Introducción

México vive una de las jornadas políticas más intensas, inciertas y polarizadas de los últimos años. La sucesión presidencial de 2018 no es el punto de arranque de un cambio, sino el desenlace de una historia que este país y su sistema político han vivido en las últimas cuatro décadas. ¿Continuará o cambiará el núcleo de la élite que ha gobernado el país desde la “toma del poder” de la tecnocracia en la década de los ochenta? ¿Seremos capaces de derribar el inmenso muro que separa a la sociedad civil mexicana de una clase política desgastada, desprestigiada, inmersa en una escandalosa decadencia? ¿Qué papel jugarán los factores externos, en especial los grupos de poder económico, político y militar de Estados Unidos, que nos ven como una extensión de su hegemonía? ¿Qué viene después de la elección presidencial: el reacomodo típico de los grupos que han dominado o la reestructuración de un sistema desgastado?

Son preguntas, hasta este momento, sin respuestas. Nadie a ciencia cierta puede pronosticar el desenlace de la elección presidencial y menos de los conflictos posteriores.

Hay tres grandes coaliciones en disputa, con un candidato presidencial aventajado en las encuestas y en la percepción pública: Andrés Manuel López Obrador, aspirante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), un partido con escasos tres años de existencia, pero con un largo historial de militancia en la centro-izquierda de muchos de sus integrantes; además, dos bloques que provienen del desarreglo y reacomodos al interior del bipartidismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN): José Antonio Meade Kuribreña, el ejemplo más claro de la continuidad de la élite tecnocrática bipartidista, excolaborador en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con un claro respaldo del núcleo dirigente a nivel político y económico; y Ricardo Anaya, joven figura política que en su ascenso como diputado federal, dirigente nacional del PAN y aspirante único a la candidatura presidencial de un frente electoral con el menguado Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC) desplazó a las fuerzas anteriores que dominaron su partido en 12 años de gobierno, rompió el arreglo que tenía con el gobierno peñista desde el Pacto por México y ahora pretende ser la opción viable de una oposición que no genere “miedo”.

Las diferencias ideológicas y programáticas no son muy claras entre estos tres candidatos. Tras los resultados electorales en Estados Unidos, en noviembre de 2016, el reacomodo de las fuerzas políticas internas y la creciente molestia social ante la corrupción, los tres disputan un imaginario “centro-derecha” que propone erradicar del país la herencia de gobernantes caracterizados por su compulsión al robo.

La diferencia principal entre cada una de estas opciones radica en la capacidad de liderazgo de cada uno y en la posibilidad o no de cada una de estas coaliciones de reconstruir un sistema político, desgastado por una prolongada decadencia que tiene su peor síntoma en la cleptocracia generalizada; sin distinción de partidos, regiones, niveles de gobierno (desde los municipios, gubernaturas, hasta la presidencia de la República) y poderes (se extiende por el Poder Judicial, el Congreso y el Ejecutivo federal), y en un clima de violencia social que va más allá de los saldos negativos de una “guerra” contra el crimen organizado que no ha ganado nadie.

MAFIA Y CLEPTOCRACIA

La cleptocracia no es sinónimo de “mafia del poder”. López Obrador ha popularizado este término para referirse a la élite de sus adversarios políticos y empresariales que se han coludido para frenar su triunfo en la presidencia de la República desde 2006. El político de origen tabasqueño no ha errado propagandísticamente al colocar la disputa político-electoral en el terreno sistémico y no sólo ideológico. Es decir, hay una disputa entre quienes desean mantener un statu quo, dominado por una corrupción a gran escala, y otros que desean cambiar esta situación que ha llegado a niveles de hartazgo y malestar social generalizados.

Sin embargo, el diagnóstico es incompleto. La “mafia del poder” no es un grupo de individuos, empresas o partidos que se apropian del sistema político y necesitan ser expulsados o relevados. La “mafia del poder” es el sistema. Participar bajo sus reglas implica, de una u otra manera, contemporizar con ella. No es un asunto de “buenos” contra “malos”, es un problema de estructura, de arquitectura, de un sistema que sólo se sostiene bajo cimientos endebles. Un cáncer que ha invadido todo el cuerpo político e institucional. Corroe, corrompe, debilita cualquier anticuerpo democrático.

En la definición clásica, una mafia es “una forma de monopolio de la violencia que sustituye a los poderes del Estado y se encarga de mantener ‘el orden’ o la pax mafiosa más allá de la ley”. La mafia “interviene generalmente a través de ‘acuerdos entre amigos’ o, si no, en los casos más difíciles a través de la eliminación violenta”.¹

La mafia contemporánea se ha transformado en una multitud de organizaciones de dimensiones trasnacionales que intervienen en cualquier relación de la vida política, económica, financiera o social, pero no buscan ocupar el liderazgo de los partidos y de las instituciones. No buscan suplantarlos, sino someterlos a sus dictados. La mafia “captura” a los servidores públicos, empresarios, líderes sociales, intelectuales y representantes políticos, siempre y cuando el Estado funcione adecuadamente.

A diferencia de la “mafia del poder”, el término cleptocracia define una dinámica distinta: es la institucionalización del robo. La “mafia del poder” es descriptiva; la cleptocracia, prescriptiva. La “mafia del poder” captura al Estado; la cleptocracia se vuelve el Estado. La cleptocracia, a diferencia de la mafia, transforma lo que son bienes públicos en bienes privados —discontinuos, aleatorios e inestables—, distribuidos por un gobierno sin legitimidad e ilegal. La cleptocracia domina toda la ecuación del juego, al grado de dinamitarlo por completo. La corrupción, en la cleptocracia, no es la excepción, sino la regla, y no es una práctica ajena a la institucionalidad, sino el hecho que explica su funcionamiento.

Etimológicamente, cleptocracia proviene del griego clepto (robo) y kratos (gobierno o dominio); es decir, “el gobierno de los ladrones”. Es la institucionalización del robo a costa de una constante simulación de legalidad. Es un cáncer que ha hecho metástasis sobre todo el cuerpo institucional, al grado de que es prácticamente imposible contar con anticuerpos judiciales, fiscales autónomos, mecanismos de rendición de cuentas reales, no simulados.

La cleptocracia es una clásica degeneración de un sistema “puro”, ya sea de orden autoritario, democrático o totalitario. Un sistema político degenera en cleptocracia cuando la corrupción ya no sólo tiene efectos funcionales, sino disfuncionales. Explicamos esta dinámica a partir de la definición clásica del politólogo italiano Gianfranco Pasquino sobre la corrupción: es el producto de “un sistema imperfecto de representación social” y se convierte en un mecanismo discriminatorio de acceso al poder y a la toma de decisiones. “La corrupción, sentencia Pasquino, es mayor, en tanto menor es la seguridad de la élite en el poder para mantenerse en ella.”²

Por esta razón, no es casualidad que la corrupción se haya generalizado en nuestro sistema desde 1988 hasta 2018, justo en el periodo de mayor incertidumbre sobre la permanencia en el poder de una élite que tomó por asalto la presidencia de la República y el partido gobernante desde los centros neurálgicos que determinan las decisiones financieras y económicas del país: la tecnocracia.

TECNOCRACIA Y PEÑISMO

La tecnocracia contemporánea no llegó al poder ni legítima ni legalmente en México. Por esta razón, la incertidumbre ha sido un aliciente para incrementar su capacidad y su creatividad para el robo.

Se desdobló en dos partidos y ensayó la “doble” alternancia entre el PRI y el PAN a niveles federal y estatales (2000-2012, 2012-2018) e, incluso, ha cedido espacios importantes de poder a una izquierda (que gobierna la Ciudad de México desde 1997) pero, sobre todo, impulsó lo que llamaremos la ley de hierro de la cleptocracia: el pacto de impunidad.

En el sistema autoritario mexicano tradicional la corrupción fue “funcional” porque “está definida y al menos parcialmente aceptada tanto a los ojos de las masas como en las relaciones entre las élites”.³

Al entrar en un periodo de incertidumbre político-electoral sobre la permanencia o no de esta élite que desplazó a la vieja clase política, la corrupción se volvió “disfuncional” porque “le sirve a la élite no sólo para mantener el poder, sino para emplearla a gran escala y generar tensiones tanto al interior de ella, como reacciones activas y demostraciones pasivas como apatía o alienación” de los gobernados.⁴

El politólogo italiano Gianfranco Pasquino destaca un punto fundamental: la corrupción se vuelve disfuncional cuando hay “elementos externos al sistema político nacional, como es el caso del colonialismo o neocolonialismo”.⁵

Una cleptocracia se instala cuando se destruyen los cimientos institucionales y coincide con un proceso de captura del Estado (no sólo del gobierno, de algunos sectores políticos o de instituciones aisladas, sino de todo el Estado) por parte de las élites que se sienten doblemente amenazadas si las desplazan del poder.

Éste es el proceso de decadencia cleptocrática que describimos en este libro. Buscamos explicar el origen, los grupos tecnocráticos, las disputas entre ellos y los principales mecanismos de corrupción y sus grandes escándalos en los últimos seis años, ya que determinarán el desenlace de 2018 y los desafíos posteriores.

En el caso mexicano, las dos instituciones que fueron pilares de la arquitectura tradicional del sistema político fueron colapsadas por la cleptocracia desde la llegada del grupo salinista en 1982 y su ascenso en 1988: la presidencia de la República y el partido gobernante (PRI). Para ello contaron con un factor externo importante: un neocolonialismo activo a través de las tesis del Consenso de Washington y del neoliberalismo que desmanteló paulatinamente toda la herencia del Estado benefactor e interventor en la economía. Curiosamente, acusaron a ese viejo modelo de corrupto y autoritario. En 40 años la tecnocracia lo superó con creces.

A partir de 1997 y en especial desde 2000 la ecuación se volvió pluripartidista. Son los partidos gobernantes en los municipios y delegaciones capitalinas, en las entidades federativas, en las secretarías federales, en los congresos estatales y federal, en el Poder Judicial y en los órganos autónomos “capturados” por el reparto de las cuotas partidistas, los que se incorporaron a esta extensa red de cleptocracia, con algunas y muy raras excepciones.

La tecnocracia salinista se fracturó de forma escandalosa y violenta. Por un lado, un grupo comandado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, y por el otro, uno liderado por su sucesor Ernesto Zedillo, a raíz de la debacle económica de 1994-1995. La disputa afectó la institucionalidad del PRI y llevó a la conformación de núcleos feudales de poder en las entidades. Los grupos priistas vivieron un proceso de “cartelización”, similar al de las mafias de la droga.

El PRI perdió la presidencia de la República en 2000, pero la tecnocracia no fue derrotada. Por el contrario, se expandió entre los partidos políticos y las burocracias hasta convertir al sistema en un modelo de cleptocracia difícil de desmantelar. Los principales arquitectos de las finanzas estatales, de la política de desarrollo social, de desmantelamiento del modelo público y de privilegiar la violencia como mecanismo para enfrentar a los “malos” del crimen organizado son los mismos que han gobernado desde la época de Salinas de Gortari y Zedillo hasta Peña Nieto, pasando por Fox y Calderón.

En el gobierno de Felipe Calderón, producto de otro proceso electoral teñido por denuncias de fraude, una respuesta de la tecnocracia gobernante fue una violenta y sangrienta “guerra contra el narco”. Todos los indicios estadísticos y los hechos derivados de este enfrentamiento revelan que no sirvió para disminuir el negocio y las enormes ganancias de los cárteles de la droga, sino para multiplicarlos. El precio de la droga se encareció. Creció un negocio público-privado en torno a la seguridad. La urgencia de “blanquear” las utilidades crecientes del narcotráfico encontró una vía eficaz de hacerlo en las triangulaciones de fondos para las elecciones, al margen de la ley.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, que abordamos a detalle en este libro, terminó por completar la ecuación faltante: incorporar a la dinámica de la cleptocracia a aquellos grupos de poder regionales y trasnacionales que habían quedado fuera durante la alternancia panista o que fueron aliados en la operación de “compra” de la presidencia de la República.

La victoria de Peña Nieto en 2012 no fue el retorno del PRI a la presidencia de la República perdida 12 años antes, constituyó el ascenso de la cleptocracia regional más poderosa, expansiva y articulada de todas aquellas que sobrevivieron a la derrota priista: el grupo Atlacomulco.

No llegaron solos. Con el grupo Atlacomulco ascendió la tercera generación de la tecnocracia atrincherada en feudos estatales. Los gobernadores que más han robado al erario público comparten con Peña Nieto y con su brazo derecho, Luis Videgaray, un antecedente singular: también fueron secretarios de finanzas o responsables de la administración con los gobernadores que los impulsaron como parte de la “nueva generación” priista que llegó con el peñismo. Son los casos de Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte y otros que explicamos en el libro.

La tesis de este libro, por tanto, no busca predecir el triunfo de un candidato, sino destacar que la actual cleptocracia es una clara degeneración de la tecnocracia dominante y de su modelo económico neoliberal y profundamente autoritario.

La tecnocracia siempre será necesaria y juega un rol fundamental en el manejo de las instituciones, pero “debe ser administrada” por los políticos y hombres y mujeres de Estado, es decir, por quienes tienen la responsabilidad de velar por un bien público mayor, por mantener la gobernabilidad y rehacer la confianza y credibilidad perdida en las instituciones.

Este principio elemental es el que estará en juego en este 2018 y determinará si saldremos de esta cleptocracia para refundar un sistema político o si prolongaremos más la agonía.

¹ Norberto Bobbio et al., Diccionario de política, Siglo XXI, México, pp. 953-954.

² Ibidem, pp. 439-448.

³ Idem.

⁴ Idem.

⁵ Idem.

I

El origen: el ascenso de la tecnocracia

Corría el año de 1979. Revueltas sociales, revoluciones ideológicas, de liberación e incluso religiosas triunfaban y movían las piezas del tablero de la Guerra Fría. Una década después de las rebeliones juveniles, estudiantiles y antiautoritarias en París, Estados Unidos, México, Checoslovaquia y otras partes del mundo, el péndulo de la historia se movía hacia otro lado: un triunfante neoconservadurismo aliado con una poderosa maquinaria académica y financiera comenzaba a desmantelar el modelo de Estado benefactor o de “economía mixta”, como se le llamó desde distintos espacios de reflexión.

En julio de ese año Paul Volcker fue nombrado presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ordenó, de inmediato, medidas restrictivas para frenar la inflación a costa de lo que fuera. En unos cuantos meses remodeló la política monetaria de Estados Unidos. Su llegada anticipó la victoria del republicano Ronald Reagan, quien ascendió a la presidencia encabezando un proyecto hegemónico muy claro: derrotar en la carrera armamentista al “imperio del mal”, a la Unión Soviética —recién embarcada en una invasión a Afganistán—, e impulsar una política económica de grandes recortes fiscales y eliminación del modelo keynesiano. Reagan lideró una auténtica revolución conservadora y política que tuvo efectos inmediatos en México.

En Gran Bretaña, Margaret Thatcher era ya la primera ministra. Con ella inició un giro neoliberal: fuertes recortes al gasto público, retiro del Estado de importantes áreas económicas y desmantelamiento de un modelo corporativo y sindical de fuerte tradición en Inglaterra. La Dama de Hierro se volvió modelo y heroína para los economistas que ansiaban promover el mantra: “A menor Estado, mayor mercado”. Con esa fórmula buscaban revertir la crisis de un modelo de posguerra que funcionó para levantar a las viejas potencias europeas, pero había generado una fuerte decadencia de la socialdemocracia en el poder y fenómenos de corrupción por todos lados.

Ese mismo año el gigante dormido de Asia, la China de Deng Xiaoping, comenzó a despertar. Mao había fallecido en 1976. La prosperidad de Japón, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur presionaron a la potencia china para revertir décadas de atraso y aislamiento. Con enorme pragmatismo, el gobierno liberalizó la economía, pero mantuvo el control, y el posmaoísmo dio un viraje del colectivismo al capitalismo de Estado, conducido con un puño férreo por el gobernante Partido Comunista.

En el Medio Oriente se presagiaban cambios profundos de la mano de una transformación del mercado petrolero, dominado por los gigantes productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En Irán, también en 1979, triunfó una revolución islámica encabezada por el ayatolá Jomeini, que modificó la geopolítica en esta zona. Los acuerdos de Camp David —firmados entre Estados Unidos, Egipto e Israel— generaron una reacción inmediata en el islamismo político en todas sus vertientes. La Unión Soviética se embarcó en una guerra de invasión en Afganistán que destruyó la economía de ambos países, dejó más de un millón de muertos y aceleró la debacle soviética.

Una nueva era se gestó a punto de que arrancara la década de los ochenta. Comenzó en 1979 y alcanzó su auge en 1989, cuando Reagan, Thatcher, Helmut Kohl (canciller alemán) y Deng Xiaoping celebraron desde sus trincheras el derrumbe del modelo soviético, el fin de la Guerra Fría, el inicio de otro ciclo histórico marcado por las ideas de economistas como Milton Friedman y la filosofía ultraliberal de Friedrich Hayek. Llegábamos al “fin de la historia”, como proclamó en un ensayo provocador Francis Fukuyama, porque el liberalismo triunfador ya no tendría una antítesis.

En nombre de la libertad, se redujo la seguridad social. En nombre del mercado, se reforzaron los mecanismos represivos del Estado a cambio de favorecer al sector financiero y desplazar al viejo capital industrial. Comenzaba la era del libre comercio, del derrumbe de las barreras arancelarias, del proteccionismo, de la ronda de negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), la cual daría paso a la posterior conformación de bloques geoeconómicos y geopolíticos. Se pasó, entonces, de la Guerra fría a una guerra abierta entre los mercados emergentes y las economías industrializadas. La historia no llegaba a su fin, simplemente se abrían nuevos escenarios sobre viejos problemas estructurales.

Para que la “mano invisible” del mercado funcionara, era necesario colocar de manera visible al frente del Estado a una nueva élite de funcionarios expertos en el dominio del lenguaje neoliberal, adiestrados en las medidas monetaristas y proclives a sumarse a la ola de la guerra de los mercados; estos funcionarios buscarían que sus naciones se integraran a las potencias hegemónicas, promoverían al interior de sus países el desmantelamiento del “Estado obeso”, del “Estado paternalista”, e identificarían a un nuevo e inasible enemigo: el “populismo nacionalista”.

El monetarismo dejó de ser una corriente de conocimiento econométrico que abogaba por medidas de disciplina fiscal y monetaria para evitar enormes déficits. Se transformó en dogma. No era una variante de pensamiento económico sólida (como el keynesianismo), pero adoptó como gurú a Milton Friedman —profesor de economía de la Universidad de Chicago— y a otros académicos y politólogos, como el filósofo y economista vienés Friedrich von Hayek, enemigo férreo de la economía centralmente planificada y de los modelos socialistas.

Por la influencia de ambos personajes, surgieron los términos Chicago Boys —que se refiere a los seguidores de las tesis de Friedman, educados en la Universidad de Chicago— y neoliberal, para los partidarios de los estudios de Hayek. Los economistas y politólogos de esta generación se convirtieron en una cofradía multinacional, con un plan muy ambicioso y global para tomar el poder político.

La otra gran matriz de los tecnócratas fue la Universidad de Harvard, donde Samuel P. Huntington y otros pensadores estadounidenses encontraron la cuadratura al modelo: promover “democracias funcionales” al modelo monetarista y desmantelar o “capturar” a los sistemas políticos autoritarios, paternalistas, también llamados “populistas”, para convertirlos en aparatos al servicio del libre mercado.

La “promoción de la democracia” sirvió en algunos casos como caballo de Troya para impulsar ese modelo. En otras circunstancias, si el modelo autoritario funcionaba, con mucho mejor razón lo capitalizaban a favor del viraje promoviendo la “toma del poder”. Ésas eran las recetas de grandes politólogos como Huntington o de estrategas políticos como Henry Kissinger.

En 1973 el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile y la oleada de dictaduras en Brasil, Uruguay y Argentina sirvieron para demostrar que el neoliberalismo entraba por la puerta del autoritarismo militar. Los generales controlaban a la población y los tecnócratas aplicaban el modelo ensayado en las aulas de las universidades de Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania. La dictadura de Augusto Pinochet en Chile permitió ensayar el aterrizaje de estas tesis.

En México era muy costoso un golpe de Estado militar. No había condiciones políticas ni sociales para eso. El país padecía una “guerra sucia” contra grupos guerrilleros muy organizados en el sur y el norte del país. La derecha partidista estaba dividida. Las clases medias rechazaban los excesos autoritarios después de la matanza del 2 de octubre del 68 y el halconazo de 1971.

Al final del sexenio de Luis Echeverría, se propagó el rumor de un golpe militar a la luz del enfrentamiento entre el presidente y la iniciativa privada, pero la participación de los militares en la política había ido declinando desde Lázaro Cárdenas (22% de los cargos) hasta Echeverría (1.86%) y la subordinación de los altos mandos castrenses al presidente y al mando civil era total.¹

En México las estructuras a colonizar serían el Partido Revolucionario Institucional (PRI) —el “partido hegemónico” que había gobernado durante más de cinco décadas y evitado una nueva revolución social—, las altas burocracias políticas y el gabinete presidencial. Una callada revolución conservadora se gestó al interior de esas élites mexicanas.

La economía mexicana formó parte del Consenso de Washington, un conjunto de recetas que se convirtieron en paradigma internacional, con tres ejes centrales para un nuevo modelo de desarrollo:

a) El repliegue del “Estado obeso” de las áreas de la economía y —sobre todo— la disminución de su papel como eje de la industrialización nacional, regulador económico y responsable del otorgamiento de subsidios al consumo y a la producción.

b) La privatización de las compañías estatales, en una operación muy amplia para crear una nueva burguesía y élite empresarial de la mano de los tecnócratas.

c) La liberalización y apertura del comercio y de la inversión, es decir, la promoción del libre mercado y el fin del proteccionismo (al menos en los países periféricos), a condición de que sea aprobada por los organismos financieros internacionales.

LA REVOLUCIÓN NEOLIBERAL EN MÉXICO

El modelo de “Estado obeso” engendró a una clase política caracterizada por su corrupción. México no fue la excepción. Vinculada al nacionalismo, las empresas paraestatales y el proteccionismo, esta clase política amasó grandes fortunas desviando fondos públicos al amparo de la administración de un Estado benefactor y la impunidad.

Pero a partir del cambio de modelo se promovió a una nueva generación de políticos formados en universidades extranjeras, expertos en el manejo de las finanzas públicas, apoyados por los empresarios y los grupos de poder en franco desafío con el modelo anterior. Estos tecnócratas dejarían de ocupar un lugar subordinado en la administración pública. Escalaron desde los cargos tradicionales en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda hasta la cúpula del poder en nuestro país: la presidencia de la República y el dominio del PRI.

Antes de este cisma interno, los “técnicos” —que no tecnócratas, aún— jugaban un papel subordinado a los “políticos”, quienes provenían principalmente de las corporaciones de obreros, los grupos populares, campesinos y las organizaciones universitarias (en 90% pertenecientes al PRI), y en su mayoría eran abogados. La movilidad ascendente en el esquema burocrático se debía al padrinazgo, la lealtad y la habilidad personal.

Miguel Basáñez —en el primer estudio amplio en México sobre la disputa entre los grupos políticos— ubicó a los “técnicos” en un nivel subordinado y concentrado en las instituciones financieras públicas: Banco de México —creado en 1925 a iniciativa del fundador del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Gómez Morin—, la Secretaría de Hacienda, Nacional Financiera, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la Secretaría de Economía (que luego se convertiría en la Secretaría de Industria y Comercio, de 1958 a 1976; su principal titular fue Raúl Salinas Lozano —de 1958 a 1964—, padre del futuro presidente y líder de la tecnocracia: Carlos Salinas de Gortari).

Los técnicos surgieron de los estratos de la clase media o alta; su reclutamiento se realizaba a través de las instituciones de educación superior o de las áreas financieras de los sectores público y privado, y estaban regidos por dos grandes corrientes: monetaristas y estructuralistas.

La distinción entre ambas corrientes inició en 1944 con el establecimiento del orden financiero internacional de la posguerra: por un lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), dominados por la corriente monetarista que le da gran importancia al funcionamiento libre de los mercados y a los mecanismos de los precios, y por el otro, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que puso siempre el acento en una “intervención consciente” del Estado para regular la economía.

Históricamente, en México los monetaristas tuvieron a un líder ideológico y político que fue Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda en dos sexenios consecutivos (1958-1970), presidente del FMI y del Banco Mundial, impulsor de la carrera académica y política del propio Salinas de Gortari y padrino de muchos funcionarios y “técnicos”. Los estructuralistas, en cambio, estuvieron siempre más dispersos, sin un líder identificable y con la influencia nacional e internacional tan amplia como Ortiz Mena.

El ascenso de las secretarías “técnicas” a los centros neurálgicos del poder político provocó un auténtico cisma al interior de la élite gobernante de México. Esto ocurrió, en sintonía con los sucesos internacionales, en 1979.

El 21 de mayo de ese año renunció como secretario de Programación y Presupuesto Ricardo García Sainz, quien ocupó brevemente esta dependencia clave en el gabinete de José López Portillo. García Sainz sustituyó a Carlos Tello Macías, quien había dejado el puesto por haber estado en desacuerdo con la postura del entonces secretario de Hacienda, Rodolfo Moctezuma Cid, de aceptar la injerencia del FMI en la política interna; la disputa terminó con la renuncia de ambos funcionarios. Era un pleito de forma y fondo entre monetaristas y estructuralistas, que no pudo mediar López Portillo, quien en su política económica buscó conciliar ambas corrientes.

El estructuralismo, o cepalismo, plantea que frente al conflicto entre economías centrales (Estados Unidos) y las periféricas (América Latina) es necesario impulsar la productividad y apropiarse de los frutos del progreso tecnológico. Incomprendidos por las izquierdas —que los acusaron de promotores embozados del capitalismo— y despreciados por las derechas —que buscaban la plena integración a las economías centrales—, los cepalistas eran una amenaza para el avance de la agenda neoliberal y, en especial, de los monetaristas.

Por su parte, los monetaristas defendían la necesidad de un control de la inflación y de seguir los dictados del FMI. Fueron los promotores de una reconciliación con los poderosos empresarios del Grupo Monterrey, quienes terminaron confrontados con Echeverría a raíz del asesinato del patriarca Eugenio Garza Sada, cometido por guerrilleros de la Liga Comunista 23 de Septiembre en un intento de secuestro, y con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), ya dominado por el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre.

Esas dos corrientes irreconciliables mantuvieron la tensión en el gobierno de López Portillo, quien, si bien sabía mucho de teoría general del Estado, entendía poco de macroeconomía. López Portillo decidió abrir el “mercado político” con una de las primeras grandes reformas electorales (1977-1979) que modificaría a posteriori el modelo de partido único.

Las renuncias de Tello Macías en 1977 y la de García Sainz en 1979 fueron una victoria clara para la corriente monetarista, representada en ese entonces por Miguel de la Madrid, un economista que trabajó durante 14 años en los círculos financieros y hacendarios privados.

Junto con la llegada de Miguel de la Madrid a la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), en julio de 1979, ascendió un joven economista egresado de Harvard, Carlos Salinas de Gortari, nombrado secretario del gabinete económico en sustitución de Antonio Ugarte. No fue un simple cambio de estafeta. Con Salinas llegó un grupo muy compacto, mejor conocido como la “familia feliz”, que compartía una creencia firme en el monetarismo y una alineación muy clara al modelo promovido por Reagan y Thatcher.

Salinas provenía de esta doble estirpe que mencionamos: hijo del exsecretario de Industria y Comercio Raúl Salinas Lozano, quien aspiró a ser candidato presidencial en 1964, pero al final fue seleccionado Gustavo Díaz Ordaz, y, por otro lado, alumno y protegido de Antonio Ortiz Mena, poderoso exsecretario de Hacienda durante la era del desarrollo estabilizador y el enlace con los organismos financieros internacionales más importantes.

La mancuerna De la Madrid-Salinas redactó los dos grandes proyectos económicos nacionales que se convirtieron en la hoja de ruta del ascenso de la tecnocracia y de su proyecto neoliberal en los próximos años: el Plan Global de Desarrollo (1980-1982) y el Plan Nacional de Desarrollo (1982-1988). En ambos, los doctores en economía plasmaron las tesis aprendidas en las aulas estadounidenses: control estricto de los precios para frenar la inflación, reducción del gasto público y liberalización del mercado interno y externo.

Por razones propagandistas, no le llamaron neoliberalismo, sino modernización. Desplazaron al nacionalismo revolucionario, que sirvió como elemento de identidad del priismo, para promover la “solidaridad” y un ensayo poco creíble de readoctrinamiento denominado liberalismo social, en el sexenio de Salinas.

El ascenso de este grupo fue un auténtico golpe de Estado interno. Incruento, en apariencia, se valió de su principal elemento de fortaleza: la cohesión del “grupo compacto” frente a la dispersión y la disputa de los otros grupos y clanes políticos involucrados en escándalos de corrupción en un contexto internacional favorable para su ascenso, especialmente desde Estados Unidos.

No sólo tomaron el control de la Secretaría de Programación y Presupuesto, del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, sino que lograron desplazar del gabinete a dos poderosos políticos que se perfilaban como presidenciables: Porfirio Muñoz Ledo, quien renunció en 1978 a la Secretaría de Educación Pública, acusado de ser un aliado del echeverrismo, y Jesús Reyes Heroles, el cual dejó la Secretaría de Gobernación en 1979 tras impulsar la más ambiciosa reforma político-electoral de la historia priista.

La “administración de la abundancia” —alternativa al viejo modelo del desarrollo estabilizador— que prometió López Portillo degeneró en un escándalo de corrupción. Fue el primer gran registro de una crisis al interior de la élite política mexicana que se resolvió con una sucesión presidencial a favor de Miguel de la Madrid.

A diferencia de la “familia feliz” nucleada en torno a De la Madrid-Salinas y su “grupo compacto” de la SPP, el rival más poderoso al interior de la tecnocracia, David Ibarra Muñoz —secretario de Hacienda de 1977 a 1982—, carecía de un núcleo articulado que expandiera su influencia en otras áreas de la administración pública y mucho menos al interior del PRI. Incluso, dos de los principales colaboradores de David Ibarra —Jaime Serra Puche, subsecretario de Ingresos, y José Ángel Gurría, director general de Crédito Público— mantenían estrechos nexos con el “grupo compacto” salinista.

Ibarra tuvo razón en su agria disputa con la SPP: las cifras del enorme déficit público fueron maquilladas (490 mil millones de dólares), cuando —en realidad— ascendían a más de 600 mil millones de dólares. En sus memorias, Mis tiempos, López Portillo admitió que el secretario de Hacienda había tenido razón, pero ya se había decantado a favor de Miguel de la Madrid para la sucesión.

López Portillo vio claramente la disyuntiva, pero fue ingenuo ante lo que estaba en juego. El mandatario no pudo evitar la debacle, sino que formó parte de ella. Cuando declaró, en su último informe de gobierno, “ya nos saquearon, no nos volverán a saquear”, en realidad estaba asumiendo que una poderosa alianza entre tecnócratas y banqueros había arribado desde los centros financieros nacionales e internacionales a las posiciones más importantes del gobierno.

El grupo tecnocrático en ascenso le preparó, además, un duro y certero expediente de corrupción que lo involucraba a él, su familia, sus principales colaboradores y prominentes funcionarios del sector petrolero, como Jorge Díaz Serrano, entonces director general de Pemex, o el jefe de la policía capitalina, Arturo el Negro Durazo, quien, a su vez, fue el primer caso escandaloso y público de un funcionario con nexos con el crimen organizado.

A López Portillo le pasó lo mismo que a su antecesor, Luis Echeverría: no pudo garantizar la continuidad de su proyecto y de su élite, porque ya había sido derrotado el viejo modelo de Estado proteccionista e interventor ineficaz en el manejo de la economía, y había perdido la hegemonía ante el ascenso de la nueva tecnocracia, apadrinada fuertemente desde el exterior y aliada ya a los poderosos grupos empresariales y del corporativismo sindical priista, encabezados por Fidel Velázquez, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quizá el hombre más poderoso en aquel sistema político mexicano después del presidente de la República.

En medio de la crisis económica desatada en 1981-1982, Velázquez y el sindicalismo priista eran la mejor garantía de estabilidad, control del descontento obrero y preservación del sistema. Además, el líder sindical tenía otro rasgo de identificación con los tecnócratas y los grupos empresariales: la democratización del sistema no le interesaba; asimismo, los viejos disidentes legalizados con la reforma política del lopezportillismo (el partido comunista, los exguerrilleros y los sinarquistas) constituían una auténtica amenaza para el legendario hombre de las gafas oscuras.

LA CRISIS, SEGÚN LÓPEZ PORTILLO

El relato de López Portillo en Mis tiempos sobre lo sucedido en 1982 y la decisión de nacionalizar la banca y establecer el control de cambios a finales de agosto, la cual fue anunciada en su último informe de gobierno el 1 de septiembre, describe a un presidente acorralado y “manipulado” por su propio gabinete económico.

El 17 de febrero López Portillo tomó la decisión de que el Banco de México abandonara el mercado cambiario. Al día siguiente el presidente informó su golpe de mando y el gabinete económico tomó medidas en materia de gasto público, crédito, precios, salarios, comercio exterior e interior.

El 28 de febrero López Portillo redactó:

Hace ocho días entramos a esta vorágine. El dólar se ha ido para arriba, aunque hoy, a pesar de no ser un día propicio, le dimos un agarrón a los especuladores. El lunes les daremos otro más fuerte, para fijar en unos días más el precio entre 43 y 45, para estar subvaluados y tener un colchón para fin de año. Días de rumores. La clausura a los establecimientos que reetiquetaron dio frutos. Parece que doblan las manos y así iniciamos el control real de la inflación; pero de todas maneras van a ser fuertes.²

El optimismo del presidente, su último aliento en medio del caos, se transformó en profundo pesimismo. La devaluación brusca del peso no resolvió nada; por el contrario, agravó la crisis.

El 17 de abril López Portillo admitió en su diario:

Me da la impresión de que caímos del sartén a las brasas. Estoy incómodo y me siento manipulado. Nada se ganó con la devaluación y, contra mi decisión, seguimos perdiendo reservas. Tendré que hacer algo heroico a partir de la próxima semana.³

Tres días después, el 20 de abril, López Portillo afirmó que la crisis continuaba: “Caí en la trampa que quise evitar”, sentenció. Y, por primera vez, anotó que buscaba otras medidas “heroicas”, como la doble paridad “y aun la nacionalización de la banca”.⁴ Todo esto se planeó sin informarle al equipo del candidato presidencial: Miguel de la Madrid.

Para junio López Portillo mostraba en su carácter rasgos de paranoia. Acusó la existencia de una “campaña de desprestigio” que venía de Estados Unidos, de las agencias de inteligencia, “presentando a mi gobierno como de profunda corrupción y a mí como un sinvergüenza y nada menos que como el sexto hombre más rico del mundo”. Resolvió “quitarles la publicidad a las revistas que por sistema desprestigiaban al régimen, como Proceso, Impacto y Crítica Política”. Decidió vengarse con los mensajeros, no modificar el mensaje, no defenderse y menos admitir sus errores, sus excesos y que la disputa al interior del gabinete la había ganado el equipo de tecnócratas que encabezaba su sucesor.

Un día antes de la nacionalización de la banca anotó en su diario:

México ha sido saqueado. Al ir reuniendo los datos para el Informe, me fui dando cuenta a fondo de la gravedad del problema.

Por lo menos 14 mil millones de dólares en cuentas de mexicanos en Estados Unidos; 30 mil millones en predios, de los cuales ya han pagado 9 mil millones en enganches y servicios, 12 mil millones de mex-dólares.

He acordado, y lo anunciaré mañana, nacionalizar la banca y un control total de cambios.

Es increíble, toda la inversión extranjera, desde el origen de nuestra historia, llega a 11 mil millones de dólares, de los cuales 8 mil son estadounidenses. Cinco veces es más alta la inversión mexicana en el exterior. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco! Voy a actuar, tope en lo que tope.⁵

Y actuó. La nacionalización de la banca fue la última decisión del presidencialismo del viejo modelo derrotado, acorralado, intervenido. La crisis de la deuda externa (80 mil millones de dólares entonces) fue el pretexto ideal para que entrara el Fondo Monetario Internacional a “ordenar la casa” e imponer sus rígidas condiciones.

A siete lustros de distancia, esa misma crisis no se ha resuelto. Vuelve a ser una “olla de presión” a punto de explotar. En 1982 esa deuda ascendía a 80 mil millones de dólares y generó el derrumbe de la economía. Ahora, 35 años después, en mayo de 2017, las cifras de la deuda externa ascienden a 185 mil millones de dólares, según el Banco de México. Más grande y gravosa es la deuda pública interna que asciende a 5 billones 473 mil 800 millones de pesos, una auténtica bomba de tiempo que representa más de 50% del producto interno bruto (PIB).

El 13 de septiembre de 1982, ya como presidente electo, Miguel de la Madrid desayunó con López Portillo. Al respecto, esto dice en sus memorias:

Después del desconcierto inicial, tengo la impresión de que ya asimiló la medida y empieza a funcionarle dentro de su esquema de gobierno. Claro, fue totalmente inesperada y sin duda transformó muchas cosas que ya tenía resueltas […] Y es que fue un golpe seco del que todavía no se repone nadie. Ni yo mismo.⁶

El ataque contra López Portillo se debía a las acusaciones de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y nepotismo. Él mismo lo advirtió en su última nota, del 8 de noviembre de 1982, cuando recordó que Jorge Díaz Serrano le informó que tenía un documento, certificado, “del que resulta que un agente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, intentó cohechar a un testigo en el lío del soborno a Pemex para que involucrara al propio Jorge, al licenciado Herrera y a mí. ¡Desgraciados!”⁷

Así sucedió. López Portillo pasó a la historia no como el nacionalizador de la banca, el artífice de la “administración de la abundancia petrolera” o el que apoyó la apertura del sistema a través de la reforma política, sino por ser un emblema de la corrupción y de la ineficacia.

Su sucesor —Miguel de la Madrid— emprendió una campaña llamada “renovación moral de la sociedad”, cuyo principal ejecutor —Samuel del Villar— sólo pudo llegar a implementar algunos elementos superficiales. La corrupción de aquella época palidece frente a la que siguió con el ascenso de la tecnocracia y la que vivimos desde los tiempos de la doble alternancia PAN-PRI. Los grandes casos de la “renovación moral de la sociedad” son pequeñas muestras ante los desvíos multimillonarios de personajes como Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge o expedientes de triangulación financiera-empresarial que explicaremos en los siguientes capítulos. Tan sólo los análisis de la Auditoría Superior de la Federación en los años 2011-2015 del gobierno de Javier Duarte en Veracruz registraron un desvío de más 61 mil millones de pesos. De cada 100 pesos del gasto público, 85 tienen un destino incierto, tanto en el mandato de Duarte como en el de su antecesor Fidel Herrera, de acuerdo con la misma Auditoría Superior de la Federación.

A 35 años de distancia de aquel primer gran cisma queda clara la tesis de esta obra: la cleptocracia que hundió al viejo modelo fue superada con creces por la tecnocracia que tomó por asalto el poder y emprendió un modelo económico neoliberal, excluyente y profundamente autoritario en lo político y social.

La cleptocracia de estos tiempos es una clara degeneración de aquella tecnocracia que ascendió y buscó aliados en la vieja clase política. Su método no ha cambiado desde entonces: aprovechan la incertidumbre y las fuertes divisiones que genera el proceso de sucesión presidencial en un sistema político como el mexicano.

EL PLAN DELAMADRIDISTA

El Plan Nacional de Desarrollo —elaborado por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari— constituyó la postura más ortodoxa y monetarista que se había planteado hasta entonces para cambiar las bases del desarrollo económico del país.

La nueva política de gasto público sería guiada por los siguientes ejes: a) la reducción de la participación relativa en el servicio de la deuda, b) la disminución del déficit público, c) la contención del crecimiento de gasto corriente, d) el reforzamiento de la “dimensión social” del gasto, sin especificar mucho a qué se referían, e) la reestructuración de los subsidios o, en buen castellano, su eliminación y f) la reorientación de la inversión pública, que debería crecer a una tasa entre 8 y 10% anual.⁸

El desmantelamiento de las empresas paraestatales y la ola de privatizaciones iniciaron con Miguel de la Madrid y siguieron, implacables, hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto. En 1982 había mil 155 empresas paraestatales, de todo tipo, la mayoría ineficaces. Para 2006 quedaban sólo cinco de esas empresas.

Con el delamadridismo se privatizaron las empresas que no se consideraban estratégicas; entre ellas las de enseres electrodomésticos (Acros, Aceros Esmaltados, entre otras), empresas metalmecánicas (Grupo Rassini, Forjamex, Mecánica Falk), de refrescos y aguas minerales (Embotelladora Garci Crespo, Manantiales San Lorenzo), hoteles (El Presidente, Galería, Aristos, entre otros), ingenios y otras empresas que no tenían ningún papel esencial en la economía.

Asimismo, también se sentaron las bases para la devolución de la banca nacionalizada en 1982, mientras se creó un mercado paralelo de casas de bolsa, donde emergieron los futuros nuevos barones de la banca privada: Carlos Slim, Roberto Hernández, Carlos Cabal Peniche, entre muchos otros.

También se establecieron las bases para la apertura comercial. El gobierno de Miguel de la Madrid dio los primeros pasos para la integración plena con América del Norte. Si bien rechazó la iniciativa de Ronald Reagan de crear una zona económica estadounidense, aceptó el ingreso de México al GATT, al tiempo que cedió en el protagonismo diplomático que nuestro país tuvo en la guerra de Centroamérica.

En diciembre de 1987, en vísperas del inicio de la campaña presidencial del año siguiente, en medio de una nueva ola de crisis económica y especulación financiera, el gobierno de Miguel de la Madrid ordenó la firma del Pacto de Solidaridad Económica entre los “tres sectores”: empresarios, sindicatos y gobierno.

Aquí volvió a jugar un papel central el líder del corporativismo obrero priista, Fidel Velázquez, quien automáticamente se colocó como un interlocutor y aliado necesario de los tecnócratas para continuar el proyecto sin agudizar la fractura priista que ya se había dado ese mismo año con la salida de la Corriente Democrática.

El Pacto de Solidaridad Económica —que “expropió” el término solidaridad, utilizado por ciudadanos y activistas tras los sismos de 1985— implantó los cimientos para el futuro control de los sectores productivos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El titular de la SPP en turno —Pedro Aspe— comenzó a tener un papel protagónico en el seno de la tecnocracia, la cual había tomado el control de los ejes más importantes de la política económica.

Los escándalos de corrupción del primer círculo presidencial no fueron tan espectaculares en el sexenio de Miguel de la Madrid como en el de su antecesor José López Portillo, pero las consecuencias de la narcopolítica y la guerra contra las drogas quedaron claramente en evidencia con dos acontecimientos que cimbraron a la élite gobernante: los asesinatos del periodista Manuel Buendía —el columnista político más célebre de ese momento— y del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

Sin relación aparente, ambos crímenes marcaron un parteaguas en la historia de la “guerra contra las drogas” y la penetración del crimen organizado en las altas esferas del poder, justo en paralelo con el ascenso de la tecnocracia.

La noche del 30 de mayo de 1984 Manuel Buendía —autor de la columna Red Privada— fue asesinado por Rafael Moro Ávila, nieto del legendario general Maximino Ávila Camacho y exagente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del gobierno. El autor intelectual —según el expediente oficial— resultó ser José Antonio Zorrilla, titular de la propia DFS e involucrado en la red de agentes que protegían a los capos de la droga, encabezados en ese entonces por Miguel Ángel Félix Gallardo.

Antes del asesinato de Buendía, el periodista estadounidense Jack Anderson —columnista en The Washington Post— publicó que el presidente De la Madrid había hecho un depósito secreto de millones de dólares en un banco suizo.

“Los malquerientes de Buendía, a quienes De la Madrid prestaba oídos, dijeron que el informe de Anderson le había sido enviado por Buendía, que no encontró la ocasión propicia para ventilarlo él mismo en Red Privada”, escribió Miguel Ángel Granados Chapa, en su libro póstumo sobre el crimen del columnista.⁹

En su último libro, La CIA en México (Océano, 1983), Buendía realizó una compilación de sus columnas relacionadas con las actividades de los servicios de inteligencia estadounidenses en México. Dio suficientes pistas para entender que el negocio del narcotráfico en nuestro país era consentido por la CIA y que de ahí se obtenían los recursos para financiar a la contrarrevolución sandinista. Algo que se confirmó posteriormente con el escándalo Irán-Contras en el gobierno de Reagan.

Un año después del crimen de Buendía el agente de la DEA Enrique Camarena Salazar fue asesinado en México y generó el peor episodio de tensión diplomática entre nuestro país y Estados Unidos. Oficialmente, los autores del crimen fueron los narcotraficantes Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, Don Neto, los tres capos más importantes hasta entonces del cártel de Sinaloa.

La Operación Leyenda montada por la DEA para dar con los máximos responsables del crimen de Camarena prosigue hasta la fecha y enlaza con las hipótesis que desde 1984 planteó Buendía en sus columnas: la complicidad y corrupción de agentes de la policía política mexicana (la DFS) y la policía judicial (Guillermo González Calderoni) con la CIA y con poderosos padrinos políticos involucrados en el trasiego de drogas y armas.

El ascenso de la narcopolítica en México se dio de manera simultánea al de la tecnocracia y llegó hasta al primer núcleo de la élite política mexicana. A fin de cuentas, tanto el crimen organizado como los Chicago Boys mexicanos aprovecharon la máxima del libre mercado y la apertura de fronteras. No sólo fue una “economía moderna” la que instauraron, sino también una “economía criminal” paralela y, en muchos sentidos, vinculada al control de los centros neurálgicos del poder político. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se confirmarían los niveles peligrosos de desestabilización y cleptocracia alcanzados a raíz de la fusión entre capos de la droga, políticos y agentes estadounidenses, como se deduce de expedientes tan complejos como el propio asesinato de Buendía o el Caso Camarena que destapó la disputa soterrada entre la CIA y la DEA por sus distintos enfoques ante el narcopoder.

Para que ambos lados de la ecuación funcionaran necesitaban lo mismo: verticalidad y autoritarismo en las decisiones a tomar. Ni la tecnocracia ni la cleptocracia derivada del crimen organizado se pueden explicar ajenos a este periodo histórico que está a punto de concluir.

Para que ambos lados de la ecuación funcionaran necesitaban lo mismo: verticalidad y autoritarismo en las decisiones a tomar.

¹ Véase Miguel Basáñez, La lucha por la hegemonía en México 1968-1980, Siglo XXI, México, p. 58.

² José López Portillo, Mis tiempos. Biografía y testimonio político, Fernández Editores, México, 1988, p. 1180.

³ Ibidem, p. 1200.

⁴ Ibidem, p. 1203.

⁵ Ibidem, p. 1232.

⁶ Ibidem, p. 1253.

⁷ Ibidem, p. 1270.

⁸ “Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988”, en Antología de la planeación en México, vol. 10, Fondo de Cultura Económica / Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 2000.

⁹ Buendía: El primer asesinato de la narcopolítica en México, Grijalbo, México, p. 19.

II

Las disputas de la tecnocracia en la sucesión

En noviembre de 1981, ante el inicio de la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari abandonó el puesto de secretario técnico del gabinete económico para dirigir el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI.

Desde ahí enroló a su causa a viejos compañeros de estudios: Manuel Camacho Solís y Emilio Lozoya Thalmann, con quienes fundó la agrupación Asociación Política, A. C. Los funcionarios son hijos de dos destacados médicos militares: Manuel Camacho López y Jesús Lozoya Solís; esta cercanía con el mundo militar también la tenía Salinas, quien era sobrino de otro médico militar, Eduardo de Gortari Carbajal; los tres formaron un trío de amigos en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), contraparte de sus condiscípulos de izquierda: Pablo Gómez y Eduardo Valle, el Búho, y contemporáneos de Hugo Andrés Araujo y Gustavo Gordillo.

En el IEPES, Salinas reclutó también a Luis Donaldo Colosio, coordinador de la subcomisión de Gasto y Financiamiento (1982-1983) y después diputado federal (1985-1988), y a Ignacio Pichardo Pagaza, exsecretario de Gobierno en la administración de Hank González como gobernador en el Estado de México (1969-1975). Colosio y Pichardo serían los contactos en el Congreso del futuro titular de la SSP.

Salinas incorporó al IEPES a investigadores con amplias cartas de recomendación en los círculos financieros privados, entre los que se encontraban Jaime Serra Puche y Pedro Aspe, ambos integrantes de la SPP y, después, de su gabinete presidencial; Ernesto Zedillo, quien trabajó en el Fideicomiso de Cobertura de Recursos Cambiarios (Ficorca) del Banco de México y fungió como subsecretario de la SPP (1987-1988), así como los politólogos Otto Granados Roldán, Patricio Chirinos y José Luis Lamadrid. También sumó a su causa al entonces presidente del consejo consultivo priista, Enrique González Pedrero, y al periodista José Carreño Carlón.

Desde el IEPES, Salinas compactó una camarilla propia dentro de la misma matriz delamadridista. El grupo actuó como bloque sólido durante todo el sexenio de 1982 a 1988 y fue copando los puestos clave no sólo de decisión económica y financiera, sino de política interna y exterior.

Salinas, a diferencia de su mentor Miguel de la Madrid, decidió también hacer una fuerte alianza con el político-empresario más poderoso de la clase política mexicana: Carlos Hank González, cabeza del grupo Atlacomulco, exgobernador del Estado de México y exregente de la capital del país durante el sexenio de López Portillo.

La alianza de los tecnócratas con Hank González fue vital no sólo en términos de expansión política del grupo, sino también para la creación de alianzas económicas. Junto con Hank se adhirieron al proyecto salinista políticos del viejo modelo, reconvertidos en operadores de la tecnocracia: Fernando Gutiérrez Barrios, el poderoso jefe de la DFS durante el sexenio de Díaz Ordaz y gobernador de Veracruz (1986-1988); Víctor Cervera Pacheco, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), priista y cacique político de Yucatán; Enrique Álvarez del Castillo, gobernador de Jalisco (1983-1988); los Rojo Lugo, poderosa dinastía política del estado de Hidalgo; Patrocinio González, gobernador de Chiapas (1988-1993), cuya cercanía personal con la familia Salinas provenía de la amistad de su padre Salomón González Blanco con Raúl Salinas Lozano.

El caso de Fidel Velázquez merece una mención especial. El poderoso dirigente de la CTM había apostado por Alfredo del Mazo González, secretario de Energía, Mina e Industria Paraestatal (SEMIP) en el gabinete de Miguel de la Madrid y exgobernador del Estado de México y aspirante presidencial como su padre —Alfredo del Mazo Vélez (en el sexenio de Miguel Alemán)—. Del Mazo González pactó una alianza con Velázquez. El líder cetemista recelaba de Salinas y, en especial, de su estratega político, Manuel Camacho Solís.

En su ensayo, “El poder: Estado o ‘feudos’ políticos”,¹ Camacho planteó como tesis central que el empirismo político que había predominado en la clase gobernante mexicana había sido superado y era necesario elaborar otro proyecto social con una posición teórica y estratégica diferente.

Para Camacho era necesario constituir “un grupo compacto, organizado, eficaz en cuanto a claridad y capacidad de dirección”. Asimismo, sugirió “combatir a los feudos” que “impiden superar el empirismo prevaleciente en la conducción del Estado”. Uno de esos “feudos” a los que debía combatirse era, sin duda, la CTM y Fidel Velázquez, la “aristocracia obrera”, junto con los núcleos financiero, industrial, comercial, regional y los medios de comunicación que impiden la modernización.²

Con las tesis camachistas, las redes de influencia tecnocráticas, el manejo del presupuesto y la alta capacidad para la intriga, el “grupo compacto” salinista preparó desde esa campaña de 1981 su ascenso hacia la presidencia, que tendría lugar siete años después.

Salinas tenía el poder del picaporte con el presidente De la Madrid. Mantuvo una férrea alianza con el secretario particular de Miguel de la Madrid, Emilio Gamboa Patrón, que le permitió cerrarle el paso a futuros rivales en la sucesión de 1988, como Manuel Bartlett, secretario de Gobernación durante todo el sexenio delamadridista; el propio Alfredo del Mazo, muy cercano a los afectos del presidente De la Madrid, o el secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog.

Además, contó con el apoyo de los cuadros jóvenes priistas, provenientes del echeverrismo, que se transformaron en los operadores del salinismo dentro del PRI y en las entidades: Manlio Fabio Beltrones, colaborador cercano a Gutiérrez Barrios que se convertiría en gobernador de Sonora durante el sexenio de Salinas; Roberto Madrazo Pintado, hijo de un exgobernador de Tabasco que jugó un papel esencial para someter al PRI a las necesidades del salinismo y luego fue un poderoso polo de atracción de los grupos priistas de “línea dura” contra el zedillismo; Beatriz Paredes Rangel y María de los Ángeles Moreno —ambas provenientes de las juventudes del echeverrismo—, legisladoras y dirigentes del priismo capitalino que fueron esenciales para el proyecto de expansión del salinismo. María de los Ángeles Moreno, además, fue subsecretaria de Desarrollo Social y Regional (1986-1988) en la SPP, bajo las órdenes de Salinas.

Otros aliados importantes para el salinismo en el gabinete de Miguel de la Madrid fueron Rogelio Montemayor, subsecretario de Planeación y Desarrollo en la SPP (1982-1985) y luego gobernador de Coahuila (1993-1999); Sócrates Rizzo, director general de política económica y social (1983-1985) y también gobernador de Nuevo León (1991-1996), “tierra adoptiva” de Salinas; los hermanos Francisco y Carlos Rojas Gutiérrez, el primero se desempeñó como director de Pemex durante ocho años (con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas) y el segundo como subsecretario de Desarrollo Regional en la SPP y luego coordinador general del importante Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol).

En el seno de la SPP, un académico de origen francés —José Córdoba Montoya— ocupó un papel decisivo en la influencia de Salinas. Fue director general de Política Económica y Social (1982-1983 y 1985-1987), muy cercano a Patricio Chirinos, director general de Delegaciones de la SPP (1982-1987) y luego gobernador de Veracruz (1992-1998).

Otro ingrediente fundamental en este proceso de ascenso de los salinistas fue la alianza emprendida y el apoyo explícito que recibieron de los centros neurálgicos del poder en Estados Unidos: la Casa Blanca, la Reserva Federal, los organismos de inteligencia y los grandes corporativos empresariales y energéticos apadrinaron en privado y en público la llegada de estos jóvenes educados en sus universidades.

La tecnocracia salinista se convirtió no sólo en una élite, sino en operadora del Consenso de Washington. Su expansión y poder llegan hasta nuestros días, aunque sus propias contradicciones y ambiciones los han llevado a emprender guerras políticas soterradas o abiertas en cada sexenio.

Salinas de Gortari se benefició de los cambios en el gabinete de Miguel de la Madrid. Por ejemplo, tras las renuncias de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), Marcelo Javelly Girard (1982-1985) y Guillermo Carrillo Arena (1985-1986), así como de Jesús Silva Herzog, su rival en la Secretaría de Hacienda, el titular de la SPP logró colocar a personajes de su “grupo compacto”: Camacho sustituyó a Carrillo Arena en medio de la crisis derivada de los sismos de 1985; mientras que Gustavo Petricioli, un economista de los círculos financieros privados, ocupó el lugar de Silva Herzog y cedió el control económico al titular de la SPP.

RUPTURA Y COOPTACIÓN DEL SALINISMO

La gran operación de la “toma del poder” de los salinistas no estuvo exenta de graves problemas. En 1987 se produjo la primera gran fractura contemporánea del PRI con la salida de la Corriente Democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del símbolo máximo del nacionalismo (el general Lázaro Cárdenas) y opositor de las tesis neoliberales; Porfirio Muñoz Ledo, un funcionario de amplia formación técnica, política y diplomática que estuvo en dos gabinetes consecutivos (Echeverría y López Portillo) y se desempeñó como embajador de México ante las Naciones Unidas; el profesor Rodolfo González Guevara, quien inició con la oposición dentro del partido al encabezar la Corriente Crítica, y la maestra Ifigenia Martínez, mentora de las generaciones recientes de economistas de la UNAM, incluyendo a los salinistas que estudiaron con ella.

La rebelión al interior del PRI no sólo fue una reacción ante la tecnocracia que había impuesto a rajatabla su modelo neoliberal, sino también una acción a favor de la democratización del partido gobernante y del sistema político en general. La demanda central de los integrantes de la Corriente Democrática era abrir la elección del aspirante a la presidencia de la República a las “bases” del priismo, a sabiendas de que los salinistas no iban a ganar por sus impopulares medidas ante la recesión económica.

La democratización del PRI era una consecuencia lógica del despertar electoral del neopanismo en el norte del país, especialmente en las elecciones de 1986 en Chihuahua, así como de la reacción de la sociedad civil y de las clases medias mexicanas ante los sismos de 1985 en la Ciudad de México, que representaron una anticipación del cisma priista.

En paralelo, la izquierda partidista —independiente al PRI— venía de un proceso de fusión de varias organizaciones que dieron origen al Partido Mexicano Socialista (PMS), el cual promovía un nacionalismo libertario y contrapuesto a las tesis tecnocráticas. El PMS fue la unión del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) —heredero directo del Partido Comunista que participó en la elección presidencial de 1982, con Arnoldo Martínez Verdugo como candidato, el primer gran renovador de la izquierda heredera del comunismo— y el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), fundado por el ingeniero Heberto Castillo, uno de los defensores ideológicos del nacionalismo y profesor universitario que apoyó el movimiento del 68; en los sesenta, Castillo participó en la fundación, junto con el general Lázaro Cárdenas, entre otros, del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), y fue adversario de organizaciones comunistas y de otras agrupaciones sindicales, populares, de corte maoísta, así como de múltiples movimientos sociales, incluyendo el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), creado en la UNAM en 1986.

En la campaña electoral de 1988 se produjo lo inevitable: la declinación de Heberto Castillo, candidato presidencial del PMS, ante Cuauhtémoc Cárdenas, quien rompió con el PRI y fue nominado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) —un viejo partido satélite priista organizado por exmilitares— y el Partido Popular Socialista (PPS) —otro de los partidos llamados “paraestatales”, heredero del lombardismo—, los cuales conformaron el Frente Democrático Nacional (FDN).

Un poderoso polo electoral de izquierda y nacionalista aglutinado ante Cuauhtémoc Cárdenas y otro liderado por Manuel J. Clouthier —candidato presidencial del PAN, quien provenía del empresariado que rompió con el priismo después de las devaluaciones del 82— plantearon la posibilidad real de que el tricolor perdiera las elecciones del 6 de julio con Carlos Salinas de Gortari, el más impopular de los aspirantes presidenciales y artífice de las medidas de recortes presupuestales y de la imposición del Pacto de Solidaridad Económica que obligó a congelar salarios, evitar huelgas y recortar severamente el presupuesto al gasto social.

El ascenso al poder en 1988 de Carlos Salinas de Gortari estuvo acompañado de la mayor sospecha de fraude electoral que se había conocido hasta entonces. La “caída del sistema”, las múltiples irregularidades documentadas por primera vez por ambos partidos opositores y la sospecha de una fractura mayor marcaron la llegada a la presidencia de la República del grupo tecnocrático más sólido, cohesionado y de mayor ambición de permanencia.

Por esta razón, la toma del poder de los salinistas se caracterizó por la doble dinámica de cooptación y ruptura: trataron de incorporar a los intelectuales y dirigentes de la izquierda y de la derecha antipriista para impedir una alianza entre Cárdenas, Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra (candidata presidencial del PRT); al tiempo que rompieron y persiguieron a los viejos “feudos” priistas, los cuales —ellos sospechaban— los habían traicionado o necesitaban sacrificar para legitimarse: ahí están los casos de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, el cacique del sindicato petrolero, y Carlos Jonguitud Barrios, líder del poderoso sindicato magisterial, clave en la operación electoral del país.

Salinas trató de fundar un “neocorporativismo” tecnocrático que le permitiera relevar a la vieja “aristocracia obrera”, encabezada por el declinante poder de Fidel Velázquez, y de manera simultánea estableció una estructura político-electoral paralela al modelo priista y funcional a las clientelas que creó con el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), de donde surgieron los principales cuadros del Movimiento Territorial del PRI y el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, y cuyo fundamento ideológico eran las tesis del “liberalismo social”, las cuales sirvieron para maquillar la acusación de “neoliberales”.

Al mismo tiempo, su operación de cooptación más ambiciosa se dio con el PAN. Salinas rompió el bloque Cárdenas-Clouthier-Ibarra que había solicitado la “limpieza” o la “anulación” de las elecciones de 1988, negociando una “legitimación de facto” con el dirigente nacional del PAN —Luis H. Álvarez—, con su influyente asesor Carlos Castillo Peraza y con el líder de la bancada de diputados —Diego Fernández de Cevallos—, a cambio de darle posiciones de poder al panismo y crear la ilusión óptica de un “bipartidismo funcional” a la tecnocracia.

De esta manera, Salinas reconoció el triunfo del candidato panista Ernesto Ruffo en Baja California en 1989, y también los de Carlos Medina Plascencia en Guanajuato y Francisco Barrio Terrazas en Chihuahua; asimismo, operó con Fernández de Cevallos y con Castillo Peraza las reformas constitucionales más importantes de ese sexenio que permitieron la entronización del modelo neoliberal y las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá.

Toda esta operación ambiciosa se quedó a medias porque no concluyó en la democratización del sistema político, sino en un maquillaje de bipartidismo selectivo que benefició al salinismo. Lo que se mantuvo intacto fue el control férreo de los tecnócratas sobre las decisiones de política económica, como las privatizaciones de la banca, las telecomunicaciones, la televisión, la apertura parcial de Pemex a la inversión privada, las negociaciones del TLCAN con Estados Unidos y Canadá y el restablecimiento de relaciones entre la Iglesia y el Estado, con lo que ganó a un poderoso aliado: la jerarquía católica.

Salinas no pudo consolidar un “neocorporativismo” que desplazara a los viejos líderes priistas. Impulsó la creación de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (Fesebes), encabezada por el dirigente rebelde de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, quien terminó siendo un aliado fundamental del salinismo para desplazar a Fidel Velázquez como interlocutor del poder. No lo logró. Velázquez movió todas las piezas posibles y, viejo lobo de mar, el líder de la CTM consolidó una alianza con el más poderoso secretario de Hacienda que existió hasta entonces: Pedro Aspe.

La alianza Velázquez-Aspe no fue un despropósito en la naturaleza del sistema político mexicano. Los extremos tienden a unirse: por un lado, el patriarca corporativo más importante durante los últimos 50 años, y por el otro, el funcionario más capacitado y poderoso de la tecnocracia. Esa alianza no podía ser bien vista por Salinas por una razón fundamental: el interés de perpetuarse en el poder, como un nuevo “maximato de la tecnocracia”.

Asimismo, Elba Esther Gordillo, lideresa del sindicato de maestros, se transformó en una pieza fundamental del salinismo para garantizar el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero no evitó el crecimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que surgió con la demanda de democratizar el sindicato y protagonizó movilizaciones importantes en Chiapas, Oaxaca, el Estado de México y la Ciudad de México.

Salinas también le cerró toda posibilidad de crecimiento electoral al Partido de la Revolución Democrática (PRD), creado a partir de la fusión del Frente Democrático Nacional (FDN) y el PMS en 1989. Durante su gobierno, se desencadenó una persecución de los militantes del PRD que derivó en expedientes de más de 500 perredistas fueron asesinados, sobre todo en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Muchos líderes que antes apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas, optaron por la ruta de la “cooptación voluntaria” en el sexenio de Salinas de Gortari.

LOS DESAFÍOS DEL NARCO

El flanco más delicado de la operación política del salinismo se dio en el terreno del narcotráfico. El asesinato en 1985 del agente de la DEA> en México, Enrique Camarena Salazar, dio luz verde al incremento de la injerencia de Estados Unidos en la política interna mexicana, con el consentimiento de Salinas de Gortari. Ejemplo de esto fue el secuestro del doctor Humberto Álvarez Machain, en 1991, en plenas negociaciones del TLCAN, ordenado por la Casa Blanca para trasladarlo a Estados Unidos con el fin de juzgarlo por su complicidad en el asesinato del agente Enrique Camarena. Esto demuestra hasta qué punto se estaba dispuesto a ceder soberanía para contar con el aval de Estados Unidos.

Salinas dio otros “golpes espectaculares” para ganar legitimidad y el favor de Estados Unidos en el terreno de la “guerra contra las drogas”, como la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, capo del cártel de Sinaloa y jefe de Rafael Caro Quintero a quien la DEA acusó de ordenar el asesinato de Camarena, así como de los hermanos Arellano Félix y de los narcotraficantes en ascenso Héctor Luis el Güero Palma, Joaquín el Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, e Ismael el Mayo Zambada.

El encarcelamiento de los principales líderes del cártel de Sinaloa que protagonizaron en la década de los ochenta el ascenso de este grupo, quienes tenían una interlocución privilegiada con los capos de Colombia, provocó la fragmentación de la organización primero en múltiples plazas (Tijuana, Mexicali, Tecate, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, etc.), que después se consolidarían en organizaciones familiares.

Entre esas organizaciones familiares la más destacada fue la de los hermanos Arellano Félix, asentados desde 1984 en Tijuana, quienes se convirtieron en los grandes proveedores de cocaína a Estados Unidos por esta ruta. La plaza de Tijuana fue disputada toda la década de los noventa entre los Arellano Félix y Héctor Luis el Güero Palma, Joaquín el Chapo Guzmán y Amado Carrillo, quienes contaban con el apoyo de diversos grupos policiacos y comandantes militares.

En medio de la fragmentación de los sinaloenses, quien creció también desde la otra ciudad fronteriza —Ciudad Juárez— fue Amado Carrillo Fuentes, sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, discípulo de Rafael Aguilar Guajardo en la DFS (el semillero de los capos). En el sexenio salinista Carrillo Fuentes fundó la empresa Taxis Aéreos del Centro (Taxceno), a través de la cual se trasladarían miles de toneladas de cocaína procedente de los hermanos Rodríguez Gacha, del cártel de Cali, en Colombia. De ahí el apodo, el Señor de los Cielos.

El poder de Carrillo Fuentes creció con acuerdos muy claros de corrupción y protección con Guillermo González Calderoni —comandante de la Policía Judicial federal (PJ)—, luego con Adrián Carrera Fuentes —director de la PJ— y finalmente, bien entrado el sexenio de Zedillo, con una red de generales: Jorge Maldonado Vega, Jesús Gutiérrez Rebollo, Arturo Cardona, Alfredo Navarro Lara, Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo, según los distintos relatos y expedientes judiciales abiertos durante este periodo.³

En paralelo, el Chapo Guzmán y el Güero Palma se asociaron con Ismael el Mayo Zambada y crearon otro cártel que desplegaría su poder en la primera década de 2000 —en los dos sexenios panistas— y hasta avanzado el sexenio de Enrique Peña Nieto. Las rutas del narcotráfico en Arizona y Sonora fueron controladas por Guzmán, Palma y Zambada, aunque en confrontación constante con los Arellano Félix y recelosos de Carrillo Fuentes, quien entre 1993 y 1997 fue el capo indiscutible de esta red familiar de Sinaloa y de corrupción surgida en la DFS.

La cuarta ruta que estaba “libre” fue el germen del nuevo cártel surgido durante el salinismo: el cártel del Golfo, con sede en Tamaulipas, desde donde extendió su control hacia Veracruz, Tabasco y otras zonas del país, incluyendo el sur.

Durante décadas el personaje que controló el contrabando de todo tipo en Tamaulipas fue el legendario Juan N. Guerra, amigo de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, el cacique del poderoso sindicato petrolero, y con buenas relaciones con Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos y Raúl Salinas de Gortari y patriarca de este clan familiar, de acuerdo con el relato de los investigadores del origen del crimen organizado en Tamaulipas.

El sobrino de don Juan N. Guerra, Rafael Aguilar Guajardo —exagente de la DFS también—, se convirtió en el responsable de las plazas de Juárez y Nuevo Laredo. Cuando en 1993 Aguilar Guajardo fue asesinado, el mando de Tamaulipas lo tomó Juan García Abrego, de la mano de Guillermo González Calderoni. El liderazgo de García Abrego sólo se extendió un poco más allá del sexenio salinista, pero consolidó al cártel del Golfo, del que se desprendió otro cártel más sanguinario y peligroso: los Zetas, conformado por elementos desertores del ejército que habían recibido entrenamiento de élite.

El enfrentamiento entre estos grupos criminales —con apoyos políticos y militares en cada una de sus áreas regionales de influencia— fue el gran desafío del narcopoder a los grupos e instituciones tradicionales, que durante el salinismo operaron bajo las tesis del libre mercado y la apertura de fronteras.

La primera señal del grado de influencia y la desestabilización provocada por los cárteles de la droga durante el salinismo se produjo en mayo de 1993 con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en el aeropuerto de Guadalajara, el cual, de acuerdo con la versión oficial, fue cometido por sicarios de los Arellano Félix que lo confundieron con su rival el Chapo Guzmán.

La huida y posterior detención de Joaquín el Chapo Guzmán marcó un antes y un después en la historia del cártel de Sinaloa. Mientras que el crimen del cardenal Posadas fue el inicio del declive de los poderosos hermanos Arellano Félix. El más beneficiado del enfrentamiento entre estos personajes fue Amado Carrillo Fuentes, quien se mantuvo como el gran capo hasta 1997, a la mitad del sexenio de Zedillo.

La fragmentación de los liderazgos del narcotráfico en México estuvo estrechamente ligada a las tesis del libre mercado del modelo salinista. En esencia, la arquitectura contemporánea de los cárteles surgió durante el salinismo y se “repartieron” el territorio nacional con la misma lógica y dinámica que los cárteles de otras industrias económicas.

Mientras se simulaba o aparentaba junto con Estados Unidos que se encarcelaba a los grandes capos de los setenta y ochenta, en realidad se reestructuraban las rutas del comercio de la droga. La tecnocracia no expulsó a los líderes del narcotráfico del sistema político. Por el contrario, los integró y les dio un poder que no tuvieron antes en el viejo sistema político “nacionalista” y “populista” del priismo: se convirtieron en factores y actores reales de poder.

Desde el salinismo quedó claro que no basta con encarcelar o detener a un capo si la estructura económica y financiera de los cárteles queda intacta. Lo único que se provocó fue una mayor fragmentación y una disputa cada vez más violenta entre los distintos sucesores que expandieron su lógica de capitalismo salvaje y criminal hacia otras áreas igual o más “rentables” que la droga: el secuestro, el robo de combustibles, el “cobro de piso”, su transformación en un Estado paralelo.

CRIMEN DE COLOSIO Y ASCENSO DE ZEDILLO

La segunda y más peligrosa señal del ascenso del narcopoder en la era de la tecnocracia se produjo con el asesinato del candidato presidencial salinista, Luis Donaldo Colosio, la mañana del 23 de marzo de 1994 en plena campaña por la presidencia en un mitin en Tijuana, territorio dominado por los Arellano Félix, y después de haberse dado a conocer múltiples versiones filtradas a la prensa de que se había negado a pactar con el cártel del Golfo y con el poderoso “hermano incómodo” Raúl Salinas de Gortari.

El crimen de Colosio se produjo después del golpe de imagen más brutal para el salinismo triunfador: el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994, en Chiapas, y el surgimiento de una figura carismática, vocero de los alzados, que terminó acaparando la atención nacional e internacional: el subcomandante Marcos.

La violencia durante los 12 días del levantamiento zapatista en Chiapas obligó a Salinas de Gortari a mover las piezas de su sucesión presidencial, perfectamente planeada y calculada, con la idea de mantener la hegemonía de su grupo tecnocrático por 24 años.

El exregente capitalino, Manuel Camacho Solís, quien se rebeló por la designación de Luis Donaldo Colosio como candidato presidencial priista, fue rehabilitado como negociador del gobierno federal frente al EZLN. El protagonismo de Camacho opacó la campaña de Colosio y la rivalidad surgida entre ambos alimentó las especulaciones de que Salinas jugaba a dividir la campaña colosista para relevarlo “de última hora” y nombrar a Camacho.

La confrontación entre Colosio y Camacho —piezas clave del “grupo compacto” salinista— también demostró un elemento esencial de la crisis de cohesión de las élites mexicanas: el partido que se fundó para dirimir en forma institucional las querellas de la clase política (PRI) estaba rebasado ante las ambiciones de los grupos de cada uno de los precandidatos del salinismo. Las reglas del juego dentro del PRI no sólo estaban alteradas, sino pervertidas por el propio jefe de la tecnocracia, Carlos Salinas de Gortari.

Si en 1988 la ruptura vino del lado de una corriente opositora a la nueva y pujante tecnocracia, en 1994 se presentó por partida doble: en forma violenta ante el estallido guerrillero del EZLN y en forma soterrada y más dañina en los entretelones de la camarilla salinista. El “grupo compacto” resultó no serlo tanto.

La bala que mató a Colosio también hirió de muerte las aspiraciones de Manuel Camacho, pero terminó beneficiando al más puro y discreto de los tecnócratas del grupo de Carlos Salinas de Gortari: al exsecretario de Programación y Presupuesto, extitular de la Secretaría de Educación Pública y coordinador de la campaña de Colosio, Ernesto Zedillo.

El líder nacional priista de entonces —Fernando Ortiz Arana— hizo un efímero intento para favorecerse con el vacío de decisión y postularse como candidato presidencial del tricolor, pero fue rápidamente acallado por el propio Salinas.

Otro grupo en el seno de la tecnocracia, alentado por el mismo Salinas, apoyó la candidatura de Pedro Aspe, el titular de Hacienda, pero el candado del artículo 82 constitucional —que establece que para ser presidente es necesario haber renunciado a la secretaría de Estado seis meses antes de la elección— se lo impedía; por lo que presionaron para modificar la Constitución, lo que permitiría que Aspe tomara el relevo aunque fuera integrante del gabinete en funciones. Esta posibilidad se frustró.

Ese grupo, encabezado por Manuel Cavazos Lerma —gobernador de Tamaulipas (1993-1999)—, Patricio Chirinos —mandatario de Veracruz (1992-1998)— y por el poderoso exasesor presidencial José Córdoba Montoya, buscaba la reforma al artículo 82 o, en su defecto, postular al coordinador de la campaña colosista, Ernesto Zedillo. A última hora, el aval del líder de la CTM Fidel Velázquez permitió que la opción fuera la del “segundo dedazo”.

El 29 de marzo de 1994 en Los Pinos, cuatro horas después de que Ortiz Arana declinara como candidato, se nominó a Zedillo; la decisión se tomó con base en el artículo 159 de los estatutos priistas, el cual establece que en casos de fuerza mayor, en que sea necesaria la sustitución del candidato, y cuando no sea posible convocar a una convención extraordinaria, por las condiciones políticas o por el inminente vencimiento de la fecha para el registro legal, el Comité Ejecutivo Nacional podrá designar al nuevo candidato. La interpretación jurídica fue expuesta por el entonces gobernador mexiquense Emilio Chuayffet (1993-1995), quien argumentó que no había tiempo para una convención extraordinaria y era necesario operar rápido. Gracias a esta “solución” frente a la tragedia colosista, Chuayffet sería premiado después como secretario de Gobernación en el sexenio de Zedillo.

Ese día en Los Pinos, Salinas preguntó a los priistas, entre los que se encontraban gobernadores y “líderes de sectores”, a quién querían como candidato; el gobernador sonorense Manlio Fabio Beltrones dijo: “Yo tengo una propuesta; es la propuesta de un sonorense como lo era nuestro candidato Colosio” y, acto seguido, reprodujo un videocasete de la filmación del evento en el que Colosio designaba como coordinador de campaña a Zedillo. Salinas preguntó si alguien tenía otra propuesta. Jesús Murillo Karam —gobernador de Hidalgo (1993-1998)— pidió que se sometiera a votación. El astuto Fidel Velázquez, tan viejo como el régimen priista, con voz senil exclamó: “No, señor presidente. Esa también es nuestra propuesta”. Zedillo se convirtió en el segundo candidato de la tecnocracia en menos de seis meses y todo el aparato del sistema —encabezado por Salinas de Gortari— operó para garantizar su victoria.

La noche del 21 de agosto de 1994 el sistema no se “cayó” ni se “calló” como seis años antes. El voto del miedo funcionó. El candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, se replegó a mitad de su ascenso como aspirante; mientras que Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, no pudo remontar la campaña que lo presentaba como un peligroso retroceso. El candidato presidencial sustituto Ernesto Zedillo obtuvo el triunfo electoral.

En la elección presidencial funcionaron los controles autoritarios del sistema electoral (control del padrón electoral) y de los medios de comunicación masivos (Televisa y TV Azteca), así como la “concertacesión” con el panismo. Salinas se salvó de terminar como inició su sexenio: con un gran fraude electoral.

El aparato priista, a pesar de sus divisiones y su recelo ante los tecnócratas, cerró filas a la hora de las urnas. La campaña zedillista operó una alianza táctica con los grupos de poder regionales, en especial el grupo Atlacomulco del Estado de México, encabezado por Carlos Hank González. Una muestra clara de la influencia hankista fue la designación de Ignacio Pichardo Pagaza como nuevo dirigente nacional del PRI el 13 de mayo de 1994, en lugar de Fernando Ortiz Arana.

Junto con Pichardo, fue electo como secretario general del PRI José Francisco Ruiz Massieu, exgobernador de Guerrero y excuñado de Carlos Salinas de Gortari. Ruiz Massieu formó parte del núcleo original del llamado “grupo compacto” y se caracterizó por su estrecha amistad con Manuel Camacho y Luis Donaldo Colosio, pero también tenía la animadversión declarada de Raúl Salinas de Gortari.

EL DERRUMBE DEL GRUPO COMPACTO

La falsa estabilidad política y económica del salinismo se derrumbó entre el 28 de septiembre y el 19 de diciembre de 1994. Desde esas fechas fatídicas Salinas no ha podido “normalizar” su presencia pública, aunque mantenga una clara influencia en las decisiones de los últimos sexenios de una manera soterrada.

En la primera fecha, el secretario general priista Ruiz Massieu, quien se perfilaba como futuro “enlace” de Zedillo con los legisladores priistas, fue asesinado a plena luz del día en la calle La Fragua, en la Ciudad de México. El segundo crimen político de alto nivel, después del homicidio de Colosio, anticipaba la ruptura que vendría entre Zedillo y Salinas de Gortari con la detención de Raúl Salinas de Gortari como “autor intelectual” del asesinato de Ruiz Massieu.

El homicidio de Ruiz Massieu era el segundo, en menos de un año, de un integrante del “grupo compacto” salinista. Este crimen enturbió el difícil periodo de transición sexenal entre un mandatario engolosinado por el poder y un candidato electo que aún no tenía la fuerza política para articular un equipo propio. Este homicidio se equiparaba por su forma e impacto con el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

Tras el crimen, vino la telenovela política y la tragedia económica. Salinas decidió nombrar como subprocurador especial para este caso al hermano del político asesinado, Mario Ruiz Massieu. Sin alguna prueba sólida, Ruiz Massieu acusó a la secretaria general sustituta del partido, María de los Ángeles Moreno, y al mismo presidente del PRI, Ignacio Pichardo Pagaza, de “encubrir” a los asesinos intelectuales de su hermano. Durante mes y medio, el subprocurador y los líderes priistas protagonizaron una batalla en los medios impresos que generó una crisis tanto o más grave que la del asesinato de Colosio.

El 23 de noviembre de 1994, en medio de las tensiones desatadas por sus acusaciones, Mario Ruiz Massieu se retiró de la batalla y asestó un duro golpe mediático: acusó a “la clase política priista” de encubrir criminales y al presidente de la República saliente de estar maniatado por los compromisos. No mencionó a la tecnocracia, mucho menos al “hermano incómodo” Raúl Salinas de Gortari.

En su conferencia de prensa, Ruiz Massieu soltó la famosa frase que definió ese año trágico: “los demonios andan sueltos y han triunfado”. Nunca definió quiénes eran esos “demonios”, pero estaba clara la gravedad de la fractura al interior del sistema priista.

El 19 de diciembre de 1994 inició la pesadilla para el gobierno entrante de Ernesto Zedillo: el gobierno decidió devaluar 15% el peso —“ampliación de la banda cambiaria”, le llamaron eufemísticamente—, lo que provocó el desquiciamiento de los mercados financieros. A los dos días la paridad de la moneda frente al dólar se disparó; el anuncio del gobierno de que en el futuro no se controlaría la paridad peso-dólar y, por lo tanto, se adoptaría un sistema de libre flotación y los errores de comunicación generaron un clima de incertidumbre que llevó a inversionistas nacionales y extranjeros a retirarse del circuito financiero.

El 19 de diciembre el fugaz secretario de Hacienda Jaime Serra Puche, el negociador estelar en las negociaciones del TLCAN, renunció al gabinete en medio de una gran incertidumbre sobre el control de las finanzas públicas. Fue el primer caído del gobierno recién iniciado de Zedillo.

El nuevo presidente, en medio de la peor tormenta de la era tecnocrática y ante las críticas por parte de Salinas que atribuían la crisis a sus malas decisiones, contraatacó diciendo que el equipo de funcionarios de Carlos Salinas había manipulado las cifras del déficit de la cuenta corriente, como si él no hubiera formado parte de ese gabinete. “El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos llegó a ser tan grande durante los últimos años que, dadas las circunstancias internas y externas, era insostenible. Es preciso reconocer que hubo subestimación del problema y esta subestimación fue sumamente grave”, afirmó Zedillo.⁴

El país entró en la más cruda recesión de su historia. Esta crisis agudizó la dependencia del capital financiero estadounidense que vino al “rescate” del modelo neoliberal que hacía agua por todos lados e impactó a otros mercados emergentes de América Latina. Las consecuencias de esta crisis fueron conocidas como “efecto Tequila” en el contexto internacional.

De un plumazo, Zedillo endeudó al país con 23 mil millones de dólares frente al FMI y el gobierno de Estados Unidos —encabezado por Bill Clinton—, elevando así la deuda externa a 165 mil millones de dólares, una cifra sin precedentes hasta entonces.⁵

Con la devaluación del peso y la debacle del “grupo compacto”, el expresidente Carlos Salinas de Gortari vio frustrada su máxima aspiración: presidir la Organización Mundial de Comercio (OMC). El espejismo del modernizador mexicano victorioso se deshizo.

Faltaba aún el golpe más dramático en la historia de las fracturas políticas. El 28 de febrero de 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo anunció la detención de Raúl Salinas de Gortari como presunto autor intelectual del homicidio de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu.

Cuarenta y ocho horas después Carlos Salinas de Gortari protagonizó en Agualeguas, Nuevo León, un insólito ayuno, en el que lo único que ingirió fue agua Evian, para “limpiar” su nombre y el de su herencia política y financiera, en medio de la peor crisis económica que un gobierno priista hubiera tenido en décadas.

El conflicto con Salinas de Gortari se resolvió con un autoexilio consentido, que se prolongó hasta la entrada del sexenio de Vicente Fox, pero su influencia y sus redes se extendieron hacia los gobiernos estatales priistas que emprendieron la “rebelión” contra el zedillismo.

LAS TRIBULACIONES DEL ZEDILLISMO

El golpe más “espectacular” de Ernesto Zedillo para sobrevivir como presidente y articular un segundo núcleo de la tecnocracia dentro de la matriz salinista fue, precisamente, enfrentarse con su antecesor. El exilio de Carlos Salinas provocó que sus colaboradores principales tomaran varios cauces:

a) Emigrar al sector privado para crear consultorías. La más importante, sin duda, fue la del exsecretario de Hacienda Pedro Aspe, quien en 1996 fundó Protego y una década después, en 2006, se fusionó con el fondo de inversiones Evercore Partners. Aspe no rompió con Zedillo, pero se mantuvo alejado de los reflectores y creó una nueva generación de tecnócratas que fueron los arquitectos de las renegociaciones de las deudas estatales. El caso más emblemático fue el de Luis Videgaray —alumno de Aspe—, quien luego sería el epicentro de otro grupo de tecnócratas que alcanzó la cúspide del poder en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Un subgrupo muy poderoso de la tecnocracia surgió fuera de la órbita de Aspe: fue el que encabezó Agustín Carstens, secretario de Hacienda en el gobierno panista de Felipe Calderón y exgobernador del Banco de México (2010-2017). Fue Carstens quien impulsó a José Antonio Meade hasta los cargos más altos del circuito financiero. Y fue Meade quien intercedió en varias ocasiones por las diferencias entre Videgaray y Carstens durante el gobierno peñista.

La misma ruta de Aspe la tomaron Jaime Serra Puche —quien presentó su renuncia del cargo de secretario de Hacienda ante la grave crisis económica ocurrida al principio del sexenio de Zedillo—, Herminio Blanco y Jaime Zabludovsky; estos dos últimos crearon SAI Consultores y luego IQOM Inteligencia Comercial, consultoras que brindan asesoría a gobiernos estatales, organizaciones internacionales y grandes empresas, las cuales fueron importantes en los tiempos de gestación del TLCAN.

De alguna manera, los funcionarios más importantes de la primera oleada tecnocrática del salinismo se refugiaron en los estados y en la iniciativa privada. La crisis de las deudas estatales y la decadencia en algunos estados se explica por el ascenso de personajes que fueron secretarios de Finanzas o de Administración y que llegaron a ser gobernadores, los cuales se repartieron y se apropiaron de los recursos públicos e instauraron una cleptocracia en las entidades (destacan los casos de Javier Duarte y Roberto Borge).

b) Los aliados políticos del salinismo se atrincheraron en los estados y fundaron un “sindicato de gobernadores” que se resistió al zedillismo. Los casos más destacados fueron los de Roberto Madrazo, en Tabasco; Víctor Cervera Pacheco, en Yucatán, y Manlio Fabio Beltrones, en Sonora. Otros gobernadores no salinistas, como Manuel Bartlett, en Puebla, se le enfrentaron al primer mandatario.

Madrazo boicoteó la posibilidad de repetir las “concertacesiones” del zedillismo, pero ahora del lado de la izquierda. En diciembre de 1994 el candidato del PRD a la gubernatura de Tabasco, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la primera gran movilización, que lo convirtió en figura nacional, contra el fraude cometido en la elección de Tabasco, en la que resultó ganador Roberto Madrazo. El secretario de Gobernación de Zedillo —Esteban Moctezuma— buscó repetir el método salinista de nombrar a un interino para convocar a nuevos comicios y frenar la polarización. Madrazo movilizó a los grupos priistas en la entidad para frenar la “concertacesión” y se convirtió en un adversario frontal del zedillismo, pero también en un héroe del priismo más reacio a la alternancia.

Desde entonces, López Obrador advirtió que se viviría “una feudalización del poder. Es decir, el predominio de los cacicazgos regionales”.⁶ El salinismo, como los cárteles de la droga, se fragmentó regionalmente. Al igual que los grupos tecnocráticos sobrevivientes de la disputa Salinas-Zedillo, se refugiaron con los gobernadores que se volvieron más poderosos durante los 12 años de gobiernos panistas (Vicente Fox y Felipe Calderón).

c) Otros personajes centrales del salinismo, como Manuel Camacho Solís, terminaron rompiendo con Zedillo y con el PRI. El detonante fue una carta que se hizo pública en octubre de 1995, en la que Zedillo le recomendó a Colosio “pactar” con Salinas de Gortari ante la “influencia creciente de personas mal intencionadas”, como el propio Camacho. El secretario de Gobernación Emilio Chuayffet se enfrentó con Camacho, a quien llamó “mártir artificial”, “protagónico” y reclutador de “propagandistas”.⁷

Camacho terminó por renunciar al PRI el 13 de octubre de 1995, en el momento de mayor debilidad de la presidencia de Ernesto Zedillo frente al reagrupamiento de las viejas camarillas políticas, de la tecnocracia salinista y de la peor crisis económica que provocó cierres de miles de empresas y un incremento del desempleo.

Camacho, autor de la tesis del “grupo compacto”, se reinventó finalmente como aliado de Andrés Manuel López Obrador y de su colaborador más aventajado y capaz, Marcelo Ebrard, quien se convirtió en secretario del gabinete de López Obrador en la Ciudad de México y posteriormente en jefe de Gobierno (2006-2012).

El encono personal que el gobierno peñista tiene contra Marcelo Ebrard (no sólo contra López Obrador) tiene su raíz en esta fragmentación de la camarilla salinista y el enfrentamiento de los zedillistas con los camachistas.

d) Zedillo se atrincheró en su especialidad: el manejo macroeconómico y a rajatabla de las recetas neoliberales, y articuló un núcleo duro de tecnócratas, al tiempo que reforzó su alianza con José Córdoba Montoya, su principal apoyo frente a la guerra declarada con los Salinas. Ese núcleo duro estuvo representado por Luis Téllez, jefe de la Oficina de la Presidencia (1994-1997) y luego secretario de Energía (1997-2000) en el mismo gabinete; José Ángel Gurría, quien se desempeñó como canciller (1994-1998) y luego secretario de Hacienda (1998-2000); Guillermo Ortiz, secretario de Hacienda (1994-1998) tras la abrupta salida de Jaime Serra Puche y después gobernador del Banco de México durante tres sexenios consecutivos (1998-2010), y Carlos Ruiz Sacristán, titular de Comunicaciones y Transportes durante todo el sexenio zedillista.

Para la operación política, Zedillo tuvo que recurrir a funcionarios como Esteban Moctezuma, Liébano Sáenz y, finalmente, su último secretario de Gobernación, Francisco Labastida, exintegrante del gabinete de Miguel de la Madrid. Labastida fue el aspirante presidencial del PRI en 2000, el primer derrotado por un candidato de oposición.

Zedillo inició una operación para desmantelar lo que él llamó la “presidencia autoritaria”, en clara referencia al salinismo; decretó una “sana distancia” con el PRI que, en realidad, fue una caprichosa manera de lavarse las manos frente a las derrotas electorales que fue acumulando su partido, especialmente, la pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de 1997 y el primer triunfo opositor en la Ciudad de México, con la elección de Cuauhtémoc Cárdenas como primer jefe de Gobierno electo en la capital.

Zedillo tomó varias decisiones tanto o más autoritarias que el salinismo con la idea de desmantelar la red de influencia de su antecesor: en la reforma constitucional al Poder Judicial promovida durante su gobierno —que, entre otras cosas, redujo el número de ministros de la Suprema Corte de 26 a 11—, jubiló de golpe a los ministros en funciones; ordenó, en febrero de 1995, la captura de Rafael Sebastián Guillén Vicente, el subcomandante Marcos, en una clara traición a las negociaciones de paz; operó la sucesión al interior de Grupo Televisa, en 1997, para favorecer a Emilio Azcárraga Jean, el hijo del fallecido Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, y colocar a la principal empresa de comunicaciones al servicio de su gobierno; emprendió un acelerado proceso de privatización del sector eléctrico y energético, bajo la batuta de Adrián Lajous (director general de Pemex) y el propio Luis Téllez.

Asimismo, Zedillo trató de ofrecer un pacto con los dos bloques de oposición principales: PAN y PRD. La colaboración con el PAN se dio con la designación de Antonio Lozano Gracia como procurador general de la República, un destacado militante panista e integrante del grupo de Diego Fernández de Cevallos que llevó a cabo, de manera errática, las investigaciones de los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

En cuanto al ámbito electoral, promovió, a regañadientes, la reforma electoral de 1996 que reforzó la autonomía al Instituto Federal Electoral, con consejeros independientes que le dieron una legitimidad y legalidad nunca antes vista a los comicios federales de 1997 y 2000; a su vez, reconoció los triunfos de la oposición en los principales bastiones del partido: Ciudad de México, donde triunfó el candidato del PRD, y en Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, donde ganó el PAN.

En la época de Zedillo emergieron los dos liderazgos nacionales que se convertirían en los competidores en la contienda presidencial de 2006 que polarizó al país: Felipe Calderón del PAN y Andrés Manuel López Obrador del PRD.

El combate a la corrupción quedó en expedientes menores: el banquero Jorge Lankenau Rocha fue el chivo expiatorio de las investigaciones sobre las irregularidades en la privatización de la banca durante el salinismo. Lo mismo sucedió con los banqueros Carlos Cabal Peniche y Ángel Isidoro Rodríguez, el Divino.

La ruptura con Salinas fue total, aunque no frontal. Zedillo decidió no responder de manera directa a todas y cada una de las provocaciones que le hacía lo que quedaba del “grupo compacto” salinista.

En 2008 Salinas de Gortari publicó su versión oficial de la ruptura en el libro La “década perdida”. 1995-2006: Neoliberalismo y populismo en México. Las primeras líneas del libro constituyen un astuto juego de prestidigitación salinista para deshacerse del mote “neoliberal” y responsabilizar a su sucesor —designado por él— de las consecuencias de un modelo que se aplicó a rajatabla desde el sexenio de Miguel de la Madrid: “El neoliberalismo se implantó en México desde 1995. Para el desarrollo económico y social del país, esto trajo como consecuencia la pérdida de toda una década”.⁸

Entre 1995-2006 México entró en una debilidad crónica. Al respecto, dice Salinas:

Los riesgos para México son grandes, sobre todo por el fracaso de las dos alternativas [neoliberalismo y el populismo autoritario]. Hay una gran preocupación por la próxima generación y una gran insatisfacción con los resultados de ambas opciones, en medio de una gran polarización. Por eso la batalla de las ideas tiene que proporcionar una propuesta, que cancele el gran viraje y retome el proceso de la modernización popular y soberana, diferente al falso dilema de escoger entre el mercado y el Estado.⁹

Para Salinas, la estrategia del gobierno de Miguel de la Madrid fue “para ajustar la economía ante el excesivo endeudamiento que padeció el país en los años setenta”, y el modelo de su sexenio “fue la estrategia del liberalismo social, con diferencias claras con el neoliberalismo”.¹⁰

En esencia, la única diferencia “clara” que Salinas pudo argumentar en su extenso texto de más de 500 páginas entre su gobierno y el neoliberalismo fue el Programa Nacional de Solidaridad implementado durante su sexenio, el cual fue materialización de las tesis del “liberalismo social” que se impusieron como moda en el PRI. Nada más.

Zedillo creó una de las instituciones más importantes que servirían para calmar el enorme descontento generado por la cartera vencida de los bancos privatizados. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue un sucedáneo de la institución que creó y formó el propio Zedillo en el sexenio de De la Madrid: el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca).

El Fobaproa terminó por socializar los más de 550 mil millones de pesos del fraude bancario de ese sexenio y dio origen al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), organismo diseñado por el entonces diputado federal priista Dionisio Meade y García de León, padre del futuro candidato priista a la presidencia en 2018, José Antonio Meade Kuribreña.

Desde su creación, el IPAB fue un coto de la familia Meade. José Antonio Meade ocupó la secretaría ejecutiva adjunta del IPAB, junto con Vicente Corta, el secretario ejecutivo, entre 1999 y septiembre de 2000, poco después de que se confirmara la derrota del PRI en las elecciones presidenciales de ese año.

Su hermano, Lorenzo Meade Kuribreña, se mantuvo entre diciembre de 2003 a octubre de 2006 como secretario adjunto del IPAB, mientras que el tercer hermano, Juan Pablo, ocupó la presidencia de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) entre mayo de 1999 a febrero de 2002, otro organismo creado también por Dionisio Meade cuando fue diputado federal priista plurinominal y participó activamente en la Comisión de Hacienda.

TECNÓCRATAS DE FOX Y CALDERÓN

Ni el gobierno de Vicente Fox ni el de Felipe Calderón erradicaron el modelo de corrupción engendrada en los gobiernos anteriores de Salinas y Zedillo. Mucho menos se desmantelaron las redes sólidas de la tecnocracia que ascendió al poder para no dejarlo. Los principales mandos en las secretarías de Hacienda, Economía, Energía y en el Banco de México provinieron de las filas de esa tecnocracia.

Tampoco se resolvió la disputa entre ambos expresidentes, más bien se agudizó. Salinas considera a Zedillo no sólo un “traidor”, sino un golpista, por la reforma constitucional al Poder Judicial que promovió y que se calificó como “un golpe a la Suprema Corte de Justicia”. Así lo expresó en su primer libro testimonial, La “década perdida”, y lo reiteró en su libro con el leninista título ¿Qué hacer?, en el que le atribuye a su sucesor la responsabilidad de la matanza de indígenas chiapanecos en Acteal, que la cataloga como “crimen de lesa humanidad”.¹¹

Más recientemente, en una serie de artículos publicados en El Financiero y en un documental sobre su vida emitido en TV Azteca —Salinas: ascenso, visión, frustración—, Salinas de Gortari acusa a Zedillo de las “desviaciones” de su proyecto de gobierno que, por supuesto, no considera neoliberal.

Zedillo nunca se ha subido públicamente al ring contra Salinas, pero editorialistas cercanos a su entorno acusan al segundo de una sed de “venganza política” y del intento frustrado de revivir un nuevo maximato presidencial, como el de Plutarco Elías Calles.

Paradójicamente, salinistas y zedillistas se acusan mutuamente de intentos de implantar un maximato y ven la mano de uno y del otro en las decisiones más polémicas que asumió Peña Nieto como gobernante. Lo cierto es que el peñismo simplemente culminó la ruta de acción trazada desde Miguel de la Madrid hasta Zedillo para abrir la economía del país y desincorporar la última joya de la corona: Pemex.

La alternancia de los dos presidentes panistas no modificó la influencia y la disputa entre ambos bandos de la tecnocracia. Vicente Fox conformó un “gobierno de gerentes” que terminó siendo un fiasco. Los foxistas se dividieron mucho antes de que iniciara el sexenio de la alternancia, y los centros neurálgicos de las decisiones financieras, comerciales y económicas siguieron en manos del núcleo más duro de los tecnócratas.

Durante seis años el secretario de Hacienda foxista —Francisco Gil Díaz, subsecretario con Pedro Aspe (1988-1994)— ejerció un férreo control sobre la dependencia. Gil Díaz también se rodeó de un destacado equipo de tecnócratas que perduran hasta el presente en el gobierno de Enrique Peña Nieto: Agustín Carstens fue su subsecretario de Hacienda (2000-2003), quien luego sería titular de la misma dependencia con Felipe Calderón (2006-2009) y de 2010 a 2017, gobernador del Banco de México.

Bajo las órdenes de Carstens, el joven economista José Antonio Meade se desempeñó primero como director general de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda (2000-2002) y luego transformó Banrural en Financiera Rural, hasta 2006. En ese año fue designado coordinador de asesores de Carstens. Dos años después, Carstens lo nombró subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda.

Al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el foxismo quedó Santiago Levy, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), como Gil Díaz y Carstens, y exsubsecretario de Egresos de Hacienda en el sexenio de Zedillo. Se le considera otro de los grandes artífices de la reforma al sistema de pensiones y del programa Oportunidades que comenzó en el gobierno de Fox.

En el gobierno de Felipe Calderón los tecnócratas que colaboraron con el zedillismo también ocuparon cargos clave en las secretarías de Comunicaciones y Transportes (Luis Téllez y Dionisio Pérez Jácome), del Trabajo (Javier Lozano Alarcón), en la propia Secretaría de Hacienda (Carstens, Ernesto Cordero y luego José Antonio Meade) y en la de Energía (Georgina Kessel y el propio Meade), así como al frente de Pemex (Jesús Reyes Heroles González Garza).

Fue durante el gobierno de Calderón que comenzó el ascenso de José Antonio Meade a posiciones de primer nivel. Él y su grupo anticiparon y se adaptaron muy bien al bipartidismo de la era de la alternancia después del foxismo, a tal grado que también se acomodaron muy bien en el gobierno de Peña Nieto, bajo el padrinazgo de Luis Videgaray.

La relación más importante en el calderonismo se da entre un triángulo de jóvenes tecnócratas que se conocieron desde su tiempo de estudiantes en el ITAM: Ernesto Cordero, exsubsecretario de Energía con Calderón al frente (2004), luego subsecretario y secretario de Hacienda en el calderonismo y fallido aspirante presidencial del PAN en 2012; Luis Videgaray, quien se concentró en la secretaría de Finanzas del Estado de México en el primer trienio de Enrique Peña Nieto (2005-2009), luego presidente de la poderosa Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados (2009-2012), y el propio Meade.

Cordero, Meade y Videgaray son amigos desde 1987, sus tiempos de estudio en el ITAM, el alma mater de la nueva generación de la tecnocracia mexicana. En 1988 Videgaray y Meade hicieron sus primeros intentos de política estudiantil: formaron parte de una planilla llamada Dimensión 89 para liderear el Consejo de Alumnos. Ganaron, pero ellos sólo fueron asesores. En 1990, Videgaray y Meade integraron su propia planilla y reclutaron a otros amigos, entre ellos, a Ernesto Cordero y a José Yunes, senador en el sexenio peñista, pero no ganaron. Decidieron apoyar a Luis Miguel Montaño, actual vocal del IPAB, e hicieron el llamado “pacto de Cracovia” para apoyarse mutuamente en su desarrollo profesional.

Mientras Videgaray se decantó por el Frente Juvenil Revolucionario (FJR) del PRI, en una temprana militancia tricolor, Meade se acercó más al panismo y a Cordero. Su abuelo, Daniel Kuri Breña Gordoa, fue uno de los fundadores de Acción Nacional y primer rector del ITAM, pero su padre Dionisio Meade siempre fue cercano a la tecnocracia de la generación anterior vinculada al PRI.

El primer círculo de colaboradores de Meade surgió de esos tiempos y se ha ido decantando en sus múltiples cargos al interior de la tecnocracia: José Antonio González Anaya, actual director de Pemex, Mikel Arriola Peñalosa, exdirector del Seguro Social y aspirante del PRI a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; Vanessa Rubio, quien fue su subsecretaria en Hacienda; Ignacio Vázquez Chavolla, amigo personal desde la adolescencia y exoficial mayor de Hacienda; Jaime González Aguadé, egresado de Yale, como Meade, y que ha sido su brazo derecho desde la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar, 1997-1999), el IPAB, Financiera Rural y después fue director del Banco de Ahorro Nacional de Servicios Financieros (Bansefi) y, en el gobierno peñista, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La amplia movilidad de Meade en la alta burocracia lo encumbró en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Inició como secretario de Desarrollo Social, de ahí fue efímero titular de Relaciones Exteriores y desde 2017 relevó al poderoso Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda.

En otras palabras, Meade representa la continuidad más clara de la nueva era tecnocrática que sobrevivió a la “doble alternancia”: los 12 años del panismo y el retorno del PRI a la presidencia de la República, con Enrique Peña Nieto a la cabeza.

La cofradía de Meade se extiende hacia personajes que, en algún momento, tendrán que definir su lealtad entre él y su amigo y rival desde los tiempos del ITAM: Luis Videgaray.

LUIS VIDEGARAY Y SU PODER

Una buena parte de la segunda generación de tecnócratas pasaron de “consultores” a poderosos secretarios de finanzas de varios gobernadores priistas y panistas. El caso más emblemático es el de Luis Videgaray, pero su caso llegó a convertirse en el ejemplo de ascenso más vertiginoso de un joven tecnócrata a un auténtico vicepresidente que tiene los hilos de tres ejes importantes en sus manos: las finanzas públicas de la federación y de los estados, la dirigencia nacional del PRI y las relaciones exteriores, en especial, con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

En la segunda mitad del sexenio de Carlos Salinas (1991-1994), Videgaray fue recomendado por su exprofesor Carlos Sales, asesor del entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella. Consiguió una beca del Conacyt para estudiar en el Massachusets Institute of Technology (MIT) y recibirse con la tesis La respuesta fiscal a los impactos petroleros. En 1998 retornó a México y se integró a la consultora Protego, donde fungían como socios sus dos principales mentores: Sales y Aspe. En 2001, Videgaray asumió la Dirección de Finanzas Públicas Estatales y Municipales.

El ascenso político de Videgaray ocurrió en diciembre de 2002, cuando el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, le solicitó a Pedro Aspe que Protego le enviara a un especialista para “renegociar” (eufemismo de “maquillar”, en el lenguaje tecnocrático) la abultada deuda de la entidad más poblada del país. Montiel era ya uno de los principales aspirantes a la candidatura presidencial del PRI en el sexenio foxista.

En sus primeros tres años de gobierno Montiel elevó la deuda pública del Estado de México en casi 40%, al pasar de 22 mil 410 millones de pesos en 1999 a 31 mil 200 millones en 2002. El Estado de México tenía la más baja calificación financiera entre todas las entidades, por lo que urgía una “reestructuración” para que el mandatario estatal pudiera aspirar realmente a la candidatura presidencial del PRI para 2006.

Videgaray llegó como consultor y se quedó como uno de los artífices fundamentales del “maquillaje” de la deuda pública. Conoció al entonces secretario de Administración y Finanzas de Montiel, el joven Enrique Peña Nieto, quien luego sería diputado, líder de la bancada local del PRI en el Congreso estatal y gobernador de la entidad.

Como gobernador, Peña Nieto le da a Videgaray el mismo cargo que él desempeñó con Montiel en la primera parte de su gobierno (2006-2009).

El “recién llegado”, ajeno a las dinastías familiares del grupo Altacomulco, pronto se convirtió en el eje tecnocrático más importante en torno al peñismo. Videgaray tenía la “hoja de ruta” para lograr “magia” con la deuda estatal y para impulsar los cambios económicos y conseguir los apoyos necesarios, de todo tipo.

En el caso de la deuda del Estado de México, Videgaray logró bursatilizar cerca de 2 mil millones de pesos del endeudamiento al colocarlos como certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores entre diciembre de 2002 y marzo de 2003. No disminuyó el débito, simplemente lo prolongó en el tiempo y lo convirtió en un insumo en el mercado de valores.

Como diputado federal (2009-2011), Videgaray expandió su influencia hacia otros estados gobernados por priistas como presidente de la poderosa Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual define el reparto del “gran pastel” anual del erario. En 2011 se desempeñó como coordinador de campaña de Eruviel Ávila en el Estado de México, con la consigna muy clara de que no se podía perder de ninguna manera. La elección del Estado de México fue una victoria clave que anticipó el triunfo de Peña Nieto en 2012.

Desde ese momento el “mago” Videgaray aprendió también el arte de triangular financieramente los recursos públicos para conseguir dividendos electorales. Se combinaron dos factores esenciales en el Estado de México: la larga tradición de operación político-territorial de los grupos priistas y el conocimiento tecnocrático de Videgaray en las artes financieras.

El 14 de diciembre de 2011, una vez que el PRI obtuvo la victoria en el Estado de México, Videgaray se convirtió en el coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y en el arquitecto de la triangulación de fondos y de una compleja “ingeniería financiero-electoral”, y en el sexenio fue el principal cerebro de las reformas estructurales desde la Secretaría de Hacienda (2012-2016).

El poder de Videgaray se acrecentó durante los cuatro primeros años del gobierno de Peña Nieto. Era claro que no era el principal asesor, sino el único al que el presidente de la República le hacía caso en prácticamente todos los temas delicados, incluyendo las grandes licitaciones, las reformas estructurales, el trato con los empresarios. Los escándalos inmobiliarios de la Casa Blanca y la mansión de Malinalco los unieron más.

La centralización del poder fue tan grande en torno a Videgaray que difícilmente se puede identificar a otras personalidades de la tecnocracia que puedan rivalizar con él, incluyendo el caso de José Antonio Meade, quien estuvo bajo su tutela y su sombra, o de otros funcionarios de nivel medio.

Mientras su principal adversario en el gabinete —Miguel Ángel Osorio Chong— concentró las funciones de política interior, de seguridad pública y de desarrollo social, así como la interlocución con el jefe de Gobierno capitalino —Miguel Ángel Mancera—, Videgaray se dedicó a generar “inversión” en lealtades con los gobernadores, legisladores federales, empresarios, especialmente extranjeros, y los grandes inversionistas de los proyectos más ambiciosos del peñismo: la licitación de las rondas petroleras y las obras de infraestructura mayores, como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

La “magia” de Videgaray terminó cuando la baja abrupta de los precios internacionales del petróleo, en 2015, echó abajo el castillo de naipes del Mexican moment que construyó el peñismo en el discurso. Hacia 2016 el peso se había devaluado 56%, la deuda pública se elevó a 51.9% del PIB —un nivel nunca antes visto—, la deuda de los estados y municipios se elevó a 529 mil 718 millones de pesos y el crecimiento de la economía nunca cumplió las metas trazadas por el propio secretario de Hacienda: mediocres tasas de crecimiento de 1.3% en 2013, 2.1 en 2014 y una baja abrupta de las expectativas en 2016 y 2017.

Videgaray colocó en el primer círculo presidencial peñista a un joven politólogo, egresado de la Universidad Iberoamericana, que pasó de ser asesor y elaborador de discursos de Peña Nieto en la campaña de 2012 a jefe de la Oficina de la Presidencia y, en los últimos años de su sexenio, titular de la Secretaría de Educación Pública: Aurelio Nuño.

Nuño y Videgaray sintetizan la trayectoria de dos personajes importantes en el ascenso de la era tecnocrática: la de José Córdoba (el “cerebro” de la Oficina de la Presidencia con Carlos Salinas) y la de Ernesto Zedillo (que transitó de titular de la SPP a secretario de Educación Pública en el salinismo).

Videgaray terminó distanciado de su mentor y padrino Pedro Aspe, pero consolidó una amplia red de funcionarios en todas las dependencias federales, en las entidades y en el Congreso, quizá sólo comparables a la red que articuló el propio Osorio Chong.

Las ambiciones políticas de Videgaray y el desaseado manejo de la deuda interna lo llevaron también a una confrontación soterrada con el otro eje de la tecnocracia en el peñismo: Agustín Carstens, gobernador del Banco de México.

La consultora Standard and Poor’s —que difícilmente se puede considerar de izquierda o crítica del peñismo— describió la crisis de 2016 de esta manera: “La corrupción y los escándalos de conflictos de interés entre altos funcionarios del gobierno federal mexicano han golpeado a la economía y ahuyentado a las inversiones, las cuales generan empleos”.

Otros cuadros de la tecnocracia, provenientes del zedillismo y el salinismo, como el secretario de Economía Ildefonso Guajardo, terminaron por asumir una posición dócil frente al jefe Videgaray.

A su vez, Aurelio Nuño consolidó su trayectoria al amparo de la figura presidencial de Enrique Peña Nieto, a quien prácticamente le debe su vertiginoso ascenso en la alta burocracia y en el PRI. Nuño sustituyó en la SEP a quien fue el primer jefe y mentor del propio Peña Nieto: el exgobernador del Estado de México, Emilio Chuayffet.

Tras la derrota del PRI en las elecciones estatales de 2016, Videgaray demostró su poder e influencia sobre Peña Nieto con el nombramiento de un joven tecnócrata, sin experiencia alguna en las lides partidistas, como dirigente nacional del PRI tras la renuncia de Manlio Fabio Beltrones: Enrique Ochoa Reza, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (2014-2016).

El colmo de los excesos de poder de Videgaray fue la invitación al candidato republicano Donald Trump para visitar Los Pinos, a finales de agosto de 2016, en plena campaña electoral estadounidense, en el momento más álgido y de mayores excesos verbales del magnate inmobiliario en contra de los mexicanos. Parecía algo insólito. Lo fue. Más insólito que Peña Nieto cumpliera el papel de “patiño” de Trump y les hiciera caso a las sugerencias de Videgaray.

En ese momento el todavía secretario de Hacienda no aspiraba a ser el cuarto tecnócrata presidente surgido de las filas del PRI. Videgaray ya estaba en otro nivel de ambición: transformarse en el auténtico broker (intermediario) entre los grupos de poder económicos en ascenso con Trump y México. Videgaray desplazaba así a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo como interlocutor natural con los grandes corporativos estadounidenses.

El 3 de septiembre de 2016 el periódico The Washington Post señaló a Videgaray como el artífice de la visita de Trump a Los Pinos. Cuatro días después Videgaray abandonó la Secretaría de Hacienda para hacer el “enroque” perfecto con su amigo y contemporáneo del ITAM: José Antonio Meade.

Videgaray se fue a la cancillería no para restablecer la doctrina Estrada o los principios tradicionales de la política exterior mexicana, sino para ser un fiel operador de las directrices de la Casa Blanca, tanto en materia diplomática como en el TLCAN. Videgaray convenció a Peña de que era más valioso “llevarse bien” con Trump que darle una respuesta de Estado a las bravuconadas y humillaciones del magnate.

El 23 de noviembre de 2017, antes del “destape” oficial de Meade como precandidato único del PRI, ocurrido el 3 de diciembre, Videgaray dio otra muestra más de su influencia: ante el cuerpo de representantes diplomáticos en México llenó de elogios a Meade: “el más talentoso, más preparado, con una trayectoria impecable y que ha sido protagonista de las transformaciones y de los éxitos de la política pública en México en las últimas décadas”, y lo comparó con Plutarco Elías Calles, el fundador del Partido Nacional Revolucionario (PNR), abuelo institucional del PRI. No lo comparó por su interés de crear un “maximato” transexenal, sino por haber sido el único que ha tenido cinco cargos en el gabinete durante dos sexenios distintos.

Este “predestape” se realizó antes de que la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI hiciera públicas las reglas para definir la selección del candidato priista rumbo a las elecciones de 2018.

La reacción entre las cúpulas priistas fue tan negativa que Enrique Peña Nieto salió a declarar que “no se despistaran”, porque la selección de su sucesor no sería a partir de un concurso de elogios. Cuando Peña Nieto ratificó a Meade como el aspirante único a la candidatura del PRI, quedó claro para todos los lectores de los entretelones priistas que Videgaray quería que se le reconociera esta victoria.

Videgaray se impuso a su más fuerte adversario interno en el gabinete —el titular de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong— y a los últimos intentos de apoyar a otras figuras que no provinieran de la tecnocracia, como el exrector de la UNAM José Narro, secretario de Salud peñista.

La disputa por la nominación y la precampaña la ganó claramente Videgaray. Tan es así que Meade nombró como coordinador de su campaña a Aurelio Nuño, el más leal de los integrantes del gabinete peñista.

Sin embargo, la posibilidad de que se repita un escenario de confrontación Salinas-Zedillo, como ocurrió en 1994, no es muy lejano. El poder no se comparte, y menos en una campaña tan delicada como la de 2018. El factor clave, una vez más, serán las redes de corrupción que involucran a Videgaray y a Meade en las decisiones más polémicas del peñismo.

CABEZAS DE LA TECNOCRACIA

Llegamos así a un escenario sucesorio en el que se repite, de nuevo, la disputa por la nación, pero también por las decisiones fundamentales sobre el rumbo del país, que ha gobernado durante cuatro décadas esta élite tecnocrática en la economía, las finanzas, la política, en gran parte de los gobiernos estatales, y es corresponsable también de un ascenso del crimen organizado.

En su libro La economía política neoliberal. ¿Quién la diseñó y cómo lo hizo? (Foca, 2017), la investigadora Alejandra Salas-Porras diseccionó a los principales representantes del neoliberalismo que han ocupado cargos centrales y transexenales. A partir de esta lista¹² identificamos a 22 funcionarios que han sido, desde el salinismo hasta el periodo peñista, los principales operadores de las reformas y de los cambios al interior del sistema:

1. Carlos Salinas de Gortari, titular de la SSP en el sexenio de Miguel de la Madrid y expresidente de la República (1988-1994), cabeza del grupo tecnócrata y con una amplia influencia en el sector empresarial. Su operación más ambiciosa ha sido mantener el poder transexenal; sin embargo, se estrelló con el asesinato de su candidato Luis Donaldo Colosio, un malogrado proyecto de continuidad y con la detención de su hermano Raúl Salinas de Gortari. Tras un sexenio de autoexilio en Londres, La Habana y Dublín, el expresidente retornó al país en el gobierno de la alternancia de Vicente Fox, y desde entonces mantiene su influencia en negocios, grupos empresariales, gobernadores y en la extensa red de lealtades y de complicidades que creó a través de distintas piezas y funcionarios, pero —sin duda— su principal aliado es su sobrina Claudia Ruiz Massieu, exsecretaria de Turismo, excanciller y secretaria general del PRI.

2. José Córdoba Montoya, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el salinismo (1988-1994). Conocido como “el francés”, Córdoba se volvió un poderoso referente de los grupos al interior del salinismo. Se convirtió en el gran operador político tras el crimen de Colosio y su heredero principal fue el propio Ernesto Zedillo. Ahora mantiene su influencia como consejero e integrante de varias empresas de energía. Su última aparición pública fue en un restaurante de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, en diciembre de 2014, donde se reunió con Guillermo Ortiz, exsecretario de Hacienda, exgobernador del Banco de México y recientemente relevado del consejo de administración de Banorte. También colaboró como asesor de Luis Téllez, en su último periodo como presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.

3. Ernesto Zedillo, titular de la SPP y de la SEP durante el salinismo y expresidente de la República (19994-1988). Confrontado políticamente con su antecesor, pero más ortodoxo en la aplicación del modelo neoliberal. Forjó su propio grupo y su fuerza desde que se desempeñó como director del Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca) en el Banco de México en el sexenio de Miguel de la Madrid. Actualmente participa en una decena de consejos de administración de grandes trasnacionales, como Union Pacific, Procter & Gamble, Coca-Cola, Daimler Chrysler, HP Enterprise y Citigroup. Sus apariciones públicas han sido esporádicas, ya sea para apoyar la despenalización del consumo de mariguana o para respaldar la reforma energética de Peña Nieto. Se ha especulado en columnas políticas sobre su presunto apoyo a José Antonio Meade como candidato del PRI en 2018.

4. Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda los seis años del salinismo (1988-1994), presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 1983 a 1985 y de la SSP en el último año de Miguel de la Madrid. Aspe es el “gran padrino” y mentor de la primera y segunda oleada de tecnócratas, a quienes formó desde las aulas en el ITAM y en la Secretaría de Hacienda. Desde el sexenio de Zedillo se volvió consultor a través de Protego y luego del fondo de inversiones Evercore Partners. Sus dos principales alumnos son Luis Videgaray, exsocio en Protego, y José Antonio Meade.

5. Jaime Serra Puche fue subsecretario de Hacienda con Miguel de la Madrid (1986-1988), secretario de Comercio en el salinismo (1988-1994), negociador del TLCAN, efímero secretario de Hacienda durante 28 días en el zedillismo (diciembre de 1994) y participante de consultoras como SAI e IQOM. Mantiene una amplia red de influencia en el sector privado y en el público. Revivió como consultor en el reinicio de las negociaciones del TLCAN con Canadá y Estados Unidos en 2017.

6. Herminio Blanco, funcionario que colaboró con Serra Puche, artífice del TLCAN y actualmente presidente y director general de la consultora Soluciones Estratégicas. También resurgió durante el gobierno de Peña Nieto en las renegociaciones del TLCAN, como asesor del secretario de Economía Ildefonso Guajardo.

7. José Ángel Gurría, operador de las reformas financieras y de las negociaciones internacionales con los acreedores internacionales como subsecretario de Relaciones Internacionales en Hacienda durante el salinismo (1988-1992), director de Bancomext (1992), canciller durante el sexenio de Zedillo (1994-1998), secretario de Hacienda (1998-2000) y actualmente secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde la OCDE, Gurría ha “palomeado” y monitoreado las principales reformas estructurales del peñismo, en especial la de telecomunicaciones.

8. Francisco Gil Díaz, subsecretario de Hacienda con Aspe (1988-1994), titular de Hacienda durante el foxismo (2000-2006), vicegobernador del Banco de México y consejero en poderosas trasnacionales como HSBC y la española Telefónica. Después de Aspe, Gil Díaz es considerado uno de los jefes o cabezas más importantes de la red de funcionarios de Hacienda y el Banco de México que han ocupado los principales puestos de decisión.

9. Luis Téllez, subsecretario de Agricultura con Salinas (1990-1993); heredó el poder de José Córdoba Montoya como jefe de la Oficina de la Presidencia en el zedillismo (1994-1997), luego fungió como secretario de Energía (1997-2000), titular de Comunicaciones y Transportes con Calderón (2006-2010) y presidente de la Bolsa Mexicana de Valores durante el peñismo; es miembro del consejo asesor de la consultora McLarty Associates.

10. Jesús Reyes Heroles, exfuncionario en el sector de Energía, embajador mexicano en Estados Unidos durante el zedillismo (1997-2000), exdirector de Pemex con Felipe Calderón (2006-2009) y consultor para poderosas compañías energéticas, como Energy Intelligence Group.

11. Jacques Rogozinski, artífice de las principales privatizaciones durante el salinismo, como fue el caso de Telmex, a través de la poderosa Unidad de Desincorporaciones de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, director de Banobras (1992-1994) y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el primer año del gobierno de Zedillo. Se desempeñó como director de Nacional Financiera en el peñismo (2012-2018).

12. Santiago Levy, artífice del programa de privatización de pensiones y de la reforma del IMSS, así como de la creación del programa Oportunidades. Fue subsecretario de Egresos en el zedillismo (1994-2000) y director del IMSS durante el foxismo (2000-2005).

13. Agustín Carstens, tecnócrata de amplio prestigio en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, subsecretario de Hacienda en el foxismo bajo las órdenes de Gil Díaz (2000-2003), exsecretario de Hacienda con Calderón (2006-2009) y gobernador del Banco de México en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto (2010-2017). Fue representante de la ortodoxia monetarista que se confrontó de manera velada con Luis Videgaray en el sexenio peñista por el desaseado manejo de la deuda pública.

14. Guillermo Ortiz, colaborador estrecho de Pedro Aspe como subsecretario de Finanzas, exsecretario de Hacienda en el arranque del zedillismo (1994-1995), exgobernador del Banco de México durante los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón (1998-2010). A Ortiz se le considera uno de los tecnócratas más respetados, el cual jugó un papel clave en la estabilidad monetaria durante el periodo de la alternancia panista.

15. Jaime Zabludovsky, estratega de las negociaciones de acuerdos comerciales con otros países durante el salinismo y presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) de 2013 a 2016.

16. Carlos Ruiz Sacristán, estratega de las reformas al sector de energía y titular de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000).

17. Adrián Lajous, exdirector de Pemex con Zedillo (1994-1999) y estratega de las reformas al sector energético. Desempeñó varios puestos en Pemex y la Secretaría de Energía en los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.

18. Luis Videgaray, alumno y exsocio de Pedro Aspe en Protego, poderoso secretario de Hacienda durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2016) y cabeza de una extensa red de tecnócratas de esta nueva generación. Fue secretario de Finanzas en el gobierno estatal de Peña Nieto (2005-2009), diputado federal (2009-2012) y coordinador general de la campaña de Peña Nieto (2012). Su influencia política persiste a través de Aurelio Nuño (titular de la SEP) y de Enrique Ochoa Reza (líder del PRI).

19. José Antonio Meade, con amplios vínculos familiares y académicos con los tecnócratas de la era de Salinas y Zedillo, inició como secretario adjunto del IPAB, director general de la Consar (1997-1999), director general de Banca y Ahorro de Hacienda en el foxismo (2000-2002), director de Banrural (2002-2006), subsecretario de Ingresos (2008), titular de Hacienda en el último periodo del calderonismo (2011-2012) y con Peña Nieto (2016-2017) y secretario de Desarrollo Social y de la cancillería en el peñismo.

20. Emilio Lozoya Austin; su padre, del mismo nombre, fue secretario de Energía en el salinismo. Fue miembro del consejo de administración de la constructora española OHL y director de Pemex durante la etapa de las reformas estructurales del peñismo. La abrupta salida de Lozoya al frente de Pemex se produjo en medio de un enfrentamiento con Videgaray. Ha sido señalado por el escándalo de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, aunque él niega haber recibido dinero alguno de esta compañía.

21. Aurelio Nuño, el más joven representante de la nueva tecnocracia. Fue coordinador de asesores en el Senado, bajo las órdenes de Enrique Jackson (2003-2006), y con Peña Nieto pasó de ser jefe de la Oficina de la Presidencia a titular de la SEP. De alguna manera, Nuño sintetiza la trayectoria de dos personajes de la era tecnocrática: la de José Córdoba y Ernesto Zedillo, pero es uno de los funcionarios más cercanos al propio Peña Nieto, a quien le debe prácticamente toda su carrera política reciente.

22. José Antonio González Anaya, director de Pemex tras la salida de Lozoya Austin. Con un bagaje académico de primer nivel, fue investigador y profesor en la Universidad de Stanford; licenciado en economía por el MIT y doctor en economía por Harvard, la misma matriz académica de su concuño y amigo, Carlos Salinas de Gortari. En la primera parte del sexenio de Peña Nieto fue director del IMSS (2012-2016). Se declara amigo muy cercano de José Antonio Meade. “Él ha inspirado una generación completa de funcionarios, yo incluido”, afirmó González Anaya al referirse a su amistad.¹³

Existen coincidencias fundamentales entre estos 22 funcionarios:

a) La gran mayoría realizó estudios de licenciatura en el ITAM y con posgrados en universidades del extranjero, como Harvard, MIT, Universidad de Chicago, Universidad de Stanford, Universidad de Yale (Zedillo y Meade) o la Universidad de Columbia.

b) Prácticamente todos estos funcionarios comenzaron sus trayectorias en la administración pública en la Secretaría de Programación y Presupuesto, de Hacienda o el Banco de México. A partir de ahí extendieron su influencia y sus redes burocráticas a las áreas de desarrollo social, seguridad social, educación pública, Pemex o de relaciones exteriores.

c) En las redes tecnoburocráticas de las dependencias financieras y hacendarias la mayoría de estos funcionarios creó sus propios cuadros y formó a sus “discípulos” que ocuparon los cargos decisivos en las entidades de la República. La tecnocracia funcionó a la inversa de otros grupos de poder: del centro político del país a las periferias, es decir, hacia las entidades de la República, donde se convirtieron en los auténticos artífices de la ingeniería del endeudamiento y de la triangulación de fondos.

d) La primera “vieja guardia” del salinismo y la mayoría de los funcionarios zedillistas forman parte de consultoras internacionales o son invitados a los consejos de administración de compañías trasnacionales, especialmente del sector energético, eléctrico, telecomunicaciones, seguridad y minero —los ejes del gran negocio—.

El gran logro de este grupo no fue sólo colonizar la presidencia de la República y tener el control de las áreas neurálgicas de la política económica, sino imponer su lenguaje, su cultura de cofradía académica y su fobia a los liderazgos que consideran “populistas”.

El dogma neoliberal lo llevaron hasta la práctica política, al grado de “privatizar” también los procesos electorales. Su ascenso coincide y se vincula también con el acelerado crecimiento y “captura” de los poderes institucionales por parte de los poderes fácticos que se volvieron los más desafiantes en estos últimos 30 años, especialmente el crimen organizado, los monopolios mediáticos y de telecomunicaciones y las grandes trasnacionales del capital financiero y energético.

Salas-Porras caracterizó como “desmantelamiento de lo nacional” el primer objetivo común de estas élites:

Las reformas confluyeron, se traslaparon y apuntaron en la misma dirección: acotar y, en la medida de lo posible, retirar al Estado de la economía, transformar su orientación y desarticular los derechos adquiridos que representan altos costos en el nuevo modelo económico (sistema de seguridad social, contratos colectivos de trabajo, educación media y superior gratuitas, etc.). Al desnacionalizar espacios e instituciones que, como la Ley de Inversiones Extranjeras, contribuyeron a diversificar la economía nacional y a expandir el mercado interno, las élites neoliberales desmantelaron la esencia del Estado desarrollista.¹⁴

El punto fundamental no fue sólo el desmantelamiento de un modelo anterior, sino la creación de una nueva fórmula de corrupción más sofisticada en términos de manejo financiero y presupuestal y más salvaje frente al crecimiento de la desigualdad y la emergencia de una economía criminal de guerra que se acentuó desde 2000 a la fecha.

Salas-Porras apunta que “el proceso de privatización impulsado a lo largo de por lo menos cinco sexenios (De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto) no se ha evaluado rigurosamente, pero existe la percepción entre numerosos analistas y la población en general que el proceso alentó la corrupción y el ‘capitalismo de compadres’”.¹⁵

Nuestra tesis en este libro es que no se trata de un asunto de percepción, sino de decadencia de un sistema político que desmanteló sus fundamentos de legitimidad para ser colonizado por una tecnocracia que degeneró en cleptocracia. No fue un saldo no deseado de la revolución neoliberal, sino la esencia misma de un modelo de conducción política autoritario, disfrazado de democracia pluripartidista, profundamente elitista y plenamente convencido de la “normalización” de la corrupción a gran escala.

¹ Manuel Camacho Solís, “El poder: Estado o ‘feudos’ políticos”, Foro Internacional, vol. 14, núm. 3, enero-marzo de 1974, pp. 331-351.

² Ibidem, pp. 335-336.

³ Véase Guillermo Valdés Castellanos (exdirector del Cisen), Historias del narcotráfico en México, Aguilar, México, 2013, pp. 238-245.

⁴ Discurso de Ernesto Zedillo pronunciado al darse a conocer el Programa Económico de Emergencia, 29 de diciembre de 1994.

⁵ El Financiero, 4 enero 1995; Proceso, núm. 949.

⁶ Proceso, núm. 994.

⁷ La Jornada, 7 de octubre de 1995.

⁸ Carlos Salinas de Gortari, La “década perdida”. 1995-2006: Neoliberalismo y populismo en México, Debate, México, 2008.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Carlos Salinas de Gortari, ¿Qué hacer?, Debate, México, 2011, p. 115.

¹² Lista tomada de Alejandra Salas-Porras, La economía política neoliberal en México, Foca, Madrid, 2017, y de Jenaro Villamil, Sucesión pactada. La ingeniería política del salinismo, Plaza y Valdés, México, 1993.

¹³ “Salinas es un gran amigo y no niego a mis amigos: González Anaya”, El Financiero, 22 de junio de 2017.

¹⁴ Alejandra Salas-Porras, La economía política neoliberal en México, op. cit.

¹⁵ Ibidem, pp. 102-103.

III

La república electoral de los ladrones

El 23 de febrero de 1993 se realizó en la casa de Antonio Ortiz Mena, el exsecretario de Hacienda más poderoso que haya existido en México, una cena singular en la colonia Polanco. Asistieron el presidente Carlos Salinas de Gortari y el entonces dirigente nacional del PRI Genaro Borrego, además de cerca de 30 distinguidos integrantes de la cúpula de la iniciativa privada, encabezados por Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, propietario de Televisa, y por Claudio X. González, cabeza del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, según los relatos hemerográficos de la época.

La cena se convirtió en un escándalo público inédito. Uno de los asistentes filtró a la prensa que durante ese encuentro cada uno de los invitados se comprometió a donar 25 millones de dólares para financiar la campaña electoral del partido oficial. La suma total de las “donaciones” daba una friolera de 750 millones de dólares, un récord en la historia de la “generosidad” empresarial a las campañas políticas del PRI.

Al tipo de cambio de entonces, eran 9 mil 375 millones de pesos. Casi los mismos 10 mil millones de pesos que 20 años después costaría encumbrar a Enrique Peña Neto en el 2012, según los cálculos más conservadores de quienes participaron en el retorno del PRI a la presidencia de la República.

Entre los 30 supuestos “donantes” de la cena en casa de Antonio Ortiz Mena se encontraban algunos de los empresarios más beneficiados por las privatizaciones del salinismo: Carlos Slim, principal accionista de Telmex; Roberto Hernández, propietario de Banamex; Jerónimo Arango, cabeza del grupo comercial Cifra; Bernardo Garza Sada y Adrián Sada Treviño, representantes del poderoso Grupo Monterrey; Eugenio Garza Lagüera, presidente del Grupo Financiero Bancomer; Claudio X. González, adquiriente de la paraestatal Dina y presidente de Kimberly Clark de México; Carlos Hank Rhon, hijo y heredero del emporio constructor, financiero y automovilístico de su padre Carlos Hank González; Jorge Martínez Güitrón, accionista del tapatío Grupo Sidek; Lorenzo Zambrano, cabeza de Cemex y desde entonces uno de los magnates industriales más ricos del país; Alberto Baillères, del Grupo Bal, fundador del ITAM y dueño de Industrias Peñoles; Raymundo Gómez Flores, estrella en ascenso de la mano de su protector José Córdoba Montoya, jefe de la Oficina de Presidencia durante el salinismo; Gilberto Borja, cabeza del influyente Grupo ICA, el principal consorcio constructor de obras públicas; Ángel Losada, dueño del Grupo Gigante; el banquero José Madariaga, y Miguel Alemán Velasco, quien llegó en su calidad de secretario de Finanzas del PRI, hijo del expresidente que inauguró la corrupción de los “cachorros de la Revolución” y futuro gobernador priista de Veracruz (1998-2004).

La mayoría de los asistentes pertenecían al CMHN, cúpula de cúpulas de los empresarios que habían ingresado ya a la lista de la revista Forbes con más de mil millones de dólares de fortuna personal. Eran los casos de Azcárraga Milmo, de Slim, de Zambrano, los Garza Sada, Arango y Losada que ingresaron a este club mediático de los potentados, emblemas del éxito salinista.

A las 21 horas en punto arribó el presidente Salinas de Gortari a la casa de Ortiz Mena. Los potentados estaban ya en la sala, esperando la cena. A la hora del postre Genaro Borrego se dirigió a los asistentes. Les planteó la necesidad de fortalecer al PRI ante la próxima contienda presidencial de 1994 y de utilizar nuevas “fórmulas” de financiamiento como rifas, loterías, tarjetas de crédito.

—¿Cuánto se supone que debemos juntar? —preguntó uno de los asistentes.

—Mucho —afirmó Borrego.

—¿Pero cuánto? —insistió el empresario.

—Muchísimo —insistió a su vez el dirigente nacional del PRI.

Unos rieron. Otros se atragantaron con el helado de vainilla cubierto de chocolate derretido.

El anfitrión Ortiz Mena, en ese momento presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), relató la historia del PRI y los beneficios que el gobierno tricolor había dejado para “la estabilidad y los negocios” del país. Acto seguido, el propio Salinas de Gortari tomó la palabra y le puso una cifra al desafío: 500 millones de dólares para la campaña electoral de 1994.

El dueño de Banamex Roberto Hernández se comprometió a aportar 25 millones de dólares. La sorpresa fue mayúscula, sobre todo entre los empresarios regiomontanos y el propio Carlos Slim, que aún no figuraba como uno de los hombres más ricos del mundo.

—Hemos ganado tanto dinero en los últimos seis años —intervino magnánimamente el Tigre Azcárraga— que creo que tenemos una gran deuda de honor con este gobierno.

”Me comprometo a dar 70 millones de dólares y espero que me sigan muchos de los presentes. Se lo debemos al presidente y al país —remató.¹

Con su eterna sonrisa pícara, Salinas aplaudió y los demás, con algunos malestares gástricos, hicieron lo mismo. Slim afirmó que le hubiera gustado ser “tan espléndido” como Azcárraga, pero no tenía tanto dinero como él.

—Ya que Emilio se comprometió a dar más, yo promedio con él y así nos quedamos con los 25 millones de dólares —intervino, un tanto en broma, Bernardo Garza Sada.

La cifra mágica se había dicho: 25 millones de dólares cada uno, es decir, 750 millones de dólares en total, 50% más de lo calculado por el dirigente nacional del PRI. Ése fue el costo por persona para esa cena digna de una novela de Mario Puzo. Los asistentes aprovecharon para pedirle en ese momento a Salinas de Gortari toda clase de favores, contratos, facilidades, negocios e intermediación presidencial. El acuerdo implícito era la máxima confidencialidad sobre lo tratado en ese encuentro.

Salinas se encontraba en la cúspide del poder. Prácticamente todo le había salido bien hasta ese momento. En noviembre de ese año se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Recuperó el control del PRI y el juego de la sucesión presidencial estaba bajo su pleno control. Había logrado comprometer a los beneficiarios de su modelo a “donar” una cantidad que era cinco veces más que los recursos gastados por el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 1992.

Alguno de los asistentes “filtró” la información que fue publicada en El Economista, un periódico creado en el sexenio de Salinas de Gortari para hacerle contrapeso a El Financiero, rotativo incómodo por sus constantes críticas al modelo y a la corrupción del salinismo. La nota se tituló: “Fija el PRI cuotas para grandes empresarios”.

El escándalo fue inmediato. Borrego tuvo que recular. Los dirigentes visibles del aparato priista dijeron hasta lo impensable para salvar del bochornoso episodio a Salinas de Gortari. Los organizadores de la cena (Alemán, Ortiz Mena y Gilberto Borja) admitieron que se realizó el encuentro, pero subrayaron que no había nada indebido en solicitar una contribución a los hombres más acaudalados del país. Ortiz Mena llegó a afirmar que estas donaciones les redituarían en “seguridad para sus negocios” y negó que por las aportaciones se les daría a los donantes “un trato político especial, distinto al de cualquier militante”.²

Fernando Ortiz Arana —entonces líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados— negó que el presidente de la República hubiera “pasado la charola” en la casa de Ortiz Mena. Con esta frase bautizó el episodio que quedó para los anales de las grandes revelaciones.

Un año después de aquella cena, en plena campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio, el ingeniero Slim fue abordado por reporteros en el salón Constelaciones del hotel Nikko, en la Ciudad de México. Se negó a responder cuánto aportaría a la campaña.

Veinte años después, en entrevista con el reportero Diego Enrique Osorno, Slim admitió que formó parte de la Comisión de Financiamiento y Consolidación Patrimonial del PRI, pero explicó esta circunstancia con un estilo críptico:

Mira, hubo dos cosas: se quería separar, porque la Secretaría de Hacienda era la que financiaba a todos los partidos, a todos, menos al PAN, que usaban el partido de otra forma. Entonces, yo me imagino que fue un intento de hacer algo distinto, pero no.

—¿Sí fue parte de la Comisión de Financiamiento del PRI?

—Sí, pero nunca nos reunimos, que yo sepa.

—¿Nunca se ha considerado priista?

—Yo no. Yo votaba por el PRI para presidente y por el PAN para diputados y senadores. Siempre. Desde los 21 años. Esa ha sido mi forma de voto.³

En las más de mil 300 páginas de su libro México, un paso difícil a la modernidad, Carlos Salinas de Gortari no hace una sola mención a aquella cena. Se le olvidó ese pequeño detalle que enrareció el ambiente de la contienda presidencial desde un año antes.

SECUELAS DEL “PASE DE CHAROLA”

La maniobra salinista provocó un serio malestar dentro y fuera de las filas priistas por varias razones:

1. La presencia de Salinas de Gortari representaba la evidente presión presidencial con la que actuaba en su doble condición de titular del Ejecutivo y jefe real del PRI, así como cabeza de una nueva generación de tecnócratas aliados a empresarios, que necesitaron del favor presidencial para lograr su ascenso económico. La simulación se había roto.

2. Un solo donante que aportara 25 millones de dólares iba a triplicar la cantidad que el Instituto Federal Electoral destinó durante todo un semestre para financiar a los partidos políticos. En otras palabras, el PRI dejaba de ser una maquinaria política financiada por el Estado, con recursos del erario, para transformarse en un aparato político que se vendía al mejor postor. Por supuesto, era una especie de “preventa” de favores transexenales y un pacto para garantizar la continuidad del propio salinismo. Quien paga, manda, y quien recauda, reparte el poder político.

3. La cena echó abajo la promesa que Salinas hizo en su cuarto informe de gobierno: “hacer transparente el origen del financiamiento de los partidos; poner topes a los costos de las campañas electorales y trabajar en torno a los medios de comunicación y a los procedimientos que garanticen avances en la imparcialidad de los procesos electorales”.

El astuto secretario de Programación y Presupuesto que llegó a la presidencia con la sombra de la ilegitimidad selló con dinero ilegal el intercambio abierto de favores por millones de dólares.

La anécdota demuestra que uno de los problemas centrales para la tecnocracia y el modelo neoliberal ya no era tomar las riendas del Estado y manipular el gasto público para mantenerse en el poder. El punto fundamental era convertir al PRI y a las elecciones en un negocio, una inversión, un intercambio ajeno a cualquier fiscalización pública. Fue el primer gran testimonio de cómo operaba la cleptocracia al frente de un sistema “moderno”.

Comenzaba una nueva era: la transformación del sistema de partido único en otro de competencia electoral acotada y controlada desde el consenso neoliberal. Las “concertacesiones” con el PAN configuraron un nuevo modelo bipartidista. Y las elecciones de 1994 permitirían la continuidad transexenal del salinismo a través del dinero privado invertido en la maquinaria del PRI.

En dos líneas, Salinas explica que durante 1992 y 1993 “se exploraron diversas vías para financiar al PRI fuera del gobierno”; se buscaron mecanismos “que por una parte terminaron con la vieja imagen de un PRI subvencionado con los recursos públicos y, por la otra, permitieron formas de financiamiento propias de las democracias más desarrolladas”.⁴

¿Qué quería decir Salinas con esta frase? ¿Justificar el “pase de charola” como si fuera común en las “democracias más desarrolladas”?

La conclusión del IFE entonces fue que los topes de financiamiento establecidos para la campaña electoral eran muy altos (922 millones de pesos). El encarecimiento de las contiendas le abrió la puerta al financiamiento ilícito, la triangulación de fondos públicos y privados, el peculado electoral y, por supuesto, a la compra-venta de favores políticos.

El “pase de charola” de 1993 demostraría en los años posteriores que la privatización del PRI era también la del sistema de partidos. El fenómeno no fue exclusivo del partido oficial. Se extendió hacia el PAN, el PRD y llegó a casos grotescos como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el cual llegó a tasar en un millón de dólares las candidaturas a diputados federales.

¿DE DÓNDE VIENE EL DINERO?

Durante décadas el problema del financiamiento no fue un asunto prioritario para el PRI ni para el sistema político. Desde que Miguel Alemán Valdés asumió la presidencia de la República (1946-1952) y se fundó el PRI sobre el diseño heredado del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y del Partido Nacional Revolucionario (PNR) era claro que el “partido oficial” recibía los fondos del dinero público y de los descuentos, o “diezmos”, de las clientelas corporativas del sector obrero, campesino y popular.

Desde su nacimiento, las finanzas del partido oficial dependieron del erario. Catorce meses después de la fundación del PNR Emilio Portes Gil ordenó una contribución forzosa de la burocracia para mantener al partido. Mediante un decreto, emitido el 25 de enero de 1930, Portes Gil dispuso que “todo el personal civil de la administración pública dependiente del Poder Ejecutivo federal contribuya con 7 días de su sueldo, durante cada año, correspondiente a los meses de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre”. Es decir, los meses que tuvieran 31 días. De ahí que el dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) —Luis N. Morones— bautizara al PNR como “partido del 31”.

A la contribución forzosa de la burocracia se agregaron las cooperaciones “voluntarias” de los caciques regionales. Nunca se informó públicamente a cuánto ascendía el monto de las contribuciones, pero la discrecionalidad era correspondida con el claro reparto de espacios de poder regionales y estatales.

Lázaro Cárdenas suspendió en 1937 las donaciones forzosas de la burocracia, cuando el PNR se transformó en PRM; el partido pasó de ser una coalición de caciques y caudillos regional a un partido de masas organizadas a través de grandes corporaciones principalmente, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional Campesina (CNC); sin embargo, esto no evitó que el gobierno federal y las administraciones estatales y municipales continuaran alimentando las arcas del partido desviando los recursos públicos. El PRM hizo de las contribuciones clientelares y corporativas el origen y la fuerza de su presencia social.

Los problemas iniciaron durante la sucesión presidencial de Manuel Ávila Camacho, en 1945 y 1946. Comenzó a observarse la movilización de cuatro fuertes aspirantes: el joven secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés; el jefe del Departamento Central (ahora Ciudad de México), Javier Rojo Gómez; el secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, y el militar Miguel Henríquez Guzmán, sin cargo en el gabinete.

Durante la contienda interna, los demás precandidatos se hicieron a un lado y Alemán Valdés se convirtió en el “ungido” por los favores y la apuesta de los grandes grupos de presión, en especial los empresariales.

Los primeros testimonios de intervención de dinero privado para una campaña presidencial se dieron precisamente durante el alemanismo. Desde su posición como secretario de Gobernación, Alemán logró el apoyo de la mayoría de los gobernadores y de los principales presidentes municipales. El astuto fundador de la CTM —Vicente Lombardo Toledano— bautizó a Alemán como “el cachorro de Cárdenas y de Ávila Camacho”. Gracias a esta expresión, Alemán se convirtió en el “cachorro de la Revolución”. Los grupos empresariales de entonces, beneficiados con la protección del Estado, buscaron a un presidente promotor y protector de la iniciativa privada. A cambio de qué: de la creación de la primera gran generación contemporánea de “políticos-empresarios”. Los “cachorros de la Revolución” irían sustituyendo a los jefes militares regionales y exgobernadores del callismo y el cardenismo como los nuevos potentados de la cleptocracia mexicana.

Como presidente, Alemán perfiló al país hacia una estrecha cooperación con Estados Unidos. La época de la expropiación petrolera y de la retórica del nacionalismo revolucionario terminaron con la visita del mandatario estadounidense Harry S. Truman a México el 3 de marzo de 1947. El “partido oficial” aceptó la inversión extranjera como eje programático y comenzó la política del endeudamiento con el exterior.

Alemán transformó al PRM en el partido de la “revolución institucionalizada”. Es decir, en un aparato para mantener la disputa por el poder en las instituciones. La influencia de los sectores campesino y obrero (CNC y CTM) disminuyó ante la creación del “sector popular”, con la fundación de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), y una creciente integración de los empresarios al partido oficial.

También durante el alemanismo se fundaron las instituciones que formaron parte del eje de la corrupción político-policiaca del sistema: en 1947 se creó la Dirección Federal de Seguridad (DFS), cuya función era vigilar por la seguridad de la nación, pero fue utilizada a discreción por el presidente de la República, y amplió sus actividades hacia la investigación, al estilo de “policía política”, hasta convertirse en el eje del control estatal sobre el crimen organizado. Treinta años después, de acuerdo con los perfiles de los principales capos del narcotráfico en los ochenta, su principal origen en común fue la DFS.

El alemanismo representó el esfuerzo de modernización y de expansión industrial más importante después del porfiriato, a cambio de un costo institucional muy alto: la corrupción a gran escala. Los políticos también se desenvolvían como contratistas y concesionarios, los cuales se beneficiaron de la construcción de carreteras, de las vías del ferrocarril, de grandes centros turísticos, como Acapulco, de nuevos aeropuertos en Guadalajara, Mazatlán, León, de las primeras grandes cadenas de televisión, en especial Televicentro (que posteriormente se convertiría en Televisa).

La transformación de Pemex en una gran paraestatal que firmaba contratos con particulares convirtió a esta empresa en el centro del saqueo. En nombre del progreso, vino la corrupción.

El alemanismo constituyó la primera red amplia y transexenal que perduró hasta 1970, con la llegada de Luis Echeverría. Durante los sexenios de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, periodo conocido históricamente como “el milagro mexicano” (con un crecimiento anual de 6%, aceleramiento del proceso de industrialización y expansión de una nueva clase media), el PRI y el gobierno funcionaron como una maquinaria no exenta de fracturas y diferencias, pero ambos tenían una relación simbiótica y necesaria. Las elecciones no se “ganaban” en las urnas, sino entre los grupos burocráticos en disputa.

La represión de 1968 representó el punto de quiebre de ese “milagro”. Los hijos del “milagro mexicano”, los universitarios de clase media urbana y con una aspiración cosmopolita, a tono con el mayo francés de ese año y con las protestas contra la invasión a Vietnam y con los movimientos de liberación nacional en el Tercer Mundo, quisieron abrir una pequeña rendija en el cerrado edificio del autoritarismo mexicano.

La respuesta del gobierno de Díaz Ordaz fue brutal y desproporcionada. La matanza del 2 de octubre de 1968 marcó un parteaguas para el sistema y su relación con la sociedad. Fue el resultado de una intriga al interior del gobierno y de la paranoia anticomunista de Díaz Ordaz, quien nunca entendió que los jóvenes universitarios mexicanos no querían importar la Revolución cubana a México, sino abrir el anquilosado sistema autoritario.

Su sucesor —Luis Echeverría— inició una amplia operación de cooptación selectiva de los jóvenes universitarios, de los intelectuales y del sector empresarial para salvar al sistema político. Su talante represivo, tanto o mayor que el de Díaz Ordaz, se puso la máscara de una retórica nacionalista, antiimperialista, pero con una nueva y extendida práctica de la corrupción.

Con Echeverría llegaron también los primeros tecnócratas con ambiciones de poder y, como relatamos en el primer capítulo, con López Portillo tomaron por asalto las instituciones neurálgicas de la conducción económica y la presidencia de la República. La “familia feliz” del Banco de México desplazó en la batalla tecnocrática a otros cuadros de la burocracia creados en la era echeverrista y que perduraron hasta el ascenso de Carlos Salinas.

En su delirio de permanencia transexenal —muy similar también al de Alemán y Salinas—, Echeverría impulsó una reforma electoral para que los partidos tuvieran acceso a la televisión y representación en la Comisión Federal Electoral, el entonces árbitro de la contienda, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, promovió la creación de nuevos partidos, a imagen y semejanza de su proyecto, al tiempo que fortaleció el poder del PRI.

La retórica nacionalista del echeverrismo se combinó con la creación de una nueva casta empresarial y de grandes políticos corruptos.

Las contradicciones aparentes del echeverrismo eran un intento de esconder su talante represor en la matanza estudiantil del 68, el halconazo del 71, la guerra sucia iniciada en la sierra de Guerrero contra los grupos subversivos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas y con el golpe al periódico Excélsior en 1976.

El desafío para el echeverrismo era darle legitimidad a su intento de reforma política. En realidad no se trató de una apertura del sistema, sino de una fórmula para cooptar a los sectores disidentes al sistema priista. El escritor Carlos Fuentes, el más célebre novelista del momento, sentenció en una frase esta falsa dicotomía: “Echeverría o el fascismo”.

Grandes fortunas se amasaron en ese entonces, ligadas con el modelo echeverrista, como fue el caso de Mario Vázquez Raña, contratista gubernamental y propietario de la mayor red de periódicos del país (El Sol de México), de los banqueros que financiaron el desarrollo turístico de Cancún o los prominentes políticos priistas que ya despuntaban como empresarios, entre los que destaca el caso del exgobernador del Estado de México, Carlos Hank González.

El sucesor de Echeverría —su secretario de Hacienda, José López Portillo— realizó una campaña electoral sin adversarios políticos. Fue el único candidato presidencial en 1976, ya que ese año el PAN no presentó candidato debido a su fractura interna, el Partido Comunista estaba en la ilegalidad y realizó una campaña testimonial con el legendario líder ferrocarrilero Valentín Campa, y los otros “partidos satélites” del sistema, como el PARM y el PPS, terminaron apoyando a López Portillo.

En ese proceso electoral el tema fundamental no fue el financiamiento, sino cómo legitimar al sistema de un solo partido y un candidato único que daba la apariencia de una dictadura disfrazada de democracia. La fórmula de un sistema mayoritario y hegemónico —en el que el presidente era el jefe del partido en el poder, el jefe del gobierno y el jefe del Estado— requería una maquillada urgente. Una dosis de pluralismo que no amenazara con arrebatarle el poder al PRI.

Por esta razón, López Portillo decidió emprender la más ambiciosa reforma electoral hasta entonces realizada y sembró el primer germen para elecciones competidas tras la reforma constitucional y la aprobación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), negociada y diseñada por el entonces secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, quizá el último gran arquitecto del sistema político priista.

Desde 1940 hasta 1977 el modelo político-electoral no era competitivo. Un solo partido hegemónico dominó las gubernaturas, el Congreso federal (Senado y Cámara de Diputados), los congresos locales, la mayoría de los municipios, las empresas paraestatales, las instituciones más grandes del país: desde el IMSS hasta el gigante sindicato magisterial, el SNTE. Fue éste el periodo de ascenso, consolidación y crisis del sistema político construido por la generación anterior a la llegada de los tecnócratas al poder.

Las crisis electorales regionales fueron la excepción y no la regla. Surgieron movimientos cívico-electorales con candidatos opositores que desafiaron al PRI, como el frente cívico que postuló a Salvador Nava en San Luis Potosí (1958) o al panista Víctor Correa Rachó en Yucatán (1968). En ambos casos, imperó el fraude electoral.

La reforma electoral de 1977-1979 fue la admisión implícita de que la arquitectura del sistema priista se había resquebrajado y era necesario reforzarla y darle una dosis de pluralidad. Fue una apertura gradual, tímida, pero con un impacto inmediato. Primero, en la integración del Congreso y en la creación de una nueva burocracia legislativa bajo la fórmula de la representación proporcional: de golpe, la Cámara de Diputados pasó de tener 237 legisladores a 400.

Tras la elección de 1988 en la que resultó ganador Carlos Salinas, cuestionada por su legitimidad y legalidad, la Cámara de Diputados pasó de tener 400 a 500 legisladores, 300 de mayoría relativa y 200 por sistema de representación proporcional.

Esa reforma no convirtió al sistema en un modelo competitivo democrático. Tampoco resolvió el imperfecto sistema de representación política y la discriminación de las otras fuerzas y movimientos sociales que orbitaron en torno al sistema de partido hegemónico, pero fue el inicio de una lenta expansión de las prácticas de corrupción hacia las otras fuerzas partidistas que incorporaron esa cultura política tan arraigada en el PRI, para integrarse a la élite política.

Es muy común pensar que el poder corrompe y es inevitable este fenómeno en un régimen democrático y representativo. Contra esa creencia tan extendida y común, el poder no es el que corrompe, sino el mayor o menor grado de representatividad y legitimidad reales de un sistema político. En otras palabras, es un problema de la legitimidad de la representación y no del poder político en sí mismo.

Hombres muy poderosos como Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt o Willy Brandt o partidos políticos que han gobernado durante décadas en países como Gran Bretaña, Alemania o el mismo Estados Unidos no fueron sinónimo necesariamente de corrupción electoral, porque dentro de sus sistemas funcionaban los mecanismos de legitimidad y representación. Justo cuando fallan sobreviene la dinámica de la cleptocracia que se apropia del gobierno y de los partidos, como ocurre actualmente en Estados Unidos con Donald Trump.

En el caso mexicano el problema no es la corrupción del poder, sino la decadencia de las formas de representación del sistema político. La legitimidad se volvió un valor secundario frente al mercado electoral. Los representantes populares o ciudadanos dejaron de serlo, para ser los defensores de corporativos, dinastías, élites y mafias. Esto lo hemos vivido los mexicanos desde 1982 hasta la etapa actual de larga agonía de un sistema tomado por asalto por la tecnocracia y que ha degenerado en cleptocracia también.

En materia electoral esto se tradujo en una dinámica doble: una lucha cada vez más fuerte desde la sociedad y desde sectores académicos y económicos para hacer valer el sufragio efectivo, en paralelo con una práctica cada vez más extendida de maquillar las elecciones competidas a través de pactos, repartos y compra de votos.

Nadie imaginó que menos de 10 años después, en 1988, la reforma para abrir parcial y centralizadamente el sistema político desafiaría la hegemonía del PRI y su control sobre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como sobre los 31 gobiernos estatales y el Distrito Federal.

La fractura al interior del PRI, gestada entre 1986 y 1987 por el rechazo de los cuadros intelectuales y políticos del partido (Rodolfo González Guevara, Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas y Enrique González Pedrero, principalmente) a esa tecnocracia victoriosa en el gobierno de Miguel de la Madrid, creó un escenario inédito: la oposición real, electoralmente competitiva, en el seno del mismo PRI.

Antes de la llegada de Vicente Fox al poder, quien encabezó el mayor desafío para el PRI en la contienda por la presidencia de la República fue Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones históricas de 1988; Cárdenas fue tres veces candidato presidencial y heredero del modelo de Estado benefactor impulsado por su padre.

El opositor histórico del PRI, el PAN, fue avanzando periféricamente: desde el norte del país ganó alcaldías y el fraude electoral de 1986 en Chihuahua gestó un nuevo movimiento. El “neopanismo” surgió de esa coyuntura, con empresarios ajenos al entorno oficialista que estaban decididos a dar la batalla por ganarle al tricolor las posiciones oficiales. De ahí surgieron figuras como Manuel J. Clouthier, Francisco Barrio, Ernesto Ruffo (el primer gobernador panista) y el propio Vicente Fox.

De 1988 a 1994, y sobre todo, en las elecciones presidenciales de 2000, el dilema para la tecnocracia fue cómo mantener el suministro de recursos públicos hacia el PRI, bajo el dogma de un “Estado mínimo”, de recortes presupuestales, de privatización de cientos de empresas paraestatales que constituyeron la fuente de ingresos principales para que el PRI ganara y, al mismo tiempo, mantuviera el maquillaje de “equidad”.

La cena del “pase de charola” de 1993 quitó la máscara. De una u otra manera la revelación del episodio confirmó la tendencia que se incrementó y se generalizó con la alternancia periférica, acelerada en 1997, y con la alternancia en la presidencia de la República con la llegada de Vicente Fox.

¿DEMOCRACIA O MERCANTILIZACIÓN ELECTORAL?

Los dos grandes escándalos de las elecciones de 2000, Amigos de Fox y el Pemexgate, demostraron que la corrupción no se gestaba sólo en la “donación de privados” a los candidatos. La novedad fue el esquema de triangulación de fondos públicos y privados para “lavar el dinero” y destinarlo a las campañas, dándole la vuelta a la legislación electoral. Por ahí se colaron no sólo recursos provenientes de capitales nacionales y extranjeros, de sindicatos-mafias como el de Pemex, sino también del crimen organizado, según las principales pistas de ambos escándalos, cuya investigación dejó incompleta el IFE.

Desde 2000 comenzó a perfilarse el escenario más negativo de nuestra fallida transición a la democracia: la corrupción producto de la simbiosis partido-gobierno no se desmanteló, sino que se extendió hacia todos los partidos políticos contendientes y el sistema electoral, con todo y sus candados y múltiples regulaciones, se convirtió en el espacio de disputa entre una legalidad simulada y una legalidad deseada.

Ya no sólo eran los votos, sino el dinero lo que definía la victoria o derrota de los candidatos. Y el voto dejó de ser un derecho para transformarse en una mercancía que se compra, se amarra, se especula, en el gran mercado político-electoral.

El neoliberalismo también “privatizó” las contiendas electorales y su principal expresión fue la mercantilización creciente de las elecciones y la transformación del voto de un derecho cívico a un valor de cambio.

La doble alternancia que hemos vivido en 2000 y en 2012 es un claro testimonio de este fenómeno. Desde los niveles municipales y estatales hasta el federal triunfa no solamente el que consiga más votos, sino el “más fuerte”, el que “más dinero”, medios y aportaciones privadas y públicas consiga. La creciente amenaza del narcopoder y de la narcoeconomía sobre el sistema se explica no sólo por el enorme y creciente mercado de consumo de estupefacientes, sino por la influencia del dinero ilícito en las campañas, un “mal necesario” para la mayoría de los políticos y candidatos que así alimentan la maquinaria de mercantilización de las campañas.

Una anécdota regional ilustra muy bien este fenómeno. En el penúltimo año del gobierno de Tomás Yarrington en Tamaulipas, en 2004, el entonces mandatario priista les mandó a decir a los aspirantes a sucederlo que ganaría la nominación quien tuviera 30 millones de dólares para pagarle a él. Su sucesor y protector fue Eugenio Hernández, entonces alcalde priista de Ciudad Victoria. La docena trágica de Yarrington y Hernández hundió a Tamaulipas en la peor época de enfrentamientos entre cárteles de la droga. Ambos exgobernadores están siendo procesados por lavado de dinero, tráfico de influencias y vínculos con el crimen organizado.

Otra historia ilustra muy bien esta mercantilización de los cargos de representación popular. En febrero de 2004 se difundió un video en el que el presidente del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, propone que le paguen dos millones de dólares por tramitar permisos para construir proyectos turísticos en Cancún. El llamado Niño Verde aceptó la veracidad del video, pero negó que se concretara algún delito. La Procuraduría General de la República (PGR) lo exoneró en octubre por considerar que no hubo pruebas de los ilícitos derivados del video.

Ese mismo año se difundieron en Televisa los famosos videoescándalos en los que el empresario constructor Carlos Ahumada repartía dinero en efectivo a líderes del gobernante PRD para apoyar las campañas electorales en la Ciudad de México, en varias delegaciones, y en Michoacán, a cambio de futuros contratos de obra pública.

La discusión se centró en la presunta corrupción de los emisarios, como René Bejarano, y su vínculo o cercanía con el entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, perfilado desde ese 2004 para ser aspirante presidencial.

El cuestionamiento no fue por las donaciones secretas a representantes de un partido de izquierda —práctica común y generalizada—, sino quién los reveló y estaba detrás de estos videos, que tenían como intención obvia el chantaje y la extorsión a los políticos que aparecen en ellos.

AUTOCRACIAS ELECTORALES

El filósofo político italiano Michelangelo Bovero, heredero de la escuela de Norberto Bobbio, describió así el fenómeno de la mercantilización electoral: “En realidad, la ideología neoliberal conlleva una distorsión y una desnaturalización de los principios que desde siempre inspiraron al constitucionalismo liberal, pues concibe al mercado como una suerte de institución suprema y soberana; así, promueve a la categoría de valor absoluto la idea de libertad que se confunde con la simple ausencia de reglas o, en otras palabras, con lo que Kant llamó ‘libertad salvaje’”.⁵

En el terreno electoral, esta distorsión se tradujo en un exceso de retórica a favor de la “libertad de elección” contrastada con una realidad que hizo todo para reinventar un nuevo modelo de fraude electoral. Si todo se compra con dinero y se “privatiza”, difícilmente se permite el ascenso al poder de un modelo distinto al de la tecnocracia y a su proyecto de privatización intensiva de los cargos de representación. Las elecciones se volvieron competitivas, pero no hubo sufragio efectivo.

Se fue configurando desde entonces un modelo de autocracias electorales que se combinó con el ascenso y descenso de la tecnocracia y su versión degenerada en cleptocracia, entendiendo por autocracias electorales la configuración de un régimen formal y legalmente democrático, pero real y crudamente sometido a la voluntad pactada de antemano por las élites políticas, económicas y partidistas que se reparten los espacios de poder reales.

De esta noción de autocracias electorales proviene el fenómeno de la partidocracia, del que son responsables no sólo los dirigentes formales de los partidos, sino los jefes reales de los grupos de poder que colonizan a las instituciones partidistas, tan poco acostumbradas a las prácticas democráticas internas y tan dependientes de una cultura política del autócrata, del jefe, sin contrapesos, y cuyos límites solamente son temporales.

Lo sucedido tras la doble alternancia electoral a la mexicana (2000-2012, gobiernos del PAN, y 2012-2018, retorno del PRI) ha generado un debate en los círculos académicos de politólogos, sociólogos e historiadores. Algunos, benevolentes, señalan que pasamos de la “dictadura perfecta” que acuñó el escritor peruano Mario Vargas Llosa a una “democracia imperfecta” que está en proceso de consolidación. Otros señalan que la transición a la democracia “concluyó” con la alternancia de 2000 y vivimos ahora un periodo posterior de ajustes.

Los autores más críticos derrumban el espejismo y lo señalan con todas sus letras: continúa la agonía del sistema autoritario o, en el mejor de los casos, vivimos un periodo de “democracia autoritaria”.

En su libro Nuestra tragedia persistente (Debate, 2013), el doctor Lorenzo Meyer prosigue con la línea de análisis heredada del historiador Daniel Cosío Villegas. Meyer subraya que se trata de una “democracia autoritaria” porque persiste uno de los rasgos esenciales del autoritarismo: “un pluralismo limitado e irresponsable, es decir, aquel donde no se puede llamar a cuentas al poder, un poder con límites mal definidos”,⁶ según la clásica caracterización del politólogo español Juan Linz.

Meyer subraya que lo sucedido en 1988 y 2006, con el fraude electoral a las izquierdas, revela el “muro infranqueable” del sistema político mexicano: “las derechas priista y panista aceptan la alternancia entre ellas, pero por las buenas y las malas se han negado a que la izquierda sea parte de la alternancia”.⁷

En conclusión, advierte Meyer en esta obra posterior al triunfo de Enrique Peña Nieto en 2012:

La teoría de las transiciones del autoritarismo a la democracia subraya que en las sociedades que viven estos cambios hay un lujo que, so pena de fracasar, no se pueden dar: perder el tiempo, el impulso y el sentido de la transformación. Una vez lograda la caída del régimen autoritario, se debe proceder sin dilación a consolidar lo ganado, a consolidar la democracia. Ese afianzamiento requiere movilizar a la sociedad misma, por un lado, para derribar o modificar las instituciones y las prácticas que sirvieron de base e instrumento al régimen que se acaba de derrotar, y por otro, reforzar o dar vida a instituciones, prácticas, actitudes y proyectos que sostengan el triunfo democrático. Y es aquí donde ha fallado el proceso mexicano.⁸

La principal práctica que nunca se modificó, como sostenemos en este libro, es la corrupción institucionalizada. Al contrario, se expandió, se consolidó y creó una nueva e inamovible clase política que pasó de la tecnocracia a la cleptocracia. La prueba más fehaciente del fracaso de la transición es la corrupción misma en los procesos electorales de 2000, 2006 y 2012.

AMIGOS DE FOX Y PEMEXGATE

El 18 de febrero de 1998, dos años antes de la elección presidencial de 2000, se creó la asociación Amigos de Fox, el primer esquema de mercadotecnia política para promover a un candidato presidencial y recolectar fondos privados a favor del entonces gobernador panista de Guanajuato —Vicente Fox—, convertido en una carismática figura antipriista.

Amigos de Fox fue un diseño original del empresario José Luis González, amigo del guanajuatense desde los tiempos de ambos como gerentes de Coca-Cola. González fue autor del llamado plan Milenium para reclutar a simpatizantes de la candidatura de Fox, al margen de la militancia panista. Uno de los objetivos del plan Milenium era ganarse al electorado de centro-izquierda (inclinado en 1988, 1994 y 1997 hacia Cuauhtémoc Cárdenas, líder del PRD) y “arrebatarle a la izquierda —se lee en el plan— algunas de las banderas sociales de reivindicaciones y de justicia que se han adjudicado en el pasado sin que nadie se las reclame”.

El otro objetivo central era recolectar fondos privados para no depender sólo del financiamiento público y crear una red nacional indispensable para rivalizar con el aparato priista.

Fox tenía un arrastre y un carisma particulares. Fue electo diputado federal en 1988, reclutado por el sinaloense Manuel J. Clouthier, el candidato presidencial del PAN que provenía de las filas del Consejo Coordinador Empresarial. Fox se hizo famoso por su desparpajo y sus desafíos a Salinas de Gortari en la Cámara de Diputados. Muchos recuerdan cómo se burló de las orejas de Salinas colocando a la altura de las suyas unas boletas electorales, haciendo alusión al fraude del 88.

En 1991 buscó la gubernatura de Guanajuato que derivó en un gran fraude electoral y el nombramiento del panista Carlos Medina Plascencia como gobernador interino. Fox encabezó una resistencia cívica que lo convirtió en un referente nacional ante el fraude. En 1995 triunfó en los comicios para gobernador y al presidente Ernesto Zedillo no le quedó más que aceptar el resultado, a pesar de la furia de los priistas tradicionales y de no pocos salinistas que veían con recelo al exgerente de la Coca-Cola.

Antes de ser gobernador, Fox coqueteó con círculos de intelectuales, como el Grupo San Ángel, con la idea de apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas para la candidatura de 2000, pero la gubernatura se convirtió en una plataforma propia para avanzar hacia Los Pinos y aprovechar el enorme malestar social generado por la crisis económica de 1995.

La asociación Amigos de Fox se gestó desde los comicios intermedios de 1997, cuando el dirigente panista Carlos Castillo Peraza fue derrotado en las elecciones capitalinas por Cuauhtémoc Cárdenas. La corriente “doctrinaria” o tradicionalista de Acción Nacional se quedó sin una figura fuerte y de arrastre popular para ganar la presidencia de la República.

Luis Felipe Bravo Mena, dirigente nacional del PAN en el momento del triunfo de Fox, escribió que “la formación de la estructura conocida como Amigos de Fox tenía un doble principio ad intra para reclutar al mayor número de militantes del PAN para ganar la postulación; y ad extra, para invitar a líderes sociales, jóvenes, mujeres, empresarias y ciudadanos en general a incorporarse al proyecto foxista”.⁹

Bravo Mena admitió que la operación política de Fox “causó muchas fricciones y malos humores al interior del partido, pero la institución no se fracturó”.¹⁰ El exdirigente panista evadió mencionar el problema claro de triangulación de fondos irregulares ante el descontrol de los donativos.

El periodista Miguel Ángel Granados Chapa apuntó en su espléndido libro Fox & Co.:

Amigos de Fox creció rápidamente. Cuando el candidato presidencial escribió su libro autobiográfico (comienzos del segundo semestre de 1999) informó que la asociación contaba con 300 mil miembros y se esperaba a que llegara a un millón. Aquel cálculo resultó en exceso conservador, pues al concluir la campaña, su coordinador José Luis Fernández se ufanó de que 5 millones 480 mil personas se habían inscrito y aportado recursos, lo que generó un problema de fiscalización del gasto.¹¹

Amigos de Fox resultó ser una red imaginativa y un espacio de tráfico de influencias que le permitió al exgobernador de Guanajuato arrebatarle la iniciativa al PAN, rebasar al candidato de la izquierda —Cuauhtémoc Cárdenas— y generar una corriente a favor del “voto útil”, porque era necesario “sacar al PRI de Los Pinos”. La asociación fue un éxito de mercadotecnia electoral.

Amigos de Fox logró su objetivo, aunque el costo en términos de legalidad y de corrupción fue muy alto para la alternancia: el escándalo de aportaciones privadas prohibidas que el Instituto Federal Electoral (IFE) investigó de manera incompleta se “negoció” con el otro caso de triangulación de fondos ilegales —el Pemexgate—, que operó para favorecer con donaciones del sindicato de Pemex al candidato del PRI a la presidencia, Francisco Labastida, tal como revelaron en su momento consejeros electorales, como Jaime Cárdenas.

La investigación realizada en ambos casos se convirtió en una historia de encubrimientos no sólo de la autoridad electoral, sino, sobre todo, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la misma institución que sirvió para solapar y encubrir muchos de los fraudes en el Fobaproa, como el traslado de las deudas de los empresarios y banqueros a la deuda pública, el gran escándalo de rescate financiero con dinero público a las instituciones bancarias corresponsables de la crisis y del fraude a los ahorradores en 1995.

La historia de Amigos de Fox está estrechamente vinculada a la del Fobaproa. Muchos donantes del panista venían del multimillonario quebranto de 450 mil millones de pesos que legalizó el sexenio de Ernesto Zedillo.

El 4 de diciembre de 2000 Jonathan Davis Arzac asumió la presidencia de la CNBV, tres días después de que Fox tomara protesta como jefe del Ejecutivo de la alternancia, con el claro propósito de limpiar la imagen de este organismo regulador y supervisor del sistema financiero mexicano. Los periodistas que investigaron a Amigos de Fox señalaron a Davis como una pieza clave para encubrir y negar la información sobre los movimientos de fondos durante las campañas de Vicente Fox y Francisco Labastida, a pesar de la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Davis encubrió finalmente el escándalo de 421 delitos cometidos en al menos 15 bancos, como Anáhuac, Banpaís, Confía, Cremi, Industrial, Interestatal, Obrero, Banorte, Promotor del Norte, Unión y el Banco del Sureste, institución en la que los accionistas mayoritarios eran los hermanos Creel Cobián, primos del secretario de Gobernación de Vicente Fox, Santiago Creel.

“Banco del Sureste y sus accionistas —dice en un artículo publicado en Proceso— recibieron muchos privilegios de la CNBV, pues se autorizó su rescate financiero, además de que se le reconoció y se registró en su contabilidad un pasivo a favor del IPAB, quedando como garantía sus acciones.”¹²

Davis Arzac —personaje clave en la tecnocracia del gobierno de Ernesto Zedillo— jugó un papel fundamental para encubrir tanto a Amigos de Fox como el Pemexgate : en primer lugar porque muchos de los donantes de Fox estuvieron involucrados en el polémico rescate bancario, y, en segundo, porque Davis estuvo al tanto de las cuantiosas y oscuras transferencias de Pemex al sindicato petrolero, desviadas a la campaña del priista Francisco Labastida.

El encubrimiento involucró al propio tribunal electoral. El 7 de mayo de 2002 los magistrados resolvieron por unanimidad echar abajo la decisión del Consejo General del IFE que ordenó, en votación dividida, cancelar la investigación de los fondos de campaña de Fox. La pesquisa se originó después de que el PRI denunció formalmente a Amigos de Fox por recibir fondos provenientes del extranjero y de empresas mercantiles, lo que prohíbe la legislación electoral.

El PRI denunció y documentó la presunta participación ilegal de empresas como Cemex, Nadro, Comercial América, Frugosa, Agrobios, Grupo Flexi de León, El Cerrito y Fox Brother en la campaña de Fox. Para el IFE, las únicas aportaciones irregulares en Amigos de Fox provinieron del Fideicomiso Desarrollo para la Democracia, Éxito con Fox, Grupo Alta Tecnología en Impresos, K-Beta, ST&K de México, Carlota Robinson, Instituto Internacional de Finanzas de León, Movimiento para el Cambio, A. C., y Pro Democracia A. C.

Los únicos dos consejeros electorales que se opusieron a esta resolución fueron Jaime Cárdenas y José Barragán. En entrevista con la reportera Jesusa Cervantes, quien le dio un seguimiento puntual a este escándalo en la revista Proceso, Cárdenas afirmó que para conocer el origen y destino de los recursos que ingresaron a Amigos de Fox y al Fideicomiso Desarrollo para la Democracia se debió partir de la fecha en que se fundaron ambos organismos y no del 12 de septiembre de 1999, día en el que oficialmente Fox fue nominado como candidato presidencial del PAN.

La fecha también fue clave para exonerar a Lino Korrodi, quien le dijo a la autoridad electoral y a la Unidad de Lavado de Dinero de la PGR que los recursos provenientes de empresas mercantiles, como Frugosa, Nadro, Cemex o Flexi, se produjeron antes de la etapa sometida a investigación. Jesusa Cervantes explicó en su reportaje que la clave de esta red de empresas fue la triangulación de los recursos:

Por ejemplo, Frugosa sostuvo que entregó a K-Beta 1 millón 85 mil 600 pesos por “pago en servicios de asesoría en mercadotecnia”. Y esto llamó la atención de los consejeros electorales inconformes, pues el objeto social de K-Beta nada tiene que ver con la asesoría mercantil […]

Otra, Cemex argumentó que pagó 13 millones de pesos por “servicios profesionales de asesorías a K-Beta”, en tanto que Flexi erogó para esta misma empresa 1 millón 150 mil pesos por supuestas “evaluaciones de grupos y digitalización de cartera”.

El colmo, según los consejeros, es que el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) de León pagó a K-Beta 4 millones de pesos por presuntas actividades que están incluidas en el objeto social del propio instituto: “servicios de asesoría y estudios y análisis de mercado”.

Así lo que para los supervisores de la CNBV fue una triangulación de recursos que indicaba un posible lavado de dinero —ya que este tipo de operaciones son utilizadas por quienes pretendieron ocultar el origen de sus recursos—, Lino Korrodi y los apoderados de las empresas trataron de justificarlo aduciendo simples intercambios financieros por la prestación de servicios.¹³

Amigos de Fox fue un expediente importante porque representó un “salto cualitativo” en el proceso de corrupción electoral. No se trataba del “pase de charola” al estilo de Salinas de Gortari en 1993, sino de un sofisticado mecanismo de triangulación de fondos privados para destinarlos a las campañas políticas, dándole la vuelta a la ley.

Por otro lado, el Pemexgate fue el método tradicional de desvío de fondos provenientes del sindicato de Pemex para apoyar la campaña del PRI y de Francisco Labastida en 2000, según la investigación del propio IFE.

El 8 de junio de 2000, tres semanas antes de las elecciones presidenciales, se giró un cheque de Pemex por 640 millones de pesos a favor del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con cargo a una cuenta en Inverlat, disfrazado de préstamo. En la misma fecha el tesorero del sindicato —Ricardo Aldana— hizo otro depósito, por la misma cantidad, en Banorte, la cual fue retirada mediante 14 cheques que se cobraron en efectivo por una red de personajes que trabajaban precisamente en el área de Finanzas del PRI.

El PRI fue multado con mil millones de pesos por el ilegal desvío multimillonario, un golpe que afectó las finanzas centrales del partido ante el ascenso del primer presidente no priista (Vicente Fox) y elecciones cada vez más competitivas.

Desde ese momento, los “financiadores” del PRI fueron los gobernadores que se transformaron en los “jefes reales” de las estructuras, de los operadores y de los recursos para ganar elecciones. Sin duda, el grupo sobreviviente a la derrota del PRI en 2000 fue el de Atlacomulco o grupo Estado de México, con un famoso cleptócrata a la cabeza: Arturo Montiel.

En marzo de 2003 el entonces presidente del Consejo General del IFE, José Woldenberg, advirtió en entrevista con Proceso que tanto el caso de Amigos de Fox como el del Pemexgate tienen como factor principal “el dinero”, y por ello había que “tomar todas las medidas para prevenir y castigar cuando haya mal uso del dinero”.

Woldenberg ejemplificó con lo sucedido en otros países, con sistemas electorales democráticos consolidados, frente a los escándalos de dinero:

En una de las democracias más consolidadas del mundo, Alemania, el canciller (Helmut) Kohl tuvo problemas de dinero; en Italia, un sistema de partidos que duró 45 años se desplomó después de la posguerra por problemas de dinero; la primera vez que el Partido Liberal Democrático de Japón perdió una elección fue por problemas de dinero.

Entonces, veamos las cosas con una perspectiva que nos permita contemporizar con eso. Es muy probable que estos problemas no los podamos suprimir, pero sí los podamos atajar.¹⁴

Tres lustros después, en julio de 2017, Lino Korrodi afirmó en entrevista con el periodista Álvaro Delgado que Fox traicionó a la democracia y que los actos de deshonestidad de Amigos de Fox no fueron responsabilidad suya.

Korrodi señaló en la entrevista con Proceso, poco después de sumarse al proyecto de López Obrador para las elecciones de 2018, que “el banquero Roberto Hernández fue clave en el financiamiento de Fox, de quien fue compañero de la Universidad Iberoamericana […] en la presidencia sí participó bastante. Fue Roberto el que tomó la decisión, junto con Manuel Medina Mora (director del Grupo Financiero Banamex-Accival), de operar el financiamiento”.¹⁵

Como veremos, el problema no se “atajó” y menos se suprimió. El dinero y la corrupción se convirtió, sobre todo en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, en la parte medular del problema.

LA TRAICIÓN DE FOX

La impunidad pactada en los casos de Amigos de Fox y del Pemexgate marcó el sexenio de Vicente Fox. La ilusión de la alternancia que llevaría a una reforma profunda del sistema político se perdió entre el vericueto de complicidades y secretos. Las bravuconadas contra las “víboras prietas”, las “tepocatas” y toda la zoología foxista contra la corrupción se transformó en sumisión y pacto con la vieja guardia priista y los tecnócratas.

Fox sacó al PRI de Los Pinos, pero no a la tecnocracia ni, mucho menos, a las redes de corrupción corporativa y clientelar creada durante los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

La corrupción en la era de Fox se potenció por partida doble: el claro nepotismo de su administración, concentrado en la figura de Marta Sahagún, quien pasó de ser vocera a cancerbera y broker de los intereses y ambiciones transexenales del foxismo, y el crecimiento y descontrol de los “poderes salvajes” que jugaron un papel protagónico y determinante: los nuevos contratistas de la era foxista en Pemex, en la CFE, en las carreteras, en absurdos y delirantes proyectos como la fallida megabiblioteca José Vasconcelos; la expansión del poder de Elba Esther Gordillo, quien pasó de lideresa sindical a factótum del gobierno federal y varias administraciones estatales; el poder mediático que convirtió a Televisa en juez y parte del juego electoral (“la democracia es un gran negocio”, afirmó Emilio Azcárraga Jean en 2004), y el narcopoder que desafió desde el principio cualquier posibilidad de cambio con la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, en enero de 2001.

Otros dos personajes, provenientes ambos del salinismo, jugaron un papel fundamental en el foxismo: el banquero Roberto Hernández, quien colocó como secretario de Hacienda a Francisco Gil Díaz, pieza clave de continuidad con la tecnocracia y responsable de múltiples favores fiscales a empresas y bancos, incluyendo el otorgamiento de cuatro subastas del IPAB a Miguel Khoury, amigo y socio de Manuel Bibriesca, hijo de Marta Sahagún.¹⁶

Hernández capitalizó muy bien su apoyo al foxismo. Banamex fue vendido a Citigroup en 12 mil millones de dólares sin que Roberto Hernández tuviera que pagar un centavo de impuestos. De igual forma vendieron Bancomer al español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria por 10 mil millones de dólares, sin pago de impuestos.

Bancrecer fue “limpiado” de los activos chatarra o negativos heredados del Fobaproa y se los transfirieron a Banorte, del poderoso empresario y amigo de Vicente Fox, Roberto González Barrera, mejor conocido como don Maseco. En las tres operaciones jugó un papel estelar Gil Díaz como secretario de Hacienda y cabeza del IPAB.

El priismo, expulsado de Los Pinos, se atrincheró en los estados y en las cámaras del Congreso. El gobierno de Fox estuvo dividido por dos razones: el PAN no tuvo la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados ni en el Senado, y la mayoría de los gobiernos estatales estaban en manos del PRI o, en el caso de la Ciudad de México, del PRD.

La dinastía política más poderosa tras la debacle priista del 2 de julio de 2000 fue la del Estado de México, popularmente conocido como grupo Atlacomulco, y que aquí denominaremos cártel de Atlacomulco por sus características y redes de intereses en otras entidades.

A la muerte del “profesor” Carlos Hank González en 2001 —la personificación de la extensa cleptocracia mexiquense— el gobernador en funciones Arturo Montiel se convirtió en el “jefe de facto” del cártel de Atlacomulco. Montiel negoció directamente con el gobierno de Fox licitaciones, negocios y contratos de obra pública, triangulación de recursos, y desde Toluca expandió su influencia a varias entidades a través de una red de operadores y corruptores políticos denominada Fuerza Mexiquense. Montiel encontró la vía fácil y rápida para gozar de impunidad con Fox: convirtió a los hijos de Marta Sahagún, especialmente a Manuel Bribiesca, en sus socios.

En otras entidades, los priistas emularon las operaciones del cártel de Atlacomulco y los gobernadores se transformaron en caciques, virreyes y cómplices inamovibles del gobierno “de la alternancia”. Ahí están los casos de Tomás Yarrington, en Tamaulipas; de Fidel Herrera, en Veracruz; de Natividad González Parás, en Nuevo León; de Manuel Ángel Núñez, en Hidalgo; de Enrique Martínez y Humberto Moreira, en Coahuila; de José Murat, en Oaxaca, por mencionar algunos. De este selecto “club de gobernadores” surgió el grupo conocido Todos Unidos contra Madrazo (Tucom).

El Tucom fue un cártel de gobernadores que disputó con Roberto Madrazo, el otro eje de la cleptocracia priista, la sucesión presidencial del 2006. Madrazo, sobreviviente de la derrota de 2000, se hizo cargo del tricolor para centralizar la interlocución con el gobierno de Fox. Se peleó con su secretaria general —Elba Esther Gordillo— y pactó con Televisa el golpe mortal que en octubre de 2005 les dieron a las aspiraciones presidenciales de Arturo Montiel, a través del escándalo de sus propiedades.

El papel de Televisa como juez, parte y beneficiario de esta disputa lo reveló el propio Montiel en el libro Arturo Montiel desde Atlacomulco escrito por la periodista Norma Meraz, su esposa en ese momento. Según Montiel, con la firma del vicepresidente de Televisa —Bernardo Gómez— como testigo, acordó con Roberto Madrazo un pacto, típico de las mafias políticas:

1. Montiel se sumaría a la candidatura de Madrazo “siempre y cuando se integrara la estructura y la fuerza político-electoral que tenía” (la Fuerza Mexiquense).

2. Madrazo se comprometía a nombrar a Arturo Montiel presidente interino del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a partir de marzo de 2006.

3. Madrazo nombraría a Arturo Montiel coordinador general de su campaña presidencial.

4. Madrazo se comprometía a nombrar a Montiel en el primer lugar de las listas de candidatos a senadores por el principio de representación proporcional.

5. Para políticos propuestos por Montiel sería 33% de los 300 distritos electorales y 33% de los primeros 10 lugares de las listas de candidatos a diputados federales plurinominales.

6. De ganar la presidencia de la República, Madrazo se comprometía a “integrar al gabinete legal a tres secretarios propuestos por la expresión de Arturo Montiel”.¹⁷

Ninguno de esos compromisos se cumplió. Mucho menos el último, porque “perdió catastróficamente las elecciones presidenciales”.¹⁸ Montiel desmintió en ese testimonio que, en reuniones en casa del ex gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás (integrante del Tucom), se mencionaran “rumores” sobre la corrupción de algunos precandidatos del PRI, incluyendo al mandatario mexiquense.

Para Montiel, el autor del golpe en su contra no fue su escandalosa corrupción, sino Madrazo, quien “a través de sus empleados” colocó en manos de Víctor Trujillo y de Carlos Loret de Mola —conductores de Televisa— la información que lo involucró en “depósitos irregulares”.

El ascenso de Madrazo y la disputa con Gordillo y con varios gobernadores, en especial con Montiel, fue una continuación de la guerra que mantuvieron las facciones de la tecnocracia de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, que se reciclaron en los gobiernos estatales.

El PAN, como partido en el gobierno, perdió su propia brújula. El foxismo se transformó en una intrincada red de favores, intereses y corruptelas, la cual trató de dominar y colocar a sus integrantes en el centro de las decisiones y de los cargos de elección popular, desplazando a los antiguos cuadros de Acción Nacional y dándole mayor poder a quienes provenían de un grupo de ultraderecha, ambicioso y muy cerrado, conocido como el Yunque. “Perdieron el partido por ganar el poder”, se quejaron amargamente muchos militantes del PAN.

Durante todo el sexenio el aspirante natural a la sucesión de Fox fue el secretario de Gobernación Santiago Creel, un abogado con prestigio de activista ciudadano, integrante del Grupo San Ángel en la época de Zedillo y reclutado por los foxistas tras ser derrotado por estrecho margen en la Ciudad de México ante Andrés Manuel López Obrador en 2000. La candidata “real” de Vicente Fox fue Marta Sahagún, quien armó su propia red de corrupción y de plataforma de proyección y “recaudación” a través de la fundación Vamos México, muy similar a Amigos de Fox, pero construida desde Los Pinos y con la singular característica del tráfico de influencias.

La sucesión se le descontroló a Vicente Fox por dos errores políticos fundamentales: querer imponer a Marta Sahagún, a costa de la propia idea de alternancia democrática y del PAN, y encabezar una operación política para desaforar al jefe de Gobierno capitalino —Andrés Manuel López Obrador—, quien se convirtió en una “amenaza”, un “enemigo a vencer” no sólo para el PAN, sino para la red de cleptocracia que se había armado entre tecnócratas, salinistas, foxistas, grupos priistas y poderosos empresarios.

La guerra contra López Obrador inició de manera abierta con los videoescándalos de marzo de 2004, con la complicidad de muchos cuadros del PRD, incluyendo a su entonces dirigente Rosario Robles, en sociedad con el empresario corrupto Carlos Ahumada y el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Tras los videoescándalos, en 2005, se promovió el proceso de desafuero contra López Obrador por su supuesta responsabilidad en la violación de un mandamiento judicial que exigía suspender la construcción de una calle cercana a un terreno expropiado años atrás en la Ciudad de México; el objetivo era enjuiciarlo, llevarlo a prisión y frenar su postulación presidencial.

Si de los videoescándalos López Obrador salió bien librado, el desafuero lo convirtió en una figura nacional, en un adversario de los grupos amafiados con Fox. Voluntaria o involuntariamente, Fox catapultó a López Obrador al apostar su investidura en la guerra política y mediática contra el jefe de Gobierno capitalino.

La tercera parte de la disputa con López Obrador fue la “guerra sucia” de 2006, planeada, financiada y promocionada por grupos empresariales, las dos grandes televisoras (especialmente Televisa), sectores políticos y criminales y el apoyo de sectores empresariales de Estados Unidos.

En los tres episodios (videoescándalos, desafuero y “guerra sucia”) se ven claramente las huellas de una poderosa cleptocracia electoral. Fue una operación no sólo para aniquilar políticamente a un liderazgo de centro-izquierda que estaba en ascenso y era desconfiable para los “pactos de la alternancia”, sino de “captura del Estado”, la cual dejó muy mal parado al Poder Judicial, al Congreso, a las televisoras y, sobre todo, a los árbitros electorales (IFE y TEPJF) que no quisieron parar a tiempo esta escalada de ataques que concluyó con el desaseado proceso de 2006 y las denuncias por fraude.

Estos tres episodios llevaron al país a un clima de confrontación y polarización que anticipaba lo que sucedería en el sexenio de Felipe Calderón, el segundo presidente de la alternancia panista que terminó por entregarle el poder al cártel más poderoso de la política en México: el de Atlacomulco.

“COOPERAS O CUELLO” PARA CALDERÓN

Felipe Calderón no construyó un liderazgo ni una red propia de financiadores al estilo de Amigos de Fox. Más bien supo colocarse en la coalición de la derecha panista, priista y empresarial como el político capaz de hacer todo lo posible para frenar el triunfo del “peligro para México”. Se convirtió en un “cruzado” de los intereses económicos, estratégicos y criminales que dominaban ya las decisiones fundamentales del gobierno de la alternancia.

A falta de estructura y de arrastre propios, Calderón buscó promotores donde estuvieran: desde Televisa, Carlos Salinas y Elba Esther Gordillo hasta la red de grupos empresariales que financiaron la “guerra sucia” en la segunda parte de la contienda en contra de López Obrador.

Un episodio que pinta de cuerpo entero a Calderón fue su propio “pase de charola” durante el encuentro en Valle de Bravo, Estado de México, en una fiesta privada organizada por los directivos de Televisa el 2 de febrero de 2006, y la que fue invitado el entonces jefe de la CIA.

En el restaurante del hotel Rodavento, en Valle de Bravo, directivos y accionistas de Televisa convocaron a los tres candidatos principales para la sucesión de ese año: Madrazo, Calderón y López Obrador. El exjefe de Gobierno capitalino llegó el jueves 2 de febrero y sostuvo una agria discusión con Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa. López Obrador estaba molesto por la presencia del exbanquero Roberto Hernández y supo de la intención de enfrentarlo directamente con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el Innombrable.

Calderón llegó el viernes 3 de febrero. Entre bromas y constantes quejas por la falta de dinero, el aspirante panista les pidió a los empresarios presentes: “Regálenme spots”. Entre esos potentados estaban Roberto Hernández, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, los accionistas del Consejo de Administración de Televisa y un invitado especial, William Bennett, invitado por su amigo, el futuro procurador general del calderonismo, Eduardo Medina Mora.¹⁹

A tono con la solicitud de Calderón, a partir de la segunda quincena de mayo de 2006 organismos empresariales y “de la sociedad civil” financiaron una serie de spots en contra de López Obrador, a sabiendas de que el IFE no iba a suspenderlos. En esos mensajes se acusaba al político tabasqueño de ser “un peligro para México”, se le comparaba con el presidente venezolano Hugo Chávez y se transmitían imágenes de violencia. Incluso, en esta “guerra sucia” mediática, que se traduciría en una confrontación electoral, utilizaron la imagen y la voz de la escritora Elena Poniatowska, simpatizante del lopezobradorismo, en un spot en el que una voz en off cuestionaba las palabras de la escritora a favor del candidato de la izquierda, y en el que se reproducían imágenes de los videoescándalos.

Entre las organizaciones que financiaron esta guerra sucia se encuentran la Sociedad en Movimiento, vinculada al Consejo Coordinador Empresarial; el Consejo Mexicano de la Juventud, A. C., con sede en Monterrey y ligado a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); la Alianza Sindical Mexicana, así como Liderazgo Emprendedor y Compromiso Joven, filiales del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh), con sede en Chihuahua. Este último organismo fue dirigido por Luis Terrazas —vicepresidente de la Coparmex—, hijo de Enrique Terrazas Torres, empresario inmobiliario que aportó fondos a la campaña de Felipe Calderón.

Otros personajes que estuvieron involucrados en esta “guerra sucia” fueron Roberto Servitje, hermano del presidente de Grupo Bimbo, Lorenzo Servitje, quien apoyó y financió abiertamente la campaña de Felipe Calderón.²⁰

En su libro La mafia que se adueñó de México… y el 2012, López Obrador realizó una revisión de los principales grupos empresariales que participaron en la “guerra sucia” de 2006. Sorprendentemente, casi todos provienen de aquel “pase de charola” de febrero de 1993, con Carlos Salinas de Gortari, y del encuentro en Valle de Bravo, en febrero de 2006, alentado por Televisa. Esto da una idea de continuidad y complicidad:

— Emilio Azcárraga Jean, heredero del emporio familiar y mediático que es Televisa. Al respecto, dice López Obrador: “En esa empresa se alimentan y nutren mutuamente el poder económico y el poder político. Son socios y miembros del Consejo de Administración de Televisa Roberto Hernández, Claudio X. González, Germán Larrea, Alberto Baillères, y quien lo preside es Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda del gobierno de Carlos Salinas”.²¹

— Germán Larrea, dueño de las tres principales compañías mineras del país, a través de Grupo México. El tercer hombre más rico de México.

— Alberto Baillères, propietario de la mina de plata más rica del mundo, cabeza del Palacio de Hierro y de Industrias Peñoles. “Baillères es también dueño del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), refugio de tecnócratas salinistas. Allí han dado clases Miguel Mancera, José Córdoba Montoya, Francisco Gil Díaz, Luis Téllez, Pedro Aspe (consuegro de Baillères), entre otros”,²² ilustró López Obrador.

— Claudio X. González, considerado por López Obrador como uno de “los más activos del grupo”. Tres veces presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), socio de Córdoba Montoya en una empresa privada que vende energía eléctrica a la CFE. En vísperas de las elecciones de 2006, “junto con Gastón Azcárraga, presidente del CMHN, y José Luis Barraza González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, promovió y difundió la campaña de televisión, violando la ley electoral, para atemorizar con mensajes nada subliminales, en los cuales se decía que votar por el cambio iba a significar el cierre de empresas, desempleo y caos”, recordó el entonces candidato presidencial del PRD.²³

Sobre Carlos Slim, para entonces uno de los hombres más acaudalados del mundo, López Obrador escribió:

En cuanto a lo político, no tengo evidencias de que Slim actúe bajo las órdenes de Salinas. Me consta que durante la campaña presidencial del 2006 mantuvo una actitud respetuosa. No está de más señalar que nunca le hemos pedido ni favores ni dinero. La relación ha sido honesta y transparente. Fue hasta después del fraude que se sumó a la cargada en contra de nosotros, criticando el plantón de (avenida) Reforma.²⁴

No se trataba sólo de frenar a López Obrador y al PRD mediante la campaña de pánico moral que se desató en 2006. Lo más negativo de esta cruzada fue sembrar un miedo de alcances irracionales y egoístas, una oleada de odio, racismo, clasismo que se tradujo en rechazo electoral y polarización política.

La campaña de odio de 2006 anticipó lo que sería el gobierno de Felipe Calderón: una continua guerra sucia contra sus críticos, los adversarios, la población civil y sus propios correligionarios.

Los principales afectados por este episodio fueron el IFE y el TEPJF. Perdieron la oportunidad histórica de erigirse en auténticos árbitros electorales de la alternancia en momentos de profunda crisis sistémica y de evidentes pactos de la cleptocracia.

Sometidos y muy disminuidos, la mayoría de los consejeros del IFE y de los magistrados del TEPJF consintieron las irregularidades, como el financiamiento privado ilícito de empresas como Jumex, Sabritas, Televisa, Dulces La Rosa, tiendas Coppel, el consorcio de multifranquicias Alsea (la cual representa y opera Domino’s Pizza, Starbucks Coffee Company y Burger King, entre otras), tal como documentó el abogado Julio Scherer Ibarra.²⁵

Scherer Ibarra, en su exposición sobre la intervención ilegal de empresas, mencionó también a asociaciones y grupos como el propio Consejo Coordinador Empresarial y Ármate de Valor y Vota (del Celiderh), así como a personas físicas, como Víctor González Torres, el Doctor Simi; Demetrio Sodi, candidato panista a la jefatura del Distrito Federal; Elba Esther Gordillo, lideresa del SNTE, y a extranjeros como el expresidente español José María Aznar y el mercadólogo, también español, Antonio Solá Reche, otro de los artífices de la “guerra sucia”.

En otras palabras, el IFE y el TEPJF dejaron en la impunidad a actores y empresas que intervinieron ilegalmente en la contienda presidencial. El mensaje fue muy claro: todo se vale con tal de “comprar” la presidencia de la República.

Un episodio singular, digno de una serie sobre el narcotráfico, se conoció después de la elección presidencial. El 15 de marzo de 2007 un juez ordenó el cateo a la mansión del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Fue el resultado de una larga pesquisa de la DEA, denominada Operación Dragón, que involucraba a funcionarios, militares y policías de México con este singular personaje que amasó una fortuna con el tráfico de efedrina, materia prima indispensable para drogas como el cristal, el ice o vidrio.

En el cateo a la casa de Ye Gon los agentes federales encontraron un auténtico tesoro: 205 millones de dólares en fajos de billetes bancarios guardados en un compartimento secreto de la mansión. Es decir, más de dos toneladas de billetes verdes de 100 dólares en papel de lino y algodón.

Detenido y trasladado a Estados Unidos, Ye Gon grabó un video en mayo de 2007 en el que se declara inocente de los delitos de narcotráfico, y explicó que ese dinero era resultado de la extorsión a políticos y funcionarios vinculados al PAN. Acusó a Javier Lozano Alarcón, entonces secretario del Trabajo y operador electoral en 2006, de haberlo obligado a guardar 130 millones de dólares para la campaña de Felipe Calderón.

En la videograbación, Ye Gon repitió cómo Lozano Alarcón lo amenazó debido a que él era un empresario importante: “Usted coopera o le damos cuello”, frase que, con el acento chino del empresario, fue parodiada con el famoso: “coopelas o cuello”.

Por supuesto, Lozano rechazó esta versión. El 16 de junio de 2007 Ye Gon divulgó otra carta en la que delató no sólo a Lozano y al PAN, sino al PRI de Veracruz: “En los últimos dos años hice un esfuerzo para ayudar a financiar exitosamente a la campaña del PRI al gobierno del estado de Veracruz. Por lo tanto, también obtuve las calificaciones de senador honorario del partido mexicano PRI (sic) y tengo conmigo las dos credenciales del partido”.²⁶

La mentira obvia de Ye Gon trató de desviar la atención de otro punto esencial en su carrera delictiva: su fábrica, instalada en Toluca, obtuvo los permisos del gobierno de Arturo Montiel. La autorización sanitaria para recibir los envíos de material químico le fue otorgada por Ernesto Enríquez Rubio, exfuncionario del Estado de México y miembro del grupo Atlacomulco. Entre él y sus subordinados le autorizaron 44 toneladas de pseudoefedrina, según apuntó el escritor Sergio González Rodríguez.²⁷

El cártel de Atlacomulco entendió muy bien el mensaje de la alternancia panista y su red de corrupción. Desde el ascenso de Calderón Hinojosa comenzó la operación para encumbrar al representante de este clan en la presidencia: el priista Enrique Peña Nieto.

PEÑA NIETO, LOS “PACTOS” CON CALDERÓN

El 31 de agosto de 2009 el entonces responsable de negocios de la embajada de Estados Unidos en México —John Feeley— escribió un cable diplomático²⁸ que relataba un encuentro sostenido con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto: “Peña Nieto habló sobre la perspectiva de la próxima sesión legislativa haciendo notar que su partido, el PRI, está considerando cuidadosamente colaborar con el gobierno de Calderón para abordar los problemas económicos del país, sin dejar de evaluar el costo político que pagaría por esta colaboración, sobre todo, si se trataba de aumentar impuestos”.

En otro cable “confidencial”, el mismo Feeley relató que Peña Nieto había sostenido un encuentro con Calderón en Los Pinos. La embajada de Estados Unidos identificaba al gobernador del Estado de México como el seguro candidato priista a la presidencia de la República para 2012.

La filtración de Wikileaks —conocida como el Cablegate—, en mayo de 2011, permitió entender que Estados Unidos ya sabía, mucho antes de que se desatara el escándalo público, que entre Peña Nieto y Calderón se negoció y se ordenó la firma de un “pacto” para que el PAN no se aliara electoralmente con el PRD en el Estado de México en los comicios de 2011, a cambio de que el PRI apoyara el incremento de impuestos en la Ley de Ingresos de 2010.

El escándalo se conoció en marzo de 2010, poco después de que renunciara Fernando Gómez Mont como secretario de Gobernación de Felipe Calderón. El gobierno de Enrique Peña Nieto filtró a los medios el contenido de un “convenio” firmado entre la dirigente nacional el PRI —Beatriz Pareces—, su homólogo del PAN —César Nava—, y como “testigos de honor” el propio Gómez Mont y el secretario de Gobierno mexiquense —Luis Enrique Miranda Nava—, amigo y operador personal del propio Peña Nieto.

Con lenguaje de abogado de barandilla, típico de los documentos políticos que promueve el grupo Atlacomulco, en el “convenio” los dirigentes de los dos principales partidos políticos del país negocian y pactan ilegalmente un acuerdo para apoyar en la Cámara de Diputados el incremento de impuestos, a cambio de que el PAN no le arrebatara el control del Estado de México al PRI, que impidiera el ascenso de Peña Nieto hacia la candidatura presidencial.

El “convenio” consta de seis cláusulas, que señalan lo siguiente:

PRIMERO. Las obligaciones y compromisos establecidos por las PARTES en el presente convenio son aplicables a sus actividades políticas y electorales en el Estado de México.

SEGUNDO. Las partes sostendrán un diálogo permanente, ordenado y respetuoso respecto de los asuntos públicos del Estado de México, para los cuales se comprometen a establecer los mecanismos correspondientes.

TERCERO. Cada una de las PARTES se obliga a no utilizar la descalificación personal como herramienta para demeritar la imagen de su contraparte ante la opinión pública.

CUARTA. Las PARTES se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios.

QUINTA. Las PARTES se obligan a revisar conjuntamente la normatividad jurídica que regula la formación y funcionamiento de las coaliciones electorales y, en su caso, promover las reformas correspondientes a fin de evitar que dicha figura sea utilizada como instrumento de coyuntura electoral; al efecto deberán considerar, entre otros, criterios de temporalidad, compatibilidad, ideología, y de principios y cobertura territorial mínima.

SEXTA. El presente CONVENIO entrará en vigor a partir de la fecha de la firma y tendrá una vigencia hasta el 31 de julio de 2011.

En otras palabras, negociaban y firmaban un “pacto” para excluir al PRD de cualquier alianza electoral, garantizar que Peña Nieto no tendría ningún desafío político en los comicios estatales de 2011 y, por si fuera poco, se comprometían a aumentar los impuestos (algo que no estaba explícito en el “convenio”) y a pagar ambos el costo político. Tal como se lo adelantó Peña Nieto al representante de la embajada de Estados Unidos.

El pacto, que debía ser secreto, se ventiló en marzo de 2010, generó un agrio debate en la Cámara de Diputados entre las bancadas del PRI y del PAN, con la propia Beatriz Paredes presente, y detonó la renuncia de César Nava como dirigente nacional del PAN, y dejó sin ningún daño al propio Peña Nieto. El presidente Calderón ya estaba “capturado” por el grupo Atlacomulco en ese momento.

Nava primero negó la existencia del documento. Después señaló que Calderón no sabía de ese “convenio”. Explicó que Gómez Mont firmó como “testigo de calidad” y no en su carácter de enviado del gobierno calderonista y secretario de Gobernación federal; pero finalmente el PAN hizo lo que estaba firmado: no amenazó la hegemonía del PRI en el Estado de México.

Las elecciones de 2011 en esa entidad constituyeron la antesala más importante para ganar Los Pinos en las elecciones presidenciales de 2012. La posibilidad de una alianza PAN-PRD pondría en jaque el proyecto de Peña Nieto, sobre todo cuando el más seguro aspirante a la presidencia de la República del PRD era el propio López Obrador.

El “convenio” demostró hasta qué punto el grupo Atlacomulco y los promotores de Peña Nieto ya tenían el control del PRI y colonizado el gobierno fallido de Calderón. La dirigente nacional priista Beatriz Paredes, presunta aspirante presidencial también, cedió el poder al grupo mexiquense, por encima de las reglas internas del tricolor.

El PRI gobernaba 60% de la población nacional y controlaba 65% de las transferencias de recursos a los estados. El Estado de México tenía la bancada priista más grande dentro de la Cámara de Diputados, y el secretario de Finanzas del gobierno de Peña Nieto —Luis Videgaray— era el presidente de la poderosa Comisión de Presupuesto, el epicentro del reparto de los recursos públicos para las grandes obras y el despilfarro nacional. Calderón ya había elegido con quién negociar esos recursos y a cambio de qué: no obstaculizar el ascenso de Peña Nieto a la presidencia de la República en 2012.

El “convenio” también anticipaba la llegada de una “nueva generación” de políticos priistas que tomaron el poder en ese año, 2010, con la operación, el dinero, las redes y la corrupción de la Fuerza Mexiquense, la estructura estatal creada por Montiel para llegar a Los Pinos en 2006 y utilizada por Peña para pactar lealtades y complicidades con sus correligionarios.

Ese 2010 fueron electos como gobernadores del PRI personajes que ahora son defenestrados por el propio peñismo: Javier Duarte, entonces secretario de Finanzas de Fidel Herrera, ganó por estrecho margen en Veracruz, frente a su adversario Miguel Ángel Yunes; César Duarte, protegido e impulsado por Emilio Gamboa Patrón, ganó la gubernatura en Chihuahua; Roberto Borge, responsable también de finanzas en el gobierno de Félix González Canto, llegó a la gubernatura de Quintana Roo; Francisco Olvera, colaborador estrecho del saliente gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, ganó en Hidalgo; Rodolfo Torre Cantú fue el aspirante a gobernador del PRI en Tamaulipas, después del desastroso gobierno de Eugenio Hernández; en Durango llegó Jorge Herrera Caldera, con el apoyo mexiquense, y en Zacatecas, el PRI recuperó el gobierno con Miguel Alonso Reyes, político a imagen y semejanza de Peña Nieto.

Uno de ellos, Torre Cantú, fue asesinado en vísperas de las elecciones de 2010, como una demostración de lo que podía sucederle a quienes no cumplieran el “otro convenio” con los poderosos cárteles de la droga en una entidad como Tamaulipas.

La red de gobernadores peñistas ya se había extendido desde años antes; en 2007 Ivonne Ortega, amiga de Claudia Ruiz Massieu e impulsada por su tío, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, recuperó Yucatán para el PRI; Humberto Moreira, en Coahuila (2005-2011), fue de los primeros en apoyar y sumarse a la red de financiamiento ilegal a Peña Nieto, y dejó a su hermano Rubén Moreira en el gobierno (2011-2017); en Nuevo León un clon de Peña Nieto —Rodrigo Medina— llegó con todo el apoyo del Estado de México.

En aquellas entidades donde las alianzas PAN-PRD fueron victoriosas, el peñismo entró muy pronto a pactar con los “gobernadores de la alternancia” que dejaron muy malas cuentas seis años después. En Puebla, Sinaloa y Oaxaca ganaron candidatos de coaliciones opositoras, como Rafael Moreno Valle, Mario López Valdés y Gabino Cué. En Guerrero, el expriista Ángel Aguirre llegó con las siglas del PAN-PRD, pero con un amplio apoyo del peñismo.

En otras palabras, Peña Nieto y el cártel de Atlacomulco no llegarían solos a Los Pinos. Una nueva y ambiciosa generación de políticos jóvenes, expertos en triangulación de fondos públicos para la operación electoral, vinculados a los pactos criminales con los cárteles, adictos al marketing televisivo y clientes generosos de Televisa y otros medios masivos, llegaron al poder para “refundar” la república del robo a través de Enrique Peña Nieto, el más adelantado y carismático de todos ellos.

PEÑA NIETO, LA REPÚBLICA DEL ROBO

El 18 de junio de 2012, dos semanas antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio, el candidato del Movimiento Progresista —Andrés Manuel López Obrador— denunció en un mitin en Mérida, Yucatán, que su adversario priista Enrique Peña Nieto se había reunido, en secreto, en la casa del mandatario mexiquense Eruviel Ávila con los 16 gobernadores en funciones del PRI para preparar el fraude electoral.

“Es operación maletas. Ya en la desesperación están dedicados a comprar el voto”, acusó López Obrador. Exhortó al IFE a investigar esta reunión.

El 13 de junio el periódico La Jornada publicó una nota breve, firmada por su corresponsal en Toluca Israel Dávila, que dice:

Alrededor de 16 de los 20 gobernadores emanados del PRI acudieron esta tarde a un cónclave celebrado en Casa Estado de México, residencia oficial del titular del Ejecutivo mexiquense, Eruviel Ávila.

En hermetismo, los mandatarios se habrían reunido durante tres horas con el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, y con el dirigente nacional del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, de cara a la jornada electoral del próximo primero de julio.

Desde las 16 horas fue notorio el intenso movimiento de helicópteros en el parque metropolitano de Toluca, ubicado a unos metros de la Casa Estado de México. La seguridad en los alrededores de la residencia oficial se incrementó sensiblemente y poco a poco salieron camionetas del parque para cruzar una calle y entrar por la puerta trasera de la residencia oficial.

Fuentes del PRI confirmaron el cónclave de gobernadores, además que se pudo observar a personas cercanas al ex mandatario mexiquense, hoy candidato presidencial del PRI.

Una de las fuentes señaló que el encuentro fue de carácter privado y no tuvieron acceso los asesores de los mandatarios. Al final se conoció que los gobernadores definieron estrategias para enfrentar la jornada electoral y los cierres de campaña. También trascendió que hubo compromisos de los gobernadores para reforzar la seguridad en torno al candidato cuando visite sus entidades, para formar cercos que impidan que sea encarado por personas que no coinciden con su proyecto, como ocurrió en Puebla este martes.

Sorpresivamente, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila confirmó días después, en Toluca, la existencia de esta y otras reuniones: “no es la primera vez que nos reunimos… lo hacemos con cierta frecuencia, en procesos electorales, o sin proceso electoral”.

Cuestioné a Eruviel Ávila por este asunto en una rueda de prensa, y el mandatario explicó que le tocó a él ser el anfitrión de la reunión “y [que] al término se incorporó para saludarnos el candidato Enrique Peña Nieto, pero de eso a que se esté fraguando cierta circunstancia, es mentira, lo niego categóricamente”.

La coalición electoral de izquierda opinó distinto. Según López Obrador, el exgobernador hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, entonces responsable de Organización del CEN del PRI, le pidió a cada uno de los asistentes una “cuota” de votos. Ávila y Osorio Chong negaron que se tratara de una “operación maleta” o de amarrar un número de votos.

“Sí hubo una reunión, sí nos reunimos con los gobernadores priistas, pero también fueron saludados por el candidato, pero de ninguna manera hubo cuotas ni hubo ningún tipo de petición al respecto”, admitió Osorio Chong en entrevista con Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula.

Otras versiones que circularon sobre esta misma reunión hablaban no sólo de cuota de votos, sino de transferencia de recursos públicos que cada uno de los asistentes se comprometió a dar para la campaña.

La lista de los gobernadores asistentes a la reunión revela quiénes estaban realmente en la “operación maletas”: Carlos Aceves del Olmo (Aguascalientes), César Duarte (Chihuahua), Rubén Moreira (Coahuila), Jorge Caldera (Durango), Ivonne Ortega (Yucatán), Francisco Olvera (Hidalgo), Rodrigo Medina (Nuevo León), Egidio Torre Cantú (Tamaulipas), Roberto Salgado (Nayarit), José Calzada (Querétaro), Javier Duarte (Veracruz), Andrés Granier (Tabasco), Fernando Ortega Bernés (Campeche), Fernando Toranzo Fernández (San Luis Potosí), Mariano González Zarur (Tlaxcala) y Miguel Alonso Reyes (Zacatecas).

Esta reunión —en secreto, lejos del escrutinio público— constituyó el nuevo estilo de “pase de charola” que no involucraba a magnates beneficiados por las privatizaciones (como sucedió en 1993 con Salinas de Gortari), ni a banqueros y empresarios vinculados al Fobaproa (como en el caso de Amigos de Fox en 2000), ni a empresas y redes privadas para pagar la “guerra sucia” de spots (como en el caso de Felipe Calderón en 2006). Ahora se trató de la auténtica república peñista. La mayoría de los presentes fueron los responsables de una práctica que llegó para quedarse: la triangulación de fondos públicos a través de una red de empresas “fantasmas” o de prestanombres que luego se convertían en una compleja red de financiamiento para la compra de voto, el pago de operadores y el robo.

Al cónclave mexiquense no sólo asistieron gobernadores priistas. También estuvo presente el mandatario de Puebla, Rafael Moreno Valle, de la coalición PAN-PRD. Joven político que se formó en el PRI durante el gobierno del exgobernador poblano Melquiades Morales (1999-2005), Moreno Valle formó también parte del “cuadro” político de Elba Esther Gordillo, la lideresa del SNTE. Meses después Moreno Valle traicionaría a su mentora para convertirse en el más peñista de los gobernadores de oposición.

Un antecedente importante de la reunión ocurrida en el Estado de México sucedió el 27 de enero de 2012, al inicio de la campaña presidencial. Dos empleados de la Tesorería del gobierno de Javier Duarte en Veracruz —Miguel Morales Robles y Said Sandoval Zepeda— fueron detenidos en el aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos en efectivo que llevaban en dos maletas. Días después fueron liberados por la PGR del gobierno de Felipe Calderón.

La explicación del episodio fue tan delirante como todo lo sucedido posteriormente con el gobierno de Javier Duarte: ante las cercanías de las fiestas de la Candelaria, del carnaval y de la Cumbre Tajín, se decidió trasladar ese dinero en efectivo porque no habían podido depositarlo en una cuenta bancaria.

El PAN y el PRD sugirieron en ese momento que esas maletas podían constituir desvío de recursos públicos hacia la campaña de Peña Nieto. Las autoridades electorales hicieron caso omiso de este escándalo, al igual que del cónclave de gobernadores en vísperas de los comicios presidenciales.

Seis años después, en mayo de 2016, durante un mitin de apoyo a Miguel Ángel Yunes en Veracruz, el expresidente Felipe Calderón acusó al gobierno de Javier Duarte de desviar 2 mil 993 millones de pesos a una cuenta de 7 mil millones de pesos, depositados en Banco Santander. En entrevista posterior, Calderón afirmó que no tenía pruebas de que ese dinero había sido desviado a la campaña del PRI y, en específico, de Enrique Peña Nieto.

Duarte fue tan sólo el más burdo y vulgar de todos los gobernadores que “invirtieron” en la operación para llevar a Peña Nieto a Los Pinos y obtener réditos de este desvío de fondos públicos, a través de negocios, contratos, convenios, impunidad. Una auténtica república de ladrones.

La maquinación para llevar a Peña Nieto al poder y que el PRI recuperara la presidencia de la República fue múltiple y se caracterizó por la nueva práctica de peculado electoral, que detonó la actual crisis de exgobernadores prófugos y sentenciados; se transitó del “pase de charola” a la triangulación multimillonaria de recursos obtenidos de las obras públicas concesionadas, del desvío de las arcas públicas, de la inversión multimillonaria y sin fiscalización a las televisoras (en especial Televisa) y, por supuesto, de las cuotas del narcotráfico.

Para lograr esta nueva fórmula, Peña Nieto contó en la operación con su principal cerebro financiero: Luis Videgaray. Tecnócrata puro, apadrinado por el exsecretario de Hacienda salinista Pedro Aspe, Videgaray llegó al Estado de México para encabezar la renegociación de la deuda estatal. Y se quedó para siempre vinculado al peñismo. Fue su secretario de Finanzas hasta 2009, presidente de la importante Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados (2009-2012), posición clave para negociar y cobrar los favores presupuestales a la mayoría de los gobernadores. Durante la campaña electoral de Peña Nieto fue el coordinador, el mandamás, y responsable de los escándalos posteriores, como el que se desató por la cuenta de cheques de Scotiabank a nombre del Estado de México, a través de la cual se triangularon multimillonarios recursos a favor de Peña Nieto, el Monexgate o el Sorianagate.

El otro brazo operativo de Peña Nieto fue el exgobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, un político forjado en la vieja escuela de los líderes estudiantiles hidalguenses, apadrinado por Jesús Murillo Karam y colaborador en el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto en Hidalgo; fue de los primeros mandatarios priistas (junto con el de Coahuila, Humberto Moreira) en sumarse desde 2006 a la “causa” de Peña Nieto por la presidencia de la República. Implacable a la hora de negociar y presionar, Osorio Chong fue el secretario de Organización del CEN del PRI durante la campaña, pero en realidad fue el cerebro de la operación política junto con el resto de los gobernadores de la “nueva generación”.

Videgaray y Osorio Chong se convirtieron en los vicepresidentes de facto en el gobierno federal de Peña Nieto. Por esta razón se perfilaron desde el principio como los dos más fuertes aspirantes a suceder al jefe del grupo Atlacomulco y como las piezas centrales de las reformas estructurales y de centralización política del peñismo. También fueron los dos pilares de la red de cleptocracia que se articuló durante el presente sexenio.

Quizá solamente los funcionarios integrantes del “núcleo duro” del grupo Atlacomulco, como Gerardo Ruiz Esparza (titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes), Luis Miranda Nava (subsecretario de Gobernación y luego titular de Desarrollo Social), Humberto Castillejos (consejero jurídico de la Presidencia) y el joven Aurelio Nuño (recomendado por Enrique Jackson y después cercano a Luis Videgaray), rivalizaron con Osorio Chong y Videgaray en influencia, impunidad y manejo de recursos.

EL MONEXGATE Y SCOTIABANK

Desde la campaña electoral de 2012 se tuvieron indicios de una magna operación de triangulación de fondos privados y públicos para llevar a la presidencia a Enrique Peña Nieto: las obras multimillonarias realizadas durante su administración estatal, con inversión pública y privada.

La Auditoría Superior de la Federación documentó durante la era peñista en el Estado de México al menos 12 mil millones de pesos en obras con irregularidades administrativas, sobrecostos, recursos no justificados. La mayoría provenían de contratos entregados a consorcios como OHL, Grupo Higa y Grupo GAP, los tres involucrados en escándalos posteriores de corrupción.

La inversión más importante de dinero público y privado para proyectar nacionalmente la figura de Peña Nieto —un ilustre desconocido en 2005 y luego la imagen más vista en la pantalla televisiva, en la prensa, en los espectaculares de las ciudades y en las estaciones de radio— fue, sin duda, la sociedad con Grupo Televisa. Esta relación, junto con los contratos y la negación insistente del peñismo, la hemos documentado en dos libros anteriores.²⁹

Cálculos conservadores señalan que la inversión destinada a proyectar a Peña Nieto en los medios masivos y a consolidar la “inevitabilidad” de su victoria en 2012 fue de entre 3 mil 500 y 7 mil millones de pesos, tan sólo en la producción, mercadotecnia y gasto en demoscopia que acompañaron el ascenso y la campaña del exgobernador del Estado de México.

Junto con ese despilfarro de recursos no auditables, realizado a través de brokers y con dinero en efectivo, se destinaron miles de millones de pesos a la “operación territorial” y a la compra del voto. Los dos escándalos principales discutidos por las autoridades electorales fueron el Monexgate y el Sorianagate.

El Monexgate fue una trama tan complicada y enredada que sólo sus arquitectos y diseñadores pueden entenderla. Se trató de destinar miles de millones de pesos, que rebasaron por mucho el tope del gasto electoral (537 millones de pesos en toda la campaña electoral), para repartir 7 mil 851 tarjetas o monederos electrónicos de prepago. La clave del escándalo fue indagar de dónde provino el dinero y si se utilizaron fondos ilícitos.

De entrada, el Grupo Financiero Monex se vio involucrado en toda la primera década de este milenio en investigaciones por operaciones de lavado de dinero y transferencias de recursos del narcotráfico entre España, Estados Unidos y México.

Por citar dos ejemplos: en 2003 fueron capturados los operadores del cártel de Tijuana José Manuel y José de la Cruz Ruelas Martínez, quienes lavaron 3.8 millones de dólares entre febrero de 2000 y junio de 2002, vendiéndoselos a Monex Divisas, según la investigación de la PGR. En 2006 otra investigación por presunto lavado de dinero reveló que un grupo de colombianos que pertenecían al cártel del Valle del Norte utilizó a Monex Casa de Bolsa, Monex Divisas e Intercam Casa de Cambio (ésta perteneciente al Grupo Interacciones, de Carlos Hank Rhon) para lavar dinero de la venta de cocaína procedente de Europa.³⁰

Monex también fue investigada por autoridades españolas en 2008 por presunto lavado de dinero de Guillermo Ocaña Pradal, operador de los Beltrán Leyva, quien realizó transferencias por un monto de 78 millones de euros a través de Monex Casa de Bolsa y Monex Divisas, así como Intercam Casa de Cambio. Ocaña Pradal, mejor conocido como Memo Ocaña, se movía en los circuitos de la farándula de Televisa; fue productor de programas y en algunas casas que fueron propiedad de los Beltrán Leyva se grabaron telenovelas.

El nombre de Monex apareció también en el caso de presunto lavado de dinero del narcotráfico del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington. Su supuesto prestanombres, Fernando Cano Martínez, fue acusado en Texas por haber realizado transferencias en distintas entidades financieras, incluyendo Monex, por 7.2 millones de dólares.

Hasta 2016, el Centro Internacional de Periodismo (ICFJ, por sus siglas en inglés) y la plataforma Connectas publicaron que también el cártel de Juárez habría lavado dinero del narcotráfico a través del Grupo Comercializador Cónclave, manejado por Rodolfo David Dávila Córdoba, conocido como el Cónsul, y posteriormente, proveedor del programa oficial peñista de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Grupo Comercializador Cónclave habría participado, junto con las empresas Inizzio, Efra y Akkino (más decenas de membretes más), en la triangulación de dinero para crear una estructura paralela e ilegal de financiamiento al PRI mediante las tarjetas de débito de Grupo Monex.³¹

Oficialmente, el 25 de mayo de 2012 el PRI sólo admitió ante las autoridades del IFE haber recibido casi 700 mil pesos por “comisiones de venta” del Grupo Comercializador Cónclave.

La comisión investigadora de San Lázaro, presidida por el perredista Roberto López, informó en marzo de 2014 que el financiamiento irregular vía Monex para el PRI ascendió a 4 mil 500 millones de pesos, mucho mayor que los 66 millones que había admitido el partido ganador de 2012.

En su informe del 12 de marzo de 2014 los diputados federales del PRD, PT y Movimiento Ciudadano entregaron una larga lista de una estructura bancaria para triangular el financiamiento a la campaña electoral de 2012.

En esa lista se mencionaron otros monederos electrónicos de instituciones financieras como Lealtad Monex —utilizados en el Estado de México, Tabasco, Puebla y Morelos—, Bancomer prepagada, Apoyo a la Mujer Bancomer, Bancomer de pagos, Banamex Perfiles, Aprecio Soriana, Soriana mi Ahorro, Soriana Aprecio por Ti, utilizadas en el Estado de México y la Ciudad de México.

Esta comisión entregó el expediente de su investigación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La máxima autoridad electoral terminó por exonerar al PRI y a Peña Nieto del delito de incurrir en financiamiento paralelo con recursos ilícitos o en la compra o coacción del voto con las tarjetas Monex.

El 19 de febrero de 2015 los siete magistrados electorales desecharon las demandas e impugnaciones del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y sólo le ordenaron investigar al Instituto Nacional Electoral (INE) el destino de 6.8 millones de pesos, que clasificó como “gastos ordinarios”. Una auténtica burla.

En su dictamen, los magistrados validaron el esquema de contratación que el PRI realizó con la empresa Alkino Servicios y Calidad para el pago del personal de este partido, así como a sus coordinadores territoriales, representantes generales, enlaces distritales y estatales durante las elecciones de 2012.

En su ponencia, el magistrado Constancio Carrasco afirmó que el INE definió correctamente que 50 millones 408 mil 891 pesos correspondieron al gasto de campañas electorales federales, y sólo 6.8 millones fueron considerados como un gasto ordinario sin otra fundamentación que la fecha en que se realizó la erogación, posterior a la jornada electoral de julio de 2012.

El magistrado Esteban Penagos López fue más allá en su voto y sentenció que no existen elementos que permitan establecer un “fondeo paralelo” a la campaña del PRI y menos se demuestra la compra y coacción del voto. El Monexgate quedó impune y el TEPJF selló así la ruta que se seguiría en los procesos electorales del sexenio peñista y el que se realizará en 2018.

Para el investigador Edgardo Buscaglia, especializado en los temas de corrupción y delincuencia organizada, el caso Monex constituyó “la punta del iceberg paradigmático en el denunciado uso de nuevos tipos de transacciones electrónicas en países con pocos controles para el financiamiento de campañas políticas; sus redes involucrarían casos no sólo en México, también en España y Estados Unidos”.³²

Buscaglia comparó el escándalo Monexgate con el de corrupción de Petrobras en Brasil: “la diferencia entre Monex y Petrobras es que en México las instituciones judiciales no han reaccionado adecuadamente y menos aún detenido a actores políticos, mientras en Brasil sí”.³³

El INE también calificó como “infundada” la queja de la coalición opositora que postuló a López Obrador por el uso de tarjetas Aprecio por ti de Soriana, porque “no se les solicitó sufragar a favor del Partido Revolucionario Institucional”, prácticamente el mismo argumento que se utilizó en 2017 para exonerar al tricolor y a su candidato Alfredo del Mazo en las elecciones del Estado de México.

Año y medio después de la queja presentada, los consejeros electorales del INE afirmaron que por los testimonios de los ciudadanos que recibieron las tarjetas, “no se infiere alguna amenaza, presión o coacción en su contra”. Desecharon las denuncias por violación a los principios de equidad y legalidad, y mucho menos investigaron si se trataba de otro mecanismo de triangulación de fondos.

Soriana fue uno de los dos grandes consorcios beneficiados en el sexenio de Enrique Peña Nieto con los contratos para la compra de los 10.5 millones de televisores digitales que se repartieron en 2015 como parte de la política conocida como “apagón analógico”, encabezada por la SCT.

Menos documentada por la prensa y plenamente ignorada por las autoridades electorales fue la denuncia presentada por Ricardo Monreal —coordinador de la campaña de López Obrador— y por el propio excandidato presidencial de la izquierda el 2 de agosto de 2012, acerca de un número de cuenta de Scotianbank a nombre del gobierno del Estado de México, al cual tuvo acceso Luis Videgaray.

Durante una extensa rueda de prensa, Monreal presentó documentos que acreditaban la presunta transferencia de 8 681 millones de pesos entre febrero y junio de 2012, durante la precampaña y campaña de Peña Nieto, desde la cuenta de Scotiabank.³⁴

La triangulación fue descrita así por Monreal:

— Había una “cuenta alimentadora” de Bancomer que depositaba a Scotiabank, a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), cantidades de 100, 200 o 500 millones de pesos.

— Mantenían la cuenta de Scotianbank con un saldo de 153 mil pesos de manera ordinaria. De forma extraordinaria depositaban, a través del SPEI, entre 50 y 250 millones de pesos, y ese mismo día los movían y triangulaban.

— Realizaron depósitos del 14 al 29 de febrero de 2012 por mil 030 millones de pesos, en exhibiciones de 100 millones de pesos diarios.

— Entre el 1 y el 20 de marzo hubo dos transferencias diarias por 30 millones de pesos. Los días siguientes (21, 23, 26 y 30 de marzo) se depositaron 60 millones de pesos, después 90 millones de pesos y se retiraron más de 150 millones de pesos.³⁵

La respuesta a esta acusación fue rápida y contundente. Scotiabank afirmó que Videgaray no era titular de la cuenta, “y [que] no está registrado como administrador en el periodo de enero a junio de 2012 como se señaló”. El gobernador Eruviel Ávila admitió la existencia de esa cuenta, pero negó que Videgaray tuviera acceso a ella. El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no investigaron nada.

Como en el caso del cónclave de gobernadores, admitieron el hecho, pero negaron rotundamente que se tratara de una triangulación o de una operación de transferencia ilegal de recursos.

La “punta de la madeja” se quedó en denuncias, facturas, copias de transferencias, testimonios de cientos de ciudadanos. No se hizo nada porque desde ese momento la cleptocracia peñista dio un salto cualitativo: una impunidad absoluta en la triangulación de los fondos públicos y privados, legales e ilegales.

¹ Relato publicado en Claudia Fernández y Andrew Paxman, El Tigre: Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, Grijalbo, México, pp. 480-481.

² Jenaro Villamil, Ruptura en la cúpula, Plaza y Valdés, México, 1995, p. 93.

³ Diego Enrique Osorno, Slim: Biografía política del mexicano más rico del mundo, Debate, México, 2015, p. 83.

⁴ Carlos Salinas de Gortari, México: Un paso difícil a la modernidad, Plaza & Janés, Barcelona, 2000, p. 1057.

⁵ Michelangelo Bovero (coord.), ¿Cuál libertad?: Diccionario mínimo contra los falsos liberales, Océano, México, 2010, p. 15.

⁶ Lorenzo Meyer, Nuestra tragedia persistente, Debate, México, 2013, p. 34.

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem, p. 49.

⁹ Luis Felipe Bravo Mena, Acción Nacional: Ayer y hoy, Grijalbo, México, 2014, p. 336.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Miguel Ángel Granados Chapa, Fox & Co., Grijalbo, México, 2000, pp. 200-201.

¹² “Una historia de encubrimientos”, Proceso, núm. 1338, 22 de junio de 2002.

¹³ “Una investigación a medias”, Proceso, núm. 1376, 27 de julio de 2003.

¹⁴ “El desgaste”, Proceso, núm. 1376, 15 de marzo de 2003.

¹⁵ “‘No tengo ambición de poder económico ni político’: Lino Korrodi”, Proceso, núm. 2124, 15 de julio de 2017.

¹⁶ Jesusa Cervantes, Los hijos de Marta: Historias de impunidad, Debate, México, 2009, pp. 100-105.

¹⁷ Norma Meraz, Arturo Montiel desde Atlacomulco, Planeta, México, 2011, pp. 171-172.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Véase el relato en Jenaro Villamil y Julio Scherer, La guerra sucia del 2006: Los medios y los jueces, Grijalbo, México, 2007, pp. 40-45.

²⁰ Ibidem, pp. 57-58.

²¹ Andrés Manuel López Obrador, La mafia que se adueñó de México… y el 2012, Grijalbo, México, 2010, pp. 51-52.

²² Ibidem.

²³ Ibidem, pp. 54-55.

²⁴ Ibidem, p. 45.

²⁵ Véase Jenaro Villamil y Julio Scherer, La guerra sucia del 2006, op. cit., pp. 100-104.

²⁶ Sergio González Rodríguez, El robo del siglo, Grijalbo, México, 2015.

²⁷ Ibidem, p. 38.

²⁸ Clave: 09MEXICO2579.

²⁹ Jenaro Villamil, Si yo fuera presidente: El reality show de Peña Nieto, Grijalbo, México, 2009, y Peña Nieto: El gran montaje, Grijalbo, México, 2012.

³⁰ “Marca a Monex negro historial”, Reforma, 14 de julio de 2012.

³¹ “Cártel de Juárez, proveedor del PRI y financiador en la campaña de Peña Nieto”, Aristegui Noticias, 16 de marzo de 2016.

³² Edgardo Buscaglia, Lavado de dinero y corrupción política, Debate, México, 2015, p. 143.

³³ Ibidem, p. 142.

³⁴ Número de cuenta: 04442003800806935.

³⁵ Véase Jesusa Cervantes y José Gil Olmos, “Caso Monex: Salen a la luz más empresas fachada”, Proceso, núm. 1866, 4 de agosto de 2012.

IV

Peña Nieto es la corrupción: la línea de los escándalos

Un amigo perteneciente a las dinastías priistas me comentó en alguna ocasión: “Si quieres entender al grupo en el poder, debes asumir que para ellos la corrupción no es algo ilegal. Es algo normal, común. Una regla no escrita”.

Su consejo, acompañado de citas de Hegel y razonamientos del filósofo alemán Max Weber, me hizo comprender el enorme vacío que se abrió desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto y la sociedad, en general.

Un presidente educado con las formas y fórmulas de la cleptocracia mexiquense, heredera de una larga tradición de patrimonialismo y de apropiación de los recursos públicos para construir fortunas monumentales (ahí está el caso emblemático de Carlos Hank González), se enfrentó desde el inicio a una batalla cultural perdida: la corrupción había dejado de ser el privilegio de la élite para transformarse en la gasolina del descontento social.

Enrique Peña Nieto no pudo ni quiso combatirla porque él representa la continuidad de la corrupción. No es un accidente en su gobierno. No son algunos cuantos escándalos. Formaron parte sustancial de la esencia de su proyecto desde el primer día que asumió ser el sucesor de Arturo Montiel (gobernador del Estado de México entre 1999 y 2005) y desde que emprendió una operación mayúscula para ganar la presidencia de la República, entre octubre de 2005 y diciembre de 2012.

El peñismo es la versión degenerada del hankismo: la escuela de relaciones públicas, redes de poder y de negocios que articuló durante 40 años el profesor Carlos Hank González, quizá uno de los políticos más acaudalados de la generación anterior a la llegada de los tecnócratas.

Es una versión degenerada no sólo por su falta de talento, habilidades y conocimientos profundos para encubrir sus redes de peculado, tráfico de influencias, triangulaciones financieras, donaciones “en especie” o en dinero y todo el complejo entramado de la corrupción —tan característicos del hankismo—, sino por algo mucho más simple: su incapacidad hasta para simular el robo.

El argumento histórico del priismo y del hankismo para justificar las pequeñas y grandes acciones de corrupción ha sido el mismo: “promovemos el desarrollo y las inversiones, y garantizamos la estabilidad y la paz social; la corrupción es el costo de gobernar”. El capitalismo de compadres no pasa por la fiscalización y menos por la rendición de cuentas. Es un paraíso de impunidad, mucho más agradable que los paraísos fiscales.

La réplica peñista de este argumento resultó fallida a un sexenio de distancia: el argumento histórico se basaba en la permanencia institucional de esta corrupción a través de la continuidad del sistema priista. Desde el ascenso de la tecnocracia, la incertidumbre de las élites se volvió un incentivo para robar más y de forma más descarada.

Los cuatro grandes incentivos que definen un estado de impunidad se cumplieron a cabalidad en el caso peñista: la improbabilidad de ser descubiertos, la imposibilidad de ser enjuiciados, la lejana probabilidad de ser sancionados y el goce y disfrute de los dividendos.

Es la ecuación que plantea el politólogo italiano Gianfranco Pasquino en la definición de corrupción elaborada en el Diccionario de política, un texto de consulta para los analistas sociales:

La corrupción es mayor en tanto menor es la seguridad de la élite en el poder para mantenerse en ella […] Cuanto más segura está la élite de conservar o reconquistar el poder con medios legales o de ser castigada si usa los ilegales, tanto menor será la corrupción. Cuanto más amenazada se sienta la élite, tanto más recurrirá a medios ilegales.¹

En el caso mexicano, la élite corrupta se volvió multipartidista, multinivel y altamente mafiosa porque su ascenso fue inversamente proporcional al grado de democratización del sistema: en apariencia se “democratizó” la contienda partidista, pero, en los hechos, se consolidó un nuevo pacto de impunidad entre los gobiernos panistas de la alternancia y el retorno del PRI a la presidencia de la República en 2012.

El ascenso y el gobierno de Peña Nieto fue el resultado de esta ecuación. A mayor incertidumbre sobre su permanencia en el poder —algo que quedó claro desde la crisis de Ayotzinapa y la Casa Blanca en el otoño de 2014—, fue más alto el grado de corrupción.

Las denuncias públicas en su contra y los expedientes de colaboradores, exgobernadores, funcionarios y empresarios enredados en distintas tramas ilegales no frenaron la corrupción. La volvió más cínica, coercitiva, evidente.

Las propias intervenciones de Peña Nieto para hablar sobre el tema cambiaron de matiz, hasta volverse francamente amenazantes en el ocaso de su sexenio, especialmente en la segunda mitad de 2017.

Recordemos tres momentos clave en esta historia y los discursos que entonces pronunció Peña Nieto:

1. El 20 de agosto de 2014, en vísperas de su segundo informe de gobierno, Peña Nieto inauguró una serie de “charlas” con periodistas en un programa llamado Conversaciones a fondo. La periodista Denise Maerker le preguntó por qué los partidos del Pacto por México no se pusieron de acuerdo en la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, anunciada el 2 de diciembre de 2012, al inicio de su sexenio.

Peña relativizó el problema de la corrupción. Y ensayó su primera “tesis” sobre este desafío:

Denise, la corrupción lamentablemente es un cáncer social que no es exclusivo de México. Está presente en todas las naciones, es un tema casi humano. Está presente en toda la historia de la humanidad…

No puedes pensar que una sola institución es la que nos asegure que no habrá corrupción. Mucho de esto tiene que ver con un cambio cultural. Tiene que ver con un marco legal que sanciona conductas de corrupción dentro del sector privado.

La corrupción se alimenta de dos lados. La corrupción no viene del orden público, sino también del orden privado. Es un tema, insisto, del orden cultural.

Sus declaraciones fueron ampliamente comentadas y criticadas. Se produjeron tres meses antes que se desatara el escándalo de la propiedad de la Casa Blanca, un complejo de tres construcciones en la zona exclusiva de Las Lomas de Chapultepec, revelado el 9 de noviembre por la periodista Carmen Aristegui y su equipo de investigaciones en MVS.

2. El 27 de noviembre de 2014 Peña Nieto dio a conocer en Palacio Nacional 10 medidas para combatir la infiltración del crimen organizado y la corrupción. Fue una respuesta tardía ante la crisis desatada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la noche del terror en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del mismo año. Al mismo tiempo, pretendió responder al escándalo mayúsculo de la Casa Blanca y el descarrilamiento del proyecto del tren México-Querétaro, en el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había dado un fallo favorable al consorcio multinacional en el que participaba el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, el amigo presidencial que financió la propiedad inmobiliaria de la Casa Blanca.

Peña Nieto anunció la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, con nuevos esquemas de vigilancia para las autoridades, y el fortalecimiento de las auditorías. Incluyó el nombramiento de un fiscal anticorrupción, dependiente de un nuevo modelo de Fiscalía General de la República, con poder transexenal por nueve años.

El decálogo de Peña Nieto nació muerto, no sólo por el brote de indignación y protesta sociales ante la “verdad histórica” de la PGR frente al caso Ayotzinapa. La promesa de un Sistema Nacional Anticorrupción fue un acto de prestidigitación política tan poco creíble como el nombramiento del exconsejero electoral Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), responsable de investigar y exonerar a su propio jefe: el presidente de la República.

El 3 de febrero de 2015 Peña Nieto nombró a Andrade titular de la SFP y lo “instruyó” a que investigara si hubo conflictos de interés en los distintos contratos asignados por su gobierno a Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, involucrado en los escándalos de la Casa Blanca y la mansión de Malinalco, y a los San Román Dunne, de Ixtapan de la Sal, amigos del presidente y propietarios de una constructora que recibió contratos por 100 millones de dólares entre 2005 y 2011, según dio a conocer el periódico estadounidense The Wall Street Journal.

“La corrupción en México es un problema estructural que entre todos debemos enfrentar y a pesar de los esfuerzos emprendidos en la última década, la percepción no ha mejorado —afirmó Peña Nieto—. Quiero ser enfático: el presidente no otorga contratos, no adjudica obras, no participa en ningún comité de servicios; soy consciente de que los señalamientos realizados generaron opiniones diferentes”, sentenció en su primer acto de autoexoneración.

Peña Nieto ya no habló de la corrupción como un “tema cultural”, sino de un “problema estructural”, pero subrayó que se trataba de un asunto de mala percepción. En otras palabras, de un desafío demoscópico, no de justicia o de combate a la impunidad.

A cuatro años de estos compromisos sin cumplir, el Sistema Nacional Anticorrupción está incompleto, no hay fiscal anticorrupción, y en octubre de 2017 el titular de la PGR Raúl Cervantes Andrade renunció, y luego fue despedido, en medio de un escándalo, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo. Tanto Cervantes como Nieto tuvieron algo en común: dejaron sus cargos tras advertir que estaban en curso las investigaciones sobre los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht; investigar la red de desvío de fondos públicos que encabezó el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y avanzaron en la trama de empresas “fantasma” y universidades enlodadas en la “Estafa Maestra” de Sedesol.

Virgilio Andrade no encontró ningún hecho delictivo ni tráfico de influencia alguna en los escándalos inmobiliarios. Salió de la SFP en medio de un escándalo por presunto abuso de poder. En enero de 2017, Videgaray y Peña Nieto lo nombraron titular de Bansefi y se hizo cargo del reparto de monederos digitales para los damnificados de los sismos, en medio de otro escándalo por presunto desvío de estos fondos.

3. El 16 de octubre de 2017 Peña Nieto se quejó en una charla con Adela Micha, durante el foro “México. La fortaleza de sus instituciones”, que “detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable y siempre decir: ‘es la corrupción’, cuando no necesariamente asiste el que detrás de cada evento, consecuencia de algo, tenga que ver con la corrupción”.

Claramente alterado, Peña Nieto banalizó el tema: “Casi, casi, si hay un choque aquí en la esquina, fue la corrupción; algo pasó en el semáforo ¿quién compró el semáforo que no funcionaba?”

El desplante declarativo de Peña Nieto tuvo un contexto delicado: el accidente del socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, que costó la vida de dos personas, el cual generó una nueva crisis y escándalo para el intocable secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, mientras que surgieron denuncias crecientes sobre el mal uso de los recursos públicos para apoyar a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de ese año.

Un mes y medio antes, The New York Times publicó una nota con la siguiente cabeza: “Un empresario activista lucha contra la corrupción y se convierte en blanco del Estado”.

La nota, firmada por Azam Ahmed, relató un episodio ocurrido el 11 de mayo de ese mismo año en una cena con la cúpula empresarial y Peña Nieto. El presidente mexicano le reclamó al empresario Claudio X. González Laporte la actitud de su hijo, del mismo nombre, impulsor de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Para esas fechas, la asociación civil había publicado varios de los escándalos de corrupción más graves del gobierno federal y de los estatales.

“Tu hijo debería dejar de ser tan crítico con el gobierno”, le reprochó Peña Nieto en público a González Laporte, empresario vinculado de tiempo atrás con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, señalado por el propio Andrés Manuel López Obrador como cómplice de “la mafia del poder”.

“La sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de la corrupción”, se lamentó Peña Nieto. Su queja, realizada entonces en privado, se volvió pública meses después, el 13 de noviembre de 2017, cuando acusó a la sociedad civil de hacer “bullying contra las instituciones” públicas dedicadas a combatir la inseguridad.

Claudio X. González Guajardo le relató al corresponsal del rotativo neoyorquino que en dos ocasiones recibió mensajes en su celular para instalar un programa de espionaje y que había recibido varias auditorías contra sus empresas. Se quejó de una clara persecución.

Aliado fundamental en la polémica reforma educativa y en contra de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), González Guajardo se había convertido en un incómodo representante de un sector del empresariado que ahora atacaba al gobierno priista por el flanco más doloroso: la corrupción.

La bandera que retomaba Claudio X. González era similar a la de López Obrador. Enemigos políticos ahora se emparentaban en una batalla que dejaba a Peña Nieto en el grado más claro de la impunidad: la negación de lo evidente.

Las huellas del despilfarro y presunta corrupción se quedaron en la propia oficina de la presidencia de la República. Un estudio del organismo ciudadano Mexico Analytics sobre el gasto en el staff del equipo de Los Pinos, a partir de las cifras de la Secretaría de Hacienda y del INEGI, reveló que Peña Nieto gastó 18 mil 520 millones de pesos, un gasto superior a los 14 mil 959 millones de pesos del mismo periodo de Felipe Calderón y 13 mil 849 millones de pesos de Vicente Fox. Un gobierno más caro y más ineficaz. Más involucrado en escándalos de corrupción.

SEXENIO DE ESCÁNDALOS

Un breve recuento y síntesis de los principales escándalos ventilados en la opinión pública durante este sexenio nos dan una idea de las dimensiones de la cleptocracia en tiempos peñistas.

2013

Enero

Declaraciones patrimoniales. Peña Nieto dio a conocer su declaración patrimonial, llena de contradicciones. Mencionó cuatro “donaciones” de terrenos. Excluyó sus cuentas bancarias. Los datos fueron incompletos. Ésta sería la base de los futuros escándalos inmobiliarios que rodearon su sexenio.

Monexgate. Los priistas lograron que el IFE no les impusiera una multa de 75 millones de pesos por el caso Monexgate. El desempate se los dio Sergio García Ramírez, recientemente nombrado consejero del instituto. García Ramírez se había excusado antes por su relación con los Fraga, de la empresa Inizzio, vinculada a la trama de la triangulación de recursos de la campaña.

Días después, el Comité de Fiscalización determinó que Peña Nieto no rebasó los topes de gastos de campaña. Por el contrario, fueron Andrés Manuel López Obrador y la coalición electoral que lo postuló quienes rebasaron los gastos.

Explosión en la Torre B2 de Pemex. El 31 de enero hubo una explosión en el edificio alterno de la Torre Ejecutiva de Pemex, en la Ciudad de México. La tragedia provocó conmoción. Decenas de personas murieron aplastadas. Tan sólo el primer día se habló de 33 muertos. Días antes, Peña Nieto había afirmado en la reunión plenaria de diputados del PRI que “para nada” iba a privatizar Pemex.

Dos días después, el procurador general Jesús Murillo Karam afirmó que no hubo indicios de incendio intencional y que la explosión fue un accidente provocado por “acumulación de gases”. Oficialmente, se manejó la cifra de 34 muertos.

En el lugar de la explosión está la sede de la sección 34 del sindicato petrolero; el 19 de octubre de 2012 esta sección convocó a asamblea para desplazar a Romero Deschamps al frente del sindicato. El líder sindical es acusado de manejar discrecionalmente dinero del sindicato a través de 18 fideicomisos. Hasta 2010, en tan sólo uno de ellos había 113 mil millones de pesos.

Febrero

Golpes bajos en el entorno de Pemex. Se desata el escándalo Siemens. La empresa alemana fue señalada en un amplio reportaje de Televisa por sus antecedentes de corrupción (este caso lo detallaremos más adelante).

En paralelo, se acusó en medios al empresario Jaime Camil, examigo de Peña Nieto, por presuntos sobornos de 2.6 millones de dólares a funcionarios de Pemex. Entre los involucrados también se mencionó al dirigente del sindicato petrolero y senador priista Carlos Romero Deschamps.

Luis Videgaray, desde la Secretaría de Hacienda, pretendió impulsar el negocio del gas shale en Pemex; crear una nueva división en la paraestatal. Sus aliados en este intento fueron José Antonio Meade y Alberto Cinta, el empresario accionista en la Torre Mayor, de la avenida Reforma. El director de Pemex Emilio Lozoya se opuso. Comenzó la disputa entre Videgaray y este último.

El elbazo. A las seis de la tarde del 26 de febrero fue detenida la dirigente del sindicato nacional de maestros y exaliada fundamental del peñismo, Elba Esther Gordillo, en el aeropuerto de Toluca, acusada de triangulación de fondos y presunto “lavado de dinero” por 2 600 millones de pesos. Días antes expresó su descontento, de manera pública y privada, por la reforma educativa en ciernes.

Gordillo se dirigía a una asamblea extraordinaria del SNTE, en la que se definiría la movilización en contra de la reforma al artículo 3 constitucional.

Murillo Karam explicó la operación contra Elba Esther Gordillo a los medios. Dijo que desde dos de las 81 cuentas registradas por el sindicato se habían desviado recursos irregulares por 40 millones de pesos a cuentas de Gordillo o sus prestanombres; mucho de ese dinero fue gastado en tiendas exclusivas de marca o taxis aéreos.

Alrededor de 30 millones de dólares habían sido transferidos a cuentas en Liechtenstein y Suiza, paraísos fiscales, a nombre de una empresa cuya accionista mayoritaria era su madre ya fallecida.

Peña Nieto dio un mensaje en cadena nacional el miércoles 27 de febrero. Explicó que se trataba de “devolverle” al sindicato los recursos que le pertenecen y que fueron utilizados “de manera inadecuada”. No mencionó a Elba Esther Gordillo. Se dirigió al SNTE una y otra vez.

Tras casi cinco años en prisión y varios procesos de amparo que interpusieron sus abogados, un magistrado le otorgó la prisión domiciliaria a Gordillo a partir del 15 de diciembre de 2017, cuando fue trasladada a su departamento en la calle de Galileo, en Polanco, fuertemente resguardada por elementos policiacos y de seguridad privada.

En enero y febrero de 2018, Gordillo volvió al activismo sindical y político. Su yerno, Fernando González, y su nieto, René Fujiwara, aparecieron en eventos de Morena y de López Obrador en clara muestra de apoyo al político que atacaron en 2006. En paralelo, comenzó la disputa interna en el SNTE en contra del liderazgo de Juan Díaz de la Torre.

A finales de febrero de 2018, el equipo de campaña de José Antonio Meade lanzó varios spots para acusar a López Obrador de recibir el apoyo de Elba Esther Gordillo, sin reparar que eso mismo sucedió con Calderón y Peña Nieto, de manera explícita.

Caso Siemens. La embajada de Alemania en México expresó su molestia por lo que consideró una campaña de los medios en contra de Siemens, en especial, de Televisa. El origen del conflicto fue el asunto de la refinería de Pemex en Cadereyta y la sociedad entre Siemens con la empresa coreana SKE Engineering, que poseía 85% de la empresa Conproca.

Conproca acusó a Pemex de incumplir el pago de los costos adicionales de la refinería y cambios en las especificaciones, entre otros puntos. El litigio se llevó a cabo en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. El fallo del 23 de diciembre de 2011 ordenó que Pemex debería pagar 300 millones de dólares (casi 4 mil millones de pesos) a Siemens.

En diciembre de 2012, recién llegado Lozoya Austin a la dirección de Pemex, interpuso una demanda en una corte de Nueva York en contra de Siemens, empresa alemana que —como ya se mencionó— ha estado involucrada en varios escándalos de corrupción. Ante la corte, Pemex presentó el testimonio de un exempleado de Siemens, quien mencionó que varios exfuncionarios de la petrolera habían cometido actos de corrupción.

En enero de 2013 la Cámara de Comercio Internacional de París determinó que Pemex debía pagar 632 millones de dólares a Siemens por “gastos por construcciones y modernizaciones en la refinería de Cadereyta”.

La campaña mediática contra Siemens fue vista por la embajada de Alemania en México como “un procedimiento inaceptable”, con el riesgo de “quebrar la confianza” en el nuevo gobierno y poner en duda 25 mil millones de euros de inversión alemana en el país.

El exdirector jurídico de Siemens, Peter Paul Muller, confirmó el 6 de mayo ante la PGR que la compañía alemana sobornó a personal de Pemex para cubrir los sobrecostos de la refinería de Cadereyta.

A nivel de medios, se involucró en el escándalo al panista César Nava, exsecretario particular de Felipe Calderón. Pemex denunció en una corte en Nueva York que Nava, cuando fue director jurídico de la paraestatal (2001-2003), fue cómplice de las siete facturas fraudulentas cobradas, entre agosto de 2000 y enero de 2002, por Siemens y la coreana SK Engineering para obtener contratos por 182.4 millones de dólares.

En julio de este año, una corte federal de Nueva York desechó la demanda de Pemex por mil 500 millones de dólares interpuesta contra Siemens y la coreana SKE. El juez Louis Stanton explicó que el equipo jurídico de Pemex no demostró que el supuesto fraude ocurrió en Estados Unidos o tuvo efecto en este país, más allá de que hayan usado bancos radicados en Nueva York. También exoneró a César Nava.

Fue uno de los primeros grandes escándalos de corrupción en Pemex del director general Emilio Lozoya Austin.

Abril

Rosariogate y Veracruz. Cerca de 13 mil horas grabadas en Veracruz y “filtradas” a la dirigencia nacional del PAN confirman un operativo electoral para utilizar el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, dirigido por la experredista Rosario Robles, para utilizarlo en los comicios municipales de la entidad.

En su comparecencia ante el Senado, el martes 22 de abril, Robles se defendió y afirmó que no había hecho nada indebido. Los panistas y perredistas la desconocieron como interlocutora política. Mientras que Peña Nieto le mostró su apoyo a la secretaria de Desarrollo Social.

El escándalo de los apoyos clientelares dejó en segundo plano, por el momento, al gobernador priista Javier Duarte. Buena parte del material fue proporcionado por el expriista y opositor Miguel Ángel Yunes.

Tiempo después, la Auditoría Superior de la Federación ventiló que el supuesto fraude en la Cruzada Nacional contra el Hambre ascendió a 159 millones de pesos.

#LadyProfeco. Estalla en las redes sociales el escándalo de la hija del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Humberto Benítez Treviño. La joven acudió a un restaurante de la colonia Roma, de donde salió molesta porque no le asignaron la mesa que había solicitado; por lo que amenazó con clausurar el lugar. Y cumplió. Llegaron unos verificadores de la Profeco a cerrar el establecimiento.

El episodio generó una ola de protestas en las redes sociales por el influyentismo y la cultura del “charolazo”, es decir, la práctica de dar tratos preferenciales o beneficios en establecimientos públicos y privados, tan común en los políticos del Estado de México. El caso llegó a la prensa de Estados Unidos. Peña Nieto dio la orden de que se sancionaran a los verificadores. Benítez Treviño, otrora poderoso procurador mexiquense, renunció a la Profeco. Fue el primer caso en el que el gobierno federal reaccionó a tiempo ante la sanción social.

Mayo

Gaseras y el hijo de Romero Deschamps. Explota en San Pedro Xalostoc, Ecatepec, una pipa de gas de doble remolque. Hay 23 muertos, más de 16 heridos. Silencio de las gaseras. El gobernador Eruviel Ávila, de visita en El Vaticano, regresó de inmediato. Se consideró el segundo gran accidente producto de las irregularidades de las gaseras, después de San Juanico, hace 29 años, en 1984. La principal involucrada es la empresa Termogas.

El hijo del líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps es exhibido en el periódico Reforma. Se publican sus propiedades inmobiliarias en Miami, valuadas en siete millones de dólares. El senador priista guarda silencio.

Julio

Acusaciones contra Murat y Fidel Herrera por la red de constructoras. El abogado chiapaneco Héctor Culebro denunció con Carmen Aristegui, en su espacio de MVS, que los exgobernadores priistas de Oaxaca, José Murat, y de Veracruz, Fidel Herrera, se beneficiaron de contratos por mil 800 millones de pesos a través de empresas como Muraza y Alzurio, junto con el exgobernador perredista Juan Sabines Guerrero, entre 2009 y 2011. Culebro presentó una demanda ante la PGR y mencionó a José Ortiz Limón, persona vinculada a Murat, como el representante de estas empresas.

Tras el escándalo mediático, Murat se deslindó de las acusaciones de Culebro. Dijo desconocer a José Ortiz Limón. “Después de una semana de infundios, estoy tratando de poner un límite a esta campaña de difamación. No tengo, no tuve ni tendré ninguna empresa de este tipo (constructora)”, afirmó Murat con Aristegui.

En ese momento, José Murat era uno de los principales artífices de la negociación que dio origen al Pacto por México, así como uno de los operadores del gobierno de Peña Nieto frente a los escándalos y abusos cometidos por el sucesor de Fidel Herrera en Veracruz, el priista Javier Duarte.

Dos años después, en febrero de 2015, la prensa estadounidense y medios mexicanos ventilaron que la familia de José Murat poseía seis propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, incluyendo dos departamentos en las torres Time Warner Center, en Nueva York; los departamentos tienen un precio que va de los 4.5 a los 68 millones de dólares.

Murat afirmó que esos condominios no eran de su propiedad, sino de un pariente. Su hijo, Alejandro Murat Hinojosa, en ese momento titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), afirmó que el condominio en Florida era propiedad de su suegra y que el departamento de Manhattan, adquirido por su esposa Ivette Morán, está a nombre de un tío. Los documentos revelaron que también había otro bien inmueble a nombre de Melissa F. Alcántara, hija de la pareja sentimental de José Murat en ese momento.

La investigación periodística arrojó que se trataba de bienes inmuebles adquiridos a través de una empresa offshore llamada Nivea Management, constituida en las Islas Vírgenes. El contacto fue a través de una familia mexicana de apellido Herrera, que en 2007 compró un apartamento en 40 West 55th Street, en Nueva York, un pequeño edificio justo al lado de la Quinta Avenida. Se trataba del hijo del exgobernador veracruzano Fidel Herrera, amigo y vinculado también a José Murat.

Exoneración a Raúl Salinas de Gortari. El 19 de julio, el mismo día en que la Presidencia de la República anunció que Enrique Peña Nieto sería sometido a una operación para retirarle un nódulo tiroideo, un juez federal ordenó la exoneración de Raúl Salinas de Gortari —el “hermano incómodo” del expresidente Carlos Salinas— del último de los cinco cargos que tenía en su contra: enriquecimiento inexplicable.

“El patrimonio del acusado se incrementó sustancialmente durante el periodo comprendido de enero de 1985 al 5 de abril de 1992, el que no es proporcional a los ingresos que obtuvo por el servicio público que desempeñó, porque la percepción recibida con motivo de los cargos que desempeñó en el servicio público fue sustancialmente inferior al incremento de su patrimonio”, afirmó en su sentencia el juez Carlos López Cruz, pero “lo cierto es que no está demostrado que ese enriquecimiento haya sido con motivo de una indebida función pública (prácticas corruptas, irregulares o deshonestas)”.

“No es procedente —concluyó el juez— que ese enriquecimiento se etiquete de ilícito, pues la ilicitud a la que se refiere este tipo penal (artículo 224 del Código Penal federal) deviene estrictamente de que el incremento patrimonial sea el resultado de un abuso en el ejercicio del servicio público encomendado, al aprovecharse ya sea del estatus o de las atribuciones que le son conferidas con motivo del empleo, cargo o comisión públicas.”

La exoneración de Raúl Salinas de Gortari generó una ola de protestas en los medios de comunicación, pero no hubo vuelta atrás. De “hermano incómodo” a “hermano impune”, el hermano mayor de la dinastía Salinas libró la batalla legal durante 17 años y tres meses, incluyendo una década en la cárcel acusado de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, su excuñado y exsecretario general del PRI.

El 31 de julio la PGR anunció que apelaría la sentencia, pero no sucedió nada. En los 17 años de litigio la PGR “perdió” todos los procesos contra Raúl Salinas. Exonerado, le fueron devueltos 224 millones de pesos depositados en 12 cuentas bancarias, así como 41 inmuebles en 24 entidades del país.

En mayo de 2017 Salinas de Gortari dio a conocer su nueva página en internet (www.raulsalinas.mx), para promover su libro digital Empoderamiento ciudadano a través de la tecnología. Como su hermano el expresidente, Raúl Salinas se dedica ahora al “debate de las ideas”. En su autobiografía, Salinas de Gortari aclara que desde hace una década forma parte del Grupo Iusa, de Carlos Peralta. Raúl Salinas de Gortari es director general adjunto de esta empresa que es acusada de obtener, mediante competencia simulada, todos los medidores de la Compañía Federal de Electricidad (CFE), con contratos que superan los 11 mil 800 millones de pesos.

Agosto

Liberación de Rafael Caro Quintero. Tras 28 años de prisión, un juez liberó el 8 de agosto a Rafael Caro Quintero, el capo más famoso de los ochenta y el heredero del emporio de narcopoder fundado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Caro Quintero, acusado de ser el autor intelectual de la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, sobrevivió a todo y a todos. Su liberación generó un grave conflicto diplomático con Estados Unidos, aunque el tema quedó en un segundo plano por la discusión y aprobación de la reforma energética.

En un informe dado a conocer en octubre de 2017 la DEA señaló que Caro Quintero retomó el control del cártel del Pacífico, o cártel de Sinaloa, que fundó junto con la gran mayoría de los capos sinaloenses, incluyendo al Chapo Guzmán, en los años ochenta.

Según el documento denominado National Drug Threat Assessment, Caro Quintero e Ismael el Mayo Zambada, el auténtico consigliere del cártel de Sinaloa, tienen ahora el control de la organización tras la detención y extradición de Guzmán Loera a Estados Unidos. Oficialmente, el gobierno mexicano no desmintió ni reaccionó a este reporte.

2014

Enero

Nombran a Alfredo Castillo comisionado en Michoacán. La narcopolítica y la corrupción hundieron a Michoacán en una de las peores crisis de los últimos años. El gobernador priista Fausto Vallejo, tras pedir licencia por una enfermedad, retornó al poder en octubre de 2013 y la situación empeoró. El desgobierno se combinó con el ascenso de los grupos de autodefensa, dirigidos en Tepalcatepec por el doctor Mireles, un personaje que adquirió enorme respaldo y popularidad en unos cuantos meses.

En enero de 2014 el gobierno de Enrique Peña Nieto envió como comisionado especial a Michoacán a su “apagafuegos” más importante: Alfredo Castillo Cervantes, exsubprocurador regional de Cuautitlán Izcalli que adquirió fama nacional al encargarse del caso de la niña Paulette y “salvar” al entonces gobierno estatal peñista de uno de los peores escándalos mediáticos de su administración en el Estado de México.

Castillo Cervantes —primo del consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos Cervantes, y del senador priista y futuro procurador general, Raúl Cervantes Andrade— también jugó un papel clave en dos episodios críticos del inicio del gobierno federal peñista: fue el responsable de la investigación de la explosión “por acumulación de gases” en la Torre B2 de Pemex y, en marzo de 2013, asumió la titularidad de la Profeco tras la remoción de Humberto Benítez Treviño.

El 15 de enero de 2014, a dos días de iniciado el Operativo Michoacán, Peña Nieto lo nombró comisionado para la seguridad y la justicia en esta entidad, con atribuciones tan amplias y sin límite temporal que los legisladores del PAN y del PRD lo consideraron un “virrey”, por encima de los poderes del gobernador en funciones, el priista Fausto Vallejo, y del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, responsable a nivel federal de la gobernabilidad en situaciones como la michoacana.

A Alfredo Castillo sólo le faltaron atribuciones de tesorero o responsable de la hacienda pública, de acuerdo con sus 11 funciones establecidas en el decreto presidencial. En los hechos, fue una forma irregular de “decretar la desaparición de poderes de Michoacán”, advirtió el senador perredista Luis Sánchez.

Así le fue a Castillo en su encomienda: su trabajo abrió un nuevo foco de violaciones legales, de corrupción, ante el intento de “fracturar” a las autodefensas y de tratos poco claros con el crimen organizado, en especial, con los Caballeros Templarios, según denunció el doctor Mireles. El gobierno de Peña Nieto destinó 45 mil millones de pesos a Michoacán y ordenó una serie de medidas clientelares.

La respuesta violenta se produjo cinco días después con una serie de asaltos a tiendas de autoservicio Oxxo y gasolineras, en los municipios hidalguenses de Tizayuca y Tulancingo, así como en los mexiquenses de Tecámac y otros colindantes con Michoacán. La zona de influencia de la Familia Michoacana y de los Caballeros Templarios.

El 7 de febrero el periódico Reforma publicó una polémica foto en la que se ve a Castillo platicar con un personaje conocido como el Abuelo, perteneciente al cártel de los Valencia, los responsables originales de “la plaza” michoacana antes del auge de la Familia y de los Caballeros Templarios. Los Valencia fueron viejos aliados del cártel de Sinaloa y, en especial, de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

Febrero

La detención del Chapo. El sábado 22 de febrero la agencia de noticias estadounidense AP afirmó que el capo fugado más célebre de los últimos años, Joaquín el Chapo Guzmán, había sido detenido por “fuerzas especiales” de México y Estados Unidos en un hotel de Mazatlán. Horas después, Peña Nieto confirmó la información.

A las 14:15 horas se vieron las imágenes del Chapo, fuertemente custodiado por el alto mando militar, siendo escoltado en el hangar de la Marina en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Junto con él, fueron detenidas 13 personas más. No pocos especialistas en el mundo del crimen organizado destacaron que justo un año después de la liberación de Caro Quintero, Guzmán Loera era recapturado tras su fuga de Puente Grande, en enero de 2001, al inicio del gobierno de Vicente Fox.

Comenzó la especulación sobre las presiones de Estados Unidos para extraditar a Guzmán Loera.

Días después, el agente retirado de la DEA Phil Jordan, responsable de la Operación Leyenda para vengar la muerte de Enrique Camarena Salazar, insistió en declaraciones a Univisión que “algo malo pasó” entre el PRI y Guzmán Loera, pues el Chapo había apoyado la campaña presidencial de Peña Nieto.

La DEA y la embajada de Estados Unidos se desmarcaron de las declaraciones de Jordan, afirmando que “no reflejan la postura” oficial estadounidense, y felicitaron al gobierno de Peña Nieto y “al pueblo de México” por la captura “del presunto líder del cártel de Sinaloa”.

Marzo

Presunta “ruptura” con Carlos Salinas. El periódico La Jornada publicó una enigmática “Rayuela” en su edición del domingo 2 de marzo: “Crujen los cimientos de la relación con Salinas. ¿Qué está pasando?”, en relación con una posible ruptura entre Peña Nieto y Salinas. En febrero, El Universal había publicado una amplia entrevista con Salinas de Gortari para destacar su “legado”.²

Días previos, renunció como director de la Comisión Federal de Electricidad Francisco Rojas Gutiérrez, uno de los colaboradores más cercanos al salinismo, y su hermano Carlos Rojas, coordinador del Pronasol en el sexenio de la “solidaridad”, renunció también al Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes).

A 10 años de los videoescándalos, el empresario Carlos Ahumada volvió a hacer declaraciones desde Argentina, no contra López Obrador —su viejo adversario—, sino contra Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos. También afirmó que el PRD le debía los 200 millones de pesos que le prestó a Rosario Robles, entonces dirigente nacional, para pagar deudas con Televisa en la campaña de 2003.

Oceanografía, el Titanic azul para Peña. Entre marzo y junio de 2014 se destapó el escándalo de la empresa Oceanografía, S. A. (OSA), contratista estelar de Pemex. La compañía, cuyos orígenes datan de 1968, se convirtió en un emporio desde 2002, con Amado Yáñez al frente, quien fue acusado de ganar jugosos contratos gracias a los vínculos con los hijos de la exprimera dama Marta Sahagún —Manuel y Jorge Alberto Bribiesca—, y después con Juan Camilo Mouriño, hombre fuerte del gobierno de Felipe Calderón.

Tan sólo entre 2011 y 2013 Oceanografía obtuvo 43 contratos de Pemex Exploración y Producción (PEP) por servicios de altamar, como reparación, mantenimiento y rehabilitación de pozos. La Secretaría de la Función Pública investigó las irregularidades en estos contratos y le impuso una multa de sólo 24 millones de pesos; asimismo, inhabilitó a la compañía por 21 meses para trabajar con dependencias federales.

Entre febrero y marzo de 2014 Pemex suspendió los contratos con Oceanografía. La PGR aseguró el 28 de febrero las instalaciones de la naviera en Ciudad del Carmen, Campeche, y comenzó la cacería judicial contra Amado Yáñez.

En abril Oceanografía entró a concurso mercantil. En el fondo, el caso reveló una trama de corrupción por un presunto fraude bancario cometido contra Banamex, filial mexicana del banco estadounidense Citigroup, por alrededor de 450 millones de dólares.

El gobierno de Peña Nieto aplicó el aseguramiento de las instalaciones y la documentación de la compañía. Se inició una extensa investigación y en el Senado se formó una comisión especial para dar seguimiento al caso. La red de corrupción de Oceanografía involucró a por lo menos 14 funcionarios de PEP, pero también provocó la salida de altos directivos de Banamex y Citigroup, como Javier Arrigunaga y Manuel Medina Mora. El escándalo involucró hasta el tenista Oliver Fernández, al sobrino del exsecretario de Hacienda foxista —Francisco Gil Díaz— y a Martín Díaz Álvarez, el exnúmero dos de la empresa y accionista de Grupo Gasolinero México, que tenía 15% de las acciones de Oceanografía.

La trama de Oceanografía encubría otra cosa más delicada que los múltiples sobornos, empresas “pantalla” y contratos amañados: el interés del grupo del poder, es decir, del peñismo, por quedarse con los contratos de la empresa. Lo valioso eran sus contratos con Pemex y, en especial, en el área de exploración y producción.

El juez federal Felipe Consuelo Soto le autorizó a Oceanografía ejercer nueve contratos con PEP por más de 4 mil 204 millones de pesos, aun cuando estaba inhabilitada. La empresa sólo cumplió con uno de 862 mil 332 pesos. En septiembre de 2016 fue declarada en quiebra. ¿Dónde quedó el dinero de esos contratos? Es la gran duda pendiente de esta historia.

Amado Yáñez estuvo preso en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México y tras pagar una fianza de 7.5 millones de pesos, salió libre en abril de 2017. En noviembre del mismo año la PGR “descongeló” las cuentas de Amado Yáñez, así como de su hermano Carlos Daniel Yáñez y las de Martín Díaz Álvarez, a pesar de estar aún sujetos a proceso por el supuesto desfalco por 450 millones de dólares contra Banamex.

La trama de Oceanografía involucró también a los principales ejecutivos de Grupo Televisa. A finales de 2013 Emilio Azcárraga Jean buscó a Amado Yáñez para exigirle que le vendiera un jugador de los Gallos Blancos de Querétaro. Negociaban en ese momento los derechos de transmisión del equipo.

Tras la llamada de Azcárraga Jean, Yáñez tuvo una cita en las oficinas de Santa Fe con Bernardo Gómez, vicepresidente ejecutivo de Televisa, brazo derecho de Azcárraga. Gómez no trató el tema del jugador ni de los derechos de transmisión de los Gallos Blancos. Fue directo: “Queremos que nos vendas 50% de tu empresa. Queremos después tener mayoría. Sabemos que tienes problemas legales”.

El 10 de febrero de 2014, antes de la notificación de la PGR y de la SFP, Bernardo Gómez le volvió a advertir a Yáñez: “Carlos Hank Rhon será nuestro fronting (frente)”.

Durante un encuentro en el hotel Aqua de Santa Fe, en septiembre de 2014, Yáñez me relató así este encuentro: “Llegó como si fuera mi amigo. Ya antes había tenido problemas con Interacciones, su banco. Me dio servicios de factoraje y me fregó. Por eso me extrañó que llegara como si nada conmigo”.

Hank le pidió urgentemente su firma. Le mandó a su abogado Luis Cervantes el 14 de febrero. No querían el 50, sino 90% de la empresa. “Era un auténtico despojo”, rememoró Yáñez.

El dueño de Oceanografía lo consultó con su abogado Ulrich Richter, quien le aconsejó que no lo hiciera. El 27 de febrero le autorizaron a Oceanografía una línea de crédito por 150 millones de dólares. El 28 de febrero se lo “cargó la PGR”. Ya la SFP lo había inhabilitado para concursar contratos en Pemex.

Septiembre

Construcción del nuevo aeropuerto. Tras su segundo informe de gobierno, en tono triunfalista, Peña Nieto anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en la zona del lago de Texcoco. En el acto presentó el diseño ganador del británico Norman Foster, en sociedad con el arquitecto Fernando Romero, yerno de Carlos Slim.

La megaobra, planeada en tres fases, tendrá una inversión de al menos 120 mil millones de pesos, más otras obras de “reorganización hidráulica” y de vialidades, con un costo total de 169 mil millones de pesos, según el proyecto original.

La empresa administradora del NAICM es dirigida por Manuel Ángel Núñez Soto, exgobernador de Hidalgo, pero el grupo de inversionistas más importante está encabezado por Alfredo del Mazo González, tío de Enrique Peña Nieto, quien se convirtió en el “gran padrino” del grupo Atlacomulco y, por supuesto, del peñismo.

El otro gran operador será Jesús Alcántara, director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), hombre de todas las confianzas de Peña Nieto. Fue su suplente cuando Peña Nieto se desempeñó como diputado local en el Estado de México (2003-2005). Alcántara se convirtió en el responsable del delicado tema de la tenencia de la tierra.

En septiembre de 2014, un total de nueve empresas constructoras expresaron su interés en licitar en la mayor obra del sexenio: Prodemex, de Olegario Vázquez Raña; Grupo ICA, dirigida por Alonso Quintana; Grupo CARSO, de Carlos Slim; Conoconal, presidida por el empresario duranguense Héctor Saúl Ovalle; Grupo GIA, de Hipólito Gerard y Henri Davis Signoret; Grupo Hermes, de Carlos Hank Rohn; Grupo Teya, filial de Grupo HIGA de Hinojosa Cantú; Grupo Tradeco, excontratista estelar en los sexenios de Fox y Calderón, y Grupo Marhnos.

Desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. Marcha de estudiantes politécnicos. A finales del mes de septiembre ocurrieron dos eventos que marcarían el derrotero de las próximas semanas y del resto del sexenio en materia de derechos humanos. La madrugada entre el 26 y 27 de septiembre un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotiznapa, fueron brutalmente atacados. Mataron a seis personas, incluyendo a un jugador de un equipo de futbol. Desaparecieron 43 estudiantes. La crisis había comenzado.

Por otro lado, el lunes 29 de septiembre marcharon sobre la avenida Reforma hasta las oficinas de la Secretaría de Gobierno, en Bucareli, en la Ciudad de México, alrededor de 30 mil estudiantes de las 44 escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como de facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), grupos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en protesta contra la directora del Politécnico, Yoloxóchitl Bustamante, por las irregularidades durante su gestión. En las marchas se escucharon algunas consignas por los estudiantes desaparecidos días antes en Ayotzinapa.

A las seis de la tarde, sobre la calle de Bucareli, frente a la Secretaría de Gobernación, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong y el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava salieron a negociar con los representantes estudiantiles.

Octubre

Masacre en Tlatlaya. Un reportaje de la agencia AP, publicado el 11 de julio de ese año, reveló que la matanza de 22 personas ocurrida el 30 de junio en el pequeño municipio de Tlatlaya, Estado de México, no fue producto de un “enfrentamiento” entre soldados y una presunta banda de secuestradores y delincuentes pertenecientes a los Guerreros Unidos —según la versión oficial—, sino una ejecución. La información determinó que estas personas fueron secuestradas, torturadas y ejecutadas por miembros de las Fuerzas Armadas en la comunidad de San Pedro Limón, del mismo municipio. La versión fue retomada por varios medios impresos, electrónicos y digitales de Estados Unidos.

Ante el escándalo creciente, la PGR atrajo la investigación. La CNDH había hecho una indagatoria acelerada que le dio la razón a la primera versión del enfrentamiento. Tuvo que recular. En octubre 12 integrantes del 102 Batallón de Infantería, acantonados en San Miguel Ixtapan, fueron arrestados y se les comprobaron nexos con el cártel de la Familia Michoacana, en específico con Johnny Hurtado, alias el Fish, a quien el gobierno mexiquense responsabilizó de la ola de secuestros en el municipio de descanso de Valle de Bravo.

La matanza de Tlatlaya despertó un interés nacional e internacional. Se ventiló que en ese mismo municipio ocurrió otra matanza en agosto de 2008, cuando fueron asesinadas 23 personas, incluyendo varios menores. Esa matanza nunca se investigó. El Ejército también estuvo involucrado, según publicó el periodista Miguel Ángel Granados Chapa en su columna Plaza Pública del 9 de octubre de 2008, en Reforma.

La versión del procurador general Jesús Murillo Karam fue que los soldados incurrieron en “exceso en el uso de la fuerza”. Los militares ingresaron a una bodega, donde encontraron a 22 presuntos delincuentes y realizaron disparos después de un enfrentamiento contra hombres armados, que duró entre ocho y 10 minutos, según la versión de la PGR.

El horror de Iguala, Guerrero. Los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, tomaron un giro vertiginoso. Los 43 jóvenes desaparecidos y los seis asesinados, incluyendo un joven jugador del equipo de futbol Los Avispones, se transformaron aceleradamente en un escándalo nacional e internacional.

El gobernador Ángel Aguirre —expriista que ya se había desempeñado como gobernador interino y que fue nominado por el PRD para volver al Palacio de Gobierno de Chilpancingo— tardó dos días en reaccionar públicamente ante el secuestro y la matanza. La procuraduría local trató de concentrar el asunto en un enfrentamiento con policías municipales de Iguala. Detuvieron a 22. La “pareja imperial” que gobernaba Iguala, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, ambos del PRD y vinculados presuntamente con el narcotráfico, fueron señalados como los autores intelectuales del ataque, junto con el gran eslabón perdido de esta trama, el jefe de la policía de Iguala Felipe Flores Vázquez.

Abarca salió huyendo del palacio municipal. El 29 de septiembre sostuvo un encuentro privado con Jesús Zambrano, dirigente nacional saliente del PRD. Según Zambrano, en ese encuentro le pidió a Abarca que “se entregara”.

Aguirre tardó dos días en reaccionar, pero Peña Nieto se dilató 10 días para mencionar públicamente que “lamentaba” de manera particular “la violencia que se ha dado” y que se tratara de “jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos”. No habló de desaparición forzada. Mucho menos de posibles ejecuciones sumarias. Sólo giró “instrucciones” al gabinete de seguridad nacional para que contribuyera al “esclarecimiento”.

Las primeras versiones, publicadas entre el 4 y 10 de octubre, señalaron a sicarios del cártel de los Guerreros Unidos como presuntos responsables del secuestro de los jóvenes estudiantes, a partir de los testimonios de algunos detenidos, como Sidronio Casarrubias.

El 8 de octubre, en conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, Omar García, uno de los jóvenes sobrevivientes del ataque del 26 y 27 de septiembre en Iguala, afirmó que después de que sus compañeros fueron “rafagueados” por segunda ocasión por hombres vestidos de civil, llegaron miembros del ejército y durante 40 minutos sometieron a los sobrevivientes, les quitaron los celulares y pretendieron acusarlos de allanamiento de morada.

El 22 de octubre fue la primera gran movilización en la Ciudad de México para reclamar por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Una enorme leyenda sobre el Zócalo capitalino derivó en la consigna principal: “Fue el Estado”.

El gobernador Ángel Aguirre fue obligado a solicitar licencia. En medio de una tensión creciente en la entidad, el secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, fue nombrado gobernador interino.

El miércoles 29 de octubre, en un punto de inflexión de este conflicto que marcaría el sexenio de Peña Nieto, los familiares de los jóvenes desaparecidos sostuvieron una reunión de cinco horas en Los Pinos con el presidente de la República. Le reclamaron la actitud de su gobierno. Se negaron a dar una conferencia de prensa conjunta. Rechazaron firmar un plan de siete puntos y le dijeron claramente: “No confiamos en usted”.

Desde ese momento, el reclamo fue muy claro: “Queremos vivos a los muchachos”, y demandaron que se abrieran los cuarteles del 27 Batallón de Iguala, señalado como posible escenario del secuestro o matanza de los estudiantes.

Noviembre

“Ya me cansé.” Ninguna conferencia de prensa en la PGR había despertado tanta atención nacional e internacional como la del 7 de noviembre. El procurador Jesús Murillo Karam se jugó ese día no sólo su puesto, sino la credibilidad del gobierno. Anunció lo que se había filtrado días antes y que el propio sacerdote Alejandro Solalinde declaró de manera abrupta tres semanas atrás: los jóvenes fueron entregados por la policía municipal al cártel de los Guerreros Unidos. Éstos se los llevaron a Cocula. Los mataron después de interrogarlos. Los incineraron con diésel y leña durante casi 12 horas en un paraje cercano al tiradero de basura de ese municipio colindante con Iguala. Los guardaron en bolsas y los arrojaron al río. Estaban tan calcinados sus cuerpos que era “difícil saber la identidad”, dijo Murillo Karam. Prometió que serían enviados los restos a un laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, para su análisis.

La “prueba reina” de Murillo Karam, como la de un viejo policía experto en patrañas, fue el testimonio-confesión de tres integrantes del cártel Guerreros Unidos, los cuales resultaron muy “colaboradores” con la PGR. Durante la conferencia mostró videos de las declaraciones de éstos, así como imágenes de la búsqueda de los cuerpos en Cocula.

No respondió a la pregunta esencial: ¿cuál fue el móvil? Sobre el papel del ejército, Murillo Karam soltó una expresión tremenda: “afortunadamente” no actuaron, ya que hubieran apoyado a los policías municipales.

La orden de detener a los muchachos provino del alcalde prófugo Abarca, quien mandó, a través del código A5, “contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones”. No explicó por qué fue atacado el camión en el que viajaban los jóvenes futbolistas del equipo de tercera división.

Los reporteros presentes lo ametrallaron con más de 22 preguntas hasta que al final dijo una frase que resultó muy perjudicial para su imagen: “Ya me cansé”.

El relato del holocausto al estilo mexicano que realizó Murillo Karam quedará para los anales de la cleptocracia. Nadie vio el humo que pudo haber provocado la incineración con leña y diésel durante 12 horas en el basurero de Cocula. De hecho, no había las pruebas suficientes para sostener esta hipótesis. Su relato estaba lleno de puntos flojos y de aseveraciones poco sustentables.

Los padres desconfiaron, desconocieron y desacreditaron la versión de la PGR de ese viernes 7 de noviembre. Le recordaron a Peña Nieto que de los 10 compromisos que hizo con ellos en Los Pinos, ninguno se había cumplido, en especial, la asistencia de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El tema Ayotzinapa acaparó la agenda informativa y de gobierno. No había otro asunto más importante… hasta que llegó el escándalo de la Casa Blanca.

La Casa Blanca de Peña Nieto. Dos días después de la conferencia de Murillo Karam que cimbró al país, el domingo 9 de noviembre, el portal informativo Aristegui Noticias y la revista Proceso publicaron un extenso reportaje elaborado por el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui, con apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), que reveló la propiedad de una residencia ubicada en la calle de Sierra Gorda 150, en la Ciudad de México, valuada en siete millones de dólares, perteneciente a Enrique Peña Nieto, pero registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una sociedad anónima perteneciente al Grupo Higa, del próspero constructor tamaulipeco y amigo personal del presidente Juan Armando Hinojosa Cantú.

Era filial del mismo Grupo Higa que participó y ganó la licitación del tren rápido Ciudad de México-Querétaro, por un monto de 50 mil millones de pesos, en sociedad con el consorcio chino Railway Construction, el Grupo GIA + A, Prodemex y GHP.

Apenas el 3 de noviembre el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, dio a conocer al consorcio ganador, a pesar de las múltiples críticas expresadas en el Senado y en la prensa por las irregularidades y el favoritismo en esa licitación. El 6 de noviembre se canceló abruptamente la licitación.

El reportaje sobre la Casa Blanca tenía toda la documentación sólida que acreditaba la propiedad de tres predios que se fusionaron en uno solo, la creación de una sociedad a modo para ser la intermediaria y la descripción de esta residencia que la propia primera dama Angélica Rivera presumió en una edición de la revista ¡Hola! en mayo de 2013.

La investigación señaló que la propiedad de la mansión de Sierra Gorda 150 nunca fue admitida por Peña Nieto en sus declaraciones patrimoniales de enero de 2013, ni en su actualización de 2014.

El reportaje generó un escándalo que opacó la gira internacional de Peña Nieto por China, la campaña de relaciones públicas para presumir las reformas estructurales logradas en ese año, y potenció la protesta social generada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El 17 de noviembre Peña Nieto afirmó que la primera dama Angélica Rivera daría su propia versión y ordenó que la Secretaría de la Función Pública diera a conocer su declaración patrimonial completa. Desestimó la investigación y señaló que existía “un afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de nación”.

Angélica Rivera grabó un video en su portal de internet para “explicar” y acreditar su solvencia económica para adquirir esta propiedad de siete millones de dólares. Rivera aportó fechas, montos y contratos de exclusividad con Grupo Televisa y con Grupo Higa, las dos compañías involucradas en una increíble “donación” y en la adquisición de los tres predios que formaron el conjunto habitacional conocido como Casa Blanca.

Esta versión, mal explicada, pésimamente difundida y con un lenguaje corporal que denotaba molestia por parte de la primera dama, alentó el fuego de la indignación contra Peña Nieto y Angélica Rivera.

El escándalo inmobiliario trajo nuevas pistas sobre una trama de contratistas presuntamente favorecidos por el gobierno de Peña Nieto. No era sólo el Grupo Higa. También estaba el propietario de Grupo Prodi, José Miguel Bejos, quien está asociado a la empresa portuguesa Mota-Engil, la cual obtuvo contratos por 13 mil 608 millones de pesos de la SCT. Y abrió las compuertas para la trama de presunto tráfico de favores e influencias más grave del sexenio: la empresa OHL.

El escándalo de la Casa Blanca marcó el sexenio y la reputación de Peña Nieto. Por lo general, los presidentes mexicanos han sido el centro de escándalos inmobiliarios al final de su mandato. Así había ocurrido con Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo y también con Fox y Calderón. En el caso de Peña Nieto la información surgió apenas al final de su segundo año, en medio del festejo por las reformas estructurales y el triunfalismo por el Pacto por México.

Desde entonces, la percepción de un gobierno corrupto y voraz con las propiedades inmobiliarias no desapareció. Se incrementó.

Diciembre

La mansión de Malinalco de Videgaray. El 17 de diciembre The Wall Street Journal publicó un amplio reportaje sobre otra mansión ubicada en Malinalco, Estado de México, adquirida por Luis Videgaray en octubre de 2012 a través de un crédito hipotecario con H&G, también filial de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, con un valor de 7.5 millones de pesos, para ser pagada en 18 años.

Videgaray respondió que no existía “conflicto de interés” porque hizo el acuerdo “cuando no tenía un cargo público y el trato estuvo en los parámetros del mercado”. El secretario de Hacienda peñista nunca aclaró en su respuesta cómo en menos de año y medio y con el ingreso de funcionario federal pudo adelantar el pago del crédito de 6.8 millones de pesos con Higa. Su explicación, al igual que la de Angélica Rivera, fue delirante: a Hinojosa Cantú lo conoció en “eventos sociales”. Algo increíble para quien fue secretario de Finanzas en el gobierno estatal de Peña Nieto y tenía relación con el pago de contratos a esta constructora.

El 29 de diciembre el periódico Reforma reveló que desde su paso como consultor de Protego, propiedad de su mentor Pedro Aspe, Videgaray tuvo tratos con Hinojosa Cantú. En 2009 se le adjudicaron a Grupo Higa mil 247 millones de pesos para la construcción de los penales en Tenango del Valle y Tenancingo a través del Fideicomiso C3, creado por Protego. En 2009 Videgaray era el secretario de Finanzas peñista, y el responsable de crear el Fideicomiso C3 para Grupo Higa fue Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda a nivel federal.

Videgaray tampoco mencionó en su respuesta que como jefe de campaña de Peña Nieto en 2012 contrató y pagó los servicios de Eolo Plus, compañía de aerotaxis de Grupo Higa.

2015

Enero

Ixtapan de la Sal, Peña y los San Román. La secuencia de escándalos inmobiliarios del peñismo continuó en enero de 2015 y se extendió hacia las relaciones con otro contratista famoso del grupo Altacomulco: Roberto San Román Widerkehr, cuyos hijos Ricardo y Roberto San Román Dunne son amigos personales de Peña Nieto.

Y la amistad que no se demuestra en contratos no existe, dice el viejo refrán mexiquense: entre 2005 y 2011, como gobernador, Peña Nieto le dio a la Constructora Urbanizadora Ixtapan, S. A. (CUISA), contratos por 100 millones de dólares, pero desde 2012 hasta 2014, al menos el gobierno federal le otorgó 11 contratos por 587 millones 221 mil pesos (40 millones de dólares), tan sólo por parte de la SCT, según otro reportaje publicado en The Wall Street Journal y notas de Reforma.

No sólo los contratos forman parte de la trama de tráfico de influencias entre Peña y los San Román. El tema clave en el balneario mexiquense es el agua. Los hermanos San Román Dunne les compraron a sus primos Eduardo y Arturo San Román, administradores del balneario Parque Acuático, la concesión de las aguas termales, más la administración del agua potable en Ixtapan de la Sal, donde Peña Nieto también posee una casa de campo en el club de Golf… de los San Román Dunne.

El triángulo de la red de empresarios mexiquenses que forman parte del círculo de amigos, beneficiarios y posibles prestanombres de Peña Nieto son los San Román Dunne, Juan Armando Hinojosa y David Peñaloza (Grupo Pinfra). Peñaloza forma parte del selecto grupo de contratistas que hasta 2015 habían recibido 15 de las 24 concesiones de autopistas por parte de la SCT. Peñaloza mantiene vínculos y sociedades también con Carlos Hank Rhon, de Grupo Interacciones, y la española OHL.

Febrero

Las propiedades de José Murat. The New York Times publicó una lista de compradores de bienes inmuebles en zonas de lujo de Estados Unidos y ahí apareció el nombre del exgobernador priista de Oaxaca José Murat, operador político esencial en el gobierno de Peña Nieto. El reportaje mencionó también al hijo Alejandro Murat, director del Infonavit y futuro gobernador de Oaxaca en 2016.

El rotativo neoyorquino enumeró seis propiedades del gobernador de uno de los estados más pobres del país, con valor de alrededor de 11 millones de dólares; incluyen, según el reportaje, condominios de lujo en el Time Warner Center, en Utah, en una playa del sur de Texas y en Boca Ratón, Florida. Estas propiedades las habría adquirido entre 1998 y 2004, a través de una compleja red de empresas fantasma.

En comunicados a la prensa nacional tanto José Murat como su hijo Alejandro negaron ser propietarios de estos inmuebles. El entonces director del Infonavit afirmó que la propiedad en Florida era de sus suegros. Explicó que el departamento de lujo en Nueva York era propiedad de su tío materno José Hinojosa Cuéllar.

Marzo

Despido de Carmen Aristegui en MVS. El lunes 16 de marzo fue el último día que la periodista Carmen Aristegui pudo ingresar a sus oficinas de MVS Radio, en la avenida Mariano Escobedo, de la Ciudad de México. En una decisión inaudita, la estación suspendió unilateralmente el contrato con la conductora de la emisión matutina, bajo el pretexto de que “hizo mal uso” del logotipo de la empresa al participar en la iniciativa de Mexicoleaks. Después despidió a los reporteros del equipo de investigación que publicó el reportaje “La casa blanca de Peña Nieto”. Era, para los radioescuchas y colegas, un claro golpe por la publicación del reportaje que MVS no quiso difundir en noviembre de 2014.

“Carmen, si difundes eso nos van a partir la madre”, le habría dicho Joaquín Vargas a Carmen Aristegui en una reunión que sostuvieron los tres principales propietarios de MVS —Joaquín, Alejandro y Ernesto Vargas Guajardo— con la periodista, antes de que se difundiera el reportaje. Se enteraron por una llamada de Eduardo Sánchez, vocero de Los Pinos y excolaborador de los Vargas.

Mayo

Los terrenos de Peña Nieto en Valle de Bravo. Un día después de que Enrique Peña Nieto presumiera el decreto para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, la agencia británica Reuters difundió el 28 de mayo una investigación para demostrar que el presidente mexicano mintió en su declaración patrimonial sobre los mil metros cuadrados de propiedad en Valle de Bravo, que le fueron “donados” por su padre fallecido en 1988 y adquiridos a precios irrisorios. La respuesta de Los Pinos fue que la agencia británica no supo hacer la “conversión” de viejos a nuevos pesos.

La cacería de la prensa internacional sobre los bienes inmuebles de Peña Nieto continuó desde ese momento.

Julio

La segunda fuga del Chapo. La madrugada del domingo 12 de julio, una semana después de las elecciones federales, un mensaje en las redes sociales de The New York Times confirmó que Joaquín el Chapo Guzmán se había fugado del penal de alta seguridad del Altiplano, Estado de México. Peña Nieto y su comitiva, incluyendo al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, estaban iniciando una visita de Estado a Francia.

El comisionado nacional de seguridad —Monte Alejandro Rubido— dio una conferencia de prensa. Mencionó que el capo huyó por un túnel que se construyó sin que nadie se diera cuenta. Salió a través de una casa rústica construida cerca del penal del Altiplano. El ridículo internacional no cesó desde entonces.

Monte Alejandro Rubido fue relevado de su cargo; el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) —Felipe de Jesús Muñoz— fue señalado como corresponsable de esta fuga; pero el daño mayor fue para el titular de Gobernación y para el gobierno de Peña Nieto.

Los conocedores de estos entretelones señalaron que la fuga del Chapo Guzmán fue un golpe político al gobierno de Peña Nieto. Huyó en vísperas de que el gobierno de Estados Unidos volviera a pedir su extradición. La red de corrupción que envuelve a las distintas instancias de gobierno con el cártel de Sinaloa salió a relucir.

“Los momentos de crisis no son para renunciar sino para enfrentar los desafíos”, sentenció Osorio Chong en una conferencia de prensa que no ayudó en nada a aminorar el peor golpe de credibilidad al gobierno de Peña Nieto.

El 14 de octubre Televisa difundió un video con audio sobre la fuga de Guzmán Loera. Claramente se escuchó el ruido de una máquina que perforó el hoyo del área de regaderas por donde huyó.

El Centro de Monitoreo del Altiplano dependía del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Transcurrieron 26 minutos entre la desaparición del Chapo y la llegada de los custodios. Desde la fuga, pasaron tres horas para que se diera la alerta roja. La “filtración” evidenciaba las entrañas de la corrupción.

El 7 de enero de 2016 el Chapo fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa. Estaba en un motel. El operativo fue en la madrugada entre el 7 y el 8 de enero. Peña Nieto lanzó un tuit: “Misión cumplida”.

Lo capturaron dos días después de que la Barbie, uno de los más importantes lugartenientes de los Beltrán Leyva, fue extraditado a Estados Unidos. Ni una sola de las empresas o de la red de lavado de dinero de Guzmán Loera fue afectada.

En la conferencia de prensa para informar la recaptura, la procuradora general Arely Gómez mencionó que una de las pistas clave para aprehender a Guzmán Loera fue el encuentro que tuvo con “unos actores”, porque “quería filmar una película autobiográfica”.

2016

Enero

Detención y liberación de Humberto Moreira. El exgobernador de Coahuila y fugaz dirigente nacional del PRI al inicio de la campaña de Peña Nieto, Humberto Moreira, fue detenido el 15 de enero en el aeropuerto de Barajas, España, acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Fue exonerado por los cargos de malversación de recursos públicos y fraude para endeudar al Estado por 34 mil millones de pesos.

En España, la Fiscalía Anticorrupción lo acusó por blanqueo de capitales, asociación delictuosa y cohecho, a partir de una petición judicial de Estados Unidos. Una corte de Texas siguió una investigación por presunto lavado de dinero contra él, su exsecretario de Finanzas —Javier Villarreal Hernández—, su gobernador interino —Jorge Torres— y el empresario Rolando González Treviño, quien presentó un documento en el que afirmó que Moreira compraba medios de comunicación para lavar dinero en Estados Unidos.

Una semana después de su detención el juez Santiago Pedraz ordenó su liberación; Moreira se encontraba detenido en la prisión de Soto del Real. El mismo día de su detención “funcionarios de la embajada de México en Madrid recibieron órdenes de que se volcaran en el caso”, según publicó el periódico El País.

Finalmente, el 3 de febrero Moreira abandonó España con su esposa y retornó a México.

OHL, los audios del escándalo. Desde enero de 2016 comenzaron a filtrarse en YouTube audios incriminatorios contra funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del gobierno del Estado de México y de la empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL), una de las principales contratistas del peñismo desde su paso como mandatario mexiquense.

El 25 de enero el entonces director general de la compañía en México —Sergio Hidalgo— admitió en rueda de prensa que hubo una reunión en 2015 entre Peña Nieto, el presidente de OHL, el marqués Juan Miguel Villar Mir y José Andrés de Oteyza. Indicó que la empresa tomó “las medidas necesarias” para castigar a Pablo Wallentin por el caso de Apolinar Medina, funcionario del gobierno de Eruviel Ávila que aceptó ser invitado al lujoso hotel de OHL en Playa del Carmen, el Mayakoba.

El mismo día de la conferencia se filtró otro audio en el que se escucha a Villar Mir acordar con otro funcionario de OHL una cita con el director de Pemex —Emilio Lozoya Austin— para hacer negocios con la principal empresa mexicana.

En los entretelones del escándalo surgió una pista publicada en Proceso: durante su época como dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira supo del posible desvío de 5 mil millones de pesos destinados a pagarles a los ejidatarios por las obras en el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, las dos grandes concesiones en el Estado de México durante los gobiernos de Arturo Montiel y Peña Nieto. “La mayoría de esos pagos no se hicieron”, afirmó Paulo Diez Gargari, abogado de Infraiber, empresa que ha tenido varios conflictos con OHL por las concesiones. Quien “armó” el expediente fue el despacho de Gabino Fraga, el mismo personaje vinculado al escándalo del Monexgate.

Febrero

Simulacro de la boda de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. La revista Proceso y el portal informativo Aristegui Noticias publicaron el 7 de febrero, en vísperas de la visita del papa Francisco, documentos y testimonios de la Rota Romana que confirmaron una trama de irregularidades canónicas y de corrupción entre la Arquidiócesis de México, encabezada por el cardenal Norberto Rivera, y la pareja Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto para acelerar el proceso de “anulación matrimonial” de la actriz de Televisa con su exmarido, el productor José Alberto Castro.

La Rota Romana, el máximo tribunal del Vaticano, resolvió a favor del padre José Salinas, suspendido y castigado irregularmente por el Tribunal de la Arquidiócesis, controlado por Norberto Rivera, bajo la acusación de haber oficiado un “simulacro” de boda entre Angélica Rivera y José Alberto Castro. La Rota acusó al cardenal de inventar “ilícitos y culpables” para favorecer los intereses de Peña Nieto y Rivera.

Rivera y Castro sí tuvieron una boda formal en Nuestra Señora de Fátima, una parroquia de la colonia Roma. La anulación de este sacramento católico es un proceso muy tardado, ya que canónicamente la Iglesia católica lo define como un “vínculo indisoluble”. Sólo un acto de simulación de justicia y de anulación pudo acelerar el proceso de Angélica Rivera para responder al guion político-mediático con Peña Nieto.

El reportaje confirmó lo que Verónica Castro, exactriz estelar de Televisa y excuñada de Angélica Rivera, había denunciado en la revista ¡Hola! en vísperas de la boda en 2010 entre Rivera y Peña Nieto: se trató de ocultar la ceremonia y la firma del acta en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima para acelerar el telemontaje del matrimonio entre el gobernador priista y futuro candidato presidencial y la actriz conocida como la Gaviota.

Abril

Panama papers y Grupo Higa. Se publica a nivel global, el 3 de abril, un tsunami informativo que se generó con 11.2 millones de archivos y documentos del despacho panameño Mossack Fonseca, que involucró a empresarios, prestanombres, políticos, deportistas, cineastas y hasta aristócratas en un mecanismo de evasión fiscal.

En el caso mexicano y cercano al entorno peñista, se documentó que el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, “donó” a su anciana madre y a su suegra un total de 100 millones de dólares a través de una empresa offshore, en julio de 2015, justo cuando lo investigaba la Secretaría de la Función Pública.

Unas semanas después, fuerzas policiacas del Estado de México desalojaron a pobladores de la zona de Xochicuautla que protestaban por la afectación que generaría la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, concesionada a Grupo Higa, en el bosque otomí. La constructora afectó el predio donde vivía el líder otomí de la comunidad.

La concesión de la autopista se le entregó a la empresa de Hinojosa Cantú en la misma fecha del depósito de 100 millones de dólares a las empresas offshore revelado en los Panama papers.

Explosión en Pajaritos. El 20 de abril una explosión en la planta petroquímica Colorados 3, del complejo Pajaritos, en Coatzacoalcos, de las empresas Mexichem y Pemex, provocó la muerte de 32 personas y más de 130 heridos. El director de Pemex —José Antonio González Anaya— prometió que se llegarían hasta “las últimas consecuencias” para conocer las causas de la explosión.

La tragedia ocurrió tres años después de que Juan Pablo del Valle, dueño de Mexichem e hijo del exbanquero Antonio del Valle, obtuviera la “desincorporación” de la mitad de la superficie del complejo Pajaritos para construir la compañía Petroquímica Mexicana de Vinilo, en copropiedad con Pemex.

El trato preferencial a Mexichem (propietaria de 56% de la empresa, el 44% restante es de Pemex) y el desmantelamiento de uno de los complejos más rentables de la industria petroquímica fue denunciado desde 2013 por opositores a la reforma energética.

En abril de 2016 la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados —Rocío Nahle— demandó el retiro de la concesión de Mexichem.

El 20 de diciembre de 2017 la compañía anunció que no reconstruirá la planta de producción de monocloruro de vinilo dañada tras la explosión de 2016.

El GIEI, Ayotzinapa y Tomás Zerón. El segundo y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fue un golpe en el corazón de la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam y contra el principal operador policiaco de Peña Nieto en la PGR: Tomás Zerón de Lucio.

El domingo 24 de abril los cinco integrantes del GIEI señalaron a Zerón de Lucio, funcionario cercano a Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia en el sexenio de Peña Nieto, cuyo padre —el exprocurador Marcos Castillejos— es suegro de Luis Cárdenas Palominos, exdirector de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) señalado por el asesinato de Enrique Salinas de Gortari (diciembre de 2004); el mismo que operó la “cacería” en contra de la actriz Kate del Castillo por su encuentro con Joaquín el Chapo Guzmán y otras vendettas personales de Peña Nieto.

Mostraron un video grabado el 28 de octubre de 2014, un día antes de las “indagaciones” oficiales que derivaron en el “hallazgo” de los restos de dos de los jóvenes desaparecidos. En el video se observa a Tomás Zerón en el río de Cocula. ¿Sembró evidencias? Nunca hubo información oficial sobre esta diligencia, subrayaron los expertos del GIEI. Todo apuntó a uno de los más siniestros montajes para encubrir a los verdaderos responsables de la desaparición y posible ejecución sumaria de los 43 estudiantes normalistas.

Los integrantes del GIEI también documentaron torturas en al menos 17 de los 61 detenidos e involucrados por las autoridades, incluyendo a los cinco “autores intelectuales” de la desaparición de los estudiantes, según la tesis oficial de que se trató de una “confusión” y venganza del cártel Guerreros Unidos.

Asimismo, señalaron que suplantaron al chofer del quinto autobús relacionado con el caso, pieza clave para entender por qué los atacaron y cuál fue el verdadero móvil de lo ocurrido aquella noche de septiembre en Iguala.

También indicaron que existen registros de llamadas telefónicas de los estudiantes vivos, después de los dos ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, a pesar de que el gobierno y la PGR han negado una y otra vez esta posibilidad.

Desmontaron la “quinta versión” creíble sobre el secuestro de los normalistas. Esta versión, construida también en la PGR, versa sobre la posibilidad de que al menos 17 de los 43 estudiantes desaparecidos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. ¿Y los 26 restantes dónde se encontrarían? ¿Por qué separarlos?

El tercer peritaje en el basurero de Cocula fue un fraude, indicaron los miembros del GIEI. Subrayaron que no hay evidencia sólida alguna de que ahí hayan sido incinerados los estudiantes, de acuerdo con el relato de Jesús Murillo Karam.

El GIEI determinó en su segundo informe que la Policía Federal también “colaboró” en el ataque a los estudiantes, y que el batallón 27 de la Secretaría de la Defensa en Iguala tiene una corresponsabilidad, al menos, por omisión. Nunca los dejaron interrogar a los soldados del batallón. El alto mando militar del gobierno de Peña fue tajante en su negativa: no hubo acceso alguno para los expertos del GIEI.

Bajo este panorama, los sucesos del 26 y 27 de septiembre hablan de un nivel de coordinación inusitado entre policías municipales, estatales, federales y elementos del ejército para atacar a los estudiantes. Todo esto se logró desde niveles de mando superiores, por encima del alcalde de Iguala y del entonces gobernador de Guerrero.

Al día siguiente del segundo informe del GIEI, la prensa extranjera unificó su interpretación: “El Estado mexicano obstaculiza la justicia”.

El miércoles 27 de abril Tomás Zerón convocó a una rueda de prensa para responder a la acusación del GIEI de “sembrar” evidencias. Afirmó que fue una “equivocación” de un perito colocar como fecha inicial el 29 y no el 28 de octubre de 2014 la diligencia en el río de Cocula y que hubo testigos como representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los forenses argentinos (quienes al día siguiente lo desmintieron). Zerón acusó la GIEI de “alterar los hechos” y afirmó que “la verdad histórica” estaba de su lado.

Fue la primera vez que Tomás Zerón, un personaje oscuro, surgido de las filas del exsecretario de Seguridad Pública calderonista Genaro García Luna, enfrentó a la prensa en un momento tan delicado. Su paso de la SSP al gobierno mexiquense se dio a raíz de un ataque de grupos armados en Cananea, Sonora, en 2007. El ataque dejó 16 muertos y señalamientos en contra de él y otros elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) por haber permitido que un comando de sicarios se adueñara de la ciudad y atacara un cuartel de la PFP.

Zerón se trasladó como coordinador de Investigación y Análisis en la Procuraduría de Justicia del Estado de México, donde colaboró con Alfredo Castillo Cervantes en el increíble caso de la niña Paulette que desapareció el 22 de marzo de 2010 y días después fue encontrada muerta en su recámara, entre la cajonera y el colchón de su cama. Zerón y Castillo Cervantes fueron los artífices de esta versión inaudita que exoneró a los padres de la menor y frenó uno de los peores escándalos del gobierno peñista.

Su trayectoria quedó marcada por Ayotzinapa, pero el gobierno de Peña Nieto lo protegió hasta el final, a pesar del informe de la propia visitaduría de la PGR, ordenado por la procuradora Arely Gómez, que señaló sus irregularidades.

Después de renunciar a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Zerón fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, organismo clave en la coordinación de las policías y elementos de las fuerzas armadas.

Mayo

El documento “anónimo” de Grupo Televisa. En la edición del 8 de mayo de la revista Proceso publiqué un extenso reportaje con el título “Televisa, bajo la lupa de EU”. Los primeros párrafos del texto revelaban no sólo la incomodidad, sino lo delicado de una presunta trama de corrupción al interior de la principal empresa de comunicación de México, el gobierno de Peña Nieto y varios mandatarios estatales:

Una vez más las cuentas “ocultas” de Grupo Televisa con los gobernadores, partidos políticos y el gobierno federal mexicano están bajo la lupa, pero ahora en Estados Unidos.

Apenas supo del contenido del documento de 15 cuartillas, enviado a la Securities and Exchange Commission (SEC) —la máxima autoridad de regulación bursátil de Estados Unidos— y al Departamento de Justicia, el jueves 5 y el miércoles 6 de mayo, la empresa de Emilio Azcárraga Jean intentó desmentirlo.

Calificó de “ficticias y sin fundamento” las acusaciones y afirmó que el documento anónimo es “un intento orquestado para infligir un daño a la reputación de la compañía y sus empleados”, pero no negó las investigaciones emprendidas en Estados Unidos contra el consorcio televisivo […]

No es la primera vez que Televisa reacciona de esta manera frente a las revelaciones de sus cuentas secretas. Desde octubre de 2005 [Proceso] ha documentado las estrategias y planes de acción para vender cobertura informativa favorable a gobernadores, incluido Enrique Peña Nieto, quien firmó con el consorcio un Plan de Acción que lo llevó a ser candidato presidencial del PRI en 2012 (Proceso ediciones 1512, 1513, 1857 y 1958) […]

Lo novedoso de la carta anónima de 15 cuartillas y otros documentos de respaldo —consultados por Proceso— es que sirven de base a la SEC y al Departamento de Justicia estadounidense para una investigación sobre Televisa ante posibles violaciones a la Ley Sarbanes-Oxley, que penaliza la doble contabilidad de las ganancias y tipifica como fraude a accionistas minoritarios por ocultar millones de pesos provenientes de pagos “en efectivo” de los gobernadores y partidos políticos.

En el documento —que también fue entregado a The Wall Street Journal y está fechado el 20 de abril pasado— se describen las estrategias de ocultamiento y presunto lavado de dinero de esos ingresos y se responsabiliza de ello al vicepresidente ejecutivo de la empresa, Alfonso de Angoitia, y al jefe de finanzas de la compañía, Salvi Folch Viadero:

Grupo Televisa recibe dinero en efectivo de partidos políticos y gobiernos estatales para cobertura noticiosa tanto a nivel local como nacional, con apariciones en noticiarios de la pantalla, revistas y promociones especiales. Esta es una operación continua y esta es la razón por la que es difícil rastrear las pistas y calcular el costo del product placements (término publicitario que significa “desplazamiento del producto”, propio de los infomerciales) de las producciones especiales en cada segmento de tiempo aire.

Si el total de la aparición en tiempo-aire de los gobiernos y partidos políticos se contabiliza, en Grupo Televisa no están reportando hasta 10% de los ingresos, tanto en canales de televisión abierta con en publicaciones y en ventas de televisión por cable y estaciones regionales.³

El “anónimo” incluyó una serie de documentos anexos sobre los pagos realizados a Televisa por cinco gobiernos estatales (Estado de México, Puebla, Nuevo León, Veracruz y Chiapas), el gobierno federal y dos partidos políticos (PRI y PAN) entre 2012 y 2015. Los pagos se realizaron en bulk cash cada mes o bimensualmente; por tanto, no hay registro de facturas o comprobantes de este dinero que, en su mayoría, proviene de recursos públicos.

Mencionan una red de siete compañías creadas en Guatemala para recibir pagos; entre las que se encuentran Tampei, creada en 2009, la cual sirvió para encubrir la compra de un jet ejecutivo; Tabae, S. A. de C. V., para la adquisición de una aeronave registrada como XA-SKY; Verax Wealth Management, para manejar los activos de la oficina de De Angoitia y Folch Viadero; en 2010 ambos personajes más Bernardo Gómez y Pablo Legorreta adquirieron 50% de la compañía de publicidad en exteriores Grupo Pol Impactos, Frecuencia y Cobertura de Medios, S. A.

La reacción de Grupo Televisa ante la publicación del contenido de este documento fue visceral. Amenazaron con una demanda por daño moral contra Proceso. Filtraron a través de redes sociales otro documento “anónimo” y apócrifo con partes alteradas para involucrar a otros personajes.

El “anónimo” y la investigación de la SEC —cuyo resultado se desconoce— fueron el preludio de una reestructuración al interior de la empresa frente a una creciente baja en sus ventas publicitarias, disminución de audiencias y mayor carga financiera.

Junio

Las siete derrotas electorales del PRI. Lo que no se vio claramente en las elecciones federales de 2015 se observó en los 12 comicios del 5 de junio para elegir gobernadores: el voto de castigo al PRI y al grupo de Peña Nieto. El tricolor, comandado por Manlio Fabio Beltrones, perdió en entidades donde nunca antes había habido alternancia: Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango; además de las derrotas en Chihuahua, Puebla y Aguascalientes. Recuperó las gubernaturas de Sinaloa y Oaxaca, y mantuvo Hidalgo, Zacatecas y Tlaxcala.

El balance de aquella jornada fue desastroso para el priismo y el peñismo porque abrió la caja de Pandora para la investigación por corrupción de los gobernadores-gorilas más desprestigiados: Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, en Chihuahua; Roberto Borge, en Quintana Roo, y puso en la mira a los exgobernadores priistas de Tamaulipas (Tomás Yarrington y Eugenio Hernández), al tiempo que revivió los expedientes contra Rodrigo Medina, de Nuevo León, y el panista Guillermo Padrés, de Sonora. Esta revisión de los escándalos de corrupción estatales se analizará en otro capítulo.

La consecuencia más importante fue la derrota personal para el dirigente priista Manlio Fabio Beltrones, y el ascenso político del dirigente panista Ricardo Anaya, así como de otros corresponsables del descenso priista, como el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong (quien intervino en Veracruz y Tamaulipas) y el líder priista en el Senado Emilio Gamboa Patrón (cuyos intereses más fuertes estaban en Chihuahua y Quintana Roo).

No sólo se perdieron siete entidades para el PRI. Se disolvió el modelo de “sindicato de virreyes” priistas que llegaron con Peña Nieto al poder, en medio del más profundo desprestigio y malestar ciudadano por la corrupción imperante, el ascenso de la violencia, los endeudamientos estatales y la impunidad.

Beltrones perdió la batalla antes del 5 de junio, cuando asumió y promovió la inminente salida de Javier Duarte de la gubernatura de Veracruz, identificado como el principal foco crítico del priismo. Desde la Secretaría de Gobernación se mandaron señales en contra y se mantuvo a Duarte, uno de los mandatarios peor calificados de todos los tiempos.

Peña Nieto, desde ese momento, perdió también el control de su propia sucesión. Las derrotas del 5 de junio debilitaron a Osorio Chong e incrementaron la influencia de Luis Videgaray dentro del gabinete, al grado de que el sucesor de Manlio Fabio Beltrones al frente del PRI —Enrique Ochoa Reza— forma parte del grupo de poder del exsecretario de Hacienda y luego canciller. Al mismo tiempo concentró la atención en los dos grandes desafíos electorales peñistas de 2017: el Estado de México y Coahuila.

Los dos personajes ganadores de esa contienda fueron Ricardo Anaya, quien se encumbró como factor decisivo al interior del PAN, y Andrés Manuel López Obrador, el cual logró colocar a Morena como segunda fuerza en Veracruz.

Represión en Nochixtlán, Oaxaca. El domingo 19 de junio más de 800 elementos de la Policía Federal, de la policía estatal y de la Gendarmería llevaron a cabo el “desbloqueo” de la barricada de los maestros de la CNTE a la entrada de Nochixtlán, Oaxaca. La “liberación” fue una operación de represión a gran escala, ordenada por el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño, y que se prolongó por 15 horas, con más de 100 heridos y un saldo de ocho personas muertas, dos de ellas integrantes de la sección 22 de la coordinadora.

Los sucesos revivieron los peores momentos del enfrentamiento de la sección 22 con las autoridades estatales y federales, pero también demostró la inoperancia y torpeza del titular de la SEP para imponer una imagen de “determinación” y “mano dura” contra los disidentes magisteriales.

La represión en Nochixtlán demostró el enfrentamiento al interior del gabinete peñista entre Nuño y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Éste encabezó una mesa de negociación y prometió una “investigación imparcial” para dar con los responsables. La estrategia fue distender frente al escándalo nacional e internacional provocado por este nuevo hecho de violencia y de ejecuciones sumarias en la administración peñista.

El 1 de julio Chong lanzó un ultimátum a los integrantes de la CNTE que mantenían bloqueos en Oaxaca en protesta por lo sucedido en Nochixtlán: “Se ha agotado el tiempo”. El gobierno y la SEP reviraron con otra mesa de “negociación” con el SNTE para acordar los cambios “viables” a la reforma educativa.

Agosto

Departamento de Angélica Rivera en Miami. El 9 de agosto el periódico británico The Guardian publicó otra investigación inmobiliaria: la primera dama Angélica Rivera habita un departamento en un edificio de lujo, en Miami, Florida, con valor de dos millones de dólares, propiedad de la compañía Grupo Pierdant, un potencial contratista del gobierno de Peña Nieto.

Rivera ya había informado de este departamento, tras el escándalo de la Casa Blanca. The Guardian ubicó esta propiedad en el número 304 del edificio Ocean Tower One, con un valor de 3.5 millones de dólares. Además de este predio, Rivera ocupa una extensión en el otro departamento del número 404, también propiedad de Grupo Pierdant, con valor de dos millones de dólares. Este consorcio, encabezado por Ricardo Pierdant, ha participado en licitaciones para desarrollar puertos marítimos mexicanos.

The Guardian acreditó que Pierdant pagó el impuesto predial del departamento de Angélica Rivera. Una semana después Peña Nieto afirmó que este pago fue “un favor de vecinos” y afirmó que era falso que su esposa habitara otro inmueble en el mismo lugar.

“Es completamente falso que mi esposa tenga otro departamento en Miami”, sentenció Peña Nieto en una entrevista con el conductor estelar de Televisa Joaquín López Dóriga, en vísperas de su relevo de la pantalla y del cuarto informe de gobierno.

El periódico Reforma publicó el 10 de agosto su encuesta trimestral sobre el índice de aprobación de Peña Nieto. Registró la peor caída de su sexenio: sólo 23% de aceptación social, frente a 32% del trimestre anterior. Entre los líderes de opinión el resultado fue peor: sólo 18% de aceptación.

Tanhuato, 22 ejecuciones extrajudiciales. El 18 de agosto la CNDH concluyó que agentes de la Policía Federal no sólo ejecutaron de forma extrajudicial a 22 personas en los enfrentamientos del 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, sino que además alteraron la escena de los sucesos para colocarles armas “deliberadamente”, torturaron a dos hombres, a otro lo quemaron vivo y a uno lo ejecutaron por la espalda.

El presidente de la CNDH Luis González Pérez consideró que los resultados de esta investigación acreditan “hechos que implican graves violaciones a derechos humanos atribuibles a servidores públicos”.

En total hubo 43 muertos en ese enfrentamiento, uno de ellos era policía federal. De este total, 40 habrían fallecido por disparo de arma de fuego, pero el gobierno se había negado a dar a conocer las autopsias de las víctimas.

La investigación de la CNDH concluyó que hubo uso excesivo de la fuerza, nueve tipos diferentes de violaciones a derechos humanos y una serie de anomalías graves.

El comisionado nacional de seguridad Renato Sales minimizó las partes más delicadas del informe. Negó que se hubieran ordenado ejecuciones extrajudiciales y trató de aminorar el golpe brutal que constituyó este informe a la credibilidad del gobierno federal y a la Policía Federal.

El plagio de Peña Nieto en su tesis de licenciatura. El domingo 21 de agosto la periodista Carmen Aristegui dio otro golpe informativo en la línea de flotación de la débil credibilidad de Peña Nieto: documentó que al menos 30% del contenido de su tesis por la que obtuvo el título de licenciado en derecho, por la Universidad Panamericana, titulada El presidencialismo y Álvaro Obregón, fue resultado del plagio de párrafos enteros de otros autores que no se citan ni se les da crédito.

La labor de identificar y corroborar los párrafos plagiados fue de un grupo de académicos que guardaron en reserva su identidad. De un total de 628 párrafos que integran el texto, al menos 197 fueron tomados de otros autores, como el propio expresidente Miguel de la Madrid, autor del libro Estudios de derecho constitucional, del que se reprodujo 20 párrafos íntegros sin citar, así como de los doctores en derecho Diego Valadés, Jorge Carpizo y Jesús Orozco Henríquez, magistrado electoral.

Su asesor de tesis, el magistrado capitalino Alfonso Guerrero Martínez, se excusó diciendo que hubo “un error” en el entrecomillado.

La Universidad Panamericana admitió que sí hubo plagio en la tesis, pero no le retiraría el título de licenciado en derecho a Peña Nieto porque “estamos frente a un acto consumado sobre el que es imposible proceder en ningún sentido”.

A su vez, el vocero presidencial Eduardo Sánchez afirmó de manera sarcástica que “errores de estilo, como citas sin entrecomillar o falta de referencia a autores que incluyó en la bibliografía, son, dos décadas y media después, materia de interés periodístico”.

Peña Nieto recibe a Donald Trump en Los Pinos. Peor mes, imposible para la credibilidad de Peña Nieto. Primero, The Washignton Post lo adelantó como una posibilidad: el magnate Donald Trump se reuniría el miércoles 31 con el mandatario del país más criticado y vilipendiado durante la campaña del aspirante republicano a la Casa Blanca. La noche del martes 30 se confirmó lo impensable: Peña Nieto recibiría en Los Pinos a uno de los dos candidatos estadounidenses en un hecho que rompió una tradición mexicana de no inmiscuirse de manera abierta en los comicios de ese país.

No terminaban los actos de homenaje y luto por la repentina muerte del cantautor mexicano Juan Gabriel y la imagen de Peña Nieto, dócil y sumiso ante Trump, en Los Pinos, le dio la vuelta al mundo. El mandatario mexicano ni siquiera fue capaz de condenar la construcción del muro fronterizo.

El hecho provocó un cisma al interior del gabinete de Peña Nieto. La canciller Claudia Ruiz Massieu amagó con renunciar. Toda la operación para invitar a Trump estuvo a cargo del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, amigo del yerno de Trump, Jared Kushner.

También la excanciller Rosario Green envió una “nota” informativa a dirigentes priistas, publicada en Proceso, en la cual señaló como un grave error de Francisco Guzmán —jefe de la Oficina de Los Pinos—, de Paulo Carreño —responsable de relaciones para América del Norte— y del secretario de Hacienda Luis Videgaray.

Green subrayó que la diplomacia mexicana estaba peor desde que los panistas y el equipo de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) “tomaron por asalto” las embajadas. En esa nota responsabilizó también al excanciller y secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade, por haber marginado y menospreciado a los diplomáticos de carrera.

La candidata demócrata Hillary Clinton rechazó días después de la visita de Trump acudir a una visita similar a Los Pinos. Acusó a su contendiente republicano de haber generado “un conflicto internacional” de dimensiones inesperadas.

Septiembre

Relevos en el gabinete: Meade por Videgaray. El miércoles 7 de septiembre, tras la crisis nacional e internacional por el ridículo de la visita de Trump a Los Pinos, Peña Nieto operó un cambio de último tramo de su sexenio en el gabinete.

El todopoderoso secretario de Hacienda Luis Videgaray, artífice de las reformas estructurales, de los grandes negocios privados y contacto con el futuro mandatario estadounidense, se convirtió en secretario de Relaciones Exteriores, en lugar de Claudia Ruiz Massieu, sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

El secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade fue designado como secretario de Hacienda, para “hacerles frente a los rezagos” y armar el “paquete económico de 2017” que, según Peña Nieto, incluiría la “consolidación de las finanzas públicas logrando un superávit primario”, así como “garantizar la estabilidad macroeconómica”. No mencionó en ese momento el incremento al precio de las gasolinas.

El subsecretario de Gobernación y amigo personal de Peña Nieto —Luis Enrique Miranda Nava— fue designado como nuevo secretario de Desarrollo Social. El mensaje era claro: se preparaban para las elecciones del Estado de México y para subordinar la política social al interés electoral.

Videgaray dejó la Secretaría de Hacienda, pero no el poder. Impulsó a Meade, su viejo amigo desde los tiempos de licenciatura del ITAM. Los meses previos Videgaray sostuvo una guerra soterrada con el gobernador del Banco de México Agustín Carstens por el manejo de las reservas, el incremento de la deuda pública y las tasas de interés. Triunfó Carstens en lo económico, pero Videgaray acrecentó su poder.

Un día antes, el martes 6 de septiembre, Videgaray se quejó amargamente con Peña Nieto por los “golpes bajos” del otro polo de poder en el gabinete: el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Para nadie era un secreto que entre ambos estaban disputando por adelantado la nominación presidencial de 2018.

Octubre

Huida de Javier Duarte. El gobernador priista saliente de Veracruz —Javier Duarte— apareció en la mañana del 12 de octubre en una entrevista con Carlos Loret de Mola en Televisa. Informó que había solicitado licencia como mandatario estatal, y se defendió frente a los “ataques” del gobernador electo Miguel Ángel Yunes, del PAN-PRD.

No respondió a ninguna de las acusaciones que trae encima: los 35 mil millones de pesos perdidos en el gasto público, la investigación del SAT en su contra, la red de empresas fantasma que comenzaron a aparecer en la prensa, el escandaloso endeudamiento estatal, las nóminas y pensiones no pagadas a maestros y burócratas y, sobre todo, la ola de violencia, desapariciones y corrupción generalizada que caracterizó a uno de los peores gobiernos de la era peñista.

Momentos después, Yunes tronó en una transmisión en Periscope. Advirtió que tenía información que haría “cimbrar” a la “estructura de poder” nacional, “las pruebas de la corrupción” del régimen. No mencionó al presidente Peña Nieto. Habló y amenazó en términos generales, salvo en dos casos: el exsenador priista Enrique Jackson y el exgobernador de Oaxaca José Murat recibían dos millones de pesos mensuales del gobierno de Duarte como asesores.

La titular de la PGR Arely Gómez había informado que contaba con elementos sólidos para aprehender a Javier Duarte, pero no sucedió nada.

El lunes 17 de octubre, a las 22 horas, se informó en Televisa que Javier Duarte se había dado a “la fuga”, justo el mismo día, sábado 15, que un juez giró orden de aprehensión en su contra.

Yunes afirmó que Duarte huyó en un helicóptero, apoyado por el gobernador interino Flavino Ríos.

Relevo en la PGR. El martes 25 de octubre la procuradora Arely Gómez fue relevada de manera abrupta y sorpresiva por el también exsenador y exresponsable jurídico del PRI en 2012, el abogado Raúl Cervantes Andrade, primo del consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos Cervantes, y del excomisionado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.

El maltrato a Gómez fue evidente. El presidente la designó como nueva titular de la SFP.

Cervantes Andrade llegó con el proyecto explícito de convertirse en fiscal general de la República, gracias al artículo transitorio de la reforma constitucional que le permite al titular de la PGR aspirar a este nuevo encargo transexenal por nueve años.

Diciembre

Odebrecht, el escándalo. El 21 de diciembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer un extenso documento con declaraciones de funcionarios de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Admiten en declaraciones juradas haber pagado más de 430 millones de dólares en sobornos a gobiernos de 12 países para garantizarse la adjudicación de obras públicas. La operación “sobornos” se realizó de manera sistemática entre 2010 y 2014. En el caso mexicano, mencionaron sobornos por al menos 10 millones de dólares para obtener contratos directos y ampliaciones de contratos para gasoductos, reconfiguración de refinerías, producción de etileno, energía, agua, entre otros.

La red de sobornos de Odebrecht en México vinculó a los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón, pero las primeras y más sólidas pistas apuntaron hacia el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, así como a una red de funcionarios de la paraestatal. Bajo la gestión de Lozoya se le entregaron contratos a Odebrecht en las refinerías de Tula y Salamanca, así como en el gasoducto Los Ramones Norte.

Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, operador del “departamento de sobornos” de Odebrecht, admitió que en noviembre de 2014 recibió la petición de pagar ilegalmente cinco millones de dólares a Lozoya.

Otro personaje de Pemex implicado desde diciembre de 2016 fue Froylán Gracia Galicia, coordinador ejecutivo de la dirección general de Pemex, bajo la batuta de Lozoya. Gracia manejaba la agenda de Lozoya y también fue director de Pemex Transformación Industrial (PTI).

El director de Pemex Refinación de 2009 a 2016, Miguel Tame Domínguez, también fue involucrado. Alejandro Martínez Sibaja, exdirector de Pemex Gas y Petroquímica Básica, participó en la asignación de contratos a Odebrecht en Tula y en Los Ramones.

La red de Odebrecht llegó también al gobierno de Javier Duarte, en Veracruz. Le concesionó a la brasileña por 30 años el servicio de agua para los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín. El proceso estuvo plagado de irregularidades. Se mencionó a Javier Chuman Rojas, socio de Duarte.

Gasolinazo. El 27 de diciembre, antes de terminar el año, la Secretaría de Hacienda dio el golpe final: anunció el incremento de 14 a 22% en los precios de las gasolinas. Su boletín informativo aseguró que se trataba de la “flexibilización” de los precios. José Antonio Meade insistió en su ronda de entrevistas que el incremento “no será inflacionario” y justificó el gasolinazo afirmando que México tenía uno de los subsidios más altos al combustible. Gracias al aumento, seríamos un país “más moderno”.

2017

Enero

Extradición del Chapo a Estados Unidos. El 19 de enero Joaquín Guzmán Loera fue entregado a las autoridades estadounidenses para su extradición, justo un día antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos. Un gesto de sumisión y de entrega del gobierno peñista que generó una oleada de críticas en México y despertó todo tipo de dudas y temores sobre el futuro del cártel de Sinaloa, los enfrentamientos que provocaría la extradición y las revelaciones del Chapo a los investigadores del país vecino.

El Chapo fue trasladado del penal de Ciudad Juárez hacia el aeropuerto MacArthur en Long Island, Nueva York, custodiado por agentes de la DEA, en medio de un operativo digno de película hollywoodense.

Estados Unidos tiene demandas en al menos siete estados estadounidenses, pero sólo se inició el proceso de extradición en Texas y en California. En Texas, Guzmán Loera enfrenta 14 distintos cargos por delitos contra la salud, asociación delictuosa, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero. Se les acusa a él y a Ismael el Mayo Zambada, entre otros 23 involucrados, de dirigir una empresa que “preserva y protege el poder, territorio y los beneficios de la firma a través de la intimidación, la violencia, amenazas, secuestro, tortura y asesinato”.

Marzo

Detención del fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia. En el momento que intentó cruzar la frontera de Estados Unidos, el fiscal general de Nayarit Édgar Veytia, apodado el Diablo, fue detenido por la patrulla fronteriza. Pronto se conoció que una corte de Nueva York lo implicó en la producción y distribución de heroína, metanfetaminas y mariguana. Nada más y nada menos que el responsable de la justicia en Nayarit.

Figura cercana al gobernador priista Roberto Sandoval, Veytia se convirtió en un “chivo expiatorio” de la administración nayarita, que se lavó las manos ante el escándalo. Medios locales lo señalan como presunto encubridor del cártel Jalisco Nueva Generación, adversario del cártel de Sinaloa, y también ha sido acusado de amenazar, despojar y secuestrar a ejidatarios y pobladores de la comunidad de Compostela para beneficiar al crimen organizado.

En agosto de este año al menos 10 personas comparecieron en el Congreso de Nayarit y reclamaron la creación de una comisión especial que investigue los crímenes cometidos por Veytia. Entre los señalamientos, se le acusó de ordenar la tortura ejercida por policías de la Fiscalía General del Estado a cambio de que las víctimas firmaran traslados de dominio de tierras o distintas propiedades. Asimismo, del despojo de inmuebles y terrenos, en colusión con varios notarios públicos. Incluso se le culpó de falsificar la firma de uno de sus clientes, que padecía Alzheimer, para nombrarse él único heredero y albacea de los bienes de la mujer y despojar a los hijos de la herencia.

Abril

Detención de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas. El domingo 9 de abril fue detenido en una plaza de Florencia, Italia, el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington (1999-2004), aliado de Arturo Montiel y del propio Peña Nieto, señalado por la DEA>, desde 2004, como protector del cártel del Golfo y posteriormente de los Zetas. La orden de extradición no la pidió el gobierno mexicano, sino la DEA>. Desde 2012 la PGR había ofrecido una “recompensa” por su detención, pero antes de su huida de México, hasta octubre de 2016, Yarrington contaba con ocho escoltas proporcionados por el propio gobierno de Tamaulipas.

El vínculo de Yarrington con el Estado de México y Veracruz no es meramente anecdótico. El exgobernador de Tamaulipas tiene un fuerte lazo de amistad con Juan Armando Hinojosa Cantú, el “amigo” peñista de Grupo Higa, y el excandidato del PRI a la gubernatura, Baltasar Hinojosa Ochoa, exalcalde de Matamoros, estaba emparentado con el generoso financiador de la Casa Blanca de Peña Nieto. Y en Veracruz Yarrington era propietario de la isla Frontón, ubicada al norte del estado; esta propiedad fue decomisada por la PGR en 2012.

Por su parte, el PRD y el PAN mencionaron a Pablo Zárate Juárez como prestanombres de Yarrington en las campañas del Estado de México. Otro operador señalado por su vínculo con el exgobernador es Fernando Cano Martínez, detenido el 5 de febrero en San Pedro Garza, Nuevo León.

Liberación de Amado Yáñez, de Oceanografía. El miércoles 12 de abril un juez dictó libertad bajo fianza al principal accionista e implicado en el caso del fraude de la naviera Oceanografía a Banamex, Pemex, el Seguro Social y a distintas instancias del gobierno. Amado Yáñez pagó 7.5 millones de pesos por un fraude de más de 53 mil millones de pesos, con ramificaciones desde Fox, Calderón y Peña Nieto.

El mismo día de la liberación de Yáñez uno de los funcionarios de Odebrecht mencionó a Emilio Lozoya Austin como uno de los beneficiarios, hasta febrero de 2016, de la red de sobornos de la constructora brasileña.

Detención de Javier Duarte. “Sábado de gloria” en la tradición católica, el 15 de abril fue detenido en Guatemala el exgobernador veracruzano, presuntamente prófugo, Javier Duarte. Salía de un hotel en la zona turística de Guatemala. Dos sencillos policías lo arrestaron en la tarde. A las 21 horas la PGR confirmó la noticia que comenzó a escalar en múltiples reacciones, rumores, reflexiones y análisis.

Horas antes de su detención el conductor Joaquín López Dóriga aseguró que Duarte había estado en un hotel de Canadá. Fue una “falsa pista”.

Las principales reacciones en redes sociales mencionaron un “pacto” entre el gobierno peñista y Duarte para que se le detuviera, en vísperas de las elecciones del Estado de México, a cambio de negociar impunidad para su esposa Karime Macías.

Mayo

Colusión de las Afores. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer el 4 de mayo el resultado de una investigación sobre las cuatro grandes Afores que se coludieron para retrasar trámites iniciados por trabajadores para cambiarse de una Afore a otra. Con esto redujeron costos comerciales y aumentaron sus ganancias. Multaron con mil 157 millones de pesos a Afore XXI Banorte, Sura, Principal y Profuturo por prácticas monopólicas absolutas. Fue la sanción más alta aplicada, hasta el momento, en materia de competencia económica.

El expediente deja muy mal parada a la autoridad reguladora, no sólo a la Consar, sino a la Secretaría de Hacienda, en los tiempos de Luis Videgaray.

Junio

Detención de Roberto Borge. En vísperas de las elecciones en el Estado de México, el exgobernador priista de Quintana Roo fue detenido en Panamá por agentes de la Interpol y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), justo antes de que abordara un vuelo hacia París. Desde mayo Borge se hospedaba en el departamento 24 de la Torre Trump, de este país centroamericano.

Se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita, irregularidades en el proceso de enajenación de al menos 25 propiedades inmobiliarias con valor de 5 mil millones de pesos. Se le sumaron cuatro causas penales: tres de fuero común (aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública) y uno federal (lavado de dinero).

Después de cinco meses de estar recluido en Panamá, el presidente Juan Carlos Varela y la canciller Isabel de Saint Malo autorizaron la extradición del exgobernador quintanarroense para el 15 de enero de 2018.

Escándalo de espionaje: Pegasus. El lunes 19 de junio The New York Times publicó en su primera plana una bomba informativa: 89 intervenciones telefónicas documentadas por la Red en Defensa de los Derechos Digitales y el Citizen Lab, laboratorio de la Universidad de Toronto, confirmaron que el gobierno mexicano espía a través de un sistema de malware llamado Pegasus a dirigentes políticos, periodistas, legisladores, integrantes de organizaciones de derechos humanos, entre otros.

Algunos de los nombres más conocidos fueron el de la periodista Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola (Grupo Televisa), así como de los reporteros integrantes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (Salvador Camarena y Daniel Lizárraga), senadores del PAN (como Roberto Gil Zuarth), integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Mario Patrón) y de Artículo 19.

El sistema Pegasus, desarrollado por una compañía israelí llamada NSO Group, fue adquirido por la PGR, la Secretaría de Gobernación (a través del Cisen) y por la inteligencia del Ejército mexicano.

La primera reacción del gobierno de Peña Nieto fue minimizar la información; incluso el primer mandatario comentó, off the record, a los reporteros que cubren la Presidencia de la República: “Si son tan machitos, que lo prueben”.

El costo de este sistema fue de cerca de 80 millones de dólares, pero el contrato subrayó que “se utilizará únicamente para combatir a terroristas, cárteles de las drogas y a grupos criminales que por mucho tiempo han secuestrado y asesinado a los mexicanos”.

“¿Hasta dónde llega Enrique Peña Nieto para atacar a periodistas en México? Señor presidente, estamos a la espera de que explique todo esto”, exhortó en su momento Aristegui.

En Sinaloa, durante un evento público, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong negó que se espiara a periodistas o activistas, y afirmó que sólo espían a “narcos, terroristas y hombres malos”. Los periodistas presentes le dieron la espalda y mostraron carteles y figuras del columnista Javier Valdez, cuyo asesinato había cumplido un mes.

A finales de junio Milenio y Televisa “filtraron” a otros presuntos responsables del espionaje. El golpe se dirigió contra la exprocuradora Arely Gómez. Los documentos presentados dejaron otra pista muy clara: el verdadero responsable fue Tomás Zerón de Lucio, desde los tiempos de Jesús Murillo Karam como procurador. La infraestructura de espionaje de la PGR se concentró en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), en lugar del Cisen.

La información continuó en julio. Todo apuntó a que el sistema Pegasus se utilizó también contra los integrantes del GIEI. Así lo documentó Citizen Lab.

Julio

Socavón del Paso Exprés de Cuernavaca. Intensas lluvias en todo el centro de la República. En la noche del miércoles 12 de julio se informó, a través de redes sociales, que un socavón de siete metros de profundidad se produjo en la carretera de la Ciudad de México-Cuernavaca, conocida como el Paso Exprés, inaugurado apenas en abril de este año por el propio Peña Nieto y el titular de la SCT Gerardo Ruiz Esparza.

Horas después el socavón se convirtió en un auténtico escándalo más de las obras mal construidas de la SCT. Dos personas fallecieron en su automóvil al caer en el hoyo de siete metros: Juan Mena Romero y su hijo Juan Mena López. La SCT se lavó las manos y acusó al delegado de Morelos porque no informó sobre las protestas que generó la mala obra.

Ruiz Esparza se aferró al cargo en una anticlimática rueda de prensa. Anunció que iban a indemnizar a los familiares de las dos víctimas por el “mal rato” ocasionado.

Peña Nieto intervino en el escándalo. Convocó a “no prejuzgar” y a esperar el resultado de “las investigaciones” que él mismo ordenó al interior de la SCT y la SFP.

En agosto un documento elaborado por los peritos de la SCT advirtió, desde octubre de 2016, seis meses antes de su inauguración, que la obra del Paso Exprés estaba mal realizada.

En julio de 2016 el terreno se hundió en el mismo sitio donde se hizo el socavón de siete metros. La propia Policía Federal informó de ese hundimiento en un comunicado de prensa.

La SFP, en su informe de septiembre, concluyó que existieron 22 irregularidades en los cuatro contratos del Paso Exprés, que suman un monto de mil 034.4 millones de pesos. Entre esas irregularidades, se documentaron “pagos en exceso”, “trabajos ejecutados sin comprobación documental”, “inadecuada supervisión de la obra”, que involucraron a las empresas Aldesa y Epccor.

El 7 de septiembre se registró otro nuevo socavón en el estacionamiento de las oficinas de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), en el entronque del Paso Exprés y la Paloma de la Paz. El nuevo socavón tenía tres metros de profundidad y alcanzó el carril de baja velocidad.

Agosto

Odebrecht y Emilio Lozoya. El portal informativo Aristegui Noticias difundió el 13 de agosto el reportaje de Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, ambos de Quinto Elemento Lab, sobre el testimonio de tres funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht. Los tres detallaron depósitos por un total de 10 millones de dólares en “sobornos” al exdirector de Pemex Emilio Lozoya. Afirmaron que los depósitos iniciaron en 2012, en plena campaña electoral presidencial. La FEPADE inició, de oficio, una investigación sobre este presunto delito electoral, vinculado a la campaña de Peña Nieto a Los Pinos.

El abogado de Lozoya —Javier Coello Trejo— convocó a rueda de prensa para deslindarse del escándalo. Afirmó que “alguien retiró ese dinero”, sin que supieran quién. El exdirector de Pemex respondió a las múltiples preguntas con desplantes y sin explicar por qué si fue tan brillante su gestión en Pemex, ahora estaba fuera de la empresa petrolera.

Septiembre

Escándalo del Ferrari del procurador Cervantes. El lunes 4 de septiembre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación que señaló al titular de la PGR —Raúl Cervantes Andrade— como propietario de un Ferrari de lujo (3.6 millones de pesos), registrado en 2011 en una zona de casas de interés social.

Cervantes afirmó que adquirió este automóvil cuando no era servidor público, pero el golpe de imagen fue demoledor para quien ya era señalado por organismos y grupos sociales, en redes sociales, como el #FiscalCarnal. De pronto se volvió #LordFerrari. El escándalo surgió justo antes de que el PRI enviara una iniciativa para desaparecer el “pase automático” para la fiscalía general.

Sismos y el escándalo Frida Sofía. El 19 de septiembre, a 32 años de los devastadores sismos de 1985, en la Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Puebla y el Estado de México, la tierra volvió a temblar. La reacción social ante la nueva tragedia fue inmediata en la capital de la República, sobre todo en los sitios donde se registraron los mayores derrumbes. El gobierno, una vez más, fue rebasado en las primeras horas de la tragedia.

El miércoles 20 las televisoras difundieron durante horas el supuesto rescate de una niña atrapada en los escombros del colegio Enrique Rébsamen, en la delegación Tlalpan. Grupo Televisa difundió que se trataba de una menor llamada Frida Sofía. El secretario de Educación Pública Aurelio Nuño pasó más de nueve horas en la zona del desastre del colegio, como si hubiera sido el epicentro de la tragedia. La Secretaría de Marina le dio facilidades a la televisora de Emilio Azcárraga Jean, pero entrada la madrugada del jueves 21 resultó que todo fue un engaño. La niña Frida Sofía nunca existió.

En la pantalla de Televisa se observó un bochornoso espectáculo en el que los conductores Denise Maerker y Carlos Loret de Mola acusaron a la Secretaría de Marina y le exigieron que ofreciera “disculpas”. Y así sucedió. Por primera vez dos altos mandos de esta dependencia tuvieron que asumir toda la responsabilidad de un reality construido, al menos, con la complicidad de la televisora.

La prensa internacional coincidió en calificar como una “vergüenza” el episodio de Frida Sofía, sobre todo para la Secretaría de Marina. El “error” afectó la credibilidad de Televisa y de buena parte de los medios que se fueron de bruces ante esta invención, nunca suficientemente bien explicada.

Después de este escándalo surgió una ola de desconfianza sobre el uso de la ayuda internacional, el reparto de víveres y la atención a los damnificados en las zonas de emergencia, sobre todo en Oaxaca y Morelos. En la Ciudad de México la reconstrucción se vio afectada por el negocio inmobiliario de las constructoras aliadas al gobierno de Miguel Ángel Mancera.

La estafa maestra. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y del portal Animal Político de los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2013 y 2014 reveló que el gobierno federal, a través de 11 dependencias, desvió al menos 3 mil 433 millones de pesos en contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos que se les entregaron a 186 empresas, de las cuales 128 no debían recibir recursos públicos porque no tenían ni la infraestructura ni la personalidad jurídica para proporcionar los servicios.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) —con Rosario Robles al frente—, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) —con Alfredo del Mazo como director— y Pemex —durante la dirección de Emilio Lozoya— fueron las principales dependencias que utilizaron a universidades, empresas fantasma y otro tipo de mecanismos de triangulación.

Por ejemplo, la Sedesol sólo entregó 7% de las despensas que dijo haber comprado para la Cruzada Nacional contra el Hambre. El desvío se encubrió con convenios con la Universidad Autónoma de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de México, que sirvieron como intermediarias. La revisión de la cuenta pública 2013 y 2014 reveló que la Sedesol firmó 10 convenios con ambas universidades por un monto de 2 mil 224 millones de pesos, que debían destinarse para ampliar la cobertura de programas sociales o combatir la pobreza. Las universidades no proporcionaron ningún servicio y sólo se prestaron como intermediarias para el desvío de estos fondos. A cambio se quedaron con 215 millones 446 mil pesos de “comisión”. El resto del dinero se trianguló hacia 20 empresas, 19 de ellas con un cúmulo de irregularidades, por lo que nunca debieron ser contratadas.

En el caso de la revisión de Pemex se detectó que el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), junto con empresas fantasma como E&P Solutions, Energy Oil and Gas, Drilling and Completion Services e Integrated Reservoir Management Services de México formaron parte de un fraude por 566 millones de pesos que les destinó Pemex Exploración y Producción (PEP).

En diciembre de 2017 se complementó la información al detectar que también la Secretaría de Educación Pública, con Emilio Chuayffet al frente, desvió más de 202 millones de pesos a través de cinco empresas “presuntamente fantasmas”, según el SAT. Estas cinco compañías fueron subcontratadas por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para firmar dos convenios de digitalización de archivos de cédulas profesionales. Los servicios nunca se concretaron, según la denuncia de la ASF.

En febrero de 2018, el informe de la ASF documentó que el monto de los recursos triangulados por Rosario Robles al frente de Sedesol rebasó los 5 mil 251 millones de pesos, según 26 auditorías que el organismo de fiscalización dio a conocer entre 2015 y 2018.

En la revista Proceso se publicó, el 25 de febrero de 2018, que al menos desde agosto de 2016, casi un año después que Robles dejara Sedesol, el equipo de José Antonio Meade respondió a la ASF que “desconocía” la documentación de los quebrantos millonarios al erario federal por la firma de convenios con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Se obtuvieron tres oficios de Sedesol, firmados por Luis Vives López, director general de Programación y Presupuesto, estrecho colaborador de Meade, en los que afirmó que no tenían forma de acreditar documentalmente el destino de un contrato por 2 mil 435 millones de pesos, otro por 77 millones y uno más por casi 23 millones de pesos.

Vives y Meade no presentaron ninguna demanda ante la PGR por el presunto delito de sustracción de documentos oficiales en contra de integrantes del equipo de Rosario Robles.⁴

Octubre

Detención del exgobernador Eugenio Hernández. El viernes 6 de octubre se anunció la detención del exgobernador de Tamaulipas, sucesor de Tomás Yarrington y señalado como presunto responsable del lavado de más de 30 millones de dólares: Eugenio Hernández.

El cuarto exgobernador priista detenido en 2017 se convirtió en otro de los políticos que apoyaron al peñismo en ser señalado por corrupción. El 14 de diciembre Estados Unidos solicitó la extradición formal de Hernández. Presentó un documento de 300 hojas que incluye nombres y empresas que participaron en los delitos cometidos, como lavado de dinero y fraude bancario.

Además de Hernández, fue acusado su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra y el empresario Guillermo Flores Cordero, quienes habrían formado parte de la red del mandatario tamaulipeco.

Estados Unidos también solicitó la extradición del exgobernador interino Jorge Torres López, vinculado a los delitos de los que se le acusa a Tomás Yarrington.

Renuncia de Raúl Cervantes, cese de Santiago Nieto. En menos de una semana la PGR se quedó sin titular, sin fiscal especial para delitos electorales y sin fiscal anticorrupción. En el primer caso, el titular de la procuraduría Raúl Cervantes Andrade —el tercer procurador del sexenio— dimitió de manera sorpresiva el lunes 16 de octubre y dejó ante el Senado un documento en el que mencionó claramente que el caso Odebrecht ya lo tenía completo.

El viernes 20 de octubre el encargado de despacho de la PGR Alberto Elías Beltrán cesó de manera fulminante al titular de la FEPADE —Santiago Nieto— por presuntas violaciones al código de ética de la institución. Lo señalaron por “filtrar” y revelar de manera irregular datos confidenciales de la investigación sobre Odebrecht y Emilio Lozoya Austin.

En franca violación al debido proceso contra Santiago Nieto, el Senado de la República se quedó paralizado prácticamente durante una semana ante la demanda de la oposición de que Nieto compareciera ante el pleno, mientras la mayoría priista y del Verde, junto con sus aliados del PAN, hicieron todo para bloquear esta posibilidad.

El bochornoso episodio culminó con el retiro “voluntario” de Nieto Castillo del proceso de objeción de su destitución. Afirmó que se concentraba ahora en las siete demandas en su contra, interpuestas por Emilio Lozoya, implicado en el caso Odebrecht.

Un mensaje de audio, con las palabras del exdirector de Pemex, se difundió en redes sociales: “Tengo recursos y tiempo para partirles la madre”.

En dos semanas quedó claro que Lozoya se había vuelto intocable para el gobierno de Peña Nieto.

Noviembre

El caso Atenco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de 11 años de los sucesos de represión que marcaron el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, 11 de las 43 mujeres que denunciaron abusos sexuales y tortura en el operativo policiaco del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco llevaron sus testimonios a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer que esa violencia en su contra no fue un asunto aislado o producto de la brutalidad de los policías, sino que respondió a una orden superior. Fueron dos días de sesiones. Los testimonios develaron la brutalidad en su contra.

2017, el año más violento. Coincidente con el repunte de casos de violencia muy mediáticos, como el asesinato del vicepresidente de Televisa Adolfo Lagos y del ombudsman de Baja California Sur Silvestre de la Toba, ultimado junto con su hijo Fernando, el Consejo Nacional de Seguridad dio a conocer los datos de los índices delictivos de octubre de 2017. Las cifras fueron escalofriantes: los homicidios dolosos repuntaron en el país, al grado que, a cinco años de asumir el poder, Peña Nieto ya superó el número de homicidios (21 mil en este año) registrados en 2011, el más violento del sexenio de Felipe Calderón, el responsable de una “guerra” desatada contra la población civil y, en menor medida, contra grupos criminales.

La cifra se incrementó en noviembre a 23 mil 101 homicidios, según las mismas cifras del Consejo Nacional de Seguridad. Oficialmente, se explicó este incremento por la “fragmentación de los cárteles de la droga”, no por el error de haber militarizado 78% del territorio nacional convirtiendo a las fuerzas armadas en las principales responsables del combate al crimen organizado, en detrimento de las policías. Tampoco se mencionó la corrupción y mucho menos la forma en que el narco ha penetrado en todos los cuerpos de seguridad pública, civiles y militares.

De los 10 delitos de alto impacto analizados por el Observatorio Nacional Ciudadano, sólo disminuyó 1.4% el de violación. El homicidio doloso alcanzó una tasa de 17 por cada 100 mil habitantes, índice superior al de 2011, cuando fue de 16.7 por cada 100 mil habitantes. Creció 22.4% en comparación con 2016.

El secuestro creció 4% en 2017 en relación con el año anterior; la extorsión se disparó 11.3%, y el robo con violencia alcanzó un nivel no visto antes: 36.7% se incrementó en un año, junto con el robo a transeúnte que aumentó 30 por ciento.

Las entidades que ocupan los primeros lugares en los delitos de alto impacto fueron Aguascalientes, cuarto lugar en materia de robo a casa habitación y a transeúntes; Baja California, donde más robos de vehículos se cometieron y cuarto lugar en homicidio doloso; Baja California Sur, primer lugar en materia de extorsión y robo a casa habitación, además de tercer lugar en homicidio doloso; Chihuahua, primer lugar en relación con violaciones; Guerrero, segundo lugar en homicidios dolosos; Ciudad de México, segundo lugar en robo a transeúnte, tercer lugar en robo a negocios y cuarto en robo con violencia; Tamaulipas fue el segundo lugar nacional en materia de secuestro y homicidio culposo; Zacatecas se ubicó como la entidad con la tasa más alta de secuestros y la tercera en número de extorsiones, y el Estado de México fue el tercer lugar en robo de vehículos y quinto en robo a transeúnte.

Ley de Seguridad Interior. A pesar del evidente fracaso de la estrategia de militarizar el combate al crimen organizado y de sustituir a cuerpos civiles por fuerzas armadas en labores policiacas, la presión de los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina, del gobierno de Estados Unidos y del propio Peña Nieto surtió un efecto devastador: el 30 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó, fast track, el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, con 34 artículos que se convirtieron en una auténtica bofetada para todas las organizaciones ciudadanas y oficiales, nacionales e internacionales, de defensa de los derechos humanos.

La abrupta aprobación en la Cámara de Diputados pretendió suspenderse o prolongarse en el Senado, pero la orden fue clara y contundente por parte del sistema: la ley “pasaba”, a pesar de que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de que cuatro relatores especiales de la ONU y de que la CNDH y 25 organismos estatales de derechos humanos, más una red de 240 organizaciones civiles agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra, demandaron que se cancelara esta aprobación.

En los mismos días en los que José Antonio Meade fue “destapado” como precandidato único del PRI a la presidencia de la República, Ricardo Anaya dejó atrás a sus contendientes del frente PAN-PRD y Movimiento Ciudadano (MC) y Andrés Manuel López Obrador formalizaba su propia coalición con Morena-PT y el Partido Encuentro Social (PES), el Senado de la República aprobó en la madrugada del 15 de diciembre la Ley de Seguridad Interior, con cambios cosméticos a nueve artículos que no modificaron la cuestión esencial de este ordenamiento: la discrecionalidad del alto mando militar para realizar operaciones de “seguridad interior”, que se volverán un cheque en blanco para incrementar las arbitrariedades contra la población civil, bajo el pretexto de proteger las “instituciones”.

El jueves 21 de diciembre Peña Nieto promulgó la ley que sólo defendieron los gobernadores comprometidos con el bloque PAN-PRI y algunos del PRD, el alto mando militar, las dirigencias del PRI y del Partido Verde. Fue el peor mensaje previo al inicio de las campañas de 2018, porque representaron un endurecimiento del sistema y del gobierno frente a los opositores, los grupos sociales movilizados en defensa de los derechos humanos y contra la violencia desatada en todo el país.

Datos de la SFP revelaron que durante 2017 la Sedena fue la que más dinero destinó a publicidad oficial: 43 millones 950 mil pesos, frente a los 20 millones de Pronósticos para la Asistencia Pública y 10 millones 208 mil pesos de la Presidencia de la República.

Diciembre

Chihuahuagate y el desvío de fondos al PRI en 2016. Un operativo sorpresa de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua detuvo el 20 de diciembre al empresario y exlegislador priista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, personaje del primer círculo del exdirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones, acusado de formar parte de una operación para triangular fondos autorizados por la Secretaría de Hacienda al PRI durante las elecciones de 2016.

Gutiérrez Gutiérrez —exsecretario adjunto del PRI nacional— fue acusado de formar parte de esta triangulación de recursos a través de cuatro empresas “fantasmas”, según las declaraciones de Jaime Ramón Herrera Corral, exsecretario de Hacienda en el gobierno del exmandatario priista César Duarte, prófugo de la justicia desde septiembre de este año. Herrera Corral vinculó a Gutiérrez y a Isaac Gamboa Lozano —jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, subordinado de Luis Videgaray cuando éste encabezó la dependencia— en el desvío de al menos 250 millones de pesos. Otras entidades involucradas en esta operación serían Tamaulipas y Veracruz, gobernadas en 2016 por el PRI y donde fueron derrotados en las elecciones celebradas ese año.

Beltrones emitió un comunicado para deslindar a Alejandro Gutiérrez de estas acusaciones y señalar al gobernador panista Javier Corral de “faltar a su deber” al actuar con “testigos protegidos” que “aportan declaraciones a modo para alimentar irresponsablemente con filtraciones la hoguera mediática buscando beneficios en la temporada electoral”. El exdirigente nacional priista y adversario en 2012 de Enrique Peña Nieto acusó a las autoridades de Chihuahua de faltar al debido proceso.

Sobre su papel en esta trama, Beltrones afirmó que “el presidente del CEN del PRI no puede y no firmó convenio alguno con los ejecutivos estatales para acordar la transferencia de recursos federales, por no ser un tema de su competencia”. Además, Beltrones soltó un dato esencial: Alejandro Gutiérrez no era el secretario de Finanzas del PRI, sino su secretario adjunto.

Considerado uno de los políticos más poderosos e informados del sistema, sobreviviente del PRI antes de perder la presidencia de la República en 2000, Beltrones fue señalado por primera vez en este expediente que tenía como destinatario principal a uno de sus colaboradores más importantes, pero también al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y a su propio sucesor, José Antonio Meade, en ese momento precandidato único del PRI.

En otras palabras, el escándalo iniciado en Chihuahua tendría que llegar hasta el vértice del poder peñista. La operación para ganar las elecciones estatales en 2016 fue esencial para Peña Nieto. Se perdieron siete gubernaturas y comenzó el declive de un grupo de mandatarios y políticos que llegaron de la mano (y con el dinero) del erario federal y del Estado de México. Fue el sello de las cleptocracias estatales peñistas.

Además de este compendio cronológico de escándalos más sonados en los medios de comunicación —no los únicos ni los más importantes—, es importante resumir los dos casos más representativos de una extensa red de corrupción entre compañías privadas y dinero público, que representa el modelo peñista más acabado.

OHL, LA RED TRANSEXENAL

La historia del ascenso de la constructora española Obrascón Huarte Lain (OHL) como eje de la red de corrupción transexenal inició hace 13 años en un convivio en Valle de Bravo. Era el año 2004, el gobernador priista del Estado de México Arturo Montiel estaba en la cumbre de su poder y de sus ambiciones presidenciales. Celebraba el bautizo de sus hijos gemelos, Sofía y Adrián, con la joven francesa Maude Versini, su segunda esposa.

Al convivio asistieron familiares, funcionarios, empresarios, jerarcas religiosos y un personaje singular que no pasó desapercibido: Juan Miguel Villar Mir, marqués español y accionista mayoritario de OHL que apenas un año antes, en febrero de 2003, había ganado la licitación para construir, diseñar, financiar y operar el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), la obra de infraestructura carretera más grande de la entidad más poblada del país con 110 kilómetros y 30 años de vigencia.

Bajo la modalidad de la asociación público-privada (APP), el CEM se construyó en tres etapas: la primera, de 2003 a 2005, abarcaría los primeros 52 kilómetros, durante el gobierno del propio Montiel; la segunda y tercera se completarían entre 2010 y 2011, bajo el mandato de Enrique Peña Nieto en el gobierno estatal. Y durante el gobierno de Eruviel Ávila (2011-2017) se hicieron una quinta y sexta modificación al contrato original del CEM para extender la concesión de 2030 hasta 2051, con incrementos adicionales a las tarifas de peaje, cobradas de manera irregular, entre 2013 y 2021.

Durante ese bautizo se selló no sólo la cercanía entre Montiel y Villar Mir, sino la amplia red de corrupción que involucraba a otros personajes y empresarios importantes. Estuvieron presentes el entonces coordinador de los diputados locales del PRI Enrique Peña Nieto, a quien Montiel ya presumía como su seguro sucesor, y el empresario de origen tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, cabeza del Grupo Higa.

OHL y Grupo Higa, desde entonces, fueron los afluentes del mismo río: multimillonarios contratos de obra pública que sirvieron para el enriquecimiento de los funcionarios y empresarios involucrados y, además, para el presunto financiamiento de dos campañas electorales, una a nivel estatal en 2005 y la otra a nivel federal en 2012. Y en ambos casos se trataba de Enrique Peña Nieto.

Las pistas, indicios y testimonios que indican una operación muy amplia de triangulación financiera con recursos públicos y privados, al margen de la ley, para apoyar las dos campañas electorales de Enrique Peña Nieto y la de su primo Alfredo del Mazo Maza —actual gobernador mexiquense— en la contienda estatal de 2017 señalan a ambas empresas como parte de una extensa red de contratistas y donadores.

OHL recibió de Arturo Montiel otro jugoso contrato para ampliar, mejorar, desarrollar y operar hasta 2055 el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, obra alterna ante la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en los terrenos de Texcoco, durante el sexenio de Vicente Fox. La “sociedad” en ese aeropuerto le otorgó a OHL el control de 49% de la Administradora Mexiquense del Aeropuerto de Toluca, al gobierno del Estado de México 25% y a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal 26 por ciento.

OHL nunca fue una empresa cualquiera en el modelo español y menos en el caso mexicano. Aplicó en el país y, especialmente, en el Estado de México, un método que le sirvió para ascender en la estructura de poder político y “capturar” a las instituciones responsables de otorgarle las obras y de pagarles con dinero público: reclutar en sus filas a viejos y nuevos operadores políticos, en particular tecnócratas, para cobrar los favores y convertirlos en “accionistas”. “Invertir” en corrupción. Ése es el método.

En México, el presidente del consejo de administración de OHL es José Andrés de Oteyza y Fernández Valdemoro, exsecretario de Patrimonio y Fomento Industrial durante el gobierno de José López Portillo. Desde ese sexenio De Oteyza fue famoso por su proclividad a la corrupción. Su director general —Sergio Hidalgo— lo fue también del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y con fama de buen funcionario como Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda.

En el Consejo de Administración global de OHL Concesiones también participó Emilio Lozoya Austin, futuro director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto y quien les entregó importantes contratos a la compañía española. OHL Concesiones es la tenedora de 56 por ciento de las acciones de OHL México. Generalmente, los escándalos confundieron a una entidad y la otra. Los contratos en Pemex fueron para OHL Concesiones.

El nombre de Lozoya aparecería involucrado en 2017 en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht; el exdirector de Pemex emprendió una defensa jurídica y mediática implacable para eximirse de cualquier responsabilidad en el caso de esta compañía, pero ha omitido mencionar cualquier relación con OHL.

También esta compañía reclutó en su consejo de administración a Jesús Reyes Heroles, director de Pemex durante el calderonismo; Carlos Ruiz Sacristán, titular de la SCT durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y a Mario de la Vega Grajales, hijo del exdirigente nacional priista Jorge de la Vega Domínguez, quien se desempeñó hasta 2011 como director general de la Concesionaria Mexiquense OHL, que administraba el CEM, la obra que le generó 50.1% de sus ingresos en México al corporativo español.

El gobierno estatal y federal de Enrique Peña Nieto fue ampliamente generoso con OHL. Bajo la batuta de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes a nivel estatal y luego a nivel federal, OHL vivió la verdadera bonanza, a costa del erario y de los automovilistas que pagaron sobreprecios escandalosos por transitar en sus carreteras concesionadas.

Con Peña Nieto como gobernador, OHL recibió también la concesión para construir el Viaducto Bicentenario de 22 kilómetros, con una inversión de 10 mil 071 millones de pesos.

Con Peña Nieto como presidente de la República, OHL recibió siete contratos importantes de la SCT: la construcción de la autopista Atizapán-Atlacomulco, por 6 mil 946 millones de pesos; el tramo 1 del Tren Interurbano México-Toluca, en sociedad con Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon, por un monto de 10 mil 148 millones de pesos; el segundo piso de la autopista México-Puebla, en sociedad con Pinfra y La Peninsular, también de Grupo Hermes; la Línea 3 del Tren Eléctrico de Guadalajara, por 3 mil 500 millones de dólares, en sociedad con la compañía francesa Alstom, involucrada en varias investigaciones por fraudes en Connecticut, Estados Unidos, y en la Línea 12 del metro capitalino, así como varios contratos del paquete de licitaciones del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, junto con otras compañías de la red de empresas constructoras beneficiadas por el peñismo.

Además, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México Marcelo Ebrard les concesionó, en junio de 2010 y hasta 2043, la construcción de la Autopista Urbana Norte, por 9 mil 522 millones de pesos, y la Supervía Poetas, que conecta el sur con el poniente de la Ciudad de México, por 2 mil 607 millones de pesos.

En Puebla el entonces gobernador Rafael Moreno Valle privilegió contratos de obra pública a sobreprecios escandalosos con OHL, lo que le ha redituado en su precampaña para ser aspirante panista a 2018. Le concesionó la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla a un costo de 6 mil 500 millones de pesos por 13.5 kilómetros, es decir, cada kilómetro costó 740.7 millones de pesos, casi el triple de los 233.3 millones de pesos que se invirtieron en los 15 kilómetros de la autopista México-Toluca, construida también por OHL.

En este caso, OHL compartió el negocio con otras empresas del entorno peñista: Proyectos Viales de México, filial de La Peninsular, de la familia Hank Rhon, y Pinfra, de David Peñaloza, el mismo empresario del consorcio industrial Tribasa que dejó una deuda fiscal por 4 mil millones de pesos en el gobierno de Carlos Salinas.

OHL fue protagonista de varios audioescándalos en 2015 y 2016 y denunciada por Paulo Díez Gargari, abogado y socio de Pedro Topete, de la empresa Tecnología Aplicada Infraiber, perteneciente al consorcio Viabilis. El origen del conflicto entre OHL e Infraiber y el gobierno del Estado de México se derivó de la cancelación de un sistema independiente de verificación de aforo vehicular en todas las autopistas de cuota de la entidad más poblada del país.

Un negocio de 4 mil millones de pesos, unilateralmente cancelado por las autoridades mexiquenses. Desde entonces, Díez Gargari, conocedor de los entretelones de las concesiones mexiquenses, divulgó información financiera y contractual muy delicada para OHL. La compañía constructora negó que hubiera irregularidades o corrupción en sus tratos con las autoridades mexiquenses desde Montiel hasta Eruviel Ávila, mientras que el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, evadió respuestas claras a la información divulgada por Infraiber.

Otro ángulo poco explorado del escándalo en torno a OHL fue el interés de nueve grandes grupos constructores e inmobiliarios que querían dejar al margen a esta compañía del gran negocio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estos nueve grupos (ICA, Prodemex, Carso, Coconal, GIA, Hermes, Teya, Tradeco, Marhnos) se integraron en el Consorcio Aeroportuario Mexicano (Consam) en el contexto de una intensa pugna entre los grandes consorcios constructores mexicanos y las compañías de origen español y brasileño, como OHL y Odebrechet, ambas envueltas en escándalos de corrupción, una semana después que Peña Nieto diera a conocer el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En noviembre de 2017, la constructora española informó que vendería el 100 por ciento de sus acciones bursátiles de su filial OHL Concesiones (propietaria del 56 por ciento de OHL México) al grupo IFM Investors, un administrador global de fondos de pensión de origen australiano, por un monto de 2 mil 235 millones de euros.

Este fondo australiano tendrá así el control de las ocho grandes concesiones carreteras que tiene OHL en México (Amozoc-Perote, Viaducto Bicentenario, Autopista Urbana Norte, Aeropuerto Internacional de Toluca, Supervía Poetas, Circuito Exterior Mexiquense, Atizapán-Atlacomulco, Libramiento Elevado de Puebla).

No tendrá el control de otras filiales como OHL Construcción que tiene el Tren Interurbano Toluca, el Tren Ligero Guadalajara, la planta de cogeneración de 60 megawatts en Veracruz, así como el hotel Complejo Mayakobá (de OHL Desarrollos) y los proyectos de OHL Servicios.

El abogado Díez Gargari, de Infraiber, afirmó que esta operación es una maniobra para evadir la rendición de cuentas ante la Bolsa Mexicana de Valores, ante las autoridades mexicanas y, en especial, “salvar” los millonarios fondos que recibe por las seis autopistas concesionadas que tiene.

OHL México ha negado que se trate de una maniobra para salvar sus concesiones carreteras, pero admite que la crisis financiera y las denuncias generadas en España orillaron a esta venta de lo que en otra época fue la “joya de la corona” de los constructores de la península hispana en América Latina.

ODEBRECHT, LA CAJA DE PANDORA

En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que inició una investigación sobre el pago de sobornos a funcionarios de 12 países, incluyendo a México, a través de una estructura de triangulación de fondos millonarios llamada “caja B” o Departamento de Operaciones Estructuradas.

En aquella ocasión la subsecretaria adjunta del Departamento de Justicia —Sung-Hee Suh— afirmó que tanto Odebrecht como su filial Braskem utilizaron una red de negocios oculta, que “podríamos llamar Departamento de Sobornos”, y que “pagaron sistemáticamente” millones de dólares a funcionarios de estos países durante los últimos 20 años, pero, sobre todo, entre 2010 y 2014.

En el caso mexicano, los testimonios recogidos en la investigación del Departamento de Justicia estadounidense revelaron que Odebrecht pagó al menos 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014, para ganar contratos de obra pública que le generaron beneficios por cientos de millones de dólares. En especial Odebrecht participó en labores de reconstrucción de las refinerías de Salamanca y Tula, propiedad de Pemex.

La línea de corrupción abarca a los dos últimos gobiernos mexicanos: el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con el primero iniciaron las negociaciones para futuros contratos con Pemex, y con Peña Nieto se concretaron. El mandatario mexicano se reunió y fotografió públicamente en 2013 con Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora. Este personaje fue detenido en junio de 2015 por la justicia brasileña y redujo su pena a 19 años de prisión a cambio de dar información sobre la red de corrupción trasnacional.

El caso más complejo de la trama de corrupción de Odebrecht es sin duda Brasil. Ahí todo comenzó con la llamada operación Lava Jato (“autolavado”), iniciada en marzo de 2014, sobre la red de sobornos en la dirección de abastecimiento de Petrobras, la petrolera nacional. La trama condujo en 2015 a vincular a Odebrecht y Petrobras con donaciones y sobornos ilegales a las campañas electorales del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), pero también de la oposición.

Los fiscales y jueces brasileños investigan a Odebrecht por el pago de 349 millones de dólares en sobornos a varios partidos políticos, funcionarios extranjeros y representantes del país, a cambio de obtener jugosos contratos con Petrobras y también ganar impunidad política.

En Brasil el esquema de corrupción fue muy parecido al de México, pero ahí la fiscalía general ha detenido a José Dirceu —jefe del gabinete del expresidente Lula da Silva—, al senador del PT Delcidio Amaral y al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha. Los tres últimos presidentes —Lula, Dilma Rousseff y Michel Temer— están en el banquillo de los acusados.

El golpe más fuerte ocurrió en abril de 2017, cuando 78 exejecutivos de Odebrecht relataron a las autoridades cómo compraron favores, contratos y leyes a toda la clase política brasileña, sin distinción de signo partidista.

El mito de Lula se desvaneció en medio de esta trama escandalosa y el 13 de julio el expresidente fue condenado a nueve años de cárcel por corrupción y presunto lavado de dinero, algo que se consideraba impensable en Brasil.

Lo mismo ha ocurrido en otros países. Como piezas de dominó han ido cayendo expresidentes, como Ollanta Humala de Perú, varios colaboradores del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, exministros y senadores en Colombia, el exjefe de servicios de inteligencia de Argentina Gustavo Arribas —amigo personal del presidente Mauricio Macri—, los exviceministros Rubén Mejía y Miguel Ángel Cabrera en Guatemala, el actual presidente de Panamá Juan Carlos Varela —acusado de recibir donaciones de Odebrecht para su campaña—, decenas de funcionarios de República Dominicana, y se investiga también a varios funcionarios del gobierno de Venezuela y al líder opositor Henrique Capriles, quien habría recibido ilegalmente dinero de la constructora brasileña.

En todos los casos destaca la actuación de las fiscalías generales o de los fiscales anticorrupción en colaboración permanente con las propias autoridades investigadoras de Brasil. En todos los países hay detenidos y decenas de interrogatorios que describen una compleja trama internacional, que incluye donaciones en paraísos fiscales.

México es el único caso donde no hay un solo detenido por la red de sobornos de Odebrecht. Al contrario, todos los investigadores de alto nivel han renunciado a sus cargos: el procurador general de la República y el fiscal especializado en delitos electorales; ambos investigaban las distintas redes de los sobornos de la compañía brasileña. No existe fiscal anticorrupción y la única instancia que investiga irregularidades administrativas es la SFP.

Odebrecht detonó, entre abril y octubre de 2017, un verdadero cisma en la PGR mexicana: su titular Raúl Cervantes Andrade renunció el 16 de octubre y dejó pendiente el caso de los implicados en la red de sobornos de Odebrecht. A los cuatro días, el 20 de octubre, fue cesado el fiscal especializado en delitos electorales Santiago Nieto Castillo, quien investigaba la línea de donación de al menos tres millones de dólares que se destinaron a la campaña presidencial de 2012.

Antes de ser cesado, Nieto Castillo afirmó que la red de Odebrecht “es un caso paradigmático porque atacó a los sistemas electorales de varios países del continente. Entonces, es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas”.⁵

Nieto Castillo también investigaba la denuncia presentada por Emilio Álvarez Icaza, de la plataforma ciudadana Ahora, sobre un presunto desvío de más de mil 600 millones de pesos de fondos públicos triangulados a través de la empresa OHL a la campaña electoral del priista Alfredo del Mazo, en el Estado de México.

El implicado más importante en el caso de Odebrecht es el exdirector de Pemex (2012-2016) Emilio Lozoya Austin. El hijo de uno de los amigos más cercanos al expresidente Carlos Salinas de Gortari es investigado en el caso Odebrecht por dos vías: su papel como responsable de vinculación internacional de la campaña electoral de 2012 de Peña Nieto, y como titular de Pemex que concretó varios contratos con Odebrecht, tres de ellos por adjudicación directa. Es decir, sin concurso alguno.

La ASF, en su revisión de la cuenta pública de 2016, describió al menos tres contratos irregulares del área de Pemex Transformación Industrial (PTI) con Odebrecht para el mantenimiento y reconversión de las refinerías de Salamanca y Tula. Fueron entregados por adjudicación directa a Braskem, filial de la compañía brasileña. Uno de los contratos fue por un monto de mil 756 millones de pesos, y los otros dos se firmaron originalmente por cantidades que fueron rebasadas ampliamente vía convenios modificatorios sin justificación clara.

El monto original para la refinería de Tula fue por mil 436 millones de pesos, pero se elevó a 2 mil 136 millones de pesos, es decir, 61.3% más, sin que la obra esté terminada, en agosto de 2017. El otro contrato, en la misma refinería, fue por mil 811 millones de pesos y terminó con un sobrecosto 20% mayor: 2 mil 169 millones de pesos.

Todos estos contratos fueron asignados en los años en que Lozoya Austin fue director de Pemex.

El 11 de diciembre la SFP —encabezada por la exprocuradora Arely Gómez— inhabilitó por cuatro años a Odebrecht para firmar nuevos contratos con dependencias federales, la PGR, así como las entidades federativas cuando usen recursos públicos.

La sanción se le impuso por el cobro indebido de 119 millones de pesos de costos indirectos en uno de los contratos celebrados para la realización de la Refinería Miguel Hidalgo, convenio conocido como “Tula 1”.

También inició seis procedimientos administrativos: cuatro contra Odebrecht y sus filiales, como Braskem, y dos más en contra de servidores públicos de Pemex.

Persiste la duda sobre el destino de los 10 millones de dólares de “sobornos” que entregaron los operadores de Odebrecht desde la campaña presidencial peñista de 2012 sigue siendo el nudo gordiano del escándalo trasnacional de esta empresa. Ni la PGR ni los “testigos protegidos” del caso Odebrecht han logrado afirmar a dónde fueron a dar estos 10 millones de dólares.

¹ Gianfranco Pasquino, et al., Diccionario de política, Siglo XXI, México, pp. 439-448.

² “Intentaron descarrilar mi gobierno”, entrevista a Carlos Salinas de Gortari, por Rogelio Cárdenas, El Universal, 10 de febrero de 2014.

³ Jenaro Villamil, “Televisa, bajo la lupa de EU”, Proceso, 8 de mayo de 2016.

⁴ Jenaro Villamil, Proceso, 25 de febrero de 2018.

⁵ Jenaro Villamil, “El golpe a la FEPADE, malos augurios frente al 2018”, Proceso, núm. 2138, 22 de octubre de 2017.

V

Los goberladrones y la Operación Zafiro

En su toma de protesta como presidente de México —el 1 de diciembre de 2012—, Enrique Peña Nieto se tomó una foto en Palacio Nacional con 19 gobernadores que lo acompañaron. La mayoría son priistas. Y gran parte de ellos apostaron, apoyaron e invirtieron en su campaña desde 2010.

De aquellos 19 mandatarios estatales, 11 enfrentan ahora cargos por peculado, lavado de dinero o desvío de fondos, están prófugos o han ganado amparos para protegerse. El panorama de esa “nueva generación” de priistas en el poder cambió radicalmente en seis años. Veamos los principales casos:

1. El cuestionado gobierno de Rodrigo Medina Mora en Nuevo León tuvo como consecuencia que el PRI perdiera la gubernatura en 2015; Medina ha sido señalado por su sucesor, el “independiente” Jaime Rodríguez, el Bronco, quien lo acusó por desvío de millones de pesos durante su administración.

Sin embargo, la Operación Tornado del gobierno neoleonés —que investiga a 60 exfuncionarios— generó más expectativas que resultados concretos.

Medina estuvo recluido 18 horas en el penal de Topo Chico, en enero de 2017, y salió gracias a un amparo tramitado por sus abogados. Se le acusó de manipular 3 mil 600 millones de pesos, pero su sucesor no lo pudo comprobar. Se le siguió un proceso judicial por ejercicio indebido de funciones.

2. Andrés Granier, exgobernador priista de Tabasco cuya gestión en la gubernatura provocó que en 2012 el candidato del PRI fuera derrotado en las urnas por Arturo Núñez, del PRD. Granier fue detenido en 2013, acusado de desviar 2 mil 604 millones de pesos, proceso contra el cual se amparó. Desde junio de 2013 se encuentra preso en la Torre Médica del penal de Tepepan (Ciudad de México).

Asimismo, tiene otra acusación pendiente por el desvío de 196 millones de pesos en el sector salud. Su hijo —Fabián Granier Calles— también estuvo preso, pero salió libre bajo fianza.

Andrés Granier se volvió un ejemplo de excesos y frivolidades dentro de los gobiernos tabasqueños. Desde sus 400 pares de zapatos, sus mil camisas presumidas en un audio, hasta las fiestas en la casa de gobierno, el mandatario priista superó por mucho la herencia de cleptocracia de Roberto Madrazo. Extendió sus tentáculos de corrupción hasta Yucatán.

3. César Duarte Jáquez, exgobernador priista de Chihuahua cuya mala administración provocó la derrota del tricolor ante la oposición en 2016. Sobre él pesan más de 11 órdenes de aprehensión y varios cargos por peculado electoral, que suman alrededor de 250 millones de pesos; además enfrenta acusaciones por otros casos de lavado de dinero a través de banco Unión Progreso y desvío de recursos por mil 200 millones de pesos. Actualmente se encuentra prófugo. Se presume que está en Estados Unidos.

Duarte Jáquez llegó a la gubernatura de Chihuahua apoyado por su principal padrino político, el senador Emilio Gamboa Patrón. Hizo y deshizo en su entidad durante seis años sin que nadie lo frenara. Su gasto intensivo en comprar medios de comunicación formó parte de sus excesos. En 2012 destinó 808 millones de pesos en gastos para medios, 772 millones en 2013, 602 millones en 2014, 602 millones en 2015 y en 2016, año en que el PRI perdió la gubernatura, destinó 328 millones de pesos a ese rubro, según los datos oficiales de la Oficina de Comunicación Social.

4. Javier Duarte de Ochoa, exgobernador priista de Veracruz; tampoco logró que el PRI refrendara la gubernatura en 2016. Ese año triunfó su acérrimo adversario, el expriista Miguel Ángel Yunes. A Duarte se le considera uno de los casos más escandalosos de corrupción en los últimos años.

Acusado por la Auditoría Superior de la Federación de desvío por más de 36 mil millones de pesos del presupuesto público, ha sido señalado de encabezar una red de más de 400 empresas fantasma que le sirvieron para el lavado de dinero y presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Huyó del país en octubre de 2016, en vísperas de dejar el gobierno. Fue detenido en abril de 2017 en Guatemala, cuando salía de un hotel, y en julio del mismo año fue extraditado a México. Se le sigue un largo y complejo proceso jurídico, del cual se excluyen los delitos de lesa humanidad cometidos durante su gobierno y denunciados por activistas, ciudadanos, medios locales e incluso organismos internacionales.

El desastre que dejó en Veracruz no se refiere sólo a la bancarrota del erario. La bancarrota moral fue incluso más grave: miles de desaparecidos, un enfrentamiento constante con los periodistas, hasta lograr el triste récord del estado con más reporteros asesinados, secuestrados o desplazados; un secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, que se convirtió en el jefe del crimen organizado en la entidad; una colección de excesos autoritarios y de casos tan graves como los porkys —que alcanzó notoriedad nacional—, gracias al apoyo de una red empresarial corrupta.

5. Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, quien también ocasionó la derrota del PRI en la contienda electoral por la gubernatura en 2016. Se le acusa de presunto “lavado de dinero” y desfalco al erario estatal por 900 millones 99 mil pesos, derivados de la venta irregular de 22 predios de 7 millones 118 mil metros cuadrados. También tiene investigaciones pendientes por presunto peculado electoral, que sumaría unos 200 millones. Una más: supuestamente está asociado, junto con César y Javier Duarte, a una red de empresas fantasma para desviar recursos a las campañas. Huyó del país, pero fue detenido en Panamá y extraditado a principios de 2018.

Borge fue protegido y apadrinado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, con quien presumió no sólo su amistad, sino sus excesos. Gastó del erario más de 500 millones de pesos tan sólo en rentar aviones para sus viajes personales.

6. Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, que dejó el gobierno en 2016. Primero fue acusado de encubrir al narcofiscal Édgar Veytia, señalado por la DEA> de ser el principal operador en la distribución y producción de drogas en su propia entidad. Sandoval insistió una y otra vez que él “ignoraba” lo que su propio exfiscal hizo.

En enero de este año el Congreso de la entidad comenzó una investigación en su contra por presunto desvío de 2 mil 700 millones de pesos. Su red de corrupción la encabezaron parientes que formaron parte también de una red de empresas fantasma.

7. Mario Anguiano, exgobernador de Colima, acusado también de desviar 170 millones de pesos del erario; fue inhabilitado por el Congreso del estado para ocupar otro cargo público por 23 años y condenado a pagar multas por 45 millones de pesos tras detectarse irregularidades en las cuentas del presupuesto de 2013 a 2015.

Colima es uno de los estados conocidos como “cementerio de gobernadores”. El exgobernador Silverio Cavazos Ceballos fue ejecutado 12 meses después de dejar el cargo. Su sucesor, Fernando Moreno Peña, recibió cuatro balazos después de abandonar la gubernatura.

8. Egidio Torres Cantú, exgobernador de Tamaulipas, es señalado por participar también en una presunta red de desvío de millonarios recursos a las campañas electorales de 2016, la cual perdió su partido (PRI) ante Francisco García Cabeza de Vaca.

Torres Cantú llegó a la gubernatura tras el asesinato de su hermano Rodolfo Torre Cantú, en junio de 2010, uno de los casos más graves e impunes de atentados contra un candidato priista en Tamaulipas, entidad dominada por los tres cruces del crimen organizado: el cártel del Golfo, el cártel de los Zetas y los Beltrán Leyva.

9. Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, dos exgobernadores priistas también de Tamaulipas, antecesores de Egidio Torres Cantú, han sido detenidos y acusados de encabezar una presunta extensa red lavado de dinero y de vínculos con el crimen organizado, según cortes federales de Estados Unidos en Texas que piden su extradición. También en Estados Unidos piden la extradición de Jorge Torres López, gobernador interino de Coahuila (2011).

Los casos de Yarrington y Hernández constituyen, sin duda, los ejemplos más acabados de narcogobernadores, cuyas redes y vínculos se extienden hasta el Estado de México (tema que líneas abajo analizaremos).

10. José de Jesús Reyna, gobernador interino de Michoacán, quien terminó por responder jurídicamente frente a la acusación de desvío de fondos públicos por 2 mil 233 millones de pesos (cometida desde la administración de Fausto Vallejo, también expriista).

Reyna asumió el cargo tras la renuncia de Vallejo en 2014, quien estaba aquejado por una serie de enfermedades, pero también por la crisis de gobernabilidad que condujo a la creación de las autodefensas, lideradas por el doctor José Manuel Mireles, el cual se enfrentó a los grupos de los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana, cárteles que dominaron las principales zonas de trasiego de la droga.

11. Uno de los casos más graves de impunidad es el de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, exdirigente nacional del PRI y uno de los más firmes aliados de Peña Nieto en su ascenso a la candidatura presidencial, hasta que fue señalado en México y en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. La Secretaría de Hacienda documentó el desaseo en el manejo de los recursos públicos durante su administración, en la que la deuda pública se disparó de 323 millones a 36 mil millones de pesos.

En enero de 2016 Moreira fue detenido en Barcelona, España, pero unos días después fue liberado. Retornó a México como mártir. Se confrontó públicamente con su hermano y sucesor en Coahuila —Rubén Moreira— y aspiró a ser diputado local por el Partido Joven, una agrupación con su impronta.

A finales de 2017 se dio a conocer un informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, que sistematizó los testimonios de tres juicios contra líderes del cártel de los Zetas. En ese informe se compila y sustenta lo que los habitantes de Coahuila y Veracruz sabían desde hacía tiempo: que los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira en la primera entidad y de Fidel Herrera y Javier Duarte en la segunda fueron “capturados” por el crimen organizado a cambio de millonarios sobornos.

El informe señala que desde 2004 los Zetas apoyaron con 10 millones de dólares la campaña de Fidel Herrera, exgobernador del PRI, corresponsable del desastre de Veracruz ocasionado por su protegido y sucesor Javier Duarte. Herrera negó “categóricamente” a la prensa haber recibido “dinero ilegal alguno” del narcotráfico.

El vínculo común entre los Moreira, Herrera y Duarte con el cártel de los Zetas, según el mismo informe, fue el empresario Francisco Antonio Colorado Cessa, mejor conocido como Pancho Colorado, señalado en varios reportajes de la revista Proceso y en el periódico Reforma de ser prestanombres y “lavador” de dinero. Colorado fue propietario de la empresa ADT Petroservicios y en 2012 fue llevado a juicio en Texas.

12. La administración del exgobernador del Estado de México Eruviel Ávila terminó en 2017, después de un desaseado proceso electoral para que el PRI retuviera la gubernatura de esta entidad. Los escándalos involucran a su administración con la compañía española OHL en las ampliaciones y renovaciones irregulares de sus contratos en el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense. La filtración de llamadas telefónicas vinculó a dos funcionarios de su gobierno —Apolinar Mena, secretario de Comunicaciones, y a la consejera jurídica Luz María Zarza— con operaciones ilegales a favor de la constructora.

Hábilmente, Ávila se ha desmarcado de la crisis de seguridad pública en su propia entidad. Fue aspirante a la candidatura presidencial del PRI, pues pensó que la victoria de ese partido en 2017 lo podía ayudar en sus aspiraciones. Estuvo unas cuantas semanas al frente del PRI en la Ciudad de México, para dejarle el control a los tecnócratas cercanos a José Antonio Meade. Ahora bien, las aspiraciones de Ávila se mantienen. Y es quizá de los pocos precandidatos que estarían en condiciones de sustituir a Meade ante cualquier circunstancia.

13. La corrupción no fue exclusiva de los gobernadores priistas. Está el caso del exgobernador panista de Sonora Guillermo Padrés, detenido en 2016 por delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Sus abogados han ido ganando ante los jueces varios casos. El juez duodécimo de distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México le dictó auto de libertad por el delito de lavado de dinero por 8.8 millones de dólares, pero aún está en prisión preventiva por defraudación fiscal.

14. En aquella fotografía de 2012 con Peña Nieto también aparece el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, quien dejó la entidad en medio del escándalo provocado por la inseguridad pública, la corrupción y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Aguirre buscó al PRD en 2010 para contender por la gubernatura tras perder la nominación priista (cargo que ocuparía por segunda vez, pues de 1996 a 1999 se desempeñó como gobernador interino). Siempre tuvo el apoyo de Peña Nieto y del grupo del Estado de México para ganar en una entidad que el perredismo había gobernado durante más de una década, en medio del crecimiento exponencial de la doble espiral de violencia generada por el crimen organizado y los grupos disidentes, así como la fuerte presencia del ejército.

Éste es el panorama a casi seis años de distancia. Nunca como en este periodo toda una generación de exgobernadores priistas había sido acusada y señalada de tantos delitos, como peculado, lavado de dinero, desvío de fondos públicos, quebrantos multimillonarios al erario. En la mayoría de los casos no hubo ninguna acción por parte de la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Gobernación, las cuales debieron haber alertado del enorme daño que causarían en las entidades.

En este periodo, se agudizó una tendencia marcada en el 2000, con la llegada de los gobiernos de alternancia entre el PRI, PAN y, en menor grado, PRD: a mayor incertidumbre de permanencia de los partidos en un gobierno estatal, mayor grado de corrupción y de descaro en las formas de peculado y triangulación de fondos.

Un recuento publicado por el periódico Reforma, el 11 de febrero de 2018, dio cuenta que de 2000 a 2017 uno de cada 10 gobernadores ha sido acusado de desvío de recursos o de formar parte de redes de cleptocracia en sus estados.

De 129 mandatarios en estos 17 años, 11 gobernadores imputados son del PRI, dos del PAN y uno exgobernador de coalición, el de Chiapas, Pablo Salazar. Tan sólo en el sexenio de Peña Nieto, nueve de estos exgobernadores del PRI, incluyendo a dos interinos, fueron acusados por desfalco, desempeño irregular en la función pública y presuntos vínculos con el crimen organizado.¹

Con Peña Nieto se dio el auge y caída del fenómeno de los “virreyes” priistas. Es decir, lo que fue el “sindicato de gobernadores” formado desde el zedillismo para protegerse, apoyarse y “tomar por asalto” la presidencia de la República en 2012, amparados por el grupo político más fuerte, con mayor volumen de recursos y operadores electorales en el país: el grupo Atlacomulco.

Peña Nieto cobijó, protegió y fue cómplice de la mayoría de estos casos por una razón evidente: él también fue el resultado de un pacto de impunidad con su antecesor, el exgobernador Arturo Montiel, cuya aspiración a la candidatura presidencial de 2006 se estrelló con los expedientes de sus propiedades inmobiliarias, la vinculación de sus hijos con redes de corrupción y miles de millones de pesos desviados.

Montiel cumplió con dejar a Peña Nieto al frente del gobierno del Estado de México y éste nunca emprendió una investigación seria en contra de él. Sólo se cuidó mediáticamente de no aparecer más junto con su tutor y pariente en lejano grado.

Como un sexenio antes lo hiciera Montiel con otros exgobernadores priistas como Tomás Yarrington (Tamaulipas), Manuel Ángel Núñez Soto (Hidalgo), Enrique Martínez y Martínez (Coahuila), Fidel Herrera (Veracruz) y Natividad González Parás (Nuevo León), también Peña Nieto tejió su propia “red de apoyos” con los gobernadores priistas que llegaron junto con él.

La complicidad fue muy básica: a cambio del desvío de recursos para su campaña presidencial en 2012, el gobierno mexiquense de Peña Nieto apoyó e “invirtió” (por supuesto, con dinero público o triangulado) en las operaciones político-electorales de varias entidades. Una operación que se realizó frente a las narices del gobierno panista de Felipe Calderón, y que no se hizo nada para frenarla, sobre todo después de las elecciones federales de 2009 y de los comicios estatales de 2010.

Ese modelo creó a los “virreyes” o “señores feudales” de cada entidad que alcanzaron su máximo poder e impunidad durante los sexenios panistas, pero que se quebró en el peñismo. Sirvió para recuperar la presidencia de la República en 2012, pero se fue derrumbando periféricamente por las mismas razones que derivaron en sus derrotas electorales: la escandalosa impunidad y corrupción que le costará al país y a cada una de las entidades más de una década para que sean resarcidas.

DEUDAS ESTATALES, BOMBA DE TIEMPO

Ninguno de ellos operó al margen o en contra de la línea presidencial. Por el contrario, formaban parte de una red organizada para construir una contabilidad paralela, a través de una complicada e intrincada ingeniería de empresas fantasma que sirvieron para desviar miles de millones de pesos del presupuesto federal y de los estatales, así como de los impuestos; los gobernadores señalados también obtuvieron recursos de los sobornos en obras públicas. Esta colaboración entre los gobernadores se dio bajo el pretexto de “invertir” conjuntamente para ganar las elecciones federales dl 2015 y mantener al PRI en los comicios locales de cada año, en especial en los de 2016 y 2017.

En esencia, fue un permiso para el saqueo más escandaloso que ha vivido el país en los años recientes.

Los exgobernadores contaron con mecanismos de apoyo muy claros por parte de la Secretaría de Hacienda, la Sedesol, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Gobernación y hasta de la dirigencia nacional del PRI —controlada financieramente por el peñista Luis Vega—, las cuales fueron omisas ante el manejo desordenado de los recursos públicos, las licitaciones y los contratos, que involucró no sólo a los gobernadores y sus equipos de finanzas y administración (las tecnocracias estatales), sino también a empresas privadas, bancos, contadores, notarios públicos, prestanombres y contratistas que fueron sus cómplices.

Asimismo, las entidades que han sido gobernadas por estos políticos enfrentan el escandaloso panorama de las deudas estatales. Hasta 2016 ascendían oficialmente a un total de 53 mil 822 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda; pero si se agregan los mecanismos de “bursatilización”, los proyectos de prestación de servicios (PPS) y los bonos de Banobras, se elevan a más de 715 millones de pesos, es decir, 81.4% más que en 2010, de acuerdo con el reporte de Obligaciones de entidades federativas y municipios.

El Estado de México, la entidad más poblada, tan sólo en PPS tiene una deuda de 41 883 millones de pesos que, sumada a la que oficialmente reconoce la Secretaría de Hacienda, asciende a casi 90 mil millones de pesos. El gobierno de Eruviel Ávila recibió la administración con un débito de 38 mil 195 millones de pesos.

Al finalizar 2016 las seis entidades más endeudadas, según la Secretaría de Hacienda, eran Chihuahua (49 mil millones), Nuevo León (65 mil 807 millones), Coahuila (36 mil 945 millones) —siendo éste un caso escandaloso porque sólo entre 2009-2011, bajo el gobierno de Humberto Moreira, pasó de mil 562 millones a 36 mil millones, un crecimiento de más de 23 veces—, Ciudad de México (73 mil 829 millones de pesos), Veracruz (49 mil 192 millones de pesos) y Estado de México (42 mil 883 millones).

El caso de Quintana Roo también fue escandaloso porque bajo el mandato de Roberto Borge se convirtió en la entidad con la deuda per cápita más alta del país (casi 15 mil pesos por habitante) y aumentó de 10 mil 265 millones de pesos en 2010 a 22 mil 542 millones.

También el gobierno de César Duarte, en Chihuahua, incrementó de forma escandalosa la deuda, que pasó de 12 mil 547 millones, cuando tomó el poder, a casi 49 mil millones de pesos. Es la segunda deuda per cápita más alta del país: 13 mil 772 pesos por cada habitante.

Con el gobierno de Javier Duarte la deuda de Veracruz pasó de 21 mil 499 millones de pesos a 49 mil 192 millones, pero dejó un expediente de 57 mil 250 millones que se desviaron, “desaparecieron” o no se han podido comprobar, según la ASF, el órgano auditor de Veracruz y la contraloría del estado.

Un análisis elaborado en diciembre de 2016 por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias destacó que el tema de los endeudamientos estatales no afecta el equilibrio económico del país, toda vez que es de alrededor de 3.5% del PIB, según la Secretaría de Hacienda. Sería correcto, añade el estudio, “si el endeudamiento estatal no registrado ante la SHCP, con o sin garantía de participaciones federales, fuera controlado y legal”. El último análisis de la ASF reportó que el endeudamiento registrado es de 529 mil 719 millones de pesos en el primer semestre de 2016, pero si se le agrega el de los “otros pasivos”, aumenta 50 mil millones hasta dar una cantidad superior a los 586 mil millones de pesos.

“En estos datos no figuran los pasivos correspondientes a los contenidos en fideicomisos ‘privados’ en los estados, cuyo pago está garantizado por impuestos locales”, advierte el Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Hay pasivos que comprometen ingresos futuros por más de 20 años “y no sabemos a ciencia cierta a cuánto ascienden en total”. Por lo tanto, el aumento del endeudamiento municipal y estatal se incrementa con las figuras jurídicas de los PPS o las asociaciones-público privadas (APP), creación de los tecnócratas que controlaron las secretarías de Finanzas de cada una de estas entidades y luego las gobernaron, como fueron los casos de Enrique Peña, Javier Duarte o Roberto Borge.

Asimismo, el Centro Espinosa Yglesias señala en este análisis que en al menos 10 estados de la República (Durango, Sonora, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas y Puebla) la consultora Protego —hoy Evercore Partners—, creada por Pedro Aspe Armella y donde comenzó Luis Videgaray hasta ascender a cabeza del equipo de la tecnocracia peñista, “realizó transacciones y en algunos de ellos participó en la ingeniería jurídica y financiera”.

Evercore Partners México obtiene una parte significativa de sus ingresos de la asesoría que provee a gobiernos estatales y municipales; por lo tanto, su función no es desaparecer la deuda, sino que ésta se multiplique, se bursatilice y se vuelva financieramente más compleja, porque viven de esa asesoría. Ellos crean el problema y “lo administran”.

Uno de los casos más graves de “maquillaje” de la deuda pública es Puebla, gobernada por Rafael Moreno Valle, quien aspiró a ser candidato presidencial del PAN y dejó como gobernador a un incondicional —Antonio Gali—, y promueve a su propia esposa como candidata para la gubernatura en 2018, Martha Erika Alonso. El “embellecimiento” de Puebla y las obras faraónicas del gobierno de Moreno Valle se hicieron a costa del sobreendeudamiento del erario estatal.

Tan sólo el fideicomiso F/0144 de Puebla, cuyo fiduciario es Evercore, se alimenta de los impuestos a la nómina. Según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, este fideicomiso alcanza los 22 mil 554 millones de pesos, a pagarse en los próximos 25 años. No están contemplados en los pasivos totales que reportó la ASF de 24 mil 655 millones de pesos. Si se suman las deudas “prorrogadas” de este fideicomiso, la deuda total de Puebla alcanza los 47 mil 209 millones de pesos.

Al endeudamiento descontrolado y “asesorado” por uno de los representantes más importantes de la élite tecnocrática (Pedro Aspe) se suma el robo o el desvío de recursos. El caso de Veracruz se volvió emblemático. El periodista Arturo Ángel, en su libro Duarte, el priista perfecto, aporta estos datos para dimensionar el tamaño del atraco en esta entidad:

Es como si durante los casi seis años en que Duarte gobernó Veracruz hubieran desaparecido 18 mil 665 pesos… por minuto. O bien, aproximadamente 311 pesos por segundo.

En palabras del titular de la ASF, Juan Manuel Portal, se trata de un fraude con recursos públicos ‘nunca antes visto’”.²

Los esquemas fraudulentos son muy similares, sobre todo en los casos de Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz. Estas tres entidades coinciden en un manejo intensivo de una complicada y extensa red de empresas fantasma interconectadas en muchos casos (como sucedió entre Veracruz y Quintana Roo). También en la administración de impuestos locales sorprende la avidez de los Duarte y Borge para quedarse con el impuesto sobre nómina (casos de Chihuahua y Veracruz) o con el impuesto al hospedaje (caso Quintana Roo).

César Duarte, en Chihuahua, prácticamente “le entró a todo” mecanismo de desvío de recursos y enriquecimiento inexplicable: creó una unión ganadera, fue accionista de un banco, compró ranchos “por las buenas y por las malas”, creó compañías farmacéuticas, su hijo fue socio de constructoras en obras públicas en Quintana Roo y se dio tiempo también para lograr que el gobierno de Peña Nieto le permitiera “bursatilizar” 6 mil millones de un total de 15 mil millones de pesos del pago de las concesiones de las carreteras.

El nivel de despilfarro, atraco y discrecionalidad en el manejo de estos recursos públicos no fue resultado de la casualidad, sino de razones mafiosas que generaron una red de complicidades e impunidad. Como explicamos en el capítulo III, el nudo gordiano de la corrupción en las entidades se encuentra en la triangulación de fondos para las operaciones electorales a favor del PRI.

OPERACIÓN ZAFIRO

La primera noticia que se tuvo de una Operación Zafiro —nombre clave para denominar el acarreo y la compra de votos en las elecciones federales de 2015— se produjo en las redes sociales. Por ejemplo, en Oaxaca se documentó en varias páginas de Facebook que había operadores entregando documentos con simpatizantes del PRI y lugares donde retuvieron credenciales de elector y se realizó la compra de votos durante la elección.

El columnista Roberto Zamarripa publicó en el diario Reforma, el 27 de junio de 2016, que durante la jornada para elegir a 12 gobernadores surgió este fenómeno:

Los votantes llegaron. A borbotones. Hileras de personajes identificados. Nombre, dirección, número de credencial de elector, santo y seña. Ya votó fulano, ya votó perengano.

La denominaron Operación Zafiro. Un operativo aplicado en 2015 y replicado en 2016. Pero a la hora del conteo de votos, las camisas rojas comenzaron a desteñirse. El PRI movilizó el 5 de junio votantes para que sufragaran en su contra. Los cautivos se rebelaron.

Los jefes del priismo y del gobierno incubaron desde adentro su derrota electoral y nunca se dieron cuenta. Humillaron a los suyos en espera de que el maltrato acarrearía obediencia. Al ver los resultados desastrosos tomaron venganza de sus detractores. A los empresarios descontentos con el atole con el dedo que se había convertido la Ley 3 de 3, les endilgaron una reforma legislativa que los obligaba a dar cuentas más allá de las exigencias para los políticos.³

La derrota del PRI en siete entidades en 2016 fue un duro golpe, quizá el más duro para la administración de Peña Nieto a nivel político. No se lo esperaban. No lo calcularon. Perdieron el sentido y el pulso de la realidad en las urnas, incluyendo el de su propia estrategia de compra y acarreo de votantes, la práctica priista más elaborada y aceitada por décadas.

Perdieron en las entidades donde estaban los gobernadores que Peña Nieto presumió como los representantes de la “nueva generación del PRI” en 2012: Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y César Duarte (Chihuahua), los tres que formaron parte de un triángulo de operadores y de gobernantes descarados con el uso y abuso de los recursos públicos.

La renuncia anticipada de Javier Duarte en Veracruz se buscó antes de los comicios de junio de 2016. El entonces dirigente nacional del PRI —Manlio Fabio Beltrones— casi la dio por un hecho. Desde la Secretaría de Gobernación frenaron la posibilidad de que Javier Duarte, famoso ya a nivel nacional por el desastre financiero y social de su desgobierno, se retirara antes de las elecciones y se “salvara” Veracruz del triunfo de Miguel Ángel Yunes, otro expriista, pero reconvertido en panista.

Fueron inútiles los esfuerzos. Las derrotas del PRI en las entidades fueron tan brutales como sospechosas: perdieron en Tamaulipas y Durango, entidades que nunca habían vivido ni siquiera una “alternancia bipartidista” disfrazada, así como Aguascalientes, que ya había sido gobernada antes por el PAN. El PRI recuperó las gubernaturas de Oaxaca y Sinaloa, a costa de dos malos gobiernos de coalición opositora, pero no pudieron recuperar Puebla, y mantuvieron el gobierno de la entidad en Hidalgo y Tlaxcala.

La Operación Zafiro falló. Alguien, o varios, robaron de más cuantiosos recursos que se desviaron desde la Secretaría de Hacienda, a través de las entidades, para la compra, acarreo e inducción del voto. Quien cobró la factura de esta mala estrategia fue el propio dirigente nacional del PRI en ese momento, quien nunca perteneció al primer círculo de Peña Nieto y mantuvo su rivalidad política con los dos principales “jefes” y aspirantes a la nominación de 2018: Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong.

Dos años después, en diciembre de 2017, y 13 meses después de la primera de 10 acusaciones en contra del exgobernador de Chihuahua César Duarte, la Operación Zafiro, o la extensa operación de red de triangulación financiera, volvió a aparecer con la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, operador de Manlio Fabio Beltrones en la dirigencia nacional del PRI.

La detención de Gutiérrez Gutiérrez, acaudalado político-empresario de Coahuila, fue el resultado de una investigación en el seno de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, en el gobierno del panista Javier Corral Jurado (2016-2021), quien se comprometió desde su campaña a encarcelar a César Duarte, acusado no sólo de desvío de fondos públicos, sino de haberse enriquecido al crear un banco (Unión Progreso) acorde con sus intereses y bajo la protección de la Secretaría de Hacienda.

Las acusaciones contra el responsable de la Operación (o proyecto) Zafiro en el PRI durante la dirigencia de Manlio Fabio Beltrones tenían su origen en los documentos y testimonios recabados por el exsecretario de Hacienda de César Duarte, Jaime Ramón Herrera Corral, quien señaló a Gutiérrez como el ingeniero financiero para desviar más de 250 millones de pesos en 2015.

“Gutiérrez comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que, a través de tres estados, siendo éstos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas y requerían recursos”, afirmó Herrera Corral en su declaración ampliada.

Si en Chihuahua el presunto desvío fue de al menos 250 millones de pesos, en Veracruz —con Javier Duarte— más de 200 millones de pesos del erario federal y estatal se destinaron a la promoción del voto a nivel nacional.

Así se observó en un video, presuntamente “filtrado” por alguien de la administración veracruzana en 2017, en el que se observa a Javier Duarte, en el salón Yanga de Casa Veracruz, departiendo con Alejandro Gutiérrez —el mismo operador de Beltrones— y el exgobernador de Oaxaca José Murat, exasesor del gobierno de Duarte. Se presume que la fecha de grabación de este video fue entre el 2 de marzo y el 25 de abril de 2016, antes de los comicios estatales.

En ese video, relatado por el periodista Édgar Hernández en el sitio digital Libertad Bajo Palabra, se escucha la voz de Duarte ofreciendo un apoyo de “cerca” de 200 millones de pesos en efectivo, en maletas entregadas durante ese convivio. El video fue grabado por el entonces poderoso secretario de Seguridad Pública de Duarte, Arturo Bermúdez, detenido tras la huida del exgobernador priista.

También la misma cantidad (200 millones de pesos) forma parte del expediente que la FEPADE abrió desde junio de 2016 contra el exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge.

La historia de esta denuncia se originó cuando en las oficinas del CEN del PRD se recibieron nueve copias simples de igual número de recibos por un total de 201 millones de pesos, que le entregó la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno de Borge al entonces candidato priista a gobernador Mauricio Góngora Escalante.

La secuencia de las firmas de recibido fue la siguiente: 7 de marzo de 2016, la dependencia expidió un recibo por 50 millones de pesos; 11 días después, otro por 35 millones de pesos; 31 de marzo, otro por 20 millones; 8 de abril, por 20 millones; 14 de abril, por 30 millones; 18 de abril, por 8 millones de pesos; 22 del mismo mes, otro por 5 millones; 28 de abril, uno más por 22 millones de pesos, y el 6 de mayo se registró el último por 11 millones de pesos.

El PRD no sólo entregó copias a la FEPADE de estos recibos, sino también originales a la delegación de la PGR en Quintana Roo desde el 25 de mayo de 2017, según consta en el expediente del caso. El INE pasó por alto el ingreso de más de 200 millones de pesos en la campaña del aspirante priista a gobernador, lo que implicaría el rebase de tope de gastos.

El 31 de agosto de 2017 el perito en grafoscopía Óscar Godoy González analizó las firmas de Góngora Escalante y concluyó que “por su origen gráfico, sí corresponden por su ejecución” al excandidato priista a la gubernatura.

Borge fue extraditado a México en enero de 2018, pero la PGR no integró, entre las acusaciones en su contra, el delito de peculado electoral por 201 millones de pesos. Se concentró en el tema de los 22 predios que fueron vendidos de manera irregular por el gobierno de Borge a familiares y prestanombres, que generó un quebranto a la entidad por 900 millones de pesos.

La Operación Zafiro extendió sus tentáculos en Coahuila, Puebla, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit y Aguascalientes, entidades que también tuvieron elecciones en 2016.

La investigación que se desarrolla en Chihuahua durante los últimos 15 meses es el hilo conductor más delicado. De acuerdo con exfuncionarios del gobierno de César Duarte detenidos y procesados por la Fiscalía General de Chihuahua, en el manejo ilegal de esos recursos participaron tanto el dirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones como funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del SAT.

El empresario Alejandro Gutiérrez fue el responsable de conseguir cinco empresas para la operación de desvío de fondos. Según el testimonio del exsecretario de Hacienda de Duarte —Herrera Corral—, pero también del exsecretario de Educación de Chihuahua —Ricardo Yáñez Herrera—, el exgobernador y el exdirigente nacional del PRI se coludieron para desviar 250 millones de pesos de las arcas estatales al partido gobernante. Fue Yáñez Herrera quien mencionó que el mismo esquema se utilizó en otras entidades como Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Durango y Sinaloa.

A través de la Secretaría de Educación local se firmaron contratos con empresas como Servicios y Asesorías Samex, Servicios y Asesorías Sinax, Servicios y Asesorías Sissas y Despachos de Profesionistas Futura. Todas ellas eran empresas ficticias, pero también la Auditoría Superior del estado utilizó a la compañía Kepler Solution, del empresario Germain Lezama, para desviar 120 millones de pesos.⁴

Otros conocedores de la llamada Operación Zafiro comentan que ésta tenía como premisa principal crear microrregiones para controlar el mayor número de votantes. Este proyecto sustituyó los mecanismos tradicionales del PRI, conocidos como “diez de diez”, para conseguir votantes.

La Operación Zafiro no funcionó y se perdieron varias entidades frente a adversarios políticos del peñismo (como Javier Corral) o expriistas que pudieron entrar a la negociación después de chantajear a Los Pinos (como el caso de Miguel Ángel Yunes). Algunos expertos han responsabilizado a integrantes del equipo de Beltrones, como Canek Vázquez y Manuel Añorve, de las fallas en esta operación. Otros hablan de una “traición” desde el gabinete de Peña Nieto y apuntan sus baterías al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, adversario político de Beltrones.

Desde otro ángulo, se responsabiliza a Luis Videgaray y a su propio sucesor en la Secretaría de Hacienda —José Antonio Meade— de ser los responsables del fracaso de esta ambiciosa operación de triangulación financiera. El verdadero poder de control sobre las entidades ha sido el “presidencialismo hacendario”, que durante el gobierno de Peña Nieto alcanzó su máximo nivel de operación.

Como si esperaran la confirmación de este nivel de colusión, el propio gobernador panista de Chihuahua Javier Corral sorprendió a la clase política gobernante, al inicio de 2018, con una denuncia que llegó al corazón de la operación financiera de las entidades.

LA BATALLA DE CHIHUAHUA

Tras la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, empresario y operador del primer círculo del exdirigente priista Manlio Fabio Beltrones, las luces de alarma se prendieron en el gabinete de Enrique Peña Nieto, y especialmente en la Secretaría de Hacienda, con José Antonio González Anaya al frente.

El gobierno de Corral había detenido ya a 14 personas por presuntos desvíos de recursos públicos durante la administración de César Duarte. De ellas, ocho son exfuncionarios estatales, tres empresarios, uno exdiputado de Movimiento Ciudadano y dos directores del CEN del PRI. Todos son acusados por los delitos de peculado agravado, y cinco han sido sentenciados y nueve enfrentan aún el proceso.

Entre los principales sentenciados está el exsecretario de Educación de Chihuahua, Ricardo Yáñez, a cuatro años de prisión por el delito de peculado agravado sin derecho a libertad condicional. Es el único sentenciado, hasta ahora, por participar en el desvío de 246 millones de pesos para las campañas del PRI, procedentes de la Secretaría de Hacienda.

El jueves 11 de enero el periódico Reforma publicó que la Fiscalía General de Chihuahua investiga a altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, como Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de esa dependencia. Según varios acusados, Gamboa Lozano fue el responsable de redactar los convenios para otorgar 250 millones de pesos, en enero de 2016, para el ramo de “fortalecimiento financiero” del gobierno de César Duarte.

Gamboa Lozano fue uno de los coordinadores del equipo de transición de Enrique Peña Nieto tras el triunfo electoral en 2012 y recibió uno de los salarios más altos, junto con José Ángel Mejía Martínez del Campo (65 mil pesos al mes), por simplemente recopilar, analizar y clasificar datos e información.

Desde la llegada del gobierno peñista y bajo las órdenes de Luis Videgaray, Gamboa Lozano fue el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal. A su vez, Mejía Martínez del Campo fue el titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño de la misma secretaría, es decir, el encargado de vigilar a Gamboa Lozano.

Videgaray mandó a Gamboa Lozano como su representante a varios eventos con gobernadores. En abril de 2014, por ejemplo, acudió a certificar los trabajos realizados por el entonces gobernador priista de Colima Mario Anguiano Moreno, inhabilitado por el propio Congreso del estado para ocupar cargos públicos durante más de dos décadas por desvío de fondos públicos.

Este mismo personaje estuvo presente en la reunión que sostuvo el gobernador Javier Corral y su equipo con las autoridades de la Secretaría de Hacienda, el 5 de enero de 2018, para informarle que no se le darían los 780 millones de pesos acordados previamente, como consecuencia de la indagatoria que lleva a cabo la Fiscalía General de Chihuahua.

En una conferencia de prensa inusual, realizada el lunes 8 de enero, Corral dio a conocer esta presión de la Secretaría de Hacienda. Calificó como “gravísimo” confirmar que esta dependencia es “un instrumento de control político frente a los gobernadores —al menos de éste que les habla— con motivo de una investigación que persigue la corrupción y la impunidad, porque así fue planteado”.

Corral narró que el jueves 4 de enero acudió a una reunión en Palacio Nacional, donde estuvieron presentes los principales funcionarios de Hacienda, los cuales formaron parte del equipo de Videgaray y Meade: Miguel Messmacher —subsecretario de Ingresos—, el procurador fiscal Max Diener y el propio Gamboa Lozano.

Este funcionario y Messmacher le aclararon a Corral que la investigación por peculado que la Fiscalía General de Chihuahua llevaba a cabo ponía “en entredicho” el mecanismo de transferencia de los recursos, por lo cual tomaron la decisión de “incumplir de modo unilateral” la entrega de los recursos establecidos en los convenios de diciembre de 2017.

“Lo que inmediatamente señalé es que nosotros no íbamos a intercambiar el conocimiento privilegiado de investigaciones del Ministerio Público por una disposición de recursos que pertenece al estado de Chihuahua y que daríamos la batalla. No vamos a permitir que se atente contra el pueblo de Chihuahua porque el gobierno combate la corrupción”, sentenció Corral.

En su conferencia, en la Ciudad de México, Corral estuvo acompañado por varios dirigentes y senadores del PAN y del PRD, pero también por personajes como el extitular de la FEPADE —Santiago Nieto Castillo— o la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción —Jacqueline Peschard—, quien avaló en ese momento la denuncia de Corral.

Ese mismo día se confirmó que el exdirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones había solicitado un amparo para acceder al expediente de la fiscalía chihuahuense y enterarse de una posible orden de aprehensión en su contra. Era la primera vez en su larga trayectoria política que el político sonorense hacía público un amparo, algo que ni siquiera en los momentos más álgidos de su disputa con el expresidente Ernesto Zedillo había ocurrido.

Del lado de Hacienda la respuesta fue la descalificación a la denuncia de Corral, aunque admitió que, efectivamente, no se le entregaron los 780 millones de cuatro convenios firmados en diciembre pasado, antes de que se detuviera a Gutiérrez Gutiérrez.

La otra respuesta vino del lado de la precampaña de José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda. Tanto él como su coordinador Aurelio Nuño acusaron a Corral de haber “torturado” a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez para aceptar que trianguló recursos.

“Es alarmante e inadmisible que Corral recurra a la tortura para incidir en la elección, peor aún es que su jefe (Ricardo) Anaya lo permita”, lanzó Nuño. La acusación fue tan desproporcionada y sin sustento que ni siquiera los priistas de Chihuahua la replicaron.

El propio presidente Enrique Peña Nieto se subió al pleito. En declaraciones improvisadas en el hangar presidencial, Peña acusó a Corral de encabezar un “acto político” y negó que existiera tal presión por parte de su gobierno. No respondió a la exigencia de extradición de César Duarte, el único exgobernador priista que no ha sido detenido ni se le ha solicitado a Estados Unidos su extradición, a pesar de contar con más de 11 órdenes de aprehensión y un expediente en su contra, elaborado por la FEPADE durante la gestión de Santiago Nieto Castillo.

La tensión entre el gobierno de Chihuahua y la administración peñista ha ido creciendo desde entonces, y la reacción de la tecnocracia de la Secretaría de Hacienda ha sido unir filas y emprender una costosa campaña en medios impresos y electrónicos para minimizar el impacto de la denuncia y de las movilizaciones convocadas por el propio Corral. Incluso, la campaña ha sido más costosa que los 780 millones de pesos que negó depositarle a la entidad norteña.

El jueves 11 de enero el titular de Hacienda José Antonio González Anaya contraatacó afirmando que Corral debía aclarar el destino de 4 mil millones de pesos “adicionales” con los que contó en 2017, de los cuales la mitad correspondieron a una transferencia federal y los otros a endeudamientos.

El domingo 14 de enero, en un acto masivo en Chihuahua, Corral anunció una serie de movilizaciones hacia la Ciudad de México y Estados Unidos para lograr la entrega de los recursos.

“Exigimos al presidente Peña Nieto, al secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, que se respeten y se nos transfieran de inmediato los recursos convenidos para el saneamiento financiero de Chihuahua, toda vez que ha quedado acreditado que no es un tema de disponibilidad de recursos”, afirmó.

También convirtió en causa política la extradición de César Duarte: “Recuerden que ése es el origen de todo este problema. Ése es el verdadero origen y es el corazón de la batalla. Lo de Hacienda es sólo una represión por eso”, arengó ante más de 50 mil asistentes que portaban pancartas con la demanda “Justicia para Chihuahua”.

Corral anunció que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte, con base en el artículo 105 constitucional.

Ese mismo día la subsecretaria de Hacienda Vanessa Rubio salió en conferencia de prensa, junto con el subsecretario de Egresos Fernando Galindo Favela, a reiterar que no le harían el depósito al gobierno de Corral. Rubio, colaboradora cercana a Meade, acusó al político panista de querer “extorsionar” a la dependencia.

De manera simultánea, el equipo de Meade acusó a Corral de ser el responsable del alza de la violencia en Chihuahua y afirmó que desde 1979 —fecha del ascenso del primer núcleo de tecnócratas neoliberales al interior del gobierno de López Portillo— existe un pacto federal basado en el “rigor y la verdad” para calcular y realizar la asignación de los recursos federales a los estados.

El episodio abrió un flanco de batalla inesperado, en plena precampaña electoral, que ha puesto otra vez la atención en los expedientes de los exgobernadores priistas y, sobre todo, en la corresponsabilidad de la Secretaría de Hacienda y el equipo de tecnócratas que la encabezaron en los desfalcos millonarios del erario.

El nivel de indignación y de respuesta de la Secretaría de Hacienda en contra de Corral nunca se vio durante los seis años de malversaciones de Javier Duarte y Roberto Borge en Veracruz y Quintana Roo, por mencionar dos ejemplos.

El titular de la ASF Juan Manuel Portal afirmó que el nivel de desvíos del gobierno de Javier Duarte podría alcanzar los 60 mil millones de pesos, mientras la PGR sólo lo investigó por presunto desvío de 233 millones de pesos mediante su intrincada red de empresas fantasma.

Portal afirmó que en la revisión de las cuentas públicas de 2012 a 2015 encontraron desvíos millonarios en las áreas de salud, seguridad infraestructura. Interpuso 64 denuncias penales contra el gobierno de Veracruz por las irregularidades detectadas, todas durante el periodo de Duarte.

En vísperas de la llegada de la Caravana por la Dignidad a la Ciudad de México, el sábado 3 de febrero, de manera sorpresiva el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, apareció en una conferencia de prensa con el secretario de Gobernación recién nombrado, Alfonso Navarrete Prida, para dar a conocer un acuerdo entre la entidad y el gobierno federal.

En esencia, el acuerdo compromete a la Secretaría de Hacienda a darle a Chihuahua 900 millones de pesos faltantes de los convenios firmados, a cambio de que el gobierno de Javier Corral no interpusiera ante la Suprema Corte de Justicia una controversia sobre la discrecionalidad de la distribución de los presupuestos federales.

El gobierno de Peña Nieto se comprometió a realizar los trámites de extradición de César Duarte, a cambio de que el gobierno de Corral Jurado aceptara el traslado de Alejandro Gutiérrez a otro penal de competencia federal.

El acuerdo fue promovido por la administración de Corral como una “gran victoria” de la movilización y de la batalla emprendida por su gobierno. Los más críticos del mandatario panista no lo vieron así. Cuestionaron que cayó en lo mismo que criticaba: activar un nuevo “pacto de impunidad”. Sus simpatizantes disminuyeron notablemente tras el anticlimático acuerdo en Gobernación.

La precampaña de Ricardo Anaya no volvió a mencionar el tema de Chihuahua. Tampoco el aspirante priista, José Antonio Meade, volvió a mencionar la presunta “tortura” de Alejandro Gutiérrez, el operador priista. Y el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, descalificó el arreglo de Corral como una “faramalla”.

Lo único cierto es que la trama de la Operación Zafiro quedó suspendida por el momento. Y sus tentáculos demostraron lo delicado que se había convertido el presunto desvío de fondos de la Secretaría de Hacienda hacia las elecciones estatales.

LOS ZETAS DEL PRI

Si los casos de Duarte y Roberto Borge son delicados, no menos graves son las investigaciones que desde Estados Unidos se emprendieron a finales del sexenio de Felipe Calderón en contra de los gobernadores de Tamaulipas y Coahuila, en especial Tomás Yarrington, su sucesor Eugenio Hernández y los hermanos Moreira.

El caso más delicado —y silenciado— es el de Tomás Yarrington, quizá el ejemplo más cercano a un narcogobernador. Desde 2002 el FBI y la DEA lo señalaron por sus vínculos con el jefe del cártel del Golfo Osiel Cárdenas. En 2004 José Luis Santiago Vasconcelos —extitular de la SIEDO— dijo que estaba siendo investigado por encabezar una red de 300 funcionarios, empresarios y políticos que encubrían al cártel dominante. Y en enero de 2012, en plena precampaña presidencial del PRI, la PGR del gobierno de Felipe Calderón afirmó en un comunicado de prensa que tres exgobernadores de Tamaulipas eran investigados por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Se trataba de Manuel Cavazos Lerma, actual senador del PRI y gobernador entre 1993 y 1999; Tomás Yarrington, exalcalde de Matamoros y gobernador de 1999 a 2005, y quien le dejó la estafeta al tercer acusado: Eugenio Hernández, mandatario de 2005 a 2010.

La información de la PGR se divulgó tres días antes de que Enrique Peña Nieto visitara Tamaulipas como precandidato único del PRI. “Es sospechoso y sintomático que en pleno proceso electoral de nuestro partido aparezca este tipo de información que tiene aroma inocultable de guerra sucia”, afirmó en ese momento Cavazos Lerma.

El 11 de febrero de 2012 una nueva información proveniente de la DEA acusó a Yarrington ante una corte de Texas de recibir sobornos tanto del cártel del Golfo como de los Zetas, el grupo que surgió del desprendimiento del cuerpo paramilitar de Osiel Cárdenas. Asimismo, Peña Nieto dijo que era “sospechoso” que surgiera “una filtración en plena campaña electoral”. En rueda de prensa, el aspirante presidencial priista acusó al gobierno de Felipe Calderón de planear una “campaña para desprestigiar al partido”.

Fue hasta el 23 de mayo de ese mismo año cuando el jefe de campaña peñista, Luis Videgaray, admitió que no iban a “defender a alguien que esté en esta inexplicable situación. Le pedimos al señor Yarrington que comparezca ante la justicia y que aclare lo que tenga que aclarar”.

Videgaray no mencionó a los otros exgobernadores y menos a Baltazar Hinojosa Ochoa, ex alcalde de Matamoros —la misma ciudad que gobernó Yarrington— y exsecretario de Desarrollo Social y de Educación y Cultura durante la administración del implicado por la DEA. Los padres de Hinojosa Ochoa son primos hermanos de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario consentido durante los gobiernos estatales y federal de Peña Nieto. La conexión tamaulipeca llega directamente al Grupo Higa y a la Casa Blanca.

En ese momento Baltazar Hinojosa era el responsable de la primera circunscripción electoral de la campaña presidencial de Peña Nieto, que abarcaba los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit. Ahí ganó Peña Nieto como candidato presidencial.

Otro personaje del entorno de Yarrington que estuvo muy cerca de la operación de la campaña presidencial de Peña Nieto fue el exfuncionario del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu), Pablo Zárate Juárez. Este personaje se desempeñó como director de la Policía Municipal de Atizapán, Estado de México (1991-1993), luego fue el responsable de la policía municipal en Matamoros —cuando Yarrington fue alcalde—, después retornó a los territorios mexiquenses como director de Administración de Luis Felipe Puente Espinosa, exsecretario de Transporte en el gobierno estatal de Peña Nieto y luego director de Protección Civil nacional en el gobierno federal.

Zárate Juárez fue el encargado de la organización y logística de los actos de campaña de Peña Nieto en 2012, en Tamaulipas.

Baltazar Hinojosa, al igual que Yarrington, ya era investigado por la SIEDO cuando se vinculó al grupo peñista. Un testigo protegido delató que entre 2005 y 2007 el cártel del Golfo pagó sobornos a varios funcionarios estatales y municipales de Tamaulipas, incluyendo al entonces edil de Matamoros.

En su libro Los incómodos, el periodista Ricardo Ravelo perfiló así la cercanía de Hinojosa Ochoa con Yarrington y Peña Nieto:

La relación de Hinojosa Ochoa y Tomás Yarrington fue muy estrecha. Se le consideró una pieza del clan. No es gratuito que por esa razón el testigo protegido con clave Óscar refiera en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDOS/012/2009 que Hinojosa Ochoa era uno de los receptores de dinero del narcotráfico para financiar, en 1999, la campaña de Tomás Yarrington a la gubernatura de Tamaulipas.

La cercanía de Hinojosa y Yarrington llevó al primero a seguir los pasos de su amigo: fue alcalde de Matamoros, igual que Yarrington, y también aprendió a invertir sus ganancias legales o ilegales, en fastuosas propiedades. A Hinojosa se le atribuye la propiedad de un rancho en el Fraccionamiento Río, justamente en el mismo sitio donde en 2012 agentes federales catearon una propiedad del ex gobernador (Yarrington) cuando se le investigaba y perseguía por sus vínculos con los cárteles del Golfo y de los Zetas.

Arropado por el selecto círculo de Peña Nieto, al entonces candidato presidencial priista no le importó que Hinojosa Ochoa estuviera bajo investigación de la PGR desde 2009 por sus presuntos vínculos con el crimen organizado […]

Como secretario de Hacienda, a Luis Videgaray tampoco le importó el sucio expediente de Hinojosa: lo nombró director del programa Aserca, órgano desconcentrado de la Sagarpa.⁵

Otro testigo protegido de la DEA, José Salvador Puga Quintanilla, apodado el Pitufo, relató la conexión entre Yarrington, su sucesor Eugenio Hernández Flores —exalcalde de Ciudad Victoria— y también de Ricardo Gamundi Rosas, expresidente estatal del PRI en Tamaulipas y colaborador en el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila. A pesar de sus antecedentes y de ser investigado también, Gamundi Rosas fue uno de los operadores electorales del peñismo y del PRI en las elecciones de 2015 en Sonora, gubernatura que ganó Claudia Pavlovich, y en Colima, donde apoyó a Ignacio Peralta, uno de los amigos y más cercanos colaboradores de Luis Videgaray.

Además de estos personajes, el Pitufo señaló al principal prestanombres de Yarrington, Fernando Alejandro Cano Martínez. El testigo protegido de la DEA relató que hubo una reunión en la casa de Alí Rodolfo Lara Nájera, hombre de confianza de Yarrington. En ese cónclave acordaron transportar del municipio de Valle Hermoso a Ciudad Victoria un total de 25 millones de dólares ocultos en 10 maletas, aportadas por Heriberto Lazcano Lazcano, el principal jefe y fundador de Los Zetas.

Otro testigo estelar para la DEA es el empresario Antonio Peña Argüelles, enlace de Yarrington con el narco, quien huyó a Estados Unidos tras una amenaza de los Zetas recibida en 2010. Le exigieron que devolviera los 10 millones de dólares que se había robado y lo acusaron de haber ejecutado a Rodolfo Torre Cantú, el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas.

Con las declaraciones de Peña Argüelles, la DEA armó “el verdadero rompecabezas criminal de Tamaulipas, lo que dio origen a una amplia investigación internacional en contra de Yarrington”, destaca Ricardo Ravelo en el perfil del exmandatario tamaulipeco.⁶

También este empresario —condenado por la corte de San Antonio, Texas, a una pena de 30 meses y a pagar 5.5 millones de dólares— relató que entre 2007 y 2009 Tomás Yarrington acordó con los representantes del cártel del Golfo y los hermanos Beltrán Leyva organizar los cargamentos de cocaína que arribaban al puerto de Veracruz, a cambio de un porcentaje de las ganancias.

Los vínculos entre Tamaulipas y el Estado de México son políticos, empresariales y criminales, desde la época de Alfredo del Mazo González (1981-1986) como gobernador priista.

En 1982 el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú —tío de Baltasar Hinojosa Ochoa— creó en Toluca la empresa Constructora Teya, la primera de una red de varias compañías que comenzaron a recibir contratos del gobierno de Del Mazo. Aunque antes hizo trabajos de serigrafía a través de Publicidad y Artículos Creativos, S. A. (PACSA). Además de Constructora Teya, fundó Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, S. A. (MAACSA), Señales de Mantenimiento, S. A. (Semsa), y todas las filiales las agrupó en el Grupo Higa, nombre formado con las primeras dos letras de los apellidos de su hijo Juan Armando Hinojosa García, amigo personal de Peña Nieto.

El gran salto empresarial de Hinojosa Cantú ocurrió el 13 de julio de 2000, cuando donó 406 mil 940 pesos para apoyar al PRI en la campaña presidencial. El gobierno de Arturo Montiel (1999-2005) incorporó a Grupo Higa al grupo de 49 constructoras que recibieron las licitaciones más importantes para la obra pública durante esa administración.

En paralelo, Montiel y Yarrington, junto con otros gobernadores y el exsenador priista Enrique Jackson, crearon lo que públicamente se conoció como el Tucom (Todos Unidos contra Madrazo). Montiel se bajó de la contienda por la candidatura del PRI, pero Yarrington continuó apoyando a su delfín: Enrique Peña Nieto.

El 10 de junio de 2005 Yarrington acudió al Estado de México a apoyar a Peña Nieto y anunció que el Tucom, o Grupo de Unidad Democrática, realizaría foros temáticos para conocer las “principales propuestas de su agenda nacional”. Se tomó fotos con Peña Nieto; en especial destaca una en la que ambos están conduciendo un automóvil. Esa foto se difundió ampliamente en redes sociales a raíz de la detención de Yarrington en Italia.

La bonanza del Grupo Higa vino con el gobierno estatal de Peña Nieto. En 2006 creó la empresa Eolo Plus para la renta de aeronaves privadas, en sociedad con David Peñaloza —de Grupo Tribasa— y Carlos Hank Rhon —de Grupo Hermes—, los otros grandes beneficiarios de la obra pública en el peñismo, junto con la española OHL.

Eolo Plus tuvo otros clientes importantes: en 2007 firmó dos contratos con el gobierno de Fidel Herrera, en Veracruz, para “transportar a funcionarios”. La hija de Fidel Herrera, Rosa Herrera Borunda, contrajo matrimonio con Juan Armando Hinojosa García, el heredero del emporio Grupo Higa.

Tan sólo durante la administración de Peña Nieto en el Estado de México, se calcula que Grupo Higa recibió 80 mil millones de pesos bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP), según los registros de Compranet.

La tragedia de la familia Hinojosa ocurrió el 28 de julio de 2012, después de la victoria de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales. El helicóptero Augusta 109, matrícula XA-UQH, en el que viajaba su amigo y heredero de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa García, se desplomó en los límites de los municipios de Jiquipilco y Villa del Carbón. Los tres ocupantes murieron. La torre de control del aeropuerto de Toluca informó que se había perdido comunicación con la aeronave a los 60 minutos de haber despegado de la hacienda Cantalagua. Ahí acababan de celebrar el cumpleaños 46 de Peña Nieto. Hinojosa García había acudido a esa fiesta privada y se retiró alrededor de las 23 horas.

El accidente conmocionó a la red política y empresarial de Peña Nieto. Ocurrió días después de que el nombre del dueño de Grupo Higa apareciera en un “fondo financiero para la campaña presidencial”, en el que participaron también OHL y Grupo de Abogados Profesionales (GAP), de Gabino Fraga Mouret, el mismo personaje implicado en el Monexgate.⁷

Nadie se refirió, al día siguiente de la tragedia, a otro dato fundamental: la conexión entre Hinojosa Cantú y el poder en Tamaulipas. El nombre de Grupo Higa se mencionó también como parte de las investigaciones en contra de Pablo Zárate Juárez, el exdirector del ITAVU y exfuncionario policiaco en Atizapán, a quien la DEA volvió a señalar como presunto prestanombres de Tomás Yarrington.

Zárate Juárez está prófugo desde marzo de 2015. Es uno de los socios de Hinojosa Cantú en Grupo Higa. Su nombre volvió a aparecer a raíz de la detención de Tomás Yarrington, el 9 de abril de 2017, en la ciudad italiana de Florencia.

Desde Italia, donde espera para ser extraditado, los secretos que mantiene Tomás Yarrington sobre la relación del crimen organizado con Tamaulipas, pero también con Coahuila, Veracruz y, sobre todo, el Estado de México, pueden constituir una bomba de tiempo tanto o más delicada que las deudas estatales “maquilladas” por la tecnocracia.

Sin duda, la presión más importante para extraditarlo a Estados Unidos proviene del propio gobierno de Donald Trump y agencias como la DEA. Se trata de una investigación multinacional que abriría las compuertas del gran lavado global del crimen organizado con epicentro en varios exgobernadores priistas.

¹ Reforma, “Destapa corrupción alternancia estatal”, 11 de febrero de 2018.

² Arturo Ángel, Duarte, el priista perfecto, Grijalbo, México, 2017, p. 45.

³ Roberto Zamarripa, “Zafiro”, Reforma, 27 de junio de 2016.

⁴ Consúltese el reportaje especial sobre este caso publicado en Proceso, núm. 2147, diciembre de 2017.

⁵ Ricardo Ravelo, Los incómodos, Temas de Hoy, México, 2017, pp. 19-20.

⁶ Ibidem, pp. 44-47.

⁷ Jesusa Cervantes y José Gil Olmos, “Operación trasatlántica”, Proceso, núm. 1865.

ESTÁBAMOS A UN PASO DEL ABISMO … Y DIMOS UN PASO ADELANTE.
Esta frase, atribuida a decenas de políticos, se convirtió en realidad: en México, la corrupción era ya catastrófica, y empeoró.

coversin «A diferencia de la mafia del poder, el término cleptocracia define una dinámica distinta: es la institucionalización del robo. La mafia del poder es descriptiva, la cleptocracia es prescriptiva. La mafia del poder captura al Estado, la cleptocracia se vuelve el Estado.

La cleptocracia, a diferencia de la mafia, transforma lo que son bienes públicos en bienes privados. La corrupción en la cleptocracia no es la excepción, sino la regla, y no es una práctica ajena a la institucionalidad sino el hecho que explica su funcionamiento.»

—Jenaro Villamil/Introducción

JENARO VILLAMIL (Mérida, 1969). Politólogo de la UNAM y reportero especializado en el análisis de los medios de comunicación. Sus libros más recientes son La rebelión de las audiencias (2017), La caída del telepresidente (2015), Ciberdisidencias (2014), Peña Nieto: el gran montaje (2012) y Si yo fuera presidente. El reality show de Peña Nieto (2009), todos en esta casa editorial. Como especialista en medios, impulsó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Promotor de los derechos de las audiencias, ha sido reportero en El Financiero, La Jornada, y, desde 2004, de la revista Proceso. Dirige también el portal Homozapping y es profesor de la Maestría en Periodismo Político de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

Cleptocracia
El nuevo modelo de la corrupción

Primera edición digital: abril, 2018

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