Jerónimo Ríos y José Manuel Azcona (coords.)

Historia de las guerrillas
en América Latina

Este libro ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación de la Cátedra de Excelencia sobre Migraciones y relaciones bilaterales España-Iberoamérica URJC Santander/Presdeia (Vicerrectorado de Innovación y Transferencia) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid-España. La referencia es: F38-HC/Cat-Ib-2018-2019: Historia de los movimientos guerrilleros en América Latina.

Diseño de cubierta: Marta Rodríguez Panizo

© Secundino González Marrero, Eduardo Sánchez Iglesias, Fernando Harto de Vera, Jerónimo Ríos Sierra, Egoitz Gago Antón, Marté Sánchez Villagómez, Manuel L. Valenzuela Marroquín, José Manuel Azcona Pastor, patricia pinta sierra, Cristina-Luz García Gutiérrez, mariano garcía de las Heras, 2019

© Los libros de la Catarata, 2019

Fuencarral, 70

28004 Madrid

Tel. 91 532 20 77

www.catarata.org

Historia de las guerrillas en América Latina

isbne: 978-84-9097-665-4

ISBN: 978-84-9097-650-0

DEPÓSITO LEGAL: M-7.076-2019

IBIC: JPWQ/HBTV/1KL

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

PRESENTACIÓN

La Revolución cubana acontecida en 1959 marca un punto de inflexión en el alcance y significado de la lucha armada en América Latina. Este acontecimiento se inscribe en un particular contexto de Guerra Fría, en el que la proyección del código geopolítico estadounidense se desarrolla sobre lo que se denominaba como su “patio trasero” —que nos remonta a la doctrina Monroe de 1823— y donde la quiebra de las democracias, que diría Juan José Linz, entronca con la “causa occidental” por la cual el problema de América Latina no reposaba en la calidad democrática o no de sus sistemas políticos, sino en evitar que en ella pudiera prosperar el germen de la revolución socialista.

En realidad, mucho años después, Muller y otros nos mostrarán cómo América Latina contradecía la famosa teoría de la modernización, inspirada en el trabajo de Lipset de 1959, y a partir del cual, el crecimiento económico era razón de sobra para garantizar la estabilidad política, lo que en cierta manera abrazaba las tesis económicas de la escuela neoclásica. Y es que el crecimiento económico y la cercanía a Estados Unidos no eran razón suficiente para contener y controlar la orientación de estos sistemas políticos latinoamericanos. Sistemas profundamente excluyentes, con ingentes niveles de desigualdad social, los cuales se incrementaron notablemente durante los años sesenta y setenta, a lo que se añadía la condición de vulnerabilidad y exclusión social que abrazaba a millones de ciudadanos, proliferaron en la región bajo una suerte de caudillismo, patrimonialización política y restricción de derechos sociales.

En un intrincado escenario como el descrito, las democracias latinoamericanas en buena medida colapsan y experimentan una involución en la que confrontan dos maneras de orientar el ejercicio del poder. Una, desde arriba, top-down, en forma de dictadura militar en la mayor parte de los casos. La otra, desde abajo, bottom-up, buscando lo que José Manuel Azcona ha denominado “el sueño de la revolución social”.

Lo que busca este trabajo colectivo es precisamente eso, aproximarse a las experiencias de lucha armada que tuvieron lugar en América Latina, sobre todo entre 1960 y 1990. No obstante, ni están todas las guerrillas que son, ni son todas las que están. En cualquier caso, los grupos armados estudiados son algunos de los más significativos de América Latina, de manera que se recoge una importante heterogeneidad en cuanto a fundamentos ideológicos, tipos de estructura, formas de lucha y maneras de reincorporarse a la normalidad democrática. Como se verá, las estrategias y resultados son muy heterogéneos, lo que impide asumir un único término de guerrilla latinoamericana y, todo lo contrario, aceptar la hipótesis de que fueron múltiples y diferentes las formas de lucha revolucionaria acontecidas en la región.

A lo largo de estas páginas el lector podrá dar cuenta de guerrillas como las centroamericanas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Asimismo, se analizan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, mientras que en Perú se abordan los casos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Del Cono Sur son estudiadas las experiencias de Montoneros en Argentina, Tupamaros en Uruguay y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile. Finalmente, como contrapunto, se añade una mirada desde la presencia e influencia estadounidense en lo que respecta a la lucha contrainsurgente en el continente.

Esperamos con todo ello aproximar al lector al conocimiento de la experiencia de la lucha armada en América Latina que tanto sigue contribuyendo en los estudios sobre violencia política y acción colectiva en campos de conocimiento como la historia o la ciencia política.

Buscamos con este libro la creación de un homogéneo y bien hilvanado texto en el que los análisis serenos sean la razón de su engarce. Hemos asistido, en efecto, en numerosas ocasiones a un mar de emociones en torno a esta temática que ha tapado el análisis certero, científico, académico. No en vano, los movimientos guerrilleros de América Latina han conformado al menos durante dos generaciones una parte bien significativa de un segmento no menos importante de la intrasociedad occidental. Por tanto, hemos intentado sacar a cada guerrilla latinoamericana de su hálito de romanticismo para ubicarla en el campo de la academia. Que es donde —pensamos los editores científicos— deben estar los estudios que narran sus trayectorias y vicisitudes, todo lo soñado y acontecido. Claro que ha de ser el lector, siempre amable, quien ha de juzgar si hemos llegado a la meta de tales objetivos.

Jerónimo Ríos y José Manuel Azcona

CAPÍTULO 1

UNIDAD NACIONAL REVOLUCIONARIA GUATEMALTECA (UNRG)

Secundino González Marrero

Introducción

La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) es el nombre que adoptaron en febrero de 1982 los cuatro grupos guerrilleros preexistentes en el país: Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y Organización del Pueblo en Armas (ORPA). Al principio, dicho nombre fue solo una etiqueta que expresaba la voluntad de acción común, manteniendo cada cual su identidad. Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, dichos grupos se fusionaron en uno solo, que conservó el nombre URNG en el camino a su incorporación como partido político legal.

La historia de la guerrilla guatemalteca es, pues, la de los cuatro grupos que darían lugar a la URNG. Como tal, por tanto, existe tras su fusión y su presentación a las elecciones a partir de 1999. Los resultados electorales de la URNG han sido sistemáticamente bajos y su presencia institucional, muy discreta. Sin embargo, los Acuerdos de Paz impulsados por el partido siguen siendo parte del imaginario reformista del país1.

Los orígenes

Como casi todas las guerrillas latinoamericanas, las guatemaltecas están directamente asociadas a un asunto: la interpretación por parte del Partido Comunista local de la victoria de Fidel Castro en Cuba y la validez o no de la vía militar como manera de acceder al poder. De la respuesta a esa pregunta, de la política de alianzas y de la primacía de lo político sobre lo militar o viceversa, surgirían las diversas escisiones que fragmentarían el movimiento guerrillero en Guatemala.

En sus orígenes, y con el fin de hacer frente a las dificultades jurídicas de legalizar al partido con el nombre habitual, los comunistas guatemaltecos optaron por denominarlo Partido Guatemalteco del Trabajo2, con el que finalmente obtuvieron su estatuto legal en 1952, en el momento en el que la primavera democrática guatemalteca —el periodo entre 1944 y 1954 bajo los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz— iniciaba una intensa fase de cambios sociales.

Nombres al margen, el PGT tenía los rasgos comunes a las organizaciones marxista-leninistas de la época, entre ellas la fidelidad a la Unión Soviética y la concepción de la clase obrera como actor central del cambio revolucionario, bajo la vanguardia del propio partido. Pero el PGT, en la época en la que fue creado, consideraba que no había condiciones para dicho cambio en el país, y que la tarea consistía en promover la fase “democrático burguesa” (Figueroa Ibarra, 2010: 35) que crearía las condiciones para el siguiente paso, esto es, la toma del poder y la transformación socialista de Guatemala. La elección de Jacobo Arbenz en 1951 fue la oportunidad que tuvo el PGT para impulsar, justamente, dicha fase democrático-burguesa, que a partir de la reforma agraria y de la renegociación de las relaciones con Estados Unidos haría posible la destrucción de la estructura semifeudal que a su decir caracterizaba la Guatemala de esa época. Su influencia en el Gobierno Arbenz, magnificada, aunque real, fue, como es sabido, la excusa para la Operación PBSUCCESS, dirigida por la CIA para derrocar a Arbenz y con ello dar fin a los 10 años de democracia en el país.

El final de la “primavera democrática” generó en el seno del PGT una pregunta muy leninista: ¿qué hacer? El debate osciló entre la insurrección popular —de la que en el país ya había precedentes— mediante la que se configurara una amplia coalición antiautoritaria y la posibilidad —no muy explícita inicialmente— de optar por una vía revolucionaria impulsada por la clase obrera y su partido de vanguardia que no descartara la violencia como método. En cualquier caso, se hacía una autocrítica muy fuerte respecto de la confianza en una “burguesía nacional” que impulsara una política antiimperialista3. Ese camino, con algunos titubeos, estaba descartado.

En su III Congreso, celebrado en mayo de 1960, es decir, ya bajo la influencia de la Revolución cubana, el PGT adoptó una resolución según la cual el partido “estaría en disposición de utilizar cualquier forma de lucha en consonancia con la situación concreta”. A la vez, el partido practicaría la actividad legal allí donde fuera posible (Alvarado, 1975; Figueroa Ibarra, 2011: 42).

Sin vínculos aparentes con esa resolución, unos meses más tarde se produjo una movilización en sectores del Ejército que sería después considerada como el primer movimiento guerrillero del país. Oficiales jóvenes, entre otras razones descontentos con la cooperación del Gobierno guatemalteco en la invasión de Playa Girón, iniciaron un movimiento que, aunque fracasado, pondría en la historia a dos jóvenes militares considerados los fundadores de la guerrilla guatemalteca: Marco Antonio Yon Sosa y Luis Turcios Lima4.

En 1962, y bajo la dirección del coronel Carlos Paz Tejada, que había sido jefe de las Fuerzas Armadas bajo la presidencia de Juan José Arévalo, un grupo de miembros del PGT y de su sección juvenil, la Juventud Patriótica del Trabajo5, articuló el primer destacamento guerrillero vinculado con la organización, que daría lugar poco después a las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR)6, que se pretendía que estuviese bajo la conducción política del PGT.

Las rupturas

La historia posterior a la creación de las FAR es, también, la historia de las sucesivas escisiones. En este tipo de conflictos hay siempre una dimensión personal —disputas por el liderazgo, por ejemplo— de importancia variable y que oscila entre la de ser irrelevante a constituirse en la causa decisiva de los casos de ruptura. Pero, también, en los agitados años setenta de América Central, se planteaban entre los insurgentes algunos debates ideológicos y estratégicos que, vistos con alguna distancia, tienen algo de metafísico. ¿Qué es prioritario, la guerra y luego la política? ¿O es al revés? ¿O todo a la vez? Y, por cierto, ¿qué tipo de guerra: de la ciudad al campo o del campo a la ciudad? Sorprende que, por ejemplo, el foquismo, que no es más que la teorización del modo de actuar de la hasta 1979 única guerrilla victoriosa, se convirtiera en algún momento en objeto de crítica (Figueroa, 2010: 48).

Rolando Morán, en el prólogo a Los días de la selva, de Mario Payeras (1980: 12), da cuenta del debate entre los grupos guerrilleros sobre cuestiones estratégicas: “Fuimos llamados foquistas y guevaristas por muchos, pero no rebatimos esos calificativos. Porque ‘foquistas’ de hecho lo fuimos, aunque nunca consideramos el adjetivo de ‘foquista’ como una consideración estratégica ni ideológica”.

Parecía, pues, que el foquismo no tenía categoría estratégica, o no debería tenerla. De hecho, se usaban otras denominaciones para autodefinirse, como guerra revolucionaria popular o guerra popular prolongada, más vinculadas a las estrategias usadas en China y Vietnam.

En cualquier caso, y como fue habitual en esos años y en varios países bajo similares circunstancias, los conflictos entre la estructura militar y la política produjeron la primera ruptura en el PGT. Los responsables guerrilleros de las FAR criticaron duramente a la dirección del PGT, a la que consideraban tibia respecto de la estrategia armada. El apoyo de un sector del PGT a la candidatura presidencial, en 1966, de Julio César Méndez Montenegro, argumentando su carácter democrático y progresista —se proclamaba heredero de la primavera democrática— contribuyó a incrementar la distancia7.

Las FAR

En 1967, finalmente, las FAR rompieron sus lazos con el PGT (Alvarado, 1975), manteniendo las siglas, pero cambiando su significado8. En la ruptura, las FAR reclutaron a buena parte de los jóvenes y estudiantes que militaban en el PGT y mantuvieron, siguiendo la pauta de la primera fase de los grupos guerrilleros latinoamericanos, la estrategia foquista. Para las FAR, los problemas en el proceso revolucionario guatemalteco se debían a “las vacilaciones de la dirección pequeño-burguesa del PGT […] que no había asumido con entera decisión las labores de la lucha armada (Figueroa Ibarra, 2010: 48). Por su parte, el PGT, con el lenguaje de la época, acusaba a las FAR de “actitud izquierdizante” […] sectaria y militarista” (Alvarado, 1975).

El resto del PGT adoptó poco después, en su IV Congreso (diciembre de 1969) la opción por la “guerra popular revolucionaria”. Las recurrentes discrepancias sobre dichas líneas9 (que dieron lugar a sucesivas escisiones: PGT Núcleo de Dirección Nacional, PGT-Partido Comunista…) tampoco contribuyeron a que el partido consolidara una presencia permanente en el ámbito guerrillero. La implacable represión por parte de los militares sobre los dirigentes y militantes del PGT fue mortalmente eficaz: entre 1972 y 1974 dos sucesivos secretarios generales fueron capturados y ejecutados, al igual que decenas de militantes.

El Ejército Guerrillero de los Pobres

En 1974, el PGT apoyó desde la clandestinidad la candidatura opositora formada por el general Ríos Montt y el político socialdemócrata Alberto Fuentes Mohr. El fraude del régimen al imponer al candidato oficial radicalizó a grupos de jóvenes guatemaltecos, quienes concluyeron que las vías pacíficas al cambio político estaban cerradas10.

Sin embargo, el beneficiario de dicha radicalización no sería ni el PGT ni las FAR. Hacia 1972 se había creado un grupo, la Nueva Organización Revolucionaria, que dos años después adoptaría su nombre definitivo, el de Ejército Guerrillero de los Pobres. En sus inicios, el grupo se diferenciaba del PGT y de las FAR en el papel que los indígenas habrían de jugar en el conflicto. Tanto el PGT como las FAR apenas habían tomado en cuenta a los grupos indígenas, incorporados sin más a la categoría “campesinado”11. El EGP, sin embargo, haría del análisis del “problema étnico-nacional y la revolución” (EGP, 1979) un asunto central. De igual manera, y en buena medida dado el papel desempeñado por la socialdemocracia europea y latinoamericana en la victoria del sandinismo en julio de 1979, asumía que existían márgenes de “convergencia objetiva” y que “la confrontación entre las fuerzas revolucionarias y la socialdemocracia no tiene necesariamente que ser de carácter antagónico, y la solidaridad de la socialdemocracia internacional, más la acción de las fuerzas inspiradas por ella en el orden interno, pueden ser un factor coadyuvante en esta etapa del proceso revolucionario global”.

Un tercer elemento que distinguiría al EGP, en especial a fines de la década de los setenta, tendría que ver con su capacidad de reclutamiento de sectores vinculados a la Iglesia católica, tanto de tradición demócrata-cristiana como aquellos influidos por la teología de la liberación. El grupo Cráter, de jóvenes voluntarios de inspiración social cristiana que llevaba a cabo actividades de voluntariado en las zonas marginadas, fue una fuente de reclutamiento para el EGP (Porras, 2009).

En el marco de la oleada guerrillera en Nicaragua y El Salvador, el EGP acabó constituyéndose en el grupo más numeroso y extendido por el país. Fue también el de mayor peso internacional12. Y ello sería reconocido más tarde, tras la fusión en la URNG, cuando el fundador del EGP Rolando Morán fue nombrado presidente del nuevo partido.

Con la irrupción del EGP se inició el segundo ciclo insurgente en el país y hubo un desplazamiento en la intensidad del conflicto hacia las zonas de su influencia, el altiplano central y la parte septentrional13, territorios que se sumaban así a la capital y al este del país y algunas zonas del sur, donde ya había presencia guerrillera.

La ORPA

Casi en la misma época que el EGP, un nuevo grupo se escindió de las FAR, dando lugar a lo que finalmente se denominaría Organización del Pueblo en Armas. Fundada por Rodrigo Asturias (Gaspar Ilom), manifestaba, como el EGP, e incluso con más énfasis, la necesidad de incorporar la problemática indígena a los planteamientos políticos de la insurgencia. Pero, a la vez, se concebía más como guerrilla clásica, sin un trabajo especial orientado a la formación de “frentes amplios” (Figueroa Ibarra, 2010: 52).

La intensificación del conflicto

El impacto de la Revolución nicaragüense se solapó con el trabajo que habían estado haciendo —en especial el EGP y la ORPA— para captar base de apoyo indígena y desembocó en un incremento de la capacidad de las guerrillas para enfrentarse al Ejército. Además, en las ciudades, grupos muy activos de estudiantes y trabajadores se sumaban a la confrontación (Figueroa Ibarra, 2010: 52-59) que tuvo incluso —como había ocurrido en Nicaragua y en El Salvador— apoyos por parte de activistas socialdemócratas. El histórico dirigente del Partido Socialista Democrático, Mario Solórzano, afirmaba que “para hacer reformas en Guatemala, había que hacer la revolución” (citado en Figueroa, 2010: 68).

Para 1982, las cuatro organizaciones decidieron coordinar sus actividades bajo el nombre común de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca14. El creciente apoyo a la insurgencia y su mayor capacidad operativa dio paso a una reacción militar brutal. La máquina represiva se puso a funcionar al máximo, afectando a cuanto opositor real o imaginado cayera en manos de las fuerzas de seguridad. Fue el paso, como señala Figueroa Ibarra (2010: 62), del terror selectivo al terror masivo. Las masacres, los asesinatos de dirigentes políticos y el desplazamiento de comunidades enteras dejaron un paisaje devastado. Todo ello ha sido suficientemente documentado y no vamos a detenernos aquí en su descripción15.

Valga señalar solo que la magnitud de la tragedia en Guatemala superó con creces todas las habidas en el resto de América Latina y desposeyó a la URNG de una buena parte de sus militantes y simpatizantes.

La pérdida de su base de apoyo creó fricciones en el interior de la URNG. De hecho, para 1984, en algunos sectores de la propia guerrilla se llegó a la conclusión de que la vía militar de acceso al poder se había cerrado. Mario Payeras, dirigente del EGP, por ejemplo, argumentó que el ciclo guerrillero había concluido, separándose de su grupo. Además, ese mismo año se celebraron en Guatemala elecciones para una Asamblea constituyente que promulgó la Constitución de 1985, con la cual fue electo un año más tarde presidente del país Vinicio Cerezo, líder de la democracia cristiana guatemalteca. Y los dirigentes de la URNG no podían ignorar la aseveración de Ernesto Che Guevara, según la cual las guerrillas tienen serias dificultades de prosperar allí donde hay gobiernos electos más o menos legítimos.

A todo ello se sumó la iniciativa conocida como Esquipulas II, en la cual los presidentes centroamericanos se pusieron de acuerdo para impulsar la paz en el interior de los países en conflicto, además de disminuir las tensiones de los apoyos cruzados a los grupos armados (Honduras a los contras nicaragüenses, Nicaragua al FMLN salvadoreño…).

Los acuerdos de paz

Así, en 1987, poco después de la firma de los citados Acuerdos de Esquipulas II, en un encuentro en Madrid, representantes del Gobierno guatemalteco y de la URNG iniciaron conversaciones para explorar las posibilidades de terminar con el conflicto. Dichas conversaciones produjeron su primer resultado tangible en 1991, al firmarse en México el Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos16.

Se inició así un largo proceso que concluyó el 29 de diciembre de 1996 al rubricarse el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. En síntesis, más allá de los acuerdos procedimentales habituales (cese al fuego, incorporación de la URNG a la legalidad, acuerdo de cronograma), los Acuerdos de Paz tenían la voluntad de remover las causas que, a juicio de los firmantes, habían dado lugar al terrible enfrentamiento.

De especial interés fueron los acuerdos de Derechos Humanos, Esclarecimiento Histórico, Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. En sus considerandos podían leerse afirmaciones y propuestas como las que siguen:

[…] compromiso del Gobierno de Guatemala de respetar y promover los derechos humanos, conforme al mandato constitucional; […] la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca asume el compromiso de respetar los atributos inherentes a la persona humana y de concurrir al efectivo goce de los derechos humanos; […] la importancia de las instituciones y entidades nacionales de protección y promoción de los derechos humanos (y) la conveniencia de fortalecerlas y consolidarlas (Acuerdo de Derechos Humanos).

[…] la historia contemporánea de nuestra patria registra graves hechos de violencia, de irrespeto de los derechos fundamentales de la persona y sufrimientos de la población vinculados con el enfrentamiento armado; […] derecho del pueblo de Guatemala a conocer plenamente la verdad sobre estos acontecimientos cuyo esclarecimiento contribuirá a que no se repitan estas páginas tristes y dolorosas y que se fortalezca el proceso de democratización en el país (Acuerdo de Esclarecimiento Histórico).

[…] Los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua, y […], como muchos otros sectores de la colectividad nacional, padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social (Acuerdo de Asuntos Indígenas).

Es necesario […] superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza, discriminación y marginación social y política que han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico, cultural y político del país y han constituido fuente de conflicto e inestabilidad; que el desarrollo socioeconómico requiere de justicia social, como uno de los cimientos de la unidad y solidaridad nacional, y de crecimiento económico con sostenibilidad, como condición para responder a las demandas sociales de la población (Acuerdo de Asuntos Socioeconómicos).

Reviste una importancia fundamental fortalecer el poder civil, en tanto expresión de la voluntad ciudadana a través del ejercicio de los derechos políticos, afianzar la función legislativa, reformar la administración de la justicia y garantizar la seguridad ciudadana, que en conjunto, son decisivas para el goce de las libertades y los derechos ciudadanos, y que dentro de una institucionalidad democrática, corresponde al Ejército de Guatemala la función esencial de defender la soberanía nacional y la integridad territorial del país (Fortalecimiento del Poder Civil).

Se reseñan con alguna amplitud porque, tras más de 20 años de firmados, siguen constituyendo para la URNG uno de los fundamentos de su identidad política. En 2016, con motivo del 72 aniversario de la Revolución de Octubre que dio inicio a la primavera democrática, una declaración hecha pública por el Comité Ejecutivo Nacional afirmaba que “los Acuerdos de Paz, aun habiendo pasado ya 20 años de haberse firmado, siguen siendo la única agenda nacional viable y vigente frente la actual crisis, y la agenda estratégica para sentar las bases de nuestro propio desarrollo, la democracia con justicia social y el Estado pluricultural, multiétnico y multilingüe”17.

La URNG como partido político

Tras la firma definitiva de los Acuerdos de Paz, y en el marco de la incorporación a la legalidad, la URNG se articuló ya como una organización formalmente única y llevó a cabo un ejercicio de equilibrio para la integración de una Junta Directiva Provisional, de modo que, con la excepción de Rodrigo Asturias (ORPA), la nueva dirección incluyó a anteriores dirigentes de las cuatro organizaciones18.

Su primera competencia electoral formal —antes de la legalización habían impulsado la candidatura del Frente Democrático Nueva Guatemala, en 1995— tuvo lugar por medio de una coalición, la Alianza Nueva Nación, de la que la URNG constituía el núcleo principal, aun cuando el candidato presidencial, Álvaro Colom, no perteneciera a la exguerrilla. Obtuvo entonces lo que serían los mejores resultados de su presencia electoral (12,36 por ciento, gráfico 1). Con otros candidatos, la URNG nunca superó el 3,22 por ciento obtenido por Rigoberta Menchú en 2011.

Gráfico 1

Resultados electorales de la URNG, 1999-2015

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Tribunal Supremo Electoral.

Los resultados electorales, pues, no han sido favorables para la URNG, a diferencia de lo ocurrido con el FMLN en El Salvador, el FSLN en Nicaragua y los Tupamaros en Uruguay. Hay varias posibles explicaciones a ello:

La represión. El conflicto armado guatemalteco fue, como se ha dicho, el más trágico de los que ocurrieron en América Latina en el periodo 1960-1990, afectando dramáticamente a la URNG y a sus simpatizantes. Informes de la propia insurgencia —aunque siempre suelen exagerar algo— señalaban que hacia 1980 disponían de entre 15.000 y 20.000 militantes, y decenas de miles como bases de apoyo (Allison, 2016a: 7). Sin embargo, cuando llegó la hora de la desmovilización y tras la ola represiva desatada a principios de la década de los ochenta, su número había disminuido drásticamente. La lista que facilitó la URNG a la ONU para llevar a cabo la desmovilización y reincorporación era inferior a 6.000 (Montobbio, 2016: 12)19. Y, además, la represión afectó a los cuadros medios, quizás los mejor cualificados para ocupar un papel relevante en la fase posterior de competencia electoral. Como dice Allison (2016a: 8), cuando la URNG se desmovilizó era una organización formada por comandantes y soldados de a pie.

Las discrepancias internas y la cultura política de las elites guatemaltecas. La política guatemalteca muestra, de manera mucho más acusada que en otros países, una intensa tendencia de sus elites políticas a la fragmentación o a la búsqueda de carreras individuales. Por ejemplo, los diputados en el Congreso son seguramente los más volátiles del mundo, con un promedio de adscripción de al menos tres partidos distintos en sus vidas políticas. Y la URNG no se libró de esta pauta. Un seguimiento apresurado de las biografías políticas de las 14 personas que compusieron su primera junta directiva tras la legalización (véase nota 18) muestra que al menos 4 (el 30 por ciento) optaron en los años siguientes por abandonar la organización y embarcarse en iniciativas políticas distintas (y otros dos se retiraron de la actividad pública)20. La ruptura más importante la llevó a cabo Pablo Monsanto, quien fuera comandante en jefe de las FAR, ya que además entró en competencia político-electoral con la URNG, si bien tampoco con mucho éxito (Allison, 2016b).

Las instituciones de competencia política. Guatemala tiene un sistema electoral muy poco proporcional. Más allá del uso de la fórmula D’Hondt, el problema está en el tamaño de las circunscripciones, muy pequeñas con excepción de la lista nacional, del departamento de Guatemala y del Distrito Central (la capital). En cualquier caso, en la circunscripción nacional se disputan 31 escaños y el reparto es muy proporcional a los votos obtenidos en todo el país. Y la URNG solo ha obtenido por esa vía entre 1 y 2 diputados en las sucesivas elecciones.

La carencia de recursos. Guatemala ha sido uno de los países de América Latina con menor financiación pública a los partidos políticos (González, 2013), de manera que los recursos de los candidatos han dependido, básicamente, de la actitud que hacia ellos tuviesen tanto la patronal de los empresarios, el CACIF, como el propietario cuasi monopólico de la señal de televisión. Ambos no muy interesados, digamos, en ayudar a las candidaturas de la URNG.

Además, un problema central de la URNG es la distancia ideológica con los votantes y el comportamiento electoral de los guatemaltecos. Pues, aunque siguen reivindicando los modestamente reformistas Acuerdos de Paz como su programa central, su discurso se asume heredero de la tradición marxista leninista. De hecho, con las cautelas del caso sobre la eficacia de la escala de autoubicación ideológica, los dirigentes de la URNG se sitúan en el 2,25, mientras que, en el caso de los ciudadanos, por su parte, la media es de 5,9921. Resulta evidente que, con tal distancia, las posibilidades de la URNG de ampliar su base electoral no han sido óptimas. Además, los guatemaltecos han desarrollado un comportamiento electoral complejo, entendiendo por tal que hacen uso de la posibilidad de votar por candidatos distintos cuando las elecciones son concurrentes (esto es, siempre, con la única excepción, claro, de la segunda vuelta para la presidencia). A partir de los resultados de las elecciones de 2015, fue posible especular (González, 2018) que un ciudadano de la capital hubiese votado a un candidato conservador (Alvaro Arzú) para la alcaldía, a una lista de centro izquierda (Encuentro por Guatemala) en el Distrito Central y en la circunscripción nacional y a un outsider (Jimmy Morales) para la presidencia de la república, además de anular su voto en la papeleta para el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Hay, por tanto, escasa identidad de los votantes con los partidos, y optan por la valoración concreta que se hace del desempeño de las diferentes opciones (incluyendo el rechazo a la institución, como ocurre con el Parlacen). Pero para ser valorado se necesita ocupar espacios institucionales o catalizar el voto de rechazo. Y la URNG no ha accedido a posiciones institucionales relevantes ni se ha constituido en ningún momento como una alternativa de voto útil22.

La URNG, en conclusión, no ha tenido la misma suerte electoral que otros grupos guerrilleros y su porción de espacio institucional ha sido muy reducida (Torres-Rivas, 2008: 47-48). Paradójicamente, sin embargo, los Acuerdos de Paz que la URNG contribuyó decisivamente a forjar siguen siendo el referente programático para buena parte del país.

Bibliografía

Alvarado, Huberto (1975): Apuntes para la historia del Partido Guatemalteco del Trabajo [disponible en https://victorjosemoreira.wordpress.com/2015/02/04/apuntes-para-la-historia-del-partido-guatemalteco-del-trabajo-de-huberto-alvarado-arellano/ (última consulta el 1 de agosto de 2018)].

Allison, Michael E. (2016a): “The Guatemalan National Revolutionary unit: the long collapse”, Democratization, 23 (6), pp. 1042-1058.

— (2016b): “Why Splinter? Parties that Split from the FSLN, FMLN and URNG”, Journal of Latin American Studies, 48 (4), pp. 707-737.

Azpuru, Dinorah et al. (2005): La cultura política de Guatemala, 2004, Vanderbilt-ASIES [disponible en https://www.vanderbilt.edu/lapop/guatemala/2004-culturapolitica.pdf (última consulta el 12 de junio de 2018)].

CEH (1999): Guatemala, memoria del silencio, UNOPS, Guatemala.

EGP (1979): “Manifiesto internacional” [disponible en http://www.cedema.org/uploads/EGP-1979-10.pdf (última consulta el 1 de agosto de 2018)].

Figueroa Ibarra, Carlos (2001): Paz Tejada: militar y revolucionario, F&G, Guatemala.

— (2006): “La izquierda revolucionaria en Guatemala. Revolución para la democracia, democracia para la revolución”, en Salvador Martí y Carlos Figueroa (eds.), La izquierda revolucionaria en Centroamérica. De la lucha armada a la participación electoral, Los Libros de la Catarata, Madrid, pp. 129-172.

— (2010): “Partido, poder, masas y revolución (la izquierda en Guatemala 1954-1996)”, Cuadernos de Marte, 1, pp. 33-80.

— (2011): El recurso del miedo. Estado y terror en Guatemala, F&G Editores, Guatemala.

Fortuny, José Manuel (2002): Memorias de José Manuel Fortuny, Óscar de León, Guatemala.

González, Secundino (2013): “Las elecciones guatemaltecas de 2011: más de lo mismo”, en Manuel Alcántara y María Laura Tagina, Elecciones y política en América Latina, 2009-2011, IFE-Porrúa, México, pp. 603-629.

— (2018): “Guatemala: cambio de reglas, ¿resultados distintos?”, en Manuel Alcántara, Daniel Buquet y María Laura Tagina (eds.), Elecciones y partidos políticos en América en el cambio de ciclo, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 233-256.

González, Luis Eduardo y Queirolo, Rosario (2013): “Izquierda y derecha: formas de definirlas. El caso latinoamericano y sus implicaciones”, América Latina Hoy, 65, pp. 79-105.

Granding, Greg y Gilberto, M. Joseph (eds.) (2010): A Century of Revolution. Insurgent and Counterinsurgent Violence During Latin America’s Long Cold War. Duke University Press, Durham.

Monsanto, Pablo (2013): Somos los jóvenes rebeldes: Guatemala insurgente, F&G, Guatemala.

Macías, Julio César (1997): La guerrilla fue mi camino. Epitafio para César Montes.

Martín Álvarez, Alberto y Eduardo Rey, Tristán (2012): “La oleada revolucionaria latinoamericana contemporánea, 1959-1996. Definición, caracterización y algunas claves para su análisis”, Naveg@mérica, revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas, 9 [disponible en http://revistas.um.es/navegamerica].

Montobbio, Manuel (2016): “El proceso de incorporación de la URNG y la construcción de la paz en Guatemala”, Documento de Trabajo, Madrid, Real Instituto Elcano.

Nuila, Héctor (2015): En la paz como en la guerra. Memorias revolucionarias, F&G, Guatemala.

Palma Lau, Pedro Pablo (2010): Sierra Madre. Pasajes y perfiles de la guerra revolucionaria, F&G, Guatemala.

Payeras, Mario (1980): Los días de la selva, Casa de las Américas, La Habana.

— (1991): Los fusiles de octubre. Ediciones del Pensativo, Guatemala.

— (2014): El trueno en la ciudad. Ediciones del Pensativo, Guatemala.

Pinta, Patricia (2015): El cese de la lucha armada. Un estudio sobre la supervivencia y desactivación de las organizaciones insurgentes en América Latina (1970-2000), UCM, Madrid.

Porras, Gustavo (2009): Las huellas de Guatemala, F&G, Guatemala.

Santa Cruz, Santiago (2006): Insurgentes. Guatemala, la paz arrancada, Era, México.

Secretaría de la Paz (2011): La autenticidad del Diario Militar, segunda edición, Dirección de los Archivos de la Paz, Guatemala.

Torres-Rivas, Edelberto (2008): “De la izquierda revolucionaria a la izquierda socialdemócrata”, Quorum, 22, pp. 41-50.

Vázquez, Juan Carlos (2016): “De demonios a chingamuceros. Representación del PGT- PC en Guatemala”, Latinoamérica, 62 (1), pp. 163-193.

CAPÍTULO 2

FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (FSLN)23

Eduardo Sánchez Iglesias

INTRODUCCIÓN

El presente capítulo es una aproximación al estudio del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), seleccionando el periodo de guerrilla (1961-1979), organización político-militar nacida en Nicaragua y principal protagonista del derrocamiento del sistema dictatorial impuesto por la dinastía de los Somoza (1934-1979).

El interés del estudio del FSLN parte de la consideración de estar ante la única guerrilla latinoamericana que tuvo un éxito total, al tomar el poder el 19 de julio de 1979, veinte años después del triunfo del Movimiento 26 de Julio liderado por Fidel Castro en Cuba, estando ante el último caso, hasta la actualidad, de toma del poder político por la vía armada en América Latina.

El triunfo de la revolución en Nicaragua se produjo en pleno cambio de ciclo, marcado por el declive de las guerrillas en la región (excepción del FMLN en El Salvador) e inicio de la descomposición de la Unión Soviética, así como de recrudecimiento de una política exterior agresiva por parte de Estados Unidos y de la hegemonía neoliberal a nivel internacional.

Cuatro décadas después de la victoria de la Revolución popular sandinista (RPS) y en un contexto de debate sobre el papel del FSLN actual como partido gobernante de Nicaragua desde 200724, el interés por el periodo estudiado continúa en el recuerdo de una revolución que marcó política y culturalmente la década de los ochenta del siglo XX.

Se pretende dar una explicación histórica a este acontecimiento, desde los conceptos y categorías de las teorías que, desde las ciencias políticas, abordan la violencia política. Asimismo, se pretende aportar la conceptualización de la lucha del FSLN dentro del contexto histórico regional y nacional nicaragüense, así como una aproximación a los contenidos y coordenadas políticas, epistemológicas y terminológicas desarrolladas por el Frente Sandinista acerca de su concepto de revolución, sujeto político y uso de la violencia armada como vía para la toma del poder político.

El texto se desarrolla en tres apartados, siendo el primero el dedicado al análisis del contexto histórico del nacimiento del FSLN, así como las diferentes fases por las que atravesó el sandinismo según la estrategia político-militar empleada. Un segundo apartado se dedica a la fractura del FSLN en tendencias, sus aspectos políticos e ideológicos y su posterior reunificación. Para finalizar, hay un apartado final de conclusiones.

El FSLN y su teoría de la guerra revolucionaria:
del foquismo a la insurrección urbana

La evolución de los movimientos sociales en Nicaragua hasta la formación del FSLN comparte el uso de la violencia “como una constante en el devenir histórico de la Nicaragua” como medio de participación política (Ágreda, 2015: 231).

La lucha de clases en las sociedades capitalistas dependientes de América Latina se manifestó durante buena parte del siglo XX, como una lucha contra las dictaduras militares y contra el intervencionismo político y militar de Estados Unidos en la región. Esta estrecha relación entre las dictaduras militares y el intervencionismo de Estados Unidos ha condicionado el desarrollo de las luchas populares como movimientos de liberación nacional, donde el sujeto popular se conforma bajo la participación de las capas trabajadoras, campesinas o sectores medios y de la pequeña burguesía, sin los que no se puede entender el contexto en el que surgió el FSLN (Vilas, 1984).

Precedentes y formación del FSLN (1959-1961)

La guerrilla del FSLN se crea en un contexto de recuperación de las ideas revolucionarias en Nicaragua, donde la conflictividad campesina, la aparición de una nueva generación de estudiantes de ideología nacionalista, la creación de las primeras organizaciones marxistas y el asesinato del dictador Anastasio Somoza García25 a manos del poeta Rigoberto López Pérez en 1956 expresan un clima de movilización social en la década de los cincuenta que, sumado al triunfo de la Revolución cubana en 1959, marcan el contexto en el que surge el Frente Sandinista.

Entre 1958 y 1961, se encuentran en Nicaragua “dos vías claras de lucha armada contra Luis Somoza, y ambas tuvieron su inspiración en las ideas de Augusto César Sandino” (Ágreda, 2015: 241). Por un lado, en 1958 aparecen guerrillas tradicionales formadas por jóvenes de la histórica oposición conservadora a la que se unieron disidentes liberales, nucleados en torno a la figura de Ramón Raudales, antiguo guerrillero del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua26 (EDSN) de Sandino, abatido en octubre de ese año; disidencia armada procedente de Honduras y conocida como “la guerrilla de Olama”. Por otro, aparece la primera guerrilla de inspiración marxista en 1959, proveniente fundamentalmente de jóvenes vinculados al Partido Socialista de Nicaragua27 (PSN), que influidos por la experiencia cubana intentan aplicar al caso nicaragüense la teoría foquista a través de la conocida como “guerrilla de El Chaparral”, proveniente de Costa Rica y dirigida por Rafael Somarriba, en la que participaría el futuro fundador y máximo dirigente sandinista Carlos Fonseca, quien cae gravemente herido (Ágreda, 2015: 241).

Ambas experiencias acaban en fracaso, pero de cuyo resultado surgen dos hechos políticos cruciales: la transformación de la tradicional oposición conservadora al somocismo de disidencia armada en oposición cívica, teniendo en el periodista Pedro Joaquín Chamorro a su principal figura; y la transformación de la histórica opción armada en guerrilla marxista en torno al futuro FSLN, liderado por Carlos Fonseca (López et al., 1980; Baltonado, 2010; Ágreda, 2013: 242).

Tras el fracaso de la incursión en El Chaparral, se suceden varios intentos de reorganización de un núcleo guerrillero que da lugar en 1961 al Frente de Liberación Nacional (FLN28), entre los que destacan la figura de Carlos Fonseca (que se había trasladado a Cuba), Julio Buitrago, Silvio Mayorga, Tomás Borge y José Benito Escobar29, entre los que se establece un debate que, a instancias de Fonseca, dará lugar en 1963 a la adopción del término “sandinista” y al FSLN.

Para los comandantes sandinistas Edén Pastora y Víctor Tirado, el cambio de nombre se debe a Carlos Fonseca, junto a otros dirigentes provenientes de Cuba. Así, “los que estaban en contra de que se llamara ‘sandinista’ pensaban que con este nombre el Frente se iba a sectarizar, que solo sandinistas podían estar en él, en cambio sí lo dejaban como Frente Nacional, era más amplio”. Sin embargo, para Carlos Fonseca, denominarse sandinista era lo que permitía abrir el Frente Sandinista más allá de la militancia marxista, dotando al nuevo movimiento guerrillero de una dimensión nacional y, en términos históricos, relacionando el FSLN como el heredero del EDSN de Sandino (Víctor Tirado, citado en Baltodano, 2010: 186-187).

Fundamentos político-militares de la teoría revolucionaria del FSLN

Se pueden apreciar en el FSLN tres fases en el desarrollo de su estrategia político militar como guerrilla (Martí, 2002; Baltonado, 2010; Ágreda, 2013): la foquista (1961-1967), la fase de acumulación de fuerzas en silencio (1967-1974) y la ofensiva final en forma de insurrección urbana (1974-1979).

El FSLN y LA TEORÍA DEL FOCO GUERRILLERO (1961-1967)

Durante la primera etapa de gestación del FSLN, la construcción doctrinal del foquismo guerrillero proveniente de Cuba tuvo un significativo impacto en los círculos intelectuales de izquierda y en las organizaciones políticas de inspiración marxista, nacionalista y antiimperialista, influyendo en la militancia del PSN, Juventud Patriótica y Movimiento Nueva Nicaragua30, de cuyas filas surgen las figuras fundadoras del primer FLN y posterior Frente Sandinista (Martí i Puig, 2002, 2012). Así, el FSLN adopta en su fundación la forma de organización político-militar compuesta por un núcleo predominantemente estudiantil, que asume el papel de guerrilla activadora, que, localizada en las zonas rurales del centro y norte el país, tenía como objetivo crear focos insurreccionales rurales, sustentados en un trabajo político entre el campesinado. Igualmente, se comprende en torno a una conducta militar flexible basada en el conocimiento del medio físico, que permitiese el control efectivo de un territorio “liberado”, con presencia guerrillera permanente, con el objetivo de demostrar la vulnerabilidad de la dictadura y provocar una progresiva radicalización de la lucha de la sociedad nicaragüense, que erosionase y derrotase al somocismo.

Con el triunfo de la guerrilla en Cuba, irrumpió una “nueva izquierda” en América Latina, caracterizada por el abandono de las propuestas de revolución por etapas (primero la democracia, luego el socialismo) propias de los partidos comunistas de la región y la adopción del concepto de “inmediatez revolucionaria” siguiendo el ejemplo cubano (Rey, 2016).

La Revolución cubana supuso una reelaboración del marxismo, donde los elementos subjetivos y voluntaristas predominaban bajo el imperativo de la praxis (Martí, 2002). Así, para Ernesto Che Guevara, “lo que falta en América Latina son las condiciones subjetivas, la conciencia de que realmente existe la posibilidad de vencer al Estado a través de un conflicto armado” (Guevara, citado en Martí i Puig, 2002: 5). Bajo esta interpretación, las condiciones necesarias para el triunfo de la revolución podían crearse a través de la voluntad de los individuos, cuya práctica revolucionaria descansa en la construcción doctrinal llamada “foquismo” (Prieto, 1990).

De aquí se desprenden cuatro aspectos teóricos centrales (González, 2017): 1) en lo político, la centralidad de la guerrilla frente al partido como núcleo dirigente, al ocupar el foco el papel de vanguardia política, “siendo la guerrilla el partido en gestación” (Debray, 1967: 26); 2) en lo social, la centralidad del campesinado frente al proletariado como sujeto de la revolución; 3) en términos espaciales, el medio rural y el mito de “la montaña” son el marco geográfico referencial de la lucha y, por último, 4) el predominio de lo militar frente a lo político, como defendía el teórico del foco Regis Debray al afirmar que “la destrucción de un camión de transporte militar tiene un efecto propagandístico mayor que cien discursos” (Debray, 1975, citado en González, 2017: 259).

Durante esta primera etapa, el FSLN sufre derrotas que lo llevan al borde de su desaparición, en los intentos de constitución de un foco guerrillero en la zona montañosa, entre los ríos Coco y Bocay (departamento en Jinotega) en 1963 y —sobre todo— Pancasán (Matagalpa) en 1967, donde muere el fundador del FSLN Silvio Mayorga. A estas derrotas guerrilleras se une la caída del Che Guevara en Bolivia en ese mismo año y, en general, el fracaso de las diferentes experiencias guerrilleras basadas en el foco, contexto que para el fundador del FSLN Tomás Borge supuso “el final de lo remantes foquistas” (1983: 36).

El fracaso de los primeros movimientos guerrilleros montados sobre el esquema foquista, unidos a la represión generalizada contra las movilizaciones del 22 de enero de 1967, convocadas ante el fraude electoral cometido por Somoza, hicieron ver al FSLN que la correlación de fuerzas era desfavorable y que la dictadura asumía la forma de “terrorismo de las Fuerzas Armadas” (Prieto, 1990: 189). Circunstancias que imponían la necesidad de un cambio de estrategia.

A pesar de los reveses, la aparición del FSLN supuso una nueva etapa frente al tradicional conflicto político interoligárquico y la lucha guerrillera tradicional en Nicaragua (Ágreda, 2013), que en opinión de Aldo Díaz Lacayo31, obedece al liderazgo organizativo y teórico de Carlos Fonseca, el cual hace cuatro aportaciones fundamentales que harán del él la máxima referencia del sandinismo.

En primer lugar, con el fracaso de la guerrilla en El Chaparral, Carlos Fonseca defiende la necesidad de abandonar “el concepto invasionista de la revolución”, y apuesta por la actuación desde el interior y luchar desde Nicaragua y no por incursiones de exiliados vía Honduras o Costa Rica —invasiones que demostraron no tener apoyo en el interior del país—. En segundo lugar, Carlos Fonseca rescata y adecúa el legado de Sandino al nuevo pensamiento revolucionario que significaba el FSLN y el marco abierto por la Revolución cubana. De este modo, Fonseca sería el primero en “nacionalizar la lucha”, en un momento donde “Sandino era un desconocido para los revolucionarios anteriores a Carlos Fonseca”. En tercer lugar, Fonseca defiende la necesidad de “tener un concepto ideológico claro”, que desarrolla a través de la aplicación a la realidad de Nicaragua de las categorías de análisis marxista, que dotan a la lucha contra Somoza de un análisis histórico y político (Fonseca, 1985: 96-194) y una alternativa articulada que permite “pasar de la oposición a la revolución”. Por último, el trabajo de Carlos Fonseca partió de la necesidad de ofrecer a la revolución una organización estable, superadora de la concepción de “partida guerrillera” esporádica y sin continuidad, que avanzase hacia un concepto de organización político-militar organizada y disciplinada (Lacayo, citado en Baltodano, 2010: 35-40).

La FASE DE ‘ACUMULACIÓN DE FUERZAS EN SILENCIO’ (1967-1974)

La fuerte influencia que en el campo de la izquierda revolucionaria tuvo la reactivación de la “doctrina de la guerra revolucionaria de Mao32 reformulada por Giàp33 en Vietnam” convirtió “al paradigma de la guerra popular prolongada” o GPP en el modelo alternativo para las revoluciones latinoamericanas una vez fracasadas las experiencias foquistas (González, 2017: 264).

Así, a partir de la derrota del foco en Pancasán, la GPP dominó la estrategia revolucionaria del FSLN bajo el periodo conocido como “acumulación de fuerzas en silencio”. Dicho viraje táctico se definía en el Programa Histórico (1969) de la siguiente forma:

El FSLN ha analizado con seriedad y gran responsabilidad la realidad nacional y ha decidido enfrentarse a la dictadura con las armas en la mano, ya que hemos llegado a la conclusión de que el triunfo de la Revolución popular sandinista y el derrocamiento del régimen enemigo del pueblo surgirá como consecuencia del desarrollo de un dura y prolongada guerra popular (FSLN, 1969).

Si bien la reivindicación de la Revolución cubana se mantiene como una constante, el ejemplo de la lucha de Vietnam34 se convierte en un punto de referencia para Carlos Fonseca (Romero, 2010) como para otros dirigentes sandinistas:

A partir de las acciones de Pancasán […] es donde aparece el concepto de guerra popular prolongada porque estamos viendo, entre otras cosas, las experiencias de Vietnam, la de China, la de Cuba no, Cuba es de corto plazo, entonces nos tuvimos que enfrenar incluso, a la idea del foco guerrillero (Hery Ruiz, citado en Fernández, 2013: 14).

Se consideraba entonces que la lucha armada en la montaña era la fundamental; que a partir de ella se produciría el combate a la derrota del Ejército somocista, aplicando a Nicaragua la teoría maoísta de “atraer el Ejército al interior del país” (Tse Tung, 1976), dando a la guerrilla rural el protagonismo, mientras que la lucha en las ciudades pasa a tener un rol complementario (Prieto, 1990).

En el plano conceptual y metodológico, el análisis de la formación socioeconómica nicaragüense se ve influido por un marxismo de raíz maoísta35, caracterizando al país como “un régimen semifeudal y semicolonial”. Así, la consideración de Nicaragua como un país semifeudal convierte al campesinado en la base popular principal, siendo “[…] nuestra guerra una guerra agraria, una guerra por el rescate a favor de los campesinos medios y pobres”, basando la lucha en la guerrilla rural y en la montaña. Por otro, al considerar a Nicaragua como una semicolonia, la lucha contra el imperialismo norteamericano pasa a ser prioritaria, al considerar la dictadura como un “apéndice” de la política de Estados Unidos (Fonseca, 1985).

Junto a la adopción del marxismo-leninismo36 como definición ideológica, Carlos Fonseca también marca distancia respecto a los partidos comunistas de la región, al oponerse a la política de coexistencia pacífica adoptada por el Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956 y considerar “tal política oportunista, de renuncia a la lucha armada […] imprimió métodos de trabajo pacifiqueros” (Fonseca, 1985: 114), dando continuidad a la primacía de la guerrilla sobre el partido.

Además de estas consideraciones ideológicas y geopolíticas, es necesario destacar la adopción de aspectos importantes del modelo maoísta de guerra revolucionaria37, al optar por una estrategia de larga duración dividida por fases, en las que destaca una fase defensiva estratégica (acumulación de fuerzas en silencio) que prepara las condiciones para una ofensiva estratégica (la insurrección), así como la diferencia entre una guerrilla irregular de carácter auxiliar (formada por campesinos) que dé apoyo a una guerrilla regular (formada por cuadros del FSLN) (Fonseca, 1985: 164).

Igualmente, durante la acumulación de fuerzas en silencio la acción política cobra progresivamente protagonismo, al entender que “la lucha contra la dictadura será prolongada […] que requerirá junto a la lucha armada la necesidad de adoptar otros métodos como la huelga general”. Lo anterior hace de la alianza obrero-campesina la política de alianzas central, pero no única, considerando necesario el trabajo con el estudiantado38, en la perspectiva de realizar acciones en la ciudad y crear las condiciones para una futura insurrección en la fase de ofensiva estratégica, y adoptando así el principio de la GPP de “cercar a la ciudad desde el campo” (Prieto, 1990). Así lo pone de manifiesto el acercamiento al Frente Sandinista de estudiantes del Frente Estudiantil Revolucionario (FER), organización que reedita el Programa Histórico, siendo uno de sus miembros, Bayardo Arce, el encargado de redactar La teoría de las organizaciones intermedias, manual con el que se pretendía guiar la acción del FSLN en las organizaciones sociales o frentes de masas (Baltodano, 2010: 498, tomo 1).

Durante la fase de acumulación de fuerzas en silencio, el FSLN redujo al mínimo sus acciones militares, centrándose en el interior en tareas de preparación de cuadros y reorganización de la estructura, permaneciendo en el exilio una parte importante de sus dirigentes39, en las que recayó la tarea de elaborar el primer texto doctrinario del FSLN, conocido como Programa Histórico (1969), además de la formación en dicho año de la primera estructura de dirección permanente, conocida como Dirección Nacional (DN)40 (Martí i Puig, 2002).

La FASE DE LA INSURRECCIÓN URBANA (1974-1979)

Con el terremoto que asoló Managua en 1972, Nicaragua inicia una nueva etapa política marcada por la descomposición de la dictadura somocista, abriendo en el país lo que el FSLN entendía como “una situación revolucionaria” (López et al., 1980; Vilas, 1984), y que coincide con el fin del ciclo expansivo de la economía nicaragüense, consecuencia de la caída de los precios internacionales del café, algodón y azúcar (Núñez, 1987).

Se desata una crisis social y política donde, por un lado, la ayuda internacional fue canalizada por parte del propio Anastasio Somoza Debayle, quien se nombró a sí mismo como presidente del Comité de Reconstrucción; así, se dieron casos de corrupción que erosionaron la imagen de la dictadura a nivel nacional e internacional. Por otro, y como consecuencia de lo anterior, se produjo una fractura dentro del bloque de poder al entrar la familia Somoza a controlar áreas económicas hasta ahora reservadas a otros sectores empresariales, como la construcción, que permitieron en su momento una inserción en el sistema económico político de la dictadura del que ahora se veían excluidos (Harris y Vilas, 1985).

La progresiva ruptura del bloque de poder que sustentaba a la dictadura, unido al malestar social provocado por la corrupción después del terremoto y la crisis, condujo a una reactivación de la oposición antisomocista, que en 1974 lleva a la oposición tradicional a constituir la Unión Democrática de Liberación, a la que se vinculó también el PSN. Y por parte del FSLN, a un fuerte debate interno que supuso el fin de la fase de acumulación de fuerzas en silencio y su paso a la fase insurreccional, con el secuestro del ministro de Agricultura José María del Castillo el 27 de diciembre de 1974. Una acción con la que el Frente Sandinista obtuvo recursos, la liberación de dirigentes importantes como Humberto Ortega, así como un cuantioso rescate, imponiendo la dictadura la Ley Marcial hasta su caída en 1979 (Martí i Puig, 2002; Baltodano, 2010).

Para el FSLN, el país entra en una situación revolucionaria como consecuencia de “la imposibilidad de las clases dominantes de mantener la situación, una agravación fuera de lo común de la miseria y de los sufrimientos de las clases oprimidas y una intensificación de la acción de las masas, siendo el objetivo de los sandinistas convertir esa movilización en insurrección” (Humberto Ortega, citado en Prieto, 1990: 198-199).

En el periodo que va de 1974 a 1979, convergieron diferentes factores que culminaron con el derrocamiento de la dictadura y el triunfo del FSLN: la ruptura del bloque oligárquico, cuyo punto culminante fue el asesinato en 1978 del director del diario La Prensa y líder de la oposición tradicional Pedro Joaquín Chamorro; el papel de la Iglesia y su separación del régimen somocista en la figura del arzobispo de Managua Miguel Obando y Bravo; la represión indiscriminada de la GN; el cambio de la política exterior de Estados Unidos bajo la presidencia Carter41 y, por último, la irrupción del FSLN. Irrupción que, con el efecto de sus acciones de propaganda armada, como la toma del Palacio Nacional en 197842 y la constitución del Grupo de los Doce (G-12), articula una política de alianzas con la oligarquía descontenta, ocupando todo el espacio político que iba desde los sectores revolucionarios a las posiciones más moderadas del antisomocismo, huérfanas de referentes después del asesinato de Chamorro (Ágreda, 2013: 80).

Dentro del FSLN se abrió un debate conceptual acerca de modelo de guerrilla que debía adoptar, donde la estrategia insurreccional supuso el traslado de la guerra subversiva a las ciudades, como una forma de adaptar el Frente Sandinista a un país que había experimentado un proceso de urbanización acelerado (Ortega, 1981) en el que existían “sectores potenciales de apoyo como el subproletariado residente en áreas suburbanas degradadas, universitarios radicalizados o los militantes más combativos de las organizaciones sindicales o partidos obreros” (González, 2017: 266).

De esta forma, el FSLN pasa a poner el énfasis en la ciudad y los comandos urbanos y no solo en la guerrilla rural. La acción política adquiere el predominio frente a las acciones armadas y el interclasismo pasa a ser el eje predominante en la política de alianzas, siendo prioritarias las relaciones con la oligarquía antisomocista y las relaciones internacionales con los gobiernos latinoamericanos nacionalistas y la socialdemocracia europea (Pozas, 2000).

La vocación de control territorial de la fase foquista y de la etapa marcada por la GPP cede a una estrategia subversiva que aspira “a culminar en un asalto al poder en forma de insurrección urbana” (Gonzáles, 2018: 276). En palabras de Humberto Ortega: “Con la experiencia desde octubre hasta Monimbó43, nosotros confirmamos que hay una voluntad de las masas para ir a la insurrección” (1986: 31).

Los principios políticos y militares de la fase insurreccional se recogen en el documento publicado en 1977 con el nombre de Plataforma Programática del FSLN, con el que el sandinismo lanza su Programa Reivindicativo Popular o Programa Mínimo. Un programa político-militar que, en la práctica, supone una superación del Programa Histórico, cuyo contenido moderado intenta plasmar una propuesta unitaria para un Gobierno de reconstrucción nacional una vez derrocada la dictadura —hecho que tiene lugar el 19 de julio de 1979—.

El 9 de septiembre de 1978, la tendencia insurreccional del FSLN hace un llamamiento a la insurrección popular sandinista bajo dos elementos: derrocar a la dictadura a través de un enfrentamiento generalizado contra la GN (protagonizado por el FSLN) y la formación de un Gobierno provisional (formado por el G-12). Junto a la tradicional alianza de obreros, campesinos y estudiantes, el FSLN llama a “comerciantes, empresarios, la mediana y pequeña industria” a apoyar un Gobierno provisional y un Programa Mínimo con dos puntos claves: derrocar a la dictadura y suprimir la GN y, por otro, iniciar un proceso de reconstrucción nacional con las expropiaciones de las propiedades de la familia Somoza (FSLN, 1978).

El FSLN orientó su actuación político-militar articulando un “sujeto social”44, que ilustra el perfil de la etapa insurreccional en torno a un sujeto más popular que proletario, donde predominaron los sectores estudiantiles, en especial de secundaria, seguidos de un subproletariado urbano (oficios, economía informal y artesanado), y con una reducida participación del campesinado que, empujados por la crisis económica y social y el carácter indiscriminado de la represión ejercida por la GN, terminaron participando en la RPS (Vilas, 1984: 176). Un escenario bajo el que el FSLN adquirió progresivamente un carácter de guerrilla urbana propia de las organizaciones de la segunda ola guerrillera en Latinoamérica (Martín y Rey, 2012).

El abandono en 1974 de la fase de acumulación de fuerzas en silencio y la adopción de la estrategia insurreccional abriría un fuerte debate dentro del FSLN, el cual se profundizó con la muerte de su máximo dirigente, Carlos Fonseca, el 5 de noviembre de 1976, y que de 1975 a 1978 dividió al Frente Sandinista en tres tendencias.

La fractura del FSLN:
el debate de las tendencias sandinistas

Durante el periodo de 1972 a 1975, la GN inició una fuerte ofensiva sobre las bases guerrilleras que el FSLN tenía en el norte del país que debilitó a la organización y desarticuló a su dirección45: “Nunca se dieron las condiciones como para discutir la línea de la organización […] Así que fue difícil elaborar una línea política general o llegar a acuerdos con la ciudad para implementar de una manera cohesionada la ofensiva” (Arias, 1981: 118).

Junto a esta explicación, aparecen otras relacionadas con la ruptura entre la dirección que permaneció en el interior del país (Tomás Borge o Henry Ruiz) y aquella parte de la misma que permanecía en el exterior, fundamentalmente en Cuba, como Humberto Ortega o Jaime Wheelock. También hubo fisuras entre los cuadros veteranos fundadores del FSLN y los nuevos que ingresaron a finales de la década de los sesenta (Baltodano, 2010), lo que para Henry Ruiz constituyó “problemas no tanto de concepción [de la revolución] sino de autoridad, es decir, nosotros estamos aquí y otros estaban fuera” (Fernández, 2013: 9).

Desde enfoques marxistas se relaciona la división del FSLN con las transformaciones sociales y económicas del país, asociando las tendencias sandinistas con la heterogeneidad social y de clase de sus miembros y los cambios sociológicos del Frente Sandinista en una época en la que el país pasó de una dependencia del cultivo tradicional del café y azúcar (propia del sandinismo originario) a una modernización capitalista de la mano del algodón y su integración en el mercado común centroamericano. Algo que provocó un cambio de la tradicional base guerrillera campesina a una sociedad en la que se forma un incipiente proletariado de estudiantes y capas profesionales en un país cada vez más urbanizado (López et al., 1980).

Sean explicaciones de carácter político, generacional o socioestructurales, dentro del FSLN se dio una “lucha por la hegemonía”, que según el comandante del FSLN Jaime Wheelock se relacionó con la búsqueda de “una nueva estrategia de lucha […] que es la estrategia de la insurrección […] por la necesidad de adoptar un cambio […] tuvimos choques aquí (se refiere a Cuba), los que estábamos por la estrategia insurreccional y los que estaban por la guerra de guerrillas; unos se llamaban guerra popular prolongada y nosotros […] insurreccionales o replegados” (Fernández, 2013: 8).

Surge una fractura dentro del sandinismo en un momento de represión y desarticulación, divergencias que se centraron en cuestionar el valor central de la guerrilla rural, del potencial revolucionario del campesinado en oposición al de la clase obrera y la importancia de la lucha armada frente a la lucha de masas (Monroy, 1997: 80).

La primera división se fraguó en el contexto del secuestro de Chema del Castillo en 1974 y el fin de la fase de acumulación de fuerzas en silencio, siendo pública la primera escisión en 1975, cuando la DN, a instancias de Tomás Borge, expulsó del FSLN a Jaime Wheelock, Luis Carrión y Roberto Huembes, máximos representantes de la tendencia proletaria, lo que provocó la ruptura entre la tendencia GPP y los conocidos como “proletarios” (Monroy, 1977 y Fernández, 2013). La segunda escisión se da en 1976 producto de las divisiones en el sector partidario de pasar a una fase insurreccional, cuando Humberto Ortega, Daniel Ortega y Víctor Tirado, junto a otros dirigentes sandinistas, impulsan la tendencia insurreccional, o terceristas, por ser los “terceros” en aparecer. Aparecen así la tendencia guerra popular prolongada (TGPP), la tendencia proletaria (TP) y la tendencia insurreccional o tercerista (TI).

La tendencia guerra popular prolongada

Para la TGPP, tras el revés sufrido en la etapa foquista, el FSLN debía prepararse para una guerra prolongada, idea central que se desarrollaría a través de una serie de características que se condensarían en el documento Guerra Popular Prolongada en Nicaragua (FSLN, 1974). Los dirigentes de la TGPP se formaron en un marco de derrota regional de las guerrillas surgidas de la Revolución cubana y de éxito de las aplicaciones a Vietnam de la teoría de la lucha guerrillera de Mao Tse Tung que expone en Sobre la guerra prolongada (1976), aplicadas al caso indochino por Vo Nguyen Giáp (1971).

Para la tendencia GPP Nicaragua era una formación social dependiente de carácter semicolonial y semifeudal, caracterización que hace del imperialismo norteamericano el enemigo principal y otorga al campesinado el carácter de sujeto central de la revolución, que solo puede ser armada y adquirir la forma de guerrilla rural. Lo anterior, debido, por un lado, a que la dictadura excluye cualquier salida democrática y, por otro, a que la ciudad hace vulnerable a la guerrilla, tal como atestiguan las caídas de varios dirigentes como Julio Buitrago en 1969 —ejemplo de cómo es en las zonas urbanas, donde la dictadura obtiene gran parte de su apoyo, siendo la ciudad considerada como “bastión de la mentalidad burguesa (Fernández, 2013: 15)—. Este carácter subsidiario de la lucha urbana no impide el esfuerzo del FSLN por desarrollar actividad entre los estudiantes, pero con el objetivo de trabajar en la ciudad para dotar de cuadros a la guerra en la montaña, siguiendo la consigna de Carlos Fonseca de “desarrollar la guerra en la montaña con cuadros de la ciudad” (Monroy, 1997: 61).

El campesinado y la lucha en la montaña son el eje del Frente Sandinista, que se define como organización político militar, de ideología marxista-leninista y cuyo programa toma como prioridad derrotar el carácter burgués del sistema nicaragüense y no solo su forma dictatorial, dirigiendo la lucha contra la burguesía, el capitalismo y el imperialismo (Monroy, 1997: 61).

La TGPP encuentra en los escritos de Carlos Fonseca su referencia principal, siendo la obra más representativa de este periodo Nicaragua Hora Cero (1969), en la que enfatizó el carácter prolongado de la lucha; el Mensaje del Frente Sandinista de Liberación Nacional a los estudiantes revolucionarios (1968), donde expresa la importancia política del estudiantado ante un proletariado débil y un campesinado poco ideologizado; y Síntesis de algunos problemas actuales (1976), en la que se reafirma el carácter marxista-leninista del Frente Sandinista y donde se desarrollan críticas explícitas a la TP. Entre los dirigentes principales de la TGPP a finales de los sesenta e inicios de los setenta se encuentran Ricardo Morales Avilés y Oscar Turcios, siendo sus figuras principales a partir de 1974 Tomas Borge, Henry Ruiz y Bayardo Arce, dirigentes que permanecieron siempre en Nicaragua, lo que otorgó a la TGPP una gran legitimidad para la conducción del FSLN (Monroy, 1997; Fernández, 2013).

La tendencia proletaria

La TP se formó con militantes del FSLN de segunda generación, descontentos por el carácter secundario de la lucha en la ciudad, en un contexto de fuerte represión desplegada por la GN en el bastión sandinista de la zona montañosa del norte del país y crisis del modelo capitalista agroexportador de algodón. Tal como relata su máximo dirigente Jaime Wheelock, durante su estancia en Cuba los dirigentes sandinistas tuvieron contacto con “exiliados de Chile [que unido a] estudios sobre procesos revolucionarios, forme parte de un esfuerzo de esa búsqueda que dio lugar a un cambio de estrategia” (Fernández, 2013: 8).

La idea central que defendía la TP era que Nicaragua había sufrido una fuerte transformación en su estructura económica y social con la introducción del algodón durante la década de los sesenta, que había producido dos fenómenos: “Uno, la tendencia a la urbanización después de la Segunda Guerra Mundial y el mayor peso del sector urbano […] Y otro, el hecho de que reiteradamente el sandinismo estuvo tratando de armar un movimiento guerrillero sin lograr mayores avances” (Wheelock, citado en Fernández, 2013: 16).

Estos fenómenos obligaban al FSLN a dar protagonismo a la nueva clase obrera surgida alrededor del sector agroexportador y portuario, a los barrios y las ciudades, para lo cual el Frente Sandinista debía transitar hacia el objetivo de la insurrección urbana por medio de su progresiva transformación en un partido político convertido en vanguardia del proletariado, que comenzaba a ser el sector predominante en los núcleos urbanos y que carecía de conducción política: “El FSLN enfila al proletariado nicaragüense contra la dictadura, en tanto fuente donde reside el poder y la garantía para explotar de la burguesía y los terratenientes, al mismo tiempo que destaca la importancia de la unidad obrero campesina como soporte político de la lucha insurreccional contra la dictadura” (Wheelock, 1978: 193-194).

Los cambios de estrategia se derivan para la TP de una caracterización diferente del capitalismo en Nicaragua que se “perfila como una sociedad capitalista, agrícola y dependiente” (Romero, 2010: 18), donde predominan plenamente las relaciones sociales de producción capitalistas, sin vestigios feudales, en el que se ha producido un proceso de industrialización que ha transformado el campesinado en proletariado agroexportador y que permitió a grupos empresariales locales participar de estas transformaciones en competencia con las empresas somocistas (Wheelock, 1980).

Junto a la consideración del “sujeto proletario” como el sujeto popular principal y la priorización de la forma política (el partido) frente a la forma militar (la guerrilla), otra de las diferencias de la TP con la TGPP es la caracterización de la dictadura como el enemigo principal, al afirmar que “la lucha contra la explotación adquiere en Nicaragua primeramente un carácter de lucha frontal contra su forma política: la dictadura militar somocista” (Wheelock, 1980: 195).

Al igual que la TGPP, la TP conservó la idea de una lucha prolongada, se definieron como marxista-leninistas y partidarios de la vía armada, aunque, en la práctica, la TP abandonó la lucha armada en la montaña por un trabajo en las ciudades y las zonas algodoneras de la región del Pacífico nicaragüense, cuyo programa defendía:

[El FSLN-TP] enuncia preliminarmente la tesis del Gobierno obrero y campesino, también denominado como democracia de obreros y campesinos o democracia popular. Este Gobierno es entendido como eslabón en el proceso de transición al socialismo y se basa en el desarrollo de los órganos de poder popular que garanticen la participación de las masas en los órganos de gobierno (FSLN-TP, 1976, citado en Monroy, 1997: 86).

Para el futuro comandante del FSLN Luis Carrión, la orientación política e ideológica de la TP se expresaba de la siguiente forma:

Pensábamos que la GPP era muy cerrada y conservadora. Nosotros [la TP] empezamos con un planteamiento que era más parecido al insurreccional, pero después derivamos en un planteamiento un poco más ortodoxo. Mientras estuvimos en Costa Rica, organizamos sesiones de debate, discusiones, análisis, no sé qué. Total, que nuestra tesis de las alianzas amplias empieza a verse un poco aplastada por la idea de que había que crear vanguardia, y que la lucha armada era la etapa superior de la lucha política (Luis Carrión, entrevistado por Baltodano, 2010: 416, tomo 3).

En relación a la composición social de la TP, esta logró cierta implantación en las zonas algodoneras del país, siendo sus dirigentes estudiantes de extracción pequeño burguesa de origen cristiano, como en el FER y el MCR, de los que formaron parte dirigentes como Ruth Herrera, Luis Carrión o Carlos Roberto Huembes, y que se radicalizan tras el terremoto de 1972 (Monroy, 1997: 83).

Después del asesinato de Óscar Turcios en 1974, principal dirigente de la lucha urbana, el FSLN decide enviar a la montaña a la mayoría de los militantes del FER y del MCR, dándose en el marco de la guerrilla rural el debate y posterior desencuentro entre dos formas de ver el sandinismo, formado por generaciones, tradiciones y extracciones sociales diferentes.

Los motivos de la expulsión de los militantes de la TP por parte de la DN tuvieron relación con la ausencia de debate en el seno de la dirección, que, hostigada por la GN y dispersa en varios países del exilio, nunca pudo reunirse. Otro de los motivos está en relación con la pugna que se establece sobre el enfoque que debe seguir el FSLN, entre la opción de la lucha armada o la conversión en un partido político orientado a la lucha de masas. El dirigente de la TP Luis Carrión lo expresa de la siguiente forma:

Toman [la DN] una decisión motivada por el miedo a la pérdida de control. Entonces estaban muy nerviosos. Pensaban, por aquí esto se nos va a descomponer, hay que cortar por la lo sano, originalmente. Pero luego, esto se desarrolla agarrando otra forma, o sea, fue más que eso, porque en el fondo había enfoques políticos distintos […] y ya no fue posible un debate libre. ¿Y por qué?, porque ya había también, de por medio, la lucha por mantener posiciones de poder (Luis Carrión, entrevistado por Baltodano, 2010: 411, tomo 3).

Las críticas de la TGPP hacia la TP se relacionaban con el papel central que le daban a la lucha armada, pero también expresaban los conflictos entre los dirigentes que se quedaron en el interior de Nicaragua (la mayoría de TGPP) y los que marcharon al exilio, así como la posición central que tenía la montaña, bastión de la TGPP. Henry Ruiz, máximo dirigente de la guerrilla rural FSLN, expresa el conflicto de la siguiente forma:

La posición de Jaime Wheelock, cuando lo conocí en la clandestinidad, en Costa Rica, cuando bajó para buscar la unidad, la idea que él tiene, es formar un partido: que primero es el partido y después la lucha armada. Entonces eso sí es una desviación peligrosa en una etapa en que vamos a la confrontación directa. Porque la idea de Jaime era teórica, pero si andamos echando tiros y luchando, es muy posible que eso haya causado malestar (Henry Ruiz, entrevistado por Baltodano, 2010: 591, tomo 1).

Por último, dentro de la TP destacaba uno de los grandes teóricos del FSLN, Jaime Wheelock, militante del FSLN desde 1969, una de las figuras intelectuales del sandinismo, encargado en la década de los ochenta de la reforma agraria y del desarrollo del modelo de economía mixta, uno de pilares del programa sandinista. En él se aprecian claras influencias del marxismo clásico (producto de sus estancias en la República Democrática Alemana), pero también del ambiente intelectual de la década de los sesenta, como el estructuralismo latinoamericano y las escuelas de la dependencia a las que tuvo acceso durante su estancia en Chile, además de Mayo del 68 y la misma experiencia de la Revolución cubana (Romero, 2010). Estas influencias pueden apreciarse en su obra central, base teórica de la TP, Imperialismo y dictadura. Crisis de una formación social (1980), publicada en México en 1974, año en el que también publica su primera obra Raíces indígenas de la lucha anticolonialista e Nicaragua.

La tendencia insurreccional o tercerista

En 1976 el FSLN sufre otra fractura con la creación de la tendencia insurreccional o tercerista. El contexto de su surgimiento coincide con un FSLN debilitado por la muerte de su dirigente máximo Carlos Fonseca en 1976, y la de otros dirigentes como Carlos Roberto Huemes, de la TP en Managua, y de Carlos Agüero, de la TGPP en la zona montañosa del norte, siendo detenido uno de sus fundadores, Tomás Borge. Mientras las caídas y las detenciones afectaron a la TGPP en el frente rural, en las ciudades el FSLN se debilitaba por la pugna de estos con la TP y el debate sobre guerrilla rural frente a lucha de masas, en un periodo de reconstrucción de la oposición tradicional en torno a la Unión Democrática de Liberación.

Sin embargo, el descontento social después del terremoto de 1972 y el inicio del aislamiento internacional de la dictadura somocista convencen a un sector dirigente del FSLN y residente en Costa Rica y Cuba, como Humberto y Daniel Ortega, de la necesidad de dar un giro estratégico dentro del Frente Sandinista al entender que Nicaragua entraba en una fase revolucionaria y que era necesario dar por superada la estrategia de guerra prolongada defendida por la TGPP y la TP (Monroy, 1997: 95). A través de comunicados firmados como DN, la TI va elaborando un cuerpo teórico que se plasma en la publicación del Programa de Mínimos y la Plataforma Estratégica del FSLN de 1977, en la que se defiende una nueva vía, la insurrección sandinista.

Los planteamientos teóricos de la TI tienen en Humberto Ortega a su principal figura política, pensamiento condensado en su libro publicado en 1976 50 años de lucha sandinista (1986), donde las diferencias con la GPP y la TP son evidentes.

El FSLN-I defiende el paso de la guerra prolongada a la guerra civil revolucionaria por medio de la insurrección, en la que “se hace uso de la violencia política y militar, en combinación con la profundización de las luchas reivindicativas más inmediatas, para generar una mayor agitación popular y crear las condiciones que permiten la ofensiva final de este proceso de guerra popular que inició Augusto César Sandino” (Ortega, 1986: 109).

Así, Ortega da un significado específico a la TI, al entender la lucha del FSLN como la tercera etapa de la Revolución nicaragüense, siendo la primera protagonizada por la lucha de Sandino y la segunda, por la lucha de la burguesía, estando ahora en la tercera, la revolucionaria, fase donde los terceristas plantean una nueva estrategia que fuese síntesis entre los planteamientos de la TGPP y la TP (Monroy, 1997; Fernández, 2013).

Para Ortega, el secuestro del ministro somocista José María del Castillo supone “transitar a la etapa de la ofensiva final […] romper con la moralidad defensiva y pasar a la moralidad ininterrumpida”, con lo que se daba por concluida la fase de acumulación de fuerzas en silencio (Ortega, 1986: 121).

Igualmente, para la TI, el FSLN debía adecuarse táctica y estratégicamente a la nueva fase de ofensiva, la cual pasaba por definir de manera correcta el sujeto de la revolución y una nueva concepción de la misma.

En relación a la base social de la revolución, la TI excluye al proletariado industrial por su debilidad y al campesinado por escasa conciencia política, “identificando un nuevo sector social para la insurrección en la pequeña burguesía y las capas medias urbanas, siendo la juventud y el estudiantado la vanguardia social revolucionaria” (Monroy, 1997: 109). El sociólogo perteneciente a la TI, Orlando Núñez, expresaba:

[…] las condiciones objetivas del desarrollo capitalista llevan ineludiblemente a la creación de dicho proletariado en un país del Tercer Mundo. Las condiciones subjetivas para la revolución (conciencia de clase del proletariado) no se desarrollan de manera paralela a las condiciones objetivas. El sujeto histórico (el proletariado) no tiene que ser necesariamente el mismo que genere directamente el sujeto político de la revolución (el FSLN). El contenido de clase del proyecto revolucionario (fines ideológicos) no tiene por qué reflejar el origen social de los participantes de la revolución. La manera como se toma el poder no determina la naturaleza y amplitud de las transformaciones socioeconómicas posteriores (Núñez, 1987: 79-80).

Por otro lado, para Núñez el sujeto popular de la insurrección sandinista tenía un componente pluriclasista, con predominio de lo que denominaba “la tercera fuerza social”, entendidos “como todos aquellos sectores populares que no están construidos ni por obreros ni por campesinos, y cuyo comportamiento político está motivado por reivindicaciones atingentes a su propia situación social” (1987: 17).

Continuando con el razonamiento de Núñez (1987) “se está ante una revolución en un país periférico” (p. 132), donde el atraso del país y la debilidad de sectores de la pequeña burguesía, profesionales y empresarios hacen que sean susceptibles de apoyar a proyectos de revolución democrática (donde puedan participar) y de transformaciones sociales, entendidas también como de modernización económica y social de la que se puedan “aprovechar”, conscientes del obstáculo que para sus intereses supone el imperialismo, máximo interesado en evitar la industrialización del país (Invernizzi et al., 1986).

A diferencia de la TGPP y la TP, los terceristas defienden una concepción de lucha armada con predominio de acciones urbanas, medio en el que se desarrollaría principalmente la revolución, consecuencia del carácter urbano que tenía para la TI la insurrección, así como la base social de la misma, donde la pequeña burguesía de las ciudades cobraba creciente importancia (Fernández, 2013). A su vez, los terceristas contaban con una apreciable fuerza guerrillera en el centro el país y organizaron frentes guerrilleros que tuvieron un gran protagonismo en la ofensiva en 1977-1979, como el mítico Frente Sur (Carmona, 1980).

De esta forma, el FSLN-I asume gran parte de los planteamientos de las guerrillas urbanas que en la década de los setenta predominaron en el Cono Sur (González, 2017), asumiendo la lucha armada tres objetivos: uno principal ligado a la propaganda armada, otro dirigido a defender a los sectores populares de la represión de la GN y dotar a la burguesía antisomocista de la protección de un brazo armado (sobre todo después del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro) e instruir en lo político y militar al sujeto de la insurrección (Ortega, 1981). Acciones armadas que dieron gran notoriedad pública e internacional al Frente Sandinista, como las acciones del secuestro de Chema del Castillo, la toma del Palacio Nacional, la ofensiva de octubre de 197746, las fugas de prisioneros o las tomas de emisoras de radio o cuarteles (Baltodano, 2010; Martí i Puig, 2012; Hernández, 2012; Forno, 2017).

La concepción de revolución defendida desde el FSLN-I, conllevó una política de alianzas que la diferenció del resto de tendencias. Esta concepción se plasma en el documento Plataforma Programática del FSLN, publicado el 4 de mayo de 1977, documento encargado por Humberto Ortega con el que se propuso la elaboración de una propuesta que permitiese materializar el consenso con los sectores de la burguesía antisomocista.

La TI defendió un concepto de revolución por etapas, donde existiría una etapa democrática popular y revolucionaria previa a la etapa socialista. Esa fase intermedia debería estar dirigida por un Gobierno de unidad nacional, del que formaría parte la burguesía, Gobierno que llevaría a cabo un programa de reconstrucción nacional donde las medias colectivizadoras solo afectarían a las propiedades de la familia Somoza. Para la TI, esta fase era necesaria dada la imposibilidad de avanzar hacia el socialismo en un país económicamente atrasado y dependiente, requiriendo una etapa previa de liberación nacional (Wheelock, 1983 y Monroy, 1997). Al respecto, Humberto Ortega comenta:

El hecho de que no podamos establecer el socialismo inmediatamente después del derrocamiento de Somoza no significa que estemos pensando en implantar el capitalismo al estilo socialdemócrata o sistema de progreso similar; lo que proponemos es un Gobierno popular amplio y democrático; al cual —a pesar de la participación en él de la burguesía— consideramos como un medio y no como un fin, de manera que, a su debido tiempo, se puede avanzar hacia formas de gobierno más genuinamente populares, que garanticen el tránsito al socialismo (Nolán, 1986: 98-99).

Definido el objetivo inmediato de instaurar un Gobierno de unidad nacional una vez derrocado el somocismo, en lo ideológico, Humberto Ortega defendió la necesidad de abandonar, al menos en esta fase, toda referencia al marxismo-leninismo, entendiendo que “adoptando posiciones extremistas en nuestros manifiestos públicos, no saben cómo dirigirse a los sectores burgueses contrarios a Somoza, quienes con sus acciones actuales favorecen objetivamente nuestro movimiento […] (Monroy, 1997: 111).

La insurrección requería para la TI una alianza con la burguesía: “Con el fin de dar alcance nacional a la insurrección, nos fue necesario unir a toda la nación” (Ortega, 1981: 104). A principios de 1977, Humberto y Daniel Ortega se reunieron con el escritor Sergio Ramírez, miembro del FSLN y futuro vicepresidente de Nicaragua durante 1979 a 1990, con el objetivo de trazar una política de alianzas con sectores de la burguesía contraria a la dictadura, trabajo que dio lugar en julio a la constitución del Grupo de los Doce (G-12), con el que el FSLN-I lograba visualizar una alternativa al somocismo por medio de un grupo de personas de las capas medias urbanas, no todas pertenecientes al FSLN47.

De igual modo, el FSLN-I llevó a cabo un trabajo de incorporación a sus filas de una pluralidad de sectores sociales entre los que destacan el cristianismo de base (Víctor Tirado), sacerdotes (Ernesto Cardenal o el español Gaspar García Laviana), teólogos (Miguel D’Escoto), sectores de la socialdemocracia (Fernando y Edmundo Chamorro), empresarios (Joaquín Cuadra), conservadores (Endén Pastora) o estudiantes de extracción burguesa (Mónica Baltodano y Dora Téllez), que convivieron con militantes provenientes del marxismo-leninismo (Humberto Ortega). Posteriormente, todos ellos terminarían siendo comandantes del FSLN y destacados miembros del Gobierno sandinista en la década de los ochenta (Tinelli, 2016).

Por último, el FSLN a instancias de la TI y a través de Sergio Ramírez, desplegó un importante trabajo internacional, dirigido a atraerse el apoyo de gobiernos nacionalistas de Venezuela, México, Costa Rica y Panamá, a la Internacional Socialista europea gobernante en los países nórdicos y Alemania (a partir de los ochenta, con estrechas relaciones con el socialismo gobernante en Francia y España), y sin perder la interlocución privilegiada con Cuba y Fidel Castro (Monroy, 1997; Pozas, 2000).

Entre 1976 y 1978 el debate y enfrentamiento entre tendencias marcaron una fuerte división dentro del FSLN, donde la TGPP y la TP reprocharon a la TI su política de alianzas con la burguesía, acusando a los terceristas de “entregar el movimiento revolucionario en manos de la burguesía reformista”, extendiéndose las críticas en el caso de la TP a las acciones armadas emprendidas por los terceristas en octubre de 1977 y septiembre de 1978, caracterizadas como “aventureras y terrorismo incitante a la acción” (Monroy, 1997: 114).

La respuesta tercerista situaba a las alianzas con la burguesía como una alianza táctica, temporal, donde la hegemonía del movimiento revolucionario correspondía al FSLN, fruto del análisis de experiencias como la chilena de Allende y la necesidad, por un lado, de unir a amplios sectores de la sociedad, y por otro, de tener el control de la violencia revolucionaria contra la dictadura (Monroy, 1997). En palabras de Humberto Ortega:

No se puede decir que hayamos realizado una alianza formal con la burguesía antisomocista. Estamos aprovechando una situación, en la cual ciertos sectores de la burguesía, incapaces de ofrecer alternativas propias, se han acercado a nosotros. El Frente debe ampliar todas las situaciones que contribuyan a la toma del poder (Ortega, 1981: 73).

En el periodo de 1977 y 1978 la TI se convirtió en la mayoritaria en la DN del FSLN, conocida a partir de ahí como “tendencia mayoritaria” (Fernández, 2013). Las razones de la hegemonía tercerista las resume Luis Carrión, de la TP:

Ellos [la TI] supieron crear una caja de resonancia internacional, tanto comunicacional como política. Todo el trabajo que ellos hicieron con Carlos Andrés Pérez, con Torrijos, en México con el PRI, incluso en Costa Rica con Rodrigo Carazo Odio. Dos, supieron explotar el efecto agitacional de las acciones militares mejor que todos los demás. Tal vez lo más simbólico y emblemático fue el ataque al cuartel de Masaya […] Otra cosa que hicieron los terceristas fue que le dieron rostro político al FSLN, con el G-12, con el Frente Sandinista […] Ellos fueron los primeros que firmaron comunicados con sus nombres, nosotros todos con seudónimos, nadie ponía su nombre. Darle un rostro político legal, aunque fuera por un corto tiempo, fue muy útil.

[…] Insistiendo en la política comunicacional48 y el uso político de las acciones armadas, cuando arrancan con el Frente Norte Carlos Fonseca, todas sus acciones fueron exitosas. Sin embargo, disuelven el Frente Norte y mandan a la gente a las ciudades del Pacífico. Esa fue una decisión audaz, muy audaz. [La decisión] deriva de la compresión clara que ellos tenían: el papel principal de las acciones armadas era político. O sea, era multiplicar la resistencia a la dictadura, que la gente pudiera darse cuenta que se podía ganar. Yo creo que, desde 1978, eso ya se sintió. Creo que, por esas mismas razones, lograron un apoyo muy grande de Cuba49 (Luis Carrión, entrevistado por Baltodano, 2010: 428-429, tomo 3).

La reunificación de las tendencias

En septiembre de 1978 Humberto Ortega, Víctor Tirado y Daniel Ortega firman, como DN del FSLN, un llamamiento a la “insurrección popular sandinista” para derrocar a la dictadura y constituir un “Gobierno provisional encabezado por G-12” (FSLN, 1979). Con este llamado a la insurrección, el FSLN-I pretendía no perder la iniciativa política frente a una oposición democrático-burguesa que se veía fortalecida por el presidente Carter, y evitar así un escenario de exclusión del sandinismo ante una posible salida de Somoza del poder. Pero el logro de los objetivos requería la unidad del sandinismo, proceso unitario favorecido por la intervención de Fidel Castro y Omar Torrijos, quienes condicionaron su apoyo a la unidad entre las tendencias (Prieto, 1990; Monroy, 1997; Fernández, 2013).

El proceso de unificación comienza en 1978 y culmina en marzo de 1979, cuando se da a conocer un comunicado de unidad publicado en la revista cubana Bohemia y en la Revista Diálogo Social de Panamá, en el que las diferentes tendencias anuncian la unidad del sandinismo:

El FSLN-GPP, el FSLN-PROLETARIO y el Estado Mayor de la Resistencia Urbana-FSLN-INSURRECCIONAL hemos decidido unir nuestras fuerzas políticas y militares para garantizar que la lucha heroica de nuestro pueblo no sea burlada por las maniobras del imperialismo yanqui y los sectores vendepatria de la burguesía local. Uniremos nuestras fuerzas para impulsar la lucha armada revolucionaria hasta que la dictadura militar somocista sea definitivamente derrocada y se instaure en nuestra patria un régimen auténticamente democrático que garantice la soberanía nacional y el progreso socioeconómico de nuestro pueblo trabajador. La Unidad Sandinista que hoy nos comprometemos a reforzar cada día más será la indiscutible garantía de la victoria popular (FSLN, 1979).

Junto al comunicado se presenta una nueva dirección el Frente Sandinista, bajo la denominación dirección Nacional Conjunta (DNC), integrada por nueve comandantes, tres por cada tendencia: Daniel Ortega, Humberto Ortega y Víctor Tirado representaban a la TI; Henry Ruiz, Tomás Borge y Bayardo Arce Castaño representaban a la GPP; y Jaime Wheelock, Luis Carrión y Carlos Núñez, a la TP.

Los mandos militares fueron unificados, así como las diferentes estructuras urbanas y organizaciones sociales50, convergiendo las tres tendencias en una sola expresión política, el Movimiento Pueblo Unido (MPU), decretando la DNC la “ofensiva final”, la cual concluirá con la huida del dictador y la entrada del FSLN en Managua el 19 de julio de 1979, tras la cual se formaría una Junta de Gobierno por la Reconstrucción Nacional en la que participaron todos los sectores antisomocistas y que estaba encabezada por Daniel Ortega.

La DNC pasó a ser el órgano rector de la política en Nicaragua durante la década de los ochenta hasta la derrota del FSLN en las elecciones de 1990. A partir de la victoria de la RPS, los debates y divergencias entre las antiguas tendencias dejaron de ser públicos, las decisiones en la DNC pasaron a ser tomadas por consenso y el discurso público de los nueve comandantes expresaba la desaparición de toda divergencia (López et al., 1980; Wheelock, 1983; Harris y Vilas, 1985; Ivernizzi et al., 1986; Prieto, 1990; Baltodano, 2010). Sin embargo, las diferencias entre tendencias continuaron y marcaron discrepancias sobre los objetivos y el rumbo que debía tomar la RPS y que se hicieron notorias con la derrota electoral de 1990.

Estas diferencias permiten entender por qué la unificación de las tres tendencias estuvo más cercana a la unidad de acción que a la verdadera unidad política del sandinismo, y cómo las mismas constituyeron verdaderas fracciones o, como expresa la comandante sandinista, hoy opositora al Gobierno de Daniel Ortega, Dora María Téllez “deberíamos empezar a hablar en términos de organizaciones, en vez de tendencias” (Fernández, 2013: 24).

Así lo explica Henry Ruíz, quien fuera ministro de Planificación: “Yo siempre tengo de referencia el llamado Programa Histórico del Frente Sandinista […] era el que me daba por dónde guiar la economía política […] La Dirección Nacional Conjunta eso fue corporativo, nunca hubo esa unidad […] esa correlación de fuerzas estaba dominada por Ortega” (Fernández, 2013: 21).

Otro de los comandantes que formaba parte de la DNC y ministro para la Reforma Agraria, Jaime Wheelock, expresa por su parte:

Las discusiones [dentro de la DNC] se daban en principio en torno a la hegemonía política y militar. Siempre fue […] consideraba que algunos deberían estar pues en posiciones de mayor poder que otros como lo bien fue los de la GPP con respecto al proletario [se refiere a la TP], aquel que estuvo afuera [del país] todo el tiempo y estos tienen más peso que estuvieron aquí en la lucha […]. Afortunadamente, logramos nosotros, los proletarios y terceristas, conformar una correlación de fuerzas [que] fue la que le dio estabilidad y el peso a una conducción determinada y la que hizo que Daniel Ortega fuera coordinador de la Junta [de Gobierno de Reconstrucción Nacional], Humberto, del Ejército y yo estuviera […] en la parte económica (Fernández, 2013: 22-23).

Así, las diferencias entre las antiguas tendencias continuaron durante la RPS, impactando en el proceso revolucionario y la propia evolución posterior del FSLN (Kruijt, 2009).

Conclusiones

La Revolución nicaragüense fue un hecho significativo en la historia de América Latina, cuya huella sigue presente en forma de debates y controversias acerca de su legado al cumplirse el cuadragésimo aniversario del triunfo de la RPS, en un contexto marcado por la peor crisis social y política que vive el país desde el retorno del FSLN al poder en enero de 2007.

El triunfo sandinista en 1979 supuso la última experiencia de toma del poder por parte de un movimiento guerrillero, veinte años después de la experiencia cubana, en un momento en el que comenzaba el declive de la Unión Soviética y la hegemonía neoliberal a nivel mundial. Con un discurso político moderado, un amplio apoyo regional y con la participación de todos los sectores antisomocistas, el Frente Sandinista logró derrocar a una de las dictaduras más cruentas de la región.

En la historia de Nicaragua, la aparición del FSLN marcó el final del tradicional conflicto político intraoligárquico, dando protagonismo a nuevos sectores sociales que se conformaron en el marco de las transformaciones del capitalismo en el país. Así, el sandinismo logró unir en una misma organización el legado histórico de Sandino, el marxismo y las corrientes ideológicas provenientes de la nueva izquierda latinoamericana posterior a la Revolución cubana, las revoluciones del 68 y la teología de la liberación, en un país donde el uso de la vía armada contaba con un tradicional arraigo.

A diferencia de las guerrillas tradicionales protagonizadas por sectores de la oligarquía liberal o conservadora, el Frente Sandinista construyó una organización político-militar estable, dotada de un cuerpo teórico y programático y que, a pesar de la represión, contó con un importante apoyo en el interior del país. A lo largo de su periodo guerrillero, el FSLN demostró su capacidad de llevar a cabo tácticas y estrategias diferentes que permitieron adaptar la Revolución sandinista a los diferentes escenarios políticos y geopolíticos que se dieron en el país y en la región.

Durante los dieciocho años de experiencia guerrillera, el FSLN evolucionó de guerrilla a partido político, de una composición campesina al predominio pluriclasista, de la centralidad de la lucha armada a la prioridad política, del mito de la montaña a la insurrección urbana. Igualmente, el FSLN se caracterizó por un intenso debate acerca de los principios políticos y militares que debía seguir la organización, adoptando a lo largo de su historia la práctica foquista, la teoría de la guerra popular prolongada y la revisión hecha por la estrategia de guerrilla urbana, cambios y transformaciones que dieron lugar a uno de los debates ideológicos más intensos y ricos dentro de la izquierda revolucionaria de la región, que hacen del FSLN un caso único.

El FSLN adoptó diferentes enfoques sobre la guerra revolucionaria, expresión de una heterogeneidad ideológica y de clase que terminó fraccionando al sandinismo en diferentes tendencias, conformando verdaderas organizaciones independientes con visiones contrapuestas acerca del valor de la lucha armada, de cuál era el sujeto popular de la revolución, la política de alianzas a seguir y el concepto de revolución a desarrollar.

Las diferencias entre las tendencias continuaron una vez producida la unificación, hecho poco estudiado y que plantea la necesidad de futuras investigaciones, que aportarían nuevas pautas interpretativas sobre cuáles fueron los debates sobre el rumbo a seguir por la Revolución sandinista en la década de los ochenta, las fracturas producidas dentro del sandinismo después de la derrota electoral de 1990 y la posterior evolución del FSLN en la actualidad.

Bibliografía

Ágreda Portero, J. M. (2013): “Una aproximación a la historiografía sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional, 1961-1979”, Historiografías, 6, julio-diciembre, pp. 77-103.

— (2015): “¿Sandino sandinista? Una aproximación a la evolución ideológica de la Revolución Nicaragüense (1926-1979)”, en P. Calvo González (coord.), Discursos e ideologías de derechas e izquierdas en América Latina y Europa, Universidad de Santiago de Compostela, pp. 231-247.

Arias, P. (1981): Nicaragua: Revolución. Relatos de combatientes del Frente Sandinista, Siglo XXI, México.

Baltodano, M. (2010): Memorias de la lucha sandinista, tomos 1, 2 y 3, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA), Managua.

Borge, T. (1983): Apuntes iniciales sobre el FSLN, Ediciones Dirección Política, Ministerio del Interior, Managua.

— (1989): La Paciente Impaciencia, Editorial Vanguardia, Managua.

Carmona, F. (1980): Nicaragua: la estrategia de la victoria, Nuestro Tiempo, México.

Debray, R. (1967): Revolución en Revolución, Ediciones Sandino, Montevideo.

— (1975): La crítica de las armas, Editorial Siglo XXI, Madrid.

Fernández Hellmund, P. (2013): “La fractura del movimiento revolucionario: tendencias dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional”, XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza [disponible en http://aacademica.org/000-010/420].

Fonseca, C. (1985): Bajo la bandera del sandinismo, tomos 1 y 2, Editorial Nueva Nicaragua, Managua.

Forno González, F. (2017): La Revolución frustrada: triunfo y derrota del sandinismo [trabajo fin de Master dirigido por Fidel Gómez Ochoa], Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cantabria [disponible en https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/12238/FornoFernandezImanol.pdf?sequence=1&isAllowed=y].

Frente Sandinista de Liberación Nacional (1966): Programa Histórico del FSLN, Centro de Documentación sobre Movimientos Armados, CEDEMA [disponible en http://www.cedema.org/ver.php?id=3399].

— (1978): Ha llegado la hora de la insurrección Popular sandinista, Centro de Documentación sobre Movimientos Armados, CEDEMA [disponible en http://www.cedema.org/ver.php?id=3482]

— (1979): Comunicado unitario de las tres tendencias sandinistas, Centro de Documentación sobre Movimientos Armados, CEDEMA [disponible en http://www.cedema.org/ver.php?id=3641]

González Calleja, E. (2017): Asalto al poder. La violencia política organizada y las ciencias sociales, Editorial Siglo XXI, Madrid.

Harris, R. y Vilas, C. (comps.) (1985): La Revolución en Nicaragua. Liberación nacional, democracia popular y transformación económica, Ediciones Era, México.

Hernández Ruigómez, M. (2012): La Nicaragua sandinista y las elecciones de febrero de 1990: transición a la democracia o alternancia democrática [tesis doctoral inédita], Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia [disponible en https://eprints.ucm.es/15834/1/T33179.pdf]

Invernizzi, G.; Pisani, F. y Cebeiro, J. (1986): Sandinistas. Entrevistas a Humberto Ortega Saavedra, Jaime Wheelock Román y Bayardo Arce Castaño, Editorial Vanguardia, Managua.

Kruijt, D. (2009): Guerrilla: guerra y paz en Centroamérica, F&G Editores, Guatemala.

López, J.; Núñez, O.; Chamorro, C. F. y Serres, P. (1980): La caída del somocismo y la lucha sandinista en Nicaragua, Editorial Universitaria Centroamericana, Costa Rica.

Martí i Puig, S. (2002): La izquierda revolucionaria en Centroamérica: el FSLN desde su fundación a la insurrección popular, WP nº 203, Institut de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

— (2012): Nicaragua (1979-1990), La Revolución Enredada, Los Libros de la Catarata, Madrid.

Martín Álvarez, A. y Rey Tristán, E. (2012): “La oleada revolucionaria latinoamericana contemporánea, 1959-1996. Definición, caracterización y algunas claves para su análisis”, Navega@mérica. Revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas, nº 9, Universidad de Murcia [disponible en https://revistas.um.es/navegamerica/article/view/161591/141091].

Marx, K. et al. (1980): La Lucha de Guerrilla, Biblioteca Júcar, Madrid, pp, 151-189.

Monroy García, J. (1997): Tendencias ideológicas-políticas el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 1975-1990, UAEM, México.

Nolan, d. (1984): The ideology of the Sandinistas and nicaraguan revolution, University of Miami.

Núñez Soto, O. (1987): Transición y lucha de clases en Nicaragua 1979-1986, Editorial Siglo XXI, México.

Ortega Saavedra, H. (1981): Sobre la insurrección, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.

— (1986): 50 años de lucha sandinista, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.

Pozas Pardo, S. (2000): Nicaragua (1979-1990). Actor singular de las relaciones internacionales en el final de la Guerra Fría, Universidad del País Vasco, Facultad de Derecho [tesis doctoral inédita dirigida por Francisco Aldecoa Luzurraga] [disponible en https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/12322/pozas%20pardo.pdf?sequence=1&isAllowed=y].

Prieto, A. (1990): Guerrillas contemporáneas en América Latina, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.

Rey, T. (2016): “Del etapismo a la inmediatez. Debates en torno a la idea de revolución en América Latina a partir de 1959”, Sémata, Ciencias Sociais e Humanidades, vol. 28, Universidad de Santiago de Compostela, pp. 363-388.

Romero Wimer, F. (2010): “El pensamiento antiimperialista en Sandino, Fonseca y Wheelock”, X Congreso Centroamericano de Historia, Managua, UNAM [disponible en http://www.cedema.org/uploads/Romero_Wimer.pdf].

Tinelli, G. (2016): La cultura política del sandinismo: nacimiento, desarrollo y realineamiento de una anomalía política centroamericana [tesis doctoral inédita dirigida por Secundino González Marreo], Universidad Complutense de Madrid, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset [disponible en https://eprints.ucm.es/38007/1/T37309.pdf].

Tsé Tung, M. (1976): “Sobre la guerra prolongada”, en Mao Tse Tung, Obras Escogidas, Ediciones en lenguas extranjeras, Pekín, tomo II, pp. 113-200.

Vilas, C. (1984): Perfiles de la Revolución Sandinista, Editorial Casa de las Américas, La Habana.

Vo Nguyen Giàp (1971): Guerra del pueblo, Ejército del pueblo, Editorial Era, México.

Wheelock Román, J. (1978): “Entrevista a Jaime Wheelock Román”, Revista Diálogo Social de Panamá [disponible en http://www.cedema.org/ver.php?id=3399].

— (1980): Imperialismo y dictadura. Crisis de una formación social, Editorial Siglo XXI, México.

— (1983): El gran desafío. Entrevista por Marta Harnecker, Editorial Nueva Nicaragua, Managua.

CAPÍTULO 3

FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL (FMLN)

Fernando Harto de Vera

Introducción

Cuando se contempla el transcurrir de los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que constituyen la red de interacciones que denominamos historia, del relato lineal emergen coyunturas y momentos en los que confluyen una serie de elementos que los configuran como puntos de referencia que marcan un hito. Son hechos y acontecimientos que constituyen un antes y un después.

La década de los ochenta en la historia de la región centroamericana es, sin duda, una situación de este tipo. Se abre con el triunfo de la Revolución popular sandinista en julio de 1979 en Nicaragua. Continúa con la ofensiva del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador en enero de 1981, que, si bien fracasa en el objetivo de tomar el poder, es el punto de partida para desarrollar a lo largo de once años de guerra civil un proceso de acumulación de recursos político-militares que impiden la derrota de las fuerzas insurgentes por parte del Ejército salvadoreño (Harto, 1991). El final de la guerra civil en El Salvador se produjo a través de un proceso de paz que culminó con la firma de los Acuerdos de Chapultepec en enero de 1992. Durante estos once años, tanto la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) como el FMLN experimentaron un conjunto de cambios que los transformaron en enemigos. El objetivo de este trabajo es dar cuenta de cuáles fueron las características, dinámicas y procesos principales que hicieron posible esta transformación para uno de los dos actores que la protagonizaron.

Origen del fmln

El FMLN nace oficialmente en el año 1980 como consecuencia de la unificación en torno a estas siglas de cinco organizaciones político-militares que o bien habían surgido en la década de los setenta o, como en el caso del Partido Comunista Salvadoreño, habían decidido en ese momento histórico adoptar la estrategia de la lucha armada, aunque su fundación se remontaba a la década de los años treinta del siglo XX. Estas cinco organizaciones eran:

Las Fuerzas Populares de Liberación (FPL).

El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La Resistencia Nacional (RN).

El Partido Comunista Salvadoreño (PCS).

El Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC).

La génesis de estas organizaciones es la versión salvadoreña de un fenómeno latinoamericano que se denominó la “nueva izquierda” (Rodríguez Elizondo). El origen de la nueva izquierda hay que situarlo en el impacto que tuvo la Revolución cubana en el seno de la izquierda comunista latinoamericana. El triunfo de los revolucionarios de Sierra Maestra hizo que dentro de los partidos comunistas latinoamericanos se abriera con fuerza un debate que trataba de dar respuesta al siguiente interrogante: ¿la estrategia del Movimiento 26 de Julio marca el camino a seguir por la revolución en el continente o, por el contrario, la lucha armada solo ha tenido éxito por las particulares condiciones de la isla y más que una regla se trata de una excepción?

La respuesta que se le dio a partir del 1 de enero de 1959 a esta pregunta escindió al comunismo latinoamericano en dos bandos. De un lado, el aparato de los partidos comunistas latinoamericanos, junto con la mayoría de la militancia, se adscribió a la tesis que desde Moscú se patrocinaba y que mantenía que América Latina, debido a su atraso estructural, que la configuraba como un conjunto de formaciones sociales de carácter feudal y no capitalista, no se encontraba en una etapa en la que fuera posible la lucha por el socialismo. Por tanto, antes de plantearse la lucha armada revolucionaria, era necesario atravesar por una etapa previa democrático-burguesa en la que las tareas de la revolución serían la superación del feudalismo y el desarrollo del capitalismo: un paso necesario para que surgiera un proletariado que se convirtiera en el sujeto revolucionario capaz de conducir con éxito la revolución socialista.

De este diagnóstico se deducía una estrategia política y de alianzas que descartaba por prematura la lucha armada por el socialismo y que privilegiaba la lucha legal y electoral, procurando la alianza con los sectores democráticos de la burguesía nacional para enfrentar a la oligarquía feudal en la tarea de traer a América Latina el capitalismo, en lo económico, y las libertades de la democracia burguesa, en lo político.

Frente a esta lectura, un sector minoritario de los partidos comunistas latinoamericanos, compuesto por la juventudes, estudiantes y sectores profesionales urbanos, mantenía que precisamente el que la revolución hubiera cuajado en un país como Cuba, de los más atrasados y sometido a un altísimo grado de dominio imperialista por parte de los Estados Unidos, revelaba que la tesis etapista, formulada por Stalin y aceptada con entusiasmo por los partidos comunistas latinoamericanos desde la década de los años treinta del siglo XX, era un análisis erróneo.

Otra manera de hacer la revolución era posible y Cuba marcaba el camino. Frente a los métodos de lucha electorales que llevaban en ese momento más de dos décadas de emplearse y no habían producido ningún triunfo, los revolucionarios cubanos demostraban con la contundencia de los hechos consumados que la lucha armada llevaba a la victoria y que no era necesaria ninguna etapa previa de democracia burguesa. En un solo acto, si se adoptaba la estrategia cubana, era posible el triunfo de la revolución hegemonizada por los comunistas y que realizaría simultáneamente tanto las tareas democrático-burguesas como las propias del establecimiento del socialismo. El enemigo era tanto la oligarquía como la burguesía.

La nueva izquierda latinoamericana que surge de este debate en los años sesenta en América Latina conformó organizaciones político-militares que se lanzaron a la lucha armada y formaron las guerrillas, que más que intentar crear “un, dos, tres Vietnams”, como dijo el Che, lo que tuvieron como objetivo era emular el triunfo revolucionario cubano en el continente. Ideológicamente, los aportes teóricos con los que construyeron su marco interpretativo fueron diversos. Desde una actitud ecléctica procedieron a amalgamar elementos de procedencia tan diversa como el nacionalismo (Bolívar, Artigas, Martí), el guevarismo y el castrismo, autores premarxistas (Bakunin, Babeuf, Blanqui), intelectuales radicales (Wright Mills, Marcuse) y autores marxistas (Stalin, Trotsky, Lenin, Mao).

En El Salvador, en abril de 1970, Salvador Cayetano Carpio, el entonces secretario general del PCS, se encuentra influido por este nuevo clima de época, así como por la violenta represión con la que el régimen había enfrentado dos años atrás una huelga magisterial y la posición del PCS en la guerra contra Honduras de 1969 apoyando al Gobierno militar. Dos factores que se combinaron para que se lanzara a la fundación de las FPL la más antigua de las organizaciones político-militares que años después constituirían el FMLN51.

La segunda de las organizaciones político-militares (en sentido cronológico) que surgió fue el ERP, fundado el 2 de marzo de 1972. En su formación confluyeron activistas que provenían de tres orígenes: a) “el grupo”, formado por estudiantes universitarios que provenían de organizaciones vinculadas a las comunidades de base de la Iglesia católica b) Comandos Organizadores del Pueblo, grupúsculo integrado también por estudiantes universitarios y c) estudiantes de secundaria del Instituto Obrero Celestino Castro vinculados al PCS (Martín, 2012: 152-153). El ERP sería la organización matriz de la que se desgajarían mediante dos escisiones la RN y el PRTC.

La primera escisión se produce en el mes de mayo de 1975. El motivo que dio lugar a esta escisión se explica en que, desde sus inicios, el ERP se caracterizó por ser una organización muy militarista, centrada en su propio crecimiento y con escasa relación con el movimiento popular. Esta línea de aislamiento fue cuestionada por un grupo de militantes entre los que se encontraban el poeta Roque Dalton y el obrero Armando Arteaga, que propugnaban una estrategia política de apertura hacia la sociedad civil que rompiera con el aislamiento y abriera la organización hacia la confluencia con el movimiento popular. El debate entre estas dos posiciones se saldó con el asesinato de ambos militantes ordenado por la dirigencia del ERP bajo la acusación de ser agentes de la CIA. La reacción por parte de un grupo encabezado por Ernesto Jovel, Lil Milagro Ramírez y Eduardo Sancho fue la de abandonar la organización y fundar la RN (Martín, 2012: 153-154).

La segunda escisión tiene lugar en el mes de enero de 1976, cuando un grupo de militantes del ERP, entre los que se encontraban Fabio Castillo, Francisco Jovel, María Marta Valladares, Mario López y Roberto Galeano, da lugar a la fundación del PRTC. Previamente a esta fundación, este grupo, a lo largo de los años 1973 y 1974, había abandonado el ERP para crear la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), embrión del futuro PRTC. Las discrepancias ideológicas que lleva a este grupo a alejarse del ERP tenían que ver con la concepción de la revolución por cuanto propugnaban que era inviable la realización de la revolución en un solo país centroamericano y que, por lo tanto, el escenario debería englobar a todos los países del istmo. Es por eso que el PRTC se funda como una organización de ámbito centroamericano y que tendría presencia en Costa Rica, Honduras y Guatemala (Martín, 2012: 154).

Por último, el PCS, después de la escisión que supusieron las FPL, vio como a medida que avanzaba la década de los setenta del siglo pasado, cada vez era más estrecho el margen que quedaba para los métodos legales de lucha. En efecto, los fraudes electorales de las elecciones presidenciales de 1972 y 1977, por los que los militares impidieron que asumiera el Gobierno la oposición agrupada en la coalición electoral Unión Nacional Opositora (UNO) —de la que formaban parte los comunistas— unida al aumento de la represión fue abriendo paulatinamente dentro del PCS la opción de la lucha armada como la única estrategia viable. Así, en abril de 1977 se discute por primera vez la posibilidad de que el partido militarizara sus estructuras. Debate que se prolonga por espacio de dos años hasta que en el VII Congreso, celebrado en el mes de abril de 1979, se toma efectivamente la decisión de crear una estructura armada bajo el nombre de Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) (Martín, 2012: 154).

Así pues, a finales de la década de los setenta El Salvador vivía una situación caracterizada por un cierre de los espacios político-institucionales, un aumento de la movilización política y social, un crecimiento de las organizaciones político-militares y una situación de incremento exponencial de la represión y la violencia estatal. En el ámbito del contexto internacional, el 19 de julio de 1979 se había producido el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, como consecuencia de la unificación de las tres tendencias en las que tradicionalmente se había divido el sandinismo. La lectura de que solo la unidad de las fuerzas revolucionarias era la que permitía el triunfo estuvo muy presente en el escenario político salvadoreño. Un segundo factor que también influyó en la convergencia organizativa de las cinco organizaciones político-militares en El Salvador fue, sin duda, la posición en pro de la unificación que el Gobierno cubano, y más específicamente Fidel Castro, transmitieron a la izquierda revolucionaria salvadoreña.

La posición no podía ser más clara: si los revolucionarios salvadoreños querían contar con el respaldo cubano que le abría la puerta al apoyo de Nicaragua como retaguardia estratégica y a los insumos provenientes de los países del campo socialista, la condición sine qua non era la unidad. Así las cosas, el proceso de unificación comenzó a mediados de 1979. Las conversaciones entre PCS, RN y FPL fructificaron y en diciembre de ese año se creó la primera estructura que agrupaba a estas tres organizaciones: la Coordinadora Político-Militar. La incorporación del ERP vendría en mayo de 1980 con la fundación de la Dirección Revolucionaria Unificada, que aglutinó a las cuatro organizaciones, constituyéndose en el antecedente directo del FMLN fundado el 10 de octubre de 1980. Por último, el PRTC se incorporaría al FMLN en diciembre de ese año, completándose así el proceso de unificación orgánica de las cinco organizaciones político-militares que constituirían la izquierda revolucionaria salvadoreña durante la década de los ochenta (Martín, 2012: 157).

Fundamentos ideológicos

Existe unanimidad entre la comunidad de científicos sociales en considerar que el FMLN ha hecho gala a lo largo de su historia de una considerable flexibilidad en términos ideológicos que le ha llevado a experimentar un proceso de evolución a través de los ya casi cuarenta años de su existencia. En efecto, para algunos este proceso puede ser calificado como de “articulación de los fines” (Martín, 2004), otros se refieren al mismo en términos de “socialdemocratización” (Torres, 2008) y los hay también que lo califican de “modernización y aprendizaje” (Zinecker, 2014). Esta moderación ideológica ha atravesado por una serie de etapas y fases que se exponen a continuación.

Los orígenes: de las cinco organizaciones al FMLN (1970-1980)

Como ya hemos dicho más arriba, el código ideológico con el que nacen las organizaciones político-militares salvadoreñas en la década de los setenta del pasado siglo está en plena sintonía con las coordenadas en las que se movió la nueva izquierda latinoamericana. Esto es, se trataba de organizaciones que se consideraban a sí mismas como “partidos de vanguardia” en el sentido leninista. Consecuentemente rechazaban la “democracia burguesa” y contemplaban como único método de acceso al poder la lucha armada, haciendo del repudio de las elecciones una de las señas de identidad y de las ideas fuerza de su mensaje. El objetivo era la revolución socialista como proyecto de transformación profunda de la totalidad del orden en términos políticos, sociales, económicos y culturales (Martín, 2006: 98-99).

Sin embargo, de acuerdo con la caracterización de Rodríguez (1990), una de las peculiaridades de la forma de elaboración y construcción del pensamiento de la nueva izquierda fue el eclecticismo y la creatividad en oposición a la rígida ortodoxia de los partidos comunistas tradicionales que se limitaban a reproducir mecánicamente los análisis y consignas emitidos por la Unión Soviética. Pues bien, en el caso salvadoreño el eclecticismo y la creatividad están plenamente presentes. En primer lugar, la aportación del cristianismo de base sintetizado en la “opción preferencial por los pobres” de la teología de la liberación se encuentra muy enraizado en la praxis y mecanismos de socialización de los cuadros políticos que fundaron las organizaciones político-militares. En segundo lugar, el ambiente cultural que se vivía en los medios universitarios salvadoreños de los años setenta del siglo XX estaba en plena sintonía con la contracultura del Mayo del 68 francés. Así pues, los ingredientes fundamentales con los que se elaboró la ideología de la izquierda revolucionaria salvadoreña fueron el marxismo-leninismo, la teología de la liberación y la contracultura sesentayochista (Martín, 2012).

Ahora bien, este ideario podríamos considerarlo como el “programa máximo” del movimiento revolucionario que había que adaptar a la coyuntura que se estuviera viviendo siguiendo la máxima leninista “análisis concreto de la situación concreta”. Por eso, cuando a comienzos de la década de los ochenta se vive un momento de intensificación de la movilización política, la izquierda armada salvadoreña, ya unificada en torno a las siglas del FMLN, llega a una alianza con la izquierda política no armada agrupada en torno al Frente Democrático Revolucionario (FDR)52 y con la izquierda social.

Fruto de esta amplia política de alianzas, el FMLN adopta como su programa político la Plataforma Programática del Gobierno Democrático Revolucionario (febrero de 1980), y en él podía leerse lo siguiente: “[…] Esta revolución es, por ello, popular, democrática, antioligárquica y busca conquistar la efectiva y verdadera independencia nacional […] Esta revolución que está en marcha, no es, ni podrá ser, la obra de un grupo de conspiradores; por el contrario, es el fruto de la lucha de todo el pueblo, es decir, de los obreros, de los campesinos, de las capas medias en general y todos los sectores y personas honestamente democráticas y patrióticas”. Como medidas concretas, se proponían, entre otras, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la nacionalización del sector energético, la reforma agraria, el fomento a la pequeña y mediana empresa, así como una reforma del sistema tributario que se basara más en los impuestos directos que en los indirectos. Como puede observarse, se trataba de un programa de gobierno de corte socialdemócrata del que estaba ausente cualquier alusión al socialismo o a una revolución marxista-leninista. La influencia de la experiencia nicaragüense con el proyecto del primer ejecutivo de la Revolución sandinista, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, era patente en este programa. De este modo, desde los inicios el FMLN hizo gala de una notable flexibilidad ideológica que le llevaba a compatibilizar sus aspiraciones de una revolución socialista con una praxis posibilista de defensa de un programa notablemente moderado.

Los años de la guerra: de la ‘ofensiva final’
a la ‘ofensiva general’ (1981-1989)

La ofensiva final lanzada por el FMLN el 10 de enero de 1981 fracasó en su propósito de toma del poder y abrió un periodo de guerra civil que se extendería hasta la firma de los Acuerdos de Chapultepec, que pusieron fin a la confrontación en enero de 1992. Durante los primeros años de la guerra civil, la estrategia de la insurgencia fue de confrontación total en la creencia absoluta de que la victoria era posible e inevitable. Sin embargo, a partir de 1983 fue evidente que la victoria no iba a producirse a corto plazo. Esta constatación llevó al FMLN a volver a modular sus lineamientos político-ideológicos, lanzando en enero de 1984 un documento titulado “Propuesta de integración y plataforma del Gobierno provisional de amplia participación”.

En términos de proyecto ideológico y programático, este documento volvía a insistir en la misma dirección de moderación que la dibujada por la Plataforma Programática del Gobierno Democrático Revolucionario de cuatro años atrás. La novedad consistía en que se admitía, al menos implícitamente, que el objetivo ya no era la victoria revolucionaria, sino la consecución de la paz. Y que, por lo tanto, lo que se proponía era la puesta en marcha de un proceso de diálogo y negociación que llevara al alto el fuego y la convocatoria de elecciones. A partir de este momento y durante los cinco años siguientes se produjeron diversas rondas de diálogo entre el FMLN y el Gobierno salvadoreño, que tuvieron un carácter más táctico que sustantivo puesto que ninguna de las dos partes tenía como objetivo real del proceso la consecución de la paz, sino otros como la legitimación delante de la opinión pública. Pero desde la perspectiva de la evolución ideológica de la insurgencia, el proceso de modulación, moderación o articulación de sus fines se profundizó. Un hecho que sin duda contribuyó en buena medida a esta evolución fue la firma de los Acuerdos de Esquipulas II en agosto de 1987.

En efecto, la dinámica de desescalada del conflicto que tanto a nivel regional como nacional se inauguró a partir de esta fecha en el caso de El Salvador llevó a que las fuerzas políticas que constituían el FDR, aliado estratégico del FMLN, emergieran de la clandestinidad y constituyeran una nueva coalición, la Convergencia Democrática (CD), con el objetivo de presentarse a las elecciones. Este cambio de posición de los aliados políticos de la insurgencia colisionaba frontalmente con la posición de rechazo a las elecciones sostenida hasta ese momento por el FMLN. La reacción de la guerrilla fue la reconsideración de su postura y así, con ocasión de la convocatoria de elecciones presidenciales de marzo de 1989, en enero de ese mismo año dio a la luz un documento titulado “Propuesta del FMLN para convertir las elecciones en una contribución a la paz”. En esta propuesta, la insurgencia pedía un aplazamiento de los comicios. A cambio estaba dispuesta a no boicotear las elecciones, así como a llamar a sus bases a votar por las candidaturas de la CD. Esta posición significaba un paso más en la evolución ideológica hacia la moderación, puesto que, por primera vez desde que comenzó la guerra, el FMLN admitía la legitimidad de las instituciones y se mostraba dispuesto a participar en la dinámica electoral. Finalmente, el Gobierno no aceptó y las elecciones se celebraron dando como triunfador al candidato Alfredo Cristiani de la ultraderechista ARENA.

La “ofensiva general” de noviembre de 1989 que cierra esta etapa tuvo como objetivo no tanto el triunfo como demostrar la fortaleza de la insurgencia para obligar al Gobierno a sentarse a la mesa de negociaciones. Y en este sentido, la escalada militar que significó la ofensiva no se tradujo en una radicalización que interrumpiera el proceso de moderación ideológica del que venimos dando cuenta. Por el contrario, esta evolución se mostró como irreversible y se consolidó en la siguiente etapa.

El proceso de paz: de la Agenda de Ginebra
a los Acuerdos de Chapultepec (1990-1992)

En los dos años en los que se fue armando el complicado puzle de los Acuerdos de Chapultepec que pusieron fin a la guerra civil, el FMLN dio sobradas muestras de realismo y moderación. De hecho, si se examina el capítulo 5 de los Acuerdos referido a los aspectos económicos y sociales, su contenido expresa una rebaja si lo comparamos con las posiciones programáticas que el Frente había hecho públicas en los años ochenta. En efecto, medidas como la nacionalización de la banca, el comercio exterior y el sector energético se abandonan. En su lugar, este capítulo se concentraba en el problema agrario, créditos para el sector agropecuario, medidas para aliviar el costo social de los programas de ajuste estructural, formas convenientes para la cooperación externa directa destinada a impulsar proyectos de asistencia y desarrollo de las comunidades y la creación de un Foro para la Concertación Económica y un Plan de Reconstrucción Nacional.

De igual modo, los capítulos 3 y 4, referidos a los sistemas judicial y electoral, contienen una serie de medidas destinadas a implementar y reforzar el Estado de derecho. En definitiva, el proyecto de país que suscribió el FMLN consistió en la puesta en marcha de un proceso de modernización económica y política que se encuadraba plenamente dentro de los parámetros del capitalismo y de la democracia liberal occidental.

El FMLN como partido político: de la legalización
a la Presidencia de la República (1992-2019)

Como consecuencia de la aplicación del capítulo 6 de los Acuerdos de Paz, el FMLN fue legalizado como partido político el 1 de septiembre de 199253. Los primeros años de la posguerra salvadoreña fueron un momento en el que las tensiones entre las cinco organizaciones integrantes del Frente estallaron públicamente. Una vez desaparecida la necesidad de disciplina que imponía la guerra, el debate sobre cuál debía ser el programa político que guiaría la praxis en la nueva situación democrática se constituyó en un caballo de batalla. Alrededor de esta cuestión, las posiciones se polarizaron en torno a las FPL, de un lado, y el ERP, de otro. Mientras que el ERP junto con la RN planteaban abiertamente la necesidad de que el FMLN abandonara el marxismo-leninismo y se definiera como una fuerza política socialdemócrata, las FPL, junto con el PCS y el PRTC eran más reacias a la socialdemocratización (Martín, 2006: 113-114). La pugna entre ambos sectores se hizo pública cuando con ocasión de la conformación de la mesa de la Asamblea legislativa tras las elecciones de marzo de 1994, los diputados del ERP y la RN mostraron su discrepancia con el resto del grupo parlamentario del FMLN. A partir de aquí, la polémica se tornó agria y finalmente, en 1995, los siete diputados de ambas organizaciones abandonaron el Frente para dar lugar a la formación de una nueva fuerza política, el Partido Demócrata (PD), de orientación socialdemócrata y vida efímera, puesto que desapareció en las elecciones de 1997, al no lograr superar la barrera electoral del 3 por ciento. Tras su desaparición, los militantes del PD se repartieron entre el Partido Socialdemócrata y la CD.

Durante los primeros 12 años de vida como partido político (hasta 2004), el FMLN vivió un proceso de pugnas internas que tenían que ver tanto con qué fracción se hacía con el control de la organización como con la definición ideológica. Por lo que se refiere a la dimensión ideológica, los dos documentos básicos que contienen el perfil del proyecto político de la organización son los Estatutos del Partido y la Carta de Principios y Objetivos54.

La tabla I contiene una síntesis de los rasgos que ambos documentos señalan como la definición ideológica de la organización. Así, el FMLN se posiciona como un partido de izquierda democrática y revolucionaria cuyo fin último es la transformación del sistema capitalista y su sustitución por el socialismo —único proyecto en el que se garantiza la igualdad económica, política y social, así como la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente—. En esta caracterización del socialismo no aparece ninguna referencia al concepto bolivariano de “socialismo del siglo XXI”. Asimismo, es de destacar la apuesta que se hace por el “patriotismo”, concepto que viene a sustituir al antiguo “antiimperialismo” y que se concreta en una defensa de los valores culturales autóctonos tanto salvadoreños como centroamericanos. Los derechos humanos ocupan un lugar central en el ideario, que hace de su defensa uno de los principios que justifican la existencia del partido y denuncia la incompatibilidad entre estos y el capitalismo por tratarse de un sistema basado en la explotación y por tanto en la negación de los mismos para las grandes mayorías. Por último, se destaca el compromiso con la democracia no solo entendida en un sentido representativo o liberal del término, sino además en su sentido republicano planteando la necesidad de profundizar en los mecanismos de participación de la población en la toma de decisiones. Asimismo, la defensa de la democracia participativa se realiza también al interior de la organización, subrayando la importancia del debate, la participación de la militancia y, específicamente, la defensa de un enfoque de género en el funcionamiento interno (Hernández, 2013).

Tabla 1

Resumen de las ideas principales y del ideario fundacional
del FMLN como partido político

Ideología

Izquierda: defensa del socialismo = orden justo.

Ataque al capitalismo.

Exaltación de lo local

Patriotismo: un partido con “profundas raíces nacionales”
(no aparece “imperialismo yanqui”).

Unidad nacional.

Derechos humanos

Partido inspirado en la defensa y promoción de ellos:
contra políticas de Estado y del mercado violatorios
de los derechos humanos.

Democracia

Prodemocracia = revolución.

Funcionamiento interno “altamente” democrático:
el debate es “amado”.

Participación de la mujer.

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández (2013: 674).

Organización, formas de lucha
y desarrollo de la acción violenta

La estrategia política y militar que definió la praxis del FMLN puede agruparse en las siguientes fases (Martín, 2012).

Guerrilla urbana y lucha de masas (1974-1980)

Desde el nacimiento de las organizaciones político-militares en la década de los setenta, hubo dos visiones de cómo debía conducirse el proceso revolucionario. De un lado, las FPL sostenían las tesis de la guerra popular prolongada, que consistían en considerar que la sociedad salvadoreña no estaba en condiciones para un triunfo de la revolución a corto plazo. La función de la guerrilla debía ser la de liderar un proceso de enfrentamiento militar con el enemigo y, en el transcurso de esa lucha, ir generando las condiciones propicias para el triunfo revolucionario al que en la última fase se sumarían las grandes masas. Por otra parte, el ERP y la RN eran partidarios de un enfoque insurreccional que, inspirado en el modelo que llevó al derrocamiento de Somoza en Nicaragua, diera un protagonismo esencial a la población que, a través de una insurrección generalizada, llevara al triunfo revolucionario a corto plazo. Desde este punto de vista, la función de la guerrilla debía ser la de un catalizador que creara y acelerara las condiciones para que se produjera la insurrección. Cuando a partir de 1979 el PCS optara por la lucha armada lo haría apoyando las tesis de las FPL.

Durante la segunda mitad de los setenta, la estrategia de las organizaciones político-militares consistió en aproximarse a los movimientos sociales y a organizaciones del movimiento popular como las estructuras sindicales, estudiantiles y campesinas. Para ello, o bien promovían el ingreso de sus militantes en dichas organizaciones y trataban de copar sus órganos dirigentes o bien impulsaban la creación de organizaciones sectoriales que estuvieran bajo su control. Esta estrategia se demostró exitosa y dio lugar a la creación de los frentes de masas: el Bloque Popular Revolucionario, promovido por las FPL en 1975, las Ligas Populares 28 de Febrero del ERP en 1977 y el Movimiento de Liberación Popular, creado por el PRTC en 1979. El grado de movilización que lograron estos frentes de masas fue muy alto y representó además un salto cualitativo por cuanto significó que se trascendiera las reivindicaciones sectoriales y de tipo socioeconómico para dar lugar a un proceso de radicalización. La respuesta represiva y de cierre de los espacios políticos tuvo como consecuencia el cuestionamiento total del sistema político, social y económico.

Esta etapa se cierra con el golpe militar reformista de octubre de 1979 que llevó a un sector del Ejército de corte progresista a tratar de poner en marcha un proceso de democratización del régimen. La respuesta de las organizaciones político militares y de los frentes de masas osciló entre la colaboración (PCS) y el escepticismo (FPL, ERP, RN y PRTC). Finalmente, este intento reformista fracasó, lo que llevó al PCS hacia la adopción de la lucha armada como estrategia.

‘Resistir, vencer y avanzar’ (1981-1983)

Tras la unificación de las cinco organizaciones a las que ya nos hemos referido anteriormente, la estrategia del FMLN fue lanzar la “ofensiva final” en la que se combinaría la ofensiva militar junto con una huelga general y una insurrección urbana, y con el objetivo de producir una caída del régimen militar y el triunfo revolucionario. El fracaso de esta estrategia llevó a que se reavivara un debate interno no resuelto entre los partidarios de la guerra popular prolongada contra los defensores del enfoque insurreccional. Como afirma Marta Valladares (comandante Nidia Díaz): “Los primeros tres años, de 1981 a 1984, la unidad del FMLN estaba prácticamente pegada con saliva, pues había una disputa de hegemonismo por las FPL, con Marcial a la cabeza, el cual se desvió llegando al asesinato de la comandante Ana María” (Valladares, 2005).

Pero es que a la polémica teórica se añadió una posición personal del secretario general de las FPL, Salvador Cayetano Carpio (comandante Marcial), en la que este mantenía que el FMLN debía definirse como una organización marxista-leninista con una política de alianzas sectaria que rechazaba el entendimiento con otras fuerzas sociales y políticas, además de oponerse rotundamente a la posibilidad de una negociación política como salida a la guerra. Esta posición se reveló como absolutamente minoritaria dentro del Frente, siendo rechazada tanto por dirigentes como Schafik Hándal, secretario general del PCS, como por dirigentes de las propias FPL como Mélida Anaya Montes (comandante Ana María). Finalmente, tras los dramáticos hechos del asesinato de esta y el posterior suicidio de Carpio, la estrategia que se impuso en el FMLN fue la de combinar la lucha armada y la negociación política (Martín, 2012: 179-180).

Por lo que se refiere a la lucha armada, el fracaso de la ofensiva final llevó a que los militantes del FMLN se retiraran desde las ciudades al campo organizando la guerra en varios frentes territoriales, a los que se sumaba el quinto frente, encargado de la diplomacia y las relaciones internacionales: a) Frente occidental Feliciano Ama; b) Frente paracentral Clara Elisabeth Ramírez; c) Frente central Modesto Ramírez; d) Frente norte-central Felipe Peña, y e) Frente norte-oriental Apolinario Serrano.

En estos primeros años de guerra, la estrategia del FMLN consistió en tratar de consolidar una retaguardia estratégica en las zonas rurales del norte y noroeste del país. Fue un momento de crecimiento en la capacidad de combate, puesto que el número de combatientes creció desde los 2.500 que participaron en la ofensiva de 1981 hasta los 10.000 a 12.000 efectivos que se calculaban para el año de 1983. Este aumento notable de las capacidades militares se tradujo en que la insurgencia logró llegar a controlar un 25 por ciento del territorio. La estrategia consistió en la creación de grandes unidades, de aproximadamente 1.500 combatientes, capaces de enfrentarse en campo abierto con el Ejército55 y que llevaron a que en 1983 la iniciativa estratégica en la guerra la llevara el FMLN. Sin embargo, una estrategia de este tipo demandaba un esfuerzo difícil de sostener para la guerrilla. Dificultad que, junto con la capacidad de reacción del Ejército, llevó a plantear un cambio de actuación estratégica.

‘Un mar de guerrillas y de pueblo organizado’ (1984-1989)

Con esta consigna, lanzada por el ERP y asumida por la totalidad del FMLN, se anunció un cambio de estrategia a finales de 1984. En línea con los planteamientos de guerra popular prolongada, que tradicionalmente había sido la posición mantenida por las FPL, la insurgencia planteó una guerra de desgaste. Para ello procedió a dispersar sus fuerzas en unidades más pequeñas que las formadas en la etapa anterior, que fueran más ágiles y más difíciles de localizar para la Fuerza Armada. Este giro en lo militar se completó con un cambio de posición en la dimensión política. Desde la ofensiva de 1981, el movimiento popular de las ciudades había experimentado un notable declive debido a la retirada de los activistas del FMLN a las zonas rurales, a la apuesta de la insurgencia por la dimensión militar de la lucha en detrimento de la política, así como a la eficacia de la represión gubernamental. Ahora, la prioridad pasaba a ser de nuevo la organización política de las masas urbanas.

A partir de la adopción de estos nuevos planteamientos, el conflicto se estabilizó y, paulatina pero inexorablemente, experimentó una situación de estabilización y estancamiento. Para ambos contendientes se hacía evidente la percepción de que se tenía la fuerza necesaria para impedir que el enemigo infligiera una derrota, pero esa fuerza, a su vez, era insuficiente para lograr la victoria propia. En esta situación de impasse el escenario de la negociación para poner fin a la guerra aparecía cada vez con más fuerza.

Fin de la violencia armada56

A lo largo de los doce años de guerra civil en El Salvador, el balance cuantitativo del proceso negociador arroja los siguientes resultados: 16 encuentros entre el FMLN y el Gobierno, 29 propuestas de negociación (8 gubernamentales y 24 insurgentes) y 8 acuerdos. En el transcurrir de la negociación hay que distinguir dos momentos: el primero se refiere a las rondas de diálogo sostenidas por el FMLN con el Gobierno democratacristiano de Napoleón Duarte (1984-1987); el segundo comprende el proceso de negociación con el Gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1992).

Durante el mandato del presidente Napoleón Duarte, se asistió a dos ciclos negociadores: el ciclo de La Palma (octubre-noviembre de 1984) y el ciclo de San Salvador (octubre de 1987). En el ciclo de La Palma se produjeron dos reuniones de diálogo. La primera tuvo lugar en la localidad salvadoreña de La Palma el 15 de octubre de 1984. Este encuentro tuvo el valor de ser el primero que se celebraba entre ambos contendientes en los más de cuatro años de guerra que hasta esa fecha habían transcurrido. El acuerdo al que se llegó en esta primera ronda de diálogo fue la creación de una comisión mixta o mecanismo mixto cuya finalidad consistiría en constituirse como herramienta de comunicación entre las partes.

La segunda ronda de diálogo tuvo lugar en Ayagualo, el 30 de noviembre de 1984. En esta ocasión, ambas partes presentaron propuestas concretas sobre las que iniciar las discusiones. El FDR-FMLN presentó sus demandas en un documento titulado “Propuesta global para la solución política negociada y la paz” que, en síntesis, venía a plantear, lo siguiente: el logro de la paz solo podía conseguirse atacando las raíces que han provocado la guerra: la injusticia y la ausencia de democracia. Por consiguiente, las causas que empujaron a la lucha armada, aún seguían vigentes.

A la permanencia de las causas originales que desataron la guerra había que sumar una serie de factores nuevos engendrados por el estado de guerra generalizado que vivía El Salvador. Estas nuevas realidades no podían ignorarse sí se quería afrontar, realmente y con garantías de alcanzar resultados efectivos, el camino de la solución política. Los insurgentes resumían este cúmulo de nuevas realidades en la existencia de una situación de dualidad de poderes que anulaba la posibilidad de generar un consenso político nacional. A lo anterior se sumaba la sistemática violación de los derechos humanos, así como un severo agravamiento de las condiciones de vida de la población. El FDR-FMLN explicitó su rechazo a soluciones que se basaran en la absolutización del ordenamiento constitucional, así como a las que contemplasen el sometimiento de las organizaciones populares a los poderes establecidos.

Por su parte, la propuesta que el Gobierno de El Salvador llevó a la mesa de negociaciones en la reunión de La Palma partía de la afirmación de que la situación de El Salvador había experimentado a partir del año 1979 un profundo proceso de cambio concretado en la existencia de un sistema democrático y en una significativa reducción de las violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, ya no existían causas que justificaran la lucha armada. La oferta gubernamental proponía poner fin al esquema de violencia mediante la incorporación al proceso democrático de los grupos alzados en armas. Los dos ejes que definían el proceso democrático eran el ordenamiento constitucional vigente, límite y parámetro de la negociación, y las elecciones. Este ciclo negociador iniciado en La Palma no produjo frutos al rechazar el presidente Duarte la propuesta de los frentes bajo el argumento de la inconstitucionalidad de la misma y plantear la suspensión del diálogo.

El tercer encuentro directo entre el Gobierno de El Salvador y el FDR-FMLN tuvo lugar durante los días 4 y 5 de octubre de 1987. El principal acuerdo práctico al que se llegó en esta ocasión fue la formación de dos comisiones que se encargarían de buscar mecanismos de negociación en torno a un proceso de cese al fuego, así como lo referente a otros contenidos del acuerdo de Esquipulas que, recordemos, había sido firmado dos meses antes de la celebración de esta ronda de diálogo. Estas comisiones se reunieron en Caracas durante los días 21, 22 y 23 de octubre de ese mismo año sin lograr acuerdo alguno, debido fundamentalmente a discrepancias acerca de la forma en la que se implantaría el cese al fuego. Se programó una segunda reunión de las comisiones a celebrarse en México. Sin embargo, esta no llegó a producirse al anunciar los frentes la ruptura del diálogo en señal de protesta ante el asesinato del coordinador de la Comisión de Derechos Humanos Herbert Anaya.

Tras un lapso de tres años en el que el proceso de negociación permaneció interrumpido, entre la reunión de Ayagualo y la de San Salvador, los frentes plantearon una “oferta política” en julio de 1986 y otra nueva propuesta en mayo de 1987. Ambas propuestas serían retomadas en la mesa de negociaciones de San Salvador. La postura insurgente en esta ronda abundó en los planteamientos del ciclo de La Palma al considerar que la solución política al conflicto debía basarse en el rescate de la soberanía nacional menoscabada por el sometimiento del Gobierno salvadoreño a las directrices emanadas de los Estados Unidos. Es este involucramiento estadounidense el que prolongaba innecesariamente el conflicto y conducía a impedir la solución política negociada entre salvadoreños. Para el rescate de la soberanía nacional, se proponía la recomposición del Gobierno incorporando a él todos los sectores nacionales que estuvieran a favor de una solución política nacional al conflicto, incluidos el FDR y el FMLN. Así, se configuraría un periodo de transición durante el cual, en el ambiente de un cese al fuego mutuamente concertado, sería reorientado el Estado hacia el ejercicio de la soberanía, hacia el interés nacional y la paz, creándose de este modo las garantías y condiciones de libertad que permitirían la celebración de elecciones generales libres y honestas. La posición del Gobierno se movió en el terreno de las consideraciones de tipo moral, sin formular en ningún momento propuestas sustantivas. Las discrepancias en torno al concepto de cese al fuego impidieron el acuerdo en Caracas.

Como síntesis de las conversaciones que se produjeron entre 1984 y 1987 entre la insurgencia y el Gobierno, los polos que definieron el debate entre las posiciones insurgentes y gubernamentales se contienen en el dilema elecciones versus negociación. La oferta del Gobierno consistió en procurar la incorporación de los insurgentes al ordenamiento constitucional vigente, exigiéndole para ello la previa deposición de las armas y ofreciendo a cambio la amnistía de los delitos imputados. Una vez legalizada su situación y convertido el FMLN en un partido político, gozaría de los mismos derechos y obligaciones que el resto de las fuerzas políticas salvadoreñas y, por tanto, podría competir por el poder con las mismas reglas de juego que los demás partidos. Es decir, podría presentarse a las elecciones. La justificación dada por el Gobierno para exigir al FMLN el abandono de la lucha armada como estrategia de acceso al poder residía en el convencimiento de que las causas que motivaron el estallido de la violencia habían desaparecido, en algunos casos, y en otros se hallaban en vías de solución. De ahí el sinsentido, dentro de la lógica argumentativa gubernamental, de empecinarse en mantener una estrategia que, como la lucha armada, nacía de una realidad que ya no existía en El Salvador. La argumentación insurgente comenzaba por negar que la situación salvadoreña hubiera experimentado cambios significativos que anularan la vigencia de las causas que, a partir de 1980, desataron las hostilidades.

Por el contrario, lejos de mejorar, los factores en los que recaía la responsabilidad de la guerra habían empeorado a lo largo de los años de conflicto. No tenía sentido entonces, desde la lógica del FMLN, exigir la deposición de las armas y la presentación a elecciones en unas condiciones que no aseguraban la pureza y limpieza de los comicios. Por consiguiente, la oferta insurgente planteaba la generación de esas condiciones como paso previo a la convocatoria electoral mediante la puesta en marcha de un proceso negociador que diera como resultado la formación de un Gobierno de transición con participación rebelde y cuya principal tarea fuera la preparación y convocatoria de elecciones.

En el intervalo durante el que se interrumpieron los contactos (entre noviembre de 1984 y agosto de 1987) la guerra continuó su curso y, cuando las partes volvieron a encontrarse en San Salvador, ninguna de las dos modificó su posición, reiterándose los mismos planteamientos en cada uno de los dos ciclos. Ambos hechos apuntan a revelar cuál fue la naturaleza de los objetivos que tanto el Gobierno como el FMLN esperaban conseguir de las negociaciones, así como el valor y lugar que el propio proceso negociador ocupaba en la estrategia de los contendientes. El objetivo no era la consecución del acuerdo. Por el contrario, las partes acudieron a los dos ciclos de negociación con una actitud dominada por la lógica militar de tratar de ganar recursos e impedir que el enemigo los obtenga. Las negociaciones se integraban al interior de esta lógica y se convirtieron en una oportunidad de obtener la legitimidad que ofrecía transmitir una imagen de flexibilidad o la información que del contacto con el enemigo se deriva. Recursos que posteriormente serían utilizados para mejorar la capacidad y preparación y de ese modo aumentar las posibilidades de triunfo.

Las elecciones de marzo de 1989 dan el triunfo a la alternativa ultraderechista, el Gobierno demócrata-cristiano de Napoleón Duarte representado por ARENA. Por tanto, a partir del 1 de junio de 1989, fecha de la toma de posesión del nuevo presidente Alfredo Cristiani, la delegación insurgente se encontró a un nuevo interlocutor con el que negociar. El proceso de negociación permaneció interrumpido hasta el mes de septiembre de 1989, cuando tuvo lugar la primera ronda de conversaciones con el nuevo Gobierno. A partir de entonces, las sucesivas rondas de diálogo se agrupan en dos ciclos negociadores: el ciclo de México (septiembre-octubre de 1989) y el ciclo de Ginebra (abril de 1990-diciembre de 1991).

Previo al inicio de la nueva ronda de conversaciones, hecho que se produjo el día 13 de septiembre de 1989 en la ciudad de México, el FMLN lanzó, durante el mes de enero de 1989, una nueva oferta a través de un documento titulado “Propuesta del FMLN para convertir las elecciones en una contribución a la paz”. Una propuesta que no tuvo resultados tangibles y a la que ya nos hemos referido previamente. Sin embargo, lo novedoso del planteamiento allí recogido, verdadero punto de inflexión en lo que hasta ese entonces venían siendo las posiciones asumidas por el FMLN en la mesa de negociaciones, merece que nos detengamos a considerarla con cierto detalle. El ofrecimiento de los insurgentes era postergar las elecciones del 19 de marzo de ese año durante un plazo aproximado de seis meses, proponiéndose en concreto el 15 de septiembre como fecha para su realización. Igualmente, se ofertaban medidas encaminadas a garantizar un clima electoral honesto y con garantías.

A cambio, el FMLN se mostraba dispuesto a asumir los siguientes compromisos: 1) respetaría la actividad de los partidos y organismos electorales en todo el territorio nacional; 2) respetaría a los alcaldes si estos se desvinculan de los planes del Ejército; 3) decretaría una tregua, desde dos días antes hasta dos días después de las votaciones, y retiraría cualquier presencia de fuerza en las poblaciones y lugares de votación; 4) llamaría a toda su base social a participar en la actividad electoral, convocando a todo el pueblo a votar y respaldar la plataforma y candidatos de la convergencia democrática; 5) aceptaría la legitimidad del resultado electoral, y 6) acataría que se mantuviera el actual Gobierno todo el periodo de transición.

La propuesta dio lugar a una dinámica de reuniones entre los partidos políticos para intercambiar impresiones sobre la misma. En la reunión sostenida en Oaxtepec entre el FMLN y los partidos, aquel amplió la propuesta, flexibilizando aún más sus demandas y mostrándose dispuesto a: a) cesar la lucha armada de manera definitiva; b) incorporarse a la vida política del país, y c) reconocer la existencia de un solo Ejército, siempre y cuando en el marco de la implementación de la propuesta de paz se llegara a un acuerdo con el Gobierno y las Fuerzas Armadas, tendiente a garantizar que esta se convirtiera en un instrumento auténticamente profesional, al servicio de la democracia y la defensa de la soberanía nacional, a través de las siguientes medidas: juicio a los responsables de crímenes políticos históricos, reducción de las Fuerzas Armadas a los niveles de 1978 y disolución de los cuerpos de seguridad para reestructurarlos en un solo cuerpo de seguridad pública.

La novedad de la propuesta suponía un giro de 180 grados en las posiciones insurgentes. Como ya expusimos en las páginas anteriores, a lo largo de todo el proceso de negociación configurado por los ciclos de La Palma y San Salvador, frente al dilema negociación versus elecciones, el criterio defendido por el FMLN era el rechazo de la posibilidad de presentarse a los comicios mientras no se diera un proceso previo de negociación. En la nueva propuesta no solo se aceptaba participar en las elecciones, sino que se proponía una fecha para su realización. Del mismo modo, se pasaba a aceptar la existencia de un solo Ejército, lo que modificaba sus anteriores reclamos, que planteaban la reivindicación de disolución de las Fuerzas Armadas para dar lugar a la conformación de un nuevo Ejército Nacional integrado por los efectivos gubernamentales y rebeldes. Por último, la nueva propuesta significaba el abandono del planteamiento del “Gobierno provisional de amplia participación” al que se integrarían los rebeldes, y que se constituiría con la misión de preparar las elecciones durante la fase de transición, al aceptarse explícitamente la autoridad y legitimidad del Gobierno existente. La reacción del Gobierno de El Salvador fue la de ofrecer una postergación de los comicios de únicamente seis semanas, bajo el argumento de la inconstitucionalidad de la propuesta de aplazamiento de cinco meses. Finalmente, las elecciones se celebraron el 19 de marzo tal y como estaba previsto.

El ciclo negociador de México dio comienzo con la reunión mantenida en esa ciudad y que produjo como resultado un acuerdo por el cual se establecía el inicio de un proceso de diálogo con el objetivo de terminar el conflicto armado a través de la concertación de un cese de hostilidades. Se fijó como siguiente reunión el 16 y 17 de octubre en San José, con un orden del día que incluía como tema de discusión el cese de hostilidades sobre la base de las propuestas del Gobierno y el FMLN. Esta segunda ronda de diálogo, celebrada en la capital costarricense, terminó con el acuerdo de continuar las negociaciones en Caracas a finales de noviembre. Este último encuentro no llegó a tener lugar, puesto que, como respuesta al incremento de la represión y la violencia política en El Salvador, el FMLN decidió retirarse de la mesa de negociaciones.

La propuesta de la delegación insurgente en este ciclo planteaba la apertura de un proceso negociador con el Gobierno de ARENA estructurada en tres etapas, que se debían suceder por este orden: 1) concertación del cese al fuego; 2) medidas para la incorporación del FMLN a la vida política, y 3) negociación para el cese definitivo de las hostilidades. La posición gubernamental contraponía a la secuencia anterior otro orden lógico que se concretaba en: 1) cese total de hostilidades; 2) desmovilización e incorporación como partido; 3) una vez dentro de este marco e inmersos los guerrilleros en la vida pacífica y democrática del país, se discutirían medidas para contribuir al respeto de los derechos humanos y las libertades democráticas, la revisión del sistema electoral y el impulso del desarrollo económico y social.

En definitiva, las posiciones discrepaban tanto en el orden y secuencia lógica de las distintas etapas que debían conducir al establecimiento de la paz como a la definición de lo que cada una de las partes entendía por hostilidades. Para el FMLN, lo primero era la negociación política para, posteriormente, pasar a discutir el cese al fuego, la finalización de las hostilidades y su desmovilización. Para el Gobierno, lo primero era alcanzar un cese al fuego y pasar después a negociar los acuerdos políticos.

La reunión de San José esbozó un principio de acuerdo que dibujó una solución a este problema, al señalarse al término de la misma, en el comunicado conjunto, “la necesidad de lograr acuerdos sobre las condiciones que permitan que en una primera etapa se pueda concertar un cese del enfrentamiento militar y de todo acto que irrespete los derechos de la población civil, que conduzca a concertar el cese definitivo de las hostilidades dentro de un calendario acordado”. La estrategia para saldar el desacuerdo fue la ambigüedad. La interrupción del proceso negociador ante el incremento de la violencia y la represión impidió comprobar, en la práctica, la utilidad o inutilidad de esta calculada ambigüedad.

Ante el impasse de las negociaciones el FMLN opta por una estrategia de escalada del conflicto y desencadena la ofensiva de noviembre de 1989. El objetivo de la ofensiva, la mayor desde el comienzo de la guerra, fue demostrar cuál era la capacidad y la fuerza de la insurgencia para obligar al Gobierno de ARENA a reemprender en el futuro la negociación con el convencimiento de que tenía que otorgar concesiones, dado el poder demostrado por el FMLN. Una vez finalizada la ofensiva, ambas partes, frente a la disyuntiva de volver a emprender un proceso de negociaciones sin intermediarios o emprender un proceso de mediación, optaron por esta segunda opción. Así, en los inicios de 1990 el FMLN y el Gobierno de El Salvador demandaron la participación de la ONU para reactivar el proceso de diálogo interrumpido desde el encuentro de San José en octubre de 1989. El enviado especial del secretario general de la ONU, Álvaro de Soto, se entrevistó en varias ocasiones durante el primer trimestre de 1990 con ambas partes. Finalmente, sus gestiones culminaron con éxito al programarse el inicio de una ronda de conversaciones mediante el Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990, en el que ambas partes se comprometieron a alcanzar acuerdos políticos que permitieran llegar más adelante a un cese al fuego.

La primera reunión de diálogo tras la firma del acuerdo tiene lugar en Caracas del 16 al 21 de mayo. Las deliberaciones en la capital venezolana permitieron a las partes definir una agenda y un calendario del proceso de negociación que en una primera etapa hubiera debido desembocar en un alto al fuego para mediados de septiembre. Los temas de diálogo acordados en la agenda fueron: 1) Fuerza Armada; 2) Derechos Humanos; 3) Sistema Judicial; 4) Sistema Electoral; 5) Reforma Constitucional; 6) Problema Económico y Social, y 7) Verificación de la ONU. Igualmente, se acordó que las fuerzas sociales y políticas representativas de El Salvador, tuvieran un papel importante para la consecución de la paz, y por lo tanto, se estableció que ambas partes crearían mecanismos adecuados y permanentes de discusión y consultas con dichas fuerzas.

Tras el encuentro de Caracas, la siguiente reunión tuvo lugar en Oaxtepec (México) entre los días 19 y 25 de junio. Esta ronda negociadora no arrojó ningún acuerdo acerca de la depuración de la Fuerza Armada, primer punto de la agenda acordada en Caracas. Las propuestas del FMLN sobre el tema de la Fuerza Armada incluían: a) Expulsión de las Fuerzas Armadas de oficiales acusados de tortura y asesinato; b) Desintegración de las fuerzas paramilitares; c) Suspensión del reclutamiento forzoso; d) Eliminación de los Escuadrones de la muerte y de la Dirección Nacional de Inteligencia (acusada de dirigir los escuadrones); e) Reestructuración de la policía, y f) Nombramiento por consenso nacional de los ministros de defensa y del interior.

Ambas delegaciones se comprometieron a llegar a conclusiones en la próxima reunión programada para la última semana de julio en San José. Esta ronda negociadora que se celebró entre los días 20 y 25 de ese mes, reveló como uno de los temas más difíciles el debate acerca de las Fuerzas Armadas. Ante esta situación que amenazaba con reducir sustancialmente la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo, y por lo tanto incumplir con el compromiso adquirido por ambas delegaciones, se optó por pasar al segundo punto de la agenda, los derechos humanos. En este terreno sí fue posible llegar a un consenso en el que ambas partes se comprometían a garantizar el irrestricto respeto de los derechos humanos. En dicho acuerdo se contempla que una Misión de la ONU se encargaría de la tarea de verificación del cumplimiento del mismo. Esta Misión iniciaría el ejercicio de sus funciones a partir del cese del enfrentamiento armado. La cuarta reunión, tras la reanudación del diálogo en abril de 1990, tuvo lugar en San José durante los días 17 al 22 de agosto. Siguiendo con la agenda aprobada en Caracas, el tema de discusión fue el relativo a la Fuerza Armada. La posición del FMLN experimentó una modificación respecto a lo sostenido hasta ahora en el sentido de endurecerla. La nueva propuesta incorporó a las demandas de reducción, reestructuración y depuración de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas, la exigencia de una desaparición gradual de las mismas simultáneamente con el aparato militar insurgente.

La delegación gubernamental rechazó la propuesta insurgente y descartó que la desaparición del Ejército salvadoreño fuera una materia susceptible de negociación. La ronda finalizó con el único acuerdo de continuar las conversaciones. La falta de acuerdo sobre el tema de las Fuerzas Armadas alejó la posibilidad de cumplir con el calendario establecido en Caracas por el que el cese al fuego debía alcanzarse el 15 de septiembre. La quinta sesión tuvo lugar del 13 al 18 de septiembre en San José. De nuevo, fue imposible acercar posiciones en el tema de las Fuerzas Armadas. Ambas delegaciones sostuvieron invariablemente las posiciones de anteriores encuentros.

La estrategia ensayada con éxito en la reunión de San José del mes de julio, consistente en dejar de lado el tema de la Fuerza Armada y explorar la posibilidad de acuerdos sobre otros puntos de la agenda de Caracas fracasó en esta ocasión. El FMLN propuso iniciar la discusión de la situación socioeconómica de El Salvador comenzando por salarios, inflación, reforma agraria y bancaria y un nuevo Código de trabajo. Por su parte, la delegación gubernamental propuso la discusión de la temática electoral. Ambas delegaciones rechazaron la consideración de los temas propuestos por la otra parte. El único acuerdo de esta sesión fue el de continuar las conversaciones en México a más tardar el 4 de noviembre. La cita se celebró durante los días 29 y 30 de octubre en México, en donde la situación de empantanamiento en el tema militar era más que evidente. Ambas partes se reafirmaban en sus posiciones y no daban muestras de tener voluntad para ceder siquiera a considerar la posición del oponente.

Ante esta situación, el mediador de la ONU, Alvar de Soto, implementa una estrategia consistente en la elaboración de un documento que sintetizara las posiciones de ambas partes, tratando de hacerlas compatibles. Este documento se presentó a ambas delegaciones en esta reunión para que a partir de este momento se abriera un periodo de discusión y debate que tuviera como base la propuesta elaborada por la ONU. Un segundo elemento que formó parte de esta estrategia fue la petición que formuló el mediador para que, a partir de ahora, ambas partes se abstuvieran de dar publicidad a las conversaciones y que estas se desarrollaran en un clima de hermetismo. Las dos partes aceptaron ambos aspectos de la propuesta formulada por el mediador, consistente en plantear la reducción numérica y la depuración del Ejército, la investigación de las violaciones a los derechos humanos, la desmovilización de los cuerpos de seguridad que se convertirían en un solo organismo civil y, por último, la desaparición del departamento de inteligencia militar.

Desde octubre de 1990, las negociaciones tuvieron como eje la discusión de esta propuesta del mediador. La primera reunión que se produjo bajo estas nuevas condiciones de mayor protagonismo de la función mediadora de la ONU se celebró en México durante los días 3 al 5 de enero de 1991. De acuerdo a las nuevas reglas de confidencialidad, no trascendió cuál fue el contenido de lo discutido. Únicamente se logró filtrar que ambas partes habían presentado sus valoraciones y contrapropuestas al documento de la ONU y que se había conseguido un avance significativo en la aproximación de las posturas sobre el tema de la Fuerza Armada.

Esta ronda negociadora de enero permitió generar un clima de optimismo que, sin embargo, se interrumpe coyunturalmente ante las elecciones de marzo. En efecto, la reunión celebrada en San José durante los días 19 y 20 de febrero terminó sin ningún avance y sin fijar la fecha de la nueva reunión, de la que solo se acordó llevarla a cabo tras las elecciones. La iniciativa para retomar el impulso negociador se produce cuando el FMLN lanzó, en el seno de la Conferencia San José VII, celebrada en Managua, una nueva propuesta que flexibilizaba las posiciones anteriores. El objetivo de la propuesta era lograr el cese el fuego a más tardar el 30 de mayo. Para ello, el FMLN accedía a que se pudieran abordar simultáneamente tres temas de la agenda acordada en Caracas: fuerza armada, reforma constitucional y cese al fuego.

El cambio de postura era altamente significativo, puesto que hasta entonces los insurgentes se habían negado a abordar simultáneamente la negociación de los diversos puntos de la agenda, ya que, de acuerdo con lo firmado en Ginebra, las negociaciones para el establecimiento de un cese al fuego solo podrían ponerse en marcha tras haberse concluido acuerdos políticos. Estos acuerdos serían parte del nuevo marco político que garantizaría la incorporación de los rebeldes al proceso institucional. El propósito de esta nueva propuesta insurgente era evitar que el proceso de paz se empantanara. La razón de este peligro de empantanamiento estribaba en que la constitución salvadoreña establece como mecanismo para modificar su articulado lo siguiente: las reformas deberían ser aprobadas por una mayoría cualificada de la mitad más uno de los diputados. A continuación, para que tal reforma entre en vigor deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea legislativa con el voto de los dos tercios de los diputados electos. En consecuencia, las reformas constitucionales necesitan de dos periodos legislativos para ser efectivas.

La Asamblea legislativa nacida de las elecciones de marzo de 1991 inauguraba su periodo de sesiones el 1 de mayo. Por tanto, si las reformas a la Constitución no eran aprobadas por la Asamblea legislativa saliente que concluía sus sesiones en la última semana de abril, estas no entrarían en vigor hasta 1994, fecha en la que concluiría sus labores la recién electa Asamblea legislativa. De este modo, la insurgencia buscaba que la Asamblea legislativa, que finalizaba su periodo el 30 de abril próximo, decretara las reformas constitucionales necesarias para darle paso a la desmilitarización y reestructuración de las Fuerzas Armadas y las modificaciones a los sistemas judicial y electoral con miras a las elecciones generales de 1994, para que estas sean ratificadas por el nuevo parlamento que iniciaría su gestión el 1 de mayo.

Por lo que se refiere al tema del cese al fuego, el FMLN propuso que, para negociarlo, era necesario reconocer la existencia de dos fuerzas militares contendientes, que ocupaban espacios geográficos definidos por los diferentes grados de dominio de ambas partes, y lograr el mayor nivel de desmilitarización posible del país para dar garantías y máximo espacio a la sociedad civil. La guerrilla también planteaba que el Gobierno y las Fuerzas Armadas reconocieran espacios geográficos dentro del mismo Estado, que permita la separación de fuerzas y la verificación internacional del cese al fuego. El Gobierno de Cristiani se muestra receptivo a la propuesta y el 4 de abril se reunían en la ciudad de México ambas delegaciones. La simultaneidad en la negociación de los temas se materializó en la apertura de dos mesas de negociación. En la primera se discutirían los puntos de las Fuerzas Armadas y la reforma constitucional. En la segunda se trataría exclusivamente de la concertación del cese al fuego.

Las negociaciones se prolongaron hasta el 27 de abril, día en el que finalmente se lograba un acuerdo, conocido como el Acuerdo de México, por el que se establecían modificaciones a la constitución de El Salvador en materia de derechos humanos, Fuerzas Armadas, seguridad pública, sistema judicial y sistema electoral. Asimismo, el Gobierno se comprometió a aprobar en la Asamblea legislativa estas reformas para que pudieran ser ratificadas a partir del primero de mayo por la nueva cámara.

A partir de mayo de 1991, el proceso entra en su recta final y las partes a propuesta del mediador acceden a trasladar la sede de las conversaciones a la ciudad de Nueva York para agilizar la comunicación con la ONU. Así, el 25 de septiembre de ese año se adopta el Acuerdo de Nueva York, en el que alcanzan consensos en los puntos de la agenda relativos a las Fuerzas Armadas, el tema económico y social, así como la creación de la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz como organismo encargado de la puesta en marcha del proceso de paz e integrado por representantes de todas las fuerzas políticas siendo la primera instancia multipartidaria del país. Finalmente, durante el mes de diciembre se hizo público por las partes que el Acuerdo de Paz definitivo se firmaría en el Castillo de Chapultepec (México), el 16 de enero de 1992, poniendo fin a más de una década de guerra civil57.

Bibliografía

González, S. y Harto, F. (1994): “Transición y elecciones en El Salvador”, América Latina Hoy, vol. 8, Salamanca, pp. 73-80.

Harto, F. (1991): Los procesos de negociaciones de paz en América Central (1979-1991), Universidad Complutense de Madrid [tesis doctoral dirigida por Manuel Alcántara Sáez].

— (1992a): “Los procesos electorales centroamericanos en la década de los ochenta”, América Latina Hoy, vol. 3, Salamanca, pp. 51-56.

— (1992b): “El primer año de paz en El Salvador”, Tiempo de paz, nº 26, invierno 1992-1993, Madrid, pp. 76-80.

Hernández C. (2013): “Una comparación entre los idearios políticos fundacionales de Arena y el FMLN”, Revista Realidad, nº 138, San Salvador, pp. 673-697.

Martí S.; Garcé A. y Martín A. (2013): “¿Liderazgo, organización o ideología? Las diferentes vías de adaptación partidaria de los movimientos guerrilleros. Los casos de Nicaragua, El Salvador y Uruguay”, Revista Española de Ciencia Política, nº 33, noviembre, Madrid, pp. 57-79.

Martín A. (2004): De Movimiento de Liberación a Partido Político. Articulación de los fines organizativos en el FMLN salvadoreño, Universidad Complutense de Madrid [tesis doctoral dirigida por Fernando Harto de Vera].

— (2006): “El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN): de movimiento de liberación a partido político”, en S. Martí y C. Figueroa (eds.), La izquierda revolucionaria en Centroamérica. De la lucha armada a la participación electoral, Los Libros de la Catarata, Madrid, pp. 91-128.

— (2011): “De guerrilla a partido político: El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)”, Historia y Política, nº 25, enero-junio, Madrid, pp. 207-233.

— (2012): “De la guerra revolucionaria a la revolución democrática. El FMLN en El Salvador”, Revista Realidad, nº 132, San Salvador, pp. 143-192.

Rodríguez J. (1990): La crisis de las izquierdas en América Latina, Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), Madrid.

Sprenkels, R. (2014): “¡Para hacer la guerra no te andaban pidiendo papeles! Perspectivas testimoniales sobre la posinsurgencia salvadoreña” [disponible en http://www.academia.edu/21126107/_Para_hacer_la_guerra_no_te_andaban_pidiendo_papeles_Perspectivas_testimoniales_sobre_la_posinsurgencia_salvadoren_a (última consulta el 14 de septiembre de 2018)].

Torres E. (2008): “Centroamérica: de la izquierda revolucionaria a la izquierda socialdemócrata”, Quorum, nº 22, Madrid, pp. 41-50.

Valladares M. (2005): “La construcción del partido FMLN y el aporte de las cinco organizaciones históricas que lo constituyeron” [disponible en https://www.marxists.org/espanol/tematica/elsalvador/valladares/2005/jul/30.htm (última consulta el 14 de septiembre de 2018)]

Zinecker H. (2014): “Los procesos de aprendizaje de ARENA y del FMLN durante la guerra civil”, en J. Juárez (coord.), Historia y debates sobre el conflicto armado salvadoreño y sus secuelas, Universidad de El Salvador/Fundación Fiedrich Ebert, San Salvador, pp. 93-111.

CAPÍTULO 4

FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA-EJÉRCITO
DEL PUEBLO (FARC-EP)

Jerónimo Ríos Sierra

Introducción

El siguiente capítulo profundiza, a excepción del ELN, en el grupo guerrillero más longevo de la historia de América Latina: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las cuales, a partir de la VII Conferencia Guerrillera de 1982, añadirán a sus siglas la proclama Ejército del Pueblo (EP). Junto con Sendero Luminoso en Perú y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, posiblemente nos encontramos ante el grupo insurgente con mayor capacidad de combate, a lo que se suma un importante arraigo territorial, además de significativas comunidades de legitimación, especialmente en la Colombia más rural y periférica del país.

De este modo, el capítulo indaga en los orígenes de esta guerrilla, los cuales se inscriben en el marco de agitación política y social que acontece en el país desde el año 1946, y en especial, desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. De este modo, la etapa de confrontación y guerra civil partidista entre liberales y conservadores va modulando una particular forma de organización y disputa en las conocidas como “repúblicas independientes”, de las que surge este grupo guerrillero.

Tras abordar un particular proceso de construcción de lucha armada, que antes de configurarse como FARC transita entre formas de autodefensa y guerrilla campesina, el año 1964 marca un punto de inflexión para su aparición. Del mismo modo, se presentan sus fundamentos ideológicos, poniendo de manifiesto de qué modo la impronta campesina y el agrarismo radical modulan un discurso político que, si bien se inscribe en el marxismo clásico, no encuentra la fuerza motriz ni la teorización conceptual que desarrollaron otros grupos armados en América Latina. Como bien me explicaría un conocido guerrillero en el marco de una de las entrevistas en profundidad realizada, la gran diferencia entre las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siempre fue que, mientras las FARC son una guerrilla con organización, pero sin ideología, el ELN es, precisamente, todo lo contrario.

En cualquier caso, en las siguientes páginas se mostrará cómo evoluciona y se transforma el discurso político de las FARC, pero también cuál fue su forma de organización armada y de cómo esta evoluciona a lo largo de cinco décadas de conflicto armado. Iniciando con un crecimiento vegetativo, que prácticamente reduce la cuestión de las guerrillas en Colombia a una suerte de problema periférico de innecesaria atención, al menos, hasta 1982 (Aguilera, 2010), y llegando a un punto de inflexión, a finales de los noventa, en el que las FARC son el protagonista principal del conflicto armado colombiano.

Así, de poco más de 350 combatientes en 1964, y cuya cifra a duras penas se triplica en el transcurso de dos décadas, terminará llegando a los 18.000 combatientes y más de 50.000 milicianos a finales de los noventa (Ríos, 2017). Años en los que las FARC se presentarán como dueñas y señoras de buena parte del territorio colombiano, con una presencia efectiva en la tercera parte de un país que supera el millón de kilómetros cuadrados y con una capacidad operativa que podía derrotar, como sucede en numerosas ocasiones entre 1996 y 1998, a las mismas Fuerzas Militares de Colombia.

Finalmente, se enfatiza en cómo el narcotráfico y el control de enclaves cocaleros influyeron en este crecimiento de influencia y activismo de las FARC, pero, igualmente, de qué manera se produce un particular proceso de debilitamiento. Primero, fruto de la influencia del paramilitarismo, especialmente relevante en el norte del país, en torno a la región Caribe, y también en los departamentos de Antioquia y Santander; y después, resultado del fortalecimiento de la dimensión militar del Estado a través de la Política de Seguridad Democrática y el Plan Colombia (Rangel y Medellín, 2010).

De la situación anterior se desprenderá, en buena medida el porqué y cómo de la negociación de paz que transcurre en La Habana desde el año 2012 y que finaliza en un Acuerdo de Paz, suscrito en noviembre de 2016, y que actualmente se encuentra en proceso de implementación.

De las repúblicas independientes y la Operación Marquetalia a la primera aparición de las FARC

El 10 de mayo de 1957 una Junta Militar integrada por cinco generales asume las riendas políticas de Colombia de manera transitoria, mientras se conforma una nueva etapa que será conocida como el Frente Nacional, y que debe encargarse de cerrar más de una década de confrontación civil partidista que dejó consigo 200.000 muertes (Bushnell, 2012). Una situación de extrema violencia política entre liberales y conservadores que ya encuentra un importante punto de encono a partir de 1946, cuando llega a la presidencia el conservador Ospina Pérez, cerrando un ciclo de dieciséis años de gobiernos liberales. Un contexto a todas luces recrudecido una vez que se produce el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán.

A partir de ese momento, Colombia experimenta una vorágine de violencia, que prácticamente tiñe de sangre el país y que solo empieza a decaer a mediados de la década siguiente, cuando llega al poder el general Gustavo Rojas Pinilla, gracias en parte a la desmovilización de las guerrillas liberales de los Llanos Orientales (Pizarro, 2011), pero sin resultado alguno en las denominadas como “repúblicas independientes”, además de en otras partes del país.

Vista la ineficacia de un cirujano de hierro que recondujese por medio del orden la violencia (Pécaut, 2011), se opta por un mecanismo de retorno a la democracia, si bien con base en un sistema bipartidista, que alterne cada cuatro años a liberales y conservadores en términos absolutamente paritarios, y en donde todos los cargos, a excepción de la presidencia, se reparten al 50 por ciento. La vigencia de este sistema, llamado a propiciar la reconciliación política nacional, quedaba prevista para dos periodos presidenciales en favor de cada partido, es decir, por un total de 16 años. No obstante, una reforma constitucional de 1968 incluiría finalmente una cláusula para que este sistema fuera paulatinamente desmantelado, primero, en 1974, haciendo desaparecer la competencia electoral monopartidista, y después, en 1978, acabando con el imperativo de compartir, a partes iguales, los puestos públicos dentro del Ejecutivo.

El primer presidente de este Frente Nacional va a ser el liberal Alberto Lleras Camargo (1958-1962), quien va a tratar de buscar controlar el desorden público y la violencia heredada de la dictadura de Rojas Pinilla con la puesta en marcha, entre otras normas, del decreto 0942 del 27 de mayo de 1958, decreto por el que se creaba la Comisión Nacional Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia. Esta se va a encargar de recorrer poblaciones y zonas devastadas de manera tal que, como recogía algún medio, era “la primera vez que vienen a preguntarnos qué nos pasó; a conversar con nosotros sin engaño; a hablarnos de paz sin echarnos bala después” (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 2010: 129).

Lo cierto, es que, durante sus inicios, la comisión consiguió lograr un importante cese de hostilidades, partiendo del diálogo y de convenios, declaraciones o entrevistas —más de 20.000—, que se tradujeron en la nada desdeñable cifra de 52 pactos de paz, especialmente relevantes en Caldas, Tolima, Cauca, Huila y Valle. Sin embargo, dicha política de reconciliación, igualmente mantenida por el conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), rápidamente experimenta el desvanecimiento del efecto “luna de miel”. Esto se debió a que la violencia controlada entre 1959 y 1964 iba a desarrollar un nuevo proceso de algidez, si bien nada comparable con la época anterior.

Aparte, esta violencia, a diferencia de la anterior, provenía, en buena medida, como sugiere Ramsey (1981), de cuadrillas y grupos armados que se mantuvieron al margen de las políticas de desmovilización dadas bajo el primer Ejecutivo del Frente Nacional. Sin embargo, es igualmente cierto que la mayoría de los reductos armados liberales y conservadores ya se habían desmovilizado para inicios de la década de los sesenta, de modo que el mayor número de cuadrillas subversivas era de impronta comunista. Era el caso de grupúsculos que convivían con un fenómeno paralelo de bandolerismo, trabajado por Meertens y Sánchez (1983), y que conformaban personas sin salida ni capacidad de reincorporarse a la vida civil.

Tabla 1

Número de cuadrillas alzadas en armas hacia 1960

Cuadrillas activas

Cuadrillas
periódicamente activas

Cuadrillas comunistas

Número

Miembros

Número

Miembros

Número

Miembros

Tolima

6

98

15

1.613

3

217

Cundinamarca

2

46

4

70

7

655

Caldas

9

57

4

27

-

-

Valle

5

67

5

252

2

20

Cauca

6

40

-

-

-

-

Antioquía

9

73

5

39

-

-

Boyacá

3

25

1

50

2

10

Santander

3

65

1

11

1

10

Fuente: Ramsey (1981: 278).

La verdad es que el bandolerismo fue objeto de una profunda represión policial y militar bajo el mandato de León Valencia. Un Gobierno que, aun con carencias, concebía como una urgencia la necesidad de fortalecer la administración judicial, reestructurar el andamiaje policial y militar e incorporar una “cuota nacional para la paz” que debía representar un 20 por ciento sobre el impuesto de la renta. De igual manera, se incorporaban las primeras estrategias de contrainsurgencia, de hostigamiento a la connivencia bandolero-campesina y de guerra psicológica. Todo ello con el fin de mitigar otras debilidades del Estado colombiano, como su débil poder público o el desconocimiento del terreno escenario de conflicto.

Dadas estas circunstancias, hacia 1963 las fuentes policiales estimaban en unos 7.000 los alzados en armas (Revista de la Policía Nacional, 1962: 119), si bien, para el año 1965 ya se habrán desmantelado la mayoría de los escenarios violentos de esta “segunda violencia”, con excepción de los enclaves comunistas que, si bien habían abandonado la estructura guerrillera para volver al mecanismo de la autodefensa campesina, iban a experimentar una situación absolutamente distinta con respecto al inmediato pasado.

Desde tales reductos, la oposición al Frente Nacional era absoluta, aunque durante los dos primeros gobiernos del nuevo sistema político, estos grupos habían actuado más como autodefensa campesina que como estructura guerrillera. En cualquier caso, en escenarios como el valle de Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz, el Ariari o la intendencia del Vichada acontecía una negación a la autoridad del Estado que había desembocado en la emergencia de formas paraestatales de poder local conocidas vulgarmente y mencionadas anteriormente como “repúblicas independientes” (Uribe, 2007: 81)58.

Estas “repúblicas independientes” suponían para el Estado un desafío a su autoridad. Más si cabe en un contexto de efervescencia de la Guerra Fría y la doctrina de seguridad nacional, de manera que el Gobierno de León Valencia va a responder en los mismos términos que lo había hecho con el bandolerismo. Es decir, recurriendo al uso de cercos militares con los que asfixiar económica y militarmente estos pequeños enclaves de la geografía colombiana.

Precisamente, de esta situación es que va a provenir el mito fundacional de las FARC. Y es que, hacia 1964, existe en el Ejecutivo colombiano el firme convencimiento de poner fin al problema que suponían las “repúblicas independientes”. A tal efecto, se destina un contingente militar de 5.000 efectivos con los que cercar y poner fin, a finales de mayo de 1964, lo que se conocía como la república de Marquetalia59, y que por enésima vez transforma la forma de resistencia, nuevamente, de autodefensa campesina a estructura guerrillera.

En este contexto es que el Partido Comunista asume la bandera de “todas las formas de lucha”, mientras que paralelamente se crea una resistencia campesina armada que en 1964 se organiza en lo que se hará llamar la I Conferencia Guerrillera. A ella asisten los destacamentos del valle de Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, entre otros, y será constitutiva de una guerrilla que empieza a organizarse militar, económica y políticamente autodenominada como Bloque Sur.

Este Bloque Sur, aun integrado dentro de la estructura del Partido Comunista como brazo armado, será objeto de un operativo militar que terminará con la república independiente de Marquetalia, fruto de la desproporción en la correlación de fuerzas con el Estado, pero que, en todo caso, representa la semilla embrionaria de un grupo armado cuya supervivencia superará el medio siglo de violencia.

Lo cierto es que tras la desaparición de todo atisbo reaccionario en Marquetalia, la resistencia guerrillera, en un ejercicio de supervivencia, se traslada a Riochiquito-Tierradentro, en Cauca, y después a El Pato, en el departamento de Meta. Allí crearán dos conferencias guerrilleras, siendo en la segunda de ellas, a finales de 1966, cuando el Bloque Sur pasa a autodenominarse como FARC, tomando como mito fundacional lo acontecido en Marquetalia en 1964 (Pizarro, 2011).

Evolución de la lucha armada (1964-1998)

Desde el año 1964, las FARC surgen en el escenario del conflicto armado interno con una cifra de 350 insurgentes, entre los cuales se encuentra su líder histórico, Manuel Marulanda Vélez, junto a Ciro Trujillo como primer lugarteniente y otras figuras clave como Jacobo Arenas. Los principales enclaves de acción de estas primeras FARC se focalizarán, sobre todo, en los departamentos de Tolima, Meta y Caquetá.

Desde su inicio, las FARC se van a nutrir de una impronta netamente campesina, dotándose de un reglamento interno de organización y funcionamiento a partir del cual orientar su acción armada. Sin embargo, en estos mismos inicios, van a estar a punto de desaparecer fruto de que un operativo militar se encuentra con un grueso de guerrilleros al mando del segundo de las FARC, Ciro Trujillo, en el departamento de Quindío, y en donde el grupo armado pierde numerosos nombres además de un 70 por ciento de su armamento. No obstante, y a diferencia de lo que sucede con el ELN, las FARC no van a sufrir reveses considerables más allá del mencionado y, paulatinamente, van a ir consolidando su posición, si bien muy supeditada en sus inicios al Partido Comunista, y con una escasa relevancia dentro del escenario de la violencia en Colombia (Pizarro, 2011).

Su institucionalidad se va a reforzar tras la III Conferencia Guerrillera de 1968 en Guayabero y la IV Conferencia Guerrillera de 1970 en El Pato, cuando su número de efectivos llega a duplicarse, hasta llegar a los 780 integrantes. No obstante, como reconoce Aguilera (2010: 88), durante los trece años que transcurren entre 1968 y 1982, el promedio real de violencia ejercido por las FARC apenas fue relevante: 1,6 tomas armadas sobre poblaciones rurales y dos emboscadas al año. Sin embargo, y a pesar de que las FARC muestran escasa notoriedad en perspectiva nacional, a medida que pasan los años van consolidando su posición en Tolima, Cauca, Meta, Huila, Caquetá, Cundinamarca y las regiones de Urabá y el Magdalena Medio, llegando casi a los 1.000 combatientes hacia finales de los setenta (Sánchez, Díaz y Formisano, 2003: 65).

Un punto de inflexión en la historia de las FARC va a ser la VII Conferencia Guerrillera, la cual tendrá lugar en Guayabero (Meta), entre los días 4 y 14 de mayo de 1982, y donde en la denominación de la guerrilla, como se apuntaba al inicio, se integra la proclama Ejército del Pueblo, aunque lo más destacable como estrategia de lucha será la incorporación de lo que se conocerá como la “nueva forma de operar” (NFO). Esta NFO no supone sino la extrapolación de la experiencia de la Operación Cisnes 3 que, dirigida por un casi desconocido Mono Jojoy, se pone en marcha en Guayabero en el año 1980, con el objetivo de dirigir un conjunto de guerrillas móviles capaces de actuar sobre un solo frente y dispersarse (hit and run). Es decir, tal y como recoge Moreno (2006: 632), la NFO pasa a entenderse como “una nueva táctica militar, partiendo de la base de que la guerra regular pasó a ser irregular […] y por la prolongación del conflicto, lo que lleva a cada Ejército a sus formas de combate”.

Esta dimensión del conflicto, que pone de manifiesto una nueva lógica de guerra para las FARC, queda orientada hacia una actitud mucho más ofensiva que, en los años venideros, se va a traducir en ofensivas de cerco y aniquilamiento de unidades militares. Para ello, resulta imprescindible el incremento de la fuerza de combate y el reclutamiento de nuevos efectivos, para lo cual el impacto que el narcotráfico va a suponer es un factor imprescindible, adicional a las tradicionales fuentes de poder económico tales como el secuestro o la extorsión sobre sectores boyantes como el ganadero o el banano (Henderson, 2010).

Asimismo, al auge vertiginoso que desde 1982 van a experimentar las FARC hay que añadir otros factores, como la instrumentalización sobre el proceso de negociación con el presidente Belisario Betancur, y que, en un escenario de cese bilateral de las hostilidades, va a permitir a las FARC fortalecerse y rearmarse. Por otro lado, también estaría la ruptura con el Partido Comunista, al cual la guerrilla había quedado supeditado prácticamente desde su creación y con el cual comienza un proceso de ruptura que termina con la creación del Partido Comunista Colombiano Clandestino y el Movimiento Bolivariano. Dos estructuras que pasan a depender directamente de la organización armada dentro de una lógica de subordinación de lo político a lo militar.

Tal es el auge del poderío militar de las FARC sobre las circunstancias descritas que desde 1982 se duplican sus frentes, los cuales pasan de nueve a dieciocho, en un proceso igualmente extensible al ELN, el EPL o el M-19. A tal efecto, como dirá el mismo Pécaut (1987: 8): “La cuestión guerrillera cambia, de esta manera, de naturaleza y de escala. De un fenómeno crónico pero marginal, enraizado en la tradición de la Violencia y en los conflictos por la tierra, se transforma en un componente de un proceso que, por primera vez, percibe como objetivo la lucha por el poder”.

De hecho, sobre la anterior tesitura de crecimiento de las guerrillas es que se va a ir produciendo un proceso de convergencia que llega a concretarse a mediados de la década de los ochenta en la creación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y respecto de la que cada grupo guerrillero va a disponer de su facción política propia. Es decir, A Luchar en el caso del ELN, el Frente Popular para el EPL y, por último, la Unión Patriótica para el caso de las FARC60. Las dos primeras apenas tendrán relevancia, mientras que la tercera será eliminada en una especie de genocidio sin precedentes en la historia política colombiana61. Además, las concebidas como guerrillas de segunda generación como el PRT, el M-19 y la guerrilla indigenista QL no van a terminar por hacer presencia activa, entre otras cuestiones por su pronta desmovilización y reintegración en la vida política colombiana a inicios de los noventa. Cosa diferente a las FARC y el ELN, que mantendrán inalterada su convicción por seguir disputando militarmente el poder político al Estado.

Lo cierto es que, para entonces, las FARC pasan a tener más una treintena de frentes —algunos como Aguilera (2010: 144) ya identifican hasta 48 frentes—, y el número de combatientes asciende casi a 6.000 efectivos. Esta fortaleza guerrillera se va a repartir por casi toda la geografía del país (Echandía, 2006), y con especial predilección por la cordillera oriental de los Andes y los alrededores a las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Igual va a suceder con las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, y los corredores estratégicos de gran valor para el tráfico de armas y droga. Chocó, en tanto que da acceso al Pacífico y queda libre, a diferencia de la región de Urabá, de paramilitares. Caquetá y Huila como bastiones tradicionales unidos a Cauca y Nariño, nucleares en la salida al Pacífico y la frontera con Ecuador, respectivamente, y, por último, el corredor colombo-venezolano a través de los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía (Pécaut, 2008).

Así, agotada cualquier pretensión de canalizar la fuerza política de las FARC a través de las elecciones y la Unión Patriótica, los últimos años de la década de los ochenta y los inicios de los noventa cambian por completo el devenir de la guerrilla. A la terrible situación experimentada por la UP, la ruptura con el Partido Comunista y la algidez en que transitaba la insurgencia, pero también el paramilitarismo62, hay que añadir la muerte del que se puede considerar como el ideólogo de las FARC, Jacobo Arenas, quien fallece en 1990 a causa de un infarto.

De este modo, a partir de entonces, la facción más política de la guerrilla pasa a ser encarnada por la persona de Manuel Marulanda Vélez, a favor de una línea mucho más beligerante que va a ponerse de manifiesto en la VIII Conferencia Guerrillera de 1993, en la que se propugna la asunción de las armas como única estrategia de lucha. A ello había contribuido notablemente el distanciamiento que las FARC tenían con respecto al Gobierno de César Gaviria, quien, coincidiendo con la inauguración de la Asamblea Nacional Constituyente que debía dotar de una nueva Constitución al país, puso en marcha la Operación Centauro II: un bombardeo estratégico sobre el santuario de las FARC en Casa Verde, en el municipio de La Uribe (Meta), y que era su particular respuesta a la negativa de la guerrilla a desmovilizarse dentro del escenario de cambio político que acontecía en Colombia (Chernick, 2012).

Paralelamente, la organización interna de las FARC se había ido solidificando en torno al Estado Mayor Central y el Secretariado63, las dos figuras clave en la organización interna de la guerrilla, lo cual va a permitir entender en buena medida su longevidad, además de su capacidad para sobreponerse a los golpes estratégicos que tendrán lugar en la última década.

Así con todo, la perspectiva de un enfrentamiento militar absoluto entre FARC y Estado se impone en ambos lados, de manera que la etapa de autodefensa es un vago y lejano recuerdo. Desde entonces, durante toda la década de los noventa, las FARC tendrán como único fin el llevar a cabo operativos militares capaces de tomar el poder político y derrocar al Gobierno. Es lo que pasa a denominarse para algunos autores una “guerra de movimientos”, al imbricarse una estrategia de ofensiva táctica y estratégica en la que se busca la confrontación y la medición de fuerzas directa entre guerrilla y Ejército, con el firme propósito de desplegar recursos bélicos a gran escala e infringir severas derrotas en la tesitura conflictual armada (Pizarro, 2004; Pécaut, 2008). Buena cuenta dará de ello el paso de una estrategia centrífuga a una estrategia centrípeta, envolvente, en la que la NFO va a poner al Estado contra las cuerdas, tal y como ponen de manifiesto sonadas derrotas como las de Puerres (Nariño), Las Delicias (Putumayo), La Carpa (Guaviare), Patascoy (Nariño), El Billar (Caquetá), Miraflores (Guaviare) o La Uribe (Meta)64.

Mapa 1

Frentes de las FARC creados entre 1960 y 1996

Fuente: Pécaut (2008: 31).

Las FARC y el proceso de paz del Caguán (1998-2002)

El conservador Andrés Pastrana se impuso en los comicios de 1998 al candidato liberal y oficialista, Horacio Serpa Uribe, por un margen de casi medio millón de votos, en lo que fue una campaña electoral fuertemente marcada por la necesidad imperativa de abordar un proceso de paz que confiriese una salida negociada al conflicto armado colombiano. Una imagen que posiblemente decantó el resultado electoral fue la del encuentro de quien posteriormente sería el Alto Comisionado de Paz de Pastrana, Víctor G. Ricardo, con los dirigentes de las FARC, Manuel Marulanda y Mono Jojoy, en la región selvática de los Llanos del Yarí, en el departamento de Meta.

Antes, incluso, de su toma de posesión, prevista para el 7 de agosto de 1998, el propio Pastrana se reunió con Manuel Marulanda a fin de poner en marcha un diálogo de paz que iniciaría a comienzos de noviembre de ese mismo año en lo que, vulgarmente, se conoció como el “proceso del Caguán”.

Respecto de las reglas sobre las que va a operar este acuerdo, cabe destacar la falta de un cese al fuego por parte de ambos actores. Es decir, a diferencia de otros casos, se buscaba la negociación dentro de un contexto de confrontación inalterada, quizá, tomando como referencia la experiencia de El Salvador.

Un punto clave de la negociación se dio de acuerdo a la controvertida “zona de despeje”, fruto del deseo de las FARC de no negociar fuera de Colombia. Al respecto, y haciendo valer una promesa electoral, Andrés Pastrana aceptó desmilitarizar 42.000 km2 —es decir, una extensión superior a la de Suiza—, que incluía a las cabeceras urbanas y rurales de los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el departamento de Meta, y San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. El sentido de hablar de “zona de despeje” o “zona de distensión” suponía, no obstante, que el Gobierno debía retirar toda su presencia de los municipios que conformaban esta región y, muy particularmente, cualquier presencia de Policía o Fuerza Militar.

Una vez que fueron inaugurados los diálogos, en enero de 1999, las FARC y el Gobierno van a conseguir una Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia en Paz, la cual respondía a doce temas: reformas económicas, reformas políticas, reformas agrarias, cultivos ilícitos, derechos humanos, derecho internacional humanitario, recursos naturales, reforma de la justicia, reforma política, reforma del Estado, Fuerzas Armadas y relaciones internacionales. Sin embargo, y a pesar de ello, dentro de quienes discutían la agenda del lado de la guerrilla —Raúl Reyes, Fabián Ramírez y Joaquín Gómez— ni mucho menos se apreciaba un cariz político como, por ejemplo, el de otros líderes como Alfonso Cano o Pablo Catatumbo.

Tan intrincada agenda dificultaba cualquier posibilidad de puesta en común, más si se añade que, sobre estos temas, a su vez, se producía una subdivisión de 48 subtemas que, finalmente, ponían de manifiesto hasta qué punto se carecía de una estrategia previamente definida, a efectos de la negociación. Por ejemplo, en ningún momento de la negociación aparecerían cuestiones tan relevantes en un proceso de paz como es el caso de la discusión sobre la entrega de armas y el desarme (Chernick, 2012).

Al respecto, había que añadir una falta de voluntad política por resolver el conflicto armado, a lo que cabía sumar un paramilitarismo creciente, respecto del cual el Estado colombiano actuaba con manifiesta complacencia, y una falta de confianza con la que alimentar intercambios cooperativos como la liberación de policías y militares secuestrados por las FARC a cambio de guerrilleros. Así con todo, el proceso de paz parecía fracasar desde el inicio, especialmente a tenor del incidente de la conocida vulgarmente como “silla vacía”, fruto de la ausencia de Manuel Marulanda en la inauguración de los diálogos de paz, cuando todos los focos y medios centraban su atención en el momento.

El resultado es que poco se avanzó durante los 1.139 días que duró el proceso de diálogo. Las partes nunca llegaron a un solo punto de acuerdo de los previstos dentro de la agenda, y el conflicto empezó a presentar inconmensurables dosis de violencia fuera de la “zona de despeje”, en tanto que las FARC incrementaban su pie de fuerza a la vez que el Gobierno intensificaba su presencia en ciertas áreas de dominio guerrillero. Tampoco la opinión pública y la sociedad civil colombiana mantuvieron la convicción sobre las posibilidades reales de llegar a una salida negociada del conflicto, de modo que el fracaso del intento negociador era cuestión de tiempo. Hacia el año 2001, cuando la confianza estaba muy deteriorada, los negociadores del Gobierno tratarían sin éxito la posibilidad de negociar un último cese al fuego bilateral, en el mes de octubre. Ya para 2002, y antes del fracaso total del proceso, a modo de facilitadores, tanto la ONU como algunas delegaciones de países acompañantes buscaron igualmente vías con las que facilitar algunos resultados específicos, si bien con el mismo desenlace infructuoso.

A las continuas filtraciones de la prensa, que para este entonces era totalmente escéptica con el proceso, se unía el incremento de los secuestros, así como de la superficie cultivada, respecto a la cual las FARC rehusaban de mecanismos de erradicación forzosa. Es decir, más allá de intenciones formales, la reducción de las hostilidades, bajo este contexto, resultaba imposible. A todo se unía también las implicaciones irresolutas de la “zona de distensión”, la cual agrió las relaciones cívico-militares, y la imposibilidad de gestionar una agenda como la planteada, cuya mayoría de puntos eran cuestiones impropias de un proceso de negociación como el colombiano.

En definitiva, cualquier espíritu negociador en el Gobierno colombiano quedaría soterrado una vez que se produce el secuestro del senador Eduardo Géchem Turbay, a manos de las FARC, el 20 de febrero de 2002. Ese mismo día, Pastrana informaba de la definitiva ruptura unilateral de las negociaciones, hundiendo su imagen como presidente, pero también la aceptación de la sociedad a cualquier otro intento negociador con los grupos guerrilleros.

Las FARC y la Política de Seguridad
Democrática (2002-2010)

Cualquier mirada a la evolución del conflicto armado con las FARC en los últimos años debe centrarse en un punto fundamental: la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia en agosto de 2002. Una llegada que se produce tras el fracaso del intento negociador del Caguán, y pocos meses después del atentado terrorista del 11-S sobre las Torres Gemelas; algo que de manera imprevista aproximará la lucha contra el terrorismo global y el código geopolítico de Washington al de Bogotá.

De este modo, la política de mano dura, la idea de superar el conflicto por la estricta vía militar y la anteposición de la seguridad a cualquier otro derecho o libertad pasan a dominar el escenario institucional colombiano y buena parte de su imaginario colectivo. Dicho de otra forma, se alienta lo que se va a denominar como Política de Seguridad Democrática, esto es, la punta de lanza de los dos gobiernos de Álvaro Uribe, y que tiene como finalidad el desmonte de las estructuras paramilitares, la reducción en su máxima expresión de la superficie cocalera y el combate antinarcóticos y la eventual derrota de FARC-EP y ELN.

Para lo anterior, se destinan, entre la primera (1.835) y la segunda (5.770) presidencia de Álvaro Uribe más de 7.000 millones de dólares, a los que se suman otros tantos provenientes de la cooperación estadounidense, de tal manera que las Fuerzas Militares de Colombia experimentan una transformación sin parangón (Ríos, 2017). Colombia va a recibir una ingente cantidad de recursos: 606 millones de dólares en el año 2003, 594 en 2004, 579 en 2005, 582 en 2006, 573 en 2007 y 422 en 2008.

Dicho de otra manera, solo bajo el mandato de George W. Bush, que en todo momento va a coincidir con Álvaro Uribe en la presidencia colombiana, el país andino será destinatario de un total de 3.356 millones de dólares (Otero, 2010) para, con esto, dirigir acciones operativas traducidas en: 1) ejercicios y operaciones combinadas; 2) educación militar en Estados Unidos; 3) entrenamientos combinados; 4) experimentación conjunta en inteligencia, comunicaciones, control y comando; 5) contactos de defensa y militares; 6) asistencia cívico-humanitaria, y, finalmente, 7) operaciones de mantenimiento de la paz.

Colombia se transforma, transcurrido este tiempo, en el cuarto país del continente que más va a incrementar su presupuesto en seguridad y defensa tras Chile, Venezuela y Ecuador. Además, se erige como el país de América Latina con mayor cobertura de la fuerza pública por número de habitantes, con un promedio de 881 efectivos por cada 100.000 habitantes, únicamente superado por Bolivia (Mindefensa, 2010). En esta misma tendencia, la Policía Nacional colombiana, entre 2002 y 2010, pasa de los 110.000 miembros a los 160.000, y el Ejército, de 203.000 a 270.000 efectivos, de manera tal que, en términos agregados, el pie de fuerza pública en Colombia se incrementa en un 40 por ciento. De igual forma, cualitativamente habrá que añadir otros tantos avances notables en lo que tiene que ver con modernización, organización, coordinación, distribución y disposición de recursos (Mindefensa, 2011).

Gracias a todo lo anterior, se produce la creación de 60 batallones antiguerrilleros, 15 brigadas móviles, 8 brigadas territoriales, más de 40 destacamentos con francotiradores de alta precisión, 24 centros de instrucción y entrenamiento, 12 compañías Plan Meteoro para las carreteras o 9 batallones de apoyo. También estarían los batallones de alta montaña, desarrollados en el Parque de Farallones (Valle del Cauca), El Espino (sobre el eje Arauca, Boyacá, Casanare), Valencia (Cauca), Génova (Quindío) y en la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en la Serranía de Perijá. Batallones de alta montaña que van a buscar actuar directamente sobre enclaves de presencia guerrillera, con poca población, pero que permite articular escenarios de confrontación sobre ejes que, sin duda, son vertebrales para la guerrilla (Rangel y Medellín, 2010: 154) y a lo que añade la creación de 429 nuevas operativas en las Fuerzas Militares; 180 estaciones de Policía, 152 subestaciones de Policía que permiten acumular, entre 2002 y 2010, un total de 16.921 combates contra las guerrillas (ODHDIH, s. f.).

Tal y como ya han planteado varios autores como Salas (2010, 2015), Ríos (2016) o Echandía y Cabrera (2018), el conflicto armado, a tenor de todo lo anterior, cambia de una manera muy significativa su correlación de fuerzas, de modo que las guerrillas experimentan un debilitamiento sin precedentes. Tanto es así que se consigue desmovilizar a 15.095 guerrilleros de las FARC-EP y 3.188 guerrilleros del ELN, toda vez que 36.664 guerrilleros, principalmente de FARC y ELN, son capturados y otros 13.879 son dados de baja.

Por primera vez, la inteligencia de la fuerza pública pasa a asumir una posición ofensiva, de intercepciones y de infiltración, lo cual permite llevar a cabo operativos en los que son abatidos o capturados algunos de los cabecillas más importantes de las FARC. Así sucede con JJ, Negro Acacio, Martín Caballero, Martín Sombra, Iván Ríos, Karina, Raúl Reyes, Rodrigo Granda o Negro Antonio.

Es decir, si en el año 2002 la violencia producida por el conflicto armado colombiano acercaba al país a una suerte de “Estado fallido” (Rotberg, 2004), en términos de violencia neta, el país mostraba unas cifras bien distintas. Antes de que llegase Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia, en el año 2002, según las fuentes oficiales, las FARC estaban formadas por 18.000 combatientes que tenían el control efectivo de 346 municipios en donde llegaron a protagonizar 1.042 acciones armadas. Sin embargo, ocho años después, apenas eran 8.500 efectivos con presencia en 124 municipios y con la responsabilidad de 724 acciones armadas (Ríos, 2016).

Un debilitamiento para lo cual mucho tuvo que ver la intervención de las Fuerzas Militares y los operativos policiales sobre las tradicionales fuentes de financiación de las guerrillas, especialmente secuestro, extorsión y narcotráfico. Esto porque entre 2002 y 2010 se destruyeron 20.062 laboratorios cocaleros, se incautaron 1.233 toneladas de marihuana, 5,3 toneladas de heroína y 1.269 toneladas de cocaína. Es decir, si en 2002, la superficie de coca era de 130.364 ha, en 2010, la superficie se había reducido a 58.073 y, de la misma manera, los homicidios habían caído a 15.459 y las masacres pasan de 680 a 183, la tasa de homicidios se reducía de 69,92 a 33,97 muertes violentas, y el número de secuestros caía de 2.882 a 434, en los mismos términos que las extorsiones, que decaen de 262 a 152 (Ríos, 2017).

En definitiva, lo que acontece es un cambio sustancial y sin retorno por el cual Colombia, más allá de los puntos negros que dejó la presidencia de Álvaro Uribe —y que no son objeto de análisis en estas páginas— experimenta un cambio favorable en la correlación de fuerzas frente a las guerrillas. Una realidad, en todo caso, que conectará con la nueva manera de entender la lucha contrainsurgente y antinarcóticos a partir de 2012, y la cual, necesariamente, pasa por un proceso de diálogo y un giro de 180 grados en la política pública contra las drogas en Colombia.

Periferialización y narcotización de las FARC

Como se señalaba con anterioridad, el proceso de fortalecimiento del Estado colombiano, y en particular, su dimensión de seguridad y defensa, coincide con una pérdida de poder económico, territorial y de combate en la guerrilla. Una cuestión que no solo va a permitir entender las lógicas de redefinición espacial de la violencia en Colombia, sino, igualmente, la relación con las distintas fuentes de financiación que nutrían el activismo armado de las FARC.

Tal y como se ha estudiado de manera prolífica en Colombia, las finanzas de las FARC y, por ejemplo, el ELN, hasta prácticamente inicios del siglo XXI, tuvieron dos trayectorias muy diferentes. Así, inicialmente las FARC rechazaban cualquier relación con la marihuana o la coca, por entender que ello desvirtuaba a las comunidades receptoras y contravenía lo que debía ser el “espíritu guerrillero”. Sin embargo, a partir de los ochenta, se acepta lo que se llama el impuesto de gramaje, concretamente en el marco de la VIII Conferencia Guerrillera de 1989. Ese gramaje se justificaba en sí como un cobro al cultivo de coca, con el propósito de proteger a los agricultores frente a la llegada de grupos paramilitares. No obstante, en las zonas de dominación territorial de las FARC se sumaba una segunda contrapartida a los propios narcotraficantes, la cual, de acuerdo con Pécaut (2008b), incorporaba la posibilidad de disponer de laboratorios, pistas clandestinas o rutas de evacuación de los cargamentos.

Tal y como reconoce Aguilera (2010: 148), el gramaje, en sus inicios, ascendía a un 15 por ciento, aproximadamente, de cada transacción realizada con pasta o base de coca, lo que marca un punto de inflexión en el seno de las FARC con respecto a lo que será conocido como la diferencia entre frentes ricos y frentes pobres de la guerrilla. Una diferencia problemática, especialmente porque los frentes ricos hacían evidencia de su opulencia, y muy a pesar de que, como reconoció un informe de las FARC de 1987, desnaturalizaba la idea de guerrillero pobre, obrero y trabajador del campo. Es más, será en este punto cuando emerja con fuerza el recurrido concepto de “narcoguerrilla” o “narcoterrorismo”, planteado en el primigenio trabajo de Palacio y Rojas (1990).

La propia concurrencia de las FARC sobre los principales enclaves cocaleros va a favorecer su mayor presencia en la industria de la droga una vez que, desde 1989, se busca incrementar el pie de fuerza y disputarle el poder al Estado con visos a su posible derrocamiento. Hechos como la detención del gran capo de la droga brasileña, Fernandinho, en un territorio controlado por las FARC, así como figuras en las finanzas de la guerrilla, como es el caso de Negro Acacio, al frente de los negocios del Bloque Oriental —no casualmente el más poderoso de las FARC y presente sobre vastos escenarios cocaleros—, invitan a aceptar una creciente participación en el negocio de la droga.

Mientras que algunos como Aguilera hablan de que, en el mejor momento, el narcotráfico permite ingresar más de 1.200 millones de dólares al año a las FARC, otros como Henderson enfatizan en la proporción que supone la droga con respecto a estos rubros, de manera tal que “a finales de los años noventa el secuestro representaba el 36 por ciento de los ingresos de las FARC, comparado con el 54 por ciento derivado de la venta de drogas ilegales” (Henderson, 2010: 224). Igualmente, en otro orden de aproximaciones, Bejarano y Pizarro (2001: 3) llegarían a afirmar que, del total de ingresos obtenidos por las FARC, en torno a un 48 por ciento sería proveniente del tráfico de drogas, un 36 por ciento fruto de la extorsión, el 8 por ciento derivado del secuestro, un 6 por ciento producto del robo de ganado, más un 2 por ciento restante de actividades varias. Un reparto de rubros parecido al manejado por el Gobierno a partir de los estudios de la Junta de Inteligencia Conjunta (2005: 7) y que, en su momento, estimó que las fuentes de poder económico de las FARC respondían a una distribución en la que el narcotráfico representaba un 46,44 por ciento, la extorsión un 41,31 por ciento, el secuestro un 6,75 por ciento y casi un 8 por ciento el resto de actividades, como el hurto de ganado o de combustibles y el asalto a entidades bancarias.

En cualquier caso, el impacto de la Política de Seguridad Democrática y el Plan Colombia, tal y como se apuntaba con anterioridad, iban a minar la obtención de recursos provenientes de secuestro y extorsión, dependiendo, si cabe más, del dinero proveniente de la droga, y muy particularmente a partir de la reubicación espacial de la guerrilla en enclaves periféricos, cocaleros y fronterizos en donde, en los últimos años, va a consolidar su posición territorial.

Tabla 2

Evolución municipal y departamental de la presencia de las FARC entre 1998 y 2012

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Municipios
con presencia
de las FARC

186

194

208

206

346

313

218

234

234

152

131

164

166

180

190

Departamentos con presencia
de las FARC

25

27

29

26

28

31

29

29

29

22

24

24

21

23

20

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del ODHDIH (s. f.) y UNODC (2014).

En todo caso, conviene precisar que, a diferencia del ELN, que entre 1998 y 2012 fue acumulando dificultades que estuvieron a punto de hacerlo desaparecer, las FARC, muy a pesar de haber perdido en ese lapso de tiempo más de la mitad de su pie de fuerza y buena parte de su poder territorial, no sufrieron una derrota militar. Así, de esto da buena cuenta el nivel de activismo armado acontecido, por ejemplo, en el año 2012, cuando aún se superaban, por parte de las FARC, las 800 acciones armadas; eso sí, muy alejadas de las 65 protagonizadas por el ELN.

Si se observan, por ejemplo, los dos mapas que continúan, es posible apreciar de qué modo las FARC pierden poder en dos enclaves por encima del resto. Por un lado, en la región central, conformada por Cundinamarca, Boyacá y el eje cafetero; y, por otro lado, la región Caribe, compuesta por los departamentos de Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Córdoba.

Así, en el primero de estos dos escenarios, la desaparición de las FARC se debe al gran impacto de la Política de Seguridad Democrática, que desde 2003 rompe con la estrategia envolvente de las FARC sobre Bogotá. Solo en Cundinamarca, entre 2002 y 2003, se contabilizan hasta 357 operativos militares sobre las FARC. Unas FARC que mientras que en 2002 protagonizaban hasta 129 acciones armadas en ese departamento, tres años después han desaparecido por completo del mismo. Una tendencia que, igualmente, sucede en Caldas, Quindío o Risaralda, que conforman el eje cafetero. Igualmente, mientras que en 2002 son contabilizadas hasta 389 acciones guerrilleras, en 2007 no se computa una sola acción de las FARC. Incluso en Boyacá, donde había acciones guerrilleras desde los años ochenta por la confluencia de los frentes 28, 10 y 45, se ponen en marcha hasta 141 acciones militares que hacen que, en 2007, por primera vez en décadas, no haya constancia de una sola acción protagonizada por las FARC.

Mapa 2

Evolución del activismo de las FARC, 2002-2012

Fuente: ODHDIH (s. f.).

Algo parecido tendrá lugar en la región Caribe colombiana. En el departamento de Atlántico, de gran impronta paramilitar, la presencia de las FARC siempre resultó muy reducida, como también sucedía en Córdoba. Sin embargo, entre 2002 y 2007 se aprecia una muy significativa reducción que lleva a la práctica desaparición de las FARC igualmente en Magdalena, Sucre y Cesar, manteniéndose, aunque con dificultades, en La Guajira y Bolívar.

De este modo, con base en lo anterior, podría decirse que en la última década han sido tres los escenarios nucleares para la subsistencia de las FARC, los cuales se erigieron como bastiones territoriales durante los últimos años. En primer lugar, estaría el nororiente del país, con los departamentos de Arauca y Norte de Santander. En el caso de Norte de Santander, en torno a la región del Catatumbo, la cual cuenta con unas condiciones particulares en tanto que se trata de una región selvática, fronteriza con Venezuela y de alto valor agregado como corredor estratégico de droga. De hecho, solo en 2012, las FARC cometieron 74 acciones guerrilleras. Asimismo, en Arauca habrían protagonizado otras 57 acciones, aunque, con el atractivo del contrabando y la extorsión al extractivismo petrolero como principales rubros económicos para la financiación de la guerrilla.

El segundo escenario clave sería el corredor formado por los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo. Otro corredor que durante décadas fue controlado por las FARC. Eso porque, aunque entre 2002 y 2012 se dirigieron hasta 1.502 combates contra la guerrilla en Caquetá, 2.573 en Meta y 602 en Putumayo, para diciembre del año 2012, en los tres departamentos todavía se registraban más acciones armadas de parte de la guerrilla que de operativos de la Fuerza Pública. Es decir, lejos de lo que se pudiera pensar, la política de confrontación directa no se tradujo, como en otros escenarios, en una derrota militar de las FARC. Nuevamente, la geografía selvática y la concurrencia de cultivos ilícitos serían especialmente relevantes en Caquetá y Putumayo, en donde la totalidad de las acciones de las FARC se darían bajo enclaves cocaleros que acumulaban casi 30.000 ha de coca cultivadas.

Por último, se encontraría la región suroccidental, fundamentalmente concentrada en Cauca y Nariño y, en menor medida, con los departamentos de interior de Tolima y Huila. Entre 2002 y 2012 se contabilizarían un total de 1.132 combates unilaterales de la Fuerza Pública en Cauca, 544 en Nariño, 895 en Tolima y 620 en Huila. Sin embargo, se aprecia que los niveles de violencia guerrillera no se redujeron y, de hecho, tanto en Tolima con en Huila se mantuvieron niveles estables con respecto a una década atrás, en torno a las 40 acciones anuales. Lo anterior toda vez que se apreciaba una correlación de fuerzas favorable para las FARC, tanto en Cauca como en Nariño, donde las acciones guerrillas, solo entre 2011 y 2012, ascendieron a 305 y 150 respectivamente, condensando un área cultivada de coca por encima de las 38.000 ha. Área respecto de la cual el total de acciones armadas de las FARC en 2011 y 2012 tuvo lugar, en un 80 por ciento, en escenarios con alta presencia cocalera.

A efectos de mostrar esta particular relación de presencia guerrillera concentrada en enclaves de alta densidad cocalera resultan especialmente ilustrativos los siguientes dos gráficos. Por ejemplo, si se observa el año 2001, que es cuando comienza el análisis del factor del cultivo ilícito en los informes de UNODC, se puede dar cuenta de que, sobre un total de 206 municipios con activismo de las FARC, solo en 62 había concurrencia de cultivos ilícitos. Transcurridos 11 años, y con un número similar de municipios con presencia de FARC a los de entonces (190), el número de municipios con presencia de cultivos adicional se habría incrementado en más de un 50 por ciento, y siempre en los departamentos de mayor arraigo guerrillero.

Gráfico 1

Presencia armada de las FARC en relación a los municipios
con presencia de cultivos ilícitos, 2001-2012

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del ODHDIH (s. f.) y UNODC (2014).

Gráfico 2

Acciones armadas de las FARC sobre escenarios con presencia
de cultivos ilícitos, 2001-2012

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del ODHDIH (s. f.) y UNODC (2014).

Del mismo modo, si se toma como criterio, en lugar de la presencia municipal, la contabilización de acciones armadas, en 2001, sobre un total de 496 acciones de las FARC, 194 tuvieron lugar sobre municipios cocaleros. Más de una década después, en 2012, sobre un total de 824 acciones guerrilleras, 518 se habrían desarrollado sobre escenarios con presencia de cultivos de coca. De hecho, dicho 2012 fue el segundo año con mayor número de acciones armadas sobre municipios con cultivos ilícitos, únicamente superada por las 569 acciones guerrilleras en escenarios cocaleros del año 2003.

En definitiva, y planteado de otro modo, si en 2002 la presencia de las FARC a nivel municipal apenas afectaba a un 19 por ciento de municipios con presencia de cultivos ilícitos, esa proporción asciende, de manera creciente, a lo largo de toda la década pasada para llegar, en 2012, a niveles de casi el 50 por ciento. De este modo, si para el año 2002, la proporción de acciones guerrilleras sobre municipios con presencia de cultivos era de un 30 por ciento, con el paso de los años esa proporción casi se duplica, al llegar, en 2012, al 63 por ciento, tratándose de la más elevada en la relación entre activismo armado y presencia de cultivos ilícitos, de la historia reciente de las FARC.

Gráfico 3

Relación porcentual entre acciones armadas
y presencia municipal de las FARC sobre escenarios
con presencia de cultivos ilícitos, 2001-2012

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del ODHDIH (s. f.) y UNODC (2014).

Proceso de negociación y Acuerdo de Paz (2012-2016)

Fruto de lo expuesto en las páginas previas es que se entiende el sentido de diálogo y posterior Acuerdo de Paz que cierra formalmente el conflicto armado en el año 2016, tras cuatro años de intensas negociaciones en La Habana (Cuba). Es decir, la superación formal de la lucha armada se comprende mucho mejor si se mira en retrospectiva los últimos años de conflicto armado interno en Colombia y el paulatino e irreversible proceso que, con el paso del tiempo, hizo de una solución negociada la mejor manera de poner fin a décadas de violencia.

Desde la investigación para la paz y la resolución de conflictos, y acuñando el concepto inicialmente planteado por el trabajo de Touval y Zartman (1985), es que se puede decir que el conflicto armado había entrado en una suerte de “doble estancamiento doloroso” (mutually hurting stalemate), donde el recurso de la violencia tornó por ser doblemente insatisfactorio para las partes en disputa.

Es decir, fruto de la consolidación del conflicto en enclaves cocaleros, y mayoritariamente alejados de los centros decisorios del país es que se entra en una nueva etapa en la que, por primera vez, resulta imposible pensar en su desactivación por la vía militar. Esto porque, tras décadas de violencia, y sin atisbo de victoria por ningún lado, tanto Gobierno como guerrilla, racionalmente, llegan a un punto crítico (ripe moment) por el que mantener el conflicto abierto es desfavorable para ambos. Dicho de otro modo, su negociación se convierte en la posibilidad más beneficiosa de todas.

Como se pudo observar, la guerrilla fue perdiendo a buena parte de su estructura de mando, y su capacidad de combate y su presencia territorial se redujeron en más de un 50 por ciento: 8.000 combatientes y una presencia efectiva en casi 200 municipios de los algo más de 1.100, en el caso de las FARC. De otro lado, el Gobierno, tras destinar durante una década más de un 5 por ciento del PIB en seguridad y defensa, fruto de las transformaciones territoriales del conflicto, tuvo que pasar a gestionar el conflicto armado en enclaves selváticos o montañosos, fronterizos y con fuerte arraigo guerrillero. Tres factores que, sin duda, reducían sustancialmente las opciones de éxito militar que se habían experimentado, anteriormente, en otros enclaves del país. 

Es así que, en agosto de 2012, se hace pública la puesta en marcha de una salida negociada con las FARC y sobre la base de un diálogo que transcurriría en Cuba, fuera del país, con equipos de negociación de cariz mucho menos beligerante que en el pasado, y sobre una agenda de seis puntos, aparte del seguimiento de países como Noruega, Chile, Cuba y Venezuela, en calidad de garantes y acompañantes, lo cual deja entrever, por otro lado, el aprendizaje de las lecciones del pasado que ofreció el proceso del Caguán.

A decir verdad, el proceso de negociación del Gobierno colombiano con las FARC no ha estado exento de dificultades, si bien, en todo momento, se ha observado un nivel de compromiso y una seriedad que casi siempre invitó al optimismo. Y a pesar de que, tras la firma de un primer acuerdo final, suscrito el 26 de septiembre de 2016, en el plebiscito de consulta popular acontecido el 2 de octubre se imponía el “no” al acuerdo; sobre la base de un altísimo nivel de abstencionismo y un pírrico umbral de diferencia de votos, finalmente se consiguió incorporar, en una segunda versión del mismo, importantes aportaciones de la oposición, siendo suscrito el 26 de noviembre de 2016.

En dicho segundo acuerdo, los aspectos más significativos del primero se mantuvieron, lo que hizo que el reconocido Instituto Kroc (2017), adscrito a la Universidad de Notre Dame, reconociese que, de la matriz de los últimos 34 acuerdos de paz analizados como forma de resolución pacífica de conflictos, el colombiano, de largo, era el más ambicioso y mejor diseñado de todos ellos.

De este modo, el Acuerdo de Paz resultó aprobado tras años de desescalamiento de un conflicto que, entre 2012 y 2016, presentó los menores niveles de violencia de cincuenta años, y en torno a cinco grandes cuestiones a las que se suma un último punto sobre mecanismos de verificación y refrendación.

En primer lugar, y desde principios como erradicación de la pobreza extrema, acceso progresivo o democratización de la titularidad de la tierra, se plantea la reforma de la estructura rural colombiana, la cual es una deuda con el único país latinoamericano que no experimentó reforma agraria en el siglo XX, y que se trata del segundo más desigual de América Latina. De esta manera, este punto primero, lo que hace es reconocer que la violencia en Colombia ha tenido una explicación directa con factores económicos y sociales desatendidos durante cincuenta años.

Con base en enfoques diferenciales tanto territoriales como de género o condición étnica, se destinan diez millones de hectáreas —muy bien definidas jurídicamente— para que los sectores más vulnerables y excluidos de la sociedad tengan mayor y mejor acceso a la tierra, desde un enfoque de economía solidaria y cooperativa. Esto se une a elementos de mayor descentralización municipal, en la que los niveles locales de gobierno están llamados a tener un mayor protagonismo en el diseño y planeamiento de políticas públicas, y a la necesidad, del Estado de transferir mayores niveles de institucionalidad, recursos e infraestructura —en tanto que resulta conditio sine qua non para todo proceso de construcción de paz integral—.

El segundo de los puntos se centra en la participación política, lo que se trata de un elemento imprescindible en los intercambios cooperativos presentes en todo proceso de negociación con guerrillas. En este punto, se incorporan varios temas novedosos, aunque, en gran parte, orientados a construir una cultura política que trascienda del parroquialismo y del profundo déficit de democracia local —traducido en desafección, desinterés e, incluso, desconfianza hacia las instituciones políticas— del que adolece el país. Es por ello que se establecen elementos tales como presupuestos participativos; visibilización, problematización y politización de las necesidades de las regiones más afectadas por el abandono del Estado; y todo un elenco de acciones destinadas a construir pedagogía de lo que representa transformar y superar un conflicto armado interno de estas características.

El anterior punto conectaría con el siguiente, centrado en el fin del conflicto —entrega y dejación de armas—, y que igualmente aborda otros aspectos de participación política. En él se fijan los recursos y posibilidades que deben facilitar la participación de las FARC en la nueva arena política colombiana. De este modo, para los dos siguientes periodos presidenciales, se prevé que el partido político heredero de las FARC disponga, al menos, de cinco senadores (sobre 102) y de cinco congresistas (sobre 166), sin necesidad de umbrales electorales o mínimos de participación electoral. También se establecen los incentivos para la desmovilización, que suponen, aproximadamente, 600 euros para el momento de entrega de armas, y otros 200 euros mensuales, durante dos años, en los que se llevará a cabo todo un proceso de reincorporación y formación educativa y productiva que permita su resocialización. Elementos imprescindibles en la sostenibilidad de un proceso de paz como este, y que debe requerir, indisociablemente, de una reforma tributaria a tenor de que Colombia presenta una presión fiscal tan endeble como regresiva.

El punto cuatro aborda el tema de drogas y narcotráfico. Las FARC colaborarán con el Estado en la transferencia del conocimiento sobre cultivos y rutas, en un país, como Colombia, que resulta ser el mayor productor cocalero del mundo —donde entre 2014 y 2016 se pasó de 69.000 hectáreas a 144.000—. Debe tenerse en cuenta, empero, que cada euro invertido en políticas preventivas contra las drogas es más de veinte veces más eficaz que los invertidos en políticas reactivas, de manera que la prioridad, en cualquier caso, debe pasar por resignificar las políticas que estimulen cultivos alternativos a la coca.

Finalmente, el punto cinco salvaguardaría el esquema de justicia transicional. Quedan exonerados los delitos derivados de rebelión política y sedición que queden enmarcados en el conflicto armado, con excepción de los más graves, como violencia sexual, reclutamiento de menores, desaparición forzada o asesinato. Todos ellos quedan alineados con el Estatuto de Roma mientras que para el resto se prevén penas privativas de libertad de 2 a 5 años para los delitos graves y de 5 a 8 años para los más graves. Esto es algo similar a lo aplicado con los paramilitares colombianos en 2005 y siempre vinculado a los parámetros de verdad, arrepentimiento y no repetición, que son imprescindibles para acogerse a la justicia transicional y no a la justicia ordinaria. Además de este instrumento de justicia especial, se creará una Comisión de la Verdad que se encargará de leer al detalle las páginas de la historia del conflicto colombiano.

En cualquier caso, y a pesar de las bondades del Acuerdo de Paz, pareciera que el pesimismo hace zozobrar el optimismo inicial que acompañaba a la situación de Colombia. La fuerte polaridad social, el asesinato de más de 600 líderes sociales, los elevados niveles de incumplimiento en la implementación —especialmente, del Estado—, la llegada del uribismo, con Iván Duque, a la presidencia, el elevado nivel de retorno de excombatientes a la violencia organizada y la manipulación dirigida desde el establecimiento conservador opositor a desprestigiar el Acuerdo de Paz y todas sus aristas plantean un escenario de incertidumbre, cuando no de retorno de nueva(s) violencia(s), que habrá que seguir con detenimiento en los próximos años.

Bibliografía

Aguilera, M. (2010): Las FARC: la guerrilla campesina 1949-2010, Arfo, Bogotá.

Bejarano, A. y Pizarro, E. (2003): “Colombia: The Partial Collapse of the State and the Emergence of Aspiring State-Makers”, en P. Kingston e I. Spears (eds.), States Within States: Incipient Politial Entitites in the Post-Cold War Era, Pallgrave McMillan, Nueva York, pp. 99-118.

Bushnell, D. (2012): Colombia. Una nación a pesar de sí misma, Planeta, Bogotá.

Chernick, M. (2012): Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado colombiano, Aurora, Bogotá.

Echadía. C. (2000): “El conflicto armado colombiano en los años noventa. Cambios en las estrategias y efectos económicos”, Colombia Internacional, pp. 49-50 y 117-134.

— (2006): Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia 1986-2006, Universidad Externado, Bogotá.

Giraldo, F. (2001): Democracia y discurso político de la Unión Patriótica, Centro Editorial Javeriano, Bogotá.

Guzmán, G.; Fals Borda, O. y Umaña, E (1962): La violencia en Colombia, Tercer Mundo Editores, Bogotá.

Henderson, J. D. (2010): Víctima de la globalización. La historia de cómo el narcotráfico destruyó a Colombia, Siglo del Hombre Editores, Bogotá.

Junta de Inteligencia Conjunta (2005): Estimación de los ingresos y egresos de las FARC durante 2003, JIC, Bogotá.

Ministerio de Defensa (2010): Logros de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, Bogotá.

Ministerio de Defensa Nacional de Colombia (2011): Logros de la Política Integral de Defensa y Seguridad para la Prosperidad, Bogotá.

Moreno, A. (2006): “Transformaciones internas de las FARC a partir de los cambios políticos por los que atraviesa el Estado colombiano”, Papel Político, 11(2), pp. 595-645.

Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ODHDIH) (s.f.): Síntesis de la violencia y la confrontación armada en Colombia, 1998-2012 y 2015, Bogotá.

Otero, D. (2010): El papel de los Estados Unidos en el conflicto armado colombiano, Aurora, Bogotá.

Palacio, G. y Rojas, F. (1990) “Empresarios de la cocaína, parainstitucionalidad y flexibilidad del régimen político colombiano: narcotráfico y contrainsurgencia”, en Germán Palacio (ed.), La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana, ILSA-CEREC, Bogotá, pp. 69-104.

Pécaut, D. (1987): “Crise, guerre et paix en Colombia”. Problemes de l’Amerique Latine, 84, 3-28.

— (2006): Crónica de cuatro décadas de política colombiana, Norma, Bogotá.

— (2008a): Las FARC, ¿una guerrilla sin fin o sin fines?, Norma, Bogotá.

— (2008b): “Las FARC: fuentes de su longevidad y de la conservación de su cohesión”, Análisis Político, 63, pp. 22-50.

— (2011): Orden y Violencia: Colombia 1930-1953, Fondo Editorial Universidad Eafit, Medellín.

Pizarro, E. (2004): Una democracia asediada: Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia, Norma, Bogotá.

— (2011): Las FARC (1949-2011): De guerrilla campesina a máquina de guerra, Norma, Bogotá.

Ramsey, R. (1981): Guerrilleros y soldado, Editorial Tercer Mundo, Bogotá.

Rangel, A. y Medellín, P. (2010): La Política de Seguridad Democrática, Norma, Bogotá.

Revista de la Policía Nacional, nº 5 (1962), Bogotá.

Ríos, J. (2016): “La periferialización del conflicto armado en Colombia (2002-2014)”, Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, 7(2), pp. 251-275.

— (2017): Breve historia del conflicto armado en Colombia, Los Libros de la Catarata, Madrid.

Rotberg, R. (2004): When States Fail: Causes and Consequences, Princeton University Press, Princeton.

Salas, L. G. (2010): “Corredores y territorios del conflicto armado colombiano: una prioridad en la geopolítica de los actores armados”, Perspectiva Geográfica, nº 15, pp. 9-36.

— (2015): “Lógicas territoriales y relaciones de poder en el espacio de los actores armados: un aporte desde la geografía política al estudio de la violencia y el conflicto armado en Colombia, 1990-2012”, Cuadernos de Geografía, 24(1), pp. 157-172.

Sánchez, G. y Meertens, D. (1983): Bandoleros, gamonales y campesinos, El Áncora Editores, Bogotá.

Sánchez, F.; Díaz, A. M. y Formisano, M. (2003): “Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: un análisis espacial”, Documento Cede, 2003-2005, pp. 1-60.

Touval, S. y Zartman, W. (1985): International Mediation in Theory and Practice, Westview, Boulder.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2014): Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2013, Viena, Austria.

CAPÍTULO 5

Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Egoitz Gago Antón

Introducción

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es una organización extraña en el momento político que se vive en América Latina. Después del Acuerdo de Paz con las FARC, es la organización insurgente más importante de Colombia y una de las que aún quedan en activo. Si bien se encuentra en un proceso de diálogo con el Gobierno colombiano, este proceso está congelado por las demandas que el presidente Duque está haciendo a la organización.

La historia de la organización, el cómo se creó, sus principios rectores y sus estrategias de acción son parte de la historia del país y es importante conocerlas. El capítulo que aquí se presenta intenta lanzar alguna luz sobre esos elementos. Para ello se ha divido el texto en cuatro partes complementarias. En un principio se presenta el origen del ELN. Esta es una guerrilla que responde a unas dinámicas más clásicas en su génesis, surgiendo de un grupo de personas universitarias que viajan a Cuba para entender la revolución y cómo sus principios pueden ser positivos para Colombia.

Una vez en Cuba serán testigos de un hecho importante, la amenaza de invasión de la isla que se da como parte de la crisis de los misiles. Esta crisis traerá la formación de un grupo de personas dedicadas entrenadas en tácticas guerrilleras y políticas, que llevarán lo aprendido a Colombia. Una vez allí, se encontrarán con una situación que poco se asemeja a la que encontraron en la isla. Por un lado, habrá una gran población rural oprimida, con pocas salidas y menor concienciación política. Por otro, un sector de izquierdas activo en las grandes ciudades, dominado por sindicatos y centrales de trabajadores.

Desde un comienzo, se identificará al sector rural como el más interesado en la lucha armada, pero a la vez se rechazará lo que ocurre en las ciudades, llegando a tachar a las organizaciones sindicales como “pequeño burguesas”. Traicionando los principios de la guerra de guerrillas cubana, el ELN negará la lucha política y centrará sus esfuerzos en la lucha armada, postulando su necesaria naturaleza como columna vertebral de la revolución. La primera acción importante de la nueva organización, donde se dará a conocer, será la toma de Simacota. Esta acción tendrá una gran repercusión y el ELN aparecerá como el grupo insurgente que se sitúa en el hueco que ha dejado una guerrilla más rural y tradicional como las FARC.

Los primeros años del ELN no pueden entenderse sin la figura del cura Camilo Torres, que incorporará los preceptos de la teología de la liberación al programa de acción de la organización. Sin embargo, como se puede apreciar en el texto, Camilo Torres funcionará más como una figura mítica. Si bien ayudará a atraer a elementos políticos urbanos a la órbita del ELN, su paso por la organización será fugaz, ya que será abatido en una acción armada. La figura de Camilo Torres se identificará de manera continua con el ELN y será su símbolo más claro.

Estos primeros años de la organización no estarán exentos de problemas, como la escasa conciencia política de sus miembros y su rígido orden interno, lo que llevará a un descrédito de la dirección y a discutidos juicios internos. La estrategia militar del ELN igualmente se verá sacudida en los años setenta por la acción coordinada de la fuerza pública en operaciones como la de Anorí o el “febrerazo”, que consiguieron casi acabar con todas las estructuras del ELN.

La siguiente parte del texto explica los fundamentos ideológicos del ELN y sus cambios desde el momento de Camilo Torres en adelante. La crisis traerá un cambio radical en la dirección, haciendo que su líder fundacional, Fabio Vásquez Castaño, aproveche un viaje a Cuba para escapar de un posible juicio interno.

De estos procesos saldrán varios resultados importantes. Uno de ellos será el nuevo aprecio tomado por la concienciación política. En Anorí, uno de los problemas fue la falta de colaboración campesina, debida al bajo trabajo de formación política realizado. Otro será la dinámica semiindependiente de los frentes de guerra que disfrutarán de mucha libertad a la hora de interpretar los preceptos del ELN y cómo llevarlos a cabo durante la lucha armada. De la guerra de guerrillas prolongada se pasará a la guerra popular prolongada, con un acentuado protagonismo a la creación de un movimiento de masas paralelo a la lucha armada.

Si bien dicha lucha armada seguirá siendo parte de la columna vertebral del ELN, desde la década de los ochenta, esa inclusión de los principios políticos y las circunstancias políticas del país pondrán encima de la mesa la posibilidad real de la negociación política con las instituciones. Esto se ve claro en la incorporación del grupo guerrillero en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Aunque el ELN dejará de formar parte de esa coordinadora, los esfuerzos para conseguir dialogar con el Gobierno colombiano serán claves para entender las acciones de la organización hasta la actualidad. El ELN nunca abandonará los preceptos del marxismo leninismo, pero los irá adecuando a los momentos políticos y, de manera consecuente, la centralidad de la lucha armada irá dejando paso a la posibilidad de una salida negociada a la violencia.

Los métodos utilizados serán presentados en la tercera parte del texto, así como su organización interna y su estrategia de acción. Para entender la estructura del ELN, es importante recordar que se trata de una organización con un carácter mucho más horizontal que sus contemporáneas guerrilleras, lo que hace que los frentes de guerra tengan mucho más poder que en otros entornos. Además, se crearán dos organismos de dirección, la Dirección Nacional y el Comando Central o COCE. Este modelo de organización traerá inconsistencias a la hora de incorporar el narcotráfico como elemento financiador y hará que varios frentes colaboren con organizaciones criminales en las zonas donde operan.

Finalmente, teniendo en cuenta que el ELN es una organización activa, se presentarán los distintos procesos de negociación de paz, particularmente el proceso actual. El ELN entablará conversaciones con todos los gobiernos desde Gaviria hasta la actualidad, con mayor o menor éxito. Las percepciones de poder, así como la comparación con otras organizaciones armadas marcarán el devenir en ese sentido. Será con el presidente Juan Manuel Santos cuando el ELN se embarque de manera decidida en un proceso de negociación que estará siempre a la sombre del proceso de diálogo entre el Gobierno colombiano y las FARC.

El proceso, heredado más adelante por el presidente Duque, es el más avanzado en el que se ha encontrado la guerrilla del ELN, con una agenda concreta y con elementos garantes de las negociaciones. No obstante, desafortunadamente, este proceso se encuentra paralizado debido a la inamovilidad del Gobierno Duque y los problemas internos y de acción del ELN. Al final del texto se plantearán varias ideas a modo de conclusiones, incluyendo una humilde propuesta para avanzar en el proceso de salida negociada a la lucha armada.

El ELN y sus orígenes. Del Che Guevara a Gabino

El éxito de la Revolución cubana de 1959 es un hito importante para entender las dinámicas revolucionarias de América Latina. Este hecho, impulsado por las ideas socialistas defendidas por Fidel Castro y la teoría de la guerra revolucionaria basada en el foco guerrillero del Che Guevara, hizo manifiesto que la llegada al socialismo a través de las armas era posible. Como el mismo Che relata en la primera parte de su obra La guerra de guerrillas:

Consideramos que tres aportaciones fundamentales hicieron la Revolución cubana a la mecánica de los movimientos revolucionarios en América, son ellas:

1. Las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el Ejército.

2. No siempre hay que esperar a que se den todas las condiciones para la revolución; el foco insurreccional puede crearlas.

3. En la América subdesarrollada, el terreno de la lucha debe ser fundamentalmente el campo. (Guevara, 1970a: 31).

Por lo tanto, no es de extrañar que las ideas revolucionarias surgidas de Cuba tengan un impacto en los países de la región, caracterizados por grandes índices de desigualdad y por la dominación de oligarquías descendientes de las elites criollas que, generalmente, no han tratado de monopolizar el uso de la violencia dentro de los aparatos estatales (Pearce, 2018), y en particular, Colombia.

El mismo Che Guevara, en su escrito La influencia de la Revolución cubana en la América Latina, apunta a las condiciones que existen en Colombia para llevar a cabo la revolución, achacando a la falta de centralidad ideológica y mando de las guerrillas existentes en el país el fracaso de la lucha armada (Guevara, 1970b: 478). Es en esta misma obra donde también menciona el germen del impacto cubano en la lucha armada en Colombia:

Actualmente el movimiento guerrillero ha vuelto a surgir en Colombia y ha surgido bajo la influencia de la Revolución cubana. Hubo un grupo de jóvenes que hicieron algo similar a lo que fue el 26 de Julio en el primer momento, y que se llama MOE, con una serie de tendencias anárquicas de derecha, a veces matizadas con ideas anticomunistas, pero que reflejan el germen de una decisión de lucha (Guevara, 1970b: 478).

Es interesante que Guevara menciona al Movimiento Obrero Estudiantil (MOE), lo que más adelante será el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (MOEC), y más particularmente a Antonio Larrota, fundador del MOE y abatido en 1961 en la cordillera central colombiana, donde estaba llevando a cabo acciones de reclutamiento para la lucha armada (Díaz Jaramillo, 2010).

Estos datos en los textos del Che Guevara evidencian la importancia que la lucha armada en Colombia representaba para el liderazgo cubano. Desde el primer momento, el Gobierno de la isla buscó expandir su influencia en los grupos irregulares del continente. Los distintos contactos con los movimientos revolucionarios de América Latina se harían a través del Ministerio del Interior cubano, dirigido por el comandante Manuel Piñeiro Losada. Este trabajo y contactos serían seguidos muy de cerca por el Che Guevara y el propio Fidel Castro. Dentro de los distintos programas e iniciativas creadas para fomentar los mencionados movimientos revolucionarios, hay que destacar la iniciativa del Gobierno cubano, imitando diversas iniciativas soviéticas, de otorgar 1.000 becas para estudiantes que desearan entrar en contacto con el desarrollo de la Revolución cubana (Villamizar, 2017: 232). Este plan estaba dentro de las ideas del régimen cubano “para reclutar y organizar aspirantes a guerrilleros entre los centenares de estudiantes latinoamericanos que iban a Cuba con becas revolucionarias” (Anderson, 1997: 550) y fue gracias a este programa que Fabio Vásquez Castaño pudo viajar a Cuba con otras 60 personas colombianas.

Las condiciones de la lucha armada en Colombia

Para entender el origen y posterior evolución del ELN es importante dedicar unas líneas a explicar cuáles eran las condiciones de la violencia existente en Colombia a finales de los años cincuenta y principio de los años sesenta.

En esos momentos, Colombia estaba saliendo de lo que algunos autores han denominado la segunda oleada de la Violencia o la segunda Violencia (Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna, 2010). Este periodo comenzó con la propuesta del Gobierno nacional del General Rojas Pinilla de otorgar facilidades para la reinserción en sociedad de los distintos grupos sublevados existentes durante la primera ola de la Violencia. Los autores citados comprueban que este hecho, si bien es parcialmente exitoso, evidencia dos cosas: la manifiesta desigualdad existente en el país, al encontrarse la autoridad gubernamental con masas de guerrilleros campesinos en situaciones de miseria y vulnerabilidad, y la actitud nacional que distaba de cumplir con las promesas ofrecidas (Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna, 2010: 120).

Las repetidas demandas de los colectivos de antiguos guerrilleros son confrontadas con violencia armada por parte del Estado, lo que lleva a una reanudación de la violencia en 1954. Este proceso violento va a darse de manera más acentuada en la cordillera central y parte del departamento de Santander y no va a disminuir su ferocidad hasta la llegada de lo que se conoce como el Frente Nacional, un modelo de Gobierno en el que los partidos liberal y conservador se van a repartir de forma partidaria todas las instancias de poder, alternándose en la presidencia cada cuatro años. Así, el primer presidente del Frente será Alberto Lleras Camargo y en su Gobierno se va a acentuar la necesidad de poner fin a la violencia, generando múltiples acuerdos de paz con pequeños grupos guerrilleros.

Este proceso de desmovilización va a tener varios puntos débiles que son importantes para entender la aparición de los grupos guerrilleros comunistas más adelante, en concreto el ELN. Por un lado, las políticas de desmovilización son particularmente inútiles cuando son dirigidas hacia los grupos guerrilleros de corte comunista (Ramsey, 1981). El Frente Nacional, si bien va a apaciguar la rivalidad tradicional existente entre conservadores y liberales, va a dejar fuera del juego político a las nuevas formas ideológicas que han aparecido en Colombia, en concreto las de corte comunista y socialista. Este es un ejemplo más de la mala adecuación de las estructuras políticas al proceso de modernidad colombiano, atajando problemas tradicionales sin saber atender a nuevas tensiones políticas. Por otro, no se van a ofrecer alternativas sólidas para la reincorporación a la vida civil de los miembros de los grupos armados que se acogen a los procesos de desmovilización. Esto va a generar un fenómeno denominado “bandolerismo” (Sánchez y Meertens, 1983) que no es más que masas de antiguos miembros de grupos armados sin más futuro que dedicarse a la violencia. Estos grupos serán duramente reprimidos por los distintos gobiernos del Frente Nacional. Las guerrillas comunistas, sin embargo, se asentarán en procesos de autodefensa campesina, creando pequeñas “repúblicas independientes” (Ríos, 2017: 35). Es en estos procesos donde la guerrilla del ELN hará su aparición, tomando como partida el modelo cubano de revolución y asemejándose más a una guerrilla insurgente “clásica”.

Origen del ELN

Como se ha comentado anteriormente, el apoyo cubano va a ser primordial para entender el motivo de la aparición del ELN. La estrategia de internacionalización de la revolución va a llevar a un análisis pormenorizado de las situaciones sociopolíticas de los distintos países de la región. No es casualidad que, en la misma época de la aparición del ELN, se de la aparición de multitud de grupos guerrilleros, como el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) en Guatemala, el ELN en Perú y las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL). La mayoría de estos grupos recibieron los principios de acción gracias a programas como al que se acogen los colombianos de estudios en Cuba.

Este grupo de 60 personas va a tener como integrante a Fabio Vásquez Castaño, fundador más delante de las primeras estructuras del ELN. Durante la estadía de estas personas se da la crisis de los misiles cubanos, lo que hace que la isla de Cuba sea bloqueada por los Estados Unidos (Villamizar, 2017). Durante este conflicto, el Gobierno cubano da la oportunidad a los colombianos a volver a sus países de origen. 22 de ellos se niegan, poniendo como condición que se les adiestre militarmente por si fuera necesario (Medina, 2009: 51).

De las 22 personas que recibieron el adiestramiento militar por parte de los cubanos, solo 7 cumplieron con las exigencias del programa impuesto. El proceso de entrenamiento militar y el fin de la crisis de los misiles cubanos va a formar la idea dentro de estas siete personas de la formación de un grupo guerrillero en Colombia que defienda las tesis del foquismo guerrillero. Estas siete personas son el mencionado Fabio Vásquez Castaño, Víctor Medina Morón, Heriberto Espitia, Ricardo Lara Parada, Luis Rovira, Mario Hernández y José Merchán. En Cuba formarán la denominada Brigada Proliberación José Antonio Galán, en homenaje al líder de la insurrección de los comuneros de 1781. Estos siete juraron “adelantar la Revolución colombiana, cumplir con el reglamento, mantener la disciplina prusiana y ser fieles a las estrategias tecnomilitares” (Castaño, 1984) y escogieron como líder al mencionado Fabio Vásquez Castaño.

La Brigada José Antonio Galán comenzará a establecer contactos con las juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal, que expresaban de forma manifiesta su simpatía hacia el movimiento guerrillero (Villamizar, 2017: 236). Este acercamiento, si bien no tuvo los resultados esperados, ayuda a crear las bases de las importantes estructuras urbanas que el ELN tendría de aquí en adelante. A través de esas redes urbanas, presentes sobre todo en el departamento del Santander y en Bogotá, se llevarán a cabo las primeras acciones armadas, tal y como sucede con el ataque al club del comercio en la ciudad de Bucaramanga, acción durante la cual fallecerá Reynaldo Arenas, en solidaridad con los campesinos de Marquetalia.

Por el camino, conseguirán atraer a facciones maoístas del Partido Comunista Colombiano y de las Juventudes Comunistas, aunque finalmente se decidirá el comenzar la actividad guerrillera en la región rural del municipio de San Vicente de Chucurí, por dos razones importantes: la historia de organización y lucha de los campesinos de la región y la cercanía con Bucaramanga, centro de la acción urbana estudiantil (Villamizar, 2017: 237).

La existencia del ELN se hará oficial el 7 de enero de 1965, cuando tiene lugar la toma de Simacota. Simacota es un pequeño pueblo que serviría como plataforma de presentación del nuevo grupo guerrillero. Tras haber acabado con la vida del sargento de policía del pueblo y tres agentes, se reunió a la población de dicho municipio y se hizo la proclamación a través del Manifiesto de Simacota. Es en ese momento cuando se hacen claros los principios simbólicos del movimiento, con la adopción de sus colores e insignias y la proclamación de sus mitos fundacionales y su lema “¡Liberación o muerte!” (Medina, 2009).

Entre los actores de izquierdas más interesados en las acciones de este nuevo grupo guerrillero se encontraban sindicatos, organizaciones campesinas y estudiantiles de ciudades como Cali y Medellín, que tradicionalmente se habían mantenido apartadas de las acciones de grupos insurgentes de izquierdas. Dentro de las personas que más se acercaban a la nueva organización se encontraba un religioso, antiguo auxiliar de la capellanía de la Universidad Nacional de Colombia, llamado Camilo Torres.

Camilo Torres y la maduración ideológica del ELN

Si bien Camilo Torres llega al ELN de forma tardía, es imperativo incluirle en la sección de origen del grupo guerrillero, ya que la presencia del sacerdote va a dar forma a la guerrilla que hoy conocemos como ELN. Antes de seguir, es importante romper un mito falso que circula sobre todo en ámbitos periodísticos, pero que es de sobra asumido por el mundo académico: Camilo Torres no tuvo que ver en la fundación del ELN. Lo que sí hizo fue crear los fundamentos ideológicos que sirvieron al ELN para afianzarse como guerrilla singular, sobre todo para asentar su faceta de acción política.

Si había un aspecto que aún faltaba dentro de la estrategia del ELN para consolidarse como guerrilla comunista era un aparato político potente. Camilo Torres, sacerdote y proponente de la teología de la liberación, estaba en el proceso de formar la Plataforma del Frente Unido, una plataforma política que buscaba acercar a los sectores progresistas a la necesidad del cambio en la sociedad colombiana. El ELN no tardaría en darse cuenta de la utilidad de esa plataforma y comienza contactos con Camilo Torres poco después de triunfar en Simacota (Medina, 2009).

Tras avanzar en la creación de la plataforma del Frente Unido, Camilo Torres comenzará, de forma paulatina pero inexorable, a simpatizar con las labores guerrilleras. Durante el camino, Camilo Torres tendrá una separación difícil con la Iglesia, que lo tachará de radical y comunista y que intentará, sin demasiado éxito, apartarlo de la acción revolucionaria. Las acciones políticas de Camilo Torres harán que el ideario político del ELN llegue a gran parte de la población. Tal es el impacto de la figura del “cura Camilo” que, hoy en día, es imposible diferenciarlo de la historia central del ELN. La aparición de Camilo Torres también tendrá como consecuencia la primera gran derrota de la guerrilla. En su primer y único combate como miembro del grupo armado, el 15 de febrero de 1966, Camilo Torres es abatido y la foto de su cuerpo es presentada en la prensa nacional.

Sin embargo, la presencia de Camilo Torres en el ELN dejará como marca una simpatía hacia sus fines políticos que, a su vez, estarán cimentados en sus acciones armadas.

Fundamentos ideológicos del ELN

Quizás, con la excepción del M-19, el ELN representa un grupo guerrillero más cercano a las dinámicas tradicionales armadas de los años sesenta en América Latina, al ser un modelo de guerrilla de izquierda “generalista” (Bushnell, 2017). Es cierto que el ELN es fiel a sus orígenes cubanos, adoptando la idea de foquismo guerrillero desde un principio. Esto es, la posibilidad de conseguir el cambio a través de la lucha armada y la no necesidad de esperar a las condiciones de ese cambio para realizarla (Guevara, 1970a: 31).

Desde el principio, el ELN se va a basar en las ideas guevaristas para llevar a cabo sus acciones armadas, aunque se mostrarán patentes diferencias entre el modelo cubano y la ideología del ELN. La más importante es la negación de la importancia del partido político como elemento de cambio. Tanto el marxismo ortodoxo (Marx y Engels, 1969) como el leninismo (Lenin, 1966a) presentan la necesidad de generar una formación política que lleve a la revolución. La lucha de vanguardia, defendida por Trotsky (1988) y recogida por Lenin (1966b) siempre se ve como algo temporal, algo que, tarde o temprano, deberá sustentarse en un proyecto político vertebrado alrededor de “el Partido”.

El ELN va a romper con este esquema al negar la necesidad del partido político (Medina, 2009). Desde la publicación de su Manifiesto de Simacota quedaba claro que su lucha se enfocaba en la lucha de clases, no en la lucha de partidos políticos (Ugarriza y Pabón Ayala: 2017). Este hecho, la negación del partido político, traerá desajustes que se verán reflejados en fallos de adecuación interna y una incapacidad para incluir elementos alejados de la propia lucha armada. La paradoja del ELN se basará en la inherente dificultad de articular un programa político estructurado y formar ideológicamente a sus miembros mientras que promueve un cambio importante de índole política y de clase.

La acción central del ELN se basa en el concepto de guerra prolongada. La idea es que es la lucha armada la que llevará a la revolución y no solo va a proponer las condiciones para la misma. Este concepto de guerra prolongada se basa en los siguientes puntos (Medina, 2009):

La conceptualización de que Colombia tiene sus propias condiciones particulares para alcanzar la revolución socialista. Estas condiciones obligan a centrar la acción revolucionaria única y exclusivamente en la acción armada.

La necesidad de la lucha armada obliga, de manera imperiosa, a mantener cuadros de vanguardia dedicada.

La guerra prolongada es consecuencia del éxito de la Revolución cubana, demostrando que la lucha guerrillera es camino de éxito.

Consecuencia del punto anterior, ante un Ejército superior, el único camino es la guerra de guerrillas.

El ELN negará la existencia de una burguesía nacional. En vez de eso, hablará desde el principio de una “oligarquía imperialista”, condición necesaria para aplicar los principios leninistas del fin del capitalismo (Lenin, 1966b). Si bien el análisis de la burguesía en América Latina se ha adecuado bien a la definición de oligarquía, entendida esta como elite económica, este será el único aspecto que el ELN tomará del análisis tradicional de las sociedades capitalistas. Un aspecto importante es el rechazo a la clase obrera colombiana como proletariado industrial capaz de conseguir la conciencia de clase.

Para el ELN, el proletariado colombiano es escaso y débil. Además, está centrado en iniciativas de carácter reformista, que el ELN rechazará de pleno, de modo que ese “reformismo” llevará a la clase obrera colombiana a alejarse de los principios de la revolución y la hará dependiente de la pequeña burguesía colombiana. Por lo tanto, el ELN conceptualizará las luchas sindicales colombianas como un mecanismo que cohabita entre ese proletario desempoderado y las clases dominantes. La única excepción que se hará al respecto será cuando esa lucha sindical se alinee con la lucha armada. Este punto hace al ELN vanguardia exclusiva de las acciones de protesta en el país.

Para el ELN, la lucha revolucionaria en Colombia se da en el campo, de modo que se define a sí mismo como un movimiento armado campesino sin la participación de la clase obrera (Medina, 2009). La lucha armada debe darse en las zonas rurales y debe seguir un camino lógico del campo a la ciudad. Esta idea de lucha guerrillera conceptualiza al campesino como el verdadero oprimido en Colombia. Si bien este hecho no difiere mucho del análisis que se da en otros entornos latinoamericanos, el ELN es uno de los pocos grupos que rechazan la combinación campo-ciudad. La única concesión que otorga al proceso de lucha obrera es la realizada por los trabajadores industriales del sector energético, pero dejando claro que ese apoyo se debe a que los fines de dicho colectivo están “perfectamente alineados con la lucha guerrillera” (Medina, 2009: 127).

Sin embargo, esta acentuación de lo rural y el rechazo a lo urbano-intelectual causarán desajustes en la forma de entender la lucha guerrillera que comenzarán a generar problemas desde el principio de la existencia del ELN. La sobrevaloración del campesinado sobre el estudiante-sindicalista urbano llevará a imponer lo que el ELN denominará la “vocación y mística revolucionaria” sobre la formación política e ideológica (ELN, 1972). Para tal efecto se utilizarán, desde el principio y hasta nuestros días, las figuras inspiradoras de la lucha revolucionaria como símbolos. Estos símbolos serán, sobre todo, Simón Bolívar, José Martí, el Che Guevara o el cura Camilo Torres. No es de extrañar que el uso de estas figuras fuera acompañado de una modificación de sus acciones y discursos, centrándose claramente en el aspecto motivador y eliminando la posibilidad de crítica. Para ello se generará un compendio de virtudes del guerrillero, virtudes que deberán ser seguidas para probarse como elementos útiles de la vanguardia revolucionaria. Estas virtudes serán la claridad, la decisión y el sacrificio (Medina, 2010).

La claridad marcará el armazón ideológico del guerrillero y se basará en clave de reflexión política. Se puede observar como en este punto la paradoja de la fundamentación ideológica del ELN es evidente. Si bien niega la división entre acción armada y política, y a su vez, rechaza la labor intelectual, propone que el campesino-guerrillero sea una figura motivada políticamente. La polarización de ideales y de discurso creará problemas dentro de la organización armada desde el principio (Villamizar, 2017).

La decisión es el deseo de la persona de ser guerrillero. Este punto será clave para entender la deriva ideológica explicada más adelante, ya que la decisión de ser guerrillero será tomada como final. Se seguirá de forma inquebrantable el dicho de Camilo Torres: “Una vez emprendido el camino revolucionario, cualquier retroceso es una traición” (Harnecker, 1988).

Por último, el sacrificio será utilizado como un aviso a los miembros de la organización. Se expondrá como la necesidad de sufrir, de ser mártires, por una causa mayor. Este es un efecto común en la mayoría de las organizaciones armadas (también en Ejércitos regulares), pero sobre todo en organizaciones ilegales. Sirve como elemento cohesionador que equilibra la racionalidad de la utilización de la violencia sobre los objetivos finales (Gurr, 1970).

En el caso del ELN, este punto es donde se muestra, de forma más contundente, el papel de los símbolos mencionados anteriormente. En la literatura interna son frecuentes los ejemplos de los sacrificios que tuvieron que hacer el Che Guevara o Simón Bolívar para aleccionar a los miembros de la organización (ELN, 1972).

El concepto de guerra prolongada no tarda en traer problemas a la acción armada de la organización. Para empezar, los fundamentos ideológicos del ELN niegan las necesidades humanas que tenían sus bases campesinas, asumiendo desde un principio su lealtad inquebrantable. El seguidismo total que se hace a la lucha armada provocará aislamiento y un radicalismo dogmático que no tardará en generar problemas dentro del ELN, en particular la aparición de juicios sumarios y fusilamientos internos. Los procesos con sentencia de pena de muerte serán frecuentes dentro del ELN.

Deriva ideológica del ELN

Uno de los factores más característicos del ELN serán los juicios sumarios, que provocarán, por ejemplo, la destitución de su líder tradicional, Fabio Vásquez Castaño. Si bien el ELN había establecido la primacía de la lucha armada, muchas voces en su interior, conocedoras de los fundamentos básicos revolucionarios guevaristas y leninistas, abogaban por un mayor protagonismo de la lucha política. No es de extrañar que estas voces sean las que más cerca habían estado de las acciones urbanas durante los primeros años de la organización.

La lucha entre estas dos facciones no tardará en darse. La problemática llegará a tal punto que en 1968 y tras un consejo de guerra interno, gran parte de los líderes de la facción urbana, entre los que se encontraban Víctor Medina Morón, Julio Cesar Cortés y Heliodoro Ochoa, personas que habían formado parte del ELN desde su fundación, serán fusiladas al ser acusadas en intentar un golpe de Estado interno para terminar con la organización.

El mismo Fabio Vásquez Castaño acusará a estas personas de ser pagadas por los servicios secretos estadounidenses (Medina Gallego, 1996). Este hecho llevará una hegemonía de la opción militar hasta bien entrado el año 1973, con el golpe de Anorí. Si bien es este un periodo de fortalecimiento militar, los fusilamientos de 1968 darán lugar a una sensación de inseguridad plena dentro del ELN que hará cuestionarse las bases ideológicas de la misma organización.

Algo que será paradójico es la sensación de que una organización comunista de izquierda, basada en el debate político, no sea capaz de solucionar sus problemas internos a través de ese debate, sino utilizando represión militar. Poco a poco se dará una represión sobre las opiniones de los miembros del ELN y se impondrá un estado de vigilancia permanente ante la posible aparición de disidencias. Como se puede observar, las contradicciones y las paradojas se harán cada vez más patentes. Esto llevará, en 1971, a las ejecuciones de Juan de Dios Aguilera, Jaime Arenas y Salvador Afanador, después de que estos hayan desertado de la organización por razones ideológicas. En este caso se aplica de forma brutal la máxima presentada anteriormente, donde una vez tomadas las armas, dejarlas es un caso de alta traición.

El ELN, si bien se define como una organización guerrillera campesina, tendrá muy poco contacto con ese campesinado. Este hecho será debido a que el ELN no verá con buenos ojos la formación ideológica y asumirá, de forma un poco inocente, esa mística guerrillera que hará que los campesinos se unan en bloque a la organización. Este hecho se verá confrontado por los primeros contactos con las FARC, en las que será patente para el liderazgo del ELN la necesidad de procesos de trabajo directo con el campesinado (Medina, 2010).

Hasta 1973, el ELN, si bien se fortalecerá militarmente, sufrirá un terrible debilitamiento intelectual. Los procesos de ejecuciones internas acabarán con mucho del capital de pensamiento de la organización que hará que se aleje de los movimientos de masas y de los conflictos sociales y políticos del país. No será hasta entrada la década de los ochenta cuando el ELN, después de desprenderse del liderazgo de Fabio Vásquez Castaño, comenzará a darse cuenta de la necesidad de acercarse a los movimientos de masas y las organizaciones estudiantiles y obreras de las ciudades. Este hecho llevará a que el ELN empiece un largo proceso de trabajo intelectual de izquierdas bajo la tutela de su nuevo líder, Gregorio Manuel Pérez Martínez, más conocido como el “cura Pérez” (Ríos, 2017).

Durante el periodo de liderazgo del cura Pérez, se avanzará de forma decisiva en la búsqueda de un acuerdo entre la facción militar y la facción intelectual. Las derrotas militares de los setenta, sobre todo el fracaso de Anorí, va a llevar a un replanteamiento serio de las tácticas de acción del ELN, como se explora en el punto siguiente. Lo importante de este hecho es la nueva adaptación ideológica que comenzará a explorar la dualidad de la lucha revolucionaria, entre lo militar y lo político (Echandía y Cabrera, 2017; Ugarriza y Pabón Ayala, 2017).

El proceso de liderazgo del cura Pérez verá las primeras aproximaciones del ELN a los procesos de paz. Después de los procesos constituyentes de 1991, se empezará a hacer patente dentro de los grupos guerrilleros más importantes, las FARC y el ELN, la potencialidad de comenzar conversaciones de paz con el Estado colombiano. No obstante, y aunque el ELN no será participe de los procesos de negociación del Caguán entre el Gobierno de Pastrana y la guerrilla de las FARC, sí comenzará a llevar a cabo diálogos exploratorios. Estos diálogos serán cortados por el fallecimiento del cura Pérez en 1998, pero retomados más adelante con el liderazgo de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino.

Los fundamentos ideológicos del ELN en la actualidad

El ELN puede definirse hoy en día como una organización ideológicamente fragmentada. Los años de la seguridad democrática han creado diferencias sustanciales entre el mando central de la organización y los distintos frentes (Ríos, 2017; Ugarriza y Pabón Ayala, 2017). Si bien los principios ideológicos se mantienen comunes, la decisión de abandonar o no la lucha armada causa fricciones importantes. Por ejemplo, gran parte de la organización, sobre todo los frentes de guerra Oriental y Occidental no comparten la decisión del mando central de comenzar diálogos de paz con el Gobierno colombiano. Gabino, por su parte, tomó la decisión de comenzar esos diálogos después de observar con detenimiento el proceso de paz con las FARC, aunque la valoración sobre si ha sido un éxito o un fracaso y su aporte a la lucha revolucionara resulta más que discutible.

Hoy en día, el ELN se define como una organización armada revolucionaria de base campesina, pero ha sabido elaborar un frente sólido en las zonas urbanas (Lissett Pérez, 2010). A comparación de las FARC, el ELN tiene mucha mayor presencia entre las organizaciones estudiantiles, sobre todo en el departamento de Santander y la capital, Bogotá. Sin embargo, la tardía implementación de esta dualidad en la lucha, tan común en otros grupos guerrilleros de la región, ha causado importantes déficits en su concepción política de la revolución.

Es importante hacer notar que el ELN, así como las FARC, carece de un aparato político articulado en forma de partido (Medina, 2010). Aunque las FARC han tenido esa carencia debido a su enfoque mayoritario campesino, el ELN ha abrazado una estructura política horizontal, lo que hace complicado la ejecución de la acción política por medio del partido. En su lugar, se han apoyado en una serie de organizaciones estudiantiles, sindicales e intelectuales que han servido como canal de ideologización de las masas urbanas, pero sin un liderazgo político claro. De una u otra forma, el ELN sufre hoy en día los restos de esas contradicciones primigenias, al ser incapaz de articular una acción política unitaria. Este hecho también viene dado por la concepción de la organización armada como vanguardia y como punta de lanza de la revolución.

El ELN, por todo lo anterior, ha debido adecuarse a los nuevos tiempos y a la carencia de sus principios ideológicos, pero no ha abandonado la idea de la guerra prolongada. A todo esto hay que añadirle la debilidad de la organización a nivel militar, con presencia fuerte en departamentos que se sitúan en la periferia del país (Ríos, 2016; Ríos y Gago, 2018).

Organización, formas de lucha
y desarrollo de la acción violenta

Como ocurre con sus fundamentos ideológicos, la organización y acciones del ELN variarán según los factores externos, esto es, presión militar, aprobación social y oportunidad política.

En sus primeros años, la guerrilla funciona en base a los ideales expuestos en el punto anterior: sacrificio y compromiso, pero sin una causa o estrategia clara. Si bien se adopta el foquismo como estrategia guerrillera, las condiciones particulares de Colombia hacen difícil aplicar los mismos aspectos que aparecen en el caso cubano. La toma de Simacota marca el primero de muchos ataques exitosos a las Fuerzas Militares colombianas, aunque sin ninguna victoria significativa. Durante esos años, bajo el mando de los antiguos “cubanos”, liderados por Fabio Vásquez Castaño, las fuerzas del ELN raramente pasarán del centenar de unidades y abandonarán los frentes urbanos en 1968, como consecuencia del rechazo a la acción sindical y estudiantil en las ciudades. Este hecho cambió después del desastre de Anorí (Ríos, 2017).

Con anterioridad a la Operación Anorí, el ELN estaba en una situación débil políticamente, pero fuerte en el sentido militar. Como relata Medina Gallego (2009), la situación de la organización podría resumirse de la siguiente manera:

Fortaleza militar, sobre todo en las estructuras rurales de las regiones en Santander y Norte de Santander.

Simpatía de la población hacia el ELN que aumenta gracias al éxito militar. No olvidemos que, en esa época, el movimiento social estaba en auge debido a las diferentes crisis económicas y la debilidad institucional. Esto se manifiesta con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que aparece por iniciativa del Gobierno, pero no tarda en convertirse en vanguardia social de las luchas campesinas. Este éxito militar también se aprecia en las exitosas tomas de poblaciones, como San Pablo, Remedios, Santa Isabel y Otú en 1972. Todo esto se traduce en una gran capacidad de recursos y medios.

Debilidad política al ser desmanteladas casi todas las estructuras urbanas y al no existir un proceso de formación política claro dentro de la organización.

La Operación Anorí marcará la diferencia entre una organización guerrillera dirigida por los ideales revolucionarios y la adopción de una estrategia y órdenes militares. Esta operación, que tuvo lugar en 1973, ha sido descrita por varios autores como la operación más brillante en la historia de la contrainsurgencia en Colombia (Medina, 2009; Ugarriza y Pabón Ayala, 2017; Villamizar, 2017).

De los 80 efectivos con los que contaba la organización, casi 70 resultaron muertos o capturados por las Fuerzas Armadas colombianas. Entre los que fallecieron se encontraban cuatro miembros del grupo que había ido a Cuba con Fabio Vásquez Castaño. Fue tal el éxito de la operación que el presidente Misael Pastrana emitió un comunicado anunciando el desmantelamiento total del ELN. Durante la Operación Anorí, un detalle vital sería el apoyo de la población local. La acción militar había hecho muy difícil el repliegue de la guerrilla. Este repliegue se hizo aún más complicado por la falta de apoyo local, lo que contribuyó al debacle final. El resultado de la Operación Anorí fue el desmantelamiento de la mayoría de las estructuras militares de la organización y su replanteamiento, pero el cambio más importante se dio a nivel de liderazgo. Fabio Vásquez Castaño fue desautorizado por los miembros de la organización que quedaban en activo y se le amenazó con un juicio político de resultados fatales. Por esa misma razón, y aprovechando un viaje realizado por motivos de salud, Fabio Vásquez Castaño huyó de Colombia hacia Cuba en 1974, donde se encuentra hoy en día.

De la crisis a la actualidad

Anorí fue el comienzo de un declive del que el ELN tardaría mucho en salir. Cuatro años más tarde, como se apuntaba con anterioridad, tendría lugar el episodio conocido como el “febrerazo”, donde se desmantelarían la mayoría de sus estructuras urbanas (Medina, 2009). Es a partir de 1978 cuando se debe de dar un nuevo significado a las acciones de la organización, comenzando un debate interno que llevaría a las dinámicas actuales. Este debate se hizo en dos dimensiones: ideológica y militar. Los elementos que quedaban activos se reunieron varias veces en la denominada Dirección Nacional Provisional, que sirvió como punto de partida para la reestructuración del ELN.

A nivel ideológico se llegó a la conclusión de asentarse sólidamente en el marxismo-leninismo, presentando el concepto de guerra popular prolongada, que se mantiene hasta la actualidad. Pero, como cambio a la actitud anterior, se aprecia la importancia de fortalecer los procesos de formación política. Si bien el ELN deberá seguir funcionando como vanguardia militar, comenzará a desplegar una red de apoyo estudiantil en las grandes ciudades que servirá como caldo de cultivo para la acción política. Esto marca un cambio radical con sus posturas anteriores, abandonando el radicalismo basado en la acción popular campesina.

Es importante entender, antes de entrar en aspectos organizativos y de acción armada, dos puntos importantes que lanzan luz sobre la intención de ELN de entablar negociaciones de paz en la década de los noventa. Uno de ellos es el choque con otros grupos guerrilleros y otra la inclusión del ELN en la coordinadora guerrillera (también conocida como Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar). Igualmente, hay que tener en cuenta la presencia de múltiples grupos guerrilleros en la historia colombiana y, sobre todo, en los últimos treinta años.

La literatura al respecto ha dejado bastantes lagunas al intentar explicar el solapamiento de estos grupos guerrilleros y sus acciones separadas, normalmente centrándose en su relación con lo rural y, más adelante, en su relación simbiótica con el narcotráfico. Muchos análisis se centran en la presencia territorial (Echandía y Cabrera, 2017; Ríos, 2016; Villamizar, 2017). Empero, esta presencia territorial llevó a enfrentamientos importantes, como los ocurridos en Nariño y el Cauca entre el ELN y las FARC (Medina Gallego, 2010) y el conflicto que actualmente se vive en el Norte de Santander entre el ELN y el EPL (Ríos y Gago, 2018). Todo esto sin mencionar, por supuesto, la colisión entre elementos de las autodefensas o grupos paramilitares y los grupos guerrilleros.

La relación del ELN con otros grupos armados revolucionarios es compleja. Si bien, en algunos momentos se han dado elementos de colaboración, con la incorporación del narcotráfico como elemento financiador de la lucha armada, esta colaboración quedó en entredicho. Uno de los momentos más importantes de unión entre grupos guerrilleros en Colombia tiene lugar con la denominada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, una unión temporal entre las FARC, el ELN, el M-19, el EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento Armado Quintín Lame. Esta unión servía para coordinar los esfuerzos en términos de conversaciones de paz entre los grupos armados y el Gobierno colombiano. Es importante recalcar que uno de los grandes logros de esta coordinadora fueron los procesos de paz que llevaron a la constituyente de 1991 (Bushnell, 2017; Palacios, 2007; Pecaut, 2017).

Durante estos procesos, que se explican en más profundidad en el siguiente punto, tanto el ELN como las FARC llegaron a la conclusión de no abandonar la lucha armada, lo que llevaría, en última instancia, a los procesos de negociación ocurridos en los últimos años (Medina, 1996, 2010; Mojica, 2011). La relación del ELN con los demás grupos guerrilleros se verá marcada por la influencia de los acontecimientos históricos, con un replanteamiento fundamental durante los noventa, y una vigilancia cercana a las negociaciones del Gobierno colombiano con las FARC entre 2012 y 2016.

Una de las grandes diferencias con otros grupos armados, sobre todo las FARC, que ocurre durante la época de la refundación ideológica, es la constatación de que la lucha y concienciación política urbana es importante. El ELN comienza, a través de un ethos basado en Camilo Torres, en crear redes de apoyo en las grandes ciudades. Esto se vio favorecido por el acuerdo que, en 1987, alcanza el ELN con el Movimiento de Integración Revolucionaria (MIR) para crear la Unión Camilista-ELN (Villamizar, 2017). Esta organización no abandona los principios de guerra revolucionaria prolongada del ELN, pero añade otro pilar importante a la lucha revolucionaria: lo que se va a denominar “poder popular”, para el que era vital conseguir un movimiento político de masas para pasar de la “guerra de guerrillas” a la “guerra de movimientos” (Medina, 2009). Este proceso llevaría a la creación de extensas redes urbanas de trabajo político y a la realización de la necesidad de encontrar soluciones dialogadas a la lucha armada.

Organización del ELN

Si bien la organización del ELN no ha cambiado sustancialmente durante su historia, sí ha habido grandes diferencias en la forma que sus elementos han tenido de vehicular los principios ideológicos y de acción de la organización. Como se ha explicado antes, los procesos vividos durante los años de crisis han marcado la independencia de los distintos frentes ante los edictos del comando central. Este aspecto es otro que diferencia al ELN de guerrillas como las FARC, que son muchos más jerárquicas.

La flexibilidad de sus partes hace la acción armada más eficiente, pero convierte las negociaciones de paz con el Gobierno en algo lleno de complejidades y retos difíciles de superar. Aun así, lo que sigue es una presentación del organigrama del ELN, pero es importante tener en cuenta que, si bien existen organismos de comunicación entre los altos mandos y los frentes de acción, esta comunicación no es vertical y está abierta a interpretación por los líderes de dichos frentes.

Otro apunte que vale la pena mencionar es la provisionalidad de los nombres que están al frente de esas unidades armadas. El ELN es una organización que sigue en activo en este momento, por lo que está sujeta a cambios provenientes de las dinámicas internas y de conflicto con el Estado colombiano. Todos los datos que se proveen están sacados de obras publicadas hasta el año 2017 (Echandía y Cabrera, 2017; Medina, 2010, 2010; Ríos, 2016; 2017; Ugarriza y Pabón Ayala, 2017; Villamizar, 2017) y, en gran medida, del foro de comunicación digital del ELN65.

Comando Central (COCE): el COCE actúa como organismo director de la acción del ELN. Está formado por cinco comandantes, los cuales tienen diversas tareas, como jefatura de la organización, gestión financiera, comunicación con los frentes de guerra, organización política y relaciones internacionales. Los comandantes actuales son:

Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino, comandante en jefe.

Eliécer Chamorro Acosta, Antonio García, responsable de la organización militar y financiera.

Israel Ramírez Pineda, Pablo Beltrán, a cargo de la organización política.

Gustavo Aníbal Giraldo, Pablito, encargado de la comunicación con los frentes armados.

Rafael Sierra Granados, Ramiro Vargas, encargado de las relaciones internacionales.

Dirección Nacional: el organismo que comunicación y debate del ELN se denomina Dirección Nacional, y está formada por aproximadamente 23 miembros, entre comandantes de frentes de guerra, representantes políticos y miembros de los movimientos sociales. Este organismo surge en 1982, tras la necesidad de coordinar los distintos esfuerzos de acción política e ideológica de la organización. La Dirección Nacional estaba conformada en un primer momento por miembros de los frentes de guerra, pero actualmente funciona como organismo de coordinación interno. La Dirección Nacional dirige los procesos de propaganda, así como los mecanismos de relación entre el ELN y las organizaciones sociales. Por lo tanto, es el organismo que tiene a su cargo todos los elementos referentes a la conciencia política e ideológica del ELN.

Frentes de guerra: actualmente, el ELN actúa en siete frentes de guerra, que ocupan geográficamente todo el país. Hay que tener en cuenta que la denominación de estos frentes viene dada desde los noventa, cuando los efectivos militares eran mucho más numerosos que los actuales. Por lo tanto, algunos frentes son más activos, como por ejemplo los frentes de guerra Occidental y Oriental, y otros no tienen actividad significativa, como el Frente Norte (Ríos y Gago, 2018). Estos frentes de guerra están divididos a su vez por frentes más pequeños, columnas móviles o escuadrones, demasiado numerosos para ser mencionados en este texto en su totalidad. Los siete frentes de guerra del ELN son:

Frente Occidental: tiene presencia en el departamento del Chocó. Actualmente, es uno de los más activos y más beligerantes en contra del proceso de negociación que se está dando entre el COCE y el Gobierno colombiano.

Frente Suroccidental: tiene presencia en los departamentos de Nariño y de Cauca. Fue uno de los frentes donde la conflictividad entre el ELN y las FARC fue más patente. Hoy en día tiene como objetivo canalizar la acción social de protesta, sobre todo las demandas indígenas de la región.

Frente Norte: con presencia en la zona de la costa Caribe, es un frente sin apenas acciones armadas y muy poca presencia.

Frente Oriental: uno de los más activos, junto con el Frente Nororiental. Tiene presencia en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. Es importante hacer notar que Arauca es uno de los departamentos más afectados por la acción guerrillera, siendo en 2015 el único departamento de Colombia con acciones insurgentes en todos sus municipios (Ríos, 2017).

Frente Nororiental: con presencia en los departamentos de Cesar, Santander y Norte de Santander. Este frente está en conflicto con el EPL en la zona del Catatumbo, siendo esta zona una de las más activas en cuanto a acciones guerrilleras en la actualidad.

Frente Darío Ramírez Castro: con presencia en el sur de Bolívar y Antioquia. Este frente es, junto con el Frente del Norte, uno de los más débiles, con un número muy bajo de acciones armadas.

Frente Urbano: este es un frente de muy reciente creación, cuyos objetivos se centran en infraestructuras y elementos militares en las ciudades más importantes del país. Últimamente han desarrollado acciones armadas destacadas en ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla.

Formas de lucha y dirección de la acción armada

La estrategia de lucha armada del ELN ha pasado por varias fases diferenciadas, pero todas basadas en los principios de guerra de guerrillas aprendidos en Cuba durante el origen de la organización. Hoy en día, la estrategia base del ELN se basa en la idea de guerra popular prolongada, heredera directa de la guerra prolongada propuesta en sus primeros años, con el añadido de la consecución del “poder popular” o movimiento de masas (Medina, 2009, 2010). Por lo tanto y, a diferencia de los primeros momentos de la organización, hoy en día el ELN abraza un modo más convencional de acción revolucionaria en dos ejes articulados: la lucha militar y la lucha política (Guevara, 1970a).

La lucha militar está articulada sobre los principios del proceso foquista, pero con la particularidad de que nunca debe dejarse de realizar hasta conseguir la revolución. En su ideología base, el ELN propone que la lucha armada es básica para alcanzar este propósito. Este hecho hace especialmente problemáticos los procesos de cese de las acciones militares que ocurren en procesos de paz, lo que ha llevado a una pausa de duración indeterminada en las conversaciones entre el Gobierno y el ELN.

Por otro lado, el ELN articula también sus acciones en la lucha social, sobre todo en entornos urbanos. La lucha armada debe acompañarse por lo que la organización denomina el “poder popular”. Entre las acciones que el ELN ha llevado a cabo se encuentran el ataque a objetivos militares, el ataque a infraestructuras, el secuestro político y la concienciación política. Pasamos a explicar estos procesos uno por uno, teniendo en cuenta que muchos de ellos se enmarcan, también, dentro de los procesos de financiamiento de la organización, sobre todo el narcotráfico, la minería y el propio secuestro.

Ataque a objetivos militares: este modo de acción es el clásico de los movimientos guerrilleros. La intención del ELN es llevar al colapso a las Fuerzas Militares colombianas66. Para ello, basa sus acciones en las zonas rurales (a excepción del reciente Frente de Guerra Urbano), donde utiliza una táctica de guerrillas basada en el apoyo popular y en el desgaste de las Fuerzas Armadas colombianas. Este proceso ha encontrado un gran revés en el diseño del trabajo del Ejército colombiano en fuerzas de tarea conjunta, lo que ha limitado su acción en muchas zonas del país (Ugarriza y Pabón Ayala, 2017; Villamizar, 2017). El futuro de las acciones armadas es incierto, al cambiar la estrategia del Ejército colombiano y las presentes negociaciones de paz.

Ataque a infraestructuras: esta es, quizás, una de las estrategias más claras del ELN. Su discurso se centra en la necesidad de atacar los ingresos de capital de las burguesías del país. Para ello dedica un esfuerzo considerable en atentar contra las infraestructuras económicas, como las eléctricas y extractivas, en concreto las derivadas del sector petrolífero. Una de las acciones más recurrentes del ELN es atacar el oleoducto de Caño Limón-Coveñas, que va desde el departamento de Arauca hasta la costa Caribe. Si bien las acciones en este sentido se enmarcan en ese discurso antiburgués y antiextractivista, también es cierto que las acciones contra las infraestructuras petroleras responden, en parte, a un interés económico. Uno de los ingresos más importantes del ELN está basado en la minería ilegal, entre la que se encuentra la extracción de hidrocarburos (Ríos, 2017). El interés del ELN en la minería no termina en el petróleo. La extorsión a las personas que están realizando procesos de extracción de minerales de manera ilegal en las zonas de influencia del ELN, así como la participación de la organización en la extracción de metales como el oro hacen de este un insumo financiero importante para la organización (Massé y Le Billon, 2018).

Secuestro político: bajo el término de secuestro político se encuentra una modalidad híbrida de acción armada, tanto coercitiva como financiera. El secuestro ha sido una de las fuentes más destacadas de ingresos para el ELN durante los años noventa, aunque últimamente ha perdido peso ante procesos como la minería o el narcotráfico. Aun así, es importante resaltar que el secuestro no solamente se dirige a la consecución de insumos económicos, sino también al intercambio de prisioneros. El ELN lo llama “intercambio humanitario”67. A diferencia de las FARC, el ELN no ha explotado la modalidad de secuestro prolongado, enfocándolo sobre todo a la acción puntual (Medina, 2010). Eso no significa que no haya cometido secuestros de larga duración, pero son de mucha menos importancia que los cometidos por las FARC.

Concienciación política: los procesos de concienciación política son centrales para entender la estrategia de acción del ELN. A diferencia de lo acontecido en sus primeros años de existencia, hoy en día los procesos de educación política e ideológica son claves. Estos procesos se hacen tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, siendo estas últimas dominadas por organizaciones estudiantiles. Los procesos de concienciación política tienen dos grandes objetivos: el primero es la generación de simpatía social por la lucha revolucionaria a través de la formación de movimientos de masas. Si bien el éxito ha sido moderado, el ELN aún tiene la gran asignatura pendiente de concretar el apoyo sindical urbano que nunca ha tenido de manera clara. El segundo objetivo es el reclutamiento de nuevos operativos. La gran parte de miembros de la guerrilla del ELN provienen de estratos pobres de poblaciones rurales. La violencia estructural que está presente en el país en forma de desigualdades sociales hace particularmente fértil ese entorno para el reclutamiento (Ríos y Gago, 2018).

Por último, para explicar las acciones armadas y estrategia del ELN es importante hablar de su fuente de financiamiento más importante, que es el narcotráfico. Los ingresos del narcotráfico son comunes a todos los grupos armados colombianos, pero en el caso de los grupos insurgentes es particularmente polémico. Durante gran parte de la historia de las FARC o el ELN, estos grupos se han negado a entrar en las dinámicas del tráfico de drogas (Echandía y Cabrera, 2017; Medina, 2010). Pero tarde o temprano se ha generado una narrativa que ha justificado aceptar ingresos de dicha fuente. Normalmente se ha basado en lo que se llama “impuesto de gramaje”, o impuesto al cultivo de hoja de coca, pero en lo últimos años ya se ha llegado a la producción de pasta base (Ríos, 2017). Este hecho, si bien es un insumo financiero importante, ha llevado a dos graves problemas para el ELN. El primero es la necesaria colaboración con los cárteles de la droga presentes en el país, lo que ha causado un gran conflicto ideológico dentro de la organización (Medina Gallego, 1996). El otro, la inevitable dependencia de ese insumo, lo que ha provocado que varios frentes de guerra no quieran abandonar la acción armada dentro un hipotético acuerdo de paz.

El camino del ELN hacia la salida negociada

El ELN es la única guerrilla insurgente activa en América Latina con capacidad de acción militar significativa. Sin embargo, esta capacidad militar tiene una posibilidad de éxito muy limitada. Por lo tanto, no es extraño observar como el ELN está intentando buscar un fin negociado a la acción armada. El ELN se encuentra en un momento donde las percepciones de las oportunidades políticas (Tarrow, 1998) anuncian lo que los teóricos denominan el estancamiento doloroso (mutually hurting stalemate) (Zartman, 2000). Esta situación, que explica de manera adecuada el proceso negociador del Gobierno con las FARC, se entiende como una forma de cambiar lo modos de acción, legitimando la lucha revolucionaria a través de la acción política (Valenzuela, 2014). Pero es importante entender que no está exenta de contradicciones. Para explicar los pormenores de la negociación actual entre el ELN y el Gobierno colombiano es importante estudiar la particular relación de esta organización con este proceso que, a diferencia con las FARC, se ha asumido como un curso de acción válido desde un momento relativamente reciente (Medina, 2010).

Un repaso histórico a las negociaciones del ELN
con el Gobierno colombiano

Como se ha precisado anteriormente, la estrategia del ELN se basa en el concepto de guerra prolongada (más exactamente, guerra popular prolongada), en la que uno de los pilares fundamentales es la centralidad de la lucha armada para conseguir sus objetivos. Por lo tanto, la negociación se observa como un proceso con multiplicidad de dudas, entre las que se encuentra la necesidad de la lucha armada.

La posición de este hecho dentro de los procesos negociadores es múltiple, y se trata de un elemento fundamental para entender, por ejemplo, cómo se han dado procesos de negociación en El Salvador o el propio proceso de las FARC. Colombia ha tenido en su historia una variedad de momentos negociadores donde la violencia ha sido elemento importante (Sarmiento, 2012). Para el ELN, la renuncia al uso de la violencia se convierte, por los preceptos básicos de la lucha armada, en algo controvertido dentro de la organización. Tampoco se ha de ignorar que el ELN se ha caracterizado por procesos de cohesión interna muy duros, por lo que presentar opiniones diferentes no era un proceso para tomarse a la ligera (Medina Gallego, 1996). De hecho, si bien aparece en varios momentos durante la década de los ochenta, la opción negociadora no se empieza a explorar de forma seria hasta la década los noventa. Hay que recordar la inclusión del ELN en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (Archila y Cote, 2016) y cómo se aprecia, desde ese momento, el dilema interno entre negociación o victoria militar.

Esta percepción de la negociación cambia en los noventa, sobre todo después de la percepción de éxito. Los procesos constituyentes de 1991 exponen la posibilidad de conseguir cambios a través de ese proceso, se da una percepción de condiciones adecuadas para la negociación (Dávila, 2014) que llevan al ELN a comenzar conversaciones de paz con el presidente Gaviria que terminan con los diálogos de Tlaxcala, sin éxito (Pataquiva, 2009). A partir de ese momento comenzarán procesos de acercamiento y alejamiento continuos, en todas las administraciones siguientes, que no llegarán a buen puerto por las diferencias de posiciones entre las dos partes.

Negociaciones actuales: de Santos a la Administración Duque

Los procesos de negociación presentados explican la situación en la que el ELN se ve inmerso y su orientación hacia una posible salida negociada del conflicto. Uno de los factores más importantes es la visualización de un posible éxito en el cambio de las condiciones que se dan en el país, tal y como ha ocurrido en casos como el del M-19 (García Durán, 2009). Otro aspecto importante es la idea de que la violencia no es tan eficiente como la negociación política, lo que puede acelerar casos de negociaciones de paz (Fisas, 2002), en lo que algunos autores denominan “racionalidad de la negociación” (Woodhouse, Ramsbothan y Miall, 2011).

Por lo tanto, no es de extrañar que las negociaciones de paz entre la Administración Santos y las FARC hayan sido seguidas muy de cerca por el ELN. En un primer momento, en 2012, el presidente ofrece al ELN unirse a los procesos de diálogo abiertos con las FARC. Sin embargo, el ELN rechaza esa oferta por diferencias internas y de agenda. Finalmente, los procesos de negociación se aceptan tras una reunión del comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, en 2015.

Tras dos años de reuniones exploratorias y un alto al fuego declarado por el ELN, se acuerda pactar una ronda de diálogos que tendrían lugar en Quito. La agenda pactada seguía unos puntos muy similares a la agenda de las FARC, con dos grandes diferencias: por un lado, es una agenda que da lugar a debates mucho más amplios que la pactada con las FARC. Por otro, se enfoca en procesos como la protesta social y la participación de la sociedad en política. La agenda queda definida como sigue68:

Participación de la sociedad en la construcción de paz: en este punto se analizarían los mecanismos para que el acuerdo de paz sea realmente generado por los agentes sociales. Teniendo en cuenta la necesidad y objetivos del ELN de conseguir un movimiento de masas, no es extraño que se exija un punto de este tipo.

Democracia para la paz: análisis y negociación de los mecanismos de la sociedad para participar en política, en particular los referentes a la protesta social.

Transformaciones para la paz: este es el punto más amplio y más ambicioso, pues, siguiendo lo acordado en el segundo punto, “democracia para la paz”, se esperan generar los mecanismos para superar las causas originales del conflicto, como la desigualdad social, la corrupción política y la crisis medioambiental.

Víctimas: punto obligado en toda agenda de negociación, donde se discutirían los mecanismos de reparación, memoria y reconocimiento de las víctimas del conflicto armado.

Fin del conflicto armado: posiblemente el punto más claro y concreto, donde se discutirían los procesos de participación política y justicia transicional que se aplicarían miembros del ELN. Dentro de este punto también se discutirían todos los aspectos relevantes al posible desarme y dejación de la lucha armada por parte de la organización guerrillera, así como las garantías que daría el Gobierno colombiano para ello.

Implementación: la negociación sufrirá varios reveses siempre marcados por las exigencias del presidente del cese de la lucha armada, con la retirada repetidas veces del equipo negociador. Durante los meses que van desde 2016 a 2018, se darán procesos importantes, como el rechazo de Ecuador como sede de las negociaciones y su retiro como país garante, así como el conflicto abierto entre el EPL y el ELN en la región del Catatumbo, que multiplicará los hechos violentos. Pero quizás el proceso más importante que ocurrirá referente a las negociaciones será la llegada del presidente Iván Duque al poder en agosto de 2018. Duque, presidente de derechas y figura propuesta por el antiguo presidente Álvaro Uribe para la presidencia se mostrará mucho más exigente que su predecesor en el cargo para llevar a cabo las negociaciones con el ELN. Desde un primer momento se mostrará contrario a reanudar los procesos de diálogo, poniendo condiciones importantes, como la libertad de todos los secuestrados o el cese de toda actividad armada. Uno de los puntos más importantes es la retirada de todo el equipo negociador propuesto por el presidente Santos sin la propuesta de uno nuevo. Otro golpe importante a los procesos de negociación será el no reconocimiento de Venezuela como país garante del diálogo, así como la amenaza de la presencia de grupos de antiguos paramilitares en zonas de tradicional dominio del ELN (Maher y Thomson, 2018).

En el momento de escribir estas líneas, el diálogo está suspendido, sin signos de que se vaya a retomar en el corto plazo.

Conclusiones

La historia del ELN es muy particular. Se enclava dentro de un ámbito de lucha guerrillera muy amplio, el colombiano, donde han existido multiplicidad de actores y que ha tenido, hasta la fecha, los grupos insurgentes más organizados y longevos de la historia de América Latina.

Colombia nos ofrece un panorama atípico dentro de la historia de los grupos revolucionarios. Por un lado, nos presenta un grupo, como las FARC, que no surge de la manera usual, de un grupo de intelectuales de izquierda, sino que es el heredero de las guerrillas liberales que surgen del periodo de la Violencia. Pero eso no significa que Colombia sea inmune a esos procesos “usuales”. El ejemplo lo tenemos en el ELN.

Este capítulo ha presentado los procesos particulares que llevaron a su creación, de mano de un grupo de intelectuales colombianos que se encuentran inmersos en unas circunstancias excepcionales en Cuba que los llevan a tomar el camino de la lucha guerrillera para solucionar los problemas de su país. De ese proceso surge una organización muy radical, con consecuencias paradójicas. Por un lado, se abandona la idea de lucha política como eje central del esfuerzo insurreccional, cosa central para los líderes cubanos. El concepto de lucha prolongada propone un modelo de insurgencia que tiene como columna vertebral la existencia de la lucha armada. Es la lucha armada la que llevará a la revolución. No solamente se desprecia en un momento la lucha política, sino que se desconfía de ella. Eso lleva al ELN a un conflicto abierto con estructuras de izquierdas sólidas en Colombia, como los sindicatos y centrales obreras, que el ELN califica de pequeño-burguesas. Por otra parte, ese vacío político se intenta llenar con los principios de la teología de la liberación, enmarcada, en un primer momento, en la figura del padre Camilo Torres.

Hoy en día, hablar del ELN implica hablar de Camilo Torres. Es tal la identificación de la figura camilista con la lucha guerrillera que en muchos entornos se confunde con el fundador de la guerrilla. Lo cierto es que Camilo Torres tiene un paso fugaz por la organización, que ayuda a cimentar, en un primer momento, la mística y el sacrificio del martirio de los miembros del ELN.

Después de la toma de Simacota, el ELN se basa en una idea de lealtad ciega, lo que lleva a los primeros y muy dolorosos juicios políticos con sus consecuentes ejecuciones. No faltaría mucho para que Camilo Torres no solo fuera una imagen que justificara la presión interna, sino también la disidencia. No mucho más tarde, la dirección de la organización entraría en una crisis que alcanzaría su punto álgido con el desastre de Anorí y el “febrerazo”, donde se perderán gran parte de las estructuras militares y urbanas de la organización.

Las consecuencias de dichos actos no se harán esperar, siendo la más importante el “destierro” del fundador y líder original de la organización, Fabio Vásquez Castaño. Una figura que intentó mantener el control de la organización desde Cuba, lo que fue imposible. La crisis interna de la organización introdujo un aprecio por la lucha política, que llevó a una refundación de sus principios de acción.

De guerra de guerrillas prolongada pasamos al concepto de guerra popular prolongada, donde no se abandona la acción militar (sigue siendo central para el ELN), pero se añade el otro polo de acción insurgente, la política. Dentro del concepto de guerra popular se introduce la necesidad de crear un movimiento de masas, un movimiento popular que acompañara a las campañas militares. Otra de las consecuencias importantes de ese proceso de crisis se dará en la forma de gestionar las acciones militares. Si bien el ELN tiene un comando central (COCE) y una dirección nacional, las operaciones militares se gestionarán cada vez más a nivel de comandancia de frente de guerra.

El periodo de crisis que se da entre 1978 y 1983 hará que muchos de esos frentes actúen de forma independiente, llevando el programa del ELN de la forma más conveniente para ellos mismos. Esa flexibilidad hará que las órdenes seas llevadas de forma mucho más complicada del COCE a los frentes. Además, generará problemas como la introducción del narcotráfico como elemento financiador o los desacuerdos patentes entre los mencionados frentes y los procesos de diálogo que se empezarán a dar entre el COCE y el Gobierno colombiano.

La introducción del diálogo político interno traerá una nueva visión sobre los procesos de negociación con el Gobierno de Colombia. Si este elemento había sido desechado en un principio como inútil, los éxitos que se perciben alrededor, así como las discusiones internas, lo incluirán dentro del programa de acción. Una consecuencia clara será la inclusión del ELN dentro de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar a finales de la década de los ochenta. Esta coordinadora, formada por las FARC, el ELN, el M-19, el Partido de los Trabajadores, el EPL y el Movimiento Quintin Lamé, tendría como objetivo coordinar acciones que llevaran a una satisfactoria negociación de paz con el Gobierno colombiano.

Fruto de este trabajo surgiría la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, de la que las FARC y el ELN no formarán parte al percibir que sería más beneficioso si negociaran por su cuenta. A partir de ese momento, sin abandonar la lucha armada, el ELN se embarcará en ejercicios continuos de intento de diálogo con las instituciones, con más o menos éxito. Esos intentos se cristalizarán en el proceso de paz actual, que se abre al calor de los diálogos con las FARC en Cuba y que será defendida, de manera decidida, tanto por el COCE como por el Gobierno Santos.

Estos diálogos se encontrarán con innumerables problemas, derivados de las diferencias entre las partes y de los saboteadores que aparecerán por el camino. Por un lado, varios frentes de guerra internos se mostrarán frontalmente en contra de dichos diálogos. Por otro, el cambio de Gobierno en Colombia traerá un giro a la derecha más reaccionaria. El Gobierno de Iván Duque utilizará una táctica de negociación que claramente intentará acabar con los diálogos y que llevará a justificar una política beligerante y militar hacia la organización. Hoy en día, los diálogos están suspendidos, con un devenir lleno de incertidumbre.

La pregunta que toca hacerse ahora, por lo tanto, es: ¿cuál es el futuro del ELN? Desde un punto de vista político, las experiencias de organizaciones que no han apostado por algún tipo de proceso que evolucione sus modos de operación desde la acción armada hacia la acción política demuestran que no existe mucho recorrido al respecto. El ELN necesita replantearse su actuar de forma integral y pensar que, si quiere conseguir réditos políticos y sociales a medio plazo, debe abandonar la lucha política. Esto no necesariamente pasa por un proceso de diálogo con las instituciones políticas colombianas. Existen procesos internacionales, como el ocurrido en el País Vasco, en el que la decisión ha sido unilateral y ha traído beneficios tangibles. Quizás, en la situación que se da hoy en día en Colombia, con un Gobierno inmovilista y contrario a cualquier tipo de acercamiento y de diálogo, la decisión de dejar la lucha armada sea positiva.

El ELN posee estructuras de acción política importantes en las mayores ciudades del país, sobre todo dominadas por movimientos estudiantiles. Evidentemente, una decisión como esa no es sencilla y se enfrenta a numerosos problemas. Primero, porque la seguridad de sus miembros no estaría garantizada. Colombia es un país con una larga tradición de muertes por acciones políticas, sin contar con las acciones de la fuerza pública y los estamentos judiciales. Después, porque está claro que no todos los miembros de la organización seguirían el ejemplo. Existen frentes de guerra que están muy involucrados con elementos del narcotráfico y que actualmente trabajan más como grupos delincuenciales que como grupos insurgentes.

Lo que resultaría evidente después de todo es que la situación actual es la que más perjudica al futuro de la organización.

Bibliografía

Anderson, J. L. (1997): Che, Emecé Editores, Buenos Aires, 4ª ed.

Archila, M. y Cote, J. (2016): “History of the Colombian left‐wings between 1958 and 2010”, Revista Tempo e Argumento, 7(16), pp. 376-400 [disponible en https://doi.org/10.5965/2175180307162015376].

Bushnell, D. (2017): Colombia. Una nación a pesar de sí misma, Ariel, Bogotá.

Castaño, O. (1984): El guerrillero y el político, Ricardo Lara Parada, Oveja Negra, Bogotá.

Davila, A. (2014): “¿Por qué el ELN debería negociar con el Estado Colombiano?”, en V. de Currea Lugo (ed.), ¿Por qué negociar con el ELN?, Universidad Javeriana, Bogotá.

Echandía, C. y Cabrera, I. (2017): Madurez para la paz. Evolución de la territorialidad y las estrategias en el conflicto armado colombiano, Universidad Externado, Bogotá.

ELN (1972): Compendio Insurrección, Bogotá.

Fisas, V. (2002): Cultura de paz y gestión de conflictos, Icaria (Antrazyt), UNESCO, Barcelona.

García Durán, M. (ed.) (2009): De la insurgencia a la democracia. Estudios de caso, CINEP/Berghof Foundation, Bogotá.

Guevara, E. (1970a): Ernesto Che Guevara. Obras 1957-1967, vol. 1, Casa de las Américas, La Habana.

— (1970b): Ernesto Che Guevara. Obras 1957-1967, vol. 2, Casa de las Américas, La Habana.

Gurr, T. R. (1970): Why Men Rebel, Princeton University Press, Princeton.

Guzmán Campos, G.; Fals Borda, O. y Umaña Luna, E. (2010): La violencia en Colombia, Punto de Lectura, Bogotá.

Harnecker, M. (1988): ELN. Unidad que multiplica, Ediciones Quimera, Quito.

Lenin, V. I. (1966a): Obras escogidas en tres tomos, vol. 2, Editorial Progreso, Moscú.

— (1966b): Obras escogidas en tres tomos, vol. 1, Editorial Progreso, Moscú.

Lissett Pérez, A. (2010): “Tradiciones de Resistencia y Lucha: Un Análisis sobre el surgimiento y la permanencia de las guerrillas en Colombia”, Análisis Político, nº 70, pp. 63-80.

Maher, D. y Thomson, A. (2018): “A precarious peace? The threat of paramilitary violence to the peace process in Colombia”, Third World Quarterly, pp. 1-32 [disponible en https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1508992].

Marx, K. y Engels, F. (1969): “The Communist Manifesto”, en L. S. Feuer (ed.), Marx and Engels. Basic Writings on Politics and Philosophy, Collins, Londres.

Massé, F. y Le Billon, P. (2018): “Gold mining in Colombia, post-war crime and the peace agreement with the FARC”, Third World Thematics: A TWQ Journal, 3 (1), pp. 116-134 [disponible en https://doi.org/10.1080/23802014.2017.1362322].

Medina Gallego, C. (1996): ELN: Una historia contada a dos voces, Rodríguez Quito Editores, Bogotá.

— (2009): ELN. Notas para una historia de sus ideas políticas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

— (2010): FARC-EP y ELN. Una historia política comparada (1958-2006), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Palacios, M. (2007): Between legitimacy and violence, Duke Univerisity Press, Durham.

Pataquiva, G. N. (2009): “Las FARC, su origen y evolución”, UNISCI Discussion Papers, nº 19, pp. 154-184.

Pearce, J. (2018): “Elites and VIolence in Latin America. Logics of the Fragmented Security State”, Violence, Security and Peace Working Papers, 1.

Pécaut, D. (2017): En busca de la nación Colombiana, Debate, Madrid.

Ramsey, R. (1981): Guerrilleros y soldados, Tercer Mundo, Bogotá.

Ríos, J. (2016): “La periferialización del conflicto armado en Colombia (2002-2014)”, Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, 7 (2).

— (2017): Breve historia del conflicto armado en Colombia, Los Libros de la Catarata, Madrid.

Ríos, J. y Gago, E. (2018): “La paz territorial en Colombia: un desafío para la institucionalidad local”, Papers. Revista de Sociología, 103(2).

Sánchez, G. y Meertens, D. (1983): Bandoleros, gamonales y campesinos, El Áncora, Bogotá.

Sarmiento, F. (ed.) (2012): Lecciones para la paz negociada. Retrospectiva Histórica en Colombia, CINEP, Bogotá.

Tarrow, S. (1998): Power in Movement. Social Movements and contentious politics, Cambridge University Press, Cambridge.

Trotsky, L. (1988): La revolución permanente, Hyspamerica, Buenos Aires.

Ugarriza, J. E. y Pabón Ayala, N. (2017): Militares y guerrillas. La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares 1958-2016, Universidad del Rosario, 2ª ed. [disponible en https://doi.org/10.12804/tj9789587389999].

Valenzuela, P. (2014): “Consideraciones sobre un proceso de paz sobre el ELN”, en V. de Currea Lugo (ed.), ¿Por qué negociar con el ELN?, Universidad Javeriana, Bogotá.

Villamizar, D. (2017): Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confines, Debate, Bogotá.

Woodhouse, T.; Ramsbothan, O. y Miall, H. (2011): Contemporary conflict resolution, Polity Press, Londres, 3ª ed.

Zartman, W. (2000): “Ripeness: The Hurting Stalemate and Beyond”, en National Research Council (ed.), International Conflict Resolution After the Cold War, National Academic Press, Washington D. C.

CAPÍTULO 6

SENDERO LUMINOSO (SL)

Marté Sánchez Villagómez

Introducción

El Partido Comunista Peruano (PCP) desde su fundación en 1928, bajo la denominación de Partido Socialista, y a lo largo de su historia ha sufrido un sinnúmero de escisiones. Sin duda alguna, el PCP es la matriz política de las organizaciones y partidos de la denominada izquierda peruana. Grosso modo, se puede afirmar que, desde el inicio de la década de 1970, Sendero Luminoso (SL) fue una de esas rupturas que se dio a conocer como Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) de filiación marxista-leninista-maoísta-pensamiento Gonzalo.

El PCP tardó aproximadamente un década más en convertirse en una fuerza beligerante; no fue hasta inicios de 1980 que la agrupación subversiva declaró el inicio de la lucha armada. El 17 de mayo de aquel año hizo su aparición pública, puso en riesgo la transición democrática y retó a los gobiernos de turno durante las últimas dos décadas del siglo XX.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) señaló que el número total de muertos y desaparecidos durante el periodo del conflicto armado interno (1980-2000) ascendió a 69.280 personas. De ellos hizo responsable a SL del 46 por ciento, lo que representa a un aproximado de 31.331 personas muertas o desaparecidas.

La captura de Abimael Guzmán en 1992 marcó un giro discursivo. El pedido de acuerdo de paz y las negociaciones infructuosas con el Gobierno de Fujimori generaron múltiples rupturas y desmovilización de militantes de su organización y desconocimiento de su liderazgo en las fracciones políticas que hasta hoy persisten.

Origen

El PCP se fundó el 7 de octubre de 1928. Dentro de su estructura orgánica existían instancias permanentes; entre ellas, los comités central, regional, provincial, distrital y zonal. El comité, cual fuere su instancia territorial, tenía entre sus tareas poner en práctica la línea política de la organización partidaria. En Ayacucho se desarrolló uno de los comités regionales. Desde 1963, el comité regional José Carlos Mariátegui fue liderado por el filósofo y docente universitario Abimael Guzmán Reynoso. Según Guzmán e Iparraguirre (2014), su presencia se remonta a abril de 1962; quien luego de un corto tiempo fue incorporado a la dirección de uno de los comités zonales69 de la región. Según Toledo (2016) el departamento fue dividido en cuatro zonas con el objetivo de detectar a los comunistas genéticamente puros. En el lapso aproximado de un año, logró hacerse de la dirección del comité regional.

En el entorno internacional, durante la década de 1950 se estaba produciendo un cisma dentro del bloque comunista; ruptura que se cristalizó para 1963. Las consecuencias para América Latina del quiebre al interior del comunismo internacional son analizadas por Urrego (2017), quien muestra la eclosión del maoísmo y sus prácticas en esta parte de América; para el caso peruano, Sánchez y Ríos (2018) y Ríos (2018) han señalado sus consecuencias dentro del PCP, Toledo (2016) ha hecho lo propio pero concentrado en las agrupaciones maoístas del Perú. En conclusión, las diferencias insalvables entre el entonces Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino provocaron una fractura insalvable en los partidos comunistas del mundo occidental. El PCP no fue la excepción.

El PCP, pese a las discrepancias internas, se mantuvo dentro de la doctrina soviética; no obstante, la escisión se produjo un año después. Para 1964, se produjo la división: uno, prosoviético; el otro, prochino. Los primeros, quedaron alineados al PCP-Unidad; los segundos, se organizaron entorno a la nueva estructura política que se denominó Partido Comunista Peruano-Bandera Roja (PCP-BR). Las extensiones Unidad y Bandera Roja correspondían a los medios de divulgación oficial de cada partido; una de sus funciones era señalar y comunicar los derroteros ideológicos pertinentes.

El PCP-Unidad optó por la coexistencia pacífica, la misma que en buena cuenta señalaba un camino de convivencia entre capitalismo y comunismo; lo cual significó la renuncia al uso de la violencia como medio de lucha política. Sus bases sociales eran mayoritariamente organizaciones obreras y urbanas. El PCP-BR se orientó hacia el maoísmo y asumió que la violencia política, expresada como lucha armada, era una forma superior de lucha para tomar el poder; sus bases de apoyo social se concentraban preferentemente en organizaciones campesinas.

Para 1964, el comité regional José Carlos Mariátegui se circunscribió al maoísmo del PCP-BR; la dirección de su comité quedó a las órdenes de Abimael Guzmán, lo que permite comprender las razones que llevaron a SL a hacer de aquel espacio regional el escenario principal de sus acciones de ahí en adelante.

De otro lado, la historia particular de Ayacucho, señalada por Degregori (2010), permite comprender por qué la guerrilla más letal de toda América Latina surgió y se desarrolló en un territorio de la sierra sur peruana; el autor mencionado sostiene que son tres los fenómenos que caracterizan la región ayacuchana: estancamiento y crisis del sistema latifundista, el desmembramiento regional y la subordinación económica a otros polos de desarrollo regional aledaños. Visto así, Ayacucho era un espacio regional fragmentado y dependiente económicamente, donde predominaba la pobreza y la discriminación étnico-racial contra las mayorías indígenas del departamento. Estas características fueron fermento para todo tipo de discurso radical.

Otra característica del espacio ayacuchano fue la singular manera de defender el derecho a la educación, se trataba de una región cuya tasa de analfabetismo —según los censos de 1961, 1972 y 1981— se mantenía elevada; el último de los censos señaló que el 45 por ciento de su población no sabía leer ni escribir, cifra que estaba por encima del doble de la media nacional (20,95 por ciento). En ese sentido, la reapertura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH)70 en 1959 y su defensa han sido constantes a lo largo de las siguientes décadas. Cavero (2005) presenta un estudio pormenorizado sobre la UNSCH antes, durante y después del conflicto armado interno; el rol que cumplió en el desarrollo local, las etiquetas que le impusieron y su instrumentalización durante el conflicto armado interno. Desde su reapertura la universidad se convirtió en referente de desarrollo regional, era de esperar su impacto en un lugar donde la industria era prácticamente inexistente: “[…] La punta de lanza de la modernidad no fue un ente económico, alguna empresa agroindustrial o minera como en otras regiones, sino una institución que en sentido estricto pertenecería a la superestructura cultural” (Degregori, 2010: 41).

La UNSCH rápidamente se decantó por una postura progresista, estrechó lazos con los sectores populares que se asentaban en los alrededores de la creciente ciudad de Huamanga. A medida que la universidad crecía en número de alumnos, la urbe se transformaba; para su reapertura en 1959, el centro superior albergó a menos de 300 estudiantes: para 1978 logró una población estudiantil de casi 8.000 alumnos.

Una de las organizaciones más representativas de la sociedad civil ayacuchana fue el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), fundado en abril de 1966; su primera manifestación pública fue la defensa de las rentas de la universidad que el Gobierno del presidente Belaúnde Terry (1963-1968) intentó restarle para asfixiarla económicamente. La razón del Gobierno era la sospecha de que la universidad de Huamanga había prestado apoyo, un año antes, a uno de los focos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Ante la ofensa hubo una defensa y fue el FREDEPA quien cumplió ese rol hasta lograr la reasignación presupuestal de la universidad pública de Huamanga.

El FREDEPA ha sido estudiado por Crisóstomo (2011); su investigación señala los hitos relevantes a lo largo de su historia, sus demandas y luchas sociales; también las oscilaciones políticas de dicho frente. Algún momento bajo influencia de Bandera Roja, en otro al influjo de la organización que devendría luego como SL; incluso, aunque no es de interés de este estudio, se mostró en favor de las políticas del Gobierno de Alberto Fujimori.

Volviendo al punto, el FREDEPA tuvo protagonismo por su capacidad de convocar a la sociedad civil ayacuchana, su influencia sobre la población local no dejó de incrementar hasta 1969, fecha en que se produjeron un conjunto de eventos a nivel regional y nacional; de ellos, la lucha por la gratuidad de la enseñanza sentida en todo el país tuvo un carácter inusitado en Ayacucho, tanto por las acciones de la organizaciones sociales y estudiantiles así como por la desacertada respuesta del Estado peruano, lo que se tradujo en heridos, encarcelados y la muerte de estudiantes secundarios, padres de familia, campesinos en las ciudades de Huamanga y Huanta. Aquel evento, particularmente trágico, ha sido estudiado por Degregori (2010). Asimismo, Sánchez y Ríos (2018) logran complementar una cronología de los sucesos de protesta y los vínculos que se entretejieron entre las organizaciones estudiantiles secundarias de las ciudades de Ayacucho y Huamanga como epicentros de la protesta71.

La gratuidad de la enseñanza no fue el único punto en la agenda de la sociedad civil ayacuchana: desde finales de 1968 (luego del golpe militar que derrocó al presidente Belaúnde) hasta mediados del año siguiente se produjeron por lo menos tres demandas sociales y profesionales vinculadas al campo educativo:

El libre ingreso a la universidad, oferta hecha por el FER durante su campaña electoral por llegar al control de la FUSCH. Ofrecimiento que gestionó a inicios de 1969, desde la federación universitaria antes mencionada, y logró movilizar a los postulantes universitarios por la ciudad durante los primeros meses del mismo año; esta propuesta, pese a que fue aprobada por las instancias universitarias correspondientes, quedó sin efecto a mediados del mismo año por su inviabilidad.

La ratificación de los docentes universitarios de UNSCH en sus funciones académicas y administrativas, suceso que tuvo cobertura de la prensa local durante todo el mes de enero; en aquel momento, para nadie era un secreto que la ideología marxista era bien recibida en las universidades. En la universidad de Huamanga el pensamiento maoísta tenía adeptos, pero no lograba consolidar su capacidad de decisión política dentro de la institución universitaria. En ese sentido, el proceso de ratificación del cuerpo docente hizo factible su hegemonía dentro de la universidad ayacuchana.

Promulgación del Decreto Ley 17437, Ley Orgánica de la Universidad Peruana. Durante el mes de febrero, el Gobierno militar del General Velasco declaraba la reorganización del sistema universitario nacional. Para la UNSCH, esta adecuación a la nueva ley orgánica significó que durante los siguientes diez meses fuera administrada transitoriamente por una comisión reorganizadora, la misma que al finalizar su mandato devolvería la casa de estudios a las electas autoridades bajo los criterios de la nueva ley universitaria.

En líneas generales, la relación entre partidos políticos y universidad no es tema reciente. En 1916, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) fue fundada por obra y gracia del Partido Civil, representante de la oligarquía limeña. Toledo (2016) sostiene que, para finales de la década de 1950, la mayoría de los gremios estudiantiles en la universidad tenían claramente un giro hacia posiciones políticas de izquierda. En Huamanga, la izquierda universitaria estaba representada por el FER de tendencia maoísta.

Degregori (2010) ha sugerido que, para ese periodo, Huamanga no había dejado de ser una ciudad señorial y apacible donde una petición social —gratuidad de la enseñanza— irrumpió violentamente en su tranquilidad tradicional. Todo lo contrario, se puede apreciar por todo lo antes expuesto que la ciudad estuvo plagada de múltiples reivindicaciones y demandas que se expresaban en las calles y plazas; en concreto, la capital ayacuchana era un espacio cargado de vida política. A decir de Degregori, SL irrumpió en Ayacucho como rayo en cielo sereno; en realidad, en aquel contexto tan congestionado por movilizaciones sociales se vivió una especie de calentamiento político epocal que fue vivido con una inusitada intensidad en la ciudad de Huamanga bajo la hegemonía del discurso maoísta, pero representado por un conjunto de organizaciones políticas que iban fragmentándose del PCP-BR.

Otro fue el caso de quienes decidieron permanecer, estratégicamente, unos años más dentro de la matriz maoísta de Bandera Roja madurando su propia lectura de la realidad nacional; aquel fue el caso de la Facción Roja, liderada por Abimael Guzmán. SL, como tal, surgirá a principios de la década de 1970, de las entrañas de una ciudad andina donde el discurso beligerante se había hecho casi una costumbre; un alegato que ofrecía cambios radicales únicamente conquistables en el fragor de la protesta popular. Esa fue la gran promesa que maduró y logró movilizar Guzmán y sus seguidores una década después.

Para mediados de noviembre de 1969, el proceso de reorganización propuesto por el Gobierno militar culminó con la elección de las nuevas autoridades universitarias de la UNSCH; dos direcciones universitarias, la de Personal y la de Bienestar, recayeron en Abimael Guzmán Reinoso y Antonio Díaz Martínez respectivamente, ambos docentes de esa casa de estudios vinculados a la Facción Roja —antecedente directo de lo que luego se conocería como PCP-SL o, simplemente, SL. Resulta insólito que sea la aplicación de ley orgánica, promulgada por el Gobierno militar para la reestructuración de la universidad peruana, la que haya facilitado el acceso a cargos de dirección dentro de la universidad de Huamanga a personas que entendían la violencia como una forma de transformar la realidad social. Lo es porque la ley universitaria de 1969 proscribía los actos políticos como actividad de docentes y alumnos de la universidad peruana bajo cargo de separación de la vida universitaria.

Desde finales de 1969, dos áreas estratégicas de la universidad de Huamanga quedaron bajo el control de la agrupación dirigida por Abimael Guzmán; sin duda alguna, ello aceleró el desarrollo de sus planes futuros. La Dirección de Personal tenía entre sus responsabilidades hacer el proceso de selección para la contratación de docentes y personal administrativo; mientras que la Dirección de Bienestar Universitario administraba el comedor y la residencia universitaria, ambos ambientes recurridos por el conjunto de estudiantes citadinos con pocos recursos económicos o alumnos de provincias que migraron a Huamanga en busca de hacer realidad su proyecto educativo. Ambas direcciones universitarias le otorgaron una cierta proximidad con los dos estamentos universitarios, docentes y alumnos, que fueron fundamentales para el crecimiento y expansión inicial de la agrupación maoísta.

Retomando el hilo político de las escisiones dentro del PCP-BR, las fuertes discrepancias en su interior se producen por los acuerdos alcanzados en la V Conferencia Nacional de 1965: en ella se tipificó la realidad semifeudal y semicolonial peruana y se convino que el país se encontraba en situación revolucionaria, que mediante la guerra popular se alcanzaría la transformación de la sociedad, que dicha revolución tenía una ruta, del campo a la ciudad, y que la principal fuerza estaba en el campesinado. Esta postura fue encabezada por Saturnino Paredes como dirigente máximo de Bandera Roja. Una de las principales críticas internas a esta postura la encabezó Sotomayor (2009), quien sostuvo que se trataba de un burdo trasplante de la experiencia china a la realidad peruana y señaló que Paredes se empecinó en aprobar un esquema de interpretación ajeno a la realidad nacional. Las diferencias ideológicas de Sotomayor le llevaron a separarse de Bandera Roja y formar en 1966 el Partido Comunista del Perú-Marxista Leninista (PCP-ML) a quienes, coloquialmente, denominaron bolcheviques.

Desde el año 1965, dentro del PCP-BR se dio un acalorado debate para definir la línea política de la organización y su aplicación a la realidad peruana, debate que no cesó, y en su decurso generó nuevas escisiones dentro de la organización matriz; en enero de 1969 se llevó a cabo la VI Conferencia Nacional, la misma que dejó como resultado la confirmación de una nueva división dentro del maoísmo peruano: surge el PCP-Patria Roja. Esta situación de rupturas es graficada de la siguiente manera por el líder senderista: “En estos años finales [década de 1960] se desenvolvió una lucha de cuatro fracciones en el partido: la de Patria Roja, la de Paredes [Bandera Roja], la autollamada ‘bolchevique’ y la Facción Roja” (Guzmán e Iparraguirre, 2014: 177).

El mismo Guzmán identifica a su organización, denominada Facción Roja, como una de las cuatro fracciones que convivían y se desarrollaban dentro de la organización política matriz, Bandera Roja. El concepto de fracción propuesto por Lenin en su texto ¿Qué hacer? sostenía que: “En el partido, la fracción es un grupo de hombres unidos por la comunidad de ideas, creada con el objetivo primordial de influir sobre el partido en determinada dirección, con el objetivo de aplicar en el partido sus propios principios en la forma más pura posible. Para eso es necesaria una auténtica comunidad de ideas” (Lenin, 1969: 450).

Queda claro que dentro del PCP-BR se produjo una intensa lucha por definir cuál era la línea política y su aplicación verdadera; la misma que se prolongó casi por cuatro años, hasta enero de 1969. Momento en que se realizó la VI Conferencia Nacional de la organización maoísta PCP-BR; en palabras del propio Guzmán, fue ese el año que se cerró la etapa de la lucha de dos líneas, donde la justa y correcta, la revolucionaria, terminó por imponerse a aquella que el grupo de Guzmán tildó de reaccionaria.

La tarea impuesta para los siguientes años fue llevar a la práctica las conclusiones de la V y VI Conferencia Nacional del PCP-BR, la misma que se centró en luchar contra el revisionismo y reconstituir el partido. La agrupación dirigida por Guzmán, la Facción Roja, hizo suyas las banderas revolucionarias y se impuso el rol de devolverle el carácter revolucionario al partido.

Las luchas internas que se dieron dentro del PCP-BR se comprenden tomando en consideración el concepto de centralismo democrático de Lenin (1973), que sostiene que las diferencias internas se resuelven cuando una de las propuestas doblega a las otras fracciones; las mismas que aceptan su derrota y muestran un comportamiento hacia afuera de la organización como un bloque sólido.

En el caso del PCP-BR, las fracciones políticas al interior de la organización partidaria no se doblegaron; por el contrario, con el transcurrir de los meses y años se escindieron formando nuevas organizaciones de carácter maoísta. Las pugnas internas irresueltas dentro de la matriz partidaria fueron una constante, y bajo el mismo mecanismo nacería SL. A mediados de 1970, la Facción Roja abandonó la matriz e intentó arrebatarle la denominación partidaria al grupo de Saturnino Paredes; desde aquel momento se autoproclamaron como PCP-BR, lo cual causó confusión a la hora de diferenciarlos; por tal razón, les llamaban por su lema partidario, “Por el luminoso sendero de Mariátegui”, que ya venía siendo empleado por la agrupación estudiantil FER, leal y partícipe de la Facción Roja. Finalmente, la organización dirigida por Guzmán derivó a PCP-SL.

SL, a diferencia de su antecesor, la Facción Roja, no viviría al interior de una organización política, sino en la Universidad de Huamanga, y optó por guarecerse exclusivamente dentro de las organizaciones estudiantiles y direcciones universitarias administradas por sus líderes, hasta que dejaron los cargos de dirección en marzo de 1974 al finalizar la gestión rectoral. Desde su aparición, SL se trazó como objetivo la toma del poder: para ello, se impusieron la misión de reconstituir el partido, lo cual significó devolverle el carácter revolucionario. Granados (1981) plantea que ello supuso un trabajo político desde la ilegalidad y clandestinidad.

En este nuevo escenario —la Universidad de Huamanga— SL comenzó a reclutar a estudiantes universitarios, una población asentada mayoritariamente en los barrios que iban creciendo o creándose alrededor de la ciudad de Huamanga a consecuencia de la migración rural. Así jóvenes de extracción campesina se convertirían en la base política de esta organización y sus futuros combatientes. Ello no significó el abandono de las posiciones que lograron con las dirigencias campesinas de federaciones locales y regionales a lo largo de su estadía dentro del PCP-BR (Granados, 1981). La escisión de Bandera Roja tuvo un costo muy elevado para SL, concretamente sus seguidores a nivel nacional eran pocos y muy concetrados en una región; así se mantuvieron buena parte de la década de 1970. Guzmán se convirtio en “[…] cabeza de una fuerza política regional, con presencia importante solo en Ayacucho y con apenas algunos núcleos mínimos en Lima y otros pocos lugares” (Degregori, 2010: 149). La CVR (2003), según datos proporcionados por el propio Guzmán, consigna que esta agrupación quedó con 51 militantes a nivel nacional, de los cuales 12 se encontraban en Ayacucho.

La organización dirigida por Guzmán, entre los años 1969 y 1974, logró ejercer cierto control dentro de la Universidad de Huamanga; como ya fue señalado, dos de sus líderes ocuparon las direcciones universitarias de personal y de bienestar respectivamente, desde ellas lograron vincularse e infiltrarse entre los estudiantes y docentes de la casa de estudios en cuestión. Degregori (2010) sostiene que aquella situación de control que ejerció la Facción Roja sobre una institución pública se hizo evidente entre 1969 y 1973. Cabe recordar que sus principales cuadros políticos y militares —regionales y nacionales— salieron de las aulas universitarias; Mansilla (1999) encuentra que, para abril de 1985, el 38,5 por ciento de los terroristas encarcelados en Perú son estudiantes universitarios; basta recordar que la primera mitad de la década de 1970, SL tuvo como centro de operaciones una universidad pública de la sierra centro-sur del país y empleó indebidamente parte del presupuesto gubernamental asignado para esta casa superior de estudios como fuente de su financiamiento. Durante aquel periodo, SL se trazó dos objetivos perfectamente conjugables: reconstituir el partido comunista para iniciar la lucha armada.

Otra labor que realizaron durante esta etapa fue lo que denominaron “trabajo de masas”, del cual surgieron la gran mayoría de los organismos generados, cuya labor fue organizar o dirigir movimientos populares de manera paralela a su organización partidaria, pero que le dieran soporte al partido que estaba siendo reconstituido: “Permitió al partido ligarse ampliamente a las masas, impulsar su desarrollo al término de la lucha por la existencia del partido e incrementar su militancia con contingentes de sangre nueva; sirvió a culminar la reconstitución y a la construcción nacional del partido a fines de la década del setenta” (Guzmán e Iparraguirre, 2014: 366).

Entre 1975 y 1976, los partidarios de Guzmán se encuentran impulsando la reconstitución del Partido Comunista; así lo evidencia el quinto pleno de su Comité Central, que tuvo como intención retornar a Mariátegui e impulsar la reconstrucción. Desde 1977 hasta 1979, SL pasa a la clandestinidad; consideran que el partido comunista —que ellos encarnan— está reconstituido. Abimael Guzmán es declarado jefe del partido y la revolución a mediados de 1979, se conforma un Comité Permanente Histórico integrado por Augusta La Torre, Elena Iparraguirre y el propio Guzmán. Concluyen que el proceso de militarización de su organización es eminente para sacar adelante los fines futuros; de ahí la necesidad de la primera escuela militar —la misma que se desarrolló del 2 al 19 de abril de 1980. Poco menos de un mes después, el PCP-SL declara el inicio de la lucha armada el 17 de mayo de 1980.

Fundamentos ideológicos

Desde su creación, el PCP-SL se declaró tributario del marxismo-leninismo-maoísmo, y esta denominación no se modificó hasta 1983; elevaron el pensamiento maoísta a la teoría revolucionaria. Desde aquel momento la ideología del PCP-SL se conduciría por un “pensamiento guía”; fue en 1988 que el “pensamiento Gonzalo” surge como la praxis revolucionaria adecuada a las condiciones concretas del país. Este pensamiento se presentaba como la garantía de aplicar la ideología marxista- leninista-maoísta como verdad universal. Fue así como su líder fue autoproclamado como el más grande marxista-leninista-maoísta vivo sobre la faz de la tierra. Estos cambios se produjeron durante el I Congreso del PCP-SL, en 1988, es decir, ocho años de iniciada su lucha armada.

El ideario del PCP-SL parte del convencimiento de que su perfil ideológico y político son los pertinentes, que su línea es la correcta y ello es irrefutable. Entre los años 1975 y 1976, se produjeron un conjunto de afirmaciones de carácter ideológico, se tomaron acuerdos partidarios políticos y militares; se implementaron un conjunto de organismos generados con objetivos concretos.

Asimismo, la perspectiva ideológica y política de la agrupación senderista fue autoproclamada como la “línea justa y correcta del partido”, se instituyeron como la voz autorizada. Para legitimar su propuesta, emplearon la siguiente cita de Mao Tse Tung:

El que sea correcta o no la línea ideológica y política lo decide todo. Cuando la línea del partido es correcta, lo tenemos todo. Si no tenemos hombres, los tendremos; si no tenemos fusiles, los conseguiremos; y si no tenemos el poder, lo conquistaremos. Si la línea es incorrecta, perderemos lo que hemos obtenido. La línea política es como la cuerda clave de una red, si tiramos de ella todas las mallas se abrirán. Hay que practicar el marxismo y no el revisionismo; unirse y no escindirse; ser francos y honrados y no urdir intrigas ni maquinaciones (Guzmán e Iparraguirre, 2014: 209-210).

Que SL se autoproclame como “la línea correcta” en la aplicación del marxismo-leninismo-maoísmo a la realidad peruana significó que ellos eran los portadores de la interpretación verdadera de la realidad. En noviembre de 1975 se realizó el quinto pleno del Comité Central de esta organización. En dicha reunión señalaron que Mariátegui planteó las leyes generales para la lucha de clases en Perú; por tanto, retornar a sus pensamientos era clave para impulsar la reconstrucción del PCP. En buena cuenta, volver a Mariátegui significó encontrar en sus postulados la simiente maoísta antes del mismo maoísmo, también sirvió para señalar el camino de una organización política con carácter revolucionario; por tanto, SL se impuso la misión de restituir el partido.

El PCP-SL, retomando los postulados de Mariátegui y matizados con las ideas de Mao Tse Tung, estableció cinco columnas sobre las que descansaría su propuesta de lucha armada y cambio revolucionario: a) caracterización de la sociedad peruana; b) carácter de la revolución peruana; c) las tareas de la revolución; d) los instrumentos de la revolución, y e) la línea de masas.

Caracterización de la sociedad peruana

La prédica revolucionaria no fue patrimonio de SL; en el Perú, las organizaciones de izquierda alzaron las banderas de la revolución, con mayor énfasis, durante las décadas de 1960 y 197072. En ese sentido, el discurso militarista primó como argumento discursivo revolucionario de la época; lo diferente en SL fue que pasó del alegato a la praxis revolucionaria que, con el transcurrir de los años, devino en acciones terroristas irracionales; como bien señala Hobsbawm (2010), cuando la violencia ya no cumple un efecto político, se vuelve banal, estéril y en la mayoría de los casos, contraproducente.

Dentro del PCP-BR, desde 1965, la primera brecha que se produjo en su interior fue justamente por la caracterización de la sociedad; José Sotomayor, Saturnino Paredes y Abimael Guzmán la caracterizaban de manera distinta. Para Sotomayor se trataba de una sociedad semifeudal y dependiente, los otros dos líderes aceptaban la semifeudalidad pero rechazaban la segunda caracterización; en su lugar sostenían —con algunos matices— la semicolonialidad. Estas diferencias en la tipificación de la sociedad marcaron rutas distintas entre ellos, como ya fue señalado en el segundo epígrafe de este capítulo. En noviembre de 1975, al finalizar su V Pleno de Comité Central, la hegemonía discursiva se consolidó a un alto precio, su organización quedó diezmada y muy vulnerable. Durante este periodo, SL no fue una organización de numerosos militantes.

Desde su perspectiva, la sociedad peruana se caracterizaba, de un lado, por la semifeudalidad expresada en el control y dominio latifundista de la tierra y la servidumbre que subordinaba a la población indígena; del otro, la semicolonialidad se evidenciaba por la atadura económica del país a potencias extranjeras, sin que ello afectara formalmente a la independencia política del Perú. Granados (1981; 1999) sostiene que, para SL, el sistema capitalista era poco significativo dentro de la sociedad peruana de la década de 1970 debido a su escaso desarrollo.

Para SL, estrechar lazos entre los pensamientos de Mariátegui y Mao significó equiparar las características de la realidad peruana de la década de 1970 con la realidad China de 1937; por tanto, era perfectamente válida la aplicación de la receta maoísta al análisis de la realidad nacional y su transformación radical. Razón suficiente para definir la ruta del proceso revolucionario: del campo a la ciudad.

Carácter de la revolución peruana

La sociedad peruana era caracterizada de semifeudal y semicolonial; entonces, siguiendo los lineamientos de Mariátegui de finales de la década de 1920, su revolución debía ser democrático-nacional dada la predominancia agraria del país. Una década después, Mao Tse Tung caracterizó la sociedad china de feudal y su revolución debía ser de nueva democracia. Con estas referencias los miembros del PCP-SL caracterizaron el tipo de revolución en Perú de 1970.

De esta manera la propuesta de revolución democrático-nacional y nueva democracia fueron homologadas. Veamos lo que expresaba esta organización a través de sus líderes:

[…] revolución de Nueva Democracia, en revolución antiimperialista y antifeudal que solo el proletariado, mediante su partido, es capaz de conducir siguiendo el camino de cercar las ciudades desde el campo y librando una prolongada guerra popular. Este es el camino que el presidente Mao Tse Tung estableció para los países como el nuestro y el camino que nuestro fundador nos señalara (Guzmán e Iparraguirre, 2014: 435).

Después de que SL homologara las categorías interpretativas de los pensadores antes señalados y lograra definir el tipo de revolución que emprenderían para transformar la realidad peruana se sintieron con la preparación debida para dar el siguiente paso. Para 1978, la organización senderista señaló que la Revolución peruana debía ser de nueva democracia.

Tareas de la revolución

Para SL, una revolución de nueva democracia debía encarar dos temas fundamentales: la supresión de la semifeudalidad y el aniquilamiento de la dominación imperialista. Estas tareas se establecieron como piedra angular para concretar un proceso revolucionario que les permitiría llevar a la práctica su concepción teórica.

El 24 de junio de 1969, el Gobierno militar de Velasco implementó la Ley de Reforma Agraria (decreto ley nº 17.716); el objetivo fue dar solución al problema agrario en el Perú. Al desconcentrar la tenencia de las tierras de producción agrícola, que estuvieron en poder de los latifundistas, y transferirlas a la población indígena-campesina de comunidades, se buscaba eliminar la servidumbre indígena y el poder latifundista.

Desde la perspectiva de SL, la ley promulgada por el Gobierno militar fue un ropaje capitalista que cubría las relaciones feudales persistentes; el Estado peruano, desde la perspectiva senderista, terminó siendo el mayor feudatario del país. Por tanto, la sociedad peruana continuaba ubicada dentro de las características de la semifeudalidad y la lucha de clases sería antifeudal, pero expresada en una forma superior: la lucha armada.

Respecto a la lucha antiimperialista, SL sostuvo que la dominación norteamericana evitó la creación de una conciencia nacional, cuyo germen debe buscarse en la población indígena por ser la mayoritaria en la sociedad peruana. Granados (1981) señala que, para el PCP-SL, la lucha antifeudal y la confrontación antiimperialista eran las dos cuestiones básicas de la revolución de nueva democracia. Llevar a la práctica esta propuesta suponía diseñar un conjunto de instrumentos que posibilitaran la materialización de su ideario político radical.

Instrumentos de la revolución

Para SL, siguiendo la tradición maoísta, los instrumentos fueron tres: partido, Ejército y frente único. Según la referencia, esta idea se encuentra en Sobre la dictadura democrática popular, escrito por Mao Tse Tung en 1949.

Un partido disciplinado, pertrechado con la teoría marxista-leninista y que practica la autocrítica y se mantiene ligado a las masas populares; un Ejército dirigido por tal partido; un frente único de todas las clases revolucionarias y grupos revolucionarios dirigidos por tal partido: estas son las tres armas principales con que hemos derrotado al enemigo (Mao Tse Tung en Guzmán e Iparraguirre, 2014: 167-168).

El partido como instrumento se constituye en un elemento vertebrador de los otros dos: frente único y Ejército. Lo antes señalado permite entender por qué SL tuvo como prioridad reconstituir al partido y pensarlo como una organización clandestina e ilegal. El rol que juega el partido, en tanto que instrumento, es llevar la conducción de la lucha armada.

El frente único, constituido como una respuesta antiimperialista y antifeudal, se basó en la alianza obrero-campesina, que bajo la dirección del partido alcanzaría su condición de clase revolucionaria.

El Ejército, Ejército Guerrillero Popular (EGP) para SL, tuvo la responsabilidad de llevar a cabo la guerra popular prolongada como expresión de la lucha armada en el Perú. Este tercer instrumento, para poder alcanzar sus objetivos, necesitaba fundirse con el vasto campesinado; desde la perspectiva de SL, el EGP sería el contingente principal de una confrontación que se libraría algunos años después en el país; para lograrlo fueron construyendo bases de apoyo dentro de los espacios campesinos.

La argumentación que SL presenta sobre el término “base de apoyo” es el siguiente: “Construir una base de apoyo requiere aniquilar las fuerzas enemigas, movilizar a las masas campesinas y desarrollar las propias Fuerzas Armadas. En esta base de apoyo se levanta el poder popular y se realiza la reforma agraria” (Granados, 1981: 90). El EGP se gestaría consolidando las bases de apoyo en los espacios campesinos, dado que la población local aseguraría la subsistencia y proliferación de su movimiento, además de ser quienes engrosarían las filas del antes mencionado Ejército.

El partido fue entendido como una derivación del desarrollo de la lucha de clases y la necesidad del proletariado de organizarse políticamente para alcanzar el poder. La organización senderista se concibió como la vanguardia de la Revolución peruana, su rol histórico era conducir la lucha armada, conducción que cumpliría desde la clandestinidad e ilegalidad política. En ese sentido, una de sus labores consitió en “activar” la conciencia del pueblo; para ello el denominado trabajo de masas sería fundamental.

Línea de masas

El término fundamentalmente se refiere a la población campesina; dicha afirmación se sostiene en el análisis de la historia de las movilizaciones campesinas en el Perú. El estudio de la historia campesina encuentra que este tipo de sociedades ha demostrado tener capacidad de combatir y resistir a la opresión del poder de turno. Los casos históricos eran puestos como prueba de su afirmación, sobre todo los consignados entre el siglo XVIII y la década de 1970.

Desde la perspectiva senderista, queda demostrado que son los movimientos campesinos los que hacen la historia; no obstante, la pregunta que formula SL al respecto es: ¿por qué no triunfaron estos grandes levantamientos campesinos? La respuesta se encuentra consignada en la siguiente cita: “Una es la razón: los movimientos campesinos solo han triunfado cuando han sido dirigidos por una clase revolucionaria capaz, esta dirección faltó a los levantamientos campesinos de nuestra patria […]” (Guzmán e Iparraguirre, 2014: 132).

El PCP-SL se consagró a la misión de desarrollar la línea de masas que le permitiera organizar una fuerza popular dispuesta a dar su cuota de sangre por la revolución, la cual se convertiría en una cantera para la formación del EGP, cuyo sustrato estaría conformado por el campesinado nacional; por lo tanto, sus acciones privilegiarían los espacios rurales, desde donde irían cercando las ciudades. En palabras de sus líderes:

Nuestro planteamiento es cumplir la tarea principal del desarrollo de las Fuerzas Armadas populares teniendo como base el trabajo campesino; esto es vital, sin un buen trabajo revolucionario entre las masas campesinas, esto es, políticamente orientadas por el marxismo-leninismo, dirigido por el Partido Comunista, no puede haber desarrollo de las Fuerzas Armadas ni puede haber guerra popular […] en el fondo, nuestra guerra popular es una guerra campesina o no es nada (Guzmán e Iparraguirre, 2014: 220).

Cuando el PCP-SL asumió que había logrado desarrollar los cinco puntos antes señalados dentro de su propuesta ideológica-política, consideró que, como organización, estaban preparados para iniciar un proceso de transformación radical de la sociedad peruana por medio de la lucha armada. La historia conocida es que estos postulados, puestos en práctica desde principios de la década de 1980 hasta finales del siglo XX, devinieron en acciones terroristas que terminaron socavando sus propias bases de apoyo, representadas por el campesinado.

La decada de 1970 llegaba a su fin y SL concluía, con retórica marxista, que las condiciones objetivas y subjetivas para emprender un proceso revolucionario en el Perú estaban dadas: “Y en 1978, en el VIII Pleno del Comité Central se aprobó la línea política general y su desarrollo, y la base de la línea militar: el esquema, cuyo centro fue seguir el camino de cercar las ciudades desde el campo, desarrollando las acciones militares en el campo como principal y en las ciudades como complemento” (Guzmán e Iparraguirre, 2014: 210).

Formas de lucha de la guerra popular de SL

Las acciones de SL desde inicios de 1980 estaban orientadas de la periferia rural al centro y se guiaban por cuatro formas de lucha: acciones de agitación y propaganda, ajusticiamientos selectivos, sabotaje contra la infraestructura pública y privada y acciones armadas de confrontación contra las fuerzas del orden. Ríos (2018), Zapata (2017) y la CVR (2003), entre otros, han señalado que fue en la primera sesión plenaria de la agrupación subversiva de 1984 donde quedó definida esta hoja de ruta hacia la toma del poder. Además la CVR apuntala que a estas cuatro formas de lucha se ponían en práctica a través de 11 procedimientos: acción guerrillera, contrarrestablecimientos, cosechas, arrasamientos, emboscadas, sabotaje al sistema vial, invalidar troncales, aeropuertos, guerra psicológica, hostigamiento para quebrar movimientos y terrorismo selectivo.

En un extenso documento partidario del PCP-SL (1986) denominado “Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial”, le dedican páginas al tema aquí tratado; en él señalan que desde 1983 vienen aplicando dos concepciones, una política de conquistar bases de apoyo y la otra militar de desarrollar la guerra popular; es en esta última donde las cuatro formas de lucha guían su accionar. Es decir, se trata de cuatro maneras de llevar adelante la guerra popular, siendo la guerra de guerrillas la principal y las otras tres complementarias.

Tabla 1

Formas de lucha de la guerra popular (porcentaje) entre junio de 1984 y junio de 1986

Guerra de
guerrillas

Sabotaje

Aniquilamiento
selectivo

Propaganda
y agitación armada

Conjunto del país

45,9

11,8

8,2

34,1

Ayacucho, Huancavelica y Apurímac

54,4

8,01

8,6

28,8

Centro, norte, sur y Huallaga

36

8,6

9,2

36,2

Lima metropolitana

12

23,7

3,8

60,1

Otros

16,8

26,9

1,7

54,6

Fuente: Elaboración propia.

Guerra de guerrillas: según el cuadro, esta actividad principal representa para el periodo aquí señalado el 45,9 por ciento del promedio de todas sus acciones. Esta forma de lucha se emplea para confrontar a las fuerzas del orden, se presenta como el núcleo de todas sus acciones.

Propaganda y agitación armada: promediado representa el 34,1 por ciento de sus acciones, su rol es de adoctrinamiento político y movilización de la población organizada; su actividad se centra en el campesinado rural y en el proletariado urbano complementariamente.

Sabotaje: representa el 11,8 por ciento de sus actividades y su rol es debilitar el proceso económico del Estado, de los terratenientes como poderes locales y de los capitales extranjeros. En el campo, busca finiquitar las relaciones semifeudales que someten a explotación al campesinado.

Aniquilamiento selectivo: expresa el 8,2 por ciento de su accionar y se concentra en los “enemigos del pueblo y la revolución”, que son sometidos a juicios populares sumarísimos.

El documento partidario del PCP-SL antes mencionado presenta cómo están distribuidas porcentualmente las acciones por las zonas donde SL tiene presencia. De él se extrae que en la región de Ayacucho y su área de influencia (Huancavelica y Apurímac), por continuidad territorial, es donde se desarrollaron el grueso de sus acciones (guerra de guerrillas, propaganda y agitación armada, sabotaje y aniquilamiento selectivo), con un total del 63,4 por ciento, seguido por “otras regiones” con el 28,2 por ciento, y Lima metropolitana, con 8,4 por ciento. Nótese que desaparece del cuadro las regiones “Centro, norte, sur y Huallaga” o en su defecto están incluidas dentro del artificio “otras regiones”73.

Desarrollo de la acción violenta

La periodización de la violencia desatada en Perú, desde inicios de 1980 hasta finales de 2000, ha sido dividida en cinco etapas:

Inicio de la violencia armada (1980-1982).

Militarización del conflicto (1983-1986).

Despliegue nacional de la violencia (1986-1989).

Crisis extrema, ofensiva subversiva y contraofensiva estatal (1989-1992).

Declive de la acción subversiva, autoritarismo y corrupción 1992-2000).

Inicios de la violencia

La historia peruana señala que a principios de 1980 el país se encontraba en tránsito hacia la democracia, luego de una dictadura militar de doce años que truncó un proceso democrático; concretamente, depuso de sus funciones al presidente Fernando Belaúnde74 (1963-1968). Para 1980, el sistema democrático fue restituido a través de elecciones generales, acto electoral que se realizó el 18 de mayo de aquel año; resultó electo como presidente de la república, con el 45,2 por ciento de votos válidos, el mismo Belaúnde que fuera relevado de sus funciones a inicios de octubre de 1968. El partido político que lo postuló alcanzó la mayoría congresal en ambas cámaras: senadores (40,9 por ciento) y diputados (38,95). Aquella elección general tuvo una particularidad: incorporó el voto analfabeto, situación llamada a convertirse en noticia.

Con el transcurrir de los días los diálogos sobre la democracia y sus retos de inclusión y ampliación de la ciudadanía a más peruanos fueron cediendo lugar a otro acontecimiento; uno que se produjo la noche del 17 de mayo de 1980, en un poblado ayacuchana. Aquel suceso, inicialmente fue interpretado desde la centralidad limeña como un intento marginal y fallido de boicot electoral intrascendente, puesto que no logró evitar que las elecciones se llevaran adelante en un recóndito distrito electoral del departamento de Ayacucho.

En realidad, aquella noche del 17 de mayo, desde la plaza pública de un distrito rural cuyo nombre resultaba impronunciable en Lima, fue emitido un “mensaje” que interesó poco comprender, menos aún precisar quién o quiénes estaban detrás del mismo. De esa forma, el pequeño poblado de Chuschi se incorporó a la historia nacional como el lugar que el PCP-SL utilizó para declarar el inicio de la lucha armada.

Aquella acción de sabotaje, denominada por PCP-SL como inicio de la lucha armada, apenas se hizo notar en las noticias regionales; menor entusiasmo en su acopio mostraron los medios de comunicación limeños. Ahora, mayo de 1980 expresa un doble significado: de un lado, el retorno del país al sistema democrático; del otro, inicio de la violencia política. Mientras que el poblado de Chuschi dejó de ser, en el imaginario limeño, solo un lugar de trasgresión empleado por SL para declararle la guerra al Estado peruano. Investigaciones en los últimos 12 años han cambiado la versión sobre este espacio campesino. Puede verse el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003), y asimismo Isbell (2005), Sánchez (2007, 2015) y La Serna (2012) para comprender a detalle el sufrimiento y la violencia padecida por sus pobladores a manos de distintos actores armados.

El desconocimiento que el Estado peruano mostraba acerca del PCP-SL, de sus intenciones políticas, proporcionó ventaja a la organización maoísta por casi dos años para crecer y difundir su propuesta de construir una república popular de nueva democracia entre las poblaciones campesinas de la región Ayacucho; en síntesis, tomar el poder por la vía de las armas, cercando las urbes desde el campo, de la periferia rural a la centralidad del poder que representaba la ciudad capital.

Para SL, la toma del poder iba del campo a la ciudad; así fue la experiencia china y, en la medida de su similitud, la realidad peruana debía transitar por los mismos senderos. Para garantizar su aplicación tenían el pensamiento Gonzalo. Además, contó con la desidia del Gobierno entrante, de las organizaciones políticas de las izquierdas democráticas que se presentaron a las elecciones, los medios de comunicación y la sociedad. Las acciones de la violencia senderista se instalaron sobre todo en la periferia del poder político concentrado en la ciudad capital: Lima. Mientras no se sintió amenazada no prestó atención ni interés a lo que sucedía en sus márgenes. La distancia entre Lima y “el interior” del país no era solamente geográfica, sino de carácter económico, político y sociocultural. Prueba de ello fueron las declaraciones del presidente Belaúnde en 1981 durante la ceremonia por el 59º aniversario de la Policía de Investigaciones del Perú: sostuvo que las características del terrorismo que se presentaba en Perú obedecían a un plan armado en el exterior, que igualmente era dirigido y financiado desde el exterior (Caretas, 1981).

La Guardia Civil tuvo la responsabilidad de salvaguardar el orden interno; por tanto, fue la encargada de confrontar las primeras acciones del PCP-SL. Dentro de esta fuerza de seguridad interna, fue creado un escuadrón especializado —los Sinchis— para combatir las guerrillas de la década de 1960. La Guardia Civil no lograba controlar el avance de SL en el campo, y el Gobierno decidió enviar a los miembros del escuadrón antisubversivo antes mencionado como alternativa de solución ante el crecimiento exponencial que lograba SL. La presencia de los Sinchis en la sierra ayacuchana no detuvo el crecimiento del PCP-SL; por el contrario, polarizó más el conflicto porque en la práctica sumó una segunda fuerza beligerante al campo peruano; una que no supo distinguir entre campesinos y senderistas, policías que en su entrenamiento militarizado aprendieron que en las “zonas rojas” todos son guerrilleros. Un periodista de la revista Caretas fue al cuartel de los Sinchis en Mazamari, selva central de Perú, a cubrir una nota y presenció una simulación de incursión contrainsurgente. Narra lo que observó de la siguiente manera: “Se disponían a entrar a la zona roja, donde todos son ‘guerrilleros’ y ‘nadie debe escapar vivo, porque guerrillero vivo, es guerrillero victorioso’ [...] Se escucha una balacera y los ‘enemigos’ son abatidos o capturados, se les requisan los armamentos, volantes y se decide sobre el terreno, fusilar a los ‘sobrevivientes’” (Javier, 1980: 84).

Aquel simulacro que muestra que no se hacían distinciones entre guerrilleros y campesinos en determinados espacios pronto se convirtió en una terrible realidad.

Durante este periodo inicial de la violencia (1980-1982), SL crecía incontenible en las zonas rurales del departamento de Ayacucho especialmente. El Gobierno de Belaúnde heredó, de la dictadura militar que le precedió, el desconocimiento de las verdaderas intenciones y planes políticos del grupo subversivo. Abimael Guzmán fue detenido tres veces durante la dictadura militar, en 1969, 1970 y 1979; paradojas de la vida, un año después de su última detención se convertiría en el hombre más buscado por seguridad nacional. Hinojosa (1998) muestra que la propia izquierda peruana durante toda la década de 1970, no consideró a SL capaz de confrontar al Estado dada su poca militancia: eran vistos por la propia izquierda como un minúsculo grupo de extremistas sin arraigo. No obstante, desde inicios de la década siguiente, lograron articular sus demandas políticas con las necesidades de la población más necesitada y canalizar el malestar de los sectores sociales históricamente desatendidos por el Estado peruano: población rural, campesina, indígena, analfabeta y pobre.

La retórica de SL, basada en un discurso igualador, llamó la atención y movilizó expectativas o ideales políticos de muchos peruanos y peruanas. La organización maoísta enarboló banderas de igualdad social y justicia, conectó con la disconformidad social. No es extraño que poblaciones desatendidas, dejadas casi a su suerte por el Estado peruano, sintonizaran con una propuesta que les ofrecía cambiar la realidad que los aquejaba de manera radical. Flores Galindo (1999) denominó a esta perspectiva “tradición autoritaria”, que tiene resonancia en las bases mismas de la sociedad; por eso frente a la marginación y la exclusión, la alternativa de invertir el orden seduce a los sectores populares. Para Mansilla (1999) la letal combinación entre marginalización rural y desarraigo urbano creó una población flotante que estaba atrapada entre la modernidad fallida y la descomposición del tejido social tradicional; justamente fue en ese grupo de personas que anidó la “idea crítica”, acuñada por Portocarrero y Oliart (1989), que expresaba fascinación por la lucha, suspicacia por el diálogo y una prontitud por tomar medidas de fuerza.

En esta primera etapa de la violencia (1980-1982), un sector importante de la población indígena-campesina del sur y centro del país aceptó (o al menos, toleró) la forma como el grupo maoísta administraba justicia dentro de las comunidades. Gestionó, a través de métodos draconianos, soluciones a males sociales crónicos que les afectaron por décadas sin encontrar solución desde las instituciones estatales: abigeato, adulterio, alcoholismo, violencia familiar entendida como maltrato a las mujeres/hijos y abusos de las autoridades locales o provincial eran cosa frecuente (Sánchez, 2015). El discurso y la práctica radical de SL se presentaba como reivindicativo para el campesinado. Puede concluirse que los primeros años de la violencia política fueron fértiles para la organización maoísta, que crecía en las zonas rurales y urbano-marginales; mientras el Estado intentaba confrontarla infructuosamente a través de las fuerzas policiales.

Las acciones de SL se concentraron en el espacio ayacuchano, los centros mineros eran ocupados para apertrecharse de armas: las haciendas eran atacadas con el mismo fin, además de concretar un conjunto de asesinatos selectivos contra los hacendados cuando oponían resistencia. El mismo fin corrían las autoridades locales, los destacamentos policiales de muchos distritos o poblados menores fueron asediados y desalojados por las mismas causas antes expuestas. No obstante, fueron dos acciones singulares las que mostraron su capacidad de fuego real y las operaciones tácticas que iban logrando:

El ataque al penal de Huamanga, ubicado dentro de la misma ciudad capital de la región Ayacucho, lograron rescatar a un contingente de sus militantes que se encontraban recluidos en dicho presidio.

La toma del poblado Vilcashuaman, antiguo centro de poder inca y relevante para la historia nacional. Este evento inició con el asedio a la comisaría del poblado, asedio que duró más de cinco horas, con la muerte de siete policías y la rendición de los restantes; acto público en la plaza y reparto de víveres a los pobladores del lugar.

Estos acontecimientos llevaron a un replanteamiento en la estrategia del Gobierno para hacer frente a SL; el 30 de diciembre de 1982 el presidente Belaúnde declaró zona de emergencia a Ayacucho.

Militarización del conflicto

Queda claro que durante los años iniciales, la presencia senderista no pudo haber sido meramente impositiva: por su parte, la respuesta del Gobierno de Belaúnde fue declarar parte del territorio en estado de emergencia. Estado de excepción que delega el control interno, la administración poblacional de determinados territorios denominados zonas de emergencia a la Autoridad Militar (desde 1985 pasó a denominarse Comando Político Militar).

Con esta acción, el objetivo del Gobierno fue disolver la conexión que logró establecer la presencia senderista con la población local; asimismo, recuperar el control territorial del espacio en cuestión y restituir el orden estatal lo más pronto posible. Según DESCO (1989), el primer estado de emergencia fue en octubre de 1981; la población bajo este régimen especial ascendía al 2,2 por ciento, de 17.762.231 de población a nivel nacional; para diciembre de 1988, la población sujeta al estado de emergencia representó el 43,2 por ciento de los 20.727.100 peruanos.

La estrategia antisubversiva empleada por las Fuerzas Armadas en el conflicto armado interno radicalizó la forma de combatir a los militantes del PCP-SL, la violencia subversiva sería combatida con otra violencia antisubversiva; el desenlace de todo ello fue una frenética y absurda demostración de quién ejercía control o infundía más temor entre la población. Esta práctica se tradujo en un conjunto inusitado de muertes y desapariciones de la población local.

El objetivo primordial de los militares estuvo centrado en restablecer el control y la autoridad estatal en los distritos y comunidades campesinas tipificadas como zonas rojas75.

De otro lado, el PCP-SL intentaba construir un nuevo poder sobre la base social del campesinado. En este periodo, SL creó una fuerza beligerante móvil, el EGP, que realizó ataques a puestos policiales, emboscadas a patrullas policiales que se sumaron a los ya conocidos asesinatos selectivos y atentados con cartuchos de dinamita. Todas ellas fueron acciones guerrilleras (CVR, 2004).

Lo cierto es que ambos actores armados tenían objetivos claramente distintos, no obstante, eran puestos en práctica dentro de los mismos espacios comunales, que muy a su pesar se convirtieron en el epicentro del conflicto y la vida de sus habitantes fue infravalorada. Señala Butler (2010) que cuando las personas son despojadas de su humanidad, se vuelven prescindibles, se convierten en solo cuerpos; en vidas que no merecen ser lloradas. Las matanzas que se produjeron, sobre todo entre 1983 y 1985, de uno u otro actor armado, muestran un mismo perfil: se desarrollaron en espacios campesinos, mayoritariamente ubicados en el departamento de Ayacucho, la violencia fue más rural que urbana, los muertos tienen como lengua materna un idioma indígena y se produjeron en realidades sociales homogenizadas debido a la pobreza.

Este periodo de violencia tuvo su pico más alto entre los años 1983 y 1984. Por tanto, los enfrentamientos entre las columnas de SL y las fuerzas estatales dejaron como saldo una elevada cantidad de víctimas de origen campesino. Según el informe final de la CVR (2003), solo en el año 1984 se produjo el 19 por ciento del total de víctimas de la violencia: muertos y desaparecidos. Las acciones de violencia se concentraron esencialmente en el departamento de Ayacucho. Hoy se sabe gracias a la CVR (2003) que a nivel nacional SL causa casi un 60 por ciento más víctimas que las Fuerzas Armadas, pero Morote (2014) apunta que en el departamento de Ayacucho ambos actores armados registran un número similar de víctimas. Según la CVR (2003), el total de víctimas del conflicto armado interno (1980-2000), se estima en 69.280 entre asesinados y desaparecidos. Durante los años 1983 a 1985, las cifras suman un poco más del 30 por ciento del total; la gran mayoría de los casos fueron reportados en la región Ayacucho. Un dato particular para la región antes señalada: el 90 por ciento de los desaparecidos y asesinados eran quechuahablantes, cifra que induce al lector a pensar en términos de etnocidio.

Esta etapa de la violencia evidentemente fue una de las más sangrientas y la población civil fue la más afectada: la denominada guerra sucia mostraba su faceta más letal.

Es durante este periodo donde se generalizan las matanzas contra las poblaciones. Las Fuerzas Armadas superaron el nivel de violencia que había empleado su predecesor estatal, la Guardia Civil y en particular los Sinchis; de otro lado, equiparó el nivel de violencia empleado por SL durante el mismo periodo.

A menos de un mes del ingreso de las Fuerzas Armadas como encargados de controlar la zona de emergencia, se produjo el asesinato de ocho periodistas y su guía en la comunidad de Uchuraccay, región Ayacucho; Peralta (2000) y Del Pino (2003) encontraron que los responsables del asesinato fueron los comuneros locales respondiendo a las indicaciones que las Fuerzas Armadas habían señalado para contrarrestar la presencia de desconocidos en los espacios campesinos. Ejemplos de la violencia que se tradujo en muertos y desaparecidos por parte de los actores armados durante este periodo hay muchos:

En esta fase de militarización se produjeron casos de violaciones masivas de los derechos humanos atribuidos a fuerzas del orden como los de Socos (Sinchis de la ex Guardia Civil, noviembre de 1983), Pucayacu (infantes de Marina, agosto de 1984), Putis (infantería del Ejército, diciembre de 1984) y Accomarca (infantería del Ejército, agosto de 1985). Por el lado del PCP-SL, las principales violaciones de este tipo fueron las de Lucanamarca y Huancasancos (abril de 1983) (CVR, 2004, 68).

La masacre de Lucanamarca76, a manos de una columna del PCP-SL, sucedió en abril de 1983. Fueron brutalmente asesinados 69 campesinos, entre niños, ancianos, varones y mujeres, algunas de ellas en estado de gestación. Los integrantes de la columna senderista portaban armas de fuego y punzocortantes (cuchillos, machetes y hachas). Para mayor detalle revisar el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003).

Cinco años después del brutal acontecimiento, apareció una extensa entrevista en El Diario, medio escrito de filiación senderista, titulada “El presidente Gonzalo rompe el silencio”. En ella Abimael Guzmán Reinoso hizo referencia a dicha masacre en los siguientes términos:

La lucha ha sido intensa, dura, han sido momentos complejos y difíciles. Frente al uso de mesnadas y la acción militar reaccionaria respondimos contundentemente con una acción: Lucanamarca, ni ellos ni nosotros la olvidamos, claro, porque ahí vieron una respuesta que no se imaginaron, ahí fueron aniquilados más de 80, eso es lo real; y lo decimos, ahí hubo exceso, como se analizara en el año 83, pero toda cosa en la vida tiene dos aspectos: nuestro problema era [dar] un golpe contundente para sofrenarlos, para hacerles comprender que la cosa no era tan fácil; en algunas ocasiones, como en esa, fue la propia Dirección Central la que planificó la acción y dispuso las cosas, así ha sido (Guzmán, 1988).

Guzmán reconoce que fue una acción planificada y dispuesta por la Dirección Central de su organización, luego la justifica como un exceso; omite llamarlos campesinos, simplemente se refiere a ellos como mesnadas.

El caso emblemático fue llevado a cabo por los Sinchis el 13 de noviembre de 1983, en el poblado de Socos: perpetraron la matanza de 34 campesinos, entre hombres, mujeres y niños, que participaban de una fiesta local. La versión oficial de la Guardia Civil refirió a las personas asesinadas como grupo de subversivos de SL que estaban llevando a cabo una reunión política (DESCO, 1989).

Otro ejemplo fue la matanza de Putis, ubicado en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. En diciembre de 1984, los miembros de la infantería del Ejército de la base militar del lugar reunieron a campesinos de las comunidades aledañas de Cayramayo, Vizcatánpata, Orccohuasi y Putis. El resultado, 123 personas enterradas clandestinamente, de ellas 19 eran menores de edad; los militares sospechaban que los asesinados simpatizaban con SL.

Durante este periodo las prácticas de violencia empleadas por SL fueron secuestros, torturas y asesinatos selectivos en principio y masivos ante el rechazo de los sectores populares a su propuesta de toma de poder por las armas. Del otro lado, las fuerzas del orden emplearon como métodos para combatir la violencia subversiva las detenciones oficiales, desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y torturas.

Diseminación de la violencia al territorio nacional

Para mediados de 1985, se produjo el cambio de Gobierno; Alan García Pérez, del Partido Aprista Peruano, asumió la presidencia de la república para el quinquenio 1985-1990. Durante el proceso de elecciones generales, se produjo un atentado mortal contra Domingo García Rada, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. SL había iniciado una campaña de no votar en las elecciones. DESCO (1989) muestra que aquel atentado no fue el único contra las elecciones generales de 1985, constantes acciones de sabotaje se produjeron en distintos lugares del país antes y durante el proceso electoral del 14 de abril.

El 9 de abril, en la capital del departamento de Cerro de Pasco, los subversivos, tomaron un colegio y lanzaron arengas contra las elecciones. El 10 del mismo mes, en la capital del departamento de Ayacucho, subversivos tomaron el comedor universitario y arengaron contra las elecciones, anunciando un paro armado en el departamento para el 13, 14 y 15 de abril. En la capital del departamento de Junín, el 12 de abril, subversivos dinamitaron el registro electoral y el local partidario aprista. El 13 de abril, subversivos atacaron en la ciudad de Lima seis locales del Partido Popular Cristiano, el local del Frente Democrático de Unidad Nacional, el local de Laboratorios Magma, dejando como resultado tres heridos. Asimismo, las faldas del cerro San Pedro aparecieron iluminadas con la frase “no votar”. En conclusión, varios actos de violencia se suscitaron en distintas capitales departamentales contra infraestructuras partidarias, oficinas electorales y colegios del país.

La información señalada líneas arriba deja en evidencia que los actos de violencia no se concentraron en un solo espacio del país. La diseminación de la violencia a gran parte del territorio nacional fue la característica de este nuevo periodo.

El PCP-SL, durante el periodo del Gobierno aprista (1985-1990), logró presencia significativa en otros espacios del territorio nacional; los departamentos de Puno, Junín y el valle del Huallaga se sumaron como escenarios de las acciones subversivas; por lo mismo, la respuesta de las Fuerzas Armadas también se dejó sentir en ellos. Para aquel momento, SL declaró que se encontraba en la fase de “desarrollar la guerra de guerrillas y la conquista de bases de apoyo”, estrategia que se concentraba en áreas rurales del Perú, que no dejó de ser su espacio predilecto para continuar con su proyecto de “guerra popular”, mientras que en las ciudades realizaba acciones complementarias y no por ello dejaban de ser violentas. La intención era clara: debilitar al Estado.

La CVR (2004) sostiene que el Gobierno aprista consideraba derrotar a la subversión restándole el apoyo campesino; razón por la cual se orientaron políticas de desarrollo para este sector poblacional que concentraba los niveles de pobreza más altos. Cabe señalar que el carácter popular del partido de Gobierno era la otra carta a emplear para derrotar a SL.

En este periodo también se produjeron matanzas, Accomarca fue un caso sensible; este se produjo a manos de la infantería del Ejército al poco tiempo de haber asumido la presidencia García Pérez. El 14 de agosto de 1985, una patrulla militar asesinó a 62 comuneros de la localidad (hombres, mujeres, ancianos y niños), ubicada en la provincia de Vilcashuaman. La patrulla militar cercó las casas, para luego ser intervenidas una a una en busca de evidencia que les permitiera asociar a la población con la agrupación subversiva.

El Gobierno de García destituyó de sus funciones a los generales Sinesio Jarama (jefe de la segunda región militar) y Wilfredo Mori (jefe del mando político-militar de Ayacucho). El estudio de caso elaborado por la CVR (2003) señala que los militares irrumpieron en las viviendas de los pobladores, asesinaron a sus habitantes y rebuscaron entre sus enseres sin encontrar evidencia que confirmara sus sospechas.

Durante el Gobierno de García Pérez, se produjeron dos eventos relevantes: el asesinato de internos de las agrupaciones subversivas amotinados en un penal de Lima ciudad; para el año siguiente (1986) se produjo la masacre de los penales donde estaban recluidos los presos de las agrupaciones subversivas: SL y MRTA. En el año 1987 tuvo lugar el asesinato del dirigente aprista Rodrigo Franco; se trató de un ataque directo a la organización política del APRA y su dirigencia, desde la perspectiva de SL, se enmarcaba en su estrategia de asesinatos selectivos y en respuesta a las acciones del Gobierno de turno.

Los últimos años del Gobierno de García Pérez se caracterizaron por hiperinflación, debido al mal manejo de la política macroeconómica; sumado al intento fallido de estatizar la banca privada. Se volvieron hechos incontrolables que demandaron concentración absoluta por parte del Gobierno, que relajó su política antisubversiva y dejó el control absoluto de las zonas de emergencia a las Fuerzas Armadas.

En dicho contexto de descontrol político y económico del país, el PCP-SL realizó su I Congreso entre 1988 y 1989. En él concluyeron haber alcanzado el “equilibrio estratégico”, y por lo mismo, las acciones armadas remecerían al país hasta alcanzar la toma del poder; también que las condiciones de lucha armada deberían trasladarse a las zonas urbanas, especialmente a la ciudad de Lima. Tal situación llevó a que la violencia subversiva y la respuesta de las fuerzas del orden volvieran a intensificarse; si bien es cierto que esta nueva confrontación no alcanzó las cifras en muertos y desaparecidos del año 1984, sí registró un significativo incremento en ellas.

Fin de la violencia armada

Los años noventa en Perú llegaron con un nuevo presidente electo democráticamente, a decir verdad, el tercero desde el retorno democrático. Alberto Fujimori gobernó toda la década, en sendos periodos presidenciales de 1990 a 1995 y de 1995 hasta el año 2000. Su primer Gobierno fue interrumpido por un autogolpe de Estado en 1992, del cual nació una nueva constitución política, vigente desde 1993 hasta hoy.

La forma de combatir a SL durante su gestión presidencial, en términos de la CVR (2003), mostró continuidad con lo hecho desde finales de la década anterior. Incentivó desde su Gobierno la proliferación de Comités de Autodefensa Civil, en buena cuenta armó y dio instrucción militar a los pobladores de comunidades campesinas bajo la tutela de las Fuerzas Armadas. SL a finales de la década anterior declaró haber alcanzado el equilibrio estratégico, lo que tuvo como consecuencia un incremento notorio de acciones de sabotaje, propaganda y agitación armada que producían miedo entre la población de la ciudad, pero la confrontación armada directa y decisiva contra las fuerzas del orden estaba muy lejos de suceder; Lima se encontraba sometida al temor de la oscuridad producto de los apagones y detonaciones a causa de los coches bomba.

Lo relevante fue la captura del líder máximo de SL. Abimael Guzmán fue capturado el 12 de septiembre de 1992; en la denominada captura del siglo también fueron detenidos Elena Iparraguirre, Laura Zambrano y María Pantoja, miembros del Comité Central de la organización terrorista; Fujimori supo capitalizar bien dicha situación en favor de su popularidad sin reconocerle mérito al trabajo de años que silenciosamente realizó el Grupo Especial de Inteligencia, para aquel momento renombrado como primera División Contra el Terrorismo.

La captura de Abimael Guzmán en un barrio limeño fue el golpe más duro a la estructura de SL (Degregori, 2011), la encarcelación de Guzmán, detentador del pensamiento Gonzalo, implicó que el componente ideológico de su organización estaba en riesgo y resultaba muy difícil la supervivencia del grupo sin brújula ideológica (Portocarrero, 2014). Para los incrédulos, la presentación de su líder enjaulado y con traje a rayas fue un nuevo golpe que los hizo más vulnerables y dubitativos. La agrupación maoísta entró en un debate interno que se resume en dos opciones posibles, abandonar la lucha armada o proseguir en ella bajo la dirección de Ramírez Durand, el conocido como camarada Feliciano, quien reemplazó a Guzmán en el liderazgo de la organización.

De otro lado, la ley de arrepentimiento fue promulgada en 1993 por Fujimori; dicha ley otorgaba beneficios penitenciarios a los terroristas que facilitaran información para capturar y desarticular a los que continuaban por el camino de la lucha armada. Estos factores jugaron un rol decisivo en muchos combatientes del PCP-SL que optaron por la desmovilización. Más aún cuando un año después de su captura, Guzmán le solicita a Alberto Fujimori dialogar para ponerle fin al conflicto armado

La postura conciliadora del líder de SL dividió más a sus seguidores, y; por otro lado, el nuevo Comité Central del PCP-SL —poscaptura del “presidente Gonzalo”— reafirmó su posición de proseguir la guerra popular guiada por el pensamiento Gonzalo.

Entre los años 1992 y 1994 se desarticula buena parte de las células senderistas ubicadas en la capital y otras ciudades. La organización senderista, luego de dos décadas atravesó nuevamente una situación de debilidad; solamente quedaban dos bastiones periféricos e inconexos que persistían en la guerra popular prolongada: las columnas del valle del Alto Huallaga y de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

En 1999, Feliciano es capturado y su segundo, Artemio, aceptó el acuerdo de paz que desde prisión formuló Guzmán; con el devenir de los años, el acuerdo de paz devino en una solución política de los problemas derivados de la guerra. Con motivo de la captura del camarada Feliciano, SL llega a un punto de inflexión respecto a si continuar en la lucha armada o desistir. De aquel momento surge una postura que entendía que las condiciones para proseguir la lucha armada no habían cambiado y frente a esta se encontraban los que veían una salida política y cerraban filas en torno a la nueva propuesta de Abimael Guzmán.

Curiosamente los que reivindicaron la continuidad de Sendero se concentraron en escenarios específicos del país que aglutinaban ingentes niveles de violencia estructural, cultivos cocaleros y una presencia incipiente de un Estado que tiene más territorio que soberanía. Uno de esos escenarios es el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, cuya condición periférica y de difícil acceso en zonas inexpugnables de la selva otorga ventajas competitivas para la continuidad del activismo armado (Kent, 1993; Mason y Campany, 1995; Leatherman, 2005). Esta facción ha marcado distancia no solo con Abimael Guzmán, incluso ha rebautizado a su agrupación como Partido Comunista del Perú Militarizado, reclamando adscripción al pensamiento de Mariátegui, y son liderados por la familia Quispe Palomino; sus vínculos con el negocio cocalero son claros y de ello depende su activismo armado.

La otra facción postsenderista igualmente se ubica en otra región de similar perfil, es decir, es una zona de selva, periférica y cocalera. En febrero de 2012, Artemio, que había sustituido al camarada Feliciano, es capturado, y ello debilitó más a su grupo, cuya presencia fue perdiendo protagonismo en la zona del Alto Huallaga; su retroceso se debió a varios factores: la proliferación de pequeños narcotraficantes que montaban sus propias redes fragmentado las preexistentes y la significativa reducción en la producción de la hoja de coca, entre otras.

En buena medida, el déficit de gobernabilidad en determinadas zonas del país facilita la persistencia de la lucha armada y, claro, también de la criminalidad como otra forma de expresión de la violencia social.

También desde 1999, el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) se constituye como una plataforma política que intenta la integración del pensamiento Gonzalo como base ideológica o ideario político de una organización partidaria dentro del sistema peruano de partidos políticos en democracia. Oficialmente, aparece en el año 2009. Su propuesta para poner fin a la violencia política se centra en una amnistía general para todos los actores armados implicados, lo cual permitiría avanzar hacia una reconciliación nacional. Lo que llama poderosamente la atención es que esta organización se constituyó con muchos jóvenes, sobre todo de universidades públicas y estudiantes de secundaria; su principal centro de operaciones es Lima, sin olvidar que sus delegaciones se cuentan en más de un centenar y están distribuidas por todo el país, que su base de militantes bordeaba los 3.500 afiliados. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó su inscripción como partido político porque en su ideario político inscribe al pensamiento Gonzalo, que el JNE entiende como contrario a los principios democráticos que rigen a las organizaciones políticas en Perú.

Al respecto de la relación con MOVADEF y SL, una de las interpretaciones más aceptadas la sostiene Gorriti, quien supone que el movimiento político se inscribe en la expresión democrática de SL que acontece una vez que Guzmán es encarcelado y se produce el giro discursivo en torno al Acuerdo de Paz. Detengámonos en ello con cuidado, el Acuerdo de Paz propuesto es entre el PCP-SL y las Fuerzas Armadas por intermediación del Gobierno; es decir, solo afecta el plano militar, la política como estrategia de conducción no es negociable.

Después de la captura de Abimael Guzmán, el PCP-SL sostuvo que, dada la captura de su líder, debía dar un giro estratégico, lo que significó que si la lucha armada era pensada como prolongación de la política; en esta nueva etapa la política debe ser la prolongación de la lucha armada. Desde esa perspectiva, es MOVADEF quien viene cumpliendo dicho rol, de ahí que esta plataforma política no renuncie al pensamiento Gonzalo; por el contrario, intenta incorporarlo como ideología partidaria dentro del sistema democrático de reconocimiento de las organizaciones políticas peruanas.

Bibliografía

Baby, S.; Compagnon, O. y González, E. (comps.) (2009): Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX: Europa del sur-América Latina, Casa de Velázquez, Madrid.

Butler, J. (2010): Marcos de guerra: Las vidas lloradas, Paidós, Barcelona.

Caretas (1981): “Palabras de Fernando Belaunde Terry en la ceremonia de 59º aniversario de la PIP”, Caretas, 665, Lima, p. 12.

Cavero, R. (2005): UNSCH, “… imposible es morir…”, UNSCH, Ayacucho.

Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003): Informe Final de la CVR: Para que nunca se repita, APRODEH, Lima [disponible en http://www.cverdad.org.pe].

— (2004): Hatun Willakuy, versión abreviada del informe final de la CVR, Lima.

Crisóstomo, M. (2011): “Servir al pueblo de todo corazón”. Una aproximación al Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho [tesis de maestría en Ciencia Política], PUCP, Lima.

Degregori, C. (2010): El surgimiento de Sendero Luminoso. Ayacucho 1969-1979, IEP, Lima.

— (2011): Qué difícil es ser Dios: el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú: 1980-1999, Instituto de Estudios Peruanos, Perú.

Del Pino, P. (2003): “Uchuraccay: memoria y representación de la violencia política en los andes”, en P. del Pino y Jelin, Luchas locales, comunidades e identidades, Siglo XXI, Buenos Aires, pp. 11-62.

DESCO (1989): Violencia Política en el Perú: 1980-1988, tomos I y II, DESCO, Lima.

Díaz, A. (1969): Ayacucho: Hambre y esperanza, Wamán Puma, Ayacucho.

Flores Galindo, A. (1999): La tradición autoritaria, Aprodeh/Sur Casa de Estudios del Socialismo, Lima.

Gorriti, G. (1990): Sendero. Historia de la guerra milenaria, vol. T1, Apoyo, Lima.

Granados, M. (1981): La conducta política: un caso particular [tesis de bachillerato en Antropología], UNSCH, Ayacucho.

— (1999): El PCP Sendero Luminoso y su ideología, Lima, 2ª ed.

Guzmán, A. (1988): “El presidente Gonzalo rompe el silencio” [disponible en http://www.pagina-libre.org/MPP-A/Textos/PCP1989/Entrevista.html (última consulta el 18 de diciembre de 2017)].

Guzmán, A. e Iparraguirre, E. (2014): Memorias desde Némesis (1993-2000), Copyleft, Lima.

Hinojosa, I. (1998): “Sobre parientes pobres y nuevos ricos: las relaciones entre Sendero Luminoso y la izquierda radical peruana”, en S. Stern (ed.), Los senderos insólitos del Perú, IEP-UNSCH, Lima, pp. 73-92.

Hobsbawm, E. (2010): Revolucionarios, Crítica, Barcelona.

Isbell, B. (2005): Para defendernos. Ecología y ritual en un pueblo andino, CBC, Cusco.

Javier, P. (1980): “Sinchis en el sendero”, Caretas, 625, Lima, p. 84.

Kent, R. (1993): “Geographical Dimensions of the Shining Path Insurgency in Peru”, Geographical Review, vol. 83, nº 4, pp. 441-454.

La Serna, M. (2012): The corner of the living: Ayacucho on the eve of the shining path insurgency, University of North Carolina Press, Carolina del Norte.

Leatherman, T. (2005): “A space of vulnerability in poverty and health: Political-ecology and biocultural analysis”, Ethos, 33(1), pp. 46-70.

Lenin, V. (1973): Obras escogidas, vol. I., Editorial Cartago, Buenos Aires, 2ª ed. corregida y aumentada.

Mason, T. y Campany, C. (1995): “Guerrillas, Drugs and Peasants: The Rational Peasant and the War on Drugs in Peru”, Terrorism and Political Violence, 7(4), pp. 140-170.

Morote, H. (2014): ¡Todos contra la verdad!, Jaime Campodónico, Lima.

PCP-SL (s.f.): “Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial. 1 y 2” [disponible en http://www.pagina-libre.org/MPP-A/Textos/PCP1986/GuerraPopular.html (última consulta el 20 de enero de 2019)].

Peralta, V. (2000): Sendero Luminoso y la prensa, 1980-1994: la violencia política peruana y su representación en los medios, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, Lima.

Portocarrero, G. y Oliart, P. (1989): El Perú desde la escuela, Instituto de Apoyo Agrario, Lima.

Portocarrero, G. (2014): Profetas del odio: Raíces culturales y líderes de Sendero Luminoso, Fondo Editorial de la PUCP, Lima.

Ríos, J. (2018): “Sendero Luminoso: una apología de la violencia”, Revista de cultura de paz, vol. 2 [disponible en https://www.revistadeculturadepaz.com/index.php/culturapaz/article/view/22/16].

Sánchez, M. (2007): Pensar los senderos olvidados de historia y memoria, SER y UNMSM, Lima.

— (2015): El horror olvidado. Memoria e historia de la violencia política en Ayacucho (1980-2000) [tesis doctoral], Universitat Autònoma de Barcelona.

Sánchez, M. y Ríos, J. (2018): Breve historia de Sendero Luminoso, Los Libros de la Catarata, Revuelta editores, Lima.

Sotomayor, J. (2009): ¿Leninismo o maoísmo? [disponible en http://www.estudiocaos.com/pdf/libros_kimetz/leninismo%20o%20maoismo.pdf (última consulta el 25 de julio de 2014)].

Toledo, E. (2016): … Y llegó Mao. Síntesis histórica de la llegada del pensamiento Mao TseTung al Perú (1928-1964), Arteidea, Lima.

Urrego, M. (2017): “Historia del maoísmo en América Latina: entre la lucha armada y servir al pueblo”, Anuario colombiano de historia social y de la cultura, 44(2), pp. 111-135.

Mansilla, F. (1999): “La violencia política en Perú: Un esbozo interdisciplinario de interpretación”, en P. Waldmann y F. Reinares, Sociedad en guerra civil. Conflictos violentos de Europa y América Latina, Paidós, Barcelona, pp. 277-296.

Wood, D. (2000): “The Peruvian press under recent authoritarian regimes, with special reference to the autogolpe of President Fujimori”, Bulletin of Latin American Research, 19 (1), pp. 17-32.

Zapata, A. (2017): “Elena Yparraguirre: la mirada de la número tres”, Groupe de Recherche Identités et Cultures (GRIC), Université Le Havre Normandie [disponible en https://gric.univ-lehavre.fr/IMG/pdf/zapata_ii.pdf].

CAPÍTULO 7

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO TÚPAC AMARU (MRTA)

Manuel L. Valenzuela Marroquín

Introducción

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue una de las organizaciones subversivas que decidió iniciar una lucha armada contra el Estado peruano en las dos últimas décadas el siglo XX. Si bien el nombre de esta organización es harto conocido por los medios de comunicación, la información que circula sobre sus acciones suele presentar datos superficiales, reduciendo su accionar al término genérico de terrorismo e identificando a sus integrantes como terroristas.

Cuando se escribe sobre el conflicto armado ocurrido en Perú entre 1980 y 2000, la memoria colectiva hace referencia al accionar de Sendero Luminoso (SL) y la respuesta estatal mediante la policía o Fuerzas Armadas. Sin embargo, durante el terrible periodo de violencia de aquellos años, la presencia del MRTA y su accionar son fundamentales para comprender las dinámicas sociales y políticas de entonces. Las dinámicas que acompañaron al proceso de violencia se han caracterizado por las luchas por el poder al interior de las organizaciones que iniciaron el conflicto y una respuesta estatal desmedida en su rol weberiano de administrar el monopolio de la violencia.

En muchos casos, se sabe de pugnas al interior de las organizaciones armadas por detentar el poder, resultado de personalismos o interpretaciones del marxismo. En otros casos, el proceso de fragmentación, de subdivisión en facciones llevó a estas organizaciones a desaparecer, comportamiento que continúa en las organizaciones de izquierda legal en el Perú.

La posible razón de estos enfrentamientos dentro de la izquierda peruana puede residir en sus propios orígenes, ya que la fragmentación interior por diferencias ideológicas ha ocurrido desde la génesis de esta clase de organizaciones en el país.

En las siguientes páginas se describe y analiza el proceso de formación del MRTA desde los antecedentes a su formación, postura ideológica, participación en el proceso de violencia, hasta su posterior desintegración.

Si bien el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) da cuenta de la génesis de esta organización, posteriormente se publicaron distintas versiones por parte de los exintegrantes del MRTA. Por ello, metodológicamente este capítulo se orienta a reconstruir el proceso de origen, desarrollo y fin de este grupo armado, tomando en consideración los testimonios de sus integrantes y fuentes secundarias. Uno de los principales problemas de los científicos sociales que estudiaron el proceso de violencia durante su desarrollo fue la carencia de información proveniente de los alzados en armas, pues la única documentación disponible en la época fueron panfletos y, en algunos casos excepcionales, documentos publicados en el semanario Cambio.

Por estas razones, el presente capítulo empleará las fuentes primarias para comprender detalles irresolutos del proceso de conformación de esta organización y se complementa con la bibliografía conocida sobre este tema.

Se debe señalar que la bibliografía sobre el MRTA es reducida si se la compara con la bibliografía que trata de SL, y ello no porque el accionar de los emerretistas no fuera parte de la violencia armada de las dos últimas décadas del siglo XX, sino porque sus dimensiones y el espacio ocupado por sus acciones fueron más reducidos. Lo anterior, además de ser una organización que encajaba en el perfil de las guerrillas latinoamericanas inspiradas en la Revolución cubana y sus personajes.

Origen DEL MRTA

Respecto al origen del MRTA como grupo armado, existe una suerte de consenso que señala que fue el resultado de las diversas rupturas ocurridas al interior de la izquierda peruana, que encuentra su punto de partida en la década de 1950 (CVR, 2003; Simon, 1998; Gálvez, 2015; Meza, 2012). Este enfoque presupone que los actos de violencia son consecuencia directa del pasado nacional, caracterizado por antagonismos políticos desde 1895, con los enfrentamientos de los caudillos Andrés Avelino Cáceres y Nicolás de Piérola. Sin embargo, debe considerarse que la Guerra Fría y la división político-ideológica del mundo fue una importante referencia entre los actores sociales que se involucraron en los grupos armados de la época.

Según la CVR (2003) y Lust (2013), finalizada la década de 1950, un numeroso grupo de jóvenes militantes de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) renunciaron a su organización acusándola de abandonar los principios del aprismo. Estos jóvenes, encabezados por Luis de la Puente Uceda, dieron inicio a una organización llamada APRA Rebelde. Iniciada la década de 1960, el liderazgo de De la Puente fue en ascenso y su organización fue cobrando mayor relevancia. Buscando dejar atrás su relación con el APRA, iniciaron un proceso de consolidación en un proyecto propio al que denominaron Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), adoptando como referente ideológico el marxismo-leninismo. Se trataría de la primera organización peruana que se alinearía con el proyecto de nueva izquierda.

Se debe precisar que, si bien el MIR se presenta como un modelo tradicional de guerrilla de mediados del siglo XX, no se trata del primer intento de una organización de este tipo en asumir la lucha armada como instrumento para llegar al poder o, en algunos casos, propiciar reformas institucionales o constitucionales. El empleo de la violencia en el campo de lo político era una extensión de este por otros medios, tal como lo había señalado Clausewitz (2002). Puede observarse la iniciativa de Hugo Blanco en Cuzco entre 1958 y 1962 de buscar un intento de reforma agraria mediante un levantamiento campesino, mediante una organización integrada por sindicatos locales que se sumaron a un proyecto denominado Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) (Neira, 1964). Fue así como la generación de jóvenes vinculados a los denominados partidos de masas de aquellos años se formó pensando en la violencia como parte regular de la política, o al menos de la forma de hacer política que habían concebido.

En septiembre de 1962 se crea el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Lust, 2013: 134), que estuvo integrado por jóvenes universitarios que se alejaron del Partido Comunista Peruano, se vincularon a los movimientos sindicales y fueron influenciados por la Revolución cubana, al punto de haber recibido entrenamiento en Cuba para prepararse para la lucha armada. Fue en Cuba donde una parte del ELN establece un primer contacto con el MIR. Si bien ambos grupos tenían objetivos comunes, lo cierto es que las diferencias ideológicas de su pasado político fueron motivo de diversas pugnas entre sus integrantes. Según señala el exmilitante del ELN Héctor Béjar:

Había muchas más diferencias entre el MIR y el ELN de diversos tipos porque hay que tener en cuenta que en el Perú el enfrentamiento entre el Partido Comunista y el APRA duró cuarenta años. Procediendo nosotros más bien del Partido Comunista, y los miristas procediendo del APRA, no era fácil establecer un dialogo por los métodos (testimonio de Héctor Béjar en Lust, 2013: 144).

Pese a la afirmación de Béjar, lo cierto fue que algunos de los dirigentes del ELN se insertarían en las filas del MIR al verlo como un proyecto de mayor escala. Uno de estos dirigentes fue Guillermo Lobatón, cuya figura es una referencia constante para las organizaciones de izquierda en Perú.

En 1965, el MIR inicia su proyecto armado desplegándose en la sierra norte, la sierra central y la sierra sur del país. Seis meses después fueron derrotados por el Ejército peruano, falleciendo en combate Guillermo Lobatón, Luis de la Puente y Máximo Velando (CVR, 2003). En 1967, el MIR inició un proceso de fragmentación que lo llevaría a dividirse en tres facciones: MIR-Militante (MIR-EM), MIR-Voz Rebelde (MIR-VR) y MIR-IV Etapa (MIR-IV). Esta subdivisión del MIR llevó su proyecto a espacios de discusión académica, replicándose la experiencia en organizaciones de estudiantes (Lynch, 1990). La universidad pública se convierte entonces en un espacio de formación ideología y debate político.

Un año más tarde, el 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado al entonces presidente Fernando Belaúnde Terry. Ese sería el inicio de un conjunto de reformas promulgadas por la junta militar que permitieron que muchos de los deseos de la izquierda se cumplieran. Sin embargo, la llamada nueva izquierda acusó al Gobierno de “reformismo burgués”, rechazando inicialmente el proyecto velasquista para luego tomarlo de referencia77. Sin embargo, algunos jóvenes provenientes de la democracia cristiana y de otros sectores de la izquierda comenzaron a involucrarse con la forma de gobernar de Velasco, al punto de formar en 1975 —luego del relevo de mando a cargo del general Francisco Morales Bermúdez— el Partido Socialista Revolucionario (PSR), una organización política de fuerte orientación velasquista.

El PSR tuvo dos tipos de estrategia. Por un lado, un grupo de militantes que se encargaban del trabajo político con la sociedad y, por otro, un grupo que se encargaba de las acciones clandestinas, llamado “la Orga” (CVR, 2003; Meza, 2012). El comité central del MRTA ha considerado que esta clase de estrategia política fue resultado de la influencia argentina en el PSR:

Influido por los MONTONEROS argentinos deciden establecer dos niveles en el partido: el “público” con personalidades prestigiadas políticamente con la tarea de realizar una labor abierta y “aprovechar” la coyuntura electoral. Y otro nivel, cerrado, clandestino, encargado del trabajo conspirativo que tomó el nombre de “Orga”. Suponiéndose, además, que la dirección y orientación sería ejercida por la “Orga” (MRTA, 1990: 14).

Al PSR le ocurrió lo que a todas las organizaciones de izquierda: se dividió, creando una facción llamada el PSR marxista-leninista (PSR-ML). Esta atomización de la izquierda sería una de las causas que la llevaría a generar conflictos internos y enfrentamientos entre organizaciones.

Al finalizar la década de 1970, las movilizaciones sociales contra el Gobierno de Morales Bermúdez fueron en incremento al punto de llevarlo a convocar en 1978 a una Asamblea Constituyente que fue el punto de partida para el retorno a la democracia. En 1980, luego de promulgada la Constitución de 1979, se convocó a elecciones, en las que todas las organizaciones de izquierda que propugnaban la lucha armada participaron. Solo se abstuvieron de participar las organizaciones de orientación maoísta Patria Roja y SL.

Según Alberto Gálvez Olaechea, dirigente del MIR-VR y luego dirigente del MRTA: “[...] la lucha electoral, la democracia, era un mecanismo táctico para todos, Vanguardia Revolucionaria, PSR, el MIR, todos pensábamos que la lucha electoral era un mecanismo táctico de acumulación de fuerzas en función del gran objetivo, que era la revolución” (testimonio de Gálvez en CVR, 2003, tomo i: 381)

Por su parte, Víctor Polay, número uno del MRTA, sostiene:

Lo de la situación revolucionaria era una cuestión común dentro de la izquierda, todos los grupos decían que había que estar preparados para tomar el poder. Todos los grupos planteaban la violencia revolucionaria. Yo no conozco ningún grupo en ese momento que no planteara la violencia revolucionaria como requisito a la toma del poder y la construcción de la nueva sociedad (testimonio de Polay en CVR, 2003, tomo i: 382).

Este interés de participar en los procesos electorales de aquellos años los lleva en un primer momento a promover la unidad de las organizaciones de izquierda y de participar en la contienda electoral. El proyecto original fue rechazado por algunos dirigentes, pero la mayoría decide participar.

La izquierda volvió a dividirse antes del proceso. Los resultados oficiales demostraban una vez más que los personalismos de la izquierda peruana terminarían atomizándola.

Gráfico 1

Resultados electorales de las elecciones generales presidenciales de 1980

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Infogob-JNE.

SL ya había iniciado acciones armadas en el departamento de Ayacucho con la destrucción de ánforas electorales y pequeñas acciones en Lima. Fue entonces que un grupo de organizaciones de izquierda integradas por el PSR-ML y el MIR-EM inician dialogo para definir qué acciones tomarían, pues se llegó a pensar que la vía electoral no era la adecuada:

El MIR-EM coincidió con el PSR-ML en el FRAS, que el periodo prerevolucionario de carácter prolongado […] porque sus causas eran estructurales y que implicaba la preparación para la guerra revolucionaria. El acuerdo básico, fundamental de esta unidad es que en el Perú estaban dadas las condiciones para la lucha armada (MRTA, 1990: 22).

Fue en esa reunión que deciden tomar el nombre de Túpac Amaru como referente para su organización y mantener en reserva la denominación hasta que su estructura política se encuentre establecida. Años más tarde establecieron dialogo con el MIR-VR que aglutinaba a gran cantidad de militantes para integrarse en el proyecto. Alberto Gálvez Olaechea, dirigente del MIR-VR, fue un actor importante en ese proceso de negociaciones.

El MRTA y el MIR-VR éramos fuerzas que operábamos en el mismo espacio y con afinidades ideológicas y políticas. Las direcciones de ambas organizaciones entendieron que lo revolucionario era unir nuestros recursos, experiencia y esfuerzos para potenciar este proyecto político militar afín a las dos agrupaciones.

En realidad, desde inicios de los ochenta se establecieron contactos entre el MIR-Confluencia y el PSR-ML-MIR-EM en torno a tratativas unitarias sin concretar ni avanzar con seriedad. Después de un prolongado paréntesis se retoman las relaciones en 1985, pero sin continuidad, hasta que recién a mediados del 86 es posible encaminar con decisión la unidad (MRTA, 1990: 292).

La integración entre el MIR-VR y el MRTA fue una decisión estratégica de ambas organizaciones por lograr un cúmulo de fuerzas que los ayudaran a volver más sólido su proyecto político-militar. Todo ello se enmarca en la llamada “tradición radical” (Rénique, 2003), que hace referencia a la mirada crítica que tienen los colectivos sobre el proceso histórico nacional y orienta a sus integrantes a buscar transformaciones en la estructura social. En Perú, los movimientos sociales que aparecen desde iniciado el siglo XX se han caracterizado por demandas diversas, pero todas ellas buscan una transformación de la estructura social con cambios radicales que reivindiquen la exclusión de los pueblos andinos o amazónicos. Dicho discurso es aprovechado muchas veces por proyectos políticos de todo tipo, pero en el caso de los proyectos radicales, les ha permitido conseguir gran aceptación.

Fundamentos ideológicos del MRTA

A diferencia de SL, los cimientos ideológicos del MRTA son tan complejos como los antecedes de las organizaciones coalicionadas que le dieron origen. Mientras SL puede ser catalogado como maoísta y ello resume ampliamente su perfil ideológico, en el caso del MRTA se trata de una confluencia de posturas. Tal como se observó en la sección anterior, existen orígenes que se remontan a los principios del aprismo, con Haya de la Torre, afirmando que el MRTA “recoge el martirologio del aprismo auroral que en su tiempo supo convocar a las masas desposeídas, derramando su sangre en las rebeliones del ‘32 y ‘48” (MRTA, 1990: 86).

Sin embargo, las bases ideológicas de esta organización también tienen evidente influencia del marxismo, o de la interpretación del marxismo que hizo José Carlos Mariátegui: “[El MRTA] asume las enseñanzas del Amauta Mariátegui, que supo imprimir un punto de vista clasista al análisis de nuestra realidad, demostrando el carácter universal de la ideología marxista-leninista” (MRTA, 1990: 86).

Si bien el proyecto emerretista asume ciertas características del marxismo, existen otras que le dan particularidades propias de América Latina, como por ejemplo tomar elementos históricos de la región para asumir que los procesos locales son resultado de condiciones que vienen desde la colonización europea.

Asumimos el nombre de TUPAC AMARU como un símbolo nacional y continental de la lucha contra el colonialismo y ahora el imperialismo. Lo asumimos como héroe que supo luchar contra la injusticia y el oprobio del vasallaje. Que supo morir por la libertad de sus hermanos y que hoy renace y recompone sus miembros en cada uno de los militantes por la revolución.

TUPAC AMARU fue el gran precursor, que con las armas luchó por nuestra primera independencia y que años después culminaran exitosamente Bolívar, San Martín y Martí. Luego ese combate continuado por Sandino, Farabundo Martí y muchísimos más contra el imperialismo yanqui y que tiene su más entrañable expresión en el comandante Ernesto Che Guevara (MRTA, 1990: 86).

En la cita anterior se observa que en un documento oficial de esta organización se hace referencia a personajes propios de las luchas por la independencia o, en los casos más actuales, a las guerrillas de la década de 1950. Además, se puede identificar la presencia de un discurso reivindicador del pasado inca, es decir, una sutil mención implícita a modelos nacionalistas. Mientras que SL era acusado de intentar acomodar la realidad peruana al maoísmo, el MRTA buscaba integrar el marxismo y referencias del pasado latinoamericano en su discurso. Simon (1988) ha señalado que el MRTA intenta justificar su existencia sobre la afirmación de ser una consecuencia de las luchas históricas del país. Sin embargo, dicha afirmación pareciera ser un intento forzado de presentarse como los redentores de un momento determinado. Una fuerte carga mesiánica que busca justificar su razón de ser.

Asimismo, el MRTA se consideró parte de la tradición de las guerrillas latinoamericanas, llegando a participar en 1985 en un proyecto llamado Batallón América que buscó la integración de grupos armados en apoyo del ELN colombiano. Ello explica por qué se consideraban parte de un proyecto continental: “Somos parte del movimiento revolucionario latinoamericano, que bajo las banderas del Che Guevara le diera una nueva actitud y perspectivas a la izquierda del continente” (MRTA, 1986).

Ahora, es necesario precisar que, si bien todas las organizaciones armadas que decidieron emplear la violencia como medio para alcanzar el poder levantaron las banderas del marxismo, en todos los casos se trata de interpretaciones de esta propuesta teórica política. Degregori (1990) llamó a este fenómeno “revolución de los manuales”, es decir, una interpretación simplificada sobre la doctrina marxista que se hizo muy popular desde la década de 1960 hasta iniciada la de 1990. Este fenómeno generó que cada organización de izquierda de la época considerase que era la auténtica poseedora de la adecuada interpretación del marxismo a la realidad peruana, cuando en muchos casos forzaban la realidad a su interpretación. El problema de concepciones teóricas no solo se dio entre organizaciones, sino que también caló entre militantes de una misma organización. Ello generó que los postulados ideológicos de las organizaciones de los alzados en armas se nutran de distintas corrientes para intentar llenar los vacíos que la teoría no podía.

Se puede afirmar, en comparación con SL, que el MRTA hace uso de un marxismo que se adapta a las situaciones a las que se enfrenta, una versión libre del mismo, mientras que los maoístas buscaron seguir a rajatabla las doctrinas que recibían.

Organización y formas de lucha en el MRTA

El MRTA fue una organización clandestina, pero que tuvo como una de sus estrategias generar alianzas con algunos proyectos políticos de la izquierda legal que compartían una misma visión del país. Sin embargo, su forma de organización no se aleja de la tradicional organización de los grupos armados en Latinoamérica. Se constituyeron como una organización con un bloque político y un bloque militar. Este manejaba sobre dos dimensiones:

Como inherente a nuestra concepción política, parte constituyente de ella, porque la lucha política por el poder tiene su forma superior en la lucha militar.

Como práctica instrumental y subordinada a la conducción política del partido revolucionario (MRTA, 1990: 38).

Es decir, por un lado, dialogaron con las organizaciones políticas de mayor cercanía a su proyecto, llegando a formar alianzas de participación electoral. Uno de esos proyectos fue la Unidad Democrático Popular (UDP), organización con aspiraciones electorales donde el MRTA logró tener presencia mediante las relaciones establecidas con el MIR-EM. Sobre ello, Víctor Polay señala:

[…] el MIR El Militante era parte de la UDP y había otros frentes de izquierda; se hacía un esfuerzo para construir un frente político de toda la izquierda, la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI); se tomó este nombre porque significaba una expresión afirmativa, significa sí en quechua; se unió a otras fuerzas como el PSRML, el PC Mayoría y otras fuerzas menores, formamos el FRAS para participar en el ARI (Polay, 2007: 176).

Es así que parte de la estrategia de esta organización fue entrar en franco diálogo con la izquierda legal. Este tipo de conducta lo aleja políticamente de SL, quien veía enemigos dentro y fuera de la izquierda. Además, se identifica el interés de los emerretistas de establecer alianzas no solo con las organizaciones clandestinas e ilegales, sino con organizaciones formales que encontraron espacio político en la competencia electoral y otros espacios.

Un aspecto interesante de esta clase de organizaciones fue la manera de captar a sus militantes. Según Polay (2007), el ingreso a su organización correspondía a decisiones voluntarias de sus integrantes, siempre bajo un esquema de organización, en todo caso, claramente jerarquizado:

[…] la militancia era voluntaria y consciente; todo miembro del MRTA debía incorporarse en forma voluntaria y consciente; este militante debía estar dispuesto a entregar su vida a la lucha por el pueblo peruano y postergar —seguramente legítimos— intereses personales por los del pueblo peruano; cada militante debía estar dispuesto a enfrentarse no solo en el terreno ideológico, sino político y militar, así como en los planos necesarios para llevar adelante la revolución del Perú (Polay, 2007: 193).

Cada miembro del MRTA debía integrarse a una célula y esta célula, a su vez, debía integrarse a frentes organizados, como sindicatos de docentes o frentes de trabajadores con los que buscaban coincidencias políticas sobre sus demandas sociales. Sobre ello, Durand ejerce una dura crítica respecto a la postura de la CVR sobre el tema:

En lo que respecta al trabajo político de masas, la Comisión de la Verdad hace una lectura superficial al afirmar que “el MRTA utiliza una estrategia de infiltración en la organización social, actuando como elemento de presión frente a la autoridad estatal, así como convirtiéndose en una herramienta de “control social”. Según esta lectura, el MRTA “utiliza” a los Frentes de Defensa y los gremios agrícolas del departamento, capitalizando para su causa política y militar sus reivindicaciones. Esta mirada reproduce una visión que externaliza la violencia y ve en las organizaciones del movimiento social entes fácilmente manipulables, descartando a priori y sin mayor explicación, la posibilidad de que las organizaciones, con sus bases y dirigentes, compartieran muchas de las evaluaciones y concepciones del MRTA sobre cómo cambiar la sociedad y conseguir sus demandas (Durand, 2005: 100-101).

El análisis de Durand (2005) sobre ese aspecto es de alta relevancia no solo para el caso del MRTA, sino que resulta extensible para todas las organizaciones de alzados en armas o de política tradicional, pues, en muchos casos, se suele analizar ligeramente la causa que hizo que un importante número de personas se integre a esa clase de proyectos. Es evidente que en algunos casos se trató de coerción, pero en la mayoría se trató del reconocimiento de demandas comunes entre los intereses de esa organización y de los sindicados, frentes de defensa y otras formas de organizaciones sociales.

Por otro lado, se ha demostrado que existieron células dedicadas a realizar labores de propaganda y redactar panfletos, entre otras acciones de apoyo. Lo que sí quedó claro es que no todas las células ni todos los militantes llegaban a involucrarse en el trabajo militar, sino que algunas se limitaron al trabajo político. El MRTA inicia sus acciones brindando especial importancia a lo que llamaron “propaganda armada”, que fue la forma en la que se vuelven visibles en el complicado escenario nacional.

Un tipo de célula particular fue la célula de masas. Su función era infiltrarse en las organizaciones sociales y orientar los objetivos de la organización a las políticas que el MRTA estimara conveniente. Además de participar en las marchas y protestas dirigiendo las acciones de contención policial o acciones de contraviolencia.

Igualmente, aparecen las células milicianas que tenían un trabajo no necesariamente armado, pero que implicaba el seguimiento de algunas autoridades que serían víctimas de secuestro o extorsión. Además, tenían las células de comando, las cuales fueron destinadas para la acción beligerante propiamente. Sin embargo, se trata de grupos armados urbanos, lo cual es una característica de esta organización, que tuvo mucho desarrollo en las ciudades y sin tanto trabajo en el campo en comparación con SL. Es preciso señalar que las células y los militantes actuaban bajo el principio de compartimentación:

[…] el principio de compartimentación, es decir, que solamente el que actúa sabe los objetivos que va a realizar, otro que no actúa no tiene por qué saberlo; viene del principio que hay en los barcos del compartimentaje, es decir, si el barco choca y hay entrada de agua, se cierran compuertas de ese compartimento; igualmente, en una organización, si hay una persona que delata o habla, solo sabe de las acciones en las que participó, pero no el resto (Polay, 2007: 199).

Se crearon fuerzas especiales que se dedicaron a cumplir misiones específicas que requerían una preparación especializada. Estas acciones podían ser militares o políticas. Sobre ello, Polay señala: “Eran grupos de compañeros que podían hacer una tarea especial; por decir, la construcción del túnel de Canto Grande fue hecha por una fuerza especial” (2007: 195). Empero, señala que el trabajo de estas fuerzas especiales fue mayoritariamente en el campo, como en San Martín o el Huallaga. Así, se pueden identificar ocho instancias o elementos en su organización: 1) el militante; 2) la célula; 3) subzona; 4) zona; 5) región; 6) frente; 8) Consejo Ejecutivo Nacional, y 8) Comité Central. En el caso de la subzona, zona, región y frente, se trata de circunscripciones territoriales donde lograron desarrollar sus acciones y tenían cierto nivel de control.

A nivel militar, el MRTA había desarrollado como estrategia el desarrollo progresivo de la violencia, pero motivada por la población, es decir, su labor de preparación era motivar que la violencia fuera desarrollada por la ciudadanía.

Según sus principios, propusieron respetar el derecho internacional humanitario, pues tal como señala su líder:

[…] la conformación de sus unidades militares debía estar diferenciada de la población civil, es decir, que contara con elementos uniformados que tuvieran las armas a la vista, mandos reconocidos y que sus campamentos y actividades debían estar alejadas de la población para evitar que esta fuera agredida por las Fuerzas Armadas. Por otro lado, quedó claro que, en el combate, si bien el MRTA llevaba adelante la lucha militar, con el prisionero, con el herido o con el rendido, debían ser sumamente respetuosos, tal como lo había establecido en la campaña Túpac Amaru Libertador; en ese sentido, el respeto al herido era fundamental (Polay, 2007: 212).

En todo caso, ha quedado registrado que muchas de las acciones del MRTA no se limitaron necesariamente a un cumplimiento estricto de las normas que Polay señala. Por ello establecieron un conjunto de sanciones que tenían como objetivo que los militantes no vulneraran los derechos de la población, como el caso de los hermanos Cusquén Cabera, quienes fueron asesinados por faltar a los principios de la organización. Según señala la CVR, estos hermanos asesinaron a dirigentes emerretistas y delataron a militantes con la policía. En otro caso se trató de la disconformidad presentada por dos militantes de MIR-VR con el proyecto del MRTA: decidieron emprender un proyecto propio, lo que causó la molestia del “tribunal revolucionario”, que decidió acabar con la vida de los acusados.

Sea como fuere, se debe precisar que en muchos casos hubo acciones de los militantes que no fueron sancionadas por dicho “tribunal revolucionario”, como, por ejemplo, el asesinato de homosexuales en la localidad de Tabaloso, en la región de San Martín. Dicha acción se emprendió con el argumento de realizar una campaña de “profilaxis social”. Asimismo, estaría el caso del asesinato del líder indígena Alejandro Calderón, acusándolo de que en su niñez (1965) había avisado a las autoridades de que un dirigente del MIR estaba en su comunidad. El MRTA reconoció el acto como “justicia histórica”.

Desarrollo de la acción violenta del MRTA

El MRTA desarrolla sus primeras acciones en 1982, con un acto simbólico: la detonación de unos petardos en el distrito de Villa El Salvador y la posterior pintada de muros. Sin embargo, la violencia que desarrollaron en sus primeros años no tuvo el impacto de las acciones que realizó SL. En mayo de 1982 ingresan a robar a una agencia bancaria en el distrito limeño de La Victoria, y cuando intentaron inmovilizar al agente policial, este empleó su arma y en un disparo de rebote dejó herido de muerte a Jorge Talledo Feria, un importante integrante del Comité Central. No obstante, a opinión de Simon (1988), el MRTA aparece en la escena peruana en 1984, pues considera que el acto de 1982 fue una acción preparatoria.

Hasta 1984 solo se habían reportado acciones en las ciudades de Lima y Huancayo que no implicaban violencia hacia un blanco en específico, sino que se trataron de acciones de propaganda armada mediante las cuales buscaron hacer conocido su proyecto (CVR, 2003). Es por ello que le prestaron mucha importancia a sus dos medios de comunicación: Voz Rebelde, un equipo especial que redactaba los comunicados y los distribuía, y a Radio 4 de Noviembre, una señal clandestina de comunicación que infiltraba su transmisión rebotándola en los medios regulares. Es de este modo que, para ellos, la denominada propaganda armada fue la base para impactar mediáticamente en la sociedad. En otros casos, sus acciones se presentaron como medidas populistas de acercamiento a la ciudadanía. Por ejemplo, los “repartos populares” consistieron en el robo de camiones de víveres que luego eran repartidos en zonas empobrecidas de las ciudades. Este accionar llevó a muchos medios de comunicación y analistas a señalar al MRTA como una guerrilla urbana de clase media.

La aparición del MRTA en 1984 causó cierta confusión, no solo por la presencia de otra organización armada, sino porque para algunos académicos su presencia en la izquierda peruana no encontraba ubicación. Hurtado (1986) había señalado que habían llegado demasiado tarde a la función y encontraron “localidades agotadas”, en referencia a que mientras la izquierda legal se encontraba aglutinada en Izquierda Unida y la izquierda clandestina en SL, la presencia del MRTA no definía su proyecto en ese escenario78.

Sin embargo, fue en ese año que inician acciones específicas más radicales, como el ataque al puesto policial de Villa el Salvador en represalia al hostigamiento policial hacia la población, o el atentado a la casa del ministro de economía Carlos Rodríguez Pastor debido a las medidas económicas del Gobierno. Ese mismo año secuestraron a la reportera Vicky Peláez del programa periodístico 90 Segundos y a su camarógrafo con el objetivo de grabar un comunicado y transmitirlo por señal nacional79.

Sus acciones fueron en incremento. En julio de 1985 inicia ataques simultáneos a distintos puestos policiales y atenta contra la casa del ministro de Trabajo. No obstante, luego del triunfo de Alan García como presidente de la república, la dirigencia del MRTA decide hacer un alto al fuego y esperar los resultados del Gobierno aprista. Muchos interpretaron esto como una muestra de respeto de Polay a su pasado aprista, pues en su juventud fue parte de esa organización.

En 1986 retomaron las acciones armadas con un atentado contra la embajada de Estados Unidos, como una muestra de solidaridad con Libia. Es a partir de este momento que inicia una segunda fase de acciones de intervención bélica por parte de esta organización. Tuvieron lugar acciones importantes que generaron mucho impacto: la primera fue la toma de la ciudad de Juanjui, en la región de San Martín, donde una columna de militantes ocupó la ciudad sin que las autoridades pudieran hacer nada; las incursiones en toda la región fueron en aumento y la presencia de Víctor Polay a cargo de las operaciones en esa región fue cada vez más visible. A finales 1986, un grupo de militantes fueron enviados a Colombia a integrarse al proyecto conocido como Batallón América, conformado por el M-19, de Colombia, Alfaro Vive Carajo, de Ecuador, y el MRTA, de Perú. Esta experiencia les sirvió como escuela de entrenamiento. Allí fallecieron dos militantes del MRTA.

Entre julio y agosto de 1987 realizan incursiones en los centros poblados de Campanilla y Pajarillo con una columna dirigida por Víctor Polay. Según Simon (1988), a diferencia de SL, las incursiones emerretistas no tenían la finalidad de realizar juicios populares o ejercer coerción, sino que los emerretistas buscaban acercarse a la población usando como medio los llamados “repartos populares”. En agosto de ese año, una columna del Frente Nororiental toma la plaza de la ciudad de Juanjui, con Víctor Polay a la cabeza.

En un segundo momento, en 1989, un comando de 67 emerretistas que se desplazaban en la sierra central, en la localidad de Molinos, fue emboscado por una patrulla del Ejército, quienes lograron eliminar a 58 emerretistas. Según señalan estos, se disponían a tomar la ciudad de Tarma tal como lo habían hecho en Juanjui, pero por la complejidad de la intervención necesitaban apoyo de los frentes ubicados en la amazonia peruana. La dificultad radicó en las características geográficas del terreno: “Las unidades guerrilleras que operaban en la selva se desplazan entonces hacia la sierra. Lo hacen por rutas no exploradas, lo que exigió extender la marcha, provocando en los combatientes un desgaste excesivo. Por eso, al llegar al punto de reunión no solo no estaban aclimatados a la altura, sino en deficientes condiciones físicas” (MRTA, 1990: 359).

De acuerdo con la CVR (2003), desde diciembre de 1988 en la región Junín se había establecido el estado de excepción, y el control político y militar se encontraba en manos del Ejército, lo que hacía que las acciones de los emerretistas fueran más complejas. Por eso, necesitaban el apoyo de las columnas de la selva para completar su objetivo de tomar la ciudad de Tarma. Para ello se desplazaban emerretistas de Huancavelica y Pichanaki, con el objetivo de encontrarse en Tarma y completar su misión. La CVR señala:

La mañana del 28 de abril de 1989, se produjo el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los subversivos en los distritos de Huertas y Molinos. De acuerdo a los testimonios obtenidos: entre las 3 y 4 de la mañana, se escucharon tres tiros fuertes. La balacera continuó durante una hora. Pensé que eran las usuales maniobras que el EP solía realizar por la zona, pero al intensificarse más, y al ver las luces de bengala en el cielo, gritos, lisuras, gente corriendo, se dio cuenta que no era usual ese movimiento (poblador de Molinos, CVR, tomo vii: 361-362).

Este fue un duro golpe para el MRTA no solo por el importante número de militantes muertos, sino porque eran desestabilizados en sus planes de posicionarse en la región.

Un año antes, el 3 de febrero de 1989, Víctor Polay Campos, líder del MRTA, fue capturado en Huancayo en compañía de Rosa Luz Padilla, integrante del MIR-VR. La captura significaba un duro golpe para los emerretistas. Polay y su acompañante fueron trasladados a Lima y llevados al penal Miguel Castro Castro. En esa prisión cumplían condena los integrantes del MRTA. Una vez allí, el líder emerretista fue derivado a un pabellón de máxima seguridad donde fue aislado del contacto de sus compañeros. Compartía el pabellón con miembros de la policía acusados de narcotráfico y corrupción, y con Osmán Morote Barrionuevo, sindicado como el número dos de SL.

Polay recibía diariamente la visita de uno de los emerretistas detenidos, el cual le llevaba sus alimentos y le transmitía información sobre diversos acontecimientos, pues a Polay se le había prohibido el acceso a medios de comunicación. Según la investigación realizada por Sánchez (2010), antes de la captura de Víctor Polay, la Dirección Central del MRTA inició un plan de rescate de los emerretistas detenidos en Castro Castro. Para ello planificaron la construcción de un túnel que se construiría desde el exterior y que llegaría hasta el pabellón de los emerretistas.

El túnel contaba con una profundidad de 14 metros y una longitud de 300. Se iniciaba en una pequeña vivienda y llegaba hasta el patio del pabellón donde estaban los emerretistas. Para este tipo de obra se requería el plano del penal, pero por razones de seguridad, este documento nunca pudo ser conseguido. Para solucionar dicho problema, los ingenieros a cargo de la operación realizaron visitas al penal y de ese modo lograron algunas medidas necesarias para su labor, que se terminó meses después.

El 9 de julio de 1990, un forado en el piso del patio del pabellón de los emerretistas fue la señal para que 47 emerretistas y un preso común escaparan de prisión. El diámetro de recorrido del túnel variaba de acuerdo con cada tramo y por grandes distancias el túnel se volvía tan angosto que los que lo transitaban debían recorrerlo en cuclillas o rampando, para lo cual se debía contar con una buena condición física. Es por esta razón que todo el tiempo que duró la construcción, los emerretistas practicaron una rutina de entrenamiento diario, similar a la que tenían los senderistas en sus pabellones.

Una vez que las autoridades se enteraron de tan espectacular fuga, se incrementó la seguridad en todo el perímetro del penal y se realizaron constantes requisas a todos los internos. Debido a la condición de insurgencia de los senderistas, las autoridades establecieron duras medidas de restricción para ellos: les limitaron las visitas y se inició una etapa represiva con el objeto de evitar cualquier otro intento de fuga.

Iniciada la década de 1990, la política antisubversiva de Alberto Fujimori se caracterizó por acciones de inteligencia e infiltración en las organizaciones alzadas en armas, llegando a capturar a los líderes de SL y el MRTA. En 1992 Polay fue capturado de nuevo y recluido en la prisión de Yanamayo, en el altiplano peruano, de donde sería posteriormente trasladado a la base naval del Callao.

Fin de la violencia armada

La captura de casi todo el Comité Central del MRTA indicaba que la organización había sido desactivada. La ley de colaboración eficaz hizo que muchos militantes delataran a sus compañeros y en otros casos las leyes de recuperación de armas dieron inicio a un proceso de desarme de los actores del conflicto. Se implementó un régimen penitenciario cerrado, por el cual los detenidos acusados de terrorismo eran trasladados a establecimientos penitenciarios ubicados en provincias alejadas de la capital del país y bajo el sistema de aislamiento: un interno permanecía 23 horas y media en una celda, y contaba solo con 30 minutos para salir al patio, sin comunicación.

Si bien aún ocurrían algunos secuestros o asaltos a bancos, la presencia del MRTA fue reduciéndose notablemente, al punto de hacer pensar a las agencias de seguridad del Gobierno que se encontraban desactivados o desorganizados.

En 1995 la policía captura a un grupo de emerretistas, entre ellos la ciudadana norteamericana Lori Berenson, quienes tenían planificado tomar el Congreso y con los rehenes exigir la liberación de los presos del MRTA. Este frustrado intento puso en alerta a la policía, que consideró la posibilidad de que esta organización se estuviera recomponiendo.

Fue un año después, el 17 de diciembre de 1996, en la residencia del embajador de Japón, que 14 militantes del MRTA tomaron el local, secuestrando a todos los invitados a una recepción ofrecida por el diplomático. Entre los secuestrados se encontraban jueces supremos, fiscales supremos, el entonces candidato a la presidencia Alejandro Toledo y la madre y hermana del presidente Fujimori. Según señala la investigación de la CVR (2003), los subversivos se camuflaron en una ambulancia en los exteriores de la residencia del embajador japonés y se dispusieron a ingresar a una ONG de la cooperación alemana que tenía una casa colindante con la residencia, hicieron un forado y por allí ingresaron, logrando reducir a casi 600 personas. Esa misma noche, el presidente de la república convocó a una sesión del Consejo de Ministros de urgencia y se designó a Domingo Palermo como el ministro a cargo de las negociaciones. Los emerretistas exigían la liberación de más de 400 emerretistas que estaban presos en distintos penales del país y el pago de un impuesto de guerra.

Cruz Roja Internacional apoyó en el proceso de diálogo desde el primer momento, sumándose luego la Iglesia católica. Fue justamente el cardenal Juan Luis Cipriani quien colaboró con el servicio de inteligencia, infiltrando equipos de escucha. Las negociaciones continuaron y los subversivos comenzaron a liberar rehenes. Incluso la CVR (2003) señala que Fujimori evaluó amnistiar a 50 emerretistas y se hicieron consultas internacionales para que Cuba pueda brindar asilo político. Esta última posibilidad fue rechazada por los captores, reafirmándose en su objetivo original.

Pese a las evidentes negociaciones que se hicieron visibles ante los medios de comunicación, de forma paralela se iniciaba la Operación Chavín de Huántar. Una operación de fuerzas combinadas que logró la recuperación de la embajada el 22 de abril de 1997, y que eliminó a todos los emerretistas y dejó como víctimas mortales a dos oficiales. Para ello se construyó una réplica de la residencia del embajador en las instalaciones de una base militar y se comenzó a entrenar en secreto a los soldados. Además, se inició la construcción de varios túneles desde los exteriores de la residencia hacia diversos puntos en su interior.

La operación de recuperación de la residencia fue reconocida internacionalmente como exitosa, por la mínima cantidad de rehenes fallecidos o heridos. El Gobierno de Alberto Fujimori se presentaba ante la prensa, nuevamente, como el responsable de acabar con el terrorismo y con una salida estratégica. Sin embargo, la investigación de la CVR (2003) ha explorado al detalle las características de las acciones subversivas y de las fuerzas del orden, identificando muchos indicios que señalan que de los 14 emerretistas asesinados, ocho presentaban herida por arma de fuego con las siguientes características:

Los orificios de salida se ubicaron en la región anterior o lateral de la cabeza. Se determinó que su dirección fue de atrás hacia delante y que la frecuencia y repetición de este tipo de lesiones en la cabeza y cuello determinaban un patrón lesional, permitiendo inferir que los victimarios, a decir de los peritos, se encontraban situados detrás de la víctima (CVR, 2003, tomo vii, 729).

Otros testimonios, como el de Hidetaka Ogura, primer secretario de la embajada de Japón en Perú en esos años, reafirman que hubo subversivos que sobrevivieron a la intervención militar, lo que supone la amplia posibilidad de ejecuciones extrajudiciales en las acciones de esa fecha.

Los cuerpos de los 14 emerretistas fueron llevados al hospital de la policía para la necropsia de ley, la cual se realizó de manera superficial. Luego de eso, se encargó cada uno de los cuerpos a los comisarios de 14 distritos periféricos a Lima para que les dieran entierro. La idea fue mantenerlos separados y evitar que se generasen espacios de culto o de homenaje a los miembros de esta organización armada.

Luego de la toma de la residencia del embajador japonés, el MRTA no ha tenido mayor presencia ni a nivel armado ni en el plano de lo político. Cabe señalar que en el 2001 se convocó a la CVR para esclarecer los hechos de violencia política entre 1980 y el 2000; cuando esta finalizó el proceso de investigación en el año 2003, como parte del proceso de reconciliación se pidió testimonio a los integrantes de todos los grupos armados y se les invitó a dar disculpas públicas. Solo Peter Cárdenas, Alberto Gálvez y Víctor Polay reconocieron sus acciones y pidieron disculpas por las consecuencias de sus actos80.

Bibliografía

Clausewitz, C. (2002): Sobre la guerra [disponible en http://lahaine.org/amauta/b2-img/Clausewitz%20Karl%20von%20-%20De%20la%20guerra.pdf].

Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003): Informe Final, Lima.

— (2003): Los actores del conflicto, tomo ii, Lima.

— (2003): Los casos investigados por la CVR, tomo vii, Lima.

Degregori, C. I. (1990): “La revolución de los manuales. La expansión del marxismo leninismo en las ciencias sociales y la génesis de Sendero Luminoso”, Revista Peruana de Ciencias Sociales, nº 3, Lima, pp. 103-124.

Durand, A. (2005): Donde habita el olvido. Los (h)usos de la memoria y la crisis del movimiento social en San Martín, UNMSM/SER, Lima.

Gálvez, A. (2009): Desde el país de las sombras. Escrito en prisión, Sur, Lima.

— (2015): Con la palabra desarmada. Ensayos sobre el (pos) conflicto, Fauno Ediciones, Lima.

Hurtado, V. (1986): “MRTA: localidades agotadas”, Visión Peruana, año 2, nº 59.

Lauer, M. (mod.) (1978): El reformismo burgués (1968-76), Mosca Azul editores, Lima.

Lust, J. (2013): La lucha revolucionaria. Perú, 1958-1967, RBA Libros, Barcelona.

Lynch, N. (1990): Los jóvenes rojos de San Marcos: el radicalismo universitario en los años setenta, Zorro de Abajo, Lima.

Meza, M. (2012): El movimiento revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y las fuentes de la de la revolución en América Latina [tesis para optar el grado de doctor en Historia], Colmex, México.

MRTA (1986): Unidad para la revolución, s. e.

— (1990): Conquistando el porvenir, s. e.

Neira, H. (1964): Cusco, tierra y muerte, Populibros peruanos, Lima.

Polay, V. (2007): En el banquillo. ¿Terrorista o rebelde?, Canta Editores/Arteidea, Lima.

Rénique, J. L. (2003): La voluntad encarcelada. Las luminosas trincheras de combate de Sendero Luminoso, IEP, Lima.

Sánchez, M. (2010): El chiquillo de Voz Rebelde. Alberto Gálvez: una vida de des/encuentros, Inédito, Lima.

Simon, Y. (1988): Estado y guerrillas en el Perú de los 80, Asociación Instituto de Estudios Estratégicos, Lima.

CAPÍTULO 8

MONTONEROS

José Manuel Azcona

El principio

Los orígenes del terrorismo en Argentina se deben ubicar en 1959, cuando los Ufuruncos, u Hombres Tigres, intentaban llevar al país la revolución de Fidel Castro imitando su metodología guerrillera en Salta o Tucumán. El Ejército Guerrillero del Pueblo (1963), el Movimiento Nacional Revolucionario Tacuara (1964) y “los cuadros del 17 de octubre” (1968) son otros tantos precursores. Todos estos grupos de guerrilleros-terroristas tenían el mismo fin: subvertir el orden institucional y capitalista establecido para instaurar en el país una dictadura comunista al estilo de la Cuba caribeña. Su mayor problema fue que no consiguieron prácticamente nada de apoyo popular y terminaron por disolverse o por integrarse sus miembros en los Montoneros. En marzo de 1970 apareció el llamado Frente Argentino de Liberación y aquel mismo año vio la luz pública, tras la ejecución del general Aramburu, el grupo peronista Montoneros-Comando Juan José Valle. A finales de 1970, tres grupos peronistas amplían la plantilla guerrillera: las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y los ya citados Montoneros, a los que hay que añadir el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de tintes trotskistas y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)81.

No es casualidad que la cúpula de la guerrilla peronista, Mario Firmenich, Fernando Abal Medina y Carlos Ramus, así como otros reconocidos militares como Rodolfo Galimberti, compartieran un pasado fascista y antisemita desde el que entraron en el peronismo, y de ahí fueron en barrena a organizaciones terroristas de inspiración peronista82. De esta manera, una cúpula montonera militarista y autoritaria, experta en política bifaz, engañó a las bases en una organización que en origen era antisemita de extrema derecha: Tacuara, que representaba el nacionalismo joven de después del régimen peronista. También militó en Tacuara, Joe Baxter, uno de los jefes del ERP, bajo una estructura ideológica de fascismo cristianizado en sus orígenes. Tacuara tomó su nombre de una caña, usada como lanza por indios y montoneros (gauchos a caballo) en el siglo XIX.

Como señaló su líder, Alberto Ezcurra, se trataba de luchar ideológicamente contra el comunismo, mientras reivindicaba el fascismo y el antisemitismo, vinculándose y apoyando a la Liga Árabe en Argentina. A comienzos de la década de los sesenta, Tacuara se dividió en tres grupos, en una mutación que suprimía todas las estructuras de corte peronista que terminarían por crear muchos activos de extrema-derecha y de extrema-izquierda. La primera división la encabezó Julio Meinville, que mantuvo su ortodoxia nacionalista rompiendo con Tacuara en 1960. El segundo grupo lo lideró el joven Ezcurra, identificándose con la derecha católica y nacionalista. Y, el tercero, escoró hacia la izquierda, presentando un carácter peronista, expropiador y revolucionario que luego desembocaría en Montoneros y en el ERP. Este núcleo estaba liderado por Joe Baxter y José Luis Nell, reconocía a Perón como jefe incondicional y se volcaba a la violencia revolucionaria. Baxter inició un periplo personal que le llevaría a luchar en Vietnam, a mantener un noviazgo con la madre de Che Guevara, a convertirse en uno de los líderes del ERP, a vivir y casarse en Cuba y, finalmente, a la muerte, cuando, en 1973, explotó su avión al llegar a París. Nunca se aclaró si fue un accidente o un sabotaje.

El peronismo político, con su fuente nacionalista y fascista, está, pues, en la dicotomía totalitaria de derecha o comunista que se gestó en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado en Argentina. No nos olvidemos que Sorel estructura la ideología fascista desde el dogma marxista, eliminando de este la lucha de clases y sustituyéndola por el Gobierno de los más capacitados y defendiendo la economía privada frente a la colectivización comunista83. Se entiende, por tanto, la aparición de organizaciones terroristas antagónicas (totalitarias y católico-marxistas) bajo un mismo líder, Juan Domingo Perón, y su ideario nacionalista. En ambos modelos, la patria estará por encima de otras consideraciones, el individuo quedará relegado frente a la colectividad y se verá en la violencia política un medio lícito y purificador para conseguir la sociedad perfecta.

El principio inspirador de los montoneros terroristas está en los montoneros federales de los tiempos del caudillo Rosas, que tuvo el Gobierno de Buenos Aires de 1830 a 1853. Y tal y como indica el profesor José Pérez Mundaca84, los montoneros eran grupos armados de composición interclasista, dirigidos por un individuo con un estatus relativamente elevado a nivel regional o local. Esta formación bélica se diferencia del Ejército por su carácter de fuerza irregular, pero se emparenta con él por su estructura vertical y por la forma obligatoria de reclutamiento. Montoneros tiene su periodo histórico más importante de 1882 a 1900 en la guerra con Chile, y degeneraron en enfrentamientos sectoriales entre distintos líderes y caudillos. De 1900 a 1930 pasaron a engrosar las filas de la delincuencia habitual, peleando entre sí y terminando por llevar a la destrucción local a quienes se ponían en su frente. Esta raíz histórica fue, pues, la fuente de inspiración de los jóvenes revolucionarios que ahora estudiamos.

Montoneros fue una organización guerrillera y terrorista argentina que existió y operó entre 1970 y 1979. Sus objetivos iniciales fueron la desestabilización y derrota de la dictadura militar imperante en Argentina desde 1966 (Juan Carlos Onganía, 1966-1970; Marcelo Levingston, 1970-1971; Alejandro Agustín Lanusse, 1971-1973) y el retorno del general Perón, objetivos que persiguieron por medio de tácticas de guerrilla urbana, que incluyeron asesinatos contra civiles y militares. Si bien durante sus primeros años de existencia recibieron apoyo y reconocimiento de importantes sectores populares, a partir del primero de mayo de 1974, cuando se produce un enfrentamiento público con el entonces presidente Juan Domingo Perón, el rechazo sufrido por parte de la sociedad y de los sectores sindicales y políticos del peronismo ortodoxo motivó el aislamiento y el pase a la clandestinidad del grupo, que después de atravesar conflictos internos fue finalmente perseguido y aniquilado por el gobierno militar que asumió el poder en 197685.

El 30 de junio de 1969 en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, en la calle La Rioja 1945 de la Capital Federal, fue asesinado Augusto Timoteo Vandor por un grupo comando que se identificó mediante un parte de guerra como Ejército Nacional Revolucionario. Este grupo estaba integrado por varios de los cuadros combatientes de lo que luego fue la organización Montoneros. Participaron de la operación: Carlos Caride, Rodolfo Walsh, Horacio el Lanchón Mendizábal y Dardo Cabo, entre los más notorios.

En realidad, este comando fue inicialmente el germen de una organización político-militar denominada Descamisados, conducida por Caride, Mendizábal, De Gregorio, Norberto Habegger, entre otros, que en 1972 se disuelve y se integra a Montoneros. Dardo Cabo reconoció públicamente que él había confeccionado los planos para la operación, y que Rodolfo Walsh había hecho la planificación de la misma.

Las raíces tempranas del movimiento se pueden encontrar en la década de los sesenta, en la confluencia de militantes del movimiento nacionalista estudiantil Tacuara, la Agrupación de Estudios Sociales de Santa Fe y el integrismo de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Desde dichas vertientes se perfilan grupos que luego se afianzarían junto a la militancia católica de jóvenes pertenecientes a clases medias y altas, cuyo órgano de prensa aglutinante era la revista Cristianismo y Revolución, dirigida por Juan García Elorrio. A partir de allí se conforma el Comando Camilo Torres, que, junto al grupo conducido por José Sabino Navarro, puede considerarse la célula inicial de Montoneros86.

Hacia fines de la década de los sesenta fueron organizándose políticamente junto al peronismo revolucionario, de neto perfil populista y antiimperialista, en tanto que su ideología se iba estructurando con una poco clara mezcla de la doctrina peronista, con elementos del marxismo latinoamericano revolucionario provenientes del Che Guevara y de Fidel Castro, recibiendo además fuertes influencias católicas desde el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Varios fundadores de lo que luego se transformaría en una organización armada se conocieron cuando eran seguidores del sacerdote proletario Carlos Múgica.

Una de las fuentes hay que buscarla en la revista Cristianismo y Revolución, que se publicó por primera vez en 1966 y continuó hasta septiembre de 1971. El director era un exseminarista, se llamaba Juan García Elorrio, también escribían en aquella revista Eduardo Galeano, John William Cooke, Miguel Grinberg, Raimundo Ongaro, José Ricardo Eliaschev, Rubén Dri, Emilio Jáuregui y Miguel Ramondetti. Los principios se inspiraban a las nuevas interpretaciones teológicas y sociales emanadas del Concilio Vaticano II y de la doctrina social de la Iglesia. Las reflexiones llegaban principalmente desde Francia, de la visión personal de Mounier al humanismo integral que soñaba Maritain.

Eran los tiempos de La ecclesiam suma, La populorum progressio, los polémicos documentos de Medellin que orientaban la Iglesia a una nueva pastoral, a buscar los caminos prioritarios para una liberación política y cultural de los pueblos de América Latina. Muchos jóvenes católicos, de clase media-alta, leían aquellas publicaciones; uno de ellos (por citar un ejemplo), se llamaba Fernando Abal Medina, era un joven culto, delgado, alto y de rostro anguloso, que por entonces admiraba a León Bloy, un místico francés convertido bajo el régimen de Adolphe Thiers en un católico febril y extremista. En el año 1964, Fernando era miembro de la Juventud Estudiantil Católica, rama juvenil de la Acción Católica, agrupación que abandonó ese mismo año al conocer al carismático sacerdote Carlos Múgica, convirtiéndose en uno de sus más devotos seguidores espirituales y políticos. En dichas instancias estuvo siempre acompañado por su inseparable amigo y compañero del Colegio Nacional de Buenos Aires, Carlos Gustavo Ramus, junto al cual eligió más tarde el camino de la lucha armada, decisión que le llevó a perder la vida87.

¿Cuáles eran las ideas de Cristianismo y Revolución? ¿Qué resumen podemos hacer del mensaje de aquella revista? Yo creo que lo podemos sintetizar así: se creía entonces que el verdadero socialismo era el cristianismo, y que solo un socialismo latinoamericano podía garantizar a los trabajadores la participación del poder. El rostro de Cristo era el rostro del obrero explotado, Jesús vivía en las villas, en los analfabetos, en los pobres, allí en lo más bajo había que identificar los nuevos paralíticos y los nuevos ciegos, a quienes se tenía que regalar la vista y devolver la libertad. Las ideas sucesivas de crear un Estado socialista y peronista, el sueño de construir una patria socialista con el compromiso y la lucha armada, fue una consecuencia equivocada de aquellos años calientes. La verdad es que se pensaba que el mundo se podía cambiar de forma rápida, se creía sinceramente en la utopía y se sentía su fuerza transformadora, se experimentaba la energía de una idea común profundamente amada por una elite de intelectuales que iba de los estudiantes, pasando por los trabajadores hasta llegar a las fibras íntimas del pueblo (Balditarra, 2007).

El 25 de diciembre de 1969, mientras se celebraban las festividades de la Navidad, las células del autodenominado Grupo Fundador, provenientes de Córdoba y Buenos Aires, repasaban en la ciudad norteña de Córdoba todos los detalles de la primera acción armada terrorista que se habían propuesto acometer88.

En la mañana del 26 de diciembre, Fernando Abal Medina, Norma Arrostito, Emilio Maza, Ignacio Vélez, Carlos Capuano Martínez, Susana Lesgart, Alejandro Yofré y Cristina Liprandi marcharon en dos coches, que previamente habían robado del municipio de cinco mil habitantes llamado La Calera, lugar situado a veinte kilómetros al noroeste de la capital cordobesa. Los ocho integrantes del comando terrorista se dirigieron a la sucursal del Banco de Córdoba y, como suele ser habitual en estas acciones, unos esperaron y montaban guardia y otros realizaron la acción delictiva. Un policía, ajeno a tales circunstancias, entró en la sucursal y fue recibido a balazos, otros dos agentes que estaban en las proximidades se acercaron al oír los disparos y se desató entonces una espectacular refriega.

Los tres agentes resultaron heridos, pero los guerrilleros lograron huir con el dinero de la caja fuerte (Vélez, 1969), con tal mala fortuna para ellos que uno de los coches robados no funcionaba, con lo que tuvieron que amontonarse los ocho asaltantes en un Chevrolet 400 en el que regresaron a toda velocidad a Córdoba. Como el asalto se había hecho a cara descubierta y temían ser identificados en esta ciudad, utilizaron sus contactos de tiempo atrás como militantes en los movimientos cristianos de base de la periferia cordobesa. Así que con la colaboración del sacerdote Elvio Alberione, con el que Vélez, Maza y Liprandi habían participado en la toma de la parroquia universitaria Cristo Obrero, en agosto de 1966, organizaron la dispersión del comando. Como narra Lucas Lanusse, Fernando Abal Medina y Norma Arrostito salieron de la ciudad en el portamaletas del coche del ministro de Gobierno de Santa Fe, padre de Alberto Molina. Ignacio Vélez y Carlos Capuano Martínez también se marcharon a Buenos Aires y permanecieron escondidos durante varios días en un seminario. El resto de los terroristas se cobijó en distintas casas de amigos en Córdoba (Guerrero, 2009; Sotelo y González, 2010; Trebisacce, 2011; Torrejón, 2012; Basanta y Bacci, 2013; Fonte, 2014; Tocho, 2014; Bernat, 2014; Fernández, 2014; Harari, Lissandrello y Egan, 2017).

A partir de estos hechos, el Grupo Fundador y el Grupo Córdoba deciden fusionarse, uniéndoseles José Sabino Navarro, líder del Grupo Sabino, a comienzos de 1970 y hasta mayo de aquel año en el que Mario Ernst decide también suscribir la iniciativa y se lleva a los suyos del Grupo Santa Fe. Es entonces cuando se da el proceso unionista de la creación de una única organización político-militar.

Querían conformar una estructura de ámbito nacional, primera premisa para la fusión. La segunda era que todos provenían de militancia previa en el cristianismo revolucionario. La tercera, eran peronistas y admitían el liderazgo de Juan Domingo Perón. La cuarta, los contactos personales, pues habían compartido campamentos, congresos, eventos políticos de todo tipo y hasta tiempos de ocio y diversión. Habían formado una amplia red social y política, con la cual estaban vinculados. Se trataba de las mismas redes que previamente habían ayudado a conformar los grupos originales y fundacionales. Por otro lado, todos tenían veleidades intelectuales y académicas y gustaban de lecturas de corte marxista, aunque también degustaban la revista Cristianismo y Revolución.

Por razones de seguridad, los contactos se hacían entre los jefes de las distintas facciones, mientras que el resto de militantes solo conocía datos básicos, indispensables. Como en cualquier otra organización guerrillera, el objetivo era que la caída de un militante no provocase el apresamiento en catarata del resto.

El 25 de febrero de 1970, la célula cordobesa del Grupo Fundador asaltó la comisaría de policía de Parque Siknimán, llevándose armas, uniformes y una emisora de radio. Un mes más tarde, los mismos protagonistas robaron las armas de los miembros de la guardia del hospital militar de Córdoba. El 9 de marzo, el comando bonaerense del Grupo Fundador asaltó el puesto policial de San Ignacio (San Miguel), robando de nuevo armas y uniformes. Por su parte, el Grupo Santa Fe, el 25 de febrero de 1970 asaltó el municipio de Progreso, a sesenta kilómetros de Santa Fe e inutilizaron las líneas telefónicas locales, asaltaron el destacamento policial y se llevaron el dinero de la sucursal del Banco de Santa Fe. El 22 de mayo secuestraron un camión con explosivos que iba desde Rafaela (Santa Fe) hasta Chacón-Cerros Colorados, en el sur del país. En un operativo de extremada audacia secuestraron el camión en la ruta, lo condujeron casi cien kilómetros hasta la ciudad de Santa Fe, descargaron la mercancía en una casa-quinta89 y lo llevaron nuevamente al lugar del cual habían partido (Lanusse, 2005: 197). Se habían hecho, de forma exitosa, con veinte toneladas de pólvora y dinamita. Por su parte, el 15 de abril, el Grupo Sabino asaltó la comisaría de Santa Brígida (San Miguel) firmando el operativo como Comando Evita. Y el 17 de mayo, los mismos protagonistas tomaron otra dependencia policial en el barrio de Irigoyen (Moreno). La revista Periscopio, el 21 de abril de 1970, manifestó su protesta contundente: “[Estos hechos] vienen a confirmar, si cabe todavía, la existencia de bandas duchas en burlar a la Policía y a los Servicios de Inteligencia”.

Por si fuera poco, a finales de 1970, el Grupo Córdoba y el Grupo Fundador realizaron dos acciones conjuntas en Córdoba y Buenos Aires, firmadas como Comando Eva Perón y Comando Juan José Valle, respectivamente. Así narraba los hechos la revista Periscopio:

El 27 de abril tres mujeres y dos hombres bajaron de un Valiant IV frente al destacamento policial de Quebrada de las Rosas. Uno entró a pedir el teléfono; el agente Cristóbal del Pilar Santillán lo invitó a esperar; se colaron otros dos, armas en mano. Santillán y un compañero, Miguel Serrano, fueron reducidos; una mujer del barrio también. En cinco minutos, pistolas, cargadores, uniformes cambiaban de dueños y tres horas después, una comisión encontraba en la ciudad el coche abandonado. Con pocas variantes, la escena se repetía el miércoles a las 3:40, cinco hombres privaron de sus ropas y armas a cuatro agentes del destacamento policial de General Paz y Mosconi, en la capital [...] Desde el 1 de enero [de 1970] los cuerpos de seguridad han soportado 16 asaltos [...] Es una minuciosa batalla —batalla de prestigio— entre la burocracia encargada de las actividades represivas y diversas facciones peronistas, guevaristas, maoístas. No es difícil asaltar agentes, gendarmes, e incluso puestos militares; su dispersión les debilita90.

El 10 de mayo, el periódico La Nación, en su página editorial, insistía en la fantasía del extremismo totalitario, que se cernía sobre el país en un “furioso ataque contra el orden, la libertad y la propiedad”. Sin embargo, aún a mitades del año 1970, la sociedad civil no tenía claro, y los medios de comunicación tampoco, la gestación del grupo terrorista Montoneros, con finalidades claramente políticas basadas en la configuración en Argentina de una república comunista de corte totalitario al estilo soviético o chino según las preferencias de cada militante. Fue en los primeros meses de 1970 cuando desde el Grupo Fundador se decide otorgar a esta nueva formación política de metodología armada, el nombre de Montoneros, vinculándolo (de forma metafórica), tal y como hemos visto, a acontecimientos históricos nacionales decimonónicos91.

Primera sangre

Sobre la forma de actuar de los montoneros, en los años anteriores al golpe de Estado de 1976, hemos decidido fijarnos en el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, que gobernó en Argentina entre el 13 de noviembre de 1955 y el 12 de octubre de 1958. Fue inspirador de la llamada Revolución Libertadora que derrocó al Gobierno constitucional de Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955 y reemplazó como presidente de facto a Eduardo Lonardi, quien pretendía una conciliación con el peronismo. Además, mantuvo como cuerpo asesor la Junta Consultiva que creara Lonardi, formada por partidos de la oposición al peronismo.

En 1957 se convocaron elecciones para una Convención Constituyente, en un marco de proscripción del peronismo. Estas elecciones provocaron la división de la Unión Cívica Radical al consolidarse un sector concordante con el peronismo, liderado por Arturo Frondizi. Uno de los principales objetivos de la Revolución Libertadora fue la “desperonización del país”, por lo que se persiguió a los funcionarios del régimen derrocado, se intervino la CGT, se destruyeron todos los símbolos del peronismo que habían sido incorporados al aparato del Estado y se llegó a prohibir la sola mención del nombre de Perón, quien pasó a ser llamado el “tirano prófugo” o bien “el dictador depuesto”. El peronismo contestó con una serie de huelgas y sabotajes, iniciando lo que dio en llamarse la resistencia peronista92.

El 9 de junio de 1956, el general Juan José Valle lideró un levantamiento insurreccional con el objetivo de restaurar el Gobierno peronista. El intento fue rápidamente sofocado, siendo fusilados su cabecilla y otros diecisiete militares, y varios civiles en lo que el escritor Rodolfo Walsh llamó más tarde la Operación Masacre. A pesar de que el gobierno militar hizo ingresar al país en el Fondo Monetario Internacional, no deshizo inmediatamente todo el esquema proteccionista típico de las décadas anteriores. Por el contrario, la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes tomaron el control de la exportación de estos productos, se creó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y una empresa estatal para la explotación de carbón en Río Turbio y se inauguraron fábricas y oleoductos. Finalmente, Aramburu convocó elecciones que fueron ganadas el 23 de febrero de 1958 por Arturo Frondizi (quien recibió los votos del peronismo), a quien entregó el poder el 10 de mayo del mismo año, retirándose a continuación del ejercicio activo de la profesión militar. El gestor de este entramado político, Pedro Eugenio Aramburu, fue secuestrado el 29 de mayo de 1970 en la primera acción pública de la organización terrorista Montoneros. He aquí la narrativa de Mario Firmenich y Norma Arrostito, dos de sus líderes más emblemáticos, acerca de este hecho93:

[…] Metimos a Aramburu en un dormitorio, y ahí mismo esa noche le iniciamos el juicio. Lo sentamos en una cama y Fernando le dijo: “General Aramburu, usted está detenido por una organización revolucionaria peronista, que lo va a someter a juicio revolucionario”. Recién ahí pareció comprender. Pero lo único que dijo fue: “Bueno”. Su actitud era serena. Si estaba nervioso, se dominaba. Fernando lo fotografió así, sentado en la cama, sin saco ni corbata, contra la pared desnuda. Pero las fotos no salieron porque se rompió el rollo en la primera vuelta.

Para el juicio se utilizó un grabador. Fue lento y fatigoso porque no queríamos presionarlo ni intimidarlo y él se atuvo a esa ventaja, demorando las respuestas a cada pregunta, contestando “no sé”, “de eso no me acuerdo”, etc.

El primer cargo que le hicimos fue el fusilamiento del general Valle y los otros patriotas que se alzaron con él el 9 de junio de 1956. Al principio pretendió negar. Dijo que cuando sucedió eso él estaba de viaje en Rosario. Le leímos sílaba a sílaba los decretos 10.363 y 10.364, firmados por él, condenando a muerte a los sublevados. Le leímos la crónica de los fusilamientos de civiles en Lanús y José León Suárez.

No tenía respuesta. Finalmente reconoció: “Y bueno, nosotros hicimos una revolución, y cualquier revolución fusila a los contrarrevolucionarios”.

Le leímos la conferencia de prensa en que el almirante Rojas acusaba al general Valle y los suyos de marxistas y de amorales. Exclamó: “¡Pero yo no he dicho eso!”. Se le preguntó si de todos modos lo compartía. Dijo que no. Se le preguntó si estaba dispuesto a firmar eso. El rostro se le aclaró, quizá porque pensó que la cosa terminaba ahí. “Si era por esto, me lo hubieran pedido en mi casa”, dijo, e inmediatamente firmó una declaración en que negaba haber difamado a Valle y los revolucionarios del 56. Esa declaración se mandó a los diarios, y creo que apareció publicada en Crónica.

Sobre la obsesión que tenía este grupo terrorista de izquierdas acerca del cadáver de Eva Perón, respondió —sin grabadora— a las preguntas de los ejecutores:

[…] Anochecía. Lo llevamos a otra habitación. Pidió papel y lápiz. Estuvo escribiendo antes de acostarse a dormir. A la mañana siguiente, cuando se despertó, pidió para ir al baño. Después encontramos algunos papelitos rotos, escritos con letra temblorosa. Volvimos a la habitación del juicio. Lo interrogamos sin grabador. A los tirones contó la historia verdadera: el cadáver de Eva Perón estaba en un cementerio de Roma, con nombre falso, bajo custodia del Vaticano. La documentación vinculada con el robo del cadáver estaba en una caja de seguridad del Banco Central a nombre del coronel Cabanillas. Más que eso no podía decir, porque su honor se lo impedía94.

Al final, el llamado Tribunal Revolucionario sentenció a Aramburu a muerte por los siguientes cargos que los propios montoneros transmitieron a la opinión pública:

En el día de la fecha, domingo, 31 de mayo de 1970, la conducción95 de nuestra organización, constituida en Tribunal Revolucionario, luego de interrogar detenidamente a Pedro Eugenio Aramburu, declara:

I. Por cuanto Pedro Eugenio Aramburu se ha reconocido responsable:

1º) De los decretos 10.362 y 10.363 de fecha 9 de junio de 1956, por los que se “legaliza” la matanza de 27 argentinos sin juicio previo ni causa justificada.

2º) Del decreto 10.364, por el que son condenados a muerte 8 militares, por expresa resolución del Poder Ejecutivo Nacional, burlando la autoridad del Consejo de Guerra reunido en Campo de Mayo y presidido por el General Lorio, que había fallado la inocencia de los acusados.

3º) De haber encabezado la represión del movimiento político mayoritario representativo del pueblo argentino, proscribiendo sus organizaciones, interviniendo sus sindicatos, encarcelando a sus dirigentes y fomentando la represión en los lugares de trabajo.

4º) De la profanación del lugar donde reposaban los restos de la compañera Evita y la posterior desaparición de los mismos, para quitarle al pueblo hasta el último resto material de quien fuera su abanderada.

II. Por cuanto el Tribunal lo ha encontrado culpable de los siguientes cargos, que no han sido reconocidos por el acusado:

1º) La pública difamación del nombre de los legítimos dirigentes populares en general y especialmente de nuestro líder Juan Domingo Perón y nuestros compañeros Eva Perón y Juan José Valle.

2º) Haber anulado las legítimas conquistas sociales instauradas por la Revolución Justicialista.

3º) Haber iniciado la entrega del patrimonio nacional a los intereses foráneos.

4º) Ser actualmente una carta del régimen que pretende reponerlo en el poder para tratar de burlar una vez más al pueblo con una falsa democracia y legalizar la entrega de nuestra patria.

5º) Haber sido vehículo de la revancha de la oligarquía contra lo que significaba el cambio del orden social hacia un sentido de estricta justicia cristiana.

El Tribunal Revolucionario resuelve:

1º) Condenar a Pedro Eugenio Aramburu a ser pasado por las armas en lugar y fecha a determinar.

2º) Hacer conocer oportunamente la documentación que fundamenta la resolución de este Tribunal.

3º) Dar cristiana sepultura a los restos del acusado, que solo serán restituidos a sus familiares cuando al Pueblo Argentino le sean devueltos los restos de su querida compañera Evita.

¡PERÓN O MUERTE! ¡VIVA LA PATRIA!

MONTONEROS96.

En lo que concierne a la manera de ejecución del general Aramburu, escuchamos ahora a los protagonistas secuestradores:

Era ya la noche del 1 de junio. Le anunciamos que el Tribunal iba a deliberar. Desde ese momento no se le habló más. Lo atamos a la cama. Preguntó por qué. Le dijimos que no se preocupara. A la madrugada, Fernando le comunicó la sentencia: “General, el Tribunal lo ha sentenciado a la pena de muerte. Va a ser ejecutado en media hora”.

Ensayó conmovernos. Habló de la sangre que nosotros, muchachos jóvenes, íbamos a derramar. Cuando pasó la media hora lo desamarramos, lo sentamos en la cama y le atamos las manos a la espalda. Pidió que le atáramos los cordones de los zapatos. Lo hicimos. Preguntó si se podía afeitar. Le dijimos que no había utensilios. Lo llevamos por el pasillo interno de la casa en dirección sótano. Pidió un confesor. Le dijimos que no podíamos traer un confesor porque las rutas estaban controladas.

“Si no pueden traer un confesor”, dijo, “¿cómo van a sacar mi cadáver?”.

Avanzó dos o tres pasos más. “¿Qué va a pasar con mi familia?”, preguntó. Se le dijo que no había nada contra ella, que se le entregarían sus pertenencias.

El sótano era tan viejo como la casa, tenía setenta años. Lo habíamos usado la primera vez en febrero de 1969, para enterrar los fusiles expropiados en el Tiro Federal de Córdoba. La escalera se bamboleaba. Tuve que adelantarme para ayudar su descenso.

“Ah, me van a matar en el sótano”, dijo. Bajamos. Le pusimos un pañuelo en la boca y lo colocamos contra la pared. El sótano era muy chico y la ejecución debía ser a pistola.

Fernando tomó sobre sí la tarea de ejecutarlo. Para él, el jefe debía asumir siempre la mayor responsabilidad. A mí [Norma Arrostito] me mandó arriba a golpear sobre una morsa con una llave, para disimular el ruido de los disparos.

“General”, dijo Fernando, “vamos a proceder”.

“Proceda”, dijo Aramburu.

Fernando disparó la pistola 9 milímetros al pecho. Después hubo dos tiros de gracia, con la misma arma y uno con una 45. Fernando lo tapó con una manta. Nadie se animó a destaparlo mientras cavábamos el pozo en que íbamos a enterrarlo.

Después encontramos en el bolsillo de su saco lo que había estado escribiendo la noche del 31. Empezaba con un relato de su secuestro y terminaba con una exposición de su proyecto político. Describía a sus secuestradores como jóvenes peronistas bien intencionados pero equivocados. Eso confirmaba a su juicio que, si el país no tenía una salida institucional, el peronismo en pleno se volcaría a la lucha armada. La salida de Aramburu era una réplica exacta del GAN de Lanusse. Este manuscrito y el otro en que Aramburu negaba haber difamado a Valle fueron capturados por la policía en el allanamiento a una quinta en González Catán. El Gobierno de Lanusse no los dio a publicidad97.

A las siete horas del 1 de junio de 1970, fue asesinado el teniente-general Pedro Eugenio Aramburu, sin haber tenido ninguna oportunidad de defensa. El ejecutor material fue Fernando Abal Medina (jefe del comando), quien le descerrajó un tiro en el pecho al que siguieron tres balazos más, como acabamos de leer. El lugar físico del atentado mortal fue el sótano de una quinta en la localidad de Timote (partido de Carlos Tejedor), en la provincia de Buenos Aires. Este era el tipo de actividades llevadas a cabo por los activistas de ideología marxista en los tiempos anteriores al golpe de Estado de 1976, y será esta metodología violenta la que usarán los uniformados para ejercer el mayor terrorismo de Estado que ha tenido lugar en Argentina, pero también en América Latina.

A partir del asesinato de Aramburu, Montoneros entra en perfecta simbiosis con el peronismo y sus organizaciones juveniles y miles de simpatizantes de esta ideología acudían a las manifestaciones que organizaban, mientras que sus activistas ayudaron en alto grado a sacar al Partido Justicialista de la semiclandestinidad en la que se hallaba. Y desde su exilio en Madrid, Perón alentó a sus miembros, en su proceder guerrillero y violento, pues la lealtad incondicional de esta organización impetuosa le resultaba del todo útil. Perón tildó a Montoneros de “formaciones especiales”, dando a entender que tanto su existencia como la de otras organizaciones armadas peronistas se justificaban —de forma táctica— en la medida de la existencia de gobiernos militares. Les regaló metáforas como “juventud maravillosa”, e incluso, y por carta, refiriéndose a la ejecución del general Aramburu, dijo: “Encomio todo lo actuado”. De esta manera, y como se ha dicho hasta la saciedad, los montoneros creyeron que eran la vanguardia revolucionaria funcional para poner en marcha los planes de Juan Domingo Perón de crear una patria socialista.

En el secuestro y ejecución de Aramburu, Montoneros, a través de los comunicados que difundían del macabro acontecimiento, se presentaban a sí mismos como una unión de hombres y mujeres profundamente argentinos, dispuestos a pelear con las armas en la mano por la toma del poder para Perón y para su pueblo y para “la construcción de una Argentina justa, libre y soberana”. Especificaban, y así apareció recogido en el diario La Nación98: “Nuestra doctrina es la doctrina justicialista, de inspiración cristiana y nacional [...] Lo único foráneo en Argentina son los intereses de los capitales extranjeros ligados al régimen y la mentalidad vendepatria de los gobernantes de turno”.

Aramburu era un símbolo del antiperonismo y matarlo implicaba, de por sí, una definición. El carácter católico originario de la organización se puede observar en la decisión de dar cristiana sepultura a los restos mortales de Aramburu, o cuando pedían “que Dios, Nuestro Señor, se apiade de su alma”. Acerca de su intención de utilizar la violencia terrorista, ya no quedaban dudas cuando afirmaron que el único camino correcto para golpear eficazmente al sistema era la lucha con las armas en la mano, toda vez que llamaban a la confrontación activa e invitaban a los ciudadanos a “unirse a la resistencia armada contra el régimen” porque “el pueblo”, decían, “ya no recibirá solamente los golpes, ahora está dispuesto a devolverlos y a golpear donde duela”. No podían ser más claros ni más explícitos, tal y como veremos ahora.

La toma de La Calera
y los disturbios dramáticos de Ezeiza

El 1 de julio de 1970, el país recibía la sorprendente noticia de la toma por la fuerza de las armas de la localidad cordobesa de La Calera. Como sostiene Lucas Lanusse (2005: 209), ejecutar esta operación cuando habían pasado apenas treinta días del conmocionante secuestro del general Aramburu habla a las claras de la ambición política de aquellos jóvenes guerrilleros. El objetivo manifiesto era que se extendiera la guerra popular99 que abriera paso al regreso de Juan Domingo Perón y a la anhelada revolución. Los montoneros no pensaban detenerse hasta conseguirlo. La acción se había concebido antes del operativo Aramburu y pretendía extender su presencia por varios lugares de la república y La Calera tenía valor icónico en sí mismo porque había sido el último foco de resistencia del peronismo durante la llamada Revolución Libertadora.

Todo empezó el 1 de julio de 1970, a las siete de la mañana, cuando varios militantes realizan un operativo en la localidad cordobesa de La Calera. Toman la comisaría, se asalta el banco de la provincia de Córdoba, se captura la central telefónica y se inutilizan los equipos y se deja en la esquina del banco una caja —supuestamente, un explosivo— que en realidad contenía una grabadora con la marcha peronista. Diversos problemas en el repliegue e incorrectas medidas de seguridad determinan la detención de varios militantes, entre ellos algunos fundadores de la organización.

Dejemos que Lucas Lanusse cuente con mayor detalle cómo sucedieron aquellos acontecimientos. Realmente merece la pena escucharle:

A las siete de la mañana del 1 de julio, unos 25 guerrilleros identificados con brazaletes del color de la bandera nacional y la leyenda Montoneros escrita sobre los mismos ingresaron en La Calera en varios vehículos. Estaban divididos en los comandos Eva Perón, Comandante Ufurunco, General José San Martín y 29 de Mayo. Durante una hora se apoderaron de la central telefónica, la sucursal local del Banco de Córdoba, la comisaría, el correo y la municipalidad, y se llevaron documentos, armas y dinero. En la comisaría, los policías fueron encarcelados y obligados a cantar la marcha peronista. Mientras tanto, otros militantes pintaban “Montoneros” y “Perón o Muerte” en las paredes del centro. Los comandos dejaron La Calera en un convoy de autos, esparciendo clavos “miguelito” a su paso, detrás de un falso patrullero haciendo ulular una sirena. En la población dejaron sonando la “Marcha de los muchachos peronistas”. Mientras se dispersaban en las afueras de Córdoba, comenzaron los problemas. Uno de los automóviles se averió y los montoneros Luis Lozada y José Fierro fueron heridos y detenidos por la policía. A raíz de la información obtenida de uno de ellos las fuerzas de seguridad llegaron a una casa del barrio cordobés de los Naranjos, donde se encontraban los jefes del operativo. Los guerrilleros se resistieron a balazos y en el tiroteo resultaron heridos de gravedad Emilio Maza e Ignacio Vélez. En el mismo lugar también fueron apresados Carlos Soratti y Cristina Liprandi de Vélez, y poco después era detenido en la ciudad Raúl Guzzo Conte Grand. En la casa de los Naranjos las fuerzas de seguridad hallaron un fichero con una lista de colaboradores escrita en clave y que descifraron rápidamente. En los días subsiguientes se realizaron más de doscientos allanamientos y numerosas personas fueron detenidas. Todas ellas vinculadas con el Grupo Córdoba y como consecuencia, alrededor de cuarenta militantes, entre ellos quienes habían participado en la toma de La Calera, debieron pasar a la clandestinidad (Lanusse, 2005: 210-211).

A raíz de estas detenciones llegaron otras en la capital federal y en otros puntos del país que debilitaron notoriamente a la organización terrorista. Pese a todo, el 31 de julio un comando del Grupo Santa Fe asalta el Hospital Italiano de esta ciudad. Debido al incomprensible olvido en la entidad sanitaria, por parte de los asaltantes, de una carpeta con documentación, la policía obtuvo preciosa información que permitió la captura de Mario Ernst y otros guerrilleros. El 1 de septiembre de 1970, Abal Medina, Ramus y otros montoneros asaltan la sucursal de Ramos Mejía del Banco de Galicia y Buenos Aires.

Pese a las crecientes dificultades, logística e intendencia funcionaron. Así, tanto los círculos cristianos iniciales como las parroquias sirvieron de acogida frente a la propia trama de pisos-francos que tenían las FAP, con quienes los líderes montoneros mantenían notables contactos. El máximo responsable de Montoneros, Fernando Abal Medina, realizaba frecuentes encuentros con militantes y simpatizantes de la banda terrorista en la capital federal y en el Gran Buenos Aires. Pretendía reorganizar el grupo. Una de estas reuniones fue organizada para el 7 de septiembre, en la pizzería La Rueda, de William Morris (provincia de Buenos Aires). Iban a participar en ella el mismo Abal Medina, José Sabino Navarro y el cordobés Luis Rodeiro. Esta es la narración de los hechos:

Alrededor de las 19:30, los tres se acomodaron en una mesa apartada del lugar, mientras Gustavo Ramus y Carlos Capuano Martínez montaban guardia afuera en sendos automóviles. Al rato, tres policías de civil ingresaron a la pizzería y se dirigieron directamente hacia donde se encontraban los guerrilleros. Abal les mostró una chapa de la Policía Federal y los agentes provinciales lo saludaron y volvieron sobre sus pasos. En ese mismo momento, un policía uniformado se dirigía al auto de Ramus, quien respondió a los tiros. Quienes estaban dentro del bar —montoneros y policías— también comenzaron a disparar y el tiroteo se generalizó. Abal Medina intentó salir por la puerta y cayó mortalmente herido. Ramus, también alcanzado por las balas policiales, desabrochó una granada de mano que llevaba en la cintura y tras retirar el detonante intentó lanzarla, pero el explosivo estalló en su mano y lo mató en el acto. Sabino rompió una de las ventanas del bar y escapó corriendo, mientras que Capuano Martínez lo hizo en su automóvil. Luis Rodeiro, por su parte, fue detenido. Por el lado de la policía hubo cuatro heridos de bala (Lanusse, 2005: 215-216).

El mismo mes en que sucedieron estos acontecimientos, septiembre de 1970, Montoneros sacaron un comunicado en el que justificaban y asumían la toma de La Calera:

[Comunicado sobre la toma de La Calera, septiembre de 1970] Compañeros: los hombres y mujeres que componemos los Montoneros, brazo armado del movimiento peronista, hemos asestado un golpe a la oligarquía gorila100, ocupando militarmente la localidad de La Calera y recuperando armas y dinero, que serán destinados a la lucha por construir una nación libre, justa y soberana. Lo hemos hecho para demostrar nuestra solidaridad combativa con el pueblo peronista, que ha ganado la calle, que pelea desde las fábricas, en defensa de legítimas aspiraciones y derechos y como repudio a la farsa gobernante de turno. Montoneros prevenimos al pueblo de Córdoba contra las maniobras de los gorilas que dentro y fuera del Gobierno quieren embarcarnos en un nuevo fraude electoral, en el que no podamos votar por Perón, acompañados de algunos tránsfugas de siempre, que se dicen dirigentes peronistas y que repudian la resistencia armada del pueblo y que quieren elecciones porque saben entonces que el queso será más grande. El pueblo debe unirse, sin partidismos sectarios, en torno a las banderas intransigentes de la resistencia, buscando prepararse, organizarse, armarse y que sepan los traidores, los vendidos, los torturadores, los enemigos de la clase obrera, que el pueblo ya no recibirá solamente los golpes, porque ahora está dispuesto a devolverlos y golpear donde duela. Solo peleando conseguiremos recuperar lo nuestro. Los Montoneros llamamos a la resistencia armada por una patria libre, justa y soberana. Con Perón en la patria. PERÓN O MUERTE.

MONTONEROS101.

Más concreto, explícito y clarificador sobre los objetivos políticos reales de Montoneros es el otro comunicado que dieron a conocer a la opinión pública a raíz de la muerte de Abal Medina y Carlos Gustavo Ramus, el 7 de septiembre de 1970, tal y como acabamos de ver. Por cierto que los guerrilleros instauraron esta fecha como Día del Montonero. El texto comienza con una loa hagiográfica hacia la figura de Fernando Abal Medina que, sin embargo, es un testimonio bien importante para conocer las bases dogmáticas e ideológicas, las influencias recibidas, en suma, por parte del que fuera líder indiscutible de Montoneros:

Cuando un revolucionario ha caído a poco de comenzar su lucha, cuando un hombre ha muerto a los 22 años de edad, hay una sola forma correcta de valorar su aporte concreto a la guerra popular. A partir de las acciones realizadas y de las instancias organizativas promovidas, debemos rescatar lo esencial de su proyecto político. En el caso de Fernando Abal Medina, esto no solo es perfectamente posible, sino que los rasgos esenciales de su concepción revolucionaria tienen una absoluta vigencia, como necesidad para la Argentina de hoy. Fernando Abal Medina era un claro y típico exponente de un militante revolucionario en un país semicolonial. Su antidogmatismo, su heterodoxia ideológica, fruto de las distintas vertientes de su formación política, lo hacían naturalmente abierto a la comprensión de las formas específicas que los caminos de la liberación planteaban a los argentinos al fin de la década de los sesenta. Su formación nacionalista le había permitido la comprensión del pasado argentino y el rescate de una línea histórica de resistencia nacional representada por las montoneras del siglo XIX. También eran claras en él la influencia de John William Cooke, al remarcar la potencialidad revolucionaria del peronismo, y de Juan García Elorrio, con el aporte del cristianismo camilista, forma de acceder al vasto mundo guevariano. De esta amalgama ideológica, fraguada en el contacto con los sectores revolucionarios del peronismo —donde no hay que olvidar en aquel momento a la CGTA— y sus naturales condiciones de jefe, va perfilándose el futuro conductor de Montoneros102.

Las palabras aquí escritas rezuman extremada juventud y total desconexión con la realidad social de su país, y mayor desubicación aún con unas ansias de revolución general que nada tenían que ver con el mundo de lo cotidiano. Por lo demás, Abal Medina es elevado al panteón de los líderes del pensamiento planetario y su evolución política, nada original para los tiempos si no fuese por su liderazgo y muerte, es aupada hasta tornarse dogmatismo referencial. El comunicado continúa trasmutando un vil asesinato a sangre fría en un hecho heroico en sí mismo que implicó “la transformación más radical del curso de los acontecimientos políticos”. Fue, dicen, “un hecho revolucionario en sí mismo”. Insisten en que el pueblo comprendía y aplaudía su criminal acción por el grado de conciencia con las masas peronistas y por el perfecto entendimiento entre estas y su líder:

Detengámonos un momento en el Aramburazo, en su implicancia política coyuntural, apartándonos de su enorme significación, de reivindicación popular, de acto de justicia histórica. Implicó la transformación más radical del curso natural de los acontecimientos políticos. Fue patear el tablero, transformar la realidad en la más pura acepción revolucionaria, a partir de una clara voluntad de incidir sobre la misma de una lúcida percepción de los hechos que producían una inmediata identificación popular, que los reconocían como parte de su lucha, y de una profunda fe, en el grado de conciencia de las masas peronistas y de la correspondencia entre ese pueblo y su líder.

Y después venía el proyecto político de Fernando Abal Medina que había que poner en marcha:

Asunción de la guerra popular.

Adopción de la lucha armada como la metodología que hace viable esa guerra popular, mediante formas organizativas superiores.

Absoluta intransigencia con el sistema.

Incansable voluntad de transformar la realidad.

Identificación de la burocracia, como formando parte del campo contrarrevolucionario.

Entronque efectivo en las luchas del pueblo.

Confianza ilimitada en la potencialidad revolucionaria de la clase trabajadora peronista.

Caracterización del general Perón, como conductor estratégico.

Correcta evaluación sobre los amplios márgenes de posibilitantes de actuación dentro del movimiento peronista.

Decisión de luchar hasta el costo de la propia vida.

No puede haber mayor claridad de principios. La lucha armada, o la violencia terrorista, se adoptaba como forma superior de transformar la realidad hacia un modelo de Estado totalitario y corporativo de inspiración peronista, pero reconfigurado ahora bajo el paraguas del marxismo igualitario que cobijaba a los militantes montoneros (Nofal, 2005). Había que ser totalmente intransigente con el sistema sociopolítico imperante y entroncar de manera real con las luchas del pueblo argentino. Los autores del texto tenían confianza ilimitada en la potencialidad revolucionaria de la clase trabajadora que, como sustentamos, no adoptaba paralelismo con la realidad y pretendía canalizar de forma política al movimiento peronista. A la vez, asumía que el general Perón debía ser el “conductor estratégico”. La lucha a muerte por este ideario es típica de las organizaciones terroristas de la época. Y es que todas estas reivindicaciones excepto, claro está, las que tienen que ver con la especificidad peronista argentina, nos las encontramos en ETA, Brigadas Rojas, Fracción del Ejército Rojo, Septiembre Negro y otras, con pocas variantes doctrinarias, por cierto.

El comunicado termina con solemnidad, insistiendo en que ya se había dado el paso definitivo del ámbito teórico al verdadero proyecto político peronista, al revolucionario de verdad:

Esto es lo importante. Si Fernando no veía claro si correspondía definirse como brazo armado, foco irradiador de conciencia u organización revolucionaria de masas. Eso hace más a la discusión teórica posterior que a la puesta en marcha de un proyecto político auténticamente peronista, auténticamente revolucionario. En buena hora, los precursores, los militantes heroicos, dieron preeminencia al momento práctico antes que a la caracterización teórica. Es lo que distingue un hecho revolucionario de una intelectualización revolucionaria. A nuestro país le sobran lectores de la realidad. El mandato transformador de Fernando es una exigencia ineludible103.

Para los grupos de cristianos radicalizados, como sostiene Lucas Lanusse, conocer los nombres de los guerrilleros y legitimarlos fue prácticamente el mismo hecho. Así, tras la toma de La Calera, un grupo de Sacerdotes para el Tercer Mundo sale en defensa de los protagonistas de tal acción, insistiendo en que no eran ni delincuentes, ni fascistas ni drogadictos, sino que los definen como “elementos sanos y limpios de una juventud revolucionaria que se impacienta y busca la transformación de la sociedad”.

La revista Cristianismo y Revolución104 definía a Emilio Maza, Fernando Abal y Carlos Ramus como “tres combatientes caídos”. En esta misma publicación, el sacerdote Hernán Benítez justificaba las acciones de los terroristas montoneros, de quienes decía que “olían a Barrio Norte”, o sea, que pertenecían a la clase acomodada del país, pero que habían llegado al convencimiento de que solo la violencia barrería la injusticia social ante el egoísmo histórico del grupo social al que pertenecían. Sostenía Benítez: “Estos jóvenes sienten, con una fuerza que no sentimos los viejos, la monstruosidad de que un 15 por ciento posea más bienes que el 85 por ciento restante. Viven en un estado de indignación e irritación del que apenas podemos formarnos idea”. Además, como habían oído en casa decir pestes sobre el peronismo, ahora reaccionaban apoyándolo por su ideario de justicia social.

No en vano luchaban contra la sociedad individualista. Buscaban otra realmente justa donde “no existiera la explotación del hombre por el hombre y de una clase sobre otra”, en clara alusión al postulado marxista más popular, que enlazaba, por cierto, con las tesis imperantes en la época, que identificaba al primitivo cristianismo de Jesucristo con el comunismo originario. La vertiente nacionalista venía de la mano del rechazo sistemático a las grandes empresas extranjeras en cualquiera de sus formatos.

Los funerales de los terroristas antes citados se convirtieron en verdaderos actos de homenaje popular y sacerdotal, pues los curas oficiantes tuvieron gran protagonismo en ello105. En el oficio de difuntos de Abal Medina y Ramus, en Buenos Aires, el féretro partió desde el domicilio de sus padres, con una bandera nacional de guerra sobre el ataúd. Cuando arrancaba el cortejo se oyeron vítores a Perón, al nacionalismo patriota y a los primeros mártires argentinos y “mueras” al Gobierno. La procesión, seguida de cerca por dos coches patrulla y dos camiones de asalto, llegó hasta la iglesia de San Francisco Solano, en el barrio de Mataderos, donde esperaba una camioneta con los restos mortales de Ramus. Los dos féretros fueron introducidos al templo, al tiempo que también cubrían el de Ramus con una bandera de guerra. Las palabras pronunciadas por los sacerdotes Azur, Breñaza, Mujica, Ricchiardelli y Benítez fueron de gloriosa apología de su vida y obra mientras justificaban el uso de las armas de quienes ahora enterraban para conseguir un mundo mejor, una sociedad más justa. Luego de las oraciones, el cortejo se dirigió al cementerio de La Chacarita, donde la guardia de infantería que vigilaba obligó a los familiares a retirar las enseñas que posaban sobre los ataúdes.

En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, hubo actos de apoyo a los difuntos, por la lucha del pueblo y por la justicia popular que había ordenado ejecutar a Aramburu. Richard Guillispie sostiene que, en septiembre de 1970, en el Barrio Casas, se produjo la primera manifestación de apoyo a Montoneros en la que participaron mil jóvenes (Guillispie, 1987: 129).

Las reacciones

Cuando se conoció el comunicado sobre la ejecución del presidente Aramburu, Jorge Daniel Paladino, delegado de Perón, reprobó públicamente el hecho. Lo mismo hizo la CGT y el Movimiento Peronista Vertical de Pablo Vicente. Sin embargo, el Movimiento Revolucionario 17 de Octubre, a través de su máximo representante, Gustavo Rearte, afirmó que la acción de las vanguardias armadas concitaba simpatías y entusiasmo en el seno del movimiento peronista. Es evidente que estos jóvenes que daban su vida por un ideario y que gritaban “Perón o muerte” poseían apoyos dentro del peronismo más activo.

La revista Cristianismo y Revolución no paraba de dar cuenta de las colectas en Córdoba y otros sitios para los presos guerrilleros. Las FAP, la Alianza Libertadora Nacionalista, el Movimiento Nacionalista Tacuara, el Movimiento de la Reconquista Argentina, 62 Organizaciones, CGT de los Argentinos, Sindicato Universitario de Derecho y el Sindicato Universitario Argentino hicieron gala abiertamente de su afinidad con Montoneros. Afinidad que era mayor en los sectores más combativos del peronismo, aunque a veces también se consignaron enfrentamientos. Este es el caso ocurrido el 17 de octubre de 1970, en Córdoba, cuando se celebró un nuevo Día de la Lealtad Peronista, y las 62 Organizaciones programaron un acto que reunió alrededor de diez mil personas. Hubo varios oradores, entre ellos José Ignacio Rucci, secretario general de CGT. Desde un sector del público partieron gritos a favor de Montoneros y se pretendió un homenaje a Abal Medina, Ramus y Maza. La iniciativa provocó la cólera del sector adicto a Paladino y Rucci, que “querían echar a los comunistas”. Además, si el asesinato de Aramburu concitaba una total simpatía, ello no significaba que se compartieran mayoritariamente las ideas de los guerrilleros. En verdad, algunas muestras de apoyo respondían a interés y especulación política.

La cárcel fue un lugar donde las adhesiones y apoyos se tornaron más sinceros. En muchos casos los funcionarios y los directores de penales se manifestaban peronistas y protegían a los montoneros presos, quienes recibían visitas de desconocidos con ampulosas certificaciones de reconocimiento.

Pero ¿cuál era la opinión del personaje en torno a cuya figura se realizaban estas acciones terroristas? Juan Domingo Perón, en su exilio dorado de Puerta de Hierro, en Madrid, y bajo la total cobertura del régimen de Franco, guardó silencio ante el secuestro y asesinato de Aramburu. Como sustenta Lucas Lanusse (2005: 239-242)106, Perón se había dado perfecta cuenta de que la guerrilla montonera le otorgaba una carta decisiva para golpear al Gobierno y provocar su regreso al ejecutivo argentino. Además, podía frenar con los guerrilleros al siempre poderoso sindicato CGT. A muchos de los que le visitaban en España les hacía partícipes de su satisfacción con las organizaciones armadas peronistas. A mitad de 1970 le transmitió a la catedrática Alcira Argumdo: “Son nuestros, hay que apoyarlos”, en referencia a los terroristas montoneros.

En otra ocasión envió un libro autobiográfico a presos en Córdoba. En febrero de 1971, en una carta que le escribió a la cúpula ejecutiva de la guerrilla, los trataba de “compañeros montoneros”, y refiriéndose al secuestro y asesinato de Aramburu, les decía: “Estoy totalmente de acuerdo y encomio todo lo actuado”. Aún más contundente fue la misiva que le envió a Carlos Maguid, montonero condenado precisamente por el caso Aramburu: en ella Perón sostenía haber seguido como propia la odisea vivida por el acotado con motivo del “ignominioso juicio que terminó con su inicua condena”. Seguía afirmando que se vivían días tristes en el país, ya que “los verdaderos patriotas” eran objeto de la persecución más despiadada. Confirmaba: “[...] Es larga ya la lista de mártires y de los héroes que están honrando las filas de nuestro justicialismo. Nuestra obligación para con ustedes constituye un deber de conciencia, que ningún peronista podrá olvidar [...] Ya llegaremos un día los que hemos de liberarlos y ofrecerles la reivindicación que los héroes merecen107.

Por la misma etapa, Perón se enorgullecía de una juventud argentina maravillosa que todos los días daba muestras inequívocas de su capacidad y grandeza. Aclamaba que tenía fe absoluta en aquellos muchachos que habían aprendido a morir por sus ideales, siendo esto todo lo que una juventud esclarecida debía saber y realizar. También aplicó este discurso a las FAP, a cuyos miembros bautizó como “valerosos compañeros” y conjeturaba que el momento (inicio de la década de los setenta) era “para la lucha, no para la dialéctica política”. Así que la guerrilla peronista, incluido el grupo Montoneros, pasó a ser una pieza insustituible del movimiento y no tardarían sus agrupaciones en recibir el nombre de “formaciones especiales”.

Pero no nos engañemos: en su habitual tradición política bifaz, el líder exiliado en Madrid espoleaba a la guerrilla, pero también se manifestaba a favor de una eventual salida institucional y de compromiso que le permitiese el retorno al poder en su patria. Por otro lado, en los ambientes no peronistas, las reacciones a los acontecimientos de violencia política narrados hasta aquí fueron contundentes. El presidente Onganía pronunció un discurso, el 2 de junio de 1970, donde denunció la agresión ideológica del extremismo que “en escala continental golpea todas las fronteras de América y del mundo”, y anunció la instauración de la pena de muerte108. La revista Panorama, en su número 192 de diciembre de 1970, introdujo un editorial muy duro haciéndose eco de los últimos atentados terroristas en el país como elemento desestabilizador. El comandante en jefe del Ejército, general Alejandro Agustín Lanusse, en un discurso pronunciado el 29 de diciembre de 1970, dijo: “Después de un siglo, la nación está nuevamente en guerra y el Ejército en operaciones. La guerra no es una contienda clásica de fronteras, sino que se desarrolla por otros medios y en la conquista de las mentes y los corazones” (Lanusse, 2005: 226).

El 2 de enero de 1971, el diario Clarín reproducía las palabras del subjefe de la policía bonaerense en estos términos:

Nuestro país, tierra tradicionalmente de paz, de trabajo y de derecho, se ve agredido hoy por las acciones de guerra revolucionaria todavía ante un gran sector de la sociedad absorto, inerme, que no atina ni siquiera a la defensa vigorosa de los principios que sustentan su estilo de vida. [Por medio de la violencia se pretendía] imponer estructuras comunistas caducas, perimidas, basadas en el yugo a millones de hombres, que gimen su dolor sin esperanzas, que viven en el ultraje de su espíritu y condición de seres humanos.

Se estaba cimentando, tal y como se ve en estos dos testimonios y hay muchos más, el discurso que utilizará en 1976 la Junta Militar para organizar y planificar el golpe de Estado más terrorífico de la historia argentina.

Al final, el fin

Con el paso del tiempo, Montoneros fue perdiendo la base popular peronista en que se apoyaba el movimiento terrorista. Pese a todo, el 2 de julio de 1976 llevaron a cabo un ataque con bomba contra la superintendencia de seguridad de la policía federal argentina, que causó la muerte de 18 personas y heridas a otras 66. Sin embargo, en el segundo semestre de 1976, los líderes más importantes de Montoneros se exiliaron a México. En aquel país establecieron su base y siguieron actuando desde allí.

En enero de 1978, la Conducción Nacional (órgano ejecutivo de Montoneros) se replegó hacia Cuba por motivos de seguridad, pues en México se quiso asesinar a Mario Eduardo Firmenich, quien, el 12 de enero de 1982, desde el país azteca y con el cargo de secretario general del movimiento peronista Montoneros, proponía la creación de una alianza constituyente para una nueva Argentina “socialmente justa, económicamente libre de todo imperialismo económico y políticamente soberana (fuera de la ambientación internacional de bloques, liderada por Estados Unidos y la Unión Soviética), con paz social —sin militares en el poder— e internacionalmente solidaria”. Durante el Proceso (1976-1983), la mayoría de los cuadros activos de Montoneros fueron asesinados o desaparecieron, pero algunos líderes importantes sobrevivieron, como es el caso de Firmenich, Perdía y Vaca Narvaje. Unos pocos, y especialmente Firmenich, fueron acusados de colaborar con los servicios secretos argentinos y de entregar a sus compañeros al fiscal Romero Victoria, aunque nunca se pudieron demostrar estos hechos acusatorios109. El año de 1980 se suele hacer constar como el del final de la actividad armada y de las acciones violentas de Montoneros.

En la actualidad, la organización Montoneros ha dejado de existir y, entre los que lograron salvarse, alguno critica muy duramente a los que formaron parte de su conducción nacional, otros intentan negar o quitar importancia a su participación de juventud y los del tercer sector, y aun reconociendo que se cometieron muchos errores graves, reivindican su pertenencia a la organización terrorista y sus hechos asesinos. Conviene tener presente —como comentan Martín de la Guardia y Pérez Sánchez110— la poca atención con que la historiografía analiza los momentos previos a los golpes de Estado, cuando precisamente las situaciones límite exigen una mirada profunda y atenta a las actitudes de los distintos sectores sociales sobre los cuales actúa de forma constante pero diferenciada la crisis del sistema, hecho este que se convierte en una constante durante los momentos que anteceden a un golpe. Para el caso chileno, un testimonio muy revelador nos lo ofrece el libro de Roberto Ampuero Nuestros años verde olivo.

En el declive de esta organización guerrillera, jugó un papel decisivo —es más que evidente— la acción asesina del Ejército nacional, pero hay que consignar, asimismo, toda la trama de deserciones, abandonos y traiciones que suelen producirse en estas ocasiones y a las que no fueron ajenos los guerrilleros montoneros. Un ejemplo preclaro de esto lo tenemos en la ruptura de los líderes históricos Galimberti y Gelman con la dirección. El miedo, por lo demás, atenazó a aquella sociedad austral, sin olvidarnos de la complacencia y connivencia de tantos sectores sociales con la junta militar, hecho este que tan bien fue aprovechado por el ejecutivo castrense.

En 1971, el comunista disidente brasileño Carlos Marighella, en “Por la liberación de Brasil”, hacía el siguiente pronóstico:

Desde el momento en que una gran proporción del pueblo empieza a tomar en serio sus actividades, su éxito está asegurado. El Gobierno solo puede intensificar su represión, haciendo así la vida de sus ciudadanos más difícil que nunca: se allanarán las casas, se organizarán acciones policiales, se arrestarán a gentes inocentes y las comunicaciones quedarán interrumpidas; el terror policial estará a la orden del día, y habrá más y más asesinatos políticos, en resumen, una persecución política masiva [...] La situación política del país pasará a ser militar (Veiga, 2003).

Sus palabras se iban a volver proféticas a medida que, en la década de los setenta del siglo XX, el terrorismo se iba a expandir por occidente (ETA, Brigadas Rojas, Fracción del Ejército Rojo, Septiembre Negro y otras) y por amplias zonas del planeta. En Iberoamérica, en aquel decenio (1970-1980), asistimos a la articulación de diversos movimientos de guerrillas urbanas. La idea matriz, según la cual la vanguardia proletaria bien preparada tenía la misión salvífica de iniciar la revolución, entronca con la tradición bolchevique, pero sobre todo con el modelo cubano y toma cuerpo con algunos revolucionarios españoles procedentes de la emigración republicana, como Abraham Guillén.

Todo ello explica el nacimiento del Movimiento de Liberación Uruguayo (Tupamaros) en 1962, modelo sobre el que habrían de basarse otras organizaciones terroristas. De pensadores como Herbert Marcuse o Franz Fanon también se tomaron ideas aplicables a la necesidad de la violencia en el cambio social. A la vez que el fracaso de Che Guevara en Bolivia hizo ver que el escenario ideal para la moderna guerrilla era la ciudad, por las posibilidades de anonimato que ofrecía. El gran teórico de la guerrilla urbana, el brasileño Carlos Marighela, proponía la desestabilización de las democracias clásicas en Iberoamérica, con la práctica de la acción-represión-acción que debían emprender los movimientos guerrilleros. Era contundente: había que dejar de lado la conspiración y los preparativos lentos y tortuosos de la tradición izquierdista revolucionaria clásica. Otro factor, característico de este nuevo terrorismo urbano, iba a ser la enorme repercusión mediática que iba a conseguir. Esto era, precisamente, lo que buscaban los guerrilleros. Y esto era, precisamente, lo que no deseaban los gobiernos locales sudamericanos ni los Estados Unidos, porque las revoluciones nacen en el seno de los pueblos, y no era cuestión de divulgarlas para provocar su expansión social.

Desde los inicios de la Administración del presidente Truman, tras la Segunda Guerra Mundial, se había emprendido una cruzada contra el comunismo en la América hispano-portuguesa. Se trataba de que estos países rompiesen relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y evitasen la aparición de comunistas, o mitigasen su posible influencia zonal. Y es que el Pacto de Río, de 1947, situó claramente a Iberoamérica en el ámbito occidental. Claro está que Cuba, desde 1959, se había salido de esta directriz y se trataba de evitar, a toda costa, que su modelo sociopolítico se expandiera por el subcontinente. De ahí que Fidel Castro animara a sus países vecinos a repetir lo que estaba ocurriendo en Vietnam, y bajo la inspiración de Ernesto Che Guevara surgieron movimientos revolucionarios en Perú, Colombia, Chile y Bolivia, donde el Che perdería la vida en 1967.

Iberoamérica, ciertamente, reunía condiciones para la expansión del comunismo debido a las nítidas desigualdades sociales que allí se daban. Para evitar el conflicto, la Administración Kennedy puso en marcha un ambicioso proyecto titulado Alianza para el Progreso, una especie de Plan Marshall local que pretendía reducir la pobreza, el analfabetismo y las enfermedades endémicas. Este presidente prometió diez mil millones de dólares para un periodo de diez años. El objetivo era claro: crear en la zona gobiernos democráticos de corte constitucional y frenar la expansión del marxismo.

El programa fracasó por la corrupción local y por la aceptación de Estados Unidos de gobiernos totalitarios como aliados. Además, Estados Unidos no dudó en actuar militarmente cuando las circunstancias lo requirieron, según su criterio. Así sucedió, por ejemplo, en 1953, cuando el presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, trató de aliviar la pobreza de su país a través de un programa de reforma agraria que incluía nacionalizaciones de la United Fruit Company. El apoyo de los comunistas locales a Arbenz llevó al presidente Eisenhower a autorizar un plan de la CIA para derrocar a este mandatario. Y lo mismo sucedió a finales de los setenta, cuando los marines invadieron Panamá, bajo los auspicios de la CIA, para derrocar al general Noriega, que los americanos habían impuesto en el Gobierno de aquel país. Hubo otros casos. Se inscribió en este contexto la denominada doctrina de seguridad nacional, vigente en las relaciones interamericanas durante gran parte de la Guerra Fría.

Como sustenta Álvaro Lozano (2007: 118), la CIA —como instrumento mediante el cual Estados Unidos podía derribar gobiernos hostiles— consiguió en Iberoamérica una publicidad que no deseaba, se convirtió en la bestia negra de los movimientos antinorteamericanos en el continente y ayudó a la instauración de dictaduras militares en Argentina, Uruguay, Chile o Brasil, a la vez que exacerbó las tensiones que desembocaron en guerras civiles en El Salvador y Guatemala. Por su parte, la llamada Escuela de las Américas, que tuvo su sede en Panamá desde 1946 hasta 1984, fue otro de los hitos desarrollados por Estados Unidos para derrocar la subversión comunista en Iberoamérica.

Allí se formaron en torno a sesenta mil militares de Centroamérica y América del Sur, de más de veinte países. El proyecto nace como doctrina de seguridad nacional en Fort Amador, Panamá, bajo el título denominador de Centro de Entrenamiento Latinoamericano-División de Tierra. El objetivo era terminar con las guerrillas marxistas que pudieran instalarse al sur de Norteamérica. En 1950, el centro pasó a denominarse Escuela del Caribe del Ejército de los Estados Unidos, y en 1963 recibió el apelativo de United States Army School of the Americas (Escuela de las Américas). Aquí se enseñaban tácticas antisubversivas, formas de lucha contra las guerrillas, guerra psicológica e inteligencia militar. La metodología formativa de este centro de adiestramiento militar ha sido duramente criticada por la prensa progresista latinoamericana y por el instructor de la misma, Joseph Balir, quien en 1993 afirmó que en sus tres años como docente en esta Escuela nunca escuchó nada sobre valores como la libertad, la democracia y los derechos humanos. En 1977, el Gobierno de Carter aceptó el reto de trasladar la Escuela a Estados Unidos, ante la presión del Gobierno panameño de Torrijos, hecho que aconteció definitivamente en 1984.

Ante las continuas críticas que recibió esta institución docente, en octubre de 2000, bajo la presidencia de Clinton, se cerró y el 17 de enero de 2001 surge el Instituto de Defensa para la Cooperación de Seguridad Hemisférica, con sede en Fort Benning, Columbus, Georgia. Entre los alumnos de esta Escuela de las Américas, se encuentra D’Aubusson, quien, junto a otros militares, asesinó a cuatro religiosos de El Salvador. El senador demócrata por Massachusetts, Martín Meehan, afirmó textualmente que si la Escuela de las Américas decidiera celebrar una reunión de exalumnos, agruparía a alguno de los más infames e indeseables matones y malhechores del hemisferio. En 1983 se revisó el manual más polémico de cuantos se editaron en esta institución y que incluía métodos de tortura contra la insurgencia comunista. En 1996 el Ejército de los Estados Unidos sacó a la luz determinados documentos de la Escuela de las Américas, incluyendo algunos textos de instrucción general. Todo ello se hizo ante la presión de los organismos internacionales de derechos humanos.

Bibliografía

Azcona, J. M. (2014): “La pasión revolucionaria y marxista. El caso de Montoneros en Argentina (1970-1976)”, Revista Electrónica Iberoamericana, vol. 8, nº 1.

— (2011): “Metodología estructural militar de la represión en la Argentina de la dictadura (1973-1983)”, Documentos de Trabajo-IELAT, nº 32.

Azcona, J. M. y Re, M. (2014): “Mecanismi di radicalizzazione politica all’interno dei Tupamaros uruguaiani e dei Montoneros argentini: contatti, influenze e guerriglia urbana”, Nuova Rivista Storica, vol. 98, nº 1.

— (2015): Guerrilleros, terroristas y revolucionarios (1959-1988): Identidad marxista y violencia política de ETA, Brigadas Rojas, Tupamaros y Montoneros, Thomson Reuters Aranzadi, Madrid.

Besoky, J. L. (2016): “En la patria de Perón ni judío ni masón. Aproximaciones a la cultura política de la derecha peronista en los años setenta”, Història e Cultura, nº 3.

Campos, E. (2016): Cristianismo y revolución. El origen de Montoneros, Edhasa, Buenos Aires.

Caviasca, G. (2011): “La cuestión militar y las organizaciones guerrilleras argentinas”, Cuadernos de Marte, nº 2.

Contardo, M. F. (2016): “Cristianismo y revolución. El origen de Montoneros”, Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina, nº 4.

Donatello, L. M. (2005): “Aristocratismo de la salvación: el catolicismo “liberacionista” y los Montoneros”, Prisma, nº 9.

— (2008): “Sobre algunos conceptos para comprender las relaciones entre religión y guerrilla en la Argentina de los 60 y 70”, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, nº 8.

Lanusse, L. (2005): Montoneros, el mito de sus 12 fundadores, Buenos Aires.

— (2006): “Del motor pequeño al grande: el debate acerca de la relación entre lucha política y lucha militar en los orígenes y primeros tiempos de Montoneros”, Cuestiones de Sociología, nº 3.

Lenci, L. (2011): “Justicia, política y violencia. Un análisis de los cuerpos políticos Montoneros, 1972-1975”, Tiempo Histórico, nº 3.

Lozano, A. (2007): La Guerra Fría, Madrid, p. 118.

Manzano, V. (2014): “Rock Nacional and Revolutionary Politics: The Making of a Youth Culture of Contestation in Argentina, 1966-1976”, The Americas, vol. 70, nº 3.

Oberti, A. (2014): “Repensar la historia de las organizaciones revolucionarias, Argentina, años 70”, Aletheia: Revista de la Maestría en Historia, vol. 5, nº 9.

Otero, R. (2013): “Perón o muerte: la violencia y la izquierda revolucionaria peronista”, Páginas, vol. 5, nº 8.

Ponza, P. (2008): “El Concilio Vaticano II y el ethos revolucionario en la Argentina de los sesenta-setenta”, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, nº 8.

Raimundo, M. (2012): “Los peronistas y las armas entre 1955 y 1966”, Revista Digital de Estudios Históricos, nº 9.

Salcedo, J. (2013): “¿Vanguardia socialista y masas peronistas?: Montoneros”, Temas de historia argentina y americana, nº 21.

Seminara, L. (2015): Sabino Navarro, historia de una disidencia, Imago Mundi, Buenos Aires.

Sessa, M. (2010): “La Cantata Montoneros: Folklore, vanguardias y militancia”, Aletheia: Revista de la Maestría en Historia, nº 1.

Slipak, D. (2012): “Sobre los orígenes: peronismo y tradición en la revista El Descamisado 1973-1974”, Sociohistórica, nº 29.

CAPÍTULO 9

MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL-TUPAMAROS (MLN-T)

Patricia Pinta Sierra

INTRODUCCIÓN

“Donde un Gobierno haya subido al poder por alguna forma de consulta popular, fraudulenta o no, y se mantenga al menos una apariencia de legalidad constitucional, el brote guerrillero es imposible de producir por no haberse agotado las posibilidades de la lucha cívica”.

Ernesto Che Guevara (1977: 12)

La crónica del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) en Uruguay es el relato de una organización capaz de encarnar, al mismo tiempo, una tendencia histórica y una excepción en su desarrollo; el epítome de las luchas guerrilleras fraguadas al calor de la Revolución cubana y una singular anomalía en el curso de las mismas; un camino marcado, en definitiva, por la presencia de puntos de encuentro y desencuentro con el que fuera el pulso sociopolítico de la época en América Latina. Por ello, su estudio contribuye no solo a entender la realidad y dinámicas internas de este pequeño país del Cono Sur, sino que aporta además interesantes claves interpretativas útiles desde el punto de vista comparado. Las pautas de emergencia, actividad y cese de la violencia de este grupo suponen un interesante estudio de caso, que bascula entre la confirmación y el desafío a algunos de los principales hallazgos e hipótesis planteados por la literatura especializada en violencia política y acción colectiva. El MLN-T constituye, en resumen, una pieza destacada en el rompecabezas de la “vía armada” latinoamericana, sin cuyo concurso y análisis no es posible aprehender la complejidad del ciclo de movilizaciones populares que configuraron aquel periodo.

La trayectoria del MLN-T, cuyas acciones se desenvuelven durante la década de los sesenta y comienzos de los setenta, nos sitúa en el tránsito entre las que han dado en llamarse primera y segunda ola guerrillera del subcontinente (Wickham-Crowley, 1993; Castañeda, 1995)111. En particular, sus intervenciones armadas tienen lugar entre los años 1966 y 1972. Por aquel entonces, los ecos procedentes de la Sierra Maestra en Cuba resonaban aún con fuerza a lo largo de toda América Latina. Uruguay había alcanzado notables niveles de desarrollo económico durante la primera mitad del siglo XX, poniendo además en práctica ciertas políticas de bienestar heredadas de la época batllista. Pero este era solo el primero de los rasgos que hicieron de la emergencia de la organización tupamara un caso de tintes atípicos en la región. La presencia de instituciones democráticas estables contravenía a expectativas y experiencias insurgentes previas, demostrando que la celebración de elecciones no era, según se había pensado, una vacuna infalible contra el crecimiento de grupos armados revolucionarios.

Desde el punto de vista estratégico y organizativo, el MLN-T presentó también algunas características diferenciales respecto de las guerrillas campesinas de los sesenta: su carácter eminentemente urbano, la originalidad e imaginación de sus acciones y su denominado “estilo Robin Hood” constituyeron un sello de identidad que situó al movimiento en el foco de la atención pública tanto dentro como fuera de las fronteras uruguayas. Incluso su rápida desarticulación fruto de la maquinaria represiva desplegada por el Estado en 1972, cuando la organización parecía más fuerte, resultó para muchos un acontecimiento inesperado. ¿Cómo podía explicarse una derrota militar tan repentina dada la magnitud, militancia y estructura organizativa del grupo?

Apenas unos meses después del colapso tupamaro, en junio de 1973, los militares protagonizaban un golpe de Estado en Uruguay, un país en el que —a diferencia de lo sucedido en otras latitudes del entorno latinoamericano— las Fuerzas Armadas se habían mantenido tradicionalmente a una prudencial distancia del poder político. Pero la asonada golpista y los oscuros años de dictadura que le siguieron no provocaron la muerte definitiva del MLN-T. Su pulso siguió latiendo en las celdas de las cárceles en que sus miembros se hallaron presos durante años. Así, con el retorno de la democracia en 1985, retornaba también la actividad de la organización. Sin embargo, en este nuevo marco democrático, los Tupamaros optan por dar el paso hacia la actividad política legal. De este modo, dejaban atrás sus años de lucha armada, conformando un interesante caso —de nuevo excepcional— de adaptación partidaria y éxito electoral de un movimiento insurgente.

ORIGEN DEL MLN-T

Uruguay había entrado en el ecuador del siglo XX bajo el aclamado eslogan de “la Suiza de América” (Bordas, 2015: 22 y ss.). Con tal apelativo, analistas y observadores pretendían destacar la inusual bonanza económica que, en términos comparados, disfrutaba este país del sur. Las políticas desarrollistas impulsadas desde comienzos de la centuria por el presidente “colorado” José Batlle y Ordóñez y por sus sucesores, la agroexportación y la aplicación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones habían configurado un escenario de cierta prosperidad, marcado por un Estado intervencionista relativamente fuerte y un peso notable de las clases medias urbanas. Se había impulsado, asimismo, un programa de contenido social que incluía el desarrollo de políticas de bienestar fundamentales como la asistencia sanitaria o la educación pública. Uruguay se erigía, en este sentido, como una sociedad moderna, alfabetizada y secularizada que se hacía valedora de la célebre expresión “como el Uruguay, no hay” (Waldmann, 2010: 2-4)112.

Sin embargo, el primero de los problemas estribaba, como señala Julio Bordas (2015: 26), en la “desviación típica” registrada por el país en sus promedios. La desigualdad lastraba el vuelo de esa sociedad arcádica de las cifras macroeconómicas. Tales agravios eran particularmente flagrantes en el campo. Y es que, a pesar de su destacado papel en la economía, el batllismo había prestado una escasa atención a la problemática rural y la reforma agraria acabó por convertirse en una de sus grandes cuentas pendientes.

Los peones del campo enfrentaban unas condiciones laborales indignas impuestas por los grandes latifundistas. Sin techo, sin escolarización, sin agua potable, sin luz eléctrica, sin paro ni pensiones, los trabajadores de las plantaciones de arroz, caña y remolacha laboraban de sol a sol (o incluso en la noche, “de estrella a estrella”) por salarios de miseria113. En palabras de Bordas (2015: 28), los cañeros apenas “trabajaban para sobrevivir en un régimen de semiesclavitud”. Los derechos fundamentales de ciudadanía parecían, por tanto, no alcanzar a quienes habitaban este mundo alejado del Montevideo capitalino; las leyes de la república que regían en la gran ciudad se tornaban papel mojado en los cañaverales de las tierras del norte.

Por otro lado, y pese a los prometedores datos que la economía había arrojado en la primera mitad de siglo, la década de los sesenta había traído consigo un acompañante indeseado: el estancamiento y la crisis económica hacían temer por los logros conquistados en el curso de los decenios previos. La progresiva aparición de competidores en el mercado internacional de materias primas, y el consiguiente retroceso de las exportaciones, había afectado a las cuentas del país; el modelo de industrialización sustitutiva se mostraba, asimismo, cada vez más agotado.

Uruguay comenzó entonces a registrar tasas de crecimiento negativas, al tiempo que aumentaba la inflación y se reducían los gastos sociales del Estado. La caída de los salarios, el aumento del desempleo y el deterioro de la calidad de vida en las capas medias urbanas habían generado un creciente clima de descontento y frustración relativa (Waldmann, 2010: 4-5; Dinamarca, 2012: 46; Bordas, 2015: 27). Por tanto, y si bien es cierto que Uruguay disfrutaba aún entonces de una situación comparativamente mejor que la mayor parte de países del contexto latinoamericano y distaba de ser un Estado típicamente subdesarrollado, también lo es que los años sesenta supusieron para él un importante retroceso.

Desde el punto de vista político, y como ya señalamos anteriormente, el país había logrado consolidarse como una democracia estable poco acostumbrada a la violencia política. Y es que, de acuerdo con la que podríamos denominar “hipótesis de la paz democrática” (Pinta, 2015: 67 y ss.), este tipo de regímenes poliárquicos presenta una serie de características que hacen de ellos entornos significativamente menos proclives a la violencia que sus congéneres monocráticos. En particular, la apertura de canales de participación y oposición política desincentiva el recurso a repertorios violentos de contienda por parte de los agentes opositores al Estado (Tilly, 2007). Este reconocimiento del derecho a disentir, así como la propia intervención ciudadana en la arena política, contribuyen además a la percepción de una mayor legitimidad del sistema, dotando a las democracias de niveles superiores de apoyo y aceptación social (Davenport, 1995: 690). Desde esta perspectiva, y de acuerdo con la clásica sentencia de Trotsky (cit. en Goodwin, 2001: 289), “la revolución tiene lugar solo cuando no hay otra salida”, es decir, cuando el resto de vías de expresión y acceso a la gestión de los asuntos públicos se encuentran bloqueadas al paso de la ciudadanía.

Tal era, precisamente, la dirección en que apuntaban las palabras que el Che Guevara dedicó a los estudiantes uruguayos en su célebre discurso pronunciado en la Universidad de Montevideo en 1961. En aquella proclama, el Che puso de relieve la importancia de mantener las instituciones democráticas en Uruguay, desmarcando de algún modo al país de la senda trazada por la “vía armada”:

La fuerza es el recurso definitivo que queda a los pueblos. Nunca un pueblo puede renunciar a la fuerza, pero la fuerza solamente se utiliza para luchar contra el que la ejerce en forma indiscriminada […]. Ustedes tienen algo que hay que cuidar, que es precisamente la posibilidad de expresar sus ideas; la posibilidad de avanzar por cauces democráticos hasta donde se pueda ir; la posibilidad, en fin, de ir creando esas condiciones que todos esperamos algún día se logren en América, para que podamos ser todos hermanos, para que no haya la explotación del hombre por el hombre (Che Guevara, 1961, cit. en Lessa, 2002: 61-62).

Aquellas recomendaciones del Che no fueron, sin embargo, escuchadas114. El MLN-T realizaría una lectura distinta de la realidad uruguaya, mostrándose convencido de que —pese a la presencia de instituciones democráticas— el país reunía las condiciones objetivas necesarias para el desarrollo de la lucha armada115. De acuerdo con tales planteamientos, el sistema político mostraba, en la práctica, una impermeabilidad tal que apenas dejaba espacio real a las demandas de transformación y cambio social. Los llamados partidos tradicionales conformaban un “bloque de poder” que dominaba por completo la escena política del país (Waldmann, 2010: 3-4). El Partido Colorado (urbano, liberal, republicano y cuna del batllismo) había mantenido su hegemonía durante nueve décadas hasta que, en los comicios de 1958, se produjo una victoria electoral histórica del Partido Blanco o Nacional (rural, nacionalista, católico y federalista).

La izquierda se hallaba, en todo caso, al margen de esta ecuación bipartidista y sus magros resultados electorales mostraban su incapacidad de jugar un papel relevante en la política institucional. En 1962 obtenía un 3,4 por ciento de los sufragios; cuatro años más tarde, en 1966, se situaba en apenas el 5,7 por ciento. Con tales cifras, las perspectivas de alcanzar el poder por cauces legales resultaban escasamente prometedoras para la izquierda revolucionaria, lo que alimentó su frustración y dio lugar, en determinados grupos minoritarios de militantes, a interpretaciones sobre la esterilidad de la lucha electoral y la necesidad de dar pasos hacia la vía insurreccional (Waldmann, 2010: 7; Rey y Martín, 2016: 179-180).

Dichas lecturas se verían, además, estimuladas por un autoritarismo gubernamental creciente, que iría erosionando el marco democrático vigente en el país durante la década de los sesenta. En este sentido, el impacto de la represión estatal jugaría un papel crucial, según veremos más adelante, en el desarrollo y fortalecimiento del MLN-T. La llegada de Jorge Pacheco Areco a la presidencia en 1967 y su aplicación de medidas excepcionales como herramienta de control y cese de la agitación social constituyen un hito en el recrudecimiento de la contienda. Sus políticas irrespetuosas con los derechos y libertades fundamentales de ciudadanía terminarían así por dar alas y argumentos a la organización armada.

Por último, es imposible entender los orígenes del movimiento tupamaro sin atender al impacto del contexto internacional. El marco de la Guerra Fría y, cómo no, el éxito de la Revolución cubana ejercieron una innegable impronta en la organización armada. La victoria de los rebeldes comandados por Fidel Castro en Cuba alentó la construcción de toda una mitología guerrillera, perfilando una estrategia y modelo de lucha que se extendía como la pólvora a lo largo y ancho del continente latinoamericano.

Como dijera Regis Débray, “Cuba apareció como un trueno en medio del escepticismo y la legalidad. Demostró que la revolución antiimperialista en América Latina era posible, y en ese mismo instante” (cit. en Martí i Puig, 2002: 3). De hecho, autores como Lessa (2002: 53) sostienen el peso fundamental de la dimensión internacional y el proceso revolucionario cubano, por encima incluso de ciertos factores endógenos locales, a la hora de analizar la aparición del MLN-T. En este sentido, y en palabras de Rey y Martín (2016: 183), la opción por la lucha armada en un país como el Uruguay se vio propiciada por “un contexto regional altamente ideologizado y radicalizado como el resultante del triunfo castrista previo”.

De acuerdo con el breve relato esbozado en las páginas previas, a pesar de la existencia de un marco político y socioeconómico a priori poco propicio para el estallido de la lucha armada, en el Uruguay de la década de los sesenta se produjo la confluencia de diversos factores que contribuyen a dar cuenta del surgimiento del MLN-T. La situación de miseria atravesada en el campo, el descontento de las clases medias por el deterioro económico y la falta de respuestas a la crisis por parte de las elites políticas tradicionales, la frustración de ciertos sectores de la izquierda ante el inmovilismo político y sus fracasos electorales, la represión y el autoritarismo creciente o el contexto internacional y los sonoros ecos de la Revolución cubana fueron, sin ánimo de exhaustividad, algunos de los ingredientes clave que conformaron el caldo de cultivo en que ha de enmarcarse el nacimiento y desarrollo de los Tupamaros.

No es de extrañar que, en primer término, la traza de sus orígenes nos lleve precisamente hacia las demandas de carácter sindical de los cañeros del campo, los apodados “peludos”. Raúl Sendic (alias el Bebe), abogado de formación, procurador y fundador del movimiento tupamaro, había marchado hacia el área septentrional del país con el afán de asistir legalmente a los depauperados trabajadores de la caña a finales de la década de los cincuenta. En 1961 contribuye, junto a otros compañeros, a la creación de la denominada Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA). Como señala Labrousse (2009: 16), esta sería una de las matrices del MLN y algunos de sus líderes y militantes formarían parte, más tarde, del núcleo fundador de Tupamaros. En 1962 Sendic encabeza la formación del Coordinador, una estructura que aglutinaba a organizaciones revolucionarias diversas con el objetivo de respaldar las reivindicaciones de los peones del campo116.

Las primeras reuniones del grupo tendrían lugar en la peluquería El Rulo Lacio y su primera intervención armada, en 1963, consistiría en un robo de fusiles en el Club de Tiro Suizo, ubicado en la localidad de Nueva Helvecia. Tras aquella acción, que pretendía servir de suministro de armas para la lucha de los cañeros que trataban de llevar a cabo la ocupación de tierras, Sendic hubo de pasar a la clandestinidad (Bordas, 2015: 44; Rey Tristán, 2006: 98-99). Por aquel entonces, el líder revolucionario ya señalaba con claridad los límites del marco legal vigente, cuestionando la factibilidad de llevar a cabo un proceso transformador mediante la vía electoral: “Hoy en día nos podría dar más garantías individuales un revólver bien cargado que toda la Constitución de la república y las leyes que consagran derechos juntos” (Sendic, 1963, cit. en Bordas, 2015: 218; Figueroa, 2004).

Durante aquellos primeros pasos, el Coordinador protagonizó diversos robos y asaltos a bancos o armerías orientados a sufragar la lucha campesina, así como “ollas populares” y “comandos del hambre”117 que sirvieron de alimento a las familias de los jornaleros y los habitantes de los suburbios de Montevideo (Bordas, 2015: 44; Labrousse, 2009: 20; Rey Tristán, 2006: 100-101). Se organizaron, también, largas marchas de cañeros desde Artigas hasta la capital118. “Por la tierra y con Sendic”, rezaba el eslogan de la gran caravana de 1964, situando sobre el tapete nacional la cuestión agraria y campesina. Al año siguiente, en el Plenario del Parque del Plata, se disuelve el Coordinador. Es entonces cuando surge el MLN-T119, una nueva estructura unificada consagrada a la lucha armada por la liberación nacional y la construcción del socialismo. Su I Convención Nacional tendría lugar en enero de 1966.

FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS

Son probablemente tres los rasgos que, de acuerdo con la literatura, mejor sintetizan la configuración de la matriz ideológica tupamara: el eclecticismo, la flexibilidad y el pragmatismo (Garcé, 2006; 2011; Rey Tristán, 2006; Labrousse, 2009; Bordas, 2015). El MLN-T siempre bebió de diversas fuentes ideológicas. Su nacimiento se inserta en la trayectoria en que discurrían los vientos de la nueva izquierda revolucionaria en América Latina. Pero la composición de sus aristas resultaba mucho más plural. Uno de los elementos presentes en su ideología era, indudablemente, el socialismo. A él se vinculaba su proyecto político120 y de él procedían diversos de sus fundadores. El propio Sendic había militado durante años en el Partido Socialista del Uruguay y se encontraba próximo a corrientes de raíz espartaquista, en la senda de Rosa Luxemburgo, escépticas con las instituciones de la democracia burguesa (Bordas, 2015: 42; 51).

El nacionalismo constituye, asimismo, un ingrediente fundamental del pensamiento tupamaro. Y lo es, además, en varios sentidos. Por un lado, y en tanto que movimiento de liberación nacional, se vincula con el antiimperialismo estadounidense, el tercerismo y las teorías de la dependencia (Waldmann, 2010: 11). El sometimiento económico informal del país al poderoso vecino del norte y la explotación de sus recursos naturales por parte de potencias extranjeras situaban en el centro del tablero, de acuerdo con la formación, la necesidad perentoria de erradicar esas formas —sutiles, pero letales— de dependencia exterior. Por otro, el MLN-T recupera figuras y tradiciones ideológicas domésticas como el artiguismo o las luchas de Aparicio Saravia, reivindica su autonomía política respecto del exterior e insiste en la importancia de pensar y comunicarse en “el lenguaje de los uruguayos” (Rey Tristán, 2006: 167; Labrousse, 2009: 57-58; Garcé, 2011: 121-122). Eso sí, se trató siempre de un nacionalismo compatible con una perspectiva latinoamericanista más amplia que añoraba, de algún modo, aquella vieja idea de la “patria grande” propugnada por Simón Bolívar (Rey Tristán, 2006: 157).

Dentro de esta amalgama de credos e ideas, la organización era también depositaria del influjo ideológico fundamental del anarcosindicalismo, a través de la influencia de distintas figuras del pensamiento libertario y la tradición anarquista italiana. Y es que el anarquismo no solo incidía en la visión política tupamara, sino que irremediablemente impactaba también en su forma de organización, resistente a las jerarquías, y su diseño de acción, en el que la llamada “propaganda por el hecho” ocupaba una posición central (Garcé, 2011: 122). Pero todo este eclecticismo ideológico iba aún más allá. El complejo caleidoscopio tupamaro contenía, además, trazas de otros elementos. Así, el agrarismo blanco, el comunismo cubano o el cristianismo de la teología de la liberación fueron también piezas relevantes, aunque de tamaño diverso, en la confección de su credo.

Esta presencia de distintas corrientes al interior de la organización derivó en la apertura de espacios de autonomía y el distanciamiento respecto de posiciones dogmáticas o doctrinarias (Garcé, 2011: 121). De este modo, la flexibilidad devenía un rasgo distintivo de los Tupamaros. A este carácter dúctil y esquivo con la rigidez acompañaba además un fuerte pragmatismo. En el eterno debate entre la teoría y la práctica, la balanza tupamara se escoraba de manera evidente hacia la segunda. Era, en buena medida, una reacción frente al “teoricismo” de la izquierda tradicional, frente a un verbalismo enredado, según sostenían, en continuas y a menudo estériles discusiones de ideas; pero era la hora de pasar a la acción (Garcé, 2006: 43-45).

No por casualidad una de las máximas del MLN-T sería, precisamente, “las palabras nos separan, los hechos nos unen”. Se trataba, por tanto, de un planteamiento de carácter inductivo en el que la práctica revolucionaria precedía en orden e importancia a la teoría revolucionaria. La premisa subyacente insistía en que la acción genera conciencia colectiva (condiciones subjetivas) y, por ende, abre camino a la revolución. Para autores como Garcé (2006; 2011), dicho pragmatismo, junto a su pluralismo ideológico interno, fueron de hecho claves fundamentales del éxito en su posterior adaptación partidaria. Su capacidad de reinvención, mutación y acomodo a distintas coyunturas permitió a los Tupamaros adaptarse, estratégica y organizativamente, a los nuevos desafíos y transformaciones de su entorno durante las décadas subsiguientes al regreso de la democracia en Uruguay (Martí, Garcé y Martín, 2013).

ORGANIZACIÓN Y FORMAS DE LUCHA

La estructura organizativa del MLN-T fue deudora, en buena medida, de su particular configuración ideológica. De acuerdo con sus estatutos internos, en particular el Documento nº 2, su funcionamiento se ajustaba a los principios clásicos del centralismo democrático propio de las formaciones marxistas-leninistas. Sin embargo, en la práctica, la organización registró niveles notables de descentralización y autonomía, mostrándose en términos generales más democrática, blanda y horizontal en su modo de articulación que los movimientos comunistas tradicionales (Bordas, 2015: 54; 56). La ductilidad y pluralismo ideológico descritos tuvieron, por tanto, su correlato organizativo, resultando según palabras de Garcé (2011: 121) en una “guerrilla invertebrada, mutante, camaleónica” y, en cierto sentido, “desorganizada”.

En todo caso, y más allá de su peculiar maleabilidad, el MLN-T hubo de acomodar su disposición interna a las demandas impuestas por su estrategia de lucha armada. Adoptó, para ello, una estructura jerárquica propia de las organizaciones clandestinas, basada además en el principio básico de la compartimentación como elemento clave para la seguridad. La generación de nichos estancos, en términos de adscripción e información disponible, hacía que ninguno de sus miembros pudiera acumular un conocimiento lo suficientemente extenso sobre el grupo y sus integrantes como para poner en riesgo el proyecto en caso de detención.

En particular, los Tupamaros se organizaban en cuatro niveles distintos, a saber: la Convención Nacional, el Comité Ejecutivo, las células y las columnas (Bordas, 2015: 57-59; Labrousse, 2009: 33-36). La Convención celebraba, en principio, reuniones periódicas cada 18 meses, aunque la realidad acabó por imponer otros ritmos. Durante tales interludios de tiempo era el Comité Ejecutivo, designado por la Convención e integrado por miembros anónimos, quien constituía la máxima autoridad del movimiento121. Las células eran, por su parte, la estructura orgánica básica, el último peldaño de la organización. Su composición contaba con un mínimo de dos y un máximo de siete integrantes conocidos mediante seudónimos122. Finalmente, las columnas, que actuaban como microorganizaciones autónomas, agrupaban a varias células y se estructuraban, a su vez, en tres sectores: militar, político y logístico. La columna 70 de Rosenconf constituyó una excepción en este sentido. Dividida en los frentes estudiantil, obrero y barrial, sería correa de transmisión con la actividad política legal mediante sus vínculos con el Movimiento de Independientes 26 de Marzo (26-M)123, brazo político del MLN-T creado en 1971 bajo la dirección de figuras como Kimal Amir o Mario Benedetti.

Su tamaño experimentó un crecimiento acusado durante sus años de actividad. Los apenas 50 integrantes que conformaron el germen inicial del grupo acabaron convertidos en varios miles —si bien las estimaciones varían en función de las fuentes consultadas, probablemente llegara a alcanzar alrededor de 5.000 miembros con distintos niveles de proximidad e implicación—. También el perfil de sus componentes fue objeto de transformaciones a lo largo del tiempo. El peso inicial de cañeros y sindicalistas en el MLN-T fue siendo progresivamente desplazado por estudiantes y clases medias urbanas.

Según Waldmann (2010: 15), la capacidad de la organización tupamara para atraer hacia sus filas a los sectores más pobres de la sociedad fue, en realidad, limitada. En su lugar, estudiantes de liceo y universidad, oficinistas, profesores y funcionarios conformaban el grueso de su estructura. Los jóvenes desempeñaron, en particular, un papel destacado dentro del grupo, partícipes de lo que Orellana (2012) define como “utopía generacional”. Fueron muchos los que confluyeron en la militancia guerrillera y mucho a lo que se expusieron con su implicación en la actividad armada. Se convirtieron, de hecho, en blanco primordial de la creciente represión estatal. Tanto es así que, de acuerdo con la mencionada autora, el 76 por ciento de los detenidos por causas políticas en Uruguay tenía entonces edades comprendidas entre los 18 y los 34 años (Orellana, 2012: 107). Por último, y en lo que respecta a la presencia de mujeres dentro del movimiento, la formación registró niveles comparativamente superiores a los de otras organizaciones insurgentes. Aproximadamente una de cada cuatro integrantes, en torno al 25 por ciento, era mujer (Bordas, 2015: 63). Sin embargo, y pese a la importancia de dicha participación, el papel femenino en el MLN-T fue todavía objeto de ciertos límites. Así lo señala Labrousse (2009: 40-41) al incidir, por ejemplo, en su ausencia en los puestos de dirección o su escasa participación en ciertas decisiones trascendentales del grupo.

En cuanto a estrategia y repertorios de contienda, el MLN-T exhibe también ciertas particularidades que lo distancian de otros movimientos armados. Su marco general de actuación y referencia fue, como el de tantas guerrillas latinoamericanas del periodo, la denominada “teoría del foco” puesta en práctica por la Revolución cubana. El foquismo, cuyos planteamientos habían sido desarrollados fundamentalmente por Ernesto Che Guevara y Régis Debray, sostenía —en palabras del primero— que “un pequeño grupo de hombres decididos y sin miedo a la muerte, con el apoyo del pueblo, puede vencer a un Ejército regular y disciplinado” a través de la guerra de guerrillas (cit. en Martí i Puig, 2002: 20, nota 5); el componente voluntarista jugaba, por tanto, un papel fundamental en la creación de las condiciones —subjetivas— necesarias para la activación del estallido revolucionario.

La acción de ese “foco” inicial de activistas esforzados sería capaz, mediante su ejemplo y lucha, de agitar conciencias en pro de la movilización popular (Rey Tristán, 2006: 57-58). La adopción de esta estrategia suponía un cuestionamiento frontal a las perspectivas de corte gradualista para la toma del poder, así como una apuesta decidida por la violencia como senda privilegiada de acción política. Tal era precisamente la resolución adoptada por la organización tupamara en su Documento nº 1: “Descartamos la posibilidad de tránsito pacífico hacia el poder en nuestro país […]. La única vía para la revolución socialista será la lucha armada […]. Las verdaderas soluciones para nuestro país implican un enfrentamiento directo y violento con la oligarquía y sus órganos de represión”.

Sin embargo, frente al énfasis en el locus rural realizado por el foquismo, el MLN-T desplazó el centro de gravedad de la organización hacia el ámbito urbano. En realidad, tal decisión era una respuesta adaptativa a las características orográficas y demográficas del Uruguay. Por un lado, Montevideo concentraba a prácticamente la mitad de la población de este pequeño país, ampliamente urbanizado. Por otro, se trataba de un territorio eminentemente llano, en el que su cima más alta —el cerro Catedral— apenas alcanzaba los 500 metros. Esta ausencia de terreno montañoso, escarpado y selvático, escondite habitual de las organizaciones rebeldes124, hacía necesaria la búsqueda de espacios alternativos de actividad y refugio.

El amplio despliegue subterráneo de la organización tupamara a lo largo de la red de alcantarillado capitalina ilustra a la perfección dicha estrategia de adaptación al terreno: “Todos los viernes, mientras los demás jóvenes iban a bailar, ellos recorrían las alcantarillas, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, para hacer el levantamiento de sus planos” (Labrousse, 2009: 22). Junto a este control de las cloacas, el MLN-T disponía además de unos 200 túneles, “tatuceras” y escondites en los que llegaron a habilitar instalaciones como fábricas o incluso un hospital (Bordas, 2015: 59). La ciudad se convierte, por tanto, en núcleo de la actividad rebelde y los Tupamaros se erigen, frente al modelo de guerrilla rural emanado de Cuba, en ejemplo paradigmático de la denominada “guerrilla urbana” (Dinamarca, 2012)125. Una nueva muestra de los principios de pragmatismo y autonomía que caracterizaron el devenir del grupo.

Otro de los principales rasgos distintivos de la organización fue, como ya mencionamos con anterioridad, el empleo de la “propaganda armada”. Pero sus intervenciones adoptaron un estilo peculiar. Su carácter imaginativo, su teatralidad, simbolismo e ingenio atrajeron la atención de la opinión pública uruguaya e hicieron del MLN-T una guerrilla conocida en muchos lugares del globo. El valor de la comunicación y el contenido del mensaje eran un elemento fundamental del accionar tupamaro. Con sus intervenciones pretendían denunciar la corrupción y obsolescencia del sistema político, poniendo en evidencia sus fallas, injusticias y debilidades (Waldman, 2010: 8). Dicha estrategia les hizo valedores, durante los primeros años, del sobrenombre de guerrilla Robin-Hood126. Buena parte de sus acciones revestía, por aquel entonces, un cierto carácter “redistributivo” en esa voluntad de condena de los desmanes del régimen y sus abusos contra los más pobres (Demasi, 2016: 9). De este modo, el reparto en los suburbios capitalinos de alimentos y otros enseres robados —se cuenta que, incluso, juguetes para los niños— se convirtió en una práctica representativa de su modo de proceder.

Tal y como narra Demasi (2016: 13-14), en febrero de 1969 la organización lleva a cabo dos acciones con un fuerte impacto comunicativo y contenido simbólico en el sentido expuesto. De un lado, asaltaba la financiera semiclandestina Monty y lograba hacerse con diversos documentos y libros de contabilidad de la compañía. Esta, sin embargo, no denunció el robo. Y es que en ellos se registraban prácticas ilegales en las que aparecían implicados nombres relevantes del Gobierno. Los Tupamaros denunciaron los hechos y entregaron a la justicia los libros de cuentas, pero un oportuno —y sospechoso— incendio en las oficinas de la financiera había terminado por destruir todas las pruebas y archivos de la empresa. De otro, un comando del MLN-T incautaba la recaudación del Casino de San Rafael. Sin embargo, días más tarde, ofrecía la reintegración de la parte del dinero robado correspondiente a sus empleados (es preciso distinguir, declaraban en su comunicado, “entre la propiedad burguesa y la propiedad de los trabajadores”); en este caso, el Gobierno amenazó con despedir a los empleados que aceptaran dicho monto, acusados de encubrimiento. Las “vergüenzas” del sistema quedaban al descubierto y los Tupamaros anunciaban, como el niño en la fábula, que el emperador estaba desnudo.

Este tipo de operaciones, con una fuerte carga de denuncia y vocación de concienciación social, granjeó a los Tupamaros importantes niveles de respaldo popular. Por aquel entonces, sus acciones eran generalmente incruentas y regidas por los principios de minimización de víctimas y uso contenido de la violencia (Waldmann, 2010: 14; Bordas, 2015: 60). Labrousse (2009: 41-43) señala, en este sentido, cómo el humanismo y el establecimiento de límites severos al ejercicio de operaciones que pudieran provocar daños a la población civil fue crucial durante los primeros años de actividad del grupo; también en eso se diferenciaban de otras organizaciones armadas del subcontinente. De acuerdo con Demasi (2016: 15), aquel apoyo inicial de la opinión pública se debía, precisamente, a que sus acciones discurrían dentro de los límites de transgresión y disidencia tolerados socialmente.

Pero junto a los atracos, falsificaciones, engaños e “intervenciones Robin Hood”, fueron ganando cada vez más peso otro tipo de actuaciones que implicaban un grado creciente de violencia contra las personas y el patrimonio, especialmente a partir de 1970. Se produce, así, una evolución en las estrategias de lucha tupamaras con un vuelco militarista que los aproxima, cada vez más, a los métodos convencionales de la actividad guerrillera. Los secuestros, la dureza en el trato a los prisioneros —incluyendo en un caso, como veremos más adelante, la ejecución— o los enfrentamientos armados con la policía comenzaron a formar parte importante de los repertorios de contienda del grupo (Waldmann, 2010: 17). Esto supuso un claro distanciamiento entre el MLN-T, cuya imagen justiciera y amable había quedado seriamente dañada, y la ciudadanía uruguaya. Pero fue un riesgo —probablemente mal calibrado— que la organización había decidido asumir: “No queremos”, afirmaba un miembro de la organización, “que la gente piense que somos Santa Claus” (Demasi, 2016: 23).

DESARROLLO DE LA ACCIÓN VIOLENTA

Los primeros pasos del MLN-T estuvieron eminentemente orientados al aprovisionamiento de rifles, revólveres, fondos e infraestructuras que pertrecharan al grupo para el desarrollo de la lucha armada; el lema era por aquel entonces, según rezaban los pasquines de la época, “Ármate y espera” (Brum, 2016: 59; 73-76). Transcurridos algunos meses desde su fundación, el 22 de diciembre de 1966, la organización tupamara se da a conocer a la opinión pública. Aquel día se había previsto el asalto a un local de la empresa FUNSA con el propósito de robar la nómina y los aguinaldos del mes. Pero la policía detuvo a varios de sus integrantes y uno de ellos, Carlos Flores, resultó herido de muerte en medio de un tiroteo. Aquella operación constituyó, de algún modo, el bautismo de fuego y puesta de largo para el grupo armado.

Fue también en 1966 cuando, tras los comicios celebrados a finales de año, retorna al poder el Partido Colorado y Óscar Diego Gestido resulta elegido presidente del Gobierno. Pero poco tiempo después de iniciar su andadura presidencial, en 1967, fallece de un repentino infarto. Como consecuencia de tal suceso, el hasta entonces vicepresidente Jorge Pacheco Areco asume el cargo hasta el final del mandato. La adopción de las denominadas “medidas prontas de seguridad” para poner freno a la agitación social, en un contexto de crisis económica creciente, se convirtió en funesta seña de identidad de su Gobierno. La censura, la represión y el recorte de derechos y libertades supondrían un serio menoscabo para la democracia uruguaya, cada vez más herida de muerte.

Tales acontecimientos tendrían una importancia crucial en el desarrollo de la organización tupamara. La represión desplegada por el Gobierno de Pacheco actuó, en la práctica, como acicate de la actividad insurgente. Generadora agravios, fuente de indignación y pronta a dinamitar los canales democráticos de manifestación del disenso, su política alimentaba las simpatías hacia el MLN-T. Como sostiene Bordas (2015: 48), “sin la brutal represión del ‘colorado’ Pacheco, no habría sido verosímil la construcción de un imaginario colectivo que hiciera mínimamente inteligible y aceptable la reacción de los tupamaros”.

La muerte de Líber Arce —primer estudiante asesinado a manos de la policía— durante una manifestación universitaria en 1968 se convirtió en todo un símbolo de la represión de aquel periodo. En palabras de Eleuterio Fernández Huidobro, dirigente de la organización armada: “Pacheco fue el más grande creador de tupamaros que hubo en el Uruguay jamás, y lo digo como tupamaro... Vino Pacheco y empezó a dar palo a todo el mundo, a los bancarios, a los empleados públicos, a los estudiantes... Y de ahí en adelante se produce el auge de los tupamaros” (Lessa, 1996: 201-202, cit. en Bordas, 2015: 49).

La polarización social, el cierre de oportunidades políticas y el giro autoritario del Gobierno jugaron, en definitiva, un papel crucial en el crecimiento y desarrollo del movimiento armado (Rey Tristán, 2006; Rey y Martín, 2016: 183).

En los años siguientes, el número de acciones del MLN-T experimentó un acusado incremento. Hasta 1968, de acuerdo con Bordas (2015: 68), los Tupamaros habían llevado a cabo menos del 10 por ciento de sus intervenciones armadas. Estas se duplicaron en el curso de los años 1969 y 1970; sin embargo, fue entre 1971 y 1972 cuando tuvo lugar el 70 por ciento de su actividad insurgente. Pero no se trataba únicamente de un cambio de magnitud, sino que, como ya analizamos en apartados previos, se produjo además una transformación de carácter estratégico en la que el grupo armado revistió un perfil militarista cada vez mayor, en menoscabo de los actos de propaganda armada que habían caracterizado a sus primeros años.

En 1969, y haciendo coincidir la fecha con la conmemoración de la muerte del Che Guevara en Bolivia, los Tupamaros realizan una de sus grandes operaciones militares: la toma de la ciudad de Pando (Brum, 2016: 116-126). Con ella, el MNL-T quería efectuar una demostración de fuerza que alimentara la idea de la existencia de un “doble poder” en el Uruguay. Y en ella participaron miembros destacados de la organización como Sendic, Huidobro o Mujica. Como estrategia de camuflaje para internarse en la localidad, y provistos de la imaginación característica del grupo, simularon formar parte de un gran cortejo fúnebre. Se tomaron diversos objetivos, entre los que figuraban la comisaría, la estación de bomberos, la central telefónica y varias sucursales bancarias. La operación, tras algunas horas, fue abortada por las fuerzas de seguridad y se saldó con numerosas detenciones y la muerte de diversos guerrilleros, un civil y un agente de la policía. Poco después, la organización perpetraría el asesinato del guardia Carlos Rubén Zambrano, probable responsable de la muerte de los tres tupamaros caídos en la toma de Pando. A esta ejecución siguió la de Morán Charquero, policía investigado por la comisión de torturas (Bordas, 2015: 69-70).

En mayo de 1970 tiene lugar otro de los grandes golpes militares del MLN-T. Se trata del asalto al Centro de Instrucción de la Marina (CIM), en el que el grupo logra hacerse con un arsenal de armas sin disparar un solo tiro. Antes de marchar, los tupamaros izaban allí su bandera y dejaban escrito el siguiente mensaje: “Por aquí pasó el pueblo” (Brum, 2016: 149-152). Aquel año se produce también el secuestro de dos personalidades extranjeras, dentro del denominado Plan Satán: el cónsul de Brasil y el jefe del programa USAID, Dan Mitrione (Labrousse, 2009: 45 y ss.; Brum, 2016: 162 y ss.).

El secuestro de Mitrione acabaría por convertirse en un episodio destacado en la historia de la organización armada127. Este agente vinculado al FBI había sido consejero de la policía uruguaya (como antes también lo fuera en Brasil) y se hallaba especializado en el uso de métodos violentos de contrainsurgencia y prácticas de tortura. La trágica intervención política de los Estados Unidos en la región quedaba, una vez más, al descubierto. Para su liberación, el MLN-T exige la excarcelación de los presos políticos tupamaros; en caso contrario, Mitrione sería ejecutado. La operación finalizó, en medio de una gran expectación, con la detención de varios miembros de la dirección tupamara (entre los que se encontraba el propio Sendic) y el asesinato del agente Mitrione. Su cadáver fue descubierto en un vehículo, amordazado y víctima de varios disparos, al día siguiente.

En 1971 continúan los secuestros. Entre sus víctimas (a los que solían denominar “chanchos” y recluir en las llamadas “cárceles del pueblo”) figuraban personalidades como el embajador de Reino Unido, el fiscal de la Suprema Corte o el empresario Ricardo Ferrés. Durante aquellos meses tiene lugar también un terrible suceso, que seguiría debilitando la imagen del MLN-T frente a la opinión pública: el asesinato del peón agrícola Pascasio Báez (Bordas, 2015: 74-75). Mientras caminaba por el campo en busca de una yegua, Pascasio vio por casualidad uno de los escondites (tatuceras) de los Tupamaros. Fue detenido por la organización que, tras valorar diversas opciones como, su retención o incluso su salida del país, decide la ejecución del campesino mediante una inyección letal.

Como señala Labrousse (2009: 42; 108), aquel episodio supondría un verdadero trauma para el movimiento armado o, en palabras de Kimal Amir, “un cimbronazo brutal en la sociedad uruguaya que se reflejaba en nuestros propios militantes”. En el curso de 1971 alcanzaron además gran protagonismo las fugas carcelarias tupamaras. El 30 de julio logran escapar de la cárcel de mujeres 38 guerrilleras en el Operativo Estrella. Poco después, en el mes de septiembre, tiene lugar El Abuso. Este plan de fuga permitió la salida, a través de la excavación de un túnel, de 106 tupamaros (muchos de ellos, miembros de la dirigencia) y 5 presos comunes del Penal de Punta Carretas: una evasión sin precedentes en el Uruguay y uno de los mayores escapes carcelarios de la historia.

Clara Aldrighi (2012) sintetiza esta evolución y desarrollo de la actividad tupamara en cuatro fases sucesivas (cit. en Dinamarca, 2012: 49 y ss.). La primera etapa, iniciada en 1965, se corresponde con un periodo de aprovisionamiento y adiestramiento militar para los miembros del grupo armado. La segunda fase se inaugura en diciembre de 1966. Según vimos, durante su transcurso el MLN-T se dedica fundamentalmente al desarrollo de actividades de propaganda armada que logran despertar las simpatías de una buena parte de la opinión pública uruguaya. La toma de la ciudad de Pando en 1969 puede considerarse, de acuerdo con la citada autora, punto de partida de una tercera etapa en el devenir y rumbo de la organización. Durante este periodo, el MLN-T incrementa de manera notable el número de intervenciones armadas y refuerza su perfil militarista. Por último, en 1972, se inicia la última fase de actividad insurgente del movimiento tupamaro. A ella irá consagrado el siguiente bloque.

FIN DE LA VIOLENCIA ARMADA

“Somos indestructibles”. Con estas palabras, pronunciadas en un reportaje publicado por la revista Al Rojo Vivo en 1969, los Tupamaros ponían de manifiesto la fortaleza y crecimiento experimentados por la organización durante aquellos años (Lessa, 2002: 20). Y es que, según hemos visto, en los albores de la década de los setenta el MLN-T había desplegado una amplia capacidad operativa que hacía de él una pieza clave en el panorama político del Uruguay. Pero las cosas cambiarían de manera abrupta en apenas unos meses con la entrada en escena de las Fuerzas Armadas a cargo de la lucha contrainsurgente.

Ante el vigor demostrado por la organización tupamara con operaciones como la gran evasión, y en un contexto de enfrentamientos crecientes, Pacheco había considerado insuficiente la actuación de la policía; era preciso recurrir también a la intervención militar (Waldmann, 2010: 9). Su sucesor y protegido, Juan María Bordaberry, sería elegido nuevo presidente de la república —entre acusaciones de fraude— durante los comicios celebrados en noviembre de 1971. Con él, la actividad antisubversiva continuó redoblando esfuerzos.

El Ejército, tradicionalmente al margen de la vida política uruguaya, quedaba ahora al mando de las operaciones de contrainsurgencia. Se trataba, en realidad, de un esquema de trabajo que devendría frecuente en numerosos países la región. En este sentido, la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá y auspiciada por los Estados Unidos, se erigía en centro fundamental de formación en prácticas represivas para miles de policías y militares latinoamericanos. La denominada doctrina de seguridad nacional y la lógica del “enemigo interno” se convertían así en líneas maestras de actuación para gobiernos y fuerzas de seguridad del subcontinente. Tales prácticas acabarían por cristalizar tiempo después en la siniestra Operación Cóndor128.

Junto a las Fuerzas Armadas, es necesario aludir también a la intervención de los grupos paramilitares de extrema derecha: el Escuadrón de la Muerte. Estos movimientos de contrainsurgencia —entre los que destacaban la Defensa Armada Nacional y los Comandos Caza Tupamaros— llevaron a cabo prácticas represivas de diverso tipo contra militantes de izquierdas, miembros de la guerrilla y simpatizantes de la organización (Bordas, 2015: 75-76). El Plan Hipólito del MLN-T, activado el 14 de abril de 1972, tenía precisamente como objetivo de sus ataques a integrantes dichos grupos (Labrousse, 2009: 110-114).

La escalada de violencia producida durante aquellos días, con la sucesión de diversos atentados y ejecuciones, desembocaría en la aprobación del estado de guerra interna por parte de la Asamblea General. En este contexto, y en tan solo unos meses, los Tupamaros serían militarmente derrotados. En el transcurso de 1972 la organización había quedado prácticamente desarticulada y sus principales líderes habían resultado presos o huidos en el exilio. En este breve lapso de tiempo, las Fuerzas Armadas desmantelaron la mayor parte de la infraestructura tupamara, destruyeron sus tatuceras y detuvieron a miles de ciudadanos. El empleo sistemático de la tortura fue crucial para el logro de tales objetivos. Su ejercicio lograba infundir el miedo entre la población y obtener información a través de las delaciones conseguidas mediante sus macabras prácticas: los simulacros de fusilamiento, las electrocuciones, los ahogamientos, las golpizas, los pinchazos en pechos y genitales o las quemaduras en párpados y encías conseguían arrancar las confesiones de los miembros de la organización (Bordas, 2015: 79-80).

La relación entre represión estatal y actividad insurgente ha sido objeto de profundos debates y discusiones teóricas (Pinta, 2015: 98 y ss.). En realidad, y en función de la intervención de variables diversas, la asociación entre ambos fenómenos puede revestir características de muy distinto signo. En el caso que nos ocupa, el vínculo entre rebelión y violencia estatal parece ajustarse a la denominada hipótesis de la “U-invertida” (Gurr, 1970). De acuerdo con tal planteamiento, la represión es fuente de indignación y agravios que alimentan la actividad opositora de los disidentes. Así ocurrió, según vimos, durante los primeros años de la llegada de Pacheco a la presidencia. No obstante, y ante determinadas circunstancias, cuando se alcanzan ciertos umbrales de violencia gubernamental puede producirse un efecto disuasorio de la actividad rebelde que provoca un descenso de la protesta. Tal sería precisamente el impacto de la implicación de las Fuerzas Armadas uruguayas en la lucha contrainsurgente. En todo caso, el modo en que se produjo la desarticulación del MLN-T no deja de suscitar algunos interrogantes. ¿Cómo fue posible una derrota tan rápida de la organización dadas su trayectoria y envergadura? ¿Cuáles son las causas que explican la implacable efectividad de la represión y la caída del grupo?

Entre los motivos aducidos por la literatura para dar respuesta a dichas preguntas figuran, en primer lugar, la inexperiencia y debilidad en la formación militar de sus integrantes. Los Tupamaros demostraron ser imaginativos y audaces maestros de la propaganda armada. Sin embargo, sus dotes como guerreros, su instrucción marcial y la calidad del armamento del que disponían presentaban serias limitaciones (Bordas, 2015: 87). En este sentido, Waldmann (2010: 20) recuerda el rápido crecimiento de la organización, que reclutó a buena parte de su militancia entre universitarios y jóvenes estudiantes de instituto. Su escaso entrenamiento militar difícilmente podía suponer una amenaza seria y capaz de hacer frente a unas Fuerzas Armadas adiestradas en técnicas de contrainsurgencia. El MLN-T subestimó, de algún modo, el potencial del Ejército, sobrevalorando su propia capacidad de embarcarse en una guerra abierta contra las fuerzas de seguridad del Estado.

Por otro lado, y según se expuso en páginas previas, el giro estratégico militarista efectuado por el movimiento tupamaro a partir de 1970 erosionó las bases sociales de apoyo con las que la organización había contado durante sus primeros años. Este deterioro de su legitimidad, imagen y simpatías entre la población uruguaya situaba al MLN-T en una posición de mayor debilidad y aislamiento a la hora de afrontar los embates de la represión estatal. La creciente espiral de violencia atravesada por el país durante el periodo fue, de este modo, alejando del grupo armado a aquellas clases medias que un día lo miraron con cierta complicidad (Waldmann, 2010: 18).

Asimismo, la tradición democrática del Uruguay había actuado siempre como una suerte de muro de contención frente a las ansias revolucionarias alimentadas por los Tupamaros. La presencia de las instituciones propias de una democracia representativa restringía, en este sentido, su capacidad de concitar la movilización y respaldo necesarios por parte de una ciudadanía reacia a atacar a gobiernos que ella misma había elegido (Waldmann, 2010: 20). En esta línea, y analizando las causas del fracaso de la vía armada en el Uruguay, Alfonso Lessa (2002) llegó a calificar el proyecto tupamaro como una “revolución imposible”, alegando la ausencia de las condiciones políticas y socioeconómicas que permiten vehicular los estallidos insurreccionales. De acuerdo con el citado autor, el empleo de la violencia como instrumento privilegiado de acción política por parte del MLN-T constituyó, en último término, el germen de su propia derrota (Lessa, 2002: 32-33; 322). En todo caso, y más allá de este tipo de valoraciones y análisis, lo que sí parece evidente es que en la desarticulación de la organización tupamara confluyeron factores de carácter tanto interno (asociados a su fortaleza y decisiones estratégicas) como externo (vinculados al contexto sociopolítico y al propio ejercicio de la represión estatal), cuyo concurso resultó letal para la permanencia del grupo (Rey y Martín, 2016: 190).

La deriva represiva adoptada por el Gobierno, así como su progresivo recorte de derechos y libertades, culminarían poco tiempo después, en junio de 1973, con un golpe de Estado. El presidente Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvía las cámaras del Parlamento, y daba comienzo entonces una terrible dictadura que situaba a Uruguay, un país de larga tradición democrática y constitucional, en el funesto mapa de los regímenes autocráticos y militares de la región. La ilegalización de partidos y sindicatos, la censura de los medios de comunicación y la persecución de los opositores al régimen marcarían el rumbo político del país durante el transcurso de los siguientes doce años. Los resultados del referéndum convocado por la dictadura en noviembre de 1980 constituirían un primer paso en la apertura del camino hacia la transición democrática129. Pero aún habría que esperar algunos años más para poder recorrer aquella senda. En 1984 tiene lugar la firma del Pacto del Club Naval entre jerarcas militares y representantes de distintas formaciones políticas: un acuerdo crucial para el cambio de régimen y el retorno de la democracia a Uruguay. Como resultado de dicho compromiso, ese mismo año se celebraban los comicios en los que Julio María Sanguinetti, miembro del Partido Colorado, sería elegido nuevo presidente de la república.

En este contexto de tránsito hacia la democracia, y en el curso del mes de enero de 1985, Raúl Sendic plantea —a través de un comunicado retransmitido por radio— la inserción del MLN-T en la legalidad “sin cartas en la manga” (Bordas, 2015: 110). Este sería el primero de una serie de movimientos sucesivos que llevarían al grupo armado a apartarse de la vía insurreccional para convertirse en un nuevo partido político. En el mes de marzo de aquel mismo año, y en cumplimiento de la Ley de Amnistía 15.737, los últimos presos tupamaros (conocidos como los “rehenes”) abandonan las cárceles del país. Encerrados en condiciones de aislamiento y especial dureza, entre los prisioneros se hallaba buena parte de la dirigencia del movimiento: desde el propio Sendic hasta nombres como Huidobro, Marenales, Zabalza, Roseconf o Mujica (Garcé, 2011: 122). Inmediatamente después de su excarcelación, y en rueda de prensa, los Tupamaros reafirmaban su compromiso con la democracia y la legalidad ante el nuevo escenario político abierto tras la dictadura. El MLN-T mostraba así, una vez más, el pragmatismo y capacidad de adaptación al terreno que había caracterizado siempre a su configuración ideológica.

Durante la III Convención Nacional del movimiento, celebrada en diciembre de 1985, la organización apuesta por la unidad de la izquierda y brinda su apoyo al Frente Amplio, realizando además su solicitud de reingreso (Garcé, 2011: 123-124; Bordas, 2015: 113). Aquellos fueron años de profundos debates ideológicos y estratégicos dentro de la organización, protagonizados por “frentegrandistas” y “proletarios” (Garcé, 2006: 63 y ss.). En 1989 se presenta, finalmente, el Movimiento de Participación Popular (MPP): partido político democrático y legal heredero del MLN-T. Se iniciaba así una excepcional trayectoria de éxito en la adaptación partidaria de una antigua organización armada130.

A partir del año 2002, el MPP se convierte en primera fuerza dentro del Frente Amplio. Dos años más tarde, en los comicios de 2004, la lista encabezada por José Mujica para el Senado resultaba la más votada dentro de la coalición (Garcé, 2011: 129). Este viejo guerrillero, comandante Facundo durante sus años de lucha armada, se había convertido en todo un fenómeno y referente político para el país; sus ideas, su particular y sencillo estilo de vida, su atuendo y su lenguaje popular y cercano no dejaban a nadie indiferente (Garcé, 2010: 1609).

En las elecciones de 2009, Mujica alcanzaba la presidencia del Gobierno y, durante su mandato, varios exintegrantes del MLN-T ocupaban además distintas carteras ministeriales. En palabras de Garcé (2010): “Sin romper con la tradición, sin abandonar las referencias de la fase guerrillera, [los Tupamaros] construyeron uno de los fenómenos electorales más notables de la política uruguaya de las últimas dos décadas. Son exitosos buscadores de votos porque siempre, con armas o sin ellas, hicieron política”. De este modo, las balas habían dejado definitivamente paso a los votos —aquellas “piedras de papel”131 de las que un día hablara Engels— como herramientas de transformación política para el Uruguay.

Bibliografía

Abadie, A. (2006): “Poverty, political freedom, and the roots of terrorism”, The American Economic Review, 96 (2), pp. 50-56.

Aldrighi, C. (2012): “El movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (1965-1975). Estructura interna, fases de desarrollo y política de alianzas”, en C. Pérez et al., Historia oral e historia política. Izquierda y lucha armada en América Latina, 1960-1990, Lom, Santiago, pp. 349-383.

Amaral, S. (2010): “En las raíces ideológicas de Montoneros: John William Cooke lee a Gramsci en Cuba”, Temas de historia argentina y americana, nº 17.

Azcona Pastor, J. M. (2010): Violencia política y terrorismo de Estado en Argentina, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid.

Balletta, E. (2012): “Cómo hacer la revolución con palabras. Movilización y cultura de masas en la Argentina de los 70”, Navegamérica, nº 9.

Barrio, J. M. (2005): “Insurgencia y represión. Acerca de la teoría de los demonios”, Historia Actual Online, nº 8.

Basanta, L. y Bacci, C. (2013): “Norma Arrostito, mujer política: su construcción subjetiva desde la militancia montonera”, Interthesis, vol. 10, nº 1.

Bernat, Mª S. (2014): “Memorias del barrio: otras voces de Montoneros”, Question, vol. 1, nº 41.

Bordas, J. (2015): Tupamaros: derrota militar, metamorfosis política y victoria electoral, Dykinson, Madrid.

Brum, P. (2016): Patria para nadie. La historia no contada de los Tupamaros de Uruguay, Península, Barcelona.

Cáceres-Olazo, J. M. (1998): “Montoneros y guerrilleros como formas de participación andina en la revolución tupacamarista en Puno (1780-1783)”, Gaceta de Antropología, nº 14.

Campos, E. (2013): “¿Locura, épica o tragicomedia? Las historias de la contraofensiva montonera en la era de la democracia consolidada”, Estudios, nº 29.

Castañeda, J. G. (1995): La utopía desarmada. Intrigas, dilemas y promesa de la izquierda en América Latina, Ariel, Barcelona.

Confino, H. E. (2015): “La Contraofensiva Estratégica Montonera en las memorias de sus participantes: crónica de un objetivo polémico”, Aletheia: Revista de la Maestría en Historia, vol. 6, nº 11.

— (2016): “Tensiones de un entorno: la Contraofensiva Estratégica Montonera de 1979 a 1980 en Argentina”, Revista Izquierdas, nº 28.

— (2018): “Volver sin haberse ido: el caso de las “Tropas Especiales de Agitación-Sur” durante la Contraofensiva Estratégica Montonera de 1979”, Revista Universitaria de Historia Militar, vol. 7, nº 14.

Davenport, C. (1995): “Multi-dimensional threat perception and state repression: an inquiry into why states apply negative sanctions”, American Journal of Political Science, 39(3), pp. 683-713.

De la Fuente, A. (2008): “Los hijos de Facundo. Caudillos y Montoneros en la provincia de La Rioja durante el proceso de formación del Estado nacional argentino (1853-1870)”, Antítesis, vol. 1, nº 2.

Demasi, C. (2016): “Los ‘tupamaros’, la Guerrilla ‘Robin Hood’”, Atlante. Revue d’études romanes, nº 4, pp. 9-28.

Dinamarca, R. (2012): “Una aproximación a la guerrilla urbana: el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T)”, Revista Divergencia, nº 2, pp. 39-62.

Farias, M. C. (2014): “Del intelectual revolucionario al intelectual crítico: la relectura de Walsh en controversia”, Cuadernos de Historia de las Ideas, nº 4.

Fearon, J. y Laitin, D. (1999): “Weak states, rough terrain, and large-scale ethnic violence since 1945”, Annual Meeting de la American Political Science Association (APSA), Atlanta, 2-5 de septiembre.

Fernández, F. (2017): “Justicia revolucionaria en Montoneros”, Revista Izquierdas, nº 35.

Fernández, Mª del R. (2014): “La metarreflexión como estrategia discursiva: Diario de una princesa montonera”, La trama de la comunicación, nº 18.

Figueroa, A. (2004): Raúl Sendic. Tupamaro [vídeo documental], Buen Cine Producciones, Uruguay.

Fonte, L. M. (2014): “Del ‘Perón Vuelve’ al día que Perón volvió. Ezeiza 1973, percepciones de un regreso”, Anuario de la Escuela de Historia Virtual, nº 6.

Frandkin, R. (2003): “Asaltar los pueblos: la montonera de Cripriano Benítez contra Navarro y Luján en diciembre de 1826 y la conflictividad social en la campaña bonaerense”, Anuario del Instituto de Estudios Histórico Sociales, nº 18.

Gárategaray, M. (2012): “En el nombre de Perón. Los usos políticos del pasado en la revista Unidos (1983-1991)”, Quinto Sol, vol. 16, nº 2.

Garcé, A. (2006): Donde hubo fuego. El proceso de adaptación del MLN-Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral (1985-2004), Fin de Siglo, Montevideo.

— (2010): “De guerrilleros a gobernantes: el proceso de adaptación del MLN-Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral en Uruguay (1985-2009)”, en E. Rey Tristán y P. Calvo González, XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Universidade de Santiago de Compostela, Centro Interdisciplinario de Estudios Americanistas Gumersindo Busto, Consejo Español de Estudios Iberoamericanos, pp. 1598-1619.

— (2011): “Ideologías políticas y adaptación partidaria: el caso del MLN-Tupamaros (1985-2009)”, Revista de Ciencia Política, vol. 31, nº 1, pp. 117-137.

García, G. (2014): “La montonera invasora de Junin: movilización política y sectores subalternos, Mendoza, 1867”, Coordenadas, vol. 1, nº 1.

Gatto, H. (2004): El cielo por asalto. El Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) y la izquierda uruguaya (1963-1972), Taurus, Madrid.

Goodwin, J. (2001): No other way out: states and revolutionary movements, 1945-1991, Cambridge University Press, Cambridge.

González Alemán, M. (2008): “Le premier retour de Perón: charisme et mobilisation populaire en noviembre 1972”, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, nº 8.

Guerrero, A. (2009): El peronismo armado. De la resistencia a Montoneros. De la Libertadora al exterminio, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires.

Guevara, E. (1977): La guerra de guerrillas, Júcar, Madrid.

Guillén, A. y Hodges, D. C. (1977): Revalorización de la Guerrilla Urbana, Editorial El Caballito, México.

Guillispie, R. (1987): Soldados de Perón. Los Montoneros, Sudamericana, Buenos Aires, p. 129.

Gurr, T. R. (1970): Why men rebel, Princeton University Press, Priceton.

Gutiérrez, A. (2015): “Redes e intercambio de capitales en condiciones de pobreza: dimensión relacional y dimensión vincular”, Intersticios, vol. 9, nº 2.

Gutiérrez, J. C. y Villegas, M. R. (1998): “Derechos humanos y desaparecidos en dictaduras militares”, América Latina Hoy, 20, pp. 19-40.

Harari, I.; Lissandrello, G. y Egan, J. (2017): “La Confederación General del Trabajo frente a la Juventud Trabajadora Peronista en un contexto de ascenso de la conflictividad dentro del movimiento peronista (1973-1976)”, Revista POSTData: Revista de Reflexión y Análisis Político, vol. 22, nº 2.

Hegre, H. y Sambanis, N. (2006): “Sensitivity analysis of empirical results of civil war onset”, The Journal of Conflict Resolution, 50(4), pp. 508-535.

Inchauspe, L. y Noguera, A (2015): “Ya éramos algo distinto. La Columna Sabino Navarro y su desarrollo en la Córdoba de los 70”, Estudios, nº 34.

Iribarne, Mª C. (2015): “Los seminarios ‘El Descamisado’ y ‘El Caudillo’: antagonismos y filones de una cultura política compartida”, Estudios, nº 34.

Labrousse, A. (2009): Una historia de los Tupamaros: de Sendic a Mujica, Fin de Siglo, Montevideo.

Leis, H. R. (2013): “Terrorismo y guerrilla en la Argentina”, Revista Tomo, nº 23.

Lessa, A. (1996): Estado de guerra. De la gestación del golpe de 1973 a la caída de Bordaberry, Fin de Siglo, Montevideo.

— (2002): La revolución imposible. Los tupamaros y el fracaso de la vía armada en el Uruguay del siglo XX, Fin de Siglo, Montevideo.

Marighela, C. (1969): Mini manual del guerrillero urbano [disponible en http://www.marxists.org/espanol/marigh/obras/mini.htm (última consulta el 27 de agosto de 2018)].

Martí i Puig, S. (2002): “La izquierda revolucionaria en Centroamérica: el FSLN desde su fundación a la insurrección popular”, Working Papers-Institut de Ciències Polítiques i Socials, 203.

Martí i Puig, S.; Garcé, A. y Martín, A. (2013): “¿Liderazgo, organización o ideología? Las diferentes vías de adaptación partidaria de los movimientos guerrilleros. Los casos de Nicaragua, El Salvador y Uruguay”, Revista Española de Ciencia Política, nº 33, pp. 57-79.

Micieli, C. y Pelazas, M. (2014): “Tanatopolítica, ser nacional y guerra preventiva en la Argentina (1976-1983) a través de las revistas Evita Montonera, Estrella Federal, Extra, Carta Política y otros documentos”, Cuadernos de Ciencias Sociales, nº 3.

Nofal, R. (2005): “Una revolución a la violeta”, Revista Telar, vol. 2, nº 2-3.

— (2014-2015): “Memorias de militancia en Tucumán”, Revista Telar, vol. 10, nº 13-14.

Ollier, Mª M. (2008): “Partidos armados: la lógica oficial y las voces disidentes en Argentina, 1976-1977”, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, nº 8.

Orbe, P. (2008): “En torno a ‘montoneras’ y ‘Montoneros’: políticas y disputas por la imposición de sentidos en la historiografía argentina”, Cuadernos Americanos, nº 123.

Orellana, M. (2012): “Utopías generacionales. De la radicalización política a la lucha armada. Jóvenes en el surgimiento del PRT-ERP (Argentina), MIR (Chile) y MLN-Tupamaros (Uruguay). 1960-1970”, Revista Divergencia, nº 2, pp. 91-110.

Otero, R. (2015): “Ante el síndrome de Hamlet: Evita es montonera”, Estudios, nº 34.

— (2017): “Latinoamericanismo, peronismo y guevarismo. Raíces del antiimperialismo montonero”, Question, vol. 1, nº 56.

Pacheco, J. (2014): “Acerca del programa de la organización Montoneros: ¿reformistas o revolucionarios?”, Trabajo y sociedad, nº 23.

Paiaro, M. (2011): “El Gobierno peronista contra las provincias montoneras”, Estudios, nº 25.

Passaro, Mª N. (2017): “Reseña a las revistas montoneras. Cómo la organización construyó su identidad a través de sus publicaciones”, Improntas de la historia y la comunicación, nº 4.

Pinta Sierra, P. (2015): El cese de la lucha armada. Un estudio sobre la supervivencia y desactivación de organizaciones insurgentes en América Latina [tesis doctoral], Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid.

Przeworski, A. y Sprague, J. (1986): Paper stones: a history of electoral socialism, University of Chicago Press, Chicago.

Ramírez, R. (2010): “La repercusión de la Revolución Cubana y la política del ‘foco guerrillero’ en Argentina”, Revista Historia, vol. 10, nº 1.

Rey Tristán, E. (2006): A la vuelta de la esquina. La izquierda revolucionaria uruguaya, 1955-1973, Fin de Siglo, Montevideo.

Rey Tristán, E. y Martín Álvarez, A. (2016): “Violencia y acceso al poder en América Latina: Uruguay y El Salvador”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 112, pp. 173-195.

Ruiz, M. O. (2015): “El entramado cultural de la militancia revolucionaria en el PRT-ERP y Montoneros en la Argentina en los setenta”, Revista Izquierdas, nº 25.

Salcedo, J. (2012): “Montoneros, vanguardia armada de la Revolución argentina”, Navegamérica, nº 9.

Sendic, R. (1963): “¿Un revólver o la Constitución?”, El Sol, Montevideo, 22 de marzo.

Slipak, D. (2014): “La justice de la révolution: Evita Montonera dans l’Argentine des années 1970”, Problèmes d’Amérique Latina, nº 93.

— (2017): “Sobre desvíos, espejos y cúpulas. Las disidencias montoneras y las lecturas sobre los años setenta”, Revista Izquierdas, nº 32.

Sotelo, L. y González, M. (2010): “Memorias militantes: Un análisis de las reconfiguraciones de la memoria sobre la militancia armada argentina a través del film Cazadores de utopías”, Question, vol. 1, nº 25.

Taccetta, N. (2018): “Memorias de infancia en dictadura”, Revistas de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, nº 18.

Tamagnini, M. (2005): “Invasiones, ranqueles y Montoneros provinciales, la frontera de Río Cuarto hacia 1863”, Tefros, vol. 3, nº 1.

Tilly, C. (2007): Violencia colectiva, Hacer, Barcelona.

Tocho, F. (2014): “Los otros ‘setenta’. Un recorrido por la experiencia de la Tendencia Revolucionaria del Peronismo en la gobernación bonaerense (1973-1974)”, Aletheia: Revista de la Maestría en Historia y Memoria de la FaHCE, vol. 4, nº 8.

Torrejón, C. (2012): “La izquierda revolucionaria latinoamericana en las colecciones de la Bibliothèque de Documentation International Contemporaine, BDIC (Nanterre-Francia)”, Navegamérica, nº 9.

Trebisacce, C. (2011): “Mujeres montoneras. Una historia de la Agrupación Evita (1973-1974)”, Páginas, vol. 3, nº 5.

Veiga, F.; Duarte, Á. y Ucelay da Cal, E. (2003): La paz simulada, una historia de la Guerra Fría (1941-1991), Alianza, Madrid.

Waldmann, P. (2010): “How terrorism ceases: the Tupamaros in Uruguay”, ponencia presentada en las IV Jornadas internacionales sobre terrorismo los finales del terrorismo: lecciones desde la perspectiva comparada, Palacio de la Aljafería, Zaragoza.

Wickham-Crowley, T. P. (1993): Guerrillas and revolution in Latin America: a comparative study of insurgents and regimes since 1956, Princeton University Press, Princeton.

Yaffé, J. (2005): Al centro y adentro. La renovación de la izquierda y el triunfo del Frente Amplio en Uruguay, Linardi y Risso, Montevideo.

CAPÍTULO 10

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)132

Cristina-Luz García Gutiérrez

Introducción

Cuando uno analiza la historia del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile tiene la sensación de que la vinculación que tuvo siempre con la juventud le marcó a fuego el ser un movimiento en renovación constante o, dicho de otro modo, que nunca consiguió llegar a su periodo de madurez política o militar. Este hecho, más que por una falta de ideología clara o de objetivos de medio y largo alcance, se produjo debido a las circunstancias históricas en las que nació, el Chile de los años sesenta, y en las que se desarrolló, el periodo de la Unidad Popular (UP), la dictadura militar y la transición a la democracia. Cada uno de estos hitos obligará al MIR a adecuar su lucha a las nuevas pautas políticas y a intentar sobrevivir en los tiempos más difíciles.

Dentro del contexto latinoamericano, Chile era un país con una larga tradición democrática cuando nace el MIR. A diferencia de sus vecinos, no se definía por el intervencionismo militar ni por el populismo de sus partidos políticos, que se asemejaban más a los europeos, con una Democracia Cristiana fuerte y un Partido Socialista en ascenso, la derecha había tenido éxitos políticos en la década de los cincuenta, pero parecía que desde mitad de los sesenta se iniciaban una estela de políticas progresistas que pretendían acabar con la fuerte desigualdad social del país.

Desde el punto de vista macroeconómico, la década de los cincuenta ya había demostrado el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones que había pretendido ser una salida a la dependencia económica del subcontinente. En los años cuarenta se había producido un intenso éxodo rural que vino acompañado de la creación de bolsas de pobreza en las grandes ciudades chilenas (Santiago, Valparaíso y Concepción). Esta situación, junto con la persistencia en el campo de relaciones caciquistas que venían desde la colonia, ayudó a crear un caldo de cultivo social que demandará una ampliación de los derechos sociales para los más desfavorecidos.

Los partidos de izquierda tradicional chilena, Partido Socialista (PS) y Partido Comunista Chileno (PCCH), mantenían un discurso muy proletarizante que no conseguía llegar a los pobladores133 de las zonas periurbanas o a los campesinos. Así será, como veremos, en gran parte de estos dos grupos de los que se nutrirá el apoyo del MIR.

Desde el punto de vista internacional nos encontramos en plena Guerra Fría, y el gigante norteamericano va a intentar ejercer un poder hegemónico sobre su “patio trasero”, controlando e interviniendo cuando así lo creyese necesario. Los sentimientos antiimperialistas van a ser una de las correas de transmisión de muchos de los movimientos de la llamada nueva izquierda latinoamericana, en la que podríamos encuadrar también al MIR. Si bien, como analizaremos en detenimiento más adelante, será principalmente la experiencia cubana la que más va a marcar a estos movimientos, siendo una hazaña que harán propia y que les servirá de inspiración en su lucha. Este hecho será también fundamental para afianzar la idea de que la vía insurreccional y el uso de la lucha armada eran la única salida para terminar con las desigualdades del continente.

Desde el punto de vista de la historia interna del MIR se podría dividir en su nacimiento y consolidación (1965-1970), su intervención durante la UP (1970-1973) y dentro del periodo dictatorial, una primera fase de resistencia (1973-1978) y una segunda que se iniciaría con la Operación Retorno de algunos exiliados y que terminaría con la transición a una democracia pactada. Democracia en la que, después de las numerosas bajas, un casi inexistente MIR no va a tener cabida en el nuevo juego político (1978-1990).

ORIGEN DEL MIR

Ya desde 1948, con la denominada “ley maldita” que proscribió la actividad política del PCCH y que le obligó a trabajar durante un tiempo en la clandestinidad, en Chile comenzaron a crearse grupos políticos de izquierda al margen de los partidos políticos tradicionales. Entre ellos destacarían el Movimiento 3 de Noviembre, Movimiento de Fuerzas Revolucionarias, la Vanguardia Nacional Marxista (VNM) y la Vanguardia Revolucionaria Marxista (VRM). Todos ellos se caracterizaron por poner el acento en las formas de acceder al poder; esto es, en la lucha armada y la insurrección popular (Ortiz, 2014).

En 1962 es cuando se funda la VRM a partir de grupos trotskistas escindidos del PCCH, y de la VNM, y un año después la Federación Juvenil Socialista de Concepción y Santiago, donde se encontraban muchos de los que serán posteriormente dirigentes del MIR, como los hermanos Enríquez o Bautista van Schouwen, establece relaciones con este grupo. En 1962 ya habían viajado a Cuba los militantes de la VNM Jorín Pilowsky y Ernesto Benado para conocer la nueva experiencia revolucionaria.

Durante el año 1963 también se había creado el Partido Socialista Popular (PSP), en el que convergía el Partido Obrero Revolucionario, un sector del Movimiento de Izquierda Independiente (MIDI), encabezado por Enrique Reyes, y gente de la revista Polémica, dirigida por Tito Stefoni.

De este modo, Miguel Enríquez, Bautista van Schouwen y Luciano Cruz se integraron al proceso de unidad revolucionaria que se estaba dando entre el VRM y el PSP desde 1964, y que conduciría al Congreso Fundacional del MIR el 15 de agosto de 1965 (Salinas, 2013).

No por casualidad la fecha de creación del MIR es 1965, un tanto tardía si la comparamos con otras organizaciones de izquierda revolucionaria del continente. En las elecciones de 1964 muchas de estas facciones, sobre todo el ala trotskista del PS de la que parten los primeros líderes del movimiento, apoyaron la candidatura a la presidencia de Salvador Allende, pero ante la victoria del democratacristiano Frei Montalva, como apunta Eugenia Palieraki (2008: 7), “cansados de las aventuras electorales del PS”, optan por la fundación del MIR.

Esta organización va a beber de diferentes corrientes de la izquierda dando cabida dentro de sus principios y sus militantes a sindicalistas, anarquistas, trotskistas, comunistas, socialistas y cristianos, estos últimos, parte de las juventudes demócratas cristianas desencantadas con el proyecto de la “revolución en libertad” propuesto por el Gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva (Ortiz, 2014).

El 14 y 15 de agosto de 1965, en un local de la Federación de Cuero y Calzado, en la calle San Francisco en el centro de Santiago, sede a su vez del grupo anarquista Movimiento Libertario 7 de Julio, se realizó el Congreso Constituyente del MIR. Andrés Pascal Allende, uno de sus fundadores y figura fundamental del movimiento, recuerda ese momento: “No creo que alcanzáramos a reunir medio millar de militantes. Pero la importancia de la fundación del MIR no estuvo en su número, sino en el hecho de que logró dar respuesta a la necesidad histórica de una propuesta revolucionaria coherente y fue el primer paso de una dinámica de confluencia política que perduró y se extendió”134.

Según Luis Vitale135, los setenta delegados que participaron en el Congreso eligieron como secretario general al doctor trotskista Enrique Sepúlveda, y ocuparon el resto del Secretariado General Gabriel Smirnow, Dantón Chelén, Óscar Waiss y Humberto Valenzuela. Por su parte, el Comité Central quedó compuesto, además de los ya señalados, por Clotario Blest, Luis Vitale, Miguel Enríquez, Bautista van Shouwen, Edgardo Condeza, Jorge Cereceda, Martín Salas, Pelao Zapata, Luciano Cruz, Mario Lobos y Mandiola.

Así se iniciaría la historia del MIR chileno, que, como indica Igor Goicovic, será el movimiento pionero en Chile en haber planteado y llevado a práctica el uso de la violencia política por parte de los trabajadores y clases populares, a objeto de conquistar el poder (2012: 162).

Este primer periodo, que iría del primer congreso en agosto de 1965 a 1967, estaría definido por la heterogeneidad de sus militantes, los cuales ya hemos visto que provenían de diferentes tradiciones de la izquierda. Comienza a vislumbrarse así los primeros trabajos de masas en los sectores textiles, de la salud y en sectores poblacionales y estudiantiles y se desarrolla una línea de comunicación interna: El Rebelde, y un soporte de difusión masivo: Punto Final136.

De 1967 a 1969, se iniciaría un segundo proceso, con nuevos enfoques y una nueva organización, ya que a partir del III Congreso del MIR el liderazgo pasa a la tendencia “viriatista”, en palabras de Enerico García (2010: 21) o “castrista” según la define Igor Goicivic (2012: 164). La introducción de los jóvenes en la cúpula del movimiento va a acercarlo a los pobladores y a afianzar la lucha armada como único camino hacia el socialismo en Chile.

Fundamentos ideológicos del MIR

La primera línea ideológica desde donde partirá el MIR será el considerarse un partido marxista-leninista. Desde el estudio de las obras clásicas del marxismo realizarán un análisis de la situación real chilena. Bajo este influjo va a desarrollar su propia “teoría del poder” compuesta por tres elementos centrales: Estado burgués, órganos de poder del pueblo y partido revolucionario. Esta concepción marxista-leninista les exigía ir profesionalizándose como militares revolucionarios, con una fuerte formación política e ideológica (Salinas, 2013: 283).

Como hemos apuntado anteriormente, la Revolución cubana supondrá un antes y un después para la izquierda latinoamericana. Muchos de los dirigentes del MIR van a inspirarse en ella e incluso van a viajar a conocer de primera mano la organización de la isla. Posteriormente, durante la represión en dictadura, también será un lugar de acogida de los miristas exiliados137.

La experiencia cubana mostraba para muchos que la única vía de cambio partía de la lucha armada. A pesar de la influencia que tuvo en el MIR, el movimiento siempre se alejó de las teorías foquistas. Como apunta Andrés Pascal Allende:

Nosotros hicimos una lectura en Chile totalmente distinta a la Revolución cubana. O sea, no teníamos para nada una idea foquista. Nuestra lectura sobre la Revolución cubana era más bien de una lucha de carácter nacional inicialmente. Siempre tuvimos claro que no podíamos repetir en Chile lo que se había hecho en Cuba. Si bien fuimos partidarios de hacer “un, dos, mil Vietnam en América Latina” […] no coincidíamos tampoco con la experiencia del Che en Bolivia. Pese a aquello apoyamos al ELN en ese país (Salinas, 2013: 287).

Si es cierto que se alejaban de la experiencia foquista, la figura de Ernesto Che Guevara sí va a ser un referente para los jóvenes miristas. Según Salinas: “Fue importante su concepción de hombre nuevo y de militante que podía moverse desde las bases a la dirigencia sin perder el contacto con el movimiento” (2013: 290).

Como apunta Palieraki (2008: 5) sobre la creación del MIR: “El impacto de la Revolución cubana no puede explicarlo todo”, de manera que veamos, entonces, otras influencias en la creación y fundamentación del movimiento. Una de ellas fueron los escritos de la teoría de la dependencia, que intentaba explicar la situación de dependencia económica, cultural y política de los llamados países subdesarrollados a los países desarrollados y promover vías de cambio. Algunos de sus más importantes ideólogos, como André Gunder Frank y Ruy Mauro Marini, vivieron en Chile durante la UP y tuvieron relación de militancia directa dentro del MIR.

Otra de las características del movimiento fue la juventud de sus dirigentes, sobre todo después de 1967, cuando toma el poder de la cúpula el grupo que provenía de la militancia universitaria en Concepción y en Santiago y cuyos integrantes rondaban los 25 años. Muchos de ellos eran estudiantes que provenían de una clase media acomodada, como los propios hermanos Enríquez, que eran hijos del médico y rector de la Universidad de Concepción, o Edgardo Enríquez Frödden, que llegó a ser ministro de Educación en el Gobierno de Salvador Allende138.

Ante las críticas de otros sectores de la izquierda sobre esta vanguardia que tildaban de aburguesada y con poca o nula experiencia en las fábricas o en el campo, Miguel Enríquez contestaba: “No aceptamos que solo la clase obrera tenga un lugar en el combate social”. Apoyándose en Marx, planteaba que la condición social dentro de la escala productiva no era esencial para definir el lugar del revolucionario, sino su actuación en la lucha, y para ello se valía de ejemplos de otras revoluciones en las que diversos líderes habían pertenecido a grupos sociales ajenos al obrero o campesino, como Lenin o Trotsky, la Revolución china con Mao o la cubana con Fidel Castro o el Che (Valdés, 2006: 175).

Para Miguel Enríquez, “actualmente no existe proceso revolucionario en el que los estudiantes no desempeñen destacada labor, es más, en muchos de ellos constituyen los estudiantes la chispa, y a veces hasta son la mayoría en la composición de las fuerzas que se han lanzado a la insurrección” (Amorós, 2014: 163).

Debido a la generación a la que pertenecían la mayoría de militantes del MIR, muchos estuvieron influenciados también por el movimiento contracultural hippie nacido en los Estados Unidos y por las movilizaciones estudiantiles de mediados de los sesenta tanto en Europa como en América, especialmente en Francia y México. El movimiento hippie, tan denostado por parte de la izquierda tradicional, era entendido por los miristas como un aporte por su enfrentamiento a la teoría tradicional de familia y por su férrea crítica a la sociedad consumista del momento.

El papel de la mujer en el movimiento fue bastante importante si lo comparamos con otros partidos de izquierda, aunque según vamos ascendiendo desde las bases a la jerarquía del MIR, vamos comprobando su masculinización. Al ser un movimiento de cuadros donde los militantes eran seleccionados y donde había un peligro real de perder la vida por la índole de sus acciones, las mujeres que participaron en el MIR apostaron claramente por romper con el rol tradicionalmente asignado a su sexo y lucharon desde la práctica por la igualdad entre géneros. A pesar de ello, en sus relatos se puede comprobar como esta igualdad fue más una ilusión que una realidad139, situación compartida por las mujeres que participaron esos años en movimientos de la misma naturaleza.

Algunos de los militantes provenían también de sectores cristianos vinculados a la Iglesia popular o de base. Especialmente conocidos serán los casos de sacerdotes miristas que serán asesinados o desaparecidos durante la dictadura militar: Rafael Maroto Pérez y el español Antonio Llidó Mengual140. La vinculación de ciertos grupos cristianos con el MIR le va a granjear un importante apoyo en los sectores poblacionales. El sentimiento de comunidad era muy fuerte en estas zonas donde la mayoría de la gente provenía de sectores rurales y necesitaban generar un apego ante el desarraigo que provocaba la gran ciudad y la miseria a la que se enfrentaban.

Otro de los referentes ideológico para el MIR serán los procesos de descolonización que se estaban produciendo en el mundo a partir de la segunda mitad de siglo XX. Los militantes miristas estudiaron el Movimiento de Liberación de Argelia, en especial el libro de Franz Fanon, Los condenados de la tierra, y también textos sobre la experiencia en tierra santa141 o sobre la lucha antifascista en Europa y en la Guerra Civil española. Como recuerda Andrés Pascal Allende:

Todos estos estudios fueron teniendo importancia en la configuración de nuestra política militar, en que no solo se viera como una acción guerrillera, sino en la cual se combinara trabajo miliciano, trabajo con las Fuerzas Armadas, para llegar finalmente a la conformación de grupos con capacidad de acción. Diría que solo el 10 por ciento de todas las actividades que desarrollaba el MIR en esos [primeros] años estaba dedicado a lo militar. El grueso estaba dedicado a lo político-social (Salinas, 2013: 306).

Desde esta última idea, la política militar del MIR, deberíamos reflexionar sobre el uso de la violencia armada en el movimiento. El debate interno sobre este tema va a existir desde su inicio en 1965 hasta mediados de 1969. Durante esa primera etapa, los escritos estarían vinculados a la justificación interna de la violencia armada. En el mismo Congreso Fundacional se aprobó una tesis político-militar: “La conquista del poder por la vía insurreccional”, firmada por Miguel Enríquez, con el apoyo de Bautista van Schouwen, Marcelo Ferrada y sus hermanos Marco Antonio y Edgardo. En este documento se aprecia la identidad que se le va a dar al MIR como partido del que emana la lucha armada, y en el mismo documento se distanciaba de las tesis foquistas que cuestionaban el rol del partido y favorecían la creación de grupos revolucionarios (Ahumada et al., 2004).

Posteriormente, vendría una segunda etapa de paso a la acción, a partir de la irrupción en la escena política pública del MIR, con asaltos a bancos, que serían de sus primeras acciones violentas. Como apunta Sergio Salinas, este punto de inflexión supondrá el paso de la radicalización ideológica a la radicalización política (2013: 16). Posteriormente, cuando se produzca el golpe de Estado en contra del Gobierno de la UP, el MIR se ratificará en el hecho de que la vía pacífica hacia el socialismo era una utopía y le reforzará en la opción del uso de la violencia política para conseguir sus propósitos de cambio social.

Organización y formas de lucha del MIR

A partir de 1967, con la renovación de la cúpula, se desarrollan los frentes intermedios, organismos que unen al partido con las bases sociales, como por ejemplo el Movimiento Universitario de Izquierda, el Frente de Estudiantes Revolucionarios, el Frente de Trabajadores Revolucionarios, el Movimiento Campesino Revolucionario y el Movimiento de Pobladores Revolucionarios. Junto con ello, también se inicia el trabajo operativo destinado a la propaganda armada y a las operaciones que se denominaban “recuperaciones financieras”, es decir, la expropiación de bancos. Esta etapa va a generar tensiones internas dentro del movimiento que terminarán en una división y la consecuente expulsión del sector trotskista. La política de reclutamiento se hizo también a partir de este momento más rigurosa y se aplicaron criterios de selectividad con la idea de construir un partido de cuadros (Goicovic, 2012).

El año 1967 también será un año importante para el líder del movimiento, Miguel Enríquez, quien viaja a Cuba, donde recibe instrucción militar en Punto Cero, y toma los primeros contactos con las autoridades revolucionarias de la isla, en especial con Manuel Barbarroja Piñeiro (Avendaño y Palma, 2001).

En el IV Congreso (agosto de 1969) se dará paso a la “guerra revolucionaria iregular y prolongada”, decisión estratégica tomada a nivel de dirección y agudizando aún más las polémicas internas. Antes de celebrarse el IV Congreso, Miguel Enríquez había publicado un artículo en Punto Final desechando la participación en cualquier modo en las elecciones de ese año, y unos meses antes se produce por parte del MIR el secuestro del periodista demócrata-cristiano Hernán Osses, en Concepción.

Esta situación va a provocar la persecución del MIR por parte del Gobierno de Frei Montalva y su paso a la clandestinidad, lo que dificultó la organización del IV Congreso. Debido a las divisiones de criterio sobre si participar o no en las elecciones votando por la coalición de izquierdas liderada por Salvador Allende, se va a producir una importante escisión dentro del movimiento, la mayoría del Comité Central abandona y con ellos se va entre el 20 por ciento y el 30 por ciento de la militancia. De este modo, algunos crean el Movimiento Revolucionario Manuel Rodríguez y otros el MIR-Fuerzas Revolucionarias, que apoyarían a Salvador Allende en las elecciones (Salinas, 2013).

En el contexto de la clandestinidad se hacía necesario dar instrucciones claras a los militantes. Así, en el documento llamado “Sin lastre avanzaremos más rápido”, Miguel Enríquez deja claro qué tipo de militantes se necesitaban: “Los militantes deben aceptar las reglas de una rigurosa clandestinidad […] La entrega de sí mismo deberá ser total. La organización decidirá si un militante debe o no trabajar o estudiar, o dónde habitar, etc.” (Avendaño y Palma, 2001: 101).

A partir de finales de 1969 es cuando se percibe el ascenso de la UP al poder y se empiezan a crear los Grupos Político-Militares, que eran estructuras orgánicas intermedias que articulaban las bases y generaban redes de apoyo. Desde septiembre de 1969 se iniciaban las acciones armadas y se intensificaron las acciones directas en los frentes de masas: tomas de terreno, ocupaciones de fábricas y asaltos a bancos que detallaremos en el siguiente punto dedicado al desarrollo de la acción violenta.

Cuando Salvador Allende accede al poder, se produce un acercamiento de tipo político-militar entre la UP y el MIR, lo que implicará la entrada de cuadros miristas con preparación militar en Cuba al dispositivo de seguridad presidencial, denominado Grupo de Amigos Personales (GAP), en el que participaban también militares del PS. También se produjo el indulto otorgado por Allende a la Dirección Nacional del MIR y algunos de sus militantes, que permanecían en la clandestinidad o en la cárcel desde el Gobierno de Frei Montalva, saldrán libres. Esta actitud, según José Palma Ramos, tenía como objetivo integrar a la vida política a quienes tomaban las armas para fortalecer la vía institucional-democrática que promovía la UP (Palma Ramos, 2009: 66).

Después del golpe de Estado, la situación cambiará radicalmente y la organización se tendrá que acomodar a las circunstancias, pasar de nuevo a la clandestinidad y buscar un refuerzo del componente militar. En el siguiente punto detallaremos las diferentes estrategias de lucha en los años de dictadura. Con respecto a la organización, durante esos años nos encontraríamos en la cúspide del MIR al secretario general, que después de la muerte en 1975 de Miguel Enríquez, será ocupado por Andrés Pascal Allende. Por debajo se situaba la Comisión Política, que se encargaba de la estrategia del grupo y estaba compuesta por entre ocho y 12 miembros. En paralelo a esta se encontraba el Comité Central, dedicado a la parte táctica y compuesto por entre 15 y 20 miembros. Por debajo de la Comisión y el Comité nos encontramos con dos grandes bloques; por un lado, las comisiones (militar, nacional de masas, agitación y propaganda y aseguramientos) y los comités regionales (Santiago, Norte y Sur)142 y por debajo de esto, los comités locales (de dos a cuatro comités locales por cada regional). Por último, las células o bases compuestas por entre tres y siete personas. Según la propia militancia: “La estructura está compartimentada. Los militares se identifican por ‘chapas’ y no está permitido filtrar (abrir) la militancia o relacionarse horizontalmente con otra estructura partidaria saltándose el conducto regular, aunque no significa que ello no ocurriera”143.

EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN VIOLENTA

Como ya hemos comentado en apartados anteriores, el MIR tuvo claro desde su inicio que la vía insurreccional era el camino para el cambio social. En el segundo semestre de 1968, Bautista van Schouwen hace un resumen didáctico de los elementos ideológicos planteados los años anteriores y reafirma que “mediante el ejercicio de la fuerza, de la violencia revolucionaria, tomaremos el poder, construiremos una nueva sociedad […] es la única salida y posibilidad. Lo demás sería engañarnos a nosotros y engañar al proletariado, haciéndole esperar a una posibilidad que nunca ha existido ni existirá” (Hernández, 2004: 59).

En cualquier caso, el MIR era consciente de la realidad en la que vivía y de la excepcionalidad de Chile en su entorno: un país democrático con importante peso de las clases medias y altamente politizado, de manera que todo ello hacía que el uso de la vía armada pudiese generar recelos entre la población (Palieraki, 2008). En este sentido, el mismo Bautista van Schouwen planteaba que: “El revolucionario armado no es un militar revolucionario, sino un político, el representante de una nación oprimida por la cual está luchando. Su tarea principal es hacer propaganda, agitación, diseminar las ideas revolucionarias, y su elemento de agitación más importante es la lucha armada en sí” (Hernández, 2004: 75).

Lo cierto es que el tipo de violencia que va a utilizar el MIR, al menos hasta que empieza la dictadura, está más relacionada con la toma de terrenos, el robo de bancos y algún que otro secuestro. Las bajas posteriores producidas por el MIR siempre estarán relacionadas con miembros de las Fuerzas Armadas, como recuerda Andrés Pascal Allende:

El MIR fue siempre muy cuidadoso con su vinculación con acciones terroristas, etc., que pudieran generar daño colateral, hubo pocos casos de gente inocente que se cruzó en enfrentamientos armados nuestros, nunca hicimos acciones que dañaran a la población civil, eso era una política de principios específicamente del MIR, y también te voy a decir que el tema de secuestros no era un tema que a nosotros nos gustara, no nos parecía que fuera el mejor método, pero teníamos la necesidad de recursos para desarrollar nuestra lucha en Chile, en eso fuimos muy cuidadosos y no fue una actividad muy extendida en el MIR144.

Una vez que se inicia el Gobierno de la UP, la lectura por parte del MIR es que la vía allendista no era la solución, ya que no podía esperarse que sectores importantes de la burguesía se aliaran con la UP para llevar a cabo una política antiimperialista y, además, Estados Unidos a corto o medio plazo desarrollaría una política de intervención (Salinas, 2013). La idea era aprovechar la coyuntura de las políticas reformistas y que fuese el MIR quien canalizase la movilización de masas en Chile. Así, dentro del concepto de guerra revolucionaria irregular y prolongada, el MIR debía fortalecer su fuerza militar propia, sobre la base de núcleos orgánicos especializados, incluyendo la penetración en el aparato militar del Estado y radicalizar las posiciones revolucionarias al interior de los partidos de la UP (Ortega y Rodrigán, 1998).

Sin embargo, en algunos documentos hablan de que la lucha armada estaba paralizada: “El enfrentamiento solo ha sido postergado, y cuando se lleve a cabo, será más legítimo y tomará un carácter masivo, lo que hace hoy más vigente que nunca la estrategia de lucha armada” (Leiva Flores, 2007: 32). En todo caso, lo cierto es que las tomas de terreno se seguirán produciendo durante el periodo de la UP y, sobre todo, en las regiones de Concepción y Cautín al sur de Chile.

El asesinato del exvicepresidente de la república, el democratacristiano Edmundo Pérez-Zujovic, a manos de la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), en junio de 1971, será para el MIR un importante punto de inflexión, debido al giro que supuso hacia la derecha de la Democracia Cristiana con respecto al Gobierno de la UP. El MIR en sus declaraciones va a criticar el atentado del VOP contra el exministro.

La vinculación del movimiento con el Gobierno de la UP empieza a ser incómoda para algunos de los miembros del PS, que mueven hilos para que dejen de formar parte del GAP, que protegía al presidente Allende. Algunos autores, como Fahra Neghme, Sebastián Leiva o José Palma Ramos, plantean que después de este suceso se forma un grupo que se denominada La Tropillita, que será una estructura dependiente de la Fuerza Central y que se creó a finales de 1971 como una estructura diferente, con cuadros distintos y con un desarrollo político superior (García Concha, 2010).

A principios de agosto de 1971 se produce el primer envío de un contingente grande de militantes del MIR a la escuela internacionalista Punto Cero en Cuba. Sin embargo, el 14 de octubre de 1971, el MIR sufrió un duro golpe, al ser encontrado el cuerpo sin vida, producto de un accidente, de uno de sus más importantes dirigentes y miembro fundador del movimiento, Luciano Cruz Aguayo.

A partir de noviembre de 1971 hay una separación del MIR del Gobierno de la UP, tanto por las medidas relacionadas con la industria como, sobre todo, por la reforma agraria que consideraban insuficiente y que, según el movimiento, les obligaba a acudir a formas ilegales de lucha como era la toma de terrenos. El programa del MIR llamaba a la expropiación sin indemnización de toda la inversión norteamericana en Chile; la estatización de todas las grandes fábricas y el control obrero en la pequeña y mediana industria. Asimismo, se solicitaba la expropiación de las grandes empresas de la construcción y la creación de la Empresa Nacional de la Construcción, la estatización de la enseñanza, la democratización de las Fuerzas Armadas y la expropiación de toda la gran propiedad agraria, sin indemnización (Salinas, 2013).

El año 1972 va a ser clave para el movimiento. Debido a una serie de movilizaciones en la población de Lo Hermida, el MIR va a denunciar casos de tortura por parte de la policía de investigaciones, que estaba dirigida por miembros de PS y del PCCH. Estas denuncias van a molestar a varios miembros del Gobierno de la UP y después del paro patronal que paralizó el país en octubre de 1972, se van a incorporar varios militares a un gabinete de crisis cívico-militar del Gobierno de la UP. Impuestos por la DC, juraron el cargo el 2 de noviembre: Carlos Prats (Interior), Ismael Huerta (Obras Públicas) y Claudio Sepúlveda (Minería). Inmediatamente, el ministro Prats dará las garantías solicitadas por la derecha y el paro patronal terminará el 5 de noviembre de 1972145.

La coyuntura electoral de marzo de 1973 presenta, después de muchos debates internos, una adecuación de la política del MIR al contexto político del momento. Se decide participar en la contienda, pese a que siempre había considerado las elecciones como un mecanismo de consolidación de la burguesía. Decidió no presentar candidatos propios, pero sí apoyar a los candidatos del PS, que eran más afines a sus políticas (Calderón, 2009). Los resultados electorales fueron los siguientes: la UP consiguió un 44 por ciento de los votos. EL MIR, considerando que la situación estaba especialmente polarizada en Chile y que el enfrentamiento de carácter militar iba a ser irremediable, envía un nuevo contingente de militantes en mayo de 1973 para ir a Cuba a prepararse.

El 29 de junio de 1973 se producirá en Chile una sublevación militar frustrada denominada el “tanquetazo”. Este acto de sedición fue contenido por los militares que estaban dentro del Gobierno, encabezados por Carlos Prats. Como apunta Sergio Salinas (2013: 256), el Tanquetazo puso a prueba al MIR, el cual quiso hacerle frente, y lo que se demostró fue su incapacidad militar y su miedo a una respuesta por parte del propio Gobierno de la UP.

Pascal Allende comenta que, al día siguiente del Tanquetazo, se reunieron los miembros de la dirección del MIR para analizar si tomaban la iniciativa política con la participación de grupos de uniformados organizados, entregando armas a las organizaciones milicianas, ocupando las fuerzas militares que fuera posible y procediendo a detener a los militares golpistas. Empero, finalmente decidieron que era muy arriesgado porque el propio Gobierno de la UP podía reprimirlos y el retroceso sería mayor.

Pero lo que sí hicieron fue llamar a las masas a una contraofensiva revolucionaria. En este periodo se van a intensificar las alianzas entre el MIR y los sectores de izquierda al interior de la UP, en especial a nivel local y en los frentes de masas, con el objetivo de disputar el control de Gobierno a los sectores más vacilantes y reformistas. La decidida defensa de la política de “poder popular”, impulsada en este contexto de agudización en la movilización de masas, significó el alejamiento definitivo del MIR con el Gobierno.

A la altura de mitad de 1973, el MIR ya creía inevitable la posibilidad de un golpe de Estado contrarrevolucionario, y a pesar de que los documentos internos hablaban de que el movimiento estaba preparado para aplastarlo, otros miembros del movimiento eran más realistas con sus previsiones.

Andrés Pascal Allende recuerda cómo:

[…] en agosto nos dimos cuenta de que la desmoralización y persecución de los oficiales y suboficiales antigolpistas al interior de las Fuerzas Armadas era tanta que no podíamos contar con ellos para obtener armas. Nosotros no alcanzábamos a reunir más de doscientas armas de guerra, por lo que dependíamos de lo que pudiéramos obtener de las Fuerzas Armadas y los grupos de seguridad del Gobierno (Calderón, 2001: 66).

Los hechos se sucedieron rápidamente en el siguiente mes. Carlos Prats pierde la confianza de las Fuerzas Armadas, donde la anterior minoría golpista va convirtiéndose en mayoría, y el general es reemplazado por Augusto Pinochet. La noche del 10 al 11 de septiembre, la Comisión Política del MIR recibe información sobre el movimiento de tropas y a la mañana siguiente se reúnen en una casa de seguridad en la Comuna de San Miguel, desde donde se advirtió de la alerta máxima a todo el partido. La realidad es que lo que el golpe demostró es la escasa preparación militar y estratégica del partido. Para Pedro Navajo: “La sorpresa táctica del enemigo había sorprendido; había muchos militantes dispuestos a empuñar las armas, pero estas no llegan, además de medios de combate escasos, se evidencia la falta de experiencia combativa” (Calderón, 2001: 77).

El golpe militar pilló a la izquierda desorganizada: se unieron el mismo 11 de septiembre miembros de la dirección del MIR junto con otros del PS y del PCCH en una fábrica en la comuna de San Joaquín. En esta reunión se acuerda juntar a todas las fuerzas de izquierda, aunque concluyeron que “ya era muy tarde para presentar batalla” (Avendaño y Palma, 2001: 186). De ahí se movieron, rompiendo el cerco militar de esa zona industrial, hasta una casa de seguridad ubicada en el sector sur de Santiago, donde empezaron a recibir las primeras informaciones claras sobre la situación nacional: La Moneda había sido bombardeada y el presidente Allende había muerto.

También se hablaba de que la resistencia estaba solo presente en ciertos cinturones industriales, universidades y poblaciones junto con algunos francotiradores en el centro. Según Cristián Pérez, la causa fundamental de la derrota político-militar de la izquierda en septiembre de 1973 precisamente habría sido “la escasa oposición al golpe de los miembros de las Fuerzas Armadas” (Pérez, 2003: 9).

Como ya hemos apuntado, el golpe de Estado va a reforzar la idea del MIR de que la única vía para el cambio es la lucha armada y que el reformismo de la UP estaba abocado al fracaso. En una entrevista en la clandestinidad a casi un mes del golpe, Miguel Enríquez planteaba que: “En Chile, ha finalizado trágicamente una ilusión reformista de modificar estructuras socioeconómicas y hacer revoluciones con la pasividad y el consentimiento de los afectados: las clases dominantes” (Enríquez, 1973: 1).

La situación del MIR cambia radicalmente después del golpe de Estado. La represión de la dictadura va a estar focalizada en un principio en contra de los militantes vinculados a la UP (PS y PCCH)146. Esto va a reforzar la creencia de su poder para hacer frente al Gobierno militar. La máxima del partido será “El MIR no se asila”, en referencia al asilo en embajadas europeas y posterior exilio de muchos miembros de partidos de izquierda en Chile nada más producirse el golpe. Como recuerda Andrés Pascal Allende:

Nuestra opción tuvo una dimensión ética y política correcta. En las semanas siguientes al golpe, la mayoría de los dirigentes de los partidos de la izquierda tradicional se asilaron por iniciativa propia u orientación de sus partidos […] esto provocó una imagen de desbande y desmoralización en las bases del movimiento popular que no tenía las mismas posibilidades de exiliarse y que se sintieron abandonadas. Ante esa situación pensamos que era fundamental rescatar el ejemplo moral del presidente Allende, que resistió a los golpistas con un arma en las manos, sin abandonar la responsabilidad que le había dado su pueblo (Salinas, 2013: 266).

Dicho lo anterior, los que salieron lo hicieron con la consigna de prepararse para volver, tal y como lo relata el hermano de Miguel Enríquez, Edgardo Enríquez: “Mi partido ha enviado al exterior el número estrictamente necesario de cuadros para el trabajo en ese frente, y bajo la condición de regreso al país una vez cumplida su misión” (Enríquez, 2004: 362).

Esta línea del exterior va a poner más énfasis en el componente político-militar, específicamente en la guerra revolucionaria, la cual adquirió un carácter continental, al constituirse la Junta Coordinadora Revolucionaria, que agrupaba al MIR chileno, al MLN-Tupamaros de Uruguay, al PRT-ERP de Argentina a la ELN boliviano147.

A los pocos meses del inicio de la dictadura tiene lugar un trágico evento para el MIR: la caída el 13 de diciembre de 1973 de Bautista van Schouwen, miembro de la Comisión Política y uno de los dirigentes históricos del partido. A partir de 1974, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile (SIFA) y la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) intensifican la persecución al MIR. Entre los años 1974 y 1975, miles de militantes y colaboradores del MIR fueron detenidos, torturados y muchos de ellos asesinados y sus cuerpos, hechos desaparecer (Goicovic, 2012: 172).

Durante el año 1974, en plena ola represiva hacia el MIR, hubo una serie de conversaciones al más alto nivel entre militares de la Fuerza Aérea de Chile y Miguel Enríquez. Lo que pretendía el Ejército era que el MIR detuviera la lucha armada prometiéndole que los miristas detenidos serían indultados, pero para Miguel Enríquez esto era solo una estrategia dentro de las peleas internas entre la SIFA y la DINA para que la primera se apuntara un tanto (Pérez, 2003: 20). Miguel Enríquez escribiría un comunicado público rechazando cualquier colaboración con miembros de las Fuerzas Armadas:

Hemos escogido el aniversario sangriento de un año de dictadura gorila para hacer público nuestro categórico rechazo a semejante proposición. El MIR está en pleno funcionamiento y crecimiento, se multiplican los comités de resistencia del Movimiento de Resistencia Popular en las fábricas, fundos, poblaciones, oficinas, liceos, universidades. La sola intención y el carácter de la negociación desenmascaran la debilidad esencial de la Junta y la pésima calidad de sus servicios de inteligencia. Sabemos que los gorilas intentarán desmentir su intento de negociación; fracasada esta, solo los ha desenmascarado (Ahumada et al., 2004: 338).

A pesar de las declaraciones del líder del movimiento, el MIR estaba siendo especialmente castigado y los mismos miembros tenían miedo de que en las sesiones de tortura los militantes se “quebrasen” y diesen información del paradero de otros compañeros de partido. En un comunicado del 16 de junio de 1974 les advertían que si se les ocurría hablar o pasarse al enemigo “su nombre sería entregado a todos los militantes, al resto de la izquierda y a movimientos revolucionarios del mundo” (Pérez, 2004: 368).

El miedo tenía una base real y así se demostró pocos meses después con la caída del líder del movimiento. El 21 de septiembre de 1974, la DINA detiene a Lumi Videla y a Sergio Pérez, así como a algunos enlaces, y logra información sobre el paradero de Miguel Enríquez. El 5 de octubre de 1974, un numeroso grupo de agentes de los grupos Halcón 1 y Halcón 2 de la agrupación Caupolicán de la DINA, al mando de Miguel Krassnoff, llegarán hasta la casa azul de la calle Santa Fe en la comuna de San Miguel: en aquella casa vivían clandestinos Miguel Enríquez, José Bordaz (alias Coño Molina148), jefe de la Fuerza Central; Tito Sotomayor (Tonio), miembro de la Comisión Política, segundo en la estructura de mando, y Carmen Castillo, compañera de Miguel. En el enfrentamiento resultó muerto Miguel Enríquez, herida de gravedad Carmen Castillo y lograron escapar el resto. Andrés Pascal Allende se hará cargo de la Secretaría General del movimiento ante la caída del líder mirista, si bien en los días posteriores cayeron también otros miembros importantes del MIR.

A pesar de lo duro de la represión, sus dirigentes intentaban proyectar una imagen de solidez, cohesión y continuidad: “El MIR es ya indestructible, se ha fortalecido internamente, ha aprendido a trabajar en la clandestinidad y por sobre todo ha echado profundas raíces en la clase obrera y multiplicando sus vínculos con las masas”149.

Pero según fueron avanzando los años, los golpes a la organización siguieron y a principios de 1977 la lectura era otra: “En muchos núcleos del partido cundió la desmoralización y el temor, y un número importante de miembros desertaron de la lucha, abandonando el partido en sus momentos más dramáticos […] El partido estuvo al borde del precipicio, al borde de la destrucción orgánica en el país”150.

Los cuadros sobrevivientes que permanecieron al interior del país se aglutinaron en la Base Madre Miguel Enríquez, instancia orgánica compuesta por no más de 50 militantes, que tuvo que reconstruir el partido a pesar de la dura represión. En este sentido se fortalecieron las estructuras militares internas (Estructura de Fuerza Central) y se impulsaron las milicias de resistencia popular en torno a los sectores más radicalizados y activos del movimiento de masas: bolsas de parados, organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, pobladores, campesinos mapuches y estudiantes (Goicovic, 2012).

La culminación de este proceso de reorganización orgánica y de rearticulación de vínculos con el movimiento de masas se produce con el Plan 78, también denominado Operación Retorno. Una iniciativa táctica que apuntaba a fortalecer la estructura militar del partido con la reinserción en el país de cuadros político-militares provenientes del exilio y fundamentalmente de Cuba151. Este nuevo diseño estratégico coincide con la etapa de institucionalización de la dictadura después del famoso discurso de Pinochet en el cerro Chacarrillas (9 de julio de 1977), a la que se suma la implementación económica neoliberal del denominado Plan de Modernizaciones. Ambos procesos pusieron de manifiesto que la dictadura militar chilena y sus principales ideólogos habían elaborado un modelo refundacional que requería una política de excepción a largo plazo.

La primera acción de envergadura fue la colocación de un artefacto explosivo, el 23 de abril de 1979, en las inmediaciones del cuartel de la Central Nacional de Informaciones (CNI) de calle Santa María en Santiago, en la que perdió la vida un teniente del Ejército intentando desactivar la bomba. Siete meses después, el 24 de noviembre de ese mismo año, se produce el asalto al camión del Banco Concepción en el sector de Manquehue, en Santiago. La prensa informará que las armas utilizadas eran de origen soviético. Igualmente, en esta acción perdió la vida el cabo de carabineros Bruno Burdiles Vargas.

También se van a mantener los robos de banco, necesarios tanto desde un punto de vista ideológico como de necesidad monetaria de la organización. Uno de los más espectaculares fue el triple asalto bancario (11 de abril de 1980), que afectó a las sucursales de los bancos Concepción, de Chile y de Crédito e Inversiones en la comuna de Ñuñoa en Santiago: los asaltantes se dieron fuga con un botín de 28 millones de pesos y 15.000 dólares. En diciembre de este mismo año también se produciría otro triple asalto bancario de las mismas características.

En la sucesivas acciones miristas perdieron la vida diversos miembros de las Fuerzas Armadas, como en el atentado en contra de la Llama de la Libertad en abril de 1980, en la que murió un carabinero, o en julio de 1980, cuando se atentó contra el director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, coronel del Ejército Roger Vergara, uno de los principales responsables de la CNI. Durante 1981 se produjo el asesinato a tiros en la comuna de San Miguel, Santiago (6 de julio), del agente de la CNI Carlos Tapia Barraza y la emboscada (18 de noviembre) en la que perdieron la vida tres agentes de la Policía de Investigaciones, que custodiaban la casa del general del Ejército, Santiago Sinclair, en la comuna de Providencia (Goicovic, 2012).

También se producían sabotajes al tendido del alambrado público, así como los cortes de vía de comunicación a través del levantamiento de barricadas, la colocación de artefactos explosivos, el rayado de consignas antidictatoriales y el uso de bombas molotov en las manifestaciones. Otra de las acciones típica de esos años era la captura de vehículos de transporte de alimentos y la posterior distribución en las poblaciones populares de Santiago, Concepción, Valparaíso y Viña del Mar.

Esto generó un importante grado de adhesión de los pobladores al accionar de la resistencia. Este incremento en la lucha del MIR también llevó aparejada una mayor represión al movimiento, de modo que más de 20 militantes resultaron muertos en el transcurso del bienio 1980-1981, en enfrentamientos armados reales o simulados. De la misma manera, otros resultarían detenidos y objeto de largas condenas a prisión dictaminadas por tribunales militares (Goicovic, 2012).

Uno de los componentes fundamentales de la denominada Operación Retorno era la instalación de dos frentes guerrilleros en el sur de Chile: uno en la cordillera de Nahuelbuta, cerca de Concepción, y otro al interior de Valdivia, en el complejo maderero de Panguipulli. La idea era la de contar con Fuerzas Militares permanentes capaces de disputarle a la dictadura el control territorial de determinadas zonas del país. El grupo de Panguipulli fue desactivado rápidamente debido a las denuncias de los campesinos de la región, los guerrilleros fueron detectados y posteriormente ejecutados. Así, estos acontecimientos obligaron al MIR a abandonar la instalación del segundo foco en el interior de Concepción (Paleraki, 2008).

En 1983 se podría decir que el destacamento militar del MIR ya se encontraba prácticamente desmantelado. No obstante, en el periodo 1983-1990, las acciones más importantes son la ejecución, el 30 de agosto de 1983, del intendente de Santiago, mayor general Carol Urzúa, y de dos miembros de su escolta. Como represalia a este acto, los organismos de seguridad mataron en Santiago el 7 de septiembre a los dirigentes del MIR y responsables de su Comisión Militar Arturo Villabela Araujo y Hugo Ratier Noguera, aunque en esos enfrentamientos armados también perdieron la vida otros tres militantes de la organización.

Más adelante el accionar del MIR se hizo episódico. Otros grupos armados, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Complejo MAPU-Lautaro relevaron al MIR en el protagonismo de la acción armada.

Las últimas acciones del MIR con consecuencias letales serían las siguientes: en el mes de marzo de 1985, en el Hotel Araucano de Concepción, mataron a dos agentes de la CNI con una bomba trampa en una de las habitaciones del hotel, y ese mismo año, en agosto, perdió la vida un teniente de la Armada adscrito al CNI. Por último, en 1988 fue asesinado en Santiago, con una bomba lapa, el mayor de carabineros y jefe de Operaciones Especiales del GOPE, Julio Benimelli Ruiz.

Precisamente el uso de bombas lapa o bombas trampa, como se denominan en Chile, será uno de los aprendizajes provenientes de los contactos entre el MIR y la organización terrorista vasca ETA que se dio en los años ochenta durante el exilio de algunos miristas en Francia y España. Así lo relata Andrés Pascal Allende:

Nosotros hicimos una acción contra Manuel Contreras y le pusimos una bomba lapa que falló, explotó algo pero no explotó del todo [...] estas eran acciones muy dirigidas a personas con una responsabilidad concreta, ese artefacto quien nos lo enseñó a hacer fueron compañeros de ETA, era un traspaso de experiencias, pero no era una relación oficial con ETA, era la relación de compañeros específicos de ETA con nosotros152.

Fin de la lucha armada

La crisis interna del partido iniciada en 1984 como consecuencia del fracaso de la Operación Retorno y de la muerte o encarcelamiento de cientos de militantes se cierra a comienzos de 1987 con la división del partido en dos grupos con estrategias diferentes de acceso al poder: una línea denominada MIR-Político, liderada por Nelson Gutiérrez, que negaba el uso de las armas en el nuevo contexto político chileno, y la histórica con base en la lucha armada liderada por Andrés Pascal Allende. El mismo Andrés Pascal recuerda: “La situación política interna chilena cambió, otra es que el MIR entró en crisis en 1987, no había una política del MIR específica”153.

Ambas cerrarían su ciclo al inicio de 1990 junto con la consolidación de la estrategia de transición negociada en la cual no tenía cabida un grupo de izquierda revolucionaria, y también se vieron afectados a nivel ideológico por el fin del socialismo real representado por la Unión Soviética y los países de la Europa del Este.

“La alegría ya viene” fue el eslogan que utilizó la coalición de fuerzas antipinochetistas que hicieron campaña por el “no” en el referéndum de 1988, en el que había que votar si Pinochet se mantenía en el poder o si se iniciaba un camino hacia unas elecciones libres. Los cambios políticos llegaron, pero las desigualdades sociales se mantuvieron fruto del modelo económico neoliberal implantado en dictadura y que se mantendría en los gobiernos democratacristianos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle y del socialista Lagos.

Esta situación de desencanto con las promesas de cambio hizo que algunos grupos recogieran la tradición mirista y la reclamasen como propia. A mitad de 1991 se creó el MIR-Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre (MIR-EGP-PL), que realizó varias acciones armadas y mantuvo relación con otras organizaciones de la época como el Movimiento Juvenil Lautaro. Durante los años noventa serán objetivo de la represión policial y para finales de la década el movimiento estaría descabezado y fragmentado en pequeños núcleos: de entre ellos subsisten los denominados Grupos de Acción Popular.

En 1997 se celebra el V Congreso del MIR-Político, dirigido en ese momento por Demetrio Hernández, manteniendo la misma línea ideológica del partido y apostando por sus vínculos con el socialismo latinoamericano. El grupo juvenil Juventud Rebelde Miguel Enríquez, del MIR, va a seguir teniendo presencia en las representaciones estudiantiles de los institutos secundarios y de las universidades en Chile154.

Como podemos comprobar, el MIR se mantiene como una marca en Chile vinculada al cambio, la lucha y la juventud. Si bien ha perdido la fuerza que tuvo a finales de los años sesenta y principios de los setenta, su nombre genera mucho interés en un lugar donde el MIR fue desde el inicio un rara avis que apostó por la vía de las armas en un país pionero en la búsqueda del socialismo por la vía pacífica. Ni el proyecto de Miguel Enríquez ni el de Salvador Allende pudieron romper con las tradicionales estructuras económicas y sociales en Chile, pero su legado sigue perviviendo en los discursos de la izquierda en el continente latinoamericano y fuera de él.

Bibliografía

Ahumada, M.; Garcés, M.; Naranjo, P. y Pinto, J. (2004): Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile. Discursos y documentos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, Santiago de Chile, LOM y Centro de Estudios Miguel Enríquez.

Amorós, M. (2007): Antonio Llidó, un sacerdote revolucionario, Universidad de Valencia.

— (2014): Miguel Enríquez, un hombre en las estrellas: biografía de un revolucionario, Ediciones B, Santiago de Chile.

Avendaño, D. y Palma, M. (2001): El Rebelde de la burguesía, la historia de Miguel Enríquez, Ediciones CESOC, Santiago de Chile.

Beguin, M. (1951): La rebelión en Tierra Santa: Memorias personales del Comandante en Jefe del Irgún Tsevaí Leumí en Eretz Israel, Buenos Aires, Santiago Rueda.

Calderón López, J. L. (2009): La política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante los dos primeros años de la dictadura militar (1973-1975). Entre la lucha por convertirse en actor político y la lucha por sobrevivir [trabajo fin de grado de Historia], Universidad de Santiago de Chile.

Camacho Padilla, F. (2011): Una vida para Chile. La solidaridad y la comunidad chilena en Suecia, 1970-2010, LOM, Santiago de Chile.

García Concha, E. (2010): Todos los días de la vida. Recuerdos de un militante del MIR chileno, Editorial Cuarto Propio, Santiago de Chile.

Goicovic, I. (2005): “El internacionalismo proletario en el Cono Sur”, ponencia a las II Jornadas de Historia Política de Chile Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile, 9 y 10 de noviembre [disponible en https://es.scribd.com/document/201018008/Junta-Coordinadora-Revolucionaria (última consulta el 24 de diciembre de 2018).

— (2012): “El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y la irrupción de la lucha armada en Chile, 1965-1990”, en P. Pozzi y C. Pérez (eds.), Historia oral e historia política: Izquierda y lucha armada en América Latina, 1960-1990, LOM, Santiago de Chile.

Hernández, M. (2004): El pensamiento revolucionario de Bautista van Schouwen, Editorial Escaparate, Concepción.

Leiva Flores, S. (2004): “El MIR y los comandos comunales: poder popular y unificación de la movilización social”, Cyver Humanitatis, nº 30.

— (2007): Teoría y práctica del poder popular: los casos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, Chile, 1970-1973) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP, Argentina, 1973-1976) [trabajo fin de máster], Universidad de Santiago de Chile.

Ortega, M. y Rodrigán, C. (comps.) (1998): Miguel Enríquez. Con vista a la esperanza, Ediciones Escaparate, Santiago de Chile.

Ortiz Figueroa, M. (2014): Cada día es continuar: Política e identidad en el MIR, 1965-1970, Editorial Escaparate, Concepción.

Palieraki, E. (2008): “La opción por las armas. Nueva izquierda revolucionaria y violencia política en Chile (1965-1970)”, Polis, nº 19.

Palma Ramos, J. (2009): Violencia política, estrategia político-militar y fragmentación partidaria en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile, 1982-1988. La guerra popular de la vanguardia del pueblo [trabajo fin de grado de Historia], Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Santiago de Chile.

Pérez, C. (2003): “Historia del MIR. Si quieren guerra, guerra tendrán”, Estudios Públicos, nº 91, Santiago de Chile.

— (2004): Años de disparo y tortura (1973-1975). Los últimos días de Miguel Enríquez, Centro de Estudios Miguel Enríquez, Santiago de Chile.

Pinto Vallejos, J. (2006): “¿Y si la historia les dio la razón? El MIR en Dictadura, 1973-1981”, en V. Valdivia; R. Álvarez y J. Pinto, Su revolución contra nuestra revolución-izquierdas derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981), LOM, Santiago de Chile.

Re, M. y García Gutiérrez, C. L. (2016): “La colaboración violenta: Las conexiones entre ETA y MIR”, en J. M. Azcona Pastor, Emigración y relaciones bilaterales España-Chile (1810-2015), Dykinson, Madrid.

Salinas, S. (2013): El Tres Letras: Historia y Contexto del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, RIL Editores, Santiago de Chile.

Valdés Navarro, P. (2006): Elementos teóricos en la formación y desarrollo del MIR durante el periodo 1965-1970 [trabajo fin de grado de Historia], Universidad de Valparaíso.

Vidazaurrázaga Aránguiz, T. (2006): Mujeres en Rojo y Negro. Reconstrucción de memoria de tres mujeres miristas, 1971-1990, Ediciones Escaparate, Concepción.

CAPÍTULO 11

LA REACCIÓN CONTRAINSURGENTE DE LAS DICTADURAS MILITARES EN AMÉRICA LATINA: LA OPERACIÓN CÓNDOR

Mariano García de las Heras

Introducción

El orden geopolítico establecido después de la Segunda Guerra Mundial tiene dos epicentros que rivalizan en su disputa por la hegemonía mundial: Moscú y Washington. El duelo entre la Unión Soviética y Estados Unidos admite una lectura holística debido a las pretensiones de ambas superpotencias por imponer sus modelos universales en todas las facetas: social, política, económica y cultural. Los desafíos que dominan las cosmovisiones del Kremlin y la Casa Blanca introducen unas relaciones a escala planetaria que discurren por unas coordenadas binarias presididas por la lucha entre códigos. El desenlace de la bipolaridad resultante coincide con el desmembramiento del bloque socialista entre los años 1989-1991.

La tensión propiciada por el antagonismo que representan los modelos defendidos por cada una de las dos superpotencias muestra sus impactos, de un modo directo, en diferentes latitudes de la periferia. América Latina es uno de los principales escenarios del periodo denominado por la historiografía como Guerra Fría. El antagonismo construido sobre el binomio Este-Oeste prospera con mucha intensidad en el conjunto de los países latinoamericanos, que experimentan unos procesos revolucionarios inspirados por las propuestas transformadoras de sus realidades socioeconómicas y políticas a través de la lucha armada.

El hilo central de esta obra detiene su mirada en el análisis de los casos más significativos de esta oleada revolucionaria y, en concreto, la pluralidad de experiencias guerrilleras localizadas en América Latina en el transcurso de la segunda mitad de la pasada centuria. No obstante, estas disidencias tienen una inmediata respuesta inscrita en la lógica que estimula el conflictivo desarrollo de la Guerra Fría.

El presente capítulo traza, grosso modo, la reacción de las elites que colonizan el poder en los diferentes países latinoamericanos, especialmente en aquellos que constituyen el Cono Sur, para detener los potenciales avances de las guerrillas revolucionarias. La proliferación de este tipo de movimientos constituye un factor de inestabilidad institucional sobre los sistemas políticos implantados en la región, que muestran sus limitaciones para responder desde unos parámetros democráticos a las demandas sociales y económicas que originan el estallido de estas expresiones políticas desde unos parámetros.

La negativa a las demandas de cambios estructurales reclamadas desde la pluralidad de los movimientos guerrilleros tiene un fuerte componente ideológico, que converge con las imágenes proyectadas desde unos planteamientos hemisféricos vinculados con la seguridad y la defensa de los intereses estadounidenses en su particular enfrentamiento con el “enemigo” soviético.

La doctrina contrainsurgente estadounidense aplicada en América Latina representa la columna vertebral de las páginas que componen este capítulo. El estudio de las iniciativas reaccionarias planificadas para detener la presencia de ideas subversivas en el continente americano muestra una enorme complejidad debido a las manifestaciones de su acción represiva. Su naturaleza está enmarcada en la denominada doctrina de seguridad nacional estadounidense y exige la existencia de una serie de condiciones fundamentales para su desarrollo:

La implantación de gobiernos aliados y que adoptan, en América Latina, la morfología de dictaduras militares.

La confección de unos mecanismos legitimadores de la práctica antisubversiva bajo la imagen de ordenamientos normativos bilaterales y multilaterales.

La constitución de unas fuerzas paramilitares encargadas de maniobrar para conseguir las metas detalladas por las elites dominantes en su lucha por mantener el orden establecido.

La máxima expresión de la acción contrainsurgente en América Latina está plasmada en la Operación Cóndor. Su despliegue afecta a la mayoría de los países que integran el Cono Sur y su acción es desarrollada de manera incesante durante la segunda mitad de la década de 1970. Los antecedentes de este proyecto y sus principales rasgos están reunidos bajo el último rótulo de este capítulo.

La propuesta teórica de la contrainsurgencia y su expresión aplicada mediante la Operación Cóndor tienen unos anclajes geopolíticos definidos por el enfrentamiento bipolar que transita a lo largo de las décadas comprendidas entre los años cincuenta y ochenta de la pasada centuria. Por este motivo, el siguiente epígrafe está reservado a la contextualización regional de América Latina en un escenario global dominado por las relaciones conflictivas entre la Unión Soviética y Estados Unidos.

Contextos regionales en lógicas globales:
América Latina y la Guerra Fría

El orden mundial que preside la segunda mitad del corto siglo XX está definido por la bipolaridad protagonizada por el antagonismo de dos modelos con aspiraciones universales: el paradigma capitalista liderado por Estados Unidos y la propuesta socialista abanderada por la Unión Soviética. La proliferación del armamento nuclear es una variable explicativa del orden geopolítico constituido tras el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, pero la acumulación de poder militar es insuficiente y los matices de las relaciones dominantes en la rivalidad bipolar exteriorizan su magnitud holística. Perry Anderson detalla estas prioridades desde los parámetros de la política exterior de la Casa Blanca en los siguientes términos: “Ejercer la máxima presión sobre la estructura de poder soviética y, en particular, sobre las relaciones entre el Gobierno de Moscú y sus países satélites”, librando “una guerra psicológica abierta para alentar las deserciones en masa de la lealtad soviética” y empleando “métodos encubiertos de guerra económica, así como política y psicológica, con vistas a fomentar y apoyar los disturbios y las rebeliones en algunos países satélites estratégicos (Anderson, 2014: 74).

La imagen amenazadora de una hipotética aniquilación mutua propiciada por la utilización de armas atómicas es la “cara más visible de la Guerra Fría”, pero apenas representa una arista del multifacético enfrentamiento librado entre Moscú y Washington (Hobsbawm, 2010: 238-241).

Los estudios estratégicos relativos al periodo de la Guerra Fría enfatizan el desarrollo de la carrera nuclear en sus explicaciones sobre las reciprocidades que gobiernan la concomitancia Este-Oeste. Estas investigaciones proyectan las configuraciones socioeconómicas desplegadas desde Moscú y Washington de un modo completamente abstracto y, como indica Fred Halliday (2002), los conflictos sociales y políticos localizados en la periferia de la economía-mundo apenas concentran la atención de sus planteamientos teóricos.

El conjunto de estas disyuntivas es fundamental para comprender las dinámicas que agilizan los cambiantes contextos que operan durante la segunda mitad del corto siglo XX. Estos escenarios introducen, al mismo tiempo, un conjunto de desafíos en la lógica binaria abanderada por el Kremlin y la Casa Blanca que fermentan en el curso de la proliferación de armas atómicas. Los movimientos guerrilleros representan, tanto en sus expresiones revolucionarias como en sus fórmulas contrarrevolucionarias, un agente activo en la configuración del orden global emergente tras el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y su influencia es asimilable al papel desempeñado por las cabezas nucleares en la hipotética amenaza atómica (Halliday, 2002: 160).

La periferia de la economía-mundo es, por tanto, el escenario que reúne las sucesivas hostilidades propiciadas por las relaciones adversas Este-Oeste. La guerra de Corea (1950-1953), la prolongada campaña bélica en Vietnam (1954-1975) o los numerosos conflictos enmarcados en los procesos emancipadores de las colonias afroasiáticas son algunos ejemplos ilustrativos.

América Latina representa una región sumamente importante para los códigos geopolíticos enunciados desde Washington y, por consiguiente, los múltiples movimientos insurgentes latinoamericanos introducen un desafío a la preponderancia estadounidense. El afloramiento de grupos revolucionarios en estas latitudes responde a un constante deterioro de las condiciones de vida, que evidencia la inviabilidad de superar el subdesarrollo dentro de los márgenes trazados por el sistema capitalista y cuestiona la opción del parlamentarismo liberal como fuente de transformación social.

Este escenario conduce al surgimiento de una corriente de pensamiento económico que reflexiona sobre las condiciones del crecimiento desigual en América Latina y que constituyen la fuente principal de violencia política. Sus explicaciones discurren de manera paralela a las teorías clásicas del desarrollo y su principal figura intelectual es Raúl Prebisch (Dosman, 2010). En este contexto nace, en 1948, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que pretende profundizar en la investigación científica de las realidades materiales del escenario latinoamericano. Su contribución consiste en la expresión de un doble razonamiento: por un lado, la doctrina centro-periferia, que desemboca en la tesis de la dependencia y, por otro, la programación de un proyecto destinado a integrar a los países de la región en el circuito comercial de la economía-mundo a través de la implementación de una industrialización sustitutiva de importaciones (Halperin, 2016: 439-442; Martínez y Rubio, 2017: 36).

Las políticas económicas industrializadoras ejecutadas como respuesta a los efectos heredados de unas condiciones históricamente coloniales y de la reciente crisis desencadenada en 1929 muestran un agotamiento en las décadas centrales del siglo XX. Los principales síntomas del estancamiento económico en la escena latinoamericana tienen su expresión en una reiterada inflación, la situación de dependencia tecnológica prolongada y unas crecientes tasas de desempleo. En su conjunto, estos factores constituyen una atmósfera propicia para la articulación de un descontento social que recurre, en numerosos países latinoamericanos, a la lucha armada como motor de cambio.

El triunfo de la revolución castrista en Cuba significa, además del derrocamiento de la dictadura implantada por Fulgencio Batista, la apuesta de Fidel Castro por un modelo socialista tras su conquista del poder en 1959. Esta reorientación añade una mayor complejidad al escenario geopolítico dominado por las relaciones entre las superpotencias soviética y estadounidense.

El decenio de los años sesenta contempla el alumbramiento de numerosas guerrillas latinoamericanas espoleadas por el éxito cosechado en la isla caribeña por el Movimiento 26 de Julio e inspiradas, en el terreno teórico, por la tesis foquista defendida por Ernesto Che Guevara155. Por el contrario, Estados Unidos percibe el triunfo en Sierra Maestra como una amenaza directa a sus intereses nacionales y un desafío a su seguridad (Martínez y Rubio, 2017: 47).

Las vanguardias revolucionarias adoptan la experiencia cubana como referencia y América Latina comienza a observar diferentes ensayos guerrilleros (Leal, 2003: 79). La fecha de la Revolución cubana marca el inicio del “largo decenio”, en palabras del sociólogo Tomás Vasconi (cit. en Gaudichaud, 2003), que concluye con el golpe de Estado en Chile y la consiguiente expulsión del poder de Salvador Allende en septiembre de 1973. La multiplicación de movimientos insurgentes durante el transcurso de estos años implica la respuesta de determinados sectores sociales, políticos y económicos que reaccionan al ciclo subversivo mediante la amenaza proyectada del “enemigo interno” (Martínez y Rubio, 2017: 59).

El panorama político latinoamericano es profundamente alterado por la colonización del poder político por parte de sectores militares con inclinaciones fuertemente represivas: Alfredo Stroessner en Paraguay, los generales brasileños instalados en el poder desde 1964, Hugo Banzer en Bolivia, Juan María Bordaberry en Uruguay y Francisco Morales Bermúdez en Perú. Poco tiempo después, en 1976, Jorge Rafael Videla completa la dinámica militarista en Argentina tras la etapa peronista. Al mismo tiempo, la práctica de unas propuestas basadas en la disuasión derivada de las formulaciones teóricas de la contención comunista sugieren un mayor grado de implicación política de las Fuerzas Armadas para estimular los procesos socioeconómicos de los países latinoamericanos (Tapia, 1980: 65).

Las tensiones sociales procedentes de un profundo descontento popular impulsan una serie de demandas políticas acompañadas por constantes manifestaciones de violencia. Argentina, Brasil y Chile establecen el denominado “imperativo económico” para interceder en las conflictivas relaciones entre capital y trabajo mediante la implantación de unas dictaduras dirigidas por figuras procedentes de los segmentos militares. Estos regímenes persiguen la recuperación económica a través de alianzas selladas con corporaciones que operan en la escala mundial y la negociación de los acuerdos firmados con sus acreedores. De este modo, las entidades bancarias estadounidenses y europeas cobran un mayor protagonismo en la economía doméstica de los países latinoamericanos.

América Latina experimenta una mayor fiscalización por parte de los organismos financieros internacionales —fundamentalmente el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Interamericano— durante este periodo (Skidmore y Smith, 1996: 69). El poder ejecutivo delega el rumbo económico en un grupo de jóvenes economistas formados en academias estadounidenses, reconocidos bajo la etiqueta de Chicago boys, y sus aportaciones consisten en introducir las teorías monetarias propias del nuevo ciclo capitalista tras la desactivación del sistema impuesto en Bretton Woods.

La reflexión histórica sobre el Cono Sur muestra una trayectoria marcada por las bruscas oscilaciones registradas en las décadas de los años sesenta y setenta. La tendencia principal proviene de la emergencia de importantes movimientos revolucionarios. Sin embargo, esta corriente es contrarrestada por la reacción de las elites dominantes que pretenden frenar las aspiraciones transformadoras de la insurgencia con la complicidad de Estados Unidos, que elabora una lectura precisa que interpreta la amenaza de sus intereses nacionales en el hemisferio. Gaudichaud resume estas turbulencias políticas, sociales y económicas en los siguientes términos:

Esta franja del continente pasó de una fase de fuerte movilización y politización social, con un incremento de partidos y organizaciones revolucionarias, el advenimiento al poder de gobiernos populistas de izquierda o progresista que proclaman la ruptura con el capitalismo, a un retroceso generalizado del movimiento obrero, una era de violencia política estatal, la destrucción masiva de todos los espacios de expresión y de participación democrática, la destrucción física e ideológica sin tregua de los militantes y de los movimientos revolucionarios, el establecimiento de modelos económicos capitalistas (Gaudichaud, 2003).

Contrainsurgencia: una metodología del terror
en América Latina

El perfil de un nuevo orden geopolítico desarrollado tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial potencia la emergencia de nuevos actores políticos desvinculados de las entidades estatales tradicionales. Por este motivo, la mayoría de las conflagraciones desarrolladas a partir de 1945 tienen unas nuevas particularidades desmarcadas de los parámetros bélicos predominantes durante la denominada “guerra total”156.

La relevancia de la contrainsurgencia crece de un modo exponencial desde el inicio de la Guerra Fría y, según Münkler (2005), su influencia es fundamental en las actuales concepciones del warfare. Los diferentes grupos de liberación nacional que operan en las colonias afroasiáticas y los múltiples movimientos guerrilleros localizados en América Latina otorgan un papel central a la insurgencia en el curso geopolítico comprendido entre las décadas de 1950 y 1970.

Los procesos insurgentes muestran una trayectoria histórica que transita en paralelo a las prácticas imperialistas. Por este motivo, la contrainsurgencia surge en potencias coloniales como Alemania, Gran Bretaña o Francia (Wasinski, 2010). Sin embargo, Argelia y su proceso emancipador es el paradigma que actualiza los marcos teóricos de la subversión y las respuestas represivas contrarrevolucionarias (Robin, 2005; De Benedetti, 2013).

La gestación de doctrinas contrainsurgentes muestra un elevado grado eurocéntrico como consecuencia de la localización de las guerrillas en los espacios periféricos y, por esta razón, los ejercicios teóricos pioneros tienen un origen francés y están inspirados por sus experiencias adquiridas en las campañas reaccionarias localizadas en latitudes dispares, como Malasia o Argelia (González Calleja, 2017: 289-290). Las primeras síntesis teóricas que pretenden contrarrestar los efectos provocados por las prácticas protagonizadas por los grupos insurgentes tienen su origen en Francia (Leal, 2003: 79).

La formación de comandos encargados de ejecutar los asesinatos de figuras relevantes de las distintas oposiciones políticas, los secuestros o las torturas son los procedimientos más frecuentes de la actividad contrainsurgente. La elaboración de manuales teóricos destinados a recopilar un amplio repertorio de técnicas destinadas a sistematizar la tortura es una prueba del peso atribuido a la contrainsurgencia para detener la acción de los movimientos guerrilleros.

El texto pionero es el Manual de Contrainteligencia en Interrogatorio (1963), también conocido por su criptónimo: Kubark157. Sus páginas detallan los métodos no convencionales empleados por la CIA —descargas eléctricas, utilización de drogas, hipnosis, castigos físicos, privaciones sensoriales— en los tratamientos dispensados a los presos considerados disidentes. En este tipo de literatura podemos destacar otras publicaciones reconocidas por su carácter precursor, como las obras del coronel francés Roger Trinquier: La guerre moderne (1961) o La guerra moderna y la lucha contra la guerrilla (1965).

La idea de contrainsurgencia pretende sistematizar y justificar la concurrencia de fuerzas especializadas en la coacción con el objetivo de mantener el orden social vigente. En consecuencia, su acción está dirigida hacia aquellas agencias sociales y políticas que buscan una ruptura con el sistema existente. En términos castrenses, el adjetivo insurgente indica la presencia de una resistencia organizada que persigue una transformación radical de la realidad social, política y económica.

Las iniciativas de carácter psicológico asumen un papel sustantivo en las maniobras contrainsurgentes y su planificación consta de un triple repertorio propagandístico: propaganda blanca favorable al Gobierno, propaganda gris para la difusión de rumores y propaganda negra que proporciona desinformación sobre el enemigo. El triple abanico cromático descrito está acompañado de un elevado grado de violencia y su propósito consiste en influir sobre el razonamiento, la sensibilidad y el comportamiento de la población civil (Zelik, 2011).

En el aspecto táctico, la insurgencia apela a la conjugación de estrategias de guerrilla con acciones de movilización política mediante la violencia, la propaganda o la desobediencia civil con el propósito de deslegitimar a la autoridad establecida en el poder en un determinado territorio. Por consiguiente, la esencia de su éxito radica en la posibilidad de captar la atracción y el apoyo de la comunidad (García Guindo, 2013: 215). La contrainsurgencia intenta, por el contrario, la deslegitimación de los insurgentes a través de un plan compuesto de iniciativas políticas, socioeconómicas, psicológicas, territoriales y militares.

En el caso concreto de América Latina, la dirección estadounidense es fundamental y responde a unos códigos geopolíticos dominados por la bipolaridad de la Guerra Fría. Los primeros conflictos de esta etapa histórica cuestionan la efectividad de las concepciones clásicas del warfare y la sustitución de los enfrentamientos reglados por pautas convencionales por unas hostilidades irregulares produce nuevos replanteamientos, tanto desde el punto de vista táctico como estratégico. En estas circunstancias, la atención recae sobre la población civil (Zelik, 2011).

La escena global determinada por las aspiraciones universales de Moscú y Washington tras la derrota de las potencias del Eje impone unos imaginarios binarios, que pueden sintetizarse en el antagonismo constituido por el ideal soviético del socialismo y la representación estadounidense del capitalismo. La doctrina de la contrainsurgencia no abandona los parámetros de la bipolaridad característicos de la Guerra Fría y, en estas circunstancias, la fracción capitalista identifica a la insurgencia como “subversión marxista” (Gaudichaud, 2003).

La periferia simboliza el tablero de juego para la aplicación del diseño de las estrategias contrainsurgentes dirigidas desde el centro de la economía-mundo. Estados Unidos reelabora su doctrina en materia de política exterior a partir de la construcción de una imagen específica: chienlit marxiste. Washington declara, en estas circunstancias, su firme posicionamiento militar para anunciar “la capacidad de infligir daños con una represalia masiva […] Las fuerzas estadounidenses y sus aliados están dispuestos a actuar rápidamente para contrarrestar la agresión de las fuerzas del bloque soviético” (National Security Council, 1953: 5). La manifestación de esta agresiva política exterior estadounidense mantiene su vigor hasta la aplicación de la distensión provocada por la célebre “crisis de los misiles” desarrollada bajo el mandato de John F. Kennedy158.

La Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) desembolsa mil millones de dólares anuales para realizar investigaciones exhaustivas sobre las estrategias de coerción y la guerra psicológica entre los años 1950-1962 (McCoy, 2005: 210). La CIA desarrolla técnicas de tortura que combinan metodologías de diferente naturaleza y dedica varios miles de millones de dólares en la exploración de aspectos clave de la conciencia humana, especialmente aquellos mecanismos relacionados con la persuasión masiva y las consecuencias de las restricciones sobre el discernimiento individual (McCoy, 2005: 216). La historiadora Patrice McSherry (2009: 40) ofrece una caracterización de las operaciones contrarrevolucionarias en los siguientes términos:

Utilización de cuerpos paramilitares irregulares controlados por los poderes estatales.

Construcción de redes involucradas en labores de inteligencia y represión.

Intensificación de la vigilancia social desarrollada por las agencias estatales de inteligencia.

Ejecución de acciones terroristas bajo la etiqueta de “contraterrorismo” para eliminar a las figuras subversivas más destacadas y disciplinar a la población.

Desarrollo de campañas de guerra psicológica para legitimar su acción contrainsurgente.

La contrainsurgencia dota a las fuerzas de seguridad de amplias funciones represivas y policiales —arrestos, interrogatorios, allanamientos— al margen de los ordenamientos jurídicos. Esta caracterización potencia las prácticas de inteligencia y establece, al mismo tiempo, unos sistemas de vigilancia permanentes porque el control debe admitir una dimensión totalizadora. No obstante, los poderes públicos estatales no admiten responsabilidades emanadas de la violencia paramilitar porque la contención no implica una acción directa y abierta debido a los elevados costes políticos.

La máxima expresión de esta lucha contra la subversión fue “la doctrina de la guerra de baja intensidad norteamericana aplicada en Centroamérica” (Zelik, 2011). La combinación de las tácticas guerrilleras y de las maniobras contrainsurgentes es un ingrediente central en las formulaciones estadounidenses, especialmente difundidas en sus centros de instrucción creados para la formación de cuadros militares procedentes de países aliados (McClintock, 2002).

La práctica de una metodología del terror dirigida a frenar los numerosos movimientos guerrilleros en América Latina desborda las fronteras políticas, especialmente en el Cono Sur. Los principios doctrinarios de la seguridad nacional y las concepciones anticomunistas desempeñan un factor explicativo sustantivo en la explicación del terrorismo de Estado desarrollado durante la Guerra Fría (McSherry, 1999: 163).

Sus iniciativas implican la participación combinada de una serie de países latinoamericanos a través de acuerdos bilaterales y la suma de las fuerzas policiales de las dictaduras militares constituye un célebre proyecto contrarrevolucionario, que actúa bajo la designación de la Operación Cóndor. Las líneas que ocupan la siguiente sección de este capítulo ilustran sus principales características y sus maniobras más sobresalientes en su misión de reprimir la disidencia en sus respectivos territorios.

Operación Cóndor: antecedentes
y caracterización del terrorismo de Estado

En la Conferencia Panamericana, celebrada en Chapultepec durante la primavera de 1945, Estados Unidos advierte a las esferas militares convocadas “del peligro que constituye el comunismo” (Gaudichaud, 2003). En esta ciudad mexicana, la diplomacia estadounidense opta por acelerar la cohesión hemisférica dentro del orden geopolítico definido por la lógica impuesta por la Guerra Fría y sus correspondientes zonas de influencia (Martínez y Rubio, 2017: 27).

La composición de bloques en la Guerra Fría tiene su manifestación regional y permanece sellada a través de diferentes acuerdos jurídicos. En esta dirección conviene destacar dos importantes textos que constituyen la institucionalización del sistema interamericano. En 1947, la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Continentales origina el Tratado de Río de Janeiro, que Washington interpreta de manera similar al acuerdo de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) firmado con Europa occidental. Un año después, en la primavera de 1948, la IX Conferencia Panamericana celebrada en la capital colombiana establece los fundamentos jurídico-políticos mediante la Carta de Bogotá y formaliza la Organización de Estados Americanos.

El articulado de ambos ordenamientos edifica un nuevo concierto regional apoyado, al menos teóricamente, en una serie de preceptos: igualdad jurídica de los países integrantes, solución pacífica de los conflictos, principios de no intervención y defensa colectiva frente a las agresiones (Martínez y Rubio, 2017: 27-28). Precisamente, el último criterio señalado prevalece debido a la constante percepción de la amenaza atribuida al comunismo en la disputa por la hegemonía mundial que enfrenta a Washington con Moscú.

La Ley de Seguridad Mutua aprobada en 1951 representa un instrumento fundamental para la nueva política continental desarrollada por Estados Unidos. Esta normativa prescribe la ayuda militar, técnica y económica en función de las alianzas suscritas con la pretensión de afianzar la seguridad mutua y los intereses nacionales fijados desde Washington. Su traducción práctica está plasmada, de manera inmediata, en la firma de una serie de convenios bilaterales etiquetados como Programas de Ayuda Militar y que habilitan la instalación de mandos estadounidenses entre los altos rangos de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Su principal finalidad consiste en dotar a las tropas de sus aliados de un adiestramiento militar y está acompañada, además, del préstamo o la venta de armamento (López, 1987: 59).

Los reiterados acuerdos bilaterales de asistencia militar tienen el propósito de proporcionar un aprendizaje, tanto teórico como bélico, a los oficiales latinoamericanos. La Escuela de las Américas desempeña un papel muy destacado en esta dirección, mientras que las constantes conferencias que reúnen a los altos cargos de las Fuerzas Armadas suponen una herramienta imponderable en la consolidación de la contrainsurgencia porque permite la acción desmarcada del control de los poderes civiles.

Esta experiencia inicial propicia la proliferación de centros especializados en la instrucción castrense para profesionales procedentes de diversos puntos del continente. Su consecuencia es la “pentagonización” de América Latina y significa, al mismo tiempo, una importante fuente de ingresos para el Reserva Federal estadounidense. Esta estrategia representa, además, un mecanismo que permite extrapolar las metas militares adheridas a los intereses de la Casa Blanca (Serra, 2007: 15).

La atmósfera política de la Guerra Fría favorece el trazado de un esquema conjunto por parte de las dictaduras en América Latina para combatir frontalmente, aunque de manera velada, las numerosas expresiones revolucionarias que concurren en la región con la complicidad de la Casa Blanca. Las repetidas prácticas de injerencia estadounidense contra los sistemas políticos progresistas latinoamericanos están guiadas por una fuerte tendencia anticomunista que permite “sembrar los gérmenes de la Operación Cóndor” (Gaudichaud, 2003). El proyecto responde, por tanto, a unos criterios basados en la coordinación y la reciprocidad entre los servicios de inteligencia de los regímenes militares emplazados en el Cono Sur.

Los mecanismos de terror practicados en la Operación Cóndor entroncan con distintas experiencias bilaterales previas y muchos de los países participantes en este proyecto cuentan con antecedentes contrainsurgentes extremadamente violentos, que cristalizan en la creación de grupos paramilitares: los Escuadrones de la Muerte en Brasil, la denominada Triple A argentina —Alianza Anticomunista Argentina— entre los años 1973-1976 o los grupos chilenos reunidos bajo el nombre Patria y Libertad tras el triunfo golpista de Augusto Pinochet en 1973.

La iniciativa de la Operación Cóndor está envuelta por la doctrina de seguridad nacional que programa Estados Unidos para su política hemisférica (McSherry, 1999: 150). La variante latinoamericana manifiesta la idea de garantizar una estabilidad social desde unos parámetros invariables de la entidad estatal.

La maquinaria de Cóndor fue un componente secreto de una estrategia más amplia de contrainsurgencia, dirigida por Estados Unidos para impedir o revertir los movimientos sociales que demandaban cambios políticos o socioeconómicos […] encarnaba un concepto estratégico clave de la doctrina de Seguridad Nacional de la Guerra Fría; el concepto de defensa hemisférica que estaba definida por fronteras ideológicas (McSherry, 2005: 25).

En términos operativos, el proyecto contrainsurgente conserva unos antecedentes similares en la Operación Phoenix, desarrollada en el sudeste asiático durante la contienda bélica en Vietnam, o la red Gladio, que actúa en Italia durante la posguerra. El hito fundacional del operativo remite a una reunión celebrada en Santiago entre los días 25 de noviembre y 1 de diciembre de 1975. Los responsables de seguridad y las máximas autoridades de los cuerpos secretos policiales de un buen número de países latinoamericanos (Jorge Casas —Argentina—, Carlos Mena —Bolivia—, Manuel Contreras —Chile—, Benito Guanes —Paraguay— y José Pons —Uruguay—) asisten a esta cita para precisar la estructura de la represión contrainsurgente de un modo eficaz y coordinado.

El funcionamiento del proyecto esbozado en la capital chilena está respaldado por la ayuda proporcionada desde núcleos ajenos afincados en Europa: por un lado, los servicios de inteligencia franceses, que colaboran mediante la incursión de antiguos militares que engrosaban las filas de la Organización Armada Secreta en su lucha contra el proceso emancipador localizado en Argelia159; y, por otro lado, la participación de representantes destacados de los Ejércitos secretos de la OTAN, que integran algunas células terroristas activas en numerosos países (Calloni, 2016: XLVI). En relación con este último apunte, el historiador Josep Fontana aporta un dato revelador:

Había Ejércitos stay-behind [“grupos de retaguardia”] en quince países europeos, en ocho de los cuales —Italia, Turquía, Alemania, Francia, España, Portugal, Bélgica y Suecia— su actividad estuvo ligada a actos terroristas. [El presidente italiano] Andreotti reconoció en agosto de 1990 la realidad de Gladio y el Parlamento Europeo condenó […] la existencia, durante los cuarenta años anteriores, de una organización clandestina de información y de organización de operaciones armadas en diversos países de la Comunidad Europea (Fontana, 2017: 3, 299).

El operativo mantiene una actividad que desborda el trazado de las fronteras políticas y esta característica muestra la fluidez en las conexiones entre los países miembros que integran esta alianza contrarrevolucionaria. La principal novedad procede de la consideración de trasladar el poder político a instancias militares y sustituir la categoría de amenaza externa por la imagen del enemigo interno (Leal, 2003: 74-75). Uno de los documentos más significativos es el telegrama codificado que remite a Washington Robert Scherrer, agregado del FBI en la ciudad de Buenos Aires, y que notifica el funcionamiento concreto del operativo de la siguiente manera:

La Operación Cóndor es el nombre clave para la recopilación, el intercambio y el registro de informaciones relativas a los supuestos “activistas de izquierda”, comunistas y marxistas que han sido compartidas recientemente por los diferentes servicios de inteligencia en América del Sur con el objetivo de eliminar las actividades marxistas en la región. De otra parte, la Operación Cóndor prevé acciones conjuntas contra los blancos terroristas en los países miembros […] Chile es el centro de apoyo de la operación […] Una tercera, y la más secreta de las fases de la operación, implica la formación de equipos especializados de los países miembros que son destinados a moverse en cualquier lugar del mundo […] para ejecutar sanciones, que incluyen el asesinato contra los terroristas o las organizaciones de apoyo (Gaudichaud, 2003).

El cable del agente de los servicios de inteligencia estadounidenses señala el funcionamiento del operativo mediante un ciclo compuesto de tres fases: recolección de datos, maniobras conjuntas y asesinatos a escala internacional. La última fase no es un apéndice de la actividad del operativo, sino que está inscrito en sus maniobras y las evidencias de su aplicación remiten incluso a las acciones ejecutadas en los años inmediatamente anteriores a la Operación Cóndor. Los asesinatos del comandante Carlos Prats —antiguo ministro en el Gobierno de Salvador Allende—, el coronel uruguayo Ramón Trabal o los políticos chilenos Bernardo Leighton y Orlando Letelier son algunos de los ejemplos más ilustrativos que figuran en la antesala del terrorismo practicado por la agencia represora coordinada desde Santiago por Manuel Contreras, el responsable de la Dirección Nacional de Inteligencia chilena.

El propósito inicial consiste en el intercambio de información sobre disidentes políticos radicados en otros países bajo la condición de refugiados. Su principal objetivo radica en la eliminación de una plataforma supranacional constituida por los movimientos guerrilleros más numerosos del Cono Sur y que actúa bajo la denominación de Junta Coordinadora Revolucionaria. Las formaciones insurgentes agrupadas en esta coalición son los tupamaros uruguayos, los Montoneros argentinos, el MIR chileno y el ELN boliviano. Sin embargo, esta plataforma muestra una escasa vigencia debido a la magnitud de la represión ejercida por las dictaduras y sus síntomas de agotamiento son notables ya durante la década de 1970.

La Operación Cóndor consiste en el ejercicio deliberado de una campaña de terror orquestada y ejercida por las fuerzas militares establecidas en el poder de las dictaduras latinoamericanas. Su propósito fundamental radica en la eliminación de toda manifestación insurgente propiciada por el ciclo revolucionario que experimenta América Latina en su conjunto desde las décadas centrales del siglo XX y su desarrollo incurre, en reiteradas ocasiones, en la quiebra de los principios básicos de la soberanía política. En resumen, el operativo represivo desplegado en los países del Cono Sur está caracterizado por dos elementos:

La condición geográfica visible tanto en la coordinación formal de sus actividades como en la condición transfronteriza de sus acciones ejecutadas.

La dimensión coercitiva ejemplificada a través de la intensa represión política ejercida de manera similar a las organizaciones terroristas.

La contribución estadounidense reside en el asesoramiento financiero y la asistencia técnica suficiente para desarrollar la represión de la insurgencia. El concurso de la CIA es visible en la instrucción de los agentes encargados de aplicar los métodos del terror con el objetivo preciso de frenar las recurrentes oleadas guerrilleras (Calloni, 1999: 17; Serra, 2007: 18-19). Las numerosas intervenciones represivas contrarrevolucionarias están apoyadas en una ideología de matriz anticomunista (McSherry, 1999: 150), que dibuja una determinada imagen de la guerrilla con el propósito de justificar el despliegue del terror y mantener el orden establecido por las dictaduras (Leal, 2003; Martínez y Rubio, 2017).

El análisis del operativo contrainsurgente activado a través de la Operación Cóndor está inscrito en el contexto de una alianza anticomunista dirigida por Estados Unidos (McSherry, 1999: 145). La participación de las agencias estadounidenses es desvelada por las numerosas fuentes primarias que constituyen las colecciones del calificado Archivos del Horror160. En términos cuantitativos, las maniobras de los operativos contrainsurgentes en el Cono Sur revelan una cifra aproximada de 50.000 asesinados/desaparecidos; mientras que, en Centroamérica, los datos correspondientes a El Salvador y Nicaragua registran unas 150.000 víctimas durante sus respectivas dictaduras y las posteriores guerras desencadenadas (Calloni, 1999: 16).

Consideraciones finales

La Guerra Fría proporciona la lectura dual de unas relaciones internacionales que descansan sobre el antagonismo representado por Moscú y Washington. La lógica de la bipolaridad preside la geopolítica desarrollada por ambas superpotencias y proyecta sus imaginarios sobre sus correspondientes bloques aliados. El fenómeno descolonizador representa una ruptura en este esquema gobernado desde el Kremlin y la Casa Blanca, ya que la periferia del sistema-mundo adquiere una especial relevancia en la escena global.

Las contradicciones y tensiones que dominan los parámetros del contexto bipolar están abiertamente escenificadas en América Latina. La irradiación de movimientos guerrilleros que exhortan a la lucha armada para transformar las realidades sociales y económicas en numerosos países latinoamericanos implica la reacción de determinados sectores agraviados por la iniciativa revolucionaria con la connivencia de los Estados Unidos.

La institución de un sistema político con afinidades socialistas en Cuba está precedido de la lucha revolucionaria liderada por las figuras de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. El derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista en la isla caribeña tiene dos efectos inmediatos: por un lado, la preocupación estadounidense derivada de la implantación de un modelo que simpatiza con su rival soviético en la disputa hegemónica a tan solo unos kilómetros de las costas de Florida; y, por otro, la emergencia de numerosas corrientes insurgentes en América Latina que recurren a la actividad armada incentivadas por el ejemplo cubano.

Estados Unidos reacciona con una propuesta que persigue suavizar los efectos negativos producidos por las economías capitalistas latinoamericanas y que responde al nombre de Alianza para el Progreso. Este proyecto, trazado por la Administración del presidente Kennedy, pretende atraer la adhesión de los países que constituyen su “patio trasero”, según el vocabulario de la Guerra Fría. En cambio, el agotamiento de las expectativas ligadas a una posible ruptura con los lazos de dependencia económica y la creciente desigualdad en las sociedades de América Latina impulsan las motivaciones revolucionarias.

En estas circunstancias, la doctrina de seguridad nacional aprobada por Washington importa las teorías de la contrainsurgencia europea. Los servicios de inteligencia estadounidenses participan, de manera directa o indirecta, en los sucesivos golpes de Estado que recorren el escenario político latinoamericano y que significan la creación de nuevos regímenes militares. Estas dictaduras colaboran con las agencias de Estados Unidos y diseñan unas tácticas de represión que exceden la legalidad para eliminar todas las manifestaciones de disidencia política.

El ciclo de violencia ejercido por estos regímenes políticos muestra su apogeo durante la década de 1970 y su máxima expresión es la existencia de la denominada Operación Cóndor. Sus acciones requieren la colaboración de las autoridades policiales de las dictaduras latinoamericanas y la creación de diversos cuerpos paramilitares que ejecutan las decisiones estratégicas de la contrainsurgencia. Estos grupos operan bajo el amparo de las elites gobernantes y sus prácticas terroristas tienen un registro geográfico transfronterizo, ya que la rúbrica de diferentes acuerdos jurídicos permite la intervención territorial de estas fuerzas en los distintos países firmantes.

El curso histórico de América Latina desde 1945 está marcado por un conjunto de binomios anclados en la dualidad que introduce la geopolítica de la Guerra Fría. En primer lugar, la variable económica reflejada en la constante disputa protagonizada entre la condición dependiente de las economías latinoamericanas en el sistema-mundo y la defensa de unos modelos desarrollistas. En segundo término, la permanente tensión política provocada entre los sistemas políticos democráticos y las dictaduras militares caracterizadas como regímenes autoritarios. Por último, y conectada con las dos referencias anteriores, la exacerbada violencia motivada por la colisión entre unos movimientos guerrilleros que reclaman una profunda transformación de la realidad socioeconómica y la reacción contrainsurgente propagada por las agencias represoras.

La imagen de este paisaje político muestra ciertos síntomas de continuidad en el orden posterior a la Guerra Fría. La transición hacia un mundo multipolar no ha eliminado los vestigios de la pasada centuria en la región latinoamericana porque las contradicciones que invaden la pluralidad de América Latina están vigentes en la actual escena política, aunque no se puede sostener empíricamente la presencia de una estructura análoga a la manifestada por la Operación Cóndor.

El ascenso al poder del venezolano Hugo Chávez marca el compás del cambio electoral apreciado en distintas repúblicas latinoamericanas durante la primera década del presente siglo. Las presidencias del ecuatoriano Rafael Correa, el boliviano Evo Morales, el uruguayo José Mujica, la argentina Cristina Fernández, el paraguayo Fernando Lugo o el brasileño Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff han representado, en mayor o menor medida, un paréntesis en la denominada “larga noche neoliberal”. Las expectativas de renovación y prosperidad abiertas por las políticas de estos gobiernos han sido mitigadas por la restitución de los arquetipos capitalistas en países como Argentina o Brasil.

En definitiva, las lecciones de América Latina proclaman una continuidad expresada a través de unas discrepancias anquilosadas en su largo recorrido histórico. La sustitución de los actores revolucionarios por el activismo posmoderno y la mudanza de las dictaduras militares en unos regímenes autoritarios establecidos mediante las técnicas de un golpismo de terciopelo proyectan una imagen cambiante. Sin embargo, los intereses depositados por Estados Unidos en la región latinoamericana permanecen inalterables a pesar de la desarticulación de la “amenaza” comunista.

Bibliografía

Anderson, P. (2014): Imperium et consilium. La política exterior norteamericana y sus teóricos, Akal, Madrid.

Calloni, S. (1999): Los años del lobo. Operación Cóndor, Ediciones Continente, Buenos Aires.

— (2016): “Introducción”, en VV AA, Operación Cóndor. 40 años después, Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, Buenos Aires, pp. XXXIX-XLVIII.

De Benedetti, D. (2013): “Insurgencia y contrainsurgencia en los inicios del nuevo siglo”, X Jornadas de Sociología. 20 años de pensar y repensar la sociología: nuevos desafíos académicos, científicos y políticos para el siglo XXI, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 1-6 de julio.

Dosman, E. J. (2010): La vida y la época de Raúl Prebisch (1901-1986), Marcial Pons, Madrid.

Fontana, J. (2017): El siglo de revolución. Una historia del mundo desde 1914, Crítica, Barcelona.

García Guindo, M. (2013): “El concepto de insurgencia a debate: una aproximación teórica”, Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 12(1), pp. 211-224.

Gaudichaud, F. (2003): “L’ombre du Condor. Contra-révolution et Terrorisme d’Etat International dans le Cône Sud”, Amnis. Revue de civilisation contemporaine Europes/Amériques, 3 [disponible en http://journals.openedition.org/amnis/473].

González Calleja, E. (2017): Asalto al poder. La violencia política organizada y las ciencias sociales, Siglo XXI, Madrid.

Halliday, F. (2002): Las relaciones internacionales en un mundo en transformación, Los Libros de la Catarata, Madrid.

Halperin, T. (2016 [1969]): Historia contemporánea de América Latina, Alianza, Madrid.

Hobsbawm, E. J. (2010 [1995]): Historia del siglo XX, 1914-1991, Crítica, Barcelona.

Leal, F. (2003): “La Doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur”, Revista de Estudios Sociales, nº 15, pp. 74-87.

López, E. (1987): Seguridad nacional y sedición militar, Legasa, Buenos Aires.

Martínez, P. A. y Rubio, P. (2017): América Latina actual. Del populismo al giro de izquierdas, Los Libros de la Catarata, Madrid.

Mcclintock, M. (2002): Instruments of Statecraft: U.S. Guerrilla Warfare, Counterinsurgency and Counterterrorism, 1940-1990 [disponible en http://statecraft.org].

Mccoy, A. W. (2005): “Cruel Science: CIA Torture and U.S. Foreign Policy”, New England Journal of Public Policy, 19(2), pp. 209-262.

Mcsherry, J. P. (1999): “Operation Condor: Clandestine Inter-American System”, Social Justice, 26(4), pp. 144-174.

— (2009): Los Estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina, LOM, Santiago de Chile.

Münkler, H. (2005): Viejas y nuevas guerras: asimetría y privatización de la violencia, Siglo XXI, Madrid.

National Security Council (1953): Basic National Security Policy. NSC 162/2, Washington, 30 de octubre.

Robin, M. M. (2005): Escuadrones de la muerte, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

Serra, E. (2007): “As escolas militares dos Estados Unidos e a pentagonização das forças armadas da América Latina”, Outros Tempos, vol. 1, pp. 13-31.

Skidmore, T. E. y Smith, P. H. (1996): Historia contemporánea de América Latina. América Latina en el siglo XX, Crítica, Barcelona.

Tapia, J. (1980): El terrorismo de Estado. La Doctrina de Seguridad Nacional en el Cono Sur, Nueva Imagen, México.

Traverso, E. (2009): A sangre y fuego: de la guerra civil europea (1914-1945), Universidad de Valencia.

Wasinski, C. (2010): “La volonté de réprimer. Généalogie transnationale de la contre-insurrection”, Cultures & Conflits, 3-4(79-80) [disponible en http://conflits.revues.org/18078].

Zelik, R. (2011): “La guerra asimétrica. Una lectura crítica de la transformación de las doctrinas militares occidentales”, Estudios Políticos, nº 39, pp. 168-195.

Sobre los autores

Secundino González Marrero

Profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias Políticas de esta misma universidad.

Fernando Harto

Profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias Políticas y Sociología de esta misma universidad.

Eduardo Sánchez Iglesias

Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias Económicas de esta misma universidad.

Jerónimo Ríos Sierra

Investigador posdoctoral de la Universidad Complutense de Madrid, beneficiario de las Ayudas de Atracción del Talento Investigador de la Comunidad de Madrid (2018). Su trabajo de investigación en este libro se inscribe en el proyecto 2018-T2/SOC-10508.

Egoitz Gago Antón

Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y doctor en Estudios de Paz de la Universidad de Bradford en Reino Unido.

Marté Sánchez Villagómez

Docente investigador en la Universidad de San Martín de Porres de Perú y docente de pregrado en la Universidad Federico Villareal, además de doctor en Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Manuel L. Valenzuela Marroquín

Docente en la Universidad de San Martín de Porres de Perú y máster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

José Manuel Azcona Pastor

Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Deusto.

Cristina-Luz García Gutiérrez

Doctora en Historia de la Universidad Autónoma de Madrid y profesora de educación secundaria (especialidad Geografía e Historia) vinculada a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Patricia Pinta Sierra

Doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, trabaja en la actualidad como técnica y analista demoscópica en el Congreso de los Diputados.

Mariano García de las Heras

Historiador y politólogo, en la actualidad desarrolla su tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid a la vez que forma parte del proyecto de investigación “Los discursos geopolíticos en la península ibérica durante las dictaduras de Salazar y Franco” (ref. HAR2015-68492-P).

NOTAS

1 . Un editorial del periódico Prensa Libre, del 2 de enero de 2017, tras advertir del grado de incumplimiento habido de dichos acuerdos, señala que “a pesar de todo constituyen una buena base para intentar cambios reales en el país” [disponible en http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/el-fracaso-de-los-acuerdos-de-paz (última consulta el 28 de mayo de 2018)].

2 . Hubo un Partido Comunista Guatemalteco entre 1922 y 1932. De nuevo activo a partir de 1949, aunque no legalizado, en su II Congreso eligió el nombre por el que finalmente sería conocido. Guatemala no fue el único país donde en aquella época los comunistas recurrieron a un nombre distinto del habitual en los partidos integrantes de la Internacional Comunista. Por ejemplo, el Partido Socialista Popular de Cuba o el Swiss Party of Labour.

3 . Aunque tuvo algunas expectativas de acción política pacífica al comienzo del Gobierno de Ydígoras Fuentes (1958-1963) (Figueroa Ibarra, 2006: 136-137).

4 . Ambos morirían en circunstancias trágicas unos años más tarde. Yon Sosa encabezó el Movimiento 13 de Noviembre, de relaciones conflictivas con el PGT por la influencia trotskista en su seno. Por su parte, Turcios Lima se convertiría en el principal dirigente de las FAR.

5 . Entre ellos estaba Rodrigo Asturias (Gaspar Ilom) posterior fundador de la Organización del Pueblo en Armas y también un grupo de miembros del Partido de Unidad Revolucionaria, heredero del periodo democrático. Sobre la apasionante vida de Carlos Paz Tejada, véase Figueroa Ibarra (2001).

6 . A estas primeras FAR, todavía vinculadas al PGT, se sumaron César Montes (Julio César Macías, 1997) y Pablo Monsanto (2013), cuyas autobiografías son una fuente clave para el estudio de la guerrilla en Guatemala, y a las que hay que añadir las de Mario Payeras (1980, 1987, 1991), Gustavo Porras (2009), Santiago Santa Cruz (2006), Pedro Pablo Palma Lau (2010) y Héctor Nuila (2015). Documentos de las FAR y de los otros grupos guerrilleros pueden consultarse en la página web del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (CEDEMA). Ahí figura el documento elaborado por César Montes donde expone las razones de la ruptura de las FAR con el PGT [disponible en http://www.cedema.org/index.php?ver=verlista&grupo=33&nombrepais=Guatemala&nombregrupo=Fuerzas%20Armadas%20Rebeldes%20%28FAR%29].

7 . Una parte de las FAR su sumó al apoyo, pero, según César Montes, en ausencia del máximo dirigente Turcios Lima y la oposición del propio Montes.

8 . En un párrafo muy explícito, las FAR señalaba que “después de cuatro unos de lucha hacemos el balance: 300 revolucionarios caídos en combate, 3.000 hombres del pueblo asesinados por el régimen de Julio César Méndez Montenegro. El PGT (su camarilla dirigente) puso las ideas y las FAR los muertos”, V Declaración de las FAR en http://www.cedema.org/ver.php?id=6572, consultada el 31 de mayo de 2018.

9 . Humberto Alvarado señala, sin detallar en qué consistió, “la política de intromisión de alguno de los dirigentes de la Revolución cubana”. Como hipótesis, la ruptura entre las FAR y el PGT pudiera ser el reflejo de la entonces diferencia de criterios entre los dirigentes soviéticos y los cubanos. José Manuel Fortuny (2002: 201) da cuenta de su enfrentamiento con Manuel Piñeiro, responsable dentro del Partido Comunista de Cuba de las relaciones con la izquierda latinoamericana. Fortuny acusa a Piñeiro de intentar dividir al PGT.

10 . Entrevista del autor con militantes del EGP en Madrid, 1997. Por su parte, Gustavo Porras, exmiembro del EGP y posteriormente jefe del equipo negociador del Gobierno que firmó la paz, señaló que “la gran rebelión indígena que estuvo en la base de que el EGP desafiara el poder del Estado […], en parte por la pobreza y la discriminación, pero esos eran factores que ya venían. No que hubieran surgido, pero la coyuntura, en la cual se radicaliza la población indígena, sobre todo del altiplano occidental, nadie ni la menciona porque no conviene, pero es el fraude en contra de Ríos Montt en 1974” [disponible en http://s21.gt/2016/12/28/la-firma-la-paz/ (última consulta el 3 de junio de 2018)].

11 . En general, la ortodoxia marxista leninista en América Latina poca atención había puesto en las poblaciones indígenas, con la excepción pionera de José Carlos Mariátegui. En el largo texto de Huberto Alvarado sobre la historia del partido, la palabra indígena aparece solo una vez. Apenas hay referencias a los indígenas —y ninguna políticamente relevante— en las memorias de José Manuel Fortuny, fundador y primer secretario general del PGT (Fortuny, 2002).

12 . Rigoberta Menchú y su familia estuvieron vinculados al EGP directa o indirectamente a través del Comité de Unidad Campesina.

13 . En Los días de la selva, Payeras narra —con mucho talento literario— las andanzas de la primera columna del EGP que se instaló en la zona del Ixcán.

14 . Siguiendo los precedentes del FSLN y del FMLN, que también cosieron —más o menos— su fraccionamiento precedente. Como en estos casos, la unificación fue resultado de la acción combinada de reflexión interna y sugerencias de los apoyos externos.

15 . Por ejemplo, en los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH, 1999) y el de Recuperación de la Memoria Histórica. Tras la publicación de dichos informes, nuevos documentos han contribuido a conocer más detalles sobre la represión. Así, el llamado Diario Militar, dado a conocer en 1999 (Secretaría de la Paz, 2011) o el descubrimiento fortuito del Archivo Histórico de la Policía Nacional [disponible en http://archivohistoricopn.org/].

16 . Para entonces, el final de la Guerra Fría supuso sin duda un impulso a la negociación. Sobre el papel clave de dicho final en los procesos de reinserción guerrillera en América Latina, véase Patricia Pinta (2015).

17 . Emitido el 20 de octubre de 2016 [disponible en http://www.urng-maiz.org.gt/2016/10/los-ideales-de-la-revolucion-de-octubre-viven-en-los-acuerdos-de-paz/]. La posición de que los Acuerdos de Paz deben constituir la agenda política del país se mantiene, de modo que dos años después, a principios de 2018, la URNG señalaba que: “[…] ante la actual crisis política que demuestra que la agenda de la paz tiene vigencia, URNG considera que es necesario un nuevo esfuerzo nacional por reorientar al país hacia una nueva fase de cumplimiento de los acuerdos, ante lo cual llama a todas las fuerzas nacionales a lograr un nuevo compromiso por la Agenda de la Paz” [disponible en http://www.urng-maiz.org.gt/2018/01/construir-un-frente-comun-unico-camino-para-el-cumplimiento-de-los-acuerdos-de-paz/ (ambas páginas consultadas el 5 de junio de 2018)].

18 . Asturias tuvo una época de exclusión, a causa de que miembros de la ORPA secuestraron a una de las personas más ricas del país para pedir un rescate, justo cuando los Acuerdos de Paz estaban en su trámite final. De hecho, Asturias no figura como firmante de dichos acuerdos, aunque sí hubo representación de la ORPA en la Junta Directiva Provisional (Pedro Pablo Palma Lau y Santiago Santa Cruz como vocales). En dicha Junta Directiva estaban además, como presidente, Ricardo Ramírez (Rolando Morán en el EGP); vicepresidente, Jorge Soto (Pablo Monsanto, FAR); secretario de actas, Ricardo Rosales (Carlos González, PGT); y vocales: Francisco López, Enrique Corral, Estela Maldonado, Pablo Ceto, Arnoldo Villagrán, Celso Humberto Morales, Gregorio Chay, Wilson Romero y Adrián Zapata.

19 . En concreto fueron tres las listas: la de excombatientes, formada por 2.940 personas, la de estructuras internas clandestinas de apoyo, que incluía a 2.320 personas y la de estructuras externas, que incluía a 493 personas. Allison (2016: 8) hace una comparación entre la tasa de desmovilizados por cada 100.000 habitantes de Guatemala y de El Salvador y señala que la guerrilla salvadoreña desmovilizó a 293 miembros, por 69 de la URNG.

20 . En el cálculo del porcentaje no se incluye a Rolando Morán, antiguo dirigente del EGP y presidente de la Junta Directiva Provisional, fallecido al poco tiempo de la legalización del partido.

21 . La pertinencia para América Latina del uso de la escala de autoubicación ideológica (1 más a la izquierda, 10 más a la derecha) ha sido puesta en cuestión por numerosos analistas (González y Queirolo, 2013). Es verdad que, además, en el caso de Guatemala, el porcentaje de quienes siendo preguntados responden desconocer su significado se eleva al 25,36 por ciento. Los datos sobre los dirigentes de la URNG —que, por cierto, sitúan a su partido aún más a la izquierda que ellos mismos, en el 1,25— están tomados de Martí e Ibarra (2004: 198, tablas 17 y 18). Para la población, proceden de Azpuru et al. (2004: 162).

22 . En 2003, por ejemplo, se negaron a apoyar en la segunda vuelta a Álvaro Colom —por cierto, el candidato con el que habían tenido su mejor resultado, en 1999, aunque en esta ocasión se presentaba por otro partido— con un argumento cuando menos con olor a naftalina: “Las posiciones entreguistas de Colom a la oligarquía” (Nuila, 2015: 297). Colom ganaría las elecciones de 2007 y una pequeña parte de los cuadros de la URNG se integraría en su Gobierno.

23 . Agradecemos a los profesores Marcos Roitman (UCM) y José Manuel Ágreda Portero (USC) por su ayuda en la realización del presente texto.

24 . En las elecciones presidenciales celebradas el 5 de noviembre de 2006, el candidato del FSLN, Daniel Ortega, gana con un 38 por ciento del voto. Toma posesión en enero de 2007.

25 . La dictadura somocista la conformaron tres dictadores: Anastasio Somoza García (1937-1956), su hijo Luis Somoza Debayle (1957-1963) y Anastasio Somoza Debayle (1967-1979).

26 . El EDSN surge el 2 de septiembre de 1927 como Ejército guerrillero liderado por el general César Augusto Sandino, que partió del departamento de Nueva Segovia y combatió a las tropas norteamericanas que invadieron Nicaragua en 1926. La lucha se extendió hasta la entrada de Sandino en Managua el 2 de febrero de 1933 después de lograr la retirada de las tropas de Estados Unidos del país. La mayor parte de sus componentes fueron asesinados junto a Sandino en 1934 a manos de la Guardia Nacional comandada por Anastasio Somoza García.

27 . Fundado en 1944, funciona oficialmente como el Partido Comunista de Nicaragua.

28 . En el FLN convergieron miembros provenientes de las experiencias guerrilleras tradicionales, guerrilleros de El Chaparral, del Frente Revolucionario Sandino, Juventud Patriótica, Movimiento Nueva Nicaragua y del PSN.

29 . La creación del FSLN sigue siendo un hecho en discusión, de la que existen numerosas contradicciones en cuanto a sus fechas concretas y los verdaderos fundadores de la guerrilla sandinista. Para una recopilación de las diferentes versiones, véase Baltodano (2010: 129-253).

30 . Para un análisis sobre el nacimiento y evolución histórica de estas organizaciones, véase Martí i Puig (2002 y 2012), Hernández (2012), Ágreda (2013) y Tinelli (2016).

31 . Historiador y participante de la guerrilla de El Chaparral.

32 . Veáse Mao Tse Tung, “Problemas estratégicos de la guerra de guerrillas antijaponesas”, en Marx et al. (1980: 151-189).

33 . Véase Vo Nguyen Giàp (1971).

34 . Carlos Fonseca se refería al ejemplo de Vietnam como “Vietnam indomable”, “que pese a la convicción de que algún día vencerían los vietnamitas, la victoria de 1975 no dejó de ser sorprendente” (Fonseca, 1985: 159).

35 . A pesar de la influencia de la concepción de GPP, no se puede definir al FSLN como una guerrilla maosita.

36 . Véase “Nicaragua Hora Cero” en Fonseca (1985: 161).

37 . Véase González (2017: 236-254).

38 . Véase Mensaje del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, a los estudiantes revolucionarios (Fonseca, 1985: 134-135).

39 . Principalmente en Costa Rica, como Humberto Ortega y, sobre todo en Cuba, en la que residía Carlos Fonseca y Tomas Borge.

40 . La DN estaba formada por: Tomás Borge, Oscar Túrcios, Julio Buitrago, como dirigente de los comandos urbanos, quien murió a manos de la Guaria Nacional el 15 de julio de 1969, Ricardo Morales, Henry Ruiz y Humberto Ortega, siendo Carlos Fonseca el máximo dirigente.

41 . Sobre la política exterior de Estados Unidos respecto de Nicaragua durante la Administración Carter, véase Pozas (2000: 124-146).

42 . El 22 de agosto de 1978, un comando del FSLN dirigido por Edén Pastora toma el Palacio Nacional, sede en aquel entonces del poder legislativo, siendo el resultado de las negociaciones la liberación de 83 dirigentes sandinistas, un rescate de medio millón de dólares y la publicación de diversos comunicados sandinistas en la prensa prosomocista (Martí y Puig, 2002: 24).

43 . Barrio de la ciudad de Masaya, habitado mayoritariamente por indígenas, que de manera espontánea se sublevó contra la dictadura en febrero de 1978, dando lugar a los sucesos conocidos como la Insurrección de Monimbó.

44 . Para un detallado análisis de la composición social de los sectores que participaron en la insurrección de 1979, véase el estudio de Vilas (1984: 169-189).

45 . Con la intención de recuperar la cohesión del FSLN, Carlos Fonseca ingresa en el país desde Cuba y cae en una emboscada en la comarca de Zinica (Matagalpa) el 7 de noviembre de 1976, camino de la montaña donde iba a producirse el encuentro con la DN (Baltodano, 2010).

46 . En octubre de 1977, el FSLN-I planificó una jornada de ofensivas en las principales ciudades del país que incluía el ataque simultáneo sobre los cuarteles de la Guardia Nacional en San Carlos, Río San Juan, Ocotal, Nueva Segovia, León, Rivas, Chinandega y, sobre todo por la repercusión que tuvo, el ataque al cuartel de Masaya. Sobre el desarrollo y significado de la ofensiva de octubre, véase Baltodano (2010: 108-378, tomo 3).

47 . El Grupo de los Doce lo integraron: Sergio Ramírez (escritor), Emilio Baltodano Pallais (industrial), Ricardo Coronel Kautz (ingeniero agrónomo), Fernando Cardenal (jesuita), Miguel D’Escoto (religioso de la orden Maryknoll), Carlos Tunnerman (exrector de la Universidad Nacional), Joaquín Cuadra Chamorro (abogado y financiero), Ernesto Castillo (abogado), Arturo Cruz (economista, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington), Casimiro Sotelo (arquitecto), Felipe Mantica (empresario) y Carlos Gutiérrez (médico).

48 . En relación a la capacidad de comunicación de la TI, hay que señalar el control que el FSLN-I tuvo sobre Radio Sandino, radio clandestina que sirvió de apoyo al Frente Sandinista hasta el derrocamiento del somocismo. Al respecto, véase Baltodano (2010: 430, tomo 3).

49 . Humberto Ortega afirmó en una entrevista que Fidel Castro le entregó 1.200 fusiles FAL: se repartieron 900 a los terceristas, 200 a los GPP y 100 a los proles (Baltodano, 2010: 429, tomo 3).

50 . A pesar de contar con la misma representación en la DNC, los nuevos mandos militares y políticos conjuntos contaron con una clara hegemonía de miembros provenientes de la TI.

51 . En 1969 se produjo un enfrentamiento militar entre El Salvador y Honduras. La posición mayoritaria del PCS fue la de alinearse con el Gobierno salvadoreño, apoyando el discurso nacionalista gubernamental. En contra de esta posición se manifestó un grupo de dirigentes entre los que además de Salvador Cayetano Carpio se encontraban la sindicalista Mélida Anaya Montes y los estudiantes universitarios Clara Elizabeth Ramírez y Felipe Peña. Este grupo sería el núcleo fundador de las FPL.

52 . El FDR se constituyó en abril de 1980. El 27 de noviembre de ese mismo año quienes formaban la cúpula dirigente, Enrique Álvarez Córdova, Juan Chacón, Manuel Franco, Humberto Mendoza y Enrique Barrera, fueron secuestrados y asesinados por un Escuadrón de la Muerte. Tras estos crímenes la dirección recayó en Guillermo Ungo, líder del Movimiento Nacional Revolucionario, partido socialdemócrata miembro de la Internacional Socialista, y Rubén Zamora, líder del Movimiento Popular Social Cristiano, que provenía de una escisión de la izquierda del Partido Demócrata Cristiano.

53 . Aunque por motivos burocráticos, la obtención de la personería jurídica no se produjo hasta el 14 de diciembre de 1992.

54 . Ambos documentos se aprobaron en 1994 y desde entonces han sufrido varias enmiendas y modificaciones.

55 . La organización militar del FMLN llegó a desarrollar las siguientes unidades:

• Dos brigadas, Rafael Arce Zablath, en Morazán (ERP), y Rafael Aguiñada Carranza (PCS).

• Destacamento Luis Adalberto Diaz, en Guazapa (PRTC).

• Batallón Carlos Arias (RN).

• Agrupación de batallones Felipe Peña, en Chalatenango (FPL).

56 . Para un análisis en profundidad del proceso de negociación entre el FMLN y el Gobierno de El Salvador puede consultarse Harto (1991).

57 . Por razones de espacio, no podemos desarrollar el contenido e implementación de los Acuerdos de Chapultepec. Un análisis pormenorizado puede consultarse en Harto (1992b).

58 . Cabe decir que esta concepción se podía hacer extensible a otros lugares del país como Natagaima, Purificación y Rioblanco, en Tolima; Yacopí y Viotá, en Cundinamarca; Montevideo, Puerto Wilches y la línea de ferrocarril de Bucaramanga, en Santander.

59 . República de Marquetalia es como se denominaba al corregimiento de Gaitania, perteneciente al municipio de Planadas, en el sur de Tolima, y donde autodefensas campesinas van a hacer valer el término de “repúblicas indepenedientes”, ya mencionado. A tal efecto, son ilustrativas las obras de Arenas (1973) o Ramírez y Jiménez (2002).

60 . La UP surge en 1985 como el intento de integrar una traslación desde la lucha guerrillera hacia la disputa electoral. Consiguió integrar a miembros de la ADO y a combatientes desmovilizados del ELN y de las FARC, sobre todo. Su proximidad creciente hacia el PCC, por un lado, y su distanciamiento a la doctrina de la combinación de todas las formas de lucha, por otro, colocó al partido en el disparadero de una violencia sin límites especialmente proveniente del narcotráfico, del paramilitarismo e incluso de la fuerza pública. Una violencia que se saldó con miles de militantes asesinados, además de dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, trece diputados, setenta concejales y once alcaldes. A tal efecto, son obras de obligada referencia Ortiz (2009) y Giraldo (2001).

61 . El término de genocidio serviría para el caso particular de la UP a tenor de que, según la Resolución 96 de la Asamblea General de la ONU de 1946, el genocidio puede entenderse cuando “la denegación del derecho de vida a grupos humanos” reposa bajo razones de índole político.

62 . Tal y como se verá con posterioridad, en este mismo capítulo, el paramilitarismo empezará a ganar fuerza a partir de finales de la década de los setenta, en municipios concretos de Antioquia y Boyacá e, incrementalmente, en buena parte de la región del Magdalena Medio.

63 . El Estado Mayor Central constituye el máximo organismo de dirección y mando de las FARC, siendo las decisiones adoptadas en su marco de obligado cumplimiento para todos los integrantes que forman parte de la guerrilla. Este Estado Mayor Central, durante la etapa de crecimiento y consolidación de las FARC, estuvo conformado por 31 miembros. Una de sus principales funciones fue y es la elección del Secretariado (máxima autoridad guerrillera entre pleno y pleno del Estado Mayor Central), al igual que la designación de los comandantes del Estado Mayor en los frentes, el ajuste de los plantes entre conferencia guerrillera y conferencia guerrillera y la adopción de todas las decisiones financieras que afectan a la guerrilla.

64 . En un intento por ganar posición de cara a una eventual negociación con el Estado, las FARC asestaron diferentes golpes certeros y victorias estratégicas sobre las Fuerzas Militares colombianas. En abril de 1996 atacaron la base militar de Puerres, en Nariño, asesinando a 38 soldados. En agosto de 1996 en Las Delicias, Putumayo, las FARC asesinaron a 54 soldados y secuestraron a otros 60. Un mes después, en La Carpa, en Guaviare, murieron otros 30 soldados. En diciembre de 1997 se atacó la base de Patascoy, en Nariño, donde murieron 10 soldados y fueron secuestrado otros 18. Ya en 1998, en El Billar, en Caquetá, las FARC volvieron a atacar, en esta ocasión una brigada móvil del Ejército, la cual sufrió la muerte de 64 soldados y el secuestro de otros 43. Finalmente, en el ataque sobre Miraflores, en Guaviare, murieron otros 14 soldados y tres civiles, siendo secuestrados hasta 135 uniformados y, en La Uribe, en Meta, murieron 33 soldados y otros ocho fueron secuestrados (Echandía, 2000: 133).

65 . Disponible en www.eln-voces.com

66 . Véase www.eln-voces.com (última consulta el 29 de diciembre de 2018).

67 . Véase www.eln-voces.com (última consulta el 20 de diciembre de 2018).

68 . Disponible en http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/Documents/agenda-dialogos-paz-gobierno-eln.pdf (última consulta el 20 de diciembre de 2018).

69 . El estatuto actualizado del PCP (2017) señala que existen los comités zonal, distrital, provincial, regional y central. Véase en http://www.pcp.pe/pcp/estatuto-4

70 . El 3 de julio de 1677 se fundó la UNSCH. La universidad fue clausurada dos veces, entre 1876 y 1886, y, reabierta en julio de 1959 hasta la fecha.

71 . Los estudiantes secundarios también estaban organizados, el Frente Único de Estudiantes de Huanta se creó el 1 de junio de 1969; mientras que el Frente Único de Estudiantes Secundarios de Ayacucho se formó el 13 de junio del mismo año. En los siguientes días y antes del 17 del mismo mes, ambos frentes estudiantiles se afiliaron e incorporaron al FREDEPA, engrosando así el poder de convocatoria y concentración y movilización de organizaciones de base en el departamento ayacuchano.

72 . La dictadura militar (1968-1980), durante el Gobierno del general Velasco Alvarado (1968-1975) hizo su propia caracterización de la sociedad peruana como subdesarrollada y dependiente inmersa dentro de un sistema capitalista.

73 . Para más detalles, se puede consultar http://www.pagina-libre.org/MPP-A/Textos/PCP1986/GuerraPopular.html

74 . Fernando Belaunde Terry fue candidato por la alianza política electoral Acción Popular y Partido Demócrata Cristiano, llegando a ser presidente en 1963.

75 . Dentro del argot militar, se denominó “zona roja” a los espacios poblacionales controlados o influenciados por el PCP-SL.

76 . Ubicada en la provincia de Huancasancos, departamento de Ayacucho.

77 . En un interesante debate moderado por Mirko Lauer en el que participaron representantes de la izquierda peruana de la década de 1960 y 1970, se discute sobre el carácter del Gobierno militar. Manuel Dammert consideraba que Velasco fue incapaz de detener el levantamiento popular; sin embargo, Gustavo Espinoza señala que se trataba de una izquierda militar de nuevo tipo.

78 . El artículo publicado por Hurtado (1986) causó molestia al interior del MRTA. Según Simon (1988): “Esta tesis fue compartida por muchos escépticos que estimaban que era casi imposible que los tupacmarus pudieran abrirse un espacio entre estas fuerzas encontradas. La vida misma, sin embargo, se encargó de responder a estas apreciaciones. Y, hoy por hoy, el MRTA ocupa un lugar destacado en la lucha de clases” (1988: 108).

79 . En el año 2012 Vicky Peláez fue detenida en Estados Unidos acusada de ser una espía de Rusia.

80 . La relatoría de dicha sesión está disponible en https://www.cverdad.org.pe/apublicas/sesiones/sesion10a.php

81 . Este texto es gregario del que aparece en Azcona Pastor (2010).

82 . Este capítulo se enmarca en el Proyecto de Investigación de la Cátedra de Excelencia URJC Santander/Presdeia, cuya referencia es F38-HC/Cat-Ib-2018-2019, “Historia de los movimientos guerrilleros en América Latina” (Vicerrectorado de Innovación y Transferencia).

83 . Aunque mantiene en su teoría, eso sí, un Estado fuerte, capitalizador de toda la economía nacional de naturaleza corporativa y de las energías del cuerpo social popular.

84 . Disponible en [http://cipdes.org/articulos/Montoneros_y_bandoleros_cajamarquinos.html]. Véase, también, a este respecto Cáceres-Olazo (1998), Frandkin (2003), Barrio (2005), Tamagnini (2005), De la Fuente (2008) y García (2014).

85 . Es importante la consulta de las siguientes referencias académicas: Orbe (2008), Amaral (2010), Salcedo (2012), Pacheco (2014) y Ruiz (2015).

86 . Véanse Farias (2014), Micieli y Pelazas (2014), Inchauspe y Noguera (2015), Iribarne (2015), Passaro (2017), Slipak (2017) y Taccetta (2018).

87 . Gutiérrez (2015) y Nofal (2015). Véase también el interesante texto de Ponza (2008).

88 . Seguimos el documentado e interesante libro de Lanusse (2005: 191 y ss.).

89 . Casa-quinta, estructura habitacional y laboral agropecuaria que se asemeja a la hacienda, al rancho o al cortijo.

90 . Editorial, revista Periscopio, nº 33, 5 de mayo de 1970.

91 . Así al menos se hace constar en la revista El Descamisado, nº 17, de 11 de septiembre de 1973.

92 . A este respecto y sobre la forma de actuar de Montoneros pueden consultarse: Ollier (2008), Ramírez (2010), Balletta (2012) y Leis (2013).

93 . Revista La Causa Peronista, año 1, nº 9, martes 3 de septiembre de 1974, p. 96. Es interesante la consulta de Fernández (2017).

94 . Ibídem, p. 67.

95 . Conducción era el nombre que los terroristas Montoneros dieron a la Dirección Ejecutiva de la organización.

96 . Comunicado nº 3, 31 de mayo de 1970, “Al pueblo de la nación”, ibídem, p. 69.

97 . La Causa Peronista, p. 97.

98 . Del 21 de julio de 1970. En la propia condena a Aramburu hablan de “sentido de estricta justicia cristiana”. Sobre la reacción del Gobierno argentino, pueden verse Paiaro (2011) y Confino (2018).

99 . En este aspecto hay plena coincidencia con otras guerrillas contemporáneas.

100 . Denominación “gorila” a todo aquel que se oponía a las tesis del peronismo político y al que, por principio, criticaban de inmovilista y retrógrado.

101 . Cristianismo y Revolución, nº 25, septiembre de 1970, pp. 57-58.

102 . Ídem.

103 . Cristianismo y Revolución, nº 26, noviembre-diciembre de 1970, p. 70.

104 . En el nº 25, septiembre de 1970. Véase, asimismo, Slipak (2014).

105 . Según la fuente, entre tres mil y cinco mil personas acudieron a los tres oficios fúnebres.

106 . Véase también González Alemán (2008). Gárategaray (2012) y Otero (2015 y 2017).

107 . Cristianismo y Revolución, nº 29, junio de 1971, p. 21.

108 . Periscopio, nº 35, del 9 de junio de 1978, p. 18.

109 . Hubo versiones no confirmadas de una reunión entre algunos miembros de la conducción montonera y el almirante Emilio Massera, que habría tenido lugar en París, en 1977. De acuerdo a las mismas, Montoneros ofreció un cese al fuego, es decir, un alto en las acciones contra la Marina y el Ejército, a cambio de detener la represión contra sus cuadros y la liberación de los militantes detenidos o desaparecidos. La Marina no habría aceptado dichas condiciones. También corrieron rumores tendentes a desprestigiar a la organización, sugiriendo traiciones de su conducción y un “doble juego” con las Fuerzas Armadas. Como ejemplo de esta supuesta connivencia, se ha afirmado que la vivienda ubicada en la calle Libertad, 244, en el municipio de Martínez, en la periferia bonaerense, en la que Montoneros ofreció una conferencia de prensa que puso término al cautiverio de Jorge Born, era una “casa segura” del Servicio de Inteligencia del Ejército, propiedad de Nelson Romero y lugar al que concurría asiduamente Rodolfo Silchinger, agente de la SIDE. Es interesante la consulta de los siguientes trabajos: Campos (2013) y Confino (2015 y 2016).

110 . Entrevista realizada a los profesores Ricardo Martín de la Guardia y Guillermo A. Pérez Sánchez, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, el 30 de mayo de 2008.

111 . De acuerdo con diversos autores, la primera generación guerrillera se inicia a finales de los años cincuenta y engloba el decenio inmediatamente posterior a la Revolución cubana; el segundo ciclo insurgente arranca en torno a 1970, prolongándose durante el transcurso de las siguientes décadas.

112 . Labrousse (2009: 76) ofrece algunos datos reveladores en este sentido. El PIB anual per cápita ascendía por aquel entonces a los 1.023 dólares, muy por encima de la media regional de 616. Uruguay era, además, el segundo país del subcontinente, después de Chile, con una menor mortalidad infantil y su número de teléfonos (69 por cada 1.000 habitantes) era similar al de Argentina y superior al de países como Chile (25), Brasil (14) o México (7).

113 . En ocasiones, de hecho, ni siquiera recibían su remuneración en dinero, sino en vales que habían de ser canjeados en la cantina o dispensario del patrón, imposibilitando así cualquier forma de autonomía y ahorro (Bordas, 2015: 42).

114 . Tiempo después, en una entrevista concedida a Lessa (2002: 63), Eleuterio Fernández Huidobro, antiguo dirigente del MLN-T, reiteraba la apuesta realizada entonces por la organización, cuestionando la posición del Che: “Yo era muy joven cuando vino el Che y […] nos dijo […] que acá no había condiciones para la lucha armada, que este era un país con legalidad y que mientras hubiera incluso un poco de legalidad, había que desarrollar la lucha por el terreno de la paz. Y cuando salió de ese discurso, le hicieron el único atentado que le hicieron en su vida al Che Guevara; casi lo matan. Mataron a un profesor. Quiere decir que la derecha uruguaya le contestó con pólvora al Che Guevara, diciéndole que sí, que había condiciones para la lucha armada, aunque hubiera legalidad […]. Demostró por lo menos, el Che, ser un poco ingenuo”.

115 . Esta era, de hecho, la primera de las conclusiones que establecía el Documento nº 1 de la organización, publicado en 1967. Respecto a las condiciones subjetivas (conciencia, organización, dirección), todavía ausentes según reconocían, se confiaba en que su creación tendría lugar precisamente a través de la propia acción revolucionaria.

116 . Eran fundamentalmente cuatro los grupos que integraban el Coordinador: Sendic y los cañeros de la UTAA, el MIR, los anarquistas de la Federación Anarquista Uruguaya y el Movimiento Revolucionario Oriental-Movimiento de Apoyo al Campesinado.

117 . Los “comandos del hambre” consistían, en particular, en la incautación de camiones de comida de grandes cadenas de supermercados que luego se repartía en las barriadas pobres.

118 . Para Labrousse (2009: 16), las marchas y acampadas de cañeros en Montevideo jugaron un papel fundamental en la politización de numerosos jóvenes capitalinos que, durante los sesenta, se irían incorporando al MLN. Y es que, de acuerdo con el autor, el imaginario cañero revistió una gran importancia en el pensamiento tupamaro: “Para los tupamaros, los cañeros sirvieron para construir en el Uruguay la representación de una opresión similar a la que reinaba en la mayoría de las zonas rurales de los países de América Latina y contra la cual se justificaba rebelarse” (Labrousse, 2009: 78).

119 . El nombre de la organización hacía referencia a Túpac Amaru II, líder indígena que encabezó un movimiento insurreccional contra el poder colonial en el virreinato del Perú entre los años 1780 y 1781. Fue ejecutado por las autoridades españolas en la plaza de Armas de Cuzco, descuartizado tras amarrar sendos caballos a cada una de sus extremidades, convirtiéndose en un símbolo continental de resistencia. Tanto fue así que el término “tupamaro” acabó por convertirse en el apelativo que las autoridades españolas empleaban para referirse a los rebeldes sublevados contra su Imperio.

120 . Su programa de gobierno de 1971, tomado como expresión o cristalización de su ideología, contenía medidas clásicas de la izquierda revolucionaria como la planificación de la economía y la supresión de la competencia, la reforma agraria y la expropiación a latifundistas, la socialización de las grandes fábricas o la nacionalización de la banca (Bordas, 2015: 55). No obstante, según Gatto (2004: 251-252), las generalidades programáticas, la imprecisión en sus objetivos y la vaguedad propositiva fueron una singular característica del proyecto tupamaro.

121 . El Comité Ejecutivo designado por la I Convención estuvo integrado por Sendic, Tabaré Rivero y Eleuterio Fernández Huidobro (Bordas, 2015: 57).

122 . Existían también las denominadas “células periféricas”, constituidas por colaboradores externos a la organización y consagradas fundamentalmente a tareas de apoyo logístico, intendencia, propaganda, etc. (Labrousse, 2009: 33).

123 . El 26-M pasaría a formar parte del Frente Amplio (FA), una coalición de partidos de izquierdas y sectores progresistas creada algunos meses antes (Labrousse, 2009: 88-91).

124 . La literatura especializada en violencia política y guerras civiles ha señalado, con frecuencia, la importancia de las variables asociadas a la orografía para el estudio del estallido y desarrollo de conflictos armados de diverso tipo (véase Fearon y Laitin, 1999; Abadie, 2006; Hegre y Sambanis, 2006).

125 . La elección de la ciudad como teatro de operaciones ha generado un cierto debate en la literatura sobre cuáles son los límites que permiten diferenciar entre terrorismo y guerrilla urbana (Waldmann, 2010: 1). Se trata, en realidad, de una discusión teórica compleja y en buena medida inconclusa que excede los límites del presente estudio. Remitimos para ello a Pinta (2015: 23 y ss.), donde realizamos un análisis pormenorizado sobre dicha cuestión. La propuesta teórica sobre la guerrilla urbana fue esencialmente desarrollada por Abraham Guillén (Guillén y Hodges, 1977) y Carlos Marighela (1969).

126 . Tal fue, precisamente, el apelativo con el que la revista Time se refirió al grupo en un reportaje del mes de mayo de 1969. En ella, el periodista afirmaba: “Sus osadas y bien planeadas acciones, su habilidad en las relaciones públicas, su sentido del humor y su estilo les confieren la imagen de modernos Robin Hood, robando al rico para darle al pobre, exponiendo los errores y la corrupción y riéndose del Gobierno en sus narices” (Demasi, 2016: 14-15).

127 . La película dirigida por Costa-Gavras en 1972, État de Siège, se basa precisamente en los hechos transcurridos durante aquellos días.

128 . Iniciada en 1975, la Operación Cóndor articulaba toda una política de cooperación supranacional en el control y supresión de la disidencia, de la que fueron partícipes numerosos países sudamericanos. Esta red clandestina y criminal instrumentó la desaparición y muerte de opositores chilenos, argentinos, brasileños, bolivianos, uruguayos, etc. (Gutiérrez y Villegas, 1998: 21).

129 . La celebración de esta consulta popular sobre la propuesta de reforma constitucional planteada por la dictadura aspiraba, en realidad, a ser un instrumento de legitimación del régimen. Sin embargo, contra sus pronósticos y con una elevada tasa de participación (85 por ciento), la mayor parte del electorado (57 por ciento) se manifestó contrario al proyecto militar (Bordas, 2015: 100).

130 . Autores como Adolfo Garcé (2006) o Jaime Yaffé (2005) han estudiado en sus respectivos trabajos los procesos de adaptación ideológica, programática y discursiva del MPP y el FA durante sus años de ascenso y victoria electoral.

131 . En un trabajo titulado bajo este mismo nombre (Paper stones: a history of electoral socialism), Adam Przeworski y John Sprague (1986) rescatan esta expresión, que atribuyen a Friedrich Engels, para referirse precisamente al sufragio.

132 . Agradecimientos a POSTDOC_DICYT-Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), por la que pude realizar una investigación sobre el MIR y sus conexiones internacionales durante el curso 2014-2015.

133 . “Población” en Chile es el nombre utilizado para las zonas periféricas de infraviviendas y “poblador/a”, quien vive en ella.

134 . “MIR, 35 años” corresponde a cinco capítulos aparecidos en la revista Punto Final entre agosto y noviembre del 2000, Centro de Estudios Miguel Enríquez, p. 4 [disponible en: http://www.archivochile.com/Archivo_Mir/otros_doc_sobre_el_mir/mirotrosdocsobre0003.pdf (última consulta el 15 de diciembre de 2018).

135 . Luis Vitale, trotskista e historiador, será uno de los más críticos con la línea guevarista que querían imponer los “jóvenes” del movimiento. Planteó como cláusula para su adopción que la condición para comenzar la lucha armada fuera asegurarse del apoyo previo de las masas (Palieraki, 2008: 8).

136 . El Rebelde era el órgano oficial de la VRM, que es traspasado al MIR en 1965, quedando a cargo de Dantón Chelén, exdirector del periódico del PSP que destacaba por su filiación trotskista (Ortiz Figueroa, 2014: 24).

137 . Los miristas que acudieron a Cuba durante la dictadura lo harían para formarse militarmente y volver a Chile, situación que ocurrirá a partir de 1978 con la denominada Operación Retorno. Sobre las vivencias de los hijos e hijas de los miristas que se quedaron en Cuba en el llamado Proyecto Hogares es especialmente interesante el documental de Macarena Aguiló El edificio de los chilenos (2010). Otro de los lugares de recepción del exilio chileno en dictadura será Suecia. Véase Camacho Padilla (2011).

138 . Sobre la vida y militancia de Miguel Enríquez, véase Amorós (2014).

139 . Interesante es el debate interno que se generó durante el exilio en el momento que se planteó la Operación Retorno sobre quién podía volver y quién debía quedarse cuidando a los niños. Para adentrarse en la experiencia de vida de las mujeres miristas, véase Vidazaurrázaga Aránguiz (2006). El trabajo fin de máster en el que se basó el libro está disponible en [https://www.archivochile.com/tesis/04_tp/04tp0013.pdf (última consulta el 13 de enero de 2019)].

140 . Sobre el caso de Antonio Llidó, véase Amorós (2007).

141 . En especial una lectura habitual será el libro de Beguin (1951).

142 . A los que se unirían los comités de Valparaíso y Concepción en 1984.

143 . Información entregada a la autora por un miembro del MIR que específicamente ha solicitado mantenerse en el anonimato.

144 . Entrevista realizada a Andrés Pascal Allende el día 5 de septiembre de 2014 en Santiago de Chile, de 12:00 a 12:59 horas, por Cristina Luz García Gutiérrez. Cuando habla de los secuestros se está refiriendo al secuestro del empresario español Emiliano Revilla en el que el MIR colaboró con ETA en 1988. Sobre el particular, véase Re y García Gutiérrez (2016).

145 . Durante el paro patronal se van a crear los Comandos Comunales. Sobre el particular, véase Leiva (2004).

146 . “Al MIR lo golpearon muy poco en los primeros días, sobre todo en la capital, donde en los dos primeros meses solo contaban con 50 muertos, en provincias el resultado era del doble de bajas. Eso es lo que hizo que el MIR fuera expulsado de las provincias y se empieza la reagrupación en las colonias de Santiago” (Calderón, 2001: 87).

147 . Sobre la internacionalización del MIR, véase Goicovic (2005).

148 . En Chile se llama de manera coloquial “coño” a una persona de origen español o ascendencia española.

149 . Véase en MIR, “Editorial. A los trabajadores y a los revolucionarios del mundo”, El Rebelde, 102, Santiago de Chile, diciembre de 1974, p. 2.

150 . Véase MIR, Análisis de coyuntura, Santiago de Chile, febrero de 1977, p. 89.

151 . El Plan 78 ha sido analizado por Pinto Vallejos (2006).

152 . Entrevista realizada a Andrés Pascal Allende el día 5 de septiembre de 2014 en Santiago de Chile, de 12:00 a 12:59 horas, por Cristina Luz García Gutiérrez.

153 . Ibídem.

154 . Este frente juvenil ha sido expulsado del partido a raíz de las elecciones de 2017, en las que el Comité Central del MIR apoyó la candidatura de Marco Enríquez-Ominami, que no contaba con la simpatía de la Dirección Nacional de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez.

155 . La propuesta insurgente de Guevara plantea la posibilidad de desarrollar ciclos revolucionarios a partir de núcleos o focos guerrilleros. Su formulación implica la necesidad de conectar la lucha armada con las movilizaciones populares de masas y esta condición exige la adhesión de diferentes segmentos sociales potencialmente subversivos: mujeres, estudiantes, campesinos, indígenas y obreros.

156 . Sus fronteras temporales coinciden con la cronología que transcurre entre ambas contiendas mundiales. Su principal atributo es la disposición de la totalidad de los recursos materiales y humanos al servicio de la guerra. Para un análisis detallado de esta idea, véase Traverso (2009).

157 . La desclasificación de este documento permite su consulta a través del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington y su acceso está disponible en [https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB27/docs/doc01.pdf (última consulta el 31 de enero de 2019)].

158 . El incidente citado está precedido por un intento de Estados Unidos por desbaratar el sistema político de Fidel Castro mediante una invasión fallida ejecutada por exiliados cubanos y asesorados por la CIA en Bahía Cochinos en el mes de abril de 1961 (Hobsbawm, 2010: 438).

159 . Las fuerzas francesas emplearon una serie de dispositivos contrainsurgentes para lograr el control territorial que posteriormente son emulados por las dictaduras del Cono Sur: detenciones extrajudiciales, desapariciones forzadas —muchas personas fueron arrojadas al mar desde helicópteros en una práctica que luego sería emulada durante la dictadura argentina de Videla: los llamados “vuelos de la muerte”—, procedimientos de tortura sistemática o allanamientos ilegales (De Benedetti, 2013).

160 . La evidencia documental de la Operación Cóndor adquiere visibilidad con el descubrimiento, en el municipio paraguayo de Lambaré, de los archivos correspondientes a las fuerzas secretas policiales de la dictadura de Stroessner. Los testimonios documentales ascienden a más de 8.000 fichas de detención, 10.000 fotografías y 750 libros aproximadamente.