Dividida en cuatro volúmenes, la Historia de España en el siglo XX abarca un periodo especialmente controvertido, cuyo conocimiento es imprescindible para cualquiera que desee hacer un diagnóstico del presente. España ha sido protagonista de dos acontecimientos fundamentales en este siglo —la Guerra Civil y la Transición a la democracia— la cultura española ha alcanzado desde comienzos del siglo XX unas cotas que permiten establecer un paralelismo con el siglo de Oro.

En este tercer volumen se analizan las distintas etapas de la dictadura de Franco, desde la represión de la posguerra hasta el desarrollo económico y la apertura final del régimen.

Una obra fundamental para entender la España de hoy.

Javier Tusell

Historia de España en el siglo XX

III. La dictadura de Franco

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JeSsE 06.02.14

Título original: Historia de España en el siglo XX (III. La dictadura de Franco)

Javier Tusell, 2000

Retoque de portada: JeSsE

Editor digital: JeSsE

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El dictador, el régimen y la sociedad

A las once y cuarto de la noche del uno de abril de 1939 en todas las radios de la España vencedora en la Guerra Civil se leyó el último parte bélico oficial, que hacía el número 982 de los emitidos a lo largo del largo período. Lo hizo el locutor habitual, Fernando Fernández de Córdoba, y en él se informaba de que «cautivo y desarmado» el Ejército rojo las tropas del general Franco habían alcanzado sus últimos objetivos militares. Si los términos escuetos del parte son bien conocidos lo resulta bastante menos el hecho de que fueran acompañados por vivas a los aliados exteriores de los tres años precedentes, Portugal, Italia y Alemania.

Esto ya indicaba el rumbo que la España de 1939 iba a seguir, pero indicios más precisos se tuvieron un mes y medio después. El 19 de mayo de 1939 tuvo lugar el desfile de la Victoria. Ciento veinte mil soldados desfilaron ante Franco; previamente pasaban por un arco triunfal en el que figuraba tan sólo su nombre acompañado de un «Víctor». La prensa anunció, primero, y glosó, después, esta ceremonia como el lógico resultado de la segunda reconquista contra los enemigos de España en que había consistido el conflicto bélico precedente. Durante el desfile le fue impuesta a Franco por el general Jordana —a quien él mismo había nombrado vicepresidente del Gobierno— la gran cruz laureada de San Fernando, máxima condecoración militar española. Jordana no dejó de aludir en sus palabras a la «sobriedad magnífica con que el Caudillo dio cuenta de la terminación de la campaña en el histórico parte». Aunque no se dio cuenta de ello a la opinión pública por aquellas fechas el propio Alfonso XIII había escrito a Franco declarando ponerse «a sus órdenes» y testimoniando su adhesión a la ceremonia. Es probable que de esta manera pensara en la posibilidad de facilitar la restauración de la Monarquía sin darse cuenta, en aquel momento, de que el mismo Franco había dejado de ser monárquico, aunque actuara como un monarca.

La ceremonia militar y patriótica se prolongó al día siguiente, 20 de mayo, con otra de carácter religioso. Ambas probablemente habían sido preparadas por Serrano Suñer, cuñado de Franco y entonces factótum del régimen. Franco entró en la Iglesia madrileña de Santa Bárbara bajo palio, lo que estaba reservado al Santísimo Sacramento y a los reyes; en este caso era llevado por los propios miembros del Gobierno (que él había nombrado y que no tardaría en cesar). En el templo le aguardaban una serie de objetos que recordaban la gesta de la Reconquista contra los musulmanes o el pasado español de lucha contra los infieles: el Arca Santa de Oviedo, con las reliquias de Pelayo, las cadenas de las Navas de Tolosa o la linterna del barco de D. Juan de Austria en la batalla de Lepanto. Todo entre los asistentes recordaba al pasado tradicional: no sólo los uniformes militares o los ropajes eclesiásticos sino también las «mantillas españolas sobre enhiestas peinetas» que llevaban las no muy numerosas mujeres presentes en la ceremonia. La liturgia tuvo resonancias visigóticas y mozárabes. El momento culminante de la celebración religiosa fue el acto de Franco al depositar su espada victoriosa ante el Cristo de Lepanto, traído de Barcelona para la ocasión. Todo condujo a la exaltación del gran protagonista de la ceremonia. El cardenal Goma, primado de España, que oficiaba, rogó a Dios que, «con admiración providencial, siga protegiéndote, así como al pueblo cuyo régimen te ha sido confiado»; en otro instante, refiriéndose a Dios y a Franco, afirmó que el Altísimo le «dio un pueblo sujeto a su gobierno». El Jefe del Estado imploró al primero que le prestara «su asistencia para conducir este pueblo a la plena libertad del Imperio para gloria tuya y de tu Iglesia». A la salida Franco no pudo contener sus lágrimas de emoción. Aquella tarde presidió una reunión del Consejo de Administración del Banco de España, ocasión en la que aprovechó la ocasión para atacar el «espíritu de la Enciclopedia». La prensa oficial —en especial Arriba— no desaprovechó la ocasión para recordar que el nuevo derecho, el de la España vencedora, nacía de una realidad bélica.

Todo este ceremonial, —propio de una sociedad guerrera medieval en la que se mezclaba lo militar, lo político y lo religioso de manera tal que era muy difícil separar sus componentes— dista mucho de ser anecdótico pues remite a una evidente realidad histórica que sirve para explicar lo sucedido a partir de 1939. Si existe una ruptura crucial en la Historia de España fue precisamente aquélla que se produjo al final de la Guerra Civil. Si ésta no hubiera tenido lugar, si hubiera durado menos o si el derramamiento de sangre hubiera sido mucho menor, habría resultado imaginable un mayor grado de continuidad entre los años treinta y los cuarenta, pero, al poco tiempo de iniciarse el conflicto se hizo patente la radical ruptura de continuidad que habrían de pretender los vencedores en el mismo.

En un principio los sublevados pudieron iniciar su insurrección con el mismo tipo de gritos que hasta el momento habían servido para testimoniar la adhesión al régimen vigente, pero no tardó en evidenciarse el giro «copernicano» que la victoria de Franco iba a suponer para España desde los más variados puntos de vista. El pasado republicano, por el solo hecho de serlo, parecía condenado al olvido y, más aún, a la erradicación; en esta ocasión, como suele suceder en la Historia humana, se pretendía la reconstrucción de un pasado ideal, pero tras esto no se encerraba otro propósito que hacer posible una mutación de lo que había sido la política, las relaciones exteriores, la economía e incluso la sociedad y la cultura españolas del inmediato pasado. Como es lógico, en todos estos ámbitos la voluntad de los vencedores de que España iniciara, como colectividad, un rumbo radicalmente nuevo no era la misma en intensidad y en dureza, aunque en todos ellos se diera una cierta continuidad inevitable: La hubo de forma especial en la propia sociedad española aunque viniera obligada a adaptarse a las condiciones que le imponía el nuevo régimen.

Hay que recalcar que, si en abril de 1939 estaba claro el propósito de ruptura con respecto al pasado, lo estaba mucho menos en qué consistiría ésta. Por supuesto, la represión que ya había tenido lugar durante el período bélico anunciaba cuál sería la forma de tratar al vencido, y la amistad con Alemania e Italia parecían sólidamente consolidadas y definían una política exterior, pero estaba mucho menos claro si España sería una dictadura personal o fascista, cuál sería su duración y, sobre todo, en qué modo se institucionalizaría, cuál sería el grado de beligerancia en el caso de conflicto europeo o mundial, que ya resultaba previsible, o cómo se abordaría un programa de reconstrucción física y espiritual cuya necesidad era patente.

Hasta entonces, se había recurrido a expedientes elementales para solventar los problemas más agobiantes en el terreno económico, pero de ninguna manera podía pensarse que existiera el germen de una política programada en este terreno. Existía ya una evidente reacción clerical, pero estaba por definir cuál sería el contenido de la reconstrucción de la cultura española que se pretendía, al menos en teoría. Si existe algo característico de los vencedores en la Guerra Civil es que durante ella, más que pretender lanzarse a experimentos de nueva organización social, como sus adversarios, parecieron establecer un paréntesis, remitiendo a un momento posterior la decisión acerca de cómo abordar el giro que se quería dar a la sociedad española. Ese cambio era deseado y resultaba inevitable pero, nacida la sublevación de un propósito esencialmente negativo, como era el de evitar una supuesta revolución protagonizada por el adversario, por el momento no había dado a luz sus propias soluciones.

Éstas fueron apareciendo con el transcurso del tiempo. Visto el franquismo desde el punto de vista histórico global, con la perspectiva que dan, simultáneamente, su conclusión y los treinta y cinco años de su duración, se observa que, en efecto, se produjo un cambio fundamental en la sociedad y en la política españolas, pero no en el sentido que tenían in mente los responsables del poder. Quizá tampoco quienes estaban en la oposición pudieran hacerlo, a pesar de que, si 1977 enlaza con un momento anterior de la política española, lo hace con 1931. La razón estriba en el largo tiempo transcurrido y en lo mucho que cambió la sociedad española con el transcurso del tiempo.

De cualquier manera, otro rasgo fundamental del franquismo es que su significado se fue descubriendo sucesivamente, incluso con aparentes contradicciones de un período a otro. Un observador que hubiera podido tener ante sus ojos, al mismo tiempo, la España de 1939 y la de 1968, las hubiera juzgado pertenecientes no a épocas distintas, pero cercanas en el tiempo, sino incluso a áreas geográficas diferentes. No obstante, este juicio habría sido demasiado superficial porque, si aparentes eran los cambios, al mismo tiempo resultaban innegables las continuidades, especialmente patentes en lo que respecta a la forma de ejercerse el poder político; aunque el franquismo fuera un tipo distinto de dictadura por estas fechas, lo cierto es que seguía siendo una dictadura. Nada mejor, por tanto, para abordar la historia del franquismo, que partir de estos elementos de continuidad sin los cuales no puede comprenderse el total de los cambios que en él se produjeron. Situarse en abril de 1939 supone partir de esos factores imprescindibles tanto para comprender la evolución sucesiva de la sociedad española como la profunda herida causada en su seno por una Guerra Civil de tres años. Pero, como es lógico, resulta por completo excesivo otorgar a esta fase inicial del franquismo la condición de único factor definitorio de toda una etapa tan larga de la Historia española. Quienes lo hacen corren el peligro de, por este procedimiento, no llegar a entender su capacidad para durar.

Franco: biografía y praxis política de un dictador

Existe una tendencia entre los historiadores que ha de evitarse cuidadosamente y que consiste en hacer una explicación psicológica del régimen de Franco centrándose exclusivamente en quien lo fundó y lo personificó hasta su final. En realidad, al hacerlo, por un lado se está repitiendo lo que era habitual durante el franquismo, en que la política consistía, en gran medida, en los rumores acerca de lo que iba a hacer el propio Franco, cuya táctica buscaba precisamente mantener alerta la atención de los observadores a la espera de unos cambios que finalmente no se producían. Por otro lado, los propios rasgos característicos del dictador, con su aparente inasequibilidad, pueden inducir al historiador a hacer de psicólogo aficionado con un personaje histórico que, en realidad, era más simple que lo que aparentaba. De esa manera se suele acabar en la superficialidad, pero, al mismo tiempo, una dictadura, sobre todo si, como es el caso, tiene un evidente carácter personal, exige una reflexión acerca de quien ejerce durante ella el monopolio del poder.

Nacido en 1892, en El Ferrol, en una familia que durante dos siglos y a través de seis generaciones se había dedicado a la Marina de guerra, su infancia no parece haber sido especialmente feliz, aunque no sirva por sí sola para explicar el conjunto de su vida, como en ocasiones se ha intentado. Su padre, que había tenido un hijo ilegítimo, vivió separado de su madre con otra mujer a la que, cuando Franco se convirtió en Caudillo, se le impidió asistir a los funerales celebrados en El Pardo. Persona de ideas liberales, solía despotricar contra el hijo cuya aptitud política e ideas acerca de la masonería criticaba. Se explica así la fijación afectiva con la madre, que contribuyó a acuñar su carácter retraído, prudente y, al mismo tiempo, proclive a la más exaltada de las ambiciones.

Pero más aún debió influirle su temprano ingreso en el Ejército. Contrariamente a la tradición familiar ingresó en 1907 en la Academia de Toledo como el cadete más joven de su promoción —y uno de los más bajos—. La razón de no optar por la Marina estriba en que el hundimiento de la flota le privó de las posibilidades de acceder a ella, al contrario que su hermano Nicolás. Así se explica que en los «apuntes» que escribió para unas eventuales, posteriores y luego fallidas memorias, el 98 fuera resumido con tres palabras: «injusticia, traición, abandono de Europa». En Toledo su trayectoria no resultó particularmente brillante. Lo prueba el bajo número que obtuvo en su promoción e incluso el juicio de algún compañero y también adversario en la Guerra Civil, como es el caso de Vicente Guarner, que lo describe como «de los últimos, del batallón de los torpes». En cambio, incorporado muy pronto a África, allí obtuvo brillantes ascensos por méritos de guerra, siempre al mando de tropas selectas: primero, los regulares y, luego, la Legión. Cinco ascensos, vinculados a algunas de las operaciones más importantes de la guerra marroquí, le dieron un sólido prestigio en el seno del Ejército y de la sociedad española. Católico desde la infancia, esta condición se vio acentuada por su matrimonio con Carmen Polo en 1923. Aunque la familia de Franco no tuvo problemas económicos es muy posible que esta boda significara también un cierto ascenso social: cuando acudieron a la boda en Oviedo sus familiares quedaron deslumbrados por la suntuosidad de la residencia de la novia. De cualquier modo en los años veinte llevó una intensa vida social que, de acuerdo con sus «apuntes», le habría permitido el «contacto con hombres preparados» (lo que creyó le sirvió para su futuro político). General a los treinta y tres años, tras haber participado en el desembarco de Alhucemas, se sentía ya «en vías de grandes responsabilidades».

Con estas palabras se refería, sin duda, a las políticas y a este respecto hay que decir que, a pesar de tener amigos en la clase dirigente de la Monarquía constitucional, su juicio se revolvió desde muy pronto contra los que consideraba «mitos» predominantes. Tanto el Diario de una bandera, que escribió en Marruecos, como sus artículos en revistas especializadas, testimonian una profunda desconfianza respecto de la política liberal, incapaz de conseguir otra cosa que «años de pasos vacilantes y paces ficticias». «Lo que tan brillantemente conquistan las armas puede perderlo luego una mala política», añadió en ese libro. Eso debió pensar, por ejemplo, respecto de la toma de Alhucemas, ansiosamente deseada como «un sueño» y luego convertida en «alegre certidumbre» como operación militar. Fue la divergencia en torno a la política militar en Marruecos lo que le enfrentó con Primo de Rivera, aunque el choque no durara mucho.

En los citados «apuntes» Franco parece haber reconocido que recibió a la República con «ilusión», a pesar de que fue monárquico hasta el momento mismo en que abandonó España Alfonso XIII y de que había participado en el tribunal que juzgó a los sublevados en Jaca. Además, se había enfrentado con su hermano Ramón y lo había considerado como «un caso perdido» en el momento en que conspiró con los republicanos. Su decepción fue, no obstante, muy temprana —«en muy pocos días»— atribuyendo los males de aquel régimen a la «caterba [sic] de políticos ambiciosos y fracasados» y al papel desempeñado por la masonería pues, según él, la «gran mayoría» de los hombres públicos pertenecían a ella. Ya en Marruecos la había conocido y atribuido un papel decisivo y perverso. Quizá todo eso lo convirtió en un ser mucho más retraído y proclive a ocultar sus opiniones. En esos escritos íntimos reconoció un «frío distanciamiento» respecto del régimen republicano, pero eso no quiere decir que lo hiciera ostensible. Se conservan testimonios escritos, dirigidos a Lerroux y a Azaña, de su voluntad de aparecer como fiel a las instituciones. Además, no quiso participar en «militaradas». Pero desde la primavera de 1934 recibía propaganda anticomunista y la revolución de octubre de 1934, en cuya represión participó, sin duda supuso un giro para toda su vida. Su tardía participación en la conspiración contra la República se explica por una mezcla de prudencia y cuquería, pero también por el hecho de que no había sido un militar «político», no al menos como muchos de sus compañeros de armas. Parece indudable que Franco cristalizó definitivamente como personaje histórico durante la Guerra Civil. De nuevo se puede recurrir a sus «apuntes» para saber lo que aquella experiencia representó para él. Rechazó la interpretación de la guerra como un acontecimiento motivado por un enfrentamiento de clase contra clase y la fundamentó en «un hondo sentido católico y social» y [un deseo] de abolir para siempre las causas de nuestra decadencia, partidos políticos en pugna, masonería y comunismo. Creyó sinceramente haber tenido «la ayuda escandalosa de Dios», lo que explica que se rodeara de reliquias de santos, y que sobre sus espaldas recayera en adelante la «responsabilidad total: las dos partes, la militar y la política y de ésta la económica». Pronto llegó a la conclusión de que sus propios asesores en materias económicas erraban por completo. Consideró que quienes le aconsejaban un presupuesto nivelado no creían en sus posibilidades de cara al futuro y se apoyaban en «los vicios de… un sistema bajo cuyo signo tuvo lugar el total derrumbamiento de nuestro imperio». A menudo asombraba a embajadores extranjeros y colaboradores cercanos con opiniones nada ortodoxas en materias económicas. Habían pasado ya los tiempos en que si por algo sorprendía a los políticos que le seguían era por su apariencia de modestia.

Si con la guerra se perfiló de manera definitiva su carácter también lo hicieron sus mitos y secretos deseos recogidos en Raza, un texto luego convertido en película del que fue autor a finales de 1940 o comienzos de 1941. En él aparece, por ejemplo, su deseo de identificarse con la «hidalguía» que relaciona con determinados apellidos incluso propios (como Andrade, el seudónimo que utilizó para ocultar su persona) o de tradición marinera (Churruca). También aparece como modelo de vida el de los militares profesionales selectos —los «almogávares»— y una interpretación de la Historia de España como objeto de conspiración permanente de la masonería y el comunismo contra los intereses nacionales. Incluso hay claves personales e íntimas en sus páginas, como la de hacer desaparecer al padre del protagonista en una heroica acción de guerra, en abierta contradicción con lo que a él mismo y a su familia le había sucedido. El personaje malvado de la narración es un abogado que ha pasado por la Universidad y el Ateneo pero que acaba convirtiéndose merced al amor de una joven falangista. En cambio el héroe, su hermano, es un joven oficial y un tercer miembro de la familia, sacerdote, es asesinado por las turbas durante la Guerra Civil. La narración concluye en el momento del desfile de la victoria, en mayo de 1939, del que fue protagonista el propio Franco.

Con todo lo dicho no extrañará que la caracterización del dictador haya de hacerse refiriéndose a su vida profesional en el Ejército. La primera consideración que se impone sobre Franco es, en efecto, la de que fue, ante todo y sobre todo, un militar. Afirmar esto puede parecer obvio, pero no hay la menor duda de que es imprescindible hasta el punto de que el propio general decía que «sin África [es decir, su experiencia personal allí] yo apenas puedo explicarme a mí mismo». No sólo fue un militar sino que, antes de 1936, de su personalidad únicamente destacaba este rasgo de manera que no puede atribuírsele, por ejemplo, una vertiente intelectual o política como la que tuvieron otros compañeros suyos de armas durante este período. Su horizonte de aspiraciones durante muchos años, caso de que la Historia de España hubiera caminado por derroteros de mayor normalidad, no era otro que el de llegar a Alto Comisario en Marruecos. De su experiencia en el Marruecos colonial derivó gran parte de su fuerza de carácter, de su impasibilidad, de su dureza o de su sentido de la disciplina. Para uno de los personajes de Raza, «el deber es tanto más hermoso cuanto más sacrificios entraña»; por eso el polo opuesto de lo que Franco consideraba como alguien respetable era aquél que, por indisciplina o frivolidad, no atendía a esa exigencia. Por ello, no dudó en definirse como «oficial borrego» —es decir, escrupuloso cumplidor de órdenes— nada menos que ante los jóvenes cadetes de la Academia de Zaragoza, siendo ya Caudillo. La austeridad iba ligada a la experiencia de las campañas marroquíes: por eso, aunque incluso quienes tenía más cerca admitían la existencia de corrupción en la clase dirigente, fue siempre austero. «No me molesta el lujo pero no lo echo de menos», dijo a uno de sus colaboradores más próximos. Su residencia en El Pardo sólo con benevolencia puede ser descrita como un palacio cuando más propiamente merecía la denominación de cuartel. Sus escritos de Marruecos testimonian, más que crueldad, una dureza que le hace banalizar el valor de la vida. No parece haber sentido nada especial por el hecho de que de él dependiera, como máxima autoridad judicial, la vida de tantos condenados a muerte. Si en la Rusia soviética se engendró por vez primera en la época contemporánea un sistema de violencia moderna, organizada y servida por el aparato estatal contra el adversario político, en Europa occidental tuvo su origen por vez primera en la España de Franco. En 1939 no se le pasó por la cabeza liquidar la guerra con el perdón o con la amnistía pero, además, esta idea tardó mucho tiempo en abrirse camino, tanto en él como en los suyos (bien es verdad que ello se debió a la ferocidad con que había sido librada la contienda).

El Ejército (más concretamente su actuación en Marruecos) fue la única razón por la que Francisco Franco se convirtió en un personaje de influencia nacional a la altura de los años veinte, pero eso no quiere decir que fuera un genio del arte militar. Sus capacidades efectivas estaban mucho más en ser un hábil táctico para esos combates mínimos de guerrilla contra los indígenas, o en actuar con prudencia, orden y sentido de la medida en lo que respecta a sus fuerzas. Esas mismas virtudes, y no otras, fueron las que mostró durante la Guerra Civil, en la que supo mantener una retaguardia segura y actuar a la defensiva en buena parte de los frentes al mismo tiempo que se dotaba de una masa de maniobra con la que emprender la ofensiva en el punto oportuno. Sus aliados siempre le reprocharon exceso de lentitud y de prudencia. Así como Raza o el Diario de una bandera suelen ser citados con frecuencia por los historiadores éstos olvidan, sin embargo, que también escribió un libro titulado El ABC de la batalla defensiva. En él reconocía que no elaboraba «altas concepciones estratégicas o elevadas especulaciones tácticas» pero llamaba la atención, de modo muy característico, acerca de que «la defensiva constituye el medio eficaz de hacer posible la ofensiva en el lugar elegido». Criticaba, por ejemplo, la línea Maginot o la actuación alemana en Stalingrado. Sin duda, también en la política fue un maestro en el arte de la defensiva.

Si la vida militar le dio una relevancia nacional, también le convenció de la superioridad de quienes en ella vivían y se formaban y modeló en su conciencia una determinada visión de la política. Desde siempre, pero de forma especial tras la Guerra Civil, Franco siempre consideró que lo militar era, por su propia esencia, valioso: juzgó positivamente a Eisenhower o a De Gaulle por el mero hecho de serlo e incluso, cuando hablaba con políticos que no habían pasado por esta experiencia biográfica, acababa inevitablemente hablando de aquello que sabía, aunque, como le sucedió a Hitler, poco le pudiera interesar lo que sobre el particular le comunicara su interlocutor. Su propia concepción del poder político tenía mucho de militar: empleaba, para referirse a ella, términos como «mando y capitanía» y, en definitiva, trató de organizar cuartelariamente la vida española. En el ejercicio de esa función política como jefe del Estado, Franco atribuyó a los militares un papel absolutamente fundamental: tuvieron en sus manos, como personal de la más absoluta confianza, el orden público o la responsabilidad de buena parte de los gobiernos civiles, pero también les confió carteras vinculadas a la problemática económica, para la que no siempre tenían, desde luego, la debida preparación: A mediados de los años cincuenta la mitad de los presidentes de las sociedades del INI eran militares.

Por otro lado, esa experiencia militar de Franco lo lleva a acuñar determinadas concepciones políticas. Su despego respecto a las instituciones liberales o parlamentarias, el repudio de la clase política como irresponsable guardadora de sus privilegios y la voluntad de devolver a España a un pasado glorioso que él mitificaba tienen mucho que ver con una interpretación de la historia española en que la gesta militar o la voluntad de imperio tienen un papel predominante. En la práctica, sin embargo, su forma de concebir el poder político era mucho más prosaica, limitándose a ese «orden, unidad y aguantar», que Carrero Blanco le aconsejó en una ocasión, y no en el restablecimiento de unas glorias pasadas tan espectaculares y grandilocuentes. El fondo de la concepción que late tras estas tres palabras se adivina en el ABC de la batalla defensiva. Además, en los críticos años treinta ratificó esta concepción añadiendo una vertiente trágica y angustiosa. Como Alfonso XIII y como Primo de Rivera, se convirtió en un convencido del peligro comunista pero, a diferencia de ellos, unió a este convencimiento el de que existía una conspiración masónica cuyos orígenes se remontaban al siglo XVIII y a la que se debían todos los males del país; la experiencia de los años republicanos no hizo sino ratificar estos juicios. En consecuencia, veía la política española perpetuamente amenazada por la conjura de un solapado enemigo interior al que era necesario descubrir y eliminar. Desde entonces —y hasta el mismo momento de su muerte (como se demuestra en su último discurso en la Plaza de Oriente)—, Franco pensó que la masonería llevaba necesariamente al liberalismo y de éste derivaba el peligro comunista. La idea de la conspiración masónica era habitual en los círculos de extrema derecha en los años veinte y treinta, por lo que no puede atribuirse a Franco una especial originalidad al defenderla; lo que sí es original es la pertinaz y auténtica obsesión con la que defendía esta tesis (en definitiva, una superchería) una persona que, como él, llegó a ser jefe de Estado de una de las diez primeras potencias industriales del mundo. Sus escritos (con seudónimo) sobre el particular demuestran una indudable erudición, incluso maniática, y su afán de persecución fue tal que llegó a acumular, en el archivo de Salamanca, 80 000 expedientes de supuestos masones en un país donde no había habido más de 5000.

La experiencia biográfica de Franco durante los años treinta no sólo le ratificó en su obsesión antimasónica sino que influyó también en su carácter en otro sentido.

Siempre fue católico, pero por estos años sus sentimientos religiosos llegaron a desempeñar un papel decisivo en su vida, ligándose estrechamente a una visión de sí mismo como personaje providencial, elegido por Dios para la salvación de la patria.

Asombra la sinceridad y la espontaneidad con la que afloró, a partir de este instante, ese convencimiento. A Don Juan de Borbón le aseguró que había logrado la victoria en la Guerra Civil gracias al «favor divino repetidamente prodigado». Fue, en lo sucesivo, un representante típico del nacional-catolicismo hasta el punto de que este rasgo perfila tanto su personalidad política como el nacional-militarismo (es decir, la idea de que el Ejército representaba la esencia nacional frente a los políticos profesionales) y el nacional-patrioterismo (la visión heroica del pasado imperial). Catolicismo y patria eran para él una misma y única cosa, de modo que, responsable de la segunda, no tenía el menor inconveniente en pontificar sobre el primero. La España de su tiempo, por lo menos hasta los años sesenta, fue un país en el que los obispos hablaban como si fueran políticos, pero en el que el jefe del Estado parecía, a veces, ejercer como cardenal. El mismo Pemán, uno de los intelectuales más destacados del régimen y persona sin duda de visión muy conservadora y tradicional desde el punto de vista religioso, observó con perplejidad que Franco no sólo hacía genéricas invocaciones a la divinidad, como otros estadistas, sino que mencionaba también devociones concretas. Su catolicismo, de todos modos, era muy sincero, aunque muy poco cultivado. No le gustó —ni tan siquiera estuvo en condiciones de entender— el cambio producido en la Iglesia católica con ocasión del Concilio Vaticano II. En lo político éste constituyó para él —según escribió en sus notas íntimas—, «una puñalada en la espalda» asestada por la curia romana, ya que no se atrevió a culpar directamente al Papa. Hubo todavía otro aspecto que le dolió más porque le afectaba personalmente. En su ancianidad, la actitud de Roma y de la Iglesia española respecto de su régimen originó un derrumbamiento de parte de sus convicciones más íntimas y fundamentales, no porque dejara de ser católico sino porque sintió que le fallaba uno de sus soportes básicos. Sólo entonces, por vez primera en su vida, se sintió verdaderamente desorientado.

Como toda la sociedad española que sintió el 1 de abril de 1939 como una gran victoria, para Franco este acontecimiento supuso un giro esencial en la vida nacional y en la suya propia como Caudillo de la nueva España. El impulso que guiaba a la España victoriosa estaba animado por el deseo de ruptura con el pasado y por la voluntad de continuar la Historia de España enlazándola con un pasado mítico a partir de la visión nacional heroica o nacional-católica. Pero lo que fue un cambio fundamental en la vida española lo debía ser también en la vida personal de Franco. Si ésta había sido hasta entonces relativamente recatada y reducida en sus ambiciones a lo estrictamente militar ahora identificó su persona con un caudillaje concebido como una misión providencial y obligada, directa consecuencia de la llamada divina. La sinceridad y la espontaneidad con que Franco aludía a la asunción por su parte del sagrado deber de dirigir al pueblo español excluyen toda idea de que su sentimiento pudiera tener algo de postizo o de cínico. En el acto religioso destinado a celebrar su victoria (la de un pueblo que «conmigo —dijo— había vencido a los enemigos de la verdad») se limitó a pedir ayuda «para conducirlo»; luego, cuando planteó un referéndum en 1947, pidió el voto afirmativo a las leyes que él mismo había elaborado, «en vuestro exclusivo beneficio». Sus propios parientes apreciaron el profundo cambio que se había producido en su carácter. Si, en el pasado, había sido comunicativo y afectuoso, ahora el caudillaje lo había convertido en persona de trato «frío y distante», y no sólo a él, sino también a su mujer.

En cambio durante la Guerra Civil la mayor parte de los políticos civiles que lo conocieron apreciaron en él virtudes muy superiores a las del resto de los miembros del generalato: era, en comparación con muchos de ellos, moderado, sencillo, metódico y prudente. Esta superioridad, y las circunstancias bélicas, lo auparon a un caudillaje en el que él mismo creyó firmemente. La paradoja es que, ya en 1939, su persona había decepcionado a muchos de los que habían estado cercanos a él. Sáinz Rodríguez afirmaba en 1939 que tenía «una gran cultura en saberes inútiles»; Rodezno escribió que había experimentado «un chasco» con él, y Vegas Latapie revela que Franco ya había llegado al suficiente grado de megalomanía como para sentirse capaz de, siendo monárquico, adoctrinar a Alfonso XIII acerca de cómo debía comportarse y actuar.

Claro está que la convicción de Franco acerca de su propio caudillaje hubiera sido inimaginable de no ser por la exaltación de la que fue objeto hasta unos extremos poco creíbles. Gran parte de esta tarea sistemática de promoción fue planeada, auspiciada y programada por Serrano Suñer, que luego se alejaría de él. La lectura de los varios libros que se escribieron en los años cuarenta acerca de su caudillaje resulta aleccionadora. En uno de ellos, del que fue autor Legaz Lacambra, se indicaba que la condición de Caudillo, al no tener que dar explicaciones de sus decisiones a organismo alguno, resultaba comparable en honor y potestad al papel que en la Iglesia tiene el Papa. El caudillaje parecía, por tanto, una categoría superior a la política. Aunque sabemos que a él llegó Franco debido a un conjunto de circunstancias y al descarte de otros candidatos, toda su acción política posterior a 1939 se explica por el hecho de que había asumido la condición de Caudillo, lo que atribuía a la Providencia. Incluso en más de una ocasión escribió de sí mismo en tercera persona designándose de esta manera.

Ya por 1939 había llegado a la firme convicción de que no debía en manera alguna limitar su propio mando o ponerle plazos como, por ejemplo, hizo en su momento el general Primo de Rivera. Al general Martínez Campos o a Alfonso XIII les dijo que «no podía ser interino». En consecuencia, a aquéllos que, aunque le habían apoyado durante la Guerra Civil, querían poner barreras institucionales a su libertad de decisión, mantenían los principios de su ideario original o le juzgaban como una solución temporal no dudó en apartarlos, con decisión, de cualquier tipo de influencia considerándolos traidores. Quienes, por el contrario, estaban dispuestos a aceptar su liderazgo y eran lo suficientemente flexibles como para practicar el posibilismo, encontraron acomodo en el nuevo régimen. Ahora bien, su función en él dependía estrictamente de la voluntad del propio Franco. A quien le quisiera oír Franco explicaba durante la guerra el papel que habían de desempeñar el tradicionalismo y la Falange: mientras que al primero le correspondía la solidez de los principios históricos de la organización de España, la segunda debería convertirse en vehículo de atracción de las masas populares gracias a unas medidas de justicia social que, a partir de su peculiar concepción, estaba dispuesto a llevar a cabo.

Si bien se mira, el papel atribuido a estas dos fuerzas políticas (y a las restantes que siguieron teniendo un protagonismo en su régimen) revela las carencias doctrinales que caracterizaron a Franco durante el ejercicio de su dictadura. Se ha dicho que en 1939 tenía un poder más absoluto que cualquier otro dictador contemporáneo y ello no sólo por medidas legislativas concretas que así lo indicaban sino porque ni como estadista tuvo un único programa preciso, ni como político se vio limitado por un esquema ideológico inmutable. Cuando escribió un prólogo para la obra del pensador tradicionalista Víctor Pradera, lo hizo porque le interesaba tener satisfecho a este sector; nunca los falangistas lo pudieron considerar estrictamente como uno de los suyos y, en realidad, si mostraba una proclividad hacia Falange superior a la habitual entre los generales era para así compensar el poder del estamento militar y utilizarla como instrumento. Lo decisivo en él era el nacional militarismo, el nacional catolicismo y el nacional-patriotismo aderezados con la obsesión antimasónica. Pero todo ello no era un cuerpo doctrinal sino, a lo sumo, unos sentimientos, si bien elementales, fijos e inmutables. Un ministro suyo, Navarro Rubio, escribió luego que fue «un doctrinario corto, pero firme: sus ideas eran pocas, elementales, claras y fecundas». Es probable que las dos primeras descripciones se ajusten más a la realidad que las dos siguientes. Por supuesto, la constante adulación y esa creencia en el providencialismo en sí mismo impedían que Franco se diera cuenta de sus limitaciones: en esas notas íntimas que redactó para servir de índice a unas posteriores memorias parecía estar convencido de que tenía una gran preparación por su contacto, antes de su llegada al poder, con personas relevantes. Pero no era así: en plena Guerra Civil, un conservador inteligente, como Cambó, no sabía si asombrarse más por su elementalidad, «de tertuliano de café», o por el «tono admirativo» que daba a sus periódicos descubrimientos del Mediterráneo. Merece la pena referirse a algunas de sus ideas en diversos terrenos, no tanto porque necesariamente fueran decisivas en la ejecutoria de los gobiernos que presidió como porque revelan su carácter y sus capacidades. Aunque durante el franquismo tuvo lugar la transformación más decisiva de la sociedad y la economía españolas durante la Edad Contemporánea este hecho no fue el resultado de las ideas de Franco sobre economía, por mucho que él, en los años sesenta, viera precedentes de lo que le proponían algunos de sus ministros en medidas tomadas en Burgos durante la Guerra Civil. En el terreno económico a lo que Franco espontáneamente tendía era a una especie de «autarquía cuartelera», basada en un nacionalismo militar más que fascista. Larraz, uno de sus ministros de Hacienda, decía que, no habiendo conseguido que pronunciara bien la palabra inflación —decía «inflacción»— no tenía la esperanza de que hubiera entendido lo que ésta significaba. Cuando, en 1959, vino el plan de estabilización, quien lo propuso ha revelado en sus Memorias la «desconfianza» inicial de Franco, incrementada por el hecho de que este programa fuera auspiciado por organismos internacionales de los que desconfiaba. En realidad, el franquismo retrasó un desarrollo económico que hubiera podido iniciarse antes y que, de hecho, se dio en otras naciones europeas que, como Alemania e Italia, partían de una situación peor que la española. Como escribió Ridruejo, cuando el régimen se atribuía el desarrollo económico, actuaba como lo haría el práctico portuario que, patroneando después de una galerna, se atribuyera el mérito de haberla aplacado.

Las concepciones de Franco en el terreno de la política también eran elementales, pero claro está que poseía en grado sumo la voluntad y la capacidad de concentrarse en una sola y única cosa: el mantenimiento en el poder. Pudo afirmarse, en efecto, que el general De Gaulle sólo pensaba en Francia en tanto que Franco sólo lo hacía en sí mismo. En eso fue un maestro, pero no en la manera de justificar su poder, en lo que reveló siempre una palmaria indigencia. Cuando todavía el Eje podía esperar vencer en la Segunda Guerra Mundial propuso a Don Juan de Borbón que siguiera el ejemplo de las «monarquías revolucionarias y totalitarias», como, según él, había sido la de los Reyes Católicos. Lo hacía para pedirle una mayor identificación con lo que significaba el Eje. Años después, ante este mismo destinatario de sus cartas, esbozó una curiosa teoría del caudillaje por «prescripción adquisitiva»: Bastaría el tiempo transcurrido desde que se hizo con él para justificar su mantenimiento en el poder.

Tampoco la «democracia orgánica» de época posterior significó, por supuesto, una aportación significativa a la ciencia política. Todo esto no eran más que palabras que empleaba para justificar su condición de Caudillo.

No es casual que las concepciones de Franco en materias tan importantes no pasaran de esa elementalidad. Su mundo, por formación y por trayectoria biográfica, era, como ha escrito Fusi, de un «desolador prosaísmo»: sus aficiones eran pescar, cazar y, al final de su vida, ver cine o televisión. Carecía de preocupación intelectual alguna, atribuía a los intelectuales un «orgullo» injustificado e intolerable, cometía faltas de ortografía y pronunciaba, en Consejos de Ministros, para irritación del titular de Exteriores, Aisenover en lugar de Eisenhower. A cambio, como escribió el general Diez Alegría, «sin una base cultural sólida poseía buen sentido y capacidad para hacerse cargo de lo que le interesaba». Pero eso, con no ser poco, contrastaba con el papel que él mismo y su régimen le atribuían explicando, al mismo tiempo, que diera por buenas increíbles supercherías.

Nunca se le podrá achacar la crueldad o la corrupción de otros grandes dictadores, pero sí el defecto o el conjunto de carencias que se resumen en la palabra mediocridad. El duque de Alba escribió que «poseía todas las pequeñas virtudes y ninguna de las grandes» y el general Kindelán decía de él que estaba atacado de «mal de altura», es decir, de ese género de euforia que invade al escalador falto de oxígeno que sube a una altura superior a su capacidad física. En realidad, sus límites los marcaba no su condición de estadista sino la importante responsabilidad militar que fue su ambición antes de la Guerra Civil, que sería lo más que hubiera alcanzado de no haberse producido ésta. Eso explica que, para él, el valor de la lealtad fuera tan primordial. No en vano Cambó le atribuía el defecto de «falta de conocimiento de las personas y [falta] de decisión para colocar en su puesto a las más capacitadas». A menudo se sirvió, en los tiempos iniciales, de elementos de su entorno familiar, como su hermano o su cuñado, o de aquéllos a los que había conocido durante su infancia o juventud en El Ferrol (Alonso Vega o Suances, por ejemplo).

Esta mediocridad parece contradecirse con el largo espacio de tiempo que Franco se mantuvo en el poder. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que su dictadura fue el producto de una Guerra Civil cuyo recuerdo duró hasta que quien la personificaba desapareció. La persistencia de este trauma en la sociedad española mantuvo la confianza de una parte de ésta en quien, aunque pretendiera ser un guía carismático, ofrecía sobre todo la imagen de un pastor capaz de componer la unidad de las diversas facciones de la derecha que había acaudillado en el período bélico y de garantizar que no volvería el pluralismo conflictivo de los años republicanos. Los «años de adulación e incienso» de los que escribió su primo Franco-Salgado, principal confidente en gran parte de su vida, y la creencia en la propia condición de gobernante providencial, hicieron el resto. En suma nunca fue tan cierta aquella frase de Cambó según la cual «quien dura es quien sólo se empeña en durar»: las propias limitaciones de Franco, lejos de ser un obstáculo, supusieron una ventaja para su permanencia en el poder. Areilza previo en 1945 que Franco «hará siempre política de radio corto en torno a su subsistencia en el cargo»; tanto fue así que quien lo había previsto acabó convirtiéndose en colaborador suyo. No fue, por supuesto, el único que lo hizo.

Pero no sólo esto explica el mantenimiento de Franco en el poder. No siendo político profesional y abominando además de quienes lo eran («Haga usted como yo; no se meta en política», le dijo a un visitante) poseía en grado muy elevado el conjunto de habilidades tácticas y virtudes de tono menor que habitualmente se identifican con la política con minúscula, pero que son imprescindibles para mantenerse en el poder. Por eso un cínico político vasco, Lequerica, renunciaba a compararle con los grandes personajes del pasado español y prefería, en cambio, asemejarle a Gabino Bugallal, uno de los más conocidos caciques gallegos del reinado de Alfonso XIII. También en el terreno político, y no sólo en el militar, partiendo de la gran ventaja que le daba el recuerdo de la Guerra Civil, Franco fue un gran táctico, con todas las capacidades y limitaciones que esta palabra entraña.

Girón las resumió diciendo que a Franco lo que le caracterizaba era «el paso de buey, la vista de halcón, el diente de lobo y el hacerse el bobo». Lo último lo practicó para evitar comprometerse con ninguna tendencia durante su dictadura y, sobre todo, para ascender a ella en plena Guerra Civil dando la sensación de ser inocuo y manejable cuando en realidad era él quien tenía la capacidad de manipular. El «diente de lobo» se refiere, sin duda, a la dureza de que hizo gala en más de una ocasión. Merece una especial referencia el «paso de buey» y la «vista de halcón».

Lo primero se refiere a un sentido del tiempo que a él le resultó muy beneficioso, aunque a veces a sus colaboradores les pareciera irritante. Carrero Blanco, que lo fue tan señaladamente y durante tanto tiempo, decía a López Rodó: «hay que ver lo que a este hombre le cuesta parir», refiriéndose a la incapacidad para decidirse definitivamente por la solución monárquica de aquél a quien llamaba Caudillo. Quizá, sin embargo, fue José María Pernán —un monárquico de siempre que no veía llegar el momento en que se produciría el restablecimiento de la institución—, el más consciente de este rasgo de Franco, pues no en vano este último le había dicho que «se hacen mejor las cosas cuando se hacen a última hora». El escritor gaditano llegó a la conclusión de que el jefe del Estado «conducía con carnet de camión, es decir, con malicia gallega y elementalidad de general de infantería». Así fue siempre y no se puede negar que, apoyado en datos objetivos de la situación española, pudo pensar que el simple paso del tiempo le resolvía muchos problemas como, por ejemplo, el de su supervivencia frente a la presión exterior de 1945, que necesariamente habría de romperse por la heterogeneidad de quienes se le oponían. Cuando, años después, Fraga propuso una medida tan cosmética e irrelevante como la de suprimir el himno nacional después de las emisiones informativas de radio, Franco le sugirió que lo hiciera en dos tiempos, primera en la emisión matutina y luego en la vespertina. Actitudes como ésa daban la sensación de que los acontecimientos transcurrían con lentitud mineral. Parte de las razones de que Franco perdurara residen, como sugirió Madariaga, en que la oposición estaba en permanente expectativa de lo que él hiciera y su secreto consistía en no hacer nada.

Pero de poco le hubiera servido a Franco su «paso de buey» si no hubiera tenido esa «vista de halcón» que Girón le atribuía. Estaba constituida por sentido de la realidad, moderación relativa en comparación con alguno de sus partidarios, esa «inteligencia concreta y exacta» que descubrió Madariaga cuando lo conoció y, sobre todo, frialdad y tranquilidad. También ésta, por infrecuente, a veces causaba la irritación de sus colaboradores. Girón admitió que «le helaba el alma» y Fraga reconoce en sus Memorias que «hay días en que su serenidad y su frialdad son exasperantes». En todo caso esos rasgos se hacían especialmente manifiestos y valiosos en los momentos difíciles. «Más que en el ataque —afirma Navarro Rubio— donde se le veía seguro de sí mismo era cuando tenía que capear temporales». La astucia recelosa y la discreción completaban el panorama de sus rasgos. «Aquí el que no es tonto es un pillo», le dijo al monárquico Areilza, en frase devastadora por el pesimismo que encierra. No puede extrañar que otro monárquico, Pemán, llegara a la conclusión de que la única manera de descubrir sus opiniones consistía en esperar a que se le escaparan. Claro está que este talante de discreción fue asumido sólo con el paso del tiempo, porque durante la Segunda Guerra Mundial realizó declaraciones imprudentes, de una ligereza tal que el paso del tiempo las desmintió de modo rotundo. El infatuamiento fue siempre en él un obstáculo para el ejercicio de la prudencia.

Girón no siguió con sus comparaciones zoomórficas, pero de haberlo hecho sin duda debería haber mencionado al camaleón. Arrese, que hizo el último intento de ideologizar al régimen en sentido falangista, llegó a afirmar que no sólo Franco era un político flexible sino que, para él, la verdad no era otra cosa que la suma aritmética de las verdades en litigio. No se aferraba, por tanto, a los principios a no ser que atentaran de modo grave a la mentalidad que había heredado de la Guerra Civil. El propio Arrese cuenta que, después de hablar con él, era incapaz de saber si le había convencido o se había aburrido de discutir. La razón estribaba en que no le parecía dispuesto a ceñirse a una posición precisa en contra o a favor de nada, venía a ser un modelo de conversador que se deslizaba a través de las opiniones.

Los juicios que Franco hacía acerca de instituciones de su régimen parecen tan cínicos que, de haber sido expresados en público por un ciudadano normal, hubieran resultado incluso subversivos y merecedores de sanción. A López Rodó le aseguró que no había llegado a entender qué era un «sindicato vertical», a no ser que con ello se quisiera designar una institución en que unos estaban arriba y otros abajo. A Garrigues, con toda desfachatez, le dijo que el Movimiento era una «claque» imprescindible para montar los actos públicos de masas cuando visitaba las provincias. Un falangista, Arrese, oyó a Franco decir que, en el fondo, le daba lo mismo gobernar con la legislación vigente o con la Constitución de 1876; se comprende la perplejidad de quien acababa de proponerle una refalangistización institucional e ideológica del régimen.

Precisamente porque Franco no se adscribía a nada parecido a una ideología (a no ser ese poso mental mencionado, adquirido durante la Guerra Civil) no podía experimentar ninguna conmoción ni con supervivencia ni con su desaparición.

Este conjunto de limitaciones y capacidades políticas de Franco se traducía en su diaria actividad de gobernante de modo tal que describirla constituye un primer paso para llegar a definir los rasgos característicos de su dictadura. Lo primero que es preciso advertir respecto a ella es que Franco guardó en sus manos todas las responsabilidades en la España que rigió. Desde la Guerra Civil asumió no sólo las competencias militares sino también las políticas y hasta su muerte conservó un fondo de poder constituyente que hubiera hecho posible, por ejemplo, la sustitución de la persona de su heredero.

Todavía seguía empleándose el lenguaje de posguerra de acuerdo con el cual Franco podía «dictar» disposiciones políticas sin contar siquiera con el Consejo de Ministros. De este modo se puede decir que en España se engendró no un sistema totalitario sino una dictadura de total concentración personal del poder, al menos desde el punto de vista legal y teórico, en la que las instituciones consultivas, como el Consejo Nacional, desaparecían si pretendían cumplir su función, y donde las personas que desempeñaran en algún momento un papel especialmente relevante podían ser sustituidas, si eso ensombrecía el poder de Franco (como le sucedió a Serrano Suñer), o convertirse de hecho en simples fieles mandatarios de quien tenía en sus manos las riendas del poder, algo así como los secretarios de Despacho en el Antiguo Régimen (éste fue el caso de Carrero Blanco). Mussolini estuvo limitado por la ideología del fascismo y por sus instituciones. Franco, en quien no se daban estas circunstancias, tenía, en cierto sentido, un poder político mayor.

Pero esto no quiere decir, ni mucho menos, que Franco llevara personalmente todos los ministerios. Las decisiones más relevantes y significativas o, simplemente, aquéllas que, por concernir al poder político, consideraba como terreno exclusivo suyo se le debían consultar incluso en sus detalles más nimios pero al mismo tiempo dejaba en la práctica un amplio campo para la iniciativa de los ministros, tal como hubiera actuado un general en jefe con sus mandos militares inferiores. «Mi experiencia —ha escrito Fraga— es que los ministros dispuestos a jugar fuerte tenían un marco amplísimo de maniobra». En parte, ello derivaba de la limitación en muchas materias de los conocimientos de Franco y también de que consideraba este tipo de cargos como técnicos (de hecho, desde un principio, juzgó que los mejores ministros eran aquéllos que no eran «políticos»). La libertad de movimientos de éstos y el ejercicio «moderado» de su virtual omnipotencia provenían, además, de la concepción arbitral que de su función privativa tuvo siempre el general Franco: Había vencido en una Guerra Civil gracias a que presidió una coalición de las diferentes facciones de la derecha española y su dictadura consistió en mantener esa situación por el procedimiento de arbitrar entre ellas aunque siempre desde una posición de fuerza. Eso no quiere decir que fuera una dictadura liberal, sino todo lo contrario: por ese procedimiento, y desde arriba, evitaba la confrontación de ideas y de principios que está en la base de todo régimen liberal democrático (Carr). El arbitraje permitía en un régimen no totalitario que cada sector político de la coalición que él presidía tuviera una parcela de poder político y social, que variaba de una época a otra según las necesidades de supervivencia del régimen, pero nunca se pudo decir que una facción de esa derecha estuviera completamente en la oposición o completamente en la privanza absoluta, por mucho que así lo pensaran aquellos sectores a los que correspondía un menor grado de poder. Este papel, como es lógico, otorgaba a Franco un puesto absolutamente excepcional en el seno de vida pública española. Era, en expresión de Amando de Miguel, «el gran otorgador» de mercedes, y también de tareas a cumplir en el seno del régimen, El ejercicio de la función arbitral tenía para Franco un momento culminante en los relevos ministeriales, expresión más apropiada que la de cambio de Gobierno, pues, en realidad, durante el franquismo no hubo más que un solo Gobierno, presidido por la misma persona. Esos relevos eran fundamentales porque, a través de ellos, se renovaba el pacto fundacional del régimen afirmándose la condición inevitable del árbitro que lo presidía. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una etapa en la que las crisis fueron complicadas y lentas en su tramitación. La razón estriba en que ni Franco había aprendido la manera de llevar a cabo esa función arbitral ni los diferentes grupos en el seno de su régimen habían renunciado a imponerse sobre los demás. Luego los períodos de permanencia ministerial se hicieron más largos (en torno a los cinco años) porque Franco, como dice su primo en sus Memorias, «prefería lo malo conocido que lo peor por conocer». Sólo en la fase final Franco se desentendió en gran medida de los relevos ministeriales, al menos por lo que se refiere a una parte de los nombramientos.

Normalmente, los cambios se realizaban a través de persona interpuesta y en ellos, casi como un homeópata, Franco demostraba su capacidad para componer la fórmula apropiada para las necesidades del momento. Por otro lado, la tendencia de Franco a contar con ministros «técnicos», por así llamarlos, tuvo como consecuencia que el número de personas sin vinculación a un grupo muy preciso privara de sentido a esa función arbitral. Sin embargo, la siguió ejerciendo —hasta el momento en que perdió el contacto con la clase política más joven— respecto de las diferentes clientelas existentes entonces con programas levemente distintos. Una de las mejores descripciones de su forma de enfrentarse con la tarea de gobernante nos la ofrece un espectador tan inmediato como fue su primo. «En esto de gobernar —escribió— Franco es mucho más político y procura sobre todo no indisponerse con nadie, no perseguir a nadie… El gobierno de Franco es de todos y de ninguno… El Caudillo juega con unos y con otros; nada promete en firme y con su habilidad desconcierta a todos. Él no es más que franquista y será jefe del Estado hasta que muera». Así fue, desde luego: hasta esa fecha se mantuvo como realidad innegable e indiscutible en el seno de su régimen la afirmación de Lequerica, según la cual allí lo «único serio es ser ministro». En realidad, como ya se ha advertido, el papel de esta figura era a veces semejante a la del secretario de Estado de la administración de la Edad Moderna, puro consejero y ejecutor que carecía de fuerza propia y actuaba siguiendo el mandato de quien le había nombrado.

Sin embargo, como ya se ha dicho, la libertad de movimientos y la capacidad de decisión de los ministros fue siempre relativamente amplia y, sobre todo, la condición de tal implicaba un status y una posibilidad de debatir los problemas políticos del país que no se daba en Consejos y asambleas supuestamente parlamentarias.

Según Fraga, hasta 1962 «jamás se habló de política en los Consejos de Ministros» y esta afirmación puede responder a la realidad, aunque menos aún se trataba de ella en las Cortes. Es cierto que Franco se reservaba para sí mismo las grandes decisiones políticas pero también lo es que periódicamente el Consejo de Ministros se convertía en una especie de parlamento de bolsillo donde se debatía con verdadera aspereza no necesariamente sobre asuntos fundamentales, pero sí sobre aquéllos de carácter accidental que podían alcanzar esa significación al testimoniar un trasfondo relativo a una de esas grandes cuestiones que separaban a las familias del régimen. La verdadera enemistad política durante el franquismo tenía su asiento y su centro en el Consejo de Ministros y el arbitraje de Franco consistía en ponerle límite y sordina de modo tal que un exceso de enfrentamiento podía tener como consecuencia que él mismo, ejerciendo su poder arbitral, prescindiera de quienes chocaban.

Las propias características personales y psicológicas de Franco contribuyeron de forma importante a que las discrepancias se expresaran en Consejo de Ministros y no en ningún tipo de institución de composición más amplia. Para él, por principio, los organismos deliberantes eran instituciones peligrosas que podían limitar su poder o reincidir en los males del parlamentarismo. Franco carecía de capacidad oratoria más allá de la breve arenga de contenido y tono militar y eso, además, multiplicaba sus prevenciones respecto de los políticos profesionales. Incluso los grupos más declaradamente antiliberales que formaban parte de su régimen sentían la necesidad de esas instituciones. En ello coincidieron desde los carlistas, que deseaban unas Cortes que rememoraran el pasado histórico, hasta los falangistas, que hubieran preferido una especie de Gran Consejo fascista a la cabeza de las instituciones estatales. Pero fue inútil. Como escribió Arrese, siempre caracterizó a Franco la «temible afición a crear organismos de amplia y sonora trascendencia para luego dejarlos, en la práctica, reducidos a la mínima expresión», como, por ejemplo, a la condición de oyentes de sus propios discursos o al debate de cuestiones administrativas o técnicas aunque en ellas, en la fase final de su régimen, se traslucieran motivaciones más políticas.

Otra forma de ejercer el arbitraje era la conversación con los miembros más relevantes de la clase política del régimen. Gran parte del tiempo que dedicaba al gobierno del país transcurría recibiendo la visita de todo tipo de personalidades, lo que le servía a título informativo pero también para hacer indicaciones crípticas o indescifrables, en los momentos finales de su vida. Ha sido frecuente afirmar que Franco era bastante más abierto que muchos de sus colaboradores, y eso es probablemente cierto porque era menos rígido que ellos, incapaces de ese distanciamiento del que hacía gala respecto de las instituciones por él mismo creadas.

Con todo, eso no quiere decir que confiara en la opinión pública o en las libertades.

Siempre fue muy renuente a que se manifestara cualquier forma de polémica pública o apariencia de pluralismo. De hecho hubo en todo momento colaboradores del régimen que quisieron institucionalizarlo y abrirlo mediante una ampliación de la tolerancia —más que de la libertad propiamente dicha— sin llegar a conseguirlo ni siquiera remotamente. Siempre consideró perniciosos el pluralismo organizado o la libertad de expresión y eso explica que tardara casi treinta años (desde 1938 a 1966) en elaborar una ley de prensa, que no tardara en restringir su sentido parcialmente liberalizador, y que su última decisión política fuera cerrarse a cualquier posibilidad de institucionalización del pluralismo asociativo. Por tanto, nada más lejano a su concepción de la política que autorizar la organización de grupos diferentes que expresen su opinión y entre los que él pudiera arbitrar.

Por supuesto, en la clase política siempre hubo categorías. Es probablemente incorrecto decir que Franco tuvo «validos», porque eso sería reconocer que admitía la posibilidad de trasladar su propia responsabilidad o que no tenía inconveniente en recortar, al menos parcialmente, su poder entregándoselo a otro. Serrano Suñer ejerció un papel muy importante, pero nunca limitativo del de Franco, que, por otro lado, lo necesitaba como vínculo con la Falange y no había cumplido aún con su etapa de aprendizaje como dictador arbitral mientras mantuvo en su puesto a su cuñado. La función de Carrero Blanco fue mucho más auxiliar e instrumental como se demuestra, además, por el hecho de que su influencia sólo fue creciente a medida que la salud de Franco decaía. Franco conocía las limitaciones de su hermano Nicolás, aunque durante la guerra le concediera un papel político destacado. Más allá de este círculo íntimo estaban los elementos más relevantes del Ejército y las personalidades emblemáticas de cada uno de los sectores de la derecha que nutrían la clase política del régimen. La influencia de esas personas podía ser ocasionalmente grande, pero nunca decisiva ni constante. Éste fue el caso de Arrese, Martín Artajo o Esteban Bilbao, por citar algunos personajes significativos de las familias del régimen. Es muy posible que, en el caso de López Rodó o de otras figuras, la relevancia política no dependiera de ellas mismas sino de la que le brindara una tercera persona (en ese caso, de Carrero Blanco).

Esta especie de distancia entre Franco como dictador y sus colaboradores fue producto de un carácter no especialmente expresivo ni efusivo y explica la extraña situación que se dio en la fase final de su régimen. En el pasado, el distanciamiento había servido precisamente a la función arbitral ya descrita pero, con la decadencia física de Franco, existe la sensación de que, dándose por supuesta la necesidad de ésta, simplemente apenas se ejercía. La enfermedad de Parkinson hizo aparecer en Franco un rasgo que era la antítesis de su pasado de siempre: la debilidad de carácter. La «vista de halcón» y el «diente de lobo» se desvanecían a todas luces a no ser que se tome por éste último los coletazos represivos finales, quedando sólo el «paso de buey», que ahora estaba multiplicado también por la propia incertidumbre de lo que sucedería tras la desaparición del general. En el pasado éste había sido siempre «una esfinge sin secreto», en el sentido de que su personalidad era, en realidad, mucho más simple de lo que podía parecer. Pero ahora, por su edad y condiciones de vida, por su carácter, mutismo e inercia, era una esfinge en el más estricto sentido de la palabra.

Los ministros fueron perfectamente conscientes de este proceso de decadencia física. Según López Rodó, hasta 1965 los Consejos de Ministros se iniciaban con una larga exposición de Franco y duraban todo el día, pero desde 1968 quedaron restringidos a tan sólo la mañana. Resultó, además, un verdadero acontecimiento que, según narra Fraga en sus Memorias, en septiembre de este último año el dictador interrumpiera un Consejo para aliviar una necesidad fisiológica, pues durante años había sido capaz de evitarlo. No es una casualidad que, a partir del año siguiente, se convirtiera en algo habitual en el seno del régimen el enfrentamiento entre sus diversos sectores, sin que quien estaba a su frente fuera capaz de dirimir esa inesperada conflictividad con una intervención arbitral.

Los últimos años de la vida de Franco se caracterizaron por su aislamiento. Era obligado que, con el paso del tiempo, una persona que había desempeñado el poder en solitario estuviera condenada a concluir así. Ya antes su primo y secretario se dio cuenta de que, en realidad, no hablaba con él sino que se limitaba a mantener «largos monólogos». Ahora era ya una especie de patriarca distante, que no había perdido por completo los reflejos y que era capaz de imponer rectificaciones cuando sus colaboradores le llevaban por caminos peligrosos pero que, al mismo tiempo, carecía de información suficiente sobre la clase política joven como para elegir a los ministros.

Aun así mantuvo al menos un pálido brillo de sus capacidades del pasado. Lo que, en cambio, convirtió en esperpento el conjunto de los años finales de su dictadura fue su entorno personal y familiar. En otro momento hubiera sido inconcebible, por ejemplo, que uno de sus médicos, falangista, le presionara tanto que tuviera que calificarles, a él y a los suyos, de «chulos», o que otro le hiciera desfilar para que recuperara el movimiento o dictar unas memorias para que reaprendiera el habla. Cuando se casó su hija nada menos que el primado Pía y Deniel puso como ejemplo de los contrayentes al hogar de Nazaret y al «modelo ejemplarísimo» de la propia familia de Franco. Pero ésta, por el cruce de ambiciones y de insolvencias, distaba mucho de serlo en esos momentos.

Nunca había conseguido influencia política y ahora algunos de sus miembros la reivindicaron y ejercieron. Se convirtió, además, en contra modelo de los valores morales que defendía la España del régimen mientras quien lo personificaba estaba tan ajeno a la evolución de la sociedad española como para considerar un error que una sobrina tuviera su propia carrera profesional.

En la retina y en la memoria de muchos españoles ha quedado la imagen de estos años como definitoria de la personalidad de Francisco Franco, pero su mantenimiento en el poder hasta el final de sus días no se habría dado de no haber sido radicalmente distinto su papel en el seno del régimen durante los treinta años precedentes. Aun así el perfil como personaje histórico que ofrece a los españoles actuales resulta muy significativo. Una encuesta realizada en 1994 testimonia que el 52 por 100 formulaban de él un juicio negativo, principalmente por no haber sido capaz de superar la guerra y haber constituido un freno para el país pero otro 28 por 100 tenía de él, a los veinte años de concluir su dictadura, una visión positiva. No puede extrañar que así sea. No es fácil comparar a Franco con otros personajes históricos que ejercieron el poder en solitario. Tiene poco que ver como ser humano con un profesor de derecho administrativo, como fue Oliveira Salazar, o con un antiguo agitador de izquierdas, como fue el caso de Mussolini. En algún sentido, en cambio, puede ser comparado con Tito quien, como él, obtuvo su poder como resultado de una guerra civil. Desde la etapa final de su régimen también en su país se tenía del presidente yugoslavo esa imagen de un patriarca distante con rasgos no totalmente negativos.

El franquismo como dictadura

Una interpretación que tratara de definir el régimen que tuvo España entre 1939 y 1975 con la simple alusión a la persona del dictador caería en un exceso de personalismo y, además, convertiría la Historia de España en algo peculiarísimo, como si aquel régimen mostrara que nuestra trayectoria nacional es radicalmente distinta de la de otros pueblos. Lo cierto es más bien lo contrario: el régimen puede calificarse como dictadura franquista pero eso no quiere decir que fuera algo específicamente español o derivado en exclusiva de los rasgos personales de quien estaba al frente de la misma, sino que éste, en sus concepciones y comportamiento, era muy expresivo del talante de un sistema dictatorial cuyas semejanzas con otros, europeos y americanos, son notorias.

Lo verdaderamente peculiar de él no fue la inexistencia de estas posibles comparaciones sino que, en vida de Franco, transitó de la semejanza de un tipo de dictadura a otro sin que por ello cambiara sustancialmente y manteniéndose la misma persona al frente del mismo, lo que es otra buena razón para denominarlo haciendo referencia a quien lo personificaba. El único rasgo distintivo del caso español es éste porque, por otro lado, cada uno de los rasgos atribuidos al franquismo como dictadura se repiten en otros regímenes de otros tiempos y latitudes. Resulta una paradoja que en España la dictadura fuera tan duradera si tenemos en cuenta los antecedentes de la derecha española desde el final de la Primera Guerra Mundial. En realidad las tendencias estrictamente autoritarias y antiparlamentarias tuvieron un eco bastante tardío en España, lo que no es indicio de modernidad, sino precisamente de lo contrario, porque en otras latitudes se desarrollaron antes y más profundamente. Cabe encontrarlas en el maurismo, pero éste no perdió, al menos en quien lo dirigía, el carácter de movimiento liberal-conservador, aún con matizaciones derechistas. La propia dictadura de Primo de Rivera siempre se consideró a sí misma como una fórmula regeneracionista y transicional sin verdadera pretensión de llegar a ser un sistema radicalmente nuevo y permanente. En cuanto al fascismo también fue en España tardío y de escaso desarrollo de forma espontánea. El adjetivo fascista puede ser utilizado como imprecación, pero si se decide hacerlo en sentido más técnico corresponde a unas fórmulas precisas que en España tuvieron un éxito muy inferior al que alcanzaron en otros países. El fascismo es una variante del totalitarismo que pretende hacer desaparecer, en un ansia de unidad, el pluralismo de opciones típico de una moderna sociedad democrática. Más que derivar de una reacción del gran capital ante un peligro revolucionario (lo que, en parte, también puede contribuir a su origen), obedece a una crisis de civilización que arrastra a todos los sectores sociales —pero principalmente a las clases medias y a los jóvenes—, hacia soluciones contrarias al sistema democrático basadas en mitos siempre alimentados por el galopante nacionalismo de la primera posguerra mundial.

La capacidad de desarrollo de un movimiento fascista en el seno de un país o su acceso al poder depende de factores muy diversos, pero los esenciales son siempre la experiencia histórica anterior en la democracia y la posibilidad de que otras alternativas políticas jueguen un papel funcional semejante y alternativo. En Italia, por ejemplo, una temprana experiencia de la democracia en tiempos de crisis social y de nacionalismo llevó a un régimen con pretensiones totalitarias por más que tuviera que pactar con poderes de hecho, como la Iglesia, de modo que el partido único regimentó al conjunto de la sociedad disciplinándola y encuadrándola. En Francia, en cambio, aunque el fascismo tuviera un pronto desarrollo en términos ideológicos, las clases medias siguieron vinculadas a los partidos republicanos de modo que la implantación del fascismo sólo tuvo una oportunidad mediante la fuerza, tras la derrota frente a los alemanes en el verano de 1940. En España la brusca politización que supuso la proclamación de la Segunda República no trajo como consecuencia el advenimiento de un partido fascista fuerte sino que, durante los años treinta, el predominio en la derecha le correspondió a la fórmula católica que, si tenía un fondo reaccionario evidente, fue capaz de practicar temporalmente el posibilismo político. Como los radicales en Francia la CEDA en España mantuvo el control sobre las clases medias tradicionales. En realidad, como partido político únicamente tenía sentido en una situación parlamentaria porque en otras sólo podía ser víctima o botín (en su sector dirigente o en sus masas, respectivamente). Así sucedió tras la Guerra Civil no sólo con el grupo político citado sino por lo que se refiere a la hechura del nuevo régimen. Azaña no erraba en plena Guerra Civil cuando decía que en España podía haber fascistas pero no había fascismo, y que, de triunfar, la España adversaria resultaría más proclive a las consagraciones al Corazón de Jesús, las procesiones y los desfiles militares que a la imitación de regímenes más laicos y de pretensión modernizadora como, por ejemplo, el de Alemania. De hecho, aunque existiera un partido de pretensiones fascistas, la exaltación religiosa y la proliferación de modelos devocionales barrocos dan en ocasiones la sensación de retrotraernos a la Contrarreforma.

Así se explica que en plena Segunda Guerra Mundial, como señaló más de un testigo, el término de comparación de la dictadura franquista no fuera nunca Alemania, sino a lo sumo Italia y, más aún, los regímenes semi, pseudo o parafascistas que abundaban por entonces. La dictadura de Franco era, sin duda, más parecida a la Francia de Vichy o, sobre todo, a algunos de los países del Este europeo que al régimen de Hitler. En España, por ejemplo, existió idéntica lucha por el poder entre el Ejército y el partido fascista que en la Rumanía de Antonescu, aunque la Falange nunca tuvo ese misticismo fanático y violento que caracterizó a la «Guardia de Hierro». Como en Vichy o en Hungría el régimen español, sin llegar a la «fascistización» total, avanzó en este camino: incluso lo hizo más que esos dos países en donde nunca hubo realmente un partido único (en Francia existió tan sólo una «legión de excombatientes» mientras que en Hungría incluso hubo elecciones periódicas). Otra posible comparación sería la Austria de Dollfuss, por el componente católico del régimen, pero el dirigente austríaco tomó mucho más en serio el corporativismo católico que el propio Franco. Éste, en cambio, aceptó durante los años de la Guerra Mundial que se le alineara con las potencias fascistas y dio, por algún momento, la sensación de haber iniciado, en esta época, un camino hacia la absoluta homologación con ellas.

El fascismo fue un marco de referencia importante durante la Guerra Mundial, pero tras el desenlace de ésta perdió el prestigio de las victorias militares alemanas y el atractivo que le hizo tener una fuerte raigambre entre una parte de los intelectuales. Por otro lado, pasados los años treinta y cuarenta, desapareció el ansia totalitaria de las dictaduras de derecha, aunque no éstas, que no sólo no dejaron de existir, sino que reaparecieron, aunque con una fórmula diferente, en los años sesenta y setenta. Esas dictaduras no totalitarias permitieron un cierto pluralismo interno aunque nada tuviera que ver con el democrático; más que tener un código ideológico preciso procedían de algo mucho más tenue —como una mentalidad— y carecieron también de un partido único con una liturgia como la fascista, sustituida por un consenso programático de límites difusos. En este tipo de dictaduras no totalitarias se puede clasificar al franquismo que, además, a partir de determinado momento, utilizó como argumento principal para su subsistencia un desarrollo económico que también se dio en otras dictaduras, como la militar brasileña de los años sesenta. La dictadura no totalitaria era, en esos años, un fenómeno recurrente en Hispanoamérica aunque con diversas formulaciones: el populismo nacionalista de Perón en Argentina, la dictadura militar antirrevolucionaria de Pinochet o los regímenes en que el Ejército como corporación se hacía responsable de la totalidad del poder. Con todas estas fórmulas el franquismo tuvo paralelos, por lo que es preciso evitar la sensación de radical peculiaridad a él atribuida durante su propia existencia y también, con posterioridad, por algunos historiadores. En suma, examinándolo desde la óptica del conjunto de su evolución en su etapa inicial el franquismo puede considerarse como mucho más que una mera dictadura conservadora al estilo de la de Primo de Rivera pero, al mismo tiempo, como mucho menos que una dictadura fascista (Saz).

Pero no basta establecer esta posible similitud, a la que de todos modos habrá que volver más adelante en lo que respecta a los casos más cercanos. Aparte de clasificar el franquismo es preciso describirlo en sus rasgos fundamentales, que permanecieron invariables a lo largo de toda su historia.

Un primer rasgo se refiere al papel de la ideología política en el régimen dictatorial. Por supuesto es posible aludir a una serie de tesis de principio vinculadas con la dictadura de Franco, así como a unas ideas que siempre le repugnaron. Una visión autoritaria básica, el nacional catolicismo o un cierto populismo social constituirían otras tantas notas características del régimen que siempre fue ajeno al pluralismo conflictivo y a la libre circulación de opinión y expresión características de una sociedad liberal. Sin embargo, más que hacer depender lo primero de un ideario preciso habría que remitirlo al peso de una mentalidad, la de quienes vencieron en la Guerra Civil. El franquismo tuvo unas fuentes ideológicas plurales (procedentes de la totalidad de la derecha) y sucesivas en influencia; partía de un determinado talante, que se consideraba inamovible, pero permitía modulaciones de acuerdo con las circunstancias. En estricto sentido Arrese, López Rodó, Fernández de la Mora, Ángel Herrera o Girón eran incompatibles entre sí, pero los unía un fondo común, coincidente en la conciencia de que por separado no podían llevar a cabo todo lo que hubieran deseado. Ese poso era la experiencia del pasado de la derecha española y la huella que en ella había dejado la Guerra Civil. No era tan sólo un factor puramente reactivo o negativo y, en ese sentido, se le puede atribuir algún papel en la configuración de la realidad política del régimen. A no ser, por tanto, que se dé al término «ideología» una acepción extremadamente amplia, al franquismo no se le puede sujetar a una precisa, concreta y elaborada.

El régimen no fue, a diferencia de algunas dictaduras hispanoamericanas y de las fascistas, una dictadura colectiva de un partido o de un estamento social o profesional, sino una dictadura personal. De ahí que se le denomine franquismo, pues aun siendo militar quien la personificaba, no fue una dictadura del Ejército. Esa condición personal no impedía la voluntad de permanencia que fue siempre inequívoca y repetida a la menor oportunidad; eso lo diferenció del régimen de Primo de Rivera o de los regímenes militares sudamericanos, que se consideraron como un paréntesis temporal.

Pero, por mucha voluntad que hubiera de duración hasta el final de los siglos, ésta no se alimentaba del deseo de ocupación de la totalidad de la sociedad española. Franco no pretendió nunca la total desaparición de poderes ajenos al Estado. Ni siquiera se tomó en serio la tarea de institucionalizarse, a diferencia de otras dictaduras con voluntad de estabilidad. Las leyes fundamentales obedecieron en realidad a razones estratégicas e incluso a proyectos de futuro distintos pero, además, no fueron aplicadas con un mínimo de sinceridad. Incluso la mera redacción de lo que luego no se llevaba a cabo ni tenía traducción en la realidad política cotidiana era lenta: Baste recordar que el régimen no tuvo verdaderamente algo parecido a una Constitución sino treinta años después de haber nacido, en 1967.

Una de las razones por las que el régimen no se institucionalizó es porque, habiendo nacido de una coalición conservadora, sus diferentes componentes entendían la institucionalización de forma distinta, cuando no contradictoria. Esa coalición podía estar de acuerdo en políticas concretas, en repudiar el pasado republicano, destruir las libertades o en aceptar el arbitraje de Franco, pero siempre se mantuvo en tensión respecto de la construcción del futuro. Los falangistas fueron tendencialmente republicanos y los carlistas siempre repudiaron el partido único, por citar dos ejemplos. Por tanto, no eran fórmulas relativamente semejantes de una misma procedencia, sino que contenían conflictos potenciales, evitados periódicamente por el arbitraje de Franco. Éste se basaba en la división de cada una de las fuerzas constitutivas de la coalición conservadora en dos opciones, una colaboracionista y otra que no lo era. La primera obtenía el usufructo de una parcela del poder y legitimaba así el régimen, mientras que la segunda, pretendiendo ser purista, quedaba al margen de aquél y, en la medida de lo posible, trataba de expresar su divergencia. Pero, como alguna conexión seguía teniendo con el sector colaboracionista, también podía verse indirectamente influida por el régimen.

El arbitraje de Franco sólo puede entenderse teniendo en cuenta su capacidad de dividir la dirección de todas las fuerzas que acaudillaba, pero no debe perderse de vista el carácter informal que siempre tuvo esa coalición. Franco no admitió nunca que en su Consejo de Ministros estuvieran representadas fuerzas políticas formalmente constituidas y que ejercieran gracias a la inclusión de personajes concretos. Él era quien los elegía, aunque lo hiciera siempre con atención muy cuidadosa, procurando compensar en el resultado final del gabinete ministerial. Incluso había carteras asignadas a cada uno de los grupos integrantes de la coalición, o «familias»: Justicia, para los carlistas, porque asumía las relaciones con el Vaticano; las de carácter económico, para los monárquicos alfonsinos, porque tenían conocimientos técnicos y contactos con los más altos círculos económicos; Trabajo y Agricultura, para los falangistas, por su contenido social, y Educación y Exteriores para los católicos, porque para ellos la primera cuestión era vital y en la segunda podían ofrecer una imagen más homologable. Este carácter informal de la coalición hizo que los grupos nunca se institucionalizaran, lo que a su vez facilitó el arbitraje de Franco. Si se hubiera legalizado el pluralismo, en última instancia las familias podrían haber dirimido sus diferencias mediante unas elecciones o prescindir del arbitro de sus disputas.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que esas «familias» de la dictadura fueron sobre todo un fenómeno que se dio en la primera parte de su historia, pues con el transcurso del tiempo, ya en los años finales, fueron sustituidas por clientelas personalistas, cuyos perfiles ideológicos eran cada más vagos, siendo las discrepancias fundamentales las motivadas por la edad y la posible voluntad de apertura. La adscripción a un sector se hizo por motivos personalistas —vinculación a un dirigente— y en general la clase política se caracterizó por un grisáceo tono burocrático.

Este peculiar género de pluralismo se pudo apreciar de forma característica en el nivel local donde algunos de estos rasgos se dieron en un período cronológico anterior.

Los ayuntamientos del régimen tuvieron entre sus concejales personas de diferente procedencia, muchas de las cuales no habían jugado papel alguno en la política precedente. A finales de los años cuarenta sólo el 5 por 100 de los concejales y el 11 por 100 de los alcaldes eran miembros de Falange antes de la unificación, porcentajes que revelan lo reducido de la afiliación a ese partido y los muchos cargos que debieron cubrir dadas las circunstancias. Los otros partidos unificados —tradicionalistas y monárquicos— tenían porcentajes todavía inferiores. El mundo católico proporcionó también una parte de esos cuadros políticos pero otros surgieron de forma espontánea, como simples gestores sin duda identificados con las circunstancias políticas existentes, pero sin un perfil muy claro. Por esa misma época tan sólo el 70 por 100 de los alcaldes pertenecían al Partido y la proporción se reducía al 50 por 100 entre los concejales. En las regiones de arraigado sentimiento nacionalista en ocasiones se pudo construir una clase política a base de las antiguas adscripciones políticas (caso de los tradicionalistas en el País Vasco), pero en otras el escalón inferior de la administración se vio poblado de gestores de perfil indefinido (en Cataluña, por ejemplo).

Pero volvamos a la definición del régimen en sus aspectos más generales. Un rasgo muy característico de los regímenes dictatoriales, capaz de determinar sus distintas categorías y clases, es hasta qué punto pretenden una movilización en su favor de los ciudadanos o, por el contrario, intentan la desmovilización, como si les bastara la indiferencia o la pasividad para subsistir. Los regímenes fascistas, que pretenden siempre tener un perfil revolucionario, son siempre movilizadores y el franquismo lo fue en su origen; es más en todas las épocas, cuando se consideraba en peligro, recurría a la movilización manifestando en esos momentos un carácter más semejante al fascismo. Sin embargo, lo habitual no eran estos instantes, que Ridruejo denominó «numantinos» sino, por el contrario, una especie de «anarquía mansa», a base de promover la existencia de una sociedad desarticulada y pasiva. Hubo quien, en los años sesenta, describió la sociedad española, no como franquista o antifranquista, sino como ajena a la política. El régimen se basaba fundamentalmente no en una mayoría silenciosa sino, sencillamente, ausente. A esos años, como en el caso del fascismo italiano, cabe llamarlos «los años del consenso», no en el sentido de que el régimen fuera aceptado de forma espontánea y directa sino en el de que lo fue tras una previa represión que laminó o, al menos, desarticuló a la oposición y tras muchos años en los que su alternativa resultó por completo inviable. Pero esto no quiere decir que no hubiera, en esos años, una franja de la sociedad que fuera franquista y otra que no lo fuera, pero ambas, juntas, no formaban ni siquiera la mitad de la población. Quienes apoyaban al régimen eran los vencedores en la Guerra Civil y los que se identificaron luego con esta victoria. Definirlos en términos de clases sociales es difícil y susceptible de interpretaciones erróneas. El régimen era conservador, pero no del género de los que practican el puro bloqueo del cambio; además, su carácter parcialmente populista hacía que sus apoyos fueran más extensos de lo que el adjetivo conservador significa habitualmente. Por otro lado, lo cierto es que en las clases populares existía un mayor grado de despolitización, en parte inducida y en parte espontánea, e incluso era posible en ellas detectar un sector cuyo autoritarismo era superior a la media del conjunto de la sociedad. En el fondo el trauma de la Guerra Civil y sus derivaciones inmediatas habían creado unas condiciones peculiares para la vida política, que duraron mucho tiempo.

En un sistema fascista le corresponde al partido único la movilización popular y la dirección de la vida política, mientras que las dictaduras no totalitarias carecen de ese partido único, sustituido por fórmulas burocráticas variadas. En el caso del franquismo hubo un partido que, al principio, tuvo la pretensión de ser el único ocupante del escenario político y el inspirador de la acción del régimen en sus aspectos esenciales. La verdad es, sin embargo, que desde una etapa inicial esa pretensión se vio derrotada.

Falange fracasó, por ejemplo, en tener unas milicias como las tuvo el partido nazi.

Luego el partido se burocratizó y se convirtió en una parte del Estado, proporcionando servicios sociales a la población: el partido no había conquistado al Estado, sino que había sucedido exactamente lo contrario. Su hipertrofia, por tanto, revelaba impotencia en vez de poderío. Sin embargo, tuvo siempre su importancia en el seno del régimen franquista. Aunque sus presupuestos sólo alcanzaron como máximo el 2 por 100 de los estatales, ocupó una gran parte del escenario político en beneficio de una única tendencia de las que formaban la coalición conservadora en que se fundamentaba el régimen. En efecto, fue Falange la que se benefició sobre todo de la unificación y si esto no le permitía el monopolio del poder sí, en cambio, le reservaba una parte importante del mismo. La polémica entre el movimiento-comunión y el movimiento-organización en la etapa final del régimen es, en este sentido, muy esclarecedora. El segundo se reservaba para Falange mientras que, desde el primero, hablaban las otras opciones de la coalición franquista que, lógicamente, querían que no existiera nada más que la primera fórmula.

En general, en los regímenes no totalitarios de carácter dictatorial hay unos cotos independientes o islas autónomas que no están sometidas al poder de la política predominante patrocinada por el partido único; de ellas las más decisivas suelen ser la Iglesia católica y el Ejército. En el propio fascismo, un régimen que inventó el término «totalitario» pero que no llegó a cumplir lo que este calificativo significaba como tendencia, se produjo un pacto de Mussolini con ambos poderes de hecho (e incluso con un tercero, la Monarquía). El catolicismo desempeñó, desde luego, un papel muy importante en el franquismo, hasta tal punto que ha podido considerársele como el intelectual orgánico del régimen durante una parte de su existencia. Sin embargo, esta afirmación sólo vale para el período anterior a 1962 en que el nacional catolicismo no fue únicamente un fenómeno político, sino un rasgo de toda la sociedad española y, por tanto, también de la Iglesia. Ésta siempre tuvo un área de autonomía que incluía el dominio de gran parte de la educación y la neutralización de cualquier agresión en su contra que pudiera producirse desde los sectores más laicos del Estado, un sector de la prensa y un asociacionismo religioso del que salieron parte importante de los cuadros sindicales y políticos del futuro. Hay que tener en cuenta que en un régimen de las características del español las posibilidades de acceder a la política eran o bien las organizaciones relacionadas con el partido o las de carácter religioso, pues no había otras que fueran legales. El catolicismo, al mismo tiempo, fue también una familia más dentro del régimen con protagonismo importante en determinados momentos. Esta tendencia, carente de capacidad de cambiar el régimen, fue quizá la que deseó un cambio más temprano en sentido institucionalizador y aperturista, al menos respecto de la ley de prensa y la organización de los sindicatos, aunque su caso demuestra los peligros evidentes del colaboracionismo en un régimen como el franquista, pues quedó reducida a mantener una porción del poder social y político, pero sin llegar a introducir ningún cambio significativo en el régimen. A partir de mediados de la década de los sesenta, conservando siempre su área de autonomía, la Iglesia dejó de ser intelectual orgánico del régimen y le originó quebraderos de cabeza muy considerables. Siempre había ejercido, a través de las organizaciones apostólicas, una función «logística» (es decir, de creación y de promoción de élites en la vida pública) y «tribunicia» (de defensa frente a las injusticias sociales, por ejemplo) pero ahora estas dos funciones se hicieron al margen o en contra del régimen. La respuesta del franquismo —en concreto, de Carrero— consistió en ofrecer a la Iglesia «todo lo que quiera», a cambio de que fuera «nuestro principal apoyo», lo que demuestra idéntica incomprensión que la que tuvo Franco con el Concilio Vaticano II.

Con respecto al Ejército hay que partir de la base de que no sólo era un área autónoma, no sometida al partido o a la política del Estado, sino que la dictadura puede ser caracterizada mucho más propiamente como militar que como falangista. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que no era una dictadura de todo el Ejército sino de aquél que venció en la Guerra Civil y que fue transformado por ella. De los altos mandos existentes en julio de 1936 sólo se sublevó una cuarta parte pero, sobre todo, en el transcurso del conflicto las filas del mando se vieron nutridas por una oficialidad provisional que luego desempeñaría hasta fecha muy avanzada un papel muy importante en el seno del Ejército. La depuración en el seno de la familia militar fue dura y arbitraria, quizá incluso mayor que en el resto de la Administración, al objeto de crear un instrumento capaz de mantener en el poder a quienes ganaron en su momento la Guerra Civil. A finales de la década de los sesenta más de un tercio de los oficiales habían sido alféreces provisionales y ellos eran precisamente quienes estaban en los principales escalones dirigentes de la milicia. Por razones biográficas este sector del mando militar se identificó totalmente con la persona de Franco, pero que esto fuera así no quita el carácter personal que tuvo su dictadura. El régimen que hubo en España entre 1939 y 1975, en definitiva, no fue una dictadura del Ejército sino de Franco, que era un general. Por eso hubo hasta fecha avanzada una oposición de sectores militares, principalmente los generales que lo habían promovido y lo consideraban una especie de primus inter pares. En realidad, en los años cuarenta y cincuenta, Franco sólo pudo haber sido desplazado por ellos y nada más que por ellos. A partir de mediados de la década de los cincuenta los cambios en el Ejército habían sido lo suficientemente grandes como para que ya en él fuera imposible la oposición; de hecho, la politización en sentido contrario al régimen siempre fue en su seno un fenómeno muy limitado, y ello aunque los militares más valiosos supieran de las limitaciones de Franco. Sin embargo, esto tampoco quiere decir que el régimen fuera militarista. La oficialidad desempeñaba un papel importante en el seno de la clase política, sobre todo en determinados aspectos: el orden público estuvo siempre en manos de militares y sometido a esta jurisdicción durante todo el período. Todos los vicepresidentes y 40 de los 114 ministros fueron militares; ocho de ellos estuvieron en el poder más de diez años, lo que prueba el papel relevante que Franco les concedía. Paradójicamente el papel de los militares en los Gobiernos civiles fue también decisivo (especialmente en los más importantes, como el de Barcelona) y, además, no ocuparon tan sólo carteras relacionadas con el orden público o de carácter militar sino también, sobre todo al principio, otras de contenido económico. Pero el régimen no era una dictadura pretoriana porque, aunque basado en el nacional militarismo, no atribuyó a los oficiales una función tan relevante como, por ejemplo, la que tuvieron de forma corporativa los militares en el Chile de Pinochet y, además, provocó, en su fase final, una despolitización reactiva del estamento militar. Los propios presupuestos militares descendieron: en 1975, España era uno de los países de toda Europa con mayores deficiencias en la atribución de recursos a su Ejército. Si en 1950 los presupuestos de las Fuerzas Armadas eran el 30 por 100 del total, el año en que murió Franco sólo llegaban al 13 por 100, el porcentaje más bajo de Europa occidental. Las deficiencias de la Defensa española eran tan espectaculares que también en este terreno era necesaria una transición. Desde mediados de los sesenta el número de candidatos a ingresar en las Academias militares se fue reduciendo, signo evidente de la pérdida de prestigio social de la profesión.

Señalado el relevante papel jugado por la Iglesia y el Ejército en la dictadura de Franco, podemos avanzar un paso más en su descripción refiriéndonos a aquella institución a la que en un sistema democrático correspondería el poder legislativo. En el franquismo esta denominación ha de considerarse inapropiada pues, por mucho que las Cortes se consideraran órgano superior de participación, en realidad, antes de 1967, respondían mucho mejor a la imagen que de ellas dio Fraga cuando las describió, en un libro sobre su reglamento, como «un cuerpo continuo no sujeto a los avatares de una elección general». Un papel importante de las Cortes franquistas fue ser lo que Amando de Miguel denominó poder «resonador», es decir, funcionar como una especie de cámara destinada a dar relevancia especial a las grandes decisiones tomadas, por supuesto, por Franco. Pero su papel no se agotaba aquí: también proporcionaban un foro donde la clase política del régimen contrastaba sus opiniones sobre temas importantes de la política del momento, aunque probablemente nunca los más decisivos, y de una forma peculiar que eludía la publicidad y el más descarnado choque de opiniones Se debatió, por ejemplo, la reforma de la enseñanza y hubo actitudes muy contrapuestas al respecto entre los sectores católicos y falangistas, pero se hizo en comisión y no en pleno. No se puede decir, tampoco, que hubiera un verdadero debate de la Ley de Sucesión a pesar de que, cuando se aprobó, había en las Cortes mayor heterogeneidad sobre este punto que posteriormente. A partir de 1967, los procuradores familiares (o, mejor dicho, una minoría entre ellos) trataron de controlar, por el solo procedimiento de las preguntas parlamentarias, al Ejecutivo, pero ni siquiera en ese momento pudieron pensar en haber cumplido esa misión tan siquiera mínimamente: por ejemplo, entre 1971-1975, tan sólo se contestó una interpelación al Gobierno. Entonces ya se había producido una marcha atrás en la apertura que, en todo caso, nunca llegó al Consejo Nacional. Éste, como antiguo órgano del partido único, estaba formado por políticos fogueados que llevaban a cabo una política muy relacionada con los medios oficiales y que, lejos de convertir a esa asamblea senatorial en una cámara de las ideas, constituyeron una especie de reducto de resistencia a ultranza a los cambios. Fraga describió el sistema político del franquismo como de «claro predominio del Ejecutivo» y, más apropiadamente, López Rodó afirmó que en el franquismo las reglas no escritas del juego constitucional eran que a Franco no se le discutía y que el Gobierno era quien mandaba en el país. Quiere esto decir que, dada la forma de ejercer el poder que tenía Franco, tanto el Consejo de Ministros como cada uno de quienes los formaban y la Administración disponían de un poder político muy considerable. Así como en un sistema democrático al legislativo le corresponde la toma en consideración de los intereses nacionales y el debate político, en la España de Franco muy a menudo era el Consejo de Ministros el que debía plantearse estas cuestiones mientras que las Cortes no podían ejercer esa doble función, pues no existían los grupos políticos, su procedencia era corporativa y se centraban en cuestiones de intereses sectoriales. La categoría suprema en la política franquista era la del ministro que, a su vez, daba sentido a las de «ministrable» y ex ministro. Las cualidades exigibles para alcanzarla eran, en primer lugar, la lealtad a la persona de Franco; en segundo lugar, la preparación técnica (muchos de los ministros tuvieron el «síndrome de número uno» en las oposiciones a los altos cuerpos de la Administración) y, en fin, la pertenencia a una de esas familias del régimen que ya han sido descritas, si bien su influencia fuera decreciente con el transcurso del tiempo. El régimen pudo pasar por el peligro de convertirse en una gerontocracia, pero lo superó a partir de la mitad de los sesenta, cuando se produjo una renovación generacional en su clase dirigente. Los ministros siempre tuvieron un margen de poder grande al existir una amplia «zona de indiferencia» en la que Franco dejaba en libertad a sus colaboradores ya que lo que se hiciera en ella no afectaba en nada decisivo a las estructuras políticas fundamentales del régimen. La toma de decisiones obedecía muchas veces a un complicado modelo de relaciones informales que no presuponían necesariamente la existencia de un propósito común entre los ministros, pero sí la fluctuación de su influencia de acuerdo con las circunstancias y la permanencia de relaciones de clientela en la Administración y en la política. En la fase final del régimen se puede hablar incluso de una cierta «parálisis decisoria» provocada por la ancianidad del dictador o por el temor a las reacciones de una sociedad que empezaba a movilizarse políticamente.

La mención a los equivalentes del poder legislativo y ejecutivo en los sistemas liberal democráticos obliga a hacer referencia a la clase política de la dictadura pero para describir ésta es preciso tener en cuenta también otros factores como, por ejemplo, el grado de represión política y el margen de libertad o de tolerancia para las manifestaciones poco ortodoxas de acuerdo con la interpretación del propio régimen. La represión sólo puede ser interpretada desde el punto de vista del origen de la dictadura de Franco durante la Guerra Civil. Esto, por ejemplo, hace que el caso español supusiera inicialmente un derramamiento de sangre enorme, incomparablemente superior al de la Alemania de Hitler, por ejemplo. Más adelante se tratará de esta cuestión pero, por el momento, baste con recordar que todavía en 1945 había 43 000 presos y la represión siguió siendo dura en la década de los cincuenta y comienzos de los sesenta, aproximadamente hasta la ejecución de Julián Grimau. Sin embargo, resulta equivocado centrar la descripción del régimen franquista en esta inicial fase represiva sin tener en cuenta el cambio que se produjo con posterioridad. En torno a 1965, por ejemplo, la población reclusa descendió por debajo de las 11 000 personas y el número de miembros de fuerzas del orden público por cada 100 habitantes era relativamente bajo en comparación con Europa. A menudo la represión consistía en detenciones por períodos cortos y con juicios demorados o que concluían en sanciones leves, que se cumplían con la detención provisional. Aunque la represión aumentó en la fase final del franquismo nunca volvió a ser, no ya la de los cuarenta, sino tan siquiera la de los cincuenta. En realidad la propia sociedad había conquistado para sí nuevos límites de tolerancia.

Junto con esta evolución de la represión hay que citar también el grado de tolerancia permitido para un cierto ejercicio de las libertades. A este respecto hay que señalar que, en la economía, la libertad de iniciativa no se vio coartada nada más que indirecta (aunque gravemente) durante la primera etapa del régimen en virtud del favoritismo con que actuaba el Estado en favor de los vencedores o penando a los vencidos. En ese sentido puede decirse que este terreno hubo, por así decirlo, un botín de guerra. Pero, a diferencia de otros regímenes totalitarios, el mundo económico no quedó estrechamente sometido al férreo mareaje de la política. Peor fue la situación en lo que respecta a otras libertades, como la de asociación. Nunca hubo verdadera y efectiva libertad sindical aunque, desde los años cincuenta, hubiera organismos de representación de los trabajadores en el seno de las empresas capaces de pactar con los patronos los incrementos de la productividad y en 1965 se relajara la penalización de la huelga. La persecución de las organizaciones clandestinas se suavizó en los años sesenta, pero volvió a endurecerse en la fase final del régimen. El resto del asociacionismo estuvo estrechamente controlado de modo que tan sólo en casos muy singulares existieron zonas marginales con una cierta autonomía. Este pudo ser el caso, en primer lugar, de organismos económicos como las cámaras de comercio sobre los que ejerció presión la organización sindical o el Partido y, sobre todo, de las asociaciones de carácter religioso que pudieron acoger en más de una ocasión parte de la protesta social.

Quizá merezca la pena, en un momento en que se pretende llegar a una descripción del tipo de dictadura que fue el franquismo, tratar con algún detalle el régimen jurídico relativo a la prensa. La legislación inicial, tomada de la Italia «mussoliniana», fue en muchos aspectos más dura y, sobre todo, más cominera en su aplicación En el preámbulo de la ley, redactada durante la Guerra Civil, se abominaba de «la libertad entendida al estilo democrático» y se declaraba que «no podía permitirse que la prensa viviera al margen del Estado». De acuerdo con su texto se controlaba de forma estrecha la dirección de los periódicos, siempre de nombramiento gubernamental, así como su financiación. Frente a determinadas decisiones, relativas por ejemplo al nombramiento de directores, sólo se podría recurrir ante la explícita voluntad de Franco, lo que equivalía a agravar la legislación italiana. En una orden de aplicación de la ley se reglamentaron incluso los salarios de periodistas y se determinaron las sanciones para quienes, sin serlo, escribieran en la prensa. Cuando se llevó a cabo la depuración de la profesión periodística resultó durísima, como todas las restantes: de 4000 expedientes tramitados para ser aceptados como tales sólo 1800 lo fueron. Siendo esta disposición previsible en el momento de la Guerra Civil llama la atención lo muchísimo que se mantuvo vigente aunque su aplicación perdiera algo de dureza con el transcurso del tiempo. Sólo en los años cincuenta les resultó posible a los periódicos nombrar por sí mismos a sus directores y únicamente en 1966, con la nueva ley, elaborada siendo ministro Manuel Fraga, desapareció la censura previa. Los límites de la misma vienen señalados por el hecho de que, en seis años, hubo casi 600 sanciones en aplicación de sus normas. Al mismo tiempo, sin embargo, la prensa alcanzó, a partir de un cierto momento, un indudable pluralismo, aunque tan sólo pudiera expresarse a través de matices. Hubo un momento, cuando el Partido estaba en su apogeo, en que se defendió la tesis de que «la consigna, dentro de la disciplina de la Falange, es, no sólo útil y respetable, sino también honrosa». Pero, al mismo tiempo, los medios católicos controlaron prácticamente el mismo número de diarios que las cadenas oficiales. Éstas aparecían desdobladas en dos versiones, la del partido y la de los sindicatos y, al margen de diarios católicos y oficiales, también existían los de propiedad privada. Situación parecida se daba en la radio. Aunque durante la dictadura las emisoras de radio estaban obligadas a emitir los mismos partes informativos (los de Radio Nacional) en el resto de la programación podía haber matices diferenciales.

Éste era el muy limitado marco en que debía desenvolverse la oposición y referirse a ella es imprescindible porque también contribuye a definir el sistema político de una dictadura. Existen en los historiadores dos tendencias antagónicas e igualmente inexactas al tratar de definir su papel en la España de estos momentos: los que la magnifican y quienes la convierten en pura anécdota. La verdad es que nunca dejó de existir y tuvo mayor reflejo en la vida interna del régimen del que éste admitiera nunca, pero es muy posible que después de la segunda posguerra mundial sus posibilidades de triunfo fueran, hasta el mismo momento de la desaparición física de Franco, escasas. El régimen empleó contra ella la represión violenta, en especial durante los primeros años, pero también se sirvió de la pasividad característica de la sociedad española e incluso ejerció durante mucho tiempo una cierta capacidad de atracción hacia las posiciones del colaboracionismo, pero la oposición perduró porque a aquélla que era heredera de los vencidos en la Guerra Civil hubo que sumar, a partir de los años sesenta, la que nacía como consecuencia de las transformaciones de la sociedad española, industrializada y desarrollada, en la que las pautas de comportamiento cultural eran muy distintas de las del pasado.

En definitiva, en esto como en tantas otras cosas, el rasgo más llamativo del régimen de Franco es que su larga duración hizo posibles sucesivas políticas con respecto a la oposición, que fueron aparentemente contradictorias. Todavía en 1953 murió en la cárcel un importante dirigente socialista como consecuencia de los malos tratos y en 1963 fue ejecutado un dirigente comunista por supuestos delitos cometidos durante la Guerra Civil, pero ya en los años setenta los dirigentes socialistas eran conocidos por la policía, que podía a veces detenerlos, pero que no los torturaba y sin que, al ser juzgados, fueran enviados por largas temporadas a la cárcel. También en este caso se debe atribuir a la propia sociedad el haber sido capaz de conquistar un cierto margen de tolerancia.

Igualmente característico de la dictadura franquista es el hecho de que, durante todo su transcurso, el sistema político vigente empleó contra la oposición una represión discriminada, diferente según las circunstancias y según las personas a las que se dirigía. Siempre hubo una oposición tolerada, que no era perseguida a no ser que se mostrara especialmente activa, y otra manifiestamente ilegal y destinataria de una represión muy dura. Con el paso del tiempo, el espacio concedido a la primera fue aumentando y esta ampliación, en realidad, no experimentó retroceso ni siquiera en los momentos de recrudecimiento de la dureza de la lucha política durante los años setenta.

Pero, además, el pluralismo del régimen siempre alimentó la existencia de una cierta seudo oposición u oposición intrarrégimen cuyos límites con la oposición más moderada fueron imprecisos durante la fase final del franquismo.

Finalmente, para definir una dictadura también se puede y se debe tener en cuenta la existencia o no en determinados terrenos de políticas muy características. En política exterior, por ejemplo, el régimen de Hitler sería inimaginable sin la existencia de una voluntad imperialista que también tuvo el fascismo italiano, aunque fuera más titubeante y se adaptara más a las circunstancias. En España ésta existió durante los años cuarenta, aunque siempre fue relativamente menor, limitándose al aumento de influencia en el norte de África y sin pretender una reestructuración mundial, o europea al menos, beneficiosa para los intereses españoles.

Concluida esta etapa la política exterior fue mucho más modesta: se limitó a tener como objetivo la supervivencia de una nación aislada, con instituciones no homologables en el contexto geográfico donde se situaba, y nunca admitida con plenitud de derechos dentro de la Europa occidental democrática. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en el caso de Portugal, la política seguida fue también realista a la hora de la descolonización, aunque hubiera errores por lentitud en el momento de acometerla y en la manera de ejecutarla, a menudo muy falta de sinceridad. La política económica del régimen fue también cambiante: de una voluntad autárquica basada en un nacionalismo militarista y paternalista se pudo cambiar a una actitud mucho más liberalizadora, aunque nunca lo fuera totalmente. En un régimen como el nazi lo característico de la política económica fue la sumisión al imperio de la política, pero en España los contenidos de esta última eran más modestos (no eran totalitarios sino que se limitaban al mantenimiento de un dictador) y la economía reivindicó su papel, acabando por convertirse en un instrumento de propaganda del régimen aunque, estrictamente, éste nunca consideró el desarrollo como objetivo fundamental. En tercer lugar, una dictadura totalitaria tiende a desarrollar una cultura propia, laica y fuertemente intervenida. A la dictadura de Franco no le faltaron, en un primer momento, ni los intelectuales ni un cierto bagaje cultural, aunque estuviera más cercana a la reacción clerical que a cualquier otra cosa. Muy pronto, sin embargo, incluso quienes procedían de este medio se alejaron de la política oficial que, además, no tenía precisos modelos que imponer. Al final eran dos mundos, el político oficial y el intelectual, con escasos puntos de contacto.

Si ya con esta descripción tenemos una idea general acerca de lo que siempre fue la dictadura de Franco, podemos volver a la comparación con otro tipo de regímenes existentes en épocas relativamente semejantes y durante períodos parecidos. La comparación más productiva, porque permite señalar al mismo tiempo similitudes y diferencias, es la que se puede hacer con el fascismo italiano y el salazarismo portugués, aunque sólo este último durara un período semejante. La relación entre los tres regímenes fue estrecha y sintieron su coincidencia de intereses, pero Franco, que en algún momento pudo sentir a Mussolini como digno no sólo de admiración, sino también de imitación, aunque también dudara de sus capacidades militares, no consideró a Salazar más que como un instrumento para llegar a ponerse en contacto con el mundo democrático. Los comienzos de los tres regímenes fueron diferentes.

Únicamente el español salió de una Guerra Civil y trató de reconstruir desde la nada el sistema político; además empleó una represión muy dura, incomparable en términos cuantitativos o cualitativos con la de Salazar y Mussolini, y siempre se sirvió de la dialéctica de vencedores y vencidos. Salazar nunca fue totalitario: su régimen fue una dictadura conservadora de ideario católico corporativista que recalcó el autoritarismo de unas instituciones republicanas en muchos aspectos sin alterar, pero institucionalizadas de una manera cuyo resultado era dictatorial. Mussolini inventó el término «totalitario», aunque no lo llevara a la práctica (su totalitarismo, según los historiadores italianos, fue «imperfecto» o «defectivo», al menos en comparación con el de Hitler), pero, al acceder al poder por la vía legal, no hizo uso de una violenta re presión y, cuando institucionalizó el régimen, lo hizo de un manera clara, a diferencia de Franco, y manteniendo como posibilidad abierta el camino hacia el totalitarismo absoluto. A partir de un determinado momento final —en la llamada República de Saló— la voluntad totalitaria resultará manifiesta.

La comparación de estas dos dictaduras con la franquista puede continuarse en muchos otros aspectos. El partido único no existió en Portugal, donde Salazar permitía la ocasional existencia legal de grupos políticos de oposición durante las elecciones —que se realizaron y en algún caso pudieron dar un resultado imprevisto— y donde, no obstante, nunca se puso en peligro la subsistencia del régimen por la desmovilización política generalizada. Éste, además, aceptó un cierto pluralismo interno que enfrentaba a monárquicos con los que no lo eran y a los aperturistas respecto del problema colonial con los que se oponían a esta posición. En el fascismo italiano existió pluralismo de procedencias pero a partir del acceso al poder sólo lo hubo de talantes. El partido fue siempre esencial en este régimen, que practicó una movilización y un encuadramiento que luego Hitler, imitándolo, todavía intensificaría más. En Portugal, el Ejército, aunque garante del sistema, no desempeñó un papel tan importante como para sostener que el salazarismo fuera una dictadura militar. La dictadura portuguesa, aún personificada por quien procedía de movimientos católicos, nunca fue clerical, a diferencia de le que sucedió en España. En Italia el carácter más totalitario de la dictadura hizo que hubiera, en alguna ocasión, graves conflictos entre Mussolini y la Iglesia, mientras que el Ejército, aun manteniendo un área de autonomía, fue descabezado en su dirección y el líder político hizo también de caudillo militar. En Portugal existió la misma represión selectiva que en España, lo que tiene poco que ver con la ferocidad indiscriminada de la República de Saló al final de la etapa «mussoliniana». Para terminar, en Italia hubo una voluntad autárquica en lo económico, una política cultural e incluso un arte fascista y un deseo imperialista en política exterior, si bien moderado según las circunstancias. En cambio, en Portugal, la política económica fue la propia de ese contable cuidadoso que siempre fue Salazar y su imperialismo resultó puramente defensivo pues no nacía más que de la importancia, que para el diminuto Portugal tenían sus colonias africanas. En todos estos rasgos existe, desde luego, una comparación bien obvia con el caso del franquismo español. Si pretendiéramos sintetizar las semejanzas y diferencias habríamos de decir que la dictadura de Franco fue un régimen político que en una escala de «fascistización» estaría, en los años cuarenta, entre el polo superior italiano y el inferior portugués. De nuevo se debe recordar que fue bastante más que una mera dictadura conservadora y bastante menos que una dictadura fascista.

El franquismo, por tanto, no tiene unos rasgos que lo conviertan radicalmente en un fenómeno único e irrepetible. Su peculiaridad surge de haber nacido de una guerra civil, lo que le dio unas posibilidades de perduración muy grandes, merced también a la flexibilidad de Franco. Además, la ausencia de un ideario definido le permitió transitar de unas fórmulas dictatoriales a otras, rozando el fascismo en los cuarenta y a las dictaduras desarrollistas en los sesenta. Otro rasgo que durante mucho tiempo pudo considerarse poco frecuente es que, a la desaparición de la dictadura, se produjera una transición en paz hacia la democracia, pero esto ya no dependió del régimen en sí, sino de los cambios producidos en la sociedad española, principalmente en los años sesenta, y de la capacidad —en aquellos momentos— de la clase política dirigente, tanto del régimen como de la oposición.

Vencedores y vencidos:
Los desastres de la guerra y la represión

En un momento en que empezaba a generalizarse, en plena Guerra Civil y entre los vencedores, la denominación de «Año triunfal» para referirse a los que contaban desde el comienzo de la sublevación, hubo un político español que hizo amargas reflexiones sobre lo que vendría después de concluido el conflicto. Cambó —por entonces en la emigración— a pesar de si condición conservadora, y de la ayuda que prestó durante toda la guerra al bando franquista, escribió en su diario que al utilizar el adjetivo «triunfal», «Franco parece olvidar los torrentes de sangre, a las dos generaciones siguientes, la destrucción de riqueza que rebajará terriblemente el nivel de vida de los españoles, el poso de rencor que minará por decenios la vida colectiva española y los problemas pavorosos de la posguerra». En efecto, así fue; nada choca más que el entusiasmo de los vencedores capaces de intentar reanudar desde cero la Historia española ante el espectáculo de una España arruinada y hecha trizas por culpa de la contienda fratricida. Hasta ahora hemos hecho mención de la persona que encarnaría y definiría como dictado el «Nuevo Estado» y de cuáles fueron las características del mismo. A continuación será preciso referirse a la maltrecha sociedad sobre la que actuó este régimen, evidente producto del conflicto bélico.

Un cómputo de los desastres de la Guerra para España necesariamente debe comenzar por la referencia al número de muertos. Desde hace tiempo se ha convertido en un tópico presentar la Guerra Civil española como factor productor de una extraordinaria mortalidad cifrada, nada menos, que en un millón de personas. Tal dato se ha convertido en un símbolo, pero con toda probabilidad es exagerado, aunque se siga repitiendo precisamente por esa razón; tan sólo si se computara la «desnatalidad» (es decir, los nacimientos que no se produjeron como consecuencia de la guerra) se podría llegar a esa cifra. Como es lógico, una estimación exacta es difícil. El cálculo más bajo sitúa el número de muertes en unas 400 000, mientras que el de Ramón Salas alcanza las 625 000, de las que algo menos de la mitad serían la consecuencia directa de las operaciones bélicas y la represión, tanto en el momento bélico como inmediatamente después. Algo más alta sería la cifra de los fallecidos como consecuencia de las enfermedades y privaciones, también en el período indicado.

Como sabemos, las cifras de Salas han sido muy criticadas, pero parece posible que, en cuanto a grandes magnitudes, se aproximen a la realidad. De ser ciertas resultaría que, siendo tan brutal la ferocidad de ambos bandos durante la Guerra Civil, tampoco puede decirse que resultara una excepción en el mundo contemporáneo. En efecto, el número de muertos como consecuencia directa del conflicto bélico vendría a ser de algo más del 1 por 100, porcentaje elevado, pero que resulta semejante al número de muertos producidos por un suceso histórico similar en Finlandia poco después de la Revolución soviética. Incluso para la propia España la pérdida demográfica no habría sido superior al número de muertes producidas por la gripe de 1918.

Tampoco las destrucciones sufridas en España durante su guerra se asemejan a las que tuvieron como escenario a Europa durante la Segunda Guerra Mundial; basta comparar, por ejemplo, las decenas de miles de muertos que causaron los bombardeos sobre ciudades alemanas con los 5000 que, a lo largo de toda la guerra, sufrió Cataluña. En cualquier caso, el cálculo de la destrucción producida no resulta nada fácil. Según Velarde, la caída de la renta nacional de 1937 la habría dejado reducida a un tercio de la del año anterior y en 1939 sólo equivaldría a tres cuartas partes de la de 1936.

Otras cifras, bastante coincidentes, sitúan el descenso del nivel medio de renta alrededor del 28 por 100. Los datos más expresivos de que disponemos son parciales, fruto de cálculos de fecha tan tardía como los años sesenta. Según estas estimaciones habrían resultado destruidas totalmente 250 000 viviendas y parcialmente otras tantas, lo que sólo supone, en conjunto, alrededor del 8 por 100 de las existentes. Las cifras de ciudades y pueblos «adoptados» (es decir, sometidos a un régimen peculiar de protección por parte del Estado) después de la guerra fueron también relativamente modestas: unas 300 entidades de población de las que menos de 200 habrían sido destruidas en más del 60 por 100. De las grandes ciudades sólo Oviedo, como consecuencia del sitio sufrido, puede decirse que quedara verdaderamente destruida en una proporción considerable. Se ha calculado que la producción agrícola y la industrial experimentaron una disminución del 20 y 30 por 100, respectivamente. La tierra en cultivo también disminuyó (en trigo, de 4,5 a 3,5 millones de hectáreas) y la cabaña ganadera se redujo en un tercio en vacuno y lanar y a la mitad en porcino. Además, como en toda guerra, resultaron especialmente afectadas las comunicaciones. La marina mercante perdió casi un tercio de su tonelaje y fueron destruidos el 40 por 100 de las locomotoras de ferrocarril, el 40 por 100 de los vagones y el 70 por 100 del parque de coches de viajeros. Pero si, en conjunto, la destrucción producida por la guerra fue grave, en éste, como en tantos otros aspectos, la Guerra Civil española recuerda más a la Primera que a la Segunda Guerra Mundial. No es comparable, por ejemplo, la destrucción producida en Alemania, Yugoslavia o Polonia, durante esta última, con la que tuvo lugar en España durante el período 1936-1939-Lo que sucede es que la posguerra española todavía agravó sus dificultades porque las circunstancias internacionales y, sobre todo, la política económica autárquica hicieron de multiplicador de los desastres de la guerra. Más adelante se tratará de estas cuestiones pero, por el momento, baste con recordar que a partir de la Guerra Civil «se interrumpió una tendencia previa, incipiente pero hoy bien documentada, hacia la modernización económica» (García Delgado). Como Italia y Portugal, España había mantenido un desarrollo tardío y rezagado con respecto a Gran Bretaña. Italia la superó en los años finales del XIX y sólo a finales de los años veinte de este siglo pudo producirse un relativo acercamiento a ella. Pero la crisis bélica y la lamentable gestión económica posterior durante la década de los cuarenta incrementaron la diferencia porque, además, la recuperación posbélica italiana fue muy rápida. Había, pues, pocos motivos para considerar esos años como «triunfales». La ruptura con el pasado —que se produjo, en efecto, como querían los vencedores— tenía aspectos enormemente negativos.

Pero la cuestión merece ser examinada también desde otra perspectiva. La Guerra Civil fue feroz y destructiva, pero admite una comparación con fenómenos similares acontecidos en otras latitudes por la misma época, e incluso se puede decir que tuvo unos efectos menos letales que lo imaginable. Sin embargo, sí resultó excepcional en lo relativo al grado de represión del vencido. En esto se puede afirmar que la guerra de 1936 superó con creces ocurrido en otras ocasiones semejantes en la Historia española: jamás hasta entonces un conflicto civil había concluido en nuestro país con una persecución tan generalizada del vencido, con el agravante de realizarse a través del solapamiento de procedimientos diversos y que se sumaban sucesivamente los unos a los otros. Las guerras carlistas, por ejemplo, habían concluido en «abrazos de Vergara», de algún modo fórmulas de reconciliación, aunque hubiera vencedores y vencidos, pero ahora no fue así. No sólo hubo juicios contra los derrotados sino que con este objeto se imaginó una nueva ordenación de la judicatura y leyes especiales de carácter excepcional; a todo ello hubo que añadir sanciones económicas y una depuración general de la Administración.

La dureza de la represión queda ratificada, en fin, si comparamos las cifras de ejecuciones en la posguerra en países que pasaron por experiencias parecidas. En Francia el número de éstas entre quienes habían colaborado con el régimen de Vichy o con los alemanes fue apenas de unas 700, siendo el número de condenas diez veces superior. La depuración de la Administración sólo fue significativa —alrededor del 10 por 100— en casos singulares, como el de los carteros de las zonas germano parlantes de Alsacia. En general la represión fue blanda y poco duradera quizá porque la democracia triunfante fue generosa. Ya veremos que las cifras relativas al caso español son incomparablemente más altas. Julián Marías ha escrito que los vencedores hubieran conseguido cerrar la herida de la Guerra Civil en el cuerpo de España con tan sólo disponer de «cierta eficacia y cierta dosis de generosidad» pero la política económica no se caracterizó precisamente por la primera y, respecto a la segunda, no hubo ni el más remoto proyecto de reconciliación, al menos durante el primer cuarto de siglo después de la finalización de la guerra. Franco llegó a afirmar que la liquidación de las responsabilidades del conflicto «no puede hacerse a la manera liberal», queriendo indicar con ello que no se debía pensar en el perdón sino que los vencidos tendrían que cumplir una pena suficiente y darse en ellos un propósito compungido de rectificación y de conversión a una nueva forma de ver las cosas.

Al tratar de la represión es preciso estudiar la configuración de los mecanismos destinados a producirla. Algo muy característico del régimen franquista fue la aparición de una selva de jurisdicciones especiales de las que la más importante —sobre todo en el aspecto político— fue la militar. En efecto, a diferencia de lo sucedido en Italia o en Alemania, la represión no la llevo a cabo el Partido, a pesar de que hubo elementos radicales en el seno del falangismo que lo intentaron. Para ellos las autoridades políticas debían asumir funciones judiciales de tal manera que en última instancia el principio de que sería justo «todo lo que conviene a la Nación», interpretado, por supuesto, al modo falangista, debía sustituir a cualquier tipo de códigos. Pero la entrega de la Justicia a sectores más conservadores, tradicionalistas o antiguos colaboradores de Primo de Rivera, imprimió un sello fundamental a su administración por parte del «Nuevo Estado».

A los nuevos jueces se les exigió la adhesión al Movimiento Nacional, pero no el carné del Partido. Estaban, además, sujetos a un proceso de formación ideológica a través de la Escuela Judicial, creada en 1944, y previamente, como toda la burocracia, habían sido objeto de una depuración muy estricta. Un 37 por 100 de los magistrados fue sometido a depuración y, de ellos, un 14 por 100 sometido a sanción (algo menos de la mitad fueron separados definitivamente). Hasta un 22 por 100 de los fiscales recibieron algún tipo de sanción.

Pero, como ya se ha indicado, la Justicia represiva de carácter político fue, tanto en la primera posguerra como en gran parte de la época posterior, militar.

Característico de los primeros momentos del franquismo fue que tuviera, además, un marcado tono imperialista, de modo que se extendió el delito político a terrenos inesperados. En 1939 se decretó que los tribunales militares tendrían competencia sobre el acaparamiento de productos alimenticios y, en 1941, se les atribuyó la competencia sobre los accidentes ferroviarios, extendiéndose ésta en 1943 a huelgas y paros, y también a «las transgresiones del orden jurídico que tengan manifiesta repercusión en la vida pública». Hubo, desde luego, otras jurisdicciones especiales —abastecimientos, delitos monetarios, menores, vagos y maleantes— pero ninguna tan importante como ésta. A este respecto cabe decir que el caso más similar en la Europa de la época se encuentra en la Francia de Vichy, que no en vano tenía a su frente a un militar. Al mismo tiempo que se multiplicaban las jurisdicciones especiales se restringían las posibilidades de actuación de los tribunales normales. La jurisdicción contencioso administrativa sólo fue restablecida de forma parcial en 1944 y el gobierno se reservó la capacidad de suspender la ejecución de las sentencias que considerara inapropiadas.

Toda esta configuración de un nuevo orden judicial constituye un testimonio de cómo fue la dictadura en la posguerra, por más que nunca resultara por completo totalitaria. Junto a esta remodelación de la carrera judicial hay que recordar que, desde fecha muy temprana, los vencedores en la Guerra Civil prepararon disposiciones punitivas a pesar de que, como ya hemos visto, las afirmaciones de acuerdo con las cuales en plena Guerra Civil los asesinatos cometidos en la zona del Frente Popular fueron espontáneos mientras que en la zona adversaria resultaron premeditados no son completamente ciertas. Pero eso no quiere decir que no existiera una decidida voluntad de castigo por parte de los futuros vencedores y así, todavía en plena guerra, empezaron a aparecer disposiciones legales que preveían no sólo una drástica ruptura con la legalidad del pasado y procedimientos arbitrarios para sancionar al adversario sino también una profunda depuración del personal administrativo o la reducción del vencido a la condición de persona carente de igualdad legal en la práctica. Ya se han mencionado algunas de estas medidas y las que siguieron no fueron otra cosa que su lógica continuación. En noviembre de 1936, cuando pareció que la caída de Madrid era inminente, estaban ya en disposición de actuar hasta ocho tribunales militares que entraran con las tropas de Franco y llevarían a cabo la labor penal prevista Todavía en guerra se dictaron tres disposiciones que era obvio no tendrían aplicación sino en el momento del final de la contienda. En el verano de 1938 se reintrodujo la pena de muerte en el Código penal, justificando su presencia con razones que parecían convertirla en obvia. En enero de 1939 se legisló acerca de la depuración de funcionarios públicos, medida que —se prometió— se llevaría a cabo «con la máxima rapidez». A comienzos de febrero de 1939, fue publicada la llamada «Ley de responsabilidades políticas», destinada a castigar a quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo, providencial e históricamente ineludible del Movimiento Nacional. De acuerdo con esta disposición «la magnitud internacional y las consecuencias materiales de los agravios, son tales que impiden que el castigo y la reparación alcancen unas dimensiones proporcionales». Aun así se pretendía sancionar a todos los que hubieran ocupado cargos en el Ejército adversario, el Gobierno o la Administración, los partidos o la masonería. Los Tribunales estarían compuestos por representantes del Ejército, la Magistratura y el Partido unificado. Las posibles responsabilidades se remontaban a octubre de 1934 —es decir, un año y medio antes de que estallara el conflicto— y las asociaciones de carácter político o parapolítico disueltas por disposiciones anteriores habrían de sufrir las pérdidas de todos sus bienes, entregados al Estado, con destino al Partido único. La gravedad de una disposición como ésta reside en que se sumaba a la actuación de los Tribunales Militares y, además, fue completada por otras disposiciones.

En enero de 1940 se dispuso que «no se procediera a la detención de ninguna persona sin denuncia y comparecencia por escrito», lo que parece indicar que hubo una fase en la que pudo producirse una represión indiscriminada, sin tan siquiera el peculiar tipo de juicios que tuvieron lugar más adelante. En Cataluña pudo haber unos cuarenta casos de este tipo, pero es muy posible que en medios rurales de otras latitudes estos casos fueran relativamente frecuentes. En marzo siguiente fue promulgada la «Ley de represión de la masonería y del comunismo». Muy de acuerdo con la mentalidad del propio Franco, se partía de que «acaso ningún factor, entre los muchos que han contribuido a la decadencia de España, influyó tan perniciosamente en la misma y frustró con tanta frecuencia las saludables reacciones populares y el heroísmo de nuestras armas como las sociedades secretas de todo orden y las fuerzas internacionales de índole clandestina». Las acusaciones que se hacían a tales asociaciones eran nada menos que «la pérdida del imperio colonial español, la cruenta guerra de la Independencia, las guerras civiles que asolaron España durante el pasado siglo, las perturbaciones que aceleraron la caída de la Monarquía constitucional y minaron la etapa de la Dictadura, así como los numerosos crímenes de Estado» de la etapa republicana. La disposición contenía una curiosa asimilación de ideologías que difícilmente hubiera sido aceptada por los sancionables: sumaba al comunismo los grupos «troskistas, anarquistas y similares». El cuidadoso desglose de categorías de los destinados al castigo permitía una determinación casi automática de la pena. Quienes hubieran estado presentes cuando se cometían asesinatos en el bando del Frente Popular serían castigados, por ejemplo, con veinte años y un día de prisión; idéntica pena correspondería a quienes hubieran ejercido como concejales del Frente Popular. Como complemento de estas medidas se decidió poner en marcha, en abril de 1940, una vasta investigación acerca de la guerra y sus antecedentes, redactada, por supuesto, desde la óptica de los vencedores. La «Causa general», como fue denominada, fue utilizada luego como instrumento de propaganda del régimen de Franco pues probaba la barbarie del adversario pero tiene también un evidente interés histórico que los profesionales han sabido aprovechar en los últimos tiempos. Incluso la modificación del Código de Justicia militar en 1943 ha de ponerse en relación con las actitudes represivas.

A partir del conocimiento de esta adecuación del orden judicial y de estas disposiciones se puede pasar a examinar su resultado. Hay que examinar, en primer lugar, la actuación de los Tribunales Militares a los que sabemos les correspondió en exclusiva la sanción de los delitos políticos. El grueso de su actuación represiva se llevó a cabo entre 1939 y 1942, aunque se prolongara en casos excepcionales después de esta fecha: se debe tener en cuenta que hasta abril de 1948 España estuvo en estado de guerra, es decir, bajo la absoluta jurisdicción militar. Comparada con la represión puesta en práctica por los grandes dictadores totalitarios de nuestro tiempo, como Hitler o Mussolini, la practicada por Franco no pretendió la desaparición de categorías enteras de la población (los judíos o los kulaks, por ejemplo), sino que fue selectiva y racional y, al mismo tiempo, durísima, dando la sensación de que se pretendía quebrar cualquier posible resistencia o capacidad de discrepancia de toda una parte de la sociedad española.

Los datos que tenemos acerca de la misma no son, por desgracia, más que parciales. Se podría pensar que en una situación de aparente normalidad se habrían inscrito la totalidad de las muertes en los registros civiles indicando la causa. Sin embargo no fue así porque la Ley de Registro Civil de 1870 presuponía que las muertes producidas como consecuencia de una sanción penal no tenían que ser inscritas como tales, ni siquiera aquéllas que se hubieran producido en prisión. De esta manera una disposición destinada a evitar un recuerdo infamante para los descendientes en la práctica se convirtió en un procedimiento para ignorar la barbarie. Los cálculos totales del número de ejecuciones varían mucho. La cifra de Salas, el primer estudioso de estos temas, pero que ha resultado muy controvertido, es de unas 30 000 y la de Tamames —con un fundamento nada documentado— alrededor de 100 000. Los especialistas actuales en estas materias sugieren entre 40 000-50 000 pero esta cifra, en definitiva, no es más que una evaluación que trata de acercarse a la realidad por transposición de los pocos casos que conocemos de forma completa y definitiva.

Por otro lado, el examen de los mismos permite profundizar algo más en la forma en que se persiguió al vencido. En Cataluña, la región en que mejor ha sido estudiada, la represión franquista de la posguerra dio lugar a 3385 ejecuciones. Fue ésta la única zona donde se había producido un éxodo masivo de la población a través de la frontera francesa, por lo que no podían ser localizados los dirigentes, incluso de menor rango, de la causa del Frente Popular. Los afectados por la represión posbélica fueron personas que no pensaban que pudieran ser objeto de la misma, como militantes políticos y sindicales varones y relativamente jóvenes, en especial de áreas rurales en las que había existido una fuerte tensión social, pues en Barcelona fue más fácil eludir la acción represiva en el anonimato de la gran urbe. En la actual Comunidad valenciana, donde no se dieron esas circunstancias, el número de ejecuciones fue superior, unas 4700. Otro dato importante es el que se refiere al número de causas incoadas en relación con las ejecuciones. En Córdoba la represión dio lugar a casi 1600 muertos, tras nada menos que 27 000 causas juzgadas por 35 Tribunales Militares itinerantes.

Resulta muy significativa esta disparidad entre el número de las causas y las sanciones porque revela lo extenso de la represión con la consiguiente difusión del terror entre la población. No fue ésta una excepción sino que, más bien, lo sucedido en estos dos casos parece haber sido lo habitual. En Albacete hubo un millar de ejecuciones, pero por los tribunales militares pasaron unas 34 000 personas, lo que equivale al 9 por 100 de la población total. En Toledo hubo 24 000 encausados y sólo un máximo de 8000 presos el año en que la cifra fue más alta. En general puede decirse que fueron condenados por adhesión a la rebelión todos aquéllos que habían desempeñado algún tipo de cargos en la España del Frente Popular; las penas podían ser desde la muerte a veinte años de prisión. Quienes no habían desempeñado cargos recibían penas inferiores, como culpables de «auxilio a la rebelión».

Por macabro que resulte es preciso referirse de forma más detenida a los procedimientos por los que se llegaba a estas ejecuciones y al modo de llevarlas a cabo. Toda la legislación penal se basaba en una especie de delito de «rebelión invertida»: se consideraba que se habían sublevado aquéllos que precisamente no lo habían hecho.

Julián Marías ha narrado en sus Memorias cómo se llevaban a cabo los juicios y en esto concuerdan todo tipo de fuentes. Las garantías procesales eran poco menos que nulas: los Tribunales Militares solían liquidar entre 12 y 15 casos a la hora o, por ejemplo, condenar globalmente a grupos de 60 personas acusadas por motivos distintos. La convocatoria de los Consejos de guerra se publicaba en la prensa provincial y la corta separación entre ellos testimonia la rapidez con que se efectuaban. Para ser defensor bastaba con ser militar, pero no jurista; por eso parte de a quienes les tocó serlo se limitaban a pedir clemencia y, de cualquier modo, estaban sujetos disciplinariamente a la autoridad del Presidente. A menudo los acusados no eran interrogados —o tan sólo se les dejaba hablar unos segundos—, no había testigos o no existía contacto entre acusado y defensor. No se daba por supuesta la inocencia sino la culpabilidad, de modo que era la primera la que debía ser probada. El hecho de estar en la cárcel presuponía no sólo ser culpable, sino haber perdido cualquier derecho e incluso la profesión (a Marías le preguntaron qué «había sido», en pasado). La pregunta tenía sentido porque, como veremos, el «Nuevo Estado» se edificó sobre los adictos y para ellos. El porcentaje de condenas a muerte era muy elevado. Las ejecuciones se llevaban a cabo por la noche llamando a los presos en sucesivas «sacas» que ya se puede imaginar cómo afectaban a una población reclusa sobre la que pendía idéntica sanción. Los fusilamientos tenían lugar en las tapias de los cementerios, para ahorrar en tiempo y transporte, de modo que sólo acudiendo a ellos es posible determinar la magnitud de la represión. En el cementerio del Éste de Madrid (la actual Almudena) fueron ejecutadas 2663 personas en la primera posguerra (entre ellas, 86 mujeres). Los datos de este lugar permiten comprobar que las ejecuciones se llevaron a cabo primordialmente en la primera etapa de la posguerra: casi un millar de fusilamientos tuvieron lugar de mayo a diciembre de 1939. Pero debe tenerse también en cuenta el elemento de incertidumbre que existió en la vida de tantas personas entre el momento de conocer la pena y su ejecución (o el indulto parcial). No fueron pocos los que, como el dramaturgo Buero Vallejo, pasaron meses con una sentencia de muerte sobre sus espaldas que en este caso, afortunadamente, no se cumplió.

Hubo, al mismo tiempo, casos en que la ferocidad de la persecución contra el vencido consiguió traspasar las fronteras. Éste fue el caso, por ejemplo, de Lluis Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña. Si su trayectoria política había sido muy discutible en muchos aspectos, en especial en cuanto atañe a la insurrección de octubre de 1934, parece indudable que su presencia en Barcelona contribuyó a evitar que fueran víctimas de la violencia indiscriminada muchos miles de personas, buena parte de ellas pertenecientes al clero. Companys, exiliado en Francia, se encontraba durante el mes de junio de 1940 en París, tratando de localizar a un hijo enfermo mental que había desaparecido tras la invasión alemana. Las autoridades españolas —en concreto Serrano Suñer y Lequerica— pidieron y obtuvieron de los alemanes en los primeros momentos de su victoria la entrega de su persona y de otros dirigentes republicanos (como el ex ministro socialista Julián Zugazagoitia). Más adelante la Francia de Pétain y los propios alemanes se negarían a aceptar extradiciones semejantes. Franco, en contra de la opinión de Orgaz, capitán general de la región, decidió que fuera juzgado en Barcelona en sesión pública. Parte de las acusaciones contra él procedieron de grotescos informes policiales, pero también los dirigentes de conocidas familias barcelonesas que estaban al frente de Falange coadyuvaron a su acusación. Tras defenderse con entereza y serenidad, Companys fue ejecutado e incluso sus peores adversarios políticos, como Cambó y el Conde de Güell, estimaron que el juicio había sido un «inmenso error» y una sanción para todos los catalanes.

Por supuesto hubo sanciones inferiores a la de pena de muerte y precisamente ellas demuestran la magnitud de la tarea depuradora a la que se lanzaron los vencedores. Antes de la Guerra Civil el número de encarcelados en España por cualquier tipo de delitos era inferior a las 10 000 personas, incluso después de las fuertes tensiones sociales que presenciaron los primeros tiempos republicanos. Pues bien, en 1939 el número de encarcelados era de 270 000, cifra que se redujo a 124 000 en 1942, pero que sólo disminuyó de manera drástica en 1945 (43 000) y, sobre todo, en 1950 (30 000).

Los procedimientos a los que se recurrió para hacerlo fueron variados. Desde el verano de 1940 hubo indultos para los condenados a penas menores; desde 1943 se utilizó la libertad condicional, que dejaba gravitando sobre los condenados la amenaza de regreso a la prisión e incluso se inventó una peculiar fórmula de «libertad condicional atenuada». Además empezó a aplicarse el régimen de redención de penas por el trabajo que, en principio, no se había concebido para los delitos políticos y que, desde 1941, ya beneficiaba a más de un tercio de la población penal. La propia ley de responsabilidades políticas fue mitigada en 1942 y desapareció en 1945, aunque perdurara una comisión liquidadora hasta 1966. Aun así la amenaza de la privación de libertad planeó angustiosamente sobre los vencidos. La prisión, sobre todo en los primeros años de la posguerra, suponía bastante más que la privación de la libertad. El número de muertes por las lamentables condiciones higiénicas o por las deficiencias en la alimentación fue muy elevado: a título de ejemplo en Albacete, donde hubo un millar de ejecuciones, otras 300 personas murieron en la cárcel. A Besteiro, que murió en la cárcel de Carmona por septicemia, se le diagnosticó «enterocolitis», lo que testimonia la escasa preparación de quien le atendió. Por otro lado, resulta incalculable lo que desde el punto de vista económico supuso mantener en la cárcel a tal proporción de la población española.

Otra sanción posible y no ya sobre los vencidos sino sobre los potenciales disidentes fue la de carácter económico. El interés que tiene ésta reside en que, aparte de testimoniar una auténtica obsesión por la existencia de un «enemigo interior», llevó la arbitrariedad hasta el extremo de culpabilizar no sólo a personas concretas sino a familias enteras. De las responsabilidades políticas podían derivar, en efecto, no sólo penas de muerte o de prisión sino también sanciones en forma de multa, intervenciones en el patrimonio personal o familiar, extrañamientos de las poblaciones en las que venían viviendo o prohibiciones de actividad en determinados campos laborales. En el caso de sanción económica se podía pagar a plazos y la responsabilidad podía recaer no sólo en una persona sino en una familia. La legislación no sólo hablaba de «liquidar culpas» sino también de «borrar yerros pasados» e incluso de la necesidad de demostrar «la firme voluntad de no volver a extraviarse». Gracias a la existencia de este tipo de sanciones se podía penar a regiones o comarcas que hubieran demostrado en el pasado una filiación izquierdista, reducir a la miseria a individuos o familias concretas, extender el castigo a políticos reformistas o templados y sumar a una sanción de privación de libertad relativamente leve otra, más grave, de carácter económico. En Lérida, por ejemplo, las sanciones afectaron especialmente a la comarca de Borjas Blancas de donde era oriundo Maciá, cuya familia recibió una fuerte sanción económica, pero algo parecido les sucedió a algunos políticos de la Lliga. La ley de responsabilidades políticas permitía, además, una penetración capilar en la sociedad para aplicar esta sanción o atemorizar con la posibilidad de que se produjera (a veces ni siquiera a los sancionados les era posible pagar las multas que recaían sobre ellos). En cada entidad de población la autoridad política, la de orden público —guardia civil— y la religiosa —el párroco— emitía informes sobre el comportamiento de las personas que tenían una trascendencia absoluta a la hora de determinar la actitud de las autoridades en relación con ellas.

No está suficientemente estudiada la depuración administrativa llevada a cabo por los vencedores en el conflicto, pero algunos datos, dispersos e incompletos, darán idea de su magnitud. El principio en el que se basaba era el de que era precisa una ruptura radical con el pasado que no sólo se llevara a cabo a través de una nueva legislación sino mediante la sustitución de aquéllos que desempeñaban responsabilidades públicas incluso en el caso de que no hubieran recibido ningún castigo como consecuencia de la legislación penal ya mencionada. Los funcionarios o los simples empleados públicos no podían ser indiferentes, sino adictos.

Ya hemos visto cómo se llevó a cabo la depuración de la carrera judicial. A pesar de su importancia de cara a la represión sobre el resto de la sociedad en absoluto se puede afirmar que lo sucedido con ella fuera excepcional pues algo parecido sucedió en el resto de la burocracia española. La carrera diplomática no era, por supuesto, un reducto de revolucionarismo; durante la guerra, el Frente Popular debió utilizar los servicios de personas ajenas a ella por falta de colaboración de los profesionales. Por parte de los vencedores tan sólo pudo probarse la pertenencia a la masonería de siete personas pero, a pesar de ello, un 26 por 100 de la profesión sufrió algún tipo de sanción y un 14 por 100 perdió la carrera como consecuencia de la obra depuradora de los vencedores. Además, cuando por vez primera se convocaron oposiciones una quinta parte de los puestos fueron reservados a combatientes de la División Azul. Esta última medida no tuvo nada de excepcional porque, en realidad, en todas las oposiciones celebradas en la posguerra se reservaron cuotas muy importantes, divididas en categorías minuciosamente determinadas (como la de «caballero mutilado» o la de «huérfano»), a los combatientes en la guerra a favor de quienes en ella vencieron. Desde la misma Guerra Civil el régimen de Franco testimonió un especial interés en la depuración de la enseñanza. No hay datos completos de la que se llevó a cabo en la universitaria pero es posible que hasta un tercio del profesorado fuera sancionado. En cambio se ha estudiado de forma pormenorizada la depuración del magisterio. Entre 15 000 y 16 000 maestros fueron sancionados, cifra que representaba una cuarta parte del total; de ellos unos 6000 padecieron una inhabilitación total. En muchos casos la geografía de las sanciones no parece obedecer a racionalidad alguna sino a la mayor o menor benevolencia de la comisión depuradora respectiva. En Sevilla, por ejemplo, sólo fue sancionado el 13 por 100 de los maestros mientras que en Asturias lo fue el 33 por 100. En Burgos, provincia conservadora y tradicional, había durante la República 1156 maestros, de los que sólo nueve estaban afiliados a partidos de izquierdas; pues bien, se aplicaron 165 sanciones muy graves y 78 menos graves. Aun así da la impresión de que las sanciones fueron especialmente duras en el caso de aquellas regiones que tenían un profunda conciencia de peculiaridad propia. En Barcelona y Vizcaya el porcentaje de sanciones bordeó el 30 por 100. En la provincia catalana sólo perduraron el 15 por 100 de los maestros de escuelas racionalistas o laicas y más de la mitad de los estudiantes de la normal dependiente de la Generalitat fueron sancionados.

No fueron sólo los funcionarios de la Administración central los destinatarios de castigo sino que la depuración llegó hasta los municipios e incluso afectó a entidades de las que en absoluto se podría suponer que pudieran tener una relevancia política. En todos los ayuntamientos hubo una larga depuración de médicos y arquitectos municipales y una virtual liquidación de las plantillas anteriores de guardias municipales para sustituirlos por otros. En el Ayuntamiento de Barcelona la cifra de depurados superó los 400 funcionarios y en la Bolsa de Madrid sólo una cuarta parte de los mismos no fue sometida al proceso depurador. En el Canal de Isabel II, destinado a abastecer de agua a Madrid, el 57 por 100 de los empleados fueron sancionados y de este porcentaje el 23 por 100 perdió definitivamente su trabajo. Claro está que en este caso se puede hablar de la existencia de un botín conseguido por los vencedores y repartido en beneficio de los suyos.

Todo este conjunto de padecimientos nos lleva a concluir que cuando se afirma que el régimen de Franco era aceptado pasivamente, casi sin oposición, tal afirmación sólo resulta válida para la etapa posterior al final de la Guerra Mundial, es decir, bien entrados los años cincuenta o a principios de los sesenta y sólo se entiende a partir de la experiencia colectiva de una represión tan dura como la descrita. Téngase en cuenta, en fin, que más allá de la sanción existía también la vigilancia policial. Ungría, un alto responsable de la misma, llegó a afirmar que en el nuevo régimen «la delación policial subirá al prestigio de aviso patriótico». En Mallorca, por ejemplo, se ha podido investigar la existencia de un Tribunal militar especial destinado, durante la Segunda Guerra Mundial, a examinar los posibles casos no ya de subversión sino de discrepancia; algo parecido debió existir en muchos otros sitios, aún a pesar de que la situación estratégica de las Baleares obligaba a tomar allí medidas muy especiales. En el caso citado parece que la actitud de la población fue mínima pero toda ella fue fichada en categorías diversas designadas con las letras del alfabeto. La categoría B, por ejemplo, agrupaba a los «antiguos izquierdistas que después del Movimiento se afiliaron a la milicia nacional». Había, en esta clasificación, muy diferentes tipos de «derrotistas» e incluso una letra designaba a las personas «de moralidad dudosa, susceptibles por dinero» [sic.]. Con esta mezcla de represión y vigilancia no puede extrañar que el régimen se consolidara firmemente.

El exilio y el comienzo de la posguerra en el interior

Por descontado, los destinatarios de esa represión fueron los vencidos en la Guerra Civil, pero una parte de ellos la eludió saliendo de España. También en este sentido el final de la Guerra Civil en 1939 supuso una ruptura en la Historia de España. Todos los conflictos internos habían concluido con emigraciones más o menos nutridas, pero siempre minoritarias, duraron un período incomparablemente menor que durante el régimen de Franco y los emigrados —aunque entonces y en la fecha de la que tratamos ahora mantuvieran una intensa relación afectiva con España— no perdieron el sentido de la realidad con respecto a ella como con frecuencia sucedió ahora.

En realidad el fenómeno del exilio había empezado antes de concluir la Guerra Civil. Cuando Franco tomó la zona norte unas 200 000 personas obtuvieron refugio en Francia y 35 000 permanecieron allí sin reincorporarse a la zona del Frente Popular. Sin embargo, la gran oleada de emigración se produjo con la caída de Cataluña, momento en que cruzaron la frontera unas 350 000 personas, de las que 180 000 eran combatientes. Un tercer momento de la emigración tuvo lugar con la definitiva conclusión del conflicto bélico: a través de Alicante abandonaron España unas 15 000 personas, la mayoría de las cuales se estableció en el norte de África. A la altura de marzo de 1939 había unos 450 000 exiliados españoles de los que la inmensa mayoría (430 000) permanecieron en Francia, mientras que el resto lo hacía en el norte de África y un pequeño número, casi exclusivamente de comunistas, en Rusia.

La situación de la emigración española en Francia era en esa fecha muy penosa.

La inmensa mayoría permanecía en campos de concentración en el sur mediterráneo, faltos de condiciones mínimas de habitabilidad, y una parte fueron tratados casi como delincuentes. Se debe tener en cuenta que Francia no previó que pudieran atravesar la frontera tantos refugiados y consideró muy pronto un peso económico excesivo el mantenimiento de estos campos de modo que sus negociaciones con Franco consistieron en buena medida en pedirle que se hiciera cargo de los exiliados que quisieran volver.

En efecto, progresivamente lo hicieron: a fines de 1939 había ya tan sólo unos 182 000 refugiados, de los que 140 000 residían en Francia. Allí los campos de concentración sobrevivieron hasta bien entrado 1940, aunque la mayor parte de ellos fueron desmantelados el año anterior. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial los refugiados españoles no tuvieron ningún tipo de reconocimiento legal y su presencia en el vecino país tan sólo se beneficiaba de una cierta condescendencia por parte de las autoridades debido a la tradición francesa sobre el derecho de asilo. A quienes no quisieron regresar a España los franceses les ofrecieron la posibilidad de incorporarse a la Legión o a compañías de trabajo: De las que entre éstas estaban destinadas a trabajadores extranjeros, hasta el 80 por 100 fueron españoles. Como durante la Segunda Guerra Mundial volvieron a España unas 20 000 personas, el cómputo final del exilio permanente, de acuerdo con las cifras más verosímiles, sería de unas 162 000 personas, una cifra muy importante pero que de todas las maneras resulta proporcionalmente coincidente con la de los exiliados como consecuencia de la Revolución rusa de 1917. También resulta posible hacer otro cómputo que ratifica la sensación de ruptura con el pasado producida por el final de la guerra. Si tenemos en cuenta tan sólo el número de los exiliados en Francia al final de la Segunda Guerra Mundial (unos 100 000) la cifra resulta superior a la de todas las emigraciones políticas del XIX juntas.

Nada más iniciarse su estancia fuera de España pesaron sobre estos exiliados, como dos plagas más, tanto el estallido de la Guerra Mundial como la discordia interna.

Cuando Alemania invadió Polonia, la mayoría ya se había incorporado al trabajo abandonando los campos y una parte muy considerable tomó las armas contra los alemanes. No tiene nada de extraño, dada su procedencia izquierdista, que éstos los consideraran potencialmente peligrosos y que, por tanto, los persiguieran. Algunos de los dirigentes de la España del Frente Popular (no sólo Companys, sino también Peiró o Zugazagoitia) fueron entregados a la policía franquista y rápidamente ejecutados; otros que habían sido entregados no sufrieron este destino y los hubo que fueron deportados a campos de concentración en Alemania, como Largo Caballero. Este último caso no fue excepcional, pues unos 13 000 españoles pasaron desde Francia a aquel país, donde fueron a parar a campos de concentración como el de Mauthausen; sólo sobrevivieron unos 2000, con un porcentaje de muertos superior al de cualquier otra nacionalidad que pasara por allí. En Francia los españoles recién emigrados vivieron en la mitad sur, como la mayor parte de los 250 000 emigrantes que ya había allí por motivos económicos. La resistencia se inició principalmente entre los incorporados a las compañías de trabajo y en ella jugaron un papel decisivo los comunistas. Las primeras acciones comenzaron en 1941 y se recrudecieron en 1942, año en que hubo un millar de detenciones. De 30 000 a 40 000 españoles fueron enviados a trabajar a Alemania. En el maquis contra la ocupación alemana en Francia pudo haber algo más de 10 000 españoles, que jugaron un papel importante en la Resistencia, pero también los hubo entre las fuerzas que siguieron a De Gaulle en su emigración a Gran Bretaña. Cuando los aliados desembarcaron en Francia, en 1944, fecha en que la labor de la resistencia tuvo ya repercusión sobre las operaciones militares, pudo así producirse la confluencia entre unos y otros. Gran parte del sur de Francia fue liberado por combatientes españoles cuando el grueso de las tropas francesas lo habían abandonado. En algunas de las primeras unidades que llegaron a París había republicanos españoles y dos batallones, denominados «Guernica» y «Libertad», participaron en la rendición de las posiciones alemanas en la zona atlántica. Es muy posible que en la Guerra Mundial hubiera hasta 25 000 muertos españoles.

No fue ésta la única desgracia de los vencidos y exiliados. Otra fue la discordia, continuación de la que se había producido en el seno de su bando a lo largo de la Guerra Civil; en el mismo momento de la liberación de Francia los comunistas liquidaron cuentas con emigrantes libertarios o incluso socialistas. Pero lo que ahora nos interesa es el enfrentamiento político. En realidad, más que atribuir esta discordia a un factor ideológico debe ponerse en relación con el enfrentamiento personalista entre negrinistas y antinegrinistas y con la forma de distribuir los recursos del fenecido régimen republicano en el exilio. Desde la misma Guerra Civil las autoridades republicanas dependientes de Negrín habían fundado un Servicio de Emigración de los Republicanos Españoles (SERE). Este organismo pudo actuar en Francia durante bastante tiempo hasta que, acusado de connivencia con los comunistas, las autoridades francesas cerraron sus oficinas en París a comienzos de 1940. Pero pronto le surgió un rival. En marzo de 1939, el Vita, un barco perteneciente al SERÉ que llevaba bienes importantes producto de las incautaciones efectuadas durante la guerra en la zona controlada por el Frente Popular, llegó a México, donde la emigración izquierdista era principalmente negrinista y allí fue incautado por Indalecio Prieto con el visto bueno de las autoridades mexicanas y el apoyo de significadas personalidades de la emigración republicana.

El citado político socialista montó una organización paralela al SERÉ, denominada JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles), que con el transcurso del tiempo fue intervenida por las autoridades mexicanas, quienes emplearon sus bienes en beneficio de los exiliados españoles. La polémica existente durante la Guerra Civil respecto a la conducción de la misma y la colaboración con los comunistas se convirtió en el exilio en un agrio debate, que además de tener contenido político lo tenía también crematístico, sin que ninguna de las dos organizaciones citadas llegara a dar cuenta del empleo de sus fondos ni siquiera cuando se restablecieron las instituciones republicanas. Mientras tanto permanecía latente la cuestión relativa a la legitimidad de éstas, que había quedado en entredicho como consecuencia de la fase final de la Guerra Civil y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Sólo cuando comenzó a parecer posible la victoria de los aliados en ésta, empezó a pensarse en una reconstrucción del régimen republicano en México. Las instituciones autonómicas vascas y catalanas padecieron idéntica crisis de descomposición y pérdida de legalidad a las que se unió, en este caso, un proceso de radicalización.

La mención a México nos descubre el periplo recorrido por buena parte de la emigración española y el carácter de ésta. Es significativo de esa división de las clases medias españolas —a la que Azaña atribuyó el estallido de la Guerra Civil— el hecho de que una parte de la misma (10 000-13 000 personas, según los cómputos) formara parte de las clases dirigentes de nuestro país. Las cifras que se dan al respecto son a menudo contradictorias, pero algunas de ellas pueden resultar muy significativas. Entre ellas figuraban quizá 2500 militares profesionales, 500 médicos, un buen número de maestros (quizá 2000), 400 ingenieros, más de un millar de abogados y hasta el 12 por 100 del escalafón de catedráticos de Universidad, incluidos siete rectores (dos más habían sido ejecutados por los nacionalistas).

El principal centro receptor de esta emigración cualificada fue, desde luego, México. Ya sabemos que este país había prestado ayuda importante a la España del Frente Popular. Al final de la guerra se mostró dispuesto a recibir a la emigración española que, además, ante los peligros nacidos de la Guerra Mundial, lógicamente tenía interés por abandonar el viejo continente. Así lo hizo incluso interviniendo ante el mariscal Pétain en el momento más oportuno. En el verano de 1940 el país hispanoamericano logró de la Francia colaboracionista que aceptara no expulsar a los emigrados españoles comprometiéndose a aceptar a quienes quisieran venir allí o a mantener a los que permanecieran en el Viejo continente. En principio México declaró que deseaba recibir principalmente agricultores, pero sólo una quinta parte de los que allí llegaron lo eran en realidad y probablemente esta cifra está inflada por la citada actitud del gobierno receptor. Ya en 1939 el número de emigrantes a México se acercaba a los 6000 y en años siguientes se alcanzó la cifra de unos 22 000. Los nuevos emigrantes muy a menudo chocaron con los de hornadas anteriores que, en su mayor parte, eran muy conservadoras. Los republicanos e izquierdistas, de ideario progresista de cara a España, llegaron a un país joven que acababa de pasar por una revolución y sirvieron de elemento destinado a consolidarla. Auspiciados por Cossío Villegas y por Reyes, buena parte de los intelectuales españoles emigrados, que ya desde los años bélicos jugaban un papel importante en la vida intelectual mexicana, protagonizaron importantes iniciativas como, por ejemplo, la creación del Colegio de México, derivado de una previa Casa de España, o la editorial Fondo de Cultura Económica. La aportación española a la vida intelectual, cultural y económica mexicana fue tan grande que ha podido ser calificada como «un triunfo» de este país. La integración en esa sociedad fue rápida y en la primera mitad de la década de los cuarenta la mitad de los emigrantes se nacionalizaron mexicanos.

También en otras latitudes los españoles vencidos fueron recibidos con entusiasmo. En Cuba el dictador Batista se sirvió de la emigración española para dar a su régimen un tinte más liberal; en Santo Domingo, Trujillo hizo algo parecido, pero la emigración fue fugaz y algunos sufrieron la persecución de quien les había recibido originariamente. En Argentina fue reducida y de intelectuales, mientras que en Chile se debió a los esfuerzos de Neruda y revistió un carácter más proletario.

La emigración española a América como consecuencia de la Guerra Civil reviste en la Historia universal una peculiar significación que ha sido acertadamente señalada por José Luis Abellán. En primer lugar, fue un exilio masivo y de sectores dirigentes desde el punto de vista intelectual, algo que hasta entonces no se había dado. En determinadas áreas como la poesía, las ciencias o el pensamiento, quienes emigraron representaban una parte trascendental de la cultura española, por lo que la sociedad española se vio mutilada por la desaparición de esas personas. Aunque no hubo una ruptura absoluta con la tradición intelectual liberal, no cabe la menor duda de que de esta manera el contacto con ella se vio dificultado hasta límites poco imaginables. Al mismo tiempo la emigración a América fue para muchos intelectuales españoles toda una experiencia intelectual: la de descubrir la condición planetaria de la cultura española. Así pudo escribir Juan Ramón Jiménez que él no era «un deslenguado ni un desterrado, sino un conterrado»; otros utilizaron la expresión «transterrado» para referirse a esta peculiar situación. En efecto, el mundo mental de los exiliados permaneció al otro lado del Atlántico lo que explica, junto con el recuerdo de la Guerra Civil, el permanente discurrir sobre el ser de España que dominó sus debates. El poeta León Felipe pudo escribir por ello: «Franco, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola, mía es la voz antigua de la tierra». Más adelante ya veremos el impacto que esta realidad tuvo sobre su creatividad.

Pero hasta ahora tan sólo hemos hecho alusión a una de las Españas de la posguerra. Concluida con la alusión al exilio la referencia a los vencidos habrá que volver ahora al otro lado del Atlántico donde los vencedores se disponían, libres de todo obstáculo personal y legal, a tratar de iniciar de nuevo la Historia de España desde un supuesto punto cero, que al mismo tiempo pretendía ser la reconstrucción de un mítico pasado imperial. Lo hacían, por supuesto, en el entusiasmo nacido de la victoria, «con una inmensa, constante y quizá absurda esperanza» (la expresión es de Vizcaíno Casas), que en este caso no se vestía de verde sino del azul mahón de la camisa falangista.

Si se trata de analizar en qué consistía exactamente ese entusiasmo, la conclusión a la que se llegará es que estaba formado, a partes iguales, por nacionalismo y catolicismo, ambos estrechamente unidos y con una decidida voluntad de ruptura con el pasado. El nacionalismo se traducía en anécdotas como las de denominar «ensaladilla nacional» a la que en otros tiempos se llamaba rusa, o designar como «Hotel nacional» a los que antes tenían el calificativo de «inglés». No se crea que esta anécdota es banal: una orden ministerial de mayo de 1940 prohibió «el empleo de vocablos genéricos extranjeros como denominaciones de establecimientos o servicios de recreo, mercantiles, industriales, de hospedaje, de alimentación, profesionales, espectáculos y otros semejantes». En realidad el entusiasmo nacionalista alcanzaba a planteamientos de fondo mucho más decisivos. El pasado idealizado se convirtió en el elemento primordial para la configuración del futuro y a partir de él se propició una peculiar visión de la que desapareció toda la interpretación de la tradición liberal anterior y la evidente realidad del pluralismo cultural preexistente de la sociedad española. De ahí el «Hablad el idioma del Imperio», que figuraba en grandes carteles en Barcelona. Al mismo tiempo se exaltaba con devoción, como componente imprescindible de la exaltación patriótica, a los dirigentes de la España nueva. La absoluta identificación con la persona de Franco llegó hasta el extremo de usar su efigie para reclamos de propaganda comercial, lo que acabó prohibiéndose. Una productora cinematográfica aseguró que había sido «la única que no ha producido una pulgada de celuloide para los rojos».

Otra divisa de la época («Por el Imperio hacia Dios») es muy expresiva de la estrecha vinculación entre nacionalismo y catolicismo en estos momentos de la posguerra. El llamado nacional-catolicismo no fue una teoría sino más bien un sentimiento o una sensibilidad. No fue, por otro lado, nada postizo, sino algo sinceramente sentido que venía a ser el resultado de una reacción contra una fe del pasado que se sentía ahora como pasiva en exceso; la nueva fe era de reconquista fervorosa de la sociedad, con una explícita voluntad antimoderna y sin el menor reparo ante la confusión de los planos religioso y político. De ella participaron no sólo los vencedores sino también algunos de los vencidos pues en la vida intelectual, como entre algunos dirigentes de segunda fila de la política, se produjeron sonoras conversiones o numerosísimas vocaciones tardías para ingresar en el sacerdocio. También fueron nacional-católicos quienes luego evolucionaron en un sentido radicalmente distinto a lo que esa sensibilidad significaba. Caracterizaba al nacional-catolicismo la «insaciabilidad», es decir, la pretensión de dominarlo todo y la idea de que había una única traducción directa e inmediata del catolicismo en la política o en el mundo cultural e intelectual. El resultado era esa intolerancia radical que hacía que Menéndez Reigada, el gran propagador de la idea de Cruzada, describiera a los protestantes como «sabandijas ponzoñosas».

No puede extrañar, en consecuencia, que una de las preocupaciones fundamentales de la autoridad eclesiástica consistiera en tratar de impedir una propaganda heterodoxa que de hecho no existía porque era prohibida. El catolicismo español se sentía no como una versión posible o una sensibilidad especial, sino como la apropiada para España y la mejor, en definitiva, porque en otras latitudes no se quería llevarlo a la realidad en su plenitud. En la vida cotidiana el nacional-catolicismo se traducía por lo que irónicamente Foxá denominaba «nacional seminarismo». Tenía el carácter de religiosidad elemental, aunque profunda, pero solía ser, aparte de pretenciosa, ignorante, y se traducía por un extremado clericalismo. Pemán, personaje no precisamente merecedor de la acusación de anticlericalismo, decía del propio Franco que era el único gobernante del mundo que en sus discursos políticos hacía no ya una genérica alusión a la divinidad, sino precisas referencias a devociones particulares; también él se sentía abrumado por ese moralismo pacato que llevaba a las autoridades religiosas a mostrar la mayor insistencia en aspectos como el baile o el cine y, sobre todo, a olvidar tantos otros de mayor trascendencia. Muy apropiadamente para la mentalidad de una época en que se pretendía una decidida vuelta atrás, la mujer fue concebida exclusivamente como un ser dedicado al matrimonio y la procreación. A comienzos de 1941 se crearon, por ejemplo, unos «préstamos a la nupcialidad» que obligaban a las beneficiarías a prescindir de los puestos de trabajo que ocupaban, y la propaganda oficial hablaba de la necesidad de familias fecundas «para extender la raza por el mundo y crear y sostener imperios». La visión de la mujer fue siempre muy pacata, como propia de la Sección Femenina, que se había incautado de los edificios de las organizaciones feministas preexistentes. De acuerdo con esta visión, de la que luego se tratará de forma más extensa, el propio cardenal Pía y Deniel, primado de Toledo, hizo precisas indicaciones acerca de longitud de mangas, escotes y faldas. Esta referencia al vestido tampoco es casual si tenemos en cuenta que también en la vestimenta se produjo un decidido intento de marcha atrás. En explícito contraste con la imagen proletaria que Orwell había contemplado al visitar la Barcelona revolucionaria, el escritor Julio Camba pudo asegurar, en el momento de la entrada de las tropas de Franco en la capital, que «ya hay sombreros en Madrid y eso significa que hay civilización». Expresión de un momento de la vida nacional lo único bueno que puede decirse del nacional-catolicismo es que, por la autoexigencia que implicaba, algunos de quienes lo practicaban de forma fervorosa fueron capaces de iniciar su crítica.

Al lado de todo ese entusiasmo de los vencedores existía también una realidad mucho más prosaica y cruel, incluso sin necesidad de recordar la represión. Como había previsto Cambó, esos años, en vez de ser triunfales, resultaron en una acumulación de males sobre la vida cotidiana de los españoles. Así se demuestra echando una ojeada sobre algunos aspectos de la dieta alimenticia y las condiciones sanitarias. Parece que la dieta de carne se redujo a un tercio y el consumo de alimentos cuyas condiciones higiénicas eran detestables o a los que había que recurrir por ausencia y en sustitución de otros, produjo en 1941 50 000 muertos como consecuencia de las infecciones gastrointestinales. El 5 por 100 de los estudiantes universitarios padecía tuberculosis, enfermedad que produjo unos 26 000 muertos anuales entre 1940 y 1942. Estas penosas condiciones las sufrió la totalidad de la población, incluida aquella parte de la clase media que había tomado las armas en contra del régimen republicano, pero quienes hubieron de sufrirlas más fueron, por supuesto, los vencidos. En torno a 650 personas murieron en la más inmediata posguerra en las cárceles de Cataluña. La tasa de incremento de suicidios se situó en la posguerra en torno al 30 por 100.

Pero quizá nada expresa mejor la otra cara de ese entusiasmo de los vencedores que la situación de la prensa. Después de lo que se ha señalado acerca de la depuración ya se puede imaginar que quienes trabajaban en ella no eran disidentes, sino partidarios entusiastas del «Nuevo Estado». El régimen legal de la prensa se siguió basando en la Ley de 1938, pero lo malo no fue que ésta tuviera una connotación totalitaria sino la aplicación que de ella se hizo. No existieron consignas de carácter general ni un reglamento de censura, pero la aplicación de la misma fue tan extremadamente minuciosa que exigía a los periódicos la publicación de determinadas noticias y la desaparición de otras, y tenían que hacerlo «con el debido calor». El novelista Miguel Delibes, que vivió aquellos años como director de un diario, ha escrito que «cuesta trabajo imaginar un aparato inquisitorial», más «coactivo, cerrado y maquiavélico» que el puesto en práctica por la Administración, que además «no dejaba el menor resquicio a la iniciativa personal». Como los directores eran nombrados por ella a veces incluso hacían la guerra a sus mismas empresas; además, en no pocas ocasiones se les obligó a publicar noticias que eran contrarias a su ideología. No sólo censuraban los organismos de la Administración encargados de ello sino también cualquier tipo de jerarquía política. Las consignas iban desde prohibir las fotos de los ejercicios gimnásticos en que se viera la rodilla a las ejecutantes de la Sección Femenina, a la siguiente instrucción relativa al estreno de la película Raza de cuyo guión era autor Franco. La crítica debía ser «completamente favorable, por razones especiales». En la última escala de la mediatización de la libre expresión, los censores, más que entusiastas partidarios de un régimen que nacía, eran personas obligadas a desempeñar tan lamentable función —o incluso a ofrecerse para hacerlo— por sus circunstancias personales, en precarias condiciones y a cambio de un mísero sueldo. Se puede imaginar la sensación de mezcla de humillación y de inevitable caída en la abyección que debieron padecer quienes vivieron en un ambiente como el citado.

Ésta era la realidad de España en el año triunfal de 1939 en que concluyó la Guerra Civil. Sería esta España la que habría de enfrentarse en los años sucesivos con una Guerra Mundial y con un aislamiento posterior debido a la peculiaridad de un régimen como el de entonces. A la hora de juzgarla siempre habrá de tenerse en cuenta el contraste entre el entusiasmo de los vencedores, de un lado, y la realidad del exilio, así como la ocultación que desde el poder se practicaba de la realidad circundante.

La tentación fascista y la supervivencia (1939-1951)

A la hora de dividir en períodos un régimen tan largo y tan cambiante como el de Franco una fecha, la de 1959, resulta clave pero también la pura constatación de la diferencia entre las décadas sucesivas es de indudable utilidad. En la historia del régimen se puede considerar que existen, desde el punto de vista de la relevancia de la política económica, dos etapas claramente distintas, separadas por aquella fecha a partir de la cual se produjo un cambio sustancial en esta materia: aquélla en la que ese factor jugó un papel de primerísima importancia y aquélla en que éste fue de relevancia mucho menor. Esta caracterización, sin embargo, también tiene trascendencia en otros aspectos de la vida española, pues los momentos en que la política económica desempeñó un papel más importante son aquéllos en los que el régimen adquirió de una manera evidente el aspecto de dictadura aceptada pasivamente y sin pretensiones de adhesión inmediata por parte de la población, sin que el partido único desempeñara un papel tan decisivo como en el pasado y sin que la dictadura tuviera ya siquiera una voluntad vagamente totalitaria. En otros tiempos, los iniciales de la dictadura de Franco, el propósito fundamental de los dirigentes políticos fue precisamente imponer criterios de este género y a ellos se sometieron todos los demás, incluido el crecimiento económico.

No es una casualidad que ese predominio de la política fuera acompañado de una situación económica lamentable debido a la gestión de quienes estaban en el poder, al margen de las circunstancias que se dieron en aquel momento en España y en el mundo.

Pero, como ya se ha indicado, al margen de la relevancia de la fecha de 1959, la periodización del franquismo en décadas tiene también sentido. Si se señala ese año como el esencial quedan las dos décadas previas como antecedente y los tres lustros posteriores como consecuencia de aquel cambio decisivo. Estos períodos pueden ser objeto de una descripción y una definición coherentes pues, en definitiva, tienen una indudable unidad en sus más diversos aspectos. En la práctica en este libro se ha utilizado ese punto de partida como medio para dividir este libro en capítulos aunque con flexibilidad que exige una somera explicación. Los años cincuenta pueden ser considerados como una unidad pero, concluidos con la liquidación de cualquier propósito de retorno a una política dominada por el partido único y por un importante giro en la política económica, al menos se prolongan en lo esencial hasta mediados de los años sesenta porque hasta ese momento, habiéndose obtenido los dividendos de la política económica seguida, al mismo tiempo no había aparecido realmente una oposición efectiva, como la existente en los años primeros del régimen. Por eso el capítulo siguiente cubre desde 1951 hasta 1965, lo que tiene más sentido y coherencia que utilizar como unidad cronológica la década y dejar el lustro final como antecedente de la transición.

Al margen de esta explicación general no cabe la menor duda de que la primera década del régimen franquista está dotada de unidad interna. Durante ella se intentó, aunque de forma a menudo poco coherente y continua, asimilar la España vencedora en la Guerra Civil con aquellas potencias que habían sido sus aliadas durante ese conflicto. Este intento proporciona la clave interpretativa de todo el período y explica el ostracismo posterior al que se vio sometido el régimen de Franco desde 1945.

La suprema paradoja del momento es que la España de la primera década del franquismo, cuyas pretensiones eran desmesuradas en todos los terrenos, ofrecía una realidad social y económica muy poco digna de cualquier entusiasmo imperialista. La razón de ser de esta paradoja fue siempre política, basada en un propósito de ruptura con el pasado y de reconstrucción del Estado a partir de un modelo por completo antitético con el anterior, así como en el deseo de hacer posible una presencia internacional que recordara de algún modo la España imperial de otros tiempos. Todo ello estaba en evidente contradicción con la realidad de una política económica muy desacertada que no hizo más que agravar los males de la posguerra. Por otro lado los dos factores indicados estuvieron siempre estrechamente entrelazados porque política y política exterior siempre quedaron unidos de forma íntima en la época franquista y porque la política económica desarrollada fue la traducción inmediata, pero incoherente y errada, de una evidente voluntad de poder. El deseo de «fascistización» interna estuvo muy estrechamente relacionado con el expansionismo exterior, de la misma manera que la supervivencia mediante una operación cosmética a partir de 1945 centró la totalidad de la política exterior al margen de la pretensión de desempeñar un papel significativo en la política internacional de su tiempo. En cuanto a la oposición política al régimen parece obvio que tanto en la era azul, durante la Segunda Guerra Mundial, como inmediatamente después de ella, vivió con la vista fija en el final de la Guerra Civil, bien porque quisiera dar la vuelta a su resultado, o bien porque, en el caso de los monárquicos, considerara que se habían adulterado por completo los resultados de un conflicto especialmente sangriento y quisieran superarlo. Incluso se puede decir que en la cultura española del momento perduró un directísimo impacto de la Guerra Civil apreciable en múltiples aspectos, no sólo temáticos: siempre en ella aparece el espectro de la crueldad del inmediato pasado o la meditación acerca de por qué fue posible el conflicto fratricida entre los españoles.

Si está clara la caracterización del período como unidad cronológica, no lo está menos la división que de él puede hacerse. Los años de la guerra mundial no sólo estuvieron marcados por ese factor de la política internacional, sino que, además, corresponden a un primer momento en la singladura del nuevo régimen, en que todavía estaba muy lejos de ser clara la vertebración institucional y, sobre todo, las relaciones entre los grupos políticos obligados a la unificación en abril de 1937. Fue también el período en que Franco, convertido en Caudillo durante la circunstancia bélica, debió hacer el aprendizaje de sus capacidades políticas efectivas para dirigir la coalición de la totalidad de la derecha española no democrática. Después de 1945 se puede considerar que este aprendizaje ya estaba hecho y que, por tanto, el verdadero problema de la vida española en esos días consistió no tanto en la capacidad de Franco para el ejercicio de la dictadura arbitral como en su eficacia en la resistencia ante la presión exterior de las naciones vencedoras en la guerra mundial y la interior de una oposición que se identificaba con lo que ellas significaban. En cambio en otros terrenos, como los relativos a la política económica y a la cultura, los rasgos fundamentales del período, definidos durante el primer lustro del régimen, se mantuvieron.

El «Nuevo Estado» y la «fascistización» fallida

Los meses inmediatamente posteriores a la finalización de la Guerra Civil hasta el verano de 1940, en que pareció ya decidida la mundial e inició su intervención en ella la Italia fascista, parecieron decantar a España hacia una homologación con el Eje mucho más en el terreno de la política interna e institucional que en el de la política exterior. En este último ámbito se hizo patente que la posición de la España de Franco en el escenario internacional iba a ser mucho menos neutral de lo que suponer como consecuencia de su actitud durante la crisis de Munich, pues hizo pública su adhesión al tratado anti-Komintern y su abandono de la Sociedad de Naciones. Además, el intento de acercamiento a Francia, previsto de acuerdo con lo estipulado en los pactos Jordana-Bérard, no parecía fraguar y, por el contrario, la extremada tensión internacional hacía que cualquier reforzamiento, aunque fuera puramente defensivo, de las posiciones españolas en Marruecos o ante Gibraltar suscitara inmediatas suspicacias en Francia. En buena medida, esa susceptibilidad estaba justificada. Los viajes de Aranda a Alemania para repatriar a la división Cóndor, como el de Kindelán a Italia para despedir a los voluntarios italianos, testimoniaban una alianza que no era puramente estratégica, sino que nacía de factores políticos. Así se demuestra, sobre todo, conociendo el contenido de las conversaciones que tuvieron lugar en Roma en el principal de estos viajes políticos como agradecimiento a los aliados de Franco, es decir, el llevado a cabo por Serrano en mayo de 1939. Durante el mismo, quien ya aparecía como figura emergente del Gobierno de Franco anudó una estrecha relación con Ciano y con el propio Mussolini, de donde derivaría su condición de hombre de la política italiana y fascista en España, con lo que esto tenía de significación política e internacional. Las conversaciones que tuvo en Roma con el Duce el ministro español de Gobernación no sólo se refirieron a la alineación española en el escenario internacional (con la consiguiente calificación de Francia y Gran Bretaña como «enemigos»), sino también a la política interna: Mussolini, al desaconsejar la proclamación de la Monarquía y reclamar a Franco la necesidad de «dirigirse al pueblo», venía a proponer una «fascistización» del régimen español, de acuerdo con las pautas del modelo italiano, mucho más factible que el alemán para una sociedad como la española. El viaje de Ciano a España en julio de 1939 ratificó esa sensación de alineamiento con Italia que todavía habría sido más evidente de haber tenido lugar en reciprocidad, tal como estaba previsto, un viaje de Franco a la Italia fascista. Sin embargo, con ocasión de ese mismo viaje de Serrano a Italia y del posterior de Ciano a España se produjeron ciertas tensiones en el seno del Gobierno español (Serrano y Jordana) que demostraron que la pluralidad debía ser resuelta en un sentido o en otro: las deliberaciones del Consejo de Ministros mostraban ya una clara tensión entre quienes seguían a esa estrella emergente, que era Serrano, y quienes no lo hacían.

Gestada desde tiempo atrás, la crisis estalló en agosto de 1939. Antes, sin embargo, Franco había prescindido de Sainz Rodríguez, probablemente por una simple falta de discreción, entre humorística y maldiciente, del ministro de Educación. El significado del cambio gubernamental resulta fácilmente resumible de acuerdo con lo que en aquel momento pensaron los observadores nacionales y extranjeros. Supuso la victoria abrumadora de Serrano quien, a partir de ese momento y hasta 1942, fue figura clave en la política española. Inteligente, culto y dotado de una capacidad que no tenía Franco (la de preparar disposiciones legales), Serrano era superior a la media de la naciente clase política del régimen, aunque no carecía ni mucho menos de defectos, como la megalomanía, la ambición y una tendencia a una actuación puramente personalista, intemperante, y rodeada de secreto. Además de todo esto, en este momento representaba no sólo el mayor grado de vinculación a Franco, sino también una determinada política, que no era otra que la homologación, por «fascistización», con el régimen italiano. Serrano no sólo conservó su cartera de Gobernación sino que, además, la hizo compatible con la Presidencia de la Junta Política del partido único; en adelante fue denominado «ministro-presidente» por una prensa a la que controlaba. La realidad era que, como recuerda Valdés Larrañaga en sus memorias, en Falange no existió nunca una presidencia de la Junta Política independiente de la Jefatura nacional de modo que su creación testimoniaba el grado de su influencia. De Serrano dependió el partido tan estrechamente que dos cargos fundamentales del mismo, vinculados con su persona, Sánchez Mazas y Gamero del Castillo, ocuparon también sendas carteras ministeriales.

Además, es muy posible que los militares relativamente jóvenes que ocuparon puestos ministeriales en este momento (Yagüe, Muñoz Grandes y Várela) lo hicieran no sólo porque Franco confiaba más en ellos que en quienes le habían elevado al caudillaje, sino porque, en la óptica de Serrano, resultaban más influenciables desde una óptica «fascistizada» o falangista que los otros, mucho más proclives a la Monarquía.

Al mismo tiempo Serrano se libró también con esta crisis de sus peores adversarios en el Gabinete de 1938, como, por ejemplo, Rodezno o Amado. Hubo en el nuevo gobierno personalidades procedentes de la derecha católica tradicional, pero a título de técnicos, o cercanos en lo personal a Serrano (Ibáñez Martín y Larraz); la presencia monárquica era mucho menos clara, señal evidente de que en ella Franco veía peligros pero resultaba efectiva, aunque manejable, la carlista (Esteban Bilbao). En cuanto a Alarcón o a Beigbeder, quizá su designación puede deberse más directamente a la persona de Franco; aunque Serrano había conocido previamente al segundo. Sin embargo, en la formación de este Gobierno da la sensación de haber jugado un papel tan decisivo Serrano como el que luego, en los años sesenta, desempeñara Carrero Blanco; otra cosa es que el cuñado de Franco acabara por enfrentarse con no pocos de aquéllos a quienes había contribuido a nombrar.

Este papel preponderante de Serrano Suñer no quiere decir que hiciera sombra a Franco sino que era el correlato de su presencia abrumadora en las instituciones del nuevo régimen, pues el programa de «fascistización» que el primero protagonizó se basaba en el poder de Franco y partía de su colaboración, al tiempo que actuaba en su beneficio. Poco antes de la crisis gubernamental, por influencia de Serrano, el general Queipo de Llano había sido enviado a ocupar un puesto en Italia que equivalía en la práctica al exilio. Al mismo tiempo se legisló sobre la Jefatura del Estado que, en adelante, ejercería «de modo permanente» las funciones de gobierno, sin necesidad de hacerlo previa deliberación del Consejo de Ministros. Algún tratadista llegó en estos momentos a la conclusión de que el papel de Franco equivalía al del papa en la Iglesia pues, como éste, no necesitaba del concilio para ejercer su supremo poder. De hecho, con disposiciones como ésas, Franco había adquirido un poder más absoluto que el de Stalin —que debía someterse, al menos en teoría, a una Constitución— o el de Hitler, que debía hacerlo a un Parlamento. Además, en la nueva organización del Gobierno se suprimió la vicepresidencia, hasta ahora desempeñada por Jordana, otro adversario de Serrano, con lo que éste quedaba potenciado y, al mismo tiempo, se desvanecía cualquier posible apariencia de sombra sobre el poder de Franco. Éste, al decir del embajador portugués, se mostraba «embrutecido» por el poder y, al mismo tiempo que mostraba su plena identificación con el Eje, sostenía «las cosas más raras» sobre sus planes políticos y económicos del futuro. En suma, era plena y totalmente consciente de un caudillaje providencial que él mismo, con la colaboración de su cuñado, se había atribuido.

En el momento del cambio de gobierno se decidió también el desdoblamiento de las carteras militares y la división del Ministerio de Organización y Acción Sindical, encomendando sus competencias al de Trabajo y a la Delegación Nacional de Sindicatos respectivamente, disposiciones ambas de menor relevancia. En cambio, cabe atribuir una importancia de primerísima magnitud a la aprobación de los estatutos de FET de las JONS, inmediatamente alabados por Mussolini. En pura estructura legal el Partido —tal como entonces era denominado— adquiría unas características en nada diferentes de los fascistas. No sólo se atribuía una importancia política decisiva a su Consejo Nacional y su Junta Política, sino que se preveía que controlara los sindicatos y dispusiera de unas milicias armadas propias. En fin, las disposiciones legales aprobadas en las semanas sucesivas tenían también un contenido asimilable al fascismo. El plan económico aprobado en octubre de 1939 se caracterizó por una voluntad autárquica aunque ésta naciera de unas concepciones distintas de las propiamente fascistas y la Ley de represión de la masonería y del comunismo (marzo de 1940) evidentemente estaba destinada a la persecución de lo que Franco entendía como tales, que a menudo no eran más que el liberalismo y la democracia.

Si la voluntad «fascistizadora», sin duda, existía, cabe preguntarse, sin embargo, por qué no sólo no triunfó, sino por qué estuvo siempre muy lejos de conseguirlo. Por supuesto, la respuesta a esta pregunta se encuentra en la dinámica política, es decir, en la propia evolución de los acontecimientos en los que, como hemos visto, se entrelazó estrechamente la política interna con la situación internacional. En suma, la «fascistización» del régimen sólo hubiera sido posible en el caso de que la España de Franco hubiera decidido intervenir en la guerra mundial al lado del Eje; eso hubiera traído, con toda probabilidad, una modificación paralela de sus estructuras políticas definitiva e irreversible. En 1939 y 1940, en cambio, la «fascistización» era sólo un proceso iniciado y germinal, aunque también claro, pero que partía de debilidades originarias que acabarían por demostrarse superiores a la tendencia contraria, sobre todo dada la no intervención en el conflicto bélico. La primera debilidad nacía de la personalidad del líder, Franco, difícil de asimilar, en puridad, a Hitler o Mussolini. El principal propulsor de la «fascistización», además, ni siquiera era él mismo —aunque hubiera asimilado su lenguaje— sino su cuñado que, por otro lado, procedía más de la extrema derecha católica que de Falange. Siempre será lícito preguntarse hasta qué punto cada uno de los dos cuñados en cuyas manos estaba la suerte política de España pensaba en términos de poder personal o de vinculación ideológica con el ideario totalitario. Pero esto tampoco resulta tan decisivo. Lo que importa es que la «fascistización» siguió siempre un ritmo discontinuo y desordenado que no obedecía a una lógica institucional derivada de la aplicación de una doctrina política.

Además, el papel del Ejército en la España vencedora en la Guerra Civil resultó absolutamente trascendental y nunca hubo la menor duda de que a él le habría de corresponder el predominio en caso de conflicto, a diferencia de lo sucedido por la misma época en Rumanía. Hay que tener en cuenta que en 1939, el 80 por 100 de los puestos en la Administración se reservaron a ex combatientes (no, por ejemplo, a militantes de primera hora del partido) y que al menos un 25 por 100 de los cargos políticos fueron ocupados por hombres procedentes del Ejército. Ya hemos visto que durante la guerra lo militar predominó en la Administración de retaguardia y en la posguerra la represión fue asumida por el elemento militar. Daba la sensación de que esta rama de la Administración hubiera crecido de forma monstruosa hasta haberse convertido en el elemento directivo del conjunto. En el propio Consejo Nacional del Partido si 24 de sus 100 miembros eran veteranos del partido una veintena más eran militares. En una fecha tan tardía como 1951 el 27 por 100 de los alcaldes y concejales eran excombatientes de la Guerra Civil.

Por otro lado, la victoria del partido sobre el Ejército sólo hubiera podido producirse en caso de que el primero hubiera alcanzado un papel más relevante en la sociedad española transformando el conjunto de su vida. Pero la Falange era débil porque su pasado antes del estallido de la guerra había sido poco brillante y porque desde un principio en cualquier momento conflictivo causó pocos problemas a aquéllos en los que en definitiva residía la verdadera capacidad de decisión. No obstante cualquier observador de la España de entonces (o cualquier historiador posterior) debe llamar la atención acerca del relevante papel que desempeñaba en esos momentos. Los años 1939 y 1940 (e incluso el siguiente) fueron decisivos en el proceso de «fascistización» y, aunque ésta no se llevó a cabo de manera completa, es por tanto imprescindible tratar de él y de su impacto en la realidad española del momento.

El primer aspecto que debe merecer atención se refiere al grado de afiliación pues al partido, como en cualquier régimen fascista, le debía corresponder la tarea de «nacionalizar a las masas», es decir, convertirlas en creyentes del nuevo sistema. FET y de las JONS reivindicó cifras que parecían mostrar su pujanza: si en 1939 tenía unos 650 000 afiliados, después de la guerra mundial alcanzó un millón, además de 2000 funcionarios y otros 10 000 en la Organización sindical. Pero todas estas cifras han de interpretarse teniendo en cuenta la realidad que subyace a la estadística. De entrada se debe tener en cuenta que el ápice de la afiliación se produjo en 1942 y, a partir de este momento, la afiliación se estancó y, por consiguiente, los afiliados fueron envejeciendo. Las cifras son, sin embargo, muy importantes.

Por otro lado hay que tener en cuenta cuál fue la realidad de este crecimiento, punto en el que es preciso hacer varias puntualizaciones. En primer lugar, más que durante la Guerra Civil, el partido fue un monopolio de los falangistas más ortodoxos, excluyendo de su dirección o inspiración a otros sectores, aunque fueran de análoga procedencia. Incluso una organización de beneficencia surgida de forma espontánea durante la guerra, como fue el caso de Auxilio Social, iniciativa de la viuda de Onésimo Redondo, acabó siendo succionada por la Sección Femenina que dirigía la hermana de José Antonio Primo de Rivera. El papel del carlismo fue decreciente incluso desde la fase última de la Guerra Civil. Cuando las tropas de Franco entraban en Cataluña reivindicó para sí el predominio en la organización del partido en la región pero sólo obtuvo un cierto papel, siempre muy minoritario, en Gerona y Lérida. En los años de la posguerra su papel político disminuyó, por más que no pocos militares sintonizaran mucho mejor con él que con Falange. La Comunión Tradicionalista fue neutral respecto de la confrontación bélica mundial e incluso su Regente se manifestó abiertamente antialemán, lo que ya suponía un desplazamiento del centro de gravedad de la política española de entonces. Pero, además, el carlismo se situó en una posición que, aún permitiéndole mantener una cierta fuerza, le condenaba a que ésta fuera marginal y muy limitada. Con respecto al partido —y, en general, a la organización del Estado según los patrones de la «fascistización»— su actitud puede resumirse en una frase de una carta de Rodezno a Franco: no habría sido hostil pero sí, en cambio, insolidaria. Fal Conde, que seguía siendo el jefe político del carlismo, propuso una Regencia nacional con la vana esperanza de que Franco la aceptara y abriera camino al candidato tradicionalista, D. Javier, opción que lo redujo a una actitud de pasividad disconforme. Pero, además, a Fal Conde no le siguieron los carlistas navarros. Éstos tenían muy a menudo motivos de protesta contra Falange: incluso desde el verano de 1949 perdieron el gobierno civil y la jefatura del partido en Pamplona pero mantuvieron una fuerte implantación en los ayuntamientos, lo que permitió que este grupo político pudiera subsistir y mantener una cierta organización que luego se transformaría en los años sesenta.

No lo hubiera logrado de no haber tenido una fuerte implantación previa. Falange no la tenía y es preciso llamar la atención sobre cómo pudo experimentar a partir de este momento un crecimiento tan considerable. La procedencia de los afiliados varió, sin duda, según las regiones y el medio geográfico. En Cataluña el partido era minúsculo antes del estallido de la guerra (unos 200 militantes) pero no quiso contar ni con los tradicionalístas ni con los catalanistas moderados, sino tan sólo con la derecha anticatalanista que ya había tenido alguna actuación relevante en el tiempo de la Dictadura de Primo de Rivera. Así se explica que tuviera muy escasa penetración, aunque la aumentara gracias a algunas autoridades locales. En el País Vasco el Partido logró la colaboración municipal de tradionalistas, sobre los que se superpuso el poder de autoridades provinciales de significación falangista. En gran parte de la geografía peninsular volvió la élite dirigente tradicional de la derecha. Incluso se ha podido detectar un parcial cumplimiento del propósito de «nacionalización de las masas» por la incorporación al Partido de antiguos militantes izquierdistas. Un estudio sobre el Aljarafe sevillano testimonia que el 15 por 100 de los afiliados tuvieron esta significación y, como suele suceder con los nuevos adeptos, se expresaron en términos muy radicales. Ahora bien, si la composición de FET y de las JONS varió mucho de unos lugares a otros y según los niveles de mando el papel que se le reservó al partido fue siempre el mismo. Tenía una misión reivindicativa en lo social, incluso con fuertes denuncias contra los acaparadores en unos momentos en que la situación del aprovisionamiento era lamentable; en sus manifestaciones utilizaba un lenguaje de «Justicia social» y un tono demagógico que eran muy distintos de los tradicionales en la derecha española. Al mismo tiempo, su presencia en la sociedad le permitía ejercer una función policial que le hubiera resultado muy difícil llevar a cabo a cualquier otra institución. Ésos fueron sus dos papeles en el seno de la coalición de derecha antidemocrática en que consistió el régimen. Pero de este modo se revela también lo limitado de la «nacionalización de masas» conseguida. El aspecto coercitivo o de propaganda en contra del adversario fue de mucha mayor trascendencia que el proceso de incorporación voluntaria al ideario del régimen o de Falange. No podía dejar de suceder así teniendo en cuenta, por un lado, que la tarea educativa fue entregada a la Iglesia o al mundo católico y, por otra parte, que los medios empleados por el régimen resultaron limitados. A pesar de la censura sólo una parte de la prensa y los medios de comunicación pudieron considerarse como instrumentos de la «fascistización» radical. Aunque ésta fuera germinal en torno a 1940 ya en esta fecha se podía prever que el resultado de la acción del Partido sobre la sociedad sería un tanto ambiguo: mucho más que la adhesión plena se fomentó en la práctica el miedo, el rechazo al adversario del régimen, la resignación o la aceptación pasiva. Así, uno de los jóvenes intelectuales de Falange, Laín Entralgo, que en 1941 había propuesto una «revolución nacional proletaria» que, de hecho, suponía la «fascistización», en 1956, siendo rector de la Universidad Complutense, verá en los jóvenes despreocupación e indiferencia reticente más que cualquier otra cosa.

Tras este examen de la manera en que se tradujo el intento de homologación del régimen de Franco con el modelo fascista en la vida cotidiana de los españoles podemos pasar a examinar las principales instituciones socializadoras de la política que servirían para encuadrar a los españoles a lo largo de los primeros años de la década de los cuarenta. En realidad, el Consejo Nacional siguió siendo un organismo plural por su composición y muy poco activo, por lo que puede prescindirse del mismo. Algo semejante cabe decir de la Junta Política, que sirvió tan sólo para realzar el papel de Serrano Suñer al desempeñar éste su presidencia. Cuando éste elaboró una especie de proyecto constitucional en 1941 se atribuyó «ser oída en pleno en asuntos que afecten a la Constitución del poder y a las leyes del Estado», así como a la hora de suscribir tratados o declarar la guerra, pero en la práctica, órgano sumiso del cuñado de Franco, no desempeñó papel de relevancia alguna.

Más interés tiene tratar de los nuevos organismos surgidos en el seno del partido inmediatamente después de la finalización de la Guerra Civil. Quizá en la mente de quienes lo crearon el Instituto de Estudios Políticos hubiera podido convertirse en un supuesto vivero intelectual fascista pero no llegó a serlo nunca por más que en su sede se elaboraran entusiastas teorías acerca del caudillaje. Proclives los intelectuales que trabajaban en su seno a una cierta modernidad con el transcurso del tiempo se hizo visible en ellos una deriva liberal. Se pudiera pensar, en principio, que en los organismos destinados a la juventud anidara caracterizadamente la voluntad «fascistizadora» y, en efecto, así fue, pero un examen detenido de en lo que consistió revela sus limitaciones. Ya hemos visto el papel decisivo que para la Falange de la etapa republicana tenía en sindicalismo estudiantil universitario. El SEU revolucionario, que pretendía la ocupación de todo el poder por la Falange, murió definitivamente en 1941 con la desaparición, en Rusia, de Sotomayor, su principal dirigente radical, pero ya antes había partido de una voluntad ecléctica y no sólo porque el mucho más tibio Guitarte ejerciera la jefatura por delante de los fascistas más vehementes. Aunque en 1941 el SEU superó los 50 000 afiliados hubo siempre en su implantación vacíos geográficos patentes, de los cuales los más señalados resultaron ser los de Cataluña y el País vasco. En 1943 se estableció la afiliación obligatoria de todos los estudiantes pero tanto esto como el protagonismo de los «seuistas» en la División Azul no fueron más que espejismos porque en la práctica el SEU fue controlado y capitidisminuido, aunque en él anidara un poso de radicalismo destinado a reaparecer. El Frente de Juventudes, creado en diciembre de 1940, no encuadró a más del 13 por 100 de los jóvenes y el porcentaje de chicas fue todavía menor: además, el encuadramiento, a diferencia de lo que sucedió en Alemania, fue tradicional, realizado por maestros y militares, que habían superado con creces la veintena de años. Pronto el Frente de Juventudes, sin perder por completo su identidad falangista, derivó hacia tareas educativas o deportivas de la clase proletaria urbana. Una organización voluntaria paralela, las falanges Juveniles de Franco —cuya identificación con el líder resulta muy significativa— apenas agrupó el 18 por 100 de los varones y al 8 por 100 de las jóvenes. Finalmente, la vertiente del partido dedicada a la mujer se caracterizó por un tono muy conservador, en consonancia con la concepción familiar y hogareña característica de la derecha tradicional española. El modelo de la Sección Femenina era mucho más la matrona que la joven revolucionaria. Pilar Primo de Rivera, que la dirigió, dejó bien claro que «el verdadero deber de las mujeres con la Patria consiste en formar familias con una base exacta de austeridad y alegría donde se fomente todo lo tradicional». Nada resultaría tan digno de alabanza como la «sumisión» de la mujer al hombre tanto para la una como para el otro, aseguraban sus publicaciones. Sus afiliadas no pasaron de ser un tercio, en términos comparativos, de las italianas; no participaban en esos desfiles de masas tan característicos de la liturgia fascista, e incluso no podían ser fotografiadas cuando practicaban gimnasia. Aunque la Sección Femenina también llevó a cabo una importante labor asistencial una parte de las enseñanzas que impartió se refirieron al hogar. Muy pronto el partido devino pura maquinaria burocrática, algunos de cuyos servicios se agotaban en la pura acción interna y, a diferencia de lo sucedido en otros partidos únicos, apenas si practicó la purga para depurar a sus afiliados recientes.

Otros dos aspectos de la voluntad de encuadramiento de las masas populares resultaron especialmente polémicos en la política interna de la España de la época. En el verano de 1940 se pusieron en marcha las milicias, pero, sin ir más allá de distribuir unas muy elementales normas de movilización. Como ha escrito un historiador, lo militar excluye lo miliciano y en la España de Franco desde un principio la victoria correspondió al Ejército y no a las milicias del Partido. Así se explica que un proyecto de ley de organización del Estado, elaborado en los medios del partido entre 1940-1941, no llegara a ver la luz y que tampoco a los sindicatos les correspondiera un papel dominante, bajo la tutela del partido, en la dirección de la economía nacional.

Originariamente, un proyecto preparado en 1939 preveía una influencia tan absorbente que incluso exigía, para trabajar, poseer una cartilla expedida por esos organismos.

Luego la Ley de Bases de Organización Sindical, de diciembre de 1940, fue mucho más modesta en sus propósitos: aunque los sindicatos pretendían ser «el pueblo entero organizado en milicia de trabajo», la realidad es que ni siquiera agruparon a las Cámaras de Comercio o a los Colegios Profesionales, a pesar de que todos los sindicatos preexistentes, incluso los católicos, fueron obligados a incorporarse a ellos. Un examen de las jerarquías sindicales desde el comienzo mismo del régimen revela, al margen de una abrumadora presencia de los excombatientes, que no estuvieron ausentes las clases altas: un tercio de los jefes locales eran propietarios agrícolas y un sexto industriales o comerciantes. No hay nada más significativo en el bloqueo de la función revolucionaria del sindicalismo falangista que el final de esta primera etapa, concluida cuando un militar, Saliquet, denunció al responsable del mismo, Merino, como antiguo miembro de la masonería. En la Italia «mussoliniana», el partido controló y bloqueó a los sindicatos; en España, la fuerza que tenía en sus manos el máximo de poder efectivo —el Ejército—, le cerró el paso sin mayores complicaciones con una denuncia de la heterodoxia de sus dirigentes.

Con la mención al partido nos hemos adentrado ya en la etapa cronológica en que Europa se conmovió con el estallido de un conflicto que, con el paso del tiempo, se convertiría en mundial. Para la España de Franco, la invasión de Polonia no fue una noticia satisfactoria, pero ante ella respondió, como era de prever, alineándose con quienes habían sido sus aliados durante la Guerra Civil. Una pretensión francesa de que España pudiera de algún modo mediar para evitar el conflicto fue remitida a los italianos y, si Franco hizo un llamamiento para evitar que la guerra siguiera después de la derrota polaca, pareció hacer esta sugerencia partiendo de la admisión de la victoria alemana.

Durante los primeros meses de la guerra la postura de la España de Franco estuvo muy cercana a la de la Italia fascista en el sentido de que, aunque no se participara en el conflicto, las simpatías espontáneas de los medios oficiales se decantaban mucho más por Alemania que por Francia e Inglaterra. No en vano en febrero de 1940 se había llegado con este país a un acuerdo acerca de la deuda contraída durante la Guerra Civil, que resultó muy favorable a los intereses de la España de Franco, tanto por la determinación del monto de la misma —5000 millones de pesetas— como por el plazo de pago —veinticinco años—. Por otro lado, el régimen sostenía, en política interna, su voluntad de homologación política con la Italia fascista y su identidad con ésta le permitía mantener una solidaridad ideológica, aunque poco comprometida en la práctica, con la Alemania hitleriana. Sin embargo, España no estaba en condiciones de intervenir, ni siquiera en el escaso grado en que el Duce pudo pensar que lo estaba su país. Por eso no se planteó por el momento ninguna tentación intervencionista. Ahora bien, en abril de 1940, cuando Mussolini decidió entrar en la guerra advirtió previamente a Franco, y cuando, ya en mayo, se hizo patente la derrota francesa, inmediatamente Franco empezó a reclamar Gibraltar a través de la prensa falangista. Se había producido un milagro inesperado: el adversario y antagonista de siempre parecía encontrarse en una patente inferioridad de condiciones y una especie de Justicia histórica parecía hacer posible que se convirtieran en realidad anhelos muy profundos de los vencedores en la Guerra Civil.

Hasta el momento, Franco había mantenido una neutralidad efectiva, e incluso llegó a condenar la invasión de los Países Bajos por Alemania. Ahora, sin embargo, la espectacular derrota de Francia, adversaria tradicional en Marruecos, provocaba una inmediata tentación de intervencionismo para tratar de obtener un beneficio en lo que parecía imaginarse como algo inmediato, el nacimiento de un orden europeo radicalmente nuevo. Dos días después de que Mussolini interviniera en el conflicto, Franco y Serrano, informados paso a paso por el Duce acerca de su decisión, modificaron la posición de España ante la guerra, transformándola en una «no beligerancia» que, como en el caso de la postura adoptada por Italia al iniciarse el conflicto, fue, en realidad, una «prebeligerancia», que quería indicar solidaridad ideológica y voluntad de intervención. Así se prueba en el hecho de que, por esos mismos días, se autorizaba a los aviones italianos a utilizar el territorio español para bombardear a los británicos. Fue la primera ocasión, pero no la última, en que la España de Franco violó una supuesta neutralidad que luego pretendería haber mantenido durante todo el conflicto.

Sin embargo, para que la definitiva intervención española en la guerra tuviera lugar, tal como querían los dirigentes políticos de entonces, hubiera sido necesaria una mejor situación económica y un mayor grado de unidad interna. Ya en diciembre de 1939 había descontento entre los altos mandos militares respecto de la situación política, así como fuertes reticencias en torno a Serrano, quien, a los ojos de muchos, era prepotente y megalómano, concentraba demasiado poder en sus manos, apoyaba en exceso a una Falange demasiado revolucionaria en sus pronunciamientos de política interna, y que parecía no acabar de llevarse bien incluso con aquéllos a quienes había contribuido a nombrar. En enero de 1940, Muñoz Grandes fue sustituido como ministro secretario general del partido después de haber permanecido a su frente tan sólo unos pocos meses. Merece la pena subrayar el hecho de que un régimen que tenía la pretensión de seguir el modelo de la Italia fascista situara al frente del Partido a un militar, cuando fue precisamente un militar quien sustituyó a Mussolini en 1943. Pero lo que en este momento nos interesa es la sensación existente en la España de 1940 de que la situación económica era pésima y la estabilidad política nula. Todos estos factores habrían de jugar un papel decisivo en los meses siguientes.

La tentación intervencionista
y la lucha interna (1940-1942)

La interpretación que la propaganda —e incluso una parte de la historiografía de la época final del franquismo— hizo acerca de la posición de las autoridades españolas en esta fase de la guerra, consistió en afirmar que la Alemania victoriosa presionó inmediatamente a España para obtener su intervención en la guerra mundial, que esa presión fue muy insistente y duradera pero no consiguió romper la encarnizada resistencia de Franco. Pero la realidad es que, a partir de la victoria de Alemania sobre Francia, hubo una identificación absoluta de los dirigentes españoles con la causa del Eje, que se prolongó, con matices e intermitencias, hasta entrado el año 1944; como veremos más adelante, la presión alemana para lograr la intervención española, aunque fuerte durante algunas semanas, tampoco fue muy duradera. En cualquier caso, quien tomó la iniciativa para la posible entrada española en la guerra no fue Alemania, sino los propios dirigentes de la España de Franco. En efecto, a mediados de junio de 1940, Franco envió al general Vigón a entrevistarse con Hitler y mostrarle su disponibilidad para convertirse en beligerante, a pesar de sus dificultades de aprovisionamiento. En esta ocasión, por vez primera, España mencionó unas reivindicaciones territoriales que luego reaparecerían en meses posteriores.

Se entiende que así se hiciera. Como decía con absoluta claridad la propia prensa falangista, aquélla parecía la gran ocasión, esperada durante decenios y aún siglos, al haberse producido la derrota de Francia y resultar previsible un inmediato reparto de Europa y de las posesiones coloniales galas. En última instancia ni siquiera se sabía si Gran Bretaña estaría dispuesta a proseguir la lucha: los alemanes pidieron que el duque de Windsor, que podía tener derechos sobre la Corona británica fuera retenido en España, donde estaba, para una posible negociación de paz. Las peticiones españolas consistieron —y así se mantuvieron durante meses— en la ampliación de las posesiones del Sahara y Guinea y, sobre todo, en la total ocupación de Marruecos y de aquella parte de Argelia que había sido colonizada por los españoles. No hubo un solo sector en el régimen que no propiciara este afán imperialista, desde los militares hasta los falangistas. Si para la Falange supondría la realización de los designios imperiales, para los militares africanistas, entonces en el poder, sería el cumplimiento de sus ilusiones respecto al norte de África, largo tiempo acariciadas. Los falangistas, no obstante, eran más ambiciosos y en ocasiones exigieron ampliar la expansión española hasta el sur de Francia y Portugal.

La verdad es que las pretensiones del régimen de Franco nunca tuvieron la menor posibilidad de triunfar porque la posición de la Alemania de Hitler siempre estuvo muy lejos de la visión de ella que se parecía tener en Madrid. El Führer nunca fue un generoso impulsor de una especie de justicia histórica que permitiera a España realizar sus aspiraciones sino que para él se trataba de un país pequeño y poco importante del que esperaba que le siguiera de forma espontánea y que estuviera dispuesto a proporcionarle materias primas y ventajas estratégicas a cambio de casi nada. Su destino sería convertirse en una especie de colonia informal del Reich. Ni siquiera el Mediterráneo era importante para Hitler. Una vez derrotada Francia titubeó acerca de cual debiera ser el destino de su ulterior expansión y acabó por volcarse hacia el este de Europa, de modo que España desapareció de sus preocupaciones más agobiantes.

Pero, sentada la posición alemana, debemos volver al curso de los acontecimientos visto desde la óptica española. En julio de 1940 el ministro de Asuntos Exteriores, Beigbeder, cuyo nombramiento cabe atribuir por igual a Franco y Serrano, propuso «estrecharse más» con Alemania. Su idea consistía en que Marruecos debería tener una independencia ficticia —«de carnaval», decía— controlada por España y, de momento, que ésta ocupara dos provincias al Norte, hasta el río Sebú, pretextando desórdenes internos en la zona francesa. Esta operación no llegó a efectuarse, probablemente porque los franceses mantuvieron una elevada cantidad de efectivos militares en la zona y porque Alemania nunca estuvo dispuesta a autorizar la intervención española. Por estos momentos el jefe del servicio secreto alemán, Canaris, recomendaba a las autoridades españolas que no extendieran el conflicto. Beigbeder, nombrado por Franco para su importante cargo por ser un buen conocedor de Marruecos, y por su manejo de idiomas, actuó de forma tortuosa, informando en sentido diverso a las potencias respecto de los designios españoles. Su posterior abandono del ministerio se produjo no porque fuera originariamente opuesto a los alemanes, sino debido a la creciente influencia de Serrano y su paralela marginación, lo que acabaría situándole al lado de los británicos.

A Beigbeder, sin embargo, cabe atribuirle la primera expansión imperial de la España de Franco, que las circunstancias hubieron de convertir también en la última y única para acabar siendo también reversible. Fue una especie de reproducción, un tanto caricaturesca, de ese género de espectaculares decisiones al modo de Mussolini pero que no concluyó en fiasco. Al mismo tiempo que las tropas alemanas entraban en París, las españolas ocuparon Tánger, un propósito que desde comienzos de siglo habían tenido todos los gobernantes españoles y que, si se justificó por las peculiares circunstancias bélicas del momento, tampoco dejó de considerarse como una decisión irreversible y un testimonio de las pretensiones españoles más firmes. En noviembre de ese mismo año se suprimieron la comisión de control y la asamblea al mismo tiempo que submarinos italianos obtenían un refugio ilegal en la zona internacional. Sólo unos meses después, en marzo de 1941, las autoridades españolas llegarían con las británicas a un acuerdo de principio respecto a Tánger, admitiendo las segundas que dependiera de España. Mientras tanto fue expulsado de la ciudad el representante de la autoridad francesa, instalándose en ella un consulado alemán dedicado, en realidad, a misiones de espionaje. En la práctica sólo en 1944, cuando ya la guerra parecía inclinarse definitivamente a favor de los aliados, España volvió a considerar como internacional la zona por ella controlada.

En todo este asunto el comportamiento de las autoridades españolas sólo con extremada benevolencia puede ser calificado de neutral, pues sería mucho más correcto describirlo como prebeligerante. De hecho, España dio manifiestas facilidades a los italianos para lanzar desde territorio español operaciones de sabotaje contra la flota británica instalada en Gibraltar. También se concedieron considerables ventajas estratégicas a los alemanes: ya en julio de 1940 una misión militar alemana estuvo en España para preparar una eventual toma de Gibraltar, descubriendo, no sin perplejidad, que de momento los españoles carecían de cualquier plan bélico respecto de la base británica a pesar de que ansiaran ocuparla. Además, a lo largo de 1940 y 1941, gracias a la llamada «Operación Moro», un total de dieciocho submarinos alemanes se aprovisionaron en España. Esto les permitía aumentar considerablemente su radio de acción, que se extendía así hasta el norte de Brasil. Al margen de las ventajas comerciales, de las que más adelante se tratará, Hitler pudo obtener otras relativas a la observación aérea. Finalmente, aunque de ello no obtuvieron grandes ventajas, los alemanes se beneficiaron de la información de los servicios secretos españoles e incluso personas como Serrano entregaban a la diplomacia nazi los despachos de los embajadores más neutrales y cuya información podía tener mayor interés, como, por ejemplo, el duque de Alba.

La mención a éste nos pone en contacto con la posición de la principal potencia adversaria de Alemania, y la única que en este momento permanecía como beligerante contra Hitler, Gran Bretaña. La presencia de los alemanes en Bayona, en junio de 1940, suponía un peligro inmediato para la principal base eventual de acción británica en el Viejo Continente, que no era otra que su aliado tradicional, Portugal. Éste, según palabras de Salazar, se encontraba en estos momentos en una situación de «peligro total y consistente por todas partes», en el sentido de que podía temer que los alemanes lo atacaran a través de España, o que los británicos desembarcaran allí como primer paso para combatir en Europa. En estas condiciones, a finales de junio de 1940, comenzaron unas negociaciones con España que concluirían un mes después. En realidad lo suscrito no fue otra cosa que un protocolo aclaratorio de los acuerdos ya vigentes entre los dos países, que no implicaba ni alianza militar ni ningún tipo de pacto que los desvinculara por completo de sus aliados (por ejemplo, en el caso de Portugal, de Gran Bretaña), sino que sencillamente preveía consultas en el caso de que desde su territorio se pudiera producir una agresión a la otra parte. Sin embargo, el tratado, negociado inicialmente por Serrano, aunque concluido por Beigbeder, fue interpretado por los propios españoles como un medio de alejar a Portugal de la causa británica y atraerlo a la propia. En realidad, Salazar había evitado cualquier compromiso verdaderamente decisivo mediante este nuevo protocolo adicional.

Los británicos no tuvieron inconveniente en aceptar que su aliado suscribiera un acuerdo como éste porque, siendo muy poco significativo, no alteraba su política respecto a España, que había sido diseñada antes de que lo fuera la alemana de manera definitiva. Para Gran Bretaña, la estrategia a seguir en todo el mundo y también en España, punto crucial dada la situación de Europa en el verano de 1940, era ganar tiempo. Como aseguró uno de sus principales estrategas, Liddel Hart «una España amistosa es deseable, pero una España neutral es vital». De ahí que se nombrara embajador en Madrid a una importante figura del conservadurismo, Sir Samuel Hoare que, cuando llegó, dio órdenes de que el avión se mantuviera en condiciones de devolverle a su patria, pues tan insegura era la postura española que pensaba podía tener que volver en tan sólo unos días. Hoare, junto con Halifax, por entonces secretario del Foreign Office, eran partidarios de mantener con España una actitud de apaciguamiento, conduciéndola hacia la neutralidad mediante la utilización de la presión alimenticia y de aprovisionamiento. Su posición, en definitiva, fue muy característica del Imperio británico: neutralizar una zona peligrosa con un mínimo esfuerzo militar y un limitado dispendio económico. Esa actitud, sin embargo, se vio acompañada de errores en la ejecución y exceso de fatuidad. Churchill, en cambio, consideró en más de una ocasión la eventualidad de una invasión de todo o parte del territorio español, ante la posibilidad de que Franco se inclinara hacia el Eje y, de esa manera, pusiera en grave peligro la situación estratégica de Gran Bretaña. En realidad, esta postura, que encerraba una mayor dureza, era también más prudente, pues como veremos, España en más de una ocasión estuvo a punto de entrar en el conflicto. Pero requería de frialdad en los momentos decisivos. En ellos el buen sentido de Churchill se impuso siempre y evitó una iniciativa bélica que hubiera resultado contraproducente a medio plazo para su país. Hoare mantuvo una posición muy despectiva con respecto a los dirigentes españoles (le irritaba la confianza en sí mismo que tenía Franco, que le hablaba como un doctor a un paciente, y de Serrano, de quien pensaba que era un fanático). En realidad conocía los entresijos de la política española menos de lo que creía y, sobre todo, racionalizaba en exceso acerca de la imposibilidad de que España interviniera dada su penosa situación interna. En condiciones normales no se habría ni siquiera planteado esa posibilidad, pero la España de la posguerra estaba animada por una voluntad imperialista que la ocasión parecía contribuir a hacer viable. Además, la gestión del embajador británico en parte estaba guiada por su propio deseo de aparecer como un factor decisivo en la resistencia de su país y por entremetimiento excesivo y peligroso en la política interna española. Pensó, por ejemplo, que podía influir en la política interna por el procedimiento de comprar a generales. En ello empleó, con escaso fruto, 10 000 000 de dólares, porque éstos hablaban mucho de conspiración, pero era más que dudosa su predisposición a llevarla a la práctica; aunque es posible que esas cantidades acabaran en manos de terceras personas, puede ser que por este procedimiento lograra bastante información interna, incluso de Beigbeder, sobre todo en el momento en que dejó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Otra arma del embajador británico resultó mucho más efectiva. Consistió en proporcionar a España, mediante sucesivos acuerdos desde los meses finales de 1940, el suficiente petróleo y los imprescindibles aprovisionamientos como para que subsistiera y, al mismo tiempo, fuera incapaz de entrar en la guerra. Como pudo decir el ministro falangista Gamero del Castillo, los británicos prometían alimentos a cambio de paz, mientras que los alemanes lo hacían a cambio de guerra; además los primeros los ofrecían por adelantado, mientras que los segundos lo prometían para después de la entrada en guerra, al mismo tiempo que succionaban gran parte de las exportaciones españolas como pago a su intervención en la Guerra Civil. Fue ésta la línea política fundamental de los británicos, y quedó definitivamente consolidada como tal cuando, en febrero de 1941, Hoare convenció a Edén, sustituto de Halifax y persona más proclive a mostrar una actitud mucho más severa respecto de Franco, para que se sumara a la actitud mantenida hasta entonces. Con el paso del tiempo, a pesar de su desprecio por los dirigentes españoles, Hoare llegó a ser benevolente con respecto al régimen de Franco: a fines de 1940 se habían iniciado las emisiones de radio de la BBC dirigidas a la opinión española, que fueron suspendidas en 1943 a solicitud del embajador británico. A pesar de todo ello la posibilidad de que los alemanes invadieran España con la colaboración de una parte o la totalidad de quienes ocupaban el poder, hizo que se diseñaran determinados planes consistentes en provocar destrucciones para retrasar el avance adversario (Black Thorn), mantener un reducto de resistencia en el sur (Saphk), o establecer una base de aviación para que actuara en el norte de África (Ballast). Sin embargo, el plan estratégico que estuvo más próximo a su realización, en 1940 o 1941, fue la toma de las Canarias (plan Puma o Pilgrim), ante la eventualidad de una invasión alemana de la Península, de un pacto de España con Hitler o de la imposibilidad de mantener Gibraltar. Por este procedimiento se quería contribuir al control del Atlántico, que resultaba esencial para el Imperio, y un número elevado de los limitados recursos bélicos británicos estuvo preparado durante muchos meses para esta eventualidad.

Una faceta importante de la política británica consistió en convencer a los norteamericanos de que su actitud debía ser complementaria de la propia. La verdad es, sin embargo, que los Estados Unidos tuvieron una proclividad antifranquista mucho mayor que la británica, quizá como consecuencia del alejamiento experimentado por ambos países desde el final de la Guerra Civil. Además, Weddell, su embajador hasta comienzos de 1942, mantuvo unas pésimas relaciones con Serrano Suñer, que no tenía inconveniente en declarar su solidaridad con el Eje, hasta el punto de que al representante norteamericano se le negó, durante muchos meses a lo largo de 1940 y 1941, cualquier posibilidad de mantener una entrevista con Franco (que, por su parte, hablaba en estos momentos de la «locura criminal» consistente en seguir manteniendo la guerra, como si ya los alemanes hubieran vencido). Cuando finalmente, a comienzos de 1942, se llegó a un acuerdo con los Estados Unidos para aprovisionar de petróleo a España, tan sólo se le concedió un 60 por 100 del consumo habitual anterior en productos petrolíferos.

Si la definición de la política británica se llevó a cabo rápidamente en el crucial verano de 1940 y hubo de permanecer sin cambios hasta el momento final de la guerra, la alemana fue algo más tardía y resultó más cambiante de acuerdo con las circunstancias aunque siempre esperó que la España de Franco se sumara a ella sin mayor inconveniente. En realidad, sólo en 1945 se dio cuenta Hitler de que hubiera debido lograr la intervención española en el conflicto a la altura del verano de 1940, nada más lograda la victoria sobre los franceses; con ello hubiera tomado Gibraltar y así hubiera podido estrangular la vía de comunicación de Gran Bretaña con su Imperio. No se hizo así porque Hitler creía poder someter a Churchill con la aviación y, además, no quería dejar que el imperio colonial francés cayera en manos británicas. Todo eso le obligaba a no satisfacer las desmesuradas pretensiones territoriales de Franco, que era la condición fundamental para que España entrara en guerra.

Es importante recalcar que en todo el verano de 1940 fue España la que tomó la iniciativa de entrar en el conflicto: el nuevo embajador español en Berlín, Espinosa de los Monteros, llegó allí con un mapa —consultado con Franco— expresivo de las reivindicaciones españolas. Además, mientras tanto, Franco trataba de atraer a Mussolini en apoyo de sus pretensiones: fue un propósito un tanto ingenuo porque, en realidad, los deseos de ambos resultaban en gran medida incompatibles. En septiembre de 1940, Serrano Suñer, con ocasión de un viaje a Berlín, expuso de nuevo las pretensiones españolas, lo que demostraba no ya su predominio en el seno del Gabinete sino también la inminencia de su responsabilidad en la política exterior, la cual fue confirmada en octubre, cuando sustituyó a Beigbeder en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Pero, con ocasión de este viaje, Serrano descubrió, para su sorpresa, que la reconstrucción de Europa no se iba a hacer con criterios de supuesta justicia histórica que atribuyeran a España el papel internacional que Franco y él querían darle, sino siguiendo los exclusivos intereses de Hitler. Serrano pidió a Ribbentrop, el ministro de Exteriores alemán, Marruecos, Oran y Guinea, aparte de Gibraltar, e incluso sugirió la posibilidad de ampliar las fronteras propias en Rosellón y consideró a Portugal como una unidad política que apenas tenía sentido en una reordenación de Europa, pero se encontró con la solicitud de una de las Canarias y otra base naval en Agadir o Mogador por parte de los alemanes quienes parecen también haber deseado la isla de Fernando Póo. Tanto él como Franco eran partidarios de la entrada española en la guerra, aunque dadas las precarias condiciones de nuestro país entonces, como decía el segundo, «nos conviene estar dentro, pero no precipitarnos». Su idea consistía en obtener grandes ventajas territoriales con un mínimo de intervención, pero Hitler pensó que la España de Franco era un país débil y carente de recursos que pedía demasiado e intentaba pretenciosamente llevar una operación contra Gibraltar (denominada Félix) para la que no tenía tropas adecuadas, mientras que ponía en peligro las buenas relaciones con Francia. Esto último fue siempre lo decisivo: a fin de cuentas el propio Führer explicó a sus colaboradores que, al tratar de armonizar los intereses incompatibles de España, Italia y Francia, estaba intentando llevar a cabo un «engaño grandioso». Era muy difícil el acuerdo, sobre todo a partir del momento en que Franco se dio cuenta de que suponía en la práctica un desmembramiento del territorio nacional.

Por tanto, dadas las concepciones de Hitler acerca de sus propios intereses, los deseos españoles, incluso transmitidos a través de Mussolini, nunca tuvieron la menor posibilidad de triunfar. Sin embargo, cabía la posibilidad de que Franco cediera ante una presión muy dura ejercida por quien era el amo de Europa. La entrevista de Hendaya, en octubre de 1940, ha sido narrada presentando a un Franco que hábilmente eludía comprometerse ante un Hitler desesperado por no conseguirlo. La realidad es, más bien, que Hitler siempre despreció a los dirigentes españoles y consiguió, en esta ocasión, la firma de un protocolo que comprometía la entrada española en la guerra, aunque no señalara una fecha precisa. Esto indica que la situación permanecía abierta. El propio Franco llevó a esta entrevista un memorando en el que decía que no podía intervenir «por gusto» y recordaba que Italia lo había hecho con más preparación y había resultado una carga para su aliado. El momento álgido de la presión alemana se produjo en las últimas semanas de 1940, pero entonces ya se había hecho evidente que lo que Alemania ofrecía era muy poco y, sobre todo, con escasísimas seguridades. Hitler, cuya principal preocupación se basaba en el centro y el este de Europa, no tuvo una estrategia mediterránea (y, por lo tanto, española) más que unas cuantas semanas, y en enero de 1941, después de lamentar profundamente la posición de Franco en una carta que le remitió, consideró clausurada la posibilidad de la toma de Gibraltar. Además, las derrotas italianas distrajeron a sus tropas en los Balcanes, y cuando tuvo lugar la invasión de Rusia se hizo ya imposible emprender operaciones de envergadura en los dos extremos de Europa.

Si la posición de los dirigentes españoles fue demasiado ingenua respecto de Alemania, también lo fue en relación con la Italia de Mussolini. La existencia de mayores afinidades evitó las asperezas que se dieron con Alemania pero el imprevisto descubrimiento de la debilidad militar italiana lesionó la imitación de su régimen político y, además, pronto se hicieron manifiestas incompatibilidades en los intereses territoriales y de política exterior de ambas dictaduras. En febrero de 1941, en uno de sus dos únicos viajes al exterior, Franco, acompañado por Serrano Suñer, se entrevistó con el Duce en Bordighera. Allí le explicó al dirigente fascista que él no sólo quería entrar en la guerra, sino que temía hacerlo «demasiado tarde», pero el que lo hiciera dependía no tanto de él como de la ayuda que le proporcionaran los alemanes en términos militares y alimenticios. En realidad, como había escrito antes de partir hacia la ciudad italiana, jugaba también un papel decisivo en su posición el no entrar (en la guerra) «por gusto», es decir, hacerlo tan sólo obteniendo unas compensaciones territoriales insuficientes. Mussolini, que debía pensar en esos momentos que la guerra estaba ya ganada por Hitler, no insistió mucho en la intervención española, en parte por esas dificultades de todo tipo («¿cómo se puede enviar a la guerra a un país que tiene pan para una semana?», dijo a uno de sus colaboradores), pero también porque él no había conseguido ninguna victoria espectacular y, además, España podía ser un competidor en el reparto de influencias en el Mediterráneo. En adelante siempre sucedió lo mismo. Italia pretendía que la intervención española se hiciera por su intermedio y cuando a ella le conviniera. La España de Franco, que no estuvo dispuesta a arriesgarse a una entrada en el conflicto que pusiera en peligro el régimen en beneficio de los poderosos alemanes, menos aún lo estuvo cuando le conviniera a Mussolini.

A la vuelta hacia España, después de su entrevista con el Duce, Franco se entrevistó con Pétain, ocasión que nos permite abordar la relación entre ambos regímenes. Como tantos otros dirigentes de la Europa de la época el mariscal francés tuvo muy escaso aprecio del general español: ironizó acerca de él asegurando que en ocasiones parecía creerse «el primo de la Virgen Santísima» mientras que, al lado del alto Serrano Suñer, parecía la figura de Sancho Panza. Por su parte los dirigentes españoles de la época —no sólo los falangistas, sino también el embajador Lequerica— veían a la Francia del mariscal como un régimen poco revolucionario, imitador muy pálido del fascismo, al modo de Hungría o Portugal. De ahí que sintieran una indudable superioridad respecto de ella. Pero la Francia colaboracionista supo, en este momento, comportarse de una forma adecuada respecto a su vecino. No cedió territorios ni entregó a exiliados españoles —aunque aceptó que los alemanes se hicieran cargo de una parte— y tan sólo tuvo el gesto de devolver los tesoros artísticos conquistados durante la guerra de la Independencia.

Pero volvamos a comienzos de 1941, año en que se ha detenido la narración cronológica. A partir de este momento, cuando en febrero Franco explicó a Hitler que las dificultades españolas eran grandes y las promesas alemanas vagas, las posibilidades de que España entrara en la guerra fueron escasas. En ocasiones (en 1941 y sobre todo en 1943), los italianos insistieron en su intervención, porque de esta manera trasladarían el centro de los combates a una zona en donde sus intereses eran más patentes, pero, en cambio, los alemanes ya no lo hicieron. Desde comienzos de 1941 los planes estratégicos militares de Alemania con respecto a España fueron puramente defensivos: Habella (1941), lllona y Gisela (1942), o Nuremberg (1943), preveían la creación de una línea defensiva en el norte, progresivamente retrasada, en el caso de que tropas británicas tomaran la Península o simplemente desembarcaran en ella. España ya no les servía para otra cosa que como glacis defensivo. Eso era lo que mejor encajaba el juicio tradicional de Hitler sobre el papel de España en el mundo, que no era sino el de un simple suministrador de materias primas. En 1941, Alemania multiplicó por siete su importación de productos de interés militar procedentes de España y todavía en 1943 el comercio español con el Reich fue el 25 por 100 del total, por encima del comercio con los países aliados. Sin embargo, esto no necesariamente quiere decir que el aprovisionamiento español fuera imprescindible para el Reich en el momento de su máxima expansión: no lo fue sino en determinadas materias estratégicas al final de la guerra. Pero sin duda Alemania, que redujo la deuda española contraída durante la Guerra Civil en mucha menor proporción que Italia, obtuvo ventajas comerciales importantes de España. Ése fue en adelante, el mayor interés del Reich por nuestro país. Las instrucciones recibidas por el embajador alemán en Madrid prescribían, en cambio, que se desentendiera de la política interna, la cual, a lo largo de 1941, fue especialmente agitada.

En efecto, un factor decisivo en la no intervención española en la guerra mundial fue la radical ausencia de un mínimo de unidad en la clase dirigente del régimen, que presenció un duro enfrentamiento entre militares y falangistas, entrecruzado, además, con el afán de Serrano de mantener su poder personal mientras que sus detractores pretendían reducirlo o recortarlo. Ya en junio de 1940 Franco destituyó a Yagüe, acusado de deslealtad probablemente por el mismo Serrano. Sin embargo, más decisivo fue que, en septiembre de 1940, al mismo tiempo que Serrano Suñer se trasladaba a Alemania, se configurara un partido militar opuesto a lo que él representaba. Como hemos visto hubo militares partidarios de la intervención en la guerra mundial, pero todos ellos fueron más conscientes que los falangistas de los peligros de la insuficiente preparación militar española. «¿Con qué?», preguntó un general en el momento en que se le mencionaba la eventual intervención española en la guerra.

Los militares temían que la exaltación nacionalista practicada por el Partido concluyera en una intervención suicida; el Estado Mayor había recomendado prudencia en las declaraciones de todos los responsables políticos y ésta no fue nunca la norma habitual ni de la Falange ni de Serrano. Pero había también una cuestión de reparto del poder y de mal funcionamiento del Nuevo Estado. Los militares se consideraban los vencedores de la guerra y pensaban que eran ellos, y no otros, quienes habían otorgado a Franco el puesto que tenía. Falange les parecía demagógica e ineficaz y Serrano un abusivo y pretencioso detentador de un poder excesivo. No les faltaban argumentos para juzgarlo así porque el propio cuñado de Franco abusó desmesuradamente de sus propios colaboradores. En agosto de 1940, por ejemplo, Sánchez Mazas fue sustituido como ministro, cargo para el que, sin duda, no servía. A comienzos de 1941 el grupo militar aparecía configurado como tal y los italianos, que siempre intervinieron de una manera mucho más decidida que los alemanes en la política interna española, creyeron preciso recomendar a Serrano que procurara una reconciliación entre el Ejército y la Falange.

No sólo no se produjo ésta, sino que en mayo se llegó a una crisis como no hubo otra durante toda la historia del franquismo. Lo que la caracterizó fue, en efecto, la larga duración que tuvo y el hecho de que, habiendo intentado Franco resolverla de una manera, debiera dar marcha atrás y acabara por aceptar una solución que, al menos parcialmente, le fue impuesta por otros. A comienzos de ese mes, la Falange, controlada por Serrano, tenía la suficiente fuerza como para dispensarse a sí misma de la censura y como para mostrar, como aseguró el cuñado de Franco, su voluntad de monopolio frente al «ciempiés eclecticista» de quienes parecían estar dispuestos a evitar el predominio de un partido fascista. Al mismo tiempo dimitieron de sus respectivos cargos personas de apellidos tan sonoros como Pilar y Miguel Primo de Rivera, responsables de la Sección Femenina y del gobierno civil de Madrid. Ambos se quejaron de la desorganización del partido, carente de secretario general, y del predominio de quienes no eran falangistas reclamando el «mando directo» de éstos. El día 5 se anunció que Galarza, que hasta entonces había sido subsecretario de la Presidencia, pasaba a ministro de la Gobernación, cargo vacante pero de hecho controlado por Serrano a través del subsecretario desde que ocupó la cartera de Exteriores; al mismo tiempo, Carrero Blanco, que estaba destinado a desempeñar un papel tan importante en la política interna, ocupó la Subsecretaría de la Presidencia, y dos militares antifalangistas, Orgaz y Kindelán, fueron nombrados comisario de Marruecos y capitán general de Cataluña.

Sin embargo, la Falange en estos momentos tuvo fuerza para reaccionar. El diario falangista Arriba se descolgó con un ataque personal al nuevo ministro de la Gobernación y se produjo una verdadera cascada de dimisiones: alguno lo hizo por el convencimiento de lo mal que funcionaba el régimen en materia económica (Larraz), pero los dimisionarios fueron, sobre todo, dirigentes falangistas, y al final llegó a hacerlo el propio Serrano. Éste le escribió al Jefe del Estado dimitiendo y tratándole como «querido general», en vez de emplear expresiones más familiares; al mismo tiempo que dejaba en claro que tenía en sus manos la dirección de Falange aseguró de forma amenazadora que «el caso no tiene ya con nosotros una solución decorosa». Franco debió rectificar: el día dieciséis eran nombrados ministros nada menos que cuatro falangistas muy significados, algunos de los cuales eran los dimisionarios de los días anteriores. Arrese fue ministro del Partido; Primo de Rivera, de Agricultura, y Girón, de Trabajo; otro falangista, Benjumea, ocupó Hacienda, sustituyendo a Larraz. Si a ellos sumamos Serrano y Carceller, que entró como ministro de Comercio cuando el primero ocupó Asuntos Exteriores en 1940, llegaremos a la conclusión de que nunca como entonces tuvo la Falange un papel tan importante en el Gobierno. Sin embargo, lo cierto es que esta apariencia no traducía fielmente la realidad. Franco había mantenido a Galarza en Gobernación, y éste, desde allí, empezó a llevar a cabo los nombramientos de gobernadores y jefes provinciales del Partido. No era la primera ocasión en que jugaba un papel semejante porque ya antes había controlado a las milicias del partido.

Aunque los carlistas protestaron con dureza consiguió que su actitud no llegara a resultar subversiva. A su lado Carrero, ejerciendo un papel de Jefe de Estado Mayor, empezó a aconsejarle y actuar en sentido antifalangista: para él resultaba necesario, más que un partido caótico y enfrentado con el Ejército, una «minoría selecta» con capacidad administrativa. Además, finalmente, la estrella de Serrano Suñer, la única personalidad verdaderamente capaz de conducir a la Falange a esa «plena revolución» (es decir, el monopolio del poder) que solicitaba la prensa falangista, empezó a ser ya declinante.

Dejó de controlar el Ministerio de la Gobernación y la prensa, que pasó a depender de una Vicesecretaría de Educación Popular dentro del partido perdiendo, además, el monopolio de la relación de Franco con los falangistas. En adelante, un Arrese más sumiso y menos inteligente (pero también no tan ambicioso) desempeñó ese papel y acabaría por desplazar completamente al cuñado del dictador.

Resulta significativo que esta crisis coincidiera prácticamente con la firma de un acuerdo entre el Vaticano y España que resolvió el problema más agudo entre ambas potestades: el nombramiento de obispos. Frente a lo que era la apariencia de unas relaciones tan estrechas que concluían en una virtual identificación, lo cierto es que la Iglesia española sentía motivos de preocupación en los últimos meses de 1939. Los obispos españoles temieron, entonces, que no habiendo persecución por parte del Estado, se pretendiera amordazar a la Iglesia. Razones tenían para pensar que, en efecto, así podía ser, puesto que los medios de influencia social de la Iglesia se veían sometidos a fuertes presiones, cuando no a la simple absorción por parte del Estado. Mientras que desaparecían las asociaciones católicas que hubieran podido hacer sombra al partido único, los directores de los diarios católicos eran nombrados por el Estado y no tenían inconveniente, como en el caso del Ya, en actuar en contra de los mismos medios que dirigían. Además, los documentos pontificios eran sometidos a censura como ocurrió, por ejemplo, con los que condenaban el racismo nazi. Hubo un momento, a comienzos de 1940, en que el propio Papa se quejó de que la España de Franco le quisiera hacer objeto de una «imposición tajante». Las relaciones bordearon la ruptura durante todo este año, y no sólo los falangistas eran partidarios de ella.

La cuestión decisiva era el nombramiento de los obispos, en la que Franco quería mantener el derecho de presentación, tal como había sido habitual en el pasado.

Las discrepancias a este respecto llegaron a ser tan graves que se paralizó el nombramiento de los mismos y una veintena de diócesis permanecían vacantes a fines de 1940. Pero la cuestión fue resuelta en los días posteriores a la crisis de gobierno.

Probablemente la necesidad sentida por Serrano Suñer de obtener un éxito diplomático contribuyó a que finalmente se llegara a un acuerdo en junio de 1941 por el que se arbitró, en esta cuestión, un sistema de ternas a través de consultas confidenciales entre la Nunciatura y el Gobierno de Madrid. El contenido del mismo se hizo luego, a partir de los años cincuenta, crecientemente insatisfactorio para la Iglesia española, pero en el momento en que se aprobó significó, sobre todo, un retroceso de las todavía mayores pretensiones del Estado. Serrano, que por primera vez veía en peligro su influencia, llegó a anunciar la firma del acuerdo antes de que ésta se hubiera producido.

Mientras tanto proseguía la división en el seno del régimen franquista que, como siempre, estuvo muy unida a la evolución de la guerra mundial. A partir de junio de 1941 los italianos, cuya situación estratégica había mejorado considerablemente gracias a la ayuda alemana en los Balcanes, empezaron a insistir en que España interviniera en el conflicto, pero la mejor demostración de que era Hitler y no Mussolini quien llevaba las riendas del Eje es que el primero desencadenó al final de este mismo mes la ofensiva contra Rusia sin tan siquiera informar previamente al Duce. Sus partidarios en España la utilizaron de inmediato para involucrar todavía más a nuestro país a favor de la causa del Eje; si en una cuestión podía existir unidad en la clase dirigente del franquismo era precisamente en la consideración de que, como dijo Serrano Suñer, «Rusia era la culpable» de los males de la España de los años treinta. El ataque a Rusia produjo, por tanto, una marea de recíprocas ilusiones de identidad entre la España de Franco y la Alemania de Hitler. Pero, incluso con relación a la División Española de Voluntarios destinada a Rusia hubo discrepancias entre los dirigentes del franquismo: existieron en la denominación, pues los círculos falangistas la llamaron División Azul, que fue la manera en que estaba destinada a perdurar en la Historia española. Las discrepancias parecen haberse producido también respecto de la dirección de la misma, pues había quien la quería política (es decir, en manos de un alto dirigente falangista), y quien la deseaba estrictamente militar. Como en tantas ocasiones, Franco optó por una solución aparentemente sintética que fue la de entregar el mando a un militar falangista, Muñoz Grandes, que antes de ir a Rusia desempeñaba la autoridad militar en el Campo de Gibraltar, quizá en previsión de un posible ataque a la plaza británica. La División Española tuvo unos 18 000 hombres y actuó en el sector de Leningrado. Muñoz Grandes mantuvo en 1942 dos conversaciones con Hitler en las que mostró su clarísima proclividad hacia el Eje (pidió ser tratado por él «como un hijo lo sería por un padre»). Con el paso del tiempo, cuando Franco juzgó comprometida su presencia al frente de la División, le relevó por el procedimiento de convertirle en teniente general, un grado que le impedía ya permanecer en Rusia. En adelante, la dirección de la División sería más exclusivamente militar y profesional.

La guerra contra Rusia no llevó a los dirigentes españoles a pensar que Alemania multiplicaba en exceso sus enemigos, sino, por el contrario, que sus victorias iniciales presagiaban un colapso soviético semejante al francés del verano anterior. En julio de 1941, Franco llegó a decir que la guerra «se había planteado mal y los aliados la han perdido»; en meses sucesivos no dudó en asegurar que si hubiera peligro para la Europa central ante una Rusia soviética expansiva millones de combatientes españoles estaban dispuestos a participar en los combates (nada menos que siete gobernadores civiles se habían incorporado a la División Azul). La entrada de los Estados Unidos en la guerra, a finales de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbour, tampoco trajo la prudencia a las declaraciones de los dirigentes españoles. Pero éstos parecían más interesados incluso en las disputas internas en el seno del régimen que en el espectáculo de la guerra mundial. Serrano Suñer vio declinar su poder en estos momentos: consiguió situar en la Embajada de Berlín a uno de sus más estrechos colaboradores, el conde de Mayalde, antiguo Director General de Seguridad, pero, tras luchar de nuevo ásperamente por el control de la prensa, hubo de limitarlo, tan sólo, a las noticias relativas al conflicto mundial. En los meses finales de 1941 se hablaba ya en los círculos madrileños de la posibilidad de que abandonara el poder y ocupara la Embajada española en Roma, posible retirada circunstancial de quien había sido el gran defensor de la homologación con la Italia fascista.

Todo ello no se entiende sin tener en cuenta que mientras tanto volvían a arreciar los enfrentamientos entre la Falange y el Ejército. En diciembre de 1941 el máximo organismo militar, cuyo protagonismo estaba en manos de los generales Várela —ministro del Ejército—, y Kindelán, planteó la retirada del Ejército de la política y condenó la obra de la Falange en la posguerra. A comienzos de 1942 se volvía a hablar de una posible crisis ministerial, pero los rumores se habían hecho ya tan frecuentes, según comunicaban los propios embajadores extranjeros en España, que llegó incluso a plantearse la necesidad de revisar las mismas instituciones. De ahí que se hablara de la posibilidad del establecimiento de la Monarquía y que incluso los italianos, tan reacios a que esto sucediera, de acuerdo con lo que había dicho Mussolini a Serrano en 1939, pensaron que algo así era ya inevitable e incluso deseable para impedir el sordo enfrentamiento entre los dos sectores y conseguir la estabilización del régimen español. Toda la vida política española consistió en una sucesión de anecdóticos enfrentamientos entre militares y falangistas que fueron creciendo en violencia. Basta remitirse a uno de ellos para apreciar lo habitual en todos. En marzo de 1942, al tomar posesión un alto cargo militar, el general Espinosa de los Monteros, antiguo embajador en Berlín, se descolgó con un durísimo ataque a Serrano, llamándolo «traidor», lo que motivó su cese. A pesar de ello, dos meses después Várela, como ministro, acudió ante Franco para pedir el cese del responsable de Asuntos Exteriores, y lo que él denominaba como la «unificación radical», que habría aumentado el peso específico de los tradicionalistas en el Gabinete en detrimento de los falangistas que habían logrado la hegemonía hacía un año.

Como si quisiera evitar su propia presencia y visibilidad en España, Serrano hizo su último viaje oficial a Italia en junio de 1942. Agotado por la disidencia interna, y consciente del declinar de su papel en la política española, trató a Franco ante los dirigentes italianos como una especie de sirviente idiota. A la vuelta comprobó que una importante disposición, la primera de las de rango constitucional del régimen, la Ley de Cortes de julio de 1942, era aprobada sin prácticamente pasar por sus manos, cosa inconcebible en otros tiempos: era iniciativa de Esteban Bilbao y había sido retocada, desde una óptica falangista, por Árrese. En realidad, como veremos, no tuvo un papel político relevante sino que lo verdaderamente significativo fue que Serrano quedara marginado de su gestación cuando antes había preparado el único proyecto institucionalizador del régimen.

Todavía hizo el cuñado de Franco un último intento por recuperar el poder y la influencia. El último artículo que publicó siendo ministro denota un clarísimo alineamiento con el Eje y, probablemente, de haber conseguido éste una oleada de victorias, Serrano hubiera tratado de capitalizarlas en beneficio propio. Sin embargo, la disidencia interna había ido almacenando tensiones tan graves que, al final, explotaron en violencia física. El 16 de agosto un grupo de falangistas radicales lanzaron bombas a la salida de un acto religioso en Begoña, al que asistía el ministro del Ejército y en el que pudieron oírse gritos contrarios a Falange. Inmediatamente se produjo una crisis política cuya gravedad se mide, como la de mayo de 1941, por la duración y por la importancia de los cargos políticos relevados. La interpretación de Várela en aquel momento fue que se trataba de un conflicto entre la Falange y el Ejército, y que éste había sido el agredido. No tuvo, pues, inconveniente, después de un duro altercado con Franco, en dimitir. Ahí hubiera acabado la crisis de no ser porque Franco, inducido por Carrero, creyó necesario compensar esta decisión con la marginación de Serrano Suñer, como si quisiera castigar también a quien, con ayuda del embajador alemán, había intercedido por la vida de los falangistas acusados por lo sucedido. A diferencia de lo sucedido en mayo de 1941 —o incluso cuando fue relevado Merino al frente de los sindicatos— no se produjo en estos momentos ninguna adhesión colectiva de los falangistas que detuviera la decisión de Franco. Cuando Serrano trató de convocar una Junta política extraordinaria destinada probablemente a reaccionar contra su destitución, a pesar de que este organismo estaba presidido y nombrado por él y había sido la máxima expresión del poder que llegó a tener, ni siquiera consiguió que sus miembros aceptaran reunirse. Los testimonios de algún personaje importante de la Falange de la época, como Valdés Larrañaga, prueban hasta qué punto Serrano estaba solo. Sin embargo, conscientes de que el enfrentamiento final estaba a punto de producirse, la mayor parte de los dirigentes permanecieron en el entorno de Madrid para seguir el curso de los acontecimientos.

El 3 de septiembre Várela fue sustituido por Asensio, un general algo más proclive a la Falange, y Serrano Suñer por el general Jordana, que había mantenido una postura neutralista en 1938 pero que, sobre todo, era a estas alturas el candidato de todo el Ejército para ocupar una posición política relevante en el régimen como persona moderada y buen gestor. Por tanto, la crisis no indicó un propósito inmediato de modificar la política exterior, sino que se debió exclusivamente a razones internas. Los embajadores extranjeros juzgaron, con acierto, que con lo sucedido se demostraba que la única fuerza efectiva en el régimen español era el Ejército; tenían razón, aunque sólo en parte, porque el gran vencedor había resultado Franco, capaz de revolverse contra la Falange y contra el Ejército sin que por ello fuera cuestionado su arbitraje. Ya ninguna crisis política le duraría tanto como las que se produjeron en 1941 y 1942. En adelante fue él mismo quien presidió la Junta política del Partido, incluso hasta el final de sus días, cuando ya había nombrado presidente del Gobierno. Resulta muy digno de recordarse que fueron los propios falangistas, en especial el secretario general, Arrese, quienes se lo pidieron. A pesar de la intervención de los ministros de esta significación un falangista fue ejecutado como consecuencia de los sucesos de Begoña pero, en adelante, toda la inquieta carencia de disciplina de sectores minúsculos dentro del Partido (que habían conspirado confusamente incluso pensado en asesinar a Franco) se disipó por completo. En los tiempos difíciles que venían los falangistas y el Caudillo formaron un equipo aglutinado por un interés común.

Antes de tratar del incierto camino que llevaría a la España de Franco desde la no beligerancia hasta la neutralidad es preciso tener en cuenta otro aspecto de la política exterior seguida en la primera etapa de la guerra y que hubo de tener una profunda repercusión en la segunda. Durante la etapa de hegemonía política de Serrano Suñer se pretendió dar una especial significación a las relaciones con el mundo iberoamericano a través de unos contactos culturales que en realidad tenían también una importante faceta política, en cuanto que se pretendía crear un modelo con la pretensión de ser alternativa autoritaria frente al capitalismo y liberalismo norteamericanos. Debe recordarse que en la época en que se producía el estallido de la guerra mundial tenía lugar también la llegada a América de los exiliados republicanos españoles. Frente a ellos, y frente a los ideales de la democracia o del izquierdismo, la Falange, en mayor o menor conexión con los servicios diplomáticos españoles, se lanzó a una virulenta campaña antinorteamericana. De hecho esta política, como es lógico, servía a los intereses del Eje, pues limitaba el control que los Estados Unidos podían tener del conjunto de Hispanoamérica. La creación del Consejo de la Hispanidad, en noviembre de 1940 —fecha muy significativa, pues todavía no se había descartado la intervención de España en la guerra—, proporcionó el instrumento administrativo en el cual pretendió apoyarse un sector de la intelectualidad hispanoamericana. Su actuación se limitó, sin embargo, a los últimos meses de 1941, pues luego, ante las suspicacias que había levantado esta actuación en Estados Unidos, motivada más por su tono que por su eficacia real, fue ralentizada. El resultado de esta política fue catastrófico para los intereses españoles. No sólo Chile rompió sus relaciones con España sino que otros países, como Cuba y Uruguay, limitaron la actividad de organizaciones vinculadas con Falange. Sólo en Argentina hubo auténticos apoyos al Eje que fueron, de todos modos, minoritarios. Sin proporcionarle auténticas ventajas —tan sólo la muy modesta de transportar documentación secreta italiana o alemana— esta política acabó pesando de forma grave sobre el propio régimen de Franco en los años siguientes.

Un titubeante camino hacia la neutralidad (1942-1945)

A pesar de lo ya señalado, el cambio en la dirección de la política interior que supuso el desplazamiento de Serrano Suñer había de traducirse en la actitud española ante el conflicto mundial. En medio de divergencias perceptibles o latentes, pero con un nivel de disidencia interna menor que en la etapa precedente, la tendencia que por su trayectoria representaba Jordana hacia una verdadera neutralidad se vio favorecida, además, por la evolución de los acontecimientos bélicos. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores dio repetidas seguridades a los países del Eje de que nada cambiaría en la política exterior española pero, al mismo tiempo, en la primera reunión del Gobierno, se aprobó una declaración en la que ya aparecía la expresión «no beligerancia». Este hecho fue celebrado por los aliados, para quienes Serrano Suñer había sido una especie de bestia negra.

Era ahora a ellos a quienes correspondía la iniciativa en la guerra y la tuvieron, además, en una zona geográfica que afectaba a España de una manera especialísima. El desembarco en el norte de África fue acompañado por seguridades anglosajonas a Franco de que tal operación no iba dirigida contra él y de que, por tanto, nada debía temer. Lo cierto es, sin embargo, que los aliados tampoco debían de tenerlas todas consigo, pues, al mismo tiempo que ponían sus pies en el Marruecos y la Argelia francesas, prepararon operaciones estratégicas (Gymnast y Backbone), destinadas a proteger la operación en el caso de que los alemanes invadieran España o ésta tomara la decisión de atacar por la espalda a sus tropas. Incluso se pensó por un momento en atacar directamente a la España de Franco por considerarla aliada del enemigo. En realidad Franco —aunque simpatizara con el Eje— no se dejaba influir por otro criterio que el de su subsistencia, y siempre pensó que su intervención en la guerra sólo se podría producir a favor del Eje en el momento en que el conflicto estuviera prácticamente decidido. Mussolini nada hizo por el momento para persuadir al Caudillo español y Hitler estaba al margen, demasiado ocupado en el frente oriental.

De esta manera, la tendencia hacia la neutralidad que Jordana representaba por su pasado se vio favorecida por los acontecimientos al margen de cualquier decisión de Franco. A los alemanes y a los italianos se les recortaron las facilidades de que habían gozado hasta el momento, en violación de una auténtica neutralidad. Inmediatamente después del desembarco anglosajón, en diciembre de 1942, tuvo lugar un viaje de Jordana a Portugal, que resultó muy indicativo de la postura que quiso mantener a partir de este momento. El régimen de Salazar había mantenido una postura realmente neutral entre los dos bandos y a la España de Franco le podía servir, a través de un acercamiento, para probar la voluntad española de centrar su política exterior en un recuerdo de su pasado vinculándolo, además, a América. Por otro lado, las relaciones con Portugal habían sido siempre cordiales: ya a comienzos de este año había tenido lugar en Sevilla una entrevista entre Franco y Salazar.

A partir de este momento, con señaladas diferencias de criterio entre ellos que, a la hora de tomar una decisión en Consejo de Ministros, podían traducirse en agrias disputas, los dirigentes españoles cambiaron significativamente de planteamiento respecto del conflicto mundial. Franco hizo repetidas llamadas a la unidad para que en esas circunstancias difíciles ninguna de las tendencias de su régimen se desmandara hacia la adopción de una actitud dispersiva o poco solidaria. En el nuevo Consejo Nacional que se formó en este momento participaron todas las tendencias, incluso Serrano, al que Franco consideraba ahora poco menos que como un traidor. Además, el jefe del Estado adoptó ahora una política de nombramientos militares extraordinariamente prudente: el germanófilo Yagüe fue enviado a la Comandancia de Melilla, para contrapesar al monárquico Orgaz, Alto Comisario en Marruecos. Muñoz Grandes dejó la División Azul para permanecer al lado de Franco en Madrid, y a Kindelán, el general más monárquico, se le dio un mando (la Escuela del Ejército), desde donde no podía sublevarse. También Arrese solicitó de los falangistas una actitud disciplinada en un momento en que se combatía en zonas sobre las que España hubiera querido ejercer su imperialismo pero cuando, en enero del año siguiente, viajó a Alemania, demostrando una vez más dónde estaban las ilusiones de la Falange, no dudó en prometer, de nuevo, la participación española en la guerra si conseguía Alemania grandes victorias. Testimonio de la ambigüedad de la situación es que Carrero, en sus informes a Franco, parece haber considerado que la victoria alemana no sólo seguía siendo posible sino que España debía aprovechar la mejor ocasión para entrar a su lado en la guerra. Sólo después del desembarco de Normandía se trazó la idea de que resultaba deseable que Gran Bretaña y Alemania llegaran a una paz que impidiera el avance ruso hacia el centro de Europa.

Así como durante la etapa más fascista del régimen habían menudeado las dificultades con la Iglesia, ahora abundaron las muestras de la voluntad de alinearse con el Vaticano. Incluso Franco llegó a escribir una carta al Papa atribuyendo a los norteamericanos, por sugestión del judaísmo y la masonería, unas concesiones a Rusia que irían en grave peligro del catolicismo. El Papa, por su parte, respondió en términos discretos y poco comprometidos. En relación con esa actitud hay que hacer mención de los vagos intentos, poco efectivos y siempre ridiculizados por Ribbentrop, de hacer gestiones con los neutrales para tratar de concluir la guerra, y que, como era de esperar, concluyeron en nada. Por último debe recordarse que la actitud española siguió siendo plural. La posición más nítidamente neutralista fue la de Jordana y una parte de la diplomacia española del momento como, por ejemplo, el duque de Alba. El primero escribió al segundo que la no beligerancia española de otro tiempo había sido sustituida por una neutralidad, y que España no participaría en el conflicto a no ser que fuera invadida, en cuyo caso defendería su independencia. La Falange, en cambio, con mayor o menor prudencia, siguió siendo partidaria decidida del Eje.

Cabe preguntarse cómo fue acogida esta posición española por el Eje del que ahora parecía querer desligarse, después de muestras tan evidentes de intimidad como las que se habían practicado en el pasado. Alemania siempre había actuado en España con una cierta doble política que ahora, durante algunos meses, tuvo una especial relevancia. La muy nutrida Embajada alemana (unas 500 personas, de las que quizá un tercio eran espías) representaba al Estado alemán y su embajador había recibido repetidas instrucciones de no inmiscuirse en los asuntos políticos españoles. En cambio, el representante del partido, Gardemann, mantuvo repetidos contactos con los grupos falangistas radicales que en la clandestinidad llegaron a formar algunos núcleos directivos dispuestos a conspirar contra Franco o intentar un golpe de mano contra Gibraltar. A fines de 1942 y comienzos de 1943 los alemanes contactaron también con algunos altos cargos militares pero pronto esta vía destinada a lograr influencia política fue desmantelada. Eso tiene su lógica porque lo que verdaderamente quería Hitler en este momento era que España, en el caso de ser atacada, se defendiera pues una intervención española en el conflicto no tendría otra consecuencia, ante su previsible derrota, que la necesidad de distraer fuerzas del frente oriental para emplearlas en el Mediterráneo. De acuerdo con esta postura, los alemanes acabaron aceptando la propuesta española de que, ante la eventualidad de un ataque aliado, se le proporcionaran armas para defenderse. En el convenio al que se llegó, tras una negociación iniciada en febrero de 1943, la mitad del comercio de importación desde Alemania resultó material bélico, mientras que la exportación consistía, sobre todo, en un wolframio cuya importancia estratégica fue haciéndose cada vez más grande. No se trataba, de cualquier modo, de armas ofensivas —apenas un par de docenas de aviones o tanques— sino principalmente de artillería costera. Como en muchas otras ocasiones, la posición de Italia resultó bastante diferente de la alemana. Para Mussolini, el hecho de que la guerra mundial se centrara en el Mediterráneo no era ya una cuestión de preferencia nacida de intereses propios, sino de pura supervivencia, pues sabía que acabaría por no soportar la presión aliada si no obtenía ayuda alemana. De ahí que propusiera a Hitler el ataque a los aliados a través de España. Ésta, según él, no resistiría ni pondría dificultades, sino que se plegaría a los deseos de los países del Eje. No es probable que así fuera, pero los juicios de Mussolini no eran objetivos sino que sólo pretendían, sin conseguirlo, cambiar el centro de gravedad de la guerra, que para Hitler seguía estando en el este.

En 1943, la política de la España de Franco seguía consistiendo en mantener la sensación de ser ajena al conflicto mientras que, en la práctica, los partidarios de una política más neutralista ganaban algunas bazas, pero sin que eso supusiera un decantamiento claro pues, muy a menudo, daba la sensación de que los acontecimientos discurrían con mayor rapidez que la capacidad de la dirección española para captar su sentido. Un significativo avance en dirección hacia la neutralidad se produjo en abril de 1943, cuando, con ocasión de la conmemoración del desembarco de Colón en Barcelona, a la vuelta de América, Jordana mostró su deseo de una paz en cuya gestación jugara un papel importante el catolicismo, mientras que declaraba al comunismo «más temible que la guerra». Es importante señalar que mientras los alemanes se quejaban de que estas declaraciones podían dar la sensación de que su país hacía gestiones de paz a través de España, dada la cercanía de ésta en el inmediato pasado, Franco fuera haciendo progresivamente suyo el lenguaje de su ministro de Asuntos Exteriores, que era muy distinto del que le caracterizó en otros tiempos. En todo caso, la posición española se plegó milimétricamente a la evolución de las operaciones militares. La caída de Túnez, en mayo de 1943, fue seguida, por ejemplo, de las primeras quejas españolas acerca de la persecución del catolicismo en Alemania.

En este momento quien era ya el principal mentor de Franco, Carrero, consideró lo sucedido como «un pequeño desastre» y opinó que Alemania debía reaccionar rápidamente o tratar de pactar la paz. Todavía, sin embargo, había de tener mayor influencia el colapso del régimen de Mussolini que, para la España de Franco, durante mucho tiempo había sido un modelo a imitar.

Aunque fue una apasionada seguidora de cuanto sucedía en aquellas latitudes, paradójicamente se puede decir que la España de Franco contribuyó a esa caída. Fue la información procedente de España y surgida de medios oficiales en los que el Eje tenía muchos partidarios lo que convenció a los italianos de que el desembarco aliado —previsible después del efectuado en África— se produciría en Córcega o Grecia en vez de en Sicilia. Cuando tuvo lugar en la citada isla, el colapso italiano fue casi inmediato y eso arruinó las posibilidades de supervivencia del régimen fascista. La destitución de Mussolini tuvo una inmediata repercusión en España, representada en Roma por un falangista tan significado como Raimundo Fernández Cuesta. La Falange tuvo la sensación de que algo parecido podía producirse en España pero siguió exaltando la figura del Duce congratulándose cuando fue liberado. De nuevo se reprodujo la división en el seno de la clase dirigente del régimen de Franco. Mientras que Jordana procuró congelar la representación diplomática española en aquel país, la Falange ayudó a los partidarios italianos en España de la República Social italiana, que mantuvo en nuestro país una representación oficiosa, y que se comunicaba diplomáticamente con el régimen de Franco a través del cónsul español en Milán.

Entre los países neutrales, sólo Portugal y Suiza, aparte de España, mantuvieron relaciones con los últimos seguidores de Mussolini. Por su parte quienes siguieron a Badoglio experimentaron en un primer momento mayores dificultades en la España franquista. Grandi, principal autor de la destitución de Mussolini en el Gran Consejo fascista, no pudo ponerse en contacto con sus aliados en España por la tardanza en facilitarle el paso por nuestro país. Mussolini, alguno de cuyos allegados acabó en España, estuvo también a punto de huir a ella ante la proximidad de la guerrilla en el momento final de su resistencia. Como es sabido, al decidirse finalmente por Suiza, fue detenido en la carretera y ejecutado sumariamente.

Fue la caída de Mussolini, en julio de 1943, la que por primera vez lanzó a la acción al sector de la clase política franquista que veía con buenos ojos el restablecimiento de la Monarquía. Éste fue, en adelante, un factor de importancia decisiva en la política interna española. Quizá lo que mejor prueba la preocupación que Franco pudo sentir en estos momentos ante la aparición de esta alternativa la constituye su afirmación, ante un auditorio falangista, de que «el sistema liberal capitalista [que él siempre vinculó con los medios monárquicos] ha muerto para siempre», mientras que anunciaba su decidida voluntad de «desembarcar de la nave» a quienes le fueran poco leales. Pero para comprender la actitud de los monárquicos es preciso retroceder en el tiempo hasta comienzos de 1942.

Un año antes había muerto en Roma, después de reconocer como su heredero a Don Juan y abdicar en él, Alfonso XIII. Quien asumió ahora la línea dinástica era una persona que, en el pasado inmediato, se había identificado con la extrema derecha y no había tenido reparo en tratar de tomar las armas contra la República en plena Guerra Civil. Sin embargo, su causa muy pronto significó algo muy diferente, en parte por la que parecía radical incapacidad del régimen franquista de institucionalizarse y en parte también debido a la voluntad de un sector de la clase política del mismo de encontrar una fórmula política más viable ante lo que parecía posible victoria de las potencias democráticas. Ya en marzo de 1942 formó un comité monárquico del que formaban parte, entre otros, Areilza, Sainz Rodríguez y Vegas Latapie, el cual estuvo en contacto con los medios militares proclives, si no a conspirar, sí por lo menos a mostrarse maldicientes respecto del general Franco. Éste llegó a sentirse obligado a tener algún contacto con Don Juan, y en mayo le escribió una carta en la que le adoctrinaba sobre las características que habría de tener la Monarquía que se restaurara: debía ser «revolucionaria y totalitaria» como él fingía creer que había sido la de los Reyes Católicos, capaz de hacer una profunda transformación social del país y no, en cambio, la Monarquía «decadente» que declaraba nacida en el siglo XVIII. Por supuesto, el propósito fundamental de Franco no era tanto ilustrar a su corresponsal como mantenerse en el poder y librarse de rivales.

En junio, Sainz Rodríguez y Vegas Latapie debieron ocultarse, exiliándose el primero en Portugal, y el segundo, a continuación, en Suiza. Don Juan de Borbón respondió a Franco, a fines de 1942, reclamando la absoluta neutralidad española en el momento del desembarco en el norte de África, y manteniendo en diversos puntos de Europa, como en Madrid, un núcleo de fieles, a los que se incorporó pronto Gil Robles, principal dirigente de la máxima fuerza de la derecha en tiempos republicanos. De todos modos, en estos momentos el principal dirigente de la causa monárquica era Don Alfonso de Orleans que, a su condición militar, unía la vinculación familiar con la dinastía. Con el transcurso del tiempo, la insistencia de Don Juan para que Franco diera paso a la solución monárquica se hizo más apremiante. En marzo de 1943 se inauguraron las Cortes en donde Franco había procurado que se sentaran nobles y militares al lado de los jerarcas de la Falange; con ello indicaba su voluntad de permanencia personal a pesar de la apariencia de institucionalización, muy limitada pues la composición de la asamblea derivaba del nombramiento a dedo de sus miembros. Don Juan escribió entonces a Franco señalándole los «riesgos gravísimos» que se corrían por no proceder a la restauración, pero el aludido se limitó a indicar que, en realidad, los partidarios de la Monarquía eran una minoría muy poco fiable (a Sainz Rodríguez lo consideró siempre un «masoncete»).

Como ya se ha indicado, la etapa en que la presión monárquica sobre Franco se hizo más insistente fue la del verano de 1943. Antes, en el mes de abril, el sector del carlismo que dirigía el Conde de Rodezno reconoció como monarca a Don Juan, lo que era buen testimonio de que éste cada vez agrupaba tras de sí más apoyos. En junio, Franco pudo tener la sensación de que éstos procedían incluso de las propias filas del régimen, pues una treintena de procuradores en Cortes se dirigieron a él solicitándole el restablecimiento de la Monarquía tradicional católica. El escrito parece haber sido gestionado por el catalanista Ventosa y la mejor prueba de la momentánea debilidad de Franco reside en que no cesó sino a una parte de quienes suscribieron el manifiesto (no lo pudo hacer, por ejemplo, con el duque de Alba, cuya presencia en la embajada de Londres le era necesaria).

La respuesta del régimen debió, por tanto, ser más prudente. Carrero advirtió a los altos mandos militares de la existencia de una conspiración masónica destinada a subvertirlo. Sin duda Franco tenía razón al temer que la presión procediera de sus compañeros de armas aunque ésta hubo de esperar a la caída del régimen de Mussolini para que acabar de hacerse efectiva. En septiembre de 1943 Franco recibió a través del Ministerio del Ejército un escrito, firmado por todos los tenientes generales, en que sus compañeros de armas le preguntaban si no habría llegado ya el momento de dar paso a otro régimen; en su redacción original, el texto era todavía más explícito pues proponía la vuelta a la Monarquía y el desmantelamiento completo del sistema totalitario. No sólo quienes lo habían suscrito, sino probablemente la totalidad de los mandos militares, e incluso quienes jugaban un papel más alto como ministros y pertenecían a esta profesión, estaban de acuerdo en que se produjera este tipo de cambio, pero siempre que tuviera lugar sin asperezas.

Franco, en cambio, estaba dispuesto a mantenerse en el poder y además tenía un buen ejemplo con lo sucedido en Italia de lo que no debía hacer. En un principio no admitió haber recibido el escrito y se negó a que todos los tenientes generales acudieran a verle a la vez, lo que hubiera podido acabar en una reproducción del último gran consejo fascista en que el Duce fue liquidado desde el punto de vista político. Lo que hizo fue recibir de uno en uno a los generales y disipar, en conversaciones privadas, lo que habría podido constituir una oposición peligrosa. Al final las posturas más duras fueron las de Orgaz, Varela y Kindelán, los generales monárquicos más caracterizados. Ninguno de ellos tenía la audacia suficiente para conspirar y, menos aún, sublevarse contra un régimen que habían contribuido a crear. De esta manera Franco se había librado ya del eventual problema de una oposición militar en el momento en que empezó a arreciar la presión de los aliados contra su régimen. Franco no tenía ninguna razón para esperar que los aliados le trataran bien después de que hubiera mostrado una proclividad tan clara a favor del Eje en años precedentes; así se lo había dicho al propio embajador alemán al solicitar de él armas para resistir a una eventual presión o ataque aliados. En teoría, en efecto, los norteamericanos hubieran podido proporcionar esas armas favoreciendo así una neutralidad estricta y evitando la continuación del comercio hispano-alemán. Los anglosajones, sin embargo, aparte de desconfiar de Franco, estaban durante 1943 demasiado ocupados en liquidar a Italia como para dedicarse a España. Además, algo cambió la posición relativa de sus representantes diplomáticos en España. El británico, Hoare, se dio muy pronto cuenta de que nada iba a cambiar la política española, pero no por ello recomendó una acción drástica contra Franco, sino que se limitó a pedir un cumplimiento más efectivo de la neutralidad, solicitando, por ejemplo, la vuelta de la División Azul. Jordana accedió a que se produjera con discreción, como fue haciéndose; en total hubo, sucesivamente, unos 47 000 soldados españoles en Rusia, casi la mitad de los cuales causaron baja. Lo que el embajador británico soportó peor fue la bruma de tranquilidad y suficiencia de que hacía gala Franco con sus largos monólogos cada vez que le recibía, y tampoco podía aceptar que la propia burocracia estatal y la prensa falangista pusieran trabas a lo que se acordaba por el Ministerio de Exteriores español. En estas condiciones no puede extrañar que su defensa de una política no excesivamente agresiva respecto de Franco durara lo que la guerra mundial y que después de ella fuera uno de los más destacados partidarios de marginarlo del poder por la intervención exterior.

Por su parte, los norteamericanos tenían en este momento otro embajador, el historiador Hayes, católico y representante personal del presidente Roosevelt, pero no siempre bien coordinado con las autoridades del Departamento de Estado, mucho más antifranquistas. Hayes cuenta en sus Memorias que en el despacho de Franco había sendas fotografías de Hitler y de Mussolini, pero que pronto llegó a la conclusión de que aquel régimen en realidad no tenía mucho que ver con el fascismo. En un principio intervino en la política interna española al margen de cuestiones puramente diplomáticas para pedir, por ejemplo, que no se atacara a Rusia, pero en la posguerra acabaría siendo un defensor entusiasta del régimen franquista. Ni Hoare ni Hayes fueron, sin embargo, responsables de la decisión más dura de los aliados con respecto a la España de Franco, que se tomó en el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Lo sucedido se explica por la precedente postura española y por la insinceridad y lentitud en el camino hacia la neutralidad de Franco, pero hubo, sin embargo, un factor, probablemente fortuito, que contribuyó a que se tomara. En noviembre de 1943 se produjo el llamado «incidente Laurel»: España remitió un telegrama al Gobierno pro japonés, instalado en Filipinas, mencionando «la indestructible y probada relación» de aquel país con la nación que había estado allí presente hasta 1898. El texto, sin embargo, no implicaba el reconocimiento de dicho Gobierno, cuya representación diplomática en España había sido rechazada, pero fue recibido con indignación por el Departamento de Estado norteamericano.

El resultado fue que, en enero de 1944, Estados Unidos suspendieron los envíos de petróleo a España; hasta entonces habían regulado minuciosamente su comercio de determinados productos, pero ahora su voluntad parecía ser la de imponer a la Administración española la aceptación de todas sus exigencias. La situación para la España de Franco se hizo muy difícil porque en ese momento la victoria aliada ya parecía clara, sobre todo a partir del desembarco de Normandía, y porque, además, en el seno del régimen había quienes, a pesar de ser conscientes de los problemas que planteaba la resistencia, podían tener la tentación de mantenerla por considerar excesiva la presión norteamericana. Finalmente, tras una negociación muy complicada y dificultosa, en el mes de mayo se llegó a un acuerdo, mediante un intercambio de notas, entre la Administración española y los aliados. La España de Franco confirmó la retirada de la División Azul, prometió cerrar el Consulado alemán en Tánger y se mostró dispuesta a solventar mediante un arbitraje (que resultó finalmente acorde con la posición norteamericana) la situación legal de los barcos italianos existentes en puertos españoles cuya dependencia estaba en duda.

Sin embargo, probablemente la cuestión que más interesaba a los aliados en este momento era la de las exportaciones de wolframio español a Alemania. Este mineral era de sumo interés estratégico para la fabricación de material militar (ojivas de proyectiles y blindajes, por ejemplo) y Hitler ya no tenía otra fuente de aprovisionamiento que España. Los aliados, en cambio, no necesitaban este mineral, del que estaban bien provistos. El acuerdo consistió en limitar la exportación a tan sólo unas decenas de toneladas, comparando el resto los aliados. En este caso, como en tantos otros, la buena voluntad neutralista de Jordana hubo de enfrentarse a la escasa receptividad de una Administración en la que los países del Eje seguían teniendo un buen número de partidarios. Poco antes de su muerte, todavía se quejaba el ministro español de «las diabluras» que estaban haciendo los alemanes con el wolframio que conseguían importar gracias a los apoyos que tenían, a pesar de la oposición oficial española. Uno de ellos parece haber sido el propio ministro de Comercio, el falangista Carceller. Por otra parte, lo sucedido en este caso es muy expresivo de la habitual forma de comportarse del régimen de Franco. Para él el mantenimiento del bastión nazi frente a la penetración soviética era crucial pero el aprovisionamiento de wolframio se hizo porque interesaba por motivos económicos a los propios intereses nacionalistas. En realidad, España nunca llegó a ser, como Hitler hubiera querido, un verdadero satélite económico del Reich: sólo hubiera sucedido así en el caso de que éste hubiera conseguido una victoria total.

De aquí en adelante la política exterior española de neutralidad se fundamentó en una identificación con el Papa y el catolicismo (subsidiariamente, también con Portugal), aparte de un juicio sobre la guerra mundial que distinguía tres opciones diferentes. En la primera hubo algunos intentos, a comienzos de 1943, de atraer a los países neutrales de significación católica pero esa opción muy pronto se demostró estéril y hubo que pasar a la segunda. Según explicó el propio Franco en el conflicto entre Alemania e Inglaterra era neutral pero era partidario de Alemania en su guerra contra la Unión Soviética y de los Estados Unidos en contra de Japón. En realidad estas opiniones eran una forma de camuflar el anterior alineamiento con el Eje pero testimonian también los intereses y los errores del régimen. Revelan, por ejemplo, que Franco nunca tomó en serio la exigencia aliada de que el adversario debía rendirse incondicionalmente pero también el temor a un peligro comunista y su radical discrepancia de aquellos norteamericanos que parecían pensar que el régimen comunista podía cambiar.

A esas alturas, por otro lado, se había producido ya un giro importante en otro aspecto de la política internacional española, el relativo a Hispanoamérica. En adelante no hubo ya propaganda política alineada con el Eje ni tampoco nada parecido a intromisión en la política interna y sí, en cambio, una aceptación de que la zona era de influencia norteamericana. Desaparecieron, al mismo tiempo los embajadores y las asociaciones vinculadas con la Falange, a las que, de todos modos, se había atribuido una importancia excesiva por parte de los Estados Unidos (se habló incluso de decenas de miles de falangistas armados que nunca existieron). La propaganda fue puramente cultural y estuvo patrocinada por el propio Ministerio de Educación a través de la creación de numerosos organismos de esta significación, principalmente en España, con un objetivo fundamentalmente distinto, pues al pretender unir a España con un grupo de naciones al margen del conflicto, lo que hacía era, en definitiva, subrayar la neutralidad española. Ésta se produjo también, en términos estrictos, en un terreno en que se habría podido jugar un papel humanitario importante.

En realidad, el régimen de Franco no tuvo una significación particularmente contraria a los judíos; no hubo un decidido racismo antisemita entre otros motivos por la ausencia de ésta minoría étnica, aunque la dialéctica contra los judíos fuera periódicamente utilizada por los principales dirigentes del régimen y también por Franco. El antisemitismo del régimen español nacía del tradicionalismo católico y era compatible con el aprecio y el estudio del legado sefardita. Lo que tampoco hubo, a pesar de las afirmaciones que a veces se hacen, fue una política firme y precisa de protección de los judíos perseguidos por la Alemania nazi, a pesar de que una parte de ellos eran sefarditas y, como tales, podían aducir su procedencia española. En una primera etapa, en que Alemania dejó salir a los judíos de la zona controlada por ella, España fue lugar de paso de unos 30 000, pero no hubo una política del régimen destinada específicamente a salvarlos de la persecución o a facilitarles el tránsito sino que a menudo algunos embajadores, como Lequerica, se aprovecharon de su lamentable situación. Tampoco existió en la fase final de la guerra esta actitud de protección y defensa, a pesar de que en ella se había hecho evidente que el exterminio era el destino que les esperaba. Si hubo del orden de 8000 judíos que se salvaron merced a la intervención de las autoridades españolas, la razón estriba mucho más en la iniciativa de diplomáticos españoles actuando por propia cuenta que no en ninguna instrucción gubernamental precisa y de carácter general. Aun así, en Grecia y Hungría diplomáticos españoles salvaron a un número importante de judíos, sefardíes o no, y un embajador, Sanz Briz, figura en el Museo del Holocausto de Jerusalén como uno de los defensores de los perseguidos.

Todo cuanto antecede es significativo pues indica la voluntad de las autoridades españolas de no tener motivos de enfrentamiento con la Alemania nazi pero también la de coincidir con uno de los presupuestos de la política norteamericana. Al mismo tiempo la España de Franco se lanzó a una carrera entusiasta para simular el mantenimiento estricto de una neutralidad que no había sido cierta en la primera fase de la guerra. La falta de autenticidad de esta posición la pudieron apreciar los embajadores aliados en el nombramiento de José Félix de Lequerica como ministro de Asuntos Exteriores. Inteligente y escéptico hasta el cinismo, Lequerica no era un monárquico más o menos liberalizado como hubiera esperado el embajador británico, sino el representante de su país ante el régimen de Pétain y, como tal, una persona que siempre había mantenido una neta proclividad hacia el Eje. Sin duda, la política de Jordana hasta su muerte había sido mucho más sinceramente neutral mientras que la de Lequerica pudo resultar más oportunista y sumisa a Franco: quienes lo promovieron fueron elementos falangistas en los que Franco seguía confiando. Se aprovechó, en todo caso, cualquier oportunidad para pretender ignorar la pasada germanofilia e identificarse hasta la adulación con los Estados Unidos, que ya parecían los grandes ganadores de la guerra.

Cuando, en la primavera de 1944, Churchill afirmó en la Cámara de los Comunes que consideraba un error injuriar gratuitamente a Franco, que había prestado un servicio a los aliados al no entrar en la guerra, inmediatamente el régimen, en contra de las propias indicaciones del duque de Alba, el embajador español, lo interpretó como un testimonio de que podía haber un acercamiento británico. Pero no fue así: a una carta de Franco, que parecía haber olvidado sus declaraciones en favor del Eje, respondió Churchill, en un tono que no dejaba duda acerca de su radical discrepancia respecto del sistema político español. El propio Alba mostró al final de la guerra su deseo de dimitir, no queriendo representar a un régimen del que discrepaba.

La política de Lequerica se dirigió sobre todo a Estados Unidos, pero sin conseguir ningún éxito. Con el paso del tiempo, España dio facilidades a los aviones norteamericanos y convirtió su neutralidad en benévola respecto de los ya evidentes vencedores; incluso el embajador norteamericano participaba en los actos de exaltación de las efemérides americanistas que en otros momentos iban dirigidos contra su país. En abril de 1945 España rompió sus relaciones con Japón sin que el hecho tuviera efecto en la benevolencia norteamericana. Pese a todo, el presidente norteamericano, Roosevelt, escribió a su embajador que, aunque no quería intervenir en la política española, no creía que un régimen que había sido apoyado en su origen por los países fascistas pudiera ser aceptado en la nueva organización del mundo. Incluso los que iban a ser derrotados se desentendían de Franco: desde septiembre de 1944 el embajador alemán estuvo ausente de Madrid y cuando Hitler, meses después, oyó que Franco consideraba que no había sido aliado suyo habló inequívocamente de «frescura».

El porvenir que acechaba a Franco no era sólo de aislamiento exterior, sino también de problemas internos debido a la creciente oposición. Como ya hemos podido comprobar, en el transcurso de 1943 habían sido varios los intentos de inducir a Franco para que, por sí mismo, realizara la restauración monárquica. Su negativa sumió a los partidarios de Don Juan en una perplejidad nacida de no saber si decantarse por un enfrentamiento con el régimen o si mantener la espera en la confianza de que Franco se convenciera de la oportunidad del cambio. Sin embargo, en los primeros meses de 1944 se acabó decantando una posición de ruptura principalmente debida a la actitud de este último. En efecto, en enero Franco escribió a Don Juan argumentándole extensamente acerca de su propia legitimidad que fundamentaba, aparte de en su victoria con la ayuda divina, en la simple adquisición del poder por prescripción. Además recomendó a Don Juan que «no se hipotecara» con el ejercicio del poder. Por su parte, el heredero de la línea dinástica repuso que Franco era demasiado optimista respecto de su régimen y de la duración que presumiblemente habría de tener; además cuando los aliados suspendieron el aprovisionamiento de petróleo se dirigió a Franco en términos perentorios.

La respuesta del Caudillo resultó entonces tan indignada que al final de la misma decía pedir a Dios que iluminara la inteligencia de su corresponsal, perdonara sus errores y maldijera a sus consejeros. Este intercambio epistolar, en el que Franco siempre se comportaba con respecto a Don Juan como un maestro ante un alumno no muy inteligente, y en el que parecía estar absolutamente seguro de cuanto decía, dejó abierta una herida entre ambos que nunca se cerró. Franco siempre consideró al heredero de la línea dinástica como su rival principal, lo que explica sus acerbos juicios, extendidos a la mayor parte de sus seguidores y consejeros. Por los mismos días algunas personalidades monárquicas sufrían sanciones, como les sucedió, por ejemplo, a un grupo de catedráticos de Universidad. Próxima la liquidación de la guerra, en marzo de 1945, Don Juan de Borbón, en el llamado manifiesto de Lausanne, presentó la Monarquía que él personificaba como un instrumento para una transición pacífica hacia un régimen en que existiera una Constitución, el respeto de los derechos humanos y ciertas libertades regionales. A partir de este momento la Monarquía apareció en el horizonte como una fórmula para la reconciliación política y como un medio para una transición no traumática desde la dictadura a una homologación, al menos parcial, con el tipo de regímenes políticos existentes en la Europa de la posguerra. El problema fue siempre para ella que esta opción tuvo que enfrentarse con la ausencia de voluntad de entendimiento por parte de los dos bandos combatientes en la Guerra Civil, cuyo recuerdo resultaba todavía demasiado lacerante. Cualquier gesto que hizo podía ser inmediatamente interpretado como una traición a cada uno de los dos bandos (o a los dos a un tiempo), con las consecuencias que eran de esperar. En estos mismos meses Don Juan intentó llegar a un acuerdo con Franco respecto de una posible evolución, sin conseguirlo en absoluto. El decidido propósito del Caudillo de seguir en el poder, su sentido del tiempo y su habilidad lo convertían en un adversario muy difícil. Pero cuando concluía la guerra mundial no sólo parecía que las dificultades en su contra iban a ser enormes sino que su supervivencia misma parecía imposible.

Éste era el panorama con el que debía enfrentarse la España de Franco en los primeros meses de 1945. Conviene que, antes de que abordemos cómo le hizo frente, nos planteemos un balance final del período 1939-1945 en lo que respecta a política exterior e interior. Respecto de la guerra mundial cabe decir, ante todo, que es difícil definir de forma precisa la posición de la España de Franco, no tanto porque no la quisiera dejar clara —hizo todo lo posible por camuflarla luego y no siempre la manifestó con sinceridad cuando se desarrollaban los acontecimientos— sino porque siendo España una pequeña potencia, cuya intervención no podía influir en el resultado de la guerra, tuvo que evolucionar según la forma de desarrollarse los acontecimientos.

De todas maneras para interpretar su postura hay que partir de la vinculación fundamental de la España franquista con el Eje, que nacía de antecedentes históricos y de simpatías ideológicas pero que no implicaba una sumisión servil motivada por la lealtad o la adhesión a unos principios. Todo ello explica que la neutralidad se convirtiera en no beligerancia cuando existió la esperanza de que se podría obtener un resultado rentable con una intervención mínima y permite comprender que, más allá de 1940, España rechazara también la posibilidad de entrar en el conflicto como lo hubiera hecho de darse esas condiciones. En definitiva, la prioridad del régimen español y de quien lo personificaba no fue tanto la victoria del Eje como su propia subsistencia; en este sentido puede decirse que durante la Segunda Guerra Mundial se gestó el rasgo esencial de la política exterior española durante el franquismo.

Franco atribuyó luego a su «hábil prudencia» el no haber entrado en la guerra, pero, aunque siempre pensó en lo que él consideraba como intereses nacionales (que, desde luego, en su pensamiento eran los suyos propios), distó mucho de ser siempre prudente, aunque tampoco le faltara habilidad. Si erró mucho en los juicios sobre la evolución del conflicto por otro lado no se sometió a la voluntad de terceros y supo camuflar con desparpajo su posición anterior. Pero su política no fue, ni remotamente, de neutralidad. La ayuda que proporcionó al Eje fue mucho mayor que la otorgada no sólo por los países neutrales, como Suiza, o los que adoptaron alguna actitud benevolente con Alemania, como Suecia o Turquía, sino incluso que la de Finlandia, que combatió a la URSS desde el verano de 1941 con una explícita declaración de guerra. Un correcto conocimiento de la posición española ante el conflicto revela que hubo por lo menos tres ocasiones —durante el verano de 1940, al año siguiente y el otoño de 1942— en que España pudo entrar en guerra, de modo que puede decirse que casi de puro milagro no lo hizo. Como otros dos dictadores —Mussolini y Stalin— Franco estaba dispuesto a intervenir en el momento en que las circunstancias revelaran que podía hacerlo sin excesivos peligros y con la seguridad de grandes ventajas.

Probablemente la causa fundamental de la no intervención española no reside ni en Franco ni en la diplomacia de su régimen. Las propias condiciones de la España de entonces, pobre, débil y con su clase dirigente desunida, fueron un primer factor obvio, pero los hubo también totalmente independientes de nuestro país. Alemania, despreciativa de los dirigentes españoles y desinteresada de su política, sólo se interesó por la intervención española durante un período corto. Italia, mucho más frágil de lo que se esperaba desde el punto de vista militar, no quiso un competidor en el reparto del botín sino que pretendió tener un aliado en el peor de sus momentos estratégicos. Gran Bretaña, a veces ingenua al juzgar la política española, constituye un testimonio de la valía de una diplomacia inteligente, capaz de maximizar sus recursos ante circunstancias difíciles, en especial cuando contaba con la colaboración de una potencia económica como la norteamericana. Los Estados Unidos pudieron ser, en ocasiones, brutales, pero nunca tanto como para llevar a cabo una agresión gratuita contra una España que no les gustaba.

En cualquier caso parece claro que, a diferencia de lo sucedido en 1914-1918, España no obtuvo, como en aquella ocasión, los beneficios de una neutralidad sincera y a los desastres de la guerra propia hubo de añadir, en adelante, los de la guerra mundial. Por eso mismo no se alcanzaron los beneficios económicos de la no intervención en la guerra, al contrario que en otros países. Otros Estados, además, tuvieron que forzar la interpretación de la neutralidad (por ejemplo, permitiendo el paso de las tropas alemanas, como hizo Suecia) pero ninguno se autodefinió en una no beligerancia que era prebeligerante. Las consecuencias se padecieron luego. Cuando, con constantes ambigüedades y lentitudes, España evolucionó hacia una mayor neutralidad, nadie pudo creer que esta actitud fuera verdaderamente sincera y, por lo tanto, tampoco en este momento se pudieron obtener ventajas materiales de la actitud propia. Una curiosa paradoja del final de la guerra mundial es que resulta muy posible que el destino de la España de Franco hubiera sido peor de haber triunfado Hitler; éste, que nunca apreció a los dirigentes españoles, no tenía, a diferencia de los vencedores, ningún reparo de intervenir en la política de otros países. Todavía se puede citar otra: La confrontación permanente con la Rusia soviética, que la España de Franco mantuvo durante estos años, le sirvió para su supervivencia en la posguerra de mucho más que la amistad con Portugal y al menos tanto como la identificación con el Vaticano.

En otro aspecto es preciso también establecer un balance de la actitud de España ante la guerra mundial. Sabemos que ésta fue una época muy difícil para la España de Franco, no sólo por la presión de cuanto acontecía en el mundo sino también por las tensiones internas del régimen. Fueron éstos los años más complicados de la gestión política de quien lo personificaba como dictador, pero resultaron también los de su definitivo aprendizaje político. Lo que sorprende de él no es tanto su actuación en la guerra mundial como su habilidad en la posguerra, pero ésta había nacido tras una etapa de crisis persistente y ásperos enfrentamientos entre sus colaboradores, como la que se produjo entre 1939-1945. Así se pudo comprobar luego. En el último de los años citados supo combinar la capacidad de arbitrar las tendencias de su régimen con la de intuir la evolución de la política internacional o la de excitar el recuerdo de la Guerra Civil en forma tal que pudo perdurar después de un complicadísimo trance por el que no pasó régimen alguno en torno a 1945.

El cambio cosmético:
La política del régimen entre 1945 y 1951

En efecto, cuando concluía la guerra mundial se iba haciendo patente que muchos y muy agobiantes iban a ser los peligros que el régimen estaba destinado a sufrir. La dictadura de Franco se vio amenazada, a la vez, por la incertidumbre en lo que respecta al rumbo interno a seguir, por la amenaza de una oposición que pretendía la ruptura respecto del inmediato pasado (o una transición pacífica hacia una fórmula de convivencia) y por un aislamiento exterior producto de la actitud que inequívocamente había adoptado el régimen durante el transcurso de la guerra mundial. Todos estos aspectos están íntimamente entrelazados, de manera que no puede hablarse de ellos separadamente sin aludir de manera más o menos directa a los otros. Sin embargo, con un propósito meramente analítico, se tratará aquí de ellos por separado, bien entendido que la distinción entre los diversos planos obedece tan sólo a estos propósitos.

Franco descubrió en fecha muy temprana la necesidad de mostrar una apariencia de cambio en sus instituciones y encontró el procedimiento para hacerlo a través de la aprobación de un conjunto de disposiciones legales que, siendo de rango constitucional, en realidad modificaban mínimamente el fondo de poder que siempre y de manera inequívoca mantuvo en sus manos. Así la Ley de Cortes de 1942 se puede explicar mucho más que como un intento de aparentar ante los aliados una apariencia política que no existía, que como un procedimiento de otorgar mayor importancia, en el seno del régimen, al componente tradicionalista, perceptible en la denominación de la asamblea y de sus miembros. Resulta muy característico del régimen franquista que una iniciativa procedente de un consejo de Mussolini a Serrano y Franco al final concluyera por dar satisfacción a un sector del régimen muy distinto de la Falange. Algo parecido ocurrió en 1943 con la gestación de un proyecto de Leyes Fundamentales que, por el momento, no llegó a ver la luz. En esa fecha parece haber existido un proyecto de vertebración institucional elaborado por el Instituto de Estudios Políticos; sin embargo, no se aprobó, muy probablemente porque la Falange se sentía todavía con fuerzas suficientes como para vetarlo, mientras que otros sectores menos proclives al fascismo no tenían fuerza como para imponer el suyo propio.

La derrota del Eje hacía, sin embargo, absolutamente evidente lo que Lequerica aconsejó en 1945 a Franco; Arrese (y con él, la Falange) «debía apartarse de la luz», es decir, disimularse al máximo ante un panorama exterior hostil. Como tendremos ocasión de comprobar Franco, que era perfectamente consciente de ello, no dudó en hacerlo; es más, desde 1944 se apreciaron algunos indicios de su voluntad de ofrecer una imagen aparentemente democratizadora como, por ejemplo, la celebración, en octubre de 1944, de las primeras elecciones sindicales y la promesa de que tendrían lugar otras de carácter municipal. De todos modos, lo que más llama la atención acerca de la acción de Franco a partir del verano de 1945 es lo rápidamente que captó las circunstancias internacionales y cómo fue capaz de responder a ellas. Su gran arma fue el empleo apropiado del tiempo para dilatar indefinidamente su permanencia en el poder, mientras que introducía modificaciones adjetivas cuya virtualidad aparentaba ser grande, aunque a nadie le convencieran por completo y luego se revelaran inanes. Al general Várela llegó a decirle que pensaba actuar «con mucho tacto pero sin prisa», frase reveladora de todo un estilo político. Cuando Serrano Suñer le propuso la constitución de un Gabinete de transición hacia una fórmula aceptable en el resto de Europa, gobierno en el que habría de corresponder un papel muy importante a los elementos de origen intelectual, se limitó a anotar «JE-JE-JE» en el documento que incluía la propuesta. La sabiduría «sanchopancesca» que esta frase revela habría de resultarle muy efectiva a pesar de su aparente prosaísmo.

Franco tomó la iniciativa en julio de 1945, momento en que, por un lado, hizo aparecer una nueva legislación constitucional y, por otro, cambió el Gobierno en un sentido meridianamente claro, para hacerlo lo más homologable posible a la situación política europea. Antes, sin embargo, como siempre que quería hacer un movimiento político de importancia, se preocupó de guardarse las espaldas con los altos mandos militares mediante una serie de nombramientos. Muñoz Grandes pasó a ser capitán general de Madrid, y Solchaga de Barcelona, dos puestos clave, mientras que Moscardó se hacía responsable de la posible penetración guerrillera a través del Pirineo. Eran los generales más fieles con que podía contar en este momento.

Pero su decisión más importante desde el punto de vista táctico fue la de recurrir al catolicismo político para dar una imagen semejante a la de la Europa del tiempo. Era, desde luego, una decisión inteligente, por cuanto que uno de los partidos que más decididamente contribuyó a la estabilización de la democracia en Europa fue la Democracia Cristiana. En España, Franco no recurrió, por supuesto, a ella, pero sí a los círculos del asociacionismo católico que en otras latitudes tuvieron mucho que ver con la Democracia Cristiana y que, por tanto, venían a suponer un cierto paralelismo con respecto a ella. Dichos sectores, que en otro tiempo había promovido la CEDA, permanecieron parcialmente marginados en la primera etapa del régimen. Es cierto que Ibáñez Martín fue ministro de Educación y que Larraz lo fue de Hacienda, pero al segundo cabe atribuirle, sobre todo, la condición de técnico, y el primero nunca tuvo un peso político verdaderamente grande. En esta etapa, además, tuvo lugar un sometimiento del asociacionismo católico a las instituciones estatales (en lo sindical, lo juvenil o lo periodístico) que tenía muy poco que ver con las tesis tradicionales del catolicismo acerca de la autonomía de Estado y sociedad. Sin embargo, había un elemento de unión entre ese mundo católico oficial y el régimen: la experiencia de una Guerra Civil en que uno de cada cinco diputados de la CEDA habían perecido a manos del adversario, pues como tal fue juzgado el Frente Popular. El nacional-catolicismo no fue una doctrina que practicara tan sólo un sector de la derecha española, sino un sentimiento común que unía a todos en la vinculación entre sentimiento religioso, nacionalidad y régimen político. Pero el catolicismo oficial en realidad no ejerció el poder hasta 1945 sino que permaneció al margen del régimen, aunque fuera adicto al mismo. En un primer momento, después del estallido de la guerra, figura tan destacada del mismo como Ángel Herrera apoyó la sumisión a la legalidad republicana establecida y luego tuvo una escasa presencia pública. Durante toda la Segunda Guerra Mundial el elemento falangista y el militar habían sido predominantes en la clase dirigente del franquismo pero ahora que las cosas cambiaban Franco pensó que podía recurrir a los católicos. Las circunstancias eran oportunas no sólo por el contexto internacional sino también porque, en un momento en que parecía necesario cambiar la forma de organización política, la Iglesia católica española, a través de sus jerarquías, demostraba una cierta voluntad de institucionalización y apertura que superara la dictadura personal. Ésta fue, en efecto, la posición del entonces cardenal primado, Pía y Deniel.

Se puede decir, en efecto, que el catolicismo colaboracionista que en julio de 1945 llegó al poder tenía un programa propio y que éste conectaba a la vez con la voluntad genérica de la Iglesia de una institucionalización de carácter no fascista (deseo que se transparentaba en la pastoral del citado cardenal de septiembre de 1945) y con la tradición de respeto al poder constituido que a partir de ahora, pero también como antes en los años treinta, defendió Ángel Herrera. La persona que habría de representar este colaboracionismo fue Alberto Martín Artajo, que pasó directamente de la presidencia de Acción Católica al Ministerio de Asuntos Exteriores. Durante la gestación de la crisis, llevada por Carrero, uno de cuyos hijos estaba casado con una Martin Artajo, hubo alguna posibilidad de ampliar el número de los ministros de esta tendencia pero luego sólo un militar, que había sido diputado de la CEDA, Fernández Ladreda, llegó a la cartera de Obras Públicas. Algunas otras personas, sondeadas para ocupar puestos ministeriales en el nuevo Gobierno, no aceptaron; la verdad es que en el verano de 1945 las posibilidades del régimen parecían muy limitadas y, desde una posición opositora, las dos figuras fundamentales de la CEDA, Gil Robles y Giménez Fernández, condenaron por completo el colaboracionismo que ahora se iniciaba.

Pero no se debe creer que éste fuera puro oportunismo, aunque acabara convirtiéndose en tal. Martín Artajo, como en general todos los políticos pertenecientes a estos círculos, quería, al menos en abstracto o de forma genérica, la vuelta a una Monarquía basada en una declaración de derechos y en su aplicación efectiva mediante la legislación correspondiente. Se produciría, además, de acuerdo con sus planes, una consulta a los ciudadanos tanto para formar nuevos ayuntamientos como para llegar a unas Cortes, cuyo contenido y capacidad de acción resultarían mucho más amplios que los existentes hasta el momento. Además, se modificaría la legislación de prensa y la Falange desaparecería, integrados los servicios sociales que había creado en la maquinaria estatal.

En suma, se trataba de un programa de apertura e incluso levemente liberalizador, aunque no democratizador, y que tenía una vaga esperanza de llegar a una modesta homologación con Europa. Franco, sin embargo, nunca ocultó que sus propósitos, aun oyendo con aparente interés ese programa, eran otros. Había que volver a considerar a España como reino, aseguró, pero Don Juan de Borbón no era más que «pretendiente»; él mismo debía decidir quién sería su sucesor, aunque luego voluntariamente estuviera dispuesto a admitir que se plebiscitara el contenido de su decisión. Además, expresó con crudeza su juicio acerca de las instituciones monárquicas: no podían basarse tan sólo en la pura sucesión de «el último que se acostaba con Doña Isabel II», sino que «lo que salga del vientre de la reina» había que ver si era apto, y a él precisamente le correspondía tal tarea. Esta tesis, como es lógico, hacía desaparecer el principio de legitimidad dinástica. Además, a quienes le pedían la institucionalización de un cierto pluralismo, les dejó bien claro que nunca habría partidos, aunque sí algunos cambios, pues era necesaria una declaración de derechos, aludiendo a un posible Fuero de los Españoles. Respecto a la prensa durante la guerra aseguró que «no sabía de esta cuestión ni durante la guerra pude ocuparme de ella». Los cambios políticos empezaron con la crisis de Gobierno, a la que siguieron unos meses con abundantes rumores y algunos cambios mucho más ficticios que reales.

El cambio en el ejecutivo no supuso la desaparición de los ministros falangistas, que conservaron las carteras de Trabajo (Girón) y Justicia (Fernández Cuesta), pero sí de la Secretaría General del Movimiento. En realidad fue, más que nada, una ocultación de cara al exterior pues el organismo quedó en manos de un funcionario de rango inferior pero no fue, en absoluto, desmontado y no hubo ninguna otra decisión ulterior. En consecuencia puede considerarse correcto el juicio de Girón: «Los hombres de la Falange iban a prestar a España un doloroso servicio, su discreto apartamiento del paisaje público». El saludo con el brazo en alto desapareció e incluso los gobernadores civiles abroncaban a quienes pretendían recibirlos de este modo. Coincidiendo con el cambio de Gobierno se aprobaron tres importantes disposiciones legales. La Ley de Enseñanza Primaria partía de que ésta debía servir para unificar a los españoles en servicio de la patria; su principal motivo de inspiración había de radicar en el catolicismo. Si a la hora de redactar la Ley de Ordenación Universitaria de 1943 la Falange había obtenido una remisión al futuro de las nuevas Universidades de la Iglesia ahora, en cambio, el componente clerical resultó mucho más decisivo en el primer nivel docente. El Fuero de los Españoles, por su parte, resultó una típica enumeración de derechos: había sido redactado por quienes, desde 1943, habían intentado la elaboración de una Constitución desde una opción monárquica autoritaria más que fascista. Arrese, que se había mostrado reticente ante este intento, no tuvo ahora, en realidad, verdaderos motivos para mantenerla, y ello por una razón evidente: el Fuero, si verdaderamente suponía algo nuevo, debía modificar toda la legislación vigente pero la realidad fue que ésta permaneció inalterada y la declaración de derechos no fue otra cosa que un medio superficial y ficticio de ocultar una realidad que, vista desde fuera, podía resultar vergonzante.

La Ley de Régimen Local, en fin, permitió pensar que en los ayuntamientos quedaría representada una mayor pluralidad de intereses, aunque también esta esperanza se vio muy pronto decepcionada. Incluso medidas tan inevitables y de tan pura apariencia como la supresión del saludo fascista encontraron la oposición de algunos sectores falangistas. Al desaparecer la Secretaría General del Movimiento no se borró la influencia del Estado en los medios de comunicación sino que se creó una Subsecretaría de Educación Popular, dependiente del Ministerio de Educación, que ejerció estas mismas funciones. Si antes los censores eran falangistas ahora ejercieron como tales personas procedentes del mundo católico. Hubo unos meses en que pareció que habría algunas medidas de apertura informativa pero fue en ellos, precisamente, que se hizo patente lo limitado de los deseos de cambio de Franco. Éste, atrincherado en la resistencia a ultranza, encontró en la existencia de adversarios la mejor argumentación para evitar cualquier apertura.

En octubre de 1945 se aprobó la ley de Referéndum, que indicaba la voluntad de someter al pueblo una gran decisión (que todo el mundo sospechaba que sería la Monarquía) pero eso no supuso que la consulta fuera inmediata ni fuera a realizarse en las mínimas condiciones de libertad exigibles. Ese mismo mes hubo una amnistía, pero una ley de Reunión, Asociación y Garantías Personales quedó inmediatamente detenida nada más entregada a las Cortes para su tramitación, es posible que por decisión del propio Franco. Parece que en algún momento existió el propósito de suprimir un Consejo Nacional que seguía recordando demasiado a organismos semejantes de regímenes fascistas, pero Franco demostró una clara renuencia a prescindir de la Falange y de todo su aparato que, aún carente de función política hegemónica, le servía a él para mantener el arbitraje en que siempre consistió su poder. El propósito de transformación de las Cortes quedó en una pura variación de su reglamento haciéndolo más flexible. En su composición se admitió ahora una representación de las Cámaras de Comercio cuando en otro tiempo el Partido hubiera deseado absorberlas.

En suma, por mucho que se hablara en la España de entonces de «democracia orgánica» lo cierto es que la realidad española era distinta del corporativismo católico de los años treinta. El régimen era, en realidad, una dictadura de hecho que había cambiado de lenguaje, pero no había modificado la realidad de que el poder estaba concentrado en la persona de Franco, aunque lo ejerciera mediante un arbitraje sobre la coalición de derecha autoritaria que lo había alzado a la cúspide del poder político. Mucho más que responder a los principios de la democracia orgánica, el franquismo respondía a estas tres palabras contenidas en uno de los informes de Carrero Blanco a Franco por estos días como receta frente a la presión exterior: «orden, unidad y aguantar», sobre todo esto último. Para quien ya era el principal inspirador de Franco (y fue el gestor de la crisis de 1945) lo que guiaba a los disidentes y las potencias democráticas en su deseo de cambiar las instituciones españolas no era otra cosa que «papanatismo», en el primer caso, y ganas de privar de independencia nacional a España, en el segundo.

Se debe tener muy en cuenta que estos años (principalmente, 1946 y 1947) fueron los peores del régimen y que la presión conjunta de las naciones vencedoras en la guerra mundial, de quienes deseaban una evolución sincera del régimen, de la pésima situación económica y de la guerrilla a veces daban lugar a que Franco, que nunca tuvo la menor duda acerca de su propia permanencia en el poder, pero que no siempre mantuvo la apariencia de tranquilidad, se aferrara a él con una crispada tensión o se lanzara a interpretar los acontecimientos de acuerdo con su visión, a menudo radicalmente simplista, de quienes eran sus adversarios. Según las notas tomadas en el Consejo de Ministros por Martín Artajo, el Jefe del Estado no dudaba en presentar la inflación como «música de Urquijos y Garnicas», dos conocidas familias de banqueros, y a continuación —decía Artajo— «se me pierde hablando de masonería».

Probablemente, para Franco el mayor motivo de preocupación fuera la posibilidad de que la Monarquía consiguiera atraer un importante número de adeptos de entre quienes hasta entonces habían permanecido de su lado. De ahí que, en los primeros meses de 1946, cuando don Juan llegó a Estoril, y muchos en España pensaron que el advenimiento de la Monarquía era ya inminente, reaccionara con decisión y violencia.

Frases como «el régimen tiene que defenderse y clavar los dientes hasta el alma» y «aplastarlos como gusarapos» demuestran una excitación infrecuente en una persona tan fría como Franco. La sensación de estar agobiado por la presión de quienes le rodeaban se aprecia también en la serie de artículos antimasónicos que escribió en la prensa, bajo el seudónimo de H. Boor, los cuales cubren precisamente el período cronológico de 1946 a 1951.

Pero, como ya sabemos, Franco tuvo siempre muy claro lo que debía hacer con la alternativa monárquica. En la primavera de 1947 abordó la cuestión en una Ley de Sucesión, disposición de rango constitucional que luego fue sometida a referéndum en julio, obteniendo el inevitable abrumador número de votos a favor; aun así, parece que fue uno de los plebiscitos realizados por Franco en que la presión sobre el electorado fue menor. De todos los modos el jefe del Estado no permitió la menor disidencia entre la clase política respecto de la norma por él dictada: un procurador que pretendió la inmediata proclamación de la Monarquía fue cesado y el propio Martín Artajo fracasó en su intento de lograr que en la ley se determinara el mantenimiento de la línea tradicional dinástica y de que, por tanto, no se dejara abierta la posibilidad de que la decisión quedara al puro arbitrio de Franco, de acuerdo con la brutal frase que ha sido mencionada con antelación. En suma, la Ley de Sucesión no pasó de una declaración genérica de que España era un Reino y la determinación de un elemental mecanismo de recambio en caso de fallecimiento del jefe del Estado. Se declaraba que España, de acuerdo con sus tradiciones, era un Estado católico, social y representativo, constituido en Reino y que el régimen dispondría en adelante de un Consejo de Regencia formado por altas autoridades políticas, militares y religiosas, pero la determinación del sucesor de Franco quedaba en sus manos de una manera enormemente indeterminada. Las condiciones que éste había de cumplir eran de lo más genéricas y, en cambio, se admitió que su persona pudiera no ser el heredero dinástico según el orden de sucesión directa.

Por estos procedimientos Franco aseguró haber satisfecho las peticiones que hasta entonces se le habían hecho acerca del mantenimiento de la estabilidad de su régimen pero, sobre todo, remitió al futuro una decisión que quedaba en sus exclusivas manos. De hecho, la única consecuencia práctica inmediata de la ley de Sucesión consistió en atribuir al propio Franco la capacidad de conceder títulos nobiliarios. Lo hizo de forma sucesiva concediendo ducados a los herederos de Primo de Rivera, Calvo Sotelo y Mola, pero también al resto de los militares que habían participado en la dirección de la Guerra Civil a sus órdenes. Los nuevos títulos recayeron, por tanto, mucho más en militares que en falangistas, lo que es muy expresivo de donde estaba la fuerza política real en su régimen, así como de donde temía que en este momento pudiera venir una disidencia que le pusiera en peligro. En cambio, a lo largo de 1948 y 1949, fueron sancionados o retirados de la carrera militar algunos de los colaboradores militares de Franco que habían jugado un papel decisivo en años precedentes y durante la Guerra Civil: éste fue el caso de Aranda, Kindelán y Beigbeder, por ejemplo.

Merece la pena recordar también que simultáneamente con la citada consulta mediante referéndum tuvo lugar la constitución de los jurados de empresa, fórmula complementaria en el terreno social por lo que tenía de apariencia democrática pero con la misma inanidad política que la citada consulta. En unas condiciones políticas como las que se dieron en el régimen durante esos años no tiene nada de extraño que se mantuviera el rígido control de prensa existente hasta entonces. El Estado mantuvo no ya una función tutelar sino una efectiva dirección de las empresas periodísticas a través del nombramiento de quienes estaban al frente de las mismas repudiando «el fácil mercado de la noticia». A lo largo de la década de los cuarenta, partiendo de la necesidad de una resistencia a ultranza frente al adversario interior y exterior, se impidió cualquier tipo de crítica a la acción del Estado y la Administración al mismo tiempo que, no existiendo consignas de carácter general, la arbitrariedad en la intervención gubernamental sobre los medios de comunicación se convertía en absoluta y total.

No obstante, como sabemos, la llegada al poder del grupo católico colaboracionista conllevaba en teoría, junto al deseo de un cierto cambio en la legislación sobre la prensa, una voluntad de hacer menos patente el peso gubernamental sobre ella. Sin embargo, este tipo de actitud de los recién llegados al poder duró muy poco. La prensa del Movimiento se separó de la directa dependencia estatal, pero esto la hizo poco controlable para las mismas autoridades que tenían la responsabilidad de la prensa cuando esos diarios representaban un mayor inmovilismo y una proclividad más falangista que el resto. Finalmente, después de hacer desaparecer las consignas activas en materia de información se volvió a ellas en cuanto que el régimen se sintió agobiado por la presión interna y externa. El resultado final fue que, no habiendo cambiado nada sustancial, el equipo responsable de los medios de comunicación, procedente del diario católico El Debate, fue políticamente liquidado sin que su programa, por modesto que fuera, se hubiera traducido mínimamente a la realidad. Aunque no se pueda decir exactamente lo mismo del resto del programa colaboracionista de los católicos con el franquismo, esa conclusión es válida en términos generales: siempre representó una tendencia liberalizadora pero ésta quedó como norma general en nada. La explicación de ello resulta bastante sencilla. Es muy probable que todavía fuera demasiado pronto para restañar las heridas causadas por la Guerra Civil y que, en esas circunstancias, tanto la pura oposición como el colaboracionismo aperturista resultaran estériles. Pero llevaron hasta el extremo su benevolencia respecto del régimen y su posibilismo quedó reducido en un plazo de tiempo muy breve a la obtención de algún beneficio personal.

Se debe tener en cuenta, además, que en muchos terrenos, como, por ejemplo, en el cultural o en la tolerancia respecto de otros cultos religiosos, al margen del católico, estos círculos eran, a menudo, más cerrados e intolerantes que la propia Falange.

Si alguien en estos sectores católicos colaboracionistas pudo sentirse incómodo con lo sucedido —en realidad la inmensa mayoría no tuvo el menor inconveniente en permanecer en el poder ocupando una parte del mismo como una familia más del régimen— al final del período Franco tenía todas las razones para estar plenamente satisfecho. En 1949 era descrito por Arriba, el principal diario oficial, como «el hombre de Dios, el de siempre, que aparece en el crítico instante y derrota a los enemigos». Ese mismo año visitó Portugal y allí recibió el doctorado de la Universidad de Coimbra, en el segundo viaje al exterior que llevó a cabo a lo largo de todo su mandato (y que, como el precedente a la Italia «mussoliniana», fue también a una dictadura). En 1954 las Cortes aprobaron el cambio de apellidos en su nieto para que, de esta manera, pudiera conservarse el nombre del dictador. Pero no apareció mayor muestra de autocomplacencia que la que tuvo lugar tres años antes con ocasión de un nuevo «relevo de guardia» gubernamental. En efecto, en 1951 Franco, pasada la tormenta, pudo darse la satisfacción de demostrar que su régimen, cambiadas las circunstancias internacionales, volvía a no tener reparo en mostrar su verdadera faz. Los católicos conservaron su cuota en el reparto del poder e incluso la vieron aumentar gracias a haber recibido Ruiz Giménez la responsabilidad gubernamental en Educación, pero la Falange, nunca desmantelada, reapareció ahora con la resurrección de la Secretaría General del Movimiento, de nuevo desempeñada por Fernández Cuesta. Además, dos personajes que tan importante papel habían jugado durante la Segunda Guerra Mundial (y no precisamente a favor de los aliados), el general Muñoz Grandes y Arias Salgado, responsables respectivamente de la División Azul y del control de la prensa, ocuparon una cartera militar y la de Información y Turismo. Junto a ellos, Iturmendi y Vallellano representaban a las familias tradicionalista y monárquica y aparecían los técnicos en materia económica. Pero lo más relevante de la crisis era que Carrero Blanco, consejero principal de Franco desde la guerra mundial y opuesto al excesivo poder de Falange, alcanzó el puesto ministerial elevando a tal rango la Subsecretaría de Presidencia. Según cuenta López Rodó, Franco le atribuyó este puesto para no tener que contarle, después de celebrado, el desarrollo de cada Consejo de Ministros.

Todo cuanto antecede en el presente epígrafe se refiere a la dinámica política de la época y retrata el carácter mínimo de los cambios producidos a partir de 1945, al menos en lo que respecta al poder de Franco. Pero de una posguerra a la otra no cabe la menor duda que se produjeron algunos cambios ambientales aunque la dictadura siguiera, en lo esencial, siendo la misma.

Podemos percibir estos cambios aludiendo a dos cuestiones que revisten la suficiente trascendencia como para merecer algún espacio en este libro. Se trata del papel del catolicismo en la política y la sociedad y de la voluntad de erradicación de culturas peculiares.

En páginas precedentes ya se ha descrito la realidad del catolicismo español en la etapa posterior a la Guerra Civil. Por más que Pía y Deniel afirmara que la Iglesia no deseaba un «Estado teocrático» muchos de sus planteamientos dan la sensación de merecer ese calificativo. Sin duda la voluntad de llevar a cabo una «reconquista neotradicional» de la sociedad, tal como la habían ansiado los sectores integristas del catolicismo españoles, añorantes del Antiguo Régimen, parecía ir por ese camino pero, además, en el nacional-catolicismo hubo siempre una idea acerca de la consustancial identificación entre la religión católica y la patria española y una interpretación mesiánica del pasado histórico que también podía producir esta sensación. En fin, la panoplia ideológica del nacional-catolicismo se completaba con una visión estrictamente autoritaria y armonicista de la sociedad. Pero más importante que la enunciación de todos estos principios, más una mentalidad que una teología política, —aunque también lo fuera— es constatar lo difundidos que estaban. En realidad cuanto se ha dicho vale para cualquier partidario del régimen franquista en estos tiempos, fuera falangista o clerical, fascista, militar o carlista.

Lo que distinguía a cada una de estas opciones y sirve también para marcar una cierta diferencia entre antes y después de 1945 es la diferencia en el énfasis. Los falangistas daban por supuesto el catolicismo del régimen y del Partido y precisamente porque la patria se identificaba con él no estaban dispuestos a la autonomía de lo religioso frente a lo político. De ahí que en los últimos meses de la Guerra Civil y a comienzos de los años cuarenta llevaran a cabo una política tendente a lograr el «monopolio absoluto» del poder, evitando la existencia de organismos asociativos católicos, impidiendo la prensa específicamente católica o censurándola, actuaciones todas ellas que en sus últimos años de vida preocuparon a Goma y le llevaron a protestar ante Franco o Serrano Suñer. Para los falangistas no era que lo católico no interesara sino que había de integrarse en el Estado en vez de constituirse por sí mismo en fundamento del régimen político y social. El catolicismo era fundamental pero formaba parte del Partido y el Estado y éstos eran quienes debían desempeñar un papel hegemónico y protagonista. El sector más clerical, en cambio, concebía lo católico como el elemento de integración por excelencia pero, al mismo tiempo, exigía autonomía para él. Un Estado totalitario —denominación que aceptaban los tradicionalistas— debía ser fuerte y vigoroso pero sin pretender subordinar según sus parámetros políticos al conjunto de la sociedad.

La coincidencia en los principios fundamentales hace que, descrita la fundamental similitud del pensamiento de las diversas tendencias políticas en el seno del franquismo, lleguen a resultar casi incomprensibles las polémicas que se produjeron entre ellas a lo largo de toda la década de los cuarenta. Ya en 1942 la prensa falangista de Navarra, cuya significación era más cercana al tradicionalismo radicalizado que al fascismo, se quejaba de que desde Madrid se negara la condición de Cruzada, es decir, lucha de fundamento religioso, a la Guerra Civil. Además repudió los intentos de tratar de «nacionalizar» a los intelectuales de la generación del 98. El término que los falangistas más radicales hubieran utilizado para designar lo sucedido era «revolución» nacional u otro semejante. Al final de la década de los cuarenta la polémica se reprodujo, siempre por cuestiones de énfasis, porque los principios en que se fundamentaban cada uno de los contradictores eran idénticos. Los falangistas católicos de la revista Alférez se mostraban más partidarios de una cultura laica, para asumirla y dotarla de sentido nacional, que quienes escribían en Arbor, mucho más neotradicionalista, menos dispuesta a asumir, modificándolas, la herencia y las personas del pensamiento liberal. Para los redactores de esta revista sería aceptable, a lo sumo, la «españolización» en los fines y la «europeización» en los medios. Más adelante trataremos de esta polémica desde el punto de vista intelectual.

Lo que ahora nos interesa es la discontinuidad o continuidad entre los dos períodos separados por la fecha del final de la Segunda Guerra Mundial. Lo que caracterizó al que siguió a 1945 no fue la desaparición de la mentalidad mencionada que, por el contrario, incluso se manifestó con mayor esplendor después de esa fecha, sino un cierto grado de mayor tolerancia y autonomía social. Por ejemplo, dentro de la mentalidad mencionada, resultaba obligado suponer la intolerancia con respecto a cultos que no fueran el católico. De hecho durante la Guerra Civil los sublevados ejecutaron a dos pastores protestantes y en los primeros años de la posguerra se impidió la apertura de las capillas protestantes por decisiones gubernativas carentes de cualquier tipo de cobertura legal. En años posteriores fue autorizado un número superior —de 125 capillas se pasó al doble—, aunque sólo en el medio urbano, pero en 1947 hubo episodios de violencia colectiva contra ellos, protagonizados mucho más por clericales extremistas que por miembros de Falange.

Pero quizá el cambio más significativo de estos años se produjo en lo que respecta a la aceptación de los movimientos sectoriales de Acción Católica. Ésta había tenido una gestación complicada y tardía de modo que en realidad, a diferencia de lo sucedido en otras latitudes, no llegó a aparecer en España hasta la década de los cuarenta acompañando al fervor religioso y a las pretensiones de estos momentos de reconstrucción de una sociedad cristiana. Antes de 1945 no sólo no había existido una especialización de los movimientos católicos sino que se habían desmantelado los que pudieran hacer competencia a las organizaciones de partido. Desaparecieron, por tanto, los sindicatos pero también, por ejemplo, las asociaciones estudiantiles de significación católica. En cambio, en 1947, siguiendo un modelo que ya existía en los años treinta, introducido por el sacerdote catalán Alberto Bonet, apareció un conjunto de organizaciones que en su origen tenían un carácter únicamente apostólico, pero que por su especialización podían ser rivales de los organismos dependientes del Partido. En 1947 nacieron la Hermandad Obrera de Acción Católica, la Juventud Obrera Católica o la Juventud de Estudiantes Católicos (HOAC, JOC, JE, respectivamente) que, con el paso del tiempo, acabarían por tener graves conflictos con el Partido e incluso con el régimen. Rovirosa, dirigente de las HOAC, era un antiguo dirigente sindical de izquierdas, ahora convertido al catolicismo, pero incapaz de mantener una posición conformista ante la realidad social española. A fines de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta empezaron a surgir también los testimonios de inconformismo social en los elementos más brillantes de la jerarquía eclesiástica, se tratara de personas que hubieran desempeñado un papel significativo en el pasado —como Herrera— o que estuvieran destinadas a asumirlo en el futuro, como Tarancón.

El caso de Cataluña, el mejor conocido, ejemplifica muy bien la decidida voluntad del régimen de Franco de llevar a cabo una labor de homogeneización tendente a la desaparición de una cultura propia y lograr la castellanización a partir del conjunto de posibilidades que ofrecía el poder político. Así como sería incorrecto, por anacrónico, pretender describir como «genocidio cultural» el intento centralizador de Felipe V —como si fuera equiparable a operaciones semejantes realizadas por los fascismos— en cambio la expresión sí parece apropiada para lo sucedido en estos años.

Desde la ocupación de Barcelona se puso claramente de manifiesto. El catalán solamente se permitió en el ámbito familiar privado mientras que algunos de los cambios en la denominación de las calles parecía elegir de forma voluntaria la ofensa o la más palmaria muestra de imposición por la fuerza: así, por ejemplo, la calle Cortes Catalanas cambió su nombre a José Antonio Primo de Rivera. Algunos elementos de Falange habían pretendido que la propaganda del nuevo régimen, nada más producida la victoria, se realizara en catalán. Fueron los intelectuales reunidos en torno a Serrano Suñer, como Ridruejo, siempre deseosos de integrar lo disidente o adversario mientras que para los sectores más reaccionarios sólo la fuerza y la pura erradicación eran buenos procedimiento para implantar el nuevo régimen. La primera fórmula ni siquiera pasó de proyecto y la segunda se impuso de forma clara durante todo el período de 1939 a 1945.

No sólo se prohibió el uso del catalán en la vida pública sino que se hizo propaganda oficial del castellano («Hablad la lengua del Imperio», recomendaban solemnes carteles en Barcelona). «Se ha muerto la teoría de las pequeñas nacionalidades», pontificó el periodista Manuel Aznar, antaño liberal y ahora director de La Vanguardia. Se eliminaron algunos monumentos ciudadanos que podían identificarse con el catalanismo y desapareció toda la prensa en catalán, incluso la de carácter religioso. La propia acción católica se castellanizó cuando ya en los años republicanos se expresaba en catalán. No sólo desapareció el catalán de los ayuntamientos sino también de la Universidad, del teatro y de la música. Se suprimieron instituciones que ni remotamente habían tenido significación nacionalista, como el Orfeón catalán y el Instituto de Estudios Catalanes. A un intelectual catalán prestigioso y tan conservador como el historiador Ramón D’Abadal, que había evolucionado desde la Acció Catalana a la Lliga —es decir, hacia la derecha— se le impuso una multa de 5000 pesetas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Desde el verano de 1939 se optó por poner el mayor número de barreras posibles a la edición en catalán. Cuando Cambó intentó organizar algún tipo de recuperación de la identidad cultural se encontró con una resistencia cerrada; es más, incluso a los estrictamente adictos al régimen se les impidió publicar en catalán. Las publicaciones que pudieron aparecer eran folletos u hojas mínimos de carácter folclórico o religioso, La Biblia o publicaciones de clásicos griegos como Plutarco, a condición de que el prólogo y las notas aparecieran en castellano. En alguna ocasión se pidió que la ortografía fuera antigua, como para presentar a la lengua vernácula como algo fosilizado o arcaico. En lo político durante este período no hubo ningún movimiento por parte de la derecha que había colaborado con los vencedores durante la contienda, incluida la Lliga y el propio Cambó. Había previsto éste que toda Cataluña padecería las consecuencias de la victoria de los militares y ahora tenía la ocasión de comprobar lo acertado de sus juicios.

Algo cambió la situación a partir de 1946, en especial en algunos de los aspectos menos relacionados con lo específicamente político. Hubo una cierta «primavera» de la edición, de modo que prácticamente toda la poesía catalana pudo publicarse. Las propias autoridades centrales de la región no hubieran tenido inconveniente en que la difusión de la lengua propia fuera mayor. Tanto el gobernador civil, Barba, como el alcalde de Sabadell, Marcet, así lo cuentan en sus memorias, pero también descubren que desde Madrid se les obligó a moderar sus impulsos reformadores. En el terreno editorial siguió imperando la arbitrariedad y un cierto tratamiento sesgado según las materias y las personas. Maragall, por ejemplo, podía editarse en castellano, pero no en catalán, y las traducciones a este idioma de autores recientes estaban prohibidas, mientras que la predicación en esta lengua se toleró en el medio rural montañoso pero sólo muy entrada la década de los cincuenta en el urbano. Se produjeron casos tan grotescos como que hubiera ediciones clandestinas en catalán de autores como Shakespeare o Kempis. No puede extrañar que los propios catalanistas se preguntaran acerca de si era posible la supervivencia de su cultura. Pero aun así la situación era algo mejor que en la etapa que podría ser descrita como la «era azul». En el propio campo político durante la segunda mitad de la década de los cuarenta hubo en los medios colaboracionistas vinculados en el pasado con la Lliga una cierta actitud propulsora de la evolución desde el régimen hacia una fórmula monárquica aperturista. En este terreno desempeñó un papel importante el ex ministro Ventosa. Pero el fracaso de estas opciones testimonia también la modestia de los cambios acontecidos.

La oposición de los supervivientes:
La izquierda desde 1939 a 1951

En abril de 1969 el antiguo alcalde socialista del pueblecito malagueño de Mijas, Manuel Cortés, reapareció en la vida pública cuando se concedió una amnistía definitiva que hacía desaparecer cualquier eventual responsabilidad que le pudiera corresponder por delitos producidos durante la Guerra Civil. Había permanecido treinta años, desde los treinta y cuatro a los sesenta y cuatro de su vida, oculto en su casa esperando la posibilidad de salir. «Lo que más me oprimía —contó luego— eran las noticias de los compañeros que habían fusilado». Pasó por muy cambiantes estados de ánimo durante este tiempo. «Lo que más me desesperó fue cuando parecía que los nazis iban a ganar la guerra», añadió, «pero cuando ya les derrotaron empecé a tener una esperanza ciega». Tuvo, sin embargo, que esperar la friolera de un cuarto de siglo más para sentirse libre de cualquier peligro. Su experiencia, aunque singular, no fue sino una más de aquéllas por las que pasó la España derrotada durante la Guerra Civil.

No es el momento aquí de repetir lo dicho en este libro acerca del exilio que produjo la victoria de Franco después de la finalización de la Guerra Civil, pero cualquier alusión a los derrotados debe empezar por la constatación de la muy precaria situación por la que pasaban a la altura de 1939 y de cómo, además, esa situación, frente a todas las expectativas, se prolongó después de 1945. Sobre quienes permanecieron en España recaía todo el peso de la represión emprendida, exiliados en su propia tierra, con ocasiones de trabajo limitadas y sanciones profesionales, a veces tan penosas como las carcelarias; mientras, otra parte de la oposición estaba dispersa por una emigración que se había repartido por todo el mundo. Además, todavía se vivía en un ambiente de descomposición política interna como el que había caracterizado a las últimas semanas de las instituciones republicanas. Incluso existió un tercer problema que derivaba de las dudas acerca de la legitimidad de las citadas instituciones después de la dimisión de Azaña en 1939. En realidad hasta que no empezó a tenerse seguridad respecto del resultado de la guerra mundial no hubo propiamente una movilización de los derrotados en la Guerra Civil para intentar la recuperación del poder político en España; sin embargo, esta oposición fracasó una vez que se produjo, en parte por las circunstancias internacionales, y en parte también por la manera en que se intentó la reversión del resultado de la guerra. Pero, al menos, sobrevivió y tuvo un momento de esperanza que ya en los años cincuenta estaba destinada a desvanecerse por completo. A continuación, en las líneas que siguen, estudiaremos cuál fue la evolución de cada uno de los grupos de que se componía para luego establecer un balance global de los cambios que experimentó durante este período.

Probablemente el ejemplo más palmario de discordia interna en el seno de las fuerzas del Frente Popular durante la época de la República y la Guerra Civil sea el del partido socialista, fenómeno al que se ha atribuido un papel de primera importancia en el colapso de las instituciones republicanas. Tal situación perduró, incluso acentuándose, hasta 1945 y sólo con la esperanza de la victoria aliada se animó una re-composición tardía pero que, en todo caso, también resultó definitiva. De ella fue beneficiario fundamental Indalecio Prieto quien incorporó a sus filas de seguidores a antiguos colaboradores de Largo Caballero o de Besteiro mientras que declinaba claramente la influencia de Negrín. Este probablemente nunca tuvo una influencia predominante en el seno del socialismo español, aunque sí en el aparato estatal republicano; ahora su estancia en Londres, y los repetidos giros del PCE, —al que siempre se vinculó el «negrinismo», cuando sólo en ocasiones éste se benefició de ellos—, deterioraron su posición. Prieto se convirtió desde una fecha muy temprana en defensor de una solución plebiscitaria, que era la prolongación de la que había mantenido al final de la Guerra Civil; su táctica se encontró con incomprensiones en este momento por parte de las principales potencias y nunca tuvo un apoyo incondicional en el seno de su propio partido. El propio Largo Caballero, el adversario por excelencia de Prieto, mantuvo de hecho una posición parecida. Enviado a Alemania en 1943, cuando volvió sostuvo hasta su muerte una actitud partidaria de la transición pacífica a través de un gobierno en el que participaran quienes no habían actuado en tiempos republicanos; incluso parece haber estado dispuesto a aceptar una solución monárquica. El único aspecto un tanto peculiar de su actitud radicó en el deseo de evitar la colaboración con los militares y de enfrentarse con los comunistas. Araquistain mantuvo una posición semejante adoptando una actitud socialdemócrata, tan distante de su anterior revolucionarismo y, al mismo tiempo, demostrativa que su radicalización anterior era superficial, por más que pareciera profunda.

En el interior de España el PSOE subsistió en las precarias condiciones que fácilmente pueden imaginarse, aunque desde 1944 tuvo una ejecutiva nacional y en Asturias perduraron grupos guerrilleros hasta 1948. Tanto aquélla como el PSOE que se organizó en la emigración de Francia, se caracterizaron por un tono fuertemente anticomunista, producto no sólo de la Guerra Civil sino también de la pretensión hegemónica que los comunistas ejercieron sobre ellos en Francia al acabar la Segunda Guerra Mundial mientras que, en cambio, quería mantener buenas relaciones con los anarquistas y con los republicanos. En Francia el organizador principal del partido socialista fue Rodolfo Llopis, pero Prieto, superior en prestigio y capacidad táctica, fue el verdadero animador del PSOE exiliado en este país, que en 1946 contaba con 8000 afiliados. En esa misma fecha la Internacional Socialista desahució definitivamente a Negrín, pasando algunos de los miembros de este sector del partido a engrosar el PCE.

De cualquier modo no parece que los sectores disidentes socialistas representaran en ningún caso más de una décima parte de la afiliación. Quedaba así la totalidad del socialismo en condiciones de presentar una estrategia basada en la presión exterior y destinada a lograr una transición hacia la democracia sin deslizamiento hacia el comunismo. Los socialistas, aún declarándose republicanos, mantuvieron, como veremos, una actitud posibilista en materia de régimen, a lo que se vieron empujados por puro realismo, pero también porque las potencias occidentales la propiciaron.

Este planteamiento era antitético al de que quienes querían restablecer las instituciones republicanas. Éstos habían mantenido una actitud básicamente pasiva hasta una fecha muy tardía, y en ningún momento consiguieron reconstruir, a diferencia del PSOE, organizaciones partidistas como las que habían tenido en los años treinta (Izquierda Republicana o Unión Republicana, por ejemplo). En efecto, fue en 1943 cuando se produjo el derrumbamiento del fascismo italiano y empezó a aparecer la eventualidad de que una fórmula monárquica sustituyera a Franco, cuando se movilizó el republicanismo de izquierdas. La llamada Junta Española de Liberación fue iniciativa de los republicanos catalanes y en ella participaron también los socialistas aunque su figura más significativa, Martínez Barrio, tenía, como siempre, una significación puramente republicana de centro. La Junta no sólo surgió como contraposición a la alternativa monárquica sino también a los intentos comunistas por inspirar organizaciones aparentemente más amplias. En el interior de España la llamada Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), formada por las mismas fechas, insistió mucho más en la celebración de elecciones libres que en el restablecimiento de las instituciones de 1931; más próxima a los monárquicos, la ANFD mostró también un inequívoco anticomunismo.

Había, pues, surgido un potencial enfrentamiento entre la ANFD y los republicanos exiliados que, como es natural, se intensificó cuando, en enero de 1945, se reunieron en México 72 de los diputados que habían formado parte de las Cortes del Frente Popular, con la adhesión adicional de otros 49. Fue Prieto entonces quien, esgrimiendo la disposición de acuerdo con la cual eran necesarios al menos 100 diputados para tomar decisiones, impugnó cualquier decisión que se tomara respecto de las instituciones republicanas. Ésta se produjo definitivamente en agosto de 1945 después de que representantes de la izquierda española vetaran, con ayuda de México, la presencia de la España de Franco en la ONU. En esa fecha, ante unas Cortes republicanas que ahora contaban con más asistentes, se produjo el definitivo restablecimiento de las instituciones republicanas: Martínez Barrio fue elegido presidente de la República y Negrín presentó ante él su dimisión. Quedaba así resuelto el pleito existente desde el final de la Guerra Civil pero no por ello se consiguió la unidad del campo republicano. Prieto vetó a Negrín como presidente del Gobierno y, cuando se formó un Gabinete presidido por Giral, tampoco quiso pertenecer a él. Por eso puede decirse que la República renacía con graves problemas de unidad.

Sólo a comienzos de noviembre Giral consiguió dar por finalizada la composición de su gobierno y, cuando dio cuenta de ella a las Cortes, se encontró conque Prieto, más al tanto de la realidad de las relaciones internacionales del momento y de las posibilidades de la oposición, no se recataba de dejar abiertas las posibilidades de otras opciones distintas de la legitimidad republicana. Giral no renunció a la violencia para conseguir el restablecimiento de las instituciones que representaba, pero en realidad se dedicó fundamentalmente a ampliar los apoyos de su Gobierno hacia la derecha, contando con republicanos de este signo, y hacia la izquierda, con la inclusión de los comunistas. Sin embargo, todo ello no resultó suficiente para conseguir el apoyo decidido de las naciones occidentales que, al pedir en marzo de 1946 un Gobierno de transición, indicaban que la democracia no se identificaba necesariamente con la República.

Antes de hacer referencia a lo sucedido entre 1946 y 1948, momento en que la oposición exiliada pudo tener el máximo de esperanzas en el restablecimiento de las instituciones de 1931, merece la pena referirse también a otras fuerzas de la oposición que vivieron una existencia prácticamente independiente en los años difíciles de la Segunda Guerra Mundial. El PCE, después de incrementar de forma considerabilísima su influencia política a lo largo de la Guerra Civil, al final de la misma fue acusado por el resto de la izquierda de sostener unas pretensiones hegemónicas incluso con la ayuda del uso de la violencia. La confrontación fue especialmente dura entre socialistas y comunistas y dejó a estos últimos aislados puesto que incluso Negrín sólo fue para ellos un aliado circunstancial, en especial cuando mantuvo una postura pro aliada durante la primera etapa de la guerra mundial, en tanto que los comunistas calificaban la guerra como «capitalista» en un momento en que todavía la URSS no se había alineado con los británicos. Ya durante el período posterior se produjo un primer cambio en la dirección del partido, cuando José Díaz se suicidó en 1942 y la dirección del mismo pasó de hecho a Dolores Ibárruri, Pasionaria; la tendencia representada por Jesús Hernández acabó siendo expulsada en 1944 para ser luego acusada de la peor herejía comunista de entonces, el «titismo», es decir, la adopción de una posición de autonomía frente a Moscú, cuando en realidad no parece haber existido en este personaje otra cosa que una rivalidad personal que en el caso de Hernández venía acompañada, además, por una indudable superioridad intelectual. Estas disputas se solventaron en Moscú pero no sólo fue la Unión Soviética el área de acción del comunismo hispano. En Sudamérica estuvieron buena parte de los dirigentes comunistas y, desde allí, a través de Portugal, consiguieron restablecer una cierta organización en el interior de España. Ya en 1941 y, más señaladamente, en 1942, los comunistas españoles propusieron la táctica de la «Unión Nacional» contra el franquismo con la que pretendían agrupar a sectores muy diversos, incluso de extrema derecha, bajo principios exclusivamente patrióticos y antifascistas. Pero, en realidad, los comunistas no consiguieron el apoyo de casi nadie. Resulta muy posible que las únicas discrepancias que, en el seno del PCE, se produjeron en la fase final de la Segunda Guerra Mundial tuvieran como razón de ser mucho más el predominio en la dirección de quienes estaban en el exterior o en el interior que cualquier tipo de diferencia ideológica.

Quiñones, que dirigió el partido entre 1940 y 1942, y Monzón, que lo sustituyó seguidamente, serían acusados de llevar a cabo una política fraccionalista y poco sumisa a la dirección exterior. Ésta, al cabo, consiguió imponerse y lo hizo incluso con el empleo de la violencia (uno de los dirigentes del interior, Trilla, fue ejecutado). En octubre de 1944, liberada Francia de la ocupación alemana, se intentó la invasión guerrillera a través del Valle de Aran, que fracasó por completo al no haber obtenido el apoyo de la población. Quien la organizó fue Monzón y el fracaso le sirvió a Santiago Carrillo, que durante los años anteriores había seguido un largo periplo por Sudamérica y España, para ascender en el liderazgo en Francia. Su acceso a la dirección del comunismo español en este país no significó, en realidad, un cambio táctico porque se mantuvo la actuación guerrillera: un dirigente de la resistencia antialemana en Francia, el español Cristino García, fue detenido en octubre de 1945 en España y ejecutado a comienzos de 1946, lo que produjo un considerable revuelo en Francia. La entrada de Carrillo en el Gobierno republicano pareció romper el aislamiento que hasta entonces había caracterizado al PCE, pero, como veremos, su presencia en aquél sólo se puede considerar como un paréntesis temporal y muy poco duradero, objeto de una pronta rectificación.

El comunismo español apenas había tenido fuerza en los años treinta en comparación con el anarquismo, pero esa situación cambió en la primera mitad de los cuarenta. La razón estriba en que en estos momentos se le planteó al anarquismo, definitivamente, el dilema de intervenir o no en política. Agravadas sus disputas por la división entre el exilio y el interior, surgía de nuevo la posibilidad de evolucionar hacia el sindicalismo puro o la intervención en política. Es muy posible que la CNT fuera predominante durante la primera oposición al franquismo y concretamente en el seno de la ANFD, lo que indicaría una hegemonía en el interior de la posición moderada y partidaria de la intervención en política. Como en el caso de socialistas y comunistas, los anarquistas contaron con una organización de rango nacional en la clandestinidad a la altura de 1944, pero parecen haber sufrido el impacto de la represión en un grado todavía mayor. A finales de 1945 fue encarcelada la novena ejecutiva nacional de la CNT, que había sido desmantelada por la policía de Franco.

Sólo en los momentos inmediatamente posteriores al final de la guerra mundial se planteó con toda crudeza la alternativa entre si debía implicarse en la actuación política o permanecer al margen de ella. Hubo anarquistas que llevaron su voluntad de actuación en el terreno de la política hasta el extremo de patrocinar la creación de un partido; otros no tuvieron inconveniente en figurar en los primeros Gobiernos de una República que en otro tiempo habían combatido y ahora pretendía haber resucitado sus instituciones. Frente a ellos, el sector más puramente ácrata (Federica Montseny y Germinal Esgleas) patrocinó la guerrilla y el atentado, con escasas posibilidades de conseguir algo por estos procedimientos, dada la carencia de apoyo externo que tuvieron siempre los anarquistas. Quienes han descrito su actuación la han calificado de «quijotesca», lo que es buena prueba de su inviabilidad. Muestra indudable de la perplejidad del anarquismo español es que algunos de sus dirigentes contactaran con la Falange más pura con el propósito de llegar a una colaboración que, finalmente, se vio globalmente frustrada. No obstante, en algunas localidades, o con algunos dirigentes, este colaboracionismo existió y contribuyó a estabilizar al régimen.

En cuanto a los movimientos nacionalistas, es posible detectar en todos ellos, como rasgo general, una tendencia hacia la radicalización en los años de la guerra mundial. Así sucedió en el caso de los nacionalistas vascos, ya se tratara de Irujo en Londres, creando un Consejo Nacional de Euskadi (que consideraba a ésta con unos límites geográficos tan amplios que llegaban al Moncayo) o de un Aguirre que en Estados Unidos defendía la autodeterminación para su pueblo. Lo mismo se puede afirmar del catalanismo. Ya en 1940 la creación de un Consell Nacional de Catalunya en el exterior y de un Front Nacional en el interior parece indicar que se consideraba agotado el grado de autonomismo que podía proporcionar el marco proporcionado por la Constitución de 1931. Claro está, sin embargo, que también la creación de estas dos fórmulas políticas pudo deberse a las dificultades nacidas del exilio. Es significativo también que en 1944 la coincidencia entre los nacionalismos periféricos llevara a la resurrección de la fórmula de «Galeuzca», la agrupación que con las sílabas de las nacionalidades históricas había unido a los jóvenes nacionalistas más radicales en los años veinte. Como es lógico esta evolución creaba de entrada una dificultad adicional a las instituciones republicanas reconstruidas en México.

Resumiendo lo hasta el momento indicado acerca de los grupos políticos de la izquierda se aprecia que la mayor ruptura con respecto al pasado se produjo, sin duda, en el exilio de nacionalistas vascos y catalanes. El PSOE fue refundado en un sentido democrático que había llegado a desdibujarse durante la República y la Guerra Civil mientras que la CNT, al querer volver a su pureza original, acentuó su incertidumbre.

En cuanto al PCE, pese a que con posterioridad quisiera datar en este momento el comienzo de su política de reconciliación nacional, la verdad es que era un partido aislado, principalmente dedicado a la actividad militar o guerrillera, cuya flexibilidad táctica, con bruscos cambios de postura, no llegó a facilitarle la credibilidad de las otras opciones políticas opositoras al franquismo.

En realidad hasta fines de 1945 o comienzos de 1946 puede decirse que la oposición exiliada o de izquierda simplemente sobrevivió. En esa última fecha, cuando la guerra mundial concluyó con la derrota de las potencias del Eje, la España de Franco, que había recibido un fundamental apoyo por su parte, pudo temer la desaparición del régimen mientras que los opositores creían entrever la luz al fondo del largo túnel por el que habían caminado durante tanto tiempo. La paradoja es, sin embargo, que todas esas circunstancias no presenciaron una mayor posibilidad de restablecimiento de las instituciones republicanas. Para muchos españoles, la República no sólo era una vuelta a la situación previa a la guerra, sino una inversión del resultado de esta última; por ello, ya desde 1946, la alternativa monárquica tuvo siempre más posibilidades de sustituir a Franco que la republicana. La primacía de la primera, por tanto, no se explica tan sólo por la posición de las naciones democráticas, en especial Gran Bretaña.

Desde sus momentos iniciales el Gobierno de Giral había tenido serios problemas, que durante 1946 no hicieron sino aumentar. En el interior de España los seguidores de la ANFD no eran muy proclives al legitimismo republicano, mientras que en los foros internacionales Giral no logró convencer a las naciones democráticas de que con Franco podía ocurrir lo mismo que con Hitler en el pasado, es decir, que se convirtiera en un peligro para la paz mundial. Giral no tenía razón objetivamente al hacer esta afirmación y la decisión de la ONU de tan sólo recomendar la retirada de los embajadores pudo ser considerada como una derrota por parte de los socialistas, crecientemente lanzados, de la mano de Indalecio Prieto, por la senda del posibilismo.

Así se explica la posterior formación de un Gobierno presidido por Rodolfo Llopis, ya a comienzos de 1947. Desde un principio el principal organizador del socialismo en Francia estaba condenado a un difícil equilibrio: pertenecía a un partido que era afín a las potencias democráticas y, por tanto, podía constituir una garantía para ellas, pero también debía intentar unir a toda la oposición exiliada y por esta razón incorporó a su gabinete a un representante del PCE, de quien le separaba un abismo.

Además, manteniendo todavía la oposición de los negrinistas, por más que constituyeran un grupo mínimo, quedaba en una situación ambigua respecto del legitimismo republicano y la posibilidad de acuerdo con los monárquicos. Llopis quería evitar, ante todo, que se estableciera en España un régimen sin el apoyo de los españoles, y deseaba llegar a la República sólo a través de la democracia, pero todo esto no bastaba para llegar a un acuerdo con los monárquicos. En agosto de 1947 la posición de Prieto, plenamente posibilista, triunfó en el seno del PSOE y con ello se hizo imposible el mantenimiento del Gobierno, aunque abriera la posibilidad de una apertura de la izquierda hacia los monárquicos.

El Gobierno republicano que se formó a continuación no contó con la presencia de negrinistas, comunistas o socialistas, es decir, de ninguna tendencia a la izquierda del republicanismo tradicional. Presidido por Álvaro de Albornoz, vino a ser una especie de representante del legitimismo republicano y, como tal, duró mucho tiempo, con varias modificaciones en su composición, pero también con la absoluta imposibilidad efectiva de dirigir la alternativa al franquismo. En efecto, a partir de 1947 el Gobierno republicano se limitó a permanecer en un segundo plano sin dejar de reivindicar en las instancias internacionales la legitimidad de las instituciones de la República, pero cada vez con posibilidades más reducidas de acción, por la sencilla razón de que la coyuntura internacional llevaba al enfrentamiento entre bloques y la financiación de las instituciones republicanas se reducía al mínimo. Ya en 1950 Albornoz debió recurrir a un préstamo para poder estar presente en Nueva York durante la reunión de la Asamblea de la ONU, muriendo unos años después en la miseria.

A partir de 1947 fue al PSOE, dirigido por Prieto, a quien le correspondió un papel predominante en la oposición exiliada. Su actitud había sido, quizá, la más clarividente de la izquierda, tanto por su forma de enfocar la situación española como por la de enfrentarse a la situación internacional. Pero eso no quiere decir que su victoria supusiera el triunfo de la alternativa opositora. Para que su estrategia triunfara no bastaba que hubiera reconstruido en 1939 un partido fragmentado hasta la exasperación o que mantuviera una radical oposición al comunismo, sino que, sobre todo, era imprescindible que encontrara una posibilidad real de colaboración con los monárquicos. La aproximación a ellos a lo largo de 1948 se demostró, sin embargo, insuficiente, aparte de producirse con excesiva lentitud como para que, de esta manera, se llegara a una alternativa eficaz. En las conversaciones celebradas en Francia en 1948 (en las que participaron junto con Prieto, Araquistain y Trifón Gómez) no se logró la aparición de una esperanza sólida de sustitución de Franco. Prieto no culpó a los dirigentes monárquicos, aunque luego ironizaría acerca de la cambiante posición de Don Juan; pensó, en todo caso, que el acercamiento de éste a Franco sólo beneficiaba a este último, pero probablemente no veía en lontananza otra solución que seguir en contacto con los monárquicos y tolerar, de momento, su cercanía a Franco.

Por el momento es preciso señalar que aunque Prieto rompió las negociaciones con los monárquicos, no emprendió una estrategia nueva, imposibilitada, en todo caso, cualquier otra, a la vez, por el anquilosamiento de los republicanos y por el estalinismo de los comunistas. Hasta 1951 el PSOE siguió manteniendo en sus congresos la necesidad de un acercamiento a los monárquicos, pero ya en noviembre del año anterior Prieto admitía que su «fracaso era completo». En los monárquicos vio ahora una renuencia radical a colaborar con el socialismo al mismo tiempo que apreciaba una creciente aversión en las potencias democráticas a la sola posibilidad de plantearse el problema español en el sentido de facilitar que fueran los españoles los dueños de su propio destino. A fines de 1951 las relaciones entre socialistas y monárquicos, que habían perdurado hasta esa fecha a través de un comité de enlace crecientemente inactivo, se interrumpieron definitivamente.

Si para los dirigentes emigrados del socialismo estos años fueron de decepción, los del interior experimentaron en sus carnes, después de un momento de esperanza, todo el peso de la represión. Entre 1944 y 1947 existió en el socialismo un cierto grado de organización interna pero después de este último año probablemente desapareciera ya cualquier forma de organismo directivo de carácter nacional. En realidad, el socialismo sólo actuaba a fines de los cuarenta en aquellas zonas en las que había tenido un sólido arraigo histórico (Madrid, País Vasco y Asturias) y, aun así, de forma un tanto inconexa. Por otro lado, aunque tenía un sólido apoyo exterior que le proporcionaba recursos económicos a la hora de las persecuciones, mantenía discrepancias entre su sector emigrado y el interior (este último estaba más próximo a los monárquicos). Los socialistas confiaron, sobre todo, en las potencias democráticas; su papel en la guerrilla fue menor que el de los comunistas y liquidaron los núcleos armados que tuvieron en Asturias a la altura de 1948. Eso, sin embargo, no les hizo evitar la dureza de la represión: aparte de la engendrada por la lucha antiguerrilla, en 1949 había en la cárcel tres comités nacionales que habían actuado de forma sucesiva y unos 1300 militantes. El fracaso de las esperanzas de modificar la situación tuvo una consecuencia inmediata en la reanudación de un nuevo exilio. Unas 10 000 personas cruzaron la frontera como consecuencia del mismo.

Principal protagonista de la guerrilla, aunque ésta no fuera iniciativa exclusiva suya, el PCE vivió en estos años una experiencia de aislamiento, en parte producto de la herencia de la Guerra Civil pero consecuencia también del estalinismo. Como en todos los partidos comunistas occidentales esta etapa supuso una absoluta sumisión a las directrices emanadas de Moscú, hasta el punto de que Santiago Carrillo empleaba expresiones como «estrella polar» para referirse a la Unión Soviética, mientras que Jorge Semprún decía que si ésta no existiera no merecería la pena vivir, y Alberti llamaba a Stalin «padre, camarada y maestro». Como en otros partidos comunistas europeos, el culto a la personalidad de Stalin tuvo su traducción nacional en la del líder propio, en este caso Dolores Ibárruri, cuyas efemérides biográficas eran celebradas con solemnidad y entusiasmo por los organismos del partido. La realidad es, sin embargo, que desde 1947, ausente en la Unión Soviética, había dejado la dirección del partido en manos de dirigentes más jóvenes en Francia, como Santiago Carrillo.

La peculiaridad fundamental del PCE en el seno de la oposición viene marcada por su defensa de la guerrilla. Dos militares de la época republicana, Modesto y Líster, tenían la misión de coordinar su acción, aunque en realidad quienes pertenecían a ella actuaron siempre con bastante independencia. Por otro lado, se ha atribuido a una decisión de Stalin en 1948 el que el PCE abandonara la táctica guerrillera, pero lo más probable es que fueran las circunstancias objetivas del interior de España las que indujeran de forma objetiva tal cambio. En cualquier caso, Stalin tan sólo hizo una indicación muy general respecto de la necesidad de hacer compatible esa actuación armada con la utilización de métodos legales. No puede decirse que este giro supusiera en absoluto el predominio del PCE en las huelgas que se produjeron en estos años que, como veremos, fueron en un elevado porcentaje espontáneas. Además, también continuó la lucha guerrillera, que no se desvaneció como por ensalmo. Ni los comunistas la controlaban por completo ni quienes se habían lanzado a ella podían rectificar de forma tan súbita su dedicación a ella.

Tanto o más que el apoyo a la guerrilla caracterizó al PCE de esta época el aislamiento y, además, el encasillamiento en una posición defensiva, típica de la época estaliniana, que suponía la purga permanente en el interior ante el temor a una infiltración. Todavía hasta 1947 el PCE convivió en el Gobierno republicano con otras fuerzas; su abandono se produjo al mismo tiempo —el hecho resulta significativo— que su marginación del Gobierno en otros países, como Bélgica, Francia e Italia. En 1948 fue eliminado, además, de los gobiernos autónomos catalán y vasco en el momento en que se producía el colapso de la democracia en Checoslovaquia. En 1950 el PCE fue declarado ilegal en Francia, lo que multiplicó la dispersión geográfica de su sector dirigente. Mientras tanto tenían lugar las purgas ideológicas que afectaron a la dirección anterior, a la que habría de ser la posterior o a las que supuestamente reflejaban en el partido español heterodoxias de otras latitudes. Así, Monzón y Quiñones fueron calificados de traidores, Jesús Hernández resultó «titista», y el mismo calificativo fue aplicado a Comorera, un dirigente del PSUC. El propio Santiago Carrillo sufrió por estos años un principio de depuración que concluyó sólo en autocrítica. Una buena muestra de la endofagia del partido se puede apreciar en el hecho de que, de los diecisiete diputados que el PCE tenía en las últimas Cortes republicanas, cuatro habían muerto por estas fechas, pero, además, diez lo habían abandonado por unas u otras razones.

Para concluir este epígrafe relativo a la oposición de izquierdas, es preciso hacer mención a aquellas formas de protesta vinculadas a ella, por lo menos desde la óptica del régimen. La guerrilla se desarrolló de forma espontánea en aquellas zonas en las que había una sólida tradición de izquierda o donde se produjo la dislocación de las últimas unidades del Ejército republicano; el temor a la represión y la orografía también contribuyeron a su nacimiento. Este género de guerrilleros, poco organizados y dotados de unos medios muy parcos, eran simples «huidos» o personas que «se habían tirado al monte». Con ellos los comunistas vertebraron luego una actividad armada dotada de algunos suministros pero que nunca fue realmente peligrosa para el régimen. Como Carrero le dijo a Franco en uno de sus informes se trataba mucho más de «bandolerismo» destinado a provocar robos y un ambiente de inseguridad que de una reacción ofensiva contra el régimen capaz de, por ejemplo, cortar las comunicaciones.

La actividad guerrillera fue importante entre 1946 y 1948, pero se redujo a un mínimo a partir de 1952, aunque todavía habría algún ejecutado por guerrillero a mediados de los cincuenta. Si el PCE no fue el único promotor de la guerrilla en esos años resultó, sin embargo, su principal punto de apoyo: la agrupación guerrillera más activa, situada en Levante, entre Teruel, Cuenca, Castellón y Valencia, dependía de los recursos que llegaban de Francia.

Merece la pena precisar en qué consistió exactamente la actividad guerrillera, porque de una forma que resultaría muy anacrónica se la puede identificar con la lucha por la independencia en contra de las potencias coloniales en el Tercer Mundo. A diferencia de la guerrilla de estas latitudes careció de apoyo sistemático por parte de la población, no pudo contar con ayuda más allá de una frontera, ni emprender ofensiva alguna, manteniéndose tan sólo con pequeños golpes de mano en zonas aisladas y pobres. Las estadísticas de las fuerzas del orden dan idea de en qué consistían sus acciones: asesinatos, secuestros, sabotajes o atracos, a lo sumo alguna ocupación, por corto espacio de tiempo, de una pequeña población. Los guerrilleros no formaron grandes unidades sino pequeñas partidas que permanecían ocultas durante el día y atacaban por la noche. Por eso resulta prácticamente imposible hacer una narración de las operaciones guerrilleras, que concluirían en una larguísima enumeración de anécdotas, como el secuestro de alguna personalidad, luego relevante en el régimen de Franco, como el que fuera ministro de Comercio, Arburúa. Por tanto, más que hacer la historia de la guerrilla hay que remitirse a su geografía y a un balance general de su actuación. En la zona de Levante, como queda dicho, fue donde tuvo mayor impacto, pero también en Galicia, Sierra Morena, Granada y Asturias. Murieron unos 2200 guerrilleros en los combates, mientras que la Guardia Civil, principal encargada de combatirlos, perdió 250 números situándose las pérdidas totales de las fuerzas del orden en torno a las 300 personas. Por los dos lados la lucha se caracterizó por una indudable ferocidad: los guerrilleros aplicaban procedimientos terroristas ejecutando a los supuestos o reales partidarios del régimen, mientras que las tácticas de contrainsurgencia del régimen incluían torturas y aplicación de la «ley de fugas». El propio Carrero propuso recurrir a las «palizas» como método habitual para batir contra el terror adversario.

Tampoco cabe establecer una distinción radical entre la guerrilla y la protesta obrera en las fábricas, como si ambas fueran incompatibles: de hecho, las primeras huelgas en la España de Franco se produjeron en pleno auge de la guerrilla y a veces no fueron actos pacíficos sino que resultaron compatibles con la violencia. Ya en 194 5, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se dieron algunas huelgas en Cataluña, pero una mayor significación cabe atribuir a la que tuvo lugar en mayo de 1947 en el País Vasco, principalmente en Vizcaya. En ella colaboraron la UGT y la CNT, pero también el sindicato nacionalista vasco y las respectivas fuerzas políticas que apoyaban esos movimientos; hubo, además, algunos actos de violencia. Estas dos regiones, junto con Asturias, constituyen casos un tanto especiales por cuanto eran zonas con fuerte tradición de protesta obrera que, además, estaba destinada a prolongarse en el tiempo.

De ellas fue Asturias la que, hasta la década de los sesenta, mantuvo el protagonismo de la protesta obrera en España. Razones exclusivas de la región lo facilitaban. Desde el comienzo del nuevo régimen se registró un crecimiento sostenido de la extracción de carbón, de modo que la producción se duplicó y ya en 1952 el número de mineros superaba los 90 000, cuando en 1935 eran tan sólo 44 000. La existencia de un fuerte proteccionismo fomentó la aparición de numerosas empresas y de esta manera la atomización implicó desde el punto de vista técnico un bajo grado de modernización. Pero lo que nos interesa es el régimen de trabajo a que se vieron sometidos los mineros. Existió desde la Guerra Civil, pero también en la época posterior, una auténtica militarización de la vida laboral que implicaba, por ejemplo, arrestos en caso de inasistencia al trabajo. Aunque en la España de la época el salario del minero estaba muy por encima de la media, en la práctica hasta fechas muy tardías tan sólo alcanzaba a cubrir las necesidades alimenticias. El carácter compulsivo del trabajo hizo que la productividad disminuyera del orden de un séptimo con respecto a la época precedente. Si se tiene en cuenta la coincidencia de todos estos factores con la falta de modernización se explica la elevada siniestralidad. Entre 1941 y 1959 murieron, como consecuencia de accidentes de trabajo, más de 1500 mineros en Asturias y unos 750 en León y Falencia.

Pese a todo, aunque se produjeron casos de protesta, fueron espontáneos, aislados e inconexos, calificativos todos ellos que resultan válidos para el conjunto de este fenómeno en toda España. En realidad lo que explica esta situación es la conciencia de la derrota y el miedo a la represión. El alcalde de Sabadell, ciudad industrial por excelencia, él mismo importante patrono textil de una fábrica con más de un millar de trabajadores, pudo constatarlo en sus memorias: «El obrero, aunque no exteriorizaba sus pensamientos, tenía la sensación y el encubierto temor de que no tardaría en caer en una nueva era de esclavitud en el trabajo». De los ejecutados en Asturias tras la guerra algo más de la mitad eran mineros y a mediados de los años cuarenta parecen haber existido casos de muerte de detenidos en comisarías: por lo tanto no se debe pensar que la labor realizada por el nuevo régimen en el terreno social consiguiera atraer a un número muy elevado de antiguos dirigentes sindicales. Ni siquiera entre las nuevas generaciones, menos influidas por el pasado, se logró esta atracción. Pero no cabe dudar de la voluntad del régimen de intervenir en las cuestiones sociales, en parte porque el Nuevo Estado fue muy intervencionista en todas las materias y en parte también porque sentía la vocación de «nacionalizar» las masas proletarias.

Otra cosa es, sin embargo, que en ese propósito hubiera un deseo sincero de atender los deseos espontáneos de los trabajadores o que los propósitos oficiales estuvieran bien enfocados o resultaran simplemente coherentes. Las primeras elecciones de enlaces sindicales tuvieron lugar en 1944 pero parecen haber sido totalmente ficticias, muy de acuerdo con el espíritu radicalmente antidemocrático del momento.

Derivación de ellas fue el Congreso Nacional de Trabajadores de 1946, en el que se aprobaron medidas «revolucionarias» dirigidas, por ejemplo, a la nacionalización de la banca. En 1947 se crearon los jurados de empresa, de los que cabe decir algo parecido a los enlaces sindicales. En general la Organización Sindical, que no integró a los trabajadores pero tampoco tuvo la simpatía del empresariado, adquirió un papel en las relaciones laborales que derivaba de la relevancia otorgada por las disposiciones legales. Tanto el trabajador como el patrono debían recurrir a ella porque así lo imponía la legislación.

Todas estas realidades contribuyen a explicar la inexistencia de una protesta social coordinada en el conjunto de España pero la razón más importante radica, sin la menor duda, en la omnipresente represión. En este contexto lo sucedido en la capital catalana al comienzo de la década de los cincuenta reviste un gran interés por lo que tiene de novedad radical. La huelga de tranvías barceloneses de marzo de 1951 fue un conflicto que no inició ninguna de las organizaciones clandestinas sino que fue consecuencia de una reivindicación no política sobre el precio del transporte público, que había subido un 40 por 100, mucho más que en Madrid. Llegó a suponer la práctica paralización de los tranvías durante algunos días, aparte del éxito complementario de dividir a quienes ejercían el poder en la capital catalana (la Falange chocó con un gobernador al que consideraban como demasiado poco afecto). Las autoridades de toda la provincia tuvieron la impresión de que se reproducía la agitación social del tiempo republicano. La oleada huelguística se extendió desde Barcelona al País Vasco y pudo originar en las fuerzas opositoras al régimen la sensación de que existía un potencial de protesta obrera no necesariamente vinculado a la política, que más adelante constituiría un motor principal de la oposición contra el régimen. Por otro lado, en ella, junto a sectores puramente obreristas, habían colaborado miembros de las organizaciones católicas. Todos estos factores —que, en parte, explican la posterior crisis ministerial de abril de 1951— nos introducen al mismo tiempo en un mundo de protesta social que habría de tener un futuro muy prometedor.

El gran momento de la alternativa monárquica

Como ya hemos visto, la personalidad más clarividente y activa de la izquierda española del momento, Indalecio Prieto, aunque su trayectoria política se había caracterizado precisamente por la proximidad al republicanismo, fue plenamente consciente en este momento de que la posibilidad de sustitución del régimen de Franco pasaba, precisamente, por llegar a un acuerdo con los monárquicos; por su parte, las potencias democráticas occidentales, aunque con matices, estaban de acuerdo también en una transición hacia la democracia a partir precisamente de la aceptación, en la Monarquía, de una reconciliación de todos los españoles enfrentados por la Guerra Civil. Resulta, por tanto, imprescindible referirse a la alternativa monárquica, y es preciso hacerlo además de forma separada de la historia política del régimen, pues si durante la Segunda Guerra Mundial pudo atraer las esperanzas de un sector del mismo hacia su institucionalización, ahora ya representaba de manera inequívoca una ruptura respecto del mismo, aunque pretendiera hacerlo por el procedimiento de la transición pacífica. Si hubo una ocasión en que el régimen franquista pudo ser sustituido, ésta se produjo en 1946 y, caso de producirse esta sustitución, hubiera sido la Monarquía de Don Juan la que lo habría relevado. Todo ello obliga a explicar lo ocurrido en esta fecha con cierto detenimiento.

A lo largo de 1945, después del manifiesto de Lausanne, menudearon entre Suiza y España los emisarios de Don Juan y Franco pero lo cierto es, sin embargo, que las posibilidades de acuerdo entre ambos fueron siempre muy limitadas debido a las diferencias sustanciales que los separaban. El dictador pedía que la Monarquía encarnara «las esencias antiliberales de nuestra Cruzada» e incluso no tenía inconveniente en equiparar la posición de Don Juan a la simple traición. Ni por un momento pensó en que debía abandonar el poder sino que se aferró de forma decidida a él. Tenía la posibilidad de utilizar armas poderosas en contra de la Restauración: podía movilizar contra ella a los militares más jóvenes o a algunos antiguos monárquicos de edad y desde un principio parece haber optado también por la eventualidad de complicar cualquier posible restauración por el procedimiento de multiplicar el número de posibles candidatos. Pero su gran arma fue el sentido del tiempo y la lentitud en la acción. Quien habló con Franco por estos días descubrió que estaba dispuesto a actuar «con mucho tacto pero sin prisa» y confirmó que era un maestro en «el paso lento y la marcha atrás». La mejor prueba de ello es que su entrevista con el hijo de Alfonso XIII, que todo el mundo consideraba en este momento inaplazable, se llevó a cabo dos años y medio después, cuando ya le tenía en sus manos.

Por su parte, la Monarquía de Don Juan podía representar una fórmula constitucional homologable a las restantes naciones europeas, aún lo suficientemente imprecisa como para intentar cobijar a toda la derecha española, a la mayor parte de la cual debía procurar atraer a una fórmula de convivencia con la izquierda derrotada en la Guerra Civil. A pesar de todos los contactos citados existió un malentendido absoluto incluso respecto del traslado de Don Juan de Borbón, en febrero de 1946, desde Suiza a Portugal. Su llegada al vecino país causó en España una enorme conmoción. Un importante elenco de personalidades, entre las que figuraban veinte ex ministros, diplomáticos, aristócratas, militares y los cinco banqueros más importantes dirigió al que ya entonces se presagiaba como futuro Rey un escrito conocido como el «saluda» (por el verbo con que se iniciaba), que testimonia que los apoyos de Franco eran menores de lo que pudiera pensarse, aunque él mismo los multiplicara por el procedimiento de recurrir a la resistencia numantina. En efecto, una buena parte de los firmantes no hacía sino apuntarse a una fórmula que parecía imponerse de acuerdo con la situación internacional pero estaba poco dispuesta a apostar por ella hasta las últimas consecuencias. Así empezó a verse cuando, días después de la llegada de Don Juan a Estoril, Franco rompió cualquier tipo de relación con él. Estaba indignado por ésta cercanía que parecía hacer presente la posibilidad de un relevo en la jefatura del Estado. En los escritos que Carrero le dirigió por entonces se aprecia de forma palmaria la indignación de ambos contra «el pequeño sector de los salones bien» caracterizados por el «esnobismo, la frivolidad y la estulticia». Ambos parecen haber pensado que aquél a quien designaban como «el pretendiente» ponía en peligro la victoria en la Guerra Civil. Éstos fueron también los momentos en que Franco se pronunció contra los monárquicos de la forma violenta que ya conocemos.

Tuvo entonces la causa monárquica que realizar un «doble juego» que, como escribió Gil Robles, fue de dificultad tan manifiesta que concluyó por no fructificar. Se trataba de, por un lado, resquebrajar la apoyadura social del régimen atrayendo a aquellos sectores que en la Guerra Civil habían estado al lado de Franco y, al mismo tiempo, llegar a un acuerdo con la izquierda no comunista sobre un marco constitucional de convivencia. Es cierto, además, que Don Juan de Borbón titubeó en más de una ocasión y que repetidas veces dio la sensación de no saber a qué carta quedarse. Pero, aunque se puede aceptar que estuvo influido por consejeros muy divergentes en lo fundamental lo cierto también es que la heterogeneidad de los monárquicos y la incertidumbre sobre el método para sustituir a Franco constituyen los factores esenciales que permiten explicar su fracaso. El «doble juego» da la impresión de frivolidad pero, en realidad, la posición de Don Juan fue siempre muy abnegada: hizo lo que creyó que debía hacer incluso teniendo en ocasiones de escepticismo su acción por la conciencia de que muchos no la comprendían. En definitiva, si Franco no fue sustituido, la razón estriba en que a un dictador alzado con el poder en una Guerra Civil es muy difícil desplazarle como no sea mediante otra guerra civil.

Esta «doble política» tuvo su comienzo mediante un intento simultáneo de atracción de la derecha y la izquierda en los primeros meses de 1946. En febrero de 1946 se firmaron las llamadas «Bases de Estoril» por las que una parte del carlismo, dirigida por Rodezno, se incorporó a la causa de Don Juan después de suscribir unas bases ideológicas en las que al mencionarse «sanas instituciones representativas» se evitaba la sensación de que se repudiara radicalmente el liberalismo. Al mismo tiempo tenían lugar contactos con la izquierda moderada en el interior de España a través del general Aranda, que acabó siendo confinado (por su parte, los también generales Kindelán y Ponte habían sido pasados a la reserva). A lo largo de ese mismo año tuvieron lugar, además, contactos entre dirigentes de la CNT y de la ANFD y quienes llevaban la causa monárquica, principalmente en Portugal. Resulta, sin embargo, muy probable que en estos meses la causa monárquica actuara con exceso de parsimonia porque Franco tomó en los siguientes una iniciativa que ya no volvió a perder. Debe recordarse, al mismo tiempo, que la posición de los socialistas no fue posibilista sino muy tardíamente.

El franquismo, además, se vio beneficiado por una peculiar reacción de la opinión pública española. La posición de las potencias democráticas al condenar al régimen no fue bien entendida por la parte de la sociedad española que apoyaba a Franco, con el resultado de que éste pudo estimular una actitud de resistencia numantina que sabía que en última instancia no era necesaria puesto que no se iba a producir en ningún momento una intervención militar de los vencedores en la guerra. Esta percepción la tuvieron muy pronto tanto Carrero como Franco y jugó un papel fundamental en sus decisiones. En este ambiente se produjo la comunicación a Don Juan de la Ley de Sucesión, sobre la que no había podido emitir juicio alguno hasta el momento de su aprobación. La conversación que tuvo con Carrero, encargado por Franco de comunicarle la decisión, no puede ser más significativa. Don Juan se quejó de que el texto suponía la implantación de la monarquía electiva y el consejero de Franco le repuso que en una guerra civil no se podía estar a caballo entre las trincheras. «No podrán ustedes», repuso el primero aludiendo a las dificultades que tendrían de cara a la opinión pública internacional. En eso, sin embargo, se equivocaba. Don Juan, que por un momento dudó si ir a España para conversar con el jefe del Estado, finalmente renunció a ello y publicó un manifiesto reivindicando la legitimidad dinástica y manifestando su repudio de lo que era una Monarquía electiva con un solo elector, el propio Franco.

Sus posteriores declaraciones al periódico británico The Observer tuvieron, sin embargo, el inconveniente de chocar con la opinión pública monárquica del interior de España. En ellas la Monarquía aparecía como superadora de la Guerra Civil y restauradora de las libertades. Además —y esto era lo más grave para los sectores conservadores—, don Juan afirmaba que no tenía contactos partidistas pero que sí permitía que los tuvieran sus seguidores, incluso con quienes combatieron en el otro bando durante la Guerra Civil. El aparente giro a la izquierda que significaba esta toma de postura —en realidad estaba ya implícito que de esta manera habría de actuar inevitablemente la Monarquía, una vez restaurada— fue ratificado por la entrevista entre Gil Robles y Prieto en una reunión celebrada en Londres en octubre de 1947.

Aunque los dos dirigentes insistían ante sus seguidores en las discrepancias que los habían separado, la verdad es que coincidían en el restablecimiento de las libertades, la amnistía y la integración en Europa, es decir, en lo verdaderamente esencial. Ambos eran posibilistas y habían tenido tras de sí a dos de los principales grupos políticos de los años treinta.

Las discrepancias residían en que Prieto quería un Gobierno sin signo institucional mientras que Gil Robles deseaba una restauración hecha por el mismo Franco y luego sometida a la ratificación ante los españoles. Prieto insistía más en dejar desde un principio plena libertad a los comunistas mientras que Gil Robles hacía hincapié en el papel mediador que, en la transición hacia la libertad, podía desempeñar el Vaticano. Pero no existía una diferencia sustancial en el resultado final. De nuevo, ante la aparición de estas noticias en la prensa española, acompañadas de la correspondiente propaganda, siguió una actitud en la masa conservadora del país de absoluta y total cerrazón a toda posibilidad de cambio. El alejamiento de la posibilidad inmediata de llegar a la restauración, el problema de la formación de Don Juan Carlos, su primogénito, y la propia división de los monárquicos hizo que a partir de 1948 Don Juan intentara otra estrategia.

Consistió ésta en el acercamiento directo a Franco como si sólo mediante el acuerdo con él fuera posible la restauración de las instituciones monárquicas. Hubo, al mismo tiempo, un cambio en los consejeros de Don Juan. Si antes habían sido de manera primordial Sainz Rodríguez y Gil Robles, ahora pasaron a ser el duque de Sotomayor y Julio Danvila. Fueron ellos, sirviendo de mediadores con Franco, y no el hijo de Alfonso XIII, quienes tomaron la iniciativa. De esta manera se llegó a la entrevista del Azor, celebrada en aguas vascas en agosto de 1948. Como en el resto de las entrevistas celebradas entre Franco y Don Juan, lo más importante de ésta no residió en su contenido en sí, que probablemente no pasó de consistir en vagas promesas por parte de Franco, unidas a la recomendación de paciencia y de confianza en su persona. Mucho más trascendente fue, sin embargo, el propio hecho de que la entrevista se hubiera celebrado, porque para los exiliados el representante de la Monarquía aparecía ahora totalmente identificado con el vencedor en la Guerra Civil. Don Juan, sin embargo, comentó ante sus seguidores que se había sentido obligado a hablar con Franco porque su hijo debía educarse en España. «¿A quién de los dos le saldrá el tiro por la culata?», se preguntó refiriéndose a Franco y a él mismo. «Dios dirá», concluyó Por contradictorio que parezca, los dirigentes monárquicos no consideraron incompatible ese acercamiento a Franco y el mantenimiento de conversaciones con los socialistas. Incluso éstos estuvieron dispuestos, a regañadientes, a aceptar esta duplicidad cuando la conocieron. En el mismo momento en que estaban teniendo lugar las conversaciones entre Franco y Don Juan, representantes monárquicos y socialistas se entrevistaban en San Juan de Luz, a pocos kilómetros. Los primeros hubieran querido que los socialistas aceptaran una especie de ministerio-regencia que habría de ser el destinado a hacer la transición; fracasaron en su empeño pero constataron, al mismo tiempo, que por lo menos coincidían con sus interlocutores en el resultado mismo de esa transición, una democracia asimilable a las europeas. Desde una perspectiva actual parece evidente que el procedimiento era lo de menos y que la verdadera cuestión residía en la voluntad de Franco de aferrarse al poder, ante la que daba lo mismo cuál fuera la estrategia que se adoptara.

El hecho es que a finales de 1948 las esperanzas de restauración monárquica fueron disipándose, mientras que se producía un lento caminar de esta causa hacia un colaboracionismo meridianamente claro con el régimen. Lo que los socialistas presentaron como el «pacto de San Juan de Luz», los monárquicos dijeron luego que había sido tan sólo una coincidencia de criterios en un momento como el de la guerra fría, en que cualquier tipo de contemporización con la izquierda a los ojos de los más conservadores parecía una entrega a los comunistas. La presión de las potencias democráticas se había ya reducido a la nada y la perplejidad reinaba en las filas monárquicas. A la altura de 1951 las posibilidades de acuerdo entre monárquicos y socialistas se habían desvanecido, mientras que quienes habían aconsejado a Don Juan una táctica de distanciamiento respecto del franquismo se encontraban con la duda de marginarse por completo o aceptar que la causa monárquica necesariamente estaba obligada a actuaciones aparentemente contradictorias.

A fines de 1951, cuando ya había sido nombrado el nuevo Gobierno de Franco, al que un portavoz monárquico no dudó en calificar como el «más totalitario» que nunca había tenido, Don Juan debía ser ya consciente de lo inevitable de la colaboración con Franco, pues hizo unas declaraciones en las que afirmó su deseo de ponerse de acuerdo con él al mismo tiempo que recordaba que había querido servir a su causa durante la Guerra Civil. Estas afirmaciones, producto del escepticismo, cierran la etapa en que la posibilidad de restablecimiento de las instituciones monárquicas estuvo más próxima a traducirse en la realidad. Hubo, además, un testimonio bien patente del acuerdo al que en la práctica habían llegado Franco y Don Juan. En noviembre de 1948, Don Juan Carlos fue enviado a España, una decisión que era inevitable, pues hasta el momento se había educado muy lejos de ella e incluso tenía ciertos problemas con el idioma, y que al mismo tiempo suponía la sustitución de los consejeros antifranquistas que hasta entonces había tenido la Monarquía por otros más cercanos a los círculos gubernamentales. De nuevo se convirtió en una cuestión política la educación del Príncipe cuando, acabado el bachillerato, se planteó si tenía que continuar sus estudios en España o debía hacerlo en el extranjero. Los consejeros más cercanos a Don Juan hubieran preferido una Universidad extranjera o la española de Salamanca, pero el sector más colaboracionista con Franco acabó imponiéndose y éste, de hecho, pudo controlar la formación de quien con el paso del tiempo habría de convertirse en Rey de España. La realidad era, sin embargo, que entre padre e hijo hubo siempre una especie de «pacto de familia» para cumplir un idéntico programa aunque las apariencias no lo desvelaran por el momento. Así se demostró en efecto a partir de 1975, es decir, treinta años después del gran momento de la alternativa monárquica. La transición hacia la democracia admite, en efecto, muchas comparaciones con lo acontecido en aquellas fechas. Para los monárquicos de 1945, incluido el propio Don Juan, la democracia era más irremediable que deseable pero sin duda hubieran llegado a ella en el caso de haber triunfado y de haber conseguido la restauración. Además de este período derivó para la Monarquía otro resultado positivo: se había convertido en la alternativa fundamental al régimen y siempre lo seguiría siendo, aunque las alternativas entre confrontación y colaboracionismo la desgastaran de forma considerable en más de una ocasión.

Franco, aislado

A lo largo de las páginas precedentes hemos podido comprobar hasta qué punto la política exterior jugó un papel decisivo durante los años posteriores a 1945 tanto en lo que respecta a las posibilidades de supervivencia del régimen como en lo que atañe a las esperanzas de la oposición. El aislamiento de Franco, como ya hemos visto, no se inició, en realidad, con el final de la Segunda Guerra Mundial sino que lo precedió pero se hizo muy grave precisamente a partir de este momento y en su inmensa mayor parte la culpa la tuvo el propio Franco. En efecto, la causa principal del aislamiento del régimen no fue tanto su colaboración con el Eje sino el mantenimiento de un sistema político que en la práctica en nada había evolucionado desde sus orígenes, en 1939. Si España hubiera prescindido de Franco y evolucionado como lo hizo Turquía es posible que su colaboracionismo pasado con el Eje hubiera sido olvidado. Algo parecido hubiera podido ocurrir si hubiera dado un vuelco más radical a su postura, como sucedió en Brasil, donde, pese a ello, Getulio Vargas debió abandonar el poder, o si hubiese optado en el pasado por una neutralidad sincera como Salazar en Portugal que, además, sin perder el control del poder, optó por una política de apertura incluso permitiendo el pluralismo político. Pero todas estas circunstancias no se dieron en el caso de la España de Franco. Además, en el momento de producirse la paz, todavía se consideraba posible el mantenimiento de una colaboración sin tensiones entre las potencias democráticas y la Unión Soviética. Los aliados democráticos, en especial Estados Unidos, confiaban mucho en la nueva ordenación de las relaciones internacionales a través de la Organización de las Naciones Unidas, lo que implicaba para ellos una actitud muy receptiva respecto de las propuestas de la Unión Soviética dispuesta a proseguir la lucha contra el fascismo derribando a Franco. En el fondo Stalin, como éste, veía la guerra mundial como la continuación del conflicto español.

Como se ha indicado, a pesar de las triunfalistas declaraciones de los portavoces del régimen, los indicios de dificultades diplomáticas eran evidentes antes de concluir el conflicto. En el verano de 1945 se reunió en San Francisco una conferencia internacional de la que saldría la Organización de las Naciones Unidas. El Gobierno español no fue invitado y el delegado mexicano, aludiendo al caso concreto de nuestro país, propuso que en el futuro no fueran admitidos en la Organización aquellos regímenes que hubieran sido establecidos con la ayuda de potencias fascistas: no podía resultar más clara la referencia a la España de Franco. Esta moción fue aprobada pero, en realidad, no suponía un peligro inmediato para el régimen del general Franco. En cambio sí lo representaba el hecho de que los «cuatro grandes», reunidos en Postdam no mucho tiempo después, aprobaran, por sugerencia de Stalin, una declaración de acuerdo con la cual no admitirían ninguna solicitud de admisión de España en la ONU mientras que el régimen siguiera siendo semejante al de los países fascistas que acababan de ser derrotados. Por su parte, el Gobierno de Franco dio publicidad a una nota en la que afirmaba que «no mendigaría» ningún puesto en los organismos internacionales.

Además, a lo largo de 1945, el modestísimo intento de expansión imperialista española que había tenido lugar en la etapa precedente concluyó de una manera un tanto lamentable. España no fue admitida a la conferencia internacional sobre la administración de Tánger, donde estuvo la Unión Soviética, aunque luego siguiera participando en la administración de la ciudad.

A estas alturas, Franco ya había iniciado las medidas cosméticas en política interna. Éstas formaban parte de la respuesta del régimen ante la presión exterior que, para ser analizada en toda su amplitud, requiere un previo examen de sus protagonistas principales. Siempre en el régimen franquista le correspondió a quien le daba nombre un papel fundamental en la dirección de la política exterior, pero esta afirmación resulta especialmente cierta en un momento como éste, en que se jugaba su posible mantenimiento en el poder. En esta responsabilidad Franco no mostró ni generosidad personal, ni visión de verdadero estadista, pero en cambio, sin la menor duda, fue capaz de hacer un análisis acertado del panorama internacional al juzgar que no podía durar la colaboración entre los países democráticos y la Unión Soviética y dio pruebas sobradas de su habitual sangre fría en la dirección de la política. En realidad, si su política exterior en estos difíciles momentos pudo triunfar se debió en buena medida a su simplicidad: no era otra cosa que la traducción al marco internacional del «orden, unidad y aguantar» de Carrero en la política interna. Establecida como prioridad fundamental el mantenimiento del régimen, todo estuvo dirigido a este fin. La política exterior consistió, pues, en repetir incansablemente que España era una nación con una Constitución abierta y evolutiva, capaz de homologarse con la de los restantes países europeos, pero también con peculiaridades que impedían la existencia de partidos políticos. La Guerra Civil habría sido un episodio de la lucha contra el comunismo y el régimen habría sido estrictamente neutral durante la misma. En el interior se solía añadir a estos argumentos otro consistente en pretender que desde el exterior se intentaba un intervencionismo que, como escribió Ginés de Buitrago (seudónimo de Carrero), pretendería «cocer» gobiernos españoles en Londres. Este último argumento tuvo un considerable éxito en España pero, en cambio, no se puede decir ni remotamente lo mismo respecto del impacto exterior de las tesis defendidas por Franco, que no convencieron a ninguno de sus adversarios. Tampoco puede decirse que lo hiciera la gestión diplomática en la que se apoyó Franco para la defensa de su imagen externa.

Pero esta política, en su simplicidad, tuvo su lógica y estuvo absolutamente trabada, aunque resultara siempre un ejercicio de extremado voluntarismo y abundara en declaraciones grotescas que a nadie convencían.

Muchos de los diplomáticos españoles de la época se daban perfectamente cuenta de que sólo una desaparición de los aspectos más notoriamente dictatoriales del régimen sería capaz de aliviarle de esa presión externa. Lo mismo, en definitiva, pensaba en un principio Martín Artajo quien, al final, sirvió tan sólo como instrumento aunque también proporcionó al régimen uno de sus grandes argumentos, la identificación con la causa católica. No obstante, ni todos los católicos de otras latitudes apoyaron al franquismo ni éste fue el único argumento empleado por el régimen. En efecto, Lequerica, nombrado inspector de embajadas y de hecho representante de Franco en Estados Unidos, utilizó otro tipo de argumentación, basada en los intereses materiales y en el propio juego interno de la política norteamericana. Para él era esencial estar en la permanente «batalla de pasillos e intrigas», característica de la política norteamericana, e imprescindible, si no corromper, por lo menos «ayudar a empresas», para lo que sobre todo habría de servir el partido republicano, al que describió, con palabras significativas como un grupo «sin pasiones fanáticas, administrativo y económico». En otro plano de la cuestión, se debe tener en cuenta que los intereses materiales jugaron en estos momentos un papel importante en beneficio de Franco. Eran los tiempos de la reconstrucción de una Europa duramente azotada por la guerra y, por más que España partiera de una situación lamentable, disponía de recursos que les podían ser necesarios a los vencedores para aquel propósito fundamental.

Francia, por ejemplo, necesitaba la flota española para su comercio y en Gran Bretaña se llegó a decir que sólo España podía proporcionar frutos frescos a los niños. La realidad es que hubo siempre otras posibilidades.

Vistos ya los limitados recursos materiales, personales y doctrinales de los que se sirvió el franquismo podemos pasar a narrar el proceso de aislamiento. Era tan obvio que iba a producirse que durante la última fase de la guerra mundial, a pesar de sus declaraciones, en la práctica el régimen trató de adecuarse a la previsible situación que se iba a producir en la Europa de la época. De ahí las facilidades concedidas a la navegación aérea norteamericana que, en términos estrictos, violaban una neutralidad efectiva. Pero todo ello fue demasiado tardío y poco convincente. En los primeros meses de 1946 la situación diplomática española empeoró gravemente. Panamá pidió que los países miembros de la ONU ajustaran sus relaciones con España a lo dispuesto en las conferencias de San Francisco y Postdam. Francia, que recordaba todavía el impacto sobre la opinión pública de la Guerra Civil española y cuya política estaba muy influida por la izquierda, cerró la frontera española. Pudo dar la impresión de que el régimen tenía sus días contados y ello explica a la vez la efervescencia de los monárquicos y la nerviosa actitud defensiva de Franco, pero casi al mismo tiempo los gobernantes occidentales dejaron bien claro que sus preocupaciones nacían de otra potencia mucho más poderosa, la Unión Soviética. Las primeras referencias al llamado «telón de acero» datan de estas fechas. En marzo de 1946, precisamente para evitar alinearse por completo con la Unión Soviética, los aliados occidentales (Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos) hicieron una declaración que expresaba a la vez su deseo de que cambiara la situación española y de que no se reprodujera la Guerra Civil. Las potencias democráticas manifestaron entonces su voluntad de no interferir en la política española, de que Franco se retirara, la Falange fuera abolida y se formara un gobierno provisional (que, por lo tanto, no necesariamente habría de ser republicano). En el fondo daba ya la sensación de que aceptarían una fórmula de evolución muy modesta. «Lo más que podemos esperar —escribió un diplomático británico—, es una modificación del presente régimen y la supresión de sus elementos más reprobables».

Pero este planteamiento más moderado fue inmediatamente radicalizado en la ONU. En abril de ese mismo año Polonia, un país en el que la influencia soviética era ya determinante, afirmó que la existencia de un régimen como el de Franco constituía un peligro para la paz mundial. La verdad es que las afirmaciones del delegado polaco eran manifiestamente exageradas pues, en realidad, el régimen estaba estrictamente a la defensiva, y ni remotamente tenía la capacidad o el deseo de invadir Francia y si pudo ocultar a algunos colaboradores de los nazis también entregó a otros. En Ocaña, donde, según el delegado polaco, se estaban fabricando bombas atómicas, en realidad lo único que se producían eran ladrillos. Lo que los países comunistas hubieran deseado era que las Naciones Unidas no sólo hubieran roto sus relaciones diplomáticas con la España de Franco sino también las económicas. La resolución a la que se llegó fue, sin embargo, más limitada, aunque era también más amplia que la aprobada en su momento por los países democráticos. Tras una larga tramitación de la misma, en diciembre de 1946 España fue expulsada de todos los organismos internacionales recomendándose que los embajadores acreditados en Madrid fueran llamados a sus países respectivos al tiempo que se amenazaba con la adopción de otras medidas complementarias en el caso de que la situación no cambiara.

Ya sabemos que tales medidas produjeron cuando se conocieron en España una reacción de «numantismo». Eran, por supuesto, el mejor testimonio del aislamiento del régimen de Franco en estos momentos: sólo hubo seis votos negativos, todos ellos de países hispanoamericanos, mientras que hubo 34 positivos y 12 abstenciones. En términos prácticos, sin embargo, el efecto de la medida de la ONU fue relativamente poco importante puesto que de hecho la España franquista ya estaba virtualmente aislada. Sólo tres embajadores europeos (entre ellos, el británico) y dos hispanoamericanos se retiraron de Madrid, en donde únicamente permanecieron el embajador portugués, el de Suiza (en una muy estricta interpretación de la neutralidad), el nuncio del Vaticano y el representante irlandés, un país de significación muy católica. Con esta simple descripción de la situación española resulta muy claro mediante qué procedimientos debía Franco romper el aislamiento que le había sido impuesto.

Podía esperar que el Vaticano y los sectores católicos de todos los países contribuyeran a defenderle, presentando su régimen como una traducción del catolicismo a la política.

También podía conseguir que Portugal sirviera de elemento intermediario para moderar la posición de las naciones occidentales: de hecho, entre 1945 y 1957, Franco y Salazar se entrevistaron cinco veces. Sin embargo, los procedimientos por los que Franco superó su aislamiento fueron, ante todo, la división de los vencedores en la guerra mundial y la actitud de los países hispanoamericanos y, en menor proporción, de los árabes.

En realidad, aunque la distinción fundamental que se produjo entre los vencedores fue la que tuvo lugar entre la Unión Soviética y el resto cabe introducir matices en cada uno de ellos. La Unión Soviética deseaba, desde luego, la desaparición del régimen de Franco, pero en realidad buscaba sobre todo el mantenimiento de un foco de inestabilidad en el sur de Europa, alimentado por la existencia de guerrillas y por la amenaza de una virtual vuelta a una República en que los comunistas jugaran un papel de importancia. En este sentido los soviéticos, en realidad, preferían el mantenimiento de Franco a una Monarquía democrática estabilizada. A comienzos de 1947 incluso mantuvieron contactos tortuosos e indirectos con Franco para evitar que éste se alineara en alguna medida con los países occidentales. En la práctica fue la ruptura entre la Unión Soviética y los países democráticos lo que salvó a Franco, mucho más que su propia política exterior.

El hecho es significativo, aunque las negociaciones se interrumpieran y no se reanudaran hasta finales de 1949, momento en que se centraron casi exclusivamente en el retorno de los exiliados allí residentes. Francia, por su parte, como en la Guerra Civil, vio que la problemática española se convertía en una cuestión propia. De la misma manera que en el pasado, el predominio político de la izquierda jugó un papel decisivo teniendo como consecuencia que fuera la propia Asamblea la que propusiera la ruptura de relaciones con el vecino país. Sin embargo, no mucho después de producirse, quienes la habían patrocinado ya se habían arrepentido de ella. En una situación en la que existía una competencia comercial creciente los propios franceses llegaron a pensar que ellos mismos iban a ser las únicas víctimas de la ruptura con la España de Franco. En esas condiciones, a mediados de 1948, tuvo lugar ya la firma de un acuerdo comercial y financiero y otro sobre navegación aérea; así se había producido un giro «copernicano» respecto de la inicial postura de este país en un corto plazo de tiempo. Francia hubiera preferido mantener con España relaciones tan sólo comerciales pero Franco sólo aceptó que fueran completas. Un factor importante en el reblandecimiento de la postura gala derivó del abandono del poder por parte del general De Gaulle, que creó dudas entre los anglosajones sobre el posible peligro izquierdista en Francia y debilitó a su gobierno.

Aunque con menos aspereza, también en Gran Bretaña la cuestión española reprodujo las tensiones internas como consecuencia de la Guerra Civil. Los conservadores reprocharon a los laboristas un intervencionismo excesivo en los asuntos españoles pero la realidad es que ni los primeros se identificaron por completo con Franco ni los segundos dejaron de percibir que había unos intereses británicos objetivos al margen de que la situación española se decantara en un sentido u otro. La consecuencia de ello fue que la posición británica resultó la más coherente y estable de los países occidentales: consistió en tratar de acercar las diversas opciones de la oposición política española hacia una fórmula de colaboración bajo el patrocinio de la Monarquía. El procedimiento para hacerlo debía ser también gradual y moderado: como decía Bevin, el responsable de la política exterior británica, debía basarse en una presión diaria y no en una ruptura total. Los británicos no pensaron ni por un momento en poner en peligro sus intereses comerciales y ya en marzo de 1947 suscribieron un acuerdo a este respecto con España, pero mantuvieron con firmeza muy superior a la de los norteamericanos su deseo de mantener aislado a Franco. Decepcionados por una oposición demasiado dividida acabaron por llegar a la conclusión de que no tenía sentido proporcionar más «alfilerazos» a Franco pero al menos tuvieron una cierta sensación de deshonestidad al tomar esta decisión. En 1950 acabaron por aceptar como embajador español en Londres nada menos que al falangista Miguel Primo de Rivera.

Por el contrario, contemplada en su totalidad y en sus variaciones a lo largo de un período temporal reducido, la política norteamericana fue la más errática y cambiante de todas las grandes potencias. Fueron los Estados Unidos quienes, en 1946, editaron la documentación más dura en contra de la pretensión de Franco de haber sido neutral durante la guerra mundial, los más reticentes respecto de soluciones de transición como la Monarquía y quienes, a través de sus cargos más altos, manifestaron un deseo más vehemente de que Franco abandonara el poder. Sin embargo, su política se caracterizó por la existencia de intereses contrapuestos de los cuales uno, el militar —cuando se reveló que Franco no iba a abandonar el poder voluntariamente— acabó predominando al margen de los demás.

El Pentágono siempre consideró necesarias las facilidades aéreas concedidas en 1945, y desde 1947 todos los planes estratégicos norteamericanos partieron de la base de que si los soviéticos iniciaban una ofensiva contra Europa en cincuenta o sesenta días llegarían hasta los Pirineos. España había de servirles de bastión de resistencia y base para una contraofensiva; tan importante, en estas condiciones, era España para el flanco sur de Europa como Gran Bretaña para el norte. Así se explica que quienes primero visitaron España en el proceso de acercamiento mutuo fueron o bien militares o bien parlamentarios dedicados a estas materias. Incluso en la propia Embajada norteamericana en Madrid existió una división de responsabilidades políticas entre el encargado de negocios y los agregados militares. La fecha en que los intereses estratégicos se impusieron sobre cualquier otra consideración se puede determinar de forma muy precisa.

En octubre de 1947 Kennan, responsable de la oficina de planificación política del Departamento de Estado, y figura clave para llegar a comprender la evolución de la Guerra Fría, llegó a la conclusión de que el régimen de Franco no podía ser desplazado sino por la fuerza y recomendó que se relajara la presión sobre él.

Al mismo tiempo las maniobras de Lequerica en el seno de la prensa y de la política norteamericana obtuvieron cierto éxito, favoreciendo un cambio en el legislativo norteamericano. A partir de 1949 las Cámaras norteamericanas empezaron a aprobar ayudas a la España de Franco (durante mucho tiempo fueron vetadas por el presidente Truman, para quien la ausencia de libertad religiosa era un factor de primera importancia en el mantenimiento de España en el ostracismo). La primera ayuda definitivamente aprobada no llegó hasta 1951. Aparte del factor militar, el cambio de postura norteamericana fue propiciado también por la formación de un núcleo de influencias formado por senadores y congresistas católicos, anticomunistas, interesados en la exportación de algodón, en la promoción de la industria militar o contrarios a Truman. Este lobby fue organizado en gran parte por Lequerica, llegado a Washington en 1948. El resultado de todos estos factores fue el giro en la posición norteamericana: la mayor parte de la opinión pública era en 1945 contraria a Franco pero en 1948 el 86 por 100 de los encuestados no ponía inconvenientes a su entrada en la ONU y en 1951 se aproximaba a la mitad el porcentaje de los partidarios de la entrada de España en la OTAN. De todos modos habría que decir que, más que un giro «copernicano», lo que se produjo fue el paso de la consideración de la alianza con España como algo «tremendamente impopular» a algo «simplemente poco popular». La primera entrevista de Franco con un personaje importante de la Administración norteamericana, el almirante Sherman, tuvo lugar en julio de 1951 y se dedicó en exclusiva a cuestiones estratégicas sin que el segundo hiciera la menor alusión a la situación política interna española. Franco pudo decir, entonces, que se habían perdido muchos años sin resolver unas cuestiones que ahora se le presentaban de forma apremiante. Aunque el norteamericano dejó claro desde el principio que su país estaba dispuesto a hacer grandes inversiones en la mejora de las infraestructuras de comunicaciones españolas Franco le repuso que «no se puede pedir a un pueblo que se prepare para ser beligerante sino están ampliamente cubiertas sus necesidades y si no se prepara su espíritu para que su beligerancia resulte posible». Se sentía, por tanto, en condiciones de reclamar que la cuestión militar y la económica de su país se resolvieran «simultáneamente». Como veremos, en cierto modo así se hizo.

Explicada la posición de cada uno de los países occidentales más importantes, es preciso referirse también a lo que podría ser descrito como «las políticas de sustitución» empleadas por la España de Franco para aliviar su aislamiento. La principal de ellas fue la seguida con los países hispanoamericanos y el instrumento del que se sirvió el régimen para lograr apoyos en esta parte del mundo fue la política cultural produciéndose un sustancial incremento en la partida dedicada a estos propósitos (el 40 por 100). Al mismo tiempo tuvo lugar un cambio administrativo importante de modo que el Consejo de la Hispanidad se convirtió, con un cambio muy significativo de denominación, en Instituto de Cultura Hispánica. La cultura española se presentó, a partir de este momento, como promotora de una vía peculiar, tradicional y católica, capaz de rivalizar con otras opciones más materialistas. De esta manera el régimen español podía contar a su favor con una parte de la opinión hispanoamericana aunque también se enajenara a los países de significación más izquierdista (México, Chile, Costa Rica, Colombia).

Debe tenerse en cuenta, además, que el impacto del final de la Segunda Guerra Mundial en Hispanoamérica fue importante en cuanto al inmediato establecimiento de varios regímenes democráticos, pero también efímero. En este panorama, como es lógico, la España de Franco se encontró en una situación óptima para mejor defenderse del aislamiento. «Estamos ya con medio cuerpo fuera del brocal del pozo y nunca olvidaremos a quien nos dio la mano cuando estábamos en el fondo», aseguró Areilza en 1949 aludiendo a una Argentina en la que representó a Franco. En efecto, el papel de este país resultó de tanta importancia para que la España de entonces superara su aislamiento que de él ha podido decirse que dependió la «salvación de una dictadura». Argentina era en los años cuarenta el primer exportador mundial de trigo y de carne de vacuno, aunque carecía de una flota suficiente para transportar ambos productos, lo que explica que desde 1942 tratara de anudar las mejores relaciones comerciales posibles con España.

En lo político el gobierno de Perón propició una «tercera vía» populista, la de la «latinidad», que pudiera ser una alternativa a la preponderancia norteamericana en el nuevo continente. Su carácter autoritario y su negativa a alinearse con la posición aliada en la guerra mundial habían traído como consecuencia que los Estados Unidos se negaran a proporcionarle armas.

En el momento en que se produjo el aislamiento español, cuando, por su parte, también Argentina pasaba por una difícil situación internacional, se produjo una coincidencia de intereses entre ambos países que puede producir la errónea impresión de que había una identidad total entre los dos regímenes. En realidad Perón quería mantener el apoyo de la extrema derecha de su país, al mismo tiempo que dotarle de una conciencia nacional frente a la presión norteamericana, pero el populismo de su régimen distaba un tanto del tono nacional-católico del español. Eva Perón no dudó en decir a un ministro español que su país parecía estar poblado de «sotanudos y chupahostias». El propio ministro de Exteriores argentino, Bramuglia, había sido más proclive a la República que a Franco.

Aunque la colaboración entre Franco y Perón fue circunstancial, duró poco y creó conflictos al segundo en su país, para el primero fue decisiva en las peores circunstancias que tuvo que vivir. En el verano de 1946 España envió un barco de guerra y al ministro de Marina a la toma de posesión de Perón. De ahí que precisamente en el mismo momento en que la ONU recomendó la retirada de los embajadores en España, Argentina se apresuró a enviar el suyo. En octubre de 1946 fue firmado un tratado comercial; en 1947 Eva Perón viajó a España en un viaje que duró quince días y en el que abundó la demagogia populista (incluido el reparto de billetes en los barrios proletarios). Al año siguiente se suscribió el llamado protocolo Franco-Perón, destinado a facilitar las relaciones comerciales entre los dos países. Argentina contribuyó así de forma crucial a que el aprovisionamiento de los españoles no se derrumbara en estos años, tan decisivos para el régimen, pero obtuvo muy poco a cambio. En 1948 España importó casi 400 000 toneladas de trigo y 100 000 de maíz, cantidad que, en precio, no era más que la décima parte de lo que España exportó a Argentina. Ese mismo año la primera tenía a la segunda como primer cliente pero sólo era el cuarto proveedor suyo.

Ni Cádiz se convirtió en un puerto franco encargado de distribuir los productos argentinos por toda Europa, ni se hicieron inversiones en España, ni ésta proporcionó productos industriales a Argentina. En 1948 Artajo visitó Argentina e incluso se pactó que fueran allí 350 000 emigrantes, pero empezaban ya a surgir dificultades que arreciaron en los años siguientes. En 1950 la balanza de pagos era ya favorable a España y en 1954 se produjeron rumores sobre una posible ruptura de relaciones.

En realidad, la relación hispano-argentina durante este período —alianza entre dos excluidos— fue un ejemplo de malentendidos. Argentina era un país pletórico con unos gobernantes en exceso optimistas respecto del futuro económico propio, pero que no podía ayudar a España obteniendo de ella un beneficio real por la simple razón de que las dos economías no eran complementarias. Por eso las posibilidades de colaboración económica resultaron, a medio plazo, modestas. Existía, además, una divergencia real en los planteamientos de política exterior, pues Perón, que no mantuvo una posición cerradamente anticomunista, preveía el estallido de una guerra mundial ante la que sería neutral, mientras Franco quería ser admitido en el mundo occidental gracias a alinearse con él en esta cuestión. Ambos querían beneficiarse el uno del otro, pero Franco fue el que obtuvo las verdaderas ventajas de la relación bilateral.

Perón había sido tan megalómano como poco eficaz y acabó reprochando a Franco que la mitad de las divisas argentinas habían quedado bloqueadas en España.

Los acuerdos comerciales se suspendieron en 1949, cuando ya había pasado el peor momento para el régimen de Franco. La mejor prueba de ello reside en cómo fueron votando los países hispanoamericanos en la ONU respecto del mantenimiento de la recomendación aprobada en diciembre de 1946. Si en 1946 lo habían hecho en contra 6, en 1947, 1949 y 1950 lo hicieron, respectivamente, 8, 12 y 16. El giro de Hispanoamérica respecto de la España de Franco fue, por tanto, global, temprano y decidido al margen de que sólo Argentina prestara a Franco una ayuda decisiva.

Al apoyo de los países hispanoamericanos habría que añadir el de los países árabes. Más aún que en el otro caso la política seguida con ellos fue la consecuencia de un proceso de sustitución: se trataba de conseguir, a través de ellos, una mejora de la situación internacional propia que permitiera acceder a los occidentales, los que verdaderamente importaban. Los países árabes no tenían instituciones democráticas y, en las votaciones de la ONU, acostumbraron a abstenerse; tendían a rechazar la injerencia de terceros en sus asuntos y temían, sobre todo, la comunista. Así se explica que la gestión de la diplomacia y la propaganda españolas pudiera alcanzar éxitos importantes. El problema para Franco era que en un determinado momento los árabes pudieran reclamar la independencia marroquí. Aun así las relaciones fueron muy estrechas durante el bienio 1948-1949 y en 1950 visitó España el rey Abdallah de Jordania, primer Jefe de Estado que llegó a hacerlo durante esta etapa del régimen de Franco. Luego, en 1952, Artajo viajó por varios países árabes en compañía de la hija de Franco y del general Ben Mizzian, marroquí pero perteneciente al Ejército español. Los árabes utilizaron a menudo a España para poder influir a través de ella en los países hispanoamericanos de cara a la defensa de sus intereses.

Los éxitos de la España de Franco respecto de los países árabes se explican porque a éstos, de momento, les interesaba mucho más la cuestión palestina que la marroquí. Si España se alineó en contra de la creación del Estado de Israel y apoyó la tesis vaticana de la internacionalización de los Santos Lugares fue principalmente por la propia actitud del Estado de Israel. Cuando se proclamó la independencia la noticia ni siquiera fue comunicada a un Estado al que el embajador israelí en la ONU consideró «activo simpatizante y aliado» de los nazis. Israel, en efecto, surgió con la voluntad de obtener principalmente su prestigio en los medios liberales y socialistas. Ni el recuerdo magnificado de la ayuda prestada a los judíos perseguidos durante la guerra mundial, ni cierta libertad religiosa otorgada en España (donde se abrieron las sinagogas a partir de 1945) impresionaron en absoluto a los políticos israelíes. Cuando éstos estuvieron dispuestos a llevar a cabo algún tipo de cambio, ya en los años cincuenta, la España de Franco, mucho mejor instalada en el escenario internacional, no tenía ningún interés en modificar su posición proárabe.

Señalados los apoyos a los que podía recurrir el régimen de Franco, podemos ahora narrar el proceso de la ruptura del aislamiento en que había caído a fines de 1946. En 1947, España fue expulsada de la Unión Postal Internacional, la Unión Internacional de Comunicaciones y la Organización Internacional de Aviación Civil, pero la postura favorable a ella en la ONU sumó 16 votos, frente a los 6 del año precedente. A estas alturas, contrariamente a lo que decían las naciones comunistas, para quienes era preciso recurrir a las sanciones económicas en contra del régimen franquista, las occidentales pensaban que la retirada de embajadores había tenido el paradójico efecto de suscitar más apoyo en torno a Franco y que, por tanto, más valía optar por un cambio lento de posiciones. La «lenta relajación» de la presión sobre la España franquista recomendada por los planificadores del Departamento de Estado se vio favorecida por los acontecimientos internacionales de los meses siguientes. En el verano de 1947 Hungría, bajo la presión soviética, se había convertido en una dictadura comunista, en febrero de 1948 sucedió lo mismo en Checoslovaquia y en el verano de ese mismo año los soviéticos iniciaron el bloqueo de Berlín. A esas alturas ya había visitado España el chairman del comité de fuerzas armadas del Senado norteamericano, quien habló con Franco y afirmó que todos los que se oponían al comunismo querían la integración de España en los mecanismos de la defensa occidental; por entonces la frontera con Francia se había reabierto. A la altura de 1949, todavía Dean Acheson calificó de «fascista» el régimen español pero esto le valió ser atacado por varios senadores de su país; en cambio, en enero de 1950 acabó por reconocer que los Estados Unidos aprobarían una resolución de la ONU que permitiera volver a mantener relaciones con la España de Franco. Finalmente, en noviembre de 1950, las Naciones Unidas aprobaron, por 38 votos contra 10 y 12 abstenciones —entre las que figuraban las de Francia y Gran Bretaña— una resolución en la que, sin entrar a juzgar el régimen español, se autorizaba a los países miembros de la Organización a reanudar relaciones diplomáticas con España. De hecho, en ese mismo momento había ya en España representaciones diplomáticas de 24 países. A fines de 1950 Estados Unidos y España normalizaron su situación diplomática y el segundo país comenzó su vuelta a los organismos internacionales con su admisión en la FAO. Una visión superficial pretendería que la posición de los países occidentales había cambiado sustancialmente, en especial en el caso de los Estados Unidos que precisamente durante todos estos años tuvieron una misma y única administración. Sin dejar de reconocer la inconsistencia de la posición norteamericana, conviene también someter a crítica la posición de exiliados españoles, como Madariaga, que juzgaron que en la práctica la posición de esos países democráticos no concluía en ninguna medida eficaz contra el régimen franquista. Desde 1945 todas las democracias pensaron que hubiera sido mejor que Franco se retirara, pero en ningún momento estuvieron dispuestas a una intervención militar porque ni una democracia puede llevarla a cabo interviniendo en la política interna de otros países, ni, además, la España de Franco representaba un peligro real. Al tratar de España un diplomático británico aseguró, frente a lo que afirmó el delgado polaco en la ONU, que «sólo es un peligro y una desgracia para ella misma».

Además, las potencias occidentales, se encontraron con que la oposición parecía débil y poco unida y que, por tanto, la decisión de retirar embajadores en vez de debilitar a Franco contribuía a aumentar su estabilidad. Al final, vista la irrelevancia de España y la aparente solidez de su régimen, acabaron por someterlo a lo que podría denominarse un «ostracismo tolerante». En parte, esta posición se entiende por la conciencia de que no había medios diplomáticos para producir un cambio: Truman afirmó que la salida de embajadores era «la forma incorrecta de cumplir un propósito correcto», y Bevin, el secretario del Foreign Office, describió la que hasta el momento había sido su propia postura como «una conducta ineficaz y poco inteligente». Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que esa posición no encerraba un reconocimiento de la bondad del régimen español sino, más bien, de la barbarie de un pueblo: el encargado de negocios británico, Howard, llegó a la conclusión de que lo que necesitaba el «salvaje y extravagante país» en donde le había tocado residir era una «mano fuerte», mientras que el norteamericano Culbertson consideraba que, a fin de cuentas, el régimen que España tenía no era peor que otros que había tenido con anterioridad.

Por lo tanto la Guerra Fría aumentó la tolerancia respecto de Franco y el predominio de los factores de índole estratégica sobre los de carácter ideológico, pero el ostracismo se mantuvo y la mejor prueba la tenemos en que España no pudo participar en el plan Marshall, lo que, de haberse producido, le hubiera permitido llegar antes al desarrollo económico, ni tampoco en la OTAN. Tan pocas esperanzas tenía de esto último, porque en realidad era imposible la homologación con unas instituciones democráticas, que Franco intentó convencer a Portugal que su integración en esa fórmula defensiva occidental era contradictoria con el Pacto Ibérico. Conscientes de su debilidad, los dirigentes españoles estaban, a estas alturas, mucho más dispuestos a colaborar defensivamente con Occidente a través de un pacto con Estados Unidos que a cambiar un ápice sus instituciones.

La «noche oscura»:
Autarquía y racionamiento en la década de los cuarenta

En realidad, si bien se mira la singladura política interior y exterior del régimen de Franco a lo largo de los años de la primera posguerra muestra una indudable coherencia que da lugar a la perduración del mismo. A fin de cuentas, durante la guerra mundial el régimen de Franco no hizo otra cosa que tratar de ser aquello a lo que espontáneamente tendía, dados sus rasgos originarios, la actitud y mentalidad de sus dirigentes y las circunstancias de la Europa en que desenvolvía. Cuando el entorno mundial y del Viejo Continente cambió, su sistema político no lo hizo en absoluto y tan sólo procuró adaptarse cosméticamente a las nuevas circunstancias, sin modificarse de manera sustancial. Hubo, por tanto, una continuidad que la evolución en la política interior y exterior podría ocultar a los pocos versados en las cuestiones españolas.

Esta sensación de continuidad se aprecia todavía más claramente en lo que respecta a la política económica y social. España había quedado, como consecuencia de la Guerra Civil, en una situación que bien puede calificarse de penosa aunque, como ya sabemos, el grado de destrucción que se había producido estaba lejos de ser equiparable al de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque cuando se aprobó el primer plan de desarrollo —nada menos que a comienzos de la década de los sesenta—, su preámbulo contenía algunas referencias a las destrucciones producidas durante la Guerra Civil, esta persistente idea no tuvo nunca justificación en términos comparativos. Veamos algunos de los datos que así lo atestiguan. España perdió una décima parte del ganado bovino en la Guerra Civil mientras que Grecia, durante la Segunda Guerra Mundial, perdió la mitad. Francia y Grecia perdieron las tres cuartas partes de su flota mercante, por sólo la cuarta parte España. La reducción de la producción de electricidad en esos dos países fue un 50 por 100 y un 300 por 100 superior y la destrucción de viviendas el doble y el quíntuple, respectivamente. Lo característico, por tanto, del caso español no fue el grado de destrucción del aparato productivo en 1936-1939 sino la lentitud con que se produjo la reconstrucción, hecho que no puede atribuirse más que a la propia política económica y social del régimen.

Ésta no se modificó de forma sustancial a lo largo de todos estos años, sin que, por tanto, la fecha de 1945 supusiera nada verdaderamente decisivo en su Historia. Se intentó, antes y después de esa fecha, una política de autarquía y de intervencionismo estatal, aderezada, desde el punto de vista de la política social, con un tono revolucionario que, en no pocas ocasiones, entraba en contradicción con las disposiciones tomadas por los ministros económicos, pero que satisfacía, con su contenido sedicentemente revolucionario, al componente falangista del régimen.

Empleando las palabras de Sardá, podríamos decir que en el período de la Segunda Guerra Mundial la española fue «una economía rígida de racionamiento, sin posibilidades de intercambios exteriores, con descenso de la productividad y que tuvo como resultado una baja de la renta nacional per capita… en un cuadro de estancamiento económico». Después del final de la guerra mundial, «las dificultades y estancamiento económico del país continuaron de forma semejante al período anterior: el paro, el subconsumo, la baja productividad industrial y agraria» se mantuvieron, pero «no así el índice de precios que empezó a experimentar un alza muy marcada». En este momento perdió hasta el más mínimo atisbo de justificación la política económica hasta entonces seguida. De haber estado España más conectada con la política exterior europea, bien porque sus circunstancias políticas lo hubieran permitido bien por no haberse empecinado en mantener los viejos principios de carácter económico, no cabe la menor duda de que se hubiera producido una profunda transformación, semejante a la que tuvo lugar en Europa a partir de 1945 y, en especial, a partir de 1947.

Todo ello nos lleva a considerar hasta qué punto la política económica seguida en la España de Franco a lo largo de la Segunda Guerra Mundial fue la mejor posible y si, dadas las circunstancias, obtuvo para España aquel tipo de beneficios que se lograron en otras ocasiones, como durante el primer gran conflicto mundial. Como puede imaginarse es el comercio exterior el que mejor permite describir la política económica seguida por la España franquista. Si ésta había visto crecer su comercio exterior con Alemania durante la Guerra Civil, el estallido de la mundial supuso una inicial dificultad para mantenerlo, por evidentes razones de carácter geográfico y militar, que impusieron una relación más estrecha con Francia y con Inglaterra. Con esta última se llegó a acuerdos en marzo de 1940 que, como sabemos, fueron utilizados por sus dirigentes políticos como instrumento de presión sobre la política exterior española.

Todo el comercio español dependía de los navicerts o, lo que es lo mismo, de la aceptación o tolerancia de las potencias aliadas para que circularan los barcos españoles. Ello se aplica también al caso de Argentina, con la que se mantuvo un comercio creciente a partir de 1940, pero en buena medida de puro trueque, de maíz por productos siderometalúrgicos.

Lo más significativo del período, desde el punto de vista del comercio exterior, fue la relación existente con Italia y Alemania. Con el paso del tiempo el intercambio con esos dos países se fue haciendo cada vez más negativo para España, a pesar de que ésta pagara una parte de la deuda contraída durante la Guerra Civil precisamente por este procedimiento. No sólo hacía esto sino que también se armaba: en 1943 España recibió más material de guerra de Alemania que la propia Italia. En suma, puede decirse que estos dos países ocuparon la posición de primer adquirente de productos españoles en 1941 y no lo abandonaron hasta 1943. En 1941 las exportaciones hacia el Eje eran cinco veces superiores a las de los países aliados; en 1942 las duplicaban y en 1943 las superaban en un tercio. Sólo en 1944 se produjo un verdadero cambio en el panorama de la política comercial exterior española en beneficio de los aliados. Hubo, por tanto, una dependencia comercial del Eje debida principalmente a factores políticos y que revistió una especial trascendencia teniendo en cuenta que el comercio español se había reducido a poco más de la mitad a consecuencia del conflicto. Se ha calculado que un 12 por 100 del valor de las importaciones fue transferido a Alemania y un 3 por 100 a Italia, todo ello como consecuencia de la deuda adquirida durante la guerra. Otro aspecto de la cuestión es el que se refiere a los gastos militares realizados durante el período por el Estado español, bien para mejorar sus defensas bien para preparar su intervención en el conflicto. Según cifras oficiales durante la guerra el gasto presupuestario en estas materias fue siempre superior al 50 por 100, alcanzando un máximo del 63 por 100 en 1943; como sabemos, el principal proveedor de armas era Alemania. Todos estos datos revelan hasta qué punto podría haberse beneficiado la España de la época de haber optado por una posición verdaderamente neutral. Téngase en cuenta que, en general, los países no beligerantes del sur de Europa se beneficiaron de la guerra por su situación relativa, cosa que no sucedió con otros, como Suecia y Suiza. En estas circunstancias, España podría haber mejorado su producción industrial abriéndose más al comercio con los aliados, en función de su neutralidad, pero no lo hizo. En 1945 la producción industrial española estaba un 10 por 100 por debajo de la de 1935 y la tasa de crecimiento anual durante la guerra no alcanzó el 1 por 100. Pero no todo dependía de la política exterior española en torno al conflicto. La política económica era culpable de lo sucedido. Durante este período otros países sustituyeron la dependencia de los hidrocarburos por la energía eléctrica, pero España, entregada a una política de industrialización autárquica no lo hizo, desaprovechando de esta manera sus oportunidades.

De todas formas, una vez más, el mejor modo de percibir la ocasión perdida en estos años por la economía española consiste en comparar su comportamiento y el de las demás naciones europeas neutrales. Todas ellas mejoraron en el sector exterior, en el ámbito industrial y en la balanza de pagos, mientras que España obtuvo los resultados más negativos de todas ellas: fue el país con menor expansión industrial cuando podía pensarse que, como recién salido de un grave conflicto interno, hubiera podido utilizar las energías infrautilizadas durante él mismo y a consecuencia de su estallido. Suiza, Suecia o Turquía tuvieron dificultades objetivas mucho mayores desde el punto de vista geográfico y comercial pero España se las creó ella misma por sus malas relaciones con los aliados y por el desprecio a la financiación exterior pues, en aquellas ramas de la actividad industrial en las que se disponía de materia prima propia —lana, por ejemplo— el desarrollo fue importante. Por otro lado, los recursos públicos se emplearon en implantar una serie de industrias de interés bélico que absorbieron importaciones, energía y divisas en tanto que no se construían presas que hubieran podido aliviar el déficit energético y se limitó de hecho la capacidad de expansión de las industrias que podían haber exportado.

Así pues, todo señala la enorme responsabilidad en lo sucedido de la política económica seguida por el Estado español. Autarquía e intervencionismo eran dos tendencias persistentes de la economía española desde comienzos de siglo, pero ahora alcanzaron un desarrollo y una magnitud desconocidas, fundándose mucho más en concepciones nacionalistas que en razones de pura conveniencia relacionadas con la circunstancia bélica. Por si fuera poco, el intervencionismo que se llevó a cabo fue incompetente en extremo. Importa subrayar hasta qué punto la mentalidad que subyacía en esta política económica coincidía con la del propio Franco, mereciendo así su denominación de «autarquía cuartelera». La simplicísima opinión de Franco era que «España es un país privilegiado que debe bastarse a sí mismo», según declaró en una ocasión. La consecución de la autosuficiencia venía a ser, por tanto, un símbolo de la rebelión que él protagonizaba contra los males del degenerado liberalismo económico.

No se debe pensar que este género de reacción fuera exclusivo de quien estaba al frente de los destinos del Estado pues una buena parte de la clase política de su régimen compartía enteramente esta opinión. Para el elemental nacionalismo de la época los precios de los productos y de los actores de producción podían fijarse por decreto al margen del mercado; el propio Fuero del Trabajo preveía, con fórmula muy significativa, que «se disciplinarán y revalorizarán los precios de los principales productos agrarios». Un comportamiento no acorde con esta voluntad disciplinaria suponía un delito contra la Patria con sus correspondientes culpables individuales a los que sería preciso castigar. Y este verbo no tenía una significación puramente teórica pues ya sabemos que, en efecto, en muchas industrias militarizadas las faltas laborales se traducían en arrestos. La extrema simplicidad de este ideario ha hecho que un historiador de la economía —García Delgado— haya podido decir que el Caudillo político era un cabo furriel en lo económico.

El intervencionismo económico de esta época era poco original, pues sus principios doctrinales se remontan a la época de la dictadura «primorriverista» e, incluso, al comienzo de siglo. Tampoco se puede decir que en él se produjera ahora un cambio de cualidad, que lo transformara de tradicional en fascista. A lo sumo lo que hubo fue una cierta imitación de la política económica de los países fascistas mediante la creación de instrumentos para la participación directa del Estado en la vida económica, como el Instituto Nacional de Industria. Hay numerosos ejemplos que se prodigaron en la propia legislación española: ésta, por ejemplo, denominó al Instituto Español de Moneda Extranjera «Instituto de Cambio y Divisas», utilizando el título que la legislación italiana empleaba e incluso citó a Goering, el impulsor fundamental de la economía nazi. Pero lo más probable es que todo eso se debiera, más que a nada, a la necesidad de dotar de un barniz cié modernidad a la «autarquía cuartelera». Otro rasgo de la política económica derivó del carácter extremoso y el celo ordenancista con que fue aplicada; las agobiantes y casi exhaustivas disposiciones dictadas de hecho resultaron en gran parte de los casos prácticamente inaplicables. Flores de Lemus había hablado en 1929 de que la economía española vivía en «régimen de expediente», como en los tiempos de decadencia del viejo mercantilismo, pero esta expresión es mucho más acertada en relación con esta época. Por otro lado, la política económica intervencionista creó una especie de «barrera legal de entrada» que no tuvo otro resultado que el de favorecer la existencia de prácticas monopolísticas y, en consecuencia, comportamientos antieconómicos que no tuvieron en cuenta algo tan elemental como la necesidad de lograr la reducción de los costes. Finalmente, otra característica de la misma fue la multiplicidad y la fragmentación de los órganos decisores y asesores de la política económica, lo que generó un radical desbarajuste y, además, permitió favorecer a los más adictos a un régimen que practicaba la distinción entre vencedores y vencidos como fundamento y base sustentadora de su propia existencia.

En cuanto a la autarquía o autosuficiencia intentadas, nunca como en esta ocasión se demostró hasta qué punto carecían de sentido en España. No sólo faltó caucho, algodón, abonos y petróleo sino incluso también trigo, producto en el que, como sabemos, se había alcanzado el autoabastecimiento en la época precedente: en el quinquenio 1941-1945 se importó cinco veces más trigo que en 1931-1935. La autarquía fue, pues, una empresa descabellada que no tenía tras de sí ningún fundamento económico y que nacía, como el intervencionismo, de la nueva realidad política constituida por las ideas de los dirigentes y responsables de la economía de entonces.

Resulta muy característico que un Estado tan intervencionista como el de la posguerra española careciera, sin embargo, de un plan de reconstrucción propiamente dicho. Desde la guerra existió un Servicio Nacional de Regiones Devastadas que luego (en 1940) se convirtió en Dirección General. Hubo también un Instituto de Crédito dedicado a esta específica función y se dispuso que determinadas poblaciones que habían sufrido especialmente los efectos bélicos, como Brunete y Belchite, fueran «adoptadas» en un régimen especial. Para reconstruirlas se utilizaron prisioneros de guerra o condenados por responsabilidades políticas.

Pero el intervencionismo no sólo se produjo en este aspecto, en el que resultaba lógico, sino también en muchos otros. Por ejemplo, desde los primeros momentos se dictaron nuevas disposiciones relativas a la agricultura. Como escribió un ministro del nuevo régimen, en ellas «se huyó del engañoso término de reforma agraria que inconsciente o conscientemente se asocia siempre a una redistribución de la propiedad agraria». El Ministerio de Agricultura y la mayor parte de sus cargos estuvieron siempre en manos de falangistas, al menos durante esta época, pero, en realidad, el programa que desde él se llevó a cabo no fue en absoluto revolucionario, ni siquiera verbalmente, sino una reproducción de los esbozados por la derecha tradicional durante la Segunda República. Aparte de devolverse las tierras que habían sido expropiadas por la Reforma Agraria republicana se pretendió conseguir un aumento de la producción a través del progreso en la forma de explotación y en fórmulas de colonización que no afectaran a la propiedad de la tierra. De ahí la creación, en octubre de 1939, del Instituto Nacional de Colonización, que tuvo tras de sí una serie de disposiciones legales como el Plan General de Obras Públicas (1939), la Ley de Bases para la Colonización de grandes zonas (1939) y la de Colonización de grandes zonas regables de 1949. Pero este conjunto de disposiciones —y otras complementarias que permitieron, por ejemplo, la expropiación de la tierra para esa labor colonizadora— tuvieron un efecto francamente modesto sobre el conjunto del campo español.

Durante la etapa inicial del franquismo el Instituto se dedicó casi exclusivamente a comprar tierras (162 000 hectáreas), pero apenas llevó a cabo las obras propiamente dichas de colonización por lo que el número de asentados fue escaso y un coste muy alto. Se ha calculado que entre 1939 y 1951 el ritmo anual de asentamientos fue de tan sólo unos 1500 por año, cifra cuya parquedad se revela al compararla con la labor llevada a cabo por la República en su más corta existencia y a pesar de que ya en este caso se puede hablar de fracaso. En realidad, la tarea de colonización más importante se llevó a cabo en el período inmediatamente posterior (1956-1960) en que los asentamientos, gracias al Plan Badajoz, llegaron a ser unos 2000 anuales. De todos modos la limitación de este tipo de medidas se aprecia teniendo en cuenta que la labor del Instituto de Colonización no afectó, hasta 1975, más que a unos 48 000 colonos y unos 6000 obreros agrícolas; de ellos unos 10 000 se asentaron en Badajoz mientras que cifras menores consiguieron tierra en Cáceres, Sevilla y Córdoba, provincias todas ellas latifundistas. Las disposiciones relativas a la colonización, como las referentes a la repoblación forestal, fechadas asimismo en 1939, pueden ser consideradas como una derivación de la política seguida por las derechas durante la Segunda República.

Aunque cuanto antecede forma el cuerpo principal de la política declarada por el régimen en torno a materias agrarias, no agota la referencia que a esta materia debe hacerse. Existe una profunda contradicción entre la vuelta al campo que significó el final de la Guerra Civil y el interés de la política del Nuevo Estado respecto de él. Por un lado, en los años posteriores a 1939 la sociedad española se «ruralizó»: de un 45 por 100 de la mano de obra activa dedicada a la agricultura se pasó a un 50 por 100, rompiendo una tendencia secular. Los censos llegan sugerir la existencia de un millón de personas más en el medio rural. Este hecho se explica por una razón simple: las dificultades de abastecimiento provocaron la marcha de la población hacia allí donde estaban los alimentos. Pero, además, hay autores que señalan que los grandes propietarios cultivaron sus tierras directamente en un porcentaje muy superior a la época de la República, cuando la mayor parte estaban ya en manos de arrendatarios. En cualquier caso, lo que interesa subrayar es que esta ruralización no indicaba en absoluto una preferencia de los rectores de la vida económica por las inversiones agrarias. Por descontado la ruralización tampoco fue el resultado de una crisis de transformación en la agricultura sino, por el contrario, de una especie de contramarcha en la evolución histórica.

Se han atribuido las deficiencias de la producción agraria en la primera posguerra a las destrucciones del período 1936-1939 y a la llamada «pertinaz sequía». Sin embargo, la realidad es que las destrucciones, que no fueron en ningún caso tan grandes, afectaron poco a la agricultura (pero más a las comunicaciones). Aunque hubo años pésimos por culpa de la pluviosidad (1941 y, sobre todo, 1945, en que la cosecha de trigo fue sólo el 53 por 100 de la media lograda en la preguerra) un factor mucho más decisivo fue, desde luego, la falta de inversiones, que no superaron un porcentaje mínimo del total, pues el esfuerzo del Estado se dirigió de manera casi exclusiva a la industrialización forzada y autárquica. Sólo en 1952 la agricultura recibió el 19 por 100 de las inversiones, cuando ya un año antes había habido una gran cosecha.

Este factor contribuye a explicar las dificultades de abastecimiento, aunque tan sólo parcialmente. Ningún sector estuvo tan profusamente regulado como éste y ninguno tampoco presenció un fracaso del intervencionismo del régimen como el comercio interior. En 1939, antes de la conclusión de la guerra, fue creada la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, a las que se sumaron, en 1940, la Fiscalía de Tasas y, en 1941, la Junta Superior de Precios. Inmediatamente después de la guerra se implantó la cartilla de racionamiento, al principio familiar, y, desde 1943, individual. Nacida con carácter «provisional» habría de durar nada menos que doce años. En realidad el rígido control establecido sobre la agricultura equivalía a que el trabajador entregara un cupo forzoso de la cosecha a un precio irrisorio mientras que sólo podía comercializar el resto. Las carencias en el abastecimiento provocaron, como inmediata reacción, la voluntad gubernamental de intervenir con mayor autoridad e incluso dureza, pero aquélla, basada en criterios no económicos (Franco expresó su deseo de que «el espíritu de codicia no entre en el campo llevado por la ciudad o los especuladores»), hizo que fuera peor el remedio que la enfermedad. En efecto, el intervencionismo no sólo no resolvió nada sino que provocó el mercado negro o el «estraperlo». Es difícil exagerar la magnitud del mismo: Barciela ha llegado a escribir que el mercado negro del trigo superó al oficial mientras que el del aceite se aproximó mucho a él. Los productos «estraperlados» multiplicaron, por término medio, por 2,5 o 3,5 los precios oficiales (en ocasiones, hasta por 5) siendo su calidad con frecuencia ínfima. A mayor «estraperlo» mayor deseo de intervención estatal, pero que resultaba tan inútil como una disposición que prohibía «terminantemente» las colas.

Algunos teóricos de la economía de entonces (Torres) o algún Gobernador Civil (Barba) se daban perfecta cuenta de que era inútil enfrentarse con los problemas de abastecimiento por procedimientos administrativos. Los alcaldes, como Marcet, que lo fue de Sabadell, percibieron el problema angustiosamente —a veces se consumía lo que el propio ganado rechazaba— y se enfrentaron con graves problemas de higiene pública como consecuencia de la alimentación mediante productos no adecuados para ella. Sin embargo, hasta los años cincuenta la política económica no cambió: su fracaso fue tan absoluto que ni siquiera puede decirse que las estadísticas oficiales de la época sirvan de nada. Por supuesto, el sistema de intervención no afectó a todos los agricultores por igual. Fueron los grandes propietarios, que tenían influencias para evitar las sanciones y conseguían superávit agrícola, los que más beneficiados se vieron por una situación como la descrita. Hubo, por otra parte, provincias y regiones más perjudicadas que otras. En Alicante, por ejemplo, como en el resto de Levante, la agricultura de exportación y la industria ligera se vieron perjudicadas por la decisión gubernamental de concentrar las inversiones en el cereal y la llamada industria básica. El puerto quedó reducido al cabotaje, las restricciones de electricidad fueron enormes y la limitación de las materias primas pesó gravemente sobre la industria. Sólo pudo contar con un tercio de la materia prima que necesitaba y en algún caso con tan sólo el 5 por 100. Éste fue el caso de la industria del calzado mientras que, en cambio, se favorecía a la empresa Segarra, situada en Castellón (años después Franco murió como consecuencia de trastornos de circulación vinculados con un callo causado por utilizar un tipo de calzado demasiado duro de esa procedencia). De cualquier modo el estraperlo se convirtió en una pauta de comportamiento tan habitual que Dionisio Ridruejo pudo concluir que «todo el mundo estaba en el ajo»; a fin de cuentas servía para aliviar los peores rasgos del insolvente intervencionismo gubernamental.

Al tratar de las cuestiones de abastecimiento hemos abordado ya de forma indirecta la política industrial. Si tratamos de reducir a términos escuetos lo acontecido con la misma en este período veremos que, en realidad, se produjo, a expensas del mundo agrario y de una forma compulsiva, una acumulación de capital en beneficio de los propietarios y de la industria básica. Como ha escrito Manuel Jesús González «la manía de grandeza nacionalista de los políticos de la época encontraba más satisfacción inmediata en grandes fábricas… que en modestos proyectos dotados de eficacia económica». Fue, en efecto, la política industrial la predilecta del régimen que pretendió llegar así al engrandecimiento nacional y demostrar su superioridad sobre cualquier otra fórmula política y que, por supuesto, tenía muy en cuenta la relación directa existente entre industria y capacidad militar. Las disposiciones relativas a la industria fueron todas ellas tempranas, intervencionistas y guiadas por criterios meramente productivistas. Ya en septiembre de 1939 se exigió permiso para la instalación de cualquier industria nueva, disposición que adquirió pleno sentido con la aprobación, en octubre, de la Ley de Protección y Fomento de la Industria Nacional y con la Ley de Ordenación de la Industria Nacional de noviembre del mismo año. El panorama legal quedó completado con la creación de las comisiones reguladoras de la producción industrial en 1940. Franco parece haber jugado un papel de primera importancia en la promoción de todas estas medidas.

No obstante, la obra predilecta del régimen en el terreno de la política industrial fue el Instituto Nacional de Industria, que data de septiembre de 1941. En su decreto fundacional se señalaba que estaría dedicado a «propulsar y financiar, en servicio de la nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial las que se propongan como fin principal la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país y que se dirijan al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica». Es posible que la idea de la creación del mismo fuera del propio Franco, pero la disposición imitaba tanto la legislación italiana (país donde existía un Istituto per la Ricostruzione Industríale) que la propia disposición creadora de la entidad mencionaba en alguna ocasión al IRI en vez de al INI. Es posible que se pensara en poner al frente de la misma a una persona ducha en conocimientos económicos, como Larraz, pero finalmente se optó por Suances, marino y amigo personal de Franco, que había sido ministro de Industria entre 1938 y 1939 y, posteriormente, autor de esas disposiciones legales ya mencionadas en un momento en que era ministro de Industria otro militar, Alarcón de Lastra. En 1945 volvió a la responsabilidad ministerial en Industria Suances, haciéndola compatible con la Presidencia del INI.

No hay nada más significativo que la condición militar de los principales responsables de la política económica. De Suances se ha escrito que «trataba al capital privado como un maestro a unos pupilos a los que hubiera que enseñar patriotismo por considerarlos cobardes»; era un «maestrescuela, paternal y severo» que, con la actividad de un funcionario probo y eficiente, se lanzó a la tarea de aprovechar «los recursos nacionales desaprovechados» ignorando muy a menudo los costes, como si su único fin fuera crear una industria sin tenerlos en cuenta. Su mentalidad era la típica del nacionalismo autárquico y así dirigió sus esfuerzos hacia planes de los que puede decirse que no sólo no eran necesarios sino que constituían un despilfarro: «En un país en que reinaba el hambre, escaseaba el vestido y faltaba el cobijo se decidió invertir grandes sumas para que pasado mañana no faltase la gasolina obtenida de pizarras bituminosas» (Schwartz). Nacido en El Ferrol, en una familia vinculada a la Armada, como la de Franco, al que conocía desde la niñez, Suances estuvo durante muchos años dedicado a la construcción naval militar y pasó por una experiencia en la empresa privada en los años republicanos que se saldó con un fracaso y que favoreció su reticencia ante la iniciativa privada. De carácter duro y enérgico —lo que le hizo chocar con Serrano Suñer e, incluso, con el mismo Franco— el inspirador durante muchos años de la obra del INI, tras su primera experiencia como ministro, se hizo responsable de la construcción de una flota de guerra. El propósito era tan nacionalista como megalómano pues consistía en dotar a España de nada menos que 4 acorazados y 14 cruceros.

Esta anécdota ratifica los rasgos de la personalidad del Presidente del INI y de la propia obra intentada. Para entenderla, sin embargo, es necesario completar esta descripción teniendo en cuenta que a la entidad se la dotó de una capacidad financiera propia y de un régimen mercantil y operativo flexible, aunque su propietario fuera el Estado. El equipo de Suances estuvo formado, sobre todo, por ingenieros y financiado a través de obligaciones colocadas en las Cajas de Ahorro y garantizadas por el Estado.

Dependía directamente de Presidencia de Gobierno, es decir, de Franco. Su objetivo principal eran los «centros vitales y nerviosos de la producción» hasta asumir un auténtico «papel director» del conjunto de la economía española.

La gestión era centralizada, disciplinada y vertical e incluso algún texto interno del Instituto la calificó como «totalitaria». El proyecto más importante durante su primera etapa de existencia fue el que se fundamentaba obtener gasolina a partir de las pizarras bituminosas de Puertollano (Empresa Nacional Calvo Sotelo), un intento basado en criterios nacionalistas pero poco aceptable desde el punto de vista económico: Los resultados fueron malos, pues en siete años no se logró ni un solo barril y los costes fueron enormes. Mayor éxito se obtuvo en el terreno eléctrico a través del empleo de carbones de baja calidad para la industria termoeléctrica (empresas ENDESA y ENHER) y, en la segunda mitad de los cuarenta, gracias al impulso dado a la explotación de los recursos hidroeléctricos. Un tercer aspecto del INI fue, ya desde esta etapa inicial, el carácter que tuvo de «hospital de empresas»: aquéllas que tenían problemas de rentabilidad pasaban por el INI que, de esta manera, llevaba a cabo una auténtica socialización de las pérdidas. En diez años se convirtió en la única empresa productora de vehículos, era mayoritaria en los abonos y el aluminio y jugaba un papel muy importante en el refino y en las fibras artificiales.

Al concentrarse en muchos casos en actividades de un interés más que a menudo discutible la política económica del Nuevo Estado no prestó la atención que debía a la industria privada que, en un contexto de mediatización, intervencionismo y precariedad de los intercambios comerciales, debió recurrir a procedimientos extraordinarios para enfrentarse con frecuentes situaciones de emergencia. Un alcalde de Sabadell en esta época reconoce en sus Memorias que nada menos que dos tercios de la lana empleada en las fábricas textiles catalanas no procedía de los circuitos comerciales oficiales. A ello hay que sumar las graves deficiencias energéticas. En 1940 España había consumido un millón de toneladas de petróleo pero, dada su actitud partidaria del Eje, sufrió restricciones en el aprovisionamiento por parte de los aliados —principalmente por Estados Unidos—, de modo que no volvió a disponer de esta cantidad hasta 1946, y en 1942 sólo recibió un tercio de la misma. El problema, una vez terminada la guerra mundial, fue la dificultad de obtener divisas para comprar petróleo, al mismo tiempo que las disponibilidades de electricidad eran insuficientes. La falta de instalaciones y la práctica congelación de las tarifas (otro testimonio más de intervencionismo) llevaron a la denegación sistemática de autorizaciones para crear fábricas que necesitaran de electricidad. En años como 1945 y 1949 la oferta eléctrica estuvo un 30 por 100 por debajo de la demanda y lo habitual fue que permaneciera un 10 por 100 por debajo en los años normales de pluviosidad.

De todo ello deriva el más que mediocre resultado de la evolución del índice de producción industrial, en especial si se compara con el de otros países de nuestro entorno. Se ha podido decir que el desarrollo industrial en España mantuvo siempre paralelismos con otras naciones del entorno, como Italia, pero la curva de producción testimonia que el abismo producido en los años cuarenta fue en el caso español mucho más profundo y duradero; en este sentido esta época puede denominarse «la década ominosa» y de ella proviene el origen del atraso español, la «noche oscura de la industrialización española» (Carreras). Así se aprecia teniendo en cuenta tanto datos sectoriales como globales. Todavía en 1955 el nivel de consumo de electricidad en España estaba muy por debajo del de otros países europeos, y el crecimiento industrial permanecía en la misma situación. Entre 1935 y 1940 la producción industrial española creció a un ritmo de tan sólo un 0,6 por 100 anual frente al 2,7 de Europa. Sólo en 1950 llegó España a alcanzar los niveles productivos industriales de 1930. La causa fue la disminución de la productividad industrial y, de forma más genérica, la pérdida de una ocasión inmejorable para que España, aprovechando las oportunidades aparecidas al término de la Segunda Guerra Mundial, siguiera un ritmo evolutivo semejante a otros países de su entorno, como Italia, cuyo «milagro» se adelantó al español por las mismas razones primordialmente políticas que lo hacían inviable en el caso de España. Ésta no sólo aumentó su distancia respecto Italia sino que hasta 1963 no empezó a recuperarla y en 1975 era la misma que en 1947. Entre 1946 y 1950 Grecia y Yugoslavia duplicaron su producción industrial mientras que España sólo lo hizo por 1,1. En 1950 la renta per cápita era un 40 por 100 inferior a la italiana cuando la diferencia era tan sólo del 10 por 100 en 1930. Si nuestro país hubiera seguido la trayectoria italiana (de lo que no fue capaz por razones políticas) hubiera tenido un crecimiento superior en un 26 por 100.

Todo ello ha de tenerse muy en cuenta cuando se afirma que fue el régimen de Franco el gran propulsor del desarrollo económico y la industrialización españolas.

Un importante aspecto de la política económica del momento es el que se refiere a la Hacienda Pública. Los historiadores parecen coincidir en el juicio positivo que les merece la actuación del ministro Larraz, autor de la reunificación monetaria de la posguerra, que evitó los efectos inflacionarios que de ella pudieran haberse derivado.

Otros aspectos de su gestión parecen mucho menos positivos. Desde el punto de vista fiscal la etapa se caracterizó por el «raquitismo de la imposición personal directa», prácticamente inexistente, y la «generalización de la insinceridad tributaria», aunque se logró un éxito recaudador considerable con la imposición indirecta a través del Impuesto de Usos y Consumos. También tuvo buen éxito la fiscalidad sobre los beneficios extraordinarios. Aun así, las estimaciones de fraude fiscal calculan que sólo se recaudó un tercio de lo que debiera haber llegado a las arcas públicas. El mantenimiento del statu quo bancario creó un verdadero numerus clausus que se intensificó con la Ley de Ordenación Bancaria de 1946 que, además, favorecía el negocio bancario mediante la aceptación de lo que en la práctica eran tendencias monopolísticas e intereses bajos e invariables. Así no puede extrañar que la banca obtuviera en algunos ejercicios unos beneficios del 700 por 100. En unos momentos económicos que tenían muy poco de positivos no eran infrecuentes dividendos anuales de títulos bancarios del orden del 12-13 por 100. Además concentró un creciente poder en el terreno industrial.

La Ley de Ordenación Bancaria, por otro lado, tuvo un efecto manifiestamente inflacionista. La Deuda se colocaba a través del sistema bancario y era automáticamente pignorable en el Banco de España. Pero no era ése el único mecanismo que empujaba a la inflación que tuvo tres brotes agudos en 1941-1943, 1945-1947 y 1950-1951. Carente de capacidad para conseguir recursos por la vía fiscal el Estado se dedicó a la emisión de Deuda. Llama la atención el hecho de que en un Estado tan intervencionista el papel de control que le debería haber correspondido respecto de la Deuda emitida por organismo autónomo fuera mínimo. Las propias emisiones del Estado fueron tan frecuentes como cuantiosas: 2940 millones en 1940-1945 y 6720 millones en 1945-1952; se puede calcular que se triplicaron a lo largo de la década. No puede extrañar, por tanto, que Larraz dimitiera principalmente por estar en desacuerdo con el papel que otros ministros atribuían al dinero en el seno de la economía nacional. Tampoco puede decirse que existiera propiamente una política monetaria o presupuestaria o relativa a las inversiones extranjeras. En cualquier caso, los límites del intervencionismo eran obvios si se tiene en cuenta que al menos un tercio del presupuesto quedaba reservado a las Fuerzas Armadas y un quinto a la Deuda. Como ya se ha indicado, el bajo porcentaje de ingresos impositivos impedía que el Estado jugara un papel relevante (mientras que en Gran Bretaña significaban el 33 por 100 de la renta nacional, y el 21 por 100 en Italia, en España sólo eran el 14 por 100). En cuanto a la inversión extranjera baste señalar que una inversión minera emblemática —Riotinto— fue considerada como un «Gibraltar económico» y se hizo todo lo posible por conseguir que fuera a parar a manos de capital español. Finalmente, en 1954, siete bancos españoles compraron dos tercios del capital, quedando el resto en manos inglesas de modo que, por este procedimiento, fue posible mantener la comercialización del mineral extraído.

Volvemos a encontrar el intervencionismo estatal a la hora de referirnos al comercio exterior, dominado por el bilateralismo, la concesión de licencias y los cambios múltiples. El verano de 1939 fue creado el Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME) que tenía como misión regular el cambio de moneda. Ésta se mantuvo con un cambio fijo hasta 1948, muy de acuerdo con el nacionalismo de Franco, quien veía el mayor signo de poder económico en una divisa fuerte, mientras que, en la práctica, en los mercados libres, se produjo una devaluación de la peseta aceptada oficiosamente a través del sistema de «cuentas especiales» (de hecho la peseta de 1941 valía tres veces menos que la de 1935). En 1948 se pasó a un sistema de «cambios múltiples» que inmediatamente degeneró en un bosque de regulaciones de un barroquismo impenetrable. Como, además, el comercio exterior estaba sujeto a un sistema de licencias se dio, por parte de todos los sectores, una apremiante oleada de solicitudes para conseguir licencias y divisas. En esto, como en tantas otras cosas, hubo favoritismos no sólo irracionales sino quizá también corruptos. Algunos apellidos famosos de la clase política dirigente, incluidos los procedentes de la Falange, ingresaron en la relación de grandes fortunas. El también falangista Girón cita en sus memorias el nombre de uno de ellos dispuesto a hacer todo lo posible para evacuar su fortuna hacia Portugal en 1945. Pero, en general, todo el comercio estuvo dominado por el favor facilitado desde las alturas. En una España carente de divisas fue frecuente el deseo de desarrollar un sistema de comercio fundamentado en las compensaciones y autocompensaciones, cuando no en la estricta bilateralidad, típica de un país nacionalista y sin confianza en el exterior, como fue el caso de Argentina. Sólo a mediados de 1950 se creó un mercado libre de divisas fecha en la que, de todos los modos, las posibilidades de obtener una financiación exterior seguían siendo, por razones políticas, muy parcas. A ello coadyuvó, desde luego, el hecho de que el Estado español nacionalizara una parte de los capitales extranjeros existentes en España (aparte de Riotinto o las empresas alemanas gestadas durante la Guerra Civil, Barcelona Traction, Telefónica… etc.).

A la hora de establecer un balance de la evolución económica española en esta época vale la pena recordar el juicio que por estas mismas fechas hizo un hispanista tan buen conocedor de nuestro país como era Gerald Brenan: «La impresión que causa actualmente España es la de un país cuyo camino hacia simples condiciones que sean humanas y tolerables ha quedado cerrado». El juicio puede parecer desmesurado y contrasta totalmente con lo que sería la evolución económica posterior, pero era real, y así lo demostraban tanto los fríos datos estadísticos como la comparación con otros países. La renta per cápita de la preguerra era casi un tercio en 1945 con respecto a 1935 y sólo se había recuperado totalmente en 1951, pero hasta 1954, es decir cuando el régimen llevaba dieciocho años de vida, no se recuperaron definitivamente los niveles macroeconómicos de la preguerra. Para comprobar hasta qué punto la década de los cuarenta supuso sacrificios para los españoles basta con recordar que, al mismo tiempo que la renta disminuía, los precios se multiplicaron por 2,4 entre 1935-1945 y que el consumo bajó en ocho puntos porcentuales. Incluso se ha podido calcular que los salarios reales de los obreros especializados disminuyeron a la mitad. Al acabar la década de los años cuarenta España estaba muy por debajo de los países más avanzados de Hispanoamérica, como Argentina, Uruguay y Venezuela. En vez de experimentar un proceso de reconstrucción, como tantos otros países europeos, en España factores políticos, como el aislamiento y el intervencionismo, nos condenaron a un estancamiento sin parangón, de lo que derivó como heredero para el futuro un sector público cuya valía era dudosa en muchos aspectos.

La mención a la política económica debe completarse con una referencia a su obligado complemento, la política social. A diferencia de lo que sucedió en otras latitudes con regímenes relativamente parecidos, como el peronismo argentino, esta política social no fue protagonizada por los sindicatos sino por el Ministerio del Trabajo. Las Leyes de Unidad Sindical y de Bases de Organización Sindical (1940) se hicieron con unos criterios que eran obviamente los del fascismo, entonces imperante en Europa y en la misma España. El sindicato era configurado como único, obligatorio y «ordenado jerárquicamente bajo la dirección del Estado», por lo cual, «vencida ya toda ilusión democrática», se constituye por quienes voluntariamente se movilizan a su servicio. Los sindicatos estuvieron durante una época impregnados de una ideología verbalmente revolucionaria hasta el punto de que Merino, su responsable, hacía afirmaciones como la de que «hay que destruir los cuadros de la burguesía». Sin embargo, en la práctica su relevancia fue muy escasa y, desaparecido Merino en plena lucha entre falangistas y militares, quedaron ya estrechamente controlados desde el poder. Fue el Ministerio de este nombre el autor de las llamadas «reglamentaciones de trabajo» en 1942. Frente al modelo de la Monarquía constitucional o, más aún, de la República, por este procedimiento se evitó cualquier negociación y, en cambio, se crearon unas normas cuarteleras para la intervención del Estado en la vida económica.

Éstas dotaban al empresario de una capacidad disciplinaria excepcional y ello después de haberle realizado la depuración de su propia empresa. Hasta bien avanzado 1944 no hubo elecciones de enlaces sindicales y sólo en octubre de 1947 se implantaron los jurados de empresa. En este momento, sin embargo, los patronos lograron detener su implantación calificándola como «innovación peligrosa», de «neta inspiración marxista», de modo que en la práctica la medida sólo se aplicó a partir de 1953 en las empresas más grandes.

Vacío de contenido el sindicalismo, el verbalismo revolucionario y el conjunto de promesas para el futuro contenidas en el Fuero del Trabajo tenían que encontrar un desagüe en otro sector de la administración. Se debe tener en cuenta que en esta primera etapa del régimen no sólo Girón, que desempeñó el Ministerio del Trabajo, sino el propio Franco, hacían afirmaciones como la de que «hablo de revolución sin que me asuste la palabra». Las medidas concretas en que se tradujo esta política en los años primeros del franquismo consistieron en una ampliación del régimen de previsión social que se había heredado de la época republicana y la anterior. En estos años se puso en práctica un primer subsidio familiar y la Magistratura del Trabajo (en 1938, durante la guerra), el Seguro de Vejez (1939), la Protección Familiar a través de los «pluses» de carga familiar (1945), el Seguro de Enfermedad, que incluía la maternidad (1942) y la Ley de Contrato de Trabajo (1944). También se establecieron las retribuciones por días festivos o las pagas extraordinarias y los economatos de empresas. La Universidades Laborales establecieron el punto de partida de la formación profesional en un marco de la política revolucionaria del falangismo: de ahí su implantación, por ejemplo, en Gijón. Sin duda alguna, de todas estas disposiciones la que tuvo mayor efecto sobre la sociedad española fue la relativa a la atención médica. La mortalidad infantil se redujo a la mitad en el período 1935-1955 y la muerte por parto a una cuarta o quinta parte. Otros aspectos de la política social del régimen encontraron una aplicación práctica mucho más lenta o quedaron en el limbo de las declaraciones retóricas como, por ejemplo, los relativos a la protección familiar. Hay que tener en cuenta que con frecuencia las elevaciones de salarios quedaban recortadas de forma automática por la inflación y que, por más que la legislación social ofreciera la introducción de esas novedades, el nivel de vida y de consumo había experimentado una clara regresión, tal como ya se ha indicado.

Cultura y sociedad en la primera posguerra

En el momento del estallido de la Guerra Civil la situación de la cultura española puede ser calificada, desde muchos puntos de vista, como óptima en su creatividad hasta el extremo que a ella se le ha dado, no sin razón, la denominación de «Edad de Plata» de la Literatura española. Mientras que todavía estaban en plena madurez los miembros de la generación finisecular, los más directos herederos de la misma y las nuevas generaciones se demostraban merecedores de tan insignes maestros. Aunque la politización había invadido el escenario cultural, probablemente desde el siglo XVII no había existido en España un elenco de calidad semejante. Además, por vez primera, se percibía un esfuerzo por parte del Estado para ponerse a la altura de las circunstancias. La Guerra Civil, que produjo un desgarramiento en tantas familias españolas, lo hizo también en el seno de todas estas generaciones intelectuales. El trauma bélico supuso, por supuesto, el exilio de buena parte de las figuras de primera fila en la intelectualidad española, pero también una peculiar interpretación, por parte de ellas, de la vida española y una temática muy específica en la labor creativa, científica y humanística de quienes marcharon fuera de su patria, al otro lado del Atlántico.

Así fue, en efecto. La experiencia del exilio jugó un papel decisivo en la vida y la trayectoria de buena parte de la más brillante intelectualidad española. Como escribió Alberti, representando con sus versos a la totalidad de exilio español, los que cruzaron el Atlántico lo hicieron con la esperanza puesta en una nueva y prometedora vida a la que entregarían sus afanes:

«América, por caminos de plata hacia ti voy

a darte lo que hoy

un poeta español puede ofrecerte».

No era poco porque, como ya se ha dicho, entre quienes se exiliaron estaban algunas de las figuras más destacadas de la cultura española de la época. Hacer en estas páginas la nómina del exilio español sería tarea imposible y, además, innecesaria, pues a ello se han dedicado ya algunos libros de investigación profunda y completa. Baste con decir que en ella figuraban personalidades como los músicos Falla y Casáis; filósofos como Gaos, Ferrater, Nicol y Roces; especialistas en ciencias sociales como Jiménez de Asúa, De los Ríos, Recasens, García Pelayo y Ayala; investigadores en Historia de la literatura y filología como Casalduero, Montesinos, López Morillas o Guillermo de la Torre; educadores como Castillejo y Jiménez Fraud; dramaturgos como Casona y actrices como Margarita Xirgu; historiadores como Altamira, Ots Capdequi, Madariaga, Bosch Gimpera, Sánchez Albornoz o Américo Castro; novelistas como Aub, Barea, Andújar, Sender o Rosa Chacel; poetas como Alberti y un largísimo etcétera en cada una de las ramas de la creación intelectual.

Pero lo que importa no es tanto elaborar un elenco como determinar en qué sentido pudo influir sobre los intelectuales españoles exiliados esa circunstancia inédita que fue el exilio. Lo primero que es preciso advertir es que, si bien la recepción de los exiliados fue hospitalaria en muchos lugares, no siempre mereció tal adjetivo. Éste, ha escrito Ayala en sus Memorias, sería «un lugar común como tantos otros tópicos, cualquiera que fuera su realidad, (pero que) resulta en último análisis falso y hasta un poco irritante». La correspondencia de todos ellos en el momento de iniciar su exilio lo prueba sin la menor duda. Muchos de los exiliados vieron interrumpida su obra y todos ellos, por lo menos hasta 1945, sintieron la emigración como una mutilación lacerante: «De todo me arrancaron» —escribió Cernuda— «me dejan sólo el destierro». Quizá, sin embargo, fue León Felipe quien mejor expresó esa sensación de ruptura civil y de alejamiento de las propias raíces cuando escribió, refiriéndose a España, que «en esta tierra no hay bandos; no hay más que un hacha amarilla que ha afilado el rencor». Muy a menudo la nostalgia protagonizó sus actitudes vitales, como en el caso de Alberti que escribió: «Hoy las nubes me trajeron, volando, el mapa de España».

Pero a ese dolor hubo que sumar también otros rasgos más fecundos en la experiencia intelectual de los exiliados. Muchos de ellos descubrieron, con su propia experiencia, la condición planetaria de la cultura española y supieron que este rasgo de nuestra cultura les hacía vivir en un mundo idéntico al que les había visto nacer, a pesar de estar separados nada menos que por todo un océano y un conflicto fratricida. Por eso Juan Ramón Jiménez pudo escribir que «no soy un deslenguado ni un desterrado sino un conterrado»; otros emplearon la expresión «transterrado». En este sentido merece la pena anotar la diferencia de los exiliados españoles con los de otros países que tras el establecimiento de una dictadura acudieron más allá del Atlántico y se integraron perfectamente en las universidades norteamericanas (el caso de Marcuse, por ejemplo).

Los intelectuales españoles exiliados se sintieron inmersos en el propio mundo y, por lo tanto, no rompieron con sus raíces sino que, por mucho que ahora estuvieran más en contacto con otras corrientes intelectuales y espirituales, supieron mantener fija la preocupación por aquellas tierras que no habían tenido más remedio que abandonar.

Así se explica que en dos campos en donde el número de los exiliados fue abundante y la calidad muy considerable la reflexión sobre España y su pasado inmediato apareciera con la misma insistencia que pasión. Historiadores y ensayistas eligieron como objeto de reflexión propio la experiencia que había vivido su patria.

Como también sucedió en la propia España, el ser de España se convirtió en un motivo de preocupación y reflexión fundamentales. Aparece, por ejemplo, en Fernando de los Ríos, identificado con «todos aquellos españoles fieles al principio de la libertad de espíritu, la libertad de conciencia, la libertad del hombre» a lo largo de la Historia, en Ayala que insistió en la condición universalista de lo hispánico, o en Nicol, aunque se rebelara contra los estereotipos con los que se suele identificar lo hispánico, y diga ser sólo capaz de «pena y sonrojo» ante la estepa castellana. Pero, sobre todo, el peso de la guerra española, y en general de todo nuestro pasado, resultó especialmente perceptible en Américo Castro, quien, originariamente filólogo, se lanzó a partir de 1948 a una interpretación del pasado español, definiendo este intento como «un rebose de un sufrir hispánico». Lo que le interesaba a Castro era la «morada vital» o la «vividura» de lo español, que juzgaba basada en la supremacía de la fe sobre la razón o del predominio de la intolerancia. El pasado de lo español se habría caracterizado por la existencia de una triple realidad cultural y religiosa —cristiana, musulmana y judía— y por la radical intolerancia respecto de la minoría disidente. Eso, según Castro, no habría sido por completo negativo pues en la angustia de los conversos estaría el origen de gran parte de la creatividad en la cultura española. En su famosa polémica con Claudio Sánchez Albornoz, lo que pasado el tiempo resulta más relevante no es la razón que le pudiera corresponder a uno u otro, desde ópticas muy distintas, sino la coincidencia en esa misma dramática preocupación por el pasado español, expresada con inusitada violencia. Sánchez Albornoz, historiador positivista cuya obra había tenido poco que ver con el ensayismo, combatió las tesis de Castro repudiando la supuesta arabización española y remontando los orígenes de lo español nada menos que hasta los visigodos y los iberos. En el fondo, aunque ambos pertenecieran a una generación europeizadora, por lo que se sintieron atraídos en esta polémica fue por la singularidad española nacida de una especie de trauma original de resultados tan aterradores.

En los pensadores y ensayistas exiliados hubo, en lo filosófico y lo político, puntos de coincidencia básicos, como el común «orteguismo» o el liberalismo de fondo con unas muy escasas excepciones marxistas. Pero, como queda dicho, el centro de gravedad de unos y otros fue la reflexión sobre España y, si bien se mira, este género de preocupaciones tiene mucho que ver con la novela del exilio, en donde la guerra es también protagonista fundamental de la obra de muchos escritores. Así sucede con La forja de un rebelde, de Barea, o Vísperas, de Andújar, pero de manera menos directa aparece también en Aub, Sender y tantos otros, mezclada con la rememorización del pasado, el recuerdo de la infancia o los problemas del exilio y del problemático regreso. Lo que no hubo, lógicamente, entre estos escritores fue un tratamiento idéntico de todas estas cuestiones. A Sender «le atrae siempre lo que directamente confronta o roza el sentido trágico de la existencia»; por eso su literatura tiene a veces un evidente paralelismo con el «tremendismo» cultivado en la Península. Ayala, cuyos temas hispanoamericanos mantienen, sin embargo, un evidente recuerdo de España y sus conflictos, crea un tipo de narración más cercana a la novela intelectual de la preguerra. Es fácil pretender que, dada la calidad de quienes partieron, especialmente brillante no sólo en estos dos terrenos (pensamiento y narrativa) sino también en otros como la poesía o las ciencias naturales, lo que quedó en España fue, simplemente, un yermo radical, con la sola presencia de una literatura o un arte oficiales de valor más que dudoso. Sin embargo tal caracterización sería simplificadora y ahistórica. No hubo un yermo porque el exilio intelectual, por más que resulte patente su extraordinaria calidad, no cubre, ni mucho menos, el total de la creatividad cultural española, porque es dudoso que hubiera un arte o una literatura oficiales verdaderamente vigentes como tales y porque también entre los vencedores hubo testimonios de brillante capacidad literaria o artística.

Los que quedaron no fueron tan sólo los vencedores ni tampoco los conversos a nuevas actitudes a partir de un pasado simplemente liberal o izquierdista. Este último caso, no obstante, puede identificarse con la personalidad de Morente, del que Marías ha escrito que «se excedió en su humildad, creyó que debía hacer rectificaciones» y concluyó en «gestos innecesarios y no verdaderamente propios». De haber sido un modelo de pensamiento liberal se convirtió en un exaltado defensor de una Hispanidad vinculada abrumadoramente con el sentimiento religioso. Ayala ha recordado, aludiendo al mismo caso, que la guerra produjo «incongruencias sorprendentes, actitudes de un grotesco patetismo, imágenes personales rotas y torcidas como en una pesadilla» como la de Morente. En el fondo lo que mejor justifica estas actitudes es el sufrimiento que parece adivinarse tras ellas. Pero hubo también quienes, como Marías, optaron por «vivir con la escasísima libertad existente, pero, en todo caso, ser libre». Cuando se escribía, no se podía, en ocasiones, decir todo lo que se pensaba pero sí, al menos, una parte de lo que se opinaba. No sin dificultades, por supuesto. El propio Marías no pudo ser profesor universitario porque no le aprobaron su tesis doctoral. Pero los peligros eran más inmediatos y cotidianos. Ya se ha narrado en qué consistió la censura de prensa de la época y la de las manifestaciones literarias, aunque no tan absorbente, no le fue muy a la zaga. Baste con recordar que muchas de las novelas más importantes de la década fueron censuradas. A Cela le prohibieron La familia de Pascual Duarte y por La Colmena lo expulsaron de la Asociación de la Prensa prohibiendo que su nombre apareciera en ella.

No se crea que ésta sea tan sólo una anécdota. En los primeros años de la posguerra, por citar tan sólo algunos casos, fueron prohibidas las obras completas de Baroja, o la primera novela del falangista Torrente Ballester, más del 10 por 100 del conjunto de las obras teatrales presentadas a censura, novelas de conocidos falangistas, como García Serrano, que presentaban en toda su crudeza el ambiente bélico inicial en Pamplona, incluso, durante años, que se mencionara el nombre de Jacinto Benavente quien, siendo de significación derechista, había estado durante toda la guerra en la zona republicana. Sin embargo, en palabras de Marías, «había un coeficiente muy apreciable de libertad personal y social», en parte por la condición nunca por completo totalitaria del régimen y en parte por su despreocupación respecto de las cuestiones culturales. Así se explica, por ejemplo, que volviera Ortega y quisiera establecer un hilo de continuidad con el pasado liberal; el propio Marañón lo había hecho antes, en 1942. Los casos de estos herederos de la tradición resultaban bastantes distintos en su origen. Marañón había prestado apoyo propagandístico a la causa de Franco aunque, sobre todo, por el procedimiento de contraponer la posición liberal a la comunista. Ortega, de una forma mucho más elusiva, criticó con dureza la visión simplificadora que muchos extranjeros, viajeros circunstanciales por España, ofrecían de lo que acontecía aquí durante la Guerra Civil. Durante la posguerra mundial el peso de la trágica experiencia española parece mucho más perceptible en la obra de Marañón (a través de sus biografías, en las que aparece con frecuencia la temática del exilio o de la ambición de poder político), que en el mucho más púdico y reservado Ortega. Es muy posible que ambos consideraran posible una evolución del franquismo en un sentido liberalizador pero, en ese caso, tuvieron pronto razones para desesperar. Si Ortega, en un principio, dijo quedar sorprendido por la apariencia de salud que ofrecía España luego fue consciente de que ésa no era la realidad de fondo. Madrid se había convertido en «el eterno aldeón manchego» de siempre, el «indeleble Madridejos». Pasado el tiempo se quejó de la «radical parálisis» que parecían haberse instalado en la vida española y por la «hiperestesiada» censura eclesiástica, omnipresente ya al comienzo de los cincuenta. Conviene hacer un balance de la presencia de los herederos de la tradición liberal en el seno de la España franquista. En 1947 pudo fundarse un Instituto de Humanidades inspirado por Ortega y teniendo como segundo a Marías, aunque no subsistiera más allá de dos cursos; también fue posible, en otro terreno, la aparición de Insula, una revista que, a partir de 1946, puso en contacto el mundo literario del interior de España con la literatura del exilio. Pero el gran inconveniente de las dificultades que experimentaron estos sectores de pensamiento liberal es que no tuvieron la posibilidad de ejercer un magisterio (las nuevas generaciones se quejarían, precisamente por ello, de no haber tenido maestros) y que, además, muchas de las instituciones culturales de la preguerra habían quedado en una situación de precariedad cuando no habían sido borradas por completo. Esto, obviamente, era un signo de la voluntad de ruptura con respecto al pasado intelectual español que se impuso como consecuencia de la victoria de Franco. De los dos grandes patriarcas del pensamiento español de la época anterior ha escrito Marías que «Unamuno era muy mal visto (pero) no tanto como Ortega (pues) al fin y al cabo estaba muerto y era menos riguroso». Pero en esa España del franquismo inicial estuvo presente, aparte de los indicados y muchos otros de relevancia menor, por ejemplo, Ramón Menéndez Pidal, concluyendo su obra intelectual con un período de brillantes síntesis polémicas, como también vivía Vicente Aleixandre. Cuando, pretenciosamente, León Felipe, desde el exilio, escribió respecto de la España vencedora y de quienes habían permanecido en ella, «¿Cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego, si yo me llevo la canción?», no tenía en cuenta la realidad viva de cuantos habían quedado aquí. Además no cabe la menor duda de que, por más que las posibilidades de acción fueran limitadas, los intelectuales liberales contribuyeron, en una labor callada y lenta, a una transformación que finalmente acabó por producirse. Carlos Barral, en sus memorias, ha podido escribir que en los años de la posguerra «el país se puso a hacer penitencia y una transformación que, al cabo de los años, parece inimaginable, se operó a una velocidad vertiginosa». En el terreno intelectual esta realidad resulta plenamente perceptible aunque durante los años cuarenta no se hubiera acabado de traducir en la realidad. Tómese, a título de ejemplo, el caso de José Antonio Maravall, uno de los mejores historiadores de la posguerra, formado junto a Ortega y en un catolicismo progresista y convertido en entusiasta falangista en torno a 1940. Sin duda la presencia en España de su maestro Ortega le sirvió para desandar el peligroso camino que había emprendido.

Al mismo tiempo se debe tener en cuenta otra realidad, no ya desde el punto de vista de ese mundo cultural liberal sino de la situación política que toleraba su existencia. Más que una ortodoxia intelectual y cultural el régimen de Franco tuvo varias, más o menos superpuestas, con sus parcelas de poder en ámbitos distintos; por eso pudo escribir Ridruejo que «si el Estado dogmático convirtió la educación y la cultura en empresa oficial también muy a menudo delegó en una Iglesia de Cruzada». La misión de reconstruir la investigación científica le correspondió al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creado en 1939 y dirigido durante muchos años por José María Albareda. Dependiente del Ministerio de Educación Nacional, el Consejo tuvo un componente directivo clerical y de derecha tradicionalista que mantuvo siempre una manifiesta falta de sintonía con el mundo de la Falange. Desde el comienzo mismo de la gestación de la Ley Universitaria de 1943 en la propia Universidad existió una especie de reparto de funciones entre el Partido y los medios clericales. Ya la comisión redactora careció en la práctica de falangistas radicales. Luego, si la Comisión de Educación en las Cortes estuvo presidida por un obispo, Garay, el secretario era el falangista Elola: quienes más intervinieron en los debates fueron el primado Pía i Deniel y el falangista Tovar. El resultado fue un texto que, en lo esencial, no rompía con la tradición de la Universidad decimonónica española, a pesar de que en este nivel de enseñanza el acuerdo resultaba mucho más difícil que en los más bajos, entregados más fácilmente a un catolicismo integrista.

La continuidad en la Universidad se pudo apreciar en el centralismo —y no en la aplicación del modelo autonómico de 1919— y el mantenimiento de un sistema de selección basado en las oposiciones. Lo único que cambió de forma decisiva fue la multiplicación exponencial del control en el sentido de que el rector, nombrado por el Gobierno, era concebido como un «jefe de la Universidad y delegado del mismo», de modo que podía proponerle en terna los nombres para los puestos de decano mientras que el claustro apenas si tenía capacidad de acción. El reparto de poder político, sin embargo, subsistía entre el sector más conservador, clerical o reaccionario y la Falange, en el sentido de que ésta disponía del SEU y de los Colegios mayores para influir sobre la juventud. En cuanto al profesorado habría que señalar un general predominio de la primera línea. En Historia, por ejemplo, lo que triunfó en estos momentos fue la línea conservadora y antiliberal de la Restauración que ahora radicalizó sus contenidos y promovió una vuelta «al ser auténtico de España». En materias jurídicas solió existir esa misma duplicidad de mundos. Muy a menudo el trauma bélico hizo que la vertiente más liberal del pasado fuera aquélla que ahora hizo una profesión más entusiasta de falangismo. De los naturalistas, por ejemplo, Legaz fue el mejor y el más cosmopolita pero también el más proclive a declaraciones de adhesión al falangismo o al fascismo. En todo caso, pese a la existencia de valores objetivos y a lo explicable de muchas conversiones y actos de penitencia, en el sentido expresado por Barral, no puede dejar de tenerse en cuenta la descapitalización de una institución como la Universidad que en la posguerra contaba con tan sólo 365 profesores, cuando en los años republicanos tenía 553. Muchos de los estudiantes y de los profesores que en estos años pasaron por sus aulas han dejado en sus memorias un recuerdo muy negativo de sus experiencias. Para Barral los estudiantes no eran otra cosa que una pandilla de «abatidos y mangantes» que acudían a un expediente para acabar obteniendo los imprescindibles «galones» que les habían de servir para su vida profesional. Carlos Castillo del Pino asegura que en cada especialidad hubo después de la guerra una persona dispuesta a partir del nivel conseguido con anterioridad para «retrogradarlo a límites que parecían imposibles en la mitad del siglo XX». En muchos terrenos esto pudo ser cierto, en efecto, pero la generalización también puede resultar abusiva. De cualquier modo el predominio general del sector más conservador, aún a menudo más intolerante con respecto a una cultura laica, permitió con el transcurso del tiempo una «destotalitarización». En la práctica el clericalismo, aunque infinitamente más prosaico, podía ser también una barrera frente al peligro de supremacía absoluta del Partido.

El entorno de Falange ocupó principalmente, después de concluida la Guerra Civil, aunque siempre de una forma incompleta, lo que podría denominarse como la alta cultura. El Partido tuvo dos vertientes, una, de menor calidad y más directamente dominada por inmediatos intereses políticos, que puede estar representada por Juan Aparicio y las revistas por él inspiradas (El Español, La Estafeta Literaria) y la otra, representada por la revista Escorial (1940-1950). En esta última no sólo se llamó a «todos los valores españoles que no hayan dimitido por entero de esta condición», sino que aparecieron firmas como las de Menéndez Pidal, Marañón o Zubiri. Laín Entralgo escribió en sus páginas que la revista pretendía hacer «propaganda en la alta manera», pero la calidad primó sobre esa voluntad de convencer aunque, una vez más, el contenido de la revista y aún su mismo propósito esencial derivó de ese deseo de Falange de asumir como propios y «nacionalizar» los valores de mayor enjundia en el escenario de cultura nacional. En las revistas juveniles falangistas iniciaron su primera singladura algunos escritores que, con el transcurso del tiempo, adoptarían una posición muy crítica con respecto al régimen de Franco desde una óptica de izquierda. Aunque, como veremos inmediatamente, esta actitud de apertura derivaba de un tipo de planteamiento que pretendía la asunción de una postura sincrética con respecto a los valores culturales de la disidencia, no cabe la menor duda de que en el medio falangista hubo mayor inteligencia, sensibilidad y generosidad que en otros de corte clerical.

Incluso en esos medios falangistas se supo a veces apreciar la novedad de ciencias que hasta el momento no habían tenido cultivadores en España. La Revista de Estudios Políticos, destinada en teoría a la fundamentación doctrinal del régimen, sirvió, en realidad, para introducir la sociología en España. La labor en Editora Nacional de Laín Entralgo también debe ser juzgada en términos positivos.

A esta pluralidad de las ortodoxias culturales se debe sumar, para completar la panorámica general del escenario cultural del momento, una pronta autonomía de estos medios o un desvío de quienes, en un principio, adoptaron posturas beligerantes en favor del régimen hacia posiciones mucho más apáticas. Existió, por supuesto, toda una literatura que eligió como temas aspectos relacionados con el ambiente de la Guerra Civil, pero perteneció a la derecha tradicional (León, Concha Espina…) y no fue tan duradera; por eso los intentos de probar la existencia de una «literatura fascista» en España se han demostrado un tanto baldíos. En última instancia tiene un interés limitado (y desde luego no invalida su obra, ni permite calificarla de fascista) el hecho de que Cela fuera censor, o que Torrente Ballester escribiera un libro exaltando al partido único, como tampoco lo tiene la atracción por la poesía épica «del Imperio» o la de carácter religioso de Rosales o de Vivanco en la primera etapa del nuevo régimen. Otra cosa es el juicio moral que puedan merecer actitudes como ésas, al menos en algún caso. La explicación más clara y sincera de estos hechos siempre parecerá mejor que la pretensión de simular una temprana disidencia que, en realidad, no existió o se dio mucho más tarde. Cela, por ejemplo, ha explicado que fue censor de revistas intrascendentes y que lo hizo «para comer». De todos modos eso hubiera exigido en sus memorias una explicación distinta de la que da sobre su posición en la Guerra Civil: él habría sido intelectualmente de izquierdas y eso no gustaba a las derechas, socialmente conservador, y eso no satisfacía a las izquierdas, y políticamente liberal, y eso no gustaba ni a unos ni a otros. Otro realidad digna de ser mencionada es, en fin, que, con alguna excepción, los novelistas e intelectuales más caracterizados del área ideológica del régimen fueron más beligerantes antes de que adviniera éste que durante su existencia. Resulta característico el caso de Rafael Sánchez Mazas, muy pronto entregado a la evocación, como se aprecia en La vida nueva de Pedrito de Andía. Si en ese caso no hubo ningún género de despegue del régimen tampoco fue este palmario, ni mucho menos, en otras importantes figuras de la intelectualidad española del momento.

Castilla del Pino ha podido describir de una de ellas que su posición respecto de la dictadura era un «estar y no estar o estar cuando no se está o estar en parte sin dejar de estar del todo». Pero también se debe tener en cuenta que para muchos intelectuales la política tuvo un interés muy circunstancial después de la tragedia de 1936.

Tanto en el exilio como en el interior de España su ser y el de lo español fueron tema no sólo dominante sino incluso obsesivo en el ensayismo del momento. Así se aprecia en la última parte de la obra de Menéndez Pidal, en especial en Los españoles en su Historia en la que, como otros historiadores de procedencia liberal y castellanista, remonta a un pasado muy remoto el origen de la Nación y juzga la pluralidad como algo muy parecido a la dispersión y, en definitiva, a la decadencia. Pero también la más sonada polémica fue la que se produjo en los medios culturales oficiales entre las diversas ortodoxias existentes al final de los años cuarenta. El debate enfrentó a Laín Entralgo, a quien en estos momentos cabe describir como la figura más destacada de la intelectualidad falangista, autor de un libro titulado El problema de España (1949), con el sector católico integrista y monárquico representado por la revista del CSIC Arbor, fundada en 1944 y en la que escribía Rafael Calvo Serer, autor de un libro titulado España sin problema. La polémica, cuajada de claves secretas, resulta, desde una óptica actual, prácticamente ininteligible. La posición falangista pretendía un mayor acercamiento a las actitudes intelectuales de la izquierda liberal, pero para integrarlas en las opciones propias. La otra tendencia, en cambio, negaba desde 1939 la problematicidad de España, porque —decía— Menéndez Pelayo «nos dio una España sin problema» y ésta había sido definitivamente conquistada con la victoria de 1939; de acuerdo con ello lo que debía hacerse respecto del mundo intelectual exiliado era mantener «diálogo, pero para convencer, para asimilar». El juicio de Laín era tan diferente que partía incluso de una distinta visión de Menéndez Pelayo, presentado como más liberal y tolerante que en la versión opuesta. La tesis del sector tradicionalista era, en definitiva, que de la llamada civilización moderna los españoles debían tomar los medios pero que los fines debían ser los de la España multisecular. En suma, la polémica testimonia el decisivo papel desempeñado por la reflexión acerca de España en el mundo cultural de la posguerra, también en la Península y dibuja, además, los caminos de la muy lenta recuperación de los principios liberales. En el caso de los falangistas fue esta voluntad de atracción de la intelectualidad exiliada la que llevó a la asunción, a la larga, de este talante de pensamiento, aunque en su origen sus planteamientos fueran totalitarios, por falangistas. El otro sector que originariamente no tenía nada de liberal sino que precisamente procedía del grupo de extrema derecha Acción Española, era, sin embargo, antitotalitario y monárquico y esto último le hizo evolucionar —al menos, al propio Calvo Serer— en el sentido indicado. La contienda tuvo siempre un contenido parapolítico porque, en el fondo, obedecía a una alternativa de este tipo: se trató de confrontar un Estado católico con otro fascista.

Si de los debates intelectuales y culturales pasamos a la vida literaria encontraremos un cambio de actitud importante con respecto a los años de la República, que no se fundamentó tan sólo en la ausencia de nuestro país de una parte de la creatividad cultural obligada al exilio. La generación de 1927, antes de su politización en los años treinta, se había caracterizado por el experimentalismo formal y la brillantez metafórica. La denominada «generación de 1936» sustituyó aquellas actitudes con densidad retórica y sentimental y con preocupación centrada en el destino del hombre.

A ella —como ya se ha dicho— no cabe atribuirle un papel beligerante inmediato en los entusiasmos colectivos de origen político. De manera más o menos exacta vale para ella lo que ha escrito Gullón: habría sido una generación «moderada, tolerante, comprensiva, enemiga de convencionalismos y de banderías», poco proclive a fomentar la división de España en dos, precisamente por haber presenciado ese espectáculo y haberlo sufrido en sus carnes. En muchos de estos escritores, ya sea del exilio o del interior de España, jugó siempre un papel muy influyente Ortega y Gasset. Esta caracterización general, por otra parte, se puede desdoblar en muy diversas vertientes estéticas, tanto como el «neorrealismo áspero y el intimismo poético».

Mucho de cuanto antecede quizá valga especialmente para la poesía. Aparte del interés inicial por la poesía religiosa o imperial la revista Gracilazo representó, en su origen, la búsqueda de una lírica «neoclásica (en la forma), intimista y nacionalista». Sin embargo ni García Nieto, principal mentor de ese grupo, se mantuvo siempre en esa actitud, ni cabe reducir a él la totalidad de la poesía de la época, a pesar de que resulte coincidente en algún aspecto como la vuelta, al menos temporal, a la disciplina formal clásica (lo que fue denominado como el «escándalo de la rígida disciplina»). En Rosales La casa encendida, 1949) como en Vivanco y Panero encontramos una rápida superación tanto del compromiso político como de ese neoclasicismo. Por otro lado, Hijos de la ira, de Dámaso Alonso (1944), significó la «rehumanización de la poesía» (Alarcos) al presentar, de una forma un tanto desgarrada, que tiene paralelos con lo sucedido en estos momentos con la narrativa, a Madrid como «una ciudad de más de un millón de cadáveres». También la revista Espadaña representa una vuelta a la realidad frente al «embalsamamiento» de quienes habían tratado de integrar el mundo poético en el clasicismo. Por su parte, ya antes de los años cincuenta, Gabriel Celaya había optado por una poesía comprometida en contra del régimen, en la que «lo social» era «un eufemismo para designar esa mezcla de indignación, asco y vergüenza que uno experimenta ante la realidad en la que vive».

En cierta manera también en la narrativa hubo una vuelta hacia lo clásico, al menos si se entiende por éste, en la novela, la tradición representada por Galdós, primero, y Baroja, después. Fue éste mucho más que Azorín, el gran maestro de las nuevas generaciones como habría de recordar Camilo José Cela, quizá el autor más brillante de los surgidos en la década de los cuarenta. En cambio lo que no hubo en la novelística de la posguerra fue experimentalismo ni tan siquiera prosa intelectualizada, con algunas excepciones como pueda ser, quizá, Torrente Ballester. Aparte de los prosistas de épocas anteriores, quienes representan mejor ese género de novela de raigambre realista del siglo XIX son Zunzunegui y Agustí. Fue, sin embargo, La familia de Pascual Duarte (1942), de Cela, la que, con su versión desgarrada de la realidad, introdujo el olor y el sabor de la posguerra en una literatura que no parecía haber pasado por esa experiencia. El «tremendismo» nació, en efecto, de esa experiencia y se convirtió en una moda arrasadora: «No puede ser almibarado» —se dijo— «quien sólo sabe de la miel que le untaron para que le devoraran las moscas» (Borras). Menos desgarrada y más humildemente apegada a «la cotidiana, áspera, entrañable y dolorosa realidad», como se dice en el prólogo, fue La Colmena, escrita en 1946, pero que sólo pudo ser publicada en 1951 y en el extranjero, quizá el mejor testimonio de la España de la posguerra Nada, de Carmen Laforet (1945), presenta a través de una historia prosaica la degeneración general de la moral humana y colectiva en la posguerra civil y ya en estas fechas inicia su carrera como escritor, que seguirá un proceso lento, ascendente y seguro, Miguel Delibes. Los dos últimos autores obtuvieron el premio Nadal, el más prestigioso de las letras españolas durante mucho tiempo.

El teatro, por sus especiales características, difícilmente podía autorizar la presencia de fórmulas incluso levemente discrepantes. Respecto de él se ha escrito que los años cuarenta fueron protagonizados por «la pelada enajenación de la carcajada o la ternura sensiblera» y que «sólo un teatro de humor aporta algo de novedad y desconcierto y una velada crítica social a la banalizada situación española». Así es, en efecto. El teatro burgués habitual se caracterizó, en ésta y posteriores épocas, por una sólida construcción, una dosificación de la intención crítica, una tendencia cómica y un escenario lujoso o, como mínimo, confortable en donde la temática solía ser repetitiva.

En estas condiciones, a pesar de que aparecieron nuevas figuras como Ruiz Iriarte, cabía esperar un triunfo de Benavente cuando se le autorizó a estrenar de nuevo en 1945. Las novedades, ocultas en apariencia, estuvieron representadas por el teatro, hecho de ternura y humor, de Mihura, autor de Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario (1943) y Tres sombreros de copa, estrenada en 1952, veinte años después de ser escrita. Sólo en 1949 se estrenó Historia de una escalera, iniciándose así la trayectoria del teatro trágico y moral de Buero Vallejo. La vanguardia estaba refugiada exclusivamente, de momento, en el exilio donde, en 1944, Alberti estrenó El adefesio.

Si en literatura no puede decirse que existiera una verdadera ortodoxia oficial, lo mismo puede afirmarse de la arquitectura y las artes plásticas, salvo un brevísimo momento inicial y a pesar de los esfuerzos del Partido. Se debe tener en cuenta que en la posguerra apenas si existió la posibilidad de construir edificios, que en los monumentos conmemorativos de la contienda se utilizó casi exclusivamente la cruz y que no existió prácticamente censura en lo que respecta a las artes plásticas. Es cierto que hubo algún teórico, como Giménez Caballero, que pretendió hacer del «clasicismo cristiano» la doctrina oficial y que el arquitecto Gutiérrez Soto quiso afirmar el valor emblemático de la arquitectura como fachada del régimen. Sin embargo, también en arquitectura, el arte más evidentemente destinado a tener un directo resultado político, existieron gustos cambiantes sucesivos e indefinición práctica en algunos de los grandes monumentos.

Este puede ser el caso del Valle de los Caídos, iniciado en 1940 y proyectado bajo la muy directa inspiración de Franco, que incluso hizo algunos dibujos de él. En un primer momento pudo haber existido un deseo de imitación de la arquitectura de la Alemania nazi, de la que hubo una exposición en Madrid, y, de acuerdo con estas pautas estéticas, se proyectó, por ejemplo, el Ministerio del Aire; a esa misma actitud correspondieron muchas de las utopías arquitectónicas de la época, que incluso previeron la destrucción de la Gran Vía madrileña, como calle que sería la expresión misma de la burguesía.

Pero todo ello quedó en nada, en parte debido a las debilidades económicas del momento y en parte también a los propios cambios en la contextura del régimen. En este sentido es significativo que el citado Ministerio del Aire fuera al final edificado siguiendo criterios inspirados en fórmulas arquitectónicas vinculadas con la tradición nacional. Sánchez Mazas escribió que «El Escorial nos dicta la mejor lección para las Falanges del futuro» y, en efecto, su construcción siguió esas pautas arquitectónicas. El monumentalismo de ladrillo y piedra a partir de fórmulas neopopularistas o casticistas aparece también en otras muestras muy relevantes de la arquitectura de la época, como la iglesia de la Ciudad Universitaria de Madrid o la Universidad Laboral de Gijón, obra de Moya. A partir de 1951 no se puede hablar ya, en manera alguna, de una arquitectura oficial del franquismo, sino de una pluralidad de arquitecturas bajo un régimen que, sin cambiar, no dio en ningún momento la sensación de querer imponer ninguna como propia y oficial.

Si todas esas afirmaciones pueden hacerse acerca de las doctrinas oficiales sobre arquitectura más radicales son las relativas a la pintura y la escultura. Sobre ellas no hubo censura alguna y la misma actitud de los intelectuales relacionados con Falange respecto de la vanguardia osciló mucho, desde la rotunda oposición hasta su plena aceptación, incluso del surrealismo, que en los años republicanos no pasó de muy minoritario. A lo sumo cabe decir que existió un cierto arte oficial en materias como la ilustración (Sáenz de Tejada) o el muralismo (Aguiar) pero fue siempre circunstancial y poco duradero.

Se ha dicho que los años de la posguerra presenciaron un retorno del clasicismo, pero ello sólo en parte es cierto. Sin duda los gustos oficiales estaban próximos a él y, además, tendía a imponerse en la escultura (Pérez Comendador, Monjó, Ciará…). Pero más que producirse una vuelta al clasicismo lo que se dio fue una perduración de algunas muestras de la vanguardia de otro tiempo en el contexto de un mercado en general muy reducido, en el que la propensión clasicista convivió reductos de permanencia del recuerdo del pasado. Debe tenerse en cuenta, por otro lado, la influencia que para las nuevas generaciones representó la permanencia en España de algunas de las más destacadas figuras de la pintura anterior: los casos de Vázquez Díaz, en Madrid, o el de Sunyer y Pruna, en Barcelona, pueden considerarse paradigmáticos.

Hay otro dato importante, como la permanencia de algunos de los grandes artistas del pasado, como Zuloaga, o la consagración final de pintores hasta entonces malditos, como Solana, con tanta vinculación con la literatura tremendista del momento. Quizá las pruebas más evidentes de esa conexión con el pasado las encontramos en la llamada Academia Breve de Crítica de Arte y en la denominada Escuela de Vallecas. La primera fue inspirada por D’Ors a partir de 1942 y tuvo el mérito de, a un tiempo, poner en contacto el ambiente artístico de la capital con el pasado y de estar atenta a la evolución más reciente de la pintura y la escultura sin pretender la imposición de una ortodoxia.

En ella expusieron Miró, Tapies o Zabaleta géneros muy diferentes de pintura vanguardista, pero también pintores de calidad más próximos a los gustos del momento.

En general puede decirse que la obra de D’Ors elevó el nivel y la calidad de la información sobre materias artísticas contemporáneas en la capital. La Escuela de Vallecas no fue tampoco una disciplina ni una tendencia, sino que consistió en la atracción sentida por jóvenes pintores como Delgado, Sanjosé y otros por la figura de Benjamín Palencia, eslabón de contacto con la vanguardia de los años treinta. Como estos pintores muchos otros (Caneja, Martínez Novillo, Redondela…) sintieron la atracción por el paisaje y el bodegón y, en condiciones precarias, mantendrían una meritoria actividad que no obtuvo éxito de público hasta los años sesenta. A partir de 1948 empezaron a surgir las primeras muestras de arte abstracto, inicialmente muy vinculadas al surrealismo, por influencia de Klee y de Miró, o con cierto gusto por el primitivismo (Escuela de Altamira). La desaparición de D’Ors en 1953 y la celebración de la primera Bienal hispanoamericana de arte que reconoció la valía de un pintor joven como Palencia constituyeron, junto al fenómeno citado, el principio de una nueva época. La Bienal, en efecto, constituyó una alternativa a las ya muy anquilosadas Exposiciones Nacionales. Pensada como vehículo de propaganda política de cara a Hispanoamérica tuvo una larga gestación hasta inaugurarse en Día de la Hispanidad de 1951. Su importancia en la Historia del Arte español radica en que, a partir de este momento, se aceptaron en el mundo oficial español las opciones artísticas más variadas. Si Sotomayor, entonces director del Museo del Prado, se opuso de forma rotunda a esta apertura artística, Dalí aprovechó la ocasión para ratificar su regreso a España y Picasso fue el centro de una protesta contra el régimen político español como lo venía siendo desde el final de la Segunda Guerra mundial. Pero más decisivo fue el hecho de que se reconociera un arte ligado de forma más o menos directa a la vanguardia y que incluso acabara siendo promovido en el exterior.

Resulta preciso hacer alguna alusión a la cultura popular, a los espectáculos y al ocio, pues todos ellos reflejaron de forma clara el espíritu de una época. Sobre estas materias nos centraremos en los tres ámbitos en los que se dio un mayor y más perdurable grado de cambio: el cine, la canción y la radio.

En la Historia de la cinematografía nacional estos años fueron los de la definitiva popularización de este medio de expresión y de diversión. El número de salas de exhibición se fue multiplicando y no llegaría a estancarse hasta la segunda mitad de la década de los sesenta. Gerald Brenan, el conocido hispanista británico, afirmó en 1952 que en ningún país se observaba una pasión semejante por el cine y, aunque esta afirmación puede parecer exagerada resulta confirmada por el hecho de que la proporción de salas por cada mil habitantes resultaba semejante a la de Estados Unidos.

En estos años, además, se configuró un sistema industrial muy característico y que estaba destinado a tener un profundo efecto sobre la cinematografía española del futuro. El contenido de este marco no puede entenderse sin tener en cuenta que se generó en una época de estatismo intervencionista, al margen de que, como en otros terrenos, existiera una única fuente de información política, el noticiario NODO. En primer lugar, en 1941, se estableció el doblaje de las películas, medida de carácter nacionalista que, en realidad, perjudicó a la producción española y creó un hábito que resultó permanente. Desde esa misma fecha se crearon también cuotas de pantalla para el cine español y un sistema mediante el cual quienes produjeran películas españolas al mismo tiempo podrían importar extranjeras. Además se consideró el cine como industria de interés nacional y recibió créditos oficiales, rasgos todos ellos destinados a perdurar en la industria cinematográfica española hasta la actualidad.

Todo esto favoreció la creación de alguna empresa, como Cifesa, propiedad de una familia de aceiteros valencianos, que tuvo durante una década una sólida estructura industrial e incluso fue capaz de montar una especie de sistema de producción y comercialización que venía a ser un tímido reflejo de Hollywood. Además llegó a superar la competencia extranjera cuando, en 1945, se produjo la inevitable invasión del cine norteamericano. España produjo en esta época una media de 37 películas por año.

Los directores eran personas consagradas en los tiempos republicanos, como Benito Perojo, pero a veces también jóvenes formados junto a Buñuel, como José Luis Sáenz Diez. Los medios oficiales siempre concedieron un papel importante al cine como «arma terrible para la difusión de las ideas» pero eso no quiere decir que abandonaran la pura diversión, pues fue la comedia el género más frecuentado en la primera mitad de los cuarenta. El cine histórico, sin embargo, adquirió mayor relevancia. Se le consideraba especialmente importante de cara a la «formación del espíritu nacional» y tuvo como temáticas principales las biografías heroicas, la gestación del Estado español o la aventura colonial en América. De él pueden ser ejemplo Raza (1941), sobre guión de Franco, Locura de amor (1948) o Alba de América (1951).

También en la canción y los espectáculos con ella relacionados se produjeron cambios importantes durante los cuarenta. En primer lugar, se produjo una ofensiva moralizante respecto de los espectáculos de variedades que, de acuerdo con un cronista de la época, habían convertido la canción española en una sucesión de «engendros rijosos». Al mismo tiempo tuvo lugar, en el mundo de la música popular española de más pretensiones, un último resurgimiento de la zarzuela grande cuyos dos soportes básicos fueron Federico Moreno Torroba y Pablo Sorozábal, decayendo el género a partir de mediados de los años cincuenta. Su crisis final se produjo como consecuencia de un doble proceso: desde el punto de vista de los creadores, que dejaron de interesarse por el género, y por parte del público, como consecuencia del desprestigio social gestado por una crítica elitista que menospreció la zarzuela por sus características esencialmente populares y por su música muy accesible ante un público al que se consideraba no especialmente exigente. Triunfó, en cambio, una fórmula de folclore, implantada por los poetas Antonio Quintero y Rafael de León, aliados con el compositor Manuel de Quiroga. En realidad, pese a sus pretensiones omnicomprensivas, este folclore fue siempre casi exclusivamente andaluz. El éxito de esta fórmula ahuyentó, por el momento, a los cuplés de la vieja ola, al tango argentino y a los corridos mejicanos que habían hecho más cosmopolita el espectáculo musical de tiempos anteriores. En la difusión de esta música jugó un papel de primera importancia la industria fonográfica y las emisiones radiofónicas.

Surgida en los años veinte, la radio sólo se convirtió en fenómeno social en la década los treinta. Durante ellos su difusión fue amplia y muy rápida y estuvo acompañada del prestigio de lo novedoso y dotada, en la percepción popular, de un plus de veracidad respecto de los restantes medios de comunicación. Pero los años transcurridos entre 1936 y 1945 fueron beligerantes, primero entre los propios españoles y luego frente a un supuesto enemigo exterior, y eso supuso la conversión de la información en propaganda. Resulta muy significativo que, entre los vencedores, los dos locutores de mayor popularidad, Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, fueran militares, mientras que en el adversario subsistió siempre un mayor grado de pluralismo que entre los vencedores. La intervención gubernamental sobre la información política se instaló desde estos años y durante mucho tiempo en el conjunto la radio española.

Tras la victoria de Franco, anunciada el 1 de abril de 1939, con la lectura del último parte bélico por Fernández de Córdoba, surgió una ordenación legal nueva destinada a tener una larga duración. Al margen de la cadena privada de mayor implantación, Unión Radio, ahora rebautizada como Sociedad Española de Radiodifusión, apareció otra de carácter estatal, Radio Nacional, y una tercera del partido. Pero la información —el llamado «parte», en término de resonancia militar— fue estrictamente monopolizada por la segunda y, al mismo tiempo, se introdujo un sistema de rigurosa censura que alcanzaba a la misma publicidad, donde se prohibían los «efectos cómicos de burda naturaleza». Pero esto, como ya se ha apuntado, no supuso un paréntesis en la difusión del medio. Se puede calcular que, a estas alturas, ya había un millón de receptores, triplicando la cifra de comienzos de los treinta. Al margen de las informaciones políticas llama la atención en la radio de posguerra el peso de lo religioso. Pero, aún con todas las dificultades, ya a mediados de los cuarenta se había hecho patente la supervivencia de una radio privada de tradición liberal, la citada cadena, y la aparición de unos programas de entretenimiento —los «seriales»— que permitirían enfrentarse a este medio a condiciones tan difíciles como las descritas. La retransmisión de música popular estaba destinada a tener un impacto de primera importancia, tanto desde el punto de vista comercial como para consolidar una forma de ocio masivo.

Los años del consenso: el apogeo del régimen (1951-1965)

Los años centrales de la historia del franquismo pueden ser calificados, con plena justicia, como los de plenitud y apogeo del régimen. Para ellos —y no para otros— vale la paradoja de que, siendo el régimen una dictadura, parecía resultar lo bastante estable y aceptada de forma pasiva como para poder decir que existía un consenso en la sociedad por mantenerlo. No hace falta insistir en que sólo la represión y la desarticulación de la oposición explican ese resultado. En efecto, a la altura de 1951, el régimen de Franco había superado ya el peor momento de su existencia en los años de la inmediata posguerra mundial, debido a la simultaneidad de la presión interior y de la guerrilla con la exterior. De todas maneras durante los cuarenta el franquismo seguía siendo una dictadura personal de difícil e incluso aparentemente imposible definición doctrinal, y España era, en el contexto europeo, un país marginal que parecía condenado al subdesarrollo económico.

Ahora, en cambio, empezó por conseguir la confirmación de un estatus internacional que, si no le concedía en toda su plenitud la condición de igual respecto de los países de su entorno, por lo menos suponía una radical mutación de la etapa previa en que del exterior sólo podía esperarse el peligro para un régimen cuyo pasado le condenaba al ostracismo. El nuevo concordato con la Santa Sede añadió muy poco a las relaciones existentes entre ambos poderes, pero el mero hecho de que fuera firmado venía a ser una especie de reconocimiento para un país que se decía esencialmente católico. El pacto con Estados Unidos, por su parte, no fue de igual a igual, pero puso de manifiesto el predominio, en la primera potencia occidental, de los factores estratégicos, que favorecían a Franco, sobre los ideológicos. La misma independencia de Marruecos que, dada la biografía de Franco, hubiera podido pensarse que significaba una grave crisis en la vida del régimen, se saldó de forma bastante satisfactoria y, en todo caso, no traumática.

En gran medida esa evolución se debió a factores derivados de las relaciones internacionales mundiales que nada tenían que ver con la voluntad de los dirigentes españoles. En menor grado el apogeo del régimen se debió al declive de la oposición, que había visto pasar su mejor época en la posguerra mundial y que nunca recuperaría sus posibilidades hasta la muerte de Franco. La década de los cincuenta fue el peor momento de su historia, reducida, en el caso de los monárquicos, al colaboracionismo, más o menos vergonzante, y en el de la oposición de izquierdas exiliada, a la fragmentación y al recuerdo del pasado republicano. Es cierto que durante los años a los que nos vamos a recibir a continuación se produjo por vez primera, en 1956, el nacimiento de una oposición que no estaba formada por los vencidos sino por los hijos de los vencedores; también por vez primera, en 1962, con ocasión de la reunión europeísta de Munich, pareció que era posible una reconciliación entre la oposición interna y la del exilio. Sin embargo, la realidad es que uno y otro fenómeno presagiaban más el futuro que no una influencia inmediata sobre la política interna española. La relevancia de los incidentes de febrero de 1956 o de la reunión de Munich en 1962, puede ser fácilmente exagerada, pero no parece que quepa atribuirles un papel tan decisivo como para que alteraran, por el momento, la estabilidad del régimen. Otra cosa es que tuvieran una importancia decisiva desde el punto de vista generacional o incluso cultural.

El régimen de Franco seguía careciendo de institucionalización, pero esto, lejos de testimoniar debilidad, era muestra de su capacidad de adaptación. En efecto, la vuelta de la Falange al primer plano de la presencia política no significó, en absoluto, que el régimen se vertebrara de acuerdo con sus principios políticos, como habría de demostrarse con el fracaso de los proyectos de Arrese en 1956-1957. La posterior ley de Principios del Movimiento fue vaga, genérica y polivalente, pero ya indicó un camino hacia un género de dictadura distinta de la exclusivamente falangista. Incluso una cuestión que luego, en la historiografía, estaba destinada a despertar una profunda atención, como es la de la apertura en el terreno cultural y educativo, produjo, por el momento, unos cambios más bien modestos en la vida política.

El apogeo del régimen se aprecia también en lo que se refiere a los planteamientos de política económica. Además el experimento iniciado por el régimen al modificar su trayectoria en este aspecto contribuyó a incrementar su apoyo social, aunque éste fuera exclusivamente de carácter pasivo. La imagen que tuvieron los visitantes extranjeros en la primera etapa de la España franquista fue la de un país que parecía haber quedado condenado a una irremediable miseria después de la Segunda Guerra Mundial. El crecimiento económico de la etapa posterior a 1948 fue inflacionario y desequilibrado, y España no alcanzó una posición semejante a la que tenía antes de la Guerra Civil hasta mediados de la década de los cincuenta. Sin embargo, ya en estos años y, sobre todo, a partir de 1957, inició un crecimiento que, además, fue especialmente intenso en la primera mitad de los sesenta. Con ello se iniciaba un cambio decisivo en la Historia de España, el más trascendental de los que tuvieron lugar en nuestro país durante el régimen de Franco. De él ha podido decirse que fue la verdadera revolución española, mucho más que la acontecida durante la Guerra Civil. Además, así como más adelante, ya entrada la década de los sesenta y sobre todo en los setenta, la transformación de la sociedad española tuvo un inmediato correlato en términos políticos, éste no fue el caso durante los años finales de la década de los cincuenta y comienzos de los sesenta, pues la transformación económica daba la sensación de producir tan sólo conformismo político. Con todas las limitaciones que se quiera bien se puede decir que para Franco estos años fueron, como para Mussolini los anteriores a la Segunda Guerra Mundial, «los años del consenso».

El final definitivo del aislamiento internacional:
El concordato y los pactos con Estados Unidos

En el mantenimiento del régimen del general Franco no cabe la menor duda de que jugó un papel decisivo la propia tenacidad defensiva de quien le dio nombre, el fracaso de la oposición y la reacción visceral de una parte de la sociedad española ante la mera eventualidad de un cambio. No obstante también la coyuntura internacional, con el desarrollo de la Guerra Fría, tuvo una influencia de primerísimo orden en la subsistencia de la dictadura. Como muestra baste citar tan sólo dos ejemplos: en primer lugar debe recordarse que en el mismo momento en que se planteó el conflicto de Corea, en 1950, España inició una rápida rehabilitación internacional que alcanzó su punto culminante en 1953, fecha cumbre del conflicto coreano y de los pactos españoles con los Estados Unidos. Tan sólo un día antes de la intervención norteamericana en Corea, se produjo una renovación del acuerdo relativo a las facilidades aéreas concedidas por el Gobierno de Franco al final de la Segunda Guerra Mundial. Resulta evidente, por tanto, que en la política de la primera nación occidental primaron los factores estratégicos sobre los políticos señalándose con ello un camino para que España recuperara, aun en peculiares condiciones, un papel en la política internacional.

Si el aislamiento del régimen Franco tuvo lugar a través de la aprobación de una serie de expulsiones (o de vetos) en los organismos internacionales, su rehabilitación siguió un proceso semejante pero en sentido inverso. En noviembre de 1950 se revocaron las recomendaciones contenidas en la resolución de 1946; paralelamente se inició el ingreso de la España de Franco en las agencias de la ONU que, por su carácter técnico, y no político, podían evitar una discusión de este último carácter en relación con el caso español. A fines de 1950 España entró en la FAO, en 1951 lo hizo en la Unión Postal Internacional, en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Internacional de la Aviación Civil y, en 1952, en la UNESCO. En estos momentos el propio secretario general de la ONU estaba ya dispuesto a favorecer la presencia de España en la organización internacional, cuya política de embargo de Corea del Norte y China siguió puntualmente por coincidencia ideológica a pesar de no ser miembro de la organización. Si el ingreso español en las Naciones Unidas se dilató fue sencillamente porque requería un acuerdo previo entre las dos grandes potencias para admitir a todo un grupo de naciones de significación ideológica contrapuesta. En noviembre de 1955 España presentó su candidatura, que inmediatamente fue apoyada por Estados Unidos. La admisión tuvo lugar, junto con una quincena de naciones, a mediados de diciembre de ese mismo año, después de un discurso en defensa de la citada proposición de nada menos que el representante soviético. Al mismo tiempo, sin embargo, alguna nación del bloque occidental se abstuvo significativamente de votar en el sentido deseado por el régimen. Ese mismo año de 1955 hubo una representación española en muchos otros organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Organización Internacional del Trabajo.

A esas alturas se puede decir, de todos modos, que la aceptación de la España de Franco en parte de los medios internacionales era plena, porque había sido asegurada por un procedimiento indirecto, el de la firma sucesiva, pero casi coincidente, del concordato con la Santa Sede en agosto de 1953 y del pacto con Estados Unidos, suscrito un mes más tarde. Aunque estos dos acuerdos diplomáticos obedecían a procesos y razones diversas, tuvieron en común que su ratificación hubiera sido sencillamente inconcebible tan sólo unos años antes y que supusieron para el régimen un puro y simple reconocimiento de su admisión como un miembro más de la comunidad internacional.

Lo que más sorprende del Concordato con el Vaticano es, dadas las ventajas obtenidas por la Iglesia, que su iniciativa surgiera, en realidad, del propio Estado español. Fue Joaquín Ruiz Giménez, nombrado embajador ante el Vaticano en 1948, quien desde un principio anunció su voluntad de cumplir con este propósito que, según él, habría de servir para consolidar el papel del catolicismo en la sociedad española y, al mismo tiempo, para refrendar y mostrar la confianza de la Iglesia respecto al franquismo. Por descontado, una postura como ésta no puede entenderse sino dentro de la mentalidad característica del catolicismo de la época, que tenía una pretensión integral y repudiaba como «minimistas» e insuficientes las versiones que acerca de él y, en especial, de su relación con la política, daban otros países europeos. Después de solucionar algunos problemas menores, como los relativos a la demarcación de las diócesis y a la jurisdicción castrense, Ruiz Giménez empezó la negociación de un concordato en la que se encontró con dificultades inesperadas, pues en el Vaticano no se compartía su visión. Sin embargo, la verdad es que, en muchos aspectos, el Concordato negociado por Ruiz Giménez fue diferente del luego aprobado. En el fondo, el embajador tuvo siempre una voluntad de autonomía de la Iglesia con respecto al Estado que difícilmente hubiera podido aceptar un falangista: el nombramiento de los obispos no sería por la fórmula de presentación acordada en 1941, habría algún tipo de tolerancia religiosa, aún parcial, e incluso se planteaba la eventual reconstrucción de un patrimonio eclesiástico independiente que no hiciera necesaria la periódica ayuda del Estado a la Iglesia. Todo ello resultaba poco aceptable para Madrid, donde algunos dijeron que Ruiz Giménez era, en realidad, embajador del Vaticano en España y no al revés.

A partir de 1951, cuando el ex embajador ocupó la cartera de Educación, las negociaciones fueron ya llevadas por Castiella, su sucesor, aunque se creó una comisión para ese objeto de la que formaba parte el propio Franco. Ahora toda la negociación se enfocó con un sentido más regalista, más propio del enfoque habitual en el régimen y del mismo embajador Castiella, de pasado falangista. Si la iniciativa fue del Estado, el Vaticano parece que optó inicialmente por una postura de voluntaria lentitud, presentando lo que ahora se quería conseguir como la simple coronación de los acuerdos anteriores, sin dar a los nuevos especial relevancia. A partir de un determinado momento, en un ambiente en que la Guerra Fría tuvo también su lógica influencia sobre los ambientes eclesiásticos, desaparecieron las reticencias de Roma. En definitiva, cuando se firmó el Concordato, en España todo fueron alabanzas a su texto, especialmente en los círculos de los católicos que colaboraban con el régimen. Martín Artajo habló de la «perfecta colaboración» entre las dos potestades, Martín Sánchez Julia, la figura más destacada de la Asociación Católica de Propagandistas, lo consideró modélico y en todos los medios católicos españoles se señaló la enorme diferencia entre un Concordato como el que en aquellos momentos se suscribía y los que hasta entonces habían sido habituales en la historia de la Iglesia, pues si antes se habían firmado acuerdos que eran «tratados de paz», esto no podía decirse del caso español, caracterizado por la íntima compenetración de ambos poderes desde una fecha temprana. Un tratadista en derecho canónico, Montero, llegó a decir que el español era el concordato «más conforme» con la doctrina católica, pero todavía fue superado por Fernández Regatillo, para quien «se llevaba la palma entre todos los de todas las naciones y todos los tiempos de tal modo que la lástima es que este concordato no sea el más adecuado para las demás naciones, porque no todas están capacitadas para soportar tanta bondad».

Sin embargo, no es correcto pensar que los factores políticos implícitos en la fórmula concordataria intervinieran de manera decisiva en el juicio de los más significados representantes del catolicismo español. El cardenal Pía i Deniel, por ejemplo, seguramente era sincero cuando consideraba que el acuerdo suponía el mantenimiento de la unidad social católica. Pero, al mismo tiempo, ese factor político partidista pudo ser esgrimido por otros relevantes personajes de la vida pública española. Para Gonzalo Fernández de la Mora la firma del concordato tenía «un alcance estrictamente político: era el solemne y definitivo respaldo de la legitimidad de origen y de ejercicio del Estado español; era la proclamación de la concordia ejemplar entre las dos soberanías, una de las cuales, con su suprema autoridad moral, confirmaba la rehabilitación internacional del Estado español». Estas afirmaciones pudieron repetirse una y otra vez hasta el momento en que se inició la crisis de las relaciones entre la Iglesia y el Estado ya a fines de los sesenta.

Por supuesto una afirmación como la citada no hubiera sido suscrita por el Vaticano (ni tan siquiera habría sido proclamada como única razón de la bondad del Concordato por el Ruiz Giménez de la época), pero es cierto que la Iglesia dio la sensación de apoyar, de modo inequívoco, al régimen político de Franco en el momento en que estaba dispuesta a aceptar numerosas concesiones de parte del Estado. Se consagró la unidad religiosa, aunque los disidentes tuvieran derecho al culto privado, así como una dotación económica para la Iglesia, aprobada de modo oficial y completada con importantes exenciones fiscales para sus actividades asistenciales y educativas. En segundo lugar, las órdenes religiosas lograron un estatuto jurídico como nunca habían tenido a lo largo de la Historia española. Se admitió la existencia de un fuero eclesiástico y la competencia de la Iglesia en las causas matrimoniales; se negoció, además, un calendario de fiestas litúrgicas para convertirlas en profanas de modo directo y quedó reconocida la Acción Católica (y cualquier otro asociacionismo de este género) siempre que realizara su misión en el plano de sus competencias.

La contrapartida obtenida por el Estado fue relativamente parca. Se mantuvo el sistema de nombramiento de obispos ya existente, pero la Iglesia nunca tuvo la menor esperanza realista de alterar la situación previa. Además se estableció la obligación de rezar en los actos religiosos públicos por las autoridades políticas de la Nación. Todo esto, como los diversos honores pontificios y litúrgicos que recibió Franco y las prerrogativas logradas por su régimen, no fue en realidad más que puro formalismo, pero, aun así, el Concordato resultó, de cara al exterior, un triunfo diplomático estatal. Sí bien su texto no añadía nada sustancialmente nuevo, confería un aparente carácter pactado a actitudes adoptadas previamente por el Estado y, en consecuencia, podía proporcionar a los observadores la impresión de que contribuía a apoyar a un régimen cuyas relaciones con el Vaticano fueron siempre mejores en la apariencia que en la realidad. Pero, para completar la descripción de su contenido, es preciso remitirse a otro rasgo más de lo pactado para explicar el futuro de su aplicación y el sentido mismo de su aprobación en 1953. El Concordato fue anacrónico, incluso para la España de la época, pues más recordaba el pasado que anunciaba el porvenir. Es cierto que sirvió de modelo para el firmado entre el Vaticano y la dictadura dominicana de Trujillo, pero con ello concluyó su virtualidad como tal y, además, muy pronto empezaron a plantearse problemas de interpretación concreta de su contenido como, por ejemplo, los relativos al nombramiento de obispos auxiliares, que le servirían a la Iglesia para librarse de la tutela estatal más adelante. En última instancia, el Concordato sólo contribuyó a superar el aislamiento internacional que pesaba sobre la España de Franco porque en realidad esta situación ya había quedado resuelta en gran medida por la misma evolución de las circunstancias. La firma a la que se llegó en 1953 resultó una ratificación satisfactoria para la España de Franco más porque conformaba las argumentaciones empleadas por ella que por ser un argumento para los momentos más difíciles, ya superados.

Algo parecido puede decirse de los tratados con Estados Unidos. Cuando en 1945 había comenzado la presión contra el régimen, el ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, había enviado a las representaciones diplomáticas en el exterior unas instrucciones recomendando «esperar que pase el cadáver de los enemigos derrotados en 1939»; lo que llama la atención es cuánto tiempo tardó en suceder eso (que, además, propiamente no fue la llegada del reconocimiento sino de la pura aceptación internacional). En efecto, en 1950 Estados Unidos había empezado ya a prestar ayuda económica a un país comunista como Yugoslavia, mientras que, en el caso de España, hubo que esperar al pleno desarrollo del conflicto coreano —hasta el punto de que una vez iniciadas las negociaciones con España se detuvieron con la estabilización del frente— y a la sustitución de la Administración Truman por la de Eisenhower. Truman siempre fue muy alérgico a todo lo que representaba el franquismo y puso dificultades a que se tradujeran en la realidad las ayudas que votaba el legislativo norteamericano para España. Como anabaptista, le preocupó muy seriamente la libertad religiosa, respecto de la cual dijo mantener «diferencias fundamentales» con un Franco que veía detrás de cada capilla protestante un centro de conspiración masónica. A pesar de todo, en los primeros meses de 1951 se había producido ya el cambio definitivo en la postura norteamericana, con predominio absoluto de los factores estratégicos sobre los estrictamente políticos.

Resulta muy significativo que en los últimos meses de 1950 Estados Unidos obtuviera bases en el Marruecos francés y en las Azores portuguesas: en estos momentos, el Estado Mayor norteamericano sentía la imperiosa necesidad de bases en todo el mundo para contrarrestar el expansionismo soviético. En el caso español, sin embargo, este propósito chocó inmediatamente con la posición de algunos países europeos, como Gran Bretaña y Francia, que no entendían que se produjera un cambio tan brusco de actitudes. En realidad, la negociación comenzó con motivo de la visita a España, en julio de 1951, del almirante Sherman, a cuyo desarrollo se ha aludido en páginas anteriores.

Ya desde entonces, ratificados los propósitos norteamericanos de obtener bases en España, quedó definida la postura española. Franco, que trataba siempre de forma despectiva a otros países europeos (como Francia, que afirmaba que no combatiría en caso de invasión rusa), decía que su país no quería entrar en la OTAN (en realidad era perfectamente consciente de que no podía hacerlo, dadas las características políticas de su régimen), pero que estaba dispuesto, en caso de un ataque ruso, a enviar un ejército expedicionario a combatir al frente europeo. Cuando la negociación descendió a términos más concretos se pudo apreciar que la diferencia entre las dos partes era considerable: Estados Unidos deseaba una cesión territorial para construir sus bases, mientras que los españoles preferían bases de utilización conjunta. Por parte española, los militares parecen haber jugado un papel más decisivo en la negociación que los diplomáticos; quizá la personalidad más relevante del Ejército en el proceso negociador fue el general Vigón. En cualquier caso, parece obvio que el grado de reconocimiento al que llegó la España de Franco fue en la práctica mucho menor del que deseaban los altos cargos del franquismo. Carrero, por ejemplo, afirmó, con razón, que por parte norteamericana se concedía a España «un trato completamente distinto» al otorgado a otros países europeos. Lequerica, desde Washington, trataba de influir en los medios parlamentarios norteamericanos (el bufete del abogado Clark, del que se servía, llegó a cobrar por estos servicios hasta cien millones de pesetas) mientras simulaba una pudorosa resistencia ante las pretensiones norteamericanas, precisamente por esa citada diferencia de trato. La realidad es, sin embargo, que, dadas las dificultades que el representante de Franco percibía desde Washington para llegar a un acuerdo más estrecho, recomendó la firma cuanto antes, en el mismo año 1952, mejor que aplazarla hasta el siguiente. Lequerica ni siquiera se fiaba de quien iba a ser presidente en esta fecha —Eisenhower— porque, en realidad, era de los republicanos más moderados. Es posible que la parte española hubiera logrado más con la dilación pero tenía un interés político por una decisión rápida. Además, en definitiva, los norteamericanos sabían de sobra que en el caso de un ataque ruso España no podría ser neutral.

No hay mejor prueba de la diferencia de trato citada que el contenido de las disposiciones suscritas entre ambos países. Lo firmado fueron tres agreements relativos a defensa y ayuda económica. Este término, en terminología constitucional norteamericana, designa a los pactos suscritos por el ejecutivo que no necesitan de ratificación por parte del legislativo. En éste hubiera sido imposible que, por mucho interés que tuviera el Pentágono, se hubiera aceptado un compromiso con una potencia que no constituía amenaza alguna, pero cuyas instituciones políticas se asemejaban demasiado, al menos en la apreciación pública, a los países del Eje, vencidos en la guerra mundial. Los pactos preveían la utilización, en régimen conjunto, de una serie de bases durante un período de diez años, renovable por otros dos de cinco años. Las bases serían construidas en Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón y, además, un oleoducto unió Rota con Zaragoza. La guarnición norteamericana establecida en estas bases fue relativamente reducida: unos 6700 hombres, que, con la población civil, alcanzaron un total de 15 000 personas en 1958. Un aspecto complementario de los pactos fue el compromiso adquirido por la parte española de estabilizar la peseta y equilibrar el presupuesto, y la paralela obligación norteamericana de ayudar económicamente a España. En este aspecto no se ha subrayado suficientemente el importante papel que desempañaron los norteamericanos de cara a la transformación de la política económica española.

Quizá la mejor descripción del contenido de los pactos la dio el propio Franco cuando afirmó que eran «en su origen militares, con derivaciones políticas y, en definitiva, de contenido económico». No es momento aquí de abordar este último aspecto; baste con decir que, aun siendo la ayuda concedida a España muy inferior a la que llegó a otros países, tuvo un papel crucial en la transformación de la economía nacional. En términos estratégicos, la defensa europea logró una apoyadura aérea y marítima de primer orden y una profundidad de la que carecía, pero los avances en la tecnología y en la estrategia quitaron sentido, con el tiempo, a buena parte de las bases españolas: así, la de Torrejón, con la mayor longitud de pista de Europa, perdió efectividad en el momento en que los misiles se convirtieron en la principal arma de disuasión nuclear. A medio plazo Rota fue la adquisición más valiosa de los norteamericanos y la defensa occidental, al proporcionar apoyo logístico a los submarinos nucleares. Por su parte, la España de Franco obtuvo, ante todo y sobre todo, un triunfo diplomático por cuanto el tratado suponía un reconocimiento semejante al logrado con el Concordato, cuya proximidad en el tiempo resultaba muy significativa (los pactos se firmaron un mes después, en septiembre de 1953). Esa victoria suponía el reconocimiento de la contribución española a la defensa de occidente, la estabilidad de un programa de ayuda con la desaparición de la discriminación más flagrante respecto de otros países europeos, el indudable interés de los Estados Unidos por la estabilidad política en la España de Franco y, en fin, el mantener, al menos teóricamente, el mando militar en las bases.

En sus términos estrictos, como documento diplomático, los pactos tuvieron también obvios inconvenientes para la parte española nacidos, como se ha señalado, de la evidente falta de igualdad con que España era tratada en comparación con otros países europeos. Era muy imprecisa la disposición relativa a la utilización concreta de las bases por los norteamericanos, pero también las obligaciones a que quedaban sometidos los norteamericanos. En realidad España carecía de una explícita garantía de defensa propia, no podía controlar las operaciones que se hicieran desde su territorio y, además, dependía, en lo relativo a la efectividad de la ayuda económica, de las asignaciones votadas por el Congreso norteamericano. No obstante ese residuo de desigualdad no sólo era de esperar sino también inevitable y nacía, como es lógico, de la peculiaridad de las instituciones políticas españolas, que impedían una auténtica identidad entre los aliados, sustituida por el carácter auxiliar y puramente estratégico de la participación española en la defensa de Occidente. España podía ser objeto de represalias y carecía de las ventajas que se hubieran derivado de su consideración como igual por parte de los aliados. Pero no hay razones para asombrarse de esa diferencia de trato. A fin de cuentas nada cambió en relación con las sustanciales diferencias que ambos países mantenían respecto de su organización política. En Estados Unidos la alianza con la España de Franco pasó de tremendamente impopular a simplemente poco popular mientras que Franco, una vez aliviada de forma definitiva la presión exterior, se permitió convocar un Congreso de la Falange.

Con este punto de partida ya se puede imaginar que en los años siguientes aparecieran motivos de fricción entre los dos países. Se refirieron, en primer lugar, a las contrapartidas norteamericanas en materia de defensa. Las autoridades españolas parecen no haber sido conscientes del peligro nuclear existente para los núcleos de población situados cerca de las bases, que pronto se hicieron evidentes. Cuando se negoció, en 1962, la renovación de los tratados no se consiguió otra cosa, por parte española, que una vaga alusión a la necesidad del mantenimiento de la integridad territorial de ambos países y la realización de consultas en caso de amenaza exterior.

Por otro lado, la diferencia de trato era también perceptible en la propia asignación de los recursos concedidos por los norteamericanos a España. El Ejército español vivió, en adelante, del material norteamericano, pero eso tan sólo le sirvió para limitar su envejecimiento técnico; España recibió ayuda económica, pero incomparablemente inferior a la que habría obtenido con el plan Marshall, para el que no reunía las condiciones políticas necesarias. Desde una fecha muy temprana los dirigentes españoles dijeron, con razón, pero sin poder evitarlo, que la ayuda norteamericana era muy inferior a la concedida a otros países. El primero en protestar en público fue el propio Martín Artajo, ministro de Exteriores, cuando los pactos fueron suscritos. Castiella, que le había sustituido, pidió disculpas al embajador norteamericano por lo sucedido pero, en el fondo, estaba de acuerdo. La mejor prueba de ello es que a Areilza, embajador en Washington, le insistió siempre en la necesidad de «lograr que las contrapartidas materiales de los acuerdos de 1953 fueran lo más amplias posible». Pero esto dependía del Congreso y las cifras testimonian que no se logró, al menos en términos comparativos. Entre 1946 y 1960 España recibió 456 millones de dólares en ayuda militar, lo que suponía una décima parte de lo recibido por Francia, un cuarto de lo obtenido por Italia y Turquía y la mitad que Luxemburgo; sólo Portugal, entre las naciones europeas, recibió menos ayuda que España. En el mismo período la ayuda económica se situó en los 1013 millones de dólares, cifra que era inferior a la recibida por Holanda o Turquía y que representaba un quinto de la ayuda a Francia, un séptimo de la lograda por Gran Bretaña y un cuarto de la obtenida por Alemania. En estas condiciones no puede extrañar que la relación con Estados Unidos permaneciera constantemente viciada por los malentendidos, aun partiendo de una apariencia plácida.

En 1959 visitó España Eisenhower, el presidente norteamericano con el que Franco parece haber tenido más afinidad. Ésta, sin embargo, no bastaba para que España consiguiera un trato de igualdad. En la posterior renovación de los pactos (1962), España logró un portaaeronaves, pero no que se elevara el rango de la relación entre ambos países a la condición de verdadero tratado, con aprobación de las Cámaras legislativas norteamericanas. Había, por tanto, razones objetivas para que la incomprensión se mantuviera.

España ante Europa
La descolonización: Marruecos

Por más que los pactos con Estados Unidos no sólo contribuyeran a estabilizar y consolidar el régimen sino también a admitirlo en el escenario internacional se mantuvo un trasfondo de incomprensión perceptible en los puntos que acaban de mencionarse.

Pero, para los norteamericanos la España de Franco era un país lejano con cuya evolución no estaba familiarizada la mayor parte de la opinión pública y que, por tanto, podía ser objeto de un interés tan sólo estratégico, al contrario que los países democráticos europeos, para quienes el recuerdo de la Guerra Civil seguía siendo un factor importante en la política interna. Intereses económicos, realismo a la hora de juzgar improbables las posibilidades de la oposición o la idea de que el bloqueo era una mala política para llegar a un buen resultado contribuyen a explicar el mantenimiento de unas relaciones correctas entre la España de Franco y los países democráticos. Pero esto en absoluto quiere decir que la España de Franco fuera admitida como uno más de los países europeos. Siempre fue considerada como un caso aparte, una especie de enfermo perpetuo de quien cabía esperar la curación a largo plazo pero no de forma inmediata.

En el fondo el mismo régimen se sintió periódicamente agobiado por el temor al aislamiento. Tanto en las relaciones bilaterales como en las que nacieron de los propósitos fundacionales de una Europa unida hay numerosas pruebas de la existencia de esa peculiaridad española que mantenía a la dictadura en una especie de ghetto, aunque a menudo fuera benevolente.

Las relaciones con los diversos países europeos dependieron mucho, como es lógico, de la configuración de sus respectivos gobiernos. Sin embargo dos buenos ejemplos de que, incluso en el caso de gobernantes conservadores, había una distancia abismal provocada por la divergencia entre las instituciones políticas españolas y las del resto de Europa nos los proporcionan Francia y Alemania, cuyos dos dirigentes, De Gaulle y Adenauer, fueron partidarios de la entrada de la España de Franco en el Mercado Común, ya a comienzos de los años sesenta. No obstante la prueba de que la política suponía un abismo se encuentra en el hecho de que el embajador español en la capital francesa durante esa época, Areilza, encontraba serias dificultades en los medios oficiales españoles para que no se ayudara de una manera ostentosa a quienes tenían la pretensión de desestabilizar la V República francesa y derribar a De Gaulle. Con la Alemania Federal España estableció relaciones en la primavera de 1951, pero si en esa misma fecha fue nombrado un embajador en la capital alemana hubo de pasar un año hasta que Adenauer hiciera lo propio en Madrid. Además, a comienzos de 1960, Alemania trató de llegar a un acuerdo con España para obtener de ella facilidades logísticas en materias militares. Bastó que la prensa internacional lo descubriera para que, de forma inmediata, resucitara el fantasma de la colaboración entre Franco y Hitler y se desvaneciera de forma automática esa posibilidad.

Con ser significativos esos dos casos todavía lo es mucho más lo que le sucedió a España en el momento en que empezó a gestarse el Mercado Común Europeo.

Cuando, en los inicios de los cincuenta, Franco fue preguntado por los norteamericanos acerca de la unidad europea respondió que no veía en quienes la intentaban buena fe y sí, en cambio, proclividad socialista. De hecho, como resultaba inevitable, los únicos españoles que participaron en los primeros congresos del europeísmo fueron miembros de la oposición. Los países europeos estaban dispuestos a mantener relaciones bilaterales con España e incluso a aceptar que mantenía las reglas de la coexistencia entre naciones, pero no la consideraban como una compañera más. La mejor prueba nos la proporciona un dato. En marzo de 1957, es decir, antes de la firma del Tratado de Roma, que dio lugar al Mercado Común, existían diez organizaciones regionales europeas y España sólo pertenecía a tres (aquellas relativas a cuestiones en la que su presencia resultaba imprescindible como, por ejemplo, los transportes o la emigración).

Todavía resulta mayor la diferencia desde un punto de vista comparativo. Un país como Austria, que tenía entonces un estatus de neutralidad muy peculiar, estaba en cinco y Turquía en siete. La paradoja es que, en ese mismo momento, España dirigía el 61 por 100 de sus exportaciones hacia Europa.

En el momento en que ya se fue perfilando en el horizonte la creación de más amplios espacios económicos en Europa la reacción del régimen fue titubeante y dividida optando finalmente por un largo compás de espera que tardó mucho es despejarse de modo definitivo. En el seno del régimen hubo quienes no estaban dispuestos a reconocer la evidencia de que España necesitaba alguna forma de integración o asociación con Europa. De ahí que, por ejemplo, en medios falangistas, se propiciara una especie de «Iberomercado», en realidad inviable porque las economías española e iberoamericanas carecían de la complementariedad imprescindible como para convertir este propósito en un proyecto con sentido. Una comisión interministerial dedicada a estudiar la relación con estas materias se empantanó en la indecisión. Pero más grave que esto fue el hecho de que los principales dirigentes del régimen siempre tuvieron serios reparos políticos en contra de la Europa unida. Carrero, por ejemplo, juzgó que esa cooperación económica acabaría por suponer una sumisión política; veía al mundo controlado por una serie de internacionales y esa visión conspiratoria siempre concluía en peligros inminentes para los intereses españoles. Franco participaba de esta misma concepción pero, más pragmático, juzgó también que «sería castigar al pueblo español de esta generación y de la siguiente» prescindir de cualquier contacto con el Mercado Común.

La relación con éste, sin embargo, fue propulsada principalmente por una nueva generación de políticos, caracterizados por su rigor profesional en materias económicas o diplomáticas, que sin otro programa político que un muy genérico realismo, se dieron cuenta de que no había otra solución que un acercamiento a Europa. De esta manera por los caminos, coincidentes y tortuosos, de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Comercio se fue abriendo camino una decisión sobre esta materia a partir de 1957. En el primero Castiella hizo un viaje de acercamiento a los países europeos y desde 1960 España dispuso de una representación diplomática ante el Mercado Común. Por otro lado, la política comercial de Ullastres en el segundo de los ministerios citados, pretendió inicialmente abrirse camino a través de pactos bilaterales pero acabó por pedir una decisión acerca de las instituciones europeas. En la práctica el peso de la realidad. Ya desde 1955 la diplomacia española había descubierto que la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) era «la única posibilidad para engranar» en este terreno con Europa. A lo largo de la segunda mitad de 1958 España ingresó tanto en esa organización, luego denominada OCDE —Organización de Cooperación y Desarrollo Económico— como en el Fondo Monetario Internacional, lo que tuvo importantísimas consecuencias en lo que atañe a la formulación de una nueva política económica. De todos modos, a comienzos de los sesenta todavía no estaba clara qué determinación tomarían los dirigentes españoles. Finalmente se adoptó una decisión en 1962, pero el hecho de que, por el momento, no tuviera respuesta positiva, obliga a tratar de esta cuestión en el próximo capítulo.

A estas alturas, por otra parte, después de haber roto el aislamiento a que había quedado sometido nuestro país en 1945, la España de Franco había empezado a enfrentarse con nuevos problemas en el marco de las relaciones internacionales, como fue el de la descolonización. En torno a ésta siempre mostró una indudable falta de adecuación al espíritu de los tiempos, por carencia de una doctrina clara, capaz de traducirse en decisiones rápidas, lo que explica que los resultados a menudo fueran muy poco satisfactorios. Así se demuestra en el caso de Marruecos.

Como sabemos, la España de Franco había mantenido, en el peor período del aislamiento, una cierta proximidad con los países árabes, que continuó a partir de 1951 y de la que es muestra el viaje realizado en 1952 por Martín Artajo a algunos de ellos.

Esta política, aún impuesta como sustitutivo inevitable del imposible acercamiento a los países occidentales, tuvo una cierta fundamentación en la peculiaridad de la acción española en Marruecos. De hecho durante la Guerra Civil la participación de tropas indígenas en el Ejército de Franco —sucesivamente algo más de 60 000 hombres con un máximo de 35 000— estuvo justificada porque Franco, a través de Beigbeder, hizo vagas promesas de que los marroquíes obtendrían «las mejores rosas del rosal de la paz». Cuando estalló el conflicto de 1939 elementos del nacionalismo marroquí del protectorado español tuvieron contactos más o menos importantes con los alemanes.

Después de la Segunda Guerra Mundial la enseñanza se impartió en árabe mientras que en la zona francesa se hacía en francés. Frente a lo que sucedía al sur y en la propia España en la zona de protectorado español hubo libertad de prensa y de partidos. Desde 1947 existía el Partido de la Reforma nacional de Abdeljalek Torres y el Partido de la Unidad Marroquí. Franco siempre pudo esgrimir en favor de su política el hecho de que había militares de alta graduación, como el general Mizzian, nacidos en Marruecos (pero, como no debía fiarse por completo de él, le colocó al frente de la capitanía general de Galicia en el peor momento de conflictividad marroquí).

En estas condiciones, la reivindicación de la independencia, no se inició en el protectorado español, sino en el francés. Desde 1947 las autoridades de este país tuvieron serios problemas con el sultán Mohamed V, quien recordaba las promesas de independencia realizadas por los norteamericanos en el momento de su desembarco en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1952 y 1953 hubo violentos incidentes con centenares de muertos. Sin duda la transformación de la sociedad marroquí propició el nacimiento de una actitud nacionalista que encontraba precedentes en un pasado lejano: en 1947 Abd-el Krim huyó de la prisión francesa en la que estaba y se refugió en Egipto, desde donde hizo propaganda. Estos hechos coincidieron con la realidad de que la cuestión palestina, que unía a los árabes pero también limitaba sus reivindicaciones nacionalistas, dejó de estar en el primer plano de las relaciones internacionales en el Medio Oriente planteándose de manera más acuciante el problema de la independencia marroquí. Por otro lado, la efervescencia del mundo árabe era general, como lo demuestra la proclamación de la República en Egipto y la lucha por la independencia en Argelia.

El momento en que la política española verdaderamente entró en crisis fue cuando, por un lado, las reivindicaciones nacionalistas arreciaron y, al mismo tiempo, se pudo constatar una completa falta de sintonía con la otra potencia colonial. Marruecos había seguido siendo para España una carga económica después de la Segunda Guerra Mundial, aunque por el momento no planteara ya problemas de orden público o sublevaciones. En 1952 se concedió una cierta autonomía a la población indígena en el protectorado español, lo que parecía contrastar por completo con la política seguida en el protectorado francés. Ese mismo año el Jalifa visitó España y hubo rumores de que se le iba a conceder una virtual libertad política interna absoluta, incluso desvinculándose de la otra zona. La realidad fue que las autoridades indígenas del protectorado español jugaron a varias bandas y, al final, se decantaron por el nacionalismo. Los problemas más graves se produjeron a partir de 1953, momento en que la política seguida por el Gobierno español fue arriesgada y concluyó mal. Ese año los franceses expulsaron al sultán Mohamed V y lo sustituyeron por una personalidad, Ben Arafa, anodina y sometida a ellos. La reacción española fue, entonces, de indignación, por motivos que nacían, a la vez, de mantener una política distinta y de sentir ofendido su sentimiento nacional. La autoridad española era, en estos momentos, el general García Valiño que había sustituido en 1951 a Várela y que mantuvo siempre una política mucho más vehemente y arriesgada que la suya. Ante la noticia de la destitución del sultán el general español declaró que «se ha ignorado nuestra presencia en esta tierra… difícil será en lo sucesivo que un clima de confianza permita la colaboración». España, en consecuencia, mantuvo su reconocimiento al Jalifa nombrado por Mohamed V en la zona española y, además, propició el establecimiento en ella de organismos de propaganda nacionalista. En 1954 se habló incluso de la posibilidad de una separación total entre las dos zonas y desde comienzos de 1955 elementos nacionalistas participaron en el gobierno de la zona española. Esta política del Gobierno español fue, al parecer, obra coincidente de Franco y García Valiño, pero con matices importantes entre ambos. El segundo, por ejemplo, no dudó en mantener una actitud tolerante con el comercio de armas que iban a parar a los nacionalistas. Franco pensó en destituirle pero no lo hizo. Esta política, cuyo riesgo era patente, concluyó de la peor manera y acabó suponiendo la ruina de la relación entre ambos. Años después García Valiño trató de organizar un golpe de Estado militar contra el régimen.

Pero ya antes se evidenció el fracaso de la política española en Marruecos cuando los franceses modificaron de forma brusca la propia. En efecto, mucho más preocupado por Argelia que por Marruecos, en 1955 aceptaron una fórmula transicional —la «interdependencia»— y, a fin de año, permitieron el regreso de Mohamed V. En marzo de 1956 Francia acabó aceptando la independencia marroquí y España se vio obligada a hacerlo al mes siguiente. Si para el vecino país eso no significaba mucho, sí en cambio para España, por la vinculación biográfica de Franco al norte de África y por las permanentes reivindicaciones marroquíes sobre territorio considerado como español.

El mismo día en que el jefe del Estado español aceptó la independencia marroquí se dirigió a los norteamericanos señalando que la nueva situación entrañaba un grave peligro por suponer la difusión de la ideología comunista.

Pero, por otro lado, la cuestión no quedó solventada con la declaración de la independencia de Marruecos. La nueva nación tuvo desde sus inicios, como tantas otras, una dirección política muy nacionalista. Ocho de los ministros pertenecían al partido nacionalista Istiqlal, uno de cuyos ideólogos, El Fassi, promovió la idea de un gran Marruecos que abarcaría todo el Sahara. Además, en la zona sur del país actuó un sedicente Ejército de Liberación Nacional, en realidad bandas incontroladas armadas en parte con los suministros conseguidos gracias a la benevolencia de las autoridades españolas del protectorado. En noviembre de 1957 hubo enfrentamientos armados en Ifni y el Norte del Sahara (un mes antes Marruecos había reivindicado la zona de Tarfaya en la ONU) y muchas de las pequeñas posiciones españolas en la primera de las posesiones citadas cayeron en manos de esas bandas. Quizá con exageración se pudo decir que lo sucedido era un «pequeño Annual», aunque el número de bajas se limitó a unos 200 o 300 muertos. Ayudado por los franceses, el Ejército español consiguió restablecer la situación en el Sahara aunque no tanto en Ifni (operaciones Ecouvillon y Teide). El restablecimiento de la situación en febrero de 1958 permitió abrir conversaciones con los marroquíes en la localidad portuguesa de Sintra, lo que permitió ceder a Marruecos a fines de año la zona de Tarfaya.

Sin embargo, se mantuvo la reclamación marroquí sobre Ifni, el Sahara y las plazas de soberanía, Ceuta y Melilla; sólo en 1968 se cedió la primera de las posesiones citadas, cuyo interés resultaba a estas alturas muy limitado, incluso desde el punto de vista de la pesca que lo justificó en algún momento. En definitiva, la descolonización de Marruecos, llevada a cabo bajo presión y nunca concluida satisfactoriamente para ambas partes, no propició en los años siguientes una buena colaboración entre las mismas. Es cierto que los errores franceses fueron, al principio, mayores, pero en este caso la superioridad material de este país hizo posible una posterior colaboración entre la metrópoli y la antigua colonia. La posición de Franco y, sobre todo, la de Carrero parecen haber sido, en adelante, muy renuentes a aceptar el proceso descolonizador, que retrasaron cuanto pudieron. En 1960, todavía se mantenía una importante guarnición española en zona marroquí cuando los franceses ya habían abandonado este país; los españoles sólo lo hicieron de manera definitiva en 1961. España vivió peligrosamente aislada e inerme ante el Marruecos independiente. Franco hubo de hacer llegar a la OTAN, a través de Portugal, repetidas notas informativas acerca de lo que reputaba como el peligro comunista en los países independizados del norte de África, pero no pudo hacer nada para evitar que los propios norteamericanos, sus aliados, dieran armas a Marruecos, con potencial amenaza para la situación estratégica española. España, que en el momento de la independencia marroquí había asumido la representación diplomática del nuevo país en Hispanoamérica, descubría así las limitaciones de la llamada política de tradicional amistad con los países árabes.

En cambio precisamente en la América española la política exterior del régimen franquista testimonió originalidad y adaptación a las circunstancias. La posición ante la revolución cubana no fue, como en principio podía imaginarse, decididamente conservadora y alineada con los Estados Unidos. España estaba muy presente en la sociedad cubana a través de institutos religiosos. El paso del mundo católico cubano a la oposición tuvo como consecuencia que el embajador Lojendio cobijara en la embajada a muchos de los perseguidos en la fase final de la dictadura de Batista. En realidad el embajador no veía en Castro y en su movimiento más que una re-edición de Durruti y la CNT. Cuando el nuevo régimen empezó a actuar de forma represiva, precisamente contra los católicos, se produjo en enero de 1960 un sonado incidente entre el propio Castro y Lojendio. El primero, sin ningún fundamento, acusó a la embajada española de estar vinculada con la oposición en el transcurso de una intervención en televisión y el segundo trató de responderle. Aunque Lojendio debió abandonar Cuba las relaciones diplomáticas no se interrumpieron y tampoco España participó en el bloqueo económico patrocinado por los norteamericanos. Esta posición, en suma, testimonia que el régimen de Franco —quien en ocasiones no dudó en hacer alabanzas al autoritarismo de los sistemas comunistas— podía tener una cierta ambigüedad ideológica en materias internacionales. Si la descolonización de las posesiones propias se sufrió por muchos de los más altos dirigentes como una tragedia, en cambio los falangistas vieron con regocijo el triunfo ante Gran Bretaña y Francia de un líder nacionalista y no demócrata como Nasser. Como veremos más adelante, a lo largo de los años sesenta la posición española proclive a la descolonización, aunque fuera esgrimida pensando en beneficios propios —Gibraltar— pudo tener también alguna ambigüedad.

La política del régimen y la oposición hasta 1956

Con el tratamiento inicial en este capítulo de las cuestiones relacionadas con la política exterior se ha querido subrayar el papel trascendental que tuvo la superación del aislamiento internacional en la Historia del régimen franquista. Inevitablemente, por coherencia expositiva, hemos debido luego referirnos a otros aspectos de la política internacional española durante este período. Ahora, sin embargo, debemos volver a la evolución de la política interior, que no tuvo durante esta etapa conmociones importantes, hecho mismo que, sin duda, es muy significativo. Ni la oposición tuvo una especial capacidad de acción hasta mediados de la década de los cincuenta, ni el contexto exterior impuso cambios, como en 1945. Se puede decir, además, que la crisis de 1956 fue tan sólo parcial, causada por un simple incidente, por más que hubiera de tener una profunda repercusión en el nacimiento de una oposición nueva. Una crisis que supusiera algo más que un «relevo de guardia» no tendría lugar hasta 1957.

En páginas anteriores ya se ha hecho mención del cambio ministerial de 1951, uno de los más completos en la historia del régimen. Aunque, como siempre, fue el producto del contrapeso de tendencias tan habitual en el arbitraje de Franco, representaba, por lo menos hasta cierto punto, la vuelta de la Falange. En efecto, no sólo estaba representada por Girón, Fernández Cuesta y Muñoz Grandes sino que, además, reapareció de forma oficial la Secretaría General del Movimiento, que, en realidad, ya desde 1948 había estado cubierta por Raimundo Fernández Cuesta, el cual cumplió la misión de controlar a una Falange a veces arisca, compatibilizando ese cargo, hasta 1951, con la cartera de Justicia. Pero el avance de la Falange a partir de 1951 no se aprecia sólo en ese hecho sino también en la celebración, en octubre de 1953, de su primer y único Congreso, que si no tuvo verdadera trascendencia, demostraba una radical ausencia de reparo en mostrarse a la luz pública, que no se había dado en el pasado inmediato. Además, este aumento de la influencia falangista era correlativo con la disminución de la de otras familias del régimen, principalmente monárquicos y católicos. En 1954 la Falange utilizó toda su fuerza e influencia para evitar el triunfo de candidatos de la primera significación en las elecciones municipales, mientras que el papel de las figuras procedentes de las organizaciones de apostolado (Martín Artajo y Ruiz Giménez) se limitó fundamentalmente a administrar las competencias ministeriales que tenían atribuidas, sin que pudieran (o siquiera pretendieran) esbozar un planteamiento político de carácter general, tal como hicieran en 1945. (Otra cosa es que existiera de forma larvada o latente pero lo cierto es que este programa, desde el punto de vista político, había acabado por desvanecerse en el seno del régimen).

Otro programa que permaneció larvado a lo largo de la primera mitad de la década de los cincuenta fue el de Carrero Blanco, ministro por vez primera como consecuencia de este cambio de gobierno. Aunque muy influyente al lado de Franco éste, en lo esencial, no siguió la línea marcada por sus consejos. Carrero, en realidad, quiso aprovechar este cambio de gobierno no para un retorno de la Falange sino estrictamente para lo contrario, es decir, para licenciarla. «La fase de Girón —escribió— ha quedado ya superada» mientras que el ministro de Trabajo duraría hasta 1957. Si se le hizo caso al prescindir de Fernández Cuesta en Justicia en cambio no se le atendió en lo que respecta al restablecimiento de la Secretaría General del Movimiento y menos aún en otorgársela a quien, en el fondo, en aquella cartera no había hecho otra cosa que disimular su subsistencia y la del Partido único. Es muy significativo el hecho de que Carrero fuera partidario de que el Ministerio de la Gobernación asumiera las tareas políticas de apoyo al régimen, lo que deja muy clara su desconfianza respecto de Falange. Pero más relevante que lo que el subsecretario de la Presidencia desaconsejó —y en lo que no fue seguido— es lo que propuso y que se llevaría a cabo seis años después. Le preocupaba la política económica y en ella adoptó una posición muy distinta de la hasta entonces mayoritaria en el gobierno. «Lo importante es que sea eficaz», indicó, y, añadió, «el ideal es que todo lo haga la iniciativa privada». Esto, como es natural, le enfrentaba a Suances, objeto, según él, de «críticas tremendas» por su carácter absorbente y su incapacidad de cumplir con las tareas que él mismo se adjudicaba. Resulta muy posible que la intervención de Carrero tuviera como consecuencia que Suances dejara el Ministerio de Industria, aunque no el INI; quizá a él se debió también el nombramiento de algunos de los ministros del área económica como Arburúa y Cavestany, ambos más dotados de capacidad técnica y realismo que sus predecesores. De cualquier manera, sólo en 1957 esta tendencia triunfó definitivamente.

Claro está que la mentalidad del Subsecretario de la Presidencia, aún ansiosa de eficacia, estaba lejana a la clásica de la economía de mercado: pensaba que podía liquidarse el problema del acaparamiento enviando a campos de trabajo a los que lo llevaran a cabo.

Queda, en fin, por reseñar algún otro aspecto complementario de la posición de Carrero. Nervioso por las muestras de una oposición que en 1951 había reaparecido en acciones de masas, como la huelga de tranvías de Barcelona, propuso el nombramiento de un general, Alonso Vega, para una cartera de Gobernación que estaría, sobre todo, dedicada al orden público. También otro general, Vigón, podía hacerse cargo de la política exterior (en definitiva iba a jugar un papel de primera importancia en las negociaciones con los norteamericanos). Finalmente una cuestión que de momento no preocupaba a Carrero se refería a los mecanismos institucionales del régimen: «El régimen está constituido total y definitivamente», aseguraba, lo que tiene su lógica atendiendo al papel decisivo que él mismo había tenido en ello durante los años de la posguerra mundial Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que estos años fueron, pese a algunas turbulencias, los más plácidos de la época franquista, al no existir presión efectiva para una vertebración institucional. Después, por las razones que luego se verán, cambió de posición en este último punto. En el resto, sin embargo, se puede decir que su consejo no resultó fallido, sino aplazado en el tiempo, pues la crisis de 1957 supuso el triunfo de su forma de ver las cosas. De cualquier modo merece la pena destacar la mayor propensión de Franco por Falange.

Nos toca ahora referirnos a la gestión del gobierno de 1951 dejando para más adelante sus aspectos económicos. Fue la trayectoria ministerial de Joaquín Ruiz Giménez la que, desde un punto de vista político, sin referirse a las esencias del régimen, levantó más controversia, no tanto por sus contenidos sino por la reacción de los grupos opuestos a ella. Ruiz Giménez era, en la época, el alevín más importante de la familia católica dentro del régimen y ello precisamente le hizo componer su equipo ministerial con figuras que, en una parte al menos, procedían de la Falange. La combinación del «liberalismo» cultural de este sector —entendiendo por tal su voluntad de mostrarse receptivo ante la intelectualidad de izquierdas— con los problemas presupuestarios, habituales del Ministerio de Educación, y con el reaccionarismo de los sectores más clericales, hicieron que la gestión de Ruiz Giménez resultara explosiva y concluyera abruptamente. Lo único sorprendente es que fuera por culpa de un enfrentamiento con el sector más duro de Falange, poco proclive a cualquier complacencia con aperturas culturales, y no con los elementos más reaccionarios en lo cultural.

Las dificultades de Ruiz Giménez fueron muy tempranas y se centraron inicialmente en la aprobación de la Ley de Enseñanzas Medias que, pese a ser elaborada por una persona obviamente perteneciente a los medios católicos, motivó una dura protesta de quienes, en el mundo clerical, opinaron que se pretendía nada menos que «degollar» la enseñanza de los colegios religiosos. Finalmente, en febrero de 1953, la ley fue aprobada, tras una ardua batalla en la que incluso participaron miembros del Episcopado. Aun así, los debates por la Ley de Enseñanzas Medias fueron nada en comparación con los centrados en la apertura cultural. Como ya se ha señalado, Ruiz Giménez se había apoyado en personalidades falangistas y éstas estuvieron presentes, de modo especial, en el mundo universitario: lo eran Laín Entralgo, Tovar o Fernández Miranda, rectores de Madrid, Salamanca y Oviedo, así como el propio director general de Universidades, Pérez Villanueva. La trascendencia de las medidas que se adoptaron en torno al mundo universitario no fue muy elevada (el automatismo en los tribunales de oposiciones, por ejemplo), pero pusieron en práctica una especie de apertura cultural cuya relevancia fue grande, aunque su comprensión resulta difícil desde una óptica actual. En efecto, esos rectores y la prensa juvenil falangista, animada fundamentalmente por Ridruejo, pretendieron recuperar la tradición intelectual liberal española de fin de siglo (más concretamente a Unamuno y Ortega, sus figuras emblemáticas); para ellos el resto de las fuerzas del régimen representaba la derecha reaccionaria con la que conectaban menos que con el mundo de la tradición liberal.

Desde un punto de vista intelectual, la recuperación de una parte significativa del mundo de la cultura de preguerra fue un fenómeno importante, incluso irreversible, pero de ninguna manera puede pensarse que estos sectores, capaces de convocar a figuras de la oposición o de las culturas regionales, incluso sintonizando con ellas, hubieran roto con el régimen sino que resultaban una versión peculiar del mismo caracterizada por su vocación laica y la atracción por la calidad objetiva de una tradición cultural. Tuvieron, sin embargo, adversarios peligrosos, que eran los medios más clericales, vinculados con la herencia de Maeztu y Acción Española más que con la Falange de proclividades fascistas.

Como ya se ha visto la controversia se había iniciado en el terreno cultural con los libros de Lain y Calvo Serer a fines de los cuarenta y comienzos de los cincuenta.

Los sectores procedentes de la extrema derecha más tradicional, que sus adversarios identificaron en ocasiones con el Opus Dei, tenían una sólida influencia en el Ministerio de Información y Turismo y el Ateneo, a través de Pérez Embid, y bastante menor en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a fin de cuentas más dedicado a las ciencias de la naturaleza. Su figura más combativa era Rafael Calvo Serer. El planteamiento de este sector era radicalmente distinto de la llamada Falange «liberal» (es mejor utilizar las comillas para definir su postura). Este sector abominaba de la cultura liberal y juzgaba la postura de la Falange a la vez como entreguista y revolucionaria, en connivencia con un catolicismo político acusado de debilidad ingénita. Sin embargo, al ser monárquico, este sector de extrema derecha tradicional resultaba paradójicamente partidario de la fórmula que obviamente abriría el camino a la sustitución del régimen de Franco y que ya era en este momento una posición semiliberal en lo político.

La lucha entre estas dos opciones no sólo resultó clara sino excepcionalmente dura entre los años 1951 y 1953, expresándose a través de revistas como Ateneo, de este organismo, y Alcalá, órgano de falangistas y católicos, pero acabó bruscamente en los últimos meses de este último año, probablemente por la intervención del mismo Franco.

Calvo Serer publicó un artículo en una revista francesa en la que denunciaba como oportunistas revolucionarios a los falangistas y los demócrata-cristianos complacientes, término con el que designaba a los seguidores de Ruiz Giménez. Eso le valió la pérdida de su posición en el Consejo de Investigaciones Científicas y el desencadenamiento de fuertes ataques contra él. En el citado Congreso de Falange se ridiculizó a una «tercera fuerza» que Calvo Serer había identificado con su propia postura o la de los suyos y que correspondía a una oposición contraria a las otras dos que él había rechazado. Si el adversario se identificaba con Ortega, Calvo Serer había elegido como patrón intelectual al converso Morente.

Pero la defenestración de uno de los sectores en pugna no fue seguida por la victoria del adversario, sino que ambos acabaron sufriendo la misma suerte. De entrada se desvaneció la apertura cultural. Desde finales de 1953 quedó cortado cualquier debate cultural de interés entre las distintas revistas culturales de una y otra tendencia. Además, un duro ataque del obispo de Las Palmas, Pildain, contra Unamuno, fue seguido por la desaparición práctica del homenaje que se le estaba organizando. En consecuencia, el aperturismo cultural de Ruiz Giménez tuvo que ponerse a la defensiva.

Aunque Franco fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, su actitud con respecto al mundo de la cultura, de la intelectualidad o de la Universidad fue siempre extraordinariamente cautelosa y reticente, y esa postura fue alimentada por un sector clerical y reaccionario que denunciaba cualquier intento de Ruiz Giménez para lograr el retorno de los exiliados o la incorporación a la docencia de personas que podían manifestar una actitud inconformista con respecto al régimen.

El comienzo durante 1954 de una cierta agitación estudiantil en torno a la presencia de los ingleses en Gibraltar, la existencia de clubes culturales en los que la juventud universitaria logró acceso a la intelectualidad liberal del pasado y las muestras de solidaridad con Ortega y Gasset con ocasión de su muerte, en octubre de 1955, fueron catalizadores de una situación que se tornaría explosiva durante los primeros meses de 1956. Obsérvese, sin embargo, que las grandes cuestiones en torno a la vertebración del régimen, que habían estado presentes en la vida pública desde 1945 a 1951, ahora habían perdido relevancia, quizá porque Franco las daba por solventadas o porque ni siquiera las quería plantear habiendo logrado lo principal, es decir, la perduración y consolidación de su poder. En este sentido resulta muy significativo lo ocurrido con la ley de Prensa, una promesa desde el final de la guerra mundial pero que no llegó a plasmarse en la realidad y que habría de esperar nada menos que hasta 1966.

Parece haber existido, a comienzos de 1952, un proyecto al respecto y durante todo este período la familia católica siguió insistiendo en la necesidad de un cambio legislativo en esta materia, frente a la oposición del mundo falangista, que ahora controlaba gran parte de los puestos de segunda fila en el Ministerio de Información y Turismo, cuyo titular era Arias Salgado. Sin embargo, el proyecto fue detenido y, una vez más, los cambios que en este terreno se produjeron fueron puramente cosméticos: por vez primera se autorizó que alguna empresa periodística, como la Editorial Católica, pudiera nombrar a los directores de sus periódicos. Sin embargo, no por ello se disiparon los enfrentamientos que en una ocasión llegaron al debate público entre el propio Ángel Herrera, ya obispo de Málaga, y Arias Salgado, defensor de una curiosa teoría de la información «orientada» que sería, según él, la ideal. Otra cuestión que también se planteó en estos momentos fue la del sindicalismo oficial que, para el sector católico del régimen, no reunía las condiciones señaladas por la doctrina pontificia. En adelante, personas procedentes de los medios apostólicos desempeñarían un papel de primera importancia en la protesta obrera en contra del régimen. No obstante, quienes ejercían la función más relevante en el mundo católico —en primer lugar los propios obispos— seguían confiando en las actitudes posibilistas respecto del régimen.

En los últimos meses de 1955 no parecía existir motivo para el temor por parte de este último de forma inmediata, ni tampoco la oposición daba muestra de una efervescencia que hiciera temer un estallido, pero los acontecimientos llevaron a un doble enfrentamiento, por un lado en el seno del régimen y, por otro, de un sector de la juventud universitaria contra él.

A estas alturas puede considerarse que la opción republicana se había ya desvanecido como posibilidad y que, además, las oportunidades de la causa monárquica eran, en lo inmediato, nulas, aparte de que, como sabemos, los principales promotores de la misma aparecían ahora decantados a favor de un neto colaboracionismo con Franco. Había también monárquicos próximos a una opción liberal pero no estrictamente democrática, como los que en las elecciones municipales madrileñas de 1954 se enfrentaron con la candidatura oficial del Movimiento e incluso lo era también el Conde de los Andes, nombrado representante de Don Juan en España y en el extranjero. Pero la tendencia colaboracionista predominaba por entonces claramente.

Cuando hubo que elegir el lugar donde estudiara Don Juan Carlos se impuso la tesis de Franco, el cual, al mismo tiempo, no había tenido el menor reparo en insinuar veladamente que podría considerar la posibilidad de que la línea sucesoria siguiera la descendencia de Don Jaime, hermano mayor de Don Juan, a pesar de su previa renuncia. La misma conversación en la finca Las Cabezas, celebrada a fines de 1954, la segunda de las que tuvo lugar entre Franco y Don Juan, demostró la identidad entre ambos y su colaboración, aunque sólo fuera en relación con la formación de Don Juan Carlos. Es significativo que la finca en que tuvieron lugar las conversaciones fuera propiedad del Conde de Ruiseñada, una de las personalidades más conocidas de esa opción colaboracionista. El ápice del colaboracionismo monárquico no llegó, sin embargo, hasta 1955, cuando aparecieron unas declaraciones atribuidas a Don Juan, obra, en realidad, de Danvila, en las que el heredero de la línea dinástica hacía una alabanza a Fernández Cuesta y hablaba de la necesidad de unirse en un «apretado haz» en torno a las instituciones políticas existentes en España. Sólo a partir de este momento se produjo la disminución de la influencia de Danvila y con ella la de un colaboracionismo que resultaba en realidad pura entrega. Se ha de tener en cuenta, sin embargo, que era muy distinta la apariencia que cuanto sucedía al margen de ella. Las posiciones de fondo de Don Juan y de su entorno más íntimo no se modificaron en lo sustancial, como tampoco la actitud de Franco en relación con unos y otros.

Si ésta era la situación del sector que más esperanzas había alimentado en el pasado respecto a la sustitución del régimen, ya se puede imaginar que era peor todavía la de quienes, en la oposición exiliada o que sufría graves sanciones en el momento de ser descubierta, habían visto desvanecerse la gran oportunidad y la gran esperanza de los años 1945-1947. Éste fue el caso del partido socialista, cuyos efectivos en el exterior disminuyeron sustancialmente en la década de los cincuenta: el número de las secciones representadas en los congresos de la UGT en el exilio era de 469 en 1951 y tan sólo 186 en 1959. Al mismo tiempo se multiplicaban también sus incertidumbres estratégicas y tácticas, aunque en realidad fueran impuestas por las circunstancias. El fracaso de la colaboración con los monárquicos llevó a una «cura de aislamiento» a partir de 1952, pero el partido era consciente de que necesitaba colaborar con otras opciones antifranquistas y, por lo tanto, los años siguientes fueron para él un continuo tejer y destejer de este tipo de intentos. El socialismo español, mientras tanto, seguía manteniendo fuertes apoyos internacionales con los socialistas europeos, en este momento identificados con una postura fundamentalmente anticomunista, tanto que, a pesar de todas sus dificultades en el interior, los españoles no tuvieron inconveniente en apoyar durante 1953 a los huelguistas del Berlín comunista con ayudas económicas.

El principal dirigente del PSOE en el exilio —en realidad, en Francia— fue, desde comienzos de los cincuenta, Rodolfo Llopis, quien procedía de la izquierda del partido, pero que acabaría convirtiéndose, para las nuevas generaciones del interior, en la expresión misma de la inefectividad y el conformismo. Un juicio más justo desde el punto de vista histórico consistiría en recordar, al mismo tiempo, que Llopis fue quien mantuvo una estructura en el exterior capaz de lograr el enlace entre la tradición histórica del PSOE y las nuevas generaciones. Lo hizo, además, transformando de modo sustancial los planteamientos del partido, aunque más en la práctica que en la teoría. En algunos de los dirigentes socialistas de esta época —en el exterior, Prieto y, en el interior, Amat— aparecía como posible el recurso a la violencia pero, en realidad, cada vez se alejaban más de la perspectiva de cualquier tipo de socialismo revolucionario o de huelga general. Así se aprecia de forma especial incluso en aquellos mentores que se caracterizaron durante los años treinta por una actitud más radical. Éste fue el caso, por ejemplo, de Araquistain, cuya senda ideológica pasó, a través de un visceral anticomunismo, hacia una recuperación de la democracia que incluía también una actitud muy posibilista respecto de la cuestión de régimen.

En cuanto al PCE hubo de sumar a la derrota de la guerrilla y a la imposibilidad de lograr conectar con otros sectores de la oposición durante estos años, el mantenimiento de las purgas estalinistas y la dirección abúlica e indecisa de Vicente Uribe entre los años 1952 y 1954. Destinatario de una de ellas fue Francisco Antón, pero no sólo él, puesto que de un comité general compuesto por 65 miembros 27 habían sido expulsados por estas fechas. Finalmente, el V Congreso del partido, celebrado en Praga en noviembre de 1954, supuso la renovación de la dirección y la potenciación de aquellos sectores procedentes de las juventudes socialistas, con superior capacidad organizativa y de dirección (Carrillo, Claudín, Gallego…), y mayor contacto con el interior de España, aun siendo éste siempre relativo.

De todos modos, si la dirección comunista se renovó no puede decirse lo mismo de su interpretación de la realidad española. En el V Congreso se propuso la constitución de un Frente Nacional Antifranquista, destinado a crear un gobierno provisional revolucionario que llevaría a la práctica un programa tendente a la desaparición de los «residuos feudales» del país. Poco preveían, por tanto, los dirigentes comunistas que fuera a producirse un proceso de desarrollo económico como el que no tardaría en iniciarse en España. En su mentalidad —en su imaginario— perduraba el recuerdo de la etapa republicana y la idea de que un régimen como el franquista podía derrumbarse de forma súbita. La realidad demostró que la sociedad española podía evolucionar sin que ello afectara a corto plazo a su sistema político y que éste podía modificarse a largo plazo de forma sustancial. La situación de los comunistas, ciertamente poco esperanzadora, como mejor se aprecia es con la sola mención de uno de los motivos principales de debate interno en estos momentos: la España de Franco acababa de entrar en la ONU y mientras había quienes condenaban la posición de la URSS al admitirlo y apoyar esta protesta, otros, por oportunismo respecto a Moscú, incluso estaban dispuestos a apreciar en ello aspectos positivos.

Se deduce de lo dicho sobre la evolución de la oposición entre 1951 y 1954, que éste fue precisamente el período de su historia en que sus posibilidades fueron menores. Sin embargo, en febrero de 1956 quedó demostrado que no por ello iba a desaparecer sino que poseía la virtualidad suficiente como para lograr una renovación, aunque ésta había de producirse mucho más por la actitud de una parte de la sociedad que como consecuencia de una dialéctica política. Los sucesos de esa fecha no deben ser magnificados en el sentido de que supusieran un auténtico peligro para el régimen. En ellos, por otra parte, no jugó sólo un papel relevante la nueva oposición estudiantil sino que constituyen una parte de la historia política no sólo de la oposición sino también del régimen.

En realidad, hasta el momento la actitud de grupos específicamente estudiantiles no había tenido un papel especialmente importante en la oposición política al régimen.

En 1944 fue creada la llamada Unión de Intelectuales Libres, de cierta influencia en esos medios, y en la posguerra hubo un intento de reorganizar la FUE, que concluyó con la intervención de la policía. Los sucesos de febrero de 1956 fueron, sin embargo, protagonizados principalmente por estudiantes que pertenecían a medios del régimen aunque la significación de los mismos fuera muy variada. Había, en primer lugar, falangistas inconformistas que, apoyados en determinadas instituciones del SEU, como el Servicio Universitario del Trabajo y algunas revistas, al mismo tiempo que controlaban a los estudiantes contribuían periódicamente a galvanizarlos en un sentido social y políticamente comprometido. El sindicato estudiantil oficial, que tenía entonces una influencia todavía importante, movilizó en 1954 manifestaciones contra la presencia británica en Gibraltar pero terminó por no poder controlarlas, una vez que los estudiantes se enfrentaron a la policía. Por otro lado, había algunos estudiantes monárquicos inconformistas y una indudable efervescencia religiosa que alcanzaría significación política y de la que puede ser muestra el círculo reunido en torno al Padre Llanos, primero falangista y finalmente, con el paso del tiempo, comunista. Hubo, desde luego, un fermento comunista en la protesta, gracias a la infiltración de un puñado de militantes, pero aunque éste parece haber sido el elemento políticamente más consciente del desarrollo que podía tener la protesta, también era muy minoritario.

Desde 1955 la prensa del exilio dio cuenta de un cierto movimiento en el mundo universitario español pero tan sólo en los meses finales de este año se produjo un enfrentamiento directo entre los estudiantes y el régimen. Los primeros incidentes se produjeron con ocasión de la muerte de José Ortega y Gasset, con cuya tradición liberal decían querer conectar parte de los estudiantes. La verdad es que no era así en el caso de los más radicalizados y menos aún de los comunistas, pero ése era un procedimiento de actuación política que, además, conectaba muy bien con los debates políticos en el seno del régimen. En cualquier caso, lo que a estas alturas resultaba evidente era la actitud inconformista de las nuevas generaciones, reconocida por las autoridades académicas (entre ellas, el rector Laín Entralgo) que no encontraba fácil salida en el marco del régimen. Sin embargo, había, en el marco de la labor aperturista en el terreno cultural de Ruiz Giménez algunas entidades y centros en que se podía producir una coincidencia de intereses —aunque sólo fuera temporal y circunstancial—, entre los jóvenes inconformistas y ese sector del régimen a caballo entre la Falange «liberal» y el catolicismo político integralista. Ciertas actividades de carácter literario (unos encuentros entre poesía y Universidad y el proyecto de un congreso de escritores jóvenes) sirvieron de aglutinante de los estudiantes con algunos antiguos dirigentes del franquismo, como Ridruejo, que ahora optaban por una posición manifiestamente antifranquista. Los dirigentes estudiantiles de la protesta (Pradera, Tamames, Múgica…) acabaron siendo comunistas y condujeron esa efervescencia cultural inconformista hacia una protesta más política, promoviendo un Congreso de Estudiantes al margen por completo del sindicato oficial.

A comienzos de febrero de 1956, la recogida de firmas para solicitar la convocatoria del Congreso produjo los primeros incidentes con los estudiantes falangistas, de los que se pasó a un asalto por parte de grupos de esta significación, no sólo universitarios, de la Facultad de Derecho de la Complutense. El enfrentamiento más fuerte concluyó con una herida grave de bala sufrida por un joven falangista, consecuencia del empleo de un arma de fuego por alguno de sus correligionarios. El hecho provocó la inmediata detención de Ridruejo y de los estudiantes inconformistas citados. Por unos días la tensión política fue grande en la capital hasta el punto de que autoridades académicas debieron de ocultarse para evitar cualquier tentación de que la represión falangista recayera sobre ellas y las militares. Pero lo más importante es que estos incidentes influyeron de manera inmediata en la política interna del régimen. Fue ésta la primera vez en que sucedió algo parecido, pues los sucesos de Begoña habían tenido como protagonistas a quienes militaban dentro del régimen, aunque pertenecieran a tendencias antagónicas. A diferencia de lo sucedido en aquella ocasión, Franco no dudó ni un momento.

Aunque en un primer momento el aperturismo cultural de Ruiz Giménez no era necesariamente conflictivo con la Falange, al encontrar puntos de contacto con actitudes inconformistas en el terreno político, había terminado por resultar incompatible con el partido único. En una situación como ésa Franco actuó de acuerdo con su técnica de arbitraje habitual. Ruiz Giménez representaba una apertura que había resultado conflictiva y la Falange tenía como principal valedor (y, al mismo tiempo, controlador) a Fernández Cuesta; ambos, en consecuencia, fueron, inmediatamente cesados. No lo fue, en cambio, Blas Pérez, responsable principal del orden público, puesto esos días en peligro. Esa simultánea marginación de los enfrentados, semejante a la practicada con Várela y Serrano en 1942, tuvo a corto plazo un resultado mucho más satisfactorio para la Falange, pues supuso la vuelta de Arrese como ministro, preterido después de la conclusión de la guerra mundial. En cambio, la apertura cultural no pudo ya realizarse en el marco del régimen sino que tuvo lugar en aspectos concretos (la cinematografía) o poco conflictivos (la pintura) o, si no, se llevó a cabo al margen del mismo e incluso en su contra. Si el franquismo originariamente había tenido intelectuales que lo apoyaran, buena parte los perdió en esta ocasión, aunque se desplazaran más hacia una actitud pasiva que hacia una beligerancia explícita en su contra. En lo estrictamente político, quizá no deban exagerarse las consecuencias de estos acontecimientos en la vida interna del régimen. Si Ridruejo siguió el camino de la oposición no se puede decir lo mismo, por el momento, de Ruiz Giménez, cuyos planteamientos no evolucionaron en ese sentido sino con posterioridad, como consecuencia del impacto del Concilio Vaticano II en los medios católicos españoles. En realidad, lo sucedido en febrero de 1956 tuvo para el régimen sólo una trascendencia relativa; la mejor prueba es que la vida política del sistema siguió un rumbo que en absoluto se vio afectada por ese aperturismo cultural que había estado en el origen de los acontecimientos.

No obstante, quizás en este momento quedó perfilada una imagen de Franco que merece la pena glosar porque resultó ya definitiva hasta el momento de su muerte. No era sólo el vencedor en la Guerra Civil, ni tan siquiera aquél que, de acuerdo con la propaganda y no con la verdad, había impedido que España participara en la guerra mundial, sino también quien vigilaba para que la discordia no reapareciera ni siquiera en el seno del régimen. Las instrucciones de la propaganda oficial para el documental informativo cinematográfico NODO prescribían que «toda noticia dedicada al Caudillo o en la que aparezca señaladamente debe figurar en último lugar del noticiario y, a ser posible, con un final de apoteosis». A ello añadían las ideas de unidad en una tarea común y de trabajo. Franco, más que un Caudillo, parecía haberse convertido en una especie de guardián paternal contra las inclemencias de ese mal nacional que era la discordia. La repercusión en la oposición de los sucesos de febrero de 1956 fue mucho mayor, aunque más por lo que se refiere a su trascendencia futura que a la inmediata. En las semanas siguientes a los sucesos continuaron las manifestaciones y las detenciones; los abogados defensores de los detenidos fueron a menudo personajes conocidos de la oposición anterior, como Gil Robles. Pero muy pronto la protesta estudiantil se desvaneció de forma súbita y hasta bien entrados los años sesenta los medios universitarios siguieron siendo mayoritariamente conformistas. Sin embargo, quienes no lo eran a partir de este momento alimentaron una oposición que acabaría por ser muy influyente en esos medios. No mucho después, al tratar Franco con Don Juan la formación de su hijo en el interior de España, le mencionó la presencia en la Universidad de lo que definió como «jaraneros y alborotadores». Pero, además, en esos medios estudiantiles aparecían algunas agrupaciones políticas que acabarían desempeñando un papel político relevante. La primera de ellas fue la Agrupación Socialista Universitaria Nunca muy nutrida y, en realidad, poco duradera (desapareció en 1962), lo importante de este grupo no fue sólo que fuera el vehículo gracias al cual aparecieron en el escenario político personalidades destinadas a tener un relevante papel posterior sino el hecho de que no sólo testimonió una capacidad de hacer atractiva una opción política derrotada en la Guerra Civil a las nuevas generaciones surgidas tras la misma sino una mucha mayor flexibilidad estratégica que los grupos políticos tradicionales. Así, los jóvenes de la ASU fueron proclives, a la vez, al acercamiento a Don Juan y al PCE, actitudes ambas heréticas para el socialismo tradicional, tanto más si se combinaban. Algo parecido cabe decir de los restantes grupos de oposición aparecidos en este momento. En ellos surgiría, incipientemente, una clase política nueva que todavía en el momento presente mantiene un protagonismo decisivo en la vida nacional.

Una nueva oposición política

Por razones de coherencia explicativa quizá sea mejor continuar aludiendo a la oposición antes de hacerlo a la evolución interna del régimen. Ambos, oposición y política oficial, discurrieron no sólo por caminos contrarios y divergentes sino que la primera sólo episódicamente logró afectar al segundo (la más decisiva ocasión, sin duda, con ocasión de los sucesos de Munich en 1962). Su trayectoria tiene mucho que ver con la evolución cultural, como en el fondo ya hemos visto que sucedió en las controversias políticas en el seno del régimen, de modo que más adelante habrá de nuevo que tratar de las cuestiones que aparecen en este epígrafe aunque desde otro punto de vista. Se debe tener muy en cuenta que los grupos políticos de que se va a tratar a continuación eran extremadamente minúsculos, de modo que entraña cierta condescendencia hablar de ellos como si de partidos políticos se tratara. Pero representaban algo nuevo que fructificaría con el transcurso del tiempo. Quien colaboró con estos sectores de oposición —Menchaca— ha contrapuesto la figura de Prieto, «con el semblante inundado de tristeza», producto de la derrota y también de la frustración de la alternativa a la de esos «hombres éticos» de la nueva oposición que actuaban por principios pero que también sentían la «fascinación del peligro libremente asumido», en parte porque, a fin de cuentas, tampoco arriesgaban tanto en condiciones normales frente a un régimen que había dejado ya de parecerse a una dictadura fascista propiamente dicha. De cualquier modo el papel de la oposición en la vida española sería indudablemente muy superior en el período posterior a 1965 pero ello sólo se entiende a partir de la consideración del tiempo en que se vio nacer esta nueva actitud opositora.

Lo más novedoso de lo que siguió a 1956 fue la aparición de una oposición interna en España que no tenía que ver con los grupos de la preguerra o del exilio, sino más bien con los vencedores en la guerra, o, por lo menos, con quienes no habían estado presentes hasta el momento en la vida política nacional. Estos grupos pueden considerarse como el germen de lo que en la etapa final del franquismo se llamó la «oposición moderada». En estricto sentido no se trataba de que fuera benevolente o tibia respecto al régimen de Franco sino de que ni pretendía acudir a procedimientos violentos ni reivindicaba, de forma necesaria, el restablecimiento de una legitimidad desaparecida, ni quería subvertir la situación social. Se trató de una serie de grupos, de mayoritaria significación centrista, respecto a los cuales no siempre se empleaban las medidas represivas más duras sino que se aceptaba una peculiar paralegalidad al mismo tiempo que se daba por supuesto que para el régimen resultaría inocua. El antecedente de este género de oposición debe situarse en los círculos próximos a Don Juan de Borbón, que fueron tolerados en el período entre 1945 y 1951, aunque sometidos a una eventual represión en el caso de eludir el régimen de pasividad al que estaban sometidos.

Por ello conviene hacer una referencia inicial a la actitud de la causa monárquica en estos momentos que con plena justicia puede ser mencionada al tratar de la oposición pues, si bien Don Juan mantuvo su postura colaboracionista con respecto a Franco, no fue tan acentuada a partir de 1956 y, además, también se decían partidarios de él algunos de quienes eran netos opositores de Franco. A fin de cuentas, teniendo la Monarquía la función de aglutinar tras de sí a todos los sectores nacionales, su propósito siguió siendo mantener esa «duplicidad» que ya había tenido en 1945 y que consistía en tratar de atraerse a un tiempo a los sectores de derecha y de izquierda en un marco de convivencia común.

Don Juan no repitió las declaraciones que en 1951 y 1955 le habían aproximado excesivamente al franquismo y aun manteniendo esa actitud colaboracionista, a finales de 1957 logró la definitiva incorporación del sector del carlismo que seguía las inspiraciones de Rodezno a las filas de sus seguidores y, en octubre de 1958, llegó a participar en un acto carlista en Lourdes. Nada de ello satisfizo a Franco, porque lo que a éste le preocupaba no era la significación política de la posición del hijo de Alfonso XIII sino el hecho de que se configurara como una alternativa, y eso podía suceder si se convertía en heredero de las dos ramas. Por otro lado, ese acercamiento a la derecha no impidió que mantuviera contacto con la oposición de izquierdas ni que tuviera ocasionales conflictos con Franco. Así, por ejemplo, en 1957 fracasó un intento de entrevista con él, pero también otro de los colaboracionistas monárquicos dentro del régimen de que se concediera a Franco el Toisón de oro, la máxima distinción de la Monarquía española. Esta propuesta, que concluyó en nada, resulta un buen testimonio de la ambigüedad en las relaciones entre ambos personajes, porque ese gesto, por un lado, hubiera supuesto adulación en quien lo concedía pero también reconocimiento en quien era receptor. En marzo de 1960 tuvo lugar la tercera entrevista entre Franco y Don Juan, centrándose como siempre en la educación de Don Juan Carlos. La apariencia de acuerdo entre ambos fue fomentada en la celebración de la entrevista y por la nota dada a la publicidad acerca de la misma, modificada por el propio Franco. En realidad, la ausencia de verdadera cordialidad entre Franco y Don Juan se aprecia en los repetidos intentos del primero de descalificar como masones a los consejeros del segundo y de imponer un tipo de preceptores acordes con sus intereses, entre los que estaba el propio ministro de Educación.

La ambivalencia de la fórmula monárquica fue especialmente perceptible desde comienzos de la década de los sesenta. Así, por ejemplo, la boda de Don Juan Carlos con la princesa Sofía en Atenas (1962) se organizó al margen del régimen, aunque Franco envió a su ministro de Marina para que asistiera. En 1961 la representación más emblemática de la causa monárquica en España la tenía José María Pemán, como presidente del Consejo privado. En dicho Consejo había personalidades de relevancia social y cultural que no podían ser identificadas en su totalidad ni mucho menos con el franquismo. Pemán, intelectual sin ambiciones políticas y, aunque procedente de la extrema derecha, de talante personal liberal, era en ese momento el hombre de letras más conocido en España. A estas alturas, partidario de una institucionalización del régimen y de que la Monarquía se proclamara merced al colaboracionismo, se daba cuenta de que ésta debía aceptar en su seno a los antifranquistas y que éstos predominarían si transcurría el tiempo sin un cambio. Quizá por consejo suyo, Don Juan intentó que la Monarquía tendiera puentes hacia la intelectualidad liberal, y lo consiguió: en 1958 llegó incluso a visitar a Juan Ramón Jiménez, figura decisiva del exilio cultural. Al mismo tiempo, Don Juan Carlos, cerca de Franco, representaba una versión de la Monarquía que parecía compatible con el régimen y convertirse en derivación del mismo. Tras un paréntesis después de su boda se instaló definitivamente en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela. Como ya se ha indicado, la mayor parte de los grupos de la nueva oposición surgidos con posterioridad a 1956 gravitaron hacia la oposición monárquica, principalmente porque ésta representaba una transición con el menor grado de trauma y una actitud realista. El caso más sorprendente en este sentido fue, sin duda, el grupo inspirado por Dionisio Ridruejo, que recibió el nombre de Acción Democrática. Ridruejo, en realidad, fue separándose del régimen desde una ortodoxia original, porque consideraba que no tenía un carácter suficientemente falangista, pero tras los sucesos universitarios evolucionó a favor de la democracia por puro repudio del franquismo. Dotado del don de la palabra y de unas capacidades intelectuales de altura, efusivo, cálido, seductor y afectuoso, hubiera podido con el tiempo, pese a sus orígenes, desempeñar el papel de aglutinante de la oposición. Su grupo político tuvo un contenido social que hizo que algunos de sus miembros concluyeran su evolución en el socialismo, pero en realidad no pasaba de ser liberal de izquierdas. Lo verdaderamente significativo de la postura de Ridruejo era que suponía un giro «copernicano» en una persona que había sido destacado dirigente de la Falange: «muchos de los vencedores de ayer nos sentimos vencidos hoy», aseguró. También había cambiado su postura con respecto a la Monarquía, considerada por él en otro momento como un símbolo del reaccionarismo y ahora instrumento de la recuperación de las libertades y de la reconciliación nacional.

Si Ridruejo fue un recién llegado a la Monarquía, que matizó con un temporal accidentalismo hasta que se produjera la identificación definitiva de Monarquía y democracia, otros sectores políticos aparecidos en estos momentos tenían en sus precedentes una significación más caracterizadamente monárquica. Éste es el caso de los grupos de matiz demócrata-cristiano que tuvieron como inspiradores a Gil Robles y a Giménez Fernández. El primero había sido uno de los principales consejeros de Don Juan y se alejó algo de él en la primera mitad de la década de los cincuenta, cuando arreció el colaboracionismo. Cuando regresó a España acabó fundando un partido denominado Democracia Social Cristiana que, si bien se declaraba monárquico, lo hacía a partir de la consideración de que tal régimen sólo podría tener una significación democrática y, por tanto, radicalmente distinta del franquismo. Más a la izquierda se situó el grupo inspirado por Manuel Giménez Fernández, quien había mantenido una postura republicana durante los años treinta, y ya entonces había contribuido a introducir las más avanzadas tesis en el terreno político y social de escritores y pensadores cristianos. Como el grupo de Gil Robles, también el de Giménez Fernández condenó claramente el colaboracionismo católico con el régimen, pero además se situó más a la izquierda en todos sus pronunciamientos. Así, se mostró partidario de la reforma agraria y propuso una organización federal de España. Denominado al principio «Unión Demócrata Cristiana» y formado en su mayor parte por jóvenes que no habían participado hasta el momento en la vida política, el grupo de seguidores de Giménez Fernández tenía vocación de entenderse con la izquierda exiliada, como acabó haciendo, y pretendía definirse como estrictamente accidentalista, por lo que sus contactos con Don Juan fueron menos estrechos que los de Gil Robles. A diferencia de éste, centrado en una dedicación profesional a la abogacía, el catedrático sevillano se significó por una obra doctrinal de cierta importancia, introduciendo el pensamiento político de Maritain e identificándose, en su obra como americanista, con la figura de Bartolomé de las Casas, defensor de los oprimidos.

A diferencia de los democristianos los sectores monárquicos que en 1957 se agruparon en la Unión Española lo eran inequívocamente, haciendo además compatible esta definición con la condición de demócratas en un momento en que la causa monárquica parecía muy cercana a Franco y en que se había producido el citado acercamiento de los carlistas a Don Juan. Como en el caso de Ridruejo, este sector representaba también la conversión a las ideas democráticas de un sector que procedía de la extrema derecha de la Segunda República. Ahora, sin embargo, los inspiradores de Unión Española reprocharon al régimen que pretendiera sustentarse en una Guerra Civil y sin intentar que se borrara definitivamente la herida causada por ella. Defensora, como el resto de los grupos mencionados, de los principios democráticos, Unión Española tuvo una peculiaridad estratégica que incluía la preocupación por los sectores militares, la participación en algunos de los procesos electorales del régimen (como las elecciones de 1954) y la adopción de una política económica basada en los principios de un estricto liberalismo. Unión Española, en fin, se declaró en alguno de sus documentos internos como un vínculo «moral», más que como un partido político. Este hecho resulta muy significativo no sólo de este grupo político, sino también de los restantes nacidos en esta época e incluso de la oposición en general, con alguna excepción como el PNV, el PCE y, en determinados medios geográficos, el PSOE. En realidad, no se trataba más que de grupos reducidos de personas, auténticas tertulias cuya capacidad movilizadora era reducida o incluso mínima. Pero en los medios oficiales despertaban incluso mayor preocupación que los grupos clásicos de la oposición, puesto que si frente a ella había un método represivo conocido, éstos podían hacer que una parte de los que apoyaban al régimen se separaran de él.

Como consecuencia de los sucesos universitarios de 1956, de sus derivaciones posteriores o del clima que las precedió no sólo surgieron estos grupos de la llamada oposición «moderada» sino también otros que inmediatamente (en el caso del Frente de Liberación Popular) o con el transcurso del tiempo (el grupo animado por Tierno Galván), acabarían desempeñando un papel importante en la izquierda española. Una parte sustancial de los cuadros dirigentes del PSOE, renovado en los años setenta, tuvo esa procedencia. Además se vio también en los medios socialistas el comienzo de una renovación generacional en el interior de España que, si tuvo una lenta influencia en la dirección del partido, al final desempeñaría un papel importantísimo en ella.

La peculiaridad del Frente de Liberación Popular consiste probablemente en haberse adelantado a lo que luego, con el transcurso del tiempo, sería la experiencia biográfica de toda una generación universitaria. Nacido en 1958 de la mano de Julio Cerón, tuvo sin duda en un primer momento una motivación en parte religiosa; en ese sentido también fue precursor de lo que sucedería más adelante en los medios relacionados con el apostolado seglar, después del Concilio Vaticano II. También resulta característico del Frente de Liberación Popular un tipo de planteamientos revolucionarios que hicieron que sus dirigentes no dudaran en ocasiones en criticar al PCE o incluso acabaran, en el País Vasco, colaborando con ETA. El FLP fue, además, el primer testimonio del impacto en España de una tendencia revolucionaria vinculada con el Tercer Mundo. Fue muy característico de determinado momento de la vida española, pero acabó diluyéndose en otros grupos, habitualmente más moderados, a partir de los años sesenta. Como en el caso siguiente su gestación e influencia no pueden desligarse de una evolución de sectores universitarios a partir de la previa insatisfacción sentida ante el espectáculo político ofrecido por el régimen.

Aunque acabó confluyendo con el PSOE, en su origen el grupo que en Salamanca se reunió en torno a Enrique Tierno Galván, obteniendo un éxito apreciable en los medios universitarios, no se puede considerar identificado con la izquierda, ya que sus mayores puntos de concordancia los tenía con el sector de Ridruejo o, sobre todo, con Unión Española. Este hecho resulta muy característico de la personalidad de quien estaba al frente. Reservado, cortés, profesoral e introspectivo, Tierno se inventó a sí mismo un pasado republicano e izquierdista y una imagen de viejo castellano, sobrio e insobornable. Lo hizo sobre todo a partir de finales de los sesenta, cuando evolucionó hacia un socialismo muy radical. Su posición doctrinal originaria puede definirse como monárquica, no en el terreno sentimental, pero sí desde una interpretación racionalista de la realidad política. Para Tierno, la Monarquía podía conducir a una libertad que, de acuerdo con su pensamiento en esta época, muy influido por el neopositivismo filosófico anglosajón, era la solución «funcional» por excelencia. De ahí la denominación de este grupo como «funcionalista», lo que resulta un tanto difícil de explicar en términos políticos o partidistas. Tierno participó, como veremos, en los diversos intentos de poner en contacto a la oposición exiliada con la del interior; ello le obligó a abandonar España en 1960 y, a partir de este momento, inició una evolución hacia el marxismo que en 1965 le llevaría, aunque por poco tiempo, al PSOE.

Desde finales de los años cincuenta la situación de este sector político pasó por el peor momento de su oposición al franquismo. Ello puede deberse al hecho de que perdiera parte de su apoyo en los medios obreros: en las huelgas de Asturias, en 1957 y 1958, los socialistas tuvieron un papel importante pero fue bastante menor en las de 1962, en que, como tendremos la ocasión de comprobar, fueron claramente superados por Comisiones Obreras. La táctica sindical de UGT, consistente en la no participación en las elecciones sindicales tuvo esa consecuencia. Tampoco tuvo el PSOE, como ya sabemos, un papel protagonista en los medios juveniles socialistas. Tras la protesta estudiantil de 1956 la Agrupación Socialista Universitaria, surgida como consecuencia de ésta, chocó con la dirección exterior, a pesar de que ésta le permitió una cierta flexibilidad en su relación orgánica con el partido. Luego ésta tendió a desaparecer y no sin motivos, pues los comunistas se infiltraron en ella. Pero no sólo fueron ésos los inconvenientes padecidos por el PSOE, pues a ellos han de sumarse los derivados de ser éste el momento en que el franquismo, obtenido el reconocimiento exterior, podía influir en las autoridades francesas para conseguir de ellas, como ya habían logrado en el caso de los comunistas, una actitud beligerante respecto al socialismo español exiliado.

En 1959 fue preciso suspender el Congreso de la UGT, mientras que en los sesenta el Congreso del PSOE tuvo que trasladarse desde cerca de la frontera española hasta mucho más al interior de Francia. Durante algún tiempo fue imposible editar el periódico del partido y hubo que recurrir al subterfugio de hacerlo con una cabecera en francés. Mientras tanto, en el interior de España surgían las primeras diferencias con la dirección exterior del partido. En parte, estas diferencias fueron la consecuencia inevitable de la lógica disparidad de enfoque entre el realismo del interior y el purismo del exilio, pero también estaba en juego una diferencia de talantes programáticos. En términos generales puede decirse que los militantes socialistas del interior resultaron más proclives a aceptar la colaboración con los monárquicos, pero también con los comunistas y, sobre todo, pidieron una actuación más autónoma, cosa que Llopis, en el exilio, fue reticente a conceder. En su favor tenían que eran ellos los exclusivos destinatarios de la represión nacida desde el poder, que siguió siendo muy dura hasta finales de la década de los cincuenta. El principal dirigente socialista del interior fue Antonio Amat, que actuaba con el seudónimo «Guridi» y que había estado en varias ocasiones en la cárcel. Bohemio, rebelde, extremista y desorganizado Amat, que se llevaba bien con los sectores juveniles, no renunció a la posibilidad, siempre teórica, de la acción violenta («antibiótica», decía él). A la altura de 1959 se efectuó la última redada de dirigentes socialistas no motivada por una acción política previa, pero a continuación la política represiva del régimen se moderó y tuvo lugar una disminución significativa de las penas de prisión que apenas llegaban a un año en el caso de la simple militancia, aunque eran mayores cuando se daba algún tipo de colaboración con los comunistas.

El sector del partido que mostró un mayor grado de discrepancia respecto a la dirección exterior fue la Agrupación Socialista Universitaria. Algunos de estos jóvenes manifestaban una proclividad monárquica, pero, sobre todo, tendían a criticar lo que denominaban «el ciego antirrusismo y anticomunismo» de la dirección exterior, colaborando de hecho con el PCE en algunas de sus acciones de protesta. Llopis tenía razón al temer una infiltración comunista entre estos jóvenes, pero la realidad es que en el interior todo el PSOE tenía tendencia a mostrar solidaridad con los actos de protesta que iniciaba el PCE. La ASU, sin embargo, llegaba a proclamarse partidaria de un «socialismo revolucionario», y en 1961 uno de sus miembros, Luís Gómez Llorente, tuvo un enfrentamiento con el ya anciano Indalecio Prieto al defender sus puntos de vista en el Congreso del Partido. De todos modos, no se puede limitar la discrepancia con respecto al exterior sólo a los jóvenes, porque, en realidad, también el grupo de profesionales del derecho que dirigía el partido en Madrid, o el Moviment Socialista de Catalunya, mantenían parecidas diferencias con Llopis. Sin embargo, la posición de éste fue siempre muy firme durante estos años. Controlaba tanto el partido en Francia como sus contactos con las organizaciones internacionales socialistas, cuya solidaridad con la izquierda española incluso les llevó a propugnar un boicot al turismo en España.

Un aspecto de la nueva oposición del interior que merece particular atención, dada la importancia que adquirió a comienzos de los años sesenta, está constituido por sus contactos con los exiliados, de los que era ejemplo el PSOE. El máximo declive de la oposición entre 1951 y 1956 se vio acompañado por la ruptura de los contactos entre la oposición interna y la exiliada, y no es una casualidad que éstos se reanudaran en la última fecha citada. En el verano de ese año tuvieron lugar los primeros contactos, realizados por los grupos de Ridruejo y Giménez Fernández. Al año siguiente, Tierno Galván presentó a la oposición un escrito en que planteaba tres «hipótesis» acerca de la sustitución del régimen en las que quedaba clara la visión, generalizada en la oposición del interior, de que la Monarquía era la solución más realista y viable. De momento, sin embargo, no consiguió convencer a sus interlocutores republicanos y socialistas y hubo que esperar a 1959 para que naciera una fórmula de coincidencia y colaboración efectiva que, de todos modos, hasta 1961 no vería la luz de forma definitiva. Este hecho, así como las sanciones sufridas en la etapa anterior por Ridruejo y Tierno como consecuencia de sus contactos con los exiliados, demuestran las dificultades objetivas de la oposición aun en estos momentos en que la dictadura burocrática tendía a ser menos represiva, en especial cuando no se daban condiciones peligrosas para ella. La fórmula, nacida en 1961, recibió el nombre de Unión de Fuerzas Democráticas y tuvo como eje fundamental a la Izquierda Demócrata Cristiana y al PSOE exiliado. Al mismo tiempo, una alianza suscrita por los principales grupos sindicales de la oposición (UGT, CNT y el sindicato nacionalista vasco) supuso que la colaboración no quedara tan sólo en el terreno político. En realidad, ninguna de estas dos fórmulas tuvo una actuación especialmente brillante, pero ambas demostraban que existía un proceso de convergencia entre opositores del interior y del exterior, procedentes de diversas generaciones y de medios doctrinales distintos, convergencia que acabaría, dando fruto con ocasión de la reunión europeísta de Munich en 1962.

Rasgo común de todos los grupos surgidos en torno a 1956 en el interior de la península fue, en efecto, la afirmación europeísta. Ya en la emigración habían tenido lugar algunos actos de esta índole, pero, además, en estos momentos, la idea de una Europa unida revestía una especial importancia desde el punto de vista político. Por un lado, el régimen había pedido la integración española como si se diera cuenta, con toda la razón, que a medio plazo no había otra posibilidad que ésa para la economía española. Por otro lado, la opción europeísta en este momento tenía una significación precisa que, identificándose con las fórmulas democráticas, excluía al PCE, quien consiguientemente tardó en aceptar la integración de España en el Mercado Común Europeo.

En el interior de España el europeísmo nació en círculos próximos al catolicismo político a partir de 1954, fecha de la fundación de la Asociación Española de Cooperación Europea (AECE), en la sede de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, pero, en realidad, estaba difundido en medios muy amplios y bastante plurales desde el punto de vista de la significación política. En el exilio, algún monárquico, los nacionalistas vascos y, sobre todo, Salvador de Madariaga, habían desempeñado un papel decisivo en la promoción de la unidad europea. A Madariaga y a las personas de su entorno cabe atribuirles la primera iniciativa de una reunión del europeísmo español a uno y otro lado de la frontera; esa idea, no obstante, resultó coincidente con la voluntad expresada por la AECE de organizar una semana europeísta. La idea de Madariaga fue que las internacionales que animaban la vida política del viejo continente deberían hacer una declaración en favor de la democratización de España. Finalmente se optó por celebrar una reunión sobre «Europa y España» con ocasión de otra celebrada por el Movimiento Europeo en Munich durante los primeros días de junio de 1962. Cuando la reunión tuvo lugar, España había pasado por una oleada de huelgas, quizá las más amplias, en cuanto a participación popular y dispersión geográfica, desde el final de la Guerra Civil. La mayor parte de los grupos políticos de la oposición interior habían expresado su solidaridad con los huelguistas mientras que otros del exterior animaron o defendieron esa protesta o le prestaron apoyo en los organismos internacionales. No debe olvidarse esta circunstancia, pues si demostraba que el régimen estaba condenado a soportar una inevitable oposición —aunque debilitada en los años anteriores— también lo colocó, dada su habitual propensión paranoica, en una marcada predisposición a la actuación represiva.

En la fecha indicada se reunieron en la ciudad bávara algo más de un centenar de españoles, de los que dos tercios procedían del interior. Estaban representados todos los grupos de la oposición, tanto exiliada como interior, y, por fin, consiguió llegarse entre ellos a un acuerdo respecto del régimen de Franco que superara esas cuestiones previas que siempre habían existido, como la existencia de la Monarquía o la implantación de un período de transición sin preciso signo institucional, como querían los socialistas.

Como ya había sucedido en el caso de la UFD, se eludió esta cuestión para resaltar, en cambio, las coincidencias que se basaban en la aceptación común de los derechos del hombre, de las instituciones representativas, así como de la identidad de las regiones y la posibilidad de organizar partidos y sindicatos. Hubo, sin embargo, dificultades iniciales que derivaron del rechazo mismo de los llegados del interior —principalmente Gil Robles— de deliberar conjuntamente con los exiliados. En el acto final de la reunión intervinieron las dos figuras más representativas de esos dos mundos que ahora coincidían, por vez primera, al subrayar sus identidades y no sus discrepancias.

Madariaga recordó que Europa no era sólo un ámbito comercial y que, consiguientemente, los europeos no podían aceptar junto a ellos a un régimen dictatorial. Por su parte, Gil Robles destacó que no era voluntad del Movimiento europeo dar ningún tipo de lección a los españoles; quería, así, evitar una reacción de nacionalismo visceral, convenientemente atizada por el Gobierno. La coincidencia de estos dos sectores probó, en definitiva, que en 1962 la reconciliación de los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil era posible. Como se ha señalado, verdaderamente la reunión de Munich fue el momento en que la transición a la democracia se convirtió en una posibilidad. Lo ratifica el hecho de que Llopis, el dirigente del PSOE, declarara, en privado, ante Satrústegui, representante de los monárquicos que «si la Corona facilita el tránsito pacífico a la democracia el PSOE, a partir de este documento, respaldará a la Corona».

La respuesta de Franco fue, no obstante, inmediata y debe ser entendida en el contexto de su capacidad de aprovechamiento de las supuestas injerencias ajenas en la vida de su régimen, de su preocupación por las huelgas de meses antes y de su habitual temor a que sectores políticos relativamente moderados le quitaran el apoyo de las clases medias que hasta entonces habían estado tras él. Todos estos factores hicieron que la reacción fuera aparentemente desmesurada: se suspendió el Fuero de los Españoles y la prensa desató una durísima campaña en contra de los asistentes a la reunión de Munich, inmediatamente descrita como «contubernio», término que quienes habían participado en ella aceptaron de forma irónica. Llegados a Madrid, los reunidos en Munich debieron optar entre el confinamiento en las Canarias o la emigración. En total, nueve fueron confinados en estas islas; todos ellos acabarían teniendo un papel de importancia en la política española durante la transición, fundamentalmente en Unión de Centro Democrático. Paralelamente se organizaron en toda España manifestaciones en las que, como en 1946, se excitó el «numantinismo» de quienes estaban a favor del régimen.

En varios sentidos, el «contubernio» de Munich tuvo una especial importancia en la historia española. En primer lugar, por vez primera la oposición del interior pareció superar, en número y relevancia, a la exiliada. Pero más importante es que en esta ocasión empezara a cerrarse la herida causada por la Guerra Civil: en este sentido, mayor trascendencia que la coincidencia de Gil Robles y Madariaga la tuvo el hecho de que se diera una sintonía entre el primero y Llopis, el dirigente socialista, pues ambos se habían enfrentado en el parlamento durante la época republicana. En cuanto a la posibilidad de que la oposición ofreciera un frente unido al régimen de Franco, Munich representó un avance, aunque la unidad de toda la oposición estaba todavía lejos de alcanzarse. Ni el FLP ni los comunistas, cuyas reticencias respecto de las instituciones europeas eran manifiestas, participaron oficialmente en Munich, aunque tuvieron en la reunión personas cercanas. La reunión en la ciudad bávara fue el testimonio de que la oposición no iba a desaparecer y de que, además, con el transcurso del tiempo, que empujaba inevitablemente a España hacia Europa, los vientos de la Historia soplaban en su favor. Pero también fue el testimonio de la fragilidad que la caracterizaba.

En las memorias de Emilio Romero, un periodista oficial de entonces, se puede encontrar el juicio despreciativo de que a los europeístas de Munich «Franco se los comía con patatas»; podía hacerlo en cuanto que tenía unos instrumentos represivos de los que sabía hacer uso sin titubeos. Pero la escasa peligrosidad de la oposición nacía no sólo del posible uso de la represión sino también de otros factores, como el simple malentendimiento de las posturas de los afines o la distancia. Inmediatamente después de Munich tuvo lugar una crisis en los movimientos democristianos y entre los monárquicos. Una nota de Don Juan de Borbón, en la que afirmaba no haber estado representado en la citada reunión, fue considerada por Gil Robles como una desautorización personal y, al mismo tiempo, dio lugar a una división entre quienes consideraron positiva la declaración de Don Juan y quienes la juzgaron negativamente.

Sin duda, la fragmentación permanente fue un grave inconveniente de la oposición al régimen de Franco; parte de la culpa le correspondía a esa misma oposición, pero otra derivaba no de ella, sino de la vida artificial que estaba condenada a llevar, sin debates públicos, y que correspondieran a una apoyadura social, al margen de toda esperanza inmediata de un cambio de régimen. La misma distancia impedía un contacto como el que había fructificado en la ciudad alemana. Baste con tener en cuenta que las principales figuras de la oposición se encontraron dispersas por Europa como consecuencia, a la vez, de lo sucedido y de la reacción represiva.

Si resulta significativo lo que le sucedió a la oposición inmediatamente después de Munich, no lo es menos las secuelas que tuvo para el régimen. A largo plazo, éstas fueron graves, porque algunos sectores no tenían inconveniente, en el seno de la Comunidad Económica Europea, de aceptar la España de Franco tal como era, pero eran claramente minoritarios u obedecían a factores demasiado coyunturales como para que tuvieran posibilidades de éxito. Por eso se puede decir que el problema, para el régimen, de la incompatibilidad entre la dictadura y Europa perduró no ya mucho tiempo, sino hasta la misma muerte del dictador. Pero, además, a más corto plazo, el régimen de Franco había eludido mayores peligros. A fin de cuentas, su reacción ante Munich fue exactamente igual a la que tuvo en 1946 y, como en aquella ocasión, obtuvo un innegable éxito, que habría de resultar mucho más problemático, al menos en lo que respecta a la utilización del mismo tipo de recursos, en los años posteriores.

Por o contra la Falange:
La vida política del régimen entre 1956 y 1965

Si bien se mira, a partir de 1956 asiste al primer intento serio de institucionalización del régimen, proceso al que había sido hasta entonces alérgico Franco y que sólo aceptó con este preciso término, pues no apreciaba el de constitucionalización, quizá porque para él tenía un sabor liberal. En realidad, este proceso sólo culminó con posterioridad, a partir de la formación del Gabinete de 1965, pero el sentido fundamental del cambio que se iba a producir más adelante quedó despejado, con lentitud y parsimonia muy típicas del franquismo, en los nueve años precedentes. En ellos se planteó, en primer lugar, durante unos meses, la posibilidad de que el régimen recuperara ese tono azul que había tenido durante la Segunda Guerra Mundial. Eliminada esta posibilidad, la institucionalización eligió lentamente otro camino, empezando por un primer paso muy sencillo —una ley de Principios del Movimiento cuya efectividad respecto al reparto del poder político fue siempre mínima o inexistente—, mientras que los verdaderos proyectos constitucionales no se empezaron a elaborar sino cuando ya Franco había tenido un primer aviso de muerte, después de su accidente de caza a finales de 1961, y cuando había celebrado el vigésimo quinto aniversario de su acceso al poder.

La alternativa de Franco en estos momentos fue si inclinarse por la Falange o prescindir de ella, por ello bueno será recordar el papel que se atribuyó a ésta en el seno de su régimen. Dicho papel era, por un lado, instrumental, y, por otro, imprescindible.

Abundan las afirmaciones de falangistas en el sentido de que Franco no era uno de los suyos: desde mediada la década de los cincuenta algunos falangistas pensaron que el régimen había quedado en manos de personas «de fuera del régimen pero en los aledaños del jefe del Estado». Esto explica el odio de los falangistas más radicales hacia Carrero. Ya hemos citado también afirmaciones del jefe del Estado que suenan un tanto cínicas respecto a ese papel auxiliar de la Falange. Hay dos afirmaciones de Franco ante los médicos que le cuidaron en sus enfermedades, que pueden complementar esta imagen y que coinciden al mostrar la displicencia del general frente a un partido como Falange: a Vicente Gil, que era falangista, le dijo que los suyos «eran unos chulos», mostrando, por una vez, un irritado nerviosismo nada característico en sus tomas de postura. A Soriano, con mayor tranquilidad, le dijo que «la Falange era como una especie de OAS» —el grupo terrorista partidario de la Argelia francesa— «a la que pronto metí en cintura».

Así era a la altura de 1956, pero no es menos cierto que Franco, ante el resto de las fuerzas políticas que lo apoyaban y que periódicamente le causaban conflictos, debía contar con el apoyo de los falangistas, lo que siempre fue facilitado por la falta de brillo de sus dirigentes. Se había servido de ellos contra los jefes militares durante la guerra mundial y había mantenido en el poder a Raimundo Fernández Cuesta después de 1945 en la incómoda misión de disciplinar a los prebostes del falangismo cuando éstos dieron sensación de querer lanzarse por el camino de la indisciplina. Al mismo tiempo mantuvo estrechos contactos con José Luís Arrese, convertido en paradigma de la Falange más pura pero inevitablemente marginado en la posguerra mundial. Cuando solucionó de manera salomónica el pleito entre el aperturismo cultural de Ruiz Giménez y el deseo de monopolio del poder por parte de los falangistas, cesando a aquél y a Fernández Cuesta, se le ocurrió recurrir a Arrese, probablemente porque pensaba que éste le podía servir para controlar a este sector. Los falangistas creían que Franco atribuía al nuevo secretario general del Movimiento una alta talla intelectual pero lo más probable, dada la forma en que le trató en 1956-1957, es que sencillamente conociera sus limitaciones y lo utilizara para sus propósitos.

A diferencia del también falangista Jesús Rubio, el sucesor de Ruiz Giménez, Arrese intentó un protagonismo político de su sector en la «coalición reaccionaria» en que consistía el franquismo y que además, de haber triunfado, se lo hubiera dado, casi en exclusiva y de forma irreversible, al antiguo Partido único. En 1945 había apreciado en el Fuero de los Españoles lo que él denominó como «la introducción matutera de derechos confusos y amenazantes». En realidad, no le faltaba razón, porque la apariencia exterior de ese texto producía esa sensación por más que no se tradujera en absoluto en la realidad. Ahora intentó dar permanencia institucional al régimen, a sabiendas de que Franco le necesitaba para satisfacer a Falange. Lo cierto es que, aunque Franco en las semanas posteriores a la crisis de febrero de 1956 hizo repetidas alusiones a la necesidad de renovar la Falange, mantenía una clara prevención respecto a la posibilidad de concretar un poder, como el suyo, que era tanto mayor cuanto menos precisamente delimitado. Arrese, al ver la reticencia que mostró el jefe del Estado, ante la posibilidad de verse privado de ese margen tan amplio de poder, que le permitía incluso legislar sin necesidad de acudir al Consejo de Ministros, llegó a romper una propuesta que traía en ese sentido pero, al mismo tiempo, con sus declaraciones e iniciativas empujó de forma indirecta hacia la institucionalización a un Franco que distaba de tener propósitos como ésos.

En marzo de 1956, Arrese afirmó ante un auditorio falangista que no estaba definitivamente cerrada la estructura política del Estado, al faltar una ley sobre el Gobierno y otra sobre el Movimiento. Por un momento, el propósito de hacer nacer estas disposiciones pareció poder triunfar e incluso de ir acompañado de un predominio neto de la Falange en el gabinete, una vez producida una crisis política. Según Arrese, en el verano de ese año existió todavía la posibilidad de formar un gobierno homogéneo, es decir, de signo falangista, y el propio Franco estuvo dispuesto a dejar de ser presidente del Gobierno y limitarse a la condición de Jefe del Estado con la sola condición de que «no me empujen». Sin embargo, a la vuelta del verano, ya en octubre, empezó a tropezar con inesperadas dificultades y de ser la persona de mayor confianza de Franco se convirtió en un peligro para la unidad del régimen.

Arrese percibió ese cambio en octubre de 1956. Franco le entregó en ese momento quince observaciones a sus proyectos, que consideró como otras tantas sentencias de muerte para ellos. A estas alturas había conseguido rodearse de un equipo falangista sólido en el que el principal mentor (y, por tanto, el más relevante de los autores de esos proyectos) fue Emilio Lamo de Espinosa. Consideraba éste que para la institucionalización del régimen se debía dejar olvidada la cuestión de la sucesión y la Monarquía y, en cambio, era necesario un Consejo Nacional fuerte como órgano que testimoniara que la soberanía le correspondía al Movimiento. A partir de estas premisas se elaboraron tres proyectos, consistentes, el primero, en una declaración de principios que nunca fue discutida con verdadera pasión, y, sobre todo, otras dos disposiciones más, relativas al Movimiento y al Gobierno. Lo característico del papel atribuido al primero era la independencia que tendría respecto a un eventual sucesor de Franco (que no era mencionado como Rey, dejándose la cuestión monárquica en la confusión) hasta el punto de que no se preveía ninguna responsabilidad ni función en relación con el antiguo partido único. Este estaría dirigido por un secretario general, elegido por el Consejo Nacional y con funciones muy amplias, equivalentes, según dijo el propio Arrese, a las de «un comisario político con mando en plaza». La ley que pretendía regular el Gobierno, por otro lado, más que estar dedicada propiamente a ello, tenía como objeto atribuir nuevas competencias al Movimiento en el seno de aquél: el Consejo Nacional recibía competencias semejantes a las de una especie de tribunal de garantías constitucionales, el Gobierno podía ser cesado por el Consejo (pero no por las Cortes) y el Secretario general del Movimiento tenía la capacidad de vetar disposiciones concretas emanadas de los departamentos ministeriales siempre que abordara problemas políticos de primera magnitud. A todas luces, de haberse aprobado estas medidas, se hubiera dado la pura y simple hegemonía absoluta de una Falange que había sido, como ya sabemos, la principal y aún única beneficiaria de la unificación producida en la Guerra Civil.

No resulta extraño que inmediatamente arreciaran las protestas en contra de las pretensiones de Arrese, quien ni siquiera parece que obtuviera el apoyo de la totalidad de los falangistas. Los militares no tuvieron el menor interés en estos proyectos y, además, se situaron en contra por sugestión de los monárquicos. De estos sectores, Bilbao, el presidente de las Cortes, consideró los proyectos como «una camisa de fuerza», se negó a asistir al Consejo Nacional e incluso consideró, como también Iturmendi que el Movimiento quedaba convertido en un «organismo estatificado, rígido, desprovisto de calor popular». Otro ministro afirmó que el régimen español se identificaría, de triunfar los proyectos, con los «sistemas políticos que carecen de las más mínimas libertades». Sin embargo, quizá la interpretación más aguda e irónica fue la de quien afirmó que de producirse tales cambios España se convertiría en algo parecido a Rusia «pero con curas». También la Iglesia se manifestó contraria a través de un escrito firmado por los tres cardenales entonces existentes; una quincena de obispos sometieron, además, a un duro interrogatorio al principal responsable de la redacción de esas tres leyes. La familia católica presentó una contrapropuesta basada en la potenciación de las instituciones representativas, la creación de un Consejo del Reino con más poderes y la disminución de los de la Falange hasta su desaparición. Frente a todas estas propuestas, la reacción de Arrese sólo pudo ser limitada y tibiamente defensiva. Trataba de llegar a Franco a través de los ministros más falangistas, pero el jefe del Estado contestó al de Agricultura que se ocupara de los olivos. Intentó galvanizar el apoyo de las organizaciones provinciales y locales del Movimiento, pero incluso fue vigilado por la policía cuando su vicesecretario general anunció, con supuesto tono amenazador, que se iba a producir un «paso decisivo», y, al mismo tiempo, para mostrar que no tenía pretensión de monopolio, recordó que la Falange sólo había ocupado una porción del poder político que él cifró en tan sólo el 5 por 100.

A finales de 1956, la efervescencia era tal en el seno del régimen que, en un Consejo de Ministros, el conde de Vallellano abandonó la reunión tras un enfrentamiento con Franco, para volver inmediatamente a continuación. En enero de 1957, Carrero Blanco, que había expuesto su juicio negativo por escrito respecto de los proyectos, recomendó a Franco el cese de Arrese, a pesar de ser «bueno, leal y persona excelente»; también sugirió la posibilidad de que se hiciera con la Secretaría General del Movimiento un militar y se prescindiera de Girón, que parecía actuar en el Gobierno de una forma poco solidaria con el resto de los ministros económicos. El juicio de Carrero era definitivo para que los proyectos de Arrese no siguieran adelante, pues, a estas alturas, como decía un falangista, Franco, en realidad, discurría «por su cerebro» pero el propio Caudillo era muy consciente de las dificultades para mantener esa coalición en que consistía su régimen. En una nota privada escribió que «todos desean que se establezcan las leyes que definen y garanticen las funciones [sic] pero no que pueda llegarse a ello de forma que complazca a todos». Eso fue lo que le llevó a pedir que los proyectos se retiraran y a congelar cualquier evolución institucional para un remoto futuro.

Arrese no tuvo nunca fuerza política ni posibilidad real de llevar su intento de vertebración del régimen a sus últimas consecuencias, incluida la ruptura con éste; incluso anunció en público la posibilidad de «una vuelta silenciosa al cariño del hogar». Sin embargo, llegó a más todavía: aceptó ser relevado y traspasado a la cartera de Vivienda (era arquitecto) de tal manera que no pudiera interpretarse que con él nacía una disidencia falangista. Luego apenas pudo hacer nada en su nueva responsabilidad ministerial porque careció de los medios económicos necesarios, a pesar de haber anunciado que construiría un millón de nuevas viviendas. Mientras tanto, los falangistas más puros (y también los que tenían una mayor coherencia doctrinal) consideraron que, a partir de este momento, se había producido una auténtica crisis de Estado y que el rumbo doctrinal seguido desde este instante era insincero y corruptor del pensamiento «joseantoniano». En sus memorias Girón, que había sido, bajo Arrese, vicesecretario de Obras Sociales del Movimiento, aparte de ministro de Trabajo, afirma que los proyectos esbozados por él no pasaron de «un castillo de fuegos artificiales que se abrasaron en unos meses». A quienes vinieron a continuación a desempeñar un papel predominante los considera herederos de esa «tercera fuerza» de comienzos de los años cincuenta y asegura de ellos, con ironía, que «no inventaban nada: era una especie de despotismo ilustrado sin peluca y sin polvos de rapé».

El cambio gubernamental de febrero de 1957 fue uno de esos relevos no deseados por Franco sino que acabaron estallándole de improviso. Sin embargo eso no quiere decir, en absoluto, que fuera intrascendente, pues su resultado fue exactamente el contrario. Resultó, en primer lugar, la ocasión para producir una amplia sustitución de los dirigentes de la España oficial, pues de dieciocho ministros cambiaron doce. Quizá una de las claves del cambio se encuentra en la marginación de Alberto Martín Artajo que en este momento se había significado por su oposición a Arrese; es muy típico del complicado juego de pesos y contrapesos habitual en Franco: la Falange era la gran derrotada, pero permanecería como ministro quien había sido, en la época anterior, su principal representante, mientras que desaparecía la figura más relevante de la familia católica con mucha menor compensación, pues Castiella, sustituto de Martín Artajo, nunca representó tan claramente como éste un programa para la política interna y, además, tenía muchas mayores concomitancias con la Falange. Pero el hecho de que la familia católica hubiera perdido el puesto relevante que hasta el momento había tenido, no contradice que la mayor derrota fuera la de la Falange. Girón, que había practicado una política demagógica de elevaciones salariales, tenía en su actuación un componente populista y, sobre todo, un talante de pureza fascista apoyado en un pasado de radicalismo «joseantoniano». Su desaparición, junto con la marginación de Arrese, redujeron a la Falange a poco más que un suspiro, pero sobre todo ése fue el resultado por las características de la persona que le sustituyó. José Solís representó, para los más puristas dentro de la Falange, un giro «copernicano» y, sobre todo, un modo de aguar la «revolución pendiente»; simpático hasta hacerse perdonar sus continuas maniobras, extremadamente escurridizo, dotado de una listeza ratonil y carente de formación y de lecturas (ésta es la descripción que de él hizo uno de los intelectuales falangistas), Solís demostró en sus propios rasgos personales la imposibilidad de que Falange pudiera hacerse con el poder, vertebrando, por sí misma y en solitario, la estructura política del Estado.

Todas estas características de la crisis no deben hacer olvidar que su rasgo más determinante fue que, de forma definitiva, se impuso el criterio de Carrero Blanco y que apareció, tras él, una clase política nueva. El papel del ministro subsecretario en la tramitación de la crisis fue decisivo, de modo que en la mayor parte de los casos sometió a examen a los candidatos al puesto ministerial incluso antes de que hablaran con Franco. Pero, además, fue su programa el que a continuación se llevó a cabo.

Siempre había pensado que mucho mejor que un partido único, como la Falange, era una minoría reducida de dirigentes, bien preparados y católicos, a quienes encargar la gestión de los asuntos públicos. La eficiencia en el funcionamiento del aparato burocrático y la preocupación por las cuestiones económicas le habían preocupado desde hacia tiempo. En su primera intervención importante en las Cortes aludió a la necesidad de obtener «el máximo rendimiento administrativo» y a la necesaria «política de realizaciones». En cuanto a la aparición en el Gobierno de Mariano Navarro Rubio y Alberto Ullastres lo único seguro es que la presencia del segundo se debió al primero, pero no parece haber existido la sensación de que formaban un grupo ni tampoco que tuvieran un propósito político preciso y común en estos momentos. La estabilización, aceptada como inevitable por Franco, pero sin entusiasmo, no era un programa político en este momento inicial del nuevo gobierno sino que fue impuesta por las circunstancias, por más que existiera un superior interés por lo económico. Lo que esos ministros representaban era un nuevo tipo de dirigente político, no muy identificado con una familia precisa del régimen y sin experiencia de la Guerra Civil en tiempos de edad madura. Era, de cualquier modo, un mundo que tenía poco que ver con Falange.

Navarro Rubio, por ejemplo, aunque hizo gran parte de su carrera política en la Organización Sindical, acabó enfrentándose con Fernández Cuesta y en sus memorias denomina «pistoleros» a cierto tipo de falangistas. Tanto él como Ullastres formaban parte del Opus Dei pero en términos más generales cabe atribuir también una identidad o semejanza de enfoque —superior formación, predominio de dedicación a un terreno especializado, ausencia de criterios estrictamente políticos…— a otros hombres públicos aparecidos en este momento. En definitiva todos estos rasgos coincidían con lo buscado por Carrero. Éste, por otro lado, si, en otro tiempo había considerado que el régimen estaba perfilado en sus rasgos definitivos ahora, después de la experiencia con Arrese, empezó a pensar que era imprescindible una institucionalización.

Antes que nada es preciso tratar de la posición de los perdedores en la crisis.

Como veremos, las disposiciones de índole política que se aprobaron durante el mandato del Gobierno de 1957 no afectaron de manera decisiva a la Falange, ni desmantelaron su poder, a pesar de lo cual fueron recibidas por ella con irritada prevención. Aunque ninguna de las jerarquías más importantes del partido puso dificultades serias al giro que el régimen experimentó a partir de 1945, hubo tensiones en aquellos años: en los de la posguerra la Falange más decididamente fascista llegó a tener contactos con algunos sectores de la CNT, y la vuelta de Fernández Cuesta al partido, en 1948, debió tener como propósito principal disciplinar a los más ariscos de aquélla, aunque sólo concluyera en la destitución de uno de los vicesecretarios generales, González Vicén. Desde comienzos de los cincuenta hubo una cierta reorganización de los seguidores de Hedilla, y en los momentos anteriores a la crisis de 1956 ya se había demostrado que Fernández Cuesta no podía controlar a los falangistas, que en público se enfrentaron en alguna ocasión con el secretario general y mostraron su reticencia o incluso su protesta con respecto a Franco. A la Falange le supuso, sin embargo, un grave inconveniente la falta de dirigentes de altura y la división de los mismos. Arrese, por ejemplo, contó con la oposición de Fernández Cuesta e incluso Girón le criticó por afirmar que la Falange no había ejercido el poder. A finales de la década de los cincuenta los falangistas se sentían lo suficientemente desamparados desde el punto de vista ideológico como para montar unos Círculos Doctrinales José Antonio que, ayudados por el aparato estatal, venían a ser como una estructura paralela de las organizaciones del Movimiento.

La realidad es que la vieja estructura del partido único, aunque permitía que ese sector falangista mantuviera una influencia importante en la vida política del régimen, progresivamente se iba anquilosando. A mediados de los años sesenta, la mitad de los inscritos en el Movimiento ya lo estaban en los años cuarenta y la media de edad de la afiliación superaba los cincuenta años. Las organizaciones que en este momento parecían tener más éxito eran, quizá, las juveniles, como el Frente de Juventudes, pero en realidad éste dependió, sobre todo, de su capacidad de ofrecer servicios sociales y no tenía necesariamente una significación ni una repercusión política pues, en los sesenta, tan sólo un 2 por 100 de los que figuraban en él acabaron integrándose en el Movimiento propiamente dicho. La gestión de Solís al frente de los sindicatos, y luego del partido, tuvo como resultado principal el «despolitizar» sus organizaciones convirtiendo ese aparato burocrático en una maquinaria para el conformismo y no para la «fascistización». Se trataba, al mismo tiempo, de una organización de poder dotada de una capacidad de crear clientela y que, por sí misma, justificaba en relevante papel de quienes la dirigían. Disponía, en fin, de recursos económicos importantes. Hubo periódicas muestras de protesta, recibidas en los medios de El Pardo con irritación (los falangistas protestatarios eran, decía Franco Salgado, unos «imbéciles» que no se daban cuenta de su especialísima obligación de ser disciplinados), pero aquéllas eran, en definitiva, inocuas y fácilmente sometibles, en el peor de los casos, a la intervención apaciguadora de Franco.

Tras el fracaso de los proyectos de Arrese, el centro de la iniciativa política se trasladó al entorno de Carrero Blanco, donde empezaba a ser personaje relevante Laureano López Rodó. Hijo de un fabricante que había sufrido la fuerte inestabilidad social de la primera posguerra mundial y catedrático de Derecho Administrativo, López Rodó, que afirma en uno de sus libros haber sido falangista en los años juveniles pero tan sólo porque no podía ser otra cosa, debió su primer contacto con la política a Iturmendi, pero ascendió gracias a Carrero, que venía a ser el medio por el que hacía llegar sus proyectos políticos a Franco. Como dice en sus Memorias, cuando éste pedía un texto para una disposición legal a Carrero, era él quien le proporcionaba los «mimbres del cestillo». López Rodó afirmó, ya bien entrados los años sesenta, que los dos objetivos fundamentales debían ser el «desarrollo económico» y la consecución de un «Estado social de derecho» con instituciones representativas progresivamente ampliadas. Para entender hasta qué punto estas dos afirmaciones se corresponden con la realidad, hay que tener en cuenta que el desarrollo económico no dependió, en modo alguno, de la exclusiva acción del Estado y que, además, en la organización de éste no se pasó de la voluntad de normalización administrativa, recortando la influencia de la Falange y sujetando a disposiciones precisas a la Administración, pero sin una voluntad de sustituir un régimen dictatorial, eventualidad que quedaba remitida a un futuro muy impreciso y que, además, venía contrapesada por una posición decididamente reaccionaria en muchas materias. También en esas memorias transcribe López Rodó unos párrafos de sus diarios de acuerdo con los cuales pensaba que un resultado de su acción debía ser «un cierto grado de evolución política» pero tan sólo eso, lo que describe más fielmente sus planteamientos. Frente al intento de «fascistización» patrocinado por Arrese, las fuerzas emergentes en el régimen venían a representar la tendencia hacia una dictadura burocrático-administrativa de fuerte contenido clerical.

Otro dato esencial para la comprensión de la situación política es que el peso de Carrero cerca de Franco fue siempre esencial para explicar la posibilidad de esta transformación, muy importante en la historia del régimen.

En este sentido resulta muy significativa la ley de Régimen jurídico de la Administración del Estado, de julio de 1957, que, en términos políticos, puede haber sido una re-elaboración, con un sentido fundamentalmente distinto y en otro plano, de la ley de Gobierno imaginada por Arrese. Lo que irritó a los falangistas fue que en ella ni se trataban aspectos estrictamente políticos ni aparecía por ningún lado el Movimiento Nacional. Además, la ley no dedicaba ningún precepto al jefe del Estado, limitándose al Gobierno y altos cargos de la Administración; su condición de norma puramente administrativa (a pesar de recordar el posible desdoblamiento de la jefatura del Estado y del Gobierno) se apreciaba en la regularización de los procedimientos y la organización del Estado, el establecimiento de una jerarquía normativa y la determinación de la responsabilidad del Estado y sus funcionarios. Sólo alguno de los falangistas más inteligentes —Lamo de Espinosa— llegó a darse cuenta de que, en efecto, una disposición como ésta «alteraba profundamente las bases del régimen» que, de ser un Estado dominado por un partido, pasaba a ser dependiente de una Administración. En relación con esta disposición hay que hacer mención de la aprobación, un año después, de la ley de Procedimiento Administrativo, que permitió a los particulares entablar juicios contra decisiones de la Administración que quedaría, así, sometida a reglas fijas, aunque las marcara ella misma. Hubo ministros que a duras penas se sometieron a ella: Arias Salgado se quejó de que querían «maniatarle para evitar que defienda a Jesús». Esta disposición duró mucho, llegando incluso a la democracia. Se vio acompañada de muchas otras de carácter complementario como, por ejemplo, la creación de los técnicos de administración civil (más adelante se aprobó una ley de bases de los funcionarios del Estado). En adelante, el funcionamiento de la maquinaria del Estado se hizo mucho más regular y organizada: existieron actas del Consejo de Ministros, redactadas por su secretario, el propio Carrero, y Comisiones Delegadas del Gobierno, de carácter sectorial, la principal de las cuales fue la de Asuntos Económicos. Pero los reformistas vieron cerrado el paso a otros cambios como, por ejemplo, la atribución a la Presidencia de un papel eminente, la supresión del Ministerio de Información o la aprobación de una ley de organización del Movimiento que lo hubiera distinguido y separado del Estado.

Llama, en efecto, la atención el hecho de que las medidas aprobadas tuvieran principalmente carácter administrativo. Un carácter más marcadamente político tuvo, como es natural, la Ley de Principios del Movimiento Nacional, promulgada por Franco ante unas Cortes reunidas en función puramente «resonadora». Después de la definitiva consideración de los proyectos de Arrese como inviables, las tres disposiciones de que constaban pasaron a la iniciativa no del Consejo Nacional, sino de la jefatura del Estado, aunque de hecho fueron sucesivas comisiones las que elaboraron la articulación concreta de los textos. Por el momento, tan sólo uno de ellos resultó medianamente viable, por la sencilla razón de que lo había sido siempre: la ley de Principios del Movimiento Nacional. Merece la pena señalar que la elaboración de su texto, iniciada en el verano de 1957, se caracterizó por el elevado número de personas que participaron en la misma y, al mismo tiempo, por la progresiva disminución del texto. Contribuyeron a él, por ejemplo, Bilbao, Iturmendi, Carrero, Vigón, López Rodó, Solís, Fraga, Fueyo… y el número de principios enumerados, que se situaba originariamente en torno a los cuarenta, quedó reducido a doce, en la idea de que la síntesis permitía el mayor acuerdo entre los diferentes sectores componentes del régimen arbitrados por Franco. En suma, la ley resultó tan genérica que podía ser aceptada por todos pero también motivó reticencias entre los falangistas más puros, aunque mucho más por lo que no decía que por aquello que contenía. En la ley no se hablaba del Movimiento como organización ni se vetaba radicalmente el pluralismo asociativo o sindical, al decir de uno de aquéllos. Si todo esto era cierto, ha de tenerse en cuenta que los proyectos anteriores de convertir el Fuero de los Españoles en una disposición efectiva sólo supusieron que se regulara el derecho de petición. Al mismo tiempo, sin embargo, el nombramiento de un juez militar especial para actividades terroristas, la ley de Orden Público del verano de 1959 y la legislación sobre rebelión militar en 1960 proporcionaron al poder los instrumentos para no temer nada de una oposición que, por otro lado, en estos momentos todavía estaba en una situación desesperanzada.

Otros proyectos de ley importantes, como los de Información o del Reino y la Corona, siguieron elaborándose, pero sin esperanza de adquirir vigencia a corto plazo y remitidos a un más que improbable futuro. Sin embargo, el sesgo a favor de la Monarquía parecía creciente, a pesar de la indefinición, y esto hizo que en 1959 jóvenes falangistas reprodujeran las protestas, siempre inocuas, contra Franco y Carrero. Hay que tener en cuenta, además, que a finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta, la eventualidad de un restablecimiento de la Monarquía, que resultaba muy irritante para parte de la Falange, no era tan remota como antes. En 1959, Don Juan Carlos acabó sus estudios civiles y en 1961 comenzó los militares. Si dadas las disposiciones legales vigentes (la ley de Principios había ratificado la condición de Reino atribuida a España) la Falange no podía mostrar proclividad republicana, por lo menos hacía lo posible para complicar la determinación de la persona del sucesor de Franco. Don Alfonso de Borbón, primogénito de Don Jaime, empezó a ser aireado en y por los medios cercanos a la Secretaría General del Movimiento como una posible opción de recambio, siempre en una versión más ortodoxa desde las perspectivas del régimen. En definitiva, el mantenimiento de una cierta ambigüedad, al menos respecto a la persona, en la cuestión sobre la Monarquía y la alternativa entre un vago Movimiento y un Partido único siguieron siendo motivos de divergencia interna en el seno del régimen. La irresolución en torno a la institucionalización se mantuvo pero ya en 1959 se consideraba irremediable la incertidumbre podría llevar a algún tipo de consulta popular cuyos resultados podrían ser los de los tiempos republicanos y, entonces, escribió: «Dios nos asista».

El Gobierno de 1957 cubrió el período de cinco años que Franco consideraba como la duración habitual de un gabinete, pero antes de hacer mención del que le sustituyó hay que referirse a un hecho importante para explicar alguna de las resoluciones tomadas a la hora de sustituirlo. En diciembre de 1961, Franco sufrió un accidente de caza al estallarle el arma como consecuencia de la utilización de un calibre inadecuado o quizá porque tal accidente hubiera sido previamente preparado. La herida tardó en cicatrizar y obligó a tener en cuenta que una incidencia de ese tipo podía producirse en cualquier momento. Merece la pena anotar la reacción de Franco, porque fue muy característica. Dos militares, Alonso Vega y Arias Navarro, encargados ambos del orden público, redactaron la nota de prensa donde se informó de lo sucedido, y fue también un militar, Muñoz Grandes, quien, al año siguiente, sería nombrado vicepresidente del Consejo y, por tanto, eventual sustituto de Franco en caso de muerte por accidente. Quedó así planteada la cuestión de continuidad y se veía claro que respecto de ella el pensamiento de Franco era tendente a dar un predominio al Ejército.

«Ten cuidado», le dijo a Alonso Vega en el momento de ingresar en el quirófano. Como resultaba habitual, el cambio de Gobierno se produjo en el mes de julio y, aparte del nombramiento de Muñoz Grandes como vicepresidente, tarea compatible con la jefatura del Estado Mayor, introdujo otras novedades importantes. Definitivamente, Arrese desapareció del Gobierno, sustituido por Martínez y Sánchez Arjona, una personalidad procedente del entorno de Solís, pero mayor relevancia tuvo la aparición de Manuel Fraga Iribarne como sustituto de Arias Salgado, duramente afectado por los sucesos de Munich, ya narrados. Fraga fue capaz, aunque tras un largo período de elaboración, de sacar adelante una ley de Prensa que sustituía a las disposiciones de 1938, eliminando sus aspectos más aberrantes y obsoletos, cuyos rasgos describe en sus Memorias. En el Gabinete pronto se percibió un alineamiento de posiciones, imprescindible para comprender el resto de la historia del franquismo. Muñoz Grandes no pudo desempeñar un papel político muy relevante, entre otros motivos por su mala salud, pero normalmente se aliaba con los ministros de proclividad falangista como Nieto Antúnez, responsable de Marina, Solís, Castiella y Fraga. Según la caracterización de este último ésa sería la tendencia «aperturista» frente a la posición representada por Carrero Blanco, cerrada a toda evolución. Las calificaciones, sin embargo, aparte de tener un valor relativo, dependieron de las cuestiones en disputa y, además, no siempre los alineamientos fueron los mismos, sino que dependieron de las circunstancias. Con todo, lo importante es señalar la existencia de una lucha de tendencias, no siempre habitual durante el franquismo y, sobre todo, hasta entonces arbitrada convenientemente por Franco, cuya salud, como veremos, empezó a flaquear ahora. La tendencia representada por Carrero fue identificada por sus adversarios como tecnocrática y vinculada al Opus Dei; no cabe la menor duda de que los alineamientos también fueron variables en ella, que hubo choques entre sus miembros y que, en determinados aspectos, como el de la política económica, representaba un tímido esfuerzo de liberalización, pero quienes estaban enfrente apreciaron en ella una actuación coordinada y una voluntad absorbente (Fraga atribuye, en sus memorias, a López Rodó la condición de «pulpo», como si quisiera controlar todo el aparato del Estado con la ayuda de Carrero). Ese juicio no deja de tener fundamento. De hecho el propio López Rodó afirma en sus memorias que trece ministros salieron de las comisiones elaboradoras del primer plan de desarrollo y otros trece del segundo y tercero.

Cercano el año 1962, aunque todavía al régimen le quedaran trece años de existencia, el problema de su continuidad estaba ya planteado de manera clara y, al mismo tiempo, el de institucionalización, objeto de especial preocupación por parte de Carrero. Después de su accidente de caza, Franco —aunque mantuvo una apariencia todavía saludable hasta mediados de la década de los sesenta— se vio afectado por la enfermedad de Parkinson que, si le permitía llevar una vida prácticamente normal, al mismo tiempo, con el paso de los años, convirtió su voluntad en titubeante, como nunca lo había sido. De ahí que algunos de los ministros insistieran en la urgente necesidad de que el régimen llegara a algún tipo de institucionalización. La habitual tendencia de Franco a eludirlo provocó en más de una ocasión escenas borrascosas en pleno Consejo de Ministros. En una ocasión, dirigiéndose al insistente Fraga, Franco le impetró si creía que era un «payaso de circo», incapaz de darse cuenta de la necesidad de preparar el futuro. Hubo, desde luego, proyectos constitucionales en los que parecen haber desempeñado un papel importante Carrero (y, junto a él, López Rodó), Solís, Fraga y Herrero Tejedor, pero en el ánimo de Franco la situación no estaba madura y no pudieron ser aprobados. El propio contexto exterior presionaba sobre la clase dirigente del régimen para que, al menos, hubiera una apariencia de liberalización. A comienzos de 1962, la petición de ingreso de España en el Mercado Común Europeo planteaba la necesidad de una homologación política, siempre imposible en vida de Franco, como se demostraría ese mismo año cuando una Comisión internacional de juristas redactó un extenso informe en que quedaba patente la violación de los derechos humanos en nuestro país. El régimen, sin embargo, seguía satisfecho de sus instituciones (o de la ausencia de ellas) y buena prueba de ello es que en abril de 1964 celebrara sus XXV años, inmediatamente denominados como «de paz».

Pero todo ello no se tradujo en una urgencia institucionalizadora y, en parte, ello se pudo deber a que ésta estaba vinculada originariamente al planteamiento de la cuestión de la Monarquía. En 1963, como sabemos, Don Juan Carlos se instaló definitivamente en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela, decorado por la propia mujer del jefe del Estado, pero sólo lo hizo tras un paréntesis en que parece se dieron tensas relaciones con Franco tras su boda. Su padre hubiera deseado que reapareciera en España con el título de Príncipe de Asturias y, por tanto, heredero del trono. El Caudillo acabó recordándole por procedimiento indirecto. —Don Juan Carlos permanecía en Grecia con la familia de su esposa— que la Zarzuela estaba vacía y podía ser ocupada por otro. Ese juego de ambigüedad sobre la cuestión sucesoria continuó en los sucesivos. En el mes de enero siguiente Franco recibió a Don Hugo, el hijo mayor de Don Javier y heredero, por tanto, de la línea carlista. Todavía ese mismo año el propio Franco contestó en Consejo de Ministros a un Solís que afirmaba que la cuestión monárquica no parecía totalmente definida que «eso es lo único que está claro». Desde Estoril, sin embargo, Don Juan presentaba a la Monarquía como la «salida natural del régimen» y Franco mantenía su inequívoca decisión de que éste no debía ser cambiado y que nadie debía empujarlo hacia una sustitución o abandono del poder. En 1965, Carrero, que impulsaba esa política institucionalizadora, opinó que no era posible conseguir que Franco se decidiera, a la vez, por nombrar un sucesor e institucionalizar su régimen; era preciso separar las dos operaciones, empezando por esta última.

Mientras tanto, al régimen se le planteaban problemas derivados del cambio de la sociedad española producido desde comienzos de los sesenta. El más importante derivó de las transformaciones sociales, producto del desarrollo económico más que de las diferentes alternativas preferidas por cada una de las tendencias políticas existentes en el Consejo de Ministros. Los sectores que hasta entonces habían confiado en la autarquía se sentían ya derrotados en torno a 1963, fecha de la dimisión de Suances, el gran inspirador de la obra autárquica del INI. Franco, que había aceptado con reticencias el Plan de Estabilización, —Carrero dijo que estaba «escamado» respecto de él— hacía periódicamente afirmaciones que recordaban su permanente voluntad intervencionista en materias económicas («Yo me estoy volviendo comunista», aseguró en una ocasión), pero, al mismo tiempo, se beneficiaba de la aura de éxito en la gestión que le proporcionaban los éxitos económicos. A medio o largo plazo, sin embargo, éstos explican el aumento de la oposición que apuntó ya por estas fechas.

Hay también otro factor que es necesario recordar y que se refiere a la evolución de la Iglesia católica. Ya en el comienzo de los años sesenta empezaron a apuntar los signos de alejamiento de una parte importante de los medios relacionados con ella, lo que provocó la preocupación de Franco y de la clase dirigente del régimen. La difusión de Mater et Magistra tuvo sus problemas, pero, sobre todo, fue el Concilio Vaticano II y la elección de Pablo VI los que para el jefe del Estado constituyeron «un jarro de agua fría», como él no se recató de afirmar ante sus colaboradores; otra cosa es que luego inmediatamente dijera que ya no podía ser considerado como lo que hasta entonces había sido, el cardenal Montini. Las consecuencias de este cambio en la Iglesia católica fueron importantes, en un triple sentido, para el régimen. En primer lugar, introdujeron elementos de discusión, como fue, por ejemplo, ya en 1964, el estatuto de los no católicos, que provocó la inmediata reticencia de Vigón, Iturmendi y Carrero. En segundo lugar, motivaron la queja de los prelados por la ausencia de institucionalización o por las críticas a los organismos representativos existentes (así lo hizo el cardenal Bueno Monreal refiriéndose a las Cortes en 1964). En tercer lugar, alimentaron con argumentos la protesta respecto de las consecuencias sociales del desarrollo económico.

«No me asustan los obreros sino los curas que los soliviantan», aseguraba Franco en torno a 1965. Tanto de las consecuencias políticas del desarrollo económico como de los cambios de Iglesia se tratará de forma más extensa en el próximo capítulo. Es importante, sin embargo, darse cuenta de que los cambios ya se habían iniciado en este momento.

En 1965 ya se había hecho patente la necesidad de un cambio de Gobierno al que, como casi siempre, Franco se mostró remiso. Cuando Carrero le quiso llevar a él quiso dilatarlo y su consejero fundamental le repuso que «esto ya me lo dijo Su Excelencia el verano pasado». La decadencia física de Franco se había iniciado ya, lo que dificultaba su labor de arbitraje y le convertía en reservado a la hora de la toma de decisiones. Aunque estos rasgos se harían cada vez más evidentes, sólo con posterioridad a 1965, uno de sus ministros, Manuel Fraga, podía pensar, como recoge en sus memorias, que el personaje histórico se agotaba en el preciso momento en que resultaba más necesario. En esa fecha, sin embargo, por más que se hubiera iniciado el declive biológico de Franco, había comenzado un proceso de desarrollo económico que no pocos de sus partidarios identificaron, en esos momentos o con posterioridad, con su mismo régimen. Sabemos hasta qué punto tal identificación resulta abusiva puesto que las propias características de la dictadura impidieron que tuviera lugar un crecimiento económico sostenido a partir de 1945, como sucedió en otros países europeos. Con todo, pese a que el régimen desempeñó un papel mucho menor del que él mismo se atribuyó en ese crecimiento, no hay duda que constituyó el hecho más decisivo de la Historia española durante el período y por ello merece nuestra atención.

El alivio de la autarquía
y el cambio en la política económica

A comienzos de la década de los años cincuenta se produjo, por vez primera en la historia del régimen franquista, un crecimiento significativo de la renta nacional; en 1951 desaparecía la cartilla de racionamiento. Hasta entonces España era un país que resultaba, en apariencia, un caso excepcional en el contexto europeo de los «milagros» económicos de la posguerra: seguía siendo uno de los países de menor consumo de energía por habitante y su renta per capita era semejante a la de países como Costa Rica. En cambio, a partir del inicio de la década de los cincuenta tuvo lugar un crecimiento económico importante, en especial en la industria, de modo que puede decirse que España se movió en idéntica dirección y sentido que los demás países europeos, aunque con menor intensidad. La tasa media de crecimiento del producto industrial se situó en un 8 por 100 anual y hubo años, como 1952, en que alcanzó el altísimo porcentaje del 15 por 100. Al mismo tiempo, la economía española pasaba de ser mayoritariamente agraria a semi-industrial, descendiendo el papel de la agricultura en la economía nacional a tan sólo el 25 por 100. El desarrollo económico español fue, por tanto, verdaderamente notable, superando al de cualquier otra época anterior, incluida, por ejemplo, la de la dictadura de Primo de Rivera. Se trataba, sin embargo, de un crecimiento basado, en buena medida, en la perduración de una política en exceso semejante a la de la etapa anterior; por ello mismo, resultó desigual, desequilibrado y malsano. En última instancia, este tipo de crecimiento obligó a la adopción de una política más ortodoxa a partir de 1957 y definitivamente liberalizadora en 1959, con los márgenes y las insuficiencias de que se harán mención más adelante. Importa, por tanto, señalar que el cambio fue lento, se basó en el atemperamiento de la autarquía precedente y consistió mucho más en dejar hacer que en definir una política económica nueva.

Hay un primer factor que contribuye a explicar el cambio producido en la política económica durante estos años y el crecimiento que durante ellos tuvo lugar. Se trata de la aceptación de la España de Franco como un mal irremediable por parte de las potencias democráticas, principalmente por Estados Unidos. Este hecho tuvo inmediata repercusión en la economía española pues permitió proporcionarle unas divisas de las que carecía por completo. Como sabemos, en los años 1951 y 1952 el Congreso de los Estados Unidos concedió préstamos al régimen de Franco que la propia Administración norteamericana no quiso hacer efectivos. A partir de 1952 se hicieron realidad estas ayudas, pero fue con los pactos hispano-norteamericanos cuando alcanzaron verdadera entidad. En el período entre 1951 y 1963 alcanzaron los 1183 millones de dólares, que si bien era muy pequeña en comparación con la del presupuesto norteamericano o con la concedida a otros países, tuvo un papel esencial en el crecimiento económico de una nación estancada como, por el momento, era España. De ese monto total, tan sólo 414 millones fueron donaciones (el 35 por 100), mientras que la construcción de las bases sobre tierra española supuso unos 230 millones y el resto fueron préstamos; sin embargo, antes o después, todas estas cantidades beneficiaron directamente a la economía española. La distribución de la ayuda se hizo en tres partidas, de las que la más importante fue la de bienes de equipo (35 por 100), seguida por la de materias primas y productos alimenticios.

El impacto de esta ayuda sobre la economía española ha sido muy gráficamente descrito por Sarda diciendo que «regó a España como el agua a la tierra sedienta». La ayuda norteamericana tuvo un efecto a la vez estabilizador y expansivo. A pesar de que la ayuda concedida fue inferior a la que recibió Yugoslavia, un país comunista, posibilitó las importaciones y, como consecuencia, el crecimiento industrial de estos años cincuenta; además, el programa de política económica, esbozado en 1951 y que alcanzó una aplicación mucho más amplia en 1959, tan siquiera hubiera podido ser iniciado de no haber sido por la misma. Es más, probablemente si se hubieran cumplido de forma más estricta las disposiciones de los tratados relativas a los aspectos económicos (que incluían la obligación, por parte española, de combatir las prácticas monopolísticas y garantizar la estabilidad monetaria) la situación económica hubiera cambiado mucho más y con mayor celeridad.

Otro aspecto a considerar es el relativo a la política económica seguida por el Gobierno. Por un lado, no existe duda de que el Gobierno de 1951 era mucho más competente desde el punto de vista técnico y económico y, por ello, tendió a aceptar, mucho más que los anteriores, las exigencias impuestas por su pertenencia a un contexto como el de la economía del mundo occidental. Además, de forma periódica, la existencia de momentos críticos —en 1951 o en 1956, por ejemplo— imponía obligadas rectificaciones y algunos economistas —Manuel de Torres, por ejemplo— no escatimaban las críticas al intervencionismo arbitrario. Sin embargo, entre los historiadores las discrepancias se plantean a la hora de determinar hasta qué punto la política económica seguida por el Gabinete de 1951 constituyó un precedente directo del Plan de Estabilización de 1959 y de los Planes de Desarrollo, o permaneció en unos parámetros que eran esencialmente idénticos a los de la política económica de la etapa anterior. Mientras que la primera parece ser la opinión de Viñas, en cambio Sarda señala que «se inició una fuerte expansión que, sin embargo, tendió al desequilibrio, ya que no varió en lo esencial el esquema intelectual de la política anterior, o sea, expansión monetaria y fuerte reglamentación económica». Ros Hombravella ha indicado, por su parte, que «la adopción de la perspectiva liberal… tuvo la fuerza suficiente para influir decisivamente, pero su ulterior traducción fue mucho menos clara y, desde luego, poco enérgica». El resultado fue un atenuamiento de la anterior discrecionalidad e irracionalidad, pero las declaraciones oficiales tendentes a aceptar, por ejemplo, lo imprescindible del intercambio comercial internacional, la economía de mercado y la iniciativa privada chocaron demasiado a menudo con la realidad de que, en el momento decisivo, parte de la propia Administración no seguía el mismo programa enunciado.

Lo sucedido a partir de 1951 demuestra, a la vez, las muchas potencialidades de desarrollo de la economía española y las dificultades que la misma política económica gubernamental creaba para que acabara realizándose. En el período 1951-1954 el crecimiento, importante, logró recuperar los niveles de renta de la preguerra y se hizo con estabilidad en los precios; sin embargo, entre 1955 y 1957 fue rápido, pero también fuertemente inflacionista. Fue la industria, y no la agricultura, el gran motor de este desarrollo económico. La tasa media de incremento de la producción industrial fue del 8 por 100, y en 1952 alcanzó el 15 por 100. En cambio, la agricultura, aun experimentando una evolución positiva, disminuyó su participación en el conjunto de la renta nacional, por debajo del 40 por 100. El ministro nombrado en 1951, Cavestany, un pragmático, contribuyó a que en la década se duplicara el empleo de fertilizantes y se cuadruplicara el empleo de tractores. Es significativo que en ninguno de los dos casos se produjera un cambio sustancial en la política económica oficial, al menos desde el punto de vista legal. En 1951 se aprobó la ley de Sociedades Anónimas, y por las mismas fechas se inició la concentración parcelaria y se pretendió introducir cambios en la explotación de las «las fincas manifiestamente mejorables», pero fueron medidas poco relevantes, al menos desde el punto de vista de su efectividad práctica.

La política industrial, por ejemplo, no se alteró apenas; sin embargo, la separación del antiguo Ministerio de Industria y Comercio parece demostrar una voluntad de reducir el intervencionismo respecto de la primera, aunque no del segundo.

El INI, presidido por Suances, siguió siendo financiado por el Estado y se lanzó en el período 1946-1959 a tres grandes proyectos industriales que seguían teniendo una cierta vitola autárquica, aunque ésa no fuera ya la política oficial: REPESA (refino de petróleo), ENSIDESA (acero) y SEAT (automóviles). Criterios como el de la productividad y la calidad industriales seguían sin desempeñar el papel decisivo que le correspondía en una economía moderna: de ahí que se llamara a los artículos de buena calidad de los de «antes de la guerra». Por si fuera poco, en otros aspectos la acción del Estado debiera haber sido mucho más decidida para promover un verdadero desarrollo industrial: prosiguieron los estrangulamientos provocados por el sistema de transportes y por las restricciones eléctricas que todavía se mantenían en 1954. Pero la actuación del Estado en los tres ámbitos antes indicados tuvo un resultado considerablemente más positivo. Mientras que el propósito autárquico de obtener petróleo a partir de materias primas propias había concluido en siete años sin producir un solo barril, ahora el refino de petróleo se multiplicó por tres entre 1950-1952. La producción de acero de la empresa del INI sustituyó a una iniciativa privada incapaz de emprender esta aventura y en 1967 superaba la producción global española de 1929. SEAT, fundada en 1950 merced a la importación de tecnología barata italiana, llegó a producir en 1956 más de diez mil turismos.

Quizá en ningún otro ámbito se manifiesta mejor la heterodoxia del comportamiento económico gubernamental que en lo relativo a la política monetaria. El crecimiento de la oferta monetaria siguió desproporcionado durante todo el período: se había aproximado al 9 por 100 en la guerra mundial, al 13 por 100 en la posguerra y casi al 20 por 100 en los años inmediatamente anteriores al Plan de Estabilización. La Hacienda Pública siguió recurriendo a la Deuda y obligando a los bancos a absorberla, pero dejando que éstos tuvieran libertad para pignorarla. La consecuencia fue la previsible: la inflación se desbocó. Entre 1953 y 1957, el índice oficial de precios experimentó un incremento de un 50 por 100, aunque las cifras reales debieron ser muy superiores. La reacción de la autoridad económica fue arbitrista e impotente, pues consistió en intentar mantener una aparente estabilidad con toda suerte de controles y reglamentaciones de nulo resultado. La política salarial había sido muy estricta en el pasado, pero a partir de este momento fue necesario adaptarla a las nuevas circunstancias y las bruscas alzas salariales, patrocinadas por Girón desde el Ministerio de Trabajo (del orden en 1956 del 40 o del 60 por 100), no tuvieron otro resultado que favorecer la espiral inflacionista. Hay que tener en cuenta que al comienzo de la década (1952) todavía se calculaba que el poder adquisitivo de los obreros era inferior en un 20 por 100 al de 1936. El Estado tampoco se mostró activo a la hora de aplicar una política fiscal efectiva. El sistema seguía siendo poco equitativo y las reformas de la Inspección Tributaria (1952) o de la Contribución sobre la Renta (1954) no modificaron prácticamente nada.

En cambio, se produjeron importantes cambios respecto de la situación anterior en terrenos como el comercio interior y el exterior. En el primero se consideró la etapa precedente como «anormal» y, por lo tanto, necesitada de un cambio radical. En abril de 1952 se decretó la libertad de comercio, precio y circulación de la mayoría de los productos, pero, como en tantos otros aspectos, se concluyó por mantener una especie de régimen de tan sólo «seminormalidad». Se mantuvieron, por ejemplo, tarifas preferenciales para el transporte por ferrocarril o precios «vigilados» para determinados productos. Ya hemos visto que por las mismas fechas desaparecía la cartilla de racionamiento. Respecto a la política comercial exterior en un principio dio la sensación de que los cambios iban a ser rápidos y sustanciales. El nuevo Ministerio de Comercio, regido por Arburúa, que se presentaba como hombre de realidades y estaba conectado con la burguesía bancaria e industrial, dirigió su política a la expansión de las exportaciones y la mejora de la política de cambios. En 1951, por primera pero no última vez, la situación de las reservas de divisas se había hecho tan negativa que sólo el hecho aleatorio de una buena cosecha pudo solucionarla. Con Arburúa se triplicó, de 1951 a 1952, el número de licencias de importación. Pero, como en tantas otras ocasiones, la política económica iniciada con decisión acabó empantanándose en un gradualismo inefectivo. La mentalidad del ministro con respecto al comercio exterior fue manifiestamente liberalizadora, aunque siguieron existiendo las licencias de importación y los diferentes tipos de cambio de la moneda. Al menos en teoría se aceptó el comercio con el exterior como un medio habitual para solventar los problemas nacidos de las deficiencias de la oferta interior, y la exportación como una consecuencia de la competitividad internacional en torno a un producto y no como un instrumento impuesto por la necesidad de obtener divisas. Pero, a diferencia de lo que sucedió durante el mismo período en Italia, la exportación española siguió siendo frágil, al estar formada por productos agrícolas «de aperitivo y postre».

En realidad, lo único que permitió el incremento de las importaciones, imprescindible para la industrialización española, fue la ayuda americana. Aunque los tipos de cambio se redujeron a cinco desde los treinta y cuatro originarios, todo el sistema se convirtió en un complicado artilugio, sujeto a alteraciones: los cambios del dólar iban desde 11 a 127 pesetas. Pero, sobre todo, lo que los rectores de la política económica de la época no pudieron conseguir ni de lejos fue que despegaran las exportaciones de productos industriales. La fragilidad de la situación comercial española quedó bien patente cuando en 1956 se produjo una mala cosecha de aceituna.

Coincidente con una helada que afectó a la cosecha de agrios, todo ello tanto más decisivo cuanto que la capacidad española de compra en el exterior dependía en más del 70 por 100 de los productos agrícolas y de las materias primas. La importante devaluación de la peseta la situó tan sólo en un nivel más próximo, pero todavía distante, al mercado internacional, y es muy significativo que se produjera por vía de hecho y no fuera admitida como tal.

Desde el punto de vista económico queda patente, por tanto, que el Gobierno de 1951 se vio sumido en una serie de contradicciones, producto del enfrentamiento entre sectores diversos de los que los más significativos eran, por un lado, los ministros económicos y, por otro, los sectores que apoyaban la antigua política autárquica y que solían coincidir con el falangismo, aunque no fueran sólo éstos, pues iban desde el INI y el Ministerio de Industria hasta los cuadros intermedios de Agricultura, poco propicios a aceptar las importaciones de choque para moderar los precios, pasando por el Ministerio de Trabajo, que practicaba su habitual demagogia. En 1957, las reservas de divisas estaban prácticamente agotadas y la inflación era galopante: la oferta monetaria había crecido en un 20 por 100 y la renta nacional en menos de un 5 por 100. «La situación a que había llegado la economía española —ha escrito Sarda— era insostenible por más tiempo». El nuevo Gobierno de 1957 proporcionó «el substratum ideológico» para un cambio en la política económica. Lo hizo presionado por las circunstancias y ante la evidencia de lo inevitable.

Cabe preguntarse si Franco, verdaderamente, fue consciente del cambio que él mismo introducía con ese cambio ministerial. Con toda probabilidad, la respuesta es negativa, pues aunque la llegada al poder del nuevo equipo coincidiera con el fin de los proyectos institucionales falangistas de Arrese, Franco mostró un escaso o nulo entusiasmo por los proyectos estabilizadores. A estas alturas seguía sin entender por qué con un dólar se compraba más en España que en los Estados Unidos y tan sólo presionado por la mera posibilidad de que una mala cosecha de naranja tuviera como resultado una bancarrota de España acabó por aceptar lo que se le proponía. En definitiva sus parámetros mentales seguían al margen de la mentalidad de la economía capitalista. Cuando, por ejemplo, el ministro de Industria, Planell, defendió el intervencionismo estatal a través del INI se entusiasmó con su intervención («se le conceden las dos orejas y el rabo», dijo en pleno Consejo de Ministros). Pero, por otro lado, cuenta Navarro Rubio, al ministro de Hacienda le trató con respeto pidiendo que anduviera sólo «como los patitos cuando, por primera vez, se echan al agua». Luego aprovecharía en beneficio de sí mismo y de su régimen el resultado de esa nueva política económica. Por otro lado, aunque entre los nuevos ministros había tres pertenecientes al Opus Dei (Navarro Rubio, Ullastres y López Rodó) no se debe ver en este equipo una coherencia programática pues hubo a menudo posiciones discrepantes en aspectos de importancia. Como veremos, el Plan de Estabilización fue, sobre todo, obra de Navarro Rubio, mientras que Ullastres hubiera deseado una transición más lenta hacia la liberalización y López Rodó y, luego, López Bravo, tuvieron unos propósitos bastante distintos de los previstos en dicho plan. Todos ellos tenían una preparación técnica muy superior a la de algunos de sus predecesores pero no cabe la menor duda de que las circunstancias mismas de la economía española les impusieron la adopción de unas medidas precisas.

«Todo sucedió como si las autoridades monetarias hubieran tenido un esquema de estabilización bastante correcto en la cabeza», ha escrito Manuel Jesús González, el más destacado historiador de política económica de este período. Las memorias de Navarro Rubio, el principal gestor económico de estos momentos, lo confirman: si no existía un plan preciso al menos dominaba otro clima ideológico. En efecto, da la sensación de que el período 1957-1958 constituyó una etapa de preparación para las medidas mucho más decididas tomadas luego en 1959. Importa recalcar que estas medidas coincidieron con otras de tipo distinto, como la ley de Procedimiento Administrativo (1958) o la anterior de Administración del Estado (1957) que tenían como elemento común su carácter racionalizador y que propiciaron el paso de una dictadura de proclividad fascista a otra de significación burocrática. En el terreno económico el Ministerio de Hacienda fue, sin duda, el gran protagonista de la etapa estabilizadora.

Así se demuestra examinando las medidas tomadas entre 1957 y 1959. En dichos años se produjeron cambios importantes que, sin embargo, no hicieron otra cosa que preparar, aún con evidente timidez, las decisiones más importantes de 1959, insistiendo en una mayor coordinación y una mayor ortodoxia en el comportamiento financiero del sector público y, sobre todo, en una actitud nueva y radicalmente diferente con relación a los organismos económicos internacionales. La reforma fiscal de diciembre de 1957 tuvo un carácter principalmente cuantitativo, pero aumentó la recaudación en un séptimo mediante procedimientos, toscos pero eficaces, como la «evaluación global» y el régimen de convenios; además se creó el impuesto de tráfico de empresas. Así se alivió la presión de unos insuficientes ingresos sobre la Hacienda. Por otra parte, se emplearon por vez primera los recursos habituales de la política monetaria para conseguir el equilibrio interior. Se trató de reducir la capacidad de emisión de Deuda por parte de los organismos públicos y se dificultó la pignoración de la misma a través del redescuento. El Ministerio de Hacienda desempeñó, por tanto, un claro papel antiinflacionista. Además, fue parcialmente responsable, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, de que España se vinculara en 1958 a la Organización Europea de Cooperación Económica, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Contra lo que hubiera sido habitual en un tiempo anterior, representantes de estas instituciones visitaron España para examinar la situación de la economía española. Como luego diría Ullastres la estabilización había que hacerla en España desde el extranjero. También merece la pena recordar que la Ley de Contratos de Trabajo de abril de 1958 produjo una reestructuración total de las relaciones laborales adaptándolas a la realidad europea.

Tras estas primeras medidas Navarro Rubio leyó ante el Consejo de Ministros un documento de toma de postura al iniciarse el verano de 1958. Lo fundamental del mismo consistía en poner de relieve que España no era un país distinto de los demás y que, por tanto, las reglas de buena economía válidas para otras latitudes, también lo eran para éstas. A fines de año Navarro pronunció un discurso en las Cortes en el que anticipó lo que no tardaría en producirse. Mientras tanto, la idea de la estabilización empezaba a abrirse camino en el propio Franco. Quiso éste tan sólo dar buenas palabras a los enviados del Fondo Monetario Internacional pero, sin llegar a aceptar los males de la economía española de la época, pareció dispuesto a que se reordenara en su conjunto.

Sólo en junio de 1959 se aceptó por completo el plan en Consejo de Ministros, llevándolo a cabo los ministros de Hacienda y Comercio pero bajo la coordinación de Carrero en Presidencia.

Existe un aspecto complementario de la estrategia política de los partidarios de la estabilización que permite explicar su triunfo. El horizonte exterior fue, desde luego, un argumento de decisiva importancia para los propugnadores de la reforma económica.

En enero de 1959 se envió un cuestionario de carácter económico a varias instituciones.

De la lectura de las respuestas se deduce que parecía existir una coincidencia generalizada en desear la liberalización del comercio exterior, la estabilidad monetaria, la nivelación de la balanza de pagos e incluso una integración en espacios económicos más amplios. La verdad es, sin embargo, que el INI mostró sus reticencias ante este programa económico y que, meses antes, lo había hecho también la Secretaría General del Movimiento, al propugnar una especie de Benelux ibérico en vez de la integración en Europa. Pero las dificultades para aplicarlo no nacieron sólo de estos sectores sino también de otros, como el Ministerio de Industria; el propio Ministerio de Trabajo actuaba a remolque de los acontecimientos, considerando lo que venía más como inevitable que como grato. La verdad es que el Gobierno anterior, que había iniciado su gestión con un propósito liberalizador, en buena medida había dado marcha atrás y que el nuevo Gabinete resultó bastante titubeante respecto de la eventualidad de hacer desaparecer el intervencionismo en materia comercial. Para desmontar este intervencionismo hubo que esperar a 1959, cuando no a 1963. Tan sólo hubo una simplificación inicial del sistema de cambios y una nueva ordenación del mercado de divisas, pero Ullastres, que, como ministro de Comercio, era decidido partidario de la integración en espacios económicos más amplios, al mismo tiempo parece haber sido proclive a «una terapéutica lenta y balsámica» en estas materias. Desde el momento mismo de la aprobación del plan de estabilización existió una manifiesta discordia entre Navarro y Ullastres, hasta el punto de que el primero la ha descrito en sus memorias como «de caracteres verdaderamente dramáticos».

Durante el período preparatorio de lo que fue luego el Plan de Estabilización se mantuvo un lento crecimiento de la producción agraria, mientras que la industrial lo hacía mucho más rápidamente. En suma, el crecimiento de la renta nacional fue de un 4 a un 6 por 100 anual y el de la renta per capita del 3 al 5,6 por 100. Pero donde la situación cambió por completo fue en el comercio exterior, demostrando así hasta qué punto la política seguida había sido cautelosa e insuficiente. A fines de 1958, un informe de la OECE describía la situación como «precaria» y propuso no sólo la devaluación de la peseta sino «abolir de una vez para siempre» los artilugios intervencionistas en este terreno. Ya a finales del año 1958 la situación de las reservas de divisas españolas era manifiestamente dramática al existir un déficit que superaba en julio de 1959 los 76 millones de dólares.

Lo que llama la atención no es que los rectores de la política española cambiaran drásticamente el enfoque de la política económica, sino que tardaran tanto tiempo en hacerlo. La situación ya era desesperada: se cernía sobre España la amenaza de la suspensión de importaciones vitales, como el petróleo, con la consiguiente vuelta al gasógeno posbélico. El próximo invierno, con el presumible descenso de las exportaciones y el incremento de las importaciones, podía situar al país en la bancarrota en un momento en que, además, los hábitos de importación eran superiores a los del pasado. Por otro lado, la solución a los problemas económicos españoles era obvia. El programa que ofrecieron los especialistas de todos esos organismos internacionales a España consistió en la vuelta a la ortodoxia financiera, la liberalización comercial y la eliminación de las prácticas discriminatorias; era el mismo programa que acababa de ponerse en práctica en Francia y que desde hacía mucho tiempo estaba en la base de la actuación de todos esos organismos. Cualquier otra alternativa no era una vuelta al pasado sino una recaída en lo demencial.

Fue en estas circunstancias cuando presionado por Navarro Rubio, Franco acabó cediendo y abdicando, temporal y malhumoradamente, de lo que habían sido hasta el momento sus ideas en materia económica: «Haga usted lo que le dé la gana», dijo a su ministro de Hacienda. De esta decisión surgió un memorando del Gobierno fechado a fines de junio de 1959 y dirigido al FMI y a la OECE. Con tono realista y lacónico, se definía el giro que iba a dar la política económica española de forma inmediata. «El Gobierno español —decía, por ejemplo— cree que ha llegado el momento de reorientar la política económica en línea con las naciones del mundo occidental y liberarla de controles que, heredados del pasado, no se ajustan a la presente situación». Esto presuponía que respetaría la iniciativa privada y recortaría el intervencionismo. Además, el memorando añadía, como para revelar la decisión de oponerse a la demagogia falangista, la afirmación siguiente: «El Gobierno continuará su presente política de autorizar incrementos salariales sólo en el caso de que estén justificados por un paralelo incremento en la productividad». Quizá lo más significativo de este documento es que, aunque no se revelara, contenía párrafos enteros de informes redactados por expertos extranjeros acerca del estado de la economía española.

A éste memorando le siguió, a mediados de julio, la publicación de un decreto ley que incluía disposiciones de carácter muy general al lado de normas pormenorizadas y que, en adelante, fue descrito como «Plan de Estabilización», denominación impropia, puesto que ponía el acento sobre los aspectos monetarios cuando, en realidad, era una medida de carácter mucho más general. En efecto, «La característica más destacada de las medidas tomadas… fue su entidad de paquete normativo muy voluminoso y con muy buena coherencia interna», lo que las distinguía de disposiciones del pasado y del futuro del franquismo, suponiendo el final de una etapa y el comienzo de otra en la economía española. El régimen —concluye Ros Hombravella— «había cambiado de camisa, e incluso de cuerpo, en política económica sin dejar de ser él mismo».

El decreto, titulado «de Ordenación Económica», contenía disposiciones muy variadas dentro de ese espíritu general que lo hacía estar a años luz de lo que había sido la política económica hasta el momento. En primer lugar, limitó el gasto público anual a 80 000 millones de pesetas y prometió mantenerlo controlado en presupuestos sucesivos. En segundo lugar, se puso también un tope máximo al crecimiento del crédito bancario, situándolo en 163 000 millones, se anunció una reforma bancaria y se hizo desaparecer la pignorabilidad inmediata de la Deuda; además, se daba mayor flexibilidad a los tipos de descuento y de interés. Se previo, igualmente, una mayor coordinación de las políticas inversoras del Estado. En cuarto lugar, se diseñó una nueva política comercial estatal: sólo el 20 por 100 del comercio exterior sería comercio de Estado, se creó el depósito previo a la importación y se unificó el cambio tras una importante devaluación de la peseta con respecto al dólar, que valdría ahora 62 pesetas. También se modificó el arancel y se liberalizó gran parte del comercio exterior, que ya no requeriría licencias. Finalmente, otro aspecto importante del Plan de Estabilización fue el recurso a asistencias financieras exteriores, principalmente de los organismos internacionales en los que había ingresado España, que llegaron a alcanzar unos 550 millones de dólares, de los que tan sólo se utilizaron algo menos de la mitad; desde el exterior, por tanto, se respondió muy positivamente a los intentos de modificar la política económica española. Lo más importante, sin embargo, no era tanto lo que contenía ese decreto sino cuanto hacía prever para el futuro respecto de la evolución de la economía nacional. En la vertebración de todas estas medidas, al margen de que hubieran sido en gran medida propuestas por especialistas de más allá de nuestras fronteras, jugaron también un papel muy importante especialistas españoles como el propio Sarda, al que hemos citado con frecuencia. Otro de los técnicos que colaboró en esta disposición, Ángel Rojo, futuro director del Banco de España, escribió luego que el Plan de Estabilización no había sido otra cosa que «el reconocimiento de que las posibilidades de desarrollo del país dentro de los esquemas característicos de la etapa de la autarquía estaban agotados».

El efecto del Plan de Estabilización fue inmediatamente positivo respecto de la balanza comercial. En tan sólo el plazo de un año, desde finales de 1958 a finales de 1959, el saldo del IEME pasó de un déficit de 58 millones de dólares a un superávit de 52; un año después las reservas en divisas se cifraban ya en más de 400 millones de dólares. Por otro lado, como resultaba previsible, el Plan de Estabilización supuso a corto plazo una recesión por la reducción de la demanda del consumo y el hundimiento de la inversión. La producción industrial experimentó un severo parón, pero la agricultura mantuvo su nivel de crecimiento. Ya en 1960 se produjo una importante mejoría y en 1961 la crisis se había superado claramente. Quienes sufrieron más gravemente sus consecuencias fueron los trabajadores industriales, que experimentaron un descenso temporal de hasta el 23 por 100 en su nivel de renta; sin embargo la renta per capita disminuyó mucho menos. Aunque, por la devaluación, empezó a producirse a partir de este momento el despegue del turismo inicialmente, el desempleo creció en un 34 por 100. Sin duda, todos estos factores contribuyeron significativamente a los procesos migratorios que se dieron inmediatamente.

En este clima se produjo la inevitable ofensiva en contra de la política estabilizadora. Los consejos de Ministros se convirtieron, para Navarro, en los «viernes de dolores», porque todos los ministros luchaban contra la limitación de los recursos de que disponían. Por razones obvias el Movimiento y los Sindicatos lideraron la resistencia argumentado en contra de la carencia de contenido social de las medidas, pero también otros ministerios se comportaron de forma parecida e incluso los obispos españoles manifestaron su escasa convicción respecto de la política económica gubernamental. Es posible que esto explique la creación de unos fondos sociales de los que el más importante fue el de igualdad de oportunidades.

A partir de 1960 se empezaron a dictar medidas económicas expansivas, principalmente en relación con las inversiones públicas, al tiempo que se llevaban a la práctica parte de las previsiones del ya citado decreto-ley. En abril de 1962 se reformó el sistema bancario, nacionalizando la banca oficial, incluido el Banco de España, y creando tres tipos de bancos privados: comerciales, industriales y mixtos, sometidos a diferentes requisitos legales. Las Cajas de Ahorro dejaron de depender del Ministerio de Trabajo y pasaron al de Hacienda. En abril de 1963 se fijó definitivamente el marco de liberalización de las inversiones exteriores en España. En julio de 1964 se aprobó una reforma fiscal de carácter general. Hubo muchas otras medidas complementarias: una ley de Hacienda Municipal, la de Patrimonio del Estado o la de Contratos del Estado.

Puede decirse que se produjo un giro decisivo en la ordenación legal del mundo económico.

Pero otros propósitos de los reformadores en política económica distaron de cumplirse. La restricción del gasto público se llevó a cabo en determinados sectores, como RENFE, pero no en el INI, ni en vivienda, por más que sus titulares —Suances, Arrese— se quejaran. La mayor parte de estas disposiciones se tomaron en un momento en que ya existía una institución que luego se vincularía, con escaso fundamento, con el desarrollo económico: la Comisaría del Plan. En realidad, incluso antes de la estabilización había existido un propósito de coordinación de las inversiones públicas llevado a cabo por una oficina creada al respecto (OCYPE). No obstante las «ordenaciones de inversión» de los años 1959 y 1960 no fueron más que planes de un solo año. Este tipo de actuación económica conectaba mucho mejor que la liberalización con la mentalidad de los principales rectores de la política española de la época, como lo prueba el hecho de que el propio Carrero Banco hubiera redactado una «Introducción al estudio de un plan coordinado de aumento de la producción nacional». El propio éxito de Navarro Rubio (y las resistencias que tuvo) contribuyen a explicar que, a partir de cierto momento, el protagonista principal de la estabilización tuviera dificultades políticas. No consiguió sustraer el IEME a Comercio y, cuando se habló de él para ocupar una vicepresidencia económica, el mero hecho de que quisiera reunirse con el conjunto de los ministros de ese ramo vedó la posibilidad indicada. Pero había quedado abierto el camino hacia una consideración nueva de los problemas económicos. Una misión del Banco de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) visitó España en el verano de 1961 y, aparte de constatar las diferencias existentes respecto de la política económica entre los elementos dirigentes, publicó luego un informe de amplia difusión —se vendieron 20 000 ejemplares— que puede considerarse como el primer texto serio de carácter global que se elaboraba desde la Guerra Civil. Se afirmaba en él que «España disponía de los recursos humanos y físicos para alcanzar y conservar una tasa elevada de crecimiento económico» pero que para ello era precisa una adecuada consideración de los costes. Desde finales de los cincuenta España empezó a recibir préstamos del Banco, que sólo finalizaron en 1977, cuando hubo logrado el grado de desarrollo suficiente.

Sólo en febrero de 1962 se creó un órgano administrativo —la Comisaría del Plan de Desarrollo, dependiente de Presidencia, es decir de Carrero— destinado a ese propósito, que luego sería considerado tan vital que adquiriría rango ministerial. Con la colaboración de instituciones internacionales, el primer Plan de Desarrollo terminó de elaborarse en diciembre de 1963. Su redacción fue emprendida por toda una serie de comisiones y ponencias formadas por unas 400 personas, de las cuales 250 eran empresarios. En realidad, la función de esos grupos fue únicamente asesora y la composición resultó sesgada, pero tampoco en Francia, cuyo modelo se había elegido, presenció un proceso que mereciera ese adjetivo «democrático». En efecto, el vecino país era la estrella económica de la Europa de esos años y además su experiencia partía de una filosofía «indicativa» que se ajustaba muy bien a las necesidades de la situación española. Según López Rodó, con quien se identificó el proceso de elaboración de planes de desarrollo que ahora se iniciaba, éstos pretendían ser «un gran reductor de incertidumbre y una verdadera empresa de solidaridad». Como todos los posteriores, a partir de esas tesis de la «planificación indicativa», cuyo principal teórico europeo fue Monnet, el primer Plan de Desarrollo pretendía establecer una serie de compromisos del sector público al tiempo que el privado tan sólo recibía sugerencias para la acción.

La elaboración del primero de los Planes de Desarrollo tuvo como consecuencia la apertura de un debate público, aunque limitado a los diferentes círculos oficiales, respecto de los problemas económicos del país. Prueba de ello fue el apasionamiento de los juicios emitidos en torno al informe previo del Banco Mundial de 1962. En general protestaron los sectores falangistas y los partidarios de una planificación basada en el intervencionismo, pero no de forma generalizada ni frontal. Hubo también una actitud reticente por parte de quienes, desde posiciones de izquierda, criticaron del primer plan su óptica económica neoliberal. De estas críticas, lo que quizá resultó más relevante fue el hecho de que se considerara necesaria una acción de desarrollo regional de la que se tratará más adelante. Pero antes de que el primer Plan de Desarrollo entrara en funcionamiento ya había en realidad comenzado un rápido crecimiento económico en España.

En efecto, entre 1961 y 1964 el incremento del producto industrial osciló entre el 11 y el 13 por 100 anual, cifra elevadísima, que no se volvió a alcanzar sino en 1969.

Eso demuestra que fue el Plan de Estabilización, y no propiamente los Planes de Desarrollo, el factor desencadenante de la transformación de la economía española. Las medidas tomadas en 1959 tuvieron un efecto semejante al descrito por Adam Smith al desaparecer las disposiciones mercantilistas (Lieberman). En suma, los motivos por los que se produjo el crecimiento económico a partir de este momento derivaron de las posibilidades acumuladas en los años cincuenta, de las medidas tomadas en 1959 y de la renta de un país situado en el extremo occidental de una civilización industrial floreciente, como era la europea de la época.

Esos motivos revelan, por otro lado, las limitaciones del desarrollo producido a partir de comienzos de la década de los sesenta y también las de quienes protagonizaron este proceso. El Plan de Estabilización fue el motor de ignición que puso en marcha el desarrollo industrial pero su centro de gravedad fue la liberalización y ésta permaneció dentro de unos límites modestos. No podía ser de otra manera en un momento en que la figura predominante en el escenario político español era Carrero Blanco, porque su mentalidad no era, ni mucho menos, propicia a la apertura a la competitividad internacional en un marco de economía libre. En 1961, es decir, cuando ya la estabilización había obtenido éxito, Carrero escribió en un informe que el mundo estaba dominado por tres internacionales, la comunista, la socialista y la masónica, la última de las cuales «nos ayudará por cuanto nos necesiten pero que de paso que nos ayuden intentarán dominarnos». Su actitud ante el exterior era, por tanto, recelosa en extremo, aunque pudiera ver el aspecto positivo de una apertura circunstancial de la economía propia. A esta prevención hay que sumar su nacionalismo, que le llevó a escribir en otro informe: «El ideal sería no tener que importar más que elementos de producción». Ésta no era la mentalidad de López Rodó o López Bravo, pero éstos tampoco continuaron la liberalización, durante los años que siguieron al Plan de Estabilización. Según Manuel Jesús González, la liberalización concluyó en torno a 1967, y López Rodó y López Bravo «entendieron la economía de mercado como otra forma de discrecionalidad centrada en los estímulos a la iniciativa privada y la ayuda directa al empresario». Es posible que la razón de que actuaran así derivara de un cierto temor a que la liberalización tuviera una traducción política, pero aún es más probable que en un régimen como el español de estos tiempos la tendencia natural fuera a fomentar un tipo de desarrollo en que el Estado, a través de sus premios y componendas a grupos de intereses, siguiera jugando un papel decisivo. En definitiva, cuando se puso en marcha el primer plan ya eran patentes las limitaciones de la liberalización iniciada en 1959 y luego detenida. Los sucesores de Navarro Rubio —comenta un historiador— aguaron el vino de ese año.

Pero también significaron una renovación del equipo dirigente de la política económica del régimen desde el final de la Guerra Civil. Entre 1951 y 1963 Suances, que hasta el momento había sido el principal asesor de política industrial de Franco, vio disminuir de forma drástica su influencia y capacidad de acción. Carrero le había acusado, con no poca razón, de tratar de dirigir toda la economía española desde su despacho y la influencia del ministro subsecretario de la Presidencia era creciente. En la época se decía que el Presidente del INI manejaba como unidad económica la entonces astronómica cifra de 1000 millones, que era denominada como el «suanzio». En 1953 Suances dimitió por quinta vez y unos años después había roto en la práctica sus relaciones personales con el ministro de Industria. Desde 1958 el INI quedó descolgado de los presupuestos y tuvo que financiarse a través de las Cajas de Ahorros. En 1963, cuando ya se sentía poco menos que perseguido y su discurrir por libre empezaba a causar graves problemas a la política económica en su conjunto acabó enfrentándose con Franco y dimitiendo de forma definitiva. Nunca se recompuso la amistad entre ambos, que venía de la época juvenil.

Importa señalar, para concluir este epígrafe, que el cambio en la política económica fue acompañado de una paralela flexibilización en la política social, que habría de tener una evidente relevancia administrativa inmediata. Como hemos visto, en la etapa de la autarquía había sido el Ministerio del Trabajo el principal protagonista de la política social. A partir de este momento, en cambio, le correspondió un papel mucho más decisivo a la Organización Sindical, cuya relevancia empezó a apuntarse ya en los años cincuenta.

Este cambio resulta muy expresivo de la evolución producida en el seno del régimen que fue procurando adaptarse, desde finales de los cincuenta, mediante estructuras seudorepresentativas, a una sociedad en cambio. En 1953 se reglamentaron los jurados de Empresa, creados seis años antes. En 1957, es decir, en pleno bienio preestabilizador, se llevaron a cabo las primeras elecciones a enlaces sindicales y en 1958 se aprobó la ley de Convenios Colectivos, de cuyo impacto en la política española ya se ha hablado. En adelante, la renovación del convenio en el seno de las empresas sería un elemento de politización de la lucha social, pero, al mismo tiempo, se hizo posible que las reclamaciones salariales no desembocaran necesariamente en un conflicto de orden público. Parte de los empresarios más abiertos llegaron a considerar que la nueva legislación no sólo era positiva sino que además iniciaba una democratización en el único campo en que parecía posible. Se trataba, en definitiva, de una disposición destinada a flexibilizar el mercado laboral acercándolo a las economías de mercado. Resulta también significativo que, aparte de otras medidas de menor relevancia relativas a la formación profesional, durante la etapa estabilizadora se aprobara la primera reglamentación del seguro de paro, otro testimonio de esa equiparación de la economía española con el resto de las europeas.

El desarrollo económico era, a la altura de 1965, un fenómeno todavía en exceso reciente como para que de él pudieran derivarse consecuencias políticas adversas para la estabilidad del régimen de Franco. Pero es preciso volver ahora a la política de la oposición porque ella contribuiría más adelante a canalizar la expresión de la protesta surgida de la inadecuación entre la realidad política del régimen y una sociedad modernizada como consecuencia de las transformaciones económicas.

De la oposición política a la oposición social

Si el año 1962 significa en la historia política del franquismo un cierto giro, apreciable en el cambio ministerial de dicha fecha, algo parecido puede decirse respecto de la historia de la oposición. En efecto, en relación con ésta, a partir de Munich (pero sin relación alguna con lo sucedido en la capital bávara) quedó abierta una nueva etapa caracterizada por el protagonismo de la protesta social mucho más que de la estrictamente política. En cierto sentido esta realidad parecía desvelar los límites que había tenido la oposición política en el pasado, en el sentido de que se basaba sobre todo en unos cuantos grupos reducidos en número y cuya acción consistía en gestos simbólicos, una vez desaparecida aquella oposición que podría ser definida como la de los «supervivientes de la derrota». Por otro lado, el predominio de lo que acabamos de denominar como protesta social pudo dar la sensación de que la queja se dirigía mucho más contra aspectos concretos de la vida española bajo el franquismo que contra éste como régimen político. Sin embargo, la realidad es que la oposición social justificó la política y le daba sentido al mismo tiempo que demostraba que era impensable una consolidación definitiva del régimen al margen de esos sectores, siempre derrotados pero siempre subsistentes. La oposición social a menudo no estuvo dirigida por la política, pero siempre le dio esperanzas; rompió los estrechos cenáculos en los que ésta había vivido y convirtió la vida del régimen, en su fase final, en un continuo sobresalto que, si no dio nunca la sensación de que el sistema político estuviera en peligro inmediato, le conducía, al mismo tiempo, a la parálisis decisoria, ante la eventualidad de la protesta. Al mismo tiempo, tendía a hacer patente en los más jóvenes y los más flexibles de entre los miembros de la clase política del régimen la necesidad de una reforma.

La «oposición social», en realidad, fue un fenómeno histórico que alcanzó verdadera vigencia en la segunda mitad de la década de los sesenta. En este sentido puede decirse que en el presente epígrafe no hacemos otra cosa que llamar la atención sobre la etapa previa que contribuye a explicarla. A mediados de la década de los sesenta ni siquiera se podía decir que fuera una realidad por completo consolidada e irreversible. De ella cabe decir que desde su comienzo tuvo tres motores fundamentales que, además, se fueron sustituyendo con el transcurso del tiempo aunque, por supuesto, también su acción se solapara y se influyera mutuamente, al margen de que fuera percibida por el régimen como una unidad. Empezó por ser una oposición de una parte del catolicismo organizado para luego tener lugar la rebelión de los estudiantes y, en un tercer momento, adquirir protagonismo decisivo la protesta obrera.

En cierto sentido, el desvío del catolicismo organizado respecto al régimen fue anterior a la celebración del Concilio Vaticano II que, sin embargo, desempeñó un papel decisivo en el desenganche de la Iglesia y el franquismo. En la primera etapa del franquismo las organizaciones de apostolado obrero canalizaron gran parte de la protesta contra las malas condiciones de trabajo y tuvieron un papel importante en las huelgas de 1951 y 1956. En este último año fueron cesados Roiorosa y Castañón, principales dirigentes de las HOAC, pero eso no significó en absoluto que se abandonara una conciencia reivindicativa. Por el contrario, a estas alturas se había pasado, en el conjunto de la Acción Católica española, de lo que se denominó una «pastoral de autoridad» a otra «de compromiso» (Benzo). Además, la política de la estabilización favoreció, de entrada, la protesta social. Se debe tener en cuenta, por otro lado, que no había otras organizaciones de masas que las oficiales y las católicas y estas últimas partían de un tipo de planteamientos integralistas que no sólo no excluían la protesta social sino que la convertían en fundamental. Había, además, otros conflictos entre el Estado y la Iglesia: en 1956, por ejemplo, fue cesado el director de Ecclesia, la revista del Episcopado, que no pasaba censura, por temas relaciones con la libertad de prensa. Fue, sin embargo, el Concilio Vaticano II el que tuvo un efecto decisivo sobre todas las organizaciones apostólicas, y no sólo las obreras, mientras que en otras latitudes no tenía otro resultado que el de confirmar las posiciones y actitudes que eran habituales y, como tales, practicadas desde hacía mucho tiempo. Pero ya en los sesenta habían aparecido algunas iniciativas sindicales nutridas principalmente de personas procedentes del mundo católico y en 1963 fue fundada la editorial ZYX —las últimas letras del alfabeto indicaban la voluntad de ocuparse de los más humildes— en la que se produjo una conexión entre el mundo católico y la reivindicación social.

Lo importante es que, ya a mediados de la década de los sesenta, se había producido un cambio decisivo en la mentalidad de los dirigentes de las organizaciones apostólicas hasta el punto de convertirse en radicalmente ajenas a las pautas de comportamiento del régimen. Probablemente, sin embargo, hubo extralimitaciones en el sentido de querer convertir esas organizaciones en única o casi fundamentalmente políticas o en vincularlas con el derrocamiento del capitalismo. Pero esas actitudes fueron muy minoritarias: la mayor parte de los dirigentes de la Acción Católica no tuvieron nada que ver con actitudes revolucionarias, de modo que, como luego diría el futuro cardenal Tarancón, al atribuirles esta posición no sólo se cometía un error sino que éste fue gravemente perjudicial para la propia Iglesia. En todo caso lo que resulta más relevante, desde el punto de vista histórico, es que los movimientos apostólicos fueron el primer vehículo para una socialización de la política en la generación joven.

En gran medida puede decirse que la minoría dirigente que hizo la transición —no sólo en el terreno político sino también en el económico y social— procedía de ese catolicismo progresista incluso mucho más que de la tradición histórica de los partidos a los que se vincula. Se podría añadir que la proporción es todavía mayor en el mundo obrero que en el estudiantil universitario.

Así adquiere sentido la afirmación de Jorge Semprún, en 1965, de acuerdo con la cual en ese momento las dos organizaciones con futuro en la oposición española eran precisamente el PCE y la Democracia Cristiana. La primera parte puede ser discutible dada la condición de comunista que, por entonces, tenía Semprún, aunque buen argumento en su favor puede ser el grado superior de flexibilidad con respecto al que, por ejemplo, tenía el PSOE. En cambio, parece innegable que la segunda parte de la afirmación responde a la realidad situada en ese marco cronológico, pues del mundo católico, de forma más o menos directa, procedieron muchos de los dirigentes de la oposición sindical y universitaria. Se puede añadir, incluso, que el catolicismo jugó un papel decisivo en la divulgación de los principios democráticos a través de sus órganos de expresión o de los vinculados de forma indirecta con él. Un ejemplo de esto último puede ser la revista Cuadernos para el Diálogo, fundada en octubre de 1963, y que, desde unos orígenes católicos, con el transcurso del tiempo fue agrupando progresivamente a la totalidad de la oposición. Cuadernos constituyó no sólo un instrumento esencial de divulgación de las pautas ideológicas del pensamiento democrático sino también el testimonio mismo de la evolución de un sector del catolicismo colaboracionista hacia la oposición. Su fundador, Joaquín Ruiz Giménez, había sido la figura política joven más brillante en este sector y no se desprendió de su vinculación con el régimen hasta el momento en que, en 1964, se discutió en las Cortes, de las que formaba parte, una nueva ley de Asociaciones Políticas. Con el paso del tiempo Ruiz Giménez asumió la dirección del sector más izquierdista de la Democracia Cristiana, después de la desaparición de quien la dirigía, Giménez Fernández. Sin embargo, a esas alturas cronológicas (1968), es posible que hubiera ya pasado el gran momento de las posibilidades de ese grupo político. Si sirvió para la difusión del ideario democrático, al mismo tiempo acabó agotándose en esta tarea porque, desde él, muchos pasaron a opciones políticas de izquierda. Adelantándonos a la evolución de los acontecimientos, baste recordar que muchos de los dirigentes socialistas de 1975 procedían de la Democracia Cristiana de diez años antes.

Los antecedentes de la protesta estudiantil hay que situarlos en los sucesos de 1956, pero también en las transformaciones producidas a comienzos de la década de los sesenta en el sindicalismo universitario oficial. Ya por aquellas fechas éste había perdido casi completamente su carácter fascista y se había adaptado a las circunstancias, admitiendo elecciones libres para los consejos de curso y cámaras sindicales autónomas en cada Facultad, aunque las altas jerarquías siguieran siendo elegidas desde las alturas. Sin embargo, al mismo tiempo el SEU era una Delegación Nacional más dentro de la estructura de la Secretaría General del Movimiento. De momento el predominio de la apatía entre los estudiantes permitía el control desde arriba sin mayores conflictos. Pero pronto la tímida apertura provocó el desvío y la movilización antagonista de los universitarios mientras que las fórmulas intermedias propiciadas por la jefatura del sindicato —por ejemplo, nombramiento de las autoridades de distrito por acuerdo entre la línea jerárquica y la electiva o las críticas al profesorado para dirigir contra él a los estudiantes— fracasaron por completo.

De todos modos, todavía a mediados de la década de los sesenta los estudiantes antifranquistas eran una minoría en la Universidad española, aunque no tenían otro adversario que la despolitización generalizada. La iniciativa en la protesta contra el régimen la tuvo por entonces la Universidad de Barcelona, donde se creó un Comité de Coordinación Universitaria inspirado por la izquierda. Más adelante, entre 1961-1962, la protesta se trasladó a Madrid y fue protagonizada por sindicatos que pretendían no tener un contenido político partidista, como la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española) y la UED (Unión de Estudiantes Demócratas) pero, en realidad, éste era patente: en el primer caso en sentido izquierdista y, en el segundo, democristiano. La protesta contra la cúspide del SEU se generalizó de tal manera que, de hecho, en 1964 la mayor parte de los distritos universitarios no reconocía al sindicato oficial.

El curso académico en que la protesta se hizo más intensa fue el de 1964-1965 y su instante culminante una manifestación de estudiantes, en febrero de 1965, a la que se habían sumado varios profesores (Aranguren, García Calvo, Montero y Tierno Galván).

A partir de este momento, tanto la protesta como la respuesta gubernamental ante ella tuvieron un contenido diferente. A la altura de 1965 los sindicatos clandestinos como UED y FUDE habían sido sustituidos en la acción por Asambleas de Estudiantes, más efectivas como medio para el inmediato recurso a la manifestación pero que obviamente reemplazaban a la democracia representativa de las cámaras sindicales por la mal llamada democracia directa. El inconveniente fue que, por este procedimiento, se abrió el camino hacia una radicalización que no tenía en cuenta la realidad política del país. La creación de un sindicato estudiantil estable fue sencillamente imposible porque, aunque lo intentarían los estudiantes disidentes del régimen, la represión se encargó de desarticularlo. En marzo de 1966, la iniciativa volvió de nuevo a Barcelona, cuando cinco centenares de personas reunidas en el convento de los capuchinos de Sarria (al acontecimiento se le denominó «la caputxinada») llegaron a la constitución del Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB); aunque organizaciones similares aparecieron en toda la geografía peninsular, fueron rápidamente desarticuladas por la policía. El régimen, lejos de tratar de resucitar un SEU fascista, intentó configurar unas Asociaciones Profesionales de Estudiantes que tampoco alcanzaron mayor éxito y estabilidad. En abril de 1965, después de que el vicesecretario general del Movimiento, Herrero Tejedor, tuviera reuniones con los estudiantes, se aprobó un decreto por el que se desligaba el aspecto burocrático administrativo atribuido al SEU, que pasaría estar en manos de un organismo estatal del representativo. Unas Asociaciones Profesionales se encargarían de este último por el procedimiento de suprimir los consejos de curso, la atribución de poder suspensivo a las autoridades académicas o el carácter rotatorio de la presidencia nacional de las asociaciones. Así, el régimen pretendió quitar potencia al movimiento reivindicativo estudiantil. Pero la conflictividad constante impidió que estas APE pudieran estabilizarse.

En la segunda mitad de la década de los sesenta el régimen parecía haber dado ya por imposible la situación de la Universidad, que no podía resolver pero con la que se limitaba a convivir, sin pretender imponer su ortodoxia y ejerciendo una periódica acción represora. El mundo universitario venía a ser en esa fecha una especie de isla donde se difundían principios políticos por completo ajenos a los que informaban el régimen de Franco y existía una cierta tolerancia hacia la disidencia política: de ser minoritaria la protesta entre los estudiantes pasó a ser algo normal. Si a comienzos de la década de los sesenta los estudiantes inconformistas eran una minoría, a partir de la segunda mitad se fueron convirtiendo en una clara mayoría, en cuya experiencia vital había jugado, además, en mayor o menor grado, un papel la protesta contra la policía y el régimen. Puede añadirse que entre el profesorado más joven la condición de franquista era ya no sólo una excepción sino incluso una verdadera extravagancia. Esto era un testimonio de la debilidad del régimen pero también, en cierto sentido, de su fortaleza, en cuanto que podía convivir con la disidencia sin sentirse directamente amenazado por ella, siempre que no sobrepasara los estrechos límites de la Universidad.

Aunque más limitadamente, la clase obrera también consiguió un cierto reducto de autonomía semejante al de los estudiantes universitarios. Siempre existió una oposición sindical al régimen, pero, ya mediada la década de los años cincuenta, estaba prácticamente desmantelada y la protesta obrera no arreció sino bien entrados los años sesenta. En parte se debió a un marco legal en que, por ejemplo, la huelga seguía siendo un delito aunque no tuviera nada más que un propósito puramente económico. También influyó, sin embargo, la propia estrategia de las sindicales clandestinas. Los comunistas habían terminado por darse cuenta de la necesidad de una acción legal pero estaban demasiado aislados como para lograr que ésta fructificara; la llamada Oposición Sindical Obrera, que ellos controlaban, apenas si tuvo significación alguna hasta su momento final en 1963-64. En cuanto a la UGT, la negativa a tomar parte en las elecciones sindicales contribuyó a aislarla, aunque mantuviera sólidos lazos con las organizaciones internacionales o las del exilio. De hecho, en algunas zonas, como Cataluña, ni siquiera se cumplieron las instrucciones abstencionistas de quienes dirigían la organización desde el exilio.

La situación tendió a cambiar a partir del comienzo de la década de los sesenta, como consecuencia del cambio producido en la legislación pero exige una reflexión previa acerca del papel jugado hasta entonces por los sindicatos oficiales. La verdad es que éstos nunca estuvieron en condiciones de integrar la posible reivindicación obrera, sobre todo allí donde existía una mayor tradición sindical. A comienzos de los años cuarenta se admitía en la cúspide sindical la «manifiesta hostilidad» de los trabajadores. Sin embargo, el recuerdo de la Guerra Civil, la represión y las duras condiciones de vida contribuyen a explicar la apatía de la clase trabajadora. Aun así, en poblaciones industriales catalanas como Granollers se admitía que el 90 por ciento de los habitantes eran hostiles o indiferentes. Con el paso del tiempo, no obstante, la conflictividad individual del trabajador con la empresa se encauzó a través de la organización sindical o de las magistraturas de trabajo. Pero había momentos en que una pésima situación económica ocasionaba huelgas de carácter general al menos en toda una región. Sucedió así en 1951 y luego en 1957-1958.

La reacción del régimen fue tratar de evitar que una realidad como ésa se convirtiera en un problema político de envergadura. La ley de Contratos de Trabajo, de 1958, que no se aplicó hasta 1961, como consecuencia del Plan de Estabilización, reguló un nuevo marco de relaciones laborales en que la firma de un convenio creaba en el seno de las empresas una periódica lucha reivindicativa. Además, en 1965 se declaró legal la huelga motivada por factores puramente económicos, bajo el rótulo de «conflicto colectivo de trabajo». Mientras tanto, la creación del Consejo Nacional de Empresarios rompía la estructura vertical del sindicato y los separaba de los obreros. A su vez, todos estos cambios tuvieron mucho que ver con la conflictividad producida en etapas precedentes y como la que siguió produciéndose a comienzos de los sesenta. Es muy posible que de las huelgas asturianas de 1962 derive el sindicalismo de la última fase del régimen, e incluso el actual, porque no se trató de un conflicto espontáneo (como la huelga de los tranvías de Barcelona en 1951), ni fue producto de la agitación de los derrotados en la Guerra Civil, como la de 1947 en Bilbao, ni tan sólo de una protesta motivada por las pésimas condiciones sociales, sino que, a partir de un conflicto concreto, concluyó en la demanda de libertad de huelga y de creación de sindicatos, aspectos en los que tuvo el apoyo de sectores intelectuales y no únicamente obreros. De 1962 data el importante e irreversible cambio en la Historia española que consistió en la conversión de la huelga —hasta entonces algo excepcional en el panorama español— en una realidad habitual de las relaciones laborales. El ritmo de la protesta laboral pudo resultar cambiante pero la represión ya no logró espaciar los movimientos huelguísticos.

Un factor para explicar la consolidación de la protesta social y el nacimiento de un nuevo sindicalismo reside en la aparición de grupos obreros de procedencia católica.

El Frente Sindical de los Trabajadores surgió de las Hermandades Obreras de Acción Católica. También la Unión Sindical Obrera, nacida en 1961, tuvo un origen semejante, aunque se declarara aconfesional: se decía socialista, aunque no vinculada a ningún partido concreto. Finalmente, la Alianza Sindical de los Trabajadores surgió en 1964, a partir de las llamadas Vanguardias Obreras, una organización apostólica inspirada por los jesuitas. Esta última fue la organización más próxima al PCE, al que superaría por la izquierda para constituir más tarde un partido comunista prochino.

Todas estas organizaciones de procedencia católica tuvieron de común con el PCE la utilización de la legalidad sindical para ocupar posiciones en la organización oficial. Sin embargo, fue el partido citado el que obtuvo un mejor rendimiento de esta táctica gracias a la creación de las Comisiones Obreras. Es muy posible que éstas hayan nacido como la formalización de los comités surgidos espontáneamente para presentar ante la autoridad empresarial las reivindicaciones planteadas por estas fechas, o quizá fueron obra del propio partido; en cualquier caso parece evidente que, si en una zona como Asturias la iniciativa fue exclusivamente de los comunistas, en otros lugares, como Madrid, jugaron un papel importante católicos e incluso falangistas disidentes. En general Comisiones Obreras se extendieron en el ciclo de conflictividad iniciado en 1962, aunque no se consolidaron sino en la segunda mitad de los sesenta, momento cronológico objeto del capítulo siguiente de este libro. A partir de 1964-1965 se empezaron a organizar Comisiones Obreras de carácter provincial y, ya en 1966, cuando se celebraron elecciones sindicales en toda España, el sindicato clandestino logró un éxito considerable. Su apoyo no fue ya un proletariado con recuerdo de la República sino otro mucho más joven: durante 1963 en Badalona, por ejemplo, los informes policíacos sólo atribuyeron al 12 por 100 de los representantes sindicales antecedentes políticos peligrosos mientras que el 80 por 100 tenían menos de 40 años. En 1967 Comisiones celebró su primera asamblea, en la que se manifestó la influencia predominante de los comunistas, que situaban en minoría clara a otras tendencias, algunas de las cuales se marginaron del naciente sindicato. Lo importante era que el PCE de esta manera empezaba a romper la situación de aislamiento que hasta la fecha había experimentado, tanto respecto de la sociedad española como de los restantes grupos de oposición. Resulta en este sentido muy característico el perfil de los elegidos en la citada consulta electoral sindical: más de la mitad eran menores de treinta años y, por tanto, protagonistas del crecimiento económico de los últimos tiempos, mientras que, por otro lado, no habían sufrido la represión de la posguerra y, por tanto, no la temían tanto como los que la habían sufrido en sus carnes. Para este tipo humano, Comisiones en cuanto que agrupación laxa, unitaria y capaz de aceptar una parte de la legalidad, al tiempo que lanzaba reivindicaciones concretas, era una fórmula ideal, lo que explica el espectacular éxito que tuvo.

Éste fue el segundo logro del PCE y el más importante. Antes, sin embargo, había logrado atraer, a partir de la segunda mitad de los años cincuenta, a buena parte del mundo intelectual y, sobre todo, había conseguido la respetabilidad en la totalidad de los disconformes con el régimen; luego, a partir de la segunda mitad de la década de los sesenta, la influencia comunista en el mundo cultural español se convertiría en menos hegemónica respecto de los medios inconformistas.

La mención de Comisiones y de los medios políticos con los que tuvo contacto, sirve de introducción para tratar los cambios producidos en el seno del PCE que, si no fueron decisivos (el partido no superó definitivamente su aislamiento hasta años después), resultaron suficientemente significativos, a más de estar relacionados con el proceso de cambio que estaba experimentando la sociedad española. Sin embargo, no debe pensarse que tales cambios estuvieran motivados por una reflexión autónoma, al menos en su origen. En efecto, la sustitución del abúlico Vicente Uribe tuvo lugar como consecuencia del impacto en el comunismo español de la desestalinización propiciada por Kruschev que, por otro lado, no parece haber causado la conmoción que se produjo en otros países. En realidad, se encontró en Uribe una cabeza de turco para culparle de todos los males del estalinismo, exactamente igual que antes se había encontrado supuestos Titos a la española. El PCE en nada cambió su postura máximamente ortodoxa y, por ello, fue condenada sin paliativos la revuelta húngara, pero, al menos a partir del verano de 1956, se hicieron más insistentes las llamadas a la reconciliación, superando la guerra entre los españoles.

Esta política de reconciliación nacional fue el eslogan fundamental del partido en el momento en que, finalmente desplazado Uribe, se hizo cargo de su dirección una generación más joven, la de quienes, en la Guerra Civil, habían emergido como principales dirigentes de las juventudes Socialistas Unificadas: Santiago Carrillo y Fernando Claudín, por ejemplo. En cambio, Dolores Ibárruri, que parece haber estado más cercana a Molotov que a Kruschev en las luchas internas del Kremlin, ya había quedado reducida en 1959 a una posición poco menos que decorativa. El nuevo equipo se lanzó, precisamente a partir de este año, a una acción mucho más decidida en el interior de España. Ya antes, Jorge Semprún, actuando con el seudónimo de «Federico Sánchez», había desempeñado un papel decisivo en la protesta estudiantil de 1956. Sin embargo, conviene no exagerar el éxito de la propaganda en pro de la «reconciliación» ni el resultado de sus llamadas a una «jornada de protesta pacífica» como la intentada entonces. El PCE se atribuyó unas colaboraciones que en realidad no tenía, pues tan sólo contó con el apoyo del FLP y la movilización de un número reducido de personas.

Por otro lado, la mayor actividad del partido tuvo como consecuencia inmediata una mayor dureza en la represión. La ejecución de Julián Grimau, en abril de 1963, por supuestos delitos cometidos en la Guerra Civil, después de un proceso en que no se habían cumplido las exigencias jurídicas requeridas, demuestra que el régimen no dudaba en remontarse a su origen cuando quería reprimir. En cierto sentido, a Grimau se le puede atribuir la condición de último muerto de la Guerra Civil.

El fracaso de las «jornadas nacionales de protesta» resultó tan evidente que en poco tiempo motivó un debate interno centrado en parte en la interpretación de la situación española, y en parte, también, en el talante personal de sus protagonistas.

Santiago Carrillo representó, en él, la posición del político pragmático y voluntarista que se apoyaba en el prestigio de Dolores Ibárruri, la cual no tenía empacho en calificar a los disidentes como «intelectuales cabeza de chorlito». En realidad, se trataba de las mejores cabezas del PCE de entonces y de quienes, además, mejor conocían la realidad española, que no era la de una nación con residuos feudales sino la de quien estaba emprendiendo una rápida mutación económica. En consecuencia, era previsible, mucho más que una revolución socialista, el establecimiento de una democracia. Pero, a partir de estas posiciones de partida, se produjeron cambios en las posturas: Claudín y Semprún acabaron criticando el estalinismo y la falta de democracia interna en el partido del que, después de un largo debate que se extendió desde 1962 a 1964, fueron expulsados. La escisión, en realidad, no significó un problema grave para los dirigentes del partido, pues prácticamente los dos disidentes no tuvieron seguidores. En la práctica, Santiago Carrillo, aunque con lentitud, fue haciendo suyos muchos de los planteamientos de sus adversarios; por su parte, Claudín inició un tipo de crítica a la URSS que tardaría en hacerse habitual en el seno del PCE. El argumento puramente utilitario desarrollado por Carrillo en sus varios textos de memorias consiste en afirmar que, de admitir las tesis de Claudín, se hubiera originado una profunda depresión en la militancia. De cualquier modo lo cierto es que en el seno del PCE estas disputas doctrinales no alcanzaron apenas eco: sólo al final de los sesenta surgiría una disidencia comunista propiamente dicha.

La cultura durante el franquismo intermedio

La evolución de la cultura española durante la etapa central del franquismo ofrece interesantes concomitancias con la economía y la historia de la oposición. Las primeras nacen, por supuesto, de la apertura hacia el mundo exterior y de una inequívoca voluntad de modernización. Las segundas resultan bien patentes si tenemos en cuenta que no sólo buena parte de los medios culturales se identificaron con esa oposición sino que ésta estuvo formada, en una proporción excesiva, por ellos.

Eso, sin embargo, no implica que los medios culturales más destacados no hayan mantenido ningún tipo de contacto con los círculos oficiales. Por el contrario, éste existió y aún alimentó algunas actitudes culturales que luego se convertirían en subversivas. Parece claro (y se aprecia de forma más nítida en los años cincuenta que en los cuarenta) que si en lo político hubo una marcada ruptura con respecto al pasado, los elementos de continuidad en los planteamientos culturales resultaron, en cambio, muy evidentes entre el antes y el después de 1939. La meditación sobre el ser de España, la presencia de Ortega y la filiación «noventayochista» del pensamiento mayoritario, la propia beligerancia de los escritores en el terreno de la política y la confianza puesta en el Estado como posible instrumento de salvación colectiva de los ciudadanos son otros tantos testimonios de una línea de continuidad entre el mundo intelectual de la preguerra y el posterior a ella. Otra cosa, claro está, es que la manera de resolver esos planteamientos resultara diametralmente distinta. El hecho indudable es que buena parte de los intelectuales de primera fila en la España de estos años pasaron por el régimen, sobre todo en sus sectores más puristas, en lo religioso o, sobre todo, en relación con la Falange. Muchos de los mejores escritores que surgieron en este momento —Fernández Santos, Sánchez Ferlosio, Aldecoa…— tuvieron un origen falangista, de modo que su caso puede ser definido como el testimonio de la rentabilidad cultural de una crisis ideológica, por más que el inconformismo de intelectuales y escritores fuera mucho más ético y literario que estrictamente político. Claro está que de este origen quedaron también rastros en las propias actitudes de quienes se convertían en disidentes. Así, Marsal ha podido hablar del «franquismo objetivo» de quienes habían abandonado las actitudes propicias al régimen por otras de oposición, porque, aún haciéndolo, en realidad participaban de una concepción «unitaria» y totalizadora que poco tiene que ver con la posición liberal propiamente dicha.

Si en los años cincuenta y principios de los sesenta surgió una clase política que todavía sigue presente en la vida pública española, lo mismo cabe decir del mundo intelectual. Fue este sector el que hizo avanzar a España, por vez primera desde la Guerra Civil, en el sentido de una homologación con el pensamiento y las concepciones de la vida del mundo occidental, cerrando la herida de la Guerra Civil y abriendo el camino hacia la generalización del ideario democrático de convivencia. Lo que Barral ha denominado como evolución «en sentido aliviador» del régimen contribuyó, sin duda, a desarrollar estas posibilidades. En ello es donde se puede encontrar el paralelismo respecto de la evolución económica. Lo sucedido en la cultura española de esta época se puede resumir diciendo que reprodujo una importante recuperación del tiempo perdido desde la guerra, restableciendo, al menos de forma parcial, la sintonía entre las dos Españas divididas por la Guerra Civil y anunciando una futura mentalidad que se generalizó en la etapa final del franquismo. También en economía, como sabemos y ya se ha apuntado, se recuperaron los niveles macroeconómicos de la preguerra y a través del Plan de Estabilización y el posterior desarrollo de la primera mitad de los años sesenta se sentaron las bases de lo que luego sería el crecimiento de una España ya convertida en décima potencia industrial del mundo.

La primera apertura intelectual que tuvo lugar en el régimen de Franco fue, sin duda, la auspiciada por la presencia en el Ministerio de Educación de Ruiz Gimenez. Lo que más nos interesa ahora no es ella misma, ni la oposición que despertó entre otras significadas figuras que, como él, acabaron evolucionando hacia el ideario democrático (Calvo Serer), sino la coincidencia de este fenómeno político con otros de carácter intelectual y de significación coincidente. La evolución de muchos de los pensadores más relevantes de la España de entonces y de la posterior se caracterizó, precisamente, por el establecimiento de un puente con el exilio y con la tradición liberal española. Los caminos fueron, sin embargo, distintos, aunque coincidentes al final. Aranguren, a partir de una postura católica crítica y tras una identificación política con los presupuestos de fondo del régimen, transitó ya en esta época desde una posición de preocupación reservada a una inquietud ética de resistencia al poder que acabó desembocando en la política. En el caso de Tierno Galván su pensamiento evolucionó del neotacitismo a un funcionalismo que, pretendiendo evitar la ideologización excesiva de la vida política y social, criticaba de hecho el monopolio ideológico ejercido por el sistema vigente. Por su parte, en esta época la obra de Marías se caracteriza por una doble insistencia: la necesidad de mantener la vinculación con la tradición española liberal, cuyo representante más caracterizado es Ortega, y la afirmación de que en la España de la época no había desaparecido toda una relevante tradición intelectual que, además, se inscribía precisamente en esas coordenadas ideológicas. Sobre este particular mantuvo una polémica muy interesante con el hispanista americano Mead.

Sin embargo, la polémica más representativa de este momento cultural fue la que se produjo en torno a la figura de Ortega y Gasset. Acusado de heterodoxia religiosa, Ortega estuvo en el punto de mira de las actitudes más nacional-católicas, porque al ser su pensamiento más sistemático que el «unamuniano» parecía más peligroso, mientras que, de otro lado, atraía el interés de lo más valioso de la intelectualidad española del momento. La polémica tuvo como principales protagonistas a Marías, quien afirmó haber participado en ella sin entusiasmo, pero por un cierto sentido de obligación, y al dominico Santiago Ramírez, que partía de unas posiciones extremadamente intolerantes. Es significativo el hecho de que un número elevado de intelectuales que habían tenido concomitancias con el régimen o que participaban de un ideario inicialmente asimilado a él (desde Aranguren a Laín y Maravall) participaron en la discusión expresando su deuda con Ortega y Gasset.

Este hecho testimonia, en definitiva, que la presencia del citado filósofo en España contribuyó de forma poderosa a la transformación en sentido positivo y liberal del universo intelectual español. Algunos de los grandes maestros intelectuales —aparte de Maravall, por ejemplo, Diez del Corral— supieron evolucionar a partir de la semilla «orteguiana». Así se demuestra, en definitiva, que se había iniciado ya la recuperación del ideario liberal por quienes durante una etapa previa se habían colocado en una posición muy distinta. A finales de los años cincuenta los liberales de procedencia ex-falangista participaban ya en las empresas intelectuales organizadas en España y fuera de ella en torno al Congreso por la libertad de la Cultura, de ideología occidentalista; en el exterior dicha institución publicó unos Cuadernos en los que figuraron por vez primera las firmas de intelectuales en el exilio y de dentro de España y en ésta hizo aparecer una editorial, Seminarios y Ediciones, que publicó algunos de los títulos de mayor interés del período. Una derivación de la polémica sobre Ortega fue, sin duda, la denuncia por parte de Marías de que hubo quienes lo utilizaron en contra del régimen, pero inmediatamente después lo consideraron a él y a su pensamiento como algo a eliminar, como también el propio liberalismo. De estas fechas data la ruptura de elementos de la nueva generación con el liberalismo (también con el catolicismo que se presentaba como sofocante y opresivo). Marías, en efecto, presentó como «consignas convergentes» las salidas del PCE y del régimen acerca del liberalismo «orteguiano». Así se explica que, iniciada la transición, se produjera una clara ruptura con esa tradición liberal española, que fue necesario recuperar.

El momento crucial de la ruptura de estos intelectuales con su pasado y también aquél en que cortaron no sólo con él sino también con cualquier vinculación con el liberalismo se sitúa en torno a los sucesos de 1956. Para algunos de los que participaron en los acontecimientos lo sucedido fue «una crisis muy semejante a las crisis de fe».

Ridruejo mismo llegó a decir que «nuestro bando era el otro». Pero, como ya se ha indicado, a veces, en el caso de otras personas, cambiaban las apariencias pero el fondo totalitario del pensamiento no hacía otra cosa que trasladarse desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Para entender cómo se produjo esta evolución, aparentemente poco comprensible, nada mejor que tener en cuenta hasta qué punto el mundo oficial de la época disponía de recursos y de centros de actividad capaces de atraer a la juventud más creativa. Fueron las actividades culturales dependientes del SEU (el Teatro Español Universitario o los «cine-clubes») las que alimentaron las transformaciones que en ambos terrenos acontecieron en esta época o en la siguiente. Del Servicio Universitario del Trabajo, engendrado en un ambiente de estrecho maridaje entre Falange y catolicismo, surgió un catolicismo procomunista. Por otro lado, las revistas culturales aparecidas en la época testimonian la existencia de una pluralidad de actitudes cuyas derivaciones finales fueron inconformistas en lo político. Así en Laye y en Alcalá, dos revistas intelectuales cercanas a Falange, más laica la primera y más católica la segunda, es posible percibir una derivación del radicalismo de algunos de sus redactores hacia un confuso marxismo. En El Ciervo un cristianismo autocrítico abrió el camino, a través de la recepción de Mounier, hacia un cierto compromiso con el comunismo. En Praxis, una revista cordobesa, también fue perceptible la conexión entre religión y revolución. La revista Índice tenía conexiones con algunos de los gerifaltes del régimen pero en ella es perceptible, a la vez, un entusiasmo por las revoluciones del Tercer Mundo y por la recuperación del exilio. Quizá la línea más respetable en el conjunto de las revistas de la época nos la proporciona Ínsula de la que Lafuente Ferrari dijo que era el testimonio de «una voluntad de salvar la continuidad de la auténtica intelectualidad española», o Papeles de Son Armadam, auspiciada por Cela, que, en correspondencia con uno de los exiliados, declaró que quería que sirviera «para la unión los españoles por la vía de la inteligencia».

Hay otros aspectos interesantes de la evolución del pensamiento español centrados fundamentalmente en acontecimientos ocurridos ya a comienzo de los sesenta. De esa época datan, por ejemplo, los principios de la recuperación de las culturas de la España periférica: ya en ella se publicaban una cincuentena de títulos en catalán. También fue en este período cuando aparecieron las primeras muestras de un marxismo autóctono convenientemente maquillado para que pudiera pasar por la aduana de la censura. Ésta, respecto de los libros, se había hecho ya mucho más flexible; quien la desempeñaba le dijo a Mario Vargas Llosa, el escritor peruano que por entonces vivía en Barcelona, que en uno de sus libros debía sustituir «cetáceo» por «ballena» para referirse a un militar.

Muestra de la pluralidad patente del escenario cultural español es el hecho de que, junto a la tradicionalista Atlántida —conectada con la editorial Rialp que, representante del pensamiento tradicionalista, en ocasiones no carente de valor, llegó a obtener siete premios nacionales en 1949-1961—, reapareciera la Revista de Occidente. Sin embargo, quizá la revista más representativa de este momento en la vida nacional fue Cuadernos para el Diálogo, de neta inspiración católica (o democristiana) en su momento inicial, que ya en los años posteriores acabó por ser portavoz de toda la oposición política al régimen. De esta manera el catolicismo de corte renovador (cuyo principal precedente había estado en el solidarismo de Manuel Giménez Fernández) jugó un importante papel intelectual (luego lo haría, ya en el tardofranquismo, a través de las directas enseñanzas de la jerarquía) en la difusión del ideario democrático de convivencia. También en una etapa siguiente habría de alcanzar mayor significación un fenómeno que empezó a despuntar en ésta: el despegue de las ciencias sociales, que ejercieron una función crítica respecto de las concepciones habituales en la España del momento. Éste fue el caso de la Historia, renovada de acuerdo con los principios de la escuela francesa de los Annales por una personalidad de tanta relevancia como Jaume Vicens Vives, cuyas concepciones rompían con los planteamientos imperiales de la historiografía tradicional. Queda, en fin, una última polémica intelectual de interés que es la que se refiere al carácter europeo o no de la cultura española. En realidad, esta última postura, defendida por Goytisolo, encerraba, frente a Fernández Santos, una clave política revolucionaria alimentada por la existencia de fenómenos de este tipo en el llamado Tercer Mundo.

Como puede verse, hay un componente más o menos político en los principales aspectos de la evolución del pensamiento, algo que reaparece en la literatura de ficción. En torno a 1950 se produjo en la narrativa española un cambio tendente a la recuperación de la realidad cotidiana e histórica, en definitiva, del testimonio sobre el mundo del entorno que se ve bien claro en novelas como La colmena, de Cela; La noria, de Luis Romero, o Proceso personal, de Suárez Carreño. Esta tendencia realista puede considerarse el rasgo más destacado de todo un período de la literatura española, no sólo en la narrativa, sino también en lo que respecta a la poesía social y comprometida e, incluso, a una buena parte del teatro, aunque fuera el menos representado. En la novela, las influencias estéticas en que se basó esta actitud literaria fueron el neorrealismo italiano, el objetivismo francés, la llamada generación maldita norteamericana y, en fin y sobre todo, las tesis de Sartre sobre el compromiso político, que alcanzaron en España mucha mayor difusión que en su país de origen. El mentor español elegido por la nueva generación de escritores, o por los que, procedentes de otros tiempos evolucionaron de acuerdo con las nuevas tendencias, fue Machado, a quien se prodigaron homenajes que fueron instrumento de identificación generacional. El momento culminante de la difusión de esta tesis se produjo en torno a mediados de la década de los cincuenta: el propio congreso de estudiantes previsto para 1956 destacó la «convergencia» de los narradores hacia el realismo. Desde el punto de vista político, la llamada «operación realismo» fue patrocinada claramente por el PCE, su «colaborador imprescindible» al decir de Barral, y su emisario de entonces en el interior de España, Jorge Semprún, pero en realidad la afiliación entre los cultivadores de estas nuevas tendencias estéticas al partido fue, aunque frecuente, poco duradera. Si bien lo social populista siguió teniendo cultivadores en la segunda década de los sesenta (Candel, por ejemplo), desapareció mayoritariamente en ese período. Hay que tener en cuenta, en fin, que hubo muchos matices en la adopción de esa nueva actitud: por sólo citar algo obvio y relativo a grupos más que a individualidades, baste con apuntar la diferencia entre el aire más cosmopolita de la literatura hecha en Barcelona, a diferencia de la madrileña.

En suma, la actitud realista y el compromiso político se desgranaron en actitudes muy diversas. En la mayor parte de los escritores jóvenes de la época es perceptible una evidente desilusión política, una situación de indigencia de una generación que había sido víctima muda de la Guerra Civil y una voluntad de acusación, al menos moral, a la sociedad. Sin duda, la novela más característica de este período fue El jarama (1956), narración de una excursión prosaica a este río por un grupo de jóvenes madrileños, en que la ausencia de acontecimientos relevantes revela lo chato de una existencia apenas alterada por la muerte de una de las protagonistas. En El jarama no hay nada explícitamente político, pero su autor, hijo del ex ministro falangista Sánchez Mazas, no dudó en proclamar su preferencia por los «jabalíes, esos cerdos violentos» frente a los «cisnes elegantes y los pelícanos», en metáfora zoológica de su disconformidad, En cambio, la crítica social es mucho más perceptible como trasfondo en las novelas de García Hortelano Nuevas amistades (1959), Tormenta de verano (1961)… referentes a los medios burgueses de la España de la época y, mucho más aún, en los textos de los hermanos Goytisolo. Juan Goytisolo presentó en Juegos de manos (1954) la inconsistencia política de un grupo de jóvenes airados o derivó hacia el reportaje de las miserables condiciones de vida almerienses en La Chanca o Campos de Nijar, mientras que Luis Goytisolo describió la realidad suburbial de la gran ciudad en Las afueras (1959). Fueron éstas muestras caracterizadas de la novela social de la época que alcanzó una difusión extraordinaria como moda literaria sin que aquí sea posible aludir a todos sus cultivadores. Este tipo de narración fue luego objeto, en sus ejemplificaciones menores, de una acerba crítica que Barral ha intentado paliar recordando que la «delgadez y zafiedad» de esa literatura social no era sino la respuesta a las formas «tan pobres y tan recalcitrantemente indígenas e indigenistas» contra las que se alzaba. Pero hay que insistir, una vez más, en la pluralidad de formas que revistió este realismo y esta conciencia crítica. Incluso el mayor éxito de la narrativa convencional de esta época, la trilogía acerca de la Guerra Civil abierta por Los cipreses creen en Dios, de Gironella (1953-1966), estuvo revestida de esa crítica aunque se refiriera al pasado colectivo; el mismo protagonista colectivo resulta una buena expresión de las tendencias literarias predominantes. Por otro lado, un novelista de obra regular y de interés creciente, como Miguel Delibes, centró su obra en cuestiones en que la denuncia social y una actitud profundamente humanista juegan un papel decisivo (Mi idolatrado hijo Sisí, 1953). Los relatos cortos de Aldecoa o la exploración del mundo interior en Fernández Santos (Los bravos) son aspectos inclasificables de una narrativa que, sin embargo, conectaba con la moda literaria del momento.

Historicidad, realismo, compromiso, testimonio y denuncia fueron también rasgos característicos de la poesía de los cincuenta y de la primera mitad de los sesenta, que todavía resultaban más acentuados por el hecho de que pueden resumirse en una fórmula simplificadora. En cualquier caso, interesa insistir en que la conciencia generacional de los nuevos poetas encontró un instrumento de promoción en los escritos y las obras antológicas de José María Castellet, quien vio en la sustitución, como inspirador, de Juan Ramón Jiménez por Machado un fenómeno de carácter más general: «toda una concepción de la literatura está en trance de liquidación y de ser sustituida por otra». Celaya, Otero y Hierro, cuya obra se inició antes de la década de los cincuenta, constituyen una buena (y quizá la mejor) expresión de este género de planteamientos poéticos, en los dos primeros casos vinculados con una muy explícita afiliación al PCE.

De Celaya procede una característica condena de las tesis defensoras del arte por el arte («Maldigo la poesía concebida como un lujo. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse»), mientras que propiciaba una lírica concebida como herramienta, «arma cargada de futuro», y su libro La resistencia del diamante se refiere de modo implícito a la del PCE. Pido la paz y la palabra (1955) resulta, quizá, la obra más conmovedora de Blas de Otero, acto de solidaridad con el hombre, la convivencia y la patria. Años después el poeta definía su poesía en la identificación con Marx: «lo copio un poco y lo digo más bonito». En Quinta del 42, de Hierro, existe una actitud semejante («Confieso que detesto la torre de marfil», nos dirá el poeta), pero en su obra si, por un lado, hay lo que denomina reportajes, vinculados a esa poesía social, hay también alucinaciones que descubren las vivencias personales. Los poetas más jóvenes, siguiendo estas mismas tendencias sociales, se sublevan en contra de la irrealidad de los años cuarenta. «Más que en contra, de espaldas a sus mayores», un tipo de actitud que también puede considerarse como muy representativa de este momento. El escepticismo o incluso el pesimismo transitan por la obra de Valente o de Gil de Biedma, que presenta como ideal «vivir como un noble arruinado, entre las ruinas de mi inteligencia». Los dos temas principales de la poesía hecha en Barcelona en estos años son los relativos al recuerdo de la guerra («fui despertado a tiros de la infancia más pura / por hombres que en España se daban a la muerte», Goytisolo) o la ruindad de la vida de posguerra («uno sale a la calle / y besa a una muchacha o compra un libro / se pasea feliz y le fulminan», Gil de Biedma). La identificación con una línea política de disidencia es también muy explícita en alguno de ellos, como Claudio Rodríguez, protagonista de los acontecimientos subversivos de febrero de 1956 en la universidad madrileña.

En el teatro de mayor dignidad, no evasivo, también el compromiso político dio lugar a una polémica de enjundia durante esta época. Enfrentó a Alfonso Sastre con Antonio Buero Vallejo, partidarios respectivamente de un «imposibilismo» y un «posibilismo» respecto del teatro comprometido con un ideario político disidente en España. Sastre, originariamente vinculado a medios falangistas, había propugnado un «teatro de agitación» que hubiera tenido un efecto «incendiario» sobre la realidad española, había descrito lo social como una categoría superior a lo estético, convirtiendo de esta manera a la intención política en elemento fundamental para juzgar la valía de una pieza dramática y calificando al posibilismo de conformismo. Sus piezas dramáticas (En la red, 1959) se resienten, en estas condiciones, de una cierta linealidad, pero, sobre todo, resultaron maltratadas por la censura hasta el extremo de resultar irrepresentables. El teatro de Buero, basado en una reflexión moral, pero no panfletaria, sobre la naturaleza humana y sus indigencias, tuvo a menudo una base histórica, pero con alusiones transparentes a la realidad inmediata. Sin duda, fue Historia de una escalera (1949) la iniciadora de toda una escuela realista cuyos interiores nada tenían que ver con los burgueses del teatro más convencional.

Hubo, sin embargo, una segunda generación realista, más joven, representada por Muñiz, Olmo (La camisa, 1962), Martín Recuerda y Rodríguez Buded, todos los cuales presentaron, con abundantes referencias al presente, el espectáculo de la pobreza y de la postración espiritual de una España respecto de la cual nunca dejaron de mostrar su disconformidad. Su problema fue, como el de Sastre, el de eludir la acción de la censura, mientras que, de modo inevitable, el teatro de Buero adquirió una significación simbólica.

El teatro en sus formas convencionales y humorísticas no tuvo las limitaciones de representación que tuvo el realista. Pemán derivó desde el drama histórico al costumbrismo. En toda esta época el mayor éxito teatral le correspondió, sin embargo, a La muralla (1954), de Joaquín Calvo Sotelo, que presentaba un conflicto moral que podía conectar fácilmente con la mentalidad católica del momento. Es muy característico de las condiciones sociales en que se desenvolvía el teatro de la época, el hecho de que una parte considerable de la renovación del panorama dramático tuviera que hacerse mediante el recurso del humor. Fantasía, inverosimilitud y ternura forman la trama básica de la obra de Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura. El tardío estreno de Tres sombreros de copa, del segundo, en 1952, una veintena de años después de su primera redacción, muestra la dificultad existente para modificar la vida escénica española. Mihura debió adaptarse a ella, pero en los cincuenta estrenó abundantemente.

Jardiel Poncela, que definía el humor como un «desinfectante», no llegó a ser considerado como lo que, en efecto, desde nuestra óptica es un profundo renovador del teatro que le acerca a las fórmulas del teatro del absurdo, entonces en vanguardia. La fórmula menos renovadora, pero más adaptada a la sociología del espectador español de la época y dotada de una indudable sabiduría, fue la representada por Alfonso Paso, escritor de una extremada fecundidad, que durante una veintena de años fue el principal autor de éxito en los teatros españoles. En cuanto al personalísimo «teatro pánico» de Arrabal, cercano al surrealismo, se trató en realidad de un fenómeno dramático de más allá de nuestras fronteras sin que prácticamente se exhibiera en España antes de 1975.

Conviene recapitular, al final de estos párrafos dedicados a la creación literaria, las consecuencias del compromiso social y político de los escritores, así como la derivación posterior de la misma, ya en los sesenta. Se ha dicho que «con Franco no acabaron pero sí repartieron los ácidos que destruirían la línea de flotación de su futuro» (Gracia). Es muy posible que el entrecomillado sea justo pero, a corto plazo, lo que realmente tuvo lugar fue el abandono de un compromiso tan apremiante y un mayor grado de exigencia formal y de apertura a otros mundos literarios. A este respecto es significativo el hecho de que en 1958 se creara el Premio Biblioteca Breve, cuya significación en la Historia literaria sería ésa. Desde muchas otras vertientes es posible captar fenómenos semejantes. Así, por ejemplo, en los años sesenta la editorial Taurus difundió en España gran parte del mejor pensamiento occidental. La herencia de estos años más que la presunta revolución política fue el establecimiento de unas estructuras de difusión de la cultura que resultaron muy perdurables.

Quizá en pintura y en cinematografía, glosada en el epígrafe siguiente, es donde mejor se perciben los cambios culturales que tuvieron lugar en las artes durante estos años centrales del franquismo, paralelos a los producidos en literatura. En los dos casos hubo una cierta recuperación de la memoria histórica y, al mismo tiempo, un ansia cosmopolita de apertura. También resulta posible percibir en estas dos actividades elementos críticos de la realidad circundante, especialmente en cine, en donde el neorrealismo conecta de modo claro con la novela social de la época, así como en algunas manifestaciones de las artes plásticas. Por otro lado, se debe tener en cuenta que en este período, tanto en cine como en artes plásticas se empezaron a forjar unos circuitos comerciales, unos prestigios individuales y, en fin, una proyección exterior, que habrían de tener la máxima relevancia para el futuro.

En pintura fue el surrealismo, sin duda, el desencadenante de una voluntad estética de vanguardia pero, más que nada, como chispa desencadenante de una transformación drástica más que a través de una especie de evolución. Aparte de quienes siguieron en él como continuación de su previa trayectoria (José Caballero), también alguno de los representantes de «El Paso» partió de sus presupuestos (Saura). Como quiera que sea, en el surrealismo que precedió a la abstracción fueron perceptibles influencias del surrealismo centro-europeo (en especial de Klee, objeto de numerosos homenajes en estos años), pero también del propio Miró, que regresó a España en 1942. Klee representaba un cruce entre abstracción y figuración, lo concreto y lo trascendente y un aura de magicismo que explica su éxito inesperado. Sin embargo, como grupo sólo fue surrealista el denominado «Dau al Set» del que formaron parte Tapies, Tharrats, Cuixart, Pong, etcétera, y que, en Barcelona, mantuvo su actividad hasta mediados de los años cincuenta. En el resto de la península hay que retrotraerse a finales de los años cuarenta para encontrar algún indicio de voluntad vanguardista que no pasó de pura tentativa. La llamada «Escuela de Altamira» (1948) no pasó de una convergencia amistosa cosmopolita entre personalidades muy diferentes, entre las que había también escritores y críticos como Gullón (también en «Dau al Set» jugaron un papel importante los críticos y literatos Brossa y Cirlot). No se debe olvidar, en fin, Ya en los primeros años cincuenta aparecieron por vez primera muestras de aceptación e incluso de promoción del arte de vanguardia en instancias oficiales. Así se apreció en las sucesivas bienales de arte hispanoamericano, en la tercera de las cuales, celebrada en Barcelona (1955), presentó ya Tapies sus primeros cuadros matéricos, y, aun antes, en el curso de arte abstracto celebrado en la santanderina Universidad de Verano en 1953. A estas alturas empezaron a convertirse en un acontecimiento normal las exposiciones de arte reciente norteamericano, italiano o francés. No obstante fue sólo a partir de la segunda mitad de la década de los cincuenta cuando definitivamente se impuso el informalismo. Los años 1956 y 1957 presenciaron la eclosión de iniciativas, como el Primer salón de arte no figurativo o la exposición de arte otro; con todo, lo más decisivo fue la constitución de grupos pictóricos como «Parpalló» (1956), «Equipo 57» o «El Paso» (1957). Este último fue el más importante y, aunque su duración resultó corta y su bagaje doctrinal no pasó de expresar la voluntad de remover las aguas estancadas del arte español, reunió a algunos de los mejores pintores del momento (otros, como Lucio Muñoz, permanecieron al margen) con unas similitudes e inquietudes muy semejantes. «El Paso» agrupó a Millares, Saura, Rivera, Feito, Juana Francés, Canogar, etc en una estética que si, por un lado, lo emparentaba con la vanguardia americana, por otro estaba plena de referencias españolas. La humildad de los materiales empleados, el españolismo crítico y el recurso formal a una cierta abstracción dramática han sido considerados como rasgos caracterizadores de «El Paso», cuyos miembros, con el transcurso del tiempo, se mantuvieron en el talante trágico inicial (Saura) o evolucionaron hacia fórmulas de carácter mucho más lírico (Rivera). El entusiasmo por el informalismo era, en el caso de «El Paso», voluntad de ruptura con el panorama del arte español de la época, pero éste tenía el suficiente grado de cosmopolitismo como para obtener un éxito espléndido más allá de nuestras fronteras, auspiciado por la propia política oficial, que no tuvo en cuenta la disidencia política de la casi totalidad de estos pintores y de otros, como Tapies, que no estaban relacionados con el grupo. Esta política, como es lógico, tenía un componente de propaganda hacia el exterior, pero sus resultados fueron netamente positivos. En los últimos años cincuenta y primeros sesenta el nuevo arte abstracto español obtuvo éxitos importantes en Venecia, París y Estados Unidos, en donde José Guerrero se había instalado como precursor de estos éxitos. También los consiguieron las primeras figuras de la escultura de vanguardia española. Fueron los móviles de Ferrant los que recuperaron el interés por la vanguardia anterior a la Guerra Civil, pero la escultura vasca (Chillida, Oteiza), monumental y rotunda, procedió de una sensibilidad distinta.

La necesaria simplificación a la que obligan los manuales ha hecho que ser considere a «El Paso» como el grupo protagonista de la pintura española de la década de los cincuenta y comienzos de los sesenta sin tener en cuenta la escasa duración del grupo y olvidando que, en definitiva, más que tener un proyecto artístico concreto, trató de ser sobre todo un factor de galvanización del arte español del momento. Este género de interpretación hace olvidar la existencia de figuras individuales, como el citado Lucio Muñoz, pero, además, olvida a otros sectores de la pintura española. También a finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta había aparecido, en escultura y pintura, una abstracción geométrica (Sempere, Labra, Alfaro, Palazuelo…) que demostraba que las vías hacia la modernidad pictórica seguidas en España no se limitaban a esa abstracción dramática o expresionista reunida en torno a «El Paso» sino que se refería también a todo tipo de fórmulas también empleadas más allá de nuestras fronteras. Algunos de esos autores —Sempere, sobre todo, pero también Farreras— pueden ser integrados en una abstracción lírica, quizá de procedencia más francesa que norteamericana. También otros pintores, a los que se ha identificado con Cuenca aunque la ciudad manchega fue punto de confluencia de las más diversas opciones plásticas avanzadas —Rueda, Torner, Zóbel…— se caracterizaron por un tono sin aspavientos, angustias o tremendismo y un lenguaje poético y sutil. Si para el expresionismo abstracto un cuadro resultaba algo semejante a una violación para esta abstracción lírica venía a ser una decantación no reflexiva ni improvisada. El «Equipo 57», por su parte, protagonizó, a partir de la abstracción geométrica, una actitud crítica y de ruptura, partidaria de la obra colectiva y no individual y derivada finalmente hacia el diseño.

Pero, por supuesto, no todo fue abstracción en estos años de la pintura española.

A mediados de los cincuenta hicieron también su aparición en nuestro panorama artístico los representantes de un realismo —Antonio López y los hermanos Julio y Francisco López Hernández— dotado de una fuerza muy especial, en nada derivado de la forma académica y que vino a representar uno de esos caminos muy originales, al margen de todo lo habitual y de calidad indudable que a veces se perciben en la Historia de la pintura.

Aunque obviamente resulta difícil poner en relación la arquitectura con el resto de los movimientos culturales, idéntica sensación de voluntad cosmopolita y modernizadora se aprecia en algunas de las manifestaciones de la proyectada a partir de los años cincuenta. Miguel Fisac, que en los edificios del CSIC (Madrid) alcanza lo que puede considerarse como mejor expresión del clasicismo, es también el introductor de nuevos materiales, como el hormigón sin cubrir, o fórmulas de iluminación como la luz lateral a través de vidrieras (iglesia de Alcobendas, 1955). Es importante también la labor de Fernández del Amo, a través del Instituto de Colonización, en la promoción de la vivienda popular ligada a cánones propios de España. A partir de la década de los cincuenta empieza, en fin, a aparecer el organicismo arquitectónico del que será expresión la obra de Coderch, mientras que algunos arquitectos españoles (Corrales y Molezún) obtienen importantes éxitos internacionales.

La cultura popular y el ocio

A caballo entre lo artístico, el medio de comunicación y el elemento para que los españoles de a pie ocuparon su ocio, determinadas manifestaciones de carácter muy popular sirven para definir de forma excepcionalmente clara la peculiaridad de una época. Trataremos de ellas en conjunto dejando claro que los límites entre la llamada alta cultura y éstas suelen ser ficticios.

Autores que serán citados en este apartado tienen, sin duda, un papel mucho más relevante en la Historia de la cultura española que algunos de los que aparecen en el anterior.

Sabemos ya de la difusión del cine en la España de la posguerra, sin duda la fórmula artística que despertó mayor interés en los medios populares. En su aspecto de la política oficial y de la industria no se puede decir que tuvieran lugar cambios sustanciales en estos años. En 1951 fue creado el Ministerio de Información y Turismo en el que figuró por vez primera una Dirección general específicamente destinada al Cine. Sin embargo el período en que la ocupó una persona capacitada —García Escudero— fue muy breve. La protección estatal siguió desempeñando un papel de primera importancia para el cine. Ahora se arbitró un procedimiento de subvención en el que los criterios fundamentales fueron los derivados del coste y la calidad atribuida por una comisión nombrada al efecto. El elevado grado de protección al cine español tuvo como consecuencia un enfrentamiento a mediados de la década con los grandes de la industria norteamericana. Entre 1951 y 1962 el número de películas producidas en España pasó de unas cuarenta a unas ochenta. Suevia Films fue la sucesora de Cifesa como empresa más destacada en el horizonte de la cinematografía española. Al comienzo de la década de los sesenta se instaló en España el productor norteamericano Samuel Bronston e hizo aquí algunas de las grandes producciones de la época, sin que ello supusiera un impacto importante en la cinematografía española.

Si la industria cinematográfica o la actividad protectora del Estado no experimentaron cambios importantes, la producción vio algunos de importancia no sólo como consecuencia de la aparición de una nueva generación de realizadores sino también por el desarrollo de una cierta conciencia crítica. Respecto de ella resulta bien patente la similitud respecto de la evolución de la literatura. De todos modos se ha de tener en cuenta que la calidad de ese sector crítico respecto de la realidad española no implicó necesariamente el éxito. Las dos películas con mayor permanencia en la cartelera durante el período fueron El último cuplé(1957) y La violetera (1958); sólo en el puesto décimo octavo figuró Bienvenido mister Marsball (1952) que a fin de cuentas, siendo una película de gran calidad y conteniendo esos elementos críticos, venía también a ser una re-formulación, con mayor vena sainetesca y picaresca, de la comedia tradicional. Este género tuvo un indudable éxito en versión amable —Historias de la radio (1955) de Sáenz de Heredia— o la más crítica de las primeras películas de Fernán Gómez. Las preferencias del público, sin embargo, testimonian hasta qué punto el musical folclórico fue el género más resistente a la renovación, pero también el más influyente. En esta época desapareció también el «dramón» rural y el cine histórico: precisamente la concesión de la calificación «de interés nacional» a Surcos, del falangista radical Nieves Conde, y no a Alba de América (de cuyo guión se dijo que había sido escrito por Franco) testimonió el canto de cisne de este último género dedicado a las glorias imperiales. Otros dos géneros característicos de este momento fueron el «cine con niño», normalmente cantor, o el edificante desde el punto de vista religioso, derivación lejana y edulcorada del neorrealismo, y el cine religioso. Respecto de este último baste con recordar que, de las diez películas españolas más vistas, tres pertenecían a este género. La Iglesia, lejos de ver el cine como peligro, se lanzó a una conquista del mismo. Prueba no tanto de su éxito como de la receptividad del público son esos datos, aunque este tipo de cinematografía tuvo tan sólo una duración efímera.

Frente al que podría ser denominado cine del nacional-catolicismo (Marcelino pan y vino, 1954), el neorrealismo, del que podrían ser buenos ejemplos Bienvenido, mister Marshall, Plácido (1961) y El verdugo (1963) de Berlanga (1953), o Muerte de un ciclista (1955) y Calle Mayor (1956), de Bardem, presentó una visión crítica de la realidad española, teñida de un humor no exento de acidez en el primer caso y quizá lastrado de un peso ideológico excesivo, a partir de un determinado momento, en el segundo. A partir de mediados de los años cincuenta surgió una fase especialmente dura en el juicio que los propios directores cinematográficos hicieron acerca del cine español. Bardem lo definió, en frase que resultó famosa, como «políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico». No obstante esta actitud crítica resultó sobre todo en un testimonio de la vitalidad creadora de los implicados en el cine como obra de arte y de la inquieta efervescencia social en torno a él, sobre todo en determinados sectores, en especial los juveniles. Éstos fueron los tiempos de la floración de «cine-clubes», muchos de ellos propiciados por el SEU y de las conversaciones sobre los problemas del cine español celebradas en Salamanca. Gracias a la nueva presencia de García Escudero en las mayores responsabilidades administrativas cinematográficas a partir de la sustitución de Arias Salgado por Fraga, hubo en la primera década de los sesenta una cierta eclosión del llamado nuevo cine español, mucho más vinculado con la realidad cotidiana (aunque también críptico en el caso de la llamada Escuela de Barcelona) que se acompañó con la realización de alguna de las obras más destacadas de Buñuel (Viridiana, 1961), siempre problemáticas para la censura.

En los cincuenta el deporte y, en especial, el fútbol se consagraron como una de las grandes diversiones de los españoles, quizá aquélla que era capaz de congregar a más espectadores y que dominaba las conversaciones cotidianas. En los seis juegos olímpicos en que participó España durante la dictadura de Franco sólo ganó una medalla de oro, lo que la sitúa en un nivel semejante —y poco honroso— al de Irlanda o Nueva Zelanda. No obstante, al mismo tiempo y por vez primera, se introdujo la Educación Física en el sistema educativo español a partir de los años cuarenta. De la popularidad del fútbol da cuenta el hecho de que diario Marca, principal pero no exclusivamente dedicado a él, tiraba 350 000 ejemplares. La organización del deporte después de la Guerra Civil se hizo depender de la Secretaría general del Movimiento de modo que tan sólo a partir de los años sesenta la Delegación Nacional de Deportes actuó con cierta autonomía respecto del poder político. Tal organismo no tuvo nunca problemas económicos pues se financiaba gracias a las quinielas. En 1960 se aprobó una Ley dedicada a la Educación Física y Deportes y se creó un Instituto dedicado a estas cuestiones en la Ciudad Universitaria madrileña, señalando un camino de tecnificación que hasta el momento había sido inédito. El primer Delegado nacional de Deportes fue el general Moscardó, un militar laureado por la defensa del Alcázar toledano, que fue antes director de la Escuela central de Gimnasia, y el segundo, Elola, a mediados de los cincuenta, un político falangista bien conocido. La Federación Nacional de Fútbol solía estar dominada por falangistas. Por su parte el deporte femenino, muy de acuerdo con la concepción de la mujer, tuvo escasa proyección social hasta bien entrados los años sesenta.

Del deporte nos interesa de forma especial el fútbol y sobre todo desde el punto de vista de su proyección social. De las 73 ligas o copas, 60 fueron ganadas por los clubes más grandes, cada uno de los cuales tenía un perfil muy definido. El Madrid, presidido por Bernabeu, un funcionario de Hacienda que tenía una situación económica aceptablemente saneada, tuvo a muchos ministros como socios en los años centrales del franquismo. El Barcelona siempre tuvo la situación económica más saneada por su elevado número de socios pero, en cambio, los resultados deportivos a menudo fueron parcos: desde 1961 hasta 1984 sólo ganó una liga. Solía tener un cierto tono de disidencia catalanista. Su presidente en los años republicanos, detenido durante los primeros días de la Guerra Civil en el frente de la sierra madrileña, fue ejecutado y un antiguo militante de Esquerra Republicana de Catalunya estuvo al frente del club durante la dictadura. Ya en 1968 tuvo por vez primera un presidente no franquista que había sido en el pasado secretario de Cambó (Narcís de Carreras). En 1973 la candidatura a la presidencia de Montal ganó las elecciones asegurando durante la campaña que «nosotros somos los que decimos: el Barcelona es más que un club». Puede decirse, por tanto, que, como ya había sucedido durante la dictadura de Primo de Rivera, en la devoción por el Barcelona se condensaron muchas frustraciones que no podían encontrar, de momento, otra salida: un intelectual de izquierdas —Vázquez Montalbán— pudo llegar a decir que el Barcelona era el Ejército que Cataluña nunca había tenido. El Atlético de Bilbao, que había dominado el fútbol español en la primera década del siglo, volvió a hacerlo durante los años cuarenta a pesar de que, de los jugadores vascos que permanecieron en gira por el exterior durante la Guerra Civil, todos, excepto uno, decidieron permanecer en el exilio. La vinculación con el Atlético de Aviación le permitió al Atlético de Madrid, que se fusionó con él, incorporar a sus filas a todos los futbolistas que aparecieran en ese Ejército e incluso una subvención del mismo.

Ya que se ha hecho mención de este último detalle anecdótico convendrá también, sin embargo, tener en cuenta hasta qué punto el fútbol, convertido ya en diversión de masas por excelencia durante las décadas precedentes, fue afectado por la evolución histórica global desde la posguerra. Hasta los propios clubes de fútbol llegó la intervención del Estado, de modo que todos los equipos tuvieron que tener al menos dos falangistas, norma que no desapareció hasta 1967. El nacionalismo no sólo afectó a la necesidad de suprimir las denominaciones de los clubes en inglés sino también a la desaparición de extranjeros en los años sesenta, a partir de los desastrosos resultados en el campeonato del mundo de 1962. El lenguaje del periodismo deportivo, por órdenes de la censura, se castellanizó y adquirió en ocasiones un tono épico. Los presidentes de los clubes fueron originariamente nombrados por los propios Delegados Nacionales.

Luego, en los años cuarenta, se introdujo un peculiar sistema por el cual sólo asistían a las Asambleas de los clubes un número reducido de personas, aunque ya desde los cincuenta empezó a haber elecciones democráticas.

Un elevado número de jugadores húngaros aparecieron en el fútbol español durante los años cincuenta. El primero de ellos fue Kubala que empezó a jugar con la década y proporcionó al Barcelona una inusual época de éxitos. Eso introdujo la internacionalización en el fútbol español, que no era tan fácil en la época de la posguerra. Puskas representó luego el mismo papel en Madrid pero el futbolista extranjero por excelencia en este equipo fue Alfredo Di Stéfano, cuya llegada a España resultó controvertida por la pugna existente entre Madrid y Barcelona, que contribuyó a agudizar.

En los campeonatos del mundo los resultados del fútbol español fueron poco brillantes en la mayor parte de los casos. Resultaron buenos, sin embargo, en 1950, pero España tan sólo consiguió calificarse en 1961 y 1966 para la fase final. La política influyó en ocasiones, como se aprecia en el hecho de que en 1956 España no acudiera a las olimpiadas como consecuencia de la sublevación húngara; en 1960 se negó a competir con Rusia y en 1964 lo hizo y ganó el campeonato europeo, en presencia de Franco, siendo celebrada la ocasión casi como una gesta militar. Pero el papel más importante en la proyección exterior del fútbol español lo tuvo, sin duda, el Real Madrid. Cuando en 1955 obtuvo la Copa Latina en París se concedió a los jugadores la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. Pero los éxitos mayores fueron los logrados en la Copa de Europa, sucesivamente durante cinco años. Como consecuencia de ello el Ministerio de Asuntos Exteriores otorgó la encomienda de la Orden de Isabel la Católica a Di Stéfano y a Saporta, uno de sus directivos. Este tipo de honores se consideraron como lo más natural del mundo. En otro tiempo se afirmó con seriedad que la influencia del fútbol en la sociedad española era un instrumento de alienación por parte del régimen. Pero eso es insostenible: a lo sumo cabe decir que el impacto del fútbol fue más la consecuencia que la causa de la pasividad política.

«La radio estrenó su esplendor con los años cincuenta», ha escrito Manuel Vázquez Montalbán y esta frase se puede considerar como cierta. Aunque no hay datos que permitan certificar la veracidad de la afirmación no puede existir la menor duda si tenemos en cuenta el impacto en la conciencia popular, probado a través de los restantes medios de comunicación. Aunque a comienzos de los años sesenta se tomaron algunas disposiciones relativas al control de las emisoras existentes lo cierto es que el sistema radiofónico estaba ya perfilado casi de forma definitiva en los años cuarenta de modo que lo sucedido en los posteriores puede resumirse diciendo que se produjo una enorme difusión y popularidad de la radio merced principalmente a la aparición de nuevos y muy variados programas. Prueba de todo esto es que incluso existieron aparatos alquilados dotados de una ranura para depositar monedas que permitían establecer la comunicación a las personas de menores recursos. Respecto del panorama de las empresas quizá sea oportuno empezar por indicar que entre 1957 y 1958 —en definitiva, en un momento en que eran todavía palpable el peso del nacional-catolicismo propiamente dicho— desaparecieron las emisoras parroquiales existentes, sustituidas por una emisora en cada provincia que, en su conjunto, formaron una red denominada, ya en 1960, Cadena de Ondas Populares (COPE) con lo que se cubrió el conjunto del panorama radiofónico nacional. Pero lo importante, como ya se ha señalado, fue la aparición de una nueva programación a base de espacios humorísticos, seriales y «magazines» de muy variado contenido, desde los concursos a las audiciones musicales. Lo que nunca muere, serial de Guillermo Sautier Casaseca, el guionista de mayor éxito en esta especialidad, trataba de una familia separada por la Guerra Civil que al final veía triunfar entre sus miembros la tolerancia y la comprensión, temática, en definitiva muy característica de entonces. El serial, en definitiva, vino a ser algo así como una re-edición del folletín de otros tiempos, con una temática y un tono sentimental muy parecidos. Cabalgata fin de semana de Bobby Deglané, un periodista chileno, fue el programa de entretenimiento de mayor éxito (era, según Vázquez Montalbán, «todo en el ocio nocturno de la España cincuentañera»). De ambos se dijo en su momento que paralizaban la vida del país cuando se emitían.

También en el terreno de la cultura popular debe hacerse mención de la música, cuya transformación hacia una versión mucho más vinculada con las fórmulas habituales de más allá de nuestras fronteras data de comienzos de los sesenta. En tiempos anteriores había tenido lugar la virtual desaparición de la zarzuela, renacida después de la Guerra Civil pero incapaz de renovar su repertorio; en los cincuenta era ya «una deformación que apestaba a formol de una vieja sentimentalidad agraria y castiza» (Vázquez Montalbán). En la etapa anterior una recuperación de la tonadilla y de las fórmulas vinculadas al género chico, en especial al folclore andaluz, y una corriente melódica más internacional se habían enfrentado con resultados titubeantes. Desde mediados de los cincuenta penetró en España la discografía italiana y la norteamericana y a partir de este momento se produjo una práctica homogeneización musical con otras naciones europeas.

Para comprender el cambio que se produjo en este momento resulta imprescindible hacer una breve alusión a lo que significó desde el punto de vista social, vertiente ésta que es la que resulta de mayor interés para nosotros. La aparición de conjuntos como «The Beatles» supuso el súbito surgimiento de una cultura de los jóvenes, original y multiforme, de la que la pop music formó la base estética. Detrás de ella había fenómenos como el acceso de una generación juvenil al ocio, al consumo y a la cultura de masas o el descubrimiento de una libertad de comportamientos que rompía con los hábitos anteriores. El historiador puede tener miedo a enfrentarse con esta realidad en parte porque cuenta con unas fuentes excesivas y demasiado especializadas. Además la cercanía en el tiempo y la popularidad de la temática le genera una especie de pudor para dar cuenta de una realidad como ésta. Pero resulta imprescindible hacerlo porque, sin duda, un fenómeno como éste afectó al conjunto de la vida de millones de españoles.

Desde el punto de vista de la ortodoxia académica siempre habrá reservas respecto de la cultura de masas al ponerla en relación con la «verdadera cultura» pero, además, se da el peligro exactamente inverso. Al enfrentarse con esta cultura existe también un doble peligro, el de los extremismos, es decir, de los integrismos: o se la considera subcultura despreciable o se le da un papel semejante a la de la alta cultura. Para algunos tratar de estas cuestiones aparece como una demagogia que sacrifica todo al culto de la juventud pero ésta, respecto de la cultura del pop, no fue sólo consumidor pasivo sino también creadora, productora y animadora de una cultura que se parecía a ella misma y que quería ser diferente, en manifiesta ruptura respecto del pasado. Además otro dato importante para juzgarla es que se trató de un fenómeno originariamente obrero que luego se convirtió en un factor de radical homogeneización de las formas de vida de una generación, con independencia de la clase social. En el fondo la observación comparada de la realidad histórica inmediata nos revela que la llamada «cultura del pop» resultó algo así como el jazz para sus padres.

Antes de tratar del caso español resulta preciso hacer una breve mención a cómo surgió este mundo en Gran Bretaña. A partir de mediada la década de los cincuenta se produjo la eclosión del rock. En los primeros sesenta triunfaron «The Beatles» y con ellos la música de una nueva generación en sus más diversas manifestaciones. En 1959 se habían producido en Gran Bretaña 67 millones de discos, por 83 en 1963. Mientras que en la primera fecha sólo la mitad de los discos eran de pop, en 1963 lo era ya el ochenta por ciento. Junto con un tipo de música triunfó también una moda de vestir: los botines, el pelo largo masculino y la minifalda fueron tan definitorios de un tiempo como la música. Ya en la segunda mitad de la década de los sesenta aparecieron fenómenos como la psicodelia y las drogas. En 1970 se produjo la separación de «The Beatles». En 1966 Lennon, la figura determinante del conjunto, había llegado a decir que eran más famosos que Cristo y el 1969-1972 se lanzó a un combate a favor de la legalización de la marihuana, la paz en Vietnam y el desarme mundial.

En España la cultura del pop llegó tardíamente y de una manera un tanto peculiar, quizá porque la transición desde los tiempos de la copla de Concha Piquer y de los boleros de Machín tenía que resultar traumática. Sin embargo su triunfo tuvo lugar finalmente gracias a las peticiones radiofónicas de los oyentes. De entrada, sin embargo, hubo una resistencia nacionalista. «Lo lamentable —escribió un adversario de la nueva música— es que sean los mismos autores nacionales quienes contribuyan al auge de un estilo que convendría contrarrestar en lugar de imitarlo». Pero, en poco tiempo, la cultura del pop había engendrado toda una industria. En ABC, ya de febrero de 1964, se decía que «hoy una cancioncilla, a poco que se popularice, hace millonario a su autor».

El pop llegó a España despojado de «buena parte de su carga explosiva» porque, en realidad, era originariamente «música de negros lascivos y salvajes que no tenían nada mejor que hacer que tocar la guitarra y gritar palabras obscenas a las chicas». Esta prevención al aspecto subversivo de la nueva música puedo observarse también en la cinematografía: Rebelde sin causa, la película de James Dean convertida en signo de una generación en ruptura con sus padres, se estrenó en España con ocho años de retraso. Pero acabó imponiéndose esta moda generacional a pesar de las resistencias sociales que, además, venían acompañadas por dificultades objetivas. A fin de cuentas el inglés seguía siendo una novedad en España en donde el francés seguía dominando en la enseñanza media.

En España, en el momento de la aparición de la cultura del pop, había un predominio de dos mundos musicales, «los estertores del andalucismo», más o menos modificado, y la corriente melódica internacional. El panorama se completaba con éxitos como el de José Luís y su guitarra y pero también con la adaptación de canciones hispanoamericanas. Los verdaderos pioneros del pop fueron Manuel de la Calva y Ramón Arcusa —«El Dúo dinámico»— y sus primeros momentos de dedicación profesional datan de 1957. Fueron «la cara simpática, responsable y familiar del rock and roll», destinado a convertirse en música de fondo de las fiestas juveniles de las generaciones más jóvenes de la clase media. Eran los años de la confirmación definitiva de Elvis Presley. Los dos cantantes españoles trabajaban en una empresa de aviación y debieron profesionalizarse muy rápido; supieron por un lado adaptar canciones de otros autores y también crear otras propias. Quince años tiene mi amor (1960) fue su primer éxito original; precisamente a partir de este momento consiguieron imponer sus propias canciones mientras que hasta entonces su empresa discográfica les había impuesto otras.

Perdóname (1962) fue también otro gran éxito. Desde la segunda mitad de los sesenta fueron superados por otros grupos pero, mucho después, a finales de los ochenta volvieron con la nostalgia.

La aparición de la música popular juvenil trajo consigo la aparición de toda una serie de novedades. Hubo, por ejemplo, una prensa dedicada específicamente a la discografía desde finales de los cincuenta que logró una fantástica difusión en los sesenta y setenta. También se produjo la aparición de una cierta moda para la que el término ye-yé sirve como descripción. De ahí la canción Una chica yé-yé, de Algueró y Guijarro, para la película Historias de la televisión. No se trataba tan sólo de modas en el vestir. En una de esas revistas se decía de un conjunto, «Los Cheyennes» que «han sido los primeros chicos españoles que han tenido el atrevimiento de no cortarse el pelo en un año».

Pero a fines de los cincuenta y comienzos de los sesenta el gran público seguía prefiriendo la música de la copla, el bolero o la ranchera. La transición entre la copla y la música pop de procedencia anglosajona la hicieron los grupos hispanoamericanos que hacían la fórmula más moderada del rock y cantaban en castellano. Éste fue el caso de «Los Cinco Latinos», argentinos o «Los Llopis», cubanos contratados en España para cantar canciones de carácter tropical pero también tradujeron e interpretaron el rock. De forma más inmediata Enrique Guzmán y «Teen Tops», mejicanos, introdujeron versiones de rock en castellano de tal manera que sus éxitos no fueron percibidos como una traducción sino como obras originales. La carrera de Guzmán fue casi por completo paralela a la del «Dúo Dinámico».

Aparte de la radio, en la difusión de la nueva música jugaron un papel decisivo los festivales juveniles y de colegios. Allí aparecieron los grupos españoles como «Los Estudiantes» y «Los Pekenikes». Algunos siguieron desempeñando un papel de introductores de la música pop a través de las traducciones: «Los Mustang», por ejemplo, fueron los mejores traductores de «The Beatles». En cambio los otros dos conjuntos citados tuvieron una obra mucho más original. De cualquier manera la procedencia social y la difusión de su obra fue siempre muy parecida. Los más duros competidores del «Dúo Dinámico» nacieron entre los grupos de aspiraciones rockeras en los ambientes estudiantiles de Barcelona, Valencia y Madrid. Eran «estudiantes, altos, guapos y de buena presencia» gente «con un mínimo de dinero, relaciones y conocimientos técnicos». En definitiva, lo que había sido el rock hasta el momento tenía poco que ver con el sentido de rebeldía de clases populares que podía revestir en otros países pues se trataba, sobre todo, de un fenómeno de jóvenes universitarios. En los conciertos no se producían, por ejemplo, problemas de orden público. Desde noviembre de 1962 las matinales del Circo Price de Madrid, plantearon un fenómeno de masas en torno a la música juvenil pero acabaron suspendiéndose por la autoridad gubernativa, sin que, por otro lado, hubieran originado ningún conflicto grave. De cualquier modo, en julio de 1965 la presencia de «The Beatles» en España supuso el definitivo triunfo de un fenómeno que hasta el momento podía ser visto como una pura anécdota.

Como en Italia los festivales de la música jugaron un papel de primera importancia en la promoción de la música popular. El de Benidorm —denominado Festival Español de la Canción— fue el principal, dedicado principalmente a la promoción de las playas de la población alicantina. Resulta de interés señalar que se creó en colaboración con la Red de Emisoras del Movimiento a partir de 1959. De él, contra todo pronóstico, salió lanzado «Raphael» en 1962. Pero hubo otros muchos, cada uno con un perfil particular. El del Mediterráneo sirvió para promover la música de la «nova cangó» catalana, de la que se tratará en el próximo capítulo.

A mediados de los sesenta en el panorama de la música pop española hubo dos novedades importantes: el intento de conseguir un perfil original y la proyección exterior. «Los Brincos» tuvo la voluntad explícita de llegar a ser «un conjunto beat típicamente español», fue el primer intento de hacer una música que tuviera algunas raíces en la canción popular de otra época. «Los Brincos» fue el producto de la confluencia de personas que venían de conjuntos anteriores como, Antonio Morales Junior, procedente de «Los Pekenikes», Juan Pardo, que también estuvo allí y Fernando Arbex, que fue batería de «Los Estudiantes». Obtuvieron un enorme éxito y cobraban por actuación cinco veces más que los otros conjuntos, superando a veces a los «Beatles» en ventas. En la segunda mitad de la década de los sesenta aparecieron con frecuencia grupos que muchas veces no grababan ellos mismos sino que lo hacían músicos de estudio. Esto fue lo que sucedió con «Los Bravos». Black is black, una canción suya, significativamente en inglés, fue segundo puesto en las listas inglesas en 1966 y vendió dos millones y medio de copias en todo el mundo. En el mundo de la música popular, parcela muy característica de la vida cotidiana de los españoles, se había producido un cambio muy importante. No fue sino la consecuencia de lo sucedido en el conjunto de la sociedad española, como comprobaremos en el capítulo siguiente.

Desarrollo económico,
apertura y tardofranquismo (1966-1975)

Los rasgos que caracterizan la última década del régimen franquista están estrechísimamente relacionados, más que en ningún otro período anterior, con el peso de la persona de Franco en el seno de su régimen dictatorial. Como es lógico, y ya se ha señalado con anterioridad, siempre fue así, pero en otros momentos Franco estaba en plenitud de sus facultades físicas o la vida de su régimen se centraba en aspectos que no requerían su intervención o presumían que el centro de la vida política se desarrollaba en una de esas «zonas de indiferencia» que él dejaba a la iniciativa de sus ministros y colaboradores. Durante la Guerra Mundial, hasta 1942, el todavía relativo aprendizaje que Franco había hecho de las habilidades políticas explica las crisis de 1940 y 1941, cuyo desarrollo fue tan complicado como ya ha sido descrito. Por otro lado, habiendo quedado centrada la actividad del Gobierno principalmente en la estabilización y el despegue económico durante la primera mitad de los sesenta, cuando comenzó a insinuarse su decadencia física, aunque todavía no fuera muy pronunciada, su protagonismo no necesitaba ser muy relevante en esas cuestiones. Ahora, en cambio, en la segunda mitad de la década de los sesenta, las incertidumbres de la política interior, en su sentido estricto, es decir, las decisiones respecto a la institucionalización y en relación con el futuro, se convirtieron en la más relevante cuestión de la vida del régimen.

El crecimiento económico, que se mantuvo en todos estos años, había empezado ya a modificar la cerrazón y el autoritarismo de la sociedad española. En ellos un sistema político que parecía responder a otro mundo muy lejano se debatía en las contradicciones que siempre despierta un proceso de modernización, mientras que el propio contexto europeo de la época parecía imponer un rumbo que no acabó por seguirse después de unas iniciales medidas liberalizadoras. El desarrollo económico, en definitiva, resultó en estos momentos no sólo un arma de propaganda del régimen, sino también una causa de conflictividad para él. Ésta, además, se veía multiplicada por la transformación social, muy importante a partir de los años centrales de la década de los sesenta y cuyo resultado no fue tan sólo una democratización social que favorecía la política, sino también la adopción de unas pautas y actitudes socioculturales radicalmente distintas de las habituales en la época pasada. A estas alturas, por ejemplo, se inició una auténtica alineación del mundo cultural e intelectual en contra del régimen, y éste fue, por lo menos en buena medida, consciente de esa situación.

Pero tanto en el terreno estrictamente político como en muchos otros la capacidad de reacción de quienes estaban al frente de los destinos políticos del régimen quedó reducida al mínimo, al menos en comparación con el pasado. Esto resulta especialmente evidente en el caso del propio Franco, que pudo sentir que se derrumbaban concepciones en él muy arraigadas mientras que flaqueaba su capacidad para el arbitraje de la coalición de derechas, que, como siempre, fue un elemento imprescindible para el mantenimiento de su régimen. La sensación predominante que produce el Franco de los diez últimos años de su vida es de creciente desconcierto ante una realidad que ya no le resultaba fácil de captar y de dirigir, lo que no implica que sus capacidades políticas no estuvieran por encima de muchos de los suyos, aunque de manera muy cambiante en el lustro final de su trayectoria biográfica. Claro está que a estas alturas había ya desaparecido el caudillaje que en un pasado momento pudo ejercer sobre parte de la sociedad española. Hubo españoles que vieron la desaparición física de Franco, tras una larga agonía, con satisfacción; una clara mayoría, aunque esperaran y desearan un régimen de libertades, mostraron, según revelaron las encuestas posteriores, una actitud de piedad humana hacia el agonizante.

El historiador que estudia la última década de la era franquista no puede dejar de sentir una cierta sensación de patetismo al referirse a un régimen que durante su etapa final mostró una radical incapacidad de renovarse. Franco no era ya el Caudillo vencedor en una guerra civil, sino un anciano capaz de resucitar la dureza represiva de forma periódica, pero también grotescamente alejado de la sociedad sobre la que ejercía su dictadura y alimentado por un tipo de planteamientos políticos cuyo fundamento se resquebrajaba a ojos vistas porque parecía por completo inadaptado a aquella sociedad sobre la que debía ejercerse. Antes de la crisis de octubre de 1969 le dijo a Fraga que «llevo tantos años aquí, entre estos muros (de El Pardo), que ya no conozco a nadie», por lo que necesitaba que se le proporcionaran los nombres para cubrir los cargos ministeriales. Más patética resulta todavía la lectura de las notas íntimas que escribió en torno al desvío (o supuesta traición) de la Iglesia: «¿Qué saben los del Concilio sobre España?», se preguntaba en 1968. Con el paso del tiempo todavía se mostró más perplejo y dolido por lo que sucedía, que para él venía a ser nada menos que toda una «puñalada por la espalda», y pensó, «ante la responsabilidad histórica», en acudir al propio Papa para denunciar lo que creía que era simple información deficiente.

Hierático y silencioso presidió los Consejos de Ministros en donde sus miembros eran, cada vez en mayor proporción, técnicos más que políticos, o donde, en el segundo caso, las disputas sobre cuestiones políticas de importancia revestían cada vez mayor aspereza. Sus opiniones se hicieron defensivas y, a menudo, difícilmente interpretables. Quienes acudían a él solían encontrarse con una voluntad titubeante, un carácter reblandecido por el peso de los años y dominado por la incertidumbre. Siempre había sido una «esfinge sin secreto», en el sentido de que su carácter y su persona eran mucho más simples que las disquisiciones de quienes pretendían interpretarlos. Ahora era una esfinge a secas porque todas las miradas se dirigían a él, pero él cada vez emitía menos señales. Fue la decadencia física de Franco la que obligó a la institucionalización, pero ésta resultó imposible porque el régimen era, sobre todo, una dictadura personal y porque el mero hecho de tratar de crear un marco institucional condenaba a una mayor disgregación interna entre sus diversos componentes. Los miembros jóvenes de la clase política anotaron el espectáculo de esta descomposición y sacaron de ella, al menos, una enseñanza positiva que Martín Villa señala en sus memorias: la sociedad española marchaba al margen por completo de la política oficial y ésta carecía incluso de la sombra de una legitimidad moral para defenderse a sí misma. Enfrente tenía una oposición cada vez más activa, pero no por ello unida, y menos aún capaz de constituir un peligro inmediato para un sistema político que se descomponía. Lo más positivo de una situación como la descrita, que corresponde sobre todo a los años posteriores a 1973, es que constituyó el preámbulo, quizá incluso imprescindible, para que luego pudiera tener lugar una transición en paz.

Pero con estas frases hemos aludido a un clima de época, el del tardofranquismo, que no se puede decir que corresponda propiamente al conjunto del período del que se trata en este epígrafe. Los acontecimientos confirmaron que el régimen era incapaz de evolucionar, como era previsible vistos sus antecedentes. Pero hasta 1969 esta realidad no apareció de forma tan patente a los ojos de la mayoría de los españoles. En esta misma fecha si ya se habían iniciado los cambios en la sociedad española, todavía conservaba el franquismo buena parte del consenso que había heredado de los cincuenta. Otra cosa es que, durante los setenta, en gran medida éste se desvaneciera. En sus propios éxitos llevaba el germen de su destrucción. Como bien sabe el lector, en otras subdivisiones cronológicas del franquismo los factores políticos o de política exterior han jugado un papel más decisivo (y, por tanto, primero en la narración) que los de orden económico y social. Pero ahora no puede ser así. La transformación económica, iniciada ya a partir de 1959 —y su correlato social—, y la transformación de las mentalidades resultan de tan trascendental importancia en el período, que es preciso referirse, ante todo, a ella.

En un epígrafe anterior ha quedado indicado que un factor absolutamente esencial para comprender el desarrollo económico español a partir del Plan de Estabilización de 1959 estuvo constituido por la renta de situación española, en el borde meridional de una civilización industrial que había experimentado un fuerte proceso de crecimiento económico desde la segunda posguerra mundial, al que finalmente se incorporó España con un retraso de toda una generación. El crecimiento español fue parecido al italiano, francés o alemán, aunque más tardío: muy fuerte, casi explosivo al principio, más sincopado después. Fue el resultado de un mejor empleo de los factores y de un incremento de la productividad como consecuencia de la utilización de tecnología nueva, de una energía barata —su consumo se triplicó en 1960-1975 en España— y de una mano de obra subempleada hasta el momento en lo que respecta a sus posibilidades.

A la hora de referirse a la profundísima transformación que se produjo en la sociedad española durante la década de los sesenta y los setenta resulta preciso, antes de hacer mención a la política económica en sus aspectos agrario e industrial, aludir a aquellos aspectos derivados de la renta de situación española porque ellos explican no sólo el cambio tecnológico, sino también la financiación de todo el proceso. Por supuesto, la política seguida por el Gobierno no puede considerarse ajena a lo positivo que resultó esta renta de situación, pero de ella principalmente derivaron los tres grandes motores del desarrollo español desde el punto de vista financiero, a los que, por tanto, cabe calificar de exteriores. Estos tres motores, que constituyeron el sustrato sobre el que se asentó el crecimiento industrial y la modernización social, fueron el turismo, las inversiones extranjeras y la emigración de mano de obra, principalmente a Europa.

En primer lugar, que corresponde a su importancia objetiva, es preciso hacer alusión al relevante papel del turismo, convertido en un plazo de tiempo muy corto en primera industria nacional. Tan fundamental se consideró la llamada «revolución del turismo», que no faltó quien, en el momento de mayor crecimiento interanual de turistas, llegó a la conclusión de que España podía importar indefinidamente y sin preocupación; no era así, porque un factor tan importante como el sol o los monumentos artísticos españoles lo representaba el nivel de precios, relativamente bajo con respecto al resto de Europa. Con todo, tardaría todavía mucho en descubrirse esta realidad. De 1966 a 1970 el número de turistas creció desde algo más de 17 a 24 millones, cuando en 1961 era sólo un poco superior a los siete millones. De ellos, en la última fecha indicada sólo un millón y medio eran americanos, principalmente procedentes de los Estados Unidos, mientras que algo más de la mitad procedían del primer Mercado Común. Hubo en el primer año citado casi nueve millones de franceses y casi dos millones de alemanes, mientras el número de británicos superaba los dos millones y medio. El papel del turismo resultó fundamental para la balanza de pagos española, porque era el que principalmente logró equilibrar una balanza comercial netamente deficitaria. En el año 1970 las exportaciones españolas suponían menos de la mitad de las importaciones, y la diferencia entre unas y otras pudo ser cubierta fundamentalmente por los ingresos turísticos. Sólo ya bien entrados los años setenta empezó a disminuir el papel relativo de esta nueva actividad en la economía española; en cambio, en la fase inicial del desarrollo industrial español su papel fue mucho más decisivo, al triplicarse el saldo turístico en tan sólo el período 1960-1966. El turismo fue y sigue siendo primordialmente estival, de clase media (y, por tanto, no de calidad), dirigido a zonas concretas que eran y son ya regiones desarrolladas, y contribuyó a crear, más que una industrialización, una «terciarización» de la sociedad española. Entre los efectos negativos de este turismo cabe citar la destrucción de buena parte de los paisajes naturales de la zona mediterránea. No cabe duda de que, desde otro punto de vista muy distinto, una parte de la transformación de los hábitos culturales y las formas de vida de los españoles se debió al contacto con el mundo exterior a través del turismo.

Respecto de las inversiones extranjeras, la política gubernamental jugó un papel mucho más decisivo que en lo que respecta al turismo. En el período 1956-1958 las inversiones extranjeras sólo supusieron unos tres millones de dólares. A partir de 1959 las inversiones inferiores al 50 por 100 del capital se vieron liberalizadas; podían hacerse, además, en inmuebles, en cartera o de forma directa. Para las inversiones superiores al 50 por 100 era precisa la aprobación gubernamental, a no ser que se tratara de bienes de equipo no producidos en el país; en cualquiera de los casos mencionados era posible la repatriación de las rentas del capital. Lo notable de esta nueva ordenación legal es que era opuesta a lo habitual en tiempos de autarquía e intervencionismo. Se ha calculado que entre 1959 y 1974 España recibió inversiones de capital extranjero por un monto aproximado de unos seis mil millones de dólares. La procedencia de estos capitales fue principalmente norteamericana (40 por 100), suiza (20 por 100), alemana (11 por 100), francesa (6 por 100) y británica (5 por 100). La inversión se dirigió sobre todo a la industria química (quizá el 25 por 100), pero también al comercio y la alimentación. Lo que atrajo al capital europeo fue la existencia de una mano de obra barata y un mercado en expansión. Aunque en aquella época se acusó al capitalismo foráneo de llevar a cabo una auténtica colonización de España, lo cierto es que hubiera sido inconcebible la industrialización española sin ese apoyo, que supuso quizá el 20 por 100 de la inversión industrial, completando la endógena y que, además, proporcionó posibilidades tecnológicas absolutamente nuevas.

En tercer lugar, otro motor financiero de la economía española, también derivado de la renta de situación, fue la exportación de mano de obra a Europa. Como sabemos, el comienzo de la emigración fue una consecuencia del Plan de Estabilización de 1959. A diferencia de lo que sucedió en otros países, como Portugal, el Estado español no sólo no desalentó la emigración, sino que siguió una política consistente en encauzarla: habitualmente el número de emigrantes asistidos fue superior al de los no asistidos incluso desde comienzos de los años sesenta. El propio Franco aseguró en privado que él no podía evitar que los españoles buscaran un porvenir mejor fuera de España. El número anual de emigrantes durante la década de los sesenta fue, con sólo la excepción de 1967-1968, superior siempre a los 100 000, y algunos años, como 1964, rozó los 200 000. El saldo emigratorio anual se situó entre los 60 000 y los 100 000 individuos, con esa excepción, y en total entre 1960 y 1973 hubo un millón de salidas netas, de las que el 93 por 100 se dirigieron a Europa. Se ha calculado que las remesas de los emigrantes españoles supusieron durante algún año para el país unos ingresos dobles que una exportación tradicional como eran los cítricos, y resulta posible que una décima parte de la mano de obra española estuviera en el extranjero en el momento culminante de la emigración. En general, los emigrantes españoles procedían de aquellas regiones más subdesarrolladas de España y se instalaron en las más desarrolladas, como Alemania, Suiza o Francia. Desde el punto de vista estrictamente económico la emigración tuvo unas consecuencias que pueden ser descritas como positivas, al propiciar no sólo una capitalización, sino también una mejora de la formación profesional e incluso, indirectamente, provocó un importante incremento de los salarios en el medio rural, por vez primera carente de mano de obra suficiente. Es muy probable que desde el punto de vista económico el balance entre los aspectos positivos y los negativos resultara aproximadamente equilibrado, pero, por supuesto, de esta manera se olvidaría el severo trauma social que implicó la emigración de tantos miles de personas.

Sólo después de hacer alusión a estos tres motores fundamentales es posible aludir al desarrollo económico español en los años sesenta y setenta. El crecimiento experimentado por España fue un acontecimiento protagonizado por la industria, pero durante él tuvo lugar una profunda transformación de la agricultura que aquí bien cabe denominarse como la crisis de la agricultura tradicional.

Para explicar este proceso es preciso remontarse a las disposiciones tomadas en materias agrícolas durante los años cincuenta. Ante todo, resulta necesario recordar que estos años fueron los de aplicación de los programas de colonización (en ellos, por ejemplo, se pusieron en marcha los planes Badajoz y Jaén). De todos modos, sabemos la lentitud con que se aplicaron estas medidas; a comienzos de los años setenta se podía pensar con razón que en España, en relación con la política agraria, se financiaban por parte del Estado transformaciones muy lentas del medio físico, mientras que, en cambio, no existía la misma preocupación por la productividad agraria inmediata y por los recursos humanos. Esta sensación puede quedar ratificada por la escasa efectividad de otras medidas agrarias tomadas durante la misma época. La primera Ley de Concentración Parcelaria fue aprobada con carácter provisional en 1952 y definitivamente en julio de 1955; en febrero de 1953 se creó el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria, que debía aplicar estas medidas. Su objetivo era, en teoría, combatir el minifundio: todavía en los años setenta la mitad de las explotaciones agrarias gallegas eran inferiores a 20 hectáreas. Pero su efecto sobre la estructura agraria española fue muy lento. Desde 1953 a 1968, es decir, en el espacio de tiempo correspondiente a media generación, se decretó la concentración de algo más de cinco millones de hectáreas, pero ni siquiera se habían concluido los trabajos de transformación de la mitad de ellas. Al ritmo medio de transformación de unas 200 000 hectáreas anuales se podía calcular que tardaría treinta años en producirse la transformación que, en este aspecto, necesitaba la agricultura española. También en materia de regadíos se tenía que prever un plazo semejante, y en cuanto al cambio de las fincas situadas en zonas latifundistas y manifiestamente mejorables, la transformación previsible resultaba todavía mucho más lenta. De diciembre de 1953 data la primera disposición acerca de este tipo de fincas, pero la propia renovación de este género de disposiciones (en 1971 se aprobó otra Ley de Comarcas y Fincas mejorables) demuestra la poca efectividad de las disposiciones tomadas. Aunque al final del régimen de Franco hubiera bastado con poner en marcha este tipo de disposiciones para conseguir un cambio importante en la agricultura española y el organismo que llevaba la política agraria se denominaba Instituto de Reforma y Desarrollo Agrarios (IRYDA), lo cierto es que no hubo una acción decidida respecto de la estructura de propiedad del mundo agrario. La consecuencia de todo ello es que tampoco en muchos otros aspectos parecía haber esperanzas de transformación. A finales de la década de los sesenta España todavía recordaba a algunos países del Tercer Mundo en lo que respecta a su agricultura. A mediados de esa década el producto agrario era sólo el 17 por 100, menos que Grecia, Turquía e Italia, pero eso indicaba, sobre todo, ausencia de modernización.

El consumo de abonos y la mecanización previstas en el primer Plan de Desarrollo no se cumplieron (respecto de lo segundo, se avanzó un tercio menos de lo deseable) y eso agravó los males tradicionales de una agricultura que en 1966 todavía tenía un 14 por 100 de mano de obra analfabeta y podía prescindir —al decir de algunos expertos— de casi el 50 por 100 del total de ella en el caso de que se produjera una transformación total de las condiciones estructurales, es decir, del sistema de propiedad y la mejora técnica de las explotaciones.

Pero si no hubo cambios importantes originados en disposiciones gubernamentales, puede decirse que las propias circunstancias demográficas indujeron una transformación que hizo entrar en crisis la agricultura tradicional. Para el campo español muchísima mayor trascendencia que cualquier otra disposición tuvo el hecho de que el Gobierno facilitara la emigración como consecuencia del Plan de Estabilización.

La pérdida de un millón de personas activas en el medio agrario, que se dirigieron al extranjero, y de quizá cuatro veces más que pasaron a vivir en ciudades de más de 100 000 habitantes tuvo consecuencias inmediatas sobre los salarios agrícolas. Se ha calculado que mientras en el período 1950-1972 los precios subieron del índice 651 al 1465, los salarios rurales pasaron del 424 al 5030. Se debe tener en cuenta que este ascenso de los salarios afectó no sólo a los jornaleros, sino también a los pequeños propietarios, muchos de los cuales (el 48 por 100 en 1965) tenían unos ingresos inferiores a los de los jornaleros. En consecuencia, las propiedades más pequeñas y menos rentables desde el punto de vista económico tendieron a desaparecer. A partir de los años cincuenta lo hicieron las menores de seis hectáreas, y en los años sesenta las inferiores a 50. Se ha calculado que entre 1962 y 1972 desaparecieron del orden de medio millón de fincas. La relevancia y significación de estos datos se aprecia principalmente a nivel provincial: en la provincia de Burgos desaparecieron nada menos que el 40 por 100 de las fincas.

Fue, por tanto, este factor el que impulsó la modernización de la agricultura española. Presentar a ésta dominada por un latifundismo absentista, como hizo una parte de la crítica izquierdista a finales de los años sesenta, era un anacronismo poco justificable. El latifundismo seguía siendo una realidad, pero no lo era la presentación del mismo como un fenómeno de explotación irracional. Por el contrario, la carestía de la mano de obra había introducido una mentalidad rentabilista y modernizadora que, por otro lado, caracterizó a la agricultura española ya desde épocas anteriores. En los años setenta el papel de la agricultura en el total de la economía española fue disminuyendo, incluso en las exportaciones, que si todavía en 1958 eran en un 58 por 100 agrícolas, en 1970 lo eran sólo por un monto del 36 por 100. Los problemas de la agricultura española en los años setenta eran, sobre todo, de adaptación de los estímulos a la producción a las nuevas necesidades. De ahí la creación en 1968 de un Fondo Regulador de Precios y Productos Agrarios (FORPPA). Ya en un informe del Banco Mundial se había sugerido como consigna fundamental para la política agraria no producir más a cualquier precio, sino producir las cantidades oportunas de las cosechas más necesarias al menor coste posible.

En realidad, sólo en 1973 la agricultura española empezó a responder a las verdaderas demandas del mercado interno. A finales del franquismo, aunque España estaba por debajo de la mayor parte de los países europeos en lo que respecta al empleo de maquinaria agrícola y abonos, había conseguido duplicar el rendimiento por hectárea del maíz, mientras que el de la cebada y el trigo había aumentado un 60 por 100. En el mismo período cuadruplicó la producción de carne por habitante y duplicó la de huevos.

Por vez primera en la historia de España, a la altura de los años setenta, toda una generación desconocía la existencia de ese protagonista habitual de nuestro pasado como había sido hasta entonces el hambre.

Pero, como ya se ha indicado, el crecimiento económico español de los años sesenta y setenta fue, sobre todo, consecuencia del crecimiento industrial. En relación con él se debe empezar por hacer mención de la política económica seguida por los responsables de la misma. A lo largo de los años sesenta la planificación indicativa fue presentada por la propaganda oficial como la causante del desarrollo español. Se dio de ella, incluso en la práctica, la imagen de que venía a ser una especie de solución mágica.

La realidad es que el papel de la planificación fue mucho menor en el desarrollo económico del que entonces se dijo, y en la actualidad todos los historiadores de la economía española (incluido alguno que tuvo responsabilidades directas en los Planes de Desarrollo, como Fabián Estapé) señalan que, en realidad, el papel de los planes fue pequeño en ese proceso de desarrollo. De acuerdo con esta interpretación, el papel de la política económica fue grande en el período de la estabilización: se ha llegado a hablar de «un quinquenio dinámico» de la economía española. En ese momento los rectores de la vida económica estuvieron asesorados por un eficiente núcleo de economistas, entre los que figuraban, por ejemplo, Sarda o Fuentes Quintana. Las medidas tomadas en 1959 fueron aceptadas porque eran inevitables y porque obtuvieron éxito a corto plazo, pero ya en 1962 el informe del Banco Mundial despertó muchas mayores resistencias en un sistema político en el que el intervencionismo había sido la característica fundamental durante mucho tiempo.

En una fecha imprecisa, en torno a 1964-1965, el programa liberalizador habría entrado en crisis coincidiendo con el apartamiento de esos especialistas que ya han sido mencionados. Uno de ellos, Fuentes Quintana, pudo escribir, en frase tan sarcástica como concisa, que el desarrollo español se debió, en realidad, a la estabilización y fue frenado por los planes. Lejos de ser una mágica salvación, éstos fueron simplemente una fórmula de previsión bastante imperfecta, que fue potenciada por la realización en nuestro país, más tardía, menos espectacular y bastante adulterada, de un fenómeno que se dio también en otras latitudes europeas como Italia: la planificación. Los planes no fueron, en realidad, obra de economistas, sino que estuvieron inspirados por un administrativo como López Rodó, quien de esta manera potenció su propio papel político. Pero éste dependía esencialmente de Carrero Blanco, y la propia creación de un Ministerio para el Plan de Desarrollo coincidió con una cierta disminución relativa de su poder político. La adulteración consistió en que a través de una reintroducción del intervencionismo estatal se volvió pronto en buena medida a una economía corporativa.

La relativización del papel de los Planes de Desarrollo en el crecimiento económico español se puede demostrar por lo sucedido con la ejecución de los mismos.

A partir del primer Plan se fueron sucediendo los siguientes, sin que hubiera una modificación sustancial en la forma de tramitación. Resulta muy posible que la crítica más acertada que se les deba hacer no sea la derivada de ser indicativos (como se hizo desde ciertas posiciones de izquierda y otras falangistas en los años sesenta), sino de no serlo en realidad. Para muchos se trataba tan sólo de «simples proyecciones o previsiones más o menos falibles de acontecimientos que de otra manera se hubieran producido también a través de la lógica interna de las fuerzas de mercado» (y de la respuesta de los empresarios al intervencionismo oficial, cabría añadir). Quizá la mejor prueba de ello sea la anécdota de que al primero de los planes se le añadió en el título el calificativo «social», para responder a las quejas de los falangistas, sin modificar ni una coma de su contenido. Llama la atención, en esas previsiones gubernamentales, en primer lugar, los numerosos aspectos que simplemente no se tuvieron en cuenta. No se previo el desarrollo turístico, ni se tomó en consideración el sector de servicios en general, ni se imaginaron los movimientos migratorios, que en el primer Plan fueron cuatro veces más importantes de lo que se había pensado. Además, la planificación resultó ser más obligatoria para el sector privado que en el público, pues éste no fue capaz de controlar el gasto propio.

Por si fuera poco, la situación tendió a empeorar y no a mejorar con el transcurso del tiempo. El último Plan de Desarrollo no fue el que más se cumplió, sino el que menos, llegando en muchos apartados a desviaciones superiores al 50 por 100. Muchas de las magnitudes económicas esenciales no fueron tenidas en cuenta o siguieron rumbos erráticos que no dependían de lo pensado por los formuladores del plan. No se consideró por ejemplo, el potencial aumento del producto industrial, ni de la productividad, ni tampoco del incremento de las exportaciones; los precios, que de acuerdo con el II Plan debieran haber crecido un 12 por 100, lo hicieron un 20 por 100.

López Rodó había señalado las virtudes que derivaban de la «acertada previsión» del futuro económico, pero, en realidad, erró sucesivamente en muchas ocasiones. Quizá lo único fundamental de los Planes fue hacer aparecer a los ojos de los españoles la importancia de la política económica o de la economía en general.

El examen mismo de la política industrial revela que los propósitos liberalizadores que habían caracterizado a la política emprendida a partir de 1959 distaron mucho de cumplirse a partir de 1964. En ella, sin la menor duda, los elementos de continuidad con respecto al pasado intervencionista fueron más patentes que los de cambio. Asuntos como el escándalo MATESA revelaron que, en la práctica, en una economía como la española lo esencial para los buenos negocios no era tanto la innovación tecnológica o la imaginación empresarial, sino el que una empresa estuviera «bien situada» en los medios oficiales, porque de ello derivaba la posibilidad de acceder a ayudas importantes. El caso de esta empresa revela, además, que, por un lado, resultaba casi imprescindible saltarse el estrecho corsé intervencionista, pero que la prosperidad del empresario estaba, sobre todo, en apurar los beneficios que se podían obtener del exceso de intervencionismo estatal.

El ya existente, como herencia de la etapa anterior, tardó mucho en ser desmontado: sólo en 1967 desaparecieron los requisitos relativos a la autorización previa gubernamental para la instalación de una industria. Ya no hubo empresas de interés nacional, pero sí, en cambio, otras que eran consideradas de «interés preferencial». Ésta sólo fue, sin embargo, una de las muchas —hasta nueve— maneras principales de favorecer a determinadas empresas en vez de a otras. El intervencionismo estatal permaneció en muchos otros terrenos imponiendo en la práctica la necesidad de tener en cuenta la actitud oficial de cara a la viabilidad y la prosperidad de cualquier tipo de empresa. En este sentido merece la pena referirse, sobre todo, a la llamada «acción concertada», gracias a la cual, por medio de bajos intereses y exenciones fiscales, podía llegar a financiarse hasta el 70 por 100 de una fábrica o la ampliación de la misma a cambio de un compromiso de alcanzar un determinado volumen de producción. Otra forma habitual de intervención del Estado en el campo industrial consistió en la promoción de una cierta política regional. En 1964 se crearon cinco polos de desarrollo (Vigo, La Coruña, Valladolid, Zaragoza y Sevilla) y otros dos polos de promoción industrial (Burgos y Huelva). En los años setenta fueron establecidos otros cinco en Oviedo, Logroño, Vilagarcía de Arosa, Córdoba y Granada.

De esta manera se puede decir que la política industrial seguida, más que de mercado, fue «privatista». El Banco Mundial había pedido que el Estado no entrara en ningún campo económico en que la iniciativa privada tuviera planes, pero ahora todos los de ésta dependieron de la benevolencia estatal. No puede extrañar que el responsable principal de la política industrial, López Bravo, haya podido ser descrito más como un verdadero empresario de la industria nacional que como el creador de unas condiciones en las que ésta pudiera desarrollarse espontáneamente.

Por si esto fuera poco, tampoco respecto del INI hubo una política clara y decidida. En 1959 el INI fue obligado a financiarse a través de las Cajas de Ahorro, excluyéndole del presupuesto, lo que indignó a quienes lo dirigían, pero hasta 1963 permaneció a su frente Suances, que siguió partiendo de los criterios que hasta entonces le habían caracterizado. Ya en 1960 sus relaciones con Franco se habían hecho muy malas, y aunque cuando cesó se le agradecieron los «extraordinarios servicios prestados» y recibió el título de marqués, nunca perdonó el haber dejado de ser el principal asesor de Franco en materias económicas. Desde 1963 a 1969 la presidencia recayó en José Sirvent, persona dócil a las nuevas tendencias políticas predominantes, que no eran ya autárquicas, pero mantenían el intervencionismo. Ya desde 1968 el INI dependió directamente del Ministerio de Industria. Para López Bravo el INI debía jugar un papel subsidiario respecto de la empresa privada, lanzándose a terrenos donde ésta no actuara y, al mismo tiempo, servir de hospital de empresas privadas con problemas.

Con estos criterios no puede extrañar que el INI siguiera adquiriendo nuevos compromisos (por ejemplo, mediante la creación de ENTURSA, dedicada al turismo) y que, sobre todo, recayeran sobre sus espaldas empresas de difícil solvencia. Después de gastarse el Estado más de 20 000 millones de pesetas en tratar de reestructurar la siderurgia mediante la acción concertada, hubo de aceptar la creación de ENSIDESA, empresa del INI que competía con otra de carácter privado en la que el propio holding estatal tenía intereses. A fin de cuentas, López Bravo, ingeniero como Suances, no supuso tan clara ruptura en la política del Instituto. Sólo a partir de 1970, con la presidencia de Claudio Boada, empezó el INI, manteniendo su acción incluso en nuevos campos (ASTANO, ENAGAS…), a guiarse por unos criterios que tuvieran más en cuenta la rentabilidad, al menos en terrenos en los que había competencia con la empresa privada. Un último aspecto de la presencia del intervencionismo estatal en la maquinaria económica no se refería directamente a la política industrial, sino a la política monetaria, que, siendo alternativa y sucesivamente expansiva y deflacionista, contribuyó a evitar que se desarrollaran todas las potencialidades económicas existentes y, sobre todo, evitó las inversiones arriesgadas a medio y largo plazo.

Con todo, resulta absolutamente espectacular el crecimiento del producto industrial español en las décadas de los sesenta y los setenta. España hasta entonces había sido uno de los países de industrialización tardía que había visto aumentar su distancia relativa con respecto a los países desarrollados. El crecimiento del producto industrial fue verdaderamente impresionante (160 por 100 en 1963-1972; desde 1960 a 1973 la industria española multiplicó su producción por tres y medio), aunque lógicamente tendió a decrecer a medida que pasaba el tiempo, como revelan esas mismas cifras. Mientras que era de un 12,5 por 100 en 1961-1964, fue de tan sólo el 7,8 por 100 en 1965-1973. Si se elige para una comparación un período más largo, el incremento de la producción industrial resulta todavía más espectacular: de 1931 a 1970 la producción de energía eléctrica se multiplicó por 27, la de carbón por dos, la de acero por 10 y la de cemento por ocho. En un período más corto, sin embargo, las industrias más florecientes fueron las químicas, papeleras y metal-mecánicas —como la del automóvil—. No sólo aumentó la producción, sino que también lo hizo la productividad, que se duplicó en 1961-1970, avanzando a un ritmo anual que era el doble del alemán y más del doble del británico. Las razones que permiten explicar este desbordante desarrollo industrial residen, principalmente, en la existencia de un mercado interior capaz de una demanda grande, si ésta era posible, por la apertura al exterior. Entre los años 1960-1972 la importación de bienes de equipo creció a un ritmo anual del 20 por 100, mientras que la exportación de productos manufacturados en un período similar fue aumentando a un ritmo del 14 por 100.

La misma rapidez del crecimiento industrial español tuvo también sus inconvenientes, puesto que concretó la localización industrial en una porción reducida de España. A mediados de los setenta el 49 por 100 de la industria española estaba situada en Madrid, el País Vasco o Cataluña, y con la excepción de la siderurgia, la última región tenía un claro predominio en las restantes ramas industriales. Si ocho provincias con tan sólo el 13 por 100 de la superficie española tenían el 38,9 por 100 de la población en 1960, una década después alcanzaban el 44 por 100. Esta realidad, con sus previsibles consecuencias, nos pone en contacto con la contrapartida del crecimiento industrial. Ya en esta misma época Julián Marías escribió que España no era un país subdesarrollado, sino «mal desarrollado», afirmación que parece cierta si tenemos en cuenta principalmente la destrucción del paisaje natural y el tipo de urbanismo de estos años.

Antes de establecer un balance de carácter general acerca del desarrollo económico de estos años y de sus posibles o reales limitaciones, es preciso referirse también al sector exterior. Por supuesto, también en este apartado se produjo una importante evolución positiva a lo largo de los años posteriores al Plan de Estabilización. Si tenemos en cuenta tan sólo las exportaciones, se puede decir que en el período 1960-1975 se multiplicaron por 10; el ritmo anual de crecimiento fue especialmente fuerte entre los años 1967-1973, en que el incremento anual fue el 24 por 100. Es significativo también el hecho de que cambiara sustancialmente la composición de la exportación española. La exportación agrícola se redujo a un tercio en el período 1961-1975, mientras que crecía mucho la de bienes intermedios, de capital y de consumo. En suma, aunque al final del régimen de Franco el papel del turismo y de las remesas de los emigrantes seguía siendo fundamental para equilibrar la balanza comercial, se había roto con la imagen habitual de España como país exportador de cítricos; también exportaba, por ejemplo, buques (en 1971, cuando ya faltaba muy poco para el estallido de la crisis, era el cuarto productor mundial) y máquinas-herramientas. Con todo, los especialistas han descrito la apertura comercial española como «limitada y contradictoria», en paralelo con lo acontecido en otros terrenos. Como ya hemos visto que sucedió en otros campos, al Plan de Estabilización le sucedió una etapa liberalizadora, pero luego ésta se detuvo. En 1963 el comercio libre era ya del 63 por 100, y en 1967 el 75 por 100, pero en 1974 sólo llegaba al 80 por 100. Las medidas arancelarias protegieron el mercado español, pero, además, hubo también otros procedimientos para lograr este mismo resultado, como fueron los subsidios, impuestos de compensación y ayudas del crédito oficial. Por otro lado, las desgravaciones fiscales a la exportación crecieron de tal manera que si en 1961 suponían el 3 por 100 en 1975 constituían el 13 por 100. El resultado fue que, aunque creciera, el comercio exterior español no lo hizo en el volumen en que podría haberse conseguido si una política de mayor apertura se hubiera impuesto. La relación entre importaciones y Producto Interior Bruto creció hasta 1965, para estabilizarse luego, y con las exportaciones sucedió al revés. España, en definitiva, no se abrió tanto al comercio exterior como otros países: éste era sólo el 9 por 100 del PIB, cuando en la mayor parte de los países del Mercado Común era, al menos, el doble. La referencia a éste es también obligada al aludir al comercio exterior español. Como se sabe, España pidió su adhesión al Tratado de Roma en 1962: un tercio de su comercio se llevaba a cabo con la Comunidad, cifra que no tenía parangón con ningún otro país de Europa. Sólo en el verano de 1970 se llegó a un tratado que no fue de adhesión, imposible mientras no se dieran las condiciones políticas requeridas, sino de asociación, aunque resultó muy beneficioso para las dos partes desde el punto de vista comercial.

De cualquier manera, en su conjunto, el crecimiento económico español a partir de 1959 fue espectacular. España figuró en los años sesenta y setenta como uno de los cinco países con mejores resultados económicos del mundo. En 1966-1971 la tasa anual de crecimiento fue de sólo el 5,5 por 100, pero si tomamos un período algo más largo —1960-1975— la tasa anual se sitúa en algo más del 7 por 100, lo que fue la tasa más alta de Europa y una de las más altas del mundo, aunque claramente detrás de Japón e Irán.

En los años setenta España era ya el décimo o el undécimo país industrializado del mundo. Se había producido la verdadera y auténtica revolución española, mucho más significativa e irreversible que la que tuvo lugar durante la Guerra Civil (Payne). La paradoja del caso es que, como ya se ha visto, la revolución no había sido prevista por los responsables del poder político ni, sobre todo, se realizó de la manera que ellos habían pensado. Mayor paradoja es, sin embargo, que la transformación producida en última instancia ponía en cuestión el propio régimen político existente en el país en que había tenido lugar.

En efecto, el cambio había sido en buena medida espontáneo, engendrando nuevos problemas y planteando interrogantes que tenían una importancia indudable y requerían una solución a medio plazo. La espontaneidad del desarrollo hacía que en un futuro se tuvieran que cuestionar las bases del mismo, cuando se hubiera llegado al límite de las posibilidades existentes. La industria seguía en exceso protegida ante el exterior e intervenida en el interior. Lo malo no era, en efecto, que la industria de propiedad pública tuviera una dimensión excesiva (en número de asalariados el Mercado Común casi duplicaba las cifras españolas), sino que cuatro de cada 10 pesetas del crédito estaban predeterminadas por el intervencionismo estatal. La agricultura tenía problemas de modernización y de competitividad, en especial teniendo en cuenta una eventual incorporación al Mercado Común. El Estado español era impotente porque carecía de los mecanismos fiscales necesarios. A fines de la época franquista drenaba algo más del 13 por 100 del PNB, cuando en Japón se llegaba al 15 por 100 y en Francia al 22 por 100. Además, se trataba de un sistema muy regresivo, en que el Impuesto sobre la Renta representaba una cantidad muy pequeña, mientras que en los Países Bajos suponía ya el 50 por 100. Como consecuencia de ello, las infraestructuras españolas también dejaban mucho que desear. En definitiva, el Estado tenía, a la vez, una cabeza intervencionista de león y una cola fiscal y presupuestaria de ratón. El mercado de trabajo funcionaba mediante un pacto implícito por el que el empresario aceptaba una elevada continuidad y fijeza en el empleo a cambio de obtener financiación privilegiada por parte del Estado. En suma, la apariencia lustrosa del espectacular desarrollo económico español en esta época debe compatibilizarse con la real «aluminosis» de buena parte de las vigas del edificio construido (García Delgado). Si el franquismo dejó como legado el crecimiento económico —que sólo muy parcialmente cabe atribuirle— y la modernización social, también formó parte de su legado un lastre muy importante de reformas pendientes.

Finalmente es preciso tener muy en cuenta que el desarrollo español había estado periódicamente afectado por problemas con los precios. Desde la Guerra Civil la peseta fue devaluada ocho veces, y tan sólo en el período 1963-1970 se pasó del índice de precios 100 al 151. El crecimiento medio anual de los precios en España, durante la época más caracterizada del desarrollo, fue el 7 por 100, mientras que en Europa solía estar por debajo de la mitad. En 1964 el Gobierno debió imponer una política deflacionista, pero en 1967 recurrió de nuevo a ella al plantearse idénticos problemas: daba la sensación de que el régimen español estaba condenado a una sucesión de políticas de sentido contrario. En suma, desde el punto de vista estrictamente económico, el desarrollo a medio plazo engendraba problemas y exigía soluciones nuevas. Pero, al tener el crecimiento económico también una inmediata repercusión sobre las transformaciones sociales, más grave aún era para el régimen político que hubiera engendrado una sociedad en que aquél perdía buena parte de su sentido.

La modernización de la sociedad española

Al mismo tiempo que se producía el crecimiento económico al que se ha hecho mención en páginas anteriores tenía lugar una profunda transformación de la sociedad española que con el transcurso del tiempo habría de tener una indudable repercusión política. Esta transformación no se puede separar, como es lógico, del cambio producido en la economía; una y otro caminaban en el sentido de la modernización, aunque fuera en términos relativos. Si la España de los años cincuenta tenía no pocos rasgos que la asemejaban a los países hispanoamericanos y estaba por detrás de ellos en no pocos índices de desarrollo económico y social, la de la etapa final del régimen franquista era ya, sin duda, un país europeo, aún a pesar de que en muchos aspectos estuviera a la zaga de las naciones del Viejo Continente y, sobre todo, mantuviera una considerable divergencia en lo que respecta a las instituciones políticas.

Desde el censo de 1960 al de 1970 el número de españoles creció de 30 millones a más de 33 millones. El primer aspecto en que resultó manifiesta la modernización de la sociedad española (entendiendo por tal la homogeneización con los comportamientos de los países europeos más desarrollados) se apreció en la propia demografía. El cambio en la mortalidad se produjo en la década de los cincuenta, asimilando el caso español al de otros países europeos, como Francia e Italia. En cambio, la disminución de la natalidad fue posterior: tan sólo en la fase final de la era de Franco descendió de un 21 por 1000 a un 18 por 1 000. Los factores que lo propiciaron fueron el matrimonio tardío, un rasgo característico de la sociedad española de la época, y la restricción de la natalidad, que empezó a desarrollarse a partir de la Guerra Civil y que sólo se generalizaría, después de la transición política española. Con todo ello, el crecimiento vegetativo español fue, por el momento, muy fuerte, oscilando entre el 12 y el 10 por 1000 en esta fase final del régimen. El envejecimiento de la población, característico de las sociedades europeas, fue en el caso español un fenómeno tardío, iniciado en los cincuenta, pero de menor importancia por el momento.

También se produjeron cambios importantes, debidos a las migraciones internas, en la distribución de la población española. En la década de los sesenta, como ya se indicó, aproximadamente cuatro millones de españoles cambiaron de residencia. La población fue atraída hacia aquellos lugares donde existían recursos económicos y posibilidades de desarrollo y huyó del estancamiento rural y la falta de posibilidades de prosperidad individual. El gran fenómeno migratorio consistió, pues, en el traslado de campesinos o jornaleros a los núcleos urbanos en los que había más posibilidades de trabajo, sobre todo de aquél que resultaba más atractivo por su carácter duradero y también una forma de vida diferente, más libre y con mayores posibilidades de promoción personal. En consecuencia, el primer resultado de estos cambios migratorios consistió en la urbanización de la población española. El número de españoles residentes en poblaciones de más de 20 000 habitantes pasó del 40 al 54 por 100, aunque en países europeos como Alemania era del orden del 80 por 100. En 1970, el último censo de la era de Franco, sólo el 33 por 100 de la población residía en poblaciones de menos de 10 000 habitantes, mientras que el 36,7 por 100 lo hacía en poblaciones de más de 100 000. Se había producido, por tanto, un proceso ingente de urbanización, un fenómeno que, como se recordará por lo señalado en el primer volumen de esta obra, debía tener un obligado impacto en muchos aspectos de la vida de los españoles.

En efecto, desde comienzos de siglo la diferencia en el lugar de residencia no implicó únicamente una cuestión de dimensión, sino también de forma de vida. Además de un cambio en el sentido de una mayor urbanización, hubo también una redistribución importante de la población que tendió a gravitar hacia la periferia, en vez de hacia el centro, y a incorporarse a nuevos ejes poblacionales. A comienzos de siglo todavía el peso demográfico del centro era superior al de la periferia, pero esa situación había cambiado ya radicalmente en 1970, cuyos porcentajes representaban respectivamente el centro —el 44 por 100— y la periferia —el 56 por 100 del total—. Los núcleos receptores de la migración interna fueron el centro madrileño, las costas —en especial el País Vasco y Cataluña—, los valles en contacto con Francia y todo el eje del Ebro, señalando una tendencia que perduraría, aunque con ciertos cambios con el transcurso del tiempo: por ejemplo, durante los años setenta prosiguió la emigración hacia Madrid y Levante, pero no tanto hacia Cataluña y el País Vasco. De nuevo había reaparecido en la historia española un factor muy repetido y característico de nuestro pasado, es decir, la existencia de una dualidad no sólo demográfica, sino también social y cultural. Al lado de la España del desarrollo, hacinada en los suburbios de las zonas industriales, hubo otra España despoblada de manera creciente que formaba una especie de Lusitania interior desertizada y condenada a un subdesarrollo creciente en la frontera con Portugal.

Los cambios acontecidos en la sociedad española no fueron tan sólo demográficos o migratorios, sino también ocupacionales. A este respecto, lo primero que es preciso recalcar es el carácter meteórico que tuvieron los fenómenos acontecidos en el espacio de sólo una generación, que supusieron una transformación de la sociedad española de mayor envergadura que la acontecida en nada menos que un siglo. En tan sólo el período intercensal 1960-1970 la población rural pasó del 42 al 25 por 100 del total, un cambio que era semejante en envergadura al producido a lo largo de los sesenta años anteriores. Cercana ya la muerte de Franco, la población activa española ofrecía un perfil moderno en que, aunque el papel del mundo agrícola seguía siendo excesivo en comparación con otras latitudes, ya el sector de los servicios ocupaba al 40 por 100 de la población activa, mientras que a la industria se dedicaba el 38 por 100, quedando el mundo agrícola con tan sólo un 22 por 100. La estructura de la población activa permite ponernos en contacto con un fenómeno de una relevancia histórica considerable: el desarrollo español de los años sesenta fue el producto mucho más del trabajo de los españoles que de los Planes de Desarrollo. La población activa creció desde el 34 al 38 por 100 y, además, a ella se incorporó la femenina, que alcanzó el 24 por 100, una cifra ya importante, aunque muy lejana todavía con respecto al resto de Europa. El peso del trabajo cotidiano y de la voluntad de mejora personal y familiar de los españoles se demuestran con tan sólo tener en cuenta que las jornadas de diez horas no eran nada excepcionales en el medio urbano durante los años sesenta y que uno de cada cinco trabajadores madrileños estaba pluriempleado a comienzos de los años setenta. La generación protagonista del desarrollo fue, ante todo, una generación trabajadora a destajo. Si había un bien escaso en ese período era precisamente el ocio.

Otros, en cambio, se habían hecho mucho más habituales. Una afirmación muy característica de los economistas de izquierda en los años sesenta y setenta consistió en afirmar que el desarrollo benefició a unos pocos. Sería más oportuno, sin embargo, decir que hubo mucho más crecimiento que redistribución, pero los datos relativos a la renta per capita y al consumo revelan que la mayor parte de la población fue beneficiada, aunque en una proporción variable, por la evolución económica de estos años. No podía suceder de otra manera cuando en el período 1964-1972 el salario industrial experimentó un incremento del 287 por 100, mientras que el coste de la vida sólo creció un 70 por 100. La renta individual española se situaba en 1960 alrededor de los 300 dólares, en 1964 era 500 y en 1973 llegó a los 2000 dólares, una cifra alcanzada por el Japón tan sólo cuatro años antes. En 1975 era de unos 2500 dólares; en el período 1965-1975 había crecido de unas 35 000 a 156 000 pesetas, por dar una referencia más cercana a la realidad española. Siendo espectaculares estas cifras, no conviene, sin embargo, exagerarlas, sino que es preciso compararlas con las de otras naciones: en 1967, por ejemplo, la renta per capita española era superior en un 50 por 100 a la portuguesa, pero dos tercios de la italiana. Como a comienzos de siglo, el caso español seguía situándose entre estos dos países mediterráneos.

En el consumo es donde mejor se aprecia, sin duda, el cambio experimentado por la sociedad española como consecuencia de este proceso de crecimiento económico.

El despegue del mismo y su modernización se iniciaron entre 1962 y 1966, pero se generalizó en la segunda mitad de la década de los sesenta y comienzos de los setenta.

En la primera etapa, por ejemplo, se multiplicó por dos el número de automóviles por habitante, creció un 50 por 100 el de teléfonos y algo menos el número de kilos de carne consumida por habitante. Las cifras resultaron, sin embargo, más llamativas en el período 1966-1974, en que se produjo un incremento espectacular en la producción de determinados bienes. España pasó de producir unos 250 000 automóviles a 700 000, de 570 a 730 000 televisores, de unos 300 000 a más de 1 000 000 de frigoríficos y de casi 400 000 lavadoras a más del doble. En el momento de la muerte de Franco determinados bienes de equipamiento de los hogares se habían generalizado por completo. Mientras que en 1968 el porcentaje de hogares con frigorífico, televisor y lavadora rondaba el 40 por 100, en 1975 se acercaba al 80 por 100 en algunos de estos bienes y por lo menos el 60 por 100 de los hogares tenían el resto. El bienestar también se percibía en la disminución del papel relativo de la alimentación en los presupuestos familiares, que si era del 55 por 100 al principio del período, luego descendió a tan sólo el 38 por 100.

Un examen de la estratificación social permite revelar quiénes fueron los grandes beneficiados y los marginados de este proceso de desarrollo. Por supuesto, la distribución en clases de población española no resulta ni mucho menos sencilla. Un autor la hace atribuyendo al 6 por 100 del total la condición de clase alta, al 44 por 100 la de media y al 50 por 100 la de clase baja. Sin embargo, una descripción como ésta resulta un tanto subjetiva y poco significativa, incluso si se añade que el porcentaje de la clase media urbana era el 25 por 100. Lo que sobre todo interesa es descubrir el significado de los cambios en la estratificación social. Desde luego, un rasgo fundamental del conjunto de los cambios acontecidos durante esta etapa fue el de hacer desaparecer el peso específico del mundo agrario y, en cambio, incrementar el papel del proletariado industrial especializado; las propias cifras de distribución de la población activa así lo señalan inequívocamente. Sin embargo, un fenómeno de importancia semejante, o incluso superior, es el que se refiere a la ascensión de las que fueron denominadas «nuevas clases medias», formadas por oficinistas, vendedores y técnicos de variada formación. Fueron estas nuevas clases medias protagonistas esenciales del desarrollo y de la ampliación del consumo, pero también del pluriempleo. En cierto modo se puede decir que la existencia de estos sectores sociales permite explicar, en el terreno político, la posterior transición.

Ahora bien, si estas nuevas capas sociales testimoniaban la transformación de la sociedad española de la época, la desigualdad seguía caracterizándola y constituyendo un elemento diferenciador con respecto a la mayoría de los países europeos. Al final del franquismo en torno al 1,2 por 100 de la población española poseía el 22 por 100 de la riqueza nacional, mientras que el otro 52 tenía en sus manos el 21. Los cálculos acerca de la pobreza eran poco exactos desde el punto de vista cuantitativo, oscilando entre 700 000 y 1 800 000 los hogares considerados como pobres. Sin embargo, con independencia de la veracidad o no de unas u otras cifras, resultaba perfectamente patente la existencia de una población marginada. A veces se trataba de lo que pudiera denominarse como una «pobreza antigua», es decir, aquélla que afectaba a quienes habían resultado, por razones geográficas o de cualquier otro tipo, preteridas dentro del marco general de crecimiento.

El desarrollo económico de los sesenta fue, en efecto, un fenómeno general, pero que, sin embargo, no afectó a importantes bolsas de población. Todavía en los años setenta el 80 por 100 de los hogares carecían de agua corriente en Orense o el 23 por 100 de los cabezas de familia eran analfabetos en Huelva, con lo que todo ello suponía de marginación. Pero a esa «pobreza antigua» hubo que sumar ahora la nueva: la de esos inmigrantes en las ciudades, carentes de cualquier tipo de formación (un sociólogo los denominó «preobreros»), que vivían miserablemente en chabolas suburbiales al margen de una sociedad floreciente y consumista. Una encuesta reveló que en Madrid un 5 por 100 de esos chabolistas admitían haber robado los materiales con los que construyeron sus elementales viviendas.

Un fenómeno como éste era un testimonio de ese «mal desarrollo», más que subdesarrollo, que, según Marías, caracterizó a la sociedad española de los años sesenta y setenta. Pero no se trataba del único. En gran medida, los acontecimientos políticos de la época y el aumento de la protesta social se explican por el hecho de que ese «mal desarrollo» se apreciaba también en la incapacidad de respuesta del Estado a las demandas de la sociedad; el primero había seguido una evolución siempre a remolque de la primera y no llegaba a dar respuesta a las necesidades de la misma. Sólo en 1970, por vez primera, el Estado español gastó más en educación que en ejército (en plena guerra mundial, en 1943, el presupuesto militar había sido el 54 por 100 del total); a pesar de ello, las deficiencias de la educación española eran bien patentes, con una gran parte de la población en edad escolar que no acudía a las aulas, una educación preescolar raquítica y una Universidad que, en cambio, había visto crecer el número de los alumnos (y también el de profesores, que se incrementó el 66 por 100); mientras que en España había sólo un investigador por cada 10 000 habitantes, en Alemania había 46.

Algo parecido se puede decir de la vivienda, cuya demanda creció durante el primer Plan de Desarrollo un 50 por 100 más de lo previsto. En general, las deficiencias de los servicios sociales se habían hecho patentes por el mero hecho del desarrollo económico.

Claro está que el desarrollo económico no sólo produjo un cambio social de carácter cuantitativo y un aumento de las demandas sociales. Hubo también cambios cualitativos en grupos sociales característicos, de los que podemos seleccionar dos por su importancia, a título ejemplificativo. El Ejército fue adquiriendo una actitud crecientemente profesional a partir principalmente de 1963. Aunque los altos mandos estaban en un elevado porcentaje dominados por los aproximadamente diez mil alféreces provisionales que permanecieron en él tras la Guerra Civil y los intentos de reforma resultaron, en general, fallidos, el hecho es que, con el paso del tiempo, la mentalidad de los militares jóvenes fue cambiando. Gran parte de ellos estaban ya muy cercanos a la sociedad civil, entre otros motivos porque las propias circunstancias les obligaban a ello. Una encuesta realizada en 1975 entre los componentes de la octava promoción de oficiales salida de la Academia de Zaragoza constató que sólo el 48 por 100 no vivían pluriempleados y casi un tercio se sentían por completo apremiados a dedicarse a más de un trabajo por la insuficiencia de su retribución. Además, en esa fecha más de un 10 por 100 tenían un título universitario y hasta el 46 por 100 otro de rango inferior. La insatisfacción respecto de su propia vocación era grande: más de un 40 por 100 habían visto cómo se deterioraba. Pero no era la única que tenían: más de la mitad consideraban poco apropiados los actos religioso-militares celebrados con asiduidad en los cuarteles. Precisamente entre la oficialidad más proclive a un catolicismo que, en un principio, mezclaba de manera confusa lo político y lo religioso, pero que acabó siendo simplemente exigente, aparecieron las primeras tímidas muestras de discrepancia —el grupo «Forja»— en los años cincuenta. En España no hubo, como en Portugal, un motivo trascendental para que se produjera un alejamiento entre las fuerzas armadas y la dictadura, pero en los años setenta ya existía un amplio hiato entre los altos mandos y la oficialidad más joven. Al margen de la Unión Militar Democrática, de la que se tratará más adelante, cabe citar el caso de cuatro cadetes expulsados de la Academia Militar de Zaragoza en 1973 por hacer lo que, en el fondo, muchos otros hacían tanto como ellos: leer revistas disidentes como Cuadernos para el Diálogo y Triunfo, tener amistad con universitarios o haber abandonado el catolicismo. El Ejército, en definitiva, era una porción mínima de la sociedad, pero los cambios cualitativos afectaron de manera importante a la mujer, que, en definitiva, suponía algo más de la mitad de la sociedad española. Si la primera posguerra había supuesto al menos un relativo proceso de ruralización en la sociedad española, también se produjo una considerable marcha atrás en lo que respecta al papel social y profesional de la mujer. En gran medida ello se debió a una concepción peculiar de ella que la consideraba ligada al varón, la reproducción y a la vida familiar, al mismo tiempo que esperaba de ella pasividad o aquiescencia ante el comportamiento impropio del esposo.

«Amamos a la mujer que nos espera pasiva, dulce, detrás de una cortina, junto a sus labores y sus rezos», decía un texto de una revista femenina de la época. Tales características quedaban atribuidas a ella de una forma especial en el caso de ser española, porque «donde la mujer se conserva más mujer es aquí». La mujer debía «echarse novio» porque, de lo contrario, quedaría «para vestir santos». El varón que no se casaba era porque no quería, pero la mujer que no lo hacía era porque no podía. La única salida complementaria a esta visión hogareña de la mujer era, a título excepcional, la mujer vacua, producto de la modernidad, que en los años cuarenta era denominada como «la niña topolino». Las pruebas de esta marcha atrás se aprecian en datos demográficos cuantitativos, pero también en la propia legislación. Aunque la paz pudo colaborar a producir este cambio, la natalidad se duplicó en el Madrid de la posguerra. Por su parte, la legislación de ayuda familiar penalizaba el trabajo femenino y, en otras ocasiones, una muy mal entendida voluntad de protección a la mujer, que se prolongó hasta mediados los años cincuenta, contribuyó a alejarla de las tareas que hubieran podido suponer una contribución importante al progreso económico. La misma Sección Femenina, en definitiva el organismo estatal por excelencia dedicado a la mujer, se dedicaba de forma principal a las enseñanzas de hogar. La separación de sexos en la enseñanza alimentó una especie de mística de la masculinidad o de lo pecaminoso de los contactos entre los dos sexos.

Desde mediados de los años cincuenta, y todavía más desde una década después, se empezaron a producir cambios importantes. En 1958 una reforma del Código Civil impulsada por Mercedes Fórmica consiguió modificarlo equiparando en cierto modo el papel del varón y la mujer en el matrimonio. Ya a partir de mediados los años cuarenta había aparecido una generación de novelistas autobiográficas (aparte de la ya citada, Laforet, Martín Gaite, Rodoreda…) que testimoniaban la reanudación de una dedicación a la literatura de la mujer universitaria. Ya en los años sesenta María Campo Alange escribió dos libros acerca de la condición de la mujer en la sociedad de la época. Desde mediados de los sesenta el filósofo y ensayista Aranguren pudo constatar que, frente a la virtual inexistencia de lo sexual en tiempos anteriores, ahora parecía producirse un fenómeno de desinhibición. En parte era la consecuencia de que en cierto modo se estaba iniciando también una equiparación en el trabajo profesional. En 1950 la mujer no representaba más que el 15 por 100 de la población activa, mientras que al final del franquismo llegaba a representar el 28 por 100, aunque el porcentaje del servicio doméstico era todavía altísimo (alrededor de la mitad del total). Algunas cifras de estos años testimonian, al mismo tiempo, progreso y limitaciones. Menos de la décima parte de los puestos directivos estaban en manos de mujeres, y en 1969 el 20 por 100 de los asalariados públicos eran mujeres. Entre los licenciados universitarios de los años sesenta ya el trabajo femenino era considerado como algo normal, aunque no siempre fuera a tiempo completo. Pero en el año de la muerte de Franco —1975— el 80 por 100 de la población opinaba que el trabajo del hogar le correspondía a la mujer.

Ésta, además, adquirió protagonismo en otros terrenos: cuando se produjeron las huelgas mineras aparecieron como represaliadas mujeres a las que se había cortado el pelo al cero. Desde diez años antes de la muerte del dictador habían empezado a aparecer organizaciones políticas de protesta —en 1965 el PCE creó el Movimiento Democrático de Mujeres—, y éstas, como prueba de una progresiva toma de conciencia, actuaron con asiduidad en los movimientos de barrios y vecinales. Al tratar de los cambios sociales de forma imperceptible, pero también inevitable, hemos pasado a tratar también de cuestiones políticas. Pero para poder hacerlo de una forma más completa y, en definitiva, para que lo sucedido en la sociedad pudiera influir en el terreno político era preciso un cambio en la mentalidad popular, que en España se vio ayudado, especialmente, por la evolución del catolicismo.

El cambio en el catolicismo español

La evolución de la Iglesia española, principalmente a partir de la recepción en nuestro país del Concilio Vaticano II, constituye, al mismo tiempo, una prueba del cambio de mentalidad respecto de todas las cuestiones, incluidas las políticas, de la sociedad española y fue, sin duda, un motor de aquélla, a pesar de que, con el transcurso del tiempo, esta realidad se fuera convirtiendo en menos evidente. Dado el enorme poder social de la Iglesia en los años cincuenta, en España difícilmente otra institución social podría haber desempeñado un papel semejante, mientras tampoco era posible, dada la fundamentación que del régimen hacía en sus momentos iniciales, que otra hubiera podido actuar de una forma relativamente autónoma y con posibilidades de afectar tan directamente a la esencia de la mentalidad imperante.

Para apreciar la magnitud del cambio acontecido es, sin duda, necesario remontarse a una etapa inmediatamente anterior. Bien entrados los años cincuenta todavía gran parte de la jerarquía y de los católicos españoles participaba de una profunda conciencia de identidad entre España, el régimen y el catolicismo. Aurelio del Pino, obispo de Lérida, aseguraba que «lo que eleva a Franco a alturas alcanzadas por pocos en la historia es su maravillosa labor en la transfiguración cristiana de los individuos». Especialistas en materias de catolicismo social aseguraban que «todo el cristianismo es un gigantesco sindicato vertical», y en diciembre de 1957 hubo una propuesta de que Franco fuera nombrado cardenal, parangonándolo con los emperadores Constantino y Carlomagno.

Pero por esas mismas fechas esas actitudes empezaban ya a convertirse en extravagantes y, además, en parte se debían a una evolución interna del propio catolicismo. Ya hemos visto cómo el nacional catolicismo, mucho más que una teología o una doctrina precisa, fue una mentalidad que conectaba perfectamente con la de los vencedores en la Guerra Civil. Caracterizado por una estrecha vinculación al Estado, por una «insaciabilidad» que pretendía que el catolicismo español era el más puro y exigía un plus de ortodoxia para él y para sus manifestaciones en todos los terrenos, intolerante y alejado de las corrientes de más allá de nuestras fronteras, el nacional catolicismo tenía, además, otros rasgos que le permitían convertirse en autocrítico. Es cierto que quienes en la jerarquía expresaron durante los años cincuenta reticencias respecto del régimen, partieron de posiciones especialmente integristas, como Segura y Pildain, aunque el segundo también defendiera la autonomía de las asociaciones católicas en el terreno social; incluso puede añadirse que aquélla apenas si expresó en documentos posiciones oficiales sobre problemas colectivos de trascendencia.

Pero el nacional catolicismo tenía un fondo de espontaneidad y sinceridad; por ello no podía dejar de tener muy en cuenta la realidad de la vida religiosa española. Ésta se caracterizaba por una intensa movilización a través de las asociaciones de apostolado, pero otra cosa fue que realmente existiera un sentimiento profundo, libre de ataduras con lo político, una cultura religiosa a la altura del momento o una traducción en el terreno social de las enseñanzas de Roma. En no pocas ocasiones entidades como las Hermandades Obreras de Acción Católica o la Juventud Obrera Católica ya desde los años cuarenta chocaron con las entidades sindicales oficiales. Por otro lado, la reivindicación de una pureza y una exigencia católica chocaba con la realidad de que los inmensos seminarios construidos en estos años albergaban una más que dudosa teología, reducida, en la práctica, a una moral formalista. Incluso el relevante papel de la prensa católica queda muy reducido por el hecho de que a las limitaciones normales de un régimen de censura se sumó, hasta los años cincuenta, el nombramiento gubernativo de los directores de los periódicos.

La autocrítica aparecida en el catolicismo español a finales de los años cincuenta estuvo centrada a veces en motivos sociales, pero apareció, sobre todo, en reductos intelectuales, laicos o no. Incluso algunos miembros de la jerarquía, como el luego cardenal Tarancón, dieron cuenta en sus enseñanzas de la disparidad entre la apariencia de un catolicismo pujante y la realidad de unas doctrinas sociales poco practicadas. Pero este caso resulta un tanto excepcional, porque lo cierto es que el movimiento autocrítico tuvo un tono eminentemente intelectual. En las llamadas «Conversaciones Católicas de San Sebastián y Gredos», en que participaron algunos de los intelectuales más relevantes de la España del momento, desde Marías a Aranguren, pasando por Laín Entralgo, el movimiento autocrítico prefiguró, en algún modo, aunque de manera balbuciente, lo que luego sería el impacto del Concilio Vaticano II en España. Marías, defensor de lo que podríamos denominar «un catolicismo liberal», ha escrito que si este tipo de encuentros hubieran perdurado, la Iglesia española hubiera podido ahorrarse una gran parte de su crisis posterior. Pero quizá resultó más influyente en los medios católicos Aranguren, quien con el paso del tiempo pasó de una absoluta identificación con el mundo intelectual del régimen a una posición situada muy a la izquierda. Su libro Catolicismo y protestantismo como formas de existencia (1952) señaló el primer paso en esa evolución.

Esa generación intelectual tuvo siempre una clara procedencia católica, mientras que las que le siguieron pasaron por la experiencia de un catolicismo agobiante en su presencia, en especial en el mundo educativo, pero, además, impuesto en el conjunto de la vida social, lo que explica su posterior anticlericalismo (y antifranquismo). A través de este mundo intelectual autocrítico, más en contacto con el catolicismo europeo de la época, apareció, por vez primera, la expresión de una mentalidad nueva que poco tenía que ver con al menos una de las funciones más importantes que el catolicismo había desempeñado respecto del régimen. Para éste el catolicismo había jugado una función parapolítica (proporcionándole cuadros a través de una de las familias típicas de su pluralismo peculiar) o, crecientemente, una función tribunicia (es decir, siendo vehículo de reivindicaciones sociales). El catolicismo había sido, sin embargo —también y de manera principal—, el intelectual orgánico del sistema político, aunque no el único, y esa mentalidad renovadora entró en conflicto directo con él.

Al margen de este cambio de mentalidad en los medios intelectuales, es preciso constatar también que, con el paso del tiempo, desde finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta, emergió una creciente actitud disidente en los medios del catolicismo social y en aquellas regiones caracterizadas por la existencia de una fuerte cultura propia. A comienzos de los sesenta el propio Franco pensó escribir una carta al Papa quejándose de que la «urgencia revolucionaria» de los movimientos apostólicos era intolerable y de que algunos prelados vascos carecían de condiciones para regir sus diócesis. En efecto, desde 1959 la Acción Católica española había adoptado una organización fundamentada en la especialización y en el compromiso con las realidades temporales, lo que, con el paso del tiempo, le llevó a chocar con muchos aspectos de la realidad española. Así se pudo apreciar, por ejemplo, en lo que respecta al sindicalismo oficial, al que incluso miembros de la jerarquía consideraban como «un cascarón vacío de contenido». En este terreno las diferencias existentes eran abismales entre el propio Pía y Deniel, primado de España, siempre muy colaboracionista, pero defensor de la JOC o la HOAC, y un sindicalismo oficial que se seguía proclamando como más democrático que el europeo. La situación se agravó cuando en 1962 militantes de la HOAC y de la JOC participaron en las huelgas asturianas. Como consecuencia de ello recibieron fuertes multas los presidentes de ambas asociaciones, mientras que al consiliario de la segunda, futuro obispo, se le suspendían las licencias eclesiásticas.

También a comienzos de los sesenta aparecieron signos de disidencia en los medios católicos vascos y catalanes. Ya en 1960 la protesta ante la presencia de Franco en Barcelona tuvo como principales protagonistas a personas como Jordi Pujol, procedente de esos medios y condenado a siete años de cárcel. Ese mismo año más de trescientos sacerdotes vascos redactaron un escrito de protesta expresivo de su distancia con respecto al régimen; cuatro años después unos 400 sacerdotes catalanes hacían lo propio. En 1963 el abad de Montserrat declaró que, aunque el régimen se declarara católico, en realidad no lo era. Lo característico de estas posturas es que, muy minoritarias en un principio, no tardaron en convertirse en algo habitual. La apariencia diaria, sin embargo, no testimoniaba tan grave peligro para el régimen. Todavía en 1964, cuando se celebraron los veinticinco años del mismo, fue posible editar sin resistencia el conjunto de declaraciones oficiales de la jerarquía que establecían su estrecha vinculación con el catolicismo. De ese mismo año data una concentración de más de un millón de personas en Madrid para rezar el rosario, ceremonia inspirada por un sacerdote norteamericano, pero que testimonia una propensión hacia el ceremonial barroco y contrarreformista, al mismo tiempo que expresa la influencia social de la religión en España.

Sin embargo, hubo de ser el Concilio Vaticano II el que contribuyera de manera sustancial a cambiar el catolicismo español, de modo que para él jugó un papel mucho más decisivo que en otras latitudes. El punto de partida predominante en la Iglesia fue de un claro alejamiento de la sensibilidad que presidió el Concilio. Ya en 1961 no sólo la jerarquía española estaba interesada de forma especial en condenar el comunismo como «intrínsecamente perverso», sino que sus miembros eran, por trayectoria personal y antecedentes, ajenos por completo a la libertad religiosa, el pluralismo y a la misma concepción de la independencia entre Iglesia y un Estado católico. Cuando el cardenal Montini se pronunció a favor de esto último el ministro de Asuntos Exteriores español intentó que los cuatro cardenales españoles intervinieran en su contra. Luego Montini fue elegido Papa, decisión que Franco recibió «como un jarro de agua fría».

En estas circunstancias el papel de la Iglesia española en el desarrollo de las sesiones conciliares no puede ser calificado de brillante: apenas proporcionó el 5 por 100 de los padres conciliares, que no actuaron coordinadamente y, además, se alinearon en su mayor parte con la minoría más retardataria. Así sucedió, por ejemplo, respecto de la libertad religiosa: a un obispo español —el citado Aurelio del Pino— se le retiró el uso de la palabra cuando afirmaba que aquélla era «inadmisible», y existió el propósito de dirigir una carta al Papa acerca de esta materia por parte del grueso de los obispos españoles. Otra cuestión controvertida fue, como es lógico, la del nombramiento de obispos. En general, puede decirse que en muchas materias el Concilio Vaticano II no hizo otra cosa, en relación con el catolicismo de muchos países, que ratificar cuanto se había practicado durante años, pero para el catolicismo español fue una revelación, aceptada por los propios padres conciliares españoles con plena sinceridad, aunque luego a la hora de poner en práctica las consecuencias se cometieran graves errores.

También es cierto, sin embargo, que pudo llegar un momento en que la tensión, ya larvada durante los años precedentes, entre la actitud más renovadora y la más retardataria tuviera como consecuencia un estallido en el catolicismo español. La propia concepción de la Iglesia como «sociedad perfecta», característica del nacional catolicismo, chocaba con las tesis conciliares y, por supuesto, lo mismo sucedía respecto a la visión de los derechos de la persona que se desprendía de los textos aprobados en relación con las instituciones políticas españolas.

Una consecuencia directa, inmediata y obligada del Concilio Vaticano II fue la aprobación de una Ley de Libertad Religiosa en el verano de 1967. Hasta esta fecha la situación de los protestantes en España era lamentable: tenían problemas con las autoridades civiles por la traducción de sus versiones de la Biblia, por sus ceremonias religiosas, que no podían ser públicas, e incluso por los edificios de culto, que debían carecer de rótulos que indicaran que lo eran. El proyecto original de la disposición, redactado por Castiella, que se alineó con los sectores más aperturistas en este aspecto, motivó serias reticencias por parte de Carrero Blanco y recortes del Ministerio de Justicia, que todavía aumentaron al llegar a las Cortes. La ley supuso una mejora considerable de la situación legal de los cultos diferentes del católico en España: en adelante se permitiría el matrimonio civil de los no católicos, que no serían obligados a participar en actos religiosos durante el servicio militar ni tampoco en la enseñanza oficial. Aun así, e incluso teniendo en cuenta su aplicación con criterio generoso, los propios organismos católicos la consideraron insuficiente. Para un número elevado de dirigentes del régimen la introducción del pluralismo religioso llevaba de forma obligada al político.

Mucho más decisiva que este cambio en la legislación resultó la modificación interna experimentada por el catolicismo español. El Concilio Vaticano II empezó por tener un indudable impacto sobre la propia jerarquía eclesiástica. Hay que tener en cuenta que un año después de su conclusión (1966) todavía el 83 por 100 de los obispos habían sido nombrados de acuerdo con el procedimiento del derecho de presentación previsto en el Concordato de 1953; además, dos tercios tenían más de sesenta años y una cuarta parte superaba los setenta y cinco, y sólo tres eran menores de cuarenta y cinco años. Por si fuera poco, casi la mitad llevaban más de veinte años de episcopado y la inmensa mayoría había sido ordenada antes de la Guerra Civil y procedía del medio rural. Durante el período 1965-1971 fueron nombrados nada menos que 42 obispos nuevos, es decir más de la mitad del total. Además, en la última etapa del franquismo, dadas las disparidades entre autoridades civiles y eclesiásticas, se convirtió en habitual el nombramiento de obispos auxiliares, para lo que no se exigía ningún género de intervención estatal.

Este cambio en la jerarquía, sustituyéndola por otra más joven y dotada de una mentalidad diferente, contribuyó a que cambiara de forma significativa el contenido de sus enseñanzas. Desde 1966 funcionó la Conferencia Episcopal como órgano colegiado, en sustitución de la Conferencia de Metropolitanos anterior; en la práctica los cambios fueron, de momento, leves porque quienes la presidieron —Quiroga y Morcillo— participaban de una mentalidad bastante retardataria y, además, votaban los obispos dimisionarios y no lo hacían los auxiliares, mucho más jóvenes. Todavía en esa fecha el documento aprobado sobre «La Iglesia y el poder temporal» testimonió tener un empeño principal en el mantenimiento de una relación con el Estado vigente sustancialmente idéntico al existente.

La situación, sin embargo, cambió a partir de finales de la década de los sesenta.

En ello jugó un papel muy directo, en primer lugar, la propia Roma, en especial el papa Pablo VI. Para él el catolicismo español debió ser un frecuente motivo de preocupación por su incapacidad para la renovación y para estar a la altura de su tiempo, a pesar del elevado número de vocaciones religiosas y la confesionalidad del Estado. En ello no debió ser muy diferente su juicio del de muchos otros católicos en el mundo intelectual de otras latitudes. En junio de 1969 el Papa declaró su «paternal afecto» por España, pero, al mismo tiempo, mostró una cierta inquietud por ella, añadiendo que «deseamos para aquel noble país progreso ordenado y pacífico y esperamos a tal fin que no falte el sabio valor en la promoción de la justicia social, cuyos principios han sido delimitados a menudo y claramente por la Iglesia». No parece que ninguna decisión importante acerca de España se tomara sin la anuencia del propio Papa, pero sin duda le correspondió un papel decisivo en la ejecución de este cambio al luego cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Obispo a la temprana edad de treinta y ocho años, Tarancón, como hemos visto, puede ser considerado, dentro del episcopado, como una personalidad autocrítica, aunque el contenido de sus pastorales que causaron mayor impresión en los años cuarenta y cincuenta no se refería a ningún aspecto decisivo del régimen político existente, sino a problemas prácticos como el del racionamiento. Nunca utilizó el término «dictadura» para aludir al régimen de Franco, al que se refirió como Caudillo en algún escrito íntimo. No fue, pues, frente a la imagen que de él dio la extrema derecha, un obispo «político» e intrigante; tampoco se caracterizó por el paso de un extremo a otro, sino por el deseo de lograr articular las dos tendencias en que se dividió la Iglesia española (había adquirido fama de pacificador al frente de la diócesis de Oviedo, significada por sus conflictos sociales). Le caracterizó, en cambio, una profunda preocupación pastoral, siempre en contacto con Roma, una facilidad evidente para la comunicación y el liderazgo y buenas dosis de sentido común en un momento en que se corría el peligro de una profunda división del catolicismo español. Además, desde mediados de los años cincuenta, al ser secretario de la Conferencia de Metropolitanos, había personificado a la jerarquía española.

De todos modos, sólo ya en los setenta estuvo al frente de la Conferencia Episcopal. En 1969 sólo le faltaron tres votos para superar a Morcillo, pero la enfermedad de éste, el hecho de que fuera elegido como vicepresidente y la rápida sucesión al frente de la diócesis de Madrid cuando aquél falleció demostraron hacia dónde se inclinaban la Santa Sede y la tendencia renovadora. También estuvo claro que la posición del régimen era muy distinta: Morcillo, que no había recibido el cardenalato, fue honrado, en cambio, con la concesión de la máxima condecoración española.

Mientras tanto y hasta la consolidación en la Conferencia Episcopal de la victoria de lo que ha sido denominado como el «extremo centro», identificado con Tarancón, menudearon los incidentes con las autoridades civiles, principalmente por motivos derivados de sus doctrinas sociales o sindicales. El ministro de la Gobernación, general Alonso Vega, constató en 1970 que «ya la fe católica no es el principal arma contra nuestros demonios familiares».

La victoria de la tendencia personificada por Tarancón en realidad fue también la de una Iglesia ya renovada. Una encuesta realizada entre miles de sacerdotes demostró que sólo una quinta parte estaban de acuerdo con el tipo de relaciones existentes entre Iglesia y Estado y que un porcentaje superior tenían ideas próximas a alguna forma de socialismo. En septiembre de 1971 se celebró la llamada Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, que reveló un cambio sustancial de postura por parte de unos y otros. Testimonio de la diferencia de mentalidad con respecto al pasado es, sin duda, que una de las proposiciones que obtuvo mayoría en la Asamblea, pero que no pudo ser aprobada por carecer del suficiente margen de votos, se refería a la Guerra Civil y pedía perdón por el hecho de no haber sido en el pasado la Iglesia un instrumento de reconciliación de los españoles. Ya en 1972 un documento sobre el apostolado seglar, aprobado por la Conferencia Episcopal, llamaba al compromiso del cristiano «en la transformación de las estructuras sociales, políticas y económicas» para combatir «la falta de libertad». En enero de 1973 un nuevo documento episcopal sobre «La Iglesia y la comunidad política» afirmó la incompatibilidad de la fe con un sistema «que no busque la igualdad, la libertad y la participación». Más adelante, en noviembre de 1974, la Conferencia Episcopal dijo sentirse «obligada a apoyar una evolución en profundidad de nuestras instituciones a fin de que garanticen eficazmente los derechos fundamentales de los ciudadanos».

Como luego diría el cardenal Tarancón, que desempeñó un papel de primera importancia en el proceso de cambio, éste se debió a unas razones clara y estrictamente eclesiales, no políticas, sino religiosas, aunque inevitablemente fuera interpretado desde esos parámetros. De hecho, sin la menor duda, como también dijo Tarancón, los obispos españoles sirvieron de «pontífices» en el sentido más etimológico del término, es decir, constructores de puentes entre los españoles. Intentaron ser —y lo fueron— instrumentos de reconciliación entre los españoles. Resulta difícil exagerar, por tanto, el papel de la Iglesia española en este sentido. Como ha escrito González de Cardenal, ella hizo «más que ninguna otra institución social para la recuperación de la España real»; de haber otra semejante, sería, sin duda, la prensa. En una sociedad tradicional y autoritaria resultó un elemento dinamizador, crítico y renovador que difundió los principios del pluralismo, la participación y la democratización, al mismo tiempo que muchos antiguos militantes de los movimientos de apostolado nutrían los grupos políticos y sindicales de la oposición o de la política posterior. La España democrática posterior a la transición resultó en gran medida heredera del catolicismo avanzado de los años sesenta y setenta. Así fue porque, en definitiva, la transición en la Iglesia fue anterior a la política y acabó por facilitarla.

Sin embargo, este cambio de mentalidad y esta contribución a la convivencia del catolicismo español no se hicieron sin dificultades, tensiones ni problemas. Se produjo en la Iglesia española un grave desgarramiento interno de consecuencias perdurables. Si la mayor parte de los católicos españoles siguieron a sus obispos, hubo también quienes optaron por una posición que recordaba más el pasado: de ahí la creación de la llamada «Hermandad sacerdotal», que los agrupó en número de quizá 5000; más que el Concilio, la gran divisoria que separaba a estas dos sensibilidades católicas era el recuerdo de la Guerra Civil (Duocastella). Proliferaron publicaciones de significación derechista y de contenido contrario a la renovación de la Iglesia y testimonios de fuerte discrepancia interna: si centenares de sacerdotes renunciaban a sus sueldos dependientes del Estado, hubo también obispos que permanecían en cargos políticos, como el de procurador o consejero del Reino —Cantero, Guerra Campos…—, o que trataban de desdibujar los pronunciamientos solemnes de la Conferencia Episcopal, al mismo tiempo que recibían un tratamiento preferencial del Estado. La crisis afectó a la vida interna de órdenes religiosas tan sólidas y disciplinadas como los jesuitas, que estuvieron a punto de desdoblarse en dos provincias, al estar divididos en dos mentalidades contrapuestas. No cabe la menor duda de que en algún momento miembros del Opus Dei —organización caracterizada por una actitud tradicional en lo religioso— intentaron quitar valor desde Roma a las decisiones de la Asamblea Conjunta. En ella hubo, no obstante, junto con significados miembros del Gobierno, quienes jugaron un papel importante en la oposición y en la posterior transición.

Al margen, sin embargo, de estos sectores retardatarios y de este desgarro interno, el Concilio significó tanto en lo que respecta al cambio de mentalidad, que no puede extrañar que produjera una grave desorientación religiosa traducida en la perdida de un horizonte claro de actuación. La incidencia de las secularizaciones tuvo su peor momento al final de los años sesenta, pero perduró durante los años setenta la disminución de las vocaciones: si en 1963 había unos 8000 seminaristas, eran tan sólo 2500 en 1974. Parece indudable que si para una buena parte de la Iglesia española esta crisis significó una fe mucho más auténtica y libre de excrecencias temporales, para un sector pudo suponer una trivialización del mensaje cristiano o una reducción de lo religioso a una pura actitud reivindicativa en lo civil o lo político. En cualquier caso, las encuestas revelaron que hasta las tres cuartas partes de los sacerdotes se sentían carentes de la preparación suficiente para desempeñar su ministerio a la altura de finales de los años sesenta.

La crisis provocada en el seno del catolicismo español por el impacto del Concilio Vaticano II tuvo, en términos generales, unos efectos netamente positivos, pero también se saldó con traumas dolorosos y pérdidas irreversibles. Uno de ellos fue la crisis de los movimientos apostólicos entre los años 1966 y 1968, y sería considerado tiempo después por el cardenal Tarancón como un grave error de diagnóstico de la propia jerarquía. Todo hace pensar que, en efecto, la visión de los movimientos apostólicos como unas organizaciones entregadas al marxismo, defendida por el obispo Guerra Campos, que fue su consiliario, carece de justificación alguna.

Los movimientos apostólicos habían adquirido una autonomía importante al final de la década de los cincuenta y la confirmaron en los tiempos conciliares, pero cuando comenzaron a actuar adoptando posturas que les enfrentaban a la situación política o social vigente entraron en conflicto también con la propia jerarquía, en la que no se había producido todavía la renovación a la que se ha hecho mención anteriormente. Se debe tener en cuenta también que tanto en la Universidad como en el mundo social afiliados a esos movimientos desempeñaron un papel de primera importancia en la oposición al régimen. En junio de 1966 tuvo lugar en el Valle de los Caídos una reunión de la dirección de los movimientos católicos cuyas conclusiones no fueron aprobadas por la jerarquía, quien no sólo les reprochó un exceso de temporalismo, sino que pretendió tomar ella misma las riendas de la situación, al mismo tiempo que desarticulaba la prensa auspiciada por aquéllos. En junio de 1968 se produjo la dimisión masiva de los altos cargos de Acción Católica, que en esta fase final de los sesenta perdió, al menos, la mitad de su afiliación. A pesar de ello, los que quedaron (quizá más de 300 000) eran más numerosos que todos los grupos de oposición juntos y probablemente también que los inscritos no puramente formales en los ficheros del partido único, datos que prueban el peso social que todavía tenía el catolicismo en España. Aun así el mayor problema residió quizá en la ausencia de orientación y de conciencia de la propia especificidad, que duró hasta bien entrados los años setenta. La mención a los grupos de oposición adquiere su sentido por el hecho de que, en efecto, como ya se ha señalado, hubo un trasvase desde la dirección de los organismos de apostolado a las actividades políticas en contra del régimen.

Se debe tener en cuenta, en fin, que lo que no era cierto en un principio —la supuesta «marxistización» de los movimientos de apostolado— acabó por resultar una realidad con el paso del tiempo, debido a la propia aspereza de la confrontación, la actitud del régimen y de una parte de la jerarquía y la propensión hacia el maximalismo nacida de la carencia de experiencia democrática. Los movimientos católicos de carácter progresista iniciados en los años sesenta tuvieron un componente intelectual y de clase media que si les hizo mantener posturas radicales —tercermundismo precoz, tercera vía alejada del capitalismo y del comunismo…—, tampoco resultaron tan definitivas porque contenían un componente de heterodoxia sistemática que les hizo repudiar toda opción totalitaria a medio plazo. Así sucedió, por ejemplo, con el Frente de Liberación Popular, disuelto a fines de los sesenta y cuyos dirigentes nutrieron las filas de la izquierda más convencional, o con la revista El Ciervo. Algo parecido cabe decir de los cristianos «progresistas» que, vinculados con la HOAC y actuando a través de la editorial ZYX, acabaron re-descubriendo las raíces libertarias de gran parte de la tradición obrera española. La radicalización del mundo católico de izquierdas produjo resultados más sorprendentes ya en los años setenta: los Cristianos por el Socialismo o las Comunidades Populares, en las antípodas del régimen, pero también de lo que significaba Tarancón. En una región de tan fuerte tradición católica como Navarra los movimientos políticos de extrema izquierda, más allá del comunismo ortodoxo, se nutrieron de antiguos militantes católicos que habían estado en organizaciones de apostolado.

El régimen, por su parte, reaccionó de una manera bien característica ante el nuevo frente que contra él se había abierto por la transformación de la Iglesia española. Ya hemos visto la personal actitud de Franco, que no supo, quizá porque no pudo, entender lo sucedido en la Iglesia: culpó a la Curia y, sin duda, lo sucedido constituyó para él una tragedia en un momento en que, octogenario, se acercaba al fin de sus días.

Todo el sector dirigente del franquismo no sólo mantuvo su actitud vinculada con el nacional catolicismo, sino que incluso la exacerbó en un momento en que era cada vez más patente su disintonía con la evolución del mundo. Es muy posible que la demanda gubernamental a la jerarquía de que «extirpara actividades extrañas» en la Acción Católica contribuya a explicar la crisis de su organización. En un momento en que el pluralismo de los católicos y su actitud defensora de los principios democráticos se habían generalizado, el régimen quiso ratificar su vinculación a los principios del catolicismo por el procedimiento de nombrar obispos como miembros del Consejo del Reino o como procuradores en Cortes. No hay nada más expresivo de esta voluntad nacional-católica que la conversación entre Carrero y Tarancón que este último ha narrado: ante los crecientes conflictos el almirante prometió dar a la Iglesia «todo lo que quiera», pero sólo con la condición de que fuera «nuestro principal apoyo». Luego, en las Cortes, midió en 300 000 millones de pesetas los beneficios obtenidos por la Iglesia gracias a su colaboración con los vencedores en la Guerra Civil. La frase testimonia rudeza, pero también angustia —más adelante diría que para él resultaba más importante ser cristiano que presidente del Gobierno—, y proporciona la prueba definitiva de que se había producido una crisis profundísima en las relaciones entre dos poderes hasta entonces estrechamente unidos.

La situación había cambiado ya de manera decidida a comienzos de los años setenta, con una Iglesia «totalmente distanciada» del régimen, de acuerdo con las palabras de Tarancón, de la que surgían protestas cada día más frecuentes por la situación social y política. A finales de los sesenta y comienzos de los setenta era corriente encontrarse en la prensa noticias acerca de la suspensión de reuniones de carácter religioso, detenciones de sacerdotes o incluso de vicarios o de registros policiales en edificios de tipo religioso, que servían ocasionalmente para actividades de la oposición. Un total de unos 150 sacerdotes sufrieron sanciones de un tipo u otro, y muchos de ellos pasaron por una cárcel habilitada en Zamora exclusivamente para ellos.

Eran los momentos en que la conflictividad entre Iglesia y Estado era casi diaria. Quizá los dos puntos álgidos de esta colisión fueron la intercesión papal respecto del proceso de Burgos o el intento gubernamental de expulsión del arzobispo de Bilbao, monseñor Añoveros, de los que se hablará más adelante.

En definitiva, la Iglesia española, con desgarros y tensiones internas, realizó su propia transición superadora de la Guerra Civil mucho antes que tuviera lugar el cambio político que llevó a la transición a la democracia; sin duda, también se adelantó al propio cambio de la sociedad con respecto a su régimen. Esta realidad debe ser reconocida, como asimismo el hecho de que el cambio experimentado no evitó la persistencia de un sentimiento anticlerical, testimonio del nacional-catolicismo previo. Por el lado de la izquierda amenazó a la Iglesia un exceso crítico contra toda forma de institucionalización y un temporalismo exagerado. Además, hubo también, con independencia de un minoritario sector retardatario, una actitud de desorientación y absentismo en buena parte de las masas católicas durante un período considerable de tiempo como consecuencia de la crisis experimentada. Ésa también fue una de las herencias de la fase final del franquismo.

De todos modos, las transformaciones de la sociedad española, de las que fueron buen ejemplo las producidas en el caso de la Iglesia católica, en otro tiempo sostén indudable del régimen, no deben hacer olvidar la política interna de éste. A ella será preciso referirse ahora, porque uno de los rasgos decisivos de este último período del franquismo fue precisamente el amplio hiato existente entre las instituciones políticas y la realidad social.

La apertura (1965-1969)

La segunda mitad de la década de los sesenta estuvo dominada en la política del régimen franquista por una palabra —apertura— cuyo sentido resulta preciso esclarecer cuanto antes. «Apertura» no quiso nunca decir transformación sustancial del régimen, pero sí un deseo, más o menos vago, de aflojar los severos controles de otros tiempos.

Un factor esencial para explicarla consiste en el optimismo engendrado por el crecimiento económico y la ausencia de una oposición efectiva. Esta situación pudo llegar a influir en el propio Franco en materias como la Ley de Prensa. Sin embargo, como es lógico, en los políticos jóvenes, de adscripción no muy precisa, pudo ser todavía más importante. Mejores gestores que muchos de los del pasado porque tenían mayor formación y conocimientos burocráticos, se consideraban muy lejanos del mundo del partido único. Eran, además, conscientes de la necesidad de sustentar el régimen en una estructura institucional y no tan sólo en la vida de una persona. De ahí su urgencia por plasmar en disposición legal aquello que llevaba años sin acabar de decidirse: como escribió Silva Muñoz sin el cambio ministerial la ley de prensa hubiera seguido «durmiendo». Resulta muy posible, además, que fueran de algún modo conscientes de la fragilidad a medio plazo de un régimen de cuya estabilidad dependía su vida política personal. En el diario de López Rodó se encuentra una anotación a comienzos de 1968 de acuerdo con la cual el régimen sería «un anacronismo y un estorbo» a los ojos de la sociedad española.

La apertura no fue lo mismo que la institucionalización, pero ambas estuvieron relacionadas. Carrero, por ejemplo, no puede alinearse con la primera, pero siempre (y de forma particular desde 1958) defendió la segunda como procedimiento de prolongación en el futuro del régimen. «Si el Rey recoge los poderes que tiene V. E.» —le escribió a Franco en una ocasión— «es para sentirse alarmado porque lo cambiará todo». Para los más jóvenes ministros de manera espontánea institucionalizar quería decir hacerlo desde unos parámetros lejanos al fascismo (aunque también a la democracia). Institucionalización y apertura no fueron, en definitiva, obra exclusiva de un sector dentro del régimen, sino de la mayor parte de toda una generación de dirigentes o de una situación percibida por quienes llevaban más tiempo en la nave de mando de la dictadura. Tampoco la congelación de la misma fue obra de un sector, sino de un sentimiento de peligro que amenazó a todos. Como veremos al tratar de manera pormenorizada de los principales temas políticos del momento, las posiciones en muchos se entrecruzaron y adquirieron sentidos diversos según los temas de debate y las cuestiones en juego. Fraga puede ser considerado aperturista en cuanto al Movimiento y en cuanto a la aprobación de su Ley de Prensa, pero no en cuanto a su aplicación. La ambigüedad del término «apertura» se aprecia especialmente en cuestiones como la sindical: puede considerarse «aperturista» recortar el poder de unos sindicatos que no eran democráticos, pero también hacerlos más representativos. Nadie, sin embargo, trató de que esos sindicatos fueran democráticos por completo.

Se ha solido identificar —más adelante veremos hasta qué punto tal afirmación tiene sentido— la apertura con el sector tecnócrata del Gobierno formado en 1962, del que, en definitiva, el que le siguió en 1965 no fue sino una continuación. En realidad, siempre hubo en el franquismo personas que llegaban hasta los más altos cargos en función de su preparación técnica y su capacidad de gestión. Ahora, no obstante, en la última fase del régimen los técnicos se hicieron cada vez más frecuentes, mientras que las «familias» se desdibujaban, se convertían en perfiles demasiado nítidos para propiciar una carrera política o eran bastante semejantes a clientelas, tan sólo unidas por una vaga identificación programática, aunque hubiera también intereses de promoción personal. Ante todo y sobre todo, los tecnócratas fueron la clientela reunida en torno a Carrero Blanco, cuya influencia se hacía creciente y a quienes sus adversarios identificaron con el Opus Dei. En realidad, hubo posiciones distintas (sobre todo, de índole generacional) entre quienes pertenecieron a esta asociación, pero un número elevado de sus miembros, vinculados o no a López Rodó, desempeñó un papel crucial por estos años en los Gobiernos de Franco. De todos modos, en su trayectoria personal no eran muchas las diferencias que les separaban del resto de la clase dirigente de la época.

Así se percibe con la mención a las dos personalidades más relevantes que entraron a formar parte del Gobierno en 1965. Laureano López Rodó llegó al Gobierno después de haber sido secretario general técnico de Presidencia en 1956 y subsecretario del Plan de Desarrollo desde 1962. Miembro del Opus Dei, en su caso cabe hablar de una perfecta identificación con Carrero, que, sumada a la que éste tuvo con Franco, le daba una influencia considerable. Su personalidad grisácea, ordenada y absorbente no le concedió popularidad, y su alejamiento del Movimiento tampoco le logró un apoyo de carácter burocrático, pero la Comisaría del Plan que dirigió le permitió crear una amplia clientela. La tecnocracia que él representaba se asemejaba a aquellos sectores que, durante el reinado de Fernando VII, se hicieron representantes de una cierta tendencia moderada, repudiada a la vez por los «ultras» y los liberales. El otro ministro muy significativo en el Gobierno de 1965 fue Federico Silva Muñoz, titular de Obras Públicas, que en sus rasgos personales y en su actuación vino a ser un caracterizado representante de la transformación de la «familia» católica del régimen, ahora mucho menos interesada en un programa político y, en cambio, más capaz del desempeño de responsabilidades de gestión en carteras económicas. A él cabe también adscribirle a la línea política mencionada; aunque asegura en sus memorias que pocos procedentes del mundo católico le siguieron, también tuvo una clientela, aunque más modesta. En realidad, la mayor parte de los nuevos ministros (y otros, como Oriol en Justicia, Espinosa en Hacienda, García Moneó en Comercio…) se alineaban tras Carrero, que era la figura más influyente del gabinete.

Así se demostró cuando, en septiembre de 1967, se convirtió en vicepresidente del Gobierno, sustituyendo a Muñoz Grandes. Éste venía a representar, en el mundo militar, al sector falangista o, si se quiere, «movimentista», que desde 1962 venía manteniendo una postura significativamente diferente sobre los problemas de institucionalización del régimen que el sector encabezado por Carrero. El cese de Muñoz Grandes, que conservó la jefatura del Estado Mayor, se debió probablemente a sus diferencias con Franco («estamos hartos de discutir», le dijo a Fraga), principalmente por la cuestión de la Monarquía, a la que, como falangista, Muñoz Grandes era particularmente reacio. El hecho confirma el relevante papel desempeñado por un Carrero que veía en él un peligro para sus presuntos afanes regencialistas, o quizá también testimonia que su promoción al puesto de vicepresidente no se debió a otro motivo que el deseo de despejar la incógnita de lo que pudiera suceder en caso de un accidente como el sufrido por Franco en 1961. En cualquier caso, la influencia de Carrero nacía de su condición de persona de la más absoluta confianza de Franco, de quien siempre se declaró devoto. Poco ambicioso y menos aún deseoso de publicidad, Carrero careció de la flexibilidad de Franco, pero había ido aumentando en su aprecio gracias a que por su condición de secretario fiel adquirió una identificación absoluta con él, a pesar de que su integrismo religioso fuera mucho mayor y tendiera a distanciarse de la Falange y de sus hombres. Siempre, desde los años cuarenta, jugó el papel de «eminencia gris» del dictador, aunque éste no siguiera de manera completa sus consejos. Ahora, no obstante, con la vicepresidencia, su papel político adquirió visibilidad; aunque se habló de la posibilidad de que Nieto Antúnez ocupara la vicepresidencia, esta especulación parece carente de fundamento. Como para compensar, Franco atribuyó a Fraga —y no a López Rodó, como Carrero hubiera querido— la secretaría del Consejo de Ministros.

Fue el Gobierno de 1965 quien llevó a cabo la institucionalización y la apertura del régimen en un período relativamente corto, que concluyó en un inmediato reflujo de las actitudes aperturistas y en la aparición de posturas contrapuestas sobre los más variados aspectos de la política interna. De las diferentes normas legales e iniciativas aprobadas hubo una que resultó importante para cambiar las pautas mentales y culturales de la sociedad española (Ley de Prensa); otras se refirieron a la clase política del régimen (Ley Orgánica, Movimiento y Reforma Sindical), mientras que la elección de heredero y sucesor resultaría de una importancia decisiva para el futuro de España.

Desde el punto de vista de su importancia para la sociedad española resulta difícil exagerar la trascendencia de la Ley de Prensa de 1966, que fue, además, la primera norma institucionalizadora. Hasta entonces el régimen de dicho medio de comunicación había sido de una enorme dureza, como nacido en una etapa bélica; baste recordar que había sido teorizado por Arias Salgado como de «prensa orientada». Fraga, con su característica tenacidad, anunció en 1962 la inmediata aprobación de la nueva ley, pero el proceso para llegar a la misma fue extraordinariamente complicado, a través de numerosos borradores redactados por otras tantas comisiones. Franco dijo en diversas ocasiones a Pemán que no conocía nada más tonto que un censor y que a él no le importaría gobernar con plena libertad de prensa, pero la realidad es que las notas que sobre esos borradores escribió parecen demostrar más bien una profunda reticencia respecto de ella. Su actitud nacía de una prevención extremada que le llevaba a considerar como delito no sólo cuanto atentase contra los principios del Movimiento (ya de por sí bastante vagos), sino también la divulgación morbosa de hechos inmorales.

También quería, en cualquier caso, la estricta responsabilidad del director de un medio de comunicación de cuanto apareciera en él y la posibilidad de restablecer la censura previa mediante una simple decisión del Gobierno, aparte de desconfiar profundamente de la empresa periodística y más si tenía capital extranjero. Pero, aun admitiendo que no creía en la libertad de prensa, quizá porque no podía dejar esa papeleta a su sucesor o por la confianza nacida de la inoperancia de la oposición, acabó por aceptarla.

En estas condiciones la ley, presentada por Fraga como «un medio para mantener limpia España, no para mancharla y menos destruirla», dispuso de muchas y muy rigurosas cautelas para evitar que con ella se causara un peligro al régimen. El Estado se reservaba el derecho de inspeccionar la inscripción de los diarios, incluso pudiendo anularla, y, a través de la agencia Efe, controlaba las noticias del extranjero; podía recurrir al secuestro preventivo de una publicación y también sancionarla por la vía administrativa; por si fuera poco, los límites a la libre expresión de las ideas eran tan genéricos como «el respeto a la verdad y a la moral» y el debido «a las instituciones y personas en la crítica de la acción política y administrativa». En suma, la ley resultaba intencionadamente ambigua: sólo así pudo ser aprobada, pero las consecuencias las padecieron, con el transcurso del tiempo, los periodistas.

Con todo, el efecto de la Ley de Prensa fue netamente positivo. El escritor y director de diario Miguel Delibes pudo decir que si «antes te obligaban a escribir lo que no sentías y ahora se conforman con prohibirte lo que sientes, algo hemos ganado». En primer lugar, se produjo una inmediata multiplicación de las publicaciones: aparecieron 129 nuevas, de las que ocho eran diarios y tres se publicaban en Madrid. Pero en segundo lugar (y esto es más importante) la prensa pudo romper con lo que había sido su comportamiento habitual hasta entonces. Según Pía, consistía en hinchar noticias que no sucedían y cortar las que pasaban de verdad. Pero, en tercer lugar y sobre todo, la prensa pudo contribuir de manera decisiva a divulgar los principios y normas en los que se basa la democracia e incluso llegar a convertir ésta no sólo en algo conocido, sino habitualmente admitido por los españoles. Nada de ello se hizo sin dificultades, en muchos casos muy grandes.

Las primeras nacieron de la inmediata introducción de normas restrictivas tan sólo unos meses después de la aprobación de la ley, como la modificación del Código Penal en 1967 y una abusiva Ley de Secretos Oficiales el año siguiente (el estado de excepción de 1969, como es lógico, también afectó gravemente a la prensa). La misma legislación proporcionaba, por su parte, posibilidades de sanción muy amplias. Ya en 1966 hubo 22 expedientes concluidos en multa, cifra que creció a 72 y 91 en los dos años siguientes; en general, afectaban a pequeñas publicaciones, normalmente de significación religiosa, pero en septiembre de 1968 el diario madrileño El Alcázar vio cambiada su dirección y empresa por el procedimiento de que el Gobierno rectificara la inscripción de la misma en el registro correspondiente. El diario había crecido de 25 000 a 140 000 ejemplares en 1963-1968 y con la nueva empresa de extrema derecha a la que fue entregado se había hundido en 1975 hasta los 13 000 ejemplares de circulación.

Estas sanciones eran la consecuencia de la propia ley y de la dureza con que la aplicó quien la había redactado, pero también por la presión del resto de la clase política del régimen y, en primer lugar, del propio Franco, quien recomendó al ministro «no ser demasiado buena persona», a pesar de lo que dijera a Pemán respecto de la libertad de prensa. Fraga estaba, además, presionado por sus propios adversarios en el Consejo de Ministros: según cuenta en sus memorias López Rodó aseguraba que con la ley el Gobierno se sentaba perpetuamente «en el banquillo», mientras que el responsable de Orden Público, Alonso Vega, era todavía más expresivo: «Me cago en la ley», decía. Fraga, por sí mismo, ya tenía una concepción francamente limitada de la libertad de prensa, pero todas estas presiones le hicieron llegar a la conclusión de que «mejor que perder la Ley de Prensa es aplicarla con todas sus consecuencias», entendiendo por éstas las sanciones. En sus adversarios —él atribuía esta condición a los miembros del Opus Dei— veía, por un lado, un deseo de boicotear la ley por liberal, pero también de destruir al régimen desde fuera (en el diario Madrid), lo que incrementó su indignación. Con independencia de proceder a las sanciones se sirvió de la prensa del Estado —en especial, de Pueblo, de Emilio Romero— contra la independiente y no descuidó la propaganda. «Como se están publicando muchas cosas adversas sobre la Guerra Civil con aparente rigor» —le había escrito Franco—, «conviene abandonar la política de abstención y prestar apoyo a obras que lo merezcan y que puedan recibir de nosotros documentación». En adelante un servicio en el Ministerio de Información y Turismo quedó dedicado a esta tarea.

Los antecedentes remotos de la Ley Orgánica deben remitirse a los proyectos de Arrese y al conjunto de proyectos redactados, como alternativa, durante el Gobierno de 1962. En su fórmula final el proyecto estuvo redactado en el verano de 1966 y fue sometido a referéndum a finales de año y promulgado en enero de 1967. La responsabilidad esencial con respecto a su contenido cabe atribuirla a Carrero y sus más inmediatos colaboradores, aunque fueron muchas las plumas que intervinieron en la redacción. De la mayoría de ellas cabe, sin embargo, decir lo que Silva Muñoz expresó de la intervención: «Me recogieron muchas cosas y me desecharon pocas pero sustanciales». Carrero mismo había sido quien principalmente contribuyó a convencer a Franco de que aceptara esta institucionalización (de la experiencia con Arrese había llegado a la conclusión de que era imposible una fórmula que satisficiera al conjunto de las familias del régimen).

No faltaron, sin embargo, tensiones entre los diversos sectores a la hora de determinar sus contenidos: sólo en el último momento Carrero consiguió hacer desaparecer la mención al Movimiento, al tratar del Consejo Nacional, así como el requisito de que el secretario general fuera elegido en terna por dicho Consejo, tal y como había sido originariamente previsto. Los sectores más falangistas hubieran deseado que el Consejo Nacional tuviera funciones semejantes a las de un Tribunal Constitucional y permitiera la supervivencia del partido único, apenas transfigurado.

Fraga asegura en sus memorias que aquél fue un gran momento perdido para la evolución del régimen, pero todo hace pensar que desde un principio estaba bien claro que los propósitos de una disposición como ésta fueron limitados y que no concluyeron en nada semejante a la homologación del régimen español con uno democrático.

Fernández Carvajal, el mejor estudioso de la Ley Orgánica, la definió como un intento de convertir una dictadura constituyente en una monarquía limitada y contrapesada por instituciones que eran aquéllas, originariamente fascistas, en las que hasta entonces se había fundamentado el régimen. El presidente del Gobierno aparecía, como ya lo había hecho en 1957, pero no fue nombrado y, por tanto, su aparición en la ley no pudo considerarse como una innovación inmediata. El Consejo Nacional siguió siendo un residuo «movimentista», reservado para personalidades que tuvieran una larga solera en el régimen, o con la pretensión de actuar periódicamente como si fuera una especie de supremo guardián de las esencias del régimen. La verdadera novedad estuvo en la configuración de un sector de las Cortes, el de los procuradores llamados «familiares», sujetos a un tipo de elección directa que, aunque estuviera sujeta a todo tipo de cautelas, exigía tomar en consideración la opinión pública. En realidad, los procuradores familiares eran sólo 108 (frente a los 150 sindicales) y, además, representaban un número de votos muy variable, al existir dos por provincia y, por tanto, contar mucho más, por ejemplo, el voto de Soria que el de Barcelona. La ausencia de asociacionismo político creaba además una especie de nuevo régimen censitario en el sentido de que sólo quienes tuvieran una enorme fortuna personal o apoyos financieros externos podían concurrir a los procesos electorales. Lejos de considerar que esta situación debía ser solucionada con financiación pública de las campañas, Carrero llegó a pensar, más adelante, que era preciso prohibir la propaganda.

Con todo, las elecciones en que se estrenó la nueva composición de las Cortes fueron animadas, y, por ejemplo, dos gobernadores civiles fueron derrotados como candidatos. En algunos sitios personalidades independientes, nunca enfrentadas al régimen, consiguieron ser elegidas. La primera etapa de la legislatura, iniciada en 1967, estuvo bajo el protagonismo de esos procuradores familiares, que se reunieron sucesivamente en varias localidades españolas. En agosto de 1968 una reunión en Melilla fue impedida por el Ministerio de la Gobernación sin tener para nada en cuenta a la propia Presidencia de las Cortes, y a partir de ese momento la acción de los procuradores familiares tendió a diluirse y a perder cualquier significación reivindicativa.

En realidad, la Ley Orgánica en sí no determinaba por completo los perfiles del sistema político institucionalizado por Franco, sino que eran necesarias disposiciones complementarias en cuya discusión se agriaron las relaciones de las distintas familias del sistema y de los ministros, siendo el resultado, en la mayor parte de los casos, una interpretación restrictiva de lo que podía haberse convertido en una versión algo más amplia de la apertura. Quizá la excepción parcial a esta afirmación esté representada por la Ley de Libertad Religiosa, de junio de 1967, ahora propuesta por Justicia y no por Exteriores, a pesar de que, en realidad, sólo permitió la tolerancia y motivó la máxima oposición de los más cerrados falangistas, que veían en la aparición de un posible pluralismo religioso el indicio de la implantación del político. En cambio, el resto de las disposiciones de desarrollo de la Ley Orgánica interpretaron ésta en sentido restrictivo y provocaron una conflictividad importante en el seno del régimen.

La Ley sobre el Movimiento Nacional, de comienzos de 1969, no redujo éste a una genérica comunión de los españoles alineados originariamente con el régimen, sino que potenció el aspecto organizativo o burocrático y, por tanto, también el recuerdo de los años azules del régimen. Las discusiones en Consejo de Ministros fueron duras y enconadas. Silva Muñoz cuenta en sus memorias que se le vetaron enmiendas tan inocuas como sustituir el término «jefe» provincial por «presidente» y que el propio Franco desautorizó a su subsecretario por adoptar una actitud crítica respecto a los falangistas. En relación con este proyecto hubo otro destinado a la vertebración de las asociaciones políticas que significativamente las sometía a la tutela del Consejo Nacional, pero que daba bastantes facilidades para que pudieran existir. El proyecto fue aprobado en el verano de 1969, pero inmediatamente entró en barrena, como consecuencia de las tensiones internas y por la prevención habitual de Franco a formalizar el pluralismo que en su régimen se daba.

También la Ley Orgánica imponía una transformación del sindicalismo oficial, que ya había ido transformándose lentamente con el transcurso del tiempo, pero que ahora debía adaptarse al nuevo marco constitucional. En 1967 tuvo lugar una amplia consulta sobre el particular, y en el Congreso celebrado en mayo de 1968 en Tarragona la propia Organización Sindical hizo una propuesta que, como solía ser habitual en los organismos del Movimiento, empezaba por reivindicar la autonomía para concluir en la voluntad de que el ministro del ramo fuera elegido por la propia Organización Sindical, de forma parecida a como Arrese en otro tiempo había pedido para la Secretaría General. Como también resultaba de esperar, el resultado de esta propuesta fue, con el paso del tiempo, que a los sindicatos, que nunca alcanzaron a tener su propio ministro, les fue impuesto uno. Por el momento, sin embargo, las mayores dificultades de los institucionalizadores del sindicato residieron en la Iglesia, quien no dudó en afirmar, en un documento del verano de 1968, que la legislación española sobre la libertad sindical y la huelga tenía poco que ver con las enseñanzas pontificias. Sólo una veintena de los obispos más conservadores estuvieron dispuestos a ver con benevolencia la reforma sindical, propiciada desde las alturas y fundamentada, en realidad, en el deseo de supervivencia de la línea jerárquica, no electiva. El debate sobre el sindicalismo llegó a ser tan intenso, que esta cuestión acabó por ser declarada, paradójicamente, secreto oficial.

La decisión sucesoria.
Matesa y la división interna del régimen

La decisión institucionalizadora más preñada de consecuencias para el futuro, y la última en que la clase dirigente del régimen se mostró suficientemente unida, fue el nombramiento de Don Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco. Para comprenderla es preciso tener en cuenta algunos antecedentes, pues se trató de un proceso lentísimo, hasta llegar a una decisión definitiva, aunque, una vez que se tomó, fue ejecutada con rapidez. López Rodó la describe en sus memorias como la «Operación Salmón», en el sentido de que para ella tanto él como Carrero, sus principales promotores, debieron actuar con idéntica paciencia a la requerida, al parecer, para dicho tipo de pesca.

En 1963 Don Juan Carlos se había instalado en el Palacio de la Zarzuela no sin que, después de su boda, existieran algunos titubeos entre él mismo, su padre y Franco.

Don Juan, aún sin abandonar el colaboracionismo, había procurado mantener alejado a Franco de la decisión matrimonial de su hijo y, además, hubiera querido algún tipo de reconocimiento para él antes de su instalación definitiva en España. Franco, por su parte, pensó seriamente en otros caminos sucesorios —una regencia renovable cada diez años o Don Alfonso de Borbón—; exigía «identificación absoluta» o «entrega» a quien hubiera de sucederle. Todavía en 1964 escribió en una nota íntima que «lo peor que pudiera pasar es que la nación cayese en manos de un príncipe liberal, puente hacia el comunismo».

Con el paso del tiempo la presencia en España de Don Juan Carlos y su mujer y su aparente identificación con el régimen hicieron que prosperaran, al mismo tiempo, los indicios de que Franco se decantaba por Don Juan Carlos. En noviembre de 1965 Fraga hizo unas declaraciones a la prensa extranjera en donde se anunció esta posibilidad. Don Juan Carlos procuró adaptar su forma de actuar a esa realidad, evitando una excesiva vinculación con el entorno que rodeaba a su padre, con el que, sin embargo, siempre mantuvo una identidad de fondo; tenía, al mismo tiempo, una entrevista al mes con Franco, que sintió por él el afecto que hubiese experimentado por el hijo que no tuvo. Don Juan, por su parte, aunque en repetidas ocasiones insistió en la necesidad de mantener la línea dinástica, no parece haber puesto en duda la fidelidad de su hijo, así como el sentido de su obra futura, pero no creyó que Franco se decantara por el nombramiento de su sucesor en vida. Más cercano a la realidad política española, Don Juan Carlos siempre pensó que así sucedería y, además, lo facilitó. Cuando se produjo el referéndum por la Ley Orgánica Don Juan recomendó a su hijo aplaudir en el caso de que esa medida sirviera para institucionalizar el régimen, y esperar en vez de adherirse a esa fórmula, como hizo Don Alfonso de Borbón, el cual —decía su hijo— funciona por su cuenta, «en abierta deslealtad hacia lo que represento y, de rechazo, en pugna contigo». Finalmente Don Juan Carlos acabó votando en el referéndum.

De la causa monárquica se hizo responsable, a partir de 1966, José María Areilza, imprimiéndole un especial y hasta entonces inédito activismo a través de un secretariado y dándole un contenido netamente liberal, especialmente cuidadoso con la atracción de los intelectuales de esta significación. Es cierto que este tipo de actitud no benefició a Don Juan de Borbón a los ojos de Franco, pero no lo es menos que éste había descartado ya por completo al hijo de Alfonso XIII; además, si Areilza erró en lo que respecta al candidato al trono, no lo hizo en relación al tipo de monarquía que llegaría en el futuro. La decisión de Franco respecto de su propia sucesión parece haberse fraguado en los primeros meses de 1968. En este momento Don Juan Carlos había cumplido ya los treinta años y sus declaraciones insistieron en la aceptación de la legalidad vigente. Con ocasión de una efemérides familiar (el bautizo de su hijo varón), tanto su padre como su abuela estuvieron presentes en Madrid, y la segunda pudo influir en la decisión de Franco. Fue éste el año en que la retirada de De Gaulle y Salazar puso, además, sobre el tapete la eventualidad de la perduración de Franco. A fines de ese año Don Carlos Hugo, hijo primogénito de Don Javier de Borbón-Parma, quien, como Don Alfonso, no había dudado en adherirse a Franco durante el referéndum, fue expulsado de España, pese a haber tenido durante algún tiempo apoyos en los medios sindicalistas (Solís, si no podía a estas alturas declararse republicano, sí contribuía, en la medida de sus posibilidades, a hacer lo más confusa posible la cuestión monárquica). Todavía en la primavera de 1969 Carrero debió presionar en favor de la Monarquía (Franco dijo sentir como una «deserción» propia el nombramiento de su sucesor) y también lo hizo Alonso Vega, el duro ministro de la Gobernación, compañero de Academia de Franco.

Finalmente se produjo la decisión: «Ya parió», dijo Carrero a López Rodó refiriéndose a Franco, y Don Juan Carlos comunicó a Estoril que «el grano ha reventado». Ambas expresiones testimonian hasta qué punto la decisión fue personal. La comunicación al sucesor por parte del propio Franco fue muy tardía, y Don Juan no recibió más que una pura notificación a posteriori, como en el caso de la Ley de Sucesión. El título de «Príncipe de España», otorgado al sucesor, fue sugerido por López Rodó para evitar el directo enfrentamiento con Don Juan, pero resultó conveniente para la Monarquía, pues recalcaba la excepcionalidad de la situación.

Don Juan inmediatamente disolvió el secretariado, y declaró permanecer «como espectador» de una decisión en que no había tomado parte y, al mismo tiempo, como alternativa liberal a la Monarquía que entonces parecía encarnar su hijo. Las declaraciones que éste hizo en el momento de acceder a su puesto estuvieron inequívocamente destinadas a satisfacer a un auditorio franquista, pues dijo recibir la legitimidad histórica del 18 de julio y no mencionó ni tan siquiera a su padre, obteniendo muchos aplausos de los procuradores de Franco. Tan sólo 19 votaron negativamente y nueve se abstuvieron; el discurso de aceptación en lo esencial fue redactado por Alfonso Armada, que entonces desempeñaba un papel relevante en la Zarzuela. Años después el actual monarca español dijo que durante muchos años «me había pasado años haciéndome el tonto en este país»: con ello indicaba que, pese a las apariencias, su línea de pensamiento estaba clara y se vinculaba de forma inequívoca a lo que su padre representaba. Don Alfonso de Borbón, que en adelante seguiría siendo su principal rival en la sucesión, fue enviado como embajador a un puesto lo suficientemente relevante para señalar su importancia, pero alejado para que no importunara. «Una gallegada», comentó filosóficamente Don Juan Carlos.

A su elección como sucesor se llegó por la voluntad de Franco y por la aceptación pasiva del designado, pero, sin duda, hubo un sector del régimen —el identificado con Carrero— que jugó un papel determinante en que la decisión sucesoria se produjera cuando ya Franco había iniciado su declive físico. No obstante, en mayor grado que cualquier otra decisión tomada en esta época, ésta fue compartida por el resto de los sectores que formaban parte del régimen.

Sin embargo, en ese mismo año desapareció esa coincidencia y, además, Franco fue incapaz de arbitrar las discrepancias.

En el momento en que el vicepresidente propuso que la decisión se tomara, para justificarla argumentó diciendo, en metáfora poco afortunada, que «tendría el efecto consolador de una traqueotomía». La realidad es que, por el contrario, los meses que siguieron fueron todo menos pacíficos: Silva Muñoz, que fue relativamente neutral en los enfrentamientos, describe en sus memorias su «soledad angustiosa» en pleno Consejo de Ministros, frente al «furor» y «frenesí» de los enfrentados. Es difícil resumir en qué consistieron las dos líneas que se enfrentaron en el Consejo de Ministros porque respondían a actitudes diferentes con respecto a cada problema, a talantes personales y a criterios de clientela. De todas maneras, la posición representada por el almirante Carrero se señaló por una clara orientación pro-norteamericana en política exterior, más que por identidad de posturas por creer en su carácter de imprescindible frente al comunismo; para él, además, la descolonización debía ser sustituida por la transformación en provincias de los territorios ultramarinos. Todo ello le oponía radicalmente a Castiella. Su gran argumento fue el desarrollo económico y la gestión técnica de las carteras relacionadas con él; en política interna, además, su actitud resultaba muy reticente a los márgenes de tolerancia recientemente concedidos por el régimen, y en lo religioso mantenía una actitud integrista. Nada falangista, su posición estaba más cerca de la defensa de una dictadura burocrática y clerical. En consecuencia, criticó, ante Franco, a Solís por proponer «un sindicalismo independiente de la autoridad del Estado», y a Fraga, a la vez, por su apertura en temas de prensa, por su laxismo moral —le acusó de tolerar el strip-tease, que escribió mal en un informe— y por la oleada de anticlericalismo que se desataba contra ciertas posturas eclesiásticas.

La postura contraria partía de una política exterior menos entreguista frente a los norteamericanos, y que quería apoyarse en la descolonización para conseguir la devolución de Gibraltar. Fue también mucho más apegada a la Falange o el Movimiento e insistió en criterios pretendidamente sociales frente a la supuesta liberalización económica de los Planes de Desarrollo. Hubo en ella, en ocasiones, una proclividad regencialista, al menos en el caso de Solís, y pretendió realizar una reforma del sistema político desde sus propios presupuestos, achacando inmovilismo al adversario. Por otro lado, a menudo veía, si no en Carrero, sí en los tecnócratas (a los que identificaba con el Opus Dei), lo que Fraga denominaba como «un doble juego», consistente en defender una transformación radical del sistema o la carencia de reformas. En realidad, quienes defendían lo primero no eran los ministros tecnócratas, aunque sí medios juveniles que el sector adverso creía vinculados con ellos. En esta segunda postura militaron Castiella, Solís, Fraga y el almirante Nieto Antúnez. Vista la influencia lograda ya por Carrero ante Franco, resultaba difícil que este sector pudiera triunfar: cuando fue derrotado hubo quien comentó que Solís se había equivocado de Rey (Don Alfonso, en vez de Don Juan Carlos) y de almirante (Nieto Antúnez, en vez de Carrero). Ya 1968 fue un año muy tenso que en las memorias de Fraga aparece descrito como «el pulso definitivo». En realidad, la cuestión tan sólo se planteó como una lucha frontal en el verano de 1969 con el llamado Affaire MATESA.

Ésta fue una empresa de maquinaria textil que obtuvo un éxito considerable de cara al crédito oficial: nada menos que 12 000 millones de pesetas le fueron otorgados en cinco años. Muy probablemente la legislación de crédito oficial era imperfecta y la gestión de la compañía un tanto megalómana, pero se hallaba al corriente del pago de los intereses, cubiertos además por el resguardo de pólizas de seguros. Mucho después, ya en la democracia, la responsabilidad económica fue cubierta por la compañía que las había suscrito. Con el transcurso del tiempo sólo fue posible culparla de determinadas irregularidades en la evasión de impuestos y en el retorno al Instituto Español de Moneda Extranjera de las divisas obtenidas por la exportación. Pero, por otra parte, MATESA, que utilizó para la exportación una legislación tan inadecuada como la relativa a buques, muy a menudo vendió sus propios productos a filiales establecidas en el extranjero para, de esta manera, tener acceso a esos mercados; así logró beneficios de su tarea exportadora muy probablemente desmesurados para lo que había sido su realidad. Todo el affaire ofrece una imagen óptima de lo que era una economía con una legislación por completo obsoleta en que lo esencial no era el riesgo o la inventiva, sino el favor concedido desde las instancias oficiales. Parece indudable que hubo muchos casos parecidos y que fueron protagonizados por personas de diferente adscripción que Vila Reyes, el dueño de MATESA.

Lo que nos interesa no es el caso concreto de esta empresa, sino cómo llegó a convertirse en el factor desencadenante de todas las tensiones políticas preexistentes. En julio de 1969 se planteó el caso e inmediatamente fue perceptible la politización del mismo. Fraga cuenta en sus memorias que se enfrentaron dos tendencias en el Consejo de Ministros en relación con esta cuestión: la dispuesta a conseguir luz y taquígrafos, con la que él se identificaba, y la que quería «echar tierra al asunto». En realidad, lo sucedido fue que el Ministerio de Información concedió a la prensa —únicamente para tratar de este tema— una libertad que no le daba para el resto de los asuntos. La prensa del Movimiento, además, se lanzó inmediatamente a acusar al sector más alejado de sus posiciones. La cuestión llegó hasta los escenarios teatrales, pues Fraga permitió una adaptación del Tartufo, de Moliere, realizada por Marsillach, que era una crítica transparente a los ministros del Opus Dei. Cuando la prensa oficial la alabó Silva encontró a Carrero indignado: «Esto se ha terminado; o Fraga o yo», dijo. A los dos bandos les dominó una urgencia absoluta de eliminar al adversario.

Fue, en definitiva, la venganza de quienes habían sido acusados a menudo por los ministerios económicos de despilfarradores y tenían, además, graves quejas contra el rumbo, supuestamente poco social, seguido por la economía española desde los Planes de Desarrollo. De esa manera, impotente Franco para ejercer un verdadero arbitraje, se desarrolló una polémica poco disimulada que tenía mucho, en realidad, de ajuste de cuentas. En agosto fue cesado el presidente del Banco de Crédito Industrial y se decidió la incautación de la compañía por parte del Estado, pero tal medida fue revocada en el mes siguiente en otro Consejo de Ministros gracias a la intervención de Fraga y con el asentimiento de Franco. Con ello ni la Falange obtuvo su venganza ni la cuestión quedó resuelta: en octubre tuvo lugar una crisis gubernamental en la que precisamente abandonaron el poder las figuras más destacadas del sector que se había caracterizado por su oposición a Carrero y los tecnócratas (Fraga, Solís y Castiella). El vicepresidente, que ya había discrepado de toda la política seguida por el ministro de Asuntos Exteriores, también acusó, delante de Franco, a los dos primeros de «grave negligencia», por la forma en que la prensa había tratado la cuestión, señalando, además, la mala intención que les había guiado. El Gobierno formado en octubre de 1969, tras una de esas escasas crisis que a Franco le estallaron en las manos, fue descrito como «un gobierno homogéneo» y acusado de ser, en realidad, «un desarrollo de la comisaría del plan», lo cual no era completamente exacto. Silva Muñoz siguió en él hasta abril de 1970 y, además y sobre todo, si el Gobierno respondía ahora exclusivamente a la influencia de Carrero, las instituciones a menudo actuaron en otro registro. Tanto el Consejo Nacional como las Cortes crearon comisiones de encuesta dedicadas a tratar de MATESA, y el Tribunal Supremo no tuvo inconveniente en procesar a aquéllos que, por su proximidad a Carrero, parecían haber logrado la victoria política en 1969; llegó incluso a ser encausado el presidente del Banco de España y ex ministro de Hacienda, Navarro Rubio. Muchos de quienes serían ministros a partir de 1973, después de desaparecido Carrero Blanco, desempeñaron un papel importante en el Tribunal Supremo, las Cortes o el Consejo Nacional a la hora de pretender sustanciar las supuestas o reales responsabilidades: tal fue el caso de Ruiz Jarabo, Martínez Esteruelas, García Hernández, etc. Legado del año 1969 al resto de la historia del franquismo fue, por tanto, la división en el seno de su clase dirigente. Otras cuestiones, como el tratamiento a dar a la cuestión del asociacionismo político la encresparon. Y, mientras tanto, perduró la aparente pasividad e incapacidad para resolver la confrontación por parte de Franco, al mismo tiempo que el panorama del orden público se ensombrecía como nunca lo había hecho en el pasado.

La protesta laboral. El terrorismo

Mientras tanto, el papel de la oposición en la sociedad española se convertía, por vez primera en mucho tiempo, en claramente creciente y se expresaba, además, de muy diferentes modos. La primera mitad de la década de los cincuenta puede caracterizarse por el mínimo de actividad de la oposición, pero en esta fase final del régimen tuvo como rasgo más relevante exactamente lo contrario. De todos modos, con ello no se quiere decir que la oposición pusiera en verdadero peligro al régimen: el franquismo convivió con el crecimiento de la oposición e incluso con el terrorismo. Lo más decisivo, desde un punto de vista histórico, no es sólo que el régimen fuera capaz de soportar esta presión como que tampoco estuviera en condiciones de eliminarla, ni siquiera cuando utilizó los procedimientos más drásticos. El papel más importante de la oposición fue mantener en perpetuo estado de tensión al régimen y privarle de legitimidad y de posibilidades de subsistencia ante una eventual desaparición del dictador, que ya no se presentaba como remota. En esta situación la sola existencia de la oposición obligaba a la clase política a plantearse una posible opción reformista, mientras que la opinión pública, ya emergente gracias a las nuevas condiciones de tolerancia, se sentía genéricamente atraída por esa oposición, aunque tampoco nutriera masivamente sus filas.

Todo este nuevo clima político acabó por influir en la propia oposición, que sólo en estos momentos inició el camino que le llevaría definitivamente a la unidad. Si en un momento el protagonismo lo habían desempeñado pequeños grupos políticos y luego la oposición social les superó en efectividad, ahora pareció darse un principio de ligazón entre unos y otra. En los movimientos reivindicativos de periodistas o abogados hubo incluso una coincidencia de ambos tipos de protesta, lo que constituye un rasgo nuevo en la historia política del franquismo. Si empezamos por tratar esa protesta social, a la que ya se ha aludido en un anterior epígrafe porque forma el telón de fondo de toda la política del régimen, llama la atención cómo a partir de la segunda mitad de la década de los sesenta la relevancia del movimiento estudiantil, al menos en términos relativos, disminuyó, mientras que aparecía cada vez con más pujanza la protesta obrera. Ya en 1968 fue patente la inviabilidad de un sindicato democrático de estudiantes por culpa de una represión que desmantelaba periódicamente sus cuadros y también por las discrepancias internas, surgidas al calor de la revuelta estudiantil de más allá de las fronteras o de las disputas entre grupúsculos radicales. Desde esa fecha fueron habituales los grupos que predicaban el espontaneísmo, la acción directa o el activismo a ultranza. En 1969 estuvo a punto de ser defenestrado el rector de la Universidad de Barcelona. En los tres estados de excepción que se produjeron entre 1968 y 1970 la revuelta de la Universidad (y las sanciones en contra de la misma) jugaron un papel, al menos, semejante y probablemente mayor que el movimiento obrero.

Resulta significativo que los sancionados fueran ahora sobre todo profesores que todavía no habían adquirido la estabilidad docente, pero que acabarían lográndola con el paso del tiempo. Si se lee la lista de confinados como consecuencia del estado de excepción de 1969, se obtiene un panorama bastante completo de lo que sería la clase política del momento de la transición. En la Universidad el franquismo había desaparecido entre los alumnos y casi era una extravagancia entre los profesores, pero eso no ponía en peligro al régimen.

Si el movimiento estudiantil había precedido al obrero en la expresión de disconformidad, en la fase final del régimen de Franco éste tuvo un neto predominio y a él cabe atribuirle, a la vez, la doble condición de factor causante e indicio de la descomposición del régimen. Desde mediados de la década de los sesenta hasta el momento mismo de la muerte de Franco creció vertiginosamente el número de huelgas: parecía como si el desarrollo económico conseguido durante su mandato no tuviera otra consecuencia, en esta fase final, que la de demostrar que las tensiones sociales que había generado no tenían solución en el estrecho marco político vigente.

Las cifras de que disponemos no resultan por completo fiables, pues incluso las de carácter oficial resultan contradictorias —el Ministerio de Trabajo y la Organización Sindical dieron datos distintos—, pero la tendencia resulta muy clara. Ya en 1966 hubo un centenar de huelgas que supusieron 1 500 000 jornadas perdidas; en 1968 las cifras se habían triplicado hasta 309 huelgas y 4 500 000 jornadas perdidas. Por el momento los conflictos se centraban en las zonas tradicionales de protesta obrera: Asturias (de manera especialmente relevante), Barcelona, País Vasco y, en menor proporción, Madrid. La conflictividad fue especialmente intensa en aquellos sectores productivos caracterizados por una mayor conciencia de clase: la minería y la metalurgia. Marcelino Camacho, principal dirigente de Comisiones Obreras, era precisamente un metalúrgico. La presión huelguística no decreció en los últimos años del franquismo y es preciso tratar de ella en este momento, aún adelantándonos a los acontecimientos, para percibir la magnitud de su progresión. Baste con señalar que cada año supuso un avance importante en el número de jornadas perdidas, aunque en ocasiones el ritmo se redujera. En 1971, año en que sucedió esto último, fueron ya casi 7 000 000 las jornadas perdidas, en 1973 rondaron los 9 000 000 y en 1974 y 1975 se situaron en torno a los 14 000 000, incrementándose todavía en 1976. Por supuesto, esa estadística creciente de conflictividad no fue debida tan sólo a factores políticos, sino que la coyuntura económica jugó un papel decisivo. Pero si comparamos estos datos con los de otros países europeos descubriremos la verdadera esencia de la situación laboral española: un país como Francia, con más habitantes que España, no perdía más de 3 000 000 de jornadas de trabajo como consecuencia de las huelgas a mediados de los setenta, mientras que España perdía cinco veces más, a pesar de ser una dictadura y de que en ella la huelga siempre fue ilegal. Esto revela que, en realidad, era el propio sistema de regulación de la conflictividad el que estaba en crisis y que, por tanto, la paz social exigía una sustitución que no era posible por razones de carácter político.

Merece la pena analizar con mayor detenimiento todos estos datos sobre la protesta social. En primer lugar, el ritmo cronológico de la misma resulta semejante al de una sociedad que se desperezara y que, gracias a un aprendizaje sucesivo, pasara a actuar de una forma inicialmente tímida para luego liberarse de cualquier atadura de una legalidad a la que dejó de respetar. Ya en los años setenta se produjo una auténtica ruptura generacional entre los dirigentes sindicales, de modo que, por ejemplo, un Marcelino Camacho (alrededor de los cincuenta años) venía a ser una excepción. A menudo este fenómeno se vio acompañado por una mayor virulencia y radicalidad, pero, en realidad, eso no indica que la protesta social fuera revolucionaria. Se hicieron siempre reivindicaciones concretas, principalmente de tipo salarial.

El examen de la geografía de la protesta resulta también interesante, en cuanto que demuestra que, con el transcurso del tiempo, ésta se trasladó desde las zonas de tradición sindical clandestina a la totalidad del territorio peninsular. En los años sesenta Asturias y el País Vasco (probablemente por factores principalmente políticos) estuvieron a la cabeza de la protesta sindical; luego el protagonismo en la protesta parece haberse trasladado al entorno de Barcelona. Pero, aparte de estos medios de tradición contestataria, la conflictividad social se trasladó también a otros lugares como Madrid, Pamplona, Vitoria, Ferrol, Vigo, Sevilla, Valencia y Valladolid. Incluso hubo ocasiones y lugares —1970 en Granada— en que una provincia de pasado poco conflictivo se convirtió en luctuoso escenario de los enfrentamientos entre fuerzas de orden público y huelguistas. También cambiaron los sectores protagonistas de la conflictividad. El mayor protagonismo inicial le correspondió a mineros y metalúrgicos, pero luego la protesta se extendió al textil, la construcción, las químicas, los transportes e incluso la banca. Un rasgo muy significativo de la fase final del franquismo es el elevadísimo número de huelgas que se producían «por solidaridad»; esto, de nuevo, revela que el régimen político mismo, lejos de ser un factor de paz social, era en este momento un obstáculo para que ésta se produjera.

Una somera descripción de las zonas de mayor conflictividad nos permite completar esta rápida panorámica de la protesta social en el tardofranquismo. Asturias estuvo en cabeza de la protesta en 1968, localizándose en ella dos tercios del volumen total de la misma, en especial en la minería; a continuación, aunque no disminuyó, supuso proporcionalmente mucho menos. En Vizcaya y Guipúzcoa la lucha social estuvo imbricada con la política y, a diferencia de lo que pasó en Asturias, Comisiones Obreras no estuvo monopolizada por la dirección comunista, sino que en ella jugó un papel importante el nacionalismo radical. En Barcelona fue probablemente donde el sindicalismo clandestino tuvo mayor influencia: es posible que ya en 1966 lograra la mitad de los puestos representativos en las principales fábricas. Las propias asociaciones de barrios —conectadas con aquél— llegaron a tener 70 000 afiliados. En Madrid la industrialización era un fenómeno reciente, pero que pronto tuvo un carácter masivo. Entre 1960 y 1975 el número de asalariados pasó de 840 000 a 1 400 000. Sólo en 1967 la capital supuso más del 10 por 100 del volumen total de la protesta social, pero fue la primera ciudad importante paralizada por una huelga del transporte.

Al incremento de la protesta le correspondió otro en la represión. No obstante, no debe pensarse que el régimen actuara de una manera semejante a como lo hiciera en los años cuarenta. A menudo la dureza fue brutal, pero, respecto a la de aquellas fechas, resultaba también poco disuasoria, porque los gérmenes del descontento estaban ya demasiado extendidos y la propia sociedad imponía un comportamiento más tolerante.

Quizá lo más significativo, desde un punto de vista histórico, sea el hecho de que en esta fase final del régimen la oposición no se alojaba ya exclusivamente en cenáculos, tal como lo demuestran algunas cifras. En 1974 fueron suspendidos de empleo y sueldo unos 25 000 trabajadores; no todos ellos necesariamente eran disidentes políticos, pero la cifra era ya muy importante. Ese mismo año fueron abiertos 1400 sumarios políticos por los tribunales de justicia, que afectaban a unas 6000 personas; no todos ellos eran sindicalistas, pero cabe presumir que lo fuera la mayoría. Además, entre 1969 y 1974 hubo 17 muertos como consecuencia de enfrentamientos entre las fuerzas de orden público y trabajadores manifestantes. En gran medida este número tan elevado se debió a la propia magnitud de las manifestaciones y la difusión de tesis radicales entre los activistas, pero hay también un tercer factor que nos conduce de nuevo a la falta de capacidad funcional del régimen para mantener la paz: sencillamente las fuerzas del orden público no estaban preparadas para enfrentarse con manifestaciones pacíficas.

Otro dato importante para explicar la protesta social de estos años reside en la actitud del sindicalismo vertical. En realidad, sus dirigentes no pretendieron otra cosa que subsistir manteniendo un área de influencia y unos recursos, pero, por imperativo de las circunstancias, lo hicieron a menudo de una manera que contribuyó a facilitar la actuación de los sindicatos ilegales. Se debe tener en cuenta que ya estaban muy lejanos los momentos en que se exigía la pertenencia del carné del partido para ocupar puestos sindicales. Cada una de las elecciones que tuvieron lugar desde 1966 fue una ocasión para movilizar a los trabajadores, y con el paso del tiempo la Organización Sindical sólo pudo tener la modesta esperanza de que la mayor parte de los electos fueran independientes. Pero, aun así, a menudo no lo logró: durante la elección de 1975 en el Bajó Llobregat sólo tres de las 50 grandes empresas no vieron triunfar la candidatura de Comisiones Obreras, por lo que no puede extrañar que éstas se manifestaran dispuestas al «asalto» del sindicato vertical. Éste, por supuesto, siempre estuvo necesitado de reconocimientos, nacionales e internacionales. Así se explica que en el Congreso celebrado en 1968 en Tarragona apareciera incluso un ex ministro anarquista y que tratara de obtener una cierta benevolencia de la OIT en defensa, al menos, de una unicidad del movimiento sindical en que, curiosamente, coincidía con los comunistas (ambos querían controlar el sindicalismo del futuro). El sindicalismo oficial a menudo proporcionó a las organizaciones ilegales locales y medios de formación. Además, la legislación, al adecuarse algo más a la realidad social española, se moderó en su dureza inicial. La huelga siempre fue ilegal, pero a partir de 1970 no pudo justificar el puro y simple despido, sino la suspensión del contrato laboral, y desde 1975 dejó de ser un delito contra el orden público.

En la década final del franquismo el sindicato clandestino más importante siguió siendo Comisiones Obreras. Aunque en él había sectores diferentes del comunista (que incluso desempeñaban un papel fundamental en alguna provincia), fue el PCE el partido político que estuvo más presente en su dirección, teniendo en ella una clara mayoría.

Cuando en mayo de 1972 fueron detenidos los dirigentes del sindicato, en un convento de Pozuelo, se pudo comprobar esta identidad. En este caso las sanciones fueron de una dureza considerable, llegando a los veinte años de cárcel en los casos de reincidencia.

La figura más importante de CCOO fue Marcelino Camacho, un comunista condenado a doce años después de la Guerra Civil que había residido en el norte de África colonizado por los franceses y volvió a España en 1957. Su biografía resulta muy interesante porque revela las nuevas formas que revistió la protesta social y las condiciones en que se desenvolvió. Los dirigentes de Comisiones hicieron todo lo posible por evitar la clandestinidad y la limitación de unos propósitos exclusivamente políticos. Ya la policía no usaba la tortura sistemática contra los sindicalistas, aunque fueran comunistas, pero sobre ellos cayeron con mucha frecuencia graves penas de cárcel. El segundo sindicato en importancia, aunque muy lejos de Comisiones, solía ser en todas las provincias la Unión Sindical Obrera (USO), a la que UGT sólo superó en algunas regiones en los últimos años del franquismo. Este hecho revela una realidad muy evidente, aunque con frecuencia olvidada con el transcurso del tiempo: los militantes de procedencia católica jugaron un papel decisivo en la reconstrucción del sindicalismo. A fin de cuentas, desde comienzos de los años sesenta la JOC y la HOAC habían defendido organizaciones obreras libres y autónomas o el derecho de huelga.

Es importante señalar que aunque, como indica Camacho en sus memorias, él no encontró nunca a un empresario en la cárcel durante el franquismo, en realidad la propia protesta obrera contribuyó a estimular el cambio de actitudes en el seno del empresariado. Si se estudia, a título de ejemplo, la posición del empresariado catalán durante la etapa final del franquismo se constatará que iba aumentando su reticencia hacia una política económica que consideraba demasiado estatista e intervencionista.

Frente a quienes se mostraban reticentes a la entrada en el Mercado Común, los más jóvenes y propicios a ella, reunidos en el Círculo de Economía, se quejaron con frecuencia de los polos de desarrollo, que otorgaba beneficios a los que Cataluña no podía aspirar, con independencia de la repetida demanda de flexibilización de plantillas. El empresariado joven y más dinámico era ya, en la fase final del franquismo, claramente partidario de los sindicatos democráticos, con los que, de hecho, colaboraba. Pero la fuerte conflictividad social acabó también haciendo mella incluso en aquellos sectores más conservadores. Un mes antes de la muerte de Franco el Fomento del Trabajo Nacional postuló «una especie de contrato por el cual las clases favorecidas… abdicaran de algunos de sus privilegios y cedieran en sus posiciones de ventaja para ser compartidas por las clases trabajadoras» y «éstas a su vez considerarían el modelo capitalista como el campo de juego válido aceptable y se mantendrían dentro de él». De esta manera se presagiaba lo que acabaría ocurriendo durante la transición.

Resulta, por otro lado, muy significativo de la última fase del régimen que a esta protesta obrera y a la estudiantil se sumara la de una serie de colectivos sociales que, hasta ese momento, no habían suscitado este protagonismo y que con su presencia en la arena política mostraban la creciente politización de la vida española o hasta qué punto se había hecho habitual en ella chocar con los intereses políticos del régimen.

Ya ha sido suficientemente recalcado el papel desempeñado por la prensa; sin duda, ella contribuyó mucho más que la mayor parte de los grupos políticos a la difusión del ideario democrático. Siendo todavía ministro Fraga se dieron las cotas más altas de expedientes concluidos con sanción en aplicación de la legislación vigente: fueron 125 en 1967 y 228 en 1968. Pero eso no debe hacer pensar que la presión de sus sucesores disminuyera, sino que recurrió a procedimientos oblicuos, a veces más efectivos. El caso más evidente fue el del diario Madrid, que, después de haber sufrido un primer secuestro en 1967, otros dos en 1968 y una suspensión de cuatro meses, acabó siendo liquidado en 1971 (hasta el extremo de ser volado con posterioridad el edificio donde tenía su redacción), después de una intervención del Gobierno en la vida interna de la empresa editora. La vida de este diario resulta de gran interés en el sentido de que supuso la plasmación definitiva del cambio de su inspirador —Calvo Serer— desde una actitud de extrema derecha monárquica a un liberalismo democrático y europeísta. Sus 50 000 ejemplares de venta testimonian la socialización de las actitudes opositoras. En su redacción, como en la de la mayor parte del resto de los grandes órganos de prensa de la época, se formó el grueso del periodismo que hizo la transición desde unas actitudes muy distintas a la sumisión de otras épocas. De la actitud del profesorado universitario puede decirse algo parecido a la de la profesión periodística: como colectivo, y con no muchas excepciones, se situó frente al régimen. En un primer momento pudo haber cierta satisfacción por la aprobación de una ley, como la de 1966, que permitía un mayor grado de tolerancias través de la ampliación de la autonomía. En esta fase final las posibilidades de difusión de la información o de divulgación del ideario democrático eran mucho mayores que en otras anteriores, pero además sentían como una especie de intolerable autocensura, antes mucho menos evidente, partir de los presupuestos en que se fundamentaba el ideario dictatorial. En suma, había crecido la distancia entre la España oficial y la real, y en esta misma se había multiplicado el descaro.

Fue la prensa el sector profesional más pronto y claramente movilizado en contra del régimen, pero a partir de finales de la década de los sesenta el movimiento de protesta se había extendido también a los Colegios de Abogados. En 1970, durante la celebración del Congreso de la Abogacía en León, a la intervención del ministro de Justicia siguió inmediatamente el abandono de la sala por buena parte de los asistentes. Sin embargo, en esta profesión las actitudes de disconformidad respecto al régimen no fueron nunca tan generalizadas como en la prensa: eran tan sólo los abogados jóvenes o aquéllos más explícitamente politizados los que se sintieron guardianes de los derechos humanos y procuraron que la legislación recibiera una interpretación progresista. Las elecciones en el Colegio de Abogados de Madrid se convirtieron en confrontaciones electorales de carácter seudo político, en que la oposición estuvo siempre a punto de obtener la victoria, aunque nunca la consiguiera de forma definitiva. En los Colegios de Licenciados la movilización fue más tardía, pese a que se iniciara también mediada la década de los setenta. En 1974 una candidatura patrocinada por el PSOE y el PCE triunfó en el Colegio de Madrid y dio lugar a la elaboración de una alternativa educativa de tono radical.

Desde la segunda mitad de la década de los sesenta, junto a esta protesta social cada vez más amplia, hubo otro fenómeno muy característico en las filas de la oposición y que poco tiene que ver con el que hasta ahora nos ha ocupado. La aparición del terrorismo, imposible de eliminar y perpetuo recordatorio, al margen de los apoyos que por sí mismo pudiera tener, del escaso respeto a los derechos de la persona concedido por el sistema político, como se demostraba en los períodos represivos, tuvo consecuencias importantes sobre la vida del régimen, hasta el punto de que en ocasiones dio la sensación de determinarla. ETA nació antes, pero su conversión a los procedimientos terroristas data de 1967; con ellos nunca tuvo la menor posibilidad de conseguir sus objetivos finales, es decir, la independencia del País Vasco del resto de España o el derrocamiento del régimen, pero influyó de manera decisiva en la política española. A este respecto baste con recordar los fenómenos de solidaridad en contra de los juicios a «etarras» en un momento en que no se apreciaba todavía por los militantes de los grupos políticos democráticos que el terrorismo habría de ser precisamente la más lamentable herencia del franquismo. El asesinato de Carrero Blanco de no haberse producido hubiera conducido la evolución histórica española por unos derroteros que, aunque tuvieran probablemente un final parecido, no hubieran sido exactamente idénticos, por más que el presidente del Gobierno probablemente estaba destinado a desaparecer, de todos modos, de la vida política. Debe recordarse, en fin, que ETA fue el fenómeno terrorista más importante de Europa, con la sola excepción del IRA irlandés, que ha causado cuatro veces más muertos. A diferencia de lo sucedido en otras latitudes —como, por ejemplo, en Italia o Alemania—, el terrorismo tuvo en el País Vasco un apoyo social que explica su perduración.

En el nacionalismo vasco existe toda una tradición histórica de radicalidad independentista que puede considerarse como un antecedente de ETA: hubo también, durante los años veinte y treinta, una identificación entre la lucha nacional y el anticolonialismo en algún teórico, y en los propios años cuarenta la forma habitual de protesta no eludió el ocasional empleo de la violencia. Sin embargo, el nacimiento de ETA no puede entenderse al margen del contexto de profunda desilusión que vivía el nacionalismo vasco en la mitad de los años cincuenta, momento en que incluso ministros de izquierda franceses, como Mitterrand, cerraban los locales vinculados con la propaganda nacionalista en Francia, mientras que la identificación de los dirigentes del PNV con la democracia occidental, en concreto con la Democracia Cristiana, les vedaba una actuación violenta, por otro lado muy poco capaz de alcanzar la victoria.

En torno a 1952 surgió en el seno de la organización estudiantil vasca (EIA) un grupo denominado «Ekin», que, por su propio título (equivalente a «hacer»), demostraba una desconfianza radical con respecto a la oposición vasca tradicional y el deseo de sustituirla mediante el activismo. Fue este grupo quien proporcionó a la futura ETA buena parte de sus primeros cuadros: Madariaga, Alvarez Emparanza, Benito del Valle… En 1956 el grupo «Ekin» logró atraer a un sector de las juventudes del PNV, y ya a finales de esta década las relaciones con la dirección exiliada del partido eran muy malas. En julio de 1959 nació ETA, cuyas siglas significaban, sencillamente, «Euskadi y libertad», denotando con ello que su ruptura con respecto al PNV era mucho más táctica que de contenidos programáticos. ETA se definió como movimiento revolucionario vasco de liberación nacional, pero el término «revolución» no quería decir de forma necesaria marxismo, ni tampoco empleo de la violencia. En cambio, hubo esa voluntad de actuación decidida contra el régimen desde unos presupuestos no confesionales. Como ha sucedido frecuentemente a lo largo de la historia, ETA, que acabó en organización terrorista, estuvo originariamente formada por estudiantes y no proletarios.

La historia interna de ETA, a partir de estos orígenes, ha consistido en una serie interminable de debates ideológicos, centrados en cuestiones que sólo podían interesar a pequeñas sectas de extrema izquierda. Lo paradójico es que los mismos concluyeron siempre en escisiones que no fueron capaces de debilitar al movimiento, porque el apoyo real que siempre tuvo en una parte de la sociedad vasca evitó que esas discusiones trascendieran a ella, mientras que la solidaridad de que disfrutó siempre se mantuvo intacta. Por otro lado, aunque los debates hayan sido complicadísimos, por las adscripciones ideológicas de quienes intervenían en ellos, es posible reducirlos a una explicación relativamente sencilla. En primer lugar, una cuestión que ha estado siempre presente en ETA ha sido la contraposición entre el nacionalismo y el obrerismo —identificado con los propósitos revolucionarios—, que ha hecho desembocar a parte de la organización en pequeños grupos políticos, a veces influyentes y a menudo con la pretensión de llegar a un ámbito estatal, aunque de poco peso numérico efectivo.

Además, otro motivo de contradicción interna en el seno de ETA ha sido el papel concedido al activismo. En general, ha predominado en ella aquel tipo de tendencias que facilitaban más directamente este último, al margen de cualquier reflexión doctrinal propiamente dicha. Así, en los primeros momentos el texto más leído en ETA fue Vasconia, de Federico Krutwig, que asimilaba el caso vasco al de los países del Tercer Mundo que luchaban por la independencia. En tercer lugar, otro factor que ha inducido a la división interna del nacionalismo radical ha sido la posible contraposición entre la acción exclusivamente terrorista y la protesta social, no armada y más amplia, como fenómeno complementario.

Los años iniciales de ETA, durante la primera década de los sesenta, fueron de radicalización ideológica y de su conversión en una organización revolucionaria.

Durante ese tiempo fue influida por los teóricos del anticolonialismo y se convirtió en violenta detractora del nacionalismo tradicional; adoptó un lenguaje marxista y se organizó en núcleos más amplios y otros reducidísimos «liberados» para la acción. También en este período asumió la tesis de la espiral de la violencia, de acuerdo con la cual a la represión había que responder de la misma manera para provocarla en mayor grado y concienciar de su existencia a las masas populares; de acuerdo con esas tesis, en 1965 se produjo el primer atraco. Pero fueron los años 1966-1968 los que definitivamente configuraron a ETA como movimiento terrorista. En parte, ello se debió al triunfo en su seno del sector leninista, partidario de la traducción del caso vasco en una lucha guerrillera supuestamente semejante a la practicada entonces por los vietnamitas. Otro sector de ETA, más proclive a la actuación obrerista, fue expulsado en la llamada V Asamblea, celebrada a fines de 1966 y comienzos de 1967. Durante algún tiempo adoptó la denominación ETAberri (nueva ETA), para luego pasar a otras que poco tenían que ver con el nacionalismo vasco, como Movimiento Comunista de España.

La represión producida por el estado de excepción de 1967 y la victoria de ese sector, que encabezaba, en un plano ideológico, Krutwig, dio a la lucha patrocinada por ETA durante 1968 una violencia que resultaría ya irreversible. En junio murió el «etarra» Echevarrieta en un choque con la guardia civil, que perdió también un número, y en agosto fue asesinado un inspector de policía. La reacción del régimen fue muy dura: un decreto sobre bandidaje y terrorismo proporcionó medios represivos adicionales, pero, además, en el País Vasco se convirtió en algo relativamente habitual el estado de excepción. En 1969 los «etarras» intentaron un asalto a la cárcel de Pamplona que resultó fallido. La combinación entre la protesta estudiantil, la social y la situación del País Vasco provocó un nuevo estado de excepción en 1969, en que el número de detenidos vascos llegó a la cifra de 2000. En esta ocasión ETA estuvo al borde del colapso, como también sucedería en ocasiones posteriores. Sin embargo, el régimen de Franco estaba ya demasiado lejano del desenlace de la Guerra Civil como para poder emplear la violencia represiva de que hizo gala entonces y la sociedad española tenía el suficiente grado de disidencia como para no aceptarlo. De hecho, tal como habían previsto los teóricos del terrorismo, la dureza represiva indiscriminada atrajo más militantes a ETA. No sería la última vez que eso sucedería.

Con todo, los primeros meses de 1970 supusieron una grave crisis para el movimiento. Por un lado, su sempiterno divisionismo interno arreció en estos momentos, pero, además, la represión pareció destinada a liquidarla. El juicio de Burgos en contra de un grupo de militantes de ETA a los que se acusaba, entre otras cosas, del asesinato del inspector ya mencionado tuvo como consecuencia una reacción de solidaridad tanto de la oposición en general como de la totalidad del País Vasco. La atribución a la jurisdicción militar de este juicio y la ausencia de garantías procesales motivaron una protesta generalizada en el País Vasco, donde pararon miles de trabajadores, mientras que el secuestro por parte de ETA de un cónsul alemán (Beihl) dio a lo que sucedía una importante repercusión internacional. El régimen tuvo la suficiente prudencia como para indultar de la pena de muerte a quienes habían sido condenados. En favor de esta medida se pronunciaron la mayor parte de los ministros, Carrero y el propio Franco. Sin embargo, el mismo hecho del indulto fue interpretado por la oposición radical como un testimonio de debilidad.

Lo cierto es que ETA mantuvo sus divisiones a pesar de esa represión tan dura.

Los presos de Burgos pertenecían a una tendencia denominada «células rojas» que pareció haber triunfado en un principio, pero que inmediatamente fue criticada por algunos de los dirigentes tradicionales de ETA por mantener posturas que se alejaban del nacionalismo. Ese sector pasó a ser denominado ETA-VI por el ordinal de la última asamblea celebrada, pero acabó convertida, por su afán obrerista, en una organización trotskista: la Liga Comunista Revolucionaria. La otra tendencia (ETA-V), que no admitió la ortodoxia de la VI Asamblea, creció rápidamente y ya no sólo en los medios estudiantiles: logró que miembros de las clases medias y bajas de determinadas zonas (por ejemplo, el Goyerri y, en general, toda la zona central y meridional de Guipúzcoa) nutrieran sus filas y se lanzó a una sistemática campaña de activismo, atrayendo a parte de las juventudes nacionalistas. Su dirigente principal fue Eustaquio Mendizábal, Txiquía, y sus acciones de mayor relevancia fueron los secuestros de Zabala y Huarte en 1971 y 1973; eran los días en que otras organizaciones terroristas de latitudes lejanas como Septiembre Negro o los «tupamaros» también utilizaban el secuestro como supuesta arma política. El propio atentado contra el almirante Carrero Blanco originariamente era tan sólo un secuestro planeado para liberar a los 150 presos que ETA-V tenía en la cárcel y que eran más del doble de los que estaban en libertad. Sólo cuando ETA se convenció de la dificultad de realizar el secuestro optó por el atentado.

La importancia que tuvo en la evolución política del régimen, incluso al margen de lo que los propios «etarras» pensaran al respecto, obliga, para mantener la coherencia de la narración, a volver a aquélla.

El tardofranquismo: Carrero Blanco, presidente

Si hay algo que explica la crisis de 1969 —no tanto su origen como su forma de desarrollarse— es precisamente el declinar de la personalidad humana de Franco, que dos años antes había cumplido ya los setenta y cinco años. Si Franco hubiera mantenido su capacidad política en plena forma, no habría fracasado de una manera tan evidente en el mantenimiento de ese arbitraje que siempre había sido el motivo más obvio de su dirección sobre las fuerzas vencedoras en la Guerra Civil. Los dignatarios extranjeros que le visitaron en estos años, como, por ejemplo, Vernon Walters, lo han descrito como un anciano que apenas si musitaba unas palabras durante las entrevistas y que si a veces eran oportunas, a menudo ni siquiera se referían a aquello de lo que se hablaba. Por eso mucho más largas y provechosas resultaban, en cambio, las entrevistas con Don Juan Carlos.

De cualquier modo, la decadencia física de Franco no basta para definir la situación histórica que puede designarse como tardofranquismo. Otros rasgos decisivos del mismo fueron la carencia de un rumbo claro, los problemas de orden público, la fragmentación de la clase política, la proliferación de liderazgos antagonistas y una evidente parálisis a la hora de enfrentarse con los problemas más candentes. El franquismo en esta fase final dio una sensación patente de degradación como régimen político. Si esta realidad contrastaba con un pasado en que pareció ser aceptado sin apenas oposición, lo sucedido en este momento final permite entender la transición a la democracia que se produjo a continuación.

El Gobierno de octubre de 1969, cuyo vicepresidente era Carrero Blanco, fue calificado de monocolor por sus adversarios y como tal ha quedado en la historia de España. López Rodó, sin embargo, cuestiona la oportunidad de tal calificación en sus memorias y presenta argumentos no desdeñables. A fin de cuentas, el nuevo ministro de Relaciones Sindicales (García Ramal) tenía mayor antigüedad en Falange que Solís y del equipo de éste procedían Fernández Miranda, nuevo secretario general del Movimiento, y Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo. Por si fuera poco, además, con Alejandro Rodríguez de Valcárcel por vez primera llegaba a la presidencia de las Cortes un político de extracción falangista, y, por ello, fue saludado su nombramiento como testimonio de habilidad. Sin embargo, de lo que no queda la menor duda es que el binomio Carrero-López Rodó había conseguido una influencia política abrumadora que acabaron padeciendo a medio plazo. De la Comisaría del Plan procedían cuatro de los 11 nuevos ministros (aunque alguno, como Monreal, acabara teniendo sus enfrentamientos con López Rodó). El hecho de que Franco mantuviera unas relaciones especialmente afectuosas con López Bravo podía pensarse que atribuyó a éste una fuerza política singular en la cartera de Exteriores que ahora pasó a desempeñar. Pero si Carrero y López Rodó habían conseguido un claro predominio en el Gobierno eso no quiere decir que lo tuvieran en la totalidad del sistema político franquista. Resulta, en este sentido, muy revelador que en un programa redactado por Carrero para Franco, en enero de 1971, mostrara su voluntad de desarrollo político, procurando la aprobación de las asociaciones políticas y las buenas relaciones con las Cortes. Este lenguaje, como esos puntos programáticos, parecían en principio destinados a satisfacer a los sectores más afines al Movimiento o a los sindicatos.

Pero si Carrero lo utilizó la razón estriba en que se sintió obligado a ello por el carácter levantisco que muy pronto fue perceptible en parte de la clase dirigente del régimen y que le permite asegurar a López Rodó que el Gobierno se vio inmediatamente sometido a un proceso de «acoso y derribo». Hay que citar, en primer lugar, a los perdedores en la crisis. Fraga, que, como tantos otros ex ministros en parecidas circunstancias, conceptuó lo sucedido como un «gran desastre nacional», fue el más activo opositor de Carrero, mientras que Castiella se sumió en la inactividad y Solís se mostró contemporizador. En abril de 1970 dimitió Silva, insatisfecho por no haber logrado la cartera de Exteriores ni colocado en el Gobierno a alguno de sus colaboradores. Franco lamentó que abandonara el Gobierno un «ministro que lo hacía bien», pero, en realidad, debió preocuparse porque, de este modo, se automarginara la familia católica. En 1971 un antiguo influyente miembro del Gobierno, que no se identificaba con la tendencia Carrero, el almirante Nieto Antúnez, pidió a Franco que no se apoyara tan sólo en su poder carismático, sino también en la «fuerza moral» de un equipo. Con ello parecía indicar que sus antiguos compañeros de gabinete carecían de ella.

Mayores problemas causaron, no obstante, otras instancias institucionales del régimen. Sin duda, mucho más homogéneo que el Gobierno al que sustituyó, el de 1969 pudo hacer frente de una forma más coordinada a los problemas políticos que a ambos se plantearon. El asunto MATESA se convirtió en las Cortes en un instrumento de protesta por parte de la clase dirigente de procedencia movimentista contra el Gobierno, pero éste liquidó la cuestión por el procedimiento de decretar una amnistía en octubre de 1971 que dejó libres a 3000 presos, pero también a los responsables políticos que ni siquiera habían sido juzgados todavía por aquella cuestión. Franco había asegurado a Navarro Rubio que la cuestión quedaría en «agua de borrajas», pero de esta manera inevitablemente quedó planeando sobre ellos una perpetua sospecha, sin que los beneficiados por la fórmula sintieran la decisión como algo mínimamente satisfactorio.

El propio presidente de la empresa denunció a casi cinco centenares de personas que habían cometido el mismo tipo de irregularidades administrativas que él con las divisas concedidas para la exportación. En cualquier caso, una solución tan chapucera, que no hacía sino multiplicar los motivos de queja incluso por parte de los beneficiarios, sólo resulta concebible en un momento en que Franco había iniciado su declive vital. La decisión, de cualquier manera, fue suya y no de Carrero, ni tampoco del Consejo de Ministros, en el que ni siquiera se abordó la cuestión.

Algo parecido puede decirse de los nuevos interrogantes acerca de la sucesión surgidos poco tiempo después del nombramiento de Príncipe de España. En diciembre de 1971 se anunció el noviazgo de Don Alfonso de Borbón con María del Carmen, la nieta de Franco. El papel de Don Alfonso como presunto o posible candidato del Movimiento y los sindicatos al título de heredero ya ha sido señalado y era obviamente potenciado por este matrimonio, que tuvo lugar en marzo de 1972 y del que llama la atención el error en la estrategia conyugal del contrayente masculino (había sido descartado en parte por su soltería). El matrimonio estuvo precedido por toda una serie de tensiones. Don Alfonso se consideraba jefe de la Casa de Borbón y el propio Don Juan Carlos debió pedir a Franco que no usara el Toisón de Oro que Don Jaime, el padre de Don Alfonso, le había concedido. Este último, después de haber solicitado que se le concediera el título de Príncipe de Borbón, hubo de conformarse con el de Duque de Cádiz, pero insistió en ser considerado como segundo en la línea sucesoria; su mujer tenía un puesto en el protocolo más relevante que el de su madre y su abuela. Al parecer, hubo incluso en algún momento una cierta tensión entre Don Juan Carlos y Franco, quejoso de que no se aceptara la concesión del título de príncipe para el marido de su nieta. Fue el propio Príncipe de España quien propuso la fórmula adoptada finalmente como prueba de su voluntad de «colaboración y unión» y con la promesa de nombrarles luego infantes de España. Una situación como ésta es sólo imaginable con el declinar de una voluntad tan firme como la que había tenido Franco, y que ahora, por vez primera, se hallaba notoriamente influido por el medio familiar. El propio Carrero debió soportar que la mujer del Jefe del Estado le reprochara la presencia de «incapaces y traidores» en el Gobierno. «Quienes le rodean y su familia no es lo mejor», le dijo a uno de sus colaboradores. En las memorias de López Rodó el capítulo relativo a 1972 se denomina «el año de la boda», prueba de hasta qué punto las incidencias familiares se entrecruzaban con la vida pública.

También el carácter levantisco de las instancias vinculadas con el Movimiento puede ser interpretado por esta debilidad, que no tenía antecedentes, del Franco anciano. Como quiera que sea, de entre los más radicalizados de estos medios surgió la protesta contra la trayectoria gubernamental, que a veces se expresó con voces y programas contrarios surgidos de la derecha. El Gobierno de 1969 tuvo, por ejemplo, como cerrada enemiga a una extrema derecha clerical y nacional-católica, representada por Blas Piñar, que veía en la política seguida desde el poder una amenaza para lo que habían sido las fundamentales características del régimen hasta el momento o que pedía actitudes drásticas contra la oposición. También en 1972 hizo su reaparición en el escenario político un caracterizado representante de la vertiente más fascista del régimen, Girón, quien siempre fue respetado en los círculos del Movimiento y no cesó de mostrar discrepancias respecto de la línea tecnocrática.

Lo paradójico es que el Gobierno de 1969, al que le surgía esa oposición a su derecha, sólo hubiera podido ser definido como «aperturista» en el caso de que se atribuyera este calificativo a Carrero, lo que resulta inaceptable; además, en muchos aspectos siguió una neta trayectoria involutiva. La sustitución de Silva Muñoz por Fernández de la Mora, teórico de un «Estado de obras» que alcanzaba su legitimidad por hacerlas, venía a significar la desaparición de esa familia católica, ahora tan sólo representada por Monreal, cuya cartera de Hacienda le condenaba a una ejecutoria exclusivamente técnica. La tesis del «Estado de obras», por otra parte, no era sino la ampliación y racionalización de unos planteamientos precedentes sobre una base ya conocida, la de la extrema derecha monárquica de la etapa republicana. Por otro lado, aunque, como sabemos, los expedientes sancionadores disminuyeron, la prensa, bajo la responsabilidad de Sánchez Bella, recibió una presión efectiva, incluso mayor, por procedimientos indirectos como llamadas telefónicas. Además, como único personaje que parece haber sentido una fuerte prevención respecto de Don Juan Carlos, se caracterizó por una dureza y una cerrazón en todos los aspectos de su gestión política.

En otro sentido la postura gubernamental no fue retardataria o regresiva, sino que simplemente respondió más claramente a lo que el régimen había sido siempre en el pasado o atendió de manera coherente a sus presupuestos decisivos. La Ley Sindical de 1971 evitó que el ministro de Relaciones Sindicales fuera elegido de manera más o menos directa por la Organización Sindical oficial e impuso un ministro nombrado por el presidente del Gobierno. Esto, que pudo ser considerado regresivo por los procuradores sindicales, era lo que siempre había sucedido en el régimen y, en definitiva, otra fórmula hubiera supuesto algo equivalente a que, por ejemplo, la familia católica del régimen cubriera por sí misma la cartera de Educación; aun así, cuando en 1974 Arias Navarro quiso plantear un programa reformista, inmediatamente aludió a la necesidad de modificar la Ley Sindical.

Pero el problema político clave, con todo, no fue éste, sino el del asociacionismo político. Fraga se había pronunciado con decisión a favor de él en el Consejo Nacional a fines de 1969 hizo de dicho asociacionismo una bandera principal para justificar una posición aperturista. En realidad, cualquier propósito de llevar a la legislación un pluralismo que existía en el seno del régimen inmediatamente quedó detenido en un marasmo de declaraciones contradictorias, por debajo de las cuales lo que se imponía era simplemente la reticencia de Franco y de Carrero a cualquier tipo de pluralismo político. La afirmación de Fernández Miranda, nuevo secretario general del Movimiento y persona quizá ya más influyente en lo político que López Rodó, de que «decir sí o no a las asociaciones políticas es una trampa saducea, porque la cuestión verdadera era saber si diciendo que sí se decía también lo mismo a los partidos», puede parecer cínica, pero en realidad tenía sentido y coherencia, como se demuestra porque cuando hubo asociacionismo fue el de los partidos. Fernández Miranda sabía que con Franco sería imposible un asociacionismo auténtico, mientras que a Don Juan Carlos, del que había sido profesor, le había aconsejado que en esta materia «planeara sin aterrizar», es decir, que evitara proponer una legislación que fuera a producir unos resultados no auténticos. Por otro lado, el Gobierno debía ser perfectamente consciente de que así como había otros sectores de la vida española capaces de organizarse en asociaciones, no era éste su caso. López Rodó, no obstante, fue partidario de alguna forma de asociacionismo, pero nunca llegó a convencer a Carrero de llevarlo a la práctica.

Para evitar la denuncia por parte del Movimiento de esta detención en el proceso de transformación política y para controlarlo Fernández Miranda, que por vez primera había prescindido de la camisa azul falangista, recurrió al nombramiento de un vicesecretario general (Valdés Larrañaga) que era un falangista de larga trayectoria. A estas alturas, sin embargo, el aparato juvenil del Movimiento era difícilmente controlable: cuando Valdés afirmó en un mitin falangista que este ideario había sobrevivido gracias a Franco oyó sonoros abucheos. El propio Franco reprochó a Fernández Miranda incapacidad —«falta de batuta»— para controlar a la Falange, pero eso era ya muy difícil. Valdés había desplazado de su puesto a Ortí Bordas, quien contribuyó a formar un grupo de jóvenes consejeros del Movimiento y procuradores que actuaron de forma conjunta denunciando la falta de horizontes de cambio institucional en el régimen. De esta manera, empezando por repudiar a Carrero, con el transcurso del tiempo, respondiendo a presiones de la sociedad española, pasaron a aceptar una reforma en sentido democrático. De este sector político salió una buena parte de los reformistas del régimen en la fase final del mismo y al comienzo de la transición (éste es el caso de Martín Villa o Miguel Primo de Rivera).

Al tratar de la política desde la óptica del régimen no hay que olvidar, en estos momentos, que de ella también formaba parte la acción desenvuelta por la oposición.

Ya en los años setenta las malas relaciones con la Iglesia degeneraron en reproches por parte de unos gobernantes cuyo integrismo y falta de capacidad de comprensión de la evolución de la misma llegó hasta el extremo de reprochar a la jerarquía el no haber sido capaz de agradecer la ayuda económica prestada por el Estado. Pero si esta incomprensión era esperable, tampoco el Gobierno (que en la cartera de Gobernación tenía ahora a un moderado —Garicano Goñi— que consideraba el Movimiento como una «entelequia» y que hubiera preferido una reforma política) tuvo reflejos para adaptarse a una situación en que la protesta era creciente y no parecía destinada a remitir. Es cierto que, como escribió por entonces Ridruejo, la oposición era para el régimen una especie de guerrilla que, si le desgastaba, también le servía de elemento galvanizador, pero no lo es menos que un régimen que se había atribuido a sí mismo la condición de guardián del orden público se veía deteriorado inevitablemente por una conflictividad, aunque ésta no en su totalidad tuvo un carácter político. Garicano nunca estuvo dispuesto a enfrentarse con la oposición por cualquier medio y se encontraba a menudo en contradicción en el Consejo de Ministros con un Sánchez Bella que se alineaba con la extrema derecha. Por otro lado, no parecía posible limitar la acción de la oposición ni siquiera recurriendo a las medidas más drásticas. El proceso de Burgos, por ejemplo, no liquidó a ETA, sino que le proporcionó más fuerza al reclutar nuevos terroristas. Desde septiembre Carrero había organizado un servicio dependiente de Presidencia destinado a combatir la subversión: es significativo que estuviera formado exclusivamente por militares y al mando del coronel San Martín. La influencia y la información de este servicio no parecen haber sido buenas, mientras que la mayor parte de los departamentos ministeriales estaban más interesados en causarle problemas que en prestarle ayuda. Al parecer, según cuenta San Martín en sus memorias, interrogado Franco por Carrero acerca de la consolidación del servicio, no contestó «ni que sí ni que no», con palabras ya bien expresivas. En todos los regímenes dictatoriales se llega en su fase final a una «parálisis decisoria» que en España se había alcanzado antes de la muerte de Carrero y de la que esta frase es una excelente prueba.

El propio Franco debía ser consciente, al menos parcialmente, de su ya patente incapacidad para el ejercicio directo del poder, y la prueba es que en junio de 1973 nombró presidente del Gobierno a Carrero. A lo largo de la historia del régimen había habido repetidas especulaciones acerca de la separación de las dos magistraturas que Franco concentró en sus manos desde 1936, pero sólo en el momento final se desprendió de una de ellas. La transición política que conllevaría la muerte de Franco ya parecía inmediata. La mejor prueba de ello reside en el intento de Carrero de formar un Gobierno caracterizado por la pluralidad de su composición (figuraban en él Pita da Veiga, Arias Navarro, Martínez Esteruelas o Barrera, a los que no se puede considerar particularmente vinculados con su persona) y también el deseo de López Rodó de ocupar un puesto político, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que le permitiera hablar con más asiduidad e intensidad de política interior con aquella persona a la que le debía su ascenso político. La vicepresidencia recayó en Fernández Miranda, como prueba de la creciente confianza que Carrero sentía por él. El Gobierno de 1973 fue, en definitiva, un Gobierno para la transición hacia la Monarquía, pero también para la continuidad del franquismo, quizá en una peculiar versión en la que el elemento falangista no aparecía en primer lugar. Pero éste permanecía instalado en otras instancias institucionales. No se olvide que en la terna elaborada por el Consejo del Reino para el nombramiento de Carrero también figuraron Fernández Cuesta y Fraga, como alternativa de mayor apertura.

La corta etapa de Carrero en la Presidencia ratifica, no obstante, la impresión de inviabilidad de un régimen en que si el Jefe del Estado era ya octogenario —aparte de padecer Parkinson—, el presidente de Gobierno había cumplido setenta y nueve años en marzo de 1973. «Los años pasan; estoy cansado y tengo la cabeza como un bombo», confió Carrero a un López Rodó que se quejaba del «estancamiento político». Por más que intentara realizar una labor de coordinación entre los ministerios, lo que le faltaba era una directriz de gobierno. De tener alguna, consistió en la pura resistencia. En sus últimas semanas de vida Carrero parece haber pensado en una «ofensiva institucional» de carácter reaccionario. Consideraba la apertura como «una zarandaja» y veía no sólo conspiraciones universales de la masonería, sino de la Democracia Cristiana. El último documento político que salió de sus manos pedía que el Estado se ocupara en «formar hombres, no maricas» (sic), y repudiaba esos «melenudos trepidantes» con cuya música se divertía la juventud.

Pero con todas estas perspectivas de reacción concluyó la «Operación Ogro», con la que ETA asesinó a fines de 1973 al presidente del Gobierno español. Fue la primera actuación de ETA fuera del País Vasco y nadie había pensado en serio que pudiera realizarla, a pesar de que las autoridades policiales desde hacía tiempo pensaban que se podía intentar una acción de secuestro dirigida contra algún miembro de la familia real o de la clase política dirigente. La imprudencia con la que actuaron los miembros del comando en Madrid y la poca vigilancia existente han hecho pesar en extrañas connivencias con sectores del régimen o incluso de la embajada norteamericana. Pero todo ello no tiene fundamento documental objetivo, sino que nace del inevitable recurso de los seres humanos a explicaciones extravagantes cuando se producen acontecimientos sorprendentes.

Resulta dudoso que Carrero hubiera sido capaz de reconstruir la unidad de la clase política del régimen y más lo es todavía que hubiera dado facilidades para una reforma política sincera. Tampoco, en el caso de llevar a cabo una actuación extremista en su reaccionarismo, habría triunfado. Pero no cabe la menor duda de que hubiera sido un dato real del panorama político a la muerte de Franco con el que el Rey hubiera debido contar en la operación de la transición. Los sucesores inmediatos de Carrero no tuvieron el peso específico suficiente en la vida del régimen como para desempeñar ese papel, y por ello la sensación de deriva sin rumbo fijo se multiplicó. Su política fue demasiado titubeante y confusa como para que se pueda pensar que su papel en la historia española de esos momentos fue algo diferente que el presidir la sucesión de acontecimientos en la definitiva descomposición de un régimen que no podía sobrevivir.

El tardofranquismo: el Gobierno Arias Navarro

En realidad, casi el único elemento de continuidad entre el Gobierno de Carrero y el de Arias Navarro fue la decadencia irremediable de la salud física de Franco. Cada vez más senil, un Franco inexpresivo, que articulaba mal y que andaba con pasos cortos y sin bracear o que ante las visitas no articulaba palabra y daba la sensación de asfixiarse, o acababa llorando, resultaba patético. Fraga ha narrado en sus memorias una de sus últimas entrevistas con él en la que sacó la sensación de que «escuchaba, pero no oía», por lo que «daba grima» pensar que mantenía en sus manos un poder que le resultaba imposible ejercer. López Rodó, por su parte, en las suyas afirma que en la última entrevista que tuvo con Franco éste le oyó «sin mover un músculo de la cara» y que en su entorno se decía que pasaba días enteros sin pronunciar una palabra. Esta situación física del Jefe del Estado contribuye a explicar que el paréntesis de la crisis constituyera, como dice el último político citado, un auténtico «frenesí» que luego él mismo describió como una «caza de brujas».

Si en las crisis anteriores se había hecho patente el resquebrajamiento del carácter de Franco, ahora el nombramiento de Arias Navarro fue el testimonio de la definitiva crecida de su entorno familiar en la política del régimen. En él, en realidad, Carrero nunca había tenido mucho predicamento y, en cambio, sí lo tenían el almirante Nieto Antúnez y Arias Navarro: no lo debió tener tampoco Girón, que se movió mucho en estos días, ni Fernández Miranda, que era la opción más previsible. En la opción final por Arias pudo tener también influencia Rodríguez de Valcárcel, como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. En definitiva, parece cierta la afirmación de Fraga: a Franco «se le hizo la combinación testamentaria». Es muy probable que la política del franquismo no sea susceptible de tantas interpretaciones a base de intrigas esperpénticas de camarilla como se han hecho, pero de haber alguna merecedora de ellas, fue ésta.

Fernández Miranda, que como vicepresidente había alimentado esperanzas, fue marginado, a pesar de haber actuado con decisión para evitar extralimitaciones como las del general Iniesta, director de la Guardia Civil, quien dio unas instrucciones desmesuradas que habrían podido producir graves alteraciones de orden público.

Don Juan Carlos no fue en absoluto consultado en el transcurso de la gestación del nuevo gabinete. Si la Presidencia anterior había sido responsable de promover una Monarquía, aún muy diferente de la que se plasmó en la realidad con el paso del tiempo, ésta, en cambio, no había protagonizado esa operación en absoluto. Cabía, por tanto, pensar hasta qué punto el cambio del régimen no ponía en cuestión la sucesión.

Al frente del Gobierno fue situado Carlos Arias Navarro, un personaje que sigue guardando no pocos interrogantes para los historiadores porque la etapa en que estuvo al frente de la política española resulta imprescindible para explicar la posterior transición y porque, al mismo tiempo, da la sensación de haber estado dominado por el curso de los acontecimientos. No tardó, de todos modos, en mostrar sus limitaciones. No era un personaje relevante del régimen que pudiera tener consigo un equipo o un programa gubernamental para el momento más difícil en la vida del franquismo. Pronto se vio que su apariencia de energía encerraba, en realidad, vacilación y que, si era capaz de convencerse de la necesidad de una reforma política, esos propósitos los mantenía durante poco tiempo porque sus sentimientos estaban con el mantenimiento de lo que ya existía. El propio Franco parece haber dudado al poco de promoverle de la oportunidad de su elección. Sin embargo, los malévolos juicios de Fernández de la Mora, según el cual se trataba de «una mente sin ideas y una personalidad débil, influible y versátil», deben atribuirse a una enemistad política. Arias, al que el propio Carrero, que lo había nombrado ministro por intervención de Franco, consideraba carente de «criterio», ha tenido el inconveniente de que ni él mismo ni ninguno de sus colaboradores más estrechos nos han dejado unas memorias para explicar su gestión.

En el Gobierno de Arias hubo un círculo de responsabilidad fundamental —Carro en Presidencia, García Hernández en Gobernación, Cabanillas en Información— y un cierto grado de continuidad mínima con el pasado en las responsabilidades económicas (a Barrera se le otorgó, con la vicepresidencia, la responsabilidad principal) o en materia social (Licinio de la Fuente). García Hernández, Barrera y De la Fuente fueron nombrados vicepresidentes, pero esta categoría administrativa no recibió atribuciones ni significó nada. Otros nombramientos que hizo para cubrir los puestos de ministros recayeron sobre personas que a menudo estaban por debajo del nivel exigible para esa responsabilidad. Con frecuencia hubo entre los ministros deslealtades y carencia de propósito común: uno de los ministros aseguró que si ya en la época de Carrero se había puesto en duda su capacidad para presidente al lado de Arias, como director de orquesta, «parecía Von Karajan». En los ministros, como conjunto, cabe percibir una clara tendencia reactiva respecto de la época en que Carrero Blanco representaba casi todo en la política española: los relevos de cargos políticos de nivel menor fueron muchos (un centenar y medio de altos cargos) y voluntariamente se quiso dar la sensación de una cierta ruptura de la continuidad respecto de la etapa inmediatamente precedente. Franco le dio a un ministro saliente la explicación de que había aceptado tantos cambios porque «cada torero con su cuadrilla», pero esta explicación tuvo consecuencias graves para la definitiva fragmentación de la clase política del régimen.

La propia madurez de la sociedad española para las formas democráticas de convivencia y ese mismo deseo de ruptura con el pasado constituyen sendos factores decisivos para explicar el llamado «espíritu del 12 de febrero». Contra todas las previsiones, que nacían de su pasado como director general de Seguridad y de lo que resultaría su futuro, Arias Navarro hizo en esa fecha de 1974 una inicial declaración de intenciones en la que afirmó desear «un consenso articulado, operacional y crítico», manifestando así una voluntad de reforma política dentro de las habituales coordenadas del sistema. Si bien se mira, sin embargo, el contenido concreto de ese programa era francamente limitado: consistía en la reforma de la Ley Sindical y la aprobación de una Ley de Régimen Local, otra de Asociaciones y de un sistema de incompatibilidades. Por un momento, con todo, pudo dar la sensación de que se iba a iniciar una senda de apertura que era la que prestaba a Arias Navarro el lenguaje utilizado por los reformistas del régimen que le hicieron algunos de sus primeros discursos.

Pero el espíritu de febrero se desvaneció en marzo, cuando el arzobispo de Bilbao (Añoveros) suscribió un documento que produjo tan desmesurada reacción, que estuvo a punto de provocar la expulsión del citado prelado de España. La pastoral se refería a la «identidad específica del pueblo vasco» y a su derecho a conservar su «patrimonio espiritual», y se entiende, sin duda, desde la perspectiva de la actitud de buena parte del clero de la diócesis. Aunque no contenía nada directamente subversivo (ni tampoco contrario a la doctrina de la Iglesia), Tarancón recomendó que, vistas las circunstancias por las que atravesaba la relación entre Iglesia y Estado, no se leyera.

Cuando se hizo se pasaron unos días de exasperación. Tarancón tuvo lista la excomunión de quien pretendiera expulsar de su diócesis a Añoveros, quien durante mucho tiempo dispuso de un avión para transportarle. Incluso Fraga considera en sus memorias lo sucedido como un «paso en falso» del Gobierno. Tres ministros estuvieron a punto de dimitir y sólo la intervención del sector más moderado del Gobierno (Cabanillas, Carro…) y del primado cerca de Franco recondujo la situación. Añoveros abandonó su diócesis, pero sólo de forma voluntaria y temporal en el incidente más grave entre el régimen y la Iglesia de toda la historia de ambos. Franco contribuyó, en uno de sus arranques de prudencia política, a evitar que se prosiguiera en el rumbo del enfrentamiento que revelaba por dónde iban los verdaderos sentimientos del presidente del Gobierno.

Mientras tanto las circunstancias se convirtieron rápidamente en difíciles para el nuevo Gobierno por razones objetivas y exteriores. A estas alturas era ya patente el impacto de la primera crisis provocada por la elevación de los precios del petróleo, pero, además, entre la primavera y el verano de 1974 entraron en picado en Europa dos regímenes dictatoriales que tenían no escasos puntos de coincidencia con el franquismo.

Aparte del caso de Grecia, el fin del Portugal «salazarista» representaba mucho para un Franco que en una ocasión había recalcado hasta tal punto la identidad peninsular como para decir que los dos países eran hermanos siameses y que si uno perecía el otro habría de «cargar con el muerto». El mayor temor que los sucesos portugueses crearon en el régimen derivó de la posibilidad de que actitudes semejantes a la de los oficiales portugueses se dieran también en España. La acción opositora en los medios militares, principalmente en los juveniles, fue una iniciativa del PCE y se inició en 1970, aunque desde finales de la década de los sesenta existió en dicho partido una voluntad de lograr, al menos, la neutralidad del Ejército español; de ahí la difusión de propaganda específicamente dirigida a este propósito. Pero el factor desencadenante de la organización de la disidencia en el mundo militar fue el ejemplo de la revolución portuguesa. Sólo parece haberse plasmado en una organización en el verano de 1974 con la gestación de la Unión Militar Democrática, que llegó a atribuirse la pertenencia de 300 oficiales. Esta cifra parece bastante exagerada teniendo en cuenta que estuvo organizada tan sólo en Madrid y Barcelona. Sus miembros parecen haber procedido fundamentalmente de sectores católicos poco conformistas, desde donde desembocaron en posiciones próximas al PCE o, posteriormente, el PSOE. Sus propuestas, muy moderadas pero intervencionistas en sentido político, no llegaron a cuajar en una actividad importante. Cuando la organización fue descubierta no había optado claramente acerca de si quería una presencia política del Ejército, como en Portugal, o tan sólo una evolución en sentido democrático, pero la UMD creó un llamado Comité Táctico, destinado a intervenir en contra de un golpe de Estado con propósito regresivo. En julio de 1976 fueron detenidos un comandante y 10 capitanes, que, juzgados en ese mismo año, fueron condenados a penas entre dos y ocho años de cárcel. En el verano de 1974 había sido cesado también en su puesto militar el general Diez Alegría, en quien algunos veían una especie de Spínola a la española, es decir, un general liberal capaz de favorecer la transición a la democracia, como en el caso de Portugal, pero que se había mantenido dentro de los límites de la más estricta disciplina. En realidad, el exceso de politización experimentada por el Ejército durante la dictadura le vacunó contra los intentos de darle la vuelta en contra de Franco. La prevención con respecto al intervencionismo jugó luego un papel positivo durante la posterior transición a la democracia.

El espectáculo de lo acontecido en Portugal influyó de forma directa en la política española, tanto para estimular las esperanzas de la oposición como para incrementar la irritación de los sectores más reaccionarios. De forma inmediata estos últimos reaccionaron unánimemente ante el posible peligro de que el destino del régimen fuera parecido: Blas Piñar tronó contra los «enanos infiltrados» que socavaban el régimen desde el interior, y en septiembre de 1974 se declaró por completo contrario al Gobierno. En cuanto a José Antonio Girón, que representaba a la Falange más pura y en las fases iniciales del Gobierno había parecido próximo, o al menos influyente, por dos veces advirtió al Gobierno contra los peligros de una posible blandura. Girón en cierto sentido resultaba más peligroso para Arias porque contaba en su Gobierno con elementos afines, como Utrera Molina. Como le había sucedido a Carrero, Arias Navarro también se vio inmediatamente influido por el búnquer político, siendo su caso especialmente grave porque una persona como el anterior presidente nunca había provocado la menor duda en cuanto a sus propósitos, y sí era éste su caso, especialmente grave por cuanto en el fondo estaba mucho más cercano a esos sectores puramente partidarios del mantenimiento inalterado del régimen. En junio de 1974, clausurando definitivamente el «espíritu del 12 de febrero», Arias identificó al pueblo español y el Movimiento Nacional. A la muerte de Franco tan sólo habían sido aprobadas dos de las disposiciones anunciadas por Arias y ambas eran claramente intrascendentes e insuficientes. En enero de 1975 Arias consiguió de Franco, tras una crisis parcial en la que se desprendió del componente más avanzado de su Gobierno, un Estatuto de Asociaciones que obligó a que tuvieran al menos 25 000 afiliados y estuvieran implantadas en 15 provincias, pero una disposición como ésa no atrajo a la integración en el asociacionismo absolutamente a nadie. Las asociaciones, durante tanto tiempo un caballo de batalla, dependían en su vertebración legal del Consejo Nacional, lo que impedía que pudieran resultar atractivas para cualquier tipo de sector de la vida española que no estuviera ya integrado en el Movimiento. En el verano del mismo año fueron aprobadas nuevas disposiciones sobre incompatibilidades que ni siquiera se aplicaron y que tampoco hubieran supuesto nada especial desde el punto de vista político.

Mientras tanto, a la incertidumbre creada por una reforma política que no se llevaba a cabo —pero se anunciaba y luego desmentía— hubo que sumar la creada por la salud de Franco. En julio de 1974 una primera enfermedad le obligó a ceder temporalmente sus poderes a Don Juan Carlos; un día antes se había creado la primera entidad unitaria de la oposición, la Junta Democrática. El Príncipe de España, desde el momento de su nombramiento, había tratado de mantener una cierta independencia con respecto al régimen, contactando con elementos moderados de la oposición y tratando de explicar en el exterior que de alguna manera acabaría produciéndose una evolución en sentido democrático, pero sin explicar cómo. Logró, al menos, que existiera una cierta expectativa hacia su persona que hubiera resultado inimaginable en 1969, cuando fue nombrado. La aparición por estos años de libros y artículos sobre el futuro de la Monarquía y el régimen y el papel del Príncipe así parecen demostrarlo.

Parece indudable que el futuro Rey no quería asumir poderes interinos, en la conciencia de que, además, con su previsible reasunción por parte de Franco, podría deteriorarse su figura. No le quedó otro remedio, sin embargo, que el de guardar silencio: a López Rodó le confesó que «no tocaba pelota» y de la reasunción de poderes por Franco se enteró en el mismo momento de producirse, pese a que él mismo le había pedido antes que se produjera. Ya se puede imaginar que el Príncipe padeció lo sucedido como una gran humillación. Seguía, no obstante, funcionando un subterráneo «pacto de familia» por el que su padre hacía afirmaciones que completaban la imagen de la Monarquía como institución dirigida a todos los españoles y susceptible de atraer a la oposición, mientras que el hijo parecía más identificado con el régimen. En el verano de 1975 Don Juan declaró no haberse sometido, en toda su vida, a «ese poder tan dilatado e inconmoviblemente ejercido de Franco», que, en realidad, había nacido con un propósito mucho más circunstancial por obra de sus compañeros de armas. A estas declaraciones le siguió la prohibición de residencia en el territorio nacional.

Quizá la forma más obvia de percibir la situación en el seno del equipo gubernamental en ese momento sea recurrir a las memorias de Utrera Molina, que desempeñó con Arias Navarro la Secretaría General del Movimiento hasta comienzos de 1975, y las de Licinio de la Fuente, su vicepresidente y ministro de Trabajo. El estado de perplejidad gubernamental se remontaba hasta la etapa final de Carrero, durante la cual ya se había hecho patente el elevado grado de discrepancia intragubernamental, que ahora se multiplicó de manera exponencial. El Franco posterior a la muerte de su primer presidente fue un ser desvalido que decía haber perdido el «último hilo que me unía al mundo» y que, según Utrera, decía que ni siquiera sabía en qué consistía el «espíritu del 12 de febrero» del que le hablaba su presidente del Gobierno. Cuando los sectores más reaccionarios en el seno de su régimen le sugerían la posibilidad de que su sucesor, ya designado, no se mantuviera en la órbita del sistema por él regido se conmovía y aseguraba que, aunque debía haber cambios con Don Juan Carlos como Rey, «sé que hay juramentos que obligan». El Gobierno era la expresión misma de la incoherencia. Si Utrera representaba al sector más movimentista, era poco respetado por Girón, que, desde fuera del Gobierno, no eludió las críticas contra él.

Cabanillas y Carro, junto a Arias, representaban la postura de mayor apertura y periódicamente entraban en conflicto con Utrera, quien a su vez excitaba las reticencias de Franco frente a la posición aperturista por el procedimiento de decirle que había quien quería incapacitarle como Jefe del Estado. Por su parte, Licinio de la Fuente, desconectado de cualquier posible dirección de la política gubernamental, se encontró con que, tras elaborar una ley de huelga, el propio presidente se la enmendaba en aspectos sustanciales en pleno Consejo de Ministros. En suma, el Gobierno dio la permanente sensación de estar incapacitado para llevar a cabo cualquier propósito coherente.

Franco, tras su enfermedad, reasumió sus poderes en septiembre de 1974, y a este hecho le siguió una inmediata embestida en contra de aquellos sectores más aperturistas del Gobierno de Arias Navarro, que de esta manera demostraba tener mucha menos unidad y claridad de propósitos de la que parecía haber mostrado en sus declaraciones públicas su presidente. En octubre de 1974 fue cesado Pío Cabanillas, pero con él se solidarizó el vicepresidente económico del Gobierno, Barrera de Irimo, y otros cargos de menor trascendencia, que también debieron ser relevados. Con posterioridad, por las razones ya citadas, se produjo la sustitución de uno de los vicepresidentes, Licinio de la Fuente, por Fernando Suárez, y la de Utrera, incapaz de controlar la fronda falangista, por Herrero Tejedor. Para colmo de males, este último no tardó en morir en accidente de tráfico.

Si el Gobierno de Arias Navarro había en tan sólo tres meses dilapidado su capital político reformista, ahora, en el otoño de 1975, era la viva imagen de la desorientación. Cuando en septiembre de ese mismo año cinco terroristas fueron ejecutados, como procedimiento drástico para cortar las manifestaciones de oposición, se produjo una generalizada protesta en toda Europa contra el régimen. Éste acudió a un procedimiento de respuesta al que ya había recurrido en dos ocasiones anteriores: como en 1970 y 1971, convocó una manifestación en la plaza de Oriente madrileña para que sus partidarios le mostraran su apoyo. Esta exhibición de fuerza tuvo, de nuevo, un cierto aire patético en cuanto que la trémula voz de Franco acusó como siempre al liberalismo, la masonería y el comunismo de los males del presente español. Mientras tanto, se agravaba por vez primera, desde hacía casi treinta años, el panorama de la política exterior española. De ambas cuestiones —la oposición y el contexto exterior— es preciso tratar antes de aludir a las últimas semanas de la vida de Franco.

Actividad de la oposición: el camino hacia la unidad

El telón de fondo sobre el que se desarrolló la política del régimen a finales de los sesenta y comienzos de los setenta fue el de una protesta social creciente y cada vez más claramente dirigida en su contra. Ya hemos aludido a los fenómenos huelguísticos y a la disidencia de las organizaciones profesionales; baste ahora con recordar que la protesta social, que fue creciendo lentamente hasta 1967, lo hizo de forma considerable a partir de 1973 y alcanzó sus cotas más altas en los primeros meses posteriores a la muerte de Franco. No fue una protesta que tuviera propósitos exclusivamente socialistas o revolucionarios, ni, por sí misma, resultaba capaz de producir el cambio del régimen, pero demostraba hasta qué punto la sociedad se había independizado del Estado. Ni siquiera puede decirse que fuera principalmente el resultado de las organizaciones de la oposición, aunque éstas constituían el germen de un sistema de partidos que en el futuro recibiría estos apoyos sociales. De la importancia de estos últimos una buena muestra puede ser la evolución de la prensa más crítica. La revista Cambio 16, quizá la publicación más relevante en este momento dentro de ese sector, que como tal fue suspendida durante tres meses, pasó de 15 000 a 115 000 ejemplares.

Otro telón de fondo de la situación fue también el terrorismo, incapaz de sustituir al régimen, pero que era una prueba constante de su impotencia represiva, ya que sólo servía para movilizar contra él a una parte de la sociedad vasca, solidarizada inmediatamente con los autores de atentados. A estas alturas, sin embargo, la brutalidad terrorista había enajenado a ETA la relativa benevolencia con que parte de la oposición la vio hasta comienzos de los setenta. En el momento del atentado contra Carrero el PCE, que en esos momentos iba a ver cómo eran juzgados sus dirigentes sindicales de Comisiones Obreras, mostró su repudio decidido a ETA. La condena fue todavía mayor cuando, en septiembre de 1974, se produjo el estallido de una bomba en la cafetería Rolando, de Madrid, que pretendía asesinar a policías de servicio en la Dirección General de Seguridad y, en realidad, supuso la muerte de simples clientes del establecimiento. Para la realización de este atentado prestaron ayuda personas procedentes del comunismo que, inmediatamente, sin embargo, fueron condenadas por el PCE. Una tendencia de éste —y de la oposición en general— fue considerar que los actos terroristas eran obra de movimientos de extrema derecha, cuando la realidad fue que la trayectoria de ETA resultaba ya inequívoca para demostrar su voluntad de provocar el derramamiento de sangre en la idea de que ése era el mejor procedimiento para conseguir el cumplimiento de sus fines.

La represión, combinada con el apoyo de una parte importante de los vascos a ETA, contribuye de alguna manera a explicar la última división del nacionalismo radical antes del final de Franco. Hubo un sector que tendió a combinar la acción violenta con actos no terroristas; este sector fue denominado ETA Político-Militar, y de él surgieron agrupaciones sectoriales como fueron el Frente Obrero o el Frente Cultural. En realidad, los «polis-milis» eran el sector de ETA más radical en términos ideológicos, pero la práctica no exclusivamente terrorista les fue llevando a una acción más estrictamente política: en definitiva, de esos frentes surgió la coalición de partidos conocida como Herri Batasuna. Sin embargo, como siempre, en el seno de ETA lo que predominó no fue esta actitud, sino el puro activismo terrorista que representaba ETA Militar, en la que el debate ideológico estuvo reducido al mínimo. Desde comienzos de los setenta los atentados se extendieron a la totalidad del territorio nacional y no sólo al País Vasco: de ahí la creación de los llamados «comandos especiales» (bereziak). En estos últimos tiempos del franquismo ETA, que había pasado ya por casi todas las fórmulas de extrema izquierda, recibió una importante influencia anarquista. Este movimiento, tan frecuente en la historia española, no alcanzó, sin embargo, verdadera relevancia en la fase de transición, a pesar de que hubo algunos grupos dedicados a la acción violenta y en 1974 sería ejecutado un militante de esta significación (Puig Antich).

En el final de la época franquista la violencia terrorista se situó en un nivel que, por desgracia, estuvo destinado a prolongarse en los primeros tiempos de la transición.

Desde octubre de 1974 a octubre de 1975 ETA asesinó a 22 miembros de las fuerzas del orden público y 14 civiles, pero más significativo es el hecho de que en los días siguientes a las ejecuciones de septiembre de 1975 pararon en el País Vasco unas 200 000 personas, en solidaridad con los dos militantes de ETA que habían perdido la vida. Este dato testimonia el importante apoyo social del movimiento y la distancia existente entre el País Vasco y el régimen franquista. Por otro lado, desde 1973 el terrorismo no se limitaba sólo a ETA, sino que se extendía también a grupúsculos de origen comunista prochino, como el PCE reconstruido y la OMLE (Organización Marxista Leninista de España). El primero creó los GRAPO (Grupos Revolucionarios Armados Primero de Octubre) precisamente con ocasión de esas ejecuciones, y actuó con particular brutalidad, pero estuvo carente de cualquier apoyo social como el que ETA tenía en una parte de la sociedad vasca. Sus militantes fueron personas de extracción social humilde, procedentes de medios industriales en crisis (por ejemplo, de la construcción naval) que debían utilizar armas robadas a las fuerzas policiales y ni siquiera disponían de medios económicos para editar sus panfletos. Cuando llegó la democracia apenas llegaron a 15 000 votos (datos de 1982). Pero en los momentos finales del franquismo los GRAPO jugaron un papel de gran importancia en el sentido de que fomentaron una acción represiva del régimen que reveló sus peores aspectos. El decreto antiterrorista que a ellos (y a ETA) les fue aplicado con carácter retroactivo preveía responsabilizar no sólo a los que defendieran el terrorismo, sino a los que trataran de «minimizarlo».

Toda esta protesta social y estos fenómenos terroristas no pueden hacer olvidar que, aunque por el momento tuviera una presencia muy inferior en los medios de comunicación, en realidad en el futuro habría de desempeñar un papel mucho más decisivo otro tipo de oposición, que luego constituiría el núcleo del arco parlamentario español a partir de las elecciones de 1977. Si la totalidad de los dirigentes de Alianza Popular procedieron de la clase política del régimen franquista, al menos la mitad de los de Unión de Centro Democrático vinieron de la oposición democrática, «moderada» o de los sectores a caballo entre la reforma y la oposición. Por otro lado, también resulta imprescindible hacer mención de la evolución del PSOE y del PCE, que perfilaron sus liderazgos y sus posturas en un momento en que ya se adivinaba el declinar definitivo del régimen.

La llamada oposición moderada pareció tener en estos momentos un protagonismo muy inferior al de la protesta social o a las actuaciones terroristas, pero debe tenerse en cuenta que su papel no residía tanto en la confrontación inmediata y directa como en el ofrecimiento de una alternativa de futuro organizada en partidos políticos, semejantes a los existentes en esa Europa en que las propias autoridades del régimen franquista afirmaban que nuestro país debía permanecer. Esta evidencia, especialmente obvia para las jóvenes generaciones de la burocracia estatal, explica que con el transcurso del tiempo se fuera produciendo un desvanecimiento de los límites entre oposición y régimen. Hubo, en efecto, en esta fase final del régimen una «zona colchón» —así ha sido denominada— de la política española en que era inequívoca la voluntad de democratización, pero con discrepancias estratégicas o disparidad de procedencias; unas y otras serían sustituidas por la voluntad de conducir al país en concordia hacia la democracia.

Gran parte de la oposición moderada se había identificado en el pasado con la persona de Don Juan de Borbón, quien en esta fase final del franquismo acentuó su discrepancia con el régimen y reunió en su entorno periódicamente a grupos de seguidores que le veían como alternativa liberal a una Monarquía, como la de su hijo, que por el momento parecía en exceso involucrada con el régimen. El problema de estas personalidades siempre fue que su brillantez personal parecía evitar que actuaran con una cierta capacidad organizativa, al mismo tiempo que la ausencia de cualquier tipo de centro directivo o comité monárquico vedaba también la conveniente continuidad en la acción. José María de Areilza, por ejemplo, se presentó en los años finales del régimen como el ejemplo de una derecha civilizada, democrática, liberal y constitucional, pero ésta era precisamente la actitud más irritante para los sectores más opuestos a todo tipo de cambio en el régimen. Eso explica que fuera objeto de reacciones airadas en los círculos oficiales, en especial por el propio Carrero, incluso cuando no tenía una actuación propiamente política. En sus memorias califica a estas persecuciones como «ridículas» (incluso se trató de evitar que obtuviera un premio periodístico) y deja claro que ya había trasladado a Don Juan Carlos, con quien se entrevistó una quincena de veces en 1969-1975, sus esperanzas monárquicas. Areilza había fundado un partido cuya efectividad fue mínima. Tampoco cabe atribuírsela muy grande al inspirado por Joaquín Satrústegui, quien jugó un papel importante como iniciador e inspirador de los primeros grupos políticos liberales. Por su parte, Calvo Serer, cuya actuación en el pasado como mentor de cierta versión monárquica de extrema derecha ya conocemos, había inspirado, desde una óptica democrática, el diario Madrid y tras su cierre, actuó como independiente en la Junta Democrática, compuesta principalmente por el PCE.

Otros dos grupos que habían formado parte en el pasado de esa oposición moderada fueron los democristianos y los seguidores de Dionisio Ridruejo. Es muy posible que el momento decisivo para la Democracia Cristiana española fuera a mediados de la década de los sesenta, a partir de la cual su influencia resultó ya decreciente, pero en los setenta todavía podía esperar jugar un papel de primer orden en un futuro sistema de partidos políticos en España, homologable al modelo europeo.

Aunque los contactos para llegar a la constitución de una fórmula de cooperación entre todos los que se decían vinculados a esta fórmula política se remontan a los años sesenta, sólo en 1973, cuando ya no faltaba tanto para la muerte de Franco, fue creado el Equipo de la Democracia Cristiana del Estado Español. De él formaron parte los grupos democristianos españoles, la Unió Democrática de Catalunya y el PNV. Aunque no sin discrepancias, en especial en torno al modelo de Estado, la semitolerancia gubernamental permitió a los democristianos españoles celebrar sus reuniones sin interferencias e incluso con cierta publicidad a lo largo de 1975. De todos modos, el papel de la Democracia Cristiana —más genéricamente, del catolicismo liberal y progresista— fue fundamentalmente difundir el ideal democrático, pasando muchos de sus miembros a otras opciones, algunas de ellas situadas más a la izquierda. A partir de 1973, con ocasión del derrocamiento del Gobierno chileno de izquierdas, presidido por Allende, con anuencia inicial de los democristianos, un grupo de seguidores de Ruiz Giménez, del que formaba parte, por ejemplo, Gregorio Peces Barba, pasó a engrosar las filas del PSOE. Resulta significativo que ese mismo año se fundara la asociación Cristianos por el Socialismo. Por su parte, Dionisio Ridruejo, obligado al exilio después de la reunión de Munich, regresó de nuevo a España y sus declaraciones valientes y cáusticas le valieron procesos en 1962 y 1972. Su grupo, al que cabe conceptuar como liberal-social, no llegaría, sin embargo, a desempeñar un papel verdaderamente importante en la transición debido al fallecimiento de su dirigente poco antes de la muerte de Franco.

Democristianos y partidarios de Ridruejo pretendían, a pesar de su condición de grupúsculos, constituir en un futuro partidos políticos de implantación española, pero ésta no era la pretensión de otros sectores cuyo surgimiento en ese momento es un buen indicio de la difusión de la oposición en medios sociales y geográficos distintos de los hasta ahora habituales. En realidad, tanto en el País Vasco como en Cataluña la oposición había tenido una trayectoria peculiar, pero fue en estos momentos en los que los sectores de centro alcanzaron el definitivo perfil que mantuvieron a partir de la transición. A mediados de los años sesenta el PNV perdió la característica confesional que había tenido hasta el momento, mientras que el sindicato nacionalista ELA-STV se definió como socialdemócrata. En Cataluña el declinar del franquismo coincidió con la aparición de la fórmula política destinada a tener mayor éxito a partir del momento de la transición. Esta opción estuvo, desde un principio, vinculada a la persona de Jordi Pujol, quien, como gran parte de la clase política de la España de la transición, se inició en la vida pública en círculos católicos. En mayo de 1960 fue el principal protagonista de una protesta contra Franco, con ocasión de una visita del dictador a Cataluña, que le supuso la tortura y una condena de la que cumplió dos años y medio de cárcel. A partir del cumplimiento de la sentencia su vida se centró no tanto en lo propiamente político y partidista como en la reconstrucción de la cultura y la conciencia de peculiaridades catalanas. Convergencia Democrática de Catalunya no apareció sino a finales de 1974 con elementos de distinta procedencia, incluso de izquierda, como era el caso de Roca Junyent; sus primeras apariciones públicas se produjeron el mismo año de la muerte de Franco. Al margen de la configuración de partidos políticos, es necesario recalcar el importante cambio producido durante la fase final del franquismo en el catalanismo. La desaparición de buena parte de los mitos historicistas provocada por la obra del historiador Vicens Vives, la conciencia de pluralidad —un libro de Pujol definió la inmigración como «problema y esperanza» de Cataluña—, la conciencia de la vinculación a España y la crítica a la limitación social del catalanismo tradicional, visible en el libro de Solé Tura acerca de Prat de la Riba, contribuyeron a facilitar la integración de nacionalismo, marxismo crítico y catolicismo progresista en un esquema interpretativo común que creó una conciencia unitaria y solidaria y que habría de jugar un papel de primera importancia en la definición del enfoque dado por la Constitución de 1978 al problema de la organización territorial del Estado.

Por el momento los movimientos regionalistas y nacionalistas tuvieron, por el momento, en el resto de España una importancia limitada. No obstante, el origen remoto de una agrupación de carácter nacionalista andaluz fue más antiguo que el de CDC: los orígenes del andalucismo político han de remontarse a la elección en 1966 como concejal de Sevilla por el tercio familiar de Alejandro Rojas Marcos. De su actuación y la de sus seguidores derivó en 1972 la creación de la Alianza Socialista de Andalucía, de la que deriva el andalucismo actual.

Quizá lo más característico de este período de la historia de la oposición al franquismo sea la aparición de unos sectores que, no siendo rotundos opositores del régimen, en el sentido de que se situaran al margen de su legalidad, tampoco cabe considerarlos, en puridad, como adictos (y mucho menos al inmovilismo). A mediados de 1973 se creó un grupo de pensamiento denominado «Tácito», que tenía un reflejo ante la opinión pública gracias a sus artículos en Ya, el cual venía a suponer una importante deriva hacia la disconformidad de la actitud mantenida por la familia católica del régimen. En «Tácito» se encontraron quienes militaban en la oposición y quienes, en el seno del régimen, mantenían una posición tendente a la transformación del mismo hacia pautas democráticas desde una óptica evolucionista del franquismo.

Luego, durante la transición, reaparecieron en los grupos de centro, principalmente en UCD. Los artículos firmados por «Tácito» tuvieron una importante repercusión y en alguna ocasión concluyeron con el procesamiento de sus autores.

Si todo ello demostró la peculiar evolución de uno de los sectores en los que durante el pasado se había apoyado el régimen de Franco, todavía fue más inesperada la del carlismo y de una parte del falangismo. En realidad, durante el tardofranquismo estas dos fuerzas políticas no sólo no aceptaron el arbitraje de Franco, como había sido lo habitual en tiempos pasados, sino que incluso se situaron al margen del régimen, escindidas en un sector mayoritariamente juvenil que, en la práctica, se situaba en una oposición al régimen, muy poco diferenciada de los otros grupos de esa significación, y otro, más convencional y de mayor edad, que podía permanecer fiel al régimen, pero tenía también tentaciones de considerar que sus esencias estaban siendo corrompidas por los gobernantes. Se puede, por tanto, hablar de una auténtica heterodoxia de los ortodoxos. Sólo una visión anacrónica que trate de interpretar desde la óptica del presente acontecimientos del pasado puede quitar importancia a este tipo de oposición.

En realidad, el apoyo de estos dos grupos no era en absoluto desdeñable a fines de los años sesenta. Otra cosa es que sus afiliados acabaran desembocando en otros grupos políticos.

El carlismo, una vez decepcionadas sus esperanzas de convertir al hijo de Don Javier, Carlos Hugo, en candidato oficial al trono, evolucionó hacia una postura que en apariencia puede parecer inesperada, pero no lo era tanto. En la práctica el carlismo había vivido en un estado latente, manteniendo su organización en algunos sitios —principalmente en Navarra—, pero sin enfrentarse con la organización del Movimiento.

Dimitido en 1955 Fal Conde como delegado de Don Javier, la presencia de éste o de sus hijos en territorio español hizo mucho por cambiar la actitud de los vinculados con esta tradición política. Si en otro tiempo habían aceptado ser dirigidos por los notables de esa adscripción, ahora los más jóvenes, que exigían más activismo y que sin duda estaban muy influidos por la crisis del catolicismo, conectaron directamente con el propio pretendiente.

Se produjo así una profunda transformación del tradicionalismo al que el propio Don Carlos Hugo acabó definiendo como socialista, autogestionaria y federal, lo cual poco tenía que ver con la tradición de este movimiento, pero que conectaba con los pronunciamientos habituales en la oposición de la época. En el fondo, sin embargo, la identificación entre socialismo y carlismo tenía una cierta lógica: el tradicionalismo siempre había tenido una vertiente popular que lo enfrentaba a la Monarquía de la Restauración —frente al socialismo Vázquez de Mella había hablado de un cierto «sociedalismo»— y, además, la tradición del sindicalismo libre barcelonés había demostrado que podía tener un apoyo entre parte de los trabajadores. Por otro lado, la propia postura de Don Juan Carlos le incitó al carlismo a recalcar su distancia respecto al régimen. El cambio en el carlismo se pudo ir apreciando en el modo de celebración de su reunión anual en Montejurra, que fue cambiando de significado con el transcurso del tiempo. Romería de carácter religioso hasta 1966, el acto fue politizándose progresivamente. Ya en 1972 los carlistas defendían una Monarquía socialista y en 1974 la tradicional reunión en Montejurra se hizo bajo la advocación de la autogestión. Más adelante Montejurra apareció en la propaganda carlista como «un grito del pueblo». Incluso desde 1968 existieron unos grupos armados (o de acción) del carlismo que no tuvieron empacho en realizar algunos atentados y atracos. Claro está que no todos siguieron al pretendiente carlista y a sus juventudes por esta senda. La misma asistencia a las reuniones de Montejurra, que a finales de los sesenta concentraba a 70 000 personas, se redujo en los setenta a 5000 o 6000. Los sectores más renuentes a este tipo de transformación de la política oficial del carlismo fueron desenganchándose progresivamente, y cuando en febrero de 1975 Don Javier acabó abdicando en su hijo Carlos Hugo se reunieron en torno al hermano menor, Sixto. Con tales actuaciones el carlismo fue caminando hacia el suicidio cuando llegó el momento de la transición, pero esto mismo es revelador de unos tiempos en que la oposición parecía tener casi todo a su favor entre la juventud, mientras que el Movimiento quedaba condenado a resultar la imagen misma de lo caduco. También en el mundo juvenil falangista siguió un rumbo semejante. De hecho, siempre hubo una potencial disidencia falangista, aunque hasta fines de los sesenta tuvo una relevancia muy pequeña. Es cierto, por ejemplo, que durante la guerra mundial esa vociferante actitud pro-Eje pareció ser capaz de imponerse y protagonizó algunos actos estridentes (como el atentado de Begoña), pero a finales de los cuarenta Falange se sumió en el silencio, y cuando reapareció en los cincuenta no hubo más que algunos gestos de protesta por parte de individuos aislados, sin verdadera trascendencia. El historiador de esta tendencia y significación que los ha narrado asegura de ellos que fueron intentos «de existencia corta y final triste». Llama, en efecto, la atención el desfase existente entre la virulencia con la que se expresaban algunos dirigentes del falangismo radical (González Vicén, Ezquer…) y la capacidad que mostraron para integrarse en el poder político. Pero, como en el caso del carlismo, la situación cambió entre los jóvenes falangistas principalmente a fines de los sesenta. Un llamado Frente de Estudiantes Sindicalistas, de esta inspiración, actuó en la Universidad desde 1963, con un apoyo no desdeñable; el futuro presidente Aznar dirigió su rama dirigida a la Enseñanza Media. Desde comienzos de los sesenta existieron, además, unos Círculos Doctrinales José Antonio, integrados en el Movimiento pero cada vez más críticos respecto de él. En 1970 trataron de promover una reunión en Alicante de la que habría de salir una promotora de la Falange autónoma con respecto del régimen. El hecho de que existieran estos sectores de falangistas descontentos obligó a que, a partir de 1970, el aniversario del acto fundacional de este partido no se celebrara ya en el Teatro de la Comedia, sino en el Consejo Nacional, donde no resultaba previsible que pudiera haber un gesto de discrepancia.

A fin de cuentas, no es una casualidad que el carlismo pretendiera convertirse en socialista, porque en estos momentos esta adscripción, reducida a un puñado de exiliados y un puñado de jóvenes en el interior no hacía tanto tiempo, se convirtió en punto de coincidencia de sectores muy diversos, pero que estaban destinados a desempeñar un papel de primera importancia en la España del futuro. Para ello lo primero imprescindible era que la dirección tradicional del partido fuera sustituida por otra más adaptada a la realidad de la España de la década de los sesenta: en la segunda mitad de ésta el dirigente del partido era un octogenario que llevaba casi una treintena de años al frente del mismo. Caracterizaron a Rodolfo Llopis durante su largo período de dirección del socialismo español una fuerte prevención contra el espontaneísmo del interior y una voluntad de guardar las esencias del partido, lo que acabó por perjudicar posibilidades de desarrollo futuro. Sin embargo, no deben escatimársele méritos en lo que respecta al mantenimiento de una alternativa democrática y en su presencia internacional (que para los dirigentes del régimen resultaba más irritante que la actividad de los militantes del interior).

En realidad, en el interior de España el socialismo había seguido un rumbo que poco tenía que ver con los deseos y la estrategia de Rodolfo Llopis. En 1967 celebró su Congreso el Moviment Socialista de Catalunya, cuyas principales figuras, todavía actuantes hoy, aparecieron entonces con una decidida pretensión de autonomía con respecto a la dirección del exterior. Al año siguiente fue fundado el Partido Socialista del Interior, que no era otra cosa que la nueva denominación del grupo de seguidores de Tierno Galván, quien en 1965 había militado en el PSOE, pero, porque fuera demasiado indisciplinado o porque causara un problema de liderazgo a Llopis, fue prontamente expulsado. El PSI fue casi exclusivamente un partido de profesores universitarios dirigido por la personalidad inevitablemente absorbente de Tierno. Respecto del PSOE exiliado tenía dos novedades importantes, que conectaban mejor con la evolución de la España de la época: la desaparición del anticomunismo y un cierto tono libertario.

Aunque el PSI logró algunos apoyos exteriores, no habría de ser, sin embargo, el verdadero renovador del PSOE. Tampoco fue obra de un sector muy representativo del ambiente de finales de los sesenta, el catolicismo progresista que representó la USO.

Este mundo se identificó en ocasiones con el pasado del anarcosindicalismo y reivindicó la independencia entre sindicato y partido, pero una parte de él llegó a formar Reconstrucción Socialista y, más adelante, la Federación de Partidos Socialistas, pero carecía del prestigio de unas siglas históricas. En realidad, la misión de renovar el PSOE correspondió a tres grupos de jóvenes dirigentes del mismo, de procedencias geográficas distintas y de militancia, en algunos casos, relativamente reciente: Múgica y Redondo eran los principales animadores del socialismo vasco, Castellanos representaba al de Madrid y Alfonso Guerra y Felipe González, los más recientes en la militancia socialista, dirigían la organización sevillana, procediendo el último de los sectores que en la capital andaluza seguían las inspiraciones del democristiano Giménez Fernández.

Los pasos gracias a los cuales se llegó a la victoria de los renovadores del socialismo español fueron lentos y estuvieron sometidos a dura controversia hasta el desenlace definitivo. Sólo en 1967 la dirección socialista contó con una representación importante del interior (siete personas); dos años después por vez primera apareció en las reuniones de la dirección en el exterior Felipe González. En 1970 Llopis admitió ya una cierta división de las responsabilidades: él se responsabilizaba de la representación internacional del partido, mientras que en España el predominio le correspondía a quienes allí estaban. En 1971 la UGT pasó a ser dirigida por una especie de comité mixto entre el interior y el exterior, con predominio del primero, en que ya Nicolás Redondo fue la figura más destacada. Pero el momento decisivo se produjo en 1973, cuando, tras una serie de escaramuzas previas, los renovadores del interior se impusieron a Llopis, que no aceptó el resultado del Congreso, celebrado en Francia. En realidad, la victoria sobre Llopis fue más obra de los dirigentes vascos y madrileños que de los sevillanos, pero éstos iban a predominar inevitablemente porque contaban con un Felipe González cuya condición de líder ya se adivinaba. Con el paso del tiempo habría de convertirse, en palabras de Haro Tecglen, en «el primer rostro del antifranquismo». No obstante, la victoria de los renovadores no fue definitiva hasta comienzos de 1974, pues al menos un tercio de los afiliados del exterior y una décima parte de los del interior de España siguieron a Llopis, quien mantenía sólidos apoyos en los medios socialistas internacionales y, además, contó en esta ocasión con el apoyo temporal de Tierno. Sin embargo, la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre ambos y la mayor confianza de la Internacional Socialista en los jóvenes dirigentes del partido hizo que finalmente la tendencia renovadora obtuviera la victoria. Con ello, sin embargo, no desaparecieron las dificultades internas. A lo largo de 1973, por ejemplo, Guerra y González dimitieron en la dirección del partido; eran ellos los que mantenían una postura más radical que se oponía a que accedieran a la dirección del partido los sectores de la Democracia Cristiana que por entonces lo hicieron.

El definitivo triunfo de la tendencia renovadora, consolidación del anterior, tuvo lugar en el otoño de 1974, con ocasión de un Congreso celebrado en Suresnes, cerca de París. La limitada fuerza del socialismo, cuando apenas faltaba un año para la muerte de Franco, se aprecia con simples datos estadísticos: el PSOE tenía unos 2500 militantes en el interior (una quinta parte de ellos en Guipúzcoa) y 1000 en el exterior. La dirección elegida supuso la victoria definitiva de Felipe González (que ocultaba su nombre bajo el seudónimo de «Isidoro»), pero tan sólo la logró gracias a exponer el informe político y, sobre todo, a la voluntaria marginación de Nicolás Redondo. Las decisiones del Congreso, al margen de la elección de los dirigentes, se caracterizaron por un manifiesto tono radical que repudiaba el capitalismo y los llamados «bloques militares», incluido el occidental. No obstante, se había situado en unas buenas condiciones para tener un futuro prometedor en términos electorales. En primer lugar tenía a su favor la continuidad simbólica con el pasado de la izquierda y representaba bien un radicalismo que le permitió conectar con una parte importante de la sociedad española, especialmente la más joven, pero que resultó momentáneo, pues ya entonces se adivinaban también en él elementos de una actitud pragmática. Podía, pues, hacer una «transición», paralela a la que en España tendría lugar con la democracia. Era, además, un grupo político cuyo interclasismo podía resultar atractivo para buena parte de la sociedad española: una elevada parte de su dirección estaba formada por universitarios (en la propia UGT un tercio de los militantes eran profesionales). En definitiva, Suresnes no fue un golpe de Estado, sino la culminación de un proceso; supuso, en parte, una renovación generacional e ideológica, pero sobre todo dejó al PSOE en una situación que habría de revelarse óptima a medio plazo para que obtuviera la hegemonía sobre la izquierda española. La renovación del partido se había producido justo en el momento en que habría de proporcionar mejores resultados a sus dirigentes.

A partir de este momento el PSOE así renovado pudo ir convirtiéndose en una especie de polo de atracción de sectores muy diversos que habían adoptado el adjetivo «socialista» sin tener tras de sí el prestigio de las siglas históricas. Pronto hubo incorporaciones procedentes del antiguo FLP o de Reconstrucción Socialista; además, la celebración de una Conferencia Socialista Ibérica, aunque de momento no concluyó en un resultado unitario, permitió establecer los primeros contactos entre los partidos de esta denominación, muchos de los cuales acabaron luego ingresando en el PSOE. Éste, a la altura de la muerte de Franco, era todavía un partido con grandes carencias, pero también con indudables posibilidades. No tenía una organización suficiente, pero ya en 1974 Felipe González se instaló en Madrid y empezó a montarla; buena parte de los dirigentes futuros del partido ingresaron en este momento. Carecía de un movimiento sindical fuerte, a diferencia de lo habitual entre los partidos socialistas de Europa del norte, pero el apoyo exterior nunca le faltó, y aunque, por ejemplo, en Madrid y Sevilla era mucho más un partido de estudiantes y jóvenes profesionales que de obreros, consiguió finalmente desarrollar UGT gracias, en gran medida, a militantes procedentes del sindicato USO.

Sin embargo, para no pocos el PCE era entonces, a comienzos de los setenta, el partido de izquierda al que le habría de corresponder un mayor protagonismo en la España democrática. En ese momento no sólo tenía mayor afiliación y mejor organización que el PSOE, sino que además no era manifiesto que éste fuera capaz de conectar con el ambiente del momento, mientras que, en apariencia al menos, el PCE parecía adaptarse a las circunstancias sin, al mismo tiempo, dar espectáculo de desunión o de conflictividad interna. En efecto, con un liderazgo absolutamente puesto en manos de Santiago Carrillo, se fue progresivamente independizando de la Unión Soviética, mientras que adoptaba una flexible postura ideológica que le hizo romper, por vez primera, con el aislamiento que en él había sido característico desde el final de la guerra mundial.

Si el PCE había aceptado la invasión de Hungría por los soviéticos en 1956, en cambio mantuvo una posición muy crítica respecto de la de Checoslovaquia, en 1968: incluso sus dirigentes llegaron a afirmar que ellos querían para España una situación política semejante a la existente durante la «primavera de Praga». La reacción del PCUS fue inmediata y airada y, sin duda, influyó en que surgiera una disidencia, a finales de 1969, protagonizada por dos antiguos funcionarios soviéticos. Mayor relevancia tuvo, no obstante, la de Enrique Líster, un personaje histórico importante dentro del PCE que, además, gozó del apoyo directo de la URSS. Líster llegó incluso a fundar un minúsculo partido denominado PCOE y hasta 1973 desempeñó un papel relevante en una organización vinculada a la propaganda exterior soviética, la Conferencia Mundial por la Paz. El PCUS criticó en alguna ocasión a los dirigentes españoles, pero Carrillo siguió manteniendo relaciones estrechas con una parte considerable del movimiento comunista internacional proclive a la autonomía con respecto a los soviéticos, como los partidos de Rumanía, Corea del Norte e incluso China.

Al mismo tiempo, sin embargo, adoptó también una postura tendente de manera muy clara a atraerse a sectores más amplios de la población que los que constituían la clientela tradicional del comunismo. De ahí, por ejemplo, que las declaraciones de Carrillo procuraran recalcar los aspectos positivos que para el comunismo tenía la revuelta estudiantil de 1968 o el posterior acercamiento de católicos y comunistas. La peculiaridad de la situación española favoreció, además, la insistencia en los principios democráticos: en consecuencia, la estrategia del PCE se resumió en la propuesta de un «pacto por la libertad». En 1973 su Manifiesto-programa postuló para España una «democracia nueva» que tenía un impreciso contenido; además, antes de llegar a esta situación ideal preveía una larga etapa de transición caracterizada por una sedicente «democracia política y social», que permitiría la subsistencia del pluralismo político. Incluso el PCE admitió la presencia de España en el Mercado Común, que en un momento inicial había repudiado. Lo que, en cambio, no experimentó ninguna alteración apreciable fue la forma de regirse internamente el partido, que siguió obedeciendo a los principios del rígido «centralismo democrático». Santiago Carrillo dominó claramente en él; un tercio del comité central tenía más de sesenta años, pero Carrillo incorporó también a jóvenes dirigentes del interior que, aunque podían significar una disminución de su poder y tenían un talante bastante diferente, por el momento mantuvieron la absoluta disciplina característica de una organización clandestina y animada por una fe entusiástica. Ésta muchas veces llevaba a hacer desaparecer la diferencia entre la reivindicación de la libertad y la afiliación comunista: aunque el PCE perdió a algunos intelectuales, que pasaron a una postura de extrema izquierda, un porcentaje muy elevado de la nueva generación en el terreno cultural pasó por sus filas, aunque lo hiciera de manera temporal y sin identificarse verdaderamente con los principios ideológicos en los que se basaba, que sólo fueron asimilados muy superficialmente.

La contrapartida fue que para muchos —en los medios universitarios, por ejemplo— la oposición se identificó en la práctica con el comunismo. Así, aunque siempre con enorme lentitud, se fue produciendo una cierta ampliación del área de influencia comunista, que, además, se nutrió de nuevas incorporaciones o de posibilidades de colaboración con otros grupos. En 1974 se sumó al partido una agrupación denominada Bandera Roja, que se había separado de él en 1969, en que había elementos intelectuales de importancia; uno de ellos, Comín, se convirtió en el estandarte de la incorporación de los católicos al comunismo.

Claro está que al mismo tiempo salían del PCE otros grupos políticos que lo consideraron excesivamente reformista o moderado. A mediados de la década de los sesenta surgió en los medios de la emigración comunista un autodenominado PCE Marxista-Leninista, de tendencia pro-china. De él nació luego el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, al que ya hemos visto practicando el terrorismo en los años setenta. Pero no fue ése el único grupúsculo de extrema izquierda surgido del PCE. Del PSUC surgió el Partido Comunista Internacional, luego convertido en Partido del Trabajo de España, y también algunos núcleos trotskistas, agrupados definitivamente en la Liga Comunista Revolucionaria. Algún sector de extrema izquierda no tuvo esa procedencia, sino que derivó de la ETA más obrerista, como, por ejemplo, el Movimiento Comunista, y otro, la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, todavía tuvo una procedencia más curiosa, al venir sus militantes de organizaciones obreras de apostolado católico y de ahí derivar hacia el comunismo pro-chino. Más inesperado fue el hecho de que una organización de estas características alcanzara a tener el predominio en el movimiento sindical —Comisiones Obreras— de toda una provincia, la de Navarra.

Una vez descritos los grupos de oposición política al régimen de Franco en sus últimos tiempos, es preciso volver a la realidad novedosa que también aparece en el título del presente epígrafe, la de una colaboración entre los diferentes sectores del movimiento opositor al régimen. En realidad, la historia de esa oposición es también la de una persistente desunión, producto en gran medida de la Guerra Civil e inevitable hasta el momento mismo en que apareció en lontananza inmediata la muerte de Franco.

Más que derribar a éste, lo que la oposición pretendió en los momentos finales del franquismo era, en realidad, obtener, mediante una acción colectiva, las garantías precisas para que fuera posible una transición hacia la democracia real y estable.

Fórmulas de colaboración parcial entre la oposición existieron siempre en ocasiones puntuales. Hubo, por ejemplo, protestas colectivas por la manera en que se planteó y desarrolló el referéndum de la Ley Orgánica de 1967. En 1970 la visita del ministro de Asuntos Exteriores alemán motivó una entrevista con Tierno, Ruiz Giménez, Areilza y Satrústegui, quienes también se dirigieron al secretario de Estado norteamericano poco tiempo después. Ese tipo de colaboración fue, de todos modos, ocasional, y si demostraba la indigencia del régimen respecto de las naciones democráticas europeas, al mismo tiempo pudo ser acusada de provocar el intervencionismo exterior en la vida política interna. Una colaboración más amplia y sin recurso al exterior tuvo su origen en Cataluña, en donde a finales de 1972 se creó la Asamblea de Cataluña como resultado final de una evolución histórica, debido a ello los sectores de oposición siempre estuvieron más cercanos entre sí, por las razones ya reseñadas, que en otras áreas geográficas españolas. En octubre de 1973 fueron detenidos los miembros de la comisión permanente de la Asamblea, que desempeñó un papel absolutamente crucial en la Cataluña de la transición.

En el resto de España no se llegó a la formación de una organización unitaria antes de la muerte de Franco, aunque los esfuerzos en este sentido se hicieron cada vez más frecuentes y parecieron poder llegar a fructificar. En el verano de 1974 se presentó en París la Junta Democrática, que, animada por el PCE, atrajo a individualidades situadas más a la derecha y relacionadas más o menos estrechamente con Don Juan de Borbón (García Trevijano, Calvo Serer, etc.). Luego hubo grupos políticos que se fueron sumando a ella, como, por ejemplo, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván o, durante algún tiempo, el partido carlista. En realidad, era patente que ingresar en esta organización no era otra cosa que tomar posición ante el inmediato futuro; por eso puede decirse que lo importante de esta agrupación no fue el hecho de su existencia o de sus colaboraciones, sino la dinámica inmediata que creó.

Si la Junta Democrática estuvo animada por el PCE, el PSOE, con la colaboración de la Democracia Cristiana, creó la Plataforma de Convergencia Democrática, mucho más plural (incluso hasta el abigarramiento), a través de la cual se criticó a la Junta desde una óptica a menudo izquierdista. La Plataforma, a diferencia de la Junta, pareció optar por el federalismo como forma de organización territorial de España. En el fondo, sin embargo, hubo siempre una identidad de fondo en la expectativa de un sistema democrático a la muerte de Franco. Sería exagerado decir que la oposición organizada de esta manera jugó un papel absolutamente decisivo en la transición que se iniciaría inmediatamente después, pero sin ella no puede entenderse ésta en absoluto.

España y el mundo occidental

Para entender la fase final del franquismo no basta con aludir a la política interna del régimen ni a la de la oposición, sino que también es preciso tener en cuenta el contexto exterior. Éste influyó de una forma evidente en las últimas semanas de la vida del régimen, cuando se planteó de manera dramática esa última guerra de Marruecos que, en realidad, fue el conflicto del Sahara, pero, aunque todo ello influyera de una manera menos decisiva en los acontecimientos, no cabe la menor duda de que en los últimos años del franquismo se había ido haciendo patente que España vivía en una situación muy peculiar en el contexto de la Europa occidental, a la que pertenecía, y de la defensa occidental, en la que estaba inevitablemente integrada. A pesar de que el desarrollo económico estuviera ya consolidado, España mantenía una peculiaridad política que la hacía ser tan sólo admitida en el mundo europeo de una forma muy particular. En realidad, todas estas contradicciones sólo se resolverían, con el transcurso del tiempo, después de la transformación de las instituciones políticas españolas en la transición hacia la democracia.

Para llegar a comprender la política exterior del régimen es preciso remontarse a mediados de la década de los sesenta y empezar por tener en cuenta las personalidades y los programas de los sucesivos ministros de Asuntos Exteriores. Fernando María de Castiella llegó al Ministerio en 1957 y su permanencia en él hasta 1969 le convierte en el más duradero responsable de la política exterior durante el franquismo; como tal, muchos de los dirigentes posteriores de la diplomacia española se formaron a su lado.

Nacionalista, Castiella había sentido la atracción de la Falange en tiempos juveniles, aunque también estaba ligado a la familia católica del régimen, que fue quien lo promovió a puestos diplomáticos de primera importancia, en primer lugar a la embajada ante el Vaticano y luego al propio Ministerio. En su talante político Castiella resulta muy semejante a otros ministros aparecidos en estos momentos: aunque su compromiso con el régimen fuera indudable, su realismo y su competencia técnica le empujaban hacia una mayor capacidad de adaptación respecto a los parámetros diplomáticos en que se situaba la España del momento. Eso le hacía proclive a una institucionalización del régimen. Su actitud en política exterior a menudo fue revisionista, sobre todo respecto a la relación con Estados Unidos, de la que creía que España no obtenía los beneficios suficientes. En relación con otros aspectos de la política exterior Castiella introdujo un especial sesgo por la lucha descolonizadora del Tercer Mundo que derivaba de algunas posturas previas —la alianza con el mundo árabe, por ejemplo—, pero que ahora tuvo un especial sentido porque de esta manera quiso resolver el contencioso hispano británico de Gibraltar. La dificultad de esta política nacía de la evidencia de la inserción de España en el mundo occidental, a pesar de sus instituciones políticas: de los viajes oficiales que hizo (más de sesenta), tan sólo uno estuvo dirigido a Hispanoamérica y sólo el 10 por 100 a países árabes, lo que da idea de cuál era ya la ubicación de España en el mundo. Un intento de establecimiento de una peculiar relación económica con Iberoamérica en 1971, cuando ya no era ministro Castiella, concluyó en nada porque Europa y Occidente eran ya los lugares naturales de referencia para España.

Brillante y viajero, pero también a menudo superficial e intemperante, Gregorio López Bravo, ministro entre 1969 y 1973, dio a la política exterior española una vertiente más netamente occidentalista por lejana a tentaciones tercermundistas; en su época, además, el Ministerio de Asuntos Exteriores alcanzó nuevas competencias, sobre todo en materia de comercio exterior y de cooperación técnica, y se produjo la apertura, tan sólo en términos económicos, hacia el este de Europa. Sus sucesores, López Rodó y Cortina, no llegaron a durar suficiente tiempo como para que sea posible definir una política exterior de perfiles propios. De todos modos, el primero, al menos, dejó claras sus intenciones al sustituir a López Bravo: se trataba de seguir las mismas líneas que su antecesor, pero de una forma más discreta, pues a Carrero le molestaba su mezcla de brillantez y exceso de activismo. Cortina, más que llegar a ser autor de una política exterior, se podría decir que se vio, como tantos otros políticos de la etapa final del franquismo, dominado por los acontecimientos.

Si los ministros de Asuntos Exteriores dieron su matiz personal a la política exterior española, ésta se desarrolló siempre en un marco permanente que le proporcionaban sus vinculaciones con determinadas potencias, así como respuesta a problemas concretos, producto a la vez de la herencia histórica y de las circunstancias del momento. Tal y como había quedado definida después de 1953, la política exterior española tenía como referente fundamental la vinculación con Estados Unidos, que desde el final de los años cincuenta no tuvieron el menor inconveniente en defender la entrada de España en la OTAN, inaceptable para muchos países europeos, en especial Bélgica, los Países Bajos y los nórdicos. Respecto de los norteamericanos, con los que, como sabemos, se mantenía una relación de indudable desigualdad en perjuicio de España, hubo una postura a veces un tanto irritada por parte de Castiella, que no tuvo inconveniente en mostrar a veces una actitud de ribetes neutralistas, mientras que la de Franco era, muy de acuerdo con su mezcla de prudencia y «cazurrería», mucho más conformista: refiriéndose a esta cuestión de las relaciones con Estados Unidos decía que si «no hay más remedio que casarse, mejor es hacerlo con la rica del pueblo». Sus documentos íntimos revelan que era muy consciente del peligro nuclear que significaba la cercanía de Torrejón a Madrid, así como del hecho de que no se podía considerar ya a España como una posición de retaguardia frente al peligro comunista; también le preocupaba que los norteamericanos se mantuvieran cercanos a Marruecos. La posición de Carrero fue semejante, a pesar de que en algún texto admitió que «los norteamericanos han resuelto su problema, pero nosotros no hemos resuelto el nuestro». De los norteamericanos juzgó positivo el anticomunismo, pero los calificaba de «infantiles» y era perfectamente consciente de que tan sólo el Pentágono estaba bien dispuesto hacia la España de Franco. La posición de Castiella, en todo caso, tenía sus antecedentes y era compartida por el conjunto de la carrera diplomática: ya Martín Artajo se había quejado de los escasos beneficios económicos que España obtenía de los pactos. En estos años el embajador Garrigues resumió muy bien la relación entre ambos países con estas palabras: «Ellos quieren sólo la prórroga de los tratados; nosotros, la revisión para que España tenga parte en las decisiones».

Lo malo para la España de Franco fue que los norteamericanos en ocasiones dieron sorpresas desagradables, como, por ejemplo, la caída de un avión portador de una bomba atómica en Palomares (Almería) en 1966. Claro está que en otras ocasiones se cedía gratuitamente ante el aliado: Muñoz Grandes autorizó, sin más, que en Rota fueran estacionados submarinos dotados con misiles nucleares. Desde fines de 1967, ante la eventualidad de una renegociación del tratado, que había sido renovado por vez primera en 1963, fue creciendo la insatisfacción española y especialmente la de Castiella, así como su nivel de exigencia. El ministro español afirmó que la colaboración española no debía darse por garantizada, mientras se quejaba de que la flota norteamericana visitara Gibraltar y reclamaba más ayuda militar y económica. La negociación, en que participó junto a él el general Diez Alegría por la parte española, se convirtió en auténticamente crispada entre el verano de 1968 y el de 1969: fuentes españolas mencionaron la posibilidad incluso de cesión de las bases a Francia. La verdad es que existía una incomprensión de fondo de difícil solución: los norteamericanos se quejaban ante lo que creían pretensiones desmesuradas en un momento en que tenían problemas más importantes, como era el de Vietnam, mientras que los españoles no obtenían el apoyo diplomático que requerían de Estados Unidos respecto del resto de sus aliados europeos en materias tan importantes como el Mercado Común Europeo o Gibraltar, ni tampoco conseguían modificar el status de sus acuerdos con Estados Unidos, siempre consistentes en un trato entre desiguales. La realidad es que resultaba por completo imposible que los dirigentes norteamericanos obtuvieran del legislativo la anuencia para suscribir un tratado con España. Aunque Castiella modificó su postura en un sentido flexible, su original dureza deterioró gravemente su posición ante Carrero y ése fue el motivo principal de su desplazamiento del Ministerio. López Bravo llegó a un nuevo acuerdo en el verano de 1970: al final había triunfado la tesis de Franco, para quien «si no negociamos, ¿qué vamos a hacer?».

El nuevo pacto sustituyó las llamadas «bases de utilización conjunta» de 1953 por «facilidades concedidas en bases españolas» e insistía más en los aspectos técnicos, culturales y de cooperación económica, pero persistía el trato desigual. España no era un aliado de Estados Unidos en términos estrictos y sólo en caso de un conflicto global al que se viera arrastrada adquiriría plenas responsabilidades. En caso de conflicto menor —como los muchos que se dieron en el mundo—, de hecho, los norteamericanos utilizaron las bases en territorio español como puntos de apoyo o aprovisionamiento sin tener en cuenta la actitud española, aunque con el paso del tiempo ésta tendiera a hacerse crecientemente restrictiva. En el fondo, desde 1953 hasta el final de la existencia del régimen, se repitió siempre la situación peculiar que se había dado a la hora de llegarse a los pactos. Estos nunca hubieran podido ser suscritos por el legislativo norteamericano, pero, además, si éste en los años cincuenta era especialmente sensible al peligro comunista, ahora, en los setenta, resultaba ya muy reticente frente a los compromisos exteriores, sobre todo con países dictatoriales, pues, en definitiva, una situación como ésa era la que había llevado a la guerra de Vietnam.

Los dirigentes de la política exterior norteamericana más conservadores, incluido Kissinger, querían la integración de España en la OTAN, pero la oposición de buena parte de sus miembros (sobre todo, los del norte de Europa) vetaba también esta posibilidad de una mayor integración española en Occidente. A su vez, el hecho de que señalaran ese resultado como el más deseable les servía para argumentar el menor número posible de cambios de contenido a la hora de la renegociación de los pactos.

Si la relación con los norteamericanos padecía esas incomprensiones y desfases de intereses mutuos, en el caso de los países europeos todavía fue peor, pese a las apariencias. Ya hemos visto que en torno a la posible aproximación al Mercado Común Europeo hubo divergencias de importancia en el seno de la clase dirigente del franquismo y que alguno de los más reticentes estaban en la cúspide del sistema político. En fecha tan tardía como 1961 Franco todavía consideraba «quiméricos» los proyectos de unificación europea, lo que permite poner en duda la perspicacia que en muchas ocasiones se le ha atribuido respecto de la política exterior. A pesar de ello, ese mismo año se tomó la decisión de solicitar algún tipo de asociación con el Mercado Común, lo que testimonia que el puro realismo generado entre los diplomáticos y los expertos económicos también podía imponerse en las altas esferas de aquel régimen.

En febrero de 1962 la España de Franco presentó su petición de «asociación susceptible de llegar a la plena integración en el Mercado Común». Adviértase que la frase no suponía, de entrada, ingreso, sino tan sólo adhesión por una vía secundaria, aunque pudiera adquirir otras características con el transcurso del tiempo. Lo que interesaba de forma principal eran las negociaciones comerciales. En cambio, en la petición, que revestía la forma de carta escrita por Castiella, no se hizo alusión a la asunción por parte de España de los principios en los que se fundamentaba el Mercado Común. En el momento de la redacción del borrador el marqués de Casa Miranda, uno de los diplomáticos que participaron en la misma, le indicó a Castiella: «Tú verás si hay inconveniente en que afirmemos que nosotros no hacemos reserva alguna en lo que respecta a la adhesión». De hecho, hubo una redacción en estos términos que acabó desapareciendo. No obstante, la presentación se hizo ante los ministerios correspondientes con solemnidad y un especial énfasis en algún caso relativo a un país especialmente benevolente, como el de Francia.

A pesar de ello, el impacto de la petición en los medios del europeísmo fue escaso porque España tenía, en realidad, un interés secundario, al menos en comparación con otros países que hicieron una petición semejante. En Europa tuvo el régimen de Franco algunas naciones que, sin considerar a su régimen como un igual, no tuvieron excesivos inconvenientes en propiciar un acercamiento (Alemania y Francia, por ejemplo), pero los países del Benelux y los del norte —principalmente Bélgica y Noruega— fueron mucho más reticentes. Eso impidió siempre la entrada en la OTAN, pero también el avance rápido hacia un acuerdo con el Mercado Común Europeo. Las resistencias políticas fueron grandes en determinadas instancias, como por ejemplo el Parlamento Europeo, a pesar de que entonces sólo 33 de los 142 miembros eran socialistas. En el Consejo de Europa hubo un informe muy negativo sobre la España de Franco realizado por una comisión de izquierdas, pero luego se aceptó otro, más complaciente, del que fue autor el líder conservador británico Macmillan: en él se aseguraba que era mejor mantener con España una cierta asociación que favoreciera una España estable y lejana a una posible re-edición de la Guerra Civil. Cuando aparecieron estas reticencias por parte española se redactaron informes que aseguraban que en España se «evolucionaba sin cesar» y «no había partido único propiamente dicho». Estas palabras, de un informe redactado por Fraga, testimonian la flexibilidad de la nueva generación de dirigentes. Pero la posterior reacción contra los reunidos en Munich arruinó esta actitud condescendiente.

En estas circunstancias no puede extrañar que las negociaciones tardaron nada menos que cinco años en comenzar. El factor político fue decisivo en ello: siempre los países de la Comunidad dejaron bien claro que los requisitos políticos eran fundamentales para poder llegar a esa plena integración. Carece de lógica, por tanto, la afirmación de la prensa oficial española de entonces, que clamaba contra un supuesto intervencionismo en la política interna, pues si se quería entrar en un club se debían aceptar las reglas en que se basaba. Aun así, a pesar de que la petición española de asociación con el Mercado Común no trajo ningún resultado en lo que respecta a la evolución política del régimen, sin duda consolidó e incluso hizo irreversibles las reformas económicas de fines de los cincuenta. Sólo en el verano de 1970 se llegó a un acuerdo con el Mercado Común tras largas conversaciones, aceleradas en la fase en que fue ministro López Bravo. En realidad, el acuerdo era bastante limitado, pues no pasaba de tratarse de un convenio preferencial que daba a España el tratamiento de «país mediterráneo», sin otra calificación que permitiera expectativas de una mayor vinculación entre las dos partes. Lo importante fue, sin embargo, que inmediatamente tuvo unas repercusiones muy positivas sobre el comercio español: las exportaciones de nuestro país crecieron un 30 por 100 respecto a los países de la Comunidad, mientras que el ritmo era tan sólo del 20 por 100 en relación con el resto del mundo. Además, y sobre todo, López Bravo supo describir de manera muy correcta el impacto del acuerdo cuando aludió a la «irreversibilidad práctica» del acercamiento español a la Europa comunitaria. Pero eso no significó un mayor grado de identificación en términos políticos. De hecho, la España de Franco siguió siendo aceptada por la Europa política con muchas reservas y con la esperanza de que cambiara cuanto antes. Así, por ejemplo, cuando Carrero fue asesinado sólo se logró por parte de los diplomáticos de Franco que impidiera la residencia a 14 «etarras» cerca de la frontera española, y de ellos más de la mitad ni siquiera pudieron ser localizados. Cuando el ministro alemán de Exteriores, Walter Scheel, estuvo en España, las autoridades del régimen tuvieron que aceptar que tuviera lugar una entrevista con figuras de la oposición. Franco se limitó a ironizar diciendo que a uno de los interlocutores del alemán —Areilza— él mismo le había nombrado para todos los cargos que ocupó en su vida.

Al tener que aceptar una situación como ésa —un representante de un país amigo exigía entrevistarse con la oposición al sistema— el Jefe del Estado reconoció la realidad del aislamiento político del régimen. Los temores al aislamiento se reprodujeron durante el franquismo en el intervalo de no muchos años y, como ya se ha dicho, las ejecuciones de septiembre de 1975, al hacer patente la realidad de lo que era el régimen, parecieron rememorar la situación de España al final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, además, la España de Franco no podía contar con el apoyo católico que había tenido en aquella fecha, al menos parcialmente y con matices. Las relaciones entre la España de Franco y el Vaticano fueron manifiestamente malas durante el tardofranquismo, en especial en la época de López Bravo, hasta el punto de provocar un intercambio epistolar entre el Papa y Franco y una tensa e impertinente entrevista del ministro de Asuntos Exteriores español con el primero. Franco solía ser prudente en materia de conflictos con la Iglesia («la carne de cura es indigesta», le dijo a Alonso Vega), pero estaba confuso e irritado con el desvío de la misma respecto de su régimen.

En el último texto íntimo que escribió acerca de esta cuestión, que motivó varios redactados de su mano, llegó a asegurar no ya que «los del Concilio» ignoraban todo acerca de España, sino que la posición de Roma era «una puñalada» contra él y su régimen.

Desde finales de los años sesenta se había planteado la necesidad de elaborar un nuevo Concordato entre la Iglesia y el Estado. El Vaticano había solicitado en 1965 a los Estados que gozaban del privilegio de presentación la renuncia al mismo, y el Papa se lo solicitó a Franco individualmente en 1968. El Jefe del Estado mantuvo entonces la postura de que ésta sólo podía realizarse en el contexto global de las relaciones entre ambos poderes, que, por tanto, debía ser negociada de forma completa. En 1971 se llegó a la redacción de un proyecto por parte del Vaticano y el embajador Garrigues que introducía escasísimas modificaciones (como sustituir la presentación de los obispos por parte del Estado por una simple prenotificación del nombramiento por parte de la Iglesia). Originariamente no llegaba a la mayoría el número de los obispos españoles que hubieran deseado que concluyera la confesionalidad del Estado: la mayoría, sin embargo, estaba a favor de la supresión del fuero eclesiástico. En teoría la Iglesia podía quejarse de que no se habían cumplido todas las previsiones del Concordato de 1953, pero eso no hubiera hecho otra cosa que multiplicar unos privilegios obsoletos. El Estado, por su parte, había elegido la negociación completa como medio de resistencia frente al intento de que desapareciera su papel en el nombramiento de los obispos. Pero si ya los puntos de partida eran distintos, la permanente situación de tensión entre Iglesia y Estado en el franquismo final hizo la negociación definitivamente inviable.

Muy pronto el proyecto resultó anacrónico, y tanto los obispos españoles como la prensa y la propia Roma se mostraron mucho más propicios al establecimiento de acuerdos graduales entre los dos poderes. Ni siquiera éstos se demostraron posibles a lo largo de 1972: en el mes de octubre el ministro López Bravo declaró ante Tarancón, refiriéndose a las relaciones entre Iglesia y Estado, que por parte de éste se había llegado a un límite porque «el vaso está lleno y basta una gota más para rebosar». En enero de 1973 visitó al Papa, y la conversación fue tan áspera que luego Pablo VI contó a Tarancón que por tres veces le había hecho un gesto para que abandonara la sala.

Cuando López Rodó sustituyó a López Bravo intentó reanudar la negociación. A fines de 1973 Casaroli, el responsable de la diplomacia vaticana, estuvo en España con el propósito de reanudar la negociación: probablemente se pensaba en Roma que, ante una posible situación de inestabilidad después de la muerte de Franco, era mejor precaverse con la firma de un tratado. Pero el intento era ya tardío e inviable. La apariencia de que se volvía a un clima triunfal en las relaciones y la convicción de que se quería eludir la consulta a la jerarquía española lesionó el proyecto. Ya en 1974 Roma era consciente de que no debía precipitarse estableciendo una nueva relación. Una visita de los cardenales españoles al Papa en octubre y las persistentes malas relaciones acabaron por convertir en imposible cualquier acuerdo.

Si López Bravo no consiguió mejorar las relaciones con este antiguo pilar del apoyo externo del régimen de Franco, en cambio su nombre se vinculó al establecimiento de un nuevo tipo de relaciones con la Europa del Éste. Como ya sabemos, habían existido contactos subterráneos entre el régimen franquista y la Unión Soviética en los años cuarenta y cincuenta. Ya en la época de Castiella una actitud pragmática por ambos lados permitió un cierto acercamiento: la carta de Kruschev a Franco en 1961 aludiendo a los problemas mediterráneos venía a ser una especie de reconocimiento tácito del régimen por parte de la URSS (no se olvide que los soviéticos nunca reconocieron a la República en el exilio). A partir de 1966 los países del Éste se mostraron dispuestos a mantener relaciones con España, y aunque el PCE hizo todo lo posible por retrasarlas, a fines de la década el proceso de establecimiento de relaciones comerciales resultó ya imparable. En la época de Castiella se iniciaron con Rumanía (1967) y a ella siguieron Polonia (1969) y Bulgaria y Checoslovaquia (1970). Desde 1967 los pesqueros rusos empezaron a recalar en Canarias. Ya en 1970 López Bravo se detuvo en Moscú para mantener un contacto directo con las autoridades soviéticas, pretextando una escalada técnica, y meses después tuvo un contacto directo en Nueva York con el ministro de Asuntos Exteriores de la URSS; dos años después se firmó un tratado comercial con este país. En 1973 visitó España el ministro de Pesca ruso y hubo también contactos con la China Popular. A las relaciones comerciales les siguieron las plenas: la primera Embajada española en un país del Éste fue establecida en la Alemania Democrática. La espectacularidad del establecimiento de estas relaciones diplomáticas no puede hacer olvidar, sin embargo, que en realidad representaban relativamente poco, incluso desde el punto de vista comercial, para una España integrada cada vez más en Occidente.

Probablemente el aspecto de la política exterior española que absorbió más tiempo a sus gobernantes causándoles mayores problemas, incluso en la política interna, fue la descolonización. Tal como esta cuestión fue planteada por Castiella, tenía dos aspectos que en su pensamiento resultaban complementarios. España, por un lado, debía ser beneficiaria de ese proceso descolonizador recuperando Gibraltar, mientras que también tenía obligaciones ante los organismos internacionales, derivadas de su condición de potencia administradora de colonias. Aunque a mediados de los cincuenta la España de Franco había respondido de forma negativa a la pregunta acerca de si tenía a su cargo territorios que no se administraran de forma autónoma, lo cierto es que el propio dinamismo de su presencia en la ONU le obligó a reconocer su condición de potencia colonial en la década de los sesenta. A partir de esa realidad trató de apoyarse en los del Tercer Mundo para conseguir la recuperación de la colonia británica. En realidad, se trataba de problemas sustancialmente distintos, lo que explica que los propósitos de Castiella no triunfaran en lo relativo a Gibraltar.

Como ya había sucedido en otras ocasiones, Gran Bretaña aprovechó la debilidad española en la pos-Guerra Civil para ampliar los límites de su territorio en Gibraltar con la ocupación de una franja más amplia de terreno en el istmo, donde se construyó todo un aeropuerto. Los primeros contactos entre la diplomacia española y la británica en torno a Gibraltar se produjeron a comienzos de los sesenta, intercambiándose documentos que no hicieron otra cosa que testimoniar el alejamiento de las respectivas posturas. A un «Libro blanco» que explicaba la posición británica le siguió uno rojo que describía la española, y en 1961 visitó España, en relación con esta cuestión, el secretario del Foreign Office británico. Quizá fue la distancia entre ambos países en torno al problema lo que motivó la decisión española de llevar la cuestión a las Naciones Unidas, donde quedó clara la estrategia de Castiella, al ser dos países como Camboya y Bulgaria (es decir, uno neutralista y otro comunista) quienes iniciaron los debates en 1963. La ONU propuso en 1964 a los dos países establecer inmediatas negociaciones, pero las posiciones eran demasiado distantes como para que pudiera llegarse a un acuerdo. España insistió en que en el momento de ceder Gibraltar lo había hecho guardándose la posibilidad de recuperarlo, antes de que pudiera ser enajenado a otra nación, y que ello indicaba que no podía ser independiente; además, se quejó del contrabando que desde allí se hacía. En cambio, afirmó estar dispuesta a conceder un estatuto personal para sus habitantes y reconocer los legítimos intereses británicos y gibraltareños. Desde 1966 España interrumpió el contacto terrestre con Gibraltar y en 1969 también el marítimo, presentando además repetidas protestas por la violación del espacio aéreo español como consecuencia de la utilización del aeropuerto citado. Por su parte, los británicos desde un principio reclamaron que se tuviera en cuenta a la población, que en septiembre de 1967 celebró un plebiscito favorable al mantenimiento de la vinculación con la metrópoli británica. Los intentos españoles de ahogar económicamente a Gibraltar fracasaron al utilizar los gibraltareños mano de obra marroquí.

Aparte del deseo de que se tuviera en cuenta a la población de la Roca, había enfoques distintos por parte de los diferentes grupos políticos británicos, aunque coincidieran en las consecuencias finales. Para los laboristas en la España de Franco no podía haber garantía de los derechos humanos, mientras que los conservadores, en definitiva, juzgaban que la posición era el último resto de un imperio que debía conservarse. A la mayor tensión se llegó en 1969, cuando Castiella llegó a proponer barreras de globos cautivos para evitar la utilización del aeropuerto británico, mientras que Fraga proponía la creación de una provincia de Gibraltar, segregando parte de las de Cádiz y Málaga. No llegó a hacerse ni lo uno ni lo otro, porque predominó la prudencia de Franco, quien dijo a su ministro de Asuntos Exteriores que «el único español sin derecho a apasionarse» (por el problema de Gibraltar) era precisamente él. Nada, sin embargo, consiguió López Bravo con una estrategia más posibilista y amistosa consistente, según el mismo, en «pensar juntos». En 1973 de nuevo la España de Franco estaba imaginando procedimientos de dureza para acabar con la situación de Gibraltar, como la construcción de un gran aeropuerto en su proximidad. Pero el conflicto no tenía solución en los términos en los que estaba planteado y añadía un motivo más de enfrentamiento con otro de los países europeos.

La descolonización tardía: Guinea y el Sahara

Mientras tanto, la verdadera descolonización española se llevaba a cabo no sin tensiones internas, pues las posturas al respecto de Carrero, partidario de no hacerla, y Castiella, obligado a ser su promotor para conseguir Gibraltar, eran radicalmente distintas y, además, contradictorias en su mismo fundamento. Así se explica el cambio de política en el transcurso de un corto plazo de tiempo: en 1958-1959 el Sahara y Guinea fueron declaradas provincias españolas, pero ya a comienzos de la década de los sesenta se apreció que en el segundo caso la situación era insostenible, como se demostraría también con el transcurso del tiempo en el primero. No obstante, la descolonización se realizó siempre en contra de la forma de ver las cosas de una parte considerable y muy influyente de la Administración española. La política de Castiella fue descolonizadora, y en ella fue seguido puntualmente por los miembros de la carrera diplomática por simple realismo. Pero en Presidencia, junto a Carrero, los funcionarios veían la descolonización como una tortura propia (parecía que les «arrancaran la piel a tiras», comentó un diplomático). Eso explica que si, por una parte, Franco se inclinaba por la postura descolonizadora por el simple hecho de que su prudencia le hacía ver que no podía evitarla, aunque sus afectos naturales le condujeran por otro camino, Presidencia hacía poco o nada para facilitar la operación. Ése fue un factor muy importante a la hora de explicar el fracaso en el que desembocaron las últimas llevadas a cabo.

Un aspecto importante de la descolonización española es que marca una diferencia con el régimen portugués de Salazar, con el que la dictadura española tuvo importantes semejanzas. Para Portugal las colonias representaban más desde todos los puntos de vista, pero, además, Salazar ejerció unas responsabilidades políticas más directas en materia exterior que Franco, a estas alturas más despegado de ellas. Si desde finales de los cincuenta el régimen español definitivamente había abandonado una configuración política fascista, el portugués, muy lejano a ella, se endureció, en cambio, a partir de este momento. En paralelo con esta actitud, el salazarismo, muy en la línea que Carrero mantenía en España, asimiló las colonias a provincias, realizó inversiones públicas y promovió una legislación igualitaria, al mismo tiempo que promovía la imagen de que Portugal no era un país pequeño y que existía una especie de cultura luso tropical que unificaba la metrópoli con sus antiguas posesiones americanas y actuales africanas. El intento tenía necesariamente que fracasar (de hecho, en 1961 Portugal perdió su primera colonia, Goa) y provocó un enfriamiento de las relaciones hispano lusas. La última ocasión en que se entrevistaron Franco y Salazar fue en 1963.

Portugal no sólo se negó a informar a la ONU sobre sus territorios colonizados, sino que no aceptó que España lo hiciera e incluso no la apoyó en su reivindicación sobre Gibraltar. Se rompía así una solidaridad de dictaduras nacida durante la Guerra Civil española y persistente hasta esos momentos.

Sentados estos parámetros, que permiten entender la final descolonización española, podemos examinar ahora los dos casos en que se ejemplificó.

Guinea tenía para su viabilidad como nación los inconvenientes de la distancia de 300 kilómetros existente entre la isla de Fernando Poo y la zona continental y de la diversidad étnica de los habitantes de ambas zonas. La isla había sido colonizada desde antes y contaba incluso con una élite criolla relativamente desarrollada. La colonización española de la zona continental había sido muy tardía, de modo que sólo entre 1926 y 1935 se ocupó el interior. Además, la propia composición étnica era inestable, pues la etnia «fang», guerrera y del interior, avanzaba hacia la costa, superponiendo esta presión con la de los españoles hacia el interior, con el propósito de convertir en reales unas fronteras que los tratados internacionales les habían concedido. La colonización española pretendió, de un modo relativamente semejante a como lo hicieron los portugueses, ejercer un papel tutelar evitando la diferenciación de razas. Por eso, en el momento de la concesión de la independencia el representante del Gobierno español, Fraga, aseguró que España había sido una potencia colonizadora más que colonialista.

La realidad es, sin embargo, que si por algo se caracterizó la presencia española en Guinea fue por un tono clerical y por una consideración del indígena como ser inferior y, por tanto, sometido a tutela. Ya desde comienzos de siglo una cuarta parte de los españoles eran miembros del clero. Después de la Guerra Civil éste tuvo, además, un papel decisivo en el llamado Patronato de Indígenas, aun considerando a la mayor parte de éstos como menores de edad y, por tanto, sometidos a tutela estricta e incluso a un sistema de prestaciones de trabajo. Sólo los «emancipados» tenían derecho al pleno ejercicio de sus derechos, incluido el de propiedad. Había, pues, barreras raciales que obedecían a estereotipos, principalmente el del negro como ser bárbaro y disoluto. Los propios reclutas españoles que hacían el servicio militar en Guinea eran considerados superiores a los negros. Nada más que en 1959 fue abolido el Patronato, y sólo en los sesenta se planteó una manifiesta voluntad de homologación por parte de las autoridades españolas. Mientras tanto, a diferencia de lo que sucedió en Ifni y en el Sahara, España obtuvo indudables beneficios económicos de la explotación de Guinea. A comienzos de la década esta posesión española tenía una renta relativamente alta para el continente y uno de los índices de exportación más elevados. El número de braceros nigerianos —unos 60 000 en el momento de la independencia— es un buen testimonio de esa prosperidad.

Los movimientos nacionalistas surgieron ya en los años cincuenta: hubo una protesta en el seminario y fue creado un movimiento curiosamente denominado Cruzada de Liberación. Sin embargo, sólo en los años sesenta, mucho después de que la descolonización se hubiera iniciado por parte de otras potencias, se planteó una posibilidad semejante en Guinea. En 1962 Carrero Blanco hizo un viaje a ella, ocasión que dio lugar a una manifestación de protesta y la entrega de un escrito por parte de nacionalistas moderados. A estas alturas la posición española se había identificado ya con la de quienes defendían la descolonización. En 1964 se le concedió una cierta autonomía y se celebraron elecciones municipales y provinciales, dando lugar a una proliferación de partidos que seguían alineamientos tribales más que ideológicos. A finales de 1968, tras la visita de una misión de la ONU, se celebró un referéndum en el que fue votada la independencia.

Pero ésta no trajo ni la libertad ni la prosperidad a la antigua colonia, que tenía el grave problema de su heterogeneidad: la antigua Fernando Poo proporcionaba el 80 por 100 de los ingresos presupuestarios y nunca llegó a tener una fuerza política semejante. Peores resultaron las consecuencias de la intromisión de los antiguos colonizadores: las autoridades oficiales españolas ofendieron de forma gratuita al que iba a ser el primer dirigente de la Guinea independiente, al que, por otra parte, apoyó el notario español García Trevijano, representante de importantes intereses económicos españoles y franceses. Pero lo más grave fue la propia dirección política de la Guinea independiente. Su principal dirigente, Macías, fue un dictador sanguinario que practicó el asesinato político generalizado, aplicándolo a sus propios ministros y haciendo emigrar a una porción considerable de la población. Era previsible que lo hiciera, pues, aunque era conocido por su actitud colaboracionista —había sido consejero de Obras Públicas en el Gobierno autónomo—, durante la conferencia constitucional preparatoria de la independencia no había dudado en alabar a Hitler. Su condición psicológica enfermiza se aprecia en el hecho de que se quejara del exceso de banderas españolas, una vez obtenida la independencia (quiso hacer desaparecer la del consulado español). La barbarie de su Gobierno se ocultó después, como en tantos otros países de África, bajo la denominación de «socialismo científico», la creación de un partido único «de los trabajadores» y una demagogia anticolonialista que culpó a los españoles de todos los males imaginables. Así se explica que en 1972, tras elaborar una nueva constitución, se llegara a una muy grave tensión entre metrópoli y colonia. A fines de 1975 se produjo una simultánea expulsión de los embajadores de los dos países y, por tanto, a una virtual ruptura de relaciones entre la antigua colonia y la metrópoli.

La cuestión del Sahara, en teoría, parecía menos problemática que la de Guinea desde el punto de vista de una posible descolonización. Estaba ocupado por unas decenas de miles de nómadas, unos setenta mil de acuerdo con el censo realizado por las autoridades españolas ya en los años setenta, que apenas habían cambiado su forma de vida en el transcurso de los siglos, trasladándose de unas zonas a otras de acuerdo con el ritmo estacional de las lluvias. Esta población tenía una cierta identidad cultural propia, en cuanto que su lengua, el «hassanía», sólo tiene identidad con un 75 por 100 del árabe. Siempre habían vivido en una forma de organización social y política preestatal, aunque con una cierta relación con las autoridades marroquíes y mauritanas. En 1934 España tenía tres puntos costeros: sólo durante la Guerra Civil fue sometido todo el territorio y fundado El Aaiun. En principio, por tanto, el Sahara parecía controlable para una descolonización tardía pero poco conflictiva. Pero no fue así por una acumulación de factores muy diversos que van desde el cambio muy rápido acontecido en aquella región, pasando por la conflictividad internacional en el norte de África y por la propia incertidumbre de la dirección política española.

Nada cambió en el Sahara hasta que el descubrimiento de importantísimos yacimientos de fosfatos, que si tuvo lugar en 1945, se tradujo en el terreno económico con el comienzo de la explotación en 1969. Fue Carrero quien llevó la iniciativa de explotación de esos recursos, para lo que se emplearon medios muy importantes. El primer embarque de mineral se produjo en 1972, tras haber preparado una explotación a cielo abierto y construido una larguísima cinta transportadora que concluía en un embarcadero situado tres kilómetros en el interior del mar. Toda esta empresa económica se había llevado a cabo con gran discreción e incluso desde 1972 se impuso la ley de secretos oficiales en relación con todo lo que se refería al Sahara. En 1975, el año en que se produjo la decisión de abandono por parte de España, tuvo lugar un incremento considerable en el precio mundial de los fosfatos. Uno de los países limítrofes (Marruecos) era un gran productor de este mineral, indispensable para los fertilizantes, y en el caso de adquisición de estos nuevos yacimientos se podía pensar de él que llegaría a jugar un papel decisivo en el mercado mundial. Desde finales de los años sesenta la ganadería nómada saharaui perdió importancia —sólo unas 8000 personas fueron conceptuadas como pertenecientes a esta actividad económica en el censo indicado— y, en cambio, aumentó el número de españoles civiles (algo más de 17 000). Los primeros nacionalistas saharauis surgieron, como suele ser habitual, en los medios burocráticos inferiores o incluso entre las tropas indígenas.

Durante bastante tiempo el Sahara estuvo muy alejado de las preocupaciones de la política exterior española. Franco había apoyado en 1963 las reivindicaciones de Marruecos respecto a su frontera con Argelia, pero nunca consiguió una colaboración sincera y una amistad efectiva por parte del rey Hassan II. Éste en 1969 había obtenido Ifni, pero al año siguiente ya anunció al yerno de Franco que su reivindicación siguiente era el Sahara. España, en torno a la misma época en que abandonaba Guinea, dio la sensación de que estaba dispuesta a hacer lo propio con el Sahara convocando un referéndum. De hecho, en la ONU se había aprobado una resolución favorable para la autodeterminación con consulta previa a las partes interesadas, y España había venido votando a favor de esta decisión siempre que se volvió a plantear. El abandono del Ministerio por Castiella explica que, a partir de este momento, España pasara a adoptar una posición mucho menos coincidente con la voluntad de los países del Tercer Mundo.

Por otro lado, durante los años centrales de la década de los sesenta había existido una pugna entre Marruecos y Mauritania por el Sahara español nacida, en el fondo, de que el primero ni siquiera reconocía la legitimidad del segundo para ser un país independiente. Cuando llegaron a ponerse de acuerdo en torno a 1968 —en adelante actuaron de forma coordinada respecto del Sahara— a las partes interesadas y limítrofes de las que hablaban las resoluciones de la ONU se sumó Argelia, un régimen político de componente revolucionario y mucho más anticolonialista que la monarquía marroquí.

Mientras tanto, por si fuera poco, se producían conflictos de pesca por la extensión de las aguas jurisdiccionales marroquíes y por la pronta actuación de grupos armados. Por si fuera poco, la situación se fue agravando desde la perspectiva española porque, por un lado, los países africanos denunciaban el mantenimiento de una situación anacrónica por colonial, mientras que la Administración española actuaba de una forma manifiestamente dilatoria. Da la sensación de que Carrero pretendió mantener una posición de resistencia a ultranza en la esperanza de llegar, a lo sumo, a una independencia ficticia controlada en la práctica por la potencia colonizadora. Arias tuvo una política mucho más incierta, probablemente porque la política interna le resultaba mucho más apremiante. De cualquier modo, la política española, entre el inmovilismo y la incertidumbre, supuso en la práctica, como lo afirmó el embajador español ante la ONU en esos momentos, «ganar tiempo para, en definitiva, perderlo».

Los modestos ensayos de supuesto autogobierno por la Administración española —la creación de una asamblea o Yemáa— fueron tan tardíos e inauténticos que llegaron a ser contraproducentes de cara a la ONU: uno de los saharahuis enviados para demostrar su deseo de continuar vinculados a España confundió «represión» con «representación». Además, el partido organizado con la colaboración de aquélla muy pronto fue desbordado por el nacionalismo auténtico cuando llegó el momento de la verdad. Desde 1970 existió éste con una afiliación bastante nutrida —unas 5000 personas— y protagonizó incidentes de importancia. De la represión de las manifestaciones, que ya causaron muertos en 1970, se pasó a las acciones armadas en 1973. El Frente Polisario, denominación que adoptó este nacionalismo, pronto obtuvo el apoyo total de Argelia, que si no lo creó, admitió al menos campamentos de exiliados y combatientes en el interior de su frontera (Tinduf).

Es probable que esa situación contribuyera de forma poderosa a que las autoridades españolas de entonces optaran por una actitud proclive a la pronta celebración de un referéndum de autodeterminación, pero cuando faltaban unos meses para que se llevara a cabo Marruecos acudió ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya pidiéndole una sentencia acerca de si se podía considerar que el Sahara fuera térra nullius —es decir, un territorio sin dependencia de ninguna autoridad estatal— antes de la llegada de los españoles. Al mismo tiempo, la ONU, que había aceptado este recurso sin votos en contra, envió una misión al Sahara que pudo comprobar que el número de los que apoyaban a Marruecos o al partido ligado con la Administración española era muy reducido. Mientras tenían lugar las deliberaciones en el alto tribunal se produjo un cierto acercamiento de posiciones entre el Frente Polisario y España: en la práctica cesaron los combates y se intercambiaron los prisioneros.

Así las cosas, la capacidad de acción de la Administración española se vio deteriorada hasta el extremo, aparte de por la propia incertidumbre, por la definitiva enfermedad de Franco. En octubre de 1975 el Tribunal de La Haya dio la razón a España respecto de la celebración de un referéndum, aun admitiendo que los habitantes del Sahara en tiempos remotos habían tenido cierta relación con autoridades marroquíes y mauritanas. Marruecos reaccionó inmediatamente dando por supuesto que el TIJ le había confirmado en sus razones. Hassan II anunció la llamada «marcha verde», que pretendía ser una especie de peregrinación pacífica de miles de civiles desarmados, pero que daba la sensación de poder concluir en un enfrentamiento armado por el simple hecho de que les acompañaban también tropas. El sentido del deber, pero también la obstinación de Franco en no abandonar el poder, le llevaron a presidir un Consejo de Ministros en estos dramáticos momentos y ahí empezó su enfermedad definitiva.

Hassan II, por su parte, tuvo suerte y habilidad. A Don Juan de Borbón, que le reprochaba haber aprovechado las circunstancias críticas que vivía España, con Franco en la agonía, el rey marroquí le repuso: «Dígame qué otro momento sería mejor para plantear la cuestión saharaui». La decisión de la «marcha verde», en realidad preparada desde mucho tiempo antes, evitaba cualquier crítica interna y consiguió el apoyo de buena parte de las naciones africanas o del Tercer Mundo. Argelia, por su parte, actuó en la ONU de una forma incoherente y falta de habilidad, aceptando dos resoluciones sucesivas propuestas por ella misma y Marruecos, que en el fondo eran contradictorias, pero que al final dejaban en manos del segundo la situación. Por otra parte, el bloque soviético no adoptó una posición decidida ante el conflicto, mientras que el de los países occidentales preferían de manera clara a Marruecos.

La actuación española, a partir del momento de la enfermedad de Franco, constituye un ejemplo de la debilidad y la parálisis manifiestas de los regímenes dictatoriales, aparentemente tan sólidos, en los momentos cruciales. Para evitar el choque con los marroquíes las tropas españoles se retiraron 10 kilómetros de la frontera y esperaron allí, mientras que desde Madrid se seguían dos caminos de respuesta paralelos. Mientras que, de forma sucesiva, los ministros Solís y Carro se trasladaban a Marruecos a negociar con su monarca, el embajador Piniés mantenía la postura de autodeterminación en la ONU. A España le correspondía no sólo la razón, sino también la obligación de actuar de acuerdo con los mandatos de la ONU y en coherencia con la línea mantenida hasta entonces, pero con Franco al borde de la muerte el régimen no podía acumular un problema más, y éste podía ser muy grave al implicar derramamiento de sangre. En noviembre, como consecuencia del Tratado de Madrid, España pactó con Marruecos y Mauritania una administración conjunta. En realidad, ésta siempre fue ficticia, pues los marroquíes pronto empezaron a ocupar el territorio saharaui y en la práctica se entregó el territorio destinado a ser descolonizado a Mauritania y Marruecos. Ya antes se había decidido la llamada «Operación Golondrina», es decir, el puro y simple abandono de la que por el momento seguía siendo una provincia española.

Sólo luego se votó en las Cortes la llamada Ley de Descolonización. España, por los acuerdos con Marruecos —Mauritania acabó retirándose de la zona—, vendió dos tercios de la sociedad explotadora de los fosfatos, aunque a un precio ridículo, y recibió seguridades de mantener sus derechos pesqueros, que luego no se tradujeron en nada tangible. Los apremios causados por la situación interna habían obligado a los dirigentes españoles del momento a confiar más en Marruecos que en Argelia, pero de esta manera se entregó el destino de los saharauis a quien no tenía ningún interés en la independencia. Instaladas en el Sahara las autoridades marroquíes y mauritanas, consiguieron de la dócil Yemáa que aceptara la división del territorio en dos zonas para cada uno de los ocupantes. De nada sirvió el intento de Argelia o del propio secretario general de la ONU de al menos compartir la administración del Sahara. Con todo ello el régimen se libró de un problema interno, pero no evitó que el conflicto siguiera existiendo en el norte de África, pues el Frente Polisario, armado por Argelia, impidió que el dominio de Marruecos sobre el Sahara fuese pacífico y estable o que la explotación de los fosfatos resultara fructífera. Pasado un cuarto de siglo todavía las decisiones de la ONU sobre el derecho de autodeterminación del Sahara están por cumplirse.

¿Una cultura comprometida?

Lo sucedido con la cultura española durante la fase final del franquismo resulta significativo de lo que políticamente era éste y también de la actitud de la sociedad española en relación con la política. En principio podría pensarse que en este período, ante las tensiones sociales y la inminencia de un cambio de régimen, hubiera aumentado la beligerancia de los medios culturales respecto del sistema político, pero, en realidad, no fue así, al menos en todos los casos. Esto, a su vez, no quiere decir que hubiera progresado el conformismo de la cultura española, sino que ésta, como la propia sociedad, se desarrollaba al margen del sistema político, con el que entraba en periódico conflicto y del que discrepaba muy mayoritariamente, pero respecto al cual ni siquiera sentía la necesidad de actuar de modo beligerante en la mayor parte de los casos.

Mientras que en el terreno del pensamiento o las ciencias sociales se partía de presupuestos que eran por completo ajenos al mundo político oficial, la literatura perdió en buena parte la exagerada pretensión social y política de otros tiempos, sustituyéndola por el experimentalismo no directamente vinculado a la necesidad de mostrar una posición política o aún ética. Ésta, no obstante, no por ello dejó de existir, aunque no se tradujera de forma tan clara en el texto. El arte pudo presenciar algunos ejemplos de compromiso político, pero también utilizó el arma de la ironía o de la parodia.

Curiosamente en el teatro y en el cine, especialmente susceptibles a la acción de la censura, la beligerancia en algunos casos concretos fue muy significativa. En el terreno cultural se hizo, por tanto, tan patente como en el social la existencia de un abismo entre la España oficial política y la real, en este caso cultural, ambas autónomas y sin estorbarse la mayor parte del tiempo. Pero, de cualquier modo, resulta evidente que el año 1969 debe ser considerado como decisivo en la cronología de la última década de la dictadura franquista. A partir de él se hizo mucho más presente la preocupación por la realidad política del país y por su futuro también en los medios culturales, y de ello derivó buena parte de la temática y del tratamiento elegido.

Si se examina superficialmente la evolución del pensamiento y de las ciencias sociales en la última década del franquismo se llega a la conclusión de que los dos términos en los que podría resumirse son homologación y recuperación. Fue, en primer lugar, característico de este período el hecho de que no existiera el género de interminable debate sobre la peculiaridad nacional de otros tiempos. No encontramos en el mundo cultural de este momento, por tanto, esa presencia del trágico pasado español característica de la primera fase del régimen o ese trasfondo de la escisión de la cultura española en dos como consecuencia del exilio. Por el contrario, las interpretaciones que se hicieron acerca del pasado español, incluso el más reciente, tendieron a homologar lo sucedido en España con la trayectoria de otros países del mismo entorno. Así se pudo apreciar en Historia contemporánea, donde incluso la interpretación oficial y propagandística del régimen cambió, convirtiéndose en más veraz. Se produjo, además, también un fenómeno de multiplicación de los cultivadores de cada rama de las ciencias sociales y humanas que no sólo hace difícil resumir las posturas y los campos de interés, sino que es un testimonio del enriquecimiento cultural de la vida española y del logro definitivo del pluralismo en su seno. El término recuperación indica también otro rasgo muy característico de estos momentos. En realidad, no proviene el fenómeno de esta década final del régimen, sino que fue algo anterior, pero ahora se aceleró vertiginosamente. A finales de los años sesenta, por ejemplo, la tradición liberal y «krausista» que en otro tiempo había sido considerada como una porción nefanda del pasado nacional, se convirtió ya en objeto de serios e imparciales estudios. De los setenta data el comienzo del estudio de la tradición izquierdista, marxista o no, así como la aparición de las muy escasas aportaciones españolas al marxismo (Sacristán, Tierno…). Resulta también muy representativo del momento el interés de los científicos sociales —historiadores, sociólogos, politólogos…— por los años de la experiencia republicana, lo que indica ya la inminencia de la reaparición de una convivencia democrática (así como el deseo de la misma), pero evitando, en este caso, toda la confrontación que dio al traste con ella. Si en este período final del franquismo se produjo el rescate de una parte de la intelectualidad del exilio, el proceso continuaría durante la etapa posterior, ya en la transición. En ella, además, como definitivo testimonio de la autonomía del mundo cultural respecto del político, alcanzarían su mejor expresión movimientos y actitudes engendradas entre 1965-1975 y, sobre todo, de este período del tardofranquismo se heredó una cierta holgura de la vida cultural española en lo que hace referencia a sus aspectos materiales, es decir, unos ciertos circuitos culturales, un público lector y universitario y una estructura cultural mínima, pero superior a la de cualquier otra etapa anterior. Incluso se puede decir que la transición adquirió en este período inmediatamente precedente una sensación del sentido reverencial merecido por la cultura. Pero ello no quiere decir necesariamente que hubiera una voluntad de actuación política o social en quienes la protagonizaron. En estos momentos, por ejemplo, en el terreno del pensamiento hubo una vuelta hacia el individualismo y un «neonietzscheanismo», posturas ambas lejanas al compromiso de otros tiempos, aunque quienes lo practicaran fueran disidentes respecto del régimen.

Mientras en el mundo académico o en la alta cultura se producía esta evolución, algunas publicaciones contribuyeron de forma especial a difundir y popularizar los valores que subyacían en estas actitudes. De ellas merecen citarse dos revistas, Triunfo y Cuadernos para el Diálogo, que no subsistieron tras la transición. La primera fue, en su origen, un semanario cinematográfico, que en 1968 adquirió el carácter de generalista y difundió un ideario de izquierdas, habitualmente lejano de cualquier referencia a la situación española. Ya un número dedicado al matrimonio (1971) le valió una suspensión por cuatro meses —durante los cuales el editor fundó una corrosiva revista humorística—, pero en 1975, cuando al referirse a la revolución portuguesa dejó caer alguna referencia a España, la suspensión se prolongó hasta más allá de la muerte de Franco. Cuadernos para el Diálogo nació en 1963 como revista mensual de inspiración católica y espíritu posconciliar. Desde 1969 se podía ya considerar como una revista del conjunto de la oposición al régimen y en 1973 adoptó un tono izquierdista cuando los acontecimientos de Chile provocaron una crisis en su equipo redactor. Más cercana a los planteamientos políticos y españoles, Cuadernos para el Diálogo contribuyó a crear un importante vínculo de solidaridad entre cultura y política y, dentro de ésta, entre los diferentes sectores de la misma.

Quizá en ningún terreno resulta más evidente el cambio acontecido a mediados de la década de los sesenta que en literatura o, más precisamente, en la narrativa. Ahora los nuevos escritores, o los convertidos desde sus posturas originarias, trataron despectivamente los propósitos de los que habían tenido protagonismo durante el franquismo intermedio: aquélla, según Santos Fontela, habría sido «la generación de la berza», prosaica, adusta y provinciana, y la nueva sería «la del sándalo», cosmopolita, artificiosa y experimental. A veces los mismos críticos —Castellet— o editores —Barral— que habían propiciado la fórmula anterior se convirtieron en defensores de la nueva. Anécdotas aparte, parece evidente que, en definitiva, al final del social realismo se llegó por cansancio. Los narradores y los poetas sociales sintieron que su compromiso y su literatura populista (en realidad, más bien antiburguesa) que habían tratado voluntariamente de evitar las exquisiteces para llegar a un público que nunca había tenido, no habían servido para derribar al régimen y no habían tenido otro resultado que empeorar la calidad de su obra. Además, en un momento en que la primera fila de la oposición contra el régimen estaba en manos de los periodistas poco sentido podía tener que los escritores se centraran en ella.

En narrativa el cambio producido en la mitad de la década había sido anunciado por libros precedentes. La aparición de Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, una novela tan decisiva como La colmena o El jarama, significó el comienzo de un cambio al hacer protagonizar la trama narrativa el diálogo con la realidad de la subjetividad del protagonista, frente a lo habitual hasta entonces, que no era sino la presentación de la misma. Por otro lado, la publicación de La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, también en ese año (1962), supuso un primer acicate para el experimentalismo. Durante al menos una década la mejor novelística hispanoamericana ejerció una influencia muy positiva sobre la narración española. Se puede considerar que tres novelas aparecidas en 1966 son expresivas de los cambios que acontecieron en la narrativa. En Últimas tardes con Teresa Juan Marsé presentó un espectáculo de decepción por la política y un relato crítico respecto de los propios opositores. Cinco horas con Mario, de Delibes, constituye un buen ejemplo de las preocupaciones estilísticas que iban a caracterizar la etapa y, por otro lado, describe la tragedia de una mentalidad abierta ante la ruindad de un ambiente de oscuro conservadurismo provinciano. Por su parte, Goytisolo, uno de los más caracterizados representantes de la narrativa social, en Señas de Identidad inició una especie de autobiografía espiritual destinada a meditar sobre España y su ser vital, a los que acabó otorgando una descripción negativa o condenatoria. No fue, sin embargo, Goytisolo el único de los escritores que antaño habían practicado el realismo social y que ahora emprendieron otras sendas. Caballero Bonald, en Ágata, ojo de gato, presentó una narración mítica, no la de una realidad social, y García Hortelano evolucionó también hacia el subjetivismo y el humor en El gran momento de Mary Tribune.

El año 1969 puede también ser considerado de una importancia cardinal en la literatura española. Durante él la Editorial Planeta otorgó sus dos premios literarios más importantes a dos exiliados —Sender y Rodoreda—, al mismo tiempo que se producía una eclosión de experimentalismo —Delibes, Parábola del náufrago; Cela, San Camilo 1936— y empezaba a hablarse del novelista que resultó maestro de las nuevas generaciones (Benet). Los propios novelistas que habían iniciado su obra en la década de los cuarenta optaron ahora por el experimentalismo, que puede considerarse como una tendencia consolidada hacia 1973 y que declinaría a partir de 1975. Así, Cela y Delibes eligieron la senda del barroquismo y la complicación sintáctica. Torrente Ballester, que había iniciado su obra con la novela falangista Javier Marino y que en Los gozos y las sombras (1957-1962) eligió una estructura y temática característica de la novela del XIX en La saga-fuga de J. B., apareció embebido en un mundo culturalista y fantástico. Quizá, sin embargo, se pueda decir que la prosa densa y hermética del ya citado Juan Benet resulte la más representativa de las nuevas tendencias.

Como había sucedido en los años cincuenta, fue una antología de Castellet (Nueve novísimos poetas, 1970) quien dio cuenta de las nuevas tendencias surgidas en la poesía española y también en este caso se produjo una sustitución de un mentor poético (Machado) por otro (Cernuda). De todos modos, hay que tener en cuenta que los nuevos poetas, como los novelistas, demostraron un más acentuado cosmopolitismo que les hizo elegir sus influencias en el mundo hispanoamericano, a través de la recuperación de la herencia de la generación de 1927 (Aleixandre publicaría en 1968 Poemas de la Consumación y ahora se asumió también la herencia de la revista Cántico) o de algunos heterodoxos vinculados con el surrealismo como Carlos Edmundo de Ory. La nueva poesía se caracterizó por su libertad formal, su estrecho contacto con la cultura de los medios de comunicación contemporáneos, su exotismo y artificiosidad y su voluntad experimental, perceptible en el uso de la escritura automática y sincopada o procedimientos como el collage. Arde el mar, de Gimferrer, es un buen ejemplo de estas nuevas tendencias, pero también en Celaya es posible encontrar una dedicación a la poesía concreta y experimental, o Gil de Biedma se revolvió contra los que denominaba «poetas de receta», expresión que aplicó a los modos líricos de los cincuenta. La misma voluntad experimental resulta perceptible, desde luego, en el teatro.

Las obras de Buero Vallejo de esta época, como El tragaluz, se desenvuelven en un espacio mucho más complejo y muestran esa voluntad también perceptible en los representantes del nuevo teatro (Ruibal, García Pintado, Rodríguez Méndez…). Ahora la presencia de los temas políticos fue indirecta y alegórica, y no testimonial y precisa.

Pero todo valía, sobre todo para lo que Lázaro Carreter denominó «el teatro soterrado». Al mismo tiempo que éste, se dio también un tipo de espectáculo dramático o función (término muy empleado en este momento) que venía a ser un collage de intención política como forma de amenazar la realidad existente, presentándola de forma desgarradora o sarcástica. Marsillach, por entonces compañero de viaje del PCE, que en 1968 presentó el Marat-Sade, de Weiss, en 1969 hizo una interpretación del Tartufo, apenas un mes antes de la crisis de octubre, que, con la anuencia del saliente Fraga, le permitió manifestarse de forma muy sarcástica respecto de los ministros del Opus Dei.

Si los poetas recuperaron en este momento a Cernuda, lo mismo hicieron los autores teatrales con Valle-Inclán: la atracción por él se explica precisamente en función de los propósitos sociales y políticos mencionados. Uno de los autores dramáticos citados recordará que el autor gallego fue capaz de «hacer la caricatura de los grandes gestos; no se lamenta, sino que se destruye». Incluso para denominar este género de espectáculos teatrales Nieva llegó a inventar una nueva palabra, «reópera». Respecto al teatro más convencional destinado al público habitual cabe decir que, a partir de la mitad de la década de los sesenta, tuvo lugar la decadencia en el favor del público de Paso, sustituido por un Casona vuelto del exilio o Antonio Gala, cuyo humor y dominio del lenguaje le proporcionó alguno de los mejores éxitos del momento. Una de las huelgas más sorprendentes que aconteció el año de la muerte de Franco fue la de actores, en la que tuvieron protagonismo no sólo figuras conocidas por su adscripción política, sino también personajes muy populares sin particular adscripción política.

Resulta difícil presentar un panorama completo de la heterogénea pluralidad de tendencia de la pintura española en la última etapa del franquismo. A partir de finales de los sesenta hubo una cierta politización en los medios de las artes plásticas, pero esto no significó necesariamente una modificación de los estilos estéticos. Hubo, sin embargo, una cierta vuelta hacia la figuración, entrando, por tanto, en crisis la hegemonía del expresionismo abstracto, que se había convertido en predominante en los primeros sesenta. Siempre hubo una tradición de estas características en la pintura española de la posguerra, a menudo dotada de una cordial humanidad que ensalza a los seres humanos humildes o al mundo cotidiano que les rodea (López García, López Hernández…), pero la vuelta al realismo tuvo a partir de la mitad de los años sesenta un sentido en buena medida vinculado con el compromiso. Genovés y Canogar en estos momentos resultan una buena muestra de una figuración que asumía los valores de la vanguardia y resultaba, al mismo tiempo, comprometida. Pero también hubo otras: por ejemplo, en línea irónica o paródica, éste fue el caso de Eduardo Arroyo o del Equipo Crónica. A través de imágenes narrativas que utilizaban el lenguaje plástico del cartel o de las aleluyas populares del XIX se dio en la obra de estos artistas una imagen muy corrosiva tanto del franquismo como de su interpretación del pasado español. Hubo, en fin, fórmulas de expresionismo social de contenido no ya político, sino partidista (el grupo «Estampa popular», Ibarrola…). Los propios expresionistas abstractos acentuaron su desgarro (Rivera, Retablo por las víctimas de la violencia). Al mismo tiempo, sin embargo, algunos de los más jóvenes pintores en torno a «Nueva generación» mostraron su despegue del casticismo y la negrura del informalismo de «El Paso» y se mostraron desenfadadamente ajenos al compromiso, proclamándose «apolíticos e irrespetuosos». Su búsqueda de un colorido y sus declaraciones iconoclastas más que nada fueron otros tantos síntomas de un cambio de sensibilidad todavía poco decantada. Entre los nuevos pintores, quizá Gordillo y Villalba, no relacionados con ese grupo, resultaran los más influyentes. La ironía del primero sobre la propia tarea pictórica (y no sobre los aspectos de la realidad política, como en el caso de Arroyo o «Equipo Crónica»), y su rechazo de los valores matéricos y gestuales señalaron una senda de la que se alimentaron las nuevas generaciones. En arquitectura la época ofrece a la vez el panorama de la destrucción urbanística de gran parte de las costas mediterráneas como consecuencia del turismo, pero también de una «arquitectura de autor» de valor excepcional en la que sobresalieron, en tendencias muy variadas, Bohigas, Fernández Alba, Sáenz de Oiza, Bofill, etc.

La pluralidad fue todavía mayor en lo que respecta a la cinematografía, cuya trayectoria en los años finales del franquismo estuvo estrechamente entrelazada con la historia general del período. En cine existió, por ejemplo, una «apertura» que, además, tuvo lugar antes que la política, siendo director general García Escudero, a partir de 1962. «No es que en diez años no se haya hecho una política, es que no se ha hecho nada», asegura éste en sus memorias. A partir de este momento hubo unas normas escritas de censura (el porcentaje de las películas que lo padecieron pasó del 10 al 7 por 100), mientras que se fomentó la producción a través del establecimiento de una subvención automática del 15 por 100 de la recaudación. Este nuevo sistema tuvo muchas ventajas, pero también inconvenientes, como, por ejemplo, la inflación de coproducciones, la mayor parte de ellas de baja calidad.

La política de García Escudero en el terreno estrictamente cultural tuvo unos resultados positivos. Emergió un «nuevo cine español» que solió elegir temáticas cercanas a la cotidianeidad, en la que a menudo aparecía el contraste entre lo provinciano y la vida urbana (La busca, de Fons, 1966), una tímida alusión a la disidencia política y a la frustración juvenil (Nueve cartas a Berta, de Patino, 1965) o la tensión de la violencia larvada (La caza, de Saura, 1965). Esta cinematografía de calidad, sin embargo, no alcanzó grandes éxitos internacionales ni tampoco entre el propio público español, a pesar de que éste conservaba gran parte de sus gustos por la producción propia, de modo que la protección al cine benefició de forma principal a la comedia de escasa calidad: La ciudad no es para mí, de Martínez Soria (1965), fue la película con más recaudación en una década. Menos receptivo resultó el público aún ante la llamada «escuela de Barcelona», caracterizada por sus citas culturalistas, su experimentalismo y su hermetismo, que empieza por describir el título de una de sus producciones Dante no es únicamente severo. La confrontación entre los dos mundos —el de Barcelona y el del resto de España— queda retratado en el texto de un crítico de la capital catalana: «En el cine de Madrid aparecen como personajes mujeres feas, que dan la sensación de oler mal y que, después de la más mínima escena amorosa, quedan siempre embarazadas y viven las más grandes tragedias». Los directores barceloneses, aún influyentes, no tuvieron tras de sí una industria, ni siquiera un propósito comercial. Lo tenían, en cambio, al menos en sus orígenes, algunos de los grandes directores del pasado —Berlanga, Bardem, Fernán-Gómez…—, que fueron los grandes damnificados de este período por la persecución de la censura.

Los setenta se iniciaron bajo los peores auspicios para la industria cinematográfica española. El escándalo MATESA redujo temporalmente los créditos hasta el 10 por 100 de los precedentes, fue mayor la arbitrariedad en la concesión de subvenciones y, por si fuera poco, empezó la pérdida de espectadores ante la televisión. Frente a la comedia ramplona centrada en el «voyeurismo sexual». —No desearas al vecino del quinto (1970) fue la segunda película española en recaudación hasta 1987—, en el cine de los años setenta había ya abundantes testimonios de disidencia política.

Quizá tres películas son especialmente representativas de esta actitud: Canciones para después de una guerra, de Patino (1971), testimonio de la dificultad de presentar el inmediato pasado; El espíritu de la colmena, de Erice (1973), en que aparece el trasfondo de la resistencia armada al sistema político y social, y La prima Angélica, de Saura (1973), que ya bordea el más o menos explícito antifranquismo. El estilo oblicuo e intelectualizado de Carlos Saura quizá resulte la mejor expresión de la realidad del lenguaje cinematográfico en ese momento final del franquismo. Lo curioso del caso —que demuestra un creciente antifranquismo en la sociedad— es que un cine como ése resultaba rentable desde el punto de vista económico: la citada película de Saura costó 12 millones y recaudó 80, y su productor, Querejeta, se convirtió en uno de los más potentes de la industria. Pero quienes no tenían esas pretensiones culturales e intelectuales también consiguieron éxitos importantes a través de una «tercera vía» que contenía el grado suficiente de accesibilidad para el público y de presentación de temáticas en otro momento consideradas como inaceptables (Españolas en París, de Bodegas, 1969).

España a la muerte de Franco

El último año de la vida de Franco ofrece una imagen de patetismo que, sin embargo, resulta compatible con la del esperpento por su obcecación en mantenerse en el poder, el ambiente de su entorno familiar y el aire grotesco de algunas de las conspiraciones políticas que se desarrollaron entre los bastidores del escenario del agonizante dictador. En julio de 1974 su enfermedad había sido una tromboflebitis provocada por una callosidad como consecuencia de un calzado demasiado duro que utilizaba —signo de su austeridad— porque se lo regalaban. El último año de su vida lo dedicó prácticamente a re-aprender a hablar y a andar; para conseguirlo su médico le hizo narrar sus campañas de Marruecos o desfilar. Fue su deseo de responder a la misión que creía tenía atribuida, en unos momentos conflictivos provocados por la «marcha verde», lo que le hizo volver a ejercer el poder, probablemente inducido por parte de la clase política del régimen y de su propia familia.

Las características de su jornada diaria, dedicada a recibir a decenas de personas, aunque ante ellas apenas pudiera articular palabra, o de sus distracciones sedentarias, como ver la televisión, agravaron sus males. Pero, sobre todo, lo hizo su impresionabilidad, producto de la edad, de la enfermedad de Parkinson y del impacto que sobre una persona como él, cuya vida había estado centrada en la guerra de Marruecos, causaron las noticias procedentes del Sahara. Una de las personas que estuvo con él en octubre de 1975 —el ex-ministro Silva Muñoz— lo describe tan emocionado como para abrazarse y ponerse llorar. Sin embargo, él nunca había considerado fundamental la presencia española en el Sahara, salvo como procedimiento para defender las Canarias; a través de mensajeros personales a Hassan que denotan su escasa confianza en Arias, tomó las decisiones fundamentales sobre la crisis, que estaba, pues, ya resuelta en lo esencial en el momento de su muerte. El 15 de octubre de 1975 sufrió un primer infarto, seguido por otros dos los días 19 y 20, debidos además a su deseo de mantener una vida normal cuando obviamente no estaba ya en condiciones de hacerlo. A partir del 23 de octubre su situación era gravísima y sus problemas de circulación le provocaron una peritonitis de la que fue operado el 3 de noviembre; a partir de ese momento cada vez que los médicos resolvían un problema del agonizante general se planteaba otra complicación en su estado de salud. La larga agonía que a partir de ese momento tuvo induce a la piedad humana. Cualquier historiador debe tener en cuenta también el impacto que su duración produjo sobre la sociedad española, que fue acostumbrándose a su desaparición, lo que en los sectores más conservadores hubiera podido, de haber sido súbita su desaparición, crear una conmoción mucho mayor, y en la oposición facilitó la prudencia. Toda España se acostumbró poco a poco a vivir un acontecimiento trascendental.

Con Franco agonizó también su régimen. Dotado de conciencia del deber, prudente y hábil, sin embargo el juicio más positivo que de Franco puede hacerse quizá consiste en recordar lo que no fue: su régimen violó habitualmente las libertades y los derechos de la persona, resultó excepcionalmente cruel durante muchos años y, nacido en una guerra civil, consistió, sobre todo, en su perduración, marginando a una parte considerable de España. Pero, al mismo tiempo, no fue un sistema totalitario como otras dictaduras contemporáneas. Al franquismo le han atribuido sus partidarios el desarrollo económico de los años sesenta o la Monarquía de 1975, pero el primero se produjo mucho más en el transcurso de su existencia que gracias a él, y la segunda cambió sustancialmente las pautas de convivencia de los españoles. Con todo, ambas cosas hubieran sido imposibles de haber sido el franquismo un régimen totalitario. Así como en la sociedad española había ido creciendo el sentimiento de libertad, como crece la hierba en las junturas de las losas de un patio empedrado, en la sucesión prevista habría una esperanza a la recuperación de las libertades. Don Juan Carlos de Borbón, que en plena agonía de Franco había tenido que evitar la dimisión de Arias Navarro, era atacado por la izquierda e ignorado por el centro, mientras la derecha quería manipularlo, pero estaba destinado a jugar un papel crucial en la posterior transición en paz a la democracia. Las semanas en que ejerció, por segunda vez, la responsabilidad de jefe de Estado interino fueron su primer aprendizaje. Se había resistido a asumirla y sólo lo hizo cuando supo que Franco no se recuperaría. Aparte de enfrentarse con problemas como el citado, debió tomar algunas iniciativas importantes para conseguir que su padre no adoptara una actitud demasiado taxativa contra el régimen y para que los militares confiaran en él; para ello visitó a las tropas destacadas en el Sahara y contribuyó a que los Estados Unidos ayudaran a España en la resolución del problema saharahui o, incluso, la oposición comunista se situara en una cierta actitud de expectativa ante los acontecimientos. Para estas dos últimas iniciativas envió un emisario que consiguió los resultados apetecidos. Pero lo que le esperaba resultó más complicado todavía.

Nada, en efecto, sería más erróneo que juzgar a priori que esa transición iba a resultar fácil. En el momento patético de la desaparición del general Franco había factores que permitían pensar que el futuro estaba destinado a presenciar una multiplicación de problemas y algunos parecían incluso de índole trágica. Por vez primera pareció quebrar el proceso de desarrollo económico iniciado a partir del Plan de Estabilización de 1959; además, existía una separación tan patente entre las instituciones políticas y la realidad de la sociedad española, que bien podía esperarse que el resultado del mismo fuera algún tipo de estallido social.

A partir de 1973 las economías del mundo occidental, que habían experimentado un crecimiento auto sostenido a partir de la reconstrucción de la posguerra, sufrieron una grave crisis. La causa desencadenante más inmediata fue el incremento de los precios del petróleo, que entre enero de 1973 y el enero siguiente subieron un 500 por 100 como consecuencia de la actitud adoptada por los países productores. Hubo, sin embargo, también otros factores coadyuvantes como las deficiencias del sistema monetario internacional y la tendencia seguida en todo el mundo occidental a incrementar el sector público de una manera muy considerable. La crisis, que se manifestó inicialmente por una crecida considerable de los precios en el bienio 1974-1975, tuvo como consecuencia que se pusiera en cuestión la estrategia «keynesiana» mantenida hasta el momento como principio fundamental de la política económica ante situaciones de crisis: si en otros momentos el estancamiento y la inflación parecían incompatibles, ahora se mostraban coincidentes, entenebreciendo drásticamente las expectativas económicas del futuro.

Lo sucedido en España revistió unas especiales características con respecto al resto de las economías occidentales y no sólo por su carencia de fuentes de energía propias. Nuestro país no había experimentado un crecimiento económico tan largo, pues el comienzo del mismo fue una generación posterior a la de los países europeos que experimentaron el «milagro» posbélico en los cincuenta. Precisamente por ello, la crisis económica pudo afectar de modo más grave a la economía nacional y, además, había un importante factor psicológico en la percepción de la crisis por los ciudadanos derivado de la inmediatez del desarrollo. La propia debilidad del régimen político dictatorial había hecho crecer las expectativas de mejora de nivel de vida en el sentido de que las alzas de salarios no eran limitadas por los acuerdos de patronos, sindicatos independientes y un gobierno democrático. Por si fuera poco, existían una serie de factores que no se dieron en otros lugares y que contribuyeron a agravar la situación española. Mientras que en los países europeos de la OCDE el petróleo representaba el 55 por 100 de la energía consumida, en España era el 66 por 100; además, casi la totalidad de ese petróleo era importado, mientras que en el resto de Europa lo era sólo el 70 por 100. Un fenómeno que había contribuido de manera importante a aliviar las tensiones sociales había sido, como ya sabemos, la emigración, que, además, proporcionaba a través de las remesas de los emigrantes un medio para contribuir a equilibrar la balanza de pagos. Pues bien, si en el período 1961-1973 se había producido un descenso demográfico equivalente a unas 55 000 personas por año, en 1973-1975 el número de los que regresaron fue de unos 140 000, que, como es lógico, contribuyeron a agravar los problemas del mercado de trabajo. El impacto de la crisis fue en España más tardío que en el resto de Europa, pero también estuvo destinado a ser especialmente grave y duradero. Todavía en 1974 el crecimiento fue del 5,7 por 100, pero en 1975 resultó de tan sólo el 1,1 por 100. Esto sucedía al mismo tiempo que la inflación crecía a un ritmo muy superior al de los países de la OCDE: en los tres últimos años del régimen de Franco lo hizo a un ritmo que fue del 11, 15 y 17 por 100, lo que equivalía a estar entre el 4,2 y 6 puntos, respectivamente, por encima de la media de aquéllos. Problemas que hasta el momento no habían existido ahora se presentaron de modo acuciante. En el gran período del desarrollo económico, entre 1964 y 1974, la media del paro se encontraba entre el 1 y el 2,4 por 100 de la población activa, pero en 1975 se aproximó ya al 5 por 100, habiendo aumentado en ese año del orden de la mitad sobre las cifras del año anterior. No sólo permite explicarlo el colapso de la emigración (y la inversión del sentido del movimiento de la población), sino también el estancamiento del desarrollo industrial, que había sido hasta entonces el motor de la creación de trabajo, y la rigidez de las disposiciones laborales. Las perspectivas económicas en 1975 distaban, por tanto, de ser óptimas. El primer año de la transición ha podido, así, ser descrito por dos especialistas (García Delgado y Segura) como «el peor año de la economía española desde 1960 y el más negativo del mundo occidental». Lo peor del panorama fue que no sólo los factores económicos, sino también los sociales contribuyeron a hacer difícil el panorama. La inexistencia de libertades sindicales hizo que la protesta a veces se engendrara por motivos puramente políticos y que, desde luego, no se supiera mantener en el terreno de la responsabilidad: en 1975 el incremento de la productividad fue el más bajo desde 1965, pero el de los salarios reales fue cuatro veces superior. Un sistema político que tendía a desmoronarse se había convertido ya en disfuncional para resolver la conflictividad social española.

Pero en 1975 ¿Se puede decir realmente que el régimen estaba en las condiciones que han quedado descritas con las citadas palabras? ¿Se puede definir su situación como terminal y, por tanto, carente de cualquier perspectiva de supervivencia?

La respuesta a este interrogante puede ser positiva o negativa, de acuerdo con la óptica con que se enfoque.

Desde el punto de vista de la clase política del régimen existía una coincidencia indudable, en especial entre los más jóvenes, de que la muerte de Franco iba a producir cambios importantes y de que la sociedad española había seguido un rumbo autónomo con respecto al sistema político desde hacía tiempo. Como ha narrado Rodolfo Martín Villa en sus memorias, la propia clase política del franquismo era consciente de su carencia de prestigio ante una sociedad en la que había perdido gran parte de un arraigo que en otro tiempo existió, aunque fuera siempre parcial y sectorial, pero que ahora se había desvanecido. Como consecuencia de ello, el régimen había acabado por tomar la decisión de no controlar una porción considerable de la vida nacional y la sociedad española había optado por actuar a su aire, ignorando olímpicamente las instituciones políticas, en parte porque las considerara extravagantes y en parte por su inutilidad práctica.

Lo que en los años finales del régimen fue denominado como «franquismo sociológico» era cada vez menos específicamente franquista, representaba menos al conjunto de la sociedad y resultaba crecientemente disponible para otras opciones.

Como es lógico, había dirigentes del régimen que se indignaban contra esta situación, a la que querían hacer frente, pero no sabían bien cómo. Los más jóvenes, sin embargo, se conformaban con ella y buscaban una salida al sistema político, aunque lo hicieran con titubeos e interrogantes. Ya ha sido mencionado el caso del grupo «Tácito», en el que militaron personas procedentes de la oposición al régimen y otras que habían ocupado cargos en él, en uno y otro caso de procedencia católica. Pero no fue éste el único caso. Incluso los sectores falangistas dentro del régimen, que en teoría al menos hubieran podido ser los adversarios más decididos de cualquier tipo de cambio, ofrecieron en sus sectores más jóvenes un cambio hacia perspectivas semejantes. Desde 1966 hubo una dispersión de los falangistas por problemas de legitimismo y de colaboracionismo con el régimen. Lo que interesa principalmente es que un sector juvenil de la clase política partidario del asociacionismo y distante de lo que Carrero Blanco había significado a comienzos de 1973 se configuró como una fuerza política agrupada originariamente tras un manifiesto y luego, ya en el verano de 1975, mediante la formación de un grupo parlamentario autodenominado «independiente». En este grupo, que contaba en sus inicios con cinco consejeros nacionales y otros 15 procuradores, militaron algunas figuras muy destacadas de la UCD, así como apellidos (Primo de Rivera, por ejemplo) que significaban mucho en la historia política del régimen que ahora se desvanecía.

Si enfocamos la crisis del régimen desde el punto de vista no de la clase política que lo sustentaba, sino de la sociedad española, nos encontramos con un panorama paradójico. Es desde luego cierto, como dice Martín Villa, que no hubo «motivaciones apremiantes» en el planteamiento de la transición hacia la libertad por parte de esa sociedad de la que no puede decirse, en términos estrictos, que estuviera fuertemente politizada en contra del régimen. Su actitud era mucho más pasiva y estática, pero ello no quiere decir que no deseara, al menos en principio, el establecimiento de un régimen de carácter democrático. Parece indudable que en la última fase del franquismo, gracias a la mayor tolerancia del poder en materias como la prensa y también al sentido más igualitario de la sociedad española, los principios de carácter democrático se habían ido introduciendo en una sociedad que en otro tiempo pudo ser incluso más autoritaria que el propio régimen. En 1966 se preguntó en una encuesta oficial sobre la actitud ante los principios democráticos y autoritarios: mientras que el 54 por 100 no supo o no quiso contestar, sólo el 35 por 100 dijo que era mejor que las decisiones las tomaran «personas elegidas por el pueblo», frente a la otra alternativa, consistente en que «un hombre destacado decida por nosotros». En 1974 el porcentaje era ya del 60 por 100. Hay numerosas encuestas que sugieren algo parecido. Los valores de conformidad (paz, orden, tradición) eran apoyados en 1966 por el 71 por 100 de la población, por encima de cualesquiera otros, y sólo por el 55 por 100 en 1975; los valores de «disconformidad» (justicia, libertad, democracia) pasaron en el mismo período del 20 por 100 al 33 por 100. El número de los «muy interesados por la política» se duplicó en los últimos años del régimen. En el momento de la muerte de Franco una encuesta reveló que el 72 por 100 de los españoles querían que el Rey diera libertad de expresión y un 70 por 100 deseaba sufragio universal. La libertad religiosa y la libertad sindical eran consideradas por una amplia mayoría como necesarias, y respecto a la libertad de creación de partidos políticos, la más controvertida desde la óptica de la ortodoxia del régimen, se había producido una evolución decisiva en un corto plazo de tiempo. En 1971 sólo el 12 por 100 creía que la existencia de partidos políticos sería «beneficiosa», pero en 1973 era ya el 37 por 100, superando a los de opinión contraria, y en la primavera de 1975 alcanzó el 56 por 100. Esta evolución se entiende muy bien teniendo en cuenta hasta qué punto la cuestión del asociacionismo político estuvo presente en el primer plano de la vida pública española durante tanto tiempo.

Con todas sus contradicciones, la principal de las cuales era una estructura política autoritaria para una sociedad que se deseaba democrática, ése era el panorama de España en el momento de la muerte de Franco. Si una transición no traumática fue posible se debió a este punto de partida, pero también a la capacidad política de quienes la protagonizaron en un momento tan difícil como se desprende de las circunstancias descritas.

Bibliografía

En los capítulos siguientes aquellas monografías recientes especialmente interesantes, por su originalidad y novedad, aparecerán señaladas con un asterisco (*). De esta manera el lector puede disponer de una selección más escueta de lecturas recomendadas.

El mejor estudio de conjunto acerca de la época de Franco es Stanley PAYNE, El régimen de Franco, 1936-1975, Madrid, Alianza, 1987.

Dado lo polémico del período siempre será interesante contrastar las visiones contrapuestas desde un punto de vista ideológico: José Antonio BIESCAS y Manuel TUÑÓN DE LARA, España bajo la dictadura franquista (1939-1975), Barcelona, Labor, 1980, una interpretación antifranquista, y Ricardo DE LA CIERVA, Historia del franquismo, Barcelona, Planeta, 1975 y 1978, próximo al régimen.

Hoy, sin embargo, existe una coincidencia mucho mayor que la de tiempos pasados en estas materias. Para el comienzo de los estudios históricos sobre el franquismo véase Josep FONTANA (ed.), España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica, 1986. Congresos recientes de historiadores especializados en la época o números de revista dedicados exclusivamente a esta cuestión: Primer encuentro de investigadores del franquismo, Barcelona, noviembre de 1992, multicopiado; Javier TUSELL, Susana SUEIRO, José María MARÍN, El régimen de Franco (1936-1975).

Política y relaciones exteriores, Madrid, UNED, 1993 y «Franquismo» en Historia Social, n.° 30, 1998. Ejemplos de manuales universitarios recientes acerca de la época: Jesús A. MARTÍNEZ (coord.), Historia de España. Siglo XX, Madrid, Cátedra, 1999 y Bernat MUNIESA, Dictadura y Monarquía. De 1939 hasta la actualidad, Barcelona, Ariel, 1996. Quizá, sin embargo, el más valioso en este último apartado sea el tomo XLI de la Historia de España de Menéndez Pidal continuada por JOVER, Madrid, Espasa Calpe, 1996. La celebración de la victoria de Franco en Giuliana DI FEBO, Franco. La ceremonia de Santa Bárbara y la «representación» del nacional-catolicismo en Xavier QUINZA y José Juan ALEMANY, Ciudad de los hombres, ciudad de Dios, Universidad de Comillas, 1999.

Son abundantísimos los textos biográficos sobre Franco, aunque su valía es muy irregular. La más extensa biografía es la de Paul PRESTON, Franco. A Biography, Londres, Harper Collins, 1993 (trad. española en Grijalbo) que, aún meritoria principalmente en su primera parte, no se puede considerar definitiva. Interpretaciones imparciales, elaboradas por historiadores profesionales, aunque sin material documental de primera mano, son: Andrés BACHOUD, Franco, París, Fayard, 1997; J. W. D. TRYTHALL, Franco, Londres, Rupert Hart-Davis, 1970, Juan Pablo FUSI, Franco. Autoritarismo y poder personal, Madrid, El País, 1985; Stanley PAYNE, Franco, el perfil de la Historia, Madrid, Espasa Calpe, 1992 y Alberto REIG, Franco, caudillo: mito y realidad, Madrid, Tecnos, 1995. Si de ellas hubiera que elegir tan sólo dos quizá hubiera que citar las de Fusi y Payne.

Conservan cierto valor, a pesar de su bibliografía inadecuada y su tono apologético: Ricardo DE LA CIERVA, Franco. Un siglo de España, Madrid, Editora Nacional (1973, 1.a ed.); Brian CROZIER, Franco. A Biographical Essay, Londres, Eyre and Spottiswood, 1967.

De todos modos, para el conocimiento de la personalidad del dictador nada mejor que la consulta de sus escritos: Apuntes personales del Generalísimo sobre la República y la Guerra Civil, Madrid, Fundación Francisco Franco, 1977 y Papeles sobre la guerra de Marruecos, Madrid, Fundación Francisco Franco, 1986, aparte de sus colecciones de discursos, editados por organismos oficiales. Los Documentos inéditos para la Historia del Generalísimo.

Franco, publicados en Madrid por la Fundación Nacional Francisco Franco a partir de 1992, con una recopilación de su correspondencia de muy desigual interés, que se detiene al final de la Segunda Guerra Mundial. Estudios sobre aspectos parciales de su personalidad, en Xavier ARBOS i Antoni PUIGSEC, Franco i el espanyolisme, Barcelona, Curial, 1980; Rafael CASAS DE LA VEGA, Franco, militar, Madridejos, Fénix, 1995; J. A. FERRER BENIMELI, El contubernio judeo-masónico comunista, Madrid, Istmo, 1982; Román GUBERN, Raza: el ensueño del general Franco, Madrid, Ediciones 99, 1977, y Luis RAMÍREZ, Francisco Franco, historia de un mesianismo, París, Ruedo Ibérico, 1964.

Utilísimas son las memorias de quienes vivieron más cerca de él durante el largo período dictatorial: Francisco FRANCO SALGADO ARAÚJO, Mi vida junto a Franco, Barcelona, Planeta, 1977, y Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, Planeta, 1976 (*); Pilar JARAÍZ, Historia de una disidencia, Barcelona, Planeta, 1981; Franco visto por sus ministros, Barcelona, Planeta, 1981; Vicente GIL, Cuarenta años junto a Franco, Barcelona, Planeta, 1981; Vicente POZUELO, Los últimos 476 días de Franco, Barcelona, Planeta, 1980, y Ramón SORIANO, La mano izquierda de Franco, Barcelona, Planeta, 1981.

Para el recuerdo de su persona por los españoles diez años después de su desaparición, Juicio histórico al general Franco, Cambio 16, 1985. El juicio de un moderado e irónico discrepante, en José María PEMAN, Mis encuentros con Franco, Barcelona, Dopesa, 1976. Muy interesante, porque utiliza la documentación de su archivo, pero también absolutamente discutible en su interpretación: Luis SUAREZ FERNANDEZ, Francisco Franco y su tiempo, Madrid, Fundación Francisco Franco, 1984 y ss.

Los aspectos concretos de la historia política del régimen serán abordados más adelante, pero hay que citar aquí las interpretaciones del franquismo como régimen político. Ésta es ya una cuestión en la que se ha producido una considerable convergencia entre los historiadores, aunque levantó grandes polémicas en otro tiempo, principalmente al final del franquismo y al comienzo de la transición. Entre ellas véase, principalmente: Francesco BARBAGALLO, Cristina BORDERIAS, Miquel CAMINAL, Franquisme. Sobre resistencia i consens a Catalunya (1938-1959), Barcelona, Crítica, 1990; Juan BENEYTO, La identidad del franquismo. Del Alzamiento a la Constitución, Madrid, Ediciones del Espejo, 1979, «El régimen franquista», en Papers,1978; Juan FERRANDO BADÍA, El régimen de Franco. Un enfoque jurídico-político, Madrid, Tecnos, 1984; Juan J. LINZ, «Opposition in and Under an Authoritarian Regime: The Case of Spain», en Robert DAHL, Regimes and Oppositions, Nueva York, Yale University Press, 1973; «An Authoritarian Regime: Spain», en ALLARDT-LITTUNEN, Cleavages, Ideologies and Party Systems, Helsinki, 1964 (*), y «From Falange to Movimiento Organisation», en HUTINGTON-MOORE, Authoritarian Politics in Modern Society, Nueva York, 1970; Amando DE MIGUEL, Sociología del franquismo, Barcelona, Euros, 1975, y La herencia del franquismo, Madrid, Cambio 16, 1976; Carme MOLINERO, Pere YSAS, El regim franquista, feixisme, modernització i consens, Girona, Eumo, 1992; Benjamín OLTRA y Amando DE MIGUEL «Bonapartismo y catolicismo: una hipótesis sobre los orígenes ideológicos del franquismo», en Papers, 1978: Manuel RAMÍREZ, España, 1939-1975 - Régimen político e ideología, Madrid, Guadarrama, 1978; «Sociología del franquismo», en Papers, 1977; Ismael SAZ, «La peculiaritat del feixisme espanyol» en Repensar el feixisme, Affers, 1996; José Félix TEZANOS, «Interpretación sociológica del franquismo», en Sistema, 1978, y Javier TUSELL, La dictadura de Franco, Madrid, Alianza Editorial, 1988 (*).

Monografías acerca de la vida política durante el conjunto de la duración del franquismo en: Rafael BAÑÓN, Poder de la burocracia y Cortes franquistas, Madrid, Instituto Nacional de la Administración Pública, 1978; Ángel GARRORENA, Autoritarismo y control parlamentario en las Cortes de Franco, Universidad de Murcia, 1977; Richard GUNTHER, Public Policy in a no Party State: Spanish Planning in the Twinlight of the Franquist Era, University of California Press, 1980; Guy HERMET, Les catholiques dans l’Espagne franqimste, París, PUF, 1980; A. LÓPEZ PINA y E. ARANGUREN, La cultura política de la España de Franco, Madrid, Taurus, 1976: Juan Antonio OLMEDA, Las fuerzas armadas en el Estado franquista, Madrid, El Arquero, 1988; Manuel RAMÍREZ y otros, Las fuentes ideológicas de un régimen, Universidad de Zaragoza, 1978. Un planteamiento general de la política exterior, en Manuel ESPADAS, Franquismo y política exterior, Madrid, Rialp, 1988.

El resto de los estudios de Historia política aparecerán mencionados en aquellos capítulos a los que principalmente se refieran.

Acerca de la represión y depuración iniciales durante el régimen franquista, aparte de los estudios ya mencionados en el tomo relativo a la Guerra Civil, existe ya una creciente bibliografía. Véase principalmente: Wenceslao ÁLVAREZ OBLANCA, La represión de la postguerra en León. Depuración de la enseñanza, 1936-1943, Madrid, Santiago García, 1986; Josep BENET, La mort del president Companys, Barcelona, 1962, 1998; Juan CANO BUESO, La política judicial del régimen de Franco, 1936-1945, Madrid, Ministerio de Justicia, 1985; Miguel DURAN, Skut oculi. Un tiempo pasado que no fue mejor. Vigilantes y vigilados en la Mallorca de la postguerra, 1941-1945, Palma, Miguel Font Editor, 1992; Josep M. FIGUERAS, El consell de guerra a Lluis Companys, president de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Proa, 1997; Santos JULIA, Víctimas de la Guerra Civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999; Mónica LANERO, Una milicia de la Justicia. La política judicial del franquismo (1936-1945), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996; Conxita MIR (y otros), Repressió económica i franquisme: I’actuacio del Tribunal de Responsabilitats politiques a la provincia de Lleida, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997; Francisco MORENTE, La escuela y el Estado Nuevo. La depuración del magisterio nacional (1936-1943), Valladolid, Ámbito, 1997; Marta NÚNEZ y Antonio ROJAS, Consejo de guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la postguerra (1939-1945), Madrid, Compañía Literaria, 1997; Manuel ORTIZ HERAS, Violencia política en la II República y el primer franquismo, Madrid, Siglo XXI, 1996; Isidro SÁNCHEZ (y otros), España franquista. Causa general y actitudes sociales ante la dictadura, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 1993; J. M. SABIN, Prisión y muerte en la España de la postguerra, Madrid, Anaya y Mario Muchnik, 1996; Josep M. SOLÉ SABATÉ, La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953, Barcelona, Edicions 62, 1985. El ambiente de la postguerra en Rafael ABELLA, Por el imperio hacia Dios. Crónica de una postguerra (1939-1955), Barcelona, Planeta, 1978; Isaías LAFUENTE, Tiempos de hambre. Viaje a la España de la postguerra, Madrid, Temas de Hoy, 1999; Fernando VIZCAÍNO CASAS, Contando los cuarenta, Madrid, Altamira, 1972, y La España de la postguerra, Barcelona, Planeta, 1974. Sobre el exilio: José Luis ABELLAN, De la Guerra Civil al exilio republicano (1936-1977), Madrid, Planeta, 1982, y, sobre todo, la obra colectiva El exilio español de 1939, Madrid, Taurus, 1976, (5 volúmenes); Javier RUBIO, La emigración de la Guerra Civil de 1936-1939, Madrid, San Martín, 1977.

Ver también, como obras más recientes, Inmaculada CORDERO, Los transterrados y España. Un exilio sin fin, Universidad de Huelva, 1997; Josefina CUESTA y Benito BERMEJO (coords.), Emigración y exilio. Españoles en Francia, 1936-1946, Madrid, Eudema, 1996 y Luis de LLERA (coord.), El último exilio español en América, Madrid, Mapire, 1996. Acerca de la prensa: Justino SINOVA, La censura de prensa durante el franquismo, Madrid, Espasa Calpe, 1989.

Aparte de los anteriormente citados, de carácter general, no hay ningún buen libro acerca de la política en este período considerada de forma global. En «El primer franquismo, 1936-1959», en Ayer, n.° 33, 1999, número dirigido por Glicerio SÁNCHEZ RECIO se puede encontrar una colección de buenos trabajos monográficos acerca del período. Algo parecido, aunque más limitado en el tiempo y algo sobrepasado en José Luis GARCÍA DELGADO (ed.), El primer franquismo. España durante la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Siglo XXI, 1989. El número de monografías sobre aspectos concretos es elevada y muchas de ellas tienen un valor apreciable: Alvaro FERRARY, El franquismo: minorías políticas y conflictos ideológicos, 1936-1956, Pamplona, EUNSA, 1993; Miguel JEREZ, Élites políticas y centros de extracción en España, 1938-1957, Madrid, CIS, 1982; Javier TUSELL, Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957, Madrid, Alianza Editorial, 1984 (*); Glicerio SÁNCHEZ RECIO, Los cuadros políticos intermedios del régimen franquista, 1936-1959, Generalitat Valenciana-Diputación de Alicante, 1996; Francisco SEVILLANO, Propaganda y medios de comunicación en el franquismo (1936-1951), Universidad de Alicante, 1998; Luis SUÁREZ, España, Franco y la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Actas, 1997; Carlos VIVER, El personal político de Franco (1936-1945), Barcelona, Vicens Vives, 1978.

Específicamente sobre Falange y sus diversas organizaciones véase: Miguel Ángel APARICIO, El sindicalismo vertical y la formación del Estado franquista, Barcelona, EUNIBAR, 1980; Ricardo CHUECA, El fascismo en los comienzos del régimen de Franco. Un estudio sobre FET y de las JONS, Madrid, CIS, 1983; Sheelagh ELLWOOD, Prietas las filas. Historia de Falange Española, 1933-1975, Barcelona. Grijalbo, 1984, y María Teresa GALLEGO MÉNDEZ, Mujer, Falange y franquismo, Madrid, Taurus, 1983; Alfonso LAZO, Retrato del fascismo rural en Sevilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998; Mónica ORDUÑA, El Auxilio Social (1936-1940). La etapa fundacional y los primeros años, Madrid, Escuela Libre Editorial, 1995; Stanley PAYNE, Franco y José Antonio. El extraño caso del fascismo español, Barcelona, Planeta, 1997; Miguel A. RUIZ CARNICER, El Sindicato Español Universitario (SEU, 1935-1965). La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo, Madrid, Siglo XXI, 1996(*); Juan SAEZ MARÍN, El Frente de Juventudes. Política de juventud en la España de la postguerra (1937-1960), Madrid, Siglo XXI, 1988; Rosario SÁNCHEZ LÓPEZ, Mujer española. Una sombra de destino en lo universal. Trayectoria histórica de Sección Femenina de Falange (1934-1977), Murcia, Universidad de Murcia, 1990, Monografías regionales interesantes como modelo metodológico de análisis: Angeles CENARRO, Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón, 1936-1945, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997; Encarna NICOLÁS MARTIN, Instituciones murcianas en el franquismo, 1939-1962, Murcia, Editora Regional de Murcia, 1982; Carles SANTÁCANA, Victoriosos i derrotáis. El franquisme a Hospitalet, 1939-1951, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994; Joan María THOMAS, José M. Tarrats. Biografía política d’un franquista cátala, Reus, Edicions del Centre de Lectura, 1997 y Falange, Guerra Civil, franquisme. FET y de las JONS de Barcelona en els primers anys del regim franquista, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992 (*).

Memorias de personajes políticos, con especial incidencia en el período: José María de AREILZA, A lo largo del siglo, 1909-1991, Barcelona, Planeta, 1992; Manuel AZCÁRATE, La República, la Guerra Civil y la resistencia, Barcelona, Tusquets, 1994; Francesc CAMBÓ, Meditacions. Dietari (1936-1946), Barcelona, Alpha, 1982; Raimundo FERNÁNDEZ CUESTA, Testimonio, recuerdos y reflexiones, Madrid, DYRSA, 1985; José María GIL ROBLES, La Monarquía por la que yo luché (1941-1945), Madrid, Taurus. 1976; J. Antonio GIMÉNEZ ARNAU, Memorias de memoria. Descifre VE personalmente, Barcelona, Planeta, 1978; Alfredo KINDELÁN, La verdad de mis relaciones con Franco, Barcelona, Planeta, 1981; Pedro LAÍN ENTRALGO, Descargo de conciencia (1930-1960), Barcelona, Barral, 1976; José María MARCET, Mi ciudad y yo. Veinte años de una alcaldía (1940-1960), Barcelona, Talleres Gráficos Dúplex, 1963; Pilar PRIMO DE RIVERA, Recuerdos de una vida, Madrid, DYRSA, 1983; Dionisio RIDRUEJO, Casi unas memorias, Barcelona, Planeta, 1976; Heleno SAÑA, El franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Suñer, Barcelona, Grijalbo, 1981: Ramón SERRANO SUÑER, Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. Memorias, Barcelona, Planeta 1977, y Entre Hendaya y Gibraltar, Barcelona, Nauta, 1973; Manuel VALDÉS LARRAÑAGA, De la Falange al Movimiento (1936-1952), Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1994; Eugenio VEGAS LATAPIE, La frustración de la victoria. Memorias políticas, 1938-1942, Madrid, Actas, 1995.

Aspectos generales de la política exterior en Luis Eugenio TOGORES y José Luis NEILA, La Escuela Diplomática: cincuenta años al servicio del Estado, Madrid, Escuela Diplomática, 1993 y Rocío VALDIVIELSO, La carrera diplomática en España (1939-1990), Madrid, Biblioteca Diplomática Española, 1997.

Afortunadamente, la bibliografía acerca de la posición española ante la Segunda Guerra Mundial es ya abundante, existiendo al menos una buena monografía acerca de las relaciones entre España y cada una de las grandes naciones en conflicto, amén de varios libros de memorias. Véase, especialmente, la siguiente selección, en la que se ha procurado llamar la atención sobre los libros más recientes y que ofrecen una panorámica general: Hain AVNI, España, Franco y los judíos, Madrid, Altalena, 1982; Robert BELOT, Aux frontieres de la liberté. S’évader de France sous l’occupation, París, Fayard, 1998; Claude BOWERS, My mission to Spain. Watching the rehearsal for World War II, Nueva York, Simón and Schuster, 1954; Charles B. BURDICK, Germany’s military strategy and Spain in World War II, Syracuse, U. P., 1968: James W. CORTADA, Relaciones España-USA, 1941-1945, Barcelona, DOPESA, 1973; Lorenzo DELGADO GÓMEZ ESCALONILLA, Diplomacia franquista y política cultural hacia Iberoamérica (1939-1953), Madrid, CSIC, 1988; Donald S. DETWILER, Hitler, Franco und Gibraltar. Die Fragedes spanischen Eintritts in den Zweiten Weltkrieg, Wiesbaden, Franz Steiner, 1962; «España en la Segunda Guerra Mundial», en Revista de Occidente, 1984; «España y la Segunda Guerra mundial», en Espacio, Tiempo y Forma, 1994; Rafael GARCÍA PÉREZ, Franquismo y Tercer Reich. Las relaciones económicas hispano-alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994 (*); Massimiliano GUDERZO, Madrid e I’arte della diplomazia. L’incógnita spagnola nella seconda guerra mondiale, Florencia, Manent, 1995 (*); C. H. HALSTEAD, Spain, the powers and the Second World War, University of Virginia Ph. D., 1962; Gerald KLEINFELD y Lewis A. TAMBS, La división española de Hitler. La división azul en Rusia, Madrid, Editorial San Martín, 1979; Christian LEITZ, Economic relations between nazi germany and Franco’s Spain, 1936-1945, Oxford University Press, 1996; Antonio MARQUINA y Gloria INÉS OSPINA, España y los judíos en el siglo XX La acción exterior, Madrid, Espasa Calpe, 1987; Antonio MARQUINA, La diplomacia vaticana y la España de Franco, 1936-1945. Madrid, CSIC, 1982; Rafael MARTÍNEZ NADAL, Antonio Torres y la política española del Foreign Office (1940-1944), Madrid, Casariego, 1987; Víctor MORALES, Historia de la no beligerancia española durante la Segunda Guerra Mundial, Cabildo de Las Palmas, 1980; Rosa PARDO, Con Franco hacia el Imperio. La política exterior española en América Latina, 1939-1945, Madrid, UNED, 1994; Luis SÁNCHEZ GIJÓN, P. La planificación militar británica con relación a España, Madrid, INCI, 1983; Matthieu SEGUELA, Franco-Pétain. Los secretos de una alianza, Barcelona, Prensa Ibérica, 1994; Klaus Jorg RUHL, Franco, Falange y el III Reich. España durante la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Akal, 1986; Denis SMYTH, Diplomacy and strategy of survival. British policy and Franco’s Spain, 1940-1941, Cambridge University Press, 1986; Javier TUSELL, Franco, España y la Segunda Guerra Mundial. Entre el Eje y la neutralidad, Madrid, Temas de Hoy, 1995 (*); Javier TUSELL y Genoveva GARCÍA QUEIPO DE LLANO, Franco y Mussolini. La política española durante la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Planeta, 1985; Ángel VIÑAS, Guerra, dinero, dictadura. Ayuda fascista y autarquía en la España de Franco, Barcelona, Grijalbo, 1984.

En cambio, sólo muy recientemente ha aparecido una bibliografía verdaderamente valiosa acerca de la etapa del aislamiento de tal manera que pueda considerarse que la cuestión está resuelta en sus líneas esenciales: Qasid AHMAD, Britain, Franco Spain end the cold war, 1945-1950, Kuala Lumpur, Nordeen, 1995; María Dolores ALGORA, Las relaciones hispanoárabes durante el régimen de Franco: la ruptura del aislamiento internacional, Madrid, Biblioteca Diplomática española, 1996; Paola BRUNDU, Ostracismo e realpolitik. Gli alleati e la Spagna franchista megli anni del dopo guerra, Universitá di Cagliari, 1984; Beatriz FIGALLO, El protocolo Perón-Franco. Relaciones hispano-argentinas, 1942-1952, Buenos Aires, Ediciones Corregidor, 1992; Juan Carlos JIMÉNEZ REDONDO, Franco-Salazar. As relagoes luso-espanholas durante a guerra fria, Lisboa, Assirio e Alvim, 1996; A. J. LEONART, España y la ONU, Madrid, CSIC, 1978; Luis de LLERA y José ANDRÉS GALLEGO, La España de la postguerra. Un testimonio, Madrid, CSIC, 1992; Florentino PORTERO, Franco, aislado, Madrid, Aguilar, 1989 (*); Roger E. SANDERS, Spain and the United Nations, Nueva York, Vantage Press, 1966; Raanan REIN, Franco, Israel y los judíos, Madrid, CSIC, 1996 y The Franco-Perón Alliance. Relations between Spain and Argentina, 1946-1955, University of Pittsburgh, 1993.

Con respecto a la oposición, hay que tener en cuenta que normalmente la bibliografía no tiene en cuenta un criterio cronológico sino que se refiere a una determinada tendencia política durante un periodo más amplio que el que aquí se examina. De todos modos los siguientes títulos tienen especial validez para la primera etapa del franquismo: Víctor ALBA, La oposición de los supervivientes (1939-1955), Barcelona, Planeta, 1978; Valentina FERNÁNDEZ VARGAS, La resistencia interior en la España de Franco, Madrid, Ediciones Istmo, 1981; LLIBERT FERRI y otros, Las huelgas contra Franco (1939-1956), Barcelona, Planeta, 1978; Helmut HEINE, La oposición política al franquismo de 1939 a 1952, Barcelona, Crítica, 1983; Fernando JAUREGUI y Pedro VEGA, Crónica del antifranquismo, Barcelona, Argos Vergara, 1985, y Javier TUSELL, La oposición democrática al franquismo (1939-1962), Barcelona, Planeta, 1977. Sobre la oposición se ha celebrado un Congreso que, aunque ya lejano, merece la pena conocer para darse cuenta de los cambios ocurridos en el paso desde el resistencialismo hasta un tratamiento más científico: Javier TUSELL, Alicia ALTED, Abdón MATEOS (eds.), La oposición al régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología de la investigación, Madrid, UNED, 1990. La forma de vida de la oposición de izquierdas en Ronald FRASER, Escondido. El calvario de Manuel Cortés, Valencia, Institució Alfons el Magnanim, 1986.

Sobre los monárquicos la bibliografía es ya abundante y no parece que pueda dar lugar a investigaciones ulteriores: Julio ESCRIBANO, Pedro Sainz Rodríguez, de la Monarquía a la República, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1998; Fernando de MEER, «D. Juan de Borbón y Franco: otoño de 1945» en Brah, 1995; Pedro SAINZ RODRÍGUEZ, Un reinado en la sombra, Barcelona, Planeta, 1981; Manuel DE SANTA CRUZ, Apuntes y documentos para la historia del tradicionalismo español. 1939-1966, Zamora, Ediciones Monte Casino, 1979-1984; José María TOQUERO, Franco y Don Juan. La oposición monárquica al franquismo, Barcelona, Plaza y Janes, 1989, y Don Juan de Borbón, el Rey padre, Barcelona, Plaza y Janes-Cambio 16, 1992; A. VILLANUEVA MARTÍNEZ, El carlismo navarro durante el primer franquismo, 1937-1951, Madrid, Actas, 1998. El curioso libro de Luis María ANSÓN, Don Juan, Barcelona, Plaza y Janes, 1994, reporta más confusión que información.

El republicanismo puede considerarse agotado a partir de los años cincuenta pero, respecto del período previo, ha dado lugar ya a una bibliografía de calidad, aunque con material informativo insuficiente por la carencia de recurso a los archivos: José BORRAS, Políticas de los exiliados españoles, 1944-1950, París, Ruedo Ibérico, 1976: Patricia W. FAGEN, Exiles and citizen: Spanish republicans in México, University of Texas Press, 1973; Eduardo PONS PRADES, Republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial, Barcelona. Planeta, 1975; L. STEIN, Beyond death and exile. The Spanish republicans in France, 1939-1955, Harvard University Press, 1979; José María DEL VALLE, Las instituciones de la República en el exilio, París, Ruedo Ibérico, 1976; Antonio VILANOVA, Los olvidados. Los exiliados españoles en la Segunda Guerra Mundial, París, Ruedo Ibérico, 1969; Davis WINGEATE PIKE, Vae victis! Los republicanos españoles refugiados en Francia, 1939-1944, París, Ruedo Ibérico, 1969.

Los estudios sobre el socialismo español en este período son también bastante recientes aunque existen ya varias monografías globales. Véase principalmente: Luis ARAQUISTAIN, Sobre la Guerra Civil y en la emigración, edición y prólogo por Javier Tusell, Madrid, Espasa Calpe, 1983; Julio ARÓSTEGUI, Largo Caballero en el exilio. La última etapa de un líder obrero, Madrid, Fundación Largo Caballero, 1990; Congresos del PSOE en el exilio, 1944-1974, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1981; Richard GILLESPIE, The Spanish Socialist Party. A History of factionalism, Oxford at Clarendon Press, 1989; Santos JULIA, Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid, Taurus, 1997 (*); Abdón MATEOS, Las izquierdas españolas desde la Guerra Civil hasta 1982. Organizaciones socialistas, culturas políticas y movimientos sociales, Madrid, 1997(*); Amaro DEL ROSAL, Historia de la UGT de España en la emigración, Barcelona, Grijalbo, 1978; Juan A. SACALÚA, La resistencia socialista en Asturias, 1937-1962, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1986; «El socialismo en España», en Anales de Historia de la Fundación Pablo Iglesias, IV-1986; César TCHACH y Carmen REYES, Clandestinidad y exilio. La reconstrucción del sindicato socialista, 1939-1953, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1986. Sobre los anarquistas, cuya influencia se puede considerar fenecida al concluir esta etapa cronológica: César M. LORENZO, Les anarchistes espagnols et lepouvoir, 1868-1969, París, Seuil, 1969, Oriol MALLO, La revolta des quixots, Barcelona, Empuries, 1997; La oposición libertaria al régimen de Franco, Madrid, Fundación Salvador Seguí, 1993; y Eurico MARCO NADAL, Todos contra Franco. La Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, 1944-1941, Madrid, Queimada, 1982.

En la siguiente selección bibliográfica se registran publicaciones acerca del PCE, pero también sobre la guerrilla, de la que fueron principales protagonistas: Fernando CLAUDIN, Santiago Carrillo. Crónica de un secretario general, Barcelona, Planeta, 1983; Joan ESTRUCH, El PCE en la clandestinidad, 1939-1956, Madrid, Siglo XXI, 1982; Gregorio MORAN, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, 1939-1975, Barcelona, Planeta, 1986; D. W. PIKE, Jours de gloire, jours de honte. Le PCE en France, París, SEDES, 1984; Eduardo PONS PRADES, Guerrillas españolas, 1936-1960, Barcelona, Planeta, 1977; Fernando ROMEU, La Agrupación guerrillera de Levante, Valencia, Alfons el Magnánim, 1987. Sobre la oposición en el País Vasco: BELTZA, El nacionalismo vasco en el exilio, 1937-1960, San Sebastián, Txertoa, 1977 y Iñaki BERNARDO, Galíndez, la tumba abierta. Los vascos y los Estados Unidos, Vitoria, Gobierno Vasco, 1993. Sobre la oposición en Cataluña: Félix FANES, La vaga de tramvies del 1951, Barcelona, Laia, 1977; Miguel FERRER, La Generalitat de Catalunya a l’exili, Barcelona, Aymá, 1977; Carles P SUNYER, Memorias de l’exili. El Consell Nacional de Catalunya, 1940-45, Barcelona, Curial, 1978.

Un aspecto de la oposición al régimen que no ha sido abordado de forma suficiente es el que se refiere a las condiciones de vida y su relación con la protesta social, con independencia de las organizaciones políticas o sindicales que la vertebraran; sobre el particular puede verse: Carmen MOLINERO y Pere YSAS, Patria, pan y justicia. Nivell de vida i condicions de treball a Catalunya, 1939-1951, Barcelona, La Magrana, 1985; Carmen BENITO DEL POZO, La clase obrera durante el franquismo. Empleo, condiciones de trabajo y conflicto (1940-1975), Madrid, Siglo XXI, 1993 y R. GARCÍA PINERO, Los mineros asturianos bajo el franquismo (1917-1962), Madrid, 1990.

Otros aspectos de la vida catalana al margen de lo específicamente relacionado con los movimientos de oposición en: Josep BENET, L’intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992; María Josefa GALLOFRE, L’edció catalana i la censura franquista (1939-1951), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991; Borja de RIQUER, L’ultim Cambó (1936-1947). La dreta catalana davant la Guerra Civil i el franquisme, Vic, Eumo, 1996; J. M. SOLÉ SABATE, J. M. VILLARROYA, Cronología de la repressió de la llengua i cultura catalanes (1936-1975), Barcelona, Curial, 1996.

Para la política económica y social de la época es preciso citar no sólo libros exclusivamente centrados en la época sino también en la posterior. Aquí se citan, junto con los más específicamente relacionados con este período. Véanse, principalmente: Alfonso BALLESTERO, Juan Antonio Suances, 1891-1977. La política industrial de la postguerra; León, Lid Editorial empresarial, 1993; Carlos BARCIELA, La agricultura cerealista en la España contemporánea: el mercado triguero y el Servicio Nacional del Trigo, Madrid, UCM, 1981; Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización, 1939-1959, bajo la dirección de Joan CLAVERA, Madrid, Edicusa, 1973; Jordi CATALÁN, La economía española y la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Ariel, 1995; José Luis GARCÍA DELGADO, «El intervencionismo económico del primer franquismo en su perspectiva histórica» en FONTANA, España bajo el franquismo; Antonio GÓMEZ MENDOZA, El «Gibraltar económico»: Franco y Riotinto, 1936-1954, Madrid, Cívitas, 1994; José María LORENZO, Dictadura y dividendo. El discreto negocio de la burguesía vasca (1937-1950), Deusto, Universidad de Deusto, 1989; Pablo MARTÍN ACEÑA, Francisco COMÍN, INI, cincuenta años de industrialización, Madrid, Espasa Calpe, 1991; Carme MOLINERO, Pere YSAS, Els industriáis catalans durant el franquisme, Vic, Eumo, 1991; Roque MORENO, La autarquía en Alicante (1939-1952), Generalitat Valenciana-Diputación Provincial de Alicante, 1994; Nicolás ORTEGA, Política agraria y dominación del espacio, Madrid, Ayuso, 1979; Joan SARDA, «El Banco de España (1931-1962)», en El Banco de España. Una historia económica; Pedro SCHWARTZ y Manuel Jesús GONZÁLEZ. Una historia del Instituto Nacional de Industria, 1941-1975, Madrid, Tecnos, 1978: Javier TUSELL, «La autarquía cuartelera», en Historia 16, n.° 115; Ángel VIÑAS y otros, Política comercial exterior de España (1931-1975), Madrid. Banco Exterior de España, 1979 (*).

Sobre la cultura española de la época una posible bibliografía muy selectiva sería la que a continuación se cita procurando clasificarla, de forma elemental, en aspectos temáticos.

Cuestiones generales, literatura y pensamiento: José Luis ABELLÁN, De la Guerra Civil al exilio republicano (1936-1977), Madrid, Mezquita, 1982, y, como editor, El exilio español de 1939, Madrid, Taurus, 1978-1979; Alicia ALTED y Manuel AZNAR, Literatura y cultura del exilio español de 1939 en Francia, Salamanca, AEMICGEXEL, 1998; Guillermo ARAYA, El pensamiento de Américo Castro, Madrid. Alianza, 1983; Antonio BENEYTO, Censura y política en los escritores españoles, Barcelona. Euros, 1975; Miguel DELIBES, La censura de prensa en los años cuarenta, Valladolid, Ámbito, 1985; Elias DÍAZ Pensamiento español, 1939-1975, Madrid, Tecnos, 1992; Equipo RESEÑA, La cultura española bajo el franquismo, Bilbao, Mensajero, 1977; José Carlos MAINER, Falange y literatura, Barcelona, Labor, 1971; J. M. MARTÍNEZ CACHERO, La novela española entre 1939 y el fin de siglo. Historia de una aventura, Madrid, Castalia, 1997; Gregorio MORAN, El maestro en el erial. Ortega y Gasset y la cultura del franquismo, Barcelona, Tusquets, 1998; Gonzalo PASAMAR, Zaragoza, Prensas Universitarias, 1991; Julio RODRÍGUEZ PUERTOLAS, Literatura fascista en España, Madrid, Akal, 1986; Javier VARELA, La novela de España. Los intelectuales y el problema español, Madrid, Taurus, 1999; Fernando VALLS, La enseñanza de la literatura en el franquismo, 1936-1951, Barcelona, Bosch, 1983; Rafael VALLS, La interpretación de la Historia de España y de sus orígenes ideológicos en el Bachillerato franquista (1938-1953), Valencia, Universitat de Valencia. Artes plásticas y arquitectura: Arte para después de una guerra, Exposición organizada por la Comunidad de Madrid en 1993-1994; Alexandre CIRIO, La estética del franquismo, Barcelona, Gustavo Gili, 1977; José CORREDOR MATEOS, Vida y obra de Benjamín Falencia, Madrid, Espasa-Calpe, 1979; Ángel LLORENTE, Arte e ideología en la España de la postguerra, 1939-1951, Tesis doctoral leída en la Universidad Complutense; Manuel SÁNCHEZ CAMARGO, Historia de la Academia Breve Crítica de Arte, Madrid, Langa, 1963; Daniel SUEIRO, El Valle de los Caídos, Barcelona, Argos Vergara, 1983; Gabriel UREÑA, Arquitectura y urbanística civil y militar en el periodo de la autarquía, 1936-1945, Madrid, Istmo, 1979, y Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, Madrid, Istmo, 1982.

El cine: Valeria CAMPORESI, Para grandes y chicos. Un cine para los españoles, Madrid, Turfan, 1993; Félix FANES, Cifesa. La antorcha de los éxitos, Valencia, Institució Alfons el Magnanim, 1981. La Universidad: Juan José CARRERAS, Miguel Ángel RUIZ CARNICER, La Universidad española bajo el régimen de Franco, 1939-1975, Actas del Congreso celebrado en Zaragoza en 1989, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991; E. GUTIÉRREZ RÍOS, Juan María Albareda. Una época de la cultura española, Madrid, CSIC, 1970; Gonzalo PASAMAR, Historiografía e ideología en la postguerra española, la ruptura de la tradición liberal, Universidad de Zaragoza, 1991; Benjamin RIVAYA, Filosofía del Derecho y primer franquismo, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.

Como memorias de intelectuales que retratan esta época véase: Carlos BARRAL, Años de penitencia, Madrid, Alianza, 1975; José Manuel CABALLERO BONALD, Tiempo de guerras perdidas, Barcelona, Anagrama, 1995; Carlos CASTILLA DEL PINO, Pretérito imperfecto, Barcelona, Tusquets, 1997; Camilo José CELA, Memorias, entendimientos y voluntades, Barcelona, Plaza y Janes-Cambio 16, 1993; Fernando FERNÁN GÓMEZ, El tiempo amarillo. Memorias, Madrid, Debate, 1990; Julián MARÍAS, Una vida presente. Memorias, Madrid, Alianza Editorial, 1988-1989. El papel del catolicismo durante estos años principalmente en: Alfonso ALVAREZ BOLADO, El experimento del nacional-catolicismo, Madrid, Edicusa, 1976; José ANDRÉS GALLEGO, ¿Fascismo o Estado católico? Ideología, religión y censura en la España de Franco, 1937-1941, Madrid, Encuentro, 1997; Alfonso BOTTI, Cielo y dinero. El nacional-catolicismo en España (1881-1975), Madrid, Alianza, 1992; Gregorio CÁMARA, Nacional-catolicismo y escuela. La socialización política del franquismo (1936-1951), Jaén, Hesperia, 1984; José CASTAÑO, La JOC en España (1946-1970), Salamanca, Sigúeme, 1978; Basilisa LÓPEZ GARCÍA, Aproximación a la Historia de la HOAC (1946-1981), Madrid, Ediciones HOAC, 1995; Feliciano MONTERO, La quiebra de la unidad. Nacional-catolicismo y Vaticano II en la diócesis de Orihuela-Alicante, 1939-1975, Generalitat catalana-Diputación provincial de Valencia, 1999; Juan Bautista VILAR, «Minorías protestantes bajo el franquismo», separata de La cuestión social en la España Contemporánea, 1981.

A medida que se avanza en la historia del franquismo, el historiador debe recurrir crecientemente a estudios que no son ya necesariamente monografías de carácter universitario sino narraciones periodísticas, más o menos útiles pero, en todo caso, provisionales. Esta afirmación resulta especialmente cierta a partir de los años posteriores a la mitad de la década de los cincuenta.

Para el período correspondiente a este capítulo una selección bibliográfica complementaria acerca de la política del régimen podría ser la siguiente: José Luis ALCOCER, Radiografía de un fraude. Notas para una historia del Frente de Juventudes, Barcelona, Planeta, 1978; Carlos FERNÁNDEZ, El almirante Carrero, Barcelona, Plaza y Janes, 1985; Manuel FERNANDEZ AREAL, La libertad de prensa en España (1938-1971), Madrid, Edicusa, 1971; Ignasi RIERA, Els catalans de Franco, Barcelona, Plaza y Janes, 1998; Nicolás SALAS, Joaquín Benjumea Burin, 1878-1963, Sevilla, Guadalquivir, 1990; J. Lee SHENEI-DEMANN, Spain and Franco, 1949-1959, Facts on File, Nueva York, 1973.

De todos los modos la narración histórica sobre los avatares del régimen debe limitarse de forma casi exclusiva a los libros de memorias de los personajes políticos de especial relevancia para este período: S. ALVAREZ, La larga marcha de una lucha sin cuartel, La Coruña, Ed. Nos. 1994; Alfonso ARMADA, Al servicio de la Corona, Barcelona, Planeta, 1983; José Luis ARRESE, Una etapa constituyente, Barcelona, Planeta, 1982; Cándido, Memorias prohibidas, Barcelona, Ediciones B, 1995; José María GARCÍA ESCUDERO, La primera apertura. Diario de un director general, Barcelona, Planeta, 1978 y Mis siete vidas. De las brigadas anarquistas a juez del 23-F, Barcelona, Planeta, 1995; Antonio GARRIGUES Y DÍAZ CAÑÁBATE, Diálogos conmigo mismo, Barcelona, Planeta, 1978; Laureano LÓPEZ RODÓ, La larga marcha hacia la Monarquía, Barcelona, Noguer, 1977 y Memorias, Barcelona, Plaza y Janés Cambio 16, 1990-1992 (*); Manuel LORA TAMAYO, Lo que yo he conocido. Recuerdos de un viejo catedrático que fue ministro, Cádiz, Federico Joly e Ingrasa, 1993; Torcuato LUCA DE TENA, Franco, sí, pero…, Barcelona, Planeta, 1993; Antonio MENCHACA, Las horas decisivas: Memorias; Madrid, Espasa Calpe, 1992; Mariano NAVARRO RUBIO, Mis memorias, Barcelona, Plaza y Janes-Cambio 16, 1991; Dionisio RIDRUEJO, Escrito en España, Buenos Aires, Losada, 1962 (*); Emilio ROMERO, Tragicomedia de España. Unas memorias sin contemplaciones, Barcelona, Planeta, 1985, y Los papeles reservados, Barcelona, Plaza y Janes, 1985; Federico SILVA MUÑOZ, Memorias políticas, Barcelona, Planeta, 1993. Como se apreciará en la lista transcrita son muchos los títulos que resultan válidos para el período cronológico inmediatamente posterior. Además se incluyen aquí títulos de memorias de personajes de la oposición que bien hubieran podido aparecer en el apartado correspondiente. Con respecto a la oposición, merecen la pena especialmente los trabajos siguientes, que se refieren principalmente a este período: Ignacio FERNÁNDEZ DE CASTRO y José MARTÍNEZ, España hoy, París, Ruedo Ibérico, 1963; Sergio VILAR, Protagonistas de la España democrática. La oposición a la dictadura, 1939-1959, París, Editions Sociales, 1969. La protesta social en: José BABIANO, Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo, Madrid, Siglo XXI-Fundación 1.º de Mayo, 1995; Carmen MOLINERO y Pere YSAS, Patria, pan y justicia. Nivel de vida i condicions de treball a Catalunya, 1939-1951, Barcelona, La Magrana, 1985 y Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad en la España franquista, Madrid, Siglo XXI, 1998.

Cada movimiento de oposición y cada acontecimiento significativo concreto tiene su bibliografía especial. Sobre Ridruejo: Dionisio Ridruejo: de la Falange a la oposición, Madrid, Taurus, 1976. Sobre la agonía del republicanismo: Emilio ATIENZA, El general Herrera. Aeronáutica, milicia y política en la España contemporánea, Madrid, AENA, 1994. Acerca del partido socialista y opciones políticas que luego convergieron con él: Abdón MATEOS, El PSOE contra Franco. Continuidad y renovación del socialismo español, 1953-1974, Madrid, editorial Pablo Iglesias, 1993; Raúl MORODO, Tierno Galván y otros precursores políticos, Madrid, El País, 1987; Enrique TIERNO GALVÁN, Cabos sueltos, Barcelona, Bruguera, 1981; César ALONSO DE LOS RÍOS, La verdad sobre Tierno Galván, Madrid, Anaya y Mario Muchnik, 1997. Acerca del PCE y de las organizaciones sobre la que ejerció influencia: Fernando CLAUDIN, Documentos de una divergencia comunista, Barcelona, Iniciativas Editoriales, 1978; David RUIZ, Historia de las Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1993; Jorge SEMPRÚN, Autobiografía de Federico Sánchez, Barcelona, Planeta, 1977. Sobre la revuelta estudiantil de 1956: Jaraneros y alborotadores. Documentos sobre los sucesos estudiantiles…, Madrid, Universidad Complutense, 1982, y Pablo LIZCANO, La generación del 56. La Universidad contra Franco, Barcelona, Grijalbo, 1981. «El “contubernio” de Munich» en: Joaquín SATRUSTEGUI (y otros), Cuando la transición se hizo posible. El «contubernio» de Munich, Madrid, Tecnos, 1993. Sobre los anarquistas: La oposición libertaria al régimen de Franco, Madrid, Fundación Salvador Seguí, 1993.

Específicamente sobre Cataluña, la región que tiene una bibliografía más abundante: Josep M. COLOMER, Els estudiants de Barcelona sota el franquisme, Barcelona, Curial, 1978 y Espanyolisme i catalanisme. La idea de nació en el pensament politic cátala (1939-1979), Barcelona, L’Avenc, 1984; Hank JOHNSTON, Tales of nacionalism, Rutgers University Press, 1991; El President Tarradellas en els seus textos, 1954-1988, Barcelona, Empuries, 1992.

Quizá la temática en donde haya más estudios históricos recientes sea la política exterior. El pleno reconocimiento internacional del régimen tan sólo se obtuvo con la firma del Concordato y los pactos con los Estados Unidos. Sobre la relación con USA véase, aparte de los textos ya mencionados: María Jesús CAVA MESA, Los diplomáticos de Franco. J. F. de LEQUERICA. Temple y tenacidad (1890-1966), Bilbao, Universidad de Deusto, 1989. Eduardo CHAMORRO e Ignacio FONTES, Bases americanas en España, Barcelona, Euros, 1976; R. R. RUBOTTOM y J. C. MURPHY, Spain and the United States since World War II, Nueva York, 1984; Ángel VIÑAS, Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos. Bases, ayuda económica, recortes de soberanía, Barcelona, Grijalbo, 1981 (*), y Arthur P. WHITAKER, Spain and the Defense of the West. Ally and Liability, Nueva York, Harper, 1961. Acerca del Concordato con la Santa Sede: Todo sobre el Concordato, Madrid, Editorial PPC, 1971; Isidoro MARTÍN, El Concordato español de 1953, Madrid, 1954, y Eduardo F. REGATILLO, El Concordato español de 1953, Santander, Sal Terrae, 1961. Acerca de la independencia de Marruecos: Abdelmajid BENJELLOUN, Le patriotisme marocain face au protectoral espagnol. Pages d’Histoire du Mane, Rabat, 1993; Miguel MARTÍN, El colonialismo español en Marruecos, 1860-1956, París, Ruedo Ibérico, 1973, José Ramón DIEGO AGUIRRE, La última guerra colonial de España. Ifni-Sahara (1957-1958), Málaga, Algazara, 1993; y Víctor MORALES LEZCANO, España y el Norte de África: el protectorado de Marruecos, 1912-1956, Madrid, UNED, 1984 y El final del protectorado hispano-francés en Marruecos. El desafío del nacionalismo magrebí (1945-1962); Madrid, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 1998; también, especialmente, María Concepción YBARRA, España y la descolonización del Magreb. Rivalidad hispanofrancesa en Marruecos (1951-1956), Madrid, UNED, 1998. Las relaciones con Portugal: Juan Carlos JIMÉNEZ REDONDO, El ocaso de la amistad entre las dictaduras ibéricas, 1955-1968, Mérida, UNED, 1996. Sobre la política europea y otros organismos internacionales: María Teresa LAPORTE, La política europea del régimen de Franco, 1957-1962, Pamplona, EUNSA, 1992; A. MORENO JUSTE, Franquismo y constitución europea (1951-1962), Madrid, Tecnos, 1998; J. MUNS, Historia de las relaciones entre España y el FMI; Madrid, Alianza, 1986. Acerca de la relación con Cuba: Manuel de PAZ SÁNCHEZ, La diplomacia española ante la revolución cubana (1957-1960), Santa Cruz de Tenerife, Centro de la Cultura Popular canaria, 1997.

Acerca de la política económica en el período inmediatamente anterior al Plan de Estabilización, durante éste e inmediatamente después: Charles W. ANDERSON, The Political Economy of Modern Spain. Policy Making in an Authoritarian System, The University of Wisconsin Press, 1970; Manuel Jesús GONZÁLEZ, La economía política del franquismo (1940-1970). Dirigismo, mercado y planificación, Madrid, Tecnos, 1979; Sima LIEBERMAN, The Contemporary Spanish Economy: a Histórical perspective, Londres, George Alien and Unwin, 1982.

Sobre la cultura en la segunda mitad del franquismo una posible selección podría ser la que sigue, en la que aparecen libros que serán también utilizados en el capítulo siguiente: Memorias de intelectuales: Carlos BARRAL, Años de penitencia, Madrid, Alianza, 1975, y Los años sin excusa, Barcelona Barral, 1978: José Luis CANO, Los cuadernos de Wellintonia. Conversaciones con Vicente Aleixandre, Barcelona, Seix Barral, 1986, J. M. CASTELLET, Los escenarios de la memoria, Barcelona, Anagrama, 1988; Jaime GIL DE BIEDMA, Diario del artista seriamente enfermo, Barcelona, Lumen, 1974; Juan GOYTISOLO, Los reinos de Taifas, Barcelona, Seix Barral, 1986; Manuel MILLARES, Memorias de infancia y juventud, Valencia, IVAM, 1998; Antonio MARTÍNEZ SARRIÓN, Infancia y corrupciones, Madrid, Alfaguara, 1993 y Una juventud, Alfaguara, 1997; Antoni TAPIES, Memoria personal. Fragmento para una autobiografía, Barcelona, Crítica, 1979.

Libros de carácter general: Jordi GRACIA, Estado y cultura. El despertar de una conciencia crítica bajo el franquismo (1940-1962), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1996; Shirley MANGINI, Rojos y rebeldes. La cultura de la disidencia durante el franquismo, Barcelona, Anthropos, 1987; Juan F. MARSAL, Pensar bajo el franquismo. Intelectuales y política en la generación de los años cincuenta, Barcelona, Península, 1979.

Aspectos literarios: Laureano BONET, La revista «Laye». Estudio y antología, Barcelona, Península, 1988 y El jardín quebrado. La escuela de Barcelona y la cultura del medio siglo, Barcelona Península, 1994; José Luis CANO, Poesía española contemporánea. Las generaciones de la postguerra, Madrid, Guadarrama, 1974; Víctor GARCÍA DE LA CONCHA, La poesía española de la postguerra. Teoría e historia de sus movimientos, Madrid, Prensa Española, 1973; España, vanguardia artística y realidad social: 1936-1976, Barcelona, Gustavo Gili, 1979; Román GUBERN, La censura: función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1936-1975), Barcelona, Península, 1981; Alfonso LÓPEZ QUINTAS, Filosofía española contemporánea, Madrid, BAC, 1970; Fernando MÉNDEZ LEITE, Historia del cine español, Madrid, Rialp, 1965; Thomas MERMALL, La retórica del humanismo. La cultura española después de Ortega, Madrid, Taurus, 1978; Santos SANZ VILLANUEVA, Historia de la Literatura española. Literatura actual, Barcelona, Ariel, 1984.

Biografías de intelectuales: Josep M. MUÑOZ I LLORET, Jaume Vicens i Vives. Una biografía intelectual, Barcelona, Edicions 62, 1997; Enric PUJOL, Ferran SOLDEVILA. Els fonaments de la historiografía catalana, Barcelona-Catarroja, Affers, 1995; Javier TUSELL y Gonzalo ÁLVAREZ CHILLIDA, Pemán. Una trayectoria intelectual desde la extrema derecha a la democracia, Barcelona, Planeta, 1998; Javier VÁRELA, La novela de España. Los intelectuales y el problema español, Madrid, Taurus, 1999.

Aspectos de las artes plásticas de este período en: Artistas españoles de París en Praga, 1946, Exposición celebrada en 1993-1994 en la Sala de Exposiciones Casa del Monte de Madrid; Michael BRENSON, Francisco CALVO SERRALLER, Edward J. SULLIVAN, Antonio LÓPEZ GARCÍA, 1990; Lourdes CIRLOT, El grupo «Daual Set», Madrid, Cátedra, 1986; Exposición Antológica de la Escuela de Madrid, Exposición celebrada en Caja Madrid, mayo-julio de 1990; Equipo 57, Exposición celebrada en el Centro de Arte Reina Sofía, 1993; El grupo de Cuenca, Exposición celebrada en la Casa de Alhajas de Caja Madrid en 1997; Víctor NIETO, Lucio MUÑOZ, Lerner y Lerner, 1990; Pintura española de vanguardia (1950-1990), Madrid, Fundación Argentaría-Visor, 1998; Grupo Pórtico, 1947-1952, Exposición organizada por el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Cultura en 1993-1994; Del surrealismo el informalismo. Arte de los años cincuenta en Madrid, Exposición organizada por la Comunidad de Madrid en 1991; Tomás SERAL y CASAS. Un galerista de la postguerra, Exposición organizada en el centro Cultural Conde Duque, 1993; Laurence TOUSSAINT, «El Paso» y el arte abstracto en España, Madrid, Cátedra, 1983; Gabriel UREÑA, Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1969, Madrid, Istmo, 1982.

En este capítulo no existe un apartado específicamente dedicado a la Historia de la Iglesia pero bibliografía de interés sobre ella durante estos años se puede encontrar en: Jesús IRIBARREN, Papeles y memorias. Medio siglo de relaciones Iglesia-Estado en España, 1936-1986, Madrid, BAC, 1992; José LUIS MÍNGUEZ-GOYANES, Don Fernando Quiroga Palacios y su proyección en la Iglesia gallega (1946-1971), Tesis doctoral leída en la Universidad de Santiago, 1996; Antonio MURCIA, Obreros y obispos en el franquismo, Madrid, Ediciones HOAC, 1995.

Sobre el ocio: Jesús GARCÍA JIMÉNEZ, Radiotelevisión y política cultural en el franquismo, Madrid, CSIC, 1980; C. F. HEREDERO, Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961, Generalitat Valenciana-Ministerio de Cultura, 1993; Historia de la música pop, Barcelona, Salvat, 1990; Jesús ORDO VAS, Historia de la música «pop» española, Madrid, Alianza, 1987; Duncan SHAW, Fútbol y franquismo; Madrid, Alianza, 1987; Manuel VÁZQUEZ MONTALBAN, Crónica sentimental de España, Madrid, Espasa Calpe, 1986.

En relación con la bibliografía de este período hay que tener muy en cuenta lo indicado en el apartado correspondiente del capítulo anterior e incluso que en este caso las deficiencias bibliográficas resultan incluso mayores. Los trabajos de investigación histórica propiamente dicha resultan escasos, y las listas bibliográficas deben ser completadas por reportajes periodísticos y otro tipo de libros cuyo contenido muy probablemente resulte un tanto perecedero. Cabe la posibilidad, por otro lado, de que algunos de los personajes políticos del momento puedan escribir aún sus memorias.

A la lista de trabajos generales hasta ahora transcrita se le pueden sumar los siguientes, porque proporcionan algún conocimiento complementario de las fases últimas del franquismo que quizá no aparece o resulta más desdibujado en otros libros: Jean GRUGEL y Tim REES, Franco’s Spain, Arnold, 1997, como ejemplo de bibliografía extranjera; El legado de Franco, Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1993, como ejemplo de trabajo sesgado por tratarse de una recopilación de textos de antiguos colaboradores, e Imaginaires et symboliques dans l’Espagne du franquisme, en Bulletin d’Histoire contemporaine de l’Espagne, XII, 1996, como modelo de investigación muy novedosa.

Para los aspectos políticos se puede añadir a la anterior bibliografía los siguientes títulos de variadísima calidad en cuanto a interés histórico: Francisco Javier CAPISTEGUI, El naufragio de las ortodoxias. El carlismo, 1962-1977, Pamplona, Eunsa, 1997; Jorge DE ESTEBAN y otros, Desarrollo político y Constitución española, Barcelona, Ariel, 1973; Carlos ESTEVEZ y Francisco MÁRMOL, Carrero. Las razones ocultas de un asesinato, Madrid, Temas de Hoy, 1998; Rodrigo FERNÁNDEZ CARVAJAL, La Constitución española, Madrid, Editora Nacional, 1969; Manuel FRAGA IRIBARNE, La España de los años setenta. La política, Madrid, Editorial Moneda y Crédito, 1973; Luis GARCÍA SAN MIGUEL, Estructura y cambio del régimen político español, en Sistema, 1973, y Para una sociología del cambio político y la oposición en la España actual, en Sistema, 1974; Golpe mortal. Asesinato de Carrero y agonía del franquismo, Madrid, El País, 1983; Luis HERRERO, El ocaso de un régimen. Del asesinato de Carrero a la muerte de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 1995; Kenneth N. MEDHURST, Government in Spain. The Executive at Work, Oxford, Pergamon Press, 1973; Josep MELIÁ, El largo camino de la apertura. Del referéndum a las asociaciones, Barcelona, Dopesa, 1975; Santiago MÍNGUEZ, La preparación de la transición a la democracia en España, Universidad de Zaragoza, 1990; Jesús PALACIOS, Los papeles secretos de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 1996: Javier PAREDES, Félix HUARTE. Fuentes históricas, Madrid, Rialp, 1993; Pedro J. RAMIREZ, El año que murió Franco, Barcelona, Argos Vergara, 1985; Javier TUSELL, Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 1993 (*), y Juan Carlos I. La restauración de la monarquía, Madrid, Temas de Hoy, 1995 (*).

Específicamente, acerca de la prensa que por vez primera tuvo protagonismo en la vida política del franquismo: Carlos BARRERA, El diario «Madrid», realidad y símbolo de una época, Ediciones Universidad de Navarra, 1995 (*), y Periodismo y franquismo. De la censura a la apertura, Barcelona, Ediciones Internacionales Universitarias, 1995; Gonzalo DUEÑAS, La ley de prensa de Manuel Fraga, París, Ruedo Ibérico, 1969; José ONETO, Cien días en la muerte de Franco, Madrid, Cambio 16, 1975; Ricardo M. MARÍN DE LA GUARDIA, Información y propaganda en la prensa del Movimiento: «Libertad», de Valladolid, 1931-1979, Universidad de Valladolid, 1994; Pablo PÉREZ LÓPEZ, Católicos, política e información: «Diario Regional», de Valladolid, 1931-1980, Universidad de Valladolid, 1994.

Una selección de memorias de personajes políticos especialmente interesantes para el período final del franquismo en José María DE AREILZA, Crónica de libertad, 1965-1975, Barcelona, Planeta, 1985; Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, Recuerdos de juventud, Barcelona, Grijalbo, 1984, y Confesiones, Madrid, PPC, 1996 (*); Gonzalo FERNÁNDEZ DE LA MORA, Río arriba. Memorias, Barcelona, Planeta, 1995, y El Estado de obras, Madrid, Doncel, 1976; Manuel FRAGA IRIBARNE, Memoria breve de una vida pública, Barcelona, Planeta, 1980 (*); Licinio de la FUENTE, Valió la pena. Memorias, Madrid, EDAF, 1998; José Antonio GIRÓN DE VELASCO, Si la memoria no me falla, Barcelona, Planeta, 1994; Carlos INIESTA CANO, Memorias y recuerdos, Barcelona, Planeta, 1984; Laureano LÓPEZ RODÓ, Testimonio de una política de Estado, Barcelona, Planeta, 1987; Mariano NAVARRO RUBIO, El caso MATESA (datos para la historia), Madrid, Dossat, 1978, y «El caso MATESA explicado por completo», en ABC, 25 y 28 de marzo y 4 de abril de 1988; Julio RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Impresiones de un ministro de Carrero Blanco, Barcelona, Planeta, 1974; Fernando MORAN en diálogo con Juan Carlos VIDAL, Luz al fondo del túnel, Madrid, Alianza Editorial, 1999; Jesús PABÓN, Paginas de unas memorias perdidas, en BRAH, 1995; José Ignacio SAN MARTÍN, Servicio especial. A las órdenes de Carrero Blanco, Barcelona, Planeta, 1983; José UTRERA MOLINA, Sin cambios de bandera, Barcelona, Planeta, 1989; Juan VILA REYES, El atropello MATESA, Barcelona, Plaza y Janés-Cambio 16, 1992.

Para la última fase en la evolución de la oposición al franquismo véase como libros de carácter general: Sebastián BALFOUR, La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988), Valencia, Edicions Alfons el Magnánim, 1994 (*); José María MARÁVALL, Dictadura y disentimiento político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo, Madrid, Alfaguara, 1978 (*), y Paul PRESTON, Spain in crisis. The Evolution and Decline of the Franco Regime, Hassock, Sussex, 1976. Sobre los sectores monárquicos: Rafael CALVO SERER, Franco frente al Rey, París, Sodeca, 1973, y La dictadura de los franquistas, París, Ruedo Ibérico, 1973; José María GIL ROBLES, Un final de jornada, 1975-1977, Madrid, Tordesillas, 1977. El papel de las organizaciones de apostolado católico en los movimientos de oposición en Javier DOMÍNGUEZ, Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo (1951-1976), Bilbao, Ediciones Mensajero, 1985. Un estudio provincial en Pedro IBARRA GÜELL, El movimiento obrero en Vizcaya, 1967-1977. Ideología, organización y conflictividad, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1987. Sobre el Partido Socialista: Carlos y José MARTÍNEZ COBO, La segunda renovación, Barcelona, Plaza y Janes, 1991; Miguel PEYDRÓ CARO, Las escisiones del PSOE, Barcelona, Plaza y Janes, 1980, y Juan TEBA, La Sevilla de Rojas Marcos, Barcelona, Planeta, 1981. Acerca de los comunistas, además de la bibliografía citada hasta el momento: Marco CALAMAI, Storta del movimento operaio spagnolo dal 1960 al 1975, Bari, Da Donato, 1975, y Enrique LÍSTER, ¡Basta! Una aportación a la lucha por la recuperación del partido, Madrid, Gregorio del Toro, 1978. Sobre el sindicalismo, en especial en sus referencias internacionales: Abdón MATEOS, La denuncia del sindicato vertical. Las relaciones entre España y la OIT, Madrid, Consejo Económico y Social, 1997. Acerca de la UMD: La UMD y la causa 250/75, Ministerio del Ejército, Estado Mayor Central, 1976. Sobre ETA y el terrorismo: Ángel AMIGO, Pertur. ETA, 1971-1976, Donosti, Hordago, 1978; Julián AGUIRRE, Operación Ogro. Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco, San Sebastián, 1978; Robert P. CLARK, The Basque Insurgents. ETA, 1952-1980, The University of Wisconsin Press, 1984; Lidia FALCÓN, Viernes 13 y en la calle del Correo, Barcelona, Planeta, 1981; Gurutz JÁUREGUI, Ideología y estrategia política de ETA. Análisis de su evolución entre 1959 y 1968, Madrid, Siglo XXI, 1981, y John SULLIVAN, El nacionalismo vasco radical, 1959-1986, Madrid, Alianza Editorial, 1986. Otros sectores de la oposición: Juan GÓMEZ CASAS, Los cruces de caminos. Antecedentes y pequeña historia de una década, 1966-1976, París, CNT, 1984; Javier ONRUBIA, Historia de la oposición falangista al régimen de Franco en sus documentos, Madrid, Gráficas Maravillas, 1989.

La política exterior de la época final del régimen es abordada, aparte de en la bibliografía ya citada, en un conjunto de textos que están todavía demasiado cercanos a los acontecimientos y al relato comprometido o periodístico. No obstante, hay algunos estudios recientes sobre esta época de la política exterior en Javier TUSELL, Juan AVILES, Rosa PARDO, Marina CASANOVA, Abdón MATEOS, Isidro SEPÚLVEDA, Álvaro SOTO, Congreso internacional. La política internacional de España en el siglo XX, celebrado en la UNED, 1997. Véase también Vicente CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España, Madrid, BAC, 1997; María Jesús CAVA MESA, Los diplomáticos de Franco. J. F. de Lequerica. Temple y tenacidad (1890-1976), Bilbao, Universidad de Deusto, 1989. Mariano de CASTRO y Donato NDONGO, España en Guinea. Construcción del desencuentro, 1778-1968, Madrid, Sequitur, 1998; José Ramón DIEGO AGUIRRE, Historia del Sahara español. La verdad de una traición, Madrid, Ediciones Kaypeda, 1988, y Guerra en el Sahara, Madrid, Istmo, 1991; Juan MAESTRE, El Sahara en la crisis de Marruecos y España, Madrid, 1975; Donato N. NDONGO, Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial, Madrid, 1977; Gustau NERIN, Guinea ecuatorial. Historia en blanco y negro, Barcelona, Península, 1998; Jaime PINIES, La descolonización del Sahara. Un tema sin concluir, Madrid, Espasa-Calpe, 1990; José María RÍOS, ¡Sahara! ¡Sahara! La aventura de los fosfatos. Memorias personales de un ingeniero de minas, Madrid, Fundación Gómez Pardo, 1989; Ramiro SANTAMARÍA, Ifni y Sahara: la guerra ignorada, Madrid, 1984, y Juan Bautista VILAR, El Sahara español. Historia de una aventura colonial, Madrid, Sedmay, 1967. La última etapa de la economía española durante el franquismo es abordada principalmente en las siguientes obras: J. D. DONGES, La industrialización en España. Políticas, logros, perspectivas, Barcelona, Oikos-Tau, 1976; Michel DRAIN, Iniciación a la economía de España, Barcelona, Ariel, 1971; Arturo LÓPEZ MUÑOZ y José Luis GARCÍA DELGADO, Crecimiento y crisis del capitalismo español, Madrid, Edicusa, 1968; Jesús PRADOS ARRARTE, El plan de desarrollo de España (1964-1967). Exposición y crítica, Madrid, Tecnos, 1965; Manuel ROMÁN, Los límites del crecimiento económico español, 1959-1967, Madrid, Ayuso, 1972; Jacinto Ros HOMBRAVELLA, Política económica española, 1959-1973, Barcelona, Blume, 1979, y Ramón TAMAMES, España ante el segundo plan de desarrollo, Barcelona, Nova Terra, 1968.

Las transformaciones sociales y de mentalidad acontecidas en la fase final del franquismo tienen ya una bibliografía abundante: Mariano AGUILAR OLIVENCIA, El Ejército español durante el franquismo, Madrid, Akal, 1999; Alfonso G. BARBANCHO, Las migraciones interiores españolas, Madrid, Instituto de Desarrollo Económico, 1967; Julio BUSQUETS BRAGULAT, El militar de carrera en España. Estudio de sociología militar, Barcelona, Ariel, 1967; Salustiano DEL CAMPO, Análisis de la población de España, Barcelona, Ariel, 1972; Fundación FOESSA, Informe sociológico sobre la situación social de España, Madrid, Euramérica, 1966 y 1970; Juan José LINZ y Amando DE MIGUEL, «Within nation differences and comparisons: the eight Spains», en MERRIT y ROKKAN, Comparing Nations, Yale University Press, 1966; Rafael LÓPEZ PINTOR, Los españoles de los años setenta: una versión sociológica, Madrid, Tecnos, 1975; Carmen MARTÍN GAITE, Usos amorosos en la postguerra española, Barcelona, Anagrama, 1987; Jesús M. DE MIGUEL, El ritmo de la vida social. Análisis sociológico de la población en España, Madrid, Tecnos, 1973; Luis OTERO, Mi mamá me mima, Plaza y Janes, 1998; Víctor PÉREZ DÍAZ, Estructura social del campo y éxodo rural, Madrid, Tecnos, 1966; Fernanda ROMEU, El silencio roto. Mujeres contra el franquismo, Oviedo, Gráficas Summa, 1994; Eduardo SEVILLA GUZMÁN, La evolución del campesinado en España, Barcelona, Península, 1979; José Félix TEZANOS, Estructura de clases en la España actual, Madrid, Edicusa, 1975, y Las nuevas clases medias, Madrid, Edicusa, 1973, y José Juan TOHARIA, El juez español. Un análisis sociológico, Madrid, Tecnos, 1975.

Como se ha advertido en el texto, la evolución de las mentalidades españolas puede ser ejemplificada perfectamente con el caso de la Iglesia. Sobre ella durante todo el período franquista, pero con especial relevancia en este período en que los cambios resultaron especialmente significativos, véase Gregorio CÁMARA, Nacional-catolicismo y escuela. La socialización política del franquismo (1936-1951), Jaén, Hesperia, 1984; Feliciano BLÁZQUEZ, La traición de los clérigos en la España de Franco, Madrid, Trotta, 1991 (*); Audrey BRASSLOFF, Religión and Politics in Spain. The Spanish Church in Transition, 1962-1996, Macmillan, 1998; José CASTAÑO, La JOC en España (1946-1970), Salamanca, Sígueme, 1978; Catolicismo en España. Análisis sociológico, Madrid, Instituto de Sociología Aplicada de Madrid, 1985; Juan GONZÁLEZ ANLEO, Catolicismo nacional: nostalgia y crisis, Madrid, Ediciones Paulinas, 1975; Olegario GONZÁLEZ DE CARDENAL, Meditación teológica desde España, Salamanca, Sigúeme, 1970; Juan GONZÁLEZ CASANOVA, La revista «El Ciervo». Historia y teoría de cuarenta años, Barcelona, Península, 1992; Crisis y conflicto en la acción católica española y otros órganos de apostolado seglar, documentos revisados y presentados por José GUERRA CAMPOS, Madrid, Ediciones Adve, 1989; Juan María LABOA (ed.), El postconcilio en España, Madrid, Ediciones Encuentro, 1988; José Luis MARTÍN DESCALZO, Tarancón, el cardenal del cambio, Barcelona, Planeta, 1982; número extraordinario dedicado al catolicismo español en Cuenta y Razón, 1985; Joaquín RUIZ-GIMÉNEZ, El camino hacia la democracia. Escritos en Cuadernos para el Diálogo (1963-1976), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985; Juan José RUIZ RICO, El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-1971), Madrid, Tecnos, 1977; Ángel TELLO, Ideología y política. La Iglesia católica española (1936-1959), Zaragoza, Pórtico, 1984; varios autores, Iglesia, Estado y sociedad en España, 1930-1982, Barcelona, Argos Vergara, 1984.

Aspectos de la cultura de la época franquista no abordados hasta el momento en Eduardo HARO TECGLEN, El niño republicano, Hijo del siglo, El refugio, Madrid, Alfaguara-El País-Aguilar, 1996-1999; Adolfo MARSILLACH, Tan lejos, tan cerca. Mi vida, Barcelona, Tusquets, 1998; «Triunfo» en su época, jornadas organizadas en la Casa de Velázquez en octubre de 1992, Ecole des Hautes Etudes-Casa de Velázquez, Ediciones Pléyades, 1995; Pintura española de vanguardia (1950-1990), Madrid, Fundación Argentaría-Visor, 1998. Un estudio local: Luis Alfredo LOBATO, Dos décadas de movimiento cultural y universitario en Asturias (1957-1976), Gijón, Trea, 1998.

JAVIER TUSELL GÓMEZ, (Barcelona 26 de agosto de 1945 — Barcelona 8 de febrero de 2005) fue un historiador español, catedrático de Historia Contemporánea en la UNED.

Nacido en Barcelona, se trasladó pronto a Madrid con su familia, donde curso el bachillerato y posteriormente las carreras de Filosofía, Historia y Ciencias Políticas.

Tras doctorarse y especializarse en Historia Contemporánea, se dedicó a la docencia desde 1966.

Especialista en la historia contemporánea de España, Tusell construyó una producción ingente e imprescindible para el conocimiento de la historia política de España en el siglo XX: elecciones y partidos políticos, Alfonso XIII, el caciquismo, el golpe de estado de Primo de Rivera, la democracia cristiana en España, Franco y su régimen, España y la II Guerra Mundial, las relaciones entre Franco y el Conde de Barcelona, los católicos bajo el «franquismo», la oposición democrática a dicho régimen, Carrero Blanco, Arias Navarro, la figura del príncipe y después rey Juan Carlos. Todo ello para tratar de explicar un tema crucial y obsesivo para la generación a la qué perteneció: la democracia en España, las razones por las que no se estabilizó durante la Segunda República y las consecuencias de su fracaso —la dictadura «franquista»—, así como el restablecimiento de la democracia y el carácter de la Monarquía del rey Juan Carlos I y del Estado de las autonomías.