zaherir a posteriori el descarado intervencionismo del Gobierno popular. Pero el portavoz mantuvo el tipo. El Gobierno, según él, no tenía el menor interés en controlar políticamente un acuerdo que debía ser empresarial. El Ejecutivo sólo pretendía apoyar el lanzamiento de una plataforma digital capaz de cubrir el área iberoamericana, para no depender de las plataformas de otros países europeos que se aprovechaban del idioma y la creatividad españoles.

Los desvelos de MAR resultaron vanos. Prisa jamás participaría en una operación que no controlara y jamás se aliaría con otro socio que no fuera Telefónica, el gregario ideal por tecnología y músculo financiero. Un socio con el que Prisa seguía manteniendo vivo, a pesar de las zancadillas del Gobierno Aznar, el proyecto de Cablevisión.

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La alianza suscrita entre Telefónica y el Grupo Prisa para la explotación del negocio del cable había sido el más escandaloso de los «favores» efectuados por Felipe González a Jesús Polanco. Un regalo realizado en el último minuto, casi a uña de caballo, cuando los clarines de marzo del 96 estaban ya sonando a las puertas de la ciudadela electoral. El acuerdo significaba poner en manos privadas un bien público, poner graciosamente a disposición del cántabro la mejor —y casi única— red de cable existente en España gracias a las cuantiosas inversiones acometidas por una empresa pública como Telefónica. En palabras de un ex ministro socialista, Miguel Boyer, «era como poner la Renfe al servicio de Seur, y que por las vías de Renfe sólo pudieran circular las mercancías de Seur». Era «el acuerdo más inmoral de la historia de la democracia española», según el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado.

Un espectáculo de sinvergonzonería política sin parangón, que le fue impuesto al presidente de la compañía, Cándido Velázquez, por el ministro Rubalcaba, el adelantado de Prisa en el Gobierno, como el propio Velázquez manifestaría días antes de dejar el cargo en la sede de CEOE: «Yo soy una víctima de Pérez Rubalcaba y de un acuerdo político que se hizo a mis espaldas».

El Partido Popular, a través del control que ejercía sobre buena parte de los grandes municipios españoles, decidió dinamitar por su cuenta el proyecto de Cablevisión meses antes de llegar al Gobierno, sacando a concurso público el cable en las grandes capitales gobernadas por el partido. Algunas gentes dentro del PP decían que aquélla era una estrategia equivocada, porque Polanco cambiaría de bando en cuanto el PP ganara las elecciones, pero la mayoría, por una vez, se atuvo a los principios: no era un asunto de bandos, sino una cuestión de ética. Simplemente, aquello no se podía consentir.

Pero el proyecto de Cablevisión seguía vivo cuando Villalonga aterrizó en Telefónica. En realidad, Cablevisión era «el problema» de Villalonga. «Es posible que ese negocio tuviera su pecado original, pero, cuando llegué a Gran Vía 28, Prisa era socio de Telefónica y yo traté siempre de comportarme con ellos de forma leal».

A finales de julio del 96, sin embargo, el negocio pergeñado por el gran Rubalcaba recibió una notificación de la Comisión Europea anunciando la apertura de un expediente de concentración y dando a los socios un plazo para realizar alegaciones, cosa que hicieron a mediados de agosto. «Nos dimos cuenta entonces de que iba a resultar muy difícil sacar aquello adelante».

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El Gobierno debía seguir con el proyecto de televisión digital sin contar con Prisa. El 29 de julio del 96, dos días después de que, recién llegado de Atlanta, en cuyos Juegos Olímpicos había participado con el equipo español de hípica, Javier Revuelta fuera nombrado secretario general de Telefónica, Villalonga lo cogió de la mano y lo llevó a un almuerzo en la sede de Antena 3 para hablar de los derechos del fútbol con Antonio Asensio y su vicepresidente, Manuel Campo Vidal. Era la primera zambullida de Revuelta en el proceloso mundo de las telecomunicaciones. Sobre la mesa quedó planteado el objeto de la querella de meses venideros: Telefónica tenía que comprar los derechos del fútbol que eran propiedad de Asensio.

Tanto a Villalonga como a Revuelta la compra de esos derechos les resultaba un asunto tan extemporáneo como extraño, y la misma sensación se había apoderado de Andrés Tejero, director general de Relaciones Institucionales, primero, y de Juan Perea, director general de Planificación Estratégica, después, que habían escurrido el bulto cuando se toparon con el problema. Nadie quería asumir esa responsabilidad. Alguien, en la pizarra de algún despacho político, había dibujado una brillante jugada de fútbol de salón colocando a Antonio Asensio de delantero centro.

«La operación de compra por parte de Asensio de esos derechos se vio con buenos ojos desde el Partido Popular, porque ello suponía romper el monopolio de Polanco. ¿Ayudas efectivas? La fundamental, desde el Gobierno, fue permitir la retransmisión de los partidos del lunes en Antena 3 a partir de septiembre del 96, lo que equivalía a admitir que la jornada de Liga terminara en lunes en vez de en domingo».

Lo demás fue resultado de las negociaciones que el propio Asensio mantuvo con los distintos presidentes de comunidades autónomas. Evidentemente, lo que los clubes buscaban era dinero. Si, además, podían quedar bien con el presidente de comunidad autónoma respectiva, caso de Valencia, mucho mejor, pero si venían mal dadas, caso de Lendoiro y el Coruña, pues se quedaba mal con Fraga y a otra cosa. La política podía poco frente al dinero. El caso es que Asensio, con mucha habilidad y algún apoyo oficial, se hizo con los derechos de retransmisión de los trece clubes más importantes del país.

Y es que Asensio iba a ser el hombre del PP en los medios de comunicación. «Me han tirado a matar todos menos Antonio —había dicho José María Aznar—. Él también me ha dado lo suyo, cierto, pero al menos me ha dejado explicarme el 20 por 100 de las veces, mientras el resto me ha masacrado al cien por cien. Y le estoy agradecido. Vamos a jugar la carta de Antonio».

El del fútbol era un negocio de mucho dinero, aunque muy pocos comprendían entonces la dimensión exacta del fenómeno. Ocurría, sin embargo, que Asensio no disponía de «gasolina» suficiente para atender los pagos comprometidos con los clubes. Había que liberarlo de esos compromisos, asegurando su fidelidad como editor afecto al nuevo Gobierno. ¿Quién podía pagar la cuenta de esa operación política? Nadie mejor que Telefónica.

Pero Villalonga tenía su opinión al respecto. Mejor dicho, no tenía opinión, pero le sobraba sensatez para intuir que no debía pillarse los dedos con un negocio que no entendía y cuya rentabilidad para la compañía estaba por descubrir. Sobre todo cuando las pretensiones de Asensio parecían totalmente desmesuradas. El dueño de Zeta hablaba, en efecto, de 30.000 millones de pesetas por la venta del fútbol de su propiedad durante un período de cinco años, que era el plazo que abarcaban sus derechos.

Asensio no entendía las precauciones —que él creía prejuicios de un novato situado a los mandos de un portaaviones como Telefónica— de Juan Villalonga. Él sabía de sobra que el Gobierno estaba alentando el lanzamiento de una plataforma de televisión digital y que el fútbol televisado era, sobre todo en España, un killing content, un factor determinante en el éxito del proyecto, y sabía también que Telefónica podía y debía ser una pieza decisiva a la hora de hacer realidad esa idea. Él también quería estar en ese proyecto: «No quiero tener que llegar a un acuerdo con Prisa —sostenía Asensio—, porque estoy a muerte con ellos y creo que el socio adecuado es Telefónica…».

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En agosto del 96, la expresión «televisión digital» comenzó a aparecer en los medios de comunicación españoles, y ello ligado a la posibilidad de una alianza entre Telefónica y el magnate de la comunicación alemán Leo Kirch, que pronto quedó en agua de borrajas.

La operadora tenía por delante un hueso tan duro de roer como Cablevisión. Javier Revuelta viajó a Bruselas el 4 de septiembre, en la primera de sus peregrinaciones a la capital belga para defender el acuerdo y tratar de conseguir el visto bueno de la Comisión a la alianza con Polanco para la explotación del cable, «que era lo que nosotros, en principio, queríamos».

El comisario europeo Van Miert planteó la exigencia de un descodificador de la señal en abierto, de modo que los abonados pudieran utilizarlo en sus domicilios para recibir la señal de cualquier otro potencial suministrador de contenidos por cable. Una exigencia que llama poderosamente la atención a la luz del escandaloso cambio de criterio protagonizado meses después por el propio Van Miert con motivo del contencioso entre Vía Digital y Canal Satélite Digital, y que pone de manifiesto que un buen lobby puede ser capaz de lograr que los burócratas de Bruselas digan «digo» donde dijeron «Diego».

El escándalo, en realidad, tenía raíces más profundas, porque para Villalonga y su equipo resultaba inconcebible que entre las prerrogativas de Canal Plus figurara la elección de un descodificador cuando era obvio que un asunto de naturaleza técnica como ése debía corresponder a la operadora. ¿Es que no había en Telefónica ingenieros de telecomunicaciones? Era una situación que revelaba la naturaleza política de un acuerdo hecho a espaldas de la operadora y sus intereses. Cablevisión era un negocio de Canal Plus, y Telefónica no tenía nada que decir, salvo actuar de convidado de piedra.

Es evidente que un acuerdo de ese tipo en condiciones de igual a igual hubiera resultado imbatible en el mercado español. Era el casamiento perfecto: la alianza de un socio financiero y tecnológico como Telefónica con el primer operador de televisión de pago habría significado un listón imposible de superar para cualquier otro potencial competidor. Ocurría, sin embargo, que el de Cablevisión distaba mucho de ser un acuerdo entre iguales. El control de abonados, los contenidos, la facturación, el sistema de acceso… todo estaba en manos de Canal Plus.

Además de la exigencia del descodificador en abierto frente al «simulcrypt», la segunda modificación demandada por Bruselas apuntaba directamente al corazón del negocio televisivo de Polanco, puesto que la Comisión exigía que los contenidos del Plus tenían que ofrecerse, sin discriminación de ningún tipo, a cualquier otro competidor de cable que lo solicitara y estuviera dispuesto a pagar el correspondiente canon, como forma de evitar un abuso de posición dominante.

Prisa se negó en redondo a admitir esas dos exigencias, y esa negativa fue lo que determinó que Bruselas prohibiera la aventura del cable. «Fuimos socios leales e hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano para que el proyecto fuera autorizado, pero la posición absolutamente rígida de los Polancos hizo encallar Cablevisión», señala Revuelta.

Polanco se resistía a aceptar la liquidación ordenada del proyecto, como parecía aconsejar la inminencia de la prohibición, acompañada además de una fuerte multa. Para el «ciudadano Kane» español resultaba doloroso renunciar, por un mero cambio de Gobierno, a un negocio de proporciones gigantescas (120.000 millones de pesetas de beneficio bruto al año), que le hubiera convertido, de lejos, en el hombre más rico de España a la par que el más influyente. Había que resistir, y recurrir, y presionar, y tratar de influir en Bruselas. Y si todos los esfuerzos resultaran vanos, entonces el Ejecutivo popular, que había osado poner en riesgo el gran business del cable, debía pagar un precio. Polanco pensaba exigir una indemnización multimillonaria. Campeón del favor político, consideraba que disponía de un derecho reconocido que le permitía exigir la correspondiente compensación a un Gobierno que había aprobado —aunque se tratara de un regalo concedido en el último minuto— una operación que Bruselas prohibía.

En la sede de Telefónica sospechaban que tras el rosario de recursos que Polanco planteaba se escondía una estrategia inconfesable, y es que, mientras la disputa se mantuviera viva en el plano legal, la operadora tendría las manos atadas a la espalda para recobrar su libertad y desarrollar de forma independiente sus propios proyectos de cable. Retrasar el cable significaba salvaguardar el monopolio de Canal Plus como única fórmula de televisión de pago existente en España, lo que explica que los Polancos nunca tuvieron una actitud activa en el contencioso con Bruselas a propósito de Cablevisión.

El jueves 26 de septiembre, Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián acudieron a desayunar a la sede de Gran Vía 28. Ambos se resistían a soltar la presa, tratando de convencer a Villalonga de que el mejor socio posible para él seguía siendo Canal Plus. Pero, en aquel desayuno, el amigo de Aznar adelantó a sus invitados un mensaje que no esperaban: «Telefónica va a recuperar su libertad».

La liquidación de Cablevisión, un episodio que se plasmó ante notario y corredor de comercio en torno al 18 de octubre, no provocó la ruptura de relaciones entre Prisa y la operadora, «Conseguimos salvar los muebles», asegura Revuelta. Los Polancos, sin embargo, no debieron pensar lo mismo, porque, pasado el tiempo, Cebrián les echó en cara su convencimiento de que la voladura del proyecto del cable había sido una operación impuesta por el Gobierno.

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Mientras sé libraba la batalla de Cablevisión, la idea de una plataforma digital pilotada en la sombra por Miguel Ángel Rodríguez progresaba con enorme dificultad. Más que un proyecto en marcha, aquello era una nave botada al mar y abandonada «en la soledad de los vastos desiertos marinos», que diría William Hodgson. Un relato de terror plagado de voluntarismo, ineficacia y contradicciones.

En principio parecía lógico que aquella embarcación, con marinería perteneciente a varias empresas, estuviera comandada por RTVE. ¿Quién podía desarrollar una plataforma digital de televisión en España? Nadie mejor que Televisión Española. De cajón. Aquél era un proyecto que debía, pues, ser liderado por el director general de la televisión pública, idea que recibió el apoyo incondicional de Televisa. Telefónica era vista entonces como un mero socio tecnológico, que podría llegar a contar con una participación minoritaria.

Pero, al frente de un tinglado como el de RTVE, Rodríguez, en un gesto de notable insensatez, había promovido a una joven tan delicadamente naïf como inexperta: Mónica Ridruejo.

Hacía muy poco que Villalonga había conocido a la Ridruejo, imperial en su determinación al anunciar, en el despacho que correspondió a Cándido Velázquez en Gran Vía 28, que «tengo el encargo del Gobierno para liderar este proyecto y sacarlo adelante, y lo voy a hacer», magnífica la pose, y ese leve matiz de indiferencia con el que trataba de disimular la falta de confianza de quien dice una cosa y, si se ve cuestionada, es capaz de argumentar la contraria.

Javier Revuelta la saludó por primera vez en septiembre, en el despacho de Villalonga, y por detrás de su esquiva altivez descubrió enseguida los miedos de una mujer-niña que, parapetada tras la aureola del cargo, quería hablar exclusivamente con Juan Villalonga, La directora general de Televisión Española sólo trataba con el presidente de Telefónica.

¿Qué ocurrió? Que a Mónica le vino grande el asunto. Mónica es una mujer inteligente y capaz, pero no entendió nunca lo que era la televisión digital, ni el calado de la operación que se le había encomendado. Desprovista de la formación específica adecuada, se había rodeado de un grupo de abogados dispuestos a poner toda clase de pegas. Más que protegerla, la tenían maniatada. Para cada solución había un problema. Y para cada problema, una serie de informes, análisis, prospecciones… Una forma de trabajo absolutamente correcta en el mundo empresarial, pero no tanto en la situación política que se vivía en aquellos momentos, con un Gobierno cuestionado que exigía la toma de decisiones rápidas.

Y llegó un momento, hacia mediados de septiembre, en que la tripulación se dio cuenta de que el barco no avanzaba, de modo que, como en el motín de la Bounty, parte de la oficialidad convino en que era necesario cambiar de capitán. Fue entonces, en torno al 10 de septiembre, cuando MAR planteó el desembarco personal de Ansón en la operación. A Luis María, todavía director de ABC, le halagaba la idea de pilotar tamaño portaaviones. Su etapa al frente del periódico estaba terminada, se había comprometido con Televisa y contaba con nombre, contactos y fuerza suficiente para afrontar el reto.

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El domingo 20 de octubre del 96, el teléfono sonó pasadas las once y media de la noche en casa de Javier Revuelta. Lo cogió el dueño de la casa, medio dormido. Al otro lado del hilo estaba Juan Villalonga, Javier, quiero que te vengas ahora mismo, acabo de hablar con el number one y tenemos que reunimos de inmediato con Miguel Ángel para hablar de la televisión digital. Con gesto perplejo, Revuelta anunció a su mujer la novedad, tengo que salir, una reunión inaplazable, el jefe quiere verme, ¿a las once de la noche de un domingo?, sí, mujer, a las once de la noche de un domingo, ¿qué quieres que le haga?, vente conmigo si quieres, no me apetece nada, pero no tengo más remedio. Marta Blasco, nieta de Marita Villalonga e hija de los propietarios de la antigua cuadra Rosales, una gran fortuna en ejercicio, terminó consintiendo no sin una sombra de duda, ¿una reunión de trabajo a estas horas?

Javier Revuelta iba a conocer a Miguel Ángel Rodríguez, el famoso MAR, en una reunión que le impresionaría, entre otras cosas, por lo inusual del marco elegido, un bar del paseo de Rosales[5], en un domingo desapacible de octubre, un recinto casi desierto y al fondo, en un rincón, tres hombres que parecían llevar la manija de algún asunto trascendente.

Cuando llegó a Rosales 20, el reloj había rebasado ya la media noche. Nada más otear el panorama, Revuelta descubrió a Villalonga sentado al lado de Rodríguez. El portavoz estaba exponiendo los propósitos del Gobierno. Revuelta, lego en las lides de la política, se sentía impresionado por la aplastante seguridad con la que hablaba aquel hombre, nada menos que el secretario del Estado de la Comunicación, ¡joder!, esto debe ser palabra de Dios…

«La estructura del proyecto se basa en los siguientes principios —recitaba MAR—. Queremos una plataforma digital igual que la del Grupo Prisa, pero, primero, no me fío de Televisión Española; segundo, tampoco me fío de Telefónica, y tercero, sólo me fío de Televisa. Por tanto, Televisa gestionará la plataforma y tendrá el control mayoritario. El resto deberá conformarse con una participación minoritaria. Otra cosa, Antonio Asensio es nuestro hombre en el mundo de la comunicación y va a tomar una participación en el proyecto, lo que significa que hay que llegar a un acuerdo con él sobre los derechos del fútbol. Y hay que buscar un banco para que actúe como socio financiero, y ése debe ser el Santander, el único del que me fío. La sociedad tiene que estar constituida antes de finales de noviembre, de modo que hay que ponerse a trabajar en firme para la consecución del acuerdo…».

A la salida de tan singular reunión, tanto Villalonga como Revuelta, que no había parado de tomar notas, parecían ciertamente impactados por la tajante determinación con que Rodríguez había impartido su doctrina.

Hasta entonces, Telefónica había sido un simple compañero de viaje en el proyecto de la televisión digital, un actor secundario en la trama, que simplemente debía limitarse a oír, ver y callar. Y, seguramente, a poner dinero.

La idea de Ansón como líder del proyecto, sin embargo, duró un suspiro. Alguien en el recinto de Moncloa se dio cuenta de que el periodista no podía desembarcar como Televisa. Una empresa extranjera no podía liderar una plataforma española. Eso habría sido considerado un escándalo que hubiera terminado volviéndose contra el proyecto entero.

El protagonismo de Ansón, sin embargo, era más que evidente, como lo eran sus choques con una Ridruejo que, a pesar de todo, se resistía a ceder el control. La actitud de Mónica hacia Ansón cambió el día en que descubrió que tanto él como Asensio la estaban desplazando de una posición que inicialmente creía suya.

Y hubo un episodio ciertamente duro, que es buen ejemplo de la caída en picado de Mónica, y que tuvo por escenario el despacho de MAR en Moncloa. Ocurrió que el portavoz del Gobierno citó a los miembros de la plataforma para proceder a la firma de un determinado documento y, ante testigos varios, la directora de TVE, que desde hacía unas semanas venía dando largas, se negó en redondo a estampar su firma:

—¡Es una orden, Mónica! —la conminó Rodríguez.

—Pues muy bien, esa orden me la das por escrito.

—Mira, guapa, yo por escrito sólo hablo en el Boletín Oficial del Estado…

Y diciendo esto, estampó una sonora palmada sobre su mesa de trabajo y la echó del despacho.

Allí se produjo la liquidación de la Ridruejo, hasta el punto de que, de no haber llevado apenas tres meses al frente de RTVE, habría sido destituida de forma fulminante. Estaba, sin embargo, sentenciada. No obstante, con buen criterio, alguien decidió que tenía que aguantar y, puesto que estaba quemada, hacerle firmar lo que menester fuere antes de cesarla.

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Fue entonces cuando se acudió a Villalonga, que aceptó el guante que le tendían. «Juan entró en el proyecto como un torrente, hasta el punto de que, dada la potencia de fuego de Telefónica, hubo un momento en que tanto RTVE como Televisa se sintieron avasalladas por su empuje», asegura Ansón.

Pero en Moncloa entendían que la potencia financiera de Telefónica no era suficiente para sacar adelante una televisión digital y que, dada la actitud negativa de TVE, era necesario dar entrada en el proyecto a alguien que tuviera experiencia en televisión. ¿Quién podía ser ese hombre? Asensio. Había que echar mano de Asensio. «Y entonces es cuando el Gobierno me dice: “Luis María, entiéndete con Asensio”», asegura Ansón.

La aparición en escena del propietario de Antena 3 —que podría haber llegado a ser, sin duda, el presidente de la plataforma digital— no era en absoluto casual. Enfrentado a un panorama informativo abrumadoramente volcado a favor del PSOE, el Gobierno Aznar comprendió enseguida la importancia de reequilibrar la balanza. ¿A través de quién? Del único editor más o menos independiente que no pastaba en las praderas del felipismo.

El hecho cierto es que cuando, a caballo entre septiembre y octubre, Asensio se sentó en la mesa de negociación con Telefónica, Televisa y TVE, el editor era ya un hombre muy fuerte, y no sólo porque sobre la mesa ponía la propiedad de Antena 3, sino fundamentalmente porque aportaba el fútbol, y era el fútbol lo que le daba su fuerza negociadora.

En esta odisea de meses, que revela el grado de improvisación que, en ésta como en tantas otras materias, acompañó la llegada del PP al poder, nadie tenía las ideas claras. Tampoco Telefónica. El equipo de Juan Villalonga recelaba de un negocio que desconocía: «Esto de la televisión digital, nos decíamos, va a requerir inversiones muy fuertes en un negocio que no es el nuestro. ¿Qué se nos ha perdido a nosotros en la televisión por satélite? Lo nuestro es el cable, y, además, está el problema del fútbol de por medio, porque seguro que nos van a hacer cargar con el mochuelo de los derechos del fútbol. Definitivamente, esto es un follón: vamos a darle hilo a la cometa…».

Y estuvieron dándole «hilo a la cometa» durante algunas semanas con la esperanza de que el panorama se clarificara lo suficiente como para poder tomar un decisión. Sin embargo, en la segunda quincena de octubre el impasse hizo crisis. Era el momento más bajo del Gobierno. A excepción del diario El Mundo y la cadena COPE, que por otro lado prestaban un apoyo crítico, el Gobierno no contaba con ayuda mediática alguna, porque hasta la televisión pública, poblada de afectos al felipismo, pretendía jugar la baza de una neutralidad que había ignorado hasta entonces.

Mientras esto ocurría entre las huestes de MAR, en la acera de Polanco su proyecto de televisión digital avanzaba a pasos agigantados. El 10 de octubre, Rodríguez y Juan Luis Cebrián habían mantenido una última reunión, esta vez en el despacho de Moncloa del primero.

Cebrián llegó con un ultimátum bajo el brazo:

—O entramos con el 51 por 100, o nada. La respuesta de Rodríguez fue igualmente contundente:

—Yo no puedo garantizarte ni el 51 ni el 45. Habla con el resto de los socios, pero tengo la sensación de que te van a mandar a paseo, y si pides que el Gobierno intervenga para que se te adjudique un porcentaje determinado, ya te adelanto que no lo vas a conseguir ni de mí ni de nadie.

Rodríguez no entendía la insistencia de Cebrián en negociar apelando a la intervención del Gobierno:

—Hazlo de otra manera. Acepta el 20 por 100 del capital, lo que sea, y negocia los canales, porque nadie va a decir «no» al que tiene el conocimiento del negocio. Y vende tus listados.

—No, yo no puedo vender los listados, porque no puedo ir al Consejo de Administración a decir que hemos perdido el control sobre la televisión de pago.

—Pero ¿de qué control me estás hablando, si en dos años nadie va a controlar la televisión de pago?

No lo entendió, y ahí se terminaron las conversaciones con Prisa, conversaciones que, siguiendo las instrucciones de Rodríguez, se habían iniciado a buen ritmo en la sede de Telefónica para tratar de constituir el consorcio de accionistas de la futura Vía Digital.

* * *

Revuelta no olvidará fácilmente la primera reunión conjunta, 5 de noviembre del 96, que las «fuerzas vivas» del futuro consorcio celebraron en Gran Vía 28, con asistencia de Luis María Ansón, Antonio Asensio y Mónica Ridruejo.

Juan Villalonga y Javier Revuelta, con Eduardo Alonso (que, al frente de Telefónica Multimedia, era el que sabía algo del asunto) al teléfono, se encargaron de recibir al trío de ases. Pronto se vio que Asensio y Ansón llegaban muy de la mano, con la lección bien aprendida y mejor ensayada. «Yo no sé si estaban confabulados, pero lo cierto es que se daban el relevo perfectamente. Ansón hablaba y Asensio asentía, hasta el punto de que Antena 3 y Televisa, Asensio y Ansón, eran la misma cosa».

Y allí, en el noble recinto de la biblioteca de Telefónica, donde normalmente se reúne el Comité Ejecutivo, seguramente inspirado por lugar tan cargado de sabiduría, Ansón pronunció un discurso inenarrable, una filípica ejemplar, quiero que quede claro que estoy aquí por encargo del presidente del Gobierno, y que ese encargo ha empezado con mi pase a Televisa (…), y eso es así porque Aznar ha ganado las elecciones gracias a mí y a este señor que está a mi lado, Antonio Asensio, y conviene que no lo olvidéis nunca, que el Partido Popular está gobernando gracias a nosotros…

Los de Telefónica le miraban aturdidos porque Luis María Ansón les estaba diciendo en sus barbas, con una arrogancia sin límites, que le debían el puesto que ocupaban, «todo se lo debíamos a él, y eso, en definitiva, quería decir que tenía que ser compensado de alguna manera».

El planteamiento del periodista y académico, que parecía hablar investido de toda autoridad, era que había que constituir una plataforma digital de la que Telefónica formaría parte, por supuesto, pero que no podría dirigir nunca porque esa función quedaba en manos de Televisa. El segundo punto a considerar era que había que comprar los derechos del fútbol al señor Asensio al precio que fuere, a cualquier precio, y que quien tenía que comprarlo era Telefónica.

El de Ansón era un discurso de una politización casi obscena. Allí estaba él «para cumplir un encargo del presidente del Gobierno», un encargo difícil de creer, porque «cualquiera que conozca mínimamente al presidente del Gobierno sabe que jamás hablaría en esos términos», asegura Villalonga.

Superada por las circunstancias, la Ridruejo callaba y asentía, apoyando los argumentos de Ansón, desbordada por Ansón. Tampoco hablaban en demasía los «telefónicos», ciertamente impresionados por el verbo convincente y fluido del académico, debe ser verdad, tiene que ser cierto que cuenta con todas las bendiciones, habrá que atenerse a lo que él diga, pero ¿y si no lo fuera así?, ¿y si estuviéramos ante un charlatán de feria? ¡Joder!, es que no sabíamos el terreno que pisábamos, estábamos diciendo, oye, tendrá razón, será un enviado de Aznar, y creo que hasta el propio Juan, que lo conoce bien, se lo planteaba, sobrado de dudas, ¿será o no verdad? Tiene cojones la cosa… Y Ansón decía algo y Asensio lo corroboraba con absoluta determinación, con entusiasmo incluso, había que comprar el fútbol a cualquier precio, lo que Asensio diga, ¿eh?, porque el fútbol es el elemento desequilibrante, y tiene que comprarlo Telefónica, claro, y Telefónica a poner el dinero y a callar, sin rechistar, y todo nos pareció como absolutamente surrealista, alucinante…

Tardaron varios días antes de que les desapareciera la cara de susto. «Teníamos la impresión de estar pisando arenas movedizas —asegura Revuelta—. Yo no sabía si había que hacer caso a Asensio, ni qué importancia tenía Ansón, ni qué papel jugaba TVE, porque todos venían como embajadores de La Moncloa. Es cierto que habíamos recibido una consigna de MAR, pero yo, que llevaba la negociación, no sabía si había que apretarles las tuercas o, simplemente, ponerse a sus órdenes y decirles: señores, pasen y elijan lo que ustedes quieran».

Pedro Arrióla, asesor presidencial, que poco después pasaría a serlo también de Villalonga en Telefónica, contribuyó a poner cierto orden en el caos mental que se apoderó de los telefónicos. Buen conocedor de los entresijos de Moncloa, fue poniendo a cada uno en su sitio, aclarando ideas, punteando un who's who que se, antojaba esencial para saber de quién había o no que fiarse, quién tenía o no autoridad para hablar y exigir.

«Yo creo que Arrióla, que se conocía a todos los personajes, rebajó mucho el caché del elenco de actores, desdramatizando la opinión de gente como Rodríguez, lo cual nos ayudó a encajar las piezas y a relativizar la importancia de algunas manifestaciones llenas de engolada afectación».

A Villalonga le habían embarcado en una chalupa de la que ya no podía apearse. Tenía que continuar hacia adelante, patada a seguir, pero, tras la reunión en la biblioteca, una idea comenzó a abrirse tímidamente paso entre su gente: si la compañía iba a tener que poner la «pasta», ¿por qué no controlar y liderar el proyecto?

* * *

En torno a la reunión descrita, Telefónica empezó a contactar con los potenciales socios de la plataforma digital auspiciada por el Gobierno. Javier Revuelta quedó definitivamente encargado de las negociaciones para sacar el proyecto adelante. Dieron así comienzo una serie de contactos con los distintos grupos interesados, TVE, Asensio y su Antena 3, por supuesto con Ansón y Televisa, Tele 5, el Grupo Correo, la norteamericana Direct TV y el grupo japonés Hitochu, aparecido de repente como caído del cielo.

Todas las tardes, a partir de las siete y hasta cerca de las diez de la noche, el despacho de Revuelta se llenaba de personajes, todos teóricamente expertos en televisión, dispuestos a oír las sabias palabras de un lego en la materia como él. Hasta que una lluviosa tarde de noviembre, sin testigos incómodos, el equipo directivo de Gran Vía 28 empezó a diseñar la composición del accionariado, venga, hagámoslo como un ejercicio teórico, un esquema general de reparto, y bueno, ¿cuánto para Telefónica? Pues el 30 por ciento, y ¿por qué no el 35? «Y surgió así, casi como un juego, se trataba de ver cómo repartíamos eso, algo bastante complicado porque no sabíamos con qué socios íbamos a contar, ni en qué escenario nos íbamos a mover».

Todavía más complicado por cuanto que no se habían roto los contactos con Jesús Polanco. Los de Prisa se negaban a aceptar la idea de perder a Telefónica como socio de su plataforma digital, y lo hacían por idénticos motivos que Ansón y Asensio, porque todos sabían que el cash flow de la operadora permitía pagar las rondas de casi todas las fiestas que pudieran darse en España. Y Villalonga, enmascarando la obligación de unirse al carro que en Rosales 20 había aparejado MAR, daba «hilo a la cometa», estamos estudiando qué hacer con ese tema, pero todavía no lo tenemos claro, no sabemos por dónde tirar…

Hasta que el viernes 15 de noviembre, en Gran Vía 28, tuvo lugar una reunión que ni Villalonga ni Revuelta olvidarán fácilmente mientras vivan. Aquel día, el consejero delegado tenía previsto volar a Barcelona por la tarde, pero antes del almuerzo Villalonga le pidió que suspendiera el viaje, porque «van a venir Polanco y Cebrián para hablar de la televisión digital».

A la hora anunciada, los capos de Prisa tomaban asiento en torno a la mesa redonda que presidía el horrendo despacho (pan de oro conformando una barroca y decadente estética franquista), que fue de Cándido Velázquez y sus antecesores. Polanco lo tenía claro: Telefónica es el socio ideal para Sogecable y estamos dispuestos a todo con tal de contar con vosotros en nuestro proyecto de televisión digital, pero ese «todo» no es gran cosa, o eso piensa Juan Villalonga, decidido a templar gaitas, estoy convencido de lo mismo, de que Sogecable es el mejor socio potencial para Telefónica, porque ambas empresas son complementarias, pero para nosotros es muy importante tener el mismo porcentaje de capital que vosotros, es decir, una compañía como la nuestra no puede tener una participación inferior a la de Sogecable.

¿Paridad? Ni por asomo. Polanco no estaba dispuesto. El tenía su propio diseño del negocio, un diseño no exento de racionalidad: nosotros el 51 por 100 y vosotros el 49 restante, y, desde luego, la gestión, nuestra; el control de los abonados, nuestro, y la facturación, también… Telefónica pone la tecnología, porque vosotros sois un carrier, vosotros transmitís la señal, que es lo que sabéis hacer, y además lo hacéis muy bien, y nosotros nos ocupamos de los contenidos y de la gestión. Cada uno a lo suyo.

Villalonga rechazó este planteamiento. Telefónica no podía ir de segundón en una actividad llamada a convertirse en un negocio estratégico para la compañía, no podía renunciar a coliderar ese proyecto en igualdad de condiciones. La paridad en el reparto accionarial y en la gestión son condiciones inexcusables para cualquier arreglo, enfatizó el telefónico, porque otra cosa no se entendería de una compañía de esta dimensión, llamada a tener un papel destacado en cualquier negocio de comunicación. Pero Polanco seguía firme, inamovible en su argumentación: Telefónica, insistía, debía limitarse a ser un mero socio tecnológico, porque ellos eran los que sabían de televisión, ¿o tienes alguna duda de eso, Juan?

Pero tampoco Villalonga daba su brazo a torcer, no podía admitir ese planteamiento, y como parecía que el acuerdo no iba a ser posible, se atrevió a dar un paso al frente y desvelar sus planes, la oportunidad que estaba esperando de separarse de Polanco, sin herir a Polanco, había llegado rodada, de modo que, sin pensarlo dos veces, anunció que la operadora iba a emprender un camino independiente para desarrollar su propio proyecto de televisión digital, queremos tener el control de la situación y la capacidad de gestión, y no pasa nada, Jesús, si ahora no nos ponemos de acuerdo, porque son casi infinitos los terrenos en los que podremos colaborar en el futuro. El nuestro es un proyecto empresarial que no va contra nadie, y como botón de muestra ahí está el caso del fútbol, no hemos querido comprar el fútbol de Asensio, y si yo hubiera querido ir a por vosotros lo hubiera hecho, porque me sobran recursos para machacaros…

Polanco se sintió agredido. Haciendo evidentes esfuerzos por mantener la calma, comenzó a recordar a sus anfitriones algunas verdades elementales en la España de nuestros días: Juan tenía que ser consciente de la fuerza del Grupo Prisa, «porque tú todavía no sabes lo que es un editorial de El País», y de lo que podía significar que él pusiera sus medios en contra de Telefónica…

La marea iba in crescendo. Jesús Polanco, progresivamente tenso, envarado, casi crispado, advirtió a Villalonga que había hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo, porque nosotros somos la televisión de pago en este país, y Telefónica tiene que venir con nosotros para hacer el satélite, pero si Telefónica va por otro lado —decía casi a voz en grito—, si sigues adelante con esa idea de lanzar tu propia televisión digital compitiendo con Sogecable, entonces debes estar preparado, prepárate, sí, prepárate porque, primero, me cargo la próxima OPV, te lo advierto, me cargo la privatización de Telefónica sin dudarlo un momento; segundo, pongo la acción en Bolsa por los suelos, te lo repito, por los suelos, y tercero, te hundo además el valor en Wall Street, porque os hago una campaña en los medios internacionales amigos que duráis dos días al frente de esta compañía…

Juan Villalonga reculó anonadado. Respetuoso y considerado con el editor cántabro, para quien había realizado algunos trabajos en su anterior empleo como representante de Bankers Trust en España, jamás había podido imaginar algo semejante, tamaña exaltación de soberbia, el gesto crispado, rojo de ira, los minúsculos vasos sanguíneos que se dibujan bajo sus pupilas a punto de estallar.

No había más que hablar. Había sido una reunión muy dura, muy desagradable, casi dos horas y media festoneadas por momentos de mucha tensión, en la que se oficializó el divorcio entre Polanco y Villalonga, a pesar de que, a la salida, un Cebrián que se había mantenido en un segundo plano, muy en su papel de componedor de descosidos, trataba de quitarle hierro a lo ocurrido con un par de gracietas intrascendentes.

En el ánimo de Villalonga y Revuelta quedó flotando, como una carga ominosa, la triple amenaza que Polanco formuló aquella tarde contra Telefónica, amenaza que cumpliría casi al pie de la letra en los meses y años siguientes.

* * *

Tras dejar a Polanco y a su segundo, los telefónicos se dirigieron a toda prisa al restaurante Zalacaín. La cabeza de Villalonga era una olla a presión. Nadie le había amenazado nunca de forma tan directa con poner sus medios, que son muchos, para torpedear su gestión, hacer fracasar la colocación en las bolsas y arruinar la cotización, y ello no sólo a través de su Grupo, sino apelando a su capacidad de influencia en medios extranjeros, que estarían dispuestos a seguir sus dictados.

En uno de los reservados del famoso restaurante estaban citados para almorzar con Antonio Asensio y su chico para todo, Manuel Campo Vidal, y abordar el tema de la plataforma digital y los derechos del fútbol. En realidad, al editor le importaba muy poco ese proyecto. Todo su interés estaba centrado en «colocar» los derechos del fútbol y hacerlo a un precio que le permitiera liberarse de los agobios financieros que le tenían a punto de asfixia, y, además, hacerse rico. Y estaba dispuesto a ello porque, al margen del precio como tal, el editor reclamaba una cantidad extra, una especie de peaje de 10.000 millones de pesetas por ceder esos derechos.

Por primera vez los de Telefónica avanzaron la idea de que, en lugar de comprar el fútbol, estarían dispuestos a alquilarlo, de modo que la responsabilidad, los derechos y obligaciones contraídos con los clubes siguieran siendo de Asensio y de su sociedad (GMA), limitando el papel de la operadora a abonar a la citada sociedad una cantidad anual por la emisión de los partidos a través de la futura plataforma.

Desde Zalacaín, la procesión se trasladó a Televisión Española, donde los pesos pesados de la plataforma gubernamental tenían prevista una reunión para las cinco de la tarde al objeto de avanzar en la formación del consorcio y dilucidar el papel que debía desempeñar cada uno de sus miembros. Demasiados gallos para tan poco corral: Villalonga, Asensio, Ansón y Mónica. Todavía Mónica.

En el «Pirulí» de la calle O'Donnell todo el mundo preguntó, con un punto de ansiedad, por la situación del contencioso del fútbol. Y es que todos estaban muy interesados en el acuerdo del fútbol, pero pagando Telefónica. Era el problema de Villalonga, obligado a vérselas con grandes estrategas, cada uno de los cuales pretendía alcanzar una posición mayoritaria en el proyecto aunque, como de costumbre, con los duros de la operadora.

Y entonces Juan Villalonga dio una palmada sobre la mesa y enseñó por primera vez sus cartas. Se acabó lo que se daba: si Telefónica entraba en la plataforma digital tenía que ser liderando el proyecto y, por tanto, con una participación mayoritaria en él. Que quedara claro. Tanto Ansón como Mónica Ridruejo entendieron entonces que la operadora no se limitaría nunca a desempeñar un papel pasivo, actuando de mero financiador del futuro proyecto de televisión digital.

Había llegado el momento en que las personas mayores tomaran la dirección del negocio, enviando a los niños al cuarto de los juguetes.

* * *

A partir de ese momento Telefónica cogió las riendas del proyecto. Por fortuna, Javier Revuelta pudo contar enseguida con la ayuda de la consultora McKinsey, contratada para esbozar un business plan, de lo cual se encargaron una serie de especialistas en la materia llegados a España para explicar el negocio y su funcionamiento. Los trabajos de McKinsey sirvieron de presentación para las reuniones de las tardes con los distintos grupos. Revuelta pudo al fin respirar con alivio: ya tenía algo que enseñar a sus visitantes nocturnos.

En la tercera semana de noviembre se presentó ante los medios de comunicación el proyecto de televisión digital auspiciado por el Gobierno, presentación que, realizada en la sede de Telefónica, se sustentó en apenas cuatro ideas cosidas con alfileres, sin haber decidido aún la composición definitiva del accionariado y el porcentaje de cada socio. Lo único que estaba claro era que Telefónica tendría, al menos, una participación del 35 por 100.

Para entonces, los nervios de MAR lucían a flor de piel. Aquél parecía un barco varado en la arena que había que poner a flote a toda prisa porque el rival estaba a punto de hacerse a la mar. Había que firmar el acuerdo societario cuanto antes pero, en el rusb final, Tele 5 se desenganchó de la idea y fue preciso buscar a toda prisa una serie de pequeños accionistas de acompañamiento que, además, dieran cierto lustre pluralista al proyecto.

Se consiguió que entrara Telemadrid, cosa nada fácil a tenor del juego político de Ruiz-Gallardón, y que lo mismo hiciera la televisión valenciana merced a una gestión personal de Villalonga ante Zaplana, intervención que fue aún más importante a la hora de lograr la presencia del Grupo Recoletos. Subsistía la incógnita de TV3, dispuestos a entrar siempre y cuando hubiera acuerdo con Antena 3.

Porque ése seguía siendo el nudo gordiano que Villalonga tenía que deshacer. Con la estructura accionarial prácticamente cerrada, quedaba por resolver el espinoso asunto de los 10.000 millones que reclamaba de fee Antonio Asensio. Entre la espada y la pared, el presidente de Telefónica pidió un favor a su amigo Aldo Olcese:

—Oye, Aldo, tienes que conseguir que Antonio me rebaje un poco esa cifra para que yo pueda venderlo mejor aquí, ya sabes…

—No te preocupes, Juan, yo le voy a decir a Antonio que tiene que hacerte ese favor.

Y Asensio accedió a rebajar la cifra a 9.500 millones. El editor era tan magnánimo que no le importaba perder 500 millones con tal de permitir a Villalonga quedar bien ante su Consejo, y en especial ante el BBV y La Caixa.

Y es que el BBV, socio de Prisa en Canal Plus, se había mantenido en tierra de nadie en pleno fragor de la batalla digital, vigilando de cerca a Villalonga y presionando para que no comprara el fútbol de Asensio, hasta el punto de que en la operadora sentían la presencia del banco como la de un vigilante jurado poco amistoso. Un comportamiento en el que seguramente tenía mucho que ver la falta de confianza de la entidad en la solidez del Gobierno Aznar. Asustado ante la perspectiva de un rápido regreso de Felipe González al poder, Ybarra temía quedar al descubierto apostando por Villalonga en esta batalla, lo que sería tanto como quedar a merced de la poderosa maquinaria mediática polanquil.

El argumento del de Neguri era que Telefónica no estaba para comprar los derechos del fútbol, porque ése no era su negocio. Ybarra, murmuraban en la sede de Gran Vía, remaba en la misma dirección que Polanco.

En la última semana de noviembre, y con el acuerdo de intenciones prácticamente cerrado, Asensio se descolgó con la novedad de que Antena 3 no entraría en el accionariado de la futura plataforma si antes no se resolvía el contencioso del fútbol, de modo que los telefónicos tuvieron que rescatar a toda prisa la vieja fórmula del alquiler de los derechos. Tres días antes de la fecha prevista para la firma, Asensio aceptó un documento, negociado en su nombre por Miguel Roca, con las condiciones del alquiler del fútbol durante cinco años y el pago de los polémicos 10.000 millones de pesetas «extras». Una cifra que quedó dividida, con todo, en varios plazos, el primero de los cuales estaba vinculado a la firma ante notario del acuerdo definitivo de constitución de la nueva plataforma digital (cosa que estaba prevista, como muy tarde, para el 30 de enero del 97), pero no antes, porque podía ocurrir que no llegara a constituirse nunca.

Antonio Asensio se había mostrado de acuerdo con esa caución, pero el 26 de noviembre, apenas cuarenta y ocho horas antes de la fecha fijada para la firma del acuerdo de intenciones, su hombre de confianza, Manuel Campo Vidal, dijo que no, que esa cifra tenía que pagarse el mismo día de la firma del mencionado acuerdo.

Y como Telefónica, firme en su postura, se negara a ceder, Campo Vidal, con instrucciones claras de Asensio, anunció, para sorpresa de todos, que retiraba el documento del fútbol, preferimos no firmar ahora, aseguró con gesto huidizo, ya discutiremos esto más adelante. Asensio se desdecía así del que hasta entonces había sido su gran argumento: que el fútbol y la constitución de la plataforma eran la misma cosa. A Revuelta esa decisión le pareció extraña.

Antonio Asensio estaba ya cocinando la «traición» que el 24 de diciembre le llevaría a cambiar de bando. Agobiado desde el punto de vista financiero, necesitaba ese dinero y lo necesitaba ya, porque en las primeras semanas de diciembre tenía que afrontar una serie de pagos millonarios con los bancos que habían financiado su paquete de Antena 3, y tal y como los hombres de Telefónica habían configurado los documentos, hasta el día 30 de enero no iba a recibir un duro por el fútbol. Y eso no resolvía sus problemas.

* * *

Llegó el ansiado día, jueves 28 de noviembre del 96, de la firma del acuerdo de intenciones sin que los problemas hubieran desaparecido del todo. Con los textos prácticamente cerrados, el hombre que no quería firmar ese acuerdo ni ningún otro iba a aprovechar al máximo un par de asuntos menores que quedaban pendientes para bloquear la firma. Definitivamente, Asensio no quería ceñirse a ningún compromiso, aunque estaba obligado a guardar las apariencias hasta el final.

Javier Revuelta había quedado a las siete y media de la mañana en la sede de Gran Vía con Antonio Asensio y sus abogados al objeto de introducir los últimos retoques al documento. Hora tan temprana venía explicada por la agenda del día: a la una de la tarde la plana mayor de la operadora emprendía viaje, vía Francfort, hacia la lejana Asia, donde Villalonga quería explorar algunas posibilidades de negocio.

A la hora fijada, una secretaria hizo su entrada en el despacho de Revuelta:

—Acaban de llegar unos señores de Barcelona; dicen que son los abogados del señor Asensio y de TV3.

—¡Ah!, muy bien, que esperen fuera —respondió Revuelta.

Esperando quedaron hasta que, casi una hora después, el propio Asensio hizo su entrada en el despacho de Revuelta hecho una fiera:

—¡Esto es una falta de cortesía inadmisible! ¡Habéis despreciado a mis abogados, que llevan ahí una hora encerrados sin que nadie les dirija la palabra!

—Oye, Antonio, que yo había quedado contigo —replicó Revuelta— para negociar el documento. Tú no me dijiste que iban a venir tus abogados, ¿qué quieres que le haga?

—¡Esto es una falta de respeto inaceptable! ¿Y sabes una cosa? ¡Que no estoy dispuesto a firmar ese documento, y no lo voy a hacer de ninguna forma!

La gran representación estaba en marcha. En escena apareció Mónica Ridruejo, dispuesta a contemporizar. Intento vano. Llegó también Ansón, decidido a poner a prueba sus habilidades de componedor. «No firmamos, no firmamos». Y por el edificio corrió como la pólvora la sospecha de que aquello iba a terminar como el rosario de la Aurora, con los medios de comunicación esperando en la planta noble el momento de la foto para el recuerdo y el avión de Iberia listo para salir desde Barajas en dirección Francfort…

«Antonio quería zafarse a última hora —asegura Revuelta—, y la escenita le liberaba de la obligación moral de firmar un acuerdo que no le convenía y que iba a hacer aún más difícil de explicar los pactos que estaba a punto de suscribir con Polanco. Fue una auténtica sesión de teatro».

Había también otros motivos por los que Asensio, y esta vez con razón, se negaba a firmar. Uno de ellos fue la introducción de una cláusula, que no figuraba en el contrato original, por la cual durante los tres primeros años de funcionamiento los socios se obligaban a reponer las pérdidas según se fueran produciendo y no al final de cada período, como hubiera sido razonable, otorgando derecho preferente al resto para cubrir la participación de aquel que no pudiera atender sus compromisos. Esa cláusula, unida al plan de negocio que se había diseñado, parecía abocar a la sociedad a una serie de ampliaciones de capital sucesivas que Asensio difícilmente podría atender. Aquello parecía destinado a estrangular a un hombre situado permanentemente en el filo de la navaja financiera.

Con Asensio al pie del ascensor dispuesto a abandonar el edificio de Gran Vía entre el escándalo del respetable, Villalonga lo cogió por el brazo, oye, Antonio, no me puedes hacer esto, están aquí los fotógrafos, las televisiones, todo el mundo esperando, me partes por la mitad si te vas… El regreso de Asensio al teatro de operaciones supuso borrar de un plumazo la cláusula de marras.

La ansiada firma tuvo lugar, por fin, a las 11,20 de la mañana. Tras la foto de rigor, las gentes de Telefónica salieron de estampida con dirección a Barajas dispuestas todavía a coger el avión que despegaba en menos de media hora.

Aquél fue el beso de Judas de Antonio Asensio. En la foto de familia de los participantes del magno acuerdo faltaba el hombre de confianza de Asensio, «el chico de los recados», que decían en Telefónica, del editor catalán; ¿dónde está Manolo Campo?, preguntaba Javier Revuelta frente a los fotógrafos, doblándose a izquierda y derecha como un junco de ribera, no está, respondía Asensio con cara de circunstancias, se ha tenido que ir a Barcelona porque tiene a su madre muy enferma.

La realidad es que, mientras Asensio firmaba de mala gana el documento, su entonces hombre de confianza, Manuel Campo Vidal, «una persona que nunca vino de frente, siempre con informaciones limitadas y sesgadas», estaba reunido a la misma hora con Juan Luis Cebrián, negociando el cambio de bando. La traición se estaba consumando.

* * *

Tanto habían querido apretarle que, mago del regate y del juego de poker, Antonio Asensio terminó por jugársela a Juan Villalonga en la ruleta de Jesús Polanco, algo que habría resultado inimaginable apenas unos meses antes.

En efecto, a lo largo de septiembre y octubre la querella entre Polanco y Asensio, con el fútbol televisado como punto de fricción, rebasó las páginas de los periódicos para llegar hasta los tribunales de justicia. El editor catalán, con la ayuda del PP antes del 6 de marzo y del propio Gobierno Aznar después, se había colado de rondón en un negocio —esta vez el fútbol de pago— que Polanco, cómo no, consideraba suyo.

Todo había empezado por un exceso de confianza de Prisa que su dueño terminaría pagando muy caro. Casi dos años antes, en el verano del 95, Asensio había reunido a un grupo de directivos del grupo en su casa de Marbella para anunciarles, ante la sorpresa general, que el negocio del futuro, el inesperado caladero de millones donde podrían pescar los más atrevidos, se llamaba fútbol. «Aquello nos pareció una locura», asegura Javier Gimeno, ex consejero delegado de Antena 3.

En efecto, de acuerdo con el mago Asensio, el futuro del negocio audiovisual pasaba por el control del balompié, de modo que había que poner manos a la obra para conseguir cambiar la filosofía de la Liga de Fútbol Profesional y, por ende, la fórmula de contratación audiovisual de los equipos. Merced a su tesón habitual, aquel anuncio se transformó en la creación de la sociedad GMA, como futura titular de los derechos de retransmisión.

Mientras Asensio y sus gentes se dedicaban a la tarea, Polanco y sus «ricoshomes», confiados en que nunca nadie se atrevería a entrar en un jardín que creían suyo, se echaban a dormir la siesta. Cuando quisieron despertarse, Asensio, con la eficaz ayuda del secretario de Estado para el Deporte y los presidentes de algunas comunidades autónomas, se había hecho con los derechos de los más importantes clubes españoles.

El dueño de Zeta reforzó su posición con el acuerdo alcanzado con TV3 gracias a los buenos oficios de su tradicional mentor político, Jordi Pujol. Con ello, Asensio pudo unir a su «escudería» el Fútbol Club Barcelona y el R.C.D. Español, cuyos derechos eran propiedad de la televisión autonómica catalana, lo que terminó por configurar una opción imbatible en el panorama del fútbol televisado.

Asensio le había echado un pulso a Polanco, y eso es algo que en España nunca sale gratis. Sin embargo, el cántabro, asediado por la inminencia de la temporada 96/97, se vio obligado a hacer de tripas corazón. De modo que el 16 de agosto del 96, y a petición del Grupo Prisa, Matías Cortés y Juan Luis Cebrián se sentaron a almorzar con Javier Gimeno y Miguel Roca en el restaurante barcelonés Reno.

Fue un almuerzo que empezó a las dos y acabó a las ocho de la tarde y en el que se establecieron las bases de una futura colaboración entre ambos grupos. Se trataba, en concreto, de unificar criterios para aportar los equipos controlados por cada uno a una bolsa común, como paso previo a la comercialización del producto por las dos plataformas de televisión digital que se perfilaban en el horizonte español. Las relaciones de Asensio con el Gobierno eran entonces excelentes, lo que explica que el editor defendiera una solución que no marginara a la futura Vía Digital.

El encuentro de Barcelona tuvo continuidad diez días después en una cena celebrada en la sede de Prisa, Gran Vía 32. Pero esa noche quebró el vaso de cristal tan laboriosamente tallado en Reno. El principio de acuerdo allí alcanzado saltó en mil pedazos. ¿Razón? La de siempre tratándose de los Polancos: Prisa pretendía el monopolio, de forma que el fútbol sólo pudiera verse a través de su plataforma de pago, Canal Satélite Digital (CSD).

Como quiera que esa pretensión alteraba radicalmente la filosofía de lo pactado en la Ciudad Condal, previa consulta telefónica con Asensio, Roca y Gimeno dieron allí mismo por zanjada la reunión cuando apenas eran las once de la noche.

Habría un nuevo intento, casi a la desesperada, de reanudar las negociaciones en una reunión mantenida, con representantes de menor nivel que los anteriores, en torno al 10 de septiembre en el hotel Villamagna de Madrid. Pero de nuevo las exigencias de Prisa impedirían avanzar un paso.

Aquél fue el pistoletazo de salida para la declaración de guerra de Polanco a las huestes de Asensio. A mediados de septiembre, el dueño de Antena 3 tuvo conocimiento de la presentación de una denuncia secreta contra él ante la Fiscalía Anticorrupción sobre la base argumental de la maraña societaria por él tejida en torno a Antena 3 Televisión. Un episodio que nunca vio la luz en la prensa, y sobre cuya autoría se hicieron todo tipo de conjeturas en el Grupo Zeta, desde que el responsable hubiera sido el productor José Frade hasta, naturalmente, que se tratara del Grupo Prisa, tan bien posicionado en los ambientes judiciales españoles, para, de esa forma tan «amistosa», intentar presionar al editor al objeto de llegar a un acuerdo sobre el fútbol.

La denuncia, que nunca llegó a mayores, sirvió para atizar la hoguera de un enfrentamiento entre ambos grupos que alcanzó una violencia verbal realmente aparatosa. El 18 de septiembre, Antena 3 y Canal Plus llegaron a los tribunales en su disputa por los derechos del fútbol. Fueron tiempos duros. La SER y El País, con la objetividad que les caracteriza cuando los intereses económicos de su propietario están en juego, se lanzaron a fondo por la quebrada de la heterodoxia financiera de Asensio, denunciando el entramado de empresas por él manejadas y su participación en el capital de algunos clubes del fútbol, cosa que vulneraba la Ley del Deporte. Asensio respondió al fuego enemigo con declaraciones muy duras contra Prisa y con comunicados en los que se mofaba de la objetividad e independencia de ese grupo y se acusaba a Polanco de manipular y tergiversar la realidad.

Una pelea sin cuartel, como siempre que hay mucho dinero en juego. El 20 de octubre, El País descubría el Mediterráneo con una historia maravillosa: «Jordi Pujol, el poder detrás de Asensio». En efecto, hasta la llegada de Aznar a Moncloa, Pujol había sido el baluarte político, el escudo protector de Antonio Asensio, tanto en Cataluña como en el resto de España. Y no por casualidad. Paradojas del nacionalismo étnico, Pujol era y es un político cogido, en lo que a prensa escrita se refiere, por la tenaza de El Periódico de Catalunya (Asensio) y La Vanguardia (conde de Godó), un apoyo que siempre le ha resultado fundamental desde el punto de vista electoral frente a Pascual Maragall.

Y el 27 de octubre, Pedrojota terciaba en la disputa en su homilía dominical de El Mundo: «Lucifer regatea a Belcebú», o el relato de cómo Asensio había burlado la posición hegemónica de Polanco en el fútbol.

* * *

Echarle un pulso a Polanco parecía especialmente arriesgado para un hombre como Asensio, siempre a punto de la asfixia financiera. Pero vivir peligrosamente al borde de la quiebra se había convertido para él en un estilo, casi en un arte. Durante años su estrategia había consistido en ganar tiempo. La mayoría de las veces el nuevo plazo se reducía a unos pocos meses de vida, que ese mismo tiempo se encargaba pronto de consumir para renovar las angustias de un poderoso con pies de barro que vivía del dinero ajeno, el gambeteo y el regate en corto. Estaba claro que esa situación no podría alargarse indefinidamente.

El artista, en todo caso, ha contado siempre con la benevolente complicidad de sus banqueros financiadores, tradicionalmente dos grandes bancos, Banesto y BCH, y la mayor caja del país, La Caixa. En torno a los hechos relatados, las obligaciones de Asensio con sus acreedores se elevaban a la suma de 42.000 millones de pesetas.

A principios de 1995, Javier Gimeno, ante las dificultades con las que chocaba la cadena para obtener nueva financiación entre la banca española, convenció a Asensio de la necesidad de acudir al mercado internacional, con la idea de iniciar una reestructuración sensata de esa deuda que le permitiera vivir sin agobios.

Claudio Aguirre, responsable para España de Merrill Lynch y amigo personal de Gimeno, aceptó lidiar con ese toro, aunque exigió meterse en las tripas de Antena 3 durante seis meses. El escrutinio al que él y sus analistas la sometieron concluyó con un préstamo sindicado, dirigido por el citado banco de negocios, por importe de 15.000 millones de pesetas a seis años y con un más que aceptable tipo de interés, préstamo que Asensio y Gimeno firmaron en Londres en diciembre del 95. Una operación que ciertamente dio media vida al editor.

Se cumplía así uno de los objetivos que Aldo Olcese y su sociedad, Fincorp, se habían fijado para la reestructuración de la deuda de Antena 3. Ligado toda su vida al mundo financiero, Olcese se había convertido en el broker, el asesor, el consultor, y, sobre todo, el amigo de Asensio.

Otro de tales objetivos, quizá el más importante, era la salida a Bolsa, contando con la promesa de que el nuevo Gobierno iba a revocar la limitación legal establecida en la Ley de Televisión Privada, según la cual una misma persona no podía ser propietaria de más del 25 por 100 de una cadena. Era uno más de los topes que Asensio se saltaba a la torera con la piadosa connivencia del Gobierno, primero del PSOE y después del PP, dispuestos a mirar hacia otro lado.

Más grave era el caso de las sociedades tapadera utilizadas por el editor para facturar a Antena 3, sociedades que, se sospechaba, actuaban como centros de beneficios mientras las pérdidas, si las hubiere, terminaban aflorando en la cadena.

Para hincarle el diente a ambos problemas, Olcese convenció a Asensio en el transcurso del 96 de la necesidad de meter en la casa a un banco de negocios de prestigio, S.G. Warburg, con la misión de colocar entre inversores internacionales parte de las acciones por él controladas a través de fiducias varias. Teóricamente esa operación parecía posible, puesto que la compañía ya había dado beneficios auditados durante el 95, pero era imprescindible desentrañar la maraña financiera de la cadena como paso previo a la salida al mercado en busca de nuevos recursos. Dos objetivos por el precio de uno. Se trataba de poner orden en la casa y dar cierta credibilidad a sus cuentas de cara a los potenciales nuevos inversores.

Warburg entró, pues, en escena con la misión de realizar un due diligence, mientras Aldo Olcese, en tareas de asesor y confesor de Asensio, realizaba funciones de contraste de lo que el banco de negocios iba decidiendo.

Las peleas de Asensio con el equipo de Warburg resultaron dignas de una historia del disparate.

Reñido con la más elemental ortodoxia financiera, el editor había firmado la compra de los derechos del fútbol sirviéndose para el pago de un crédito de 6.500 millones que le dio… ¡la propia Antena 3! Olcese se echaba las manos a la cabeza:

—¡Pero eso no se puede hacer, Antonio, no me jodas! Si quieres, reestructurar la deuda y salir al mercado en busca de capital nuevo no puedes andar haciendo este tipo de cosas, porque eso no es de recibo.

—¿Cómo que no, si Antena 3 es mía?…

—Precisamente por eso, porque no es cien por cien tuya, que tienes ahí unos socios minoritarios a los que debes alguna explicación.

—¡Ah!, es que pienso devolver ese dinero hasta la última peseta, y con sus intereses.

—¡Nos ha jodido, es que sólo faltaba…! Es que, además de devolver el préstamo con sus intereses, tendrías que ceder a Antena 3 un porcentaje de los beneficios futuros.

Era una pelea agotadora que se repetía milimétricamente un día sí y otro también, consecuencia de la forma de ser de un hombre acostumbrado a vivir al borde del precipicio.

* * *

El private placement de Warburg se cerró alrededor del 16 de diciembre del 96, con la colocación del 12 por ciento de Antena 3 y el aval del propio Asensio. Se trataba de una operación realizada mediante la fórmula de los GDR, acciones sin voto con títulos depósito (el Bank of New York actuaba como depositario), pero cuyos tenedores finales eran fondos de primera categoría, caso de Alliance, Capital, J. P. Morgan, etc.

La colocación, que en España levantó sospechas de que se trataba de una nueva fiducia, permitió la entrada de alrededor de 14.000 millones de pesetas, de los cuales casi la mitad eran plusvalías destinadas al pago de la deuda con Banesto. Al día siguiente de la firma, en efecto, Asensio extendió un talón por casi 7.000 millones de pesetas saldando la deuda que mantenía con el banco. Su nuevo dueño, Emilio Botín, que no daba un duro por el éxito de la operación, no podía creer tamaño milagro.

Pero Asensio, con independencia de su inteligencia y su demostrada capacidad de supervivencia en las condiciones más extremas, es hombre que si algo tiene de sobra es baraka, suerte, mucha suerte. La de Warburg, una operación casi mágica para él, era la mejor demostración. La colocación de aquel paquete se hizo en el momento oportuno, con la gente oportuna y al precio oportuno y, de no haber sido por ella, el editor lo habría pasado realmente mal.

Como broche obligado de la operación, no tuvo más remedio que desprenderse de sus sociedades tapadera. En diciembre del 96, pocas semanas antes de que la revista Época saliera denunciando el entramado, la situación quedó regularizada con la compra por Antena 3 de la totalidad de esas empresas.

Saldada la deuda con Banesto, su posición con el BCH era mucho más cómoda, ya que nunca había tenido que soportar ninguna gran presión de Amusátegui para ponerse al corriente con la entidad.

De manera que la situación de Antonio Asensio a finales del 96 no era tan desesperada como se decía, aunque la deuda, en torno a los 40.000 millones de pesetas (21.000 con el propio BCH, 8.000 con La Caixa) seguía siendo muy importante. En cualquier caso, su posición había quedado aliviada hasta el mes de junio del 97, una circunstancia que desconocía Juan Villalonga en los prolegómenos del 24 de diciembre.

Salvado por la campana. Salvado incluso del instinto depredador de Botín, que meses atrás había estado a punto de desplazarlo de la cadena para colocar a su frente a uno de sus hombres de confianza: Eugenio Galdón.

Del instinto depredador de Botín lo salvó, en realidad, una discreta gestión de José María Aznar cerca del banquero santanderino. Asensio iba a ser el hombre del PP en el mundo audiovisual y no era cuestión de cargárselo por un quítame allá unos miles de millones de pesetas. Algo había cambiado de modo radical para Asensio tras la jornada electoral de marzo del 96. «Cada gobierno tiene el Polanco que se merece», diría después con cierta y brillante sorna el propio Eugenio Galdón.

El propio Aznar, sin embargo, había dejado clara la naturaleza de esa nueva relación en el curso de un almuerzo en Moncloa con Federico Jiménez Losantos, Antonio y Luis Herrero:

—Pero, ¿cómo os habéis podido echar en brazos de un tipo como Asensio? —preguntó uno de los periodistas.

—¡Pues porque nada más formar Gobierno vino Pujol y me dijo que teníamos que elegir entre un quinqui y un granuja…!

El «granuja», sin embargo, tenía que pagar un precio por el favor del Gobierno que a veces resultaba francamente insoportable. Algunos, caso de MAR, creían que eso daba derecho a todo. El secretario de Estado de la Comunicación estaba, en efecto, empeñado en que Asensio cambiara la línea editorial de su grupo, muy proclive al Gobierno en lo que a Antena 3 se refiere. El propio editor había consensuado con Moncloa el perfil del director de informativos de la cadena, cargo para el que fue nombrado Pepe Oneto, director de Tiempo, Sin embargo, MAR se quejaba de que los periódicos controlados por Zeta «no dejan de darnos leña». «Pero es que yo no puedo decirle al director de La Voz de Asturias que hable bien del alcalde de Oviedo, que no puedo, ¡coño!…», se desesperaba Asensio.

* * *

En contra de los intereses del Gobierno Aznar remaba Manuel Campo Vidal, un hombre que, en la longitud de onda del felipismo, no cejaba de ponderar la bondad de un acercamiento a Polanco, ojo, Antonio, que éstos no te quieren, que lo que buscan es llevarte al huerto, acuérdate de lo que te digo…

Con la tenacidad que le caracteriza, Campo Vidal mantenía ante Asensio la tesis de que Villalonga no era de fiar. Empeñado, en estrecho contacto con Cebrián —dos buenos periodistas oficiando de malos gestores de empresa—, en llevar a Asensio al redil de Polanco, se dedicó a desacreditar las posibilidades de pacto con Telefónica, «Te van a ir dando largas, pero no vas a ver un duro, Antonio».

La siembra de Campo Vidal, tratando de defender una opción ideológica por encima de los intereses comerciales de su patrón, terminó por caer en el campo abonado de un Asensio necesitado de cash y tentado a pegar un verdadero «pelotazo» con los derechos del fútbol.

El 17 de noviembre, Asensio llamó a Miguel Ángel Rodríguez a primera hora de la tarde. Necesitaba verle con urgencia.

—Pero, ¿de qué se trata, Antonio? ¿A qué vienen estas prisas?

—Es que quiero verte antes de la cena que voy a tener esta noche con Polanco.

En el despacho del secretario de Estado, el editor comentó que el amo de Prisa le había llamado para invitarle a cenar, en un último intento por llegar a un acuerdo para compartir el fútbol, «pero quiero que sepas que voy de oyente y que nunca se me ocurrirá hacer nada con él», cosa lógica, por otro lado, en un hombre que todavía tenía esperanzas de ser nombrado presidente de la futura plataforma auspiciada por el Gobierno, para lo que contaba con el apoyo de Ansón.

A la hora de las despedidas, MAR, entre bromas y veras, trató de asegurar la fidelidad del editor:

—Bueno, espero que no hagas ninguna tontería esta noche…

—Nunca jamás, puedes estar seguro: nunca pactaré con Polanco.

«Sospecho que esa noche pactó con él —sostiene MAR—, porque, ¿qué sentido tenía aquella innecesaria visita? El vino a mi despacho a testar si definitivamente tenía alguna posibilidad de ser presidente de la plataforma digital plural, y al no recibir respuesta, optó por sentarse con Polanco».

* * *

La negociación con Prisa, vaciadas las arcas de los insultos mutuos en la prensa y en los tribunales de Justicia, tomó cuerpo en la última decena de noviembre. «Yo me enteré a primeros de diciembre de que se habían reanudado los contactos con Prisa, y de que Campo Vidal y Cebrián, que se veían con asiduidad, avanzaban a marchas forzadas», asegura uno de los hombres de Asensio.

En torno al miércoles 18 de diciembre, el editor convocó a su staff para anunciar una sorpresa: estaba obligado a tomar una decisión definitiva en torno al fútbol, y aunque no era la solución que más le entusiasmaba, no tenía más remedio que firmar con Prisa, «porque necesito el dinero y Telefónica no está dispuesta a dármelo. Campo Vidal ya ha desbrozado el camino con Cebrián, de modo que se trata de ir mañana a una reunión en el hotel Barajas para dar el impulso definitivo al acuerdo». Asensio enfatizó la necesidad de mantener la negociación en el mayor de los secretos.

El Grupo Prisa, con la única excepción de Polanco, destacó al hotel Barajas a sus primeros espadas: Juan Luis Cebrián, Miguel Satrústegui, José María Aranaz, Ricardo Diez Hochtleiner, Carlos Abad y Ele Juárez. Por parte de Antena 3 asistieron Javier Gimeno, el propio Campo Vidal, Javier López, John Gibons (uno de los asesores de Asensio para temas económicos), Francisco Matosas y Francesca Garrigues (abogada del Grupo Zeta y ex mujer de Campo Vidal). A la reunión acudieron también Luis Oriva y Jordi Villajoana en representación de TV3. Allí estaban, pues, las tres patas del banco que sería presentado en público el 24-D.

Los reunidos, constituidos en dos equipos de trabajo, uno jurídico y otro económico, con Cebrián y Campo Vidal como coordinadores respectivos, avanzaron a uña de caballo en la dirección que les había sido encomendada: la de dejar listo un acuerdo marco para la creación de una sociedad conjunta (que luego sería bautizada como Audiovisual Sport S.A.) a la que se aportarían los respectivos derechos del fútbol. Pero se habló también de la integración de la propia Antena 3 en Canal Satélite Digital, la plataforma de Polanco, vulnerando de esta forma los pactos que Asensio había suscrito el 28 de noviembre en la sede de Telefónica.

Los acuerdos del hotel Barajas culminaron en maratonianas reuniones de perfeccionamiento los días 22 y 23 de diciembre en la sede del Grupo Zeta, calle O'Donnell de Madrid, en las que participaron ambos grupos al completo, más los abogados de Prisa, más el inevitable Miguel Roca, verdadera sombra de Asensio, más el propio Asensio en su despacho y Polanco en su «castillo» de Méndez Núñez, ambos en permanente contacto telefónico.

El acuerdo dependía al final de la generosidad de Polanco a la hora de valorar las sociedades propietarias de los derechos del fútbol, Gesport y GMA.

—¿Cuánto más vale tu fútbol que el mío?… —preguntó Polanco a Asensio.

—Digamos que 5.700 millones de pesetas más —respondió Asensio.

—De acuerdo. Ahí van.

A continuación, ambas empresas aportaron sus activos (los mencionados derechos) a la sociedad Audiovisual Sport, de la que cada uno tendría el 40 por 100 del capital, quedando el 20 por 100 restante en manos de TV3.

Inmediatamente después, Audiovisual Sport los vendió en exclusiva a Canal Satélite Digital (CSD) para su explotación en régimen de pay per view, derechos por los que CSD pagaría 15.000 millones, de los cuales el 40 por 100 correspondía a Asensio, es decir, otros 6.000 millones, de forma que el editor catalán se embolsaba de una tacada 11.700 millones de pesetas.

Tamaño tráfago culminó con el famoso «pacto de Nochebuena», firmado el 24 de diciembre pasadas las 3 de la tarde en la Fundación Santillana, con ojeras en todos los rostros por culpa de las noches de café e insomnio vividas en las dos últimas agotadoras jornadas, y nerviosas miradas al reloj por doquier, porque todo el mundo quería salir pitando para celebrar la Nochebuena con los suyos, y había viajes en avión programados, y coches casi en marcha esperando con el equipaje a bordo, y eso sin contar los estómagos vacíos, circunstancia que el mejor Polanco se afanó en aliviar con un buen surtido de canapés, tortilla de patata, «buenísima» por cierto, aunque el cántabro se superó con las croquetas, «finísimas», y un buen champán francés para celebrar el jaque mate que él, el hombre más poderoso del Reino, le acababa de endosar al Gobierno legítimo de la nación.

Polanco, copa de fino cristal de Bohemia en la mano, se mostraba especialmente educado con Asensio, particularmente atento, solícito en exceso con el hombre al que apenas un par de meses antes había tachado poco menos que de estafador, en una pelea que había sacado a la superficie los instintos más bajos de dos mercaderes del dinero. El dueño del Grupo Prisa era aquel atardecer de diciembre un gran actor dispuesto a perseverar en la farsa el tiempo necesario para explotar a fondo las bazas que le ofrecía tan inesperado aliado.

Lo más llamativo del caso es que nadie quisiera dar publicidad al acuerdo que se acababa de firmar, síntoma evidente de la mala conciencia que, a pesar de todo, embargaba a los protagonistas del affaire. Algunos, empezando por Campo Vidal, un hombre asustado en la hora de su gran triunfo, querían dejar cerrado bajo siete llaves un pacto que involucraba a cinco empresas (Prisa, Antena 3, GMA, Gesport y TV3) y que, como todo lo que atañe al fútbol, tenía una evidente relevancia social.

Hasta que alguien del Grupo Zeta, en un gesto torero, planteó una objeción muy fundada:

—Pero ¿es que hemos hecho algo de lo que nos tengamos que avergonzar? ¿No se trata de un acuerdo empresarial? Si lo es, pensar en mantenerlo oculto es cosa de locos. A lo hecho, pecho. Yo, como Antena 3, puedo defender el interés legítimo de la cadena en este acuerdo, y espero que el resto pueda hacer otro tanto. Mantenerlo en secreto sería un grave error.

La tesis prosperó porque Polanco, haciéndose con las riendas, sentenció:

—Lo que dice Javier tiene razón, ¡coño! Polanco, encantado de la vida y Asensio, como Campo Vidal, nervioso e íntimamente asustado por las consecuencias del pacto con Prisa. Preocupado y con ganas de salir corriendo, que fue lo que hizo a primera hora del día de Navidad, poniendo rumbo a Nueva York y Las Vegas con el obvio deseo de quitarse de en medio durante un tiempo. La tormenta estaba a punto de estallar sobre Madrid.

Antes de abandonar la Fundación Santillana, Asensio se metió en el bolsillo un talón del Banco Urquijo por importe de 6.666 millones de pesetas, talón que a continuación entregó a Javier Gimeno, consejero delegado de Antena 3, para saldar la deuda que GMA tenía contraída con la cadena.

* * *

Los poderes fácticos, con la mayoría de los banqueros a la cabeza, se apresuraron a tirar de teléfono para felicitar a Polanco por el éxito alcanzado; tal fue el caso de José María Amusátegui. Durante los meses en que Asensio y Polanco se arreaban a matar, el presidente del BCH recibió el encargo de Felipe González de mediar y acercar posturas, encargo que llevó a efecto con escasa fortuna, «por eso, cuando en Navidad me llamó Asensio y me dijo que había firmado con Polanco, yo dije que estupendo, que me parecía magnífico que se entendieran, porque eso era mucho más de lo que me habían pedido a mí, aunque luego resultó, claro, que eso le abría un boquete enorme al Gobierno del PP».

Había hombres felices, como Amusátegui, y hombres profundamente enfadados, como Jesús Gil y Gil, a quien Canal Plus había ofrecido 5.000 millones por los derechos del Atlético de Madrid, que GIL no había querido aceptar por lealtad a Asensio, «y ahora resulta que los 2.000 kilos que yo he dejado de ganar se los ha embolsado él…».

Ninguno tan feliz como el propio Polanco, que no sólo obtenía los derechos de todos los equipos de fútbol de la Primera División, sino que iba a poder comercializarlos en exclusiva a través de su propia plataforma digital. Polanco, inveterado enemigo de la libre competencia, iba a consolidar de esta forma su monopolio sobre la televisión de pago.

Un negocio que por sí solo podía dejarle unos rendimientos netos muy superiores a los del Grupo Prisa. El caso de Rupert Murdoch y los devastadores efectos de su poderío sobre la prensa libre anglosajona acudía a muchas memorias. El magnate australiano, dueño de un imperio muy diversificado de libros, periódicos, emisoras de radio, cadenas de televisión, operadoras de cable, etc., acababa de reducir a la mitad el precio de sus diarios en Gran Bretaña con la intención de doblegar a sus principales competidores. Murdoch se permitía el lujo de perder con la prensa escrita un dinero que recuperaba con largueza en sus negocios audiovisuales.

Las críticas contra la actitud timorata de Villalonga no se hicieron esperar. «Su negativa a pagar la mordida que le pedía Asensio fue el mayor error estratégico cometido en esta historia —asegura MAR—, sin el cual nos hubiéramos ahorrado la guerra digital y el desgaste que supuso para el Gobierno».

El interesado se defendería argumentando que «si hubiera recibido una llamada del presidente del Gobierno diciéndome que comprara los derechos del fútbol, habría tenido dos alternativas: cumplir la orden o dejar la compañía, es decir, ser considerado un mamporrero del Gobierno o salir de Telefónica. En cualquier caso, hubiera destrozado mi carrera profesional».

El «pacto de Nochebuena» produjo en Moncloa un profundo desgarro. Asensio había tomado el pelo al Gobierno.

El «pacto de Nochebuena» supuso para el Gobierno Aznar un desastre sin paliativos. Una sensación de pánico se instaló en muchos sectores sociales que habían apoyado el cambio. Los catorce años de «Felipe el Soberbio» podían ir seguidos por al menos cuatro años de «Felipe el Vengativo», de modo que aquellos que se habían atrevido a hacerle frente en marzo del 96 podían ir atándose los machos.

El Gobierno popular ardía en deseos de revancha contra el editor catalán, aunque, en términos de país, el problema no era Asensio, sino Polanco y el poder de su práctico monopolio. La situación podía hacerse particularmente irrespirable en el sector de los medios de comunicación, «porque éstos son de los que aplican la ley de fugas con el enemigo, éstos son nazismo en estado puro», aseguraba el consejero delegado de un importante medio de comunicación madrileño.

La erosión de autoridad del Gobierno, en general, y de Aznar, en particular, era inevitable. Nadie con dos dedos de frente iba a querer embarcarse en una operación con ese Gobierno a partir del «pacto de Nochebuena».

3
EL NEGOCIO DE LA LIBERTAD

Muchos en Promotora de Informaciones S.A. (Prisa) le llaman «el amo», y millones de españoles están convencidos de que Jesús Polanco es uno de los hombres más poderosos de España, el único poder fáctico real que, a las puertas del siglo XXI, existe en el país. Es el principal editor de prensa; domina la radio privada; logró con el PSOE el monopolio de la televisión de pago; es el primer productor de cine español; es propietario del más próspero negocio de libros de texto tanto en España como en América Latina; directa o indirectamente controla la industria discográfica; posee cadenas de librerías, agencias de publicidad, hoteles, empresas de exportación. Y ha pretendido también quedarse con la exclusiva del fútbol televisado.

Polanco es un poder fáctico pluridimensional, equivalente a lo que en épocas pretéritas representaron, juntos o por separado, la Iglesia, la Banca o el Ejército. Habría que remontarse varios siglos en la Historia de España para encontrar en manos de una de estas instituciones un arma tan formidable sobre el control de las conciencias como la poliédrica hegemonía que este hombre ostenta sobre la industria cultural.

Cualquier españolito puede educarse con los libros de texto de Santillana, bailar en su juventud al ritmo de Los 40 Principales, estar informado en su madurez leyendo El País, invertir su dinero con la ayuda de Cinco Días, seguir los avatares de su equipo de fútbol favorito con el diario As, aficionarse a la literatura con los libros de Alfaguara, salir de viaje con las guías de El País Aguilar, tomarse unas vacaciones en los hoteles de la Cadena Tropical, regalar discos a sus amigos comprados en las tiendas Crisol, animarse con el «porno» del viernes noche en Canal Plus o ver una película producida por Sogetec en uno de los multicines de Lusomundo. Incluso puede, si se aburre, pasear por el Retiro madrileño con la sintonía de la SER pegada a la oreja.

En realidad, a Jesús Polanco Gutiérrez sólo le falta tener en propiedad una funeraria para monitorizar la vida de cualquier ciudadano desde la cuna hasta la tumba. En «Polancolandia» es posible cruzar desde la infancia hasta la senectud sin necesidad de abandonar un solo día la senda de Jesús «del Gran Poder» Polanco. Un poder, ciertamente, formidable. Y una capacidad no menos vigorosa para moldear la conciencia y el pensamiento de millones de españoles.

Los humildes orígenes de este hombre bajito, rechoncho, con aspecto de apacible abuelo dispuesto a sacar a sus nietos de paseo, nacido en Madrid en 1929, pero santanderino de adopción, nunca hubieran permitido presagiar el poder que un día llegaría a monopolizar en la vida española. Huérfano desde muy corta edad, la hagiografía oficial asegura que se vio obligado a trabajar como vendedor de libros a domicilio para costearse sus estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, donde se graduó, con más pena que gloria, en 1953.

«Yo conocí a Polanco de jovencito, en el Frente de Juventudes del distrito de Buenavista, en la calle Ayala 15 de Madrid —asegura el periodista Antonio Izquierdo, ex director del desaparecido diario Arriba—. Allí le vi muchas veces, en la época en que todos éramos niños del Frente de Juventudes, años cincuenta, pleno fragor del franquismo. Creo recordar que Polanco estaba integrado en la centuria García Morato de ese distrito, donde también recuerdo a otros muchos, incluido Pepe Gárate, buen amigo de Polanco».

Enrique de Aguinaga, periodista y profesor durante muchos años de la Escuela Oficial de Periodismo, primero, y de la Facultad de Periodismo, después, preguntó un día a Polanco con cierto descaro si era cierto que había pertenecido al Frente de Juventudes:

—Sí, sí —respondió sin complejos—, y además me siento muy «flecha»…

Tiempo después, Izquierdo volvería a encontrarse con Polanco, convertido en un modesto editor que vivía en un no menos modesto piso del barrio de la Concepción de Madrid, próximo a la calle José del Hierro, cuando aún no había insertado el pretendidamente nobiliario «de» entre su nombre y apellido.

En una muestra del genio emprendedor que le haría llegar lejos, en 1958 había creado, con un solo empleado, la Editorial Santillana, en una oficina alquilada en la calle Alcalá, esquina a la Puerta del Sol, y en la que el propio Polanco desempeñaba casi todas las funciones. Durante sus primeros diecisiete años de vida, Santillana, cuya actividad se limitaba a la distribución de cuadernos de caligrafía y cartillas para alfabetización, apenas experimentó crecimiento alguno.

Todas las semanas, el librerillo valiente acudía a anunciarse en el semanario Servicio, en el número 8 de la calle Moreto de Madrid. «Invariablemente aparecía por la redacción con su carpetilla bajo el brazo, llevando personalmente la publicidad de los libros que quería insertar», asegura Izquierdo. Servicio, que editaba el Servicio Español del Magisterio, tenía una tirada cercana a los 160.000 ejemplares, lo que lo convertía en un soporte publicitario de primer orden para los libros de texto, que los propios maestros seleccionaban después de acuerdo con sus necesidades y/o preferencias.

Quien más le trataba, con todo, era el subdirector del semanario, Julio Merino, que fue, además de buen historiador, director de El Imparcial y de la Agencia Piresa, y también secretario de la Escuela Oficial de Periodismo. «Perdí el contacto con Polanco en el año 73, al hacerme cargo de la dirección del Arriba —señala Izquierdo—. Me pareció un señor emprendedor y muy trabajador, no muy comunicativo, que ganaba su dinero con su pequeño negocio y que estaba lejos de ser el amo del gran imperio mediático que llegaría a ser en los ochenta».

* * *

La suerte de Jesús Polanco cambió con motivo de la crisis de Gobierno de octubre de 1969 (consecuencia del escándalo Matesa). Franco nombró ministro de Educación a José Luis Villar Palasí, un opusdeísta que llegó al Ministerio dispuesto a poner en práctica una reforma en profundidad, basada en un cambio de los programas educativos.

Villar, además de un gran administrativista, era un hombre honesto, un punto exquisito, que unía a su preocupación por la Universidad una cierta incomodidad para desenvolverse en la política. Pero Villar cometió el error de nombrar a Ricardo Díez Hochtleiner subsecretario de Educación en sustitución de Alberto Monreal. Díez Hochtleiner, «Jolines» para los amigos, responsable de establecer las pautas por las que se iban a regir los nuevos textos escolares, duró poco en el cargo: justo lo que tardó Villar en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en su Ministerio, momento en que lo sustituyó por Rafael Mendizábal, todo un caballero.

Para entonces, Jesús Polanco ya había sentado las bases de su futura riqueza. A pesar de que los planes de reforma educativa fueron objeto de información pública, el editor se las ingenió para disponer por adelantado de información esencial sobre el contenido de los nuevos programas que se iban a poner en marcha en España. Con esa información, Polanco se lanzó a la redacción e impresión masiva de los nuevos textos, muchos de ellos —no había tiempo material para otra cosa— realizados siguiendo el patrón de libros utilizados en Gran Bretaña y otros países, aunque, eso sí, imitados con un espíritu de verdadera innovación (con fotografías, gráficos, dibujos), hasta el punto de constituir una verdadera novedad en el obsoleto panorama del libro de texto que existía entonces.

La nueva Ley General de Educación fue aprobada por las Cortes el 28 de julio de 1970, siendo publicada en el Boletín Oficial del Estado un mes después, el 28 de agosto. Ocho días más tarde, el 5 de septiembre, apareció en el BOE el reglamento que la desarrollaba, para, el 15 de septiembre, ponerse en marcha el proceso de su aplicación. Los editores españoles, lógicamente alarmados, se llevaron las manos a la cabeza, puesto que acababan de conocer la ley y no disponían de tiempo material para preparar los nuevos textos, de modo que comenzaron a presionar al Ministerio pidiendo que se paralizara su aplicación hasta el próximo curso 71/72, de forma que todos pudieran competir en las librerías en igualdad de condiciones.

Existe constancia expresa de reuniones celebradas por los editores en la sede del Ministerio y fuera de ella con Hochtleiner y otros altos cargos, en las que participó gente como Germán Sánchez Rupérez, Luis Vives e incluso Francisco («Pancho») Pérez González (Santillana), y en las que se pidió casi de rodillas que la ley no se aplicara hasta el curso 71/72, para dar tiempo a preparar los nuevos textos, especialmente los de Matemáticas, porque ya se empezaba a aplicar la teoría de conjuntos y había que comenzar a redactar desde cero.

No hubo nada que hacer. Merced al empeño de «Jolines»[6], la ley empezó a aplicarse, efectivamente, en el 70/71. ¿Qué ocurrió? Que mientras el resto de los editores, terriblemente enfadados, perdían el tren de un curso que ya estaba encima, Jesús Polanco les daba sopas con honda porque desde abril del 70, es decir, cuatro meses antes de que se aprobara la ley, él ya tenía los libros impresos, empaquetados y listos para su distribución por toda España. En la propia carátula de los nuevos textos puede leerse la leyenda «Libro aprobado para la EGB», cuando de la EGB nadie había oído hablar antes del 28 de agosto del 70.

¿Qué editor se hubiera atrevido en aquel entonces a una operación tan arriesgada como editar 40.000 o 50.000 libros, de texto cuatro meses antes de la aparición de la ley? Sólo un hombre tan bien informado como Polanco. La verdad incontestable es que el único editor español que tenía los nuevos libros de texto de EGB listos para distribuir en septiembre de 1970 era la Editorial Santillana de Jesús Polanco.

Tanto cuando era secretario general técnico como cuando era subsecretario, Díez Hochtleiner presidía la comisión de libros, «y los de Polanco siempre salían adelante, siempre resultaban catalogados en la selección, lo que les hacía ser después comprados por cientos de miles de niños», asegura un antiguo alto funcionario del equipo de Villar Palasí.

Pero la importancia de Díez Hochtleiner en el desarrollo futuro del imperio Polanco no resulta tanto de los libros vendidos en aquella etapa concreta como del descubrimiento de algo que iba a resultar fundamental en su vida: la constatación de que se podían hacer grandes negocios a la sombra del poder político, la certeza de que ser amigo del Gobierno de turno podía resultar muy rentable.

Antes de abandonar el Ministerio, «Jolines» consiguió hacerse con la enemistad de la práctica totalidad de sus colegas, todo un récord para un subsecretario que no era precisamente una lumbrera. Entre otras cosas porque, esgrimiendo los perjuicios salariales que le causaba ser subsecretario, había conseguido que el Ministerio le pagara y amueblara el piso que habitaba, una situación bastante excepcional en la Administración española.

Muchos recuerdan todavía una anécdota que dio la vuelta al Madrid universitario de entonces, siendo «Jolines» secretario general técnico a las órdenes de Monreal Luque. Se estaba discutiendo la Ley General de Educación y el Curso de Orientación Universitaria (COU), y en un golpe típico del madrileño castizo que era, Monreal le espetó en el ardor de la discusión:

—Pero vamos a ver, Ricardo, parece ser que tú empezaste Derecho en Salamanca y no lo terminaste. Luego te fuiste a Karlsruhe y tampoco terminaste Ingeniería. ¡Coño, ahora comprendo tu obsesión por el COU, porque tú eres un caso típico de desorientación universitaria!…

Recién aterrizado, Rafael Mendizábal llevó a cabo una poda muy fuerte en el Ministerio que comenzó en los subdirectores generales, pero «creo que no podé lo suficiente, porque Polanco siguió disponiendo de la mejor información dentro del Ministerio. Siendo subsecretario, me extrañó la sintonía que había con Santillana, hasta el punto de que parecía una editorial oficial, que inmediatamente sacaba los textos que necesitaba el sistema educativo en un momento determinado. Yo venía de Burgos, donde era juez de una sala de lo Contencioso y, acostumbrado a analizar limpiamente la realidad, no estaba preparado para ocupar un puesto por el que suspiraba tanta gente. Me chocó algo que me dijeron al llegar y que luego comprobé cuan cierto era: allí mandaba una efebocracia, una serie de muchachos, cercanos al Opus Dei, que, al amparo del Estatuto de la Función Pública, se habían hecho fuertes en el Ministerio y entre los que Polanco logró infiltrar topos de toda clase y condición».

La cosa llegó al punto de que, habiendo heredado la secretaria de «Jolines», una mujer de mucho éxito con las visitas masculinas a cuenta de su generosa pechera, se vio obligado a despedirla a petición de Villar Palasí y a causa de las sospechas que pesaban sobre ella de pasar información.

«Jolines» se demostró un lince que, después de abandonar el Ministerio, se fue a trabajar para Jesús Polanco[7]. Muchos se sorprendieron al verle tan campante en las primeras fiestas del diario El País. ¿Cómo había podido entablar tan estrecha relación con Polanco un hombre que no era nada, «un tipo capaz de venderle una nevera a un esquimal», según decía Pedro Aragoneses, ex secretario general técnico de Educación, que no contaba con un solo título académico?

* * *

Si Díez Hochtleiner fue un hombre importante en la fortuna de Jesús Polanco, no lo fue menos su genial intuición al subirse en marcha a la idea que tres hombres estaban tratando de alumbrar: el nacimiento del diario El País.

Dos de aquellos hombres eran Carlos Mendo y Darío Valcárcel, periodistas de larga tradición que, en los últimos años del franquismo, cuando, excepción hecha del PCE, todavía no se atrevían a moverse ni las moscas, tuvieron la idea de lanzar a la calle un periódico de tinte liberal, comprometido con la defensa de los derechos humanos y capaz de aportar su granito de arena a la transformación de la sociedad española. Aquél era un proyecto intelectual digno de la mejor causa que, además, podía ser un buen negocio.

«Le vendimos la idea a Guillermo Luca de Tena —asegura Darío Valcárcel—. Mendo y yo éramos empleados cualificados de Prensa Española, editora de ABC, y resultaba normal que pensáramos en él para incorporarlo a la aventura. A Guillermo le encantó la idea, pero unos días después nos dijo que lo sentía mucho, que lo había hablado con su padre y que no lo veía factible. Y yo, que ya tenía un cargo importante en el periódico, me vi obligado a decirle que tenía que marcharme de ABC porque yo sí creía en esa idea».

—No sabes cuánto me gustaría acompañarte —le respondió.

Los Luca de Tena, verdaderos águilas en lo que a los negocios atañe, perdieron así la oportunidad de convertirse en los grandes editores españoles de prensa escrita.

La idea de Mendo y Valcárcel se cruzó en el camino con otra, ya vieja, que los hermanos Ortega Spottorno le habían ofrecido a Alfonso Escámez, presidente del Banco Central. José Ortega, un tipo gris tirando a oscuro, quería hacer El Espectador, pero Miguel, el hijo mayor del renombrado filósofo, más vehemente, pero sobre todo más inteligente, no se fiaba de las capacidades de su hermano, Y hacía bien.

Darío Valcárcel y Miguel Ortega, un hombre de bien y un estomatólogo de mérito, habían establecido una cierta amistad, a pesar de la edad que les separaba, que databa de los años sesenta. Les había unido la causa del conde de Barcelona, a quien Darío había prestado algunos servicios puntuales y de cuyo consejo privado Ortega era miembro.

Buen conocedor de su fondo anarcoide, reacio siempre a casarse con una idea que pudiera disciplinarle, Miguel Ortega insistió en poner en contacto al hombre ordenado que siempre ha sido Valcárcel con su hermano menor José, editor de profesión. «Pronto me di cuenta de que aquel tío era un vaina», asegura Valcárcel.

Fue así como, fundiendo las dos ideas, el trío puso en marcha una sociedad, Promotora de Informaciones S.A. (Prisa), que se constituyó en el mes de marzo de 1972, con 500.000 pesetas desembolsadas, en la notaría de Ricardo Gómez-Acebo, y que contaba con las firmas de los tres socios fundadores: Carlos Mendo, José Ortega y Darío Valcárcel. En el acta fundacional figuran, además, dos abogados, Jordán de Urríes y Juan José de Carlos, casi dos «extras» en aquella representación. Urríes, miembro de una familia burguesa de cierta fortuna, era un amigo de Valcárcel dispuesto a invertir en la aventura el mismo dinero que Darío, y De Carlos era un hombre de José Ortega.

A pesar de que el permiso para la publicación del diario les fue, como era de prever, denegado, los promotores pusieron enseguida en marcha una ampliación de capital a 25 millones de pesetas. Para preservar la pluralidad del proyecto, el trío fundador estableció un principio según el cual nadie, por importante que fuera, podría invertir más de 2 millones de pesetas en el capital.

Estaba también dentro del espíritu del proyecto cerrar el paso al mismo tanto al Opus Dei como al Partido Comunista de España (PCE). «Yo había hablado mucho de este asunto con Miguel Ortega, y habíamos convenido que era importante evitar los extremos —señala Valcárcel—, pretensión que se demostró bastante estúpida porque allí se nos coló gente de todos los colores, empezando por Ramón Tamames, que, además de amigo de casi todos, era también un notorio “pecero”, y siguiendo por un falangista en proceso de reconversión como Cebrián, o el propio Fraga…».

Había que buscar el dinero bajo las piedras, y uno de los primeros ricos visitados fue Ramón Areces. Tanto Valcárcel como Ortega eran amigos del presidente y alma mater de El Corte Inglés, pero «don Ramón» era ya un gigante en el escuálido cuerpo empresarial hispano y Darío era apenas un pipiolo con la cabeza llena de ideas. «Yo le conocía, le respetaba y le admiraba, y le traté con mayor intensidad después de que sufriera su hemiplejía».

De modo que un buen día los hermanos Ortega y Valcárcel se presentaron en el despacho de «don Ramón», sito en las nuevas oficinas de la calle Hermosilla, de las que tan orgulloso se sentía, para venderle el proyecto de El País. Areces, un hombre acostumbrado a ir por derecho, se cansó de la prédica que intentaban endosarle los visitadores y, en un momento dado, cortó por lo sano:

—Pero, vamos a ver, queridines, ¿cuánto es eso? ¿De qué cantidad me estáis hablando?

Con José Ortega callado cual muerto, Valcárcel o el desparpajo de la juventud se tiró al monte:

—Yo creo que tiene que poner 5 millones de pesetas.

—Pues nada, queridín, ya está. Manda mañana a por el cheque.

Por mor de la necesidad, los promotores se volvieron viajeros por las esquinas de España en busca de inversores. Especialmente rentable fue el viaje a Valencia. Un buen día, José Ortega y Ramón Tamames se encontraron por casualidad en el aeropuerto de Barajas. El economista iba a pronunciar una conferencia en el Casino de Valencia y Ortega, que había hecho buena amistad con él en Alianza Editorial, le adelantó una invitación que luego resultó providencial:

—¿Por qué no te vienes después a cenar con nosotros al Astoria?

—¿Qué es lo que tenéis allí?

—Vamos a presentar el proyecto del diario El País ante un grupo de empresarios valencianos. Andamos en busca de inversores y va a haber gente, como los Serratosa, que te interesaría conocer.

Tamames aceptó la oferta, y allí estaba sentado entre los asistentes a la cena cuando Carlos Mendo comenzó a realizar una presentación del proyecto poco afortunada, que fue seguida por la intervención, de mejor tono, del propio José Ortega, quien, entre citas a los sagrados principios de la Revolución Francesa, habló de un periódico que nacía con vocación de convertirse en defensor de los derechos humanos, verdadero leit motiv del lanzamiento del diario.

Pero la reacción de los ilustres industriales (por allí andaba Chimo Muñoz, Sebastián Carpi, los Noguera y algunos otros) fue, más que tibia, francamente pobre. Algunos de los asistentes se lanzaron directamente a calificar la idea de «movimiento subversivo», mientras los más moderados ponían el énfasis en la dificultad de conseguir la oportuna licencia, porque Fraga, a pesar de estar allí presente su amigo Mendo, no estaba por la labor.

La reunión comenzó a tomar un cariz muy feo. Había que hacer algo si los promotores no querían volverse a Madrid con las manos vacías. Lo hicieron quienes menos necesidad tenían. Lo hizo Vicente Ventura, que había conferenciado en el Casino con Tamames, y el propio Ramón, quien se largó una perorata muy efectiva, porque tuvo el acierto de dorar la píldora al empresariado presente en la sala, hablando del significado de un proyecto de información que venía dispuesto a rescatar al mundo del dinero de su condición de peón del franquismo cuya única obligación, estaba en producir, para elevar a sus representantes a la categoría de ilustrados burgueses convencidos de sus obligaciones con el futuro de España, un futuro que no podía ser más que democrático y ligado al progreso social del país.

Y aquello empezó a gustar. El propio Tamames remató la faena anunciando que estaba dispuesto a invertir parte de sus ahorros en el proyecto. El resultado fue que, al final de la cena y al hacer el recuento de compromisos, Ortega y Mendo se volvieron a Madrid con 15 millones de pesetas en cartera, una cifra que entonces era un capital. Los parabienes a la hora de las despedidas parecían más que justificados.

A los pocos días, Ortega llamó a Tamames para agradecerle muy sinceramente su ayuda en Valencia y rogarle que viajara con ellos a Santiago, donde los promotores del periódico iban a llevar a cabo un acto similar entre empresarios gallegos, «y yo sé que tú tienes allí muchas amistades». Tamames se puso en contacto con su amigo José Terceiro y juntos organizaron un happening en el hostal Reyes Católicos de Santiago, donde lograron reunir a una veintena de empresarios y gestores de cajas de ahorros.

La cosecha gallega fue más modesta que la valenciana, 8 millones de pesetas, pero fue igualmente bienvenida. Ramón Tamames acababa de entrar en el círculo de los fundadores de El País, en cuyos primeros años tendría gran predicamento. Y lo, mismo ocurrió con José Terceiro, un hombre que, convertido, como tantos otros, con el paso del tiempo en fiel peón de brega de Polanco, sigue estando hoy a la derecha de Dios Padre con todos los pronunciamientos favorables.

* * *

Muy pronto se acometió una segunda ampliación de capital a 150 millones de pesetas. Fue entonces, año y medio después de la formalización registral de Prisa, cuando Jesús Polanco, que tuvo la virtud de intuir muy pronto el enorme potencial de aquella idea, se incorporó al capital.

A pesar de que ya se había comprado un piso confortable en el número 49-51 de la calle O'Donnell, muy cerca del Retiro, Polanco seguía siendo un editor modesto, aunque ya se movía con soltura por Iberoamérica haciendo negocios con unos gobiernos ocupados en su inmensa mayoría por dictadores militares —la verdadera especialidad del cántabro— a los que había que convencer con pocos argumentos y mucha mordida, cosa que, por otra parte, hacía la mayor parte de la gente que se atrevía a cruzar el charco. La otra fuente de ingresos eran los libros de texto de la Editorial Santillana, que inundaban los colegios españoles gracias a su especial habilidad para moverse por los meandros del Ministerio de Educación. Santillana presumía ya de una respetable cifra de facturación, situada en el entorno de los 3.000 millones de pesetas.

Por aquel entonces, Ramón Tamames conoció a Jesús Polanco. «Me llamó un día para invitarme a comer a Santillana, un sitio bastante lúgubre que estaba por el barrio de la Concepción y en uno de cuyos despachos daban unas comidas que debían traer de algún mesón cercano. Recuerdo que Jesús pidió paletilla de cordero en barro, una cosa muy rústica, impropia ya del Madrid industrial de los años setenta».

Pocos días después, José Ortega le llamó para darle una buena noticia:

—Oye, Ramón, que como te has portado tan bien, nos gustaría que estuvieras con nosotros en el Consejo.

Valcárcel recuerda muy bien la primera reunión de ese flamante Consejo, un almuerzo en el hotel Eurobuilding con gran mesa para cerca de veinte personas donde la gente fue hablando por riguroso turno, «Tamames entre los vivos, Senillosa entre los muertos, Julián Marías entre los más pesados». Polanco tuvo una intervención, conjugando precisión y concisión, que llamó poderosamente la atención de Darío: «He ahí un hombre importante».

Los fundadores acordaron la creación de un Comité Ejecutivo compuesto por tres personas: José Ortega, que ocupó la presidencia en razón al prestigio del apellido; un jovenzuelo Darío Valcárcel que se postuló como secretario, y Jesús Polanco, un hombre que había invertido unas modestas 500.000 pesetas en la ampliación de capital a 150 millones y que por aquel entonces era, con algunas dificultades, uno del montón.

Un buen día se planteó la necesidad de nombrar un consejero delegado para la sociedad. Tamames adelantó el nombre de Enrique Fuentes Quintana, que tenía, según él, «una visión económica del mundo editorial», pero «ellos propusieron a Polanco y, naturalmente, ganó Polanco».

Tras el consejero delegado, había que encontrar director para un diario cuya salida al mercado era un misterio, porque el permiso no acababa de llegar y Franco no terminaba de morirse. El primer candidato al puesto, Carlos Mendo, decidió descartarse a las primeras de cambio, yéndose a Londres como agregado de prensa de la embajada de España ante Su Majestad británica al lado de Manuel Fraga, flamante embajador. Perdedor de la crisis política del 69, en la que el Opus Dei, con una desenvoltura inaudita, pasó a ocupar hasta once de las catorce carteras ministeriales, Fraga fue nombrado director general de El águila, ocupación que le dejaba tiempo libre para despotricar de lo lindo contra Franco, razón por la cual los promotores del proyecto de El País confiaban mucho en sus buenos oficios de gran urdidor para conseguir del Régimen la licencia de salida del diario.

Sin embargo, en cuanto Franco lo hizo embajador en Londres, dejó de hablar mal del Régimen. Mendo, un hombre que sentía una admiración por Fraga rayana en la veneración, decidió irse con él como agregado de prensa, y a su lado permaneció durante el tiempo que el intrépido y vanidoso don Manuel desempeñó el cargo de embajador en la capital británica. Con ello cedió la posibilidad de ser director de El País, seguramente porque conocía la oposición de los Ortega a su nombramiento, quizá porque pensaba que Franco iba a vivir más tiempo del que algunos creían o tal vez porque en su fuero interno no confiaba demasiado en los buenos oficios de su «maestro» para lograr la licencia.

Pero el proyecto continuaba adelante, y seguía siendo necesario cubrir la vacante de la dirección. Se pensó en Miguel Delibes, quien se lo estuvo pensando casi un año hasta que, afectado por la enfermedad de su mujer y ante la perspectiva de tener que vivir en Madrid, renunció finalmente al envite. «Una pena, porque el escritor vallisoletano tenía ideas muy interesantes sobre la dirección del periódico».

Entonces se lo ofrecieron al propio Valcárcel, quien una y otra vez rechazó la posibilidad, «porque una de mis escasas cualidades ha sido conocer siempre bien mis limitaciones». Fue Darío, dispuesto en todo caso a ser el número dos de la redacción, quien habló por primera vez del hijo de Vicente Cebrián Carabias, me han dicho que este chico vale mucho, yo le conozco poco, pero si queréis puedo intentar hablar con él a ver en qué disposición está. La candidatura de Cebrián fue apoyada también por Ramón Tamames, entre otros.

«Comí con Cebrián en una taberna llamada El Trabuco, al lado del diario Informaciones, donde él trabajaba. Le expliqué que había una posibilidad de sacar a la calle un periódico que impulsara los nuevos aires que sin duda iban a soplar en España a la muerte de Franco, y enseguida se entusiasmó con la idea.

—Pero, ¿por qué no tú?… —preguntó, gentil, el joven aguilucho del periodismo hispano.

—No, no, ni hablar. Me lo han ofrecido varias veces, pero he dicho otras tantas que no. Yo no valgo para eso. Además, soy hombre de pensamiento y la realización diaria me aburre.

Al joven Cebrián se le hizo el culo agua de limón, porque era lo suficientemente listo para intuir que ese periódico saldría inmediatamente después de muerto Franco. Era cuestión de disponer del capital necesario para lanzar el proyecto. «Cuando yo argumenté que estaba seguro de que tras la desaparición física del dictador se abriría en España un período constituyente, él pareció entusiasmado con la idea». Entre ser el último fascista del pelotón o el primer demócrata del Reino, la cosa estaba clara. Cebrián había decidido convertirse en maestro de demócratas.

Valcárcel perdió un tren que nunca más volvería a pasar por su puerta. El mismo al que Cebrián se subió en marcha y sin billete. Pero llegó la falsa «apertura» de Pío Cabanillas y el hijo de Vicente Cebrián prefirió pájaro en mano y se fue con Pío a dirigir Radio Televisión Española. Fue así como el tantas veces alabado progre Cebrián dirigió los Servicios Informativos de RTVE en la España más lóbrega que imaginar se pueda, naturalmente en vida del dictador. Algunos le acusan de haber enviado a la Dirección General de Seguridad las películas filmadas con los rostros de quienes asistían a manifestaciones antifranquistas y/o acudían a fundirse en la borrachera de alegría que fue el «25 de abril» portugués, «Yo no tengo pruebas de que eso fuera así —asegura Darío—, aunque en la arquitectura mental del tipo era perfectamente posible».

* * *

Pero el permiso seguía sin llegar, a pesar de los buenos oficios de Pío Cabanillas, «muy activo a la hora de favorecer la aparición del periódico —asegura Tamames— hasta el año 74, en que dejó de ser ministro». La desesperanza invadió entonces a Ortega y a Polanco, que decidieron disolver la sociedad y devolver el dinero a los accionistas. Franco no se moría y mucha gente parecía estar convencida de que iba a vivir cien años. «Pero hubo un imbécil llamado Valcárcel —dice el propio Darío— que dijo que de eso ni hablar: aquí no se devuelve un duro; aquí hay que resistir…».

—Es que Arias Navarro nos ha engañado —decía Polanco con resignada pesadumbre.

Transcurrían los primeros meses de 1974, ETA acababa de asesinar a Carrero Blanco y Valcárcel intentaba levantar el ánimo de sus socios, según vosotros Franco va a vivir otros diez años, pero eso no es verdad, tengo información confidencial del equipo médico según la cual la última flebitis es definitiva, sí, me replicaban, será definitiva pero ha recuperado los poderes, nada, nada, contra argumentaba yo, este hombre no dura, lo sé de la mejor tinta, su cuadro clínico no tiene salida, y el día que se muera nos dan el permiso, seguro…

Estaba en curso una tercera ampliación de capital a 300 millones que se iba a cubrir a velocidad de vértigo, porque una cierta burguesía liberal y urbana estaba ya instalada en la perspectiva posfranquista y creía en la idea que le habían vendido los fundadores, a quienes tenía por honrados administradores que iban a ser capaces de sacar el proyecto adelante.

Ahí comenzó José Ortega a demostrar la calidad de la madera de que estaba hecho. Polanco se atenía a lo que él dijera:

—Si José quiere cerrar, pues ¿qué quieres que te diga?, tendré que atenerme a lo que diga el presidente.

Pero Valcárcel, responsable de algo más del 30 por ciento del capital invertido, se opuso en redondo.

—Esta sociedad no se va a cerrar. Si don José quiere, que dimita y se vaya. No hace falta ser un águila para saber que Franco se está muriendo.

Acertó de plano, para suerte de Jesús Polanco, tanto en la decisión de no liquidar Prisa como en la salud del «caudillo». Poco después de su muerte llegaba el permiso de salida, y seis meses más tarde estaba El País en la calle, de una forma, hay que decirlo, casi heroica. El sistema se desatascó con rapidez tras la desaparición del dictador.

Habían sido cuatro años de espera. «Estuvimos primero en un piso gratis que nos dejó un amigo mío en la calle Españoleto 11 —señala Darío—, y después nos permitimos el lujo de ocupar un pisito grande y simpático en el número 45 de Núñez de Balboa, de donde salimos para instalarnos definitivamente en el edificio de la calle Miguel Yuste».

La sociedad editora había adquirido el solar (aunque la construcción del edificio estaba empantanada) y había entregado los créditos para la compra de la rotativa, todo lo cual hizo posible la salida del diario apenas medio año después de la muerte de Franco. En cuatro meses, febrero del 76, se terminó el edificio e inmediatamente se trasladó allí la redacción que, en estado embrionario, había estado funcionando con muchas dificultades en Núñez de Balboa.

El martes 4 de mayo de 1976 salió a la calle el primer número de El País, con Juan Luis Cebrián como director y Darío Valcárcel como su segundo. El diario aseguraba en su presentación: «Mil noventa y seis son los propietarios de Prisa, ninguno de los cuales posee más del 10 por 100 del capital social».

Como única foto de portada en ese primer número figuraba José María Areilza, lo cual era una especie de homenaje a una de las personas que más habían contribuido a hacer realidad el proyecto. Areilza formaba parte de lo que él llamó la «derecha civilizada», una derecha democrática que reclamaba un período constituyente y que abominaba de la derecha franquista, que, por su parte, lo consideraba simplemente un traidor. Areilza había invertido 5 millones de pesetas en el capital de Prisa, los mismos que Areces, y estaba representado en el Consejo por Antonio Senillosa, que luego invirtió otros 5 millones.

Todo parecía atado y bien atado para que aquel periódico fuera el testigo fiel del ideal de democracia que había animado a sus promotores, pero pronto se vio que había gente secretamente dispuesta a hacer añicos aquel bello ejemplo de democracia participativa e igualitaria. Sin duda, el punto más claro de la filosofía del proyecto era el fraccionamiento del capital social, sometido al poder arbitral de la Junta de Fundadores, en general, y de una persona tan cualificada como José Ortega, en particular. «Todos pensábamos que el hijo de don José Ortega y Gasset, llamado José Ortega como el padre, no sólo no iba a fallarnos nunca, sino que era el garante natural de que aquel proyecto democrático nacido de entre los escombros del franquismo iba a mantenerse siempre fiel al ideal que había alumbrado su nacimiento».

Pero el hijo del preclaro filósofo resultó ser un bala. Como ocurre a menudo, de padres ejemplares nacen hijos poco presentables. «Tanta confianza tenía depositada en la honorabilidad de José Ortega —asegura Valcárcel— que su comportamiento posterior me hundió». Con todo, nada malo hubiera ocurrido si en medio de las ovejas no hubiera estado un lobo disfrazado de cordero y dispuesto a hacerse con el rebaño, un hombre muy listo llamado Jesús Polanco, que se dio pronto cuenta de que en José Ortega no había garantía de ninguna clase: el hijo del famoso filósofo estaba entrampado hasta las cejas, y esta circunstancia le iba a permitir maquinar una estrategia que iba a terminar con la expulsión de Darío Valcárcel y de todos cuantos no se avinieran por las buenas a sus designios.

«Al fallarnos José Ortega, quedamos en manos de un aventurero que estaba esperando su oportunidad, un cazador que perseguía cobrar la pieza de su vida, un hombre de negocios que vio en seguida que el periódico iba a ser un éxito y se aferró a él con todas sus energías, y no sólo por el volumen de negocio que podía generar, sino, sobre todo, por lo que suponía iba a tener de trampolín, de palanca de poder».

En efecto, Polanco había empezado muy pronto a hablar sin ambages de que «éste va a ser mi cañón Bertha», aludiendo al famoso cañón (así bautizado en honor de Bertha Krupp, hija de Alfred Krupp, el «rey del acero» germano) con el que los alemanes pensaron derribar las defensas de la Gran Bretaña durante la primera Guerra Mundial y que aterrorizó por igual a franceses y británicos. El País iba a ser el «cañón Bertha» de Polanco. Pocas veces una profecía se iba a cumplir con tan milimétrica exactitud.

Para que ello fuera posible, fue necesaria la colaboración de José Ortega. «Creíamos en él, confiábamos en él, pero nos defraudó. Pensábamos que era una persona honorable y no lo fue —afirma Valcárcel—, y esa circunstancia resulto clave en la evolución del proyecto».

Polanco lo enganchó indirectamente, consiguiendo que otros le dieran la financiación que necesitaba con urgencia para salir de un problema que amenazaba con llevarlo a la cárcel. Porque José Ortega presidía dos empresas (una de ellas Alianza Editorial) en las que empezó por no pagar a Hacienda ni cotizar a la Seguridad Social para terminar defraudando a todo quisque, hasta el punto de que cuando estalló el escándalo había acumulado ya más de dos años de deuda para hacer frente a la cual no tenía un duro en caja. Y todo ¿por qué? Pues, lisa y llanamente, porque estaba convencido de que el apellido lo protegía de cualquier asechanza. Nadie se iba a atrever a meterle mano al hijo de don José Ortega y Gasset. Así de simple.

Quien acudió en socorro de Ortega fue Diego Hidalgo, un millonario con una fortuna superior entonces a los 5.000 millones de pesetas, hijo del ex ministro de la República del mismo nombre, que se había casado con una hija del llamado «rey del tabaco» mexicano y se había marchado a vivir a México.

Con un José Ortega bien sujeto por la brida de las razones económicas, a Jesús Polanco le iba a resultar fácil hacerse poco a poco con el control total del grupo.

* * *

Durante el período que va de 1977 a 1983, el proyecto se debatió en una lucha interna que concluyó en la toma del poder por parte de Polanco en detrimento del grupo de oposición encabezado por Darío Valcárcel.

Los enfrentamientos comenzaron en la Junta General del 6 de abril del 77, cuando el periódico no llevaba ni un año en la calle. Allí ya se pudo palpar la escisión del accionariado en dos bloques: aquel que pugnaba por seguir enarbolando el ideario que animó el espíritu de los fundadores, y el de un empresario dispuesto a hacerse en exclusiva con el control de un medio que debía darle mucho dinero y más poder.

El «pacto de caballeros» basado en el principio de que nadie tomaría más de 5 millones de pesetas sobre un capital social de 300 pronto se fue al garete, El País iba a dejar de ser un periódico de muchos para pasar a ser de uno solo.

Denuncias de lo que estaba ocurriendo no faltaron. Polanco se quería quedar con la merienda. Ya a mediados del 78, Valcárcel mantuvo una conversación muy dura con él en su despacho de Miguel Yuste, en presencia de Cebrián y del alemán Reinhard Gade, el responsable material del diseño del periódico.

—Estás violentando el «pacto fundacional», y lo está viendo todo el mundo, pero te anuncio desde ahora que chocarás conmigo y con otros muchos dispuestos a impedir que te hagas con el control.

—¡Yo no estoy violentando ningún pacto —protestó Polanco—, y aquí está José Ortega como garante que nunca nos fallará!

—No me engañas, Jesús. Tu quieres controlar este proyecto. Has dicho que éste va a ser tu «cañón Bertha», y para evitarlo siempre me tendrás en frente.

Valcárcel, que tenía seis millones y medio de pesetas invertidos en Prisa («todos mis ahorros, más un crédito del Banco Ibérico»), frente a las 500.000 pesetas de Polanco, ya sabía que no podría vencerle nunca. El cántabro disponía de un rehén llamado José Ortega, un hombre entregado a la voluntad de Polanco a consecuencia de su precaria situación económica.

«A partir de ese momento me convertí en el hombre a batir, y enseguida me di cuenta de que Polanco estaba comprando acciones por fuera, de modo que nosotros empezamos de inmediato a hacer lo propio». Muy pronto, sin embargo, entendió que aquella batalla estaba perdida porque Polanco, con Cebrián de contramaestre, ya se había hecho con el control del periódico. Sólo quedaba amargarle la vida todo lo posible, «y a fe que se la amargué, porque monté un sindicato de accionistas que le incordió durante cinco o seis años».

Convencido de que nada podría él solo contra Polanco, Darío Valcárcel se había echado en brazos de Antonio García-Trevijano, convirtiéndose en mero testaferro del polémico abogado, que también aspiraba a hacerse con el control de El País.

A Polanco, en efecto, le faltaba medirse con uno de los espadachines más acreditados del momento antes de poder cantar definitiva victoria. García-Trevijano no había querido ser accionista al inicio del proyecto: «Me ofrecieron un tramo cuando se fundó el periódico, pero me negué, porque, ¿qué se podía esperar de un periódico que nacía con Fraga, Polanco y Tamames juntos? Aquello era una jaula de grillos, una mezcla sin ningún tipo de ideología, salvo la del oportunismo. Pero hubo un momento en que me di cuenta de que el poder lo iban a tomar los medios de comunicación, y que los partidos políticos iban a ser un juguete en sus manos. La victoria de Felipe González en las elecciones del 82 acabó de convencerme de esa idea. Felipe ganó porque El País, es decir, Polanco y Cebrián, que ya tenía una gran influencia social, decidió jugar esa carta, pero yo conocía de sobra los antecedentes de Felipe y sabía que iba a traicionar todos los principios habidos y por haber. De modo que, dispuesto a hacer lo que fuera menester para llegar a una auténtica democracia y acabar con la farsa de la transición, pensé que si quería albergar alguna posibilidad de poder plasmar mis ideas tenía que comprar El País».

Darío Valcárcel iba a ser el peón de brega que necesitaba García-Trevijano. Y entre el afán de revancha de uno y el idealismo mesiánico de otro cristalizó una alianza que tuvo en jaque al cántabro durante varios años. Su condición de no accionista le obligaba, sin embargo, a comprar a través de contratos privados para evitar el derecho de retracto. El plan consistía en ejercitar el derecho de voto para reformar los estatutos en el momento en que tuviera la mayoría. Darío, que no estaba muy convencido de la validez de la fórmula, pidió un dictamen a Garrigues que avaló las tesis de Trevijano.

La operación tenía que desarrollarse con el mayor de los sigilos. Como accionista que era del periódico, compraba Darío Valcárcel, en el papel de fiduciario de Trevijano, e inscribía a su nombre. Entre el 29 de diciembre del 78 y el 22 de septiembre del 82 Valcárcel recibió 142.600.000 pesetas en distintas entregas, dinero que García-Trevijano facilitaba sin ninguna clase de recibo, «convencido de que estábamos entre caballeros». A cambio, Darío le entregaba los contratos según se iban suscribiendo.

Entre otras ayudas, Trevijano cedió gratuitamente a Darío un despacho en su propio bufete profesional, con secretaria, teléfono y material de oficina, para atender sus asuntos particulares, y además le llevó su pleito de divorcio.

Pero también Polanco estaba comprando acciones a gran velocidad. Con dinero de sobra y sin necesidad de esconderse detrás de ningún fiduciario, se movía como pez en el agua por el listado de accionistas de Promotora de Informaciones S.A. Con la eficaz ayuda de Cebrián, que ya había elegido bando, el cántabro visitaba a unos y otros, prometía, compraba y sindicaba. Nadie se atrevía a sublevarse contra él.

* * *

El enfrentamiento final entre los fundadores estalló en la Junta General de 1980, con motivo de la presentación por Polanco del «Estatuto de la Redacción» y el intento de disolver la «Junta de Fundadores».

El hombre que actuó de ariete para la ocasión fue Rafael Pérez Escolar, un conocido abogado que compartía bufete con Fernández Ordóñez, una persona honorable, y con Matías Cortés, un tipo que ha jugado con todo el mundo en su vida excepto, de momento, con Jesús Polanco. Pues bien, Escolar propuso disolver la Junta de Fundadores «como residuo del Régimen de Franco que era…».

La pelea resultó muy reñida porque en la votación, ciertamente crucial, sobre el «Estatuto de la Redacción», las tesis de Polanco se impusieron por un apretado 33 por 100 del capital frente al 31 por 100 que apoyó a Darío. La victoria envalentonó al cántabro, que, enarbolando su dedo índice admonitorio, aseguró:

—Os lo advierto, no vais a poder sacarme de aquí de ninguna forma, porque estoy decidido a hacer de El País mi bastión, así que vosotros veréis lo que hacéis.

Fue la última junta de accionistas a la que asistió Valcárcel, que dimitió como consejero de Prisa en memorable sesión del 15 de diciembre de 1980. Todo un espectáculo, porque el periodista acudió con una carta correcta de forma pero incendiaria de fondo en la que, a lo largo de cinco folios, daba cuenta pormenorizada de las trapacerías de las que se había servido Polanco para torcer la idea original del proyecto, y que pidió fuera leída por el consejero de mayor edad, cosa que correspondió a José Vergara, un hombre de fortuna que había sido muy amigo de José Ortega pero que luego se había quedado, como tantos otros, anonadado a cuenta de la conducta del hijo del filósofo.

En esa carta, que quedó incorporada al acta del Consejo, Valcárcel narraba cómo se había violado el pacto fundacional y por qué se veía obligado a abandonar el organismo, asegurando que prefería marcharse voluntariamente antes de ser expulsado. Sin morderse la lengua, el periodista se refería literalmente a «la estafa cometida por José Ortega…», y José, cobardón como es, se creyó en la obligación de protestar, apenas un amago, un «esto es inadmisible» falto de convicción, que acalló Vergara de manera terminante. Después de la lectura, llevada a cabo con gran precisión y profesionalidad, Darío se levantó, dio la vuelta a la mesa saludando a todos, excepto a Polanco y a Ortega, que ocupaba la cabecera, y abandonó la sala.

Al término de la sesión, y en los corrillos que normalmente se forman tras este tipo de actos, un hombre muy fino, Joaquín Muñoz Peirats, le decía con sorna al hijo del filósofo: «No tienes más remedio que suicidarte, José; es la única salida honorable que cabe a tu situación…». Y José reía como un bufón agradecido, mientras rápidamente corría a instalarse en otro corro. José Ortega era ya una marioneta en manos de Jesús Polanco.

* * *

Valcárcel abandonó el consejo de Prisa, pero no se marchó de la idea de El País, puesto que, con el listado de accionistas en su poder, seguía empeñado en el rastreo y compra de distintos paquetes accionariales para Antonio García-Trevijano. Y así llegó un momento en que el abogado llegó a tener en su poder el 29 por 100 del capital de Prisa, frente al 15 por 100 de Jesús Polanco, el 12 por 100 de Diego Hidalgo Schnur y cerca de otro 10 por 100 del grupo de inversores valenciano. Trevijano ya era el primer accionista del diario, con casi el doble que Jesús Polanco, y además estaba en negociaciones avanzadas con los Noguera valencianos, que habían dado su conformidad para venderle otro 5 por 100, lo cual le hubiera situado en el 34 por 100.

Pero en ese momento Darío Valcárcel cometió la indiscreción de contar a Rafael Pérez Escolar lo que García-Trevijano estaba maquinando. Por si fuera poco, empezó a retrasarse con la entrega de contratos, a pesar de haber recibido nuevos adelantos en metálico, para perfeccionarlos. Darío pretextaba excusas que no convencían a nadie. Algo raro estaba ocurriendo.

La indiscreción de Darío llegó a El País, lo que permitió a Polanco y Cebrián descubrir la identidad del misterioso comprador que se escondía tras el ir y venir de Valcárcel. Y entonces tocaron arrebato en Miguel Yuste. De cabo furriel para arriba, jefes y jefazos fueron convocados a singular guerra santa contra el infiel Trevijano, en un totum revolutum en el que no faltó ni el personal de talleres. Allí fraguó un pacto de sangre entre Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián, que sigue vigente en la actualidad.

Cebrián tomó sobre sus hombros la difícil tarea de parlamentar con García-Trevijano, un mal enemigo, sin duda, acudiendo a visitarle a su despacho. La mano derecha de Polanco no se anduvo por las ramas: si el abogado lograba hacerse con la mayoría, estaban decididos a hundir el periódico antes que entregárselo. Redacción y talleres estaban totalmente de acuerdo. «Atente a las consecuencias». El señorito Cebrián, especialista en la materia, le advirtió que iban a obsequiarle de inmediato con una bonita campaña de infundios, asegurando que quería hundir el diario y dejar sin trabajo a quinientas familias, que su verdadero objetivo era acabar con la Monarquía borbónica e instaurar la III República… La lista de desgracias era muy completa.

A pesar de todo, el abogado aguantó la marea durante más de medio año, esperando que escampara para poder encontrar la forma de lograr la ansiada mayoría. No pudo.

En octubre del 82, Darío informó a García-Trevijano de la imposibilidad de alcanzar el prometido 51 por 100 del capital social de Prisa, que había sido el móvil del acuerdo entre ambos. En un almuerzo en el restaurante Claras's, Darío, junto a Joaquín Muñoz Peirats y Javier Vidal Sario, que igualmente se desempeñaban como fiduciarios del abogado, le aconsejaron vender el paquete ya adquirido.

García-Trevijano terminó por arrojar la toalla, abrumado por la falta de solvencia de un Valcárcel que llevaba meses sin dar razón convincente del uso del dinero recibido y de las gestiones realizadas, y por la presión de un Cebrián que no cesaba de enviarle recados con ofertas para comprarle su paquete al mejor precio.

El visitador más asiduo era Ramón Mendoza, un hombre que tampoco era accionista de Prisa, aunque sí «machaca» de Jesús Polanco. «Mendoza estaba todo el día detrás de mí para que vendiera a Polanco. Y cuando vi que no tenía salida, porque si no llegaba al 51 por 100 corría el riesgo de perder mucho dinero, le dije un día: “Vendo, pero con la condición de hacerlo al Consejo de Administración, es decir, a los accionistas actuales, y en riguroso prorrateo a la participación que cada uno de ellos tenga en este momento, para de esta forma no alterar el equilibrio”».

Trevijano se reunió en casa de Mendoza con Polanco y Cebrián, todos muy contentos, encantados porque habían solventado el problema como caballeros. La felicidad era patente en los de Prisa: habían ganado la pelea más difícil y, esta vez, para siempre.

El abogado se hizo cargo de la gestión de venta (incluyendo en su paquete la participación individual de los tres mandatarios citados), gestiones que fructificaron el 11 de mayo del 83 con Ramón Mendoza y Jaime García Añoveros, firmándose el correspondiente contrato privado en el que también compareció Darío Valcárcel como titular fiduciario de las acciones del letrado y titular real de las suyas propias.

Como las penas con pan son menos, Trevijano (al igual que el propio Valcárcel) vendió su «paquetón» a Polanco y sus testaferros a un precio del 470 por 100, embolsándose plusvalías cercanas a los 320 millones de pesetas de la época.

* * *

Valcárcel había abandonado su último reducto, la Junta de Fundadores de El País, poco antes del verano de 1982. Su puesto fue ocupado por Diego Hidalgo, que había contribuido de modo decisivo al saneamiento del «agujero» provocado por José Ortega en la Revista de Occidente.

«Jamás he hecho las paces con Polanco —asegura Valcárcel—, lo que no es óbice para que, pasado el tiempo, siempre que se ha tropezado conmigo me haya saludado cortésmente. Polanco no era mal tío. El defendía sus intereses y yo los míos. En todo caso era un empresario que tenía un enorme afán, ciertamente legítimo, en una empresa que podía proporcionarle una palanca de poder político formidable. Por el contrario, el hijo de Vicente Cebrián era un franquista químicamente puro, un niño criado a los pechos de Emilio Romero en la escuela del diario Pueblo. Por lo que a mí respecta, no había más postura ideológica que la de asegurar la pluralidad de un proyecto informativo democrático. Pero en frente había otra persona dispuesta a hacer almoneda de esos principios para quedarse con el proyecto en su personal provecho».

Polanco se mostró especialmente activo en la compra de acciones a lo largo del 83 a través de Propusa, de Presa y de Ramón Mendoza, entre otros. Al final del proceso, debía contar con el 20 por 100 del capital social, pero ya era capaz de presentarse en la Junta General de Accionistas con el respaldo de más del 75 por 100 del accionariado.

En la Junta del 83, Polanco sentó en el consejo a Ramón Mendoza y a Jesús de la Serna, una persona fiel a Cebrián. Entre las decisiones en ella tomadas figura el entierro oficial de la «Junta de Fundadores», que desde hacía tiempo era ya cadáver. Fue el último escollo que Polanco tuvo que superar para reinar como amo indiscutido de Prisa y del diario El País. A finales del 83 ya no quedaba ni rastro de la oposición.

Uno tras otro irían saliendo del redil de Miguel Yuste todos aquellos que habían tenido algo que ver en el nacimiento del «diario independiente de la mañana». Jesús Polanco llevó a cabo una limpieza concienzuda. Al «empresario», como le llamaba con devoción José Ortega, le molestaba la presencia de testigos que pudieran recordarle, siquiera con su silencio, los orígenes de un proyecto que se suponía participativo y plural.

Otro de los que saldrían tarifando fue Ramón Tamames, y ello a pesar de unos principios muy prometedores, porque, cuando en mayo del 81 el economista abandonó definitivamente las filas del PCE, don Jesús le ofreció, ahora que estás más libre, una mayor implicación con el grupo, concretada en el cargo de director de publicaciones, naturalmente con sueldo (5 millones de pesetas/año) y contrato fijo. Dalo por hecho, vente por aquí y te damos un despacho.

Por si fuera poco, semanas después de su salida del PCE, Tamames y Polanco crearon la Fundación para el Progreso y la Democracia, de la que el editor fue nombrado presidente. Las relaciones eran, pues, excelentes, aunque el «amo» empezó pronto a incomodarse con su ilustre «empleado», afirmando que éste le ninguneaba impidiéndole desarrollar las cuatro ideas que, balbuceante hombre de pocas palabras, trataba siempre de soltar en los actos promovidos por la susodicha Fundación.

El distanciamiento comenzó a tomar cuerpo con motivo de la «mesa del referéndum», creada en el año 1984 para exigir a Felipe González el cumplimiento de su promesa de convocar una consulta sobre la entrada de España en la OTAN. El giro copernicano que González fue imprimiendo a su política atlantista, uno de los episodios más groseramente escandalosos de su Gobierno, fue convirtiendo a la citada «mesa» en una especie de organismo de la cáscara amarga, en la que terminaron estando los amigos del PCE y demás compañeros de viaje.

Sería, sin embargo, la creación de Izquierda Unida lo que contribuiría definitivamente a distanciar a Tamames de la «gente de orden» que Polanco quería a su lado. «A partir de entonces me empezaron a mirar como a un enemigo, y no les faltaba razón, por cuanto la tribu Polanco, con Cebrián al frente, se había echado definitivamente en brazos del felipismo, al que hicieron ganar el referéndum de la OTAN».

La ruptura definitiva se produjo con motivo de un enfrentamiento que ambos sostuvieron a mediados de los ochenta, en una sesión del Consejo en la que el cántabro anunció su intención de promover como nuevo consejero a Carlos March, «un hombre muy importante —decía Jesús—, que va a sernos de gran ayuda en el futuro». El economista protestó, argumentando que le parecía poco presentable que un periódico que había nacido para defender los ideales de la democracia y los derechos humanos se aliara con los vestigios del franquismo, pero Polanco defendió a su patrocinado con gran energía: March era un amigo a quien no se podía insultar impunemente. «Además, esto no es un partido político, sino una empresa periodística, a la que estoy seguro Carlos March va a prestar grandes servicios».

Como todos los hombres simples que hacen fortuna, la ilusión de Polanco era rodearse de ricos de toda la vida, gente con pedigrí, sentarse al lado de lo más granado del capitalismo patrio, codearse con ellos, incluso ponerles un sueldo si necesario fuera.

En el último almuerzo que Tamames mantuvo con el editor, cuando ya era evidente el divorcio, el economista tuvo la ocurrencia de intentar poner en dificultades al amo de Prisa:

—El País es un periódico con un alto coeficiente de ocultación…

—¿Y eso qué es, Ramón? —preguntó con cierta sorna el editor.

—Pues que de cada cien noticias verdaderamente interesantes que conocéis solamente publicáis cuarenta, porque sólo decís lo que os interesa decir.

—¡Ah, muy interesante! Y eso, ¿se te ha ocurrido a ti solo?…

Con tales avatares, el cargo de director de publicaciones prometido por Polanco se fue al limbo. El ilustre economista iba a probar la medicina que Cebrián ha aplicado con celo a mucha gente a lo largo de su vida: mantener siempre lejos a cualquier persona con ideas propias, susceptible de convertirse en un potencial contrincante.

En 1991, Polanco le anunció finalmente que no iba a ser reelegido consejero de Prisa. «A los dos meses vendí mis acciones y las vendí muy bien. Y ahí se acabó mi historia con El País. Hay que decir, en honor a la verdad, que siempre que me he tropezado con Polanco no ha rehuido el saludo».

* * *

Don Jesús Polanco Gutiérrez podía permitirse el lujo de practicar la virtud de la caridad con aquellos que se iban quedando en la cuneta, como mojones en el camino del avance arrollador de su imperio. A esas alturas, los negocios de Polanco iban viento en popa y muy pocos se acordaban ya de unos inicios ciertamente humildes.

En efecto, el 22 de diciembre de 1960, Jesús Polanco, junto con sus inseparables, Francisco («Pancho») Pérez González (un argentino nacionalizado español) y Juan Antonio Cortés Ponte, seguramente sus mejores amigos, había fundado Santillana S.A.

La editorial arrastró una existencia anodina a lo largo de la década de los sesenta, hasta que en el horizonte de Polanco aterrizó un ovni llamado Ricardo Díez Hochtleiner. Polanco había descubierto petróleo en el Ministerio de Educación. Ese mismo año se produjo otro acontecimiento que iba a resultar decisivo en el cambio de fortuna del cántabro. En efecto, a mediados de 1970 Polanco aterrizó en el aeropuerto Eldorado de Bogotá con billete de clase turista en busca de su particular Eldorado, en compañía de su hermano Juan Manuel y de su sobrino Javier Díez Polanco, dispuesto a convertir Colombia en la base de operaciones latinoamericanas de un negocio basado en la exportación de libros y de material educativo y sanitario desde España.

La buena marcha de los negocios americanos y el maná de los libros de texto iban a hacer posible el imparable despegue que, a partir de entonces, experimentarían las actividades del editor. Ambas ramas de actividad iban a proporcionarle el músculo financiero necesario para afrontar la compra de las numerosas empresas que hoy integran el imperio edificado a partir de la modesta editorial.

La adquisición de Altea, especializada en el libro infantil, inició una espectacular serie de compras, entre las que figuraron las de Taurus, Alfaguara (propiedad de un hijo del poeta Pedro Salinas), Aguilar (que, miel sobre hojuelas, ya estaba presente en el mercado iberoamericano), Asuri de Ediciones, Mangold (especializada en la enseñanza de idiomas), Group Promotor, Diagonal, etc.

Santillana S.A. se transformaría en Grupo Santillana de Ediciones S.A., con sede en Juan Bravo 38, Madrid, convirtiéndose en holding de uno de los más importantes grupos editoriales de habla hispana. De su tronco surgió la Fundación Santillana, nacida natural y estatutariamente «sin ánimo de lucro».

El 3 de enero de 1973, Polanco fundó con sus incondicionales («Pancho» Pérez González, Juan Cortés y Emiliano Martínez) la editorial Timón S.A., que en los ochenta pasaría a denominarse Grupo Timón S.A., convirtiéndose en el holding de cabecera de todos sus negocios actuales. Como todo bucanero que se precie, Polanco necesitaba una bandera, la del falso progresismo, y un timón, el del beneficio. El timón de Polanco tiene su sede social en el 17 de la calle Méndez Núñez, en la zona más noble de Madrid, un bello palacete rehabilitado frente al Casón del Buen Retiro y el parque del mismo nombre, muy cerca de la sede de la Bolsa madrileña y del Museo del Prado. En el mismo edificio tiene su residencia particular el matrimonio formado por don Jesús y Mari Luz Barreiros.

El 54,21 por 100 del grupo Timón es propiedad de Rucandio S.A., la sociedad patrimonial familiar que el cántabro (administrador único) mantiene con su primera mujer, Isabel Moreno Puncel, de la que está divorciado, y con los cuatro hijos habidos en el matrimonio, Ignacio, Manuel, María Jesús e Isabel. Otro 31,69 por 100 de Timón pertenece a Zucin S.A., que es propiedad de «Pancho» Pérez González y de su mujer, Celina Arauna Menchaca.

Del tronco común de Timón, definido por el propio Polanco como «la cartera de control del grupo», salen cuatro grandes ramas que agrupan tres bloques de actividad en España y uno en el extranjero:

Grupo Santillana.

Propiedades y Filiales S.A. (Profisa).

Grupo Prisa.

Los negocios exteriores.

Todo ello dentro de una estructura absolutamente piramidal, que arranca de la persona física de Jesús Polanco y que extiende sus tentáculos por un laberinto de más de 250 sociedades.

El Grupo Santillana, propiedad de Timón en un 99,99 por 100, incluye varias distribuidoras (la más conocida es Itaca), así como participación en industrias de artes gráficas (Mateu Cromo y Altamira).

Entre las publicaciones editadas por Polanco figuró durante años la revista trimestral del Museo Nacional de Arte Reina Sofía, por cuya nómina han pasado personalidades del mundo de la cultura, encabezadas por la directora del centro, María Corral, una revista muy cara, de bella e impactante impresión, que contribuía a financiar la publicidad de empresas y organismos públicos. La revista RS es un buen ejemplo del modo en que Polanco y su grupo pastorean desde hace 20 años en España al rebaño de intelectuales, artistas, literatos y demás gentes real o supuestamente instaladas en el Olimpo de la cultura.

Nada o muy poco se puede hacer sobre la piel de toro sin el patronazgo de Polanco y su grupo: desde ingresar en la Real Academia Española, totalmente controlada por los Cebrianes, hasta publicar novelas o novelitas de éxito y contar con la cobertura del grupo Prisa para vender. Nadie se atreve a criticar a Prisa. Muy pocos se niegan a firmar un manifiesto si lo pide Prisa. Estar contra Polanco es, culturalmente hablando, estar muerto. O casi. Los nobles espadachines de la cultura vuelven la cara y miran hacia otro lado cuando alguien les llama la atención ante semejante servilismo. Todos son talludos personajes enfilando la recta final ligeros de equipaje, como los hombres de la mar, pero todos se defienden farfullando entre dientes que «tienen que vivir»…

Caso curioso es el de la revista Claves de Razón Práctica, casi un enunciado subliminal para definir un negocio con poca razón y mucha praxis, donde la vieja progresía emboscada entre las faldas de Polanco, al estilo Pradera, teoriza y da rienda suelta a sus rancios resabios marxistas.

Para cerrar el ciclo completo de la industria editorial, Polanco decidió dedicarse también a la venta al público con la apertura de una red de tiendas, especie de cadena de supermercados de la cultura, de nombre Crisol, para la venta directa de libros, revistas y material discográfico y audiovisual.

Por su parte, Profisa está constituida por empresas financieras (Cisneros, Novoplaya), de publicidad (Cid, Expoluz), sondeos de opinión (Demoscopia S.A.), agrícolas (Sociedad Agrícola y Ganadera), organización de eventos, etc.

En todo caso, el poder de intimidación que Polanco ejerce sobre la sociedad española actual se basa en el diario El País. Si una imagen vale por mil palabras, a veces una anécdota explica más que un sesudo tratado. Ocurrió a propósito de un duro editorial de El País contra el ministro del Interior José Barrionuevo, cuando las primeras flores negras del caso GAL empezaban a abrirse. El entonces director del diario, Juan Luis Cebrián, exigió al portavoz del Gobierno, Javier Solana, la inmediata dimisión de Barrionuevo. Solanita trató de contener las ínfulas de Cebrián:

—No se cesa a un ministro sólo porque lo pida un periódico…

—Es que no lo ha pedido un periódico: lo ha pedido El País —respondió el ahora Académico de la Lengua.

El grupo Prisa obtuvo en 1998 unos beneficios después de impuestos de 8.247 millones de pesetas, un 44 por ciento más que en el ejercicio anterior (5.733 millones), lo que supone una cifra prácticamente igual a la del Grupo Recoletos (Expansión, diario Marca, etc.) y casi la mitad que la de Antena 3 Televisión. Sin embargo, la influencia política y social de Prisa es infinitamente superior a la de los grupos citados, una llamativa paradoja que avala el éxito del señor Polanco y habla del carácter extraempresarial de su grupo.

De la rama de Prisa cuelgan con personalidad propia la Sociedad Española de Radiodifusión S.A. (SER), la primera cadena de radio por número de emisoras de toda Europa; la Sociedad General de Televisión (Sogetel), el primer intento de entrar en el mundo de la televisión; la Sociedad de Gestión del Cable S.A. (Sogecable), y Canal Satélite Digital S.L., cada una de ellas con su rosario de empresas participadas, dedicadas a la explotación del negocio de la televisión en sus distintas modalidades.

Colgando de Prisa está también el Grupo Estructura, editor del económico Cinco Días, uno de los fracasos de Polanco, porque el diario no ha podido desbancar, ni de lejos, al número uno de la prensa económica, el diario Expansión, y es que el cántabro suele fracasar allí donde no cuenta con el favor político o con el miedo de unas gentes, gestores incluidos, dispuestos a entregársele.

En efecto, buena parte de las aventuras emprendidas por Polanco ex novo han fracasado, caso de Radio El País, o caso de la revista El Globo, a pesar de contar con casi todos los medios. Polanco no sabe crear. Se le da mejor engordar con sus tradicionales habilidades negocios ya en marcha. Y cuando algo le gusta, lo compra. Y si no puede comprarlo, porque no todo se vende, entonces lo destruye o, al menos, lo intenta. Fue el caso de Antena 3 Radio.

Sus aventuras en la prensa europea han terminado también en fuertes pérdidas, caso de The Independent en Gran Bretaña.

Cada día más metido en la industria del entertainment, Polanco ha firmado un acuerdo a través de Sogecable con Warner Bross y el grupo portugués Filmes Lusomundo para la construcción y explotación de complejos de multicines. ¡Al cine con Polanco!

* * *

El cuarto gran brazo articulado del «mecano» del editor es, como se ha dicho, el sector exterior, fundamentalmente el negocio Iberoamericano. El propio Polanco ha reconocido en más de una ocasión ante sus amigos y confidentes que «la mayor parte de mi fortuna está fuera de España». Y todo apunta a que está en Iberoamérica.

En efecto, como si de un indiano más se tratara, hace muchos años que el cántabro Polanco cruzó el Atlántico para hacer las Américas y construir lo que muchos consideran un imperio más importante que el de España.

Aunque en 1962 puso pie por primera vez en Santiago de Chile, fue en diciembre de 1969, con la creación de Santillana del Pacífico (con «Pancho» Pérez González y Emiliano Martínez), cuando Polanco empezó a echar raíces al otro lado de los Andes, aprovechando la reforma educativa del año 68. «Chile es el país al que más le debo», ha asegurado con su peculiar sintaxis de editor asilvestrado.

En Santiago, y con la ayuda de un Opus Dei que siempre le ayudó a recorrer las veredas sudamericanas, logró una entrevista con Eduardo Frei —a punto de entregar la presidencia a Salvador Allende—, a quien colocó un primer paquete de libros de texto. Tras cruzar los Andes, se entrevistó en Argentina con el dictador Juan Carlos Onganía, lo mismo que hizo en Perú con el también general Juan Velasco Alvarado. Y es que Polanco no le hizo nunca ascos a los negocios con los militares del Cono Sur, incluido el general Pinochet en Chile. Business as usual. ¿Qué podía hacer él, si casi todos los gobiernos estaban por aquel entonces ocupados por «espadones» de extrema derecha?

Gracias a los buenos oficios de Manuel Fraga, Polanco contó para su business con el respaldo del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Todo el aparato franquista a disposición del gran editor «progresista» que llegaría a ser Jesús Polanco. Un notorio benefactor de Polanco en su desembarco iberoamericano fue también el entonces ministro de Educación, Federico Mayor Zaragoza, hasta hace poco director general de la Unesco.

Los negocios allende los mares comenzaron pronto a mostrar tan buena cara que el editor destacó a su hermano Juan Manuel de forma permanente en México, haciendo lo propio con su sobrino Javier Díez Polanco en Argentina. La «multinacional del librillo» empezaba a tomar cuerpo con la creación de una nutrida red de empresas.

Durante casi dos décadas, Jesús Polanco gobernaría personalmente desde Bogotá, donde pasaba varias semanas al año,.su imperio ultramarino y sus ramificaciones, las más importantes de las cuales se situaban en Chile, México y la propia Norteamérica. Ahora es su hijo mayor, Ignacio Polanco Moreno, quien desde Bogotá dirige la Editorial Santillana de Colombia, cabecera de un holding de quince empresas.

El 5 de mayo de 1991, el periodista Jorge Child publicó un amplio informe en el influyente diario El Espectador de Bogotá en el que denunciaba las actividades de las empresas de Jesús Polanco en Colombia. El periodista (citado en Dineros del narcotráfico en la prensa española, de Félix Marín —Mapesa, Madrid—, libro que fue secuestrado por la Justicia española a petición de Polanco y Juan Tomás de Salas) se preguntaba por el contrasentido de las elevadas exportaciones de material impreso español a Colombia y la escasa capacidad adquisitiva y los aún más escasos hábitos de lectura de los colombianos.

Parece que Colombia servía de base para reexportar buena parte de ese material. Pero, mientras tradicionales firmas locales como Carvajal S.A. exportaban material gráfico desde ese país a razón de 4,7 dólares/kilo en 1988 y 4,11 dólares en 1989, la Compañía Andina de Inversiones, del Grupo Santillana, exportaba el kilo/libro a razón de 493,6 dólares en 1988 y de 492,86 dólares en 1989. Y lo mismo ocurría con la firma Educar, Cultural y Recreativa, del también español Grupo Anaya. ¿Dónde estaba el misterio? Seguramente en el Macondo de Gabriel García Márquez, tan amigo de Prisa.

Jorge Child denunciaba también el llamado «Plan Lector» promovido por la Fundación Santillana a partir de 1991, orientado a la compra obligatoria de textos escolares (60 por 100 del total de las ventas de libros), con el Estado colombiano como cliente mayoritario, según es norma en Polanco.

Parece que en el juego de la exportación, con sobrefacturación, de libros desde España a Colombia y desde Colombia a los Estados Unidos está el origen de la verdadera fortuna de Polanco, fortuna muy superior a los relativamente modestos dividendos anuales del Grupo Prisa.

La facilidad de exportar material sanitario o didáctico con precios sobrefacturados desde España explica el interés de todas las grandes editoriales españolas por cruzar el charco a partir de 1975 e instalarse en Iberoamérica.

Entre Colombia, Estados Unidos y España, una serie de editoriales establecieron un verdadero «triángulo de las Bermudas»: desde el país caribeño y otros de la zona, y a través de una complicada red de empresas, se exportaban libros a Estados Unidos como forma de aflorar dinero en USA y repatriarlo a Colombia. Y desde Colombia y países vecinos se repatriaban esos dineros a España mediante las exportaciones españolas de material impreso a la región. Siempre mediante el sistema de la sobrefacturación.

El dinero se podía trasladar sin escalas desde los Estados Unidos a España mediante la masiva exportación directa a USA de textos escolares en castellano, aprovechando la política implantada por Richard Nixon para el fomento de la educación bilingüe. Adicionalmente, esas editoriales se aprovecharon también de las ayudas a la exportación implantadas por muchos gobiernos iberoamericanos.

El 2 de diciembre de 1980, la junta directiva de la Cámara Colombiana de la Industria Editorial publicó un informe sobre la exportación de libros a diversos países, entre ellos España, por parte de editoriales radicadas en Colombia, y en el caso concreto de Itaca, la distribuidora del Grupo Timón, señalaba: «La firma Itaca de Madrid distribuye al precio bruto de 6,50 dólares al público y de 4,60 dólares a las librerías el libro El nombre de la rosa, que exporta desde Colombia a España por 15,95 dólares. ¿Cómo financia el exportador esos 11,35 dólares de diferencia entre el valor que debe reintegrarle al país, 15,95 en dólares, y los 4,60 que obtiene por la venta del libro en Madrid?».

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Conexiones con el poder, tráfico de influencias y pago de comisiones eran los tres elementos básicos para hacer fortuna en Iberoamérica. Y si en los primeros años de la década de los setenta las buenas relaciones con el franquismo y el Opus Dei fueron la palanca que ayudó a Polanco a hacer negocios con las dictaduras de la región, tras la llegada de la democracia y, en especial, con la victoria electoral del PSOE en el 82, su estrategia dio un giro de ciento ochenta grados.

Nada más llegar al Gobierno, el partido socialista puso en práctica una inédita política comercial exterior consistente en promover las exportaciones mediante la concesión de créditos (Fondos de Ayuda al Desarrollo, o «créditos FAD») en condiciones favorables. Dos eran las partes que se beneficiaban de esta política: el receptor del crédito (para la ejecución de obras o la compra de material) y los empresarios españoles que se encargaban de ejecutar esas obras o de vender dicho material.

Entre estos empresarios se encontraba Polanco, que no tardó en constituir dos nuevas compañías dentro del Grupo Timón, Eductrade y Sanitrade, para aprovechar la lluvia de millones que el Gobierno del PSOE hacía caer sobre Iberoamérica. El editor hizo más: impuso un novedoso sistema de «paquetes» completos para soluciones integrales en los campos de la educación y la salud.

Para asegurarse el éxito resultaba fundamental contar con buena «entrada» en la sociedad estatal encargada de gestionar y tramitar los créditos a la exportación: Fomento del Comercio Exterior (Focoex), que a tal fin creó una nueva sociedad, Focoex Internacional S.A., con un capital de 1.500.000 dólares y sede en un paraíso fiscal como Panamá[8].

La conexión entre Focoex Internacional y las sociedades Eductrade y Sanitrade comenzó a funcionar a pleno rendimiento, especialmente en Colombia, donde el gerente de Focoex era una persona muy cercana a Polanco, Juan Antonio Arsuaga.

Además de hacer valer sus influencias en la adjudicación del contrato para la construcción del tren metropolitano de Medellín a un consorcio hispano-alemán (uno de los más notorios «pelotazos» de Enrique Sarasola Lerchundi, el amigo de González), Polanco se hizo con un rosario de contratos contando con el asesoramiento y gestión de Focoex.

Los primeros datan de 1983. Ese año, el Gobierno colombiano firmó con Eductrade un contrato de 4.600 millones de pesetas para el suministro de material didáctico y educativo, y otro, de menor cuantía, con Sanitrade para el suministro de equipos médicos y hospitalarios. A estos contratos les sucedieron otros muchos, siempre con las mismas características: el apoyo del Gobierno y las críticas de los medios de comunicación y de algunos funcionarios e instituciones, y ello porque la mayor parte de los suministros eran superfluos, innecesarios y caros y, lo que es peor, se podían conseguir en la misma Colombia en condiciones más favorables y con una calidad similar. Porque, entre otras cosas, Polanco vendía muñecas con «distintos sistemas de broche», bolas y cubos de colores, clarinetes, bombos, tambores, alfileres para clavar insectos y castañuelas.

El 27 de julio del 87, el diario oficialista El Tiempo de Bogotá publicó una página entera con el titulo «Una reconquista incontenible» y el antetítulo «Millonarias importaciones de España». La información estaba ilustrada con un dibujo de Polanco desembarcando en las Indias cual nuevo Colón, cargado con toda suerte de baratijas: «En nombre del Rey, tomo posesión de estas tierras…». El periodista Gerardo Reyes escribía que «con una invasión de castañuelas, tubos de ensayo, esqueletos para docencia, alfileres para clavar insectos, lavanderías, máquinas de anestesia y un tren millonario, el comercio exterior de España consolidó en los últimos cuatro años una nueva conquista de Colombia».

Algo parecido, aunque peor, ocurrió con Sanitrade. En 1984, el Gobierno colombiano importó 98 equipos de lavandería para centros de salud, 335 máquinas de anestesia, 217 mesas de cirugía, 102 camperos cortos para ser utilizados como ambulancias, 1.944 martillos para reflejo, 205 plantas eléctricas marca Pegaso y 4.580 espéculos vaginales, todo por un importe total de casi 8.000 millones de pesetas. El primer «paquete» de este pedido llegó a Colombia en agosto del 84 desde el puerto de Cádiz. Para garantizar el mantenimiento de los equipos, el Ejecutivo colombiano suscribió un contrato con Sanitrade por importe de casi 4.000 millones de pesetas durante un período de doce meses, transcurridos los cuales gran parte del material fue abandonado a su suerte.

El 27 de julio de 1987, El Tiempo de Bogotá escribía: «Constantemente se descubren abandonados en hospitales y servicios de salud sofisticados equipos médicos que le costaron millones de pesos al país y que jamás se estrenaron porque no existía presupuesto para su mantenimiento o sitio para instalarlos».

Pelillos a la mar. Lo importante era importar a pesar de los altos costes y la impotencia de la estructura hospitalaria colombiana, que ni siquiera disponía de la gasolina necesaria para mover las plantas eléctricas y las ambulancias, muy necesarias, por otro lado, en centros de salud situados en apartadas zonas rurales.

Entre 1984 y 1987 el Grupo Timón (Sanitrade) suscribió contratos, siempre a través de Focoex, con el Ministerio de Salud y el Fondo Hospitalario de Colombia por un valor superior a 20.000 millones de pesos. Contratos similares fueron firmados con media docena más de países iberoamericanos a finales de la década de los ochenta. Naturalmente, ello no hubiera sido posible sin contar con la «simpatía» de altos funcionarios de los respectivos gobiernos iberoamericanos, con quienes Jesús Polanco (conocido en Colombia como «el españólete») se comportó siempre como lo que es: un auténtico señor. Por ejemplo, metiendo en la nómina de la Editorial Santillana de Colombia a Diego Betancourt, hijo del presidente Belisario Betancourt, y haciendo lo propio con familiares cercanos al también presidente Virgilio Barco.

A España viajó la ministra de Educación, Doris Eder de Zambrano, la viceministra, Clara Victoria Colbert, y el responsable del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, Enrique Ruiz. Todos fueron tratados por Polanco como se merecían: a cuerpo de rey. En junio de 1986, la Procuraduría General de la Nación se vio obligada, a cuenta de las denuncias formuladas contra el Grupo Timón, a abrir una investigación sobre la conducta de estos probos funcionarios que aceptaron invitaciones de Polanco para visitar España mientras se discutían los contratos.

De las habilidades de Polanco al sur de Río Grande habla el dato de que en el patronato de la Fundación Santillana para Iberoamérica logró meter a cuatro de los cinco ex presidentes de la República de Colombia: Belisario Betancourt, Misael Pastrana, Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Michelsen. Todos ellos, además, enemigos ancestrales entre sí y adscritos a partidos opuestos. ¿Cabe mayor capacidad de penetración?

Santillana está hoy presente en todos los países de América, con excepción de Canadá y Cuba.

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Son numerosas las operaciones de Sanitrade y Eductrade donde se han detectado y denunciado irregularidades a lo largo y ancho del continente americano. Siempre con el pago de «sobreprecios» y comisiones de por medio. En Uruguay, en Nicaragua, en Panamá y no digamos en Chile, donde el señor Polanco, que no se anda por las ramas, tiene como hombre de confianza a Eduardo Rojas, ex ministro del Interior del presidente Frei, que además gestiona los intereses del Grupo Timón para toda América Latina.

En Chile (donde Santillana cuenta, entre otras, con Isla Negra Ltd. y Aguilar Chilena de Ediciones) estalló un gran escándalo con motivo de la utilización de los fondos procedentes del convenio suscrito el 12 de diciembre de 1990 entre el presidente Aylwin y el rey Juan Carlos, mediante el cual España otorgó a Chile un préstamo de 42 millones de dólares con cargo a los fondos FAD. El esquema es el clásico: el Ministerio de Educación chileno contrata (sin previa licitación pública) con Focoex el suministro de aulas tecnológicas, equipos y material didáctico para centros de formación profesional, y a continuación Focoex, sin dar la menor oportunidad a cualquier otro suministrador español (a Polanco, el trabajo duro siempre se lo hacía Focoex), subcontrata el pedido con Eductrade y por el camino, además del tradicional sobreprecio (entre un 60 y un 138 por 100 más), se pierden algunos millones en el pago de comisiones.

Tamaña utilización de Focoex no hubiera sido posible sin el visto bueno del Gobierno, por supuesto, y sin la buena disposición de los gestores de la sociedad estatal. Y para que no hubiera duda, Juan Arenas, su presidente a principios de los ochenta, pasó a trabajar en 1986 en el grupo Polanco como responsable de una de las divisiones del Grupo Timón.

El cántabro es así de generoso a la hora de recompensar a la buena gente. Lo hizo con Ricardo Díez Hochtleiner, tras los servicios prestados con ocasión de la reforma educativa de Villar Palasí. Lo hizo con Miguel Satrústegui, igualmente subsecretario de Educación. Lo hizo con Jorge Semprún, cuyos desvelos resultaron decisivos para la concesión a Polanco de Canal Plus. Lo hizo con Miguel Gil, jefe de gabinete durante años de Felipe González. Lo ha hecho hasta con el responsable de la seguridad del ex presidente González. Polanco coloca a todos, a todos cobija, a nadie que le haya ayudado deja sin amparo. Don Jesús es el «Lord Protector» de ese peculiar Almirantazgo que es el Grupo Timón.

Pieza clave en Focoex durante toda la etapa felipista fue Gloria Barba, esposa del ex ministro Carlos Solchaga. Ahora es el propio Solchaga quien ha sido amorosamente recibido en la nómina de ilustres del Grupo Prisa, como editorialista de El País. Jesús Polanco es como un padre para todo felipista de pro que pierde su empleo.

El caso es que el apoyo de Focoex a las prácticas de Eductrade y Sanitrade han dañado seriamente el buen nombre del Reino de España en muchos mercados internacionales, en especial en Iberoamérica.

No ha sido posible hacer ni siquiera una investigación somera sobre el montante total de los créditos FAD puestos a disposición de las empresas de Polanco a partir del año 82. Todo cerrado a cal y canto. La llegada del PP al Gobierno ha significado, en este sentido, un verdadero fiasco para quienes ansiaban despejar las dudas existentes en torno a la posible malversación de caudales públicos. Los nuevos responsables de la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente de don Rodrigo Rato, se han negado sistemáticamente a dar un sólo dato desagregado de la financiación concedida a Eductrade y Sanitrade durante los gobiernos socialistas. Hasta ahí llega el poder de Polanco.

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Más recientemente, el Grupo Timón ha establecido una importante base de negocios en las islas Canarias. ¿Quizá porque Tenerife es puerto franco? Es el llamado por algunos «caliente frente tropical», porque Polanco también se ha internado por la banda del turismo dispuesto a hacerse fuerte en la industria hotelera, y así ha construido en Adeje (Tenerife) un hotel de lujo, el Jardín Tropical.

En Canarias, el editor se comporta con la contundencia del terrateniente dispuesto a aplastar a sus aparceros. Francisco González Carpenter, copropietario que era, con su madre y hermanos, de los 1.200.000 metros cuadrados de la finca agrícola «Abama», situada en el término de Guía de Isora (Tenerife), lo ha probado en sus carnes.

A consecuencia de la mala cabeza de uno de los hermanos, la familia se vio obligada a hipotecar la finca con el Banco de las Islas Canarias (Isbanc) para responder de una deuda de más de 120 millones de pesetas que arrastraba Manuel González Carpenter. Tras tomar Francisco, cuarto de los hermanos, la gestión de los intereses de la familia, procedió a crear dos sociedades con los terrenos como activo: Amance S.A., con la explotación agrícola (el plátano) como objeto social, y Finca Abama S.A., dedicada al desarrollo inmobiliario de la zona costera de la propiedad, una de las más atractivas del sur de Tenerife.

Con la venta de 100.000 metros cuadrados de Amance S.A. por 140 millones de pesetas se levantó la hipoteca de Isbanc. Pero, cuando Francisco se disponía a cerrar acuerdos con grupos inmobiliarios europeos dispuestos —además de a hacerle multimillonario— a construir la mejor urbanización, con golf incluido, de Tenerife, saltó la liebre de una nueva deuda del crápula Manuel por importe de 1.000 millones con Cajacanarias. Esto sucedía el 5 de mayo de 1993, y al día siguiente Banesto, que tenía concedido a Finca Abama una línea de crédito que estaba excedida en 20 millones de pesetas, exigió el pago inmediato de esa cantidad. Pero allí estaba Cajacanarias, muy interesada en el proyecto urbanístico, para intentar solucionar el problema incorporándose como accionista de ambas sociedades, cosa que se firmó ante notario el 5 de agosto del 93.

Apenas un mes antes, Javier Bernal, director general del grupo Polanco, había entrado en contacto con Francisco González para mostrar el «máximo interés» de su patrón por participar en el desarrollo urbanístico de su propiedad. Y tanto parecía ser el interés por uno de los mejores terrenos de Tenerife que, ante la necesidad de vender parte del patrimonio de las sociedades para capitalizarlas, se aceptó una oferta de dicho grupo (después de reuniones mil, en alguna de las cuales llegó a participar el propio Polanco, amén de su hijo) para venderles 200.000 metros cuadrados en la costa a 5.000 pesetas el metro, con una edificabilidad aportada por los propietarios de 40.000 metros cuadrados. El acuerdo incluía la explotación platanera por los González Carpenter hasta el inicio del proyecto y su participación en el futuro campo de golf, así como la acometida de un proyecto para el suministro de agua.

Sin embargo, y para sorpresa de la familia, Cajacanarias no terminaba nunca de saldar la deuda de Finca Abama con Banesto. El banco había sido intervenido el 28 de diciembre del 93, y tres meses después se puso en marcha el proceso de subasta en los juzgados de Granadilla. Julián Sáenz, presidente de la Caja, tranquilizó a un atribulado Francisco González diciéndole que «todo está bajo control. Banesto está nervioso por su situación, pero la Caja tiene preparada una estrategia para sentarse a negociar entre la segunda y la tercera subasta, y cerrar la operación con una importante quita».

Pero llegó la tercera subasta, 18 de mayo de 1994, y el funcionario de Cajacanarias presente en los juzgados no abrió la boca, por lo que Banesto se adjudicó la totalidad de las propiedades y por la totalidad de las deudas. Un indignado González Carpenter acudió a pedir explicaciones al presidente de Cajacanarias. Esto fue lo que oyó: «Eres un inútil que no vales para nada, lo mismo que todos tus hermanos. Ahora vas a saber lo que significa sacar muebles de casa por la noche, como yo tuve que hacer hace años. Yo y mi vicepresidente, Nicolás Álvarez, que ha llevado personalmente los contactos con el grupo Polanco, decidimos no terminar las negociaciones con Banesto para que ese grupo pudiera comprar la totalidad del proyecto a Banesto por menos dinero del que había acordado con nosotros por los terrenos de la costa. Así es el mundo de los negocios, un mundo para el que tú no estás preparado…».

Finalmente, el 14 de junio de 1994 el grupo Polanco compró a Banesto la propiedad de la familia González Carpenter por 727.125.484 pesetas, terrenos cuyo valor contable neto (deducidas las deudas de ambas sociedades) había sido fijado por una auditoría independiente en julio del 93 en 1.836 millones de pesetas. En el sur de Tenerife todo el mundo está convencido de que Jesús Polanco ha pegado un pelotazo de no menos de 50.000 millones de pesetas a cuenta de la trapacería de unos bancarios y la ruina de una familia. «A pesar de haber pasado más de dos años con tratamiento psiquiátrico —asegura Francisco González—, de caer mi madre enferma y de haber perdido todo mi patrimonio y el respeto y el afecto del resto de mi familia, estoy intentando rehacer mi vida…».

Polanco, dueño de la cafetería Olympo, en el puerto de Tenerife, tiene en construcción un nuevo hotel de la Cadena Tropical en las tierras que fueron propiedad de la familia González Carpenter. Se trata de un establecimiento de superlujo, con 600 habitaciones y bungalows distribuidos entre plataneras. Hostelería ecológica la llaman.

El grupo Polanco ha reforzado su presencia en Canarias con la adjudicación, a finales del 98, de la televisión canaria a la sociedad Productora Canaria de Televisión S.A., integrada por Sogecable y un grupo de empresarios locales, gracias a los votos de Coalición Canaria y, cómo no, del PSOE. Para los dos consejeros del PP en la Junta General de Radiotelevisión Canaria (RTVC), la adjudicación había sido «una gran inocentada al pueblo canario, así como un fraude de ley». Tratándose de Polanco, pueden ir a reclamar al maestro armero.

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En menos de diez años Prisa se había transformado en el más poderoso grupo multimedia de España, con presencia en casi todas las facetas del negocio de la comunicación y el entertainment. Cuando, en octubre de 1982, el PSOE ganó las elecciones generales por mayoría absoluta, Jesús Polanco era ya dueño de un grupo que ejercía una gran influencia en la vida política, económica y social española. Prisa ya era sinónimo de poder.

Quedaba, sin embargo, por escribir la más importante, aunque no la mejor, página en esta historia, la historia de Prisa como grupo de comunicación puesto al servicio de los intereses políticos de un Gobierno y, particularmente, de su presidente, a cambio de favores económicos de toda índole. La historia de Prisa como guardaespaldas ideológico del felipismo, policía «política» dispuesta no sólo a ocultar la corrupción y el crimen de Estado, sino a apuntar con el dedo, denigrar y perseguir a quien osara denunciarlos. Jesús Polanco, instalado a la sombra de los supuestos defensores de las libertades, se aprestaba a cobrarse adecuadamente el favor. Ciertamente, aquél iba a ser un verdadero negocio de la libertad.

Entre 1982 y 1996, durante los Gobiernos presididos por Felipe González, «en España se ha producido un auténtico cambio de régimen político» —aseguraba Federico Jiménez Losantos en su libro La dictadura silenciosa—. «Sin romper con la forma de Estado, sin cambiar apenas la Constitución, conservando en apariencia las instituciones consagradas por la Ley y la costumbre, nuestro país ha sufrido cambios tan sustanciales con respecto a lo previsto y pactado por las fuerzas políticas que hicieron la Transición que, de la criatura alumbrada con tanto esfuerzo y no poca fortuna tras la muerte de Franco, apenas queda el recuerdo».

Nada de esto podría haber ocurrido si el gran transgresor no hubiera contado con la complicidad activa del grupo Prisa. Porque Polanco y su grupo aseguraron a González el práctico monopolio gubernamental de los medios de comunicación, uno de los cinco requisitos establecido en 1953 por Friedrich como característicos de todo régimen totalitario. El Grupo Prisa hizo más: se integró en el Régimen, trabajó activamente en sus basamentos ideológicos y se constituyó en el principal creador de opinión (no había más legitimidad democrática que la que fluía del Partido Socialista; no podía llamarse demócrata nadie que no comulgara con esa legitimidad) hasta principios de 1992, y a partir de esa fecha en guardián del sistema dedicado a la ocultación sistemática de los desmanes del felipismo.

Por eso, puede afirmarse sin temor a error que el papel de Prisa ha sido fundamental en la desnaturalización de la democracia española y su transformación en un régimen a imagen y semejanza del «carismático líder». Con Felipe González, el pueblo español volvió a encontrar a ese mesías que denunciaba Unamuno en Salamanca, o al líder que había perdido tras la muerte de Franco. La tarea del grupo del señor Polanco, en una moderna versión del viejo «¡vivan las caenas!», consistió en tratar de convencerlo de que eso no sólo no era malo, sino que, además, era lo «progresista».

La implicación total del Grupo Prisa en la causa «felipista» no se produjo, sin embargo, hasta el referéndum de 1985 para la permanencia de España en la OTAN, una iniciativa que, además de un capricho personal, fue un alarde de claro tinte caudillista. Primero, porque la decisión de entrar en la organización militar ya había sido adoptada en 1982 por un Gobierno democrático (el presidido por Calvo-Sotelo) y refrendada abrumadoramente por el Parlamento de la nación, y segundo, porque se trataba de dar la vuelta, como si de un calcetín se tratara, a la opinión del pueblo español, que era mayoritariamente contraria a la OTAN a causa, precisamente, de la demagogia desplegada por el PSOE tres años antes, que llevó a Felipe a prometer un referéndum para sacar a España de la organización si el PSOE llegaba al Gobierno.

Cuando eso se produjo, González se vio cogido en su propia trampa. Había que cumplir lo prometido, obligando al pueblo español al «trágala» más escandaloso de nuestra reciente historia. Para lograr tan sensacional acto de travestismo colectivo resultó esencial contar con el apoyo en bloque de los medios de comunicación públicos y privados. El de los medios de propiedad estatal se daba por supuesto. El de Prisa se convirtió en decisivo no sólo por la propia potencia del grupo, sino por el efecto arrastre que ejerció sobre los demás. Para lograrlo, el Gobierno utilizó, entre otros favores, el señuelo de las futuras concesiones de televisión privada.

El País abandonó cualquier veleidad de independencia para volcarse en la defensa de los postulados del felipismo, un sistema con vocación totalizadora en el que podían caber todas las clases sociales y casi todas las ideologías. Los mandos de la casa decidieron batirse el cobre tan a fondo en favor del «sí» que el jefe de opinión, Javier Pradera, un viejo estalinista reconvertido en ayatollah del Régimen, no pudo tragar aquel sapo tan deprisa y se consideró obligado a dimitir, aunque sólo por un rato.

A las cinco de la tarde del día del referéndum ya tenía Polanco información confidencial de Moncloa sobre la marcha de la consulta: «Está ganando el sí», respondió a Tamames cuando éste le llamó a casa para consultarle al respecto.

La anterior consideración podría inducir a equívoco. ¿Es que Jesús Polanco es un miembro destacado del Partido Socialista Obrero Español? Ni hablar. Jesús Polanco es simplemente «del Gobierno», siempre que el Gobierno de turno se pliegue a sus deseos. En Jesús Polanco no hay ideología, sólo hay dinero, sólo importa la cuenta de resultados. Lo expuso públicamente en uno de los consejos de administración de Prisa: «Yo soy un puto y me acuesto con Suárez, con Calvo-Sotelo o con González. Me acuesto con quien me convenga».

Es la «doctrina del puto», la aportación intelectual a la teoría política de este gran editor y hombre de empresa.

A partir del referéndum de la OTAN, el Gobierno perdió casi todas sus adherencias «socialistas» y la democracia española adquirió los perfiles de un régimen al servicio de un «caudillo mediático» como Felipe González.

El País se convirtió en el soporte ideológico del felipismo, dedicando sus mejores esfuerzos a defenderlo de las asechanzas de quienes renegaban de la fórmula sacando a la luz la corrupción del sistema. A cambio, Polanco y su grupo conseguirían pingües beneficios en un do ut des muy rentable para el «amo»: la SER, Canal Plus, Antena 3 Radio, Cablevisión, créditos FAD, libros de texto, por no hablar de la información privilegiada, de primera mano, que a veces llegaba a la sede de Miguel Yuste con motorista oficial, y del maná de la publicidad institucional que tan decisivamente contribuyó a embellecer las cuentas de resultados del grupo mientras discriminaba a otros medios, caso del ABC, siempre, y de El Mundo, desde su aparición.

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En 1985, Polanco, después de haber fracasado estrepitosamente con Radio El País, logró por fin asentar una sólida pata en el mundo de la radio al hacerse con la mayoría del capital de la SER, la más importante cadena de radio privada española, gracias a los buenos oficios de los hermanos Eugenio y Antonio Fontán, miembros destacados del Opus Dei y dueños de dicho paquete, dispuestos a tender un puente de plata para facilitar la entrada del editor.

La compra, iniciada a primeros de abril de 1984 con la toma de una opción sobre el 9,2 por 100 del capital, se realizó a través de la sociedad Profisa de los Fontán y otros. «Cada vez que el Grupo Timón compraba una acción de Profisa, compraba algo de la SER».

Eugenio Fontán se manifestaría después engañado por Polanco, asegurando que «el Gobierno apoyó a Prisa para que entrara en la SER». Mediante sucesivas ampliaciones de capital, Polanco fue desplazando a los accionistas minoritarios hasta hacerse con el control.

La operación se cerró en junio del 92 con la compra del 25 por 100 que aún mantenía en su poder el Estado. Para convencer al Gobierno y al ministro de Economía y Hacienda (dueño final, a través de la Dirección General de Patrimonio, de dicho paquete), Carlos Solchaga, de la necesidad de desprenderse de unas acciones cuya propiedad no molestaba, Jesús Polanco ideó una curiosa estrategia, que fue relatando con lujo de detalles a su entonces amigo Mario Conde y que revela, más que un sesudo tratado, la arquitectura moral del personaje.

Resultó que El País comenzó a mostrarse muy crítico con Solchaga y su política económica.

—¡Coño, Jesús!, parece que os habéis pasado a mi bando…

—¿A qué bando? ¿A qué te refieres?

—A los editoriales de tu periódico contra Solchaga, que le estáis poniendo fino. Fíjate, yo, entre otras cosas, llevó tiempo advirtiendo de los riesgos para España de la integración europea y por fin veo que alguien empieza a darme la razón.

—¿Quién, mi periódico?

—Sí, claro.

—Si no es eso, Mario, no es eso. Es que quiero comprar lo que me queda de la SER.

—¿Cómo?

—Sí, que quiero comprar el 25 por 100 que aún tiene el Estado, y estoy convencido de que en cuanto le arree tres o cuatro días más, éste va a venir corriendo a pedirme audiencia y lo voy a comprar barato.

Una anécdota plenamente significativa de un hombre que no tiene amigos, porque sólo tiene intereses. Polanco invitó a Solchaga a cenar y allí se arregló todo. El Gobierno socialista se desprendió finalmente de ese 25 por 100 a un precio «político» (3.200 millones de pesetas). Actualmente el grupo Prisa es propietario del 99,9 por 100 del capital.

Si Polanco no puede competir contigo, te compra. Lo hizo en el verano de 1992 con el principal competidor de la SER, Antena 3 Radio, para después hacerla desaparecer. Los profesionales de la cadena habían tenido la osadía de desbancar a la SER del primer lugar en el ranking de oyentes empleando, más que dinero, talento. La operación de asalto a Antena 3, que contó con la colaboración del grupo Godó y del Banesto de Mario Conde, produjo una situación de claro «abuso de dominio», ya que entre ambas radios copaban el 50 por 100 de las emisoras privadas y el 65 por 100 de la audiencia, y vulneraba la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), que impide a un mismo grupo controlar dos emisoras en un mismo mercado local.

Pero el Gobierno, a pesar de reconocer «importantes efectos restrictivos de la competencia», aprobó la operación e hizo más, dio a Prisa un plazo de privilegio de diecisiete meses para acomodarse a la normativa, tiempo en el que Polanco creó Unión Radio, en la que se integraron de mentirijillas la SER y Antena 3.

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Si la fagocitación de Antena 3 fue un ejemplo de arbitrismo, la concesión de Canal Plus fue ya la exaltación más desvergonzada del amiguismo político. Lo que el felipismo quería de las televisiones privadas estaba claro: unos gerentes de total confianza para controlar los informativos y unos socios financieros con el mismo nivel de compadreo.

Sólo después de convocadas las elecciones generales del 89 Felipe se decidió a conceder tres canales. Al concurso se presentaron seis ofertas, cuatro de las cuales gozaban de todas las bendiciones oficiales: la ONCE y Berlusconi; La Vanguardia y Antena 3 Radio; Asensio/Murdoch/Conde y, last but not least, la de Jesús Polanco de la mano de Canal Plus Francia, que se presentaba con un proyecto de televisión codificada, sólo accesible mediante abono mensual.

La decisión parecía cantada, puesto que la oferta de Polanco se autoexcluía al quedar fuera de la ley aprobada por el propio Gobierno socialista, que definía la televisión privada como un «servicio público» y, por lo tanto, gratuito.

Fue entonces cuando Polanco dijo aquella frase que ha quedado en la memoria colectiva como representación de la irracionalidad y el desafuero: «No hay cojones para negarme a mí una televisión en España». No los hubo. El editor había manifestado ante el Consejo de Prisa que «aquí vamos a hacer una apuesta muy seria, y dentro de dos años podemos estar arruinados o nadando en la abundancia». Y a don Jesús le gusta mucho el agua caliente.

Polanco, naturalmente, tuvo su televisión (25 de agosto de 1989), y de pago, allí donde la ley hablaba de servicio público. Casi ocho años después, el pueblo soberano supo que, para darle su televisión a Polanco, el Consejo de Ministros hizo caso omiso de los informes, contrarios a Canal Plus, de la mesa de contratación del Ministerio de Transportes (de 21 de julio del mismo año) y del Abogado del Estado (de 4 de julio), quien aseguraba en su escrito que «ofrecer el servicio de TV en condiciones económicas más ventajosas para el usuario, incluso gratuitamente, supone ofrecerlo en forma más adecuada a la propia naturaleza del servicio», por lo que «la exigencia de un canon puede producir la práctica restricción de éste a elementos minoritarios de la sociedad, lo cual debe ser valorado desfavorablemente a la hora de optar»[9].

Pero el Gobierno daría todavía una muestra más del desprecio a su propia ley al conceder a Canal Plus un plazo adicional de tres meses para que pudiera empezar las emisiones, puesto que los seis legalmente establecidos resultaban al parecer insuficientes para el talento de los Cebrianes.

Con todo, lo más escandaloso fue comprobar cómo, poco después de salir del Gobierno, Jorge Semprún, cuyo Ministerio de Cultura había defendido con ardor la causa de Canal Plus, fue incorporado como representante en el consejo de Canal Plus Francia (cuyo presidente era François Rousselet, amigo íntimo y ex jefe de gabinete del sátrapa Mitterrand), mientras que el autor del informe, el subsecretario Miguel Satrústegui, se transformaba en director general del Grupo Prisa, convirtiéndose al poco tiempo en uno de los hombres de confianza y pieza clave del grupo Polanco.

El punto orgiástico de esta gran cacicada política llegó con la presentación de los socios capitalistas del proyecto televisivo de Polanco. En portada de El País apareció una gran fotografía que Pablo Sebastián calificó como «la foto del Régimen» y que era un compendio, en efecto, del poder del felipismo: en torno a Polanco y en el momento de su entronización como poder fáctico aparecía lo más granado del capitalismo patrio, todos, millonarios íntimamente sobrecogidos por su pasado franquista, rendidos al hechizo de la santa alianza entre Felipe y Polanco, los «felipancos»: Pedro Toledo (Banco de Vizcaya), José Ángel Sánchez Asiaín (Banco Bilbao), los Albertos (Grucycsa), Carlos March (Banca March), Ramón Mendoza (presidente del Real Madrid e ilustre mandao), Caja Madrid, Juan Luis Cebrián… El poder financiero se alineaba claramente con el nuevo Régimen, ¡y que les den mucho a las libertades!

Y es que quien no estaba ya al lado de Polanco, sencillamente no estaba. Y estaban todos. O casi. Era el triunfo de una filosofía y de un estilo de vida. El Grupo Prisa y sus mandamases ponían a punto su propia estética, malgré la ética, en torno al llamado «clan de Liria», grupo de notables, periodistas, editores, músicos, filósofos… que periódicamente se reunían en graciosos saraos, felices happenings nocturnos en plena luna de miel con el poder, la erótica del poder, cenas erótico-místicas en el palacio de los duques de Alba, con el propio duque, Jesús Aguirre, al frente, presidiendo la cena mensual, más Jesús Polanco en la cabecera, más Pradera, más Cebrián, más el filósofo Savater, más Clemente Auger (el «afamado jurista del café Gijón»), más Matías Cortés, of course, y a menudo también Hochtleiner, «Jolines» para los amigos, sobre todo si se trataba de presentar en sociedad a algún recién llegado del continente hermano a quien había que colocar algún container lleno de libros de texto, y la duquesa, en medio, danzando de aquí para allá con su pelo de zarza y su boquita de fresa.

Servía Jockey y pagaba don Jesús Polanco, dicen que medio millón de pesetillas por sesión, y todos tan contentos, encantados de bien cenar sobre mantelería de lino, a la luz de gruesos candelabros de la Casa de Alba, con los ojos de gato enfilando al corazón de los Goyas y Rembrandt de la señora duquesa, mientras la selecta concurrencia apuntaba en la lista negra a los disidentes y diseñaba con trazo firme el futuro de las nuevas Españas sobre las que pronto reinaría el gran cántabro.

Las cenas en Liria irían decayendo paulatinamente por una sencilla y contundente razón: porque el amo se hizo construir su propia mansión en Valdemorillo, cerca de El Escorial, la Biblia en verso, y ya no necesitaba el palacio de los Alba y, si me apuran, tampoco a sus dueños, hasta el punto de que acabó despidiendo del Consejo de Prisa a Jesús Aguirre, un golpe del que todavía el señor duque no se ha recuperado psicológicamente y que asustó mucho, por su implacable frialdad, a Matías Cortés: «Si éste es capaz de hacer eso con un Alba, ¿qué no será capaz de hacer con otro cualquiera?».

Casi al mismo tiempo se formalizaron las tertulias sabatinas en el restaurante El Frontón de la calle Hurtado de Mendoza, almuerzos cultos, cultísimos, a los que concurría lo más granado de la intelligentsia felipista, con Javier Pradera oficiando de gran maestre, y en los que se repartían carnets de demócratas, se zurraba la badana al sector guerrista del PSOE, se hacía escarnio de las menguadas huestes de la «derechona» y, si hacía al caso, se criticaba también al Gobierno y sus ministros, unos hijos de puta aunque, naturalmente, fueran «nuestros hijos de puta».

Y cuando Pradera, siempre fino su instinto delator, descubría a uno que tonteaba con esa «derechona» o hacía buenas migas con un periodista crítico con el señorito, inmediatamente le montaba un auto de fe a los postres y, puesto en pie, le expulsaba del paraíso, le condenaba al Averno, episodio que sufrió en sus carnes, ante más de una docena de mudos y acollonados testigos, un ciudadano ejemplar llamado Antonio Eraso.

Este sistema de relaciones personales que rozan la filosofía de la secta, entreverado de ventajas de todo tipo, incluso dinerarias, conforma una tipología de persona de una fidelidad casi perruna al amo, que explica que en torno a Prisa se mueva un grupo de notables, un núcleo de gentes que no necesitan que Polanco les dé órdenes, porque ya se encargan ellos solos de darle gusto. Clemente Auger, por ejemplo, presidente de la Audiencia Nacional y prototipo del control que el Grupo —mano a mano con el felipismo— ha ejercido sobre la judicatura, es un hombre que lleva años viviendo, comiendo y durmiendo con Polanco y su gente, que se ufana de inspirar la línea editorial de El País y que no necesita, lo mismo que Semprún, que Polanco le diga lo que tiene que hacer en defensa de sus intereses, porque él mismo se basta y se sobra para hacer lo que más convenga al señorito.

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El plato que sirvió Canal Plus cuando finalmente salió a antena es definitorio de la filosofía del grupo Polanco. Los jóvenes progres que cobija hablaban y no paraban de hacer una televisión a la altura de sus altas miras culturales y políticas. Demócratas de toda la vida, no se cansaban, naturalmente muerto el tirano, de criticar el hecho de que la dictadura hubiera hecho del fútbol el epicentro de la vida intelectual y social de los españoles, por lo que la suya iba a ser una televisión exquisita, que iba a asombrar al mundo por la calidad de sus contenidos y la altura humanista de sus miras.

Al final, la fórmula que Juan Cueto empaquetó a los suscriptores fue bien simple: fútbol, toros y porno duro los viernes noche, es decir, el viejo panem et circenses: la España del cuerno cañí; el fútbol como elemento de alienación colectiva porque así convenía al bolsillo del amo, y ese sublime detalle del porno, porque el negocio es el negocio, y a ese business no le hacen ascos ni los muy católicos socios de Polanco en Canal Plus, gente tan devota como el banquero Emilio Ybarra, porno duro, durísimo, los viernes noche, donde la mujer desempeña el papel de mero objeto sexual, desagüe de los flujos seminales del macho, para ilustrar la vocación feminista de un grupo que alardea de ser el abanderado de la liberación de la mujer.

A partir de la concesión de Canal Plus ya no había vuelta atrás para Prisa. Seguramente tampoco la hubieran querido de haber tenido la posibilidad de deshacer el camino andado. Antes al contrario, tanto El País como la SER se entregaron en cuerpo y alma a la defensa de la causa felipista, sin mostrar el menor rubor a la hora de traspasar las fronteras de la ética periodística cuando de intoxicar y manipular a la opinión pública se trataba.

Se demostró, en el caso de la SER, con la divulgación en antena de las conversaciones telefónicas privadas, el 25 de abril de 1991, entre José María Benegas, Germán Álvarez Blanco y Fernando Múgica, todos ellos miembros del PSOE. ¿Qué era aquello? ¿Polanco contra el PSOE? Al contrario. Polanco utilizó aquellas conversaciones para dañar la posición de Alfonso Guerra y favorecer la de Felipe González.

En El País se demostró igualmente con ocasión del caso Ibercorp. Fue aquel un escándalo que marcó el inicio de la lenta descomposición del felipismo y el principio del fin de un régimen con vocación de PRI. La importancia cualitativa de Ibercorp, por encima de otros casos igualmente escandalosos, reside en que gracias a él quedó al descubierto la «quinta columna» del dinero que, complaciente, se había metido en la cama con el felipismo. Una cierta burguesía ilustrada, la llamada «biutiful pipol», emparentada con los perdedores de la Guerra Civil, que décadas después se había hecho fuerte en un Banco de España convertido en el único centro emisor de ideología económica existente en el país, quedó de pronto con sus vergüenzas al aire, descompuesta, rota, y con ellos todos los millonarios que se sentaban en torno a Polanco y que acudían regularmente de visita a «La Bodeguilla».

En la memorable tarde del 12 de febrero de 1992, día en que Casimiro García-Abadillo y Jesús Cacho habían hecho estallar el caso Ibercorp en El Mundo, Jesús Polanco y el millonario mexicano Plácido Arango, dueño de la cadena Vips, pasaron la tarde reconfortando a su amigo Mariano Rubio y ayudándole a redactar una nota de prensa que, como no podía ser de otro modo, era de enérgico desmentido. Imaginar a Polanco desempeñándose aquella tarde como jefe de prensa de Rubio es una de las cosas más divertidas de la historia del felipismo.

Naturalmente, El País ignoró la noticia durante días, para después negar en redondo su veracidad. Pero hizo más: bajo la dirección de Joaquín Estefanía publicó a toda página los textos de una conversación telefónica obtenida por el democrático sistema de «pinchar» el teléfono particular del domicilio de Cacho, hecho denunciado oportunamente en el juzgado, y lo hizo, a sabiendas de su ilegalidad, con el objeto de defender a Rubio y desacreditar ante la opinión pública al autor de la información.

La transcripción de esa conversación era absolutamente irrelevante desde el punto de vista de la veracidad o no de lo publicado, pero eso no importaba. Tampoco el grave atentado a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio del informador. Se trataba de dañar el crédito del periodista, en una golfería sin precedentes en la prensa europea seria, de la que el periódico de Polanco, adalid de las libertades individuales, no se disculpó jamás ante sus lectores.

Las cintas con las conversaciones de Cacho estuvieron durante semanas sobre las mesas de los despachos de varios ministros del Gobierno. Ninguno se acercó a un juzgado a denunciar tal violación de la ley, obra, casi con toda seguridad, del Cesid.

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La presencia del felipismo en los medios de comunicación se había hecho apabullante con motivo del llamado «pacto de los editores» suscrito a partir de 1991 por el Grupo Prisa, el Grupo Zeta, el Grupo Godó y Conde/Banesto, pacto que resultó decisivo para que Felipe González volviera a ganar las elecciones generales (adelantadas por culpa del caso Filesa) de junio del 93, «porque era lo que más convenía a nuestros intereses», en majestuosa frase de Mario Conde[10].

A quien convenía de verdad era a un Polanco acostumbrado a no dar una puntada sin hilo. El editor, en efecto, se cobró, y por anticipado, su apoyo electoral del 93 con dos favores gloriosos. A Mario Conde, en cambio, le pagaron a posteriori: el 28 de diciembre de ese mismo año le barrieron de un manotazo de la presidencia de Banesto.

Primer favor polanquil: la ley reguladora del IVA, de 28 de diciembre de 1992, seis meses antes de las aludidas elecciones, colocó a los descodificadores de Canal Plus un IVA reducido del 6 por ciento, pensado únicamente para los productos de primera necesidad tanto en España como en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea.

Segundo favor polanquil: tres meses antes de la cita electoral, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley de Telecomunicaciones, de la que habían desaparecido misteriosamente las normas que regulaban los descodificadores y que figuraban en el proyecto de real decreto que el Gobierno había sometido a dictamen del correspondiente Consejo Asesor el 15 de marzo de 1993. Apenas cuarenta y ocho horas antes de su publicación en el BOE, y por arte del liberalizador Borrell, desaparecieron del texto legal los últimos párrafos de los artículos 28 y 32 de la ley, en los que se conferían todas las competencias al entonces ministro de Obras Públicas. Resultado: los descodificadores seguían careciendo de regulación en el ordenamiento jurídico español, creando con ello una situación de alegalidad. Don Jesús Polanco podía seguir haciendo de su Canal Plus un sayo.

Casi cuatro años después, cuando, en enero de 1997, el Gobierno Aznar anunció su intención de elaborar un reglamento que permitiera el uso compartido de los descodificadores entre Canal Satélite, Vía Digital y cualquier otro potencial suministrador de televisión por satélite, Polanco montó en cólera, puso en pie de guerra a su grupo y afines y realizó, hablando en el plural mayestático privativo de las grandes dignidades, aquella tremenda advertencia de ofuscado ciudadano Kane: «No toleraremos un abuso de poder a nuestra costa, aunque nos cueste carísimo».

El regalo más escandaloso, con todo, efectuado por el Gobierno de González en agradecimiento al decisivo apoyo prestado por Polanco en las elecciones generales del 6 de junio del 93 tuvo lugar, calentito calentito, apenas cuatro días después de la consulta, el 10 de junio, cuando el ministro de Economía Carlos Solchaga firmó la orden de concesión al Grupo Timón, cabecera del holding Polanco, del régimen fiscal de entidad «consolidada» en lugar del de «transparente», lo que significaba una rebaja automática del tipo impositivo a aplicar desde el 56 por 100 (transparente) al 35 por 100 (consolidada).

La decisión de Solchaga significaba para la Hacienda pública dejar de ingresar miles de millones de pesetas en impuestos del Grupo Timón, millones que automáticamente pasaban a engrosar las arcas de don Jesús Polanco Gutiérrez y sus socios. Medida tan escandalosa ha permanecido en el más absoluto de los secretos hasta bien entrado el año 1999 ¿Alguien se extraña, ahora, de que Carlos Solchaga haya terminado trabajando en el Grupo Prisa?

Galbraith, en su libro Anatomía del poder, responde a la pregunta de «¿qué es el poder?» echando mano de una definición de Max Weber: «Poder es la posibilidad de imponer la propia voluntad al comportamiento de otras personas». Es decir, cuanto mayor es la capacidad para imponer esa voluntad y conseguir los objetivos, mayor es el poder. ¿Cabe mayor demostración de poder que la de un señor que es capaz de lograr que un Gobierno —de un país que figura entre los diez más desarrollados del planeta— perjudique los intereses públicos para favorecer otros particulares?

«Rosebud» fueron las últimas palabras del «ciudadano Kane», el magnate de la comunicación con el que Orson Welles llevó al cine la figura del todopoderoso William Randolph Hearst. Polanco, menos poético pero más práctico, ha soltado también su frase lapidaria: «Me escandaliza que se nos acuse de haber hecho negocios gracias al Partido Socialista…».

«Durante los casi catorce años de Gobierno socialista —aseguraba la revista Época el 8 de marzo del 99— no existe conocimiento en la base de datos del Ministerio de Economía (BDN) de que se haya practicado ninguna comprobación, consulta o inspección fiscal a Polanco, sus socios o su grupo empresarial». Ni una sombra de duda sobre la gestión de un grupo integrado por 250 empresas. Millones de españoles minuciosamente sometidos a la lupa de la Administración fiscal, mientras el señor Polanco, dueño de una red de empresas opaca y compleja cuyas ramificaciones se extienden a paraísos fiscales, campea a sus anchas.

* * *

Se acercaba el año 1996 y don Jesús Polanco no quería irse de vacío ante la inminencia de un cambio de Gobierno, de modo que puso de nuevo a trabajar a su gente. Los resultados no pudieron ser mejores. Tres meses antes de las elecciones de marzo de 1996, y en virtud de dos leyes (satélite y cable) aprobadas simultáneamente por el Parlamento en diciembre de 1995, la televisión por satélite dejó de ser servicio público, mientras que la televisión por cable quedó incluida en dicho concepto de servicio público. ¿Alguien lo entiende?

No, si no repara en el detalle de que para entonces el Grupo Polanco tenía en marcha un ambicioso proyecto empresarial con doble horquilla. La primera, la televisión digital por satélite, requería la ausencia de cortapisas legales: ¡fuera el concepto de servicio público! La segunda, la televisión por cable, precisaba de un acuerdo con Telefónica para explotar su red de cable en régimen de monopolio: ¡bienvenido sea entonces el concepto de servicio público! Una brillante casualidad, aunque ya se sabe que la casualidad es para quien la trabaja.

Pero el clímax del compadreo entre Gobierno y el grupo empresarial llegó apenas dos días antes, dos, de las elecciones del 3 de marzo de 1996, es decir, el primero de marzo de 1996, día en que el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo, publicado en el BOE del 29 de marzo, por el que se aprobaba la operación de concentración entre Telefónica y Canal Plus.

Para comprender el alcance de esta decisión hay que referirse al pacto secreto que había sido firmado el 26 de julio de 1995 entre la Telefónica de Cándido Velázquez y el grupo Polanco, acuerdo al que ni siquiera pudo acceder en su integridad el Tribunal de Defensa de la Competencia.

La dimensión real de este atropello no se entendería sin una breve reflexión: Cuando se habla de una red de cable se engloban en ella cuatro elementos básicos: la red en sentido físico, los contenidos, el sistema de descodificación y el servicio de atención al abonado. En el acuerdo entre Telefónica y Canal Plus, la operadora, un monopolio plenamente controlado entonces por el Gobierno, se reservaba la red, pero la ponía a disposición de un grupo privado como Canal Plus. Y, además, ponía a su disposición el resto de los elementos. Lo cual significaba, en primer lugar, que Telefónica (el Gobierno socialista) elegía como proveedor a Canal Plus y lo nombraba jefe de compras, con el evidente perjuicio para el resto de las empresas programadoras y con el privilegio de disponer de sus 2.500 millones de pesetas diarios de cash-flow. En segundo lugar, que Telefónica, una empresa poblada de ingenieros de telecomunicaciones y sobrada en muchos aspectos de tecnología punta, cedía al Plus todas las decisiones sobre el sistema de descodificación. Y, en tercer lugar, que la operadora, con casi 16 millones de abonados, cedía también ni más ni menos que el servicio de atención al cliente, elemento básico para la fidelización de la clientela.

Ningún Gobierno en la historia de la democracia se había atrevido a poner un monopolio público a disposición de un grupo privado.

Además de regalar a Polanco la red de cable de Telefónica, el Gobierno González hizo otro gran obsequio, otra operación final de «bloqueo» de amigos ante la llegada del PP: el pacto suscrito entre Endesa y el BCH o, dicho de otra forma, el intento de fortalecer la delicada situación del BCH con el respaldo financiero de Endesa. De golpe y porrazo, la eléctrica pública pasó a hacer el papel del «primo de Zumosol» del banco presidido por José María Amusátegui.

Naturalmente, en cuanto Martín Villa llegó a la presidencia de Endesa se dio cuenta de la enorme hipoteca que para la eléctrica suponía un acuerdo en el que poco o nada tenía que ganar y sí mucho que perder, porque al final todo se reducía a filializar Endesa y poner su enorme cash-flotu a disposición del BCH.

La brutalidad de lo relatado, suficientemente conocido, por otro lado, por las elites del país, ha llevado a muchos a preguntarse por la verdadera naturaleza de las relaciones entre Prisa y PSOE, o entre PSOE y Prisa, dos personas distintas y un solo afán verdadero. ¿Realmente se trata, con ser escandaloso, de un simple acuerdo de socorros mutuos entre un Gobierno y un grupo empresarial privado, un do ut des centrado en la concesión de determinados favores políticos a cambio de cobertura y apoyo informativo, o estamos ante algo más profundo y mucho más serio? La relación, en cualquier caso, es tan estrecha que mucha gente parece obsesionada por uno de los misterios más llamativos de nuestro tiempo: ¿es el PSOE de Prisa, o es Prisa del PSOE? Cabe la posibilidad de que Prisa sea, en todo o en parte, propiedad no del PSOE, sino de Felipe González.

Ocurrió poco antes de que Pío Cabanillas junior dejara el Grupo Prisa. Polanco ofreció un festejo en el hotel Santo Mauro de Madrid, una celebración bastante restringida, con cóctel incluido. Deambulando andaba Jesús Polanco por los salones con una copa en la mano cuando se acercó a Pío:

—Pío, ¿conoces a Felipe?

—Pues no, no lo conozco.

—Ven, que te lo voy a presentar.

Y agarrándolo por el antebrazo, con esa forma campechana que el editor despliega cuando está en su salsa, como si quisiera llevarlo a rastras, lo condujo, jovial, hacia un grupito donde se encontraba charlando Felipe González, que se volvió para recibir a la pareja:

—Mira, Felipe, te presento a Pío Cabanillas, hijo de Pío Cabanillas.

—¡Hombre, nunca imaginé que pudiera tener a un Pío Cabanillas trabajando a mis órdenes!… —dijo, textual, González.

Cabanillas, aturdido por lo que acababa de oír, replicó transcurridos unos segundos que parecieron años:

—Es que no lo tienes, porque yo no trabajo para ti…

Polanco no abrió la boca, no protestó, no ironizó. Ni siquiera trató de quitar hierro a frase tan contundente. Polanco lo aceptó como si de un hecho consuetudinario se tratara, como si Felipe, en efecto, fuera el patrón de Prisa.

El misterio del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el PSOE o Prisa? ¿Quién manda ahí? ¿Quién es el capo de esa brillante entente? Un tipo tan lenguaraz y desvergonzado como Pérez Rubalcaba fue capaz de decir que «El País no es del PSOE; es el PSOE el que es de El País», una idea que podría ser algo más que un juego de palabras.

* * *

Cuando el Partido Popular ganó por estrecho margen las elecciones del 3 de marzo del 96, Jesús «von» Polanco era ya dueño del imperio mediático más diversificado de España. El proyecto que tres hombres, José Ortega, Carlos Mendo y Darío Valcárcel, alumbraron con una idea de pluralidad, había quedado reducido al negocio de un hombre convertido en uno de los más ricos del país y, desde luego, en el más influyente.

Con todo, en la impresionante deriva de Jesús Polanco en los últimos veinte años de vida española hay algo más que casualidad o favores políticos. «Yo le eché el ojo en cuanto lo vi —asegura Darío Valcárcel— ¡joder!, me dije, aquí hay un tío con futuro. Me pareció un hombre de negocios dispuesto a todo, dotado de una extraordinaria inteligencia natural y una gran capacidad de organización. Con limitaciones claras en el orden intelectual. Por ejemplo, es incapaz de teorizar, seguramente porque lo suyo nunca ha sido la teoría y sí la práctica. Jesús Polanco es, en efecto, un hombre terriblemente práctico, ejecutivo, sagaz».

En el fondo, el imperio Prisa es un one man show en la terminología yankee, un conjunto de sociedades que son criaturas de Polanco, un imperio personalista para el que la desaparición de su fundador sería un drama, y ésa es una de las críticas que se le pueden hacer al cántabro: que no ha organizado su sucesión, que no tiene un delfín claro, por mucho que todo el mundo apunte con el dedo a su sobrino Javier Díez Polanco.

Rodeado de un equipo de pigmeos aparentes y de colaboradores tan oscuros como sumisos, ha sido capaz de poner en pie una organización tan sólida como eficaz. El grupo montado en su derredor es un acorazado con un poder de fuego temible, un aparato que funciona como un rodillo contra todo aquel o aquello que osa oponérsele.

¿Qué es capaz de hacer Polanco al frente de su disciplinado ejército? Absolutamente todo lo que sea menester para seguir detentando la gran cuota de poder de que ha dispuesto con el felipismo. El cántabro sabe que hay una frontera muy tenue que separa la legalidad de la ilegalidad, una delgada línea traspasada la cual está el delito; pues bien, sin salirse un ápice de esa línea, pero llegando justo hasta el borde del precipicio, Polanco está dispuesto a todo, a transgredir lo que sea menester, a ir a por todas sin ninguna clase de escrúpulos, apartando a manotazos, sin compasión, a quienes se interpongan en su camino.

«¿Polanco ha matado? ¿Ha asaltado la caja del Banco de España? Pues no; no ha hecho nada que no hayan hecho los demás, sólo que de una forma más lúcida y con mucha más vanidad, por supuesto», asegura Valcárcel.

En torno a Jesús Polanco, como hombres de verdadera confianza, se encuentra su vieja guardia, en la que destaca Francisco Pérez González, el famoso «Pancho», amigo y compañero desde el inicio en todas sus aventuras empresariales y un hombre sencillo que goza de muchas simpatías dentro y fuera de Prisa («Es lo único que se salva de aquella casa», asegura un antiguo accionista). A la misma altura en orden de importancia, un personaje como Matías Cortés, que figura por méritos propios entre los mayores intrigantes del Reino, un abogado y catedrático de Derecho que sabe muy poco Derecho, detalle sin importancia porque lo suyo es otra cosa, algo indefinible, o no tanto.

Matías, inteligente, mordaz, cínico hasta la extenuación, ha sido siempre un «conseguidor» al estilo de «Rafansón», pero con mucho más «coco», un tipo que va y viene, come todos los días en Jockey, tira de teléfono, siembra el campo de minas y luego vende los planos para poder cruzarlo sin pisarlas, cuando no se ocupa en pensar maldades que luego sus segundones se encargan de pergeñar en sus aspectos legales.

Es un especialista en todo tipo de operaciones de lobby, un maquinador que a lo largo de su vida ha compartido los secretos de gente tan variopinta como José María Ruiz-Mateos, Mario Conde, Domingo Solís, Ignacio Coca o Javier de la Rosa, aunque sólo ha sido realmente fiel a un hombre, Jesús Polanco, el asidero que sabe de sobra nunca deberá soltar si quiere seguir con vida en el proceloso mundo plagado de víctimas que escoltan su camino. Con ser tantas sus habilidades, todos los grandes clientes de Matías Cortés han acabado con problemas. ¿Será ése el destino de Polanco?

El último gran «fichaje» de Matías Cortés, un granadino de humor finísimo, tan peligroso como divertido cuando no está «al tajo», con tendencia, más que a la obesidad, a los grandes volúmenes, es el polémico Jesús Gil y Gil. En torno a Gil y al «abogado» Rodríguez Menéndez, un pájaro que muchos consideran un simple peón de brega de Matías para cierta clase de trabajos, el gran Cortés ha empezado a mostrar una cara desconocida e inquietante.

En la vieja guardia de Polanco también figura, por derecho propio, Ricardo Díez Hochtleiner, «Jolines», ex alto cargo del Ministerio de Educación franquista, ahora una marioneta al frente del Club de Roma, vinculado al editor desde finales de los sesenta y que tanto tuvo que ver en su fortuna.

En la «guardia mora» de Polanco habría que incluir a una serie de personajes oscuros que garantizan la marcha del Grupo Timón y que están lejos de toda notoriedad. Hay, a continuación, un segundo círculo de gente en torno al jefe, círculo menos duro que el de «Pancho», menos íntimo, una segunda línea más coloquial y discreta, gente más joven e inteligente, situada en el entorno de los cincuenta años, entre los que figuran Jaime Ferrús, Juan Cueto y José B. Terceiro, un hombre importante y de talento que —otra curiosidad de la cuadra Polanco— es del PP hasta los tuétanos.

Dicho lo cual, llega la sorpresa: para mucha gente, Juan Luis Cebrián no figura en ninguno de esos círculos. Tres personas distintas que han trabajado a su lado durante años han extraído otras tantas características definitorias de la personalidad de Cebrián, «un necio convertido en capataz de Jesús Polanco», según definición de Darío Valcárcel:

Es un hombre menor, en el más amplio sentido de la palabra.

Es un ignorante, incapaz además de aprender y de estudiar, por lo que suele rodearse de intelectuales discretos que nunca puedan poner en peligro su entramado.

Es un hombre todo rencor y todo vanidad. Un personaje mediocre y lleno de complejos, como el de no haber ido a la Universidad.

Las tres, con todo, parecen apuntes muy sesgados, producto del deseo de revancha de unos o de la envidia de otros, y que en ningún caso completan la personalidad de un hombre que fue capaz de poner en marcha, con todas las ayudas que se quieran, cierto, un proyecto como el del diario El País.

Con Juan Luis Cebrián convertido en el jefe de máquinas, el contramaestre de un proyecto destinado a atesorar más poder e influencia que ningún otro en la historia de España, Javier Babiano, desempeñó durante la primera mitad de esta historia el papel de meticuloso gerente dispuesto a cuadrar las cuentas.

Babiano fue «el tercer hombre» de Prisa durante años. Tipo sensible, inteligente y bien educado, sólo él podía haber rescatado al Grupo Prisa de la deriva a la que lo estaban conduciendo los rencores de Cebrián. Pero cometió la osadía de enfrentarse a éste, seguramente a destiempo, por la primogenitura de Polanco. Ganó Cebrián, y Babiano fue condenado a galeras. Una derrota lamentable para una persona apreciada por casi todos, cuya carrera ha ido de más a menos y que, al final, ha terminado siendo «recogido» de nuevo por el Grupo Prisa.

* * *

A la sombra de Cebrián se cobija uno de los tipos más oscuros que ha dado este país en las últimas décadas, Javier Pradera, íntimo amigo de Felipe González e ideólogo de la «casa/cosa común», editorialista de El País y un hombre que constantemente destila bilis por los acantilados de su pluma.

La peripecia vital de Javier Pradera es producto de un trauma, del drama familiar vivido de niño con la Guerra Civil, y ese abuelo asesinado, paradigma de la derecha española más rancia, Víctor Pradera, y ese padre ingeniero, hijo primogénito del conde de Pradera, asesinado también por una izquierda mitad anarquista mitad comunista de San Sebastián, un padre que no hacía política pero que pasaba por allí con su apellido a cuestas, pobre víctima propiciatoria, pagano de una barbarie que fue capaz de atar el uno al otro, padre a hijo, hijo a padre, antes de fusilarlos en la cárcel de Ondarreta, un drama al que no pudo escapar la abuela, llamada «doña María la Brava» por su apasionamiento, y tampoco el nieto, Javier Pradera, Praderita de mi corazón, ánima en íntimo y permanente peregrinaje en busca de una explicación, una respuesta a aquella carta que el pobre padre le dejó escrita, apenas dos añitos, y que ha presidido como estrella polar sus peores pesadillas, tal que la obsesiva necesidad de encontrar culpables entre los que apoyaron y financiaron el alzamiento de Franco, responsables últimos del asesinato del padre, los Luca de Tena, Prensa Española, y el odio africano al ABC, la obsesión con el ABC y con Luis María Ansón, entre otros.

Obsesión que roza la paranoia, estigma freudiano de un hombre en el fondo traicionado a sí mismo que, prisionero de un trauma infantil, se sabe cogido en las redes de una ideología rancia, en las costuras de un traje viejo del que le hubiera gustado escapar, porque, disipado con la edad el resentimiento contra sus propios orígenes, en el fondo se siente un hombre mucho más centrado de lo que sus soflamas estalinistas pudieran indicar, en el fondo se percibe un hombre de centro, si me apuran del centro-derecha, si me obligan a decirlo diría que al hijo de Carmen Gortázar le hubiera gustado jugar un rol como el que ha jugado su primo Guillermo en el PP, le hubiera gustado al menos tener la capacidad, la libertad, el valor de haber evolucionado de acuerdo con sus sentimientos más profundos, y de ahí el individuo martirizado, el tipo atormentado que destila toneladas de mala baba en sus escritos, el hombre a disgusto dentro de su propia piel, sabedor de que ya es demasiado tarde para cambiar de bando, demasiado tarde para evolucionar, la guerra del tiempo, que tampoco perdona, le ha cogido en la trinchera de Polanco, alea jacta est, ya es demasiado tarde para todo salvo para seguir ganándose las alubias defendiendo los dineros y los negocios de un hombre al que secretamente aborrece.

Hace tiempo que Pradera firmó su rendición incondicional, moralmente castigado por el drama de saberse defensor de una ideología, de un partido y de un líder que han traicionado sus mejores aspiraciones enfangándolas en el barro de la corrupción y el crimen de Estado. Físicamente muy cascado, el ideólogo de Prisa se irá a la tumba con la certidumbre del fracaso, envuelto en el sudario de su condición de peón de brega, mandao de Cebrián y palafrenero de Polanco. Sic transit.

Con el riñón averiado, sí, pero con el hígado bien forrado por las gabelas de Jesús Polanco y los consejos de administración de empresas del Grupo de los que forma parte, que el amo sabe pagar muy bien a sus leales, de manera que este patético Beria del felipismo no defiende gratía et amore las posiciones de los felipancos, nada de romanticismos, antes al contrario, lo hace desde la defensa de sus intereses personales, los jugos de su bolsillo, los dineros de sus consejos de administración, y es que los «extremeños» se tocan, se abrazan, ¡porca miseria!, los ágrafos Polancos y los ilustres Praderas, unidos al final por el cordón umbilical del dinero.

De manera que, cuando Pradera insulta tan alegremente a diestro y siniestro, lo hace de forma aséptica, como una obligación, parte de su trabajo diario, cumpliendo lo que se espera de su condición de «mantenido» de Polanco. Para eso le pagan, y muy bien, dicho sea de paso.

Cebrián y Pradera serían lo que Etienne de la Boétie, íntimo amigo de Montaigne, en su Discurso sobre la servidumbre voluntaria, llama «los chulos del tirano». Los tiranos nunca gobiernan solos. El poder nunca es de un hombre solo, de modo que para que el tirano pueda gobernar necesita de dos, cinco o diez hombres situados en primera línea, sentados a la diestra del padre, al lado del poder, como encargados de ejecutar sus decisiones, prestos siempre a crear el ambiente social necesario para que se acepten más o menos resignadamente.

Fue Cosme de Médicis en la Florencia del siglo XVI quien llevó a la Administración pública los criterios que aplicaba a la administración de sus empresas. Y fue en la empresa privada donde surgió la frase de que «el fin justifica los medios». El éxito del negocio disculpa los métodos que se hayan utilizado para alcanzarlo. Cosme de Médicis trasladó la ética mercantil a la política, al todavía incipiente Estado, a la Administración pública, confundiendo su negocio privado con el público, con el Estado. Y transformando a los tradicionales «chulos del tirano» en «chulos del Estado».

Así nace la razón de Estado y el secreto de Estado, como una traslación de lo privado a lo público. En los negocios del tirano, el secreto estaba justificado. A partir de Cosme de Médicis, en el Estado también.

Cebrián y Pradera, fundamentalmente, han sido los «chulos del tirano» que, a partir del año 1985, se convierten en «chulos del Estado», identificando Estado con felipismo (de la misma forma que los Girón, Solís Ruiz y demás familia fueron los chulos del franquismo) y confundiendo los intereses del felipismo/Estado con los de Polanco, porque todo lo que redundaba en beneficio del Régimen redundaba en favor de Polanco, y por eso quienes se oponen a esa visión medieval de la Historia están, según ellos, fuera de juego, se sitúan extramuros del sistema, «quien se me enfrenta tiene que irse de España», que dijo Polanco, quien me hace frente no es nadie, no cuenta, está muerto, y si no lo está hay que desacreditarlo y destruirlo.

Desde el punto de vista de quienes sospechan que Felipe González es algo más que un amigo de Prisa, Juan Luis Cebrián sería simplemente su testaferro en el grupo, el hombre del PSOE en Prisa, mientras que Alfredo Pérez Rubalcaba actuaría de enlace, de go-between, de «liberado» entre ambas partes. Lo cual, como es lógico, convertiría a Cebrián en un intocable dentro del Grupo Prisa, que es exactamente lo que es, un intocable, razón por la cual no tienen la menor verosimilitud los rumores que, de cuando en cuando, inundan el patio madrileño hablando de su inminente caída en desgracia. Polanco, sencillamente, no puede tocar a Cebrián, un tipo perfectamente apoyado y mantenido para hacer el trabajo sucio que «el otro» no quiere hacer.

Polanco y Cebrián. He ahí un dúo mortal de necesidad, responsable en gran medida de todo lo malo que, en el orden de la perversión de los valores democráticos, ha ocurrido en España en las dos últimas décadas. Cebrián es un tipo listo, bastante más inteligente que Polanco, aunque Polanco es mucho más astuto que Cebrián. Más culto Cebrián, más tete a terre Polanco. Más refinado Cebrián, pero con mucha más visión para el negocio Polanco.

Cebrián no es un escritor, ni un periodista: es el «chulo» de una empresa que no es propiamente del Estado, porque su dueño se apellida Polanco, pero que hace las funciones ideológicas de empresa estatal. Como negocio de comunicación que es, Prisa es responsable de la producción de ideología para consumo diario. Es El País el que crea esa ideología que luego difunden las televisiones y las radios sin saber muy bien dónde se ha creado, y quién, por control remoto, las ha manipulado. De esa ideología se hacen eco incluso medios aparentemente enemigos de Prisa (caso del diario El Mundo y la cadena COPE), dispuestos a veces a sumarse a determinadas campañas y a voltear en sus medios historias, opiniones, comportamientos, pautas, en definitiva, ideología, que, al final de la cadena, han producido pseudointelectuales como el citado Cebrián o Haro Tecglen o Javier Pradera…

Esa capacidad para convertir en colectivas pautas de comportamiento y pensamiento privadas constituye, sin duda, el mayor éxito del Grupo Prisa.

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«Algunos ingenuos dicen que Prisa es progubernamental —se oía decir con frecuencia antes de marzo del 96—, y se equivocan, porque Prisa es el verdadero Gobierno. Los actuales gobernantes pasarán y Prisa seguirá siendo el verdadero Gobierno».

Según Antonio García-Trevijano, el hombre que estuvo en un tris de apoderarse de El País, la gente suele olvidarse de una premisa fundamental, y es que «los intereses de Polanco no son políticos, sino económicos. Y como tales intereses económicos, son permanentes, mientras que los de Felipe González (no hay otros en el PSOE que los suyos) son efímeros, como efímera es su propia persona. Y por lógica vencen siempre los intereses permanentes».

Pero si el PSOE no es, hoy por hoy, más que González, Prisa es mucho más que Jesús Polanco. Prisa es Polanco y lo más granado de capitalismo español, fundamentalmente la gran banca. Prisa son los March, los Ybarra, los Botín, las Koplowitz, los Amusátegui, El Corte Inglés… Y los satélites que giran en torno a ésos planetas, todo el conjunto de intereses que se mueve en su derredor. De modo que Prisa, más que un grupo empresarial, es, por encima de todo, el Sistema, el Sistema nacido de la transición y nucleado en torno a un eje compuesto por Polanco abajo, Felipe González en el centro y el Rey Juan Carlos arriba. Un Sistema mucho más fuerte, más permanente, más duradero que una persona.

Un hombre como Emilio Botín, que a fuer de derechas es casi de extrema derecha, es, sin embargo, uña y carne de Polanco. ¿Qué decir de un Emilio Ybarra que, en plena refriega digital con el Gobierno Aznar, se avino a patrocinar un sarao de El País en Bruselas? «¿Cómo se atreve el BBV a desafiar al Gobierno Aznar de esta forma? —se preguntaba a primeros del 97 uno de los «fontaneros» de Moncloa—. Porque Ybarra cree que Jesús Polanco es un poder más sólido que el de Aznar —se respondía—, y porque sabe que para el BBV es más peligroso estar enfrentado a Polanco que a Aznar».

Había dado en la diana. En la España de hoy es mucho más arriesgado estar enfrentado a Jesús Polanco que al Gobierno legítimo de la nación. Es «la pirámide del miedo». En efecto, es evidente que los ricos que participan como socios en los negocios de Polanco lo hacen, dentro de una estrategia empresarial, movidos por el afán de beneficio, pero esos socios, con ser los apellidos mas relevantes del capitalismo español, no dejan de ser una minoría comparados con otros ricos, otros banqueros y otros empresarios que no participan como asociados de Prisa. Socios y no socios, sin embargo, todos rinden la misma embelesada pleitesía a Polanco, el mismo respeto entreverado de temor, el mismo miedo.

Lo cual no es casual. Es simplemente el resultado del perverso sistema de poder tejido por el felipismo, un régimen que hizo de la corrupción y de la falta de respeto a la ley una forma de vida. En el gran río de los transgresores de la ley viajan todos los poderosos del país. Todos tienen algún pecado, no digamos ya fiscal, que esconder. Y todos tienen una precaución que tomar, un mandamiento que guardar: estar atentos a lo que dictamina el policía, el árbitro del Sistema, que no es otro que el grupo Prisa. Estar a bien con Prisa es estar a bien con ese Sistema. Quien desafía el poder de Prisa y lo que Prisa representa se coloca fuera del mismo y corre el riesgo de ir a dar con sus huesos en la cárcel, caso de Mario Conde. Roldán, Mariano Rubio o el propio Conde son las excrecencias que el Régimen exhibe de cuando en cuando como purgante.

Una tal pirámide del miedo sería imposible de imaginar en una verdadera democracia, con un capitalismo rodado en una mecánica de siglos de permanente ajuste a la legalidad, de pesos y contrapesos, porque en ese sistema de cumplidores de la ley dejaría de existir el miedo, que es la argamasa indispensable que mantiene unido en España el edificio de la adhesión a Polanco. El miedo al «Big Bertha».

Por el contrario, en un país donde casi nadie cumple la ley es indispensable estar a bien con el poder político (PSOE) que, en contra de sus obligaciones, consiente esos incumplimientos y con su brazo ideológico/mediático (Prisa), que puede apuntar con el dedo a cualquiera de los transgresores en un momento determinado.

El Sistema salta por los aires cuando queda una sola esclusa, por pequeña que sea, sin taponar. Porque el empeño de los amos del Sistema por seguir manteniendo la ficción democrática deja abiertas rendijas por las que a veces se cuela el discrepante, o aparece en escena un invitado con el que nadie contaba, un diario como El Mundo, dispuesto a poner patas arriba el edificio tan laboriosamente tejido en casi catorce años de caudillaje mediático.

* * *

El choque con el Gobierno de José María Aznar era inevitable. Álvarez Cascos recuerda que uno de sus primeros actos, recién llegado a su despacho en Moncloa (4 de mayo de 1996), fue acudir a la fiesta conmemorativa del 20 aniversario de El País como un gesto de distensión y buena voluntad. «Este Gobierno empezó su andadura con gestos de amistad hacia todo el mundo, porque supongo que a nadie le gusta procurarse enemigos de forma gratuita».

Polanco se dedicó en los primeros meses a enviar mensajes a aquellos ministerios que tenían que ver directamente con sus negocios. Así, a finales de mayo del 96 tuvo lugar un almuerzo en el Ministerio de Educación y Cultura, el corazón del negocio Polanco, en el que Esperanza Aguirre y todo su equipo al completo oficiaron de atentos anfitriones ante don Jesús, Juan Luis Cebrián, Javier Pradera, Javier Díez Polanco… El «núcleo duro» de Prisa, en suma.

Fue un encuentro amable e incluso cordial, no tenemos nada contra este Gobierno, ¿cuáles son vuestras ideas?, ¿qué pensáis hacer con esto?, ¿qué con lo otro?… Terminado el almuerzo, la ministra corrió a preguntar a uno de los secretarios de Estado presentes en el ágape:

—¿Qué te ha parecido?

—Pues mira, Esperanza, tú sabes que éste es el Ministerio de Polanco desde los tiempos de Villar: la cultura, la educación, la música, el deporte, el fútbol, todo eso es lo suyo, y claramente ha venido a recordártelo y a decirte que «yo puedo hacer que usted triunfe ante la opinión pública, pero también puedo hacer que se estrelle si intenta perjudicarme».

Y para que se fuera enterando, las primeras andanadas desde El País contra «Esperancita» fueron tremendas, hasta que «Esperancita» aprendió la lección y el grupo Polanco dejó de ocuparse de ella, e incluso comenzó a tratarla con gran deferencia.

Pero estaba claro que la entente no iba a ser posible. Todo habría ido sobre ruedas si el Partido Popular, en la perspectiva de llegar a gobernar, hubiera mostrado alguna disposición a pactar con el cántabro. Muy al contrario, a partir de la firma del acuerdo entre Telefónica y Prisa que dio lugar al nacimiento de Cablevisión, el PP se dedicó a boicotear el negocio del cable en los ayuntamientos de las grandes ciudades que controlaba. Fue un envite que estuvo a punto —cuando faltaba menos de un mes para las elecciones generales del 3 de marzo— de romper en dos el Partido Popular. Y es que Ruiz-Gallardón, la inversión a medio/largo plazo de Polanco en el PP, había decidido que Telemadrid tomara una participación accionarial en citada sociedad conjunta.

La firma del pacto de constitución de Cablevisión estaba prevista para el 9 de febrero del 96, y la víspera Gallardón se mantenía en sus trece. Bien avanzada la noche del 8 de febrero, José María Aznar, en tensa conversación telefónica desde la sede del partido, lanzó un órdago al presidente de la comunidad madrileña: ese pacto no se iba a firmar. Y Gallardón se achantó.

Una orden en paralelo había salido de la séptima planta de Génova 13 con destino a las alcaldías gobernadas por el PP: convocar concursos para adjudicar al mejor postor la explotación del cable.

Alberto ya le había hecho otro favor, que se sepa, a Polanco: la Dirección General de Comercio de la comunidad autónoma tenía ultimada una ley para prohibir la venta de bienes culturales en domingos y festivos. Pero ocurrió que Gallardón, contertulio que fue de la SER antes de presidente regional, no había reparado en un pequeño detalle, y es que las tiendas Crisol venden libros y discos precisamente en festivos, según una tradición que se remonta a los tiempos del copain Joaquín Leguina, su antecesor en el cargo.

¿Qué pasó entonces? Que del decreto regulador que Carmen Caballero, directora regional de Comercio, tenía listo sobre su mesa de su despacho nunca más se supo. Crisol sigue vendiendo discos y libros los domingos, pese al enfado del pequeño comercio. Polanco manda mucho.

Si se compara la firmeza de la reacción de Aznar ante Gallardón, con el paisaje que Polanco pastoreaba antes del 3 de marzo del 96, la respuesta a lo que iba a ocurrir bajo un Gobierno del PP estaba cantada.

Las relaciones de Polanco con el anterior presidente de Telefónica, Cándido Velázquez, hubieran ruborizado al felipista más enragé: don Jesús le llamaba por teléfono y le daba órdenes como si de un empleado suyo se tratara. El propio Cándido reconoció que Cablevisión había sido algo que le vino impuesto por Pérez Rubalcaba. Este Velázquez pintaba poco en la operadora.

Un señor que consiguió que un Gobierno pusiera a su disposición una red de cable como la de Telefónica, propiedad de todos los españoles, ¿cómo iba a entenderse con el Gobierno que le estropeó la operación?

En el desencuentro entre el Gobierno Aznar y Jesús Polanco no hay espacio para la discrepancia ideológica. Es una simple cuestión de dinero: nada de ideología; todo cuenta de resultados. Los ideólogos de la «casa/cosa común» han tratado, naturalmente, de disfrazar el sabor a tocino rancio de esta realidad con la consabida invocación a «las libertades», un plato mucho más al gusto de los exquisitos paladares de la vieja progresía. Pero no se puede hablar de «riesgo para las libertades» cuando lo único que está en riesgo es la cartera del señor Polanco.

El relato de las tormentosas relaciones entre Prisa y el Gobierno Aznar es una historia que debe girar en torno al hilo argumental de los intereses económicos del editor. Por eso, la aparente contradicción que subyace en el desacuerdo entre un multimillonario y un Gobierno de centro-derecha no es tal. Desde el día en que, con Villar Palasí en Educación, descubrió que se podía hacer mucho dinero estando a bien con el poder, Polanco no ha hecho otra cosa que vivir a la sombra de los gobiernos de turno (la doctrina del «puto»). A él le da lo mismo que un gobierno sea de derechas o de izquierdas: lo único que le importa es que sea un gobierno amigo, y si de «gobierno amigo» se pasa a «gobierno satélite», tanto mejor.

«Polanco está buscando un repuesto a Felipe González, para hacer con él lo que hizo con Franco, con la UCD y con el PSOE: ganar dinero —aseguraba a mediados de 1996 un banquero madrileño—. Y la desesperación que a veces muestra es producto de la dificultad de encontrar recambio». Naturalmente, para quienes sostienen que Felipe es algo más que un buen amigo de Prisa, la cosa está clara: el cántabro está condenado a seguir apostando por Felipe González.

«Prisa es un proyecto franquista, no un grupo empresarial acostumbrado a competir en condiciones de libre mercado —sostiene un ministro del actual Gabinete—, que debe su nacimiento a los favores de Robles Piquer, que utiliza a Díez Hochtleiner, que tira de Fraga cuando Fraga manda pero que luego lo deja tirado como un kleenex, que luego se monta en el carro del PSOE y que cuando pierde el PSOE se habría montado en el del PP si le hubiéramos dado pie a ello. Porque si en el 95 hubiéramos “tragado” y no hubiéramos decidido deshacer en los ayuntamientos el acuerdo de Cablevisión, que fue el inicio de la pelea, ahora estaríamos sentados a la vera de Dios Padre y el Grupo Prisa estaría pastoreando al Gobierno Aznar como antes pastoreó a otros gobiernos».

Por si algo faltara, entre Polanco y Aznar existe una ausencia casi total de «química». El mundo del editor, una de las grandes fortunas españolas, ligado a las grandes casas, los barcos de recreo y demás parafernalia que distingue a todos sus amigos, los March, los Rodés, los Arango, los Entrecanales… está en las antípodas del mundo de un tipo austero como Aznar. Si, además, los segundos y terceros de Prisa con quienes trabaja proceden de la izquierda más rancia y resabiada y tienen su corazoncito amarrado al muelle felipista, no hay más que hablar. Y el felipismo no es de derechas ni de izquierdas: es un régimen.

Con la racanería que caracteriza sus formulaciones teóricas, también el gran Polanco ha intentado acompasar los intereses de su bolsillo con los de su corazoncito político, dejando al descubierto ese argumento mostrenco que tantos felipistas interiorizan según el cual, el hecho de que la derecha les haya desplazado del poder no es sólo una anomalía, sino una profunda injusticia histórica, porque después de tantos siglos en las catacumbas sólo a ellos corresponde estar en el machito.

Para Antonio García-Trevijano, «el error de Polanco (hombre más astuto que inteligente) ha sido creer que él es el único poder real en España y que puede hacer y deshacer gobiernos. Se equivocó cerrando todas las puertas a Aznar en la oposición, y ahora no tiene más ilusión que tumbar a Aznar. Polanco es el niño enrabietado al que le han quitado el juguete. Su operación ha fracasado y piensa que, de la misma forma que acaba con secretarios de Estado, “funde” ministros o lleva jueces al banquillo, tiene poder suficiente para tumbar a Aznar, algo que le encantaría, pero no por un prurito ideológico, sino para seguir ganando dinero, porque cree que Felipe o un sucedáneo suyo es una inversión más rentable que Aznar».

No falta quien opina que la lógica del capital y del dinero acabará por imponerse, de modo que si el PP volviera a ganar las elecciones generales del 2000 y el PSOE siguiera escatimando su imprescindible renovación, Polanco se entregaría al Gobierno conservador con el mismo entusiasmo con que antes lo hiciera con Felipe. ¿Una cuestión de tiempo?

* * *

Desde la llegada del PP al Gobierno, y con un PSOE sometido a los vaivenes de una profunda crisis interna, el Grupo Prisa se ha erigido en el sponsor parlamentario del Partido Socialista, hasta el punto de existir una perfecta correlación entre las portadas de El País y las iniciativas parlamentarias del PSOE.

Con el PSOE en la oposición, el hombre que se ha batido la cara por Prisa con singular denuedo ha sido Alfredo Pérez Rubalcaba, y lo ha hecho con tal convicción, con tal entusiasmo, que ni el hombre mejor pagado por Polanco hubiera podido igualar su labor. Rubalcaba, como tantos otros, tuvo una etapa de aprendizaje muy intensa en Educación, que es el origen, la fuente nutricia de la fortuna de Polanco. Todos sus grandes «servidores» han pasado por ese Ministerio.

Prisa se ha convertido, por lo demás, en «casa de acogida» de destacados felipistas en paro ocasional o forzoso. El último caso ha sido el del ex jefe de seguridad de La Moncloa con González, el policía Salvador Florido, en una muestra empírica de la interrelación existente entre ambos organigramas.

Florido había sido el responsable del montaje del sistema de seguridad de Moncloa, de modo que a la llegada de Aznar se convino en que lo más lógico era que siguiera al frente del aparato que él mismo había montado. Con el paso de los meses, sin embargo, se fueron detectando curiosas filtraciones que siempre terminaban por enseñar la oreja en los aledaños de Polanco y su grupo, de modo que, en un determinado momento, el vicepresidente Cascos le recomendó cambiar de aires.

Para Florido, las alternativas no eran muchas: o hacerse cargo de la seguridad de una empresa privada o vuelta a una comisaría de Policía. Tiró entonces de teléfono y pidió ayuda a «tito» Felipe. Pero González ya tenía el puesto cubierto, porque en mayo del 96 se había llevado consigo a su despacho de Gobelas a Francisco («Paco») Arias, que era su jefe de seguridad personal y de su familia. No importaba: «tito» Felipe llamó a Polanco y rápidamente lo colocó en Prisa. Para que su dicha fuera completa, Florido, un perfeccionista en su trabajo, gran profesional, se llevó de Moncloa a su secretaria. Para sustituirlo aterrizó en Moncloa Javier Ara, un mando de la Guardia Civil.

Si Polanco hace eso por un extraño, ni que decir tiene que está dispuesto a hacer cualquier cosa por aquellos que desde el Gobierno, sus aledaños o la simple sociedad civil le han servido con lealtad o simplemente le han hecho algún favor. En eso, Prisa funciona con espíritu de secta, o bajo el célebre lema de los mosqueteros, todos para uno, uno para todos: ¿éste es amigo? A muerte con él. ¿Enemigo? Que le den mucho. La historia de la legislatura Aznar está llena de agraviados del PSOE que, negándose a dejar sus cargos, encontraron altavoz para sus quejas en los medios del Grupo.

Un caso bastante típico fue el de Julio Segura, un reputado economista, presidente de la Fundación Empresa Pública, que se oponía a la política de privatizaciones del Gobierno pero no era capaz de presentar su renuncia por culpa de un estupendo salario, más 50 millones de contrato blindado, y que, tras ser destituido, armó la zapatiesta desde las páginas de El País.

Perdido un poder que consideran suyo, el estilo de la casa, hasta los segundos y terceros niveles, incluye comportamientos y actitudes de tinte mafiosillo tales como enviar mensajes amenazadores, que suelen disfrazar de consejos, «yo te aconsejo que…», a quienes se atreven a desafiar a Prisa o simplemente a darle la espalda. A veces el asunto llega hasta recomendar a un abogado «marcharse de España» por haber actuado profesionalmente en el caso Sogecable. Naturalmente, en contra de los intereses de Polanco.

Nunca se ha conocido en España, ni seguramente en Europa, una empresa periodística que reclame de sus profesionales la «obediencia ciega» que se exige en el grupo Polanco, lo que implica comulgar con sus tesis y salir en defensa de sus negocios siempre que la ocasión lo requiera, además de tener por enemigos a los enemigos del amo. Quienes no estén dispuestos a actuar de esta forma nunca podrán aspirar a mejorar su posición dentro del Grupo, porque no partirse la cara por el jefe significa resignarse de por vida a la condición de soldado raso.

Con todo, los comportamientos suelen ser educados. Los hay, por desgracia, francamente desvergonzados, aunque mucho más divertidos. Actitudes de mandamás que reacciona con insolencia cuando se siente contrariado, dentro de la clásica escenografía del «usted no sabe con quién está hablando». La España cañí. Lo probó en sus carnes un modesto policía que tuvo la mala suerte de toparse, el 17 de mayo del 98 en el control de pasaportes del aeropuerto de Barcelona, con un Juan Luis Cebrián & épouse que pretendían tomar un vuelo de Iberia que, procedente del extranjero, se dirigía a Madrid.

Ocurrió que la pareja viajaba con un hijo de ocho años que no llevaba ningún tipo de documentación personal, imprescindible para acceder a ese tipo de vuelos de la «serie 6.000», por lo que el policía les impidió el acceso al aparato tras las oportunas explicaciones. El rosario de perlas que salieron por la boca del académico de la Lengua y de su esposa incluyó expresiones tales como: «¿Por qué cojones tiene que ir documentado?», «¡Qué cojones tienes tú que explicarme!», «¡Sólo cumplís las instrucciones del facha del jefe del Gobierno!», «¿Dónde está el cabronazo del jefe?», «¿Por qué no se atreve a dar la cara ese hijo de puta?»… Por supuesto, el matrimonio Cebrián voló a Madrid en ese vuelo con su hijo.

Ellos son ansí. Un señor que se considera el centro del poder, acostumbrado a utilizarlo despóticamente, capaz de ingresar en la Real Academia Española de la Lengua sin más aval académico que una novelita, ¿cómo va a consentir que un simple policía pueda controlarlo a él, nada menos que Juan Luis Cebrián?…

El ingreso de Cebrián en la RAE, por cierto, revela el grado de sometimiento y postración del mundo de las letras al Grupo Polanco. Prisa regenta hoy el mundo de la cultura oficial con tan obscena demostración de soberbia que son muy pocos los que se plantean escribir y crear y vivir fuera del paraguas del Grupo, porque eso significa transitar por ese mundo en el mayor de los silencios. Que Juan Luis Cebrián haya sido académico antes que un José Hierro es un escarnio que descalifica a los señores académicos que consintieron tal barbaridad. Que Cebrián lo sea pero un Francisco Umbral no, es, más que una broma de mal gusto, casi un chascarrillo.

* * *

Jesús Polanco, jugando con la humana ambición de unos y la estulticia de otros, ha sabido abrirse paso por la quebrada de las disensiones internas dentro del partido del Gobierno y del propio Ejecutivo. Naturalmente, ha seguido obteniendo ventajas de un hombre como Alberto Ruiz-Gallardón, dispuesto a jugar un juego tan desleal con su partido como con los electores del centro-derecha que le mantienen en la Presidencia de la Comunidad. Gallardón vive entregado a Polanco a cambio de un trato favorable en los medios del Grupo (que, ciertamente, le dispensan la misma deferencia que al propio Felipe) y, lo que es más importante, de que Polanco le preste la ayuda que, sin duda, necesitará para ver cumplido su gran objetivo: llegar un día a la Presidencia del Gobierno de la nación, aunque no se sabe muy bien si como candidato del PP o del PSOE.

La sorpresa ha saltado con Rodrigo Rato, un hombre que, tras el indudable éxito de la gestión económica desarrollada por este Gobierno, tiene fundadas esperanzas de ser el sucesor de Aznar en las generales del 2004.

Fue a primeros del 1997 cuando, en pleno pulso «digital» entre el Gobierno Aznar y el Grupo Prisa, el Ejecutivo mostró interés por echar un vistazo a la situación fiscal de los negocios del cántabro, ante la sospecha de que podía haber trato de favor, sobre todo a partir de las generales de junio del 93. Hasta entonces, la información fiscal sobre el editor, un «intocable», permanecía guardada bajo siete llaves en el paseo de la Castellana 105 de Madrid, sede de la Agencia Tributaria.

El inspector de finanzas del Estado José María Sánchez Cortés y sus compañeros del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria iniciaron en la primavera del 97 sus investigaciones al percatarse de que se habían producido irregularidades fiscales a raíz de la absorción de la editorial Aguilar S.A. por parte de Santillana S.A. Los inspectores llegaron a la conclusión de que la naturaleza de la fusión era impropia, ya que, antes de que se produjera, la primera ya estaba participada en un cien por cien por la segunda.

Fue entonces cuando la jefa de la inspección, Pilar Valiente, ordenó un rastreo de toda la información contenida en la base de datos (BND) de la Dirección General de Tributos. La primera sorpresa fue encontrarse con que ni Polanco persona física ni su grupo de empresas habían sido objeto de comprobación fiscal alguna durante los casi catorce años de Gobierno socialista.

Las irregularidades comenzaron a surgir a borbotones. En primer lugar, los inspectores se dieron cuenta de que, durante los primeros años de la década de los noventa, las declaraciones de la renta y del patrimonio del empresario no concordaban y sufrían oscilaciones difícilmente explicables. Así, en 1993 declaró un patrimonio de 1.657 millones de pesetas, mientras que en 1994 la cantidad subió a 2.603 millones (un 57,09 por 100 más); en 1991, por el contrario, su declaración de la renta fue de 440 millones de pesetas, mientras que en 1992 apenas llegó a 61 millones.

«La declaración de renta y patrimonio de D. Jesús Polanco Gutiérrez reflejó desigualdades en el período que va de 1991 a 1995. Por otra parte, las bases imponibles de las declaraciones del impuesto sobre patrimonio, por el conjunto de sociedades interpuestas, no reflejan el verdadero valor de las participaciones accionariales», afirmaban en su informe los inspectores.

Algo similar sucedía con Prisa. En el año 1991, el Grupo declaró cero pesetas en ventas y se imputó compras por valor de 1.591 millones de pesetas. En el año 1992, no declaró transacción alguna con la empresa Distrimedios S.A., mientras que ésta reconoció operaciones con Prisa por importe de 541 millones. En 1993, cuatro empresas dijeron no realizar ningún tipo de venta a Prisa, mientras ésta declaraba operaciones con ellas por 252 millones. En 1994, Prisa reconoció negocios con el diario El País por valor de 6 millones, mientras éste imputó compras a Prisa por valor de 103 millones. En 1995, Sogecable declaró pagos a Prisa por 696.000 pesetas, mientras Prisa recogió operaciones con Sogecable por importe de 349.289.000 pesetas.

Pero la más importante «anomalía» se refiere a la concesión al Grupo Timón, al que en Hacienda denominan directamente «grupo Polanco», del régimen fiscal de declaración «consolidada» (tributa al 35 por 100), en lugar del de régimen de declaración «transparente» (el 56 por 100).

Los inspectores no podían entender tamaña concesión: «Analizada la composición de su activo, parecen concurrir todas las circunstancias legales para su configuración como sociedad de cartera en régimen de transparencia fiscal, que resultaría no ser compatible con el régimen de consolidación de balances que actualmente disfruta».

Con todos estos datos en la mano, el inspector Sánchez Cortés terminaba el 14 de abril de 1997, un día importante en la historia de la Agencia Tributaria, el expediente sancionador 2.113, que proponía dos líneas de actuación:

Proceder a la comprobación global que integra el grupo Polanco.

Proceder a la situación fiscal de las personas físicas don Jesús Polanco Gutiérrez, doña Isabel Moreno Puncel (su primera esposa), Francisco Pérez González (socio de Polanco) y doña Celina Arauna Menchaca (esposa de este último).

Ese mismo día, el informe preliminar sobre la situación fiscal del grupo Polanco llegaba, a través del secretario de Estado Juan Costa, a la mesa del ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, y a la del presidente del Gobierno, José María Aznar, a fin de recabar las órdenes oportunas sobre las líneas de investigación a seguir. Todavía las están esperando.

Nada se ha vuelto a saber, en efecto, sobre el mencionado expediente sancionador. Lo único que se sabe es que tanto Pilar Valiente como Jesús Bermejo, ex director general de la Agencia Tributaria, han salido fulminados de sus puestos, en teoría a cuenta de la marejada provocada por los famosos 200.000 millones de pesetas «perdonados» por el PSOE a sus amigos. Sé sabe también que el expediente está dormido, y se sospecha que Polanco, un señor que llega a declarar 60 millones de base imponible manejando un imperio de 250 empresas, puede descansar tranquilo.

No menos llamativo ha resultado el comportamiento del Gobierno del PP con respecto a la empresa pública Focoex, plaza fuerte de Gloria Barba (esposa de Carlos Solchaga), en la que los hombres de Polanco hicieron y deshicieron a su antojo durante los trece años de Gobierno socialista.

Según información publicada en la revista Época y firmada por Juan Luis Gabacho, la actuación de la sociedad Focoex (a la que este Gobierno ha intentado lavar la cara cambiándole de nombre: Expansión Exterior Española) está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción desde 1996 (diligencias 20/96) por presuntas irregularidades que incluirían fraude a la Hacienda Pública, trato de favor de determinadas empresas y pago de comisiones a intermediarios en paraísos fiscales, «cuya justificación documental no estaba realizada de forma plena».

Las actuaciones, dirigidas por el fiscal Luis Rodríguez Sol, comenzaron por el registro y la incautación de información contable en la sede de Focoex, sita en la segunda planta del número 58 de la calle Orense de Madrid, y siguieron con el envío de comisiones rogatorias a distintos países, tal que Uruguay, uno de los escenarios predilectos de actuación de Jesús Polanco.

A falta de los resultados de la comisión rogatoria a Uruguay, ya se pueden sacar algunas conclusiones de esta investigación.

Primera: entre 1991 y 1992 Focoex pagó 1.310 millones de pesetas a intermediarios a modo de comisiones, en contratos que fueron firmados por el presidente Germán Calvillo (cuya asesora era Gloria Barba) y su sucesor en el cargo, Roberto Cuñat. Como ejemplo, en las exportaciones de Eductrade de material educativo a Argentina, Chile y Colombia intervino como comisionista de Focoex una sociedad denominada La Coronada, con sede en un paraíso fiscal (Bahamas).

Segunda: La vinculación entre las empresas de Polanco (principalmente Eductrade y Sanitrade) y las actividades de Focoex es un hecho irrefutable. El montante y la continuidad de las operaciones ofrecen datos inapelables.

En 1994, cuando Focoex era ya el centro de todas las conjeturas, Roberto Cuñat, su presidente, remitió una nota interna al antiguo ministro de Economía, Pedro Solbes, en la que afirmaba que, hasta ese año, Focoex había suscrito un total de veinte contratos con Eductrade y su filial Sanitrade, que ascendían a 44.997 millones de pesetas, a los que habría que añadir los 5.657 millones adjudicados a Hispanodidáctica S.A., otra empresa de Polanco, hasta marzo del 93. Del total de los 44.997 millones de pesetas, los créditos FAD aportaron 18.431 millones de pesetas. Es decir, que en tan solo seis años, los que van de 1988 a 1994, Focoex concedió operaciones a empresas del grupo Polanco por importe superior a los 50.000 millones de pesetas.

El listado de las operaciones conjuntas acometidas por Focoex y Eductrade/Sanitrade en esos años es el siguiente:

1989:
Programa «Salud II fase» en Colombia (2.904 millones de pesetas); envío de material educativo a Uruguay (323 millones de pesetas).

1990:
Envío de material educativo a la Universidad de Campiñas, en Brasil (1.900 millones de pesetas) y a Chile (852 millones de pesetas).

1991:
Envío de material educativo a Colombia (2.692 millones de pesetas), a Argentina (416 millones de pesetas), a México (2.191 millones de pesetas) y a Chile (200 millones de pesetas); envío de material sanitario a Argentina (1.796 millones de pesetas).

1992:
Envío de material educativo a Uruguay (2.100 millones de pesetas); de equipamiento deportivo a Chile (1.047 millones de pesetas); operación sanitaria con Uruguay (5.393 millones de pesetas) y operación similar con México (475 millones). Tanto este año como el anterior, un tercio del total de las operaciones de Focoex fueron a parar a Eductrade.

1993:
Envío de material educativo a Uruguay (3.130 millones de pesetas).

1994:
Envío de material educativo (260 millones de pesetas) y hospitalario (1.542 millones) con destino a Chile.

Aparte de estos negocios, la misiva de Cuñat a Solbes también daba cuenta de dos operaciones —una educativa y otra sanitaria— con Colombia por valor de 11.784 millones de pesetas.

Hasta 1994, Eductrade figuraba en quinto lugar en el ranking de Focoex por valor global de contratación, por delante de empresas como Siemens, Agroman, General Electric España, Entrecanales, ABB Energía, Elecnor o Isolux Wat.

A la investigación de la Fiscalía Anticorrupción hay que añadir el informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas, que ha llegado a manos de la Agencia Tributaria al objeto de valorar las posibles infracciones fiscales derivadas de la operativa de Focoex.

Del final de las investigaciones del fiscal Rodríguez Sol y la eventual remisión de sus actuaciones a la Justicia ordinaria nada se ha sabido. Sí se han conocido, de momento, las fuertes presiones sufridas por la Fiscalía Anticorrupción para que dejara de investigar el caso. ¿Se saldrá de nuevo Polanco con la suya?

El Gobierno del PP tampoco se ha atrevido a meter mano en un tradicional caladero de beneficios del grupo Polanco cual es el libro de texto. Aunque la propuesta inicial en los Presupuestos Generales del Estado del 97, año en que empezó a aplicarse un descuento máximo del 12 por 100 en el precio de los libros de texto, hablaba de su liberalización progresiva hasta llegar al cien por cien (libertad total de precios y descuentos), en el 2001 la Ley de Acompañamiento de los PGE del 98 enterró tal promesa estableciendo el «carácter permanente» del citado 12 por 100. El PP renunciaba a seguir liberalizando los libros de texto, una medida que perjudicaba los intereses del gremio de libreros, en general, y de Jesús Polanco, en particular, pero que reclamaban las asociaciones de consumidores y de padres de familia.

* * *

Es evidente que la llegada del Partido Popular al poder ha supuesto para Polanco un contratiempo muy serio. Sólo el fiasco del monopolio del cable (Cablevisión), primero, y el de la televisión digital, después, pueden haberle supuesto dejar de ingresar plusvalías anuales del orden de los 20.000 millones de pesetas, sumas que habrían hecho de él amo y señor indiscutido de los medios de comunicación españoles, con una capacidad formidable para desestabilizar, vía precios, a cualquier eventual competidor.

Un daño más profundo, mucho menos perceptible, pero en todo caso muy grave es el que el propio Polanco ha infligido a la nave capitana de su flota mediática, El País, un diario puesto descaradamente al servicio de los intereses del dueño, tal que en el caso Sogecable. La merma de prestigio sufrida en estos tres años por esa marca ha sido enorme, seguramente irrecuperable entre las clases más cultas de la España urbana. El problema se agrava porque no parece advertirse el menor propósito de enmienda. Obligado a manipular, cuando no a mentir lisa y llanamente, casi todos los días, el estandarte del grupo Prisa se ha convertido en un periódico de partido. Del Partido Socialista, rama Felipe González.

Los titulares de El País, con todo, siguen fijando el orden del día político, y así seguirá siendo mientras no exista un contrapunto capaz de competir con él en igualdad de condiciones, es decir, con un proyecto empresarial detrás, bien dotado de periodistas y de una mejor gerencia.

Polanco, a pesar de todo, sigue detentando un poder formidable, seguramente sin parangón en la España del siglo XX, quizá comparable al de Juan March en su época, superior incluso en el sentido de que el poder de Polanco está jerarquizado por un sistema de valores ideológico del que carecía el viejo March: Polanco es la sedicente izquierda, es el supuesto progresismo, es la maltratada libertad, en cuyo nombre tantas tropelías se cometen a diario.

«No estamos inmersos en luchas políticas de ningún tipo, y las etiquetas y filiaciones nos las ponen nuestros enemigos», afirmaba sin empacho el editor en noviembre del 98. Polanco es el negocio personal, millonario, y el ansia de poder revestido del ropaje democrático, la vestimenta utilitaria de la vieja izquierda progre. El de Polanco es «el negocio de la libertad». Un esquema plagado de contradicciones tan llamativas como los business hechos con todas las dictaduras iberoamericanas o la defensa cerrada, a cara de perro, de una dictadura como la de Castro en Cuba.

Es un rico, también al contrario que March, que ha metido en su redil a buena parte de las grandes fortunas españolas, los ha convertido en sus socios, los ha hecho sus cómplices, los ha marcado con el hierro del miedo que en España inspira el no estar a bien con Polanco.

Polanco, además, es un rico con partido político, un poderoso que codirige unas siglas centenarias a las que vota la mitad de la población española. Un poder fáctico convertido en baluarte y amenaza al tiempo de la estabilidad de la Monarquía. Mucho más que don Juan March.

4
EL GOBIERNO CONTRAATACA

Como un niño que, tras haber estampado contra el suelo el jarrón de porcelana fina de la abuela, corre asustado a esconderse lejos de la severa reprimenda del padre, Antonio Asensio salió pitando para Nueva York nada más firmar su acuerdo con Polanco en la sede de la Fundación Santillana, dispuesto a poner agua de por medio.

Desde el otro lado del Atlántico seguía, sin embargo, en permanente contacto con sus hombres en Madrid.

—Has cometido el error de tu vida, Antonio —le decía José Oneto, entonces director de informativos de Antena 3.

—¿Por qué dices eso? Tú sabes que no tenía más alternativa que firmar con Polanco.

—De acuerdo, pero tenías que haber contado a Aznar lo que pensabas hacer.

—¡Pero si lo sabía de sobra, Pepe!

—Ya, pero no por ti, Antonio. No de primera mano. Si llevas meses negociando con el presidente, que además te ha ayudado mucho con el tema del fútbol, no vale hablar con Rodríguez o con Villalonga para que ellos se lo digan. Si estabas decidido a romper tenías que habérselo dicho personalmente.

—Bueno, tranquilo, que no pasa nada.

—Estás muy equivocado, Antonio. Conociendo a Aznar, esto va a tener consecuencias muy serias, ya lo verás.

Asensio volvió a hablar con Oneto desde Los Ángeles.

—¿Cómo están las cosas por ahí?

—Pues con un guirigay montado de cojones…

—Nada, tranquilo, he hablado con Polanco y me ha dicho que esto dura dos días, ya lo verás.

—Te repito que estás equivocado, Antonio, esto no va a terminar como tú te imaginas. Aquí hay un lío muy gordo y lo vamos a pasar todos bastante mal, empezando por ti.

—Bueno, bueno, lo que necesito es que echéis una mano donde podáis.

El diario El Mundo, con gran alarde tipográfico, se había encargado, en los días que siguieron a la firma del «pacto de Nochebuena», de alertar al Gobierno sobre lo que estaba en juego, que era mucho. «Para el año 2000 —señalaba Federico Jiménez Losantos en ABC—, todos los grandes medios de comunicación audiovisual podrían estar controlados por el felipismo, y tan férreamente que la derecha tendría asegurados veinte años de riguroso ayuno, de casi absoluta oscuridad en prensa, radio y televisión. Pues bien, esos veinte años de oscuridad se juegan no en los próximos veinte meses, sino quizá en los próximos veinte días». Pesimismo y desolación.

Aquél, en efecto, había sido un golpe demasiado fuerte, un uppercut en plena mandíbula de un Gobierno con 156 diputados que, de pronto, descubría dónde estaba el poder de verdad y cuáles eran los verdaderos dueños de la situación tras casi catorce años de Gobierno socialista. Para los medios de comunicación independientes, como para gran parte de la España urbana preocupada por el creciente poder del «ciudadano Kane» Polanco, el acuerdo del 24 de diciembre fue un aldabonazo provisto de las peores vibraciones en cuanto a la consolidación de una España abierta y sin poderes fácticos se refiere.

El sábado 4 de enero, el Grupo Prisa, dueño y señor de un cuadrilátero por donde vagaba, cual boxeador sonado, la tropa derrotada de Telefónica y sus socios, hizo público un comunicado invitando «a otros operadores de televisión y telefonía a sumarse a Canal Satélite Digital». Sogecable tendría el 51 por 100 de la hipotética sociedad, en la que se integrarían, como gregarios del pelotón televisivo, todos los demás. Prisa, naturalmente, se reservaba para sí la dirección, selección de contenidos, gestión de abonados y demás áreas significativas del negocio. Jesús Polanco, en definitiva, ponía negro sobre blanco su firme determinación de controlar la televisión de pago en España.

Era el armisticio que el «general» Polanco, magnánimo a la hora de la victoria, proponía a los vencidos. Cautivo y desarmado el ejército enemigo, gracias a la formidable palanca que le otorgaba el control del fútbol, todo aquel que quisiera participar en el negocio tendría que pasar por el aro de las condiciones por él impuestas. En un rasgo de humor propio de Gulliver en Liliput, el cántabro decía rechazar «el intento de politizar los acuerdos sobre el fútbol», olvidando que Canal Plus existía gracias a una decisión política adoptada en su día por el Gobierno de González, y olvidando también que el mismo González había advertido que, de retornar al poder, desharía la plataforma de Telefónica, de carácter bastante más plural que la suya.

Pero Polanco se estaba poniendo la venda antes de la herida. Es cierto que se trataba de un Gobierno en minoría y en cierto modo desacreditado, pero la prudencia más elemental aconsejaba no ensañarse con quien disponía de un arma tan formidable como el Boletín Oficial del Estado.

«Rechazamos —decía la nota salida de la pluma de Cebrián— las incitaciones hechas por algún medio para que el Gobierno adopte medidas concretas contra empresas privadas que han tomado decisiones que supuestamente no serían del agrado del poder político. La igualdad de todos ante la ley y el sentido democrático que puede atribuirse a nuestros gobernantes permiten confiar en que esas incitaciones no encontrarán el más pequeño eco». Polanco, expedidor de salvoconductos de democracia en España tras la muerte de Franco, estaba enviando una severa advertencia al Gobierno.

* * *

Un Gobierno que, para estos menesteres, dependía de un hombre, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), ayuno de cualquier iniciativa que oponer al golpe de mano de Jesús Polanco. Más que despistados, en Moncloa andaban ateridos de ideas,

Sucedió que, con los ecos del «pacto de Nochebuena» resonando en los oídos de muchos españoles, el economista Ramón Támames llamó el 27 de diciembre a su colega Gerardo Ortega, ex decano del Colegio de Economistas de Madrid, con quien solía colaborar en la realización de trabajos de la más diversa índole, para proponerle una iniciativa. Se le había ocurrido llamar al secretario de Estado para la Comunicación y ofrecerle una serie de ideas de su cosecha destinadas a mitigar el efecto del «bombazo» Polanco, porque habrá que hacer algo, el Gobierno no se puede quedar cruzado de brazos ante el batacazo de ese señor, digo yo…

Y de forma un tanto sorprendente, Rodríguez le contestó que sí, que encantado, que fueran a verle. De modo que Tamames y Ortega, acompañados por Luis Ángel de la Viuda y el abogado Ramón Pelayo, también convocados por Tamames para la causa de aquella polifacética task forcé, se presentaron una mañana de invierno en el recinto de Moncloa para ser recibidos por un MAR que, acompañado por otro secretario de Estado, parecía encontrarse en un estado de absoluta perplejidad, incapaz de otra cosa que no fuera lamerse las heridas. Alguien había avanzado como idea fuerza la posibilidad de convertir a Antonio Asensio en el Ruiz-Mateos del PP. En pleno desconcierto, Rodríguez no sabía si se podía hacer algo para remediar lo ocurrido ni qué exactamente. Los efectos del «pacto de Nochebuena» sobre Moncloa habían sido devastadores. Allí sólo había deseo de revancha.

La situación era de absoluta derrota política, de modo que MAR se mostró dispuesto a escuchar argumentos y recibir sugerencias que le permitieran salir del colapso mental en que se hallaba. Y en aquella caótica reunión que cuatro señores casi cogidos a lazo mantuvieron con dos altos cargos desorientados salieron a relucir algunas iniciativas, la mayoría incoherentes, muchas de ellas disparatadas, a veces deslumbrantes como fuego de pirotecnia que pronto se queda en nada.

Como fruto concreto de ese encuentro, Ramón Tamames preparó uno de sus explosivos «papeles», llenos de fuerza y visceralidad, titulado «Informe preliminar sobre el futuro de la televisión digital en España», que, con fecha 3 de enero de 1997, proponía una serie de medidas, entre ellas un par de llamativos decretos. Uno de ellos «disponía», en su artículo primero, que todos los partidos de fútbol debían celebrarse el mismo día de la semana (los domingos) y dentro de una misma franja horaria (entre las 16 y las 21 horas). Tan pintoresca decisión se justificaba en la necesidad de «reconducir la disparatada situación actual a otra de normalidad, de limpia competitividad y de devolución a los torneos de fútbol de su sano sentido deportivo tradicional…».

Mientras los secretarios de Estado esquiaban en el Pirineo, Gerardo Ortega se encerró en su casa durante el fin de año dispuesto a redactar un informe que habría de resultar clave en el devenir de los acontecimientos, puesto que, de alguna manera, se convirtió en el vademécum que guió los pasos de los «fontaneros» de Moncloa durante los primeros meses del 97. Era el llamado «Segundo informe preliminar sobre el futuro de la televisión digital en España», que Ortega sometió el 7 de enero al juicio crítico de Tamames y de Ramón Pelayo.

El apartado 1 del «resumen ejecutivo» aseguraba que «el acuerdo suscrito el pasado 24 de diciembre por el Grupo Prisa, el Grupo Zeta y Televisión de Catalunya para la explotación en exclusiva de los derechos audiovisuales del fútbol, sienta las bases para consolidar el control de la televisión de pago en España por el Grupo Prisa». «El Gobierno —aseguraba el apartado 2— está obligado a actuar con estricto respeto a la legalidad vigente pero con la máxima firmeza en la defensa de los principios de libre competencia, de pluralidad informativa y del derecho constitucional a la libre información».

El informe, fechado para su entrega el 8 de enero de 1997, fue recibido como agua de mayo en los predios de Rodríguez, pero encalló al llegar a la mesa de despacho del vicepresidente Álvarez Cascos, ya al mando de las operaciones. El «Informe Ortega», en efecto, no hacía referencia a la batalla entablada entre el descodificador «simulcript» y el «multicript», ni tampoco hablaba de la ley del fútbol tal como el Gobierno la había articulado. En su lugar, el autor ponía el énfasis en la necesidad de aplicar la Ley de Defensa de la Competencia, en línea con la decisión que Bruselas adoptaría posteriormente contra las exclusivas del fútbol televisado.

Sólo veinte días después del famoso 24-D, en Presidencia del Gobierno, tan bien dotada de abogados del Estado, alguien cayó en la cuenta de que, desde el año 93, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) venía definiendo las retransmisiones televisivas de fútbol como un «mercado relevante» al que debía garantizarse un acceso plural[11].

Estaba claro que el monopolio de las retransmisiones de fútbol establecido por el dúo Polanco-Asensio infringía la legislación española y comunitaria sobre la libre competencia.

* * *

¿Qué pasó en Baqueira durante las vacaciones de Navidad del 96? Con la presencia del presidente del Gobierno y de Su Majestad el Rey, la estación invernal del Pirineo catalán se convirtió, como la isla de Mallorca en verano, en la capital política del Reino por unos días, un hervidero de gentes dispuestas a descansar, las menos, y a dejarse ver, las más, un mosaico variopinto de banqueros, empresarios y profesionales de éxito, pugnando, unos, por invitar a cenar a su casa al presidente del Gobierno; urdiendo, otros, la manera de provocar un encuentro fortuito con el Monarca, y todos, los Ybarra, los Entrecanales, los Urrutia, los Durán Lleida, juntos y revueltos, poniendo a prueba sus influencias para conseguir mesa en alguno de los restaurantes de moda… Por allí andaba también Javier de la Rosa, dueño de la más antigua casa de la zona, una presencia antaño solicitada y aquel año rehuida como si de la peste se tratara: «Sabían perfectamente que estaba, y andaban pendientes de mí, por si se me ocurría alguna barbaridad, pero decidí no salir de casa. Su Majestad me envía desde hace un año grandes mensajes de amistad, que es mi amigo, que me quiere mucho, y que sólo desea que se me arreglen las cosas…».

La decisión de ir a la guerra contra Polanco se había tomado, sin embargo, días antes en Madrid. En efecto, en la tarde del viernes 27 de diciembre, ya noche cerrada sobre la capital, Aznar convocó a su gabinete de crisis en el comedor de Presidencia que González solía utilizar a primeros de los ochenta como sala de reuniones del Consejo de Ministros. En torno al presidente, y en un clima de frustración, se sentaron Rato, Cascos, Rajoy, Mayor Oreja, Arrióla y Rodríguez. Se trataba de un «comité de los trece» restringido que, completado con Gabriel Cisneros, Federico Trillo, Martín Villa, Ortí Bordás y Carlos Aragonés, venía reuniéndose desde el 93 un par de veces al año, generalmente en Rascafría, aunque otras en Segovia, para analizar la línea estratégica del partido y corregir el rumbo.

Aquella noche de diciembre, en el comedor de la «lámpara de los pajaritos» de Moncloa, y tras una discusión muy viva, con algunas voces más altas que otras, el «núcleo duro» del Partido Popular decidió aceptar el envite de Polanco e ir a la batalla con todas sus consecuencias. MAR obtuvo carta blanca para fustigar al contrario cuanto creyera menester.

Algunos de los participantes en aquella reunión se trasladaron, como Aznar, al Pirineo, para pasar el fin de año. «Yo no encontré clima de derrota, sino de pelea», asegura un empresario que cenó con el presidente en Baqueira. Al certificar el fracaso de la política de consenso, el 24-D iba a suponer una inflexión radical en la estrategia del Gobierno. El establisbment político-económico nucleado en torno al eje de poder surgido en 1982 (Polanco-Felipe González-Su Majestad el Rey) no sólo no se había tomado en serio a Aznar, sino que estaba convencido de que en menos de un año se habría deshecho como un azucarillo y, por tanto, sería necesario buscarle un recambio, porque aquello no aguantaba. El propio Felipe había ratificado esta filosofía en un mitin celebrado en Linares veinte días después de perder las elecciones.

Pero quienes le daban por muerto se habían equivocado. En Baqueira, y en larga sobremesa, Aznar hizo recuento de sus campañas de guerra: «Tuve que sacar la oposición a huevo; luego nadie daba un duro por mí en Ávila y le gané el escaño a Adolfo Suárez; después me dieron por muerto tras el fiasco de Hernández Mancha; volvieron a considerarme como tal cuando perdimos las generales del 93, y aquí estoy… Yo he tenido que librar muchas batallas y todavía no he perdido ninguna, y os aseguro que la que me ha planteado este sujeto tampoco la voy a perder».

Con González alentando los movimientos de Polanco y Pujol actuando de salvoconducto político de Antonio Asensio, el pacto de 24 de diciembre iba a poner a prueba la capacidad de reacción del Ejecutivo. En ese envite Aznar se jugaba la credibilidad de su Gobierno y el respeto de los poderes fácticos, de esos banqueros encamados societariamente con Polanco en Sogecable. El ser o no ser.

Como dijo Napoleón ante los tribunales del Departamento del Sena, «ante iniciativas que buscan con descaro burlar la acción de la Justicia, estoy obligado a promover personalmente los desórdenes capaces de agitar el Estado y reprimirlas arbitrariamente». Obligado, en definitiva, a reaccionar si no quería que la derecha política volviera a las catacumbas para otros quince años.

Aznar había decidido no arrugarse y recoger, con todas sus consecuencias, el guante que le había lanzado el cántabro. Era el «hasta aquí hemos llegado con Polanco». De modo que el presidente puso a sus tropas en orden de combate y nombró mariscal de campo al vicepresidente primero Álvarez Cascos, con plenos poderes para dirigir las operaciones, en sustitución de un Miguel Ángel Rodríguez, que había salido maltrecho del lance del 24-D. Los subalternos abandonaban el ruedo cediendo el sitio a los maestros.

En el curso de una visita por Centroamérica, el líder del PP ya había advertido su disposición a velar por «los intereses generales», unos intereses que Polanco lesionaba al poner el fútbol al servicio de su enriquecimiento personal, lo que, a su vez, iba a redundar en una todavía mayor concentración de poder informativo.

* * *

Que el Gobierno no pensaba achicarse quedó patente cuando, a primeros de enero del 97, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, anunció que el Estado había dejado de ingresar 200.000 millones de pesetas en impuestos por la incuria de la Administración socialista. Los 200.000 millones «perdonados» afectaban a cerca de 600 personas físicas y jurídicas (entre ellas el difunto conde de Barcelona), fundamentalmente instituciones financieras, con las famosas «primas únicas» de La Caixa como buque insignia.

La revelación no era casual. Felipe González había acusado días antes al Gobierno Aznar de haber colocado a sus amigos al frente de las empresas públicas en trance de privatización. Que él hablara de «amiguismo» escoció en el PP como pocas cosas habían conseguido hacerlo desde que el 3 de marzo llegara al poder. Y Rodrigo Rato, con una contundencia poco habitual en él, no se anduvo por las ramas: «Si estos tíos quieren que empecemos a hablar de amigos, vamos a empezar a hablar de verdad, pero de los suyos…».

El órdago era tan serio que el propio presidente del Gobierno salió a la palestra al día siguiente para calificar de «muy grave» la «amnistía fiscal encubierta» del anterior Gobierno, asunto que enmarcó en el «capítulo de favores y regalos» del PSOE. El presidente aseguró que si los socialistas no hubieran perdonado esos 200.000 millones el Gobierno no habría necesitado congelar el sueldo de los funcionarios.

La denuncia venía a poner de manifiesto algo más grave que este caso, cual era el funcionamiento de la Hacienda Pública como un elemento disuasorio contra el discrepante, casi como una checa, durante el felipismo. Un expediente fiscal abierto durante cinco años era argumento suficiente para tener maniatada a una empresa o a un particular. El afectado podía acudir a los tribunales y ganar el pleito, pero mientras tanto estaba obligado a permanecer callado. Una infalible vara de medir: al que se porta bien conmigo, lo perdono; al que se porta mal, le abro expediente y lo tengo cinco años contra la pared. Todo un ejemplo de cómo el PSOE utilizó el aparato del Estado en su particular provecho.

Era el primer cuerpo a cuerpo —cruz de navajas al amanecer— entre José María Aznar y Felipe González, tras la ajustada victoria a los puntos del 3 de marzo. El torpedo impactó con tanta fuerza en la línea de flotación del socialismo hispano que Felipe González se vio obligado a bajar a la arena y retratarse tal cual, torvo y plagado de mensajes equívocos.

Consciente de lo que se jugaba en el envite, el «carismático líder» movilizó en el empeño al universo mediático que le sostiene, llegando a citar por su nombre a dos entidades financieras, La Caixa y BBV, supuestamente implicadas en el perdón fiscal, con la idea de predisponerlas contra el Gobierno.

Pero Felipe fue mucho más allá, efectuando gestiones a nivel privado, llamadas telefónicas a ciertos banqueros y empresarios para advertirles de los riesgos que estaban corriendo y sugerirles la conveniencia de salir a la palestra y ponerse a la cabeza de la manifestación contra la denuncia del PP. En la mente sorprendida de los notables hispanos quedaba flotando un regusto amargo, una cierta sensación de amenaza.

El Grupo Prisa (cuyo nombre supuestamente figuraba en la lista de los beneficiarios del «perdón») hizo el resto, dando la vuelta como un calcetín a la denuncia popular. El Gobierno había cometido el desliz de tildar de «amigos» a los beneficiados por la prescripción, pero luego no pudo o no quiso identificarlos. Era suficiente para que los Polancos descalificaran la denuncia, desviando la atención del problema principal para centrarla en las marrullerías de la «derechona».

La conclusión final parlamentaria, sin embargo, no admitía dudas: consciente o inconscientemente, el PSOE había dejado que 600 afortunados, entre particulares y empresas, se fueran de rositas con 200.000 millones que no tenían que haber prescrito, y éso, cuando al resto de los españoles los «brea» Hacienda, era una verdad que no se la saltaba un gitano. A tal conclusión llegaron todos los partidos del arco parlamentario, excepto el PSOE.

* * *

El día de Reyes, 6 de enero del 97, Antonio Asensio, embajador plenipotenciario dispuesto a vender urbi et orbi las bondades del «pacto de Nochebuena», almorzó en Nueva York con el presidente del grupo mexicano Televisa, Emilio Azcárraga. Aquélla era una cita que había sido fijada un mes antes en Barcelona, con motivo de un episodio que, en opinión de Luis María Ansón, entonces el hombre de Televisa en España, «pudo evitar la guerra digital y convertir a Asensio en el hombre más rico e influyente del panorama editorial español. Antonio, que pudo haberlo ganado todo, terminaría después pagando caro su error».

La historia había comenzado el 28 de noviembre del 96, cuando, horas después de la firma del acuerdo de constitución de la plataforma digital auspiciada por el Gobierno, Azcárraga llamó a Ansón desde Ciudad de México para felicitarle por el buen fin de las negociaciones. Más que contento, el patrón mexicano parecía entusiasmado: por primera vez su Televisa del alma conseguía poner un pie en España en condiciones de igualdad con TVE, Telefónica y Antena 3. Pero Luis María añadió agua a lo que parecía un buen vino.

—Me preocupa lo ocurrido esta mañana con Asensio, Emilio, porque no es normal la que ha montado, y conociendo a Antonio como yo lo conozco, mucho me temo que lo que ha firmado hoy es como si no hubiera firmado nada.

—¿Qué quieres decir?

—Que yo creo que sería necesario amarrar esta operación con Asensio.

—¿Y qué crees que debemos hacer?

—Lo ideal sería que viajaras a Barcelona lo antes posible y llegaras a un acuerdo en firme, sin posibilidad de vuelta atrás, con él. Aquí, el que esté dispuesto a poner dinero sobre la mesa se lleva el gato al agua. Y, de paso, aprovechabas para mantener esa entrevista con Jordi Pujol que tienes postergada.

Fue así como en los primeros días de diciembre, Emilio Azcárraga, en compañía de su segundo, Guillermo Cañedo, y de un par de abogados de Televisa, aterrizó en Barcelona para, con los buenos oficios de un Ansón dispuesto también a aprovechar su oportunidad, dar comienzo a una negociación acelerada con Antonio Asensio, que se hallaba asistido por su plana mayor.

Tras cuatro días de intensas negociaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo formal plasmado en un documento que, tras el oportuno almuerzo de confraternización, iba a ser rubricado solemnemente ante las cámaras de televisión en un acto a celebrar en el hotel Juan Carlos I. A la hora fijada, allí estaban Televisa y Antena 3, pero también TVE, TV3 y una nube de fotógrafos de prensa. Se había buscado una mesa estilo Luis XV sobre la que ambos editores, Azcárraga a la derecha, Asensio a la izquierda, iban a estampar su firma al final del acuerdo. Todo estaba listo para el histórico acontecimiento, pero todo se vino abajo en el último momento, y fue Ansón quien tuvo que bailar con la más fea de enfrentarse a los periodistas para anunciar que «la firma se ha suspendido, lo sentimos mucho, pero han surgido unos problemas de última hora que, aunque no afectan para nada al fondo del acuerdo, aconsejan aplazarla».

El problema surgido tenía que ver con la obligación legal de comunicar el acuerdo con antelación a los nuevos accionistas que, de la mano de Warburg y Bank of New York, estaban a punto de suscribir la colocación privada del 12,5 por 100 del capital social de Antena 3, «y, naturalmente, Emilio Azcárraga, que era un águila, se dijo ¡ah, no!, esto hay que resolverlo antes, hay que esperar», asegura Ansón. La firma quedó fijada para el 6 de enero en Nueva York, adonde tenía previsto desplazarse Antonio en viaje de placer.

El acuerdo consistía en la compra por Televisa del 25 por 100 del capital de Antena 3 que estaba en poder de Emilio Botín. Asensio se quedaba; sin esas acciones, naturalmente, pero no sin sus derechos políticos, que los mexicanos le cedían mientras fuera presidente de la cadena, cuya valoración se estableció en 90.000 millones de pesetas.

Un arreglo muy interesante para ambas partes. El dueño de Zeta alcanzaba los mismos acuerdos que luego suscribiría con Polanco pero sin ningún coste político, ya que su posición quedaba reforzada dentro de la plataforma auspiciada por el Gobierno. El patrón de Televisa, por su parte, amarraba con su iniciativa a un socio que podía cambiar de aires en cualquier momento y, además y sobre todo, se hacía con el 25 por 100 de una cadena de televisión en abierto, consolidando muy sensiblemente su papel en la propia plataforma. Por otro lado, Asensio había acordado con Azcárraga llevar a cabo con el fútbol la misma operación que más tarde realizaría con Polanco, es decir, Televisa entraba con el 40 por 100 (el mismo porcentaje que Asensio) en Gestora de Medios Audiovisuales (GMA), titular de los derechos de retransmisión de trece clubes. El 20 por ciento restante quedaba en manos de TV3, la televisión autonómica catalana.

Como broche de oro, Azcárraga se comprometía a pagar 100 millones de dólares (13.000 millones de pesetas al cambio de entonces) a Antonio Asensio en concepto de royalty. A ese pago, que en realidad era una «mordida» en toda regla, en el Grupo Zeta le dieron un nombre muy vistoso: le llamaban «la presencia». Era el precio de «la presencia» de Televisa en el negocio del fútbol: 100 millones de dólares.

Polanco no le daría mucho más, apenas 2.000 millones más que Azcárraga (15.000 millones de pesetas en total), pero a cambio de un enfrentamiento radical con el Gobierno de la nación, lo que al final terminaría pasándole factura.

Aunque no hubiera podido plasmarse en un documento, el acuerdo era total. De regreso a Madrid a bordo de su jet privado, el mexicano se manifestaba entusiasmado:

—Estamos presentes en la plataforma digital; hemos tomado un 25 por 100 en Antena 3, donde tenemos de socio a Antonio Asensio, que es el hombre fuerte de esa plataforma y su eventual presidente, y nos hemos situado también en el negocio del fútbol. Es una operación cara, cierto, porque nos cuesta mucho dinero, pero ahí estamos.

—Bueno, bueno, Emilio, todo eso está muy bien, pero ya te he dicho que con Antonio no hay nada hecho hasta que las cosas no están firmadas…

—¿Tú crees?

—Hombre, yo espero que de aquí al 6 de enero no surja ninguna sorpresa, pero que tengas claro que esa mano que os habéis dado, creyendo que eso ya está cerrado, no significa nada para él.

Nada o muy poco, porque apenas veinticuatro horas después de ese apretón de manos ya estaban los hombres del catalán subastando ante Polanco el acuerdo alcanzado con Azcárraga, ya andaba Manuel Campo Vidal susurrando al oído de Cebrián: oye, Juan Luis, no paro de repetirle a Antonio que le están tendiendo una trampa, que firmar con Televisa es meter el caballo de Troya dentro, pero estos tíos le sueltan 100 millones de dólares, 13.000 millones de pesetas, a ver qué hacéis… El pacto con Televisa era para el dueño de Zeta un arma fantástica, porque cualquier acuerdo al que Polanco pretendiera llegar con él tendría que mejorar esas cifras. Y el alcanzado el 24 de diciembre, efectivamente, las mejoró.

¿Cómo desaprovechar la oportunidad? Antonio Asensio se hizo la siguiente reflexión: primero, me entiendo con Polanco, que es vital para el negocio del fútbol, porque, aunque yo tengo trece equipos, él tiene casi otros tantos; segundo, no me llevo bien con Villalonga, que no está dispuesto a aceptar mi eventual liderazgo; tercero, Aznar no se va a atrever a reaccionar, porque además cuento con el escudo protector de Pujol, y cuarto, si somos capaces de hacerle una oferta interesante a Azcárraga, Televisa se vendrá con nosotros y la plataforma digital del Gobierno pasará a mejor vida. Y aquí paz y después gloria.

* * *

De modo que, cuando el 6 de enero del 97 Antonio Asensio se sentó a almorzar con Emilio Azcárraga, ya no había nada que firmar, porque por medio había tenido lugar el terremoto del 24 de diciembre. El editor catalán, sin embargo, era portador de una tentadora oferta para el mexicano, a quien propuso sencillamente que abandonara la plataforma de Telefónica y se pasara con armas y bagajes al bando de Polanco, el árbol al que había que arrimarse en España.

Pero el mexicano planteó reparos para tal cambio de chaqueta, porque yo siento aprecio personal por José María Aznar, y por otro lado la política de Televisa, como no podía ser de otro modo, es la de estar a bien con los gobiernos de los países en los que está presente.

—¿Qué quieres decir con eso?

—Que no quiero ponerme a mal con el Gobierno español.

—¡Pero si no te vas a poner a mal con nadie, hombre, al contrario: te vas a poner bien con el Gobierno, pero no con éste, sino con el nuevo, el de González, porque el de Aznar va a durar cuarto de hora!…

La oferta que Polanco, vía Asensio, transmitió a Azcárraga consistía en la entrada de Televisa en el capital de Canal Satélite Digital (CSD) en la misma proporción que Prisa, es decir, el 25 por 100. Además, le proponía participar también en la explotación de los derechos del fútbol, entrando a formar parte de Audiovisual Sport, con el mismo porcentaje que Polanco y Asensio. «Era una oferta espléndida desde el punto de vista económico —asegura Ansón—, muy barata para Azcárraga y sin “mordida”, que era lo importante, porque la “mordida” ya la había pagado Polanco».

Era la percepción del Grupo Prisa y sus adláteres: José María Aznar iba a durar un suspiro. Asensio, enemigo irreconciliable de Polanco hasta la víspera del 24-D, parecía haber abrazado con entusiasmo las consignas del cántabro. Los enemigos se habían tornado en súbitos amigos, aunque social y culturalmente se hallaran en las antípodas. Lo decía un José María García, siempre próximo a Asensio, que se manifestaba «decepcionado» por el acuerdo: «Todos los que acusaron a Antena 3 Televisión de irregularidades, los que incluso llegaron a los tribunales, tendrán que acatar ahora el principal mandamiento que rige en Prisa, que, como en las sectas, es el de la obediencia, y tendrán que decir que Antonio Asensio es el más grande del mundo». Otro tanto ocurría en Antena 3 con respecto a Prisa. La locura.

* * *

El 8 de enero, los derrotados de Nochebuena dieron muestras de volver a la realidad tras la resaca navideña con una convocatoria en la sede de Telefónica destinada a avanzar en la constitución definitiva de la nueva sociedad y su reparto accionarial. Aquélla era una reunión de pastores en torno a la oveja muerta. «Todos me echaban la culpa de lo sucedido —asegura Juan Villalonga—. Me echaba la culpa Asensio, el Gobierno, los “amigos” de la prensa… Y, mientras tanto, en el Grupo Prisa se frotaban las manos pensando que yo ya estaba muerto».

El plato fuerte de la reunión lo constituía la presencia de Campo Vidal en representación del editor catalán. ¿Pediría Villalonga explicaciones a Asensio? ¿Las daría Campo Vidal? Las dio, en efecto, al reconocer que Antena 3 había concedido una opción exclusiva a Canal Plus sobre sus derechos en el fútbol, algo que los firmantes del 24-D habían negado con ahínco. La «traición de Asensio» se había consumado. Se consolidaba en manos de Polanco una situación de doble monopolio: el de los derechos del fútbol y el de su comercialización por la televisión de pago.

A esas alturas, ni a Asensio ni a Campo Vidal les importaban las críticas de sus antiguos aliados en Telefónica. El 10 de enero, Manuel Campo Vidal estaba citado en el despacho del vicepresidente Álvarez Cascos a las cuatro y media de la tarde, pero ese mismo día ETA asesinó en Madrid al magistrado del Tribunal Supremo Martínez Emperador. El vicepresidente se enteró de lo ocurrido mientras almorzaba y desde el restaurante salió de inmediato en dirección al hospital en el que ya se encontraba el cadáver. Mientras departía con la familia de la víctima avisó por teléfono a su secretaría para retrasar media hora la cita, que quedó fijada a las cinco de la tarde.

El caso es que, después de abandonar el recinto de Moncloa, Campo Vidal acudió a una asamblea de clubes de fútbol donde criticó duramente al vicepresidente, «un tío que, habiendo sido asesinado un magistrado del Supremo, tiene la sangre fría de estar hablando de fútbol…». Ese día, Francisco Álvarez Cascos decidió que el señor Campo Vidal no volvería a poner los pies en su despacho «mientras yo esté en el Gobierno».

Entrevistado en la COPE el mismo 8 de enero, el vicepresidente, al mando de las operaciones digitales, aseguraba que «el 77 por 100 del capital social que el 28 de noviembre expresó su intención de participar en ese proyecto está dispuesto a continuar; la apuesta tiene bases sólidas». ¿Y Televisa? Un misterio. ¿Ratificaría Azcárraga el compromiso adquirido o se pasaría con armas y bagajes al ejercito de Polanco, aceptando la oferta que Asensio le había adelantado en Nueva York? Ese era el miedo del Gobierno.

El empresario mexicano no había dicho ni sí ni no. Simplemente se había dejado querer, además de plantear sus dudas ante Ansón, quien avaló la necesidad de ser consecuentes.

—No me lo tienes que explicar, Luis María. Yo he entrado en España de la mano de Aznar, y voy a continuar de la mano de Aznar, aunque me cueste dinero,

Pero la incertidumbre sobre el futuro de Televisa seguía creciendo. Fueron jornadas de nervios, trufadas por el cruce de mil rumores. Hasta que un día el vicepresidente llamó a Ansón y le exigió despejar la incógnita:

—Que eso no es verdad, Paco, que no es verdad. Tengo todavía fresca la conversación con Emilio y no hay nada que os pueda hacer pensar en un giro de esa clase.

—Mira, Luis María, que es posible que no sepas todo lo que está pasando. Yo creo que tendrías que irte a México y aclarar definitivamente esta cuestión.

Ansón viajó a México para encontrarse con un Azcárraga que tenía claro el cuadro general:

—Me he comprometido a firmar con ellos y lo voy a hacer. Dicho lo cual, quiero mostrarte el pelaje de los socios con los que vamos a estar en ese proyecto, mira: Televisión Española debe 400.000 millones de pesetas y pierde más de 100.000 al año, Telemadrid debe 35.000 y pierde 7.000, Televisión Gallega debe 15.000 y pierde no sé cuánto… y así sucesivamente. Comprenderás que yo no puedo andar en compañía de gente a la que no le importa perder dinero porque no es suyo, de modo que vamos a firmar la plataforma, pero luego necesitamos un control, porque a mí me gusta ganar dinero.

—Me parece muy bien.

—Pero tiene que quedar claro qué la decisión de continuar con ese grupo supone un gran sacrificio para nosotros, y quiero que lo tenga claro el Gobierno español.

Azcárraga quería venderle el favor a Aznar, convencido de que si Televisa se retiraba, la plataforma oficial se desmoronaba. Las exigencias del mexicano se tradujeron en la introducción de una serie de cautelas y cláusulas que, por lo demás, iban a hacer prácticamente ingobernable la plataforma. Así, para garantizar que aquello no se convirtiera en una fuente inagotable de pérdidas, se introdujo el derecho de veto para los tres socios fundadores (TVE, Telefónica y Televisa), con independencia del porcentaje que pudieran mantener en el futuro.

* * *

Las incógnitas no habían desaparecido del todo, porque ¿qué iba a pasar con la televisión autónoma catalana, controlada por un Jordi Pujol que, por otro lado, era socio del Gobierno en Madrid? Las presiones del Ejecutivo sobre CiU eran ya tan fuertes que los responsables de TV3 se estaban replanteando su acuerdo con Antena 3 y el Grupo Prisa.

El 18 de enero, Álvarez Cascos, en misión de jefe del cuerpo de bomberos aplicado en la salvación de la plataforma digital impulsada por el Ejecutivo, viajó a Barcelona para pulsar, en unión de los dirigentes catalanes del PP, el grado de desarrollo del programa electoral del partido. Esa era la explicación oficial, porque el verdadero interés del desplazamiento estaba en la entrevista concertada con Pujol.

En un ambiente de relajada cordialidad, el Honorable y su invitado hablaron de casi todo, como es normal tratándose de un hombre a quien la política catalana se le queda minúscula, la española bastante pequeña y sólo se encuentra a gusto en «los grandes expresos europeos». Y naturalmente, hablaron de las plataformas digitales, que era el encargo que el vicepresidente traía de Madrid. Y en el envoltorio de las formas más exquisitas, ambos personajes intercambiaron dardos envenenados por regalo.

—No acabo de entender muy bien, y aprovecho para decirlo delante del vicepresidente primero del Gobierno, por qué el señor Aznar está molesto con nosotros —protestó el Honorable.

—No es que esté molesto o deje de estarlo. ¿Usted sabe lo que firmó TV3 en noviembre pasado?

—Más o menos.

—Pues éste es el documento que firmó TV3 —replicó Cascos, alargando a Pujol una copia—, documento, por cierto, al que fueron invitados el resto de operadores, porque no hay ninguna intención de hacer una plataforma del Gobierno. Ha estado invitada TVE y TV3, que han firmado, pero también Canal Plus y Telecinco, que no han querido hacerlo. Ahí se recoge un pacto entre socios según el cual éstos pueden vender los contenidos de creación propia a otros operadores, siempre que previamente den cuenta de ello al resto de los accionistas. Y aquí hay un socio, que es Antena 3, que ha cogido unos contenidos, el fútbol del que es propietario, y de espaldas a los demás se lo ha vendido a Canal Plus. Y yo le pregunto al señor presidente de la Generalitat de Cataluña: ¿esto les parece bien a los socios de TV3? ¡Porque parece que usted ha bendecido la operación y está animando a TV3 a que siga Los pasos del señor Asensio!… Otro de los compromisos contenidos en ese acuerdo de intenciones dice que un socio no puede estar en dos plataformas a la vez, por todo lo cual le ruego me diga qué va a hacer TV3. El señor Aznar sabe lo que va a hacer Televisión Española, porque TVE ha firmado un documento y va a cumplir sus compromisos, pero ¿qué van a hacer TV3 y la Generalitat? ¿Va a estar TV3 en la plataforma plural que impulsa el Gobierno o se va a pasar a la de don Jesús Polanco, como ha hecho Antena 3?

Jordi Pujol encajó el castigo sin inmutarse, reconociendo que sus muchachos «le habían enredado», porque no le habían contado toda la verdad:

—Creo que hemos sido víctimas de un enredo. A mí, efectivamente, me llamó el señor Asensio para contarme que no podía aguantar, que estaba arruinado y que tenía que vender, porque Telefónica no me compra, Telefónica no me paga, el señor Villalonga no se aclara, mientras que el señor Polanco está dispuesto a poner dinero sobre la mesa.

Pero Pujol aprovechó la oportunidad para contraatacar con un reproche al Gobierno de Madrid.

—Ustedes han llevado este asunto a su manera y a mí no me han informado de nada, silencio absoluto, y por eso ha pasado lo que ha pasado y vienen ahora las quejas. Nosotros hemos estado mal, cierto, pero ustedes tampoco lo han hecho bien, porque han actuado a mis espaldas. Tomo nota y le anuncio mi disposición a resolver este asunto, aunque necesitaré tiempo.

Aquél resultó un viaje de gran importancia para definir el escenario de la televisión digital. El contencioso se resolvería con la integración, en junio del 97, de TV3 en la plataforma plural.

* * *

Asensio no consiguió conducir al grupo Televisa al redil de Polanco, pero aquél fue un fracaso muy relativo. El cántabro estaba en plena degustación del éxito del «pacto de Nochebuena» y Azcárraga podía hacer lo que le viniera en gana, que nada podría ya alterar el curso de los acontecimientos. La pretensión del Gobierno de acabar con el monopolio de la televisión de pago mediante un proyecto alternativo de plataforma digital había fracasado.

No otra cosa cabía esperar de la incapacidad de Mónica Ridruejo para liderar ese proyecto, de la imposibilidad de que Televisa desempeñara ese papel dada su condición de cadena extranjera y de la llegada en tromba de un Villalonga sin la menor experiencia en temas de televisión… Todo un puzzle sin encaje posible que, perfectamente captado y mejor filtrado por Cebrián, sirvió al hombre fuerte de Prisa para expandir por doquier la doctrina de que «estos tíos no van a ser capaces de arrancar, no van a lograr hacer brotar de la nada algo tan complicado (desde el punto de vista de organización, más que de la tecnología) como un canal de televisión».

Fue la especie que los dueños de Prisa «vendieron» entre los poderosos socios financieros en Canal Plus: Emilio Ybarra, Jaime Botín, Carlos March, Isidoro Álvarez… Y ésa era una lluvia que, en pleno mes de enero del 97, calaba en una doble dirección. Por un lado, provocando que la España del dinero, sometida al patronazgo de Jesús Polanco, criticara cualquier iniciativa del Ejecutivo popular contra el cántabro. Por otro, convenciendo a esa misma España de que el duelo Aznar-Polanco tenía un vencedor claro, y que la victoria del segundo significaba la vuelta al poder de Felipe González.

Alineados con Jesús Polanco, los ricos no estaban dispuestos a consentir ni siquiera un rasguño en la epidermis del cántabro. «Lo que tiene que hacer el Gobierno es enfriar el balón por completo —aseguraba un banquero madrileño de primer nivel—. Que sigan adelante, si quieren, con su plataforma digital, pero, naturalmente, sin utilizar el Boletín Oficial del Estado contra nadie».

Todos a favor de Polanco. Y todos argumentando su actitud en razón de ideología, «porque un Gobierno liberal no puede coartar ni amenazar, y mucho menos tirar del BOE a su antojo». A nadie parecía importarle la defensa de la pluralidad y la lucha contra situaciones de monopolio informativo.

Buena prueba de los sentimientos que invadían a la mayoría de los banqueros fue el nombramiento de Germán Ancochea, ex consejero delegado de Telefónica, como asesor del núcleo duro de la compañía, una noticia anunciada por El País con evidente delectación: «Ancochea se encargará de asesorar a BBV y La Caixa en Telefónica, de cuyo puesto de consejero delegado dimitió por incompatibilidad con el nuevo presidente, Juan Villalonga, con quien será habitual que tenga que despachar».

La iniciativa, nada amistosa, era una demostración de falta de confianza del BBV para con Juan Villalonga, y una desconsideración, un golpe bajo a su amigo, José María Aznar, que el presidente devolvió con comentarios ácidos hacia Ybarra.

Villalonga reaccionó al desaire del banquero con el acercamiento a Emilio Botín y al Banco Santander, lo que retroalimentó el sentimiento de malestar existente en los miembros del «núcleo estable» de la operadora. Botín había comprado al menos un 2 por 100 de Telefónica, e Ybarra tenía miedo de que pidiera, y obtuviera, un puesto en el nuevo Consejo que debía formarse el miércoles 29 de enero. El BBV, que había financiado el acuerdo de Polanco con Asensio, tenía cada día más motivos para estar decepcionado con Villalonga.

Al presidente de Telefónica se le percibía tan débil en aquellos momentos que Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés, se excusó cuando fue invitado a formar parte del Consejo. Más llamativo aún fue el caso de Guillermo de la Dehesa, un perejil presente en todos los guisos, que, igualmente invitado y temiendo que Prisa pudiera tomarlo como un gesto hostil, optó por pedir el plácet a don Jesús y excusarse ante Villalonga, mira Juan, yo creo que no sería bueno para nadie mi entrada en el Consejo, porque Goldman Sachs (el banco de negocios al que representa en España) no podría aspirar a conseguir un solo contrato de Telefónica, mejor estar fuera…

Tampoco es que Botín se partiera el pecho en defensa del Gobierno Aznar, a quien acababa de hacer un «feo» imperdonable, además de innecesario, con la venta de su paquete en Ebro Agrícolas a intereses franceses, en contra de la voluntad de la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, partidaria de asegurar el control del azúcar en manos españolas a través de la fusión de Ebro con Azucarera. «Ha sido algo gratuito —afirmaba el ministro Rato—, porque nosotros le hubiéramos ayudado a colocar ese paquete al mismo precio entre las cajas. El Gobierno quiere mantener la españolidad del sector, porque, de otra forma, los franceses nos comen».

Pero Botín iba a lo suyo. «Sí, pero él también debe saber que nosotros iremos a lo nuestro». Sobre todo cuando, además, acababa de fichar a Francisco («Paco») Luzón, ex presidente de Argentaría, para tender puentes con Felipe González.

* * *

Aquellos fichajes eran los signos externos más evidentes del ajuste de cuentas que, a nivel subterráneo, estaba teniendo lugar en varias direcciones.

El Gobierno, en efecto, había puesto en marcha una estrategia tendente a estrechar el cerco sobre el «traidor» Asensio. El productor cinematográfico José Frade, dueño del 5 por ciento del capital social de Antena 3, había solicitado notarialmente la realización de una Junta General Extraordinaria para pedir explicaciones sobre el entramado de sociedades paralelas que, de acuerdo con la revista Época, hacían su agosto a costa de la propia Antena 3.

Un aperitivo, porque muy pronto (5 de febrero) iba a llegar a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia anónima (que mandó investigar el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo), ampliada quince días después por otra nueva, acusando a Asensio de irregularidades en la gestión de la cadena que presidía. La denuncia decía que el catalán estaba infringiendo la Ley de Televisiones Privadas, al controlar directamente más del 25 por ciento de su capital, y que además se estaba enriqueciendo ilícitamente a su costa.

Pero también Prisa había puesto a funcionar su artillería. Su principal objetivo, al margen, naturalmente, del Gobierno, era Telefónica y su presidente. Juan Villalonga se iba a enterar de lo que significaba en España vivir enfrentado a Jesús Polanco.

El ataque del Grupo Prisa contra los flancos de la operadora era ya total. «Una gestión que genera incertidumbres», titulaba el 19 de enero El País. «Juan Villalonga, amigo personal de José María Aznar, ha construido una trayectoria poco estimulante, empedrada de conflictos notables, en la que destaca, como gran aportación, la entrada en la telefonía de Brasil».

Las dudas que Prisa trataba de transmitir al mercado sobre el futuro de Telefónica se concretaron el 20 de enero, precisamente el día en que la OPV de la operadora salía a Bolsa, en un editorial demoledor titulado «¿Adonde va Telefónica?». Era un intento claro de influir en los mercados financieros para hacer fracasar la operación, lo que seguramente habría significado el final de Villalonga al frente de la sociedad. La amenaza de Jesús Polanco de «cargarse la privatización» se había hecho realidad. De entre todas las páginas «negras» escritas por El País a partir del año 85, ésta es, sin duda, una de las más oscuras[12]. ¿Alguien puede imaginar a Le Monde arremetiendo contra France Télécom o Paribás porque así conviene a los intereses de su dueño?

La misma carga explosiva llevaba la acusación, efectuada por González en persona, según la cual Villalonga había invertido 108 millones de pesetas en acciones de Telefónica, como si esa iniciativa, sinónimo de la confianza de un gestor en el futuro de la empresa que dirige, fuera algo malo o tuviera algo de censurable. Villalonga se defendía: «Ese dinero es toda mi fortuna, más el piso de la calle Serrano y el chalet de Baqueira». Con ese punto naïf que entonces le caracterizaba y que rápidamente iría perdiendo, aseguraba que su gran reto consistía en «convencer a los partidos y a los medios de comunicación de que dejen en paz a Telefónica y no la utilicen como mercancía de cambio en la lucha política…».

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El viernes 24 de enero de 1997 se firmó, por fin, en la sede de Gran Vía 28, el acuerdo societario de constitución de la plataforma digital liderada por Telefónica, un acuerdo casi imposible, trufado de desconfianza y malos augurios. Era un bebé nacido con fórceps, que llegaba con el síndrome de Down del «pacto de Nochebuena».

Desde el 24 de diciembre anterior habían transcurrido los treinta y un días más difíciles de Aznar, un mes en que el imperio de Jesús Polanco parecía dispuesto a pasar como un huracán por encima de un Gobierno que, en minoría, aparentaba ser un mero interregno entre dos largas etapas de felipismo.

«Habíamos quedado a las seis de la tarde y la firma efectiva no se llevó a cabo hasta las once de la noche», asegura uno de los protagonistas. Carente del arrojo necesario para decir «no», Mónica Ridruejo se presentó a la ceremonia dos horas más tarde de la fijada, un retraso consciente, cabreado, ácido. «Me dio la sensación de que llegó tarde porque estaba ya destituida y se negaba a asistir, pero el Gobierno la obligó a ir, le hizo pasar por el vía crucis de estampar su firma de derrotada en un documento que, de acuerdo con los planteamientos que se habían hecho en el verano del 96, debía haber refrendado su liderazgo personal». Fue el último documento que rubricó como directora de RTVE.

La firma, sin embargo, no pareció impresionar demasiado a un Cebrián que, aferrado al leit motiv de que «estos tíos no arrancan», seguía expandiendo el mensaje de que «la plataforma del Gobierno» no pasaba de ser una ensoñación que jamás lograría hacerse realidad.

Enfermito, parapléjico y necesitado de incubadora, el acuerdo del 24 de enero significó, sin embargo, un serio contratiempo para las pretensiones exclusivistas de Jesús Polanco y un aldabonazo para los banqueros que vivían entregados a sus tesis. Porque esa firma hizo ya pensar a los más avezados que no era verdad que el bloque «gubernamental» se fuera a desintegrar: algo empezaba a funcionar y había que tenerlo en cuenta; el Gobierno respaldaba de forma activa aquella idea, y no fuera a resultar que…

La confianza absoluta en que Polanco iba a ganar la partida comenzó a resquebrajarse. Si a ello se añade la percepción de que el Ejecutivo estaba dispuesto a sacar unas leyes que podían reventarle el negocio a Polanco, el resultado fue que los llamados poderes financieros empezaron a tentarse la ropa.

Por si fuera poco, pasados los primeros ardores amorosos, entre Polanco y Asensio se fue instalando el muro que siempre los había separado por trayectoria, vocación y proyección. Había, además, otro elemento que había empezado a pesar de forma decisiva en la balanza del mundo del dinero, y era un escenario económico muy esperanzador, triunfalista incluso, que para entonces se abría ya ante el Gobierno Aznar, «Tenemos tres años agrícolas garantizados con las lluvias —aseguraba Rodrigo Rato—, un turismo pujante y unas exportaciones que van muy bien, y si a ello le sumas que no hace falta ser un lince para saber que los tipos de interés se van a situar en el 5 por 100, una revolución para este país y una putada para los banqueros, pues llegas a la conclusión de que esto va a ir como un tiro».

La impresión existente era que la economía estaba creciendo ya por encima del 3 por 100. «Ahora somos más dueños de la situación que hace tres o cuatro meses, y de aquí en adelante empieza el partido. Ahora vamos a fajarnos de verdad con el PSOE, y eso de que Felipe tiene tan fácil el regreso, para nada».

Desde el balcón del éxito económico, Rato empezaba a mostrar sus poderes: el de un equipo de profesionales potente y sin fisuras: Cristóbal Montoro a los mandos de la nave, Folgado en Presupuestos, Costa en Hacienda, Norniella en Comercio. Y en los segundos niveles una serie de gente joven de alta capacitación profesional.

Frente a este equipo, la incoherencia de muchas de las iniciativas que surgían del entorno de un presidente esclavo de su agenda, convertido en un ministro más obligado diariamente a negociar, intermediar, discutir y dedicar mucho tiempo a una «gestión política» difícilmente improvisable. Una tarea necesitada de mucho capital político, mucha «masa gris» y, en definitiva, un equipo fuerte y cohesionado que parecía brillar por su ausencia y que explicaba las frecuentes meteduras de pata de Moncloa.

Se estaba consolidando ya la que sería principal pauta de comportamiento de toda la legislatura: la contradicción, a menudo deslumbrante en su evidencia, entre lo bien que le estaban saliendo al Gobierno popular las cosas serias, aquellas en las que se presumía iba a tener grandes dificultades, y lo mal que le salían las sencillas (especialmente la política de comunicación), a cuenta de los «berenjenales» en los que a menudo le metía la torpeza de algunas de sus gentes.

Al PP le habían salido unos Presupuestos Generales del Estado que estaban sirviendo para catapultar la recuperación económica y la confianza internacional en España, amén del despegue de las bolsas, con su correlato de control de inflación y bajada de tipos de interés. Pero donde más habilidad política estaba demostrando era en el trato con los sindicatos, justamente allí donde muchos presumían un choque de trenes. En pleno invierno del 97, Aznar había tenido la habilidad de dejar que patronal y sindicatos se fajaran en la negociación de una reforma laboral que, de llegar a buen puerto, supondría un duro golpe para el PSOE.

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Jesús Polanco supo que el Gobierno de José María Aznar había decidido no dejarse avasallar el mismo día en que se firmó la constitución de la plataforma impulsada por Telefónica. En efecto, aquel 24 de enero, el Consejo de Ministros acordó remitir al Consejo de Estado un reglamento que fijara la homologación de los descodificadores de la señal televisiva.

Se trataba de hacer posible que un mismo descodificador sirviera para recibir en los hogares cualquier programa emitido por satélites de televisión digital, de forma que el usuario pudiera ver con el mismo aparato todos los canales ofertados sin necesidad de instalar un enjambre de descodificadores en casa. El ardid técnico empleado para la ocasión («El desarrollo de la Ley del Satélite y el cumplimiento de la directiva 95/47 aprobada por la Unión Europea) apenas conseguía travestir una medida destinada a impedir que Polanco consolidara su monopolio de la televisión de pago.

Se trataba de una respuesta «política y jurídica adecuada al desafío del pacto de Nochebuena», según El Mundo, aunque en realidad era el intento oficial de retrasar el inicio de las emisiones de la plataforma digital de Polanco para dar tiempo a la puesta en marcha del proyecto liderado por Telefónica.

Aquella tarde, Jesús Polanco, que días antes había llamado a Moncloa para «pactar la victoria» del 24-D con un Aznar que le remitió al ministro Arias-Salgado como interlocutor, lanzó al presidente un desafío de los que difícilmente se olvidan:

—¡Eso a mí no me lo hace ni tú ni nadie —bramó al teléfono el editor.

—Oye, Jesús, modera ese tono, que estás hablando con el presidente del Gobierno de la nación.

—¡Estoy harto de hablar con presidentes mucho antes de que tú te asomaras a la política!…

Aznar, frío como un témpano, le envió un mensaje desde Ávila: «El Gobierno no entiende la política como un pulso, pero tampoco los admite».

Polanco reaccionó como picado por el alacrán: «Aznar trata de impedir por decreto la salida de la plataforma digital de Canal Plus», decía a cuatro columnas la primera de El País del 25 de enero, sin duda uno de los titulares más llamativos de la historia del diario. Era el toque de rebato. Nunca como hasta entonces se había puesto tan en evidencia la utilización de un medio de comunicación al servicio de los negocios de su propietario. Muchos miles de millones de pesetas estaban en juego.

La edición del domingo 26 de enero de 1997 del diario era digna de coleccionistas. Una abrumadora exhibición de nervios: un recuadro de apertura en portada («Objetivo: acabar con Polanco»), un largo editorial («Se olvida [el Ejecutivo] quizás de que España es desde hace once años un país miembro de la Unión Europea y no una república bananera donde los caprichos del que manda se cumplen de inmediato»), dos páginas en la sección de sociedad y tres más en el cuadernillo central de los domingos. Todo para denunciar, primero, la presunta conspiración del Gobierno Aznar y sus aliados para acabar con el dueño de Prisa, y segundo, para demostrar cuán cargado de razones se hallaba el Grupo para hacer valer sus derechos sobre el mercado de la televisión digital en España.

En su primera edición (provincias) el diario aseguraba que «José María Aznar recomendó personalmente a Pedro J. Ramírez que implicara expresamente en el caso Ferrer Europa [un escándalo de menor cuantía publicado en El Mundo] al presidente de Prisa», una afirmación verdaderamente insólita, porque, ¿cómo había podido enterarse El País de tal cosa? ¿De nuevo las «escuchas aleatorias» del Cesid? Por fortuna, el diario retiró la «perla» en su edición de Madrid.

«En un país democrático un Gobierno no puede gobernar por decreto contra una empresa privada a favor de otra», aseguraba, por su parte, el PSOE. «Los felipistas se han puesto al servicio del afán compulsivo de dominio y de dinero del gran patrón de Prisa. Ellos sabrán por qué», contraatacaba El Mundo con dureza en su editorial del domingo 26 de enero.

Dos días después, El País publicó otro de sus demoledores editoriales, titulado «Digital viene de dedo», en el que venía a amenazar a Aznar con desestabilizar su Gobierno, posibilidad que paladinamente se arrogaba Polanco, privándole del apoyo de los nacionalistas de CiU, si seguía empeñado en «despeñarse por la pendiente del abuso, el amiguismo y la arbitrariedad».

Todo esto, y mucho más, lo escribía el diario que durante años había sido para cientos de miles de españoles paradigma de objetividad e independencia informativa. El mismo diario, y el mismo grupo, que a partir de entonces empezaron a acusar al Gobierno de «crispar la vida política española», expresión que, con la fuerza de una frase hecha, acompañó a los españoles como una pesadilla a lo largo de 1997.

En la burra de «la crispación» se montaron todos los medios con querencia al felipismo, caso de La Vanguardia (grupo Godó) o El Periódico de Catalunya (propiedad de Asensio), entre otros muchos, pero también televisiones como Telecinco. El que crispaba, naturalmente, no era el grupo Polanco, sino el Gobierno Aznar, a quien El País auguraba «un final similar al de Romanones».

El conflicto, que con gran aparato eléctrico había estallado en los medios de comunicación, volvía a partir en dos, a la secular y española manera, la opinión y los corazones de los ciudadanos, obligando a «retratarse» a mucha gente. Así, el Gobierno había concedido al Consejo de Estado un plazo de apenas cinco días para decidir si el proyecto respondía o no a la comentada directiva 95/47, de modo que el Consejo de Ministros del viernes 31 de enero pudiera aprobarlo definitivamente para su publicación en el BOE del sábado 1 de febrero. Y ocurrió que, en la votación pertinente, votaron en contra Arozamena y Rodríguez Piñero, mientras que se abstuvo, sorpresa, Íñigo Cavero, un hombre colocado al frente del citado Consejo por Aznar, y a quien Aznar había hecho saber la importancia de la unanimidad en esa votación.

El 28 de enero, la Comisión Europea, el árbitro con el que ninguno de los contendientes parecía haber contado, emitió una primera señal desde la cueva de Bruselas. «La principal preocupación de la Comisión es que el descodificador no se convierta en un instrumento para que el propietario pueda crear una posición dominante». Capón a Prisa. «La Comisión vigilará si el nuevo reglamento español es intervencionista». Capón al Gobierno.

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Nada podría impedir, sin embargo, la presentación en sociedad, el 30 de enero del 97, de Canal Satélite Digital, participada por Sogecable (85 por 100) y Antena 3 (15 por 100), que a partir de ese día empezó a emitir veinticinco canales de televisión vía satélite desde Luxemburgo.

El evento se convirtió en una magnífica demostración del poder de Jesús Polanco, que, en un acto multitudinario, rodeado de la créme del mundo del dinero, levantó su dedo admonitorio de predicador para advertir al Gobierno Aznar: «No toleraremos, aunque nos cueste carísimo, un abuso de poder a nuestra costa». Hablando en el plural mayestático de las grandes dignidades, el cántabro estaba escribiendo un nuevo capítulo del libro Santillana sobre el Apocalipsis que nos espera si no nos convertimos a la única fe verdadera. La suya.

Aquel día, el poder surgido de una costilla de los libros de texto, teología digital, bajaba del Sinaí con el mensaje de que había empezado la pax polanquil reducida a la humilde aceptación de la voluntad del César cántabro. El editor, no sin sorna, se congratuló del arranque de la oferta liderada por Telefónica, «aunque no tiene programas ni descodificadores, sólo la voluntad de hacerse…».

En torno al gran capo se hallaban sus ricos socios, empezando por Carlos March y terminando con Jaime Botín, que, con Emilio Ybarra, componen la «tríada feliz» del capitalismo español, tres florones, tres apellidos rendidos a los pies del dueño de Prisa. Si se repara en el dato de que tras Antonio Asensio se erigía la sombra del «pagano» Amusátegui y su BCH, se llega a la conclusión de cuán dispar era la pelea digital en el terreno de los poderes financieros. En efecto, con Polanco se encontraba toda la banca española, banca que desde el año 82 venía sosteniendo el entramado de un partido con alma de PRI y carnet de socialista y obrero: Felipe, Polanco y la gran banca, como trasunto de un esquema de poder surgido en la España del posfranquismo que, de pronto, se sentía amenazado por un tipo seco y estirado como Aznar, llegado al Gobierno en representación de una derecha de nuevo cuño que no le debía casi ningún favor a casi nadie.

Era jueves y estaba expuesto el cuerpo incorrupto de Jesús Polanco en la hornacina del altar digital, y a sus pies se movía, en aplicada audiencia, el mundo de la cultura, el espectáculo, la música, Miguel Ríos, Amenábar, Jaime de Armiñán y muchos más, esos mundos que festonean su imperio, que viven, pastan y abrevan en sus aguas, genuflexión al canto, porque a ver quién es el guapo que quiere hacer algo en la industria cultural española y no rema a favor de corriente en el río de Prisa, y ración de oración doble por el rito polanquil para los agnósticos. Por supuesto, en torno a don Jesús, todo su colegio cardenalicio, los eternos, sempiternos e inevitables Plácido Arango, Leopoldo Rodés, Mendoza, Matías Cortés…

Al día siguiente, El País publicaba en su portada una foto del acto que valía más que mil palabras. Era la foto del éxito, de izquierda a derecha Juan Luis Cebrián, Pierre Lescure (Canal Plus Francia), las manos entrelazadas en torno a Polanco, el centro, y luego Antonio Asensio, encantado de hacerse conocido, y Carlos March, el último de la derecha, la riqueza por antonomasia en España. El nieto de Juan March Ordinas, el «pirata del Mediterráneo», parecía no encontrarse a gusto, como si le diera reparo salir en tan obscena demostración de pleitesía, y no quería, pugnaba por irse, no deseaba salir en la foto, pero Asensio lo tenía bien trincado y no le dejaba escapar, a mojarse tocan…

En la fiesta —y en la foto— había una ausencia significativa: la de Emilio Ybarra, presidente del BBV, socio de Polanco en Canal Plus y Sogecable (15 por 100 del capital), que había hecho mutis por el foro mandando en su lugar a un par de subalternos. Y esa ausencia —como el miedo de March a salir en el retrato— no pasó desapercibida.

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El Consejo de Ministros del viernes 31 de enero aprobó un real decreto-ley por el que se adaptaba el Derecho español a la directiva 95/47 sobre la transmisión de señales de televisión, además de aprobar también el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones por Satélite.

Canal Satélite Digital quedaba en la ilegalidad al publicarse en el BOE al día siguiente, 1 de febrero, dicho Reglamento, que obligaba a todas las empresas a inscribirse en un registro en el Ministerio de Fomento antes de empezar a emitir, trámite en el que debería demostrar que su descodificador digital era compatible con el de otros operadores.

Paralelamente, y disfrazadas de medidas para liberalizar el sector, el Ejecutivo enviaba dos «recados» a Jesús Polanco en ese mismo BOE, Primero: el IVA de la televisión de pago subía del 7 al 16 por 100. A Polanco se le evaporaba uno de los privilegios que, en 1992 y por real decreto, le había concedido el Gobierno González al equiparar dicho IVA con el de la vivienda o los alimentos. Segundo: las operadoras no podrían beneficiarse de las fianzas cobradas a los abonados por darse de alta en el servicio, fianzas que deberían quedar depositadas en un fondo.

Lo divertido, hasta rozar lo cómico, del caso era que el autor intelectual de las tres medidas que iban a suponer un serio castigo a la cuenta de resultados de Polanco no había sido un mago de Moncloa, no, sino el «camarada» Antonio Asensio, ni más ni menos, que en el otoño pasado, en plena refriega mediática y judicial con el dueño de Prisa, se acercó un día por el despacho de Miguel Ángel Rodríguez en Moncloa para pedir árnica:

—Bueno, y ¿qué se puede hacer contra Polanco? —le preguntaron.

Y Asensio volvió unos días después con un papel en el que disparaba cinco medidas como cinco puñales contra el imperio del cántabro, entre las que se encontraban las tres (descodificador neutral, IVA y depósitos) aparecidas en el BOE del 1 de febrero. Era el caso del general que cambia de bando pero no se lleva el plano de las minas que ha dejado camufladas por el terreno.

El Consejo de Ministros de aquel 31 de enero había decidido también regular el fútbol por televisión mediante una ley orgánica que aseguraba el libre acceso a los partidos más importantes, considerando que en el caso de las retransmisiones deportivas estaba en juego el derecho constitucional a la libertad de información.

La iniciativa del Gobierno fue recibida en el Grupo Prisa como es de imaginar. De hecho, la primera decena del mes de febrero del 97 quedará en las hemerotecas como ejemplo de la utilización de un grupo mediático en defensa de los intereses mercantiles de su propietario. El calificativo más liviano que aquellos días se aplicó a Aznar en los aledaños del Grupo fue el de «fascista», epíteto que González y Guerra alternaron con el de «estalinista».

El editorial «Fuera máscaras» de El País, 5 de febrero, es, sin duda, una pieza «retro» digna de figurar en el museo de los horrores del periodismo escrito: «Empezamos a sospechar que nos encontramos ante una mezcla de estilos entre la bravuconería fascista y la manipulación informativa, en la que eran expertos los nazis». Nazis y fascistas. «Caída ya su máscara centrista, la España profunda se levanta del sueño».

No faltó quien, temiendo que la cuenta de resultados de Polanco quedara afectada por la nueva legislación, se apresuró a teorizar sobre «la democracia en peligro». Hasta Antonio Gutiérrez, líder de CC.OO., entró en liza calificando al Gobierno de «autoritario» por haber recurrido al decreto-ley para regular la televisión digital, además de considerar injusto el «acoso» del Ejecutivo a Canal Plus. La tortilla ya estaba completa: la izquierda, más los sindicatos, por un lado. La derecha, por otro. Como mandan los cánones.

Los dos bandos (PP y PSOE) se enfrentaron en el albero del Congreso de los Diputados el 13 de febrero con motivo de la convalidación del citado real decreto-ley que incorporaba al Derecho la Directiva 95/47 de la UE.

«Piénsese en el contrasentido que supondría —reflexionaba el ministro Arias-Salgado desde la tribuna de oradores— que para la recepción de cada una de las señales de televisión que habitualmente recibimos los españoles fuese necesario el uso de un televisor diferente…». Aquello parecía muy obvio, pero no para Alfredo Pérez Rubalcaba, el más bravo de los caballeros que se sientan en torno a la tabla redonda del Lancelot de Prisa, siempre dispuesto a reñir las batallas que sea menester a mayor gloria de Polanco.

Socialistas y populares se enzarzaron en uno de los debates más duros que recuerda la historia de la democracia. Gritos, insultos, abucheos, protestas y aplausos acompañaron las intervenciones del portavoz socialista y del ministro de Fomento.

Rubalcaba hizo una defensa de las tesis de CSD que no hubiera mejorado ni el más cualificado de los empleados del cántabro. El objetivo del decreto era «perseguir y castigar a aquellos medios de comunicación que se resisten a ser meras correas de transmisión de las intenciones del Gobierno»[13].

Nunca como hasta ese debate se había visualizado con tanta nitidez la ligazón simbiótica existente entre Prisa y PSOE, entre PSOE y Prisa, entre un partido político de base social de izquierdas y un grupo de comunicación propiedad de una de las grandes fortunas españolas, unidos en atípico sindicato en la defensa de un interés compartido: el poder, en el caso del partido; el dinero, en el del editor.

El decreto fue convalidado con el apoyo de todos los grupos a excepción del socialista.

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El Gobierno había metido un par de «hachazos» muy considerables a los intereses de Polanco, pero aún no le había rozado un pelo a Antonio Asensio. Precisamente por eso, y porque ya le habían llegado noticias de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, el editor catalán era un hombre asustado, que a lo largo de febrero y marzo se ofreció como mediador, asegurando que él «podía arreglar con Polanco el tema del descodificador y el accionariado de una plataforma conjunta». El catalán se mostraba, además, dispuesto a garantizar la apertura de contrato del fútbol al resto de los operadores.

El 17 de febrero Asensio pidió audiencia y fue recibido por Álvarez Cascos, ante quien trató de justificar el «pacto de Nochebuena» en los términos ya conocidos. «No me dejaron más alternativa, porque yo necesitaba dinero y Villalonga no estaba dispuesto a dármelo». Fue un encuentro que empezó frío y terminó gélido.

Al día siguiente, Asensio tuvo que pasar el trago de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Antena 3 solicitada por José Frade. El mayor disgusto del día, con todo, fue la ausencia del BCH, su tradicional financiador. Ese día, el editor pidió a Polanco que llamara a José María Amusátegui y le convenciera de que asistiera a la Junta. El de Antena 3 había tomado el desafío de Frade como un plebiscito personal. Pero Amusátegui, fino olfateador de los vientos de la política, se excusó ante el dueño de Prisa.

Los apuros de Asensio eran entonces vividos como propios por Polanco. Se trataba, según el diario El País, de una «persecución inmoral y estúpida que el Gobierno ha lanzado contra los medios de comunicación que no le son sumisos».

Álvarez Cascos volvería a ver a Asensio el 4 y el 18 de marzo. En teoría, Polanco y Asensio estaban perfectamente coordinados por aquel entonces, de modo que el de Zeta era una especie de embajador plenipotenciario del cántabro para tratar el espinoso asunto de los descodificadores, que caía dentro del radio de acción del vicepresidente.

Tras la aprobación del decreto del descodificador, Cascos se iría retirando de forma paulatina de primera línea. «La Administración puede llegar hasta el final en la negociación de las reglas del juego, pero, una vez aprobadas, el protagonismo pasa ya a los empresarios con intereses en el sector, que son los que deben negociar».

A estas alturas, el grupo Prisa había encontrado una nueva vía para hacer daño al Gobierno: Maastricht. Colocar tachuelas en el camino de España hacia Europa. El señor Polanco, todo un patriota, no tenía reparos a la hora de poner en peligro la entrada de España en la primera velocidad europea con tal de vengarse de Aznar. En efecto, las dudas sobre la plena integración de España en la UE se repetían un día sí y otro también, estrategia a la que se apuntaban El Periódico de Catalunya y La Vanguardia.

Decididos a castigar los pecados digitales de Aznar, las fuerzas combinadas de PSOE y Prisa parecían dispuestas a todo: desde provocar el pánico en los mercados bursátiles con la tesis de un eventual retraso de la entrada de España en el euro a la paralización de las negociaciones en curso sobre la reforma del mercado laboral.

Ambos ejércitos se encontraban en lo más crudo de la batalla, en esa hora decisiva en la que, como decía Napoleón, la iniciativa y el valor de un solo hombre puede inclinar la balanza de uno u otro lado sobre el campo sembrado de cadáveres. La idea, tan querida por los Polancos, de una inmediata vuelta del PSOE al poder, que la debilidad de Aznar había alimentado en el primer semestre de su mandato, se esfumaba a gran velocidad. Era necesario un último esfuerzo. Había que lanzar la guardia imperial al ataque.

El Grupo Prisa era el escaparate por el que diariamente desfilaba un muestrario de desastres varios. Todo iba mal, todo estaba mal, todo se hacía mal en la España de Aznar.

«El pobre Polanco se ha convertido en “Fuerte Álamo” y está atacado por todas partes, con lo cual todos los “David Crockett” de España y de Iberoamérica deben cerrar filas en su defensa —escribía Carlos Semprún Maura—, y tanto batiburrillo ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de tantas picas en Flandes? Pues, el fútbol, señores, ¡el fútbol! No el euro, Maastricht, el paro, Filesa, el GAL o los papeles del Cesid. Sólo el fútbol ha podido con los nervios de los mayordomos de Polanco».

Se trataba de un enfrentamiento entre dos poderes. El de un editor que, con el respaldo del primer partido de la oposición, se sentía capaz de amenazar al Gobierno con desestabilizar su pacto con CiU y obligarle a convocar elecciones anticipadas, o con boicotear la entrada en Maastricht, o con poner a la intelligentsia europea en su contra, y el de un Gobierno de centro-derecha obligado a hacerse respetar si no quería regresar a las catacumbas para otros quince años.

En realidad, era el enfrentamiento entre la España fosilizada y corrupta que feneció el 3 de marzo del 96 y que, reclamando derechos adquiridos, se negaba a desaparecer, y la España urbana que tímidamente aleteaba con la vista puesta en la Europa unida, una España que necesariamente debería ser distinta, más abierta y más rica, más dependiente de la inteligencia y el esfuerzo personal y menos de las relaciones espurias, el amiguismo y el miedo.

Pero la definitiva explosión de nervios del polanquismo iba a producirse el 28 de febrero con el anuncio de que el juez Gómez de Liaño aceptaba una querella del abogado Sainz Moreno contra veinte consejeros de Sogecable y el auditor José Antonio Rodríguez Gil, a quienes se acusaba de apropiación indebida, falsedad, estafa y delito societario en la gestión de la antigua Sociedad de Televisión Canal Plus S.A. y de su filial Sogecable. El auto prohibía salir de España sin permiso judicial a Polanco, Cebrián, José María Aranaz y Rodríguez Gil.

A las seis de la tarde de ese 28 de febrero Jesús Polanco, presidente de Sogecable, subía las escaleras de la Audiencia Nacional para verse las caras por primera vez con el juez Gómez de Liaño, que le notificó el contenido de la querella.

Una foto a cuatro columnas publicada en El País del día siguiente, 1 de marzo, mostraba a un Polanco envejecido y diminuto, embutido en una chaqueta sobrada de tiro que parecía desbordarle cual casulla de cura, llevándose ambas manos a la tripa, quizá preocupado por la cartera, la vista perdida, fija al frente, como tratando de sobrellevar la afrenta.

El dueño de Prisa caminaba escoltado a su derecha por Matías Cortés, gran camarlengo del imperio polanquil, rechoncho como el amo, la corbata azul oscura recorriendo la impresionante tripa para bascular, fláccida, a la altura de la bragueta, los brazos, cortos, colgando inertes como atrofiado artilugio de robot, mecánica mínima de manos rebosadas por sobredosis de manga, dos hombres sin cuello, dos nobles testas pegadas a un cuerpo, caminando ofendidas hacia un futuro de ignominia.

Y a la izquierda de Polanco, Juan Luis Cebrián, barba canosa y risa de conejo tras unas gafas de intelectual demodé, que con su mano izquierda parecía pugnar también por asegurar su cartera, quizá sacarla para extraer su carnet de identidad, él, el hombre que trajo la democracia a este país, famoso entre mil, obligado una vez más a identificarse ante un juez don nadie.

Tanto él como Polanco tenían prohibida la salida de territorio nacional, y más de uno se chanceaba, en el ruedo periodístico madrileño, con la posibilidad de que cuate Cebrián se viera en la tesitura de tener que leer su discurso de ingreso en la RAE escoltado por la pareja de la Guardia Civil.

Se confirmaba: Polanco era víctima de una conjura urdida entre el Gobierno, ciertos medios de prensa y algunos jueces para acabar con él y con su grupo mediático. «Un peldaño más», titulaba «Big Bertha» su editorial del 2 de marzo («temerario y retador», como en privado lo calificó uno de los más importantes socios de Prisa).

«Todo un Gobierno fascistizado, mussolinista, franquista, lanza su peso contra una empresa que emite información y opinión —decía Eduardo Haro Tecglen en la edición de ese 2 de marzo—. La quiere ahogar y, como siempre, su objetivo es la cárcel. González sabía, mucho antes de perder las elecciones, que lo que querían no era sólo quitarle el Gobierno, sino meterle en la cárcel. No cejan. Recuerdo que en las vísperas del 36, luego del 39, nadie creía que le iban a encarcelar; menos que le iban a matar. Yo mismo estoy seguro que no me va a pasar nada. Y ¿quién sabe? Quizá los pistoleros andan ya limpiando sus armas, cuando sus antiguos camaradas empiezan a acudir a los juzgados a denunciar…».

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Algo importante estaba pasando, que nada tenía que ver con lo que El País estaba contando a sus lectores: la tradicional soberbia de los Polancos se estaba viniendo abajo con estrépito, y la altanería estaba siendo rápidamente sustituida por el miedo.

Las campanas tocaban a rebato: había que defenderse de aquel Gobierno que iba a durar menos que un caramelo a la puerta de un colegio, había que apoyar al amo, de pronto sorprendido con las manos en la masa de la ingeniería financiera en Sogecable, como tantas otras preclaras figuras del felipismo. El amo podía acabar con sus huesos en la cárcel. El envite era tan fuerte que todos los que de una u otra forma comen/comían del amo, de su grupo de empresas, sus periódicos, sus radios, sus editoriales, su industria del cine… todos iban a ser llamados a filas, convocados a poner su firma a pie de página en apoyo del jefe, todos iban a ser obligados a «retratarse» en defensa de Jesús del Gran Poder.

Fracasada su pretensión de echarle un pulso al Gobierno democrático de un país industrializado, Polanco y Cebrián se iban a lanzar a partir de ese 28 de febrero por la senda del victimismo y la conjura política, cuando la cuestión se limitaba a responder cumplidamente a la siguiente pregunta: ¿qué había pasado con los depósitos que los abonados de Canal Plus habían entregado en garantía? ¿Podían disponer libremente de esos 23.000 millones de pesetas sin permiso expreso de los depositantes? ¿Qué decía al respecto la legislación vigente?

Como curioso correlato al nuevo escenario, Jesús Polanco, un hombre que jamás se había prodigado en ese tipo de actos, se lanzó a una rueda de apariciones públicas a la manera de un político en campaña, festejos varios e incluso homenajes, como el que la Asamblea de Cantabria le ofreció nombrándole hijo adoptivo de la comunidad «por su defensa de las libertades». El negocio de la libertad seguía dando réditos, incluso honoríficos.

Pero la gran traca del polanquismo iba a llegar con la publicación de una carta que, promovida por un grupo de empleados distinguidos, algunos de los cuales participan en consejos de administración de sus empresas (Fernando Savater, Javier Pradera, Juan Cueto, Vicente Verdú, Maruja Torres, Rosa Montero, Juan Cruz y Joaquín Estefanía), se había pasado a la firma de escritores, intelectuales y artistas de ideología progre de Europa y América en defensa del Grupo Prisa, «objeto de una campaña de descrédito profesional y personal que trata de minar su honorabilidad y la credibilidad e independencia de El País».

Encabezaban el ranking de firmantes gente de tanto pedigrí como García Márquez (que actuó de recolector de firmas), Norberto Bobbio, Umberto Eco, Norman Mailer, Carlos Fuentes y Susan Sontag. «El escrito será publicado en algunos de los principales diarios del mundo en los próximos días —decía el periódico—. Varios de los directores firmantes han anunciado que seguirán la evolución de este caso en España y Europa».

«El mecanismo elegido es el de un manifiesto tan grande, tan lleno de firmas, tan cuajado de famosos, tan trufado de bellos y bellas, tan abrumadoramente representativo del poder del Imperio —escribía Jiménez Losantos el jueves 20 de marzo—, que piensan conseguir que el Gobierno se arrugue, los jueces se encojan y los pocos medios que todavía no ha controlado o neutralizado Polanco vacilen y se rindan. En realidad, lo que Polanco prepara no es un manifiesto, es, en el sentido profundo del término, un pronunciamiento […] que está mostrando su mayor fuerza en el mundo artístico, donde actores, directores, productores, cantantes, músicos y titiriteros están, de una u otra forma, atados por el bolsillo a la causa de la mayor faltriquera de España».

Aquél era un pulso que los padres putativos de la «política de la crispación» le echaban al Gobierno. Pero un pulso desde el miedo, no ya desde la soberbia de meses atrás. El Imperio vendía entre la progresía internacional que la admisión de una querella por presunto delito de apropiación indebida y falsedad documental era «una agresión a la libertad de expresión». Sin embargo, en el caso Sogecable, un escándalo que alcanza de lleno al pulmón ideológico del Régimen de la transición, no se iba a juzgar a Polanco y Cebrián por lo que habían dicho, sino por lo que habían hecho.

El «banderín de enganche» de Prisa tuvo un amplio eco en la prensa internacional, poniendo otra vez de relieve un fenómeno curioso, digno de un análisis pormenorizado: la extraña conducta de los corresponsales extranjeros acreditados en España que, tras años de encantamiento con el fenómeno Prisa-PSOE, cuyos desmanes, salvo honrosas excepciones, habían callado complacientemente, seguían anclados en los viejos tiempos, enviando al exterior mensajes muy negativos sobre Aznar y su Gobierno.

Crecido por el aluvión de celebrities de medio mundo (hubo un firmante de Martinica, otro de África del Sur y un tercero de Georgia, como nota de exotismo) estampando su firma a pie de página en solidaridad con el grandísimo líder de Prisa, su palafrenero mayor, Juan Luis Cebrián, decidió llevar el enfrentamiento a la Asamblea del Instituto Internacional de Prensa (IPI). Imposible imaginar un marco más adecuado para voltear internacionalmente la perversidad de la derecha española, empeñada en atentar contra la libertad.

La cita era en Granada, y allí, ante un selecto auditorio de periodistas y directores de medios de todo el mundo, Cebrián pidió que el IPI investigara el «acoso» al que el Grupo Prisa estaba siendo sometido por el Gobierno Aznar, reclamando nada menos que el envío a España de una «misión internacional para investigar las situaciones que se han creado en este país que suponen un retroceso de la libertad de prensa».

Al corte salieron dos periodistas hispanos, José Luis Gutiérrez y Víctor de la Serna, para solicitar que la Asamblea investigara también los «abusos de Prisa» durante los años del felipismo. En un comunicado distribuido entre los quinientos participantes del congreso, ambos afirmaban que «Prisa confunde el final de los privilegios especiales de que ha gozado bajo el felipismo con el inicio de una supuesta censura».

En la jornada de clausura, el 26 de marzo, el propio Aznar intervino en la pugna con un alegato de una contundencia poco frecuente en él. El presidente denunció, en efecto, «la utilización clientelar de los Presupuestos del Estado y el privilegio legal concedido a los grupos más afectos al poder. Esta es una concepción arrogante de la política, una interpretación interesada del mandato electoral y una extralimitación de la legitimidad democrática que otorgan las urnas».

* * *

A pesar de la «leña» que se propinaban en público, ambas partes seguían negociando en privado, dentro de un clima tan civilizado, tan de guante blanco, que dejaría sorprendidos a quienes, desde las tribunas de los medios de comunicación, se arreaban estera sin rasgo de misericordia.

En efecto, el 5 de marzo Álvarez Cascos recibió a Polanco en un almuerzo privado celebrado en el recinto de Moncloa. Y volvió a recibirlo a las doce de la mañana del 17 del mismo mes para mantener una larga conversación, mano a mano, en el despacho del vicepresidente. Jamás apareció la menor mención a estas entrevistas en las páginas de El País.

Polanco vendía una versión sui generis del «pacto de Nochebuena» entendido como la culminación de un proceso en el que había terminado por imponerse la lógica empresarial. Después de la tensión a que tanto él como Asensio habían estado sometidos en 1996 durante la llamada «guerra del fútbol», ambos se habían visto obligados a entenderse. «Y a partir de ahí veo con sorpresa que se presenta una historia en la cual yo voy de ganador, y no es eso, no señor, porque Asensio (40 por 100) y TV3 (20 por 100) comparten los mismos intereses en Audiovisual Sport, y ése es un acuerdo contra mí, en el que yo voy de perdedor…».

Pero el verdadero objeto de ambas reuniones, como de todas las que Cascos mantuvo con distintos interlocutores, era buscar un punto de encuentro entre las dos plataformas tendente a su fusión en una sola, proceso que la Administración podía facilitar regulando de una manera concreta la entrada en servicio de la tecnología digital.

Cuatro eran los grandes puntos en litigio a la hora de diseñar esa plataforma única: la composición del accionariado, la elección del satélite, el tipo de descodificador, y la gestión de la futura sociedad conjunta.

El acuerdo parecía imposible. Para el cántabro, una plataforma digital es, fundamentalmente, una organización de gestión de abonados, como activo principal, y un descodificador experimentado desde el punto de vista tecnológico. Y CSD disponía de un descodificador suficientemente probado, de un catálogo de abonados y de experiencia suficiente para gestionar todo ello. En resumen, Polanco y sus socios contaban con el principal activo del negocio, puntos determinantes en una estrategia de monopolio y, por lo tanto, no negociables.

Frente a eso, había una organización que no contaba con ninguno de tales activos, sino simplemente con la voluntad de tenerlos algún día. La diferencia era abismal.

Esta percepción era plenamente compartida por el número dos de Canal Plus Francia, Michel Toulouze, que por aquel entonces fue también recibido en el despacho de Álvarez Cascos. Los franceses querían conocer de primera mano cuál era la posición del Gobierno del PP en relación con el negocio de la televisión digital, en general, y con la guerra abierta planteada en torno al Grupo Prisa, en particular. No fue un encuentro fácil. El francés, poco dado a la diplomacia, replicó con altanería a un Cascos que trataba de dar a la plataforma digital alternativa una fortaleza que no tenía:

—Tiene usted que comprender que llevamos mucho tiempo haciendo televisión digital en Europa, con un descodificador muy rodado, con millones de abonados… Este es nuestro negocio. Frente a esto, ¿qué hay? Rien. ¡La otra plataforma es rien!…

* * *

El 17 de abril, el Congreso de los Diputados aprobó al fin la Ley de la Televisión Digital, mientras seguían las negociaciones para sacar adelante la Ley de Retransmisiones Deportivas, más conocida como «ley del fútbol».

«No hay derecho», editorializaba El País al día siguiente: «La ley obliga a que los operadores se pongan de acuerdo sobre el descodificador, y en ausencia de pacto impone el sistema “multicript” que impulsa Telefónica y que todavía no existe en el mercado, dejando así a CSD a expensas de lo que decida su competidor, al que concede en la práctica derecho de veto. ¿No es esto un abuso de poder?».

Para el PSOE, era «el mayor ataque a la libertad de expresión desde el cierre del Madrid». Un diputado socialista apellidado Arreciado declaró que «quienes están en contra de Polanco son los mismos golpistas que el 23-F trataban de acabar con la democracia en España».

No menos contundente se mostró el director de El Periódico de Catalunya, Antonio Franco, que en un acto organizado en Barcelona por el PSC llegó a afirmar que los medios de comunicación vivían en un «estado de excepción» y que si en España no hubiera un grupo de comunicación como Prisa «esto sería un paseo militar para las intenciones fascistas del Gobierno».

La insistencia de Prisa en que el descodificador universal o «multicript» no existía en el mercado se había convertido en una obsesión que no podía explicarse más que dentro de la paranoia de un grupo convencido de poder moldear la realidad a su conveniencia. Porque bastaba un somero rastreo del mercado para enterarse de que la tecnología «multicript» era una realidad, puesto que Nokia lo había presentado en París el 24 de febrero y la multinacional estaba negociando con Vía Digital las condiciones de su suministro. Otros fabricantes, como Echostar, Sagem o Interax, estaban en disposición de servir con carácter inmediato equipos con el mismo sistema.

* * *

A primeros de mayo ya estaba claro que la gestión económica iba a ser el salvoconducto que podía permitir al Gobierno popular agotar su mandato. Con una tasa de crecimiento superior a la inflación, al Ejecutivo le iba a resultar muy fácil cuadrar las cuentas públicas, «porque cuando estás muerto es cuando la inflación es del 6 por 100 y el crecimiento es del 2 por 100», asegura Cristóbal Montoro. Esa era la gran novedad de los Presupuestos Generales del Estado para 1998 que los ministerios económicos, bajo la batuta de José Folgado y la supervisión directa del propio Aznar, habían empezado ya a perfilar.

Al cumplir su primer año de Gobierno, el cambio de contexto económico era definitivo. Más que un ciclo, España estaba cambiando realmente de modelo: para un país acostumbrado a vivir inveteradamente con inflaciones superiores al 5 por ciento y tipos de interés de dos dígitos, aquello era una verdadera revolución que abría unas perspectivas de futuro insospechadas. Como guinda coronando el pastel, el Ejecutivo había sido capaz de apadrinar un acuerdo entre patronal y sindicatos para la reforma del mercado de trabajo. Comisiones Obreras y UGT se habían rebelado contra los dictados de la izquierda para, haciendo gala de una visión autónoma de sus intereses al margen del ciclo político, reconocer que era necesario abaratar el despido para crear empleo.

«No hay en la reciente historia europea ningún sindicato que haya estado dispuesto a aceptar una rebaja de las indemnizaciones en el despido improcedente, y menos con un Gobierno de centro derecha —aseguraba en privado el ministro Rato—. Ya quisieran franceses y alemanes tener unos sindicatos como éstos». Era, en definitiva, un mensaje de flexibilidad, de capacidad de diálogo y de independencia del sindicalismo español.

Frente al éxito que para la sociedad española en su conjunto suponían estos avances, el bloque de los «felipancos» reaccionó con un brutal shake up de la vida política, en un último intento por desestabilizar la situación y evitar la definitiva consolidación del Gobierno Aznar. Era la prueba más evidente de la peligrosa asimetría existente entre la economía y la política españolas.

González, que había afirmado que España sufría «una preocupante regresión en las libertades», se valió para ello de dos «revelaciones», acusando, primero, al vicepresidente Álvarez Cascos de haber conspirado con Amedo para implicarle en los GAL y, segundo, denunciando dos días después (10 de mayo) que La Moncloa había amenazado a Antonio Asensio con la cárcel por haber firmado el «pacto de Nochebuena» con Polanco.

Fueron días de gran ruido mediático, días en los que Prisa demostró una vez mas su capacidad para crispar y dejar sin resuello a la opinión pública, haciéndole creer que se acercaba el juicio final.

Y de nuevo la sempiterna división en dos bloques, azules y rojos, buenos y malos, yin y yang, dos bandos enfrentados en la política, en la universidad, en el deporte, en la Justicia, en la prensa, en la televisión digital, en la banca… Con una diferencia sustancial con respecto al modelo clásico, y es que, a las puertas del nuevo milenio, la España del miedo, echada al monte, imbuida de un ácido espíritu «guerracivilista», era la España de la alegre progresía que en los ochenta, al socaire de las mayorías absolutas de González, pensó monopolizar el poder hasta bien entrado el siglo XXI.

Una de esas dos Españas se manifestó con todo su oropel con motivo de la lectura del discurso de ingreso en la RAE de Juan Luis Cebrián, el académico que menos tiempo se ha demorado entre su nombramiento y la lectura de su lectio magister en la historia de la institución. Tanta velocidad venía explicada por el caso Sogecable. El nuevo académico quería añadir así presión sobre el juez Gómez de Liaño y sus eventuales decisiones.

Como no podía ser de otro modo, el hombre fuerte de Prisa hizo activas gestiones para que los Reyes dieran solemnidad al acto de su entronización en la RAE presidiéndolo, pero el Monarca, escaldado tras el episodio de la investidura de Conde, hizo mutis por el foro. Era una pérfida manera de intentar implicar a la Corona en plena instrucción sumarial del caso Sogecable.

El ingreso de Cebrián en la Academia se convirtió en un acto de «afirmación felipista», con el propio González en primera fila, naturalmente, más un desvergonzado Clemente Auger, presidente de la Audiencia Nacional (donde, en aquellos momentos, se instruía el caso Sogecable), más los consabidos Rubalcaba, Serra, Rojo, Leal, etc.

Pero, a pesar del intenso «aparato eléctrico», la tormenta desatada por el felipismo durante la primera quincena de mayo sólo consiguió mojar a los convencidos. Aquélla era una crispación que, llena de visceralidad, ocupaba en realidad a una minoría, en todo caso a la clase periodística y política madrileña, pero a la que se sentía ajena la inmensa mayoría de la población que empezaba a saborear el fruto, éste sí bien real, del cambio de tendencia económica.

La tramontana, que se iba a saldar con un nuevo fracaso de los Polancos, acabaría tras un debate sobre el estado de la Nación, 11 de junio de 1997, en el que el inhóspito, frío y austero Aznar se deshizo con facilidad del gallardo Felipe.

* * *

Sin embargo, y para sorpresa de casi todos, la intención de voto de los españoles no terminaba por abrazar la causa de José María Aznar. Era el ancla que mantenía a flote a González.

En efecto, a pesar de la marcha de la economía, las expectativas electorales del PP no mejoraban por mucho que Pedro Arrióla, el «gurú» del partido para tales menesteres, siguiera insistiendo en que la política de «la lluvia fina» estaba dando unos resultados que, tras catorce años de inmersión total en el felipismo, nunca podrían ser inmediatos.

El asunto no parecía preocupar a Aznar en demasía: «La gente se olvida de que el PP ganó las elecciones, pero el PSOE no las perdió. Es la diferencia con lo ocurrido en Francia o Gran Bretaña. En España la derecha sacó 9.600.000 votos, que ya son votos, pero el PSOE, con 9.300.000, aguantó perfectamente, subiendo en relación con el 93, lo que nos obligó a ganar en unas condiciones muy interesantes por la sociología y la configuración del poder de este país. Ello nos fuerza a hacer los deberes deprisa y a completar el ciclo, y que los electores digan en su momento lo que estimen oportuno».

En las filas del PP, sin embargo, los ánimos distaban mucho de aceptar una explicación tan académica como aséptica. La fiel infantería del partido se preguntaba, perpleja: ¿cómo puede ser que con una economía boyante, un PSOE entrampado con la Justicia y un Felipe diciendo disparates sigamos empatados?

Las razones apuntaban al desequilibrio mediático que, a pesar de su derrota electoral, seguía favoreciendo al PSOE. Para el diputado popular Guillermo Gortázar, «la alianza con los nacionalistas explicita ante el electorado un elemento de debilidad y de entreguismo que es difícilmente neutralizable. Por otro lado, éste es un Gobierno de consenso entre Alianza Popular (AP) y Partido Popular (PP), en el que el ingrediente AP pesa mucho, lo cual compone un mix con una cierta imagen de derecha pura y dura, alejada de la moderación y el centro».

Pero, ¿era eso realmente todo? «Si José María cree que sobre la base de no decir nada, no arriesgar nada, no salir con propuestas ambiciosas, plegarse permanentemente ante los nacionalistas y fiarlo todo a la economía va a lograr alterar definitivamente la tendencia del voto, está muy equivocado», aseguraba Alejo Vidal-Quadras.

Como si el destino quisiera despejar de obstáculos el camino del presidente del Gobierno hacia un segundo mandato, Felipe González presentó por sorpresa su dimisión como secretario general del PSOE en el Congreso de partido celebrado el fin de semana del 20-21 de junio.

Todo parecía haberse puesto en contra del «carismático líder». En contra de los tradicionales clichés manejados por el Partido Socialista, el Gobierno Aznar estaba avanzando por un camino que Felipe González nunca pudo imaginar, hasta el punto de que, en tanto en cuanto el PP lograra abrir expectativas nuevas para amplias capas de población en un horizonte de creación de empleo y de integración europea, más lejos y enfangada quedaría su figura, más problemático se volvería su retorno al poder.

«La gente se ha dado cuenta de que esa pretensión de que aquí sólo podían gobernar unos —asegura Rodrigo Rato—, porque si gobernaban otros no se iba a encender la luz, no iban a circular los autobuses y no nos iban a tomar en serio en el extranjero, era una falacia». Carente de proyecto personal de ningún tipo, Felipe era un camarón arrastrado por la corriente del tiempo.

El PSOE quedaba en la nebulosa ideológica y en la incertidumbre orgánica. ¿Algún mensaje de renovación? ¿Alguna propuesta nueva a la sociedad española? La frase del Congreso la pronunció una entusiasta militante que, echándose materialmente en brazos de Felipe, le espetó entre el amor y el odio: «¡Menuda herencia nos has dejado!»…

El nuevo secretario general del PSOE era Joaquín Almunia, ex ministro de Trabajo, un tipo en la línea Rubalcaba y Maravall, todos de la cuerda del socialismo fabiano. De buena familia bilbaína, es un político con la cabeza bien amueblada, un hombre honrado aunque intemperante en las formas, con tendencia a crisparse con facilidad.

Tras la «defunción» de Guerra y la dimisión de Felipe, los dos pesos pesados que quedaban en pie del PSOE de los ochenta eran Almunia y Rubalcaba, al margen de Javier Solana, un señor puesto por los americanos al frente de la OTAN y que es el verdadero «tapado» del polanquismo.

González ganaba en libertad sin perder poder dentro del partido. Un movimiento inteligente de las piezas del tablero, aunque quizá demasiado obvio. El gran líder se alejaba de los focos para afrontar sus compromisos judiciales, colocando a un hombre de su absoluta confianza para que le guardara el sillón, perdiera las próximas generales y, si las cosas judicialmente le fueran bien y su tirón electoral siguiera intacto, facilitara su triunfal ritorno en las generales del 2004.

* * *

El debate sobre el estado de la Nación marcó el final de la «interinidad» de Aznar como presidente del Gobierno y el inicio de su consolidación. El líder del PP, ninguneado hasta la saciedad por propios y extraños, se fajó con el carismático González derrotándolo en toda línea.

El resultado del cuerpo a cuerpo parlamentario imprimió un giro copernicano a la situación política. Mucha gente cualificada, empezando por el mundo financiero y siguiendo por políticos, sociólogos y periodistas, consideró que la victoria de Aznar aumentaba de forma considerable las posibilidades electorales del PP.

Ante el Gobierno del PP quedaba un horizonte muy despejado. Con los Presupuestos Generales del Estado para el 98 apalabrados, una inflación por debajo del 2 por 100 y un crecimiento por encima del 3 por 100, la perspectiva de un adelanto electoral quedaba aplazada hasta 1999. Madrid rezumaba un nuevo ambiente político.

Los Polancos no podían ocultar la decepción que les había producido la pobre performance de González en el susodicho debate. Las cosas no estaban saliendo como habían planeado. Un año antes del debate ellos esperaban encontrarse un país hecho añicos, con la economía destrozada, los sindicatos en la calle y la gente pidiendo a gritos la vuelta de un González que, en gran salvador, iba a reaparecer para asegurarles unos cuantos años más de poder omnímodo, porque cuando hay un poder omnímodo hay omnímodas posibilidades de que los amigos se forren al lado del poderoso.

Pero el panorama, a pesar de la famosa «crispación», era justamente el contrario. «Creo que ha habido mucha gente que pensó que esto no lo sacábamos adelante —asegura José María Aznar—, y eso explica muchos de los episodios que hemos vivido, como el de la guerra mediática. Visto que quienes se embarcaron en esa guerra hace seis meses no han sacado nada en limpio, la gente que les apoyó ya no ve la rentabilidad de un enfrentamiento que el Gobierno, además, no quiere».

«Hasta abril del 97, el Banco de España dio por hecho que volvía Felipe y que se trataba de aguantar seis meses —asegura un alto cargo de Economía—. También lo pensaban los banqueros, porque fue el Banco de España quien puso a la banca en contra del PP, como lo demuestra lo ocurrido en Antena 3. Así fue hasta que Álvarez Cascos se puso el buzo y empezó a legislar. Entonces se dijeron: “Quietos paraos, que éstos van en serio. Si a Polanco le hacen eso, ¿qué no nos harán a nosotros?”. Y en ese momento cambió el sistema financiero y cambió el Banco de España. El resultado del debate sobre el estado de la Nación terminó por consolidar ese estado de opinión: “Aquí pintan bastos. Estos van a estar en el poder unos años, de modo que hay que adaptarse a la nueva situación”. Y después de haber tocado un año por libre, ahora están con los pantalones abajo: lo que diga el Gobierno, porque éstos son como los conversos, saben que están en pecado y tienen que hacer méritos…».

Aznar estaba decidido a olvidarse de Felipe y Polanco y poner el país a soñar. Pero quienes pensaban que el felipismo estaba muerto se equivocaban.

* * *

Las negociaciones en torno a la pelea digital siguieron después lejos de la mesa del vicepresidente primero del Gobierno, pero ya con otros protagonistas, «porque mi papel no era representar a nadie». Con el decreto sobre descodificadores en la calle, la Administración se retiró a un segundo plano, dejando el protagonismo a los responsables de ambas plataformas: el Grupo Prisa y Telefónica.

Empezaba una carrera muy desigual entre una plataforma que había iniciado ya sus emisiones desde Luxemburgo y otra, la encabezada por Telefónica, que por no tener no tenía ni nombre definitivo, ni sede, ni siquiera una mesa con una secretaria para atender un teléfono. Nada.

Tal estado de cosas llevó a los responsables de Gran Vía 28 a pensar en la urgencia de encontrar un hombre con el perfil necesario para sacar adelante el proyecto. Tras varios descartes, el elegido resultó ser Pedro Pérez, que entonces era presidente de la productora Cartel S.A., Pérez era ya un viejo conocido de Juan Villalonga, aunque la llegada de éste a Telefónica había reducido la relación entre ambos al mínimo nivel. Por aquellos días, sin embargo, los dos se habían vuelto a encontrar en una cena en el restaurante Solchaga, a la que asistieron también Pedrojota Ramírez y el productor de cine Andrés Vicente Gómez.

De aquella cena, y del «voto de calidad» de Pedrojota, surgió la llama que el 5 de febrero conduciría a Pedro Pérez a una cena en el exclusivo The Oriental, uno de los restaurantes del hotel Dorchester, en Londres, donde Villalonga y su equipo se encontraban presentando ante los inversores internacionales la OPV que convertiría a la operadora española en una empresa cien por cien privada.

A las diez y cuarto de la noche, Pedro Pérez se sentaba junto a Juan Villalonga, Javier Revuelta, Marcial Pórtela y Martín Velasco, el hombre del que tiró Villalonga a su llegada a Telefónica como experto en el mundo de las telecomunicaciones. Pérez fue presentado como la persona que debía hacer realidad la irrupción de Telefónica en el mundo de los contenidos. ¿Era aquélla una decisión acertada? La presencia de la compañía en el negocio del cable en Latinoamérica, donde contaba ya con más de un millón y medio de abonados, y la tendencia de las grandes compañías de telecomunicaciones a invadir el campo de los medios de comunicación parecían indicar el camino a seguir. En efecto, las cosas no se iban a parar en la plataforma digital. Aquélla era una operación mucho más ambiciosa.

Acabada la cena, Villalonga y Pérez salieron a dar un paseo a la luz de las farolas de un parque cercano. Al terminar un largo monólogo en torno a las condiciones económicas, el telefónico se paró en seco, se volvió hacia su acompañante, lo encaró y, con un movimiento de hombros, le hizo una pregunta muda. Sin mediar palabra, ambos se dieron la mano, dando por cerrado el trato.

Una de las cosas que Villalonga dejó claro en aquel paseo nocturno fue que, por encima de la batalla política que rodeaba a las plataformas de televisión digital, para Telefónica aquél era un envite profesional: «Este tiene que ser un negocio que sea rentable para los accionistas, porque nosotros no nos dedicamos a la política, no lo olvides».

* * *

Pérez regresó de Londres obligado a poner sus cosas en orden cuanto antes para dedicarse de lleno a la nueva tarea. Su hora de la verdad llegó a partir del 14 de febrero, día en que la Junta de Accionistas de la plataforma ratificó, por unanimidad, su nombramiento.

«Me encontré con una compañía a la que había que empezar por cambiar el nombre», lo que consiguió no sin librar antes la correspondiente batalla, especialmente ardua con los socios periodistas, Luis María Ansón y Pedrojota Ramírez, para quienes Vía Digital era un nombre espantoso, que nunca se haría con un hueco en el mercado.

Una anécdota, con todo, comparada con los problemas de toda índole con los que tuvo que lidiar desde el primer momento. En efecto, el día en que oficialmente se hizo cargo del proyecto no había ni una sola persona contratada ni, por supuesto, sede social. Había, sí, una serie de acuerdos enrevesados, reflejo de los recelos y las tensiones vividas entre los socios fundadores, uno de los cuales hacía referencia a la instalación de la sede en la Ciudad de la Imagen, donde Televisa había adquirido terrenos. El «pacto de accionistas», más parecido a un «pacto de la desconfianza» que a otra cosa, convertía a la compañía en una nave absolutamente ingobernable a futuro.

«Vía Digital tenía un primer y elemental problema de subsistencia —asegura Javier Revuelta, vicepresidente de Telefónica y receptor, durante meses, de las angustias de Pérez—. Y subsistir significaba, desde el punto de vista tecnológico, contar con las soluciones técnicas adecuadas. Por ejemplo, íbamos a utilizar el descodificador multicript, pero este sistema no había sido experimentado en ningún sitio. El segundo problema se refería a los contenidos, algo que para nosotros significaba poder disponer de un paquete básico con el que salir al aire».

Los contenidos, fundamentalmente el cine, era la bicha a la que, más pronto o más tarde, habría que hincar el diente, monstruo amenazador e informe al que había que salir a retar, lanza en ristre, con la banderola de una «teleco» absolutamente desconocida en el universo de Hollywood y de las grandes distribuidoras, las famosas majors.

Aquélla era una carrera que los hombres de Polanco, gracias al expertise de Canal Plus Francia, iban a ganar de calle a los chicos de Vía Digital. El primer contacto se realizó con Disney, que muy pronto se decantó por Sogecable. Comenzaba la carrera de los hombres de Polanco por hacerse con todo lo que se moviera, al precio que fuera, en el mundo del cine. ¿Con qué intención? Con la de arrojar fuera del mercado de los contenidos a cualquier potencial competidor, es decir, Vía Digital.

Tras el intento de la Disney, el siguiente asalto tenía por objetivo la Warner Bros. Necesitada de un gran contrato que diera cuerpo a un proyecto en mantillas y elevara la moral de sus gentes, impresionadas por la fuerza del avance de los «panzer-Prisas», Vía Digital parecía obligada a poner toda la carne en el asador con Warner. Desde finales de abril se negoció intensamente, tanto en Los Ángeles como en Madrid, con la intervención de los inevitables equipos de abogados. Ocurría, sin embargo, que las pretensiones de Warner se iban endureciendo a medida que pasaban los días, con la introducción de una serie de cláusulas absolutamente leoninas. Era el problema de negociar desde la debilidad.

Los compromisos de pago que proponía la major eran inasumibles. Se trataba, en definitiva, de lo que ambas partes habían bautizado coloquialmente como el billion dollar contract, el contrato del billón de dólares o, lo que es lo mismo, 150.000 millones de pesetas a pagar en diez años y, lo que es más grave, con el aval de Telefónica como condición sine qua non, porque el de Vía les parecía insuficiente. ¿Podían, con estas cifras, salir los números de un proyecto en mantillas, que entonces contaba con cero abonados? Todo un dilema.

En la tarde del jueves 29 de mayo, Villalonga, en compañía de Revuelta, Pérez y De Bergia, mantuvo una importante reunión en la sede neoyorquina de Time-Warner con el vicepresidente y CEO (consejero delegado) de la multinacional del entertainment.

Telefónica ofreció a Warner un acuerdo de colaboración global, reforzando así su capacidad negociadora y de compra de contenidos. Los españoles estaban dispuestos a comprar la producción de Warner, pero también a convertirla en socio estratégico de Telefónica Multimedia en Iberoamérica, para su negocio del cable en Argentina, Perú y Chile. El vicepresidente de Warner pareció acoger con gran interés la idea. A la hora de las despedidas, mientras estrechaba efusivamente la mano de Villalonga, se manifestaba convencido de que «Warner puede ser el gran aliado internacional de Telefónica para entrar en los contenidos».

Pocos días después, Warner firmaba con Sogecable, dejando a Telefónica compuesta y sin novio. «Aquello fue un feo para Villalonga —asegura Pérez—, porque supuso firmar con la competencia sin contestar siquiera a esa oferta de gran alianza latinoamericana».

A Pedro Pérez le habían mandado salir de caza provisto de un precioso rifle último modelo, pero no le habían dado munición, de modo que, cuando después de un duro proceso negociador llegaba el momento de poner la firma al final de un contrato, en Telefónica se echaban atrás asustados:

—¡Es que esos compromisos de pago pueden afectar a la cotización de la acción en Nueva York!…

—Puede que así sea —respondía Pérez—, pero eso teníais que haberlo pensado antes de haberos metido en esta guerra.

De forma retrospectiva, los responsables de Vía Digital creen que en estas negociaciones hicieron de zanahoria de 1a que se sirvió Warner para hacer pasar por el aro a Canal Plus Francia/Sogecable, con quienes de antemano había decidido llegar a un acuerdo. «A veces sospecho que ese acuerdo nunca estuvo a nuestro alcance —declara Pérez—, y que lo único que hicimos fue subirle el precio a Sogecable».

El jueves 3 de julio, El País dio a conocer la buena nueva: «Sogecable compra los derechos para la televisión de pago de las películas de Time Warner». Un golpe muy fuerte para el proyecto de Vía Digital, a la que su competidor estaba sacando del mercado. Polanco, dispuesto a pagar lo que le pidieran con el respaldo de sus socios bancarios, amenazaba con ganar el partido por goleada.

El mundo parecía hundirse para los promotores de Vía, que, además de tener que enfrentarse desde la nada con Sogecable, tenía a sus socios a la greña. Pedro Pérez pidió una reunión urgente con el vicepresidente del Gobierno.

Todos parecían haber perdido el norte tras el fiasco de Warner. Todos menos Álvarez Cascos, que hizo prueba de gran temple: «Pedro, el marcador ya está 0-2, pero no me preocupa, porque me imagino que tienes bazas como para que el partido termine 6-2». La realidad, sin embargo, parecía indicar que la potencia de fuego de la armada de Polanco había dejado a Telefónica y a sus aliados fuera de combate.

Se había perdido Disney, casi sin entrar en juego, y se había perdido Warner después de haber puesto toda la carne en el asador. A la tercera iba la vencida, no había más remedio: Columbia era el target, la última oportunidad para reducir el marcador.

* * *

Pedro Pérez tenía razón cuando aseguraba que «tenemos bazas», frase con la que trataba de subir la moral de sus alicaídas tropas. En realidad tenían una baza tan importante que, de haber salido, habría sacado del negocio de la televisión digital al dúo Polanco-Cebrián de golpe y por sorpresa. El brazo ejecutor del doble asesinato hubiera sido nada menos que el hermano mayor francés, la sociedad de televisión Canal Plus Francia.

De forma paralela a los contactos con las majors, Telefónica y los franceses negociaron intensamente durante casi dos meses con el objetivo puesto en que la operadora española pasara a ocupar el lugar de Prisa en el accionariado de Sogecable. Una traición en toda regla que habría significado la fusión automática de ambas plataformas.

La operación, sin embargo, había contado con un precedente importante patrocinado por el Banco Bilbao Vizcaya (BBV). El banco, que estaba viviendo los acontecimientos con especial preocupación, se acercó a Gran Vía 28 a lo largo del mes de abril. La posición del BBV, entonces primer banco privado del país, era al tiempo peculiar e inquietante: con una pata en cada una de las trincheras (accionista de Sogecable y miembro del «núcleo duro» de Telefónica), se había convertido en obligado punto de referencia, tanto para quienes observaban la pelea desde el cuarto de estar de su casa como para quienes se batían el cobre en plena trinchera. ¿Qué hace el BBV? ¿Qué opina el BBV? ¿En qué lado se encuentra el BBV?

Y la verdad es que en el mercado existían pocas dudas sobre el color de la escarapela que Emilio Ybarra lucía en su solapa. Aquélla era una de esas raras ocasiones en las que el corazón de un banquero no se guiaba por el rigor de los números, por la brutal contundencia de las cifras, sino por otras consideraciones. Porque, en efecto, el 15 por 100 del capital de Sogecable, que valorado con criterios generosos podía alcanzar los 15.000 millones de pesetas, era apenas el 10 por 100 de los 150.000 millones de pesetas que valía en Bolsa el 5 por 100 del capital de Telefónica. Entonces, ¿de qué estábamos hablando?

Estábamos hablando de las raíces del Sistema, de ese entramado de intereses tejido durante casi catorce años de felipismo entre la política (el PSOE), el dinero (la banca) y los medios de comunicación (Polanco). Estábamos hablando del hardcore del Régimen, por encima del que planea, como guinda coronando la tarta, el Rey de España como supremo garante de su perpetuación.

Y Villalonga era un recién llegado, un parvenue a quien se podía sacar de la sede de Gran Vía con una patada en el culo cuando las circunstancias lo exigieran. Villalonga no era «uno de los nuestros». Polanco, por el contrario, era y es «el Padrino», uno de los pilares del Régimen. Su influencia es tan grande que Emilio Ybarra, un rico de toda la vida, un Neguri pata negra, cuando piensa en buscar el primer empleo a dos de sus hijos llama a Jesús Polanco para que se los coloque en Prisa y don Jesús le sirve con gusto, faltaría más.

Por eso 15.000 millones valían más que 150.000. Porque esos 15.000 llevaban incorporada una prima o salvaguardia que ligaba a su portador con el hombre más temido de la España fin de siglo. Y si, en alguna noche de insomnio, a Emilio Ybarra se le ocurriera pensar en la irracionalidad de tal desproporción —tanto más peligrosa cuanto que en Moncloa estaba instalado un poder que abominaba de los últimos catorce años—, arrinconaría enseguida la conjetura de cambiar de bando con un movimiento de pánico ante la sola idea de vivir enfrentado a los editoriales de El País o a las más de cuatrocientas emisoras de la SER.

De momento, lo único que había hecho Emilio Ybarra, un hombre que, no se olvide, debe su puesto de presidente del primer banco privado español al generoso arbitraje efectuado en su día por Mariano Rubio, había sido tratar de apaciguar la situación y templar gaitas para poder seguir nadando y guardando la ropa. No obstante, la mediación timorata que cabía esperar de él encerraba una sorpresa mayúscula, porque el banquero planteó a Telefónica una solución que venía a decir: «nosotros desbancamos a Prisa y vosotros ocupáis su posición en Sogecable. El trabajo más duro corre de nuestra cuenta; tendréis que comprar su 25 por 100 e incluso más», puesto que, en ese viaje, el BBV quería reducir su participación en la sociedad.

La propuesta fue formulada el martes 29 de abril del 97, en el despacho del propio Ybarra, sede de Azca, con Pedro Luis Uriarte y Javier Echenique por testigos. Por parte de Telefónica, Juan Villalonga y Javier Revuelta.

El de Neguri esgrimió un informe en el que Javier Echenique y Mario Fernández habían estado trabajando intensamente. Porque, en efecto, el encuentro de Azca había estado precedido de varias reuniones «a cuatro» entre los citados Echenique (consejero de Telefónica en representación del banco) y Fernández (un cotizado abogado bilbaíno muy ligado al banco, del que acababa de ser nombrado director general como primer paso hacia más grandes metas) por el BBV y Pedro Arrióla (asesor externo de Villalonga) y Revuelta por Telefónica.

Mario Fernández no conocía la problemática de la televisión digital ni el alboroto montado en torno al fútbol, pero sabía escuchar. Y mientras los hombres de Telefónica se explayaban él tomaba buena nota, notas que iban a servir de base para, con la ayuda de Echenique, elaborar un estado de la cuestión al final del cual figuraban las propuestas que Ybarra presentó a sus interlocutores en su despacho.

Echenique, miembro de la Comisión Ejecutiva del BBV, ofició de ponente con el apoyo expreso de Ybarra: «Tal y como está la situación, la única salida que creemos viable es que vosotros entréis en Sogecable desplazando a Prisa. Nosotros nos encargamos de hablar con el resto de los socios bancarios, que ya han sido sondeados y que están de acuerdo, para preparar el terreno y hacerlo posible».

Sin embargo, la solución BBV llevaba implícita una carga política muy importante: la entrada de Telefónica en Sogecable desalojando a Prisa de su madriguera habría puesto fin a la guerra digital de un plumazo, pero a costa de dejar al Gobierno Aznar y su legislación digital con el culo al aire, y a costa, también, de dejar a Polanco el camino expedito, con el dinero de Telefónica, para una eventual toma de control de Telecinco. Peor el remedio que la enfermedad. La idea de que la «operación BBV» pudiera desembocar en esa posibilidad provocó en Villalonga una sospecha: ¿hasta qué punto Ybarra estaba actuando de espaldas a Polanco? El presidente de Telefónica decidió dar hilo a la cometa.

* * *

La propuesta del BBV fue retomada directamente por Canal Plus Francia, propietario del 25 por 100 del capital de Sogecable, revelando que el control de esta sociedad por parte de Prisa no era tan monolítico como algunos querían dar a entender.

Los franceses, que habían desbrozado el camino político entrevistándose con Álvarez Cascos, realizaron una aproximación a Telefónica a través del «bufete Garrigues», uno de cuyos socios, Antonio Alonso de las Heras, era el encargado de la cuenta de Canal Plus Francia. El bufete, por otro lado, acababa de asesorar a Villalonga con ocasión de la alianza firmada con British Telecom y MCI. El go-between ideal.

En la tarde del jueves 22 de mayo del 97, Michel Toulouze, en compañía de Alonso de las Heras, visitó el despacho de Revuelta en Gran Vía pertrechado con tres mensajes claros.

El primero era que Canal Plus Francia estaba absolutamente interesado en hacer de Telefónica su socio en el negocio de la televisión digital para España y, sobre todo, para Iberoamérica.

El segundo era que no compartían en absoluto la agresiva política del Grupo Prisa con respecto a Telefónica. Para los galos era un error de bulto vivir enfrentados al Gobierno, a cualquier gobierno.

El último de los mensajes aludía a la condición de Prisa como aliado «demasiado local» que, por tanto, no estaba a la altura de lo que Canal Plus Francia exigía de un socio au-pair. Toulouze se mostró convincente, muy seguro de sus palabras. «Me presionó mucho para que el tema fuera adelante, tratando de establecer un calendario de reuniones. El socio de Prisa parecía tener prisa». Pero Revuelta tenía órdenes de tomar nota y escuchar. Y eso fue lo que hizo, al margen de dejar claro que para Telefónica la televisión digital no era un juego, sino un proyecto estratégico, y que la operadora no iba a renunciar a estar en el terreno de los contenidos para convertirse en un simple carrier.

Sin embargo, y en contra de la promesa formulada por Revuelta, Telefónica no dijo esta boca es mía durante el mes siguiente. La operadora y su muñeco, Vía Digital, andaban atascados por entonces en las aguas pantanosas de un problema de indefinición, zarandeados por unos socios que sólo parecían interesados en el juego de la zancadilla mutua. En Gran Vía 28 habían llegado a la conclusión de que con TVE y Televisa como compañeros de singladura, la nave de Vía no llegaría a puerto. Era, pues, fundamental, proceder a una reforma de los estatutos que diera pie a cambios en el accionariado. Telefónica necesitaba manos libres para poder manejar el cotarro.

Por si fuera poco, por aquellos días se conoció la mala nueva de que el Grupo Recoletos, que hacía las veces de «independiente» en el accionariado de la plataforma, había decidido abandonar el proyecto. Un nuevo y duro golpe para la imagen de la plataforma «del Gobierno», como decían los Polancos.

* * *

La propuesta de Canal Plus Francia parecía haber entrado en punto muerto hasta que los franceses volvieron a la carga a través de Alonso de las Heras. Como resultado de esta nueva gestión, el lunes 30 de junio Javier Revuelta, Pedro Pérez y el abogado de Garrigues volaron a París para mantener un encuentro con los directivos galos a primera hora de la tarde en las oficinas que la cadena tiene en el Sena, al lado del Palacio de Berçi, en ese nuevo París repleto de hermosas edificaciones.

Expresándose en francés, Revuelta comenzó descartando la oferta adelantada por Toulouze en su despacho madrileño. «No queremos entrar en el capital de una sociedad, Sogecable, que ha adquirido una serie de compromisos financieros muy gravosos y que nosotros no tenemos ningún interés en heredar». En su lugar, avanzó una propuesta consistente en la unión de ambas plataformas. Unión que debería plantearse en régimen de absoluta igualdad, con la gestión encomendada a profesionales, un presidente designado por Canal Plus Francia (los galos habían adelantado en Madrid el nombre de un potencial candidato, «una personalidad independiente del tipo Carlos March») y un consejero delegado cuyo nombramiento correspondería a Telefónica. La gestión de los abonados sería de la plataforma y el Canal Plus analógico se convertiría en el canal premium.

A Michel Toulouze y a su segundo les sorprendió ese planteamiento. Ellos eran partidarios de «la solución total», que no era otra que el desembarco de Telefónica en Sogecable. La operadora entraría como socio financiero en la plataforma digital y como socio tecnológico en el cable. Pero no mandaría nunca.

Dos posturas sobre la mesa, en un clima mutuo de buena disposición. Después de dos horas de tira y afloja se acordó nombrar una comisión encargada de profundizar en las ideas expuestas y llegar a un punto de consenso.

Revuelta y Pérez regresaron a Madrid convencidos de no haber perdido el tiempo. A pesar de la distancia entre ambas posiciones, la negociación podía salir adelante. El equipo bipartito de trabajo avanzó a pasos agigantados, hasta el punto de que los franceses parecían decididos a protagonizar el golpe de timón en Sogecable, poniendo en la calle a Polanco y Cebrián con la aquiescencia de los bancos accionistas.

Todo debía culminar el martes 15 de julio (Toulouze estaba muy interesado en dejarlo rematado antes del sábado 26 de julio, día en que el presidente, Pierre Lescure, se retira de vacaciones a su castillo en el sur de Francia) en el curso de un almuerzo que el francés propuso celebrar ese día en Madrid aprovechando su asistencia al Consejo de Sogecable. El lugar elegido iba ser el bufete Garrigues, un terreno estrictamente neutral, en la calle José Abascal. Sin embargo, apenas veinticuatro horas antes de la hora fijada para el ágape, Javier Revuelta llamó para anunciar que no asistiría al mismo. Juan Villalonga, perdido en las profundidades del Cono Sur, había dado una orden tajante a través del teléfono: Prohibido asistir a ese almuerzo.

Consternación en la sede madrileña. A las seis de la madrugada en Perú, caluroso mediodía en Madrid, una llamada de Pérez despertó a Villalonga en su hotel limeño.

—Hemos llegado muy lejos, Juan, y tenemos que ir a ese almuerzo, so pena de quedar fatal. No perdemos nada yendo: nos van a entregar el protocolo con todo lo hablado, y listo.

—De acuerdo —respondió Villalonga al otro lado del hilo.

—Muy bien; entonces me cojo a Revuelta y nos vamos para allá…

—No me has entendido, Pedro: he dicho que Javier no va a ese almuerzo.

Javier Revuelta era ya un decidido partidario de la alternativa Canal Plus. «Mi reflexión era muy clara: esa solución resolvía el problema de tener que gastarnos al menos 1.500 millones de dólares si queríamos ofrecer cine de calidad en Vía. Estábamos en plenas negociaciones paralelas con Columbia, la tercera en la frente, y de nuevo teníamos sobre la mesa otro billion dollars contract como exigencia. Además, nos solucionaba el problema del fútbol, que tampoco teníamos… A cambio, estábamos obligados a comprar el 25 por 100 de Sogecable. ¿Qué podía valer ese paquete?». Revuelta calculaba que podía rondar los 50.000 millones de pesetas, mucho dinero, desde luego, pero en todo caso mucho menos de lo que pedía una sola de las majors por su cine de estreno. Así, resuelto el problema.del cine y del fútbol, se acabó el dolor de cabeza de la plataforma.

Pero Juan Villalonga decidió cortar por lo sano y enviar al cubo de la basura las propuestas francesas, con lo que, paradojas de la vida, salvó la cabeza de Polanco y Cebrián al frente de Sogecable.

El ágape en el bufete Garrigues se suspendió ante la perplejidad de los franceses, que no entendían una palabra de lo que estaba ocurriendo. Pedro Pérez se molestó y Revuelta agarró un enfado monumental, hasta el punto de escribir una carta a Villalonga poniendo el cargo a su disposición, «y no por haber suspendido ese almuerzo, sino porque no comprendía que abortara una iniciativa que resolvía de golpe nuestros problemas, cuando era claro que nos encontrábamos entre la espada y la pared».

Con su carta de dimisión bajo el brazo, Javier Revuelta acudió aquel 15 de julio del 97 a la manifestación en protesta por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Presión en la calle contra la barbarie etarra, y presión de los accionistas, de los medios de comunicación, del Gobierno… contra una Telefónica que no parecía encontrar respuesta a los problemas. Se había perdido Disney, se había perdido Time Warner y Columbia esperaba como los buitres carroñeros… «Ni siquiera sabíamos si íbamos a poder estar emitiendo en la fecha prevista».

—Pero, vamos a ver, Pedro, ¿tú crees que algún día veremos en una pantallita imágenes de Vía Digital? —le preguntaba Revuelta, a medio camino entre alarmado e irónico.

—Yo no me lo creo —respondía el interpelado muy serio.

—Yo tampoco —remachaba el propio Javier.

Así de elementales eran las preocupaciones de los hombres de Telefónica.

Sin embargo, un día después del frustrado almuerzo, Villalonga llamó a Revuelta desde Brasil:

—Tengo un asunto importante que comentarte, una noticia fantástica que no es para hablar por teléfono. Como te voy a ver mañana en Nueva York, te la contaré allí.

* * *

Las cosas estaban ya lanzadas en otra dirección. La plana mayor de Telefónica se citó para el jueves 17 de julio en Nueva York, donde iba a mantener encuentros con la cúpula de Televisa, Direct TV y Murdoch.

La reunión más importante, con todo, resultó ser la cena que ese 17 de julio mantuvo la cúpula de la operadora (Villalonga, Revuelta, Marcial Pórtela y Pérez), en la que se debatió ampliamente el futuro de Telefónica Multimedia. Allí se descartó la alianza con Canal Plus Francia, lo que significaba decir no a la entrada en Sogecable. Igualmente se paralizó cualquier acercamiento a Direct TV, lo cual abría la puerta a la posibilidad de un acuerdo con Rupert Murdoch, lo que, en principio, se consideraba viable, puesto que el magnate era socio de MCI, aliado estratégico de Telefónica junto a British Telecom.

Con todo, el punto más importante de la cena fue la reflexión que los reunidos realizaron en torno a los derechos de Columbia. La pérdida de Time Warner había convertido la compra de esos derechos en una cuestión de vida o muerte para Vía Digital. Pero aquella noche en Nueva York Villalonga se plantó: era una barbaridad pagar 150.000 millones de pesetas por un par de decenas de películas que estaban aún sin filmar. La idea había ido madurando a lo largo del periplo suramericano: Telefónica iba a participar en la carrera de los contenidos, pero no haciendo locuras con un dinero que podía emplearse mucho más adecuadamente, como muy pocos días después se pondría de manifiesto.

La troupe de Telefónica ponía pie en Barajas el sábado 19 de julio, tras un viaje de catorce horas provocado por una de esas tormentas de verano sobre el aeropuerto Kennedy que dejan el ánimo sobrecogido y que retrasó el despegue seis horas.

Tres días después, Villalonga iba a provocar la mayor tormenta que se recuerda en muchos veranos en el firmamento de los medios de comunicación españoles.

Grafía correcta: Michael TOULOUZE y Pierre LESCURE

5
SOGECABLE: EL TALÓN DE AQUILES DE POLANCO

Aquél parecía un día de trabajo más en el Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional. Como de costumbre, el secretario del juzgado de Francisco Javier Gómez de Liaño acudió puntual a la una de la tarde a reunirse con sus compañeros de los otros cinco juzgados para proceder al reparto de los casos recién llegados por decanato.

Los secretarios judiciales cuidan de que en sus respectivos juzgados no recalen más asuntos que los que la suerte determine, tratando de evitar aquellas denuncias especialmente complejas, susceptibles de llevar aparejada una gran carga de trabajo, de modo que, durante los sorteos, todos se vigilan por el rabillo del ojo para evitar que se haga una sola trampa.

Aquel 24 de febrero no fue distinto. Cuando la secretaria judicial, Rosa Paz, abrió la puerta del despacho de Gómez de Liaño para darle cuenta del reparto, encontró al juez, como siempre, enfrascado en su trabajo.

—Aquí han entrado varias cosas, Javier: un asunto de falsificación de moneda, una extradición y una cosa del fútbol.

—Muy bien, déjalo ahí.

La secretaria depositó rutinariamente los papeles sobre una bandeja de rejilla y el juez —ajeno a la bomba de relojería que desde la una y cuarto de la tarde descansaba sobre su mesa de despacho— se fue aquella noche a su casa sin haberse molestado en examinarlos. No reparó en el asunto hasta que, a la mañana siguiente, recibió la visita del decano.

—Oye, Javier, que por lo visto ayer te entró en el registro un asunto de Canal Plus relacionado con el fútbol…

—No lo sé, ni lo he mirado, ¿qué pasa?

—No, que resulta que Manolo García-Castellón tiene también algo de una denuncia del fútbol y, como la está tramitando desde hace varios días, me ha dicho Clemente que a lo mejor es competencia suya.

—Pues espérate un momento que le eche un vistazo.

Sin moverse de su asiento, el juez escarbó entre el papeleo amontonado en aquella bandeja hasta que encontró lo que buscaba. Apenas treinta segundos le bastaron para cerciorarse de que aquel era material de muy distinto pelaje y condición.

—Oye, así a simple vista, esto no tiene nada que ver con el fútbol —dijo mirando fijamente al decano—. Se trata de una denuncia de Jaime Campmany a cuenta de unos depósitos de la empresa Canal Plus. De hecho, lo que se denuncia es apropiación indebida y no tiene ninguna relación con lo que me estás contando.

—Ya, pero es que dice Clemente que quizá tendrías que inhibirte en favor de García-Castellón.

—Oye, oye, este asunto es competencia de este juzgado y te ruego que no insistas. Según lo que me has contado y he visto, esto no tiene ninguna relación con lo que lleva Manolo.

—Efectivamente, yo también creo que no tiene nada que ver.

Clemente Auger, presidente de la Audiencia Nacional, acababa de jugarse un órdago en favor de su amigo Jesús Polanco que, de haberle salido bien, el editor nunca hubiera podido agradecerle suficientemente. Le salió mal. Fue el primer intento de obstrucción a la Justicia en lo que enseguida pasaría a denominarse «caso Sogecable».

Intento del que se hizo eco puntual el diario El País, que al día siguiente enseñaba la patita informando de que «posiblemente la denuncia, que ha caído en el juzgado de Gómez de Liaño, le corresponda al juez García-Castellón», que ya llevaba otro caso parecido.

Javier Gómez de Liaño, aunque lejos de imaginar su trascendencia, se dio cuenta entonces de que en sus manos había caído un asunto importante, que pronto gozaría de honores de apertura en telediarios, noticieros de radio y primeras páginas de la prensa escrita.

* * *

Precisamente, el 25 de febrero de 1997 el juez Liaño tenía apuntado en su agenda un almuerzo que daría que hablar. Se trataba de una reunión de amigos para evaluar y comentar el acto celebrado unos días antes, el 20 de febrero, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, en homenaje a los llamados «fiscales indomables» perseguidos por los Zato y compañía.

Los dos magistrados de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño y Baltasar Garzón, y los cuatro fiscales expedientados (Fungairiño, Rubira, Márquez de Prado y Gordillo) querían agradecer a Antonio García-Trevijano, Enrique Gimbernat, Federico C. Sainz de Robles y Pablo Sebastián el trabajo desplegado para hacer posible aquel acto.

Al restaurante Lur Maitea, en la calle Fernando el Santo, llegó Gómez de Liaño cuando el resto de los comensales —entre quienes se encontraban el también juez Joaquín Navarro y el periodista Jesús Neira— ya empezaban a desesperar. Se habían tomado el aperitivo y faltaba Javier, ¿dónde estará este hombre? Por fin apareció Javier, su cartera de cuero negro pendiendo voluminosa de su mano derecha, ¡pero hombre, Javier, que habíamos quedado a las dos y media!, y Javier que se disculpa, perdonad chicos, menuda mañanita, por cierto, que me acaba de entrar un asunto contra Polanco que es el que me ha retrasado, porque he tenido un pequeño rifirrafe con el decano a cuenta de si me correspondía a mí o no.

—¿De qué se trata? —preguntó Sebastián.

—De una denuncia de Campmany contra Canal Plus sobre la utilización de los depósitos de los abonados.

Tras unas breves pinceladas del juez, el catedrático Gimbernat, situado entre los fiscales Fungairiño y Márquez de Prado, emitió opinión:

—Pues si es como dices, eso parece una apropiación indebida de libro…

No había terminado de hablar cuando García-Trevijano, rápido como un zorzal, se lanzó en picado:

—Pues te voy a decir una cosa, Javier: éste es uno de los asuntos más importantes de los que te hayan podido caer como juez. Ándate con cuidado, porque ya sabes cómo se las gastan esos chicos, y te hablo por experiencia. Por cierto, Baltasar, no tendrás celos, ¿no?

Y Baltasar, súbito objeto de todas las miradas, torció el gesto mientras buscaba aceleradamente en el arcano de la memoria alguna frase brillante con la que salir del trance, pero todo quedó en una mueca, el rictus de un hombre al que acaban de clavar un aguijón, porque, efectivamente, a él le hubiera encantado tener en sus manos un caso semejante.

La historia había comenzado una mañana de mediados de enero de ese mismo año. El periodista Luis Ángel de la Viuda y el economista Gerardo Ortega se encontraban en el despacho del segundo hablando del guante que Jesús Polanco había arrojado al Gobierno cuando el periodista, de manera incidental, sacó a colación la capacidad de resistencia de Prisa en una guerra de desgaste semejante, porque, vamos a ver, ¿cuánto pueden aguantar estos tíos con el dineral que han comprometido en el fútbol?

—No lo sé —respondió el economista y auditor—. Hombre, yo creo que Canal Plus es un buen negocio, pero habría que ver las cuentas; de todas maneras, es difícil que Prisa soporte eso durante mucho tiempo, porque las inversiones que han hecho me parecen disparatadas.

—Pues mira, aquí tengo el último balance publicado. ¿Quieres echarle un vistazo?

—Por supuesto.

De la Viuda abrió su cartera y extrajo un par de folios fotocopiados reproduciendo el balance de la Sociedad de Televisión Canal Plus S.A., que pasó a su amigo. Con la agilidad del especialista, Ortega les echó una rápida ojeada antes de exclamar:

—No, esto no puede ser el balance de Canal Plus; tiene que haber alguna equivocación.

—¿Por qué lo dices?

—Porque esto está mal.

—Pero, ¿por qué está mal?

—Porque aquí no aparecen los depósitos; éste no puede ser el balance de Canal Plus.

—¿Qué depósitos?

—Los depósitos de los abonados; deberían figurar en el pasivo y aquí no aparecen por ningún lado.

—Tienen que estar, Gerardo, porque éste es el balance.

—Que no, hombre, que no, que yo de esto sé algo…

—Pues es lo único que tengo.

—No pasa nada, pero quizá merecería la pena mirarlo en el Registro Mercantil.

Fue el mismo Ortega quien, picado por la curiosidad, se encargó de pedir las cuentas regístrales de Canal Plus, convencido de que lo que De la Viuda le había pasado contenía un error de transcripción. Pero enseguida se dio de bruces con la sorpresa de otra sociedad, Sogecable, alusiones constantes a Sogecable, aquí hay algo más serio de lo que yo pensaba, se dijo, de modo que solicitó los balances de todos los ejercicios a partir del año 91, y allí se encontró con que los depósitos se habían transferido a otra compañía, no puede ser, bueno, pidamos los balances de Sogecable.

Tratando de recomponer el puzzle, Ortega descubrió en un instante el montaje societario que los Polancos habían realizado con el negocio de la televisión de pago, resumido, grosso modo, en la utilización de dos sociedades para una misma actividad o negocio. ¿Con qué propósito? Con el de ocultar la realidad de la situación financiera de la compañía titular y además con el de poder manejar libremente los casi 23.000 millones de pesetas pertenecientes a los abonados.

* * *

El 2 de febrero, el diario El Mundo publicó, sin firma, una información a tres columnas: «Canal Plus utilizó las fianzas de sus socios para financiar sus inversiones». El subtítulo decía que «El alquiler de los descodificadores le reportó 23.400 millones de pesetas», y el antetítulo hacía referencia a que «El traspaso a Sogecable podría suponer una irregularidad contable».

El lunes 17 de febrero, Jesús Cacho dedicaba su columna semanal en la revista Época a analizar el clima de enfrentamiento que Prisa y PSOE estaban alimentando contra el Gobierno del PP: «Dos patriotas se echan al monte (Polanco y Felipe disparan contra todo lo que se mueve)». Lo más novedoso, sin embargo, de la información estaba en el recuadro que acompaña dicha columna, titulado: «Canal Plus y el dinero ajeno», en el que se incluía la primera denuncia explícita de las irregularidades contables detectadas en Sogecable[14].

El 21 de febrero, y en su «Rueda de la Fortuna» de El Mundo, Cacho remataba la faena con una información titulada «El IVA, el santo y la limosna de Jesús Polanco»: «Se puede concluir que el beneficio obtenido por Canal Plus-Sogecable por la reducción del IVA ascendió a 678 millones en 1993, 2.775 millones en el 94, 3.591 en el 95 y 4.300 (estimados) en el 96. En total, unos 11.344 millones de pesetas, una pastizara, que tenía que haber ido a parar al erario o al bolsillo del millón de abonados de Canal Plus».

La importancia de la denuncia era tal que el Grupo Prisa no pudo permanecer callado y en la tarde de ese mismo viernes anunció la adopción de medidas legales contra Jesús Cacho así como contra la revista Época y el diario El Mundo. Pero Jaime Campmany, sintiéndose amenazado, decidió tomar la delantera presentando una denuncia en el juzgado contra Sogecable. La maquinaria judicial se había puesto en marcha. Acababa de nacer el caso Sogecable, un escándalo que, además de poner de manifiesto la querencia por la «ingeniería financiera» que los Polancos tanto habían criticado en Conde y otros notorios personajes de la época dorada del felipismo, iba a dejar en evidencia el frágil y corrupto andamiaje en que hasta entonces se había movido la Audiencia Nacional en particular y la Justicia española en general, y ello por la importancia de los querellados, sin duda el grupo de presión más poderoso crecido al calor de los favores de los gobiernos de Felipe González.

El 25 de febrero, el diario ABC, bajo el título de «Campmany denuncia a Polanco», escribía: «Ante el anuncio hecho por la empresa Sogecable, propietaria de Canal Plus, de su intención de presentar una demanda contra la revista Época por la publicación de informaciones empresariales de Sogecable, el director de esta revista, Jaime Campmany, presentó ayer una denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción Decano de la Audiencia Nacional en la que se da cuenta de hechos relacionados con las empresas Sogecable y Canal Plus por si pudieran ser constitutivos de delito».

De la denuncia de Campmany se hizo cargo el juez Gómez de Liaño, que tres días después se personó en la sede de Sogecable para efectuar un registro y llevarse algunos contratos de abonados de Canal Plus elegidos al azar. Aquel día el diario El Mundo publicó un pequeño editorial a dos columnas, titulado «El “truco” de las dos Sogecables».

Un nuevo actor hizo entonces entrada en escena: Francisco Javier Sainz Moreno, un polémico profesor de Derecho, antiguo pasante del no menos polémico Matías Cortés, quien años atrás le había acusado de haberle robado las agendas de su despacho profesional. Sainz Moreno, en el ejercicio de la acción popular, presentó el 27 de febrero querella criminal por apropiación indebida, delito societario de falsedad y estafa contra los veinte consejeros de Sogecable y el auditor José Antonio Rodríguez Gil, quien, en nombre de Arthur Andersen, había revisado las cuentas de Sogecable y de Canal Plus desde 1990.

El 28 de febrero, Gómez de Liaño admitió a trámite la querella de Sainz Moreno. El auto judicial prohibía salir de España, sin permiso del juez, al presidente de Sogecable, Jesús Polanco, al consejero delegado, Juan Luis Cebrián, al secretario general, José María Aranaz y al auditor Rodríguez Gil.

Polanco, tan sorprendido como indignado por el brusco giro de los acontecimientos, no dudó en achacar su situación judicial al tour de force que mantenía con el Gobierno de José María Aznar. Eran los efectos del maremoto provocado por el famoso «pacto de Nochebuena». La línea argumental de Prisa, difundida urbi et orbi por la poderosa armada mediática del Grupo y sus filiales dentro y fuera de España, estaba clara: el Gobierno, además de legislar contra la plataforma de televisión digital de Prisa, había decidido jugar fuerte abriendo un frente judicial. «Te quieren meter en la cárcel, Jesús», le asustaba Cebrián. Aznar era, al final de la cadena, el responsable último de la querella interpuesta por Sainz Moreno, un hombre de paja, como el propio juez, Jaime Campmany y todos los demás.

Para Polanco y los suyos se trataba de una arbitrariedad política sin precedentes. «Todo un Gobierno fascistizado, mussolinista, franquista, lanza su peso contra un empresa que emite información y opinión», escribía Haro Tecglen. En un editorial titulado «Un peldaño más», El País relacionaba la querella interpuesta contra Sogecable con una «operación del Gobierno».

* * *

En la mañana en la que los querellados debían acudir al juzgado —en compañía de Horacio Oliva, el afectado «Dr. H. Oliva», letrado designado por Sogecable así como por Polanco y Cebrián— a recibir la querella y ser instruidos en sus derechos, ocurrió algo que Gómez de Liaño tardaría en valorar adecuadamente: el también abogado Antonio González Cuéllar se presentó en su despacho para saludarle y quizá algo más. González Cuéllar, ex fiscal, había trabajado durante años en el despacho profesional de Mariano Gómez de Liaño, hermano del juez, y había sido además, hasta finales de enero de 1996, abogado de Mario Conde en el caso Argentia Trust y en el caso Banesto.

Al juez le sorprendió aquella visita, a pesar de tratarse de un hombre con el que había mantenido una relación de cordialidad.

—Es únicamente para comentarte que Polanco y Cebrián me acaban de encomendar su defensa.

—Pues encantado, Antonio, porque las cosas salen mucho mejor cuando funciona la relación humana. Contaré contigo.

—Muy agradecido. Quiero que sepas que les he puesto una sola condición.

—No me tienes que contar nada, Antonio.

—Sí, sí. Les he puesto como condición que en el momento en el que el diario El País o algún medio de comunicación del grupo se meta contigo desde un punto de vista estrictamente personal, no desde la perspectiva de tu actuación judicial… claro, porque entonces…

—Claro, claro…

—Bueno, pues que si se meten contigo a nivel personal yo dejaré la defensa.

Gómez de Liaño valoró aquellas palabras como un gesto de amistad y de hombría. ¡Qué lejos estaba de imaginar que el abogado había actuado como mensajero de toda la cicuta que, en adelante, Polanco y su grupo iban a hacer tragar al juez!

Por recomendación de Clemente Auger, Cuéllar había sido fichado a cuenta de la estrecha relación que había mantenido en el pasado próximo con Mariano Gómez de Liaño y con el propio Javier. Era la segunda maniobra que, en el plazo de muy pocos días, Jesús Polanco ponía en marcha para interferir en el normal desarrollo del proceso.

El 1 de marzo, El País daba cuenta a cinco columnas de la repentina desgracia que afligía a su propietario. Jesús Polanco, Juan Luis Cebrián y Matías Cortés, gestos crispados, sonrisas de hiena, aparecían retratados en primera entrando en la Audiencia Nacional y rodeados de una nube de periodistas.

Ese mismo día, El Mundo se preguntaba: «¿Dónde están los depósitos de Canal Plus?». En el último párrafo de un editorial dedicado al asunto se señalaba que «Polanco, Cebrián y el resto de los administradores de Canal Plus/Sogecable deben explicar dónde han estado y dónde están los 23.000 millones de pesetas que ellos tenían la obligación de custodiar. No vale decir que a los abonados que lo han solicitado se les ha devuelto el dinero. Faltaría más. Aquí estamos hablando de otra cosa que el Código Penal tipifica en su artículo 252 como apropiación indebida».

Un escándalo monumental. Desde México, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, pedía prudencia, porque se trataba de «un tema muy delicado». Y tanto. Si el caso Ibercorp supuso la quiebra de la llamada «biutiful pipol», verdadera columna vertebral económica del felipismo como gestora de la Economía y del Banco de España, ahora hacía aguas su columna vertebral ideológica, el señor Polanco y su grupo, los representantes de todo lo que había en este país de lo supuestamente progre y moderno.

El tornado de la corrupción felipista no había dejado supervivientes. Ni siquiera Polanco. Y con él estaba lo más granado del capitalismo patrio, algunas grandes fortunas, caso de los March, que por miedo a eventuales medidas nacionalizadoras se habían arrimado al cántabro en 1982. Con él estaba también buena parte de la banca, los Ybarra y los Botín. En definitiva, al lado de Polanco se sentaban todos aquellos que creían contar o significar algo en España. Pues bien, todo estaba contaminado por la corrupción y las malas prácticas financieras. El felipismo se había hundido con todos sus tripulantes dentro.

Resulta que, después de pretender lavar la cara de los gobiernos González criminalizando con saña a su antiguo amigo Mario Conde como único responsable de la llamada «cultura del pelotazo», se demostraba que también Jesús Polanco se había convertido en un mago de la «ingeniería financiera», reo de idénticos pecados.

La España culta y urbana no enfangada con el felipismo se preguntaba, incrédula, si aquello era posible. Era la misma pregunta que en el mes de enero se había formulado el propio Gerardo Ortega, «porque cuando yo vi aquello me dije ¡no puede ser! Yo no podía imaginar que unos señores tan serios pudieran quitar esos pasivos del balance, de modo que muchos colegas economistas me preguntaban, pero ¿en qué asiento los han puesto? ¡En ninguno, coño, que lo que ha pasado aquí es que han cogido la goma de borrar y los han hecho desaparecer, de modo que no es que los hayan quitado, es que los han borrado!…».

* * *

El juez iba a saber enseguida con quién se estaba jugando los cuartos. El 3 de marzo, Javier Pradera le dedicó una columna titulada «Escalones y prevaricadores», en la que le llamaba prevaricador sin eufemismos de ningún tipo. Por primera vez el juez se dirigió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denunciar «el preludio de una campaña contra la independencia judicial». «Liaño teme una campaña contra su independencia por el caso Sogecable», decía una información aparecida en El Mundo el 6 de marzo.

Pero el mayor enemigo lo tenía el juez en casa, es decir, en la propia Audiencia Nacional. Su presidente, Clemente Auger, es un hombre criado a los pechos de Jesús Polanco, un incondicional de Prisa que presume de inspirar la línea editorial de El País en cuestiones judiciales y que no necesita que nadie le dé órdenes porque sabe de sobra lo que hay que hacer cuando los intereses del grupo están en juego. Clemente es miembro habitual de la tertulia que los sábados a mediodía tiene lugar en el restaurante El Frontón de Madrid, en la calle Pedro Muguruza, donde oficia como gran maestre su íntimo amigo, el ilustre Javier Pradera. Y a través del cordón umbilical de Clemente, Javier ha mantenido siempre un estrecho mareaje sobre el sistema judicial español, en general, y sobre la Audiencia Nacional, en particular, cuidando a aquellos jueces y magistrados amigos y zahiriendo a los «enemigos».

Clemente Auger lleva con tal desenfado su condición de «colega» que, en el momento más duro de la refriega del caso Sogecable, no tuvo empacho en presentarse, bellamente ataviado de smoking, comme il faut, en la sede de la Real Academia Española de la Lengua con motivo de la lectura del discurso de ingreso de Juan Luis Cebrián, otro copain, como nuevo académico de la institución. Hacerse presente y dejarse fotografiar generosamente al lado de su amigo.

No es extraño, por tanto, que por los pasillos de la Audiencia Nacional comenzara pronto a correr desatado el rumor de que el presidente de la Sala de lo Penal, Siró García, y el propio presidente, Auger, estaban maniobrando sin descanso.

Muy pronto el juez se percató de que las defensas recurrían todas las iniciativas del juzgado, primero en reforma y después en queja ante la Sala. Uno de tales recursos, que llamó poderosamente la atención, intentaba sacar la competencia de la Audiencia Nacional, argumentando que no se trataba de un «delito» de apropiación indebida por importe de casi 23.000 millones de pesetas, sino de 1.500.000 «faltas» (tantas como abonados), a razón de 15.000 pesetas por falta, en cuyo caso la competencia debía pasar a la plaza de Castilla. Con ello estaban reconociendo implícitamente que algo habían hecho mal.

Todo hubiera sido soportable de no ser por la abierta obstrucción de la Fiscalía. En efecto, el fiscal general del Estado, Ortiz Úrculo, comenzó a presionar al fiscal del caso, Ignacio Gordillo, ordenándole que le mantuviera puntualmente informado de cualquier resolución que se adoptara. Más aún: la secretaría técnica —órgano asesor de la Fiscalía— empezó a realizar informes paralelos a la instrucción, al tiempo que, por boca del propio jefe de esa secretaría, Eduardo Torres Dulce, trataba de convencer a Gordillo de la ausencia de delito. Estaba claro que Polanco había puesto ya a su gente a trabajar con denuedo en favor del sobreseimiento y el archivo de las actuaciones.

Sobre la mesa había una acción penal, promovida por una querella, que no se podía investigar bajo el argumento, automático, reiterativo, de que no había delito. Y al juez no le permitían saber si realmente lo había o no. No se podía investigar, no se podía tomar declaración, no se podía practicar una sola diligencia. Y en cuanto el instructor hacía un solo movimiento, crujían las bóvedas del templo judicial.

Para intimidar al juez y lograr el archivo de las actuaciones, el grupo Polanco montó una campaña de agit-prop que muy bien podría estudiarse en el futuro en las facultades de Ciencias de la Información como ejemplo de manipulación de la realidad. Empezó, como es natural, por la propia redacción de El País, llamada el 4 de marzo a mostrar su repulsa por «la campaña del Gobierno y sectores afines contra Prisa», y siguió con la demanda de solidaridad de los socios de Canal Plus y Sogecable.

«Polanco y Cebrián pretenden que todos sus socios se impliquen en su arriesgada estrategia de enfrentarse al Gobierno del presidente Aznar y de ir por la vía de insinuaciones malintencionadas contra el juez Gómez de Liaño», aseguraba Pablo Sebastián en su columna de El Mundo.

En el sagrado empeño de rescatar al jefe sano y salvo de las garras de Liaño, todo aquel que tuviera una cuenta pendiente con Polanco, le debiera algún favor o, sencillamente, apacentara en su prao, fuera clérigo o seglar, civil o militar, letrado o indocto, filósofo o titiritero, todos, desde la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) hasta el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), deberían aparecer en el proscenio para escenificar su apoyo y dejar constancia de su simpatía hacia el gran hombre capaz de cambiar vidas y haciendas.

La gran traca, sin embargo, se estaba cocinando fuera de nuestras fronteras y no llegó a nuestras costas hasta el 20 de marzo, día en que la primera de El País dejó sin aliento a los españoles ante tamaña exhibición de poder: «García Márquez, Bobbio, Eco, Mailer, Fuentes y Sontag se solidarizan con el Grupo Prisa. Directores de medios de Europa y América denuncian una campaña de acoso».

Días después, un tal «Parlamento Internacional de Escritores» hacían lo propio. La gran mentira había traspasado ya las fronteras. Porque la «campaña de acoso» no tenía nada que ver con un supuesto delito contra la libertad de expresión. Polanco, Cebrián et altri no estaban en los tribunales por algo que hubieran dicho o escrito, sino por algo que habían hecho.

«Cuentan que don Jesús de Polanco quiere hacer un alarde de su poder que deje temblando al Gobierno y sorprenda en el extranjero», escribía Jiménez Losantos en su columna de ABC. Para El Mundo, la iniciativa «lleva oculta una carga de profundidad contra el juez Gómez de Liaño, al que se pretende coaccionar».

La soberbia de Polanco y su edecán, Cebrián, llegaba al punto de pretender instrumentalizar la asamblea del Instituto Internacional de Prensa (IPI) que el 24 de marzo se inauguró en Granada y convertirla en un plebiscito en favor de Prisa y en contra del Gobierno popular. El propio Aznar se vio obligado en el acto de clausura de la asamblea a salir a escena para denunciar «el privilegio legal concedido a los grupos más afectos al poder».

* * *

Ante tal avalancha de presiones, los más conspicuos conocedores de los vericuetos de la Justicia española, en general, y de la Audiencia Nacional, en particular, hacían sus quinielas tratando de acertar cuánto tiempo duraría Gómez de Liaño al frente del caso Sogecable. ¿Lograría completar la instrucción del sumario? Sólo los románticos acertaban a responder que sí.

Por si sus dificultades fueran pocas, el propio juez, en un ejercicio de torpeza difícil de igualar, iba a dar nuevas bazas a la estrategia de los Polancos al no autorizar al editor, el 4 de abril, viajar al extranjero para ser investido doctor honoris causa por una universidad norteamericana.

La respuesta del grupo Prisa no se hizo esperar. «Nos encontramos ante una formidable ofensiva del poder contra un grupo de comunicación independiente y no dispuesto a doblegarse a sus caprichos —aseguraba el editorial de El País del día siguiente—. La crispación que viene sufriendo España amenaza seriamente la normalidad de la convivencia entre los ciudadanos. La seguridad jurídica está en entredicho; el Estado de derecho, amenazado; la libertad de expresión y la de empresa, en peligro». El Grupo Prisa perdía así cualquier atisbo de objetividad. El líder de IU, Julio Anguita, lo definió como «falta de deontología, manipulación y subordinación de la información a los intereses económicos».

Lo más llamativo del caso es que Gómez de Liaño no «prohibía» a Polanco viajar a los Estados Unidos. «Aquello fue malinterpretado. Lo único que se decía en el auto es que, como se trataba de un imputado y tenía que estar a disposición permanente del Juzgado, cuando fuera a salir tenía que pedir autorización. Es lo que se hace siempre con todos los ciudadanos de este país». Desde que el mundo es mundo, quien tiene el poder de comunicar tiene también el de manipular y cambiar el curso de la Historia.

El fiscal Gordillo, atado de pies y manos por orden de Úrculo, se vio obligado a recurrir, por «desproporcionada», la medida que prohibía viajar a Polanco.

Hubiera o no «prohibición», la iniciativa del juez instructor resultaba tan innecesaria (nadie imaginaba al santanderino saliendo de España para no volver) como contraproducente para él y para el propio caso Sogecable. Aquel día, Javier Gómez de Liaño firmó su sentencia de muerte. Sus espaldas, aunque anchas, eran poca cosa para resistir los embates del grupo de presión más importante del país. Aquello era más de lo que la soberbia de Polanco estaba dispuesta a permitir.

El plan de laminación del juez se puso en marcha. Consistió, en una primera fase, en desacreditarlo a conciencia. Para ello utilizaron a la Sala, que sistemáticamente rechazaba los autos del juez con publicidad y alevosía, autos todos, además de muy bien escritos, perfectamente razonados, medidos y realizados a petición del fiscal, los cuales eran jaleados al día siguiente en la primera de El País: «Segundo varapalo al juez Liaño…», «Cuarto varapalo al juez Liaño…». Una fiesta, una orgía a la que se sumaban gozosos la SER y otros medios satelizados por Prisa, tal que Diario 16, La Vanguardia o El Periódico de Catalunya.

Y por si esto fuera poco, decidieron emprenderla contra la compañera sentimental del instructor, la fiscal María Dolores Márquez de Prado, a través de una campaña de vejaciones (era «la barragana» del juez, decían) como no se ha visto otra igual, campaña que no consiguió levantar una sola protesta entre esa progresía femenina «oficial» que abreva en aguas de Prisa. Había que echar a Márquez de Prado de la Audiencia Nacional para evitar el evidente influjo que su carácter abierto y resuelto ejercía sobre el resto de fiscales, y cualquier cosa era buena con tal de lograrlo y dañar al tiempo la confianza del juez que se había atrevido a importunar a Polanco.

* * *

El 7 de abril, el juez realizó las primeras citaciones para tomar declaración a los imputados. Gómez de Liaño había perdido en este primer tramo del caso un tiempo precioso, dando oportunidad a la poderosa armada polanquil para, repuesta de su sorpresa inicial, organizarse y poner en funcionamiento toda su potencia intimidatoria. De acuerdo con la tesis que ha circulado por la Audiencia, Liaño perdió la guerra por premioso. ¿Qué tendría que haber hecho? Haber acelerado al máximo la instrucción del sumario, con la adopción de las medidas cautelares oportunas, colocando a los imputados lo antes posible ante el juicio oral.

Uno de los que más fogosamente se declaraba partidario de la política de hechos consumados era Baltasar Garzón. El famoso juez irrumpió una mañana en el despacho de la fiscal Márquez de Prado y, en presencia de Ignacio Gordillo, se lanzó a tumba abierta:

—Si este caso me hubiera correspondido a mí, Cebrián y Polanco ya estaban en la cárcel. Lo que pasa es que este Javier, aparte de lento, es un acojonado…

Garzón ya había dado cumplidas muestras de su carácter belicoso. Unos días después de estallar el caso Sogecable, Luis María Ansón había invitado a cenar en su señorial despacho de ABC a Antonio García-Trevijano, Baltasar Garzón, Joaquín Navarro y Jesús Neira.

El director de ABC, una salsa inevitablemente presente en todo guiso español que se precie, quería pulsar la opinión de sus invitados sobre la trascendencia penal de las prácticas de Canal Plus con el dinero de sus abonados, y no habían servido el primer plato cuando Garzón ya se había manifestado rotundo:

—Eso es un delito de apropiación indebida como la copa de un pino. —Y antes de que el resto de los comensales hubiera expresado opinión añadió dirigiéndose a Neira—: Jesús, ésta es la ocasión de poner una querella contra esta gentuza que los deje tiesos…

Pero Liaño, respetuoso con el Derecho, prefirió ir piano piano. Preocupado por no cometer un solo error, se lo tomó con la debida calma, ponderando cada una de sus decisiones, estudiando a fondo cada uno de los autos que salían de su pluma y tratando de asesorarse con los dictámenes de una serie de expertos contables que resultaron, además de lentos, profesionalmente mediocres.

En definitiva, permitió que los Polancos pudieran poner en marcha toda su inmensa maquinaria de poder, con todo tipo de trucos y maniobras, algunos de una simpleza casi infantil. Porque, conforme iba avanzando la instrucción, se iba viendo con mayor claridad que gente tan poderosa no estaba dispuesta a someterse al juez predeterminado por la ley. Querían a otro juez.

Clemente Auger, que ya había intentado que Gómez de Liaño dejara el asunto en las manos más dúctiles de García-Castellón, volvió de nuevo a la carga, pero esta vez a través de un Baltasar Garzón que ya había cambiado de bando, aunque Liaño aún no lo sabía.

Una mañana de primeros de mayo, el polémico juez entró en el despacho de Gómez de Liaño para plantearle que, puesto que se encontraba tan estresado, dejara la causa en sus manos, de modo que pudiera tomarse unos días de vacaciones, los que necesitara, para recuperarse, porque él se encargará de tomar declaración a Polanco y Cebrián. El instructor, entre perplejo y airado, respondió con la falta de cintura que le caracteriza:

—Ni estoy enfermo ni estresado, y no sé a cuento de qué viene este ofrecimiento. No sé por dónde vas, pero si lo que quieres decirme es que Clemente Auger quiere que seas tú el instructor, te diré que no me extraña en absoluto. Dile a Clemente que me llame y me lo pida él, que dé la cara, pero adviértele que voy a grabarle lo que me diga.

El 30 de abril, el juez Liaño cita finalmente a declarar a Jesús Polanco y a Juan Luis Cebrián. Seis días después comparece ante él Carlos March, quien reconoce que Canal Plus utilizó el dinero de los abonados para su actividad. El juez le prohíbe salir de España y le obliga a presentarse cada quince días. Las mismas medidas adopta contra Leopoldo Rodés, elegante miembro de la «biuti» y dilecto numerario de esa «corte» que rodea al emperador Polanco. Tanto March como Rodés son representantes de la Corporación Financiera Alba (Grupo March) en el Consejo de Administración de Sogecable.

La situación del nieto del famoso contrabandista, fiel amigo y ferviente defensor de Jesús Polanco, es especialmente llamativa, convertido en parábola de cómo los grandes apellidos y las mayores fortunas españolas se han transformado en gregarios de lujo del único poder fáctico español de este final de siglo: Jesús Polanco.

Para el pueblo llano era todo un espectáculo asistir en butaca de palco al desfile de una de las mayores fortunas de España por la escalera de la Audiencia Nacional. El juez, que vive con poco más de 350.000 pesetas al mes, frente al señor de las casas, los jardines, los bancos, las fincas de caza con pista de aterrizaje para avión propio…

Al día siguiente, el presidente de la AEB, José Luis Leal, ex ministro de la UCD y uno de los más reputados good for nothing de la vida española, se creyó obligado a mostrar públicamente su «preocupación» y la de la AEB por la situación del «pobre» banquero Carlos March.

Pero el instructor, puntilloso y legalista, casi un ayatollah del Derecho, comenzaba a cometer errores infantiles entrando al engaño que le tendían desde una judicatura poblada de personajes dispuestos a hacerle un favor a Polanco. «El juez considera una vejación que la Audiencia lo llame “arbitrario” —titulaba el diario El Mundo el 8 de mayo—, Gómez de Liaño eleva una queja al Consejo General del Poder Judicial por la acción de la Audiencia Nacional». Don Quijote estaba dispuesto a pelear a la vez contra todos los molinos de viento.

* * *

El juez Joaquín Navarro cree que fue a mediados de abril cuando se empezó a hablar de la posibilidad de un «querellazo» —tal era la expresión utilizada en Prisa— contra Javier Gómez de Liaño, aunque había quien se inclinaba por su recusación.

Jaime García Añoveros, ex ministro de la UCD y consejero de Prisa, invitó un día a almorzar en el restaurante Pazo de Monterrey a los jueces Baltasar Garzón y Joaquín Navarro y, sin venir a cuento, les preguntó si sería suficiente causa para recusar a Liaño el hecho de ser suscriptor de Canal Plus.

—Eso que estás diciendo es una gilipollez como un piano. Hay otras causas más serias para recusarle —aseguró muy convencido Garzón.

—Pero ¿qué tonterías estás diciendo, Baltasar?, ¿de qué causas hablas? —saltó Navarro, convencido aún de que Garzón y Liaño eran los íntimos amigos que siempre creyó que eran.

—Lo que oyes.

—Mira, yo no sé lo que os traéis entre manos, pero me parece inconcebible que digas eso. Y me parece, Jaime, que si el objetivo de este almuerzo es hablar mal de un amigo…

—No, no, Joaquín, ni mucho menos —interrumpió Añoveros con su innato sentido para la doblez—, lo que pasa es que estoy muy preocupado.

—Pues no sé por qué, pero a mí dejadme tranquilo, porque Javier es amigo mío y no voy a ir contra él. Y si estás hablándome en nombre del señor Polanco, dímelo porque inmediatamente salgo por esa puerta.

—¡Que no, que no, que yo te hablo como amigo!

En aquel almuerzo, Garzón, que tan beligerante contra Polanco se había mostrado semanas atrás, ya dejó claro que su corazoncito estaba al lado del poderoso:

—Me consta que se están produciendo algunas reuniones con el objetivo de prolongar artificialmente la instrucción…

—No, Baltasar, la instrucción se está prolongando artificialmente por un rosario de recursos que van más allá del ejercicio del propio derecho, hasta convertirse en abuso de derecho y fraude de ley. Es exactamente al revés.

—Ya veremos. Ya veremos. Porque tu amigo está enloqueciendo, es un visionario, un loco peligroso.

Joaquín Navarro salió de aquel almuerzo convencido de que, una vez más en su vida y sin explicación previa, Baltasar Garzón había cambiado de acera o estaba a punto de hacerlo. Salió también convencido de que, si podían, los Polancos estaban dispuestos a matar al juez.

Pocos días después, el juez Navarro pudo confirmar sus peores presagios sobre Garzón. Dispuesto a lo que fuera menester con tal de disipar los recelos existentes entre ambos jueces de la Audiencia Nacional, alentó la celebración de una cena a la que pensaban asistir Gómez de Liaño y su entonces novia, María Dolores Márquez de Prado.

—Es que yo no sé si debería ir a esa cena —respondió con frialdad Garzón.

—¿Por qué?

—Hombre, porque, en el supuesto de que se planteara una recusación contra Javier, tendría que ser yo el que la resolviera.

—Baltasar, hijo, me dejas de piedra, porque Javier ha resuelto recusaciones interpuestas contra ti por los acusados del GAL y eso no le impidió almorzar y cenar contigo millones de veces… ¿Tú crees que ésa es razón para que te prives de cenar con unos amigos?

—Pues no sé. Mira, hagamos una cosa: si puedo, voy, porque tampoco sé si voy a poder librarme de algunos compromisos.

Joaquín Navarro sabía que Garzón no haría acto de presencia. La cena fue una reunión de amigos en la que apenas hubo referencia alguna al caso Sogecable. Fue el propio juez quien, de pasada, se refirió al asunto:

—Están recurriendo en cadena. Esto es la leche. Me recurren hasta el aliento…

—Ten cuidado, Javier —le advirtió Navarro—, que esta gente está planteando la posibilidad de un «querellazo». Así lo llaman ellos: «querellazo».

* * *

El 12 de mayo, los peritos dictaminaron que Canal Plus había repartido dividendos con los depósitos de los abonados. El instructor comenzó a ver indicios de apropiación indebida, delito societario y estafa.

El consejero delegado de Sogecable (nueva denominación de la Sociedad de Televisión Canal Plus S.A.), Juan Luis Cebrián, directo responsable de cualquier supuesto delito que hubiera podido cometerse en la sociedad, estaba citado a declarar el 19 del mismo mes. Y allí ardió Troya.

Todos los centros de poder se movieron en la tarde del 18. Con el auto del juez en la mano, los Polancos y sus mesnadas de abogados creían que al día siguiente Cebrián tendría que ir a declarar con el pijama y los útiles de aseo bajo el brazo, porque estaban convencidos de que desde la Audiencia Nacional iba a viajar directamente a la prisión de Alcalá-Meco.

Al atardecer, Jesús Polanco llamó al presidente Aznar a su despacho de Moncloa. Su grito, más que ruego, era simple: ¡que meten a Juan Luis en la cárcel!… Y meter a Juan Luis en la cárcel significaba meter a Polanco y todo lo que Polanco había representado en la Historia de España en los últimos veinte años.

Casi a la misma hora, el presidente había recibido una llamada aún más importante. Su Majestad el Rey, muy preocupado, también se interesaba vivamente por la suerte del periodista. Había que hacer algo. Gracias a su patronazgo sobre Manolo Prado y Colón de Carvajal, Polanco era un hombre que, además de poder, poseía la mejor información sobre la gente más importante del país. No se podía correr el riesgo de colocarlo entre la espada y la pared.

Aquella tarde, el presidente parlamentó varias veces con su vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, a quien cursó las instrucciones oportunas. Aquello no se podía «ir de las manos». Había que llamar al fiscal general del Estado y ordenarle que tomara las medidas necesarias para impedirlo.

En el interminable atardecer de un miércoles de junio, al despacho de Álvarez Cascos había acudido un conocido empresario y su jefe de gabinete dispuesto a plantearle al político un problema surgido en torno a una importante inversión en el extranjero. El sujeto en cuestión, sin embargo, parecía cabreado y alarmado por una incidencia previa.

—¿Qué te pasa? —quiso saber el vicepresidente.

—Que me acabo de enterar que mañana publica El País que soy socio de mi hermano en una empresa de mierda y me van a joder, ¡coño!, ya lo verás…

—Pues yo que tú llamaba a Polanco y se lo decía.

—¡Sí, como que se me va a poner!

—Claro que se te pone.

—¿Tú crees?

—Yo te digo que si tú le llamas esta tarde, no tarda ni medio minuto en ponerse…

Dicho y hecho. Allí mismo tiró de móvil y, con cierta aprensión, llamó a don Jesús. Una secretaria preguntó al otro lado del hilo «¿quién llama, por favor?», el afectado respondió y en menos de treinta segundos Polanco estaba al aparato. El empresario comenzó a explicar su problema con la sintaxis atosigada por los nervios, su problema con El País, aquello no era verdad y además era una tontería y, de repente, calla, y calla, y calla, porque parece que quien está hablando largo y tendido es Jesús Polanco…

Así era. Álvarez Cascos, sentado al lado del jefe de gabinete, riendo en silencio viendo la cara descompuesta del empresario, y en un momento dado, moviendo el pulgar aceleradamente hacia atrás con el característico gesto de quien descubre una jugarreta, musita entre risas contenidas al oído del tercero en discordia:

—Ahora. Ahora es cuando le va a decir que más problemas tiene él, porque mañana meten a Juan Luis en la cárcel…

El empresario colgó y, ante la expectación contenida de sus interlocutores, musitó con cara de asombro:

—¡Me ha dicho que mañana meten a Cebrián en la cárcel!

—¿Lo ves?, ¿lo ves?… —reía Cascos.

Álvarez Cascos hizo su trabajo llamando, además de al fiscal general del Estado, a la propia ministra de Justicia, Margarita Mariscal, para ordenarle que parara ese asunto y dispusiera lo necesario para que no se tocara a la mano derecha de Jesús Polanco. Como el editor y su entorno no han dejado de predicar que Aznar y su Gobierno quisieron meterlos en la cárcel, hay que concluir que fue el Rey quien les salvó del trance y es al Rey a quien agradecen el favor.

A primera hora de la mañana de aquel 13 de mayo de 1997 ya se sabía que Cebrián no iría a declarar, de momento. El juez, pretextando las coacciones ambientales, incluidas las declaraciones del inevitable Rubalcaba, había acordado suspender la comparecencia y pedir el amparo del CGPJ. El portavoz del PSOE, adalid de la causa polanquil, había amenazado con revelar «toda la trama del caso Sogecable» si al juez se le ocurría adoptar medidas privativas de libertad contra una persona tan honorable como Cebrián.

«Ni en las peores épocas de la dictadura franquista asistí a un caso tan grave de interferencia sobre el poder judicial», aseguraba un prestigioso catedrático de Derecho que desea el anonimato. Aquello parecía puro golpismo judicial. ¿Dónde quedaba la separación de poderes que distingue a todo Estado de Derecho?

* * *

La Fiscalía General del Estado reaccionó a la tormenta política de la tarde/noche anterior como era de prever: plegándose a las exigencias del poder político. En la mañana del miércoles 14 de mayo, vísperas del puente de San Isidro, una orden arribó al despacho del fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Eduardo Fungairiño llamó a María Dolores Márquez de Prado:

—¡Asómbrate: mira lo que acabo de recibir!

Se trataba de un escrito mediante el cual Ortiz Úrculo, ya cesado desde el Consejo de Ministros del viernes anterior, ordenaba a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y a su fiscal jefe que no se adoptara ninguna medida cautelar contra Jesús Polanco ni contra ninguno de los querellados de Sogecable, con mandato expreso de que si el juez, en contra del criterio del fiscal, llegara a adoptarla, el fiscal la recurriera. Naturalmente, la Fiscalía debía tener al tanto al fiscal general de cualquier novedad que se produjera en el caso.

Fue ésta una iniciativa de enorme importancia, porque dejó al fiscal del caso, Ignacio Gordillo, atado de pies y manos, sin poder tomar ninguna medida, amordazado por una situación que se fue haciendo más y más abracadabrante conforme avanzaba la instrucción.

La sorpresa mayor, con todo, estaba por llegar, y lo hizo con el nombramiento de Jesús Cardenal como nuevo fiscal general del Estado. La Fiscalía de la Audiencia le pidió enseguida que revisara la orden que Úrculo había dejado por herencia.

—Esta situación no se puede mantener por más tiempo. Con esa orden estamos todos maniatados. ¿Qué hacemos?

—Dejarlo como está —respondió Cardenal.

Fue una de las interferencias más claras sufridas por la Justicia desde la llegada de la democracia. El poder Ejecutivo, a través del Ministerio Fiscal, tiene controlada la acción penal, y tiene, por tanto, controlada a la propia Justicia.

El Gobierno de José María Aznar, en contra de lo que torticeramente han extendido los voceros de Polanco, no sólo no quería meter a Jesús Polanco en la cárcel, sino que hizo todo lo posible por evitarlo. Aznar creía que el tycoon hispano de la comunicación ya había recibido suficiente castigo con las medidas legislativas adoptadas en el terreno de la televisión digital y el fútbol y que, por obvias razones, no le convenía en absoluto hacer de él un mártir de la libertad de expresión.

El caso Sogecable se había convertido en una carrera de obstáculos para el juez Gómez de Liaño. Advertida por la iniciativa del fiscal general del Estado de que el Gobierno no sólo no estaba detrás del instructor respaldando sus iniciativas, como se habían hartado de pregonar los Polancos, sino que, muy al contrario, temía las consecuencias que para su imagen, especialmente a nivel internacional, pudieran derivarse del caso, la jerarquía de la Audiencia Nacional, con Clemente Auger y sus fieles magistrados a la cabeza, se iba a lanzar contra el juez como una jauría de lobos sobre un incauto cordero. Totalmente desprotegido, estaba claro que la cuerda terminaría rompiéndose por el lado más débil.

El instrumento para dinamitar el caso iba a ser la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que preside Siró García, que el 13 de mayo revocó, por «innecesario», el auto de Gómez de Liaño por el que se declaraban secretas las actuaciones contenidas en el sumario.

Hay que advertir que la primera providencia que suele adoptar todo juez que se topa con un supuesto delito económico es intervenir contabilidades y decretar el secreto del procedimiento. Fue lo que hizo el juez Manuel García-Castellón en el caso Banesto, y a esa misma Sala le bastaron un par de líneas de fundamentación jurídica salidas de la modesta pluma de ese juez para ratificar tal decisión. Y el secreto del sumario del caso Banesto estuvo en vigor durante mucho tiempo, tanto que a las partes imputadas ni siquiera se les notificó la querella. ¿Por qué cambió radicalmente de criterio la Sección Segunda en este caso?

Lo cierto es que lo que se hace normalmente en cualquier tribunal de justicia no se pudo hacer con Sogecable, porque rápidamente era tachado de «barbaridad» por la propia autoridad judicial. Excepción tras excepción, con Polanco no valía ni el secreto del sumario, ni la solicitud de autorización de salir del territorio nacional, ni la petición de la contabilidad, ni el listado de abonados… En el caso Sogecable se produjo una verdadera fractura del principio de igualdad ante la ley.

Pero «Lancelot» Liaño, ayuno de toda prudencia, en lugar de callar y no provocar a la fiera dictó una resolución, «en el ejercicio de mi independencia», calificando de «vejatorios» para su persona los autos de la Sala y de «insólito» el último de ellos ordenando el levantamiento del secreto sumarial, en la medida en que dejaba sin efecto una cautela de gran importancia para la protección de las investigaciones, instada además por el fiscal. Pocas veces un adjetivo ha podido causar tantos disgustos a un hombre.

Porque Liaño no se paró ahí, no. Unos días después efectuó un triunfal ritorno volviendo a decretar el secreto del sumario, respondiendo a una petición de la Policía Judicial para proteger las investigaciones. Aunque razones no le faltaban, la iniciativa del instructor fue considerada por los Siró y demás familia como un inadmisible desafío. Hasta el punto de que el 16 de mayo, García, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, remitió un escrito de queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la actitud del juez Javier Gómez de Liaño en el caso Sogecable y pidió la apertura de un expediente disciplinario contra él a cuenta del calificativo de «insólito», algo que, en opinión de Auger, «no se podía consentir».

En la costa del CGPJ, el instructor del caso Sogecable iba a encontrar aún más piratas que en la propia Audiencia Nacional. En efecto, algunos de sus vocales (caso de Javier Moscoso, Bruno Otero y Jacobo López Barja), predicadores de la doctrina del «ahí no hay nada» en lugar de proteger la independencia del juez para permitirle concluir el sumario, eran partidarios de acabar con él instando su suspensión. De hecho, el CGPJ nombró un instructor para el expediente, el señor Jiménez Villarejo, que, cuando llegó el momento de resolver, pasó por encima del propio Ministerio Fiscal, que había solicitado una sanción leve, y pidió la sanción máxima como falta de respeto al tribunal. Por si no quieres caldo, Villarejo, otro reconocido hooligan del felipismo, denunció, sin el apoyo del fiscal, a Gómez de Liaño por un posible delito de prevaricación.

La patada en el culo del CGPJ se la llevó, como era de prever, Javier Gómez de Liaño. «Involuntariamente —escribía un editorial de El Mundo del 23 de mayo—, el Consejo ha puesto más munición en poder de quienes desean deslegitimar al magistrado. Primero se arrogaron el papel de ser juez y parte de la cuestión y ahora pretenden convertir el caso Sogecable en el caso Liaño». Unas palabras premonitorias. El caso Sogecable se iba a convertir paulatinamente en el caso Liaño. Polanco se sentía ya totalmente arropado tanto en la judicatura como en el Parlamento, a través del PSOE. Su poder era tan grande, daba de comer a tanta gente que incluso había hecho miembro de la Real Academia Española a su mano derecha, Juan Luis Cebrián, quien el 19 de mayo leía su discurso de ingreso y se fotografiaba al lado de sus amigos Felipe González y Clemente Auger.

La campaña de desprestigio contra el juez, afectando incluso a la esfera de su vida privada, estaba en todo su apogeo. «La Audiencia Nacional iniciará hoy una inspección del juzgado de Liaño», anunciaba con deleite El País.

El 30 de mayo del 97 se conoció por fin el contenido del informe solicitado por el juez instructor a los peritos de Hacienda Ignacio Ucelay y José Manuel Ríos. Su publicación en la prensa era, sin embargo, materia para especialistas en hermenéutica.

«Las cuentas de Canal Plus no reflejan la “imagen fiel” de la empresa, según el informe elaborado por dos peritos de Hacienda y entregado al juez Gómez de Liaño —decía El Mundo, que añadía—: Aunque aumentó beneficios a costa de Sogecable, repartió dividendos legalmente». El mismo día, sin embargo, El País vendía la noticia de esta forma: «Los peritos informan al juez que Canal Plus distribuyó sus dividendos de forma legal». Subtitular: «El reparto no se hizo “con cargo a los depósitos”, sino “con los beneficios obtenidos”».

He aquí un ejemplo de cómo una misma noticia puede interpretarse de forma totalmente distinta —si no contraria— en dos medios de comunicación diferentes. Lo relevante del informe de unos expertos fiscales, que no en Derecho, era esa conclusión en torno al no respeto de la «imagen fiel», lo que venía a confirmar que, por lo menos, en la Sociedad de Televisión Canal Plus se había cometido delito societario.

El informe de los peritos iba a publicitar el alejamiento definitivo de Baltasar Garzón de su otrora íntimo amigo Javier Gómez de Liaño. En efecto, el juzgado de Garzón, víctima de un enfermizo afán de notoriedad, aprovechó una baja por enfermedad de Liaño para filtrar el informe de los peritos al diario El País. Ni corto ni perezoso, «Quijote» Liaño pidió el 9 de junio al CGPJ, donde tantos amigos tenía, que investigara a su colega en relación con esa filtración. Es fácil imaginar lo que hizo el CGPJ.

* * *

El 20 de junio, casi cuatro meses después de presentada la querella, Jesús Polanco subió por fin al Gólgota de la Audiencia Nacional para ir a declarar ante el juez como un español más. Aquel mismo día, Felipe González anunciaba ante el Congreso del PSOE su renuncia a la Secretaría General del partido. Las dos grandes figuras de un régimen político que duró casi catorce años, unidos del brazo en caída libre por la pendiente de la Justicia y del tiempo.

La imagen de un Polanco entrando en la Audiencia sin corbata, el rostro compungido, con dos botones de la camisa desabrochados, resultaba patética. Era la representación de un poderoso cuya caída del limbo no había podido impedir todo su poder mediático. Un personaje rozando lo grotesco, flor de soberbia que sólo puede crecer en paisajes tan plagados de caciques y tan históricamente sedientos de democracia como el nuestro.

En la representación más suntuosa de la justicia celtibérica, Polanco llegó, sin embargo, rodeado de una legión de letrados, abogados principales, abogados accesorios, representantes de abogados y una numerosa claque de ejecutivos de las empresas del grupo dispuestos a arropar al gran jefe en tan duro trance. El presidente Bill Clinton, un hombre un poco más poderoso que Polanco, de momento, había acudido por las mismas fechas a prestar declaración ante la comisión especial del Senado de los Estados Unidos que investigaba el escándalo Lewinsky con dos abogados, dos, por toda escolta.

La rabia contenida de Polanco se expresó por boca de González: «Voy a desmontar la trama», dijo el ex presidente a cuatro columnas en El País, aludiendo a la famosa «conspiración», la palabra totémica de la sedicente progresía patria en este final de siglo.

La faena más gorda, con todo, que el juez Liaño podía hacerle a Jesús Polanco consistió en obligarle a declarar dos días consecutivos, de modo que el dueño de Prisa tuvo que volver el lunes para concluir su declaración. Ración doble. El editor y el juez compartieron, por tanto, muchas horas en una declaración muy fluida, donde no hubo el menor atisbo de provocación o de violencia por ninguna de las partes y en la que Polanco aceptó responder a las preguntas del fiscal, pero no de las acusaciones.

Como empresario, Jesús Polanco Gutiérrez causó una más que discreta impresión a los reunidos. Un hombre sin soltura dialéctica, sin vocabulario, con un manejo muy pobre de términos y conceptos económicos, que se refirió a los descodificadores como «los cacharros ésos»… Parecía claro que se trataba de alguien que había vivido en el convencimiento de que los depósitos eran dinero propio y no ajeno, y que por lo tanto se podía utilizar libremente en el normal desarrollo de la actividad empresarial sin necesidad siquiera de pagar intereses.

Alguien, que no Polanco, había realizado en Canal Plus un sencillo cálculo de posibilidades; dando por sentado que era imposible que se dieran de baja de golpe más del 20 por 100 de los abonados, habían decidido dejar en reserva ese porcentaje para atender eventuales devoluciones y disponer libremente del resto de los depósitos, ahorrándose así el coste financiero de tener que pedir prestado el dinero al banco.

Fue el abogado Manuel Murillo quien gráficamente describió el sistema durante la declaración de Polanco: «Mire usted: en vez del modelo Canal Plus Francia, donde el dinero de los abonados no se toca, el suyo ha sido el “modelo Sófico”».

El fiscal Gordillo leyó parte de las instrucciones recibidas del anterior fiscal general del Estado, Ortiz Úrculo, y ratificadas por su sucesor, Jesús Cardenal, que le impedían solicitar ninguna medida cautelar. Su situación era reveladora del destrozo que en términos jurídicos estaba causando la interferencia política en el caso: si al auditor, que ya había prestado declaración, le había pedido, como cooperador necesario, una fianza de cinco millones de pesetas, a Polanco tenía que pedirle otro tanto.

Ignacio Gordillo pidió finalmente la libertad provisional con una serie de medidas cautelares. Con este respaldo, el juez Liaño adoptó el auto el 26 de junio, en el cual se afirmaba que en Canal Plus se habían realizado «maniobras financieras presuntamente delictivas», y por el que dejó en libertad a Polanco con fianza de 200 millones de pesetas. Además debía presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y pedir autorización siempre que fuera a viajar al extranjero.

«Puse al señor Polanco una fianza que me pareció razonable, y ni hablar de prisión incondicional, porque en el ánimo de este juez nunca estuvo meter en la cárcel ni a Cebrián, ni a Polanco, ni a nadie. Eso es algo que no se me pasó por la cabeza y que hubiera sido un exceso».

Sin embargo, Polanco, además de vender el auto como una afrenta a su persona, intentó por todos los medios que el fiscal general del Estado ordenara a Gordillo que recurriera esa resolución.

* * *

Del auto de Gómez de Liaño del 26 de junio se derivó un movimiento clave: la recusación del juez. Fue el momento cumbre del proceso. Porque desde el 26 de junio a la fecha de la recusación —coincidiendo con el día en que Juan Luis Cebrián estaba citado a declarar— no pasaron más de once días.

El poderoso Cebrián consiente que su patrón pase por el trance de tener que ir a declarar, pero él se planta, él no irá a declarar, y plantea la recusación que, por disposición legal, determina el apartamiento del juez en cuanto es aceptada. Que Cebrián adoptara esa decisión cuando le tocaba el turno y no cuando le correspondía al teórico amo de Prisa ha alimentado todo tipo de especulaciones en torno a la verdadera estructura de poder, incluso de la propiedad, del Grupo Prisa.

Era la última bala en la recámara de los Polancos: nada parecía capaz de parar al juez Liaño, de modo que había que apartarle del caso. Ni siquiera habían servido los seis «varapalos» que le proporcionó la Sala, revocando otras tantas actuaciones del instructor y esgrimiendo criterios que quebraban la jurisprudencia que tradicionalmente había regido en los procedimientos de tipo económico. Sin embargo, a pesar de los intentos por torpedear la acción del juez y no dejarlo avanzar, el instructor seguía adelante, a contrapelo de la propia Audiencia. Por eso, no tenían más remedio que recusarle.

La recusación o la querella, el «querellazo» del que hablaba el ínclito Añoveros. Los Polancos eligen la recusación y no la querella porque la primera conseguía inmediatamente su objetivo, que no era otro que apartar a Liaño de la causa, mientras que la segunda dejaba las espadas en alto, puesto que, de entrada, podía no admitirse a trámite.

Se deciden por la recusación aduciendo razones que, de existir, existían antes de la instrucción del procedimiento, lo cual las invalidaba por pura normativa jurídico-procesal[15].

El 6 de julio, en un llamativo despliegue a dos páginas, El País daba cuenta de la iniciativa del segundo de Polanco: «La recusación explica que su enemistad hacia Cebrián se remonta a 1980 (al padre del juez, el también magistrado Mariano Gómez de Liaño) y que el interés indirecto viene determinado por la estrecha amistad y lazos familiares del juez con el grupo de periodistas demandantes y querellantes contra Sogecable. La recusación deberá ser instruida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que momentáneamente se hace cargo también de todas las diligencias practicadas en el sumario de Sogecable». Cebrián se salía con la suya y paralizaba el caso Sogecable. Era una gran victoria de la Justicia que complace al Príncipe.

El diario El Mundo, en la línea errática que caracterizó su tratamiento del caso Sogecable, escribía el 7 de julio: «Hemos dicho y reiterado que no tenemos claro que los responsables de Sogecable hayan incurrido en ningún delito perseguible por la vía penal, pero nos parece obvio que este incidente de recusación no se tiene en pie. Estamos seguros de que Baltasar Garzón lo pondrá en el sitio que le corresponde: en el archivador de su Juzgado».

¿Osaría Garzón tejer otro cesto con los mimbres que le había proporcionado Cebrián? Muy pronto se sabría, aunque en realidad había poco que los «iniciados» no supieran ya. Lejos de los arrebatos iniciales de su grito de guerra, «¡a la cárcel con ellos!», el juez Garzón hacía semanas, meses, que venía trabajando activamente en pro de Clemente Auger y su estrategia de parar el caso Sogecable como fuese.

¿Cuándo, cómo y por qué empezó Baltasar Garzón su giro copernicano en relación a Javier Gómez de Liaño? El juez Joaquín Navarro tiene algunas claves, pero no todas: la presencia de un Clemente Auger alabando constantemente a un hombre absolutamente sensible a los halagos, la relación con Jaime García Añoveros, que actúa de mensajero en este cambio de chaqueta, los celos —insuperables— ante el protagonismo que a cuenta de Sogecable le había robado Liaño…

La razón última, con todo, permanece sin explicar. El caso es que Baltasar Garzón resultó determinante en el carpetazo que poco a poco se iba vislumbrando en el caso Sogecable y, lo que es más grave, la destrucción de la carrera profesional del juez que osó investigar a Jesús Polanco y sus cuates.

* * *

Un día después de hacerse cargo del caso Sogecable y de la recusación de Gómez de Liaño, Baltasar Garzón presentó en el hotel Meliá Princesa de Madrid un libro titulado Narcos, escrito al alimón entre un periodista y el fabuloso juez, con el patrocinio de la Universidad de Valencia y la presencia, como «plus de peana», del ministro del Interior, Mayor Oreja. En el transcurso de la copa que siguió al parlamento, Baltasar se acercó al juez Joaquín Navarro.

—Ya ves la que me ha caído encima…

—Pues sí, pero, por lo que conozco del caso, lo tienes muy fácil, ¿no?

—¿Tú crees?

—Tengo bases para creerlo. Pero, Baltasar, me preocupa la pregunta que me haces.

—Joaquín, esto es muy serio.

—Naturalmente que sí, pero no entiendo de dónde vienen esas dudas.

—Bueno, ¿qué te parece si quedamos mañana a almorzar con Jesús?

—Lo que tú digas.

Quedaron en el restaurante Pazo de Monterrey, lugar habitual de los almuerzos de Garzón con García Añoveros y Antonio Navalón. A la altura del segundo plato, Baltasar realizó ante sus amigos Navarro y Neira una amplia exposición tras la que vino a concluir que él no podía limitarse al conocimiento meramente procesal de los hechos, puesto que conocía datos extraprocesales que tenía que ponderar a la hora de emitir un fallo. Joaquín Navarro le interrumpió:

—Baltasar, pero eso significa que estás incapacitado para llevar la recusación, porque si tienes conocimientos extraprocesales te conviertes en testigo, y nadie puede ser juez y testigo en un procedimiento, lo sabes de sobra.

—¿Por qué dices eso?

—Digo lo que tú estás diciendo. Y si hubiera alguna duda, la propia pasión con la que estás hablando en contra de Javier, llamándole prevaricador…

—¡Yo no le he llamado prevaricador, Joaquín, no te pases!

—Baltasar, es la tercera vez que en mi presencia llamas prevaricador a Javier, y las tres en este restaurante. Y está claro que en esas condiciones no puedes ser un juez imparcial, porque eres parte y porque entonces quien va a prevaricar aquí eres tú…

Fue como si le hubieran puesto banderillas negras. Garzón perdió los nervios y empezó a gritar, él no odiaba a Javier, «¡yo no le odio, es Javier quien me odia a mí y no acabo de entender por qué!»…

Jesús Neira trató de encontrar un aliviadero a la tensa situación y al clima de nervios que se había apoderado de Baltasar:

—No estoy de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín: yo creo que lo que debes hacer no es abstenerte, sino resolver inmediatamente la recusación desestimándola, porque abstenerte puede producir un escándalo morrocotudo,

—Pues no voy a hacer ni una cosa ni la otra. Voy a hacer lo que me salga de las pelotas.

—Entonces, si vas a hacer lo que te salga de las pelotas, ¿para qué me has llamado? ¿Para hacer una exhibición delante de mí? —protestó airado Navarro.

—Estoy muy dolido contigo, Joaquín, quiero que lo sepas: te has puesto del lado de Javier y él es el bueno y los demás somos todos malos…

—Mira, Baltasar, te he defendido mucho más allá de lo razonable, porque no mereces esa defensa y lo estás demostrando. Y te voy a decir una cosa más: cuando a ti te recusaron los Vera, Barrionuevo y compañía, lo hicieron con más fundamento del que ahora ha utilizado Cebrián para recusar a Liaño, porque contra ti había fundamento y aparentemente muy sólido.

—¡Qué hostias estás diciendo, pero cómo puedes decir eso!

—Lo que oyes, porque tú habías estado con esta gente en Interior, y por lo tanto estuviste orgánicamente vinculado a la lucha contra ETA, GAL y compañía, manejando documentación del Ministerio sobre estos asuntos, ¿o no? Y cuando éstos plantearon tu recusación yo dije que no, que no había fundamento, ¿cómo voy a decir ahora otra cosa en el caso de Javier?…

—¡Ah! ¿Entonces me defendiste porque era amigo tuyo, sólo por eso, no porque tuviera razón?

—No señor. No he dicho eso. Si yo pensara que eres un prevaricador no habrías sido amigo mío, mi querido Baltasar. Yo no soy amigo de un juez prevaricador, ¡joder!, ¿qué te has creído?

—¡Me has engañado todos estos años, eres una mierda, una mierda!… —ante la sorpresa general, Garzón comenzó a dar puñetazos encima de la mesa.

—Mira, Baltasar —amenazó Navarro con los nervios a flor de piel—, como sigas por ese camino me pongo de pie y me doy de hostias contigo. Eres un grosero, y no te consiento que digas esas cosas.

Fue como si de pronto le hubieran quitado la sangre de las venas:

—¿Me estás amenazando? —preguntó con gesto helado.

—Claro que sí. No te tolero ese tipo de actitudes, eso para la gente que tú tienes como amigos. Conmigo ni hablar.

—Me voy —Garzón, completamente ofuscado, se levantó con gesto resuelto.

—No, antes de irte paga lo tuyo, ¡coño!, no hagas el gorrón como de costumbre.

El famoso juez quedó paralizado.

—No, no. Yo pago lo de Baltasar —intervino rápido, puesto en pie, Jesús Neira.

—Allá tú. Yo no pago ni una peseta que corresponda al señor Garzón.

Allí terminó una amistad de años. Allí dejaron de hablarse Baltasar Garzón y Joaquín Navarro, como un trasunto de la guerra que divide y enfrenta a la Justicia española. Al día siguiente, Garzón trasladó al amigo común, Jesús Neira, la profunda decepción que le había causado Joaquín Navarro en el almuerzo de marras. Fue entonces cuando el famoso juez pronunció la antológica frase que tantas vueltas ha dado al ruedo judicial:

—¡Le voy a freír los huevos a Javier!

* * *

Íbamos a asistir a una de las páginas menos ejemplares de la corta historia de la Audiencia Nacional, al «garzoneo» de un hombre dispuesto (¿sólo por celos?) a arruinar la vida y la fama del que había sido su mejor amigo. Dispuesto, por complacer a los Cebrianes, a dinamitar la Audiencia Nacional con una crisis de grandes proporciones: los dos jueces «estrella», antaño perseguidos por el felipismo con saña, se enfrentaban entre sí. El escaso crédito que restaba a la Audiencia podía saltar por los aires con tamaño estrambote.

Garzón, como es preceptivo, solicitó el informe del juez recusado, pero prescindió del fiscal, que es «parte legal» en cualquier recusación. Como dijo Eduardo Fungairiño ante el Tribunal Supremo, «éste ha sido el primer expediente de recusación que se ha seguido sin el fiscal, a espaldas del fiscal y contra el fiscal».

En la Audiencia, algunos fiscales no salían de su asombro cuando comenzaron a enterarse de las decisiones que tomaba Garzón. El propio Fungairiño, su fiscal jefe, decidió acudir a parlamentar con el fiscal general del Estado:

—Jesús, ¿qué hacemos con esto? ¿Intervenimos? ¿Pedimos la nulidad? Es que no está contando con el fiscal para nada, y el fiscal es parte de la recusación, lo dice la ley.

Pero Jesús Cardenal pronunció una de esas frases salomónicas que retratan a un personaje:

—Déjalo. Son cosas de jueces. No intervengas.

Indicio claro de que Jesús Cardenal tenía orden de no actuar, poniendo en evidencia la explícita decisión del Gobierno de no rozarle un pelo al poderoso Polanco. Lo cual no fue óbice para que Ignacio Gordillo se despachara con un informe contundente: no existía razón jurídica alguna que sustentase una recusación que únicamente pretendía paralizar el proceso, por lo que debería ser inmediatamente desestimada, sin recibir el incidente a prueba, con expresa condena de costas al recusante y multa de 100.000 pesetas (la máxima prevista por la ley) por su temeridad y mala fe.

Pero, naturalmente, Garzón tenía que hacer su trabajo. Además de prescindir del fiscal, decidió aceptar las pruebas propuestas por Cebrián —algo sin precedentes en la historia judicial española— mientras denegaba las de los querellantes del caso Sogecable, pruebas que eran un monumento a la mala fe procesal, la última de las cuales consistía en la declaración testifical de García Añoveros, Jesús Neira y Joaquín Navarro. «Se comportó como un Cebrián más —asegura el juez Navarro—, empezando porque a través del desvergonzado de Añoveros me enteré de que la recusación la había fundamentado prácticamente el propio Garzón».

Después de poner los huevos de Gómez de Liaño al baño María, Garzón decidió irse de vacaciones, declarando inhábil, tanto para el caso Sogecable como para la propia recusación, el mes de agosto, asunto que no debió de preocupar a un Cebrián que venía desgañitándose desde las páginas de El País sobre el daño que la prolongación artificial del caso le producía. «Había que dar tiempo al tiempo para que el tribunal tuviese la oportunidad de archivar las diligencias y, desde luego, para que su juez natural pudiese seguir disfrutando de los placeres de la pública inquisición», escribía Joaquín Navarro.

Javier Gómez de Liaño comenzó a sentir miedo. Miedo personal. «Vistas las decisiones que tomaba Baltasar, en línea con la campaña que estaba en marcha, empecé a preocuparme y a pensar que alguien intentara incluso inyectarme dinero en mi cuenta corriente, de modo que fui a mi banco y di orden de que se me bloquearan tarjetas y cuentas. Ni un ingreso, bajo ningún concepto. La preocupación se extendió también a los miembros de mi servicio de escolta, que empezaron a preocuparse en serio por mi seguridad».

Y llegó septiembre, y un Garzón moreno y relajado recibió a las diez de la mañana del día 2 la declaración de un Joaquín Navarro absolutamente indignado con el hecho de que, abusando de una amistad de años con Garzón, García Añoveros y otros hombres del entorno de Prisa, los edecanes de Polanco hubieran tenido la osadía de proponerle como testigo de una prueba urdida para acabar con Javier Gómez de Liaño.

«Cabían pocas dudas —asegura el juez Navarro— de que Garzón y Añoveros habían colaborado en la gesta de implicarnos, a mí y a Jesús Neira, en aquella montaña de estiércol. Confiaban en que mi sentido de la amistad haría que no les dejara al descubierto. Apostaron muy fuerte, creyendo que colaboraría con ellos para no perjudicarlos. Se jugaban mucho, más de lo que yo podía imaginar, pero se equivocaron conmigo».

El día anterior había declarado el inefable García Añoveros, quien, ante el asombro de todos, sacó de su propia cartera un folio con las preguntas que le iban a formular:

—Ya se las leo yo… —decía Garzón, tratando de aparentar, aunque fuera delante de Matías Cortés, que el asunto tenía un mínimo rastro procesal.

—No, no es necesario, las tengo aquí delante.

—¡Pues aunque las tenga usted delante, yo se las leo! —cortó el juez con mala uva.

Las preguntas y respuestas de Añoveros sirvieron de base para el posterior interrogatorio de Jesús Neira, quien se mantuvo firme en el respeto a la verdad, lo que, indudablemente, arruinó los planes de un Garzón que, al finalizar la prueba, se mostraba absolutamente contrariado con su amigo: «Me has hundido la recusación»…

* * *

Aquel 2 de septiembre, Joaquín Navarro llegó a la Audiencia al filo de las diez de la mañana y en compañía de Javier Gómez de Liaño, con quien había estado desayunando en una cafetería cercana, en pública exhibición de amistad y consideración hacia el juez que estaba siendo arbitrariamente investigado.

«En el pasillo aledaño al despacho de Garzón esperaban tres abogados de Cebrián (Horacio Oliva, González Cuéllar y Matías Cortés), que se precipitaron muy oficiosos a saludarme. Les negué el saludo (eran más que abogados, o menos, según se mire)», escribe Navarro en su libro Palacio de Injusticia. Antes de que diera comienzo la declaración, Garzón le hizo pasar a su despacho y, frente a frente con su ex amigo, intentó jugar el papel de pobre víctima:

—Fíjate a dónde hemos venido a parar…

—No sigas por ahí, por favor. Este lío lo has montado tú, la prueba testifical te la has inventado tú y tú eres el hijo de puta de la reunión.

—Aquí el gran cabrón que hay es Añoveros.

—¡Pues que conste en acta, coño, escríbelo!

—¡Oye, estoy en mí despacho!

—Pues yo me voy de tu despacho si quieres.

—¡Joder, joder, esto va a ser un escándalo!…

Nada más iniciada la sesión, ya en presencia de los abogados, Navarro volvió a la carga:

—Quiero que conste en acta mi protesta más enérgica por la ausencia del fiscal. ¿Dónde está el fiscal?

—¿Y qué falta hace aquí el fiscal? —replicó Garzón.

—Lo que ordena la ley, ¿o es que usted se va a inventar la ley? No hay ni un solo incidente de recusación sin el Ministerio Fiscal. ¿Y dónde está el secretario judicial?

—Aquí está un oficial habilitado.

—No puede estar habilitado un oficial. Mire usted, tiene que ser el secretario judicial quien dé fe…

—¿Jura decir verdad…?

—No, no juro en absoluto —le interrumpió Navarro de forma abrupta—. Eso se lo dejo a los perjuros, gente que le gusta jurar extraordinariamente. Yo prometo decir la verdad.

Cuando inició la lectura de las preguntas, Navarro interrumpió de nuevo:

—¿Son las preguntas de su señoría o las preguntas de la parte?

—Usted sabe que son las preguntas de la parte.

—¿Y por qué no las lee la parte?

—Porque procesalmente…

—Procesalmente da igual.

—¡Yo hago las cosas como quiero! —gritó un Garzón descompuesto, con visos de querer terminar la representación cuanto antes.

Como quiera que Navarro se negó, sin embargo, a responder a una sola de las preguntas de Horacio Oliva, el «Doctor» Oliva, a quien no llegaba la camisa al cuello, mirando directamente a Garzón, con Joaquín Navarro sentado en el sillón principal frente al juez, se vio obligado a la siguiente escenificación: «Quiero que su señoría pregunte al testigo si es cierto que…».

Joaquín Navarro había conseguido convertir en farsa el remedo de justicia que los Polancos habían pretendido escenificar en la Audiencia Nacional.

«Todas las preguntas estaban equivocadas, o confundían unas reuniones con otras, o versaban sobre encuentros o citas inexistentes, o pretendían hurgar toscamente en mi vida privada», escribe Navarro, en una torpeza que indujo a un Garzón exasperado a calificar a los abogados de Cebrián de «soplapollas».

El juez Navarro acababa de vivir uno de los episodios más penosos de su vida. «Fue conmovedor ver a Garzón, ceniciento y descentrado, en su despacho, falto de cualquier atisbo de dignidad, al lado de tres famosos abogados, tres catedráticos de Derecho Penal convertidos en un montón de basura, tratando de bucear sórdidamente en las relaciones de amistad y de confidencialidad entre personas leales. Un espectáculo nauseabundo. Daba pena verles de rodillas, adorando al becerro de oro de Polanco, rendidos al poder de Polanco y de González».

La farsa terminó como era previsible: después de haber tenido paralizado el caso durante más de dos meses, en contra de toda ética procesal, Garzón se apresuró a hacer público «el garzonazo», un fallo estrafalario y mendaz, un día después de la declaración de Joaquín Navarro.

Garzón se encontraba en un verdadero callejón sin salida. No había forma humana de estimar la recusación, porque las pruebas «cebrianescas» en las que había confiado para ello le habían fallado estrepitosamente, pero al mismo tiempo era anímicamente incapaz de desestimarla, porque el odio y rencor que sentía hacia quienes habían sido sus amigos era ya superior a sus fuerzas y no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer, dando a luz una pieza sin desperdicio.

De los tres testigos propuestos, sólo había podido sacar algún provecho de Jaime García Añoveros, un señor a sueldo de Jesús Polanco. Como escribía Pedrojota Ramírez en su «Carta del Director» del 12 de septiembre, «el testimonio directo de Ricardo García Damborenea cuando, en plena coincidencia con la más elemental lógica de las cosas, asegura que él personalmente trató con González una y otra vez sobre la puesta en marcha de los GAL no merece crédito alguno, y la acusación formulada por Jaime García Añoveros, en beneficio de las personas de las que obtiene notables ingresos, sirve en cambio de pretexto para poner en la picota judicial al previamente machacado Gómez de Liaño».

Una pirueta tragicómica: Garzón no estimaba la recusación, pero tampoco la desestimaba. Simplemente se abstenía, aduciendo que, una vez iniciado el proceso, «conoció extraprocesalmente» datos relacionados con el mismo a través de charlas, reuniones y encuentros con Joaquín Navarro y Jesús Neira en los que «se habrían tratado aspectos relacionados con el fondo de las querellas, la forma de apoyar la acción inicial a través de otras acciones, la necesidad de que el procedimiento deba pervivir el mayor tiempo posible en una labor prospectiva, aun cuando no existiese base para ello, y la conveniencia de tomar medidas de prisión respecto de alguno de los querellados».

Una verdadera puñalada a la honorabilidad del juez Gómez de Liaño, al que venía a acusar de prevaricador. Un texto de impagable valor para Polanco y Cebrián.

Para el juez Navarro se trataba de una resolución «cainita, mendaz, cínica y prevaricadora». Garzón había convertido «una recusación fraudulenta en un acta de acusación contra su enemigo Javier Gómez de Liaño».

* * *

El 10 de septiembre, se reunió la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para decidir si aceptaba o rechazaba la abstención de Garzón. Días antes se había sabido que su presidente, el ínclito Clemente Auger, no asistiría a la reunión, en un elegante gesto de neutralidad, dada su más que evidente relación con el Grupo Prisa, pero a la hora de la verdad el camarada «Clementov» salió corriendo a ocupar su sillón al darse cuenta de que sin su voto perdían la votación, y ello pese a la íntima amistad que le unía con el recusante, Juan Luis Cebrián.

Ocurrió lo que era de esperar, dado el grado de postración de la Justicia: la Sala de Gobierno decidió aceptar la abstención por cuatro votos (Ángel Calderón, Siró García, José Antonio Rossignoli y el propio Clemente Auger) frente a tres, con argumentos conmovedores por su absoluta falta de criterios jurídicos.

Uno de los miembros de la Sala que votó en contra pidió que el fiscal se querellara contra Garzón y otro, José Luis Requero, solicitó en su voto particular que el auto de abstención se remitiera al CGPJ para que se depuraran responsabilidades disciplinarias contra Garzón. Pero hubo más. Uno de los cuatro magistrados que votaron a favor de la mayoría, Ángel Calderón, cambió su voto de la noche a la mañana por circunstancias desconocidas, después de haber calificado públicamente de «impresentable» el auto de Garzón.

Entre quienes votaron a favor se encontraba el inenarrable Siró García, un hombre que había sido «hermano del alma» de Javier Gómez de Liaño cuando ambos transitaban por la Sala de lo Penal de la Audiencia y que realizó un «voto particular concurrente», es decir, le añadió sal al guiso, escribiendo que la pirueta jurídica de Garzón había sido «un estallido de la conciencia», una especie de big bang redentor que le había llevado a denunciar la conspiración.

Tras el fallo de la Sala, la recusación de Javier Gómez de Liaño pasó al juez Manuel García-Castellón, un hombre de escaso talento que milita en la «escudería Auger». García-Castellón terminó absteniéndose como consecuencia de un contencioso que le había enfrentado a uno de los querellantes del caso, pero mientras el asunto estuvo en sus manos tuvo reflejos suficientes para solicitar el informe del fiscal sobre la recusación, subsanando así una de las pifias de Garzón.

La patata caliente pasó al juez Ismael Moreno, y los conocedores de las entretelas de la Audiencia Nacional se echaron entonces a temblar. Porque Moreno era un hombre muy vulnerable por varios factores: por las secuelas de su antigua condición de inspector de policía; por su amistad con el bufete de José Manuel Díaz Arias, a través del cual había adquirido un apartamento en el complejo «Four Ambassadors» de Miami, junto a Rafael Vera y compañía (al parecer, tenía despacho en la asesoría fiscal de Díaz Arias, donde daba clases a opositores); y, finalmente, por su falta de consistencia.

Con estos antecedentes, Moreno tenía razones de peso para temer la reacción del «polanquismo» si optaba por rechazar la recusación. Decía Flores d'Arcais que «el hombre es el animal capaz de decir no», pero decir no a tan poderosos señores hubiera exigido un coraje civil y unos impulsos éticos que estaba por ver si el modesto juez iba a tener en su reserva moral.

Tras avatares mil, Ismael Moreno no tuvo más remedio que poner manos a la obra. Y todo apunta a que comenzó a escribir su auto en el sentido de desestimar la recusación, lo cual era coherente con la opinión que el propio Moreno le había expresado en repetidas ocasiones a Gómez de Liaño a lo largo del verano («Baltasar se ha vuelto loco, ¿cómo se pueden admitir pruebas en una recusación?»). Pero algo torció el rumbo de su pluma y le enmendó la plana, puesto que el modesto juez terminó pariendo un auto que, en palabras del también juez Joaquín Navarro, es «una de las cumbres de la ignominia judicial».

El juez Moreno razonaba que «no ha llegado a probarse de modo inequívoco la existencia de enemistad manifiesta» de Liaño hacia Cebrián, «ni tampoco de interés indirecto en el caso». La secuencia lógica parecía conducir a desestimar la recusación, pero no, porque el aludido se sacó de la manga el argumento, verdaderamente inaudito, de que, como el Grupo Prisa había llevado a cabo una feroz campaña de prensa contra el juez y éste había contestado algunas veces, podía deducirse de ello la falta de «recíproco agrado».

El magistrado acababa de poner en manos de los poderosos un arma de aterradora eficacia para quitarse de en medio a jueces molestos. Todo consiste en montarles una buena campaña de prensa para poder recusarlos después argumentando un secreto ánimo de revancha por parte del juez maltratado.

Moreno incluía otros tres razonamientos de parecido porte intelectual y jurídico, todo lo cual le llevaba a concluir que «se halla justificada la sospecha de parcialidad por el recusante, pues la ley no excluye al juez porque sea parcial sino porque pueda temerse que lo sea». Tamaño despropósito no era óbice para que se despidiera asegurando que nada de lo dicho ponía en cuestión «en modo alguno la moralidad, prestigio, probidad o aptitud» del recusado. Además de cornudo, apaleado.

Ismael Moreno todavía no se ha repuesto del susto. Además de quedar tocado, quedó muy dolido con sus «señores», porque le habían garantizado su total disposición a defender su honor si alguna voz, escandalizada, osaba mancillarlo, pero que a la hora de la verdad se escondieron, dejando a la intemperie al corderito que ya les había hecho el trabajo.

La «causa especial» abierta como consecuencia del «garzonazo» terminó también enseguida. Aquello fue otro espectáculo. Tanto el magistrado Joaquín Delgado como el fiscal Luzón, a cargo de la investigación, estaban convencidos de que se encontraban ante una conspiración para acabar con Polanco, pero cuando empezaron las declaraciones de los supuestos implicados inmediatamente se dieron cuenta de que habían sido manipulados por algunos de los miembros de la Sala (Bacigalupo, Villarejo) que habrían sido los encargados de «juzgar» en el caso de que la llamada «causa especial» hubiera llegado a término.

La tal «causa» se archivó tras demostrarse, como ya había explicitado Eduardo Fungairiño, que no existía el más leve indicio de prevaricación en Gómez de Liaño.

* * *

La recusación de Javier Gómez de Liaño fue celebrada hasta la extenuación por el polanquismo y sus afines. Dominadores de la escena judicial, ahítos de rencor y afán de venganza, los Polancos arremetieron como buitres contra los despojos de un juez. Sabiéndole malherido, le querían muerto. De inmediato se interpusieron contra él varias querellas por presunta prevaricación, una del propio Polanco, que, en contra del criterio del fiscal general y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, sería admitida por una Sala integrada por los magistrados Enrique Bacigalupo, íntimo amigo de González Cuéllar (el abogado de Polanco) y felipista convicto y confeso; Ramón Montero, fallecido en agosto del 98, y José Augusto de Vega, otro hooligan del felipismo. Martínez Pereda sería el ponente, y el instructor, Martín Canivell, un magistrado técnicamente mediocre.

De los cinco, sólo uno, el ponente, podía ser considerado como no afecto al Partido Socialista y, por tanto, no contaminado con los intereses del querellante, Jesús Polanco. Todo estaba, pues, perfectamente encarrilado para ejemplificar en la cabeza de Gómez de Liaño un castigo que sirviera de lección a la judicatura entera.

Liaño cree que una de las claves del caso radicó en el temor de los Polancos a que, a rebufo de la investigación sobre los depósitos de Sogecable, el trabajo de los inspectores y de los peritos condujera a investigar toda la contabilidad del Grupo Prisa, con la posible aparición de operaciones cruzadas intergrupo y problemas fiscales conexos. «Y lo que sí percibí es que había que parar la maquinaria de la Justicia. No había que dejar avanzar al juez, porque podía llegar lejos y complicar las cosas más allá del caso Sogecable».

«Otro asunto que les preocupó mucho —continúa Gómez de Liaño— fue que pidiera al Consejo de Ministros los acuerdos adoptados en torno a la concesión de la licencia a Canal Plus, acuerdos que la vicepresidencia del Gobierno remitió al Juzgado. Les preocupó, entre otras cosas, porque Jorge Semprún era entonces ministro de Cultura, y no es normal que un señor vote en la mesa del Consejo de Ministros a favor de la concesión de esa licencia y pase después a ser consejero de Canal Plus.

»Mi padre, que fue magistrado del Tribunal Supremo, me advirtió apenas comenzado el caso: “Creo que tienes entre manos el asunto más importante de tu vida, y el que más te va a hacer sufrir, porque estás investigando a gente de enorme poder que van a intentarlo todo”, me dijo.

»De esta forma nos encontramos —continúa Gómez de Liaño— ante un procedimiento torpedeado, sin amparo en el Consejo (sino todo lo contrario), que ha dado lugar a una causa especial contra mí, contra varios fiscales de la Audiencia Nacional y contra el juez Navarro y varias personas más».

El juez Liaño ha tenido que soportar hasta siete querellas por el asunto Sogecable (de Polanco, de Cebrián, de Marañón, de Javier Pérez Royo ejerciendo la acción popular, de la Asociación de Abogados Demócratas apoyando de manera determinante al Grupo Prisa, de Rodríguez Menéndez…). Ha sido la demostración de cómo un auténtico poder fáctico puede torpedear primero, arrinconar después y finalmente acabar con la independencia de un juez cuando sus intereses están en juego.

* * *

El caso es que no fue posible instruir el sumario. Los Polancos querían un juez a la carta, y no el predeterminado por la ley. Como no lo consiguieron, arremetieron contra él hasta dar con sus huesos en tierra. Suprema paradoja: el magistrado que empezó la instrucción no solamente no consiguió acabarla, sino que las personas a las que investigaba le sentaron en el banquillo de los acusados.

El 16 de junio de 1998, el mismo día en que se ordenó el archivo del caso Sogecable, la Sala decidía procesar a Javier Gómez de Liaño, casualidad, por tres supuestos delitos de prevaricación, a pesar de que como juez instructor obró siempre de acuerdo con el fiscal y siguiendo sus criterios.

Casi quince meses después, el 14 de septiembre del 99, el juez que había osado investigar a Polanco se sentaba en el banquillo ante un tribunal integrado por el citado Bacigalupo, el gran «animador» de la querella; Gregorio García Ancos (sustituto del jubilado José Augusto de Vega), otro magistrado afín al felipismo, ex secretario general técnico del Ministerio de Defensa bajo Narcís Serra, y José Manuel Martínez-Pereda. El 21 de septiembre concluyó el drama con el «visto para sentencia».

No había margen para la sorpresa. Frente al criterio del ingenuo juez que se creía a salvo bajo la cota de malla de su escueta verdad estaba claro que ésta era una condena cantada. Si se habían atrevido a llevar la farsa hasta las puertas del juicio oral, ¿por qué se iban a parar en barras? ¿Por qué iban a renunciar a la presa cuando ya la tenían acorralada? La impresión se confirmó cuando los capos de Prisa aceptaron hacer el «paseíllo» de la Audiencia Nacional para testificar. Hombres y nombres tan principales no iban a exponerse al ridículo sin haber amarrado antes el resultado del envite. Y ello a pesar de las manifestaciones expresas de apoyo al «acusado» por parte de prácticamente toda la carrera fiscal, desde Ignacio Gordillo hasta el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, pasando por el del Supremo, José María Luzón, que pidió la absolución.

Nada importaba. Había que dar un escarmiento a quien había tratado de cuestionar la impunidad de un poderoso, de modo que aquél era un partido cuyo resultado se sabía de antemano: 2 a 1. Con Clemente Auger de árbitro en la Audiencia nacional, Jesús Polanco jugaba en casa. En efecto, el viernes 15 de octubre del 99, en una sentencia carente del más mínimo contenido probatorio, sustentada sobre gratuitos y reiterados juicios de intenciones, Ancos y Bacigalupo, Bacigalupo y Ancos, le condenaban por un delito continuado de prevaricación, imponiéndole quince años de inhabilitación especial para ejercer cualquier empleo o cargo público, con la pérdida de su condición de juez durante el tiempo de la condena. El tercer magistrado, Martínez Pereda, calificaba en su voto particular la sentencia de «insólita y anómala», y alegaba que Liaño «puede parecer iluminado, pero es honesto».

A falta de móviles materiales o de lucro personal, que no los había, los «bacigalupos», sin el mínimo escrúpulo ni pudor intelectual, hurgaban en la psique del juez Gómez de Liaño, presuponiendo en ella un indubitado afán prevaricador y afirmando, además, que no había indicios de delito para investigar a los gestores de Sogecable, tema sobre el que ni podían ni debían pronunciarse.

Polanco se ha cobrado en instancia judicial la humilde pieza del juez que osó ponerlo en dificultades, enseñando con ello el camino a seguir a quienes pronto habrán de sentarse en el banquillo como presuntos autores de un crimen de Estado tan terrible como el asesinato de Lasa y Zabala, otro sumario instruido por el juez Liaño.

Cuatro de los magistrados que votaron a favor de la absolución de Vera y Barrionuevo en el caso Marey han tenido papel estelar en la «fumigación» del juez Gómez de Liaño. Los cuatro, fervorosos seguidores de la causa felipista: Jiménez Villarejo abrió el expediente disciplinario e instó a que se procediera contra él por prevaricación; Martín Canivell instruyó la querella y dictó el procesamiento, y García Ancos y Bacigalupo remataron la faena. Y todo ello con la colaboración del abogado Rodríguez Menéndez (el ninot que mueve por control remoto Matías Cortés), que ejerció la acción popular codo con codo con Polanco y Cebrián y transmitió su talla moral al resto del elenco.

Y mientras esto ocurría, el Gobierno, perdida la batalla de la Justicia, escondía la cabeza bajo el ala, tratando de que nadie reparara en su atronador papel de «Tancredo», sin darse cuenta de que el poder sigue estando en las mismas manos, las de siempre, porque aquí nada o muy poco ha cambiado, y José María Aznar corre el riesgo de ser apenas el zapatero remendón de un sistema agotado y corrupto de arriba abajo, capaz de contemplar sin estremecerse fechorías como ésta, capaz de asistir inane al espectáculo de un tipo, el más poderoso del país, llevándose por delante a un juez «por cojones», que es como ese prócer hace las cosas.

«Pero, por desgracia, no es un error que pague sólo el Gobierno —aseguraba Jiménez Losantos en su columna de ABC del domingo 17 de octubre—. La inseguridad jurídica, la burla al Estado de Derecho, la idea popular de que hay una persona, una empresa, un poder por encima de cualquier poder legítimo, hace inevitable mella en la conciencia ciudadana. Afecta a la seguridad, pero también a la libertad. Asusta a las conciencias, pero, además, distorsiona las conductas. Es una injusticia contra uno solo, pero nadie queda a salvo de ella. Y menos que nadie, el poder legítimo, cuya misma legitimidad queda vulnerada».

* * *

El poder del primer querellado en el caso Sogecable es tal en la España fin de siglo que su sola presencia en la causa ha puesto patas arriba el frágil andamiaje de la Justicia, haciendo saltar por los aires las vergüenzas de unos, los compromisos de otros y la iniquidad de casi todos. Ni uno solo de los que le debían un favor a Prisa o al PSOE, su alma gemela, pudieron escabullirse sin quedar retratados en la guerra. Todo el mundo tuvo que quitarse la careta de las fidelidades y los compromisos, mientras doña Justicia, esa dama ciega a la que se suele representar como una cariátide ajena a las humanas pasiones, vagaba sin rumbo por los pasillos de los palacios de Justicia.

Por eso, el caso Sogecable escenifica el punto culminante de la crisis que desde hace años mantiene postrada, casi en estado agónico, a la Justicia española, el exponente de un poder judicial fuerte con los débiles y débil con los fuertes, la confirmación de que los poderosos exigen y obtienen un tratamiento especial. Sabíamos que eso era cierto, pero nunca la evidencia había sido más obscena.

Es, al mismo tiempo, una crisis en la que participan activamente los medios de comunicación y los partidos políticos, divididos todos, como un exacto trasunto de la sociedad española, en las dos Españas, las famosas e irreconciliables dos Españas. Sólo que aquí los papeles están cambiados. La España que hace dos décadas se decía progresista y avanzada, amante de una Justicia igual para todos y de toda una serie de valores que caracterizaban a la izquierda, se ha transmutado en la España retrógrada defensora a capa y espada de los privilegios de ese nuevo señor cuasi feudal que es Polanco.

6
EL FELIPISMO O LA CONSPIRACIÓN PERMANENTE

Cuando la suegra de Jesús Santaella leía los periódicos o veía la tele, un gesto de indignación la asaltaba de inmediato: ¡pero qué cara tienen!, ¿cómo pueden hablar de chantaje?, ¿qué chantaje?

Ella, lega en las artes de la manipulación, nunca hubiera podido sospechar que alguien con habilidad y medios suficientes pudiera dar la vuelta a la realidad como si de un calcetín se tratara. «Pero si yo he cogido el teléfono montones de veces a “don José”, que así se presentaba, “don José”,… “¿De parte de quién?”, preguntaba yo. “De don José”, decía Pepe Barrionuevo con un tono de voz inconfundible. ¿Cómo pueden ahora decir que tú les chantajeabas? Y lo mismo Belloch, ¡Si eran ellos los que te llamaban! ¿Cómo pueden mentir de esta manera?».

El 4 de febrero de 1995, el abogado Jesús Santaella recibió una llamada de un magistrado en activo, poco conocido, íntimo amigo de José Barrionuevo y bastante, también, de Santaella. Mario Conde había salido de la cárcel de Alcalá apenas unos días antes, el 31 de enero del mismo año, y el diario El Mundo era todos los días una feria de muestras por la que desfilaban los más variados escándalos del felipismo: ya se habían producido las declaraciones de los ex policías Amedo y Domínguez y se sabía de la existencia de unas cuentas en Suiza en las que el Gobierno les había abonado 200 millones de pesetas por guardar silencio.

El magistrado habló al abogado como un colega quejoso por la negativa marcha de las cosas:

—Hay que ver cómo está todo de mal, escándalo tras escándalo… El pobre Pepe no sabe dónde meterse, habría que intentar calmar las cosas, hacer algo. Yo creo que esto sólo pueden arreglarlo dos personas, que son Mario y Barrionuevo.

—¿Tú crees?

—Por supuesto.

—Hombre, podría ser respondió —Santaella—. Tu amigo está muy próximo a Felipe, y yo creo que son Mario y Felipe los que de verdad tendrían que ponerse de acuerdo y poner sordina en esta pelea.

—¿Y tú piensas que Mario podría entrevistarse con Barrionuevo?

—Pues, en principio, no veo inconveniente, pero se lo diré y te transmitiré la respuesta.

José Barrionuevo se apresuró a contactar con Mario Conde en cuanto el coronel Perote salió a la palestra. El ex ministro sabía que Julián Sancristóbal había estado con el banquero en la cárcel, que ambos habían establecido una buena relación y que el ex director general de Seguridad le había contado cosas, de modo que, cuando Mario recobró la libertad, «don José» se dijo: «Este tío es un peligro ahora; me interesa tenderle la mano».

Conde no se fiaba de ese acercamiento, recelaba, y fue Santaella quien tuvo que animarle:

—Hombre, no puedo pensar que estos tíos estén tan locos como para tratar de engañarte, al contrario, están en el poder y pueden ayudarte. Me parece que todo lo que sea hablar es bueno. Creo que deberías verle y enterarte de lo que ofrecen, por intentarlo no pierdes nada. ¿Qué podemos hacer nosotros por ellos? Como poco saben que podemos deslizar mensajes en un lado y en otro y crear un clima de opinión que venga bien a sus fines.

Y el ex banquero, asediado, cogió la oportunidad al vuelo.

—Venga, tira palante…

Así empezó lo que podría denominarse «teoría y práctica de la conspiración permanente», conspiración antifelipista, por supuesto, filosofía suburbial que presidió el último año de González en el Gobierno y buena parte de la legislatura Aznar. El final canceroso del felipismo se manifestó con los estertores de «la conspiración», muestra del agotamiento de un sistema incapaz de producir más que basura conceptual con la que, cual tinta de calamar, tratar de oscurecer las miserias morales y materiales de un régimen.

* * *

La primera entrevista entre Barrionuevo y Santaella, celebrada en la casa que el primero posee en Alpedrete, en la sierra de Madrid, marcó las pautas de las que vendrían después. El ex ministro del Interior, hombre directo y escasamente sutil, repetía por activa y pasiva que lo que se había hecho con Mario era «una barbaridad» y que ellos iban a hacer todo lo posible por arreglarlo, iban a influir sobre el Banco de España, iban a… A cambio, «Pepe», igualmente claro a la hora de manifestar sus preocupaciones, pedía que Conde presionara e influyera sobre Pedrojota, «porque vosotros podéis hacerlo», para que El Mundo parara la sangría que el periódico provocaba todos los días en el maltrecho cuerpo socialista. Las grandes líneas del pacto quedaron perfiladas: arreglo del caso Banesto a cambio del silencio de El Mundo.

Santaella y Barrionuevo se vieron no menos de una docena de veces entre febrero y abril del 95, sin contar el más de medio centenar de conversaciones telefónicas que mantuvieron.

El propio Mario Conde se entrevistó con Barrionuevo en la casa de la sierra madrileña. Fue un encuentro largo, que se prolongó de once de la mañana a una y media de la tarde.

Santaella creía firmemente que el ex ministro era buena persona, y así se lo manifestaba a Conde cuando éste le hacía partícipe de sus cuitas: pero ¿tú crees que Barrionuevo es de fiar?… Mario no lo tenía claro. Unos me dicen que es un tío cojonudo, leal y noble, que es lo que opina Julián Sancristóbal, pero otros me comentaron ya hace tiempo que se trata de un verdadero cabrón que engaña hasta a su padre si hace falta, que es lo que opina de él Jesús Polanco.

Pero, con el paso de las semanas, el abogado se fue dando cuenta de que aquella relación no conducía a ningún sitio. Casi tres meses mareando la perdiz sin ningún resultado concreto. Santaella había redactado varios papeles exponiendo distintas alternativas para ir desbrozando el camino, informes sobre cómo se podían hacer las cosas para reducir a cero la tensión Banesto y encauzar el asunto judicialmente. Ni el menor avance.

El abogado se deshacía en apremios: tenéis el poder, controláis la mayoría de los medios de comunicación, disponéis de dinero… ¿Qué os pasa? ¡No entiendo por qué no dais un paso al frente de una vez! Al contrario, todo eran excusas, joder, que los funcionarios no se dejan, que esto es muy difícil; pero no fastidies —replicaba Santaella—, de la misma forma que disteis la orden al Banco de España de intervenir decidle ahora que, pasito a pasito, vaya echándole agua al fuego. Conde sospechaba que lo que el ex ministro del Interior pretendía era, simplemente, ganar tiempo.

En ello estaban cuando, a través de El Siglo, un semanario marginal que tanto el PSOE como el Grupo Prisa solían utilizar para disparar los obuses menos sofisticados (la estrategia era siempre la misma: primero «disparaban» desde El Siglo o similares y, si al día siguiente y en función de la rentabilidad política lo consideraban pertinente, Prisa recogía el material del cubo de la basura y lo elevaba a la categoría de información desde las nobles páginas de El País o las ubicuas antenas de la SER), el Gobierno descargó un zarpazo contra el ex banquero cuando aparentemente no había razón para ello en aquellas fechas. Decía la revista que Conde, con el «cambio de chaqueta» de Amedo y Domínguez, le estaba echando un pulso al Estado.

¿A qué podía responder aquella bofetada? El abogado se enteró por una confidencia de que la fuente había sido el Ministerio del Interior, y que era personalmente Juan Alberto Belloch quien estaba metido en faena, aunque no se sabía muy bien con qué misterioso objetivo. Santaella decidió llamar a Belloch.

El abogado visitó al biministro en su despacho y le explicó con todo lujo de detalles que su cliente no estaba en aquel momento metido en ninguna clase de pulsos. Muy al contrario, tanto él como Conde llevaban varios meses hablando con Barrionuevo, con conocimiento del propio Felipe, para rebajar la tensión y encontrar fórmulas de acuerdo.

Y entonces Belloch se destapó recomendándole que no se fiara un pelo de Barrionuevo, habla sólo conmigo, fíate de mí y yo me encargaré de transmitir al presidente la marcha de los contactos. El biministro quería manejar personalmente la aguja de marear. Y Santaella se entrevistó con Belloch al menos una docena de veces, visitándole en su despacho del palacio de Parcén, sede del Ministerio de Justicia, y ello sin contar las conversaciones telefónicas mantenidas (el abogado guarda todavía el tarjetón que el ministro le dio de su puño y letra con sus teléfonos privados).

Pero transcurrió el mes de mayo y no sólo no ocurrió nada en la dirección deseada sino que se produjeron algunos acontecimientos que remaban en sentido contrario. Por ejemplo, se anunció la prórroga de García-Castellón (quien, recién llegado de Valladolid, se había convertido en el azote de Conde) como juez especial del caso Banesto, en contra de lo que el propio Belloch había prometido a Santaella.

La defensa del ex banquero recurrió esa prórroga y Belloch garantizó entonces al abogado que el Tribunal Supremo arreglaría el asunto suspendiendo el nombramiento, pero, de nuevo, nada de eso ocurrió, sino todo lo contrario. El biministro parecía estar tomándoles el pelo, o alguien se lo estaba tomando a él.

Era preciso subir un peldaño más y llegar a la fuente de poder. El abogado Santaella se fue entonces a ver a Adolfo Suárez, de quien había sido subsecretario de Justicia en los gobiernos de la UCD, dispuesto a pedirle un favor. Felipe González tenía que saber lo que estaba pasando.

Y para animar a unos y a otros, con puntualidad que a algunos podría parecer sospechosa, el 12 de junio del 95, el diario El Mundo empezó a publicar el escándalo de las escuchas ilegales del Cesid, que llegó a afectar incluso a Su Majestad el Rey Juan Carlos.

Unos días después, el 19 de junio, el coronel Juan Alberto Perote era detenido en Madrid. Su abogado, para sorpresa de La Moncloa, resultaba ser también Jesús Santaella. Un hombre clave, sin duda alguna, colocado en el meollo de los asuntos más calientes de la política española. Felipe González no salía de su asombro. Quizá sería conveniente empezar a tomárselo en serio.

Como Santaella lo había previsto, Adolfo Suárez, el gran componedor de la democracia española, llamó a su casa con la ansiada respuesta. El duque era portador de un mensaje importante: Felipe estaba dispuesto a recibirles a él y a Mario Conde el jueves 23 de junio del 95.

* * *

Se trataba de una reunión planteada, en principio, a cuatro, pero Mario decidió muy al final no acudir porque ya desconfiaba de todo el mundo. ¿No le tendrían preparada alguna trampa? De modo que, casi en vísperas del encuentro, Santaella llamó al político abulense con un mensaje:

—Conde no irá a esa entrevista en ningún caso, pero yo estoy dispuesto a acudir en su nombre.

—No creo que haya problema en que vayas solo, pero lo anunciare y te comunicare la respuesta.

Lo hizo al poco rato:

—No hay problema: te esperan. A partir de este momento, Juan Alberto Belloch se pondrá en contacto contigo para concretar los detalles.

El biministro, en efecto, llamó varias veces al despacho del letrado a lo largo del día 22, sin éxito. Santaella había decidido encarecer la mercancía. Belloch llamó de nuevo el 23 por la mañana, sin obtener respuesta, hasta que a primera hora de la tarde, por fin, el abogado decidió atender la llamada:

—Felipe nos recibe en Moncloa a las ocho de la tarde.

—De acuerdo.

—Estate a las siete y media en Parcén, para irnos juntos desde allí.

Sentado frente al presidente del Gobierno, Santaella realizó una exposición de los agravios de sus defendidos, empezando por la situación de Perote, una ignominia lo de este hombre, que tenía que estar en la calle de todas todas, y Felipe que no, que donde mejor está ahora es en Alcalá, porque los militares están tan cabreados que si estuviera fuera a lo peor le pasaba algo más grave que la cárcel…

—De acuerdo, estará muy bien en la cárcel y a lo mejor le habéis hecho un favor —protestó Santaella—, pero que sepáis que desde el punto de vista de vuestros intereses habéis metido la pata hasta el corvejón sacando a la palestra a Perote.

—¿Por qué?

—¿Es que no os dais cuenta de que le habéis puesto a los pies de los caballos en el caso GAL? Ahora todo el mundo piensa que lo habéis encerrado porque sabe mucho del GAL y, de hecho, lo primero que ha hecho Garzón ha sido llamarlo a declarar.

—Es posible que tengas razón. Y ¿qué habría que hacer según tú?

—Lo primero, desactivar el caso Perote.

—¿Cómo se desactiva eso?

—¡Pues poniéndolo en libertad!

El abogado aseguró que había una posibilidad de garantizar el silencio del coronel, y en tal sentido comentó los términos de un borrador que portaba en su cartera.

Pero el pez gordo que interesaba a González era Mario, un personaje por el que nunca había dejado de sentir una cierta fascinación, un sentimiento que era compartido por Conde, quizá porque poder llama a poder, y ambos son dos animales políticos como seguramente ha parido pocos este país.

—¿Cómo está Mario?

—Pues está muy bien, tranquilo y relajado.

—Me alegro. ¿Y cómo está ahora mismo lo suyo?

El letrado efectuó entonces una descripción de los tres frentes en los que se jugaba la partida: el penal, el administrativo y el civil. En cuanto al primero, por la Audiencia Nacional circulaba el caso Argentia, además del propio caso Banesto. Por el segundo se estaba instruyendo el expediente sancionador del Banco de España contra los administradores de la entidad. Y en cuanto al frente civil estaban en curso las impugnaciones de todas las juntas de accionistas de Banesto que se habían celebrado.

Santaella realizó un rápido análisis jurídico de cada uno de los frentes y de las posibilidades que había de irlos ensamblando en un mismo paquete para llegar a una gran transacción que necesariamente debía contemplar tres aspectos: por un lado, el Banco de España, como autor de la intervención; por otro, los antiguos administradores de Banesto; y, por fin, los nuevos propietarios del banco, la familia Botín. Ello con el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, de forma que se cerrasen de una vez todos los pleitos que estaban enfrentando al banco emisor y a Banesto contra los antiguos accionistas.

—En cuanto al tema penal, que es el más difícil, pues ahí se trataría de, con mucha habilidad, ir…

—No, si eso ya lo sé —interrumpió Felipe—. Ya me han informado de que Mario no va a ir a la cárcel porque ahí no hay nada, pero, bueno, y Mario ¿qué quiere?

—Pues, hombre, Mario no quiere nada. Sabe que la presidencia de Banesto está perdida y que lo pasado, pasado está, pero…

—Por supuesto, la intervención de Banesto es irreversible —remachó, tajante, el entonces presidente.

—Ya, pero ahí ha habido unos perjuicios patrimoniales muy fuertes, tanto para él como para sus consejeros. Hombre, yo creo que el objetivo sería tratar de restablecer a los perjudicados por el acto de intervención en la situación patrimonial que tenían a 28 de diciembre del 93, como si no hubiera ocurrido. Sobre la base de que van a perder las acciones de Banesto, y de que han perdido, lógicamente, sus cargos en el consejo del banco.

—Te repito que eso es innegociable.

—Me imagino, pero eso no es incompatible con indemnizar a los perjudicados restableciéndoles en la situación que tenían.

—Pero, y eso, ¿cuánto es?

—Pues no lo sé, porque yo no soy especialista en eso, pero supongo que se puede calcular.

—Sí se puede, presidente —intervino Belloch—, y no te preocupes, que eso está en marcha, que de los números ya se encarga Zabalza.

—Pero, ¿cómo cuánto podría ser? dime una cifra… —insistía González, mirando directamente a los ojos a Santaella.

—Presidente, es que en estos momentos es muy prematuro dar una cifra.

—Pero, ¿cuánto?…

—Que no lo sé. Puede estar entre los 10.000 y los 20.000 millones, porque habría que acumular el valor de las acciones, los contratos blindados que tenían como directivos, los intereses desde esa fecha… Entendiendo, naturalmente, que si estamos en una transacción pues todo es negociable, claro; quiero decir que a cambio de llegar a un acuerdo se puede renunciar a una serie de cosas.

—Insisto, ¿cuánto es? Porque ese abanico de cifras es muy grande.

—Lo que te he dicho, presidente, entre 10.000 y 20.000 millones, de ese orden de cosas, yo no puedo aquilatar más.

—Pero ¿te das cuenta de que 20.000 millones es más del 30 por 100 de los beneficios del Santander?… ¡Botín no suelta una cantidad así ni en broma!

En ese momento acudió de nuevo Belloch al quite:

—Presidente, Pedro Solbes ya ha hablado con Botín de esto, y Botín sabe que más pronto o más tarde va a tener que pagar.

—Además —retomó el hilo Santaella—, no se trata de entrar a hablar aquí de porcentajes. Esta es una operación que se puede hacer en diez años sin necesidad de tener que pagar cash, y que además puede estar sujeta a una serie de condiciones, por ejemplo, si te preocupa que Mario pueda entrar en política…

—Ni hablar, a mí no me preocupa eso en absoluto.

—Bueno, quiero decir que si te preocupara tal eventualidad, éste podría ser un mecanismo muy bueno para disuadirle, dejando constancia de que si entra en política deja de cobrar la cantidad que se haya pactado… Pero mi creencia es que eso no se va a producir, entre otras cosas porque Mario está dispuesto a irse de España e instalarse en Argentina.

Mario estaba de acuerdo y ya lo había hablado con Lourdes: pasamos unos años en Argentina (cuyo ministro de Economía era muy amigo suyo) donde tenemos un buen patrimonio, tengo ahora cuarenta y siete años, volvería con cincuenta y cinco, con dinero y todavía con muchas posibilidades de hacer cosas y enderezar el rumbo torcido.

La contrapartida a tan magnífica predisposición para saldar los pleitos de Mario Conde tenía nombre propio y vocación de medio de comunicación libre: el diario El Mundo. El felipismo, obsesionado con el periódico, quería tapar aquella boca a cualquier precio, «Nos pidieron, y de forma reiterada, algo que nosotros no podíamos conseguir salvo por la vía de convicción».

—Es que vosotros sois los que podéis parar a El Mundo —repetía González.

—Pues ya me contarás cómo, presidente —replicaba Santaella.

—Porque Mario es el propietario del 45 por 100 del periódico.

—Eso no es cierto. Una cosa es que Mario pueda tener cierto ascendiente sobre el director, como demostró en señalada ocasión mediando ante el auténtico propietario de ese 45 por 100, los italianos del grupo Rizzoli, pero no tiene esa capacidad de control sobre Pedrojota que le suponéis.

—Mira, que ésas no son nuestras informaciones, ni es lo que dice cierta persona muy importante de este país que también se vio envuelto en aquel episodio.

—¿Te refieres al Rey?

—No me refiero a nadie. Lo que quiero decir es que vosotros podéis arreglar eso.

—Que no, que no, que estáis muy equivocados. Otra cosa es que, por vía de convicción, podamos hacerle ver al director de ese periódico que a lo mejor no es bueno para nadie un ataque tan desaforado, pero ahí no podemos garantizar ningún tipo de resultado.

Era el argumento al que se había agarrado Barrionuevo cuando exigía a Mario que vendiera su 45 por 100 de El Mundo, y a ese soniquete se aferró todo el PSOE, Belloch incluido. Santaella se esforzaba por encontrar una posible salida:

—Insisto en que eso no es así, ahora bien, si de lo que se trata es de que los italianos suelten ese paquete para colocarlo en otras manos, pues a lo mejor nosotros podemos intentarlo. ¿Cuanto vale ese 45 por 100? ¿Siete mil millones de pesetas? Bueno, pues nos dais el dinero y se intenta.

La entrevista terminó con una pregunta clave que formuló Santaella y una respuesta contundente de Felipe González, que venía a ser el certificado de garantía del pacto con Conde:

—Entonces, presidente, ¿nos encargas a Juan Alberto y a mí que demos los pasos necesarios para solucionar todo esto?

—Sí, sí, naturalmente, adelante —respondió sin dudarlo.

Era una operación perfecta, o eso pensaba Santaella, porque cerraba globalmente la herida de Banesto y se reglaban los pagos difiriéndolos en el tiempo, con lo cual eran fácilmente asimilables por el beneficiario de la intervención, el señor Botín, y con el control que el PSOE tenía de buena parte de la prensa, de la Justicia y de casi todo lo demás a Felipe le hubiera resultado fácil saldar esta cuestión. A cambio, la guerrilla de Conde rendía a los pies del emperador González toda su munición informativa. «Nunca se sabrá del todo por qué, pero, en vez de hacerlo así, decidieron ir por las bravas, y por eso están hoy donde están: en la oposición».

* * *

La entrevista terminó a las 9,15 de la noche de aquel 23 de junio de 1995. Belloch, que había acompañado a Santaella a Moncloa desde el Ministerio de Justicia, se quedó en Presidencia hablando con Rubalcaba, y como alguien tenía que devolverle a San Bernardo, donde el abogado había dejado su coche con el chófer de Mariano Gómez de Liaño al volante, el biministro pidió a Rubalcaba que le prestara el suyo, de modo que fueron el chófer y el coche del portavoz del Gobierno los que devolvieron a Santaella al palacio de Parcén.

Santaella llegó a la sede de Justicia a las 9,30. Tras dar las gracias al chófer de Rubalcaba se introdujo en su coqueto Jaguar Sovereign verde que le condujo al restaurante Lur Maitea, en la calle Fernando el Santo, donde el abogado había quedado para cenar con Mario y el propio Gómez de Liaño a fin de evaluar los resultados de este trascendental primer asalto, pero en el corto trayecto que media entre San Bernardo y el restaurante sonó el teléfono móvil del letrado. Era Luis María Ansón, que, sin preámbulo de ninguna clase, le espetó:

—¿Qué tal te ha ido en la reunión, Jesús?

—¿Cómo dices?

—Sí, sí ¿qué tal ha ido eso?

—¡Ah!, bien, bien… pero ya hablaremos, ya hablaremos.

Santaella colgó desconcertado. Y, aturdido al descubrir que acababa de salir de Moncloa y Ansón ya sabía perfectamente de dónde venía, una sensación de pánico le invadió de repente: era fundamental que el encuentro no se filtrase a los medios de comunicación. Y éste, ¿cómo coño lo sabe? Ni Conde, ni Mariano, ni él mismo se lo habían dicho a nadie. Al contrario, expresamente se habían juramentado para no contarlo ni a sus mujeres. Sabían lo que se jugaban en el envite. Pero Ansón, pregonero mayor del Reino, estaba al corriente.

Alguien del otro bando tenía que haberlo filtrado. ¿Quiénes estaban al tanto en la acera de enfrente? Lo conocían Felipe y Belloch, naturalmente, y también Adolfo Suárez, que había sido el intermediario. Pudiera ser que también Serra (era lógico pensar que el Cesid tenía que estar al corriente) y Rubalcaba lo supieran, pero Santaella no tenía constancia de que así fuera. En el secreto del asunto andaban seis personas, los seis citados. Y si del entorno de Mario no había salido, la filtración tenía que proceder del lado del Gobierno. Mario Conde tuvo entonces una sospecha: ¿sería Luis María Ansón lo que en la jerga del espionaje se llama un «agente doble»?

Había sido una entrevista distendida, cordial incluso. El «embajador» de Conde y Perote estuvo, como no podía ser de otro modo, más suave que un guante. Aquélla podía ser una oportunidad única de prestar a sus clientes un servicio impagable, enderezando unos derroteros que, por el escabroso sendero de los tribunales de Justicia, difícilmente podrían arribar a buen puerto. Para el presidente del Gobierno y sus adláteres, por su parte, aquel hombre estaba en situación de poner punto final a un rosario de escándalos que estaban haciendo al partido un daño tremendo desde todos los puntos de vista.

Felipe González, que estaba por el pacto, encargó a Belloch y a Santaella desarrollar el acuerdo. El abogado, tras alabar las potencialidades de la estación veraniega como bálsamo amortiguador de todo tipo de escándalos y decisiones administrativas de dudosa legalidad, adujo que agosto era un mes perfecto, «porque la gente está en la playa», para poner en marcha el proceso e ir desactivando frentes con la discreción debida. «Tenemos suerte, si la sabemos aprovechar». Se estableció entonces un plan de trabajo, con asignación de tareas concretas. Y todos convinieron en que les parecía perfecto.

Días después de aquella reunión, mes de julio en marcha, Moncloa designó como interlocutores a José Enrique Serrano y a Antonio («Toni») Zabalza. Ocurrió que este último desapareció muy pronto de la escena, ocupado por aquellos días en negociar con las autoridades de Kuwait la solución al problema planteado con las inversiones de KIO en España tras el paso del ciclón De la Rosa, en un esquema muy parecido al planteado por Santaella para sus dos llamativos clientes. Quedó en liza Serrano, con quien el abogado empezó a tratar el caso Conde. Para el contencioso del coronel Juan Alberto Perote, La Moncloa designó como interlocutor de Santaella al general Jesús del Olmo, ex secretario general del Cesid.

Por expreso deseo de «La Casa», Santaella y Del Olmo se reunieron por primera vez en la habitación 501 del hotel Velázquez, en la madrileña calle del mismo nombre, con la intención evidente de grabar el encuentro mediante la correspondiente cámara oculta. El abogado llegó a la puerta de la habitación y llamó. Le abrió el propio militar, y al letrado le dio la risa floja. La situación era un tanto peculiar: dos hombres en la habitación de un hotel. Podría haber pensado otra cosa, pero ésa fue la que acudió a su mente, ¡coño, Jesús!, se le ocurrió decirle, la próxima vez nos vemos en un sitio más normal, porque como nos vea alguien va a pensar mal de nosotros… El militar se puso extrañamente serio, como cohibido, y calló.

A los quince días de la entrevista, el coronel Perote salió de la cárcel de forma fulminante. Belloch, comprendiendo el alcance de la equivocación cometida, se dio toda la prisa del mundo en enmendar su error.

De acuerdo con lo pactado ante Felipe, el biministro tenía mucha tela que cortar durante el verano para ir deshaciendo técnicamente los asuntos pendientes. En el caso Perote, hacer que el juzgado militar se inhibiese en favor de la Sala 5ª de lo militar, una sala mixta donde, con el apoyo de una serie de argumentos jurídicos de peso, cabía esperar que el «cabreo» militar se diluyera hasta que el caso quedara archivado de la mano de los magistrados civiles.

Había que actuar sobre el Banco de España en el asunto Conde. En aquel momento, el banco emisor todavía no había remitido el famoso informe de los peritos y tenía pendiente otro de los auditores. Bastaba con que ambos fueran de verdad imparciales para, incorporados al sumario Banesto, confirmar la ausencia de base incriminatoria.

Serra, por su parte, tenía que hablar con Botín para calibrar su disposición a participar en algún tipo de arreglo y animarle a ello. La existencia de una serie de procedimientos de impugnación de juntas en curso permitía suponer que el banquero consideraría la posibilidad de entrar en una eventual transacción.

* * *

Pero no se hizo nada en absoluto, fundamentalmente porque la liberación de Perote surtió un efecto sedante sobre el proceso. Y es que el verdadero pánico del Gobierno residía en aquellos momentos en el coronel Perote, en la importancia de los secretos que Perote se había llevado consigo del Cesid y en lo que Perote pudiera hacer o decir. Por eso, aceptando la sugerencia de Santaella, lo pusieron de inmediato en la calle. Y transcurrió la segunda quincena de julio sin que pasara nada. Ni un sobresalto. Y empezó a correr el mes de agosto y tampoco ocurrió nada. Seguía la calma. Esto ya está desactivado, se dijo Belloch.

Se hicieron algunos movimientos, cierto, de los que José Enrique Serrano iba dando cuenta a Santaella, y que fundamentalmente afectaban a los temas penales de Mario Conde, temas de los que entendía Mariano Gómez de Liaño como abogado del ex banquero. Algunas gestiones se realizaron también con el Banco de España, gestiones que, en pleno mes de agosto, provocaron el enfado de García-Castellón. El juez supo que algo estaba pasando entre bastidores y, temiendo quedar en entredicho, llamó indignado al banco emisor amenazando con que a él no le dejaban colgado de la brocha… El bizarro Castellón había metido en la cárcel a Mario Conde poco menos que fiándose de la palabra de los peritos del banco: hay materia incriminatoria, todavía no está disponible, pero te la daremos…

Los chicos de Belloch se fueron de vacaciones mientras Santaella se quedó en Madrid soportando el duro ferragosto capitalino. Y fueron pasando los días sin que aparentemente ocurriera nada. En realidad, sí que ocurrió. Belloch y su troupe no habían movido un dedo respecto de los compromisos asumidos ante González por ambas partes, pero sí habían intentado instrumentalizar al famoso agente Paesa para «comprar» a Perote, con el fin de desactivar de forma definitiva ese frente y dejar al mismo tiempo a Mario Conde, o eso suponían, a la intemperie, sin «munición» de ninguna clase. Sin embargo, como casi todo lo que emprende el «camarada» Belloch, el intento no prosperó, y en lugar de dividir el bloque Conde-Perote, como pretendían, consiguieron indignar al militar y confirmar las tesis de Mario de que «estos tíos no son de fiar».

Santaella mantuvo otra entrevista con Del Olmo el 28 de agosto, y una más con éste y con José Enrique Serrano el 1 de septiembre, ocasión que el abogado aprovechó para comunicar a sus interlocutores que renunciaba a desarrollar los compromisos contraídos en la entrevista de Moncloa.

—Decidle al presidente que no estoy en condiciones de poder cumplir lo que me pidió, y no por mi culpa. Aquí habíamos acordado quedarnos en verano para ir solventando asuntos, pero él se ha ido agosto y estamos en la misma situación que teníamos el 23 de junio, y han pasado dos meses y pico. Yo me retiro como profesional y dejo de dar cualquier paso al frente para intentar arreglar las cosas, porque veo que no habéis reaccionado. Decidme lo que queréis que transmita a mis clientes, porque yo aquí vengo como buzón, pero sabed que el día 5 Perote está citado para declarar ante Garzón y el coronel va a responder a todo lo que el juez le pregunte, incluido que él ya advirtió el 28 de septiembre del 83 que iban a empezar las bofetadas al otro lado de la frontera.

En ese momento, Jesús del Olmo, visiblemente indignado, advirtió a Santaella que mucho cuidado, no te pases ni un pelo, que ya conoces lo aficionados que son los muchachos del Cesid a tirar de gatillo… Una advertencia que el abogado tomó como lo que era: una amenaza en toda regla.

El 5 de septiembre Perote declaró efectivamente ante Garzón. Pero la liebre iba a saltar por otro lado, porque lo que casi nadie sabía es que esa misma tarde iba a aparecer Ricardo García Damborenea en escena blandiendo uno de los papeles más comprometedores para González en el caso GAL, la llamada «acta fundacional» de la banda. El estrépito fue ensordecedor, ¡zuuummmbaaa!… El pánico se apoderó de las huestes de González, adiós, éstos han decidido tirar por la calle de en medio y vienen a matarnos.

El lunes 18 de septiembre, el Gobierno filtró en Tiempo la existencia de negociaciones con Conde, y al día siguiente, martes 19 de septiembre, El País explotó a toda pastilla la maravillosa teoría de que Mario Conde había intentado chantajear al Gobierno, con la petición de archivo de las actuaciones judiciales en torno al caso Banesto y 14.000 millones de pesetas, una cifra de la que nunca se habló en la entrevista con Felipe, entre otras cosas porque Santaella tuvo buen cuidado en no caer en esa trampa. Belloch, siempre brillante, hizo la cuenta de la vieja: siete millones de acciones que eran propiedad de Conde, a 2.000 pesetas por acción, 14.000 millones de pesetas.

Los Polancos entraban en liza: la «conspiración» tomaba cuerpo dispuesta a habitar entre nosotros durante los próximos años.

* * *

Felipe había decidido reventar la historia antes de que pudieran hacerlo Conde o el propio Perote, asustado con la deriva que habían tomado los acontecimientos tras la declaración del coronel y la aparición en escena de Damborenea. El miedo que impulsaba a las tropas del general González a romper la baraja se debía a que, si además de esos testimonios llegaba a saberse que el Gobierno había intentado negociar con los apestados, su posición iba a quedar sumamente debilitada. Y, en una muestra más del estado de descomposición en que se encontraba el núcleo duro del felipismo, optaron por pinchar el globo.

Una zapatiesta espectacular. El Grupo Prisa, moviendo todas sus terminales mediáticas, logró poner a la opinión pública contra la pared. El 29 de septiembre volvieron a meter a Juan Alberto Perote en la cárcel. ¿Por qué? Por haber declarado ante Garzón.

Toda la dinámica de «la conspiración», diseñada por ese genio de la intoxicación que es Alfredo Pérez Rubalcaba y gerenciada por Juan Luis Cebrián, se había puesto en marcha. La operación, con toda la fanfarria oficial, no perseguía más que instalar en la mente del electorado un mensaje muy simple: los malos, tan malos que hasta han pretendido chantajearnos, son ellos. Y todo esto lo decían cuando Jesús Santaella llevaba hablando con Pepe Barrionuevo desde el mes de febrero.

El efecto del chaparrón informativo que cayó sobre las posiciones de Conde resultó demoledor. Jesús Santaella quedó achicharrado, como si por sus manos hubiera pasado una descarga eléctrica de alto voltaje. En un rasgo de generosidad que le honra, el abogado decidió dar la cara y salir a la palestra a defender a su cliente: «Prefiero quemarme yo antes de que lo hagas tú: todavía te queda el caso Argentia y todo el juicio Banesto». Santaella aguantó el tirón, con gran sorpresa de los felipistas, soportando a cuerpo serrano los embates de «la conspiración» durante los meses de octubre y noviembre.

Hasta que se le ocurrió aceptar la invitación para acudir a un programa de televisión denominado Las noches de Antena 3. Las presiones sobre Hermida y Oneto para que no se emitiera la entrevista con Santaella fueron tremendas. No lograron su objetivo. Y el abogado, aunque pisó mucho el freno, no se mordió la lengua. Fue entonces cuando definitivamente decidieron ir a por él.

«¿Chantaje por mi parte? —se pregunta Jesús Santaella—. De ningún tipo. Cuando me preguntan si fui a chantajear a Felipe, respondo asombrado: “Pero, oiga, si yo entré allí con dos clientes y salí con tres: Mario, Perote y Felipe”». Se trataba, sin duda, de la tripleta de defendidos más ilustre del momento.

La pregunta clave es: ¿por qué el presidente acepta tener una entrevista en Moncloa, en presencia de Belloch, con un simple abogado y no con Mario Conde? Porque había perdido el control de la situación. González tenía que haber dado la cara en el Parlamento asumiendo su responsabilidad en el caso GAL. Pero le faltó valor. Y, además, apareció un charlatán en escena que le convenció de que con triquiñuelas procesales podía sacarlo del atolladero y solucionar el embrollo, porque contaba con gran predicamento entre los jueces. Las consecuencias de aquel fiasco han llegado hasta hoy, y de ahí la indignación que tantos militantes del PSOE sienten hacia Belloch.

¿Chantaje de Conde? «Muy al contrario. Lo único que pretendía Mario por aquellos días era arreglar sus cosas porque sabía de sobra que la llegada de Aznar al poder podía dejarlo totalmente a la intemperie. Su única posibilidad de arreglo era Felipe».

De hecho, el genio estrafalario de Conde «metomentodo» llegó a parir en aquel momento la brillante idea de realizar una especie de declaración solemne, incluso un gran discurso ante el Parlamento, en favor de Felipe González, diciendo: señores diputados, esto es, por lo que me han contado, lo que pasó de verdad con los GAL, y ahora hagan ustedes lo que quieran con un presidente que puso a ETA en su sitio.

Santaella insistía ante Belloch en que no era demasiado tarde, aún había margen para esa «confesión» parlamentaria, cualquier cosa antes que ir a juicio, «porque el drama de los procedimientos judiciales es que al final su interés va dirigido hacia los aspectos más morbosos del caso, la cal viva, los huesos estibados en bolsas de El Corte Inglés, y esos aspectos tan negativos desaparecen en sede parlamentaria…».

La entrada en liza del abogado le pareció a González un golpe de fortuna, agua de mayo. Lejos de ser el chantajista, desde su perspectiva era poco menos que el salvador que iba a convencer a Mario Conde de que cesara la guerra a cambio de determinadas compensaciones.

Y Adolfo Suárez acabó de convencerlo, diciéndole que si era verdad lo del GAL merecía la pena que intentara utilizar al abogado para arreglarlo, porque era una persona que nunca iba a utilizar esa información para perjudicarlo, sino todo lo contrario. Santaella estaba para ayudar. Y Felipe le pidió que les ayudase. Que les ayudase a desactivar el escándalo de los GAL, columna vertebral de todo el affaire, naturalmente, pero le pidió más, llegó a pedirle que desactivasen a Javier de la Rosa, «que tiene también mucho peligro», y Santaella le respondió que ahí no tenía nada que hacer.

El presidente estaba obsesionado con Pedrojota. Era la misma insistencia por callar a El Mundo que mostraba Rafael Vera ante el propio Perote; ese 45 por 100 era de Conde y de eso no había la menor duda.

No había nada que hacer. Y tanto Barrionuevo en su casa de Alpedrete como Belloch en su despacho insistían ante Santaella en el mismo leit motiv, había que parar a El Mundo, había que frenar a un Pedrojota que estaba provocando una sangría en el colectivo socialista. Ambos estaban convencidos, como el propio Felipe, de que el periódico, además de ser propiedad de Conde, era el que había montado la operación de los GAL con Amedo, Domínguez y Cía., y que don Mario controlaba el proceso. Pero Conde podía hacer poco al respecto, porque el periódico no era suyo. En caso contrario, su suerte habría sido seguramente distinta, puesto que podría haber evitado la cárcel ordenando a Pedrojota otra línea editorial o, simplemente, destituyéndolo como director.

La insistencia de aquellos paladines de la libertad de expresión por acallar a El Mundo era tal que, en un determinado momento, llegaron a plantear seriamente al abogado Santaella la posibilidad, como fórmula alternativa, de que Mario Conde hiciera una oferta a los italianos por el mencionado 45 por 100. Contando siempre con que existía un derecho de retracto por parte de los cuatro socios fundadores, que controlaban el 15 por 100 del capital y que tenían sindicado su paquete con los italianos. Y si los italianos vendían, Pedrojota podía tardar cuarenta y ocho horas en conseguir los apoyos financieros necesarios para comprarlo.

Conspiración, ¿qué conspiración? Luis María Ansón tiene una explicación mucho más radical: «Es verdad: Felipe fue sometido a un chantaje al que quería ceder, y al que no cedió porque no pudo. No pudo conseguir los 14.000 millones que pedía Conde, ni cambiar al juez García-Castellón, que eran las dos condiciones impuestas, de modo que en septiembre decidió hacer frente al chantajista porque no podía cumplir las condiciones del chantaje. Y entonces es cuando se desencadena todo. Ese todo es lo que Santaella llevaba en su cartera, un primer documento que supuso la dimisión de Serra, García Vargas y Alonso Manglano, no nos engañemos, porque Felipe sabía muy bien lo que había en esa cartera, y por eso recibió al chantajista».

Con Jesús Santaella sometido a lapidación en plaza pública a la bíblica manera, los contactos Gobierno-Mario Conde no se interrumpieron en absoluto tras el pinchazo de la famosa conspiración. Ambas partes siguieron hablando hasta primeros del 96, aunque a través de otro interlocutor. El intermediario pasó a ser entonces Horacio Oliva, un abogado de adscripción socialista que precisamente era el defensor de Fernando Garro, íntimo amigo y hombre de confianza que fue de Conde. El misterio Fernando Garro.

El objetivo era llegar directamente a Felipe González a través del «Doctor H. Oliva», como dice su tarjeta de visita, para que fuera él quien abordara directamente la solución del problema dejando al margen a los «traidores». Para el felipismo, el traidor era Santaella. Para Conde, un traidor claro era Belloch, que además se reveló como un traidor tontuelo, pero más traidores aún eran Narcís Serra y Rubalcaba, que fueron quienes reventaron las negociaciones con Santaella.

La secuencia de la información era: Conde-Garro-Oliva-Felipe González. Es evidente, sin embargo, que el Dr. Oliva no llegó a nada. Entre otras cosas porque a finales del 95 la sombra de las elecciones generales anticipadas era ya demasiado evidente y no había nada que hacer. En Moncloa se iba a instalar el peor contexto político posible para la causa de Conde: el PP de José María Aznar, un partido y un líder a quienes el banquero había zaherido con saña durante años, a menudo en compañía de su amigo el Rey de España.

Pero, ¿cuál fue el papel desempeñado por Garro? Mucha gente tiene la certeza de que Fernando fue una pieza útil en la estrategia de González, que nunca pretendió arreglar el problema de Conde, sino simplemente tenerlo controlado, saber qué iba a hacer en cada momento y de qué artillería disponía. El juego parecía estar claro para todo el mundo menos para el propio Mario Conde, un «genio» que al final ha terminado por ser engañado por medio mundo.

* * *

Tras haber montado tan fenomenal aparato eléctrico con la conspiración, los Belloch/Rubalcaba se aplicaron en demostrar la perversidad de Jesús Santaella, el malo de la película, mientras seguían los contactos por otros derroteros. Articularon entonces una doble ofensiva sobre Perote y Conde para lograr que uno y otro rompieran con el letrado y renunciaran a sus servicios profesionales.

«Unas semanas antes de mi juicio —asegura el coronel Perote— vino a visitarme a la cárcel un abogado socialista vasco de nombre Raúl, mandado por Txiki Benegas, para pedirme que rectificara mis manifestaciones inculpatorias ante Garzón “y en veinticuatro horas te sacamos de la cárcel, pero tienes que colaborar y tienes que despedir a tu actual abogado…”. Tuve también varias reuniones con Rafael Vera, que vino a verme con el mismo o parecido mensaje, “te van a caer siete años, así que tú verás lo que haces…”. Me pidió que, a cambio de mi libertad, hiciera unas declaraciones en El País desdiciéndome de lo declarado ante Garzón, y me ofreció periodista, me dijo que se las podía hacer a Ernesto Ekaizer o a Miguel González. Me dio a elegir periodista. Y esto lo dijo ante testigos de mi familia».

Pero Perote se negó en redondo, y cuando Santaella trató de facilitarle la labor aconsejándole que aceptara el trato, el coronel protestó con vehemencia. Y la misma respuesta obtuvieron de Mario Conde.

Los felipistas necesitaban tener un «malo» en cada momento. Tras Santaella le tocaría el turno a Juan Alberto Perote. Así, durante la primera mitad del 96 el malo fue Perote, un traidor que se había vendido a Gadafi y también a ETA, entre otros mercaderes. Un montaje impresionante, en la mejor técnica Rubalcaba.

Santaella consiguió, sin embargo, sacar a Perote de la cárcel en contra de la voluntad del Gobierno. Como el coronel se les terminó escapando entre los dedos por falta de pruebas, a pesar de que el juicio se montó a puerta cerrada, echaron mano entonces de un «tercer malo», que ya no podía ser otro que el propio Mario Conde, el malo malo de verdad, y para demostrarlo soltaron sobre él, gracias a los buenos oficios de Manuel Prado y Colón de Carvajal, la gran traca de la trama suiza que luego se convertiría en el hard core del juicio Banesto.

Tamaño asedio no dejó de causar profundas brechas en las defensas de los perseguidos. Las divisiones internas comenzaron a aflorar en torno a Conde. El fallo de Argentia, muy duro para el ex banquero, condenado a seis años de cárcel por la desaparición de 600 millones que, precisamente ésos, todo el mundo sabe que no se llevó (la sentencia le adjudicó una culpa in vigilando, argumento que colocaría entre rejas al 90 por 100 de los empresarios y banqueros españoles), provocó la división entre Mario y Mariano Gómez de Liaño, su abogado y hombre de confianza de siempre.

Se trataba de una estrategia que buscaba el aislamiento paulatino del ex banquero, mediante una técnica que consistía en arrinconarle cada día un poquito más, pero dejando al mismo tiempo una pequeña ventana abierta a la esperanza, para, a continuación, dar otro paso al frente y estrechar el cerco, aunque, eso sí, con la correspondiente trampilla a una eventual salida pactada.

El banquero tardó mucho tiempo en darse cuenta del juego, y hasta casi el final estuvo confiando en dicha salida, al margen de que estaba convencido de que jurídicamente tenía razón, y de que los tribunales terminarían por dársela. El engaño fue sistemático, como ya indicaba la composición de la sala que debía juzgar en el caso Argentia: de los cinco magistrados que la componían (Villarejo, Bacigalupo, Martín Pallín, Martín Canivel y Román Puerta), sólo uno podía ser calificado como independiente en función de su trayectoria, porque el resto eran PSOE de carnet en boca.

Después de enemistarle con Gómez de Liaño, le calentaron la cabeza diciéndole que Santaella estaba muy desprestigiado y que no podía seguir con él, y, aunque se resistió durante un tiempo, el abogado, cuyo último servicio al banquero fue la presentación del recurso en Estrasburgo, fue quedando aislado del entorno de su asesoría jurídica.

Mariano Gómez de Liaño y Jesús Santaella eran las únicas personas en el entorno de Mario Conde con capacidad para contarle las verdades del barquero. Desde 1994, el gallego no había dado un paso sin que ellos lo supieran, y ellos fueron los responsables de que la práctica totalidad de las locuras que imaginaba en noches llenas de desesperación acabaran en el cubo de la basura. El círculo íntimo de Conde quedó reducido a Enrique Lasarte, César de la Mora y Fernando Garro.

El último golpe, tremendo, en aquella estrategia de aislamiento fue precisamente el de Garro. Aquél era un trauma personal, por cuanto afectaba a los sentimientos, a su mejor amigo de siempre, el «último de Filipinas», Fernando Garro. Y Mario rompió con Fernando a cuenta del caso Argentia. En realidad, a cuenta de algo todavía más grave, a pesar de la dificultad de disculpar a un hombre que consintió en ver desfilar a su mejor amigo camino de la cárcel por no atreverse a confesar que, en un determinado momento, tuvo la tentación de pedir, y quedarse, con un mordisco de los famosos 600 millones de Argentia. Porque para Conde resultó mucho más grave la duda, la sospecha de que si Fernando, su fiel amigo del alma de toda la vida, le había engañado una vez al no decir la verdad en ocasión tan decisiva como el juicio Argentia, no le habría engañado otras veces, no le habría estado engañando durante bastante tiempo haciendo de agente doble, no habría estado actuando en los años duros del 94 al 96 como topo del PSOE. Era una duda brutal que corroía y minaba el corazón del héroe de porcelana.

Al margen de la peripecia personal de Mario Conde, el caso Banesto se ha revelado como un episodio de capital importancia en la pérdida del poder del PSOE. Si la expropiación de Rumasa, otra aberración jurídica digna de tirano bananero, le salió gratis, la intervención de Banesto le costó muy cara. Cuando, en diciembre del 93, Felipe González dio la orden de intervenir el banco, estaba también firmando su sentencia de muerte política. Otra vez se ha demostrado aquello de que los dioses ciegan a quienes quieren perder.

* * *

Tras el cambio de Gobierno provocado por las elecciones generales de marzo del 96, la conspiración «condista» se convertiría en la madre de todas las conspiraciones que, como frutos podridos, irían cayendo del árbol ajado del felipismo durante toda la legislatura Aznar.

Al inicio de la primavera del 97, después de que el Gobierno popular hubiera recogido el guante que con tanta soberbia le había lanzado Jesús Polanco, el establishment crecido a la sombra de los casi catorce años de Gobierno González (el aparato del partido, su brazo ideológico —Prisa—, y los grupos financieros afines) comprendió que la tesis de que Aznar se iba a diluir como un azucarillo se había revelado errónea, y que los planes para un regreso inmediato al poder se desvanecían como un meteorito.

Con los almendros en flor ya estaba claro que la economía iba a ser el cohete propulsor capaz de transportar a José María Aznar y a su Gobierno, en teoría el más inestable de la historia de la democracia española, hasta el final de la legislatura. Y los grupos bancarios (BBV, BCH) que habían abrazado la idea de que el ritorno de González era cuestión de meses, empezaron a tentarse la ropa y marcar distancias. «éstos pueden durar más de lo que habíamos previsto».

Quien primero se dio cuenta, naturalmente, fue el propio González: si Aznar no cae por culpa de su inexperiencia y sus propios errores, habrá que ayudarlo a caer antes de que el crecimiento económico pueda consolidar definitivamente sus opciones. El felipismo se embarcó entonces en la teoría de la «crispación», con la cual se trataba de alentar artificialmente un clima de tensión y de miedo entre la ciudadanía a esa tan denostada «derechona» que, tras muchos años de no tocar poder, estaba ansiosa por intervenir, amenazar y recortar libertades, abusando, en definitiva, del ejercicio del poder por medios antidemocráticos. Crispación porque, no está de más recordarlo, el señor Aznar eligió tras la jura de su cargo el atajo de echar tierra sobre los escándalos en lugar de poner los trapos sucios en manos de los jueces y abrir las ventanas del patio de monipodio felipista al aire serrano.

El felipismo y su brazo mediático enarbolaron por primera vez el estandarte de la crispación con motivo de la denuncia de los 200.000 millones de pesetas perdonados a cerca de 600 personas físicas y jurídicas; volvieron a hacerlo con ocasión de las iniciativas legislativas del Ejecutivo contra Polanco, y repitieron la operación a cuenta de las invectivas que Álvarez Cascos, un hombre poco proclive a morderse la lengua, dedicó a González y su responsabilidad en el caso GAL.

Todas las cualidades de Felipe González como animal político se iban a poner de manifiesto con ocasión del deterioro de las relaciones entre Antonio Asensio y Jesús Polanco.

Como le había advertido alguna de su gente («Antonio, esto no te va a salir gratis»), el dueño del grupo Zeta iba a conocer muy pronto el coste de haberle tomado el pelo al Gobierno con el famoso «pacto de Nochebuena». El editor catalán se había puesto la soga al cuello, y la gente dispuesta a apretar el nudo formaba cola. Era cuestión de saber cuánto podría aguantar.

«Sé que la situación es límite», decía a mediados de marzo Aldo Olcese, el experto empeñado en aclarar la maraña financiera y societaria del editor en Antena 3. Con José Frade dando guerra y la Fiscalía Anticorrupción mirándole las tripas, el editor tenía bloqueada, en espera de la oportuna autorización administrativa que debía expedir Fomento, la transmisión de un 12 por 100 del capital de Antena 3 a una serie de inversores norteamericanos a través del Bank of New York.

Uno de los que habían empezado a apretar la soga era José María Amusátegui. El Gobierno, que conocía de sobra la condición del BCH como socio financiero de Asensio en Antena 3, le estaba apretando a su vez las clavijas a Amusátegui, y Amusátegui ardía en deseos de congraciarse con el Gobierno, Antonio, no puedo más, no puedo más, llamaba alarmado el banquero al editor, me están apretando mucho.

Amusátegui parecía dispuesto a facilitar una salida a cambio del perdón de sus pecados. ¿Cómo? Vendiendo todo o parte del paquete del BCH en Antena 3 a «manos amigas», lo cual, si además fuera a buen precio, supondría un gran favor para el banco, enfrascado en una penosa labor de saneamiento.

Las presiones no se limitaban a Amusátegui y al BCH, sino que alcanzaban a toda la banca, fiel servidora, al final, de los intereses del Gobierno de turno: se trataba de ahogar financieramente a Asensio. Por fortuna para él, también había banca internacional, y por ahí se escapaba el editor, pero ¿hasta cuándo?

Aldo Olcese, experto financiero y hombre de confianza de Asensio en labores de «cuidador», trataba de mentalizarle, un día sí y otro también, sobre la necesidad de volver a ocupar su demarcación natural lejos de Polanco.

—¡Joder, es que vienen a por mi! —se quejaba, alarmado.

La solución final se acercaba conforme avanzaba la primavera. «Cualquier cosa puede ocurrir, porque el elemento clave para el Gobierno es él y no Polanco, y Antonio se ha puesto ya tantas veces colorado que tampoco le importaría demasiado ponerse una vez más —aseguraba Olcese—, Le estoy amenazando con todos los males del mundo, algunos de los cuales me invento».

Y llegó un momento en que Antonio Asensio empezó a despegarse de Polanco. Lejos quedaba ya el clima navideño que condujo a Felipe González a las instalaciones de Antena 3 para una magna entrevista televisada, con todas las fuerzas vivas de la cadena, excepto Carrascal, saliendo a rendirle pleitesía a su llegada. Lejos también los días de enero y febrero en que Polanco hablaba a diario con Asensio para infundirle ánimos y transmitirle confianza en la nueva aventura emprendida.

* * *

Polanco, advirtiendo el paulatino alejamiento de su socio, realizó ímprobos esfuerzos por asegurarse su fidelidad.

Un viernes de primeros de mayo, a las 21,30 horas, Antonio Asensio organizó una rumbosa fiesta en el hotel Ritz de Madrid para celebrar el cincuenta cumpleaños de su mujer, Chantal, una cena de gala, seguida de baile, todo un esplendor, las señoras de traje largo, los caballeros de smoking y, entre los invitados, la joya de la corona: Jesús Polanco en compañía de Mari Luz Barreiros, espléndida, con su melena rubia colgando sobre sus hombros desnudos.

El cántabro había hecho de tripas corazón aceptando la invitación porque venía notando a su socio nervioso y distante, frío, y temía que, bajo la presión del Gobierno, pudiera producirse un giro copernicano de la situación que en nada le beneficiaría.

Y estaba tan dispuesto a hacer lo que fuera menester para impedirlo que el gran tycoon de la prensa española fue capaz aquella noche de abrir el baile sacando a bailar no a Chantal, muñeca de cera envuelta en tules de azul ilusión, no, sino a Montse Fraile, la mujer de José María García, uno de los hombres que más odia el cántabro en el ámbito del panorama informativo español y a quien nunca ha podido soportar.

Ver a Polanco marcarse un pasodoble con Montse Fraile en los brazos fue una de esas cosas que jamás olvidarán algunos de los asistentes al festejo. Porque nunca como entonces quedó claro que los de Polanco y Asensio eran mundos distantes, dos formas incompatibles de entender la vida, dos personalidades difícilmente fusionables, dos hombres, en suma, que jamás se habían fiado uno del otro, unidos coyunturalmente bajo las arañas de cristal de Bohemia del Ritz por el cordón umbilical del dinero.

Nada era, sin embargo, capaz de parar la deriva de Antonio Asensio hacia otros puntos de amarre. Polanco tenía tan claro que su socio se le escapaba que, en un determinado momento, dio la voz de alarma a su amigo Felipe González. No necesitaba decirle nada, porque el «carismático líder» estaba al tanto de los devaneos de Asensio con los Olcese, y de su disposición a «arrepentirse» de sus pecados y volver al redil del PP. Felipe es uno de los hombres mejor informados de España, si no el mejor, y lo es porque sigue recibiendo información puntual del Cesid, los servicios de inteligencia que el PP ni siquiera ha tocado y que el felipismo utilizó siempre para provisionarse de material sensible sobre sus potenciales enemigos.

Felipe y Polanco decidieron cortarle la retirada. A Antonio Asensio le iban a obligar a jugar el terrible papel de Hernán Cortés quemando sus naves. No habría vuelta atrás para él. Al enfrentarlo abiertamente con el Gobierno Aznar no le quedaría más remedio que anclar de forma definitiva en los predios de los felipancos.

Aznar se estaba apuntando el tanto del boom económico en marcha, y González, un hombre que veía en peligro su recuperación política, parecía dispuesto a jugarse el todo por el todo poniendo en línea de combate lo único que realmente controlaba: el grupo de medios de comunicación de su amigo Jesús Polanco.

Así, el 6 de mayo afirmó que España sufría «una preocupante regresión de las libertades» y que se empezaba a «sentir miedo», y cuarenta y ocho horas después denunció una magna conspiración del vicepresidente Álvarez Cascos, a quien acusó de haberse reunido con Amedo en el despacho de Pedrojota para implicarle en el caso GAL.

En aquel mayo caliente del 97 quedaba por estallar la bomba Asensio. Y fue el ex presidente quien quitó la espoleta: «La Moncloa amenazó a Asensio con la cárcel, según Felipe González —decía El País a toda página el 11 de mayo—. El ex presidente aseguro ayer en México que el Gobierno de José María Aznar amenazó a Antonio Asensio, presidente de Antena 3, con “terminar en la cárcel” por el acuerdo alcanzado con Prisa para compartir los derechos de la Liga».

—Pregúntenle a don Antonio Asensio, y si no, a don José Oneto, que recibió la llamada desde la Presidencia, diciendo que, haciendo lo que habían hecho, su jefe terminaría en la cárcel. Y debo decir que Antonio Asensio no se arruga y contestó adecuadamente. Pregúntenle cómo contestó, que es hasta divertido.

González no especificó quién telefoneó:

—¿Fue el presidente? —le preguntaron.

—No digo que sea él, puede ser su portavoz o cualquier otro.

Para el ex presidente, todo formaba parte de una estrategia contra el Grupo Prisa que afectaba sobre todo «a un paquete de acciones muy importante, que es vivir en libertad», y que pretendía «cargarse lo que ellos llaman el felipismo en medios de comunicación».

Aquel 10 de mayo, un día de lluvia pertinaz sobre Madrid, la ira de González calaba de espanto el ánimo de millones de españoles demócratas y de preocupación, cuando no de simple y vulgar miedo, los despachos del Gobierno. Y uno de sus ministros más significados sacó a colación la metáfora del conquistador dispuesto a hundir la nave para evitar la tentación de la vuelta atrás. El aventurero era esta vez Felipe, pero, a diferencia del titular de la historia original, éste no quería ir hacia el futuro, sino alejarse de un pasado que podía llevarlo a dar con sus huesos en el banquillo de los acusados.

Por delante, a tiro de piedra del mes de junio, se erguían los juicios de Perote, Filesa, Roldán y, casi de inmediato, el secuestro de Segundo Marey. Tal era el horizonte atronador de un hombre que había tenido muchísimo poder y que, negándose a aceptar sus responsabilidades, parecía dispuesto a tensar vida política sacando a flote sus peores instintos.

Muchos recordaban entonces una frase, elevada casi a la categoría de filosofía política, del propio Felipe cuando ejercía de líder de una feroz oposición contra Adolfo Suárez: «Yo me pongo al borde del abismo, y si el otro no se raja, soy capaz de tirarme y arrastrarlo conmigo».

Su secreta aspiración se centraba en provocar elecciones generales anticipadas, pero el único que podía hacerle ese favor era Jordi Pujol, de ahí el miedo que se advertía en las filas del PP cada vez que don Jordi radicalizaba sus posturas frente al Gobierno popular.

—Cuando veo que Jordi Pujol marca en exceso los desacuerdos, un tic de preocupación me invade —aseguraba el citado ministro.

* * *

Pepe Oneto estaba aquel sábado 10 de mayo en un concierto y en el entreacto miró el buzón de voz de su móvil y vio que le habían enviado un mensaje desde Antena 3 tratando de localizarle y contándole a grandes rasgos lo ocurrido. Algo le dijo que aquello iba a traer cola. De inmediato llamó a Asensio. Antonio no entendía por qué Felipe había disparado desde México, pero, como instinto no le falta, comprendió enseguida que nada bueno podía derivarse para él de aquello.

La verdad es que había mucha gente al corriente de las bravatas lanzadas por el secretario de Estado de Comunicación contra Antonio Asensio. Aquello era un secreto a voces. El propio Oneto había contado por activa y por pasiva el episodio vivido aquel 23 de diciembre del 96 en que su amigo Miguel Ángel Rodríguez, muy en caliente, tiró de teléfono para advertirle:

—Que sepas, Pepe, que trabajas para un gángster y, como amigo, te avisaré cinco minutos antes, pero vamos a por él. No voy a parar hasta que este tío acabe en la cárcel… Este no sabe lo que ha hecho.

—¡Pero qué estás diciendo, Miguel Ángel! ¿Tú estás loco?

—Que no, que no, Cuéntaselo a tu jefe, cuéntaselo, que se ha ido a Estados Unidos y os ha dejado ahí empantanados.

Oneto se lo contó efectivamente a Asensio.

—Tranquilo, Pepe, no pasa nada.

En los días de vino y rosas que siguieron a la firma del acuerdo del 24 de diciembre, Asensio se lo contó a Polanco, y a Polanco le faltó tiempo para contárselo a su copain González.

Había sido, en todo caso, la bravuconada en caliente de un personaje que se creía burlado en su poder. Pero, puesta en otro contexto y salida de la boca de un ex presidente del Gobierno, aquello parecía la bomba atómica, el fin del mundo: la «derechona» amenazaba con la cárcel a aquellos que se le resistían…

Un par de meses después del episodio navideño, cuando Álvarez Cascos ya había tomado el mando de las operaciones contra Polanco, Rodríguez remitió una nota a Pepe Oneto al final de la cual, como addenda fuera de contexto, incluyó la siguiente leyenda: «Quisiera saber de parte de quién estás en la batalla digital: si al lado de los profesionales o de las empresas».

Oneto le respondió con un tarjetón: «Yo, Miguel Ángel, siempre estoy con los amigos. Cuando un amigo mata a una vieja, siempre digo que algo habrá hecho la vieja…».

El lío montado por la denuncia de Felipe resultó fenomenal. «CiU exige responsabilidades al Gobierno por amenazas a Asensio», decía el titular de El País del 13 de mayo. «En España hay miedo», aseguraba el presidente de Antena 3. «CiU, la coalición nacionalista catalana cuyo apoyo permite al PP seguir gobernando, exigió ayer al Ejecutivo que explique las “gravísimas acusaciones” del presidente de Antena 3 Televisión, Antonio Asensio». Josep Antoni Duran i Lleida, el socio democristiano de Convergencia, se subió al tren en marcha asegurando que «no hay pacto de gobernabilidad ni estabilidad que pueda limitar en lo más mínimo nuestra condena».

El «cañón Bertha» había abierto fuego. El Grupo Prisa puso todas sus baterías en línea, más las de sus aliados (La Vanguardia, El Periódico y Telecinco entre los más significados), y las columnas del templo de la democracia parecieron temblar aquellos días ante el espectacular envite, el derroche de medios, la potencia de fuego de tan fenomenal «armada». La democracia española, en efecto, parecía en peligro.

Por parte de Juan Luis Cebrián, aquél iba a ser un «ensayo con todo». A partir de este caso, cada vez que el dúo Felipe-Polanco decidiera poner contra las cuerdas informativamente hablando al Gobierno, lo lograría sobre la base del ruido mediático, el alboroto, el griterío ensordecedor que no hacía sino poner de manifiesto una y otra vez el imbalance mediático que separaba al Gobierno de la oposición.

Para González, aquél era un ovillo ideal, que podía dejar réditos muy superiores a los de poner en dificultades al Gobierno. En efecto, dada la cercanía de Jordi Pujol a Antonio Asensio, a quien ha considerado siempre su protegido, no hacía falta ser un lince para sospechar que el escándalo iba a poner a prueba la solidez del pacto de gobernabilidad suscrito entre PP y CiU, que era, en definitiva, lo que sostenía a José María Aznar en Moncloa.

¿Hasta qué punto podía Felipe, como se ha insinuado estos años en Madrid, forzar a Jordi Pujol a abandonar a su suerte a José María Aznar provocando un adelanto electoral? ¿Qué muertos, al margen de Banca Catalana, guarda don Felipe González en el jardín de don Jordi?

Que fuera Felipe González quien apretara el gatillo de las amenazas contra Asensio habla a las claras, en cualquier caso, de la escandalosa implicación del ex presidente del Gobierno con el Grupo Prisa, implicación que rebasa los lazos de amistad o la mera afinidad ideológica y que inevitablemente contamina al PSOE. En el mantenimiento de la entente con Asensio había muchos miles de millones de pesetas en juego. Tener trincado a Asensio significaba para Polanco —¿quizá para alguien más?— conservar el monopolio del fútbol por televisión de pago, además de alinear al grupo Zeta y a Antena 3 frente al Gobierno.

Desde el momento en que Felipe hablara en México la madeja no había dejado de liarse. Mientras la tormenta se reflejaba todos los días en las páginas de la prensa, se acercaba el puente de San Isidro y con él la fecha prevista para que Antonio Asensio explicara ante el Parlamento «las amenazas» recibidas, de modo que el entorno del editor decidió permanecer ese puente en Madrid para preparar adecuadamente tan señalado envite.

En torno al dueño de Zeta estaban presentes José Oneto, Manuel Campo, José Manuel Lorenzo, Dalmau Codina… Todos creían que era una locura que Antonio compareciera en el Parlamento, así que se trataba de minimizar los riesgos que esa iniciativa pudiera tener para él con una intervención lo más light posible, en la cual debería tratar de echar mucha agua a la pira que Felipe había diseñado con mimo para que unos cuantos ardieran en ella.

Antonio compartía plenamente esa posición, incluso las cuestiones meramente formales, o de atrezzo, de las que también se había hablado: debía acudir sólo a la carrera de San Jerónimo, nada de escoltas y menos aún rueda de prensa, mucho sosiego, mucha calma, no calentarse por nada del mundo, porque tu objetivo, Antonio, consiste en salvar este trance sin abrir heridas innecesarias, de modo que, a menos que Rodríguez se eche al monte y empiece a decir barbaridades, lo que te obligaría a cambiar el libreto, tú debes pasar por allí con el perfil más bajo posible.

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Todo parecía, pues, atado y bien atado, pero un detalle incidental iba a cambiar el curso de los acontecimientos. Se trataba de Javier Gimeno, consejero delegado de Antena 3, que, crítico con el acuerdo del 24 de diciembre («un disparate»), estaba entonces muy distanciado del empresario catalán.

Gimeno empezó a preocuparse seriamente por su futuro cuando se enteró de que la plana mayor de la casa había estado reunida, en sesiones de sábado y domingo, en torno a Asensio, mientras él, en la mayor de las ignorancias, vacacionaba en Marbella. Pensó entonces que había perdido definitivamente el favor del jefe y cometió la imprudencia de enviarle una carta, «sé que has estado reunido con tu gente este fin de semana, y aunque a mí no me has convocado, quiero que sepas que me tienes a tu disposición para todo, porque soy testigo de excepción de lo ocurrido, que hablé con Pepe Oneto el día de la famosa llamada de Rodríguez, y hablé también con Hermida…».

Con esa carta en su poder, Antonio se frotaba las manos. Ahí iba a estar la prueba del delito. Y para reforzar su efecto llamó a Pepe Oneto y a Jesús Hermida y les pidió que, puesto que Gimeno se había retratado de forma tan generosa, declarándose poco menos que testigo de los cargos contra Rodríguez, ellos hicieran otro tanto y explicasen, con pelos y señales, la forma tan desalmada en que un secretario de Estado le había amenazado con la cárcel.

Hermida se asustó, «esto es una locura, Pepe, de la que vamos a salir todos trasquilados, ya lo verás», pero Pepe Oneto no veía otra salida, «será una locura, Jesús, pero la culpa es del capullo este que ha escrito esa carta, y si el presidente de la compañía nos pide que hagamos nosotros lo mismo, no tenemos escapatoria».

El caso es que Hermida y Oneto escribieron su carta al Rey Mago Asensio, aunque con una condición: esas cartas nunca saldrían de las instalaciones de Antena 3 Televisión.

Y llegó el 19 de mayo, día previsto para la comparecencia del editor, y ese lunes, nadie sabe por qué, Manuel Campo Vidal apareció en escena desde primera hora diciendo que por la tarde quería acompañar a Asensio en su viaje a los infiernos parlamentarios, contraviniendo el acuerdo alcanzado veinticuatro horas antes; insistía en ir con el jefe, quería estar a su lado por encima de todo y, aunque no llegó a entrar a su lado en el recinto, lo acompañó en el coche durante el trayecto, e hizo más, mucho más: le cambió totalmente el discurso.

Campo Vidal, ecce homo, había sido un elemento clave en el cambio de bando de Asensio el 24 de diciembre, y también iba a serlo ahora. El periodista, que se consideraba en Zeta el gran vencedor del pacto de Nochebuena, terminó después mal con Asensio, porque el dueño de Zeta consideró que le estaba traicionando, remando en Audiovisual Sport a favor de Polanco y no de quien le pagaba el sueldo.

Hay datos suficientes, sin embargo, para creer que no solamente fue el ágil verbo de Campo Vidal lo que operó el cambio de papeles de Asensio aquella tarde de mayo camino del Parlamento, sino una llamada telefónica de Jesús Polanco amenazándole con el fuego del infierno si no entraba a matar y se mantenía firme en la denuncia contra las trapacerías de Rodríguez y del Gobierno Aznar. Polanco no estaba dispuesto a consentir que su socio se fuera por la tangente.

Asensio tenía que servir para más altos designios. «Miedo al Gobierno», decía el editorial de El País del 13 de mayo: «Si alguien desde el Gobierno amenaza con la cárcel a un empresario de comunicación —o de cualquier otro sector— por no seguir sus designios a la hora de establecer alianzas empresariales, actúa como un grupo mafioso, y no como un Ejecutivo democrático […]. La concatenación entre las sugerencias de ciertos medios y las actuaciones del Gobierno se ha convertido ya en una regla de comportamiento comprobada en esta legislatura, por lo que a nadie puede extrañar que González y Asensio den carta de naturaleza pública a una evidencia conocida por muchos: que algunos miembros de este Gobierno, en colusión de intereses y propósitos con un grupo de periodistas afines, se han dedicado a realizar presiones incalificables sobre empresarios privados de medios de comunicación».

Ese mismo día, el periódico de Polanco extraía la adecuada moraleja al caso: «El PP llegó al poder con “juego sucio”, según el PSOE. Rodríguez Ibarra afirma que la derecha pudo ganar porque algunos ciudadanos creyeron sus “infamias”».

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En una estrategia perfectamente diseñada para volver del revés la voluntad de Asensio, nada más poner pie en el recinto de la carrera de San Jerónimo el editor se topó con la portavoz socialista, Rosa Conde, que rápidamente le condujo a su despacho y se encerró con él a cal y canto durante media hora al menos. Era evidente que González no iba a permitir que la pieza contra la que había disparado desde México se le escapara viva.

El caso es que Antonio Asensio, hombre normalmente frío, compareció ante sus señorías de la Comisión Constitucional del Congreso dispuesto a embestir como un torito bravo en pos del engaño que le acababan de tender los amigos de Campo Vidal. Olvidando las recomendaciones de los Hermida y compañía, el editor se lanzó por la pendiente que más complacía a don Jesús Polanco, sacando a relucir las cartas escritas por sus subordinados, faltando a la promesa realizada. Un lío monumental. Antonio Asensio estaba definitivamente amarrado a la ribera de los Polancos, que es de lo que se trataba.

«Asensio afirma que el portavoz del Gobierno le amenazó con la cárcel —titulaba El País—, El presidente del grupo Zeta apoyó esta afirmación aportando notas escritas por varios directivos de Antena 3 Televisión, que fueron receptores de otras amenazas de Rodríguez».

La denuncia causó conmoción. «CiU se muestra “horrorizada” e IU cree que Rodríguez debe explicarse», decía, entre otras muchas cosas, el diario de Polanco el 20 de mayo. Pujol era el verdadero objetivo de aquella farsa.

El ruido levantado por la cañonería de Prisa & Asociados resultaba ensordecedor. Como TVE no prestó la atención debida en sus telediarios a la denuncia de Asensio, los socialistas pidieron la dimisión de Sáenz de Buruaga. «No nos asustan —afirmaba Pradera en su editorial del 23 de mayo—. Es inútil empeñarse en situarnos en una facción política, como hace El Mundo para justificar su actitud facciosa […]. El presidente Aznar está encerrado entre su guardia de hierro y nos tememos que su libertad política también».

Más titulares del mismo día 23: «El director de El País denuncia una intromisión ilegítima del Gobierno en los medios: el designio es de Aznar, y Cascos ha tomado la dirección del proyecto». Material adicional del mismo día: «Antonio Franco y Juan Tapia resaltan la persecución judicial a Prisa». «No se bajan del balcón», editorial del 24 de mayo. «No asusten», volvía a pedir Pradera en otro editorial del 25 de mayo.

Pero lo que no esperaban los Polancos es que Miguel Ángel Rodríguez (MAR) se defendiera ante la Comisión parlamentaria con tanta decisión como acierto. En lugar de jugar el papel de víctima propiciatoria, el muchachito de Valladolid jugó el partido al ataque, dejando desarbolada las defensas de los edecanes de González, que perdieron los nervios; tal fue el caso del ex PSUC Solé Tura, quien cometió el desliz de reprochar a Rodríguez su condición de «pueblerino».

Rodríguez, entre otras cosas, exhibió el tarjetón que unos meses antes le había remitido Oneto con referencia a «la vieja», para demostrar que se había querido hacer un océano de una gota de agua.

Al día siguiente del debate, Oneto remitió otro tarjetón a Rodríguez: «La vieja está bien. Te ruego discreción». Rodríguez encajó el tirón de orejas y acusó recibo por el mismo sistema: «El amigo también está bien y también te pide disculpas».

El cabreo de los Polancos con la reacción de MAR rozó el ridículo: «Rodríguez miente y él lo sabe». «Creemos a Asensio, a Oneto y a Hermida frente al mentís de Rodríguez. Redactores de este periódico —y de otros medios de comunicación— le han oído proferir tantas bravuconadas en tono amenazador sobre El País y las otras empresas del Grupo Prisa, que su desmentido a Asensio no nos merece crédito».

Rubalcaba, ese eficaz ministro plenipotenciario que Polanco tiene destacado en el PSOE, puso el dedo en la llaga al recordar que «lo más grave de la amenaza del Gobierno contra Asensio es que se cumplió, porque el fiscal general Úrculo ordenó actuar a la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente de Antena 3».

Y como en España no hay conspiración que se precie en la que no esté presente Mario Conde, el ex banquero, aunque tarde, salió por fin a escena: «Almunia denuncia connivencia entre el Ejecutivo, medios de comunicación, jueces y fiscales. ¿Quién amenazó al empresario Antonio Asensio desde La Moncloa por pactar con Sogecable? ¿Quién se introduce en los expedientes de los contribuyentes de la Agencia Tributaria? ¿Quién es el responsable de la filtración de esos expedientes a algunos medios de comunicación? ¿Qué connivencias existen entre el Gobierno, algunos medios de comunicación, jueces y fiscales para perseguir a empresarios y personas? ¿Por qué aparece siempre o casi siempre detrás de estas cuestiones Mario Conde?».

Pero el intento de moverle la silla a Aznar a través de Jordi Pujol no prosperó, a pesar de que se intentó con toda suerte de reclamos. «Pujol advierte al Gobierno del PP que no le ponga “en una situación imposible”», decía el 15 de mayo El País, que el mismo día titulaba también: «El Gobierno desoye a CiU y pone en peligro los acuerdos del fútbol y las televisiones». El día 18, confundiendo realidad y deseos, Pradera echaba su cuarto a espadas en un editorial titulado «Precaria estabilidad», en el que ahondaba en la debilidad del pacto, las continuas desavenencias entre ambos líderes y la difícil tesitura provocada por la irrupción del caso Asensio.

El riesgo de ruptura se diluyó pronto: Pujol visitó Moncloa y a su salida destrozó las esperanzas de los Polancos: el pacto gozaba de buena salud. El presidente había invitado al Honorable a almorzar en las dependencias privadas de la familia Aznar en el primer piso, y por primera vez se habían tuteado. No hubo referencias a que se hubieran despedido con un beso. El «cañón Bertha» había fracasado de nuevo a pesar de su grueso calibre. Otra vez el Grupo Prisa había medido en exceso el poder del que dispone.

Ni siquiera Jesús Polanco puede edificar castillos en el aire. Porque entre el clima de crispación que querían implantar unos cuantos y el ambiente de paz social que se respiraba en la calle mediaba un abismo. Sólo a los felipancos les salían las cuentas de la crispación.

Pues bien, pasó lo que tenía que pasar: llegó el debate parlamentario sobre el Estado de la Nación, 10 de junio del 97, y se acabaron los fuegos artificiales. Felipe González, que días antes había dicho sentirse «acosado» por el PP, apenas rozó el tópico en su discurso, y lo hizo tarde y mal. Aznar le ganó en toda regla el debate, como demostraron de forma palmaria las encuestas, incluida la de Demoscopia, la empresa de sondeos del Grupo Prisa, y se acabó la crispación.

Frente al tópico del «España va bien» de Aznar, González no fue capaz de decir ni una sola vez que «España va mal», y fue incapaz de rentabilizar en términos políticos la vaga teoría de la crispación. Al cesto de los papeles la crispación. La pobre actuación del «carismático líder» en la tribuna de oradores puso fin a una polémica que no tenía base sociológica alguna, porque, sencillamente, era mercancía falsa, humo.

Ocurría siempre con este tipo de operaciones basadas en la inspiración de los Rubalcabas y en la infinita soberbia de los Cebrianes, que aún siguen creyendo que su «cañón Bertha», con ser importante, va a ser capaz de poner patas arriba a España entera, y no es eso, no es eso.

* * *

Si 1997 fue el año de la crispación, 1998 fue el gran año de la conspiración. Conspiraciones por doquier. Sería casi imposible llevar la cuenta de las que han jalonado esta legislatura. Todas se reducían a tormentas mediáticas en las que Prisa y sus amigos removían con gran empeño las aguas de los medios, tratando de mover los pilares del templo patrio en medio de un griterío atronador que al cabo de unos días se iba y se quedaba en nada, humo de factoría mediática, porque todo era fenómeno impostado y el país real estaba a otra cosa, a mejorar, a buscar empleo, que por primera vez lo había, y a vivir en un clima de paz social como pocas veces se ha conocido igual.

La rueda de las conspiraciones, no obstante, siguió su camino, inasequibles al desaliento los responsables de la feria de las vanidades felipista, con el «carismático líder» como gran patrón y a sus órdenes el dueto Cebrián-Rubalcaba moviendo las ramas del árbol, haciendo ruido, aceptando sin rechistar fiasco tras fiasco, porque ésta ha sido para ellos la legislatura de los grandes fracasos, han sido cuatro años para desalentar a estos goebelianos aprendices de brujo, expertos en crear tensión de la nada, que han acabado reiteradamente con el rabo entre las piernas. Al final, al único que se han llevado por delante ha sido a un secretario de Estado de la Comunicación, un muchachito de Valladolid que aceptó ser víctima propiciatoria cuando se lo pidió el jefe.

Nunca, sin embargo, dejaron de intentarlo. En septiembre de 1997, el habitual show mediático de los Prisa tuvo por tema el homenaje organizado por el Partido Popular a Miguel Ángel Blanco en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid. En el curso del acto, un grupo de energúmenos la emprendió a silbidos con el cantante Raimon, una de las viejas glorias de la lucha antifranquista.

Se armó la de San Quintín, y un asunto que hubiera dado de sí para un par de glosas de los Cotarelos se convirtió en un gran escándalo en torno a la intolerancia de la «derechona» que estuvo coleando durante semana y pico. La cuestión siempre era la misma: la incapacidad para comunicar del PP frente a la habilidad para el agit-prop de la fiel progresía felipista, que siempre perseguía el mismo objetivo: desenfocar cualquier incidente y agrandarlo a conveniencia, endosando al PP las responsabilidades, si las hubiere. La capacidad del combinado PSOE/Prisa para la desmesura con los errores del PP ha resultado, en este sentido, digna de encomio.

El problema del PP ha sido doble a lo largo de la legislatura: no saber organizar la comunicación propia, y tener en frente una comunicación ajena perfectamente engrasada por años de rodaje.

Operación de mayor enjundia fue la organizada con motivo de la cumbre europea sobre el paro, celebrada en el mes de noviembre en Luxemburgo. Aquél era un envite plagado de peligros para Aznar. La economía española podía presumir de unas cifras de vértigo frente a sus colegas europeos, pero igualmente de vértigo era la tasa de paro, que casi doblaba la media europea. Acudir a una cumbre sobre el empleo con el 19 por 100 de tu población activa en paro sólo podía abordarse desde el reconocimiento de cierta vergüenza propia o desde la alegre desvergüenza de la izquierda española responsable del problema.

Pero Aznar, en contra de la práctica de un Felipe González siempre tan apreciado por dicharachero y consentidor entre sus colegas europeos, le echó redaños y se negó a firmar un pacto para el empleo que era un papel plagado de lugares comunes que nadie pensaba cumplir.

A muchos españoles les satisfizo ver cómo, por primera vez, el presidente del Gobierno de su país se plantaba ante los grandes del continente, pero, como era de prever, los felipancos armaron la correspondiente zapatiesta: Aznar se había quedado solo. España estaba dejada de la mano de Dios. Era la pauta a seguir en este tipo de eventos: ningunear el papel de Aznar, negándole cualquier protagonismo en cumbres de carácter multinacional, aunque ello significara contar reuniones virtuales o inventadas y endosar fracasos que sólo habían existido en la mente de quienes no podían soportar ver en la esfera internacional a nadie que no fuera el «carismático líder».

Ocurrió después de esa cumbre que los gobiernos de Madrid y París celebraron un encuentro al máximo nivel en Salamanca. En la rueda de prensa correspondiente, algún corresponsal bien aleccionado preguntó a Jacques Chirac si España se había quedado aislada en Europa, y Chirac, lo mismo que Jospin, pareció sorprenderse mucho ante tal interpretación, ¿que España está aislada?, pues ya nos gustaría a nosotros estar ahora mismo como está España, pero ¿de qué están ustedes hablando? Estaban hablando de la versión que de la cumbre de Luxemburgo había dado el Grupo Prisa y que El País había vendido a sus lectores: una cumbre, en cualquier caso, distinta de aquella a la que habían asistido el resto de los medios españoles y europeos.

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Al aproximarse la Navidad de 1997, el panorama político español lucía un aspecto bien distinto al de doce meses antes.

Con una economía creciendo y creando a razón de mil empleos por día, el consumo y la inversión tirando fuerte del crecimiento y varios millones de españoles jugando en Bolsa, el PP parecía encontrarse a las puertas del nirvana, tan lejos ya de los agobios que en la Navidad del 96 habían propiciado el famoso «pacto de Nochebuena». Por si fuera poco, las elecciones gallegas habían significado un importante refrendo de la alternativa popular, al tiempo que se habían llevado por delante el experimento del «olivo» a la española que PSOE e IU habían ensayado en Galicia.

Frente a un PP exultante, sólo había truenos catastrofistas salidos de la factoría de Cebrián y Rubalcaba. La sentencia de Filesa, por otro lado, había dejado muy touchée a la cúpula socialista por su desmesura, todos deprimidos, íntimamente atormentados viendo desfilar hacia la cárcel a una gente que al final no había hecho más que cumplir órdenes.

Y es que José Augusto de Vega, un magistrado de la casa, parecía haberse ensañado con los soldados rasos tras haber salvado del paredón a los jefes. Había sido el sargento Vázquez de turno de la Justicia española. Penas de esa cuantía para gente que no se había llevado un duro a casa parecían un exceso. Eran los riesgos de una Justicia injusta, capaz de dejar indemnes a los poderosos y de castigar con rigor a los débiles, capaz de las mayores tropelías cuando, acuciada por el desprestigio, se veía tentada a hacerse respetar.

Y en puertas estaba el juicio por el secuestro de Segundo Marey, el primero de los correspondientes a la saga de los GAL. Joaquín Almunia hacía serios esfuerzos por sacar al PSOE del estercolero sin conseguir concretar una alternativa ni política, ni social, ni económica.

El nuevo secretario general intentaba, en cualquier caso, soltar lastre, pero a su paso surgían los fantasmas de Filesa, el GAL, la Expo de Sevilla… El pasado no le daba tregua. González y su pasado no lo dejaban respirar. Y todo apuntaba a que el «carismático líder» seguía siendo «el jefe» y no estaba dispuesto a retirarse a un segundo plano.

En los inicios del año 1998, el Gobierno Aznar planteó a la opinión pública la más acertada de sus propuestas sobre política económica: la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El debate consiguiente se convirtió en otra gran batalla que enfrentó al Ejecutivo con la artillería mediática de los felipancos, como no podía ser de otra forma, puesto que la decisión apuntaba directamente al corazón del ideario socialista: su innata querencia a subir los impuestos para poder afrontar su también innata propensión al gasto público, única forma de abordar lo que ellos llaman el reparto de la riqueza, proceso que al final suele devenir en la inevitable recesión y en paro, es decir, en la distribución de la miseria.

Fue una de las últimas puestas en escena «con todo». Demagogia a todo trapo por parte del PSOE y de Prisa, intentando convencer al pueblo soberano que aquélla era una reforma «para los ricos».

La victoria del Gobierno en este asunto no cabe calificarla más que de aplastante. Se repetía el problema con el que durante toda la legislatura ha tropezado la armada polanquil, y es que ni el ejército más poderoso del mundo puede luchar con humo contra la realidad de las cosas. Aquella reforma significó que, a partir de enero del 99, en los bolsillos de millones de asalariados españoles comenzaba a entrar un dinerito extra que fue muy bienvenido, una realidad contra la que caben pocas demagogias. ¿Resultado? PSOE y Prisa se olvidaron por completo del asunto e hicieron vergonzante mutis por el foro.

Nunca más los Polancos han vuelto a mencionar la reforma del IRPF, sin duda uno de los éxitos más importantes del Gobierno del PP en esta legislatura, pero lo llamativo del caso es que tampoco ha hablado mucho de ello el PP, con esa incapacidad congénita que le asiste para «vender» sus conquistas.

En realidad, las esperanzas del felipismo al inicio de 1998 se centraban en que el PP se estabilizara socialmente en su condición de partido que hace los deberes, que gestiona bien, pero que no prende en el corazón de los ciudadanos, poco dispuestos a hacerse cómplices electorales de alguien tan ordinary people como José María Aznar. En el fondo, el PSOE seguía confiando en que los votantes continuaran engolfados con González, un «chulo» a cuyos encantos mediáticos se rinden más de 9 millones de votos.

Ese era, en efecto, el problema del PP: «Ustedes lo hacen muy bien y punto». Porque, de hecho, las encuestas demostraban que, si en ese final del año 97 se hubieran realizado elecciones generales, los resultados habrían sido casi idénticos a los de marzo del 96: victoria del PP por escaso margen.

* * *

Pero la prueba más excelsa de «la conspiración» antifelipista iba a llegar en las primeras semanas del 98, para convertirse en recurrente tema de conversación y enfrentamiento entre clanes políticos y periodísticos a lo largo de casi todo el año, mientras Juan Español andaba a lo suyo. La prueba, esta vez, iba a venir servida de la mano de uno de los hombres que, desde la dirección de ABC, más había zaherido al felipismo y sus prácticas: Luis María Ansón. La denuncia, por tanto, iba a contar ahora con el aval de credibilidad añadido que le otorgaba un hombre como Ansón.

La puesta en escena se realizó en las páginas de la revista Tiempo, del grupo Zeta, en forma de una entrevista que Ansón concedió a un supuesto periodista, a la sazón hermano del ex ministro Juan Alberto Belloch, directamente relacionado con el entorno de los Vera y Barrionuevo. En ella, el veterano periodista y académico relataba que Felipe González había sido víctima de una conspiración urdida por un grupo de ilustres colegas conjurados para acabar con su Gobierno.

Para que ninguno de los citados pudiera pretextar inocencia, Ansón fijó el escenario de la conjura en su propio despacho de director de ABC. El ilustre académico no hablaba, pues, de oídas. Él había actuado de maestro de ceremonias. La entrevista, al parecer corregida hasta la última coma por el propio Ansón antes de su publicación, levantó el revuelo que la historia merecía por su audacia fantasiosa. El Grupo Prisa y sus adláteres se lanzaron en picado —Felipe tuvo la revista en sus manos antes de que llegara a los quioscos—, pero esta vez la armada polanquil contó con la inestimable ayuda de los denunciados en la conjura, desde Pedrojota al difunto Antonio Herrero, pasando por Pablo Sebastián, Manuel Martín Ferrand y otros, que entraron al trapo que el felipismo les tendía con justificado cabreo pero con un sentido político muy escaso.

El corolario de la «Ansonada» era que Felipe González no había sido derrotado en buena lid electoral, sino que había caído víctima de la perversa voluntad de un ramillete de señores conjurados para acabar con él desde la moqueta de un despacho. El problema era que los GAL, Roldán, Ibercorp, Interior, Filesa, Expo y tantos otros casos de corrupción rampante no eran un invento salido de las meninges del malvado Pedrojota, sino una realidad constatable que se retrataba todos los días en sede judicial.

A pesar de realidad tan brutal, los felipancos se lanzaron por la pendiente de la conspiración con vigor renovado. Fue un diluvio mediático esplendoroso, lleno de fuerza e imaginación. Un gran éxito de los Cebrianes y compañía, porque, hace falta ser muy habilidoso para montar semejante pandemónium con materiales tan endebles como los suministrados por Ansón.

La «Ansonada» tenía poco que ver con el oportunismo de un hombre acostumbrado a llevar al tiempo varias conspiraciones en paralelo —la conspiración para acabar con la Monarquía y La conspiración para acabar con los conspiradores antimonárquicos—, y debe ser contextualizada en el juicio, entonces inminente, sobre el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey por mercenarios de los GAL. Los dos peces gordos de esa causa eran el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, y ellos fueron quienes colocaron a Luis María Ansón en el disparadero de hacerse públicamente el harakiri, metiendo en el saco de una conspiración que nunca existió a todos sus antiguos aliados periodísticos.

Luis María se vio las caras con Vera y Barrionuevo en una famosa reunión celebrada en el restaurante El Salvador de Moralzarzal. Allí, los antiguos responsables de Interior pergeñaron una operación en la que Luis María nunca hubiera entrado de buen grado de no haber sido por la presencia en la escena española de ese reconocido zascandil que es Rafael Ansón, un colibrí que ha picoteado en todos los grandes despachos de la banca y la política española, a razón de 100 millones, o incluso más, de pesetas por año, y que también picoteó en el Ministerio del Interior.

Y son Vera y Barrionuevo quienes montan el esquema de la conspiración, dispuestos a soltar el material que han ido recopilando en Interior ante la traca final, como meses antes han hecho con el vídeo de Pedrojota. Con ello tratan de llevar al ánimo de los magistrados que han de juzgarlos la idea de que los GAL fueron un ingrediente más de esa gran maquinación periodística urdida para derribar a Felipe González de su pedestal. A Felipe le dan el trabajo muy hecho, muy cocinado, lo que explica que saliera a escena de inmediato, sin miedo a hacer el ridículo. El se limita a poner su aval personal a la teoría de la conspiración.

Y lo hace porque Barrionuevo se lo pide. Casi se lo exige. Felipe, que pasa por conocer muy bien a las personas, sabe que «Pepe», y sobre todo su mujer, Esperanza Huélamo, son capaces de plantarse en el último minuto ante los jueces y decir «hasta aquí hemos llegado», colocándole de golpe en el banquillo de los acusados.

La operación, pues, tiene un origen claro (Barrionuevo y Vera) y un destino final (González), y es al tiempo una operación defensiva (para los encausados del GAL) y ofensiva (en manos del ex presidente del Gobierno).

Y es esta cualidad última lo que da a la «Ansonada» relevancia política. Porque, a pesar de que Aznar es un señor sin carisma, las circunstancias objetivas le han situado en una posición ideal para revalidar el aplauso en las próximas generales. Paralizado por una sensación de impotencia y de ausencia de liderazgo, el PSOE intenta con ello una doble maniobra. Por un lado, descalificar la victoria pasada, deslegitimando el triunfo electoral del PP en marzo del 96. Hubo una conspiración para acabar con González, y unos conspiradores. Lo dice el jefe de los conjurados. No hay réplica posible. Por otro, hacer lo imposible por aminorar la victoria futura, es decir, intentar sembrar todas las dudas posibles para evitar que el PP se escape electoralmente hablando.

En la conspiración se mezclaba la ambición de poder del PP, que de otra forma nunca hubiera podido con el carismático González, y la ambición profesional de una serie de personas como Pedrojota, García-Trevijano, Herrero, Sebastián, Gutiérrez… Faltaba, con todo, un ingrediente de más peso para hacer de este engrudo algo más que una ensoñación de resentidos ambiciosos: faltaba Mario Conde, que es lo que dio definitivos vuelos a la conspiración. La presencia de Mario terminaba por explicarlo todo.

El corolario político inmediato que cabía extraer del episodio es que el Partido Popular, como ya sabía todo el mundo, era un partido político que había jugado sucio en democracia, Que no era demócrata.

Todo el discurso, hilvanado a la sombra de los viejos clichés del socialismo marxista, tenía, por lo demás, un tufillo franquista francamente obvio. ¿Qué pueden hacer cinco señores cuando se reúnen un par de veces o tres en el despacho de uno de ellos? Lógicamente, ¡conspirar! Sólo faltaba la Brigada Político-Social del franquismo para detener a unos conspiradores sorprendidos con las manos en la masa.

Ya metido en gastos, Luis María Ansón, un reconocido monárquico —aunque haya quien lo ponga fundadamente en solfa— metió también al Rey en danza: aquélla era también una conspiración para derribar la Monarquía; a Felipe González y a Juan Carlos I, dos por el precio de uno.

Como era de prever, la «teoría de la conspiración» salió a relucir durante el juicio por el secuestro de Segundo Marey en el Supremo. De acuerdo con la declaración del testigo Narcís Serra, ex ministro de Defensa, «Luis María Ansón me advirtió que iba a comenzar una campaña para obligar a González a dejar el Gobierno y con la Monarquía como objetivo final». Era la «conspiración». El abogado Cobo del Rosal preguntó también por ella al ex vicepresidente y Serra respondió que «hubo una conspiración contra Polanco, González y el Rey».

* * *

¿Cuál fue el gran error de los «conspiradores», los Pedrojotas y demás familia? Entrar al trapo, alimentar la gresca, echar leña al fuego, liarse a mandobles contra Luis María Ansón, porque de esa forma les hicieron el juego a los padres putativos del invento.

Para el Gobierno, la «Ansonada» resultó casi un regalo. El mayor enredador del Reino se había desmarcado, y gratis. A enemigo que huye, puente de plata. Tras un primer momento de cabreo y desconcierto, en aguas del Ejecutivo se instaló una paz seráfica: «Nos hemos quitado un moscón de encima que estaba tocando las pelotas todos los días», aseguró un ministro del Gobierno.

«En su momento tendrás conocimiento de por qué moví yo esa ficha [la conspiración], que era imprescindible mover —aseguraba Ansón—. La única cosa que no calculé fue que Pedrojota iba a atizar todo lo que pudiera este asunto para que se olvidasen de su vídeo, atizamiento que me ha llegado por veinte sitios, aunque tanto Pedrojota como Cascos me lo han negado».

Pasado el chaparrón, el genio de Luis María parecía mantenerse a flote: «Al cabo de dos meses de tormenta, la opinión pública no tiene conciencia de los rifirrafes entre colegas, sino de que ahí hay un tío muy importante que está abriendo los telediarios todos los días, lo cual me ha robustecido personalmente de manera extraordinaria… Y si para muestra vale un botón, ahí está la estupefacción que causó mi entrada en la biblioteca de la Universidad de Alcalá, en el acto de entrega de los premios Cervantes, adonde fue Aznar y adonde fue el Rey, y no fui menos aplaudido que ellos, créeme. Entré solo y la gente se puso a aplaudir, y lo mismo me ocurrió a la salida, y ésa es la realidad, porque la ignorancia de la gente sobre el fondo de las cosas es tremenda. Iba detrás de mí Eugenio Fontán y me dijo, muy extrañado: “¡Luis María, no me podía imaginar que fueras tan popular!”; “Ni yo tampoco”, le respondí».

El gran momento de Luis María Ansón llegó con motivo de la lectura de su discurso de ingreso en la Real Academia Española, un acto que colapso la zona que va del Retiro al paseo del Prado. No invitó a ningún político, «porque si yo invito a los políticos, al día siguiente hay para siempre una fotografía mía al lado de Aznar en primera de El País, y me pasaría lo que a Pemán con Franco, que siempre le sacaban la misma foto. Y para la opinión pública ya te puedes imaginar: el señor Ansón ha ingresado en la Academia porque es del PP, porque me hubieran venido siete u ocho ministros…».

«Yo llamé al Rey y me dijo:

—Luis María, aquí tengo un problema, porque ya sabes que no quise ir a la de Cebrián…

—Señor —le respondí—, vuestro padre nos enseñó que el Rey es de todos.

—Pero dime una cosa, ¿a quién quieres que te mande? ¿Quieres al Príncipe?

—A nadie, señor.

Y me envió una carta que es una belleza de carta. Y no invité a Aznar. No sólo eso: les llame para que no fueran, y con Esperanza tuve una pelotera de cuidado, ¡porque insistía en presentarse…!».

* * *

La «conspiración» se fue agostando como una planta sin tierra y sin riego. Su fracaso, la última intentona de desestabilizar al Gobierno Aznar y forzar un adelanto electoral, significó un cambio radical en la estrategia del felipismo.

Hagamos recuento. En el otoño del 96 se instaló en España la «tesis del paréntesis»: el Gobierno del PP no daba la talla. Estos chicos no son capaces, no tienen gente competente, no saben manejar la Administración y esto va a ser un paréntesis que va a durar año y pico, a lo sumo un par de años, porque no disponen de apoyos parlamentarios sólidos y a las primeras de cambio sus socios nacionalistas les dejarán en la estacada, les darán el empujón y no tendrán más remedio que disolver y convocar elecciones. Para entonces, habrá pasado ya la marea de los Filesas, los Gales y demás extraña familia, y estaremos en disposición de regresar, enviándolos de nuevo al paro para otra década y pico.

La tesis, vigente durante la primera mitad del 97, se reforzó con «la crispación», o el peligro de la derechona en el poder, mercancía de curso legal hasta el debate sobre el Estado de la Nación, en el cual Felipe fracasó ante Aznar. Con ello quedó enterrada la crispación. Inmediatamente después, González dejó su cargo como secretario general del PSOE, dando paso a ese momento tan delicado en un partido que es el relevo del líder.

La teoría de «la crispación», lanzada por el felipismo en el 98 sin abdicar, no obstante, de la «tesis del paréntesis», intentaba forzar un adelanto electoral. Felipe había sido víctima de una conjura, al servicio de un partido que por medios democráticos nunca hubiera sido capaz de arrebatarle el poder. El fracaso de tal conspiración marcó un giro radical en la estrategia opositora del PSOE. El objetivo ya no sería desestabilizar a Aznar. Se aceptó como inevitable el hecho de que su Gobierno pudiera durar toda la legislatura. En consecuencia, había que prepararse para la gran cita electoral.

Pero antes era necesario resolver un problema interno: ¿qué hacer con Pepe Borrell? Los felipancos, que nunca aceptaron de buen grado su victoria en las primarias sobre Joaquín Almunia, fueron viendo cómo el candidato se deshacía en su propia verborrea. Derrotado también por Aznar en el debate sobre el Estado de la Nación del año siguiente, el brioso potro andaluz de abril del 98 se fue tornando en contumaz mulo manchego con el paso de los meses, de modo que el verdadero amo de la cosa, con la ayuda de su amigo Polanco, decidió acortar el trámite por la vía rápida en lugar de mantenerlo como cartel electoral para la cita del 2000.

Los felipancos se embarcan a partir del verano del 98 en una doble tarea de demolición: la ya comentada de Pepe Borrell y la de Izquierda Unida: el Gobierno se ha consolidado; este chico no tiene carisma, pero tampoco parece que le haga mucha falta; el Gobierno no vende bien su mercancía, pero la mercancía del crecimiento se vende por sí misma, pero… ¡Ah! Este es un país de centro izquierda y, si somos capaces de evitar la ruptura que divide el espacio de la izquierda entre el PSOE e IU, podemos volver a ganar aunque el Gobierno Aznar lo haga bien, porque esa mayoría sociológica de centro-izquierda puede volver a colocarnos en La Moncloa. El genio político de González, de nuevo al aparato.

Y eso ya no sería ninguna conspiración, sino la consecuencia de sumar los votos de PSOE e IU, como demuestra el cotejo de los resultados electorales. Para su desgracia, el partido del Gobierno no puede esperar sacar provecho del hundimiento de los nacionalismos periféricos de derechas, cosa que no se ha producido, sino que, antes al contrario, debe preocuparse por cerrar las grietas que amenazan su propia estructura con escisiones comandadas aquí y allá por los tradicionales caciques de la derecha travestidos hoy de presidentes autonómicos.

Es la espada de Damocles que, sobrevolando las realidades de la Economía, pende hoy sobre el Gobierno del Partido Popular.

7
¡MEDIA VUELTA A LA IZQUIERDA, AR!

Estalló la bomba. El mayor terremoto ocurrido en la política española desde el 3 de marzo del 96 tuvo lugar el viernes 24 de abril del 98. La burra de las primarias del PSOE parió un hermoso alazán de nombre Borrell, cuando todos esperaban el bautizo de un jamelgo pastueño llamado Almunia, el chico de los recados de González, el hombre encargado de calentar el sillón de mando hasta el eventual ritorno del carismático líder.

Noche de radio. Eran pasadas las doce y, en la COPE, Luis Herrero (en antena debía estar a esas horas el programa deportivo de José María García) seguía a los mandos, en conexión directa con una unidad desplazada en la calle Ferraz. Allí, una locutora iba desgranando lo que veía, un Almunia que «no deja traslucir lo que debe estar sintiendo en esos momentos», datos, señales para el oyente que acababa de sintonizar en el sentido de que algo raro podía estar pasando, tan raro que más de uno se vio obligado a preguntarse: ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Es posible que haya ganado Borrell? No puede ser, sería demasiado el terremoto… La locutora seguía narrando, Almunia estaba ya al pie del estrado, iba a intervenir de un momento a otro, temporal de aplausos y gritos de ¡Joaquín, Joaquín! De modo que no, falsa alarma, parece que ha pasado lo que tenía que pasar, que ha ganado Almunia, y en esto que la locutora cierra el pico y en su lugar se escucha una voz absolutamente cascada por la afonía, un «compañeros» en falsete que provoca una oleada de risas, y un segundo intento igualmente fallido, hasta que el pelao se arranca y anuncia, ronco, ronco, que «el vencedor de las primarias ha sido José Borrell»…

Demoledor triunfo de José Borrell, y vuelco fundamental en el panorama político español. «Borrell derrota a Almunia y trastoca la situación del PSOE», decía El País. El Mundo, con el alarde tipográfico de las grandes ocasiones, hacía la única lectura pertinente de lo ocurrido: «Borrell derrota al felipismo».

Los militantes habían dado la espalda al «aparato», apostando por la renovación del socialismo español. Borrell obtuvo el 55,1 por 100 de los votos frente al 44,5 por 100 de Almunia, que sólo se impuso en Andalucía, Castilla-La Mancha y País Vasco. Para el candidato oficialista resultó especialmente dolorosa la derrota sufrida en la Federación Socialista Madrileña (66,5 frente a 33,1 por 100). La prometida dimisión del secretario general y de toda la Ejecutiva abocaba al PSOE a un Congreso extraordinario.

Almunia o ir por lana y salir trasquilado. Al secretario general del PSOE le había ocurrido lo que al presidente francés Jacques Chirac, que también convocó un proceso electoral, sin necesitarlo, para perderlo. Almunia pretendió emular las dimisiones teatrales de Felipe González para reforzar su posición dentro del partido, y se quedó sin posición y sin partido. Un listo —dicen que Alfredo Pérez Rubalcaba, condimento obligado en todos los pucheros del felipismo— le acercó al precipicio con una milonga bien adobada, oye, Joaquín, para lograr ese plus de legitimidad que añoras he pensado que sería bueno extender las primarias (sólo previstas para candidatos a municipios de más de 100.000 habitantes donde el PSOE no tuviera el poder) a la candidatura a la Presidencia del Gobierno. A lo mejor tienes suerte y algún tonto intenta competir contigo: estupendo, lo barres en las urnas y quedas como el Capitán Trueno. Y, sin sospecharlo, Almunia se embarcó en el juego de la ruleta rusa, para acabar metiéndose un tiro en la sien.

Alfonso Guerra, que algo sabe de la vida interna de los partidos, ya advirtió que la iniciativa le parecía peligrosa, cosas de niños que comienzan jugando con fuego y acaban quemados.

«El desenlace no estaba en las rodillas de los dioses, ni en las consignas del aparato, ni en la presión de los barones y caciques, sino en las urnas», decía Raúl del Pozo. Los militantes socialistas habían quitado el poder a la dirección salida del Congreso, cerrando la etapa que se abrió en Suresnes, y al hacerlo habían rescatado, ennoblecido y elevado a la categoría de acontecimiento político de primera clase un proceso que todo el mundo creía amañado y descafeinado. Una gran lección: por el territorio español se mueve un ejército de ciudadanos anónimos capaces de pensar por su cuenta, al margen de las consignas salidas de la cúpula de los partidos y de las prédicas de los «creadores de opinión». Una lección también para Aznar. «Es peligroso asomarse al exterior», decía un viejo anuncio insertado en las ventanillas de los trenes de Renfe. En política sucede al revés: es peligroso instalarse en la hornacina del poder, sin enterarse de lo que ocurre en la calle.

* * *

Sólo Antonio Asunción, en Valencia, y Rodríguez de la Borbolla, en Andalucía, dos outsiders, habían apostado, entre los dignatarios socialistas, por Borrell. Entre los «barones», únicamente Rodríguez Ibarra. El «guerrismo», de forma un tanto camuflada, había apoyado al candidato catalán haciendo realidad una venganza largo tiempo rumiada.

La gran mayoría de los dirigentes, sin embargo, le habían dado la espalda, empezando por el propio Felipe González, que hizo campaña en favor de Almunia. El ex presidente fue capaz de escribir un artículo en El País, 13 de abril de 1998, en el que, con total desvergüenza, anunciaba: «Votaré a Joaquín (sic). Me mueve ante todo el razonamiento de lo que será mejor para España, pero también de lo que más beneficiará al partido al que pertenezco». En otras palabras, según González, Borrell era un peligro para España y para el PSOE.

Ya se había manifestado así meses atrás, cuando, ante un grupo de empresarios con los que compartía mesa y mantel, al pasar revista a sus posibles sucesores dentro del PSOE despachó a Borrell con un «es un tío muy listo, pero como presidente del Gobierno sería un desastre…».

Cuando Felipe escribió ese artículo ya se olía el pastel. Y ya estaba la maquinaria andaluza empleándose a fondo en favor de Almunia, con Gaspar Zarrias cocinando el «pucherazo» que, a las órdenes de Chaves, meses después sería noticia de primera página. Sin las trampas de Andalucía, Almunia habría resultado literalmente arrasado, lo que demuestra una vez más la importancia del caladero electoral andaluz. Como dijo un famoso catedrático de la Complutense, «el felipismo sigue parasitando la política española subido en la burra andaluza».

Conviene, sin embargo, hacer una distinción entre la Andalucía rural y la urbana, señalando que el candidato Borrell ganó en todas las capitales de provincia (excepto Almería), mientras Almunia lo hacía en el interior, en aquellos lugares donde el PSOE todavía obtiene mayorías a la búlgara en las elecciones legislativas.

La militancia socialista (muy inflada, a lo que parece, puesto que apenas votó el 54,3 por 100 del supuesto censo de 383.482 militantes), harta de soportar el pertinaz aguacero de escándalos del felipismo, cansada de vivir a la defensiva, escondida desde hacía años, acobardada, había decidido, en un gesto de rabia, dar un sopapo a los responsables de esa situación para poder salir a cuerpo, sacar cabeza y respirar de nuevo el aire fresco de la mañana, pasándose por el arco del triunfo las instrucciones del aparato y eligiendo a un tipo capaz de renovarles la ilusión.

A «Pepe» Borrell lo habían votado los cabreados, un fenómeno que no había sido detectado en la ciudadela de Ferraz. También los desplazados, los no atendidos, los agraviados, gente presta a saldar las cuentas pendientes que existen en todos los partidos, militantes dispuestos a pasar factura si se les da la oportunidad de votar. Son los riesgos de la democracia directa, verdadera bicha de toda cúpula que se precie.

Pero la militancia socialista había hecho algo mucho más importante: había votado a Borrell porque lo creía más capaz de derrotar a Aznar que Almunia. Puesta en sus manos la posibilidad de elegir un candidato, había optado, con una lógica aplastante, por el caballero que creyó mejor preparado para ganar el torneo de la Presidencia del Gobierno.

Una derrota sin paliativos del felipismo y lo que el felipismo representa. «Por fin hablaron —decía El País del lunes 27 de abril— Felipe y el candidato». La llamada, ¡a iniciativa de Borrell!, se había producido en la noche del sábado, y en ella González se ofreció «para lo que fuera menester». Incluso para asesinarle.

Derrota, pues, de Felipe, y derrota, estrepitosa, del aparato, para el que lo ocurrido era sencillamente un desastre. Para Narcís Serra, para el fontanero Rubalcaba, que en cínica autocrítica se apresuró a manifestar que «Borrell es ahora el mejor candidato, y debo decir que en este momento también lo es para mí». Con el aparato quedaban seriamente tocados algunos de los más conspicuos barones del partido, especialmente dos: Manuel Chaves y José Bono. El presidente extremeño, Rodríguez Ibarra, fino «guerrista», se burló de políticos tan perspicaces y tan capaces de haber puesto todos los huevos en la cesta de Almunia. No contaban con que Borrell, como una estrella fugaz, aparecería en escena para desbordarlos por la izquierda y llevarse el triunfo a pesar de su condición de outsider.

Pero quizá el gran derrotado entre la «población civil» era Jesús Polanco. El Grupo Prisa, que tantos y tan afanosos esfuerzos había realizado durante la campaña en favor de Almunia, había visto alzarse en el horizonte la candidatura solitaria de Borrell. Todo el inmenso poder de los Polancos, que tanto pánico provoca entre los pusilánimes ricos hispanos, no pudo impedir que 105.000 militantes del PSOE votaran al leridano.

La derrota de Almunia suponía un grave tropiezo para los intereses del editor, a quien el triunfo de Borrell cogió con el pie cambiado. Toda la operación afanosamente tejida tras la desdichada —para ellos— retirada de Felipe se venía abajo. El remplazo natural de González era su escudero Almunia, en el bien entendido de que si Felipe, nuestro Felipe del alma, salía indemne de los procesos judiciales del GAL, él seguiría siendo nuestro hombre ahora y siempre por los siglos de los siglos. Y por si Almunia fallara en el entreacto, ahí estaba el querido Javier Solana, el relevo natural, un socialista light como nosotros, un progre, un godfellas que pronto volvería a casa bien arropado por la embajada americana.

Por eso, la primera tarea que los Polancos se impusieron sin demora consistió en impedir que Joaquín Almunia cumpliera su promesa de dimitir como secretario general del PSOE si salía derrotado, y para ello Javier Pradera se afanó en columnas y editoriales en la defensa de la bicefalia, les iba mucho en el envite, el ticket decía Praderita, sí señor, el ticket era lo procedente además de lo moderno, la solución que más convenía a los felipancos, había que salvar los restos del naufragio, minimizar la repentina presencia al frente del partido, «nuestro» partido, de un partisano con el que Prisa nunca se había llevado bien.

Un francotirador capaz de poner los pelos del amo como escarpias. Sí, lo de Borrell presidente del Gobierno no era una broma, pensaba don Jesús. Aquello era jugar con la chequera, ponerse a tiro de un hombre a quien el grupo nunca había tratado bien, un loco capaz de freírme a impuestos o expropiarme, no, no, aquello era muy serio. Cualquier cosa antes de permitir que le tienten a uno la cartera.

La hoja de servicios del PSOE como defensor a ultranza de los intereses de un grupo económico/mediático como el de Polanco se había terminado con Borrell. La liaison profunda que durante años había existido entre los González, Polancos, Cebrianes, Rubalcabas, Praderas… juntos y en unión, vive les compagnons!, navegando en el mismo barco, siguiendo la misma ruta, todos en amigable armonía, eso se había acabado.

¿Se avendría Borrell a seguir la senda que le marcara Pradera? Era una de las incógnitas abierta por el resultado de las primarias. «Sería un error táctico grave buscar el enfrentamiento con Polanco, que es el verdadero poder fáctico de nuestro tiempo —aseguraba Arrióla—, sobre todo teniendo en cuenta que, dado el tipo de socialismo que ejercita Borrell, el enfrentamiento con ese grupo y lo que representa no tardará en surgir de modo inevitable».

Estaba claro que Polanco y su grupo iban a hacer todo lo posible por reducir a cenizas al candidato Borrell.

* * *

Pero había otras gentes, otros intereses, otros partidos a quienes la inesperada victoria de Josep Borrell iba a trastornar más de lo que nunca hubieran podido imaginar, tal que el Partido Popular. La irrupción de Borrell en la primera línea de la política española vino, en efecto, a truncar el plácido sesteo en que se había convertido el tercer año de José María Aznar en el Gobierno. Un vuelco fundamental.

Para el líder del PP, la situación política había experimentado a finales de 1997 un cambio radical con respecto al nefasto otoño vivido en el 96. Como de la noche al día.

El segundo semestre del 97 había estado marcado por dos hechos prefijados políticamente: la discusión y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 1998 y las elecciones al Parlamento gallego, y ambas pruebas se habían salvado con garantía sobrada para el Gobierno popular.

Los síntomas de provisionalidad, sin embargo, no habían desaparecido del todo. José María Cuevas, presidente de la patronal CEOE, advertía en las cuentas del Reino para el 98 un tufo electoralista claro. «Aquí todo el mundo se palpa la ropa sobre la eventualidad de elecciones el año que viene, y eso es lo que imprime carácter a unos Presupuestos que responden a la debilidad política del Ejecutivo y al deseo de los nacionalistas de apurar al máximo y sacar la mayor tajada posible, porque piensan que éstos son los últimos que van a tener que apoyar en esta legislatura. Excepto por una salvedad: prosigue la lucha contra el déficit, dentro de un criterio de racionalidad muy de agradecer».

Se entraba en una época políticamente amorfa, pero judicialmente muy movida. No había más actividad que la judicial, con el Gobierno de mero espectador. Sobre las filas del primer partido de la oposición llovían piedras procedentes del Supremo y la Audiencia Nacional, con un PSOE que, desconcertado, levantaba el puño airado en dirección a Moncloa sin que allí tuvieran mucho que ver con sus desgracias: nada que ver con el juicio de Filesa, cuya instrucción se había iniciado tres años antes, en pleno Gobierno socialista, ni con el sempiterno escándalo de la Expo sevillana, que el fabuloso juez Garzón, número dos de la candidatura socialista en las generales del 93, había tomado con singular empeño, lo mismo que el fiscal Anticorrupción, un hombre de reconocidas simpatías pro-PSOE.

En la primera decena de diciembre, Joaquín Almunia, verde abrigo verde olivo subiendo las escalinatas del palacio de La Moncloa, acudió a entrevistarse con el presidente del Gobierno para hablar… ¿de qué? ¿De qué podía hablar el abogado de González con Aznar en la coyuntura judicial que afligía al líder del PSOE?

Tras años de oficiar de Maritornes, criada despreciada, humilde fregona, algunos jueces parecían dispuestos a lavar la cara mancillada de doña Justicia, a recuperar el honor perdido de esta cariátide ciega acostumbrada a dar tumbos por los palacios de injusticia. El PSOE estaba recogiendo los frutos de la equivocación que significó pretender judicializarlo todo, porque sus líderes pensaban que controlaban a los jueces, a todos los jueces.

Y ahora Almunia se veía obligado a visitar Moncloa para pedir árnica, desactivar el caso GAL en nombre del jefe sin dejar demasiadas plumas en la gatera, que el orgullo es grande y la piedad corta, y muchos españoles avisados tuvieron la sensación de que, entre bastidores, se estaba viviendo un nuevo episodio de aquel «pacto de legislatura» que, patrocinado por Su Majestad el Rey, había permitido a José María Aznar formar Gobierno en abril del 96.

Un pacto que Aznar había arrinconado en el desván cuando, el 24 de diciembre del 96, vio su estabilidad amenazada por el acuerdo Polanco-Asensio y la complicidad de los poderes fácticos.

Se cumplía un año del famoso «pacto de Nochebuena». Los Polancos se habían forjado una realidad a su medida: Para un Gobierno débil como el de Aznar, el golpe del 24 de diciembre debía marcar el retorno triunfal de las tropas de don Felipe, dispuesto a restablecer sus reales en Moncloa en el plazo de unos meses. La travesía del desierto de la oposición iba a ser apenas un paseo, un ligero receso entre dos grandes períodos de poder felipista. Pero los hados, siempre cargados de misterio, tenían otro libreto escrito.

El castigo a la chequera del señor Polanco en el año transcurrido había sido notable, Desde un punto de vista estrictamente económico, el 24 de diciembre del 96 el dueño de Prisa parecía directamente abocado al negocio de su vida, con plusvalías que para su 25 por 100 de Sogecable podían superar fácilmente los 20.000 millones limpios al año, casi cuatro veces más que los beneficios anuales del grupo Prisa.

La operación era muy clara. Consistía en trasladar los 1.400.000 abonados de Canal Plus —susceptibles de llegar a los dos millones en un mercado de no competencia— a Canal Satélite Digital y elevar la cuota de abono mensual en torno a las 7.000 pesetas, para contabilizar ingresos anuales superiores a los 125.000 millones de pesetas. Un magnífico negocio.

El odio, entreverado de desprecio, que Jesús Polanco sentía hacia el Gobierno Aznar estaba más que justificado. Lo que podía haber sido el business del siglo se había trocado en riesgo de suspensión de pagos a cuenta de los pasivos asumidos. La guinda en aquel cóctel de amargura la ponía la certeza de que sólo un acuerdo con Telefónica podía eludir el riesgo de quiebra. Había que hacer de tripas corazón y tratar de llegar a un acuerdo con Villalonga.

En la Navidad del 97, Polanco y su troupe seguían teniendo, sin embargo, casi intacto su enorme poder en el terreno judicial y, por supuesto, en el mediático. Además de dominar a la perfección las técnicas del agit-prop, contaban a su favor con el gregarismo de un PSOE encargado de amplificar en sede parlamentaria los desmayos de Cebrián y los suyos, no se sabe bien si por ideología, por dinero o por ambas cosas a la vez. Era ese matrimonio de intereses Prisa-PSOE lo que hacía y hace aparentar a los Polancos mucha más influencia de la que realmente tienen.

Polanco había hecho una apuesta por un Gobierno débil y breve, pero ninguno de sus vaticinios se estaba cumpliendo. ¿Mantendría su apuesta de oposición a ultranza hasta el final? ¿Seguirían en esa línea después de la entrada en la Unión Económica y Monetaria? Eran las preguntas que, expectantes, se hacían en el entorno presidencial. Mientras tanto, palo a la burra blanca, palo a la burra negra, porque, al margen de los deseos del cántabro, el objetivo declarado de Cebrián en cenas y saraos era «que este Gobierno de fachas no gane las próximas elecciones generales».

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Para la esfinge refugiada en el Palacio de la Moncloa, el final del año 97 unía a lo inesperado la calidad de lo idílico. Imposible haber imaginado cambio similar en la Navidad del 96. Quienes estaban a su lado, sin embargo, seguían sin saber muy bien si llovía o tronaba. Aznar es así. Un sepulcro inasequible a los cambios del tiempo. Ni se crece en las victorias ni se hunde en las derrotas. Ni frío ni calor. Político que siempre funciona con previsiones a largo, en sus cálculos de meses atrás ya entraba el cambio del clima que iba a experimentar su Gobierno.

Una coyuntura bicéfala. Por un lado, la economía, marchando como un tiro. Por otro, una vida política más bien aburrida, con un Aznar no sólo consolidado sino subiendo en las encuestas como el mercurio al sol.

Los ecos que sobre la situación económica llegaban del mercado no podían ser mejores. «Vamos a tener al menos dieciocho meses de crecimiento muy fuerte y también de creación de empleo, y el impulso puede llegar mucho más lejos», aseguraba el embajador de España ante la OCDE, José Luis Feito.

El optimismo era general y alcanzaba al propio ministro de Economía, Rodrigo Rato: «El 98 debe ser el año de la confirmación de nuestra política económica. Si España llega al 99 con un crecimiento en velocidad de crucero de un punto por encima de la media europea, con una inflación sólo ligeramente superior a la media, un déficit por cuenta corriente prácticamente cero o muy suave y un déficit público muy bajo, las cosas estarán centradas, y lo estarán por mucho tiempo si no cometemos la equivocación de creer que esto es Jauja».

No era Jauja, pero lo parecía. A mediados de enero del 98, «las encuestas nos dan esos cinco puntos de diferencia sobre el PSOE, pero cinco puntos muy sólidos, muy asentados —aseguraba un alto funcionario de Moncloa—, de ahí que el presidente no quiera correr».

La doctrina de la «lluvia fina» de Pedro Arrióla, objeto de tantas pullas dentro del propio PP, parecía estar calando. «Cada día que pasa el Gobierno gana en solidez, al tiempo que se difumina la imagen de provisionalidad y se acrecienta la sensación de desconcierto que desprende el principal grupo de la oposición», aseguraba el propio Arrióla. Sin riesgo de cambios económicos ni de cataclismos sociales, el 98 parecía un camino de rosas para el Gobierno Aznar, al tiempo que amenazaba convertirse en el annus horribilis del felipismo desde el punto de vista judicial.

Una imagen idílica que estaba lejos de responder a la realidad, porque las corrientes profundas de la política circulaban en plena ebullición, calientes como pocas veces. Bajo esa capa de aparente normalidad, se estaba dirimiendo el ser o no ser del régimen salido de la Constitución de 1978, y esa batalla se estaba librando en el campo del poder mediático y en los tribunales, las dos plazas fuertes de los felipancos.

Tal era la curiosa dicotomía que presidía la vida española a primeros del 98: por un lado, la economía siguiendo su brillante curso, y con ella la vida de millones de personas que trabajan, aman, ríen y lloran al margen de los grandes problemas de Estado; y por otro lado, una vida política totalmente judicializada, como no podía ser de otra forma, porque a la esclusa de los tribunales habían llegado las aguas de catorce años de corrupción.

A estas alturas de la legislatura, pocos dudaban de que la «derrota dulce» del 3 de marzo del 96 había resultado mucho más amarga de lo que el PSOE había previsto, hasta el punto de que el ciclo económico iba a dar dos mandatos al chico del bigote si alguna catástrofe no lo evitaba. Después de casi catorce años de grasia sevillana, los españoles decían haberlo pasado muy bien en la feria, pero no querían saber nada de aquella fiesta.

Dispuestos a crispar la realidad lo que fuera menester, para impedir que esa imagen de normalidad se instalara en la conciencia del electorado, los Polancos lo intentaron de manera especial en el mes de febrero con la famosa «conspiración» de Ansón, una puesta en escena que perseguía un envite de enorme trascendencia: lograr la retirada del apoyo de CiU al Gobierno Aznar, en una nueva edición del episodio que ya intentaron con motivo de las famosas amenazas de Rodríguez contra Asensio.

Ocurría, sin embargo, que con el ciclo a favor, Aznar contaba por primera vez con casi todas las cartas en la mano para manejar a su antojo la situación. Pujol no podía amenazar con forzar la disolución de las cámaras porque a quien más podía interesarle disolverlas era al propio Aznar.

El Honorable no hubiera tenido fácil explicar a su emprendedor electorado (Cataluña había absorbido, con el 15 por 100 de la población española, el 26 por 100 del empleo neto creado desde la victoria electoral del PP) que había que tirar por la borda las favorables perspectivas económicas del 98 sólo por el juego de poder de unos señores en Madrid. El empresariado catalán, mantenedor de esa gestoría de lujo que es CiU, no entendería que en un ejercicio de consolidación y crecimiento alguien introdujera incertidumbres que pusieran en peligro las cuentas de resultados.

Este ejercicio de realismo ha chocado a lo largo de toda la legislatura con la querencia felipista de los Molins de turno, gente que se siente más a gusto —al contrario de lo que ocurre con Arzalluz— con la trapacería de González que con la inhóspita frialdad de Aznar. Al final, felipismo y pujolismo son criaturas siamesas nacidas del tronco común de la corrupción y de una forma personalista de ejercer el poder con vocación de exclusividad y total colusión entre lo público y lo privado.

Pero Pujol viajó a Madrid a finales de febrero del 98 y al salir de Moncloa hizo añicos las esperanzas de los felipancos. De vuelta a Barcelona, el Honorable contó a su gente que había salido muy satisfecho de su encuentro con Aznar. El grado de complicidad al que había llegado con el presidente, que le invitó a almorzar en la parte privada de Moncloa, era tan acusado que habían decidido tutearse, y a partir de ese detalle todo había resultado mucho más fácil. Los tabúes se habían roto.

Don Jordi, que a todo el mundo trata de usted, había tardado casi quince años en conceder el tuteo a Felipe González, algo que, más que un gesto, supone para él la ruptura de un invisible velo que abre las puertas a un tipo de relación personal de mayor confianza.

A José María Aznar le había costado la mitad de tiempo alcanzar tan alto honor, y ese tuteo podía exhibirse como un grandísimo éxito del centro-derecha español. Ya podíamos dormir tranquilos. Alabado sea el Señor: la gobernabilidad parecía asegurada para toda la legislatura.

Casi de inmediato se presentó el segundo aniversario de la victoria electoral del PP, evento presentado en sociedad por medio de una entrevista de dos días en El Mundo, un «latifundio», según Martín Ferrand, que tuvo para Pedrojota la virtud de permitirle salir por primera vez sentado en Moncloa al lado del presidente después del escándalo de su vídeo.

Las valoraciones se habían hecho casi tópicas: la economía muy bien, gracias, pero en otros terrenos se afianzaba la idea de que se había avanzado poco o muy poco, tal que en la Justicia, una batalla que el Gobierno Aznar estaba perdiendo de calle, y que no era sino parte de esa gran asignatura pendiente llamada «regeneración democrática».

En esos temas, un Aznar retraído, ladino, zorro, seguía sin mover pieza, como esperando que fuera el tiempo quien pusiera las cosas en orden, quien despejara el horizonte de unos nubarrones que constantemente salían de la factoría mediática de Jesús Polanco, los nubarrones de la crispación.

El Gobierno seguía sin saber «vender» sus logros económicos, que, a cuenta de la superioridad mediática del polanquismo, a menudo quedaban enmascarados o contrarrestados por las trampas para elefantes que los Cebrianes colocaban artificialmente en el primer plano de la actualidad un día sí y otro también, tal que el caso de la ya comentada «conspiración» de Ansón o el incidente artificialmente provocado por la comparación que el malogrado Antonio Herrero efectuó entre Mónica Lewinsky y doña Rosa Conde.

En cuanto la oportunidad se presentaba, el PSOE se embarcaba en un lenguaje «guerracivilista» que ponía los pelos de punta, como puso de manifiesto doña Carmele Hermosín cuando dijo aquello de que «si pudiera, el PP fusilaba a toda la izquierda». Víctima propiciatoria de un sectarismo sin fecha de caducidad, la convivencia no parecía estar tan asegurada como algunos habían supuesto. El país respiraba paz social por los cuatro costados, pero algunos habían decidido crisparlo hasta la extenuación. De nuevo las «dos Españas», sólo que la España que se suponía progresista y avanzada se había tornado en la España agraz y sectaria que «dolía» a nuestros Unamunos. Se habían cambiado los papeles. Y todo porque no estaban dispuestos a soportar la eventualidad de una segunda legislatura con la derecha en el poder.

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En la habitación sin vistas de un Gobierno aferrado al arambol de la Economía y una oposición que seguía anclada en sus traumas, aferrada al mito de la «conspiración» que González intentaba reactivar de forma autista, había ocurrido, sin embargo, un acontecimiento que iba a alterar radicalmente el libreto político: la victoria de Borrell en las primarias socialistas.

Con el leridano instalado en el altar del PSOE, la primavera del 98 confirmó las mejores expectativas de un año glorioso desde el punto de vista de la economía. Un año espectacular. El paro, por primera vez en mucho tiempo, podía situarse por debajo del 19 por 100 de la población activa, y con claras perspectivas de seguir bajando. Y aunque el aparato mediático del Gobierno se cuidaba muy mucho de no pregonarlo, la tasa de paro juvenil había descendido nada menos que en siete puntos, pasando del entorno del 43 al 36 por 100 (la media europea se situaba en torno al 25, y la francesa en el 30), lo que representaba una bajada espectacular. La perspectiva de equiparar la tasa de paro juvenil española a la de la UE no era ya una quimera.

La percepción social de que la buena marcha de la economía estaba, al margen de la fría realidad de las cifras, reportando ventajas para la mayoría de los ciudadanos empezaba ya a calar en la calle.

Con el respaldo de las realidades económicas, Aznar había visitado en abril el Círculo de Economía de Barcelona para disertar ante cerca de quinientos empresarios catalanes, la crème de esa vanguardia del dinero que Pujol viene utilizando desde hace lustros como objeto de sus desvelos frente a Madrid. Pujol puso gran empeño en respaldar a Aznar ante tan selecta audiencia, y éste le correspondió con una intervención de altura, aunque carente de chispa. El respaldo de CiU al Gobierno del PP parecía más sólido que nunca, a pesar del rifirrafe motivado por la Ley del Catalán. Todo apuntaba a que ambos líderes habían pactado en Barcelona, además de la tranquilidad, el calendario electoral hasta el final de la legislatura.

Aznar cerraba sus ojos piadosos ante los dislates lingüísticos de su socio catalán, y pretendía hacer lo mismo con los escándalos del pasado que, como recuerdos viejos, salían ahora al encuentro de su Gobierno, como el descubrimiento de las escuchas ilegales que el Cesid había estado realizando en la sede de HB en Vitoria.

El escándalo del Cesid dio de nuevo ocasión para contemplar a un Aznar aferrado a los clichés del pasado, con el principio de autoridad como norma suprema, un Aznar presto a cerrar filas en nombre de no se sabe qué sacrosantos intereses de Estado, cuando lo que su electorado demandaba en el caso del Cesid era la exigencia de responsabilidades y la expulsión de ineficaces y corruptos, como paso previo a su democratización y a la introducción de verdadera inteligencia en unos servicios dignos de tal nombre.

Para grandes capas de población era extenuante seguir oyendo las mismas monsergas, los mismos discursos, la misma resistencia a romper con el pasado, la autoridad por encima de todo, el sostenella y no enmendalla, los mismos tics retóricos que uno oyó de niño, sin que se vislumbrara siquiera el menor síntoma de cambio.

«Aznar debe ser consciente de que va ganando la batalla de la eficacia económica, pero va perdiendo —y no sólo por el bucle efectista de las primarias socialistas— la de la regeneración democrática», aseguraba Pedrojota Ramírez en su homilía dominical del 11 de abril del 98. El periodista le acusaba de estar instalado en la «tumbona de la autosatisfacción» y de haber perdido la «iniciativa política que mantuvo durante toda la primera mitad del 97».

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La noticia, al llegar junio, era que, frente al tirón electoral del PSOE provocado por lo que entonces se llamó el «efecto Borrell», el Partido Popular seguía estancado en intención de voto. Las encuestas se negaban a responder a la solidez de los argumentos económicos que podía con justicia esgrimir el Gobierno. Frustración era la palabra adecuada para describir el estado de ánimo de las gentes del PP.

Una encuesta del CIS efectuada antes del debate sobre el estado de la Nación mostraba que la aparición de un déjá vu como Borrell en escena había sido suficiente para que el PSOE sobrepasara al PP en casi 5 puntos. ¿Qué tenía que hacer el PP para lograr de una vez la confianza y el respaldo mayoritario de los electores? Misterio. Lo que el PSOE tenía que hacer parecía claro: simplemente estarse quieto y seguir utilizando los papeles de trabajo del profesor Barea por toda oposición… Era la constatación, una vez más, de un fenómeno tan viejo como fascinante: la fidelidad del electorado socialista hacia un partido roto en mil pedazos y cuyo máximo dirigente se había salvado del banquillo en el caso Marey por una artimaña judicial.

Aznar no lograba calar en el electorado. El presidente del Gobierno es un buen jefe de obra, un magnífico contable que hace bien su trabajo pero que no levanta pasiones, no entusiasma al electorado. Salvadas las distancias, para muchos españoles es como ese experto fiscal a quien uno recurre una vez al año para que le haga la declaración de la renta y del que una vez firmada se despide hasta el año que viene. Un buen administrador de la finca, pero no un vendedor de ilusiones. Lo cual, dicho sea de paso, podría ser la situación ideal para un electorado maduro que reniega, por peligrosos e innecesarios, de los liderazgos carismáticos, los charlatanes de feria y los vendedores de gangas. Aznar podría perfectamente ser considerado como «uno de los nuestros», un hombre normal, desprovisto de todo carisma, que hace su trabajo con rigor. Pero, al contrario de lo que ocurría con Kohl en Alemania, ésa no es aquí mercancía suficiente. Los españoles necesitan un conductor, quieren un líder carismático, un jefe todopoderoso que infunda miedo, respeto o veneración, porque no les resulta suficiente un eficaz consejero delegado de España S.A.

La constatación de esta realidad produjo en las filas del Partido Popular un efecto demoledor en plena primavera del 98. Las cofradías de agraviados que crecen en los suburbios de todo partido en el poder comenzaban a dar síntomas de vida, alentadas por el desconcierto que se advertía en ese mismo poder a cuenta del comportamiento de unas encuestas que se negaban a responder a las sólidas verdades de la economía. Las críticas a José María Aznar comenzaban a proliferar por los cenáculos de los segundones.

«No es admisible su frío distanciamiento con gente del partido de toda la vida, a la que debe muchos favores», aseguraba un histórico del partido, quejoso con un comportamiento implícito al uso del poder, ese sobrevolar sobre los antiguos afectos, ese cerrar la puerta a las viejas fidelidades, ese «pasar», ese egregio ausentarse, ese no ver ni sentir más allá del oropel palaciego. «Yo creo que se sentía un poco incómodo por no haber contado conmigo en junio del 96, después de años de pelear codo con codo desde sus tiempos en Ávila, y un día me dijo, oye, voy a decirle a Ana que os vengáis a cenar a Moncloa, y hasta hoy…».

Había decepción por «esa forma que tiene de llegar al hemiciclo y apalancarse en la cabecera del banco azul, como hacía González, y salir pitando en cuanto acaba la sesión sin decir ni mu», de modo que la mayoría de los diputados del Grupo Popular no tenían el menor contacto con el presidente del Gobierno. Aznar era para ellos como la esfinge de Keops: un poder sobrevenido del cielo, y aquí paz y después gloria.

En el Grupo Parlamentario no se entendía la fijación del presidente con algunos de sus colaboradores directos, caso del secretario de Estado de la Comunicación o de algunos/as ministros/as, esa radical negativa a introducir cambios cuya necesidad parecía obvia.

¿Miedo a alimentar el número de los agraviados que toda crisis de Gobierno provoca a cuenta de las ambiciones no satisfechas de quienes se creen llamados a mayores empresas? Un hombre que en tal sentido influía mucho en Aznar era el ministro Arias-Salgado, quien le recomendaba mucha precaución con los cambios, presidente, acuérdate de la UCD, porque cada vez que desplazas a un ministro de su sillón abres heridas tremendas, generas resentimientos, alientas la aparición de sindicatos de agraviados por partida doble: por parte de los que quitas y por parte de los que no pones, y luego te topas de regalo con un Grupo Parlamentario lleno de ex ministros rezumando amargura, que eso fue lo que le pasó a Adolfo, y eso convirtió a UCD en ingobernable, así que tú verás, pero mi consejo es que aguantes todo lo que puedas…

El descontento del grupo había cristalizado en torno a la figura de Miguel Ángel Rodríguez, chivo expiatorio de la gélida temperatura del amo. «Hemos entrado en Maastricht cuando nadie daba un duro por nosotros; hemos asegurado las pensiones; hemos bajado la inflación y los tipos de interés y se está creando empleo, pero luego sale MAR los viernes en la tele, hace una gracieta y lo echa todo a perder…». En el Grupo Parlamentario surgió por aquel entonces la iniciativa de formar una comisión para ir a plantear al «jefe» la necesidad de sustituir a MAR como portavoz del Gobierno, pero al final la idea se deshizo como un azucarillo, fuéronse y no hubo nada, porque, ¿quién ponía el cascabel al gato?

Seguramente MAR tenía poco que ver en el imbalance entre los logros económicos alcanzados y los escasos frutos obtenidos en las encuestas, y sí mucho más la forma de Gobierno, que en el fondo no se distinguía en muchos aspectos de la de González, la misma distancia impuesta por la fortaleza arpillada de Moncloa, la misma olímpica incapacidad para conectar con las aspiraciones de una sociedad que, después de la experiencia vivida, ya no se contentaba con que el Gobierno no robara, y que esperaba algo más que buenos datos macroeconómicos.

La demanda de cambios en la política de comunicación del Gobierno estaba precisamente centrada en el Ministerio de Economía y Hacienda. En el curso de una Comisión Ejecutiva celebrada a primeros de junio, el subsecretario de Economía, Fernando Díaz Moreno, se atrevió a planteárselo claramente al presidente, después de un largo parlamento del secretario general, Francisco Álvarez Cascos, según el cual el partido había cumplido ya nada menos que el 85 por 100 de su programa electoral… «Estaremos cumpliendo, lo estaremos haciendo de maravilla, pero si no se entera nadie, pues ya me contarán…». Pero Díaz Moreno se quedó solo. Nadie más se atrevió a tomar la palabra. Silencio sepulcral.

Algunos tenían la impresión de que el fallo de la política de comunicación de Moncloa no estaba en MAR, sino en la ausencia de un jefe de gabinete, un jefe de cocina. «No es que las cosas no se expliquen bien, lo que sucede es que, sobre un mismo tema, cuatro ministros opinan de cuatro formas distintas, de modo que lo que se echa en falta es el papel que hacia un Julio Feo en la primera época de Felipe».

La presión sobre el presidente para que moviera ficha iba in crescendo. Rodrigo Rato estaba claramente en esa tesis, pero Rato sé dejaría torcer un brazo antes de cometer un desliz que pudiera perjudicar su carrera. «Aznar quiere pasar a la historia de su pueblo como el primer presidente que hizo la vuelta a Burgos sin cambiar una sola vez de bicicleta», afirmaba un diputado popular.

«En estos momentos hemos recorrido un largo camino de crédito, de confianza, de aceptación, de tranquilidad del país, además de haber consolidado nuestra posición de poder en casi todas las autonomías que gobernamos —aseguraba el ministro de Economía a finales de junio del 98—, y creo que nos hallamos en una etapa de transición: la gente está encantada con lo que pasa, no tiene ningún tipo de resquemor ni de recelo, pero todavía no ha cambiado de fidelidades… El trick está en cómo hacer que cambie, porque el PSOE mantiene firmemente aferrado su electorado. Es evidente que tenemos un serio problema de comunicación o, mejor dicho, de lo que yo llamo “gestión de medios” —añadía—. La verdad es que el mundo de los medios en este país es complicadísimo, un tema muy duro, muy arduo, muy crispado. Dicho lo cual, mi obligación es tratar de llevarme bien con todo el mundo; a todo el mundo hay que darle un bocadillo, aunque uno pueda tener luego amigos a quienes dé caviar. Pero la gestión de medios es indispensable: hay que llamar a todos y trabajarse a todos por igual y discutir con todos, porque yo no puedo renunciar al 50 por 100 de la prensa española. Yo no puedo decirle a mi jefe de prensa, oye, macho, a ésos ni agua, porque estoy obligado a atender a todo el mundo».

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Consciente de las limitaciones del aparato de Moncloa, Rodrigo Rato, el más político, by far, de todos los ministros de Aznar, estaba haciendo la guerra por su cuenta, pactando a hurtadillas con los Polancos, lo cual respondía perfectamente al espíritu de la vieja derecha levantisca y aguerrillada, tan alejada del espíritu de clan del PSOE y tan poco dispuesta a aceptar la disciplina de partido cuando ésta no conviene a sus particulares intereses.

Hacía mucho tiempo que Rato había llegado al convencimiento de que nadie le iba a arreglar sus eventuales problemas de imagen con Polanco y Prisa, «un grupo muy compacto, muy inteligente, muy profesional, que funciona a la voz de “ar”», y mucho menos un hombre como MAR. En esa certidumbre, decidió arreglárselas por sus propios medios.

Conviene decir que el hombre que más pegas puso a la llamada a filas de Aznar en la Navidad del 96 había sido precisamente él. Falto de todo ardor guerrero, a Rato no le gustaba nada el toque de corneta contra Polanco. Como ministro de Economía, le resultaba imprescindible contar con un marco social y político adecuado en el que poder desarrollar con éxito su política, de modo que para él lo importante no era la pelea con Polanco, sino el que no le estropearan el escenario en el que escenificar la recuperación económica. Le preocupaba que se pudiera crear un oleaje de tal crispación que obligara a todo el mundo a tomar partido, haciendo imposible el diálogo social con los sindicatos.

Cuando, un año después, ya era evidente el éxito de su gestión económica, entraron en juego de forma automática las particulares razones de un hombre que alimenta fundadas aspiraciones de suceder en un futuro próximo al propio Aznar en la presidencia del Gobierno de la nación y que sabe que, para hacerlas realidad, necesitará contar con la neutralidad, al menos, del grupo mediático más poderoso del país. Rato se hizo cada vez más reacio a enfrentarse con Polanco.

Además, el ministro de Economía debía también cuidar sus espaldas empresariales. Para él era muy desagradable que alguien empezara a airear los problemas de sus empresas, problemas ligados a la mediocre gestión de su hermano Ramón, responsable, al parecer, de la pérdida de gran parte de la fortuna familiar en estos años. Con los trabajadores de su grupo manifestándose en Cibeles, era importante contar con la benevolencia del grupo Prisa. Rato contó con ella, de modo que esas protestas pasaron prácticamente desapercibidas.

«Mis relaciones con Polanco no son buenas, pero tampoco malas —reconoce en privado—. La situación de Prisa es complicada, porque, enfrentado a un Gobierno que parece que va a durar, sus aliados son unos señores que representan el pasado y que se niegan en redondo a abordar su reconversión».

En realidad, las relaciones de Rodrigo Rato con Jesús Polanco son excelentes, y excelente es o suele ser el trato que los medios de Prisa, empezando por El País, dispensan al ministro. La jugada del cántabro es perfecta. Con el PSOE bien atado por el ronzal, el editor cuida, riega y abona con mimo, desde hace tiempo, dos preciosas crisálidas en el jardín del PP que un día no lejano podrían llegar a convertirse en espléndidas mariposas: Alberto Ruiz-Gallardón por el centro-izquierda y Rodrigo Rato por la derecha, dos hombres que sin duda pelearán muy pronto por la sucesión de Aznar.

Con Ruiz-Gallardón muy quemado a cuenta de la divina impaciencia de un hombre que enseñó demasiado pronto sus cartas y que hoy está bloqueado en el partido (no es descartable que Polanco intente con él, en el momento procesal oportuno, alguna jugada descabellada), la gran apuesta de Polanco a cuatro años vista en el Partido Popular es Rato.

Rato es el único ministro del Gobierno Aznar, y casi el único hombre de la derecha política, que asiste con cierta regularidad a los saraos que organiza el editor en su dacha de Valdemorillo. Rato es «el rostro amable» de la «derechona». El último convite de tronío tuvo lugar a finales de junio del 99 en la vecina casa, Valdemorillo again, de Plácido Arango, íntimo amigo de Polanco, el multimillonario mexicano dueño de la cadena Vips: Plácido, Jesús, Alicia Koplowitz, Emilio Ybarra y Rodrigo Rato. Y señoras. La crème de la crème. Y Sus Majestades los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, como incomparable florón para dejar bien sentado quién manda aquí. Tras la cena, de luxe total, los Reyes, casi un milagro de la ciencia, bailaron juntos por primera vez en décadas una ranchera lenta a los sones de un mariachi. Don Rodrigo fue el único que no bailó.

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A la altura de junio del 98, el ministro de Economía había aprendido ya a buscarse la vida por su cuenta en los terrenos de la comunicación, «porque lo de Rodríguez clama al cielo —aseguraba uno de sus hombres—, es una especie de flagelación que no se entiende ni desde la franja de Gaza».

«La verdad es que resulta desesperante que después de dos años tan buenos, con un equipo que se formó casi con alfileres en condiciones muy difíciles después del resultado electoral, no se haya ganado la confianza suficiente como para darle a esto un vuelco —aseguraba, por su parte, otro ministro acogido al anonimato—. Todo el éxito de este Gobierno consiste en dejar de asustar, en que ya no metemos miedo, ya no mordemos, pero de ahí a entusiasmar media un abismo. Y el caso es que algo habrá que hacer, algún glamour habrá que derrochar para volver a ganar las próximas generales».

La demanda de cambios en el Gobierno y su entorno se había convertido en un clamor dentro del Grupo Parlamentario popular y del propio partido. ¿A qué espera Aznar? El señor presidente, frío, gélido, imperturbable, reacio a consultar sus decisiones con nadie, se había dedicado a viajar al extranjero por toda respuesta, mientras en el interior se extendía la creencia de su carácter aurista y evanescente, en un perpetuo «ni está ni se le espera».

La insistencia para que moviera ficha antes del 1 de agosto era muy fuerte. Los barones del partido habían incrementado de forma notable su presión para que descabalgara de una vez a MAR, como responsable de la mala imagen del Gobierno, del estancamiento electoral y de la incapacidad para comunicarse con los ciudadanos. Cascos, Oreja, Arenas y Rajoy se habían acercado individualmente al presidente para hacerle ver la imposibilidad de continuar con tal situación. El paso siguiente era que el Estado Mayor conjunto de los barones se presentara un día en bloque en su despacho de Moncloa, lo que hubiera supuesto algo así como una rebelión de los coroneles.

Con todo el éxito de la gestión económica a cuestas, el empleo creciendo por encima del PIB y el consumo de las familias disparado, José María Aznar se encontraba ante un horizonte complicado si seguía negándose a entrar en política y no empezaba a vender un proyecto mínimamente ilusionante.

En esta situación iba a resultar muy complicado aguantar dos años más, sin lanzar algún mensaje político de importancia, sobre todo cuando el panorama de elecciones parciales en el 99 auguraba una exacerbación de los conflictos nacionalistas.

A las puertas del verano del 98, ante el gobierno Aznar se alzaba una inquietante realidad: la certidumbre que existía apenas seis meses antes de que la segunda victoria electoral del PP estaba asegurada ya no era tal, había desaparecido, era humo, y en su lugar se había instalado la creencia de que sería necesario pelear muy duro para poder ganar en el 2000.

Un cambio dramático. «De especular sobre la posibilidad de aumentar la representación parlamentaria, e incluso lograr la mayoría absoluta, hemos pasado hoy a preguntarnos: ¿podremos ganar las próximas elecciones?», se preguntaba Alejo Vidal Cuadras. Era un interrogante que cinco meses antes nadie se hubiera planteado. Lo llamativo de la situación era que, sin mover un dedo, el PSOE tenía asegurado un virtual empate técnico con el PP. «Y yo digo una cosa, ¿ha valido la pena tanta genuflexión, tanta renuncia a los principios, tanta iniquidad con los leales para esto?».

Todo lo cual venía a demostrar el fracaso de la doctrina de la «lluvia fina», apenas un sirimiri que estaba muy lejos de calar entre la población. Una estrepitosa milonga, a pesar de las favorables condiciones ambientales. Los enemigos de Pedro Arrióla se frotaban las manos: «Los asesores de Aznar están especializados en hacerle perder elecciones o en hacerle ganar por un margen mínimo. Algo falla. Lo único que no falla es la incapacidad de esta gente para reconocer su error. Es la misma gente que buscará las excusas oportunas para justificar la derrota si al final lo de la lluvia fina se convierte en una torrentera al estilo de “El Niño”».

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El viernes 10 de julio del 98, al terminar la referencia del Consejo de Ministros impartida por el denostado Miguel Ángel Rodríguez, el propio MAR hizo saltar la liebre al despedirse de los presentes. El portavoz anunció que había presentado su dimisión irrevocable al presidente del Gobierno. La situación se había hecho tan insostenible que éste no había tenido más remedio que aceptársela.

¡Estalló la bomba! La noticia corrió como la pólvora mientras el propio MAR completaba el relato de su muerte anunciada. Un hombre injustamente tratado, que tuvo el extraño privilegio de ver magnificados sus errores y reducidos al silencio sus aciertos.

Su salida de Moncloa era, en cualquier caso, una mala noticia para el PSOE, que nunca había mostrado interés en pedir su dimisión por una cuestión de mera conveniencia: en él tenían identificado al muñeco al que arrear estera, una especie de blanco fijo, el punto débil, el talón de Aquiles perfectamente identificado del Gobierno.

Sus enemigos se habrían llevado, sin embargo, una decepción si hubieran tenido noticia del mensaje alborozado con el que el propio interesado vendía la nueva a sus amigos: aquél era un hombre libre, en un estado que bordeaba la euforia, que por fin se había quitado de encima un peso insoportable.

«MAR fue un buen jefe de prensa de partido de la oposición, pero nunca llegó a ser un buen secretario de Estado de la Comunicación —asegura uno de los fontaneros de Moncloa—, Pensó en el 96 que iba a ser nombrado ministro portavoz y de hecho luchó por ello, aunque Aznar ni siquiera se lo planteó. Lo nombró secretario de Estado de Comunicación, pero él forzó la máquina y se quedó también con la portavocía. Y ahí estuvo su error, porque si no hubiera intentado compatibilizar ambas cosas ahora seguiría siendo secretario de Estado. Aquí el que se lleva las tortas es quien da la cara».

Pero la salida de MAR era apenas el aperitivo del gran convite que Aznar tenía preparado para los impacientes de su partido. «Aznar es un maestro en la medición de los tiempos —prosigue el mismo fontanero—. Si hablamos de ganar o perder las elecciones, no vale para nada barrer en las encuestas un año antes, porque lo que cuenta es la foto finish. Yo le he visto en situaciones muy apuradas, donde lo más fácil hubiera sido tomar decisiones precipitadas, y sin embargo permanecía impertérrito. ¿Por qué no interviene? Porque hay que saber elegir el momento adecuado para tomar decisiones. Y ahora iba a demostrárselo a los críticos del propio PP».

Dos días después saltó la verdadera bomba: el titular de Industria, Josep Piqué, era nombrado ministro portavoz del Gobierno, al tiempo que el entonces secretario de Estado para el Deporte, Pedro Antonio Martín Marín, pasaba a ocuparse de la Secretaría de Estado de la Comunicación.

Harto de aquella batalla de gestos, más que de palabras, que le habían planteado quienes deseaban la pira de MAR, Aznar hizo los cambios a espaldas de todos, con clara intención de marcar los territorios, para que supieran quién mandaba allí. Y eligió, además, a Piqué, el candidato que menos podía apetecer a Rodrigo Rato, precisamente el ministro que más se había movido en contra de Rodríguez.

Los aspirantes al puesto dentro del propio Gabinete eran muchos. Lo quería Arenas, seguro de contar con las condiciones necesarias para el cargo; lo pretendía Loyola de Palacio, quien llegó a estar convencida de ser la elegida; e igualmente lo deseaba Rajoy, y todos llamaron al recién nombrado tras la fumata bianca para felicitarle, oye, si no he sido yo, me parece bien que seas tú… Piqué no suponía entonces una humillación para nadie, porque no era del PP. Era un estado de gracia que podía terminar abruptamente el día que el nuevo portavoz dejara entrever de forma más o menos explícita cualquier adicional apetencia de poder.

Para Carlos Aragonés, el ticket Piqué-Martín Marín era una opción perfecta, porque Antonio compensaba las posibles carencias de Piqué y representaba un estilo totalmente distinto al de MAR, con la seguridad de que las cosas se iban a hacer de otra manera.

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A los amigos del catalán les sorprendió más «la aceptación que la proposición». Entre él y Aznar se había establecido una relación de confianza guiada por el descubrimiento paulatino de las habilidades del catalán como hombre que se explica bien, que construye con solidez los argumentos y los expone con un claro afán pedagógico.

Al margen de ese anhelo didáctico, Piqué, un pragmático puro, listo y ambicioso, le había servido con acierto en un ministerio clave, con actuaciones tan importantes como la política de privatizaciones, la liberalización eléctrica, la reestructuración del acero, los acuerdos de la minería y astilleros…

Su labor al frente de Industria ya estaba en buena medida concluida, hasta el punto de que había llegado a adelantar al presidente su deseo de abandonar el Ministerio enarbolando la bandera de la «misión cumplida» para pasar de nuevo a la empresa privada. Piqué era un hombre de grandes aspiraciones en ese terreno, en cuyo camino se había cruzado la bella Esther Koplowitz para ofrecerle un cargo similar al que Óscar Fanjul desempeñaba a la vera de su hermana Alicia, con tan buenos resultados para el bolsillo de ésta.

Pero la llamada de Aznar, apenas tres días antes del anuncio oficial, cumplía todos los requisitos para hacerla irrechazable. Como ministro portavoz, se iba a encargar de los temas de estrategia, de dar la cara tras los consejos de ministros de los viernes y de la relación con los grupos mediáticos para tratar de poner paz en ese frente, una enfermedad crónica del Gobierno. No hacía falta ser un lince para prever que si el nuevo portavoz lograba sellar la paz en ese delicado terreno, y además conseguía centrar los mensajes, su cuota de poder iba a crecer en proporción directa a la evolución favorable de las encuestas. Era la estrella ascendente del universo Aznar. Un hombre llamado inevitablemente a grandes metas.

¿Podría Piqué entrar definitivamente al trapo de la política, olvidando sus aspiraciones en el campo de la empresa privada? Sólo si Aznar era lo suficientemente listo como para ofrecerle el puesto adecuado, y ése no era otro que el Ministerio de Economía y Hacienda.

Su nombramiento desconcertó a Pujol y compañía. Para el presidente catalán, la dimisión de MAR tampoco fue una buena noticia. Por razones parecidas a las del PSOE, la agresividad de Rodríguez le permitía seguir jugando con impunidad el papel de moderado, de político responsable forzado, malgré lui, a seguir apoyando a Aznar para asegurar la gobernabilidad de España, y ello a pesar de los insultos y desplantes de ese tal Rodríguez.

De pronto, la combinación de tener a Maragall en Barcelona y a Piqué en Madrid dejaba al Honorable prisionero de un sandwich tan peligroso como inesperado. ¿Quién podía discutirle al nuevo portavoz su catalanidad? Hablando con la mesura y el seny propio de su condición, Piqué desmontaba buena parte del juego dialéctico que había mantenido vivo a Pujol durante décadas. Y algo más: hacía añicos la condición de CiU como peculiar gestoría de los intereses de la clase empresarial catalana en Madrid. Los empresarios del Instituto de la Empresa Familiar, un poderoso lobby del que Pujol se decía valedor, podían ya hablar en Madrid con un ministro catalán sin necesidad de pasar por el fielato de los «convergentes». Era lo peor que le podía pasar al Honorable.

Moviendo sus bazas con habilidad, Aznar había desmontado la estrategia de conflicto que tanto convenía a Pujol para arropar su inacabable lista de reclamaciones ante Madrid. Y lo había hecho, además, sin darle la oportunidad de protestar.

Con despacho en Moncloa, Piqué se integraba de forma automática en los famosos «maitines» de los lunes en Génova, al lado del núcleo más duro del aparato. Frente a MAR, su ventaja como ministro portavoz estribaba en poder llamar a un ministro y, además de impartir doctrina, ponerle firme. Pero eso implicaba meterse de bruces en la cocina del PP, y seguramente hacerse militante del partido. Y en ese momento Josep Piqué ya no podría seguir jugando el mismo amable juego del pasado reciente, el juego del independiente que no es enemigo de nadie porque a nada aspira, estrategia que tan buenos dividendos le había proporcionado en Industria.

Aznar le había hecho un encargo principal, y era sentar las bases para la firma de una paz honrosa con Jesús Polanco, «arréglame eso», y a ello se aplicó con renovado entusiasmo el nuevo ministro portavoz, convencido de que la sinceridad de su oferta, la fluidez de su verbo y la fuerza de sus argumentos obrarían el milagro de acabar con el principal problema con el que había tropezado el presidente en su camino.

Fumar la pipa de la paz con Polanco implicaba abandonar definitivamente la idea primigenia de MAR de dar vida con paraguas oficial a un gran grupo mediático capaz de competir con garantía frente a Prisa, hacer, en suma, el anti-Prisa, una tarea a la que se había aplicado con desigual dedicación Juan Villalonga desde la presidencia de Telefónica.

«Queremos abandonar ese experimento —aseguraba el propio Piqué nada más tomar posesión de su cargo— para orientarnos en otra línea radicalmente distinta, que consiste en alentar la aparición, en igualdad de condiciones, de todas aquellas iniciativas empresariales que puedan surgir en el mundo mediático, dejando que sea el mercado quien coloque a cada una en su sitio. Apostar por el modelo “anti-Prisa” implicaba, por lo demás, un riesgo muy fuerte, porque, en caso de perder el Gobierno dentro de un par de años, el nuevo grupo pasaría a engordar directamente las filas del batallón mediático del PSOE, con lo cual la derecha podría despedirse de volver al Gobierno durante mucho tiempo. La idea de diversificar los poderes mediáticos es, pues, mucho más rentable, natural y lógica».

Bellas palabras, sin duda, capaces de arrancar una gozosa carcajada de las fauces de Jesús Polanco. Muy pronto, sin embargo, se iba a enterar el virginal ministro portavoz con quién se estaba jugando los cuartos.

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La idea de Piqué de arrinconar el proyecto original de MAR, al margen de abrir un serio interrogante sobre el grupo mediático liderado por Telefónica, era consecuente con el corpus doctrinal que José María Aznar estaba precisamente lanzando a la sociedad española: el viaje —o el viraje— al centro del Partido Popular.

¿En qué se iba a concretar ese viaje al centro político durante el resto de la legislatura? «La respuesta tiene una parte de estilos y otra de contenidos —aseguraba el propio Aznar—. Creo que hemos hecho muchas cosas y que ahora llega el momento de ver la coherencia de todas ellas. Desde el punto de vista de las tareas de la Presidencia, mi obligación es provocar el impulso necesario para que el país dé un salto hacia adelante que consolide su futuro de la mano de una fuerza política de raíz claramente liberal, muy centrada, capaz de entrar con plena fortaleza en el siglo XXI sin ninguno de los complejos y adherencias del pasado reciente. Todo eso hay que concretarlo en detalles políticos, pero lo que más me interesa ahora es afianzar la coherencia de las líneas maestras de este proyecto, que se resumen en la consolidación de un programa liberal capaz de cambiar estructuras y mentalidades y de propiciar ese definitivo salto hacia adelante del país».

Al margen del disgusto que, para un hombre que bajo esa capa de frialdad esconde grandes dosis de afecto con los amigos, había supuesto tener que prescindir de Rodríguez, José María Aznar estaba políticamente contento, porque la operación le había salido casi redonda, como enseguida se encargó de demostrar un sondeo: 400.000 votos de diferencia a favor del PP inmediatamente después de anunciado el relevo.

Y algunos empezaron a alimentar la tesis de que, puesto que el cambio había sido bueno y a un coste casi cero, el presidente podría animarse a hacer algún otro de más enjundia en su equipo ministerial. Sin embargo, al presidente lo que realmente le atraía era agotar la legislatura con el mismo Gobierno.

Frente al contento de Aznar, un clima de incertidumbre se apoderó de pronto de algunos de los más significados aliados mediáticos con los que había contado para llegar a Moncloa.

Era el caso de Pedrojota que, como otros muchos periodistas que habían seguido la peripecia de Aznar, se preguntaba si esa salida respondía a un simple movimiento táctico destinado a mejorar la imagen del Gobierno o si, por el contrario, era el primer síntoma de un cambio estratégico mucho más profundo cuyo relato secuencial incluiría la dimisión de MAR, primero, el abandono por Cascos de la Secretaría General del partido, después, y, finalmente, el pacto o la entente cordial con Jesús Polanco, asunto que implicaba un riesgo muy fuerte para El Mundo.

Pedrojota sospechaba que Rodrigo Rato, que tanto había tenido que ver con la salida de Rodríguez de Moncloa, podría ser la piedra angular de ese pacto, un acuerdo que podría estar basado en los siguientes términos: paz fiscal para Prisa a cambio de paz mediática para el Gobierno.

Otro pilar de la operación sería Juan Villalonga, igualmente necesitado de un respiro frente al cañoneo inmisericorde al que le tenía sometido el Grupo Prisa. El elemento capital del pacto sería la firma del acuerdo para la fusión de las respectivas plataformas digitales, lo que alejaba a Polanco de la amenaza de la suspensión de pagos para Sogecable, fusión que precisamente se iba a hacer pública el 21 de julio, apenas unos días después de los cambios operados en Moncloa. Villalonga, cuyo papel quedaba relegado entonces al de un simple peón de Aznar, se desentendía definitivamente de la idea de formar su propio grupo mediático, entregando la defensa de sus intereses a la magnanimidad del padrone Polanco y su Grupo. Pero, ¿es que alguien en su sano juicio pensaba que Prisa podía ayudar al PP a ganar las próximas elecciones generales?

La situación, desde el punto de vista mediático, no podía ser más desalentadora para la guerrilla que se negaba a aceptar la pax polanquil. Hacía justamente un año, en la primavera del 97, parecía a punto de caramelo un gran grupo de comunicación alternativo a Prisa. Doce meses después no sólo no existía tal grupo, sino que la situación en el frente anti-Polanco estaba presidida por la inestabilidad y la fragmentación: el ABC se había pasado al frente «enemigo», encantado su director de poder comer de cuando en cuando con el director de El País; la COPE se encontraba sacudida por las tensiones internas provocadas por la desaparición de Antonio Herrero; Onda Cero andaba metida en pérdidas, y El Mundo navegaba a media máquina, con el timón averiado a cuenta del misil que había supuesto el vídeo contra Pedrojota.

Las filas «polanquistas», por el contrario, con todos sus aditamentos (La Vanguardia, El Periódico de Catalunya y chalupas menores tal que El Siglo o Cambio 16), estaban más unidas y crecidas que nunca tras la victoria sobre el juez Gómez de Liaño.

El de los medios de comunicación era, sin duda alguna, el punto flaco del PP, o más bien su perro flaco, un can famélico al que todo se le volvían pulgas. Todo lo demás, por supuesto el envite de los nacionalismos, e incluso la Justicia, era herencia de un pasado o materia de unos pactos que resultaban imprescindibles para seguir gobernando, algo, en suma, con lo que había que tragar, mientras que la política con los medios de comunicación no podía haber sido peor.

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En plena primavera del 98, el distanciamiento entre Aznar y el grupo de periodistas que había contribuido de forma más o menos decisiva a auparle a la presidencia del Gobierno de la nación era un hecho.

Semanas antes de los cambios descritos, el 1 de mayo de 1998, Fiesta del Trabajo, José María Aznar, que al día siguiente debía asistir en Bruselas a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, invitó a cenar en Moncloa a Luis Herrero y a Federico Jiménez Losantos.

En el curso de la cena, a la que asistió el hijo mayor del matrimonio Aznar, el presidente vertió duras palabras contra ese grupo al que los Polancos llaman «el sindicato del crimen», comandado por dos personalidades tan fuertes como las de Pedrojota Ramírez y Antonio Herrero, a quien en concreto acusó de estar absolutamente radicalizado, echado al monte de una crítica sin ninguna proporción, un francotirador dispuesto a disparar contra todo lo que se moviera. Eso era tan cierto, afirmó, que su hijo, allí presente, un impenitente fan del locutor, le había dicho que ya no lo soportaba, que apagaba la radio…

Al día siguiente, Antonio Herrero fallecía ahogado en aguas de la bahía de Marbella cuando practicaba submarinismo.

Naturalmente, los invitados a la cena relataron a José María García, el célebre «Butanito», los términos de la cena y las críticas vertidas por el presidente contra Antonio, lo que motivó que el lunes 4 de mayo, en el primer programa de La Mañana de la era post-Herrero, conducido al alimón por Luis Herrero y García, este último cerrase la tertulia, al filo de las diez de la mañana, con un durísimo ataque contra Aznar, en el que llegó a decir que no le perdonaría nunca que no hubiera asistido al funeral de Antonio en Marbella, al que habían asistido nada menos que tres ministros del Gobierno. Aznar se había excusado en privado: «Yo sólo voy a los funerales por las víctimas del terrorismo».

El domingo 9 de mayo, Pedrojota dedicaba su artículo a la memoria de Antonio Herrero. Lo interesante estaba en el último párrafo, todo un mensaje de despedida a José María Aznar: hemos hecho lo que hemos podido; la muerte de Herrero reduce nuestras fuerzas, y es hora de que juegue quien tiene que jugar. En suma, señor Aznar: defiéndase usted solo…

Justo un día antes, Luis María Ansón había publicado una «tercera» en ABC titulada «¿Quién teme a José Borrell?», en la que aconsejaba al Gobierno realizar cambios en la política de comunicación, porque había periodistas «ligeros de cascos», que estaban pensando en apoyar a Borrell. De hecho, son muchos los que piensan, empezando por el propio Ansón, que si al leridano le hubiera salido bien el debate sobre el estado de la Nación ahí mismo se habría acabado Aznar, un presidente desprotegido, debido a la ausencia de un aparato mediático razonablemente engrasado en derredor.

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Pero, ¿qué podía pasar, en efecto, con Francisco Álvarez Cascos? ¿Iba a ser la nueva víctima propiciatoria de esa súbita pasión por el centro que le había entrado a la derecha española?

El «gurú» presidencial, Pedro Arrióla, lo tenía claro: «Ni hablar. En primer lugar, porque Paco Cascos es el músculo político de este Gobierno. En segundo, porque Paco es imbatible desde el mismo momento en que ha sido él quien ha dicho que quiere irse, se lo ha dicho claramente a Aznar. Recién casado, y ya con una buena edad en su haber, lo normal es que quiera tomar otros derroteros, entre otras cosas hacer su pequeño patrimonio, porque él no piensa, como otros, en llegar a presidente del Gobierno, y por tanto no tiene que casarse con Polanco ni con nadie para ver cumplida esa ambición. Yo creo que aguantará con Aznar en el Gobierno el tiempo que Aznar quiera, pero no en el partido».

Aznar, un tipo no sólo inteligente sino listo —cualidad que poca gente le reconoce—, era plenamente consciente de que Cascos, aparte de ser «el defensor del vínculo» entre Gobierno y partido, constituía un alfil de vital importancia para él, un peón que los Polancos quisieron siempre derribar para hacer posible el jaque mate en el ajedrez del poder.

Los idus no le eran ciertamente favorables a Cascos. Al margen de las buenas palabras de Arrióla, el vicepresidente se enfrentaba a una serie de handicaps que hacían muy difícil su supervivencia política. El primero era el nuevo modelo de partido pretendido por Aznar, que, en esencia, consistía en buscar desde la derecha lo que Blair había encontrado desde la izquierda. El líder británico, en un proceso muy similar al que luego seguiría el alemán Schroder, había centrado el laborismo, metiendo en el redil socialdemócrata al ala radical, y al final le había salido un partido de diseño con el que estaba haciendo políticas de corte liberal, a las que añadía algunos toques compasivos con los teóricos ideales de la izquierda.

Aznar pretendió en el verano del 98 seguir los pasos de Blair desde la derecha. Su objetivo consistía en instalar al PP en el gran caladero de votos del centro, desplazando al PSOE de esas aguas y poniendo en marcha un centro posmoderno, ambiguo, comprensivo y difuso, ideológicamente descafeinado pero capaz de lograr la mayoría parlamentaria. Este planteamiento requería buena imagen pública, capacidad de diálogo, suavidad en las formas, flexibilidad en los planteamientos, competencia técnica, grandes dosis de pragmatismo y una calculada desideologización… ¡Josep Piqué! He ahí el hallazgo. Piqué era el perfecto representante de ese tipo de partido complaciente con todo el mundo, dispuesto a hacer honor a la frase pronunciada por Blair ante la Asamblea francesa: «Las políticas económicas no son de derechas ni de izquierdas; son las que funcionan y las que no funcionan».

Miguel Ángel Rodríguez no tenía sitio en ese nuevo esquema, y a Álvarez Cascos le ocurría algo parecido. Cascos, un hombre de una pieza, para quien la palabra dada sigue teniendo un valor, no encajaba tampoco en la foto de ese tipo de partido oportunista y centrado, un partido en el que ya no eran imaginables las batallas digitales de la primera mitad del 97, que eran precisamente las que había librado Cascos como mariscal de campo de Aznar.

«Todos nosotros estamos viajando hacia el centro desde que teníamos uso de razón en AP —protestaba el afectado—. Fraga escribió «la teoría del centro». Él fue quien primero teorizó sobre ello, aunque quien lo llevó a la práctica fue Adolfo Suárez. El objetivo de situarse en el centro del arco político está en el abecedario de cualquier partido democrático en un sistema parlamentario. En ese viaje al centro, el eslogan de nuestro Congreso de Sevilla, año 90, fue precisamente el de “centrados en la libertad”. De manera que lo de ese giro no es una pirueta, no es un “pronto” que le haya dado a Aznar».

En efecto, se trataba de un viaje antiguo, iniciado en el 89 y alumbrado por el deseo de promover una gran renovación política con gente joven, muy leal y con aptitudes. El hombre que en su día elaboró ese mensaje fue Arturo Moreno, primer vicesecretario electoral, un tipo inteligente, políticamente muy dotado para captar en cada momento la temperatura de la sociedad, que ha seguido colaborando con Aznar en la sombra, suministrando papeles e ideas, durante todos estos años y que hoy trabaja en Telefónica Media.

Sin embargo, aquel proceso sufrió un brusco frenazo con motivo del caso Naseiro, una operación de Ferraz, seguramente en connivencia con los aparatos de información del Estado, en el que se vio implicado de lleno Arturo Moreno. Aquello fue utilizado por ciertos sectores de la derecha para quitar poder a Aznar y paralizar el proceso de renovación.

«Lo que pasa es que el centro no es un punto fijo, inamovible, en torno al cual giran los usos y costumbres sociales, sino un espacio que hay que articular todos los días —prosigue Álvarez Cascos—. De ahí la teoría del “centro renovación” de Aznar. Lo cual obliga a una constante peregrinación hacia ese centro ideal, entendido como la necesidad de ajustar, sintonizar con las demandas sociales de la mayoría. Por tanto, en la medida en que se mueve la mayoría se tiene que mover el partido, renovando sus propuestas y adaptándolas a los tiempos que corren. De otra forma sería muy fácil: bastaría con elaborar un programa y repetirlo hasta la saciedad. Pero, lógicamente, el contenido de un programa de centro para las elecciones del año 2000 no es el mismo que para las del año 82».

Sin embargo, para Guillermo Gortázar, responsable del área de formación del PP, «el centro no existe. Nadie sabe lo que es. Lo que sí existen son tintes y valores de izquierda y tintes y valores de derechas y éstos se pueden ejercer con moderación o con mala educación. La tendencia actual, según la cual para moderar los perfiles políticos hay que renunciar a la ideología, me parece ciertamente absurda. A riesgo de pecar de reduccionista, la cosa está clara: los que anteponen la igualdad son de izquierdas y los que priman la libertad son de derechas. E igualdad significa más intervención, más sector público, más presión fiscal, mientras que libertad implica liberalizar, privatizar y reducir el papel del Estado en la economía y la sociedad. Entonces, una vez establecidos los valores de la derecha, si los llevas a la práctica de forma educada, sin imposiciones y con gente amable, pues estás dando una imagen de centro. Pero es una cuestión de educación, casi de familia…».

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A lo largo del otoño del 98, el Gobierno de José María Aznar se iba a aplicar con tanto celo en el giro al centro que quienes en cubierta seguían presentando una imagen de derechas salían despedidos de la nave a un mar embravecido por la violencia del giro a babor.

Un buen ejemplo del desbarajuste ideológico que el baile de disfraces estaba provocando en el PP lo constituyó la firma del nuevo acuerdo sobre el contrato de trabajo a tiempo parcial suscrito entre Gobierno y sindicatos, marginando a la CEOE, en un giro de ciento ochenta grados con respecto a los criterios que, un año antes, habían inducido al Ejecutivo a no interferir en la negociación de la reforma del mercado de trabajo entre patronal y sindicatos.

La CEOE, indignada con el Gobierno, se negó a suscribir el acuerdo, pero el Ejecutivo ganaba por partida doble: abortaba la posibilidad de protestas sindicales —cualquier cosa antes que manifestaciones en las calles— y, además, la actitud de la CEOE le proporcionaba un impagable pasaporte centrista.

Para Aznar había llegado el momento de aligerar equipaje. Nadie podía quejarse con propiedad. Como presidente del Gobierno, había guardado fidelidad a la gente que le había acompañado en la dura travesía de la oposición y en la batalla campal contra el felipismo.

Había sido una pelea ciertamente dura, condicionada por la falta de carisma del candidato. El PP, frustrado por la derrota del 93 frente a un González enredado en todo tipo de escándalos, se vio enfrentado al siguiente dilema: Ya que no podemos atraer, vamos a hacer que el otro resulte repulsivo. Y entre 1993 y 1996 el PP se embarcó en una oposición muy dura. Había que demonizar al PSOE, asunto ciertamente fácil, con una oposición de una agresividad brutal que, como no podía ser de otro modo, tuvo también un coste para el atacante, gráficamente plasmado en la imagen del dóberman. Hasta tal punto que en el 96 se ganó, pero por muy poco. Y hasta tal punto que, tras más de dos años de Gobierno, con excelentes resultados económicos, paz social, entrada en la Unión Monetaria, etc., el despegue electoral seguía resistiéndose.

Era necesario imprimir un golpe de timón, deshaciéndose de las caras más representativas de aquel período, dejando en la cuneta la carga más ominosa, porque se trataba de construir un partido amable, suave, moderado, receptivo a las iniciativas sociales, a imagen y semejanza de lo que estaban haciendo las nuevas generaciones socialdemócratas en Europa. Por eso caen Rodríguez y Cascos. Por eso sube Piqué. Y pasa a primer plano gente no contaminada en ninguna batalla, personas de perfil agradable, chicos guapos, sonrientes, buenos gestores, Rato, Zaplana, Rudi, Acebes, Pío…

Políticos en línea con la transformación del partido en un centro reformista muy volcado al pragmatismo, entregado al seguimiento preciso de la opinión pública en cada momento, dispuesto al vaciado ideológico y al ayuno intelectual. Porque, además de hacer las cosas bien, y a pesar de contar enfrente con un partido sin liderazgo, sentado en el banquillo de los acusados, el PP necesitaba embellecerse para terminar de despegar.

De modo que, enfilando la Navidad del 98, Aznar decidió desprenderse de forma implacable de todo lo que oliera a derecha clásica, peleona, rancia, dispuesto a hacer olvidar esa época de enfrentamiento a primera sangre con el PSOE y a convertir al PP en un partido de referencia en el que el español medio se sintiera reflejado, escuchado, amparado y comprendido. Sin ideología, porque «lo que vale es lo que funciona», en famosa frase de Blair.

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El huracán Cascos aumentó su potencia cuando, el 12 de noviembre del 98, el diario ABC publicó una nota, casi un suelto, asegurando que el director general de RTVE, Fernando López-Amor, «será relevado de su cargo con toda seguridad» en un próximo Consejo de Ministros. Era otro hombre cuya imagen se compadecía mal con la idea de moderación perseguida por el nuevo centro reformista de Aznar.

Estaba claro que aquélla era una operación de Piqué, un destello del grandísimo poder que atesoraba en sus manos la nueva estrella del Gobierno Aznar, y fue Piqué quien filtró a su amigo y antiguo colaborador en Industria (secretario de Estado de la Energía), Nemesio Fernández Cuesta, actual presidente de Prensa Española, la inminente decapitación de López-Amor cuando éste se encontraba retozando en Centroamérica, convencido de que aún le quedaban muchas lunas al frente de RTVE.

Si hubiera sido listo, el director general del ente público se habría dado cuenta de que tenía todas las papeletas en la mano para ejemplificar en su cabeza, o al menos apoyar con ella, el giro al centro. Porque a su imagen agresiva López-Amor unía una condición insólita en un cargo tan sometido al vasallaje del poder político que lo nombra: nuestro hombre había hecho de RTVE su pequeño taifa y sobre él reinaba con total suficiencia y descaro, haciendo y deshaciendo a su antojo sin prestar la menor atención a las recomendaciones procedentes de Moncloa. El Gobierno, por aquello de no cambiar de burra, estaba decidido a aguantar con él lo que durara la legislatura, pero la situación se había hecho insostenible.

Piqué utilizó el ABC para lanzar la operación y que no hubiera vuelta atrás. Se supone que con la anuencia de Aznar, de ahí que el recinto de Moncloa no entendiera el enfado del presidente por haber perdido el control de los acontecimientos. En efecto, a Aznar le hubiera gustado anunciar el cese de López-Amor por sorpresa y a continuación citar el de su sucesor, como ocurrió con MAR. Y ahora, por el contrario, estaba a remolque de los acontecimientos, aunque fuera él quien se encargara de modularlos.

El desconcierto duró veinticuatro horas en Moncloa, porque en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del viernes (televisada por el Canal 24 Horas creado por el propio López-Amor) se anunció su sustituto: Pío Cabanillas.

La personalidad del sucesor de López-Amor causó impacto. Hijo de uno de los políticos más famosos del franquismo y de la transición, era, en opinión de un amigo de su padre, «un chico sano y majo, que hasta hace un par de meses ocupaba un cargo de responsabilidad en Sogecable, muy amigo de los hijos de Polanco y del abogado Matías Cortés».

Todas las señales de alarma se encendieron entonces para muchos votantes del PP. Aquéllas eran demasiadas coincidencias como para que todo fuera casual. Al contrario, estábamos ante una operación de gran calado que comenzó con la destitución de MAR y el nombramiento de Piqué, siguió con la defenestración de Álvarez Cascos, continuó con las negociaciones para la fusión de las plataformas digitales, tuvo su punto fuerte en la visita de Polanco a Moncloa y acababa de conocer su último episodio con la caída de López-Amor y su sustitución por Pío Cabanillas.

Una explicación piadosa aseguraba que Cabanillas había abandonado Sogecable de motu proprio y sin la menor idea de que terminaría desembarcando en RTVE porque no soportaba a Juan Luis Cebrián. Pero alguna gente se preguntaba: ¿se fue Cabanillas júnior de Sogecable porque alguien le pidió desde Moncloa que así lo hiciera con tiempo prudencial? De ser así, estaríamos ante la piedra del arco del magno acuerdo entre el Gobierno Aznar y el polanquismo destinado a lograr el apoyo del grupo Prisa de cara a las próximas elecciones generales.

Cabreado o no con Cebrián, la cultura del joven Cabanillas es Prisa cien por cien. Se trataba de un progre con el sello de garantía Polanco y el perfil del joven ejecutivo con aureola de máster que, sin embargo, no había gestionado gran cosa en su todavía corta vida. Algunos veían en él una réplica bastante ajustada, incluso en su capacidad para la soberbia, de Mónica Ridruejo. «Pero ¿qué demonios ha gestionado este chico? Me alucina que digan que es un “gestor” —aseguraba, sorprendido, un parlamentario popular—. Por lo menos espero que, si no es gestor, tampoco sea un submarino de Prisa».

Piqué era definitivamente el factótum de este cambio, porque el fichaje de Pío era obra del nuevo ministro portavoz, aunque «bien es cierto que el “Presi” no tardó ni un minuto en comprarme la idea». Demasiado poder, demasiado rápido. Un detalle que no pasó desapercibido para el entramado de los felipancos. Sobre la jaima de Aznar estaba emergiendo la estrella de un político en el que hasta entonces nadie había reparado y que, dotado de una capacidad de persuasión desconocida en la derecha, podía convertirse en un enemigo de cuidado, ocasionando graves destrozos en el caladero de votos del PSOE.

El acierto o desacierto de los cambios no se vería hasta la próxima cita electoral, las elecciones europeas, municipales y autonómicas previstas para el 13 de junio del 99. Esa iba a ser la reválida del viaje al centro del Partido Popular de José María Aznar.

8
«HAY QUE MATARLOS A HACHAZOS»

A Manuel Murillo, dirigente de los socialistas históricos españoles en el interior, no le sorprendió la llamada matinal de Manuel Fraga. El ministro de la Gobernación del Gobierno de Arias Navarro le invitaba a cenar esa misma noche en un reservado del restaurante Jockey.

—¿Se trata de algún tema político?

—Por supuesto.

—¿Te importa si voy con Prat?

—En absoluto.

El ministro franquista y el socialista represaliado se tuteaban. Era casi una imposición de don Manuel, nada melindroso en el trato, siempre sin pelos en la lengua, directo al grano. A la mutua condición de gallegos se añadía la circunstancia de que Murillo había estudiado con las hermanas de Fraga y conocía mucho a su madre, a cuya casa, en sus tiempos de estudiante en Santiago, había acudido en más de una ocasión a tomar café. Existía, pues, una relación amistosa entre ambos que el muro de la ideología no había conseguido borrar del todo.

Los contactos, como no podía ser de otro modo tras la ruptura que impuso el franquismo, habían quedado reducidos al ámbito político, directamente relacionados con la condición de Murillo como secretario general del PSOE Histórico. Con tal motivo, ambos habían mantenido ya varias reuniones desde la muerte de Franco. Recién llegado de la embajada española en Londres, Fraga sabía que la democracia en España seria una realidad tarde o temprano, y con ella la existencia de partidos políticos, por lo que buscó el contacto con los representantes de los partidos tradicionales, a los que procuró una discreta protección en los últimos años de la clandestinidad, evitando cualquier exceso de los elementos ultras. «No quería que nos pasase nada porque sabía que los partidos no tardarían en ser legalizados».

Pero cuando, en aquel primer semestre de 1976, un poderoso Fraga, muy barnizado de democracia a la inglesa, le llamó para invitarle a cenar, Manuel Murillo estaba lejos de sospechar la trascendencia del evento. El dirigente socialista había visitado con cierta asiduidad ese templo de la política y los negocios que es Jockey. Varías veces había almorzado allí con otro gallego, Otero Novas, director general de Política Interior. Y también en Jockey el propio Murillo había presentado a Fraga a Victoria Fernández España, miembro de la familia propietaria de La Voz de Galicia, un periódico cuyo favor cultivaba don Manuel. De esa presentación surgiría la relación entre Fraga y Fernández España[16], que al poco tiempo pasaría a formar parte de Alianza Popular, partido con el que alcanzaría el escaño de diputada y el cargo de vicepresidenta del Congreso.

El ministro abordó en seguida el motivo de la cita, sin esperar siquiera a consultar la carta que amablemente un camarero había repartido entre los comensales. Manuel Murillo sabía que, con Fraga al lado, no merecía la pena perder el tiempo husmeando entre la oferta gastronómica. Don Manuel se encargaba de pedir por todos. Don Manuel era así. Murillo recuerda un almuerzo en Jockey con Víctor Salazar[17], otro socialista histórico, en el que Fraga se empeñó en que sus invitados tomaran pescado, porque había un pescado «muy rico y muy gallego».

—Gracias, don Manuel, pero a mí me apetece un filete —replicó Víctor Salazar.

—No, no, tú tomas pescado.

—Que no, muchas gracias, que tengo bastante con un filete con patatas.

—Ni hablar. No le haga caso —insistía terminante don Manuel ante el atribulado camarero—. Tráigale pescado.

Salazar zanjó la curiosa disputa con una palmada en la mesa:

—Pero, vamos a ver, Fraga, ¿usted me ha invitado a comer o a comer pescado?

Aquella noche de la primavera del 76 no hubo discrepancias con el menú. El asunto que les había reunido parecía demasiado importante como para perder el tiempo en detalles.

De acuerdo con la explicación de Manuel Fraga, el Gobierno de Arias Navarro alentaba una respuesta violenta a las acciones del terrorismo etarra. Arias estaba decidido a contestar a los atentados de la organización separatista con el bíblico «ojo por ojo y diente por diente». Había que hacer algo para detener aquella sangría. Responder al terrorismo con su misma moneda.

—Hay un plan elaborado, que tengo encima de mi mesa y que Arias quiere impulsar sin demora. Un grupo de policías, que ya está seleccionado, se encargaría de llevar a cabo las represalias en el sur de Francia. Es gente consciente de que no van a servir para la democracia, de modo que una vez ejecutada su misión de descabezar a la cúpula etarra se retirarían, al extranjero incluso, con un buen sueldo, y a correr…

Murillo y Prat, que había sido nombrado presidente del PSOE por el Congreso del interior, habían cruzado varias veces la mirada mientras hablaba el político gallego. Aunque el cargo tenía más de elemento decorativo que de ejecutivo, condición que recaía sin discusión en el secretario general, a Murillo le gustaba contar con la ayuda de Prat en aquellos eventos que se presumían importantes. Tanto Prat, viejo lobo de la política, como Saborit, experto en relaciones internacionales, tenían siempre a punto ese sabio consejo que brota de una dilatada experiencia política.

—¿Y por qué nos cuentas esto, Manolo?

—Porque esto son palabras mayores. Esto es un delito, y como estoy convencido de que los partidos políticos van a ser una realidad en este país dentro de poco, no quiero pasar a la Historia como el que tomó una decisión de este calibre en solitario. Por eso quiero que sepáis que este plan existe y que me digáis qué os parece, qué opináis vosotros.

Prat solía repetir, a modo de latiguillo, el mismo consejo a su compañero y amigo: «Antes de decir nada, cuenta hasta diez». Pero esta vez Murillo no necesitó la ayuda de la aritmética.

—Me parece una locura.

Prat lo miró con gesto aprobatorio. Tampoco había necesitado recurrir a los números para llegar a esa conclusión.

Manuel Fraga habló de «una docena de funcionarios» (policías) que, a través del Servicio Central de Documentación (Seced), creado por el almirante Carrero Blanco, tenían localizada a la cúpula de ETA en el sur de Francia con direcciones, movimientos, fotografías, etc. Todo estaba preparado. Era cuestión de ponerlo en marcha. El plan consistía en secuestrar a los etarras, traerlos a España y liquidarlos. Eliminación fue la palabra utilizada por el político gallego.

—Esa es una idea descabellada, Manolo, una barbaridad, y como ciudadano, como periodista y como abogado no puedo decir otra cosa. Algo inaceptable desde todos los puntos de vista. Y dime una cosa, ¿tú crees que de esta forma vais a acabar con el terrorismo de ETA?

—En absoluto —corroboró Fraga—. Además, esas cosas siempre se acaban sabiendo, y ya no sólo por las responsabilidades penales que en el futuro pudieran derivarse, sino porque la Historia será muy dura con una iniciativa de esta clase, y yo no estoy dispuesto a asumir ese coste en solitario.

—¿Con quién más has hablado de esto? —preguntó Murillo.

—Con Gil-Robles,

—¿Y qué te ha dicho don José María?

—Lo mismo que vosotros. Que no le gusta el tema. Que le parece una locura.

—¿Y con quién más?

—Con Miguel Boyer y con Felipe González.

Murillo no le preguntó por la respuesta de los jóvenes líderes del renovado PSOE salido de Suresnes. Las relaciones de Murillo y Felipe, más que malas, eran pésimas. «Estábamos a insulto diario en los medios de comunicación, y preferí callar. No quise saber más, aunque supongo que su respuesta fue también negativa».

Muchos políticos de la época están convencidos de que el padre de la idea era el coronel Ignacio San Martín, director del Cesid, pero, fuera quien fuera el autor moral y material del proyecto, lo cierto es que Manuel Fraga, tal vez porque no encontró apoyos o porque sinceramente era reacio a una iniciativa de aquella clase, no puso en marcha el plan de «desmoche» de la cúpula etarra. Paralizó la iniciativa y la dejó dormir el sueño de los justos.

* * *

Murillo permaneció expectante en los meses sucesivos, como sin duda quedaron Prat y el resto de políticos a quienes Fraga había confiado su terrible secreto. No ocurrió nada. Tampoco en 1977 y en los años sucesivos. La operación continuó congelada bajo los mandatos de Martín Villa, Juan José Rosón e Ibáñez Freire como ministros del Interior.

¿Por qué entonces el empeño del PSOE en endilgar a los gobiernos de la UCD la paternidad de la banda? ¿Por qué la protesta de tanto socialista honrado argumentando que existió actividad «en contra de las bandas terroristas» antes de la llegada del PSOE al poder?

Parece una evidencia que, con anterioridad a la Constitución del 78, incluso antes de la transición, existieron grupos más o menos incontrolados (el famoso Batallón Vasco Español entre ellos), en una medida difícil de precisar por cuanto los organismos de seguridad gozaban de una autonomía muy notable alentada por el propio sistema. Por un lado estaba la Policía, por otro la Guardia Civil y además los distintos servicios de información militares. Al no existir un control democrático de su funcionamiento, sus acciones quedaban impunes. No había que dar cuenta de lo que pasaba, y tampoco había un Parlamento democrático capaz de exigir responsabilidades.

Durante el Gobierno de Arias Navarro, los servicios de información estaban todavía circunscritos a los tres ejércitos. El del Aire, el más evolucionado, se había abierto ya a conceptos democráticos que todavía estaban lejos de prender en las otras armas y, en consecuencia, su servicio de información se comportaba como un servicio militar, con labores centradas exclusivamente en el campo de la defensa aérea del territorio.

El servicio de información del Ejército de Tierra, en cambio, tenía objetivos mucho más ambiguos, como corresponde al protagonismo político de que había disfrutado con la dictadura. Sus tareas no sólo abarcaban las labores puramente militares, sino que también se implicaba en el campo de las actividades políticas contrarias al Régimen. Este servicio fue el que, por ejemplo, actuó con saña contra la Unión de Militares Demócratas (UMD).

Sin embargo, fueron los servicios de información de la Marina los que más se distinguieron por su dedicación «política», en una especialización que eclipsó cualquier otra actividad. El primer pilar del Régimen, antes que el Ejército de Tierra, era la Marina, y sus servicios de información gozaron de una enorme influencia bajo el almirante Carrero Blanco.

Además, en la Presidencia del Gobierno que entonces ocupaba el propio Carrero Blanco también se encontraba el Seced, donde proliferaban los marinos, y que en realidad era un servicio de defensa del Régimen. Coronando el pastel, el Ejército contaba con el servicio de información de la Junta de Jefes del Alto Estado Mayor, el llamado «Servicio de Documentación», que tenía misiones de contraespionaje y una operativa más acorde con lo que podía ser un servicio de inteligencia tradicional.

En ese ambiente tuvo lugar el asesinato de Carrero Blanco. Y aunque todos los servicios de información militares prestaron su apoyo para tratar de descubrir a los culpables, fue el de Marina el que se sintió con el deber y el derecho de profundizar en la investigación y vengar el asesinato. Y fue ese servicio el que realizó algunas actuaciones en el sur de Francia con ese propósito de venganza, entre otras el asesinato de Argala, una operación que hubiera resultado imposible llevar a cabo sin contar con una red de apoyo sobre el terreno de la que sólo ellos disponían.

Los servicios de información de Tierra, Marina y Aire, más el Servicio de Documentación del Alto Estado Mayor, se integraron en 1978 en un sólo organismo, el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), que bajo los auspicios del general Gutiérrez Mellado empezó a funcionar ese mismo año.

El Cesid nació como un intento de poner orden en el caos de unos servicios cuyas funciones se solapaban y cuya operativa estaba reñida con cualquier criterio democrático y de funcionalidad. Con el Cesid, Gutiérrez Mellado pretendió transformar aquellos reinos de taifas en una inteligencia moderna, aunque en un primer momento resultó imposible evitar la influencia de los servicios anteriores, en general, y el lastre de los marinos, en particular. En efecto, quienes en un principio se hicieron con las riendas del Cesid procedían de la Marina, cuyo protagonismo en los primeros momentos fue evidente, porque eran ellos los que tenían experiencia en la lucha contra ETA. De ahí la figura del célebre don Pedro «el Marino», y de ahí que los dos primeros aspirantes a la jefatura de la Agrupación Operativa fueran un marino y José Luis «Pepe» Cortina.

Los problemas de Adolfo Suárez con unos servicios cuyo funcionamiento desconocía y de cuya lealtad desconfiaba quedan patentes en el hecho de que, cuando llegó a Moncloa, no pidió el asesoramiento de esos servicios militares a la hora de montar su seguridad. En realidad, Suárez desembarcó en la Presidencia con la mochila al hombro. Carente del menor respaldo, hasta su propio centro de comunicaciones estaba trufado por gente perteneciente a los distintos servicios. «No es que me vengan a servir —decía con ironía—, es que me vienen a controlar».

Suárez no tuvo más remedio que echarse en brazos de la CIA norteamericana, que fue la que, de forma indirecta, le ayudó a organizar su propia seguridad. La CIA y hombres como López de Castro, un comandante que en aquellos momentos actuó con auténtica lealtad a su persona, más algunos otros que también le sirvieron con fidelidad. Con estos antecedentes, y con una reforma política por delante que, entre otras cosas, incluía la legalización del PCE, estaba claro que Adolfo Suárez no tenía más remedio que soltar el lastre que suponían esos servicios y encargar a Gutiérrez Mellado su transformación en lo que sería el Cesid.

Las dificultades fueron numerosas. En «La Casa» recuerdan todavía la visita que el propio Suárez realizó para, en compañía del general Gutiérrez Mellado, explicar las intenciones del Gobierno con respecto a la nueva institución y dar unas directrices de funcionamiento democrático. Pues bien, cuando los políticos abandonaron el edificio, el entonces director, general Bourgón López Dóriga, realizó una serie de comentarios descalificando las palabras del presidente y señalando que el centro de información pensaba seguir a su aire. «Estos han venido a decirnos lo que tenemos que hacer, pero ya veremos nosotros lo que hacemos». Enterado de los comentarios de Bourgón, Gutiérrez Mellado lo destituyó de forma fulminante en veinticuatro horas y lo mandó a reflexionar a Melilla.

El político abulense se sentía perdido en el proceloso mundo de los espías. «¿Esto es cosa de los servicios?», preguntaba cuando ocurría alguna acción aparentemente inexplicable en el País Vasco. «¿Quién controla esto?» Cuando llegó al poder, el Batallón Vasco Español estaba dando sus últimas boqueadas. Suárez no sabía quién lo movía ni a quién reportaba, y cuando preguntaba no obtenía respuesta convincente. La solución consistía en comenzar a limpiar el patio de todos aquellos que pudieran estar relacionados con la guerra sucia y montar sus propios servicios de información. Fue la tarea que acometió Gutiérrez Mellado con la creación del centro.

De hecho, una de las primeras labores que emprendió fue realizar una amplia «operación limpieza» consistente en jubilar a todos los que habían tenido algo que ver en la lucha contra la ETA de los primeros tiempos o que venían marcados por ella, caso del citado Pedro «el Marino» (que había estado relacionado con tipos de la catadura de Jean-Pierre Cherid) y de otros muchos que poco a poco fueron desapareciendo de la escena. ¿El Batallón Vasco Español? Ahí estaba cuando llegó Suárez, cierto, pero, en contra de la tesis que esgrime el PSOE, fuera de todo control oficial.

Ahora bien, el GAL ¿comenzó a funcionar antes de la llegada del PSOE al poder? Como tal GAL, nunca. Cosa distinta es que las actividades de la guerra sucia comenzaran antes, pero durante la transición esa actividad nunca estuvo controlada por el Estado.

* * *

Recién llegado Adolfo Suárez a la Presidencia del Gobierno, con el Servicio Central de Documentación instalado aún en el palacete de Castellana 5, frente a la plaza de Colón de Madrid, Emilio Cassinello (miembro del Seced, diplomado de Estado Mayor en Guerrilla y alumno aventajado de la escuela de contrainsurgencia norteamericana), se le acercó un día con un recado poco tranquilizador:

—Presidente, aquí hay un proyecto de lucha contra ETA que está en el cajón desde los tiempos de Carrero Blanco, ¿qué hacemos con él?

Suárez le respondió que no entendía de esos temas, pero que, en principio, lo que acababa de oír no le gustaba nada. Lo pensaría.

La cuestión se abordó en profundidad durante las segundas vacaciones de verano, mes de agosto, de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, en la casa que Antonio van de Walle, un coronel del Ejército muy bien relacionado con los servicios de inteligencia españoles y norteamericanos, posee en Bagur, Costa Brava, y en la que Suárez estaba invitado.

—¿Te importa que convoque aquí a mi gente para una reunión? —pidió permiso al dueño de la casa.

—En absoluto.

Y allí, ante Fernando Abril, Gutiérrez Mellado, Emilio Cassinello, Alonso Manglano y el propio Van de Walle, Suárez realizó un análisis de la situación de la lucha antiterrorista y comentó que había un proyecto que, desde los tiempos de Carrero Blanco, llevaba varios años congelado, un plan que alguien le había recordado, y no tengo elementos de juicio, aparte de que no me gustan esas cosas, pero yo delego la decisión en quien realmente sabe de estas cuestiones, que no es otro que el general Gutiérrez Mellado, un hombre que cuenta con mi total confianza, de modo que lo que él decida será respaldado por mí hasta el final.

Entonces tomó la palabra Gutiérrez Mellado para decir que no era partidario de esos métodos, que si pensara que de esa forma se iba a acabar con ETA no habría problema en contratar los servicios de la mafia marsellesa para matar etarras en el sur de Francia, pero que no creía en absoluto que ésa fuera la solución, y que además ese tipo de acciones no se podían realizar en un Estado democrático.

Y allí se acabó la historia de los GAL con la UCD. Lo que no quiere decir que, cuando Felipe González llegó a Moncloa, no hubiera ya actuado en el sur de Francia un «generoso batiburrillo»[18] de grupos parapoliciales españoles: Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista), Batallón Vasco Español (BVE), Antiterrorismo ETA (ATE), etc., con un saldo de nueve muertos y tres heridos. Se trataba de grupos y acciones difícilmente controlables desde el Gobierno, dada la autonomía y libertad de que gozaban los distintos servicios y cuerpos de seguridad crecidos a la sombra del franquismo. La mayor parte de esas acciones fueron llevadas a cabo por mercenarios reclutados por los Santamaría, Ballesteros, Cassinello, Conesa, Martínez Torres et altri, soldados de fortuna que pertenecieron a la OAS francesa, la ultraderecha italiana y los bajos fondos marselleses, tipos como Jean-Pierre Cherid, Carlos Gastón y Georges Mendaille, que acabaron instalándose en la costa mediterránea española.

* * *

El programa electoral con el que el PSOE ganó las elecciones generales de octubre de 1982 incluía entre sus principales objetivos (punto 4.5, sobre «política antiterrorista y contra la subversión anticonstitucional») la necesidad de abordar globalmente el problema del terrorismo y la involución, convencidos de que una cosa alimentaba a la otra, «Tanto el terrorismo de extrema derecha como el de extrema izquierda, el GRAPO y el independentismo de ETA», afirmaba el documento, «sirven hoy de soporte a la subversión anticonstitucional».

Sin embargo, lo que realmente preocupaba a Felipe y sus hombres recién llegados al poder era el riesgo de golpe militar. Y no sólo porque el susto provocado por la intentona del 23-F permaneciera entonces muy fresco en la memoria, sino porque el mismo 27 de octubre, víspera de las elecciones generales que elevaron a González a los altares, el Cesid había abortado otra intentona con sangre que, de haber triunfado, hubiera dejado el 23-F convertido en un juego de niños.

De acuerdo con la documentación incautada al coronel Muñoz, que contenía el plan de operaciones, se trataba de un golpe de Estado en toda regla, con órdenes concretas sobre uso de la fuerza en caso de encontrar resistencia.

Nada supo la opinión pública de aquella intentona. La debilidad del Estado democrático era tal que, en aquellos momentos, la más elemental prudencia aconsejaba no dar publicidad a lo ocurrido para no alarmar aún más a la población. Por fortuna, el Cesid llevaba meses siguiendo de cerca los preparativos, lo que hizo posible desmontarlo en la noche del 27-0. El Centro había venido realizando un gran esfuerzo de infiltración en áreas involucionistas, un proceso en el que desempeñaron un papel destacado el coronel Juan Alberto Perote, que se haría luego famoso por otros motivos, y el teniente coronel Bastos, que llevaba el área de involución.

La suerte les sonrió una tarde en que, merced al seguimiento a que estaba siendo sometido, descubrieron que Muñoz había estado visitando a Milans del Bosch en la cárcel, antes de acudir a la Academia de Artillería de Fuencarral, donde estaba destinado, de la que salió al caer la tarde con un par de maletines en las manos.

Por fortuna, Muñoz cometió el error de dejar esa documentación en el maletero de su coche mientras asistía a una cena con Blas Piñar y otros destacados ultraderechistas. Los hombres del Cesid, tras localizar el automóvil aparcado al lado del restaurante Biarritz, procedieron a abrir el vehículo y fotografiar la documentación antes de volverla a reponer en sus carpetas como si nada hubiera ocurrido. Para su sorpresa, lo que allí había era una orden de operaciones para el día siguiente, 28 de octubre, jornada electoral, con un objetivo claro: acabar con el sistema democrático. El plan incluía el clásico esquema de intervención de medios de comunicación, especialmente televisiones y centros gubernamentales, y órdenes concretas para poder utilizar la violencia si se diera el caso, «Ocupar y eliminar», decían los textos incautados.

Acabada la operación, los agentes se dirigieron al Centro, donde mostraron a Emilio Alonso Manglano la documentación intervenida. El director del Cesid se puso de inmediato en contacto con Alberto Oliart, a la sazón ministro de Defensa en funciones, quien decidió actuar policialmente ordenando el arresto de los conjurados.

Nada más ser nombrado ministro de Defensa, Narcís Serra se reunió con Emilio Alonso Manglano para ratificarlo al frente del Cesid (cargo para el que había sido nombrado por Oliart) y transmitirle el deseo urgente del nuevo Gobierno de abordar la involución y el terrorismo como misiones principales del Centro. Y así lo expuso el propio Manglano a sus hombres de confianza en la primera reunión que mantuvo con ellos: «El Gobierno socialista me confirma en el puesto, y nos impone dos misiones concretas».

Tras años de comprobar el frustrante comportamiento de Francia en la lucha contra ETA, la falta de colaboración francesa se había convertido para los gobiernos de Madrid en una especie de obsesión que, a partir de octubre de 1982, heredó el primer Ejecutivo socialista. François Mitterrand y los socialistas franceses todavía guardaban de los etarras una cierta imagen heroico/romántica como guerrilleros de la libertad contra la dictadura franquista, visión que revelaba un desconocimiento palmario de la realidad de la Constitución española del 78 y del propio Estatuto de Gernika, que otorgaba a los vascos grandes dosis de autogobierno.

Tras la primera entrevista que como presidente del Gobierno español mantuvo con Mitterrand, Felipe González volvió a Madrid francamente cabreado por la soberbia de su colega, una especie de mariscal imbuido de la grandeur napoleónica, porque le había tratado «como un pobre de pan pedir»:

—Les vamos a organizar a éstos un problema terrorista en suelo francés que se van a enterar.

En las filas socialistas (especialmente entre la gente del Ministerio del Interior de José Barrionuevo) fue tomando cuerpo la idea de trasladar el problema del terrorismo etarra a Francia. Había que darles una lección. Demostrarle a París que lo de ETA no era ninguna broma, y que tenían que empezar a colaborar con el Gobierno de Madrid.

En ese momento, el Cesid estaba en mantillas en el País Vasco francés. «Habíamos mandado algún agente durante el año 82, pero más en misiones de sondeo que otra cosa —señala una fuente de La Casa—. Meros pinitos. Juan Ortuño, que entonces mandaba la unidad operativa, envió a un par de agentes a estudiar a la Universidad de Pau. Y poco más. La exigencia del nuevo Gobierno, sin embargo, supuso un paso adelante y dio un impulso decidido a las actividades del Centro en Francia. De pronto, empezamos a tomarnos con verdadero entusiasmo la idea de combatir el terrorismo en el país vecino».

Lo cual estaba en perfecta sintonía con la filosofía del programa electoral socialista, que, en un interesante precedente del espíritu que animó la aparición de los GAL, aseguraba que «el Estado no puede regatear medios humanos y materiales para establecer su poder e imponer la ley».

El Cesid veía la lucha contra ETA como una operación de inteligencia en la que no se debía descartar ninguna de las alternativas, incluida la opción de la violencia. No excluir la actividad real implicaba estar preparados para afrontarla si el Gobierno así lo ordenaba. Esa tarea se abordó durante los primeros meses de 1983, y consistió en preparar la Unidad Operativa para su eventual participación en acciones violentas, sin descuidar la actividad de inteligencia propia de un servicio secreto.

Esa dualidad, perfectamente compatible, quedó reflejada en una serie de estudios realizados por aquel entonces en La Casa, en los que se recogen los pros y contras del paso a la actividad violenta frente a las ventajas que, en cambio, representaba una actividad puramente de inteligencia. Tal dualidad, señal de la inquietud que una eventual actividad armada producía en el Centro, estaba presente en el célebre documento —entre otros— del mes de julio del 83, la denominada «acta fundacional» de los GAL, donde también quedaba claro que el primer objetivo era el secuestro de miembros cualificados de ETA para trasladarlos a España e interrogarlos.

* * *

Como parte de su trabajo de inteligencia, el Cesid se fue introduciendo con éxito en los ambientes etarras del sur de Francia. «No sin dificultades, logramos infiltrar gente en su entorno, lo que nos permitió mantener una vigilancia constante sobre los eventuales objetivos, viendo cómo se movían, por qué medios, con qué ayudas… Y ello, repito, como parte del trabajo de inteligencia, aunque sin descartar que un día nos pidieran otra cosa».

Dos de tales agentes (cuyo despliegue en el país vecino no ha sido negado por nadie, ni siquiera por el teniente general Alonso Manglano) habían logrado acomodarse con tanta naturalidad en los medios abertzales del sur de Francia que, cuando consiguieron uno de sus principales objetivos (contactar y reclutar a «Monique», una mujer de triple nacionalidad, antigua colaboradora de la Policía francesa), remitieron un informe a su base comentando las características de la ciudadana, las posibilidades que ofrecía, y otros sugerentes detalles que terminaban de esta guisa: «En definitiva, que se ha entablado una buena relación de amistad con ella, íntima si se desea…».

En el mes de septiembre del 83, sin embargo, Juan Alberto Perote, jefe desde 1981 de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME), se llevó una buena sorpresa. Uno de sus hombres más cualificados, el sargento Pedro Gómez Nieto, que La Casa había enviado al cuartel de Intxaurrondo para coordinar las operaciones con Rodríguez Galindo, acudió muy excitado a visitar a su jefe para contarle «el problema que se nos avecina».

Los antiguos mercenarios de la OAS se habían hecho viejos y de la mafia era mejor no fiarse. ¿Quién podía, entonces, hacerse cargo, con el arrojo y la profesionalidad necesarios, de la tarea de combatir al terrorismo etarra con sus propias armas? Nadie mejor que los agentes de la 513 Comandancia de la Guardia Civil, los hombres que Rodríguez Galindo dirigía con mano firme en el cuartel de Intxaurrondo, a pocos kilómetros de la frontera francesa. Y los aguerridos guardias de Intxaurrondo ya habían decidido llevar el terror a los santuarios etarras en el sur de Francia, pagarles con su misma moneda, enseñarles a vivir con el miedo al salir de casa, poner en marcha el coche y doblar la esquina.

El problema que preocupaba a Gómez Nieto tenía que ver con una reunión celebrada en Intxaurrondo, con el propio Galindo y otros mandos del cuartel en la cabecera de la mesa, en la cual se había formulado una propuesta concreta de actuación violenta en «Euskadi norte» de acuerdo con una orden de operaciones específica. «¿Qué va a pasar si nos metemos en esa historia? ¿Con qué respaldo contamos? ¿Qué me puede ocurrir a nivel personal?» En el ánimo del sargento anidaba el temor a ser detenido un día por la Policía francesa, a recibir un tiro de los etarras o a que, andando el tiempo, alguien le pudiera exigir algún tipo de responsabilidades.

Perote intentó tranquilizar a su hombre: «Vete tranquilo, porque entiendo que vais a contar con el respaldado necesario. Yo le voy a trasladar esta información al director del Centro, y si él no me dice nada será que la iniciativa viene de arriba y no es una ocurrencia de un comandante o un teniente coronel loco».

La novedad cogió a Manglano aparentemente por sorpresa. Ningún síntoma de estar al corriente o de sospecharlo siquiera. Muy al contrario: «Esto lo tengo que elevar», dijo alarmado. Es entonces cuando escribió el polémico «Pte.» en la célebre nota de despacho. «Pendiente» o «Presidente», lo que para Perote quedó claro es que Manglano se tomó el asunto muy en serio: «Esto es algo muy grave, y hay que consultarlo», dijo textualmente. Y lo iba a consultar el viernes: «Pte. Viernes».

Las peores sospechas de Juan Alberto Perote quedaron confirmadas días después, cuando el sargento López Nieto se presentó de nuevo en su despacho con unas hojas manuscritas que contenían la transcripción de una cinta en la que había grabado las reuniones operativas de actuación en Francia.

Era la prueba definitiva de lo que se avecinaba. Los hechos se encargaron de confirmar sus temores cuando, el 5 de octubre del 83, ETA (p-m) secuestró al capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios, un suceso que conmocionó como pocos a la opinión pública española y a sus poderes fácticos, y que iba a desencadenar la inmediata réplica de los GAL.

El cuerpo sin vida del capitán Martín Barrios fue encontrado con un tiro en la nuca el 19 de octubre de 1983 en la proximidades de Galdácano. Fue un asesinato particularmente abyecto, que provocó un sentimiento de indignación sin precedentes en las Fuerzas Armadas. Unos días después de ese acontecimiento, 24 de octubre, el periodista José Luis Gutiérrez publicaba en Diario 16 un texto revelador:

«“Hay que matarlos a hachazos. En la guerra no recibieron más que patadas en los cojones y, además, puestos de rodillas. Allí se vio la talla que tenían estos vulgares asesinos. Había que degollarlos porque a los chulos y a los asesinos hay que tratarlos con mano dura. Es la única vía”. Las líneas arriba reproducidas no han sido extraídas de un comentario acalorado de una sala de banderas, sino de la voz de irritación de todo un coronel del Estado Mayor y podrían servir de ilustración al estado emotivo que, tras conocerse el infame asesinato del capitán Martín Barrios por ETA, ocasionó una situación de alta tensión en las esferas militares como no se recordaba desde los meses dramáticos que precedieron al intento del golpe del 23-F.

»Por otra parte —proseguía el periodista—, la actividad intoxicadora durante las horas dramáticas de antes de ayer fue incontenible. El ministro de Defensa mantuvo contactos con el general Alonso Manglano, responsable máximo del Cesid, para rastrear posibles movimientos en el seno de las Fuerzas Armadas a las reacciones que la muerte del capitán Martín Barrios generaba en el colectivo castrense. Algunos generales y jefes hablaron informalmente y la conclusión fue similar a la de ocasiones anteriores: “Basta ya. El Ejército ha de intervenir activamente en la lucha contra el terrorismo. Las soluciones manejadas van desde la abracadabrante invasión del País Vasco a la reimplantación de la pena de muerte”.

»En este punto, las tesis de las citadas fuentes militares son de una claridad tan esquemática como meridiana: “La lucha contra el terrorismo es una guerra auténtica y en los estados en guerra hay pena de muerte. Si, en cambio, se considera que no estamos en guerra, entonces a los terroristas hay que tratarlos como a delincuentes comunes y, en este caso, las salidas políticas son nulas”».

Un año después de la victoria electoral socialista, el Ejército parecía de nuevo a un paso de la rebelión, aunque esta vez no en contra de las instituciones, sino por culpa de la supuesta ineficacia de esas mismas instituciones para luchar contra el terrorismo etarra. De nuevo el fantasma del golpismo.

* * *

Durante la celebración del juicio por el secuestro de Segundo Marey, el testigo Narcís Serra, ex ministro de Defensa, mostró especial interés en destacar el ambiente de crispación que, recién llegado al Ministerio, le tocó vivir con motivo del secuestro y posterior asesinato de Martín Barrios, y ello a pesar de que ni las acusaciones ni el fiscal le apretaron en tal sentido. Aun así, Serra reconoció que se encontró «presionado» por la Junta de Jefes del Estado Mayor (JUJEM).

A preguntas del abogado de García Damborenea sobre si se había hablado de la intervención del Ejército en el País Vasco a raíz del asesinato, Serra respondió que «en esos términos, no». Pero a continuación aclaró que, cuando se conoció la noticia, la Junta de Jefes del Estado Mayor pidió que, como había ocurrido en gobiernos anteriores, se diera a los ejércitos un papel en la lucha contra el terrorismo. Y, sin que nadie le preguntara, citó una reunión de la JUJEM en el Ministerio del Aire.

Respondiendo a una pregunta del abogado Manuel Murillo, «el testigo manifiesta que puede decir que recuerda el asesinato del capitán Martín Barrios. Recuerdo el funeral, la tensión en los acuartelamientos de Bilbao, la entereza del padre. Recuerdo la reunión con la Junta de Jefes del Estado Mayor, que piden algún tipo de intervención».

Pero ¿de qué forma se lo pidieron a Serra? ¿En qué términos Serra apaciguó esa exigencia? El ministro socialista vino a tranquilizar a los militares asegurándoles que no era necesaria su intervención porque ya se había tomado la decisión de actuar por otra vía.

En la madrugada del 16 de octubre, tres días antes de que apareciera el cuerpo sin vida del capitán Martín Barrios, un comando de la Guardia Civil secuestró en Bayona a dos simpatizantes de ETA, José Lasa e Ignacio Zabala, de los cuales nada volvería a saberse hasta que, en 1995, sus restos aparecieron en un pueblo cercano a Alicante. Fue el pistoletazo de salida de los GAL, así bautizados por Julián Sancristóbal, entonces gobernador civil de Vizcaya. Había llagado la hora de la venganza.

«Mi opinión —sostiene Manuel Murillo— es que cuando se celebró la reunión de la Junta de Jefes de Estado Mayor a la que alude Serra el plan ya estaba en marcha». El lanzamiento de los GAL se decidió en la primavera del 83, en el curso de una reunión que duró veinticuatro horas y que tuvo lugar en una finca del Icona situada en la sierra madrileña, concretamente en El Espinar, según explicaron durante la instrucción del caso Ricardo García Damborenea y Julián Sancristóbal. Entre los asistentes a esa reunión se encontraban Barrionuevo, Vera, Elgorriaga, Txiki Benegas, Ramón Jáuregui, Enrique Casas y los propios Sancristóbal y Damborenea. «Al final de una jornada agotadora, y después de no pocas divergencias entre los asistentes, se aprobó por mayoría tirar para adelante e ir a ver a Felipe».

Dos días después del secuestro de Lasa y Zabala por guardias civiles de Intxaurrondo, policías de la comisaría de Bilbao llevaron a cabo su particular «debut» en el terrorismo de Estado con el intento de secuestro en Francia del etarra José María Larretxea Goñi, dirigente de ETA (p-m). Al frente de la operación, el comisario Álvarez había colocado a un hombre de su entera confianza, Jesús Gutiérrez Argüelles, que ya había trabajado a sus órdenes en Barcelona y que iba a estar acompañado por tres geos.

La operación consistía en secuestrarlo en Francia, traerlo a España y eliminarlo. Larretxea salvó el pellejo porque los secuestradores fracasaron en su empeño. El automóvil de los geos lo embistió y derribó de la motocicleta que conducía cuando circulaba por una carretera secundaria. A continuación intentaron introducirlo en el coche, pero era muy gordo, no cabía y además se defendía con todas sus fuerzas. «Era muy alto y pesaba más de cien kilos, se resistió y gritó», declaró Argüelles durante el juicio. En ésas estaban cuando un coche patrulla de la Policía rural francesa hizo su aparición en escena, con el corolario de que el inspector y los tres geos fueron conducidos a comisaría, donde fueron acusados de lesiones y posteriormente encarcelados.

Jesús Gutiérrez declaró en el juicio que, cuando volvieron a España tras ser excarcelados el 8 de diciembre de 1983, recibieron miles de telegramas y cartas de felicitación «de altos cargos, de alguien del Tribunal Supremo, de la Familia Real…». El ciudadano español Segundo Marey no recibió ningún telegrama de felicitación.

El Cesid supo inmediatamente que el intento de secuestro de Larretxea era una acción de la Policía. «Empezamos a tener la certidumbre de que algo estaba pasando que el Centro no controlaba. Otros organismos de Seguridad estaban actuando al margen de La Casa». Lo que de misterio pudiera haber en aquel súbito vendaval contraterrorista quedó rápidamente confirmado por el silencio cómplice de unos y las confidencias de otros, si es que el testimonio directo de los agentes que La Casa tenía destacados en esos cuerpos no hubiera sido suficiente, ¿o es que Gómez Nieto estaba de vacaciones en Intxaurrondo?

Y lo que estaba pasando es que los GAL habían empezado a actuar, y lo hacían por una doble vía: por un lado, la Guardia Civil, fundamentalmente desde el famoso cuartel de Intxaurrondo en San Sebastián, centro neurálgico de la actividad contraterrorista, y por otro, la propia Policía desde la Jefatura Superior de Bilbao, al frente de la cual estaba Francisco («Paco») Álvarez, comisario general y número uno de su promoción, que había llegado por méritos procedente de Barcelona, donde había dirigido con gran éxito la Brigada Antiatraco. En Bilbao estaba también Julián Sancristóbal, gobernador civil de la provincia, y García Damborenea, de la Ejecutiva del PSOE y uno de los principales inspiradores de la respuesta violenta a ETA.

* * *

Tras el fiasco del secuestro de Larretxea, excelsa representación de la chapuza a la celtibérica manera, se puso en marcha la variante mixta de utilizar policías dentro de España y mercenarios fuera, a quienes se pagaba con fondos reservados. Es así como se llevó a cabo la operación Segundo Marey, el «secuestro de un viajante» que dijo Raúl del Pozo.

En la noche del 4 de diciembre de 1983, dos mercenarios franceses contratados por el policía José Amedo llamaron al domicilio de Segundo Marey, un español natural de Irún pero residente en la localidad francesa de Hendaya, representante de material de oficina, que en ese momento había subido al piso superior a lavarse las manos antes de cenar mientras contemplaba por la televisión un episodio de Benny Hill. En eso estaba cuando sonó el timbre. Su esposa acudió a abrir. Al bajar vio la puerta abierta. No pudo ver más. Dos hombres le golpearon y arrastraron, descalzo y con las gafas rotas, hasta introducirlo en un Peugeot 505 gris conducido por otro mercenario que poco después sería detenido. En realidad, el objetivo de los secuestradores no era Marey, sino el etarra Mikel Lujua, que vivía a dos kilómetros de la casa de Segundo (y a quien éste conocía de vista), pero el error no se descubriría hasta varias horas después. Marey vive porque no tenía absolutamente nada que ver con ETA.

Los secuestradores de Segundo Marey hicieron entonces público un comunicado en el que aseguraban que si los policías españoles detenidos en Francia, acusados del intento de secuestro de Larretxea Goñi, no eran liberados en cuarenta y ocho horas, «ejecutarían» a Marey.

Estuvo diez días encerrado en una cabaña de Colindres (Cantabria), diez días que le parecieron diez años, diez días drogado, en pijama, en zapatillas y encapuchado… En su relato ante el Supremo contó que sufrió alucinaciones durante el período que estuvo con los ojos tapados, lo que atribuyó a haber sido drogado, que sólo recordaba una comida, que hacía mucho frío y que siempre creyó que iban a matarlo. «Yo quería que me mataran». Marey es, en este sentido, un superviviente del perenne Auschwitz que se esconde en cualquier Gobierno no democrático y en muchos sedicentemente democráticos.

«¿Les preguntaba él si iban a matarlo?», quiso saber la abogada de Marey durante el juicio. «En algunas ocasiones lo preguntaba. Lo recuerdo con pena», respondió el acusado Hens, uno de los policías que lo custodiaron.

«Era habitual mantener encapuchados a los detenidos —aseguró durante el juicio el comisario Saiz Oceja, otro de los procesados—, para que no reconocieran a los agentes. Después se prohibió esa práctica por motivos de derechos humanos… No sé, ahora la Ertzaintza lo hace al revés: se encapuchan ellos para que no los reconozcan».

«Uno me dijo: “Segundo, hoy te liberamos” —añadió el propio Marey en su declaración—, pero otro dijo: “No, hay que matarlo”. Todos los días pienso en aquello».

En la segunda mitad de 1983 y a lo largo de 1984 se realizaron una serie de acciones, unas veces por parte de las comisarías de Policía y otras por las comandancias de la Guardia Civil. Así se sucedieron los atentados contra Ramón Oñaederra (diciembre del 83), Mikel Goicoetxea (diciembre 83), Domingo Perurena y Ángel Gurmindo (febrero del 84) y Eugenio Gutiérrez (también febrero del 84). Las dos partes actuaban como compartimentos estancos, aunque, en los ambientes vasconavarros donde se desarrollaba la actividad, resultaba imposible evitar las filtraciones y confidencias entre cuerpos de seguridad totalmente trufados: guardias civiles que informaban a la Policía, y policías que hacían lo propio con los civiles, y todos, de una u otra forma, en contacto con el Cesid.

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¿Sabían Felipe González y Narcís Serra lo que estaba ocurriendo en el cuartel de Intxaurrondo y en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao?

Los testimonios de que Felipe participaba activamente de la filosofía del ojo por ojo están suficientemente documentados, incluso por simpatizantes que, en un momento dado, lo compartieron todo con el carismático líder.

Otoño del 82. Plena campaña electoral. Hotel Ercilla de Bilbao. En una habitación, a solas[19], Felipe le pide al periodista José Luis Martín Prieto (entonces en el diario El País) que apague el magnetofón para espetarle a bocajarro:

—¿Qué te parece si empezamos a matar a estos tíos?…

Según Martín Prieto, la misma pregunta, que le conste, se la hizo a Carlos Garaikoetxea. Parece que FG estaba realizando su particular sondeo sobre la forma de tratar a los etarras.

Una frase parecida dirigió González en los pasillos del Congreso a Pedrojota Ramírez, entonces director de Diario 16, frase que el periodista ha repetido en diversas ocasiones:

—Lo único que tenemos que pactar con ellos [con ETA] es dejar de matarlos cuando ellos dejen de matarnos.

Para quienes conocen la operativa del Cesid, es imposible que el presidente del Gobierno no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo sabiéndolo el responsable de sus servicios de información, puesto que la primera obligación del jefe del servicio es trasladar lo que conoce a sus mandos directos, entonces Serra y González.

Así había ocurrido con el intento de golpe de Estado del 27-0. Cuando Juan Alberto Perote le mostró a Manglano la documentación descubierta en el maletero del coche de Muñoz, el director del Cesid tiró de teléfono y llamó a Alberto Oliart, que se presentó de inmediato en el Centro. El titular de Defensa había advertido, a su vez, a Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente en funciones, y a Juan José Rosón, ministro del Interior, de lo que ocurría. La información también le llegó a Felipe González.

¿Qué debió hacer necesariamente Alonso Manglano cuando, en septiembre del 83, el mismo Perote le anunció lo que, de acuerdo con su informante, el sargento Gómez Nieto, se estaba preparando en el cuartel de Intxaurrondo? Avisar rápidamente a sus superiores, porque si una serie de guardias civiles, con su propio armamento, se dedicaban a cruzar la frontera con intención de secuestrar y matar gente en territorio francés, el riesgo de que pudiera producirse un conflicto diplomático de graves proporciones con Francia era más que una hipótesis de trabajo, y está en la naturaleza de las cosas que un director de los servicios de inteligencia no puede ocultar a sus superiores información que afecte a la seguridad del Estado o a las relaciones con países vecinos. Algo que estuvo a punto de ocurrir en alguna ocasión. «Más de una vez tuvimos que salir por pies, perseguidos por la Policía francesa y tirando material por las ventanillas de los coches para que no nos cogieran con la prueba del delito», asegura un antiguo agente que participó en aquel despliegue.

Por lo demás, es inverosímil —en una situación de tensión como la que existía en 1983 y 1984, con una Francia reacia a colaborar con España en la persecución de los refugiados etarras en suelo francés— que desde Intxaurrondo pudieran mandar guardias civiles a cruzar la frontera sin conocimiento de un superior, sobre todo en una estructura tan jerarquizada como la de la Guardia Civil.

Como impensable es que las máximas jerarquías de la nación —desde luego, el presidente del Gobierno y también el jefe del Estado— no supieran que el servicio de inteligencia español había realizado un despliegue de agentes en un país vecino como Francia, máxime cuando don Juan Carlos I tuvo como una de sus principales misiones durante los primeros años de su reinado el suavizar las relaciones entre España y Francia, tanto con Giscard como, después, con Mitterrand. ¿Dónde estaban esos agentes? ¿Cuántos eran? ¿Qué hacían? Esos detalles quedaban para el mando operativo del Centro.

Las evidencias de implicación superior son numerosas, además de inevitables. El Cesid tuvo en esta guerra sus propias bajas, producidas en alguna ocasión por disparos etarras y en otras por meros accidentes, como ocurrió en el caso de un agente, natural de Palencia, que volviendo de una misión en el sur de Francia falleció a consecuencia de un accidente de tráfico. En tales ocasiones, los jefes operativos se preocupaban por defender los derechos de los herederos de la víctima, cosa no siempre fácil. En este caso, como en otros, el Centro necesitó el apoyo de la Administración para lograr la máxima pensión. La gestión la hizo el propio Manglano, que directamente pidió el favor a Narcís Serra, cuya intervención fue decisiva para conseguir el 200 por ciento del sueldo para la viuda e hijos del fallecido. ¿Cómo pudo decir Serra, durante su declaración en el juicio por el secuestro de Marey, que no conocía la actividad que estaba llevando a cabo el Cesid?

«Mi sorpresa fue total cuando en 1983 comenzaron a llegar noticias de secuestros como el de Segundo Marey y asesinatos por parte de un grupo que se hacía llamar GAL —asegura Murillo—. Enseguida me di cuenta de que se trataba de las mismas operaciones diseñadas por el Seced que Fraga nos había “vendido” unos años antes. Incluso utilizaron gente que había estado involucrada en los servicios de Presidencia del Gobierno con Carrero Blanco, tipos que carecían de escrúpulos o que tenían una ideología fascista. Me callé, sí, porque denunciar en el 83 al PSOE, un partido respaldado por más de 10 millones de votos, hubiera sido una locura, aparte de que nadie me hubiera creído porque lo hubieran tomado como un intento de venganza personal contra Felipe González».

El propio Manglano, en el transcurso del juicio sobre el caso Marey, insistió en que se trataba de un plan copiado de un estudio totalmente teórico que incluso venía descrito en algunos libros periodísticos. Tenía razón, pero le faltó decir que se trataba de una mera actualización de la idea que, en 1976, el entonces ministro de la Gobernación reveló a diversos líderes políticos de la época. «Los señores Manglano y Perote cogieron el plan del Seced del 76 y lo actualizaron en el 83. Esa es la clave», asegura Murillo.

La realidad es que los tres ministros de Interior de los gobiernos de la UCD lo dejaron dormir en un cajón. Después llegó un socialista, Felipe González, que le dio el visto bueno, y un ministro del Interior, José Barrionuevo, que lo puso en marcha bajo su dirección. Y además lo hizo con gran entusiasmo, que es uno de los aspectos que más han llamado la atención a los que conocen el caso: la energía y determinación desplegada en su día por «Pepe» Barrionuevo a la hora de responder a la barbarie etarra.

La estrategia de González de concienciar a Francia sobre los riesgos de hacer la vista gorda con el terrorismo etarra empezó pronto a dar sus frutos, y el Gobierno Mitterrand comenzó a prestar colaboración en la lucha contra ETA. El 14 de junio del 84, los ministros del Interior de ambos gobiernos emitieron un comunicado conjunto en el que se afirmaba que «un terrorista nunca podrá ser un refugiado político».

El 7 de agosto de ese mismo año, Barrionuevo y Pierre Joxe firmaron la paz con un apretón de manos, dando paso a una nueva era en las relaciones hispano-francesas en materia de lucha antiterrorista. En septiembre, un tribunal francés concedió por primera vez la extradición a España de tres etarras, al tiempo que deportaba a cuatro más a un país africano. Unos meses después, los GAL dejaron de existir. Ya habían cumplido el cometido para el que fueron creados.

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El viaje de ida y vuelta a la política (número dos por Madrid en las listas del PSOE en las generales de junio de 1993) del singular juez Garzón sirvió para reabrir definitivamente el sumario de los GAL y situar a Felipe González entre la espada y la pared a cuenta de su responsabilidad en el caso. Julián Sancristóbal estaba ya en la cárcel, y el escándalo del terrorismo de Estado avanzaba imparable en los tribunales.

Ante la avalancha que se le venía encima, la cúpula socialista reaccionó negando los hechos —primera línea de defensa— e intentando traspasar la responsabilidad de la guerra sucia a los gobiernos anteriores: fue la UCD, es decir, Adolfo Suárez, quien puso en marcha los GAL, una segunda línea en la que ha resultado decisivo el apoyo prestado por los medios de comunicación del Grupo Prisa.

Para sustentar esta base argumental, el PSOE ha exhibido una cinta magnetofónica, grabada en su día en la sede del Cesid, de la cual podría colegirse que el abulense estaba al corriente de los manejos contraterroristas. La cinta había sido obtenida ilegalmente en el curso de una visita que Suárez realizó a finales de los setenta a la Agrupación Operativa, y que devino en monumento a la farsa. La comedia dio comienzo en la misma verja de Moncloa: se trataba de impresionar al presidente, desconocedor de dónde se ubicaba la citada Agrupación, de modo que, tras montar en un coche del Centro, fue sometido a una serie de extrañas maniobras hasta conseguir que sus escoltas perdieran la pista del coche presidencial antes de llegar al destino.

Ya en la Agrupación, le hicieron contemplar unas fotos obtenidas entrando en el edificio, en las que su cabeza aparecía en el centro de una diana rodeada del típico circulo mortal. Al abulense aquello le puso de muy mal cuerpo. Se trataba de demostrarle la vulnerabilidad de su sistema de seguridad. En la Agrupación, sita en la calle Miguel Aracil, el presidente escuchó una presentación de sus actividades, en el curso de la cual fue conducido con habilidad hacia unos terrenos que no debería haber pisado nunca en torno a los métodos de lucha antiterrorista y a lo que se podría y no se podría hacer; por ejemplo, le dijeron que una de las formas de actuar podría consistir en golpear en los santuarios del sur de Francia donde los etarras encontraban cómodo refugio…

—Pero ¿qué me están diciendo? ¿Que serían unas personas que estarían residiendo en Francia y que serían autónomas?

—Pues sí. Podría ser.

Adolfo Suárez estaba lejos de sospechar que esta conversación estaba siendo grabada. Adecuadamente conservada, casi quince años después sería utilizada en su contra por González, como supuesta prueba de la implicación de los gobiernos de la UCD en la trama de los GAL.

Antes de que la revelación apareciera en el diario El País, Juan Alberto Perote, que había mantenido una buena relación con Suárez desde sus tiempos de presidente, se presentó una mañana de febrero del 95 en el despacho del abulense, calle Antonio Maura, para, provisto de una copia de la cinta en cuestión, advertirle de la operación que le estaban preparando:

—Ten cuidado, que éstos te la quieren meter doblada.

—¡Pero bueno, es increíble, estos tíos me grabaron sin mi consentimiento!

—Sí. Te grabaron y guardaron la cinta en el Cesid.

Suárez pidió permiso a Perote para poder utilizar su nombre ante Felipe González. Se trataba de avalar la protesta con la identidad del informante. El coronel se lo dio, pero este episodio no le ayudó ciertamente a resolver sus problemas. Al revés, a partir de su advertencia a Suárez comenzaron a lloverle tortas desde todas las direcciones.

Unos días antes, La Casa había reunido a una serie de antiguos agentes, tipos que pertenecieron a la Guardia Civil y que se ganaban la vida dedicados a las tareas más variopintas (desde «pinchar» teléfonos a tanto alzado hasta buscar pruebas sobre infidelidades matrimoniales), en la gasolinera de Repsol sita en el kilómetro 13 de la Nacional VI, carretera de La Coruña.

En un pequeño local provisto de varias mesas en la tienda de la citada estación, «don Emilio», alias de Emilio Jambrina, se dirigió a los reunidos para explicarles una operación que a alguno podía resolverle sus problemas: el Gobierno del PSOE estaba decidido a presentar pruebas de la implicación de la UCD en la trama de los GAL, y aquellos de los reunidos que estuvieran dispuestos a prestar su nombre como aval de esa tesis recibirían la adecuada recompensa.

El propio Felipe González había avalado esa tesis sobre el origen de los GAL durante su discurso en el debate sobre el Estado de la Nación del año 95. Todo encajaba a la perfección.

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El juicio sobre el secuestro de Segundo Marey no aportó ninguna gran novedad en torno a la génesis de los GAL. En realidad, ésta es una historia que quedó vista para sentencia el primer día del proceso, cuando dos de los principales testigos ratificaron sus declaraciones previas reconociendo su participación en los hechos. El uno, José Amedo, sin desdecirse ni una coma. El otro, Michel Domínguez, denunciando a Garzón por haberle sacado la confesión bajo amenazas, pero sin desmentir en un solo punto el fondo de la historia.

El espectáculo duró más, aunque para muchos quedó definitivamente arruinado tras la declaración de Sancristóbal, el 2 de junio del 98, verdadero testigo de cargo en la causa. «No es que lo que contara tenga sentido —aseguraba un editorial de El Mundo—, es que no hay ninguna otra hipótesis que lo tenga. De ahí que ni siquiera los defensores de Barrionuevo y Vera, cuando lo interrogaron, pusieran énfasis en presentar sus imputaciones como falsas. A estas alturas, todo el mundo sabe que las cosas sucedieron así, y que Barrionuevo estaba al tanto del secuestro, y que Vera pagó para que se realizara».

Sancristóbal (el padre de las siglas GAL, Grupos Anti terroristas de Liberación, nombre que eligió porque «era más sonoro»), afirmó que contó con la autorización explícita de Barrionuevo y Vera para llevar a cabo la acción, sin la cual «no se hubiera secuestrado a Marey»; confirmó que el ministro estuvo informado «minuciosamente» la noche de los hechos y aseguró que Rafael Vera, entonces director de la Seguridad del Estado, le entregó en su despacho un millón de francos con el que se financió la «operación».

La puntilla para los acusados llegó precisamente cuando, cuatro días antes de la fecha prevista para sentencia, desde un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla arribó al Supremo el sumario sobre el millón de francos de los fondos reservados utilizado para perpetrar el delito. Sus señorías comprobaron entonces que los acusados no solamente habían secuestrado a un ciudadano inocente, sino que habían estado disponiendo, en beneficio propio, de fondos públicos. Se habían quedado con el dinero del Estado.

Era la «variante financiera» del caso. Los capitostes de los GAL, además de asesinar a veintinueve personas violentando su condición de garantes de la ley, se gastaron en tres años miles de millones de pesetas en estas operaciones. Eran fondos otorgados por el Parlamento para ser utilizados en la lucha contra el terrorismo; pero en los que la cúpula de Interior metía la mano todos los meses para repartirse 10 ó 20 millones. Y las únicas personas que disponían de firma para utilizarlos eran Vera, Barrionuevo y Sancristóbal, que nunca firmó solo.

Cuando a las 14,46 horas del 14 de julio de 1998 el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo pronunció la frase «visto para sentencia», casi nadie hubiera apostado un duro por una sentencia absolutoria, a pesar de las bravuconadas que, en público, seguía protagonizando el entorno felipista.

Hasta cinco testigos, por falta de uno, relataron los hechos con pelos y señales, aportando pruebas incriminatorias contra Barrionuevo, Vera y el general Sáenz de Santamaría, máximo responsable de la Guardia Civil, que igualmente tuvo conocimiento de lo ocurrido la misma noche del secuestro y que, casualidad o misterio, no se sentó en el banquillo de los acusados. Para éstos, las pruebas no eran suficientes. Alguien les había prometido días antes de la sentencia que la prescripción ya estaba acordada. Y Felipe González así se lo comunicó a Barrionuevo:

—Está todo arreglado. La prescripción está hecha, te lo garantizo.

Fallaron las previsiones del sindicato felipista. «Ha sido una sentencia ideológica», afirmaron los altavoces del PSOE. Al contrario. Con una minoría de magistrados supuestamente afines a las tesis del Partido Popular, resultó decisiva la presencia de tres de ellos de ideología de izquierda que se sintieron francamente conmovidos con lo que vieron y oyeron en el juicio, y actuaron en consecuencia.

El fallo pareció sorprender a los acusados: diez años de cárcel para Barrionuevo y Vera, dos menos de los que se habían anunciado en una filtración periodística ocurrida unos días antes y que, lógicamente, consiguió su objetivo: rebajar la condena.

Para una mayoría de sesudos comentaristas, la sentencia significaba el final político de Felipe González. Vistas las cosas con cierta perspectiva, ésa fue una afirmación arriesgada aplicada a un personaje que, como los gatos, parece tener siete vidas políticas. El fin de fiesta del caso Marey resultó, desde luego, demoledor para él: uno de los hombres que más poder ha tenido en la España del siglo XX terminaba su singladura a las puertas de la cárcel de Guadalajara, despidiendo a sus hombres y agradeciéndoles los servicios prestados, la omertá, el compromiso de guardar silencio y no inculparle.

Felipe González se salvaba de los juzgados, pero no del juicio de la opinión pública y de la Historia. La imagen, que en su despechada rabieta él mismo calificó de «gloriosa», a las puertas de la cárcel alcarreña, no pudo resultar más patética: el líder estaba encerrando a sus colaboradores más directos, dándoles el último empujoncito hacia dentro mientras él, cual capitán Araña, se quedaba fuera, escurría el bulto gracias al sacrificio de sus inferiores. Toda una prueba de coraje, todo un rasgo de valor. Fue una imagen que recorrió España y Europa, cerrando el currículum de un hombre que tenía engañado a medio continente. Como escribió Raúl del Pozo, «en la charca de las mentiras, van asfixiándose los peces gordos».

Por fortuna para él, los jueces que encarcelaron a los secuestradores de Segundo Marey decidieron ponerlos en la calle a los cuatro días, para escarnio de Doña Justicia. Con ello acabaron de un plumazo con la preocupación que le corroía: que el ánimo de «Pepe» Barrionuevo, viendo pasar los días y las noches entre rejas, empezara a flaquear hasta el punto de decidirse a cantar un día y contar toda la verdad, el temido «hice lo que me ordenaste».

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El secuestro de Segundo Marey y el juicio posterior significaron uno de los momentos más delicados de la corta historia de Prisa. El grupo que forjó su prestigio en España y en Europa sobre la defensa de los valores de la democracia se vio de pronto entrampado en la disyuntiva de seguir apoyando a Felipe González y, por lo tanto, el crimen de Estado, o romper con los compromisos contraídos con el Régimen y variar radicalmente de postulados.

Pronto iba a quedar claro que Jesús Polanco no iba a aprovechar la oportunidad de lavar sus culpas en el Jordán de ese juicio. Las connivencias políticas, ideológicas y empresariales de Prisa con el régimen felipista y su complicidad con lo que significó esa época hacían, en cualquier caso, muy difícil un intento de autocrítica como punto de arranque de un proceso de regeneración informativa y editorial.

Muy al contrario, Polanco y su mayordomo, Cebrián, demostraron que estaban dispuestos a echar su cuarto a espadas en defensa del «carismático líder» mediante la puesta en marcha de un fuego fatuo que incluyó rebajar la trascendencia del asunto, dar pábulo a la estrategia de calificar la causa de «juicio político»[20], descalificar a quienes habían destapado el caso y ningunear a los testigos de cargo, infravalorando su testimonio.

La doctrina del grupo progresista a propósito de los crímenes de Estado cometidos bajo el felipismo quedó condensada en dos preciosas píldoras contenidas en otros tantos editoriales de El País («Primero, la verdad», aparecido el 25 de mayo, y «Guerras sucias», publicado quince días después): los GAL fueron «un desgraciado asunto» y un «exceso en la lucha antiterrorista».

En realidad, El País, instalado en una permanente maniobra de distracción, se dedicó a servir de altavoz, en la línea de un clásico periódico de partido, de los argumentos de la cúpula socialista, de modo que, sin los postes repetidores de Prisa, las acusaciones y protestas de Barrionuevo y Cía. habrían quedado como trigo sembrado en barbecho.

Aquélla fue, con todo, una prueba muy amarga. Demasiada la bilis tragada. «¿Y los intelectuales? ¿Qué dicen los intelectuales orgánicos del felipismo sobre el caso Marey? Los intelectuales del felipismo ante el juicio final, callan —decía Pablo Sebastián—. Lo mismo con los 150 columnistas y tertulianos de Polanco, que siguen de bomberos del GAL, echando leña al fuego fatuo de la conspiración. Ninguno osa decir la verdad».

Entre las tropas de apoyo a Barrionuevo y Cía., nadie con tanto instinto como Javier Pradera. A su lado palidecen personajes como Tusell, Pérez Royo y otros, utilizados por El País para los trabajos de brocha gorda. El siguiente párrafo, perteneciente a una columna publicada el 17 de junio, ilustra la finezza del ideólogo del felipismo: «Mientras los defensores de la inocencia de Dreyfus recibieron el apoyo de la izquierda francesa, los promotores de la condena a Barrionuevo y Vera tienen el apoyo de representantes tan destacados de la derecha autoritaria como Cascos (vicepresidente del Gobierno del PP), Mario Conde y Juan Alberto Perote».

Especial predilección dedicó Pradera a Pedrojota Ramírez, a quien obsequió con la siguiente caricia: «El director del diario El Mundo tiene bien acreditada su vocación de perejil de todas las salsas: como Celestino de la pinza entre Aznar y Anguita contra los socialistas en la anterior legislatura; como correveidile del ex coronel Perote y como alcahuete de Conde en el chantaje del ex banquero al Estado en 1995; como mamporrero de la compra de Antena 3 por Telefónica en 1996». Los ideólogos de la izquierda no se paran en barras.

La desvergüenza de los Polancos llegó al punto de pretender convertir el «caso Marey» en el «caso Cascos»: el secuestro del ciudadano francés, como todo el caso GAL, no era sino una gigantesca maquinación montada por el PP y algunos periodistas para derribar al legítimo Gobierno González.

Para lanzar la caña en esas aguas revueltas, Prisa contó con la complicidad de una Sala Segunda que, no contenta con haber exculpado a Felipe González bajo el argumento de que su inclusión como imputado lo hubiera «estigmatizado», sometió al Gobierno a la humillación de citar a su vicepresidente primero —Villarejo no se atrevió con el propio Aznar— como testigo del caso y al mismo nivel que el propio Felipe González, aunque, cuando fue secuestrado Marey, era un simple concejal del Ayuntamiento de Gijón.

La maniobra vino de la mano de una denuncia efectuada por el acusado Michel Domínguez según la cual Álvarez Cascos, siendo diputado del PP, se había reunido en 1995 con su abogado en el despacho de Pedrojota Ramírez y le había prometido el indulto el día que el PP llegara al Gobierno, siempre y cuando su defendido se comportara «adecuadamente», es decir, inculpara a González.

La «revelación» provocó que el vicepresidente aludido tuviera que acudir al Congreso de los Diputados para dar cuenta de esa supuesta entrevista. Ya metido en gastos, Cascos aprovechó su comparecencia para atacar directamente a Felipe González, atribuyéndole «el nacimiento, la organización y la financiación de los GAL».

El grupo Prisa en general y El País en particular echaron el resto con motivo de la declaración del número dos del Gobierno como testigo del caso Marey. Se trataba de una ocasión pintiparada para disparar contra el hombre que tanto daño había hecho a los negocios del editor.

El 22 de junio, la teoría de la «conspiración» llegó por fin al Tribunal Supremo. Álvarez Cascos acudió a declarar ante la Sala Segunda para explicar si el secuestro de Segundo Marey era, como sostenían Vera y Barrionuevo, apenas una excusa utilizada por el PP en su día para echar al PSOE del poder. Pero a los padres putativos de tal teoría (esgrimida también en el juicio por el testigo Narcís Serra, utilizando los materiales de derribo aportados por la «conspiración» de Ansón) les salió el tiro por la culata porque Cascos no sólo desbarató la tesis, sino que pinchó el complot colocando una carga de profundidad en la averiada nave de los principales acusados al revelar que Barrionuevo le pidió que intercediera en su favor ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El número dos del Ejecutivo negó haber ofrecido el indulto al abogado de Amedo y Domínguez para sus clientes. Cascos repitió lo que era un secreto a voces: la única presión que recibieron los ex policías fue la del Gobierno de González para que no hablaran, aunque, finalmente, ambos decidieron confesar cuando el Ministerio del Interior que dirigía esa lumbrera que es Juan Alberto Belloch dejó de pasarles «la paga» procedente de los fondos reservados. El detalle freudiano lo puso, cómo no, el presidente de la Sala, Jiménez Villarejo, cuando mandó al acusado Rafael Vera «interrogar al testigo» Álvarez Cascos…

Finalizado el juicio, el propio Vera, el más listo de la banda, confesaría que la citación del vicepresidente —pedida por un Barrionuevo cuyos hilos movía González— había sido un error de bulto, puesto que la jugada les salió al revés de como habían previsto. Y es que todos se habían olvidado de un hombre: Segundo Marey.

* * *

Un par de días después, 24 de junio, compareció en el Supremo como testigo el propio Felipe González. El ex presidente acudió provisto de un largo alegato escrito, que El País reprodujo íntegramente y que introducía, según el diario, «algo más que una duda en la versión de los acusadores». El ex presidente defendía a sus subordinados apoyándose en que los GAL perjudicaban su colaboración con Francia. El editorial de Pradera del día, «El testigo González», era una laudatio del sevillano, en quien ponderaba su gran «calidad» como político y como persona.

Como era de prever dada la gallardía del personaje, él «no tuvo nada que ver con la guerra sucia ni con los GAL». Felipe nunca supo nada durante los años que ocupó la Presidencia del Gobierno. Como aseguraba a finales de junio el prestigioso semanario británico The Economist, González se había revelado como «un primer ministro bastante negligente». Tenso y sudando abundantemente, el ex presidente lamentó, eso sí, la ausencia de un pacto de Estado sobre el caso que hubiera servido para dar esquinazo a la Justicia, punto de vista en el que coincidió con el de Jordi Pujol, otro demócrata de reconocido pedigrí.

Todo le hubiera salido razonablemente bien si Fernando Quíntela, redactor gráfico de El Mundo, no hubiera conseguido fotografiar en plena Sala del Supremo a un González con la mirada fija en el suelo, documento que se convirtió en un testimonio demoledor contra él[21]. Era la foto del estigma que algunos magistrados solícitos habían querido ahorrarle no citándolo como imputado en la causa.

La catadura de Felipe González («No hay pruebas, ni las habrá», había manifestado hasta la saciedad sobre el caso GAL) quedó en evidencia gracias a ese gran escaparate de la condición humana que fue el juicio sobre el caso Marey. González dejó solos a sus antiguos subordinados mientras él, como sombra evanescente, desaparecía por las praderas de Pozuelo y se trajinaba su futuro lejos del avispero español como candidato a la Presidencia de la Comisión Europea.

La sentencia condenatoria colocó al felipismo en el lugar que le corresponde en la Historia de España, como reo del delito de secuestro, asesinato y asalto a las arcas públicas. «La sentencia constituye tan sólo el último ápice de dignidad de un sistema que salva in extremis su condición democrática; es ese mínimo que puede aún separarnos de las repúblicas bananeras», escribía un hombre de izquierdas como Juan Francisco Martín Seco.

Era, por lo demás, un pequeño homenaje a todos aquellos que durante mucho tiempo, en las condiciones más adversas, habían luchado por que se hiciera justicia. «La Historia suele ser el relato de los vencedores —decía el 15 de junio Raúl del Pozo—, pero esta vez la relación de hechos del GAL no la han sacado a la luz los poderosos, sino un par de jueces de instrucción y unos cuantos periodistas que fueron injuriados, perseguidos, acusados de golpistas y de “hijos de puta”».

Igualmente, pero en la dirección opuesta, era un tremendo varapalo para aquellos medios de comunicación, especialmente para el poderoso Grupo Polanco, que durante años se habían aplicado a la tarea de callar, borrar, oscurecer, difuminar y confundir a la opinión pública, para mejor servir así a los intereses de quienes, desde el Gobierno, tantas mercedes y durante muchos años les habían otorgado.

Lo que estaba en juego no era tanto el castigo de los culpables, que también, como que quedara acreditada la verdad del terrorismo de Estado ante la Historia, porque la historia de Felipe y del felipismo se escribirá necesariamente de otra forma tras la sentencia del juicio por el secuestro del ciudadano Segundo Marey.

9
LOS AMIGOS DE LA DESMESURA

Javier Pradera, editorialista de El País y amigo de Felipe González, marcó la rentré política tras las vacaciones de verano del 98 con un artículo en el diario de Polanco que conmovió los cimientos de la arquitectura constitucional española. En efecto, el miércoles 2 de septiembre de ese año, una glosa sobre la figura del político conservador Antonio Maura servía a Pradera de evanescente pretexto para, en apenas las cinco últimas líneas del escrito, enviar un mensaje envenenado al Rey de España. Felipe González, venía a decir el sátrapa de Prisa, estaba dispuesto a romper el consenso constitucional.

El primer gran escándalo de la democracia española, la banda terrorista de los GAL y su treintena de víctimas, salía así a la superficie al inicio del curso político. El juicio por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey estaba a la vuelta de la esquina, y el de Pradera era un aviso de que Felipe no estaba dispuesto a cargar ante la Historia y sobre sus solas espaldas con la responsabilidad del terrorismo de Estado: al final de la cadena jerárquica había un responsable último al que el sevillano apuntaba al sentirse acorralado.

La aparición de Pradera en escena no era, lógicamente, casual, mucho menos tratándose del asesor áulico de González. Más bien parecía el inicio de una ofensiva planificada del felipismo destinada a, en primer lugar, invertir el sentido de la marea de los GAL que amenazaba con ahogarlos a todos y, en segundo, evitar la entrada en prisión de Barrionuevo y Cía.

El sentimiento de doncella ofendida, sometida a un agobio tan brutal como injustificado, que se había apoderado de un PSOE divorciado con el sentido común era tal que en aquellos primeros días de septiembre llegó a hablarse en el partido de «romper los acuerdos de la transición».

Y como si de un ejército se tratara, el viernes 4 de septiembre, la SER anunciaba con gran despliegue la existencia de «un informe elaborado en 1979 por la Guardia Civil que demuestra que los servicios de información del Gobierno de UCD ampararon al mercenario francés Jean-Pierre Cherid, considerado en aquella época como el jefe de los mercenarios contratados para la guerra sucia contra ETA». Naturalmente, y de acuerdo con la estrategia tantas veces puesta en práctica, El País volteaba al día siguiente la «noticia» de la SER en su primera página.

Se trataba de un intento más, salido seguramente de los archivos del general Santamaría, de revitalizar uno de los argumentos más queridos del felipismo: el de que los GAL nacieron con la UCD y fue precisamente González quien acabó con ellos.

Felipe venía ya disparando piezas de grueso calibre desde hacía tiempo. El viernes 17 de octubre del 97, el líder socialista había protagonizado uno de sus conocidos arrebatos con motivo del cierre de la campaña electoral gallega. En un claro envite a las instituciones había declarado desde la tribuna de oradores que el Gobierno tenía que pagar facturas por el 23-F y la «Operación Galaxia». Tan grave y genérica imputación sólo podía entenderse en la perspectiva de que apenas unas horas antes se habían conocido las penas que el fiscal pedía para Barrionuevo y Vera por el caso Marey.

«Hace tiempo que a González le cuesta ocultar su nerviosismo —decía un editorial de El Mundo—, pero, conforme se aproxima la hora de la verdad judicial para quienes organizaron la guerra sucia, está llegando a un crescendo de desvarios».

Él sabía que la mejor forma de defenderse era atacando, advirtiendo que no estaba dispuesto a recorrer sólo ese vía crucis, y que si el nuevo Gobierno tenía la tentación de utilizar a la Justicia para sentarle en el banquillo, estaba decidido a llevarse a unos cuantos por delante, empezando por uno muy principal: Su Majestad el Rey.

* * *

En realidad, Felipe había enviado en los últimos meses multitud de mensajes al Monarca y por muy diversos conductos. No era cosa de un problema de comunicación. Tras su salida de Moncloa, el Monarca ha seguido hablando prácticamente todos los días por teléfono con González, cosa que no hace ni de lejos con Aznar. No se trataba, pues, de que Felipe no pudiera coger el coche y acudir a Palacio para avisar personalmente al Monarca del riesgo que se cernía sobre su testa coronada. Se trataba, por contra, de implicar al establisbment, a las fuerzas vivas del país, en el riesgo colectivo que para todos entrañaba el que un ex presidente del Gobierno con las características, protagonismo y poder que durante casi catorce años tuvo González fuera a dar con sus huesos en la cárcel.

Uno de los canales utilizados había sido el de Sabino Fernández Campo, antiguo jefe de la Casa del Rey. Sabino pertenece, como otros ilustres asturianos, a una curiosa asociación gastronómico-cultural denominada Asturias Patria Querida (APQ), dedicada a la evocación y exaltación de la «tierruca» desde Madrid. A la altura de julio del 98, González acudió como speaker a una de las cenas que mensualmente organiza APQ. Instalado en la desmesura, un Felipe muy agresivo comenzó a despotricar, entre otras cosas, contra el proyecto de Ejército profesional (un edificio cuya primera piedra había sido puesta por el último de sus gobiernos), hasta el punto de que, a la hora de las despedidas, manifestó a Sabino su interés por hablar privadamente con él sobre el asunto.

Unos días después, en efecto, Fernández Campo visitó al líder socialista en su oficina de la calle Gobelas, en el barrio madrileño de El Plantío. Pero, para su sorpresa, allí no se habló para nada del futuro Ejército profesional, pues todo quedó en una obsesiva y recurrente perorata de González acerca de lo que pudiera pasar en los juicios del GAL, dolido porque «es muy duro aceptar que quienes se van a sentar en el banquillo vayan a ser condenados ellos solos, sabiendo que muchos otros están en el secreto del asunto», un discurso nervioso («¿qué no sabré yo?»), plagado de invectivas («otros sabían lo mismo que yo») y de ecos amenazantes («pero lo que pueda pasarme a mí, no me pasará a mí sólo…»).

Evidentemente, quería transmitir un mensaje creyendo que Sabino estaba en condiciones de trasladarlo a su destinatario. Perdidos buena parte de sus reflejos cuando se deja llevar por la ira, quería mandar un recado, pero no parecía haber elegido al mejor recadero posible.

A cuenta de su indiscutible protagonismo en los últimos veinticinco años de Historia española, Felipe González, durante años el hombre mejor informado del país, sabe muchas cosas de mucha gente, y cosas, naturalmente, del propio Monarca, demasiadas, producto la mayor parte de las veces de la propia campechanía real y de la impronta de unos años decisivos, cargados de acontecimientos a menudo traumáticos, en los que resultaba muy difícil para una sola persona soportar en silencio el peso de tanta responsabilidad. «El Rey ha sido víctima del humano deseo de romper el aislamiento implícito en el cargo —asegura uno de sus preceptores juveniles—, no ha sabido callar, y ahora es rehén de las confidencias realizadas al oído de mucha gente». El Monarca creyó que, confiándose al presidente del Gobierno, a sus numerosos amigos, incluso a simples conocidos, rompía el círculo de su soledad construyendo un abanico de fidelidades, de complicidades incluso, que su condición de Rey haría sólido y duradero, inalterable al paso del tiempo. No reparó en que esa gente no hablaría, en efecto, a menos que tuviera que defenderse de imputaciones tan graves como las del caso GAL.

Felipe podría callar todo lo que sabe, que es mucho, en torno a las finanzas del Monarca y los escandalosos negocios de Manuel Prado y Colón de Carvajal, el «amiguísimo». En realidad lleva muchos años haciéndolo. Así se puso de manifiesto un día en la antecámara regia, donde el entonces presidente del Gobierno estaba esperando a ser recibido por el Monarca para uno de sus habituales despachos. Era una de las cosas que peor llevaba, aquella espera protocolaria que entendía como un lamentable despilfarro de tiempo, esperar sin necesidad, para marcar rango y distancias, hasta el punto de que a veces se ponía nervioso, pero si no está haciendo nada, coño, ¿por qué me hará esperar? Hasta que un día en que la prórroga se hizo particularmente enojosa se destapó, muy enfadado, con un comentario que dejó helada a la persona con la que compartía antesala:

—¡Y dile a Manolo Prado que se conforme con el 2 por 100, porque eso de cobrar el 20 es una barbaridad!…

—Oye, oye, presidente —replicó el interlocutor—, ni le puedo decir nada a Manolo Prado, ni sé de qué me estás hablando.

Estaba hablando, al parecer, de las comisiones del petróleo importado por España de determinado país árabe. Aquello era mucho dinero, pero sólo eso, dinero. Lo del GAL, por el contrario, era harina de otro costal. El GAL era el riesgo de cerrar una larga carrera política con el baldón de una condena por asesinato múltiple. Y Felipe no estaba dispuesto a cargar con el mochuelo.

* * *

Mucho se ha especulado con la eventualidad de que el Monarca estuviera al corriente de las acciones de los GAL.

Recién nombrado ministro de Defensa en el primer Gobierno de González, Narcís Serra se instaló transitoriamente en un despacho del Cuartel General del Ejército, sito en la plaza de Cibeles, por el que se veían obligados a transitar una serie de generales para ocupar los suyos propios. Aquel ir y venir forzó al catalán a trasladarse a la sede del antiguo Ministerio del Aire, en el distrito de Moncloa,

En ese Ministerio, y en la segunda quincena de octubre del 83, tuvo lugar una reunión de Serra con la Junta de Jefes del Estado Mayor (JUJEM), integrada por los jefes de Estado Mayor de cada una de las armas y por un presidente, que era Álvaro Lacalle, en la que con toda probabilidad se habló de los GAL. Algunas fuentes sostienen que esa reunión estuvo presidida por el Rey, extremo que ha sido desmentido por La Zarzuela. Formalmente no tenía por qué presidirla, aunque el Monarca debía estar necesariamente al corriente de la misma. La JUJEM (antes de que precisamente Serra, como ministro de Defensa, se encargara de decapitarla para eliminar el riesgo de cuartelazo, que ésa fue la gran aportación del PSOE en materia de Defensa) era una cadena de mando estrictamente militar, de acuerdo con la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas. A tenor de las declaraciones de Serra en el juicio por el secuestro de Segundo Marey, es la JUJEM la que, al hilo del asesinato del capitán Martín Barrios, pide intervenir directamente contra ETA. Y esa cadena debe necesariamente informar al Rey de la situación, porque el Rey es el jefe de la Junta de Jefes del Estado Mayor, la máxima autoridad, el último escalón de la línea de mando.

Está confirmado, por otro lado, que la reunión fue «cubierta» por el Cesid, que sacó copia sonora de lo que allí se dijo. Era una práctica habitual en ese tipo de sesiones. En fechas previas a esa reunión, La Casa, con motivo de un encuentro internacional que se iba a celebrar en dicha sede, había realizado un exhaustivo chequeo de las instalaciones, «porque se corría el peligro de que hubiera irradiación al exterior, cosa que efectivamente había». El caso es que Felipe pidió al día siguiente copia de la grabación, se supone que con la intención de guardarla como prueba de lo que en aquella tensa reunión de la JUJEM se habló. ¿Y como testimonio, quizá, de la implicación del Rey en el lanzamiento de los GAL?

Felipe cree que el polémico coronel Juan Alberto Perote guarda también copia de aquella sesión, porque fue él en persona quien dirigió la «cobertura» de ondas en torno al edificio del Ministerio del Aire donde iba a tener lugar la citada reunión internacional.

La lógica indica que quizá no fueran necesarias tantas precauciones. El Monarca debió conocer, a través de los despachos semanales que mantenía con el presidente del Gobierno, la operación en marcha para responder al terrorismo etarra con sus mismas armas. ¿Es éste el origen de la descarada seguridad exhibida por González en el sentido de que jamás sería «empitonado» por el caso GAL?

Evidentemente, la amenaza de Felipe apuntando con el dedo a Palacio habría supuesto, en caso de concretarse, llevarse por delante, como si de una apisonadora se tratara, el régimen de consenso surgido a la muerte de Franco. Un envite de proporciones históricas para un país todavía traumatizado por los conflictos civiles. Habría significado hacer saltar por los aires el modelo de poder formado, tras la caída del franquismo y el breve interregno de la UCD, por esa pirámide en cuyo vértice institucional está la Monarquía juancarlista, con Felipe González en el político y Jesús Polanco en el mediático. Y ello a plena satisfacción y con el apoyo complaciente de las grandes fortunas del país.

Un modelo piramidal (Juan Carlos I, Felipe y Polanco, con sus infinitos guardias de corps) que, en crisis desde principios de los años noventa, parecía haber entrado en barrena, asediado por sus contradicciones internas, conforme se acercaba la hora de rendir cuentas ante los tribunales de Justicia, muy a pesar de la Justicia misma.

* * *

Los mensajes de Felipe, con su implícita carga de profundidad, causaron gran conmoción en Zarzuela. El riesgo de que el personaje, sintiéndose amenazado por el caso GAL, tirara de la manta llevándose por delante todo el edificio constitucional no podía ser obviado.

El entorno del Monarca —sin duda el más asustado— estaba, sin embargo, convencido de que el ex presidente jamás realizaría una declaración comprometedora contra la Corona, aunque sí haría todas las maniobras previas necesarias para no llegar a sentarse en el banquillo, incluyendo, por supuesto, la advertencia de que también el Rey estaba al corriente de lo ocurrido.

Y no es que el «carismático líder» tuviera objeción que oponer a los esfuerzos desplegados por el Monarca para salvar a su amigo del trance, desactivando la espoleta de los GAL. A lo largo del verano del 98 se habían celebrado hasta catorce reuniones catorce (de Felipe con el Rey, de Aznar con la ministra de Justicia, del Rey con Aznar…), orientadas todas ellas a salvar el escollo del terrorismo de Estado, empezando por el inminente juicio por el caso Marey, sin poner en peligro el Sistema. Ello por no hablar del discreto desfile de magistrados del Supremo y del Constitucional por La Zarzuela, para pulsar la opinión de Su Majestad en torno al citado caso Marey.

Por Madrid se había extendido como la pólvora lo ocurrido entre el Monarca y Aznar en el último despacho del verano del 98 en el Palacio de Marivent, en Palma, que había resultado un mano a mano tenso, agrio incluso, en el que, según parece, el Rey había reprochado al presidente del Gobierno el haber permitido que el caso Marey acabara llegando finalmente a los tribunales de Justicia, a lo que Aznar, que se las tuvo tiesas, había respondido apelando a la independencia de los tribunales garantizada por la Constitución.

El Monarca trataba, en el fondo, de hacerle ver a Felipe que estaba con él, dispuesto a ayudarle en lo que fuera menester. Una voluntad que había quedado suficientemente demostrada mucho tiempo antes, con motivo del «pacto de investidura» que, en la primavera del 96, supuso la entrada de Eduardo Serra en el Gobierno, y que no perseguía otra cosa que asegurar la continuidad del Sistema sin sobresaltos.

¿Cómo era posible, entonces, que Felipe estuviera lanzando esas cargas de profundidad desde los medios de comunicación del Grupo Prisa y entre los propios allegados del Monarca? Si él había roto más de una lanza ante Aznar en favor de Vera y Barrionuevo, ¿por qué Felipe le amenazaba por la espalda?

A Palacio llegaban constantes mensajes con intervenciones muy críticas de un González crispado, descentrado, nada dispuesto a encajar su posición de riesgo. El ex presidente ponía de manifiesto lo que consideraba «errores garrafales del Borbón, como el del barco», en cenas y saraos varios, sin tomar excesivas precauciones sobre la identidad de sus interlocutores. Para González, el Rey estaba «muy suelto, muy necesitado de consejo». El responsable de lo que estaba ocurriendo era, obviamente, José María Aznar. Su censura alcanzaba también de lleno a Fernando Almansa, en torno al que sugería no sé qué extraños intereses.

Algunas fuentes señalan, no obstante, que tampoco Felipe estaba en condiciones de presionar al Monarca como cuando, limpio cual patena, llegó al poder en el 82, aludiendo a que también el Monarca tendría munición suficiente para defenderse en caso de sentirse atacado por el líder socialista. A estas alturas, González y el Rey son hermanos siameses producto de los avatares de unos años de vértigo, hermanos condenados a entenderse, defenderse y, en el peor de los casos, a morir matando.

«Estoy convencido de que Felipe sólo utilizará lo que sabe como prevención, como forma de evitar que las cosas vayan a más —asegura una influyente personalidad de la política española—, y quien dice Felipe dice Manglano, porque ¿qué no sabrá Manglano después de haber estado al frente del Cesid desde hace no sé cuántos años?».

* * *

El Cesid. He ahí otra fuente de problemas para el Rey. Como quedó de manifiesto en el juicio por las famosas escuchas, el servicio de inteligencia español ha sido una maquinaria utilizada por los gobiernos socialistas a su antojo con fines a menudo torticeros, generalmente orientados a la búsqueda de información susceptible de ser utilizada contra el enemigo político. Y eventualmente contra el Monarca.

Y gravitando sobre el Cesid, el fantasma del golpe de Estado del 23-F. De acuerdo con el «informe Jáudenes», realizado mes y pico después de la intentona para evaluar las responsabilidades de La Casa, gran parte de sus mandos estaban implicados en el golpe y no hicieron nada por evitarlo. El Gobierno de José María Aznar, sin embargo, no ha metido la mano en ese cóctel explosivo (sobre golpismo, felipismo), a pesar de las promesas en contrario efectuadas durante la campaña electoral del 96 y al inicio de la legislatura. Por sorprendente que parezca, Javier Calderón, un hombre que lo sabe casi todo del 23-F, sigue estando al frente del Centro.

No son pocos los que opinan que sobre la democracia española gravita un pecado original llamado golpe de Estado del 23-F. Un pecado de difícil redención, y con el Cesid en el cruce de todos los caminos. El Ejército, las instituciones, la vida civil siguen plagados de fantasmas que han proseguido sus carreras a pesar del 23-F, cuando no las han mejorado gracias precisamente al 23-F y a los secretos sobre la intentona que celosamente guardan en su memoria o en sus cajas fuertes.

En las filas del Ejército se cita con profusión el caso del general García Almenta, Francisco, al mando de las fuerzas españolas en Bosnia, a quien llegó a cumplimentar sobre el terreno, con motivo de la pasada Navidad, el vicepresidente Álvarez Cascos. García Almenta tenía graduación de capitán (era el segundo de José [«Pepe»] Cortina, íntimo amigo de Javier Calderón) cuando ocurrió el golpe, y era el responsable de la unidad que, al mando de Tejero, asaltó el Congreso. Su nombre ni siquiera figuró en la causa. Sabiéndolo casi todo, ha ido ascendiendo hasta llegar al grado de general.

Mucho más tarde, el 16 de abril del 99, el Consejo de Ministros ascendió al generalato al coronel Juan Cañadas, un hombre que dio su apoyo a la intentona del 23-F poniendo su firma en el llamado «Manifiesto de los cien», un documento favorable a la autonomía del Ejército frente a las instituciones democráticas.

El golpe del 23-F es el «Expediente Picasso» de esta Monarquía, una fuente de presión permanente sobre el Rey por parte de aquellos que, traicionando su confianza, se atrevieron a alzarse contra las instituciones democráticas en aquel episodio y que, de cuando en cuando, enseñan la patita de sus secretos para recordar, en los cuartos de banderas y fuera de ellos, que el escándalo sigue vivo.

Tal es el caso de la supuesta nota manuscrita del Rey a Pardo Zancada, o el del informe de veinte folios escrito y firmado de puño y letra por el general Armada, con todos los detalles del golpe y los nombres completos del futuro Gobierno, o el de la carta escrita por el propio Armada antes del juicio, en la que el general pide al Monarca «por el honor de mis hijos y de mi familia» permiso para utilizar durante el consejo de guerra parte del «contenido de nuestra conversación, de la cual tengo nota puntual», mantenida días antes del golpe, a la vuelta de los Reyes del entierro de la reina Federica de Grecia.

Es verdad que el tiempo lo cura todo, como también lo es que los errores, a veces monumentales, de alguna gente se encargan de mantener viva la llama del recuerdo. Es el caso de las declaraciones efectuadas por la reina Sofía a Pilar Urbano. Con motivo de la presentación del libro La Reina en Barcelona, diciembre del 96, la periodista puso en boca de Su Majestad unas manifestaciones sobre los militares y el 23-F que levantaron una gran polvareda en Palacio y causaron profunda irritación en no pocos cuartos de banderas.

De acuerdo con la reseña del acto aparecida en El Periódico de Catalunya, «la Reina temía que el teniente general Agustín Muñoz Grandes pusiera en peligro el reinado de Felipe de Borbón. […] Siguiendo con el tema castrense, Urbano afirmó que la Reina le había definido como “juego voluntariamente ambiguo” la relación del Rey con los militares antes del 23-F. Urbano aseguró que la Reina le dijo que Juan Carlos había hecho creer a los militares que estaba con ellos».

Muchos militares que se mantuvieron leales e incluso arriesgaron su vida en aquellas horas dramáticas en las que se estaba decidiendo la suerte de todo un país se sintieron indignados con unas declaraciones —puestas en boca de una Reina que en buena lógica debe recelar de los militares desde que otros militares, los griegos, acabaron con el reinado de su hermano Constantino— de las que cabía deducir que el Rey había jugado a dos bandos en las fechas previas al 23-F, quizá por culpa de la reconocida habilidad del Monarca para decir a todo el mundo lo que todo el mundo quiere escuchar en cada momento.

Las declaraciones de la Reina —y de ahí su importancia— pondrían en tela de juicio la verdad oficial sobre algunos comportamientos en torno a un episodio que, en el fervoroso akelarre de exaltación democrática que le siguió, sirvió para asentar a una persona y consolidar una institución.

* * *

«Sometido a la tutela de Franco, Juan Carlos pasó unos años muy duros lejos de su familia y de padre, cuyos consejos le hubieran sido de gran ayuda —asegura el preceptor del entonces Príncipe de España citado anteriormente—. A la muerte del Caudillo, no resistió la tentación de entregarse en brazos de una serie de personajes que, abusando de su confianza, han sido los responsables de casi todos sus quebraderos de cabeza. El más notorio de esos personajes ha sido, sin duda, Manuel Prado y Colón de Carvajal».

Prado es the servant, el valido, un hombre, en origen, sin grandes caudales, que tiene el dinero que el Rey ha querido que tenga como administrador suyo.

Y es que las preocupaciones que aquejan al Monarca por culpa de la infidelidad y la estulticia de sus servidores y/o amigos no se circunscriben al caso GAL o al episodio del 23-F. Con ser importantes, son en cualquier caso acontecimientos episódicos desprovistos del santo y seña de la continuidad en el tiempo que distingue los asuntos del dinero, un campo abonado a la crítica —en realidad un campo minado— de un pueblo llano dispuesto a perdonar casi todo excepto los escándalos económicos, que es donde más estricto se muestra a la hora de emitir veredicto.

Siempre se ha dicho que la Casa Real española es pobre, y no sólo en comparación con casas reales como la británica, una de las mayores fortunas del planeta, sino con muchas de las familias de la alta burguesía española y no digamos ya de la aristocracia bancaria. Don Juan, conde de Barcelona, necesitó la ayuda continuada de una serie de nobles para mantener enhiesto en Estoril —incluso para vivir los últimos años de su vida— el estandarte de una Monarquía no afecta al franquismo, y su hijo Juan Carlos llegó al trono de España literalmente con lo puesto.

Esa situación de penuria, que muchos monárquicos consideraban impropia de la Institución a la que el nuevo Rey representaba, se tradujo en una cierta manga ancha a la hora de valorar determinadas iniciativas del entorno real tendentes a proporcionar a la Casa los medios materiales adecuados a su alta función. Nadie se rasgó las vestiduras, en suma, a la hora de hacer posible que el Rey comenzara a consolidar un pequeño patrimonio.

Una de las primeras formas conocidas para conseguirlo fue el petróleo, las comisiones del crudo que importaba España para cubrir sus necesidades de energía. Todo parecía normal.

Tan normal como le pareció a Alfredo Pardo, director de flota de Cepsa, cuando tuvo que suspender un viaje a Kuwait que tenía programado para firmar un contrato multimillonario de compra de petróleo al emirato. El barril de crudo estaba en torno a los 14/15 dólares, y el precio estipulado en aquella operación quedó establecido en los 14,29 dólares, que, como es norma en este tipo de contratos, quedaron reducidos finalmente a 14,27, dos centavos menos como regalía que suele embolsarse el comprador. Pero cuál no sería la sorpresa de Pardo cuando le anunciaron que no necesitaba viajar al emirato porque el viaje y la firma del contrato iba a correr a cargo de don Manuel Prado y Colón de Carvajal. «Fue la primera vez que oí hablar de ese señor».

Muy pronto, sin embargo, esa minoría de españoles connaisseurs comenzaría a oír hablar largo y tendido de «Manolo» Prado como el hombre que hacía y deshacía en Palacio, y como el gran responsable de muchos de los problemas que aquejan al Monarca.

Mucho antes que Pardo, Henry Ford II, presidente de la multinacional norteamericana del mismo nombre, había oído hablar de Manuel Prado cuando, con varios meses de antelación a su primera visita a España, adonde viajó el 25 de marzo de 1974 para colocar en Almusafes (Valencia) la primera piedra de la factoría española de Ford, recibió una cariñosa carta del entonces Príncipe de España recomendando encarecidamente a su amigo Manuel Prado como la persona adecuada para facilitar todos los trámites legales necesarios en nuestro país. Juan Carlos de Borbón se despedía dejando constancia de que una respuesta positiva sería adecuadamente valorada en un próximo futuro.

Nada más ocupar Juan Carlos I el trono a la muerte del dictador, Manuel Prado se dedicó a remitir una serie de misivas reales a otros tantos monarcas reinantes, especialmente del mundo árabe, para pedirles dinero en nombre del Rey de España. El que fuera jefe de la Casa del Sha de Persia, dejó escrito en su exilio londinense un libro de memorias, titulado The Shah and I (distribuido por Lexing Books, London), que fue publicado por sus hijas después de que muriera, como el propio Sha, asesinado, y en el que se recoge con todo detalle la llegada a la corte de Teherán de una carta del Rey de España:

«Tuesday, 5 July.

»The King of Spain has written to HIM asking for $10 million on behalf of the party led by his Prime Minister.

»[King Juan Carlos letter is in French. The address and valediction are hand-written. It is dated at Zarzuela, 22 June 1977:]

My dear brother,

To begin with, I wish to say how inmensely grateful I am to you for sending yout nephew, Prince Shaharam, to see me, thus providing me with a speedy response to my appeal at a difficult moment for my country.

I should next like to lay before you an account of the political situation in Spain, and of the development of the campaign by the political parties.

Forty years of an entirely personal regimen have done much that is good for the country, but at the same time left Spain sadly lacking in political structures, so much so as to pose an enormous risk to the strengthening of the monarchy. Following the first six months of the Arias gobernment, which I was likewise obliged to inherit, in July 1976, I appointed a younger, less compromised man, whom I knew well and who enjoyed my full confidence: Adolfo Suárez.

From that moment onwards I vowed to tread in the path of democracy, endeavouring always to be one step ahead of events in order to forestall a situation like that in Portugal which might prove even more dire in this country of mine.

The legalization of the various political parties allowed them to participate freely in the [election] campaign, to elaborate their strategy and to employ every means of mass communication for their propaganda and the presentation of the image of their leaders, at the same time that they secured for themselves solid financial support; the Right, assisted by the Bank of Spain; Socialism by Willy Brandt, Venezuela and the other European Socialists; the Communists by the usual means.

Meanwhile, Premier Suárez, whom I had firmly entrusted with the responsibility of government, could only participate in the election campaign during its final eight days, bereft of the advantages and opportunities which I have explained above, and from which the other political parties were able to profit.

Despite that, alone, and with an organizatíon still hardly formed, financed by short-term loans from certain private individuals, he managed to secure an outright and decisive victory.

At the same time, however, the Socialist party also obtained a higher than expected percentage of the vote; one which poses a serious threat to the country's security and to the stability of the monarchy, since I am reliably informed that their party is Marxist. A certain part of the electorare is unaware of this, voting for them in the belief that through Socialism Spain might receive aid from such major European countries as Germany, or alternatively from countries such as Venezuela, for the revival of the Spanish economy.

For this reason it is imperative that Adolfo Suárez restructure and consolidate the Centrist Political Coalition, so as to create a political party for himself which will serve as the mainstay of the monarchy and of the stability of Spain.

For this to be achieved Prime Minister Suárez clearly needs more than ever before whatever assitance is possible, be it from his fellow countrymen or from friendly countries abroad who look to the preservation of Western civilization and of established monarchies.

It is for this reason, my dear brother, that I take the liberty of requesting your support on behalf of the political party of Primer Minister Suárez, at a critical juncture; the municipal elections are to be held within six months, and it is there more than anywhere that we shall put our very future in the balance.

Thus I take the liberty, with all respect, of submitting for your generous consideration the possibility of granting 10.000.000 as your personal contribution to the strengthening of the Spanish monarchy.

Should my request meet with your approval, I take this liberty to recommend a visit to Tehran by my personal friend, Alexis Mardas, who can take receipt of your instructions.

With all my respect and friendship,

Your brother

Juan Carlos.

»[The Shah's reply to this letter is dated 4 July 1977. It is warmly worded but displays much greater caution than that of the King of Spain: “…As for the question to which Your Majesty alluded in his letter, I shall convey my personal thoughts by word of mouth…”]».

La contestación del Sha, dice el buen señor, es mucho más prudente que la del Monarca español (en realidad, la de Manolo Prado), y es que ciertamente no cabe otro calificativo más generoso para iniciativa tal que el de imprudencia.

* * *

El texto transcrito refleja fielmente la arquitectura mental de quienes rodeaban al Rey de España, y en particular la de su albacea mayor, Prado y Colón de Carvajal, y es la clave del arco de un razonamiento según el cual todos los Reyes de la media luna se sienten inseguros porque pertenecen a otra época, son sátrapas cuasimedievales que no han pasado bajo el arco voltaico de una democracia parlamentaria, de modo que conviene a esos Reyes la existencia de monarquías europeas, monarquías que aúnan tradición y modernidad y son a la vez coartada y espejo en el que mirarse. Pero buena parte de esas monarquías europeas están más tiesas que la mojama, razón por la cual los «hermanos» ricos estaban obligados a aportar su óbolo para facilitar una consolidación que a todos convenía.

Prado incluía en tales cartas, año 77, un curioso razonamiento adicional, y es que el PSOE contaba con toda la ayuda de la Internacional Socialista, especialmente de la riquísima socialdemocracia alemana, de modo que era necesario contrarrestar esa situación y buscar apoyos para que un Gobierno de centro derecha, como era el de Adolfo Suárez, pudiera sostenerse y proteger así a la Institución Monárquica de las conocidas veleidades republicanas y marxistas del socialismo.

Lo que Prado planteaba, en suma, era una especie de «derrama» entre los riquísimos reyes del petróleo, demanda a la que la monarquía saudí, que se sepa, respondió favorablemente con la concesión de un crédito por importe de 100 millones de dólares (unos 10.000 millones de pesetas, grosso modo), a pagar en diez años y sin intereses, presente que haría exclamar a don Juan, conde de Barcelona, ante testigos, la siguiente frase: «A mí esto que vais a hacer no me gusta nada».

Estaba claro que la familia real saudí le estaba haciendo al Rey de España un regalo no inferior al principal de ese crédito, puesto que, con los tipos de interés entonces vigentes, bastaba con colocar esos 10.000 millones en un banco para doblar, como poco, esa cifra al cabo de los diez años pactados.

Pero Prado, que como peticionario se desempeñaba con gran brillantez y habilidad, en cambio como inversor se demostró un desastre, porque, en lugar de administrar prudentemente esa suma que por sí misma podía convertir al Rey de España en un hombre muy rico, decidió invertirla en negocios que resultaron ruinosos (entre otros, en el proyecto urbanístico de Jerez Castillo de los Garciagos). El administrador real se vio obligado a contarle al Rey que había perdido buena parte de los 10.000 millones prestados por el rey Fahd, o ésa fue la especie que se propagó a los cuatro vientos, de modo que transcurrieron los diez años y la Casa Real se encontró con la desagradable sorpresa de tener que devolver 100 millones de dólares que no tenía. O tal decía.

Y es que los saudíes, en contra de lo que Prado hubiera podido pensar, estaban decididos a recuperar su dinero. De la tarea de reclamar la devolución del principal quedó encargado un hermano del rey Fahd, con espléndida casa en la Costa del Sol. Ocurrió entonces que el príncipe saudí llamó un día desde Marbella, pleno mes de agosto, finales de los ochenta, anunciando su intención de acudir a almorzar con los Reyes a Palma de Mallorca, donde a la sazón se encontraban de vacaciones.

La iniciativa produjo una enorme conmoción en Marivent, donde, a toque de corneta, se presentaron Manolo Prado y el supuesto príncipe Chokotoua. Reunión de pastores sobre una pradera de nervios y conciliábulos. El interés de Palacio por cumplimentar adecuadamente al príncipe saudí era obvio. Había que recibirlo con todos lo honores y despedirlo de igual modo, aunque sin un duro, de modo que era absolutamente necesario que volviera contento a Marbella.

Pero entonces ocurrió algo que nadie había previsto, una divertida equivocación más propia de sainete teatral que de protocolo real. Porque, a la hora prevista para el aterrizaje del jet privado del saudí en el aeropuerto militar de Palma, allí estaba Prado y todo su séquito con la mejor sonrisa puesta a pie de pista, sonrisa que se fue transformando en cara de sorpresa cuando comenzaron a descender los pasajeros sin que apareciera una sola chilaba, y que se convirtió en gesto de horror al comprobar que entre quienes caminaban a su encuentro, a pleno sol, no se encontraba el hermano del rey Fahd ni Cristo que lo fundó. Se trataba de gente importante, sí, nada menos que los duques de York, que llegaban a Palma invitados a pasar unos días con los Reyes de España…

¡Un lío memorable! Manolo Prado, horrorizado, salió corriendo hacia el aeropuerto civil de Palma, pero cuando llegó el morito, tras comprobar que nadie había acudido a recibirlo, ya había levantado el vuelo partiendo de regreso a Marbella y muy enfadado ante la falta de cortesía de sus anfitriones palmesanos.

¡Se armó la de Dios es Cristo! Muebles y sillas de época pagaron aquel día el pato del enfado real, que es la forma que suele utilizar el Monarca para descargar su adrenalina cuando está enfadado. El Rey, consternado, llamó rápidamente al príncipe saudí para presentarle sus disculpas, y volvió a hacerlo varias veces a lo largo del día para rogarle encarecidamente que viajara de nuevo a Palma al día siguiente, donde tendría el honor de almorzar con él.

Por fortuna, el hermano del rey Fahd accedió, de modo que el enfado regio se trocó en real y abierta alegría, y no tanto por lo agradable que resultó el almuerzo como por el hecho de que el de la chilaba «nos ha dado cinco años más para devolver el dinero».

Parece, sin embargo, que los cinco años transcurrieron sin que Prado lograra encontrar la lámpara de Aladino que le ayudara a devolver esos 10.000 millones. Hace apenas tres años, en el verano del 96, el eco de la llegada a Palma del representante de la familia real saudí reclamando el dinero inundó de nuevo Marivent con sus terroríficas connotaciones: «¡Que viene “el moro cabreado”, y quiere cobrar!» era la frase que corría de boca en boca por Palacio. Nadie sabe a estas alturas si Prado ha devuelto esa suma.

* * *

Y es que las intervenciones de Prado bastarían para llenar un Quijote de anécdotas a medio camino entre la desvergüenza y la farsa. El entorno de Adolfo Suárez ha relatado la historia de un viaje que, siendo ya presidente y en contexto de las cartas dirigidas a una serie de monarcas árabes, realizó a Riad en compañía de Manolo Prado para pedir dinero con el que sanear las maltrechas finanzas de la UCD. Como Adolfo no hablaba inglés, era Manolo quien oficiaba de intérprete, de modo que el abulense quedaba relegado al papel de figura de cera que, de cuando en cuando y en la mesa de negociaciones, despertaba de su letargo para musitar al oído de Prado: «Pídeles cien más», y Prado, pisa con garbo, no pedía a hundred sino a thousand, anécdota que luego contaba con mucha gracia por Madrid y Sevilla provocando la hilaridad de quienes lo escuchaban. Un tío grande, capaz de engañar a la vez al rey de Arabia y al presidente del Gobierno del España.

Pedir dinero llegó a convertirse en algo casi habitual. Se pedía dinero para salvar la democracia, para ayudar a financiar las campañas electorales de la UCD, para poder utilizar las bases… Y se hacía metiendo por medio al Gobierno de España y a la propia institución monárquica.

«Manolo Prado no se ha privado de nada —asegura el antiguo preceptor del Rey—. Embajador por designación real, ha entrado y salido de Zarzuela como Pedro por su casa, disponiendo a su antojo y actuando, de hecho, como un jefe de la Casa del Rey bis, un Sabino o un Almansa en la sombra, a quien ninguno de los dos se atrevía a contrariar».

Prado, por ejemplo, ha manejado la correspondencia del Monarca al margen deL staff de la Casa, escribiendo cartas con membrete real que en algún momento, y con motivo del caso KIO, fueron tachadas de falsas o atribuidas a un Javier de la Rosa capaz de haber falsificado los distintivos regios. Es cierto que eran falsas en el sentido de que no estaban escritas por el staff de Zarzuela, ni figuraban en el registro de salida, ni su existencia era conocida por Sabino, primero, ni por Almansa, después, pero las cartas existen y existieron: simplemente las había escrito Manolo Prado, con el visto bueno de quien podía darlo.

Fernando Almansa ha recibido en más de una ocasión lo que parecían respuestas a cartas que jamás había cursado, de modo que, al no encontrar rastro de ellas en el registro de salida, en más de una vez se ha dirigido al propio Monarca para aclarar el aparente sinsentido:

—Señor, ha llegado una carta del Rey de Arabia Saudí diciendo que en contestación a la carta de mi hermano de fecha tal… ¿Sabe a qué carta alude?

—Sí, sí, no te preocupes, ésa la escribió Manolo Prado.

Aquel Monarca pobre que en 1975 se hizo cargo de la Corona de España jurando la Constitución es hoy un hombre rico. Al recuerdo de la relativa pobreza del exilio de Estoril, algunos expertos han creído ver unido algún aspecto o deriva psicológica, una reacción, una respuesta a quienes en algún momento han puesto en cuestión su capacidad para los negocios y su olfato para ganar dinero. Como a todo buen cazador, y el Rey lo es, no le importa tanto la pieza que nunca se comerá como el hecho de abatir a la presa.

Un ex ministro de Franco a quien don Juan Carlos tuvo por ocasional profesor cuando era príncipe relata la anécdota de una colección de sellos que decía haber comprado en Chile por 10.000 dólares, invento que adornó ante el Rey con el dato, igualmente falso, de que sólo la venta de los cinco primeros le había reportado un millón de dólares de beneficio, detalle que excitó la fantasía de un entonces joven Monarca, que se tragó el sapo para deleite del franquista.

* * *

Ninguna de las historias de dinero que han circulado en torno a Prado es tan potencialmente peligrosa para sus amigos como el hecho, reconocido por el diplomático, de haber recibido otros 100 millones de dólares (unos 15.000 millones de pesetas al cambio actual) de KIO, vía Javier de la Rosa.

El escándalo tuvo su origen en la invasión de Kuwait por el ejército de Sadam Hussein, lo que motivó la intervención norteamericana y británica para expulsar a los invasores iraquíes e instalar de nuevo a la familia Al Sabah al frente del emirato. Sólo entonces se supo que, además de los pozos de petróleo, habían ardido casi 55.000 millones de pesetas de las cuentas que la Kuwait Investment Office (KIO) mantenía en su filial española, el Grupo Torras, cantidad que se utilizó, en buena parte, para el pago de favores políticos realizados en pro de la liberación del emirato.

Los pagos se «justificaron» en Kuwait por la necesidad de que, durante la llamada «Tormenta del Desierto», la aviación norteamericana pudiera disponer a su antojo de las bases aéreas españolas de Rota y Torrejón, para lo que era preciso «untar» a los políticos.

Javier de la Rosa, que dependía de la cúpula de KIO en Londres, habría actuado como «pagador» de lo que, sin duda, constituye una de las más monumentales estafas de todos los tiempos. Alguien había engañado a la familia Al Sabah en el exilio haciendo creer a sus miembros que el Rey de España disponía de la facultad de autorizar la utilización de las bases por los norteamericanos, facultad que en última instancia corresponde al Gobierno y al Parlamento.

Cuando, tras la retirada iraquí, una nueva rama (en un muy peculiar sistema de alternancia) de los Al Sabah se instaló en el emirato, pronto se descubrió el engaño o, en todo caso, la radical desmesura de esos pagos. El paso siguiente consistió en querellarse en Londres y Madrid contra los responsables de KIO, su presidente, Fahad Mohamed Al Sabah, miembro de la familia reinante, su primer ejecutivo, Fouad Khaled Jaffar, y el propio De la Rosa en España.

En octubre del 92, De la Rosa fue llamado a capítulo por los nuevos rectores del emirato: los pagos efectuados no estaban autorizados y había que devolver el dinero. «JR» se vino inmediatamente a Madrid y transmitió la mala nueva a Prado:

—Oye, que me dicen que hay que devolver ese dinero.

—Ni hablar —respondió el interpelado—. ¿Sabes lo que vamos a hacer?

—Tú dirás.

—Mira, tienes que hacerte con una fotocopia del pasaporte de Fahad Mohamed Al Sabah, yo la meto en la cuenta donde está el dinero, y a ver quién dice que no es suyo…

Prado, en suma, se acogía a ese dicho tan español de que «Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita».

De la Rosa ha reconocido en declaración jurada ante la Corte de Londres haber entregado a Manuel Prado hasta 160 millones de dólares en tres pagos de 80, 20 y 60 millones, aunque otras fuentes elevan la cifra final a 200 millones (unos 30.000 millones de pesetas). Parece evidente que hasta los 55.000 totales media un buen trecho que han debido saltarse a la torera los propios mandamases de KIO, tanto en Londres como en Madrid. Javier de la Rosa protesta y dice que la cuenta existente a su nombre en un banco de Ginebra es, en realidad, una cuenta de tránsito desde la que se hicieron los envíos a los distintos «beneficiarios», uno de los cuales estaba radicado para estos menesteres en Licchtenstein. El financiero catalán asegura que podrá demostrar lo que dice aportando la correspondiente documentación acreditativa, pero el hecho cierto es que, hasta el momento, no ha podido hacerlo.

La única verdad irrefutable en este caso reside en el hecho de que Manuel Prado y Colón de Carvajal reconoció ante el juez Miguel Moreiras haber cobrado, vía Javier de la Rosa, efectivamente 100 millones de dólares de KIO, cobro que pretendió justificar como el pago de dictámenes y trabajos de asesoría por él realizados para el catalán.

La afirmación provocó el comentario fulminante de Moreiras:

—¡Coño, qué dictámenes más caros…!

Pero Prado, ducho en las artes de la simulación, devolvió la pelota al otro lado de la red:

—Es que usted, señor juez, se mueve en un mundo donde estas magnitudes no le cuadran.

Pero entonces intervino por KIO el abogado Stampa Braun. Le daba igual dónde hubiera ido a parar el dinero, pero lo cierto es que a su cliente le habían birlado una fortuna, por lo que pidió la celebración inmediata de un careo entre De la Rosa y Prado, careo que se celebró con el abrumador resultado que era de prever, a pesar de que De la Rosa echó el freno y se limitó a seguir la jugada.

Finalizada la diligencia, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, se abalanzó sobre Stampa:

—Pero, ¿cómo se te ha ocurrido pedir un careo? ¡Ayer acordamos con Cobo y con Bajo que eso no se tocase, coño, que aquí no hay que hurgar!…

—¡Ah, es que a mí nadie me había dicho nada!

Algunas reputadas figuras del foro sostienen que la salida del fiscal Aranda de la Audiencia Nacional tuvo mucho que ver con ese careo que no supo evitar. Un careo que dio pie a aquel maravilloso titular del diario ABC: «Trifulca entre financieros», una de las cosas más divertidas que se hayan podido leer nunca en prensa escrita, con el cual Luis María Ansón trataba de deslindar la figura del Rey de la de ambos «financieros».

A pesar de lo inverosímil de la justificación aportada sobre el origen de esos 100 millones de dólares, Prado, al contrario que Javier de la Rosa, sigue en la calle, y los kuwaitíes nunca le incluyeron en la lista de querellados.

Las cosas están francamente mal para el financiero catalán, a menos que pueda acreditar que esos dineros, como sostiene, llegaron a su destino. Mientras eso no se demuestre, De la Rosa será una bomba hueca que jamás llegará a explotar.

El susto, de momento, se lo ha llevado gente que nada tenía que ver con el escándalo. Es el caso de Sabino Fernández Campo, ex jefe de la Casa del Rey, a quien un día el Monarca pidió que acudiera al piso que Javier de la Rosa solía utilizar durante sus estancias en Madrid, un hermoso penthouse en el 47 del paseo de la Castellana, para transmitirle un mensaje:

—Vas a ir a ver a Javier de la Rosa a este número del paseo de la Castellana, y le vas a decir que, de parte del Rey, todo está arreglado y que muchas gracias.

—Pero bueno —quiso saber Sabino, despistado—, ¿no hay que decir de qué se trata?

—No, no, nada. Tú limítate a transmitirle lo que te he dicho.

Sabino, fiel servidor, se puso en marcha. En el portal de Castellana 47, dos fornidos escoltas privados requerían a todo el que tomaba el ascensor el destino del viaje a las alturas. Si la respuesta era el tercer piso, de inmediato daban cuenta de la novedad, mediante walkie-talkie, a la escolta del financiero en la tercera planta.

El encuentro fue muy breve, ¿quieres tomar un café? no, no, muy agradecido, pero a esta hora no tomo café, vengo solamente a decirte de parte del patrón que todo está en orden, todo arreglado, es lo que me han dicho que te diga, y que muchas gracias.

* * *

La decisión de los Al Sabah de reclamar en los tribunales la devolución del dinero desaparecido llevó a Manuel Prado a un estado cercano al paroxismo. Entre las iniciativas, a cual más alocadas, emprendidas por «el manco», como se le conoce en el mundo de la jet, dirigidas a desactivar la espoleta del escándalo, ninguna tan temeraria como las más de seis horas de conversación telefónica que, desde España y en distintas llamadas, mantuvo con el emirato y que terminaron, en forma de cintas grabadas, en manos del propio Javier de la Rosa, quien, fiel a su estilo, las hizo circular por medio mundo. Manolo Prado ha pasado por este caso como elefante por cacharrería. Y todo por no devolver el dinero, que hubiera sido lo más inteligente a la par que justo.

Obsesionado por salvarse de la quema, el sevillano viajó a Kuwait y estableció una fluida relación telefónica con el emirato para intentar convencer a su Gobierno del riesgo que implicaba la aparición de su nombre entre los «cobradores». En concreto, pedía una carta oficial en la cual quedara constancia expresa de que él no había recibido dinero alguno.

El estrambote del caso, de acuerdo con la versión extendida por el propio De la Rosa, lo pusieron los propios kuwaitíes, probablemente un grupo opositor a la familia reinante, entrando en contacto con el catalán y ofreciéndole unas cintas grabadas con las conversaciones de Prado, con la promesa de sacarle del pleito de Londres a cambio de que les facilitara toda la información de que dispusiera sobre los Al Sabah. Fue así como el famoso JR comenzó a recibir semanalmente su ración de cinta con la inconfundible voz de Manuel Prado hablando en francés, y también en castellano, con gente como el ministro Belloch, porque, para enfatizar su importancia, grababa las conversaciones «interiores» que le parecían interesantes para pasárselas a continuación a los kuwaitíes, que, a su vez, le grababan a él, para terminar el recorrido en De la Rosa.

Con el desparpajo que le caracteriza, Prado no deja títere con cabeza. Tratando de salvarse por su cuenta, se sirve del Rey llamándolo «mon patrón», «mon ami le patrón», «sa majesté», «il connais tout…,». Prodigio de discreción, detalla la existencia de unas cuentas comprometedoras en Licchtenstein, cuya numeración (letras y números) cita; dice que el Gobierno está al corriente; considera que el prestigio del Rey en la sociedad española ha quedado afectado por culpa del escándalo de Mario Conde, hasta el punto de que no podría aguantar otro golpe similar, etc.

En estas charlas a calzón quitado a través del hilo telefónico, Prado monta su particular conspiración de papel, asegurando que el ABC era un diario monárquico pero ya no lo es, porque Ansón es el que más le ha atacado; que El Mundo es un periódico de Mario Conde, y que ahora el gran defensor del Rey es el diario El País, el único periódico serio que está con «mon patrón», porque el señor Polanco es amigo del Rey, de modo que él ha llegado a un acuerdo con Polanco, «avec la anuence de mon patrón», para poner a su disposición dos periodistas serios como Ekaizer y un tal Pérez, de Barcelona, a fin de publicar toda la información que se les suministre sobre Conde y De la Rosa, porque él cree que sería mejor hacerlo salir en la prensa que por los juzgados…

Metido en la vorágine de la estulticia, pedía pruebas contra Javier de la Rosa para pasárselas al juez Moreiras. Según Prado, el Gobierno, con cuya protección decía contar, quería meter en la cárcel al catalán porque era testigo de que el presidente González había cobrado 14 millones de dólares de KIO, cosa que también sabía el Rey y que De la Rosa iba pregonando por ahí. En el ajo andaba también metido el fiscal Anticorrupción Jiménez Villarejo, el cual se manifestaba, en conversación con el sevillano, dispuesto a «lo que Su Majestad me pida». Prado implicaba a medio país.

Javier de la Rosa ofreció las cintas al Rey. Lo hizo a través de Paco Sitges, pero el Monarca, tras parlamentar largo y tendido con su amigo, se negó en redondo a escucharlas. Muy preocupado, lo que hizo el Rey fue pedir al príncipe Felipe que escribiera una carta dirigida al príncipe heredero de Kuwait, sesenta y siete años, aludiendo a la necesidad de «arreglar las cosas entre nuestros dos pueblos hermanos…», misiva de la que, al parecer, dio cuenta la televisión kuwaití.

El catalán pasó también las cintas al Ministerio del Interior, cuyos laboratorios certificaron que la voz que se escuchaba en las mismas era realmente la de Manuel Prado.

Víctima de una aparente esquizofrenia, o quizá del simple miedo, Manolo Prado entró en contacto, en abril del 96, con el sultán de Brunei, adonde había proyectado viajar con la intención de lograr un préstamo con el que tapar viejos agujeros. Volvió igualmente a viajar a Kuwait, y ello en contra de Palacio, que le había advertido de que no tomara más iniciativas por su cuenta y se retirara un tiempo a Lausanne. Prado no escuchaba. Tras casi treinta años de estrecha relación con el Monarca, había llegado a pensar que el Estado era él.

El resultado inmediato de las cintas de Prado fue una querella interpuesta contra él por De la Rosa y la iniciativa del juez Miguel Moreiras de poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción la existencia de esas cintas, una copia de las cuales había llegado a su poder a través del buzón de correos.

Una de las personas que, gracias a la generosidad de Javier de la Rosa, escuchó las cintas de Prado fue Luis María Ansón. El periodista y académico, entonces director del diario ABC, quedó tan impresionado por lo que oyó (además de francamente molesto con los epítetos que, a nivel personal, le dedicaba) que se apresuró a llamar al Rey para ponerle al corriente de lo que ocurría (cosa que también harían Sabino Fernández Campo y el propio Mario Conde, entre otros).

Este episodio marcó el inicio de la famosa «conspiración» con la que Ansón revolucionaría el gallinero político hispano en la primavera de 1998. Porque Ansón, reconocido adalid de la causa monárquica, se puso de inmediato en movimiento para intentar salvar a la Institución del grave peligro que, en su opinión, se cernía sobre ella a cuenta de la irresponsabilidad de Prado.

Lo primero que hizo fue viajar a Sevilla para entrevistarse con él. Lo que he escuchado en esas cintas es tan grave, Manolo, tan grave, que hay que tomar decisiones drásticas y urgentes para salvar al Rey de la quema, Y para ello quería, le exigía, le conminaba a que firmase un documento que el periodista llevaba al parecer redactado, una especie de declaración o manifiesto a la nación que se haría público en caso necesario; en él se deslindaban sus negocios de las finanzas de la Casa Real y Prado se hacía personalmente responsable de lo ocurrido, exonerando de toda responsabilidad al Monarca. Como rúbrica, Ansón llevó su espada flamígera a pretender que Prado abandonara España para instalarse definitivamente en Lausanne.

Parece que Ansón, con el motor francamente revolucionado, hizo más. Baluarte de la Institución, el académico pensó con el buen sentido que le caracteriza que, además de poner a buen recaudo al pillo de Prado, había que prever la posibilidad de que el escándalo, si llegaba a estallar, se llevara por delante a don Juan Carlos I, de modo que era necesario anticiparse a tal eventualidad preparando la abdicación del Monarca en favor del Príncipe de Asturias. Aquélla sí que era una «conspiración» de verdad, puesta en marcha, ciertamente, con la mejor intención del mundo: salvar a la Institución, aunque algunos pudieran calificarla de traición, traición como la que, años atrás, el propio Prado y Mario Conde habían achacado injustamente a Sabino Fernández Campo.

Víctima del singular afán conspirativo que le distingue, Ansón comenzó a frecuentar la compañía de ese republicanismo de salón que circula por Madrid, «más que nada para ver por dónde iban, por controlar». Hasta que llega un momento en que, tras compartir mesa y mantel en El Cenador de Salvador con Vera, Barrionuevo y Corcuera, le asalta el miedo de que el juego salga a la luz, por lo que decide pinchar el globo él mismo con el lanzamiento de la famosa teoría de la conspiración, tan querida por el polanquismo y su rama política, el PSOE.

«Ansón quería defender la Institución mediante la abdicación de Juan Carlos en su hijo —asegura una fuente próxima a La Zarzuela—, pero los otros, de querer algo, querían el final de la Monarquía. Esa es la diferencia. Con el riesgo de que, si ese juego se descubría, él quedara como un conspirador. Por eso decidió anticiparse».

Una versión que, en todo caso, no está reñida con la otra más verosímil ya citada en otro capítulo de este libro, que apunta a que el académico se vio obligado a escenificar la parodia de la conspiración obligado por los Barrionuevo, Vera y Cía., conocedores en primera persona de las idas y venidas del hermano Rafael.

* * *

Por lo dicho hasta aquí, esta claro que Manuel Prado y Colón de Carvajal, embajador del Monarca en misiones diplomáticas varias y que ha formado parte de delegaciones oficiales españolas, es el hombre que más daño ha hecho al rey Juan Carlos y a la Monarquía española.

Pero es, al mismo tiempo, un amigo. A finales del 95, a punto de aceptar el exilio suizo que urgían Ansón y Almansa, entre otros, Prado estuvo en un brete de ser empitonado por el juez Joaquín Aguirre a cuenta del escándalo Grand Tibidabo. El Rey, de viaje oficial por un país africano, se confesó, por no ser menos, al ministro que le acompañaba, Alfredo Pérez Rubalcaba: «Manolo es ante todo mi amigo y no le voy a dejar ahora tirado».

Y de hecho nunca lo ha dejado. Prado es el gran amigo, el amigo del alma, en realidad el único verdadero que ha tenido, porque el Rey no tiene amigos, de modo que Prado, aunque de forma más discreta, más matizada, ha seguido gozando hasta hoy de la amistad y la confianza del Monarca.

Hace poco más de un año, Miguel Primo de Rivera, el compañero de francachelas más cercano en los últimos tiempos, realizó algunas confidencias a un reducido grupo de personas con las que compartía cena, asegurando que el Rey estaba «dolidísimo» con todo lo que había pasado, con De la Rosa, con Conde, «porque lo de Mario había sido un golpe brutal…».

—Pero vamos a ver, Miguel —le interrumpió uno de los comensales—, ¿y qué pasa con Manolo Prado?

—¡Ah, no!,ése sigue ahí.

—Pero ¿tú le has visto en Zarzuela?

—¡Pues cómo no! Es que yo voy mucho por allí, tengo mucha relación con ellos.

—Pues no lo entiendo, porque el que esta gente, por ejemplo un Mario Conde, no pise por Palacio me parece lo mínimo que se puede pedir.

—Pero lo de Prado es distinto.

—Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el propósito de enmienda?

—Es que la relación con Manolo es intocable, es una especie de pacto de sangre…

—¡Pues estamos en las mismas! O peor, porque ahora el que manda ahí, según dicen, es Polanco.

—Lo de Manolo no se arregla más que con la muerte, que, por cierto, el pobre está muy enfermo.

La enfermedad de Prado ha sido un tema recurrente de conversación en los últimos meses, entre otros motivos porque «cuando las cosas se ponen feas, él siempre se pone muy malito», según un buen conocedor del personaje. Por desgracia, parece que la enfermedad prosigue su curso, y a mediados de mayo pasado conoció uno de sus más violentos episodios en la Clínica de la Luz de Madrid, donde superó una tromboflebitis y le fueron implantadas dos válvulas coronarias. Después de pasar unos días de recuperación en el hotel Villamagna, el 28 de mayo emprendió el regreso a sus lares sevillanos.

Un personaje negativo, en todo caso, una especie de Rasputín introducido cual perenne cuña en Palacio que, cuando el juez Aguirre le impuso una fianza de 150 millones de pesetas para evitar la cárcel, contestó tan gallardo enviando al Juzgado una relación de bienes por importe de… ¡dos millones de pesetas! Episodio que fue aprovechado por Sabino Fernández Campo en un almuerzo con los Reyes en Zarzuela:

—Señor, ¡qué pena!, hace años que conozco a Manolo y resulta que tanta actividad, tantos negocios, tanto ir y venir para que el pobre pueda juntar dos millones de pesetas que dice que es todo lo que tiene.

Afortunadamente, Miguel Primo de Rivera, en estos momentos «recadero» favorito del Monarca, es reconocido como un tipo franco y sano, que a muchos recuerda al Juan Carlos Príncipe de España, un joven provisto de una simpatía arrolladora, heredada de su abuelo, don Alfonso XIII, que le permite meterse en el bolsillo a sus interlocutores.

Y es que el Rey de España no disfruta con los científicos, los filósofos, los historiadores. En realidad le aburren solemnemente todas las especies de biblioteca. El Rey no lee libros ni periódicos: se limita a hablar por teléfono las veinticuatro horas del día, lo cual conforma en ocasiones en su coronada testa un galimatías morrocotudo. Cuantas veces y voces han pretendido dotarle de algún tipo de asesoría o consejo de notables, una simple tertulia con la que reunirse de forma periódica para hablar con cierta profundidad de algunos temas, han fracasado. Al Monarca le interesan más los tipos divertidos, alegres, simpáticos, ricos mejor que pobres, hábiles en el trato con las mujeres y en los negocios.

Con estas premisas, el Rey no ha tenido ciertamente suerte a la hora de elegir sus amigos. Prado, Conde, De la Rosa, Sitges, Chokoutua, Polanco, Mendoza… Algunos de ellos han terminado en la cárcel o han pasado por los tribunales afectados por escándalos de grueso calibre. Las constantes recomendaciones de Sabino cayeron en barbecho: «Señor, cuidado con sus amistades, cuidado…».

De estos amigos, el más interesante desde todos los puntos de vista, incluido el intelectual, es Mario Conde. El Monarca se entregó sin reservas al hechizo de un joven que, a finales de los ochenta y antes de fracasar con estrépito como banquero, llegó a convertirse en paradigma de toda una generación. Su caída con la intervención del banco, en una operación política cuya trama sigue estando rodeada de misterio (es obvio que un oscuro funcionario como Rojo, a la sazón gobernador del Banco de España y personalmente implicado en el escándalo Ibercorp, jamás se hubiera atrevido a derribar la estatua del que en 1993 era, después del Rey, el hombre más poderoso de España), afectó seriamente al prestigio y la credibilidad del propio Monarca, que había hecho de Conde su banquero personal.

El de Tuy, sin embargo, no supondrá nunca un peligro para el Monarca, entre otras cosas porque siempre honrará la promesa que le hizo a don Juan, Conde de Barcelona, en su lecho de muerte: la de ayudar y apoyar a su hijo Juan Carlos, Rey de España.

Si el más interesante es Mario Conde, el más peligroso —con la excepción de Prado— de los amigos del Rey es sin duda Javier de la Rosa. El famoso JR de los años ochenta, también llamado «el hombre de la manguera» de los petrodólares kuwaitíes, ha sido el gran corruptor de notables españoles, el hombre que con más prodigalidad repartió un dinero que no era suyo entre bufetes de abogados (que todavía le siguen añorando), consultores, asesores, banqueros, políticos estatales y autonómicos…

Javier de la Rosa es una verdadera bomba de relojería, pero una bomba que nunca llegará a explotar porque el catalán, fiel a su espíritu original de simple comisionista de KIO, jamás será víctima de la menor veleidad de regeneración, mediante la pública denuncia, de un sistema que él ayudó tan eficazmente a corromper. Su único y mesocrático interés es el de salvar el pellejo, lo que explica esa permanente y desacreditada estrategia de amagar y no dar. Tal vez sea justo decir, en su descargo, que de no ser así Javier de la Rosa quizá no habría llegado vivo hasta aquí.

En mayo del 95, uno de los años más críticos de la reciente Historia de España, el Monarca se manifestaba tranquilo ante una persona que le visitó en Palacio: «A mí, salvo lo del coche deportivo y el reloj, nada más. Estuvo aquí un par de veces almorzando, porque estaba empeñado en traer la familia, pero, de dinero, ni un duro…».

No hacía ni veinticuatro horas que el Rey había volado a Barcelona para mantener una entrevista con Jordi Pujol en el hotel Rey Juan Carlos de la Ciudad Condal. El Monarca encontró a Pujol muy preocupado: «Estuvo media hora hablándome de De la Rosa…».

* * *

Al Monarca se le amontona a veces el trabajo por culpa de la poca pericia de sus colaboradores y amigos. La falta de habilidad de Prado ha estado detrás de un asunto de faldas que ocupó las conversaciones del tout Madrid durante meses, un tema en el que la liberalidad del pueblo español alcanza cotas desconocidas en otras latitudes, pero que pudo convertirse en algo más que una simple aventura amorosa.

Parece que la relación de amistad con una famosa vedette del espectáculo y de la televisión comenzó a finales de los setenta y siguió viva hasta un buen día, mes de junio del 94, en que la bella supo, con frases amables, que la historia había terminado.

El entorno palaciego siempre creyó que la artista se iba a dar por satisfecha con el timbre de orgullo que representa el haber mantenido durante casi catorce años una hermosa amistad con el Rey de España, pero estaba equivocado. La dama no estaba dispuesta a pasar página tan fácilmente y, con el soporte de cierto material que ella misma había hecho grabar con motivo de la última visita recibida en su chalet, comenzó a presionar: «Le he entregado lo mejor de mi vida, le he dado consuelo cuando ha sido menester, y ahora quiere decirme adiós. Ni hablar».

La preocupación esencial residía en ciertas frases, contenidas en la grabación en poder de la bella, relativas a los sucesos del golpe de Estado del 23-F. Y a Palacio, que ya había puesto al corriente de lo que ocurría a Emilio Alonso Manglano y su Cesid, no se le ocurrió nada mejor que encargar el asunto a Manuel Prado y Colón de Carvajal, «lo cual fue una gran equivocación —asegura Ansón—, porque Prado no sólo no arregla nada, sino que suele desarreglarlo todo». Y de hecho lo que hizo Prado fue tomar posesión del campo que acababa de abandonar su amigo, como mucho antes lo había abandonado Adolfo Suárez, que fue quien la presentó a Su Majestad.

Todo pareció entrar en vías de solución gracias a un programa en TVE que arregló el entonces director general del Ente, Jordi García Candau, y que devolvió fugazmente a la bella al estrellato de la pequeña pantalla. La paz duró, sin embargo, lo que el mencionado programa de televisión, porque, una vez desaparecido de parrilla, la señora, con un ritmo de vida difícil de soportar para cualquier economía, comenzó de nuevo a presionar.

Así hasta que a los predios de Luis María Ansón llegó un acreedor esgrimiendo una carta que le había sido entregada por la vedette como si de un pagaré se tratara, donde se afirmaba que iba a recibir de inmediato una cantidad con la cual podría saldar las facturas pendientes de pago. A juzgar por el membrete y el estilo empleado, aquélla parecía ciertamente una misiva oficial. Nuevo subidón para el ilustre académico, un nuevo escándalo en puertas, ¡horror, una carta de este tipo circulando por ahí!…

De modo que Ansón, con la diligencia que le caracteriza, redactó un detallado memorándum que remitió a Palacio, tres folios en los que, punto por punto, daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, alertaba de los riesgos de la situación y proponía soluciones. Pero La Casa se movilizó en cuanto recibió el escrito y acusó recibo con un escueto billete: «No hagas nada; eso ya está en vías de solución».

La solución consistió, de nuevo vía Prado, en instalar en casa de la bella una caja fuerte en la cual se acordó guardar un maletín con todo el material, fotografías y grabaciones de audio y de vídeo. Una vez al mes se abría la caja fuerte, se comprobaba que el material seguía en el maletín, se volvía a cerrar y Prado hacía entrega a la señora de un sobre cerrado con el estipendio mensual, unas fuentes dicen que un millón de pesetas, otras que bastante más. Y así a lo largo del 95 y parte del 96.

En uno de tales chequeos mensuales ocurrió un incidente que de puro estrafalario rozó lo chusco. Y es que la estrella creyó oír un tímido tic-tac que juzgó procedía del maletín y, pensando que le habían colocado un artefacto dentro, lo agarró por la anilla, espantada, y lo lanzó a la piscina: un trozo de la Historia de España flotando sobre el reflejo azul de un estanque doméstico.

Parece que la llegada a Moncloa de José María Aznar truncó tan consuetudinario ir y venir al chalet de la bella. El nuevo presidente pidió la relación de gastos reservados de Presidencia y ordenó cerrar el grifo, lo que provocó el enfado de la beneficiaria, que exigió entonces un aumento de la asignación hasta los dos millones mensuales para seguir siendo discreta, promesa que sólo cumplió en parte, puesto que una noche acudió a una comisaría de Policía para presentar una denuncia por supuestas amenazas de muerte.

El asunto ha quedado saldado por Fernando Almansa, «y maravillosamente —según Ansón—, porque tiene los pies en el suelo, no como Prado». Se arregló, al parecer, comprando el material a una agencia extranjera, en cuyo poder estaba, y pagando una suma que diversas fuentes sitúan en los 4 millones de dólares, unos 600 millones de pesetas al cambio actual.

Con el riesgo, lógicamente, de que ese material vuelva a salir a flote dentro de unos años, porque esa agencia lo vuelva a poner en circulación o porque argumente que se lo han robado. Que fue lo que ocurrió cuando se compraron las cartas de Olghina de Robiland, una italiana que se carteaba con el Rey. Dos meses después de cerrada la operación, la susodicha publicó un libro con el material que previamente había vendido a Zarzuela.

De nuevo el Rey aparece como víctima de la estulticia ajena. «Su única culpa, en todo caso, habría sido encariñarse de una señora con la que siempre se comportó con un tacto exquisito —sostiene Ansón—, como un caballero, en una relación de amistad que mantuvo en la más estricta privacidad y de la que nunca trascendió nada, porque jamás la invitó a viaje o sarao alguno».

* * *

Y es que el Rey de España es un hombre exuberante en casi todo, vitalista, extravertido, imparable, poco dado a la simulación y al formalismo, a menudo antojadizo, caprichoso al punto de poner a veces en peligro su buen nombre y el de la Institución que representa.

Felipe González, que lo conoce bien, daba tiempo atrás el diagnóstico adecuado: «¡Es que está muy suelto…!». El ex presidente se quejaba del espectáculo montado en torno a la construcción de un nuevo barco real teóricamente financiado por una mesnada de ricos palmesanos deseosos de aflojar la faltriquera para congraciarse con Su Majestad.

En la primavera de 1996 diversos medios de prensa empezaron a preparar el ambiente para el cambio de yate con la publicación de diversos reportajes sobre el calamitoso estado del Fortuna, al parecer proclive a las averías en alta mar, en los que subliminalmente se venía a resaltar la impropiedad que suponía que el Rey de España no dispusiera de un elemento de representación institucional como es el yate real, acorde con la importancia de nuestro país.

El asunto maduró con motivo de la estancia del matrimonio Clinton en Palma de Mallorca, una visita relámpago antes de recalar en Madrid, donde iba a tener lugar una cumbre de la Alianza Atlántica. Ocurrió que los Reyes invitaron al matrimonio Clinton a dar un paseo en el Fortuna por la bahía de Palma, con la mala suerte de que el dichoso yate se averió con invitados de tanto relumbrón a bordo.

Quienes conocen la historia del Fortuna y saben de la personalidad de su capitán, el inglés Richard Cross, un hombre que llegó a España hace tiempo recomendado por el ex rey Constantino de Grecia, se temieron que el incidente fuera aprovechado para lanzar urbi et orbi la idea de la necesidad de proceder al cambio de barco.

Aquel verano, como es tradicional, las fuerzas vivas de Palma pasaron por Marivent para cumplimentar a Sus Majestades al inicio de las vacaciones. Y ante un grupo de empresarios isleños de renombre el Monarca se manifestó quejoso, parece mentira, yo que soy el que traigo el turismo aquí, toda mi familia viene en agosto desde hace no sé cuánto tiempo y consentís que dé el espectáculo ante el presidente de los Estados Unidos con un barco que es una antigualla, que tiene más años que la tarara y se estropea cada dos por tres…

Los empresarios tan directamente aludidos en la real audiencia salieron de allí muy dispuestos a hacer algo, porque al Monarca no le faltaba razón, la isla se ha puesto de moda gracias a la Familia Real, y lo que hicieron fue poner en marcha una curiosa fundación que sería la encargada de recolectar fondos, 3.000 millones de pesetas se habló en un principio, para construir el yate del Rey. Pero, haciendo honor a la sangre fenicia que circula por sus venas, pronto redujeron de forma sustancial la anunciada aportación inicial, esperando reunir en diez años el dinero necesario para la aventura.

Cuando el asunto comenzó a llegar a oídos de la clase política, los comentarios más benévolos calificaron como de «muy desafortunada» la idea de que a alguien se le hubiera pasado por la cabeza siquiera la idea de pedir ayuda para construir un nuevo barco de recreo para el Monarca.

Entre los más críticos se encontraba Felipe González. El líder del PSOE, de visita en Palma, había sido invitado por el Rey a tomar café, oportunidad que aprovechó para contarle la buena nueva del barco.

A Felipe le faltó tiempo para comentar el asunto en términos escandalizados.

—Es la mayor locura que he oído, y además está entusiasmado.

—¿Y tú qué le has dicho? —le preguntó su anónimo interlocutor.

—Nada, ¡a mí qué me importa! Que haga lo que quiera. ¡A ver si voy a hacer ahora de niñera!

El empeño por cambiar el viejo Fortuna por un barco más seguro, más lujoso y de mayores proporciones venía de lejos. Siendo Narcís Serra ministro de Defensa, el Rey planteó la cuestión abiertamente en un despacho de verano. Quería barco nuevo, y tanto lo quería que Serra le dijo que eso lo arreglaba él en un instante. ¿Cómo? «Eso se lo digo yo a Emilio Alonso Manglano y se hace el barco con 1.000 millones de los fondos reservados del Cesid». Al responsable del Centro aquélla le pareció una buena idea.

Pero cuando el intrépido Serra planteó la operación, alguien, horrorizado, le dio un buen tirón de orejas:

—Pero, ministro, vamos a ver, habrá que decir de dónde ha salido ese dinero, y si llegara a descubrirse que ha salido de los fondos reservados, ¿qué diría el país?, ¿qué opinaría de que el dinero de los servicios de información se estuviera utilizando para comprar un barco al Rey? Además, ¿quién se encargará de costear su mantenimiento?

—Es verdad —reconocía Serra compungido—, pero ¡es que está tan ilusionado!

Sólo quedaba una salida lógica: que fuera el Estado el comprador del yate, incrementando el presupuesto del que anualmente dispone Patrimonio Nacional en la cantidad necesaria para hacer frente a los costes de construcción.

Así se hizo. El Fortuna II se construyó en los astilleros de Mefasa, pero nunca llegó a ser utilizado por el Monarca, porque se vendió casi desde el mismo astillero a una rica acaudalada gallega residente en Miami, viuda del dueño de las conservas Pescanova.

Su venta dio ocasión para proyectar sobre el pueblo llano una buena ración de imagen institucional. En plena crisis del 92/93, la Casa Real anunció que el Monarca renunciaba a utilizar el nuevo barco por motivos de austeridad, habiendo decidido dedicar el importe de la venta a reparar y reformar el Palacio Real de Madrid.

La realidad, sin embargo, tenía más que ver con el consuetudinario ajetreo real de cada fin de semana y su afición a viajar casi todos los viernes a Palma, mientras la reina Sofía, nada proclive a habitar en un barco estrecho e incómodo, permanecía en Madrid o marchaba a Londres, su destino favorito.

Ocurría que esos viajes en solitario a Mallorca, donde el Monarca disfrutaba de buena compañía, podían acabarse en cuanto el Fortuna II empezara a navegar, porque el nuevo barco, cómodo y apetecible, se iba a convertir en un reclamo perfecto para estar todos los días ocupado por los Constantinos y las Ana Marías, y los hijos de Constantino, y los nietos de Constantino, hasta arruinar definitivamente el maravilloso escondite real.

Pocos meses después de la venta del Fortuna II, Su Majestad se confesó una mañana en Zarzuela ante Mario Conde:

—Sé que me vas a matar, que no te va a gustar, pero mira…

Y ante el banquero desplegó los planos de un nuevo y magnífico barco de recreo.

—¿Qué te parece?

—Pues estupendo, ¿qué me va a parecer? Porque, vamos a ver, ¿es que el Rey de España no puede tener un buen barco, como todos los grandes monarcas europeos?…

—Eso digo yo.

—Claro que sí, lo que pasa es que las cosas hay que hacerlas bien.

Ante su egregio amigo, el gallego expuso la idea de que deberían ser los empresarios turísticos mallorquines quienes financiaran la construcción del yate, porque, Señor, si la Familia Real lo va a utilizar casi en exclusiva en aguas de Baleares, y durante sus vacaciones de verano en Palma, con lo que eso significa de publicidad e imagen para las islas, lo normal es que sean las islas quienes pongan a disposición del Monarca un buen barco, porque el problema es cómo se financia eso.

—¿Y cómo, Mario?

—Pues vía Presupuestos, es decir, con los impuestos que pagan los españoles, lo cual no sería muy popular, o de la forma que le he dicho, por suscripción entre una serie de empresarios, especialmente hoteleros.

—¡Es que estoy dispuesto a pagarlo yo!

—Pero ¿con qué, Señor?

—Pues hombre, ahora con el dinero que ha dejado mi padre…

—¡Bueno!… —reía Mario—. ¡Pero si don Juan estaba más liso que una plancha!

La construcción del Fortuna III camina a pasos agigantados en los astilleros de Bazán, en Cádiz. Esta vez no se ha recurrido a Mefasa. Su presidente, Francisco («Paco») Sitges, otro de los grandes amigos del Monarca, presidente también que fue de Asturiana de Zinc, se sienta en el banquillo de los acusados del caso Banesto.

Se trata de un barco cuyo precio, por su espectacularidad y dimensiones, no podrá bajar nunca de los 7.000 millones de pesetas, de acuerdo con las fuentes consultadas, y es posible que supere esa cifra. Está claro que los dineros de los empresarios palmesanos alcanzarían para poner la quilla y poco más, de modo que, como se temían algunos, la iniciativa de los Escarrer y demás familia isleña ha terminado convirtiéndose en una especie de gran cuestación o derrama nacional en la que han participado la mayor parte de los bancos y grandes empresas del país (Repsol y BBV han contribuido con 100 millones de pesetas per cápita), incluidos los ricos de mayor pedigrí, y aún es posible que la cuenta de resultados de Bazán tenga que pechar con una parte de la carga.

Una de las cosas más llamativas, con todo, reside en el hecho de que los motores (las turbinas) del nuevo barco hayan sido financiados, al parecer, por una sociedad instrumental del Aga Khan, una sorpresa que podría enlazar con uno de los más llamativos misterios que rodean el caso Banesto: el de los 1.350 millones pagados por la multinacional Air Products por una opción de compra sobre Carburos Metálicos, millones que, tras una rocambolesca peripecia por cuentas bancarias suizas, habrían ido a sufragar las turbinas del Fortuna III.

Es muy probable que durante esta Navidad el Rey pueda ya lucir su garbosa planta sobre la cubierta del nuevo yate. Muchas críticas se habrían ahorrado de haberse recurrido a la fórmula de un barco sufragado por el Estado, vigilado y mantenido por el Ministerio de Defensa y puesto al servicio del Jefe del Estado. Al mando de un capitán de la Armada y con tripulación de la Armada. En suma, un barco oficial y de recreo a la vez, que nada tendría que ver con un fortín privado pilotado por ese peculiar Richard Cross.

De momento, los avatares que han rodeado la construcción del nuevo Fortuna han tenido al menos la virtud de paralizar la operación de compra de un nuevo avión para ser utilizado en los desplazamientos oficiales de la Casa Real.

* * *

Muchos son los que opinan que gran parte de los contratiempos que le han sobrevenido al Monarca tienen su origen en una decisión desafortunada: la de prescindir de los servicios del teniente general Sabino Fernández Campo como jefe de la Casa del Rey. Su salida de Zarzuela fue poco menos que una desgracia, porque Sabino ponía orden, coherencia y sentido de la medida en el entorno real. Sabino era el perfecto «ama de llaves» con capacidad para apuntar lo que estaba bien o mal, lo que se podía o no hacer, lo que convenía o no a la Institución. Y podía hacerlo basándose no en grado o jerarquía alguna, sino en esa cosa etérea y sin posibilidad de medida llamada autoridad.

Su marcha se debió a una verdadera conspiración: la de los dos hombres fuertes que entonces ocupaban la atención del Monarca: Manuel Prado y Mario Conde. Ambos se empeñaron en desalojarlo de sus posiciones en Zarzuela para, de esta forma, poder influir sobre el ánimo del Monarca sin ningún tipo de cortapisas. El pecado del Rey, si lo hubo, fue el de haber consentido la maniobra de sus poderosos condottieri.

Sabino se fue dolido por una despedida que no se merecía, sobre todo porque no sólo no había puesto dificultades a su relevo, sino que había sido precisamente él quien lo había pedido en varias ocasiones y por escrito, y ambos habían hablado ya de posibles sustitutos. Ni una palabra en firme hasta que, con ocasión del día de su cumpleaños, Sabino, como era tradicional, invitó a almorzar a los Reyes. Y en plena comida, el Rey, dirigiéndose a la Reina, comentó:

—¡Oye, Sofía, que éste se nos va!…

A la Reina, que quedó tan sorprendida como el propio Sabino, la iba mucho en el envite, puesto que, en los últimos tiempos, el jefe de la Casa se había convertido en confidente y paño de lágrimas, de manera que para doña Sofía su salida suponía un contratiempo importante.

Pocos días después, la psicóloga argentina que trataba a la infanta Elena, y a la que Sabino acudía por encargo real para monitorizar los progresos de la joven princesa, le descubrió el pastel:

—Te dan el finiquito el lunes, y tu sustituto se llama Fernando Almansa.

No más ejemplar fue la salida de Palacio del diplomático José Joaquín Puig de la Bellacasa, el hombre que, con la anuencia de Sabino, había llegado a La Zarzuela precisamente para preparar su relevo al frente de la Casa del Rey tras un tiempo de rodaje como segundo.

A Puig de la Bellacasa, sin embargo, lo «mató» el primer veraneo en Palma al servicio de los Reyes, porque, mientras Sabino disfrutaba de sus vacaciones, presenció conductas que secretamente le alarmaron, como ciertas salidas nocturnas sin el menor equipo de seguridad y no precisamente por la puerta principal. Al regreso de Sabino a Palma, Puig se manifestó escandalizado: había que hacer algo para poner orden en el desconcierto.

Para entonces Su Majestad ya había decidido licenciarlo. Sabino pedía prudencia, reflexione, Señor, eso va a dar que hablar, no se va a entender un cese tan precipitado, la prensa va a empezar a preguntarse qué ha pasado aquí, y hasta empezarán a decir que la culpa ha sido mía. Pero el Rey estaba absolutamente decidido: José Joaquín había hablado mal en varias casas de Palma de cierta persona que ha tenido una gran influencia sobre él, y eso había llegado a oídos de la afectada, para quien la presencia en Palacio de Puig de la Bellacasa representaba un obstáculo.

El caso es que el Monarca lo llamó una mañana de finales del verano del 90 a su despacho y, con gesto compungido, le hizo saber que, a pesar de los planes que tenía para él, se veía obligado, sintiéndolo mucho, a prescindir de sus servicios, porque había detectado que él y Sabino eran incompatibles, por lo que se veía obligado a elegir entre ambos.

Pocos días después de la marcha de Puig de la Bellacasa, Sabino hizo entrega al Rey de un memorándum en el que ponía de manifiesto su desacuerdo con una salida que, entre otras cosas, venía a dificultar sus propios planes de abandonar el cargo y le obligaba a empezar de nuevo la tarea de buscar un sustituto:

«Lo ocurrido, Señor, debiera servir de aviso para, en próxima ocasión, evitar consecuencias que en cierta medida pueden deteriorar la imagen de la Institución que todos nos afanamos en servir con la mejor voluntad […]. Pero resulta obligado pensar en el relevo definitivo de éste que se honra en serviros. Con la sinceridad más absoluta y el respeto que os debo, me atrevo a llamar la atención de V.M. sobre la necesidad de ir recopilando información sobre el perfil del futuro candidato…».

En el otoño del 96, mucho tiempo después de ocurridos los hechos, un conocido periodista de la llamada prensa del corazón, buen amigo de José Joaquín, planteó a Sabino la conveniencia de deshacer el malentendido entre ambos, «porque él cree que tú fuiste de alguna manera el responsable de su salida y como yo sé que eso no es verdad, creo que deberíais arreglarlo, deberíais hablar, y yo me ofrezco para sentaros en una comida a tres bandas». Ambos se vieron, en efecto, aunque a dos bandas, y se dieron cumplidas explicaciones en el curso de un almuerzo celebrado en el Ritz.

Sabino Fernández Campo estaba, pues, decidido a acelerar su relevo, pero Manolo Prado y Mario Conde no podían esperar. Resueltos a cortar por lo sano, ambos manejaron tres acusaciones para precipitar su salida de la jefatura de la Casa del Rey: que filtraba noticias de la Casa Real a la prensa, que pretendía la abdicación del Rey en favor del Príncipe y que estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico.

Los directores de periódico, fundamentalmente los madrileños, son testigos de la buena mano de Sabino para tratar asuntos delicados (las acusaciones de José María Ruiz-Mateos, por ejemplo, tras la expropiación de Rumasa) que traspasaban los muros de Palacio y llegaban a las redacciones. La postura de Sabino era la del torero con oficio: parar, templar y mandar. No se podía negar la evidencia, so pena de perder toda credibilidad, pero se podía modular lo ocurrido hasta dejar la letra impresa en píldora inocua. Siempre con el mismo argumento: había que preservar el edificio constitucional y de convivencia tan trabajosamente levantado entre todos. Como contrapartida a ese tratamiento, estaba obligado a ceder, a dar algo a cambio, a dejar que de vez en cuando se llamara la atención al Monarca sobre determinados comportamientos, ojo con los viajes, cuidado con las amistades, para que no se desbordara. Y a fe que la más leve crítica en letra impresa era más eficaz que la más severa de las censuras del jefe de la Casa.

En cuanto a pedir la abdicación del rey Juan Carlos en favor de su hijo, Sabino fue un mero testigo de las tensiones surgidas, como en tantos matrimonios, en la pareja real, tensiones que, años atrás, llevaron a la Reina a pensar en la abdicación en favor del príncipe Felipe como una forma de liberar a su marido de las servidumbres que impone la Institución.

De las tres acusaciones citadas, fue sin embargo el problema psíquico que supuestamente le afectaba la acusación que, por radicalmente falsa, más dolió a Sabino. «No tengo nada contra Mario Conde. El era un hombre muy ambicioso, que políticamente aspiraba al poder, y a quien todo salió mal. Estaba claro que sólo perseguía desplazarme para ocupar mi espacio, y eso lo consiguió. Mi queja no va contra él, sino contra quien creyó sus palabras. Una llamada del Rey en el momento en que se vertieron esas acusaciones diciendo, oye, no me creo una palabra de eso, hubiera sido suficiente para mí, porque yo me conformaba con un detalle de afecto de un señor al que he servido fielmente durante diecisiete años».

Sabino Fernández Campo ha seguido viendo a los Reyes. De cuando en cuando le llaman o le invitan a almorzar, en iniciativas nacidas más de la preocupación que del afecto. En tales ocasiones, Sabino, con palabra medida y gesto suave, suelta verdades como puños que se estrellan en el rostro impenetrable de un hombre situado au dessus de todas las melés:

—Habrá mucha gente que viene a contar cosas a Vuestra Majestad —le dijo en cierta ocasión—, pero no sabe Vuestra Majestad la de gente que viene a contarme cosas a mí. Por ejemplo, el otro día alguien me contó que el Rey había dicho que se había confundido conmigo al darme el título de conde de Latores, cuando en realidad debió haberme dado el de conde Delator, porque yo hablo mucho, y no sabe el dominio que hay que tener para no ponerle a Vuestra Majestad una nota diciéndole ahí tiene usted ese título, haga con él lo que le parezca, que yo no lo quiero…

—Sí, sí —respondió el Monarca—, hay mucha gente que anda malmetiendo, pero tenemos que mantenernos unidos y sin fisuras, firmes en el afecto que nos une.

* * *

Sabino no sólo no ha podido defenderse de las acusaciones efectuadas en su día por Prado y Conde, sino que se ha visto sometido al estrecho mareaje de quienes siguen al detalle su vida privada y someten a interpretación cualquiera de sus afirmaciones, por trivial que sea, de acuerdo con el más riguroso de los códigos hermenéuticos.

Como muestra, un botón. En abril del 97 y tras reiteradas invitaciones, asistió a una cena en casa de Celso García en la cual se encontraban, entre otros, el empresario Fernández Tapias, a la sazón muy en boga por sus amoríos con la modelo Mar Flores, Pilar Navarro, madre de Juan Villalonga, y su marido, el doctor Pérez Modrego.

En un momento determinado de la velada, la Navarro preguntó a Sabino por las razones de la dura crítica a que le había sometido Pilar Urbano en un reciente programa de televisión, a lo que el aludido contestó retrotrayendo el inicio de su desencuentro con la periodista al momento en que ésta, trabajando en su libro La Reina, un éxito editorial entonces, insistió en ser recibida por el ex jefe de la Casa Real. La Urbano pretendía que Sabino le contara anécdotas de la Reina, algún cotilleo para darle «sabor» al producto, pero él se defendió cortésmente, asegurando que podía dar una opinión general de la Reina, «una persona excepcional —dijo—, toda una señora con la que por una vez hemos tenido suerte», pero no podía entrar en el terreno del chisme, lo que al parecer provocó el enfado de la Urbano.

Resultó que la madre de los Villalonga refirió el suceso a Ana Botella, de la cual es muy amiga, y Ana Botella lo transmitió por la noche a su marido, José María Aznar, y éste se lo contó finalmente al propio Rey en uno de los despachos semanales en Zarzuela, de modo que el relato, distorsionado en el viaje como la conocida historieta del eclipse cuartelero, hablaba de que el ex jefe de la Casa Real se había despachado a gusto y en público contra el Monarca, fantaseando sobre lo que sabía y sobre el daño que podría hacer si quisiera hablar.

El caso es que el Rey encargó a Miguel Primo de Rivera, portador de los recados reales en los últimos tiempos, que invitara a cenar a Sabino, lo que efectivamente hizo, para pulsar el estado de ánimo de su antiguo colaborador.

Un incidente que no hizo sino incrementar los sinsabores de Fernández Campo, un hombre de honor poco dispuesto a dar tres cuartos al pregonero. Y un incidente, en todo caso, que dice poco en favor de Aznar como correveidile del Monarca, un papel que difícilmente Felipe González hubiera desempeñado nunca.

Un comportamiento, el del presidente del Gobierno, tanto más inexplicable por cuanto que el Monarca no desaprovechaba la ocasión de poner a su primer ministro de chupa de dómine. Y es que, por uno de esos extraños guiños que de cuando en cuando hace la Historia, el Rey de España se había convertido en el primer fan del líder de un partido que incluso después de la muerte de Franco siguió haciendo profesión de fe republicana.

Juan Carlos I había llegado a sentirse muy cómodo con Felipe González en Moncloa. Le satisfacía el decir dicharachero, la grana andaluza, el quejío meridional del sevillano, del mismo modo que le desagradaba la seriedad de Aznar, su rectitud de castellano, su ascetismo de Semana Santa zamorana, poco o nada dado a la risa fácil, en las antípodas, en suma, de esa práctica generalizada que consiste en decir a todo el mundo lo que todo el mundo quiere oír, y que algunos llaman «borboneo».

Había, con todo, una razón de más peso que las simples «risas» para justificar la entente cordiale entre el Monarca y González, y es que ambos se habían convertido en copains de un sistema con vocación de régimen. El Rey y Felipe estaban atados por los secretos compartidos y el mutuo recelo frente a un hombre una generación más joven que ambos, que llegaba sin ataduras de alcantarilla, poco dispuesto a cerrar los ojos ante la gran melée de la corrupción felipista. Al Monarca siempre le iría mejor con Felipe que con Aznar.

Las relaciones del Monarca con sus primeros ministros nunca han sido fáciles. Incluso con Adolfo Suárez, con quien vivió años de vino y rosas, terminaron siendo tensas. La salida de Moncloa del abulense en 1981, sin el respaldo real al que se creía merecedor, dejaron en él un poso de rencor que ni los 200 millones de pesetas que el Estado le metió en el bolsillo, a propuesta del propio Monarca, para paliar su delicada situación económica consiguieron disipar.

Como ex presidente, Suárez ha desempeñado un curioso papel de go-between entre el Monarca y Felipe, a quien en el fondo considera responsable de su caída, y entre el Monarca y el propio Aznar, un papel que no pocos consideran responsable del compadreo que ha terminado por adueñarse de la Casa Real.

* * *

Llevaba José María Aznar más de un año como presidente del Gobierno cuando un día, mientras Juan Carlos I descendía las breves escalinatas de Zarzuela presto a montar en el coche, que le esperaba con el motor en marcha y la escolta lista, llamó a Palacio. Almansa salió corriendo, Señor, Señor, le llama el presidente del Gobierno, dice que si puede ponerse un momento, que es urgente.

Juan Carlos pudo, y regresó escaleras arriba hasta el edificio, donde su ayudante le presentó un teléfono. El Monarca, tras pulsar la tecla correspondiente, dijo con voz perfectamente audible para quienes estaban alrededor:

—Dime, Felipe.

—Soy José María Aznar.

—¡Ah, perdona, chico, qué despiste!

Un despiste que se ha reproducido en varias ocasiones. Y es que, para el Rey de España, como para tantas personas mayores de la España profunda, el presidente del Gobierno sigue siendo Felipe González. Un caso típico de apego «borbón», que hizo de Alfonso XIII un monarca «primorriverista», como Juan Carlos I lo es «felipista».

El Rey no aprecia a Aznar. Aprecia algo más a la señora presidenta, Ana Botella, que desde el principio de la legislatura ha pretendido desempeñar un curioso papel de puente, de bisagra entre ambos, para evitar que la relación terminara rompiéndose definitivamente.

Mucha gente está convencida de que el Monarca, puesto en la tesitura, votaría antes a Felipe González que a José María Aznar, a pesar de que el socialismo no ha sido nunca una doctrina proclive al régimen monárquico, y a pesar de que si algo distingue a este Rey, según quienes le conocen de verdad, es su extraordinario instinto de conservación.

Las ocasiones y situaciones en las que el Monarca, ante testigos, ha puesto «a caldo» a José María Aznar son incontables. No es de extrañar, por tanto, que las relaciones entre ambos hayan estado presididas por la frialdad estos cuatro años. Frente al simpático gitaneo de Felipe, la sequedad de Aznar, frío como una anguila. Frente al barroco andaluz, la austeridad del cisterciense castellano. Con la diferencia de que Aznar, con su frialdad a cuestas, siempre respetará al Monarca, lo que no se puede decir del cálido sevillano.

Como se demostró en memorable ocasión durante el último Gobierno González. El Rey realizó una escapada a la nieve de los Alpes suizos, contando con la complicidad del entonces presidente, pero éste, un par de días después del «váyase, que aquí me quedo yo» procedió a anunciar la imposibilidad de firmar un importante decreto-ley «porque el Rey está fuera de España». Lo que era tanto como decir que estaba incumpliendo sus obligaciones constitucionales.

A cambio de ese respeto, el líder popular ha recibido zancadillas con harta frecuencia. Como cuando el Monarca anunció el compromiso matrimonial de una de las infantas el mismo día en que Aznar era recibido por el presidente Clinton, una verdadera faena que robó todo el protagonismo mediático a la foto del presidente español saludando al amo del imperio americano. Una «coincidencia» de la que se quejó Aznar en Palacio.

Al final de la presente legislatura, sin embargo, las relaciones entre el Rey y el presidente parecen haber mejorado algo, y no porque éste haya variado sus pautas de comportamiento o porque, tras un viaje relámpago a Fátima, haya sido tocado por la varita mágica del hechizo andaluz, sino porque la labor de zapa de Ana Botella parece estar dando sus frutos.

Es Ana la que, firme en su propósito de acortar la distancia radical existente entre ambos, está pendiente de los cumpleaños de la Casa, los festejos, las celebraciones, las atenciones, las llamadas, las sonrisas… Una conducta que, sin embargo, sigue sin calar en el corazón del Rey y, mucho menos, de la Reina.

* * *

Lo peor, con todo, es que el actual presidente del Gobierno, un hombre que llegó limpio de polvo y paja, casi inmaculado, se ha visto involucrado en algunas de las malas prácticas que caracterizaron las relaciones entre Zarzuela y Moncloa durante los gobiernos González.

En noviembre del 96, Sabino recibió la citación de un juzgado de Madrid para declarar como testigo en la querella presentada por Javier de la Rosa contra el periodista Ernesto Ekaizer a cuenta de un libro del que es autor y en el que se relata la famosa visita que el ex jefe de la Casa realizó al domicilio madrileño de De la Rosa, en el paseo de la Castellana 47, portando un mensaje real.

Todo un compromiso para Sabino, llamado como testigo por ambas partes, acusador y acusado. ¿Qué hacer? Lo que hizo fue apresurarse a poner cuestión tan resbaladiza en conocimiento del Monarca.

«Aunque carezco de datos, debo imaginarme que las citaciones tendrán que ver con la cena mantenida con Javier de la Rosa, cuando me convocó despertando mi curiosidad pues, según él, quería aclararme la forma en que mi persona había sido utilizada para implicarme en distintas operaciones que ignoraba por completo.

»Consciente de tantas calumnias que se habían acumulado sobre mí al cesar en la jefatura de la Casa de V.M., he de reconocer que me preocupó también conocer las versiones de Javier de la Rosa, que tuve ocasión de transmitir a V.M.

»Ante la situación descrita, me parece obligado hacérselo saber a V.M. y reiterarle la misma lealtad que observé a través de mis largos años de servicio. Tenga V.M la seguridad de que mantendré la más absoluta discreción».

Unos días después, lunes 25 de noviembre del 96, Sabino recibió una llamada de Francisco Álvarez Cascos para pedirle amablemente que se pasara por su despacho en Moncloa. Picado por la curiosidad, así lo hizo. Con alguna torpeza, lógica en tan peculiar situación, Cascos, de asturiano a asturiano, vino a explicarle que el presidente había tenido noticia de una citación judicial para testificar a cuenta de una querella de De la Rosa, y que el Gobierno quería ayudarle «porque el asunto es delicado».

El afectado confirmó que, efectivamente, había recibido esa citación. El vicepresidente se puso en marcha y, delante del propio Sabino, marcó el número del abogado del Estado, porque lo mejor es informarnos primero de si tienes o no obligación de acudir. Tras colgar, Álvarez Cascos, mirando al ex jefe de la Casa del Rey, le anunció que el letrado opinaba que lo mejor era no ir a declarar; ¿qué podía pasar?, ¿una multa? Se paga y listo.

—Pero, ¿te das cuenta? Eso es un arma de dos filos —apuntaba Sabino—, porque la gente no es tonta y va a empezar a murmurar, va a preguntarse por qué no voy si la cosa es sencilla y no hay nada que ocultar.

—Bueno, vamos a ver si averiguamos las preguntas que quiere hacerte el juez, pero, de momento, discúlpate y no vayas.

Un día después de esta conversación en Moncloa, Sabino Fernández Campo recibió una escueta nota manuscrita de Zarzuela: «Infórmame de todo».

Las sorpresas no habían hecho más que empezar. El siguiente en hacerse presente fue Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM):

—Te llamo de parte de la ministra Mariscal de Gante, porque se ha enterado de que tienes que ir a declarar y opina que no debes presentarte.

—Pero, bueno, otra vez la misma historia, yo no tengo ningún interés en ir a declarar, pero, ¿cómo voy a desatender una orden judicial?

—Muy fácil, déjalo en nuestras manos, nosotros arreglaremos el asunto.

—Pero, ¿por qué motivo?

—La ministra invoca razones de Estado.

—Es que va a parecer que tengo algo que ocultar.

—Nada, nada, no te preocupes. Además, ya sabes que la jurisprudencia anglosajona es distinta a la española: allí te preguntan la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad; aquí basta con que digas la verdad…

Tras una nueva llamada de Álvarez Cascos, Sabino decidió quedarse en casa. En parte, tenía sus motivos: un acto oficial a la misma hora y un amago de gripe que justificó la petición del correspondiente certificado médico.

A los pocos días, el Juzgado remitió un oficio con acuse de recibo del certificado, pero citándolo de nuevo a declarar ocho días después, con el apercibimiento consiguiente.

Segunda citación que provocó una nueva llamada del Monarca y la aparición en escena, por tercera vez consecutiva, del vicepresidente del Gobierno para anunciar que le iban a remitir las preguntas que podían serle formuladas en la cita judicial.

Fernández Campo asistía fascinado a lo que parecía una clara muestra de debilidad del Monarca. El Rey había acudido a pedir árnica al Gobierno, lo que implicaba ponerse en manos de José María Aznar.

Por fin llegó la hora de prestar declaración en el Juzgado de primera instancia n.º 13, en la calle Capitán Haya de Madrid. Tras larga espera en un pasillo convertido en el frenético ir y venir de un andén de estación, un oficial asomó por una puerta citando al testigo. El juez no se dignó saludarlo siquiera, carnet de identidad, profesión… A ver, el día tantos de tantos estuvo usted reunido con don Javier de la Rosa Martí en el número tal de la calle…? Sí, había estado reunido, pero por cuestiones privadas. No tenía nada que declarar, y mucho menos que aclarar. El titular del Juzgado estaba a punto de mandar el toro al corral apenas surgido en el albero cuando una de las abogadas de la acusación quiso entrar en faena, sí, sí, pero lo que verdaderamente nos interesa saber es de qué trató la conversación, saber si usted era portador de un mensaje… Y entonces el juez cortó por lo sano: no ha lugar a esa pregunta. Y extendiendo el acta de su declaración, ordenó: a ver, firme ahí. Ya puede irse.

Ahí podía haber quedado la cosa si, como era habitual todos los fines de año, Sabino no hubiera recibido el aviso de que el personal de servicio, así como todos aquellos que habían trabajado allí en el pasado, podían acudir el 23 de diciembre a Palacio a felicitar las Pascuas a los Reyes. El Monarca no abrió la boca, pero el jefe de la Casa, vizconde de Almansa, cogiendo a Sabino del brazo, le espetó con fingida cordialidad, haciendo un aparte:

—Menudo favor que te ha hecho el Rey, ¿eh? ¡Hay que ver la mano que tiene el tío!

—¿Cómo dices? —le espetó un asombrado Sabino.

—Sí, me refiero al lío ése del que te ha sacado en los juzgados. ¡Qué habilidad la de este hombre!…

* * *

Lo ha demostrado. Ha demostrado ser bastante más listo de lo que algunos de sus detractores creían, habiendo logrado incorporar a la nómina de los implicados en el gran silencio a un Aznar que llegó al Gobierno en estado cuasivirginal.

Todo lo cual se traduce en que, quienes hace cuatro años consideraban altamente improbable que el político castellano llegara un día a compartir el habitual chalaneo palaciego, estén hoy resignados, si no convencidos, de lo contrario. Lo único claro es que la relación entre el Rey y Aznar siempre será un pálido reflejo de la intimidad alcanzada entre el Monarca y Felipe González.

Lo vio toda España, y no sin rubor, el 24 de junio de 1998, cuando, con motivo de la recepción ofrecida para celebrar su cumpleaños en los jardines del Palacio Real de Madrid, Juan Carlos I dedicó, ante una nube de fotógrafos y cámaras de televisión, un caluroso, largo, efusivo abrazo, un tierno cheek to cheek a Felipe González, en el que sólo faltó el beso, mientras que instantes antes había saludado a José María Aznar con un protocolario apretón de manos.

La diferencia, cómo no, se encargó de explicitarla al día siguiente el diario El País con toda la fuerza de la imagen, al contraponer la frialdad del saludo a Aznar con la calidez del abrazo a González, para recordar a los españoles que la columna vertebral del Régimen (Juan Carlos I, González, Polanco) surgido de entre las cenizas de aquel invento extraño que fue la UCD seguía firmemente presente, estaba aún viva a pesar de la derrota electoral del 3 de marzo del 96.

Fue un gesto que molestó al menos a la mitad de los españoles. «Que nadie se equivoque: el Rey es más listo que el hambre —aseguraba un importante miembro del gabinete Aznar—. Es un tío que se tiró veinte años tragando sapos de Franco y de los chicos del Movimiento, y ésa fue su mejor universidad. Y si él da ese abrazo es porque tiene sus prioridades…».

La prioridad del Rey de España se llama hoy Jesús Polanco. Desde principios de los ochenta, el editor cántabro es consciente del enorme poder adquirido por su Grupo sobre los destinos de la Monarquía española, sabedor de que el futuro de la Institución depende en buena medida de una posición contraria o favorable hacia ella por parte de Prisa.

Mario Conde y Lourdes Arroyo recuerdan habérselo oído decir con rotundidad en las Navidades del 91, en el elegante marco del hotel Jardín Tropical de Tenerife y en presencia de Matías Cortés:

—En España —decía Polanco—, si el diario El País toma una actitud beligerante en contra de la Monarquía, la Monarquía está jodida. ¿Por qué? Porque esta Monarquía se basa en el consenso, llamémoslo así, de los intelectuales para hacer la vista gorda y no ser agresivos con ella. Y como los intelectuales son de El País, están en El País, si nosotros ponemos a la intelectualidad en contra, la Monarquía dura dos minutos…

El editor era un hombre que, cuando Prisa ya despuntaba como el grupo de comunicación más importante de España, seguía haciendo gala de republicanismo.

—Soy republicano —repetía ante sus invitados en el Jardín Tropical, mientras aforaba buen champán francés—. Prisa y El País son un proyecto republicano, y eso no debe olvidarlo el Monarca.

El cántabro era un hombre que, hasta que Mario Conde le franqueó la entrada a Palacio, vivía de espaldas al Monarca, y que, tan cerca como el año 90, tenía muy escasa o ninguna relación con el Rey. Dominado por los complejos, ese alejamiento de la Casa Real era sentido como un desprecio que alcanzaba categoría de insulto cada vez que, por contra, veía retozar al Monarca con gente como los hermanos Ansón, un Luis María, por ejemplo, que no dejaba de fustigar a El País con el apelativo de «diario gubernamental» y con las alusiones al porno duro de los viernes noche de Canal Plus, una realidad que tantos remordimientos producía en sus católicos socios, tipo Emilio Ybarra.

Hasta que un día sucedió lo inevitable. El Rey honró con su presencia un happening gastronómico organizado por Rafael «pequeño saltamontes» Ansón, acontecimiento que quedó debidamente reflejado para la Historia en las páginas de huecograbado de ABC. Y Polanco montó en cólera, y El País se largó un editorial titulado «¿Qué hace el Rey?» en el que, entre líneas, se ponía de manifiesto que el periódico, más que un negocio personal, era un conglomerado de intereses políticos, económicos y culturales de los que el Monarca no podía prescindir si quería seguir vivo.

La obsesión del felipismo con los Ansones llegaba a tales extremos que, en los prolegómenos de la campaña electoral para las generales del 93, Polanco comentó un día a Conde que Felipe González estaba decidido a hacer público todo el material de que disponía en contra de los hermanos.

—¿Tú tienes alguna información sobre esta pareja? —preguntó el cántabro.

—Yo no tengo más información que el contrato que tengo suscrito con una empresa de Rafael.

—¿Me podrías pasar una de las facturas que te gira?

—Vale, pero te advierto que es un contrato de asesoramiento perfectamente legal.

Polanco había llegado a la conclusión de que había que escribir un libro contra los hermanos y, de paso, ajustar algunas cuentas pendientes con una serie de periodistas que parecían haberle perdido el respeto. Lo anunció en unas de las reuniones del llamado «pacto de los editores», primera mitad del 93, en presencia de Mario Conde y Javier Godó.

—Pero, ¡joder!, ¿quién se va a prestar a escribir ese libro?

—No te preocupes, que eso está resuelto. Lo va a hacer un chico que ha fichado Juan Luis para los trabajos sucios.

* * *

Aquel «¿Qué hace el Rey?» provocó el lógico revuelo en Palacio. Mario Conde, entonces portaestandarte del Monarca, llamó enseguida al editor.

—¿Qué significa esto, Jesús?

—Me llamas por el editorial de El País, ¿no?

—Sí. ¿Cómo has dejado que metieran eso?

—¿Cómo que he dejado? Yo personalmente corregí la última versión ayer por la noche, antes de darla a la rotativa.

—No me fastidies, ¿y eso?

—Porque no se puede tolerar que, después de atacarnos como nos atacan todos los días, el Monarca ande de frivolidades con unos tíos a quienes, en el fondo, lo de la gastronomía les importa tres cojones, porque lo que quieren demostrar es el acceso que tienen a la Corona. Y si la Corona se junta con mis enemigos, pues la Corona debe entender que me va a tener en frente. Esto es sólo un aviso de lo que puedo hacer.

—Pero hombre, ¿no te parece todo un exceso?

—Nada, nada, que no se puede consentir que este tío esté metido en los saraos de esa pareja.

El banquero informó inmediatamente al Rey.

—Señor, tenemos que hablar, porque esto hay que arreglarlo enseguida.

Hablaron largo y tendido. En realidad, y a partir de la muerte del conde de Barcelona, Mario Conde no hacía otra cosa que hablar con el Monarca. De cuando en cuando le echaba una miradita al banco.

—Vamos a ver, Señor, ¿De qué conoce a Jesús Polanco?

—De nada. No le conozco de nada. En realidad no le he saludado nunca

—¿No le llama?

—Nunca jamás.

—Pues eso no puede seguir así; él es un hombre importante, con mucho poder, y hay que cuidar ese flanco, Señor, tener alguna deferencia con él, no sé, alguna llamadita de cuando en cuando, porque a veces a mí se me escapa que he estado hablando con el Rey y noto cómo le afloran los celos… Hay que tener cuidado con esta gente porque, con tal de defender sus intereses, es capaz de cualquier cosa, incluso de posicionarse contra la Monarquía.

—¡Pero si es que no ha mostrado el menor interés por pasar por aquí!

—Pues yo le aseguro que lo tiene. Él se harta de decirme que le importa un bledo que el Rey le llame o le deje de llamar, y cuando alguien insiste tanto es que precisamente está deseando que vuestra Majestad le llame.

—¿Y con qué motivo?

—No hace falta motivo. Invítele a pasarse por aquí cualquier día a charlar un rato. Llámelo y cuídelo.

El consejo surtió el efecto deseado. Pocos días después, en una de las múltiples reuniones que banquero y editor mantenían antes de la intervención de Banesto, Polanco dio el santo y seña:

—Oye, que ya me ha llamado tu amigo.

—¿Qué amigo?

—El Monarca. Que ya me ha llamado.

—¿Ah, sí? ¿Has hablado con él?

—Sí.

Y al día siguiente fue el propio Monarca quien dejó constancia del hecho ante Mario. Polanco respiró al fin tranquilo. Y encantado. El hombre que tantas veces se había declarado republicano convencido se mostraba fascinado ante la perspectiva de viajar de cuando en cuando a La Zarzuela y ser recibido como lo que era: una de las fuerzas vivas del país.

Una fuerza viva obsesionada de pronto con la «teoría de los dueños» que le había vendido bien almidonada Mario Conde:

—Tú puedes ser, Jesús, el gran editor español, porque eres el único propietario de prensa en este país, y un hombre como tú no debe mezclarse con los inferiores, con los Asensios, ni siquiera con los Godós, con nadie.

Y Jesús Polanco se lo tomó tan a pecho que empezó a exigir un cierto protocolo en actos oficiales (durante los funerales por don Juan, conde de Barcelona, por ejemplo) y en aquellas contadas ocasiones en que debía juntarse con sus teóricos «pares». Le entró también la obsesión por cuidar Santillana, creando la fundación del mismo nombre como un paso hacia el ansiado título nobiliario, porque don Jesús empezó a obsesionarse por el marquesado, «tú tienes que ser marqués de Polanco», le decía Mario, aunque quizá el título que más le pete sea el de marqués de Santillana, un nuevo noble dispuesto a lidiar con los «proverbios» del dinero en verso de pie quebrado.

Y sabiendo que el Rey no tuvo más remedio que hacer marqués al editor Lara, dueño de la editorial Planeta, nadie en su sano juicio puede albergar duda de que Jesús Polanco Gutiérrez será, cuando se lo proponga, marqués de lo que quiera, entre Santillana y Polanco.

—Si a Escámez le hizo marqués de Águilas, a ti te hará también algo —decía embelesado el editor.

—No espero menos —replicaba con cierta sorna el banquero—, pero a mí me tiene que hacer algo más que conde, porque yo Conde ya soy…

Polanco había entrado, por fin, en la cofradía de los hombres más próximos al Rey, mientras que, a su vez, un outsider como Mario Conde había entrado a formar parte de núcleo del Sistema (por mucho que a partir del 28 de diciembre del 93 dijera lo contrario), del cogollo de un Régimen que parecía haber encontrado en Felipe González su salvoconducto para la eternidad.

Mario y Jesús, Jesús y Mario desempeñaron un papel decisivo ante un Felipe González dispuesto a tirar la toalla en el horizonte de las generales del 93, adelantadas por culpa del escándalo Filesa, convenciéndole de que debía presentarse de nuevo a la reelección en contra de José María Aznar «porque así conviene a nuestros intereses».

Y Mario y Jesús, Jesús y Mario, felizmente hermanados en el famoso «pacto de los editores» con Javier Godó y Antonio Asensio, se convirtieron en el equipo médico habitual que vigiló las constantes vitales de aquel enfermo político que era González en los primeros meses del 93. Mario llegó a viajar a la finca de Manolo Prado, en la carretera de Sevilla a Huelva, para entrevistarse allí con Felipe González y su cuñado Palomino e intentar convencerle de que tenía que seguir en la brecha.

—Pero, Señor, ¿está seguro de que lo que necesitamos es tener a González otra legislatura más? —preguntaba el banquero.

—Que sí, que sí, que tiene que volver a ganar —insistía, resuelto, el Monarca.

* * *

El fantasma de los celos, ¡ah, el eterno problema!, no dejaba, sin embargo, de proyectar su amenazadora y creciente sombra sobre las relaciones entre ambos. Los intentos de Mario por blindarse uniendo a su condición de banquero la de empresario de prensa causaban una mal disimulada inquietud en el cántabro. La propia Mariluz se encargaba a veces de encelarle con no poca picardía:

—Este —decía señalando con el dedo a Mario en plena discusión— es ya un editor como tú, pero es que encima tiene un banco y tú no.

Poco antes de la intervención de Banesto, el editor le llamó un día de muy mal humor: se había enterado de la mejor tinta de que el banquero pretendía levantar un grupo de comunicación más importante que el suyo —su secreta preocupación— y para ello estaba en conversaciones con el Grupo Zeta y con el Banco Central Hispano, y todo iba a empezar por la compra de Diario 16, y eso era ilegítimo, porque no se podía utilizar el dinero del banco para tales menesteres.

De las palabras a los hechos, el editor había frustrado en el 92 la compra del diario La Vanguardia, que el banquero tenía apalabrada con Javier Godó. Para cerrarla, Conde invitó a «La Salceda», su finca en los Montes de Toledo, al abogado Jiménez de Parga, al periodista Manuel Martín Ferrand, a su alter ego Arturo Romaní y, naturalmente, al propio Godó. A la hora del desayuno, el señor conde de Godó se largó un bonito discurso sobre las virtudes de la empresa familiar para concluir que, tras haber pasado buena parte de la noche meditando, había llegado a la conclusión de que tenía que amoldarse a los tiempos y, por lo tanto, dar «boleta» al diario heredado de su padre.

—¿Puedes venir un momento? —preguntó el editor a Mario en pleno café con leche colectivo.

Ambos fueron escaleras arriba hacia la planta superior de la casa y, de pie en un rellano, Godó se confesó. Quería que el banquero le pusiera fuera de España parte del dinero que debía cobrar por la operación.

De regreso a Madrid, Conde llamó a su amigo Polanco y le contó la nueva: estaba a punto de hacerse con un diario de tanta tradición como La Vanguardia.

—Esa operación es cojonuda, pero para hacerla yo —le contestó un Polanco que parecía relamerse ante tal eventualidad.

—Ya, pero es que este tío quiere dinero fuera. Y eso sí que yo no sé cómo hacerlo.

—Eso no sería ningún problema para mí. Porque ten en cuenta que yo soy importador y exportador de libros…

Los celos. Algunos de los protagonistas recuerdan todavía el espectáculo de una cena celebrada en la calle Triana, Jesús Polanco, Juan Luis Cebrián y Matías Cortes, con señoras, más la pareja anfitriona. Por un motivo trivial, al editor le dio un ataque de furia que ni el cuerpo de bomberos de Madrid hubiera podido aplacar. Como suele ocurrir en estos casos, Polanco la pagó con el más débil: Matías Cortés, a quien obsequió con una bronca descomunal.

Al día siguiente, los de Prisa partían de viaje, invitados al espléndido barco de Jaime Botín, que navegaba por aguas de Nuevas Hébridas, norte de Escocia. Por la tarde, Conde llamó a Matías desde Madrid.

—¿Cómo andan las cosas por ahí, macho?

—Divinamente. Esto es una gozada.

—¿Y cómo está el jefe? ¿Se le ha pasado ya el berrinche?

—Totalmente. Está encantado.

—Y eso ¿por qué?

—Porque le han dicho que ha salido un ranking en El Siglo donde lo ponen como más influyente que tú.

* * *

El nombramiento de Fernando Almansa como jefe de la Casa del Rey fue el episodio que definitivamente encendió la hoguera de los celos. Aquel chico de Tuy quería llegar demasiado lejos, demasiado deprisa.

Prado y Conde habían decidido acabar con Sabino Fernández Campo, aunque para ello tuvieran que recurrir a las malas artes de la difamación y el engaño: era Sabino quien estaba deslizando las informaciones aparecidas en prensa, particularmente en El Mundo, en torno a los escarceos del Monarca. Había que cargarse a un Sabino que, además, estaba «loco».

—Hazme un perfil del hombre que necesitamos —pidió el Monarca.

Y entre Prado, Paco Sitges y Conde acordaron que fuera un diplomático. Ya era hora de rescatar al Monarca de la férula militar. Mario, siempre un paso por delante, se acordó de su amigo Almansa, un diplomático tan discreto como desconocido que, en aquellos momentos, se disponía a ocupar un puesto de segunda fila en la embajada de Washington. Una oportunidad de oro para el gallego. «Hagamos esta operación en secreto, si queremos que salga adelante».

Fernando Almansa conoció la buena nueva de labios de Conde en una fiesta celebrada en la finca toledana de Antonio Sáenz de Montagut. A partir de entonces, el diplomático empezó a darse a conocer en saraos varios a los que la larga mano de don Mario le hacía invitar. El siguiente paso consistió en una entrevista con Paco Sitges y Manolo Prado. El Monarca todavía no había oído hablar de él.

En los últimos días de diciembre del 92 se tomó la determinación de llevar a cabo el cambio. Almansa, que se encontraba de vacaciones en una finca de su esposa en la provincia de Jaén, fue llamado con urgencia a Madrid.

Mario Conde, a la sazón en Mallorca, recibió una llamada del Monarca:

—Tengo que decírselo a Felipe González.

—¡Espérese, Señor!

—No puedo, ya se lo he dicho.

—¿Y qué ha respondido Felipe?

—Que ni hablar. Que a Sabino no se le puede quitar así como así. Que hay que esperar hasta que se jubile.

El presidente del Gobierno acababa de arruinar la única prerrogativa real: el nombramiento del jefe de su Casa. Conde se dio cuenta del envite: si el Rey agachaba la cabeza y aceptaba la negativa de González a llevar el nombramiento de Almansa al Consejo de Ministros del 8 de enero, era hombre muerto para el futuro. No había más remedio que tirar para adelante. Pero, ¿quién ponía el cascabel al gato? Que fuera Manolo Prado quien hablara con Sabino, y que Polanco se encargara de convencer a su amigo Felipe.

El matrimonio Conde se fue a la finca del editor en Valdemorillo para pasar allí la festividad de los Reyes Magos. La mansión era aquel día una jaula de grillos, repleta de voces y ruido. Por sus lujosos pasillos distraía sus penas un Plácido Arango doliente y dolido, que acababa de ser abandonado por Cristina Macaya. Polanco, que no tenía la menor idea de la operación, quedó como petrificado en su sillón:

—¡Esto es demasiado…!

—¿Qué es lo que es demasiado, Jesús?

—Que sí, hombre, que ya es demasiado, Mario ¿no te das cuenta? ¡Un amigo tuyo! ¡No puedes tener tanto poder en la Casa Real!…

Conde quedó perplejo y en silencio, como si de pronto le hubieran abandonado las ideas, incapaz de oponerse a la catarata de objeciones del cántabro, hasta que, hurgando con urgencia en su fichero mental, creyó encontrar un argumento de peso:

—Pero, bueno, Jesús, ¡qué cosas estás diciendo! ¿Te has percatado de que en el paquete va también el nombramiento del secretario de la Casa, que es un Spottorno? ¡Si va a decir la gente que los has nombrado tú, un Spottorno, hombre!…

—¡Aaaah…! —exclamó el editor, súbitamente aliviado.

El editor quedó encargado de convencer a Felipe González para que no pusiera pegas a la salida de Sabino de la Casa Real, El encargo quedaba en las mejores manos.

* * *

Pero no sólo era Polanco el que temía el excesivo poder de Mario Conde sobre el Monarca. También el mejor amigo del Rey había visto las orejas al lobo. Manolo Prado, en efecto, había intentado una jugada desesperada para colocar en Zarzuela a uno de sus peones. Para ello organizó una cena en su casa de Sevilla con el Rey y Conde como únicos invitados.

Nada más iniciado el convite, el banquero comenzó a oír con profusión un nombre nuevo para él: el del marqués de Tamarón.

—Y tú crees, Manolo, que este chico, Tamarón, puede hacerlo bien como jefe de la Casa?

—Seguro que sí, Señor. El marqués es persona elegante, de buen trato, habla bien…

Y entonces Conde saltó como un lebrel:

—Pero, vamos a ver, ¿no estábamos hablando de Almansa?

—Pues no, estamos pensando en Tamarón.

—¡Ah!, bien, me parece muy bien, pero yo no lo conozco.

Un Conde ofuscado se dio cuenta de que estaba a punto de perder la partida a manos de un Prado que veía en peligro el privilegiado papel que hasta el momento venía desempeñando en Palacio. Si, tras haberse quedado con las finanzas del Monarca, Conde lograba meter a uno de sus hombres como jefe de la Casa, sus días como favorito de Juan Carlos I podían estar contados. Tenía que abortar el nombramiento de Almansa. Pero el banquero no estaba dispuesto a soltar sus cartas tan rápidamente.

—Bueno, vamos a ver, Señor, quiero aclararle una cosa antes de seguir hablando. Punto número uno: yo no voy a ser el jefe de la Casa. Punto número dos: si es Almansa, a mí no me importa ayudarle, pero si es una persona a la que no conozco, yo no puedo comprometerme a ello.

—Déjanos solos un momento —pidió el Rey a Prado con gesto terminante.

Cuando Manolo hubo abandonado el comedor, el Monarca se encaró con Conde:

—Te voy a hacer una pregunta, Mario: si elijo a Almansa, ¿tú te comprometes a ayudarme?

—Por supuesto, Señor.

—No se hable más. Que entre Manolo.

Con Prado delante, el Rey soltó una de sus frases redondas por toda explicación:

—Bueno, entonces, vamos a ver, Manolo, ¿cuándo hacemos lo de Almansa?…

En aquel mismo instante se acabó la historia del marqués de Tamarón. Prado perdía protagonismo ante el avance arrollador de Conde. El Monarca confiaba en el banquero, pero «el manco» no estaba dispuesto a resignarse. Aquella pelea no estaba decidida.

* * *

Al día siguiente del festejo de Valdemorillo, y en la perspectiva del Consejo de Ministros del día 8 que debía aprobar el nombramiento, el Rey llamó a Conde, cerca ya de las once de la noche, muy preocupado:

—Me acabo de enterar de que El País saca mañana lo de Fernando, y eso nos viene mal que salga antes de tiempo. Habría que pararlo.

—Bueno, bueno, veré lo que puedo hacer.

El banquero llamó al editor.

—Oye, Jesús, sobre lo que te conté ayer, ¿tú sabes si el periódico tiene esa información?

—No lo sé, pero ahora mismo me entero.

Muy pronto llamó de vuelta.

—Sí, tienen la información, y la vamos a sacar mañana.

—¡No me jodas, hombre, que acabo de hablar con el Rey y me dice que eso no puede salir!

—Pero, ¿cómo voy a levantar yo una portada?

—¡No me fastidies, Jesús, páralo! ¡Me tienes que hacer ese favor!

—Bueno, bueno, por una vez, pase.

Pero, como suele ser habitual, media hora después el Rey había cambiado de opinión al respecto.

—Oye Mario, que he pensado que sería bueno que saliera mañana, porque así se pincha el tema y asunto resuelto. ¡Cuanto antes, mejor!

—Pero, Señor, con lo que me ha costado convencer a Polanco, como ahora vuelva a llamarle para decirle lo contrario, que no, que la noticia tiene que salir mañana, me va a mandar a freír espárragos…

Mario Conde no tuvo más remedio que hacer lo que le pedían.

—Jesús, me vas a matar, pero las cosas han cambiado: que des mañana la noticia.

—¡Pero qué cachondeo es éste!

—Ya lo siento, chico, pero me acaba de llamar y ha cambiado de opinión.

El presidente de Banesto ganó la batalla de Almansa, pero perdió la guerra de Mario Conde. Explicitar hasta ese punto su influencia sobre el Monarca, su control de la Casa Real, fue uno de los mayores errores que cometió antes del 28 de diciembre del 93. El chico del pelo engominado y cara de velocidad era un peligro para mucha gente. Esa equivocación iba a conducir a sus enemigos hasta las puertas de Banesto.

* * *

La intervención del banco no consiguió quebrar la relación entre el Monarca y su entorno más próximo, a pesar de que la tónica de los contactos cambió radicalmente.

Cuando, el 5 de mayo del 94, Felipe González, con alevosía y nocturnidad, decidió meter a Mariano Rubio en la cárcel para salvarse de la quema electoral, Mario Conde supo que, más pronto o más tarde, acabaría siguiendo el mismo camino. Estaba condenado: Felipe no podía sacrificar sólo a Rubio, al fin y al cabo uno de los suyos, como exponente de los escándalos del felipismo. Tenía que ampliar el abanico de la corrupción a la sociedad civil, metiendo en la cárcel al banquero malo.

El día anterior a su primer ingreso en prisión, el 23 de diciembre de 1994, un solícito Manuel Prado llamó al domicilio de la calle Triana.

—Bueno, Mario, yo te llamo, y cuando te digo «yo», ya sabes quién soy «yo», para decirte que estamos contigo plenamente y que ánimo.

—Mira, Manolo, yo te digo a ti, y ya sé quién eres tú, que no tengáis ningún miedo, que no hay problema, y que las fidelidades se demuestran precisamente en los momentos duros. A estas horas de la noche no sé si mañana me van a meter en la cárcel, que es lo más probable, pero podéis estar absolutamente tranquilos.

A su salida de la cárcel, el 31 de enero del 95, Conde, que había recibido la solidaridad de otro ilustre carcelario, Javier de la Rosa, conoció por boca del propio JR el episodio de los 100 millones de dólares cobrados por Manuel Prado de KIO y, muy preocupado, tiró de teléfono para llamar a Fernando Almansa con intención de ponerle al corriente. Pero el jefe de la Casa escurrió el bulto, como si el asunto no fuera con él, remitiéndole a la Asesoría Jurídica Internacional.

—Pero ¿tú eres bobo?

—Nada, nada, que no quiero saber nada. Habla con la Asesoría Jurídica de Exteriores.

—¡Pero no te entiendo! ¿Qué tendrá que ver lo uno con lo otro? A mí me ha dado el señor De la Rosa una información que me parece muy grave y que quiero transmitirte, porque a este tío no se le puede dejar así, porque no está bien. Delante de mí se ha tomado dieciocho ginebras con hielo, no ha parado de hablar, gesticulando, gritando, ¡y quiero saber qué coño hago con él!

Tras hablar con el propio Monarca y ponerle en antecedentes, decidió llamar a Prado, con quien seguía estando en buena relación. Y Prado, con el encargado de la seguridad del ex banquero por testigo, juró y perjuró que todo era mentira, una fantasía nacida en la imaginación de JR: ni había 100 millones de dólares ni rastro de ellos.

—Lo que pasa es que De la Rosa es un delincuente. Eso es lo que es.

—Pues, chico, no sabes la alegría que me das.

—No te preocupes, no hay nada que controlar.

Sin embargo, el fin de semana siguiente, Conde, en compañía de Fernando Garro, se llevó a Javier de la Rosa a «La Salceda». Y el catalán apareció con los documentos de la cuenta suiza Sogenal y la relación de los abonos. La reacción del gallego fue terminante: JR tenía todo el derecho a perseguir a Prado hasta el fin del mundo, pero no podía subir ni medio peldaño más hacia arriba.

Al lunes siguiente, el banquero llamó a Prado hecho una hiena:

—Oye, he tenido a éste en la finca el fin de semana, y tiene más razón que un santo.

—Te vuelvo a repetir lo que te dije el otro día: todo es mentira.

—Pero ¿cómo que es mentira? ¡Si me ha enseñado los abonos!…

—¡Ese tío es un sinvergüenza que falsifica papeles, falsifica cartas, falsifica lo que haga falta!

* * *

Aquel día se inició un proceso de distanciamiento paulatino entre ambos personajes. La ruptura definitiva se produjo el día en que Diario 16 abrió su portada, 10 de noviembre del 95, anunciando, con gruesos caracteres tipográficos, un supuesto chantaje al Rey por parte de Javier de la Rosa y, subsidiariamente, del propio Mario Conde. Detrás de esa información estaba la mano de Prado, si bien es cierto que «el manco» no se había embarcado por gusto en esa patera. Muy al contrario, alguien le había pedido que lo hiciera, dentro de una operación de Estado muy clara.

Felipe González, abrumado por la denuncia efectuada por el diario El Mundo en torno al espionaje telefónico del Cesid que afectaba incluso a Su Majestad, había decidido empezar a repartir estera y acabar con los «chantajistas» que, en su opinión, llevaban acosándole desde el día que recibió a Jesús Santaella en el despacho presidencial.

Y al día siguiente de la información de Diario 16, el líder socialista arremetió contra ellos en un mitin electoral celebrado en Barcelona. El chantaje al Rey revelado por el periódico era la prueba del nueve de lo que él mismo venía denunciando desde hacía tiempo: la existencia de una conspiración para derribarlo del Gobierno, discurso que se convertiría en el leit motiv de su campaña para las generales del 96.

El ex banquero, en lugar de callarse, lo que hubiera resultado mucho más prudente, concedió una entrevista a Antena 3 en su casa de la calle Triana en la que negó rotundamente las acusaciones.

La respuesta de González fue fulminante. Había que acabar con ellos de una vez por todas. El Consejo de Ministros encargó al fiscal general del Estado que ejercitara las acciones legales pertinentes contra el banquero malo, como punto de partida de una operación cuyo plato fuerte consistía, nada más y nada menos, en implicar directamente al Monarca pidiéndole que confirmara oficialmente haber sido chantajeado por Mario Conde.

El jefe de la Casa, Fernando Almansa, recibió una llamada del fiscal general anunciándole que tenía orden de interponer una querella contra los supuestos chantajistas, particularmente contra uno, pero que, naturalmente, necesitaba un testimonio de peso para soportarla. Almansa, además de frío, se mostró tajante:

—Mira, de De la Rosa no sé nada y de Mario sólo te puedo decir una cosa: eso es imposible.

Inmediatamente después de colgar, quien llamó fue el superministro Juan Alberto Belloch, aparentemente muy irritado:

—Oye, me dicen que estás poniendo pegas al fiscal general, y tú serás muy amigo de Conde, pero está en juego la seguridad del Estado. ¡Es imprescindible criminalizarlo, te lo advierto!

—Yo no sé lo que está en juego, ministro, pero lo que no puedo hacer es mentir.

Al día siguiente, quien estaba al aparato era el propio Felipe González. El presidente exigía a Almansa que avalara personalmente la denuncia de chantaje al Rey, pero Almansa se resistía.

—¿Has hablado de este asunto con el Rey? —preguntó el jefe de la Casa.

—Sí, hablé ayer.

—¿Y qué te dijo?

—Que sobre Mario no estaba dispuesto a decir nada.

—Pues lo mismo te digo yo.

El felipismo quería volver a meter en la cárcel a Mario Conde, nada menos que bajo la acusación de alta traición.

Era el segundo intento de reducir a cenizas al ex banquero de Tuy. El primero había tenido lugar un par de meses antes, septiembre del 95, cuando El País se encargó de pregonar urbi et orbi la famosa «conspiración» de un Conde que había pretendido chantajear al Gobierno con los centenares de microfichas que el coronel Perote se había llevado distraídamente en su cartera cuando abandonó el Cesid.

Pero aquel autobús no había podido ir muy lejos, porque el hecho incontrovertible era que el presidente del Gobierno y su ministro de Interior y de Justicia habían recibido en el Palacio de La Moncloa a un modesto abogado de nombre Jesús Santaella y nadie les había puesto la pistola al cuello para que lo hicieran. Un sapo difícil de tragar por la opinión pública.

De modo que, a finales de año, y enfrentado a unas elecciones que ni el propio Aznar iba a poder impedir que perdiera, Felipe decidió elevar dramáticamente el listón aprovechando el tumulto provocado por Javier de la Rosa y los famosos 100 millones de dólares de Prado: ¡el chantaje al Gobierno se convirtió en chantaje al Rey!

El PSOE necesitaba un argumento de peso para invertir el sentido del voto. Necesita un malo con garantías: Mario Conde. Felipe quería contar por los tablados de España la historia de un gobernante muy bueno que había tenido la mala suerte de tropezarse con un banquero muy malo, el cual tenía a su servicio a un periodista igualmente malo y sin escrúpulos, y entre ambos habían sido capaces de inventarse la historia del GAL para sacarlo del Gobierno.

Estaba todo pensado, pero falló (normal, por otro lado, cuando un Belloch está por medio) la premisa mayor: les falló Su Majestad el Rey. Y ahí Felipe se rajó. El envite que llegó a plantear al Monarca le pareció demasiado peligroso. No se atrevió a dar un paso que quizá hubiera resuelto un problema personal y de partido (volver a ganar las elecciones generales de marzo del 96) a cambio de abrir una crisis institucional de enormes proporciones.

La querella, con todo, siguió su curso. Antes de ser archivada, Manolo Prado compareció como testigo en la instrucción, aunque su declaración, en línea con las instrucciones recibidas, resultó absolutamente exculpatoria para Conde.

* * *

Prado no tuvo más remedio que ayudar al ex banquero, aunque ganas de acabar con él no le faltaran. Para entonces, en efecto, el mejor amigo del Rey había cambiado ya de bando con armas y bagajes, como se puede escuchar en las cintas grabadas por la famosa vedette antes aludida —un asunto que el sevillano estaba intentando saldar por aquellos días—, en las que acusa duramente a su antiguo copain de estar dañando a la institución monárquica.

Manolo Prado, jugando a favor de González, ya había amarrado su barca en la ribera de Jesús Polanco. En realidad lo había hecho en 1994, casi inmediatamente después de verse obligado a admitir ante el juez Moreiras haber recibido los 100 millones de dólares de KIO, asunto que había negado hasta la extenuación.

Una confesión que causó los estragos de un maremoto. En efecto, un Prado totalmente desmoralizado, casi desquiciado, comenzó a dar tumbos y a cometer equivocaciones del calibre de la ya mencionada relación telefónica con Kuwait, donde, sin freno de ninguna clase, profería afirmaciones que eran bombas de relojería colocadas en las defensas de las instituciones.

La nueva mujer de Prado, Celia Corona, no estaba dispuesta a admitir que su marido fuera a la cárcel para tapar otras responsabilidades, hasta el punto de que, en reuniones familiares, había manifestado su disposición a revelar el destino final del dinero si ello era necesario para evitar la prisión. Con un Prado a punto de derrumbarse y «cantar la gallina», Celia se mostraba taxativa: Manolo ya era mayor, estaba a punto de ser padre de nuevo y tras las rejas no se adivinaba ningún horizonte de futuro. Cada palo tenía que aguantar su vela.

Sobre el sevillano comenzaron a llover todas las presiones del mundo. El ilustre Manuel Prado y Colón de Carvajal necesitaba un árbol donde ahorcarse. La enemistad manifiesta con que le distinguía Luis María Ansón le imposibilitaba acogerse al paraguas informativo de Prensa Española y el diario ABC. La otra posibilidad de buscar protección ante lo que se avecinaba era contar con la cobertura del diario El Mundo, pero, eso, más que pedir peras al olmo (más bien un fresno que todos los días le medía el lomo con su mejor vara), era casi un imposible metafísico. ¿Qué hacer, entonces? A Manuel Prado, el hombre al que muchos han comparado con un nuevo Manuel Godoy, no le quedaba más salida que echarse en brazos del Grupo Prisa. El escándalo KIO iba a servir en bandeja a Jesús Polanco la posibilidad de convertirse en el verdadero poder fáctico de este país.

¿Qué le podía ofrecer Polanco? El paraguas del grupo de comunicación más poderoso e influyente de España. Una entente, además, que parecía exenta de contradicciones, por cuanto El País estaba atacando con saña a Mario Conde, y Conde y De la Rosa, otro casto varón muy presente en el santoral de Cebrián, parecían haber salido de la cárcel hechos un par de amigos.

Manuel Prado se entregó a Jesús Polanco, el único hombre que podía protegerlo de forma efectiva y salvarlo del descrédito público y del riesgo de ir a la cárcel, contando con Clemente Auger al frente de la Audiencia Nacional. Y Polanco lo acogió amorosamente en su seno, porque eso iba a poner en sus manos la llave de la fortaleza. Polanco estaba dispuesto a blindar a Prado, a cambio de que Prado le hiciera partícipe de los secretos que atesoraba.

Por eso Prado, un hombre en el cruce de todos los caminos en la Historia de España de los últimos treinta años, aseguraba en las famosas cintas de KIO que «El País es el único periódico serio que defiende a “mon patrón”».

Naturalmente, lo que hizo Prado fue entregar al Rey en el ara sacrificial del editor. Juan Carlos I se convertía en prenda de Jesús Polanco y su grupo mediático. Comprando la información de Manolo Prado, el editor se transformaba en intocable.

La primera consecuencia directa del pacto fue la «muerte» de Mario Conde, el final de Mario como fuente de poder cercana al Monarca, Polanco reclamaba para sí toda la influencia sobre el Rey, de modo que había que dinamitar el obstáculo Conde para hacerse, en solitario, con el cotarro de Zarzuela. Había, pues, que matarlo y esparcir al viento sus cenizas. Sobraba también Fernando Almansa, lo que explica el intento, frustrado, de ponerlo en la calle en el 95, porque Almansa era amigo y testigo de Mario y podía seguir siéndole fiel.

Y fue Prado quien suministró a Polanco y El País la información de la llamada «trama suiza» de Conde, el Grupo Euman-Valyser. En realidad, la «muerte» civil del ex banquero de Tuy fue una gran demostración de fuerza de Jesús Polanco ante los poderes fácticos del Estado.

Porque la realidad es que hasta finales del 95, dos años después de ocurrida la intervención de Banesto, Conde seguía manteniendo un contacto muy fluido con el Monarca. Para romperlo, para acabar definitivamente con esa relación, los «felipancos» montaron la historia del chantaje al Rey, después de comprobar que la «conspiración» de Santaella no había dado los resultados apetecidos. Decidieron entonces, y a través de Diario 16 (no se atrevieron a utilizar El País), elevar el listón a la Corona. Pero el Monarca se mantuvo firme, negándose a testificar contra Conde. La consecuencia inevitable, no obstante, fue el deterioro de la relación entre ambos, relación hoy inexistente. De esta forma, el Monarca quedó en manos de Jesús Polanco.

Hubo un día en que Ansón publicó en ABC, con visos de escándalo, la noticia de que la querella del fiscal del sumario Banesto, Florentino Ortí, ahora en las filas más rentables del bufete Garrigues, era una simple copia del informe realizado por los peritos del Banco de España, y ese mismo día, Polanco, sentado frente a Fernando Almansa, despotricó como un poseso contra Ansón, «¿a qué juega el Luis María éste?, ¿es que no sabe que lo de Mario tiene que ser por cojones?».

Había que acabar con Mario y hacer lo propio con Francisco («Paco») Sitges, el otro amigo del Rey. ¿Quién sienta en el banquillo a Sitges? ¿Quién lo mete en la trama suiza? Hay quien sostiene que el mismo diario que metió a Conde (Javier de la Rosa asegura tener pruebas de que se pagaron 300.000 francos al abogado suizo Gallone para que lo implicara), en una operación absolutamente coordinada. Era un problema de poder. Polanco se había dado cuenta de que quitando de en medio a los amigos tradicionales del Monarca, y con Prado bien cogido por el ronzal, se quedaba como único amo de La Zarzuela.

El sábado anterior a la declaración de Gallone, 5 de febrero del 96, ante la comisión rogatoria enviada a Lausanne, Paco Sitges visitó a Su Majestad, quien le sorprendió con un consejo que le dejó frío:

—Oye, ten mucho cuidado con tu abogado Gallone.

—Pero, Señor, si va a hablar de…

—Yo te digo que tengas cuidado.

Sitges estaba tranquilo, porque pensaba que estaba todo bien amarrado, pero días después se llevó la sorpresa de su vida cuando el suizo declaró que los dueños de Asni y de Jamuna eran Mariano Gómez de Liaño y él mismo.

¿Cómo sabía el Monarca el sentido de la declaración que iba a efectuar Gallone? ¿Quién se lo dijo? Posiblemente los mismos que habían montado la trama, decididos a restar toda credibilidad a Sitges sentándolo en el banquillo.

A través de Manuel Prado, Polanco «conquista» al Rey, lo cual significa disponer de un canal informativo directo con el Monarca. Y lo «conquista» con la intención de servirse de él cuando sea menester. ¿Cuándo? Quizá nunca; tal vez muy pronto. ¿Con qué motivo? El único realmente importante: que esté en peligro el negocio, es decir, el Grupo Prisa.

Sólo tuvo que esperar la llegada del PP al Gobierno y la aparición en escena del caso Sogecable. Asediado en los frentes empresarial, mediático y judicial, el editor utilizará en la pelea las armas suministradas por Prado. Su tabla de salvación será Prado y, en último término, el Rey.

En realidad, lo que hizo fue convertir su problema en una razón de Estado, que el propio Monarca se encargó de poner sobre la mesa del presidente del Gobierno. Lo cual explica la llamada de Aznar a Álvarez Cascos, y la de Cascos a Margarita Mariscal, y la de ésta al fiscal general del Estado. «Este hombre no puede ir a la cárcel, ¿nos hemos vuelto todos locos?»… Aznar no lo hizo por miedo o afecto a Polanco, sino porque antes había recibido una llamada de altura pidiendo árnica para el editor.

Eso salvó a Polanco. El Gobierno Aznar no tenía más remedio que sacarlo del atolladero de Sogecable, porque Polanco no habría consentido sentarse en el banquillo, y mucho menos Cebrián, el hombre bisagra entre Polanco y Felipe González. En ese momento fraguaron en íntima comunión dos intereses imbatibles: Prado (que podía ir a la cárcel por el caso KIO) y Polanco (que corría el riesgo de ir a parar al mismo sitio por el caso Sogecable).

* * *

Una trama que explica el hecho de que Manolo Prado no esté en la cárcel cuando De la Rosa lleva ya más de un año (desde el 15 de octubre del 98) en prisión preventiva. Porque Prado forma parte de la entente, de ese pacto no escrito que eleva el caso KIO a cuestión de Estado. Por eso se ha salvado él, y se ha salvado también el señor Polanco.

Todo el edificio constitucional podría, sin embargo, venirse abajo como consecuencia de las causas abiertas en torno al caso KIO, una ante la Corte de Londres y otra en Madrid, que instruye la juez Teresa Palacios. Es, sin duda, el asunto que más preocupa en estos momentos para la estabilidad del país.

Si la investigación del caso Torras llegara a progresar sin interferencias políticas del más alto nivel, existen pocas dudas de que la juez Palacios llegaría a toparse, como el aventurero en la isla, con el tesoro.

Quienes desean ver resplandecer la verdad en este caso, como en tantos otros, podrían llevarse, sin embargo, una nueva decepción. Los resultados del juicio de Londres están desde hace meses en las páginas de los periódicos y aquí no ha habido más terremoto conocido que el de Turquía. Los líderes de Kuwait no parecen interesados en amargarle a Manuel Prado y Colón de Carvajal los últimos días de su vida. ¿Por qué no va a pasar otro tanto en los tribunales de Madrid?

El único cabo por atar reside en asegurar el silencio de Javier de la Rosa. De momento, el catalán se pudre en la cárcel de Can Brians en régimen de prisión preventiva, situación que constituye sin duda uno de los escándalos más sonoros de la Justicia española. Pero, ¿cuántos años de cárcel está dispuesto a soportar sin exhibir las pruebas que ha dicho siempre guardar, entre otras la relativa a esa cuenta en Licchtenstein a la que fue a parar el dinero de KIO?

El 13 de septiembre de 1999, el diario La Vanguardia publicó un revelador reportaje, obra de los periodistas Martín de Pozuelo y Santiago Tarín, en el que podía leerse: «Tanto la familia como sus abogados están convencidos de que De la Rosa es víctima de un elaborado plan de manipulación psicológica con el objetivo de que no revele datos comprometedores para terceras personas o que, en el caso de que lo hiciera, fuera tomado por loco […]. En síntesis, la presunta manipulación habría partido del Cesid, haciéndose efectiva mediante el concurso de un intermediario colaborador del procesado».

Mercedes Misol, su mujer, se mostraba a mediados del mes de octubre aún más concluyente: «Le han puesto un cuidador, un tipo relacionado con el Cesid, que le visita y le llama todos los días a la cárcel, le cuida y le aconseja. Y ha conseguido poner a Javier en contra mía, de sus hijos y de sus abogados. Nosotros somos los malos, y ellos son los que le van a “salvar”, a sacar de la cárcel. Pero todo “mañana”. Quieren agotar sus defensas y convertirlo en un vegetal sin capacidad para reaccionar y defenderse».

* * *

Tal es la situación actual, la de un modelo que apunta síntomas crecientes de agotamiento, consecuencia del «apaño» que significó la transición y otros pecados no menores como el 23-F. Pero el pueblo español, en un ejercicio de realismo político digno de elogio, no quiere cambios, odia los sobresaltos, recela del salto en el vacío que, en las actuales circunstancias, con la vertebración del Estado abierta aún en canal, supondría plantear la vieja disyuntiva Monarquía-República. El sangriento recuerdo de la Guerra Civil sigue vivo en el inconsciente colectivo de los españoles, como una vacuna que rechaza toda clase de aventurerismos. No más querellas civiles.

Es el único tema realmente tabú existente hoy en los medios de comunicación españoles. Nadie sacaría nunca a relucir un escándalo que fuera creíble y que afectara a la estabilidad de la Institución de manera efectiva. No, desde luego, Pedrojota y El Mundo. Menos aún el ABC. Asensio, dueño del Grupo Zeta, es un hombre con un instinto de supervivencia demasiado desarrollado. ¿La familia Ybarra y el Grupo Correo? Nadie se metería en ese lío, excepto el Grupo Prisa. Naturalmente, siempre y cuando hubiera una razón de peso que lo justificara. Por ejemplo, si estuviera en juego, por iniciativa de un Gobierno hostil, la supervivencia del entramado de dinero y poder tejido por los «felipancos» en los últimos veinte años. Porque en ese caso, pocos dudan, empezando por el propio Monarca, que Polanco, solo o con la ayuda de su brazo político, lanzaría su órdago sobre la mesa nacional. El «republicano» Polanco es, pues, el hombre que hoy maneja el «paraguas nuclear» de la estabilidad institucional española. Es, al tiempo, el primer defensor y la gran amenaza de la institución monárquica.

10
MEDIAS DE SEDA, ZAPATOS DE GAMUZA AZUL

El 18 de febrero de 1995, un día después de que Rafael Vera ingresara en la cárcel de Alcalá-Meco, Manuel Cerdán y Antonio Rubio, la acreditada pareja de investigadores del diario El Mundo, recibieron una confidencia de una de sus fuentes en la Seguridad del Estado, un tipo amante de la buena mesa, simpático y locuaz, que a menudo les «pega el cante» sobre situaciones variopintas.

Aquel mediodía de febrero, con las primeras páginas de los periódicos ocupadas por la foto de uno de los hombres más poderosos de la España del felipismo entrando en prisión, el tipo amante de la buena mesa, simpático y locuaz, con los codos apoyados sobre el mármol de una mesita de la cafetería Santa Bárbara de Madrid, les sorprendió con una revelación que les dejó fríos frente a una caña de cerveza helada.

—Oye, decidle a vuestro jefe que deje de jugar con negritas.

—¿Qué dices, Luisito, qué dices?

—Lo que habéis oído. Que a vuestro jefe…

—¿A qué jefe?

—A Pedrojota, que sepa que lo están investigando, y que han detectado que anda con una negrita que vive por la zona de Capitán Haya y Sor Ángela de la Cruz.

La vida política española vivía los sobresaltos del informe «Veritas» y de una serie de dossiers que, reales o supuestos, amenazaban la vida privada de gente que molestaba al Régimen. En los Ministerios de Interior y Justicia se había instalado Juan Alberto Belloch, un hombre llegado a la política activa con el propósito de limpiar el patio felipista de los efectos de la corrupción y permitir al «carismático líder» recuperar el prestigio perdido en una sociedad ahíta de escándalos.

Los periodistas fueron con la copla a su director, un hombre en la cresta de la ola de su influencia política y social, convertido en la pesadilla que todas las mañanas amargaba el desayuno a Felipe González. Aquélla era una tarea delicada, por el riesgo que suponía de intromisión en la esfera más privada de la vida de Pedrojota. Trataron de explicárselo con la naturalidad con que un amigo comunicaría una confidencia a otro, están siguiéndote, ten cuidado… Pero ocurrió lo que se temían, que reaccionó con suspicacia, aunque, inteligente como es, inmediatamente descartó con un gesto despectivo cualquier atisbo de verosimilitud del recado, ¿yo con chicas negras?

Cerdán & Rubio nunca hubieran osado volver sobre el asunto si, andando en el tiempo, justo a la vuelta de las vacaciones de agosto, el mismo personaje gordo, simpático y extravertido no les hubiera sacado de nuevo a colación la historia:

—Oye, ¿le hablasteis a vuestro jefe de aquello?…

—¿De qué?

—De lo que os dije: que se anduviera con cuidado.

—Sí, sí, se lo dijimos, pero ya sabes cómo es: ni puto caso.

—Bueno, pues decidle ahora que un «Apolo» [en el argot policial, vehículo dotado con toda clase de artilugios electrónicos para efectuar labores de seguimiento] lo está siguiendo a todas partes. Que haga lo que le dé la gana, pero que esto va en serio.

Y de nuevo la pareja de sabuesos se vio en la tesitura de advertir a Pedrojota, nos han vuelto a pasar un recado para ti, ándate con ojo, porque han puesto un coche para seguirte, y otra vez el gesto displicente del director de El Mundo, no os preocupéis, pueden hacer lo que quieran, me han mirado de arriba abajo y no han podido encontrarme nada.

Cerdán y Rubio decidieron olvidarse definitivamente del asunto y dedicarse a otros menesteres. Habían advertido a un amigo de un riesgo. Habían cumplido. Por lo demás, y a juzgar por la negativa del afectado, todo parecía indicar que se trataba de una falsa alarma, un rumor sin fundamento, una intoxicación. Cosas del Luisito. Y es que, ciertamente, resultaba difícil imaginar una sola fisura en el espartano estilo de vida de un Pedrojota dedicado las veinticuatro horas del día al periodismo y a su periódico. ¿Cabía imaginar alguna debilidad en aquel hombre de hierro que, con ciertos tintes mesiánicos, vivía entregado a la misión de desenmascarar la corrupción felipista?

* * *

El paso del tiempo se encargó de echar tierra sobre el episodio. Aquello había sido, efectivamente, una intoxicación. Pero casi dos años después, en mayo de 1997, un ex agente del Cesid al que más de una vez habían utilizado como fuente les llamó. Quería verlos con urgencia. Tras acordar una cita en un hotel de la calle Velázquez de Madrid, el antiguo espía les sorprendió con una petición inesperada:

—Necesito hablar con vuestro director, es muy urgente, tengo que darle una información del máximo interés.

—Pues dánosla a nosotros…

—Ni hablar, es algo muy personal y se lo tengo que decir cara a cara.

—Pero, ¿de qué se trata?

—Insisto, es un tema muy privado.

—Puede que lo sea, pero Pedrojota no te querrá recibir si antes no le dices de qué se trata. Si vamos con el cuento de que hay un tío del Cesid que quiere verle para contarle un secreto al oído nos va a mandar a freír espárragos, tenlo por seguro.

—Es que no os puedo decir nada.

—¡Pero danos una pista!

—Decidle que le están preparando una muy gorda.

¿Qué misterio encerraba esa advertencia? Pedrojota no recibió, efectivamente, al «espía» portador del secreto. El periodista, un hombre orquesta que tocaba todos los palillos en la empresa editora de El Mundo, desde la compra del papel hasta el titular de primera, no tenía tiempo para atender a nadie que no fuera por lo menos ministro.

Por aquel entonces, sin embargo, el ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, uno de los bergantes más notorios del socialismo hispano, deslizó en El Siglo, un semanario de circulación restringida afín al felipismo, una referencia críptica según la cual «el líder del sindicato del crimen es un amante de la disciplina…».

Un mes después, junio del 97, Cerdán y Rubio iban a captar los primeros signos de la tormenta que se avecinaba sobre Pedrojota Ramírez y el diario El Mundo cuando, tratando de amarrar la veracidad de una información sobre las prácticas llevadas a cabo por el Cesid con una serie de mendigos, se presentaron en el despacho profesional de Jesús Santaella, situado junto al estadio Santiago Bernabeu, que en aquel momento se encontraba reunido con uno de sus más célebres clientes, el coronel Juan Alberto Perote, recién salido de prisión.

Ante la incrédula cara de militar y abogado, la agresiva pareja de reporteros desplegó una página ya compuesta en adelanto de El Mundo en la que podía leerse con gruesos caracteres tipográficos: «El Cesid utilizó a mendigos como cobayas para experimentos científicos». ¿Sabía algo de aquella historia uno de los hombres que más poder había tenido en La Casa?

Un frío glacial recorrió la espina dorsal del letrado. Santaella dio rienda suelta a su alarma: aquello era lo peor que le podía pasar a su cliente días antes de la fecha prevista para el inicio de su juicio por la jurisdicción militar, esto nos viene fatal, en el Centro va a sentar como un tiro y no hace falta ser adivino para suponer que nos van a cargar con el mochuelo, nos partís por el eje, de verdad, esto es la muerte para nosotros, porque van a interpretarlo como una presión al tribunal, un chantaje, nos haréis una putada muy gorda…

Pero el dúo se mantuvo firme, este material nos pertenece, es fruto de nuestro trabajo, y aquí sólo hemos venido a buscar una confirmación adicional, de modo que está fuera de duda que lo vamos a publicar.

En cuanto Cerdán y Rubio salieron por la puerta, el coronel Perote descolgó el teléfono para marcar el número de la sede del Cesid, dispuesto a contar lo ocurrido al número dos de La Casa, Aurelio Madrigal, con todo lujo de detalles, que sepáis que esta pareja acaba de salir de aquí con esta historia, y lo único que quiero es que tengáis muy claro que ni yo ni mi abogado hemos tenido nada que ver en ese asunto.

Al día siguiente, Madrigal devolvió la llamada a Perote:

—Hemos hecho algunas averiguaciones y hemos comprobado que, en efecto, no estáis involucrados en esa historia, pero eso nos puede hacer mucho daño, de modo que tenéis que echarnos una mano y ayudarnos a pararlo, porque no hay nadie en mejor situación que vosotros para hacerlo.

—Pues ya me contarás cómo, porque no parece que sea fácil convencer a Pedrojota de una cosa así —protestó el coronel.

—Al contrario, esta vez va a ser muy fácil: sólo tenéis que decirle que se acuerde de «las medias de seda».

—¿Cómo?

—Lo que has oído. Tú dile, o mejor que se lo diga tu abogado, que se acuerde de «las medias de seda».

Santaella no le dijo una palabra a Pedrojota. El asunto era demasiado delicado como para hacer de recadero: «Cualquier cosa que hubiera hecho me habría dejado a los pies de los caballos, de los caballos de Pedrojota o de los del Cesid». Sin embargo, el director de El Mundo tuvo noticia del episodio a través de la pareja de reporteros.

* * *

La historia de los «Mengueles» del Cesid, difícil de creer a simple vista dada su intrínseca atrocidad, apareció publicada en El Mundo el 15 de junio del 97. El escándalo fue considerable, a pesar de que todo parecía ya posible en la cueva de Alí Baba de la Cuesta de las Perdices. Entre el texto que apareció ese día publicado y el original que Cerdán y Rubio enseñaron a Santaella unos días antes había una pequeña diferencia: los nombres completos de los «espías» que habían intervenido en la fechoría, tal como figuraban en el adelanto, habían sido sustituidos por las iniciales y el correspondiente «alias». Era el favor que Santaella había pedido a los periodistas, y que Perote quería «vender» como una gran conquista a La Casa. Cerdán & Rubio accedieron porque, a pesar del cambio, la información seguía manteniendo todo su interés, al tiempo que rendían un servicio a quien podía devolverles muchos más.

Días más tarde, El Mundo dio cuenta —con sus números de matrícula y el nombre de los mecánicos que los atendían— de los coches utilizados por el Cesid en la «Operación Menguele», demostrando que durante bastante tiempo tres de tales vehículos habían estado aparcados en el garaje del Centro.

A consecuencia de este escándalo, uno más de los que han jalonado la historia de nuestros servicios secretos durante el felipismo, el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Baltasar Garzón, citó a declarar al director del Cesid, Javier Calderón, y a su antecesor en el cargo, el teniente coronel Emilio Alonso Manglano.

Tras prestar declaración, Calderón reunió a sus hombres de confianza en la sede de la carretera de La Coruña y, ante sus «chicos», un grupo al que en el Centro se denomina «clan Menguele» (gente de oscuro pasado, susceptible de resultar incursa en causas penales en cualquier momento y, por tanto, chantajeable) se manifestó casi exultante con respecto a su declaración judicial de la mañana, ánimo, esto está resuelto, no va a pasar nada con esta mierda de los mendigos, porque los tres enemigos acérrimos que tiene esta casa, el juez Garzón, el coronel Perote, y Pedrojota Ramírez, «están ahora mismo controlados».

Si se tiene en cuenta que la filmación del famoso «vídeo sexual» (según expresión habitual de El País) se produjo el 7 de marzo del 97, a finales de junio del mismo año Calderón tenía motivos sobrados para afirmar que Pedrojota y El Mundo estaban controlados. «Tengo información suficiente sobre Pedrojota para deciros que nunca más se atreverá a intentar nada contra nosotros».

Y no sólo él estaba maniatado. También lo estaba el coronel Perote, con quien parecían haber llegado a un pacto que tuvo su inmediato reflejo en el cambio de actitud del militar, que a partir de entonces se volvió mucho más cauto en sus manifestaciones.

Otro tanto parecía haber ocurrido con el juez Baltasar Garzón. «Ya visteis —dijo Calderón a sus «chicos»— cómo ayer salí del Juzgado con la cabeza bien alta y sin que me pasara nada: también está controlado». La denuncia sobre las prácticas del Cesid con una serie de mendigos duerme el sueño de los justos en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

A lo largo del verano del 97, los ecos de la tormenta que se cernía, amenazadora, sobre el diario El Mundo y su director no dejaron de crecer. El nubarrón fue engordando, traspasando las fronteras de los círculos policiales para instalarse con fuerza en los mentideros periodísticos, donde a la vuelta de agosto comenzó a hablarse sin rodeos del «vídeo de Pedrojota».

El afectado seguía a lo suyo. Hasta que una tarde de septiembre, Rafael Navas, ex director general del grupo Negocios (La Gaceta, Dinero, etc.), se presentó, previa cita telefónica, en su despacho de la calle Pradillo para transmitirle la peor novedad posible.

* * *

Todo había empezado para Navas un día de finales de abril de ese mismo año con una llamada telefónica.

—Que le llama un tal Chema, de Iberia.

—¿Chema? ¿Qué Chema? No conozco a ningún Chema.

—Sí, dice que le tiene que conocer seguro, porque trabajó con usted en Iberia.

Resultó ser José María González Sánchez-Cantalejo, un tipo desastrado, un perdedor, a quien había conocido durante un breve plazo de tiempo cuando, con veintipocos, trabajó en el departamento económico-financiero de Iberia. Le perdió la pista al dejar la compañía aérea para enrolarse en el mundo del periodismo y, de repente, el tal Chema volvía a reaparecer como salido de las tinieblas. Quería verle, le dijo, porque tenía en su poder un material informativo muy sensible que podía ser de su interés.

Le citó en su despacho de la Castellana. ¿Qué es de tu vida?, ¿cómo estás? y todo lo demás, ya veo que te va de puta madre, pues sí, chico, no me puedo quejar, y a ti ¿cómo te ha ido?, mal, no he tenido mucha suerte, la verdad, la vida me ha tratado de aquella manera, pero bueno, cuéntame, ¿qué te trae por aquí?

Cantalejo se enredó en un argumento envolvente, lleno de circunloquios, una historia fea, ¿qué harías si tuvieras en tus manos un material filmado que afectara a una persona muy importante de este país?… El tal Chema, receloso, no quería soltar prenda, decir a quién se refería, pero Navas insistía, no podía emitir opinión sin saber de qué estaban hablando. Finalmente consiguió saberlo: se trataba de Pedrojota Ramírez, que se había estado acostando con una chica de color que a la sazón «es mi novia», y yo mismo le he filmado metido en un armario, pero bueno, ¿qué quieres hacer con eso?, pues qué voy a querer, venderlo, sacar un dinero, oye mira, yo creo que eso es una locura, porque ese señor no está haciendo nada malo, es su vida privada, y el delito lo puedes estar cometiendo tú, pero ¿qué me estás diciendo? joder, Rafa, tú siempre tan moralista, no, hombre, no es eso, es que si Pedrojota se lo monta con una negra ¿a quién coño le importa?, pues a mucha gente, porque es que no es acostarse, no es echar un polvo y listo, es que en ese vídeo se ven unas cosas muy fuertes, venga ya, Chema, no digas bobadas… qué, que no te lo crees, ¿verdad?, pues no, no me lo creo, y además eso puede ser un montaje, ¡no es ningún montaje, coño!, pero, vamos a ver ¿tú quieres verlo?, hombre, pues tendría que verlo para darte mi opinión.

Volvió al día siguiente e hizo bajar las persianas, oye, que no entre nadie, avisa a tu secre, tranquilo, hombre, tranquilo, «y me mostró dos vídeos, uno explicando cómo lo había hecho. Chema aparecía en pantalla con una taladradora en la mano, haciendo un agujero para colocar una máscara sobre la superficie de un armario de rejilla, metiéndose, encogido, en dicho armario, desde el cual y a través de esa máscara iba a filmar lo que después ocurriría en la habitación. Desde aquel ojo de gato se veía una cama y a una negrita moviéndose y abriendo las sábanas.

Con pelos y señales contó cómo había grabado la película, la insoportable sensación de claustrofobia que se apoderó de él dentro de aquella ratonera, la forma en que le temblaban las piernas, sudando a mares, y cómo a partir de un determinado momento ya no pudo seguir filmando de puro nervio, de modo que sólo se escuchaba la conversación de los dos actores.

Sánchez-Cantalejo explicó a su antiguo amigo una historia inocua, la de un encuentro accidental con una chica que, en realidad, había tenido muy poco de casual. Las dos debilidades de Chema eran, según el propio interesado, el bingo y las chicas de color, y en Exuperancia Rapú se daban la mano ambas pasiones, hasta el punto de que me la enrollé en un bingo y al cabo de un tiempo me contó que conocía a Pedrojota, y yo le dije ¡anda ya!, no me lo creo, ¿qué no? Y delante de mí le llamó a El Mundo y se puso, habló un rato con él con gran confianza, y a partir de ahí maquiné tenderle una trampa. Pero, vamos a ver, Chema, ¿tú qué andas buscando con esto?, pues, joder, ¿qué voy a buscar?, sacar unos millones, porque los dos estamos tiesos, no tenemos un duro, y eres el único que conozco que tiene relación con el mundo de la prensa, bueno, pero dime una cosa, ¿alguien más sabe de la existencia de este vídeo?, sí, lo sabe un amigo, un tal Patón, que presume de ser el hombre de confianza de Felipe González, pero el material no tiene salida por ahí, por eso me he acordado de ti, ¿podría interesaros a vosotros?, ni hablar, no nos dedicamos a esos temas, pero tú, ¿podrías ponerme en contacto con alguien?, este tío tiene muchos enemigos…

Rafael Navas se disculpó. No quería verse involucrado en ese asunto. Sin embargo, unos días después, Chema volvió a llamarle, oye Rafa, tenías razón, he recibido algunas llamadas extrañas, tengo miedo y mi chica lo mismo, estamos cagados, y entonces le propuso un juego extraño: hacerle destinatario de sus confidencias, contarle regularmente los pasos que iba dando en relación con la venta del vídeo, por si algún día me ocurriera algo…

Así se enteró Navas de que se había visto repetidas veces con Agustín Valladolid, quien le había entregado varios millones por el visionado de la cinta. Hasta que, en septiembre, después de irse de vacaciones a Cuba con dinerito fresco, le informó un día que la operación estaba a punto de cerrarse, que el comprador era Emilio Rodríguez Menéndez y que le iban a adelantar 50 millones de pesetas. Decidió entonces poner sobre aviso a Pedrojota Ramírez. Pero Pedrojota no se podía poner. Según su secretaria, estaba muy ocupado.

—Pues dígale que soy Rafael Navas y que tengo una información muy importante que afecta a su vida privada.

Dos minutos después el propio Pedrojota estaba al aparato.

El director de El Mundo le recibió a las 4,30 de la tarde de un día de finales de septiembre, con Antonio Rubio como testigo. Toda una papeleta para Navas, que cuando se vio en aquel despacho se asustó, ¡joder!, en qué lío me he metido, y frente a frente, se perdió en los meandros de un largo preámbulo, estoy aquí por un problema de conciencia, porque ese vídeo está ya en manos de un personaje como Rodríguez Menéndez, pero yo no quiero aparecer para nada, si tengo que declarar un día ante un juez le diré lo mismo que te voy a decir a ti, pero yo no quiero salir, acabo de montar mi propia empresa y no quiero verme afectado por ninguna publicidad negativa.

Pedro le dio todo tipo de seguridades, no te preocupes, te agradezco el gesto, pero, bueno, Rafael, cuéntame, ¿que se ve en ese vídeo?

Y llegó el momento que Navas quería evitar, describir las cosas que había visto en la grabación.

—Dime una cosa, ¿tú crees que soy yo?…

—Pues yo creo que sí, Pedro, puede ser un montaje, pero si he de serte sincero, creo que sí eres tú.

—¿Pero cómo voy vestido?

—No, Pedro, tú no vas vestido de ninguna manera, tu estás desnudo.

Y entonces Rafa Navas le vio caer como si hubiera sido alcanzado por un misil, la cara entre las manos, súbitamente abrumado, porque hasta ese momento había mantenido la compostura, no, si ya sé que me están montando algo, ya me han pasado algunos mensajes… No sabía cómo agradecerle el aviso, no sabes cuánto te lo agradezco, es el mayor favor que me han hecho en mi vida, no lo olvidaré nunca, Rafael, no sé cómo voy a poder pagártelo.

* * *

Ya no era posible seguir de espaldas a la tormenta. Se imponía activar una estrategia defensiva. Y Pedrojota puso a sus hombres de confianza, Cerdán & Rubio, en movimiento, dejadlo todo y centraos en esto, a ver qué hay de verdad y quién está detrás.

Lo primero que hicieron fue dedicarse en cuerpo y alma al análisis del material acumulado y a revisar fichas y contactos con el mundo del hampa dedicado a tales menesteres. «Y así llegamos al hilo del ovillo».

Fue exactamente a las 4,30 de la tarde del martes 30 de septiembre del 97 cuando, tras mucho cabildeo, Antonio Rubio decidió tirar de teléfono desde su despacho en El Mundo para llamar a un móvil registrado a nombre de un tal José María González Sánchez-Cantalejo. Identificar al personaje había costado Dios y ayuda, la ayuda de mucha gente, por eso la pareja se resistía a efectuar la llamada, temerosos de que la pieza, asustada, levantara el vuelo antes de tiempo.

Pero Pedrojota, hecho un manojo de nervios, no estaba para florituras. Ese mismo día, Cerdán y Rubio habían publicado una información según la cual Rafael Vera y José Luis Corcuera habían viajado a Andorra para visitar una sucursal bancaria. Y de buena mañana, entrevistado en la cadena SER y dominado por la ira, Vera cometió la equivocación de anunciar que «la gente se va a enterar muy pronto de a qué se dedica Pedrojota en su tiempo libre». Por si al periodista le quedara alguna duda de lo que se le venía encima, el ex director de la seguridad del Estado se lo había puesto blanco y en botella.

Lo que Rubio no podía imaginar mientras, conteniendo la respiración, escuchaba el tono apagado de una llamada aún no atendida, era que iba a sorprender al propietario de aquel móvil reunido en el hotel Aitana, sito en el paseo de la Castellana de Madrid, con la plana mayor mafiosa, perfilando los últimos detalles para la materialización del golpe.

«Llamó Antonio Rubio del Mundo a José Mª —escribe Exuperancia Rapú en su diario— diciéndole que sabía todo lo que tramaban y que quería hablar con él. José le dijo que no sabía de qué le hablaba. Volvió a mi casa. Ángel se fue a la suya. Resulta que el Rodríguez había publicado algo en el Ya sobre la peli. A las 11,30 noche le llama el Goñi para decir que se había enterado de todo y que quedaba el miércoles a las 18 horas…».

«1/10/97. Miércoles. Empezaron las llamadas —prosigue la Rapú—: 1.º, a las 11 de al mañana llama Goñi para quedar a las 7 tarde en Oliveri. 2.º, llama Antonio Rubio amenazando 3 veces. José Mª contacta con Patón, le comenta todo y nos dice que tenemos que largarnos. José le dijo que no podíamos porque estábamos tiesos. Habló con Filip y le dijo que nos adelantaban 50 kilos para desaparecer y el resto nos lo pagarían a la vuelta, pero claro entregándole el máster y quedamos con Ángel en mi casa para que nos entregara los 50 kilos. A las 22,30 aparece Ángel con Goñi, trajeron los 50 kilos, les entregamos la cinta y una carta mía. Nos aconsejaron salir lo antes posible del país».

Gracias a la llamada de Rubio, Sánchez-Cantalejo se embolsó 50 millones de pesetas antes de, como acompañante de Exuperancia Rapú, largarse de España. Toma el dinero y corre.

Al día siguiente por la mañana, los periodistas intentaron localizarlo repetidamente sin éxito, dejándole varios mensajes en su buzón de voz. Por culpa de los nervios, Pedrojota había conseguido acelerar el acuerdo entre los componentes de la banda. Todo el gozo de Cerdán y Rubio en un pozo.

Días después de que el autor de la filmación del vídeo, en compañía de su primera «estrella», pusiera tierra por medio con sus 50 millones en el bolsillo, los nuevos dueños de la cinta comenzaron a distribuirla por correo, acompañando el casette con una carta de miss Rapú como ilustrativo anexo.

A la redacción de El Mundo lo llevó el catedrático Enrique Gimbernat a media tarde del 15 de octubre de 1997, tras recogerlo en el buzón de su casa. Cerdán y Rubio, empeñados aquellos días en perfilar la figura de Cantalejo, alias «el Iberia», un tipo más amante de la noche que del día, con más apego a la bebida y al juego que al trabajo, regresaban de almorzar con una de sus fuentes cuando, al enfilar la calle Pradillo procedentes de la plaza de Cataluña, sonó su móvil. Era Pedrojota que, presa de una tosecilla agobiada que se apoderó de él en los días de máxima tensión, tosecilla en la que pareció somatizar la enorme presión soportada, el esfuerzo de mantenerse firme como un junco de ribera aguantando la crecida del rio, les reclamaba con urgencia en su despacho. «Os estamos esperando».

Flotando entre las nubes de algodón que pueblan la moqueta acrílica instalada por Ágatha Ruiz de la Prada, Pedrojota se encontraba en su despacho acompañado por el propio Gimbernat, Casimiro García-Abadillo y Fernando Baeta. Seis hombres (luego se les unirían Felipe Arrizubieta y la abogada Cristina Peña) asustados por lo que iban a ver, testigos cogidos a lazo que hubieran querido salir huyendo, desaparecer, nerviosos ante lo inesperado, pidiendo clemencia alguno de ellos, yo no quiero ver eso, sí, por favor, tienes que verlo, y Pedro que enchufa la cinta en el vídeo, a la izquierda de su mesa de trabajo y, de pie con el brazo apoyado en el respaldo de su sillón de piel, empieza el espectáculo, todos conteniendo la respiración, y la visión oscura, fantasmal, de un hombre desnudo, y alguno que, abrumado, se da la vuelta, y todos los demonios, todas las fantasías sexuales represadas y almacenadas en el alma humana, en todas las almas, de pronto al descubierto en inaceptable almoneda de la intimidad de una persona, y Pedrojota que, ante el espanto de los presentes, de cuando en cuando para la cinta, rebobina y vuelve a pasar las mismas imágenes, y un bendito Gimbernat que musita en voz alta pues ése no eres tú, Pedro, no se te parece, esto es un montaje, y las miradas desconcertadas del resto que tratan de huir de aquella situación, mientras Pedrojota, que aguanta el chaparrón sin inmutarse, su tosecilla disparada como el repiqueteo de una ametralladora, calla. Y otorga.

Al poderoso Pedrojota, el hombre que había construido su oposición radical a la corrupción felipista sobre el andamiaje de la superioridad moral de su discurso, le habían cogido por el costurón del sexo, propinándole una cornada mortal de necesidad. Hasta la fecha, todos abrigaban el deseo de que la famosa cinta fuera un montaje, pero en aquel despacho casi todos, con excepción quizá de Gimbernat, perdieron la esperanza.

Mientras veía desfilar las imágenes oscuras de aquel vídeo doméstico, filmado de forma chapucera por alguien escondido tras un armario de rejilla, Manolo Cerdán comprendió de pronto el misterio que tantas noches le había mantenido en vela, ¡ah!, ¿te has dado cuenta del detalle de las medias?, preguntaba después Cerdán a su amigo Rubio, todo el mundo decía que llevaba unas medias, y en la cinta no se ven, pero sí, las hay, están en las muñecas que parecen sujetarle a la cama, algo elástico y tenso, unas medias de seda.

Cuando, al filo ya de la madrugada, los dos periodistas abandonaban la sede de El Mundo lo hacían convencidos de que aquélla era una trama montada por el Cesid. Ahora cobraban todo su significado los mensajes que algunas de sus fuentes habían querido transmitir a Pedrojota. Ahora estaba claro que La Casa conocía, si es que ella misma no lo había montado, la existencia de un vídeo sobre la vida sexual del director de El Mundo desde, al menos, el mes de mayo del 97.

Teniendo en cuenta que la grabación del vídeo en la chambre de miss Rapú tuvo lugar el 7 de marzo del 97, y que los primeros intentos de venderlo no se produjeron hasta finales de abril, parece claro que la cinta en cuestión estuvo durante varias semanas en la sede de la Cuesta de las Perdices, y allí hubo gente que la visionó mucho antes de que empezara a distribuirse, y alguien se dio cuenta del detalle de las medias (a menos que fuera el propio filmador escondido tras el armario quien advirtió al Cesid de tal extremo) y lo comentó entre sus compañeros.

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Pedrojota se había distinguido como el gran culpable —aunque no el único— de la caída de un sistema con vocación de régimen que iba a durar veinticinco años llamado felipismo. Con ello, había arruinado el dulce «pasar» de mucha gente acostumbrada a medrar a su sombra, desde la «biutiful» del Banco de España hasta los altos cargos policiales, pasando por la directora del BOE. Entre las víctimas más llamativas de Pedrojota se encontraba el propio Cesid, los podridos servicios secretos cuya reputación había quedado arruinada por escándalos como el del GAL, las escuchas o los mendigos. Y fue el Cesid el que empezó a buscarle las cosquillas durante el último Gobierno González. La victoria de Pedrojota sobre todo un Régimen no le iba a salir gratis. Esa sangre tenía un precio: el de su reputación.

El objetivo era Pedrojota, pero también El Mundo y lo que el diario representa como banderín de enganche de una filosofía anticorrupción. Cuando el vídeo empezó a distribuirse, la vida política española se encontraba en puertas de un acontecimiento trascendental: la celebración de la vista del primero de los juicios del caso GAL, el referido al secuestro de Segundo Marey. Y era la banda que lo financiaba y distribuía la que se iba a sentar en el banquillo de los acusados, circunstancia que explica el affaire del vídeo, sin duda uno de los episodios más siniestros de la historia de la democracia española.

Vera, Barrionuevo y compañía sabían que podían ir a dar con sus huesos en la cárcel por culpa del trabajo de investigación del periódico y de su director, un hombre que se había opuesto frontalmente a cualquier posible «ley de punto final» como la que, tras las bambalinas, perseguía el PSOE, y a la que determinados sectores del propio Partido Popular parecían receptivos. Y fue El Mundo y su director quienes movilizaron a la opinión pública en contra de esa posibilidad. Por eso, Vera, incurso también en el sumario de los fondos reservados, y sus amigos tenían motivos sobrados para odiar a uno y a otro. Había que quitar de en medio a ambos.

Desde que El Mundo empezó a derribar las murallas de Jericó del felipismo, el Cesid, bastardamente utilizado por Narcís Serra con un exclusivo fin partidista, puso en marcha un concienzudo trabajo de ubicación de todos aquellos periodistas molestos que le estaban incordiando. A todos y cada uno intentan buscarle sus debilidades. El primer chequeo, el más fácil, es el fiscal. Prosiguen por las cuentas bancarias, las propiedades inmobiliarias, los gustos caros. Y si no encuentran nada anormal en el terreno de la vil moneta, se concentran en el ámbito de lo personal, con especial dedicación en los gustos sexuales.

En la primavera del 97, en torno a la fecha de grabación del famoso vídeo, por el Cesid circuló un informe sobre el propio Antonio Rubio en el que, entre otras cosas, se decía que se le había visto cenando muy acaramelado con una chica de tales y cuales características que… resultó ser su esposa.

Se trataba de neutralizar cualquier potencial enemigo, más aún si osaba incordiar a La Casa. Pedrojota tenía todas las papeletas en la mano. Por eso, cuando a la Cuesta de las Perdices llegó noticia de la existencia de una chica guineana metida en carnes que se ganaba la vida como podía y que periódicamente recibía la visita del director de El Mundo, no daban crédito. Muchos se frotaron las manos ante tamaño golpe de suerte. Había que echar el resto en esa historia.

La tesis más plausible es que, cuando llegó a la dirección del Cesid, Javier Calderón, un hombre a quien en los cuartos de banderas se considera depositario de casi todos los secretos del 23-F, se encontró con la operación en marcha. Y lo que hizo fue ultimarla y concretarla.

El Gobierno del PP no había logrado meter baza en La Casa, que seguía infiltrada a más y mejor por simpatizantes de González, un hombre que ha seguido disponiendo durante los últimos cuatro años de toda clase de información confidencial. Por si ello fuera poco, el felipismo, con la eficaz ayuda del hermano siamés, el Grupo Prisa, se había fijado como objetivo en la oposición abatir a los tres peones que consideraba formaban el círculo de hierro en torno al presidente Aznar: Juan Villalonga (el dinero), Francisco Álvarez Cascos (la política) y Pedrojota Ramírez (los medios de comunicación).

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¿Cómo detectaron la existencia de un talón de Aquiles en la aparentemente sobria y ordenada vida de Pedrojota? En el año 89 y en el curso de un programa de Antena 3 Radio al que había acudido para promocionar un disco de un cantante guineano, Pedrojota conoció a una chica natural de la antigua colonia española que se hacía llamar «Emma». A partir de entonces comenzaron a verse, aunque de manera irregular y siempre respondiendo a las insistentes llamadas de la dama. Y fue el propio periodista quien indirectamente marcó el objetivo a sus perseguidores. Vigilado día y noche, un buen día le vieron entrar y salir de un piso en la calle Capitán Haya. El paso siguiente consistió en averiguar a qué piso iba, quién vivía en él, cómo se llamaba la señorita en cuestión y a qué se dedicaba. Acercarse a ella resultó tarea fácil.

De modo que, cuando la fuente avisó a Cerdán y Rubio de que un «Apolo» estaba siguiendo a su «jefe» y que habían detectado que andaba «con una chica de color», el Cesid ya estaba de hoz y coz metido en la operación. Marcado el objetivo, el periodista pasó a un segundo plano. La Casa se volcó entonces en la chica: había que contactarla, trabajarla y conquistarla. Una vez captada y dispuesta a colaborar, el Centro volvió de nuevo sobre Pedrojota para preparar la prueba, siguiendo el abecedario de cualquier servicio de inteligencia sobre esta clase de operaciones.

Sánchez-Cantalejo abordó a miss Rapú una tarde de finales del 94 en una céntrica sala de bingo, «ocupación» que al parecer place mucho a la dama. En aquel momento, la guineana no estaba sola, lo que hubiera explicado un intento de ligoteo ocasional, sino que iba acompañada por una señora mayor. Exuperancia estaba atravesando una etapa difícil, ya que acababa de romper con su novio, «la persona que más he querido en el mundo», un compatriota residente en Alicante. Ello no fue óbice para que la pareja simpatizara y para que la Rapú despidiera a su amiga, antes de aceptar aquella misma noche una invitación para cenar e ir después a jugar al Casino de Madrid.

A partir de aquel día, Cantalejo, que se presentó como «asesor de la Seguridad del Estado», según la bella, y que desde el primer momento mostró gran interés por el hecho de que conociera al director de El Mundo, se dedicó a pasearla por restaurantes y clubs de moda, tratándola «como a una reina», en una relación en la que, revelador, no faltó más que la cama.

¿De dónde sacaba este Kashogui doméstico los fondos para financiar comportamiento tan rumboso? Misterio. Sánchez-Cantalejo es un antiguo empleado de Iberia que, cuando conoció a Exuperancia, se había gastado ya los duros que había cobrado años atrás como indemnización y que desde el punto de vista económico no tenía dónde caerse muerto. La única explicación es que el dinero utilizado en deslumbrar a la guineana lo estuviera poniendo alguien comprometido a ello como resultado de una operación perfectamente planificada.

Gente conocedora de la operativa del Cesid cree que Sánchez-Cantalejo era uno de tantos colaboradores a quienes el Centro paga en sobre por trabajos puntuales. Nada anormal, por otro lado, teniendo en cuenta que La Casa tiene copada la zona de Capitán Haya-Orense, como tiene copada Iberia (con delegación fija en el aeropuerto de Barajas), donde trabajaba el susodicho y todo su circuito de amigos.

Hay, además, en Cantalejo un componente anímico digno de acotar. Siguiendo la agenda de miss Rapú se advierte la animadversión visceral que siente hacia Pedrojota, así como su entroncamiento ideológico con el felipismo. Queda clara, además, su identificación absoluta con Ángel Patón, hombre de confianza de un íntimo amigo de González: Julio Feo. De modo que, por encima del interés crematístico implícito en el intento de comercialización del vídeo, resplandece el interés ideológico, la obsesión por dañar la figura pública del personaje, el deseo de taparle la boca. «Este tío es un peligro —se lee en los comentarios que la Rapú pone en su boca—, nos ha hundido, y hay que acabar con él. Detrás mío hay mucha gente, están los servicios de información, está el Gobierno anterior, que va a volver dentro de muy poco». Y para ello le propone tender una trampa al periodista y grabar un vídeo clandestino cuando se encuentre con él en su dormitorio. «Yo seré el director y tú la actriz».

Exuperancia ha relatado cómo le regalaban las bebidas para el bar de su discoteca Caché, más las visitas a caros restaurantes de Madrid, los gastos del bingo, los del casino, las copas, la ropa, incluso el alquiler de su vivienda… De hecho, Cantalejo pasó a monitorizar la vida entera de esta guineana lista, dispuesta a ganarse la vida como fuera en un mundo extraño y a menudo hostil. De Capitán Haya veintitantos se trasladó a vivir a Sor Ángela de la Cruz 22, donde tuvo lugar la famosa grabación, para instalarse finalmente (sería más adecuado decir que fue «instalada») en General Yagüe 10, el domicilio de Ángel Patón, uno de los miembros de la trama.

Y todo ello sin límite de tiempo, porque la tarea de acercamiento podía durar meses, incluso años, lo que fuera menester hasta convencer a la mujer de que debía colaborar. Y el hecho es que entre el contacto en el bingo y la realización del vídeo transcurrieron más de dos años, tiempo en el que Cantalejo desplegó un trabajo constante y diario, muy profesional.

Un tempo obligado, por otro lado, dada la propia dinámica de la relación entre el periodista y la guineana, a quien veía cada vez de forma más esporádica, hasta el punto de que durante el año previo a la grabación es posible que no llegaran a verse en más de una ocasión.

Con el vídeo ya grabado, hacía falta una organización con infraestructura para poner en marcha su distribución. Mucha gente está convencida de que el dinero necesario para mover la rueda no procedía de la órbita del diario Ya ni de su ocasional propietario, Emilio Rodríguez-Menéndez, sino del filón que fueron el Ministerio del Interior y sus dineros, los famosos fondos reservados, de forma que, cuando los encausados del GAL abandonaron, rodeados del escándalo, sus despachos, lo hicieron respaldados por una especie de «caja común» que pudiera permitirles hacer frente a todo tipo de contingencias legales o extralegales, garantizar silencios (caso de Bayo y Dorado) o financiar determinadas operaciones (vídeo de Pedrojota).

Era una grabación de muy baja calidad, aspecto obligado para avalar la idea de que se trataba de un simple chantaje doméstico. El vídeo se hace de forma artesanal, porque es lo que se espera de la corta sapiencia y el más corto dinero de Exuperancia Rapú: una cinta casera filmada con medios caseros por auténticos amateurs, y esa misma normalidad debía acompañar su comercialización.

La calidad de la imagen era tan pésima que resultaba incluso temerario imaginar al Cesid detrás de semejante chapuza. Porque el Cesid había demostrado contar con hombres y medios para hacer bien las cosas, caso del famoso chalet de la calle Sextante en Aravaca, en el que un dispositivo de cámaras ultrasensibles permitía grabar a la perfección los juegos amorosos de sus ocasionales ocupantes, algunos de muy alta alcurnia.

Para más de un ex agente de los servicios, ésa era precisamente la idea que se perseguía: un trabajo de aficionados que liberara al Centro de cualquier sospecha pero que cumpliera el fin último que se perseguía: arruinar la reputación de Pedrojota borrándolo del mapa periodístico, sin que en ningún momento del proceso asomara la mano que en la distancia movía la cuna.

La Casa controló en la sombra la secuencia de hechos, monitorizó los pasos hasta la grabación del vídeo y su posterior distribución, pero «subarrendó» el trabajo, encargándolo a gente que nunca pudiera ser relacionada con ella porque ni figuraban en nómina ni habían puesto los pies en el Centro. Una cobertura casi perfecta.

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Aquélla era una buena oportunidad para iniciar esa carrera profesional que, por distintos motivos, se le había negado hasta el momento. Es verdad que se trataba de un periódico en situación apurada, «crítica» decían algunos de sus amigos, pero Alfonso Rodrigo estaba convencido de que, con muchas horas de trabajo y unos gramos de talento, su esfuerzo terminaría siendo reconocido y premiado si la empresa lograba superar sus dificultades. De modo que dijo sí, y en febrero del 97 entró a trabajar en el Ya, una cabecera histórica de la prensa madrileña y española, ligada desde siempre a la jerarquía eclesiástica y venida dramáticamente a menos en los últimos tiempos.

Aquejado por graves problemas de distribución, Alfonso se hizo cargo del departamento de suscripciones y de la venta en quioscos.

Casi inmediatamente conoció al hombre que, poco tiempo después, se iba a convertir en el objeto de sus peores pesadillas: Emilio Rodríguez Menéndez, uno de los personajes menos recomendables de la fauna abogadil madrileña. Un rábula desgalichado en la forma y oscuro en el fondo, carente de escrúpulos y sobrado de una agresividad que parece esconder algún irrefrenable complejo de inferioridad. Un fardel en perpetua cólera, siempre caminando por el filo de la navaja entre lo legal y lo ilegal, y de quien una madre respetable diría sin dudarlo que se trata de «una mala compañía».

La situación del Ya era tan desesperada que, a los quince días de entrar a trabajar, y sin tiempo material para que empezaran a percibirse los resultados de su trabajo, Rodríguez Menéndez, en cuyas manos había caído el desafortunado rotativo, le ofreció el puesto de director general. Tras rehusar en un primer momento, Rodrigo terminó aceptando el «regalo».

Inmediatamente se vio inmerso en una negociación de altura: el proyecto de fusión entre Diario 16 y el Ya, dos enfermos crónicos de la prensa madrileña, en trance de desaparición. «A principios del mes de junio, Rodríguez Menéndez me informó de la existencia de conversaciones muy avanzadas con Juan Tomás de Salas, otro espécimen de armas tomar, editor de Diario 16, para la creación de un nuevo diario producto de la fusión de los activos de ambos, cuyas cabeceras desaparecerían para dar paso al nuevo «Cambio 16, el periódico de la democracia», aunque el Ya continuaría saliendo hasta el día antes del lanzamiento del nuevo producto».

Para llevar adelante el proyecto se constituyó una comisión integrada por Ángel Campos (un tipo tradicionalmente ligado al sindicato CC.OO.), por parte de Diario 16, y el propio Alfonso Rodrigo, por el Ya. Su misión consistía en llevar a cabo un estudio técnico y de viabilidad que fuera del agrado de ambas partes. Tanto Salas como Rodríguez Menéndez, que daba por descontado que Diario 16 tenía que cerrar porque no había forma humana de mantenerlo vivo, se manifestaban decididamente partidarios de la creación de ese nuevo periódico.

En una de tales reuniones, Alfonso conoció a Rafael Vera, el otrora poderoso secretario de Estado para la Seguridad, entonces implicado hasta las orejas en el caso GAL y ahora condenado en firme tras el juicio por el secuestro de Segundo Marey, que fue presentado por el abogado Cobo del Rosal como interlocutor de Diario 16 en nombre y representación de Juan Tomás de Salas.

La aparición en escena de Vera tuvo lugar en uno de esos festejos que Rodríguez Menéndez tenía por costumbre celebrar los sábados en su casa-finca de Monte Rozas, en los que solía rodearse de amigos, colaboradores y admiradores varios, y de una cierta farándula tan antigua como la actriz porno Susana Estrada o el futurólogo Rappel, entre otros. Los peces gordos de tales cenas eran, sin embargo, los Cobo del Rosal, Rafael Vera, Jorge Argote (abogado del general Rodríguez Galindo) y ciertos funcionarios policiales con querencia a las malas compañías.

El ágape en cuestión se celebró a finales de junio del 97, «y a mí se me invitó para que escuchara, primero, y para que expusiera, después, mi criterio profesional ante Vera, Cobo y Argote, y pergeñara un informe técnico de situación y de la cuantía económica necesaria para llevar a cabo el proyecto de fusión entre ambos diarios».

La presencia de Vera no era casual. Diario 16 venía siendo utilizado en el último año por los inculpados en los crímenes de los GAL como avanzadilla, punta de lanza con la que contrarrestar la línea informativa de El Mundo, el gran causante, según ellos, de sus problemas con la Justicia. Pero, como quiera que la situación financiera del periódico parecía haber llegado a un punto de no retorno (a pesar del «oxígeno» que, de acuerdo con algunas fuentes, le habían estado suministrando los antiguos responsables del Ministerio del Interior), Vera había puesto sus ojos en el diario Ya, igualmente aquejado por parecidas apreturas financieras.

Fue Manuel Cobo del Rosal, un antaño reputado catedrático de Derecho Penal inexplicablemente embarcado en la goleta que patronea por aguas del Caribe la banda de los GAL, quien puso en contacto a Vera con Rodríguez Menéndez. Era el perfecto go-between. No hay que olvidar que Cobo era abogado de Vera y del comandante Pindado (caso Ucifa), así como del propio Menéndez, a quien había salvado de una querella de la Fiscalía por supuesto delito fiscal.

Rodríguez Menéndez ha sido utilizado con frecuencia por Cobo del Rosal, Matías Cortés (amigo y abogado de Jesús Polanco) y algún otro ilustre letrado del foro capitalino como ariete en aquellos asuntos en que era necesaria la presencia de un tipo de rompe y rasga sin ninguna clase de prejuicios. De modo que es Cobo quien orienta el trabajo de Menéndez y quien le proporciona las ideas y la munición legal en la que apoyar su trabajo de picapleitos. Menéndez siente —sentía, al menos— un respeto casi reverencial por Cobo, en tanto en cuanto encarnaba la figura del cátedro consagrado, una cota que él nunca podría llegar a alcanzar. «Rodríguez Menéndez era el perrito faldero del señor Cobo», asegura gráficamente Alfonso Rodrigo, aunque también podría ser algo más: alguien dispuesto a hacer el trabajo sucio y dar la cara en primera línea de combate.

En las cenas sabatinas de Menéndez, Cobo, que siente una animadversión radical hacia ciertos estamentos de la judicatura y de la abogacía madrileña —tal que el juez Garzón—, hablaba muy poco y se mostraba en extremo recatado a la hora de emitir opinión ante testigos. Un tipo blindado.

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Para llevar a cabo el proyecto del nuevo diario, Ángel Campos abrió una cuenta bancaria en la cual Rodríguez Menéndez se comprometió a ingresar 2.000 millones de pesetas. Pero transcurrido el mes de junio y corriendo julio desbocado, a esa cuenta no había sido transferida ni una sola peseta, cosa normal tratándose del susodicho.

Fue uno de los motivos de la ruptura de relaciones entre Juan Tomás de Salas y Menéndez. Ambos se sentaron a almorzar un día y, de pillo a pillo, terminaron tirándose los trastos a la cabeza. El picapleitos de Monte Rozas resultaba un tocino demasiado rancio para el elegante «Fantomas» De Salas, al fin y al cabo un miembro de la famosa «biutiful» que, en sus años buenos, llegó a hacerse traer desde Inglaterra el roast beef para una cena a la que iba a sentar al entonces Príncipe de España en torno a sus ilustres amigotes.

Aquella tarde, tras calificarle de «impresentable» y decirle que no le inspiraba ninguna confianza personal ni profesional, dio un puñetazo en la mesa y se largó con viento fresco, dejando a Menéndez compuesto y sin novio, y a Alfonso Rodrigo, que asistía al convite como invitado, perplejo y asustado. Con aquella novia no se podía ir al altar: le olía demasiado el sobaco.

La idea del diario conjunto se fue a tomar vientos, pero Rafael Vera no desapareció de la esfera del Ya ni de Rodríguez Menéndez. Muy al contrario, ambos parecían compartir grandes proyectos, el más llamativo de los cuales llegó a oídos de Rodrigo tras confesión directa del propio Menéndez. En efecto, el abogado le contó un día que Rafael Vera andaba metido en una operación de gran alcance, «muy interesante para nosotros», consistente en la compra de un vídeo en el que Pedrojota Ramírez aparecía practicando una serie de juegos de cama con una exuberante negrita.

Antes de llegar a las verdes praderas de Vera (un hombre que pujó fuerte por la dirección del Cesid cuando José Luis Corcuera fue nombrado Ministro del Interior, siendo apoyado en un primer momento por la propia Zarzuela) y Rodríguez, el vídeo de Pedrojota había visitado ya otras plazas. Para entonces, el Centro se había retirado a un discreto segundo plano, dejando el «negocio» en manos de segundones que nunca pudieran implicarlo en un eventual escándalo.

«Entrevista con Ángel [Patón] en la C/Fernando el Santo por la mañana y quedan por la tarde para ver peli en casa —escribe Exuperancia Rapú en su diario el lunes 24 de marzo del 97— Después le dijo que era posible hacer algo pero que se iba a Sevilla y que la semana siguiente llamaría. Se iba a Sevilla a pasar la Semana Santa».

El 31 de marzo, lunes de Pascua, la Rapú apunta: «Llama Ángel y quedan en Portobello. Aparece con un tal Agustín Valladolid, director de Interviú, que venía mandado por su jefe para visionar la peli y hablar de ella. Pero no llegó a verla porque tenía que consultar conmigo».

Y el miércoles 2 de abril: «Quedan en Portobello otra vez Ángel y Agustín. De allí vienen a mi casa y visionan la peli y Agustín se queda alucinado con ella y dice que es perfecta y que tiene que comunicarlo a sus jefes y que se pondrá en contacto. Le dice que son 500 kilos (sic)».

El jefe de Agustín Valladolid era ni más ni menos que Antonio Asensio, propietario del Grupo Zeta y presidente de Antena 3 Televisión, cadena a través de la cual iban a intentar poner el vídeo en circulación. Asensio era por aquel entonces aliado contra natura de Jesús Polanco desde el famoso «pacto de Nochebuena», y a ambos les sobraban motivos para pretender acabar con la conciencia crítica de Pedrojota Ramírez.

«Esta semana —escribe miss Rapú— se lo cuentan a Felipe González, y el viernes 4 suelta lo de los “descerebrados” y lo de “canalla” a Pedro J. Ramírez».

«Llama Agustín y queda con Ángel en el restaurante Zacarías —anota el miércoles 9 de abril—, y dice Agustín que sus jefes están de acuerdo, pero pueden dar 100 kilos más especie. La respuesta, que no».

El martes 15 de abril, la bella apunta: «Llama Agustín y queda a las ocho de la tarde en Ríos Rosas y le dice que pueden ofrecer trescientos kilos pero serían doscientos en negro y cien en blanco pero nosotros dijimos que queríamos doscientos treinta en negro y setenta en blanco. Agustín dijo que tenía que consultar».

«Llama Agustín —prosigue dos días después con su peculiar sintaxis— y quedan en calle Ríos Rosas para comer y rematar las negociaciones a las 2,30 horas. Se tira 6 horas hablando y no llegan a un acuerdo porque ofrecían 120 en negro y 180 en blanco, pero tenía mi representante consultar conmigo. A las 23 horas llama a Agustín y le da la última oferta que sería 200 en negro y 80 en blanco, sino 250 en negro total. Estamos esperando la última respuesta».

Con los traficantes de la intimidad ajena en pleno mercadeo, el martes 22 de abril, la Rapú cuenta que «llama Agustín y cita a José María para el miércoles a las 12 de la mañana en la calle Ríos Rosas 7 (Xente Joven) y que también irá otro hombre que es asesor financiero de ellos y que traerá los contratos para llegar a un acuerdo. Y luego queda con otro a peritar la película. Después de todo, le da 5 kilos a José Mª».

El esclarecido director de esta película de miedo acababa de obtener los primeros rendimientos de su fechoría: 5 millones de pesetas como adelanto. «A la madrugada se encuentra en Alcobendas edificio Gran Manzana y se dirigen a los estudios de Antena tres aparece el nuevo hombre (¿Joaquín Martorell?) y visiona la peli para confirmar la autenticidad pero el gilipollas dice no estar seguro de que no sea un montaje, vuelven a repetir la jugada y asegura que es P.J. y que la cinta no está manipulada pero que cuando habla no se le ve mover la boca. Se enfadó José Mª pero Joaquín y Agustín le dijeron que no había problema y que se llegaría acuerdo, le dieron 5 kilos y hasta mañana…».

Pero Exuperancia y su «director» se empiezan a poner nerviosos con tanta dilación. Después de un mes largo de negociaciones, la guineana escribe en su diario: «Hablo con José María y le digo que llame a Agustín y que les de 24 horas para solucionar el tema. Ya lo hizo y le dijo que había filtraciones y que estábamos mosca con el tema ya que si no tomaríamos otras medidas. Y Agustín le pidió 12 horas y que el problema era de dinero, pero lo volvería a plantear a su jefe de nuevo».

El jueves 15 de mayo, «José Mª habla con Ángel [Patón] sobre el tema y le dice que esto sonaba ya a chino, y Ángel le pide 48 horas para solucionarlo y que tenía que hablar con Filip (sic) directamente y que ya estaba bien ya de cachondeo…».

El miércoles 21 de mayo «Ángel llama a José Mª y le dice que todo resuelto y que el jueves se iban a reunir con Agustín, Joaquín, él y José Mª en Alcobendas a las once de la mañana en la Gran Manzana, el resultado fue positivo y que daban los 300 kilos pero serían 75 en efectivo, 120 en contrato laboral por 5 años y 100 en una cuenta en Andorra y nosotros aceptamos».

El jueves, 29 de mayo, «llama Joaquín para decir que hasta el lunes día 2 y que tengo yo que redactar la carta de autorización del vídeo y entregárselo y él nos daría 5 kilos luego saldríamos a Andorra. Redacté la carta el domingo noche preparé maleta para el viaje, pero el lunes día 2, a las 9 de la mañana Joaquín llama a José Mª y que se había suspendido el viaje pero que no se lo podía explicar por teléfono […] le entregó a José Mª 5 kilos y quedó en el miércoles día 4 quedaban para coger la carta y entregar 25 kilos de nuevo…».

El martes 10 de junio «llama Joaquín y le dice a José Mª que estaban pendientes de los contratos y que le mandara nuestros DNI y números de cuenta para domiciliar las nóminas que el fin de semana se zanjaría todo…».

Después de varias llamadas de Joaquín Martorell confirmando «que ya tiene el paquetón» (Rapú dixit), resulta que el martes 17 de junio todo se vino abajo. La alegría de la estrella se fue al traste. «Esperamos toda la mañana y Joaquín no llamó hasta las tantas para decir que la operación se había echado (sic) para atrás hasta nuevo aviso. Ya te puedes imaginar el cabreo que cojimos (sic) después de haber alquilado cajas fuertes en el banco. Encima da la casualidad de que ese día tenía yo hora para hacerme la liposucción y lo tuve que suspender. Se tiraron toda la semana haciendo el indio…».

El martes 24 de junio, Exuperancia ofrecía en su diario una de las claves de la operación: «Joaquín llama a José Mª y le dice que todo está paralizado hasta nueva orden. Resulta que hablo con Ángel y como esa noche había una entrevista en Antena 3 con Felipe González quedo en ir con él para poder hablar Ángel con Felipe para comunicarle que habían echado la operación atrás y me dijo que estuviera a la hora de la entrevista que sería a las 9,30 noche. Se fue a Antena 3 pero resulta que Ángel no pudo hablar con Felipe porque iba con otros guardaespaldas que no lo dejaron…».

De manera que Ángel Patón, el hombre que había trabajado durante años muy cerca de Felipe González en Moncloa, tenía que comunicar a su ex jefe que «habían echado la operación atrás…». ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver González? ¿Estaba el ex presidente al tanto de la trama?

He aquí un personaje cuya presencia en la operación permite deducir la participación activa del felipismo en la misma: nacido en Cuenca hace cincuenta años, Ángel Patón Gómez ha desarrollado toda su actividad profesional a la sombra de Julio Feo, ex secretario general de la Presidencia del Gobierno, amigo personal de González y el hombre más poderoso del entorno de Moncloa hasta su dimisión en junio de 1987.

El propio Patón trabajó en Moncloa, donde entró de la mano de su amigo, entre enero del 83 y enero del 89. Feo, en su libro Aquellos años (Ediciones B, 1993), escribe: «Ángel pertenecía al partido, y yo necesitaba una persona de mucha confianza en Moncloa». Sin cargo especifico, simplemente a sus órdenes, Ángel entró para formar parte de esa brigada de «fontaneros» encargada de lo que el propio Felipe describió como «las alcantarillas» del Estado.

Una de las funciones del «fontanero» Patón era actuar de enlace entre Julio Feo —su jefe directo—, el Cesid y la oposición. De hecho, Ángel, bachiller superior, llegó a convertirse en un alumno aventajado de los métodos y sistemas de los servicios de información. Así hasta convertirse en un «superfontanero» como mano derecha del propio Felipe González en lo que se llamó la Unidad de Apoyo al Presidente, cuyo despacho distaba apenas veinticinco metros del de Patón.

En abril del 87, Patón alcanzó el nivel 28, uno de los más altos de la Administración, como «consejero técnico». Tras la marcha de Feo, Patón siguió desempeñando sus funciones hasta enero del 89, pasando a depender directamente de Piluca Navarro, secretaria personal de González. Al dejar Moncloa, Patón volvió al despacho privado de su patronsito, a cuya vida sigue estrechamente ligado. De hecho, Patón figura como administrador único de la empresa Consultores de Comunicación y Dirección, la primera sociedad montada por Feo tras su salida de Moncloa.

Alfonso Rodrigo tropezó con Ángel Patón en el bufete de Rodríguez Menéndez en la calle Pinar, «al menos en un par de ocasiones», a primeros de septiembre del 97, haciendo antesala en espera de ser recibido, «lo que pasa es que, hasta que no vi su foto en El Mundo, pensé que era un cliente más del abogado». ¿A quién representaba Ángel Patón en la operación del vídeo de Pedrojota? ¿Por cuenta de quién trabajaba?

* * *

Fue precisamente González quien puso a José Luis Corcuera al corriente de lo que estaba ocurriendo.

—¡Pero no me digas que no sabes nada cuando ha sido un chico tuyo el que ha estado metido en esto!

—¿Quién?

—Pues el que tenías en el Ministerio de jefe de prensa.

—¿Agustín Valladolid? —preguntó un Corcuera que no salía de su asombro.

—Ese mismo.

—¡Qué cabrón, no me ha dicho nada y he comido con él veinte veces!

El ex ministro del Interior, ajeno a la operación, se enfadó con Valladolid temiendo que, si un día llegara a estallar el escándalo, Pedrojota le adjudicara la paternidad de la misma.

Valladolid, entonces director de Interviú y ahora de la revista Tiempo, ha reconocido, cumpliendo órdenes, haber mantenido negociaciones con Patón y Cantalejo para la compra del vídeo. El periodista asegura que a mediados de abril recibió una llamada de un tipo que dijo llamarse José María para ofrecerle un material muy sensible sobre una persona relevante. A la cita subsiguiente se presentaron Patón y Cantalejo. Valladolid, tras recibir el O.K. de Asensio para negociar, comprobó la mercancía en el pase privado que tuvo lugar en el domicilio de la Rapú en Sor Ángela de la Cruz. Jamás un par de entradas de cine costaron tanto dinero: 5 millones de pesetas.

Tras cuatro meses de tira y afloja, en los que Valladolid estuvo acompañado por Joaquín Domingo Martorell (ex comisario de policía) por parte de Antena 3, Asensio rechazó pagar los 300 millones que le pedían, atendiendo a unas razones morales en las que hasta entonces no había reparado.

La «conexión Zeta» embarrancó definitivamente el miércoles 23 de junio. «Llama Agustín por la mañana para decir que tenía los 5 kilos y quedo con José Mª en el Vips de O'donnell a las 6,30 tarde y se lo entrego, y que todo quedaba pendiente para septiembre, y poco después dimite y vende sus acciones de Antena 3 TV el cabrón de Asensio».

Tiempo después, y en una de las cenas de finales del verano en Monte Rozas, Rafael Vera contó a Javier Bleda, ex director del Ya, que Sánchez-Cantalejo y la Rapú habían sido objeto de un fraude que podría figurar por derecho propio en las mejores páginas de la literatura picaresca española: con la excusa de que necesitaban aparatos más sofisticados para hacer las comprobaciones oportunas sobre la autenticidad del vídeo, aceptaron ir a Antena 3 para hacer un visionado de éste a cambio de 5 millones de pesetas, sin sospechar que lo que les iban a hacer era una copia de la cinta. «Por eso Asensio rompió el trato y dijo que no le interesaba seguir negociando», aseguró Vera.

Había, sin embargo, razones de más peso para ese cambio de actitud. En torno al mes de junio, Asensio había empezado a negociar con Telefónica la venta de los derechos del fútbol propiedad de GMAF, una de las instrumentales del editor, negociación que terminaría con la venta de la propia cadena, y el catalán, conocedor de las magníficas relaciones existentes entonces entre Juan Villalonga y Pedrojota, decidió levantar el campo a toda prisa. El vídeo había rodado demasiado por Antena 3, y dos de sus chicos, Martorell y Valladolid, habían efectuado entregas de dinero en metálico a los propietarios de la cinta, por lo que el peligro de verse involucrado en el montaje era muy grande. Asensio ordenó el toque de retreta, intentando borrar aceleradamente las huellas de su participación en uno de los episodios más nauseabundos de la democracia española.

Pero, mientras Agustín Valladolid negociaba con Cantalejo, Patón y demás familia, alguien se había mantenido agazapado como un felino dispuesto a saltar sobre su presa al menor descuido. Se trataba de Rafael Vera, un hombre que, al tanto de los avatares de la negociación, esperaba su oportunidad para intervenir. Tuvo suerte. Cuando a finales de junio se rompieron las negociaciones, Patón entró en contacto con la banda de los GAL. Ellos podían estar dispuestos a pagar el peso de Exuperancia Rapú en oro.

Fue así como a la vuelta de las vacaciones, que la bella disfrutó en su Guinea natal, la negociación para la explotación comercial del vídeo de Pedrojota experimentó un giro espectacular: «José Mª queda con Agustín en la cafetería Riofrío —dice Miss Rapú en sus memorias—, con quien habla del tema y Agustín le dice que su gente ya no están interesados por el asunto. José Mª le dijo que de acuerdo, pero había que hacer un finiquito con nosotros de 30 kilos o como mínimo de 25 kilos. Cosa que le pareció razonable y que lo iba a transmitir a su jefe. Alguien le dijo a José Mª que un tal “Emilio” se pondría en contacto con él por la tarde para hablar del tema, pero que tuviera mucho cuidado porque esos heran (sic) peligrosos porque son del GAL. A la tarde llamó el tal Emilio a José Mª , le citó en Zacarías a las 21 horas. Hablaron del asunto. José le dijo que eran 300 kilos…».

«Emilio» era el alias de José Ramón Goñi Tirapu, ex gobernador civil de Guipúzcoa. Las cosas iban a ir ahora muy deprisa. La banda de los GAL creía haber encontrado un filón y tenía prisa por explotarlo.

El martes 23 de septiembre, miss Rapú escribe en su diario que «Emilio llega a Zacarías a las 8:30, habla del tema y José le dijo que seguían siendo 300 kilos. Que se lo comunicara a su jefe otra vez. Y volvieron a quedar el jueves en Oliveri».

El jueves, 25 de septiembre «se encuentra Emilio y José Mª van a cenar y se tiran 6 oras (sic) hablando del tema y quedan en que tiene que verlo pero con la condición de que paguen 10 kilos por ver, Emilio acepta pero dice que lo tiene que ver con otra persona. José Mª acepta y queda en el sábado».

El sábado, 27 de septiembre, iba a ser día de «estreno» para una superproducción de porno doméstico. «José Mª va al hotel Aitana, alquila una habitación la 703 a nombre de una empresa llamada Autom S.L. con sede en Valencia C/Viriato. A las 6:30 llega a la habitación el hombre misterioso que se hacía llamar [Emilio] y el verdadero Emilio Menéndez Rodríguez (sic) que dice ser el presidente del Ya y abogado del Nani y hablan del asunto y quedó en no visionar el vídeo en ese momento. Que él prefería verlo el lunes y cerrar el trato. Que le ofrecía 200 kilos en efectivo. Y se quedó en que 100 kilos serían en contrato de 5 años de duración pero que el lunes iba a confirmarlo a las 10 de la mañana y se haría la entrega a las 11:30 en el mismo hotel». El diario El Mundo estaba a punto de explotar la traca.

Ese día Exuperancia escribe en su diario: «Llama el Emilio falso para decir que la entrega se había aplazado hasta el martes. José Mª quedó con él ese mismo lunes para aclarar el motivo. Resultó ser que el idiota de Asensio había informado a Emilio Rodríguez que el vídeo era una castaña. Entonces José Mª le dijo que llamara a Rodríguez para saber si el martes se cerraba el trato o no, y así lo hizo el falso llamó a las 2:30 de la madrugada para decir que quedaba el martes a las 2:15 de la tarde para visionarlo y si era bueno vendría el Rodríguez con el paquetón».

Miss Rapú explica las emociones de aquel martes 30 de septiembre de esta guisa: «Pero no fue así nos habían traicionado llamó Antonio Rubio del Mundo a José Mª diciéndole que sabían todo lo que tramaban». Menos de cuarenta y ocho horas después, Exuperancia Rapú y su vigilante jurado, con parte de los 50 millones que, calentitos, acababan de recibir de la banda de los GAL en el bolsillo, empezaban su periplo por las calientes aguas del mar Caribe.

* * *

Las cenas en la mansión, estilo Falcon Crest, de Rodríguez Menéndez en la calle Salónica de Monte Rozas siguieron pujantes a lo largo del verano y el otoño del 97. Se trata de una finca valorada en más de 500 millones de pesetas, con coches de gran cilindrada en el garaje, mucho servicio, veterinarios y cuidadores… «Antes de la cena —asegura Javier Bleda—, Rodríguez solía encabezar un paseo con sus invitados por la gran parcela para admirar los animales que mantiene en cautividad en su pequeño zoo, una pareja de osos pardos, tigres, leones, gamos, monos, canguros enanos, búhos reales, una piscina con cocodrilos y hasta una réplica del arca de Noé bautizada con el nombre de «el arca de Emilio» que sirve, de casamata para varias parejas de pavos reales».

Juan Tomás de Salas había salido ya de estampida, pero allí permanecía Rafael Vera, fondeado en la rada de un hombre poco recomendable pero que, a la sazón, era dueño y señor de un medio de comunicación que él necesitaba de forma perentoria para defenderse del sumario de los GAL.

Si lo que Vera, Tirapu y demás familia buscaban estaba claro, ¿qué es lo que perseguía Rodríguez Menéndez? Acostumbrado a lidiar con los bajos fondos, el abogado se vio de pronto rodeado por gente de mucho pedigrí. Los medios de comunicación habían difundido su imagen en una cena-homenaje ofrecida a José («Pepe») Barrionuevo, en la que el abogado/editor aparecía sentado, codo con codo, con el ex ministro, más Jorge Argote, José Luis Corcuera y Rafael Vera, nada menos que el hombre encargado durante años de velar por la seguridad de los españoles. Es verdad que estaban en un apurillo, cierto, había veintiocho cadáveres sobre la mesa, pero eso eran gajes del oficio, porque si Vera, Barrionuevo y los suyos salían bien librados de la prueba judicial, el botín podía ser cuantioso, sobre todo teniendo en cuenta que tras Vera y compañía se encontraba el gran chamán González vigilando todo el proceso.

Para un perro sin collar como Menéndez, eso significaba que por fin había conseguido entrar en ese restringido círculo de socialistas con mando en plaza, gente que, en el futuro, podía pagarle el favor con creces. El atrabiliario abogado sentía, pues, que estaba «sembrando», y que ya llegaría el momento de recoger la cosecha, que no era otra cosa que dinero, porque lo que Emilio Rodríguez Menéndez buscaba, entonces y siempre, era dinero.

En esos encuentros nocturnos junto a la piscina se pasaba exhaustiva revista a los procesos penales en curso. Tema recurrente de conversación era la felonía que el Gobierno, la Justicia y la prensa crítica estaban cometiendo con «los patriotas de los GAL», gente que sólo había pretendido poner en su sitio a «los asesinos de ETA», metiéndoles por primera vez el miedo en el cuerpo. Para Menéndez, era «una injusticia radical que un hombre como Vera, que tanto había hecho por la democracia, se viera en ese trance, procesado y acusado de secuestro y asesinato».

Con menos romanticismo se hablaba de «pasar el muerto» de los GAL a Damborenea y a Sancristóbal, de manera que Vera y su gente quedara exonerada de responsabilidades. Rodríguez lo intentó mediante una nueva confesión de los mercenarios Daniel Fernández Aceña y Juan José Rodríguez Díaz, «el Francés», una pareja nada recomendable que pasó por la redacción del Ya y por su propio despacho de la calle Pinar realizando dos declaraciones distintas, según testigos presenciales. En la primera echaban toda la leña al fuego de Damborenea, Sancristóbal, Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo, mientras que en la segunda, manuscrita, grabada y guardada en la caja fuerte del editor, cargaban la mano de la guerra sucia sobre Vera, Barrionuevo y el general Galindo. «Es mi seguro de vida por si Vera y compañía me dejan un día tirado», aseguraba a sus íntimos Rodríguez Menéndez.

Un enemigo irreconciliable del «club de Monte Rozas» era el juez Baltasar Garzón, a quien trataban de desprestigiar con la misma saña que a Pedrojota. Lo intentaron a través de Manuel Pascual Villa, un narco condenado por tráfico de estupefacientes y habitual confidente policial. Villa estaba dispuesto a sostener, contra el pago de 2 millones de pesetas, que el juez Garzón le pagaba sus confidencias con droga, una verdadera bomba de relojería instalada en los bajos del juez.

A Baltasar Garzón, como a Pedrojota, también intentaron montarle un numerito «sexual», sacando a escena, esta vez, a un curita homosexual de Jaén con el cual supuestamente habría mantenido relaciones en su juventud. Asimismo, el «testigo protegido» en el caso del vídeo de Pedrojota aseguró en su día ante el juez que investigó los hechos que Rodríguez Menéndez se jactaba de tener en su poder fotos de Garzón esnifando cocaína en compañía de chicas de vida alegre. Ni el mejor guionista de Hollywood hubiera podido imaginar historias más sórdidas que las urdidas por la banda de los GAL y sus cómplices para eludir sus responsabilidades.

Como si no terminara de fiarse de un partenaire tan peculiar, Vera mantenía una actitud de calculada prudencia durante las cenas en casa de Rodríguez Menéndez. De hecho, era el anfitrión quien sacaba los temas a debate, se explayaba y desparramaba ante la incredulidad de un Vera reservón que a veces reprendía:

—Eso que estás diciendo es poco inteligente, Emilio.

Era como si este hombre de inteligencia fría fuera plenamente consciente de la dificultad de «hacer carrera» con tan peculiares aliados como el destino había puesto a su lado. Necesitado de alguna ventana mediática desde la que poder influir sobre los jueces (el fiscal le había pedido veintitrés años de cárcel), enviar sus mensajes y contrarrestar la pésima imagen pública que El Mundo le había procurado, no tenía, sin embargo, mucho donde elegir. Rodríguez Menéndez, caído sobre el histórico Ya como las siete plagas de Egipto, era el único dispuesto a poner a su disposición un medio de comunicación. Se trataba de un Ya en estado agónico, que habría que mantener con vida hasta que los tribunales dictaran sentencia en los distintos sumarios del caso GAL, pero en el que él iba a poder decir todo cuanto se le antojara.

Eso significaba que habría que «aflojar» la mosca, y sacar a relucir parte del botín procedente de los famosos «fondos reservados» de Interior. En las cenas de Menéndez se hablaba de una cantidad inicial de 200 millones de pesetas como mínimo imprescindible para dotar al diario de esa distribución a nivel nacional de la que carecía y de unos contenidos básicos de los que igualmente adolecía. Javier Bleda, su director, que cada sábado renovaba su compromiso de fidelidad con la línea editorial ultramontana que venía manteniendo el rotativo, podía seguir escribiendo sus incendiarios artículos, pero no hacer milagros: para poder competir con El Mundo era necesario contar con una redacción mínimamente solvente, y para eso hacía falta dinero.

Rodríguez no se cansaba de decir ante su consejero delegado, Alfonso Rodrigo, y ante quien quisiera escucharlo, que «ese dinero lo va a poner el PSOE, que va a ser el encargado de financiar ese periódico, dada la necesidad real que tiene de contar con un medio a su entera y total disposición». Algunas veces, y ante todo tipo de testigos, introducía una ligera matización: «El dinero lo va a poner Vera, pero detrás está el PSOE».

El propio Bleda, que acabaría igualmente denunciando la trama, asegura que «un día de finales del otoño, después de asistir a la reinauguración del hotel Palace de Madrid, fui a cenar a casa de Rodríguez Menéndez con Vera, el general Sáenz de Santamaría, Cobo y Argote, entre otros. Allí me anunció Vera que Felipe —cuya vuelta a la cúpula del PSOE era inminente, después de «sacrificar» a Almunia— ya había dado orden de que se diera cobertura financiera al Ya y que se estudiase el presupuesto necesario para su difusión nacional. A tal efecto, el director general, Juan de Justo, ex secretario de Vera y abogado del despacho de Argote, estaba preparando una auditoría de la empresa para entregársela a Rubalcaba como paso previo a la entrada del PSOE».

Además, el Ya iba a poder contar con ayudas indirectas muy significativas. Así, Rafael Vera comunicó a Menéndez que, a partir del mes de noviembre, el periódico iba a recibir la publicidad de Canal Plus y Canal Satélite Digital que hasta el momento había estado apareciendo en Diario 16, de modo y manera que el señor Polanco y su Grupo Prisa iban a poner su granito de arena en apoyo de la estrategia judicial de Vera y en la operación de distribución del vídeo de Pedrojota.

* * *

Fue en la tercera de las cenas veraniegas, último fin de semana de septiembre, a las que asistió Rodrigo en Monte Rozas, al lado de los inevitables Vera, Cobo y Argote, cuando el abogado/editor destapó la caja de los truenos poniendo a su subordinado al corriente de la «operación vídeo». Ante un Vera receloso por la presencia del joven, Rodríguez dejó correr su euforia estival:

—¡Con el arma que tenemos, Pedrojota nos dura medio asalto! ¡En cuanto nos hagamos con el dichoso vídeo ese cabrón es hombre muerto!

—Pero oye, Emilio, ¿qué tonterías estás diciendo?

—Nada, hombre, tranquilo, que éste es de mi total confianza. Fíjate si lo será que va a ser el encargado de la logística del vídeo.

El secretario de Estado para la Seguridad se mostró, sin embargo, mucho más confiado con Javier Bleda, a quien, en un aparte, confirmó su interés por el vídeo de Pedrojota. En su opinión, ése podía ser un golpe definitivo para el director de El Mundo, al mismo tiempo que un aviso para otros periodistas y jueces.

«Vera me dijo personalmente que había que allanar el camino a los miembros de la judicatura partidarios de saldar el tema GAL cuanto antes, y para ello nada mejor que “revolucionar” el país quitando de en medio civilmente a varios periodistas y jueces que lo estaban complicando todo. Eso, junto con el escándalo que pensaba montarles a Antonio Herrero y al juez Manzanares a propósito de unos terrenos en Marbella, con documentación que iba a aportar Menéndez, sería el pistoletazo de salida de una operación cuya finalidad era desestabilizar el país y alarmar a la opinión pública».

Vera apuntó en esa cena al ex gobernador civil de Guipúzcoa, Goñi Tirapu, igualmente incurso en el caso GAL, como su «hombre para todo» en la «operación vídeo», con el encargo de visionar, comprar la cinta y, sobre todo, controlar de cerca a Rodríguez Menéndez.

El antiguo secretario de Estado para la Seguridad seguía sin fiarse de Rodrigo, a pesar de que la confianza de Menéndez en su subordinado era tal que allí mismo, bajo la elegante carpa montada junto a la piscina iluminada, le ordenó que mirara su agenda y reservara una fecha concreta, «porque ese día te vas a venir conmigo a una cena que voy a tener con Felipe González y Pérez Rubalcaba». Llegado el día fijado para el convite, Rodrigo no recibió la menor indicación al respecto, ni se atrevió a pedir explicaciones, pero Rodríguez, que dijo haber acudido acompañado por Cobo del Rosal, presumió a discreción de que la cena con el ex presidente y el Rasputín del socialismo hispano se había celebrado.

¿Cómo se iba a financiar la compra del vídeo y su posterior comercialización? En el éxito de esa operación había puestas muchas esperanzas, tantas como obtener de ella financiación suficiente para mantener vivo el pulso del Ya. Pero para que ese cuento de la lechera ultramontano fuera posible era necesario, además, que alguien efectuara un desembolso inicial importante, y era entonces cuando saltaban chispas entre los alegres camaradas de la banda. Aquella noche, Rodríguez Menéndez se encaró con Vera, «ya es hora de que te mojes el culo», recordándole que, además de los 200 millones del vídeo, tenía que hacer efectivo de una vez el capital que había prometido (otros 200) para hacer posible el relanzamiento del Ya. En el entorno de Menéndez nadie puso nunca en duda que el dinero necesario para financiar la compra del vídeo fue aportado por Vera.

Y es que en cuestiones de dinero Rodríguez Menéndez no era precisamente la madre Teresa de Calcuta. «Me hizo saber que él iba a asumir todo el protagonismo en la operación —asegura Alfonso Rodrigo—, entre otras cosas porque tenía comprado al dueño del vídeo, un tal Sánchez-Cantalejo —que le había sido presentado por Vera—, al que pensaba despachar con 50 millones de pesetas para quedarse él con los 150 restantes».

El 30 de septiembre, Goñi Tirapu y Rodríguez Menéndez alquilaron la habitación número 703 del hotel Aitana, en el paseo de la Castellana de Madrid, al objeto de visionar la cinta. El encargado de la recepción reconoció ante la Policía a Rodríguez Menéndez como la persona que subió a la citada habitación, alquilada a nombre de un tal señor Sánchez Docio, apellido de la mujer de Sánchez-Cantalejo. Empleados del hotel aseguraron haber retirado una cama de la habitación para habilitar el espacio necesario para la proyección. «Menéndez llegó provisto de una pistola que le había facilitado el mercenario apodado “el Francés” por si tenía problemas, mientras que Tirapu lo hizo acompañado por dos agentes de la Seguridad del Estado como escoltas».

La llamada de Antonio Rubio obligó a los pájaros a levantar precipitadamente el vuelo. El contacto entre Tirapu, Menéndez y Sánchez-Cantalejo volvió a repetirse el miércoles 1 de octubre, aunque en esta ocasión cambiaron de hotel.

En uno de los pases de la «peli», don Emilio, un angelito, intentó montar un sistema de grabación para, desde una segunda habitación contigua alquilada al efecto, «piratear» las imágenes que se estaban proyectando en la primera, lo cual podía permitirle quedarse con la cinta sin pagar un duro y embolsarse los 200 millones aportados por Vera y Cía.

El material acumulado por la banda, desde el famoso vídeo hasta las declaraciones amañadas de Aceña y «el Francés» en torno a la paternidad de los GAL, iba a ser publicado por entregas en un nuevo diario, intitulado Hoy Madrid, cuyo lanzamiento estaba siendo ultimado por Menéndez. Del vídeo, que iba a ser distribuido juntamente con el diario como si de un clásico del cine se tratara, se iban a efectuar 200.000 copias.

Tanto a Aceña como al «Francés» se les prometió un sustancioso dinero. El primero iba a cobrar un millón de pesetas por capítulo (hasta un total de cuatro), mientras que con el segundo se contrató una cifra cerrada de 31 millones de pesetas. Al final, y como de costumbre, ambos se tuvieron que conformar con una miseria: hotel, gastos de desplazamiento y 25.000 pesetas como minuta por cada uno de los días que permanecieron en Madrid. Menéndez era un lince.

* * *

El 2 de octubre del 97, El Mundo, con gran alarde tipográfico, daba cuenta de la trama mafiosa montada por la banda de los GAL para desprestigiar a Pedrojota. La publicación surtió el efecto de una bomba entre los aludidos. Tras la consiguiente desbandada, unos y otros se culparon de la filtración. Los hombres de Vera acusaron a Menéndez de ser «un bocazas, con quien no se podía ir ni a la esquina». En presencia de la Rapú y Cantalejo, Ángel Patón realizó una llamada telefónica a Rafael Vera, quien les ordenó «quitarse de en medio».

En la agenda de Rodríguez Menéndez figuraba un almuerzo con Jesús Polanco para el día 4 de octubre en el restaurante Teatriz, que el poderoso editor suspendió de inmediato alegando una excusa trivial. Asustado por las consecuencias, incluso penales, que pudieran derivarse de la trama revelada por El Mundo, el cántabro decidió poner tierra por medio y no mezclarse en absoluto con Menéndez.

La secretaria de Rodríguez intentó en días sucesivos y de manera reiterada —hasta en una docena de ocasiones— fijar una nueva fecha para el encuentro con Polanco. El picapleitos pretendía amarrar al menos la promesa de ayuda publicitaria que, a través de Vera, le había sido adelantada de parte del amo de Prisa, pero la secretaria del cántabro daba largas una y otra vez, «la agenda del señor Polanco está muy apretada». El Grupo Prisa estaba dispuesto a aplaudir frenéticamente cualquier desgracia que le aconteciera a Pedrojota Ramírez (como se encargó de atestiguar el ruin tratamiento informativo otorgado al «vídeo sexual de Pedro J.», compendio del mejor cinismo de la casa), pero siempre tendría buen cuidado en no verse mezclado con tipos del caletre de Menéndez. Parece, por otra parte, que algunas personas muy significadas del entorno de Polanco depositaron, a título personal, su óbolo para apoyar la compra del vídeo.

Las alimañas, sin embargo, no estaban dispuestas a soltar su presa, hasta el punto de que la iniciativa de El Mundo no hizo sino acelerar la operación.

Para entonces, Sánchez-Cantalejo y Rapú ya habían abandonado Madrid camino de Tenerife, desde donde, dos días después, darían el salto a Caracas, Venezuela, pasando a continuación a disfrutar de las bellas playas de isla Margarita, en el Caribe, y de Trinidad y Tobago, desde donde emprendieron el camino de regreso a España. En total, veinticinco días de viaje turístico.

Unos días después de la huida de la pareja, la banda inició la distribución del vídeo por correo, que se acompañaba con la mencionada carta autógrafa de miss Rapú como ilustrativo anexo.

El domingo 26 de octubre, semana y pico después de la distribución del vídeo, y visto que el escándalo, como esos obuses que, disparados, no llegan a estallar, parecía haber entrado en vía muerta, Rodríguez Menéndez decidió explotar la bomba en las páginas del Ya:

«El presunto vídeo de Pedro J., al descubierto.

»Con la advertencia a nuestros lectores de que las imágenes pueden herir su sensibilidad, en las páginas interiores publicamos fotografías del presunto vídeo de Pedro J. Ramírez, que ha llegado a esta redacción, como a otros muchos medios de comunicación y diversas personalidades, habiendo intervenido eventualmente un juzgado en el servicio de Correos para evitar la distribución de los sobres que contenían dicha cinta […]. Una carta manuscrita de la protagonista de las escenas relata que las imágenes y conversaciones que aparecen son verídicas».

Pero Menéndez no se sentía feliz, escandalizado («Honor y deshonor de los poderosos», titulaba su deposición al respecto) porque quienes podían dar publicidad al asunto hubieran «establecido la censura vetando cualquier referencia al ya famoso vídeo sexual». El simpático Menéndez quería ver el vídeo de Pedrojota en primera página de la prensa y abriendo los telediarios y noticieros radiofónicos. «Rotundamente debemos decir —aseguraba muy irritado— que no queda prensa independiente en nuestro país: sólo El País y nosotros, y no lo decimos a bombo…».

El «diario independiente de la mañana», en efecto, se había apuntado con fruición a la causa de Menéndez, aludiendo de forma reiterada al «vídeo sexual de Pedro J. Ramírez». Las relaciones de don Emilio con Matías Cortés y Jesús Polanco eran ya un secreto a voces. El estrafalario abogado se sentía tan editor como el propio Polanco y, contando con los buenos oficios de Cortés, pretendía ir de su mano en una amplia gama de negocios. De momento, y que se sepa, sólo han ido juntos en la tarea de acabar con la carrera del juez Javier Gómez de Liaño, en cuya causa ambos compartieron honores de querellantes.

El reportaje central del Ya de aquel domingo, 26 de octubre, consistía en una doble página donde un tal «José de Zor, investigador» aseguraba en gruesos titulares que «el Rey Juan Carlos es masón». El viejo diario católico, en manos de la extrema derecha, disparaba contra todo lo que se movía.

* * *

El viernes 7 de noviembre, la juez Ana Revuelta, titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, acordó el ingreso en prisión sin fianza de Exuperancia Rapú, acusada de un delito de descubrimiento y revelación de secretos tipificado en el artículo 197 del Código Penal, y unos días después prohibió «la publicación de cualquier otro fotograma o imagen referida al vídeo objeto de las diligencias previas» abiertas en dicho Juzgado.

El encarcelamiento de miss Rapú sentó como un tiro en las filas del PSOE, que vieron en la medida un intolerable ataque a las libertades. El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, se mostraba alarmadísimo: «Lo que de verdad da miedo es la respuesta del Estado: juez, fiscal general, Policía, para ponerse a la tarea y a la orden del señor Ramírez. Se reimplanta la censura previa. Se interviene la correspondencia. Se decreta prisión sin fianza para Exuperancia…».

El «progre» Leguina publicaba su artículo, como no podía ser de otro modo, en las páginas de El País, lo que para los de la calle Miguel Yuste tenía la ventaja de poner en boca ajena lo que ellos no se atrevían a decir por propia. Con la precisión que caracteriza a tamaño bergante, Leguina llegó a acusar a la juez Revuelta de ser hija de un trabajador de El Mundo, voilà la conexión pedrojotista. Luego se aclaró que el padre de la juez era secretario judicial y jamás había trabajado en periódico alguno.

A Leguina, como a tantos otros personajes adscritos a la causa felipista, les importaba un rábano la libertad de doña Exuperancia. Lo que les preocupaba era que la guineana se asustara en la cárcel, se dejara presionar y terminara «cantando» lo que sabía.

Tampoco Manuel Cerdán y Antonio Rubio pudieron entender por qué la habían detenido. O lo entendieron demasiado bien. Durante su periplo sudamericano, el Ministerio del Interior había seguido de cerca la pista a una mujer que viajaba con sus fantasmas a bordo, empeñada en una huida con billete de vuelta, monitorizando sus llamadas a España, llamadas a su médico, a su masajista, a su amor perdido en Alicante…

En realidad, la Rapú y su atrabiliario acompañante podrían haber sido detenidos al poner pie en Barajas. Cerdán y Rubio anhelaban que no fuera así, porque sabían de sobra que la negrita, ansiosa por reubicarse después de tan larga ausencia, les iba a ir «marcando» uno tras otro a todos los componentes de la trama mafiosa, ayudándoles a completar la investigación emprendida. La pareja de sabuesos periodísticos esperaba asistir en la sombra al reencuentro, tras un par de días de descanso, de Rapú con Cantalejo; de Cantalejo con Patón; de Patón con Goñi Tirapu, y de Goñi con Vera. Una secuencia que hubiera dado la medida exacta de la operación.

Pero una mañana, cuando apenas habían empezado a seguirla, los periodistas fueron testigos desde su coche de cómo la Policía Judicial se abalanzaba sobre ella en plena calle y la detenía, frustrando sus expectativas. De unos treinta y cinco años, chaparrita, gruesos labios pintados de carmín rojo, nariz chata, ojos azules por efecto de las lentillas y trasero ancho como criba de batear, vestía unas mallas muy ceñidas y zapatos de gamuza azul con tacón alto, a lo Ava Gardner, pelo negro trenzado en unas muy trabajadas coletillas afro, una blusa de generoso vuelo para tapar sus exuberantes formas recién liposuccionadas en la Clínica La Luz y una chupa azul, tipo tejana, por encima. Sin oros de ninguna clase. Negrita como la noche. Una mujer lista, con un delicioso castellano ligeramente arcaizante, herencia, seguramente, del colegio de monjas de su Guinea natal, capaz de mantener el tipo sin pestañear ante el más pintado.

Dos manzanas mas allá, y contemplando también la escena, se encontraba Sánchez-Cantalejo, con quien la guineana iba a reunirse. Alguien interesado en abortar esa estrategia se había ido de la lengua, pasando la información a la Policía Judicial.

Inmediatamente se perdió la pista del autor material de la grabación. Localizado al poco tiempo en su domicilio, la juez Revuelta ordenó días después y por sorpresa que se levantara la vigilancia a que estaba sometido. Cuando, el sábado 21 de noviembre, la misma juez se atrevió por fin a dictar orden de detención contra él, el pájaro había volado.

Como no hay mal que por bien no venga, en la cárcel Rapú se avino a contarlo todo con pelos y señales, proceso en el que desempeñó un papel decisivo su antiguo novio, residente en Alicante, que la convenció de la necesidad de colaborar con la Justicia. Tanto ascendiente demostró sobre ella que fue capaz de resistir las presiones de un Rodríguez Menéndez que la visitó reiteradamente en la cárcel, su especialidad, para que lo designara como su abogado. Pero cuando la negrita estaba dispuesta a cantar de plano fue puesta en libertad casi por sorpresa.

El viernes 14 de noviembre, la Junta de Fiscales de Madrid, presidida por el conspicuo felipista Mariano Fernández Bermejo, había pedido la libertad de Rapú por considerar excesiva la aplicación de la prisión preventiva, criterio, por cierto, que había defendido la representación legal de El Mundo. Pero el fiscal Bermejo se llevó una sorpresa porque, en lugar de salir pitando y, tras reclamar su parte en el botín, poner tierra por medio, como seguramente esperaban quienes tan interesados estaban en verla en la calle, Rapú se fue derecha a prestar declaración, poniendo en evidencia la operación más sucia de la corta historia de la democracia española.

La misma mañana del sábado 15 en que fue puesta en libertad sin fianza, Exuperancia Rapú declaró durante cinco horas ante la juez Revuelta, dejando a los pies de los caballos a Vera, Goñi Tirapu y Rodríguez Menéndez, entre otros.

Algunos, sin embargo, se salvaron de la quema. En una Justicia infiltrada hasta el tuétano por el felipismo había demasiados intereses, y muy poderosos, en echar tierra sobre el asunto. «No podemos con esa trama —aseguraba un descorazonado Manuel Cerdán—, porque a nadie le interesa que esto se investigue hasta el final. ¿Qué hacían dos periodistas de El País asistiendo todos los días a las declaraciones de Exuperancia, hablando con abogados, entrando y saliendo de los despachos de la Audiencia Nacional y sin publicar una sola línea? Estaban, sencillamente, tratando de saber si el nombre de Polanco, y el de alguno de sus más ilustres letrados, iban a salir a relucir por boca de la guineana».

Pero su abogado le recomendó que no se complicara la vida, que contara lo básico, sin dar detalles de ninguna clase y sin citar los nombres de quienes supuestamente habían contribuido con su generoso óbolo a la compra del vídeo, porque «si lo cuentas todo van a ocurrir dos cosas: que nadie te va a creer y, además, te van a machacar».

* * *

La Rapú señaló sin dudarlo a Ángel Patón como el coordinador de toda la operación y puente entre Rafael Vera y Sánchez-Cantalejo.

Dueña de una pequeña discoteca y manager de varios músicos guineanos que intentan ganarse la vida en Madrid, Exuperancia contó ante la juez que Cantalejo y Patón la habían convencido el mes de mayo anterior para que dejara su piso en Sor Ángela de la Cruz y se trasladara a General Yagüe.

Para convencerla de la necesidad de cambiar de casa, la asustaron diciéndole que su vida podía correr peligro cuando empezara a difundirse la cinta. En realidad, se trataba de mantenerla controlada mientras durara la negociación de la compra/venta del vídeo.

El ex «fontanero» de Moncloa se comprometió a pagar todos los meses las 120.000 pesetas que costaba el alquiler de la vivienda, lo que hacía efectivo a través de una cuenta corriente residenciada en una sucursal de Argentaría en la localidad de Tres Cantos. A través de la misma cuenta, corría también con el pago del recibo de la luz suministrada por Unión Fenosa. El protagonismo de Patón en todo el montaje es tan abrumador que resulta inevitable atribuir a la operación una intencionalidad puramente política.

Y ello a pesar de que el Cesid estaba ya lejos de la operación. Su papel se había diluido. Por una vez, y sin que sirva de precedente, habían utilizado la inteligencia: eran meros subalternos quienes estaban haciendo el trabajo sucio de «matar» a Pedrojota.

El apartamento de la calle General Yagüe se convirtió de hecho en el centro de operaciones de la trama. Fue allí donde, a las diez de la noche del 1 de octubre del 97, y tras el susto provocado por la llamada de Antonio Rubio al hotel Aitana, Goñi Tirapu, el «hombre del maletín», hizo entrega a Sánchez-Cantalejo, en presencia de Patón y de la exuberante Rapú, de los 50 millones de pesetas pactados como adelanto a cambio de la cinta y de la carta autógrafa de la guineana que debía acompañar al vídeo.

Según declaración de Exuperancia, tanto Goñi Tirapu como Patón le aseguraron con reiteración que el dinero lo había puesto Rafael Vera.

—¡No sabes el bien que has hecho a este país! —le aseguró un emocionado Tirapu al recoger la cinta de vídeo.

La denuncia de la guineana iba a verse corroborada, meses después, por otra no menos contundente. A primeros de octubre, cuando ella y su acompañante desaparecieron de Madrid sin dejar rastro, Cerdán y Rubio se vieron obligados a echar la caña en las procelosas aguas del diario Ya, en las que reinaba, cual Neptuno airado, el ínclito Rodríguez Menéndez. La descomposición en las filas de «don Emilione» era tan palmaria que muy pronto sus esfuerzos iban a dar fruto.

Alfonso Rodrigo no tardó en darse cuenta de que aquél no iba a ser el empleo que le diera la estabilidad emocional, el desarrollo profesional y el equilibrio económico que andaba buscando. Ganarse la vida al lado de Menéndez, más que un trabajo, era un castigo de esclavo. Cuando aún no había cumplido ni tres meses como consejero delegado, Rodrigo presentó ya su dimisión argumentada en la radical incompatibilidad de caracteres puesta en evidencia por la forma, absolutamente heterodoxa, que el editor tenía de llevar la empresa.

Y es que el magro cash flow que generaba el diario tenía que ser remitido íntegro a la calle Pinar, donde «dinamita» Menéndez tenía su bufete, y donde lo utilizaba a su personal conveniencia, al margen de las necesidades de pago a proveedores y trabajadores, asuntos nimios que no parecían quitarle el sueño.

Llegó un momento en que Rodrigo tuvo miedo. Le asustó la idea de verse involucrado en un delito de estafa continuada cuyas consecuencias terminaran cayendo sobre él. «Me sentía sucio, pesado de conciencia, humillado por haber contratado a gente a la que tenía que despedir a los dos meses sencillamente porque iban pidiendo lo que era suyo: la nómina».

«Don Emilione» parecía disfrutar efectuando todo tipo de promesas que no estaba dispuesto a cumplir. Todo lo que hacía, cuando vencían los plazos, era despedir a los reclamantes. Jamás se cotizó a la Seguridad Social, aunque el dinero correspondiente se descontaba de las nóminas. El mismo comportamiento valía para los proveedores. Se pagaba a quienes servían material imprescindible para la salida del periódico, los cuales exigían pago en metálico y por anticipado. Aquellos que, mediante engaño, aceptaron una financiación a treinta, sesenta o ciento veinte días nunca recibieron un duro.

Harto de tanto atropello, Alfonso Rodrigo tomó la decisión de contar en la Tesorería de la Seguridad Social y en Magistratura del Trabajo lo que estaba ocurriendo en la cueva de Menéndez.

«Inmediatamente tomé conciencia de que debía dar el siguiente paso y denunciar el entramado de la banda de los GAL, para que Menéndez no siguiera campando a sus anchas con la ayuda de los antiguos dirigentes de Interior. Tenía que decir la verdad de lo que había visto y oído al lado de tan importantes gentes, y ver si podía reparar el atropello que se estaba cometiendo con un periodista y un juez. Y consideré que el mejor sitio para ello era la Audiencia Nacional».

Quería que la Audiencia tomara cartas en el asunto y le pusiera una protección policial que en aquellos momentos consideraba totalmente necesaria. «Yo no tengo miedo al señor Vera ni al resto de sus amigos. Pero todos conocemos a Rodríguez Menéndez, un hombre bien relacionado con el mundo del hampa. Nadie se atreve a pleitear con Menéndez. La gente prefiere perder el litigio antes de enfrentarse a él. Yo soy la única persona que ha decidido contravenir esta norma, y temo acabar mal».

Rodrigo se presentó ante el juez de guardia, Javier Gómez de Liaño, a las doce horas del día 17 de febrero de 1998. Casi dos horas después adquiría la condición de testigo protegido, siéndole asignado un número en clave, el «1976/C», que los medios de comunicación del felipismo, como no podía ser de otro modo, se apresuraron a desvelar.

La entrada en liza de Gómez de Liaño, que ya había ordenado el registro del despacho de Rodríguez Menéndez en busca de documentos o vídeos sobre el juez Baltasar Garzón (decisión adoptada a instancias del fiscal jefe de la Audiencia, Fungairiño, para impedir que «una posible banda criminal cometa delitos de chantaje o intromisión en la vida privada de las personas»), fue interpretada por los «felipancos» como algo intolerable.

Según el diario La Vanguardia, el sumario abierto por el Juzgado Central de Instrucción número 1 «tiende a proteger» a Pedrojota, cuando lo que se trataba precisamente era de ver a Pedrojota en la hoguera.

«Nadie tiene sus derechos y libertades protegidos mientras jueces como Liaño sigan ejerciendo alguna función», aseguró el candidato Almunia, según el cual, que un juez actúe «al servicio de sus amistades es una cosa muy grave que afecta a nuestras libertades». Juan Alberto Belloch, Eligió Hernández y otros distinguidos felipistas alzaron sus voces contra «la absoluta impunidad» con que estaba actuando Liaño.

El juez acabó pasando el testigo en cuanto se le presentó la oportunidad. Lo hizo dirigiéndose a la Sala de Gobierno de la Audiencia para que decidiera si debía abstenerse. Al final, todas las diligencias abiertas acabaron en el Juzgado de Instrucción n.º 28 de Madrid. El estrambote lo puso el fiscal jefe de Madrid, el ya mencionado Mariano Fernández Bermejo, instando a la juez Revuelta, titular de dicho Juzgado, a que remitiera a la Sala Segunda del Supremo las actuaciones de Liaño en el caso del vídeo, para su unión a las querellas presentadas por los Polancos contra el magistrado, «dado que algunas actuaciones pudieran tener alguna relevancia». En otras palabras, se trataba de ver si Liaño había cometido algún desliz para rematarlo de una vez.

Por increíble que parezca, la juez Revuelta decretó poco después el sobreseimiento de toda imputación a Rafael Vera por la difusión del vídeo. A mediados de octubre de 1999, la Audiencia Provincial de Madrid revocó esa decisión, en respuesta a un recurso de la defensa de Pedrojota, y ordenó al citado Juzgado dictar auto de procedimiento abreviado contra el ex secretario de Estado de Seguridad como paso previo a la apertura de juicio oral.

Junto a Rafael Vera figuran como imputados en la causa el abogado Emilio Rodríguez Menéndez; el ex secretario de Presidencia con Felipe González, Ángel Patón; el ex gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu, y el autor de la grabación, José María González Sánchez-Cantalejo.

Todos ellos afrontan posibles penas de hasta siete años de cárcel.

* * *

Bastantes semanas antes, el domingo 16 de noviembre de 1998, Pedrojota se había atrevido, por fin, a ligar el escándalo del vídeo con la trama de los GAL: «Vera, Tirapu y un ex ayudante de González, implicados en el montaje contra el director de El Mundo».

Habían sido días muy duros tanto para El Mundo como para su director, obligados a mantener un tan llamativo como doloroso compás de espera frente a las insidiosas declaraciones de la claque felipista. «Hemos entrado en una tercera fase encaminada a impedir que Barrionuevo, Vera y los demás sean juzgados exclusivamente a la luz del contenido del sumario […]. Lo único que buscan ahora es pactar. Obligar al Gobierno a pactar bajo la coacción de que, si no, morirán matando […]. Su problema es que necesitan tener enganchado al Gobierno y no saben siquiera cómo entrarle a Aznar […] y han terminado creyéndose la más idiota de sus propias mentiras, pensando que si me destruían a mí neutralizarían la voz indomable de El Mundo y dejarían al presidente […] sin el impulso de nuestro aliento».

«Que los implicados del GAL hayan recurrido para perpetrar la conjura a la colaboración activa de un personaje tan desprestigiado y vecino del hampa pura y dura como el abogado Rodríguez Menéndez, es otra muestra más del punto de desesperación al que han llegado en sus maniobras», decía El Mundo al día siguiente en un editorial.

«Todo indica que los GAL siguen vivos —aseguraba, por su parte, el coordinador de Izquierda Unida—. Ahora no matan, no torturan, no detienen, pero siguen vivos y están intentando organizarse de nuevo para evitar que la Justicia llegue hasta el final». Ya lo había advertido Pepe Barrionuevo: «Dejaremos el campo sembrado de cadáveres».

El Grupo Prisa y sus cómplices se rasgaron las vestiduras ante tan directa alusión al GAL por parte de Pedrojota. Desde Pradera («Chantaje a un chantajista») a Haro Tecglen, miembro de la «guardia mora de Polanco» (que dijo Jiménez Losantos), se lanzaron sin piedad contra el director de El Mundo. La argumentación de los Polancos era simple: Pedrojota y el diario El Mundo estaban, por fin, probando la misma medicina que ellos habían dispensado en el pasado, lo cual les permitía el cínico silogismo de condenar el hecho recordando al mismo tiempo el aforismo bíblico de que quien a hierro mata, a hierro muere.

Tan escandaloso reduccionismo pretendía equiparar las denuncias de corrupción efectuadas por El Mundo durante años con una extorsión mafiosa como el susodicho vídeo, que violaba los derechos constitucionales más elementales.

Pero la respuesta oficial del aparato de agit-prop del felipismo llegó el domingo 23 de noviembre en forma de editorial. Un texto importante: se trataba de dinamitar la versión GAL del vídeo, por un lado, y de sacar las acciones legales en marcha de la competencia de la Audiencia Nacional, asunto peligroso para la banda y sus encubridores, por otro lado. Como más tarde revelaría el propio Javier Bleda, la entrada en liza de El País envalentonó hasta la náusea a los responsables de la trama. «Ya lo hemos liquidado», comentaba, eufórico, Cobo del Rosal, mientras Menéndez aseguraba a voz en grito por los pasillos del diario que «ya me había avisado Polanco de que le iban a dar caña a este cabrón».

Era «el discurso de los empresarios de la corrupción y el crimen de Estado», que dijo el juez Navarro. Polanco no estaba dispuesto a dar la posibilidad de competir y convivir a quienes habían osado hacerle frente. Sólo la de sobrevivir.

Socialistas hubo, como Ramón Jáuregui, que, justo es decirlo, condenaron la infamia cometida con Pedrojota. Apenas una gota, con todo, en el océano de la defensa de Polanco protagonizada por el PSOE en el caso Sogecable, o en el supuesto espionaje de que fue objeto el mismo empresario en su despacho, casos en que los socialistas pidieron comisiones de investigación e instaron interpelaciones parlamentarias.

Estaba claro que el felipismo y sus aliados mediáticos no iban a dejar pasar la oportunidad de acabar con el hombre al que habían responsabilizado de haber destruido un tinglado de poder pensado para durar al menos veinticinco años. José Luis Corcuera y Pepe Barrionuevo llegaron al extremo de visitar a Mayor Oreja para quejarse de que el Ministerio del Interior estuviera ayudando a Pedrojota en su intento de detener la distribución del vídeo en Correos. Dos ex ministros del Gobierno de España le montaron un número a su sucesor en el cargo porque la Policía estaba interviniendo unos envíos que, con remite falso, iban dirigidos a personalidades de distinto signo y que podían contener un artefacto explosivo, y lo hicieron, obviamente, porque querían que su difusión fuera lo más amplia posible.

Al final, la del vídeo fue una operación mafiosa montada por un sistema con vocación de régimen personalista que, herido de muerte, se resistía y se resiste a morir. Una operación que puso al descubierto la lamentable situación de un partido centenario uncido al yugo de una generación de políticos enfangados hasta las cejas en la corrupción, generación que demostró en este episodio haber perdido toda capacidad de discernimiento entre la lógica confrontación política y las prácticas delictivas de una banda organizada dispuesta a hurgar en la vida privada de las personas para desacreditarlas políticamente, una oposición carente de una mínima perspectiva para discriminar entre lo justo y lo injusto, lo defendible y lo criticable, lo tolerable y lo inadmisible.

Para baldón del socialismo de finales de siglo, el vídeo de Pedrojota fue exhibido con profusión, como en una especie de secreta ceremonia de la venganza, en agrupaciones socialistas, como si de un nuevo Acorazado Potemkim se tratara. Incluso fue visionado y distribuido en aulas universitarias donde impartían lección profesores afectos a la causa. El felipismo había estigmatizado a su enemigo exterior, y parecía sentirse feliz por ello.

Había sido el propio ex presidente del Gobierno, ese celebrado estadista cuya altura de miras tantas loas ha merecido de la fiel infantería polanquil, quien se había hartado de obsequiar a Pedrojota Ramírez con epítetos tales como «inmundo», «canalla», o «sinvergüenza», sin que nadie de su partido interpusiera objeción o reproche. Se trataba, sin duda, de la preparación artillera para la ofensiva que Vera se disponía a lanzar con métodos sólo imaginables en el más abyecto de los sistemas totalitarios.

Y es que, como dijo Séneca en su ensayo Sobre la clemencia, «lo peor del encubrimiento es que hay que proseguir siempre y que no es posible dar marcha atrás, porque los crímenes han de taparse con nuevos crímenes».

Pedrojota quedó malherido, pero no muerto. Un hombre al que nunca le ha abandonado la baraka encontró mucha gente dispuesta a ayudarlo: la propia Exuperancia, que terminó declarando lo que libérrimamente quiso; su antiguo novio, que vino de Málaga a Madrid (donde le pincharon una noche las cuatro ruedas del coche) para animarla a tomar tal decisión; el propio «testigo protegido» que desmontó la trama de Monte Rozas sin pedir nada a cambio; Javier Bleda, que terminó denunciando la operación en la COPE y en el propio diario El Mundo…

«Lo que ellos no saben es que hubieran necesitado mucho más que un vídeo para destruirme… —asegura Pedrojota—. Nunca dudé en superar la prueba, y me convencí de ello en el momento en que, a primeros de octubre, tuve la seguridad de que Agatha, que habría sido lo que me hubiera podido quebrar, resistiría el envite y aguantaría a mi lado».

Ágatha Ruiz de la Prada aguantó el envite, a pesar de que los malhechores llegaron a remitir el vídeo a toda su familia, incluidos sus padres, y Pedrojota dio todo un ejemplo de fortaleza en una sociedad dominada por el miedo.

11
AL SERVICIO DE LOS INTERESES DEL AMO

El miércoles 23 de julio de 1997 a primera hora de la noche, Antonio Eraso llamó por teléfono a Javier Babiano, el hijo pródigo que abandonó la casa del padre tras enfrentarse a Juan Luis Cebrián por la primogenitura de Polanco, para decirle que Telefónica estaba a punto de anunciar la compra de Antena 3 Televisión.

—Eso es imposible —replicó, contundente, un Babiano vuelto al redil de Prisa.

Era la manifestación de la sorpresa que el golpe de mano de Juan Villalonga estaba a punto de producir en muchos despachos.

El rumor comenzó a correr como la pólvora en los ambientes periodísticos madrileños a media tarde de ese miércoles. Para entonces, las redacciones de los periódicos y de los programas nocturnos de la radio echaban humo tratando de indagar detalles en la sede de Gran Vía 28.

Los primeros en llamar habían sido los medios del grupo Polanco, seguramente alertados por el BBV, cuyo presidente acababa de almorzar con Villalonga. Prisa había movilizado todos sus efectivos en busca de información: «Están nerviosos —aseguraba una fuente de Telefónica—, porque compramos también el 40 por 100 de GMA y por tanto tomamos una posición en el fútbol. El desembarco es inmediato». No les faltaba razón para estarlo, porque aquél era un golpe que alteraba de forma sustancial el equilibrio de poderes existente en el mapa español de la comunicación.

A las ocho de la tarde el acuerdo parecía hecho. «Estamos en la recta final —afirmaban en la operadora—. Tenemos un principio de acuerdo por el que nos quedamos con el 25 por 100 del capital de manera directa, y con el apoyo de BCH y Santander nos hacemos con la gestión. La operación se puede rematar a lo largo de la madrugada».

—¿No se volverá Asensio atrás?

—Sería muy difícil que lo hiciera, aunque no nos fiamos un pelo; por eso hay que amarrarlo hoy mismo, sin dar tiempo a que maniobre Polanco.

Sin embargo, en torno a la medianoche las cosas experimentaron un giro de ciento ochenta grados. «Esto se está complicando. Han surgido dificultades. Este es un tío muy peligroso y Juan se acaba de poner en camino hacia sus oficinas dispuesto a echarle un órdago: o se firma ahora o se rompe el acuerdo».

Estaba ocurriendo lo que tanto se temían en Telefónica: Asensio andaba ya sometido a todo tipo de presiones. En la más depurada técnica polanquil, las siete plagas de Egipto iban a caer sobre su cabeza si se atrevía a «vender Antena 3 al Gobierno».

Pero había también otro tipo de dificultades derivadas de la redacción de los acuerdos, porque Villalonga, conocedor de la heterodoxia contable del editor catalán y deseoso de evitar cualquier tipo de sorpresas una vez instalado en la cadena, quería tomar sus precauciones mediante la adopción de una serie de garantías. Y Asensio, que se las sabe todas, se defendía cual gato panza arriba contra los eventuales resultados del inevitable due diligence.

Alertado por sus abogados, Villalonga efectuó una llamada perentoria a la sede madrileña del Grupo Zeta:

—¿Tú quieres el acuerdo, Antonio?

—Sí, Juan, lo quiero, pero es que tu gente está…

—Antonio, te lo pregunto de nuevo, ¿tú quieres el acuerdo?

—Que sí, pero que…

—No me digas nada más: salgo para tus oficinas, y si quieres lo firmamos ahora mismo.

Pasadas las doce de la noche, y en compañía de Javier Revuelta, encaminó sus pasos hacia la calle O'Donnell de Madrid, dispuesto al todo o nada.

Su situación no podía ser más apurada. Suelta la liebre, necesitaba aquel acuerdo casi con desesperación, porque, aunque Telefónica pudiera, él no podría resistir otro desaire parecido al del 24 de diciembre del 96. Había ido ya demasiado lejos con Asensio como para volverse atrás. Un sentimiento de pánico le embargaba al acercarse al despacho del editor, consciente de que estaba a punto de quedar de nuevo con el culo al aire.

* * *

La preparación del golpe había comenzado semanas atrás, y había madurado durante el periplo sudamericano que Villalonga, con parte de su estado mayor (Marcial Pórtela, Pedro Arrióla, Francisco de Bergia y su entonces mano derecha y responsable de Comunicación, José Antonio Sánchez) realizó a partir del lunes 7 de julio.

Su salida de Madrid no había podido ser más lúgubre. El proyecto de Vía Digital parecía no terminar de arrancar; se habían perdido, en la puja con Sogecable, los derechos de Disney y Warner y el Gobierno Aznar, por boca de algunos de sus ministros, le había hecho saber la decepción que la situación de impasse le producía.

España se había convertido en una especie de El Dorado para la industria de Hollywood, y todo porque dos grupos de nuevo cuño, enzarzados en una pelea suicida, estaban dispuestos a pagar entre cinco y diez veces más por su cine de lo que se pagaba en Francia o en Italia. La estrategia de Prisa era sencilla: consistía en sacar a Vía del mercado dejándola ayuna de contenidos para, barrida toda posible competencia, renegociar precios con los proveedores.

Hasta que, la tarde del domingo 13 de julio, Villalonga se confesó ante su amigo José Antonio Sánchez en un hotel de Cuzco: no podemos entrar en ese juego, porque comprometeríamos no sólo el futuro de Vía Digital sino probablemente el de Telefónica. ¿Cómo rentabilizar tales compromisos de pago? Que compre Polanco lo que quiera. Puede que a los Ybarra, los Botín y los March no les importe perder dinero. Vayamos a lo nuestro. Salgamos con un paquete menos competitivo, orientándonos hacia un segmento de mercado de menor poder adquisitivo, compitiendo con CSD en precio, que tiempo tendremos de mejorar nuestra oferta.

La decisión final se tomó unos días después en Nueva York, cuando llegó el momento de tirar de chequera y firmar un talón por importe de 150.000 millones de pesetas por los derechos de Columbia Pictures, la última major en juego, que, subida al carro de sus colegas de Hollywood, reclamaba los consabidos 1.000 millones de dólares por un contrato a diez años. Definitivamente, los españoles eran un chollo.

Villalonga se guardaba una carta en el bolsillo. En la ciudad de los rascacielos había almorzado con Rupert Murdoch, insípido pollo asado frío como plato fuerte del menú y agua clara por todo combustible, para comprobar la actitud distante del magnate de la comunicación, para quien Telefónica no pasaba de ser una modesta teleco más, con ínfulas de querer poner un pie en el terreno de los contenidos televisivos.

Un lince para los negocios, Murdoch había, sin embargo, enarcado una ceja al responder a una pregunta que, en tono aparentemente distraído, le había formulado el español:

—¿Estarías interesado en entrar en Antena 3 conmigo?

—Ahora mismo.

También almorzó con Emilio Azcárraga Jr., un joven en el que descubrió más talento del que algunos le adjudicaban.

—Antena 3 es una máquina de hacer dinero, aunque bien gestionada, claro —aseguró el mexicano.

Sin embargo, el jueves 17 de julio, cuando, a la puerta del hotel Four Seasons, Villalonga despedía a Sánchez, que regresaba a Madrid antes que el resto de la expedición, le hizo un anuncio en tono críptico que más parecía un intento de levantar los ánimos de su subordinado que otra cosa:

—No te preocupes, chiquitín, que voy a dar un buen golpe…

El «golpe» tenía nombre y se llamaba Antonio Asensio, un hombre asediado por las deudas y convencido a esas alturas de haber jugado el 24-D la carta mala, uniendo su suerte a la de un Polanco con quien no le unía ningún afecto y del que le separaba un océano de incomprensión.

Contando con los buenos oficios del periodista José María García, Villalonga había quedado a almorzar con el editor catalán el lunes 21 de julio en Madrid. El de Telefónica quería comprarle el fútbol, indispensable para poder «pasar el corte» de la simple supervivencia frente a Canal Satélite, pero en su cabeza bullía una aspiración de más altos vuelos. Había decidido jugárselo todo a una carta.

El domingo 20 de julio del 97, el matrimonio Villalonga cenó a solas en los jardines de Moncloa con los Aznar. Ambiente relajado, buena cena y mejores vibraciones. Casi al final, el telefónico adelantó sus intenciones para el día siguiente: iba a comprar Antena 3. El presidente, nada entusiasmado con la forma en que su amigo había llevado hasta el momento la «guerra digital», le miró de arriba abajo lleno de escepticismo, eso no te va a salir de ninguna manera, Juan, pero Juan insistió, Asensio está maduro, y tantos detalles proporcionó sobre la marcha de los contactos que Aznar le pidió que le contara la novedad al vicepresidente primero del Gobierno. Cosa que Villalonga hizo en la mañana del lunes, 21 de julio, desplazándose de nuevo a Moncloa para entrevistarse con Álvarez Cascos. El asturiano no concedió ninguna credibilidad al inesperado visitante. Antes al contrario, pensó que el amigo del presidente era víctima de alguna extraña alucinación. «Es muy difícil que te salga esa carambola, Juan».

Para Cascos, Villalonga debía limitar sus aspiraciones a algo tan realista como meter la cabeza en el fútbol, ¡ah!, la importancia del fútbol, porque «para Vía Digital se trata de jugar el partido, no ya de ganarlo…!».

Tras regresar de Moncloa, el de Telefónica recibió en su despacho a Ángel Corcóstegui, consejero delegado del BCH, a quien la tarde anterior había pedido que acudiera a visitarlo con los números de Antena 3 bajo el brazo. Y Corcóstegui, que conocía la situación de la cadena hasta dormido, diseccionó la empresa con finura de experto cirujano, la estructura de la deuda, el riesgo del banco, la posición de Amusátegui, la de Botín, la insostenible situación de Asensio, las posibilidades de futuro…

—Todo lo que pagues, valorando el cien por cien de la sociedad por debajo de los 100.000 millones, es negocio seguro —afirmó el banquero.

* * *

Sentado frente a Antonio Asensio en un pequeño comedor de la planta novena de Gran Vía, el presidente de Telefónica puso en marcha su propia estrategia de acercamiento, postergando los consejos de algunos amigos de ocasión.

—Olvídate, Antonio: no hay ninguna posibilidad de que este Gobierno te perdone, eso no lo vas a conseguir nunca.

—Pero, ¿por qué?

—Porque tienes que entender que lo tuyo ha sido una traición en toda regla, o eso creen ellos, acrecentada por el espectáculo de tu comparecencia en el Congreso, donde nada menos que dijiste…

—Oye, oye, Juan, a mí me llaman y yo no puedo…

—Que sí, Antonio, que muy bien, que no tuviste más remedio que ir al Parlamento, pero allí dijiste que el Gobierno te había amenazado, y eso es muy fuerte, compréndelo.

—Ya, ¡pero es que Rodríguez me amenazó!

—Antonio, que no hay nada que hacer, desengáñate… Ahora bien, yo puedo ayudarte a salir de ésta.

El deseo de reconciliarse con Aznar se había convertido en una obsesión para el dueño de Zeta. Y no por culpa de algún tipo de fractura emocional o ideológica con un Gobierno de centro-derecha al que por clase social podía pertenecer, sino porque Asensio, un hombre siempre en el filo de la navaja, sabía de sobra lo arriesgado que resulta transitar por el negocio de la comunicación enfrentado al Gobierno de turno. Aldo Olcese, su amigo y asesor financiero en Antena 3, había tenido que soportar el mismo lamento en numerosas ocasiones: «¿Qué tengo que hacer para reconciliarme con este Gobierno?».

Todo, o casi, se podía arreglar, según un Villalonga que, para sorpresa de su interlocutor, también entonó su mea culpa.

—Yo también me equivoqué entonces.

—¿Qué quieres decir?

—Que sí, que todos nos equivocamos en diciembre. Quizá yo no supe escucharte y por eso pasó lo que pasó.

—Hombre, me alegra oír eso…

Era la primera vez que Asensio, un corazoncito machacado durante meses por las más acerbas críticas, oía unas palabras de afecto de la otra parte. No todas las culpas de lo ocurrido eran suyas. No era el único que había pecado. Y eso le gustó. Ese reconocimiento de las responsabilidades compartidas resultó el más eficaz de los argumentos para conducirle hacía donde Villalonga pretendía.

—Bueno, ¿qué podemos hacer a estas alturas? —preguntó interesado el editor.

—Pues muy fácil: ayudarnos mutuamente.

—¿Qué quieres decir?

—Que yo te ayudo a ti y tu me ayudas a mí, porque yo también tengo un problema con la televisión digital, ahí me juego mucho.

—¿Y cómo te puedo ayudar?

—Ya lo sabes: vendiéndome el fútbol.

Y como en un cesto de cerezas, pronto salió a relucir el futuro de la propia Antena 3. La situación que, con las cifras aportadas por Corcóstegui, describió el de Telefónica no parecía fácil, pero aquello tenía solución en otras manos, y una solución ventajosa para el editor: venderle a la operadora su 25 por 100. No había en ello ningún planteamiento excluyente, no se trata de echarte del negocio, Antonio, antes al contrario, creo que podemos hacer muchas cosas juntos en el futuro, hay otros negocios en el terreno de la comunicación en los que podemos ir de la mano en España y, todavía más, en Sudamérica…

A la hora del segundo café, sobre la mesa había quedado fijado un precio para el cien por cien de Antena 3 Televisión: 92.500 millones de pesetas.

En presencia de su invitado, Villalonga llamó a Claudio Aguirre, de Merrill Lynch, para que, a la mayor brevedad, efectuara una valoración de la cadena que, lógicamente, coincidiera con la cifra pactada por los jefes.

Se despidieron a las siete de la tarde con un apretón de manos y un abrazo que simbolizaban la reconciliación y el acuerdo. Los abogados debían ponerse a trabajar de inmediato.

* * *

El martes 22 por la mañana, Juan se entrevistó con Emilio Botín, un aliado natural de gran peso cuyo respaldo resultaba esencial para llevar a cabo la operación. Y por la noche cenó con José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, los hombres fuertes de la otra entidad financiera que debía acompañar al Santander y a la propia Telefónica en la nueva singladura de Antena 3.

Al día siguiente informó de la operación en marcha al Comité Ejecutivo y al propio Consejo de la operadora. Ante la sorpresa de los representantes del llamado «núcleo duro», Villalonga describió la filosofía de una compañía que tenía que entrar en los contenidos, «porque no podemos limitarnos a ser un carrier». Según él, el mundo de las telecos camina hacia una oferta de paquetes de servicios que integran voz, ocio, televisión, acceso a Internet… De esa lista, la televisión es el rey. Había que estar presente en la televisión en abierto, en la digital vía satélite y en el cable. «Es lo que está haciendo nuestra competencia internacional, y es lo que vamos a hacer nosotros».

Después del Consejo, Villalonga almorzó con Emilio Ybarra. Unos días antes lo había llamado desde Nueva York, cómo estás, hace un montón que no hablamos, muy bien, respondió el banquero, contento con la marcha de su inversión en Telefónica, la compañía va como una moto, pero quería decirte una cosa, Juan, llevo tiempo dándole vueltas y creo que habría que pensar en unir las dos plataformas digitales, ¿no te parece?…

A Emilio, que en el otoño del 96 se había opuesto a la compra del fútbol propiedad de Asensio, le preocupaba ahora perder dinero en Sogecable y quería reducir el riesgo metiendo en la aventura una razón de tanto peso como el cash flow de Telefónica.

Días atrás, Juan había recibido una llamada en el mismo sentido de Guillermo de la Dehesa, otro de los planetas menores que giran en torno a Polanco; habría que intentar llegar a un acuerdo, todos con la misma historia, todos intentando ayudar a Polanco a salir con bien del lío financiero en el que se había metido.

Pero, sentado frente a Villalonga, el de Neguri se mostró retraído, despistado, desconcertado, ¿qué opinas? le preguntó Juan, nada, le respondió, no tengo opinión, es que así, tan de golpe… Parco en palabras y escaso en ideas, la comunicación con Ybarra resultaba tarea de cíclopes.

La compra de Antena 3 suponía la cristalización del divorcio entre Villalonga y el BBV de Emilio Ybarra, uno de sus accionistas de referencia. Al banquero le había salido la criada respondona.

En efecto, fueron BBV y La Caixa quienes interesadamente le habían propuesto como presidente de la operadora. No lo eligieron por sus capacidades, a pesar de que su currículum pudiera compararse favorablemente con el de cualquiera de sus antecesores, sino porque Villalonga era el mejor amigo de Aznar y, por tanto, el hombre adecuado para la nueva situación. Él debía asegurarles una perfecta comunicación con el nuevo Gobierno y permitirles, en la perspectiva de la privatización total, el mangoneo del cash flow de la compañía en su particular provecho.

La jugada podía salirles redonda, y para rematarla le dijeron, nada más tomar posesión del cargo, que no cambiara a nadie, que no tocara la estructura de mando heredada de Cándido Velázquez, porque a ellos les venía bien seguir utilizando a Germán Ancochea, consejero delegado, en su particular provecho, de modo que Juan debía limitarse a ser la figura decorativa que habían imaginado.

Y porque sabía de sus intenciones, la operación molestó a José María Aznar cuando llegó a su conocimiento. Una situación embarazosa para el nuevo presidente del Gobierno, que tampoco podía perjudicar a un amigo a quien habían ofrecido la oportunidad profesional de su vida, a pesar de los 200 millones de pesetas que estaba ganando como presidente de Bankers Trust para España.

El resultado fue que Aznar se enrocó en un silencio impenetrable durante casi dos semanas, días de zozobra para un Villalonga que no se explicaba la razón por la cual el Gobierno, todavía accionista mayoritario de la compañía, no terminaba de dar el visto bueno a su nombramiento.

Uno de los primeros en apoyar su candidatura fue nada menos que Jesús Polanco. Ocurrió que, mientras Aznar se mantenía insensible a los mensajes que con insistencia le hacían llegar tanto Vilarasau como Ybarra, Polanco se tropezó con el presidente en una recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real, ocasión que el editor aprovechó para recomendarle que no pusiera trabas a la designación de Villalonga, con quien el cántabro había mantenido hasta entonces fluidas relaciones como presidente de Bankers España.

En poco tiempo, sin embargo, Villalonga se hizo con las riendas y puso en la calle a Ancochea, sorprendiendo a los ilustres banqueros que habían pensado utilizarlo cual perfecto mandao. Durante muchos meses, un hombre tan perspicaz como Josep Vilarasau haría patente su perplejidad comentando que «no entiendo lo que ha pasado ahí…».

En los últimos cuatro años han ganado mucho dinero con su inversión, pero eso no parece resultarles suficiente. «Les he dado un guiso muy sabroso, pero no les he permitido entrar en la cocina. Y es que tienen que entender que con el 5 por 100 del capital no pueden manejar la compañía a su antojo, como están acostumbrados a hacer en España. Yo gestiono Telefónica profesionalmente, y eso quiere decir que tengo que defender los intereses de más de dos millones de accionistas, y no sólo los de dos, circunstancia que a menudo te hace entrar en conflicto con algunos poderosos».

Lo que empezó siendo una pequeña grieta acabaría por convertirse en un abismo. Pronto el BBV comenzaría a propalar por el foro madrileño sus quejas contra Villalonga, a quien acusaba de dedicarse a «nuevas aventuras empresariales, mientras que el negocio de base no está siendo gestionado».

«Querían que Villalonga pusiera la compañía a su servicio —asegura un consejero independiente de la operadora—, de modo que el divorcio estaba cantado». Emilio Ybarra, un hombre anímicamente instalado en el felipismo, cosa harto curiosa tratándose de uno de los grandes apellidos de Neguri, tenía razones para sentirse defraudado.

* * *

Cerca de las tres de la madrugada del jueves 24 de julio del 97, cuando las primeras ediciones de la prensa madrileña con la noticia del cambio de propiedad de Antena 3 se habían agotado en los Vips, Juan Villalonga y Javier Revuelta abandonaban la sede del Grupo Zeta en la calle O'Donnell sin acuerdo. Y con el ánimo roto. Tras despedir a su chófer, el de Telefónica caminó calle Serrano arriba en dirección a su casa, junto a la plaza de la República Argentina. Necesitaba sentir el aire fresco de la noche. Algunos coches a gran velocidad, queriendo apurar el ámbar de los discos de tráfico, le rebasaban en dirección contraria. No había sido posible sacar el acuerdo adelante y se sentía destrozado. Una sensación de pánico le invadía pensando en las consecuencias inmediatas del fracaso.

Para alivio de Villalonga, una llamada de Asensio a media mañana de ese jueves desbloqueó la situación. La operación estaba hecha.

Para convencer al editor había sido necesario movilizar muchas influencias. Alguien, desde el recinto de Moncloa, se había encargado de llamar y animar al catalán, quitarle el miedo y asegurarle que la operación era bien vista por el Gobierno.

El propio Juan había hablado con Jordi Pujol, protector de Asensio en su virreinato catalán, que casualmente se encontraba en el extranjero. Con el Honorable al otro lado del hilo, el de Telefónica enhebró una larga parrafada enfatizando el carácter empresarial de una operación de la que iba a surgir una nueva Antena 3 decidida a respetar todo lo catalán, faltaría más, porque Cataluña iba a estar siempre presente en el corazoncito de la cadena, naturalmente, y si usted quiere colocar a un hombre de su agrado en el Consejo de Administración no tiene más que decirlo, podría ser el propio Vilarubí, que ya está en el de Telefónica, y como también le compramos el fútbol, quiero que tenga claro que los dos clubes de Barcelona seguirán estando donde están, en TV3, pero para eso necesito que me eche usted una manita, necesito que llame a Asensio y le anime, dígale que cuento con él para otros muchos proyectos, dígaselo porque es verdad…

Antonio Asensio respondió a los estímulos, pero la respuesta no fue gratis. Dispuesto a sacar tajada del pánico de Villalonga al fracaso, el editor logró obtener notables ventajas en el rush final, entre otras la de aumentar el precio de la cadena en 2.500 millones de pesetas, hasta los 95.000 millones.

A mediodía de aquel jueves, Juan Villalonga era un hombre al borde de la euforia. Su amigo Camilo José Cela le había remitido un telegrama, remedo de aquel otro famoso que el rey Alfonso XIII envió a su amigo el general Silvestre, previo al desastre de Annual, con un texto escueto: «¡Ole tus cojones!»…

También le había llamado, entre otros muchos, Marcial Pórtela desde Sudamérica:

—Enhorabuena, jefe, he de reconocer que si llegas a haber consultado esta operación con nosotros seguramente no la hubieras podido hacer.

Había sido un golpe de mano, un verdadero blitzkrieg empresarial hecho con la rapidez que demandaba la trascendencia del asunto, porque de otro modo no hubiera podido salir.

Con la compra de Antena 3, Villalonga ponía la segunda piedra de un gran grupo multimedia cuya estrella iba a ser la televisión en abierto, «algo a lo que nos han obligado las circunstancias y la presión de nuestros enemigos». Era, al mismo tiempo, una operación de enorme alcance político. En torno a Telefónica estaba surgiendo ese grupo de comunicación que, de hacer caso a los «felipancos», había pretendido desde el principio poner en marcha el Gobierno a través de Miguel Ángel Rodríguez, empeño en el que había fracasado estrepitosamente. Juan estaba, pues, rindiendo un servicio de primera magnitud al Gobierno Aznar, devolviendo a su amigo el favor que le había hecho con su nombramiento como presidente de la operadora.

Empeñado en enfatizar el carácter profesional de su cargo, había hecho oídos sordos durante muchos meses a las insinuaciones malévolas de quienes le calificaban de mera comparsa del Gobierno al frente de la operadora. Desconocedor de la sutileza del juego político, se había enfrascado en la gestión, olvidando las connotaciones que siempre rodearon a una empresa como Telefónica.

Dentro del entramado del poder socialista, la operadora ha sido siempre «la empresa» por antonomasia. Se trataba, sin duda, de la joya de la corona del sector público, la primera firma del país por facturación y una mina inagotable de gabelas que repartir entre altos cargos en cesantía, fuente de financiación ilegal y punto neurálgico desde el que controlar torticeramente vida y milagros de cualquier potencial enemigo. Todo lo cual explica el papel de Cándido Velázquez como mero peón de Rubalcaba bajo el Gobierno socialista, así como el estrecho mareaje al que, desde la oposición, el PSOE ha sometido a Juan Villalonga.

Hasta que tuvo que rendirse a la evidencia de que su continuidad en el cargo dependía del juego de la política en la misma proporción, al menos, que la calidad de su gestión. Le gustara o no, era un prisionero de la política, y su suerte estaba ligada a la de José María Aznar como la otra cara de una misma moneda, porque si Aznar resultara al final un pequeño interregno entre dos largos períodos de felipismo, Villalonga tendría muy escasas posibilidades de supervivencia al frente de Telefónica, por mucho que dispusiera de un Consejo diseñado a su medida.

No podía olvidarse, pues, del entorno político. Era, de nuevo y vuelto del revés, el viejo eslogan de la campaña presidencial de George Bush: «La política, idiotas, la política». Juan, en efecto, se jugaba mucho en la suerte del Gobierno Aznar, lo que era tanto como decir que ayudando a Aznar se ayudaba a sí mismo. «Hay que usar las migajas de ese superpoder que es Telefónica para tratar de alterar el actual equilibrio de fuerzas en los medios de comunicación —urgía uno de sus principales asesores externos—, porque la batalla política se riñe en los medios de comunicación y, frente a la flota de Polanco y sus aliados, ¿qué hay enfrente? Una cañonera arpillada llamada El Mundo, la cadena COPE y pare usted de contar. Un desequilibrio brutal».

Había que invertir la situación, aprovechando las sinergias derivadas de la compra de Antena 3 para asegurar el éxito de Vía Digital. Un reto importante, porque el fracaso de Vía, además de suponer un golpe muy duro para Villalonga, enviaría un mensaje muy desalentador para los poderes financieros, y no digamos ya para esos editores acostumbrados a hacerle el caldo gordo al felipismo: sería la demostración de que en España no hay más poder que el de Polanco.

En ese envite se jugaba mucho el propio Gobierno del PP, que quedaría sometido al castigo inmisericorde de un Grupo Prisa reforzado por el monopolio de la televisión digital y espoleado por el miedo y la sumisión general. Si un periódico como El Mundo fue capaz de derribar a un sátrapa como Felipe González, ¿cuánto tiempo podría resistir un Gobierno como el de Aznar enfrentado a la armada mediática de Polanco?

Lo que estaba, pues, en juego con Vía Digital era la posibilidad de que Polanco, en su nombre y el de González, pudiera cobrarse al mismo tiempo dos piezas por el precio de una: la de Villalonga y la del propio Aznar. Un peligro que en los últimos meses había obligado al «general Villalonga» a fajarse en la arena digital.

* * *

A la altura del verano del 97, el cántabro iba ganando la batalla de Bruselas. El realidad, el amo de Prisa había conseguido invertir la peligrosa situación en la que se encontraba unos meses antes: estaba comercializando cómodamente su «simulcript», en contra de las especificaciones de Fomento, tenía paralizado el caso Sogecable y había jugado a fondo la carta de dejar fuera de juego a Vía Digital privándole de contenidos.

Como era de esperar, la reacción de los Polancos al anuncio de compra de Antena 3 no pudo ser más virulenta. Los medios del Grupo Prisa decidieron pasar al ataque contra la operadora de forma airada, revelando la importancia de la herida abierta por la operación.

La rabieta del cántabro estaba justificada. Por su puerta había pasado un tren que no había sabido coger a tiempo. Durante siete meses, en la estación de Miguel Yuste había permanecido estacionado um dos mais grandes expressos espanhois que, al final, había terminado en poder de Villalonga.

Mucho se había especulado con el interés del editor por invertir sus posiciones televisivas, desprendiéndose de Canal Plus para entrar en una televisión en abierto, porque el Plus es —era— muy rentable pero escasamente influyente, y el negocio de Polanco se basa precisamente en la influencia y en la capacidad de intimidación, como bien sabe cualquier español con posibles.

Se hablaba incluso de que el magnate podría hacer el trueque sin necesidad de desprenderse de su paquete en el Plus. Necesitaría, eso sí, a alguien, dispuesto a prestar su nombre para obviar el obstáculo legal que impide a una misma persona física o jurídica participar al tiempo en dos cadenas, pero disponer de testaferros nunca ha sido un problema para Jesús Polanco, y de hecho todo apuntaba a que los elegidos iban a ser los venezolanos hermanos Cisneros, que por aquel entonces trataban de hacerse con el 10 por 100 de Telecinco en manos de Prensa Española.

La entrada de Polanco en Telecinco, sin embargo, chocaba frontalmente con los intereses del grupo Correo en la cadena. La solución ideal para Polanco era, sin duda, Antena 3, y mucho más desde el momento en que había logrado meter a Asensio en casa. Comprar Antena 3 hubiera supuesto hacerse con el control al cien por cien de los derechos del fútbol televisado en pago por visión, asegurando la exclusividad para CSD. Fue, sin duda, uno de los errores más graves cometidos por Polanco en los últimos años. Sólo Antena 3 ganó 13.143 millones de pesetas en 1998, casi un 40 por 100 más que los 8.247 millones de pesetas (en un año, por otro lado, excepcional para el editor) ganados por todo el Grupo Prisa.

Evitar que Polanco consumara el golpe del «pacto de Nochebuena» haciéndose con el control de Antena 3 implicó el trabajo de varias personas, entre ellas Aldo Olcese, que durante los meses que duró aquel matrimonio contra natura acunaron el corazoncito del catalán, alentando esperanzas de reconciliación con el Gobierno Aznar.

Haciendo gala de todo el oficio del mundo, los medios del Grupo Prisa se cuidaron muy mucho de arremeter de inmediato contra el socio al que tantas loas habían dedicado tras el 24 de diciembre del 96. Hasta que, justamente tres meses después de la operación de Antena 3, El País pasó por fin tarjeta de visita: «Admitida a trámite una querella de Canal Satélite Digital contra Antonio Asensio por estafa». Se acabó la elegancia. Se agotó el trato caballeroso con el «traidor». El dueño del Grupo Zeta no se iría de rositas. Según Prisa, GMA y GMAF habían transmitido a Audiovisual Sport los derechos del fútbol como si estuvieran libres de cargas, cuando habían sido pignorados por la propia Antena 3 en garantía de un préstamo de 12.500 millones.

En la tarde de aquel día tuvo lugar una reunión muy «caliente» en el despacho de Villalonga. Ante el propio Juan y José María Más se encontraba un atribulado Asensio, en unión de su abogado, Miguel Roca, y del periodista deportivo José María García. El catalán, francamente asustado por el anuncio de querella de Prisa, reclamaba de Villalonga un comunicado de apoyo a su gestión al frente de la cadena, mientras Roca, un manojo de nervios, se paseaba arriba y abajo exclamando:

¡Es que lo meten en la cárcel, Juan, lo meten en la cárcel!…

Asensio, además de ayuda, quería también dinero. A resultas del due diligence, Antena 3 le debía 6.132 millones, mientras que el propio Asensio adeudaba a la cadena en torno a 4.200 millones. El editor, dispuesto a maximizar el «pelotazo» hasta en las peores circunstancias, reclamaba con empeño tan sustanciosa diferencia.

* * *

Polanco se veía enfrentado a una situación nueva. De la posibilidad de tener a Telefónica como socio y aliado, con lo que eso implicaba en términos de tesorería —que no otra cosa significó aquel postrer regalo del felipismo que fue Cablevisión—, había pasado en poco más de un año a tenerla enfrente, convertida en cabeza de un grupo audiovisual alternativo.

El escenario de la «guerra digital» a la vuelta del verano del 97 había, pues, experimentado cambios sustanciales. El 15 de septiembre, lo que mucha gente había considerado una quimera se hacía realidad con la salida al aire de Vía Digital. Durante mucho tiempo, Prisa había alimentado la especie de que esa idea nunca vería la luz, entre otras cosas porque, desde el punto de vista técnico, era imposible, a juicio de Cebrián, que alguien sin la menor experiencia en televisión de pago pudiera levantar un proyecto como el de Vía en cinco o seis meses.

Pero las gentes de Pedro Pérez consiguieron ponerlo en marcha, y Telefónica Sistemas de Satélites fue capaz de construir en tres meses, trabajando veinticuatro horas al día y con los albañiles por medio mientras los técnicos tendían cables e instalaban ordenadores, un centro de transmisión de la señal que es uno de los más modernos del mundo, levantado en la llamada «Ciudad de la Imagen» de Madrid. Casi un milagro que convertía en crueldad la pretensión de que, además, la programación fuera buena.

Catapultado por la publicidad gratuita derivada de una «guerra» que había hecho correr ríos de tinta, el lanzamiento fue un éxito rotundo, hasta el punto de que el canal dispuso desde el principio de un número de potenciales suscriptores en lista de espera que rebasaba con mucho la capacidad de instalación.

Enfrente, un Canal Satélite Digital (CSD) en una posición competitiva muy ventajosa como heredero del know how y la lista de clientes de Canal Plus, pero inmerso en un horizonte financiero preocupante por culpa de los compromisos de pago asumidos, compromisos que presuponían la firme determinación de los socios bancarios de seguir tirando de chequera al ritmo que demandara Cebrián.

Estaba claro que CSD era en aquel momento imbatible, pero el peligro para Polanco residía en que, a pesar de todo, Vía consiguiera meterle un buen mordisco a un mercado todavía muy estrecho, haciéndose con una cuota del 25 por 100 del mismo, con lo cual se alejaba en el tiempo el break-even de la plataforma polanquil. Con la diferencia, además, de que Vía tenía un endeudamiento insignificante, lo que implicaba mayor capacidad para aguantar y perder dinero que CSD.

La salida al aire de Vía Digital supuso la ruptura del monopolio de la televisión de pago al que siempre había aspirado Jesús Polanco y la desaparición del «negocio chollo» consiguiente. El cántabro perdía en el envite mucho dinero. O, para ser exactos, dejaba de ganarlo. Algunos han calculado que la televisión digital de pago en régimen de monopolio podía dejar más de 40.000 millones de pesetas al año limpios de polvo y paja, lo cual le hubiera supuesto a Polanco 10.000 millones de beneficios por esta vía, más que todo el Grupo Prisa junto.

«Lo importante desde el punto de vista político —asegura Javier Revuelta— era evitar que Polanco monopolizara la televisión de pago en España, porque eso hubiera sido una fuente de poder casi absoluto para él, consolidando su posición de dominio en el negocio de la comunicación y del ocio. Nadie hubiera podido jamás hacerle la competencia en ese terreno, porque él era el dueño de los derechos sobre todo tipo de contenidos».

Se entiende el enfado sublime del editor cuando, en el curso de una cena de Navidad, año 1997, ofrecida a un grupo de amigos —entre ellos algún abogado del Estado que contó la anécdota— en su casa de Méndez Núñez, exclamó en un arranque de rabia:

—Al hijo de puta ése no le voy a perdonar nunca lo que me ha hecho.

El hijo de puta era José María Aznar.

En esa situación, a Polanco y sus aguerridos coroneles les quedaban dos salidas. O aceptar deportivamente la presencia de Vía Digital, tratando de derrotarla en el terreno de la libre competencia, o, como terminó ocurriendo, empezar a castigar todos los días a Telefónica desde El País, la SER, Cinco Días y demás navíos de la flotilla aliada, esperando que Villalonga, asustado, tirara de teléfono y llamara a Polanco pidiendo árnica.

Acabar con «el amigo de Aznar en Telefónica» se convirtió en una obsesión para los «halcones» de Prisa, con Cebrián a la cabeza. Una guerra santa en la que no parecía haber alternativa: había que pasar al enemigo a cuchillo o morir matando. Dos posturas que en el fondo buscaban un mismo objetivo: hacer doblar la rodilla a Villalonga. Y mientras corría el otoño y se adentraba el invierno sin que el afectado descolgara el teléfono para pedir un armisticio, Cebrián distribuía todas las mañanas el parte de guerra desde su puesto de mando: ¡más madera!

Ha sido la tónica que ha presidido los dos últimos años: el chantaje, inmisericorde, de un grupo editorial contra una sociedad y su presidente para obligarles a firmar la rendición. Y ello mediante la extenuante utilización de los distintos medios de comunicación del Grupo, puestos al servicio de los intereses económicos del amo. Pocas veces en la historia del periodismo europeo «serio» se podrá encontrar un caso de manipulación informativa tan flagrante como el del Grupo Polanco con Telefónica desde que Villalonga tuvo la osadía de acabar con Cablevisión. Nunca un espectáculo tan torticero como el protagonizado por Prisa en este tiempo. Jamás una utilización tan grosera de una cabecera como la de El País.

El ataque contra Telefónica, generalmente desprovisto de cualquier objetividad periodística, se ha visto, sin embargo, alterado por períodos de silencio casi tan llamativos como los de agresión, dependiendo de la marcha de la negociación entre Polanco y Villalonga, hasta el punto de que es posible seguir con precisión milimétrica los avatares de dicha negociación, sus avances y retrocesos, por los silencios o las erupciones de violencia en la epidermis de El País y demás medios del grupo. Todo un manjar para especialistas en semiótica.

En su afán por tumbarle, los Polancos no han escatimado medios, sin importarles siquiera poner en peligro la estabilidad o supervivencia de la primera compañía española (intentado dañar la cotización en Bolsa, atacando la gestión, la política de alianzas, las inversiones en el exterior), si con ello conseguían su objetivo.

* * *

Aquejado por mil problemas internos, el PSOE no reaccionó a la compra de Antena 3 hasta pasadas las vacaciones de agosto de 1997. Pero el 5 de septiembre, con las pilas cargadas, Alfredo Pérez Rubalcaba, el más listo de los fans de Polanco en la nómina del PSOE, encabezó el asalto a Telefónica asegurando que la compañía, «todavía vinculada al sector público, se ha convertido en ariete del PP para comprar cadenas de televisión». Rubalcaba, conocido en las filas guerristas por el alias de «Polancaba», aseguró que «cuando haya una mayoría progresista en el Gobierno, legislaremos contra Telefónica».

El domingo 7 de septiembre, Joaquín Almunia se sumó al coro denunciando que Telefónica «hace operaciones al servicio de Aznar y del PP». El nuevo portavoz socialista en el Congreso, Juan Manuel Eguiagaray, repetía días después el mensaje: «El Gobierno hace con la operadora lo que no puede con el BOE».

Pero el domingo día 14, en vista del aparente fracaso de la carga de la brigada ligera socialista, Jesús Polanco decidió sacar a escena a su prima ballerina: algo muy importante estaba ocurriendo entre bastidores que rebasaba en importancia incluso la compra de Antena 3 Televisión.

Ocurría que Juan Villalonga había viajado a Londres unos días antes para negociar un amplio acuerdo de colaboración con el Grupo Pearson. Los británicos, dueños de la mayoría de control del Grupo Recoletos, habían abandonado Vía Digital de forma poco elegante. Enterados de la operación de Antena 3, dieron inmediatamente marcha atrás pidiendo no sólo el reingreso en Vía sino planteando una operación de mucho más calado. Para Telefónica, Pearson (The Economist, la biblia de las revistas económicas del mundo desarrollado, y sobre todo Financial Times, el más prestigioso de los diarios económicos del momento) era un aliado de gran valor estratégico, un verdadero «caballero blanco» a la hora de protegerse, incluso internacionalmente, del asedio de los «felipancos», porque un editorial del Financial Times vale su peso en oro en cualquier plaza económica relevante.

El acuerdo con el Grupo Pearson era cualitativamente el movimiento más inteligente emprendido por Villalonga desde su llegada a Telefónica. Un aliado formidable, capaz de reducir con su sola presencia la figura de Polanco a la de un simple campesino cántabro.

El de Santillana, dándose cuenta de la importancia de la operación, intentó por todos los medios boicotearla. Tras la compra de Antena 3, aquélla podía ser la pieza que definitivamente rompiera el desequilibrio mediático que había presidido, a su favor, los catorce años de felipismo. Decidido a jugar su carta más fuerte, hizo entrar en la liza nada menos que a Felipe González, con unas declaraciones en la SER volteadas cada hora en los noticieros de la cadena.

Para el ex presidente del Gobierno, Telefónica era una gran empresa, pero Villalonga se la iba a «cargar», de manera que si yo fuera accionista, que no lo soy, me tentaría la cartera… González trataba de generar incertidumbre provocando el hundimiento del valor en Bolsa y, como consecuencia de ello, la dimisión de su presidente.

Al día siguiente, lunes 15, y dentro de la acrisolada técnica de la casa, El País abría su primera página con las declaraciones de Felipe a la SER. Ese mismo día, Eguiagaray volvió a salir a la palestra para reinterpretar las palabras de González en la radio y enviar un mensaje nítido a los banqueros: lo que Felipe había querido decir era que tenían que salir pitando de Telefónica y abandonar a Villalonga, porque, en caso contrario, lo pagarían caro a la vuelta del PSOE al poder. Y en el país del miedo, hubo alguno que llamó a Rubalcaba para disculparse, «tenéis que comprenderlo, hemos participado en la operación de Antena 3 por presiones del Gobierno», una iniciativa que no tardó en llegar a oídos del Ejecutivo.

Pero, en contra de las intenciones de los «felipancos», aquel lunes no sólo no ocurrió ninguna catástrofe en Bolsa, sino que la acción de Telefónica subió 75 pesetas, y al día siguiente, martes, volvió a subir otras 100 pesetas. En dos días, el valor de la operadora aumentó en 155.000 millones. El intento de voladura de una sociedad con más de dos millones de pequeños y medianos accionistas, había fracasado. Felipe, la última carta de Polanco, había demostrado tener tanta credibilidad como pegada.

Había sido, sin embargo, un ataque brutal, sin parangón en los países civilizados de nuestro entorno. Polanco y Felipe habían intentado, en una maniobra desesperada, desestabilizar a Villalonga forzando la caída del valor en Bolsa, lo cual estaba en perfecta sintonía con las amenazas vertidas en varias ocasiones por el editor y su segundo.

Ver al primer partido de la oposición tratando de hacer daño a la primera empresa del país, y amenazando de paso a buena parte de la banca privada si no le acompañaba en el empeño, no podía resultar más descorazonador.

En vista del revuelo levantado, británicos y españoles decidieron acelerar la operación, que quedó ultimada el martes 23 de septiembre[22]. Era la respuesta de Villalonga a las amenazas de González.

La operación iba a permitir al ciudadano de a pie asistir a una situación divertida, cual era ver a Carlos Solchaga, responsable editorial del Grupo Recoletos, disparando desde las páginas de Expansión contra Telefónica, cuyo presidente acababa de firmar una alianza estratégica con quienes le pagaban el sueldo.

Juan Villalonga sacó una lección de la fracasada intentona puesta en marcha por los «felipancos»: no había vuelta atrás para él. Polanco le quería de rodillas, de modo que, o se defendía adecuadamente, o sería sacado de casa al amanecer y ajusticiado contra una tapia cualquiera de esta España partida en dos, como mandan los cánones de nuestra peor Historia. Y para defenderse tenía que contar con cañones del mismo calibre que el «enemigo», porque, sin el apoyo de El Mundo, Villalonga y Telefónica lo hubieran pasado mal aquellos días de septiembre.

El grupo de comunicación que no supo o no pudo hacer el Gobierno Aznar lo estaba empezando a hacer Juan Villalonga, con la diferencia de que él, al fin y al cabo un empresario, estaba obligado a comprar activos sanos atendiendo los intereses de la cuenta de resultados y haciendo bueno el argumento de Friedman, para quien «los directivos de una corporación son los empleados de los accionistas, y como tales tienen la responsabilidad fiduciaria de maximizar el beneficio».

* * *

Precisamente por su condición de empresario, forzado a «desnudarse» cada tres meses ante analistas e inversores de medio mundo, Juan Villalonga estaba obligado a buscar una salida para un negocio como el de Vía, destinado a perder dinero durante mucho tiempo.

El escenario para un eventual pacto con Jesús Polanco había variado de forma sustancial. La operación de Antena 3 y el acuerdo con Pearson habían reforzado notablemente la posición negociadora del telefónico: ahora ya podía hablar de igual a igual con el cántabro en el terreno de los medios de comunicación.

Había, además, un tercer argumento de peso para buscar la paz, argumento que ni siquiera se atrevía a formular al hombre que por entonces compartía sus secretos, José Antonio Sánchez, y era la aprensión, el desgaste que suponía levantarse cada mañana dispuesto a soportar el bombardeo inmisericorde de los medios de Prisa.

Ya durante las vacaciones de agosto del 97, en su casa de Guadalmina, había comenzado a recibir recados de Polanco, generalmente transmitidos a través de Guillermo de la Dehesa, pero también de Ramón Mendoza, Pedro Ballvé y algún otro. El editor quería sondear la posibilidad de pacto y, para ablandar el corazoncito de Villalonga, escaldado por las experiencias vividas, don Jesús, en la mejor tradición de la casa, venía combinando con destreza la política del palo editorial con la zanahoria de enviarle recados y recaderos en busca del ansiado arreglo.

El de Telefónica hacía protestas de firmeza ante amigos y conocidos: «Desde que me amenazaron en mi despacho de Gran Vía se me quitaron las ganas de pactar con ellos, de manera que, si quiere llegar a un pacto, lo peor que puede hacer es intentar acorralarme con editoriales. No me conocen. Por las buenas soy fácil de llevar; por las malas, ni hablar».

La realidad parecía ser muy otra, hasta el punto de que Juan terminó escuchando los cantos de sirena de uno de tales mensajeros. El editor quería sentarse con él «este mismo mes de agosto». Polanco estaba quejoso, decía el intermediario, porque le había enviado ya varias ofertas y no le había contestado a ninguna.

La propuesta del cántabro, transmitida a grandes rasgos por el «hombre bueno» era, sencillamente, leonina: la mayoría del capital de la hipotética plataforma única debía corresponder a Prisa; la gestión, para Prisa; los contenidos, de Prisa y, además, Prisa entraría en el cable de la mano de Telefónica… En fin, lentejas. Una bofetada en el mejor estilo del Kane hispano, dispuesto a no apartarse un ápice del tradicional guión con Villalonga: el negocio de la televisión es mío, y en ese terreno no admito competencia; el tuyo es la telefonía, de modo que limítate a ser un carrier. Y punto en boca.

Villalonga, a pesar de todo, aceptó el envite:

—Dile que estoy dispuesto a sentarme con él.

Pero, para su sorpresa, recibió una respuesta que le dejó helado en pleno agosto: Jesús Polanco sólo estaba dispuesto a sentarse a negociar la fusión de las plataformas digitales con Francisco Álvarez Cascos.

En la escandalosa colusión entre lo público y lo privado que caracterizó al felipismo, Polanco quería negociar con el vicepresidente del Gobierno. De acuerdo con la interesada politización de la «guerra digital» realizada por Cebrián, Villalonga no era interlocutor válido.

«Este tío no me conoce», protestaba, encolerizado, el telefónico. El editor santanderino sufría un problema de adaptación al medio. Acostumbrado durante años a dar órdenes a Cándido Velázquez, actuaba convencido de que el mecanismo de toma de decisiones en Telefónica no podía haber cambiado por el simple hecho de que González no fuera ya presidente del Gobierno. Imaginar que Villalonga pudiera tener siquiera una mínima capacidad de iniciativa e independencia, a pesar de dirigir una compañía cien por cien privada, no entraba en sus cabales. La operadora era un apéndice de Moncloa y así seguiría siéndolo, con Aznar o con González en el poder.

* * *

Villalonga estaba, sin embargo, convencido en su fuero interno de que acabaría pactando con Jesús Polanco, aunque a largo plazo. «Primero hay que dejarle que pierda dinero, porque, cuando más aguante yo, más complicada será su situación».

En contra de la opinión de muchos altos cargos de la compañía, ese convencimiento era plenamente compartido por su entonces alter ego, José Antonio Sánchez. Para el responsable de Comunicación, «el pacto es indispensable para salvar la presidencia de Juan y el negocio digital». Según él, el problema de Villalonga no era tanto Polanco como la escasa entidad y calidad de los apoyos con que contaba. «Nuestros supuestos aliados son, con alguna notable excepción, una partida de guerrilleros dispuestos a sacar tajada de los dineros de Telefónica en provecho propio».

No era más sólida la posición de Villalonga dentro del Partido Popular. Sin un perfil ideológico definido, Juan ni entiende, ni valora, ni le gusta la política, actividad que considera carente de interés. En este sentido, es el anti-Mario Conde. La política le aburre, lo cual le ha mantenido de espaldas a ese universo «partidario» que a menudo implica la existencia de enemigos, pero que también presupone el respaldo activo de camarillas y conmilitones. El corolario es que el presidente de Telefónica contaba y cuenta con muy escasos apoyos dentro del PP.

Más importante aún: el hombre a los mandos de la Economía española, Rodrigo Rato, no era de su cuerda, a pesar de que el vicepresidente económico, hombre de tacto exquisito donde los haya, sabía tratar con guante blanco a uno de los escasos amigos del presidente.

Por si fuera poco, el telefónico estaba enfrentado al regulador, el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, de cuyas manos seguía dependiendo en gran medida la cuenta de resultados de la compañía.

En realidad, el único apoyo serio y fiable con que contaba era José María Aznar. Una bala muy valiosa, ciertamente, pero que sólo podía ser Utilizada una vez y no en fuegos de artificio. Su amistad con Aznar era, por lo demás, un tanto peculiar. Una relación de «afecto frío» que quedó tocada en el momento en que fue propuesto como presidente de Telefónica, situación políticamente embarazosa para el presidente. Desde entonces, una barrera se interpone entre ambos. Se diría que es una amistad en cuarentena o entre corchetes, una relación en libertad vigilada que no volverá a ser lo que fue hasta que ambos no abandonen sus actuales responsabilidades.

Juan Villalonga se encontraba en el fondo bastante solo: a pedradas con Arias-Salgado, sin anclajes de peso dentro del PP y enfrentado no solamente a Polanco y a su armada, sino también a un PSOE que seguía mirando a Telefónica como a la Alhambra perdida en la añoranza de un espléndido pasado de poder sin cortapisas. Demasiados enemigos enfrente.

Por tener, tenía hasta la enemistad de Su Majestad el Rey de España. Manolo Prado había hecho correr en el entorno de sus amigos de cacería la especie de que, además del famoso vídeo de Pedrojota, había otro no menos escandaloso con dos actores principales, Juan Villalonga y el propio director de El Mundo, filmado en diciembre del 96 durante el periplo que realizaron por el sudeste asiático. Poco importaba el hecho de que ambos hubieran realizado ese viaje en compañía de sus respectivas esposas, además de Pedro Ballvé, Guillermo de la Dehesa y Javier Revuelta.

No era la primera vez que a Villalonga le llegaban comentarios poco favorables hacia su persona del entorno de la Casa Real y del propio Monarca. Juan no salía de su asombro ante la ausencia de motivos para ser depositario de la animadversión de alguien a quien solía elogiar en todos los foros. No podía haber más que una razón: José María Aznar. El presidente del Gobierno no gozaba de las simpatías de la Casa Real, no era querido en Palacio, y todos los que estaban a su alrededor eran pagados con la misma moneda.

Unas semanas después de la compra de Antena 3, la gerencia de la cadena acudió a cumplimentar a Su Majestad. Pasados los formalismos de rigor, lo único que interesó de verdad a don Juan Carlos I fue saber si recibían órdenes de contenido político desde Moncloa:

—¿Y nunca os han dicho nada?

—Pues no, Señor, lo único que el presidente del Gobierno nos dijo cuando fuimos a verlo fue que «mucho trabajo y mucha profesionalidad».

—¡Qué corto, qué corto!… —exclamaba, aparentemente escandalizado, el Monarca, componiendo un curioso escorzo consistente en agachar la cabeza mientras se llevaba las palmas de las manos a las sienes, imitando las orejeras del cabezal de una mula.

—Pero, ¿el Gobierno no os ha dado ninguna directriz? —volvía a insistir.

—Pues no, Señor… Hombre, al final el presidente nos dijo, riéndose, que, bueno, a ver si aquí habláis bien del PP, ¿eh?

—¡Pero qué corto, qué hombre tan corto!

* * *

«Ni Juan ni Telefónica pueden acabar con Polanco, y menos hacerle el trabajo sucio a un Gobierno que se ha lavado las manos en el caso Sogecable —aseguraba Sánchez—. Polanco puede tener dificultades financieras para aguantar la pelea, pero el desgaste de Juan podría llegar a ser insoportable. Necesitamos cerrar esa brecha, lo que además supondría empezar a ganar dinero enseguida con una sola plataforma digital».

Al inicio del otoño del 97, Villalonga visitó el despacho del presidente del Gobierno en compañía de un notorio empresario hispano, que asistió en directo a la siguiente respuesta de Aznar:

—No te equivoques, Juan; pactar o no con Polanco es asunto tuyo, independientemente de que le venga bien o no al Gobierno.

Para Sánchez, «Juan es un lobo solitario que, con los riesgos que ello implica, debe intentar por su cuenta el pacto con su principal competidor en el mundo mediático. Si lo logra, habrá quien quiera despedazarle, porque hay gente en ambos bandos interesada en que la guerra continúe. ¿Hasta cuándo? Hasta que a ellos deje de convenirles la pelea. Ese “ellos” incluye perfectamente a Aznar, y eso tiene un riesgo añadido para Villalonga, porque si el Gobierno firmara un día esa paz, su cabeza podría ser el precio del acuerdo».

La situación pareció tomar un rumbo distinto la noche en que, con motivo de la inauguración del Teatro Real de Madrid, Juan coincidió en el hall de entrada con un Polanco que, ágil de reflejos, se fue a saludarlo, un diálogo corto, como estás, muy bien, ¿qué tal todo?, bien, ¿y tú?, bien, gracias… Un intercambio tan intrascendente como anodino, pero que fue visto por mucha gente y valorado en su medida, es decir, de forma desmedida.

El 18 de septiembre del 97, el ínclito Ramón Mendoza, uno de los testaferros de Polanco a la par que notorio alcahuete, y Pedro Ballvé, presidente de Campofrío, se reunieron mano a mano para concluir que tenían que acabar con el desencuentro existente entre sus respectivos amigos, tenemos que juntar a esta pareja, podemos organizar una cena a cuatro e ingeniárnoslas para dejarlos solos, o bien se lo decimos por derecho, nosotros nos vamos, que tendréis que hablar.

La condición que ponía Polanco para asistir a un encuentro de esas características es que bajo ningún concepto se enterara Pedrojota, director de El Mundo.

El caso es que Pedro Ballvé llegó con el recado a Gran Vía 28, hemos estado hablando de esto, ¿qué te parece? Juan torció el gesto y escurrió el bulto sin decir ni pío, pero en cuanto el de Campofrío abandonó su despacho tiró de teléfono para, por primera vez en mucho tiempo, llamar al «yayo», como se conoce a Polanco en la operadora.

—Jesús, me dicen que un par de amigos van a organizar una cena para sentarnos juntos y luego dejarnos solos y, en, fin, al margen de que yo me siento a cenar con todo el mundo, creo que tú y yo no necesitamos intermediarios para vernos.

—Lo mismo pienso yo.

—Perfecto. Entonces yo te veo cuando quieras y sin condiciones.

—De acuerdo.

—Pues mira, para evitar sorpresas, te sugiero vernos fuera, en París o en Londres, donde mejor te venga.

—Me parece una buena idea, pero yo tengo un problema y es el juez, ya sabes que con esa historia de Sogecable tengo que presentarme cada quince días en el Juzgado y pedir permiso para salir de España.

—¡Ah!, ya…

—Mira, te propongo otra solución: vernos en mi casa de Valdemorillo. Más seguros que allí no vamos a estar en ningún sitio. ¿Qué te parece?

—Conforme. ¿Cuándo quedamos?

Quedaron el 5 de octubre del 97 en la finca del editor. Para preparar tamaño encuentro en la cumbre, los Polancos decidieron calentar el ambiente, castigando durante una semana de forma inmisericorde los flancos de Villalonga. Cebrián es como esos entrenadores de fútbol que obligan a sus jugadores a hacer precalentamiento antes del partido. Con la diferencia de que éste aplica el «calentón» al equipo contrario, para que sepa con quién se va a jugar los cuartos y lo bien que le vendría mostrarse complaciente.

Es una estrategia que Prisa ha utilizado en repetidas ocasiones a lo largo de la legislatura como una forma de mediatizar, condicionar e intentar romper la resistencia del adversario. De modo que encuentros que se presumían decisivos para el logro de determinados acuerdos se veían precedidos, para sorpresa de los telefónicos, por brutales campañas de intoxicación e intimidación orientadas a predisponer, mediante el miedo, a Villalonga para aceptar cualquier acuerdo, firmar la paz y acabar con el martilleo de los medios del Grupo.

La ocasión de poner en marcha una operación de este tipo, previa al encuentro de Valdemorillo, se presentó inopinadamente con motivo de la OPA de la operadora norteamericana WorldCom sobre MCI, con la que British Telecom y, más tarde, Telefónica, habían suscrito un amplio acuerdo de colaboración. El ratón (WorldCom), intentaba merendarse al gato (MCI).

«Una OPA hostil pone en peligro la red de alianzas de Telefónica», aseguraba el 2 de octubre El País en su portadilla. «Problemas para Villalonga», añadía a tres columnas en las páginas de Economía. Había empezado el enésimo asalto de los Polancos contra Telefónica. ¿Objetivo? El de costumbre: dañar en lo posible la cotización de la compañía, poniendo en dificultades a su presidente. Y esta vez, y sin que se sepa muy bien por qué, la especulación de que esa OPA hacía añicos las alianzas internacionales de la operadora tomó cuerpo entre los inversores.

Los medios del Grupo Prisa y su escolta parlamentaria, el PSOE, se lanzaron a fondo por la brecha abierta en la cotización. Durante varias jornadas, la operadora sufrió los efectos de una tormenta de diseño, montada y alimentada al margen de la realidad de la compañía. El País llegaba el martes 7 a afirmar que Villalonga había salido apresuradamente a pedir socorro a sus socios ante el batacazo bursátil, cuando la realidad era que había iniciado uno de sus trimestrales road shows ante inversores de Londres, Nueva York y Los Ángeles, entre otras plazas, un tipo de viaje que ciertamente no se podía improvisar de la noche a la mañana.

Ese mismo martes, el valor inició una lenta recuperación en Bolsa. El susto había pasado. Había sido uno más de los ataques de Prisa, pero algo flotando en el ambiente por la planta novena de Gran Vía 28 parecía indicar que, esta vez, los chicos de Telefónica se habían asustado de verdad. Polanco había realizado una demostración de poder en toda regla.

* * *

Con el hígado bien castigado por el trabajo previo de Cebrián, Villalonga se reunió con Polanco el domingo 5 de octubre en su casa de Valdemorillo. En realidad se habían visto la víspera en Barcelona con ocasión de la boda de la infanta Cristina. Las cámaras de la televisión les sorprendieron, uno detrás del otro, en la comitiva de notables que accedían a la catedral, y así aparecieron en El País del domingo, en una foto que suponía una sorprendente elección entre las miles de fotos disponibles ese día.

Al volante de su Audi, el telefónico estaba a las puertas de la finca del editor a las 11,30 de la mañana de aquel domingo. Fue un encuentro que duró hasta las tres de la tarde, tiempo sobrado para poner sobre la mesa un detallado memorial de agravios mutuos. «Nos lanzamos la historia de estos meses a la cara como paletadas de carbón, con educación, sí, pero sin escatimar detalles, tres horas y pico de discusión franca, sin necesidad de guardar las formas ante testigos incómodos».

Sobre la mesa estaba, inevitablemente, el problema del fútbol para la temporada 97/98, un plato demasiado caro que se estaba quedando frío porque ninguna de las plataformas podía comérselo sola por problemas jurídicos.

El objetivo de Villalonga se cifraba en lograr un acuerdo para compartir el fútbol[23] en pago por visión durante el quinquenio 1998/2003. A cambio, estaba dispuesto (además de poner sobre la mesa muchos de miles de millones de pesetas) a hacer lo propio con los derechos sobre los trece equipos que, propiedad de Asensio hasta la compra de Antena 3, le pertenecían para la temporada en curso. «Tenemos que poner orden en el fútbol —urgía Juan— coordinando iniciativas, porque no podemos permitir que los presidentes de clubes se hagan ricos a nuestra costa».

Para hincar el diente al asunto, Polanco nombró como interlocutor a Cebrián, y Villalonga a José María Más. Pero el cántabro, viejo zorro, estableció un orden de prioridades que fue ingenuamente aceptado por su joven invitado: se trataba de resolver, en primer lugar, la retransmisión de los partidos en pay per view para la temporada futbolística ya iniciada, para después, y sólo después, abordar la negociación del quinquenio 1998-2003.

Y Villalonga, un hombre en el fondo fascinado por el poder de disuasión del editor en la vida española, picó el anzuelo, convencido de que Polanco no podía engañarle, ni hablar, ¡mírame a los ojos, Jesús!, le dije, ¿sabes una cosa?, a mí los papeles me la sudan, de modo que te voy a hacer una pregunta: ¿vamos a llegar a un pacto para el quinquenio sí o no?

—Sí —respondió el cántabro.

—Pues eso ya me vale.

Tras el apretón de manos que siguió a esa especie de jura de Santa Gadea, Villalonga creyó haber iniciado una nueva etapa de diálogo y confianza con el editor, seguro de que la palabra de Polanco tenía algún valor. Tardaría varios meses en caerse del guindo.

* * *

En el nuevo clima de relaciones galantemente anunciado por Polanco en su fortín de Valdemorillo, noviembre y diciembre del 97 fueron meses muy tranquilos para los rectores de Telefónica, con el diario El País apaciguado, convertido en un inofensivo osito de peluche. Villalonga pudo así probar y comprobar en carne propia lo bien que se podía vivir a la sombra de Polanco, amigado con Polanco. En prueba de recíproca buena voluntad, la operadora levantó el castigo que tiempo atrás había impuesto a Prisa, comenzando a insertar de nuevo publicidad en el periódico.

La paz, sin embargo, fue breve. La entente cordiale duró el tiempo que tardó Polanco en convencerse de que Villalonga no estaba dispuesto a aflojar la «pasta gansa» que le pedía por que Vía Digital pudiera emitir fútbol en pago por visión durante el quinquenio de referencia: nada menos que 56.600 millones de pesetas, por algo por lo que Sogecable había pagado 15.000 millones diez meses antes.

La primera mitad del 98 fue, en consecuencia, un tenso tira y afloja entre ambas partes. Las negociaciones no se rompieron. Juan Luis Cebrián, Matías Cortés, Javier Revuelta y José María Más continuaron viéndose, juntos o por separado, a lo largo del invierno y de la primavera de dicho año, en un clima a menudo tenso y, con frecuencia, crispado. Una relación de permanente guerra fría, provocada por la reimplantada estrategia de asedio informativo contra la operadora.

«Estoy seguro de que si les soltáramos la mitad de lo que nos piden se acabarían los problemas, ea, ahí van 30.000 millones y amigos para siempre, pero eso sería ceder ante el terrorismo financiero que practica esta gente», aseguraba Javier Revuelta. La «doctrina de las cañoneras» de Polanco es tan sencilla como expeditiva cuando de dinero se trata. Por las bravas.

A mediados de la legislatura, marzo/abril del 98, la comunidad financiera madrileña asistía perpleja y asustada a la dieta de palo y tente tieso a la que el cántabro tenía de nuevo sometida a Telefónica: «No he visto quemar el fondo de comercio de un periódico tan rápidamente como lo está haciendo Prisa con El País», —aseguraba el consejero delegado del BBV, Pedro Luis Uriarte—. Naturalmente, a Uriarte, y mucho menos a su jefe, Emilio Ybarra, jamás se les hubiera ocurrido hacer una declaración semejante en público. El miedo a Polanco es libre. Era el problema de fondo de un Villalonga que asistía impotente al espectáculo de unos accionistas de referencia (BBV, La Caixa, Argentaría) agazapados de forma vergonzante, incapaces de mover un dedo, simplemente aterrorizados ante la idea de verse un día sometidos a un castigo similar. Contentos, en el fondo, porque, mientras Cebrián estuviera ocupado con él, a ellos les dejaba tranquilos. Hasta Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid (socio de Sogecable) y amigo personal de Villalonga, parecía escondido.

«Sabed que en la batalla que estáis manteniendo con ese grupo estamos a vuestro lado —había asegurado Uriarte a Javier Revuelta—. Nuestra apuesta es Telefónica, entre otras cosas porque la inversión en la operadora nos ha reportado ya plusvalías de 110.000 millones de pesetas. Lo que pasa es que hay que tratar de guardar un equilibrio, porque lo que tenemos que evitar es que Prisa haga con Emilio lo que está haciendo con Juan…».

Un argumento que podría entenderse si no fuera porque eran precisamente ellos —más los Botín, los March, El Corte Inglés— quienes, con su apoyo y su dinero, estaban alentando la capacidad de intimidación del cántabro y financiando sus afanes monopolísticos, hasta el punto de que, si ellos quisieran, hace tiempo que se habría acabado la crispación derivada del deseo del editor de seguir haciendo negocios gracias al favor político y la ausencia de competencia. Y gracias, sobre todo, al miedo.

El enfado de Villalonga alcanzaba cotas de frustración al ver cómo distinguidos miembros del PP se las ingeniaban para situarse bajo el manto protector de San Polanco. El propio Rato se había dejado fotografiar sonriente a su lado con motivo de la publicación en El País de unos cuadernillos sobre el euro que Francisco González (FG), presidente de Argentaría, había financiado.

Juan tenía mil motivos para constatar su soledad en el entorno del PP. La nueva camada empresarial «popular» (el citado FG, Alfonso Cortina, Miguel Blesa, Manuel Pizarro), debiendo todos su sillón a Aznar, hacía ya tiempo que se las había ingeniado para hacerse «perdonar la vida» por el gran capo.

La guinda que coronaba el pastel de sus adversidades era un «enemigo» muy peculiar embozado en las filas del PP, un «quintacolumnista» investido de la condición de ministro, un social-demócrata de tanto pedigrí como Rafael Arias-Salgado.

Una cierta sensación de desconcierto invadía los pasillos de la planta novena de Gran Vía 28 cuando se abordaba la actuación de Fomento. El ministro parecía disfrutar maltratando a Telefónica con un esquema de liberalización de las telecomunicaciones que iba a permitir a Retevisión, a base de invertir cuatro duros, hacerse con el 30 por 100 del mercado. El último «favor» había consistido en anunciar que la operadora tendría que poner a disposición de sus competidores la red o el bucle local, lo cual era calificado en Gran Vía de «expropiación lisa y llana, que debería ir acompañada de la presentación de una demanda contra el ministro ante los tribunales».

Las preguntas acudían en catarata: ¿a qué intereses estaba sirviendo Arias-Salgado? ¿Estaba dispuesto el Gobierno a dañar la posición competitiva de la primera multinacional española, obligada a seguir siendo rentable para afrontar las inversiones en las que se había embarcado? Y, a todo esto, ¿cuál era la posición de Rodrigo Rato? Era evidente que Arias no podría llevar adelante su política de «acoso» a Telefónica sin el visto bueno del vicepresidente económico. ¿Qué sentimientos albergaba Rato hacia Telefónica? ¿A qué jugaba Rato?

El juego de Rato, como el del propio Arias-Salgado, era tan simple como difícil de admitir por los responsables de la operadora: se trataba de acabar con el monopolio del que había disfrutado Telefónica desde hacía muchas décadas, y ello implicaba recortar drásticamente sus tradicionales privilegios para hacer posible la competencia.

* * *

Abrumado del martilleo de Prisa, hastiado, deseoso de buscar un punto de equilibrio, el martes 7 de julio del 98, Villalonga, respondiendo a la sugerencia de un emisario muy cualificado, invitó al «yayo» a almorzar en la terraza de la planta novena de Telefónica. Las negociaciones sobre el fútbol estaban suspendidas; la temporada 98/99, a la vuelta de la esquina, y Vía Digital, sin una brizna de fútbol que ofrecer a su entusiasta clientela. ¿Cómo resistir cinco años en esa situación?

Habían quedado en hablar del fútbol, pero Polanco («yo también he ganado mucho dinero con la acción de Telefónica»), elegante como todos los grandes, no quería entrar en harina, se negaba a arremangarse, a mí me han dicho que tenemos que dejar que negocien los técnicos, los abogados y todos ésos, que son los que entienden, y que tú y yo debemos quedar para darnos la mano al final y hacernos la foto, y Juan que no, que al revés, que o nosotros nos arremangamos, o no habrá acuerdo. Las cosas importantes han de ser resueltas por los máximos responsables, que saben lo que pueden y no pueden firmar, y sin intermediarios.

—Pues muy bien, de responsable a responsable, te voy a decir una cosa, y es que no va a haber acuerdos parciales: o negociamos todo, o no hay reparto del fútbol.

—¿Qué quieres decir con todo?

—Quiero decir que tenemos que ir a fusionar las dos plataformas.

Villalonga, cogido entre la espada y la pared a cuenta de una pesadilla llamada Vía Digital, vio de pronto las puertas abiertas de par en par a la esperanza.

—Bueno, ¿cuándo nos vemos? —preguntó Polanco.

—Cuando tú quieras.

—El día 21 en Valdemorillo.

Pasadas las nueve y media de la mañana del martes 21 de julio del 98, el Audi A6 de Villalonga, con el propio Juan al volante, Javier Revuelta a su lado y Arturo Baldasano en el asiento trasero, dejaba el edificio de Gran Vía rumbo a El Escorial. A las diez y cuarto llegaban a las puertas de la finca, escoltada por dos coches de seguridad, para penetrar por el camino que conduce a la gran casa del editor camuflada en el laberinto de piedra de la sierra madrileña, exuberante el paisaje en el arranque veraniego, verdes y amarillos sobre un fondo de piedra caliza moteada de encinas, el mismo panorama que Felipe II debió contemplar tantas veces desde su silla roqueña mientras veía avanzar la arquitectura imponente del Real Monasterio. La mansión, cuya fachada antigua ha sido respetada, domina el Guadarrama y se eleva sobre un horizonte calimoso al final del cual se adivina Madrid.

La casa, de una planta, está decorada con gusto, como corresponde a una de las primeras fortunas del país. Dos cuadros de Gordillo, de gran tamaño, enfrentados en el elegante corredor que conduce a un salón presidido por un impresionante Barjola, más una gran pantalla de televisión y una especie de porche acristalado al fondo donde Polanco, su segundo, Juan Luis Cebrián, y Carlos Abad estaban sentados cuando los telefónicos hicieron su entrada.

Anexo al salón, un comedor de grandes proporciones, con apacibles vistas a un bosquecillo de encinas, decorado en un estilo muy francés, carísimas alfombras por doquier, mucho antique en muebles y piezas y una afortunada mezcla de pintura moderna y tablas con motivos religiosos de escuela sevillana, siglos XVII y XVIII.

Una pareja de mayordomos filipinos bellamente ataviados, guantes blancos, blanca chaquetilla, tout magnifique, sirvieron café y un surtido de pastas finas a los dos jefes que, reunidos a solas en un mano a mano inicial, parecían empeñados en fijar unas normas de comportamiento civilizadas cara al futuro.

—Me importa un bledo no llegar a un acuerdo en el tema puntual del fútbol, Jesús. Para mí es más importante pactar contigo cuál va a ser nuestra actuación en caso de desacuerdo, cuáles van a ser las reglas del juego, porque lo que no podemos hacer es dar portazo y desaparecer otros seis meses.

—Tú fijas las reglas, Juan.

—Te he dicho siempre que yo estoy dispuesto a llegar a acuerdos contigo siempre que convengan a los accionistas de Telefónica. También te digo que tú y yo vamos a ser siempre competidores, pero dentro de ese escenario tenemos que tener un nivel de comunicación mínimo…

—¡Me encanta oírte hablar de los intereses de Telefónica y no de otro tipo de intereses!

—Lo sabes de sobra, Jesús, y ha sido vuestra equivocación desde el principio: yo estoy al margen de lo que pueda o no convenirle al Gobierno.

—Tú sabes que eso no es así, y no es que yo quiera politizar el asunto de forma gratuita, pero aquí están en discusión muchas cosas. Este asunto no sólo atañe a Telefónica y a Prisa: aquí hay otros intereses en juego.

—No te entiendo, Jesús, no te entiendo, porque yo quiero hacer de esto una negociación empresarial que puede acabar o no en acuerdo, porque hay miles de negociaciones en todo el mundo que se rompen todos los días sin que pase nada.

—A lo nuestro, Juan: ¿qué problemas tenemos para llegar a acuerdos?

Villalonga tenía varios. Uno, el calendario: la Liga de fútbol empezaba el 31 de agosto y era propiedad de Polanco para los próximos cinco años. Vía Digital estaba, pues, en la mayor de las indigencias. Y Polanco lo sabía.

—Eso es verdad, Jesús, pero este negocio es estratégico para mí, y estoy dispuesto a aguantar esos cinco años y a la vuelta nos encontraremos.

—¡A la vuelta te encontraré sin fútbol, sin cine y, lo que es peor, sin abonados!

—Mira, he reconocido públicamente que Vía va a perder este año 43.000 millones, sí, lo habrás visto en el folleto de la ampliación de capital, de manera que vamos en serio… Y no olvides que hasta ahora Telefónica no ha competido, hasta ahora todo ha sido un juegos de niños.

* * *

Pero había otro obstáculo de más peso a medio y largo plazo: como negocio estratégico que es, la operadora no podía renunciar a la gestión de la futura plataforma digital conjunta. Telefónica necesitaba añadir televisión a su oferta de voz y datos.

Sobre estas premisas, ambos capos comenzaron a negociar sin testigos y «sin una idea preconcebida; con la mente en blanco», que diría después Villalonga. Polanco, como el tiempo se encargaría de demostrar, sí tenía las ideas claras. Fue él quien condujo la conversación desde el fútbol, como pretendía Villalonga, hacia la negociación global: «Vamos a ver si podemos hablar de todo, y si no podemos, pues hablamos de fútbol…».

Hablaron de la fusión de las plataformas. Con los puntos básicos amarrados, pasadas las once y media de la mañana se incorporaron a la negociación los coroneles de ambas casas. Antes del mediodía el pacto era un hecho.

A última hora de la noche, las partes hacían público un comunicado. «El acuerdo es muy bueno para ellos, cierto —aseguraba Villalonga—, pero, dada la situación en la que nos encontramos, también lo es para nosotros. En primer lugar, porque compartimos la gestión. Nosotros nombraremos presidente durante dos años, y ellos harán otro tanto durante los dos siguientes. El consejero delegado será suyo (aunque necesitará el voto favorable del 75 por 100 del Consejo para aprobar los acuerdos) y el director general, nuestro. Todas las comisiones, paritarias. Todo compartido».

Eso creía Villalonga. También creía que el accionista de referencia iba a ser Telefónica, porque suya iba a ser la participación más importante en la nueva sociedad (nunca inferior al 30 por 100), teniendo en cuenta que los socios de Vía no iban a estar en condiciones de desembolsar el dinero necesario para la aventura, mientras que el 25 por 100 de Prisa en Sogecable quedaría reducido a la mitad en la sociedad conjunta.

Las partes acordaron encomendar a dos bancos de inversiones de gran renombre la valoración de ambas plataformas a los efectos de la oportuna ecuación de canje, fijándose la fecha tope del 30 de septiembre para la puesta en marcha de los acuerdos. Sin embargo, poco o nada se decía de la onerosa herencia que representaban los compromisos financieros asumidos por Sogecable con majors y clubes.

Los medios de comunicación asumieron con benevolencia una operación que, en cualquier caso, significaba el fin de la competencia en la televisión digital. Para Pablo Sebastián, era una operación forzada «por el dinero, por el volumen de las pérdidas de ambas plataformas y por las expectativas de beneficio de esa plataforma única».

Justo un año después del bombazo que, el 21 de julio del 97, supuso la compra de Antena 3, Juan Villalonga protagonizaba otro de sus sonoros golpes de efecto anunciando, en la tarde de un caluroso 21 de julio, el acuerdo definitivo con Sogecable.

«Hemos empezado hablando sobre el fútbol, y poco a poco hemos llegado al acuerdo total». Era la rendición de Breda de un hombre que «no iba a pactar jamás con Polanco», un hombre que había resistido el asedio de Prisa dos años y pico, una heroicidad, pero que al final había terminado enarbolando bandera blanca. Nadie podía resistir en la España de fin de siglo la potencia de fuego del «cañón Bertha» del cántabro, en su vigésimo segundo año triunfal.

Para el cash flow de Telefónica no suponía un gran sacrificio hacer frente a las pérdidas correspondientes a su 35 por 100 en Vía Digital, una plataforma que, por lo demás, no se había metido en inversiones significativas. Para Polanco y sus socios, por el contrario, resultaba muy difícil aguantar la presión de unos compromisos de pago cercanos a los 400.000 millones de pesetas.

¿Por qué cedía Villalonga? Por miedo. Porque no podía seguir soportando el desgaste diario al que le tenía sometido el Grupo Prisa. Villalonga compraba tranquilidad contra la cuenta de resultados de la multinacional. ¿Por qué ser el único en plantar cara a Polanco cuando todo el mundo transita rendido a sus pies? Ningún empresario español importante concibe vivir enfrentado, o simplemente enemistado, con él. Nadie lo quiere. Todos le temen. Cualquier cosa es buena con tal de gozar del favor del editor. Cualquier cosa antes que exponerse a ser blanco de las iras de su grupo mediático.

El telefónico estaba harto de recibir en su culo muchas de las patadas que el cántabro dirigía a Aznar. Una situación tanto más desquiciante cuanto que no pocos miembros del Gabinete llevaban tiempo haciéndole el caldo gordo sin ninguna clase de rubor. El «castigo» que la operadora había impuesto a Prisa suspendiendo la inserción publicitaria en los medios del grupo había sido compensado con creces por los González, Blesa, Cortina y demás «empresarios del PP», dispuestos a dejarse cortar una mano antes que granjearse la enemistad del cántabro.

Con el acuerdo de Valdemorillo, Polanco cerraba su único flanco débil, el de un endeudamiento al que le había conducido su propia soberbia, por un lado, y la estúpida visión ideologizada de los negocios que arrastra su segundo, Juan Luis Cebrián, un ex falangista reconvertido en paladín de la democracia.

Villalonga era ya «un amigo». Como. Emilio Ybarra, como los Botín, los March o Isidoro Álvarez. ¿Quién se expone a estar a mal con el capo di tutti capi?

Ni una palabra crítica por parte del PSOE a un acuerdo que suponía el fin de toda competencia en el mundo de la televisión digital. Ni un gesto de censura del inefable Rubalcaba. Ningún reparo que oponer a los negocios del amo. Lo que es bueno para Polanco es bueno para el PSOE. Business as usual. Villalonga podía por fin respirar tranquilo. De ahí a tomar huevos revueltos de madrugada en Valdemorillo, a los sones de un buen cuadro flamenco, sólo había un paso. El recuerdo de Mario Conde resultaba inevitable.

* * *

Aquella tarde, el despacho de Juan Villalonga parecía la estación de Atocha en hora punta. Todo el mundo parecía compartir de buen grado el júbilo de su presidente. El 21 de julio del 97 estaba en todas las bocas. Doce meses después, otro 21 de julio y otro gran golpe del jefe.

Se acababa la pesadilla. «Este acuerdo blinda a Juan de los ataques de Prisa», afirmaba Javier Revuelta con gesto de alivio. Fernando Abril, director financiero y uno de los hombres más decididamente partidarios de la entente con Polanco, parecía especialmente feliz, convencido de que la cotización iba a pegar de inmediato un tirón al alza: «A muchos inversores les asustaba la idea de que Telefónica terminara embarcándose en la inversión de 600.000 millones de pesetas en el cable, mucho más caro que el satélite, por lo que este acuerdo les tranquiliza enormemente».

A primeras horas de la noche de aquel 21 de julio, un Villalonga al borde de la euforia se dirigía, del brazo de Concha Tallada, al restaurante Jockey, el templo de las grandes componendas patrias, para, en compañía de Revuelta y Baldasano, celebrar por todo lo alto la buena nueva de Valdemorillo en unión de Polanco, Cebrián, Abad y señoras.

Al día siguiente, 22 de julio, el presidente de Telefónica se explayaba ante el Consejo de Administración de la operadora: «Nos hemos esforzado en señalar las razones estrictamente empresariales de la estrategia de entrada en el mundo de los contenidos, pero los prejuicios insalvables de Prisa han hecho hasta ahora inviable un clima de diálogo fluido y un posible entendimiento. Jesús Polanco ha visto en esta compañía el ariete de una actuación gubernamental dirigida a su desaparición. Lo más cómodo para nosotros sería abandonar toda posible área de fricción con ese grupo, pero la realidad es que la presencia en el campo de la comunicación (Vía Digital, Antena 3) es para esta empresa una cuestión estratégica, razón por la cual vamos a ser un competidor cada vez más importante de Prisa, porque el proyecto de Telefónica Media no va a variar un ápice a pesar de este acuerdo».

Para la operadora, el acuerdo tenía un valor añadido de extraordinaria importancia, en tanto en cuanto privaba a las futuras emisoras de televisión por cable (listas, también, para ofrecer servicios de telefonía básica) de la posibilidad de disponer de los contenidos propiedad de Polanco, lo cual hacía francamente difícil la viabilidad comercial del cable.

No era menor la alegría en la torre de Azca, sede del BBV. Para Emilio Ybarra se acababa la esquizofrénica situación de tener los duros en Telefónica y el corazoncito en Prisa. «No tenía la menor duda de que Villalonga lograría el acuerdo con tal de beneficiar a los accionistas», aseguraba don Emilio.

Sin embargo, la acción en Bolsa no se disparó como pensaban Abril y otros muchos, sino que cayó de forma significativa al menos en los tres días siguientes al anuncio del acuerdo. ¿Es que, por ventura, el mercado desconfiaba de Jesús Polanco?

El que sí subió, aunque en la Bolsa de París, fue Canal Plus Francia, y de forma muy notable. Era evidente que el acuerdo venía a rescatar a Sogecable (25 por 100 Canal Plus Francia) del laberinto financiero en el que lo había metido Cebrián. Y es que el único que verdaderamente tenía motivos para estar contento era Jesús Polanco.

La feria, en efecto, se estaba contando de forma muy distinta en Prisa. Los Polancos estaban convencidos de que entre ellos y Canal Plus Francia tendrían una cómoda mayoría en la sociedad resultante, consecuencia directa de la valoración de los activos de cada plataforma, y de que la gestión iba a quedar en sus manos. Cebrián consideraba que Telefónica había tirado, por fin, la toalla de la televisión digital para centrarse en lo suyo, la telefonía.

En la redacción de El País el acuerdo se recibió con justificado alivio. Entre la gente de tropa de Miguel Yuste existida un justificado interés por finiquitar una guerra que estaba suponiendo un gran desgaste para el periódico, obligado con demasiada frecuencia a enseñar la patita en defensa de los intereses del amo, desgaste que estaba teniendo un coste muy alto en términos de credibilidad.

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Aquel 21 de julio del 98 fue un gran día para Polanco y sus negocios. También lo fue para Villalonga. Incluso es posible que lo fuera para Telefónica, aunque ello iba a depender de la firmeza de su presidente a la hora de negociar. La pelota estaba en el tejado. Todo dependía de que, una vez aceptado el pago del impuesto revolucionario, decidiera mirar para otro lado mientras don Jesús le robaba la cartera.

La incógnita se iba a despejar muy pronto. Apenas veinticuatro horas después de haber brindado en Jockey con el mejor champán francés, Villalonga descubría espantado, primera edición del diario El País del jueves 23 de julio, que Polanco decía «digo» donde había dicho «Diego». Aquélla era la presentación infumable de un acuerdo que debía ser paritario, un texto, al parecer obra del propio Cebrián, que rezumaba la arrogancia del consejero delegado de Prisa y en el que se hablaba con displicencia de «coger los elementos aprovechables» de Vía para la futura plataforma única.

El consejero delegado de Prisa venía a repetir lo ya sabido: nadie más que él sabe hacer televisión en España, por lo que el acuerdo consistía, en el fondo, en la retirada del mercado de Vía Digital, sumando a Canal Satélite la participación financiera de un socio tan importante como Telefónica, que de eso se trataba desde un ya lejano 1996. ¿Dónde quedaba la fusión paritaria? Alguien había interpretado al revés la película de Valdemorillo, o había alterado sustancialmente el guión en veinticuatro horas.

En casa del editor había pasado lo que era lógico que pasara: que tres expertos en televisión (uno de ellos, Carlos Abad, más que los otros) que llevaban la lección bien aprendida se habían llevado al huerto a otros tres señores que, aunque gestionando una teleco, de lo que realmente sabían era de banca de negocios.

El jueves 23 de julio, del «espíritu de Valdemorillo» no iba a quedar ni el rescoldo. Con los abogados enfrascados en la redacción del documento que se iba a someter a la firma a lo largo de la tarde, Javier Revuelta descubrió pronto que el consejero delegado de Prisa le había dado la vuelta a la tortilla. Juan Luis se las había ingeniado para otorgar a Telefónica la «gestión tecnológica» de la futura plataforma. Todo lo demás quedaba en sus manos. En suma, el viejo esquema de Cablevisión.

—Pero ¿dónde está la discrepancia? —urgía el de Prisa.

—En la gestión, querido, en la gestión compartida —replicaba Revuelta—, como se fijó en ese acuerdo paritario del que se habló en Valdemorillo.

—¿Y qué significa paritario?

—Que será un acuerdo en el que Telefónica tenga los mismos derechos que Sogecable. Ni uno más, ni uno menos. Segundo, que será equilibrado en cuanto al precio. Un precio de mercado. Y tercero, que será con gestión compartida sobre la totalidad del negocio.

«Fue una de las jornadas más intensas que he vivido en Telefónica», asegura José Antonio Sánchez. «O se busca una solución en la que no haya vencedores ni vencidos o no firmaré nunca», afirmaba un Villalonga a punto de partir hacia Barajas para embarcarse en un viaje a Brasil donde iba a realizar su mayor apuesta como presidente de la operadora (la privatización de Telesp). «No pienso bajarme los pantalones para que me den por el culo».

Estaba claro que se iría de viaje sin fusión. La sospecha de que no sería posible firmar un acuerdo paritario honorable con Prisa iba a significar para él un golpe anímico muy fuerte. La nave había embarrancado cuando ni siquiera había salido de la bocana de puerto.

Pedro Pérez se mostraba eufórico. «De momento, ya hemos conseguido algo, y es que hoy no se firme ni en broma. No hemos ganado ninguna batalla, pero al menos hemos evitado una derrota».

Fuentes de Prisa hablaban en voz baja del supuesto interés del consejero delegado por boicotear el acuerdo, temeroso de que pudiera entrañar una pérdida de su poder. Cebrián, un «señor de la guerra», no quería ni oír hablar de un pacto que no significara un trágala para Villalonga. En ello coincidía con Javier Pradera, partidario de la resistencia a ultranza, «y si hay que poner dinero, que lo ponga Polanco, que es quien lo ha ganado». Para el editorialista de El País sólo había una estrategia: aguantar hasta la vuelta del PSOE al poder. En la misma línea, El PSOE «vendía» que el resultado del partido había sido un diez a cero, puesto que «Polanco va de presidente y Juan Luis de consejero delegado».

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La no firma, en cualquier caso, era toda una papeleta para el cántabro, que, al parecer, estaba ya retrasando pagos a proveedores de Canal Satélite Digital.

Un problema no menor para el editor consistía en explicar a sus socios bancarios que el acuerdo, recibido por todos con indisimulado alborozo, podía romperse a cuenta de la negativa de Cebrián a cumplir los compromisos suscritos. De ello se habían encargado los hombres de Telefónica, llamando uno por uno a los distintos socios de Sogecable para criticar la actitud del de Prisa y exponer las razones del brusco parón.

Los socios de Polanco, que habían venido soportando la guerra porque ninguno, incluido Miguel Blesa, estaba dispuesto a abandonarle en el trance del caso Sogecable, no estaban ya para bromas de ninguna clase. Los March (que se jugaban en la aventura más dinero que el propio editor), Ybarra (muñidor del acuerdo en la sombra) y Jaime Botín (el que más ganas había mostrado de abandonar la prueba) montaron en cólera a cuenta de la cabezonería de Cebrián y durante el fin de semana del 25/26 de julio se movilizaron para hacer ver al gran capo que la conducta de su segundo no tenía pase, y que si él y Villalonga se habían dado la mano en Valdemorillo en torno a unos términos concretos, había que respetarlos, dijera Cebrián o su porquero lo que quisieran.

Como resultado de esta iniciativa, el martes 28 de julio, con Villalonga al otro lado del charco, Cebrián y Revuelta mantuvieron una primera reunión en Gran Vía 28 que, al menos en teoría, significó el desbloqueo de la negociación.

El jueves 10 de septiembre, Polanco y Villalonga, acompañados por Revuelta y Cebrián, viajaron en avión privado a Bruselas para entrevistarse con Van Miert, comisario europeo de Competencia, viaje que los de Prisa aprovecharon para «trabajar» a conciencia a su nuevo aliado, insistiendo en lo conveniente que sería para él dedicarse «a lo suyo», es decir, a la telefonía, «y déjanos a nosotros la gestión de la plataforma, porque ése es nuestro negocio, nosotros sabemos de eso». Juan debía olvidarse de cualquier veleidad en el mundo de la comunicación. «Tú no necesitas televisiones, ni emisoras de radio, ni periódicos, porque ya nos encargaremos nosotros de protegerte. Eso corre de nuestra cuenta».

Ya estaba corriendo. En efecto, Telefónica y su presidente, investidos de nuevo del estatus de «amigos», venían disfrutando desde el 21 de julio de un período de sosiego mediático como no habían conocido otro igual. Los medios del Grupo Prisa parecían haberse olvidado totalmente de ellos, como si no existieran, a disfrutar se ha dicho, y ¡qué felicidad levantarse todas las mañanas sin miedo a lo que pudiera decir El País, porque seguro que El País no iba a decir una palabra que pudiera molestarle!

No menos feliz se sentía José Antonio Sánchez a cuenta del cambio radical de la línea del diario. A partir de entonces iba a poder vivir y hacer su trabajo mucho más plácidamente. O eso pensaba.

Cebrián estaba por aquellos días demostrando lo valiosa, lo efectiva que podía ser esa protección. En pleno crack bursátil (septiembre del 98) provocado por la crisis financiera del sudeste asiático, la cotización de la operadora se había desplomado en Bolsa, pero, ¡oh maravilla!, ni una sola vez había aparecido el nombre de Telefónica en la primera de El País, ¿Cabía mejor prueba de buena voluntad? ¿Qué clase de campaña no le hubieran montado de haber ocurrido la crisis en plena guerra con Prisa?

La recepción de Van Miert, que se quejó de que acudieran a visitarlo los primeros espadas del proyecto cuando no había recibido «un solo papel de lo que ustedes quieren hacer», resultó de una frialdad absoluta. El comisario, con todo, les recitó algunas exigencias que ponían muy difícil la fusión.

A las diez de la noche, Villalonga estaba de regreso en casa, muerto de cansancio y griposo, pero con una enfermedad más sutil que su mujer detectó muy pronto. Algo no había ido bien en el viaje de vuelta. Quizá es que los de Prisa (Revuelta había volado por su cuenta a Roma) le habían apretado las clavijas hasta pasarse de rosca, dándole ocasión para reparar de nuevo en la distancia que le separaba de ellos, una gente que jamás sería su gente, unos tipos con los que nunca comería huevos revueltos en los amaneceres veraniegos de Valdemorillo ni bailaría sevillanas, porque había descubierto que no era bueno bailar con lobos.

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A mediados de septiembre del 98 era lugar común en los mentideros periodísticos que a fin de mes no estaría en marcha la plataforma única que las partes se habían fijado como objetivo el 21 de julio.

Pedro Pérez se manifestaba «convencido de que la fusión no se hace», y lo mismo pensaba la mayoría de los altos cargos de la operadora, desde Revuelta hasta Baldasano. Por un curioso error, el banco de negocios Goldman Sachs había remitido un fax a Vía Digital en lugar de a su cliente, Canal Satélite, en el que, entre otras perlas, aseguraba que «Vía abandonará el mercado en el año 2001, para pasar CSD a ocupar el 100 por 100 del negocio».

El 30 de septiembre, en efecto, la fusión no sólo no estaba hecha, sino que las conversaciones parecían, en el mejor de los casos, estancadas. Sin anuncio público de ninguna clase. Casi en secreto. Polanco justificaba la situación ante sus socios de Sogecable de esta guisa:

—Pero, ¿qué queréis que hagamos cuando Goldman Sachs, que es nuestro banco, asegura que la empresa fusionada valdría menos que Canal Satélite? He hecho lo que me habéis pedido, intentar fusionarme con Vía Digital, pero lo que no puedo hacer es ir en contra de los intereses de nuestra compañía.

Al anochecer de aquel 30 de septiembre, Villalonga conoció por fin la valoración que Goldman Sachs había realizado de ambas plataformas: Canal Satélite valía 500.000 millones de pesetas, mientras que Vía Digital apenas rozaba los 50.000 millones. Teniendo en cuenta que los famosísimos y carísimos investment banks dicen lo que quiere que digan quien les paga la factura, aquellas cifras sólo tenían una explicación: se trataba de una provocación de los Polancos. La ruptura estaba al caer:

—Estas cifras, Jesús, no tienen pase. Me podrán engañar en muchas cosas, pero en cuestión de valoraciones, ni hablar, a mí no me mete nadie un gol. Comprenderás que en estas condiciones hay muy poco que negociar.

—Las cifras de Goldman son igual de desproporcionadas que las de J.P. Morgan, que es vuestro banco, sólo que a vuestro favor. En eso estamos empatados, Juan.

—No, Jesús, no. Yo no he dicho a Morgan lo que tú a los de Goldman: que se las arreglen como quieran, pero que la operación le tiene que costar a Telefónica 100.000 millones de pesetas… Y yo te digo una cosa: la amistad por la amistad y la burra por lo que vale.

Villalonga acababa de regresar de Brasil, donde había estado acompañado por Revuelta y Pedro Pérez, entre otros. Los enemigos de la fusión habían vuelto a Madrid envalentonados. Su trabajo de zapa estaba a punto de dar sus frutos. El presidente de Telefónica estaba casi maduro para la ruptura con Polanco. Sólo les quedaba aislar a quienes, dentro de la operadora, eran decididos partidarios de la operación, caso de José Antonio Sánchez. «Juan no podrá nunca firmar un acuerdo que sea lesivo para los intereses de los accionistas y que no pueda defender ante los analistas —aseguraba Sánchez—. Dicho lo cual, tampoco puede volver a las andadas de una guerra a muerte con Polanco. En primer lugar porque el entorno político, que huele a pacto Gobierno-Prisa, podría dejarlo a la intemperie, enfrentado en solitario a ese Grupo mientras el Gobierno mira hacia otro lado. En segundo, porque la tarea de hacer morder el polvo a Polanco es misión imposible, al menos mientras éste siga teniendo como aliados a lo más granado del capitalismo español; y en tercero y último, porque la situación de Vía Digital tampoco es como para tirar cohetes».

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Todo parecía preparado para escenificar la gran ruptura el jueves 1 de octubre. Tras desayunar en la sede de Gran Vía con la plana mayor periodística del diario El País (Jesús Ceberio, Félix Monteira y Miguel Ángel Noceda), Villalonga acudió al hotel Villa Real, junto al Parlamento, para encerrarse en un reservado con Francisco Álvarez Cascos, mientras Juan Luis Cebrián y Javier Revuelta se veían de nuevo las caras en un mano a mano cargado de los peores augurios. Y no sólo por la conversación que, a cara de perro, Villalonga había mantenido con Polanco la noche anterior, sino porque esa mañana El País salía anunciando que, a partir del próximo fin de semana, quien quisiera ver fútbol en pago por visión tendría que apuntarse en exclusiva a CSD. Se habían acabado los paños calientes con Vía Digital.

Un órdago en toda regla, propio de gente que sabe colocar al toro en suerte y castigarlo donde más le duele antes de recibirlo a la verónica. Para Pedro Pérez, aquello era un casus belli.

Pasado el mediodía, Canal Satélite emitió un comunicado de ruptura, volteado en todos los informativos de la SER, en el que, en un tono deliberadamente ambiguo, se hablaba de «conversaciones interrumpidas». Villalonga, reunido con su gente a primera hora de la tarde para preparar una respuesta, no se anduvo por las ramas. Nada de conversaciones interrumpidas: ¡ruptura sin paliativos y con todas sus consecuencias!

El País, sin embargo, apareció al día siguiente con una línea de moderación poco habitual. Estaba claro que los Polancos habían apostado por un perfil «bajo» de ruptura, quizá convencidos de que se trataba de un simple amago, un episodio inevitable en el camino de una negociación larga y compleja, llamada a conocer acelerones de potro jerezano y paradas de mulo manchego.

Tenían razón. Condenados a entenderse por exigencia de dos negocios de dudosa rentabilidad, Polanco y Villalonga iban a seguir negociando dentro de una pauta novedosa: discreción por encima de todo. En medio de un férreo pacto de silencio, ambos capos se vieron mano a mano el martes 20 de octubre, y volvieron a hacerlo el 27 del mismo mes.

Mucha gente en Telefónica seguía mostrándose contraria a la operación, «porque hemos invertido apenas 19.000 millones en Vía, no tenemos endeudamiento y podemos aguantar el tiempo que sea necesario, mientras que la fusión es esencial para Polanco, porque Canal Satélite podría llevarse por delante no sólo a Sogecable sino a Prisa». José Antonio Sánchez, por el contrario, opinaba que «yerran quienes insinúan que no se va a firmar, porque, por muchas hostias que se den los coroneles, los dos generales están decididos a acabar con una guerra que no les beneficia en nada».

En el deseo de mantener viva una relación amistosa por encima de las diferencias empresariales, Villalonga invitó a Polanco a asistir al espectáculo que, esponsorizado por MoviStar, protagonizó en el Palacio de los Deportes de Madrid el «mago» David Copperfield a las nueve y media de la noche del miércoles 4 de noviembre.

Y allí ocurrió una anécdota que rápidamente dio la vuelta al ruedo madrileño entre las risas del respetable. Ocurrió que, con Polanco sentado en silla de pasillo cercana al escenario, el showman lo eligió como protagonista de uno de sus números de «vuelo». El editor no es un personaje conocido para el gran público, pero buena parte de los que aquella noche habían pagado su entrada, muy cara, lo conocían de sobra y no podían creer que aquel tipo bajito y gordito, de lustroso pelo cano, con aspecto de pacífico abuelete dispuesto a recoger a sus nietos a la puerta del colegio, un verdadero «yayo», que no entendía nada, indefenso, inerme, «Jesús, have you ever dreamed of flying?», como perdido en un mundo extraño, era, nada más y nada menos, que el poderoso Jesús «del Gran Poder» Polanco, el hombre que tenía en un puño a medio país.

Al abandonar el Palacio de los Deportes, Villalonga era una olla a presión, a pesar de haberle pedido disculpas al menos un par de veces después del incidente, no sabes cuánto lo siento, Jesús, consternado, más abrumado que el propio Polanco, no lo he pasado peor en mi vida…

Su enfado lucía intacto a la mañana siguiente. Realmente apesadumbrado por lo ocurrido, despotricaba sin tino contra los encargados de la organización del evento. Su malestar tenía un motivo: que Polanco pensara que el incidente había sido producto de una maquinación, una provocación para dejarle en ridículo en público por el sistema de apalabrar el numerito con el sedicente «mago». «Quiero que el director general responsable del evento se vaya a la calle sin más contemplaciones, para que aprendan a hacer las cosas, ¡joder!, ¿es que tengo yo que estar pendiente de todo en esta puta empresa?… Es el mayor disgusto de mi vida».

La anécdota venía a poner en evidencia el poder de Polanco o, más propiamente, el miedo que en este país infunde entre el empresariado y la clase política. Resulta que el único hombre que en mucho tiempo se había atrevido a echarle un pulso estaba aquella mañana realmente acollonado pensando que el editor pudiera tomarse el incidente como una afrenta personal.

El telefónico, tras disculpas mil, exigió, además, que la organización diera al cántabro cumplidas explicaciones, haciendo intervenir al propio Copperfield para explicar el funcionamiento de su show. La sangre, para alivio de Villalonga, no llegó al río.

—Oye, Juan, asunto zanjado, olvídate del tema. Mira, he pensado que si al final no vamos a tener más remedio que llegar a un acuerdo con las plataformas dentro de cuatro o de cinco meses, ¿por qué no lo intentamos ya mismo?

En el horizonte de Sogecable se erguía un final de año 1998 muy duro a cuenta de la previsión de pagos de fin de año, y es que a los March o al BBV podía no importarles demasiado perder 10.000 millones por barba al año, porque ése era el precio de los «Seguros Polanco», pero había alguien que no podía permitirse tamaño lujo, porque su famoso grupo editorial no los ganaba, y ese alguien era el propio editor.

El resultado fue que el viernes 6 de noviembre Juan y Jesús se citaron a las 13,45 de la tarde para almorzar mano a mano en la casa madrileña del editor sita en la calle Méndez Núñez. La fusión cobraba nueva vida. Todo, sin embargo, fue un espejismo que duró hasta el 18 del mismo mes, día en que, en un tenso Consejo de Audiovisual Sport, los representantes de Telefónica (Baldasano, Enrique Ussed, Juan Ruiz de Gauna y Pedro Pérez) decidieron ponérselo un poco más difícil a los Polancos (Cebrián, Babiano, Carlos Abad y Leopoldo Rodés) proponiendo una elevación de los precios que CSD pagaba a Audiovisual por la emisión en exclusiva del fútbol, de modo que los partidos en los que intervinieran Barcelona o Real Madrid pasaban a costarle al abonado 1.825 pesetas, un incremento sustancial.

El enfado de Cebrián alcanzó cotas desconocidas para muchos cuando vio que Vilajoana, en representación del 20 por 100 de TV3, unía su voto a los de Telefónica.

—¡Si queréis la guerra, la vais a tener! —exclamó, congestionado por la ira y los efectos del tremendo constipado que arrastraba.

El de Prisa, como es tradición, amenazó a casi todo el mundo, especialmente a Pedro Pérez, con toda suerte de desgracias. Al final de la reunión fue Vilajoana quien recibió sus caricias:

—Quiero que sepas que hoy os habéis cargado entre todos la fusión de las plataformas.

—Mira, Juan Luis, ¡ya está bien, ya veo que cuando estoy a favor tuyo somos amigos y cuando voto en contra somos enemigos!…

Como era de prever, al día siguiente tanto El País como Cinco Días aparecieron en los quioscos con sendos editoriales demoledores contra Telefónica. Se había acabado el período de gracia con Villalonga y los suyos. Vuelta a empezar.

La Bolsa, sin embargo, no debió reparar en tan sesuda literatura, porque la cotización de la operadora experimentó aquel día una llamativa subida, dando al traste con el enésimo intento de Cebrián de castigar el valor.

En vista de que los inversores no respondían a los estímulos, Juan Luis puso en práctica una divertida variante, de claro contenido pedagógico, tratando de erosionar la cuenta de resultados de Telefónica: consistía en enseñar a los usuarios los mil trucos para llamar más barato por teléfono haciendo la llamada a través de otras operadoras. «Cómo ganar la guerra del teléfono», titulaba El País una doble página del domingo 6 de diciembre, cuyo subtítulo era igualmente didáctico: «La liberalización de las comunicaciones ha abaratado las tarifas, pero sólo para quien sabe usarlas».

Para entonces, Juan Luis había cesado como consejero delegado de Sogecable, siendo sustituido por Javier Díez Polanco, el «sobrinísimo». Se trataba de un simple cambio de peones destinado a reubicarlo en el hard core del negocio, el diario El País y la SER. Cebrián volvía a lo suyo: el control ideológico y doctrinal del imperio Polanco.

Al asedio de Prisa se había sumado por entonces el diario La Razón, si bien por distintos —aunque también poderosos— motivos: los 3.000 millones que, a consecuencia del due diligence, seguían estando en discusión entre Asensio y Villalonga como coletazo de la compra de Antena 3, dinero que el catalán quería cobrarse a toda costa y que, como era de prever, acabó cobrándose tras la llegada de Pedro Pérez a la dirección general de Comunicación de Telefónica en sustitución de José Antonio Sánchez.

* * *

La fusión parecía un poco más difícil, pero los contactos no estaban rotos, a pesar del terrorífico final de año de Villalonga, prácticamente fuera de España desde el 8 de noviembre hasta bien avanzado diciembre. De hecho, Polanco manifestaba en privado que «estamos muy lejos y muy cerca». Una distancia perfectamente cuantificable: los 100.000 millones limpios que había decidido sacarle a Telefónica como contrapartida a la fusión de las plataformas.

A primeros de diciembre, las conversaciones se trasladaron nada menos que a México D.F., donde Juan Luis Cebrián y Jesús Polanco se sentaron con Javier Revuelta y un representante[24] de Direct TV (el mayor grupo de televisión en pay per view del mundo), socio de Vía Digital. Villalonga había querido implicarles en la negociación para que los Polancos no pudieran presumir en la mesa de ser los únicos que sabían algo de televisión de pago.

La víspera del día de Navidad de 1998, Revuelta aseguraba que el acuerdo había avanzado mucho: «En los últimos quince días se han realizado más progresos que en los últimos seis meses, porque Sogecable ha hecho concesiones que hace un mes hubieran sido impensables».

En silencio, como quería Polanco, sin dar tres cuartos al pregonero, la fusión caminaba aceleradamente hacia un final feliz, hasta el punto de que en Prisa se hablaba de que podría anunciarse antes de fin de año, y Miguelito Gil, ex jefe de gabinete de Felipe González, ahora en la cuadra de Polanco, se había pedido el cargo de responsable de relaciones exteriores de la futura plataforma única. Que las cosas iban bien resultaba evidente para cualquier observador perspicaz. Bastaba con hojear El País, el mejor termómetro para medir el estado de situación, y ver el trato deferente que de nuevo dispensaba a Villalonga.

Tan felices parecían todos, tan amigos, tan confortablemente instaladas ambas partes en un mismo espíritu societario, que Villalonga llegó a contar a Jesús Polanco, como se cuenta a un copain de toda la vida, su nueva situación sentimental. El presidente de Telefónica estaba enamorado, ¡albricias!, había caído fulminado por el rayo de un tórrido amor con la sexta esposa del difunto Emilio Azcárraga, el «tigre», dueño del grupo mexicano Televisa, una espléndida mujer de veintiocho años, antigua «miss México», que a la sazón andaba en pleitos con los hijos del magnate a cuenta de la herencia del fallecido.

Juan era un hombre feliz. Durante las últimas semanas, por el tout Madrid habían comenzado a extenderse todo tipo de rumores. Nadie le había visto desde hacía tiempo, estaba missing, al parecer ocupado en permanente gira por las propiedades latinoamericanas de la compañía, y quizá en algo más.

Villalonga, un tipo bonachón y afable, amigo de sus amigos, es, sin embargo, hombre nada proclive a los mundanos comportamientos que impone la vida social. Cenas, saraos y actos varios le producen un entusiasmo perfectamente descriptible, hasta el punto de que procura evitarlos siempre que puede. Ha sido el hombre público menos visto en Madrid en estos años, lo que, tratándose del presidente de la primera empresa del país, implica necesariamente decir no a un torrente de invitaciones públicas y privadas. Y quedar mal. Ese retraimiento, como es de imaginar en un país como España, le ha traído más disgustos que alegrías. Juan Villalonga ha echado fama de «chulo» sencillamente porque su personal instinto no conjuga bien con las pautas de comportamiento social al uso.

El de Telefónica, sin embargo, celebró la Navidad en familia y en la estación invernal de Baqueira Beret, como si nada estuviese ocurriendo en su vida. Las familias Villalonga y Aznar compartieron la cena de Nochevieja en la casa que, en la misma estación, ocupaba el presidente del Gobierno. A preguntas de su amigo, Juan explicó en un aparte que su matrimonio con Concha Tallada estaba atravesando una profunda crisis, pero que no pasaba nada, no hay nada, José María, sólo cansancio mutuo…

Sin embargo, a la una y media de la madrugada, y tras abandonar la residencia del presidente, Juan dejó en su casa a mujer e hijos, cogió sus maletas y se largó raudo, seguido por sus escoltas, camino de Barcelona, donde un avión privado le aguardaba casi con los motores en marcha para trasladarle a Miami, donde los brazos amantes de Adriana Abascal le estaban esperando.

En menos de un par de meses, y como si de un veinteañero se tratara, Villalonga había sido capaz de dinamitar su matrimonio, abandonar mujer e hijos, romper con amigos de toda la vida y engañar al presidente del Gobierno. Todo un récord. Por el amor de una mujer.

Los amigos comunes, colegas de primera juventud, estaban escandalizados. Y un rumor incontenible, grande como ola de maremoto, comenzó a extenderse por el Madrid «enterado»: Juan Villalonga era «hombre muerto», se «había vuelto loco» y podía hacerle mucho daño no ya a Telefónica, sino a su amigo, José María Aznar. El espectáculo de verle paseándose por Madrid del brazo de Adriana, perseguido por una nube de paparazzi, podía resultar un manjar delicioso en boca de los «felipancos».

Por eso muchos pensaron que le quedaban dos días al frente de Telefónica, porque el primero en no consentir tamaña exhibición de pública impudicia iba a ser el presidente del Gobierno. La variable más feasible apuntaba a Ana Botella como el brazo ejecutor de la condena. En efecto, todo el mundo daba por sentado que en la defenestración de Villalonga iba a desempeñar un papel decisivo la señora del presidente, amiga íntima de Concha Tallada, con quien, en una clara demostración de afecto, había acudido a un concierto en el Teatro Real de Madrid.

En pleno mes de enero, el afectado acudió a visitar a su amigo en Moncloa para «desfacer entuertos» y contarle lo suyo con la bella mexicana. Juan anunció al presidente su intención de oficializar la relación mediante una foto en un medio de prensa que acabara con todas las especulaciones, y ¿qué te parece la idea, José María?

—Tú verás lo que haces…

Una respuesta que parecía dar la razón a quienes, en áreas cercanas al propio PP, aseguraban que el telefónico había perdido el favor no sólo de Aznar, sino de todo el Gobierno, especialmente de Rodrigo Rato, y como prueba exhibían el nuevo marco tarifario impuesto a Telefónica, una iniciativa que en Gran Vía 28 consideraban «un intento dirigido a cargarse a esta compañía». Las dificultades se multiplicaban. El amor llegaba con problemas bajo el brazo.

* * *

Aquella Navidad, Fernando Abril recibió el encargo de preparar los números para firmar la fusión de las plataformas en tornó al 10 de enero del 99, de modo que, en lugar de irse a esquiar, el hijo del añorado Abril Martorell pasó las fiestas haciendo los cálculos pertinentes para, al final, llegar a la conclusión de que, al margen de conveniencias políticas, aquélla era una operación ruinosa según estaba planteada, porque casar dos operadoras quebradas y además poner un montón de dinero encima de la mesa era algo que no había forma de justificar desde un punto de vista empresarial.

Abril, en definitiva, abortó un despegue que alguien intentaba realizar sin haber chequeado siquiera el panel de mandos de la aeronave.

Pero allí estaba Javier Revuelta, dispuesto a sentarse de nuevo frente a Cebrián a lo largo del mes de enero. Aquel plato, además de caro, estaba a medio cocinar. Había que ponerlo de nuevo, vuelta y vuelta, en la sartén.

El miércoles 20 de enero del 99, Villalonga volvió a cenar con Polanco en su casa de Méndez Núñez, esta vez en compañía de Revuelta y Cebrián. El acuerdo estaba al caer y don Jesús había puesto el mejor champán a enfriar en la nevera. «Una cena de lo más cordial, porque ellos querían cerrar el trato a toda costa, a toda costa», señala el vicepresidente de la operadora.

Villalonga quería dilatar el O.K. un poco más, aunque estaba decidido igualmente a firmar. Las diferencias eran de apenas 20.000 millones entre los 60.000 que reclamaba Polanco y los 40.000 que ofertaba él (cifras todas que incluían el fútbol), aunque, en el tráfago de una negociación muy compleja, con costes derivados de la renegociación con proveedores, reconducción de satélites, etc., Telefónica tenía que estar dispuesta a poner sobre la mesa los 100.000 millones que, a ojo de buen cubero, Polanco había pretendido sacarle a la operadora desde el principio a cambio de la paz mediática.

Pasadas las doce de la noche, Villalonga partió raudo desde el domicilio madrileño del editor en dirección a Barajas, dispuesto a volar a América.

—¿Qué tal ha ido eso, Juan? —preguntó Pedro Pérez al teléfono del coche.

—¡Champán, Pedro, champán!… Pregúntale a Javier, que ha quedado con Cebrián el viernes para rematar.

Jesús Polanco viajó al día siguiente, 21 de enero, a Barcelona para atender asuntos personales y, de paso, desempeñarse, del brazo de su fiel Leopoldo Rodés, como speaker en la tertulia que una serie de ricos burgueses, casi todos empresarios «familiares», gente muy conocida, suelen celebrar una vez al mes acogidos al título de «Tertulia 21», porque 21 son los socios/comensales que se sientan el último jueves de cada mes en el restaurante del Círculo Ecuestre de la Ciudad Condal.

Y resultó que aquel jueves, al final de la intervención de Polanco y con todo el mundo prácticamente de pie, don Jesús hizo un comentario ponderando lo mucho que le habían gustado cena y tertulia y lo mucho, también, que le había sorprendido el que «no me hayan preguntado ustedes por el asunto que ahora mismo monopoliza todas las conversaciones en Madrid».

—¿Qué asunto? ¿Qué asunto?… —quisieron saber varias voces al unísono.

—¿No están ustedes al tanto? ¡Pero, hombre, si no se habla de otra cosa en Madrid más que del lío de faldas de Juan Villalonga!…

—¡Aquí no nos enteramos de nada!

—Pues resulta que Villalonga se ha liado con una mexicana, que es nada menos que la viuda de Emilio Azcárraga, el de Televisa, una tía impresionante, por otro lado, y muy lista. Un cañón. Vamos, que éste es el típico caso del gilipollas del chiste. ¿Saben ustedes el chiste del gilipollas?…

—No, no, cuente.

—Es el tipo que va con una mujer impresionante del brazo y detrás siempre hay alguien andando que, después de elogiar a la tipa y muerto de envidia, suelta aquello de ¿y quién será el gilipollas que va con esa tía tan buena?… Pues en este caso el gilipollas es Villalonga, porque la tía es realmente espectacular.

Ahí estaba el señorito Polanco, promoviendo («de manera forzada», en opinión de uno de los asistentes a la cena) el runruneo público en torno a la vida privada de su futuro partner. ¡Un socio de fiar!

El origen de la marea de rumores que recorría Madrid contra el presidente de Telefónica parecía bastante claro. Como clara la ingenuidad de un Villalonga contando al editor su romance, quizá tratando de ganar su complicidad, lo que para algunos permitía adivinar una negociación a la baja en las conversaciones para la fusión de las plataformas.

No tardaría mucho en darse cuenta del riesgo que acarreaba fiarse del cántabro. En efecto, el viernes 22 de enero, el económico Cinco Días apareció en su primera página con una noticia envenenada para Villalonga: los bancos querían colocarle un consejero delegado en Telefónica.

«Me parece alucinante haber estado cenando con ellos tan amigablemente cuando ya tenían listo ese artículo para salir al día siguiente por la mañana [aunque al final lo retrasaron cuarenta y ocho horas], y todo para meterme más presión y hacerme firmar de una vez… Se equivocan, se equivocan de nuevo conmigo. Esta gente no me conoce».

El mismo día de la cena con champán, El País había obsequiado a Telefónica con una buena «pedrada» a propósito de supuestos fallos en Info Vía Plus, de modo que el toque de atención de Cinco Días (pactado, al parecer, entre Emilio Ybarra y Josep Vilarasau en una cena celebrada el martes 19 de enero) era la tercera en la frente. Polanco hacía honor a su inveterada forma de negociar, basada en la receta del palo y tente tieso, o la más clásica de «la letra con sangre entra», y que con tanta eficacia interpreta su segundo, Cebrián. Es lo que Pedro Pérez llama «la negociación de la metralleta».

* * *

Con Pérez al mando ya de las operaciones de comunicación en sustitución de José Antonio Sánchez, Villalonga oficializó su relación con Adriana Abascal mediante una gran foto aparecida en las páginas de huecograbado del diario ABC el sábado 23 de enero. «Juan Villalonga asiste al homenaje al presidente de la Bolsa de Nueva York», decía el titular, seguido de un largo texto, embarullado y reiterativo. En Nueva York tomó también la decisión de archivar definitivamente el proyecto de fusión entre Vía y CSD.

—Eso está muerto —aseguraba Pedro—. ¿Y sabes cuál ha sido la decepción de Juan con Polanco? Que pensó que podría llegar a ser su amigo, y se ha dado cuenta de que eso es imposible, y en esa toma de conciencia ha jugado un papel capital el incidente de Barcelona.

Unos días después, Telefónica anunciaba oficialmente a Bruselas la ruptura definitiva de las negociaciones para la fusión de las plataformas digitales. La cosa iba en serio.

«Estamos pagando el error de haber dado carta blanca a los Polancos como representantes únicos de Sogecable en la negociación —añadía Pérez—, cuando pudimos y debimos haber implicado al resto de los socios, porque cada vez que aceptábamos una comidita en Valdemorillo estábamos dando a Polanco un salvoconducto para que, con tranquilidad, reafirmara ante sus socios su condición de interlocutor en solitario. El hacía y deshacía, y los demás a callar».

Sería una ingenuidad suponer que «la guerra de las plataformas» ha terminado, fundamentalmente porque los números siguen diciendo que, con permiso de Bruselas, la plataforma única resultaría un gran negocio para ambas partes, y es arriesgado apostar en contra de la lógica de los números, pero, de momento, Villalonga ha resistido el asedio de los Polancos, a menudo en contra de las recomendaciones que le hacían esos empresarios que deben su puesto al PP y que nunca se hubieran atrevido a hacer algo semejante. «En la pelea contra el Grupo Prisa, todos sabemos cuál ha sido el juego de algunos ministros y el de algunos empresarios que deben su sillón a José María Aznar, y también lo sabe el propio Aznar —aseguran en Moncloa—, Por eso alguno se puede llevar una sorpresa a partir de abril del 2000».

Durante más de dos años, y utilizando El País (su famoso «cañón Bertha») con una falta de escrúpulos total, Polanco ha intentado forzar una negociación favorable para sus intereses que, con el dinero de Telefónica, le rescatara del atolladero de CSD. Sus desesperados intentos por dañar la cotización de la operadora y de todas sus filiales salidas a Bolsa (TPI primero y Terra muy recientemente) han devenido en estrepitosos fracasos, señal inequívoca de que los mercados se rigen por criterios muy distintos de los utilizados por el cántabro y su grupo editorial.

A Polanco le ha perdido un dato no por objetivo menos esencial: que Felipe González ya no está en Moncloa. «Yo creo que cometió un error de partida —sostiene un conocido empresario madrileño—, porque tuvo una oportunidad magnífica cuando, con Villalonga todavía virgen, se rompió el acuerdo de Cablevisión. Si ese día le dice, mira, esto se ha roto pero la vida sigue, tienes en América un capital estratégico impresionante y podemos hacer allí muchas cosas juntos, creo que hoy estaría montado en coche de caballos. Pero, en lugar de dimensionar sus diferencias como un asunto puramente empresarial, se dejó llevar por esa politización de guerra fría que alentaba un mequetrefe como Cebrián. “Yo soy aquí el que quita y pone gobiernos”, llegó a decir un día delante de mí. Y a Aznar, que es muy suyo, no le gustan nada esos pulsos. El resultado es que se han jugado 100.000 millones a una pareja de sietes».

Una de las lecciones que Villalonga ha impartido, sin pretenderlo, a la aguerrida comunidad empresarial patria es que se puede aguantar perfectamente el asedio de un grupo de comunicación como Prisa y lograr, al mismo tiempo, multiplicar por más de 5 veces el valor de la empresa, que, en el caso de Telefónica, ha pasado de valer 2 billones de pesetas a primeros de mayo del 96 —llegada del nuevo equipo gestor— a valer 11 billones a finales de noviembre del 99.

* * *

La primera decena de febrero de 1999 conoció días de una violencia extrema contra Juan Villalonga. Nunca se había visto llover tanto, tan fuerte y en tan poco espacio de tiempo. Ni siquiera durante las inundaciones que en diciembre del 93 se llevaron por delante a Mario Conde. A lo largo de varias semanas sobre su cabeza descargó un vendaval de violencia inusitada producto de un raro consenso o quizá de una genial operación de manipulación colectiva aliada con alguna extraña fobia contra el personaje. Un verdadero case study para cualquier experto en comunicación. Los mensajes eran coincidentes: Villalonga estaba sentenciado y sólo faltaba la rúbrica de Aznar.

En los mentideros se recitaba ya una lista de potenciales sustitutos, desde Juan Abelló —el nombre que sonó con más fuerza— al ministro Eduardo Serra, pasando por César Alierta y algún otro candidato de La Caixa. Y ello no por la cuenta de resultados, que seguía bien de salud a pesar del aumento de la competencia, único asunto que justificaría la situación precaria de cualquier gestor en su puesto. Tampoco por el envite de Brasil, una inversión que siempre hará honor al paso de Villalonga por la presidencia de Telefónica. La piedra de escándalo seguía siendo Adriana Abascal.

«A la sociedad española le fastidia que la gente se salte las normas y no guarde un cierto “luto” cuando se separa —asegura un empresario madrileño con amplio currículum de faldas—. Además, si Villalonga se hubiera liado con Emma Bonino no pasaría nada, la verdad, pero como lo ha hecho con un pedazo de mujer, pues eso jode mucho».

El sábado 13 de febrero, un Villalonga recién llegado de su enésimo tour iberoamericano visitó, en compañía de Adriana Abascal, a José María Aznar en la finca de Patrimonio, provincia de Toledo, a la que muchos fines de semana acude la pareja presidencial. Tras el almuerzo a cuatro y una distendida sobremesa regresaron a Madrid convencidos de que el presidente «bendecía» su unión y, lo que es más importante, seguros de que a Juan Villalonga le quedaba cuerda para rato.

O eso parecía entonces, porque la realidad es que el presidente de Telefónica vive instalado en un perpetuo rumor. Desde que, en el otoño del 98, conoció a Adriana Abascal, Villalonga es un hombre distinto, aunque no necesariamente mejor. Residente en Miami la mayor parte del tiempo, su aislamiento de la comunidad empresarial y financiera española es total.

Con la particularidad de que su tradicional querella con los accionistas del «núcleo duro» ha adquirido un sesgo nuevo desde la fusión entre BBV y Argentaría, en tanto en cuanto el nuevo banco que presiden al alimón Emilio Ybarra y Francisco González controla más del 9 por 100 del capital de la operadora, paquete que vale en Bolsa casi 1 billón de pesetas. Demasiado dinero para un accionista silente.

La pasión de Villalonga por la Abascal vino acompañada, en septiembre pasado, por un nuevo y llamativo shake up en la cúspide gerencial de Telefónica. El gran sacrificado, esta vez, fue Pedro Pérez, un hombre que había hecho un buen trabajo y que apenas llevaba 9 meses en el cargo, pero también Andrés Tejero, un «colega» de antiguas batallas, y el propio Javier Revuelta, al parecer también caído en desgracia. Antes había salido Fernando Abril, referencia obligada en la operadora en lo que a ortodoxia financiera se refiere, y mucho antes Juan Perea, Francisco de Bergia, Arturo Baldasano o el propio José Antonio Sánchez, todos víctimas de la vacuidad de un hombre que se «enamora» de sus colaboradores, los eleva a los altares y al cabo de unos meses los deja caer como si fueran kleenex de usar y tirar. Y sin explicación de ninguna clase.

Por fortuna, ha tenido la prudencia de no «tocar» a los hombres clave en el manejo del negocio, a saber, Luis Lada, al frente de Telefónica móviles, o Guillermo Fernández Vidal, responsable del negocio de datos y grandes empresas.

El nuevo hombre fuerte —junto a Luis Martín de Bustamante, consejero delegado de la filial Telefónica España, S.A.— en el entorno de Villalonga es Manuel García Durán, que ha monopolizado en su persona la gestión del marketing, la publicidad y la comunicación de la compañía, demasiado arroz para un pollo rodeado, desde hace tiempo, de todo tipo de especulaciones que, naturalmente, contaminan a quien lo ha nombrado para un cargo que maneja un presupuesto cercano a los 50.000 millones.

Los rumores sobre supuestas malas prácticas realizadas en la última etapa de Villalonga pueblan el ruedo madrileño. Se dice que el PSOE espera el momento oportuno (las elecciones generales de marzo del 2000) para empezar a airear información, cuando menos escandalosa, en torno a cuestiones relacionadas con el reparto de la tarta publicitaria, los gastos de la presidencia, el ir y venir en avión privado entre Miami y Madrid, etc.

El «escándalo» de las stock options, aparecido a finales del mes de octubre de 1999, puede haber significado una puesta en escena de cara a esas generales, donde, a falta de argumentos de mayor enjundia, el felipismo quiere atacar a Aznar a través de Villalonga et altri. Las opciones sobre acciones son un mecanismo de retribución complementaria utilizado hoy en buena parte de las grandes empresas del mundo desarrollado, como un sistema para fidelizar a los empleados más cualificados y comprometerles de manera activa en la buena marcha de la empresa.

El esquema implantado por Villalonga entre un centenar de sus ejecutivos, con vencimiento a febrero del 2000, implica el reparto de entre 30.000 y 45.000 millones de pesetas, aunque el coste para la compañía ha sido de 2.700 millones, cifra que arroja una media de 9 millones por ejecutivo/año. ¿Mucho dinero? Desde luego que sí, a pesar de que 45.000 millones representan el 0,005 por 100 de los 9 billones que, grosso modo, ha aumentado de valor la compañía en Bolsa desde la llegada del actual equipo gestor.

El Gobierno reaccionó con rapidez, anunciando, además de un aumento de la fiscalidad del 30 al 48 por 100, la inclusión en la Ley de Acompañamiento de los PGE de una enmienda que obligará a los directivos de las sociedades cotizadas en Bolsa a comunicar a la CNMV las stock options con que han sido retribuidos, que además tendrán que ser aprobadas por los accionistas de cada compañía.

José María Aznar tenía de nuevo motivos para estar encantado con su amigo de colegio. Y de nuevo la cabeza de Villalonga en danza. ¿Llegará vivo a la consulta electoral de la próxima primavera? Por Madrid comenzaban a extenderse de nuevo las apuestas.

* * *

La guerra del fútbol, que tantos ríos de tinta hizo correr durante casi tres años, se saldó en junio del 99 de una forma que Cebrián jamás hubiera podido imaginar.

En efecto, el jueves 17 de junio de ese año, Polanco y Villalonga firmaban el acuerdo para compartir la liga de fútbol profesional durante diez años. Pero, ¡oh sorpresa!, el general Polanco aceptó unos miserables 15.000 millones por lo que, durante mucho tiempo, había exigido 56.500 millones de pesetas. ¿A qué se debía tan drástica rebaja?

La carambola que dio pie a tan llamativo desenlace tuvo su origen en el golpe de mano de Vía Digital al hacerse con los derechos del F.C. Barcelona para las cinco temporadas comprendidas entre el 2003 y el 2008 a cambio de 65.000 millones de pesetas, un ejemplo más de las estratosféricas cifras que mueve el llamado deporte rey.

Sogecable acusó el golpe. «Sé que lo que voy a decir puede molestar a algunos —aseguró José Manuel Lorenzo, ex Antena 3, en la subsiguiente reunión del Consejo de la sociedad—, pero Telefónica ha movido ficha muy bien. Esta vez nos ha mojado la oreja. Nosotros vendemos futuro, y resulta que un competidor se acaba de quedar con una pieza fundamental para armar el negocio a partir del 2003. El resultado es que hemos perdido ese futuro».

Tan importante como ese tropiezo era el destrozo que los representantes de la operadora podían montar con Audiovisual Sport. «No tenemos más remedio que negociar el fútbol a la baja si queremos salir a Bolsa en paz con Sogecable». En efecto, esa salida se había convertido en piedra angular de la estrategia de los telefónicos en su intento de hacer doblar la rodilla a Polanco. Tras varias ampliaciones de capital, y acuciados por la falta de entusiasmo de los accionistas para seguir poniendo dinero, los de Prisa decidieron con la llegada de la primavera dar el gran golpe y sacarle los duros al mercado, anunciando la salida a Bolsa del 25 por 100 del capital de Sogecable. Era la huida hacia adelante del cántabro.

Ante los ahorradores se iba a presentar una sociedad que perdió dinero en el 97 y en el 98 y que volverá a perderlo en el 99. A blanquear tan inquietante fachada acudió con presteza un banco de negocios tan reputado como Morgan Stanley, dispuesto a certificar («operación Wilma») que la sociedad valía la friolera de 400.000 millones de pesetas, de donde se infiere que ese 25 por 100 equivalía a 100.000 millones, cifra que, curiosamente, se corresponde con la que Polanco quería cobrar, de grado o por fuerza, a Juan Villalonga por fusionar las plataformas.

¿Avalaría la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la pretensión de Polanco? Aunque la SEC norteamericana jamás lo hubiera permitido, existían pocas dudas, por no decir ninguna, de que el amo de Prisa lograría salirse con la suya.

Pero la operación, muy cogida por los pelos, podía venirse abajo por culpa de la tormenta que estaba a punto de estallar entre los socios de Audiovisual Sport (AS). En efecto, AS acababa de cerrar su ejercicio a 30 de junio con unas pérdidas de 19.000 millones de pesetas, 7.000 más de los previstos (entre otras cosas por haber vendido el fútbol a una única plataforma), lo cual suponía que la sociedad se había comido más de las dos terceras partes de su capital, entrando así en una de las causas de disolución previstas por la ley.

Cebrián había intentado parar la inundación proponiendo una ampliación de capital de mentirijillas, porque las arcas de «don Polancone» no estaban para libros de caballerías: se trataba de capitalizar esa deuda en proporción a la participación accionarial de cada socio, lo cual sonaba a broma de mal gusto para una Telefónica que se había gastado una fortuna en la compra de su 40 por 100, había aportado los contratos heredados de Asensio, se había quedado sin fútbol para Vía y encima le pedían que pusiera más dinero para que los Polancos, que gestionaban la sociedad, siguieran dándole la exclusiva a CSD…

La operadora, en un movimiento muy estudiado, amagó con solicitar Junta General extraordinaria para plantear la disolución de la sociedad. El asunto, lógicamente, iba a terminar en los tribunales, pero el escándalo consiguiente hubiera alcanzado proporciones sobradas para haber hecho fracasar la salida a Bolsa de Sogecable.

José Manuel Lorenzo puso, pues, el toro en suerte y, para sorpresa de los reunidos, Polanco dijo que estaba de acuerdo, que la situación había variado drásticamente. Y, sorpresa sobre sorpresa, Juan Luis Cebrián, sin cuyo «v/b» no se pone un sello en Prisa, dijo que él también opinaba como el patrón, en contra de los franceses de Canal Plus, con Michel Toulouze a la cabeza, quienes argumentaban que negociar en esas condiciones equivalía a una rendición. Polanco cortó por lo sano: «Hace un año nuestra posición era una, y hoy es otra muy distinta. Tenemos que pactar». No había más remedio que autorizar a Javier Díez Polanco a negociar la venta del fútbol a Vía Digital.

* * *

De manera que Vía ha pagado 15.000 millones por compartir la Liga de fútbol durante los próximos diez años, y ha llegado a un preacuerdo con los Polancos para que CSD pueda emitir la «Champions League», cuyos derechos fueron adquiridos por Vía a TVE. Para ello, CSD tendrá que dar 500 millones de señal el primer año y pagar además 4.500 millones por cada uno de los tres años siguientes, es decir, en total 14.000 millones.

Es decir, que don Jesús se ha metido en el bolsillo 1.000 millones de pesetas, lo que no está nada mal, cuando hace seis meses estaba pidiendo 56.500. The beauty of the thing es que Telefónica estaba madura, quería pagarlos, y fue el propio Polanco quien dio calabazas a Villalonga y le salvó de tamaño despilfarro cuando, en uno de sus ataques de arrogancia, dijo aquello de «o todo o nada». El precio de la soberbia.

12
EL PSOE COMO ALTAVOZ DE PRISA

Caras tristes y desconcierto en Ferraz. Tal era el estado de ánimo que el sábado 25 de abril de 1998 se apoderó de la sede central de PSOE tras la sorprendente victoria de José Borrell en la primarias socialistas.

Muchos hubieran dado dinero por escuchar lo que Felipe González debió decirle a un atribulado Almunia en las tres horas —de doce de la noche a tres de la madrugada— que el «carismático líder» permaneció encerrado con él, mientras los militantes que abarrotaban los pasillos se preguntaban por qué el ex presidente había hecho mutis por el foro sin felicitar al ganador.

Sólo después de la «filípica», González, haciendo gala del descaro que le caracteriza, había preguntado en voz alta:

—Pero, ¿alguien sabe dónde está Pepe Borrell?…

A buenas horas. José Borrell había abandonado Ferraz haciéndose la misma pregunta, pero en sentido inverso: ¿por qué no ha venido a felicitarme Felipe González?

Era todo un indicio del vía crucis que le esperaba. Porque Borrell había ganado una batalla, pero no la guerra, y estaba claro que afincar su nuevo y rutilante protagonismo en un PSOE controlado desde Suresnes por el felipismo le iba a costar sangre, sudor y lágrimas.

El primer problema para el «aparato» era que Joaquín Almunia había anunciado su decisión «irrevocable» de dimitir si resultaba derrotado. Sin embargo, inmediatamente después de escrutadas las urnas comenzaron las presiones para impedir que hiciera efectiva la promesa. «El PSOE intenta parar la dimisión de Almunia», titulaba, el domingo 26 de abril, El País, aún no repuesto de la debacle de su protegido.

Ese mismo día, en majestuoso artículo a cuatro columnas, Javier Pradera («Almunia no debió haber comprometido su dimisión antes del inicio del proceso») impartía doctrina indicando al PSOE el camino a seguir en tan doloroso trance. El ideólogo del felipismo advertía al ganador que «sería seguramente un error, tras las dos décadas de liderazgo carismático de Felipe González, tratar de repetir ese mismo modelo cambiando únicamente al protagonista. Parece mucho más razonable buscar una alternativa diferente basada en la complementariedad de Borrell y de Almunia, es decir, del candidato a presidente del Gobierno y del secretario general del PSOE». Pradera remataba su homilía proclamando las bondades de la cohabitación: «La respuesta de los militantes avala la tesis de un ticket formado por el ganador y el colocado». Majestuosa fórmula destinada a minimizar los efectos del desastre para el felipismo y su aliado, el polanquismo. Pero Pradera sangraba por la herida. El titular de su artículo («La incierta victoria del PSOE») daba a entender que lo ocurrido no era bueno para el PSOE, o al menos para el PSOE que quería su patrón, Jesús Polanco.

Ante el Partido Socialista se erguía un horizonte plagado de incógnitas, con un candidato a la Presidencia del Gobierno que, en contra de lo ocurrido en las últimas décadas, no coincidía con la persona del secretario general, lo que abría la puerta a una estructura bicéfala a la que el PSOE no estaba acostumbrado.

La llave del futuro estaba en poder de Almunia. A él le correspondía, en su soledad de derrotado, decidir el camino a tomar haciendo efectiva su prometida dimisión, lo que hubiera hecho inevitable la celebración de un congreso extraordinario, o, por el contrario, aferrándose al cargo de secretario general, lo cual, al margen de dar gusto al aparato, implicaba aceptar el ingrato papel de segundón del nuevo líder.

Para José Borrell, por el contrario, sólo había un camino lógico: proceder a la convocatoria de ese congreso extraordinario para, aprovechando el desconcierto y la perplejidad del rival, hacerse de una tacada con todo el poder como nuevo secretario general, además de candidato a la Presidencia del Gobierno. Un asunto nada fácil, cierto, porque el felipismo no estaba dispuesto a rendirse y sólo habría aceptado entregarle la Secretaría General con condiciones, especialmente una: una Ejecutiva muy controlada por el aparato, lo cual habría hecho de Borrell un aspirante con plomo en las alas.

Desoyendo las recomendaciones del sector guerrista, que le hubiera apoyado sin reservas, Borrell rechazó la posibilidad de dar un puñetazo sobre la mesa y exigir ese congreso al aceptar más o menos resignadamente la «cohabitación». Y en ese momento se puso la soga al cuello.

Porque el candidato pretendió el imposible de mandar en el partido, paseando en triunfo su candidatura por España, sin correr los peligros de un congreso y teniendo al secretario general como chico de los recados, un esquema que, en todo caso, hubiera requerido un Almunia independiente, no un guiñol movido por Felipe González con mando a distancia.

* * *

Desde la trinchera «popular», la elección de Borrell como candidato parecía a primera vista repleta de luces y sombras. Era evidente que el PSOE había designado un aspirante a la Presidencia con más gancho que Almunia, un hombre que, como candidato, se había demostrado manifiestamente mejorable, Sin embargo, Joaquín, honesto y consecuente, abría muchos menos flancos para el ataque que Pepe Borrell.

Desde el punto de vista doctrinal, el hijo del panadero de La Pobla de Segur, un tipo pagado de sí mismo, representaba un socialismo brillantemente expuesto pero muy antiguo, desprovisto del tamiz de realismo que impone el haber pasado por el Gobierno y haber desempeñado tareas relevantes como ministro y secretario de Estado durante casi catorce años.

Enemigo del Estado de las Autonomías en tanto que partidario de un Estado central fuerte, Borrell significaba mucho sector público, mucha presión fiscal, mucho subsidio. El leridano no es un socialdemócrata al uso, sino un socialista democrático, que es cosa bien distinta. Anclado en el 68, su perfil podía resultar inquietante para determinados votantes «culturales» del PSOE, capas urbanas con niveles de renta medio/alta dispuestas a respaldar un socialismo menos dogmático que el que él representaba.

Terco como una mula cuando de dar su brazo a torcer se trata, encarnaba, sin embargo, aspectos tan singulares como atractivos para el votante tradicional del PSOE: rápido de reflejos, brillante polemista, gran comunicador, con capacidad para caer simpático cuándo quiere serlo, y con el plus, en el resto de España, del anti-pujolismo del que hacía gala cuando se desempeñaba en Madrid.

«Tranquilos, que este hombre deja muchos flancos —trataba Pedro Arrióla de apaciguar a la feligresía del PP reunida en los “maitines” de la calle Génova—, y como deje el espacio de centro vacío y sepamos movernos por ahí con soltura va a tener muy difícil ganar unas elecciones».

Apenas unos días después de su deslumbrante victoria en las urnas, Borrell publicó un artículo en el diario El País, una especie de carta abierta a Aznar sobre la reforma del IRPF en la que, por si alguien lo había olvidado, él mismo se encargó de recordar a tirios y troyanos su condición de hooligan de los impuestos. Fue un artículo que alarmó al mundo económico y que obligó al Grupo Prisa a posicionarse de forma inmediata. Jaime García Añoveros, un especie de private dancer de Jesús Polanco, se apresuró a darle un buen rapapolvo. Pepe Borrell ponía así al descubierto otro de sus flancos, importantísimo tratándose de España, cual era su dificultad para «ligar» con el mundo de Polanco, un mundo acostumbrado al trato con neofabianos tipo Rubalcaba, Solchaga, Solana, Maravall, etc., pero radicalmente reñido con la corriente jacobina por él representada. El leridano había cometido uno de los errores más graves de su corta andadura como candidato a la Presidencia del Gobierno: convertirse en una amenaza para la cartera de don Jesús Polanco Gutiérrez.

«¿Un peligro para la buena salud de la economía española? Que nadie se equivoque —aseguraba un ex alto cargo de Hacienda que durante años trabajó a su lado—. Él será lo que le interese ser. Su vena inicial es izquierdista, desde luego, pero si le conviene jugar a thatcheriano se convertirá en admirador de doña Margaret y venderá que eso es lo mejor para los pobres. Él es, por encima de todo, un pragmático dispuesto a buscar su nicho».

El mundo del dinero, sin embargo, se había asustado. Frente a la incógnita Borrell, Almunia ofrecía para los ricos una clara imagen pro-sistema. Ese mundo había invitado a cenar a Joaquín durante la campaña de las primarias. «Es una reunión que tenemos una vez al mes en la sede del BBV en Azca, en la que intercambiamos opiniones y a la que a menudo invitamos a un speaker». Almunia cenó con Emilio Ybarra, Isidoro Álvarez, Jaime Carvajal, Arturo Gil, José María Cuevas, Carlos Ferrer, Espinosa de los Monteros, García Diez, Joan Rosell, Pérez Nievas y algún otro. Una cena que hubiera pasado desapercibida si los responsables de la campaña de Almunia, mayormente Pérez Rubalcaba, no se hubieran encargado de filtrarla, sin duda para dar a entender un nivel de interlocución con los poderes financieros del que carecía Borrell.

El recuerdo de la experiencia del primer Gobierno Mitterrand en la Francia de 1981 y el efecto devastador que tuvo para la economía francesa estaba en las mentes de muchos empresarios. Es verdad que «un jacobino, ministro, nunca es un ministro jacobino», pero muy pocos parecían fiarse de él. «Este es un loco doctrinario —aseguraba uno de los ilustres invitados a la cena de Azca—, que se cree lo que dice y que, de entrada, puede colocarnos la semana de treinta y cinco horas por decreto».

Felipe, Polanco y el mundo del dinero. Una poderosa alianza se iba a poner en marcha para acabar con la carrera política del candidato Borrell a la Presidencia de la nación.

* * *

La primera tarea que se impusieron los «felipancos» consistió en evitar a toda costa la dimisión de Joaquín Almunia como secretario general del partido, para lo que contaron con la sorprendente ayuda del propio Borrell, que, al coincidir en ello con los deseos de Felipe, creyó ingenuamente ganarse el favor del chamán socialista.

Había que establecer un estrecho mareaje en torno a la estrella errante del ganador de las primarias, y mantenerlo atado en corto para minimizar los eventuales riesgos que para el aparato y para la cartera de Polanco pudieran derivarse de un candidato que iba por libre.

Parece que en la mañana del sábado 25 de abril, horas después de conocido el veredicto de las urnas, Almunia presentó su dimisión a la Ejecutiva del PSOE, pero la realidad demostró que había puesto sobre la mesa la amenaza de dimisión sólo para asustar a los militantes, suscitando el voto del miedo. La dirección del partido, empleándose a fondo, consiguió congelar la renuncia hasta la reunión del Comité Federal del 9 de mayo, ganando unos preciosos quince días de maniobra.

Con los candidatos enzarzados en una soterrada pelea por el control del aparato electoral y la elaboración del programa con el que acudir a las próximas generales, ambos se embarcaron al mediodía del miércoles 29 de abril en el AVE con destino a Sevilla, como las parejas de tronío se embarcaban antaño en el Queen Elizabeth para pasar su luna de miel. Tras un corto paseo por el real de la Feria de Abril hispalense, ambos volvieron a sentarse frente a frente en el AVE, a las cinco de la tarde, camino de regreso a Madrid.

Y parece que el cha-cha-cha del tren cruzando media España a 280 kilómetros por hora contribuyó, al menos, a derretir el hielo, haciendo posible que un par de horas después de llegar a Atocha ambos se encerraran en la sede de Ferraz para, en la madrugada del jueves 30 de abril, dar a luz un acuerdo en torno al reparto del pastel socialista. De acuerdo con la versión oficial, Borrell pasaba a ser el «campeón» indiscutible del PSOE como líder de la oposición, mientras Almunia quedaba relegado a las domésticas funciones de la dirección política y orgánica del partido. El modelo bicéfalo se instauraba en el PSOE.

El candidato, sin embargo, había salido de aquella encerrona nocturna despidiendo un inconfundible tufillo a perdedor: Almunia se reservaba la presidencia del grupo parlamentario y de la comisión que habría de redactar el programa electoral, de modo que difícilmente el ganador de las primarias podía erigirse en «líder de la oposición». El corolario era que González, Bono, Chaves y el «cañón Bertha» de Polanco le habían tendido una trampa para elefantes, en la que el candidato había tardado menos de una semana en caer. Con tan poderosos enemigos dispuestos a segarle la hierba bajo los pies, a Borrell le esperaban días muy difíciles.

El acuerdo, en efecto, provocó la satisfacción indisimulada de los Polancos: «El factor Borrell (y Almunia con él)» tituló Pradera en rima su editorial del sábado 2 de mayo. Los prebostes de Prisa acababan de descubrir las bondades del refrán castellano que asegura que no hay mal que por bien no venga. El árbol de las primarias había dado un fruto perverso que, bien aprovechado, podía, sin embargo, ahorrar al PSOE la larga y penosa travesía por el desierto de la regeneración que habían tenido que realizar los partidos hermanos del Reino Unido (veinte años había tardado el Partido Laborista en volver al poder), Alemania (dieciocho años) e incluso Francia.

Tal vez nada estaba perdido. Tal vez un Borrell bien cogido del ronzal por Almunia y el aparato podía hacer más fácil el tránsito por el atajo que debía conducir al PSOE de nuevo al poder, sin necesidad de cambiar nada ni a nadie.

Las fuerzas vivas del PSOE, sin embargo, no estaban dispuestas a olvidar la derrota de las primarias ni «el pasado» del candidato. Para ellas, Borrell era «un cuerpo extraño, un añadido espurio que distorsiona, retuerce y enloquece la estructura normal del partido», aseguraba un economista muy cercano a Carlos Solchaga. «El problema es que no sabe nada de nada. No sabe de economía, fuera de los cuatro trucos que ha aprendido, y tampoco sabe de sanidad, ni de obras públicas, ni de… Y cuando habla, mete la pata y dice lo contrario que Almunia, y todos nos llevamos las manos a la cabeza porque la gente se va a dar pronto cuenta de lo que muchos sabemos hace tiempo: que es un bluff».

El domingo 3 de mayo, Luis Yáñez, convertido en sorprendente mano derecha del candidato, y Cipriá Ciscar firmaban un acuerdo de nueve puntos que salvaba la legitimidad del 34º Congreso (Almunia era el secretario general) y la de las primarias (Borrell era el candidato a la Presidencia del Gobierno y el líder social y parlamentario).

Sólo las bases confiaban en él, un detalle que nunca ha significado gran cosa para las oligarquías de los partidos políticos españoles. Frente a Almunia, percibido como un fiel lugarteniente a quien González había recurrido para que le guardara la silla mientras bajaba a comprar tabaco al estanco de los GAL, Borrell era considerado por la militancia como una verdadera alternativa, sentimiento que tuvo su reflejo en las encuestas, las cuales, inmediatamente después de las primarias, le otorgaron hasta diez puntos de ventaja sobre Aznar en unas hipotéticas elecciones generales.

Para la inmensa mayoría de honrados militantes socialistas, el de La Pobla de Segur tenía la ventaja de actuar como «efecto esponja» sobre el pasado de corrupción de los últimos gobiernos socialistas. ¿Significaba Borrell el final del felipismo? La más elemental prudencia aconsejaba no entregarse a juicios precipitados. «Borrell no es enemigo del felipismo —aseguraba Federico Jiménez Losantos—, porque el felipismo es esencialmente una estructura de poder, y porque el polanquismo no está para hacer ninguna renovación».

* * *

Ocurrió, sin embargo, que el ímpetu inicial del candidato se extinguió enseguida como cohete de feria. En efecto, a la altura de julio del 98 el «efecto Borrell» se había transformado en el «efecto gaseosa». Humo que en dos meses se llevó el viento.

¿Qué había pasado? Que al genio elegido por la militancia para poner a José María Aznar de patitas en la calle le habían puesto la cara del revés. El esperado cuerpo a cuerpo tuvo lugar con motivo del debate sobre el estado de la Nación, y allí, en la tribuna de oradores, donde se suponía que las innatas cualidades del candidato, su ademán fácil, su verbo inflamado, sus felinos reflejos acabarían con el presidente a las primeras de cambio, allí precisamente se llevó Borrell un revolcón que habría de resultar mortal de necesidad para el futuro de su carrera política.

Pocas veces un aspirante recibido con tanta expectación había quemado sus naves con tanta rapidez. El resultado del debate sirvió para envalentonar definitivamente a los muchos y muy poderosos enemigos de Borrell dentro del aparato socialista. Aquellos que albergaban alguna esperanza electoral con él, la perdieron. El porcentaje de los que pensaban que el PP ganaría las próximas generales subió de forma llamativa tras el espectáculo del Congreso de los Diputados. El candidato era un soldado al que habían enviado a la batalla con una sola bala en la recámara de su fusil, pero ¿le dejarían utilizarla o decidirían dar con él en tierra sin esperar siquiera a las elecciones generales?

El fiasco Borrell —que se iría acentuando en sucesivos debates parlamentarios— no hizo sino consolidar la idea de que la «derrota dulce» del 3 de marzo del 96 se estaba convirtiendo en una realidad más amarga de lo que muchos pudieron imaginar. En la primavera del 98, cumplidos dos años del Gobierno Aznar, con la economía en plena fase expansiva, el ciclo político parecía empeñado en regalar dos mandatos al austero y bigotudo castellano que a la sazón regía los destinos de España. Los ciudadanos, que durante años se habían mostrado encantados con la gracia sevillana de González, parecían ahora mucho más interesados en buscar empleo, comprar coche, pedir una hipoteca y prosperar. Se acabó la feria.

Y ocho años eran tiempo suficiente para que el país experimentara un cambio drástico. Incluso en el caso de que el PSOE volviera a ganar las generales del 2000, la España que tendría que gobernar sería muy distinta de la que dejó en aguda crisis económica e institucional en 1996.

El PSOE se convirtió en un gallinero. El binomio se transformó en terna. Almunia por un lado, Borrell por otro y, entre ambos, el fantasma de un González que, cual Júpiter tonante, aparecía cada dos por tres en escena con su dedo admonitorio levantado para recordar un ¡aquí estoy yo! crispado, agresivo, hosco. Un Felipe a quien sus preocupaciones judiciales volvían miserable, angustiado por el ingreso en la cárcel de José Barrionuevo, temeroso de que, privado de libertad, su antiguo subordinado pudiera un día comenzar a hablar, arruinando definitivamente su paso por las páginas de la Historia.

Los dos principales protagonistas del caso Marey, «Pepe» Barrionuevo y Rafael Vera, ingresaron en prisión a las siete de la tarde del jueves 10 de septiembre del 98, tras un par de bochornosas jornadas que culminaron en el lamentable espectáculo que algunos dieron en llamar «la batalla de Guadalajara bis».

González —que se jugaba mucho en el mantenimiento de la moral de los condenados— se había visto obligado a salir a la palestra y colocarse de nuevo al frente del PSOE, reduciendo la figura de Borrell a la de un pigmeo acobardado, dispuesto a contemplar el espectáculo desde una esquina. Aquella tarde, más de uno pensó que las aguas del PSOE habían vuelto a su cauce, y que no era aventurado pensar que Felipe, de nuevo en el puente de mando, volviera a ser el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno.

El horizonte judicial del «carismático líder» no invitaba, sin embargo, a las alegrías. Las señales que llegaban del Tribunal Supremo no eran nada tranquilizadoras. Algunos jueces y magistrados parecían decididos, al margen de la ideología, a devolver el respeto a la Justicia haciendo una escabechina con todo lo que cayera en sus manos. Los acusados de Filesa, la Mesa Nacional de HB y Mario Conde, entre otros, ya habían resultado empitonados. «Hay que tener cuidado de no saltarse ni un semáforo —aseguraba un conocido político popular—, porque quien caiga ahora en manos de un juez va para el trullo. Aquí no se salva ni Dios, que decía Blas de Otero».

La preocupación de González, con todo, no estaba centrada tanto en el caso Marey como en los juicios del GAL que vendrían después, especialmente en el de Lasa y Zabala, unos asesinatos especialmente dramáticos, cuya mera descripción en pública audiencia podía tener un efecto devastador sobre él.

* * *

Nadie tan desencantado con la pobre performance parlamentaria de Borrell como los Polancos. A la altura del verano del 98 pensar en González —dando por sentado un final feliz en la batalla judicial del ex presidente— como candidato a unas hipotéticas elecciones generales en el 2004 significaba para Jesús Polanco una espera de seis años, demasiado tiempo para remar enfrentado al Gobierno, casi una eternidad sin el favor político y un riesgo excesivo para el negocio. Aquéllos eran años suficientes para permitir la consolidación de grupos alternativos de comunicación capaces de competir con ventaja con Prisa. Una apuesta complicada, difícil de mantener hasta el final. ¿Esperar seis años cruzados de brazos? De momento, y mientras se decidía la suerte de Pepe Borrell, la única salida al alcance del grupo de comunicación más influyente del país consistía en tratar de impedir por todos los medios una nueva victoria del PP en las generales o, en todo caso, hacer imposible la mayoría absoluta. ¿Cómo? A base de la medicina tradicional: palo a la burra blanca, palo a la burra negra.

Al servicio de esa estrategia, Juan Luis Cebrián dimitió de su cargo de consejero delegado de Sogecable para volver a tomar las riendas periodísticas del Grupo, relanzando sus tradicionales puntos fuertes, aquellos que le habían dado dinero y fama a su dueño, es decir, la utilización de El País como máquina ideológica y de amedrentamiento del contrario, el uso del «cañón Bertha» contra las posiciones del Gobierno por dos vías: las acusaciones de corrupción contra miembros del PP, una estrategia que se pondría en marcha fundamentalmente a partir del verano del 98, y el fuego graneado contra los peones más significativos del presidente.

Como todo cazador inteligente, Cebrián se iba a echar al monte dispuesto a irse cobrando las piezas una a una: Pedrojota (o el principal apoyo mediático), que había quedado malherido como consecuencia del vídeo sexual; Villalonga (o los recursos financieros de Telefónica), un asedio que había cumplido ya su segundo año, y Francisco Álvarez Cascos (o la derecha sin complejos), a quien había que dar el empujón definitivo. Adicionalmente, había que preparar una operación especial para frenar en seco el impulso ascendente de Josep Piqué (o la nueva imagen del centro). Se trataba de dejar desprotegida la ciudadela del gran jefe, a quien había que privar de sus máximos apoyos.

Sólo una cosa podía alterar estrategia tan cuidadosamente diseñada, y era que el Gobierno, temeroso de las consecuencias sociales y electorales de la crispación creada por Prisa, enarbolara bandera blanca y ofreciera a Polanco una negociación favorable que le sacara del atolladero de Sogecable, y abriera la puerta a un trato de favor similar al que había disfrutado con los gobiernos de González.

Si durante la primera mitad de la legislatura la tarea del binomio PSOE/Prisa como oposición al Gobierno Aznar se había centrado en intentar su liquidación por la vía rápida, durante la segunda mitad, el matrimonio de intereses Felipe/Polanco se iba a ver abocado a una estrategia de desgaste mucho más lenta, ingrata y dura. Con el PSOE convertido en un gallinero, la labor de oposición iba a recaer definitivamente sobre las espaldas de Cebrián, quien, desde las páginas de El País, convertido de hoz y coz en un periódico de partido, se disponía a marcar día a día, a través de sus editoriales y noticias relevantes, la labor de oposición del PSOE en el Parlamento. Nunca como hasta ese momento iba a quedar tan en evidencia la condición del PSOE como partido gregario de un grupo de comunicación.

Alguna gente podrá argüir que eso fue precisamente lo que hizo El Mundo con el PP durante el último Gobierno González. Con una pequeña diferencia: que durante la legislatura Aznar el director de la Guardia Civil no se ha fugado a Laos; que el gobernador del Banco de España no ha engañado al Fisco; que el ministro del Interior no se ha metido en el bolsillo los fondos reservados; que el Estado no ha organizado una banda terrorista; que la Inspección de Hacienda no ha robado, y así sucesivamente.

* * *

Francisco Álvarez Cascos encabezaba la lista de los potenciales objetivos. Es proverbial la animadversión que los «felipancos» sienten hacia el vicepresidente primero del Gobierno, un sentimiento que parece estar sustentado en la total ausencia de complejos ante la «progresía» de izquierdas de la que tradicionalmente ha hecho gala.

Cascos, en efecto, se ha convertido en esta legislatura en martillo del felipismo y de su soporte mediático, el polanquismo. Y ambos, en justa reciprocidad, le han distinguido con un ensañamiento especial. Con escasos resultados, porque sus enemigos no han comprendido que al asturiano no le importaba terminar en la cuneta política. Al contrario que Rodrigo Rato, primer candidato a suceder un día a José María Aznar, Álvarez Cascos no participa en ese juego. Él, como ocurriera con Alfonso Guerra durante los primeros gobiernos González, está en esa trinchera para llevar a cabo una serie de trabajos ingratos. Sabe que se puede quemar, pero no le importa. Es un papel que tiene asumido y que está dispuesto a desempeñar hasta el final.

En los días previos al inicio del juicio Marey, el felipismo y sus altavoces mediáticos sacaron a relucir la historia de su entrevista con Pedrojota y el abogado de José Amedo en el despacho del director de El Mundo, en la cual el entonces secretario general del PP habría prometido el indulto al ex policía si cambiaba el sentido de su declaración ante los tribunales inculpando a González.

El asunto llegó al Parlamento el 22 de abril del 98, días antes de las famosas primarias. Pero, como ya ha quedado relatado, Cascos no sólo se defendió, sino que contraatacó con dureza, apuntando a Felipe como jefe de la trama político-policial de los GAL. González llegó a referirse a él como «el perro rabioso de ayer, que sabe todo sobre los servicios secretos, y él sabe que yo lo sé, pero no sabe cuánto sé y puedo decir que ayer mintió, pero que le va a costar seguir mintiendo». Al margen del tono, el fondo de la diatriba revelaba lo que desde el año 82 ha sido un secreto a voces: que el felipismo utilizó el Cesid, los servicios secretos, no para defender al Estado, sino para hurgar en la vida privada de las personas con fines partidistas e incluso personales.

Pero el vía crucis de Álvarez Cascos no había hecho más que empezar. En realidad, el vicepresidente del Gobierno contaba con todas las papeletas para ser objeto de las iras de Polanco desde que, tras el famoso 24 de diciembre del 96, había bajado a la arena para dirigir personalmente las operaciones de la «guerra digital» contra un grupo de presión que le había echado un pulso al Gobierno legítimo de la nación.

Sobre Cascos había caído, además, una desgracia inesperada cual era la sublevación del presidente regional asturiano, Sergio Marqués, un hombre que había sido precisamente cooptado por él a la Presidencia del Principado. Un «accidente» político mortal de necesidad. Podría haber hecho mutis por el foro al hacerse patente el cariz de un personaje que devino en una especie de reyezuelo, un jefe de bandería de esa tradicional derecha levantisca y montaraz, pero Cascos se dio por aludido, porque Marqués era una «criatura» política suya, de modo que, muy en línea con su carácter, entró a ese trapo con la energía de un toro de lidia causando muy serios destrozos. «Vamos a perder Asturias —aseguraba un líder del partido—, porque la imagen de prepotencia, de aplastamiento, de dureza que ha dado Cascos se compadece mal con esa idea de centro edulcorado que quiere vender Aznar. Lo de Asturias nos ha hecho un daño enorme».

El vicepresidente primero, por otro lado, se había convertido en el principal valedor del PNV ante el Gobierno Aznar. Frente a las posiciones de firmeza de un Mayor Oreja, el «malo» oficial de Arzalluz, Cascos —con el visto bueno del presidente— había querido desempeñar el papel de interlocutor privilegiado con el nacionalismo vasco, ser el «bueno» del pope euskaldún, hasta el punto de que entre ambos se estableció una línea de afinidad, una relación de confianza que, en el nuevo escenario político propiciado por el Pacto de Estella y la declaración unilateral de tregua de ETA, no era precisamente la mejor tarjeta de visita hacia el futuro.

Last but not least, el asalto a la fortaleza de Cascos por parte del Grupo Prisa iba a tener lugar sobre un campo de minas que, según creencia generalizada, el propio vicepresidente había ido dejando a lo largo del tiempo entre sus propios compañeros de partido. «Durante sus años de secretario general, Cascos ha laminado y humillado a muchos compañeros, de modo que ahora hay demasiada gente dispuesta a subirse al carro de la venganza, gente que hasta ahora no ha movido un dedo por puro miedo. Cascos lo tiene jodido…», aseguraba un significado miembro del PP.

Ninguno se habría atrevido a enseñar la oreja si Paco Álvarez Cascos no hubiera tenido en frente a un grupo tan poderoso como Prisa y si, mucho antes, no hubiera hecho añicos el gran negocio que Jesús Polanco pensaba hacer con la televisión por cable, primero, y la digital, después. Porque, cuando a la altura de julio del 98 comenzaron los más duros ataques contra él, Polanco era un señor que había pasado de ganar 10.000 millones de pesetas limpios en el 96 con su Canal Plus a perder más de 3.000 millones al mes por culpa de Canal Satélite Digital (CSD), y todo para conseguir apenas 72.000 nuevos abonados, puesto que la gran mayoría eran producto de la migración desde Canal Plus a CSD. Estaba claro que los Polancos no le iban a perdonar nunca.

Una obcecación que sorprendía al propio afectado, «porque yo no he pretendido perjudicar al señor Polanco, es más, recuerdo que uno de mis primeros actos públicos, recién formado el Gobierno, fue acudir a la celebración del 20 aniversario de El País, el 3 de mayo del 96».

«No me dedico a fabricarme enemigos. Ahora bien, si alguien imagina que un gobierno puede estar sometido a las decisiones de un grupo de comunicación, por importante que sea, está equivocado. Yo tengo muy claro dónde empiezan y terminan las responsabilidades del Gobierno y de los agentes económicos. Es posible que los señores de Prisa no entiendan eso, porque, acostumbrados a tener al Gobierno a su servicio, quieren que también éste sea su lacayo. Eso no puede ser, de modo que si por tal motivo me convierten en su enemigo es su problema. No estoy dispuesto a tener aquí abierta una oficina de intereses para nadie».

* * *

La ocasión de cargar contra él se presentó con motivo del «viaje al centro» de José María Aznar, en el verano del 98. A la cacería, como demostración de la fuerza de arrastre que ejerce El País, se sumaron casi todos los medios de comunicación, generalmente con tanta convicción como ausencia de base informativa.

Para unos y otros, el anuncio de que Cascos dejaría la Secretaría General del PP en el Congreso a celebrar en enero del 99 no era sino la prueba del nueve de que el vicepresidente había caído en desgracia, y de que el viaje al centro de Aznar se iba a cobrar, tras la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez, su segunda víctima de importancia.

El propio interesado había manifestado en diversas ocasiones su deseo de abandonar el cargo. En marzo del 97 lo había hecho en una entrevista aparecida precisamente en El País, y cuantas veces había sido preguntado al respecto había respondido en la misma línea: «Efectivamente, quiero dejarlo, pero sin ánimo de convertir eso en noticia, simplemente como algo normal. Tan normal que ese deseo mío no fue nunca titular de periódico durante el año 97, ni durante la mayor parte del 98, excepto cuando a alguien le convino sacarlo a colación».

Ya antes del verano del 98, cuando comenzaron a florecer los primeros rumores en torno a su situación, Aznar, en el curso de un despacho rutinario, abordó la cuestión en términos coloquiales:

—Oye, Paco, ¿sigues manteniendo lo de dejar la Secretaría General?

—Por supuesto. Ya sabes que quise que mi último mandato fuese el del 93. Me pediste que siguiéramos hasta el 96 y creo que ya es hora de pasar página.

—De acuerdo, de acuerdo. Te lo pregunto porque habrá que ir tomando algunas decisiones previas.

—Que sepas que no lo hago sólo por mí, sino porque considero que te viene bien a ti y le viene bien al partido, al permitir ir haciendo los ajustes necesarios.

Pero la ola del «casquicidio» fue ganando cuerpo, hasta convertirse después del verano en una verdadero maremoto. El lastre que el presidente del Gobierno pretendidamente quería soltar incluía, además de al vicepresidente primero, a toda una serie de personajes de la vieja guardia, caso de Gabriel Cisneros, Martín Villa, Ortí Bordás y algún otro. Era como si, además de un tirano despiadado, Aznar fuera una suerte de Rambo que, metralleta en mano, estuviera dispuesto a fumigarse a todo aquel que le hubiera ayudado a llegar hasta la cumbre.

El líder del PP habló por fin en la Junta Directiva Nacional del partido celebrada a principios del otoño. Acostumbrado a reírse con muchas de las cosas que se publicaban, consideró que el asunto había rebasado ya los límites de la lógica:

—Habréis visto en las últimas semanas que, al hilo del supuesto giro al centro, mucha gente anda diciendo que me voy a cargar a Fulano y a Mengano y a Zutano, todos de golpe, hasta el punto de que, en realidad, lo único que no ha salido publicado todavía es en qué cementerio los voy a enterrar… Ni que decir tiene que todo es un dislate, y que, sobre este asunto, sólo quiero recordar a la Junta Directiva y a todos los que me conocen un poco que yo siempre he hecho las renovaciones por adición.

Una explicación que casaba con la línea argumental del asturiano, según la cual se equivocaban quienes creían que ese giro significaba que Aznar iba a mandar a galeras a quienes hasta entonces habían estado a su lado para sustituirlos por nuevos y taumatúrgicos descubridores de un nuevo centro. Y se equivocaban porque la filosofía de Aznar es la de la «renovación por adición».

Pero la tormenta parecía imparable. En aquel ambiente desquiciado, unas cortas vacaciones del vicepresidente dieron lugar a un embrollo de dimensión casi nacional. La verdad es que las vacaciones de Álvarez Cascos (que suele tomar en septiembre u octubre, en función de las de Aznar) han dado mucho juego periodístico a lo largo de la legislatura.

En efecto, a finales de septiembre del 96, el vicepresidente se largó aquella frase, plena de finura, del «terrorismo de bodeguilla», de modo que cuando, en la primera semana de octubre, aprovechando la ausencia de sesiones parlamentarias, Cascos se fue de viaje, los felipistas encontraron una explicación muy ad hoc: «Aznar ha mandado al lenguaraz éste de vacaciones…».

Los divertidos episodios provocados por las vacaciones de Cascos en octubre del 96 y del 97 iban a quedar en nada comparados con la marimorena que se armó en el 98. A petición socialista, las vacaciones parlamentarias de la primera semana de octubre fueron trasladadas a la segunda, lo que obligó a Cascos a hacer otro tanto con su tradicional escapada otoñal. Pero la segunda semana del mes incluía la festividad del 12 de octubre, de modo que no compareció en las celebraciones correspondientes. ¡Gran crisis de Gobierno! Es verdad que también faltaba Rodrigo Rato, pero Rato no contaba para los fines que se perseguían. En plena vorágine especulativa, alguien llegó a mencionar que había viajado a Houston para hacerse una revisión. Algunos estaban dispuestos a matarle, y no sólo metafóricamente.

Cascos y su esposa, Gema, no estaban en Houston, sino en Miami. En el viaje de ida había ocurrido una curiosa anécdota. Una azafata, primero, y el comandante del avión, después, les invitaron a pasar a primera clase, donde había asientos vacíos. Ante la negativa de los agraciados, el comandante volvió a insistir con un argumento definitivo:

—¡Es que en el avión mando yo!

—En el avión mandará usted —respondió Cascos—, pero en el Congreso de los Diputados las preguntas las contesto yo.

Entre bulos que a menudo rozaban el mal gusto, una mañana, con esa forma casual que tiene de abordar los temas, Aznar le sorprendió con una pregunta:

—Oye, Paco, no estarás preocupado con lo que se está publicando estos días, ¿verdad?

—José María, ¿tú has dicho algo por lo que yo tenga que preocuparme?

—Ni una palabra, que yo sepa.

—Pues olvídate, porque el día que yo tenga unas décimas de preocupación te lo plantearé directamente.

La conversación acabó entre risas. Y, como es norma en el presidente, en el silencio contiguo. Los que confían en que Aznar cierre una conversación con una frase rotunda pueden esperar sentados. Es una forma de ser que provoca no poco desconcierto entre quienes acuden a plantearle un problema y creen irse de vacío porque el presidente no ha rematado la faena con una media verónica. En tales ocasiones, es Cascos quien oficia de acreditado hermeneuta:

—Pero, vamos a ver, ¿qué os ha dicho Aznar?

—Nada. Sólo nos ha escuchado.

—Suficiente.

* * *

A primeros de octubre, el presidente invitó a almorzar a cuatro directores de periódico y, en presencia de Pedro Antonio Martín Marín, abordó el inevitable caso Cascos:

—Sólo os voy a decir una cosa sobre este asunto —anunció—, porque no quiero entretenerme en esta clase de especulaciones, y es que estáis meando fuera de tiesto, porque mientras yo esté aquí Cascos va a estar en su despacho, de modo que allá vosotros, pero que sepáis que este señor estará conmigo hasta que él quiera,

La tormenta, sin embargo, no había pasado. El miércoles 11 de noviembre, la Junta Directiva Nacional del PP puso en marcha el XIII Congreso del partido, dejando en evidencia la ausencia de Álvarez Cascos de cualquier papel protagonista. José María Aznar, en gran maestre de ceremonias, dio los nombres de los elegidos para la gloria del siglo XXI: el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, y el ministro de Trabajo, Javier Arenas, encargados de la redacción y defensa de las ponencias más relevantes. Como aspirantes fueron nominados Eduardo Zaplana, Luisa Fernanda Rudí y Ángel Acebes. Pío García Escudero recibió el encargo de presidir la comisión organizadora del evento.

Ni una sola mención a Álvarez Cascos. Ni una referencia a su desaparición de las tareas congresuales. Una actitud que muchos consideraron una crueldad innecesaria, porque una sola frase de recordatorio en labios del presidente hubiera servido para salvarle la cara y evitar el chaparrón de especulaciones que de nuevo se avecinaba. Cascos parecía definitivamente muerto, y el silencio de Aznar era su peor sudario.

«Aznar margina a Cascos y apuesta por Rato y Arenas», tituló El Mundo a toda plana. Los medios de comunicación se lanzaron sobre los despojos del vicepresidente primero del Gobierno. Era la hora de la revancha para todos aquellos que guardaban en el armario de la memoria alguna afrenta del todavía secretario general.

Cascos partió a las pocas horas para Centroamérica, acompañando al príncipe Felipe en visita a las zonas devastadas por el huracán Mitch, dejando sobre la piel de toro su carrera política atacada por los cuatro puntos cardinales. «Da asco ver cómo gente que tiene la lengua marrón de adularle, corre ahora a manifestar su adhesión inquebrantable a Pío García Escudero —señalaba Juan José Lucas ante un grupo de periodistas—, y todo porque Pío se va a encargar de confeccionar las listas electorales para las próximas generales».

En Madrid, el entorno de Álvarez Cascos asistía alucinado al festín. «Ya sabíamos lo que iba a pasar al acercarse el Congreso. En realidad, sabíamos lo que iba a pasar cuando, hace ya más de un año, Paco anunció su intención de dejar la Secretaría General, y lo sabíamos porque hay muchas facturas que la gente se quiere cobrar en esta hora… —señalaba su jefe de prensa, Florentino Alonso—, y esto va a seguir así hasta que se celebre el Congreso».

Especialmente llamativo resultó el tratamiento dado por El Mundo al apartamiento del vicepresidente, «porque Pedrojota es un hombre al que Paco ha ayudado mucho, más de lo que pueda imaginarse». Pero el propio Cascos decía seguir bastante tranquilo, «y también bastante alucinado, entre otras cosas porque yo nunca he participado en la redacción de las ponencias de los congresos del PP».

Cercana ya la Navidad del 98, el Partido Popular celebró un acto multitudinario en el hotel Eurobuilding de Madrid, con cena incluida. A los postres, el presidente tomó la palabra para, casi al final, sorprender al respetable con un sereno alegato en favor de su vicepresidente primero. Y entonces, a punto de levantarse la reunión, cuando alguna gente abandonaba ya sus asientos, con Aznar citando a Cascos, hablando elogiosamente de Cascos, pudo observarse, con la escasa discreción que la situación permitía, cómo algunos de los que ya le daban por muerto trataban de reubicarse cerca del supuesto «cadáver» para darle sus más fervientes parabienes. La política.

Sin embargo, la marejada del Congreso pasó. Álvarez Cascos abandonó la Secretaría General y aquel cadáver que muchos creían bien muerto sigue vivo y coleando. «¿Pero es que alguien pensó que Aznar iba a cambiar de golpe su método de trabajo? —se pregunta uno de los “fontaneros” de Moncloa—. La semana siguiente del Congreso volvieron a reunirse de nuevo, como todos los lunes del año, en la sede de Génova o en el palacio de La Moncloa, las mismas personas, los Aznar, Rato, Arenas, Mayor Oreja, Rajoy, Piqué, Martín Marín, Acebes y Arrióla para los “maitines” de los lunes. Y allí estaba, naturalmente, Paco Cascos».

* * *

El mismo Congreso en el que Francisco Álvarez Cascos dejaba la Secretaría General del PP con cierto aire de político amortizado asistía a la consolidación de Josep Piqué como valor en alza dentro del partido y del Gobierno. La estrella que durante años alumbró la dura travesía del desierto del PP se ponía por el ocaso mientras en el horizonte político español emergía un astro llamado a brillar muy pronto con luz propia.

Piqué, presente en la foto a la derecha del Dios padre Aznar, aparecía como el triunfador indiscutible de un Congreso que había puesto broche de lentejuelas al «giro al centro». El ministro de Industria y portavoz del Ejecutivo, que aprovechó la ocasión para oficializar su militancia en el partido, aparecía a los ojos de mucho observador sagaz como un candidato capaz de competir un día por la sucesión, sin duda un caso de inusitada precocidad en un hombre que dos años antes había entrado en la política casi por la puerta de servicio.

En realidad, Josep Piqué era la sorpresa de la política española, el visitante inesperado, la carta que Aznar se había sacado de la manga para ponerle rostro —dialogante, persuasivo, «centrado»— al famoso giro de su Gobierno. La comparación, simplemente gestual, con Miguel Ángel Rodríguez no podía resultar más llamativa. El PSOE, sorprendido por una aparición con la que no contaba, tardó en reaccionar. Y fue, como de costumbre, el Grupo Prisa quien advirtió el peligro que este hombre entrañaba.

La tregua concedida por el PSOE a la «cara amable» del Gobierno del PP duró exactamente cinco semanas. El 17 de agosto, la cúpula socialista, martirizada por las consecuencias de la sentencia del caso Marey, se lanzó contra la yugular de Piqué. Se acabo lo que se daba. El ministro portavoz había dicho que el Gobierno mostraría altura de miras con Vera y Barrionuevo siempre que hubiera «una asunción de las consecuencias y del contenido de la sentencia», afirmación que desató la furia del felipismo. Según Rubalcaba, el hombre que con Cebrián, y a las órdenes directas de Felipe, iba a dirigir el cañoneo contra el catalán, «esto lo sitúa en la línea más chantajista del Gobierno. Va a acabar haciendo bueno en poco tiempo a Miguel Ángel Rodríguez».

Recién llegado a la portavocía, Piqué recibió el encargo del presidente de intentar establecer una relación normal con todos los medios de comunicación.

—¿Eso significa que tengo que hablar con Polanco?

—Naturalmente. Ya sabemos que El País va a hacer todo lo posible para que no ganemos las próximas elecciones, pero vamos a tratar de establecer al menos una relación civilizada, a ver si podemos acabar de una vez con este período de hostilidades.

Piqué llamó entonces a Polanco, y el dueño de Prisa, un caballero, le invitó a cenar en su casa de Méndez Núñez. El mes de julio caminaba aceleradamente hacia su final, con la promesa de unas vacaciones inmediatas. En un ambiente relajado, Polanco y Piqué cenaron mano a mano, se tantearon cordialmente y se emplazaron para un nuevo encuentro que tendría lugar después de las vacaciones, «como a finales septiembre», propuso el editor. Una cena elegante, donde no se tocó ningún tema que pudiera provocar riesgo de chispazo.

Y, en efecto, en septiembre ambos entraron de nuevo en contacto para repetir el ágape de julio, tan agradable él, pero esta vez Polanco preguntó al ministro si tendría inconveniente en que acudiera también Cebrián, y el ministro respondió que ninguno, Jesús, faltaría más, pero que si iba a estar presente Juan Luis él acudiría acompañado, si no te importa, claro, por el secretario de Estado de la Comunicación, Pedro Antonio Martín Marín, y Polanco que nada, estupendo, haremos una cena a cuatro, ¿queréis venir a casa?, no hay ningún problema, Jesús, pero creo que me toca invitar a mí, de modo que te propongo que os vengáis a cenar aquí, ¿dónde?, ¿a Moncloa?, sí, a Moncloa, si no tienes inconveniente, no, no, en absoluto, mira, será la primera vez que vaya allí con Juan Luis desde que gobierna el PP, ¿no me digas que no habéis estado en Moncloa desde abril del 96?, sí, hemos estado, pero no juntos, ah, pues mira, magnífico, ya es hora de arreglar eso…

De modo que un viernes de principios de otoño del 98 los hombres fuertes de Prisa ponían pie en el recinto presidencial para cenar en compañía del ministro portavoz y el secretario de Estado de la Comunicación.

Fue un ágape distendido, agradable, manejado con habilidad por ambas partes, dispuestas a evitar que los escollos que pudieran surgir en el camino impidieran un final feliz.

Allí estaba el nuevo centro derecha español compartiendo mesa y mantel con otra derecha rancia, falangista, travestida de izquierda afrancesada y snobisb, izquierda «progre» que, con el felipismo por muleta, se había adueñado a partir del 82 de gran parte del pastel patrio y se creía tocada por el dedo de Zeus para reinar muchos años sobre las parameras de España, porque aquí, decía Polanco a la altura del segundo plato, aquí la izquierda no ha gobernado nunca y la derecha siempre, bueno, vamos a ver, sí, la izquierda ha gobernado algo más de trece años, pero es que la derecha lo ha hecho siempre.

—Pues eso no es verdad, Jesús, porque, si me permites una reflexión…

—Sí, sí, claro, cómo no.

—Es verdad que la izquierda democrática ha gobernado, y habría que decir que con tics autoritarios muy fuertes, esos casi catorce años, pero ya gobernó con anterioridad, y mejor que no nos acordemos de la experiencia.

—¿Qué quieres decir?

—Que mejor que no nos acordemos del Frente Popular en el 36, mejor que tampoco nos acordemos de lo que hizo en octubre del 34, cuando no se le ocurrió cosa mejor que montar un golpe de Estado en toda regla, y mejor que nos olvidemos del 31 y Casas Viejas y la Primera República.

—Si te metes por esos caminos, ministro, cualquier estudiante de Historia podría sacarte los colores con mil ejemplos de…

—Es que ahí quiero ir a parar, porque es verdad que la izquierda democrática no gobernó hasta el 82, pero también es verdad que la derecha democrática tampoco ha gobernado hasta el 96, ojo, no digo la derecha, sino la derecha democrática, porque, si hacemos abstracción de la UCD, que fue un fenómeno muy peculiar, es la primera vez que gobierna la derecha democrática. Lo mismo que la izquierda.

—Hombre, no deja de ser una interpretación interesante…

—No es una interpretación, Jesús, es la realidad, y si la izquierda democrática ha gobernado esos trece años largos, ¿no vamos a concederle a la derecha democrática la misma oportunidad, o es que le vamos a negar a esta nueva derecha la posibilidad de transformar el país? El drama del PSOE es que, en el fondo, piensan que el hecho de que no estén gobernando no es sólo una anomalía, sino una intolerable injusticia histórica…

—Bueno, bueno, que todos los gobiernos creen que nadie hizo nada antes que ellos.

—Pues a la vista está lo que está haciendo éste… y, la verdad, a veces no os entiendo, porque lo que debería hacer un grupo como el vuestro es criticar a este Gobierno porque el proceso vaya tan lento.

* * *

Gracias a Dios era viernes y al día siguiente no había que madrugar, de forma que los cuatro comensales se arrellanaron en otros tantos confortables sofás para una larguísima sobremesa en torno a una botella de whisky de malta y mucho hielo.

A Polanco y su lugarteniente les interesaban muchas cosas, como el modelo de televisión pública, los criterios de reparto de frecuencias de FM, el proceso de concentración de medios, las ideas en torno a la renovación de las licencias de televisión privada…

Y Piqué, decidido a aprovechar la oportunidad que le brindaba una partida en la que se jugaba mucho, entró a fondo remontándose aguas arriba a la victoria electoral del PP, una victoria raspada cuando las encuestas habían pronosticado otra casi aplastante. Ese resultado, aseguró el ministro, provocó no poca decepción en las filas del partido y un sentimiento de que no se conseguiría ampliar el margen en tanto en cuanto no se lograra alterar el desequilibrio existente en los medios de comunicación, claramente favorable al PSOE. Una alternativa era decir, bueno, ahora que tengo el poder voy a configurar el anti-Prisa…

—¡Que es lo que intentó hacer Rodríguez! —apostilló un sardónico Cebrián.

—Bien… No voy a entrar a valorar lo que hizo gente que ya no está aquí. Repito, la alternativa era hacer el anti-Prisa y meter en un mismo saco a todo lo que se había opuesto al felipismo y quedaba fuera del ámbito de Prisa, con lo esquemático que eso pudiera resultar, porque, ciertamente, la sociedad española es mucho más diversa y compleja que todo eso, pero bueno, alguien podía tener esa tentación juntando a la COPE, a El Mundo, a Pedrojota, a Ansón…

—¡Pero, ministro, si eso es lo que está haciendo Telefónica!

—Mi opinión personal es que eso no se puede meter en un mismo agujero, porque la derecha española es plural, de modo que el intento de aglutinar eso estaba condenado al fracaso, en mi modesta opinión. Al margen de que quien pretendiera crear un gran grupo anti-Prisa debía ser consciente de que eso no podía liderarlo el Gobierno, porque los grupos de comunicación siempre duran más que los gobiernos.

—Una interesante constatación que parece haber olvidado el tuyo, ministro.

—La otra alternativa, que es la que desde aquí vamos a tratar de impulsar, es la de ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, a construir y consolidar una pluralidad de medios, para que cada uno juegue después el papel que tenga que jugar. Y que los diferentes grupos que se puedan consolidar tengan su periódico, su televisión, su radio, de modo que frente a Prisa no haya un anti-Prisa, porque la sociedad española no se puede organizar a contramano, no se puede organizar «contra Polanco»…

—Que es, como ha dicho Juan Luis, lo que ha tratado de hacer este Gobierno desde el principio —intervino Polanco.

—Yo no sé, Jesús, si este Gobierno ha tratado o no de…

—Pues si no lo sabes, ministro, te lo digo yo. Este Gobierno ha llegado a legislar en contra de un grupo de comunicación como el nuestro simplemente porque no estábamos dispuestos a plegarnos a sus intereses, y ha llegado a poner en peligro la existencia misma del grupo, bueno, por intentar, ha intentado hasta meternos en la cárcel, inventándose un…

—Jesús, yo no quiero convertir esta reunión tan grata en un memorial de agravios. Lo que pretendo es mirar al futuro y exponeros cómo vemos desde aquí ahora las cosas. No queremos frentes contra nadie, y si en la izquierda hay un solo grupo, porque el PSOE así lo ha querido, ése es su problema, porque la izquierda también es plural, y si la sociedad es plural y los partidos son plurales, pues bien, ¡dejemos que se exprese esa pluralidad!

—De acuerdo.

—Por tanto, primera conclusión: no queramos meter en el mismo saco aquello que no es compatible. Dejemos que la gente se exprese con libertad, y que Pedrojota vaya por un lado, y Prensa Española por otro, y el Grupo Correo por el suyo, y así sucesivamente… Y que sea el mercado el que diga quién ha de ser más o menos fuerte.

—¡Espléndido, dejemos que sea el mercado quien diga la última palabra —intervino un aparentemente divertido Juan Luis—, pero el mercado ya ha dicho desde hace tiempo quién es el más fuerte, qué emisora es la más oída, qué periódico el más leído, y lo que no se puede hacer es perseguir o legislar para alterar la ley que ha dictado vuestro sacrosanto mercado!

—Estoy de acuerdo. Pero sigamos adelante y establezcamos unas reglas del juego: con total honestidad quiero deciros que este Gobierno no es ni quiere ser beligerante contra un grupo de comunicación per se; el Gobierno es beligerante en favor de la libertad de expresión y la pluralidad en los medios. Pero, ojo, eso significa que se acabaron los tratos de favor para Prisa, como ocurría en el pasado.

—¡Ya estamos con la historia de siempre! —rechazó, con disgusto, Cebrián.

—Sí, Juan Luis, ningún privilegio para Prisa, pero tampoco para los de enfrente. Por lo tanto, allá Prisa y su mundo. Ninguna ventaja para nadie. Igualdad para todos. Lo que queremos es apuntalar la pluralidad, porque creemos firmemente que la competencia es buena para todos. Nuestra divisa es: liberemos las fuerzas, dejemos que fluyan y no predeterminemos desde el Gobierno quién va de ganador, porque lo contrario sería felipismo puro.

—Pues no parece que estéis siguiendo este criterio, que suena muy bonito, la verdad, a la hora de conceder las nuevas frecuencias de radio, porque en las comunidades con gobiernos del PP a la SER no le están concediendo ni una…

Eso no es así, Juan Luis —intervino un Martín Marín, que, procedente del mundo de la radio, se consideró llamado a parte—. Si esos gobiernos no están dando frecuencias a la cadena SER es por una simple razón de equilibrio, por la necesidad de asegurar el pluralismo en la radio, en línea con lo que acaba de decir el ministro.

—Pues más parece que el pluralismo del que habláis se reduce a cumplir las instrucciones de Cascos… —replicó Polanco.

—Mira, Jesús —se revolvió Pedro Antonio—, no puedo entender vuestra obcecación con que aquí hay instrucciones «contra» cuando sólo las hay «a favor», pero a favor de que exista pluralismo en los medios, respondiendo al pluralismo de la sociedad española. Ese es el proyecto y a eso vamos a jugar.

—Bien —retomó Piqué la palabra—, esto es lo que, grosso modo, yo os quería transmitir en esta cena: la intención del Gobierno de proceder a un cambio radical de su política de relaciones con los medios, un cambio que sin duda nos traerá disgustos con la gente teóricamente más cercana a nosotros, y seguramente a mí más que a ningún otro, pero yo creo firmemente en esa idea. Éste es el camino: Pluralidad. Igualdad para todo el mundo. Privilegios para nadie.

—¡Te habrás percatado de que por ahí te puedes ganar la enemiga de Ramírez! —señaló Cebrián.

—No me importa. Sé que nos acusarán de haber pactado con vosotros para que nos ayudéis a ganar las próximas generales. ¡Qué le vamos a hacer! Lo que queremos es fijar una relación con todos los grupos en términos de igualdad. Repito: igualdad de trato con todos. Olvídense ustedes de mí, Gobierno, que yo me olvidaré de ustedes. Se acabaron los interlocutores privilegiados. Nunca más. Este Gobierno no va a perseguir a nadie, porque no está obsesionado con nadie.

En un momento determinado, Jesús Polanco, con el segundo whisky en la mano, puso sobre la mesa su bomba de relojería, sacó su «cañón Bertha» a pasear abordando el tema de la renovación de las licencias de televisión privada que tendrá lugar en julio del 2000. Al dueño de Prisa no le cabe duda de que el Gobierno Aznar renovará la licencia de Canal Plus, pero ésa no era la cuestión. La cuestión era que, puesto que el acuerdo para la fusión de CSD y Vía ya estaba firmado, de modo que Canal Plus iba a ser «canal premium» de esa futura plataforma única, «queremos plantearos la renovación de la concesión, pero para emitir en abierto…».

Ha sido la frustración del Grupo Prisa en estos años, porque Canal Plus da beneficios (no sin los enjuagues financieros que llevaron a sus rectores ante los tribunales por el caso Sogecable), pero no influye. Los telediarios de Canal Plus, a pesar de emitirse en abierto, no tienen audiencia y por lo tanto no cuentan políticamente, y un grupo como el de Polanco, un opinion maker que vive de emitir ideología, necesita una televisión que, además de ganar dinero, sea ideológicamente relevante. Por si fuera poco, las dos televisiones privadas en abierto han empezado, bien gestionadas, a mostrarse como dos máquinas capaces de ganar más dinero que todo el Grupo Prisa junto.

* * *

La petición de Polanco era el precio del acuerdo de paz que el cántabro estaba dispuesto a firmar con el Gobierno Aznar. Asegurada la rentabilidad de la televisión digital y diluidos, gracias al cash flow de Telefónica (el acuerdo entre las plataformas se rompería meses después), los riesgos contraídos en CSD, una televisión en abierto vendría a ser la clave del arco que cerraría la composición de Prisa como grupo integrado, presente en todas las áreas del negocio de la comunicación, además de asegurar un salto del orden de los 10.000 millones en los beneficios anuales netos del cántabro. Y no hay que olvidar que el dinero es la única ideología de Jesús Polanco o, dicho de otra forma, la ideología es la forma que Jesús Polanco tiene de ganar dinero. La gran oportunidad del Gobierno para pactar con el editor había llegado.

Sin embargo, Polanco iba a descubrir muy pronto que Aznar no parecía dispuesto a renunciar a sus principios. Piqué, en efecto, se felicitó porque Telefónica y Prisa hubieran llegado al acuerdo de fusionar sus plataformas, abriendo una etapa de convivencia en los medios, aunque, carraspeó, había un punto que preocupaba al Gobierno como socio que era de Vía Digital a través de TVE, porque, «aunque no pondremos ninguna objeción a los acuerdos económicos a que se lleguen, sí queremos dejar claro que el control de los informativos no podrá quedar exclusivamente en vuestras manos».

—Pero bueno —prosiguió Piqué—, eso ya se verá. Más difícil me parece atender esa petición para cambiar la licencia de Canal Plus por una concesión en abierto, porque, entre otras cosas, habría que cambiar la legislación y seria un lio. Por otro lado —señaló, con gran sorpresa de sus invitados—, el Gobierno tiene casi a punto un decreto para licitar una nueva licencia de televisión de pago que tendrá catorce canales y que emitirá con tecnología digital terrestre.

Polanco no pareció tomarse a mal la negativa inicial del ministro. Había tiempo por delante. Gran bebedor de whisky, se había servido su tercer trago cuando un incidente inesperado vino a alterar radicalmente el clima distendido de la reunión. Fue una intervención en la que un Pedro Antonio con menos mano izquierda que Piqué criticó la natural tendencia, casi una vocación, de los grupos mediáticos a condicionar la acción del Gobierno, «a querer decirles a los gobiernos lo que tienen que hacer, cosa de la que se os ha acusado a vosotros en el pasado», y esa afirmación, que entrañaba una crítica directa al matrimonio de intereses entre felipismo y polanquismo, sentó a don Jesús a cuerno quemado.

El editor, que llegó a llamar «niñato» a Martín Marín, esgrimiendo un «qué te has creído» como argumento de autoridad, saltó como picado por el alacrán, surgió el Polanco del «no hay cojones», volcán iracundo dispuesto a negar la mayor, jodido por la vieja y constante atribución de esas relaciones incestuosas con el felipismo, «yo nunca he intentado influir sobre nadie, nunca, y esos favores que se dice me ha hecho el Gobierno socialista es una patraña inventada por gente envidiosa y resentida que sólo busca desacreditarme».

De modo que la cena, que se pretendía como un intento de confraternizar, acercar posturas, dulcificar perfiles entre una «derechona» que se reclama centrista y esa progresía adinerada que se arroga el título de haber traído la democracia a España, resultó en vano, devino en fiasco por culpa de la súbita explosión de ira del cántabro, estallido de cólera, arrebato de orgullo herido que mandó a tomar viento las buenas intenciones de Piqué. Y es que Polanco es mucho Polanco, y si él se las ha tenido tiesas con presidentes de gobierno de medio mundo, ¿qué coño iba a venir a decirle, y además en su cara, un politiquillo de tres al cuarto?…

El ministro portavoz, que no conocía al Polanco jupiterino, quedó muy impresionado por una reacción típica del cacique que, sobrado de dinero y soberbia, no entiende que el resto de los mortales no se avenga a reconocer su patronazgo. Curiosamente, fue Juan Luis quien trató de atemperar la salida de tono de su jefe, de acuerdo con unas pautas de comportamiento según las cuales es Cebrián el que generalmente suele hacer de hombre bueno cuando acude como escudero al lado de su señor.

La cena acabó en medio de un clima pesado, agridulce, precursor de tormentas que el propio Piqué no podía ni siquiera imaginar, a pesar de que Cebrián intentó que el ave del consenso remontara de nuevo el vuelo, ea, que no sea motivo de distanciamiento, hay que repetir esta cena, la próxima invitamos nosotros, de acuerdo, invitáis vosotros.

El ministro, además de fracasar con el encargo presidencial de establecer un nivel de convivencia aceptable con Polanco, iba, sin saberlo, a labrar su desgracia echándose encima al Grupo Prisa, tras abrir una nueva vía de agua en los intereses empresariales del cántabro.

* * *

Tres o cuatro días después del happening de Moncloa, el teléfono móvil de Piqué recibió una llamada de Augusto Delkader, director gerente de la SER. La cadena disponía de una información relevante sobre supuestas irregularidades cometidas en la concesión de ayudas mineras por parte del Ministerio de Industria y quería chequearla antes de lanzarla por antena. Pero el ministro estaba viajando en automóvil y era ya noche cerrada, «de modo que, Augusto, me gustaría darte una explicación, porque la hay, pero estoy fuera de Madrid, te hablo desde el móvil y son las diez de la noche, ¿no puedes esperar hasta mañana?».

«Vi que llamaban para cubrir el expediente». El caso es que desde primera hora de la mañana, la SER comenzó a voltear la noticia como apertura de sus informativos, y El País, como es norma, la recogió en sus páginas al día siguiente con gran alarde tipográfico.

Era el inicio de la campaña de acoso a Piqué, un ministro que, además de negar el cambio de licencia de Canal Plus, había anunciado que la televisión de pago iba a tener, por primera vez en España, competencia (los catorce canales adjudicados a Retevisión). Polanco tuvo constancia oficial a través del Real Decreto 2169/98, de 16 de octubre, por el que se aprobaba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrenal. Y el impulsor de la idea de acabar con el monopolio de Canal Plus había sido, de nuevo, el malvado Álvarez Cascos, aunque el mensajero fuera Piqué. Había que arremeter por igual contra ambos.

Al quebranto para el bolsillo del cántabro se unía la constatación de un giro radical en las reglas del juego, giro que, personificado en Piqué, dibujaba los contornos de una realidad mucho más difícil de sobrellevar para un grupo decidido a remar a la contra.

En efecto, el cambio de estrategia formulado en la cena de Moncloa anunciaba una batalla mucho más dura, por sutil, que la conocida hasta entonces. Para los Polancos había resultado fácil oponerse a la política de Rodríguez. Carente de finezza, a Cebrián le bastaba con pregonar a los cuatro vientos un mensaje muy simple: «Estos señores quieren acabar con Prisa y la libertad de expresión, y nosotros nos defendemos. C'est tout».

Ahora, por el contrario, el Gobierno les animaba a competir en libertad, pero en igualdad de condiciones, sin privilegios. Polanco podía dormir tranquilo: nadie iba a buscarle las cosquillas; nadie le iba a discriminar en contra, pero tampoco a favor. Era una estrategia que privaba al Grupo Prisa del arma favorita de Cebrián: la politización de sus relaciones con el Gobierno. Y un sistema de relaciones para el que Polanco no estaba preparado, porque el verdadero Polanco es el del escatológico «no hay cojones en este país para no darme una televisión de pago…».

Una política con la que no todo el Gobierno estaba de acuerdo y que implicaba ser extremadamente coherentes, lo que se perdería en cuanto el Ejecutivo introdujera algún elemento de agresividad. Aznar lo tenía tan claro como Piqué: «Que diga lo que le dé la gana. Que nos dedique editoriales y portadas: no nos va a mover».

De modo que, tras varios meses de amigable trato, los Polancos decidieron cambiar bruscamente de estrategia con Piqué, porque era Piqué quien personificaba ese cambio de política, mucho más peligrosa que las divertidas baladronadas de «MAR». El catalán se convirtió en el objetivo a batir. Álvarez Cascos representaba el pasado del Partido Popular; Josep Piqué era su futuro. La batalla se anunciaba extremadamente dura. «Me lo dicen mis amigos: ármate de valor, porque éstos mienten como bellacos y además tienen una potencia de fuego impresionante, y sobre todo no entres al trapo, porque ése sería un gravísimo error».

* * *

José María Aznar había tenido la habilidad, o la suerte, de colocar en la portavocía del Gobierno a un hombre de gesto serio, que se hacía respetar, que era creíble, que tenía don de gentes, que parecía inteligente y que se había convertido en el rostro amable del giro al centro de Aznar, encarnando, en definitiva, esa imagen de moderación que la derecha llevaba tiempo buscando para tirar definitivamente del voto hacia arriba. Había que erosionarlo.

Moncloa pretendía expandir una sensación de sosiego por doquier. La gente caminaba tranquila por la calle y las expectativas de futuro de la mayoría de la población estaban mejorando. Pero la tranquilidad, la paz social, más aún con dinero fresco en el bolsillo para gastar, sólo podía beneficiar al Poder de turno. A la alianza PSOE+Prisa no le convenía la calma chicha. A los Polancos les interesaba, por el contrario, la confrontación, la crispación social que impidiera la consolidación de la alternativa «popular».

La campaña de acoso a Josep Piqué puso de nuevo en evidencia el patronazgo del Grupo Prisa sobre el PSOE. Quien hacía oposición, enseñando a las huestes de Ferraz el camino a seguir, eran los medios de comunicación propiedad de Jesús Polanco. Lo cual forzó a Prisa a efectuar un sensible cambio en su filosofía periodística. En efecto, un grupo dedicado durante muchos años a blanquear, cuando no ocultar, los desmanes del felipismo, se vio obligado a alterar radicalmente sus hábitos de trabajo para ocuparse de perseguir los trapos sucios de Aznar y su gente. Es una tarea para la que hace falta una cierta musculatura crítica, gimnasia que muy pronto llegaría a dominar la plantilla de grandes profesionales que compone el Grupo.

La primera embestida corrió a cuenta del ex consejero de Economía y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León Pérez Villar, a quien habían ido a parar algunas de las subvenciones concedidas por Industria para reactivar las zonas afectadas por la crisis minera. «Industria subvenciona con 48 millones a un ex consejero de Aznar condenado por prevaricación —titulaba El País el 25 de noviembre de 1998—. Pérez Villar obtiene una ayuda de Minas para un taller concesionario de vehículos».

Piqué salió en defensa de las subvenciones concedidas por su Ministerio, pero los socialistas no le aceptaron la explicación. Casi al tiempo, Prisa se enganchó con habilidad a una historia que, desapercibida durante meses, reunía, sin embargo, grandes posibilidades desde el punto de vista de la controversia política: la titulización del billón y pico de pesetas de los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC) del sector eléctrico, un asunto en el que no parecía haber hallado antes el menor interés informativo. Sólo después de la oposición al proyecto, por motivos claramente partidistas, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el famoso «MAFO» del periodismo económico, militante del PSOE y presidente de una fantasmal Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (CSEN), El País cayó en la cuenta del gran potencial que el tema ofrecía. Estaban en juego nada menos que 1,3 billones de pesetas que un Gobierno de la derecha quería «regalar» a los barones de la carcundia eléctrica, los Orioles y demás familia. Una cuestión, en definitiva, susceptible de aprovechamiento múltiple.

La titulización de los CTC eléctricos topaba, sin embargo, con un problema importante, y era la dificultad de explicarlo para el gran público debido a la complejidad técnica del esquema. Un problema que no existía con las subvenciones para la reconversión de la industria minera.

Prisa había encontrado un verdadero filón en esas subvenciones y estaba dispuesto a aprovecharlo: La Carolina, el Ayuntamiento de Gijón, Hullera Vasco-Leonesa, Endesa-Andorra, Telecable, Torcidos Ibéricos, Castileón 2000, Ertoil… Piqué iba a probar otro tipo de cicuta: la que diariamente le enviaban desde las filas de su propio partido servida en el plato de la indiferencia: ninguno de los miembros del Ejecutivo parecía dispuesto a dar la cara por él, y, cuando alguno lo hacía, adoptaba tales precauciones que más parecía castigo que alivio.

Al doblar el año, la estrategia del bloque opositor ya era un secreto a voces. «El PSOE se fija como objetivo durante 1999 erosionar la imagen de Piqué», aseguraba El Mundo en su edición del 10 de enero.

* * *

Con el ministro sometido al cañoneo de las baterías de Prisa, Piqué recibió una llamada de Polanco.

—Ministro, ¿cómo estás?

—Pues estoy mal, ¿cómo quieres que esté?

—Y eso, ¿por qué? ¿Qué te pasa?

—¿Qué me pasa? Que la habéis tomado conmigo, y me estáis dando leña hasta en el velo del paladar.

—Para nada, para nada, Josep, ya sabes el aprecio personal que te tengo. Yo te monto una comida con la gente de mi grupo para que se expliquen y te expliques, y ya verás cómo todo se arregla.

En torno a mediados de enero, el ministro, en compañía del secretario de Estado de la Comunicación, acudió a un almuerzo en la sede de la cadena SER, Gran Vía 32. Allí estaba, rodeando al gran jefe, el estado mayor de Jesús Polanco, directores de la cadena, responsables de los distintos negocios del grupo, mandones de El País, Juan Luis Cebrián, Javier Díez Polanco, Augusto Delkader, Jesús Ceberio, Fernando González Urbaneja, Lluís Bassets…

Fue un intento que acabó mal, a pesar de los buenos deseos iniciales del editor, hemos invitado hoy al ministro Piqué, buen amigo mío, porque tiene la impresión de estar siendo objeto de una persecución injustificada por parte de los medios del Grupo. Yo le he dicho que eso no es verdad y espero que aquí se aclaren las cosas y…

Pero Piqué, en lugar de elegir la vía amable que sugería Polanco, decidió entrar a saco, no sólo es verdad lo que digo, que este grupo me está machacando injustamente, sino que a las pruebas me remito, el otro día sacasteis el tema de una subvención que no mereció la atención de nadie, excepto de El País, y a esa información vuestro periódico le dedicó la portada, la apertura de la sección de Economía y, por si fuera poco, un editorial, algo absolutamente desproporcionado, reñido con cualquier criterio de valoración periodística, pero ustedes son muy libres y verán lo que hacen.

Entonces saltó Ceberio, turno de réplica, dispuesto a lavar el honor mancillado del periódico que dirige y sus criterios de valoración periodística, no había cacería ni cosa parecida, lo que había, por el contrario, eran evidencias de irregularidades en Ercros y en las subvenciones mineras que el diario, haciendo honor a su condición de independiente, no podía ocultar.

El ministro no estaba dispuesto a poner en cuestión la independencia de nadie, es más, lo peor que nos podría suceder es que los grupos de comunicación fueran sumisos al poder, y lo digo con toda convicción, pero desde ese respeto todos tenemos que guardar unas reglas de juego mínimas, oiga usted, censure lo del billón de las eléctricas, critique mi acción política, tiene todo el derecho del mundo, ¡lo que no puede ser es que mezcle eso con dudas respecto a mi honorabilidad personal, metiendo por medio a De la Rosa, porque eso ya es juego sucio!

Le replicó Augusto Delkader, un hombre con cierta propensión a lo esotérico a partir de primera hora de la tarde. Por fortuna, el almuerzo acabó pronto, lo que evitó males mayores, El ministro tenía que salir de viaje, de modo que, a la hora de café, levantó el campo con un agradecimiento general por la invitación.

Quedó un Martín Marín de sobremesa que, lejos de la sombra protectora del ministro, recibió palos desde todas las demarcaciones. En busca de información, mercancía cara como todo lo escaso, los de Prisa querían saber qué pasaba con Cascos, qué había detrás del acuerdo de Pearson con Telefónica, quién estaba impulsando los movimientos que estaban teniendo lugar en las radios, y Martín Marín, sólo ante el peligro, se defendió con argumentos que añadían leña al fuego de un grupo con vocación de monopolio, porque según Pedro Antonio no pasaba nada malo, sino algo muy bueno y era que todo el mundo estaba tratando de buscar su lugar al sol, las empresas periodísticas se están haciendo fuertes, el Grupo Recoletos, El Mundo… y eso está bien, es bueno contar con empresas rentables, ¿está fuerte el Grupo Prisa?, pues yo me alegro, porque eso es saludable, ¿os parece bien que se fortalezca Prensa Española?, pues a mí me parece bien que el ABC sea un gran periódico, ¿y que Antena 3 funcione?, pues está bien que Antena 3 gane dinero… Pero a los chicos de Prisa esas razones no les convencían: lo que estaba ocurriendo era producto de una operación urdida desde el Gobierno para, con el dinero de Telefónica, atentar contra los intereses de Polanco.

—¿Cómo terminó eso, Pedro Antonio? —preguntó al día siguiente Piqué.

—Muy mal, ministro, muy mal. Mejor que no te cuente.

Menos de una semana después, Piqué recibió el feedback a través de un buen amigo. Tampoco los Polancos habían quedado satisfechos con el resultado del almuerzo, pero estaban decididos a ir a por él por encima de todo. «Ellos saben que no tienen razón, pero no importa: van a por ti. Pero no pierdas nunca el tono, porque ése es tu gran capital. Lo que les desarma es el tono».

Piqué ha intentado mantenerlo, aunque es cierto que, en determinados momentos, ha estado a punto de perder los nervios, «irritado por actitudes que no buscaban el esclarecimiento de los hechos, sino puramente el desgaste, de modo que explicar las cosas por enésima vez resultaba inútil». Y es que el matrimonio PSOE+Prisa no estaba dispuesto a pararse en barras, decidido incluso a invadir el terreno personal y familiar para menoscabar su figura. «He saboreado el componente más mezquino y miserable de la política, que es la mentira».

* * *

El 14 de enero, el periódico de Polanco destapó uno de los puntos más calientes de la campaña contra el ministro: «Piqué presentó al Gobierno del PP el plan para sanear Ercros, empresa de la que fue presidente».

Según el diario, el ministro había presentado al Gobierno en junio del 96, poco después de haber sido nombrado titular de Industria, un plan para sanear la empresa química Ercros, que presidió hasta su paso a la política[25]. El PSOE se lanzó decididamente por la brecha abierta por Prisa, pidiendo la apertura de una comisión de investigación, además de la dimisión del afectado.

El catalán iba a saber lo que era sentirse acosado en lo político y en lo personal. Con cara de pocos amigos, el 19 de enero compareció ante la Comisión de Industria del Congreso a petición propia para explicar las subvenciones dadas por su Ministerio y su relación con Ercros. El ministro justificó la cancelación del crédito del ICO[26], y aseguró que no asistió a las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que dio luz verde a la operación.

Las razones dadas parecieron claras y suficientes, pero no para el Grupo Prisa. «La oposición pone contra la pared a Piqué por su política de subvenciones y ayudas», tituló El País. El editorialista del diario creía tener al ministro «contra las cuerdas».

Pocas veces la mala voluntad de un medio de comunicación puesta al servicio de un intento premeditado de tergiversar la realidad había aflorado con tanta claridad como ahora. Pero para el PSOE, meter el hocico en Ercros, empresa del Grupo Torras (KIO), significaba jugar con fuego, entre otras cosas porque quien había logrado el acuerdo con el ICO para liquidar el crédito era Antonio Zabalza, ex secretario de Estado y ex director de Gabinete de Felipe González, que precisamente había sustituido a Piqué en la presidencia de la empresa química.

A partir del XIII Congreso del PP, del que el catalán salió como gran triunfador, el polanquismo decidió redoblar sus esfuerzos contra el ministro. Quienes hasta entonces habían guardado ciertas formas se echaron al monte con renovado afán de cazadores furtivos dispuestos a rematar la pieza, tanto más codiciada tras el akelarre congresual. Los Polancos imaginaban que podía bastar un empujón adicional para descabalgar a quien se había convertido en pieza clave del Gobierno Aznar.

En efecto, un Piqué reforzado estaba llamado a desempeñar un papel adicional muy importante en una operación que podría significar un vuelco en el mapa electoral: Cataluña, una comunidad donde, en las generales de marzo del 96, el PSOE aventajó al PP en 800.000 votos. Como resulta que, en el cómputo general, el PP obtuvo 300.000 votos sobre el PSOE, cualquier mordisco que un renovado PP catalán, con el ministro portavoz como cartel electoral, lograra dar en el caladero de votos del PSC podría asegurar a Aznar una mayoría holgada a nivel estatal. El verdadero activo del PP a comienzos de 99 se llamaba, pues, Josep Piqué.

Una encuesta realizada inmediatamente después del Congreso concedía al Partido Popular 6,8 puntos de ventaja sobre el PSOE, distancia que prácticamente equivalía a la mayoría absoluta. Cebrián, muy enojado con un PSOE que seguía anímicamente haciendo guardia a las puertas de la prisión de Guadalajara, jaleando a un Barrionuevo que había sido ya puesto en libertad con la vista gorda del Gobierno Aznar, hizo sonar las trompetas de Jericó.

El académico «ruso», instalado en el puesto de mando de Prisa como general en jefe de los ejércitos de Polanco, estaba decidido a dar la vuelta a una situación política que se estaba tornando potencialmente muy peligrosa para los intereses del amo.

El PP, con la ayuda de CiU, se opuso el 9 de febrero a que el Congreso investigara a Piqué, y ahí el Gobierno cometió una grave equivocación. Y no sólo porque Aznar traicionó de manera evidente la promesa efectuada en 1996, según la cual cuando llegara al poder favorecería todas las comisiones de investigación sin necesidad de mayoría parlamentaria («lección de hipocresía», lo llamó El País), sino porque, al negarse, entregaba a Prisa munición para varias semanas de pelea, quizá meses, siendo así que el PSOE jamás habría tenido verdadero interés en entrar a fondo en Ercros, una empresa de aquel grupo KIO que sentó sus reales en la España del boom de los ochenta, con Carlos Solchaga al frente de Economía.

El Gobierno y Piqué lamentarían no haber aceptado la creación de una comisión que fue rechazada porque, según Javier Arenas, se trataba de «una cacería que sólo buscaba desacreditar y hundir políticamente» al ministro portavoz.

La exhibición de deshonestidad intelectual de que hizo gala el periódico de Polanco llegó al punto de incluir titulares en portada de este tenor: «Industria adjudica 900 millones de las ayudas mineras a 10 granjas de cerdos». Se intentaba hacer llegar al ánimo del lector no avisado la sensación de que ese Ministerio había estado dirigido por un loco o por un bandolero capaz de pergeñar las mayores arbitrariedades, cuando precisamente de lo que se trataba con las subvenciones mineras, de acuerdo con las directrices de Bruselas, era de convertir a los mineros en criadores de cerdos, torneros o informáticos, de forma que pudieran ganarse la vida lejos de la mina.

Aunque seguía manteniendo una apariencia de serenidad y un simulacro de sonrisa intentando desalentar a sus poderosos enemigos, Josep Piqué estaba tocado, y lo demostraba cuando, desde la tribuna del Congreso, se enfrentaba a la oposición, a la que comenzó a contestar en un tono desafiante, reflejo de una ira que empezaba a desbordarle. El corazón estaba pudiendo a la cabeza.

* * *

Todo se tornó más difícil para él cuando, el 18 de febrero del 99, apareció en escena un actor que hasta el momento no figuraba en el reparto: Loreto Consulting, una sociedad patrimonial en régimen de transparencia fiscal de la que el ministro era propietario en un 98 por 100 (el resto pertenecía a su esposa). Las críticas ya no iban dirigidas hacia su actividad profesional como ministro o presidente de Ercros, sino contra su moralidad fiscal. La respuesta de Piqué se hizo más beligerante. El portavoz empezaba a sentirse de verdad contra las cuerdas.

«El ministro de Industria, Josep Piqué —aseguraba El País—, reconoció ayer que la empresa Loreto Consulting, propiedad suya, mantuvo hasta 1996 una relación con Ercros, grupo en que trabajó desde 1988 y que llegó a presidir». Y días después: «Piqué utilizó la sociedad Loreto para pagar menos impuestos, como algunos ejecutivos con altos ingresos».

¿Cuál era el misterio de Loreto Consulting? Durante su etapa como presidente de Ercros, Josep Piqué determinó recibir una parte de su sueldo a través de una nómina (como asalariado) y otra a través de una sociedad (como si estuviera facturando servicios a la compañía). Para ello se amparaba en la normativa fiscal vigente hasta el 1 de enero de 1996, herencia de la reforma de Francisco Fernández Ordóñez, que permitía a un profesional cobrar sus servicios a terceros a través de una sociedad, a condición de que un 5 por 100 de su capital fuera propiedad de otro socio. Numerosos profesionales liberales constituyeron durante los ochenta sociedades de este tipo, formadas, como en el caso de Piqué, por el perceptor de las rentas y la esposa. ¿Qué conseguían de esa forma? Reducir la tributación de sus ingresos desde un confiscatorio 56 por 100 (tipo máximo del IRPF) a un aceptable 35 por 100 (tributación del impuesto de sociedades). El reproche que formulaban algunos ciudadanos era de otro tenor: el esquema utilizado por Piqué para pagar menos impuestos era legal, puesto que la ley lo permitía, pero ¿era éticamente correcto que hubiera sido utilizado por un ministro?

La carga de la brigada ligera PSOE+Prisa prosiguió en marzo con idéntica o mayor energía, en medio del desconcierto del Partido Popular, que parecía no encontrar explicación razonable a lo que estaba ocurriendo.

A estas alturas, ya no era sólo la cabeza de Piqué lo que estaba en juego, sino el buen nombre del propio Partido Popular. En efecto, un Cebrián tan inteligente como avieso había puesto a sus bien pagadas tropas de Prisa a rastrear por las cuatro esquinas de España en busca de escándalos, reales o supuestos, del PP. Y a José María Aznar le estaba cayendo desde los predios de Polanco una pertinaz lluvia de «casos» (Tenerife, Zamora, Guadalajara, Palma…) cuyo eco, amplificado por el PSOE en sede parlamentaria, expandían al unísono el resto de los medios de comunicación.

Prisa, con el PSOE de la mano, se había embarcado en una gran ofensiva para implicar al PP en la misma o parecida corrupción que había echado al felipismo del poder. Tan atrevida operación de prestidigitación trataba de equiparar los tres años de Gobierno Aznar con la gran corrupción de los dos últimos gobiernos González, que prácticamente afectó a todas las instituciones clave del aparato del Estado.

A primeros de marzo, los populares denunciaron que una empresa privada estaba indagando el patrimonio de sus diputados y altos cargos, no se sabía muy bien por encargo de quién. La política del «basura para todos» se había convertido en la estrategia del PSOE de cara a las elecciones municipales de junio del 99. Si el 97 había sido el año de la «crispación», y el 98 el de la «conspiración», el 99 debía ser el año de la «corrupción», la equiparación por abajo, la equivalencia en la indignidad, la igualdad de los corruptos, de uno u otro signo político, ante el aterido paisaje del pueblo llano.

Joaquín Almunia, todo un caballero, puso la guinda al pastel al asegurar que «allí donde el PP está gobernando, huele a podrido».

En todas partes, menos en la Comunidad Autónoma de Madrid. En efecto, mientras los españolitos asistían en silla de pista a la pedrea de la corrupción popular, algunos cayeron en la cuenta de una realidad tan obvia como apabullante al constatar la Arcadia feliz que parecía rodear al presidente autonómico madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, un hombre teóricamente del PP, pero cuyo nombre jamás figura en el cortejo de los maltratados por el Grupo Prisa. Milagro.

Dos episodios habían colmado el vaso de la paciencia del PP con Gallardón durante el 98: un convenio por él avalado mediante el cual Prisa se había hecho con la gestión del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y una entrevista secreta celebrada más recientemente con Felipe González.

Un somero relato de la secuencia de hechos en torno al Círculo de Bellas Artes ilustraba adecuadamente lo ocurrido: Ruiz-Gallardón lo había rehabilitado, lo había dotado con 1.000 millones de pesetas, le había concedido una emisora de radio y a continuación lo había puesto en manos de Polanco. El 1 de abril del 98, Gallardón apadrinó, junto al propio editor, la firma de un acuerdo entre el Círculo y Prisa que suponía la entrega al cántabro de una de las instituciones culturales más prestigiosas de Madrid. ¿A cambio de qué?

La entrevista con González, que tuvo por escenario la sede de la Presidencia madrileña en la Puerta del Sol, fue silenciada por el servicio de prensa de la comunidad, en el que cuarenta personas trabajan al servicio de la enfermiza obsesión de Ruiz-Gallardón por su imagen.

Pues bien, el presidente madrileño ocultó ambas cosas a La Moncloa. Naturalmente, el propio Felipe se encargó de filtrar el encuentro. Al sevillano le importaba un bledo Gallardón. Lo importante era dar la imagen de que el PP tenía —y tiene— un problema con el presidente madrileño, un líder, dicen en Ferraz, capaz de eclipsar al propio Aznar que, además, se daba el pico con Polanco y concedía a un gaznápiro como Joaquín Leguina la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y, lo que es peor, ¡daba su nombre a la biblioteca de la propia comunidad!

El «encame» de Gallardón con Polanco es tan escandaloso que, mientras El País («mi periódico», asegura el presidente madrileño) arrea estera todos los días contra la gestión del alcalde Álvarez del Manzano, no dice una palabra de la de Gallardón en la comunidad. Sólo elogios. ¿Es que Ruiz-Gallardón y su equipo jamás cometen una equivocación?

Todo tiene una explicación: Ruiz-Gallardón es la inversión a largo plazo de «don Polancone». Es como esos futbolistas en ciernes que, con apenas dieciocho años, son fichados a cambio de grandes sumas por los clubes de fútbol importantes con la esperanza de que continúen su progresión y se conviertan un día en estrellas. Sería maravilloso que Jesús Polanco pudiera un día hacer con el PP lo que desde finales de los setenta viene haciendo con el PSOE, hasta el punto de poder determinar en cada momento qué presidente del Gobierno le conviene, si del PSOE o del PP, y cuándo cambiar de caballo. Un mundo feliz.

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En el fragor de la batalla contra Josep Piqué, alguien, tan sagaz como perverso, estaba poniendo en marcha desde la sombra una operación colateral que podía cambiar el curso de la política española en un inmediato futuro. Alguien estaba empujando a la pelea a un candidato socialista, José Borrell, que tenía muy poco que ganar en la estrategia del «mierda para todos». Alguien, en suma, estaba metiendo a Borrell en la cueva de los leones.

En efecto, cuando el 6 de marzo el leridano dijo aquello de «Piqué o estafó a Ercros o evadió impuestos», se estaba poniendo al cuello el cepo que pocas semanas después acabaría por estrangularle. En la oscuridad de las noches de marzo, algunos creían oír las risas de Felipe González resonando por los pasillos desiertos de Ferraz.

«Arrastrado por Rubalcaba y el Grupo Prisa (que preparan el retorno de González mediante la ósmosis de la ignominia de sus años de plomo con un vademécum de historietas en el que la estrella sigue siendo el “caso Zamora”), Borrell se encuentra tan dedicado a la demolición de Piqué que no parece haberse dado cuenta de hasta qué punto resulta negativo para él lo ocurrido», escribía Pedrojota en una de sus homilías dominicales.

Menos de un año después de su resonante victoria en las primarias ya estaba claro para los connaisseurs que Josep Borrell nunca llegaría a ser presidente del Gobierno. Un hombre que había despilfarrado el enorme capital político que el proceso de primarias le había regalado, que había demostrado su incapacidad para hacerse con los mandos al renunciar a la convocatoria de un Congreso Extraordinario, que luego había protagonizado el espectáculo de pelearse con el secretario general porque quería ser el interlocutor de Aznar, no podía ser presidente del Gobierno. En manos de semejante manirroto, capaz de echar por la borda en tan poco tiempo tantas ilusiones por su indecisión y falta de carácter, no se podía dejar el Gobierno de la nación.

Tras comprobar que el acuerdo del 3 de mayo del 98, suscrito entre Yáñez y Ciscar, le había dejado atado de pies y manos ante Joaquín Almunia, el candidato se empleó durante meses en una sorda guerra de pasillos en demanda de mayores atribuciones hasta que, en el Comité Federal del 21 de noviembre, se atrevió a echarle un pulso al secretario general. Lo ganó. El aparato le entregó todos los poderes, hasta el punto de que Almunia prácticamente desapareció de Ferraz. Pero entonces ocurrió lo que muchos se temían: que el partido le vino grande, Todo parecía desmoronarse para un patético Borrell empeñado de forma obsesiva, casi enfermiza, en lograr el refrendo de Felipe, el cariño de Felipe, una declaración de apoyo de Felipe que nunca llegó a materializarse porque, sencillamente, Felipe no le quería.

La situación de descomposición fue captada por los barones, especialmente por dos, Chaves y Bono, preocupados por poner a salvo sus respectivas taifas de un eventual desastre electoral, que, en contacto directo con González, comenzaron a maquinar una solución drástica. El candidato se disolvía como un azucarillo.

En La Moncloa estaban cada día más convencidos de que el leridano arrojaría la toalla antes de las generales. Para Borrell, aguantar el tirón hasta el final significaba ir a las elecciones para perderlas, lo que era tanto como poner abrupto punto y final a su carrera política. La alternativa era la dimisión, de forma que antes de someterse voluntariamente a lo que a todas luces parecía un suicidio político proclamara su renuncia cargando el coste de la decisión al aparato de Ferraz y a la imposibilidad de abordar la regeneración del partido con una Ejecutiva que, contaminada de felipismo, no dejaba de poner piedras en su camino. Borrell podría de esta forma salvar parte de los muebles, porque se iría dejando abierta una puerta para un eventual regreso al frente de un PSOE de nueva planta.

Sin embargo, todo parecía indicar que el candidato iba a aceptar desfilar mansamente hacia el matadero. Así hubiera sido de no haber surgido de entre la niebla, en el momento oportuno y en las páginas de El País, dos compañeros y amigos suyos en la Delegación de Hacienda de Barcelona que iban a pasar por encima del candidato como un ciclón tropical sobre un poblado caribeño.

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Piqué anunció el lunes 8 de marzo su disposición a querellarse contra Borrell si no retiraba lo dicho («o estafó a Ercros o evadió a Hacienda»), Una decisión que parecía indicar que los socialistas habían hecho presa, lo que era tanto como incitarles a seguir por ese camino, y que ponía de relieve un dato objetivo: el PP estaba a la defensiva ante las acusaciones de corrupción del PSOE.

Sumido en la perplejidad que les producía ver a los apóstoles de Filesa, de Ibercorp, del AVE y demás familia impartiendo lecciones de moral pública, los populares parecían incapaces de reaccionar. Para salvar la cara, el miércoles 10 de marzo, y con el apoyo de CiU, aprobaron en el Congreso la creación de una subcomisión[27] (en lugar de la comisión en toda regla que pedía el PSOE) para analizar la política de subvenciones del Ministerio de Industria.

Pedro Arrióla recomendaba no entrar al trapo por nada del mundo, aduciendo que entablar batalla en el campo de Agramante de la corrupción sólo podía tener un ganador claro, que era el que menos tenía que perder en el enfrentamiento. Pero el silencio tenía un coste de imagen que algunos intuían demasiado alto.

El desparpajo del PSOE llegó al punto de presentar un «mapa de la corrupción» del PP, en el que el ministro Piqué ocupaba honores estelares. Eran 160 casos de «irregularidades» en 73 folios elaborados por el Grupo Parlamentario Socialista. Se trataba de un catálogo de asuntos recientes y antiguos, la mayoría de escasa trascendencia, muchos traídos por los pelos y algunos, los más serios, en tránsito por el Tribunal Supremo, que afectaban mayoritariamente a ayuntamientos gobernados por el PP. «Es como comparar un tebeo con la enciclopedia Espasa», dijo Luis Herrero en Las mañanas de la COPE. «Es el Libro Gordo de Petete coproducido por Cebrián y Rubalcaba», rubricó Pedrojota en El Mundo.

Sólo en la segunda mitad de marzo el PP y Piqué empezaron a dar síntomas de reacción, aunque en realidad parece que se limitaron a tirar de archivo. «El Gobierno socialista repartió de forma irregular 250.000 millones de pesetas entre 1986 y 1996 en incentivos regionales destinados a recuperar el tejido industrial y el empleo», anunció el diario Expansión, adelantando las conclusiones de un informe del Tribunal de Cuentas remitido al Parlamento.

La estrategia de Cebrianes y Rubalcabas, ciertamente arriesgada, de buscarle escándalos al vecino recibió un duro golpe cuando se supo que las famosas primarias habían estado presididas por el pucherazo, con Jaén como caso estrella. Era el riesgo de mentar la soga en casa del ahorcado. Los partidarios de Almunia habían logrado amortiguar el batacazo del aparato, particularmente en Andalucía, mediante el artero sistema de introducir en las urnas más papeletas de las debidas en al menos diez circunscripciones electorales.

El ministro portavoz iba a protagonizar un poco edificante espectáculo a cuenta de su denuncia contra Pepe Borrell al convertir el conflicto en una demanda civil por intromisión al honor, que después degradó aún más transformándola en un acto de conciliación ante los tribunales. En una clara demostración de falta de cintura política, Piqué llegó a pedir el amparo a Federico Trillo, petición que el presidente del Congreso se vio obligado a rechazar por no caber en el Reglamento.

La política se estaba convirtiendo en un calvario para un hombre que reconocía estar dominado por «una cierta sensación de impotencia». Su situación se hizo tan apurada («En picado», tituló El País su editorial del sábado 13 de marzo) que Gobierno y partido llegaron a formar un «gabinete de crisis» para arroparlo.

El 27 de marzo del 99, Borrell aseguraba que «Josep Piqué es ya un cadáver político». El ingenuo candidato había mordido bien el cebo, y muy pronto el pescador sevillano iba a empezar a tirar del anzuelo.

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Al final, la «cacería Piqué» terminó con Pep Borrell cazado a manos de su propio partido, en una de las operaciones más maquiavélicas que recuerda la historia de la democracia española. El candidato estaba condenado desde que perdió el mano a mano frente a Aznar en el debate sobre el estado de la Nación. La sentencia fue rubricada a primeros de abril por Felipe González y Jesús Polanco en la casa del editor en Valdemorillo, a la que el líder del PSOE fue invitado al menos un par de fines de semana. De verdugo ejerció el diario El País, que tan complaciente se había mostrado durante años a la hora de mirar hacia otro lado con los escándalos del felipismo.

El aparato de Ferraz disponía de una encuesta («que la Ejecutiva guarda bajo siete llaves», aseguraba la periodista Anabel Díez, reconocida hooligan de Felipe), según la cual la intención del voto del PSOE estaba muy por debajo de los resultados alcanzados en las generales del 96. Los barones plantearon un ultimátum: Si el resultado de las elecciones europeas y municipales del 13 de junio era malo, un Comité Federal descabalgaría sin contemplaciones al de La Pobla de Segur.

Pero Felipe, en directa conexión con Polanco, decidió abreviar el tránsito. Dando las elecciones del 2000 por perdidas, ¿por qué alargar el proceso? ¿Por qué continuar atados a un candidato al que detestamos durante un año más? José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, apuntó en la misma dirección: «En el PSOE se había extendido un sentimiento de resignación ante lo que parecía una inevitable derrota electoral».

Cuentan que la obsesión de Felipe con Borrell se había tornado enfermiza. Sencillamente, no lo podía soportar. La ex secretaria de Estado Margarita Robles, que almorzó con el «carismático líder» a finales de marzo, volvió a su juzgado de la Audiencia Nacional «horrorizada» con los calificativos que el ex presidente había dedicado al candidato.

Había que buscar una salida «limpia», con el menor coste político para el partido. Mejor un suicidio que un asesinato. Fue así como las gentes del PSC (los hombres de confianza de Borrell apuntan directamente a Narcís Serra) recibieron el encargo de bucear en su pasado como ministro de Hacienda en busca de argumentos con los que tumbarle. Y los encontraron. Nadie más que ellos sabían lo que había estado ocurriendo en la Delegación de Hacienda de Barcelona durante esos años con sus íntimos amigos Huguet y Aguiar. Nunca se habría sabido de no haber sido por ellos. Cuando Borrell entró al trapo acusando a Piqué de defraudar a Hacienda estaba firmando su propia sentencia de muerte.

Días antes de que El País decidiera poner punto y final a su carrera política, el propio candidato se encargó de consolidar su imagen de cantamañanas al denunciar, a través de su «oficina de apoyo», haber sido objeto de la apertura de una investigación fiscal por parte de Hacienda. Se trataba de una represalia del PP por haber calificado a Piqué de evasor fiscal, o así lo entendieron los escandalizados españolitos cuando recibieron la noticia. Pero resultó que no había tal inspección, y el leridano se vio obligado a dar marcha atrás: Hacienda sólo le había pedido información complementaria referida a su declaración del IRPF de 1997.

Lo peor estaba por llegar, y llegó el 9 de abril a través de una discreta noticia aparecida en la sección de Economía del diario de Polanco según la cual Ernesto de Aguiar, nombrado en su día por Borrell director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales y amigo suyo, había recibido 40 millones de pesetas de Torras en una cuenta de la que era titular en Suiza, según declaración del abogado Juan José Folchi efectuada ante la Corte de Londres, donde se desarrollaba el caso KIO.

Ese mismo día, Borrell supo que había estallado una bomba bajo su frágil tejadillo político cuando, de buena mañana, su amigo Aguiar le confesó por teléfono que no había declarado al Fisco sus beneficios en Bolsa. Al día siguiente, 10 de abril, se supo que su compañero José María Huguet, jefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña desde 1985 a 1994 y el más fiel servidor de Borrell en su época de secretario de Estado, también había recibido dinero en Suiza procedente de Torras.

Cinco días después, la Fiscalía Anticorrupción pidió la inculpación de ambos pillos, de quienes se supo que habían ingresado más de 1.000 millones del grupo kuwaití en sus cuentas suizas, dinero que atribuyeron a afortunadas inversiones en Bolsa. Horas más tarde, ambos reconocían públicamente haber ocultado a Hacienda 470 millones de pesetas por «un error de apreciación».

En la imparable deriva del escándalo, Hacienda acusó a un inspector jefe de Barcelona, Álvaro Pernas, que dirigía el «club de inversores» de Huguet y Aguiar, de exigir dinero a empresas a cambio de la «vista gorda» fiscal. El 17 de abril, en fin, se supo que el candidato era propietario de uno de los tres apartamentos que el trío Borrell-Aguiar-Huguet había comprado al unísono en Taüll (Lérida). El círculo se iba cerrando sobre el leridano.

Para entonces ya había dimitido el jefe de la Oficina Nacional de Inspección (ONI) de Barcelona, Josep Ramón Morató, que compartía inversiones con Huguet y Aguiar. La Inspección de Hacienda de la Ciudad Condal se había revelado como un nido de víboras. Un escándalo de enormes proporciones, equiparable a cualquiera de los grandes casos de corrupción del felipismo. La Hacienda Pública era el florón que faltaba en el escudo de armas de un «régimen» que acabó con el prestigio de casi todas las instituciones clave del Estado: Banco de España, Ministerio del Interior, Guardia Civil, Cesid, BOE…

Huguet y Aguiar eran los heraldos negros encargados de hacer realidad en Barcelona el celo fiscal incendiario del candidato Borrell. Eran los «luchadores de la igualdad» fiscal, remedo de aquellos «luchadores de la libertad» de Ronald Reagan. Todos iguales ante el Fisco… menos nosotros mismos. Una de las cosas más asombrosas que este par de pájaros se atrevió a declarar es que ordenaron al abogado Folchi llevar sus dineros a Suiza, y los de sus padres, y los de sus hermanos, y los de sus amigos más cercanos, «¡para que no tuvieran que declararlo a Hacienda!».

Es decir, que los discípulos de Borrell, jacobinos fiscales de Lola Flores et altri, encargados de velar por el cumplimiento de la ley, tenían por divisa el dar esquinazo a Hacienda, compartían como filosofía defraudar al Fisco, constatación de una de las perversiones morales que más daño pueden hacer a una democracia.

Con osadía rayana en la estulticia, al aspirante a la Presidencia no se le había ocurrido nada mejor que entrar en un jardín —el de la supuesta corrupción del PP— que no era el suyo. Agarrado al clavo ardiendo de Piqué, acabó quemado, porque si de hablar de comportamientos fiscales poco éticos se trataba, ningún ejemplo mejor que el de sus dos subordinados y amigos, en cuyo armario debía tener más de un cadáver escondido. ¿Cómo seguir hablando en el futuro de «los amigos de Aznar»? ¿Cómo seguir acusando a Piqué de fraude al Fisco?

Mientras Pep Borrell se debatía en la cuerda floja, para Josep Piqué empezaba a escampar. Las tornas habían cambiado de manera dramática. A finales de abril lo peor había pasado ya para el ministro portavoz, aunque la dureza del castigo lucía a flor de piel.

El ministro aguantó el temporal, monitorizado estrechamente por un Aznar que lo llamó sin falta todos los días durante las semanas más duras, «¿cómo estás?… oye, tranquilo, ¿eh?», como si temiera que la falta de experiencia política de su portavoz pudiera jugarle una mala pasada («Ellos buscaban mi hartazgo: a ver si éste, como no es político, se cansa y se va»), llevándole a arrojar la toalla y proporcionando así una sonora victoria al felipismo y un traspié muy duro de asumir para el Gobierno popular.

La efigie del Piqué triunfal del verano del 98 ha quedado, sin embargo, muy cuarteada. Es la victoria de Polanco. El sueño que el propio portavoz llegó a alimentar como potencial sustituto de Aznar, compitiendo en la parrilla de salida nada menos que con Rodrigo Rato y Javier Arenas, se ha difuminado, barrido por la realidad de unos meses de castigo inmisericorde.

Bien es verdad que en política nada es inmutable, y que Josep Piqué no ha dicho aún su última palabra. Gran parte de su futuro político se decidirá en Cataluña como cabeza de lista del PP por Barcelona en las generales del 2000. Será allí donde se lo juegue todo a una carta. El PSC lo sabe muy bien, y también CiU, lo que explica que los convergentes se hayan apuntado en más de una ocasión al bombardeo del ministro portavoz.

La operación tejida en torno a la supuesta corrupción del PP, puesta en marcha por la Cebrián & Rubalcaba Inc., según diseño de Felipe González, devino en fracaso no sólo para Borrell, sino para el PSOE. Al contrario de lo que ocurría en años anteriores, la corrupción había dejado de ser una de las preocupaciones prioritarias de los españoles, como lo reveló la encuesta mensual del CIS de marzo del 99. Los votantes no habían mordido ese anzuelo.

* * *

La carrera política de José Borrell terminó el sábado 14 de mayo del 99 en una multitudinaria rueda de prensa en la que él mismo anunció su dimisión. Un millón de pesetas invertido por su ex mujer en el «club de inversores» impulsado por Huguet, más el apartamento en la estación de esquí de Taüll, fueron las razones esgrimidas para la espantada.

Borrell se vio obligado a reconocer que, siendo secretario de Estado de Hacienda, tuvo conocimiento de que su subordinado y amigo, a la sazón jefe del Fisco en Cataluña, había montado un tinglado financiero («club de inversores») con fines de lucro personal, pero en lugar de llamarlo al orden optó por participar en él.

La verdad, menos conocida, es que el candidato decidió arrojar la toalla tras una larga conversación con su hijo (de veintitrés años), que es al mismo tiempo su mejor amigo, la primera persona a la que confío su decisión. Su equipo de colaboradores más directo trató de disuadirle, había que pelear, plantar cara, en una intensa, dramática, inolvidable para algunos reunión celebrada la noche anterior. Su ex mujer le animaba en el mismo sentido: tenía que aguantar. Pero en plena madrugada, y con la certidumbre de que tras el escándalo de Huguet y Aguiar se encontraba Narcís Serra, Borrell decidió capitular para evitar males mayores.

Y de hecho los evitó, porque el anuncio de su retirada supuso prácticamente el final de las revelaciones respecto al caso. Quienes en la sombra manejaban los hilos de la trama se dieron por satisfechos una vez conseguido el objetivo. En muchos españoles ha quedado flotando una sombra de duda: ¿realmente Borrell se fue sólo porque su ex mujer puso en manos de dos granujas un millón de pesetas para que se lo invirtieran en Bolsa?

La estrategia de los Martínez Noval, Narbona y demás fieles del leridano se demostró un completo error. Embebidos en la montera que hábilmente manejaba Felipe desde el burladero, no acertaron a ver dónde estaba su verdadero enemigo. Escuchar a González, cuarenta y ocho horas después de anunciada la dimisión, hablar del ex candidato como del «compañero del alma» sólo puede producir rubor y un cierto miedo al reparar en la urdimbre moral del personaje.

El aparato socialista trató de «vender» la dimisión como algo digno de encomio, «actitud ética» dijeron, hasta que el propio interesado, en un rasgo de lucidez, les llamó al orden pidiendo que no utilizaran su nombre para tales menesteres. «No se puede atribuir a esta decisión caracteres sacrificiales —aseguró el “popular” Gabriel Cisneros—, ni calificar de grandeza lo que es una expresión de miseria».

El aparato se topó con el problema de encontrar un candidato dispuesto, en las peores circunstancias, a competir con Aznar en la primavera del 2000 y, muy en el corto plazo, a medirse con el presidente del Gobierno en el inminente debate sobre el estado de la Nación del año en curso. Joaquín Almunia —siempre hay un roto para un descosido— subió a la tribuna de oradores del palacio de la Carrera de San Jerónimo el 22 de junio de 1999 para caer también derrotado ante José María Aznar, según general coincidencia de todas las encuestas publicadas. Y es que un hombre tan poco dotado para la facundia, la labia y la verborrea, tan pobremente dispuesto para el oficio de parlero, les ha mojado la oreja sucesivamente a los tres picos de oro del PSOE, tres filateros con la labia de Felipe González, José Borrell y Joaquín Almunia,

Almunia, sin embargo, consiguió salvar los muebles con una performance más que aceptable, lo que le catapultó de inmediato, con el respaldo unánime del aparato, a la condición de candidato a la Presidencia del Gobierno de la nación con gran jolgorio de los Rubalcabas, que por fin volvían a campar por Ferraz a sus anchas sin la presencia de inquilinos indeseados.

Ver al secretario general derrotado en las primarias encabezando el cartel socialista a las generales del 2000 va a ser toda una exhibición de impudicia, pero así son las cosas en un partido dominado por una generación de políticos contaminados por los mil episodios de corrupción ocurridos entre el 89 y el 96, generación que se niega de forma contumaz a irse a casa para dar vía libre a la renovación de ideas y de personas en el PSOE.

La retirada de Borrell no fue una buena noticia para el Partido Popular desde el punto de vista de sus intereses electorales. A José María Aznar le interesaba enfrentarse a un Borrell disminuido en prestigio e imagen. Almunia, aunque de discurso perfectamente previsible, desprovisto de ese toque de genio que siempre cabía esperar en Borrell, es un candidato más sólido, con menos fisuras que el leridano, cuya derrota electoral, en todo caso, podría haber dado paso tras las próximas elecciones generales a esa inexorable renovación interna que la sociedad española, a la par que la militancia socialista, está demandando del PSOE por mor de la salud democrática española.

Piqué ha quedado muy tocado. Borrell, que seguramente siempre lo estuvo, resultó al final muerto en la refriega. Dos hombres y un destino. Ambos han sido, al final, víctimas de la perversión moral de la misma alianza político-mediática que desde los ochenta emponzoña la vida española. Almunia será el candidato que gestione la previsible derrota del PSOE en las generales del 2000. Con el socio González en la recámara del 2004, es lo que quería el Grupo Prisa. Polanco siempre gana.

EPÍLOGO
«LA POLÍTICA DE LO POSIBLE»

En las peores circunstancias imaginables, un partido sumido en luchas internas, cuyo candidato a la Presidencia había presentado la renuncia apenas unos días antes de la cita electoral, con una cabeza de lista casi desconocida, tan llena de buenas intenciones como de lagunas conceptuales, luciendo en las vallas una simpática sonrisa de chica next door, fue capaz de arrancar en las elecciones europeas, municipales y autonómicas del 13 de junio del 99 unos resultados francamente buenos, espectaculares si se toma en consideración el punto de partida, resultados que la proverbial habilidad para la comunicación de los Rubalcabas de turno se encargó de vender a la opinión pública como una aplastante victoria. O casi.

Ese «efecto victoria» se agrandó a consecuencia de los consiguientes pactos postelectorales con fuerzas muy heterogéneas, que dieron al PSOE la presidencia de algunas comunidades (Aragón, Baleares) y bastantes ayuntamientos que, hasta entonces, habían estado regidos por «populares».

Un sentimiento de derrota se instaló en el inconsciente colectivo de un Partido Popular que, sin embargo, había ganado las elecciones por un margen superior a los cuatro puntos. Era una sensación de desesperanza nacida de una reflexión tan vieja como elemental: ¿cómo era posible que el PSOE, en las más adversas condiciones, hubiera logrado unos resultados tan satisfactorios?

Los damnificados del XIII Congreso, celebrado apenas seis meses antes, sacaron entonces a relucir el hacha de guerra. En enero del 99,

Aznar había presidido un akelarre destinado a lanzar al estrellato al ministro Piqué como encarnación del centro político, a los sones de un himno cuya letra hablaba de sosiego, tranquilidad, ausencia de perfiles ideológicos y renuncia a la confrontación con el felipismo y su hermano siamés, el polanquismo. Un centro reivindicado contra la derecha tradicional más que contra el PSOE y sus desafueros, que dejó a muchos militantes sumidos en la perplejidad ideológica y los indujo a quedarse en casa a la hora de ir a votar.

Las tropas de Aznar, acogidas al bello estandarte del centro, volvieron a sus cuarteles con la impresión de haber sido derrotadas y la obligación de hacer examen de conciencia. Como ocurriera en la Navidad de 1996, después del envite de Polanco y su famoso «pacto de Nochebuena», de nuevo se imponía un análisis de los errores cometidos.

El travestismo había valido para muy poco. El presidente, desasistido, y el partido, desideologizado, se habían embarcado en un viaje al centro que no había pescado votos en otros caladeros pero los había perdido en el propio. Y es que ese centrismo que consiste en la asepsia, en que nada huela, nada sepa, nada tenga color, no haya aristas para que nada roce, sólo favorece a los enemigos del cambio, a esa generación de políticos contaminados que, a la sombra de Felipe González, hace tiempo pasaron por la estación de las bellas intenciones y sólo buscan retomar el poder para volver a las andadas.

El PSOE, que había aderezado el convite del 13 de junio con un escándalo de aurora boreal como el del lino, gozó, sin embargo, de una campaña casi idílica. González apareció en el proscenio acusando a Julio Anguita y a José María Aznar de «ser la misma mierda» (sic) y nadie le salió al paso. La chica de las vallas del PSOE pidió un debate con Loyola de Palacio y la ex ministra, displicente, renunció a fajarse. Y eso, en un país de toreros, donde hay que demostrar que se sabe parar la embestida antes de templar y mandar, acaba pasando factura. Resultó que la bella de las vallas, la «chica Benetton», arrastró consigo muchos votos.

Eran los frutos del «arriolismo», la doctrina del sociólogo y asesor presidencial Pedro Arrióla, el estratega de la «lluvia fina». El PP necesitaba elevar el punto de mira, Había que volver a dar batalla, porque la gran lección del 13 de junio es que si el PP quiere ganar las generales del 2000, tendrá que bajar a la arena y fajarse con el PSOE. Haciéndolo muy bien, Aznar está condenado a jugárselo todo a una carta en las dos últimas semanas de campaña electoral.

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Envalentonado por el plebiscito del 13-J, el PSOE pretendió, después de la campaña del lino, hacerle un roto al Gobierno Aznar allí donde más ufano se mostraba: en la gestión de la economía, en la creación de empleo y riqueza, en el superávit de la Seguridad Social. ¿No dicen ustedes que estamos creciendo muy por encima de la media europea y que el Estado ha ingresado casi 800.000 millones más de lo presupuestado? Pues, ¡ea!, abramos la caja y repartamos lo que hay dentro entre los españoles más humildes. Que se note que la bonanza es para todos.

A tomar vientos el «pacto de Toledo». Estaba claro que, con el telón de fondo de las generales a poco más de seis meses vista, la batalla política a la vuelta de las vacaciones de verano iba a estar centrada en las pensiones, terreno abonado a todas las demagogias. Cogido entre la espada del populismo socialista y la pared del respeto a la ortodoxia financiera exigible a todo gobierno de centro-derecha, ante el Partido Popular —todavía no repuesto del susto del 13-J— parecía erguirse un otoño muy caliente, muy tenso, muy duro.

Y así empezó septiembre, con Almunia y el PSOE al ataque, siguiendo fielmente el libreto diseñado durante el verano por el «comando Rubalcaba». Había que castigar las defensas de un gobierno «derechoso» y antisocial con la bandera de las pensiones. Había que subirlas por decreto, reclamaba Almunia. Poco importaban los jubilados. Lo realmente importante era ganar esa batalla para poder llegar a la cita del 2000 enarbolando esa victoria por bandera electoral.

Pero cuando más engolado andaba el gallito, más embebido en su trino parlanchín, el Gobierno firmó casi por sorpresa un pacto de pensiones con los sindicatos que dejó a Joaquín Almunia sumido en la congoja. Aznar, como un Alejandro I en réplica doméstica, había dejado progresar confiado al Napoleón socialista hasta el corazón de todas las Rusias sin oponer ningún obstáculo a su avance arrollador hasta que, a la vista de las murallas del Kremlin, le descabalgó, de acuerdo con la técnica del judo, de un golpe certero aprovechando el propio impulso del invasor, dejando al mariscal socialista y a su estado mayor hundidos en el descrédito político.

Y ahí quedó Almunia, perplejo y arrugado como una ciruela pasa, entrando y saliendo del «pacto de Toledo» como un caballito de feria, sin entender todavía lo ocurrido. El candidato a la Presidencia del Gobierno que incumplió su promesa de retirarse si perdía las primarias a manos de José Borrell parecía a primeros de octubre del 99 achicado por la quincena más arrolladora desde el punto de vista político del Gobierno Aznar en toda la legislatura: firma del acuerdo sobre pensiones, mejora —con apoyo sindical de nuevo— del poder adquisitivo de los funcionarios y presentación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2000 de claro tinte socialdemócrata, unas cuentas del Reino sin flancos, que ponen una vela al Dios de la derecha más ortodoxa continuando la pelea contra el déficit mientras abren la mano en el gasto social, especialmente sanidad y educación (las niñas bonitas de todo socialista que se precie), inversión pública e investigación y desarrollo. Casi la cuadratura del círculo.

Y es que es muy difícil luchar en política contra el llamado welfare factor, el factor de bienestar, el dinero en la calle, el primer empleo, la mejora general de las condiciones de vida y trabajo en un clima de paz social. Una mejora representada en España por ese coche que se vende cada veinte segundos y ese empleo nuevo que se crea cada treinta.

En realidad, el pacto de las pensiones ha sido una demostración fehaciente de que la mayoría de la población española, después de haberle visto las orejas al lobo en el 96, no quiere aventuras, no desea poner en riesgo el equilibrio financiero de la Seguridad Social, como lo demuestra el hecho de que una parte importante del electorado natural del PSOE desautorizara su estrategia con las pensiones. ¡El hecho cierto es que el PP le había ganado esa batalla gracias, precisamente, a los sindicatos!

Una demostración, en suma, de lo mucho que ha cambiado España en los últimos cuatro años. En marzo del 96 éste era un país estancado, con una fórmula de Gobierno agotada, pero al mismo tiempo terriblemente reacio a la búsqueda de alternativas. La España confiada y resuelta que en el 82 decidió jugárselo todo a la carta del cambio socialista se había transformado casi catorce años después de un paisaje gris, apelmazado, tenso. Sabía que la fórmula González, además de no solucionar los problemas pendientes, se había convertido en un tapón que ponía en peligro el futuro, pero una gran parte de la población, por razones de miedo a la «derechona» o de ligazón sentimental con la izquierda, no se atrevía a dar el paso al frente y buscar una salida, y ello a pesar de la situación económica, francamente decepcionante, y de la pérdida de valores éticos consecuencia de la corrupción galopante, de modo que Juan Español no tenía más horizonte que el tradicional «joderse y aguantarse», intentando al tiempo sacar alguna ventaja personal de la miseria moral imperante.

Hubo un momento a finales de los ochenta, con el punto de inflexión marcado por la famosa huelga general del 14 de diciembre del 88, en que el país, que parecía caminar en la dirección correcta después de la transición y los primeros años del PSOE, viró drásticamente de rumbo para adentrarse, seguramente como consecuencia de la llamada «cultura del pelotazo», por un camino de recelo y desconfianza hacia el futuro, un camino de corrupción presidido por el convencimiento de que «estos señores van a estar veinticinco años en el machito y aquí pintan bastos; esto es el PRI y no hay más salida que el sálvese quien pueda».

El mundo del dinero, los inversores, los grandes empresarios sabían ya en 1993 que las reformas no se harían mientras el PSOE siguiera gobernando y necesitara seguir tirando del gasto público para mantener su clientela electoral. Era el drama de una España rehén de un político lleno de resentimiento, enfrentado a un dilema del siguiente tenor: o dejaba quebrar el país por no hacer las reformas, o si hacía las reformas dejaba quebrar un partido por el que ya nadie se desvivía pero del que vivía mucha gente. La cultura del pelotazo no podía acabar mientras no se fuera el pelotari.

Todo lo cual generó una sociedad muy cainita, muy recelosa, muy instalada en los valores del franquismo sociológico. Una sociedad vuelta sobre sí misma, encerrada en las peores tradiciones de aversión al riesgo, de miedo a la iniciativa privada, volcada hacia el Estado como panacea para todos los males, acostumbrada al «todo gratis, para todos, para siempre», convencida, como puso de manifiesto una llamativa encuesta, de que el Estado tenía obligación de resolverle hasta sus problemas personales.

Una sociedad reñida con el valor de la iniciativa y el esfuerzo personal, donde un diario liberal-conservador como el ABC publicaba portadas, inmediatamente después del 3 de marzo del 96, conminando al Gobierno a cerrar Hunosa y al mismo tiempo abrir fábricas en Asturias para dar trabajo a todos y cada uno de los mineros redundantes como si de un Estado de economía planificada se tratara. Con unas elites —si se les puede llamar de este modo— carentes de dimensión ética, que siguen haciendo buena, muchas décadas después, esa ausencia de «hombres de Estado» que denunciaba Azaña o de «minorías selectas» que lamentaba Ortega. Un establishment de vuelo corto, muy pegado al terreno, acostumbrado a esconder permanentemente el ala, a callar en público lo que con grandes dosis de cinismo habla en privado y a tirar balones fuera mientras mira hacia otro lado para no llamar la atención, convencido de que guardando silencio y asintiendo es posible sacar algún provecho en el pantano de la mediocridad general.

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La siguiente historia ilustra como pocas el funcionamiento de esa honorable alta sociedad madrileña entroncada por espurios intereses con el felipismo. Tuvo lugar durante el intento de instrucción del sumario sobre el caso Sogecable, abortado finalmente por los Polancos. Ocurrió que el arquitecto Miguel («Miquelo») Oriol invitó una noche a cenar a su casa a una serie de personas, un encuentro entre amigos en el ambiente relajado de un fin de semana, un ilustre periodista por aquí, un juez en la cresta de la ola por allá y algunas gentes más. Todo hubiera quedado en el silencio discreto de los partícipes de no haber sido porque el ágape quedó reflejado en la columna de Umbral «Los placeres y los días»: fui a cenar a casa de Miquelo Oriol y allí estaba el juez Liaño, y María Dolores Márquez de Prado, y…

Miquelo Oriol empezaba su particular vía crucis. Porque resulta que Carlos March, casi un hermano para el arquitecto, diseñador de la casa sevillana del millonario, todo el día cazando, viviendo, compartiendo juntos, le retiró bruscamente el saludo, al tiempo que empezaron a lloverle noticias de lo terriblemente enfadado que estaba Carlitos, no me lo va a perdonar nunca, en qué lío me he metido, porque además su mujer y la mía son muy amigas, dolido, apesadumbrado.

—Pero deja de preocuparte, ¡coño, Miquelo! —Le espetó un buen amigo—, que eso va en tu honor: invitas a tu casa a quien te da la gana, pero ¿quién es éste para decirte a quién tienes que invitar y a quién no?

Pero, a los pocos días, el afectado se vio con Emilio Ybarra, presidente del BBV, amigo desde la infancia del arquitecto.

—Fíjate lo que me ha ocurrido: Carlos March me ha llamado para preguntarme si tienes créditos en el BBV, y si los tienes que te los quite y que además deje de verte…

Hasta que, no tardando mucho, se topó también con Su Majestad el Rey.

—Pero, Miquelo, ¿que te ha pasado con Carlos?

—Pues a mí nada.

—Es que me ha pedido que te retire el saludo…

Un March, una de las mayores fortunas españolas, se había molestado en hablar con el presidente del BBV, y con el Rey de España y, lógicamente, con mucha más gente para que, a la voz de ¡ar!, todo el mundo retirara el saludo, quitara los créditos y mandara al averno al ciudadano que había cometido el delito de invitar a cenar a su casa al juez que estaba instruyendo un sumario en el que figuraban como imputadas las fuerzas vivas, los más ricos y poderosos del país.

Era el mismo March que, la noche del día en que compareció ante el juez para prestar declaración, lloró ante un grupo de amigos relatando su experiencia, porque era muy duro para un «amo del prao» verse de pronto en los papeles como presunto delincuente, o el mismo March que el día de la celebración de su cincuenta cumpleaños, en su impresionante finca de la sierra sevillana, pronunció un emotivo brindis ante más de cien invitados en el cual mencionó a su hermano, a su padre, ya fallecido, a su madre, allí presente, y a Jesús Polanco, «mi mejor amigo, a quien tanto debo».

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Estaba claro que esta onorata società instalada en la hipocresía permanente, embridada por la mentira y el miedo a hablar, donde todo él mundo tiene cogido a alguien por los faldones de la corrupción, no iba a dejar escapar vivo al juez Gómez de Liaño.

Contaminados por catorce años de felipismo, con el que vivieron y convivieron con gusto, todos transitan de espaldas al gran público, fundidos y confundidos en la interminable saga de cacerías que, con la presencia del Monarca como máximo trofeo, organizan en lo que eufemísticamente llaman «el campo» (enormes fincas y casas en los Montes de Toledo, en Jaén, en el norte de Sevilla, en Extremadura), juntos y revueltos en ese «madrileñeo» cortesano y corrupto, y todos, o casi, rendidos ante la capacidad de intimidación de Jesús Polanco, unidos en el respeto reverencial al «yayo».

A la altura de marzo del 96, el Grupo Prisa se había convertido en un factor decisivo de reacción al cambio, poniendo de relieve la llamativa deriva de un grupo que había realizado una contribución esencial al asentamiento de la democracia, siquiera formal, en los años setenta y una contribución igualmente importante con ocasión del fallido golpe de Estado del 23-F y que, sin embargo, desde finales de los ochenta se había convertido, como baluarte ideológico del felipismo, en muro de contención en el que se estrellaban las ansias de cambio y progreso de una amplia mayoría de la población urbana española. En los últimos años, el grupo Polanco se había convertido en el verdadero partido conservador —en el sentido etimológico del término— español.

Una alta sociedad que, de cuando en cuando y como excrecencias del sistema, acostumbra a producir sus propios chivos expiatorios, sus Mariano Rubio, Javier de la Rosa, Mario Conde, a quienes mete en la cárcel para, a continuación, seguir a lo suyo como si nada hubiera pasado, nada hubiera cambiado, porque ellos sólo están interesados en el mantenimiento del statu quo. Como dicen los franceses, plus ça change, plus c'est la même chose.

Algunos, los menos, trataban de buscarle una explicación al clima enrarecido que, al inicio del 96, se respiraba en ese gran patio de colegio, tan pequeño, tan estrecho, tan mísero a veces, tan ridículamente pueblerino que es Madrid, y hablaban del agotamiento de un sistema que, en esencia, seguía siendo primo hermano de aquel franquismo caracterizado por el miedo y el silencio de los corderos, franquismo cuyo final físico fue reemplazado por una cosa llamada consenso que sedó el verdadero afán reivindicativo de la mayoría de la población. A partir del 82, España vivió una ensoñación de cambio que pronto acabó machacada por el rodillo socialista, para desembocar directamente en la pura y simple corrupción extendida desde la raíz a la más alta rama.

Durante años no se pudo hacer un negocio, realizar una inversión importante, acometer un proyecto de altura sin pagar el correspondiente peaje, consultar al oráculo del poder, escrutar sus vísceras y retribuir al mago/conseguidor de turno. El felipismo dejó una España sin clase dirigente, sin sociedad civil, con unas pocas grandes empresas dirigidas por un núcleo de ricos en el que todo se mezcla, en que no hay decisiones empresariales puras porque todo está contaminado por la vida social, los encuentros y desencuentros, los dimes y diretes, las filias y fobias… Una clase poco seria que confía más en la amistad, el compadreo y la conmilitancia que en sus propias capacidades, y que por eso se considera obligada a asistir a fiestas y cacerías, dispuesta a complacer al poderoso que invita y paga la cuenta.

¿Qué haría José María Aznar? ¿Se avendría a servir de zapatero remendón de un sistema que hacía agua, un sistema agotado, que claramente parecía haber entrado en crisis total o, por el contrario, se decidiría a cortar por lo sano abordando la tan cacareada «regeneración democrática» que demandaban muchos de los sectores que le habían aupado al poder? Ni lo uno ni lo otro. Pragmático por encima de todo, Aznar se iba a echar en brazos de «la política de lo posible».

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El 3 de marzo del 96 iba a significar el intento de volver a retomar la línea perdida a finales de los ochenta. El requisito imprescindible para que un gobierno de derechas y en minoría pudiera, al menos, intentarlo, era «durar», y de ahí la pasión de Aznar por alargar la legislatura. Durar y gestionar. Porque el arma utilizada para hacer posible el cambio iba a ser la gestión económica.

«El PP tuvo dos grandes aciertos como punto de partida —asegura José Luis Feito, embajador de España ante la OCDE—. El primero fue la decidida apuesta de Aznar por Maastricht. Dos meses antes de las elecciones había gente de muchas campanillas que le aconsejaba que se olvidara del tema, porque lo que tenía que hacer era un programa de crecimiento (como si cumplir los criterios de Maastricht no fuera el mejor programa de crecimiento posible). Aznar, que callaba como muerto, no dudó un instante, al contrario que los franceses, que Maastricht era la apuesta. Eso fue un gran acierto, porque, al final, la moneda única no era más que un instrumento, una coartada si se quiere, para acometer los ajustes que era necesario hacer de cualquier forma. El segundo acierto, vital a mi juicio, es que no ha habido la más mínima fisura en la política económica del Gobierno del PP, cosa que el PSOE no consiguió nunca. Boyer se las vio y deseó con los guerristas; Solchaga dijo aquello de que «estos Presupuestos no son míos», y luego vino Borrell y su demagogia, de modo que Solbes hizo lo que pudo, que fue muy poco, a pesar de su buena disposición para poner orden en la casa».

No ha habido fisuras porque Aznar, en contra de las prácticas de Felipe, a quien aburría solemnemente la materia, ha dirigido personalmente las operaciones de su armada económica, ha monitorizado, ha presionado, ha vigilado a ministros y secretarios de Estado cuantas veces ha sido necesario.

Esa unidad de criterio en torno a lo que había que hacer resultó fundamental en la recuperación de la confianza. Naturalmente, de la mano de medidas concretas, la más importante de las cuales fue la firme determinación de controlar el déficit público (fijado en el 0,8 por ciento del PIB para el 2000, el equilibrio presupuestario será una realidad en los PGE del 2001, lo cual constituirá sin duda un hito en la Historia de España), unido a una serie de estímulos productivos concretos, tal que la modificación en la tributación de las ganancias de capital, todo lo cual se tradujo en una paulatina bajada de los tipos de interés, la subida de la Bolsa (a lo largo de 1997 hubo días en que se negociaron 375.000 millones de pesetas, cifra equivalente al negocio de todo el año 1985) y el referido repunte generalizado de la confianza.

Junto a la ortodoxia presupuestaria, el Gobierno se embarcó enseguida en un programa de privatización de empresas públicas y de liberalización que iba a tener su inmediato refrendo en la caída de la inflación. «Eso de liberalizar está muy bien —asegura Cristóbal Montoro—, pero sabiendo que nadie que esté instalado quiere liberalización, de modo que hay que tener mucha voluntad política para enfrentarse a los grupos de presión y meter el bisturí allí donde los poderosos venían haciendo su agosto. La política económica no es un juego de hacer amigos».

A primeros del 98, el Gobierno se atrevió al fin a hincarle el diente a la más significativa de sus promesas electorales, la bajada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), sin duda la decisión más difícil, pero que muy pronto se convertiría en uno de los mayores aciertos, si no el mayor, en política económica, a pesar de la zapatiesta que la orquesta del profesor Polanco pretendió montar, con la ayuda del PSOE, durante unas semanas. Callaron muy pronto y para siempre, porque el asunto —más dinero para gastar en el bolsillo de Juan Español— no tenía vuelta de hoja.

Durante el puente del primero de mayo de 1998, España ingresó por méritos propios en la primera velocidad europea. Nadie le había regalado nada. Para José María Aznar, «el euro no es una estación término, sino un punto de partida. Llegar aquí es haber pasado el examen de acceso a la universidad, pero aún no es estar diplomado. Este es un desafío para España en términos de adaptación económica, y en términos de mentalidad nueva como país. Es el punto de referencia innegable para nuestro inmediato futuro».

La España dinámica que el PSOE captó en el 82 y que perdió con la cultura del pelotazo, la España emprendedora, seria, profesional estaba otra vez «cachonda» e ilusionada, dispuesta a tirar del carro de la Europa del euro. «Creo que hemos retomado el discurso de la modernidad que el PSOE abandonó en algún momento —asegura Rodrigo Rato—, hemos recuperado el norte perdido y eso significa hacer un país mucho mas civil, más plural, más flexible, más abierto y, en suma, más moderno».

Todo el proceso vino refrendado —tras una reforma del mercado laboral que puso de manifiesto la capacidad de diálogo y el sentido de la responsabilidad de los sindicatos españoles— por un regalo de inestimable importancia para la sociedad española: la creación de empleo. Con un dato ciertamente llamativo, nuevo en nuestra historia, y es que la tasa de creación de empleo pronto iba a ser superior al ritmo de crecimiento económico. Tradicionalmente, cuando se daban incrementos de afiliación a la Seguridad Social del 3,5 o el 4 por ciento, la economía estaba creciendo por encima del 5 por ciento, como ocurrió en el boom de los ochenta. Ahora, por el contrario, con el PIB creciendo al 3,5 por ciento se registraban porcentajes de afiliación incluso superiores, lo cual parecía indicar que la economía española se estaba moviendo sobre bases nuevas.

Ello abría la puerta a algo que, apenas unos años antes, era simplemente un sueño: la posibilidad de que, con un ritmo de crecimiento sostenido en el tiempo, España pudiera colocarse en tasas de paro homologables a las de su entorno en un período no excesivamente largo. Un asunto de enorme trascendencia social y, naturalmente, política.

Corolario de la creación de empleo es que la Seguridad Social, que en 1996 se encontraba en práctica quiebra con un «agujero» superior a los 800.000 millones (parte del cual se financiaba con una línea de crédito concedida por la banca privada a tipos de interés del 15 por ciento, lo que explica el contento de algunos con la situación), alcanzó el equilibrio presupuestario en 1999, estando previsto un ligero superávit durante el ejercicio 1999-2000.

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«El éxito ha sido indiscutible —señala José Luis Feito—, como lo ha sido la mejora de la imagen de España en el exterior. Dicho lo cual, no conviene perder de vista el cuadro general, porque, para impedir los terribles efectos en términos de paro que tradicionalmente ha tenido todo cambio de ciclo en España, hay que meterle a la economía una dosis de medicina de verdad, hay que abordar reformas todavía mucho más audaces y profundas. Con los mimbres que tenía, el PP ha hecho un cesto magnífico; le van a dar el primer premio en cualquier exposición, pero es un cesto, no nos engañemos, no una escultura de Rodin o una pintura de Matisse, no es una obra de arte, y ése es el problema de una economía como la española, que cuando se deprime lo hace a conciencia, y cierra empresas y expulsa del mercado de trabajo a cientos de miles de personas».

El Gobierno Aznar, sin embargo, apostó desde el principio por «la política de lo posible». «Inmediatamente después del 3 de marzo dije que las reformas estructurales radicales harían imposible la recuperación económica y, por tanto, la aplicación de esas reformas», asegura Cristóbal Montoro. En ausencia de ese radicalismo reformador, los españoles hemos asistido en estos últimos cuatro años a una verdadera revolución, pues como tal cabe calificar esa nueva «cultura de la estabilidad» que significa vivir con baja inflación, con bajos tipos de interés, con creación de empleo y con la certidumbre de que es posible cambiar las cosas mediante el consenso.

Tendrá que pasar algún tiempo antes de que podamos valorar en toda su importancia el cambio provocado por el comportamiento de las variables macroeconómicas en un país acostumbrado a vivir con alta inflación desde siempre. La imposibilidad de hacer previsiones sólidas a medio y largo plazo hizo que en España echara raíces la «cultura del pelotazo», que es la cultura de una economía con inflación donde la gente se lo juega todo a la carta de los comportamientos especulativos. Y ello por la ausencia de un marco de referencia explícito y estable, tarea esencial de todo gobierno que se precie, al que todos puedan atenerse y en el que se pueda operar con libertad.

«Hemos cambiado el chip de confianza —asegura el secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado—, y un ejemplo de ello es que, en un mercado libre y globalizado, el Gobierno español financia su déficit al mismo precio que el de los Estados Unidos, ni una peseta más. España paga por el dinero que necesita tomar prestado lo mismo que el Tesoro norteamericano. De manera —prosigue Folgado—, que para esos capitalistas que arriesgan sus duros algo muy importante ha cambiado con respecto a España. Y ha cambiado también para el español de a pie, porque la caída de tipos ha sentado las bases para inversiones productivas, puesto que ya no compensa tener el dinero en el banco».

Los progresos realizados en esta legislatura van a permitir, por lo demás, acometer en el futuro y sin dramatismo las citadas reformas de base que de otra manera hubieran resultado muy difíciles de llevar a la práctica. «Hemos entrado en un modelo de crecimiento con baja inflación donde es posible financiar los costes fijos del sistema y al mismo tiempo que quede dinero para invertir en infraestructuras, en I+D, en la profesionalización del Ejército, etc., algo que no se podría hacer con una economía parada —señala Montoro—. En estas circunstancias, con un déficit que permite una financiación más holgada de la economía, será la propia sociedad la que pida al Gobierno que acometa esas reformas, lo cual implica un cambio cultural muy profundo».

Para José María Aznar, que a primeros de noviembre pasado anunció un plan de infraestructuras hasta el 2007 por importe de 18 billones de pesetas, «el secreto de este Gobierno ha consistido en combinar la disciplina presupuestaria con el impulso reformador. Este es un país que ha universalizado la sanidad, las pensiones y la educación, que tiene una política de vivienda encomiable y que está en condiciones de alcanzar grandes objetivos, el más inmediato de los cuales es igualar su renta a la media de los países de la UEM, objetivo que, como el del pleno empleo, está a nuestro alcance si somos capaces de seguir manteniendo el equilibro entre lo políticamente deseable y lo económicamente posible».

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El Gobierno Aznar ha hecho los deberes en materia económica teniendo que lidiar con un socio tan complicado como CiU, que, si bien ha enseñado al PP a gobernar en coalición, aprendizaje muy importante en términos de convivencia, con frecuencia ha practicado un doble juego consistente en dar su visto bueno en privado a medidas que implicaban un desgaste político y querer al mismo tiempo quedar bien en público, forzando al Gobierno Aznar a cargar con el coste electoral en solitario. Un socio que, enfeudado con determinados grupos de presión catalanes, a menudo se ha convertido en un elemento retardatario del proceso de liberalización de la economía española. Y es que, desde tiempo inmemorial, CiU ha funcionado en Madrid como una especie de gestoría —con Miguel Roca como cabeza visible— de intereses económicos privados catalanes.

Por fortuna, Aznar ha contado en casi todo con apoyo sindical. «Hemos hecho lo mismo que el Partido Laborista británico —asegura Rodrigo Rato—. Tony Blair hace una política de centro-derecha desde el centro-izquierda, y el PP hace lo mismo pero al revés, y eso tiene al PSOE confundido y a los sindicatos básicamente contentos, porque, al margen de que les guste más o menos la alternativa que el PP representa, ven que las cosas marchan, que llaman y se les contesta, que son interlocutores respetados. Al final, son los resultados los que hacen posible que un Gobierno de centro-derecha que lo hace bien se entienda mejor con los sindicatos que otro de izquierda que lo hace mal».

«En la generación del clima de confianza que se respira en España ha resultado fundamental la capacidad del Gobierno para llegar a acuerdos con patronal y sindicatos —sostiene Folgado—, que han demostrado mucho valor y una gran altura de miras. Esos acuerdos han operado como “estabilizadores sociales” capaces de asegurar paz social y laboral, moderación salarial y contratos de trabajo estables».

«Dentro de unos años nos asombrará ver en la distancia la aceleración que determinados procesos han sufrido en esta legislatura —asegura Josep Piqué—, Desde el rigor macroeconómico hasta el impulso reformista, pasando por el diálogo social, la tregua etarra… toda una serie de temas que han conocido un salto cualitativo enorme, lo cual contrasta con el paréntesis de los dos últimos gobiernos de González, dos legislaturas totalmente perdidas en términos de futuro de país, siete años ad maiorem gloriam de la soberbia del líder, con una recesión galopante en el 92/93 que ni se supo ni se quiso paliar, y es que hay ex ministros del PSOE que te lo cuentan sin pelos en la lengua: no se movía nada, no hacían nada, no despachaban con nadie, todo el mundo sentado en su silla viendo pasar el tiempo…».

El 28 de diciembre del 98, Telecinco abrió su noticiero de las ocho y media comentando que se había perdido ya la costumbre de las inocentadas, pero que no hacía falta ninguna, porque si un par de años atrás un telediario hubiera abierto con algunas de las noticias del día la gente no se habría creído ninguna, a saber: los «batasunos» apoyando en Vitoria la investidura de Ibarretxe, los tipos de interés al 3 por ciento, el Banco de España fabricando los primeros euros… Tal ha sido la aceleración histórica vivida en estos años, aceleración que la sociedad española, que se ha olvidado ya de la gesta que supuso ingresar en la Unión Económica y Monetaria, descuenta con una naturalidad impresionante.

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Junto a las realidades económicas, en esta legislatura han cambiado también, y de manera evidente, las relaciones entre el poder político y el económico. «Hay menos injerencia en la vida económica —asegura Ángel Corcóstegui, consejero delegado del BSCH—, y eso es bueno por definición. A mí no me llaman de Moncloa o del Ministerio de Economía para esto o lo otro, y eso significa un cambio muy evidente con respecto a anteriores gobiernos, eso te da mucha tranquilidad, porque no ves a nadie intentando moverte la silla».

En la batalla planteada desde marzo del 96 entre el binomio Prisa+PSOE y el Gobierno Aznar estaba en juego, entre otras cosas, la posibilidad, por primera vez en nuestra historia, de una convivencia pacífica entre el poder político y el económico, una convivencia sin interferencias mutuas, un sistema de relaciones en el que los poderes económicos no necesiten el favor del poder político, caso de Jesús Polanco, para prosperar y hacer empresa y donde el poder político no se vea con derecho a intervenir en las operaciones económicas, grandes o pequeñas, que se planteen, respetando las reglas del mercado y la legislación vigente.

La conquista de esa separación entre poderes es otro hito en un país donde, desde hace siglos, todo el mundo se ha acostumbrado a temer al poder político y a vivir pendiente del dedo amenazador del padre Estado. «Desde el principio dejamos claras las reglas del juego —asegura el propio presidente del Gobierno—. Dedíquense ustedes a lo suyo, hagan lo que tengan que hacer, completen su saneamiento, aborden su expansión internacional y estén tranquilos porque a mí no se me va a ocurrir mover la silla a nadie, yo no me voy a meter en casa ajena. Esta es una parte importante del cambio: la separación entre las esferas de lo público y lo privado. Haga usted banca, que es lo suyo, porque de la política me encargo yo. Cumpla usted la legislación vigente, y si tiene algo que decirnos aquí estamos para escucharle y, si podemos, ayudarle».

«Lo cual ha producido una buena dosis de desconcierto —asegura el primer ejecutivo de un importante grupo constructor—, porque lo normal era que te llamaran para decirte lo que tenías que hacer, o que fueras tú mismo a preguntar qué es lo que les gustaría que hicieras. Ahora, el poder te dice, más o menos, que hagas lo que te salga de los cojones, y eso despista mucho».

¿Quiénes son los banqueros de este Gobierno? Ninguno, ni siquiera Emilio Botín. El santanderino fue el único que en 1987, con Aznar recién llegado a Madrid, se negó a dar una peseta de crédito al neonato Partido Popular, lo cual no fue óbice para que luego se convirtiera en el primer supporter del programa económico del PP en la oposición.

El propio Aznar no olvidará el día en que, cuarenta y ocho horas después de sufrir el atentado de ETA con coche bomba, hallándose en una sala de la sección de vuelos privados en Barajas, situada entonces en la terminal de carga, en espera de emprender un viaje, se topó de repente ante un impetuoso Emilio Botín que evidentemente había errado de puerta. Frente a frente con Aznar, el banquero se paró en seco, se llevó las manos a la cabeza, y exclamó: «¡Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios!…». Sin embargo, eso no se tradujo en un apoyo explícito o una relación especial con el Aznar presidente. Como demostró en los primeros meses de Gobierno (venta de su paquete en Azucarera Ebro a intereses franceses, en contra de los deseos de Loyola de Palacio), Botín sólo se compromete con su bolsillo.

En cualquier caso, es evidente que Emilio Botín está mucho más cerca de este Gobierno que Emilio Ybarra. Pero ¿es ésa una relación comparable a la que mantenía el propio Ybarra con el PSOE? Rotundamente no. La diferencia estriba en que José María Aznar llegó al Gobierno sin deberles nada a los banqueros, lo que hace que no se sienta inclinado a consultarles ni a dorarles la píldora, porque no va con su carácter. «Gracias a Dios», que diría Botín.

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Tras la victoria electoral del 3 de marzo del 96, Aznar tenía como objetivo desmontar los aspectos más negativos del felipismo, las manifestaciones más patológicas de un sistema de gobierno personalista asentado sobre cuatro pilares básicos:

El poder empresarial, centrado en las llamadas «joyas de la corona» del sector público, a saber, Telefónica, Repsol, Endesa, Tabacalera y Argentaría.

El poder mediático, focalizado en RTVE y su influencia sobre las cadenas privadas, Antena 3 y Telecinco, sin olvidar, obviamente, el Grupo Prisa.

El poder político, concretado en las mayorías parlamentarias y, después, en los acuerdos con CiU, más el poder en comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.

El poder judicial.

Desmontar esta estructura no iba a resultar tarea fácil. La pata del poder empresarial ha desaparecido por obra y gracia de la política de privatizaciones llevada a cabo. El Gobierno ha actuado en este sentido con rapidez, eficacia y transparencia.

Bancos, eléctricas, petróleo, gas, telecomunicaciones… todo está privatizado. Y eso significa, para el gobierno de turno, perder una gran cantidad de poder, capacidad para intervenir, mediatizar y coartar el funcionamiento de los agentes económicos imponiendo tesis y políticas. «Si yo quisiera decirle algo ahora al presidente de Repsol, puede que me escuchara o puede que no —asegura Rato—, porque a los únicos que tiene que rendir cuentas es a sus accionistas. Y es que un Feliciano Fuster mandaba antes mucho más que el ministro de Industria, lo que explica que se hiciera la política eléctrica que convenía a Endesa, no a España, y que fuera imposible bajar el precio de la luz».

De modo que, incluso en el caso de que el PSOE volviera a ganar las próximas elecciones, el poder que emanaba del sector público empresarial ya no estaría en sus manos. De ahí la reacción airada de Felipe González en relación con este proceso. «El tenía dos palancas de poder en las empresas públicas Endesa y Telefónica, por encima de las demás, que eran fuente de empleo y de favores para su gente y al mismo tiempo un instrumento para llevar a cabo la política del palo y la zanahoria con el sector privado».

El PSOE se ha dedicado en los últimos meses de 1999 a lanzar una teoría, apenas un esbozo, según la cual el Gobierno ha creado una nueva clase empresarial ligada al PP y asentada en las grandes empresas públicas privatizadas. La realidad es que los actuales presidentes de tales empresas, incluido Villalonga, ya eran empresarios y/o profesionales ricos y reconocidos, y todos y cada uno de ellos, además de compararse favorablemente en términos de currículum con sus predecesores, no han hecho sino convertir las empresas que dirigen (por supuesto Martín Villa) en multinacionales, algo de lo que ciertamente adolecía nuestra economía.

En el terreno mediático, la tarea ha quedado a medio hacer. Efectivamente, se hurtó a Jesús Polanco el monopolio del cable en un primer momento y después se puso freno al nuevo monopolio que pretendía con la televisión digital, lo cual le ha supuesto un duro castigo, un lucro cesante muy importante que explica la reacción del Grupo Prisa, porque naturalmente Polanco arremete contra quien le hace daño, no contra quien le tira flores.

En el renglón político, las cosas van por su orden. El PSOE está en la oposición y, a pesar de los pactos —algunos contra natura— surgidos tras las elecciones municipales y autonómicas de junio pasado, ha perdido mucho poder territorial.

El fracaso más notorio del Gobierno Aznar se llama, sin duda alguna, Justicia. Después de trece años y pico de infiltración y control, el poder judicial sigue siendo un reducto felipista (plagado de Ancos, Villarejos y Bacigalupos) donde funciona un eficaz reparto del trabajo: los Belloch, Moscoso, Sala y compañía pastorean el Tribunal Supremo y el Constitucional (siete filosocialistas seguros, y alguno más probable, de doce posibles), mientras el grupo Polanco, con Clemente Auger, controla la Audiencia Nacional.

«Antes podía hacerte una profecía, con un ligero margen de error, sobre cuál iba a ser la solución jurídica que prevalecería en un asunto dado —asegura un miembro del Tribunal Constitucional—. Ahora también te la puedo hacer, pero ya no es una profecía, sino una predicción, y ya no es una solución jurídica, sino política, consistente en saber la filiación de los magistrados que componen la sala y echar cuentas. Es como una oposición a cátedra: sabiendo la adscripción partidaria del tribunal se sabe el resultado. Tantos señores que sirven al PSOE frente a tantos que sirven al PP. Con una matización: que los afínes al PP suelen dar cierto margen para la sorpresa, cosa que no ocurre con los del PSOE, que, a la voz de ar, sólo funcionan en clave política. Muy triste, porque ésta es la negación de la garantía de imparcialidad que podíamos ofrecerle al ciudadano».

«Lo que está ocurriendo en la Justicia es de aurora boreal —asegura un destacado miembro del Gobierno Aznar—. La Justicia está podrida, pero eso no es responsabilidad del Ministerio de Justicia, sino de unos magistrados a quienes les importa un bledo todo. Nadie cree en la Justicia, lo cual es uno de los grandes problemas del país. Subimos el sueldo a los magistrados del Supremo, porque era una promesa del Gobierno anterior para igualarles con los del Constitucional, y a los cinco días los vocales del Consejo General del Poder Judicial se lo subieron por las bravas, algo impresentable en gente que ha sido puesta ahí a dedo por los políticos y que demuestran así que la opinión pública no les importa nada».

Fue una batalla que el Gobierno Aznar perdió muy pronto, nada menos que en junio del 96, cuando el grupo parlamentario popular pactó con el PSOE una renovación del Consejo General del Poder Judicial que resultó un trágala. «Porque ellos votaron a los suyos y nosotros no votamos a los nuestros —asegura un alto funcionario del Ministerio de Justicia—, Y el Consejo es una pieza clave, porque es allí donde se reparten las carreras de los jueces, al fin y al cabo unos funcionarios que se mueven por instintos muy concretos, entre otras cosas por ganar cuatro duros más».

La Justicia es, sin duda, el gran reto pendiente para el gobierno que salga de las próximas elecciones generales. Porque no se puede hablar de un país ni de una economía moderna sin una Justicia digna de tal nombre, rápida, eficaz e independiente, neutral, libre del cepo de la servidumbre política.

Otro fracaso no menos llamativo, aunque con mucha menos influencia en la vida diaria de los ciudadanos, es el del Cesid, los servicios secretos españoles que Aznar prometió democratizar a poco de llegar a La Moncloa. Al rendir viaje la legislatura, «La Casa» sigue siendo, por desgracia, un Estado dentro del Estado, una taifa no sometida a criterios de funcionamiento democrático, un nido de víboras donde se siguen pisoteando muchos derechos fundamentales y de donde sigue fluyendo información reservada hacia Felipe González, al frente del cual continúa un Javier Calderón que guarda algunos de los secretos más llamativos del golpe del 23-F.

La situación del Cesid es ingrediente fundamental en la acusación que algunos sectores de opinión formulan contra un Aznar que llegó al poder avalado por el deseo de amplias capas de población urbana de proceder a un saneamiento radical de las instituciones tras el paso del tornado felipista. Para los que tal sostienen, el fracaso de Aznar con la llamada «regeneración democrática» no admite paliativos, aunque el presidente, refugiado también aquí en la «política de lo posible», argumenta que la regeneración se demuestra andando: se demuestra con un director de la Guardia Civil que no huye al extranjero con el dinero público, con un ministro del Interior que no reparte los fondos reservados entre sus subordinados, con un gobernador del Banco de España que no defrauda al fisco, con un…

Los mismos sectores de opinión reclamaban también de Aznar el fortalecimiento de la vigencia de España como nación y la consolidación del Estado de las Autonomías, con la definición de una conciencia nacional civilizada, democrática, racional, tolerante, moderna, europea… pero no tribal. Una conciencia nacional que no aplaste la pluralidad sino, al contrario, la respete e integre en un proyecto colectivo común.

El fracaso ha sido también aquí evidente, con un Jordi Pujol que sigue inquebrantable a lo suyo, aferrado a una ley de política lingüística, entre otras medidas de un dirigismo insoportable, claramente lesiva para los derechos de los castellanohablantes y un PNV que definitivamente parece haberse echado al monte del radicalismo abertzale.

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Dar una definitiva oportunidad a la paz en el País Vasco será, sin duda, uno de los grandes retos de la nueva legislatura.

Por desgracia, ese logro de la sociedad española en su conjunto y de la política de firmeza del ministro Mayor Oreja que fue la tregua etarra, se ha ido al traste hace escasas fechas, finales de noviembre pasado, con la decisión adoptada por la banda terrorista de volver a matar. De modo que la pacificación definitiva del País Vasco se yergue, de nuevo, como la gran tarea política pendiente para el Gobierno que salga de las elecciones de marzo del 2000. El objetivo último, además de acabar con la serpiente etarra, debe ser integrar a los nacionalismos vasco y catalán en un proyecto colectivo nuevo que no puede ser otro que el de la Europa del euro, logrando que, si se engancharon al mensaje de Maastricht, se enganchen también al reto que supone transitar por la UEM.

Madrid ya no puede seguir siendo culpable de todos los males, reales o supuestos, de los nacionalismos melancólicos. Las comunidades históricas disponen del nivel de autogobierno que les garantiza la Constitución, y tanto la Generalitat como Ajuria Enea son plenamente responsables de lo que ocurre en sus respectivos territorios. Se acabó el agarrarse al clavo ardiendo del «dame» ante Madrid. Ha llegado el momento de proporcionar al esquema entero una nueva dimensión, empezando a hacer política en un marco más amplio, complejo y difícil, pero también de mayores oportunidades para todos.

Ya no tiene sentido discutir entre Madrid y Vitoria, cuando todo se va a discutir en Bruselas y Estrasburgo. Pero, en el nuevo marco continental, los interlocutores van a ser pocos, y es evidente que en lo que a España concierne esa función recaerá en el Gobierno central, a quien corresponderá después compartir información y motivar a las comunidades autónomas en la búsqueda de soluciones comunes. Conducir a los nacionalistas por la senda de la Europa del euro, incluso logrando su participación en el Gobierno de la nación, además de ser un precedente revolucionario rebajaría tensiones internas al mismo tiempo que daría a España un horizonte de estabilidad que resultaría definitivo para el desarrollo económico, lejos del tradicional regateo al que hemos asistido en estos años.

Es evidente que esa participación de los nacionalismos no se va a conseguir apelando a la idea de España, porque eso supondría para ellos renunciar a su discurso político, pero sí podría lograrse apelando a la necesidad que vascos y catalanes van a tener de jugar sus cartas en un marco más amplio que el del propio Estado español, el marco de la Europa del euro, cuyo interlocutor reconocido es el Gobierno de Madrid.

La sociedad española está abocada a una transformación a la que había venido dando esquinazo durante los últimos gobiernos González y que la UEM va a hacer inevitable. Un cambio que supondrá enterrar de una vez los viejos fantasmas familiares, los izquierdismos inútiles heredados del franquismo, la pasión por lo público, la aversión al riesgo, el recelo hacia la iniciativa privada y la libre competencia. Una transformación que dependerá, indudablemente, del resultado de las próximas generales.

«El nuevo Gobierno estará obligado, le guste o no, a acometer la segunda fase de las reformas si quiere que la economía española siga siendo competitiva», asegura Feito. Para el ex jefe de la Oficina del Presupuesto de La Moncloa, José Barea, esas reformas («asignatura pendiente del centro-derecha español»), que implican una modificación estructural del gasto público, se dividen en dos grandes bloques de problemas que han quedado postergados en esta legislatura para mejor ocasión:

- Empresas públicas (asuntos como ese despilfarro, insulto permanente a la racionalidad, que es RTVE).

- Protección social (sanidad y pensiones).

«El Gobierno ha adquirido unos compromisos con los sindicatos que tiene que cumplir —asegura Barea—, pero es evidente que ahí se va a producir un desequilibrio permanente, porque si la población jubilada crece al ritmo del 2 por ciento anual y además las pensiones se indician a la inflación pongamos que a un 2,5 por ciento anual, ahí ya tenemos 4,5 puntos de crecimiento anual de los compromisos financieros del sistema de Seguridad Social, porcentaje al que habría que descontar el crecimiento de la recaudación vía nuevas afiliaciones, de manera que el imbalance anual, que tendrá que ser financiado vía PGE, puede oscilar entre los 2 y 3 puntos de PIB. Por eso no habrá más remedio que meter mano en un sector público empresarial que todavía genera un déficit de 1,2 billones de pesetas anuales».

Al mismo tiempo, el nuevo Gobierno deberá continuar profundizando en el terreno de las medidas liberalizadoras, para lograr esa efectiva competencia cuya ausencia en muchos sectores gravita como una losa sobre el IPC.

«¿Liberalizaciones? Conviene aclarar que la economía española es más abierta que la francesa y tanto o más que la alemana —asegura Rodrigo Rato—. Dicho lo cual, ahora hay que terminar lo empezado y hacer que las medidas ya adoptadas funcionen. Por ejemplo, hay que ampliar la competencia entre gasolineras y hacer que funcione en el sector eléctrico, además de liberalizar de modo efectivo el gas y continuar presionando sobre el sector servicios, para lo cual tenemos que dotarnos de un Tribunal de Defensa de la Competencia muy ágil, que pueda actuar de oficio, buscando y poniendo de relieve las prácticas monopolísticas que puedan existir, porque, al final, los pactos sobre precios en este sector condicionan el comportamiento de la inflación. Y, por supuesto, hay que meter mano de una vez al problema del suelo».

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Muy probablemente, España se va a jugar el futuro del primer cuarto del siglo XXI en las próximas elecciones generales del 2000. «Para el PP, disponer de una legislatura adicional supondría apuntalar definitivamente el cambio iniciado en los últimos cuatro años —asegura Aznar—. Yo estoy absolutamente convencido de la oportunidad de oro que tiene España para convertirse definitivamente en un país moderno y aún más atractivo, consolidando los cambios de mentalidad (el otro día le pregunté a Martín Villa: “¿Cuántos accionistas tenía Endesa cuando tú llegaste?”, “Doscientos mil”, me dijo. “¿Y ahora?”, “Dos millones, me respondió”) que se han operado, abordando definitivamente las reformas pendientes para seguir creciendo y creando riqueza y empleo. Si hemos sido capaces de entrar en la Europa del euro por derecho propio, vamos a ser capaces de hacer muchas más cosas».

Una nueva victoria del Partido Popular colocaría al PSOE en una posición muy difícil, abocándolo definitivamente a esa catarsis que el aparato de Ferraz trata de evitar desde 1993, porque ese proceso implica un cambio que debería culminar en un relevo generacional radical. Ahí está el problema: se trata de una generación que lleva más de veinte años viviendo de la política, que no sabe hacer otra cosa, que todavía es joven y que no quiere irse a casa. Al final, ésa fue la razón última de las famosas primarias, el intento de volver al poder por un atajo, dando esquinazo a la dura travesía del desierto que significa dar paso a nuevos líderes, nuevas ideas, nuevo lenguaje.

Del mismo modo, ese nuevo triunfo de Aznar supondría el final definitivo de la carrera política de Felipe González, por más que él mismo o el entorno de los Polancos puedan estar soñando con un eventual ritorno al final de la próxima legislatura. En primer lugar, porque resultaría muy difícil mantener taponado el PSOE después de una nueva derrota sin abordar la renovación, y no hay renovación posible en el socialismo español que no pase por la definitiva desaparición del «carismático líder». Y, en segundo lugar, porque, en la primavera del 2004, España y la sociedad española tendrán poco que ver, si algo, con la España que Felipe dejó en marzo de 1996.

La continuidad de Aznar en Moncloa supondría, igualmente, un duro golpe para ese poder fáctico que es Jesús Polanco, el único que puede ser considerado como tal en España a las puertas del nuevo milenio.

El 24 de diciembre del 96, un error de cálculo del editor le llevó a echar un pulso en toda regla a un Gobierno democráticamente elegido, lo que obligó a Aznar a hacer explícito un gesto de autoridad que acabó con el cántabro contra las cuerdas, como no podía ser de otro modo. Ver al Gobierno tenérselas tiesas con el poder de este nuevo «Kane» ibérico y ponerlo en su sitio no pudo menos que producir satisfacción entre los amantes de la libertad que sólo aspiran a verle competir en igualdad de condiciones, salir a pecho descubierto sin la cota de malla del Gobierno amigo, sin que del Ministerio del Interior o del Banco de España le lleguen las exclusivas con motorista, sin que de Focoex le lluevan las ofertas sudamericanas, sin que del Consejo de Ministros le manen los negocios, las radios, las televisiones, los cables, porque, como dice Galbraith, «el monopolio es la fuente de poder de una sociedad pobre; un país rico invita a la gente a buscar alternativas».

Tras la dura batalla que en estos años ha enfrentado al Gobierno con la trama de los «felipancos» se adivinan dos formas de entender y abordar el futuro de España: por la senda de un país abierto, enemigo de la corrupción y el clientelismo, que funciona y crece y crea puestos de trabajo bajo el imperio de una ley igual para todos, o el país del amiguismo y la corrupción, el país de unos pocos, el país del miedo a discrepar y del silencio cómplice. Era una guerra que el Gobierno tenía que ganar, porque aquí, por una vez, valía el dicho del siniestro Stalin según el cual «la única guerra inmoral es la que se pierde».

A la altura de abril del 97, cuando ya estaba claro el resultado de la pelea, José María Aznar dejó de interesarse por Polanco. Su política con el editor ha sido una repetición de su estrategia en la oposición con González. Frío, cerebral, calculador, capaz de desarrollar el movimiento que más le conviene en cada momento, Aznar no vio en Polanco nada más que un buen sparring y, de la misma manera que en la oposición pasó del histriónico «váyase, señor González» a la componenda de los conciliábulos secretos en Moncloa, ahora ha pasado de tenerlo asediado y a punto de doblar la rodilla a salvarlo de las consecuencias judiciales del caso Sogecable.

Al margen de la cuenta de resultados del Grupo Timón, asunto ciertamente nada baladí, la capacidad de presión del cántabro no se deriva hoy tanto de lo que publica El País o transmite la SER como de lo que, al día siguiente, repican la COPE o el diario El Mundo, enganchándose, a veces con una ingenuidad que sólo puede explicar el glamour que sigue ejerciendo la izquierda «progre», a las campañas que inicia Prisa. A eso se reduce el éxito de Jesús «del Gran Poder» Polanco.

«Hay que comprender la reacción de un hombre de setenta años (que celebró con gran pompa el pasado 7 de noviembre en un hotel de lujo de Tenerife en compañía de casi un centenar de grandes empresarios) que ha tenido un Gobierno a su disposición y que de repente se encuentra remando contra corriente —asegura uno de sus más notorios socios en Sogecable—. Y es que Polanco ha perdido protagonismo y poder en este país en los últimos cuatro años, y eso es verdaderamente lo que saca de quicio, más que el dinero dejado de ganar, a un hombre que fundamentalmente es orgullo en estado puro, porque el dinero le importa menos que la defensa del estatus que había alcanzado con el felipismo».

Que nadie se equivoque: Jesús Polanco Gutiérrez sigue siendo la mayor amenaza que se yergue frente al futuro de esa España abierta a que aspira gran parte de la población española. El editor está crecido tras su demostración de poder frente al juez Gómez de Liaño. Tanto él como su «cuate» González han protagonizado un verdadero outing en los últimos meses, haciendo pública exhibición de una amistad que hasta el momento habían mantenido en una más que discreta reserva. Ahora, por el contrario, se exhiben juntos sin remilgos en la juerga flamenca del cantaor Rancapino, en Casa Lucio (celebrando la «muerte» de Liaño), o en el hotel Jardín Tropical de Tenerife, por citar los casos más llamativos.

¿Qué hará Polanco en caso de una nueva victoria electoral de Aznar? ¿Seguir remando contra corriente durante otros cuatro años, atado al carro del felipismo, o intentar un pacto con el Gobierno de centro-derecha al que por clase social pertenece? La respuesta sólo está al alcance de quienes están en el secreto de los verdaderos lazos que unen al editor con Felipe González, lazos que parecen mucho más fuertes que la simple ideología.

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¿Sigue siendo España el país de centro-izquierda que proclama el tópico? Son muchos los signos que apuntan a que del felipismo se está saliendo hacia una sociedad más liberal, más moderna, con un componente muy importante de solidaridad, menos dispuesta a aferrarse a lo público como tabla de salvación, que ha cambiado radicalmente de opinión en el debate de los impuestos (hasta el punto de rechazar la idea sindical de que bajarlos significa poner en peligro el Estado del Bienestar) y en la que comienza a abrirse paso una nueva mentalidad emprendedora, como demuestra el boom de la iniciativa privada. ¿Una sociedad distinta?

«Yo creo que España ha sido un país de centro-izquierda que ahora camina en otra dirección —asegura Rodrigo Rato—. Se advierte en la valoración de la patronal (por encima de los sindicatos), en la falta de entusiasmo de la gente con la idea de las treinta y cinco horas, en la creciente aceptación de una sociedad abierta, con más iniciativa privada y menos Estado. Si éste es el caldo de cultivo en el que le gusta moverse a la gente, es claro que en las corrientes de fondo de la sociedad española se ha producido un cambio muy importante. Lo que pasa es que entre las corrientes profundas y las manifestaciones políticas en superficie hay todavía un trecho, porque hay lealtades históricas difíciles de romper, que necesitan tiempo para cambiar de expresión, aunque creo que estamos abocados a una batalla mucho más sociológica que política, que es, por otro lado, lo que está ocurriendo en todo el mundo occidental».

Ciertamente, España y los españoles han cambiado mucho a lo largo de esta legislatura. Lo han hecho, en primer lugar, recuperando la confianza en el futuro, y en segundo lugar, abandonando su tradicional propensión a la resignación. Este era un país resignado a seguir alejado de Europa en términos de renta per cápita, a tener una tasa de desempleo que doblaba la de nuestros vecinos, a entrar en la Unión Monetaria en el tren de la segunda velocidad —la de los torpes— y a que, en algún momento, la Seguridad Social se declarara en bancarrota dejando de pagar las pensiones.

«El gran logro de esta legislatura ha sido la confianza —asegura Cristóbal Montoro—, confianza en el futuro que se manifiesta en la predisposición al cambio, frente a la renuencia al mismo que se advierte en países vecinos mucho más ricos que el nuestro. Y ello porque los españoles han redescubierto sus capacidades para emprender, asumir retos y lograr objetivos. España vive ahora en la seguridad de poder convertirse en un país de cultura muy moderna, abierto a las innovaciones y los cambios».

Sobre este decorado, manifiestamente embellecido con respecto al triste panorama reinante en marzo de 1996, planea la figura de un José María Aznar que sigue siendo un misterio, una gran incógnita para la mayoría de los españoles, pero sobre el que existe general consenso en que es el amo del partido y del Gobierno. El que manda.

Dentro del propio PP hay gente que le considera un hombre «insultantemente mediocre», asegura un diputado popular. «Yo creo que Aznar se pregunta todos los días: ¿cómo un tío como yo ha podido llegar tan lejos?». Un político desprovisto de carisma, mal dotado para las relaciones públicas, gélido de puro frío, un témpano, cuya innata frialdad impone barreras al acercamiento.

Un «franquito» corto de palabra, imperturbable, introvertido, seco. Un solitario que produce a veces la sensación de vivir aislado en un castillo tan fantástico como evanescente, que escucha, pero que rara vez se manifiesta de forma clara y concreta, y que al final no consulta sus decisiones con nadie.

Este tipo de hombre y de político continúa teniendo serias dificultades para calar en el corazoncito de un pueblo que, sobre todo en las capas más modestas de la España rural, sigue añorando al líder, sigue anclado en aquel reflejo colectivo que Unamuno describió en la Universidad de Salamanca como la necesidad del amo: «El pueblo español necesita un mesías —digamos un cacique— y lo busca; y si no lo halla, lo inventa».

Todo lo cual explica la resistencia al despegue electoral del PP, a pesar de presentar un cuadro de realizaciones económicas globalmente encomiable. «El problema del PP no es otro que el propio Aznar, la falta de carisma del presidente del Gobierno, y eso no lo arreglan ni en Lourdes», señala el mismo diputado popular.

Un hombre frugal en sus hábitos de consumo, de vida sencilla, que llegó a La Moncloa sin hipotecas de ningún tipo, lo que siempre ha desconcertado mucho a las fuerzas vivas patrias. Un presidente de Gobierno en las antípodas de esos ricachones que cada fin de semana se disfrazan para pegar tiros en las grandes cacerías de los Montes de Toledo. Uno de sus amigos le preguntó un día si no le invitaban a tales saraos:

—Ni hablar, yo con esa gente sólo me trato por motivos estrictamente profesionales.

Pero un hombre que, en la intimidad, es otra persona muy distinta, un tipo seguro, confiado, cálido, abierto de gesto y de palabra. Nada que ver con el Aznar reservón, huraño, desconfiado que muchos creen conocer.

Un político que puede que no diga pero que, sin embargo, actúa. Ese es su secreto. Dotado de una voluntad de hierro y sin decir una palabra de más, ha sido capaz de vengarse de quienes vaticinaron que ni él ni su Gobierno durarían un año, agotando una legislatura que ha pasado a ser la más larga de la historia de la democracia.

Muy trabajador, le dedica muchas horas al despacho, lo que le permite monitorizar toda la acción de Gobierno y seguir en primera persona la gestión de la economía, en contacto directo con los distintos responsables, llamando a ministros y altos cargos, vigilando el cumplimiento presupuestario, poniendo firmes a quienes reclaman más capacidad de gasto.

A mitad de la legislatura, el propio Rodrigo Rato se confesaba a un amigo en una distendida cena de fin de semana:

—¿Es que crees que si no fuera porque el presidente está encima a mí me iban a dejar mis compañeros, por muy vicepresidente que sea, hacerles los recortes que les hago?

—No me lo puedo creer.

—Pues así es. Y cuando a Pepe Folgado intentan subírsele a las barbas, coge el teléfono y llama directamente a Moncloa sin pasar por mí… Y el ministro de turno recibe una llamada directa del presidente llamándolo al orden.

En este sentido, Aznar se halla en las antípodas de un Felipe González muy dado al dolce far niente y a dejar las cosas al albur de su ingenio improvisador. Cualquier ministro puede despachar con Aznar cuando necesite hacerlo, lo contrario de lo que les ocurría a muchos miembros de los distintos gabinetes González, que no conseguían verlo más que en la sala del Consejo de Ministros. Ex ministros socialistas hay que no llegaron a despachar nunca cara a cara con Felipe, que nunca hablaron a solas con él, lo que reconocen sin mayor problema. A González le importaban casi todos un bledo. Era un hombre que no trabajaba, convencido de poder superar los problemas con su simpatía, su brillantez y su chispa. ¿El desenlace? Está claro que así era imposible gobernar un país tan complicado como España.

«Aznar ha sabido ganarse el respeto de todos los líderes de la UEM sin distinción, un respeto basado en los resultados de su gestión», sostiene Josep Piqué. Es, sin duda, el descubrimiento de la política española de este final de siglo o, si se quiere, la gran confirmación. El líder idóneo para una sociedad adulta que reclama un eficaz gestor de la cosa pública y que no necesita ni mitos de «bodeguilla», ni picos de oro, ni líderes de cartón piedra, porque esa sociedad, madura y culta, dispone de los resortes culturales y económicos para buscar su ocio y su negocio, su poesía y su razón de vivir, sin necesidad de apelar a la imaginería de las pantallas de televisión.

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Algunos dicen que José María Aznar cometió una equivocación política de grueso calibre cuando anunció su decisión de no permanecer más de ocho años en la Presidencia si los españoles le otorgaban su confianza, porque, en caso de volver a formar gobierno tras las generales del 2000, ello podría abrir anticipadamente una guerra de sucesión muy dañina para los intereses generales.

De momento, dos nombres figuran en todas las quinielas, muy destacados del resto, como potenciales aspirantes a la primogenitura de Aznar: Rodrigo Rato y Javier Arenas, con clara ventaja del primero sobre el segundo. Un tercero en discordia sería Alberto Ruiz-Gallardón, el chico con cara de velocidad que, desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid, descubrió muy pronto sus cartas. Gallardón no parece contar con el menor respaldo dentro del partido para intentar la aventura, aunque, hablando de aventuras, podría en el 2004 exigirle al PP la celebración de «primarias» a la manera socialista, con la ayuda de su amigo Polanco.

Los apoyos de Rato proceden, fundamentalmente, del propio Aznar y de los empresarios, que lo ven como lo que es: uno de los suyos, un tipo educado e inteligente, un atleta de la moderación, lleno de lógica y sobrado para el diálogo, con capacidad para llegar a acuerdos con todo el mundo, incluido Jesús Polanco, a quien ha hecho más de un favor, naturalmente, a cambio de un tratamiento informativo plano por parte del «cañón Bertha».

Muy en la línea del «príncipe» al que hay que proteger de determinados conflictos, Rodrigo Rato ha estado durante toda la legislatura muy centrado, casi refugiado en la gestión de la economía, voluntariamente alejado de aquellas zonas de conflicto que enfrentaron al PP con la oposición socialista. Rato o al poder por los números. «¿Que me escondo y no me implico en la política del Gobierno? Eso no es verdad: llevo el Presupuesto, la financiación autonómica, doy respaldo a Arenas en las negociaciones con sindicatos y empresarios, ¿qué más quiere la gente? Claro, en lo que no estoy es en la política de comunicación…».

«Rato está donde tiene que estar el heredero —asegura Pedro Arrióla—. El es un político que sabe que su proyecto necesita sumar y no restar».

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La conquista de la estabilidad ha abierto para España una agenda nueva de cara a la próxima legislatura. Desde el punto de vista internacional, nuestro país es ahora un inversor reconocido en todo el mundo, lo que inaugura una agenda muy novedosa, tanto en Iberoamérica como en el ritmo de las relaciones —siempre de la mayor importancia— con los Estados Unidos, relación marcada por esa fuerte presencia en los países de habla hispana, y que por primera vez no tiene que ser ya de colaboración seguidista. De ahí los riesgos del caso Pinochet (o el más reciente de la antigua Junta Militar argentina), asuntos que, al margen del perjuicio que puedan acarrear a las empresas españolas en la región, podrían retrasar la construcción de esa comunidad iberoamericana en la que España debe desempeñar un papel importante.

Además del Magreb como zona natural de expansión, España debe desempeñar también un papel importante en Europa como país emergente desde el punto de vista económico, político y cultural.

De puertas adentro, el futuro Gobierno deberá afrontar el desafío del mercado interior. A partir del año 2007 se acaba el estatus de «país protegido», lo que significa un drástico recorte en el volumen de fondos comunitarios que Madrid ha venido recibiendo hasta ahora. Ello quiere decir que, en los próximos siete años, España está obligada a dar el gran salto cualitativo que le permita alcanzar la renta media de la UEM, situándose en el pelotón de los países ricos.

Ese salto hacia adelante implica para España, en primer lugar, la necesidad de convertirse en un país con superávit presupuestario, de manera que el Estado pueda realizar una contribución positiva al desarrollo y al crecimiento. En segundo lugar, demandar una mayor eficacia del gasto público, lo que equivale a decir que habrá que seguir prestando los mismos servicios pero gastando menos, es decir, gastando mejor. Y, en tercero, reclamar culminar el proceso de liberalización emprendido y abordar sin titubeos el desarrollo tecnológico. España no puede llegar a finales del próximo decenio sin haber dado su gran salto adelante en el aspecto tecnológico, lo cual, además de requerir dinero, es fundamentalmente un problema de cultura.

«Estamos obligados a aumentar sustancialmente el esfuerzo inversor en investigación y desarrollo —asegura el ministro Piqué—. Sin política monetaria propia (en manos del Banco Central Europeo) y con un margen en la política presupuestaria ciertamente estrecho, nuestra competitividad dependerá cada día más de la capacidad de innovar. Es ahí donde España se va a jugar de verdad su futuro, teniendo en cuenta que los factores reales de competitividad residen en la voluntad de innovación y modernización del tejido productivo. Las variables macro y micro de la economía española son muy buenas, pero sólo son sostenibles a medio plazo si hay una constante predisposición al cambio tecnológico».

Desde el punto de vista de la política española, además de la necesidad, ya aludida, de articular definitivamente la cohesión territorial, la próxima legislatura debería conocer una mejora de las relaciones entre los dos grandes partidos políticos nacionales, que han sido incapaces, salvo en el País Vasco, de llegar a acuerdos significativos a lo largo de la legislatura. «El PSOE ha cometido un error estratégico muy grave, como ha sido llevar al terreno de la política el intento de destrucción de personas concretas —asegura Rato—, lo cual ha tenido un coste para todos, pero sobre todo para ellos. El escándalo del lino, por ejemplo, nos enseñó que pintaban bastos, pero bastos para todos…».

Con el permiso de los votantes, el reto de José María Aznar consiste en profundizar en las reformas emprendidas para poder seguir creciendo y creando empleo, y a partir de ahí distribuir más adecuadamente esa riqueza manteniendo el rigor, es decir, el respeto a la estabilidad presupuestaria, pilar fundamental para la credibilidad del sistema.

* * *

El horizonte electoral, sin embargo, se presenta más incierto que nunca, a pesar de esos 4,4 puntos que separaron al PP del PSOE en las pasadas europeas. De nuevo un halo de incertidumbre se ha extendido entre las filas populares tras el tropiezo en las elecciones catalanas del 16 de octubre del 99. Los 17 diputados del anterior candidato popular, Alejo Vidal-Quadras, quedaron reducidos a 12, los mismos que la independentista Esquerra Republicana de Catalunya, un empate que privó al PP del «premio gordo» de convertirse en la tercera fuerza política de Cataluña y llave de la gobernación de la Generalitat para tener que conformarse con una «pedrea» en la que Pujol, libre de marcas, podrá utilizar indistintamente a Esquerra o al PP para gobernar a conveniencia. ¿Puede ganar las generales un partido que en Cataluña no llega ni siquiera al 10 por ciento de los votos?, se preguntaba Joaquín Almunia.

Dos peligros, a izquierda y derecha, asaltan al PP de cara a las generales de la próxima primavera. Por la vertiente izquierda, la desintegración de Izquierda Unida (en la que tantos esfuerzos ha puesto el Grupo Prisa) en beneficio del PSOE, algo que ya fue muy perceptible en la jornada del 13 de junio del 99. ¿Cuántos de los 2.600.000 votos que en marzo del 96 se inclinaron por IU se mantendrán fieles a Julio Anguita en marzo del 2000? Por la derecha, la aparición de fenómenos electorales tan extraños como el de Jesús Gil, alcalde de Marbella —aunque ha terminado arrojando la toalla—, y más recientemente el de Mario Conde, que podrían ocasionar a los populares serios destrozos en algunas circunscripciones debido al sistema de restos. Dicho lo cual, los dos grandes escenarios de combate electoral van a ser Cataluña y Andalucía.

Es evidente que una parte significativa de la clientela electoral del PP en Cataluña cambia de bando y abraza la escarapela de CiU en las autonómicas catalanas, de modo que las aguas, aunque no se desborden, volverán a su cauce en las próximas generales. La acción y la pasión estará centrada en Andalucía, donde el PP ha elegido a una animosa Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, para discutir la hegemonía que desde el 90 mantiene allí Manuel Chaves.

Llamativa situación la de este camaleón de la política, ocupado durante toda la legislatura en plantear desde Sevilla la oposición al Gobierno central que era incapaz de articular el PSOE desde la calle Ferraz. Como opositor a Aznar, Chaves ha logrado un notable, pero, ¿y como presidente de la Junta andaluza? Lo cierto es que, gobernada por el PSOE desde las primeras elecciones autonómicas, mayo de 1982, la región sigue estando en el furgón de cola en todos los escalafones nacionales y comunitarios tanto en renta per cápita como en educación o en atención sanitaria, lo cual incita a pensar que el secular retraso andaluz no se arregla con trenes de alta velocidad y autovías, porque el problema es más profundo, más serio, es algo que tiene que ver con el modelo de sociedad que patrocina el PSOE, sociedad amancebada con la subvención, reacia a la iniciativa privada, incapaz de crear un tejido empresarial a espaldas del cual vive una Junta convencida de que crear riqueza es aumentar la nómina de funcionarios (Andalucía tiene ya más que Madrid, Cataluña y el País Vasco juntos).

Chaves repite ufano que la región ha venido creciendo una décima por encima de la media nacional en los últimos tres años, cuando Andalucía debería estar haciéndolo al doble, en cualquier caso no menos que Irlanda (en torno al 7 por ciento), para poder superar un atraso que los gobiernos socialistas (cosa que también ocurre en Extremadura y, en menor medida, en Castilla-La Mancha) están haciendo crónico.

Por todo ello, cobra cada día más fuerza la idea de que los comicios de marzo se decidirán a cara de perro en las dos últimas semanas de campaña, y que el PP y José María Aznar necesitarán fajarse sin contemplaciones en la denuncia de la corrupción felipista, que sigue larvada en espera de una nueva oportunidad, si quieren salir vivos del envite frente a una estructura de poder formidable que, a pesar de los pesares, parece continuar intacta tras cuatro años de interregno felipista, como ha demostrado la atroz sentencia condenatoria del juez Gómez de Liaño.

Cuatro años de alternancia política no han bastado para desmontar la apisonadora engrasada durante más de trece años de felipismo. El trabajo ha quedado a medio hacer, de modo que el mayor peligro que sigue amenazando la libertad y la prosperidad de los españoles es la acción concertada de ese espurio matrimonio de intereses formado por Felipe González y Jesús Polanco, los «felipancos», una pareja que, empeñada en la reconquista del poder en provecho propio mediante el artero sistema de elevar a la categoría de verdades oficiales sus manipulaciones y mentiras, sigue teniendo —como lo ha demostrado con el escándalo de las stock options de Telefónica— una asombrosa capacidad para menear el árbol de la paz social y crisparlo hasta la extenuación.

«La sociedad española ha empezado a caminar por la senda buena —asegura Josep Piqué—, lo que nos obliga a decirle claramente al votante que la vuelta del PSOE supondría hacer almoneda de lo conseguido en estos cuatro años, poniendo en peligro el futuro colectivo. Espero que, cuando el Partido Socialista vuelva a gobernar, no tenga la oportunidad de meter la marcha atrás al país». De momento, Joaquín Almunia ya ha prometido un billón de pesetas más de gasto público si gana, lo que representa una amenaza en toda regla para el equilibrio presupuestario y la salud de la economía.

El Partido Popular tendrá que pelear el resultado hasta el último minuto. Es la paradoja de la política española o, si se quiere, de un partido, el PSOE, que en las peores circunstancias posibles tiene un suelo superior a los nueve millones de votos. Pelear y poner con toda su crudeza ante los electores la disyuntiva de volver a dar el voto a Aznar o echarse de nuevo en brazos del felipismo, con su cortejo de fracasos económicos y escándalos judiciales.

Una constatación que, en sí misma, encierra una crítica demoledora contra un Gobierno, el popular, que, después de la legislatura más larga de la democracia y de los logros obtenidos en el campo de la economía, no ha sabido encandilar el corazoncito del votante, no ha llegado a calar, y sigue siendo visto como un eficaz gestor de la cosa pública capaz de merecer un gracias, pero nunca de llegar a enamorar.

Con estos bueyes hay que arar. Por eso, en el trance de depositar la papeleta en la urna, muchos ciudadanos de esa España urbana que mira a Europa no tendrán más remedio que, con la mano derecha tocándose el corazón y la izquierda tapándose los ojos, desempolvar la vieja pregunta tantas veces formulada en tantos países que vivieron paradojas parecidas: ¿estamos peor, igual o mejor que hace cuatro años?, ¿tenemos hoy más esperanzas de futuro que entonces?

JESÚS CACHO (Villarmentero de Campos, Palencia, 1943). Palentino de nacimiento. Capitán de la marina mercante, licenciado en Periodismo y en Historia Moderna y Contemporánea. Desde que inició su actividad periodística ha trabajado en las revistas económicas «Dinero» y «Mercados», los semanarios «Tribuna» y «Época», y los diarios «ABC», «El País» y «El Mundo». En septiembre de 1988 publicó su primer libro, «Asalto al poder», después aparecieron «Duelo de Titanes», «Pedro Toledo: El desafío», «La estafa» y «MC, un intruso en el laberinto de los elegidos». .

En otoño de 1996 publicó su primera novela «Kilómetro cero». Ha colaborado en la publicación quincenal «Empresarios» y en la cadena de radio «COPE». Fue fundador y director del diario digital «El Confidencial». Actualmente es director del periódico digital «Vozpopuli».

Notas

[1] El 3 de enero de 1999, Julio Anguita achacó al «pacto de Marivent» el indulto concedido por el Gobierno Aznar a José Barrionuevo y Rafael Vera. <<

[2] El PP no iba a acometer las reformas de fondo, pero iba a tener la coherencia de hacer frente a la realidad más elemental de nuestra economía, y es que España es un país que tiene un nivel de gasto muy superior a la capacidad de recaudación del sistema. Y esa constatación, verdadera piedra angular del problema, sólo admite dos soluciones: o se recorta el gasto o se suben los impuestos. Los gobiernos de González no hicieron sino engañar a los ciudadanos, acostumbrándolos a vivir por encima de sus posibilidades, y en lugar de subirles los impuestos —que lo hicieron, aunque no en la cuantía necesaria—, optaron por endeudarse, acumulando deuda pública, lo cual significa vivir en el presente con cargo al bienestar futuro de las nuevas generaciones de españoles. Este es, pues, un problema estructural que tiene poco que ver con las ideologías y sí con un dilema elemental: o se reduce el gasto en proporción al PIB o se suben los impuestos. <<

[3] El 16 de julio, The New York Times escribía: «José María Aznar se convirtió el pasado marzo en el nuevo presidente de España tras ganar las últimas elecciones, gracias, en parte, a que consiguió convencer a sus votantes de que había modernizado el PP […]. Ahora tendrá que convencerles de nuevo después del despido del jefe de la delegación de TVE en Nueva York, José Antonio Martínez Soler, y de otros cuatro corresponsales. El Gobierno de Aznar asegura que destituye a Martínez Soler para ahorrar dinero, pero parece una represalia por la entrevista realizada el pasado febrero en la cual Martínez Soler incomodó a Aznar». También el Herald Tribune se hizo eco de los despidos de RTVE. El País, por su parte, emprendió una cruzada para salvar el sillón de una amiga de la casa, Elena Salgado («Acoso y derribo de la directora del Teatro Real»), quien, después de haber ocupado durante años el cargo de directora general de Telecomunicaciones, creyó haberse convertido, en apenas unos meses, en una autoridad mundial en materia operística. <<

[4] En realidad, lo que Prisa quería era que nadie entrara en ese mercado. Su verdadero objetivo consistía en llegar al 99, año en que quedarían amortizadas todas las inversiones, sin competencia para Canal Plus en la televisión de pago. Cualquier otra opción de pago, incluida la digital, supondría canibalizar el Plus. En último caso, y de verse obligado a participar en un proyecto colectivo, Prisa quería disponer del control para ponerlo a disposición de Felipe González y sus amigos del PSOE. Muchos sostienen que no aprovechar esa oportunidad por razones políticas —que no empresariales— fue un error de bulto de las huestes de Polanco, que podría fácilmente haber comandado el proyecto y sacado una gran rentabilidad al listado de abonados a Canal Plus. <<

[5] En ese mismo bar del paseo de Rosales 20 se produjo, en otra noche de 1985, la crisis y el consiguiente cese de Miguel Boyer como ministro de Economía del primer Gobierno González. <<

[6] Ricardo Díez Hochtleiner planteó en 1989 una demanda contra los periodistas. Ramón Tijeras y José Díaz Herrera (que fueron los primeros, en su libro El dinero del poder, en denunciar la importancia de «Jolines» en la fortuna de Polanco) por intromisión ilegítima contra su honor. Condenados en primera instancia (Juzgado n.º 35), la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la sentencia en marzo del 94, que en julio del 98 validó el Supremo. Hochtleiner ha usado siempre esta sentencia como pararrayos contra cualquier mera insinuación en su contra.

Con su desparpajo habitual, el diario El País afirmaba en su edición del 18 de marzo de 1994 que «Díez Hochtleiner ha anunciado que donará la indemnización a la Universidad Autónoma de Madrid». Sin embargo, antes de que se hiciera firme, el propio Supremo ha admitido a trámite un recurso de revisión de sentencia (cosa que en muy raras ocasiones se promueve), después de que, gracias a la determinación de Tijeras, la pareja presentara una batería de pruebas documentales demoledoras contra Díez Hochtleiner, que incluyen actas de las reuniones celebradas con los libreros en el Ministerio.

«Jolines» sostenía en su demanda que jamás se había reunido con los editores. Afirmaba también que la ley no se puso en marcha realmente hasta el año 71/72, y para demostrarlo aportaba un grueso lote de libros correspondientes a ese curso, incluso textos de Polanco con facturas de Mateu Cromo, pero omitiendo los libros del cántabro que se distribuyeron ya en el otoño del 70 para el curso 70/71, que el editor tenía impresos desde abril de dicho año, y cuya prueba aportan ahora los periodistas. <<

[7] En su demanda contra los periodistas Tijeras y Herrera, Hochtleiner aseguraba también que no había relación entre su paso por el Ministerio y su incorporación a Santillana a cuenta de supuestos favores otorgados a Polanco, porque entre ambas cosas medió un período de tres años. Ciertamente, fueron tres años en los que «Jolines» estuvo trabajando con los programas financiados por la Unesco para Iberoamérica, cuyos planes educativos eran muy parecidos a los que se pusieron en marcha en España, y fueron precisamente unos años en los que Jesús Polanco se hartó de exportar libros de texto a la América hispana, gracias, entre otras cosas, a los fondos aportados por la Unesco para tal menester. <<

[8] Focoex estaba participada por el Banco Exterior de España, el Instituto Nacional de Fomento a la Exportación y el INI. <<

[9] Prisa, en su estrategia habitual consistente en elevar a la categoría de dogmas una serie de medias verdades, se defiende de estas acusaciones asegurando que «todavía hay quien repite, sin vergüenza, que la concesión a Canal Plus fue irregular, sin que importe una sentencia contraria del Supremo». Se refiere a la sentencia de 18 de marzo del 97, que declaró ajustado a derecho que las concesiones de televisión privada se hicieran por decisión gubernamental y no a través de una ley orgánica, es decir, que el Gobierno González estaba legalmente capacitado para tomar esa decisión, sin que el Alto Tribunal entre a considerar si la concesión a Canal Plus fue correcta o no, estuvo o no exenta de favoritismo. <<

[10] Jesús Cacho, MC. Un intruso en el laberinto de los elegidos, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1994. <<

[11] En efecto, el 10 de junio de 1993, el TDC, presidido por el polémico Miguel Ángel Fernández Ordóñez («MAFO»), resolvía el expediente 319/92 y, en aplicación de la Ley de la Competencia de 1989, aceptaba las quejas presentadas por varias cadenas de televisión contra la Liga y las televisiones beneficiarias de los derechos de retransmisión (entre ellas Canal Plus), declarando «la existencia de una conducta prohibida», imponiendo sanciones económicas y ordenando el cese de las prácticas anticompetitivas. <<

[12] Unos días antes, el diario acusaba a Telefónica de insertar más publicidad en El Mundo que en El País. Replicó Pedrojota con la contundencia de los datos: entre 1992 y 1995, la operadora presidida por Velázquez, un amigo de verdad de Prisa, había insertado un cien por cien más de anuncios en El País, a pesar de que su tirada sólo superaba en un 25 por ciento a la de El Mundo. <<

[13] Pérez Rubalcaba tenía razón en un punto, y es que el Ejecutivo había metido una carta marcada antes de repartir la baraja, y el PSOE se había dado cuenca de la trampa. En efecto, el 13 de noviembre del 96 el Consejo Asesor de Telecomunicaciones había dictaminado un proyecto de real-decreto que no incluía la incorporación al Derecho español de la citada directiva de la UE sobre descodificadores, y del que informó el Consejo de Estado el 26 de diciembre. Sin embargo, el Gobierno decidió a primeros de enero del 97 alterar el citado real-decreto, incluyendo en el mismo la mencionada directiva, por lo cual fue necesario salvar de nuevo, pero a uña de caballo, todos los trámites previos. Era la primera respuesta, vía BOE, del Gobierno al pulso que le había echado Jesús Polanco. <<

[14] «Desde 1991, Canal Plus ha enmascarado su situación financiera utilizando una sociedad paralela (Sogecable), cuyos accionistas, en las mismas proporciones, son los de Canal Plus, con lo que obviaba la obligación de consolidar y de revelar la verdadera situación del grupo resultante.

»EI 31 de agosto del 91, Canal Plus traspasó a Sogecable la totalidad de sus descodificadores (5.348,7 millones) y las fianzas constituidas por los abonados (2.482,2 millones), procediendo a cancelar de su contabilidad los depósitos recibidos hasta esa fecha. Teniendo en cuenta que los contratos de abono estaban suscritos por Canal Plus S.A. y no por Sogecable, y que el concepto del pago era el de “depósito en garantía”, se puede afirmar que la sociedad de Polanco et altri ha vivido esos años inmersa en una grave irregularidad contable que le ha permitido presentar una situación financiera distorsionada, además de vulnerar el artículo 1.767 del Código Civil, que prohíbe al depositario servirse del depósito sin permiso del depositante. Esta situación se regularizó en enero del 96, fecha en que Canal Plus adquirió el 100 por 100 de Sogecable.

»A 31 de diciembre del 95, Sogecable presentaba una situación financiera lamentable, ya que las pérdidas acumuladas habían reducido la aportación real de los accionistas, deducidos gastos de establecimiento, a 144,6 millones de pesetas.

»Un somero examen de las cuentas del 95 revela que el beneficio de 1.110,9 millones declarado ese año fue ficticio, ya que si la compañía no hubiera pasado el período de amortización de los descodificadores de 5 a 7 años, la dotación hubiera sido superior en 2.054 millones a la contabilizada, con lo que el resultado del ejercicio hubiera sido de -943 millones. La compañía no incluyó en su memoria (auditada por el inevitable Arthur Andersen) el efecto de ese cambio en los criterios contables, en contra de lo dispuesto en el art. 38 del Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad.

»Sogecable financió todas sus inversiones con las fianzas de los abonados a Canal Plus, que a 31 de diciembre del 95 ascendían a 20.926 millones. La cobertura financiera real de esas fianzas está representada por una cartera de valores a corto plazo por importe de 4.411,4 millones (21,08 por 100 del total). La cobertura del 79,92 por 100 restante es puramente contable y, por tanto, inservible a efectos financieros, ya que está materializada en activos necesarios para mantener la actividad de la compañía, cuyo valor de realización, además, puede ser muy inferior al contable.

»Si a los resultados acumulados de Canal Plus (516 millones) se suman las pérdidas acumuladas por Sogecable, incluyendo gastos amortizables (-3.355 millones), resulta una pérdida total de 2.838,8 millones, que sería de 4.893 millones si no se hubieran modificado los criterios de amortización en el año 95.

»No obstante lo cual, Canal Plus repartió un dividendo de 879 millones en el 94, de 4.200 en el 95 y de 6.859,7 en el 96 (con cargo al ejercicio 95). Es decir, 11.938,7 millones de pesetas. ¿De dónde salieron? Misterio.

»A Jesús Polanco le han tocado el trigémino con el IVA, pero el gran puyazo ha consistido en la obligación de constituir en depósito las fianzas de los descodificadores. ¿Qué quería el señor Polanco? Pues seguir engordando a expensas de las nuevas fianzas, es decir, coger las 60.000 pesetas por barba de 1,5 millones de abonados previstos, y hacer virguerías con 90.000 millones de pesetas». <<

[15] En efecto, el fundamento de la recusación debe ser inmediato o muy cercano a la presentación de la acusación misma, porque de otra forma se trataría de un fraude de ley. El artículo 223.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece: «La recusación deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde. Si dicho conocimiento fuere anterior al pleito, habrá de proponerse al inicio del mismo, pues en otro caso no se admitirá a trámite». Los directivos de Sogecable no podían alegar, casi cinco meses después de presentada la denuncia, que ya desde el comienzo de este litigio sabían que Gómez de Liaño les tenía inquina personal. Tenían que haberlo hecho antes. <<

[16] Victoria había llamado un día muy excitada a Murillo.

—Fraga quiere que me vaya con él a las elecciones.

—Me parece muy bien. Tú eres una mujer de derechas, y debes ir con Fraga. Sólo te pido que sigas colaborando conmigo. Una cosa: exígele ir en las listas de La Coruña.

—¿Tú crees?

—Naturalmente. <<

[17] Víctor Salazar acababa de suceder en el Congreso de Toulouse a Llopis como secretario general del PSOE Histórico, pero Salazar vivía en México, de modo que el verdadero secretario en el interior era el vicesecretario general Manuel Murillo, nombrado en el mismo Congreso. En el año 76, Murillo sería nombrado secretario general.

El PSOE era un partido escindido desde 1974, año en que habían tenido lugar dos encuentros. El sector histórico que comandaba Llopis había celebrado un congreso Ordinario en octubre de ese año, y meses antes, en Suresnes, había nacido el PSOE renovado al mando de Felipe González. <<

[18] El origen de los GAL: guerra sucia y crimen de Estado, Antonio Rubio y Manuel Cerdán, Temas de Hoy, 1997, p. 34. <<

[19] «Felipe se pierde en su laberinto», José Luis Martín Prieto. «Crónica» del diario El Mundo, 13 de septiembre del 98. <<

[20] El 27 de mayo del 98, Javier Pradera escribió en su columna de El País, titulada «Pegatinas paralelas», que los jueces no podían permanecer insensibles a las presiones políticas y mediáticas que estaban sufriendo; «Los veteranos de esas prácticas intimidatorias suelen fingir un respeto reverencial hacia la independencia del Poder Judicial». Sin embargo, el inexperto Cascos fue lo bastante imprudente como para declarar el 10 de septiembre de 1995 a la agencia Europa Press que la justicia española se jugaba «el prestigio» en el caso GAL, dado que «la opinión pública española ya ha dictado su propio veredicto político»; según el actual vicepresidente primero del Gobierno, «en la medida en que la sentencia no se corresponda con el veredicto de los ciudadanos» la justicia «va a salir perdiendo». <<

[21] Posteriormente, el juez pidió que se le retiraran al fotógrafo unas credenciales que no tenía, ya que se había infiltrado con el resto de público. También le impuso una sanción de 25.000 pesetas, que luego se vio obligado a levantar. <<

[22] El Grupo Recoletos (Marca, Expansión, Telva, etc.), participado mayoritariamente por Pearson, compraba el 10 por 100 de Antena 3 mediante la oportuna ampliación de capital. Teniendo en cuenta que la cadena había sido valorada en 103.000 millones de pesetas, Pearson pagaría unos 10.300 millones. Telefónica, por su parte, se hacía con el 20 por 100 de Recoletos por 18.500 millones de pesetas, cifra equivalente a valorar el 100 por 100 en 92.500 millones, aplicando un ratio de 20 veces beneficio. Para la frustración socialista, el Partido Laborista de Tony Blair prestó su apoyo activo a la operación de intercambio. <<

[23] Con el paquete de Antena 3, Telefónica había comprado los derechos del fútbol propiedad de Antonio Asensio (trece clubes de primera división, los más importantes del país, entre ellos Barcelona C.F. y Real Madrid), derechos que estaban cedidos en exclusiva a Audiovisual Sport, sociedad participada por Gesport (Grupo Prisa, con el 40 por 100), Telefónica (antes Asensio, con otro 40 por 100) y TV3 (el 20 por 100 restante). Por su parte, Audiovisual Sport había cedido su explotación de la siguiente manera: a la Forta (televisión en abierto), a Canal Plus, para el fútbol de pago en analógico de los domingos, y a CSD para la explotación del pay per view, a cambio de 15.000 millones de pesetas. Sin embargo, por un error u omisión en la redacción de los acuerdos del famoso «pacto de Nochebuena», Telefónica se encontró con la agradable sorpresa de que podía disponer de los derechos de retransmisión de esos trece clubes durante la temporada en curso 1997-1998, lo cual podía dar lugar a la llamativa paradoja de que Vía Digital emitiera el mejor fútbol en pay per view durante esa temporada, mientras que CSD se viera obligada a conformarse con fútbol de segunda clase. Las aguas volverían a su cauce al final de la sudodicha temporada, de modo que Vía podía encontrarse con cinco años por delante sin poder ofrecer el panem et circenses futbolístico a sus abonados. <<

[24] Ese representante resultó ser José Antonio Ríos, un venezolano ligado desde siempre a los Cisneros, que meses después sería nombrado presidente de Telefónica Media en sustitución de Arturo Baldasano, en una de esas misteriosas «movidas» gerenciales que han caracterizado la etapa Villalonga, Ríos, 55 años, es hoy uno de los apoyos fundamentales del de Telefónica. <<

[25] Piqué ya lo había propuesto sin éxito al anterior Gobierno del PSOE, y había recibido igualmente la negativa, en un primer intento, del propio Rodrigo Rato. Sin embargo, dos años más tarde el plan recibió el visto bueno de Economía, de modo que, en junio del 98, el Gobierno aceptó que Ercros pagara 1.100 millones para cancelar un crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que ascendía a 8.500. El acuerdo contemplaba también la venta al ICO de terrenos que ya estaban hipotecados por 5.000 millones. <<

[26] Cuando Piqué llegó al Ministerio de Industria se topó con una empresa química, Ercros, que comenzaba a salir del pozo pero que tenía deudas pendientes con Hacienda y Seguridad Social (que no se habían adherido en su día al convenio de suspensión de pagos) de casi 8.000 millones de pesetas, deuda que, devengando unos intereses leoninos, se había convertido en una bola de nieve que amenazaba con hacerla quebrar en un par de años. Tiempo atrás, y como fruto del proceso de reconversión de los fertilizantes, el ministro Eguiagaray había otorgado 8.500 millones de pesetas en ayudas públicas a Fesa-Enfersa (actual Fertiberia), filial del grupo Ercros, para que pudiera sanearse como paso previo a su venta. Como Fesa-Enfersa estaba quebrada, ese dinero se apuntó en el balance de la matriz. La subvención se disfrazó como un crédito participativo que el ICO concedió a Ercros por los citados 8.500 millones, y que fueron empleados en el saneamiento mencionado. Un crédito participativo es aquel que el receptor tendrá que devolver sólo en el caso de que se cumpla toda una serie de circunstancias, es decir, nunca. Al equipo de Piqué se le planteó enseguida una pregunta incómoda: ¿qué hacer con Ercros? El ministro se mostraba reacio a meter la cuchara en una sociedad que él mismo había presidido y que ya Eguiagaray había intentando vender a una extraña multinacional canadiense. Fue la determinación del director general de Industria, Pau Guardans, la que salvó a Ercros del desastre a plazo fijo. No era de recibo dejar hundir una empresa clave para el futuro del sector de fertilizantes sólo porque Piqué hubiera sido su presidente. De modo que el Ministerio empezó a hablar con responsables de Hacienda y Seguridad Social para hallar una fórmula de supervivencia que pasaba por la combinación de dos medidas. En primer lugar, Ercros se comprometió a hacer una ampliación de capital por importe de 4.000 millones que serían destinados al pago de esa deuda y, en segundo, el ICO compró por 4.500 millones unos terrenos que la empresa química mantenía ociosos. He aquí un tema sujeto a controversia que, sin embargo, no ha merecido la atención del «comando Rubalcaba»: ¿valían o no 4.500 millones esos terrenos? ¿Qué tipo de tasaciones se hicieron para llegar a esa cifra? El resultado del plan fue que en la caja de Ercros entraron 8.500 millones, que inmediatamente salieron para pagar a Hacienda y a la Seguridad Social. Para poder acudir a Bolsa con un balance más aseado, la nueva gerencia de Ercros planteó a Industria la posibilidad de hallar una fórmula de rescate que permitiera borrar del pasivo los 8.500 millones que arrastraba de la época de Eguiagaray y que nunca iba a poder pagar. Encargados los cálculos correspondientes, la auditora Peat Marwick dictaminó que el valor de rescate de ese crédito ascendía a 43 millones de pesetas, y Price Waterhouse elevó la suma a 200, pero Cristóbal Montoro exigió 1.200, que fueron los que finalmente entraron en el ICO. El resto, hasta 8.500 millones, son los 7.300 que la oposición socialista dice que Piqué «ha regalado» a Ercros, una empresa que ahora preside Toni Zabalza, ex jefe de Gabinete de Felipe González. Por fortuna, el ex ministro Eguiagaray ha tenido el detalle de mantenerse al margen de la polémica. <<

[27] A partir del 8 de abril del 99 esa subcomisión protagonizó largas sesiones de trabajo, con comparecencia del propio Piqué, en jornadas abiertas a la prensa, de las que El País no publicó ni una línea. Y es que a Polanco no le interesaban para nada las explicaciones del ministro de Industria ni la verdad de lo ocurrido con las subvenciones, que, por otra parte, eran fiscalizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda. <<