Con Peña Nieto llegó a la presidencia toda una red de intereses. Autor de «Si yo fuera presidente» (2009) y «El sexenio de Televisa» (2010), Jenaro Villamil, reportero, periodista de investigación y experto en medios, ahora hace frente a la consumación del proceso mediático que ha seguido puntualmente desde 2005: el triunfo de Enrique Peña Nieto en las pasadas elecciones presidenciales.

A pesar de ser el político con mayor nivel de exposición en los medios de comunicación, Peña Nieto sigue siendo un desconocido para la mayoría de los observadores y de sus propios votantes. En este sentido el presente libro formula la radiografía crítica más completa del hombre que gobernará el país de diciembre de 2012 a diciembre de 2018. Nos explica cómo fue proyectado políticamente por Arturo Montiel, cómo lo fue desde su campaña para gobernador, y cómo, ejerciendo el poder, respondió a la red de intereses que, finalmente, lo ha llevado a la presidencia. La historia de esta red, sus alcances, ambiciones y expedientes negros están descritos aquí al calor de una de las campañas más polémicas de las últimas décadas.

Igualmente se da cuenta de la forma en que la maquinaria electoral del PRI se echó a andar en 2012 siguiendo el modelo ya probado en las elecciones del Estado de México, un modelo que bordea la ilegalidad y que ha motivado denuncias y protestas de un importante segmento de la sociedad mexicana. Además de exponer el papel jugado por las encuestas en la pasada elección —papel que forma parte de la operación encubierta que hizo ganar a Peña Nieto, afirma Villamil—, se analiza la influencia de los expresidentes Zedillo y Salinas al mismo tiempo que se plantean los futuros escenarios de la restauración priista.

El gran montaje ha empezado, sostiene el autor; falta saber si su polémica victoria en las urnas, considerada como una imposición por buena parte del electorado, superará el desencanto mexicano ante una transición a la democracia que sigue sin realizarse.

Jenaro Villamil

Peña Nieto: el gran montaje

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XcUiDi 06.11.16

Título original: Peña Nieto: el gran montaje

Jenaro Villamil, 2012

Editor digital: XcUiDi

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CAPÍTULO UNO

Una victoria amarga

A las 23:15 horas del domingo 1.º de julio, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, apareció en cadena nacional televisiva para dar el mensaje más esperado de la jornada. Los datos del conteo rápido realizado en 7500 casillas le daban una ventaja al priista Enrique Peña Nieto, de la coalición Compromiso por México, entre 37.93 y 38.5% de los votos frente a 30.90 y 31.86% de Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Movimiento Progresista, y un distante tercer lugar de la panista Josefina Vázquez Mota, con 26.03 por ciento.

El mensaje confirmó la alineación política y mediática que se había generado desde tres horas antes, cuando las encuestas de salida de los medios de comunicación le daban la ventaja a Peña Nieto. La candidata del partido gobernante, Josefina Vázquez Mota, reconoció su derrota mucho antes que el conteo rápido del IFE acreditara alguna cifra. El presidente saliente, Felipe Calderón, se apresuró a felicitar «sinceramente» al priista y a prometer un cambio de administración «de manera ordenada, transparente y eficaz». Fuera del guion, López Obrador sostuvo que «no está dicha la última palabra» y pidió esperar a tener todos los datos de la jornada para fijar su postura.

Enrique Peña Nieto apareció en una transmisión desde la sede nacional del PRI, después de los mensajes de Valdés, Calderón y López Obrador. En el festejo priista no había la aglomeración ni la «cargada» masiva de otros tiempos. Peña Nieto afirmó que «no hay regreso al pasado» en «esta segunda oportunidad» que los mexicanos le dieron a su partido para ocupar el poder presidencial, tras la derrota de 2000.

Flanqueado por su coordinador general de campaña, Luis Videgaray, por su esposa, la actriz Angélica Rivera, y por el dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, Peña Nieto advirtió que «es momento de propiciar y alentar la reconciliación nacional; es momento de ver hacia adelante, en plena normalidad democrática». Su sonrisa, sus saludos y sus gestos eran tal como se habían desarrollado en los tres meses de intensa y accidentada campaña electoral. Ni un mensaje distinto ni una actitud diferente.

Sin embargo, algo no salió como esperaba el equipo peñista la noche de la victoria. La ventaja de 6.87% del priista frente a su adversario perredista era diferente a la pronosticada y publicitada durante 90 días de campaña por la mayoría de las 3250 encuestas divulgadas a través de prensa, radio, televisión e internet.

El triunfo «contundente e inobjetable» que recitaron como mantra los principales dirigentes del PRI, unos 15 días antes de la jornada del 1.º de julio de 2012, no era mayor a los 10 puntos y estaba muy lejos de la ventaja de los más de 20 puntos de distancia que llegaron a publicar encuestas como Consulta Mitofsky o GEA-ISA.

Lo inobjetable comenzó a ser un problema días antes de los comicios, cuando surgieron los cuatro ejes del litigio poselectoral: los escándalos de triangulación de fondos vía Banca Monex; la compra de votos a través de tarjetas como las de Soriana; el rebase de topes de gastos, sobre todo por el despliegue publicitario de una de las campañas más caras en la historia reciente de México; la vinculación con Televisa desde 2005, año en que Peña Nieto firmó un convenio millonario con la televisora y sus representantes.

En la sede nacional del PRI, en el viejo complejo de edificios en la colonia Buenavista, el festejo espectacular no convocó a las multitudes de otros tiempos. No estaban las «fuerzas vivas» de los tres grandes sectores históricos: CNOP, CTM, CNC. Eran menos de 8000 los asistentes, la mayoría perteneciente a cuatro secciones del sindicato petrolero, dirigido por Carlos Romero Deschamps, el mismo protagonista del polémico escándalo Pemexgate de 12 años atrás.

Para amenizar la noche estaban los grupos musicales de Espinoza Paz y Julio Preciado, las dos estrellas de Televisa en la música norteña. El despliegue de pantallas gigantes rivalizaba con las siete grandes unidades móviles de las cadenas televisivas que cubrieron la noche del regreso del PRI y una gigantesca sala de prensa con una mayoría de reporteros proclives al exgobernador mexiquense.

—No es el retorno de las grandes bandas sino del playback —ironicé con unos compañeros periodistas.

Peña Nieto no parecía darse por enterado de la ausencia de grandes contingentes. En el auditorio Plutarco Elías Calles, sede de los eventos más importantes del PRI, sonreía, se tomaba fotos con los celulares, saludaba como si estuviera en uno más de los mítines que protagonizó durante su campaña. Todo estaba perfectamente calculado: el tiempo para abrazar a los presentes, para las porras, para escuchar el sonsonete que anunciaba su llegada y para cantar el Cielito lindo.

Los responsables de la logística y de la seguridad en el PRI esperaban la llegada de un contingente de jóvenes del movimiento #YoSoy132, que se convirtió en el auténtico talón de Aquiles de Peña Nieto desde el llamado «viernes negro» del 11 de mayo en la Universidad Iberoamericana. Nunca llegaron a protestar. Y el presunto candidato ganador simplemente los ignoró en su mensaje.

Una noche antes, en esa misma explanada del PRI, me encontré con Pedro Joaquín Coldwell, el dirigente nacional que ascendió tras la abrupta salida de Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, a principios de 2012. Estaba preocupado. Recibía reportes vía telefónica de que en algunos estados considerados como bastiones del tricolor la victoria del candidato presidencial no era segura: Veracruz, Tamaulipas, Morelos, Tabasco y su propia entidad, Quintana Roo, donde Pedro Joaquín gobernó durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Además, se especulaba la llegada de contingentes muy numerosos del movimiento #YoSoy123.

—¿Por qué tan preocupado, senador?

—No, aquí estamos supervisando algunos estados.

—¿Qué ventaja esperan para mañana, 1.º de julio? —insistí.

—Vamos arriba entre 10 y 15 puntos porcentuales, según nuestros propios conteos.

—¿Tienen riesgo de perder algunas entidades?

—No, salvo en el Distrito Federal y en Guanajuato, en las otras entidades donde hay elecciones para gobernador vamos a ganar. Vamos a recuperar Jalisco y Morelos.

—Los datos indican lo contrario. Parece que pueden perder Tabasco y no triunfar en Morelos.

—No, para nada. En Tabasco vamos arriba. Se confirmó que los pingüinos no son animales de trópico —bromeó el dirigente priista, refiriéndose a Arturo Núñez, expriista, senador del PRD y promotor junto con Pedro Joaquín de la reforma política de 2007-2008. Núñez, conocido como el Pingüino, acabó por ganarle al candidato del PRI.

—Para llegar a más de 10 puntos es necesario remontar la votación en el Distrito Federal, ¿no es cierto?

—Sí, pero aquí en la capital vamos a tener voto diferenciado. Beatriz Paredes tendrá entre 20 y 25 y Peña Nieto más de 30 por ciento.

—¿Esperan que López Obrador admita la derrota?

—Andrés Manuel no va a aceptar nada —atajó en tono molesto.

Ésa era la principal preocupación de la cúpula priista. A diferencia de las negociaciones y el diálogo con el PAN, el peñismo no tenía ningún acercamiento con López Obrador. Hasta antes de los sucesos en la Universidad Iberoamericana, menospreciaron y minimizaron el impacto del candidato de las izquierdas, que por segunda vez contendía por la Presidencia de la República.

Nunca pensaron que López Obrador rebasara a Josefina Vázquez Mota, la candidata del partido gobernante. Mucho menos pronosticaron que pudiera cerrarse la elección entre el exjefe de Gobierno capitalino y el exgobernador mexiquense.

Veinticuatro horas después de aquel encuentro breve con Pedro Joaquín Coldwell, la preocupación y los mensajes de la dirigencia priista tenían un solo objetivo: que López Obrador admitiera su derrota; coincidía con los mensajes y los análisis que las televisoras comenzaron a difundir desde el cierre de las casillas.

—¿Cree que López Obrador debe salir a reconocer su derrota? —le preguntó un reportero de Canal 40, de Grupo Salinas, a Pedro Joaquín Coldwell en la conferencia de prensa a las 21:00 horas del 1.º de julio.

—No puedo anticipar lo que haga el señor López Obrador. Sí puedo decir que éste es el proceso más vigilado y la contienda más equitativa de todas. Debemos entrar a la etapa en la que los actores políticos acepten sus derrotas.

Para la medianoche del 2 de julio, el problema ya no era López Obrador sino la falta de una mayoría clara en el Congreso, la derrota en entidades que no estaban pronosticadas, los indicios de que muchos operadores responsables de llevar a los votantes se quedaron con los «recursos» enviados y el hecho de que Peña Nieto no llegara a los 20 millones de votos que, como cifra mágica, esperaban para tener un triunfo «inobjetable y contundente».

Las cifras finales del IFE fueron de 19.2 millones de votos para Peña Nieto (38.21%); 15.8 millones para López Obrador (31.59%); 12.7 millones para Josefina Vázquez Mota (25.41%); 1.1 millones de votos para Gabriel Quadri, del Panal (2.29%); y 1.2 millones de votos nulos (2.47%). La votación total emitida fue de 50.3 millones de votos, un índice de participación superior a 60 por ciento.

El dato más significativo para los priistas fue que más de 30 millones de votantes no apoyaron a Peña Nieto y la victoria se tomaba amarga. El modelo del retorno del tricolor al poder había pronosticado tener una mayoría en el Congreso, pero no lo lograron.

El «efecto Peña» no se tradujo en el «carro completo» en las entidades donde se eligieron también a los gobernadores. Era que claro que desde antes de los comicios presidenciales el voto opositor a Peña Nieto ya estaba movilizado y reclamaba la inequidad, la democratización de los medios de comunicación en la contienda y un voto informado que, al parecer, fue desplazado por el voto comprado o cooptado.

EL DEFECTO PEÑA NIETO

Sin duda, Peña Nieto tenía el favor de la pantalla comercial: un alineamiento claro de los principales comentaristas y las empresas más importantes con concesiones en televisión y radio. Pero en las calles de la ciudad de México y en otros sitios quienes levantaban la voz con expresiones de «¡Fuera Peña! ¡Fuera Televisa!», «Yo sí leo, no veo Televisa» o «La presidencia no se compra», tenían una resonancia mayor, incluso fuera del país. Peña Nieto lograba la mayoría de los votos, pero no el afecto ni la legitimidad clara de la mayoría de los mexicanos.

En las redes sociales —estos nuevos instrumentos de comunicación donde convergen internet, la telefonía y los videos— se generó un verdadero Defecto Peña Nieto. El candidato priista fue el más mencionado en el ciberespacio, pero para criticarlo, ironizar sus errores y su incultura, expresar el descontento con el retorno del PRI y, sobre todo, alertar frente a los indicios del fraude. En buena medida, los usuarios de Twitter, Facebook y YouTube generaron una movilización de votantes mayor a la pronosticada por los estrategas del tricolor.

Así, iniciaba la etapa más difícil de la carrera política de Peña Nieto. Lo importante no era «llegar» a la victoria del 1.º de julio, sino desactivar las pistas del gran montaje que representó este amargo triunfo.

Tan amargo que las primeras expresiones del retorno del PRI a Los Pinos no fueron de júbilo sino de protesta. Decenas de votantes que acudieron a las tiendas Soriana de la zona conurbada al Distrito Federal a hacer válidos los 1000, 1500 o 2000 pesos que les habían prometido a cambio de su voto a favor del tricolor se enojaron porque los operadores del PRI no les cumplieron. Las tarjetas tenían menos dinero. Estaban furiosos.

Para defenderse, Enrique Peña Nieto declaró a la televisora británica BBC que todo se trataba de un «montaje» de los adversarios y que «ni un solo peso» de la campaña se destinó para la compra del voto.

En ese momento, comenzó la parte más dura del conflicto postelectoral. ¿Cómo desactivar la percepción de que el PRI regresaba con las conocidas trampas de la vieja maquinaria electoral? ¿Qué hacer frente al candidato opositor que quedó en segundo sitio y no estaba dispuesto a avalar una victoria de Peña Nieto sin antes conocer las dimensiones del rebase de topes de gastos de campaña, la trama de la triangulación de fondos vía Monex o las dimensiones de lo invertido en Televisa y en TV Azteca para lograr la victoria?

IRREGULARIDADES FUERA DE PANTALLA

Las encuestas de salida que divulgaron los grupos mediáticos más fuertes y con acceso a la pantalla televisiva le dieron desde las 20:00 horas del domingo 1.º de julio de 2012 una clara ventaja a Peña Nieto.

Por su parte, TV Azteca lanzó los resultados del exit poll realizado por Mendoza y Asociados, una encuestadora que pertenece a su exdirectivo Jorge Mendoza, senador priista, candidato a diputado federal por el tricolor y aspirante a la gubernatura de Nuevo León. La encuesta de TV Azteca le dio el 42.7% de ventaja a Peña Nieto frente a 34.4% de López Obrador.

Consulta Mitofsky, de Roy Campos, divulgó en la pantalla de Televisa que Peña Nieto tenía 40.3% frente a 31.8% de López Obrador. El promedio de puntos de ventaja que Mitofsky le dio al priista durante toda la campaña fue de 15.1 por ciento. Sus resultados también se divulgaban a través de Radio Fórmula.

Por otro lado, GEA-ISA, contratada por Grupo Milenio, le otorgó 40.3% a Peña Nieto y 31.8% a López Obrador; una distancia menor a los nueve puntos. Cabe recordar que durante toda la campaña, el tracking diario de esta empresa encuestadora le dio una ventaja consistente a Peña Nieto de 18.4%. Nada variaba en esa encuesta spot que se divulgaba en Milenio Televisión ni en las distintas ediciones y franquicias de este grupo editorial vinculado con Televisa a través de su sociedad en la empresa Televisión Internacional, S. A. de C. V. (TVI), propiedad de Grupo Multimedios[1].

El caso GEA-ISA y Milenio fue el más comentado por la persistencia de los resultados de una encuesta que nunca varió sustancialmente en los tres meses de campaña, salvo por el rezago de Josefina Vázquez Mota, la candidata del partido gobernante del PAN, a la que ubicaron en el último mes en tercer sitio, pero disputándole a López Obrador el segundo sitio.

En todas las encuestas de salida divulgadas esa noche había otro alineamiento significativo: Peña Nieto reducía su ventaja ante López Obrador, pero estaba en la frontera de los 40 puntos porcentuales. Por ejemplo, Excélsior, que contrató a Ulises Beltrán, le dio una ventaja de 40% a Peña frente a 32% de López Obrador; y El Universal, a través de Buendía & Laredo, le dio en su encuesta de salida 42% a Peña y 31% a López Obrador.

Es decir, los medios y las casas encuestadoras contratadas por ellos mismos respondían al objetivo demoscópico del PRI. El tricolor recuperaba esa «cifra mágica» de más de 40 puntos de preferencias en una elección presidencial que no ha vuelto a tener desde la llegada de Ernesto Zedillo en el fatídico año de 1994.

Por su parte, el conteo de salida y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del IFE contaban otra historia. Con 48.5% de las casillas computadas, el PREP registró una distancia menor a los siete puntos. Enrique Peña Nieto llegó a encabezar las tendencias con 36.74%, en tanto que López Obrador registraba 33.19%. Una diferencia de 3.55 por ciento[2].

Estas cifras no fueron significativas para la cobertura especial que las empresas de televisión realizaron desde muy temprano en la mañana del domingo 1.º de julio. Había un guion especial: minimizar cualquier irregularidad o protesta electoral que encontrara amplia difusión en cuentas de Twitter o de Facebook y presionar para que el resultado de la victoria electoral estuviera listo antes de las 12 de la noche.

El teletón electoral que organizaron Televisa y TV Azteca, principalmente, y otras señales de televisión restringida, como Milenio TV, privilegió los rasgos positivos de la jornada: el amplio número de votantes, poco más de 50 millones en un padrón cercano a los 80 millones de ciudadanos; la apertura casi de 100 por ciento de las más de 140 000 casillas; las imágenes de los cuatro candidatos presidenciales emitiendo su voto; los análisis posteriores sobre un mundo maravilloso donde salen los mexicanos a votar, y el IFE cumple su tarea y entramos a la «normalidad» democrática.

«Tenemos una jornada normal, sin alteraciones», destacaban en sus comentarios Héctor Aguilar Camín, director de Nexos, y Jorge G. Castañeda, excanciller foxista, en su mesa de análisis en Grupo Televisa.

En contraste con la creciente uniformidad de los contenidos en medios de comunicación, los jóvenes integrantes del movimiento #YoSoy123 organizaron dos comisiones: de Vigilancia Ciudadana, y Jurídica y de Derechos Humanos, para monitorear el día de la jornada electoral e informar a través de las redes sociales.

Durante todo el 1.º de julio, #YoSoy123 y decenas de colectivos de ciudadanos dedicados a la observación electoral, de manera informal, denunciaron en redes sociales operaciones de call centers en el Estado de México para la «movilización» electoral. En Naucalpan fue detenido Joel Martínez, uno de los observadores de #YoSoy123, al grabar a unos priistas que compraban votos. En Puebla, otro observador reportó a través de Twitter la compra de votos en un salón de fiesta en el que estaba presente Enrique Doger, candidato del PRI a diputado federal. El reporte del #Yo-Soyl32 indicó:

La operación es la siguiente: un coordinador recibe 2000 pesos por llevar a 15 «promotores del voto», los cuales se comprometen a sacar su boleta en blanco y dársela a su coordinador para que la marque a favor del PRI y que la siguiente persona la regrese a esa misma casilla como voto propio. Asimismo, esta persona saca nuevamente su boleta y se la da a su coordinador. La operación se repite así consecutivamente[3].

El mismo movimiento #YoSoy123 reportó otros incidentes como el robo de urnas en Monterrey, la intimidación a votantes en Cuajimalpa, la coacción del voto en Tuxtla Gutiérrez, las amenazas e intimidación en Veracruz, especialmente en los dos distritos federales de Xalapa, el secuestro de funcionarios de casilla en la zona de tierra caliente, en Guerrero, y la desaparición de un presidente de casilla con boletas en Ensenada.

Otros reportes que llegaron de observadores electorales, sobre todo en el Estado de México, indicaban una constante: grupos de priistas ofreciendo dinero para la compra del voto en Los Reyes-La Paz, en Ixtapaluca, en Coacalco (donde hubo enfrentamientos en la casilla 0594 entre jóvenes del #YoSoy132 y militantes del PRI), en Nezahualcóyotl, así como tinta que se borraba en una mayoría de casillas del Estado de México.

La compra de votos, documentada con videos, fotografías y reportes de ciudadanos también se generó en Chiapas, Puebla, Durango, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Aguascalientes y Veracruz. Incluso, en esta última entidad un registro con el número 141 indicó lo siguiente: «Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en el puerto de Veracruz a una persona que compraba credenciales de elector a 800 pesos, por lo que quedó a disposición de la delegación de la Procuraduría General de la República».

Otra denuncia, presentada por la coalición del Movimiento Progresista, la número 170, informó: «En el distrito 32, casilla 916, siendo las 14:55 horas […] se observa a líderes del PRI comprando votos a favor de su partido; específicamente se trata de un hombre delgado, pelo cano, estatura media, cara ovalada y que responde al nombre de Manuel Mora»[4].

También el sindicato magisterial, el SNTE, el más grande de América Latina y conocido por su marcado protagonismo en la «operación electoral», es decir, en la inducción del voto, desempeñó un papel fundamental en las irregularidades del 1.º de julio de 2012.

Mediante la Operación Agora, el sindicato se puso como meta otorgarle a Peña Nieto cinco millones de votos y para ello recurrió a 20 000 «movilizadores» con un costo de 151 271 750 pesos.

En el documento de la Operación Agora, divulgado antes de los comicios por medios como La Jornada y MVS Radio, se presumió que se había capacitado a «cinco millones de simpatizantes, de los cuales serán movilizados 3 434 125 el 1.º de julio. Las metas se establecieron por casilla, sección electoral y distrito y fueron verificadas y firmadas en una carta compromiso por el líder de cada una de las secciones».

Los estados «prioritarios» en esa operación fueron Aguascalientes, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. Es de destacar que sólo se pudieron documentar denuncias del PRD en Tamaulipas, entidad donde perdió Peña Nieto la elección presidencial frente a Vázquez Mota.

Como era de esperarse, ninguna de esas acusaciones de irregularidades —orientadas en su mayoría a la compra del voto por parte de operadores del PRI— influyó en la cobertura de los grandes medios de comunicación el día de la jornada electoral. Desde mucho antes existía una orden explícita a los comentaristas y conductores de esa jornada electoral para no «sobredimensionar» las denuncias del #YoSoy123 o de los movimientos vinculados con la candidatura de López Obrador, como el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), o también de los grupos del PAN que en Veracruz y en Yucatán documentaron decenas de anomalías.

LA RED TELEVISA-PEÑA EXHIBIDA POR LA PRENSA INTERNACIONAL

Algunas semanas previas a las elecciones, la animadversión de los jóvenes y ciudadanos anti-Peña Nieto se dividía entre el PRI y Televisa. Sobre todo, hacia esta empresa que se convirtió durante décadas en el símbolo del poder mediático fusionado con el poder político. Las críticas arreciaron cuando el periódico británico The Guardian confirmó lo que la revista Proceso documentó desde 2005: la existencia de un plan encubierto para adquirir tiempo en espacios informativos y de espectáculos con el objetivo de promover personalmente al exgobernador del Estado de México.

Admitir la existencia de este plan representaría la confesión de parte de una grave violación a la ley electoral por parte de Televisa y el PRI, pero también la existencia de una compleja red de intermediarios o brokers que actuaron para triangular los fondos obtenidos desde la casa de gobierno de Toluca o desde las arcas de otros gobiernos priistas. «Contabilidad creativa» la denominó con eufemismo británico The Guardian.

El temor también era social. Nunca como en este proceso electoral, la empresa que preside Emilio Azcárraga Jean desde 1997 había sido objeto de una protesta cívica tan persistente y masiva.

En tal circunstancia, desde el 20 de junio de 2012 les había llegado a los trabajadores de Televisa Chapultepec un correo electrónico del área de recursos humanos para advertirles que «debido a las elecciones del próximo domingo 1.º de julio, Televisa tomará medidas preventivas por si el lunes 2 de julio la empresa está cercada».

En el mensaje interno, proporcionado por una fuente interna del consorcio, se pide a todos los «estimados ejecutivos» que identifiquen a tres grupos de personas para permitirles el acceso: «7. La gente que no es necesario que se presente (que pueda trabajar desde su casa). 2. La gente que pueda trabajar en algún lugar alterno a las instalaciones de Chapultepec. 3. La gente que forzosamente tenga que entrar a trabajar al edificio».

El correo remata: «Es necesario contar con esas listas hoy mismo, por lo que mucho les agradeceré la envíen lo antes posible».

Y así fue. Se negó el acceso a buena parte de los trabajadores de las instalaciones de Televisa Chapultepec para evitar posibles enfrentamientos con grupos como el movimiento #YoSoy123 o militantes de Morena.

En cualquier caso, como se apuntaba más arriba, la identificación del consorcio mediático más grande del país con la candidatura de Enrique Peña Nieto generó un escándalo en medios internacionales durante la campaña electoral. Periódicos como el citado The Guardian o el The Washington Post publicaron una serie de reportajes para documentar los convenios publicitarios ocultos y la «contabilidad creativa» de Televisa con el candidato presidencial del PRI.

También el periódico The Wall Street Journal, especializado en finanzas, preparó un reporte especial para confirmar que el vicepresidente de Comercialización de Televisa, Alejandro Quintero Iñiguez, accionista de TV Promo y creador de Radar Servicios Especializados, fue el artífice de la triangulación de recursos millonarios desde los convenios firmados en 2005 entre Grupo Televisa y el equipo de Peña Nieto.

Los rumores sobre la salida de Alejandro Quintero se incrementaron conforme se fue acercando la fecha de las elecciones. Este personaje, que no forma parte del núcleo directivo de Televisa conocido como «Los Cuatro Fantásticos» (Emilio Azcárraga Jean y sus amigos y vicepresidentes Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia y José Bastón), se convirtió en una pieza demasiado incómoda por las insistentes menciones que lo vinculaban con el proyecto Peña Nieto.

Desde 2003, Quintero tomó el control de los contenidos informativos de Televisa para subordinarlos a la estrategia de comercialización. De esta manera, la «venta» de noticias, entrevistas, coberturas especiales, infomerciales y spots no se limitó a los clientes de consorcios privados, sino que se amplió a los clientes públicos, especialmente los gobernadores con aspiraciones presidenciales. La feudalización del presidencialismo en 32 virreinatos presupuéstales le permitió a Quintero explotar las ambiciones y necesidades de exposición de los mandatarios.

Desde luego, Quintero no estuvo solo en esta definición. Azcárraga Jean y su principal estratega en las relaciones con los políticos y los funcionarios de gobierno, Bernardo Gómez, determinaron el objetivo central: hacer negocios con todos los políticos posibles —desde el PRI, el PRD o el PAN—, generar deudas y favores entre aquellos personajes vulnerables por escándalos provocados por ellos mismos; y obtener ventajas y prebendas para el plan más amplio del consorcio.

Entre todos esos políticos, Peña Nieto representó la mayor inversión y el negocio más redituable para Grupo Televisa. Durante su administración en el Estado de México, Televisa obtuvo más de 40% del presupuesto por concepto de publicidad estatal. Además, Peña Nieto era un gobernador joven, vulnerable políticamente, apoyado por un grupo regional con mucho poder económico, con tentáculos por todas las entidades gobernadas por el PRI y dispuesto a la revancha por la candidatura presidencial que en 2005 se le frustró a Arturo Montiel, su padrino, tío y principal tutor político.

El convenio con Televisa y Peña Nieto surgió simultáneamente con el escándalo de corrupción de Arturo Montiel, Peña Nieto no sólo estuvo dispuesto a dejarse «asesorar» por los estrategas de la televisora. Se dejó colonizar por Televisa, a través de asesores, consultores, mercadólogos, productores y actrices, gente de la farándula que le diera la dosis de popularidad necesaria para transformarlo en una figura reconocida en todo el país gracias a su intensa exposición en la pantalla.

Un episodio que resulta ilustrativo de lo anterior ocurrió el 26 de octubre de 2005 —tres días después de que se publicara el reportaje «Televisa, la gran simulación» en la revista Proceso—, cuando el conductor de Primero noticias, Carlos Loret de Mola, admitió en un chat privado con su colaboradora Laura Barranco que todo era verdad en lo revelado.

El 8 de junio de 2012, Laura Barranco, exjefa de información de Loret de Mola, decidió dar a conocer en el noticiero MVS Noticias de Carmen Aristegui el contenido de esa conversación entre el comentarista en ascenso y ella misma, la única persona que todavía se atrevía a cuestionarle las consecutivas cesiones a los mandatos de la producción de Televisa.

A continuación se reproduce una parte sustancial de aquel diálogo, donde se confirma cómo las decisiones editoriales habían sido subordinadas a la estrategia de comercialización y venta diseñada por Alejandro Quintero:

LAURA BARRANCO: ¿Viste lo de Proceso sobre Televisa?

CARLOS LORET DE Mola: Ah, sí, justo estaba leyendo cuando pasa una gacetilla electrónica, como definió Proceso, de Peña Nieto.

LB: ¿Tú qué piensas?

El tal Alejandro Quintero es el que decías que defendía a Montiel, ¿no? Y que te odiaba.

CLM: Bueno, pues todo, todo, absolutamente todo es verdad.

Como nunca, Proceso, todo con precisión, es exacto…

LB: Ay, Carlos, se vienen meses muy difíciles…

CLM: A ver… pero, por ejemplo, lo cierto es que por lo menos a mí, nunca, nunca me han dicho que entreviste a Peña Nieto, como se plantea ahí, por pendejadas como los 100 días de gobierno y cosas así…

LB: Y fíjate cómo ayer Magaña me propuso traer hoy al estudio a Peña para hablar de las investigaciones de Montiel.

CLM: Pero ésa fue idea nuestra.

LB: Carlos, pero se ve pésimo el anuncito sin firma, es peor que si lo entrevistaras. Es burdo, evidente, asqueroso.

CLM: Bueno, eso de las cápsulas tipo nota, se vale. Todos los medios lo hacen, hasta Proceso, son notas pagadas, y se ponen en periódicos y revistas, con letra diferente, y en tele, simplemente se ponen después de los avances, para que sean como comerciales…

Lo que no tiene madre es que el güey ande comprometiendo entrevistas, bueno, lo peor es que el güey trabaje aquí, carajo… y que lo dejen hacer lo que hace… porque, obviamente, no actúa solo.

Ese «güey», sin duda, era Alejandro Quintero, el vicepresidente de Comercialización Corporativa.

Horas después de que se diera a conocer este intercambio entre Loret y su colaboradora, el conductor de Televisa hizo pública una carta dirigida a Carmen Aristegui para admitir la posible autenticidad de la conversación, pero también para repetir lo que durante varios años han afirmado los directivos de la empresa: los documentos revelados son apócrifos y no corresponden con la realidad. En su parte sustancial, la réplica de Loret de Mola afirmó:

Afortunadamente, hace años los infomerciales en cuestión dejaron de ser programados en Televisa. Esto se puede verificar prendiendo la tele en cualquier momento.

Con respecto al documento en que ha basado Proceso sus denuncias contra Televisa, debo recordar que hasta hoy se desconoce quién lo redactó. Proceso dice que es de Televisa, pero no tiene logotipos, sellos ni nada que pueda probar ese dicho.

Hoy estoy convencido de que ese documento no se realizó en Televisa. Pero lo más importante es que lo que en él se expresa nunca se llevó a cabo en realidad: habla de una cantidad de entrevistas, programas y reportajes que jamás se realizaron ni pasaron al aire.

De esta manera, los directivos de Televisa, sus abogados, sus comentaristas y conductores de noticias pretenden negar la veracidad de un proyecto con sus dichos, pero no con los hechos. Sin embargo, las audiencias de la televisión mexicana saben perfectamente que todos los días había una promoción especial para Peña Nieto en los noticiarios de la empresa y hasta en programas de espectáculos. A la menor provocación, con el pretexto de su romance con Angélica Rivera, de inauguraciones de obras, de su visita a El Vaticano, o de su participación en foros internacionales, Televisa le otorgaba una cobertura especial y favorable al gobernador del Estado de México.

Un botón de muestra de lo anterior se halla en el caso del periodista español José María Siles —contratado por Televisa para darle seguimiento puntual a la visita de Peña Nieto al Foro Mundial del Agua en Estambul en 2009—, que abordaremos en el siguiente capítulo.

LAS PISTAS DE THE GUARDIAN

El 7 de junio de 2012 otro escándalo volvió a poner en primer plano a Alejandro Quintero y a confirmar el proyecto de promoción político-mediática de Televisa con Peña Nieto. Jo Tuckman, corresponsal del periódico británico The Guardian, inició así el texto de su amplio reportaje:

La mayor cadena de televisión en México vende a prominentes políticos una cobertura favorable en su canal insignia de noticias y entretenimiento, muestran documentos a los que The Guardian tuvo acceso. Los documentos que constan de docenas de archivos informáticos surgen justo semanas antes de las elecciones presidenciales del 1.º de julio y coinciden con la aparición de un movimiento de protesta enérgica acusando a Televisa de manipular su cobertura a favor del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

Los documentos a los que hace mención The Guardian fueron muy similares a los que exhibió la revista Proceso en octubre de 2005, salvo por una peculiaridad que debió de ser prevista por los propios asesores de Televisa y por Quintero en la trama con Peña Nieto: el monto presupuestado se redujo a la mitad. De los 742 millones de pesos que aparecían en los documentos de Proceso, de los cuales 691 millones serían para spots y para la «compra» de espacios en sus noticiarios, programas de espectáculos y mesas de análisis informativos, los documentos publicados en The Guardian consignan tan sólo 346 326 750 pesos, que incluyeron un 50% de descuento.

Lo anterior quiere decir que los documentos a los que tuvo acceso The Guardian fueron elaborados después del escándalo generado por la publicación en Proceso y tasaron un costo menor.

Así lo propuso un documento interno de TV Promo, preparado por Cepol en 2005, tres semanas después de la publicación en Proceso. El título del reporte fue: «Enrique Peña Nieto. Propuesta de acción». Se trató de un material de asesoría y «control de daños».

La propuesta de acción incluyó sugerencias para «amortiguar el golpe sufrido por la información publicada por Proceso, además de mantener la posición política de Peña Nieto apta para una posible contienda presidencial en 2012».

Entre otras sugerencias, estaban las siguientes:

Sostener la imagen de Peña Nieto ante la información publicada por Proceso.

Ante los compromisos generados de antemano con Televisa, concluir la campaña mediática programada hasta 2006. La estrategia es, por un lado, asegurar el apoyo de Televisa; por otro, impactar a sus públicos meta con mensajes que demuestren su capacidad para ejercer una eficiente administración.

Ante Proceso sugerimos no contestar directamente a las acusaciones, sino con hechos que demuestren lo contrario. Las acciones son planteadas a continuación:

—A finales del primer trimestre de 2006, hacer pública una campaña en contra de la corrupción, donde un chivo expiatorio sea sacrificado para establecer una buena imagen.

—A finales del segundo trimestre (de 2006), establecer los avances de los compromisos firmados ante el notario público en su precampaña.

—Moderar los gastos de su administración y hacerlos públicos. Evitar en el futuro situaciones como la publicada por Proceso.

El documento desglosa el plan para un trimestre de 2006. En una de las partes medulares propusieron lo siguiente: «Asegurar el apoyo de Televisa, pese a la reducción del contrato televisivo. Si esto no procede, pactar una facturación menor para evitar escándalos como el anterior».

El escándalo sobrevino seis años después, en el cierre de la campaña presidencial, y a través de un periódico británico que carga la medalla de haber destapado también la red de espionaje telefónico en el semanario News of the World, que derivó en el cierre de esa legendaria publicación de corte sensacionalista propiedad del magnate australiano Rupert Murdoch, dueño del imperio que incluye decenas de periódicos, la cadena televisiva Fox y el sistema Sky. Cabe decir que Murdoch es socio de Grupo Televisa en el sistema Sky de televisión restringida vía satelital.

Efectivamente, la disminución de los montos a facturar con TV Promo y Radar se concretó. Así se acreditó en los documentos que exhibió The Guardian en su página en internet en respuesta al desmentido de Grupo Televisa al reportaje del 7 de junio de 2012.

El «presupuesto ajustado» con 50% de descuento en las tarifas que originalmente publicó Proceso quedó de la siguiente manera:

La inversión total en spots de televisión fue de 161 millones de pesos, en lugar de los 327.4 millones originales.

La inversión total en «información» (noticiarios, mesas de análisis, etc.) se tasó en 165.3 millones, en lugar de los 364.3 millones de pesos.

La suma de ambos rubros fue de 326 543 000 pesos, en lugar de los 691.7 millones que tenía el primer presupuesto entregado a Proceso; con un «descuento» más se tasó en 300 millones de pesos.

El rubro «Total de inversión en estrategia integral de comunicación» fue de 41.6 millones de pesos en los documentos de The Guardian, menor a los 50.3 millones de pesos presupuestados originalmente.

El escándalo detonado por The Guardian confirmó asimismo la estrategia de Televisa para ofrecer sus servicios en contra del ascenso político del exjefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador. Los documentos que ventiló Jo Tuckman incluyen una presentación en PowerPoint, en los cuales se afirma explícitamente que en 2006 el objetivo era asegurar que López Obrador no ganara en los comicios presidenciales.

«Al parecer [el documento] fue creado después de la medianoche del 4 de abril de 2005, horas antes de que informara que el presidente Fox y los jefes de Televisa y TV Azteca se habían reunido», contextualiza el reportaje. Tuckman hizo referencia a la reunión sostenida con Azcárraga Jean y Salinas Pliego, en vísperas de que destaparan la estrategia del desafuero en contra de López Obrador ese mismo año.

El documento de los consultores de Televisa «esboza medidas a corto plazo para controlar la reacción, un periodo de luto nacional por el reciente fallecimiento de Juan Pablo II para distraer la atención. Al día siguiente, Fox declaró un día de luto para el pontífice». Tal como lo sugirió la red de asesoría montada desde la empresa de Azcárraga Jean.

Tuckman también consignó que los guionistas de un popular show de sátira política llamado El privilegio de mandar fueron instruidos para que el personaje representado por López Obrador pareciera torpe e inepto. El último episodio de la serie, emitido después de las elecciones de 2006, terminó con un discurso no humorístico del actor que representaba al candidato de la izquierda aceptando la derrota. Un exempleado de Televisa dijo a The Guardian que asistieron a reuniones dentro de la empresa donde fue discutida la estrategia antiLópez Obrador. «Hubo una estrategia y hubo un cliente que pagó mucho dinero», dijo la fuente.

«Muchos de los archivos de computadora vistos por The Guardian se guardaron bajo el nombre de Yessica de Lamadrid, que en aquel entonces era empleada de Radar y amante de Peña Nieto. De Lamadrid dijo a The Guardian que los documentos eran falsificaciones», aclaró el reportaje de Tuckman.

La pista de Yessica de Lamadrid siempre fue determinante en la trama de la relación entre Televisa y Peña Nieto. Públicamente, la joven de origen chihuahuense ha negado todo. Confidencialmente, a sus amigos y a la gente más cercana ha confirmado no sólo su relación sentimental con Peña Nieto, sino el «autoexilio» que vivió a raíz del escándalo.

De Lamadrid trabajó un tiempo en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, durante la época de Santiago Creel como secretario de Gobernación foxista. Ella era el enlace entre la red de brokers de Grupo Televisa —encabezada por Radar y TV Promo— y Creel, considerado el aspirante presidencial panista más fuerte para 2006.

En la campaña para elegir gobernador del Estado de México, De Lamadrid trabajó en el «proyecto Enrique Peña Nieto». A finales de 2005 se embarazó del entonces gobernador entrante. Tras múltiples problemas de salud, su hijo falleció antes de cumplir el primer año de vida, según confirmaron Peña Nieto y la propia De Lamadrid en entrevistas con El Universal y en el libro Las mujeres de Peña Nieto, de Alberto Tavira.

Tras el dramático episodio personal, De Lamadrid laboró en la Procuraduría General de la República bajo las órdenes de Eduardo Medina Mora, un personaje que también es cercano a Grupo Televisa y Alejandro Quintero. El exfuncionario calderonista aparece como vicepresidente en el acta constitutiva de la empresa Grupo Crea TV dedicada a «la producción y desarrollo de espectáculos y eventos artísticos en vivo de cualquier índole», según el folio 249801 del Registro Público de la Propiedad. De igual forma, en esa empresa participó Héctor Aguilar Camín, quien fue apoderado del Grupo Crea TV hasta el 14 de enero de 2004.

Frente a esta complicada trama de pistas que apuntan hacia el mismo camino, la empresa de Azcárraga Jean desmintió, descalificó y solicitó una «disculpa pública» a The Guardian. Reiteró que todos los documentos son apócrifos. Por supuesto, negó rotundamente que utilizara una doble contabilidad o una «contabilidad creativa» para triangular a través de Radar Servicios Especializados los ingresos obtenidos en estos convenios.

En su comunicado-decálogo de respuesta, el mismo 7 de junio de 2012, Grupo Televisa advirtió: «La reportera [del diario británico] reconoce que se trata de los mismos datos presentados en 2005 por Jenaro Villamil en la revista Proceso, los cuales han sido reiteradamente desmentidos y desconocidos por las partes a lo largo de siete años».

Televisa no resistió la tentación de dar lecciones de periodismo y en su respuesta a The Guardian afirmó: «La falta de rigor periodístico con que fue escrito se exhibe en que en el artículo la reportera usa ocho veces la palabra “aparentemente”, pero ésta no figura en el título. Todo son “apariencias”…»

«Simples documentos sin firma, sin logotipo y con registros electrónicos que desde cualquier computadora se pueden crear o alterar, no son pruebas de nada en ningún país», sentenció la empresa de Azcárraga Jean.

En el último párrafo del comunicado, Televisa anunció que recurrió a Chris Elliot, responsable de contenido, y a Alan Rusbridger, de The Guardian, «para que realicen una investigación a fondo y ofrezcan una disculpa pública a Grupo Televisa. De igual manera se está pidiendo la intervención a la Press Complaints Commission».

Por su parte, en una rueda de prensa, Peña Nieto afirmó que lo publicado por The Guardian «carece de sustento, es guerra sucia y ésta, en particular, no deja de ser un refrito de algo señalado que carece de ser un documento oficial [sic] o que tenga el más mínimo de sustento fidedigno[5]». Sin mencionar a la revista ni al autor de esos textos supuestamente «refriteados», Peña se enredó en una explicación más inverosímil: el periódico británico formaba parte de una trama de «guerra sucia» en su contra.

La coordinación de Comunicación Social del Estado de México, a cargo de David López, afirmó «de manera categórica» que durante la administración peñista «no existió ningún contrato de este tipo» y «todos los contratos de comunicación» están disponibles en el portal de transparencia del gobierno de esa entidad.

Más allá de lo anterior, en las pistas de The Guardian había algo muy delicado: los archivos también incluían propuestas, presupuestos y material promocional para el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado en Estados Unidos como presunto lavador del cártel del Golfo. Como Montiel en su momento, Yarrington aspiró a ser candidato presidencial del PRI para las elecciones de 2006.

La incómoda figura de Yarrington volvió a aparecer en medio de la campaña presidencial de 2012, tras una serie de pesquisas ordenadas por la DEA. Semanas después, el nombre de Yarrington se mencionó en el escándalo de la triangulación de fondos de Banca Monex. En este punto ni el PRI ni Televisa decidieron emitir opinión alguna.

La respuesta de The Guardian a las airadas reacciones de Televisa y del equipo peñista se generó desde Londres. Christine Crowther, vocera oficial del diario afirmó:

The Guardian admite que no es posible confirmar la autenticidad de los documentos, los cuales le fueron entregados por una fuente que trabajó en Televisa. Sin embargo, realizó controles amplios para confirmar que los nombres, las fechas y las situaciones mencionadas estuvieran en línea con eventos que ocurrieron posteriormente.

El viernes 8 de junio de 2012, The Guardian publicó un artículo de Martín Hodgson, subeditor del diario, para responder a la pregunta «¿cómo sabemos que son genuinos los archivos de Televisa en México?». Y Hodgson reiteró algo que incomodó y alertó aún más a los directivos del emporio mediático:

The Guardian habló con una segunda fuente que trabajó anteriormente con Televisa, la cual confirmó que en el seno de la compañía se habían llevado a cabo reuniones para discutir una campaña que dañara las posibilidades de Andrés Manuel López Obrador. La fuente —que no tiene ninguna simpatía personal hacia el anterior jefe de Gobierno de la ciudad de México— dijo que la venta de contenido político era amplia, particularmente la promoción encubierta de clientes políticos dentro de programas de entretenimiento.

EL LITIGIO DE TELEVISA

El 16 de julio de 2012, dos semanas después de las elecciones presidenciales y en su condición de «tercero interesado», Televisa decidió salir en defensa de Enrique Peña Nieto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de sus propios intereses.

En un documento de 58 cuartillas, argumentó en contra del presunto plan de «adquisición encubierta de tiempo en radio y televisión, así como revistas para la promoción personal del C. Enrique Peña Nieto», planteado por el PRD en su queja del 9 de junio, presentada a raíz de lo publicado en The Guardian.

Jesús Alejandro Daniel Araujo Delgado, representante legal de Televisa ante el TEPJF, concluyó que lo publicado en los reportajes de Proceso y en el libro Si yo fuera presidente son «un ejercicio especulativo que en su momento será dirimido por las instancias competentes, pero que dista mucho de constituir una verdad legal», y descalificó los reportajes de The Guardian por tratarse de «una conjetura unilateral que proviene de una valoración subjetiva que no encuentra asidero en un hecho comprobable o verificable».

En su descargo, Grupo Televisa le aportó al tribunal electoral sus propios desmentidos y desplegados en prensa, así como la carta de Carlos Loret de Mola enviada a Carmen Aristegui la tarde del 8 de junio, para acreditar que «no hay pruebas» de la vinculación entre el consorcio y sus brokers, TV Promo y Radar Servicios Especializados.

Grupo Televisa negó ante los magistrados electorales la autenticidad de los documentos publicados por Proceso y su propio vínculo con TV Promo, a pesar de que esta relación es admitida en otros documentos oficiales de la propia empresa.

Por ejemplo, en 2006 Grupo Televisa reconoció ante las autoridades bursátiles de Estados Unidos —la Securities and Exchange Commission (SEC)— su vínculo con TV Promo. En sus informes F-20 ante la SEC de ese año y de 2007, 2008, 2009 y 2010, Televisa confirmó que Grupo TV Promo o TV Promo trabaja en conjunto con otras compañías de las cuales Alejandro Quintero tiene directa o indirectamente participación, como es el caso de Producción y Creatividad Musical, S. A. y TV Promo Internacional Inc.; han adquirido y continuarán adquiriendo servicios publicitarios con nosotros, como aquellos servicios referidos a campañas promocionales. Estas compañías definen tarifas aplicables a terceros que adquieren servicios de publicidad, las cuales son más bajas que las tarifas que regularmente se pagan. Alejandro Quintero no recibe actualmente ninguna compensación de TV Promo o dividendos de otras entidades donde él es accionista. Durante 2006, TV Promo adquirió publicidad de Televisa por un total de 160.7 millones de pesos (SEC, Form 20-F, 2007).

En 2009, en el mismo reporte Form 20-F ante la SEC, Televisa repitió los mismos párrafos, pero admitió que Alejandro Quintero sí tiene relación con Radar Servicios Especializados, algo que negó rotundamente con The Guardian: «Alejandro Quintero es o ha sido directa o indirectamente accionista de Producción y Creatividad Musical, S. A. de C. V., de Radar Servicios Especializados de Mercadotecnia, S. A. de C. V., y de TV Promo Internacional».

En las actas del Registro Público de la Propiedad (RPP) de TV Promo y de Radar está clara la vinculación entre una y otra empresa. El 15 de junio de 1999 y el 2 de agosto de 2002, la asamblea de accionistas de TV Promo designó como apoderados a Pedro Enrique Reyes Castellanos y a Roberto García. Ambos personajes aparecen como accionistas en la constitución de Radar Servicios Especializados, el 19 de agosto de 2002, según consta en el folio 293222 del RPP.

El argumento más persistente de Grupo Televisa es negar favoritismo o inclinación a favor de Enrique Peña Nieto desde su etapa como gobernador del Estado de México y como candidato presidencial. Con ese propósito presentó ante el TEPJF gráficas de estudios realizados por entidades «independientes», como la empresa Medialog-Intélite o el estudio realizado por IFE-IBOPEUNAM, para comparar su cobertura en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, y para contrastar el tiempo-aire de Peña Nieto como gobernador del Estado de México y el que tuvieron, en su momento, López Obrador y Marcelo Ebrard, como jefes de gobierno capitalinos.

En las gráficas de Medialog-Intélite resultó que el tiempo de exposición de López Obrador en su quinto año de gobierno fue 10 veces mayor al de Peña Nieto (que estaba en su primer año): el perredista tuvo 107 horas frente a 18 horas del priista en el quinto año. Sin embargo, en las estadísticas no se aclaró que ese periodo correspondía al proceso de desafuero de López Obrador.

La misma gráfica que cuantifica sólo las horas de exposición indicó que en 2010 prácticamente estuvieron empatados Peña Nieto y Marcelo Ebrard en horas de cobertura informativa: 18 cada uno, frente a 12 horas de López Obrador. Y en 2011 contabilizaron 40 horas a favor de Peña Nieto frente a 37 de Marcelo Ebrard y 35 de López Obrador.

«Si las afirmaciones de los actores tuvieran algún sustento, el resultado del análisis de las transmisiones informativas durante esos años se mostraría distinto. Incluso, esta tendencia se ve reflejada en la cobertura noticiosa de Televisa, S. A. de C. V., y Televimex, S. A. de C. V., en las elecciones presidenciales de 2006-2012», advirtió el recurso jurídico de la empresa. Y presentó otras gráficas, elaboradas por el IFE-IBOPE-UNAM, para demostrar una supuesta tendencia equitativa en las horas de exposición de los candidatos presidenciales. En el caso de 2012, la gráfica sumó para López Obrador 26.41 horas de cobertura informativa, para Peña Nieto 26.68 horas, para Josefina Vázquez Mota 26.81 horas y para Gabriel Quadri 20.10 horas.

No por mucho negarlo se puede cambiar el hecho de que Peña Nieto tuvo a lo largo de sus seis años como mandatario del Estado de México, a los que se suman casi 12 meses como precandidato de facto y tres meses de campaña presidencial, un trato favorable y una clara alineación de los contenidos de Televisa para favorecerlo.

Otros seguimientos informativos demostraron lo contrario a las cifras de Televisa. En 2009, año de elecciones federales, un monitoreo difundido por el Senado de la República reportó que entre el 1.º de septiembre y el 15 de diciembre de 2007, Peña Nieto acaparó en Televisa y TV Azteca hasta ocho notas diarias y sumó 700. En segundo lugar, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, apareció en 449 notas, un promedio de cinco al día.

Entre agosto y diciembre de 2008, en el principal noticiario de Canal 2, a Peña Nieto se le destinaron un total de 23 horas y 21 segundos, de las cuales 43% fueron infomerciales con la imagen del gobernador mexiquense y 57% «notas informativas» relacionadas con su gobierno. Es decir, este monitoreo distinguió entre nota dura y publicidad disfrazada de información.

A partir de octubre de 2008, pero sobre todo desde febrero de 2009, el romance de Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera fue pretexto para que el gobernador mexiquense apareciera no sólo en los noticiarios, sino también en programas de espectáculos y chismes de la farándula. El triunfo del equipo de fútbol de Toluca en el campeonato de 2008 fue otro pretexto para que Peña Nieto apareciera o fuera mencionado en programas deportivos.

Estas apariciones no fueron incluidas en los monitoreos aportados por Grupo Televisa al TEPJF. Ése es precisamente el secreto del acuerdo entre los brokers de la empresa de Azcárraga Jean y el peñismo: realizar una intensa promoción que no se circunscriba sólo al terreno informativo o de análisis, sino que incorpore los ingredientes del advertainment (publicidad más entretenimiento) más la asesoría especial en todo el manejo de su discurso, su imagen y su gestión de gobierno. De eso se trata justamente el gran montaje.

Grupo Televisa tampoco le entregó al TEPJF una copia de los contratos o las pautas originales contratadas con Peña Nieto durante su periodo como gobernador. En 2008, el gobierno mexiquense difundió en su página de internet las primeras cifras oficiales sobre sus gastos en publicidad con distintos medios, incluyendo Televisa y TV Azteca, que acaparan más de 50% del gasto, pero no divulgó los contratos originales. La administración peñista clasificó como «reservada» toda la información relacionada con estos documentos.

En tanto no haya acceso a los contratos originales —respetando los candados de confidencialidad para proteger información sensible o datos personales de los representantes de las empresas de comunicación— ni copia de las pautas originales de los spots e infomerciales con las compañías televisivas, los documentos que entregó la empresa de Azcárraga Jean forman parte del mismo juicio que ellos expresan ante el TEPJF: «El mero dicho de un medio de comunicación no constituye una verdad legal».

PROYECTO JORGE

A finales de agosto de 2010, en vísperas de su Quinto Informe de Gobierno, Enrique Peña Nieto apareció en un spot de 43 segundos. Sentado en una camioneta lujosa, en mangas de camisa, simulando el estilo del mandatario estadounidense Barack Obama, el gobernador mexiquense se autopromovió en un monólogo sobre sus «compromisos cumplidos» y su incansable deseo de servir a sus gobernados.

El spot generó una polémica por varias razones. La calidad de la imagen, cercana a la producción cinematográfica, suponía un costo mayor al de la manufactura tradicional de este tipo de promocionales. Se transmitió en señal nacional desde el 30 de agosto de 2010. Al costo de las tarifas comerciales de Televisa, lo invertido ascendía a 50 millones de pesos, según un cálculo de la dirigencia estatal del PRD. A esta inversión se debían sumar la de otros promocionales sobre los «compromisos cumplidos» que habrían costado 42 millones de pesos.

«Estamos hablando de casi 100 millones de pesos en sólo un mes, sólo en televisión comercial, sin contar espectaculares, desplegados en periódicos y spots radiofónicos», afirmó Luis Sánchez, dirigente del PRD mexiquense, al ser entrevistado tras la queja que interpuso ante las autoridades electorales.

Ese mismo spot generó el escándalo del año siguiente sobre la misteriosa cena en la casa de la entonces presidenta del TEPJF, Maricarmen Alanís, con representantes de Peña Nieto, en pleno proceso de exoneración del tribunal a Montiel, ya exgobernador y aspirante presidencial del PRI.

Otro elemento más importante no pasó desapercibido entre los especialistas en producción de spots. El promocional fue filmado con la cámara Phantom, una de las más caras en el mercado, para aportar una «calidad cinematográfica».

El spot tenía el sello del productor consentido de Televisa: Pedro Torres, el mismo de los infomerciales de Estrellas del bicentenario, cápsulas de tres minutos que se transmitieron en los horarios de mayor audiencia del Canal 2 en 2010. El costo mínimo tan sólo de una serie de esos promocionales, como el de Yucatán, fue de 20 millones de pesos, según un estudio realizado por el Diario de Yucatán.

El costo de la producción de Pedro Torres siempre se ha considerado el más caro en el mundo publicitario de México. Además, incluye una llave secreta: el acceso privilegiado a los espacios de Grupo Televisa. De hecho, contratar a la compañía de Torres es una condición que impone el consorcio a sus clientes gubernamentales.

Informes de Televisión Mexiquense advirtieron que, por primera vez en 20 años, el equipo de promoción, producción y realización de esta televisora pública había sido desplazado por completo para que la empresa Mediamates, propiedad de Torres, se hiciera cargo de todo lo relacionado con la producción estelar del Quinto Informe de Gobierno de Peña Nieto en el Teatro Morelos.

Dos días antes del evento, Torres desplegó un equipo digno de una producción cinematográfica: una unidad móvil que consta de 16 cámaras, dos grúas y un teleprompter en el Teatro Morelos para que Peña Nieto pudiera leer en pantalla su informe, como si fuera un conductor de noticias o de un programa de espectáculos[6].

El vínculo entre Mediamates y Peña Nieto se reforzó en años recientes. Se convirtieron en sus principales managers y productores en pos de la Presidencia de la República. Hasta finales de 2011 le llamaron Proyecto Jaime. Fue el nombre clave que decidieron Pedro Torres y Alejandro Quintero para la «producción» de Peña Nieto como precandidato presidencial del PRI.

A partir de 2012 cambió su nombre a Proyecto Jorge. Los detalles de todo lo relacionado con publicidad, producción de spots, asesoría en discurso, imagen, redes sociales, manejo visual y «guerra sucia» o de contrastes con el adversario se manejó en las oficinas de El Malí, la empresa de Pedro Torres, ubicada en el Centro Lomas Plaza, justo frente a la Fuente de Petróleos, en avenida Reforma y Periférico. La ingrata memoria recuerda este sitio por ser el mismo donde se estrelló el Learjet donde viajaba Juan Camilo Mouriño, en noviembre de 2008.

Supervisado directamente por Pedro Torres y por Alejandro Quintero, a través de su representante Montserrat Barrios, el Proyecto Jorge fue de alta confidencialidad. Para Televisa constituyó el secreto mejor guardado porque en él están las huellas de toda su intervención a favor de Peña Nieto en la campaña de 2012. Para Peña Nieto y su equipo fue oficialmente «inexistente».

La clave del Proyecto Jorge es que no debía dejar huella fiscal ni contable. No hay facturas, no hay contratos. El dinero se manejó en efectivo. Se depositaba a través de empresas de traslado de dinero en efectivo, según informes de personal interno que pidió confidencialidad.

Los mismos reportes internos calculan que tan sólo entre abril y junio de 2012, los meses más intensos de la campaña presidencial, la producción de spots de Peña Nieto y la «campaña de contrastes», primero contra Josefina Vázquez Mota y luego contra López Obrador, tuvieron un costo de más de 200 millones de pesos. Sobre el pago de estos trabajos no dejaron huella contable.

En el Proyecto Jorge trabajó también la publicista Ana María Olabuenaga, así como la responsable del manejo de redes sociales de Peña Nieto, Alejandra Lagunes, exdirectiva de Google México y de Grupo Televisa.

Durante meses, ambas trabajaron no sólo para tener la mejor calidad de las fotografías y los videos en los que aparece Peña Nieto sino para modular el mensaje y el contraataque a sus adversarios. Enviaron camarógrafos y fotógrafos a cada uno de los mítines de Andrés Manuel López Obrador y del movimiento #YoSoy123 para tener un seguimiento puntual de cada uno de los discursos y de sus participantes.

De este material surgió el video de «contraste» donde se escucha a López Obrador hablar supuestamente a favor de la vía armada, en el mitin que encabezó con estudiantes el 21 de mayo, en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El spot descontextualizó la participación del candidato del Movimiento Progresista, pero su producción tuvo un objetivo preciso: sembrar la idea de que el naciente movimiento #YoSoy123 y López Obrador eran una misma cosa y estaban a favor de la vía violenta.

Otro caso fue el spot transmitido poco después de la primera encuesta de Reforma que le dio cuatro puntos de distancia a López Obrador frente a Peña Nieto. Le adjudicaban al perredista la posibilidad de que el peso se devaluara. Ambos promocionales fueron similares a los spots de la guerra sucia de 2006.

El vínculo de Pedro Torres con Televisa tiene varios antecedentes significativos: en 2006, él fue el productor de los spots que calificaron a López Obrador como «un peligro para México», financiados por el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros grupos y membretes privados. Posteriormente, Torres hizo los videos y spots más importantes durante la presidencia de Felipe Calderón: realizó diversas campañas y se convirtió en guionista de teleseries. El Malí produjo la fallida y polémica serie El equipo.

Con esos precedentes, el Proyecto Jorge de 2012 constituyó una mezcla de producción audiovisual, asesoría mercadológica y espionaje político, tal como a Alejandro Quintero y a los ejecutivos de Grupo Televisa, en especial al vicepresidente Bernardo Gómez, les gusta presumir a sus «clientes».

Lo paradójico es que no sólo Peña Nieto fue su cliente. Durante el primer mes de su errática campaña, Josefina Vázquez Mota, a sugerencia de Los Pinos, también contrató con El Malí la producción de sus primeros spots. A la candidata presidencial del PAN le otorgaron también un nombre clave: Proyecto Mujer.

Simultáneamente, también trabajaron para Elba Esther Gordillo una serie de spots en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como los spots de Gabriel Quadri de la Torre, candidato presidencial del Panal.

El vínculo entre El Malí, Televisa y el equipo de Peña Nieto fue tan claro que un domingo antes de la aparición del candidato presidencial del PRI en la emisión del programa Tercer grado, el miércoles 23 de mayo, el coordinador general de la campaña peñista, Luis Videgaray, acudió a las instalaciones de Centro Lomas Plaza para ensayar junto con Olabuenaga y otros mercadólogos y asesores de origen argentino posibles respuestas y escenarios a favor de Peña Nieto.

Ningún detalle del manejo de la imagen del candidato presidencial se dejó al azar. Formó parte de una estrategia de branding (posicionamiento de marca), de discurso y de contraataque. En El Malí le sugirieron a Peña Nieto dejar de utilizar la chamarra roja, emblemática de la «nueva ola» priista, y adoptar colores menos «agresivos» como el blanco o el caqui en sus mítines. También ellos modulaban la presencia y la imagen pública de Angélica Rivera, la actriz de Televisa, así como de sus cuentas en Facebook.

El Malí fue el laboratorio para producir las fotos de los espectaculares que inundaron las principales avenidas del país desde el arranque de la campaña electoral. También controlaron las imágenes grabadas a través de EPNTV, una compañía que acompañó a Peña Nieto a través de todos sus mítines en la campaña, grabándolo y teniendo acceso a sitios que otros reporteros no tuvieron.

El 2 de julio de 2012 se apareció en las instalaciones de El Malí el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean. Testimonios de los trabajadores de este corporativo revelaron que Azcárraga sostuvo una reunión privada con Pedro Torres y sus principales responsables administrativos. Era urgente hacer cambios a la documentación y a la papelería de la empresa. Una breve referencia al Proyecto Jorge había aparecido en la edición número 1861 de Proceso, donde se aprecia en la portada el logotipo de Televisa con la banda presidencial cruzada.

«Están investigando adentro. Quieren saber quién filtró la información, que es muy confidencial. A varios de nosotros nos van a hacer la prueba del polígrafo», informó una de las personas que estuvo dispuesta a dar su testimonio bajo estricto anonimato.

«Fue mucho dinero el que pasó por el Proyecto Jorge. Dicen que fue del narco. Otros, de gobiernos estatales», agregó una fuente distinta.

No existe información pública en torno a la actividad de El Malí-Televisa y la campaña de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el sello del productor de Big Brother y de Iniciativa México se observó en los spots de la campaña peñista: pasarela de imágenes que se convierten en el culto a la figura del hombre providencial y generoso; recorridos por distintas plazas del país como si se trataran de estampas turísticas, muy bien logradas; remembranzas de Peña Nieto sobre su familia; mensajes de optimismo instantáneo, dirigidos a la audiencia electoral, muy similares a los del monólogo de Javier Aguirre que marcó el inicio de Iniciativa México.

La vinculación entre Torres y los altos directivos de Televisa está ampliamente documentada. En el Registro Público de la Propiedad aparece una serie de empresas que pertenecen a Pedro Torres Castilla. Su sociedad con Televisa se concretó el 7 de noviembre de 2001, al constituirse Endemol México, S. A. de C. V., productora del reality Big Brother.

Endemol tiene como objeto «la producción de programas de televisión a nivel nacional e internacional a través de licencias, incluyendo, sin limitación, la distribución de programas para la televisión restringida y la prestación de toda clase de servicios relacionados con internet».

Entre los consejeros propietarios y apoderados aparecen los dos principales ejecutivos de Grupo Televisa y del equipo de Azcárraga Jean: José Bastón Patiño y Alfonso de Angoitia. El 11 de octubre de 2002 se incorporó Pedro Torres como apoderado y el 9 de diciembre de 2009 apareció como administrador único.

En junio de 1999 Pedro Torres constituyó Filmmates, S. A. de C. V., la razón social original de donde surgieron luego las otras compañías de Mediamates hasta concentrarse en El Malí.

Su objetivo era la «producción, exportación, importación de películas y videotapes, comerciales, producción de videoclips, musicales, internet, posproducción, medios audiovisuales del futuro y documentales y, en general, toda clase de películas y videotapes nacionales y extranjeros de corto y largo metraje».

De la mano de Televisa y en especial de Alejandro Quintero, Pedro Torres se transformó en el productor del «gran montaje» en torno al ascenso de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.

Así, lograron construir un candidato telegénico para audiencias analógicas, en pleno proceso de irrupción de las redes sociales y de las audiencias digitales, deliberativas, que han cuestionado duramente la relación entre Televisa y Peña Nieto.

Y es que no han podido acallar las protestas: el logotipo de Televisa ha aparecido vinculado con el PRI y Peña Nieto en cada una de las marchas postelectorales. El movimiento #YoSoy123 y una extensa alianza con cerca de 300 organizaciones sociales definieron que una de las protestas centrales para «desmontar» la imposición de Peña Nieto sería en las instalaciones de Grupo Televisa.

EL CERCO A TELEVISA

La noche del jueves 26 de julio de 2012 inició una protesta única en la historia reciente del país. Contingentes de jóvenes integrantes del movimiento #YoSoy123 marcharon del Monumento a la Revolución hacia la avenida Chapultepec y Doctor Río de la Loza para protagonizar el primer cerco de 24 horas a las instalaciones de Televisa Chapultepec.

«Convocados por una vergüenza que nos afrenta, hoy estamos aquí, a las puertas de esta empresa mediática ignominiosa, que se ha encargado de desinformar y manipular al pueblo de México», decía la primera frase del discurso pronunciado alrededor de las 22 horas.

#YoSoy123 es un movimiento estudiantil y social, político, apartidista, pacífico, autónomo, antineoliberal, independiente de los partidos, candidatos y organizaciones que responden a un programa electoral —definió en una de las partes el discurso y agregó—: se trata de un movimiento democrático donde las decisiones emanan de sus asambleas locales y generales que ha trascendido la coyuntura electoral y seguirá organizándose y luchando para transformar profundamente a México, como contrapeso a cualquier decisión y política que vulnere los derechos e intereses de nuestro pueblo.

En tal circunstancia, las instalaciones de Televisa fueron rodeadas por jóvenes estudiantes, integrantes del movimiento de San Salvador Ateneo, del SME, de artistas plásticos y de grupos solidarios con los jóvenes que irrumpieron en el escenario político desde la segunda semana de mayo de 2012.

Ninguna señal de televisión abierta transmitió en vivo este hecho. El noticiario de Joaquín López-Dóriga le dedicó sólo 20 segundos a la protesta, sin incluir ningún audio del discurso pronunciado. En contraste, los sitios de televisión y radio online se desbordaron, así como las cuentas en Twitter y Facebook que dieron cobertura a la llamada #OcupaTelevisa.

«Aquí se ve, aquí se ve, que Peña Nieto presidente no va a ser», se escuchaban decenas de voces que corearon esta y otras muchas consignas que han destacado en las movilizaciones posteriores a la jornada de la amarga victoria priista del 1.º de julio.

El texto del discurso planteó seis puntos básicos demandados por el movimiento #YoSoy123: 1. Democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión; 2. Cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico; 3. Cambio en el modelo económico neoliberal; 4. Cambio en el modelo de seguridad nacional; 5. Transformación política y vinculación con los movimientos sociales; 6. Pleno cumplimiento del derecho a la salud consagrado en el artículo cuarto constitucional.

La protesta frente a Televisa no era un capricho ni una pose. Los participantes aplaudieron cuando la oradora del discurso central afirmó: «El contubernio Televisa-PRI tiene más de 60 años de existencia. Emilio Azcárraga Vidaurreta, el abuelo del actual presidente de Televisa, fundó en 1951 el Canal 2, seis años después de la creación del PRI».

Recordaron que una de las páginas más negras en la historia de la comunicación mundial fue el silencio de Televisa tras la matanza del 2 de octubre de 1968. «El día de la masacre, Jacobo Zabludovsky anunció como principal noticia que había sido “un día soleado”», recordó la oradora.

En 1993, Salinas de Gortari entregó a Ricardo Salinas Pliego la televisora gubernamental Imevisión. Y lejos de ser una competencia, TV Azteca se convirtió en la reproductora de los peores vicios de Televisa. Incluyendo la toma por la fuerza de las instalaciones del cerro del Chiquihuite, en diciembre de 2002, para apropiarse de las instalaciones de Canal 40. El discurso de aquella noche #Ocupa ahondó en cómo Televisa y TV Azteca son la cara más visible y el principal instrumento de la oligarquía que gobierna este país, de los poderes fácticos que, de acuerdo con sus intereses, imponen y quitan gobernantes. Son empresas que producen y difunden información manipulada, confusa y tergiversada para hacer pasar por opinión pública lo que conviene al régimen económico y político, para imponer a los gobernantes que ejecuten los proyectos neoliberales de los grandes capitalistas tanto nacionales como trasnacionales.

Hicieron un repaso de lo publicado por Proceso en 2005, por The Guardian en 2012, por las denuncias de irregularidades como la compra del voto y la triangulación de fondos, por el uso amañado de las encuestas «y otras prácticas» que alteraron la esencia del sufragio libre, informado, razonado y crítico.

«Estas pruebas evidencian ampliamente que el proceso de imposición de Peña Nieto como presidente tiene su origen desde 2005 y que empresas como Televisa han jugado un papel determinante en tal imposición», destacó la oradora.

Desde esa fecha comenzó a configurarse la otra cara del gran montaje y de la imposición de Peña Nieto. La otra historia que no fue teleproducida.

«Éramos silencio, éramos dolor, querían quitamos todo y sólo perdimos el miedo. ¡Basta de envenenar la verdad con dinero!», remató el discurso del cerco a Televisa.

CAPÍTULO DOS

La otra cara del reality show

En mayo de 2005, en plena campaña electoral del aspirante priista Enrique Peña Nieto (EPN) para gobernador en el Estado de México, sus asesores coquetearon con una idea para difundir la imagen del entonces desconocido diputado local y exsecretario de Administración montielista: hacerlo participar en alguna emisión del Big Brother VIP, el reality show de Televisa dirigido por el publicista Pedro Torres.

Carlos Sedaño, entonces funcionario de Probosque —entidad mexiquense para preservar el entorno ecológico—, amigo de Pedro Pliego Castil, propietario de la hacienda Tejalpa, donde se grababa Big Brother, contactó también a Pedro Torres. En la grabación, que empezó en el bello casco de hacienda ubicado en Zinacantepec, participaron Sasha Sokol, la cantante que saltó a la fama con Timbiriche, así como Alejandra Avalos, Juan Osorio, Sabrina y René Franco, entre otros personajes de la televisora. La big sister de aquella emisión fue Verónica Castro, entonces cuñada de Angélica Rivera, la actriz de Televisa que protagonizaría la telenovela Destilando amor.

Pedro Torres se emocionó con la idea de tener al joven candidato priista a la gubernatura en la casa del Big Brother y, con ello, además el patrocinio del gobierno del Estado de México. Peña Nieto, por su parte, sopesó la idea, mientras que las críticas del contrincante panista, Rubén Mendoza Ayala, por los excesos de gasto en publicidad y mercadotecnia del priista subían cada vez más de tono. En ese escenario, desde la oficina del gobernador Arturo Montiel salió una orden tajante para evitar una exposición de este tipo.

EPN no se integró al reality que terminó en julio de 2005, en vísperas de la elección estatal. En contraste, Televisa inició otra gran producción, mucho más ambiciosa y compleja: transformar a Peña Nieto desde el gobierno de la entidad en el personaje político más vendible, atractivo y «mejor posicionado» entre las encuestas y sondeos de popularidad, la mayoría realizados por empresas ligadas a la televisora.

Éste, el verdadero reality, cuyo objetivo eran las urnas de 2012 y la presidencia de la República, consolidó desde ese momento una relación especial entre Televisa, Peña Nieto y Pedro Torres: el manejo de imagen, la grabación de sus spots de campaña y la asesoría principal en el terreno mercadológico es del exproductor de Big Brother.

La maquinaria se echó a andar desde entonces. El reality político, separado de la estructura del partido, nutrido por recursos públicos y no pocas donaciones de empresarios y otros interesados en «invertir» en Peña Nieto, tuvo vigencia más allá de aquella ocurrencia de 2005.

«Televisa quiere volver al estado», declaró orgulloso Pedro Pliego, dueño de la hacienda Tejalpa, al terminar Big Brother VIP. No sólo «volvió» al Estado de México, se quedó en el gobierno de Peña Nieto, a quien convirtió en su mejor cliente para la apuesta presidencial de 2012.

Este proceso tiene una explicación. Es el resultado de una transición hacia un gobierno telecrático dependiente de un Poder Ejecutivo fuerte, mediáticamente rentable. Se trata de la construcción simbólica de un personaje que, sin importar la división de poderes, se volverá el eje de las decisiones fundamentales en el país: el gobernante no sólo atractivo, seductor de mujeres y «cumplidor» ante notario público de sus promesas de campaña, sino el referente de una nueva generación de políticos «eficaces».

EL REALITY DE LA ALTERNANCIA

La alternancia en México, manifiesta cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la presidencia de la República a manos del Partido Acción Nacional (PAN), llegó acompañada de dos procesos simultáneos: la transformación de los políticos novatos en cazadores de fórmulas para la fama y la popularidad instantáneas, y el cambio en los géneros y contenidos televisivos, alimentado por la demagogia mediática consistente en transmutar a personas «comunes y corrientes» en celebridades de pantalla mediante el voto de las audiencias.

La política se tomó cada vez más en marketing, y la televisión influyó de manera importante en el ascenso y descenso de sus protagonistas. La comunicación política, en otro tiempo de ideas, se diluyó para privilegiar el mensaje de alto impacto y corta duración (el spot). La imagen dejó de ser un complemento, y se impuso como imperio y esencia de la actividad electoral y de gobierno.

A su vez, la televisión salió de los estudios para encontrarse con las audiencias, no en un diálogo, sino mediante una producción que demostraría que cualquier hombre o mujer, con atributos o sin ellos, podía tener sus 15 minutos de fama y engrosar las nuevas reservas de talento próximas a comercializar.

En el año 2000 terminaron los 70 años de gobierno del PRI —y precursores— en la Presidencia de la República, y empezaron los reality shows en la televisión mexicana. No es casual que Big Brother, La academia y otros realitys se estrenaran en pleno proceso de decepción social ante la llegada de un presidente como Vicente Fox, que en su calidad de candidato presidencial prometió el «cambio» inmediato («hoy», «hoy») y como gobernante se paralizó para, de este modo, defender el viejo orden del sistema político.

Doce años después, ante la posibilidad de un nuevo proceso de alternancia con el eventual retorno del PRI a la presidencia, la televisión mexicana ha logrado demostrar, a través del tratamiento que ha dado al aspirante priista, Enrique Peña Nieto, que los reality políticos, subgénero que proclama la realidad teledirigida y subordina los asuntos públicos a los valores mediáticos, constituyen un modelo eficaz para encumbrar políticos, aun a los más desconocidos, o a aquéllos con escasa trayectoria o sin atributo intelectual alguno.

Luego la política y los contenidos mediáticos han estado determinados por la impostura de los reality shows. La cultura del simulacro y el espectáculo se trasladó a la cultura política mexicana, todavía anclada en los reflejos del autoritarismo interiorizado.

Como fórmula de la neotelevisión para atrapar nuevas audiencias, el reality tiene la ventaja de idealizar, crear y resignificar estereotipos, modelos de vida, emociones y temores de los ciudadanos: de ahí su tránsito fácil a los asuntos públicos. Ha convertido las ofertas políticas en individuos-mercancía; los programas, en spots; y las trayectorias más novedosas, en melodramas o tragicomedias maleables, fáciles de alterar o dirigir a gusto de las audiencias-electores.

El reality es un híbrido exitoso que abreva en las fórmulas de otros géneros televisivos: las telenovelas, las entrevistas, los reportajes, los talk shows, los espectáculos, los deportes, los teletones y, sobre todo, la publicidad encubierta en los contenidos o, como lo definen los mercadólogos, el «desplazamiento del producto».

El éxito de los realitys radica en la apariencia de verdad, naturalidad y espontaneidad de sus protagonistas, a pesar de que respondan a un guion oculto, en ocasiones dictado desde el teleprompter, o bien a un estereotipo definido en función del branding (posicionamiento de marca) y de la segmentación de las audiencias. Los realitys son capaces de generar vidas alternas desde el simulacro de un set televisivo, como recreó la película The Truman Show, y fabricar personajes de empatías fingidas y múltiples, como Zelig, el personaje de Woody Allen que se mimetizaba de acuerdo con sus interlocutores.

El objetivo de los realitys no es sólo generar rating sino establecerse en un escaparate múltiple capaz de vender sin que se note la marca de la publicidad explícita. Los realitys llevan a su máxima expresión las técnicas del advertainment (publicidad y entretenimiento). Además de mercancías, «venden», sobre todo, estereotipos, modelos de socialización, emociones, lenguajes, modas, fórmulas de convivencia que algunos especialistas llaman «individualismo paradójico» (Gilíes Lipovetsky) y otros definen como «sociedad líquida» (Zigmunt Bauman) por razón de que estos patrones son efímeros y no liberan, sino promueven nuevas maneras de enajenación de la realidad.

Gracias a los realitys, las «muchedumbres solitarias» —definición de las audiencias televisivas— se transforman, durante algunos instantes, en individuos, ya sea simulando una competencia, exhibiendo sus intimidades en talk shows o protagonizando «seudoacontecimientos» (pleitos, concursos de talento, pruebas de sobrevivencia, romances, complots, liderazgos, escándalos) diseñados previamente por productores televisivos.

La magia de los realitys es que, sin comunicación, simulan una interacción. «Interactúan» las audiencias porque votan para elegir a los más fuertes, los más astutos, los más bellos o agradables (como en la casa de Big Brother), o a los más talentosos (como en American Idol), pero no pueden comunicarse para obtener una respuesta e incidir en el mensaje. En este sentido, la dinámica predominante es la de los medios analógicos, no la de los dialógicos.

La interacción auténtica permite un cambio de roles en el proceso de comunicación: el emisor es receptor, el receptor es emisor y el mensaje se modifica. En los realitys no hay más que una impostura de la interacción o del feedback. Son unívocos. Su exigencia es que no aparezcan las estructuras comerciales o de poder que los producen y patrocinan. La interacción simulada deviene, así, medio de control social, de dominio y diseño de valores y creencias políticas, eficaces fórmulas de convivencia dosificadas.

Los realitys afloran en contextos de tensión producida por el cambio político o por altas dosis de decepción social. Son pequeñas cuotas de evasión o juegos de máscaras en sociedades fracturadas. Parafraseando a Marshall McLuhan, en los realitys el contexto es el mensaje. En el caso mexicano, el gran contexto ha sido la transición frustrada de un modelo autoritario a otro que no acaba de ser plenamente democrático ni, menos, incluyente.

Otro elemento importante de la fórmula de los realitys es su capacidad para combinar las dos pulsiones —en sus expresiones contemporáneas— más comunes en una sociedad masificada: el narcisismo y el voyeurismo.

Todos queremos, de alguna manera, exhibimos, mostrar nuestra intimidad, saltar del anonimato a la plataforma del escenario virtual y, al mismo tiempo, vigilar, espiar a los inquilinos de la casa de Big Brother o la vida de quienes exhiben sus miserias en los confesionarios electrónicos de los talk shows, en suma, vivir una falsa intimidad, dictada en muchas ocasiones por una superestructura de vigilancia moral predeterminada por un contexto de miedo o un neoconservadurismo mediáticamente rentable.

El encanto de los realitys cambió con la irrupción de las redes sociales digitales a mediados de la primera década del año 2000, que por el momento hicieron innecesaria la gestión de la empresa televisiva para mostrar y vigilar, para compartir y formar comunidades virtuales.

La pesadilla orwelliana de 1984 y su Big Brother totalitario, intrusivo, censor, derivó en una realidad paradójica ante la impostura mediática que creó este reality game. No son los espectadores los que ayudan al «Gran Hermano» telegénico, sino la propia industria televisiva es la que establece los límites, hasta dónde llegar en la vigilancia del «otro», o de los «otros», en función de los intereses, roles y necesidades del rating; hasta dónde es conveniente exhibir las virtudes y vicios privados de los protagonistas para crear una intimidad controlada, una conexión virtual subordinada a la fragmentación de las audiencias (el target).

BREVE HISTORIA DE UN MULTIGÉNERO TELEVISIVO

Los realitys surgieron en la década de 1990 en la industria televisiva europea ante la crisis y asfixia de los modelos de la televisión pública de Alemania, Gran Bretaña, Francia y Suecia, principalmente, y, en sintonía con los poderosos consorcios mediáticos privados que dominan la producción de contenidos audiovisuales en los sistemas de televisión, tanto abiertos como cerrados, con rapidez adquirieron carta de naturalización no sólo en las industrias de ese tipo sino también en las culturales de Estados Unidos, Asia y América Latina.

Los realitys coincidieron con los modelos comerciales de payTV, pay per view, video on demand, datacasting, multicasting o multiprogramación; es decir, la televisión surgida de su fusión con las industrias de telecomunicaciones, la informática y la telefonía, que diversificó su oferta de canales aunque no necesariamente la calidad de sus contenidos.

Los neerlandeses John de Mol y Joop van den Ende, fundadores de la empresa productora de televisión Endemol, tuvieron la gracia de hacer una «fórmula», franquiciarla y venderla a otras televisiones con formatos dependientes de los índices de rating. Así se inició en 1999, en medio de la sorpresa, el escándalo y la vergüenza de periodistas, científicos y, en general, de la vanguardia cultural neerlandesa, el programa Big Brother, que pronto se expandió a Alemania, y después a Australia, Argentina, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Grecia, Italia, Noruega, Portugal, Polonia, Suecia y Suiza. De Mol, el creador, fue condecorado en 1999 como The Broadcast Man of The Year.

Ante el surgimiento de movimientos de conservadurismo religioso y político, ultranacionalistas y xenófobos, el éxito comercial de este reality fue mayor en países con tradición puritana. La condena y el escándalo también ayudaron a la publicidad de Big Brother, salvo en países como Estados Unidos, donde la sobreoferta televisiva no generó mayor polémica frente a un formato más adaptado en las cuatro grandes empresas (NBC, CBS, ABC, FOX) y las nuevas compañías de canales de paga. En otras naciones, especialmente las de Europa del Este, el programa, en medio de la crisis creada por la decepción del fin de los viejos regímenes del socialismo real, tuvo un éxito inmediato.

En octubre de 2001 se creó la compañía Endemol-México, en sociedad con Televisa, que asignó la producción de las primeras emisiones al publicista Pedro Torres, casualmente el mismo personaje contratado por Enrique Peña Nieto para el diseño de sus spots y de los videos más importantes en la vida del entonces gobernador mexiquense, como la ceremonia de su boda con Angélica Rivera, entre otras producciones especiales.

Frente a fenómenos de segmentación, proliferación de plataformas convergentes de televisión multicanales, internet y telefonía, el producto Big Brother y otras series similares tuvieron como objetivo «atrapar a las audiencias[7]».

La audiencia masiva ya no tenía individuos dóciles, sentados en su sala viendo los programas tradicionales, sino zappeadores compulsivos, dedicados a cambiar los canales, en cacería furtiva, con escasa o muy poca concentración frente a los estímulos de una gran cantidad de contenidos, formatos, historias, noticiarios, deportes que hablaban básicamente de lo mismo. El reality tenía, entonces, la función de un programa-ancla que generara rating en otras emisiones. Contaba, asimismo, con una característica poco analizada al inicio: su obsolescencia planificada. La sorpresa y la tensión frente a la producción de un programa de este tipo no deben prolongarse más de seis meses para evitar el agotamiento o el aburrimiento de las audiencias zappeadoras.

Los realitys copiaron fórmulas del culebrón, o telenovela, como es: acudir a los fetiches de la cultura de masas: dinero, violencia, éxito, sexo, infidelidades, belleza; bombardeo constante de estímulos emocionales y visuales; estructura narrativa sobre una multitud de personajes enlazados en una trama de conflictos y melodramas; secuencias muy breves, no mayores a los 30 o 45 segundos: lo que dura un spot publicitario; fábulas morales simples, tomadas de arquetipos tradicionales o de cuentos clásicos.

En el caso mexicano, esta hibridación fue más fácil. Una sola empresa, Televisa, domina ampliamente el mercado de la pantalla abierta (70% de la audiencia, 80% de la producción y más de 66% de toda la publicidad en medios electrónicos), y en el año 2000 el Canal 2 tenía la capacidad de alcanzar 95% de los telehogares, mientras que la televisión de paga apenas llegaba a 10% de las familias.

Además, la tradición telenovelera en las audiencias en México permitió, en función de los modelos maniqueos de los melodramas mexicanos, una adaptación rápida. Incluso la tradición guadalupana, ampliamente explotada por Televisa (ahí está La Rosa de Guadalupe), ayudó al éxito inmediato de las primeras emisiones de Big Brother.

El miércoles 24 de abril de 2002, día de las «nominaciones» de Big Brother, Televisa registró un récord de audiencias, con un rating promedio nacional de 28.2 puntos (cerca de 15 millones de telespectadores) y de 31.4 puntos en el ámbito metropolitano del Distrito Federal. Casi 60% de los televisores encendidos a esa hora (share) estaban sintonizados con dicha emisión.

Ese nivel de rating fue superior a la transmisión del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, repetido ininterrumpidamente a lo largo del día, y a la toma de posesión de Vicente Fox, en diciembre del año 2000. El rating de las «nominaciones» del primer Big Brother sólo es comparable con los grandes éxitos de las telenovelas (destacadamente, Cuna de lobos, cuya emisión final rebasó los 40 puntos), las finales de los campeonatos de fútbol o la transmisión continua del asesinato de Paco Stanley, en TV Azteca, que en 1999 superó los 30 puntos.

En noviembre de 2002, apenas se dio a conocer que se abrían las inscripciones para una nueva emisión de Big Brother para el año 2003, en las calles aledañas a los establecimientos de Sky se observaron largas filas de jóvenes, de los que sólo se seleccionaría un puñado, en espera de un lugar en el casting (los organizadores presumieron que 150 000 jóvenes de todo el país se inscribieron en los módulos). El éxito se repitió en la final de la segunda edición, el 2 de marzo de 2003, con un rating promedio de 24 puntos. Superó a La Academia, de TV Azteca, que registró 19, después de alcanzar un nivel tope de 34 puntos, en el Canal 13.

El contrato firmado por los miles de aspirantes a ingresar en la casa de Big Brother y Endemol-Televisa da una idea del grado de docilidad, dominio y simulación existente en esta producción. Los concursantes tenían que renunciar, previamente a su conversión en un producto en manos de la empresa, a sus derechos:

Acepto que estas liberaciones [consistentes en la grabación, utilización y reutilización de Televisa del audio y la imagen] permiten usar mi apariencia e imagen en relación con cualquier promoción, publicidad, comercialización o publicación del programa. Cedo estos derechos sea o no seleccionado para participar en el programa[8].

Las ganancias para Televisa fueron sustanciales. Obtuvo más de 70 millones de dólares de utilidad neta en la primera emisión de Big Brother, monto —elevado para un género nuevo— que opacó las ganancias de la Copa Mundial de Fútbol Japón-Corea de ese año[9].

La rápida asimilación del nuevo género llegó para quedarse en la televisión mexicana. Eran los años, los meses, de la decepción generalizada frente a las promesas de «cambio» y «fin de la corrupción» del gobierno de Vicente Fox. El mismo presidente y su esposa, Marta Sahagún, empezaron a protagonizar su propio reality político-emocional: la «pareja presidencial», y los excesos de la primera dama devenida en nuevo icono del fracaso de la alternancia.

En cuanto a desengaños, México no fue la excepción a la regla: el proceso global de despolitización y desencanto de las generaciones de fin de siglo e inicio de milenio tuvo una de sus expresiones en los realitys. La «sociedad líquida», como la definió Zygmunt Bauman, era entonces una sociedad hipermediatizada y de estímulos de corto alcance e impacto social y político. El fin de la utopía fue también, a semejanza de la fragmentación de las audiencias televisivas, la fragmentación de las causas y los intereses políticos.

EL REALITY POLÍTICO EN MÉXICO

También los viejos regímenes autoritarios se fragmentaron o fracturaron. Es el caso de los largos procesos, en México, tanto de crisis: la del PRI en la presidencia se prolongó 12 años (1988-2000), como de transición: la alternancia encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN) entró en conflicto y agotamiento en igual número de años (2000-2012).

A casi un cuarto de siglo de distancia, para la mayoría de los ciudadanos ha quedado claro que la democracia no trajo los beneficios deseados ni el fin del modelo autoritario heredado a lo largo de décadas de sistema PRI-gobierno. El autoritarismo, más bien, se fragmentó para refugiarse en los poderes estatales de los gobernadores o en poderes salvajes, sin contrapeso alguno, de estructuras al margen de toda legalidad, como el crimen organizado y sus cotos, o sobrevivientes del viejo sistema, como Televisa.

Con ésta, la farándula se introdujo en la política, para importar el rating a los políticos en tumo. Se inventaron romances, aventuras, melodramas, bodas y aún complots entre estrellas y políticos. Un núcleo de actrices y actores vinieron a ser promotores de los «logros» de los gobiernos-clientes de Televisa, como ocurrió con Angélica Rivera y Lucero en el caso del Estado de México. Parafraseando a Carlos Hank González, hoy un político sin rating es un pobre político.

En esta tramoya, los conductores televisivos, por su parte, fungen ya como publicistas, jueces de facto, profetas incómodos, altavoces de la agenda de intereses en juego, en especial de las propias empresas para las que trabajan. Son, como observamos en este 2012, los implacables juzgadores y gestores de las competencias político-electorales.

La democracia como espectáculo empezó a ser un negocio muy redituable para los partidos, los políticos y, en especial, para la televisión. Así lo presumió en 2004 Emilio Azcárraga Jean durante un evento empresarial en Nueva York: «La democracia es un buen cliente [y la televisión es un gran vehículo para vender también] a los candidatos políticos, aunque no sean nuestros clientes tradicionales»[10].

Vicente Fox inauguró la etapa del cambio como marca (branding) y del presidente como intérprete de un guion delimitado por sus asesores mercadológicos. Él mismo venía de ser gerente de la Coca-Cola, la empresa líder en técnicas publicitarias a escala global.

Durante su sexenio, los partidos (en especial, el PRI y el PAN, y una buena parte del Partido de la Revolución Democrática, PRD) se sumaron a esta nueva ola. Convertidos en agencias de talentos, escogieron a sus candidatos en función de valores telegénicos (imagen, popularidad, maleabilidad) y, como si se tratara de un concurso de alto rating, con base en encuestas que devinieron método de selección interna. Las estructuras de dirección y las reglas del juego no se democratizaron en ninguno de los tres partidos más representativos. A partir de su matrimonio con el espectáculo, su divorcio de la sociedad ha sido cada vez mayor.

El caso extremo es el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), un partido-franquicia que nada tiene que ver con la plataforma de los movimientos ambientalistas del resto del mundo, y sí con una derecha empresarial, oportunista, telegénica. El PVEM es una anomalía del proceso de transición a la mexicana. Una impostura completa: sus dirigentes son capaces de apoyar primero al PAN y luego al PRI, para que el partido sobreviva como un organismo patrocinado por los intereses de las «telebancadas» en el Congreso.

Luego México no estuvo ajeno a la tendencia global de desencanto en la política. Con el fin de las ideologías, se impuso una sola ideología, marcada por la sociedad de consumo. El valor de cambio transformó la idea misma del «cambio» político para que todo siguiera igual. O peor, como lo demuestra el retroceso vivido en este sexenio de Calderón, con niveles de violencia e ineficacia gubernamental mayores que los de su antecesor, apenas disimulados mediante caros telemontajes y una intensa promoción audiovisual de su gobierno. Pese a todo, sus índices de aceptación son los más bajos de los últimos presidentes de la República: 51% al finalizar 2011, según Consulta Mitofsky.

Los dos ejes principales que determinaban las reglas del juego en el sistema político mexicano: la Presidencia de la República y el partido hegemónico, vivieron un acelerado proceso de desgaste.

Ambos se debilitaron, pero no se democratizaron. Más bien, se fragmentaron, se balcanizaron. Hallaron refugio en espacios territoriales de alto nivel de control e impunidad, como lo son la mayoría de los gobiernos estatales, y se recrearon en los poderes fácticos, especialmente los monopolios económicos y mediáticos. Los vacíos que dejaron en su repliegue fueron absorbidos por poderes ilegales de creciente influencia, como el narcopoder. No nos convertimos en un «Estado fallido», como definieron los ideólogos del Departamento de Estado norteamericano, sino, más bien, en un Estado autoritario fragmentado, enormemente incapaz de responder a las demandas sociales.

El caso de los monopolios privados es sintomático. Al no existir mecanismos de rendición de cuentas, competencia y contrapesos efectivos, dependen únicamente de su autocontención, de peleas corporativas, como la protagonizada en este sexenio por Televisa y Telmex-Telcel, o de su capacidad para dominar previamente el juego político.

Televisa fue una de estas estructuras de poder que creció, se fortaleció y se impuso como juez y parte de la transición fallida. Es el productor y el beneficiario del reality de la alternancia al estilo mexicano, con videoescándalos de por medio, linchamientos en pantalla, telemontajes o «recreaciones» de la realidad, y la imposición de un modelo funcional y dócil a sus intereses, como ha sido el caso tanto del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, como de sus distintas variaciones estatales.

La televisora, que a partir de Miguel Alemán surgió como una extensión empresarial de los «cachorros de la Revolución», se volvió un fenómeno único en el mundo por su alto nivel de concentración mediática, por su docilidad ante el sistema priista que la engendró, por su arraigo en la sociedad mexicana basado en la importación de formatos del modelo televisivo estadounidense y en la recreación de una ideología conservadora, de servidumbre voluntaria, en la más ortodoxa tradición católica-guadalupana.

Como lo haría el sistema priista desde 1988, Televisa vivió su propia crisis, antes y durante el fin del patriarcado de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre. Las dificultades financieras heredadas por su hijo, Emilio Azcárraga Jean, permitieron que una nueva generación de gerentes jóvenes, sin más límites que su propia ambición, tomaran las riendas de la empresa, junto con asesores provenientes de la tecnocracia de los centros bursátiles.

Como un Big Brother remasterizado, en el periodo de la alternancia Televisa resurgió más poderosa, impune, y con una innegable capacidad de chantaje y dominio sobre la clase política.

SISTEMA POLÍTICO Y TELEVISA: PROCESOS SIMULTÁNEOS

Para recapitular, es importante subrayar procesos paralelos transcurridos en el periodo de 1997 a 2012:

Terminó la época del PRI hegemónico e inició el proceso de fragmentación. Primero perdió su mayoría en la Cámara de Diputados, el gobierno del Distrito Federal, el control sobre los árbitros electorales (Instituto Federal Electoral [IFE], y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [TEPJF]), pero conservó las riendas en la mayoría de las entidades. Después de perder el gobierno en algunas de ellas de importancia (Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Yucatán, Chiapas), a partir de 2006 inició un proceso de recuperación de baluartes priistas en casi todas estas entidades.

Tras las elecciones estatales, concurrentes con las federales de 2012, el PRI recuperó la gubernatura de Jalisco, pero perdió la de Tabasco, una de las entidades que no han vivido procesos de alternancia. Igual que el caso del Estado de México. Esta entidad, la más poblada y con mayores recursos públicos, se ha mantenido como una plaza dominada ampliamente por este partido y, en especial, por la dinastía de políticos provenientes del valle de Toluca y de Atlacomulco, la cuna simbólica de EPN.

Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), pero con mayor énfasis tras las elecciones presidenciales de 2000 y 2006, se concretó un modelo de gobierno bipartidista, funcional al proyecto económico que defienden —si bien con algunos matices de diferencia, pero coincidentes en lo fundamental— el PRI y el PAN: privatizaciones energética y eléctrica, flexibilización laboral, recorte a modelos de pensión, privilegio al capital financiero, administración (no combate) de la pobreza, etcétera.

El sistema PRI-AN ha gobernado 12 años. Tras la crisis poselectoral de 2006, una parte del PRD intentó entrar en este arreglo, pero en una condición subordinada: los dos partidos podrán tensar la cuerda al máximo en sus desarreglos y disputas político-electorales, pero acaban por pactar y distribuirse los espacios de poder más importantes.

Es muy probable que este «arreglo» bipartidista se reproduzca tras los comicios de 2012. La coalición del PRI y del PVEM no alcanzó la mayoría simple en el Congreso. Necesitarán de los votos del PAN y de la bancada del Panal, creación de Elba Esther Gordillo, para impulsar las reformas más ambiciosas, en especial la energética.

El sistema inició un proceso de «despresidencialización» parcial, acelerado por Ernesto Zedillo durante su sexenio, en clara confrontación con su antecesor, Carlos Salinas. Las facultades que se le restaron a la institución presidencial acabaron por fortalecer al núcleo tecnocrático que llegó para quedarse (ni Vicente Fox ni Felipe Calderón modificaron esta tendencia) y tomar el control no sólo de las instituciones financieras y de los organismos autónomos: la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sino también de órganos reguladores, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la Comisión Federal de Competencia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y empresas paraestatales importantes, como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), e instituciones del Estado social desmanteladas en estos 12 años, como los institutos Mexicano del Seguro Social, y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Salinas, exiliado temporalmente por Zedillo, retomó por sus propios fueros durante los dos gobiernos presidenciales del PAN (Vicente Fox y Felipe Calderón), y aunque el salinismo como clase política se fragmentó y escindió, a imagen y semejanza de la estructura priista, el expresidente encontró refugio para sus negocios y para influir en los gobiernos estatales del tricolor, del PAN y, en alguna medida, también del PRD.

Salinas se creó un personaje de «Gran Hermano» y actúa como el líder desconocido por sus gobernados, defendiendo su herencia, metido en el «debate de las ideas» y protagonizando uno que otro complot en la casa de la política.

Zedillo no se exilió, pero sí logró una presencia y un reconocimiento en instituciones del neoliberalismo internacionales y en multitud de empresas transnacionales que lo convirtieron en otra especie de Big Brother. Zedillo y Salinas son los únicos dos expresidentes priistas con una presencia activa en los acontecimientos y en la discusión pública actuales.

El panista Vicente Fox, distante de la capacidad de influencia de ambos expresidentes priistas, es un convidado más en esta tragicomedia de enredo. Provocador constante, Fox decidió desgastar el poco prestigio que le quedaba. En la campaña electoral apoyó abiertamente a EPN. El «primer presidente del cambio» se convirtió en un traidor a su propio partido, el PAN, y a la alternancia del año 2000.

Primero, Televisa logró frenar cualquier intento de democratización del régimen de medios de comunicación en México. Desde 1993, año en que el gobierno de Salinas privatizó Imevisión y lo entregó a Ricardo Salinas Pliego, no se ha creado ninguna cadena nacional de televisión privada con capacidad de rivalizar con Televisa. Con Fox se creó Cadena Tres —el Canal 28—, entregada a Olegario Vázquez Raña, cuya influencia en el área metropolitana del Distrito Federal es muy limitada.

Segundo, logró frenar cualquier intento de cambio en la legislación que afectara sus intereses. El decretazo de 2002 —el año de la primera transmisión del Big Brother—, en el gobierno de Vicente Fox, marcó ese quiebre. Y en 2006, la empresa terminó arrodillando a la mayoría de los legisladores federales durante el proceso de aprobación fast track de la ley que lleva su nombre: Televisa.

Calderón llegó con el ímpetu de desembarazarse de la influencia y los intereses de Televisa, pero su gobierno, fallido en lo político, sangriento en materia de seguridad pública, quedó atrapado y ha sido todavía más obsequioso que sus antecesores con el poder del duopolio televisivo.

Tercero, logró frenar la posibilidad de establecer una cadena de televisión privada más, así como nuevas licitaciones para televisión digital terrestre que se pospusieron; el ingreso de Telmex en la competencia del triple play, que se bloqueó; con beneplácito del PRI y del PAN, cualquier intento de legislar en materia de radio y televisión en el Senado y en la Cámara de Diputados, que se congeló.

Por la vía de los hechos, en este sexenio Televisa ha visto beneficiados tanto su concentración como su interés por participar en el mercado de las telecomunicaciones. Se le adjudicó el primer par de fibra óptica oscura de la CFE; se le autorizó un avance mayor en televisión de paga; y un mes antes de las elecciones, el organismo antimonopolios autorizó su fusión con Iusacell, permitiéndole ser la única empresa en ofrecer servicios de cuádruple play, audio, video, telefonía móvil y fija, e internet.

Ni el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, pudo competir en suelo mexicano con los tentáculos que Televisa extendió y fortaleció durante esta administración. Este poder de Televisa se potenciará ahora. Cobrará altas facturas por su apoyo y su negocio con EPN.

En previsión de cualquier cambio súbito que afecte su gran apuesta para los próximos años, Televisa pasó de ser espectador y «soldado del presidente» a protagonista y general entre los batallones de soldados de la clase política.

Su mejor apuesta y su negocio más rentable estuvieron en el Estado de México: se volvió productora, guionista, animadora y capacitadora del joven gobernador Enrique Peña Nieto para encumbrarlo en 2012. Para esta empresa no sólo se trata de una inversión política a futuro, sino de un negocio redondo en el presente. Transformó a un cliente común (el mandatario priista más joven de su momento) en un modelo que siguen otros virreyes de entidades federativas. Formó así el elenco de su propio reality político.

Gobernadores, legisladores y funcionarios públicos aprendieron la lección de la relación Peña Nieto-Televisa: para lograr el éxito es necesario aceptar la colonización del poder televisivo en sus diseños de campaña, de gobierno y de manejo de imagen.

Lo anterior, sin embargo, no garantiza ningún tipo de lealtad corporativa por parte de Televisa. Simplemente, se trata de un acuerdo político-comercial para que no sean «expulsados» de la casa de Big Brother. Un videoescándalo, una filtración, un telemontaje, un linchamiento en el Canal 2 aún pueden costarle la trayectoria a muchos políticos con escaso arraigo social.

PEÑA NIETO, ESCENAS INCÓMODAS DEL REALITY

Corte a: El Vaticano.

El 16 de diciembre de 2009 ocurrió algo inusitado en la política mexicana: el Vaticano y su habitante más distinguido, el papa Benedicto XVI, cayeron en una peculiar trampa de autopromoción televisiva protagonizada por Enrique Peña Nieto.

El entonces gobernador del Estado de México organizó una gira a la Santa Sede para inaugurar la exposición de artesanos mexiquenses en la Vía de la Conciliación, principal avenida del Vaticano. EPN viajó con una cohorte de familiares, amigos y 13 obispos mexicanos, la mayoría provenientes de su entidad.

Pidió audiencia a Benedicto XVI para donarle un árbol de la vida y un nacimiento navideño, elaborados por los artesanos de la exposición Arte y Espíritu Mexiquense en el Vaticano. Cuando se acercó al pontífice, una cámara de televisión, estratégicamente colocada a espaldas de éste, grabó el momento en que Peña Nieto lo saludó y le presentó a su «futura esposa», Angélica Rivera. Se escuchó claramente cuando éste le anunció su próxima boda a un Ratzinger indiferente. La novia, a unos metros de distancia, se aproximó con estudiado gesto de beata, cubierta por una mantilla negra, y también saludó a «su santidad».

El incidente pudo pasar inadvertido, pero Televisa se encargó de que no fuera así. Su noticiario estelar de Canal 2 divulgó el encuentro. Y en la emisión del 24 de diciembre promovió, con recursos públicos del Estado de México, la Navidad en el Vaticano.

La polémica fue inmediata. Se le criticó al todavía gobernador que utilizara para fines de promoción personal y política los recursos públicos de la entidad y, como set —borradas las fronteras—, el escenario del Vaticano.

La senadora priista María de los Ángeles Moreno declaró en rueda de prensa el 17 de diciembre de ese año:

Nadie tiene razón ni necesidad de anunciar en Roma y en el Vaticano, y ante el papa, que se va a casar. Es un asunto privado. Creo que son trucos mediáticos que lamentablemente en la política de hoy se usan mucho. Todos los usan.

Las actitudes públicas son públicas; las privadas deben ser privadas. No [hay que] mezclar, y mucho menos involucrar, cuestiones de creencias personales con cuestiones de política pública. Ésa es mi opinión.

Moreno fue una de las pocas voces del priismo que abiertamente criticaron este «truco mediático» de Peña Nieto. Y así le fue. Su nombre fue borrado de la lista de posibles candidatas a una diputación federal para 2012, a pesar de ser una aliada de Beatriz Paredes, la aspirante fracasada del PRI a la jefatura del gobierno capitalino.

EPN ensayó una respuesta improbable ante las críticas: «No sabía que el micrófono estaba abierto. Le comenté [al papa] que le traíamos un saludo desde México, que en el Estado de México se le aprecia y se le quiere, que lo tenga presente en una eventual visita a nuestro país»[11].

El papa no tuvo presente al Estado de México en su primera visita al país: eligió el estado de Guanajuato, y en su gira no tuvo deferencia especial con ninguno de los candidatos. En el Vaticano el «truco mediático» cayó como bomba. Pero los jerarcas de la Iglesia milenaria no dijeron nada.

A la ceremonia religiosa de la boda entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, el 27 de noviembre de 2010, no acudieron los 13 obispos que acompañaron al gobernador mexiquense en su peregrinación por el Vaticano.

Corte a: La muerte de Mónica y el romance con Angélica.

El 11 de enero de 2007 se rompió el tedio en la clase política mexiquense. Se confirmó la muerte súbita de Mónica Pretelini, esposa y, además, uno de los apoyos políticos y sociales más importantes en el proceso de ascenso al poder de Enrique Peña Nieto.

Su deceso conmocionó al núcleo político y social de Toluca. Tanto los rumores sobre las infidelidades de Peña Nieto como el distanciamiento entre los esposos se comentaban constantemente entre los reporteros locales, pero nadie sabía que la primera dama estuviera enferma o padeciera un problema crónico que la llevaría a la muerte.

Los rumores de un asesinato o de un pleito entre ambos personajes corrieron como reguero de pólvora. No ayudó la serie de contradicciones y versiones confusas para explicar su fallecimiento: la Dirección General de Comunicación Social del Estado de México habló de un «paro respiratorio»; el periódico Unomásuno y otros columnistas cercanos al entorno peñista, de una muerte por «sobredosis de antidepresivos», y el doctor Paul Shkurovich Bialik, jefe de Neurofisiología Clínica del Hospital ABC, afirmó que Pretelini «sufrió una crisis epiléptica que le ocasionó una arritmia cardiaca, lo que a su vez le provocó un paro respiratorio»[12].

Fue evidente que este suceso trágico no estaba previsto, mucho menos que formaba parte de guion mediático alguno. El impacto en la imagen de Enrique Peña Nieto era de un alto nivel negativo. El propio gobernador no atinó a frenar la confusión, que llegó a exhibirse en una entrevista con Jorge Ramos, de la cadena Univisión, en mayo de 2009.

Televisa y sus asesores de imagen entraron al quite. Durante algunos meses, EPN fue el «viudo de oro» para las revistas del corazón. En paralelo, se fue dosificando la versión de un romance entre el primer mandatario estatal y la actriz Angélica Rivera, protagonista de Destilando Amor, telenovela donde encamó el personaje de la Gaviota.

Rivera grabó para Televisa los primeros promocionales de la campaña «300 compromisos cumplidos», que se transmitieron en los medios electrónicos hasta el 8 junio de 2008.

Los productores de la empresa promovieron una «telenovela en tiempo real», donde la Gaviota se transformaría en una novia, la del gobernador más galán de la temporada. El «flechazo» entre ambos vino a ser útil para el proyecto de asesoría y mercadotecnia política que Peña Nieto contrató con la empresa ByPower (creadores de los «compromisos cumplidos ante notario») y con TV Promo, la empresa vinculada con Televisa con la que el gobernador mexiquense firmó su primer plan de acción rumbo a la carrera presidencial de 2012.

Angélica Rivera formaba parte del plan de negocios de Televisa con el gobierno del Estado de México. Así lo confirmó a la cadena Univisión una fuente confidencial de la administración peñista en octubre de 2008: «Nosotros no llamamos a Angélica Rivera directamente, sino que fue a través de Televisa. De hecho, el gobierno no paga los honorarios de Angélica. Eso ya está cubierto dentro de la pauta que tenemos con Televisa».

Las revistas Caras y Quién, y las secciones de espectáculos de los periódicos, los programas de variedades de Televisa y TV Azteca, mencionaron el romance como un hecho. EPN dejaba las páginas políticas para encamar un personaje de los chismes de la farándula.

El 12 de noviembre de 2008, en la entrevista que sostuvo en el programa Shalalá, conducido por la escritora Sabina Berman y la periodista Katia D’Artigues, el novio confirmó el romance.

«—La prensa del corazón lleva meses preguntándole si usted y la Gaviota andan. ¿Sí o no? ¿Son novios? —soltó Sabina Berman.

»—Nunca me lo han preguntado —reviró Peña Nieto.

»—Entonces le preguntamos —acorraló D’Artigues.

»—Sí, sí estoy saliendo con ella.

»—Espérese, ¿qué es eso de “estoy saliendo con ella”?

»—¿Quiere saber si tenemos una relación? Sí. Somos novios, sí».

En la misma entrevista, Peña Nieto confirmó que Angélica Rivera formó parte del convenio de publicidad firmado con Televisa para la promoción de su gobierno. Afirmó que «a finales de abril o principios de mayo» de 2008 se entrevistó con ella: la invitó a cenar para darle las gracias por su participación. «Salí una primera vez y luego una segunda vez», aseguró sin mucho entusiasmo.

No hacía falta más. El romance era parte del reality de Peña Nieto, que condujo a otras subtramas y rumores sobre la anulación o no de la boda de Angélica Rivera con el productor de Televisa José Alberto, el Güero Castro, hermano de la actriz Verónica Castro, celebridad de las telenovelas, coincidentemente «congelada» en Canal 2 desde que se preparó la trama del romance y la boda entre la Gaviota y Peña Nieto.

La revista española ¡Hola! ventiló que la actriz estuvo casada durante 14 años con el Güero Castro. En la edición del 10 de junio de 2009 de la revista Quién, la propia Angélica Rivera, Mamá Gaviota —la aposición es de la revista— dio su versión afirmando que no necesitaba la «anulación» del Vaticano en virtud de que el sacramento religioso de la boda con Castro fue declarado nulo: «No fue anulación. La Iglesia lo dictaminó como algo inválido. No tuvo validez porque no llevamos las formas como la Iglesia requiere. Fue —afirmó— un error de parte de nosotros; la Iglesia no lo tomó así».

No todos los obispos opinan lo mismo. En el seno de la Iglesia católica existe la versión de que el matrimonio entre la Gaviota y el Güero Castro no fue una paraliturgia celebrada en Acapulco; que sí existió un acta de matrimonio en una parroquia de la delegación Miguel Hidalgo, la cual, misteriosamente, desapareció. La propia Verónica Castro dio su versión en la revista ¡Hola!

«—¿Sabía su hermano que su matrimonio con Angélica no era válido? —preguntó Maru Ruiz de Icaza, reportera de ¡Hola!

»—¡Por supuesto que no! Es otra de las cosas que me extrañan muchísimo. Mi hermano hizo las cosas como tenían que ser y pensó que todo era verdad, y hasta donde nosotros sabemos todo fue muy real, ¡pero, bueno!

»—¿Cómo se enteró de que su matrimonio no tenía validez?

»—Por las declaraciones que ha hecho Angélica a la prensa, pero ¿te digo algo? José Alberto estudió siempre con los Legionarios de Cristo e iba a ser sacerdote, pero en esa época yo estaba trabajando en Argentina, y lo convencí de acompañarme, porque no quería y no podía estar sola allá, pero él ya estaba yendo a retiros para profesar y consagrarse al sacerdocio.

»—¿Con eso quiere decir que sabía perfectamente qué se necesitaba para casarse por la Iglesia?

»—Definitivamente[13]…

La entrevista cayó como bomba en Televisa. Si Verónica Castro estaba semi-retirada de Televisa, esta declaración incómoda de uno de los iconos internacionales más importantes de la televisora terminó por «congelarla» definitivamente de la empresa.

La boda se concretó el sábado 27 de noviembre de 2010, justo antes de que iniciara la precampaña para designar al sucesor de Enrique Peña Nieto en el Estado de México.

Ninguna escena de la ceremonia privada en la catedral de Toluca se transmitió en vivo por televisión. Pero no fue necesario. La revista Caras, de Televisa, desplegó 25 páginas a color, con fotos de los hijos de ambos, para anunciar su enlace y negar que su amor fuera una «estrategia de mercadotecnia».

El productor de Televisa, Pedro Torres, el mismo de Big Brother, realizó el video sobre la «restrospectiva» de la vida de ambos personajes y su noviazgo, que se presentó ante el selecto grupo de invitados y, por supuesto, en el «Canal de las Estrellas».

La Gaviota no es una esposa común y corriente. Es la acompañante que aparece y desaparece de la escena pública en función de las necesidades de promoción de Enrique Peña Nieto. Lo acompañó en la ceremonia de «destape» en la explanada de la sede nacional del PRI, el 17 de noviembre de 2011, y en el arranque formal de la campaña, el 30 de marzo de 2012.

Un día antes, el 29 de marzo, Angélica Rivera inició la difusión de videos («Lo que mis ojos ven y mi corazón siente») en YouTube para promover a su esposo. La actriz de Televisa pretende de esta manera incidir en las redes sociales digitales, muy críticas hacia Peña Nieto.

«Estamos a unas horas de iniciar la campaña de mi esposo —dice en el video casero que en el primer día de su difusión registró 13 157 visitas, entre las cuales 120 afirmaron “me gusta” y 475 “no me gusta”—. Quiero compartir con ustedes todos estos momentos que vamos a vivir a lo largo de esta contienda».

Corte a: Los hijos fuera de matrimonio.

La popularidad de Angélica Rivera entre las audiencias televisivas ha ayudado, sin duda, a la de su esposo, pero no ha borrado las especulaciones sobre la muerte de Mónica Pretelini ni los testimonios que ha ventilado en Facebook Maritza Díaz Hernández, madre del hijo fuera de matrimonio que Peña Nieto tuvo hace siete años.

Tan sólo para tener una idea de los flancos privados que para Peña Nieto constituyen una polémica fuera del guion: en el buscador Google, el más visitado en internet, la frase «Enrique Peña Nieto mató a su esposa» genera 144 000 resultados, la mayoría de ellos relacionada con la acusación que pronunció en tribuna la legisladora panista María Elena Pérez de Tejeda, del Estado de México, durante el debate del 10 de marzo de 2010 en la Cámara de Diputados.

El otro es el testimonio de su expareja, Maritza Díaz Hernández, madre de otro hijo de Peña Nieto, Diego, nacido en 2005. A petición expresa del entonces candidato a gobernador priista, que no quería ver afectada su campaña, el parto fue en un hospital privado de Estados Unidos.

Díaz Hernández trabajó como asesora en el gobierno de Arturo Montiel. Hoy su página en Facebook es una réplica incómoda al estereotipo que Peña Nieto ha fabricado en su reality como padre preocupado por sus hijos y hombre arrepentido por sus aventuras extramaritales.

Antes del inicio formal de la campaña por la Presidencia de la República, Maritza Díaz ha insistido en que el hoy aspirante priista debe darle reconocimiento civil en Estados Unidos y seguridad personal a su hijo. No ha aceptado entrevistas con ningún medio de comunicación y mantiene un hermético silencio sobre los detalles de su desencuentro con el candidato.

El 4 de marzo de 2012, fecha del aniversario de la fundación del Partido Nacional Revolucionario, el actual PRI, se leían estos mensajes en el muro de Facebook de Díaz Hernández:

«EPN totalmente distanciado de sus hijos varones. Ambos por la misma razón. No dijo ¿Feliz día de la Familia?».

«EPN se reunió con Joe Biden, ojalá le hayas comentado el asunto de tu hijo menor que tienes pendiente en USA es la responsabilidad que no has asumido».

Ante la divulgación de una entrevista en El Universal en la que Peña Nieto asumía que tuvo hijos fuera de matrimonio, Díaz Hernández escribió: «A principios de noviembre me dijo que en alguna entrevista diría exactamente lo que ha mencionado en las entrevistas de este fin de semana, qué bárbaro, no le falló ni un punto ni una coma, tal cual me dijo, en ese entonces, la misma versión».

«EPN. Entrevistas llenas de mentiras, ¿hasta cuándo dejarás de mentir? Es más loable ser sincero que seguir mintiendo».

Ante la solicitud de una entrevista con Televisa, Maritza Díaz respondió: «Luis, dudo mucho que Televisa ponga x encima de @EPN los derechos del niño, de una mujer, de una madre, dudo que sea imparcial».

El 17 de marzo, Díaz Hernández hizo más explícita su molestia con Peña Nieto: «Cuando @EPN pone en su sitio oficial “soy padre de 6 hijos” ¿no está discriminando a nuestro hijo?».

En el marco de la visita del papa Benedicto XVI a México, el 24 de marzo la madre de Diego hizo otra revelación incómoda: «Lo peor de @EPN como hombre y como padre, lo viví en Nov. 09, 20 días antes de que se presentara ante el Papa en Roma. Ahí hipocresía total». Al parecer, hace referencia a amenazas vía telefónica que recibió de Angélica Rivera para que «dejara de molestar» a Peña Nieto.

Al día siguiente, 25 de marzo, vuelve con un mensaje muy incómodo: «Obviamente @EPN no retomará el mensaje para los niños del Papa, ¿o le confesará que tiene un hijo abandonado y desprotegido? ¿O simulará?».

Los reclamos de Maritza Díaz han tenido como respuesta un cerrado silencio de Peña Nieto. Ha negado declarar sobre el asunto ante CNN. En la cobertura de los noticiarios de Televisa no existe el tema. Es en las redes sociales digitales, el talón de Aquiles del reality de EPN, donde se comenta más.

Corte a: El escándalo del infomercial de Estambul.

En dos días consecutivos, el 17 y 18 de marzo de 2010, en los noticiarios de Televisa se transmitieron sendas notas (de un minuto 43 segundos, la primera, y un minuto 50 segundos, la segunda) sobre el Foro Mundial del Agua, realizado en Estambul, Turquía. En ambas, el tema principal no fue la escasez del líquido vital, sino la presencia del gobernador del Estado de México en esta pasarela internacional. Hasta la fecha, se ha hecho común que, ante el menor pretexto, Peña Nieto siempre aparezca en un lugar destacado en los segmentos informativos de la televisora.

En la primera nota el corresponsal José María Siles, contratado por Televisa, entrevista y le da cobertura a la participación de Peña Nieto en el foro. La segunda registró la entrega del premio Compromisos al mandatario mexiquense. Ni las protestas realizadas en las calles de Estambul ni el debate de las organizaciones participantes en el foro le interesaron a Televisa.

El director de Información Internacional de la empresa, José Luis Arévalo, le ordenó a Siles que lo prioritario era cubrir la gira del gobernador mexiquense porque, según el testimonio de éste, dijo: «Estamos hablando del próximo presidente de México»[14].

El corresponsal contratado por Televisa, que envió un total de nueve notas informativas, protestó públicamente porque la empresa no cumplió un acuerdo establecido con él para el pago de la cobertura del Foro Mundial, ya que sólo le reconoció cuatro, esto es, las que la empresa transmitió: en las cinco restantes no aparecía el mandatario mexiquense.

Ante la insistencia del reportero español, el director de Comunicación Social del Estado de México, David López, le ofreció, vía telefónica, el 25 de junio de 2009, una solución que reflejó el nivel de acuerdo entre el gobierno mexiquense y la televisora: que el erario mexiquense le pagaría los servicios profesionales.

Siles admitió que Televisa lo envió a Estambul «sólo porque iba Peña Nieto» y que el gobernador mexiquense acudió a esa ciudad «porque le dijeron que las cámaras de Televisa iban a estar cubriéndolo».

El escándalo, ventilado en el programa radiofónico de Carmen Aristegui en MVS Radio, reveló por primera vez cómo operaban los infomerciales de Televisa a favor de Peña Nieto. No se trataba de un asunto informativo, sino de propaganda. Siles se les salió de «control» a los productores de la televisora.

El entonces director de Comunicación de Televisa, Manuel Compeán, envió a MVS Radio una extensa carta en la que negó las acusaciones de Siles. En ella señaló que José Luis Arévalo «jamás realizó los comentarios políticos» que le atribuyó el reportero español, y contraatacó acusando a éste de haber abusado y acosado laboralmente a «varios de sus subordinados y colaboradores». Citó el caso de Judith Cañas, productora de Televisión Española en Bruselas, quien manifestó su intención de demandar a Siles en una corte de Bélgica por dicho acoso.

El caso del infomercial derivó en un incómodo talk show. Televisa ensució la trayectoria profesional de Siles para desacreditar su crítica y demanda fundamental. Frente al escándalo, Peña Nieto negó por enésima vez que existiera un trato preferencial de Televisa hacia él. Se autodefínió como «el patito de la feria», al cual se le atribuían asuntos que no eran de su responsabilidad.

Corte a: El spot de la discordia.

En vísperas de cumplir cinco años de gobierno en el Estado de México, la administración peñista financió, desde el 30 de agosto de 2010, un nuevo spot con la imagen del gobernador presumiendo los «compromisos cumplidos». Se trató de un monólogo de 43 segundos en el que Peña Nieto aparece en una camioneta lujosa, con la camisa remangada, dialogando a la cámara de televisión.

El spot tuvo un costo de un millón y medio de pesos, según el gobierno mexiquense. Su productor fue, de nuevo, Pedro Torres. La directora de Imagen del gobierno estatal, Margarita Neira, contrató a la compañía de éste, Mediamates, para producir los dos spots, así como el espectáculo en el Teatro Morelos, donde Peña Nieto pronunció su mensaje político el 5 de septiembre de 2010.

Como los cientos que se transmitieron durante el gobierno peñista, este spot hubiera pasado inadvertido. Sin embargo, el caso llegó al IFE y al TEPJF porque los partidos opositores consideraron que su transmisión violaba los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que prohíben, respectivamente, transmitir mensajes que impliquen «promoción personalizada de cualquier servidor público», y la compra de tiempo aire en señales de televisión a escala nacional para promover la figura de mandatarios estatales.

El caso es un ejemplo claro de cómo opera el derroche del presupuesto público para promover a Enrique Peña Nieto. Su gobierno insistió en que el costo de producción y transmisión de 188 spots fue de sólo 17.3 millones de pesos, pero el monitoreo del IFE registró que esos 188 spots se multiplicaron hasta convertirse en 3400 impactos transmitidos en todo el país, cuyo costo era sustancialmente mayor. Los montos más significativos, según el instituto, fueron los siguientes:

Televisa: 60 millones de pesos.

TV Azteca: 23 millones de pesos.

Milenio Televisión: 1 392 000 pesos.

Telefórmula: 1 500 000 pesos.

Al ser exhibido en este dispendio, EPN volvió a enredarse para dar una explicación, que contradijo la versión de su área de Comunicación Social. Según un comunicado de esta oficina, se contrató «un pautaje para llegar al Estado de México, en medios nacionales. Es la única manera de llegar al Estado de México […] por las condiciones técnicas que hay, se obliga a hacer una contratación nacional»[15].

Peña Nieto negó que violara la prohibición de la ley electoral y argumentó que lo mismo han hecho otros gobernadores, como el panista Emilio González Márquez, de Jalisco, y el jefe de gobierno capitalino, el perredista Marcelo Ebrard.

El caso de los spots llegó hasta el TEPJF con otra secuela escandalosa: la cena de su presidenta, la magistrada María del Carmen Alanís, el 9 de marzo de 2011, con representantes del gobierno de Peña Nieto, antes de que el organismo diera un voto favorable al mandatario mexiquense en este episodio.

Alanís dijo que asistió a esa cena privada para «discutir», como normalmente se acostumbra con el fin de escuchar a las «distintas partes» de un litigio, la futura resolución en torno de los spots. El PAN y el PRD acusaron a la magistrada de poner en duda la imparcialidad del tribunal y pidieron que se recusara para votar sobre este asunto.

La presidenta del TEPJF admitió ante sus demás compañeros magistrados haber estado sometida a «presiones» desde dos flancos: la Presidencia de la República y el PRI. Lo que no admitió es que también provinieron de Televisa, el principal interesado en que una resolución del tribunal no afectara el negocio millonario de los spots con los gobernadores.

La decisión salomónica del tribunal fue responsabilizar a Televisa y TV Azteca por la difusión nacional de un spot que no debía verse más que en territorio mexiquense. Según determinó la resolución final del 27 de julio de 2011, las autoridades de la entidad no tuvieron ninguna responsabilidad.

Este episodio demostró que la negociación iniciada en octubre de 2005 entre Televisa y Peña Nieto para convertir a éste en cliente consentido y en protagonista del reality político para llevarlo a la Presidencia de la República seguía en marcha. Nada, ni la propia Constitución de la República, iba a frenar esta sociedad político-mediática. El artículo 134 constitucional señala explícitamente:

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los organismos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

El reality de Peña Nieto y Televisa claramente ha violado esta prohibición constitucional. La impostura se concretó por encima de todo marco legal y de la ética en el manejo de los recursos públicos.

CAPÍTULO TRES

Las encuestas, los nuevos spots inductivos

A las 21:50 horas del domingo 1.º de julio de 2012, en la sede nacional del PRI, su dirigente Pedro Joaquín Coldwell, flanqueado por Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, los dos principales estrategas del equipo de Peña Nieto, y Eduardo Sánchez, vocero del partido, ofrecieron la esperada conferencia de prensa, después del cierre de las casillas.

Desde casi una hora antes, los principales grupos mediáticos comenzaron a promover sus encuestas de salida. Todas coincidían en dos datos: la ventaja del candidato presidencial priista y más de dos dígitos de distancia con el segundo lugar de la contienda, Andrés Manuel López Obrador, el aspirante de la coalición Movimiento Progresista.

Consulta Mitofsky, contratada por Grupo Televisa y Radio Fórmula, le dio a Peña Nieto una ventaja de 40.3% frente a 31.8% de López Obrador; GEA-ISA, la polémica encuestadora contratada por Grupo Milenio, le otorgó al priista 42% frente a 31% del perredista; Buendía & Laredo, de El Universal, le dio a ambos un porcentaje de distancia mayor: 45% para EPN y 27.9% López Obrador; BGC, de Ulises Beltrán y Nuevo Excélsior, difundió 40% a favor de EPN y 31% de López Obrador; Mendoza Blanco y Asociados, de TV Azteca, le otorgó a EPN una ventaja de 42.7% frente a 34.4% de AMLO; y Demotecnia, de María de las Heras, a través de Uno TV, difundió un resultado un poco más cerrado: 40% para EPN y 33% para AMLO.

«Todas las encuestas de salida coinciden en una tendencia favorable e irreversible y el ganador a la Presidencia de la República es Enrique Peña Nieto», afirmó Joaquín Coldwell, advirtiendo que aún esperarían los resultados del conteo rápido del Instituto Federal Electoral.

A las 23:15 horas, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, les echó un balde de agua fría a las encuestadoras. El conteo rápido del organismo, levantado en 7500 de las más de 140 000 casillas, le daba un margen de ventaja a EPN de entre 37.93 y 38.5% frente a 30.9 y 31.86% de AMLO. Es decir, una distancia de 6.87% entre el primero y el segundo lugar. La candidata panista Josefina Vázquez Mota tenía una votación entre 25.10 y 26.03%, mientras que Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza, se quedó con un margen de 2.27 y 2.57 por ciento.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con apenas 12% de las casillas computadas confirmó prácticamente el resultado del conteo rápido: 38.05% para Peña Nieto, 31.71% para López Obrador y 25.44% para la panista Josefina Vázquez Mota.

Era claro que la ventaja de más de 15 puntos, en promedio, se disminuyó a un dígito: poco menos de siete puntos porcentuales entre el mexiquense y el tabasqueño.

Sólo las encuestas de Demotecnia, de María de las Heras, y la de Ipsos-Bimsa, de Eduardo Berumen, se acercaron al rango de diferencia que aportó el conteo rápido, el PREP y el resultado del conteo distrital. Dos semanas antes de la elección, el 14 de junio del mismo año, Ipsos levantó una encuesta donde le otorgaba una ventaja de apenas seis puntos a Peña Nieto frente a López Obrador, en contra de una tendencia generalizada que le otorgó entre 15.4 y 19 puntos porcentuales de ventaja. El Grupo Reforma, después de una encuesta que ubicó a cuatro puntos de distancia a Peña Nieto de López Obrador, el 21 de junio publicó otra que aumentó esta distancia a 8.1 por ciento.

Paradójicamente, las encuestas que más se acercaron al resultado real fueron las menos difundidas y replicadas en los medios masivos. Incluso merecieron descalificaciones inmediatas por parte del «consenso demoscópico» de las otras empresas.

Las disculpas comenzaron a difundirse a través de los medios electrónicos. Ciro Gómez Leyva, conductor y director de Milenio TV, admitió que la encuesta que durante 90 días consecutivos divulgó este grupo mediático, con rangos de ventaja entre 15 y 20 puntos porcentuales a favor de Peña Nieto, se había equivocado.

«Ustedes disculpen, subestimamos el voto de López Obrador y sobrestimamos el de Peña Nieto», afirmaron en varias mesas de análisis y artículos periodísticos los principales encuestadores involucrados en esta operación que generó una rápida reacción entre los periodistas mexicanos y extranjeros.

LA FALSA «NARRATIVA» DE LAS ENCUESTAS

Durante más de un año, la «narrativa» de los sondeos —como suelen decir los encuestadores— contó una historia muy diferente a la realidad del 1.º de julio: Peña Nieto llevaba una ventaja cómoda; ningún suceso en la campaña, incluyendo los dos debates televisados y el surgimiento del movimiento #YoSoy123 y las marchas en su contra, modificaron la amplia ventaja hacia el candidato presidencial priista.

Incluso columnistas y comentaristas en medios impresos y electrónicos claramente afines a Peña Nieto insistieron en un diagnóstico: la verdadera disputa no era por el primer lugar sino por el segundo lugar en las elecciones presidenciales, entre López Obrador y la candidata panista Josefina Vázquez Mota.

El resultado fue a la inversa. La disputa fue cerrándose en torno al primer lugar. Vázquez Mota se quedó inamovible en el tercer lugar durante todo el último mes. La crisis panista se agravó después que el expresidente Vicente Fox, a quien todos habían pensado un militante de Acción Nacional, salió cuantas veces pudo a apoyar al «candidato puntero» Enrique Peña Nieto porque nada iba a modificar esta situación.

El comparativo final entre el promedio de las 10 principales empresas encuestadoras y el resultado del PREP es todavía más sintomático:

La empresa que menos rango de diferencia tuvo frente al conteo final fue Demotecnia (1.3 y 0.3%), mientras que las más lejana fue GEA-ISA (15%). La más difundida y comentada fue precisamente la de GEA-ISA. No sólo a través de Milenio TV, sino en los programas de radio, en las mesas de análisis de Televisa, incluyendo Tercer Grado, y en decenas de columnas periodísticas.

«Hacemos diagnósticos, no pronósticos», insistió Francisco Abundis, de la empresa Parametria, que realizó las encuestas para el grupo de la Organización Editorial Mexicana, de Mario Vázquez Raña, editora de la cadena de El Sol de México. Abundis criticó incluso a los medios porque «hicieron de nuestras mediciones un espectáculo mediático. Tal vez el mejor ejemplo es GEA-ISA, con Milenio Diario. Una vez que el espectáculo se acabó el medio no asume su responsabilidad y simplemente decide deslindarse del investigador, incluso ofreciendo disculpas»[16].

La aparente disputa entre encuestadoras y medios no fue tal porque acabaron por reconciliarse con sus propios pronósticos transformados en propaganda nada velada a favor del «irreversible» triunfo de Peña Nieto.

Jorge Buendía, director general de Buendía & Laredo, ensayó en dos artículos otra explicación además de la «sobrestimación» a Peña Nieto: los votantes indecisos. Así lo explicó: «A una semana de la elección, 19% de los votantes tenía dudas de por quién votar. Estos late-deciders sin duda influyeron en el resultado de la elección. De acuerdo con la encuesta de salida de Reforma, la ventaja de Peña Nieto sobre AMLO disminuyó entre quienes decidieron su voto en los últimos días […] Esto explicaría por qué los partidos pequeños obtuvieron una votación de más de 17% en los pasados comicios presidenciales. Una buena parte de quienes votan por los partidos pequeños deciden su voto en los últimos días»[17].

La segunda explicación de Buendía fue que aquellas casas encuestadoras que midieron la preferencia electoral «usando una boleta simulada tuvieron un mayor error que las que preguntaron únicamente por cuál candidato votarían los encuestados (ya sea en forma verbal o con tarjeta). La boleta simulada resulta más apropiada para comicios donde los candidatos son poco conocidos y, por lo tanto, se trata básicamente de elecciones de partido»[18].

Ninguna de las explicaciones o disculpas desde las casas encuestadoras o desde los medios de comunicación que las divulgaron explica lo que constituye la otra cara del debate: ¿por qué el margen de error fue tan alto en la elección presidencial y no sucedió así con las encuestas de los otros seis estados, incluyendo el Distrito Federal, donde se eligieron gobernadores y jefe de gobierno?

Por ejemplo, en el caso de Morelos, donde ganó el candidato perredista Graco Ramírez, el margen de diferencia con el resultado final de Buendía-El Universal fue de apenas 0.1%, mientras el de GEA-ISA-Milenio fue de 2.5% y el de Consulta Mitofsky fue de 8.7 por ciento.

Otro caso: la disputada gubernatura de Jalisco. El margen de error de Reforma fue de 4.2%, mientras que el de Consulta Mitofsky fue de 3.4 por ciento.

En Estados Unidos, el promedio de error de las encuestas en la elección entre Barak Obama y John McCain, en 2008, fue de 0.9%, según documentó el propio Ulises Beltrán, director de BGC, durante el programa Es la Hora de Opinar en el canal Foro TV, de Televisa (miércoles 4 de julio 2012).

Una empresa con menos reflectores mediáticos, pero que realizó encuestas para el gobierno federal tampoco estuvo muy lejos de la realidad. Se trata de Mercadei, de Lauro Mercado. En febrero de 2012, ante cerca de 800 integrantes del consejo de Banamex, el banco más grande de México, el primer mandatario, Felipe Calderón, deslizó una confidencia que resultó una bomba inmediata: que la contienda electoral de este año estaría mucho más pareja de lo que indicaban las encuestas, y que ésta era una disputa entre dos aspirantes: el priista Enrique Peña Nieto (EPN) y la panista Josefina Vázquez Mota, entonces recién electa como candidata del Partido Acción Nacional (PAN).

Calderón mostró gráficas de una encuesta que, a petición de Los Pinos, realizó la empresa Mercadei en la que se veía que la aspirante de su partido estaba a sólo cuatro puntos de distancia del puntero. La brecha, de acuerdo con este sondeo, se había acortado. No eran los 15 a 20 puntos que las anteriores encuestas habían mostrado en sus mediciones publicadas o difundidas en distintos medios electrónicos e impresos.

El 26 de junio, otra encuesta realizada por Mercadei arrojó los siguientes resultados: 38.5% para Peña Nieto, 31% para López Obrador y 27.2% para Vázquez Mota, según consignó Arturo Cano, en un extenso reportaje sobre los errores de las encuestas[19].

Aquella intervención de Calderón en el Centro Banamex dio inicio a la llamada «guerra de las encuestas» entre el PRI y el PAN, en plena etapa de «veda electoral». Y el primer disparo lo lanzó el propio presidente de la República. No sólo eso. Calderón se colocó en el papel de jefe de facto de la campaña de Vázquez Mota en contra del aspirante priista. Principiaba, asimismo, una nueva serie de hostilidades entre el PAN y el Partido Revolucionario Institucional, en vísperas de la ceremonia del Día de la Bandera, el 24 de febrero.

El presidente nacional del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, le reclamó airadamente a Calderón que hubiera convertido a la presidencia en una encuestadora que llamó «patito», porque «los datos que está dando no coinciden con ninguna de las encuestadoras serias de este país».

Además de reprocharle su novatada demoscópica, Coldwell calificó de «imprudentes» las declaraciones de Calderón y lo acusó de violar la «veda electoral» o periodo de intercampañas —entre el 16 de febrero y el 29 de marzo de 2012— que prohibía actos de proselitismo abierto a favor de alguno de los aspirantes presidenciales en ese lapso.

«Esto es la mejor evidencia de que el gobierno está actuando como parte del conflicto, como parte del proceso […] Polariza, repite la misma película que se dio en 2006 y, bueno, me parece que es verdaderamente una actitud muy imprudente del presidente»[20], se quejó el dirigente del PRI.

En el acto de conmemoración del lábaro patrio, Calderón amortiguó el golpe. Se comprometió a ser imparcial en los próximos meses; atendió el reclamo del PRI, pero no desautorizó los resultados de la encuesta presentada ante la cúpula de Banamex:

Como presidente de la República actuaré estrictamente apegado a la ley, velando por el buen desarrollo del proceso electoral, manteniéndome atento a los riesgos que emerjan frente a él, respetando los puntos de vista de los actores políticos y sociales […] Ser demócrata es mi más profunda convicción política, la escuela en la que he sido formado toda mi vida[21], arengó Calderón ante las fuerzas armadas, en la Plaza de la Constitución.

La presidencia de la República no emitió ningún desmentido al resultado de esa «encuesta». El lunes 27 de febrero, Calderón sostuvo una reunión privada con Pedro Joaquín Coldwell en Los Pinos. Al día siguiente, la guerra de declaraciones y acusaciones mutuas se suspendió durante unos días, aunque no cesó la guerra de las encuestas.

La reunión entre Coldwell y Calderón fue escasamente reporteada y aún se desconocen los términos de esa negociación. Sin embargo, fue muy claro que las tensiones entre Los Pinos y el PRI disminuyeron. Los presuntos expedientes que el gobierno federal poseía sobre los gobernadores priistas vinculados al crimen organizado o a maniobras de desfalco y sobreendeudamiento ya no se utilizaron en la contienda de Vázquez Mota.

A ambos partidos les convino esta serie de lances. «Calentaba» la contienda electoral antes de que iniciara formalmente; creaba la percepción de un bipartidismo inamovible desde 2000, y a Calderón le abría una compuerta de negociación frente a Peña Nieto, el producto electoral con mayor posicionamiento en los últimos cinco años.

La revista Nexos, en su edición de marzo de 2012, publicó un extenso ensayo del politólogo Leo Zuckerman, «Quién es quién en las encuestas». En él acreditaba la existencia de una “guerra entre encuestadores” desde 2010, año en el que se renovaron 12 gubernaturas, y presentaba una serie de estudios comparados para concluir, entre otras cosas, que “en México tenemos una industria de las encuestas de clase mundial. Lo que nos falta es la evaluación de los distintos encuestadores por parte de la sociedad”[22].

Esta evaluación ocurrió a partir del periodo poselectoral. La coalición del Movimiento Progresista, en su extenso recurso de invalidez ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incorporó, como uno de los siete ejes de su alegato, el papel de las encuestas, no como pronósticos o diagnósticos sino como parte de la estrategia de propaganda.

En la página 61 de este litigio, la coalición que postuló a López Obrador argumenta que durante toda la campaña y hasta el 28 de junio de 2012, Milenio TV y Milenio Diario «ejercieron presión a los electores publicando todos los días supuestos resultados de encuestas y estudios de opinión pública, con 20 puntos de ventaja para EPN, constituyendo propaganda electoral a favor de dicho candidato y la coalición electoral que lo postuló».

El mismo documento cita una entrevista del 4 de julio de 2012 en W Radio con Rafael Jiménez Valdez, vicecoordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota, quien arrojó el siguiente cálculo sobre el costo real de estas encuestas-spot: «Una encuesta no es raro que una agencia la venda […] GEA-ISA las vende entre 250 a 300 pesos el cuestionario. Entonces, si haces 400 casos, por ejemplo, de 250 pesos cada uno, estamos hablando de un proyecto que cuesta 100 000 pesos diarios a 100 días; eso ya te da una cantidad respetable de 10 millones de pesos, a un costo relativamente moderado, y más o menos es el mismo costo que ha de haber tenido organizar una encuesta para Excélsior o para El Universal, no menos entre cinco y 10 millones de pesos cada proyecto».

La pregunta esencial sigue en el aire: ¿quién pagó ese trabajo de encuestas? ¿Fueron los propios medios o constituyó parte de los acuerdos y convenios de publicidad no públicos entre el candidato priista Enrique Peña Nieto y los grupos mediáticos?

En el caso de la segunda hipótesis estamos ante la utilización de las encuestas como un sucedáneo de los spots, como publicidad encubierta o «desplazamiento del producto», en términos mercadológicos, con el objetivo de inducir una percepción.

Esa percepción era el triunfo «inevitable» de Enrique Peña Nieto, la «narrativa» de que era una campaña decidida desde antes del ejercicio del voto del 1.º de julio de 2012 a favor del retorno del PRI a la Presidencia de la República.

MERCADOTECNIA Y SONDEOS

En la política mexicana hubo una época en que las encuestas estaban completamente ausentes de las campañas electorales. Las candidaturas no se resolvían mediante éstas, sino con negociaciones, imposiciones o arreglos cupulares. No había competencia frente a la condición hegemónica del PRI, que dominaba más de cuatro quintas partes de todos los cargos de elección, desde presidencias municipales hasta gubernaturas, diputaciones federales, senadurías y, por supuesto, la titularidad del Poder Ejecutivo.

Todos pertenecían a la «familia» revolucionaria del PRI, aunque los grupos al interior de este organismo se desplazaran —traiciones, golpes bajos, intentos por desaparecer a los adversarios— uno a otro, de acuerdo con las rondas sexenales. El sistema político operaba bajo las reglas no de la competencia electoral, sino de la estabilidad sexenal, con un eje indiscutible de orden y mando, de disciplina: la Presidencia de la República.

Fueron legendarias las resistencias del sistema priista a incorporar a las decisiones mexicanas las herramientas modernas y «científicas» de politólogos estadounidenses o franceses. Intelectuales orgánicos del régimen, como Jesús Reyes Heroles, consideraban al francés Maurice Duverger, autor de Métodos de la ciencia política, un «neopositivista».

Lo importante no era medir las preferencias electorales. Lo necesario era teorizar sobre el Estado. ¿Cuál debía ser la orientación ideológica «dentro de la Revolución» que tomaría cada candidato presidencial del PRI?

En esa tesitura, José López Portillo, en 1976, contendió contra su propia sombra. Fue el único candidato que apareció en las boletas. El PAN se fracturó y no presentó candidato, el Partido Comunista no tenía registro oficial y los partidos considerados «paraestatales», el PPS y el PARM, apoyaron al secretario de Hacienda del echeverrismo.

En 1977, al inicio del sexenio de López Portillo, el sistema priista decidió, con Reyes Heroles como artífice, abrir los cargos de elección para las «minorías políticas». Era de muy mal gusto y daba mala imagen internacional que el PRI no tuviera una mínima competencia para maquillar la república representativa y democrática que era México, según su Constitución.

La reforma política de 1977-1979 inauguró una nueva época. ¿Quién iba a imaginar que 10 años después, en 1988, el PRI estaría a punto de perder la Presidencia de la República frente a una coalición opositora encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, el mismo personaje, expriista, que una década después le ganaría al tricolor la jefatura de Gobierno del Distrito Federal? Nadie pronosticó que en 21 años, en 2000, el PRI perdería la elección presidencial e iniciaría la complicada alternancia con el PAN.

Las encuestas adquirieron importancia cuando el sistema priista se enfrentó a una ruptura interna y a una severa crisis de legitimidad. Fue durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) cuando la nueva élite gobernante, proveniente de la tecnocracia y del «neopositivismo» económico y político, aplicó sondeos para medir el grado de aceptación de sus políticas.

Salinas tuvo a un encuestador de cabecera, Ulises Beltrán, autor del estudio «La opinión. La política social del gobierno y la opinión pública», que el propio expresidente cita en su libro México. Un paso difícil a la modernidad para demostrar que Procampo, uno de sus programas de neoclientelismo más importante, no tenía un carácter electorero: «En otra encuesta se le preguntó a los campesinos si consideraban que el programa sólo buscaba obtener votos para el PRI; sólo 16% respondió de manera afirmativa. La segunda parte de los entrevistados veía en Procampo una alternativa para incrementar la producción en el campo y mejorar sus niveles de vida»[23].

Obsesionado con la legitimidad no adquirida en las urnas ni entre los grupos políticos desplazados por el ascenso de la tecnocracia, Salinas y su equipo iniciaron con el discreto autoengaño de las encuestas, instrumentos de control político interno, pero también de maquillaje del consenso.

A finales de 1993, antes del levantamiento zapatista en Chiapas, empresas como Gallup destacaron que Salinas era uno de los mandatarios con mayor índice de aceptación en México. La expectativa de arribar al Primer Mundo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) estaba respaldada en estudios de opinión pública que respondían a las necesidades del narcisismo gubernamental del momento.

Todo cambió con las sucesivas crisis de 1994. La guerrilla neozapatista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el atropellado relevo de Ernesto Zedillo Ponce de León como candidato presidencial del PRI, la sospechosa «desaparición temporal» de Diego Fernández de Cevallos (precisamente, el aspirante presidencial del PAN que encabezaba las preferencias electorales en los estudios de opinión), el crimen de José Francisco Ruiz Massieu (secretario general del PRI) y la debacle económica en diciembre del mismo año hicieron talco los sondeos favorables al salinismo.

La modernidad y el sueño de Salinas de transformarse en el jefe máximo de la nueva época priista se vinieron abajo. Diez años después, en 2004, era el expresidente de la República más repudiado en la historia de México.

Su sucesor, Ernesto Zedillo, no comió lumbre. Se montó en la ola de desengaño y furia contra Salinas para sobrevivir él mismo. Aplicó con mayor ortodoxia el modelo económico privatizador y restrictivo que heredó de su antecesor —la crisis financiera fue, así, el telón de fondo para el triunfo de los tecnócratas—. A cambio, impulsó sin mucha convicción la apertura del sistema político. La reforma electoral de 1996 devino en una mayor competencia entre tres grandes fuerzas: PRI, PAN y PRD. En 1997, el primero perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Para las elecciones presidenciales de 2000, el riesgo de la derrota del candidato priista en los comicios era un escenario real.

La posibilidad de la alternancia vino acompañada de un mayor protagonismo de los medios masivos de comunicación; en especial, de Televisa. Como Zedillo reformó el sistema electoral, pero no el régimen de concentración de la televisión comercial, esta empresa salió fortalecida durante el periodo, y se convirtió en juez y parte de la disputa entre candidatos.

Las encuestas salieron de los gabinetes de comunicación interna de cada partido para convertirse en instrumentos de medición del mercado electoral, y en ese proceso crearon la nueva ola de los candidatos-producto, ya no de los políticos-candidatos.

Vicente Fox se subió a ese carro. Fue el candidato adorado por las encuestas en las elecciones de 2000. Su promesa de «cambio» y su multiplicación de monosílabos («hoy, hoy, hoy», «ya, ya, ya») le dieron popularidad y lo llevaron hasta la Presidencia de la República. Era un producto atractivo: novedoso, desparpajado, antisolemne, aunque su discurso económico no variaba un ápice en relación con la profundización del modelo neoliberal encabezado por Ernesto Zedillo.

La alternancia por la vía de una derecha empresarial, proveniente de trasnacionales como la Coca-Cola, le dio un giro fundamental a los estudios de opinión.

Los mercadólogos desplazaron a los politólogos. El marketing político se transformó en la nueva Biblia de los candidatos; no sólo del PAN o del PRI. La izquierda también se sumó a este nuevo fenómeno, a tal grado que definió la mayoría de sus cargos de elección popular para 2012 mediante encuestas internas.

De 2000 a la fecha, las encuestas dejaron de ser simples mediciones de las contiendas políticas, para transformarse en parte central de esa disputa. Encuestas sin pantalla y candidatos sin encuestas se volvieron símbolos de pobreza mercadológica y electoral. Lo «competitivo» ya es sinónimo de alto rating en las encuestas.

Este negocio proliferó desde 2003 y alcanzó un grado máximo en 2006. Seis años después, la segunda ola de la alternancia: el eventual retorno del PRI a la Presidencia de la República se construyó con mucho marketing político y poca o nula ciencia política.

LA IRRUPCIÓN DE GEA-ISA

El periódico Milenio, empresa filial de Televisa, anunció que dejaba los servicios del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), encuestadora dirigida por Liébano Sáenz y Federico Berrueto, dos destacados militantes priistas pertenecientes al grupo del expresidente Ernesto Zedillo que durante los años previos a la elección presidencial trabajaron para esa casa editorial.

Sáenz y Berrueto formaban parte del war room, o «cuarto de guerra», del equipo de asesores mediáticos y demoscópicos de Enrique Peña Nieto, en coordinación con Alejandro Quintero, vicepresidente de Comercialización de Televisa. Para esas fechas, su cercanía con el exgobernador mexiquense era muy débil, según los testimonios del propio equipo de campaña peñista.

Milenio cambió no sólo de casa encuestadora sino de diseño editorial. Abandonó el color rojo que caracterizó las plecas de las columnas de opinión y adoptó un azul muy cercano al del partido gobernante. A través del canal Milenio TV, de señal restringida, hizo una intensa autopromoción de los nuevos resultados de la empresa GEA-ISA, la misma encuestadora que en 2006 fue la primera en advertir que Felipe Calderón había «empatado» técnicamente con López Obrador.

La nueva encuesta de la empresa fundada por Jesús Reyes Heroles, exdirector de Pemex en el sexenio calderonista, y Guillermo Valdés, titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) también en este gobierno, situaba a Josefina Vázquez Mota a sólo siete puntos abajo del priista Peña Nieto y a una cómoda distancia, de 12 puntos, frente al perredista López Obrador.

El puntero apareció con 36% de las preferencias, la panista con 29% y el exjefe de gobierno del Distrito Federal con 17%, el mismo porcentaje que la encuestadora atribuye al voto indeciso.

Sin contar la respuesta de los indecisos, los márgenes de ventaja del exgobernador del Estado de México aún eran ligeramente mayores respecto de la panista y el perredista: 43% frente a 35 y 21%; es decir, ocho puntos de ventaja sobre su contrincante inmediato. El margen de error, según GEA-ISA: cuatro puntos porcentuales, fue mayor que el promedio que dan otras empresas encuestadoras (tres). Cuatro puntos menos para Josefina la colocarían en los 25 puntos porcentuales registrados por otras encuestadoras, pero cuatro puntos más darían un porcentaje muy similar al que citó Calderón durante su encuentro con los integrantes del consejo de Banamex.

Las reacciones en contra de la encuesta de GEA-ISA fueron inmediatas y críticas, sobre todo por parte del PRI. López Obrador desdeñó los resultados y confirmó que este ejercicio demoscópico intentaba reforzar la imagen de una disputa bipartidista; en su opinión, se trataba de la alianza «PRI-AN» para marginar a la izquierda.

Este estudio se sumó a la tendencia que reflejaron todas las encuestas, con la excepción de las de Covarrubias y Asociados, divulgadas hasta antes del inicio formal de la campaña electoral (30 de marzo de 2012): la disputa por la Presidencia de la República era sólo entre dos candidatos que se emparejaban.

El candidato del PRI había disminuido sensiblemente su ventaja de dos dígitos, que mantuvo hasta antes de la crisis de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara y del desgaste de una precampaña que no levantó mayor interés. En sentido contrario, la aspirante panista era la novedad del momento: había triunfado en la contienda interna de su partido frente al candidato «oficial» o «calderonista», Ernesto Cordero. El del PRD, a pesar de ser el más conocido en la población abierta, mantenía una intención de voto de entre 17 y 20 puntos porcentuales, según la mayoría de los sondeos divulgados en los medios.

Las consecuencias de la medición de GEA-ISA, cierta o no, rigurosa o no, no fueron demoscópicas, sino políticas y mediáticas: colocó a la panista en el terreno de la pelea frente al priista y sirvió como telón de fondo para una negociación no pública entre el gobierno de Calderón y la dirigencia nacional del PRI[24]. Generó, asimismo, un doble efecto: polarizó la contienda en términos demoscópicos y la distendió en términos políticos. Las «filtraciones» periodísticas contra exgobernadores priistas cercanos a Peña Nieto e investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y por autoridades de Estados Unidos, se suspendieron.

El PRI ya no incluyó al grupo de cinco exgobernadores «incómodos» en sus listas de aspirantes a puestos de elección popular: Humberto Moreira, exdirigente nacional del partido; Fidel Herrera, exmandatario de Veracruz; Mario Marín, el góber precioso de Puebla; Ulises Ruiz, el autoritario exgobernador de Oaxaca, con quien EPN tuvo un pacto político desde 2009, y los tamaulipecos Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, claramente alineados a la causa peñista desde el principio.

La investigación de GEA-ISA provocó una autoafirmación de las empresas encuestadoras, gremio que, a pesar de las diferencias entre una y otra medición, cerró filas.

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, voz cantante en el conjunto de empresas encuestadoras, afirmó que existe una «historia» que los sondeos de opinión estaban contando antes del inicio formal de la campaña electoral de 2012. Es, más que una instantánea del momento, una «historia», la de la disminución en las preferencias de quien durante cinco años ha sido el personaje más popular en estas investigaciones de opinión: Peña Nieto, y la competencia cerrada entre él y Vázquez Mota[25].

De aquí en adelante, encuesta por encuesta, en el mismo orden de aspirantes a la presidencia: Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, y expresadas en tanto por ciento: la divulgada el 14 de febrero de 2012 por Mitofsky dio al primero una ventaja: 40 (incluyendo 17% de los que no declararon su preferencia) frente a 24 y 18 de sus competidores.

Ipsos-Bimsa, que la difundió el 1.º de marzo, dio a los candidatos presidenciales 36, 24 y 16 por ciento.

Parametria divulgó ese mismo día otro sondeo, todavía más favorable para el puntero, con 48, 31 y 19%; fue la única que dio 2% de preferencias al candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri, mientras que otras empresas le daban menos de 1 por ciento.

Buendía & Laredo (b&l), contratada por el periódico El Universal, dio 48, 32 y 20 por ciento.

El 5 de marzo, BGC divulgó en Excélsior una nueva encuesta, distinta de la de GEA-ISA, en la que Peña Nieto mantenía el primer lugar, con 47 puntos, frente a 29 y 23 de sus contrincantes; en ésta la distancia que se acortaba no era entre el priista y la panista, sino entre el perredista y la exsecretaria de Educación.

El dato más interesante de este sondeo fue que 9% de sus 1800 encuestados respondieron como «indecisos absolutos», es decir, que no saben por quién votar, y 30% se clasificaron como «indecisos con alguna preferencia», es decir, electores que podrían cambiar su voto: un universo de 39% de preferencia volátil.

Todas estas casas encuestadoras tienen un denominador común: están vinculadas con alguno de los medios de comunicación más importantes del país, especialmente con los electrónicos, o con los grupos editoriales más fuertes, que también tienen una relación especial con Peña Nieto o con el gobierno de Felipe Calderón.

Mitofsky es la casa encuestadora de Televisa y Radio Fórmula; GEA-ISA trabajaba antes para Radio Fórmula y ahora para Grupo Milenio; BGC, para Grupo Excélsior, de Olegario Vázquez Raña, propietario de estaciones de radio (Grupo Imagen), del Canal 28 en señal abierta y del periódico Excélsior, Parametria, de Francisco Abundis, para El Sol de México, de Mario Vázquez Raña (el principal grupo editor de periódicos que ha recibido importantes convenios publicitarios del gobierno del Estado de México); y b&l, que publica en El Universal, el periódico de Juan Francisco Ealy Ortiz, el de mayor circulación en el país.

Fuera de esta alianza demoscópica-mediática, Covarrubias y Asociados trabaja para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ha sido la casa encuestadora tradicional de López Obrador. Sus resultados, por tanto, difieren sustancialmente del otro bloque de empresas encuestadoras, sobre todo en relación con el estancamiento de éste y el crecimiento espectacular de la panista.

En la encuesta divulgada a mediados de febrero de este año, Covarrubias reveló que Peña Nieto tenía 36.84% de la intención del voto frente a 26.36% de López Obrador y 23.64% de Vázquez Mota. La novedad de este sondeo es que suma los porcentajes de intención de voto de candidato y partido. Esta peculiaridad metodológica refleja la fuerza real de los candidatos, tal como aparecieron en la boleta del 1.º de julio de 2012. De tal manera que los candidatos tenían:

Enrique Peña Nieto, 33.9% del voto por el PRI y 2.94% del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); un total de 36.84 por ciento.

Andrés Manuel López Obrador, 24.05% del voto por el PRD, 1.74% por el Partido del Trabajo (PT) y sólo 0.57% por Movimiento Ciudadano (MC, antes Convergencia), que suman 26.36 por ciento.

Josefina Vázquez Mota, 23.69% del PAN.

Gabriel Quadri, apenas 0.30% del Panal.

No es fortuito el fenómeno de la alianza entre grupos mediáticos y casas encuestadoras. Tiene una razón de ser comercial y política: los resultados de estas encuestas preceden a los convenios de publicidad que firman los gobiernos y las figuras políticas con los medios de comunicación durante los procesos electorales. También acompañan la difusión de spots, que en la contienda de 2012 estarán controlados por el Instituto Federal Electoral.

Sin embargo, como el IFE no tiene poderes de sanción o vigilancia en materia de televisión restringida (donde predomina Televisa, con más de la mitad de los abonados), es campo abierto para realizar toda serie de convenios no explícitos.

Una historia poco conocida del conflicto entre el GCE y el gobierno de Felipe Calderón demuestra esta capacidad de presión-negociación entre casas encuestadoras, medios y poder político.

Durante la campaña electoral de 2011 en Michoacán, el GCE, a través de Milenio, le dio una ventaja de más de 10 puntos a la candidata del PAN-Panal a la gubernatura, Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del actual presidente de México. Los resultados en las urnas fueron muy distintos de la percepción que quiso crear el GCE-Milenio con estas encuestas.

Testigos de las negociaciones cuentan que el reclamo de Felipe Calderón a Televisa y a Grupo Milenio fue muy airado. Les reprochó que el GCE, de Liébano Sáenz y Federico Berrueto, trabajaba para el equipo de campaña de Peña Nieto y no era imparcial en sus sondeos. En calidad de jefe de su partido, Calderón se quejó por los malos pronósticos del GCE que le dieron muy malos resultados al PAN en varias contiendas estatales, en especial en la de Michoacán, donde perdió su hermana.

Calderón sugirió al PAN que cambiaran de empresa encuestadora para 2012. No es poco lo que está en juego entre la Presidencia de la República y un grupo mediático, especialmente si hablamos de concesiones en redes de telecomunicaciones o de futuras licitaciones.

En su ensayo publicado en Nexos, Zuckerman revivió el siguiente episodio de la trama michoacana y la empresa GCE. Dos semanas antes de la elección de gobernador en Michoacán, Joaquín López-Dóriga entrevistó en Radio Fórmula al aspirante priista Fausto Vallejo. Ante la pregunta de qué opinaba de los resultados del GCE que le daban una ventaja de 15 puntos a Luisa María Calderón, la candidata panista, Vallejo respondió: «Inicialmente me daba a mí una ventaja, pero no llegamos a ningún acuerdo y obviamente pasó a otros momios a favor de la candidata».

El priista abundó sobre la trama de negociación política y mediática al gusto del cliente: «Se acercaron conmigo, me enseñaron las encuestas que ellos traían. Llevábamos 10 o 15 puntos arriba. No establecimos el convenio. Sé que establecieron contacto por otro lado, pero a los pocos días habían cambiado totalmente la encuesta que nos habían mostrado»[26]. La difusión de esta incómoda revelación de Fausto Vallejo ocurrió después de que el tribunal estatal electoral lo declarara ganador y tras el desencuentro entre Calderón y el GCE.

Oficialmente, el columnista Ciro Gómez Leyva explicó así el cambio de casa encuestadora en Milenio TV:

Liébano Sáenz y Federico Berrueto nos informaron semanas atrás que el Gabinete de Comunicación Estratégica resolvió no difundir encuestas de la elección presidencial. Fueron generosos en la explicación de las causas, todas relativas al presente y futuro de su empresa. Lo agradecemos. Son amigos y colaboradores de Milenio. Seguiremos presentando encuestas del gabinete, pero brincaremos la presidencial de 2012.

Buscamos entonces a Ricardo de la Peña. Le dijimos que queríamos un tracking, un seguimiento diario. Me liga a él una larga relación profesional. En CNI-Canal 40 difundimos durante cinco años las encuestas de GEA-ISA. Y desde mediados de 2005 presentamos cada tres meses en nuestros programas de Radio Fórmula los resultados de su encuesta nacional.

Una de ellas, la de marzo de 2006, puso por primera vez a Felipe Calderón arriba de Andrés Manuel López Obrador. Era un punto de ventaja: suficiente para desatar la ofensiva más agresiva que recuerde de un movimiento político contra una casa encuestadora. A la semana siguiente, otra encuestadora marcó también el empate técnico. Y luego otra y otra.

GEA-ISA había medido el pulso electoral con precisión de cirujano[27].

Las empresas encuestadoras miden así lo que mediáticamente tiene rating, y obtienen un poder de interlocución con los partidos y los candidatos, no con los ciudadanos. No comparan otros rangos o necesidades del electorado. Tampoco miden temas y contenidos importantes de los programas de campaña, sino la elevación o disminución de cada candidato electoral, según la agenda mediáticamente conveniente.

María de las Heras, encuestadora de Demotecnia, que en 2006 también trabajó para Milenio Diario y finalmente fue sustituida por el GCE, realizó el siguiente análisis de los números previos a las elecciones de 2012, que tienen poca relación con la medición obsesiva de la intención de voto por candidato: advirtió que de la lista nominal de electores, de 78 millones, la mitad se concentra en 94 municipios y delegaciones capitalinas; la quinta parte (15.6 millones de electores), en otros 200 municipios, y 30% (23.4 millones) está disperso en 2100 ayuntamientos. Es decir, las elecciones se definían por la población que habita en 3.86% de los ayuntamientos del país y delegaciones políticas del Distrito Federal.

La participación electoral promedio que se proyectó para 2012 fue de sólo 47% de la lista nominal. Es decir, se previó un abstencionismo de más de la mitad de los electores. Se pudo pronosticar una participación de 55% de éstos; es decir, seis millones y medio de votos más que los que se tuvieron en los comicios estatales.

Lo lógico es pensar que dado el nivel de conocimiento que tiene Peña Nieto y el tiempo que lleva fungiendo como el elegido para ser el candidato de los priistas, la mayoría de esos votos adicionales no sean para él (además hay que considerar que cuando el PRI obtuvo esos votos gobernaba los estados de Oaxaca, Puebla y Sinaloa en los que se concentran 10 millones de electores que ahora son gobernados por otros partidos), advirtió De las Heras. Y concluyó:

Si los votos adicionales se reparten entre la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y el candidato del PRD-PT-MC, Andrés Manuel López Obrador, el PRI se mantendría como el partido ganador con una ventaja menor, pero ventaja al fin, pero si esos votos adicionales se inclinan por una de las dos opciones, entonces Peña Nieto puede verse en una situación de muy alta competencia, la cual puede mover los votos antiPRI (que todavía suman millones) hacia la opción que esté dándole la mayor competencia y con ello se podría revertir la inercia ganadora que el PRI ha mantenido hasta ahora[28].

Las casas encuestadoras vinculadas con los grupos mediáticos no midieron ni observaron estos puntos que anotaba María de las Heras. Mucho menos «fotografiaron» la instantánea del mapa electoral regional y municipal del país. Levantaron encuestas domiciliarias, en un promedio de 1000 viviendas, en 180, o menos, secciones electorales. Pero no aterrizaron esta medición a nivel de municipio o delegaciones más pobladas.

Aunque, por supuesto, los errores de las encuestas son comunes en naciones con competencias electorales muy intensas, democracias maduras y medios electrónicos no monopolizados, la «historia» de las encuestas y el proceso electoral presidencial de 2012 mexicano se presenta, entonces, incompleta, sesgada o, mejor dicho, mediáticamente controlada.

En México, los antecedentes de la elección presidencial de 2012 hablaban más bien de una serie de errores en las encuestas para darle gusto «al cliente» o generar una percepción ciudadana distinta de la realidad. En 2010, por ejemplo, se «contó la historia» de un avance irrefrenable del PRI en los comicios para gobernador. Ese año el tricolor perdió tres baluartes importantes: Puebla, Oaxaca y Sinaloa, y a punto estuvo de ser derrotado en Veracruz, Durango e Hidalgo.

Los estrategas del PRI se confiaron. Algunos tenían mediciones internas muy distintas de las que se difundían en los medios. A pesar de eso, la batería de encuestas mediáticas tenían una función de propaganda y de autoengaño. Se convertían en un spot inducido para hablar de la «inevitabilidad» del triunfo priista.

Una historia muy similar, por cierto, a la que contaron en torno de la figura de Enrique Peña Nieto desde que éste fungía como gobernador del Estado de México.

ORÁCULOS FALLIDOS

De las encuestas en las 12 elecciones estatales de 2010 para renovar gobernadores, ayuntamientos y congresos locales, 55.6% las realizaron dos empresas vinculadas con Televisa: Consulta Mitofsky y GCE, mientras que el 3 de julio de 2011 la empresa Mendoza Blanco y Asociados, cercana a TV Azteca, se presentó como la gran competidora en las encuestas de salida del Estado de México, Coahuila y Nayarit.

Un estudio comparativo sobre las 135 encuestas realizadas por 20 empresas de estudios de opinión en los comicios estatales de 2010 concluye que 28.2% de éstas correspondió a sondeos a cargo de Consulta Mitofsky, dirigida por Roy Campos, mientras que 27.4% corrió a cargo del GCE, dirigido por Federico Bermeto y Liébano Sáenz, exsecretario privado de Ernesto Zedillo.

En el caso de Mitofsky, «esta empresa se concentró en los procesos electorales de Oaxaca (donde realizó 42 sondeos, el número más alto en 2010), Puebla y Sinaloa, y en menor medida en Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Veracruz y Tlaxcala. Chihuahua, Quintana Roo y Zacatecas fueron excluidos del monitoreo de la encuestadora», detalla el estudio comparativo elaborado en agosto de 2010 para la dirigencia nacional del PRI.

En contraste, la empresa GCE fue «la única encuestadora que llevó a cabo sondeos en el total de entidades donde fue disputada la gubernatura, pero concentrándose en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, con cuatro encuestas en cada caso; en el resto, a excepción de Quintana Roo y Chihuahua, donde la empresa solamente llevó a cabo dos encuestas, se realizaron tres sondeos»[29].

El mismo estudio ubicó como tercera encuestadora más importante al Cisen, organismo que en 2010 dirigía Guillermo Valdés, socio del exdirector de Pemex, Jesús Reyes Heroles, y fundador de GE A-ISA, la empresa que desde finales de febrero de 2012 «cerró» la contienda entre Peña Nieto y Vázquez Mota.

El Universal, en cuarto lugar, realizó 7.4% de las encuestas de ese año en las 12 entidades. El caso de la elección de Oaxaca mereció tres, que hicieron b&l y el periódico. Ipsos-Bimsa concentró su atención en Oaxaca, con cinco, y en Puebla, con 4.4% del total. El periódico Reforma realizó 3.8 por ciento.

Otras encuestadoras tuvieron una participación marginal, con uno o dos sondeos estatales. Fueron los casos de El Diario, de Chihuahua; El Noreste y Debate, ambos de Sinaloa, Síntesis, de Tlaxcala; y la Universidad Autónoma de Zacatecas.

El estudio destaca que un dato llamó la atención con respecto a los comicios en Puebla y Oaxaca: la difusión de los resultados de encuestas sobre preferencias electorales a través de inserciones pagadas en diferentes diarios, y en las cuales la mayor parte de las veces aparecía el nombre del responsable de la publicación, bien a título personal o bajo designaciones de lo que podrían ser agrupaciones políticas como Jóvenes por la Democracia, Jóvenes de México por el Desarrollo y Jóvenes Universitarios por México.

Especialmente por esta vía —agrega la investigación— fueron publicados algunos sondeos realizados por empresas como Prospecta Consulting, Polinomio Consulting y Com.

En 2010 se repitió el mismo fenómeno de las elecciones federales de 2009: las empresas más cercanas al PAN: Arcop, Ipsos-Bimsa y GE A-ISA, diagnosticaron votaciones negativas para el PRI, incluso en aquellas entidades donde el tricolor finalmente ganó la gubernatura: Aguascalientes, Chihuahua, Tlaxcala y Zacatecas.

Entre tanto, las dos grandes encuestadoras vinculadas con Televisa y su filial, Milenio TV, mostraron una clara preferencia hacia el Revolucionario Institucional, aunque con resultados muy distintos de los del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), elaborados el día de la elección con el cómputo distrital, y de los de la votación final.

Por entidades —y expresado en tanto por ciento—, el estudio realizado para consumo interno del PRI arrojó el siguiente diagnóstico:

1. En Aguascalientes, Arcop —la única empresa que realizó un pronóstico fuera de la tendencia electoral y de las demás casas encuestadoras— colocó al priista Carlos Lozano de la Torre dos puntos abajo del panista Martín Orozco.

Por su parte, el GCE ubicó las diferencias entre uno y otro candidato en un rango entre 11 y 14, mientras que El Universal y Consulta Mitofsky acortaron a nueve esta distancia. El primero aventajó al segundo por 5.2, es decir, hubo diferencias de casi nueve puntos.

2. En Chihuahua, Arcop publicó dos encuestas: en una pronosticó una competencia cerrada entre el priista César Duarte y el panista Carlos Burruel, separados sólo por dos puntos de distancia. En la segunda, este último superaba por tres puntos a su opositor.

El día de la elección Mitofsky realizó una encuesta de salida con cifras muy diferentes de las del PREP: una holgada ventaja de 23.7, para Duarte, cuando el PREP arrojó una diferencia 30% menor: de 16.4 puntos.

3. En Durango, la variación entre el pronóstico de las ocho encuestas y el resultado final fue muy grande: todas las empresas le dieron la ventaja al candidato del PRI, Jorge Herrera, con más de 12 puntos de distancia frente a su principal contendiente, el panista José Rosas Aispuro.

Sólo b&l-El Universal estuvo cerca del muy cerrado resultado final: le dio un punto de ventaja al candidato priista. Finalmente, Herrera ganó por sólo 1.9 puntos.

La disparidad de los pronósticos y las encuestas fue muy significativa en esta entidad. La ventaja que el GCE le dio al candidato priista fue de 18.5 y 14.9 puntos en sus dos encuestas, mientras que la que registró Mitofsky fue de 16.8 y 17; uno y otro estudio fuera del rango real.

Todavía en el sondeo de salida el día de las elecciones Mitofsky le daba a Herrera casi 10 puntos de delantera.

4. Lo mismo sucedió en Hidalgo, entidad con un voto duro priista muy sólido. Las

siete encuestas realizadas le dieron al candidato Francisco Olvera, de la coalición PRI-PVEM-Panal, frente a la candidata de la coalición opositora, PAN-PRD-PT-Convergencia, Xóchitl Gálvez, una distancia de 19 puntos, que, en las urnas, se acortó sustancialmente: Olvera ganó por sólo 5.1 puntos. Ese mismo día, Mitofsky arrojó en su encuesta de salida una ventaja de ocho puntos para el priista.

En ningún caso las encuestadoras se acercaron al resultado final. La propia Xóchitl Gálvez destacó en declaraciones a la prensa ese extraño consenso de las empresas demoscópicas que arrojaron, como si se tratara de propaganda, una ventaja muy favorable al PRI.

5. La de Oaxaca fue la contienda estatal más encuestada. Se realizaron 42 estudios, todos muy dispares, que representaron 31% del total de los sondeos levantados en aquel año. El candidato priista Eviel Pérez Magaña perdió por ocho puntos frente al aspirante de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, Gabino Cué.

En esta entidad, la encuesta de salida de Consulta Mitofsky sí se acercó más al resultado del PREP: una diferencia de 6.4 puntos a favor de Gabino Cué.

Sin embargo, a lo largo de la jornada electoral hubo una danza de pronósticos electorales que resultaron fallidos. La propia Mitofsky puso 35 puntos arriba al priista en su encuesta levantada entre el 10 y el 12 de abril —casi tres meses antes de la elección—, mientras que Ipsos-Bimsa dio a Gabino Cué, en el mismo mes, 19 puntos a favor.

Las encuestadoras de los periódicos El Universal y Reforma pronosticaron un resultado más certero: una contienda muy cerrada entre el priismo y la coalición opositora.

El GCE realizó varias encuestas. Aún hasta mayo de ese año, su pronóstico también se acercaba a la realidad: calculaba una contienda muy cerrada, con cuatro puntos adelante para el priista, y en sus dos últimos sondeos mencionó entre seis y ocho puntos a favor del PRI.

El análisis del tricolor concluyó que «el diagnóstico de Oaxaca fue totalmente errático, e incluso la encuesta de salida, que ya denotaba el fracaso priista, se quedó dos puntos debajo de lo obtenido por el PREP».

6. Puebla fue la otra entidad que concentró tanto el interés como los recursos de las casas encuestadoras y los medios de comunicación. De 14 encuestas, 12 establecieron ventaja de 10 puntos en promedio para el PRI. El resultado fue exactamente inverso: Javier López Zavala, el candidato priista, perdió ante Javier Moreno Valle, de la coalición opositora Compromiso por Puebla, por 9.9 puntos.

Sólo Ipsos-Bimsa y el GCE difundieron sendas encuestas que le daban la derrota al PRI por un margen muy estrecho (uno y dos puntos de diferencia). Mitofsky llegó a poner al candidato priista por arriba de 32.5; en su segunda muestra, de junio de 2010, era todavía de 9.5 puntos. Prospecta Consulting también tuvo números muy dispares, siempre a favor del PRI: en mayo, con 21 puntos sobre el candidato opositor, y en junio, aún con 16 puntos.

También el periódico Reforma erró en su única medición en esta entidad: en junio de 2010 le dio a López Zavala siete puntos por encima de su contrincante.

7. También en Sinaloa —la tercera entidad con un candidato expriista (Mario López Valdez) que encabezó una coalición opositora— fallaron las encuestas. En las 15 que se realizaron, el aspirante del tricolor, Jesús Vizcarra, que terminó perdiendo por 5.5 puntos de distancia, según las cifras del PREP, aventajaba con 6.1 en promedio.

Las encuestas más erráticas correspondieron a Parametria, que en abril publicó dos favorables al PRI por 11 puntos. El GCE publicó cuatro, con cifras muy diferentes, todas también a favor del PRI: en la primera, cuatro puntos más que su competidor, luego uno, un mes después 11 y en vísperas del proceso, 7.9 puntos.

La encuesta de salida de Mitofsky, el día de la jornada, le dio a López Valdés un triunfo muy apretado: de 2.5 puntos de ventaja.

8. En el único estado donde la realidad no contradijo el promedio de las encuestas fue Tamaulipas: 30 puntos para el priista Rodolfo Cantú sobre el panista José Julián Sacramento; el resultado final fue de 30.4 puntos a favor de aquél.

El rasgo funesto fue que en Tamaulipas asesinaron al candidato priista, Rodolfo Cantú, y su hermano, Egidio, lo sustituyó en la boleta electoral. ¿Qué significó esto? ¿La desaparición física del candidato no influyó sobre el voto favorable para el PRI? ¿El crimen acabó por reforzar la permanencia del tricolor, sin importar quién fuera su abanderado? ¿Se impuso el voto del miedo?

Tamaulipas fue la única entidad donde la diferencia entre las encuestas mediáticas y el PREP fue de sólo 0.9%, es decir, prácticamente nada. Donde asesinaron al candidato, las encuestas fueron certeras.

9. Veracruz fue otra muestra de anomalías entre las encuestas y el resultado final. Se levantaron siete estudios demoscópicos, que en su totalidad favorecían por un amplio margen (de 17.7 puntos en promedio) al candidato priista, Javier Duarte, frente a su adversario, Miguel Ángel Yunes, de la coalición PAN-Panal. El resultado de la elección fue mucho más cerrado: 2.9 puntos a favor de Duarte.

Incluso el mismo día de la elección, el 4 de julio, Mitofsky le dio 17.7 puntos de ventaja al candidato del PRI en su sondeo de salida.

Estos márgenes de las encuestas en beneficio del PRI configuraron, en el caso de Veracruz, uno de los más graves autoengaños. Confiados, los candidatos del tricolor presumieron que el GCE los ponía en la delantera, a 23.7 puntos de distancia de sus opositores en abril, y luego, en junio, con una superioridad de 14 puntos. En el mismo sentido, El Universal también arrojó 19 puntos de diferencia en su encuesta de abril-mayo.

10. En Quintana Roo y Tlaxcala, los candidatos del PRI triunfaron, aunque las particularidades de cada entidad fueron importantes. En la primera, el aspirante opositor, Greg Sánchez, fue detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que favoreció ampliamente al aspirante priista, Roberto Borge. En la segunda, la competencia se fue cerrando y las encuestas no lo reflejaron. Ganó el priista Mariano González Zarur, y sólo Arcop perfiló un escenario de empate técnico entre éste y la candidata del PAN-Panal, Adriana Dávila. Consulta Mitofsky falló por 5.8 puntos de diferencia entre sus sondeos y el resultado del PREP.

11. Zacatecas fue la entidad que perdió el PRD en 2010. Las 11 encuestas pronosticaron esta derrota, con 11 puntos a favor del candidato priista, Miguel Alonso Reyes, frente al perredista Antonio Mejía y al panista Cuauhtémoc Calderón. El resultado final favoreció con 20.6 puntos al PRI, casi el doble de lo que previeron, en promedio, las empresas encuestadoras.

Pese a que el sondeo de El Universal de junio del mismo año fue el más próximo al resultado final, 25 puntos de diferencia para el PRI, el mes anterior había publicado un sondeo que predecía la derrota priista, con 7.5 puntos menos que el candidato perredista. ¿Cómo explicar un cambio tan drástico con apenas un mes de diferencia?

El rating electoral también influyó en esas jornadas estatales de 2010. El estudio del PRI advirtió que 52.5% de las encuestas se concentraron en tres entidades —y en éstas ganaron los candidatos de coaliciones opositoras al PRI— de las 12 donde se renovaron gubernaturas: Oaxaca, Sinaloa y Puebla. Ahí se concentró el interés mediático.

El documento interno del PRI considera al GCE «la encuestadora más pretenciosa […] Realizó sondeos en las 12 entidades donde fue disputada la gubernatura, desplazando del mercado y del periódico Milenio a Demotecnia (de María de las Heras), que de hecho fue la gran ausente en el monitoreo de los comicios».

«El ámbito territorial acaparado por GCE conduce a la presunción de que cuenta con un financiamiento importante», advierte el análisis, y reprocha que el GCE «mantuvo persistentemente» una tendencia favorable al tricolor en Oaxaca y Sinaloa, «misma que fue rebatida en los hechos».

Paradójicamente, fue el mismo tema que Calderón echó en cara a la empresa en los comicios de Michoacán, donde perdió su hermana y el PRI recuperó la gubernatura después de dos gobiernos perredistas consecutivos.

«Consulta Mitofsky también observa sesgos importantes», anota el análisis del PRI; diagnosticó la victoria del PRI en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, con 8.7, 9.5 y 8.6 puntos por arriba de la alianza PRD-PAN.

En los casos de las encuestas en Durango y Veracruz, tanto Mitofsky como GCE ofrecieron diagnósticos «notoriamente erráticos». «Se preveía que el PRI ganaría por 17 y 19%, respectivamente, alejándose de manera importante de los resultados ya conocidos».

El análisis caracterizó a Consulta Mitofsky como la encuestadora «cuyas cifras se distanciaron de manera importante de los resultados oficiales, observando en este sentido un mayor sesgo y, por tanto, un panorama poco útil para la redefinición de las estrategias de campaña».

La percepción de que el PRI y, especialmente, el precandidato presidencial Enrique Peña Nieto establecieron convenios comerciales con Televisa para verse beneficiados en las encuestas de las dos principales empresas vinculadas con ellos (Consulta Mitofsky y GCE) fue confirmado en un cable del Departamento de Estado divulgado por Wikileaks en mayo de 2012.

El cable 09México212, redactado en el 2009 por la analista Leslie Basser, de la embajada de Estados Unidos en México, afirmó que Peña Nieto pagaba «bajo la mesa a medios de comunicación a cambio de coberturas favorables y el financiamiento a empresas encuestadoras».

En el caso de Consulta Mitofsky, es muy clara su alianza con Televisa. Desde 1997, la empresa de Emilio Azcárraga Jean contrató a Roy Campos para que realizara las encuestas de salida de la elección a jefe de Gobierno del Distrito Federal, año en que ganó Cuauhtémoc Cárdenas del PRD.

Por su parte, TV Azteca participó intensamente en las encuestas de salida de las elecciones estatales de 2011, a través de la empresa Mendoza Blanco y Asociados, propiedad del senador priista Jorge Mendoza, exdirector de la televisora.

En los comicios del 3 de julio de 2011 en el Estado de México, la autoridad electoral señaló que estos consultores, así como el GCE-Milenio, violaron el artículo 159 de la legislación estatal electoral, al difundir encuestas de salida minutos después del cierre de las casillas (a las 18:00 horas).

La ley electoral mexiquense prohibió en ese artículo que se difundieran o publicaran los resultados de encuestas o sondeos ocho días antes de la elección y aún «hasta dos horas después del cierre de casillas».

Mendoza Blanco también favoreció ampliamente a los candidatos priistas: a Eruviel Ávila, en el Estado de México, con un pronóstico victorioso de 64 puntos porcentuales; a Rubén Moreira, en Coahuila, le dio 65, y 48 a Roberto Sandoval en Nayarit.

La diferencia con los comicios estatales de 2010 es que en ninguno de estos tres casos de 2011 se dio una alianza entre el PAN y el PRD, y en las tres entidades el PRI mantuvo un control por encima de la oposición.

El 2011, el 13 de noviembre, cerró con las polémicas elecciones a gobernador en Michoacán. La guerra de encuestas se desató. Las del GCE siempre le dieron la ventaja a la candidata del PAN-Panal, María Luisa Calderón Hinojosa, mientras que, en contraste, las de Excélsior y de otros medios advirtieron que el cuatro veces alcalde priista de Morelia, Fausto Vallejo, la sobrepasaría por casi cuatro puntos.

En muchos casos, el error fue ubicar en segundo lugar al candidato del gobernante PRD, Silvano Aureoles, que quedó finalmente en tercer sitio. La derrota michoacana para el PRD fue una de las más críticas en este sexenio federal.

Sin embargo, la disputa más agria se concentró entre el PRI y el PAN. El primer mandatario, Felipe Calderón, llegó a declarar que el resultado de las elecciones en su entidad natal se vio alterado por las presiones del crimen organizado, pero nunca se comprobaron ni confirmaron sus dichos.

CAPÍTULO CUATRO

De Toluca, con amor

«¿Montiel, durmió usted tranquilo?». Con esta frase Germán Dehesa remataba todos los días su columna «Gaceta del Ángel», publicada en el periódico Reforma. Desde 2005 hasta 2010, el cronista y dramaturgo mantuvo el dedo en la llaga de la corrupción, la impunidad y el uso y abuso del erario que en el Estado de México alcanzaron niveles de señorío feudal durante el gobierno de Arturo Montiel Rojas (AMR).

Dehesa falleció el 2 de septiembre de 2010, y el político nunca fue procesado. El gobierno de Enrique Peña Nieto acabó por exonerarlo a finales de 2006: la Fiscalía Especial que llevaba su caso por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia no encontró elementos para ejercitar acción penal contra el exfuncionario. Desde el término de su mandato, éste mantuvo un papel cercano al del autoexiliado. Durante un tiempo estuvo en Francia. No apareció en actos públicos, salvo en algún funeral o boda de la clase política y empresarial mexiquenses. Se divorció de la francesa naturalizada mexicana Maude Versini, rehízo su vida privada con la periodista Norma Meraz y en 2011 tuvo una función determinante, tras bambalinas, en la designación de su amigo y alcalde de Ecatepec, Eruviel Ávila, como candidato priista a la gubernatura de su entidad.

A pesar de esta condición de autoexpatriado, AMR dejó su impronta en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los cargos más importantes en el sexenio de éste tenían su origen en el de su antecesor.

Luis Enrique Miranda Nava, secretario general de Gobierno, fue titular de Administración en el periodo 1999-2005 y se convirtió en el gobernador de facto durante el periodo de Peña Nieto; Luis Videgaray repitió en la Secretaría de Finanzas, creció políticamente hasta convertirse en el hombre de mayor confianza del candidato presidencial priista; Alejandro Hinojosa Velasco, a cargo de la Contraloría, fue subsecretario de Egresos en el gobierno anterior; Laura Barrera Fortoul, titular de Turismo con Peña, fue directora general del mismo rubro durante el montielismo (véanse, más adelante, sus ligas con el gobierno de Eruviel Ávila); Héctor Jiménez Baca, subsecretario de Medio Ambiente con el predecesor de EPN, con éste fue titular de la Agencia de Seguridad estatal (con Ávila es director general de Seguimiento y Evaluación Gubernamental). Esto, por mencionar algunos ejemplos.

A cambio de mantener su influencia, Arturo Montiel se mantuvo en el silencio público.

La situación cambió la mañana del 15 de septiembre de 2011, fecha en que Eruviel Ávila tomó posesión como sucesor de Enrique Peña Nieto. El exgobernador fue uno de los invitados especiales y se convirtió en el gran protagonista del acto. Las porras y los aplausos más sorprendentes de los asistentes al teatro Morelos de Toluca fueron para Montiel el jefe político real de la entidad. Su reaparición pública opacó, incluso, la salida exitosa de Peña Nieto como gobernador mexiquense. Más de la mitad de los asistentes, incluidos Eruviel Ávila y Peña Nieto, le debían sus carreras políticas. La influencia de Montiel sólo rivaliza con la de otro exgobernador y tío de Enrique Peña Nieto: Alfredo del Mazo González.

A la muerte de Carlos Hank González, el Profesor, ocurrida el 11 de agosto de 2001, el entonces gobernador Montiel decidió tomar el control político de los distintos cacicazgos y controles regionales que conforman los grupos priistas en su entidad. Se alió con Del Mazo. Incorporó a personajes del hankismo, como Humberto Benitez Treviño, y a parientes y figuras de otros exgobernadores, como Jorge Jiménez Cantó y Salvador Sánchez Colín.

Hank González, el personaje mexiquense más encumbrado de la época priista, falleció sin dejar un heredero político. Desde el gobierno estatal, Montiel se ocupó de crear una nueva élite: los llamados golden boys, para garantizar su continuidad y dominio; siguió el método hankista y repartió negocios y prebendas del multimillonario presupuesto público del Estado de México para hacer valer la máxima del Profesor. «Un político pobre es un pobre político», y acabó por ocupar el sitio —en política los espacios vacíos se llenan— que dejó la muerte del exgobernador oriundo de Santiago Tianguistenco.

Montiel revivió la añeja ambición de la clase política mexiquense por llegar a la Presidencia de la República. Cuatro de sus antecesores vieron frustrada esta posibilidad: Alfredo del Mazo Vélez, Carlos Hank González, Alfredo del Mazo González y Emilio Chuayffet Chemor.

La aspiración del propio Montiel se frenó abruptamente en octubre de 2005, después de vencer en la contienda interna priista a otros exgobernadores que formaron parte del grupo que impulsó la carrera por la candidatura presidencial en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Unidad Democrática por la Renovación del PRI, mejor conocido como el Tucom: Todos Unidos contra Madrazo.

Sólo Peña Nieto, un sexenio después, concretó esta ambición. El golden boy oriundo de Atlacomulco llegó a la meta que un sexenio antes no alcanzó su predecesor; resignificó el mito del poder del Grupo Atlacomulco, rebautizado por Arturo Montiel como un «paradigma» y no como una dinastía encargada de «conspirar para alcanzar el poder»[30].

En aquel evento del teatro Morelos del 15 de septiembre de 2011 estuvieron presentes los demás exgobernadores vivos de la entidad: Alfredo del Mazo, Alfredo Baranda, Ignacio Pichardo, Emilio Chuayffet y César Camacho Quiroz, a quienes rindieron tributo las «fuerzas vivas» del priismo mexiquense; no obstante, a ninguno aplaudieron como a Montiel.

Éste no fue el único acto público que formó parte de la «normalización» de la vida política del exmandatario. Un mes después, el 16 de octubre de 2011, durante el evento de toma de protesta del nuevo presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Raúl Domínguez Rex, fue ovacionado otra vez. En esa fecha eclipsó al propio mandatario Eruviel Ávila y al entonces dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira. Cientos de priistas, incluidos alcaldes, diputados, regidores, funcionarios públicos, operadores políticos, le aplaudieron «rabiosamente». Fue —ese mismo día cumplió 69 años de edad— su mejor regalo[31].

A ese evento no asistieron los otros exgobernadores que rivalizaron con él por el control de la clase política mexiquense: Alfredo del Mazo, Emilio Chuayffet, César Camacho, ni el entonces aspirante único del PRI a la presidencia, Enrique Peña Nieto.

En la segunda parte de la campaña presidencial de 2012, Montiel tuvo que desaparecer nuevamente de la escena pública. Una demanda por la custodia de sus hijos, interpuesta por su exesposa Maude Versini, amenazó con generar otro conflicto diplomático y jurídico con Francia. Además, Peña Nieto dio las señales suficientes a su tutor político para que se mantuviera lejos de su influencia.

En entrevistas televisivas y en los dos debates presidenciales organizados por el IFE, Peña Nieto negó su cercanía a Montiel. Se «deslindó» de él y de otras figuras polémicas del priismo como Humberto Moreira y Tomás Yarrington. En los dos mítines de cierre de campaña, en Atlacomulco y en Toluca, la figura del exgobernador no volvió a aparecer.

Todo parece indicar que el distanciamiento tiene parte de montaje y acuerdo tras bambalinas para no afectar a Peña Nieto, pero también hay indicios de que no todo es amor desde Toluca.

LOS MONTIELISTAS REVIVEN

La influencia de Arturo Montiel sobre el aparato político mexiquense se confirmó semanas después, al conocerse las designaciones de candidatos a diputados federales y senadores del PRI. Tenían su marca tanto los principales aspirantes como los operadores del war room, o «cuarto de guerra», peñista.

El coordinador general de la campaña de Peña Nieto, Luis Videgaray, llegó en 2004 al Estado de México recomendado por Pedro Aspe, extitular de Hacienda durante el salinismo, para renegociar la deuda estatal durante el periodo de gobierno de Montiel.

La consultora Protego, encabezada por Aspe, se convirtió en el eje de una de las alianzas más fructíferas de AMR con un destacado exfuncionario del salinismo. Videgaray en 2009 se convirtió en diputado federal y presidente de la poderosa Comisión de Presupuesto, que negocia las partidas anuales del erario federal a los estados. Fue precandidato a gobernador y finalmente se volvió el brazo derecho de Peña Nieto en la aventura de la campaña presidencial.

En pleno conflicto poselectoral, Videgaray pasó a ser el 11 de julio de 2012 coordinador de Políticas Públicas del futuro gobierno peñista. El «triunvirato» lo compartió con dos exgobernadores: Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam.

En la segunda posición más importante de la coordinación general de campaña, EPN nombró en febrero de 2012 a un montielista destacado: el arquitecto Alejandro Nieto Enriquez, funcionario con más de 30 años de experiencia en el servicio público estatal y federal. Fue secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el último periodo del gobierno de César Camacho y repitió en el cargo con AMR. Como tal, fue responsable del cambio del uso de suelo de muchos proyectos inmobiliarios donde estaban los intereses de muy fuertes grupos empresariales aliados al montielismo.

Nieto Enriquez (sin parentesco con Peña) fue nombrado en 2009 subsecretario de Información y Desarrollo Político, en la Secretaría General de Gobierno, bajo las órdenes del citado Luis Enrique Miranda Nava, y en esa calidad fue el artífice de la operación para la recuperación electoral del PRI en el Estado de México durante los comicios locales y federales de ese año.

En el Cuarto Informe de Gobierno de Peña Nieto, Nieto Enriquez fue el anfitrión de una delegación de observadores políticos de la embajada de Estados Unidos, según quedó asentado en el cable 09MEXICO2778, filtrado por Wikileaks que, publicado en La Jornada y Proceso, trascendió por ser el primer balance crítico del Departamento de Estado de aquel país contra la administración de Peña Nieto.

La influencia de Montiel se confirmó en otros espacios de poder. Los dos candidatos a senadores del PRI por el Estado de México son figuras vinculadas con él: Ana Lilia Herrera Anzaldo y Juan José Guerra Abud. La primera hizo una meteórica carrera política en el sexenio del exgobernador: coordinadora de Comunicación Social, secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, secretaria de Desarrollo Social montielista, y, después, diputada local y alcaldesa de Metepec con Peña Nieto. En cuanto a Guerra Abud, fue parte del gobierno montielista y el primer jefe de Enrique Peña Nieto[32].

En la coordinación de la campaña presidencial priista en el Distrito Federal, Peña Nieto nombró a otro montielista, que fue coordinador general de Asuntos Metropolitanos: Gustavo Cárdenas Monroy, emparentado con la dinastía de los políticos originarios de Atlacomulco.

En el segundo sitio de la lista plurinominal de candidatos a la Cámara de Diputados de la segunda circunscripción quedó María Elena Barrera, exalcaldesa de Toluca. Montiel la nombró coordinadora de Gestión de la Secretaría de Administración, con Enrique Peña al frente de esa dependencia. Barrera acaparó la atención nacional cuando la coalición Movimiento Progresista presentó un video donde se le veía ofreciendo tarjetas de la tienda de supermercados Soriana a cambio del voto. Fue el inicio del escándalo conocido como Sorianagate.

Los tentáculos más importantes del montielismo se encuentran en el gobierno sucesor al de Peña Nieto. El gabinete de Eruviel Ávila, conformado a finales de septiembre de 2011, incorporó a varios funcionarios de la etapa previa. De los 16 secretarios del gabinete, ocho tienen una vinculación clara con Arturo Montiel. He aquí algunos ejemplos:

Manuel Ortiz García, secretario de Agua y Obras Públicas, lo fue de Comunicaciones con el exgobernador, tras el fallecimiento de Guillermo Cano Garduño.

Carlos Cadena Ortiz de Montellano, secretario del Medio Ambiente, hijo de Manuel Cadena, exsecretario general de Gobierno con AMR, lo fue de Desarrollo Económico con Peña Nieto. Su padre, Manuel Cadena, un veterano político mexiquense con amplia influencia en el sector obrero de la entidad, es considerado una de las figuras con mayor experiencia.

La mencionada Laura Barrera Fortoul, titular de Turismo y exdirectora general de ese sector desde la época de Montiel, es hija de quien en 1999 declinó a favor de éste en el proceso interno: Heberto Barrera Vázquez. Su designación como titular de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) fue el «pago de factura».

Heriberto Enrique Ortega Ramírez, secretario de la Sedagro durante el periodo 1999-2005, fue presidente municipal de Jilotepec, diputado local, suplente del diputado federal Arturo Osornio Sánchez y titular de la misma dependencia con Peña Nieto.

Femando García Cuevas, secretario de Desarrollo Metropolitano, uno de los precandidatos a la gubernatura que contendió con Peña Nieto, fue líder del PRI en el gobierno de Montiel. En ese mismo periodo, Alejandro Hinojosa Velasco, también ya citado, fue subsecretario de Egresos; hoy, ratificado como titular de la Contraloría.

José Alfredo Torres Martínez, titular de Desarrollo Urbano, amigo de Eruviel, ocupó varios cargos dentro del PRI mexiquense durante el gobierno montielista.

Elizabeth Vilchis Pérez, secretaria de Desarrollo Social, lo fue de Administración y Finanzas con Montiel, y subsecretaría de Finanzas en el gobierno de Peña.

Otros cargos importantes en el gabinete de Eruviel Ávila tienen el ADN del montielismo. Son los casos de Isidro Muñoz Rivera, secretario técnico del gabinete: diputado local en el sexenio de Montiel, en 2003 éste le otorgó una notaría; el citado Héctor Jiménez Baca; Femando Maldonado Hernández, director del poderoso Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), fue secretario de Transporte con Montiel; titular de Agua y Obras Públicas con éste, Benjamín Fournier Espinosa es subsecretario de Desarrollo Municipal; Jorge Franco Ávila, director general de la Protectora de Bosques, es amigo personal de Montiel y durante su sexenio trabajó en la Sedagro y en la Secretaría de Medio Ambiente.

El caso de Benjamín Fournier es sintomático de los distanciamientos entre los dos más recientes exgobernadores de la entidad. Al inicio del gobierno de Peña Nieto, ocupó durante un periodo breve, como se ha dicho arriba, la Secretaría de Agua y Obras Públicas; en pleno escándalo de la corrupción de Arturo Montiel, invitó a éste y a su entonces esposa, Maude Versini, a que apadrinaran a su hija, que cumplía 15 años. La pareja aceptó, y acudió a la ceremonia en la iglesia del Ranchito, la consentida de la élite toluqueña.

Este gesto —los compadrazgos no son sólo signos de amabilidad, sino de complicidad política y lealtad al jefe— molestó a Peña Nieto. Fournier, vinculado con los negocios millonarios de las constructoras que recibieron buenos dividendos de Montiel, ahora revive en el gobierno de Eruviel Ávila.

Otros casos de montielistas en el gobierno de Ávila son: Miguel Ángel Contreras Nieto, subsecretario de Gobierno en el valle de Toluca; Ismael Ordóñez Mancilla, subsecretario de Gobierno del valle de México; Gerardo Sánchez y Sánchez, coordinador Jurídico y de Legislación en la Secretaría de Educación, y Carlos Sedaño Rodríguez, director general del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, que con Montiel fueron, respectivamente, comisionado de Derechos Humanos, subsecretario y secretario de la Sedagro, procurador de Justicia mexiquense y titular de Protectora de Bosques.

De los familiares del exgobernador, destaca el caso de Bernardo Monroy Montiel, director de Comercio Exterior en la Secretaría de Desarrollo Económico, nombrado por Eruviel Ávila.

En contraste, Peña Nieto dejó en el gabinete de Eruviel menos colaboradores suyos que su antecesor. Cuatro de los 16 secretarios del gabinete peñista fueron ratificados: Raúl Murrieta Cummings, titular de Finanzas y cercano a Luis Videgaray; Gabriela O’Shea Ortiz, secretaria de Salud y oftalmóloga personal de Peña Nieto; Alejandro Hinojosa, titular de la Contraloría, y Alfredo del Castillo, procurador estatal, recordado por el escandaloso episodio del caso de la niña Paulette. Además, el nuevo titular de la rebautizada Secretaría de Seguridad Ciudadana, Salvador Neme Sastre, es su compadre.

Ana Cecilia Peña Nieto, hermana del aspirante presidencial, fue hasta el lunes 12 de marzo de 2012 directora de Inversión Extranjera en la Secretaría de Desarrollo Económico. Un escueto boletín gubernamental informó que dejó de colaborar en esta dependencia el mismo día en que el priista se registró formalmente como candidato presidencial del PRI ante el Instituto Federal Electoral (IFE).

Otros nombramientos de Eruviel Ávila derivan de los compromisos adquiridos en la contienda interna del PRI por la gubernatura. En la Secretaría General de Gobierno quedó Ernesto Nemer Alvarez, exaspirante a gobernador y excoordinador de la bancada del PRI durante el segundo periodo del gobierno de Peña Nieto. El vínculo más fuerte de éste es con el exgobernador Chuayffet; su hermano, Luis Manuel Nemer Alvarez, es director general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación.

Ávila también ha nombrado en puestos importantes a jóvenes herederos de los grupos de poder económico de más peso. Se les conoce ya como los platinum boys, para diferenciarlos de los golden boys de la etapa de Montiel. Entre estos personajes se encuentran Carlos Hank González, nieto del exgobernador del mismo nombre, y los empresarios Juan Carlos y Pablo Peralta, hijos de Carlos Peralta Quintero y nietos de Alejo Peralta.

En la elección presidencial de 2012, Eruviel Ávila jugó un papel esencial. Ofreció una «cuota» de 2.9 millones de votos para Enrique Peña Nieto. Y cumplió. Las distintas familias y grupos de poder mexiquenses se unificaron para garantizar la victoria de Peña Nieto.

El costo está a la vista: los escándalos más graves de compra y coacción del voto, de uso y abuso del presupuesto público y de rebase de topes de gastos de campaña están en el Estado de México.

En Toluca, no pocos observadores señalan que el principal afectado por el triunfo de Peña Nieto es Eruviel Ávila. El político del valle de México (no del valle de Toluca) quedará a la sombra de la estrella de su exjefe. Y el control político de la entidad más poblada del país lo seguirá ejerciendo Peña, no el gobernador actual.

LOS REPROCHES Y LAS FISURAS

Los políticos del valle de México (donde están los municipios conurbados al Distrito Federal, los más poblados y económicamente más dinámicos) siempre se han quejado de la hegemonía del Grupo Atlacomulco y, en referencia a los que han hecho su carrera en la capital del estado, de «los tolucos». Se esperaba que Eruviel Ávila modificara esta correlación. No ha sido así. Con él, los grupos políticos provenientes de Montiel y Peña Nieto ocuparon las posiciones más importantes.

El exsenador y alcalde de Texcoco, Mauricio Valdés, representante de los priistas del valle de México y dirigente del Parlamento Ciudadano, ha documentado que desde el gobierno de Emilio Chuayffet (1993-1995), hasta el de Enrique Peña Nieto (2005-2011), 72.89% de los cargos del gabinete legal y ampliado han estado en manos de los «tolucos». Los oriundos de los municipios del valle de México representan apenas 20.4 por ciento.

El gobierno de AMR le otorgó mayor peso y poder a los políticos «toluqueños», en menosprecio de los del valle de México, según el estudio de Valdés. De los servidores públicos del gobierno montielista, 78% fue del valle de Toluca, contra 8% del valle de México.

La línea de continuidad con las familias y las dinastías provenientes de Atlacomulco-valle de Toluca fue más que clara con la designación de Enrique Peña Nieto como sucesor de Montiel Rojas, y con los candidatos a senadores y diputados federales del PRI para 2012.

Sin embargo, incluso en las dinastías y grupos políticos más herméticos se producen fisuras, malos entendidos, escándalos públicos y, por supuesto, traiciones. No todo es amor en el reino de Toluca. El mismo Montiel sabe y ha dejado constancia de su derecho de picaporte en la aventura por la Presidencia de la República, ahora encabezada por Peña Nieto.

Las referencias de Peña Nieto a su tutor y padrino político han sido escasas. Televisa le recomendó, desde octubre de 2005, «deslindarse públicamente» de él y «de la coyuntura electoral», en ese entonces marcada por la disputa entre su expadrino y Roberto Madrazo, líder nacional del PRI y candidato presidencial vencedor[33].

Un dejo de reproche se coló en la siguiente referencia de Peña Nieto a su antecesor en el gobierno estatal. En entrevista con la periodista Katia D’Artigues, para El Universal, el candidato priista respondió así a la pregunta de si le preocupan los asuntos no resueltos de Montiel:

A ver… el tema [de sus propiedades y presunto enriquecimiento ilícito] se volvió un tema de escándalo. Creo que tiene que ver con el juego que estaba entonces por la candidatura a la presidencia. Me parece que él estuvo ausente para dar personalmente respuestas públicamente de todos los señalamientos de los que era objeto. Yo siempre recriminé que hubiera estado ausente; parecía que se hubiera guardado. Y quien calla, otorga[34].

El día 20 de marzo de 2012, el priista Israfil Filos publicó una carta abierta titulada «¿Los dueños de Toluca?», con mensajes cifrados muy claros:

Si el partido decide proponer como candidatos a los mismos de siempre o a los hijos de los mismos de siempre (¿Los dueños de Toluca?), que no son capaces de ganar ni siquiera una elección estudiantil, estamos destinados al fracaso.

Lo antes mencionado es el sentir de la mayoría de priistas de este valle que se engalana con el Xinantecátl, no se atreven a manifestarlo por temor a represalias, pero sin duda lo viven, lo razonan y lo comentan en voz baja.

Con el liderazgo político de Eruviel Ávila Villegas estamos seguros que el rumbo que seguirá el proceso interno tomará los derroteros del reconocimiento al trabajo, de la inclusión y el aval a la participación social.

Las fisuras tienen una expresión más preocupante: el incremento de las ejecuciones vinculadas con el crimen organizado. Tan sólo en los tres primeros meses de 2012 sumaban 212 ejecutados. Un gran número de detenidos o asesinados pertenece a las bandas de los dos cárteles que dominaron la entidad en los dos periodos anteriores al de Eruviel Ávila: los Beltrán Leyva, antes aliados al cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín, el Chapo Guzmán, y La Familia Michoacana.

El mismo 20 de marzo se filtró un análisis de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ambos del gobierno federal, que mencionan a Los Zetas como el cártel que pretende desplazar a La Familia Michoacana y a «los Pelones» (vinculados con el Chapo Guzmán) y lo que queda de la red de Edgar Valdez Villarreal, alias la Barbie.

Según este análisis, Los Zetas pretenden apropiarse de los 38 municipios más poblados, que incluyen a las zonas del valle de México y de Toluca, claves para tener el control del crimen organizado en la zona metropolitana: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chaleo, Cuautitlán, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Tecámac, Atizapán, Huixquilucan, Chaleo, Toluca, Lerma, Metepec, Xonacatlán, Zinacantepec y Valle de Bravo.

Cierto o no, la disputa por los corredores del crimen organizado se acrecentó en medio de los procesos electorales municipales y de los reacomodos entre la herencia peñista, el resurgimiento del montielismo y las presiones para que Eruviel Ávila tome el control político real de la entidad.

Entre junio y julio, en la entidad se registraron 28 ejecuciones, de las cuales, al menos 12 están relacionadas con la fractura en el cártel de La Familia Michoacana. El 2 de julio de 2012, al día siguiente de las elecciones presidenciales, se registró un enfrentamiento al sur de la entidad entre integrantes de Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana. Los pobladores de la zona mencionaron 10 muertos, pero el gobierno estatal sólo reconoció el deceso de un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Como si la situación de inseguridad no se hubiera agravado, el 12 de julio de 2012 un grupo armado de entre ocho y 12 personas atacó a 84 jóvenes reunidos en un retiro espiritual en el parque El Colibrí, colindante con Chaleo e Ixtapaluca. Cinco mujeres fueron abusadas sexualmente.

El caso se convirtió en un escándalo nacional. Las bandas criminales aprovechan la impunidad y el alto grado de fragmentación en los cuerpos policiacos del Estado de México.

DE ATLACOMULCO A TELEVISA

A mediados de 2011, Montiel rompió el silencio. Apareció el libro Arturo Montiel desde Atlacomulco. Testimonio de un exgobernador del Estado de México, editado por Planeta y escrito por la periodista Norma Meraz, actual compañera sentimental del exmandatario. Su publicación coincidió con el proceso de selección priista para gobernador del Estado de México y con el ascenso de Peña Nieto como aspirante único a la candidatura presidencial del PRI.

Montiel hace algunas revelaciones para explicar el episodio que frustró sus aspiraciones presidenciales, a raíz de la divulgación en Televisa, el 10 de octubre de 2005, de un reportaje que lo acusaba de realizar «depósitos ilegales» por 35 millones de pesos y de contar con una «riqueza personal inexplicable».

Seis años después de este episodio, Montiel reveló que antes del golpe mediático recibió amenazas de muerte:

En octubre de 2005, regresando del estado de Michoacán y de una exitosa y tumultuosa reunión de apoyo a mi candidatura, mi secretaria Blanca Ramírez me informó que de nueva cuenta y durante todo el día había recibido llamadas telefónicas de personas que no se identificaban y que pedían hablar personalmente conmigo. Blanca aguantó hasta donde pudo; llegaron a insultarla…

Eran las 11:30 de la noche cuando contesté una llamada de esas voces anónimas, una voz malsonante y bravucona que con majaderías me amenazó de muerte.

—Si no renuncias atente a las consecuencias, no estamos jugando —me dijo[35].

Reveló que el 20 de octubre de 2005, después de su renuncia como precandidato presidencial del PRI, firmó un acuerdo de seis compromisos con su adversario interno, Roberto Madrazo. Los cuatro testigos de ese pacto fueron el entonces dirigente nacional del PRI, Mariano Palacios, el exgobernador tabasqueño Manuel Gurría, cercano a Madrazo, y Manuel Cadena, secretario de Gobierno del gabinete de Montiel. El cuarto fue un personaje singular: Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, la empresa que lo encumbró y sacrificó en la misma pantalla del Canal 2.

Éste fue uno de los gobernadores priistas que más recursos le destinó a Televisa a través de convenios publicitarios y de asesoría mercadológica para su imagen y proyección nacionales. Entre 2004 y 2005, el convenio con la televisora «empaquetó» más de 118 millones de pesos para promover su aspiración como candidato presidencial del PRI y, al mismo tiempo, apoyar la campaña estatal de Peña Nieto para gobernador, que se enfrentó a un candidato panista con mayor experiencia y popularidad, Rubén Mendoza Ayala, exalcalde de Tlalnepantla, y a la perredista Yeidckol Polevnsky.

La importancia del Estado de México para Televisa no es menor. Funcionarios de la empresa revelaron que cerca de 43% del presupuesto de publicidad política del consorcio depende del erario toluqueño.

La firma de Bernardo Gómez en ese acuerdo lo colocaba como juez y parte de la disputa. Al mismo tiempo que Televisa tenía arreglos millonarios con Montiel, había negociado con Roberto Madrazo el impulso a la iniciativa que dio origen a la llamada Ley Televisa, aprobada en diciembre de 2005 en la Cámara de Diputados, y también le dio el golpe mediático al político mexiquense.

La divulgación de una serie de cheques y depósitos en tres distintas cuentas bancarias por un monto total de 35 213 000 pesos a favor de Juan Pablo Montiel Yáñez fue el 10 de octubre de 2005, en el programa El cristal con que se mira de Televisa, conducido por Víctor Trujillo.

En las páginas 171 y 172 de su libro se reproducen los seis compromisos firmados, con Bernardo Gómez como testigo, con Roberto Madrazo:

Montiel se suma a la candidatura de Madrazo, «siempre y cuando se integrara la estructura y la fuerza político-electoral que tenía» (Fuerza Mexiquense).

Madrazo se comprometía a nombrar a Arturo Montiel presidente interino del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI a partir de marzo de 2006.

Madrazo nombraría a Arturo Montiel coordinador general de su campaña presidencial.

Madrazo se comprometía a nombrar a Montiel en el primer lugar de las listas de candidatos a senadores por el principio de representación proporcional.

Para políticos propuestos por Montiel sería 33% de los 300 distritos electorales y 33% de los primeros 10 lugares de las listas de candidatos a diputados federales plurinominales.

De ganar la Presidencia de la República, Madrazo se comprometía «a integrar al gabinete legal a tres secretarios propuestos por la expresión de Arturo Montiel».

Ninguno de esos compromisos se cumplió. «Los cinco primeros porque simplemente Madrazo incumplió, como es su costumbre, y el sexto porque perdió catastróficamente las elecciones presidenciales, aunque estoy seguro de que tampoco lo habría cumplido»[36], anota su rival político.

También desmiente la versión de Roberto Madrazo de presuntas reuniones en casa del exgobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, donde el exsecretario general priista Rafael Rodríguez Barrera mencionó que «se corrían rumores» de que algunos de los exprecandidatos estaban involucrados en casos de corrupción. Rodríguez Barrera era en ese entonces presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, la misma posición desde la cual Pedro Joaquín Coldwell llegó a la dirigencia nacional de su partido tras la salida abrupta de Humberto Moreira, en diciembre de 2011.

Acusa a Madrazo de que «a través de sus empleados» colocó en manos de Víctor Trujillo y de Carlos Loret de Mola, conductores de Televisa, la información que lo involucró en «depósitos irregulares».

Menciona también al consultor venezolano J. J. Rendón, «quien realizó desde meses atrás labores de acopio de información y seguimiento de los ataques que se dirigían contra mí y contra mi familia».

A Amulfo Villegas lo señala como un espía al servicio de Roberto Madrazo que «facilitó la información que Madrazo después filtró y que me orilló a retirarme de la contienda». Y aclara:

También recibí fuertes presiones de personalidades de alto nivel político, de compañeros de partido que se prestaron al juego y, por supuesto, amenazas anónimas mediante las cuales me ponían un plazo de 24 horas para que renunciara a mis aspiraciones; me avisaron que si pasaban esas 24 horas y no declinaba «me atuviera a las consecuencias», lo cual significaba una virtual amenaza de muerte contra mi persona o mi familia[37].

En el mismo capítulo del libro, «Mi declinación», Montiel relata que cuando Roberto Madrazo fue nombrado candidato del PRI a la Presidencia de la República, el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, los invitó a desayunar a su casa.

Bernardo buscaba reconciliamos. Acepté, pero no tenía por qué reconciliarme con una persona que me persiguió y dañó mi carrera política. No tenía rencor, pero tampoco tenía deseos de hacerle juego al hombre con el cual no se podía conciliar nada. La situación para mi familia era muy complicada y decidí marcharme a París. Ahí permanecí siete meses, hasta que decidí volver para dar seguimiento directamente a las investigaciones, a las averiguaciones judiciales y seguir aportando pruebas a mi inocencia[38].

El exgobernador mexiquense no menciona que muchos meses antes de que los periodistas de Televisa difundieran «información tan precisa» en su contra la revista Proceso, el periódico Reforma, el Diario Monitor, Excélsior y algunos columnistas locales habían documentado varios excesos y presuntos actos de corrupción de Montiel y de sus hijos.

En diciembre de 2006, la Secretaría de la Contraloría, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, absolvió a su predecesor de las acusaciones de enriquecimiento inexplicable. El contralor Eduardo Segovia Abascal afirmó que el patrimonio de Montiel y de su entonces esposa Maude Versini «guardan consistencia con los ingresos que han manifestado percibir durante este lapso».

Jorge Toribio Montiel, pariente del exgobernador, publicó en su libro Grupo Atlacomulco: Revelaciones 1915-2006 la larga lista de las propiedades de éste, y en Negocios de familia reveló que antes de la publicación de la obra recibió presiones de Carolina Monroy del Mazo, entonces responsable de la política cultural mexiquense, y de un personero del propio Montiel.

En un diálogo breve, grotesco e insultante, el gobernador le ofreció al autor un millón de pesos por los mil ejemplares impresos de Revelaciones y por los derechos posteriores de la obra. Apacible como es, o resistiendo el coraje por la osadía, Jorge Toribio redescubrió la estatura de su familiar, que se enfilaba a la candidatura presidencial[39].

La lista de propiedades más precisa la aportó Maude Versini en su litigio de divorcio con Montiel, según la cual el exgobernador poseía (entre paréntesis, los montos en que se evalúa cada una):

Una finca en Atlacomulco, su municipio natal (70 millones de pesos).

Una casa en Tonatico (cuatro millones de pesos).

Una casa veraniega en el fraccionamiento El Santuario, del municipio de Valle de Bravo (seis millones de pesos).

Una casa en la colonia San Carlos, Metepec (cinco millones de pesos).

Un departamento en el Bosque de Boulogne, París (17 millones de pesos).

Un departamento en Careyes, Jalisco (seis millones de pesos).

Una decena de casas de interés social en Toluca y en otros municipios del Estado de México.

La cantidad final superaba el patrimonio de entre 105 y 110 millones de pesos que Montiel declaró ante la contraloría al dejar el gobierno del Estado de México.

Para Montiel, como para buena parte de la clase política mexiquense, lo irregular no era la corrupción, sino la traición. El fin de la omertá, el pacto de silencio que caracteriza a los grupos Mafioso’s, es lo que genera mayor disputa y crisis entre los políticos mexiquenses.

El libro de Montiel, publicado, como he mencionado, en vísperas del proceso de sucesión de Enrique Peña Nieto, tenía un doble propósito: un ajuste de cuentas con sus adversarios, especialmente el madridismo y sus aliados, y un claro recordatorio a Peña Nieto de que él sigue siendo un político en activo, con información y ganas de salir, a recuperar el tiempo perdido, de su enclaustramiento temporal.

EL VERDADERO JEFE

En la página 54, como anexo al final del capítulo, Montiel hace un enredado recuento sobre la genealogía de su familia, así como de los Peña del Mazo y de los Nieto Sánchez para demostrar que «mi parentesco con el gobernador es lejano».

Como en la saga de los Buendía en Cien años de soledad, Montiel retrata así a las familias de Atlacomulco, el Macondo imaginario de la élite mexiquense:

Los Montiel somos una familia muy numerosa. En su tronco se encuentra mi tatarabuelo, don José Vicente Montiel, y sus hijos, Marcelino Montiel y Jesús Montiel Reyes. Jesús Montiel, mi bisabuelo paterno, tuvo dos esposas; con una de ellas, Paula Flores, procreó a mi abuelo, Abdías Montiel Flores, el cual contrajo nupcias con María Teresa Monroy Guadarrama; éstos tuvieron como hijos a Margarita, Esperanza, David y Víctor Gregorio Montiel Monroy, mi padre, quien a su vez, se casó con doña Delia Rojas García.

Del segundo enlace matrimonial de mi abuelo, con María de Jesús Olmos, nació Maximino Montiel Olmos, que a su vez procreó a Juan Rafael, Nicolás, Maximino, Ana y Guadalupe Montiel Flores. Es decir, que mi abuelo Abdías Montiel fue medio hermano de Maximino Montiel Reyes, el otro hijo de don José Vicente Montiel Rodríguez, tuvo como hijos a Marcelino Montiel Bermúdez, quien procreó a León Montiel Sánchez, cuya hija, Efigenia Diana Montiel Sánchez, se casó con Marcelino Nieto; de este matrimonio nació Constantino E. (por Enrique) Nieto Montiel, padre de doña Socorro Nieto Sánchez, quien es la progenitora del actual gobernador[40].

Esta versión de Montiel precisa lo que ni el propio Peña Nieto ha querido o podido aclarar sobre su vínculo familiar con su antecesor y padrino político. El martes 1.º de febrero de 2005, en vísperas de la contienda estatal para gobernador, Peña Nieto declaró: «Mi abuelo se llama Enrique Nieto Montiel, y eso los hace suponer… En Atlacomulco, como ocurre en muchos lados, los apellidos se repiten y eso los hace suponer [que soy su sobrino]. Esto no se gana con apellidos. No soy pariente del gobernador».

Sin embargo, no es el parentesco, sino la complicidad política, lo que explica la dependencia de Peña Nieto del árbol genealógico del montielismo. Su tutor, jefe y principal guía para llegar a la gubernatura se encarga de explicar con mucha claridad que el «destape» del entonces jefe de la bancada del PRI en el Congreso local se debió a él.

Relata que en 2003, después de la «recuperación electoral» del Estado de México, «el ambiente político mexiquense comenzó a activarse: Isidro Pastor, líder partidista y figura importante de la clase política local, se destapó para la gubernatura; lo mismo hizo Jaime Vázquez. Prudentemente, Enrique Peña Nieto declaró que aún no era tiempo de destapes»[41].

En diciembre de 2004, Montiel asistió a la toma de posesión del nuevo gobernador priista de Veracruz, Fidel Herrera.

Allí definió el perfil del candidato a la gubernatura del Estado de México: profesional, con conocimiento de administración pública y geográfica del estado, con un plan de trabajo que continuara el proyecto histórico que había iniciado Isidro Fabela y que continuaron hombres como Alfredo del Mazo Vélez, Gustavo Baz y Carlos Hank González, que consistía en conservar la unidad cultural, política y territorial del estado. El ingeniero Carlos Hank Rhon decidió declinar a la postulación del PRI[42].

El exgobernador mexiquense reseña un proceso de sucesión casi terso, sin golpes bajo la mesa ni pactos de complicidad. En su relato, cuidadoso de las formas, no puede ocultar que la nominación y el apoyo fundamental para impulsar a Peña Nieto —Peñita, para muchos integrantes del gabinete montielista— provinieron de él, su «tío lejano»:

Los precandidatos participantes declinaron a favor del licenciado Peña Nieto, por lo que el Consejo Político Estatal discutió y finalmente decidió postularlo. Me informaron de su decisión, con la cual estuve de acuerdo.

Con esto quiero aclarar que Roberto Madrazo no decidió, como lo ha reiterado, la candidatura de Enrique Peña Nieto. Al conocerse la postulación, los sectores, las organizaciones y los militantes del partido la aceptaron y se sumaron solidariamente a la propuesta del Consejo Político Estatal. Quisiera detenerme para describir, desde mi perspectiva, cómo se construyó la candidatura de Enrique Peña Nieto.

La postulación de Enrique Peña Nieto fue una decisión que asumió el partido con gran responsabilidad. El Consejo Político Estatal se dio a la tarea de escoger a la persona que garantizara la continuidad de nuestro proyecto. Objetivo prioritario de la política: no sólo conquistar el poder sino conservarlo; y como había sido la tradición priista, la decisión se hizo buscando la unidad y limando asperezas, pero los procesos de elección siempre excluyen. Por supuesto, los precandidatos no eran despreciables. Al contrario, cualquiera de ellos podría haber sido un buen gobernante: un Isidro Pastor, militante comprometido y férreo líder mexiquense; también, sin haberse postulado, estaban un Manuel Cadena, experimentado; y un Alfonso Navarrete Prida, talentoso abogado y procurador de mi gobierno.

Había más tela de dónde cortar, todos con inmejorables cartas de presentación: Gustavo Cárdenas, Femando García Cuevas, Jaime Vázquez, Héctor Luna de la Vega, Eduardo Bernal, Enrique Jacob, Guillermo González y Cuauhtémoc García Ortega, entre los más destacados. Ninguna de estas personas, verdaderos actores del priismo, eran descartables o reprobables. Pero se tenía que elegir a uno[43].

Montiel no menciona que esté aparentemente terso, en busca de la unidad y la disciplina, proceso de sucesión generó fracturas importantes. La primera defección fue la de Isidro Pastor —que fue presidente del PRI local—, operador de la red electoral conocida como Fuerza Electoral Mexiquense, que desde entonces mantiene una clara antipatía con Peña Nieto.

El papel de la entonces esposa de AMR, Maude Versini, fue fundamental. No sólo era la «primera dama» del Estado de México, sino la persona que más influía en el ánimo y las decisiones del mandatario. Su gobierno, como sucede en todas las cortes endogámicas, dependía de la esposa. Los funcionarios más cercanos a ella fueron Enrique Peña Nieto y Navarrete Prida, quienes se unieron para cerrarle el paso a Isidro Pastor. El exdirigente estatal priista tuvo el desatino de criticar a la publirrelacionista francesa delante de Montiel. Creyó que era su deber advertirle al jefe. Su efecto fue contrario.

El empresario Carlos Hank Rhon, heredero económico del imperio de su padre, aceptó a regañadientes, ante los problemas para acreditar su residencia, declinar. Sin embargo, se estableció un pacto de no agresión hacia la familia Hank Rhon, y Jorge, el hermano menor con ambiciones políticas en Baja California, contó con el respaldo de la estructura electoral mexiquense.

El más veterano del gabinete, Manuel Cadena, y el procurador Alfonso Navarrete Prida sacrificaron sus aspiraciones, no sin antes expresar en privado a sus seguidores que la decisión de su jefe tenía como objetivo nombrar a alguien discreto, maleable y perteneciente a la nueva generación que él cobijó: los golden boys. Así lo retrata en su libro:

¿Qué veían en el licenciado Enrique Peña Nieto? El recambio generacional, la renovación, el cambio de estafeta a las generaciones mexiquenses. Enrique Peña Nieto era un ejemplo de eficacia para la gestión pública; tenía no sólo los conocimientos técnicos, sino la habilidad para operar, una visión moderna, y conservaba su identidad mexiquense. Creo que el licenciado Peña Nieto representaba la sintonía del PRI con los jóvenes del Estado de México, mayoría demográfica y nueva realidad social. Como líder y militante del PRI estatal avalé esta decisión y me responsabilicé de sus consecuencias. Sigo creyendo que fue una decisión acertada[44].

Pero Montiel fue determinante en la nominación de Peña Nieto no sólo como «líder y militante del PRI». La campaña electoral, el equipo que llegó con su exsecretario de Administración a la gubernatura, y el vínculo inicial con Televisa y con los gobernadores del PRI, confrontados con Roberto Madrazo, dependían de la operación del entonces exgobernador. Como si fuera el jefe de campaña que relata sus memorias, explica:

La campaña de Peña Nieto siguió la pauta que se había impuesto en el CDE mexiquense: construir una propuesta desde abajo, con la gente y con un equipo compacto bajo un solo liderazgo. Pero no únicamente eso; el candidato también debía buscar el apoyo entre los diversos grupos de poder en el estado: los empresarios, las iglesias, los sindicatos, las organizaciones campesinas, las comunidades judías y árabes que conformaban el sistema político estatal [sic]. El liderazgo político consistía en posicionar una imagen joven entre la población y lograr una vinculación con la clase política, empresarial y cultural del estado. El candidato priista tenía que cubrir una doble agenda: recorrer toda la entidad y conocerla, así como contemporizar con los liderazgos reales; tenía que realizar un aprendizaje complejo que le permitiera conocer las redes del poder y las palancas para negociar, no sólo acercarse al pueblo. Enrique Peña Nieto lo hizo muy bien, en ello labró su triunfo. Él se registró como candidato el 31 de enero de 2005[45].

Montiel vincula claramente su precampaña a la presidencia de la República con la campaña a la gubernatura de Peña Nieto: «Caminando entre dos sucesiones, transitamos hacia febrero. Asistía a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Se me acusó de intervenir en el Instituto Electoral del Estado de México [IEEM], lo cual negué categóricamente e hice un llamado a ese instituto para que actuara con imparcialidad»[46].

La campaña de Peña Nieto no fue nada fácil, y lo reconoce su impulsor:

En marzo, la contienda electoral en el estado se intensificó. Mendoza Ayala, del PAN [Partido Acción Nacional], y Peña Nieto, del PRI, se encontraban empatados en las preferencias de los ciudadanos; rezagada quedaba la candidatura del PRD [Partido de la Revolución Democrática] […] Isidro Pastor declaró que no apoyaría a Enrique Peña, en una postura que generó confusión más que división, que fue más virtual que real.

Enrique Peña Nieto se enfrentó a la perredista Yeidckol Polevnsky y al panista Rubén Mendoza Ayala. El adversario a vencer era este último. Estaba apoyado por Los Pinos más que por la militancia panista mexiquense, lo cual lo debilitó. Había sido priista en su juventud y conocía los interiores y defectos del partido. Sin embargo, Mendoza Ayala fue víctima de sus excesos y se convirtió en su peor enemigo. De ser un candidato ganador se desdibujó y perdió. Lo mismo sucedió con la candidata del PRD, impuesta por López Obrador; los demonios del pasado y sus errores la condujeron a la derrota.

Enrique Peña Nieto ganó las elecciones con 47% de la votación, contra 25% de Rubén Mendoza Ayala, del PAN, y 24% de Yeidckol Polevnsky, de la alianza PRD-PT [Partido del Trabajo]. Obviamente, la oposición no aceptó los resultados. El triunfo se logró porque la ciudadanía refrendó la confianza en los gobiernos priistas y porque tanto el PAN como el PRD fueron víctimas de sus errores. Con este triunfo, cumplí uno de mis objetivos: dejar la gubernatura en manos de un priista. Lo logramos y esto me fortaleció para la contienda presidencial[47].

La versión del exgobernador ha sido contrastada una y otra vez por la oposición. Rubén Mendoza Ayala afirmó que no fueron sus «errores personales» los que condujeron a la campaña del PAN al desastre, sino un pacto entre el gobierno de Vicente Fox y el de Montiel para permitirle la victoria al candidato del socio de los hijos de Marta Sahagún[48].

Rubén Islas, representante del PRD ante el IIEM, documentó un dispendio en gastos de comunicación y la negociación de las autoridades mexiquenses y Televisa, con el aval de Montiel, del «paquete» de las cuatro campañas simultáneas —la institucional del gobernador durante su último año de gobierno, la de credencialización para las elecciones, la de la coalición de Peña Nieto (PRI-PVEM [Partido Verde Ecologista de México]) y la de precampaña de Montiel a la presidencia— que sirvieron para maquillar el verdadero costo de la emprendida por Peña Nieto y la presunción de que rebasó el tope de gastos.

Las cuatro se pactaron a través de los mismos gestores y con los recursos públicos del Estado de México. El gobierno de Montiel fue un buen cliente para Televisa. A lo largo de su administración invirtió un total de 320 millones de dólares para promover su imagen[49].

2011, LA ELECCIÓN DE ESTADO

Seis años después, en 2011, la sucesión de Peña Nieto superó con creces el dispendio de 2005. Los tiempos de campaña se acortaron, de 90 a 45 días, pero el financiamiento público a los partidos se incrementó 180%, sumando un total de 698 millones de pesos: las «elecciones más caras» en la historia mexiquense, según el análisis muy puntual elaborado por el Dictamen Ciudadano de Vigilancia Electoral del Estado de México, una iniciativa ciudadana encabezada por Bernardo Barranco, exconsejero estatal del IEEM.

El escenario en 2011 fue muy similar al de 2005. Se jugaron dos campañas simultáneas: la de Peña Nieto por la candidatura presidencial del PRI y la de Eruviel Ávila por la gubernatura.

La diferencia sustancial fue el contexto mediático y político. EPN no sólo debía convencer del éxito de su administración, sino plantear la «inevitabilidad» de su candidatura para 2012. No podía permitir ninguna fisura en el entorno priista, tomando en cuenta que un año atrás, en 2010, el PRI perdió tres gubernaturas: Sinaloa, Puebla y Oaxaca frente a la coalición opositora formada por el PRD y el PAN. En las tres entidades, pero en especial en las dos primeras, las coaliciones se formaron con figuras priistas desplazadas por los gobernadores en tumo. En la tercera, Gabino Cué ya había renunciado al PRI desde 2005 y acreditó una carrera como político opositor al régimen de Ulises Ruiz.

Con anticipación a este escenario, el gobierno de Peña Nieto impulsó, el 30 de octubre de 2009, en plena negociación del presupuesto federal en la Cámara de Diputados, un «acuerdo» con el gobierno federal de Felipe Calderón para evitar que en el Estado de México se formaran «coaliciones electorales con otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios».

El acuerdo, firmado por Femando Gómez Mont, entonces secretario de Gobernación, su homólogo mexiquense, Luis Enrique Miranda Nava, y los dirigentes del PRI, Beatriz Paredes, y del PAN, César Nava, también estableció una cláusula claramente violatoria de la ley electoral federal:

Las partes se obligan a revisar conjuntamente la normatividad jurídica que regula la formación y funcionamiento de las coaliciones electorales y, en su caso, promover las reformas correspondientes, a fin de evitar que dicha figura sea utilizada como instrumento de coyuntura electoral. Al efecto, deberán considerarse, entre otros criterios de temporalidad, compatibilidad ideológica y de principios y cobertura territorial mínimo.

A cambio de este pacto, el gobierno federal de Calderón obtendría de la mayoría priista en la Cámara de Diputados, controlada desde entonces por los legisladores federales que formaban parte del llamado «bloque peñista», la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 2010. Sus términos se conocieron meses después, en el primer trimestre de 2010, y constituyeron un escándalo político mayúsculo, sin mayores consecuencias para ninguno de los firmantes, a pesar de su clara connotación ilegal.

Quedó claro que el gobierno del Estado de México iba a evitar, a toda costa, que un fenómeno similar al que se observó en Sinaloa, Puebla, Oaxaca, Durango e Hidalgo se repitiera en las elecciones estatales de julio de 2011. A Peña Nieto no le bastaba la recuperación del PRI en los comicios legislativos y municipales de 2009: necesitaba acreditar una mayoría electoral, por encima de 50% de la votación.

Sería la constatación de que Peña Nieto era el gobernador más exitoso del PRI, en la entidad más poblada del país, con el control del padrón electoral más importante. La «eficacia» no pasaba por el respeto a la oposición ni, mucho menos, consideraba el uso y abuso de los recursos públicos. El dispendio de dinero público y la presunción de donaciones millonarias, de fondos privados, dominó toda la campaña de 2011.

Peña Nieto logró darle un «golpe demoledor» al PRD desde las elecciones de 2009, tal como admite Alejandro Encinas, excandidato a gobernador de la entidad. Ese año, el partido del sol azteca perdió todas las posiciones en los municipios y en el Congreso del estado desde 2000. De tener, en 2006, 20 diputados locales, bajó a ocho en 2009, y de gobernar 47 municipios (incluidos los más poblados: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco y Los Reyes), en 2009 sólo obtuvo el triunfo en nueve. Los más poblados se perdieron.

En su libro Dinero, simulación e impunidad, Encinas resume el panorama de la siguiente manera: «De 2006 a 2009 las izquierdas perdieron 32 presidencias municipales, donde el mayor efecto negativo fue la caída en el número de habitantes gobernados, al pasar de gobernar 6 238 915 habitantes en 2006, a sólo 553 228 en 2009. Es decir, 5 685 687 mexiquenses menos»[50].

Algo similar le sucedió al PAN. Del tradicional «corredor azul» de municipios del valle de México gobernados por Acción Nacional, en la elección de 2009 se perdieron Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, entre otros. De haber sido la segunda fuerza electoral en 2005, el panismo pasó a una lejana tercera posición.

Los errores y divisiones en cada uno de los partidos opositores, más el efecto corruptor de la administración estatal priista, fueron definitivos para lograr esta operación de «recuperación electoral».

El PRI pasó de gobernar 64 municipios a 97; de 19 distritos locales en el Congreso estatal a 40; y de ocho diputados federales a 45. Lo más cercano al «carro completo» de la época dorada del control priista a escala federal.

Para 2011 la principal amenaza en las elecciones estatales no radicó en una alianza PAN-PRD, sino en la eventual defección de algún político priista (al estilo Sinaloa, Puebla o Guerrero) que triunfara como candidato de los dos principales partidos opositores.

Ésta fue una de las razones fundamentales para que el candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México no fuera ninguno de los más cercanos al equipo peñista: Ricardo Aguilar, Luis Videgaray o Luis Enrique Miranda Nava; ni tampoco el primo y alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza; o el político más experimentado que fungía como coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, Ernesto Nemer, figura vinculada con Emilio Chuayffet.

El sábado 26 de marzo de 2011, para sorpresa de los miembros del Grupo Atlacomulco y la clase política del valle de Toluca, el candidato priista «de unidad» fue el alcalde de Ecatepec, Eruviel Ávila, político del valle de México que coqueteó con la posibilidad de salirse del PRI si no resultaba ser el candidato. Eruviel, formado en el montielismo, fue un aliado leal a Peña Nieto, pero claramente no formó parte del «primer círculo» del gobernador.

En su análisis poselectoral, el Dictamen Ciudadano de Vigilancia Electoral realizó la siguiente lectura de la nominación de Eruviel Ávila:

La noticia de que Eruviel Ávila era el candidato de unidad fue una muestra de que existía la posibilidad de una ruptura al interior del PRI mexiquense. Con la decisión de destapar a Eruviel Ávila, el PRI buscó hacer frente a cualquier tipo de oposición para mantenerse en el poder político del estado de mayor peso electoral del país. Sabía que una derrota del PRI cambiaría de manera significativa el escenario creado en torno a las elecciones de 2012. Por ello el gobernador rompió la tradición establecida de nombrar un candidato del Grupo Atlacomulco, a cambio de apoyos al proyecto de Peña para que el PRI regrese a la presidencia de la República[51].

A diferencia de Montiel, quien prefiguró y condujo su proceso de sucesión, Peña Nieto asumió la candidatura de Ávila como resultado de dos cálculos importantes para su proyecto de candidatura presidencial: evitar la fractura del priismo en el valle de México, y fortalecer el apoyo y la alianza con Elba Esther Gordillo, presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El 19 de noviembre de 2010, el todavía gobernador y la líder de los maestros inauguraron las oficinas de la sección 36 del SNTE en el municipio de Ecatepec, gobernado por Eruviel Ávila. En el evento, ésta le dio todo su apoyo a EPN, lo que marcó un deslinde del gobierno federal de Felipe Calderón.

La alianza entre ambos había sido mutuamente beneficiosa. Gracias al convenio de coalición que el PRI y el Partido Nueva Alianza (Panal) firmaron en los comicios locales de 2009, éste, formado por Elba Esther, se convirtió en la cuarta fuerza política de la entidad —por encima del Partido Verde— y obtuvo cinco diputados locales, que fueron claves para que el peñismo tuviera el control de 65% de los votos en el Congreso local. Esta mayoría le permitió cambios constitucionales importantes, como el paquete de reformas electorales conocido como la Ley Peña.

La Ley Peña fue un paquete de seis iniciativas enviadas por EPN al Congreso local el 8 de septiembre de 2010, que fueron aprobadas en un proceso fast track el 14 de septiembre, y que prohibió las candidaturas comunes, redujo a 45 días el periodo de campaña para gobernador y en 10% el financiamiento público a los partidos políticos, incrementó de 10 a 20% el número de ciudadanos a insacular por cada sección electoral y modificó las funciones del Órgano Técnico de Fiscalización del IEEM.

Para la elección de 2011, la dirigencia del SNTE dispuso de los programas sociales del gobierno, como fue el caso de los 50 millones de pesos que utilizó para otorgar becas a niños destacados, a cambio de disponer de los padrones y bases de datos para apoyar la candidatura de Eruviel Ávila. La designación del alcalde de Ecatepec fue la condición que impuso Elba Esther Gordillo para sumarse a la alianza con el PRI.

Éste y el gobierno estatal operaron como uno solo para la «madre de todas las elecciones», las del Estado de México de 2011. Ese año, la administración peñista tuvo el presupuesto de egresos más elevado de toda su historia: 148 343 000 000 de pesos, 10% mayor que el de 2010.

El control gubernamental sobre la operación electoral fue absoluto. No había duda ni fisura. La estructura operada por Arturo Montiel en 2005 —proveniente incluso de los «cuarteles» políticos y regionales creados durante el gobierno de Jorge Jiménez Cantú (1975-1981)— se mantuvo intacta con Peña Nieto, y los secretarios del gabinete se transformaron en responsables de la operación regional de las elecciones.

Montiel creó la Fuerza Electoral Mexiquense, una estructura gubernamental-partidista para detener el crecimiento opositor, incrementar el voto duro del PRI, incorporar al magisterio estatal y crear un ejército profesional de operadores políticos especializados en «ingeniería electoral», como se conoce eufemísticamente a las artes y mañas del fraude.

Los recursos para operar una maquinaria electoral de esta magnitud provienen de las partidas presupuéstales secretas, de fideicomisos encubiertos, del desvío de recursos de instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) o de los «gastos personales» que se encubren en la partida mil del presupuesto público.

Alejandro Encinas, candidato de la coalición PRD-PT-Convergencia a la gubernatura de la entidad, documenta en su libro que desde octubre de 2010 Peña Nieto designó a los funcionarios públicos responsables en cada uno de los distritos electorales de la entidad. También se pactó el Plan 20-20, a través del cual se integraron 20 secciones electorales más 20 colonias para tener bases de datos que identificaran los votos potenciales a favor de cada expresión política, remunerando a los coordinadores regionales con un salario de 50 000 pesos mensuales y 20 000 para los coordinadores municipales, quienes se encargaron de distribuir las despensas, materiales de construcción, herramientas agrícolas, fertilizantes y dinero en efectivo, a cambio de votar por el PRI el 3 de julio[52].

Tan sólo para tener un ejemplo de cómo la estructura gubernamental se desdobló en gabinete electoral, a continuación se enlistan los responsables del gabinete en cada región y municipio:

Desarrollo Económico, Arturo Osornio, Nezahualcóyotl; Comunicaciones, Gerardo Ruiz, Huixquilucan-Lerma; Desarrollo Social, Alejandro Osuna, Naucalpan-Tlalnepantla; Turismo, Martha H. González, Almoloya-Zinacantepec; Transporte, Luis Felipe Puente, Chalco-Valle de Chalco-Texcoco; Educación, Alberto Curi, Toluca y Metepec; DIF, Laura Barrera, Tenango del Valle; Finanzas, Raúl Murrieta, Ixtapan de la Sal; Desarrollo Metropolitano, Carlos Cadena, Teotihuacán; Trabajo, Femando Maldonado, Cuautitlán Izcalli; Desarrollo Urbano, Marcela Velasco, Atlacomulco; Medio Ambiente, Gustavo Cárdenas, Tejupilco[53].

El control político pasa por el dominio de los órganos electorales. El IEEM, para garantizar el triunfo del candidato priista, se integró con funcionarios a modo. Y como en el Estado de México todo se resuelve con dinero público, el gasto de este organismo creció 638%: de 752 000 pesos en 2010 a 4.8 millones de pesos en 2011.

El Dictamen Ciudadano señala la parcialidad de los consejeros Juan Carlos Villarreal Martínez, quien fue asesor del secretario general de Gobierno peñista, Luis Enrique Miranda Nava; Policarpo Montes de Oca, vocal de la junta local del IFE en el estado y vinculado con el grupo del exgobernador Emilio Chuayffet; Jesús Jardón Nava, exsecretario general de la Comisión Electoral del Estado de México (1993-1994) cuando este organismo era controlado por el gobierno chuayffetista-camachista, y José Martínez Vilchis, exrector de la UAEM.

El cuadro —advirtió el Dictamen Ciudadano— lo completaban dos consejeros propuestos por el PAN: Abel Aguilar, exsecretario de estudio y cuenta del ministro Mariano Azuela Güitrón, y Arturo Bobo Cerdán, exmagistrado electoral local, pero con fuertes vínculos con el gobierno estatal. Por último, el consejero presidente fue una propuesta del PRD, Jesús Castillo Sandoval, un hombre que antes de llegar al IEEM fue magistrado electoral a propuesta del PAN. A pesar del cargo, en el proceso no fue un factor decisivo.

El control gubernamental en el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) era mayor. De los cinco magistrados que lo integraban, tres fueron propuestas del PRI: Jorge E. Muciño Escalona, presidente, cercano al exgobernador César Camacho; Raúl Flores Bernal, asesor de Muciño cuando éste fue consejero del IEEM; y Luz María Zarza, exasesora de Emmanuel Villicaña como secretario general del IEEM.

El tribunal resultó «costoso e ineficiente», advierte el Dictamen Ciudadano. Cada una de sus resoluciones tuvo un costo de 1.6 millones de pesos y, además, sus integrantes se vieron involucrados en escándalos por haberse autoasignado bonos antes de que iniciaran las campañas electorales.

LAS ELECCIONES MÁS CARAS

Las elecciones de 2011 en el Estado de México fueron la reafirmación de un modelo imperante en los triunfos de la era peñista: el rebase de topes de gastos de campaña. Lo mismo sucedió en 2005, cuando triunfó Peña Nieto; en los comicios federales y municipales de 2009, cuando el PRI recuperó el control político de la entidad y se llevó el «carro completo» en las diputaciones federales en juego.

La fórmula de elecciones caras, compra y coacción del voto se confirmó el 1.º de julio de 2012. El problema es que, a diferencia de los otros casos del Estado de México, donde el peñismo ha triunfado con un margen de más de dos dígitos, en el caso de los comicios federales la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de menos de siete puntos. No pudieron extrapolar el modelo mexiquense a todo el territorio.

En 2011 Eruviel Ávila ganó con 62% de los votos, pero el abstencionismo fue escandaloso: 57%, a pesar de que el padrón creció en 1.5 millones de ciudadanos entre 2006 y 2011; hubo 1 125 000 electores menos que en el primer año.

El segundo lugar fue para la coalición de izquierda que postuló a Alejandro Encinas, con 21% de los votos, y el PAN bajó a tercer lugar, con Luis Felipe Bravo Mena como candidato, al obtener sólo 12 por ciento.

El domingo 3 de julio de 2011 salieron a votar 4 576 054 mexiquenses. La abstención fue de poco más de seis millones de votantes. El Dictamen Ciudadano considera que «el alejamiento de los ciudadanos de las urnas reflejó la enorme desconfianza y lejanía hacia las propuestas de los partidos y de la sinceridad institucional de los órganos electorales».

Hubo menos días de campaña, menos votos, pero las elecciones costaron mucho más. El tope de gastos de campaña para gobernador se estableció en 204 millones de pesos por candidato, equivalentes a 63.7% del tope de gastos de la elección presidencial de 2012. No hay proporcionalidad en este dispendio: el padrón electoral del Estado de México no representa dos tercios del nacional, sino sólo 13 por ciento.

Jorge Alcocer, director de la revista Voz y Voto, hizo el siguiente comparativo:

Mientras que el Congreso de la Unión redujo el financiamiento público para campañas federales a los partidos, en el Estado de México les otorga, para tal fin, un 180% de su financiamiento ordinario anual; en este año los partidos recibirán en ese estado, sumados todos los conceptos de financiamiento público local, 698 millones de pesos. Por partido, los datos son: al PAN, 156.7 millones; al PRI, 186.3; al PRD, 116.1; al PT, 53 millones; al Verde, 48.3; a Convergencia 53; y al Panal, 84.6 millones. La generosidad del erario mexiquense para con los partidos políticos incluye haberles otorgado, en conjunto, 21.6 millones de pesos para la «organización de sus procesos internos de selección de candidatos en 2011»; pero el gran pastel a repartir son los 240 millones para sus gastos ordinarios de 2011; más 432 millones para la campaña de gobernador, y de pilón, 4.8 millones para «actividades específicas»[54].

Éstas son las dimensiones del despilfarro de la «democracia» al estilo de Toluca: mucho dinero a los partidos, control gubernamental de los organismos electorales, uso de los recursos públicos para garantizar el «voto duro» del PRI y desalentar una alta participación que pondría en riesgo la cuota electoral mínima para que el PRI mantenga el gobierno de la entidad.

El Dictamen Ciudadano de Vigilancia Electoral advirtió:

Si en el Estado de México se hubiese adoptado el modelo de la reforma federal de 2007, el tope de gastos de campaña para gobernador hubiera sido de 41 millones de pesos, no de 204 millones. Además, el financiamiento público a los partidos hubiera sido de 120 millones y no de 432 millones. En 2005, cuando era legal que los partidos gastaran en televisión y radio, el tope de gastos de campaña fue de 217 millones de pesos, para un periodo de más de seis meses. Ahora, la campaña para gobernador duró 45 días y gastaron casi lo mismo[55].

Un cálculo realizado por la Coparmex en el Estado de México fue contundente: en esta entidad el costo por voto fue de más de 60 dólares, cantidad muy superior a la de otros países de América Latina: en Brasil el costo por voto es de 0.29 centavos de dólar; en Colombia, de dos dólares, y en las elecciones federales de 2009 en México fue de 17 dólares, mientras que en el reino de Peña Nieto fue de 60 dólares.

Estos datos sólo tomaron en cuenta la suma del financiamiento público al IEEM (1650 millones de pesos) y al TEEM (200 millones), más un costo aproximado de 1350 millones de pesos en el costo de 270 000 spots en radio y televisión durante las precampañas y campañas. Esta cantidad se dividió entre el promedio de participación electoral que, históricamente, es de 5 250 000 ciudadanos. Si votaron 4.57 millones en 2011, el costo unitario por voto fue de 62 dólares.

Esto no incluye el costo de toda la operación del gobierno del Estado de México para la compra del voto; mucho menos, las «donaciones» de dinero privado o público, que no fueron registradas oficialmente.

La disponibilidad de recursos federales transferidos al gobierno del Estado de México creció de manera sostenida durante los dos últimos años del gobierno de Peña Nieto, sobre todo, en 2011. Los recursos en los ramos 28 y 33 (Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios) pasaron de 695 950 millones en 2006 a 944 832 millones. Es decir, estas dos partidas presupuéstales crecieron 14.5 y 10.9%, respectivamente, entre 2010 y 2011, mientras que en el resto de las entidades federativas aumentaron 10.6 y 8.4%, respectivamente.

Alejandro Encinas, en Dinero, simulación e impunidad, advierte que estos datos le permiten afirmar que si bien los resultados registrados en la elección del gobernador del Estado de México reflejan la conjunción de un gran número de factores, uno de los más importantes fue el notable dispendio de recursos públicos, de los cuales el GEM ha tenido una disponibilidad creciente, a pesar de las muchas irregularidades respecto a su uso, observadas por la Auditoría Superior de la Federación[56].

El Dictamen Ciudadano apuntó así la intervención gubernamental durante las elecciones estatales de 2011:

Desde el inicio de sus campañas, Alejandro Encinas y Luis Felipe Bravo Mena acusaron a ciertas dependencias estatales del manejo clientelar a favor de Ávila. En los eventos del PAN y PRD se cuestionó fuertemente la falta de equidad en la contienda. Desde un principio fue posible observar que la elección en el Estado de México era inequitativa. La oposición denunció siempre el fuerte apoyo de la administración estatal hacia Eruviel Ávila. Esta condición contribuyó a la falta de competitividad de la elección. La intervención del gobierno del estado en la campaña de Ávila fue una constante. Se hizo a través de los programas de regionalización, del uso clientelar de los programas sociales y de la entrega de obras de infraestructura realizadas en el estado.

En cuanto a la intervención del gobierno de Peña Nieto en la elección y de los apoyos que tuvo su candidato, para el órgano electoral fue difícil amortiguar el descrédito de tolerar tales prácticas […] Algunos de los más evidentes fueron la movilización clientelar del sindicato de maestros y la focalización de los programas de asistencia social estatales.

Este hecho fue evidente antes de que iniciara la contienda. La publicidad del gobierno del estado fue abrumadora. Se mantuvo así durante casi todo el proceso electoral, hasta que tardíamente el TEPJF ordenó el retiro de ella, a unos días de la elección. La presencia del gobernador en los medios, sobre todo electrónicos, fue omnipresente. Las prácticas que durante décadas fueron utilizadas para garantizar la permanencia del partido en el poder se mantuvieron durante la competencia electoral en el estado[57].

La constante crítica opositora durante la campaña fueron las denuncias del «enorme gasto» de Eruviel Ávila. El exalcalde de Ecatepec alimentó la polémica al ofrecer autos y puestos públicos a los militantes que promovieran el voto para su coalición. El PAN y el PRD demandaron «revisiones precautorias» de los gastos de campaña del priista, pero el IEEM dejó pendiente la resolución de estas demandas.

A Eruviel Ávila le salió más barato pagar una sanción de 26 932 pesos por realizar actos anticipados de campaña en los municipios de Lerma y Cuautitlán Izcalli que comprometerse a disminuir el dispendio electoral.

De éste, el caso más publicitado fue el video de José Bernardo García Cisneros, un funcionario de la estructura estatal que fue grabado mientras daba instrucciones en Chalco de utilizar los recursos públicos a favor del candidato del PRI. El periódico Reforma divulgó esta imagen y los candidatos opositores lo señalaron como un claro ejemplo de la inequidad electoral.

La mayoría de los integrantes del consejo del IEEM se declararon «incompetentes» para sancionar los delitos electorales de los funcionarios públicos, como en el caso de García Cisneros. Como bien advierte con ironía Bernardo Barranco en la redacción del Dictamen Ciudadano, este servidor público pasó a la historia como un «transgresor electoral solitario»[58], una especie de Mario Aburto que decidió dar órdenes a nombre del gobierno de Peña Nieto sin que tuviera consecuencias.

CAPÍTULO CINCO

Aguas peligrosas: entre Salinas y Zedillo

«—¿Está detrás de usted Carlos Salinas?

—No lo está, Carlos. A ver, en esto he sido muy enfático: no lo está ni es mi asesor ni colabora con tu servidor. Insisto: la única relación es una relación de respeto y cordialidad, tal como la tengo con todos los expresidentes de México y que la procuro».

Era la mañana del 4 de marzo de 2011, aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Institucional. Carlos Loret de Mola, conductor de Primero Noticias de Televisa, cuestionó a Enrique Peña Nieto sobre la relación con el exmandatario priista más polémico e impopular en la historia contemporánea.

El abanderado tricolor para la Presidencia de la República necesitaba hacer ese deslinde. Circulaba el rumor de que Carlos Salinas preparaba un nuevo libro, cuyo lanzamiento le permitiría volver a los reflectores de una manera más intensa de como lo hiciera meses atrás. En algunas columnas políticas empezaba a manejarse la incomodidad del primero ante la insistencia del segundo por presentarse como el principal «padrino» de su candidatura y proyecto.

Las versiones sobre el distanciamiento táctico entre ambos tomaron mayor fuerza en la medida en que la campaña electoral en el Estado de México, con Eruviel Ávila como candidato del PRI, avanzó con la maquinaria estatal puesta al servicio tanto para el triunfo del exalcalde de Ecatepec en la contienda por la gubernatura del Estado de México como para garantizar el ascenso de Peña Nieto como candidato del tricolor a la presidencia en 2012.

Su único contendiente interno, Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priistas, amigo también de Salinas de Gortari, vio cómo la ola roja mexiquense se apropiaba de los espacios de decisión y de mando a partir del eje de poder en Toluca. Su divisa fue enfrentar a Peña Nieto con una proclama: «Primero el programa, después el candidato», consciente de que la propuesta de reforma para 2012 no provendría de la capital mexiquense, sino de la vieja casona de Xicoténcatl, sede del Senado.

El libro que Salinas de Gortari ya tenía preparado, ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana —«una síntesis y una guía», según anunció el propio autor del libro Democracia republicana, editado el mismo año—, no salió a la luz pública sino hasta octubre de 2011, después de las elecciones, en jubo, en el Estado de México.

Metido en el «debate de las ideas», el exmandatario tenía la pretensión de que sus propuestas constituyeran el eje del proyecto de Enrique Peña Nieto para la campaña por la presidencia.

Por lo pronto, retomó en este libro su condición tanto de teórico: presentó muchas tesis del maoísmo, como la «política popular», organización de la izquierda marxista a la cual perteneció en su juventud, en los años setenta, como de activista «ciudadano»: citó incluso las rebeliones de la Primavera Árabe de ese año, y reivindicó el término liberalismo social, etiquetado como ideología de su propio gobierno en 1992, para asumir que él no fue un defensor del neoliberalismo ni del estatismo, sino de una vía intermedia.

Fiel a sus obsesiones, acusó nuevamente a Ernesto Zedillo Ponce de León, su sucesor, de ser el autor de la desviación de ese proyecto a partir de 1995. En esta obra no le dedica tantas páginas como en la anterior, La década perdida 1995-2006, pero es enfático en deslindarse de él y atribuirle la desviación del proyecto original de su gobierno (1988-1994).

Incombustible, Salinas realiza su propio diagnóstico del panorama actual en los primeros párrafos del capítulo 6, «Neoliberales y populistas: el tiempo perdido», con un claro guiño hacia el próximo candidato presidencial del PRI:

Para entender las condiciones actuales del entorno nacional, conviene que los ciudadanos organizados conozcan la crónica de los desvíos y abusos ocurridos en el país entre 1995 y 2006, años conocidos como «la década perdida» y desde los que el neoliberalismo [Zedillo y Fox] y el neopopulismo autoritario [López Obrador] han dominado el panorama nacional.

En el trienio 1995-1998 la política nacional sufrió un viraje de consecuencias funestas. Ahora, cuando inicia la segunda década del siglo XXI, la nación enfrenta las graves consecuencias de las políticas neoliberales de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, así como los desastrosos resultados del neopopulismo autoritario que en la Ciudad de México encabezó Andrés Manuel López Obrador. Combinados, neoliberalismo y neopopulismo frenaron el proceso de modernización del país[59].

Salinas no incluyó a Calderón en su recuento de daños y críticas. Fue cuidadoso, asimismo, de no darle el espaldarazo a Peña Nieto, pero su libro tuvo como objetivo evidente incidir en la discusión interna del PRI. Dedicó intensos párrafos para construir un complot a modo con sus dos principales obsesiones: Ernesto Zedillo y Andrés Manuel López Obrador. A éste lo caracteriza como «mesiánico, intolerante, inepto», apoyado por «intelectuales orgánicos» y editorialistas, y a su sucesor en la Presidencia de la República le atribuye la condición de un neoliberal que traicionó el avance irrefrenable del PRI en su propia transformación, inspirada en el neoliberalismo social.

En la página 107, Salinas erigió, citando un artículo de Pablo Hiriart, el complot perfecto: «La alianza táctica Zedillo-López Obrador». Diez páginas después, lanza contra el primero el dardo mortal: el 16 de septiembre de 2011, los deudos y las víctimas de la matanza de Acteal acusaron a Ernesto Zedillo por «crímenes contra la humanidad» en una corte de Estados Unidos.

Los males mexicanos se originaron en la administración de Zedillo, a quien Salinas ya ni siquiera ponderó como uno de sus colaboradores más ortodoxos dentro de su gobierno, el mismo que hizo secretario de Programación y Presupuesto, titular de la Secretaría de Educación Pública, coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio y candidato presidencial sustituto a la muerte de su delfín.

El tono más virulento de su crítica al gobierno zedillista lo aplica en relación con su política de seguridad y procuración de justicia. Así resume su diagnóstico en esta materia:

Bajo la administración zedillista se recurrió con frecuencia a la fabricación de culpables, tanto en el caso de las investigaciones de los asesinatos políticos que por aquellos días estremecieron al país como durante las pesquisas relacionadas con el saqueo financiero. El segundo gobierno neoliberal [Vicente Fox] no incurrió en «crímenes contra la humanidad» ni sembró cadáveres como el primero, pero sí engordó la lista de arbitrariedades obscenas: en un acto que hubiera envidiado el más hábil prestidigitador revivió a un muerto y, para hacer más espectacular la proeza, le fincó acusaciones. El síndrome del pillaje se extendió a tal punto que, según se sabe hoy, diversos funcionarios de alto rango de la PGR cometieron homicidios y extorsionaron a políticos y empresarios. En 2006, al final de la década neoliberal, el Comité contra la Tortura de la ONU denunció violaciones sistemáticas a los derechos humanos[60].

Los dos objetivos políticos de Salinas de Gortari no se cumplieron tras la publicación de sendos libros consecutivos: conseguir que sus argumentos y sus propuestas de «liberalismo social» redivivo se incorporaran al ideario de EPN, y evitar la cercanía entre el entonces imparable candidato presidencial del PRI y Ernesto Zedillo, su propia némesis.

A pocas semanas de la circulación de ¿Qué hacer? Peña Nieto publicó un libro: México, la gran esperanza. Un Estado eficaz para una democracia de resultados, en el que evitó incorporar las tesis del expresidente y evadió tomar partido en la confrontación de éste con Zedillo respecto de las medidas neoliberales.

Asumió como eslogan, en lugar del «liberalismo social», «una democracia de resultados». Insistió en el término Estado eficaz, con tres grandes metas: cumplir los derechos de los ciudadanos planteados en la Constitución; que el país crezca conforme su verdadero potencial; y «recuperar nuestro liderazgo como potencia emergente». El aspirante presidencial explica escasamente cómo lograr esas metas, salvo en el tema energético, donde propone dos reformas, una propiamente energética y otra fiscal integral para hacer menos dependientes los ingresos federales de la riqueza generada por Pemex.

En este asunto, piedra angular de las políticas públicas y económicas en los últimos 30 años, Peña Nieto se distanció de las recomendaciones de Salinas, que, en ¿Qué hacer?, presumió que no aceptó incluir la apertura del capital extranjero privado en la propiedad o la explotación extranjera del petróleo mexicano durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con George Bush, en 1990: «No podía aceptar una negociación en materia de libre paso de personas a cambio de abrir el crudo mexicano a la participación, en sus términos, de compañías extranjeras[61]», sentenció.

En un tono discordante con la política que aplicó durante su sexenio, Salinas de Gortari advirtió sobre la «simbiosis» existente entre el capital financiero de los bancos extranjeros y las empresas de petróleo. Su tono, paradójicamente, recordó más al de Andrés Manuel López Obrador, su otra némesis —ésta, desde el flanco de la izquierda política—, que a los promotores de la apertura de inversión privada en Pemex.

No obstante, Peña Nieto no ha tenido rubor alguno en plantear abiertamente «tomar medidas mucho más audaces para revigorizar nuestro sector energético; para lograrlo tendremos que despojamos de las ataduras ideológicas que impiden detonar el potencial de Pemex como gran palanca del desarrollo nacional».

México —agrega— deberá examinar los mecanismos utilizados exitosamente en otros países para que, sin renunciar a la propiedad pública de los hidrocarburos ni a la rectoría y conducción del Estado en materia energética, esta empresa se pueda beneficiar de asociaciones con el sector privado para dinamizar su producción, así como aumentar su rentabilidad y transparencia[62].

En materia de política social y combate a la pobreza, EPN nunca mencionó el término liberalismo social, y menos rememoró el Pronasol de los tiempos salinistas. Su «Estado eficaz» se compromete a «fortalecer y ensanchar la clase media», a focalizar los derechos universales y subsidios, a lograr la seguridad social universal.

México, la gran esperanza retomó, en cambio, varios principios de Esteban Moctezuma, efímero secretario de Gobernación zedillista y presidente de Fundación Azteca, de la televisora del mismo nombre, como el siguiente: «Una solución a fondo contra la pobreza extrema es evitar la dispersión poblacional»[63].

Como éste, muchos otros ejemplos indican que las críticas y las propuestas expresadas por Carlos Salinas no fueron asentadas —ni siquiera parafraseadas— por los redactores del libro de Enrique Peña Nieto. No hay en la bibliografía de esta obra ninguna mención a los libros, conferencias o artículos programáticos escritos por el expresidente.

Peor aún, el enfriamiento de la relación con Salinas no parece ser sólo bibliográfico o programático. Salinas se volvió innombrable en el discurso público del aspirante presidencial priista, en un evidente distanciamiento entre éste y Peña Nieto, configurado en los meses recientes.

En contraste, el equipo de campaña de Peña Nieto se ha vanagloriado de los encuentros y acercamientos con Zedillo. El 25 de enero de 2012, durante el Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza, ambos políticos dialogaron y se alabaron mutuamente. El coordinador de campaña peñista, Luis Videgaray, subió en la red social de Twitter la fotografía de ambos personajes, y se anunció que se divulgaría la plática en las semanas siguientes.

La fotografía de Peña Nieto y Zedillo formó parte de una estrategia para proyectar al primero como un político mexicano capaz de codearse con «líderes mundiales».

En medio de la demanda interpuesta en una corte de Estados Unidos contra el expresidente Zedillo por su presunta responsabilidad en la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, Peña Nieto salió en su defensa. En entrevista con la cadena CNN-México, apoyó la posición del gobierno de Felipe Calderón, que a través de la cancillería sostuvo la inmunidad de aquél. Afirmó: «Las decisiones que tome el presidente, evidentemente, las hace en representación del Estado mexicano y, cualquiera que sea el presidente, es una responsabilidad institucional»[64].

Ante una improvisada rueda de prensa en Davos, Zedillo, por su parte, respondió así a la pregunta de si pensaba que el PRI ganaría las elecciones de 2012: «Vamos a ganar».

Así, el único punto en común entre Salinas de Gortari y Zedillo es el retorno del PRI a la Presidencia de la República en las elecciones federales de 2012 y su apoyo a la candidatura de Peña Nieto.

En tres viajes consecutivos a Yucatán en 2011, Salinas de Gortari así lo expresó. Primeramente, en agosto, en el marco del «informe ciudadano» de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, si bien el cantautor Juan Gabriel le robó los reflectores, no se inhibió para presentarse como el personaje central en medio de 11 exgobernadores priistas.

En noviembre, el exmandatario retomó a ese estado, en esa ocasión para presentar ¿Qué hacer? en la Universidad Autónoma de Yucatán y pontificar que su propuesta política de refundar el país se llama liberalismo social, cuyo eje programático fue el Programa Nacional de Solidaridad.

La aparición pública más significativa de Salinas en 2012 sucedió durante los funerales de su antecesor, Miguel de la Madrid Hurtado, realizados en Palacio Nacional. La tecnocracia que ascendió al poder durante el sexenio delamadridista (1982-1988) hizo acto de presencia, junto con el gabinete de Felipe Calderón, en una demostración de alianza institucional, a pesar del tono áspero de la campaña presidencial.

Salinas de Gortari acaparó la atención. Ernesto Zedillo y Luis Echeverría, los otros dos expresidentes priistas vivos, no estuvieron presentes. Sólo se presentó el sucesor de Miguel de la Madrid, a quien acusó de robarse la mitad de la «partida secreta» durante una entrevista con Carmen Aristegui, en mayo de 2009. Ese episodio negro en la historia de Salinas y De la Madrid quedó superado.

Salinas aprovechó los funerales para alabar a Felipe Calderón por el «homenaje republicano» que le rindió la clase política, panista y priista, a De la Madrid. El candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, quedó en un segundo plano en esos funerales del 2 de abril de 2012.

Roderic Ai Camp, estudioso de las élites mexicanas, cercano a Salinas de Gortari en una etapa de su gobierno, respondió así a la relación entre éste y Peña Nieto:

—¿Peña Nieto es hombre de Carlos Salinas de Gortari?

—Lo dudo. No veo a Salinas jugar un papel muy importante porque Del Mazo no tiene ni ha tenido conexión con Salinas. De hecho, Del Mazo detesta a Salinas. Sería muy extraño que Salinas tuviera influencia sobre un candidato que está fuertemente atado a un grupo de individuos que se opusieron a su candidatura presidencial. Del Mazo fue el contrincante más fuerte de Salinas cuando De la Madrid estaba tratando de decidir a quién escoger como su sucesor. No digo que Salinas no esté respaldando a Peña Nieto, pero no veo que lo esté controlando[65].

LA INMUNIDAD Y «LA SANA DISTANCIA»

La intención de «desalinizar» a Enrique Peña Nieto e incluso colocarlo como un personaje por encima de los dos expresidentes priistas más claramente confrontados, Salinas y Zedillo, pretende ser una medida pragmática para buscar la «unidad» de los distintos grupos de su partido y de la tecnocracia.

Sin embargo, entre un sector de la vieja guardia del PRI prevalece una clara percepción de Zedillo como «traidor», por haber inducido en las elecciones del año 2000 la derrota de su partido —o, simplemente, haberlo desdeñado— frente a Acción Nacional (PAN) y Vicente Fox.

No sólo eso: el ascenso de Enrique Peña Nieto como irrefrenable candidato presidencial del PRI se debió al pleito entre los grupos sobrevivientes de salinistas y zedillistas al interior del tricolor.

«Peña Nieto se les coló a los demás. El pleito entre Beatriz Paredes, Roberto Madrazo, Fidel Herrera, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, entre otros, le dejó libre el camino a este joven», confió un viejo operador político del PRI. Sabía de lo que hablaba.

Las disputas entre las redes de poder de los dos exmandatarios del tricolor han sido una constante entre los miembros de ese partido desde 1995 hasta la fecha. Así como unos le atribuyen a Zedillo la derrota del PRI en el año 2000, otros culpan del descenso de su partido al tercer lugar en la contienda electoral de 2006 a la pésima conducción de la campaña de Roberto Madrazo, apoyado por Salinas.

A diferencia del acercamiento que han protagonizado Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador, la posibilidad de una reconciliación entre Salinas y Zedillo no sólo se ve distante sino imposible.

Peña Nieto navega entre la «sana distancia» frente a las presiones de políticos y tecnócratas muy poderosos con influencia en el PRI, pertenecientes a la red de ambos expresidentes, y el pragmatismo de utilizar el apoyo de ambos.

Salinas considera a Zedillo no sólo un traidor sino un presunto golpista. Así lo expresó en La década perdida, al hacer referencia al cambio de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en diciembre de 1994, en medio de la debacle financiera del peso.

La crítica salinista a Zedillo no ha sido nada evasiva. Es directa, frontal. En La década pérdida se refiere así a su gobierno:

Diversos comentaristas han señalado que, desde 1910, cuando cayó el régimen de Porfirio Díaz ante el embate de la Revolución mexicana, ningún presidente de la República había nominado a todos los integrantes de la SCJN. Este hecho excepcional ocurrió, no obstante, en enero de 1995, cuando todos los ministros de la Corte fueron removidos y sustituidos por el presidente en tumo […]

Inmediatamente después del golpe a la Corte, el neoliberalismo dio un segundo paso, asimismo decisivo, para tener el sistema de impartición de justicia requerido para sus propósitos: purgó el sistema de primera instancia, creó nuevos juzgados y la nueva Corte (mediante el reciente Consejo de la Judicatura) procedió a nombrar a la mayoría de los jueces de primera instancia[66].

A su vez, Zedillo, ya mediante sus abogados, ya a través de editorialistas cercanos a su gobierno, ve en la persistencia del ataque salinista una sed de «venganza política» y el intento de revivir un nuevo maximato presidencial, en clara referencia al poder tras el trono que Plutarco Elías Calles, el fundador del Partido Nacional Revolucionario, ejerció a la muerte de Álvaro Obregón.

Paradójicamente, salinistas y zedillistas se acusan mutuamente de intentos de maximato, y ven la mano de Salinas o la influencia tecnocrática de Zedillo en la carrera política de Peña Nieto.

Salinas, en ¿Qué hacer?, como se ha mencionado, da la estocada al hablar de la demanda contra Zedillo —«El 16 de septiembre de 2011 los deudos y víctimas de la matanza acusaron a Zedillo por “crímenes contra la humanidad” en una corte de Estados Unidos, país en el cual residía»[67]— que interpusieron 10 familiares de víctimas de la matanza de Acteal ante la Corte Federal en Hartford, Connecticut, con la firma del despacho Rafferty Robert Tenenholtz Bounds & Hess, encabezada por el abogado Roger S. Robert, representante de cuatro mujeres y seis hombres anónimos. Los demandantes piden 50 millones de dólares de indemnización y responsabilizan al expresidente de «crímenes de guerra y lesa humanidad». Arguyen que con su autorización se expidió un documento secreto, «Chiapas 94», que validó la existencia de los grupos paramilitares responsables de la matanza de 45 tzotziles integrantes del grupo Las Abejas.

En enero de 2012 los abogados de Ernesto Zedillo obtuvieron de la cancillería mexicana la declaración de inmunidad del expresidente frente al alegato en su contra, lo calificaron como una «venganza política» y aprovecharon para lanzar alabanzas al último presidente de la época priista:

La demanda de los actores contra el expresidente Zedillo no es más que un intento equivocado para poner en entredicho la reputación de alguien al que gobernantes internacionales y expertos reconocen ampliamente como el arquitecto de las reformas históricas que llevaron a México a un nuevo amanecer electoral, respeto de los derechos humanos y una economía en florecimiento.

Los detractores no deberían utilizar este tribunal como instrumento para realizar una venganza política.

La ley de inmunidad soberana está diseñada para proteger de la humillación a los gobernantes de nuestros [países] aliados y de los gastos que acarrea la defensa frente a ataques de este tipo.

Los abogados de Zedillo consideraron crucial la rápida desestimación del asunto. «Si este caso prosigue, las naciones en el mundo se formularán la pregunta adecuada de si sus exjefes de Estado pueden viajar a Estados Unidos sin verse obligados a defenderse[68]», declararon.

De esta manera, este asunto contra Zedillo volvió a poner los reflectores en la matanza de diciembre de 1997 y en la disputa entre los dos exmandatarios priistas. El obispo Raúl Vera, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), organización que desde 14 años atrás apoya a las víctimas de aquella masacre, afirmó que Zedillo es responsable de ésta, pero no ignora que detrás de la queja judicial eventualmente esté la influencia de Salinas.

El candidato presidencial de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano (PRD-PT-MC), Andrés Manuel López Obrador, también salió a respaldar la petición de inmunidad presentada por Zedillo. En San Juan Chamula, Chiapas, afirmó que detrás de este litigio está Carlos Salinas de Gortari. El exjefe de gobierno capitalino aclaró que está a favor de que se haga justicia, pero que «no se utilice con fines políticos»[69].

Sería un absurdo que el señor Zedillo, siendo presidente de la República y comandante de las Fuerzas Armadas, no hubiera estado informado de la masacre que hicieron paramilitares. Se dice que fueron 45 víctimas, pero en realidad fueron 49 porque había cuatro niños en el vientre de sus madres. Son 49 los masacrados, Zedillo es el máximo responsable. Es un crimen de lesa humanidad[70], afirmó Vera, actual obispo de Saltillo, ante la reportera Sanjuana Martínez.

Sanjuana Martínez también entrevistó a los abogados Roger Robert y Marc Pugliese, quienes negaron cualquier relación con Salinas. «Nunca he oído nada acerca de Carlos Salinas, sólo sé que fue presidente de México»[71].

En contra de la inmunidad solicitada por Zedillo, los abogados de los 10 demandantes anónimos advirtieron que la defensa del expresidente «no ha presentado ningún documento. El Departamento de Estado ha recibido una petición de México para la inmunidad y obviamente no han presentado pruebas de eso. Hay que satisfacer las evidencias probatorias para que la corte haga la solicitud apropiada al Departamento de Estado»[72].

A diferencia de la posición del gobierno de Calderón, de Peña Nieto y del propio López Obrador, el obispo Vera López declaró su oposición a otorgarle la inmunidad a Zedillo: «La inmunidad no dice que se pueden hacer toda clase de crímenes, y que en México no tengamos revocación de mandato no autoriza a ningún mandatario federal a realizar lo que hizo el señor Zedillo a su debido tiempo. Y que no se olvide que el tribunal permanente de los pueblos está presente»[73].

Las suspicacias sobre el trasfondo del asunto no son pocas. Magdalena Gómez, colaboradora de La Jornada e integrante del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) expresó sus «dudas» tanto sobre «quienes interpusieron la demanda» como acerca «de los abogados que acuden a la corte estadounidense»[74].

En internet, los abogados de la causa abrieron un sitio online donde se llevan los detalles del caso: acteal97.com, y mencionan que como parte del Plan Campaña Chiapas 94 la administración de Zedillo autorizó la formación de grupos paramilitares. Se refieren a la resolución del 12 de agosto de 2009 de la SCJN sobre el caso Acteal, pero en su alegato no mencionan a otros posibles responsables, como el exgobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro, el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, el expresidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, o los mandos militares a cargo del general Raúl Renán Castillo.

En el PRI, sobre todo entre aquellos personajes más cercanos a la administración de Salinas, el reclamo en contra de Zedillo revivió la animadversión hacia el exmandatario. En otros casos, se ha evitado hacer una mención poco honrosa a quien, finalmente, fue el último presidente de la época tricolor.

El diputado federal priista Heliodoro Díaz Escárraga se pronunció por evitar la «politización» del caso. «Por el bien de las instituciones», éste no debe emplearse para tratar de afectar electoralmente al PRI «porque puede ser un boomerang político en contra del país», afirmó el legislador cercano a Peña Nieto[75].

Salvo sus declaraciones ante CNN-México: «Cuando se deja de estar frente a las instituciones, me parece que el Estado debe estar en el propósito y en la condición de apoyar institucionalmente a quien o a quienes en esa responsabilidad actuaron en defensa del Estado mexicano»[76], Peña Nieto ha tratado de mantenerse, como lo ha hecho la dirigencia nacional del PRI, al margen del tema.

Si bien Salinas de Gortari no ha vuelto a mencionar el asunto, en su más reciente libro concluyó que «bajo la administración zedillista se recurrió con frecuencia a la fabricación de culpables, tanto en el caso de las investigaciones de los asesinatos políticos que por aquellos días estremecieron al país como durante las pesquisas relacionadas con el fraude financiero», y que se cometieron «crímenes contra la humanidad»[77].

LOS SALINAS Y EL ESTADO DE MÉXICO

Existen múltiples testimonios que acreditan que desde 2003, durante el gobierno de Arturo Montiel y en plena campaña de «reinserción» a la vida pública, Carlos Salinas de Gortari promovió la figura del joven secretario de Administración del gobierno mexiquense y futuro legislador local: Enrique Peña Nieto.

Carlos Ahumada, el empresario de origen argentino que protagonizó la trama de los videoescándalos de 2004 en contra de Andrés Manuel López Obrador, relata en su libro Derecho de réplica, que desde agosto de 2003 él y la entonces dirigente nacional del PRD, Rosario Robles, negociaron directamente con Salinas el tema de la deuda interna de ese partido.

Salinas —rememoró Ahumada— dijo que apoyaría en todo lo que pudiera para conseguir los recursos para pagarla; que hablaría con Manuel Andrade y Arturo Montiel, en ese entonces gobernadores de Tabasco y el Estado de México, respectivamente, y con Enrique Peña Nieto, quien en aquel entonces era prácticamente un desconocido a nivel nacional. También aseguró que vería el asunto con otros mandatarios estatales y con la maestra Elba Esther Gordillo, la líder del sindicato magisterial[78].

Ahumada también recordó que en enero de 2004 Salinas le sugirió que «sería muy bueno que conociera a Enrique Peña Nieto. Me dijo que lo invitara a El Independiente [periódico de Ahumada desde junio de 2003] con cualquier pretexto, porque era un político joven, brillante y con mucho futuro». Y anota:

El domingo 1.º de febrero de 2004 lo invité a jugar fútbol en la cancha que había en las instalaciones del periódico […] Lamentablemente, por cuestiones de último momento, no pude asistir, pero Peña Nieto fue atendido por los directivos del periódico, Javier Solórzano y Raymundo Rivapalacio, quienes me comentaron días después que me había perdido de una deliciosa barbacoa que había llevado desde el Estado de México el propio Peña Nieto[79].

Enrique Peña Nieto utilizó ampliamente la capacidad de Salinas de Gortari de abrir y cerrar puertas entre la élite política, periodística y empresarial para ganar también en la contienda interna por la sucesión de Arturo Montiel. Los intereses del expresidente en el Estado de México no eran pocos.

Su hermano Raúl estuvo preso y Enrique fue asesinado, el 6 de diciembre de 2004, en esa entidad. En su libro La década perdida, publicado en 2008, dedica todo el capítulo 5 («Las libertades y el Estado de derecho») a una encendida defensa de sus dos hermanos.

Queda claro que tanto en la liberación de Raúl Salinas, en junio de 2005, tras una década en la cárcel, como en el asesinato de Enrique Salinas, las instancias judiciales y el tribunal unitario del Estado de México jugaron un papel fundamental.

Carlos Salinas relata de esta manera el crimen contra el penúltimo de sus hermanos:

El 6 de diciembre de 2004 fue encontrado el cuerpo sin vida de mi hermano Enrique. Era el cuarto de cinco hermanos. Estaba dentro de un automóvil abandonado en el Estado de México. Su muerte causó gran conmoción en mi familia. El dolor por su ausencia persiste entre nosotros. También la ira por el motivo de su muerte.

No fue un accidente. Las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) determinaron con celeridad que se trataba de un homicidio a consecuencia de asfixia por sofocación. Quienes lo victimaron habían intentado extorsionarlo.

Por una carta encontrada en su cuerpo se determinó que había sido redactada bajo presión, y que mi hermano se encontraba en un estado anímico depresivo. Poco antes, un semanario había publicado detalles personales y familiares de su divorcio, lo cual alteró su estado de ánimo, pues consideró que ponía en peligro su vida y la de sus hijos, como relató la PGJEM en un informe publicado posteriormente[80].

Salinas hacía referencia al documento «Balance sobre la averiguación previa iniciada con motivos del homicidio del ingeniero Enrique Eduardo Guillermo Salinas de Gortari y las acciones legales contra probables responsables», emitido el 12 de mayo de 2005. La procuraduría mexiquense, entonces a cargo de Alfonso Navarrete Prida, se convirtió en la instancia que al expresidente le parecía confiable y lograría desentrañar la trama del asesinato de su hermano.

Salinas documenta en esas páginas que el homicidio de Enrique estaba relacionado con la investigación de las cuentas del mayor de los Salinas, Raúl, emprendida en Francia por los fiscales Patrick Fievet y Henri Pons. Acusa a ambos de darle validez a los testimonios de dos testigos protegidos enviados por la PGR.

«¿Quiénes eran los fiscales responsables en esa época?», se pregunta Carlos Salinas:

El exprocurador, Jorge Madrazo Cuéllar, y sus dos principales colaboradores, Ramos Rivera y Eslava, quienes tenían el agravante de provenir de la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, no sólo resultaron fabricantes de pruebas, sino también traicionaron el compromiso de la defensa del ciudadano ante el atropello de la autoridad: se convirtieron en la autoridad que violó los derechos humanos de los ciudadanos[81].

El 2 de mayo de 2006, la Sala Número 11 del Tribunal de lo Penal en París anunció la absolución de Raúl y Enrique, los dos hermanos del expresidente. Sin embargo, éste deja muy claro en su libro que aún está pendiente la «responsabilidad penal y moral» en la muerte de Enrique, y que enfrentará la «perversidad» de los procuradores neoliberales. De esta clasificación se excluyen los procuradores de los gobiernos de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto.

La defensa de sus dos hermanos, en especial del caso abierto por enriquecimiento ilícito contra Raúl Salinas, que se convirtió en su talón de Aquiles para retomar a la escena pública sin mancha alguna, pero también el ascenso de un gobierno priista en el Estado de México sobre el cual mantenía una clara relación de apoyo, determinaron la relación de Salinas de Gortari con Peña Nieto.

No había rubor en mostrarse juntos. El 27 de julio de 2005, Salinas asistió al funeral del ingeniero Gilberto Enrique Peña del Mazo, padre del entonces gobernador electo EPN. Llegó acompañado de Emilio Chuayffet, exgobernador y exjefe de Peña. Se dejó fotografiar con Alfredo del Mazo González, primo del difunto, tío de Peña Nieto y adversario suyo en la contienda de 1987 por la candidatura presidencial del PRI.

La idea de «unidad» en torno de los distintos grupos que forman parte de la clase política mexiquense fue promovida por el propio Salinas para fortalecer al joven gobernador, cuya experiencia fuera del Estado de México era prácticamente nula.

El 30 de agosto del mismo año, Salinas de Gortari coincidió con EPN en el evento «Celebremos México», el maratónico festival organizado por Televisa en el Palacio de Bellas Artes. El primero ya tenía una relación muy cercana con los jóvenes directivos de Televisa, en especial, con Emilio Azcárraga Jean y Bernardo Gómez, el poderoso vicepresidente del consorcio, sobre quien Salinas ejercía una especial influencia.

Asistió, asimismo, a la toma de posesión de Peña Nieto, el 15 de septiembre de 2005, en el Teatro Morelos de Toluca. No le fue muy bien. Abandonó el recinto entre fuertes medidas de seguridad y gritos de «¡fuera, fuera!» que le lanzaron varios políticos de la oposición presentes durante ese acto.

Con una semana de distancia, el 22 de septiembre, Raúl Salinas de Gortari, recién salido de la cárcel de Almoloya, se presentó en el 36 aniversario luctuoso de Adolfo López Mateos, el único político mexiquense que llegó a Los Pinos.

Salinas, no ajeno al desenlace de la frustrada campaña presidencial de Arturo Montiel, dejó sentir su impronta en la configuración del gobierno de Peña Nieto. Lo asesoró para desvanecer el impacto negativo del escándalo Montiel sobre su administración, recomendó a su abogado, Juan Collado, para la defensa del exgobernador, y sugirió que se encargara de la parte fiscal y contable de su caso el despacho Solloa, Tello de Meneses y Compañía[82].

El primer secretario general de Gobierno peñista, Humberto Benitez, fue procurador general de la República en el sexenio salmista (1994), justo en los meses aciagos del crimen de Luis Donaldo Colosio. El procurador Alberto Bazbaz Sacal, quien abandonó el cargo ante las presiones de los familiares y amigos políticos de los papás de la niña Paulette, trabajó como integrante del despacho jurídico que estuvo al tanto del caso de Raúl Salinas de Gortari.

Carlos Salinas fue un útil conductor del joven gobernador mexiquense para enlazarse también con otros mandatarios estatales de su generación. Sus habilidades como broker o intermediario político condujeron a una alianza entre Peña Nieto e Ivonne Ortega Pacheco, la joven gobernadora de Yucatán, que recuperó la plaza para el PRI en 2007, o entre Natividad González Parás y su heredero en Nuevo León, Rodrigo Medina, cuyo gobierno está envuelto en el descrédito nacional y local.

Para Salinas de Gortari, el joven político mexiquense era un desdoblamiento de sí mismo. En una entrevista que concedió al diario The Financial Times, afirmó que el gobernador representa a una nueva generación de políticos que encabezan la recuperación del PRI: «Salinas ve en Peña Nieto la misma vitalidad que él tenía cuando construyó su camino a la presidencia, dos décadas atrás», afirmó la nota del 22 de noviembre de 2008, redactada en función de la promoción de su libro La década perdida.

Todavía en 2009, tras las elecciones federales, Salinas de Gortari actuó definitivamente para articular el control de EPN sobre la bancada priista en la Cámara de Diputados, que ganó la mayoría legislativa.

Entre mayo y agosto de ese año, aprovechó las «visitas turísticas» a Veracruz, Puebla y Oaxaca, las tres entidades que, junto con el Estado de México, aportaron el mayor número de diputados federales priistas para la LXI Legislatura.

Salinas sostuvo encuentros con los tres mandatarios de entonces: Fidel Herrera, Mario Marín y Ulises Ruiz, y los convenció —a ellos, que no formaban parte de los gobernadores claramente alineados con Peña Nieto— de conformar un bloque en torno de él.

Las crónicas de distintos asistentes a esos encuentros coincidieron en que Salinas tocó tres temas sustanciales con los gobernadores priistas: el nombre del futuro coordinador de los 237 diputados federales del tricolor, apuntalando la posibilidad de Francisco Rojas; el compromiso de evitar más recortes presupuéstales para cada entidad en 2010 (año de elecciones gubernamentales en Veracruz, Oaxaca y Puebla) y el cabildeo a favor de Peña Nieto para afirmarlo rumbo a la candidatura presidencial de 2012[83].

También se ventilaba otra agenda bajo el cabildeo de Salinas: el relevo de Beatriz Paredes en la dirigencia nacional de su partido. El 14 de julio de 2009 se reunieron los 18 gobernadores del PRI y los integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional. Entre ellos, concluyeron que Paredes no podía ser simultáneamente jefa del partido y coordinadora de la bancada.

Empezaron a dirimirse los escenarios del relevo priista. Uno indicaba que ella dejaría temporalmente la dirigencia nacional del partido en manos del secretario general, Jesús Murillo Karam, senador y exgobernador de Hidalgo cercano a Peña Nieto. Otro más era esperar las elecciones de 2010, cuando 10 entidades elegirían gobernador. Para entonces ya se perfilaba el mandatario de Coahuila, Humberto Moreira, como futuro dirigente nacional del PRI, con un claro apoyo de Peña Nieto y de Salinas.

LAS REDES DE ZEDILLO

Desde enero de 2007, a raíz de la muerte de su esposa, Mónica Pretelini, Enrique Peña Nieto también consolidó una relación personal muy cercana con José Antonio González Fernández, uno de los colaboradores más importantes de Ernesto Zedillo durante su sexenio: fue secretario del Trabajo y uno de los siete dirigentes nacionales del PRI en ese periodo. En 1997, buscó también la candidatura priista a la jefatura de gobierno capitalino, que perdió ante Alfredo del Mazo González, tío de Peña Nieto.

Quienes conocen la relación entre González Fernández y EPN afirman que el abogado de la Escuela Libre de Derecho, católico confeso y cercano al Opus Dei es como «un hermano mayor» del exmandatario mexiquense. Este «le consulta muchas de sus decisiones a Pepe Toño porque reconoce en él a un amigo y político experimentado», comenta un testigo de esta relación.

Esteban Moctezuma, exsecretario de Gobernación zedillista, presidente de Fundación Azteca, también ha sido un personaje importante en el acercamiento de Peña Nieto con el último de los mandatarios del PRI.

Por otra parte, al menos dos excolaboradores zedillistas formaron parte del war room de Peña Nieto: Liébano Sáenz, exsecretario privado del entonces presidente de la República y accionista de la empresa encuestadora Grupo de Comunicación Estratégica (GCE), cuyos sondeos y análisis aparecían con frecuencia en Milenio TV, y José Córdoba Montoya, jefe de la Oficina de la Presidencia con Carlos Salinas y principal respaldo de Zedillo para que éste llegara a la nominación del PRI tras la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio.

Córdoba desempeñó una función vital en la idea de promover un «Estado eficaz» como oferta programática de Peña Nieto. Así lo expresó en distintos artículos publicados en la revista Nexos y en el periódico Reforma.

Sin ir más lejos, el coordinador de campaña del exgobernador del Estado de México, Luis Videgaray, fue asesor de Pedro Aspe en Hacienda; trabajó con Jesús Reyes Heroles González Garza en Banobras y en la Secretaría de Energía durante el sexenio zedillista y formó parte de la consultora Protego, creada por Aspe.

El ascenso de Videgaray en el núcleo peñista ha sido vertiginoso. Fue secretario de Administración en el gobierno de la entidad, coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo, presidente de la poderosa Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados desde su llegada como legislador federal en 2009, aspirante a gobernador en la contienda de 2011, coordinador de la campaña de Eruviel Ávila, y estuvo al frente —fue el hombre de los dineros— de la campaña del abanderado priista para la presidencia.

Todo lo anterior, amén de que Ernesto Zedillo ha tejido redes internacionales y nacionales que ahora le serán útiles a Peña Nieto.

Mientras Salinas se dedicó a la defensa de su hermano, a escribir libros y a apadrinar a gobernadores jóvenes vinculados con Peña Nieto, Zedillo acrecentó su presencia internacional. Desde el año 2000, su nombre apareció en los consejos de administración de empresas transnacionales como:

Union Pacific, concesionaria de Ferromex, privatizada durante su gobierno.

Procter & Gamble, compañía que comercializa unas 300 marcas de productos en 140 países.

Alcoa, empresa estadounidense con maquiladoras en la frontera México-Estados Unidos.

Electronic Data Systems (ESD), fundada por el multimillonario Ross Perot, orientada a la prestación de servicios tecnológicos y procesamiento de negocios en las áreas de finanzas, comunicaciones, energía, transportación y consumo.

Citigroup, el corporativo financiero que adquirió Banamex, el banco más grande de México, donde ocupó durante un año, desde el 26 de abril de 2010, la posición de miembro del Consejo de Administración.

Grupo Prisa, el mayor consorcio de la industria editorial y medios de comunicación en España, al que se incorporó el 27 de noviembre de 2010 como uno de los siete nuevos consejeros independientes, como parte del proceso de reestructuración del consorcio editor del periódico El País; de los sellos editoriales Santillana, Aguilar y Alfaguara; de la cadena de televisión de paga Digital Plus, del Canal 4 de televisión abierta, y socio de Televisa en Radiópolis.

Global Development Network.

Coca-Cola Company y Daimler-Chrysler, empresas de las que es asesor.

A esta actividad empresarial, Zedillo le suma sus distintos trabajos académicos y en organismos internacionales. Es director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale, institución donde estudió el doctorado en ciencias económicas. Es profesor visitante en la London School of Economics. Fue miembro del Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Programa de las Américas del Centro Carter de Atlanta, y en 2005 fue candidateado para dirigir la Organización Mundial de Comercio.

A petición del secretario general de la ONU, Kofi Annan, Zedillo presidió el Grupo de Alto Nivel sobre el Financiamiento para el Desarrollo, el cual elaboró un reporte, llamado precisamente Informe Zedillo, que sirvió de base para la Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo, celebrada en Monterrey entre el 18 y el 22 de febrero de 2002.

En este informe, el exmandatario mexicano y sus demás colegas sostuvieron la necesidad de avanzar en la liberalización de los mercados mundiales, teniendo presentes los intereses y necesidades de los países menos desarrollados. La «ronda del desarrollo» promovida por este grupo hizo hincapié en la liberalización arancelaria de los productos agrícolas y manufacturados.

Los multimillonarios estadounidenses Bill y Melinda Gates impulsaron a Ernesto Zedillo como consejero para el Programa de Desarrollo Global de la fundación que lleva el nombre del creador de Microsoft. Gates posee desde 2010 poco más de 5% de las acciones de Grupo Televisa, a través del fondo de inversiones Cascade Investments.

Las redes de Zedillo se extienden, pues, hasta Televisa, el consorcio más importante de comunicación en el país, clave en el ascenso de la carrera política de Enrique Peña Nieto.

El proceso de sucesión en el Grupo Televisa, a la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, ocurrió durante el gobierno de Zedillo, en 1997. La operación de saneamiento financiero y bursátil de este consorcio se realizó con el visto bueno y el impulso del entonces presidente de la República. Para Zedillo, la estabilidad y el apoyo de Televisa se convirtieron en un «asunto de Estado».

A cambio del apoyo presidencial a Emilio Azcárraga Jean para que lograra el control accionario de la empresa, varios personajes del entorno zedillista se incorporaron al consorcio: Alfonso de Angoitia, responsable del saneamiento financiero y actual estratega de la transformación de Televisa en competidor en telecomunicaciones; Leopoldo Gómez, subsecretario de Energía, asesor de Los Pinos en el periodo presidencial 1994-2000 y actual vicepresidente de Noticias del consorcio, y Salvi Rafael Folch Viadero, actual vicepresidente corporativo de Administración y Finanzas del grupo.

Durante el gobierno zedillista, Folch Viadero fungió como vicepresidente de Supervisión Bursátil de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una de sus funciones dentro del organismo regulador consistió en permitir la presunta operación fraudulenta de compraventa de acciones para garantizar la mayoría de Azcárraga Jean, a pesar de que no se había concluido el proceso de sucesión y reparto del legado del Tigre, como argumentó en su demanda la viuda de éste, Paula Cusí.

Leopoldo Gómez se unió al grupo de trabajo que, a la muerte de Luis Donaldo Colosio, encabezaba Luis Téllez. Se integró con éste a la Oficina de la Presidencia, y después a la Secretaría de Energía. De ahí se incorporó a Televisa como vicepresidente de Noticias.

Las redes de Zedillo también alcanzaron el interior del gobierno de Felipe Calderón. La presencia de excolaboradores suyos se concretó en las secretarías de Comunicaciones y Transportes (el propio Téllez y Dionisio Pérez Jácome), Hacienda (Agustín Carstens) y Trabajo (Javier Lozano), así como en la dirección de Pemex (Jesús Reyes Heroles González Garza) y en la Bolsa Mexicana de Valores (presidida por Téllez desde el 5 de mayo de 2009).

Por eso no es extraño el apoyo de la cancillería del gobierno de Calderón a la petición de inmunidad de Zedillo ante la demanda en Estados Unidos. Hay un elemento adicional: lo que suceda en este caso con el exmandatario priista puede anticipar lo que vivirá el propio Calderón al dejar la Presidencia de la República, con un saldo de más de 60 000 muertos en su fallida guerra contra el narcotráfico.

Paradójicamente, EPN también busca la cercanía y el respaldo de Zedillo, aunque no puede presumirla ante la militancia de su partido. La cercanía con el presidente que «dejó ganar al PAN» en las elecciones del año 2000 no es redituable en términos del «voto duro» priista, aunque sí lo es en las redes internacionales y tecnocráticas que acreditan la vigencia de este expresidente.

Navegar entre las diferencias y cuentas pendientes entre Salinas y Zedillo no es una tarea fácil para Peña Nieto, ni para su equipo y la generación de gobernadores que busca encumbrarse con el exmandatario del Estado de México.

En esencia, el tema de esta rivalidad no son las diferencias de fondo en el modelo económico (Salinas y Zedillo siguieron el mismo), sino la disputa por el poder entre ambos personajes, que inició con el relevo de Luis Donaldo Colosio, tras su asesinato el 23 de marzo de 1994, y se agudizó con la crisis económica de ese año y con el intento zedillista por convertir a Salinas en el «villano favorito».

Ambos personajes son las dos caras de una misma moneda que caracteriza al proyecto de Peña Nieto: la corrupción y la impunidad no resueltas desde la fractura en el «grupo compacto» salinista que tomó el poder en 1988 y pretendió retomar, con nuevas caras y los mismos métodos, en 2012.

CAPÍTULO SEIS

Presidencialismo de pantalla

Enfundado en una chamarra roja, impecables su peinado y vestuario, en medio de una tormenta que no lo alcanzaba, Enrique Peña Nieto apareció el 4 de febrero de 2010 en un enlace en vivo con El Noticiero de Joaquín López Dóriga para hablar de las «medidas de emergencia» adoptadas por su gobierno a causa de las inundaciones del río de los Remedios y el bordo de Xochiaca, en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, los más poblados del Estado de México.

No obstante que estas calamidades afectaron a más de 4000 viviendas, el noticiario estelar de Canal 2 nunca contrastó la cobertura del desastre urbano con el punto de vista de los damnificados: sólo imágenes de los afluentes desbordados. El único que habló frente a las cámaras fue Peña Nieto, con un López Dóriga que no le hizo ninguna pregunta incómoda. El enlace duró cuatro minutos, justo el tiempo de un infomercial.

Televisa envió exprofeso un helicóptero para grabar a Peña Nieto, quien aún no se había presentado en la zona de desastre. Desde su oficina de Comunicación Social esperó el aviso de que iba el «enlace en vivo». Cuando todo estaba listo para la transmisión vía satélite, el gobernador mexiquense ya estaba de pies frente al río de los Remedios desbordado. «Es algo inusual que no se había visto en los últimos cuatro años», afirmó al aire.

Un año después, en abril de 2011, sobrevinieron otras inundaciones. Ahora en el Valle de Chaleo y Chaleo, cuna del Programa Nacional de Solidaridad y emblema del sexenio salinista. El canal de la Compañía se había roto. Televisa y TV Azteca repitieron la misma operación que el año anterior: Peña Nieto apareció anunciando medidas de emergencia, y pidió «no politizar» —el único que podía capitalizarlos, y lo hacía sin reparos, era él mismo— estos desastres naturales.

La tragedia provocada por los desbordamientos del río Xochiaca, el canal de la Compañía y el río de los Remedios sucedería de nuevo a finales de junio de 2011, en vísperas de las elecciones estatales. El candidato priista Eruviel Ávila suspendió el mitin de cierre de campaña, previsto para el 29 de junio. «Son circunstancias climatológicas que salen del alcance de cualquier partido», pretextó el exalcalde de Ecatepec, uno de los municipios más afectados.

Televisa nuevamente dio voz y tiempo en pantalla a la versión de Peña Nieto. Durante 10 minutos, éste se justificó en Primero Noticias, conducido por Carlos Loret de Mola, frente al fenómeno que dejó más de 60 000 personas damnificadas en los municipios que constituyen el «granero electoral» del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México: «Estamos llevando alimentos a las familias afectadas, ya se ha instalado un cerco sanitario para aplicar las vacunas preventivas a la población afectada y esperamos que en un tiempo muy corto que tengamos sin lluvia nos permita avanzar de manera considerable en este objetivo», recitó al aire.

El gobernador volvió a culpar a la naturaleza, y no a la negligencia de las autoridades federales y estatales, de la tercera desgracia urbana ocurrida en un periodo de menos de tres meses. «La culpa es de la lluvia tropical Arlene», afirmó. Loret de Mola le recordó que apenas en marzo del mismo año Felipe Calderón había inaugurado, junto con el mandatario mexiquense, una serie de obras de infraestructura hidráulica y había pronosticado:

«Nunca más una inundación en el Estado de México». A lo que EPN respondió: «Es verdaderamente imposible hacer una aseveración tan categórica». Hizo comparaciones de precipitaciones pluviales y afirmó que no se había presentado nada similar en los últimos 23 años. El conductor no le advirtió que lo mismo pasó en febrero de 2010 y en abril de 2011.

Tercas, las inundaciones en el Estado de México regresaron con el desbordamiento de dos grandes presas poco antes de que terminara el gobierno de los «608 compromisos cumplidos» ante notario público. Y Peña Nieto, una vez más, no se despeinó. Días después de rendir su Sexto Informe de Gobierno, en septiembre de 2011, el virtual precandidato único a la Presidencia de la República del PRI apareció en Cuautitlán repartiendo apoyos para 826 familias afectadas por razón de que las presas Guadalupe y Concepción se salieron de bordes. Tres personas murieron en sendas colonias: Los Fresnos, Los Olivos y San José Puente Grande.

En la nota televisiva no se vieron las protestas de los vecinos «apoyados». No se transmitió nada que afectara o exhibiera el estilo de gobierno del cliente consentido de las televisoras.

Como el caso de las inundaciones, otros ejemplos describen el montaje permanente de la administración peñista frente a desastres naturales, hechos delictivos, protestas ciudadanas, crisis de seguridad, ola de feminicidios e incluso escándalos mediáticos, como el suicidio involuntario de la niña Paulette, quizá el caso más increíble de una versión ministerial que, tarde y sin convencer a nadie, dio un giro de 180 grados.

Así sucedió durante la epidemia de influenza que paralizó al país en abril de 2009: Peña Nieto no resistió la tentación de minimizar el impacto de la emergencia sanitaria en su entidad, la más poblada del país, y caer en contradicciones.

La influenza lo sorprendió sin secretario de Salud. Sólo hasta el 28 de abril de 2009 nombró, ante severas críticas de la oposición, a Franklin Libenson Violante. Éste y el gobernador entraron en una nube de cifras sobre víctimas mortales. El 29 de abril, éste se contradijo frente a aquél: mientras que el primero informó que se contabilizaron 28 víctimas mortales, Libenson sostuvo que eran 25. Colocaron una lámina con el mapa de cada municipio, donde unas chinches amarillas indicaban el número de muertos. Sólo había 23.

Al darse cuenta del error, en plena transmisión televisiva, Peña Nieto afirmó: «Son 28, y yo lo quiero precisar porque es una información última: 25 teníamos el día de ayer solamente en el ISEM [Instituto de Salud del Estado de México]».

La reportera de Televisa, Rosa María Olguín, les preguntó si podía existir una mutación del virus de influenza y si ya la habían identificado en territorio mexiquense. Nervioso, Peña Nieto revisó sus tarjetas informativas. No tenía la respuesta. Le cedió la palabra al encargado de Salud. No lo debió haber hecho. Éste afirmó: «Ahorita no sabemos bien por qué, a ciencia cierta, se produjeron estas muertes, pero una teoría puede ser que al haber desabasto de antivirales pudo haber ocasionado que estos pacientes con influenza tipo B hayan fallecido».

El naufragio informativo fue total, aunque finalmente todo se arregló con nuevas cápsulas noticiosas, debidamente patrocinadas por el gobierno estatal, que amortiguaron las atrocidades de la conferencia de prensa.

Peña Nieto no perdió la oportunidad de autopromoverse. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) una queja porque en Ciudad Nezahualcóyotl se distribuyeron cartas con el mensaje personal del gobernador y la frase del sexenio: «Compromiso. Gobierno que cumple».

Como éstos, muchos otros episodios en la corta pero intensa y mediática carrera de ascenso de Enrique Peña Nieto hacia el poder documentan la proclividad del exgobernador del Estado de México por la restauración del presidencialismo mexicano.

No se trata de reformar, acotar o reconvertir el presidencialismo. Peña Nieto pertenece a una dinastía, a una generación política y a una élite de neopriistas que anhelan el retorno del país «de la voluntad de un solo hombre». Para lograrlo cuentan con la mercadotecnia y el control de los medios analógicos (privilegiadamente, la televisión), que se convierten en los nuevos pilares de esa legitimidad construida con base en rating y manejo de percepciones.

Desde la elaboración de su tesis de licenciatura en la Universidad Panamericana, todo apunta a que el cambio ofrecido y los «compromisos cumplidos» de EPN sólo intentan restaurar el modelo de centralización de las decisiones y del poder en la Presidencia de la República. No se trata más que de una versión altamente mediatizada de un autoritarismo que privilegia la «eficacia» por encima del consenso y la negociación sociales. Es la transformación del «primer mandatario» de la nación en el «primer gestor» de los intereses corporativos de los grupos de mayor poder.

Peña Nieto es la traducción más exitosa de la fragmentación del presidencialismo priista desde que su partido perdió en el año 2000. No es la única, pero el tamaño y la importancia demográfica y económica del Estado de México lo convirtieron en un modelo a seguir. Los gobernadores que llegaron al poder con el apoyo de la estructura paralela orquestada desde Toluca, y con Televisa como aval, comparten un sello, un estilo de gobierno que se caracteriza por lo siguiente:

Un culto excesivo a la figura del gobernador. El Poder Ejecutivo se vuelve carismático, eficiente e incuestionable a fuerza del cargo y del uso, y abuso, de la promoción personalizada con recursos públicos. En el modelo presidencialista a escala, aplicado por Peña Nieto, no existen órganos de control ni de fiscalización; el Poder Legislativo no es más que una correa de transmisión de los deseos y acuerdos del Ejecutivo, y el Judicial lo integran «jueces de consigna»: la justicia se procura en función de las necesidades mediáticas y políticas del gobernador, como se vio con el irritante caso de la niña Paulette, y los alcaldes son subordinados del mandatario estatal.

Las limitaciones legales a la promoción personalizada de los servidores públicos, establecidas en la reforma electoral del 2007-2008, no fueron un obstáculo para el esquema de Peña Nieto. Al contrario, él y varios de sus colegas les dieron la vuelta a las prohibiciones constitucionales, y reforzaron el carácter virreinal y feudal del poder de los mandatarios estatales.

El control de los medios locales —y aún nacionales— de comunicación y el pacto vía convenios de publicidad y tráfico de intereses con las corporaciones mediáticas más importantes se volvieron una regla. Desde la perspectiva de este modelo, la libertad de expresión y la crítica son la excepción.

La recuperación del control político de los gobernadores tanto en los congresos estatales como en los municipios más poblados. Hasta 2009, Peña Nieto gobernó el Estado de México en convivencia con una mayoría de la oposición en la Cámara de Diputados local, que fue eficazmente cooptada o fragmentada. Desde ese año la apuesta fue ir por el «carro completo» no sólo para que el PRI recuperara su mayoría sino para que el peñismo se convirtiera en la fuerza dominante.

Los mandatarios de esta nueva generación repudian como la peste la ola de «gobiernos divididos» (el Congreso dominado por fuerzas partidistas contrarias al sello del Poder Ejecutivo). El teórico más importante de la cruzada contra éstos fue el mismo personaje que sirvió de asesor incómodo y virtual vicepresidente durante el salinismo: el franco-español José Córdoba Montoya, quien hizo pasar como crítica al principio de representación proporcional su interés por restaurar el modelo presidencialista, al estilo del ejercido por Carlos Salinas de Gortari tras la «recuperación» electoral en su sexenio en 1991.

En su artículo «Contra el proporcionalismo», Córdoba Montoya fue enfático:

El régimen político mexicano siempre ha sido presidencial. Actualmente, el sistema electoral mexicano es de representación mixta con preponderancia mayoritaria. Pero lo que hacen las fórmulas vigentes de integración de la Cámara de Diputados no es atemperar los excesos del principio de mayoría, sino violentar su esencia, que consiste en darle el derecho temporal de legislar al partido que obtiene la mayoría absoluta de diputados de mayoría[84].

Córdoba propuso en este texto que era necesario eliminar la «sobrerrepresentación» de 8%, que crea «gobiernos divididos» y despoja al partido más grande «de su eventual derecho a legislar».

Pues bien, Peña Nieto no sólo incorporó esta propuesta a los «compromisos» en la campaña presidencial de 2012 sino también la aplicó en el polémico paquete de contrarreformas electorales, aprobado el 14 de septiembre de 2010 por el Congreso mexiquense, conocido como Ley Peña.

En sintonía con la tesis de Córdoba Montoya, el 8 de julio de 2011 EPN publicó un artículo con una apasionada defensa a la «cláusula de gobernabilidad» que le permite a un partido que cuenta con 40% de los votos en el Congreso tener la mayoría en el Poder Legislativo:

Como lo he dicho anteriormente, la cláusula de gobernabilidad, que permitiría alcanzar la mayoría absoluta al partido que obtuviera una mayoría relativa de alrededor del 40% de la votación, es un mecanismo democrático viable para alcanzar mayorías parlamentarias. Otra opción, la más necesaria, sería eliminar la cláusula que limita la sobrerrepresentación de 8% en la Cámara de Diputados. En un contexto plenamente democrático, resulta absurdo poner un freno a la formación de mayorías.

Estas y otras fórmulas para construir mayorías, como la reducción de los legisladores plurinominales, deberían ser incorporadas al debate[85].

Amén de que estas iniciativas, insisto, se consagraron en el paquete que envió al Congreso local y se consignaron en sus compromisos hacia la presidencia, Peña Nieto no ha aclarado que una reforma de este tipo implica cambiar el texto del artículo 54 de la Constitución, que en los párrafos IV y V establece lo siguiente:

Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios (uninominal y plurinominal);

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 8 por ciento.

Estás cláusulas, cuyo objetivo era evitar el «carro completo» de la anterior etapa priista, se incorporaron tras la reforma electoral de 1996. Peña Nieto y su equipo de asesores buscan restablecer este principio para que el Ejecutivo federal tenga una cómoda mayoría en el Poder Legislativo.

Dinamitar el carácter autónomo de los órganos electorales y crear una legislación funcional al modelo de gobierno-partido puesto en práctica en el Estado de México. El caso del IEEM en el gobierno de Peña Nieto es un ejemplo típico: sus siete integrantes fueron cuotas de partidos, pero con una clara mayoría peñista. En tal circunstancia, se fortalecieron las facultades, las funciones y los recursos del secretario general ejecutivo del instituto, un «cargo administrativo» que atrajo mayor poder que el propio consejero presidente.

En el Estado de México, el secretario general ejecutivo del IEEM es Francisco Javier López Corral, cuya principal característica, confesada por él mismo a representantes de los partidos políticos, es que «soy amigo personal de Enrique Peña Nieto». Carente de trayectoria electoral, su línea depende absolutamente de la burocracia gubernamental: ingeniero egresado del Tecnológico de Monterrey, con estudios en administración financiera y planeación estratégica, fue jefe de investigación y subdirector de Apoyo a la Productividad en la Secretaría de Desarrollo Económico, y jefe de la Unidad de Información de la Secretaría General de Gobierno en el gobierno peñista, bajo las órdenes de Luis Enrique Miranda Nava, el gobernador de facto, como se le conoció durante el sexenio de su amigo y compadre, Peña Nieto.

El paquete de contrarreformas electorales conocido como Ley Peña minó la autonomía de la autoridad electoral. Estas iniciativas, enviadas al Congreso mexiquense el 5 de septiembre de 2010, se aprobaron fast track el 14 de septiembre siguiente, con 52 votos a favor: 39 del Partido Revolucionario Institucional (PRI); 6 del Partido Nueva Alianza (Panal); 3 del Verde Ecologista de México (PVEM); 3 de Convergencia, y 1 del Partido Social Demócrata (PSD), y tan sólo 20 votos en contra: 8 del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 12 del Partido de Acción Nacional (PAN).

La parte más polémica de las contrarreformas fue la eliminación de las candidaturas comunes en el Código Electoral, ideada para impedir una alianza entre el PRD y el PAN en el 2011.

Contuvieron, además, otros ingredientes más contraproducentes: mientras que a escala federal el financiamiento público a los partidos tuvo una disminución de 70%, en esta entidad fue de sólo 10%: el tope de gastos de las campañas a gobernador fue de 204 millones de pesos, el más alto de todo el país; redujo de 45 a 10 días el periodo de precampañas, y de 90 a 45 el de campaña, beneficiando así al partido con mayor posibilidad de despliegue mediático: el PRI; modificó las funciones del Órgano Técnico de Fiscalización del IEEM e incrementó de 10 a 20% el número de ciudadanos a insacular por cada sección electoral.

Según Alejandro Encinas, candidato de la coalición opositora de izquierda, esta última enmienda hizo posible que las estructuras partidarias y gubernamentales garantizaran, a través de la identificación de simpatizantes del PRI con los padrones de beneficiarios de los programas sociales, «la presencia de representantes de la coalición “Unidos por ti” [que postuló al priista Eruviel Ávila], incluso como funcionarios de casillas».

La modificación del Órgano Técnico de Fiscalización canceló la posibilidad de hacer una revisión puntual de los gastos de precampaña y campaña electorales, «lo que permitió al IEEM consentir el despilfarro de recursos y nunca se pronunció sobre el hecho», señaló Encinas[86].

Con el argumento de lograr una mayor eficacia en el manejo de recursos públicos para la realización y la promoción de obras públicas, se fortaleció la discrecionalidad del Ejecutivo estatal en las licitaciones de las grandes obras públicas y en los «compromisos cumplidos», que, en realidad, se volvieron un pretexto para la promoción personal del mandatario.

Las grandes obras públicas se convirtieron en negocios privados. El esquema de las asociaciones público privadas (APP) le dio a Peña Nieto, como a muchos otros gobernadores, los medios para tomar el control de las concesiones para otorgárselas a grupos empresariales que serían sus principales soportes financieros.

El manejo presupuestal estuvo muy lejos de ser eficaz y transparente. De acuerdo con información de las páginas de transparencia del gobierno estatal, tan sólo en el ejercicio de 2010 existieron más de 10 000 millones de pesos de diferencia entre el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso y el gasto autorizado para las distintas dependencias[87].

El análisis detallado entre lo aprobado y lo ejercido arroja discrepancias espectaculares. Por ejemplo, la Secretaría de Finanzas recibió del Congreso un presupuesto de 1686 millones de pesos, pero aparecieron 22 874 millones de pesos como «presupuesto autorizado», una diferencia de 1 356.7 por ciento.

A otras dependencias les quitaron recursos, mientras que en organismos burocráticos menores surgieron extraños presupuestos millonarios. El Congreso, por un lado, le autorizó a la Secretaría del Agua y Obra Pública un presupuesto de 3522 millones de pesos, pero en la página de Transparencia aparecen sólo 153 720 000 pesos, de los cuales sólo se ejercieron 75 000 278; en contraste, al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social sólo le aprobó 25 millones, y su portal de Transparencia refleja que en el 2010 gastó 1838 millones de pesos.

El caso ejemplar del manejo discrecional del presupuesto de la entidad es el del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), que le da servicio a todos los burócratas estatales. Pese a que el Congreso lo dotó con 9626 millones de pesos, el informe «Estado de ingresos y egresos correspondientes al mes de junio de 2010» de su portal de internet registró un gasto autorizado de 11 188 millones de pesos. Es decir, 1562 millones de pesos más[88].

Una clara muestra de que el presupuesto se ejerce en función de las necesidades políticas y de promoción personal del Poder Ejecutivo peñista lo constituye el despliegue de la campaña publicitaria de los «compromisos cumplidos» y las grandes obras de inversión, en beneficio de un núcleo privilegiado de consorcios y «socios» locales que se transformaron en donantes de la campaña presidencial de 2012.

«608 COMPROMISOS», SPOTS PERMANENTES

Enrique Peña Nieto trabajó de 1986 a 1988, cuando tenía entre 20 y 22 años de edad, en la Notaría Pública número 96 del Distrito Federal, con el licenciado Fausto Rico Alvarez. Desde esta experiencia, el joven de Atlacomulco adquirió una fascinación por la fe notarial. Convirtió a decenas de notarios de la entidad en parte de su maquinaria propagandística. Para el cumplimiento de sus 608 compromisos movilizó a buena parte de los 177 registrados en el Estado de México, aunque el aval del cumplimento de la mayoría de éstos lo extendería un núcleo de siete solamente[89].

En paralelo, su gobierno ideó un aparato de autopromoción permanente a partir de cada cumplimiento. Desde el inicio de su administración, EPN contrató los servicios de un publicista, Juan Carlos Limón García, accionista de la empresa ByPower, identificado como el artífice de la frase «te lo firmo y te lo cumplo».

La estrategia no fue original del mexiquense. Limón García ya le había vendido la misma campaña al exgobernador de Chihuahua, José Luis Reyes Baeza. La diferencia es que detrás de la emprendida allá no existió el aparato propagandístico que durante seis años acompañó a Peña Nieto en sus constantes apariciones en televisión. Este mismo despliegue publicitario se extendió a la campaña presidencial de 2012, pensada en función de la firma de «compromisos ante notario» del aspirante del PRI.

Durante los seis años de gobierno peñista en el Estado de México, en las cadenas televisivas se transmitieron por lo menos 608 distintos infomerciales; esto es, propaganda disfrazada de información. Algunos se convirtieron en campañas de spots, como los «100 compromisos cumplidos», luego los «300» o los «500». En general, el despliegue mercadológico significó un mayor gasto que lo invertido en la mayoría de las obligaciones contraídas y firmadas ante notario público.

En vísperas del Quinto Informe de Gobierno de Peña Nieto, la dirigencia estatal del PRD calculó que tan sólo la campaña de spots de los «500 compromisos cumplidos» tuvo un costo de 42 millones de pesos, tomando en cuenta las tarifas comerciales de Televisa, más los 52 millones de pesos para difundir un spot donde el gobernador aparece en un monólogo, en mangas de camisa, en el asiento trasero de una lujosa camioneta.

En otras palabras, entre el 30 de agosto y el 15 de septiembre de 2010, en el marco de ese penúltimo informe de Peña Nieto, el gobierno estatal destinó 100 millones de pesos para promover «compromisos cumplidos» y las reflexiones exitosas del mandatario estatal[90].

De la lista total de las 608 obligaciones de EPN, la mayoría tuvo un costo menor a los 10 millones de pesos. Otras ni siquiera requirieron inversión alguna, por razón de que constituyen meras tareas de gestión, como el compromiso 61: «Coordinación de horarios de entrada y salida de los niños en Ecatepec» para abatir índices de inseguridad. En otros casos, como el 400 o el 517, son acciones para regularizar la tenencia de la tierra: «Regularización de la tenencia en Colonia Buenos Aires y Tequisquitlán» y «regularización y control de la tenencia de la tierra en Colonia San Isidro y exEjido Santa María Chimalhuacán» respectivamente.

Algunos otros, de construcción de obra pública, costaron menos que la campaña de 15 días para ensalzar la figura de Peña Nieto en su informe de gobierno, como el número 515: «Construcción de la primera etapa de la vialidad Cola de Caballo, tramo Cuautitlán», obra que, según la información oficial, tuvo un monto de inversión de 78 millones de pesos y se cumplió el 19 de mayo de 2011.

Una gran cantidad de tales «compromisos cumplidos» no son sino remodelaciones de fachadas de cabeceras municipales que el gobierno de Peña Nieto cuantificó con base en la población de las localidades, no en los efectos inmediatos en la vida de sus gobernados, como beneficio para miles de ciudadanos.

Por ejemplo, el 43, «mejoramiento de la imagen urbana del Centro Histórico de Metepec», benefició a 218 317 personas, según la propaganda oficial (véase www.penasicumple.com), basada en el número de habitantes del municipio, lo que equivale a presumir que la remodelación de la fachada del Palacio del Ayuntamiento, en el Zócalo capitalino, beneficia a los 10 millones de habitantes del Distrito Federal.

Los «compromisos cumplidos» de Peña se clasificaron de la siguiente manera: 207 en materia de agua y obras públicas; 141 en comunicaciones; 24 en desarrollo agropecuario; 16 en desarrollo urbano; 9 en ecología; 89 en educación; 6 en finanzas y economía; 6 en gobierno; 8 en justicia; 86 en salud; 1 en transporte; 5 en trabajo; 6 en turismo.

El lema y la estrategia publicitaria, cuyo éxito radicó no en el impacto real de los compromisos sobre las necesidades de la población, sino en el aparato publicitario que justificó el intenso gasto mediático, se trasladaron, como he mencionado, a la campaña presidencial de 2012.

Un estudio elaborado en la Cámara de Diputados del Estado de México calculó que el monto de inversión de 500 «compromisos cumplidos» fue apenas de 3000 millones de pesos, muy menor si tomamos en cuenta que el presupuesto de la entidad, tan sólo en 2010, fue de 116 325 millones de pesos, el más alto de todo el país.

Por lo demás, el publicista de ByPower, Limón García, confirmó que lo verdaderamente importante es desarrollar una «comunicación emocional» entre el gobernante y los electores.

Durante su conferencia «Desarrollo de mensajes y transferencia de imagen. El caso de Enrique Peña Nieto», impartida en un seminario en la George Washington University, expuso las principales vertientes de su estrategia de mercadotecnia con el mexiquense: realizar estudios de mercado, segmentar el territorio y la población, crear una identidad corporativa y un mensaje común, así como perfeccionar el uso de la misma imagen del aspirante. Eso fue justamente lo que Peña Nieto y Limón García trasladaron al guion de los spots y del despliegue de espectaculares por todo el territorio nacional durante la campaña presidencial de 2012.

Por su parte, el PAN emprendió en abril de 2012 una contracampaña para contrastar con la realidad los supuestos «compromisos cumplidos». El blanquiazul documentó cerca de 100 obras que en los spots aparecieron como «cumplidas», pero que estaban inconclusas o simplemente nunca se realizaron.

El contraataque del PAN a Peña Nieto enfureció al candidato presidencial del PRI y a su equipo, que retaron a aquel partido a demostrar que el mexiquense era «un mentiroso». El episodio derivó en un bochornoso talk show, en el municipio de Tlalnepantla, el 17 de abril de 2012, en el que, por supuesto, ni el PAN ni el PRI pudieron acreditar quién mentía.

De este modo, Peña Nieto ha demostrado que la mercadotecnia ya absorbió casi por completo a la gestión pública. Gracias a la «comunicación emocional» y a una elevada inversión publicitaria, sus obras de gobierno no fueron compromisos para el desarrollo social de la entidad, sino escenografías, sets para el montaje de una campaña televisiva. Así es como Televisa y TV Azteca resultaron encantadas con esta promoción que condicionó cualquier crítica al gobernador mexiquense.

Es de destacar que las cifras oficiales del Estado de México informan que entre 2006 y 2011 se gastaron 990 millones de pesos en el rubro de comunicación e imagen. Sin embargo, no hay acceso a los contratos originales firmados entre el gobierno y las distintas empresas de comunicación, especialmente con las dos televisoras mencionadas, que se llevaron 476 millones de pesos de esta inversión, es decir, poco más de 48 por ciento.

Según los documentos oficiales, Televisa ganó 339 686 347 pesos, mientras que TV Azteca se embolsó 136 780 000 pesos, principalmente por concepto de los convenios de publicidad de las campañas «compromisos cumplidos».

De acuerdo con esos mismos documentos, el crecimiento más elevado de gastos en publicidad fue para Televisa. En 2005 esa televisora firmó un convenio de 13 800 000 pesos, pero cinco años después, en 2010, recibió la cantidad de 60 647 347 pesos, la cifra más alta de un convenio de publicidad otorgada por el gobierno del Estado de México a la empresa de Emilio Azcárraga Jean.

Otros informes estiman que la cifra real puede ser entre cinco y 10 veces mayor. La discrecionalidad y opacidad que predominan en este tipo de convenios se llevaron a su más alta expresión con Peña Nieto.

GRANDES OBRAS, NEGOCIOS PRIVADOS

Las obras multimillonarias realizadas durante la administración de Peña Nieto con inversión privada constituyeron negocios para los consorcios empresariales más poderosos del país, nacionales y extranjeros. En muchos casos, los beneficiarios frieron amigos del gobernador, empresarios confiables para financiar su campaña de ascenso a la Presidencia de la República.

El gobierno de EPN destinó cerca de 120 000 millones de pesos en obras con irregularidades administrativas, escasa rendición de cuentas, denuncias de grupos ejidales por presunto despojo y graves observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados.

La obra más importante de su sexenio, el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), cuya construcción generó demandas y litigios por despojo interpuestas por ejidatarios de municipios aledaños a Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl, Tultepec y Chimalhuacán, comunica las autopistas México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca, Peñón-Texcoco, México-Tuxpan y México-Puebla y ha tenido una inversión, dividida en tres etapas, de 9497 millones de pesos.

El segundo proyecto más ambicioso fue el Viaducto Bicentenario, con una inversión de 6600 millones de pesos para el encarpetamiento de 22 kilómetros de carretera entre el Toreo de Cuatro Caminos y Tepalcapa, en Cuautitlán Izcalli.

El principal beneficiario de ambas obras es el consorcio español OHL. Su presidente en México es José Andrés de Oteyza, secretario de Patrimonio y Fomento Industrial de triste memoria durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982) e intermediario en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari durante la quiebra del consorcio industrial Tribasa, que dejó una deuda fiscal por 4000 millones de pesos.

La bonanza de OHL está garantizada. El gobierno peñista le concesionó por un periodo de 25 años, con posibilidad de ampliarlo a 40, los 113 kilómetros del CEM, cuya cuota es dos pesos por kilómetro. Un negocio redondo, colocado en bandeja de plata para un inversionista extranjero.

El presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, Arturo Chavarria, le declaró al reportero Rodrigo Vera, de la revista Proceso, que el CEM constituye «un claro ejemplo de abuso de poder: es el negocio de unos cuantos empresarios y políticos a costa de ejidatarios, pequeños propietarios y de millones de pobladores de la zona». La obra, pronosticó el urbanista, «provocará una brutal expansión de espacios urbano-habitacionales, con lo que se destruirán las reservas naturales y los mantos acuíferos del valle de México»[91].

Además de OHL, otros grupos que se han beneficiado con el contrato de obras de infraestructura son ICA, de Bernardo Quintana, que ganó la concesión para construir la autopista de cuota Remedios-Ecatepec, de 25 kilómetros, justo en las zonas de persistentes inundaciones. El costo de esta obra se estimó en 5200 millones de pesos y deberá incluir trabajos de remodelación y entubamiento del río de los Remedios.

El magnate financiero, de telecomunicaciones y de obras de infraestructura, Carlos Slim también fue beneficiado con algunas licitaciones del gobierno de Peña Nieto. Es el caso de la construcción de la Estación Terminal Multimodal Azteca Bicentenario, mejor conocida como Mexipuerto, con una inversión de 824 millones de pesos. La obra fue concesionada a dos empresas —ambas serán responsables de su construcción, operación y mantenimiento durante 30 años—: Constructora, Conservación y Mantenimiento Urbano (Comursa), e Impulsora del Desarrollo Económico de América Latina (IDEAL), filial de Grupo Carso.

IDEAL también construye el Centro Deportivo Ciudad Jardín Telmex, en los terrenos que antes fue el tiradero del bordo de Xochiaca. El gobierno peñista le vendió a esta empresa, a precio de ganga, los 600 000 metros cuadrados de la zona para que se construyeran 25 canchas de fútbol, cuatro de tenis, otras de baloncesto y dos de béisbol. La inversión calculada será de 400 millones de pesos.

Otro de los grandes negocios realizados durante el gobierno de Peña Nieto fue la construcción del sistema de transportes Mexibús para unir los municipios de Ecatepec y Tecámac, dos de los más poblados del país, a lo largo de 16 estaciones que recorren la Avenida Central.

El Mexibús, cuya inversión total se cuantificó en 1900 millones de pesos, es operado por la empresa Transmasivo, S. A., un conglomerado que agrupa a 13 compañías de autotransporte del oriente de la entidad.

En su revisión de la cuenta pública de 2008, la ASF detectó por lo menos 23 irregularidades en el manejo de 242 192 000 pesos del Fondo Metropolitano que la Secretaría de Hacienda le transfirió en 2007 al Estado de México para la construcción de este sistema de transporte de pasajeros.

La principal irregularidad documentada por la ASF fue que la Junta de Caminos del Estado de México no contó inicialmente con un proyecto ejecutivo donde se involucraran todos los aspectos inherentes a una obra de esta magnitud, ya que como se aprecia en el desarrollo de la misma ha tenido una serie de modificaciones y cambios de proyectos que ha impedido un avance adecuado en el desarrollo del mismo, redundando en el incremento de costos (la supervisión estaba contratada por 6257 millones de pesos antes del IVA y está documentado un incremento en el costo y tiempo del 100 por ciento, por lo cual incumple el artículo 24, párrafo tercero y cuarto de la Ley de Obras Públicas).

También señaló que el gobierno mexiquense «no proporcionó el número de cuenta bancaria específica para la identificación de los recursos federales transferidos y de los rendimientos financieros que se generen para sus efectos de control y fiscalización, en incumplimiento con lo dispuesto en el numeral 13 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano»[92].

El Mexibús tuvo varias complicaciones. En marzo de 2010 el presidente del Consejo de Administración de Transmasivo, Genaro Rosalino García, acusó al gobierno de Peña Nieto de negligencia en el cumplimiento de la construcción de la infraestructura necesaria para operar este sistema. También ha registrado accidentes y fallas en su operación tras su inauguración, el 30 de noviembre de 2010, que, como ha destacado la prensa nacional, se llevó a cabo con falta de señalizaciones suficientes para peatones y automovilistas, y ha registrado fallas en los 16.3 kilómetros del primer tramo, en sus 21 estaciones y en tres terminales: Ciudad Azteca, Central de Abasto y Ojo de Agua[93].

LOS ALEGRES COMPADRES, FAMILIARES Y SOCIOS

La generosidad de la gubernatura de Peña Nieto con empresarios locales y parientes fue muy redituable para una élite que financió el proyecto presidencial del priista.

Juan Armando Hinojosa Cantú8, compadre de Peña Nieto, socio de Grupo Hermes, de la familia Hank Rhon, fue beneficiado al concesionársele la construcción de varias obras de infraestructura carretera, inmobiliaria y hospitalaria. El caso más escandaloso es el del Hospital de Alta Especialización de Zumpango, con un costo de 7000 millones de pesos.

Los documentos del concurso 448340 01-001-008, de la Secretaría de Salud, revelan que esta obra costaría 124% más que otras similares realizadas en el Bajío o Tamaulipas. Durante 25 años, el gobierno mexiquense deberá pagarle 281 530 000 pesos anuales a la Constructora Teya, propiedad de Hinojosa Cantó.

Desde el gobierno de Montiel, Hinojosa Cantó se benefició con el contrato para la construcción del Centro Médico del ISSEMYM, cuyo costo excedió 32% el presupuesto original. El secretario de Administración en ese entonces fue Enrique Peña Nieto, quien autorizó que el gobierno le pagara 255 millones de pesos por una obra cuyo monto original era de 193 millones de pesos.

Por esta razón no resultó extraño que el equipo de campaña de Peña Nieto le rentara a la empresa EOLO Plus, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantó, el servicio de aeronaves privadas para el desplazamiento durante su campaña presidencial.

El periódico Reforma documentó que tanto Peña Nieto como sus colaboradores utilizaron un jet Bombardier Challenger, matrícula XA-OHS, así como un helicóptero Augusta, matrícula XA-UPD, para sus constantes traslados en la campaña. La renta del primero es de 5000 dólares la hora, y la del segundo, de 3800 dólares la hora[94].

El negocio inmobiliario, típico filón en una entidad llena de «ciudades dormitorio», se disparó también en el gobierno de Peña Nieto. Eligió a seis municipios para crear las Ciudades Bicentenario: Tecámac, Huehuetoca, Zumpango, Almoloya de Juárez, Jilotepec y Atlacomulco, donde se proyectó construir 500 000 viviendas. Tan sólo Tecámac y Zumpango tendrían 270 000 casas entre 2011 y 2020.

Los desarrolladores beneficiados con estas obras son Corporaciones Geo, Ara, Sadasi, Urbi, Hogares Unión y Sare. Buena parte de los fondos para desarrollar estas unidades habitacionales provienen de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que apoyó con una bolsa de 260 000 millones de pesos para la construcción de 24 grandes proyectos inmobiliarios en todo el país: los más importantes, las seis Ciudades Bicentenario del Estado de México.

La operadora del proyecto fue Marcela Velasco González, secretaria de Desarrollo Urbano, prima de Peña Nieto, hija de Leopoldo Velasco Mercado, uno de los viejos políticos de Atlacomulco que apadrinaron el inicio de la carrera política del entonces gobernador mexiquense, y de Ernestina González del Mazo, tía del candidato presidencial priista.

En el primer año del gobierno peñista, Velasco González ya había concretado un negocio de más de 3000 millones de pesos para la construcción de viviendas en Tecámac a través de la empresa Urbi Desarrollos Urbanos. Debe decirse que este consorcio aparece en la lista de las 14 empresas dentro del ramo de la construcción que acumulan 235 créditos fiscales; adeuda al fisco cerca de 10 000 millones de pesos.

El Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna ha denunciado a través de cartas y expedientes públicos cómo los desarrollos inmobiliarios patrocinados por la prima de Peña Nieto son resultado de corrupción. En el caso de Tecámac, este organismo hizo público que desde el inicio de la construcción, la red de distribución de agua potable se instaló con PVC de mala calidad y reconstruido, lo que ha generado fugas interminables de agua, que han afectado a los habitantes de Tecámac y generado pérdidas millonarias.

Esta construcción provocó un desabasto de agua a los agricultores y habitantes de este municipio. Han violado todas las leyes. Y todo al amparo del poder que representa la secretaria Velasco González, quien presume su parentesco familiar con Peña Nieto.

Los habitantes de Villa del Real, en Tecámac, interpusieron en el Congreso local una demanda en contra de Velasco González, pero también del exsecretario del Agua y Obra Pública, David Korenfeld Federman, otro de los beneficiarios del gran negocio inmobiliario: fue alcalde de Huixquilucan, donde impulsó grandes desarrollos inmobiliarios; es amigo de Alfredo del Mazo Maza, primo de Peña Nieto y aspirante frustrado a sucederlo en la gubernatura. Korenfeld y Velasco González se integraron al equipo de campaña presidencial peñista desde finales de 2011.

Entre decenas de personajes del mundo empresarial mexiquense que recibieron beneficios del gobierno de Peña Nieto no podían faltar los dos integrantes más destacados de la familia Hank Rhon: Carlos y su hermano Jorge. Herederos del emporio empresarial construido por su padre, Carlos Hank González, durante la administración peñista obtuvieron millonarios contratos en la obra de la autopista Lerma-Tres Marías, así como en el Programa Estatal de Seguro Escolar, y lograron convenios con Grupo Interacciones más otros negocios que sumaron, según los cálculos de especialistas empresariales, cerca de 6000 millones de pesos.

El eje de este pacto entre Peña Nieto y los Hank se deriva de su propia nominación como sucesor de Arturo Montiel. En 2004, éste convenció a Carlos Hank Rhon de que abandonara la contienda a favor de su sobrino y protegido político. A cambio recibiría amplios beneficios empresariales. Y así fue.

A través de la empresa Alcance Total, antes denominada La Peninsular, se le concesionó la autopista de cuota Lerma-Tres Marías, que comunica la carretera México-Toluca con la autopista México-Cuernavaca, con una extensión de 67 kilómetros y un monto total de inversión de 2500 millones de pesos.

Esta obra generó protestas de grupos ambientalistas desde 2009 a causa de la tala de unos 22 000 árboles de pino, encino y oyamel en 68 hectáreas del Estado de México, y porque pondrá en riesgo el abasto de agua de 35 millones de personas, según argumentaron Greenpeace y otros organismos civiles[95].

Los negocios y beneficios a la familia Hank se han diversificado al área financiera y de seguros. El Grupo Interacciones, dirigido por Carlos Hank Rhon, fue uno de los 10 acreedores, por un monto de 1048 millones de pesos, de la administración peñista. Entre 2006 y 2009, la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas pactó el pago de 98.7 millones de pesos para asegurar con esta compañía todos los bienes muebles, inmuebles, vehículos, aeronaves y traslado de efectivo del Estado de México. En 2007 ganó otro contrato para operar el seguro escolar, por un monto de 18.2 millones de pesos, para que la administración de Peña Nieto proporcionara atención médica a menores que sufrieran accidentes en los colegios del estado.

Por otro lado, en junio de 2011, a un mes de las elecciones para gobernador en el Estado de México, Jorge Hank Rhon fue detenido por presunto acopio ilegal de 88 armas largas y cortas. Semanas antes circuló información de que éste, exalcalde priista de Tijuana entre 2004 y 2007, envió al «Grupo de los 33» para hacer trabajo logístico a favor del candidato Eruviel Ávila en Zumpango, municipio gobernado por el PAN.

Al Estado de México llegaron personajes como Luis Javier Algorri, exdirector de seguridad de Grupo Caliente, la empresa de apuestas de Hank Rhon, y Mario Madrigal y Ranier Falcón, dirigentes sindicales de los trabajadores de los casinos del detenido. La red de apoyo de Jorge Hank fue negada por Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Eruviel Ávila, pero los indicios de que el polémico personaje presuntamente estaba vinculado de años atrás con el cártel de los Arellano Félix se convirtió en un mensaje incómodo para Peña Nieto.

El operativo del gobierno federal resultó un fiasco. Hank Rhon fue liberado después de una escandalosa cadena de errores cometida por las autoridades federales. Su esposa, María Elvia Amaya, salió a defender públicamente al hijo del legendario Profesor Hank González. En Toluca, Peña Nieto dio la orden de «no hacer olas» frente a la detención.

Año y medio después, Elvia Amaya fue registrada en las listas del PRI para candidata plurinominal a la Cámara de Diputados. La sombra del apoyo y los negocios de los Hank Rhon siguen presentes en el entorno de Peña Nieto.

LA OTRA CARA DEL PEÑISMO

En contraste con la promoción intensa de un «gobierno que cumple», promotor de las inversiones y del desarrollo en el Estado de México, la herencia del modelo peñista en su entidad es muy distinta de la propaganda.

Una clase política privilegiada, enriquecida a costa del erario, contrasta con un estado mayoritariamente pobre, con poco más de 7.4 millones de mexiquenses en situación de pobreza, de los cuales 783 000 ingresaron en esta categoría socioeconómica durante la administración de Peña Nieto.

De los 125 municipios que conforman la entidad, 25 se encuentran en una situación de pobreza media, y en el más pobre, San José del Rincón, de población indígena, la pobreza patrimonial alcanza 85% de todos los habitantes.

Los municipios con mayor índice de desigualdad son, justamente, los más poblados, colindantes, además, con el Distrito Federal: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Chaleo, identificados éstos como parte del oriente del estado.

El gobierno sólo reconoce oficialmente a 380 000 mexiquenses como desempleados, pero otros reportes indican que son 483 000 en total. La tasa de desempleo en la entidad es de 6% de la población económicamente activa, 1.4 puntos arriba del promedio nacional. El Estado de México ocupaba el lugar 12 de este índice hasta antes de 2009, y entre 2010 y 2011 creció al grado de convertirse en la cuarta y quinta tasa más alta en ese bienio, con 7.29 y 6.6%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; en el primer trimestre de 2012 fue de 6.29%, una ligera mejoría frente a los años anteriores.

La situación es más grave en los municipios que conforman el valle de México. La estrategia de Peña, al privilegiar la zona del valle de Toluca y los municipios del norte de la entidad, tradicionalmente priistas, afectó a zonas como Tlalnepantla, Naucalpan, Texcoco, Atizapán, Cuautitlán, Nezahualcóyotl y Ecatepec, por mencionar sólo algunos.

El Parlamento Ciudadano, organismo dirigido por el exsenador del PRI Mauricio Valdés, defensor de los derechos políticos de los mexiquenses del valle de México, aportó cifras muy reveladoras: en esta zona existen 2 275 000 desempleados; esto es, uno de cada 15 mexiquenses que viven en ella; su población con 15 años de edad y más con educación primaria incompleta supera los 3.4 millones de personas; es decir, 34.3% del total de la población. Esto es, uno de cada tres mexiquenses jóvenes no terminó siquiera la instrucción primaria.

Las condiciones de las instalaciones de la educación pública son de un grave rezago. Sólo 37% de los planteles de primaria en la entidad cuentan con al menos una computadora o acceso a internet, y en secundaria, sólo 46 por ciento.

Los servicios de salud están en crisis. En el valle de México 48.4% de la población no tiene acceso a este derecho.

La situación de inseguridad pública en la entidad más poblada del país no mejoró en los seis años de gobierno de Peña Nieto. Al contrario, se mantuvo en el segundo lugar nacional en violencia. De su población, 78.2% ha sido víctima de algún tipo de agresión, ya sea física, sexual, económica o psicológica. El primer lugar lo ocupó Jalisco y el tercero el Distrito Federal.

En el Estado de México se encuentran seis de los 15 municipios más peligrosos del país: Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan, Cuautitlán, Toluca y Ecatepec. Precisamente en este último municipio, el más poblado de México, cinco personas aparecieron ejecutadas el 1.º de abril de 2012. Dos de ellas eran menores de edad. Los criminales dejaron en estos cuerpos un inquietante mensaje: «Todo el Estado de México tiene dueño, o se alinean o se alinean. La original Familia Michoacana».

Este cártel fue el de mayor crecimiento durante el sexenio peñista. Expandió su dominio en el norte y oriente de la entidad, en municipios como Luvianos, Tejupilco, Valle de Bravo, Ciudad Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chaleo, Valle de Chaleo, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Zinacantepec, Zumpango, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz y San Vicente Chicoloapan.

El segundo cártel en expansión y violento es el de Los Zetas, con presencia en Acolman, Amatepec, Amecameca, Coacalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz, Luvianos, Tecámac, Texcoco, Tultitlán y Tlalmanalco. En los últimos meses han mantenido un enfrentamiento constante con La Familia Michoacana en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Naucalpan, Texcoco y Toluca. Se presume una alianza entre La Familia Michoacana y lo que quedó del cártel de los Beltrán Leyva, con presencia en Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Villa Nicolás Romero, Tlalnepantla y Tultitlán.

El presunto involucramiento de los cuerpos policiacos municipales y estatales con La Familia Michoacana quedó de manifiesto en un enfrentamiento registrado en enero de 2010 entre fuerzas de seguridad pública vinculadas con el narco y elementos del ejército en los municipios de Coacalco, Tultitlán y Tlalnepantla.

Al ser cuestionado sobre estos enfrentamientos, Peña Nieto minimizó el incidente con una frase que se convirtió en emblema de su administración: «Se trata de acontecimientos aislados, no guardan vinculación particular con la condición del Estado de México, se hace notorio al ubicarse en la zona metropolitana del valle de México».

Uno de los efectos más graves del doble discurso en el gobierno del Estado de México, desde la época de Arturo Montiel, es el incremento de las agresiones contra mujeres y los crímenes por feminicidio.

El gobierno de Peña Nieto trató de minimizar durante los primeros cuatro años de su administración el hecho de que el Estado de México se convirtió en la entidad con mayor número de casos. Mientras su gobierno reconoció menos de mil crímenes, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en la entidad informó, en marzo de 2012, que entre 2005 y 2011 se registraron 1003 homicidios contra mujeres, de los cuales 522 seguían impunes hasta la fecha del informe.

Cincuenta y cuatro por ciento de estos feminicidios se concentran en 10 municipios: Ecatepec, el más poblado y donde fue alcalde el actual gobernador Eruviel Ávila, registró 118 casos; Nezahualcóyotl, con 78; Tlalnepantla, con 53, la capital, Toluca, con 45; Chimalhuacán, con 42; Naucalpan, con 40; Tultitlán registró 35; Ixtapaluca, 31; Valle de Chaleo, 30; y Cuautitlán Izcalli, con 25. La mayoría de las víctimas tenían entre 11 y 30 años de edad.

Todavía en 2011, mientras las autoridades sólo reconocían 56 feminicidios, el Observatorio contabilizó 282 y detectó que en 73% de los casos las víctimas fallecieron por uso excesivo de la fuerza.

En el último año de su administración, Peña Nieto impulsó una reforma penal en el Congreso local para tipificar el delito de feminicidio. Como por arte de magia, en 2011 las autoridades mexiquenses dijeron que se había resuelto 98% de los casos, mientras que en el Distrito Federal sólo se ha resuelto el 48 por ciento.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó que hasta julio de 2012, año electoral, en la entidad sólo se habían registrado 23 feminicidios, de los cuales 19 fueron esclarecidos. Presumieron que la tasa de feminicidios en la entidad disminuyó a 0.96% por cada 100 mil habitantes, y destacó que la creación de una agencia especializada para este tipo de delitos ayudó en su combate.

Las organizaciones no gubernamentales no opinan lo mismo. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha insistido sobre la negligencia de las autoridades mexiquenses para frenar no sólo el homicidio sino otro tipo de agresiones y violencia de género prevaleciente en la entidad más poblada del país. Hasta marzo de 2012 señalaron la existencia de 600 niñas y jóvenes desaparecidas, entre 10 y 20 años, cuyos casos no han sido resueltos por las autoridades.

En agosto de 2012, tras las secuelas del caso de dos jóvenes violadas y decenas agredidas en el paraje conocido como El Colibrí el 12 de julio, el Instituto Nacional de la Mujer descartó emitir una alerta por feminicidio en el Estado de México.

EPÍLOGO

Escenarios inciertos

Una dura realidad enfrentará el equipo de Enrique Peña Nieto, sus aliados y sus principales impulsores: dos de las terceras partes de los mexicanos no votaron por el retorno del PRI a la Presidencia de la República. Esta mayoría está inconforme con la serie de irregularidades ventiladas desde antes de las elecciones, y una buena parte de estos votantes están convencidos que la llegada del exgobernador del Estado de México será una «imposición» y no están dispuestos a aceptar los designios del poder del dinero y del gran montaje descritos a lo largo de este libro.

Frente a esta realidad, el próximo gobierno tiene dos escenarios en el futuro inmediato: endurecer su posición para controlar, intimidar y tener una sociedad atemorizada o emprender una auténtica operación de legitimidad política, a costa de una fuerte división en la coalición de fuerzas que sostiene al proyecto peñista.

El primer escenario es el más probable, dados los antecedentes de la trayectoria de Peña Nieto y del Grupo Atlacomulco como dinastía gobernante en el Estado de México. A lo largo de los años se han podido observar constantes en ese grupo: la tentación de aplicar la mano dura, semejante a lo aplicado en contra de los habitantes de San Salvador Ateneo; la operación para fragmentar y cooptar a una parte de la oposición, en especial a las izquierdas; y la práctica de mecanismos coercitivos y censores en los medios de comunicación no alineados.

Así lo indican también los hechos que siguieron al proceso electoral. En vez de aceptar una investigación a fondo en el escándalo de Banca Monex, el equipo priista ha tratado por todos los medios de intimidar a los denunciantes, como en el caso de José Aquino; por otra parte, ha tratado de convencer de que no hubo ninguna irregularidad en donde existen múltiples pistas que apuntan, por lo menos, hacia una triangulación ilegal de fondos. Asimismo ha negado el dispendio y el evidente rebase de los topes de gastos de campaña. Y ha pretendido que durante siete años lo que observaron todos los mexicanos en las pantallas televisivas era una ilusión óptica: que había una operación encubierta para impulsar y favorecer a Peña Nieto.

Los priistas pretenden aplicar lo que ya es una fórmula probada desde el ascenso de Arturo Montiel al gobierno del Estado de México y, en especial, durante la breve pero intensa trayectoria política de Peña Nieto. Desde su campaña a gobernador en 2005 hasta las otras dos contiendas clave que antecedieron a la de 2012: las elecciones locales y federal de 2009 y los comicios para la sucesión de 2011. Los peñistas tiraron la casa por la ventana, manejándose en la frontera de la ilegalidad sin ningún costo político significativo.

La pregunta, casi contestada de antemano es si esta fórmula se podrá trasladar a escala nacional. Es claro que el país no puede ser gobernado con la misma lógica del Grupo Atlacomulco. Sin duda, el endurecimiento sólo generará signos de nerviosismo y contradicciones al interior de este bloque de intereses, negocios y compromisos políticos que llevaron a Peña Nieto a la Presidencia de la República.

Existe un segmento importante de la sociedad mexicana interactiva, horizontal, y diversa que no aceptará ser sometida con las fórmulas típicas de la cooptación, intimidación y violencia que este grupo aplicó en el Estado de México. Hay una sociedad digital, quizá minoritaria, pero muy activa, que no acepta la unilateralidad de los políticos de la era analógica y corporativa.

El otro escenario, difícil e improbable, no se puede descartar al cien por ciento. La necesidad de estabilizar una sociedad fracturada, divorciada de su clase política y en rebeldía creciente con sus medios de comunicación más importantes, puede forzar a emprender una operación de legitimidad política, a costa, incluso, de sacrificar los compromisos más fuertes de Peña Nieto con aliados importantes, empezando por Grupo Televisa.

Sin embargo, hasta el momento no se ve una voluntad política para actuar en consecuencia con esa necesidad. Por el contrario, persiste un talante autoritario y la negación absoluta de cualquier irregularidad (ya no digamos ilegalidad) en el gran montaje del proyecto Peña Nieto.

La concreción de este escenario no dependerá de la voluntad de los presuntos triunfadores sino de la dinámica de descontento social que se ha generado. La vitalidad de movimientos sociales como el #YoSoy123 y de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, así como la crítica constante de un sector importante de la opinión pública internacional, y el innegable descontento en un sector del panismo devastado por la derrota del 2012 pronostican una etapa de fuerte presión antiautoritaria.

¿Serán los priistas capaces de emprender este viraje sin hostigar a los críticos ni alentar una espiral de violencia y provocación? Nada de lo que hasta ahora se ha relatado o analizado en este libro hace pensar que exista esta posibilidad desde adentro del peñismo.

Más allá de lo anterior, existe un elemento fundamental que despreciaron los 12 años de gestiones panistas en la Presidencia de la República: la necesidad vital del Estado mexicano de sobrevivir a fuerzas que pretenden imponerse por encima del interés público.

Es la derrota del Estado mexicano o la de los poderes fácticos las opciones que se plantean en estos dos escenarios. La aspiración democrática pospuesta por varias décadas o el imperio del autoengaño de una «normalidad democrática», donde se privilegie la impunidad y la corrupción a alta escala, constituyen, en todo caso, los efectos más graves de esta encrucijada.

Dos visiones del "triunfo" de Enrique Peña Nieto: (arriba) celebrando con el puño en alto (Atlacomulco, junio de 2012) y (abajo) la inconformidad social expresada con marchas y plantones desde el lunes 2 de julio (Monterrey, julio de 2012).

Peña Nieto y Arturo Montiel, los relevos del Grupo Atlacomulco (Toluca, septiembre de 2005).

Carlos Hank Rhon, las herencias de negocios de la familia Hank (Tijuana, julio de 2007).

Peña Nieto y Elba Esther Gordillo, pactos y alianzas de mutua conveniencia desde 2009 (Veracruz, diciembre de 2010).

Manlio Fabio Beltrones, un adversario de EPN al interior del PRI, con el controvertido ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington (Pachuca, marzo de 2005).

Peña Nieto, Pedro Joaquín Coldwell y Luis Videgaray, personajes del triángulo de la campaña electoral en 2012 (D. F., julio de 2012).

Miguel Osorio Chong, el segundo brazo operativo de Peña Nieto, junto con Francisco Rojas, ex director de Pemex en el sexenio salinista (D. F., febrero de 2012).

Emilio Azcárraga Jean (arriba) (D. F., julio de 2011) y Ricardo Salinas Pliego (abajo) (Quintana Roo, mayo de 2012), el duopolio en acción con Peña Nieto.

Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez y José Bastón, tres de los "Cuatro Fantásticos" de Televisa, flanqueados por Carlos Romero y Leopoldo Gómez (D. F., noviembre de 2008).

Protestas de los jóvenes a las puertas de Grupo Televisa (D. F., mayo de 2012).

Leopoldo Gómez, Ciro Gómez Leyva y Denise Maerker, conductores de Tercer Grado (D. F., marzo de 2011).

Sergio Gutiérrez, orador en el acto de apoyo a Peña Nieto por parte de jóvenes cibernautas en el CEN del PRI (D. F., junio de 2012).

Alejandra Lagunez, responsable de redes sociales en el equipo de Peña Nieto (mayo de 2012).

Pedro Torres, productor estelar y tras bambalinas de Peña Nieto (D. F., junio de 2008).

Liébano Sáenz, destacado zedillista que ahora dirige una encuestadora, también asesoró la campaña de Peña Nieto (D. F., diciembre de 2008).

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, la casa encuestadora contratada por Televisa (D. F., abril de 2009).

Manuel Espino, ex presidente del PAN, apoyando a Peña Nieto (junio de 2012).

Otra neopeñista, Rosario Robles, ex dirigente del PRD (D. F., junio de 2012).

Peña Nieto y el general colombiano, Oscar Naranjo, el guiño del candidato priista a Estados Unidos (D. F., junio de 2012).

Luis Videgaray, el coordinador de la campaña, con Angélica Rivera, la esposa de Peña Nieto (Coahuila, junio de 2012).

Peña Nieto en acto de campaña en Juchitán, Oaxaca (junio de 2012).

En un mitin en Axapusco, Estado de México (abril de 2012).

Paulina Peña Pretelini, la hija de Peña Nieto, con su novio, José Luis Torre; sin proponérselo, dieron a la luz a la "prole" (San Luis Potosí, mayo de 2012).

(Monterrey, mayo de 2012).

Las entusiastas del candidato (Saltillo, mayo de 2012).

Peña Nieto durante el "viernes negro" en la Universidad Iberoamericana (D. F., mayo de 2012).

Surge el movimiento #YoSoy132, oposición social y generacional al gran montaje de Televisa-Peña Nieto.

Manifestaciones antiPeña Nieto. Desde antes de las elecciones miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar por el gran montaje en marcha (D. F., mayo de 2012).

En todo tipo de pancartas se expresó el antipriismo (Culiacán, julio de 2012).

Leonardo Valdés y Peña Nieto, la imparcialidad del IFE cuestionada (D. F., junio de 2012).

Felipe Calderón y Peña Nieto, el aval adelantado de Los Pinos a una sucesión que no había sido calificada por el tribunal electoral (D. F., julio de 2012).

El candidato al momento de emitir su voto en el emblemático Atlacomulco (julio de 2012).

Marcha Nacional Contra la Imposición (D. F., julio de 2012).

En primer lugar con la familia (D. F., julio de 2012).

La misma ceremonia con Jesús Murillo Karam, Pedro Joaquín Coldwell, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong (D. F., julio de 2012).

Las protestas por el SorianaGate, los primeros indicios de fraude y de una serie de irregularidades (D. F., julio de 2012).

Peña Nieto, feliz consigo mismo (febrero de 2012).

Jenaro Villamil Rodríguez (Mérida, Yucatán, México, 2-12-1969) es un periodista y escritor mexicano, especializado en política y medios de comunicación masiva. Realizó estudios de licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Politólogo de la UNAM y reportero especializado en el análisis de los medios de comunicación. Como especialista en medios, ha participado en las mesas de reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión en la Secretaría de Gobernación (2001-2002) e impulsado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ha sido reportero en El Financiero, La Jornada, y desde 2004 a la fecha trabaja en la revista Proceso; es también colaborador de distintas revistas y medios electrónicos especializados en derecho a la información. Es profesor del posgrado de periodismo político en la escuela Carlos Septién García. Junto con Carlos Monsiváis fue coautor en La Jornada y en Proceso de la columna «Por mi Madre, Bohemios».

Es autor de los libros Ruptura en la cúpula (1995), Los desafíos de la transición (1997), El poder del rating (2001), La televisión que nos gobierna (2005), y coautor de los libros La guerra sucia del 2006 con Julio Scherer Ibarra (2007) y de Los amos de México, Los intocables y La ley Televisa y la lucha por el poder en México. Si yo fuera presidente (2009), desentrañó la trama de la alianza política y comercial entre Televisa y el gobierno del Estado de México. Sobre el consorcio televisivo y también bajo la misma editorial publicó el libro El sexenio de Televisa (2010).

Notas

[1] Jenaro Villamil, El sexenio de Televisa, México, Grijalbo, 2010, pp. 180-181. <<

[2] La Jornada, México, D. F., 2 de julio de 2012, p. 3. <<

[3] Reforma, México, D. F., 2 de julio de 2012, p. 17. <<

[4] Proceso, núm. 1861, México, D. F., pp. 18 y 19. <<

[5] La Jornada, 9 de junio de 2012. <<

[6] Proceso, núm. 1766, México, D. F., 5 de septiembre de 2010. <<

[7] Ante la moda de Big Brother surgieron fórmulas parecidas que mezclaron cine, programas de concurso, comedia, y sometieron a los participantes a juegos donde sobrevive el más fuerte, el más «telegénico» o el más astuto. Un neodarwinismo, construido a imagen y semejanza de la ideología neoliberal, se recreó de manera «entretenida» en las emisiones de Survivor, The Real World, Who Wants to be a Millonaire (que inspiró una película hindú galardonada en todo el mundo), Curt Television (Televisión en el juzgado), American Idol, Dancing With the Stars, Temptation Island (de Fox), The Osbournes (de MTV), The Anna Nicole Show (de E! Entertainment), Operación Triunfo, Pop Stars, El Bar, entre muchos otros. <<

[8] Octavio Islas, Femando Gutiérrez y Claudia Benassini, Reality shows: Un instante de fama, México, CECSA, p. 182. <<

[9] Ibid. <<

[10] Jenaro Villamil, «Asesores de la debacle», Proceso, núm. 1510, 9 de octubre de 2005. <<

[11] Proceso, núm. 1729, 20 de diciembre de 2009. <<

[12] Proceso, núm. 1576, 13 de enero de 2007. <<

[13] ¡Hola!, 8 de julio 2009, p. 30. <<

[14] Proceso, núm. 1708, 26 de julio de 2009. <<

[15] Reforma, México, D. F., 27 de enero de 2011. <<

[16] La Jornada, 6 de julio de 2012, p. 3. <<

[17] «¿Qué pasó con las encuestas?», El Universal, 5 de julio de 2012, p. 8. <<

[18] «¿Qué pasó con las encuestas II?», El Universal, 17 de julio de 2012, p. 8. <<

[19] La Jornada, 6 de julio de 2012, p. 3. <<

[20] Versión estenográfica, 23 de febrero de 2012. <<

[21] La Jornada, 25 de febrero de 2012, p. 7. <<

[22] Nexos, marzo del 2012, pp. 40-47. <<

[23] Carlos Salinas de Gortari, México. Un paso difícil a la modernidad, Barcelona, Plaza & Janés, 2000, p. 711. <<

[24] Proceso electoral 2010. Recopilación de investigaciones demoscópicas, febrero-junio del 2010, 16 de agosto. <<

[25] Entrevista con Carmen Aristegui, www.noticiasmvs.com, 2 de marzo de 2012. <<

[26] Nexos, Op. cit., p. 40. <<

[27] Milenio Diario, 29 de febrero de 2012, p. 3. <<

[28] 24 Horas, 15 de febrero de 2012. <<

[29] Op. cit. <<

[30] Norma Meraz, Arturo Montiel desde Atlacomulco. Testimonio del exgobernador del Estado de México, México, Planeta, 2011, p. 13. <<

[31] Crónica de AlfaDiario.net, 16 de octubre de 2011. <<

[32] Proceso, núm. 1844, 3 de marzo de 2012, p. 26. <<

[33] Jenaro Villamil, Si yo fuera presidente. El reality show de Peña Nieto, México, Grijalbo, p. 69. <<

[34] El Universal, México, Distrito Federal, 22 de enero de 2012, p. 8. <<

[35] Norma Meraz, Op. cit., p. 163. <<

[36] Ibid., p. 172. <<

[37] Ibid., pp. 168-169. <<

[38] Ibid, pp. 174-175. <<

[39] Jorge Toribio Montiel, Negocios de familia, México, Planeta, p. 118. <<

[40] Norma Meraz, Op. cit. <<

[41] Ibid., p. 138. <<

[42] Ibid., pp. 149-150. <<

[43] Ibid., pp. 154-155. <<

[44] Ibid., p. 155. <<

[45] Ibid., p. 156. <<

[46] Ibid., p. 158. <<

[47] Ibid., pp. 158-159. <<

[48] Proceso, núm. 1813, 30 de julio de 2011. <<

[49] Jenaro Villamil, Op. cit., pp. 99-100. <<

[50] Alejandro Encinas, Dinero, simulación e impunidad. Memoria de la elección de gobernador en el Estado de México 2011, México, FundLocal, pp. 13-14. <<

[51] Dictamen Ciudadano de Vigilancia Electoral del Estado de México, p. 11. <<

[52] Alejandro Encinas, Op. cit., p. 25. <<

[53] Ibid. <<

[54] Jorge Alcocer, «Partidos cebados», en Reforma, México, Distrito Federal, 24 de mayo de 2011. <<

[55] Dictamen Ciudadano de Vigilancia Electoral del Estado de México, p. 5. <<

[56] Alejandro Encinas, Op. cit., p. 36. <<

[57] Ibid., pp. 37-38. <<

[58] Ibid., p. 25. <<

[59] Carlos Salinas de Gortari, ¿Qué hacer?, México, Debate, p. 99. <<

[60] Ibid., p. 116. <<

[61] Ibid., p. 187. <<

[62] Enrique Peña Nieto, México, la gran esperanza. Un estado eficaz para una democracia de resultados, México, Grijalbo, pp. 68-69. <<

[63] Ibid., p. 117. <<

[64] CNN-México, 31 de enero de 2012. <<

[65] «Hay camarillas en todos los partidos», entrevista con Dolia Estévez, disponible en www.consejomexicano.org, 3 de febrero de 2012. <<

[66] Carlos Salinas de Gortari, La década perdida, 1995-2006, México, Debate, pp. 204-205. <<

[67] Carlos Salinas de Gortari, ¿Qué hacer?, Op. cit., p. 115. <<

[68] El Universal, México, D. F., 7 de enero de 2012, p. 1. <<

[69] Agencia Proceso, 13 de enero de 2012. <<

[70] Disponible en www.sinembargo.mx, 6 de febrero de 2012. <<

[71] Ibid. <<

[72] Ibid. <<

[73] Vanguardia, 9 de enero de 2012. <<

[74] La Jornada, 14 de marzo de 2012. <<

[75] El Informador, 11 de enero de 2012. <<

[76] CNN-México, 31 de enero de 2012. <<

[77] Carlos Salinas de Gortari, ¿Qué hacer?, Op. cit., p. 116. <<

[78] Carlos Ahumada, Derecho de réplica, México, Grijalbo, 2009, p. 136. <<

[79] Ibid., pp. 143-144. <<

[80] Carlos Salinas de Gortari, La década perdida, 1995-2006, Op. cit., pp. 272-273. <<

[81] Ibid., p. 281. <<

[82] Jenaro Villamil, Si yo fuera presidente. El reality show de Peña Nieto, México, Grijalbo, p. 33. <<

[83] Proceso, núm. 1710, 9 de agosto de 2009. <<

[84] Reforma, México, D. F., 11 de abril de 2010. <<

[85] El Universal, México, D. F., 18 de julio de 2011. <<

[86] Alejandro Encinas, Dinero, simulación e impunidad. Memoria de la elección de gobernador del Estado de México, México, FundLocal, 2011, p. 34. <<

[87] Proceso, núm. 1767, 12 de septiembre de 2010. <<

[88] Ibid. <<

[89] Francisco Arce Ugarte, Sergio de la Rosa Pineda, Jesús Córdova Gálvez, Edmundo Saldivar Mendoza, Pablo Raúl Libiem Abraham, Leopoldo Farrera Olmedo y Miguel Ángel Antonio Gutiérrez. <<

[90] Proceso, núm. 1766, 6 de septiembre de 2010. <<

[91] Proceso, núm. 1802, 14 de mayo de 2011. <<

[92] Observación Número 1, Auditoría 08-A-15000-04-1125, Auditoría Superior de la Federación, 2008. <<

[93] El Universal, México, D. F., 1.º de diciembre 2010. <<

[94] Reforma, México, D. F., 17 y 18 de abril de 2012. <<

[95] Nuestro Tiempo, semanario, 20 de septiembre de 2010. <<