Jerónimo Ríos Sierra

Licenciado en Derecho y en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, y doctor en Ciencia Política por la Complutense de Madrid. Tiene un máster en Política y Democracia por la UNED, y por la Complutense uno en Relaciones Internacionales y otro en Estudios Contemporáneos de América Latina. Ha escrito más de una veintena de artículos académicos y capítulos de libro sobre el conflicto armado colombiano. Actualmente es profesor de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas de la Universidad EAN, en Colombia, y es colaborador habitual en El Huffington Post. También es autor de La arquitectura de la violencia en América Latina (Los Libros de la Catarata, 2015).

Jerónimo Ríos Sierra

Breve historia del conflicto

armado en Colombia

Prólogo de Heriberto Cairo Carou

La publicación de este libro no hubiera sido posible sin el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos-OEI Colombia.

Asimismo, el trabajo planteado no hubiera sido posible sin el acceso a la base de datos sobre el conflicto armado colombiano del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario adscrito a la Presidencia de la República de Colombia.

DISEÑO DE CUBIERTA: MARTA RODRÍGUEZ PANIZO

© Jerónimo Ríos Sierra, 2017

© Los libros de la Catarata, 2017

Fuencarral, 70

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www.catarata.org

Breve historia del conflicto armado en Colombia

ISBNE:978-84-9097-663-0

ISBN: 978-84-9097-257-1

DEPÓSITO LEGAL: M-398-2017

IBIC: JPWS/1KLSC/GTJ

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

A Miriam y Pili.

A Heriberto y María.

PRÓLOGO

                               El presidente Santos anuncia un nuevo acuerdo con las FARC-EP.

                               ¡Que la paz triunfe esta vez!

Me ha resultado especialmente gratificante la invitación del autor para escribir un prólogo a su obra, ya que es el producto más visible de la tesis doctoral que realizó bajo la dirección de la profesora María Lois y de mí mismo. Algunas veces nos preguntan para qué sirven estas investigaciones universitarias, y libros como este nos permiten dar una respuesta orgullosa: para entender las cosas que ocurren y sus razones.

Breve historia del conflicto armado en Colombia no solo es una aproximación al estudio de lo que ha ocurrido y todavía está ocurriendo en Colombia, sino que permite también realizar un diagnóstico de la situación actual. En esta obra, Jerónimo Ríos Sierra ha volcado muchos de los conocimientos (geo)politológicos que ha ido acumulando a lo largo de una breve, pero prometedora trayectoria académica y de investigación. Se trata, podríamos decir, de un libro útil, que se centra en la explicación de un conflicto que, ojalá, pronto pase a formar parte exclusivamente de los estudios de historia.

Una reconsideración crítica de los procesos económicos, políticos o culturales que provocan una conducta territorial como la guerra no pueden tener su origen exclusivamente en un afán intelectual por entender la violencia; esta reconsideración es necesaria para articular las alternativas políticas para la paz. Este es el objetivo de la “investigación para la paz” que fundó Johan Galtung1 y en el que explícitamente se inscribe el trabajo de Ríos. Este tipo de investigación no es neutral, está comprometida con la superación de la violencia personal, pero también con la violencia estructural; sin actores, pero que deja huellas claras en los cuerpos y rostros de las víctimas, y que tanto tiene que ver con el conflicto que nos ocupa.

Antes de seguir, es necesario realizar varias observaciones importantes con el objeto de no perder el norte. En primer lugar, los procesos que provocan la guerra no son solamente los que se derivan de un modo de producción económica específico ni de una forma de Estado en particular o de una era geopolítica en concreto, sino que se concatenan muchos factores: la guerra no es unívoca en su causalidad. Y esto es especialmente aplicable al caso colombiano, en el que deberíamos huir de la explicación fácil: no hay un causante único, porque hay muchos actores armados que intervienen de diversas formas, ni hay una sola causa, porque como nos muestra el autor, las razones de esta violencia son diversas. En este sentido, hay que tener en cuenta un hecho de extrema importancia: los procesos de carácter eminentemente político, económico, jurídico o simbólico que intervienen en la “producción” de la guerra, y que el analista deconstruye en el proceso de explicación del fenómeno, no ocurren en el conflicto concreto de una forma que permita individualizarlos fácilmente, sino que, por el contrario, se embrollan de manera tal que es muy difícil tenerlos a todos en cuenta; tampoco es fácil evitar la tentación de reducir la lógica propia de cada uno de estos procesos a una sola instancia a fin de clarificar —en muchas ocasiones, quizás, simplificar en demasía— el análisis.

En segundo lugar, la guerra no puede entenderse como un resultado de la agresividad natural del ser humano, ni, mucho menos, de una etnia o nacionalidad en particular. El larguísimo conflicto que nos ocupa no resulta de que los y las colombianas estén predeterminados genética o culturalmente para la violencia, como he podido escuchar alguna vez a académicos de “opinión fácil”. El enquistamiento de la violencia va más allá de una era geopolítica concreta, la de la geopolítica ideológica —que se prolonga entre 1946 y 1989, grosso modo—, muy posiblemente porque la contienda entre liberales y conservadores, a diferencia de otras guerras en países vecinos, retrotrae los orígenes del conflicto a épocas anteriores al enfrentamiento entre los EE UU y la URSS a lo largo de todo el planeta. Por eso, aunque las guerrillas se alineasen finalmente en el campo de los comunismos (de diverso matiz) y los sucesivos gobiernos de Colombia fuesen aliados de los EE UU, el conflicto no termina como otros con el fin de la Guerra Fría.

Para entender cualquier conflicto deberíamos entender su particular “constelación belicista”2; lo que nos permite alejar el fantasma de la causalidad única, típica de la geopolítica tradicional (con afirmaciones como que la guerra del Golfo solo se puede explicar por el interés occidental en el petróleo kuwaití, por ejemplo), y mostrar que las guerras son fenómenos únicos pero no singulares, es decir, las guerras —y las paces— se producen en matrices espacio temporales dinámicas que las hacen irrepetibles, pero no constituyen hechos singulares, sino que responden a lógicas tanto globales, generales, como locales, particulares. Esto quiere decir que tampoco podemos caer en la tentación de pensar que cada conflicto es de un carácter único, y, aunque la mayor parte de las clasificaciones que se suelen realizar no son demasiado útiles, hemos de intentar buscar los rasgos comunes de los conflictos que nos permitan elaborar teorías que informen el estudio de los casos concretos. Pero estamos ante un conflicto donde aparecen muchos tipos de violencia; así, desde una perspectiva de análisis de sistemas-mundo3 podríamos identificar: violencia “colaboracionista”, que implica represión por el Estado ejecutada por grupos de la clase dominante periférica en colaboración con o inducidos por grupos de la clase dominante central; violencia “imperialista”, para extender las esferas de influencia de los Estados del centro, y, al menos, violencia de “resistencia”, resultado de los antagonismos de clase y ejecutada por los más desposeídos dentro de la formación social.

En especial, es de suma importancia saber si podemos distinguir los conflictos interestatales de los internos o si, por el contrario, la lucha por la dominación del espacio, que suele asociarse a la soberanía, se encuentra presente en todos. Y nadie puede negar las dimensiones internacionales, especialmente acentuadas durante el mandato del presidente Uribe, de un conflicto eminentemente interno como es el colombiano. Ríos sortea estos problemas con brillantez y nos permite contemplar una escena bastante completa.

En tercer lugar, la guerra y la paz no se han producido y reproducido de la misma forma a lo largo de la historia humana. Por ejemplo, las guerras del siglo XVI y las del XX ni han sido iguales ni responden exactamente a las mismas causas, a pesar de que unas y otras se produjeran tras el surgimiento del sistema-mundial moderno. Pero lo más importante es que, en dicho sistema, se alternan periodos de paz (no guerra o paz negativa en términos galtungianos) con épocas de guerra: se producen guerras globales en determinados momentos y solo conflictos bélicos localizados en otros. Este carácter mutable de la guerra está relacionado con el hecho de que el sistema-mundial moderno está sometido a cambios cíclicos, y por ello es importante tener en cuenta que la guerra se genera en matrices espacio-temporales cambiantes. El espacio se produce a partir de una “materia prima”, la naturaleza, y es resultado de actividades económicas, políticas y simbólicas, pero no es un producto más: los grupos sociales producen una espacialidad en la que no se producen relaciones, sino que forma parte de esas relaciones, no se puede separar de ellas. Por supuesto que el espacio —o, mejor dicho, cada medio geográfico concreto y específico— proporciona las condiciones en las que ocurren los procesos económicos de producción material, distribución, circulación y consumo y los procesos políticos en los que circula el poder y que comprenden acciones muy diversas —entre, o tras, las combinaciones de paces y guerras—, pero también es producto de estos procesos, y por eso cambia de la mano de ellos. Las fases del conflicto colombiano, su postrer periferialización y narcotización, son recogidas adecuadamente por el autor, mostrándonos una realidad en constante mutación lejos de visones petrificadas del mismo.

Finalmente, tenemos la suerte de poder pasarle al trabajo de Ríos la “prueba del algodón” que nos proponía aquel anuncio televisivo. Los acuerdos de paz alcanzados por las FARC-EP y el gobierno colombiano que se firmaron el 26 de septiembre de 2016 fueron sometidos a un plebiscito el 26 de octubre siguiente que, como todos sabemos, cosechó un resultado negativo. La cartografía de los resultados electorales (mapa de la página 17) es sumamente interesante en nuestro caso porque muestra, con nitidez, un anillo que conforman los departamentos periféricos que aprueban el acuerdo de paz, y una masa central —con prácticamente solo la excepción de Bogotá— que se opone al acuerdo. Es decir, donde el conflicto sigue activo, que es en la periferia del país, según nos muestra Ríos, la población apoya el final del mismo, mientras que en las zonas donde virtualmente ha desaparecido hace años, la población se opone a los acuerdos. Si hiciéramos un análisis a más amplia escala veríamos que esta tendencia se confirma: en algunos de los departamentos que votaron en contra, por ejemplo, Norte de Santander, los municipios con más guerrilla, en el Catatumbo, votaron a favor del acuerdo, y, asimismo, en Caquetá, todos los municipios con más guerrilla, salvo Florencia (la capital) también votaron a favor del plebiscito. También en otras zonas con menor presencia de la guerrilla se votó a favor del final de la violencia; por ejemplo, todo el norte, azotado por Bacrim, y el Pacífico más Putumayo, igualmente, votaron a favor del acuerdo. De hecho, como señala Ríos, algo así como el 82% de los municipios más violentos y el 62% de los más pobres votaron a favor del acuerdo. Los datos son contundentes.

La guerra tiene siempre una dimensión territorial, los contendientes intentan establecer su dominio-apropiación sobre un espacio, pero su resolución no tiene por qué ser un juego de suma cero, es decir, no tiene que haber ganadores y perdedores, puede haber solo ganadores, pero para ello tienen que alcanzarse compromisos firmes y honestos entre las partes. Esperemos que este sea el final del conflicto cuyas claves nos explica Jerónimo Ríos.

Heriberto Cairo Carou

Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid

Madrid, 12 de noviembre de 2016

Mapa de la opción con más votos por departamento

Introducción

Esta obra responde a un trabajo de varios años de estudio sobre las dinámicas de la violencia en Colombia por parte, fundamentalmente, de los dos grupos guerrilleros más importantes del país: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En él aparecen fragmentos de conversaciones que fueron obtenidos para el desarrollo de una tesis doctoral que precedió a este libro, pero que, por su concomitancia, son incluidos aquí, a efectos de que el lector pueda incorporar testimonios directos de quienes estuvieron involucrados, de un modo u otro, en un conflicto como el colombiano: desde responsables de la Fuerza Pública, pasando por víctimas, comandantes guerrilleros o del paramilitarismo, así como actores gubernamentales.

El trabajo se organiza en torno a cuatro capítulos claramente diferenciados. En el primero se presentan los orígenes del conflicto armado, en tanto que se parte de la hipótesis de que si bien el conflicto, como actualmente se conoce, se inicia formalmente a mediados de los años sesenta, lo cierto es que hunde sus raíces en una suerte de acontecimientos, especialmente convulsos, de la década de los cuarenta. Así, en este capítulo se presentan los hechos de La Violencia —guerra civil partidista— que comienza en 1948 y que conecta, directamente, con la aparición de las dos grandes guerrillas de la historia reciente del país: las FARC y el ELN. Igualmente, se expone la respuesta del Estado, sobre todo desde mediados de los sesenta hasta finales de los noventa, y se explica cómo se adaptaron los diferentes gobiernos al problema de la violencia en Colombia. Finalmente, se presentan los grupos armados más importantes que, de un modo u otro, han sido actores a tener en cuenta en este conflicto, no solo a modo de guerrillas, sino, igualmente, en forma de grupos paramilitares y/o narcotraficantes.

En la segunda parte, se evidencia con mayor detalle la relación que con el conflicto armado han tenido los tres últimos presidentes colombianos: Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2016). Los tres, aunque los dos primeros no lo quieran reconocer, han sido nucleares para comprender, sobre todo, la actualidad de un conflicto que en estos días pasa por una coyuntura que invita al optimismo de su desactivación. No obstante, cada uno atraviesa una situación muy particular que permite entender cómo se sucedieron algunos de los acontecimientos más importantes en la comprensión del conflicto y, sobre todo, la respuesta de los diferentes gobiernos colombianos. Es así que se aborda la coyuntura de la negociación de paz del Caguán con las FARC y que, como se verá, estaba casi abocada al fracaso desde su inicio. Un fracaso, no obstante, particular, pues a la vez que el intento de paz se venía abajo, se ponía en marcha un plan de fortalecimiento de la Fuerza Pública que será la semilla embrionaria para un cambio en la correlación de fuerzas favorable al Estado, y se firmará el Plan Colombia con Estados Unidos. Asimismo, se analizará la Política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe. Una política de “mano dura” que debilitará sobremanera a las guerrillas, cambiando de manera drástica algunas de las dinámicas territoriales de la violencia, pero que dejará consigo una serie de excesos que durante años desdibujaron la democracia colombiana y su Estado de derecho. Finalmente, se concluye analizando parte de la coyuntura actual y el porqué y cómo de los avances de la negociación de paz con las FARC.

En la tercera parte, integrada con el componente anterior, se busca presentar cuál ha sido, precisamente, la respuesta de las guerrillas a una década y media de fuerte confrontación por parte de la Fuerza Pública. Fundamentalmente, de lo que se trata, es de mostrar al lector cómo, paulatinamente, se ha ido consolidando una doble tesitura que llega incluso a la actualidad. Si bien, a grandes rasgos se podría aceptar una hipótesis de debilitamiento, ya sea en términos de pie de fuerza, de control territorial o de manifestaciones de la violencia, por otro lado, y de manera más compleja, se ha desarrollado un proceso de periferialización y de narcotización del conflicto. Es decir, el conflicto se ha terminado por consolidar en regiones periféricas concretas, como son el suroccidente del país y el nororiente, además de en parte de Antioquia y Bolívar. Asimismo, esa ubicación responde al propósito de optimizar ventajas competitivas sobre territorios alejados de los centros decisorios del país, en su mayoría de condición fronteriza y con una geografía selvática o montañosa, y por tratarse de escenarios principalmente cocaleros. Esta es una doble tendencia que, muy posiblemente, seguirá marcando los desafíos en seguridad, violencia y construcción del país, incluso, más allá de un eventual y posible escenario de posconflicto armado tanto con las FARC como con el ELN.

Finalmente, la cuarta parte del libro concluirá con una revisión del tercer gran actor protagonista del conflicto armado y aún vigente, no sin transformaciones, tras casi cuatro décadas de existencia: el paramilitarismo. Se presentará una génesis de cómo se formaron los grupos paramilitares en Colombia, inicialmente, a orillas del río Magdalena, y de cómo fue su cercana relación con el narcotráfico, primero como aliado, y una vez sin él, como principal valedor de un proyecto criminal. Se analizará también el auge del paramilitarismo de los hermanos Castaño tanto en los noventa como en la década del 2000, entrando a mayor detalle sobre los principales bloques y estructuras que conformaron esta máquina de guerra y muerte durante algo más de una década. Finalmente, se concluye con el tránsito a una nueva suerte de posparamilitarismo y, lo más importante, sin perder de vista el claro tinte político que caracterizó, y del que nunca renegó, el proyecto ideado por la Casa Castaño.

Capítulo 1

Génesis y evolución del conflicto armado en Colombia, 1946-1998

Los antecedentes de la violencia en Colombia

El fenómeno de la violencia en Colombia no es patrimonio de las últimas décadas. A lo largo del siglo XIX se pueden registrar una veintena de guerras regionales o nacionales entre los dos partidos hegemónicos del sistema político colombiano: el Partido Liberal y el Partido Conservador. La última de esas guerras, conocida como la guerra de los Mil Días, transcurrió entre 1899 y 1902 causando 100.000 muertes —sobre una población de menos de tres millones—, y suponiendo, además, la pérdida de Panamá. Es por esto que algunas voces, tomando como base lo anterior, entienden que Colombia ha sido y es un país abocado a la violencia endémica (Guedán y Ramírez, 2005).

En perspectiva comparada con países de su entorno, hasta 1930, podría decirse que Colombia no presenta niveles de violencia fuera de los niveles propios de la región. Más bien, lo que acontece es un paulatino derrumbe del Estado (Osquist, 1978), que empieza a degradarse a partir de las confrontaciones que tienen lugar entre 1930 y 1946. Confrontaciones entre las que se agravan varias cuestiones, como los antagonismos partidistas, los conflictos relacionados con la propiedad de la tierra o las disputas derivadas del avance de la colonización. Así, el trasfondo de todo es el de la debilidad de un Estado incapaz de dotarse de los medios suficientes para ejercer su autoridad en buena parte de su territorio.

Con la llegada a la presidencia en 1930 de Enrique Olaya Herrera se rompe el predominio conservador y se instauran dieciséis años de presencia liberal. Dieciséis años de dificultades para la gobernabilidad, caracterizados por fracturas internas en el partido de Gobierno y por una agitación social que alimenta la aparición de importantes conflictos agrarios, así como una frustración obrera, que sirven de acicate para la aparición de los primeros movimientos obreros.

De este modo, se va gestando la semilla embrionaria de una época convulsa para la historia política colombiana, apareciendo los primeros escenarios de violencia desmedida; primero en departamentos como Boyacá, Santander y Norte de Santander, en el nororiente del país, y, más tarde, en Cundinamarca, Antioquia y Caldas.

En paralelo a un proceso de violencia creciente se va fraguando un escenario que permite entender el viraje que experimenta el país a partir de 1946. Un escenario en el que se va desarrollando una creciente fractura social, carente de simbolismo de unidad nacional, y alimentada a partir de lealtades políticas con base en unos partidos tradicionales cada vez más distanciados. La ciudadanía política se va a construir en términos casi insustanciales, a la vez que irreconciliables. Asimismo, los problemas desatendidos sobre la tenencia de la tierra, la precaria legitimidad económica del Estado, el alimento confrontado de subculturas políticas enfrentadas o la subordinación de los intelectuales y militares a un poder establecido van a converger es un escenario de colapso generalizado que se iniciará, en 1946, con la victoria presidencial del conservador Luis Mariano Ospina Pérez, y sin atisbo alguno de control tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en abril de 1948.

La primera etapa de La Violencia, 1946-1953

Una vez que llega a la presidencia Ospina Pérez, en agosto de 1946, se pone fin a cuatro gobiernos consecutivos del Partido Liberal y se inicia en una etapa política espoleada por una oleada de violencia y agitación social que va a conferir continuidad a la acontecida una década atrás y que, más allá de Santander y Norte de Santander, se va a desarrollar con especial virulencia en Antioquia, Boyacá, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Nariño, Tolima y Valle del Cauca.

La segunda mitad del año 1946, así como todo 1947, va a caracterizarse por acumular un fuerte descontento social que va fraguando en una confrontación de las lealtades político-partidistas liberales y conservadoras y que se descontrola en 1948. Entre enero y marzo de 1948, en todas las grandes ciudades del país se van a producir innumerables huelgas, manifestaciones y confrontaciones de la sociedad civil con la Policía que se van a acompañar de ataques contra infraestructura pública, además de la toma de edificios oficiales y asaltos a personalidades políticas. El detonante va a ser el asesinato de la que entonces era la figura clave del Partido Liberal: Jorge Eliécer Gaitán. Este había emergido como la figura política que aunaba las expectativas liberales en Colombia, de acuerdo a una responsabilidad por hacer converger las fuerzas políticas del partido y generar grandes expectativas en buena parte de la población civil, especialmente en las capas menos favorecidas. Ello, gracias a un discurso que, como reconoce Pécaut (2000: 53), resulta muy similar al del peronismo: “[…] El mismo cuestionamiento a la oligarquía, a los partidos políticos y a la democracia liberal; la misma oposición entre el pueblo y la oligarquía, entre el país real y el país político, entre el individualismo y la unidad orgánica de la sociedad; la misma aspiración a superar las oposiciones entre el capital y el trabajo en nombre de una reconstrucción orgánica de la sociedad”.

El asesinato de Gaitán, que tiene lugar el 9 de abril de 1948 en Bogotá, coincidiendo con la preparación de la Conferencia Panamericana que posteriormente daría lugar a la Organización de Estados Americanos, marcará un detonante sin precedentes en el devenir de La Violencia, en mayúscula, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Para el propio Hobsbawm (1974: 264), con su muerte se produce “la mayor movilización armada de campesinos (ya sea como guerrilleros, bandoleros o grupos de autodefensa) en la historia contemporánea del hemisferio occidental, probablemente con la sola excepción de algunos momentos álgidos de la Revolución mexicana”.

A pesar de que el Ejército se mantuvo leal al presidente Ospina Pérez, Colombia va a encontrarse inmersa en una vorágine de violencia generalizada que se va a radicalizar con motivo de las elecciones legislativas de 1949 y, sobre todo, por los comicios presidenciales de 1950, en los cuales se impone la figura ultraconservadora de Laureano Gómez Castro. En otras palabras, se termina por dar un marco de confrontación conocida generalmente como La Violencia, que se extenderá hasta 1964, dejando consigo más de 200.000 vidas (Guzmán, Fals Borda y Umaña, [1962] 2010: 317).

Este periodo de La Violencia ha tratado de ser explicado desde diferentes aristas. La más común, como señala Henderson (1984), partiría de la doble acusación que se van a hacer conservadores y liberales. Los primeros, culpados de instrumentalizar de manera sectaria a las fuerzas policiales, y los segundos, señalados como insurrectos subversivos bajo la intención de derrocar el Gobierno constitucional. Sobre la base de estos argumentos, Hobsbawm (1967) plantea, más bien, que La Violencia no fue sino el resultado esperado de un conjunto de frustraciones y tensiones reprimidas durante un largo periodo de tiempo, y que debe entenderse más como una revolución social que, por la falta de organización y liderazgo efectivo, termina por desarrollarse en forma de una desorientada guerra civil. Otros como Weinert (1978), sin embargo, consideran que el desencadenante violento estriba, más bien, en que el Partido Liberal se sirve de manipular las fuerzas de modernización en beneficio propio, frente a un Partido Conservador, premoderno, que reacciona violentamente ante cualquier atisbo de cambio. Finalmente, Oquist (1978) enfatiza en el papel desencadenante que tuvieron las profundas lealtades partidistas y Pollock (1975) responsabiliza de La Violencia a la falta de voluntad política de las elites colombianas, indistintamente liberales y conservadoras.

Lo cierto es que, en suma, todas estas explicaciones permiten entender, desde una perspectiva integral, el desencadenamiento de La Violencia. Las lealtades políticas, el clivaje de la modernidad y el rédito político-electoral de la violencia son elementos que se retroalimentan y convergen en un escenario de descontento, pauperización y exclusión. De este modo, el Gobierno de Laureano Gómez, férreo admirador de Mussolini y de Franco, se fue erigiendo bajo continuos guiños a la noción de Estado corporativo, a la vez que generaba un profundo recelo tanto en el Partido Liberal como en el Partido Comunista. Recelo que fue albergando la necesidad de una reacción armada, especialmente desde buena parte de los sectores campesinos.

Bajo este contexto de violencia emergente, las zonas de mayor resistencia frente al Estado conservador de Gómez fueron netamente liberales. Es en este periodo, entre 1949 y 1953, en el que comienzan las respuestas violentas de parte de la ciudadanía frente a los excesos del poder público, bien a modo de autodefensa campesina, bien a modo de guerrilla. En todo caso, la dinámica que hizo funcionar La Violencia, especialmente en esta primera etapa, siempre fue la misma. Como acertadamente señala Bushnell (2012: 293): “Casi nunca se escuchó hablar de campesinos liberales en conflicto con terratenientes liberales ni de conservadores contra conservadores de clase social distinta. Generalmente, La Violencia enfrentó a campesinos de un partido contra campesinos del otro, mientras los grandes propietarios, por no mencionar a los profesionales y hombres de negocios de los dos partidos, permanecían en la relativa seguridad de las ciudades”.

A partir de 1950, se hace evidente una sofisticación tanto del lado de los mecanismos represivos del Estado como de la resistencia liberal y comunista. Así sucederá tanto en el sur de Tolima como en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Santander, Norte de Santander y la región de los Llanos Orientales. En la mayor parte de estos enclaves primará la resistencia liberal, si bien el comunismo —aún alejado de la toma del poder político y más focalizado en la noción maoísta de guerra popular prolongada—, se va a afianzar sobre dos escenarios que, con posterioridad, serán claves en la emergencia guerrillera de las FARC, ya en la década de los sesenta: Tequendama y Sumapaz en Cundinamarca y el sur de Tolima.

La posibilidad de una alianza de guerrillas liberales y comunistas, inicialmente distantes, va a irse desarrollando paulatinamente, a medida que se va engrosando el número de levantados en armas contra la represión conservadora. Esa alianza va a ser planteada, por primera vez, en agosto de 1952 con motivo de la I Conferencia Nacional Guerrillera (CNG), vulgarmente conocida como la Conferencia de Boyacá. Sin embargo, su desarrollo va a encontrar importantes dificultades que impedirán la convergencia guerrillera, como el escepticismo entre la elite liberal, la creciente autonomía o la escisión de las mismas guerrillas liberales según ciertas zonas del país. Entretanto, el marco de violencia entre conservadores, liberales y comunistas seguía creciendo y, de hecho, hacia 1952, Colombia se va a presentar como un escenario cruento, con más de 20.000 hombres levantados en armas, con especial virulencia en el suroriente antioqueño, la región del Carare y Opón en Santander, el nororiente de Cundinamarca, el sur de Tolima, las regiones de Tequendama y Sumapaz y la vasta extensión de los Llanos Orientales.

Es por todo que, dada esta tesitura, y a pesar de la coyuntura económica positiva en cuanto a crecimiento económico, inversión extranjera directa y producción industrial, la ingobernabilidad derivada de La Violencia, unida a una generalizada situación de pobreza, elevada inflación y profundos desequilibrios interregionales, van a conducir a la irrefrenable convicción sobre la necesidad de abogar por un cambio político drástico, afín a la necesidad de un golpe militar que retome la situación.

La segunda etapa de La Violencia, 1953-1957

Dadas estas circunstancias, el general Gustavo Rojas Pinilla llega al poder el 13 de junio de 1953 con el firme propósito de reducir los niveles de violencia acontecidos en Colombia y a partir de la puesta en marcha de una política pacifista que, especialmente en la región de los Llanos Orientales, va a conseguir, por medio del general Duarte Blum, la desmovilización de más de 6.500 levantados en armas.

Por medio de los Decretos 1546 de 22 de junio de 1953 y 2184 de 21 de agosto de 1953 se va a buscar desactivar la violencia a partir de reducciones en la pena e indultos selectivos para los insurrectos. Como explica Pizarro (2011), las respuestas van a ser de lo más variopinto entre quienes aceptaron la rendición incondicional o bajo ciertas condiciones —como sucedió con las guerrillas liberales en Tolima, el Llano o Antioquia—, y quienes, como el Partido Comunista, de acuerdo con las nuevas condiciones políticas creadas, “lanzó la consigna de transformar las guerrillas en movimiento de autodefensa campesina, sin desmovilizarse y sin entregar las armas al Gobierno”.

Esta posición de los grupos comunistas va a propiciar una respuesta excluyente del Gobierno de Rojas Pinilla, incluso con apoyo del Partido Liberal: la ilegalización del Partido Comunista en 1956. A esto se va a sumar una suerte de acciones armadas entre la Fuerza Pública y los grupos armados liberales, a efectos, además, de debilitar a la resistencia comunista de aquellos escenarios, como el sur de Tolima o la región de Sumapaz, donde su arraigo era mayor. Dentro de esa lógica, será la intervención sobre un municipio en el oriente de Tolima, Villarrica, con especial presencia de autodefensas campesinas comunistas, en noviembre del año 1954, la que propicia una nueva espiral de violencia irrefrenable. Esto se debe a que la masacre de campesinos en este municipio se va a traducir en una tendencia creciente de agitación y resistencia frente a lo que se concebirá como una extralimitación represiva de parte del Estado. Es más, a tal punto llega la situación que, en la primavera de 1955, Villarrica y sus municipios aledaños son declarados como zona de operativos militares. Un contexto de guerra donde un despliegue de más de 9.000 soldados y un número importante de unidades de artillería y aviones F-47 y B-26 busca acabar con los cerca de 800 insurrectos alzados en armas (Pizarro, 2011).

Villarrica causó dosis desproporcionadas de muerte y desplazamiento forzado, pero, lo más importante, supuso el acicate para la enésima transformación de las autodefensas campesinas en estructuras de guerrilla en la que ya se identifican figuras clave de las futuras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como Jacobo Arenas, Ciro Trujillo o el propio Manuel Marulanda. Todos ellos protagonizarán movimientos de campesinos y guerrilleros hacia otros enclaves de nueva colonización rural, como El Pato, La Uribe, El Caguán, El Ariari o Guayabero: escenarios, una década después, de prioritario arraigo de unas nacientes FARC.

Aunque es cierto que, con la llegada de Rojas Pinilla, a partir de 1954 las cifras totales de La Violencia se reducen notablemente; por otro lado, el conflicto en Villarrica y el Sumapaz va a reactivar escenarios de confrontación entre 1956 y 1957 en departamentos como Caldas, Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca y la región del Carare. Es decir, La Violencia va a tener un alcance mucho más focalizado que en la etapa que transcurre entre 1946 y 1953, pero reproduciendo aquellos escenarios que, en aquel entonces, mostraron los mayores niveles de confrontación.

En todo caso, y con base en lo expuesto, no se podría identificar un patrón de conducta explicativo de La Violencia. Como señalan Guzmán, Fals Borda y Umaña ([1962] 2010: 316), no se encuentra articulación lógica en el desarrollo de la misma, de acuerdo a patrones de pertenencia étnica, ubicación geográfica o estructura económica. Es decir, La Violencia se presenta ante todo tipo de estructura agraria, tanto minifundista como latifundista, e independientemente de si se trata de regiones opulentas o empobrecidas. No había un patrón común más allá de la falta de legitimidad del Estado, su profunda debilidad y su incapacidad para proveer de servicios básicos a la mayor parte de las regiones y estratos sociales del país. El resultado hablaba por sí solo: 800.000 desplazados y 180.000 muertes entre 1947 y 1957 —hacia 1964 las muertes superarían las 200.000, en su mayoría civiles—. Además, quedaba una importante destrucción y pérdida de inmuebles y edificaciones y un profundo cambio en la mentalidad del pueblo colombiano hacia las instituciones políticas del Estado que va a permitir comprender cómo se desarrolla la violencia a partir de los años sesenta y setenta. Asimismo, la dictadura, para la primavera de 1957, parece insostenible y, de hecho, el propio mando militar solicitará al dictador que abandone el país.

El Frente Nacional, la segunda Violencia y la emergencia de las guerrillas

El 10 de mayo de 1957 una Junta Militar de cinco generales asume las riendas políticas de Colombia de manera transitoria mientras se conforma la etapa que se va a conocer como el Frente Nacional. Un nuevo sistema de gobierno bipartidista por el cual Partido Liberal y Partido Conservador van a repartirse, en términos absolutamente paritarios, todos los cargos políticos con excepción de una presidencia que se alternará cada cuatro años para cada partido. La vigencia de este sistema, llamado a propiciar la reconciliación política nacional, en inicio quedaba dispuesta para dos periodos presidenciales de cada partido, esto es, por dieciséis años. No obstante, una reforma constitucional de 1968 dilató el sistema para que fuese en 1974 cuando desapareciera la competencia electoral monopartidista, y en 1978, cuando se pusiese fin al imperativo de compartir, a partes iguales, los puestos públicos dentro del Ejecutivo.

Su primer presidente va a ser el liberal Alberto Lleras Camargo (1958-1962), quien va a tratar de controlar el desorden público y la violencia heredada de la dictadura de Rojas Pinilla con la puesta en marcha, entre otras normas, del Decreto 0942 del 27 de mayo de 1958, que creaba la Comisión Nacional Investigadora de las Causas Actuales de La Violencia. Esta se va a encargar de recorrer poblaciones y zonas devastadas de manera tal que, como recogía algún medio, sería “la primera vez que vienen a preguntarnos qué nos pasó; a conversar con nosotros sin engaño; a hablarnos de paz sin echarnos bala después” (Guzmán, Fals Borda y Umaña, [1962] 2010: 129).

Lo cierto es que, en sus inicios, la comisión consiguió un importante cese de hostilidades a partir de más de 20.000 encuentros y medio centenar de pactos de paz, especialmente en Caldas, Tolima, Cauca, Huila y Valle. De igual manera, se trató de recuperar la cuestión de la reforma agraria, barajándose posibilidades como incrementar ciertos lotes de los pequeños campesinos e incluso proveer de títulos a aquellos que se encontraban desprovistos de cualquier tipo de propiedad, siempre que guardasen los patrones de producción fijados por el Estado. Pese a todo, el alcance de la reforma debe relativizarse, pues los lobbies de la industria —terratenientes y algunos políticos— hicieron que la puesta en marcha se retrasara hasta el último año de Gobierno de Lleras Camargo.

La política de reconciliación que llevaron a cabo los gobiernos, sobre todo de Lleras Camargo, y de su sucesor, el conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), rápidamente experimentaron el desvanecimiento del efecto “luna de miel” sobre la gestión de una violencia que, si bien controlada entre 1959 y 1964, nuevamente presentaba exacerbados niveles de confrontación, aunque nada comparables con la época anterior. En esta ocasión, la violencia se concentró en Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca y Viejo Caldas, lo cual, para algunos como Oquist (1978: 18-20), pone en tela de juicio hasta qué punto la política reconciliadora fue un éxito. Sobre todo en tanto que, de los 18.481 que tuvieron el privilegio de ser computados como víctimas entre 1958 y 1966, tres de cada cuatro se ubicaron en los departamentos donde se focalizaba esta “segunda Violencia”.

Otro indicador de la violencia emergente, como sugiere Ramsey (1981), se puede encontrar en el número de cuadrillas y grupos armados que pervivieron al margen de las políticas de desmovilización promovidas durante el primer Ejecutivo del Frente Nacional. Dentro de estos grupos insurrectos cabe destacar dos aspectos fundamentales. El primero es que la mayoría de los reductos armados liberales y conservadores se acogieron a las diferentes iniciativas de desmovilización. Así, el mayor número de cuadrillas subversivas resultaba ser de carácter comunista. El segundo viene a responder a un fenómeno conocido como bandolerismo y que no es otra cosa que la acumulación de miles de personas sin salida, sin capacidad de reincorporarse a la vida normal (Sánchez y Meertens, 1983). Esta manifestación particular de violencia, que estriba en el bandolerismo, tuvo importancia en los Llanos Orientales en torno a la figura de Eliseo Velásquez; en el sur de Tolima, donde fue consabida la presencia de General Mariachi; en Santander, donde fue destacado Rafael Rangel; así como otros enclaves como Sumapaz o el occidente y suroeste antioqueño, donde fue protagonista la figura del capitán Juan de J. Franco. Otras regiones como el norte de Valle del Cauca, el norte de Tolima o el Viejo Caldas fueron un caldo de cultivo óptimo para también figuras clave en la historia del bandolerismo, tal y como evocan nombres como los de El Mosco, Efraín González, Zarpazo, La Gata, Chispas, Capitán Venganza, Desquite, Pedro Brincos y Sangrenegra.

Tabla 1

Número de cuadrillas alzadas en armas hacia 1960

Cuadrillas

activas

Cuadrillas periódicamente activas

Cuadrillas

comunistas

Número

Miembros

Número

Miembros

Número

Miembros

Tolima

6

98

15

1.613

3

217

Cundinamarca

2

46

4

70

7

655

Caldas

9

57

4

27

-

-

Valle

5

67

5

252

2

20

Cauca

6

40

-

-

-

-

Antioquia

9

73

5

39

-

-

Boyacá

3

25

1

50

2

10

Santander

3

65

1

11

1

10

Fuente: Ramsey (1981: 278).

Las particularidades de este bandolerismo fueron objeto de una profunda represión policial y militar, especialmente a inicios del mandato de León Valencia; una presidencia cuyas prioridades fueron fortalecer la administración judicial, reestructurar el andamiaje policial y militar e, incluso, incorporar una “cuota nacional para la paz” sobre la renta y otros rubros, a efectos de combatir la violencia. Asimismo, se incorporaron estrategias de contrainsurgencia, de hostigamiento a la connivencia bandolero-campesina y de guerra psicológica con el fin de mitigar el impacto de las debilidades de la política de seguridad sobre aquellos enclaves donde la presencia gubernamental brillaba por su ausencia.

Dadas estas circunstancias, prácticamente entre 1963 —cuando se estima en unos 7.000 los alzados en armas— y 1965 se van a controlar la mayoría de los escenarios de esta “segunda Violencia”, con la excepción de los enclaves comunistas que, aunque habían abandonado la estructura guerrillera para volver al mecanismo de la autodefensa campesina, iban a experimentar una situación por completo distinta con respecto al inmediato pasado. A pesar del aperturismo democrático que suponía el Frente Nacional con respecto de la izquierda comunista, esta continuaba sin posibilidad alguna de participar en el sistema. A la vez, en escenarios como el valle de Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz, el Ariari o la intendencia del Vichada, la ruptura con el Estado se había acentuado hasta el punto de que las estructuras de autodefensa campesina comunista habían desarrollado unas formas paraestatales de poder local que cuestionaban la autoridad del Estado y que eran conocidas como las “repúblicas independientes”. El desafío que estas suponían para el Estado generó como respuesta que León Valencia, como hiciera con el bandolerismo, promoviese cercos militares con los que asfixiar económica y militarmente a estos pequeños enclaves contestatarios. Lo señalado resulta de gran importancia porque va a conectar directamente con el mito fundacional de las FARC.

Hacia 1964 existe el firme convencimiento de acabar con la presencia de todo grupo armado operativo en las repúblicas independientes. Para ello se va a poner en marcha un contingente militar de 5.000 efectivos, particularmente sobre lo que se empezó a conocer como la República de Marquetalia, a fin de terminar con la misma, y que, como respuesta, supone una nueva transformación de los grupos de autodefensa campesina en estructura guerrillera. Otro resultado va a ser la justificación, desde el Partido Comunista, de asumir como válida la bandera de “todas las formas de lucha”, a lo cual se une la creación de una resistencia campesina armada que, hacia septiembre de 1964, se organizará en la I Conferencia Guerrillera. A ella asisten los destacamentos del valle de Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero entre otros, y será constitutiva de una guerrilla que empieza a autoorganizarse militar, económica y políticamente, denominada Bloque Sur.

El Bloque Sur, aún integrado dentro de la estructura del Partido Comunista como brazo armado, será objeto de un operativo militar que pondrá fin a la República Independiente de Marquetalia, pero que no termina con el componente de insurgencia que, mermado, sobrevive a los operativos militares y que termina por trasladarse a Riochiquito y Tierradentro, en Cauca primero, y a El Pato, en el departamento de Meta, después. Allí se darán dos conferencias guerrilleras que, en la primavera de 1965, darán lugar a la aparición, por primera vez, de las FARC, y que tomarán como mito fundacional lo acontecido un año atrás en Marquetalia.

Algunos como Gilhodes (1972) plantean que, si la Operación Marquetalia no se hubiera llevado a cabo, las FARC nunca habrían surgido, en tanto y en cuanto se hubiera mantenido la estructura de autodefensa. En este caso, se estaría más de acuerdo con Pizarro (1989) o Pécaut (2006), pues lo cierto es que, pese a todo, Colombia presentaba de por sí condiciones estructurales que alimentaban la posibilidad de una emergencia de focos guerrilleros. Es así que debe entenderse la aparición en 1965 del Ejército de Liberación Nacional (ELN) —y en 1967, la del Ejército Popular de Liberación (EPL)— o, de manera infructuosa, pero al albor de la Revolución cubana (1959), la aparición de otros movimientos de alcance más limitado, pero igual naturaleza insurgente, como es el caso del Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC 7 de Enero), el Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR) o las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL).

Mapa 1

Primeros frentes de las FARC, 1964-1980

Fuente: Pécaut (2008b: 31).

A partir de mediados de la década de los sesenta, con los gobiernos de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) y Misael Pastrana Borrero (1970-1974), y también con el mandato de López Michelsen (1974-1978), la dimensión de orden público y de seguridad pasa a tener un tratamiento diferente. Un tratamiento en el que, si bien las guerrillas que surgen en la década de los sesenta empiezan a proyectarse tímidamente —FARC, ELN y EPL, lo cual no es óbice para la puesta en marcha de operativos militares importantes buscando su aniquilación—, la prioridad va a pasar por afianzar un sistema de educación pública y de transporte que mejore la comunicación y la conexión del país, así como un plan de infraestructuras.

También se comienza a avanzar, aunque tímidamente, en una reforma agraria, otorgando tierras a más de 250.000 personas entre 1962 y 1979. Además, se va a fortalecer el desarrollo industrial, a la vez que se intentan revitalizar algunas exportaciones clave como la del banano. Se consolida un sistema de compensación familiar con el que cubrir subsidios de educación y salud, incrementando a su vez los servicios del Seguro Social. Sin embargo, la inequidad, los ingentes niveles de pobreza, el alcance limitado y la frustración de la reforma agraria y la concentración de tierras en muy pocas manos van a servir para seguir alimentando la supervivencia de grupos guerrilleros convencidos de la posibilidad de transformar la estructura del débil Estado colombiano.

Para visibilizar lo anterior, basta señalar que hacia 1970 la mitad más pobre de la población urbana recibía menos del 16% del total de los ingresos urbanos, mientras que el 10% más rico concentraba más del 43% del PIB. En el campo, esta situación estaba más agudizada, pues dos terceras partes del campesinado vivía en términos de pobreza absoluta (Bushnell, 2012: 327). Quizá este sea el motivo de que, en los años venideros, emerjan nuevos grupos guerrilleros como el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) o la guerrilla indigenista Quintín Lame (QL).

Aparición e historia de las Farc, 1964-1998

Como se explicaba, las FARC toman el ataque sobre la República de Marquetalia del 27 de mayo de 1964 como su mito fundacional, si bien esta denominación no aparece hasta 1966, cuando en la II Conferencia Guerrillera celebrada en El Pato (Meta), el Bloque Sur pasa a autodenominarse como FARC. A partir de entonces, esta guerrilla surge en el escenario conflictual colombiano con la cifra de 350 insurgentes, entre los cuales, al frente ya se encontraba su líder histórico, Manuel Marulanda, junto con Ciro Trujillo como primer lugarteniente, y otras figuras clave como Jacobo Arenas. Los principales enclaves de acción de estas primeras FARC se focalizarán, sobre todo, en Tolima, Meta y Caquetá.

Desde el inicio, las FARC se van a nutrir de una impronta netamente campesina, dotándose de un reglamento interno de organización y funcionamiento a partir del cual orientar su acción armada. Sin embargo, en estos mismos inicios, van a estar a punto de desaparecer cuando un operativo militar se encuentra con un grueso de guerrilleros al mando del segundo de las FARC, Ciro Trujillo, en el departamento de Quindío, y que se va a traducir en la pérdida de numerosos nombres, además de un 70% de su armamento.

A diferencia del ELN, las FARC no van a sufrir reveses considerables más allá del mencionado y, paulatinamente, van a ir consolidando su posición, si bien al inicio muy supeditada al Partido Comunista y con una escasa relevancia dentro del escenario de violencia. Su institucionalidad se va a ir reforzando con la III Conferencia Guerrillera de 1968, en Guayabero, y con la IV Conferencia Guerrillera de 1970, en El Pato, cuando su número de efectivos llega a duplicarse, hasta alcanzar los 780 integrantes. No obstante, como reconoce Aguilera (2010: 88), durante los trece años que transcurren entre 1968 y 1982, el activismo de las FARC fue apenas relevante, con una media de 1,6 tomas armadas sobre poblaciones rurales y dos emboscadas por año. Empero, sin que las FARC representasen un protagonismo en clave nacional, lo cierto es que su presencia en Tolima, Cauca, Meta, Huila, Caquetá, Cundinamarca y las regiones de Urabá y el Magdaleno Medio será notable y, para finales de los setenta, llegan hasta casi los mil combatientes.

Un punto de inflexión en la historia de las FARC va a ser la importante VII Conferencia Guerrillera, que tendrá lugar en Guayabero (Meta), entre los días 4 y 14 de mayo de 1982. En ella, la guerrilla incorpora la sigla “Ejército del Pueblo”, FARC-EP, y asume una nueva estrategia de lucha, conocida como la Nueva Forma de Operar (NFO).

La NFO no supone sino la extrapolación de la experiencia de la Operación Cisnes 3, que, con un casi desconocido Mono Jojoy al mando, se pone en marcha en Guayabero en 1980 con el objetivo de dirigir un conjunto de guerrillas móviles capaces de actuar sobre un solo frente y dispersarse (hit and run). Tal y como recoge Moreno (2006: 632), la NFO pasa a entenderse como “una nueva táctica militar, partiendo de la base de que la guerra regular pasó a ser irregular […] y por la prolongación del conflicto, lo que lleva a cada ejército a actualizar sus formas de combate”.

Esta dimensión del conflicto pondrá de manifiesto una nueva lógica de guerra para las FARC, la cual queda orientada hacia una actitud mucho más ofensiva que, incluso, aspira al aniquilamiento de unidades militares. Por ello, resulta imprescindible el incremento de la fuerza de combate guerrillera y el reclutamiento de nuevos efectivos, lo cual conferirá, paulatinamente, un valor agregado de gran importancia al narcotráfico; en suma, a las tradicionales fuentes de financiación, como el secuestro o la extorsión sobre sectores boyantes como el ganadero o el banano.

Del mismo modo, al auge vertiginoso que, desde 1982, van a experimentar las FARC, hay que añadir otros factores concomitantes. De un lado, la instrumentalización que la guerrilla va a realizar sobre el proceso de negociación con el presidente Belisario Betancur (1982-1986) que, dentro de un escenario de cese bilateral de las hostilidades, va a permitir a las FARC fortalecerse y rearmarse. De otro, la ruptura con el Partido Comunista, al cual la guerrilla había quedado supeditada prácticamente desde sus inicios, y la posterior creación, primero, del Partido Comunista Colombiano Clandestino (PCCC) y del Movimiento Bolivariano (MB) después, si bien ambos estaban subordinados a la acción armada.

Mapa 2

frentes de las FARC creados entre 1981 y 1989

Fuente: Pécaut (2008b: 31).

Tal es el auge de las FARC que, desde 1982, se duplican sus frentes, pasando de nueve a dieciocho, en una lógica similar a las que experimentan otras guerrillas. El ELN, gracias a su control sobre parte de la industria petrolera y aurífera, se va a encontrar en fase de fortalecimiento, desdoblamiento y de centralización nacional. El EPL va a experimentar su fase auge gracias a la industria bananera y los campesinos cordobeses. El M-19 crea el Frente Sur en Caquetá, Putumayo y Huila; y aparte, se produce la emergencia de la guerrilla indigenista QL, el PRT o el MIR-Patria Libre. A tal efecto, como dirá el mismo Pécaut (1987: 8): “La cuestión guerrillera cambia, de esta manera, de naturaleza y de escala. De un fenómeno crónico pero marginal, enraizado en la tradición de La Violencia y en los conflictos por la tierra, se transforma en un componente de un proceso que, por primera vez, percibe como objetivo la lucha por el poder”.

Sobre esta tesitura se va a ir produciendo un proceso de convergencia guerrillera que llega a concretarse, a mediados de la década de los ochenta, con la creación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) y en la que cada grupo va a disponer de su facción política propia. Es decir, ¡A Luchar! en el ELN, el Frente Popular para el EPL y, por último, la Unión Patriótica (UP) para el caso de las FARC. Las dos primeras apenas tendrán relevancia, mientras que la tercera será eliminada en una especie de genocidio sin precedentes en la historia política colombiana. Además, las concebidas como guerrillas de segunda generación, el PRT, el M-19 y la guerrilla indigenista QL, no van a terminar por hacer presencia activa, dada su pronta desmovilización y su reintegración en la vida política colombiana.

Factores como la cuestión agraria irresoluta, la precariedad del Estado y la consolidación de fuentes de poder social afines a los grupos guerrilleros van a terminar por dar forma a una guerra irregular en Colombia donde las FARC, predominantemente, y el ELN, en menor medida, buscan una labor de hostigamiento y desgaste a largo plazo, haciendo valer las palabras de Kissinger (1969: 214): “La guerrilla gana si no pierde. El ejército convencional pierde si no gana”.

Para 1989, y desestimada cualquier posibilidad negociadora con el Gobierno de Virgilio Barco, las FARC pasan a tener más una treintena de frentes y el número de combatientes asciende casi a 6.000 efectivos. Esta fortaleza guerrillera se va a repartir por casi toda la geografía del país, con especial predilección por la cordillera oriental de los Andes y los alrededores a las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Igual sucede en las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, en tanto que corredores estratégicos de gran valor para el tráfico de armas y droga. A su vez, a esta coyuntura se suma la algidez del paramilitarismo, que dificulta cualquier atisbo de desmovilización, y la muerte de Jacobo Arenas en 1990. Esto último es de gran importancia en la medida que el liderazgo cae, íntegramente, sobre Manuel Marulanda y, con ello, en la lectura más beligerante de la lucha armada. Tampoco ayuda el bombardeo estratégico sobre el santuario de las FARC en Casa Verde, en el municipio de La Uribe (Meta), el mismo día que se inauguraba la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, como castigo de Gaviria a su no desmovilización. Dicho de otro modo, la década de los noventa es un momento de violencia convulsa en el que la etapa de autodefensa es un vago y lejano recuerdo.

Desde entonces, el único objetivo de las FARC es fortalecer su estructura y dirigir operativos militares con el fin de tomar el poder político y derrocar al Gobierno. Esto sería una suerte de paso de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, en la medida en que se imbrica una estrategia de ofensiva táctica y estratégica orientada a la confrontación y la medición de fuerzas entre guerrilla y Ejército, todo con el firme propósito de desplegar recursos bélicos a gran escala e infringir severas derrotas en la tesitura conflictual armada. De hecho, hacia 1993, las FARC acumulan ya 10.000 efectivos y otros 30.000 milicianos, y todo el país, con excepción de Amazonas y San Andrés, empieza a conocer el significado de la guerrilla.

Esto queda perfectamente retratado cuando se pregunta a dos excomandantes de las FARC sobre aquel momento:

Hacia 1998, en las FARC, seguíamos pensando en tomar el poder por las armas. El secretariado era consciente de ello. De hecho, cuando nos sentamos con Pastrana en el Caguán estábamos cerca del golpe final. Era un diálogo, pues nosotros éramos más fuertes (entrevista personal —EP 1—, mayo de 2015).

La violencia se recrudece especialmente desde 1994. Para ese entonces nosotros éramos poderosos. Tanto, que el Estado Mayor Conjunto empieza a estar convencido de que puede llegar al poder por las armas. Las FARC empiezan a convencerse de que tomar el poder por las armas es posible, dado el tamaño de su fuerza. Se focalizó en la fuerza militar, pero descuidó la parte política (EP 2, agosto de 2015).

Mapa 3

Localización de los frentes de las FARC en 1995

Fuente: Pécaut (2008b: 31).

Tanto es así que el Ejército colombiano pasa a recibir importantes derrotas en el plano militar, sobre todo, entre 1996 y 1997, lo cual coincide con la maduración de la NFO, pero igualmente sucede por una profunda crisis institucional causada por lo que se conoció como el Proceso 8.000, proceso judicial emprendido contra Ernesto Samper debido a la ilegal incursión del cártel de Cali en su campaña presidencial de 1994. Para ese entonces, las FARC superan ya los 12.000 combatientes y causarán sonadas derrotas a la Fuerza Pública en Puerres (Nariño), Las Delicias (Putumayo), La Carpa (Guaviare), Patascoy (Nariño), El Billar (Caquetá), Miraflores (Guaviare) o La Uribe (Meta). Así, tal es la tesitura que, en algún momento, la Agencia de Inteligencia de la Defensa empezará a temer sobre la posibilidad de que la guerrilla pueda tomar el poder político por las armas.

Aparición e historia del ELN, 1965-1998

El ELN surge de manera diferente a las FARC. Esta guerrilla, en primer lugar, emerge alentada por la Revolución cubana y la experiencia directa de algunos de sus primeros comandantes, como Fabio Vásquez Castaño, Víctor Medina Morón, Ricardo Lara Parada o Heriberto Espitia, que llegarán a la isla entre 1960 y 1962 con el fin de adelantar programas de formación. Todos, provenientes de la izquierda comunista, rápidamente se convencen de las bonanzas del proceso revolucionario cubano y es por ello que empiezan a pensar en la posibilidad de extrapolar esta experiencia a Colombia.

Desde 1963, y con Fabio Vásquez a la cabeza, el contingente de siete colombianos que finalmente deciden enrolarse al sueño de la revolución regresa con la finalidad de iniciar contactos en las dos ciudades más importantes de Santander: Bucaramanga, la capital, y Barrancabermeja, además de en otros enclaves de carácter urbano como Los Aljibes, La Yarima o San Vicente de Cuchurí. El departamento de Santander había sido escenario de violencia desde los años treinta y presentaba algunas particularidades para albergar la idea de insurrección subversiva. A su geografía montañosa, habitada por campesinos pobres de nueva colonización, había que añadir el valor estratégico de un río como el Magdalena, en términos socioeconómicos. De igual forma, el hecho de servir como nervio central de la industria petrolífera y disponer, en Barrancabermeja, de una planta de hidrocarburos, va a suponer un estímulo de gran interés para el ELN, especialmente por la importancia que el antiimperialismo representa para este movimiento (Harnecker, 1988). No obstante, no se puede obviar la dimensión intelectual proveniente de la universidad más importante del departamento, la Universidad Industrial de Santander, y de la que se destacarán figuras como Jaime Arenas, Homero Sobrino o Jaime Andrade, entre muchos otros.

El lugar concreto para la emergencia del ELN va a ser en la región de Cerro de los Andes, en la jurisdicción del municipio de San Vicente Cuchurí, entre los corregimientos de El Carmen y La Yarima. Tras meses de preparación militar y política, y contactos con las bases a lo largo de 1964, desde ahí se va a dar la primera aparición pública de la guerrilla, formada por apenas veinte combatientes, cuando el 7 de enero de 1965 se toma el municipio de Simacota.

El grupo guerrillero, fuertemente inspirado en el foquismo guevarista y el marxismo-leninismo, primero, y también en la teología de la liberación, después, plantea su ideario en lo que se conoció como el Manifiesto de Simacota, un manifiesto en el que se llama a que el pueblo luche por las armas y, por primera vez, y a diferencia de las guerrillas liberales y las autodefensas campesinas, se plantee verdaderamente la necesidad de la conquista del poder como objetivo estratégico de carácter político y revolucionario.

Los siguientes meses a Simacota tienen como finalidad consolidar la estructura guerrillera y conferirle mayor visibilidad dentro de un Estado de derecho entendido como inexistente y en el que las Fuerzas Armadas parecen tener el papel político y social preponderante. Se busca profundizar el trabajo político, la apertura de nuevos enclaves de disputa y la creación de condiciones que permitan desarrollar un nuevo frente guerrillero, además de mantener las relaciones con la ciudad. En febrero de 1965 se toma el municipio de Papayal y en los meses siguientes se ponen en marcha varios operativos aislados sobre la capital del departamento. Uno de los acontecimientos más importantes para el ELN va a tener lugar a finales de este año 1965, cuando se enrola la figura de Camilo Torres Restrepo. Un intelectual, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, además de sacerdote, que va a plantear la necesidad y la posibilidad de aunar marxismo y cristianismo, inspirando un desarrollo práctico que relacione cristianismo, guerrilla, base popular y triunfalismo revolucionario.

Camilo Torres enriquecerá sobremanera el discurso político del ELN, si bien su presencia se va a desvanecer pronto. Lo hará con el primer gran revés que va a recibir el ELN, con motivo de la derrota de Patio Cemento, el 15 de febrero de 1966, cuando un operativo de 85 militares actúa contra el frente José Antonio Galán, de 33 guerrilleros, y en el que mueren seis de ellos, entre los que se encuentra Torres.

Durante el transcurso de 1966 a 1973, el ELN va a transcurrir por un crecimiento vegetativo, en el que apenas se consolida la organización revolucionaria y se afianzan las condiciones para operar con menos de un centenar de combatientes. Cualquier atisbo de disputa del poder resulta, para ese entonces, una mera utopía, del mismo modo que resulta inimaginable la posibilidad de plantear una estrategia alternativa del poder. A las contradicciones entre la posición política y la posición militar del movimiento se une la contradicción entre los enclaves urbanos y el escenario campesino, y la lucha entre los liderazgos de Fabio Vásquez Castaño y de Víctor Medina Morón. Tres factores de confrontación que, en última instancia, van a lastrar sobremanera la solidificación real del movimiento guerrillero.

Hacia 1972, el ELN había conseguido, pese a todo, organizarse en torno a tres frentes, con presencia en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Santander. Buena parte de este paulatino crecimiento había sido fruto de la incorporación del secuestro y la extorsión sobre gran parte del capital petrolero que tenía presencia en la región, además de por la puesta en marcha de varias operaciones de sabotaje sobre la Fuerza Pública y pequeñas localidades.

Sin embargo, la emboscada en Canelos, a mitad de 1972, y después la puesta en marcha de la Operación Anorí van a suponer un nuevo punto de inflexión en el devenir guerrillero, debido a que durante el Gobierno de Misael Pastrana se va a activar un dispositivo de más de 33.000 militares cuyo propósito va a ser el de acabar con el ELN y que, incluso, va a dar de baja a más de un centenar de combatientes, entre los que se encontrarán los hermanos Manuel y Antonio Vásquez Castaño.

Este golpe y otros van a dejar al ELN muy diezmado, en tanto que su capacidad de combate va a quedar reducida de 250 a poco más de 70 guerrilleros. Entretanto, en un intento de reagrupar al contingente y depurar responsabilidades, el comandante en jefe, Fabio Vásquez Castaño, va a verse obligado a dejar el país por cuestiones de salud, lo cual permitirá una transición de su liderazgo en favor de otra figura clave proveniente de la teología de la liberación: el español Manuel “Cura” Pérez.

A partir de este momento, el ELN queda conformado por el frente José Sepúlveda, con unos 40 combatientes, el José Antonio Galán, con 45 guerrilleros, y el Camilo Torres, con unos 30 efectivos. Estos, supeditados a la figura de Manuel Pérez, deciden proseguir con la lucha insurgente a pesar de los planteamientos cuestionadores con el sentido de autoridad, la renovación organizativa y el trabajo con las masas. Así, pese a todo, entre 1974 y 1980, se va a trabajar en la (re)consolidación de la estructura guerrillera, aun cuando el primero de estos frentes, el José Sepúlveda, inicia su desmovilización en 1978.

Otra prioridad tras el fracaso de Anorí y la llegada de Pérez será la de centralizar el mando guerrillero, lo cual se va a conseguir por medio de la creación, en 1978, de una Dirección Nacional Provisional, ya institucionalizada hacia mediados de la década de los ochenta. Durante estos años, el ELN sufrirá la enésima fisura, en esta ocasión, de la facción 16 de Marzo, si bien, por otro lado, va a experimentar dos novedades de gran importancia. Por primera vez, fruto de la política negociadora de Belisario Betancur, el ELN pasa a ser reconocido como fuerza beligerante en Colombia. Asimismo, paralelamente al proceso de centralización, especialmente importante entre 1983 y 1986, el ELN pasa a multiplicar por cinco su número de combatientes (Calvo, 1998: 139) abriendo nuevos frentes en Valle del Cauca, Huila, Chocó, Boyacá, Santander, Cesar, Antioquia, Guajira y Cauca. Asimismo, se fortalecen los frentes urbanos de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla y, sin cuantificar estas estructuras urbanas, se llega a superar los 600 guerrilleros.

Es a partir de entonces cuando se experimenta en Colombia el fortalecimiento real del ELN, en particular, y de las guerrillas en general. Mientras que el Gobierno de Belisario Betancur se encuentra negociando el fin del conflicto con las FARC, el EPL y el M-19 hacia febrero de 1985, el ELN está buscando converger con otras fuerzas minoritarias, como el PRT y el MIR-Patria Libre, con quien se fusionará, dando lugar, en junio de 1987, a la Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN).

El abandono de las FARC del proceso de negociación con Betancur va a permitir redundar en la búsqueda de un escenario nacional de convergencia guerrillera a partir de la creación de la referida CGSB, en septiembre de 1987, y sobre la cual el ELN va a tratar de hacer valer su noción de guerra popular prolongada, así como su distanciamiento a los planteamientos desmovilizadores. De igual forma, se recupera el interés por los enclaves urbanos y se hace uso de una concepción más incluyente del poder popular, en tanto que se adiciona un objetivo por incidir en la vida política del país e incorporar nuevos elementos en la lógica de la vida militar (Medina, 1996).

Así es que en 1986 nacen los frentes Carlos Alirio Buitrago, para el Magdalena Medio y el oriente antioqueño; 6 de Diciembre, en la Sierra Nevada de Santa Marta; José Manuel Martínez Quiroz, para el norte de Cesar y sur de Magdalena; y la Compañía Simacota, en el departamento de Arauca. De igual forma, entre 1987 y 1988, surgen y se fortalecen el frente Jaime Bateman Cayón, en las sabanas de Sucre y Bolívar; el Astolfo González, sobre los departamentos de Córdoba y Urabá; el Ernesto Che Guevara, que pasa a operar en la zona cafetera del suroeste antioqueño; el María Cano, para la región del nordeste y Magdalena Medio Antioqueño; el Bernardo López Arroyave, igualmente, en el nordeste antioqueño; el Claudia Isabel Escobar, en las regiones santandereanas de Suratá, Matanzas y California; y los frentes Luis Fernando Porras y Armando Cauca, operativos en la región fronteriza colombo-venezolana (Velásquez, 2009: 218).

Con la llegada en 1990 del liberal César Gaviria, sucediendo a Virgilio Barco, se plasma un proceso de cambio político basado en la modernización del Estado, el fortalecimiento de la seguridad interna y la recuperación de la legitimidad del Estado. Para ello, se pone en marcha una Asamblea Nacional Constituyente cuyo propósito es dotar al país de una nueva Constitución, y dentro de la cual el M-19, una facción mayoritaria del EPL, la QL y el PRT van a optar por desmovilizarse. A tal transformación fueron igualmente invitados las FARC y el ELN, como grupos dirigentes de la CGSB, aunque sin fortuna.

Con el ELN se entablan conversaciones para la búsqueda de una salida al conflicto negociada, en encuentros que tienen lugar, primero en Cravo Norte (1991) y posteriormente en Caracas (1991) y Tlaxcala (1992). Conversaciones truncadas, pues, de acuerdo con Vargas (2006), cabe entender que en esta primera iniciativa de diálogos revistió más el interés estratégico que para la organización tenía la unidad guerrillera que el hecho de concebir una posibilidad real de una salida negociada al conflicto.

No obstante, y aunque con el presidente Ernesto Samper (1994-1998) se retoma la politización del conflicto y se exploran vías de negociación, a partir del Preacuerdo de Viana, de febrero de 1998, y el Acuerdo de Puerta del Cielo, de julio de 1998, las posibilidades de desconectar el conflicto armado con el ELN se mantendrán infructuosas. A tal efecto, se pueden entender como razones para comprender el fracaso tanto el proceso expansivo del que se aprovecha la guerrilla, con motivo de la debilidad institucional y los problemas de gobernabilidad ocasionados por el referido Proceso 8.000, como el auge de unas fuentes de financiación que permiten al ELN consolidar una posición armada con base en cerca de 5.000 combatientes y más de 30 frentes rurales, 8 urbanos y más de 40 estructuras urbanas (Lair, 2000: 138). Asimismo, debería añadirse una situación insostenible de violencia, fruto del impacto que el paramilitarismo, institucionalizado en torno a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que desde finales de 1996 y principios de 1997, en departamentos como Antioquia, Córdoba, Bolívar o Caquetá, van a terminar por desincentivar cualquier atisbo de posibilidad en el transcurrir de la negociación.

Otras guerrillas en el escenario del conflicto armado colombiano: EPL, M-19 y Quintín Lame

Aunque las dos guerrillas más importantes son las FARC y el ELN, se han mencionado otros grupos guerrilleros que merecen, cuando menos, ser planteados con algo más de detalle. En primer lugar, estaría el EPL, que surge, como las dos viejas guerrillas colombianas, a mediados de la década de los sesenta. A partir de la escisión del Partido Comunista Colombiano en una facción como el Partido Comunista Colombiano Marxista Leninista —PCCML—, en el año 1965, comienza a haber un convencimiento disidente sobre la necesidad de la lucha armada como medio para que el pueblo colombiano aspire a disponer del poder político y, con ello, tener la capacidad de solucionar sus problemas más agudos. En esta época, hacia 1964, se registran intentos por constituir la guerrilla en enclaves similares a los que albergan al ELN, como en Santander, y en otros como el sur de Bolívar, Valle del Cauca, Chocó y Risaralda.

Así, la estrategia, fuertemente inspirada en el foquismo guevarista, pasaba por crear un núcleo en cada uno de estos departamentos desde el que estimular un movimiento insurreccional en clave nacional. Sin embargo, el apego al foquismo y la escasa experiencia militar terminan, rápidamente, el mismo año 1965 con la desaparición del núcleo de Guacarí en Valle del Cauca. A partir de entonces y hasta 1967, se reubican los esfuerzos de un EPL que busca erigirse, más allá de como brazo armado del PCCML, como un ejército revolucionario per se. En este nuevo intento se hace especial énfasis en el trabajo de masas en la región noroccidental del país, recogiendo parte del germen guerrillero que había quedado en algunos lugares, con base en un profundo descontento campesino, tal y como sucedía en el Alto Sinú, el Bajo Cauca o el valle de San Jorge (Pécaut, 2006).

Sobre estas circunstancias, en 1967 se precipita una sublevación campesina focalizada en estos enclaves, gracias a los trabajos que se habían ido llevando a cabo sobre las bases populares en lo que tiene que ver con convencimiento, educación y movilización en torno a un punto en común: la acción guerrillera como mecanismo para aspirar a una sociedad mejor. De este modo, desde finales de los años sesenta, particularmente el Bajo Cauca y Urabá, en el departamento de Antioquia, y el departamento de Córdoba, se van a erigir como escenarios fundamentales de un EPL que, sin embargo, va a estar fuertemente diezmado por unas disensiones internas que conducen a varias escisiones casi desde el principio.

Desde la segunda mitad de los años setenta, concretamente entre 1978 y 1980, se producirá una discusión interna entre el EPL y el PCCML en la que, con motivo del XI Congreso, se va a optar por dejar de lado el postulado maoísta para profundizar en el trabajo de masas e incluso buscar converger con otras guerrillas. Asimismo, como sugiere Behar (1985), el objetivo pasa por enfatizar la dimensión política, incluir nuevas claves de pensamiento y desarrollar una estrategia envolvente del campo sobre la ciudad.

Serán tiempos de conformación sólida de un EPL que superará los 2.000 combatientes, de acuerdo a una fuerte base campesina e intelectual, y con un gran arraigo en las plantaciones bananeras y de colonos campesinos del noroccidente del país (Richani, 2003). Empero, su constricción espacial en el departamento de Antioquia va a conducir al grupo a tener una percepción errada de lo que debía ser un grupo guerrillero de proyección nacional.

Hacia el año 1984, el EPL va a ver con buenos ojos la invitación del presidente Belisario Betancur a negociar, si bien utiliza la tregua como oportunidad para su fortalecimiento, aunque, apenas un lustro después, y aun siendo parte de la CGSB, termina por posicionarse mayoritariamente a favor de la desmovilización. Ello, en buena medida, propiciado por el fuerte impacto que sobre la guerrilla van a tener tanto la Fuerza Pública, especialmente en el departamento de Córdoba, como muy especialmente la acción paramilitar de las embrionarias ACCU en la región de Urabá.

Hacia finales de 1990 se comienza a negociar, pues, una desmovilización que se materializa en febrero de 1991, con más de 2.500 combatientes y una transición a una estructura política, Esperanza, Paz y Libertad, que será víctima de multitud de asesinatos selectivos provenientes de las FARC, para quienes la desmovilización no fue sino una traición en connivencia con ciertos sectores del paramilitarismo.

De todos modos, hoy en día quedaría una reducida facción disidente, conducida inicialmente y hasta 1994 por Francisco Caraballo, y que en la actualidad se organizaría por una comandancia que responde al nombre de Dirección Nacional Juan Montes, que aglutinaría menos de 200 guerrilleros en los municipios de El Tarra, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Teorama y Tibú, en Norte de Santander.

La segunda guerrilla a presentar sería la guerrilla indigenista QL, la cual toma su mito fundacional el 5 de enero de 1985, cuando una columna de aproximadamente 80 hombres descienden del noroccidente caucano para tomar la población de Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca. A diferencia del ELN en Simacota, este contingente se caracterizaba por un rasgo particular: se trataba de un grupo armado netamente indígena, que portaba en sus uniformes las siglas CQL (Comando Quintín Lame), lo cual le confería una impronta diferente al resto de grupos armados que, hasta el momento, habían operado en la zona. A lo sumo, solo una parte del contingente se correspondía con un sector disidente de las FARC: el grupo Ricardo Franco, que años más tarde pagaría la propia violencia de las FARC en una sanguinolenta purga interna.

La existencia de la guerrilla indigenista QL hay que encontrarla, como sugiere Espinosa (1996: 21), en los enfrentamientos permanentes entre Ejército y guerrilla, que habían deteriorado sobremanera la estructura económica y social de la región, cuyo imaginario percibía mayoritariamente que el conflicto en Cauca no tenía como propósito acabar con la guerrilla, sino repercutir directamente sobre los derechos de la comunidad indígena residente. Asimismo, la organización indigenista, articulada en torno al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fue ganando una visibilidad que colisionaba con los intereses de los grandes terratenientes de la región y que propició una campaña de desautorización que, incluso, llevó a tildar a los indígenas de combatientes subversivos del M-19 (Peñaranda, 2010).

Es precisamente esta situación de desamparo la que invita a la organización de la autodefensa indígena, la cual va a estar operativa entre 1977 y 1984 y después, en forma de guerrilla, hasta 1991, en los municipios caucanos de Puracé, Santander de Quilichao, Páez, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Popayán, Caloto, Inzá, Jambaló, Piendamó y Totoró.

Más difícil resulta precisar el número de integrantes que hicieron parte de este grupo, el cual quedó articulado, en todo caso, alrededor de cuatro frentes móviles que se distanciaban del tradicional quehacer guerrillero en tanto que el objetivo no era sino fortalecer y defender a la comunidad indígena dentro de la tesitura de desarraigo y desprotección del departamento; ello, coadyuvando, a su vez, a la institucionalidad de las autoridades tradicionales de la comunidad.

Dentro de una lógica racional de instrumentalizar la violencia, los años más violentos de la guerrilla indigenista QL transcurren entre 1985 y 1988, cuando esta protagoniza alianzas estratégicas con el M-19 y con la disidencia Ricardo Franco para combatir a los propietarios rurales y la creciente expansión que venía experimentando, sobre todo el frente 7 de las FARC.

La guerrilla indigenista va a ser parte del conocido como Batallón América, erigido en torno al M-19 y dirigido por Carlos Pizarro. Este se va a constituir desde mediados de los ochenta, y especialmente entre los años 1986 y 1987, teniendo un especial protagonismo de la guerrilla indigenista, sobre todo con motivo de la muerte de su fundador, Luis Ángel Monroy. Ello generará una serie de actos violentos de la guerrilla, que se traducirán en la toma de varias localidades, que conducen a más acciones militares y más presión sobre la comunidad local, generando un enrarecimiento entre la lógica de funcionamiento de la guerrilla y el resultado de las consecuencias generadas.

Es por todo que, desde 1988, la guerrilla entra en un viraje orientado hacia la desmovilización armada, sin que ello suponga una despolitización de la reivindicación indigenista en el departamento del Cauca. Más bien, lo cierto es que la resistencia armada, en suma, a la movilización social, sirvió para contener el avance expansivo de las FARC, frenando la violencia de los grandes terratenientes y colocando la problemática indígena en el escenario nacional, lo cual obligó a los indígenas a tener que asumir nuevas posiciones en el horizonte político que tiene lugar, sobre todo, a partir de 1990 en el nuevo escenario constitucional colombiano. Hacia mayo de 1991 ya se había materializado, de manera exitosa, la desmovilización de los últimos 157 insurrectos, con plenas garantías para su abandono de las armas y con una proyección política tanto dentro del Cauca como a nivel nacional de las organizaciones indígenas del departamento y del movimiento en su enclave nacional. Movimiento que, por las particularidades multiculturales que ofrecía la Constitución de 1991, resultaba de gran valor e interés para el empoderamiento de estas comunidades indígenas tanto de Cauca como del resto del país (Pinto, Vergara y Lahuerta, 2002).

En tercer lugar, cabría hacer referencia a la guerrilla del M-19, la cual, puede decirse, es la tercera gran guerrilla que ha sufrido la historia política colombiana en los últimos años junto con las consabidas FARC y ELN.

Su origen hay que encontrarlo en el resultado electoral de las elecciones presidenciales de 1970, en las que concurre el conservador Misael Pastrana junto con el exdictador Gustavo Rojas Pinilla, al frente, en aquel entonces, de la Alianza Nacional Popular (ANAPO). El resultado de los comicios acabó resolviéndose del lado del conservador, con gran arraigo en el enclave rural, por apenas 65.000 votos. Un margen ajustado que será rechazado por la oposición anapista, alegando la existencia de fraude. De acuerdo con esta circunstancia, es en el año 1974 cuando los representantes más a la izquierda de la ANAPO, Jaime Bateman Cayón, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina y Luis Otero Cifuentes, junto a otros, fundan el M-19. Un movimiento operativo como brazo armado de la ANAPO que, entre 1975 y 1976, se desmarcará de la misma, primero, por desavenencias con el sector más conservador de la ANAPO, y segundo, por el fracaso partidista de lo que se concibió como la ANAPO Socialista en los comicios presidenciales de 1974.

El M-19, a diferencia del resto de guerrillas, nunca tuvo una ideología muy marcada. Alejados del guevarismo, del marxismo-leninismo o del maoísmo, aunque dentro de un sistema político, económico y social copado de contradicciones, el M-19 nunca dispuso de un ideario preciso. Su marcado nacionalismo, su hostilidad a las inversiones, y en especial a Estados Unidos, su reivindicación de mayor igualdad o su crítica a un sistema político excluyente pueden destacarse como los rasgos ideológicos más significativos.

Sobre la base de lo anterior, el M-19 se constituye como una guerrilla de carácter urbano, aunque con una importante dimensión política de cambio que, en última instancia, termina por integrarse en la vida política colombiana. Ello, aun a pesar de su activismo armado, especialmente intenso en la primera mitad de los años ochenta, y bajo la particularidad de no disponer de espacios territoriales propios como sucedía con las FARC.

Las comunidades de legitimación del M-19 hay que encontrarlas en un escenario como el de los setenta, en el que la economía de intervención estatal va abriendo paso a un modelo neoliberal que ya en los ochenta conduce al país a tasas de inflación del 30%, tasas de interés del 50%, una profunda pérdida de competitividad o un desempleo que llega a cifras del 14% (Kalmanovitz, 2003: 483). De igual forma, la agudización del déficit, unido a un incremento de inequidad, pobreza y corrupción, van a darse en correspondencia inversamente proporcional a conquistas sociales en empleo, salud o educación, lo cual contribuye a un clima de relativo colapso y parálisis del Estado y que permite entender la efervescencia del hacer guerrillero.

Como se señalaba, en el caso del M-19 no hay enclaves territoriales como los de las FARC, ELN o EPL y más bien lo que se aprecia es un arraigo urbano en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Ibagué, Cali y Medellín y, en menor medida, en Boyacá, Barrancabermeja, Popayán, la región de sur de Bolívar y los departamentos de Tolima, Cauca, Nariño, Huila, Putumayo y Risaralda. Desvinculado de la ANAPO, el M-19 se convertirá, en la década de los ochenta, en el grupo guerrillero más mediático, sobre todo fuera de Colombia. Entre sus actuaciones más destacadas cabe resaltar el robo de la espada de Simón Bolívar del Museo Quinta de Bolívar (1974); la sustracción de 5.000 armas en el establecimiento de Cantón Norte perteneciente al Ejército colombiano (1978); la retención de 52 personas en la Embajada de la República Dominicana en Colombia (1980) y, sobre todo, la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Un grupo guerrillero que, por todo lo anterior, va a ser severamente hostigado en los núcleos urbanos y obligado a retirarse a los emplazamientos del suroccidente colombiano, en los departamentos de Caquetá, Huila y Cauca, principalmente.

Sobre estas circunstancias, fracasadas las negociaciones de 1984 con Belisario Betancur, y con serias fricciones dentro de la CGSB, el M-19 va a empezar a negociar con el Gobierno liberal de Virgilio Barco, el 2 de abril de 1988, cuando la guerrilla declara un cese unilateral del fuego y se lleva a cabo un acto que guardaba lógica con las declaraciones de su última conferencia nacional guerrillera de 1985. Así, el 9 de marzo de 1990, a través del Acuerdo de Corinto, se desmovilizarán 900 guerrilleros y el M-19 se transformará en un partido político, la Alianza Democrática M-19, que llegará a obtener un 12% de los votos en las elecciones presidenciales de 1990, y un 27% en la elección relativa a la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Otras dinámicas de la violencia colombiana. Narcotráfico y paramilitarismo

La década los ochenta va a ser un periodo particularmente oscuro de la historia colombiana, como resultado de los severos problemas de orden público por los que va a transcurrir el país. Tanto es así que si el homicidio violento era la séptima causa de muerte en Colombia en el año 1973, para 1986 ya se había consolidado como la primera. El narcotráfico, más allá de las guerrillas, también alimentó la emergencia del paramilitarismo, favoreciendo como nunca antes la corrupción y la impunidad, y cooptando a numerosos sectores de la sociedad civil a las causas de la violencia. Tal es su impacto en Colombia que, de la tradicional polemología acuñada por Bouthoul en 1948, se va a derivar un particular campo de estudio, fuertemente arraigado en las ciencias sociales colombianas, y que será conocido, vulgarmente, como la violentología.

El fuerte desempleo urbano, la pauperización creciente del campesinado, la inflación galopante y la profunda inequidad permitieron legitimar la existencia de las guerrillas que, desde los sesenta, se habían ido desarrollando ante un Estado institucionalmente debilitado. Como se señalaba igualmente, es así como todos los grupos armados, a partir de este momento, empiezan a crecer. El M-19 lleva a cabo sus acciones más destacadas; el ELN pone en marcha su plan de reorganización nacional y consolida su posición en torno al oleoducto Caño Limón-Coveñas; las FARC empiezan a desdoblar frentes y en apenas cinco años multiplica por cuatro su número de combatientes y el EPL llega a su momento de mayor presencia territorial y subversiva (Osterling, 1989).

Paralelamente, es entonces cuando el paramilitarismo empieza a emerger de una manera mucho más evidente, la cual será tratada, con mayor detenimiento, más adelante. Dentro de un contexto de inoperancia del Estado, en el que el estado de sitio y las medidas represivas aparecen como constantes, empiezan a aparecer nuevos grupos que operan al margen de la ley a fin de resolver aquellos problemas, especialmente de seguridad y de orden público, que el Estado no podía resolver.

A ello contribuye, desde inicios de la presidencia de Belisario Betancur, y antes, con el Gobierno de Turbay Ayala, la puesta en marcha de la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta suponía aceptar la existencia de una guerra no convencional, que tenía como principal propósito la lucha contra el comunismo y que incorporaba una nueva forma de guerra que, con el beneplácito de las Fuerzas Militares, supondría la semilla embrionaria del paramilitarismo:

En esta concepción de guerra no convencional, las acciones militares adquieren una dinámica distinta que se manifiesta en la eliminación selectiva del enemigo (líderes políticos, sindicales y populares), la masacre colectiva (contra quienes apoyan a la subversión y se niegan a brindar información a la inteligencia militar) y el genocidio (contra las regiones en el que existe un reconocimiento formal de la influencia del movimiento insurgente). Se recurre para el desarrollo de esta concepción a sicarios procedentes de la fuerza militar y la población civil (Medina, 1990: 168).

Inicialmente, este paramilitarismo surge desde los grandes hacendados y ganaderos que buscan revertir el secuestro y la extorsión de la guerrilla en algunas regiones del Magdalena Medio, especialmente boyacense, y que terminan por constituir un proyecto político, social, económico y militar, especialmente entre 1982 y 1983, y extensible a otros enclaves como Huila o Casanare. Asimismo, empieza a operar el narcotráfico, en connivencia con el paramilitarismo y, sobre todo, frente a unas FARC que no renunciaban a su cuota de poder proveniente del cultivo y procesamiento de coca.

Otra causa del paramilitarismo institucionalizado encuentra un punto de inflexión en el secuestro por parte del M-19 de Martha Nieves Ochoa, hija de Fabio Ochoa, perteneciente al cártel de Medellín, y por el cual se exigía la suma de 12 millones de dólares en 1981. El resultado inmediato fue la creación del Muerte a Secuestradores (MAS), que para algunos termina por ser el primer grupo paramilitar financiado desde el narcotráfico. Lo cierto es que este MAS, en poco tiempo, llegó a conseguir articular a más de 2.000 personas, principalmente narcotraficantes y terratenientes que buscaban combatir al M-19 o a las FARC por sus prácticas extorsivas y de secuestro, y que lo que hizo fue contribuir, notablemente, a envilecer la confrontación violenta por la que atravesaba Colombia.

Poco a poco, y dentro de un escenario de guerra total entre guerrillas, paramilitares y Policía y Ejército, fue el narcotráfico el que empezó a ganar un protagonismo desmedido. Si, inicialmente, surge con pequeñas plantaciones de marihuana en regiones escasamente pobladas, como la Sierra Nevada de Santa Marta y otras regiones próximas a la costa atlántica, la cocaína, rápidamente, pasó a ostentar un protagonismo central en la vida del país. Aunque Colombia no se trataba de una región productora, como lo eran Perú y Bolivia, poco a poco fue sirviendo como punto de conexión de enclaves productores a través del procesamiento en laboratorios ubicados en Medellín y sus alrededores, donde se culminaba el proceso desde el que dar salida a la droga hacia Estados Unidos.

La cocaína llegó en los mejores años de la década de los ochenta a representar un 2-3% del PIB, dando lugar a una nueva clase opulenta, primero en Medellín y después en Cali, que se servía del secuestro de la democracia, a través de la corrupción y la impunidad, y de la lucha directa contra el Estado. Es por esta razón que, en la segunda mitad de la década de los ochenta, y más allá de la óptica guerrilla/paramilitarismo, emerge con fuerza el impacto del narcotráfico en la violencia del país. Un narcotráfico que, rápidamente, confronta entre sí en torno a los cárteles de Cali y Medellín, y que dejó la muerte de personalidades que se dedicaron a combatir esta cuestión, como el ministro de Justicia de Betancur, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en abril de 1984, o Luis Carlos Galán, el llamado a suceder a Virgilio Barco, en agosto de 1989. Lo mismo sucedería con otros candidatos presidenciales provenientes de la izquierda democrática, como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo o Carlos Pizarro.

Es desde entonces que la violencia empieza a generalizarse en todo el país. Si en 1987 el número de muertes violentas era de 16.535, en 1991 era de 28.284 (Revista Criminalidad, 2006: 119). La guerra entre los cárteles de la droga llegaba a sus años más violentos a la vez que, sobre todo, las FARC y el ELN comenzaban a expandirse territorialmente y a incrementar notablemente su número de efectivos. En el caso de las FARC, su inclusión en el narcotráfico va a consolidarse en la región de los Llanos Orientales, donde se va a dar una simbiosis con los productores y distribuidores de coca que, no obstante, también se va a resquebrajar, ya en la década de los noventa, gracias el auge paramilitar. Antes, en el Magdalena Medio y en las regiones costeñas del noroccidente, los narcotraficantes concentraron vastas extensiones de tierra resultado del desgaste que la extorsión de la guerrilla había ocasionado en los antiguos propietarios y que, desde 1994, serían capitalizadas en beneficio de las ACCU.

Así, los nuevos grupos ubicados en estos territorios, a diferencia de sus predecesores, no solo no van a permitir la extorsión de la guerrilla, sino que, además, disponen de todo un elenco de armas y organizaciones para evitarlo. Esta semilla, alimentada por la connivencia de intereses entre nuevos propietarios provenientes del narcotráfico, ganaderos y finqueros aposentados, además del Ejército y la Policía regional, va a tener como resultado la proliferación de grupos de autodefensa rurales que en la década de los noventa, primero, institucionalizadas por el Estado a través de lo que se conoció como las Convivir4, y después, en torno a unas AUC, a finales de 1997, van a ser parte central de la violencia en Colombia como máximo responsable de masacres y despojo de tierras durante más de una década.

El Gobierno de Julio César Turbay Ayala, 1978-1982

Antes de finalizar este primer capítulo, y aunque ya se han apuntado algunas de las cuestiones en torno a los diferentes gobiernos presidenciales que tienen lugar en Colombia desde los años ochenta, resulta necesario recoger de un modo algo más detallado cómo, desde 1978 y hasta 1998, Colombia transcurre por dos décadas de luces y sombras en la búsqueda de una solución negociada a su conflicto armado.

Partiendo de la presidencia de Turbay, es necesario destacar cómo la consecución de la paz bajo su Gobierno fue prácticamente imposible. Primero, porque la reactivación de la guerrilla va a ser un hecho que, a lo largo de la década de los ochenta, responde a una lógica incremental constante, pues el país incurre en una serie de dificultades económicas y un malestar social de difícil gobernabilidad.

Al inicio de su mandato político, y haciendo uso del artículo 121 de la Constitución, Turbay va a expedir el polémico Estatuto de Seguridad, una norma que no es sino la aplicación de la doctrina de Seguridad Nacional en Colombia, a fin de combatir el impacto de la guerrilla y del narcotráfico. Es el mismo año, 1978, cuando se produce el robo de armas en Cantón Norte, lo cual tiene como resultado inminente el incremento de la presión militar sobre las guerrillas, especialmente en los enclaves rurales, y la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba, que anteriormente habían sido restablecidas por su predecesor, López Michelsen.

Pese a esto, se encuentran dos gestos que no se pueden pasar por alto a pesar de su infructuosidad. El primero, la creación de una Comisión de Paz, encabezada por Lleras Restrepo, que, inicialmente, fue conformada para la búsqueda de mecanismos negociados para una salida política al conflicto. El segundo, la creación, a partir de la Ley 37 de 1981, de una Ley de Amnistía que permitía acoger a insurrectos autores de delitos políticos que no fuesen responsables de ciertos delitos como homicidio fuera de combate, secuestro o extorsión. Esta vía nunca resultaría aceptada por los grupos insurgentes, que, de uno u otro modo, convergían en considerar la medida como una invitación a la rendición de una causa que empezaba a vivir momentos de incuestionable algidez.

El Gobierno de Belisario Betancur Cuartas, 1982-1986

La llegada de Belisario Betancur a la presidencia supone, por primera vez, el reconocimiento de una serie de causas tanto objetivas como subjetivas en la interpretación del conflicto armado colombiano. Causas objetivas, en tanto que se atiende a la razón político-estructural de la violencia en Colombia, y causas subjetivas, a tenor de la concurrencia de factores individuales que, de alguna manera, explicaban motivaciones personales para pasar a formar parte de los diferentes grupos insurrectos.

Se propuso un cese al fuego de carácter bilateral tanto con las FARC como con el M-19, el EPL y el grupúsculo de la Autodefensa Obrera (ADO). Este cese de las hostilidades, además, quedaba acompañado de una amnistía dirigida a paliar las causas subjetivas de la violencia, además de una reforma democrática que debía mitigar los condicionantes estructurales de la misma.

Al respecto, el 19 de septiembre de 1982 se constituyó la Comisión de Paz asesora del Gobierno Nacional, primero dirigida por el mismo Lleras Restrepo, y después por Otto Morales Benítez y por John Agudelo Ríos. Su fin era canalizar las dimensiones de paz subjetivas y objetivas, y aun cuando concurría una fuerte oposición política y, también, de la mayoría de las Fuerzas Armadas.

Mientras se negociaba la paz, el número de muertes violentas se duplicaba por el impacto de narcotráfico, la emergencia del paramilitarismo y la oposición de las referidas Fuerzas Armadas a la negociación. De hecho, durante el diálogo con las guerrillas se registraron más de 1.000 muertes violentas, directamente relacionadas con el conflicto armado. Incluso, el M-19, subestimando su apoyo popular, va a decidir romper la tregua y protagonizar el magnicidio del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985. Asimismo, el EPL, acogido también a la invitación del Gobierno, va a instrumentalizar el mismo para rearmarse y llegar a los 2.000 efectivos y las FARC duplicarán sus frentes, de 27 a 48, a la vez que observarán cómo el paramilitarismo comete frente a su brazo político, la UP, uno de los mayores partidicidios de la historia5.

El Gobierno de Virgilio Barco Vargas, 1986-1990

El Gobierno de Virgilio Barco representa un importante cambio en la política de paz, al crear la Consejería Presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, al frente de la cual se encontraba Carlos Ossa Escobar, sucedido después, desde 1988, por Rafael Pardo.

El lema de campaña de Barco, “Mano tendida, pulso firme”, se entiende a partir de la convicción de que el proceso de paz tenía que quedar en manos, íntegramente, del Ejecutivo. La negociación requería de un cese al fuego unilateral y de la posibilidad de reformas políticas, a las que había hecho alusión Betancur, pero se entendía que no podían quedar subsumidas a una negociación con las guerrillas. El Estado colombiano debía encargarse de todo el proceso de transformación y traslación del campo de las armas al campo de los votos, para lo cual se debía fortalecer el Programa Nacional de Rehabilitación de la presidencia anterior, si bien con mayor énfasis municipal y regional.

Lo cierto es que el programa de Virgilio Barco sobre el manejo del conflicto armado colombiano, tal y como reconoce Chernick (2012: 87), pareció más bien una invitación a la rendición que una invitación a negociar. Ello, porque se comprendía que la violencia procedía más bien de enclaves urbanos que de rurales y, por ende, su tratamiento y mitigación debía focalizarse en enclaves donde la guerrilla, mayormente de base rural, tenía un menor arraigo.

Los esfuerzos del Gobierno de Barco siempre generaron malestar en las guerrillas, tal y como se traduce, por ejemplo, del comunicado de las FARC de 22 de septiembre de 1988, en el que la propuesta de paz de Barco se describía como un “ultimátum militar envuelto en mera retórica”. Sin embargo, hay que destacar que, a pesar de la distancia a la búsqueda de una solución negociada con la guerrilla, y aun con el auge experimentado por la violencia paramilitar, se consiguió avanzar sobremanera con algunos grupos, como el M-19. Un ejemplo, nada fácil, de las armas a las urnas, y con base en una integración en la vida política democrática, que terminaría por materializarse en el Gobierno del sucesor de Barco, el igualmente liberal César Gaviria.

El Gobierno de César Gaviria Trujillo, 1990-1994

César Gaviria llega a la presidencia en 1990 como consecuencia derivada del asesinato del candidato liberal, en 1989, Luis Carlos Galán, quien era el máximo favorito para aquellos comicios presidenciales. Bajo su Gobierno, se terminó de materializar el proceso de desmovilización del M-19 y se consideró la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente y de una nueva Constitución que permitiera abordar, en términos más integrales, el problema de la violencia en Colombia. A tal efecto, esto a su vez estimuló la desmovilización de la mayoría del EPL, de la QL y del PRT.

Ni las FARC ni el ELN, como ya se ha señalado, tuvieron iniciativas reales de acogerse a un proceso de negociación. Más bien todo lo contrario, pues el paramilitarismo empezaba a tener un impacto de confrontación, desplazamiento y disputa sobre aquellos enclaves que, tradicionalmente, durante más de dos décadas, habían sido controlados por las guerrillas. Además, la posición escéptica de las guerrillas se veía reforzada, si cabe más, a tenor del bombardeo sobre Casa Verde, en La Uribe, el mismo día en que se debía votar la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente.

A pesar de todo, se iniciaron esfuerzos en Cravo Norte (1991), Caracas (1991) y Tlaxcala (1992). En Caracas se incluyó a la facción no desmovilizada del EPL y a las dos grandes guerrillas, las cuales sugerían como punto de partida un cese bilateral del fuego que debía acompañarse de observadores nacionales e internacionales. Mientras, el Gobierno solicitaba una zona reducida de despeje en la que concentrar todo un movimiento guerrillero al que presuponía más debilitado de lo que realmente se encontraba.

A la vista de la falta de entendimiento, en marzo de 1992 se retoman las conversaciones desde México, donde el liberal Horacio Serpa, como interlocutor del Gobierno, busca extrapolar algunas de las lecciones aprendidas de las iniciativas de paz anteriores. Se plantea un diálogo con agenda abierta, en el que las prioridades sobre las que discutir sean: cese al fuego, relaciones con la Asamblea Nacional Constituyente, paramilitares, impunidad y doctrina de seguridad, democracia y favorabilidad política, soberanía nacional, acuerdos de verificación y democracia económica, política y social (García, 1992).

No obstante, nuevamente, la falta de voluntad política, evidenciada con el asesinato del exministro de Obras Públicas, Argelino Durán Quintero, a manos de la facción disidente del EPL, acabaría con cualquier atisbo de solución negociada.

El impacto del narcotráfico y del paramilitarismo, a pesar de la muerte de Pablo Escobar modificado el cártel de Medellín, unido a un control territorial de la guerrilla que afectaba a 500 municipios de los casi 1.100 que tenía el país, y en suma a una violencia que rozaba las 80 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, eran razones más que suficientes para intuir que el conflicto armado seguiría vigente e inalterado.

Tampoco podía pasarse por alto la convicción, cada vez mayor, de que las guerrillas podían, eficientemente, alzarse con el poder político y transformar el Estado. Convicción a la que debía sumarse el fracaso político de las guerrillas desmovilizadas a partir de las elecciones de 1994, cuando el candidato presidencial de la ADM-19, Antonio Navarro Wolf, no alcanzó ni siquiera el 4% y, peor aún, Esperanza, Paz y Libertad desaparecía a tenor de los asesinatos políticos y la represión de otros grupos armados.

El Gobierno de Ernesto Samper Pizano, 1994-1998

La presidencia de Ernesto Samper transitó por serias dificultades de gobernabilidad como consecuencia del descubrimiento de financiación, por parte del cártel de Cali, a su campaña contra el conservador Andrés Pastrana, en lo que se conoció como el Proceso 8.000.

Se trató de innovar en la política de paz a través de la creación del Alto Comisionado de Paz, y se buscó una mayor humanización del conflicto, ratificando en 1995 el Segundo Protocolo de la Convención de Ginebra, toda vez que se abría la posibilidad a que la Cruz Roja Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hicieran presencia en el país. Asimismo, el fortalecimiento institucional del Estado se combinó con una política de modernización y profesionalización militar.

Pese a todo, nunca hubo atisbo de que el conflicto colombiano acuñase la posibilidad de una solución política y negociada al mismo. En lo que respectaba a las FARC, las aproximaciones estuvieron presentes desde el inicio y en torno a las posibilidades de un diálogo dentro del cual las propuestas de Gobierno, como plantea Chernick (2012: 94), eran cinco: 1) garantizar la discreción en los contactos con la guerrilla, lo que no debía confundirse con secretismo; 2) garantizar por parte del Gobierno la seguridad de los representantes de la insurgencia mientras tuviesen lugar los posibles diálogos; 3) aceptar negociar con la totalidad de la CGSB y en su defecto, con aquellos grupos cuya voluntad así fuese; 4) negar como precondición el cese de las hostilidades, y 5) en todo caso, actuar de acuerdo con los protocolos establecidos por el DIH.

Bajo estas circunstancias, a finales de 1994 tendría lugar la primera aproximación con las FARC, si bien esta quedó truncada al no satisfacerse la reivindicación de la guerrilla por desmilitarizar el municipio de La Uribe, en el departamento de Meta. El Gobierno accedía a la solicitud de la guerrilla, aunque con excepción de la cabecera urbana del municipio, lo cual, pese a todo, suponía aproximadamente 16.000 km2. Este punto de desacuerdo resultó suficiente para truncar cualquier opción real de diálogo y, según Samper (2000: 138), respondió a un desprecio continuo durante su mandato que, de haberse superado, “hubiera permitido conseguir un avance en un acuerdo de reconciliación”.

Las negociaciones con el ELN sí fueron más allá. El éxito de la campaña del “Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad” obtuvo un fuerte acompañamiento y apoyo popular que se tradujo en que más de diez millones de personas reconocieran su legitimidad a un eventual diálogo de paz. Gracias a ello es que se pudo firmar el Preacuerdo de Viana con el ELN, a inicios de 1998, y del cual se convino convocar una Convención Nacional para la Paz, la Democracia y la Justicia Social en la que quedasen reflejados los principales problemas y déficits estructurales que, durante décadas, habían alimentado la violencia derivada del conflicto armado. Sin embargo, este proceso no llegó a buen puerto por una filtración del diario conservador español ABC sobre el acuerdo, lo que propició que el ELN optase por interrumpir los avances en la negociación, arguyendo la proximidad electoral y su voluntad de no querer ser parte de una potencial herramienta electoral.

Aun con todas estas dificultades, Samper no cesó en su empeño, y tras la parálisis de las primeras aproximaciones con el ELN, trató de reactivar el diálogo, en esta ocasión por medio de la Resolución 83 de 1998, a partir de la cual se reconocía el carácter político del ELN y se promovía un segundo encuentro para la paz. Este quedaría articulado en torno a los que fueron conocidos como los Acuerdos de Puerta del Cielo, los cuales contaron con el apoyo de la Conferencia Episcopal alemana y que identificaban cinco puntos con los que aspirar a una salida negociada al conflicto con el ELN: 1) la urgencia de humanizar la guerra; 2) la necesidad de controlar los abusos de los actores armados; 3) el respeto a la Convención de Ottawa de 1997 sobre la prohibición del uso de minas antipersonales; 4) la presencia de la sociedad civil como actor protagonista en la construcción de la paz, y 5) la creación de una Convención Nacional como escenario para la resolución de los problemas sociales y políticos que arrastraba el país.

Sin embargo, la apuesta por la paz con el ELN había quedado desdibujada, y dada la proximidad con las elecciones presidenciales de 1998, esta nueva apuesta por el diálogo no terminaría nunca por dar sus frutos.

Capítulo 2

Continuidades y rupturas del conflicto armado colombiano, 1998-2016

La victoria de Andrés Pastrana y la situación del conflicto armado bajo el proceso del Caguán

El conservador Andrés Pastrana se impuso en los comicios de 1998 al candidato liberal y oficialista, Horacio Serpa Uribe, por un margen de casi medio millón de votos, en lo que fue una campaña electoral fuertemente marcada por la necesidad imperativa de abordar un proceso de paz que confiriese una salida negociada al conflicto armado colombiano. Una imagen que, posiblemente, decantó el resultado electoral fue la del encuentro de quien posteriormente será el Alto Comisionado de Paz de Pastrana, Víctor G. Ricardo, con los dirigentes de las FARC, Manuel Marulanda y Mono Jojoy, en la región selvática de los Llanos del Yarí, en el departamento de Meta.

Antes, incluso, de su toma de posesión, prevista para el 7 de agosto de 19836, el propio Pastrana se reunió con Manuel Marulanda a fin de poner en marcha un diálogo de paz que iniciaría a comienzos de noviembre de ese mismo año en lo que, vulgarmente, se conoció como el Proceso del Caguán.

Respecto de las reglas sobre las que va a operar este acuerdo, cabe destacar la falta de un cese al fuego por parte de ambos actores. Es decir, a diferencia de otros casos, se buscaba la negociación dentro de un contexto de guerra inalterada, quizá, tomando como referencia la experiencia de El Salvador.

Un punto clave de la negociación se dio de acuerdo a la controvertida zona de despeje, fruto del deseo de las FARC de no negociar fuera de Colombia. Al respecto, y haciendo valer una promesa electoral, Andrés Pastrana aceptó desmilitarizar 42.000 km2 —es decir, una extensión superior a la de Suiza—, que incluía a las cabeceras urbanas y rurales de los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el departamento de Meta, y San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. El sentido de hablar de zona de despeje o zona de distensión suponía, no obstante, que el Gobierno debía retirar toda su presencia de los municipios que conformaban esta región y, muy particularmente, cualquier presencia de Policía o Fuerza Militar.

Una vez que fueron inaugurados los diálogos, en enero de 1999, las FARC y el Gobierno van a conseguir una Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia en Paz, la cual respondía a doce temas: reformas económicas, reformas políticas, reformas agrarias, cultivos ilícitos, derechos humanos, derecho internacional humanitario, recursos naturales, reforma de la justicia, reforma política, reforma del Estado, Fuerzas Armadas y relaciones internacionales. Sin embargo, y a pesar de ello, dentro de quienes discutían la agenda del lado de la guerrilla —Raúl Reyes, Fabián Ramírez y Joaquín Gómez— ni mucho menos se apreciaba un cariz político similar al de otros líderes como Alfonso Cano o Pablo Catatumbo.

Tan intrincada agenda dificultaba cualquier posibilidad de puesta en común, más, si se añade que, sobre estos temas, a su vez, se producía una subdivisión de 48 subtemas que, finalmente, ponían de manifiesto hasta qué punto se carecía de una estrategia previamente definida a efectos de la negociación. Por ejemplo, en ningún momento de la negociación aparecieron cuestiones tan relevantes en un proceso de paz como es el caso de la discusión sobre la entrega de armas y el desarme.

A tal efecto había que añadir una falta de voluntad política por, verdaderamente, resolver el conflicto armado.          Así lo señalaba un excomandante de las FARC quien, al ser preguntado por ello, reconocía que:

Aun con todo en el Caguán las fuerzas son parejas. Ninguno de los dos bandos tenía intención de paz. Ambos utilizan la zona de despeje para conocerse mejor, organizarse y preparar la guerra (EP 2, agosto de 2015).

Esta situación de negociación, además, debía avanzar de acuerdo a dos cuestiones más. De un lado, el imperativo de combatir un paramilitarismo creciente que surgía como el principal actor de disputa frente a la guerrilla y ante el cual la respuesta gubernamental resultó más bien tibia. De otro, la puesta en marcha, con apenas acogida, de intercambios humanitarios con los que liberar policías y militares secuestrados por las FARC a cambio de guerrilleros.

Así con todo, el proceso de paz parecía fracasar desde el inicio, especialmente, a tenor del incidente de la conocida vulgarmente como “silla vacía”, fruto de la ausencia de Manuel Marulanda en la inauguración de los diálogos de paz, cuando todos los focos y medios centraban su atención en el momento. De esta forma, empezaban las negociaciones bajo un serio cuestionamiento respecto de la seriedad y el compromiso de las FARC por negociar y que, incluso, del lado de la guerrilla, pronto se acompañó de otras tantas paralizaciones unilaterales al proceso de negociación.

La realidad es que poco se avanzó durante los 1.139 días que duró el proceso de diálogo. Las partes nunca llegaron a un solo punto de acuerdo de los previstos dentro de la agenda, y el conflicto empezó a presentar inconmensurables dosis de violencia fuera de la zona de despeje. Asimismo, la opinión pública y la sociedad civil colombiana fueron perdiendo el interés y la convicción sobre las posibilidades reales de llegar a una salida negociada del conflicto.

No obstante, se pueden extraer varias explicaciones que invitan a pensar en el porqué del fracaso del proceso de paz. Un punto de partida al respecto sería la falta de “estancamiento doloroso”7 entre las partes negociadoras. Es decir, más allá de intenciones por la paz, podía entenderse que para ninguno de los dos actores, desde una perspectiva racional, existían motivaciones reales para la negociación y el abandono de las dinámicas propias del conflicto armado.

Por un lado, el Gobierno de Andrés Pastrana concebía necesario y posible un marco de fortalecimiento creciente de la dimensión institucional y de seguridad del Estado colombiano. A tal efecto, la nueva relación con Estados Unidos y la ingente inversión en fortalecer y modernizar las Fuerzas Militares ayudaban a concebir un horizonte próximo en el que el Estado colombiano podía asumir una posición ventajosa en la interlocución, dada una desigual y beneficiosa correlación de fuerzas. De hecho, son significativas las declaraciones que, para este trabajo, realizaba el exministro de Andrés Pastrana, Germán Bula:

El proceso del Caguán, por diversas consideraciones, se interpreta como un fracaso. Más bien es todo lo contrario, en la medida en que marca un punto de inflexión en el devenir del conflicto armado. Quizá, el punto de inflexión más importante. Mientras se está en el Caguán, se está fortaleciendo la Fuerza Pública y se está negociando el Plan Colombia. ¿El resultado de todo ello? Las FARC nunca más van a vencer militarmente al Estado y ahí inicia su proceso de paulatino debilitamiento (EP 3, septiembre de 2015).

Igual sucedía con las FARC. La guerrilla se sirvió de la zona de despeje “para adelantar la guerra contra el Estado, esconder secuestrados, adiestrar en sus escuelas militares a combatientes y aprender nuevas técnicas de guerra y utilización de explosivos” (Pizarro, 2011: 264). Asimismo, durante el proceso de paz, esta misma guerrilla elevaba sus frentes por encima de 70, llegando a los 18.000 combatientes. Sin embargo, un excomandante de las FARC lo resumía del siguiente modo:

Las FARC nunca interpretaron el Caguán como una rendición. La noción de tomar el poder por las armas continuaba. Y nuestra dinámica de fortalecimiento, también. De hecho, las FARC se van quedando solas y los guerrilleros políticos empezamos a ser despreciados dado que prima el hombre luchador. El hombre apetecido era el combatiente y no el más ideológico (EP 2, agosto de 2015).

A esta lógica instrumental sobre el proceso de paz se añadirían otras cuestiones como el incremento sustancial experimentado por el paramilitarismo, pues las AUC van a duplicarse entre 1998 y 2002, llegando a los 8.000 integrantes. De igual manera, la negociación del Plan Colombia y el fortalecimiento de la Fuerza Armada, unido a la insistencia de promover acciones de lucha antinarcóticos, van a disuadir a las FARC de todo compromiso real de negociación.

Mapa 4

Municipios que conformaban la zona de despeje

Fuente: Wikimedia Commons.

La realidad es que, en este periodo, se van a incrementar las actividades bélicas, los secuestros, la extorsión y otras actividades criminales, lo cual terminará poniendo de manifiesto el error de negociar la paz sin cese de la violencia. Una violencia que, para las FARC, trascendía de la zona de despeje, y que para el Gobierno hacía irremediable su refortalecimiento. A tal efecto, sobre el fracaso del Caguán, son concluyentes las palabras del general (retirado) del Ejército entrevistado:

Respecto del Caguán, yo le digo que nadie quería negociar. Pastrana se puso nervioso cuando perdió con Serpa en la primera vuelta, y de ahí los contactos, la foto con Víctor G. Ricardo. Y a la vez, las FARC querían crecer y tomar el poder por una vía que les resultaba posible. De ahí nunca se pasó de la primera de las tres fases que amerita un conflicto como el colombiano: 1) la palabra es apoyo para el fusil; 2) el fusil es apoyo para la palabra, y 3) el fusil es un obstáculo para la palabra. En el Caguán nunca se pasó del primer nivel (EP 4, septiembre de 2015).

Lo anterior contribuyó a desacreditar el diálogo, si bien, aun cuando ya la confianza estaba muy deteriorada, los negociadores del Gobierno trataron la posibilidad de negociar un último cese al fuego bilateral, en octubre de 2001. Ya para 2002, y antes del fracaso total del proceso, a modo de facilitadores, tanto Naciones Unidas como algunas delegaciones de países acompañantes trataron de buscar vías con las que facilitar conseguir algunos resultados específicos, si bien el resultado fue infructuoso. A las continuas filtraciones de la prensa, que para este entonces era totalmente incrédula con el proceso, se unía el incremento de los secuestros, así como de la superficie cultivada, frente a la cual, las FARC rehusaban de mecanismos de erradicación forzosa. Es decir, más allá de intenciones formales, la reducción de las hostilidades, bajo este contexto, resultaba imposible. A todo esto se sumaban las implicaciones irresolutas de la “zona de distensión”, que agriaron las relaciones cívico-militares y la imposibilidad de gestionar una agenda como la planteada, cuya mayoría de puntos trataba cuestiones impropias de un proceso de negociación como el colombiano. De hecho, quizá, de haberse circunscrito la negociación a aspectos sustanciales como las reformas agrarias, la participación política, las fuerzas armadas y paramilitares, los DD HH y DIH, y condiciones de Gobierno tanto a nivel nacional como local, el alcance de los intercambios cooperativos podría haber sido otro.

No obstante, y al margen del proceso con las FARC, en lo que respecta al ELN, esta guerrilla siempre mantuvo una posición relegada a un segundo plano. Si bien, en octubre de 1998, se llevó a cabo una reunión en Rioverde, un pequeño corregimiento del oriente antioqueño, para abrir un proceso de negociaciones, la verdad es que esto se encontraba casi ante un imposible por las dificultades de abrir una segunda zona de despeje en el sur de Bolívar y de una mayor participación de la población civil, tal y como requería la guerrilla. Uno de los excomandantes del ELN allí presentes, al ser entrevistado sobre esta cuestión, afirmaba lo siguiente:

Llegaba al Gobierno de Pastrana con el propósito de bajar la intensidad de la confrontación y considerar que el camino debe ser otro a la guerra y, por tanto, hay que buscar la conciliación y se va afianzando la idea de buscar una salida negociada al conflicto. De hecho, yo quedé al frente de esas negociaciones y diseñamos una propuesta que se llamó Convención Nacional, y que era la aceptación de la necesidad de que la sociedad, para la consecución de la paz, debía conversar y discutir sus problemas, con una posición decisoria. Suponía superar una democracia caduca, excluyente, recortada y decimonónica (EP 5, mayo de de 2015).

Cualquier espíritu negociador en el Gobierno colombiano quedaría soterrado una vez que se produce el secuestro del senador Eduardo Gechem Turbay, a manos de las FARC, el 20 de febrero de 2002. Ese mismo día, Pastrana informaba de la definitiva ruptura unilateral de las negociaciones, hundiendo su imagen como presidente, pero también la aceptación de la sociedad a cualquier otro intento negociador con los grupos guerrilleros.

El Plan Colombia en cifras. ‘Si vis pacem para bellum’

Pese a lo anterior, podría decirse que el mayor éxito militar de Pastrana pasó, específicamente, por la puesta en marcha del Plan Colombia y, en paralelo, por la iniciativa de modernización y transformación de la Fuerza Pública.

Este Plan Colombia, inicialmente concebido por el propio Andrés Pastrana, el 8 de junio de 1998, se trataba de una iniciativa nuclear de su Plan de Desarrollo, resultando acogida por el presidente estadounidense Bill Clinton, en diciembre de 1998, cuando prometió destinar más ayuda militar a Colombia a fin de combatir las drogas y fortalecer la democracia y la consecución de la paz en el país.

Desde entonces, se da lo que Tickner (2007) denomina como intervención por invitación, a partir de la cual Estados Unidos pasa a ser un actor directo dentro del desarrollo del conflicto armado. Toda la lógica contrainsurgente sobre la que se construye el Plan Colombia va a pasar a ser coordinada por el Comando Sur, en Florida, dentro del cual habrá un grupo militar para Colombia, que será el que se encargue de acompañar, formar, asesorar y fortalecer a las Fuerzas Armadas colombianas, y que se denomina vulgarmente como Organización de Asistencia en Seguridad.

Inicialmente, el Plan Colombia tenía una orientación de mayor inversión social, con la que lograr estabilidad política y social en Colombia, aunque, a partir de la puesta en marcha de la contraparte estadounidense, y sobre todo a partir de llegada a la presidencia de George W. Bush, pasa a erigirse como un programa destinado, en la mayoría de sus recursos, a la lucha antinarcóticos. Así lo señalaban tanto el exministro de Educación con Pastrana como la exministra de Defensa de Álvaro Uribe, Marta Lucía Ramírez:

El Plan Colombia, una vez que llega Álvaro Uribe a la presidencia, queda desdibujado. Se desnaturaliza. Pierde el inicial componente social que Andrés Pastrana le había conferido y se reduce a una política netamente guerrerista, de absoluta paz negativa (EP 3, septiembre de 2015).

Al presidente Uribe yo le advertí de la necesidad de que tuviera en cuenta que la Fuerza Pública tiene, en última instancia, que proteger a los ciudadanos, pero salvaguardando la democracia. Había que tomar la iniciativa y controlar territorios, pero para controlar un territorio hacía falta mucho más que Fuerza Pública. Hacía falta verdadera y efectiva presencia del Estado en todo el territorio. No podíamos caer en reduccionismos netamente militaristas (EP 6, junio de 2015).

Igualmente, el general (retirado) de la Policía, al ser preguntado reconocía que:

El Plan Colombia fue el factor que verdaderamente es determinante en la transformación del conflicto. Como sabe, este plan tenía varias líneas de acción, recursos, medios, tecnología y entrenamiento. Todo termina en el cambio de estrategia y en lo que le decía de debilitamiento de las FARC. El balance del conflicto va a ser positivo para la Fuerza Pública por el cambio en la inteligencia y en la capacidad de aeronaves. Si a ello le suma las aspersiones aéreas que, si bien eran totalmente de índole antinarcótico, y no contra la guerrilla, a modo de acciones bélicas, no se puede desconocer que sirvieron para debilitar las bases financieras de la guerrilla (EP 7, abril de 2015).

Para entender el Plan Colombia desde su dimensión estrictamente militar, se parte de una premisa básica: si se actúa contra el cultivo ilícito, como trasfondo, se están socavando las fuentes de financiación de la guerrilla y del paramilitarismo. Así, los escenarios de mayor intervención se van a dar sobre enclaves tanto cocaleros como de profundo arraigo guerrillero, tal y como sucede, además de en el Macizo colombiano, en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Igualmente, la forma de intervención, sobre todo, va a ser con base en acciones de erradicación aérea, por medio del uso de un fungicida como es el glifosato, el cual traerá consigo consecuencias nefastas, especialmente ambientales y de desplazamiento forzado.

Así, con todo, el Plan Colombia se conseguía plasmar sobre la base de seis objetivos centrales: 1) fortalecer la lucha contra el narcotráfico, integrando la acción de las Fuerzas Armadas; 2) fortalecer el sistema judicial y la lucha contra la corrupción; 3) neutralizar el sistema de finanzas del comercio de drogas para revertirlo en favor del Estado; 4) neutralizar y combatir los agentes de la violencia que actúan en connivencia con el tráfico de drogas; 5) integrar las iniciativas que provienen de las diferentes escalas geográficas local-nacional-internacional, y 6) fortalecer y expandir planes para el desarrollo alternativo en las áreas afectadas por el tráfico de drogas. Seis objetivos que, solo entre 1999 y 2002, van a requerir la nada desdeñable cifra de más de 1.900 millones de dólares (Otero, 2010: 197).

Por otro lado, el Plan Colombia introdujo también una doctrina de operaciones conjuntas, lo cual favoreció una mayor especialización y complementariedad pues, por ejemplo, bajo el apoyo de la asistencia estadounidense, se crearon elementos tan importantes como el Comando Conjunto del Caribe y la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2006: 12), con el Plan Colombia también se coadyuvaba, paulatinamente, al desarrollo de una postura ofensiva, como muestran la conformación de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) o la creación de 12 brigadas móviles y 14 escuadrones móviles de carabineros.

Aparte de esta profesionalización, quedaba el problema del auge expansivo de los cultivos ilícitos. Esto porque, entre 1990 y 1999, en Colombia se va desarrollando un incremento anual cercano al 18% de la superficie de cultivos de coca, llegándose, en 1999 a las 160.119 ha. Una cifra que hacía de Colombia el paradigma de narcoestado por antonomasia (Henderson, 2010).

El fuerte componente de intervención en la lucha antinarcóticos del Plan Colombia va a permitir reducir esta tendencia creciente y, por primera vez en la década, revertir la misma. Si bien en el año 2000 el área de cultivos de coca llega a su máximo nivel, 163.289 ha, es en el 2001 cuando la tendencia decreciente empieza a hacerse visible, pues el total de hectáreas con cultivo de coca decaerá a 144.807 (-11,4%) y a 102.071 ha en el año 2002 (-29,6%). Sin embargo, pese a todo, un aspecto espinoso será el de recurrir a herbicidas químicos, altamente contaminantes, y que más que erradicar los cultivos, termina por conferir un carácter itinerante a unas plantaciones de coca que, cada vez más, pasan a ser ubicadas en enclaves apartados y de difícil acceso, y que permite entender por qué, tras quince años de erradicaciones, los cultivos, lejos de reducirse, finalmente parecen haberse incrementado muy sustancialmente.

Tabla 2

Recursos movilizados por el Plan Colombia, 1999-2002

1999

   2000

2001

2002

Total ayuda económica y militar

283,7

1028,5

55,3

534,8

Préstamos

0

0

0

0

Donaciones

283,7

1028,5

55,3

534,8

Asistencia económica

213,1

1027,6

51,8

508,6

Préstamos

0

0

0

0

Donaciones

213,1

1027,6

51

508,6

Apoyo en seguridad y asistencia

5,3

128,5

2,5

6,6

Cuerpos de paz

0

0

0

0

Narcotráfico

205,9

894,4

48

499

Asistencia militar

70,6

0,9

3,8

26,2

Préstamos

0

0

0

0

Donaciones

70,6

0,9

3,8

26,2

Total ayudas militares

281,8

1023,8

54,3

531,8

Fuente: Otero (2010: 111).

Por ejemplo, si en 1999 se erradicaron por aspersión aérea 43.111 ha, en contraste a las 1.046 ha erradicadas manualmente, en el año 2000 la aspersión aérea se incrementó hasta las 58.074 ha por 3.495 ha de erradicación manual. Empero, es a partir de 2001 cuando esta proporción queda definitivamente rota a efectos de la influencia del Plan Colombia. Así, aquel año se erradicarán 94.152 ha por 1.745 ha eliminadas manualmente, mientras que, en 2002, la cifra llega a las 130.364 ha erradicadas por aspersión aérea, por apenas 2.763 ha erradicadas manualmente.

En ese mismo orden de acciones, se incrementó el número de toneladas de coca incautadas entre 1998 y 2002, del mismo modo que lo hizo la desaparición de laboratorios ilícitos8. Ello, en buena medida, gracias la creación de tres brigadas contra el narcotráfico en el Ejército Nacional, cuatro bases móviles de erradicación y dos compañías de interdicción en la Policía Nacional.

También, con recursos provenientes del Plan Colombia, se inició el proceso de inteligencia técnica y satelital, así como de modernización y repotenciación de las aeronaves de ala fija (aviones y avionetas) y ala rotatoria (helicópteros) de la Fuerza Aérea, que fue complementado con equipos entregados en préstamo de uso para cumplir con los objetivos establecidos en materia de lucha contra el narcotráfico. Traducido en cifras, si en 1999 se emplearon 34 aeronaves de ala fija y 1 de ala rotatoria, en 2001 se estaban empleando 79 aeronaves de ala fija y 3 de ala rotatoria; y en 2002, 120 de ala fija y 8 de ala rotatoria. Igualmente, también se experimentaría un aumento notable en el número de horas de vuelo. Si en 1999, el número de horas de vuelo de la Policía Nacional era de 10.169 y el de la Fuerza Aérea de 5.786, para el año 2001, el resultado era de 13.686 horas para la Policía (34,5%) y de 19.996 para la Fuerza Aérea (245,5%) (Departamento Nacional de Planeación, 2006).

En otro orden de ideas, y también gracias al Plan Colombia, se desarrollaría un componente de formación y asistencia militar, además del apoyo a la infraestructura de algunas bases de especial relevancia en la lucha guerrillera como Apiay, en el departamento de Meta, o Tolemaida, en el departamento de Cundinamarca; la base de Putumayo, donde se alojan los batallones de la Brigada XXVII; y la conformación de la Brigada Antinarcóticos del Ejército en el Fuerte Militar de Larandia, en el departamento de Caquetá. Dicho de otro modo, tanto Pastrana como el Plan Colombia, a pesar de todo, compartían un mismo entendimiento de que la paz en Colombia pasaba por una ausencia de guerra que requería, indisociablemente, de un desarrollo de la capacidad militar del Estado.

Una capacidad en la que el salto resultaba ser más cualitativo que cuantitativo, gracias a una inversión inicial, durante seis años, de 7.500 millones de dólares, de los cuales 4.000 millones eran aportación del Estado colombiano y 3.500, básicamente de Estados Unidos, con el objetivo de profesionalizar a los 180.000 militares y 100.000 policías del país. Esto también requería de aumentar el gasto del PIB destinado a seguridad y defensa, que si en 1997 era del 3,6%, en 2002 será de un 4,4%. Todo en la medida en que, para 2002, las cifras de la violencia en Colombia seguían asemejándose a las de un Estado fallido. Por un lado, en 2002, las FARC van a llegar a los 18.000 combatientes y 80 frentes, a los que se añaden otros 4.500 guerrilleros del ELN en 40 frentes y otras tantas estructuras urbanas. Asimismo, el paramilitarismo se había duplicado, en torno a las AUC, fundamentalmente, llegando a los 8.000 combatientes. Dicho de otro modo, prácticamente las tres cuartas partes de la geografía del país se encontraban afectadas por el conflicto armado (Ministerio de Defensa, 2005: 28). Es más, solo entre 1998 y 2002 se produjeron 17.818 infracciones al derecho internacional humanitario y 17.043 violaciones de los derechos humanos; la violencia política y social se cobró 18.595 víctimas en estos cinco años y las víctimas en acciones bélicas representaron 14.342 muertes (Otero, 2007: 14). Del mismo modo, entre 1998 y 2002 se registraron 729.928 desplazamientos forzados (CODHES, 2011: 23), que, en suma con todo lo anterior, desdibujaban por completo el proceso de paz y la negociación del Caguán de Andrés Pastrana. Este contexto permitirá entender cómo y bajo qué circunstancias se produjo la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia.

Álvaro Uribe, la Política de Seguridad Democrática y la Iniciativa Regional Andina

El año 2002 representa un punto de inflexión en Colombia, tanto por la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, que rompe con el bipartidismo imperante hasta entonces (Partido Liberal/Partido Conservador), como, derivado de ello, por las fuertes transformaciones producidas en la forma de entender el conflicto por parte del Estado y del poder público colombiano.

Tras el propósito truncado de la diplomacia por la paz por llegar a un acuerdo con las FARC, la llegada de Uribe a la presidencia se produce a través de una ruptura con las tendencias de carácter negociador dominantes en la presidencia anterior. Se descarta cualquier política de aproximación con las guerrillas, y se promueve una política de confrontación, apoyada por una sociedad civil desafecta tras los reiterados fracasos de explorar una solución negociada al conflicto. De hecho, las anteriores experiencias más reaccionarias contra las guerrillas no habían dejado resultados exitosos. Tanto la guerra contra los narcotraficantes de Virgilio Barco, con motivo del asesinato del candidato presidencial, Luis Carlos Galán, como la guerra integral de César Gaviria, frustradas las negociaciones con las FARC y el ELN en 1991, fracasaron en su propósito.

Paralelamente, se produce una afectación en el orden geopolítico mundial, fruto de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la llegada a la presidencia del republicano George W. Bush, máximo exponente del realismo preventivo y de la seguridad como elemento nuclear del código geopolítico neoconservador de Washington. Sobre estas circunstancias, la seguridad, como valor y como derecho, va a resultar la depositaria de toda la construcción del andamiaje institucional y de (re)construcción del Estado en Colombia, tanto desde la lógica uribista de “primero seguridad, después libertad”, como desde el apoyo y la comprensión conservadora de la seguridad proveniente de Estados Unidos.

Todo este elenco de circunstancias se imbrica en un punto común: concebir la superación del conflicto armado colombiano como una suerte de “paz negativa”, esto es, reduciendo la paz a la ausencia de guerra y no aspirando a superar las condiciones de violencia estructural —inequidad, marginalidad, pobreza, debilidad institucional de la dimensión social, democrática y de derecho del Estado— que dan sentido a la “paz positiva” (Galtung, 1964).

Tal conjunción, ad intra, fruto de las transformaciones y cambios que acontecen a partir de 2002 en Colombia, y ad extra, a partir del nuevo escenario geopolítico emergente, va a materializarse en las dos iniciativas, ya advertidas, y que comparten el propósito de reducir la fortaleza beligerante de los diferentes actores irregulares en liza y disminuir su control efectivo territorial. Por un lado, el Plan Colombia, que a partir de la llegada de Bush a la presidencia quedará inmerso en la Iniciativa Regional Andina (IRA9) y la Política de Seguridad Democrática (PSD). Esta última, a su vez, desde agosto de 2002 quedará enmarcada en dos fases. La primera, hasta agosto de 2006, y que es lo que estrictamente se denomina como Política de Seguridad Democrática y, después, una segunda fase, hasta 2010, más conocida como Política de Consolidación de la Seguridad Democrática.

En su primera fase, la PSD tendrá como principal objetivo asumir la seguridad como una tarea conjunta y prioritaria de todas las autoridades, lo cual se produce a través de una inversión ingente de recursos económicos, humanos y militares bajo una consideración y una proyección beligerante con las FARC y con el ELN, y sobre un montante que asciende a los 1.835 millones de dólares. Ello representa un esfuerzo sin precedentes en Colombia, a tenor de que, por primera vez, se está pensando en revertir el sentido que hasta entonces había llevado consigo el conflicto armado, afectado por una correlación de fuerzas, especialmente hasta el año 2000, cada vez más favorable a los grupos armados irregulares. De esta manera, y casi de forma inmediata, aunque trabajando sobre políticas y procesos ya iniciados bajo el Gobierno de Pastrana, se empiezan a obtener importantes logros en lo que a reducir la capacidad combativa de las FARC y del ELN se refiere. Empero, los costos humanos y militares de esta iniciativa igualmente van a ser mayúsculos, a tenor del incremento desproporcionado de combates, acciones bélicas y violencia de la guerrilla, compartido tanto en la primera como en la segunda parte del mandato presidencial de Uribe: “Ante la incapacidad de diseñar una estrategia eficaz mediante el plan de guerra de la Política de Seguridad Democrática, identificado con el eufemismo de Plan Patriota, se disimuló con la adopción del nuevo nombre: Política de Consolidación de la Seguridad Democrática” (Leal, 2010).

En la etapa de la PSD que transcurre entre 2002 y 2006, el mayor énfasis se encuentra en lo referente a inteligencia técnica y humana, y la asesoría del más alto nivel, así como el fortalecimiento de los instrumentos de cooperación y coordinación del Ejército junto con la Policía Nacional provenientes de la cooperación con Estados Unidos. Asimismo, se identifica la necesidad de mejorar la distribución de recursos y se prioriza la deserción y la captura como formas de debilitar a los grupos irregulares armados frente a la búsqueda, casi obstinada hasta entonces, de causar bajas en el “enemigo”. También se refuerzan los instrumentos de recompensa y participación de la sociedad civil, y se reformula todo un discurso que niega la existencia de guerrillas en Colombia y, por extensión, de cualquier conflicto armado interno. Tal vicisitud, en inicio, contradictoria, era mantenida por el propio Álvaro Uribe al ser preguntado por ello a efectos de este ensayo:

Yo nunca hablé ni utilicé la palabra conflicto. La palabra conflicto aplica a la disputa entre insurgencias y dictaduras. Entre guerrillas y sistemas no democráticos. En Colombia siempre ha habido una democracia sólida, desafiada por grupos que terminaron reducidos a narcoterrorismo. Tampoco he utilizado nunca el concepto de guerra porque el problema nuestro, en Colombia, era un problema de orden público. Nosotros lo que teníamos que hacer era garantizar seguridad y velar por un cumplimiento con el ciudadano. Esto se hizo con base en tres ejes: seguridad, inversión y política social (EP 8, junio de 2015).

La segunda etapa del mandato de Álvaro Uribe, por su parte, se utilizará para fortalecer la seguridad del país, a través de una inversión de 5.770 millones de dólares. Durante la misma, entre 2006 y 2010, se experimenta un crecimiento sustancial del porcentaje del PIB destinado a seguridad y defensa, superando el 5%, lo cual representa más del doble de lo que destinaban, por aquel entonces, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como un punto porcentual más que los mismos Estados Unidos.

Sea como fuere, tras ocho años de PSD, Colombia se va a convertir en el cuarto país del continente que más va a incrementar su presupuesto en seguridad y defensa tras Chile, Venezuela y Ecuador. Además, se erige como el país de América Latina con mayor cobertura de Fuerza Pública por número de habitantes, con un promedio de 881 efectivos por cada 100.000 habitantes, únicamente superado por Bolivia (Ministerio de Defensa, 2011b: 17). Bajo esta misma tendencia, la Policía Nacional colombiana, entre 2002 y 2010, pasa de los 110.000 miembros a los 160.000, y las Fuerzas Militares de 203.000 a 270.000 efectivos, a lo que habrá que añadir otros tantos avances notables en lo que tiene que ver con modernización, organización, coordinación, distribución y disposición de recursos policiales y militares (Ministerio de Defensa, 2010: 68).

Lo cierto es que, como ya se había planteado, el contexto en el que llega Álvaro Uribe a la presidencia resulta bastante convulso, con unas FARC en plena vorágine expansiva cubriendo buena parte del territorio nacional: en el centro y suroriente del país, con el Bloque Oriental (Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta y Vaupés), y con los Bloques Central y Sur (Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle). Igualmente, sobre las regiones de Antioquia y Chocó operando a través del Bloque Noroccidental; por medio del Bloque Magdalena Medio en la región del Magdalena Medio, y finalmente, en el nororiente del país (Arauca, Casanare, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Santander y Vichada) a través de los Bloques Norte, Magdalena Medio y Oriental. De igual forma, el ELN, hacia 2002 presenta cerca de 40 frentes, cada uno con unos 130 guerrilleros, aunque con una ubicación geográfica bien distinta a la de las FARC, al concentrarse en el norte y centro del país (Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Sucre, y los tres departamentos del eje cafetero, Risaralda, Quindío y Caldas) y en mucha menor medida en el suroccidente colombiano, en Cauca, Nariño y Valle.

Dada esta tesitura, lo que hará la PSD, en connivencia con el Plan Colombia, será, sobre todo, priorizar combates directos en el grueso de departamentos que conforman la región central del país, y además, afectar algunos de los escenarios estratégicos que eran caldo de cultivo de la financiación guerrillera. Es como se entiende, por ejemplo, el fortalecimiento de los municipios sobre los que transcurre el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en Arauca, y clave para el ELN, o la actuación de fumigación aérea sobre los campos de cultivo de coca en Meta, Caquetá o Putumayo, ya referidos, en el sur del país, fundamentales para las finanzas de las FARC.

Es decir, de lo que se trata, desde una lógica centrípeta, centro-periferia, es de golpear la posición central de las guerrillas y de tratar de recuperar el control territorial en el centro geográfico, pero también político y económico del país, para, después, aspirar a ganar presencia en la periferia. De hecho, el punto de partida es la misma Operación Libertad I, en la cual participaron más de 15.000 efectivos de la Fuerza Pública colombiana y que, abarcando un campo de acción de más de 70.000 km2, sobre el oriente de Tolima, todo el departamento de Cundinamarca, el norte de Meta y el suroriente de Boyacá, busca empezar a revertir la posición, sobre todo, de las FARC. Es más, esta operación, sin parangón, debe entenderse como el primer punto de ruptura respecto de la cartografía envolvente que las FARC y el ELN habían llevado sobre el centro, especialmente, en su búsqueda de asfixiar Bogotá. Empero, las victorias y las conquistas territoriales derivadas de la misma, en favor del Estado, van a ser de gran importancia no solo moral y estratégicamente, sino porque permiten, por primera vez, abatir a importantes líderes, especialmente de las FARC, como Manguera, El Viejo o Marco Aurelio Buendía. Igualmente, y en un escenario similar, se pueden destacar un elenco de operativos provenientes de las Fuerzas de Tarea Omega que, dirigidas a mermar los Bloques Sur y Oriental, en la retaguardia estratégica de las FARC, sobre el suroriente del país, van a obligar a replegar a las FARC en departamentos como Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo. Lo mismo va a suceder con un ELN fuertemente golpeado, especialmente entre 2003 y 2006, cuando se destinan casi 1.500 operativos militares sobre sus tres principales bastiones: Arauca, Norte de Santander y Antioquia.

Habrá que esperar a la segunda presidencia de Uribe para empezar a acumular golpes estratégicos de mayor importancia que empiezan a visibilizar, de manera considerable, el cambio de correlación de fuerzas en favor del Estado. Así, al respecto deben destacarse, sobre todo, los golpes asistidos a los altos mandos de la guerrilla. Por ejemplo, en la transición de Uribe a su sucesor, Juan Manuel Santos, tienen lugar tres operativos de suma importancia, la Operación Fénix (2008), la Operación Sodoma (2010) y la Operación Odiseo (2011). Las tres supusieron la muerte de tres de los miembros históricos más relevantes de la guerrilla como eran Raúl Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano. Del mismo modo, no pueden obviarse otras bajas, también significativas, como las de Negro Acacio, clave en la economía de la droga en Guaviare y Vaupés; y Martín Caballero, jefe del frente 37 de sur de Bolívar, en 2007; y, en 2008, de Iván Ríos, jefe del Bloque Central de las FARC. Algo similar sucedió con el ELN, notablemente diezmado, y que en el transcurso de esta década experimenta una reducción de su fuerza de combate del 50%. Por ejemplo, entre 2009 y 2010 va a sufrir la pérdida de tres de los líderes más importantes del frente Bolcheviques de Líbano, como son Mauricio, Duván y Laín, lo cual va a conducir a la desarticulación del grupo más activo en el norte de Tolima.

Es decir, como puede apreciarse, la PSD y el Plan Colombia supusieron un binomio de gran valor en las rupturas sobre la cartografía envolvente de las guerrillas, lo cual va a minar la extensión de su control territorial, y va a favorecer un cambio sin precedentes en la misma tendencia y evolución del conflicto armado. Un cambio que, sea como fuere, y como se verá en el último capítulo de este libro, no puede entenderse, pese a todo, sin el factor coadyuvante que tuvo el paramilitarismo.

falsos positivos, Ley de Justicia y Paz y la encrucijada de la parapolítica

A pesar de lo recién expuesto, ni mucho menos la PSD representó los éxitos desmedidos que parte de la opinión pública, el oficialismo y algunos sectores alineados con la estrategia del Gobierno se encargaron de enfatizar. Más bien, el sensacionalismo del diario de mayor tirada de Colombia, El Tiempo, o la Revista Semana, afines al Gobierno, contribuyeron a construir un imaginario que, en el fondo, se alejaba mucho de realidades invisibilizadas y violentas que, irresolutas, persistían todavía en parte del país.

Dicho de otro modo, y como se podrá ver a continuación, PSD y Plan Colombia dejaron consigo ciertas limitaciones y sombras que conviene no descuidar. Del lado de las limitaciones, ameritaría destacar cómo la tendencia en los últimos años de la geografía del conflicto armado respondió a una propensión a la periferialización de la presencia guerrillera, la cual, lejos de desaparecer, terminó por reubicarse, como se verá en el siguiente capítulo, transformando las interacciones tanto de los actores entre sí como de estos con el territorio.

Todo ello sucede en la medida en que los departamentos fronterizos, primero por una geografía mayormente selvática o montañosa, y después por otros factores tales como una fuerte debilidad institucional del Estado, ofrecían ventajas competitivas de alto valor agregado, en términos de estrategia militar, pero también por albergar de mejor manera la presencia de cultivos cocaleros o por acoger mayores potencialidades a efectos de controlar las explotaciones de minería ilegal, aurífera o esmeraldera, entre otras. Es de esta forma que los corredores hacia Ecuador, Venezuela o Panamá cobraron preponderancia, y fueron los departamentos de mayor violencia, prácticamente, desde la PSD hasta la actualidad, los de la vertiente del Pacífico, el corredor Meta-Caquetá-Putumayo y el nororiente del país, especialmente Arauca y Norte de Santander, además de la excepción, por su tradicional arraigo guerrillero, de Antioquia.

Tabla 3

Número de acciones guerrilleras de FARC y ELN, 2012

Departamento

Número

de acciones

 Departamento

Número

de acciones

Cauca

165                                  

La Guajira

17

Antioquia

99

Magdalena

17

Norte de Santander

85

Guaviare

15

Arauca

83

Bolívar

8

Nariño

82

Casanare

8

Putumayo

70

Cesar

6

Caquetá

64

Córdoba

6

Meta

55

Boyacá

2

Huila

38

Santander

1

Valle del Cauca

36

Cundinamarca

1

Tolima

30

Guainía

1

Chocó

19

Vichada

1

Fuente: ODHDIH (2014).

Lo peor de todo es que, durante la PSD, la presunción de culpabilidad es dirigida hacia parte de la población civil, obligada a colaborar en los términos que la Fuerza Pública establece, y lo cual explica el auge de las cifras relativas a violaciones de los DD HH, el desplazamiento forzado o, incluso, en un extremo superior, el caso de los falsos positivos10. Esto se debe a que la PSD representa una militarización de la vida cotidiana colombiana en la que van a resultar rutinarios la puesta en marcha de retenes militares, la creación de cuarteles, los allanamientos, registros y detenciones arbitrarias o la ocupación militar de las escuelas, parques o centros culturales. Toda la vida social va a quedar supeditada a una lógica de guerra estatal en la que la devastación resultante, como pudo suceder en muchas ocasiones en localidades como Bojayá, ciudades como Medellín, o en buena parte de los departamentos de Sucre, Bolívar o Arauca, jamás resultó reparada.

Además, va a concurrir una cooptación persistente sobre los organismos de control y de investigación, sobre todo, durante los primeros años del mandato de Álvaro Uribe. De esta manera, se recurría a relevar a aquellos funcionarios judiciales que buscaban investigar los casos de excesos violentos de la Policía y las Fuerzas Militares. Asimismo, había que añadir a los informantes, igualmente cooptados en su acusación respecto de quienes había que encausar, y junto a todo, los referidos medios de comunicación, alineados con las versiones oficiales. Basta recordar las palabras del general Gallego, cuando comandó las acciones contra los grupos armados de las comunas de Medellín, por medio de las Operaciones Mariscal y Orión, y donde reconocía que “había que arrestar a todo el mundo. Después se vería quién no tiene nada que ver. Todo lo que se vea moverse hay que interceptarlo”11.

Dicho de otro modo, la PSD acaba imponiendo una lógica amigo/enemigo irreconciliable, en la que cualquier crítico a la PSD y sus excesos terminaba por ser susceptible de complicidad con los grupos insurgentes y traidor con la causa más importante del Estado: acabar con la guerrilla. Lo más preocupante de esto es que, dentro de esta bipolaridad, el paramilitarismo va a erigirse como factor coadyuvante para la consolidación de los territorios “recuperados”. De hecho, basta con recoger las palabras de uno de los excomandantes paramilitares entrevistados para este trabajo:

Lo cierto es que todo benefició a Uribe. Él y gente muy cercana a él se beneficiaron de la guerra y de ahí su posición a que no acabe de manera negociada. Si bien Uribe no ha estado a la cabeza de nada, con sus tentáculos fomentó esta situación. Las AUC, junto con paramilitares y Convivir, erradicaron parte de las milicias existentes en la región. Solo en Urabá murieron 7.000 personas de las cuales 4.500 eran guerrilleros. Todos, Policía, Ejército, AUC, actuábamos contra un enemigo común.

Luego, ya tras la desmovilización, mandó policía donde nosotros habíamos hecho el trabajo. Eso le dio credibilidad. Con Uribe habíamos acordado todo. Se lo entregamos todo. Todo limpio. Pero pensaba que solo enviando militares el problema estaba resuelto. Por favor. Usted conoce el Carmen de Darién. Allí mandó un mísero contingente de 60 policías. Ese fue el resultado de Uribe. Instrumentalizar a las AUC, dejar todo por hacer, militarizar sin más el país y enriquecimiento de sus elites. Seguimos viviendo en la “Patria Boba” (EP 9, junio de 2015).

Tabla 4

Violaciones de los DD HH y el DIH en Colombia, enero de 2002-junio de 2011

Actor armado

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010-

junio 2011

Total

ELN

162

57

26

12

12

13

14

25

30

351

FARC

1.092

362

296

204

125

168

58

202

159

2.666

Ejército-Policía

470

379

580

752

686

758

316

417

228

4.586

Otras guerrillas

171

52

23

22

39

12

3

3

4

329

Paramilitares

875

1.144

849

649

358

510

430

671

681

6.167

Fuente: CINEP (2010: 3).

Lo cierto es que la vorágine de violencia desmedida se traducirá en un nivel inconmensurable de violaciones de los DD HH. Tanto, que conforme a una publicación de CINEP (2010: 3; 2011: 3), entre enero de 2002 y diciembre de 2009 —y completada por su propia base de datos, actualizada—, se habrían producido en Colombia un total de 12.997 violaciones de los DD HH y el DIH, de las cuales 5.486 habrían sido atribuidas a los grupos paramilitares, 4.358 a la Fuerza Pública, 2.507 a las FARC, 321 al ELN y 325 a guerrillas menores como, por ejemplo, el EPL, activo en Norte de Santander. Unas cifras que ponen de manifiesto la profunda cronicidad y estabilidad que presenta el menoscabo a los DD HH y el DIH en Colombia, y que es firme indicativo de la continuidad, intensidad y excesos de violencia que han gravitado en torno al conflicto armado interno. Del mismo modo, resulta sumamente preocupante el protagonismo que a tal efecto cobran la Policía y el Ejército colombiano, al erigirse como el segundo de los actores en disputa al que más se le atribuyen prácticas agresivas contra los DD HH, además, en muchas ocasiones, en connivencia con el propio paramilitarismo.

Otro aspecto destacado en relación con la delicada situación en la que se encontró la protección de los DD HH y el DIH obligaría a detenerse en el escándalo de los falsos positivos, que también respondería al afán propagandístico de la presidencia de Uribe de justificar, de forma permanente, la aparente fortaleza y necesidad de la PSD. Es decir, la necesidad de una confrontación total y directa con los grupos armados se presumía que necesitaba mostrar, para legitimarse y perdurar, continuos resultados visibles. Resultados cuyo mayor alcance se traducía en el número de operativos y las bajas sobre combatientes. Especialmente a partir de la Directiva 029 de 2005, promulgada por el ministro de Defensa, Camilo Ospina, y que, a tal efecto, remuneraba económicamente a los efectivos de la Policía y del Ejército en función del número de bajas que obtuviese sobre las guerrillas.

Expresado de otra forma, la necesidad continua de presentar éxitos militares ante la sociedad desembocó en la práctica de proyectar como guerrilleros abatidos a población civil sin nada que ver, por completo ajena a esta circunstancia. El CINEP (2011b), registró entre 2001 y 2010, un total de 1.119 víctimas como consecuencia de esta violación flagrante a los DD HH por parte del Estado colombiano. Del total, 887 resultaron ejecuciones extrajudiciales y 87, casos de tortura, además de cuantificarse 41 víctimas por amenaza, 36 heridos, 63 desapariciones forzadas individuales y un total de 214 detenciones arbitrarias. Su mayor auge se registró entre 2006 y 2008, cuando se concentraron aproximadamente dos terceras partes del total de casos acumulados durante la década. Sin embargo, y aun cuando desde 2008 los casos de suplantación de víctimas por falsos guerrilleros de parte del Estado se han reducido muy considerablemente, todavía continúan siendo una cuestión amenazante hoy en día respecto de la credibilidad del Estado de derecho en Colombia.

Tabla 5

Casos y víctimas por falsos positivos en Colombia, enero 2001-diciembre de 2010

Año

Casos registrados previamente

Víctimas registradas

Actualizaciones y/o nuevos casos

Víctimas nuevas y/o actualizaciones

Total casos

Total víctimas

2001

5

7

1

1

6

8

2002

11

47

1

3

12

50

2003

16

42

2

3

18

45

2004

38

77

4

6

42

83

2005

49

79

2

3

51

82

2006

93

213

8

14

101

227

2007

196

358

4

7

200

365

2008

108

201

5

18

113

219

2009

7

16

0

0

7

16

2010

6

6

6

12

12

23

Total

528

1.052

34

67

562

1.119

Fuente: CINEP (2011b: 5).

Lo anterior, por la persistente obstaculización de la Justicia Penal Militar, la cual ha entorpecido durante años la investigación de la causa. Esta circunstancia ha terminado por deteriorar los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas, desvirtuando la función indagatoria de las instituciones del Estado colombiano, e impidiendo el esclarecimiento de una cuestión de tal gravedad como es la muerte de cientos, quizá miles de ciudadanos colombianos.

Por el momento, cabría señalar al respecto que la relativa incapacidad o falta de voluntad en el esclarecimiento de estas violaciones a los DD HH, dados los tímidos resultados para tan ingente número de casos, cuestionaría directamente el sentido del Estado de derecho a tal efecto. Frente a las cifras presentadas, la Fiscalía General de la Nación (CINEP, 2010: 11) apenas habría reconocido 654 víctimas y 527 casos, de los cuales, además, una tercera parte se encontrarían inactivos. Es más, hasta el momento, solo 146 miembros de la Policía y las Fuerzas Militares habrían recibido resolución de acusación, y de ellos, 54 habrían obtenido sentencia condenatoria y 13 habrían sido absueltos o archivada su causa. Únicamente 112 estarían actualmente procesados, 90 con abstención de medida de aseguramiento, y tan solo 15 en estado de sobreseimiento.

Finalmente, un último aspecto a tratar en cuanto a las grandes sombras de la presidencia de Álvaro Uribe sería el desplazamiento forzado. Respecto a esta cuestión, la responsabilidad del Estado de derecho es absoluta, ya no solo en términos de prevención, sino, igualmente, de reacción para con un problema prioritario, preocupante y de gran complejidad. Ya sea por acción primero de las AUC y después de los grupos herederos del paramilitarismo, conocidos como Bacrim, o bien como resultado de presiones provenientes de la guerrilla o de la Fuerza Pública colombiana, lo cierto es que el desplazamiento forzado ha incorporado unas dosis de violencia de gran importancia, al acompañarse generalmente de masacres, combates armados, emboscadas, bombardeos o erradicación de cultivos ilícitos que han terminado por agredir directamente a la población civil colombiana.

Lo más preocupante es que en los últimos años de la presidencia de Uribe tal desplazamiento forzado se concentró, precisamente, en las zonas que se encontraban bajo el Plan de Consolidación Territorial del Estado, integradas en la PSD. La magnitud del fenómeno es tal, que, si uno se remonta a 1985, el total de víctimas superaría los siete millones. Una cifra sin parangón, cuya principal intensificación habría tenido lugar desde el año 2000, cuando el promedio anual de desplazamientos forzados se habría mantenido, durante una década, por encima de los 200.000 casos anuales.

Tabla 6

Desplazamiento forzado en Colombia, enero de 2000-junio de 2011

Año

Número de desplazamientos forzados registrado por CODHES

Número de desplazamientos forzados registrado por Acción Social

Porcentaje de desplazamientos forzados concentrado en zonas CCAI (%)

2000

317.375

329.549

21

2001

342.243

412.257

16

2002

412.553

451.650

24

2003

207.607

260.289

25

2004

287.581

244.025

20

2005

310.237

279.663

17

2006

221.638

301.509

17

2007

305.966

339.641

19

2008

380.966

308.080

27

2009

286.389

188.342

20

2010

280.041

131.652

33

2011 (junio)

89.750

48.142

28

Total

(2000-2011)

3.442.346

3.294.799

Fuente: CODHES (2011: 18-21).

Fruto de tan intrincada tesitura, en los últimos años, y hasta 2014 sobre todo, podría decirse que los mayores focos de desplazamiento forzado en Colombia han sido los departamentos de Caquetá, Valle de Cauca, Cauca, en el suroccidente del país, de gran agitación como consecuencia de los enfrentamientos que en los últimos años han librado las FARC y Ejército colombiano; Antioquia, que ha sido un enclave tradicional en cuanto a confluencia armada entre guerrilla y paramilitarismo; y Chocó, Nariño y Putumayo, donde las FARC y Bandas Criminales se disputan o colaboran en el corredor del Pacífico o el corredor sur del narcotráfico colombiano, y donde también se han desarrollado importantes acciones militares del Plan Colombia y la PSD. Esto cuestionaría no solo el papel garante de la seguridad del Estado, dada la violación sistemática de DD HH, sino su dudosa capacidad para prevenir el problema del desplazamiento forzado, especialmente intenso, donde se supone que mayor presencia tuvo el Plan Nacional de Consolidación Territorial.

Para terminar, y antes de finalizar esta dimensión no tan popular de la PSD, sería pertinente recuperar el escándalo que, durante los años de la presidencia de Uribe, supuso la parapolítica, un fenómeno que deriva de un proceso de transformación de la violencia de los grupos armados que, por las circunstancias dadas, termina por cooptar el poder político, no solo local y regional, sino también en clave nacional.

La parapolítica saltó a la luz en 2006 al evidenciarse la existencia de importantes vínculos entre grupos armados, especialmente narcotraficantes y paramilitares, con partidos políticos y grupos empresariales, y cuya confluencia de intereses habría terminado por trascender de la mera esfera local al ámbito departamental, para llegar a instituciones nucleares del Estado como el Congreso o el Senado.

Hasta el momento habrían sido investigados más de un centenar de congresistas, de los cuales 40 ya habrían sido condenados, y se estima que, por ejemplo, derivado de las elecciones municipales y departamentales acontecidas en noviembre de 2011, la persistencia de la parapolítica colombiana podría haber tenido continuidad, al menos, en 199 municipios. Igualmente, se mantendría en más de un centenar de municipios con motivo de las elecciones de 2015. Una cifra que, sea como fuere, para la Defensoría del Pueblo (2012) supone la exposición de un número notable de municipios cuya ubicación geográfica tiene total correspondencia con los enclaves donde mayor arraigo tuvieron los grupos paramilitares y donde posteriormente más se ha desarrollado el fenómeno posparamilitar de las bandas criminales.

Así con todo, ocho años de Plan Colombia y PSD habrían redundado en un sesgo militarista de la política pública colombiana que, si bien ha obtenido cifras a su favor en lo que a términos militares se refiere, por otro lado ha conducido a una cierta involución democrática y un desdibujamiento del Estado de derecho. La benevolencia a la desmovilización paramilitar de 2005, la parapolítica, los desplazamientos forzados, la militarización de la vida cotidiana durante años, los falsos positivos, así como otros hechos como las chuzadas —interceptaciones ilegales por parte de la inteligencia colombiana sobre activistas, sindicalistas y periodistas opositores a Uribe— son algunos ejemplos que deben repercutir en la comprensión de la promesa del expresidente por garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, aceptar su pluralidad y diferencia, y defender los valores de la sociedad y de las instituciones legítimas. Todo lo contrario, frente a solidaridad, cooperación y valores democráticos dentro del Estado de derecho, la PSD y el Plan Colombia concitaron la obcecación por una política de “paz negativa” cuyas consecuencias y resultados terminaron por repercutir negativamente sobre la población civil y sobre la dimensión más humana del conflicto armado.

La ‘periferialización’ del conflicto armado bajo la presidencia de Juan Manuel Santos y la puesta en marcha de la negociación con las FARC y el ELN

Sobre la base de lo descrito, podría afirmarse que la tendencia más significativa de los últimos años experimentada por la geografía del conflicto armado en Colombia habría sido una periferialización del mismo, habida cuenta del mayor arraigo del mismo, sobre departamentos mayormente fronterizos ofrecen importantes ventajas competitivas a los diferentes grupos armados. Una periferialización que, a su vez, se ha acompañado de un debilitamiento paulatino de las estructuras guerrilleras y del nivel de activismo armado pero que, igualmente, ha terminado por enquistar el conflicto en una serie de enclaves donde, a priori, la solución militar en favor del Estado parece una posibilidad alejada.

En este nuevo panorama geográfico, los departamentos que, en la actualidad, experimentan mayores niveles de violencia directa de parte de los grupos armados son Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá en el suroccidente, unidos a Norte de Santander y Arauca, en el nororiente, y Antioquia, como enclave tradicional del conflicto armado, y por el especial impacto del paramilitarismo y el posparamilitarismo, Chocó y Cesar.

De estos ocho departamentos, seis serían fronterizos, y a otros dos, por su conexión con los enclaves de violencia inmediatos, cabría entenderlos, igualmente, en clave de periferia territorial12. Casi todos habrían acumulado importantes niveles de presencia de cultivo ilícito, o en su defecto, de intereses auríferos, esmeralderos o petroleros. Todos son enclaves estratégicos en las rutas del narcotráfico. Y casi todos fueron enclaves, o bien en los que la PSD y el Plan Colombia no resultaron instrumentos exitosos, o bien donde las políticas estructurales de desarrollo socioeconómico se traducen en algunos de los menores niveles de desarrollo humano, calidad de vida o cubrimiento de las necesidades básicas elementales.

Así va a suceder, por ejemplo, con la región del Magdalena Medio, y muy especialmente en el sur de Cesar. En esta región ha resultado evidente la injerencia del fenómeno paramilitar en la política local, incluso durante los años más intensos de la PSD13. El principal atractivo de este escenario sería su alto valor como comunicante de dos enclaves nucleares en los círculos del tráfico de drogas como son el sur de Bolívar y la región del Catatumbo, y que explicarían la presencia además de grupos posparamilitares, del frente 24 de las FARC o de los frentes José Solano Sepúlveda y Héroes de Santa Rosa del ELN.

A 260 kilómetros al noroeste del sur de Cesar se encontraría otra región olvidada por el Estado colombiano, de gran tradición violenta, como son los Montes de María, con presencia de los frentes 35 y 37 de las FARC, el frente Jaime Bateman del ELN, y primero, del Bloque de las AUC Héroes de Montes de María, y después con la ubicación de Bacrim como Los Paisas, Los Rastrojos o Los Urabeños. Todos ellos se disputarían el control territorial de esta zona, de alto valor estratégico por su conexión directa con el Golfo del Morrosquillo en el Caribe y que se trata de una salida prioritaria de la droga con dirección hacia Europa y Centroamérica.

Ya en el nororiente del país, dos enclaves merecen ser destacados. Por un lado, Arauca, y en menor medida, el norte de Boyacá, cobraron mayor relevancia tras el descubrimiento de petróleo en 1983, que inspira la construcción de un oleoducto hasta Coveñas, en el departamento de Sucre, y que va a ser un elemento fundamental para financiar la acción armada del ELN en la región. Una región que, en los años de la PSD, será territorio de disputa entre la Brigada V del Ejército colombiano, el Bloque paramilitar Vencedores de Arauca, los frentes 28, 10 y 45 de las FARC y el importante frente Domingo Laín del ELN. Incluso, en la actualidad, se aprecia un intrincado elenco de relaciones directas entre FARC, ELN y diferentes Bacrim, cambiantes según la coyuntura y la región. No obstante, lo cierto es que, tras la desmovilización de las AUC, en el departamento han venido operando Los Águilas Negras y, sobre todo, Los Paisas, al menos hasta 2014, lo cual ha consolidado la continuidad de un escenario de violencia y asesinatos selectivos, especialmente por la disputa de un control de salida del narcotráfico. Un control principalmente dominado por el ELN, en connivencia con grupos criminales, y también por las FARC.

Por otro lado, Norte de Santander, por sus condiciones geográficas, siempre ha sido un emplazamiento estratégico de gran valor en la lógica del conflicto armado. Su carácter fronterizo con Venezuela, y la frontera con el sur del Cesar y Santander, lo convierten en un enclave atractivo por la ausencia de infraestructura, comunicación terrestre y presencia de Fuerza Pública. Aparte estarían sus condiciones como corredor del narcotráfico y región de cultivo en la zona del Catatumbo, la cual ha sido el principal enclave de disputa entre las guerrillas y el paramilitarismo. No obstante, son las FARC las que ocupan la posición predominante junto con un reducto presente del EPL y el ELN. De esto da testimonio uno de los personeros14 de la región del Catatumbo entrevistado cuando afirmaba que:

Entre 2002 y 2006 estimamos que tuvimos 5.000 muertes violentas, es decir, una cuarta parte del municipio, y en su mayoría se debieron al paramilitarismo. Sin embargo, no piense que hubo derrota de la guerrilla. Más bien hubo casos de resistencia y victoria guerrillera. En muchos lugares, las FARC, el ELN y el EPL se aliaron y tuvieron una victoria militar en ese escenario. Se podría decir, con todo, que los enclaves urbanos pasaron a ser de las AUC y los rurales y las veredas de las FARC y las otras guerrillas (EP 10, mayo de 2015).

De hecho, incluso en la actualidad el departamento sería heredero de las anteriores disputas entre Bloque Catatumbo y guerrillas, fruto de la continuidad, en términos de presencia, heredad, entre 2008 y 2013 por Águilas Negras y Los Rastrojos, los cuales se han enfrentado, aunque con cambios es sus pautas, a los frentes 33 y 41 de las FARC y los frentes del ELN Camilo Torres y Carlos Armado Cauca Guerrero. Esto, como se decía, por el control del Catatumbo, el cual se trata de uno de los enclaves cocaleros por antonomasia del país.

Pese a todo, si bien en Arauca se daban ciertas lógicas de apoyo entre ELN y Los Rastrojos, en muchas ocasiones contra las FARC, en Norte de Santander, la cooperación entre grupos guerrilleros primaba antes que el conflicto, incluso en la actualidad. Así lo señalaba uno de los personeros de Arauca entrevistados:

En el municipio, tras años de predominio de FARC, es el ELN el que vuelve a ganar más protagonismo en estos últimos años. De hecho, aquí, es al que se le atribuyen los últimos asesinatos. La violencia empeora nuevamente en Arauquita, Fortul o Saravena y eso es porque, finalmente, no se superan las condiciones de vulnerabilidad. Hay temor nuevamente. Hay desconfianza. Desplazamiento. Se mantienen los casos de secuestro o extorsión. Piense que, por ejemplo, el ELN sigue con la extorsión, no solo a los sectores mineros o petroleros. A los mismos pescadores les pide una cuota de la venta. Si no se la dan, entonces llegan las amenazas e incluso las muertes. Igualmente, los secuestros. Las guerrillas tienen casas de secuestro al otro lado de la frontera con Venezuela. Allí los retienen hasta que se salda el secuestro. Tenemos indicios de un mayor arraigo de ELN, sobre todo, en los poblados de invasión. Esos son nichos de violencia. Imagine. Miles de personas sin potabilidad. Sin luz eléctrica. Sin derechos de primera necesidad. Así es imposible pensar en posconflicto (EP 11, julio de 2015).

Otro enclave fundamental de la violencia se concentraría en el suroccidente del país. Allí, Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca serían departamentos de fortísima presencia guerrillera, especialmente de las FARC, y en el caso de Nariño, también de activismo paramilitar y posparamilitar. Aunque es cierto que, tradicionalmente, este último departamento fue utilizado por la guerrilla como retaguardia, y no como escenario de expansión —como Arauca o Norte de Santander— tal consideración se fue transformando por el impacto de la PSD y la presión sobre la guerrilla para replegarse. Igual sucedería con el Plan Colombia, con gran presencia en Putumayo, en forma de aspersión aérea, y que coadyuvó al hecho de que Nariño y Cauca se consolidaran como bastiones territoriales de la guerrilla.

En Nariño coincidirían los frentes 2 y 29 de las FARC que, hasta 2011, estuvieron en guerra con el ELN, cuya presencia se articulaba sobre los frentes Héroes y Mártires de Barbacoas, especialmente, los Comuneros del Sur, marginalmente, el Manuel Vásquez Castaño y, por último, Guerreros de Sindagua. Asimismo, habría que añadir la presencia del Bloque Sur y el Bloque Pacífico de las AUC, si bien tras su desmovilización llegaron Águilas Negras, Los Urabeños y Los Rastrojos, los cuales, hasta 2014, han operado como actores colaboradores tanto con las FARC como con el ELN. Buena cuenta de ello da el personero de Nariño entrevistado al respecto cuando señalaba que:

La mayor intensificación del conflicto ha tenido lugar en lo que se conoce como el “triángulo del Telembí”, formado por Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán. Este corredor está altamente protegido por la Fuerza Pública, si bien ello no la excluye de una altísima presencia de grupos al margen de la ley, especialmente, de Rastrojos, Urabeños y Águilas. De hecho, estos grupos requisan a la población civil, por ejemplo, porque todo habitante de nuestro municipio que transita hacia Barbacoas, por la tradición guerrillera del municipio, es sospechoso de vínculos con la guerrilla. Particularmente, en el municipio siempre ha habido una altísima presencia del frente 29 de las FARC. Su mayor control es sobre las cabeceras rurales del municipio, aunque también tienen infiltrados a milicianos en el casco urbano. Por otro lado, el ELN es irrelevante. Actúa, igualmente, por medio de extorsiones, pero siempre subordinado a las FARC, y actuando por medio de alianzas estratégicas. Incluso, en 2009, el ELN trató de romper esa subordinación frente a las FARC, lo cual se saldó con un incremento de violencia entre los grupos que generó casos de desplazamientos masivos. Las FARC tienen mucho más poder y finalmente, el ELN recibió un correctivo importante, de manera que, en la actualidad, nuevamente, vuelven a actuar en alianza (EP 12, febrero de 2015).

Lo cierto es que Nariño, pero también en menor medida Cauca y Putumayo, mayormente con presencia predominante de las FARC, harían parte de un escenario donde se concentran más del 50% de la superficie destinada al cultivo de coca y que es de vital importancia para la conexión con las redes de distribución que tienen lugar rumbo hacia Ecuador y Perú, aunque ello se verá con mayor detalle en uno de los capítulos posteriores de este libro.

Finalmente, un último enclave de la violencia se encontraría en el occidente del país, no solo por el departamento de Antioquia, de fuerte arraigo tanto guerrillero como paramilitar, sino por el protagonismo creciente que la violencia ha venido experimentando en Chocó. Este, igual que Cauca, Nariño, Putumayo o Norte de Santander, se trataría de un departamento fronterizo, con una presencia creciente de cultivos ilícitos, pero además con unas reservas auríferas y de platino de las más importantes del país. Y por si fuera poco, se trata del departamento con menores niveles de desarrollo económico y social de toda Colombia.

Si bien, como Nariño, Chocó sirvió de enclave de retaguardia para los frentes 57 y 34 de las FARC, así como para la disidencia Benkos Biohó del ELN, el departamento ganará importancia para la guerrilla con la expansión paramilitar que sufre la región en la década de los noventa. Ello se traducirá en la incursión de parte del BEC por el norte del departamento, y del Bloque Héroes de Chocó por el sur. Ambos, desmovilizados en 2005, habrían dejado la actividad criminal posparamilitar en manos de Los Rastrojos y Los Águilas Negras primero y de Los Urabeños después.

Dada su importancia estratégica como corredor de droga hacia Centroamérica y sus particularidades selváticas, Chocó, especialmente entre 2011 y 2013, se convirtió en uno de los departamentos de Colombia donde más se incrementó la superficie de cultivos ilícitos, hasta quintuplicarse y superar las 3.000 ha de la actualidad. De igual forma, la transformación del territorio hacia una vocación extractiva ha dado lugar a una notable actividad guerrillera, especialmente de las FARC, con los referidos frentes 57 y 34, y que colaboran conjuntamente con el Resistencia Cimarrón del ELN.

Comprendiendo las claves de la negociación actual

Habida cuenta de lo planteado hasta el momento es que se entiende el proceso actual de negociación con las guerrillas. Esto es, por ende, como consecuencia de una paulatina e irreversible evolución hacia lo que en resolución de conflictos se denomina como “doble estancamiento doloroso” (mutually hurting stalemate). Es decir, fruto de la consolidación del conflicto en enclaves cocaleros, y mayormente alejados de los centros decisorios del país, es que se entra en una nueva etapa en la que, por primera vez, resulta posible pensar en su desactivación por la vía militar debido a que tras décadas de violencia, y sin atisbo de victoria por ningún lado, tanto Gobierno como guerrilla, racionalmente, llegan a un punto crítico (ripe moment) por el que mantener el conflicto abierto es mutuamente desfavorable para ambos y, por ende, su negociación se convierte en la posibilidad más beneficiosa de todas las posibles.

Como se pudo observar, la guerrilla fue perdiendo a buena parte de su estructura de mando, y su capacidad de combate y su presencia territorial se redujeron en más de un 50%: 8.000 combatientes y una presencia efectiva en casi 200 municipios de los algo más de 1.100 del en el caso de las FARC, y menos de 2.000 efectivos en medio centenar de municipios para el ELN. De otro lado, el Gobierno, tras destinar durante una década más de un 5% del PIB en seguridad y defensa, fruto de las transformaciones territoriales del conflicto, tuvo que pasar a hacer la guerra en enclaves selváticos y/o montañosos, fronterizos y con fuerte arraigo guerrillero. Tres factores que, sin duda, reducían sustancialmente las opciones de éxito militar que se habían experimentado, anteriormente, en otros enclaves del país.

De este modo, en agosto de 2012 se hace pública la puesta en marcha de una salida negociada con las FARC que, sobre la base de una negociación en La Habana, fuera del país, con equipos de negociación de cariz mucho menos beligerante, con una agenda de seis puntos y el acompañamiento de países como Noruega, Chile, Cuba o Venezuela, deja entrever el aprendizaje de lecciones pasadas como el Caguán. De la misma manera, bajo la segunda presidencia de Juan Manuel Santos es que se hará oficial el inicio de los diálogos exploratorios con el ELN, sobre una agenda muy parecida a la fijada con las FARC.

A decir verdad, el proceso de negociación del Gobierno colombiano con las FARC no ha estado exento de dificultades, si bien, en todo momento, se ha observado un nivel de compromiso y una seriedad que, casi siempre, invitó al optimismo. El último hito ha sido la firma de un acuerdo final, el 26 de septiembre de 2016 que, acompañado por un cese de las hostilidades y unos niveles de violencia que son los más bajos de los últimos cuarenta años, ha gravitado en torno a cinco grandes cuestiones a las que se suma un último punto sobre mecanismos de verificación y refrendación.

En primer lugar, y desde principios como erradicación de la pobreza extrema, acceso progresivo y democratización de la titularidad de la tierra, se plantea la reforma de la estructura rural colombiana, la cual es una deuda con el único país latinoamericano que no experimentó reforma agraria en el siglo XX, y que se trata del segundo más desigual de América Latina. Así, este primer punto lo que hace es reconocer que la violencia en Colombia ha tenido una explicación directa con factores económicos y sociales desatendidos durante cincuenta años.

De este modo, y con base en enfoques diferenciales tanto territoriales como de género o condición étnica, se destinan diez millones de hectáreas —muy bien definidas jurídicamente— para que los sectores más vulnerables y excluidos de la sociedad tengan mayor y mejor acceso a la tierra, desde un enfoque de economía solidaria y cooperativa. Esto se une además, por un lado, a elementos de mayor descentralización municipal, en la que los niveles locales de Gobierno están llamados a tener un mayor protagonismo en el diseño y planeamiento de políticas públicas; y por otro, a la necesidad, de parte del Estado, de transferir mayores niveles de institucionalidad, recursos e infraestructura en tanto que resulta conditio sine qua non para todo proceso de construcción de paz integral.

El segundo de los puntos gravita alrededor de la participación política, un elemento imprescindible en los intercambios cooperativos presentes en todo proceso de negociación con guerrillas. En este punto se incorporan varios temas novedosos, si bien, en gran parte, orientados a construir una cultura política que trascienda del parroquialismo y del profundo déficit de democracia local —traducido en desafección, desinterés e, incluso, desconfianza hacia las instituciones políticas— del que adolece el país. Es por ello que se establecen elementos tales como presupuestos participativos, visibilización, problematización y politización de las necesidades de las regiones más afectadas por el abandono del Estado y todo un elenco de acciones destinadas a construir pedagogía de lo que representa transformar y superar un conflicto armado interno de estas características.

El punto anterior conectaría directamente con el punto tres, y que, aunque gravita en torno al fin del conflicto —entrega y dejación de armas—, cierra también los aspectos de participación política. Así, establece los recursos y posibilidades que deben facilitar la participación de las FARC en la nueva arena política colombiana de modo que, para los dos siguientes periodos presidenciales, se prevé que el partido político heredero de las FARC disponga, al menos, de cinco senadores (sobre 102) y cinco congresistas (sobre 166) sin necesidad de umbrales electorales o mínimos de participación electoral. También se establecen los incentivos para la desmovilización, que suponen, aproximadamente, 600 euros para el momento de entrega de armas, y unos 200 euros mensuales, durante dos años, en los que se llevará a cabo todo un proceso de reincorporación y formación educativa y productiva que permita su resocialización. Estos son elementos imprescindibles en la sostenibilidad de un proceso de paz como este, y que debe requerir, indisociablemente, de una reforma tributaria a tenor de que Colombia presenta una presión fiscal tan endeble como regresiva.

El punto cuatro aborda el tema de las drogas y el narcotráfico. Las FARC colaborarán con el Estado en la transferencia del conocimiento sobre cultivos y rutas, en un país que resulta ser el mayor productor cocalero del mundo —donde entre 2014 y 2015 se pasó de 69.000 ha a 96.000—. Debe tenerse en cuenta, empero, que cada euro invertido en políticas preventivas contra las drogas es más de veinte veces más eficaz que los invertidos en políticas reactivas, de modo que la prioridad, en cualquier caso, debe pasar por resignificar las políticas que estimulen cultivos alternativos a la coca.

Finalmente, el punto cinco salvaguardaría el esquema de justicia transicional. Quedan exonerados los delitos derivados de rebelión política y sedición que queden enmarcados en el conflicto armado, con excepción de los más graves, como violencia sexual, reclutamiento de menores, desaparición forzada o asesinato. Todos estos quedan alineados con el Estatuto de Roma y supondrán penas privativas de libertad de 2 a 5 años para los delitos graves y de 5 a 8 años para los más graves. Es decir, algo similar a lo aplicado con los paramilitares colombianos en 2005, y siempre vinculado a los parámetros de verdad, arrepentimiento y no repetición que son imprescindibles para acogerse a la justicia transicional y no a la justicia ordinaria. Además de este instrumento de justicia especial, se creará una Comisión de la Verdad que se encargará de leer al detalle las páginas de la historia del conflicto colombiano.

Sin duda, de implementarse este acuerdo y cerrarse la negociación también con el ELN, Colombia estará muy cerca de cerrar más de cincuenta años de confrontación armada y de asumir un reto que, en sí, es más importante que el de terminar la guerra: la superación de las condiciones sociales, estructurales, culturales y simbólicas que, por tanto tiempo, sostuvieron dicha guerra.

Capítulo 3

La evolución del activismo guerrillero, 1998-2016

La transformación de las fuentes de financiación de las guerrillas colombianas

Para comprender, con perspectiva histórica, el cambio de correlación de fuerzas y las transformaciones espaciales de la violencia, es imprescindible, como se señalaba, adoptar una relativa distancia sobre algunos de los acontecimientos ya expuestos. Aunque ya se ha señalado, recuérdese que para los años 1998-2000, las FARC se aproximaban a los 18.000 guerrilleros con relativo control sobre 400 municipios, toda vez que el paramilitarismo involucraba otros 8.000-10.000 efectivos en 200 municipios y el ELN mantenía a más de 4.000 integrantes en otros 130 municipios. Esta distribución de fuerzas hacía que Colombia se aproximase a la noción de Estado fallido, también, por la incapacidad operativa de su Fuerza Pública y el déficit de una seguridad que termina por ser asumida, en parte, por el paramilitarismo:

Desde los ochenta y hasta 1998, las FARC fueron creciendo permanentemente, especialmente, hasta que llegó un momento en que estaban en disposición de tomarse el poder por las armas en términos reales […] Respecto al paramilitarismo, yo tengo centenares de aprobaciones para la creación de grupos de autodefensa, lo cual era un derecho legal y legítimo. El problema es cuando se construye como acción criminal frente al Estado donde los grupos finalmente se reparten iguales acciones y disputas de poder y donde la verdaderamente derrotada es la sociedad (EP 4, septiembre de 2015).

Uno de los excomandantes de las FARC entrevistados coincidía con el general (retirado) del Ejército cuando, al ser preguntado, señalaba que:

Hacia 1998 en las FARC seguíamos pensando en tomar el poder. De hecho, cuando nos sentamos con Pastrana, estábamos cerca del golpe final. Tanto, que decíamos que aquello no era una negociación. Era un diálogo (EP 1, mayo de 2015).

Esta situación, en buena medida, es consecuencia de la importancia que el narcotráfico va a representar a la hora de engrosar las finanzas de la lucha armada, primero y sobre todo de las FARC, y en menor medida, del ELN. Asimismo, estos niveles de poder son, a su vez, resultado de una suerte de redes locales de cooptación y comunidades de legitimación, únicamente posibles gracias a la concurrencia de fuentes de poder social, de carácter ideológico, militar y político, pero, sobre todo, de carácter económico. Algo que perfectamente evidencian los testimonios presentados a continuación: el primero, del líder de las FARC Manuel Marulanda; el segundo, del jefe paramilitar Carlos Castaño:

[…] de hecho nosotros somos la autoridad en una gran parte del territorio nacional […] Usted va a una inspección de policía, llegan dos guerrilleros y el inspector jefe les dice: “Tengo un problema y necesito que me lo ayuden a arreglar”. La autoridad en estos territorios es la guerrilla. Los alcaldes no pueden trabajar mientras no hablen con la guerrilla de cómo debe ser su Gobierno. En la práctica nosotros somos otro Gobierno dentro del Gobierno (Observatorio para la Paz, 1999: 111).

Comenzamos por darle trabajo a toda esta gente que vive dispersa. Nosotros los reunimos para que vivan mucho más cerca. Les procuramos el agua haciéndoles represas. Les prestamos una retroexcavadora y en dos horas hacen un pocito mientras se busca un lugar para hacerles una represa grande. Se les lleva agua para que tengan donde bañarse, para que dejen de sufrir una cantidad de necesidades y, una vez aglutinados, se les hace la escuela y los puertos de salud. Con esto estamos consiguiendo algo de infraestructura, algo de solidaridad… Es que la guerrilla argumenta que ellos están donde no hay Estado. Nosotros decimos lo mismo (Castro, 1998: 79).

Respecto de las finanzas de las FARC y del ELN, podría decirse que existen dos trayectorias claramente diferenciadas. Las FARC rechazaban cualquier relación con la marihuana o la coca, por entender que desvirtuaban a las comunidades receptoras, lo que contravenía lo que debía ser el “espíritu guerrillero”. Empero, a partir de los ochenta, se acepta lo que se llama el impuesto de gramaje, concretamente, en el marco de la VIII Conferencia Guerrillera de 1989. Ese gramaje se justificaba en sí como un cobro al cultivo de coca con el propósito de proteger a los agricultores frente a la llegada de grupos paramilitares. Sin embargo, las zonas de dominación territorial de las FARC sumaban una segunda contrapartida a los propios narcotraficantes, la cual, según Pécaut (2008b), incorporaba la posibilidad de disponer de laboratorios, pistas clandestinas o rutas de evacuación de los cargamentos.

Tal y como reconoce Aguilera (2010: 148), el gramaje, en sus inicios, ascendía a un 15%, aproximadamente, de cada transacción realizada con pasta o base de coca, lo cual marca un punto de inflexión de lo que será conocido como la diferencia entre frentes ricos y frentes pobres de las FARC. Una diferencia problemática, especialmente, porque los frentes ricos hacían evidencia de su opulencia, lo cual, como reconoció un informe de las FARC de 1987, desnaturalizaba la idea de guerrillero pobre, obrero y trabajador del campo. De hecho, el concepto de narcoguerrilla o narcoterrorismo, planteado en el trabajo de Palacio y Rojas (1990), empieza a surgir desde este momento.

La propia concurrencia de las FARC sobre los principales enclaves cocaleros va a favorecer su mayor presencia en la industria de la droga una vez que, desde 1989, se busca incrementar el pie de fuerza y disputarle el poder al Estado con visos a su posible derrocamiento. Hechos como la detención del gran capo de la droga brasileña, Fernandinho, en un territorio controlado por las FARC, así como figuras en las finanzas de la guerrilla como es el caso de Negro Acacio al frente de los negocios del Bloque Oriental —casualmente el más poderoso de las FARC y que se erige sobre vastos escenarios cocaleros—, invitan a pensar en una creciente participación en el negocio de la droga. Participación que un excomandante de las FARC reconocía del siguiente modo:

La única manera de cumplir con el cometido de tomar el poder por las armas, que ha sido y sigue siendo la consigna guerrillera de las FARC, necesitaba del narcotráfico. Se trata de obtener recursos de donde resultara posible. Y claro, las posibilidades de la coca eran mucho mayores que cualquier otra fuente de ingreso (EP 2, agosto de 2015).

Igualmente, amerita traer a colación uno de los testimonios de un excomandante paramilitar entrevistado, quien, al ser preguntado, justificaba la expansión paramilitar sobre enclaves cocaleros como consecuencia del vasto poder de las FARC por su mayor entrada en el negocio de la droga:

Entre 1997 y 2001 nuestra financiación era totalmente sobre economía lícita, especialmente, agricultura y ganadería. Y también teníamos una cuota extorsiva. Pero desde 2001, se nos entrega el cobro de finanzas a los narcotraficantes, lo cual hasta ese momento lo hacía Vicente Castaño. Cobrábamos a los narcotraficantes que pasaban por la zona con búsqueda al golfo del Morrosquillo. Entre 2001 y 2004, cuando asumimos este rubro, esto nos suponía entre el 60% y el 65%, mientras que el resto era legal. Es después de esto que las AUC, en el proceso de expansión que asume Castaño, buscan arrebatar los enclaves cocaleros de las FARC más importantes. Ahí estaba el poder y estaban las finanzas para la guerra (EP 13, mayo de 2015).

Al respecto, resulta fácil entender el paso de las FARC del gramaje al procesamiento, tal y como señala Pécaut (2008b: 39): “En los últimos años, las FARC han creado sus propios laboratorios —los ‘cristalizaderos’ les proporcionan ingresos muy superiores a los del ‘gramaje’—, tienen algunas redes para sacar la cocaína, cobran peajes a las organizaciones de narcotraficantes y negocian con ellas el precio de compra del producto”.

En los mismos términos plantea Henderson (2010: 224) que, de hecho, “a finales de los años noventa el secuestro representaba el 36% de los ingresos de las FARC, comparado con el 54% derivado de la venta de drogas ilegales”. Iguales términos señalan todos los personeros entrevistados desde Chocó hasta Norte de Santander o Nariño. De hecho, este último reconocía que:

Hay una relación directa entre los mayores niveles de violencia, presencia de grupos armados y concurrencia de cultivos ilícitos. Las FARC y los Urabeños se reparten los cultivos hasta el punto de que, en ocasiones, entre los mismos grupos no hay discusión en cuanto a su dominio de todos los circuitos del narcotráfico (EP 12, febrero de 2015).

Finalmente, como testimonios destacables no se pueden obviar los comentarios de los dos exgenerales entrevistados, tanto de la Policía como del Ejército:

Desde 1996, la impronta y la relación de las FARC con la coca en cuanto al narcotráfico es incuestionable. Basta con ver las marchas cocaleras de las FARC de 1996 y su gran movilización. Eso es una muestra de poder sobre unos enclaves productores que va más allá de gramaje […] piense que nuestras estimaciones calculan que el narcotráfico ha venido suponiendo más del 50% de las finanzas de las FARC desde hace ya bastante tiempo (EP 7, abril de 2015).

Para mí, la importancia del narcotráfico en la comprensión del conflicto de las guerrillas es directa, especialmente para las FARC. Cuando mi generación estaba en puestos de comandancia o como yo, de coronel, y se produce el fin de la Guerra Fría, pensábamos, en un manifiesto error de cálculo, que las guerrillas desaparecerían. Sin embargo, las causas persistían y las FARC fueron muy ágiles en buscar fuentes alternativas, desde el narcotráfico, que reoxigenaron su logística, su administración y su presupuesto. Esto fue su gran atributo para mantener una guerra con altos costos, pero también su gran pecado, al desdibujarse y utilizar el narcotráfico como algo consustancial a sí mismas (EP 4, septiembre de 2015).

Sea como fuere, y con respecto a cálculos sobre las finanzas de las FARC, existen al respecto muchos trabajos académicos, así como vagas especulaciones. Una de las aproximaciones más serias es la de Bejarano y Pizarro (2001: 3) quienes estiman que, de las fuentes de poder económico referidas, el 48% era proveniente del tráfico de drogas, el 36% fruto de la extorsión, el 8% derivado del secuestro, un 6% producto del robo de ganado más un 2% restante de actividades varias. Esta aproximación se acercaría al desglose realizado, desde el Gobierno, a partir de los estudios de la Junta de Inteligencia Conjunta (2005: 7) que, en su momento, estimó que las fuentes de poder económico de las FARC respondían a una distribución en la que el narcotráfico representaba un 46,44%, la extorsión un 41,31%, el secuestro un 6,75% y casi un 8% el resto de actividades como el hurto de ganado o de combustibles y el asalto a entidades bancarias. Es por todo que son muchos los que consideran que el narcotráfico, sobre todo durante la primera mitad de la década anterior, terminó por suponer unos ingresos superiores a los 500 millones de dólares anuales y ser el gran rubro de las finanzas de la guerrilla (Gutiérrez, 2004; Henderson, 2010).

Por su parte, las finanzas del ELN respondían a una lógica bien distinta. Los mismos Bejarano y Pizarro (2001: 5) identificaban una estructura de la que, del total de los ingresos de esta guerrilla, aproximadamente un 60% provendría de la extorsión, un 28% del secuestro, un 6% del tráfico de drogas, un 4% del robo de ganado y, por último, un 2% de otro tipo de actividades criminales. Sensu contrario, otros plantean que la participación, hasta 2007, de esta guerrilla en la industria del narcotráfico resultó tan ambigua como imprecisa y apenas, en una cuantificación general, llegaba a un millón de dólares. Sin embargo, desde entonces, se empieza a apreciar una mayor presencia del ELN en acontecimientos relacionados con el narcotráfico (International Crisis Group, 2007). Por ejemplo, Fonseca, Gutiérrez, y Rudovist (2005) plantean cómo, hacia 1997, se pueden identificar escenarios del ELN próximos al cultivo ilícito, en el sur de Bolívar primero y en la región del Catatumbo después, si bien parece que ha terminado por extenderse a otros enclaves como Nariño, Chocó o Norte de Santander, tal y como reconocía uno de los excomandantes del ELN entrevistados:

Me apena reconocer que el ELN ha empezado a incursionar de unos años para acá en la fase que se relaciona con el gramaje sobre la coca. Estás en lo cierto, sin embargo, que algunas estructuras han ido incluso más allá y han pactado con narcotraficantes y con proyectos de las Bacrim. Es fácil. Yo te cuido laboratorios y pistas de aterrizaje y, por ejemplo, a cambio tú me provees de armas. Es un intercambio de servicios en el que todos ganan, pues en muchos enclaves de narcotráfico hay un modus vivendi en el que no hay interés de guerra entre actores sino contra el Estado, que termina siendo el enemigo común, aunque es evidente que todo esto ha desdibujado la imagen del ELN. Sinceramente, me apena ver esta situación cuando a nosotros, a mí y al “Cura” Pérez, nos costó mucho mantenernos al margen del gramaje. Sin embargo, el pragmatismo en medio de la guerra se ha transformado en algunas estructuras en una dependencia de coca para mantenerse (EP 5, mayo de 2015).

Es con base en lo anterior que se aprecia la importancia del narcotráfico en las finanzas de ambas guerrillas colombianas. Una importancia, cabe presumir, creciente, en la medida en que, con motivo de la PSD, se comienza a debilitar la práctica del secuestro y de la extorsión. De hecho, en el siguiente gráfico puede observarse cuál ha sido la evolución de ambas prácticas, secuestro y extorsión, para el caso de las FARC y el ELN, entre 1998 y 2012. Una tendencia que resulta muy similar a la propia dinámica del activismo guerrillero, el cual, en el transcurso de los últimos quince años, ha experimentado una fase expansiva hasta el año 2000, así como una importante reducción, paulatina, especialmente hasta 2008. Quizá, cabría añadir una nueva tendencia expansiva desde entonces, aunque claramente afectada, como se verá con posterioridad, por la actual coyuntura de diálogo y negociación.

Por ejemplo, si entre 1998 y 2002 los secuestros, en el caso de las FARC, mantenían niveles próximos a los 800 casos anuales, desde 2003 se comienza a apreciar un retroceso significativo. Esto es, de los 943 secuestros cometidos por las FARC en 2002, se pasa a 654 en 2003, para seguir decayendo a 299 en 2004. La tendencia seguirá acentuándose, y entre 2006 y 2008 apenas se supera la perpetración de una centena de casos anuales, los cuales llegan a su punto más bajo en 2012, cuando apenas se contabilizan 20 secuestros.

Idéntica tendencia se observaría para el ELN, que entre 1998 y 2002 supera ampliamente los 700 casos de secuestros anuales, incluso aproximándose a los 900 casos en los años 2000 y 2001. No obstante, si en 2002 siguen siendo 777 los secuestros protagonizados, en el año siguiente la cifra decae hasta los 326, para continuar haciéndolo hasta los 138 casos en 2004. Así, los niveles de secuestro terminan por caer a mínimos históricos desde 2007 y hasta la actualidad, cuando en ningún caso se han superado los 40 secuestros anuales y siendo 33 los registros efectivamente contabilizados en 2012.

Gráfico 1

Evolución de los secuestros cometidos por FARC y ELN, 1998-2012

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Criminalidad (2002, 2008 y 2012).

Por otro lado, la extorsión sí que ha mantenido niveles más estables, aunque se debe señalar la imprecisión del término per se, dada la dificultad de medición, y su menor impacto dentro de las finanzas de las guerrillas. No obstante, se apreciaría una tendencia similar a la misma del activismo guerrillero, con una tendencia decreciente entre 2002 y 2006, con niveles mínimos entre 2007 y 2008, y con un repunte irregular hasta 2012 mucho más significativo en el caso de las FARC que en el del ELN.

En lo que tendría que ver, estrictamente, con la proximidad de la coca al activismo guerrillero, cabría señalar cómo, desde 2006, a partir del monitoreo a la destrucción de laboratorios de coca, ya sea de base de coca, ya sea de clorhidrato de coca, se aprecia una conexión directa con los departamentos con mayor presencia tanto de FARC como de ELN. Un enclave básico para las FARC, con ausencia del ELN, sería el corredor formado por los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo. Solo estos tres departamentos, entre 2006 y 2012, van a experimentar la destrucción de 3.235 laboratorios de pasta de coca, esto es, el 24,8% del total de los laboratorios destruidos y a los que se sumarían otros 82 (4,8%) laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína (UNODC, 2013: 85).

Gráfico 2

Evolución de las extorsiones cometidas por FARC y ELN, 2002-2012

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Criminalidad (2002, 2008 y 2012).

Un segundo escenario cocalero, y nuclear para las FARC, sería el de la vertiente del Pacífico, particularmente, los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó —también con creciente presencia del ELN—, y donde se concentraron, entre 2006 y 2012, un total de 3.499 laboratorios de pasta destruidos (24,8%) a los que se sumarían otros 545 laboratorios de clorhidrato de coca (31,8%).

Finalmente, mucho más concurrido por el ELN y las FARC quedaría el nororiente colombiano, sobre todo los departamentos de Arauca y Norte de Santander primero, y también el departamento de Antioquia después. En el primer caso, entre 2006 y 2012, Norte de Santander va a concentrar la destrucción del 5,15% de laboratorios de pasta de coca (672) por el 16,2% (279) de laboratorios de cocaína. Unas cifras muy alejadas de los 66 laboratorios de pasta de coca y los 7 laboratorios de cocaína destruidos en Arauca, pues en este departamento priman otras fuentes de financiación como el contrabando o la violencia contra las grandes empresas extractivas. Por último, en Antioquia se acumularían hasta 1.758 laboratorios de base de coca y 216 laboratorios de clorhidrato de coca destruidos, lo que supondría un 13,4% y un 12,6% del total de laboratorios destruidos, respectivamente.

En conclusión, y para entender la dinámica de proximidad referida respecto del cultivo ilícito de parte de las guerrillas, en suma a todo lo anterior cabría señalar el hecho de que entre 2006 y 2012, en los 9 departamentos con predominante presencia guerrillera, se habrían destruido hasta 9.230 laboratorios de pasta de coca y 1.136 laboratorios de clorhidrato de coca: el 70,8% y el 76,3% respectivamente del total del país. Asimismo, del lado de las FARC, todo resultaría más evidente, en la medida en que dentro del actual proceso de negociación con el Gobierno de Juan Manuel Santos han sido tanto el Bloque Sur como el Bloque Oriental los más poderosos militarmente y próximos al narcotráfico, y los que más dificultades y recelos han puesto al proceso.

La ‘narcotización’ del ELN, 1998-2012

Retomando el planteamiento hipotético del inicio, en las siguientes páginas se tratará de mostrar si es posible atender a un proceso de (re)localización del ELN sobre enclaves de cultivos de coca, a través de la búsqueda de una relación significativa entre sus dinámicas de activismo armado con la concurrencia de cultivos ilícitos allí donde tales se encuentran.

Hay que partir de la premisa de que el ELN ha sido una guerrilla cuyo repliegue territorial se ha mantenido casi constante durante la década pasada. Si se observa la siguiente tabla, se puede apreciar cómo su presencia municipal a lo largo del país se ha reducido en un 70%, habida cuenta que los 31 municipios —sobre el total de 1.123 del país— en los que tenía presencia en 2012 están muy alejados de los 131 del año 2001. No obstante, se apreciaría una ligera recuperación desde 2008, que es el año en el que la presencia municipal de esta guerrilla llega a su registro más bajo de los últimos treinta años.

Tabla 7

Evolución municipal y departamental de la presencia del ELN, 1998-2012

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Municipios con presencia de ELN

90

85

129

131

65

48

41

39

16

18

14

25

27

30

31

Departamentos con presencia de ELN

16

16

19

18

15

14

12

12

8

9

5

8

8

8

10

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del ODHDIH (2014).

El ELN se caracteriza por haber sido una guerrilla concentrada, fundamentalmente, en Antioquia y Bolívar, y en el nororiente del país, en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Casanare y Arauca, en los que se entendía que se daban las condiciones socioeconómicas óptimas para emular un proceso revolucionario como el cubano. También, en algunos departamentos de la costa atlántica, especialmente La Guajira, Cesar, Magdalena y Sucre y, muy minoritariamente, en el suroccidente del corredor Pacífico, en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde la interacción con el cultivo de coca resultaba mayor.

Durante los años de presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), con el ELN por fuera de las negociaciones de paz, la guerrilla se va a convertir en objetivo militar. Si en 1998 apenas se recogen 93 acciones militares unilaterales contra aquella, en el año 2001 se contabilizan hasta 291 operativos. De hecho, hasta casi finales de 2007, los operativos provenientes de la Fuerza Pública llegan a mantenerse, de forma constante, por encima de las 300 acciones anuales. A ello habría que añadir el particular daño que va a hacer el paramilitarismo en la región del Magdalena Medio y en Antioquia, sur de Bolívar y Santander. En esta región, a inicios de la década pasada, son especialmente combativos contra esta guerrilla tanto el Bloque Metro de las AUC como el Bloque Central Bolívar, lo cual se podrá observar, con más detalle, en el siguiente capítulo. Así lo explicaban un excomandante del ELN y otro de las FARC entrevistados:

El CAB llegó a tener 300 hombres, pero a diferencia de las FARC nosotros no somos ejército de un partido y, por tanto, nuestra organización era más flexible. Más parecida a Nicaragua. Así, la parte militar se configuraba según el objetivo. Era una guerra irregular, de manera que yo dirigía operativos de 5 hasta 100 hombres, por ejemplo. Cuando llegan los paramilitares, entre 2001 y 2002, sobre todo tuvimos muchos combates con las AUC, pero también con las FARC. Nos dimos mucha bala. Era guerra perdida, sobre todo cuando se consolida la presencia de las Fuerzas Militares y las AUC. Ellos a nosotros no nos dieron mucho en el combate directo, pero le dieron muy duro a la población. Salimos bien frente al Bloque Magdalena Medio y del paramilitarismo previo, de los ochenta, que ya estaba por la región, pero nos debilitó la desaparición de nuestras bases. En definitiva, perdimos la guerra. Las AUC nos ganaron. Perdimos la guerra política y militar (EP 14, junio de 2015).

Sobre todo desde el año 2000, se consolidan las AUC y en lo que tiene que ver con ELN, la verdad es que no van a poder hacer nada y van a desaparecer sin mayor resistencia (EP 1, mayo de 2015).

Algo similar va a suceder en la región norte del país con motivo del impacto del Bloque Norte de las AUC, el bloque paramilitar más poderoso, que va a perseguir cualquier viso de activismo guerrillero, sobre todo en Cesar y La Guajira. Igualmente, es desarticulada la presencia del ELN en Barrancabermeja al desmontarse el Frente Urbano Resistencia Yariquíes, y del cual el líder paramilitar Don Berna se jactaba de cómo cerca 2.000 de sus combatientes abandonaron la guerrilla para engrosar las filas de las AUC (Aponte, 2011: 46).

Toda esta repercusión sobre el ELN va a tener lugar, sin embargo, en escenarios bien de índole urbana, bien en los que el principal rubro de ingresos para la guerrilla provenía del secuestro y la extorsión y no del cultivo ilícito. Es decir, si se observa el mapa anterior se puede apreciar que entre 2001 y 2012 se aprecia una desaparición del activismo guerrillero en la mayoría de los enclaves descritos, pero no en Norte de Santander y Arauca en el nororiente, y tampoco en el corredor del Pacífico colombiano.

Para el año 2012, de los siete departamentos con presencia de la guerrilla, cinco son de índole fronteriza y, a su vez, escenarios cocaleros. Tanto, que solo en Norte de Santander, Cauca, Chocó y Nariño, para los años 2011 y 2012, se registrará una superficie cultivada de 52.301 ha, o lo que es igual, el 47% del total de cultivos del país (UNODC, 2013: 11). La salvedad la representaría el departamento de Arauca, un departamento de tradicional presencia del ELN, pero en el que predominan, más que los cultivos ilícitos, las prácticas de extractivismo y contrabando.

La capacidad de arraigo de esta guerrilla sobre estos dos escenarios periféricos se puede entender mejor con la siguiente aseveración: entre 2011 y 2012 el ELN protagoniza 20 acciones guerrilleras en Norte de Santander, en unos términos similares a los de una década atrás y pese a ser el objetivo de un total de 452 operativos militares. En esos dos años, en Arauca se desarrollan 54 acciones guerrilleras que equivalen a los niveles más altos de activismo de los últimos quince años, a pesar de los 179 combates unilaterales del lado de la Fuerza Pública. Por su parte, en la vertiente del Pacífico (Chocó-Cauca-Nariño) entre 2011 y 2012 se habrían contabilizado hasta 37 acciones guerrilleras en términos estables a lo acontecido durante la década, a pesar de haberse puesto en marcha hasta 397 operativos militares contra esta guerrilla.

Gráfico 3

Presencia armada del ELN en relación a los municipios con presencia de cultivos ilícitos, 2001-2012

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del ODHDIH y UNODC (2014).

De acuerdo a lo anterior, y si de visibilizar y operacionalizar la hipótesis de la narcotización guerrillera se trata, bastaría con integrar el indicador de presencia municipal del ELN con el indicador de presencia de cultivos de coca. Es decir, se trata de tener en cuenta en cuántos municipios se registró al menos una acción armada del ELN entre 200115 y 2012, y en cuántos concurrió la presencia de escenarios cocaleros. De esta manera, y como se puede observar en el siguiente gráfico, si la presencia municipal del ELN a inicios de la década pasada ascendía a 131 municipios, de los cuales solo 31 presentaban cultivos ilícitos, once años después, si bien es cierto que su presencia territorial habría decaído un 76%, al contabilizarse presencia, únicamente, en 31 municipios, de igual forma se habría incrementado sustancialmente la proporción de ubicación de la guerrilla sobre enclaves cocaleros. Ello en tanto que, de estos 31 municipios, 18 presentarían presencia de cultivos de coca.

Es decir, a tenor de la concurrencia del ELN sobre los escenarios cocaleros del nororiente y del Pacífico colombiano, cabría presumir que estos han operado no solo como una fuente importante de ingresos, sino, igualmente, como un elemento a tener en cuenta a la hora de interpretar la continuidad inalterada del activismo guerrillero sobre estos escenarios. Así, parecería que allí donde se intersecta la variable ELN con el cultivo ilícito, concurren mayores posibilidades de continuidad en el activismo guerrillero. Departamentos como Huila, Tolima o el eje cafetero, en la región central, o Cesar, Sucre y La Guajira en la costa del Atlántico, así como el departamento de Santander, nunca presentaron cultivos ilícitos o, en su defecto, la magnitud de los mismos siempre fue muy reducida, de manera tal que el ELN, en el momento en el que interactúa con el resto de actores armados, rápidamente resulta expulsado, bien por el paramilitarismo, bien, en algunos casos, por las FARC.

De igual manera, esta hipótesis ayudaría a interpretar por qué Norte de Santander, Antioquia o el Pacífico han sido, y continúan siendo, escenarios con arraigo del ELN y con alta presencia cocalera, lo cual se observa, indistintamente, cuando se utiliza como indicador de medición no la presencia municipal, sino el activismo guerrillero. Es más, de este modo, no solo se refuerza la hipótesis planteada, sino que se hace más evidente, pues, tal y como se puede apreciar igualmente en el siguiente gráfico, las acciones del ELN sobre municipios con presencia de cultivos ilícitos hacia 2012 terminan siendo muy similares a la cifra que se registraba en 2002 o en 2003, cuando la fuerza del grupo guerrillero y su presencia territorial se encontraba en el cénit de los últimos treinta años.

Lo que sucedería es que, bajo esta apreciación, se pondría de manifiesto una focalización creciente del activismo guerrillero del ELN sobre enclaves con presencia de cultivos, pudiendo observarse la concentración de acciones armadas en aquellos escenarios con existencia de cultivos ilícitos. Es decir, se percibiría una relación que responde a una tendencia constante, estable y significativa, especialmente a partir de 2009, una vez que se pone fin a la situación de arrinconamiento e invisibilización experimentada por la guerrilla entre los años 2006 y 2009.

Gráfico 4

Acciones armadas del ELN sobre escenarios con presencia de cultivos ilícitos, 2001-2012

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del ODHDIH y de UNODC (2014).

Es ilustrativo comparar las diferencias que transcurren entre los años 2002 y 2012. Es decir, con un similar número de acciones armadas sobre municipios con presencia de cultivos de coca, alrededor de la media centena, en el año 2002 la acción guerrillera del ELN tenía lugar principalmente en enclaves sin presencia de cultivos ilícitos, lo cual cambia drásticamente en lo que se puede observar diez años después. Con el paso de los años, entre 2001 y 2012, se hace más evidente que la financiación para la subsistencia de la guerrilla proveniente de los cultivos ilícitos se ha erigido como un rubro indisociable a su existencia. Buena prueba de ello reposaría en el hecho de cómo casi tres cuartas partes de las acciones armadas del ELN acontecidas en el 2012 habrían tenido lugar en escenarios cocaleros, lo cual significa más de treinta puntos porcentuales con respecto a la situación que se daba hace una década.

Gráfico 5

Relación porcentual entre acciones armadas y presencia municipal del ELN sobre escenarios con presencia de cultivos ilícitos, 2001-2012

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del ODHDIH y UNODC (2014).

Finalmente, y de acuerdo a lo que se expone en el gráfico anterior, se terminaría por redundar en la hipótesis de narcotización planteada para la comprensión del comportamiento guerrillero en esta última década. Si en 2001 el porcentaje de municipios con cultivos ilícitos sobre los que se evidenciaba presencia del ELN era de un 23,6%, tras un proceso creciente e incremental, en 2012, el mismo indicador ascendía a un 58%. Más si cabe, resulta reveladora la cifra de las acciones armadas. Si estas se concentraban, para el caso del ELN, en un 35,3% en municipios con presencia de cultivo ilícito, ese porcentaje ascendía hasta el 73,2% una década después.

Con esto, y en conclusión, podría afirmarse que los cambios y transformaciones del conflicto armado colombiano en los últimos años, y particularmente en su relación con el ELN, habrían terminado por poner de manifiesto qué importantes son los cultivos ilícitos, tanto para entender la supervivencia guerrillera frente al impacto del paramilitarismo y de la política de seguridad, por un lado, como para comprender las dinámicas territoriales de la violencia guerrillera, en cuanto a su proximidad con respecto de enclaves productores de cultivos ilícitos, por otro.

La ‘narcotización’ de las FARC, 1998-2012

A diferencia del ELN, que entre 1998 y 2012 fue acumulando dificultades que estuvieron a punto de hacerlo desaparecer, aunque las FARC pierden en ese mismo tiempo más de la mitad de su pie de fuerza y buena parte de su poder territorial, esto no se ha traducido, en términos generales, en lo que afecta a sus niveles de activismo armado. Un activismo que todavía, y como se observó para el año 2012, superaba las 800 acciones guerrilleras anuales, muy alejadas de las 65 del ELN.

A pesar de que la presencia departamental es la mitad de lo que lo fue en sus mejores momentos, el poder municipal de las FARC en 2012 seguía afectando a casi 200 municipios del país, en unos términos similares a los de inicios de la década pasada, y con base en una tendencia expansiva que desde 2008 resulta mucho más visible que la del ELN. En 2008, tras cinco años de impacto de la PSD, y trascurridos los mayores años de disputa con el paramilitarismo de las AUC, la presencia municipal de las FARC cae a los 131 municipios, cifra que, sin embargo, ha ido paulatinamente creciendo en casi una tercera parte, hasta los 190 referidos en 2012.

Tabla 8

Evolución municipal y departamental de la presencia de las FARC, 1998-2012

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Municipios con presencia de FARC

186

194

208

206

346

313

218

234

234

152

131

164

166

180

190

Departamentos con presencia de FARC

25

27

29

26

28

31

29

29

29

22

24

24

21

23

20

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del ODHDIH y UNODC (2014).

Si se observa el siguiente mapa, la evolución de la geografía de las FARC hacia el año 2012, y en comparación con 2002, pone de manifiesto un proceso de pérdida paulatina de poder territorial, especialmente en dos enclaves. Por un lado, la región central, conformada por Cundinamarca, Boyacá y el eje cafetero; y, por otro lado, la región Atlántica. En la primera de ellas hay un gran impacto de la PSD, la cual, como se explicaba anteriormente, rompe con la estrategia envolvente de la guerrilla sobre Bogotá. Por ejemplo, en Cundinamarca, entre 2002 y 2003 se desarrollan 357 operativos militares sobre las FARC, que hacen que si en el mismo 2002 las acciones guerrilleras seguían presentando unos niveles de violencia considerables (129), en 2005 ya no se computa ni una sola acción guerrillera en el departamento. Igual sucede en el eje cafetero, donde entre 2002 y 2007, con 238 acciones militares en Caldas, 65 en Quindío y 86 en Risaralda, las FARC son expulsadas. Incluso en Boyacá, donde había acciones guerrilleras desde los años ochenta por la confluencia de los frentes 28, 10 y 45, se ponen en marcha hasta 141 acciones militares que hacen que, en 2007, por primera vez en décadas, no haya constancia de una sola acción protagonizada por las FARC.

Algo parecido tendrá lugar en la costa caribeña colombiana. En el departamento de Atlántico, de gran impronta paramilitar, la presencia de las FARC siempre resultó muy reducida, como también sucedía en el departamento paramilitar por antonomasia: Córdoba. Sin embargo, entre 2002 y 2007 se aprecia una muy significativa reducción del activismo armado, en tanto que terminan por desaparecer la guerrilla de Magdalena, Sucre y Cesar, y se mantienen, aunque con dificultades, en La Guajira y Bolívar. Tanto, que en este tiempo se contabilizan 232 acciones militares en Cesar, 215 en Magdalena y 219 en Sucre. En contraste, y en suma en los tres departamentos, las FARC protagonizan 245 acciones guerrilleras, lo que evidencia la notable disparidad de fuerzas. A lo anterior habría que sumar la concurrencia del poderoso Bloque Norte de las AUC, especialmente activo entre 1998 y 2005 en estos siete departamentos del país y que afectará notablemente a la guerrilla:

Las AUC frenaron nuestro avance y atacó a la población civil. Todos eran susceptibles de apoyar a la guerrilla, fuese real o no. Y en esas, nosotros acabamos haciendo lo mismo. Excediéndonos y dando de baja al que era susceptible de ser informante paramilitar. Las AUC hacían valer el dicho de quitar el agua al pez para asfixiarlo. Y así nos hicieron mucho daño (EP 1, mayo de 2015).

Con base en lo anterior, podría decirse que hay tres escenarios nucleares para la subsistencia de las FARC, y que se han erigido como bastiones territoriales los últimos tres años. En primer lugar, estaría el nororiente del país, como sucediera con el ELN, con Arauca y Norte de Santander, esta última porque para ambas guerrillas la región del Catatumbo cuenta con unas condiciones particulares especiales, en tanto que se trata de una región selvática, fronteriza con Venezuela y de alto valor como corredor estratégico de droga. De hecho, solo en 2012, las FARC cometieron 74 acciones guerrilleras en ella. Asimismo, en Arauca habrían protagonizado otras 57 acciones, si bien con el atractivo del contrabando y la extorsión como principales fuentes de financiación para la guerrilla.

El segundo escenario clave sería el corredor formado por los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo. Un corredor que, durante décadas, ha sido controlado por las FARC, ya que, aunque entre 2002 y 2012 se han dirigido 1.502 combates contra esta guerrilla en Caquetá, 2.573 combates en Meta y 602 en Putumayo, para diciembre de 2012 en los tres departamentos se registraban más acciones armadas de parte de la guerrilla que operativos de la Fuerza Pública. Es decir, lejos de lo que se pudiera pensar, la política de confrontación directa no se tradujo, como en otros escenarios, en una derrota militar de las FARC. La geografía selvática y la concurrencia de cultivos ilícitos serían especialmente relevantes en Caquetá y Putumayo, donde, por ejemplo, la totalidad de las acciones de las FARC se dio bajo enclaves cocaleros que acumulaban casi 30.000 ha de coca cultivadas.

Por último, y de acuerdo a una dinámica creciente, mucho más notoria e importante que la también llevada a cabo por el ELN, se encontraría la región suroccidental, fundamentalmente Cauca y Nariño, y en menor medida, los departamentos de interior de Tolima y Huila.

Entre 2002 y 2012 se contabilizarán un total de 1.132 combates unilaterales de la Fuerza Pública en Cauca, 544 en Nariño, 895 en Tolima y 620 en Huila. Sin embargo, se aprecia que los niveles de violencia guerrillera no se reducen y, de hecho, tanto en Tolima como en Huila se mantienen niveles estables con respecto a una década, en torno a las 40 acciones anuales, toda vez que se aprecia una correlación de fuerzas favorable para las FARC tanto en Cauca como en Nariño, donde las acciones solo entre 2011 y 2012 ascienden a 305 y 150 respectivamente, condensando un área de cultivo de coca por encima de las 38.000 ha.

Gráfico 6

Presencia armada de las FARC en relación a los municipios con presencia de cultivos ilícitos, 2001-2012

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del ODHDIH (2014) y UNODC (2014).

Lo cierto es que el proceso de desnaturalización de la guerrilla como consecuencia de la presión militar no es comparable al experimentado por el ELN, marcado por el abandono de dos bastiones simbólicos como Santander y Antioquia. En el caso de las FARC, el nororiente siempre sirvió de retaguardia estratégica, mientras que el corredor Meta-Putumayo había sido su tradicional enclave de dominación. Un enclave en el cual, paulatinamente, sí que se aprecia una movilidad hacia el suroccidente, específicamente sobre un Pacífico colombiano que si hace años era un emplazamiento de retaguardia, hoy, tanto Cauca como Nariño serían los dos territorios con mayor arraigo de las FARC. Dichos territorios, junto a los descritos, condensarían, solo en 2012, el 78% de los cultivos de coca del país16.

De acuerdo con el gráfico anterior, si se observa el año 2001, que es cuando comienza el análisis del factor del cultivo ilícito en los informes de UNODC, se puede apreciar que, sobre un total de 206 municipios con activismo de las FARC, solo en 62 había concurrencia de cultivos ilícitos. Transcurridos once años, y con un número similar de municipios con presencia de FARC a los de entonces (190), el número de municipios con presencia de cultivos adicional se habría incrementado en más de un 50%, y siempre en los departamentos ya planteados.

Gráfico 7

Acciones armadas de las FARC sobre escenarios con presencia de cultivos ilícitos, 2001-2012

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del ODHDIH y UNODC (2014).

Al igual que sucedía con el ELN, si se toman como valor las acciones armadas que se presentan en el gráfico anterior, se redunda en la hipótesis de la narcotización. Esto es, si en 2001, sobre un total de 496 acciones de las FARC, 194 acciones armadas tenían lugar sobre municipios cocaleros, dicha proporción aumenta significativamente una década después. Ello, porque para el año 2012, sobre un total de 824 acciones guerrilleras, 518 se habrían desarrollado sobre escenarios con presencia con cultivos de coca. Es más, en el año 2012 se condensó el segundo mayor número de acciones armadas sobre municipios con cultivos ilícitos, pues las 518 acciones referidas solo resultaron superadas en el transcurso de la década pasada por las 569 del año 2003. El año de mayor fuerza de la historia de las FARC, aunque con la salvedad de que, en aquel momento, el activismo sobre cultivos ilícitos se dio sobre un total de casi 1.300 acciones guerrilleras.

Igualmente, se podría apreciar cómo la intensificación guerrillera ha aumentado sobre enclaves cocaleros, principalmente desde el año 2008, lo cual invita a pensar en la importancia de los réditos económicos provenientes de los cultivos ilícitos.

Gráfico 8

Relación porcentual entre acciones armadas y presencia municipal de las FARC sobre escenarios con presencia de cultivos ilícitos, 2001-2012

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del ODHDIH y UNODC (2014).

Planteado de otro modo, si en 2002 la presencia de las FARC apenas afectaba a un 19% de municipios con presencia de cultivos ilícitos, esa proporción asciende, de manera creciente, a lo largo de toda la década pasada para llegar, en 2012, a niveles de casi el 50%. Asimismo, si para el año 2002, la proporción de acciones guerrilleras sobre municipios con presencia de cultivos era de un 30%, con el paso de los años esa proporción casi se duplica, al llegar, en 2012, al 62,8%, y convertirse en la proporción más elevada en la relación activismo armado/presencia de cultivos ilícitos de la historia reciente de las FARC.

¿Cuál es la coyuntura actual bajo los diálogos de paz con las FARC y las negociaciones exploratorias con el ELN?

Habida cuenta del proceso detallado de transformación espacial de la violencia, tanto de las FARC como en el ELN, acumulado en los últimos años, de lo que se trata ahora es de reflexionar sobre cuál ha sido la particular coyuntura acontecida entre 2013 y 2016, coincidiendo con el avance del proceso de negociación con las FARC y con los diálogos exploratorios con el ELN, formalizados en 2014.

Si se observa el último reporte de 2015 del Ministerio de Defensa, y a falta de los informes públicos de 2013 y 201417, el año pasado en Colombia se registraron un total de 122 acciones guerrilleras, las cuales, mayoritariamente, tuvieron lugar de nuevo en los cinco departamentos que más protagonismo han tenido en estas páginas: Antioquia, Arauca, Cauca, Nariño y Norte de Santander. Cinco departamentos que concentrarían casi el 80% de las acciones guerrilleras acontecidas en el país.

Tabla 9

Desglose departamental de las acciones guerrilleras, 2015

Antioquia

22

Guaviare

4

Arauca

18

Huila

2

Bolívar

5

Meta

3

Boyacá

1

Nariño

16

Caquetá

2

Norte de Santander

20

Cauca

20

Putumayo

6

Cesar

1

Valle del Cauca

1

Total

122

Fuente: ODHDIH (2016).

Es decir, de lo anterior se podría desprender la continuidad, a pesar de la ingente reducción de los niveles de activismo armado de las dos guerrillas colombianas, especialmente de las FARC, de las tendencias de periferialización y la narcotización planteadas. En un desglose más concreto, cabría destacar en Arauca la persistencia del Domingo Laín y de la Compañía Simacota, a los que se suman los frentes 10 y 45 de las FARC. Igualmente, en Norte de Santander destacaría la presencia, también de ambas guerrillas, a través de los frentes Carlos Armando Cacua Guerrero y Juan Fernando Porras del ELN y del frente 33 de las FARC.

Para 2015 se contabilizaría presencia de FARC y ELN en casi todos los municipios de Arauca y de la región del Catatumbo. No obstante, sí que debe destacarse el nivel de activismo presentado, sobre todo, por las FARC, reducido en buena medida por tratarse de una de las exigencias acordadas por las partes en el diálogo de paz. El reparto de acciones para este año habría sido de 10 acciones armadas del ELN y 8 de las FARC en Arauca; y de 9 acciones del ELN y 12 de las FARC en Norte de Santander.

Un segundo escenario, igualmente periférico, que habría condensado buena parte del activismo guerrillero en 2015, pero, de igual forma, poniendo de manifiesto una importante reducción de la violencia directa con respecto a 2012, sería el suroccidente del país, especialmente los departamentos de Nariño y Cauca y, en menor medida, Putumayo y Caquetá.

Cauca y Putumayo fueron tradicionales bastiones de la guerrilla, especialmente desde los noventa, mientras que Nariño se erigió en inicio como retaguardia, si bien, a día de hoy, se trata del segundo departamento más importante para las FARC —precisamente tras Cauca—. En la actualidad, la presencia de las FARC en Cauca se organizaría en torno al frente 6 y el frente 8, en el norte y el sur, respectivamente, junto al frente 29 en Nariño y los frentes 32, 48 y 63 en el Bajo Putumayo. De igual forma, el ELN habría mantenido una presencia muy minoritaria, primero en Cauca, en las inmediaciones de la capital, Popayán, con el frente Manuel Vásquez Castaño, y después en Nariño, en buena parte, compartiendo área de actuación con las FARC, a través del frente Comuneros del Sur. Sería por lo anterior que, durante todo 2015, esta región del sur del país —a la que se sumaría el occidente del departamento de Caquetá— se habría consolidado como el enclave más activo de violencia guerrillera por parte de las FARC. Sea como fuere, y como sucedió en el nororiente, los niveles de violencia con respecto a 2012 se han reducido muy sustancialmente, incluso hasta la casi desaparición del ELN de la región.

Empero, se puede decir que se aprecia una relativa continuidad respecto de ciertos municipios, especialmente en el caso de las FARC, con presencia en 11 municipios de Cauca18, 8 en Nariño19, los 2 del occidente de Caquetá20 y en 4 de Putumayo21. Esto es, un total de 24 municipios que concentrarían un tercio del total de actividades guerrilleras en 2015. Por su parte, la posición del ELN en esta región del país apenas se reduciría a Tumaco (Nariño) y Argelia (Cauca). Dicho de otro modo, el registro de acciones durante el año pasado habría sido de 43 acciones armadas por parte de las FARC y 2 provenientes del ELN.

Finalmente, como tercer escenario de presencia guerrillera se encontraría el formado por los departamentos de Bolívar y Antioquia, específicamente en su región limítrofe con el río Magdalena. De hecho, Antioquia, desde hace años, ha sido uno de los departamentos más violentos del país, también por el arraigo del proyecto paramilitar. Incluso, hacia 2012 se trataba del departamento más violento de Colombia, en términos de activismo guerrillero, si bien, como en el resto de casos, la presencia activa de las FARC y del ELN se ha reducido muy sustancialmente, aunque con unos registros que mantienen al departamento al frente en cuanto a número de acciones armadas guerrilleras en Colombia.

Tal reducción de la violencia guerrillera en Antioquia pareciera haberse minimizado, especialmente en el norte, donde se concentrarían la mayoría de acciones armadas, fruto de la presencia de los frentes 4 y 24 de las FARC, y en menor medida los frentes 18 y 5, ubicados en las cercanías del departamento de Córdoba, en el noroccidente. Asimismo, se registraría presencia del ELN, a través del frente Alfonso Gómez Quiñónez en el Magdalena Medio bolivarense. Con todo, para el año 2015, se habría registrado una presencia municipal de las FARC en 13 municipios22 de Antioquia, donde se habrían llevado un total de 22 acciones armadas, y a las que se sumarían otras 5 acciones del ELN, en los municipios bolivarenses de Morales, Norosí y San Pablo.

Expresado de otro modo, la periferialización del activismo guerrillero debería entenderse como un proceso paulatino, especialmente consolidado si se comparan los datos de 2012 y 2015. Así, se destacarían, por todo lo anterior, tres regiones donde el conflicto, a pesar de la notable reducción de la violencia armada, continuaría presentando niveles de activismo que parecen desmarcarse de la tendencia general de cese de hostilidades, especialmente, en el caso de las FARC.

De este modo, Norte de Santander y Arauca, unidos, a Cauca y Nariño en el suroccidente y, finalmente el norte de Antioquia, llegarían a concentrar 9 de cada 10 acciones guerrilleras acontecidas en el año 2015. Una cifra muy superior, por ejemplo, a lo acontecido en 2012, cuando las FARC de las 821 acciones guerrilleras focalizaron un 65,55% (538) en estos tres enclaves específicos. A su vez, de las 71 acciones guerrilleras protagonizadas por el ELN en el mismo año 2012, 54 (76,05%) se habrían dado en estos tres escenarios.

Igualmente, si en 2012 había 283 acciones de las FARC y 17 del ELN que habían sido cometidas fuera de estos tres escenarios de análisis, tres años después la cifra se reduciría sustancialmente. De las 28 acciones atribuidas al ELN en 2015, solo dos se habrían dado fuera de estos departamentos. Asimismo, de las 94 acciones de las FARC, 85 se habrían concentrado en el suroccidente, el nororiente y el norte de Antioquia. Es decir, cabría aceptar una hipótesis como la de la creciente periferialización en tanto que, del total de acciones guerrilleras, un 90,42% en el caso de las FARC y un 92,85% en el caso del ELN habrían tenido lugar en las tres regiones periféricas durante el año 2015.

Del lado de la proximidad a los cultivos cocaleros, primeramente, habría que precisar que, de los 70 municipios con algún tipo de activismo guerrillero, a lo largo del año 2015, en 51 de ellos, esto es, en el 72,85%, hubo presencia de cultivos ilícitos de coca. De la misma forma, esos 51 municipios abarcarían una extensión en cuanto a hectáreas cultivadas con coca de, aproximadamente, 47.000 ha (46.939,93 ha); una cifra muy considerable si se tiene en cuenta, por ejemplo, que la superficie total cultivada en Colombia, en el año 2013, fue de 48.000 ha (UNODC, 2016).

En segundo lugar, conviene precisar de qué modo la narcotización de la actividad guerrillera se condensaría, nuevamente, en las tres regiones señaladas a lo largo de este trabajo: nororiente, noroccidente y sur del país. Así, y como se puede observar en la siguiente tabla, de las 96.000 ha reportadas por UNODC en su último informe anual sobre cultivos de coca en Colombia, publicado en el verano de 2016, los departamentos cocaleros, por antonomasia, serían precisamente los departamentos donde el arraigo guerrillero es mucho mayor, acumulando hasta un 84% sobre el total de cultivos cocaleros del país.

Tabla 10

Evolución de los cultivos cocaleros en Colombia, desglose municipal, 2008-2015

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Variación

2014-2015 (%)

Nariño

19.612

17.639

15.591

17.231

10.733

13.177

17.285

29.755

31

Putumayo

9.658

5.633

4.795

9.951

6.148

7.667

13.609

20.068

21

Norte de Santander

2.886

2.713

1.889

3.490

4.516

6.345

6.944

11.527

12

Cauca

5.422

6.597

5.908

6.066

4.325

3.326

6.389

8.660

9

Caquetá

4.303

3.985

2.578

3.327

3.695

4.322

6.542

7.712

8

Guaviare

6.629

8.660

5.701

6.839

3.851

4.725

5.658

5.423

6

Meta

5.525

4.469

3.008

3.040

2.699

2.898

5.042

5.002

5

Antioquia

6.096

5.096

5.350

3.104

2.725

991

2.293

2.402

2

Chocó

2.794

1.789

3.158

2.511

3.429

1.661

1.741

1.489

2

Córdoba

1.710

3.113

3.889

1.088

1.046

439

560

1.363

1

Bolívar

5.847

5.346

3.324

2.207

1.968

925

1.565

1.044

1

Total

80.953

73.139

61.812

63.762

47.790

48.189

69.132

96.094

Fuente: UNODC (2016: 17).

Un tercer aspecto sería la intensificación de las dinámicas ya descritas, tanto de periferialización como de narcotización. En el caso del ELN, de los 17 municipios donde en 2015 se registró presencia armada, 13 de ellos fueron cocaleros, toda vez que, de las 28 acciones guerrilleras protagonizadas, 20 fueron sobre municipios con esta característica. De las 94 acciones de las FARC, 74 se ubicaron en escenarios cocaleros al igual que, sobre una presencia municipal que afectó a un total de 62 municipios, en 47 de ellos había registro de presencia de cultivo ilícito.

Gráfico 9

Correspondencia porcentual entre municipios con presencia guerrillera y presencia cocalera, 2001-2015

Fuente: Elaboración propia con base en ODHDIH y UNODC (2016).

Así es que podrían destacarse tres circunstancias de lo acontecido en los últimos años. Por un lado, se apreciaría un importante descenso de la violencia armada guerrillera, especialmente si se comparan los niveles de activismo guerrillero registrados en 2012 con los de 2015. En el caso de las FARC, cabría pensar que el “mandato” desde La Habana de reducir las hostilidades durante el transcurso de las negociaciones de paz tuvo un importante acatamiento por parte de una mayoría de frentes de las FARC, lo cual invitaría a aceptar la importante jerarquía de mando de las estructuras dirigentes. Por su parte, el ELN vendría transitando con niveles constantes, aunque, muy a la baja, de activismo armado, en buena medida por el profundo proceso de debilitamiento acumulado a lo largo de la década pasada y, tal vez, pensando en el inminente escenario de diálogo que le espera.

Gráfico 10

Correspondencia porcentual entre acciones guerrilleras y presencia cocalera, 2001-2015

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de ODHDIH y UNODC (2016).

De otro lado, se evidencia un proceso de periferialización creciente que, si bien en 2015 se ha acentuado, más bien parece enmarcarse en un proceso paulatino, derivado de las políticas de seguridad y el fortalecimiento del Estado en buena parte del territorio colombiano, lo cual ha ido obligando a un repliegue territorial tanto a uno como a otro grupo guerrillero. De la misma manera, cabría señalar una intensificación entre la ubicación de las acciones guerrilleras y la ubicación de los principales enclaves cocaleros del país, entre lo acontecido en 2012 y lo registrado en 2015.

Incluso, a estas consideraciones cabría sumar otras cuestiones adicionales. En primer lugar, se invitaría al optimismo respecto del fin del conflicto, sobre todo con las FARC, en tanto en cuanto el volumen de acciones guerrilleras, actualmente, vendría siendo el más bajo de los últimos cuarenta años. Empero, son las fronteras y la periferia territorial las que pueden encontrar mayores dificultades y menores incentivos a la hora de experimentar un proceso desmovilizador. Es más, a lo largo del diálogo, tanto Bloque Sur como Bloque Oriental de las FARC han sido la mayor disidencia respecto de algunas de las cuestiones que se negociaban en La Habana y por ello, no por casualidad, puede ser que en el último año hayan sido las dos estructuras más activas de la guerrilla. Por su parte, igualmente, la estructura más activa del ELN ha sido el Frente de Guerra Oriental, en Arauca y Norte de Santander. Una estructura que, dicho sea de paso, ha sido la que más ha afectado a que, actualmente, exista un cierto escepticismo sobre los posibles avances de negociación con esta segunda guerrilla, por tratarse del bloque más díscolo frente a un marco de negociaciones con el Gobierno.

Finalmente, el narcotráfico se erigiría como la gran amenaza para la seguridad colombiana. Una amenaza que, sin embargo, requiere de una articulación trasnacional, una intensificación sobre los últimos eslabones de la distribución y una política integral que incentive cultivos lícitos alternativos. Ello, además de un fortalecimiento de una política de seguridad que tendría todo a su favor para, cuando menos, aspirar a desmontar una de las estructuras, como las FARC, que en los últimos años ha sido el actor armado irregular más relevante del conflicto interno colombiano.

Capítulo 4

La evolución de los grupos paramilitares, 1978-2016

El origen del paramilitarismo en Colombia

El paramilitarismo va a surgir, al igual que la guerrilla, en enclaves bajo una importante ausencia del Estado, si bien, a diferencia de la naturaleza guerrillera, en Colombia solo se puede interpretar el paramilitarismo, no como un hecho aislado, sino en términos de estrategia contrainsurgente del mismo Estado23.

Los escenarios sobre los que se construye el paramilitarismo desde los años ochenta en Colombia encuentran su punto de partida en la región del Magdalena Medio y el departamento de Antioquia, primero, y en el litoral caribeño, especialmente en Córdoba, Cesar y Sucre, después. Finalmente, termina por extenderse a los departamentos de Norte de Santander y Arauca, y sobre el eje del Pacífico que conecta Buenaventura y Tumaco, ya a finales de la década de los noventa.

Como señala Robinson (Ronderos, 2014: 18), “el paramilitarismo floreció porque prácticamente no había un Estado que lo detuviera”, si bien lo hizo con motivaciones dispares que van desde la lucha contra la guerrilla hasta la construcción de un proyecto criminal, siendo la línea que separa ambas casi siempre difusa e interconectada. Mientras que en Nariño la intención pasaba por expropiarle tierras a las negritudes y organizar la producción de coca, en Cesar la intención pasaba por evitar una reforma agraria, así como la posible invasión de tierras de parte del campesinado. De otra parte, en Norte de Santander el principal propósito paramilitar era el de patrimonializar el contrabando arraigado en esta región fronteriza, especialmente, respecto del mercado de la droga.

Un punto de partida particular reposa en entender que el paramilitarismo es un proyecto criminal particular, del cual las FARC y el ELN son la alteridad óptima para construir la imagen antisubversiva necesaria para legitimar la existencia, per se, del paramilitarismo. Es decir, aunque el paramilitarismo surge bajo ciertas condiciones estructurales, coincidentes en muchos casos con la presencia de la guerrilla, no siempre sucede así. Esa coincidencia, en todo caso, siempre rompe la hegemonía local de las FARC y del ELN, y se traduce en iguales prácticas de narcotráfico, extorsión y secuestro, aunque agudizadas por el propio contexto de confrontación armada. Esa ruptura, además, se traduce en despojo de tierras, desplazamiento forzado y una dinámica expulsión/resistencia que va a responder a pautas diferentes, muy especialmente, en el litoral atlántico y en Antioquia con respecto al resto del país.

El paramilitarismo, tal y como recoge Medina (1990), tras el contexto de La Violencia, extensible hasta mediados de los años sesenta, tienen su origen en la localidad boyacense de Puerto Boyacá, durante mucho tiempo conocida como la capital antisubversiva de Colombia. Puerto Boyacá es una de las localidades más importantes de la región del Magdalena Medio, la cual se construye a orillas del río más importante del país, y que se erigió como un escenario de colonización por agricultores en la década de los sesenta.

Desde finales de los setenta, el frete 11 de las FARC empezó a generar una mayor presión, a modo de una extorsión y que, más allá de los hacendados, comenzaba a afectar a los estratos socioeconómicos de menor nivel. Esta coyuntura se va a dar bajo el Estatuto de Seguridad del presidente Turbay Ayala, quien, aparte de militarizar la seguridad pública, permitía conferir por ley a las Fuerzas Militares importantes prerrogativas que, incluso, acogían la potestad de nombrar alcaldes militares.

Frente a la presión guerrillera en Boyacá, un conjunto de ganaderos dirigidos por Henry de Jesús Pérez va a solicitar armarse, al amparo del Estatuto, al recién instaurado en la localidad Batallón Bárbula. Sin embargo, ante la desatención obtenida, algunos van armarse y organizarse autónomamente, esperando a que la guerrilla hiciera presencia para combatirla directamente. Así, tras varias respuestas exitosas por parte de algunos vecinos de Puerto Boyacá, finalmente, se va a institucionalizar la respuesta paramilitar de una manera cada vez más organizada (CNMH, 2011).

Al respecto, el propio trabajo de Medina (1990: 173) señala de qué modo en la conformación del grupo antiguerrillero estuvieron presentes el que, desde 1981, sería alcalde militar de Puerto Boyacá, Óscar Echandía, además de representantes de la empresa Texas Petroleum asentada en la región, ganaderos, vecinos, miembros de las Fuerzas Armadas y otros interesados en combatir la guerrilla. Al mismo tiempo, en un municipio en la otra orilla del Magdalena Medio, en este caso, en la localidad antioqueña de Sonsón, igualmente de tradición ganadera, emerge otra figura clave de la historia del paramilitarismo colombiano como es Ramón Isaza. Este había conformado su grupo de autodefensa frente a la guerrilla en términos muy similares a los de Henry Pérez, si bien contando en principio con ocho escopetas que, en este caso, le cedió la IV Brigada del Ejército allí asentada. Tal y como plantea el trabajo de Ronderos (2014: 36), en estos años que transcurren entre finales de los setenta e inicios de los ochenta surgen otros grupos como Los Escopeteros del Mono Celín, también en Sonsón, o Los Escopeteros de Rigoberto Quintero, en el municipio santandereano de Santa Helena del Opón y en el municipio cundinamarqués de Yacopí. Poco a poco, estos grupos dejaron de actuar en defensa propia para pasar a imponer una lógica del terror, amparada en la desaparición de ciudadanos acusados de pertenecer a la guerrilla en enclaves en los que operaban tanto FARC como ELN:

Los paramilitares sabían que podían detener nuestro avance si acababan con la población civil. Hablaban, literalmente, “de quitar el agua al pez” y la verdad que nos hicieron mucho daño. Yo estuve en la dirección del frente 5 y en el Urabá chocoano por primera vez nos tocó sembrar (EP 1, mayo de 2015).

El paramilitarismo nos empieza a hundir, sin darnos cuenta, en los noventa, cuando acaban con todos nuestros movimiento sociales y democráticos (EP 5, mayo de 2015).

Estos grupos van a desarrollarse de manera desarticulada si bien bajo parámetros iguales de acción que, desde mediados de los años ochenta, quedaban organizados en lo que pasó a conocerse como las Autodefensas de Puerto Boyacá, ya sí lideradas por Henry Pérez, responsables directas de que las FARC hubieran sido expulsadas tanto de Puerto Boyacá como de buena parte del Magdalena Medio.

Tampoco por casualidad se encontraba en esta misma región José Gonzalo Rodríguez Gacha, “El Mexicano”, primer gran narcotraficante colombiano de inicios de la década de los ochenta, y con varias haciendas en la otra orilla del Magdalena Medio, frente a Puerto Boyacá. El Mexicano se inició en la ilegalidad a través de las esmeraldas, aunque rápidamente se centró en la producción de cocaína, sembrando coca y creando laboratorios que darían lugar a todo un emporio al que se sumarían Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa o Carlos Lehder, para exportar droga fuera del país en lo que sería mundialmente conocido como el cártel de Medellín.

Desde inicios de la década de los ochenta, las FARC venían cobrando a los narcotraficantes el impuesto de gramaje a la salida de la hoja de coca que tenía lugar en los territorios que controlaba. Territorios que, como en los Llanos de Yarí, en Caquetá, El Mexicano se veía obligado a tener que manejar con la fuerte presencia de las FARC. Ello, a pesar de que en ese momento la posición de las guerrillas con respecto al narcotráfico era claramente de oposición; a tenor de la férrea influencia de Jacobo Arenas. Este siempre fue renuente a que la guerrilla hiciera parte de un negocio que desvirtuaba el espíritu guerrillero y que incluso, como se propuso en el marco de la VII Conferencia Guerrillera de 1982, debía desaparecer de los enclaves controlados por las FARC:

La posición de las FARC con respecto a la coca, al menos en la década de los ochenta y principios de los noventa, era clara y crítica con el asunto. De hecho, a mí me tocó destruir cultivos y avisar al señor de que o cambiaba de mata o se le daba de baja (EP 1, mayo de 2015).

La convergencia de intereses entre Ejército, autodefensas y narcotráfico no tardó en desarrollarse bajo las experiencias de Puerto Boyacá o Sonsón, pero también de otras como el grupo MAS, creado —como ya se ha contado en el capítulo 1— tras el secuestro, en noviembre de 1981, de Martha Nieves Ochoa, hermana del clan familiar cercano a Escobar, por parte del M-19. Este MAS, como otro referente del paramilitarismo colombiano de la década de los ochenta, surgirá bajo una aportación inicial del narcotráfico de 8 millones de dólares, provenientes del cártel de Medellín y del cártel de Cali. En cualquier caso, estos grupos se formarán militarmente en varias fincas en el Magdalena Medio, de donde proliferaron varios ejércitos privados para combatir a la guerrilla. De hecho, estos ejércitos, conocidos como masetos, actuarán de un modo institucionalizado, incluso antes de las Autodefensas de Puerto Boyacá.

Sea como fuere, es bajo esta tesitura que se crea la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (ACDEGAM), en Puerto Boyacá, el 22 de junio de 1984, y que representa un punto de convergencia, mucho más organizado, de lo que será el paramilitarismo en Colombia. Un paramilitarismo que, rápidamente, es consciente del atractivo de la violencia y el crimen organizado para consolidar su particular poder económico y territorial. De hecho, no por casualidad comienza darse en enclaves donde se encontraban importantes focos de producción de coca. El propio Ramón Isaza se expande hacia los Llanos del Yarí, en Caquetá. Asimismo, se consolidaron autodefensas en el Bajo Cauca antioqueño, en los municipios de Vista Hermosa y San Martín, en Meta, y también en Putumayo. Por otro lado, igualmente, se consolidaron grupos de autodefensa en el Magdalena Medio santandereano y cundinamarqués; en La Dorada, en Caldas; en Mariquita, en Tolima; y en parte de Vichada, si bien va a resultar especialmente importante la costa atlántica. Tanto en la región de Urabá como sobre todo en la Sierra Nevada de Santa Marta, había “escopeteros” paramilitares desde finales de los setenta que van a consolidarse como grupo armado, una vez que se intensifica la presión guerrillera a los finqueros por parte del Bloque Caribe de las FARC, ya a inicios de los ochenta. Finalmente, comienzan a proliferar este tipo de grupos también en Bolívar, en torno a la localidad de Magangué, por la necesidad de combatir a los frentes 35 y 37 de las FARC.

De este modo, con base en este enfoque regional, se podría observar la aparición embrionaria del paramilitarismo. Un paramilitarismo cuyas fuentes de poder social se encuentran presentes desde inicios de la década de los ochenta, con base en intereses políticos, mayormente locales, el apoyo de grandes hacendados, y bases económicas en el tráfico ilícito de la esmeralda, pero, sobre todo, de la coca. Igualmente, otro factor clave va a ser el adiestramiento militar en fincas de esta región del Magdalena Medio, donde obtuvieron formación castrense buena parte de los líderes del paramilitarismo como Fidel y Carlos Castaño, Manuel Jesús Pirabán, Negro Vladimir o los hijos de Ramón Isaza. Allí llegarán algunos de los nombres asociados al paramilitarismo vinculados con mercenarios británicos e israelíes como son los casos de David Tomkins o Yair Gail Klein, entre muchos otros. Incluso, tanto es así, que la masacre de Segovia, en Antioquia, cometida el 11 de noviembre de 1988, y en la que murieron 43 personas y otras 50 resultaron heridas, fue llevada a cabo por medio del conjunto de enseñanzas que los paramilitares, entonces integrantes del comando Muerte a Revolucionarios del Nordeste, aprendieron de Klein y la cual fue perpetrada con el objetivo de dar de baja a supuestos militantes de la UP. De igual manera, el propio Tomkins, acompañado de otros mercenarios como McAleese, Shelley o Lennox, fue contratado por la fuerza colombiana para, junto con el apoyo del cártel de Cali, dar de baja a Pablo Escobar (Tomkins, 2008).

Empero, para entender el fenómeno paramilitar más actual, es imprescindible detenerse en la familia Castaño. Una familia oriunda del antioqueño pueblo de Amalfi, y de la que el mayor de tres hermanos, Fidel Castaño, impulsó su figura en los negocios ilícitos, especialmente de droga, y a la cual, ya en la década de los ochenta, arrastró a sus dos hermanos pequeños, Vicente y Carlos.

Fidel Castaño siempre acuñó un bajo perfil a diferencia de otros criminales como Pablo Escobar. Su actividad ilícita le permitió cooptar a la Fuerza Pública, pero la trascendencia de su poder le llevó a cambiar su enclave de acción. Hacia finales de 1982 abandona el nordeste antioqueño para ubicarse en Urabá, una región que albergaba la posibilidad de concentrar ingentes títulos de propiedad en virtud de un pacto social entre los grandes hacendados tradicionales y los capitales del narcotráfico que llegaban al departamento. Al respecto, Córdoba, por aquel entonces, se erigió en un enclave con especial arraigo del EPL, que igualmente va a contribuir a la dinámica de expulsión y abandono de las tierras. Para muchos campesinos de origen, transformados en los primeros años de los ochenta en narcotraficantes, Córdoba, además de un escenario tranquilo, presentaba las condiciones climáticas óptimas para el cultivo de coca, y suponía una perfecta salida hacia el Caribe para los circuitos del tráfico ilícito.

La verdad es que Fidel Castaño consigue enriquecerse sin mucho ruido entre 1983 y 1986, sin que haya atisbo alguno de asesinatos políticos, masacres u otro tipo de acciones ilegales a nombre de la causa antisubversiva. Una tesitura que, paulatinamente, va cambiando, sobre todo entre 1987 y 1988, cuando se intensifica el activismo de las FARC y el EPL en Córdoba, y se experimenta un relativo auge de la izquierda política de la UP. La respuesta de Castaño no se hace esperar, y rápidamente recluta a varios jóvenes amalfitanos que hubieran cumplido el servicio militar para empezar a instaurar el terror en Córdoba. Tanto, que en apenas ocho semanas se cometen siete masacres con las que se buscaba influir en el posible resultado de las elecciones municipales de 1988. De este modo es que Córdoba y Urabá empiezan a sufrir sistemáticamente muertes selectivas en la izquierda colombiana y que tienen como nombres comunes a los líderes paramilitares de la región, como Castaño, Henry Pérez o Hernán Giraldo y que vulgarmente pasan a ser conocidos, y temidos como “Los Magníficos”. Unos Magníficos cada vez más cerca de los intereses del narcotráfico, a tenor de amenazas comunes como eran, más allá de la guerrilla, el temor a una extradición a Estados Unidos.

En todo caso, el trasfondo era el mismo que desde mediados de los ochenta. El miedo se tradujo en asesinatos selectivos de gran relevancia mediática: Luis Carlos Galán, del Partido Liberal, José Antequera o Bernardo Jaramillo, de la UP, el atentado sobre Ernesto Samper, la muerte de Carlos Pizarro, las bombas sobre El Espectador y Vanguardia Liberal, o el atentado sobre el avión de Avianca, en el que murieron 110 personas, el 29 de noviembre de 1989, por presumirse que en él se encontraba el futuro presidente, César Gaviria. Ronderos (2014: 194) apunta a que el apellido Castaño, de un modo u otro, estuvo detrás de estos sucesos de no tanta magnitud y que terminaban por focalizarse en territorios que, por el arraigo de las FARC, en ese entonces, ni mucho menos fueron pacificados, como lo estaban siendo Córdoba y Urabá donde, únicamente en 1990, murieron hasta 14 líderes sociales.

Sea como fuere, a lo largo de toda la década de los ochenta e inicios de los noventa, Córdoba se terminó por consolidar como un departamento en el que ganaderos, comerciantes y narcotraficantes habían acabado por confluir en un escenario de grupos armados cuya razón de ser era la violencia y el despojo, y que hacían valer lo que algunos trabajos denominaron como la pax castaña. Como señala el entrevistado, Germán Bula:

El paramilitarismo que surge con los Castaño en Córdoba es el resultado de una doble trenza de tres hilos que va, paulatinamente, desarrollándose. Por un lado, los Castaño finalmente se habían desmarcado de Pablo Escoba, habían formado los PePes (Perseguidos por Pablo Escobar) y habían contribuido a darle de baja. De otro lado, y resultado de lo anterior, eso les ponía cerca del establecimiento y, en esa dualidad, de parte del Estado. Finalmente, reivindicaban, al menos en el discurso, terminar con la corrupción y renovar la política local. La segunda trenza la formaban, por un lado, el sector ganadero cordobés, el cansancio de las presiones de la guerrilla y finalmente la propia magnitud de la droga. No obstante, esta era un valor agregado al control de tierras, y el despojo que, finalmente, era el epicentro entre Tierralta y Valencia, de donde surge el paramilitarismo cordobés (EP 3, septiembre de 2015).

La referida pax castaña hereda tras la muerte de Escobar las riendas del narcotráfico y obtiene de esta manera un filón para construir su hegemonía en el norte del país. Una hegemonía económica, territorial e incluso política que hace de la causa antisubversiva, especialmente contra las FARC, su principal razón de ser. Esto, a través de un proceso redefinido entre 1991, cuando el paramilitarismo más había decaído, por el trasfondo de transformación del sistema político colombiano y la desmovilización de diferentes grupos, y 1994, cuando se reavivan los fantasmas de la guerrilla y, con ello, la justificación un andamiaje de terror, de fuerte impronta antisubversiva, pero con una finalidad marcadamente criminal.

El paramilitarismo a través de las ACCU y las AUC y su confrontación contra las guerrillas

Hacia 1993, las FARC llevaban a cabo un importante operativo de violencia, especialmente sobre San Pedro de Urabá, y al cual los grupos paramilitares tuvieron que responder. A pesar de caer herido Carlos Castaño, a inicios de 1995, tanto los dos hermanos como un tercero, Carlos Mauricio García, “Doblecero”, van a refundar el proyecto de las ACCU, iniciado dos años antes. La jefatura militar del paramilitarismo cordobés recaería en Carlos, la logística en Vicente y, por último, Doblecero quedaría como lugarteniente del primero. Las ACCU nacían con importantes bases legitimadoras, desde el narcotráfico, los ganaderos y hacendados del departamento, los grandes conglomerados empresariales, así como otras estructuras criminales.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, uno de los grandes hitos para el nuevo auge del paramilitarismo no se entiende sin la creación de las conocidas como Convivir. Las Convivir, creadas al final de la presidencia de César Gaviria —Decreto 356 de 1994—, eran una forma más sofisticada que la norma de 1968 por la que se regularizaba la seguridad privada hasta el punto de que podían disponer de armas de fuego (cortas) de Policía y Ejército, y para lo cual bastaba la autorización de la figura de un superintendente. Rápidamente, se crearon por encima de 400 Convivir que van a ser especialmente importantes en el departamento de Santander y de Antioquia, siendo en este último donde Álvaro Uribe, entonces gobernador, parece que en algún momento va a proveer de armas largas a estos grupos (Ronderos, 2014). Es así que cuando Samper ilegaliza las Convivir, ya es demasiado tarde y el fuego paramilitar parece haber revivido con fuerza. Ello, con una suerte de convergencia entre grupúsculos de autodefensa, ACCU, Convivir y Fuerza Pública, tal y como explicaba uno de los excomandantes del ELN:

Entre 1998 y 2002 llegamos al tope de poder militar y el CAB llega a sus máximos. Veníamos de ser muy pequeños, pero experimentamos un alto desarrollo. Ese valor nos pone en una situación a la par del Ejército y grupos del paramilitarismo, a los que combatimos conjuntamente. Nos fue bien hasta que llegan las AUC y se fortalece a las Fuerzas Militares. Eso nos afecta muchísimo. En esa época luchamos fervientemente contra Policía y Ejército. El CAB llegó a tener 300 hombres. Nuestros mayores enemigos eran siempre los mismos, Ejército, Policía y AUC (EP 14, junio de 2015).

Tanto es así que, por aquel entonces, Vicente Castaño se había consolidado en Urabá y Antioquia además de incursionar en Chocó, Cesar, Santander, sur de Bolívar y Sucre e, incluso, descender a los Llanos y a Tolima:

Hacia 1995, en la región del norte antioqueño y chocoano sobre el golfo del Urabá se encontraba una región dominada exclusivamente por el EPL y las FARC, concretamente, sus frentes 57 y 58 y una disidencia del EPL que se reacomodó en Necoclí. Los Castaño encuentran pequeños grupos de Autodefensa para protegerse pues frente a la pequeña presencia militar y policial allí existente, si bien no se puede decir que allí hubiera fuerza del Estado. La democracia, en apariencia, funcionaba, pero el orden y el poder real lo tenían las guerrillas. Tras encontrar pequeños grupos de autodefensa y Comandos Populares se organizan y arranca la confrontación con FARC y ELN a la vez que con un reducto del EPL. El propio Gobierno fue el que impulsó su entrada en las AUC y ahí empezó todo (EP 9, junio de 2015).

Se combate a todo el Bloque Caribe, organizado en los frentes 35, 37, 59 y 41, y al frente de Guerra Norte, llegando incluso a buscar incursionar en escenarios de tradicional arraigo de las FARC, como Tolima y Meta, con presencia de los Bloques Central y Oriental, respectivamente.

Lo anterior se consiguió gracias a una organización, la de las ACCU, conformada en su origen por un Estado Mayor Central; un Bloque Norte, operativo en Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, el sur de Bolívar, la serranía de San Lucas y en La Gabarra; un Bloque Metro, operativo en torno a dos grandes frentes suroeste y occidente y erigido en torno al departamento de Antioquia; un Bloque Nordeste, presente en el Magdalena Medio y Bajo Cauca; un Bloque Occidental, operativo en dos frentes, uno en Chocó y otro en Urabá; un Bloque Sur, presente en Caquetá y Putumayo y por último, un Bloque Llanero, activo a través de los frentes Ariari, Guaviare y Piedemonte. Además, cabría añadir en esta organización primigenia el Frente Tolima y la Escuela Móvil.

Rápidamente, la estructura paramilitar crece enteros y para septiembre de 1997, ya como AUC, se pueden identificar 19 grandes bloques: Bloque Suroeste Antioqueño, Bloque Occidente Antioqueño, Bloque Héroes de Tolová, Bloque Mineros, Bloque Norte, Bloque Héroes de Granada, Bloque Élmer Cárdenas, Bloque Tolima, Bloque Bananero, Bloque Calima, Bloque Cacique Nutibara, Bloque Centauros, Bloque Héroes del Chocó y Pacífico, Bloque Montes de María, Bloque La Mojana, Bloque Córdoba, Bloque Catatumbo, Bloque Tayrona y finalmente, Bloque Héctor Julio Peinado Becerra. Todos articulados a su vez bajo una lógica federalizada, mucho más flexible que en el caso de la guerrilla:

[…] un bloque estaba conformado por dos frentes o más. Un frente por dos compañías o más, que son 160 hombres. Una compañía por dos grupos que son cada grupo de ochenta hombres o más. Un grupo por dos secciones cada una de cuarenta hombres o más. Una sección por dos escuadras que son veinte hombres o más. Una escuadra por dos equipos cada uno de diez hombres o más. Y cada equipo o comando tenía cinco hombres (Mancuso, en CNMH, 2012: 31).

Sin embargo, y a pesar de que se describe un importante arraigo sobre Antioquia y los departamentos de la costa atlántica, no se puede afirmar que el paramilitarismo llevase consigo, ni mucho menos, la desaparición de las guerrillas allí donde coincidieron en tiempo y lugar, como se verá con posterioridad. Es decir, los principales bloques de las AUC resultarán exitosos por un cúmulo de situaciones y circunstancias que, para inicios de los noventa, han encontrado una maduración acumulada tras varias décadas. Esto, a su vez, permitirá entender el relativo éxito del proyecto paramilitar allí donde las guerrillas habían acumulado mayor arraigo y, sobre todo, donde controlaban el circuito y el mercado cocalero como principal fuente de recursos económicos, tal y como sucedía, sobre todo, en el suroccidente, el oriente y el nororiente del país. Sea como fuere, y para una mejor comprensión del fenómeno, a continuación se hace referencia expresa a algunos de esos bloques paramilitares más importantes de la historia reciente del conflicto armado colombiano24.

El Bloque Héroes de Montes de María (BHMM)

El BHMM va a surgir en 1996 a partir de una decisión adoptada entre los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso de construir un modelo que replicase el llevado a cabo en Urabá, y el cual se va a erigir a partir del apoyo de ganaderos, políticos locales y las respectivas Convivir, a las cuales se unirán otros grupos de tradición paramilitar, como los esmeralderos de Víctor Carranza.

Inicialmente conocido como Bloque Sucre-Bolívar, va a ser dirigido por Edward Cobos, “Diego Vecino”, actuando en torno a tres frentes regionales. Uno que controlaría el Golfo del Morrosquillo y que operaría en la totalidad de los municipios de Sucre, especialmente en San Onofre, Sincelejo, Corozal, Betulia, El Roble, Sampués, Los Palmitos, Tolú, Coveñas, San Antonio del Palmito, Toluviejo, Ovejas, Morroa, Chalán, Colosó, y de Córdoba, en San Antero, Chinú, San Andrés de Sotavento, Purísima, Chimá y Momil. Un segundo frente sería el operativo en el departamento de Bolívar, concretamente en María La Baja, Arjona, Turbaco, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Bayunca, San Estanislao, Calamar, Mahates, Arroyohondo, San Cristóbal, Soplaviento, Arenal, Villanueva, Clemencia, Santa Catalina, Guamo, Santa Rosa y Cartagena. Por último, quedaría un tercer frente con influencia en Galeras, Zambrano, San Pedro, Buenavista y Sincé.

Durante su vida activa, especialmente entre 1998 y 2001, se responsabiliza a este bloque de la realización de 14 masacres y 133 muertes, las cuales quedaron concentradas en los departamentos de Sucre —en Colosó y San Onofre—, y de Bolívar —en Carmen de Bolívar, San Jacinto, María La Baja y Zambrano—. Años, estos, que son los de mayor desplazamiento forzado y violencia, sobre todo, contra los frentes 35 y 37 de las FARC y un pequeño reducto del ELN:

Nosotros combatimos, especialmente, contra el frente 35 de las FARC, que llegó a la región a inicios de los noventa, y que luego fue sucedido por Martín Caballero y el frente 37, el cual llegó entre 1998 y 1999. También había un reducto del ELN, una especie de columna Cimarrón que, sin embargo, estaba plegada por completo a las FARC. La verdad es que nosotros tuvimos mucha confrontación armada. Confrontación, sobre todo, directa, contra las guerrillas comunistas, pero no se puede obviar la atención sobre la población civil. Usted sabe que en la guerra irregular las bases del enemigo son el enemigo. Es más, son peor, porque terminan por saber más que el combatiente y eso desbalanza […] Claro que nosotros hicimos masacres. Usted ya sabe. El Salado, Chengue o Mampuján. Todas esas masacres siempre fueron precedidas por confrontación entre bloques. Con el frente 37 en El Salado. Con el frente 35 en Chengue. Quizá, la única excepción fue la de Mampuján, donde si entramos fue por informaciones a la guerrilla. Es decir, esos combates siempre nos supusieron bajas. Bajas que, como le trataba de decir, fueron invisibilizadas. No cuentan. Claro que las masacres son la degradación del conflicto, pero hay otra historia detrás que es conveniente conocer. Murieron muchos de los nuestros. Y con actitud vergonzante le reconozco que en muchos casos murieron inocentes, pero el contexto de la guerra nos llevaba a entrar a veces con miedo propio a los poblados. El combatiente de turno iba con una lista de un miliciano o un infiltrado. Y ya sabe usted. Entrábamos en la casa, y buscábamos un nombre. Ese nombre tiene familia. Mujer, hijos. Y claro, ellos se resistían, lo cual muchas veces terminaba con muchas muertes que no estaban previstas (EP 13, mayo de 2015).

Continuaría señalando, al respecto de este BHMM, el mismo excomandante paramilitar:

A pesar de todo, lo nuestro era un proyecto político. Pero en ese escenario, además éramos, nos creíamos, dueños de la vida ajena. Ese poder nos extralimitaba en muchas ocasiones. En este contexto, quizá los años más complejos fueron los que transcurren entre 1998 y 2001. En ese tiempo combatimos directamente a los bloques. Vencimos. Tomamos el territorio. Lo consolidamos e implantamos, por último, nuestro modelo de Estado bajo el poder de las armas. Fíjese, si usted compara el BHMM siendo pequeño, en comparación con el Bloque Norte, el BcB o el Bloque Calima, sin embargo, nos hicimos con Sucre. Dos gobernadores, dos alcaldes de su capital y 17 de 26 municipios eran nuestros. Ese era mi proyecto político e ideológico. Un modelo de Estado que explicaría que el 90% de los congresistas que fueron judicializados por la parapolítica fueran de Sucre. Mientras que Cadena era el responsable militar, yo dirigía todo un proyecto político que encuentra en Sucre el mejor ejemplo de qué querían ser las AUC. Un proyecto con confrontación militar, pero un proyecto político (EP 13, mayo de 2015).

El Bloque Élmer Cárdenas (BEC)

El BEC empieza a operar, con especial importancia, a partir de 1997. Fundado por Carlos Ardila, se denominó, inicialmente, Las Defensas y, posteriormente, se rebautizó como La 70, hasta que en 1997 fallece uno de sus mayores integrantes, Élmer Cárdenas, del cual toma su nombre. Esto será ya en 1998, y hasta que el 8 de septiembre de 2005 el BEC decide aceptar su incorporación al proceso de desmovilización.

Esta estructura paramilitar se va a concentrar en torno a cinco frentes, Gabriel Auai, Costanero, Norte Salaquí, Tanela y Pavarandó, y sus principales enclaves de acción van a estar en la frontera con Panamá y el golfo de Urabá. Así, los principales municipios afectados por este BEC van a ser Arboletes, Dabeiba, Necoclí, Mutatá, Uramita, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá y Murindó en el departamento de Antioquia; y Carmen de Atrato, Nuquí, Riosucio, Juaradó, Bojayá, Unguía, Vigía del Fuerte, Acandí, Bajo Atrato y Medio Atrato en el departamento de Chocó.

Durante su actividad paramilitar, el BEC fue responsable de 13 masacres que se cobraron hasta 70 víctimas mortales en los municipios antioqueños de Mutatá, Dabeiba y Murindó, y en los municipios chocoanos de Carmen de Atrato, Juaradó, Riosucio, Bojayá y Nuquí, tratándose de uno de los bloques con mayor impacto en desplazamiento forzado y combate en la región contra los frentes 5 y 58 de las FARC:

Durante 15 años jamás se interceptó una avioneta de las que llegaban. El Ejército, aun sabiendo, no atacó jamás a las FARC en esa región. De hecho, aquellos policías eran generalmente provenientes de otros lugares y enviados allí como castigo, a quienes no les quedaba otra que llegar a acuerdos locales de colaboración que luego fueron los mismos que llevaron a cabo con nosotros. El arraigo de las FARC allí venía gracias a la figura de Víctor Tirado. Un comandante de las FARC de grandes relaciones personales con los ganaderos de la región. Las FARC tenían tal nivel de popularidad que no necesitaban intimidar. Tenían todo. Incluso 3 o 4 pistas de aterrizaje, habían asesinado a los policías, de manera que dominaban todo. La presencia del Gobierno quedaba reducida solo a enclaves urbanos. De hecho, todo aquello era su zona de descanso. Las FARC allí recibían a su familia, descansaban durante semanas, incluso los miembros del Secretariado. Les entraban muchas armas por el golfo de Urabá, por el fin de la guerra en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Armas que luego también serían para nosotros. Allí se hacían los canjes de armas por drogas (EP 9, junio de 2015).

El Bloque Bananero (BB)

El BB comenzó a actuar a partir de 1995 bajo la comandancia de Éver Veloza García y con el firme propósito de evitar la proliferación de paros y huelgas de los trabajadores bananeros de la región. A tal efecto, el propio Veloza afirma que su frente actuó en coordinación con la Fuerza Pública y con el firme apoyo de empresas bananeras, si bien, desde 1996, empezó a ganar fuerza un segundo frente dirigido por Ramón Emilio Hasbún.

Ambos frentes se encargaron de controlar el denominado eje bananero, conformado por Turbo, Aparatadó, Chigorodó, Carepa, Murindó e, incluso, una parte de Mutatá, en un conjunto de municipios propios de la región del Urabá antioqueño y actuando también en el municipio de Tierralta, en Córdoba.

Así, entre 1998 y 2004, el BB fue responsable de 6 masacres que dejaron 40 muertes, especialmente, en las localidades de Munridó, Chigorodó, Tierralta y Apartadó. Además, entre 1995 y 1997, fue responsable de otras 5 masacres, en la misma región bananera, dejando consigo un total de 47 muertes en los municipios de Mutatá, Apartadó, Turbo y Chigorodó. Municipios donde se acumularon notables niveles de conflicto, sobre todo, por la presencia del poderoso frente 5 de las FARC.

El Bloque Norte (BN)

El BN como estructura, tal y como se señalaba, deriva del Gran Bloque Norte, que era la estructura paramilitar creada por los Castaño para controlar toda la región Caribe. Empero, es durante el proceso de desmovilización con Álvaro Uribe que pasa a ser denominado como BN. Este BN va a controlar social y militarmente los departamentos de Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar, y en todos ellos se va a presentar, sin atisbo de duda, como el actor hegemónico, sobre todo, una vez que es derrotado su competidor paramilitar, dirigido bajo la sombra de Hernán Giraldo Serna.

El poder del BN terminó por afectar a los 24 municipios de Atlántico, 15 municipios de La Guajira, 21 municipios de Cesar —al no incluirse bajo el poder del BN—, los cuatro municipios de sur del Cesar San Alberto, San Martín, González y Río de Oro25, y 28 municipios de Magdalena, con las excepciones de Santa Ana y Nueva Granada26.

De largo, puede afirmarse que el BN fue el brazo armado paramilitar más sanguinolento de todos. Solo entre 1998 y 2005 se le atribuyen hasta 82 masacres y 598 víctimas mortales, siendo las localidades más azotadas por su violencia Barrancas, Dibulla, Distracción, Hato Nuevo, Maicao, Maricazo, Villanueva, Riohacha, Urumita y San Juan del Cesar, en La Guajira; Arataca, Ariguani, Ciénaga, El Piñón, Fundación, Pivijay, Pueblo Viejo, Santa Marta, Sitio Nuevo y Zona Bananera, en Magdalena; Barranquilla, Luruaco, Malambo y Soledad, en Atlántico, y, finalmente, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Curumaní y Valledupar, en Cesar. No obstante, las más recientes indagaciones de la Fiscalía llegarían a contabilizar hasta 333 masacres y 1.573 víctimas mortales, siendo casi 5.000 el número de efectivos, desmovilizados bajo la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005.

Además de lo anterior, el BN fue el bloque paramilitar que más debilitó a los frentes 59 (La Guajira), 41 (Cesar) y 19 (Magdalena) de las FARC, pero, sobre todo, al Frente de Guerra Norte del ELN, concentrado sobre todo en Bolívar y Cesar, y que prácticamente despareció de la región a principios de la década pasada.

Bloque Catatumbo (BCat)

El BCat se conforma en 1999, según Salvatore Mancuso, por el interés de ingresar en la región a través del sur de Cesar y forzar una eventual negociación del ELN con el Gobierno de Pastrana, si bien, la región en realidad, suponía un enclave prioritario por la conexión con uno de los mayores escenarios de producción de coca del país. El propio Iván Laverde Zapata, “Rodrigo Doble Cero”, reconoció que la intención de la casa Castaño, en el fondo, era la de apoderarse de los medios financieros de la subversión (CNMH, 2012: 50).

El bloque llegó a operar en cerca de 50 municipios, lo cual supone la práctica totalidad del departamento con la excepción de los municipios de El Carmen y Teorama. Así, los principales municipios afectados por la presencia paramilitar fueron la capital departamental, Cúcuta, El Zulia, El Tarra, Tibú, Salazar, Sardinata y Villa del Rosario. Estos 5 municipios, por ejemplo, son los que concentraron las masacres del bloque, entre 1999 y 2003, cuando se dieron hasta 23 masacres y 188 muertes y también los mayores niveles de desplazamiento forzado y de conflicto armado, con el frente 33 de las FARC, un reducto del EPL y los frentes Juan Fernando Porras y Carlos Armando Cacua Guerrero, del ELN.

A diferencia de los enclaves anteriores, sin embargo, no puede decirse que las AUC obtuviesen el mismo resultado que el obtenido en la costa atlántica, en cuanto a éxito militar, porque si bien tomaron buena parte de las cabeceras urbanas, especialmente de Cúcuta, Pamplona u Ocaña, los enclaves rurales fueron mantenidos por control guerrillero, como revela el personero entrevistado:

Entre 2002 y 2006 estimamos que tuvimos 5.000 muertes violentas, es decir, una cuarta parte del municipio, y en su mayoría se debieron al paramilitarismo. Se intensifican los enfrentamientos directos, las confrontaciones y los combates contra la guerrilla. Los paramilitares son los que combaten a la guerrilla, y no el Ejército, que tuvo un protagonismo secundario. Sin embargo, no piense que hubo derrota de la guerrilla. Más bien hubo casos de resistencia y victoria guerrillera. En muchos lugares, las FARC, el ELN y el EPL se aliaron y tuvieron una victoria militar en ese escenario. Lo que sucede es que, mayoritariamente, los paramilitares toman los enclaves urbanos de modo que el único frente de resistencia que van a encontrar allí es el ELN. Se podría decir, con todo, que los enclaves urbanos pasaron a ser de las AUC y los rurales y las veredas de las FARC y las otras guerrillas (EP 10, mayo de 2015).

Bloque Metro (BM)

El BM surge en 1997 como parte de las ACCU, y a diferencia de otros grupos, su principal fuente de financiación no va a estar en el narcotráfico sino en la extorsión y en el contrabando de gasolina. A tal efecto, se entiende su control sobre la carretera que unía Bogotá y Medellín, y su proximidad a diferentes bandas criminales antioqueñas. Existen consideraciones de que hacia inicios de la década pasada, el BM albergó a narcotraficantes que terminaron por enfrentarlo —y hacerlo desaparecer— a dos poderosos grupos de autodefensa como fueron el Bloque Central Bolívar y el Cacique Nutibara.

El primer enclave de control de este bloque de las AUC se encontró en el nordeste antioqueño, donde entre 1998 y 2003 se estima que protagonizó hasta 47 masacres con el saldo de 381 víctimas mortales. Así, se destaca su presencia en Remedios, Vegachí, Yolombó, Yalí, para, a partir del año 2000, operar a lo largo del oriente antioqueño, incorporando como localidades de su ámbito de acción los municipios de San Carlos, Alejandría, Sabanalarga, Caracolí, Barbosa, Montebello, Granada, San Rafael, San Vicente, Santa Rosa de Osos, Támesis, El Peñol, Marinilla, Maceo, San Luis y San Francisco.

La principal intención del BM fue la de desplazar a los frentes 26 de las FARC, con un resultado cuestionable, a tenor de su presencia notable, al menos, hasta 2008, y al Carlos Alirio Buitrago del ELN, que, en pleno oriente antioqueño, y a diferencia de las FARC, sufrió mucho más los envites del paramilitarismo:

Hacia el año 2002 nos convertimos en una fuerza pegada a la autopista. No hacíamos guerra de guerrilla, sino pegarnos al terreno. Había mucho paramilitarismo. Tanto, que el Comando Central nos dijo que era una guerra perdida. Ellos a nosotros no nos dieron mucho. Más bien dieron a la población. Cuando el conflicto se agudiza, el ELN llega al punto que nunca debió llegar. Éramos recelosos de reclutar, pero tras el 2000 lo que hacemos es flexibilizar los criterios de ingreso que, si bien antes eran muy rígidos, siendo muy difícil entrar, después se termina con el esmero de organización del ELN. Intensificamos la extorsión, aunque la misma se decidía en el Congreso Nacional. En definitiva, perdimos la guerra. Las AUC nos ganaron. Perdimos la guerra política y militar. Pero nunca entramos en el narcotráfico (EP 14, junio de 2015).

Bloque Centauros (BCen)

El BCen fue resultado de una agrupación de paramilitares que, en 1997, los hermanos Castaño reorganizan para disputar el control de las tierras cocaleras a las FARC, sobre todo, en Meta. El BCen va creciendo hasta 2001, que es cuando llegan a la comandancia tanto Miguel Arroyave como Diego Rendón, y que pasaron a dominar buena parte del negocio de la droga en el departamento. En 2004, Arroyave es asesinado por sus propios hombres, y un año después se desmoviliza el bloque, aunque la parte liderada por Pedro Olivero Guerrero, “Cuchillo”, va a continuar con la actividad delictiva a través de la banda criminal conocida como ERPAC, Bacrim, activa en el límite de Meta y Casanare, pero fuertemente debilitada con la muerte de Cuchillo, por acción de la Fuerza Pública, en diciembre de 2010.

Los principales núcleos de presencia de este BCen fueron El Castillo, Lejanías, Villavicencio, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Lleras y Cumaral en Meta. Asimismo, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores en Guaviare; Cumaribo y La Primavera en Vichada; Cunday en Tolima, y Chipaqué en Cundinamarca. Así, estos 13 municipios, entre 1998 y 2005 sufrieron hasta 22 masacres que dieron lugar a 112 víctimas mortales, siendo especialmente virulentos los años que transcurren entre 2001 y 2004, que son los años de mayor disputa, especialmente con los frentes 26, 31 y 39 de las FARC, los cuales, pese a todo, mantendrán su posición dominante en el sur del departamento, que es donde a su vez más se intensifican los cultivos cocaleros.

Bloque Sur (BS)

El Bloque Sur surge en 1996, creado igualmente, como en el resto de casos, por la Casa Castaño. La intención de la estructura pasaba por apropiarse de la ruta del narcotráfico del departamento que se había erigido como el mayor de productor de coca del país: Putumayo. La verdadera presencia del BS en el departamento tiene como punto de inflexión la masacre de El Tigre y El Placer, en 1999, y va a persistir hasta el 1 de marzo de 2006, fecha en la cual se desmoviliza, aunque hasta entonces y, sobre todo, entre 2000 y 2002, protagonizará cruentos enfrentamientos con las FARC.

Los principales ámbitos de acción del BS se darán en el medio y bajo Putumayo, en Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón. Seis municipios que en seis años sufrieron hasta 18 masacres con un bagaje de 236 víctimas mortales, lo que supone los niveles de violencia más elevados de las AUC, con un promedio de más de 13 muertes por masacre.

Sin embargo, y pese a lo anterior, entre 1998 y 2006, lejos de remitir la presión guerrillera como resultado de la llegada del paramilitarismo, lo que se evidenciará en Putumayo será un incremento cualitativo y cuantitativo de la presencia de las FARC, pues sus tres frentes activos, pertenecientes al Bloque Sur —el 32, el 48 y el 63—, van a mantenerse como actor hegemónico local, incluso, hasta la actualidad.

Bloque Calima (BCa)

Según el CNMH (2012b: 59), existe una prolija información de cómo el bloque surge en 1999 por la demanda de muchos empresarios del Valle y de Cauca, los cuales buscaban protección frente a la guerrilla, y también por las demandas explícitas del cártel del norte del Valle, que encontró en el paramilitarismo una perfecta fuente de protección.

Su ámbito de acción, hasta diciembre de 2004 que se produce la desmovilización, se va a desarrollar prácticamente en todo el departamento de Valle, buena parte del norte de Cauca, más focos específicos del sur de Huila y de Quindío. En estas regiones, en apenas cuatro años se van a registrar hasta 45 masacres y 323 muertes.

En el caso del departamento de Cauca, el BCa se va a focalizar en el norte, en los municipios de Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez y Corinto; en la región central, en torno a la capital, Popayán, El Tambo, Patía y Timbío; y al sur, en Piamonte. En estos enclaves, el objetivo será disputar el poder a los frentes 6 y 8 de las FARC y, en menor medida, a un de por sí debilitado ELN, presente a través del Manuel Vásquez Castaño.

Asimismo, el BCa tuvo, igualmente, presencia en Valle del Cauca, siendo especialmente incisivo en los municipios de Buga, Bugalagrande, San Pedro, Tuluá, Sevilla, Buenos Aires, Calima del Darién, y Jamundí, donde había guerrilla, sobre todo, en torno al frente 30 de las FARC. Sea como fuere, la unión de los grupos paramilitares con el cártel del norte del Valle contribuyó a replegar la posición de las FARC a un segundo plano, que solo fue reactivada una vez que desaparece la estructura paramilitar.

Finalmente, el BCa buscó influir en algunos municipios de Huila con presencia de los frentes 3 o 13 de las FARC, como sucedía en Pitalito o Gigante, si bien, más que nada, lo que se puede apreciar al respecto es un reparto de zonas de influencia entre actores, más que una confrontación desde la que replegar a las FARC sobre este corredor sur del eje estratégico andino.

Bloque Pacífico (BP)

El Bloque Pacífico surge inicialmente dentro del BCa, pero a partir del año 2000, los hermanos Castaño deciden venderlo al conocido narcotraficante Francisco Javier Zuluaga, “Gordolindo”, que adquiere la facción paramilitar para crear un bloque autónomo que actuará por cuenta propia hasta su desmovilización, el 23 de agosto de 2005.

Se tratará de un grupo paramilitar concentrado en torno a la ciudad de Buenaventura, la cual supone el puerto más importante del Pacífico colombiano, por encima de Tumaco, y que va a concentrar 15 masacres, con el resultado de 121 muertes durante los años de existencia del grupo.

Los mayores niveles de violencia en Buenaventura, de parte de este paramilitarismo, se van a dar entre 2001 y 2003, si bien la presencia de las FARC, a través de su Bloque Occidental, se va a mantener durante todo este tiempo, aunque igualmente será desde que la estructura paramilitar se desmoviliza y hasta 2010 cuando el activismo guerrillero sobre Buenaventura se dispare, fruto de su importancia como enclave portuario.

Bloque Libertadores del Sur (BLS)

El BLS fue creado por los hermanos Castaño, a partir de 1999, dentro de su plan de expansión de las AUC hacia el resto del país y, especialmente, una vez consolidada su posición en el norte. El BLS se organizaba en torno a tres frentes en este departamento de Nariño, Héroes de Tumaco y Llorente, Lorenzo Aldana y las Brigadas Campesinas Antonio Nariño, y su financiación provenía tanto de la extorsión como del narcotráfico.

Solo en Tumaco, Barbacoas, Samaniego, Ipiales, Túquerres y La Unión, el BLS protagonizó, entre 1999 y 2005, hasta 16 masacres con el resultado de 125 muertos, siendo especialmente intensos los años que transcurren entre 2001 y 2003. Además, hubo un importante arraigo paramilitar en otras localidades como Francisco Pizarro, Mosquera, Roberto Payán, Llorente, Pasto, Taminango, Ricaurte y Policarpa, Magüí Payán, Olaya Herrera, Santa Bárbara y La Tola.

Empero, de los 18 municipios donde el AUC priorizó su posición, nunca se constató presencia tal que invitase a pensar en un efectivo repliegue de uno de los más activos y poderosos frentes de las FARC, el frente 29, gracias al control del cultivo y distribución de la coca en Nariño y que, incluso, estuvo a punto de hacer desaparecer al ELN, presente con su frente Comuneros del Sur.

Bloque Central Bolívar (BcB)

También, a inicios de 1999, Carlos Castaño busca crear un bloque paramilitar que ocupase el espacio disputado por ELN y EPL en la región del Bajo Cauca y el norte de Antioquia; una región con un especial atractivo de explotación minera y de presencia de cultivos. Su incursión se realiza por el sur de Bolívar a partir del año 2000, con la intención de utilizar ambas regiones y articular un poder paramilitar en torno a una estructura organizada con el nombre de BcB.

Desde el año 2000, el BcB va a recaer sobre tres nombres, Macaco, Ernesto Báez y Julián Bolívar. Además, con el fin de fortalecer el activismo paramilitar, los Castaño van a desmontar las autodefensas de Santander y sur del Cesar, pues la prioridad era la de conformar un bloque paramilitar que verdaderamente sirviera de expulsor de una región con especial arraigo de la guerrilla.

De acuerdo a los registros del CNMH (2013), en cuanto se comprobó la fuerza del BcB, parece ser que el propio Macaco le compró el bloque a los Castaño para, con él, centrarse en el control de las rutas del narcotráfico en el norte de Magdalena Medio y en el nororiente antioqueño. Lo que sí parece cierto es que, desde finales de 2001, el bloque se desmembró de las AUC, sobre todo una vez que empieza a manifestarse la voluntad de Carlos Castaño de desvincular el proyecto paramilitar del narcotráfico.

Repitiendo las mismas dinámicas expansivas que los Castaño, el BcB ofrecía sus servicios al narcotráfico de manera que estructuras como Vencedores del Sur o Vencedores de Arauca van a quedar sometidas al mandato de los nuevos dirigentes del BcB, aunque van a negociar su desmovilización conjuntamente, en el marco del acuerdo de Santa Fe de Ralito, y que desmontaría las AUC.

Entre 2000 y 2006, los principales enclaves de presencia del BcB van a ser Barbosa y Barrancabermeja, en Santander; Quinchía y Dos Quebradas en Risaralda; San Pablo y Simití, en Bolívar; Valparaíso, en Caquetá, y Chinchiná, Marmato, Neira, Palestina, Supía, Manizales y Riosucio, en Caldas. En todos ellos van a acumular un total de 28 masacres y 177 muertes. Asimismo, su presencia en Antioquia se hará extensible a las localidades de Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí, Yolombó, en el nordeste antioqueño; y a Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, en el Bajo Cauca.

El arraigo paramilitar que se consolidó en este escenario, como sucediera en el suroriente del departamento, con el Bloque Metro, responde más bien, por un lado, a la ausencia del ELN en esta región y, por otro, a la prioridad de las FARC sobre otros enclaves de Antioquia que no eran este. Aquí, su presencia se reducía, apenas, al frente 4, si bien la misma quedó reactivada, circunstancialmente, una vez que las AUC se desmovilizan. No obstante, sí que se podría afirmar que el BcB fue el causante de la desaparición del ELN de Barrancabermeja, tal vez el que fue su bastión más importante desde los noventa.

Bloque Vencedores de Arauca (BVA)

Por último, de todas las estructuras mencionadas, el BVA respondería a la voluntad de Carlos Castaño, a mediados del año 2000, de disputar el control territorial que sobre Arauca se repartían el Bloque Oriental de las FARC, a través del frente 45 y el frente 10, y buena parte del ELN, presente con los frentes Domingo Laín y la Compañía Simacota. La tarea de comandar la creación del paramilitarismo recaería, en esta ocasión, en los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía, conocidos como “Los Mellizos”. Hermanos que, según versiones libres al amparo de Justicia y Paz, compraron la estructura paramilitar por 5 millones de dólares.

Inicialmente, el bloque surge con 200 combatientes, de los cuales la mitad fueron reclutados en el municipio de Barranca de Upía, y la otra parte provenía del Bloque Centauros, ya mencionado. El grupo va a operar hasta diciembre de 200527, y focalizará sus acciones de extorsión, despojo y narcotráfico en torno a Saravena, Tame, Arauca, Arauquita, Cravo Norte y Puerto Rondón, además de Hato Corozal.

Su mayor impacto se dará entre 2002 y 2004, cuando acontece un incremento exponencial en las tasas de desplazamiento forzado, igualmente, resultado de la disputa entre las FARC y el ELN por el control territorial. No obstante, y pese a que esta lucha dejó consigo miles de muertes, la posición de una y otra guerrilla se encontraba tan sólidamente arraigada que, en ningún caso, el paramilitarismo representó una posibilidad tangible de derrota militar.

¿Qué supuso realmente el paramilitarismo de las AUC?

Lo cierto es que el impacto del paramilitarismo, desde la institucionalización de las AUC, a partir de 1997, fue muy dispar en su representación espacial y alcance regional. Se podría decir que la consolidación del proyecto paramilitar solo resultó sobre escenarios concretos del país, como la región Atlántica o el departamento de Antioquia, pues, en muchos otros lugares, las AUC no llegaron a representar nunca un factor de afectación real a la presencia guerrillera. De hecho, observando las cifras oficiales, se puede apreciar cómo los niveles de presencia y activismo armado, sobre todo de las FARC, se mantuvieron estables cuando no crecientes en el suroccidente y el nororiente del país.

En el caso del BHMM, que se ubicaba en los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba, la presencia de ELN coincidente resultó muy minoritaria, mientras que, en el caso de las FARC, más bien, todo lo contrario: se mantuvo su arraigo guerrillero e, incluso, se incrementó una vez desaparecen las AUC. Algo similar sucedió con el BEC o con el BB, operativos en torno al Urabá antioqueño y chocoano, y donde, igualmente, el ELN resultaba poco significativo toda vez que las FARC, con mayor presencia regional, no terminaron por ser expulsadas.

La mayor evidencia de debilitamiento se encontró en los enclaves de afectación del BN y el BcB, donde el ELN prácticamente desapareció y las FARC sí que experimentaron un importante repliegue. Ello, en contraste a otros enclaves, donde el arraigo guerrillero y también cocalero fue mucho mayor y, por ende, las posibilidades de derrota militar de las guerrillas fueron mucho menores. Así, bastaría con observar los comportamientos espaciales de BCat, BCen, BS, BCa, BP o BVA y su incapacidad para debilitar o expulsar a las guerrillas de sus zonas de control.

Lo anterior, más bien, conecta con otra vicisitud, y es que, quizá, lo que mejor explica el éxito del arraigo paramilitar, unido a lo ya mencionado, fue la conexión que las AUC llevaron con el orden local y regional, en lo que terminó por ser conocido como la parapolítica y cuya representación se condensó, muy especialmente, en los referidos escenarios de la costa atlántica. Ello, de acuerdo a una sucesión de poder militar y poder económico que desembocó en la cooptación de un poder político local puesto de manifiesto en una serie de pactos, a continuación referidos, que visibilizan el argumento planteado.

Pacto de Ralito

El Pacto de Ralito fue un acuerdo suscrito el 23 de julio de 2001 por algunos de los jefes más significativos de las AUC junto con más de 50 políticos entre senadores, congresistas, alcaldes y gobernadores cuyo último propósito no era otro que el refundar el Estado. El nombre viene del corregimiento de Santa Fe de Ralito, en Tierralta, Córdoba, y donde toman especial relevancia muchos nombres de la política local y regional que luego engrosaron las firmas del uribismo. Según algunas investigaciones, por medio de este acuerdo se albergaba el firme propósito de construir un proyecto político financiado desde el narcotráfico, y que, si bien se iniciaría desde la región Caribe, su intención terminaba por expandirse al conjunto del Estado colombiano.

Este Pacto de Ralito, en el fondo, terminaba por contravenir los intereses de un Carlos Castaño que ya se había distanciado de los propósitos de los dirigentes del BN, un bloque fuertemente empoderado y distante del inicial propósito paramilitar y que, de hecho, permite dar sentido a las palabras pronunciadas por el propio Carlos Castaño cuando afirmaba: “Compañeros de causa, somos en las AUC amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Este principio es inviolable. Respétenlo. Renuncio irrevocablemente a mi cargo otorgado por ustedes”28.

El Pacto de Ralito, por lo que se sabe, terminó por involucrar a todo un entramado de dirigentes y políticos pertenecientes a Sucre, Bolívar, Córdoba y Magdalena, y que conectaron muy particularmente con las dinámicas de poder del BN y del BHMM.

Pacto de Chivolo

El Pacto de Chivolo fue un acuerdo suscrito el 28 de septiembre de 2000 entre algunos dirigentes de las AUC con un total de 13 candidatos a alcaldías y otros 395 aspirantes a la Asamblea departamental. Asimismo, suscribieron el acuerdo los concejos de los municipios de Magdalena de Algarrobo, Ariguaní, Chivolo, El Piñón, Nueva Granada, Pedraza, Pivijay, Plato, Remolino, San Antonio y Tenerife, lo cual evidenciaría el importante arraigo local que las AUC cosechaban en el departamento costeño de Magdalena.

La iniciativa de este pacto recayó en la figura de Jorge 40, comandante del BN dominante en la región, y que fue capaz de unir a más de un centenar de dirigentes políticos y sociales en el corregimiento de La Estrella, perteneciente al municipio magdalenense de Chivolo, con el firme propósito de posicionar candidaturas políticas tanto del Partido Liberal como del Partido Conservador.

El punto de encuentro giró en torno a una gran convención del movimiento regional “Provincia Unida por una mejor opción de vida”, y que impulsó el propio Jorge 40. Así, “en el pacto quedó establecido que Provincia Unida apoyaría para la gobernación del Magdalena, en las elecciones locales del año 2000, al liberal y exalcalde de Santa Marta, José Domingo Dávila Armenta” (Valencia y Pizarro, 2009: 330). La lógica del Pacto de Chivolo fue tal que el referido Dávila Armenta obtuvo en las elecciones del año 2000 cerca de dos terceras partes al interior de Provincia Unida. Del mismo pacto saldría lo que después conformó la Asamblea Departamental de Magdalena, además del total de las alcaldías magdalenenses de los municipios firmantes, anteriormente señalados. Incluso, se constituyó un nuevo municipio, Zapayán, del cual, igualmente, se controló al que sería su primer alcalde, Franklin Lozano.

Pacto de Granada

En el mes de marzo de 2000, en la vereda de Nueva Granada, perteneciente al municipio cordobés de Tierralta, Salvatore Mancuso acordó lo que, desde el Pacto de Granada, determinaría quiénes serían los tres siguientes alcaldes de este municipio. El resultado fue que, por las armas, el paramilitarismo de las AUC iba a conseguir imponer a su candidato, Sigifredo Senior, quien iba a concurrir como candidato único a la alcaldía en las elecciones del año 2000 e iba a ser sucedido, como efectivamente sucedió, primero por Humberto Santos Negrete y, después, por Aníbal Ortiz Naranjo. Ambos, efectivamente materializados en el cargo29 y acusados por la justicia tras el destape del escándalo de la parapolítica.

Cumbre de El Caramelo

El objetivo de la reunión llevada a cabo en el corregimiento de El Caramelo, perteneciente a Tierralta, Córdoba, en la primavera de 2003 fue, básicamente, que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso tuviera una reunión muy cercana a varios miembros muy importantes del Congreso para persuadirlos de la importancia de la negociación y de una futura Ley de Justicia y Paz o proyecto que posibilitase, desde el Congreso, una alternativa a la justicia penal. Al encuentro acudieron, presuntamente, Salvatore Mancuso, Rocío Arias, representante a la Cámara por Córdoba, próxima a Don Berna, Eleonora Pineda, también representante a la Cámara por Córdoba, Muriel Benito Rebollo, representante a la Cámara por Bolívar, junto con el exsenador por Córdoba Miguel Alfonso de la Espriella. Todos, implicados por parapolítica.

Pacto de Puerto Berrío

Puerto Berrío es uno de los departamentos más importantes de la región del Magdalena Medio, en Antioquia, donde hubo un relevante arraigo paramilitar desde finales de los setenta. De hecho, durante muchos años fue un enclave de tradicional control del BcB, con Ernesto Báez al frente.

Según las indagaciones de la Fiscalía, existieron pruebas de un pacto político suscrito por el grupo político del senador por Santander, Luis Alberto Gil, con las estructuras paramilitares que actuaban en el mismo departamento. Parece ser que la primera reunión tuvo lugar en diciembre de 2001 en Medellín y a la misma acudió Ernesto Baez. En el segundo encuentro, la Fiscalía determinó que acudió, además de Gil y Báez, Julián Bolívar.

Esta reunión, producida en Puerto Berrío, también contó con la presencia de varios concejales de Barrancabermeja, a fin de que se apoyara al candidato del Movimiento Alternativo Regional, Nelson Naranjo. Según informaba Semana, en estos dos encuentros se fijó como propósito un acuerdo mutuamente beneficioso para Gil y sus precursores y el BCB en el que se buscaba: “Una alianza en la que los primeros recibirían apoyo económico y facilidades para hacer campaña política, mientras el segundo se beneficiaría con decisiones de los nuevos elegidos. La cita se habría realizado por la misma época del Pacto de Ralito de 2001, en el que 28 líderes de la Costa atlántica y los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Don Berna, Jorge 40 y Báez acordaron refundar la Patria”30.

Reunión de Coordinación

La conocida como Reunión de Coordinación fue firmada el 23 de agosto de 2000, por el máximo dirigente paramilitar en el departamento de Casanare, Héctor Germán Buitrago, “Martín Llanos”, quien en ningún momento se acogió a la desmovilización y siguió operando como el último gran jefe paramilitar, hasta que fue capturado el 4 de febrero de 2012. En esta reunión, el máximo dirigente de Los Buitragueños se sentó con los candidatos a las alcaldías —todos investigados por parapolítica— de Maní, Henry Montes, de Monterrey, Aleyder Castañeda, de Tauramena, Jorge Eliecer Barreto, de Villanueva, Raúl Cabrera, y de Sabanalarga, Mauricio Chaparrro.

Presuntamente, también estuvo en el encuentro el que fuese alcalde de Aguazul, Leonel Torres, si bien no consta como firmante del acuerdo. Asimismo, se contó con la presencia del exgobernador, implicado por parapolítica, Miguel Ángel Pérez, el cual junto con los anteriores se comprometería a destinar un porcentaje de la contratación y de las regalías de sus municipios para engrosar las finanzas de los paramilitares.

Pacto de Pivijay

El Pacto de Pivijay podría entenderse como una continuación del ya mencionado Pacto de Chivolo, firmado en noviembre de 2001 con el fin de controlar las elecciones a la Cámara de Representantes y el Senado de la República que tendrían lugar en marzo de 2002. Así, se determinó la que debía ser la elección de los representantes a la Cámara, Dieb Maloof, Jorge Castro y Gustavo Orozco, además de ratificar los siguientes candidatos a las alcaldías de Algarrobo, Ariguaní, Chivolo, Pivijay, Remolino, Salamina, San Ángel y Zapayán.

En el Pacto de Pivijay, aparte de lo anterior, se buscaba destinar fondos para legitimar las comunidades por medio de la puesta en marcha de obras públicas comprometiendo a que los participantes aportasen un mínimo de votos a los candidatos seleccionados. Mientras, los candidatos a la Cámara de Representantes debían garantizar, como contraparte, recursos para inversiones sociales además de participación directa sobre sus administraciones. De igual manera, retroalimentando el control del poder local, los representantes deberían apoyar la política de las alcaldías comprometidas en el pacto a fin de perpetuar y dar apoyo a la cooptación política local.

Pacto de La Lorena

A los pocos días de una masacre en un corregimiento de El Guamo, perteneciente al municipio tolimense de La Chamba —el 14 de noviembre del año 2000—, la Fiscalía colombiana indagó si, verdaderamente, el representante a la Cámara por Tolima, Martínez Rosales, acordó con el Bloque Tolima de las AUC un acuerdo político y militar desde el que proteger a los alcaldes pertenecientes a su movimiento, Alianza por el Cambio, en Ataco, Guamo, Natagaima y Rioblanco.

Como informaba en su momento El Tiempo, el exjefe paramilitar Orlando Carlos confirmaba que este acuerdo fue sellado junto con otros tres jefes paramilitares, ya fallecidos, como Elías, Víctor y Jairo31, de manera tal que a cambio de proporcionar votos para la elección de Martínez Rosales, el Bloque Tolima habría recibido una aportación por valor de 200 millones de pesos.

Pacto de Chocó

De acuerdo a las audiencias pronunciadas por El Alemán, el BEC tuvo una injerencia directa sobre la política del departamento de Chocó32. De este modo, la estructura paramilitar aportó 100 millones a la campaña del representante a la Cámara, Edgar Ulises Torres33, 150 millones al que sería elegido senador y gobernador de Chocó, Julio Ibargúen y otros 50 millones al representante a la Cámara, Odín Sánchez34.

El BEC intervino en la política local, casi siempre de los responsables y promotores de desarrollo social35, que se encargaban de trabajar con los consejos comunitarios, si bien estas acusaciones siempre fueron negadas por los acusados de la parapolítica que, a lo sumo, reconocieron la extorsión y la violencia paramilitar. Declaraciones que, en todo caso, siempre colisionaron con las del propio Freddy Rendón, quien en sus testimonios llegaría a reconocer que todos los parapolíticos del departamento de Chocó, en algún momento, fueron sus amigos: “No es nada personal contra ustedes, solo pienso que, si esas reuniones fueron un delito, ustedes deben asumir su responsabilidad, así como nosotros asumimos la nuestra. Nadie que fuera a hablar conmigo, fue bajo amenazas”36.

Sea como fuere, lo cierto es que Freddy Rendón terminó por entregar una lista a la Corte Suprema de Justicia de 23 nombres que, en principio, fueron favorecidos y apoyados por las AUC a fin de crear un proyecto político para Antioquia, Córdoba y Chocó. Proyecto que debía de quedar respaldado desde el Congreso, las gobernaciones y asambleas y, finalmente, las alcaldías. De hecho, entre otros nombres, se encontrarían, aparte de los referidos, personalidades políticas como los exgobernadores de Chocó, Patrocinio Sánchez e Higinio Mosquera.

Pacto de Urabá

Este pacto salió a la luz una vez que un político de arraigo local en la región de Urabá, Dagoberto Tordecilla, en mayo de 2008, acusó a cuatro exalcaldes del departamento de Chocó —de Turbo, Necoclí, Arboletes y San Pedro de Urabá— de haber tenido vínculos con el BEC. Ello, bajo los mismos criterios que, meses atrás, permitió enjuiciar y encarcelar a dos senadores del Urabá antioqueño, como fueron los casos de Rubén Darío Quintero y Humberto Builes. De hecho, el propio Tordecilla dijo, como señaló El Tiempo: “Participaron en la reunión realizada en el 2001, en la escuela de Pueblo Nuevo, Necoclí, en la que se acordó que los paramilitares apoyarían una lista al Congreso para el periodo 2002-2006 donde cobraron fuerza los nombres de Manuel Darío Ávila Peralta, Jesús Doval, Estanislao Ortiz y César Augusto Andrade para la lista a la Cámara, con el acuerdo de que cada uno se rotaría un año, como en efecto ocurrió”37.

Lo cierto es que toda esa lista, finalmente, resultó electa, del mismo modo que, en el Senado, fue elegido Rubén Darío Quintero, quien, como el resto de nombres, terminó siendo investigado por parapolítica.

Pacto del Eje cafetero

Otro acuerdo de connivencias locales con las AUC va a tener lugar en la región del eje cafetero —Caldas, Quindío y Risaralda—, donde, al parecer, según una información de El Espectador de marzo de 2008, Ernesto Báez desarrolló todo una puesta en marcha de cirugía electoral —gerrymandering— que garantizase la victoria de las candidaturas paramilitares en las elecciones de Cámara y Senado en el departamento de Caldas38. De hecho, tras la publicación, las investigaciones de la Fiscalía apuntaron a los representantes a la Cámara Emilio Enrique Ángel y Dixon Ferney Tapasco, de la misma manera que afectó a la senadora por Caldas, Adriana Gutiérrez.

Pacto de Las Canarias

Las Canarias era una finca situada en la zona rural de Sincelejo, en Sucre, a la que asistieron medio centenar de ganaderos, comerciantes y empresarios de la región, especialmente de Sucre y Antioquia, en un encuentro con los jefes paramilitares, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo y Edward Cobos Téllez. Las investigaciones, a partir de las declaraciones del propio Mancuso, y las fuentes de financiación y organización de las AUC, evidenciaron que el encuentro tuvo lugar con un firme propósito de escalar de la esfera local y regional al ámbito nacional: “No fue un hecho fortuito. No fue que un día nos levantamos y mientras nos tomábamos un tinto, nos inventamos a las AUC. Ya estaban, ya había grupos, como dije anteriormente, como Los Carranceros en San Onofre y María la Baja; en la Isla de San Fernando y Mompós, el grupo de Chepe Barrera, y en la Sierra Nevada Giraldo y Los Rojas; lo que no tenían era la vocación expansiva que tuvieron las AUC”39.

Del encuentro de Las Canarias quedarían afectados nombres como los de diputados por el departamento de Sucre, Ángel Villarreal y Mario Silgado, o importantes ganaderos y empresarios de la región.

El fenómeno posparamilitar

No se puede finalizar este capítulo sin abordar un fenómeno mencionado como posparamilitarismo y que, en cierto modo, ha redefinido la lógica de la violencia y la criminalidad en Colombia en los últimos años. Ello, porque la desmovilización de las AUC y otros grupos paramilitares, al albor de la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005, no va a terminar con el fenómeno paramilitar en sí, aun cuando cerca de 33.000 combatientes se van a acoger a esta controvertida normativa, vigente hasta el año 2006.

Desde finales de 2008, empiezan a aparecer grupos que heredan estructuras y bastiones territoriales propios del paramilitarismo, y que pasan a ser denominados como bandas criminales o grupos narcoparamilitares, entre otras acepciones (Romero y Arias, 2008; Ministerio de Defensa, 2008). De hecho, según INDEPAZ (2008), ese mismo 2008 se van a recoger acciones criminales de hasta 53 grupos, atomizados, y que terminaron por afectar a 266 municipios. Para noviembre de ese mismo año, la Policía acuñó el término de Bandas Emergentes, señalando que su alcance involucraba a casi 2.000 efectivos en 17 departamentos y 94 municipios. Un alcance regional que se correspondía con el de las AUC en departamentos como Córdoba, Cesar, Norte de Santander, Meta, Antioquia, Guaviare y Nariño; todos, a su vez, salvo los dos primeros, centros productores nacionales de coca.

Paulatinamente, estas bandas se van a organizar como grupos despolitizados, con mayor énfasis en la criminalidad y con una flexibilidad estratégica y operativa por la cual van a poder asumir otra relación con los grupos guerrilleros. Así lo señalaba un excomandante de las AUC:

Las Bacrim surgen de la falta de cambios estructurales. El encarcelamiento de los jefes de las AUC propició que muchos mandos medios, con todo el saber hacer, las armas, la logística, y apolitizadas, pudieran encontrar una gran oportunidad para mantenerse en la criminalidad y, como el fin justifica los medios, pasar a aliarse estratégicamente con las guerrillas (EP 13, mayo de 2015).

En otras palabras, al desprenderse del discurso legitimador de las AUC y perder su capacidad de permear en los escenarios políticos y militares, principalmente regionales, la relación que se propicia, en especial con las FARC, pasa a ser de mutuo interés, tal y como brindan varios testimonios:

Tras todo. Tras PSD y tras Plan Colombia, la verdad, nada cambió. Se sabe que las Bacrim ya no pelean con las guerrillas sino de que hay alianzas entre ambos grupos para garantizar el negocio del narcotráfico, especialmente y, sobre todo, con el EPL. Si bien, estas alianzas no se dan tanto en el Catatumbo pues estas se dan entre guerrillas. Ya no hay reductos paramilitares, pues estos salieron una vez desmovilizados. Es más, una vez que ellos se fueron, como nada cambió, las guerrilleras se fortalecieron e incrementaron sus niveles de presencia y control territorial (EP 10, mayo de 2015).

En cuanto al paramilitarismo, desde finales de 2003 y hasta el 2008, hubo una importante presencia de las AUC en el departamento. Sin embargo, desde el proceso de desmovilización, esa presencia ha adoptado el nombre de Urabeños, Águilas y Rastrojos que se reparten la región con la guerrilla y que están formados por la misma gente. Tan compleja es la realidad que Urabeños y FARC fueron, por un tiempo, aliados. Ahora no lo son. Pero nada impide que, como en ocasiones anteriores, lo vuelvan a ser (EP 12, febrero de 2015).

Como se puede ver en el anterior cuadro, el posparamilitarismo ha ido permeando, paulatinamente, en el norte del país y en la costa atlántica, actuando intensamente sobre los principales enclaves con presencia de narcotráfico y de FARC. Así, las cifras manejadas por la Policía Nacional, citado en INDEPAZ (2012: 3), para finales de 2012, llegan, incluso, a estimaciones con número de integrantes, entre las que destacan: Los Urabeños (1.970), Los Rastrojos (1.656), disidencias de ERPAC (335), Renacer (140) y Los Machos (45). Esto, al sostener que otros grupos, como los Águilas Negras y los Paisas, han sido desarticulados. No obstante, la suma de efectivos, en todo caso, ascendería a la nada desdeñable cifra de 4.170 integrantes.

Tabla 11

Evolución de la presencia territorial de las Bacrim, 2008-2012

Departamentos

Total municipios

Número de municipios con actividad paramilitar

Afectación (%)

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Chocó

30

9

7

16

19

28

43

47

70

63

93

Cesar

25

15

14

21

23

23

60

56

76

92

92

Córdoba

28

15

21

23

24

25

54

75

82

85

89

Valle

42

16

20

20

26

32

38

48

50

61

76

Sucre

26

9

7

16

17

19

34

27

61

65

73

Meta

29

12

13

16

20

19

41

45

55

68

65

Bolívar

45

11

7

23

34

24

24

16

51

75

53

Antioquia

125

48

40

64

71

65

38

32

51

57

52

Magdalena

30

8

7

13

15

15

27

23

43

50

50

Cauca

41

10

17

17

14

19

24

41

41

31

46

Atlántico

23

3

2

8

12

10

13

9

35

52

43

Nariño

64

13

18

24

28

26

10

28

37

43

40

Norte de Santander

41

9

6

16

19

16

22

15

40

46

39

Fuente: INDEPAZ (2012: 4).

Es por esto que, sobre la base de lo anterior, existiría una reproducción prácticamente calcada respecto de los enclaves territoriales en los cuales se han desarrollado las Bacrim y su herencia territorial con respecto de las AUC, lo cual invita a cuestionar el alcance de la desmovilización paramilitar y la noción uribista de reducir la paz a un mero escenario de ausencia de guerra y que, en el fondo, desatendió cualquier atisbo de transformación estructural:

En nuestro caso, nosotros pasamos por la cárcel, como dirigentes de la estructura. Sin embargo, por fuera, desamparados, quedaron 30.000 hombres con más puntería que cultura y que, por ello, muchos de ellos terminarían conformando las Bacrim. Hay que hacer, por tanto, una importante función de seguimiento que garantice a todos la reinserción plena en la sociedad y eso pasa, necesariamente, por reformas de tipo estructural (EP 13, mayo de 2015).

Tabla 12

Estructuras, presencia e integrantes de las Bacrim, 2008-2012

2008

2009

2010

2011

2012

Nº de estructuras

16

6

6

7

5

Nº de municipios

94

159

159

151

118

Nº de departamentos

17

18

18

17

17

Nº de integrantes

2.000

3.749

3.749

4.154

4.170

Fuente: Policía Nacional, citado en INDEPAZ (2013: 3).

Es, sobre la base de lo anterior, que en los últimos años habrían proliferado varios grupos, entre los que destacan Los Rastrojos, Los Paisas o Los Urabeños, si bien, en la actualidad, estos serían los que en realidad condensarían la mayor parte de la actividad criminal posparamilitar en Colombia.

Así, de estas Bacrim, Los Rastrojos, junto con Los Machos, son de los primeros grupos criminales en aparecer, inicialmente coaligados con el cártel del norte del Valle. Desmanteladas las AUC, Los Rastrojos operaron aliándose con algunos frentes de las FARC del Pacífico colombiano, en Chocó, Valle del Cauca y Nariño, fundamentalmente. Igualmente, su presencia se extendió a la costa atlántica, de manera que para finales de 2012 estaban en 16 municipios de Cesar, 8 de Magdalena, 5 de La Guajira y 3 de Atlántico, lo cual proyecta a esta Bacrim sobre buena parte del escenario ocupado por el BN. Asimismo, tuvo presencia en 14 municipios de Sucre, 12 de Bolívar y 8 de Córdoba, emulando el control territorial, casi en un 90%, del BHMM, donde confrontó fortísimamente con Los Urabeños, que siguen siendo en la actualidad el actor más importante del departamento.

Además, este grupo armado tuvo un gran arraigo en Antioquia, donde su presencia llegó a afectar a 24 municipios, especialmente, otrora enclaves del BcB como el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño; y en Norte de Santander, donde extendió su presencia a 16 municipios, 15 de los cuales —a excepción de Teorama— ya experimentaron un fuerte arraigo paramilitar en torno al BCat. Durante estos años, entre 2009 y 2013, han sido estrechos colaboradores con las guerrillas de la región, de manera que su alianza trascendió al abastecimiento o compra y venta de armamento y condensó toda una amplia red de extorsión sobre empresarios locales, así como ganaderos y campesinos. Empero, si bien es cierto que hasta 2013 se trató de un grupo criminal de especial relevancia, entre 2015 y 2016 una suerte de diferentes golpes estratégicos redujo sus integrantes a menos de medio centenar, sobre todo cuando en septiembre de 2016 se capturó a 36 de sus miembros, lo cual supone que, a día de hoy, prácticamente se considere desarticulada.

En un segundo lugar estarían Los Urabeños, actualmente conocidos como Clan Úsuga o el cártel del Golfo, y se trataría de la banda criminal por antonomasia en Colombia, cuyo arraigo se extiende en torno a la región Caribe, Antioquia, Chocó y Norte de Santander. Tienen especial presencia en Córdoba, donde se disputaron en los últimos años la hegemonía local con Los Paisas —ya desaparecidos— y Los Rastrojos. También tienen presencia en 19 municipios de Bolívar y 16 de Sucre, dando continuidad a buena parte de enclaves que fueron dominados por el BHMM. Igualmente, se extienden a 6 municipios de La Guajira, 13 de Cesar, 4 de Atlántico y 12 de Magdalena, que, como en el caso de Los Rastrojos, responden a una herencia directa en el control territorial ejercido en el pasado por el BN.

Su presencia en Chocó, como sucediera con Los Rastrojos, afecta a buena parte del departamento, especialmente en lugares clave para el antiguo BEC, aunque donde mayor fuerza tiene este grupo es en Antioquia, al aparecer en todos los escenarios que, en su momento, fueron objeto de control del BcB, del BEC, del BB y del BM, y lo cual afectaría hasta a 54 localidades. A diferencia de Los Rastrojos, el grupo de Los Urabeños no terminó por permear en Valle, más allá de en municipios concretos, y su posición en Cauca y en Nariño está relegada por la mayor presencia de las FARC, tanto en el procesamiento como en el tráfico de drogas.

En la actualidad se estimaría que disponen de más de 2.500 efectivos y tal es su proyección territorial, incluso, en Honduras y Panamá, que recientemente fueron incorporados, como grupo criminal, en la Specially Designated Narcotics Traffickers, vulgarmente conocida como “lista Clinton”.

Los Paisas serían otro de los grandes grupos criminales herederos del paramilitarismo, pero con un arraigo menor que el de los dos anteriores. En su momento de mayor poder, hacia 2012, tuvieron presencia territorial en 43 municipios, 20 de ellos pertenecientes a la región Atlántico, y en su mayoría, localidades objeto de dominio bien del BN, bien del BHMM, especialmente en Córdoba y Bolívar. A estos habría que sumar otros 16 municipios antioqueños, especialmente en el norte del departamento donde, como Los Urabeños, llegaron a encontrar apoyos de las FARC para enfrentar a otros grupos posparamilitares.

En la actualidad, Los Paisas se entienden como un grupo desarticulado, sobre todo, tras varios operativos policiales acontecidos entre 2013 y 2014 que supusieron que buena parte de la estructura que se mantuvo en la criminalidad pasase a conformar parte de Los Urabeños.

Otro grupo, Los Águilas Negras, apareció por primera vez en Norte de Santander, cuando las alianzas entre FARC, ELN y EPL consiguen contener el avance paramilitar en la región, con la excepción de Ocaña y Cúcuta. Estos Águilas Negras ya parece que emergen en la primavera de 2006, cuando vulgarmente se hacían llamar como Águilas dentro de un grupo heterogéneo en el que se identificaban diferentes colores, cada uno perteneciente a un grupo criminal —Águilas Azules, Águilas Doradas y Águilas Rojas—, toda vez que, junto a otros grupos mayoritarios, hicieron valer el nombre de Águilas Negras.

Estos últimos, paulatinamente, y hasta 2008, se fueron expandiendo de oriente a occidente, es decir: Cesar, Santander, Antioquia y descendiendo a Caquetá. Su principal representación territorial fue evolucionando, orientándose hacia la vertiente del Pacífico pues, de los 81 municipios que en 2012 tuvieron presencia de este grupo, 30 se registraron entre Valle (2), Nariño (6), Cauca (12) y Chocó (10); 10 en Antioquia, especialmente sobre enclaves de acción del otrora BB, y 21 en la costa atlántica, en Sucre (4), Córdoba (3), Cesar (1), Atlántico (3) y Bolívar (10). No obstante, como el grupo anterior, se entiende que se trata de un grupo criminal desarticulado y que ha pasado a engrosar, al menos en parte, las filas de Los Urabeños.

En lo que tendría que ver con los Llanos Orientales, las bandas criminales aparecen tras el desmantelamiento del BCen, en paralelo a la existencia de otros grupos como Andaquíes de Caquetá y Los Buitragueños. Inicialmente, desde 2006, la región de los Llanos fue controlada, en parte, por ERPAC, y tras su desarticulación, por varios grupos herederos, como son el Bloque Meta, activo en Caquetá, Casanare y Guaviare, y el Bloque Libertadores de Vichada, con presencia en Meta, Guaviare y Vichada. Ambos conformarían en la actualidad, y tras Los Urabeños, el grupo criminal más activo del país, aunque con menos de 300 efectivos entre las dos bandas.

Por último, y minoritariamente, quedaría mencionar la aparición de Los Machos, especialmente, entre 2008 y 2012, en Valle del Cauca y, muy concretamente, en los municipios de Cartago, El Dovio, Buga, La Unión, La Victoria, Palmira, Roldanillo, Trujillo, Tuluá y Zarzal, donde operaron aliados con Los Urabeños frente a Los Rastrojos. De la misma manera cabe considerar la Bacrim Renacer, reducida a los municipios de Alto Baudó, Atrato, Bahía Solano, Bajo Baudó, Cantón de San Pablo, Condoto, Istmina, Medio Baudó, Medio San Juan, Quibdó y Tadó donde, por lo general, opera aliada con las FARC en estos municipios del departamento de Chocó.

Conclusión

Este libro se concluye en un periodo de continuo cambio para Colombia. A un cierre de las negociaciones con las FARC se une un inicio de diálogos con el ELN. Ambos, con incertidumbre, dentro del país del realismo mágico que es Colombia y donde, en el fondo, hay que vivir para comprender buena parte de las cosas que allí suceden.

Al diálogo de las FARC que se cerró con un gran respaldo de la comunidad internacional, en una firma simbólica del fin de la guerra que tuvo lugar en Cartagena, el 26 de septiembre de 2016, se sumó un plebiscito, seis días después, en el que, bajo un profundo nivel de abstención (62,57%), se impuso la negativa al acuerdo por poco más de 60.000 votos: 6.431.376 votaron por el “no” y 6.377.482 lo hicieron por el “sí”. Por si fuera poco, el presidente, Juan Manuel Santos, recibió el Premio Nobel de la Paz el 7 de octubre, y tres semanas después, el 27 de octubre, el país se levantaba con una postergación sine die de los diálogos de paz con el ELN como consecuencia de la falta de avance en materia de secuestros.

A pesar de todo, y aunque las páginas más importantes de la historia del conflicto colombiano, que contarán su finalización definitiva, están por escribirse, la verdad es que da la sensación de que el país transita por una situación que parece irreversible. Las FARC han mostrado en reiteradas ocasiones su ánimo de poner fin a la violencia y el ELN, fuertemente debilitado, no puede desaprovechar la ocasión que le brinda, además, una agenda de negociación en principio muy parecida a la que tuvo lugar durante estos últimos cuatro años en La Habana. Igualmente, el Gobierno es consciente de que la salida militar al conflicto es inviable y, como en algún momento señaló el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, “el acuerdo no es perfecto, pero es el mejor acuerdo posible”.

Con unos niveles de violencia directa que son los más bajos desde hace décadas, el conflicto armado en Colombia, a pesar de todo, está cerca de su finalización. Máxime, una vez que el segundo acuerdo de paz —que ha incorporado matices de mayor concreción con respecto del rechazado en el plebiscito— ha sido aprobado por el Congreso de la República el pasado 30 de noviembre de 2016. Ello obliga, si cabe más, a respaldar un acuerdo que, por el alcance de sus intercambios cooperativos, tal y como reconoce el reputado Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, “es el más completo de los 34 que se han suscrito desde 1989”.

Posiblemente en pocos meses el conflicto con las FARC habrá finalizado y los acuerdos con el ELN habrán empezado para, igualmente, desembocar en un compromiso de paz. No obstante, lo más difícil, en todo caso, está por llegar. Construir un proceso de paz integral debe implicar intervenir sobre la profunda violencia estructural y cultural que lastra el país e, igualmente, actuar sobre las amenazas irresolutas, como el narcotráfico o el fenómeno posparamilitar.

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NOTAS

1 . Ver Johan Galtung (1969): “Violence, Peace, and Peace Research”, Journal of Peace Research, vol. 6, nº 3, pp. 167-191.

2 . En otro lugar desarrollaba este concepto, Heriberto Cairo Carou (2002): “El retorno de la geopolítica: nuevos y viejos conflictos bélicos”, Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales, 19, pp. 201-228.

3 . Ver Ronald J. Johnston, John O’Loughlin & Peter J. Taylor (1987): “The geopolitics of violence and premature death”, en R. Vayrynen (ed.) The Quest for Peace: Trascending Collective Violence and War among Societies, Cultures and States, Beverly Hills, Sage, pp. 241-259.

4 . Las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada “Convivir” proliferaron en Colombia entre 1994 y 1997 como grupos armados de autodefensa ciudadana que, anteriormente, y en veinte años, solo habían sido prohibidos por Virgilio Barco. Los civiles que las conformaban podían portar armas de fuego y colaborar con Policía y Ejército en la lucha contrainsurgente. Hacia 1997, tenían especial arraigo en Antioquia y Santander y llegaban a los 120.000 civiles armados.

5 . La UP entró rápidamente en contradicción con la idea beligerante y militar de las FARC, lo cual permitió que en las elecciones de 1986 obtuviera más de 320.000 votos, 5 senadores, 9 representantes de Cámara, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. Pese a esto, el paso de las armas a las urnas nunca fue posible. Hacia 1995, las estimaciones hacían referencia a la desaparición de más de 2.000 dirigentes y militantes. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registra actualmente más de 3.000 asesinatos identificados y 200 desapariciones para el período que transcurre entre 1985 y 2006 (Chernick, 2012: 115).

6 . El 7 de agosto es la fecha en la cual los presidentes electos toman posesión. Se trata de la conmemoración de la Batalla de Boyacá, cuando el 7 de agosto de 1819 el Ejército realista y el criollo se enfrentaron en Boyacá con una victoria para las tropas de Bolívar que determina la futura liberación de Colombia del legado colonial español.

7 . El concepto mutually hurting stalemate, tal y como señala Harto (2004: 34), fue acuñado por Touval y Zartman en 1985, y se refiere a la circunstancia que se da, proclive a negociar, “cuando las partes se hallan en un estado en el que el prolongamiento de la situación conflictiva no ofrece posibilidades de victoria a ninguna de las partes”.

8 . En 1999 se incautaron 43.666 kilos de coca; en 2000, 87.269; en 2001, 57.240, y en 2002, 95.278 (UNODC, 2007: 81). En 1999 se destruyeron 245 laboratorios, 645 en el año 2000, 1.572 en 2001 y 1.448 en 2002 (UNODC, 2007: 79).

9 . La Iniciativa Regional Andina como el instrumento de cooperación, especialmente antinarcóticos, con Bolivia, Ecuador, Perú y, por supuesto, Colombia.

10 . Por falsos positivos deben entenderse las ejecuciones sobre civiles realizadas por miembros de la Fuerza Pública que, posteriormente, son presentados a la sociedad como guerrilleros abatidos con el propósito de engrosar las cifras del conflicto y legitimar el gasto en seguridad y defensa.

11 . Véase http://www.elcolombiano.com/comuna_13_doce_anos_despues-MXEC_ 297092

12 . Entendiendo por periferia, además de una dimensión geográfica, un componente de desatención y distancia del poder central del Estado en términos de desarrollo humano, calidad de vida, necesidades básicas o satisfacción de derechos de primera necesidad.

13 . Solo entre 2000 y 2007 fueron asesinados en Cesar cinco alcaldes y trece concejales (ODHDIH, 2014).

14 . El personero es una figura particular de Colombia que, vinculada a la Defensoría del Pueblo, se encarga de salvaguardar los DD HH en el orden municipal.

15 . El año 2001 es el primero del cual hay reportes de UNODC sobre cultivo ilícito.

16 . En 2012, el desglose porcentual de cultivos de coca por una superficie cultivada de 48.000 ha fue el siguiente: Nariño, 22%; Putumayo, 13%; Norte de Santander, 9%; Cauca, 9%; Caquetá, 8%; Chocó, 7%; Antioquia, 6%, y Meta, 4%.

17 . No fueron públicos por cuestiones de protección al proceso de diálogo con la guerrilla.

18 . Las FARC, en 2015, habrían protagonizado 4 acciones en Argelia, 1 en Buenos Aires, 2 en Cajibío, 1 en Guapi, 1 en Jambaló, 4 en López, 2 en San Sebastián, 1 en San Rosa, 1 en Suárez, 1 en Timbío y 2 en Toribío.

19 . En el departamento de Nariño se habrían registrado 1 acción en Barbacoas, 1 acción en Córdoba, 2 acciones en Cumbitara, 1 en El Rosario, 1 en La Tola, 1 en Leiva, 2 en Magüí, 1 en Mallama, 1 en Providencia, 1 en Roberto Payán y 3 en Tumaco.

20 . Para 2015 se registraron 2 acciones armadas de las FARC en Caquetá, 1 en Milán y otra en Solita.

21 . En Putumayo, se registraron 6 acciones armadas en 4 municipios: 2 en Mocoa, 1 en Puerto Guzmán, 2 en Valle del Guamuez y 1 en Villgarzón.

22 . El desglose de acciones de las FARC para el año 2015 en Antioquia habría sido el siguiente: 2 acciones en Angostura, 1 en Anorí, 1 en Apartadó, 1 en Campamento, 2 en El Bagre, 2 en Ituango, 1 en Mutatá, 2 en Remedios, 1 en San Andrés, 3 en Toledo, 3 en Valdivia, 2 en Yarumal y 1 en Zaragoza.

23 . El Decreto 3398 de 1965 se transformó en la Ley 48 de 1968, por la cual en la organización de la Defensa Nacional y Civil cabe aceptar dotación de armas y adoctrinamiento a la población civil que se encuentre bajo escenarios de conflicto, a fin de favorecer la lucha contra las guerrillas. Esta norma estuvo en vigor hasta la entrada en vigor del Decreto 815 de 1989. Tras esta ilegalización del paramilitarismo volverá a ser (re)legalizado a través de las Convivir (Colectivo de Abogados, 2006).

24 . Se van a dejar por fuera de este capítulo, por razones de alcance y relevancia, otros grupos como: Autodefensas de Los Rojas, Autodefensas Campesinas Ortega, Bloque Cacique Nutibara, Bloque Héroes de Granada, Bloque Héroes de Tolová, Bloque Tolima, Bloque Hernán Giraldo, Bloque Mineros, Autodefensas del suroeste antioqueño, Autodefensas del noroccidente antioqueño o Los Buitragueños.

25 . Estos municipios eran controlados por las Autodefensas Campesinas de Santander y sur del Cesar, parte del posterior BCen.

26 . Santa Ana y Nueva Granada eran controladas por Chepe Barrera, si bien, con el tiempo, pasaron a ser zonas de control de BM, por Jorge 40.

27 . Después de la desmovilización en diciembre de 2005, Rubén y Los Mellizos crearon la banda Los Nevados, que controlaba rutas de narcotráfico hacia Europa, hasta que fueron capturados en 2008.

28 . Véase http://www.semana.com/nacion/articulo/la-renuncia/46515-3

29 . Véase http://www.verdadabierta.com/la-historia/591-el-pacto-de-granada-cordobael-meridiano

30 . Véase http://www.semana.com/on-line/articulo/pacto-ernesto-baez-enreda-cuatro-congresistas-santander/87638-3

31 . Véase http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3768302

32 . Véase http://www.verdadabierta.com/la-historia/1163-el-aleman-asegura-que-financio-23-politcos-en-todo-el-pais

33 . Véase http://www.semana.com/nacion/articulo/condenado-excongresista-edgar-ulises-torres/358850-3

34 . Véase http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/parapoliticos/4781-parapolitica-odin-sanchez-montes-de-oca

35 . Los Promotores de Desarrollo Social son perfiles profesionales orientados a diagnosticar, planificar, ejecutar y supervisar programas y proyectos de impacto en el desarrollo económico y social de comunidades locales.

36 . Véase http://www.verdadabierta.com/victimarios/3423-condenados-los-aliados-politicos-del-elmer-cardenas-en-choco

37 . Véase http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4203537

38 . Véase http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-asi-se-repartieron-caldas

39 . Véase http://www.verdadabierta.com/victimarios/3535-vicente-castano-fue-cerebro-de-la-expansion-para-vecino

Índice

PRÓLOGO. por Heriberto Cairo Carou

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA, 1946-1998

CAPÍTULO 2. CONTINUIDADES Y RUPTURAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, 1998 Y 2016

CAPÍTULO 3. LA EVOLUCIÓN DEL ACTIVISMO GUERRILLERO. 1998-2016

CAPÍTULO 4. LA EVOLUCIÓN DE LOS GRUPOS PARAMILITARES, 1978-2016

CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA

NOTAS