Dividida en cuatro volúmenes, la Historia de España en el siglo XX abarca un periodo especialmente controvertido, cuyo conocimiento es imprescindible para cualquiera que desee hacer un diagnóstico del presente. España ha sido protagonista de dos acontecimientos fundamentales en este siglo —la Guerra Civil y la Transición a la democracia— la cultura española ha alcanzado desde comienzos del siglo XX unas cotas que permiten establecer un paralelismo con el siglo de Oro.

Este segundo volumen estudia la crisis de los trascendentales años treinta, en los que la Segunda República y la Guerra Civil marcaron la vida de los españoles.

Una obra fundamental para entender la España de hoy.

Javier Tusell

Historia de España en el siglo XX

II. La crisis de los años treinta: República y guerra civil

ePUB r1.3

JeSsE 06.02.14

Título original: Historia de España en el siglo XX (II. La crisis de los años treinta: República y guerra civil)

Javier Tusell, 2000

Retoque de portada: JeSsE

Editor digital: JeSsE

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Plenitud y crisis de los años treinta

Resulta imposible exagerar la importancia que tienen los años treinta en la Historia española contemporánea. Gran parte de la bibliografía del pasado, aunque proporcionalmente menos de las investigaciones del presente, se ha centrado en este período por razones que son fácilmente comprensibles y que derivan de lo trágico de las circunstancias vividas en este momento así como de la trascendencia para el futuro de la experiencia colectiva por la que los españoles pasaron entonces. Sólo alcanza su explicación el tiempo posterior teniendo en cuenta lo sucedido en estos momentos, como si lo que aconteció en estos años revistiera una especial densidad histórica. Los años treinta son un período de nuestro pasado en el que da la sensación de que los acontecimientos revisten una especial importancia, como si se negaran a ser narrados de la misma forma que cualquier otro período de la Historia de España. Por supuesto, esta sensación no es casual y ello deriva de varios factores. En primer lugar, la peculiaridad española en lo que a la Historia del siglo XX se refiere deriva probablemente de este período y no de otro. Con diferencias de matiz el sistema político del liberalismo oligárquico tenía similitudes con fenómenos parecidos en la Europa de la época y, si no en la mayor parte del occidente del viejo continente, sí en el este era frecuente encontrar fórmulas políticas semejantes a la Dictadura de Primo de Rivera. En cambio, la experiencia democrática que vivió España a partir de 1931 no fue un fenómeno habitual porque, por más que pueda haber comparaciones con lo sucedió en Europa oriental en la primera posguerra mundial, el intento que supuso la Segunda República española fue mucho más profundo en sus propósitos reformistas en lo social y participativos en lo político que cualquier otro régimen europeo de entreguerras. Todavía constituye un signo distintivo más peculiar del caso español la Guerra Civil de 1936-1939: fue el único caso relevante de presencia, por desgraciados motivos, de España en el escenario internacional durante el siglo XX, al menos hasta el momento de la transición y constituye, además, el único caso en Europa occidental donde se dio una guerra civil en un momento en que tuvo lugar la crisis de un régimen democrático. Su experiencia convulsa creó en parte de la sociedad española, por evidentes razones interesadas, la sensación de que la peculiaridad española era más acentuada y de que se refería también a otros períodos. De ahí interpretaciones sesgadas que resultan injustificables desde el punto de vista historiográfico.

Pero, además, la relevancia de este período deriva también de una sensación que es patente para el historiador y para quienes vivieron esta experiencia histórica. La década de los treinta fue una etapa prometedora, aunque finalmente fallida, pero esto último no puede hacer olvidar lo primero. La Segunda República concluyó en un trágico episodio de discordia civil pero fue la única experiencia realmente democrática que vivió España antes de 1977. Sería una visión anacrónica desde el punto de vista histórico, e injusta desde el intelectual, considerar que en abril de 1931 se iniciaba una singladura radicalmente nueva en la vida nacional. Lo era, sin duda, desde el punto de vista del régimen político, pero los contemporáneos —y con ellos el historiador— la juzgan más bien como la consecuencia de procesos anteriores que ahora parecían tener como resultado lo que parecía un gran paso adelante en la vida colectiva española. A la altura de 1931 España había llegado a una fase de plenitud, producto de una modernización precedente que parecía poderla instalar en un punto de partida nuevo.

Resulta, en efecto, sorprendente la contraposición entre la unanimidad entusiástica con la que fue recibida la República y su triste final. Por supuesto, esta paradoja puede ser interpretada aludiendo a la inveterada tendencia al mesianismo nacional cuya última manifestación fue, antes de 1931, la reacción ante el golpe de Estado de 1923. Sin embargo, una interpretación como ésta pecaría de exceso de desconfianza en el carácter nacional. Existió, además, un factor más decisivo que éste para justificar la alegría generalizada después del cambio de régimen: Es posible que se confiara demasiado en la inmediata solución de los problemas nacionales pero, al menos por vez primera, parecía existir una importante razón para hacerlo. El colapso de la Monarquía se había producido porque, desafortunadamente para ella, por obra y gracia de la clase política monárquica se había identificado completamente con el caciquismo también durante el período 1930-1931. Se puede añadir que no representaba tan sólo un sistema político periclitado sino incluso toda una España ligada al pasado y que, con el transcurso del tiempo, parecía haber entrado en crisis o, por lo menos, conmocionado por el proceso de cambio experimentado desde comienzos del siglo. La proclamación de la Segunda República suponía, en este sentido, que el pueblo español había logrado la victoria sobre sí mismo que implicaba la desaparición de ese sistema de tutela política y que la razón fundamental de ella residía, precisamente, en la referida modernización.

Pero, si es posible explicar la «luna de miel» republicana —esa consideración de la República como la «niña bonita»— desde esos criterios, es también obligado tratar de dar una explicación con los mismos parámetros de la rápida desaparición del entusiasmo inicial y su sustitución por un ambiente hosco y violento que ha quedado en la memoria de la mayor parte de quienes participaron en la vida pública de aquellos años. La modernización había sido efectiva y contribuyó al cambio de régimen al identificar (en parte inevitable y en parte involuntariamente) la Monarquía con la España del pasado, pero pronto se descubrió que también era insuficiente. De haber sido aquélla más amplia y profunda la transición hacia un régimen político nuevo se hubiera producido antes y más pausadamente, quizá sin traumas y acaso sin un cambio en las instituciones fundamentales. Ahora, como en todo el primer tercio del siglo, se demostró de nuevo que, si a la larga la modernización concluye en la estabilización, a corto plazo no resuelve los problemas sino que puede presentarlos de forma más aguda, sobre todo si se dan unas condiciones generales que así lo faciliten. En suma, bien puede decirse que la sociedad española, a la altura de 1930, era lo suficientemente moderna como para tener una democracia pero no lo bastante como para que fuera estable.

La narración de lo ocurrido en España durante los años treinta debe, por tanto, venir precedida de una consideración acerca del grado de modernización logrado hasta aquel momento así como por la alusión a la peculiaridad de las circunstancias que a España le tocó vivir entonces. Antes que nada, mucho más que por las acciones u omisiones de la clase política, el desenlace final de 1936 se ilumina atendiendo a unos factores que, en gran medida, escapaban a su control y eran independientes de su voluntad e incluso de su capacidad de modificarlos. A ellos dedicaremos unas páginas introductorias, imprescindibles para la comprensión de lo que fue la España de los años treinta.

Medio rural y urbano en España en torno a 1930

Lo sucedido en 1930-1931 no se entiende, en efecto, si no se tiene en cuenta que en los años veinte había continuado el proceso de modernización iniciado en España con el cambio de siglo. En cierta manera se podría establecer una comparación entre la transformación acontecida en los años sesenta en la sociedad española y aquélla que tuvo lugar en los veinte, aunque ésta fuera mucho menos espectacular. Así como la transición a la democracia en 1975 fue consecuencia de la previa y profunda transformación de la sociedad española, en 1931 se llegó a un cambio de régimen político como resultado, en buena medida, de la plenitud experimentada con anterioridad por la sociedad.

En algunos historiadores, principalmente extranjeros, ha sido habitual en el pasado la tendencia a presentar la sociedad española de la etapa republicana como un anacronismo en la Europa de la época. Se trataría de una sociedad rural y estancada, alejada de los cambios experimentados en el viejo continente, dominada por fuerzas reaccionarias y condenadas a un ciego enfrentamiento de clases que imposibilitaría cualquier posibilidad de convivencia a corto y medio plazo. Tal imagen, sin embargo, dista de ser exacta, al menos en los términos en que se acaba de hacer. Mucho más correcto sería decir que España era, a estas alturas, un país semi-industrial que había cambiado considerable (pero no definitivamente) con respecto a 1900, en especial a partir del momento en que la posición de neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial facilitó un rápido proceso de industrialización. Claro está que España no había experimentado una mutación tan decisiva como otros países: incluso, por citar un ejemplo, retrocedió en el «ranking» mundial de la producción siderúrgica y textil; hubo países como Italia, Suecia, Bélgica y determinadas zonas del antiguo Imperio Austro Húngaro que avanzaron mucho más en el proceso de modernización, pero España al menos vio disminuir la distancia que la separaba de potencias como Gran Bretaña, Francia y Alemania. Si bien se mira, esta contradicción entre la modernización y sus límites constituye la mejor explicación de las tensiones de la etapa republicana: la estabilidad hubiera sido el rasgo principal de la sociedad española si no hubiera experimentado modificación significativa alguna o si ésta hubiera resultado de la suficiente magnitud como para considerarla homologable a las sociedades europeas más adelantadas. Fue el hecho de que permaneciera en un estado intermedio lo que explica que de su destino resultara la inestabilidad política.

En 1930 ya España no podía ser considerada como un país con una economía agraria y una población rural. La población activa dedicada a la agricultura había descendido desde unos niveles superiores al 65 por 100 al comienzo de siglo hasta el 57 en 1920 y el 45 a comienzos de la cuarta década del siglo. De esta manera, por vez primera en la Historia española, la población activa agraria era inferior a la industrial y la de servicios unidas; la población activa industrial superaba ya el 25 por 100 y la relevancia de este aumento se aprecia en el hecho de que no se produjo un nuevo incremento significativo hasta bien entrada la sexta década del siglo. La condición agrícola de la economía había venido unida hasta el momento a una distribución de la población en pequeños núcleos rurales en los que la influencia de los notables locales era determinante en el terreno político y las libertades estaban de hecho recortadas por el aislamiento y la falta de conciencia cívica. Ahora bien, ya en los años treinta España había dejado de ser esa sociedad abrumadoramente dominada por una población rural que vivía con una perspectiva puramente localista de su horizonte vital. Las ciudades de más de 100 000 habitantes habían pasado de seis a once desde principios de siglo. Si en 1900 la población residente en núcleos mayores de 10 000 habitantes era del 32 por 100, en 1930 alcanzaba el 43 por 100. En esta última fecha tan sólo uno de cada cinco españoles vivía en pueblos inferiores a los 2000 habitantes cuando a comienzos de siglo lo hacía el 27 por 100. Se puede considerar que, en 1930, diez millones de españoles —sobre un total de veintitrés— vivían en zonas urbanas.

Los cambios no se referían tan sólo a la estructura ocupacional de la población sino que afectaban a muchos otros aspectos de ésta. En primer lugar, el crecimiento demográfico era ahora más rápido y constante: los dieciocho millones de habitantes de comienzos de siglo eran en 1921 más de veintiuno y una década después superaban los veintitrés. En este crecimiento había, por supuesto, un factor causal directamente derivado de la modernización pues era producto de la mejora de condiciones higiénicas que, al aproximarse a las de Europa, acercaban también las tasas de mortalidad españolas a las del viejo continente, pasando de un 25 por 1000 en torno a 1907 a menos de un 10 por 1000 hacia 1930. El descenso fue especialmente espectacular en lo que respecta a la mortalidad infantil, entendiendo por tal la de los menores de cinco años: de un 12/1000 en 1900 se pasó a 7 en 1921 ya 5/1000 en 1931. De todos modos todavía la situación higiénica ofrecía muchos aspectos en que era posible la mejora: incluso en la tercera década del siglo se pudo atribuir a las diarreas estivales hasta una cuarta parte de las muertes. La gripe en 1918 fue el último caso de epidemia con verdadera relevancia demográfica en la Historia española. El descenso de la mortalidad tuvo como efecto, lógicamente, que la esperanza de vida de los españoles progresara, pasando de los 35 años a comienzos de siglo a los 50 en la década de los treinta. Y si las tasas de mortalidad españolas se iban homologando a las europeas algo parecido sucedió con las de natalidad. En el período 1911-1920 se produjo lo que Nadal ha denominado «el primer gran repliegue de las madres españolas» al disminuir la tasa de natalidad desde el 34/1000 al 29/1000. Se señalaba así una tendencia que perduraría y que se aprecia incluso en la abundancia de información sobre métodos de control de la natalidad en la prensa y en la publicística de los años treinta.

También en la emigración se produjeron cambios importantes desde inicios de siglo. El más decisivo fue la drástica reducción de la emigración ultramarina: si en la primera década de siglo el crecimiento demográfico español había desembarcado en América hasta 600 000 personas, la emigración disminuyó como posibilidad vital ya en la segunda década del siglo en que el número de nacidos, algo superior a los dos millones de personas, contribuye a explicar la presión de la juventud sobre el mercado de trabajo y la agitación social en la etapa republicana. Se trataba de jóvenes —entendiendo por tales a los grupos de edad entre los 15 y los 34 años— que accedían a la edad laboral y que no encontraban ocupación. Su presencia resultaba especialmente patente en las grandes urbes como Madrid, donde se ha calculado que suponían alrededor de un 40 por 100 de la población. Por supuesto esto no quiere decir que la emigración desapareciera radicalmente, pero sí que tendió a disminuir, en especial en los años veinte, etapa en que las cifras de salidas anuales se estabilizaron en torno a las 15 000. Además, la emigración se modificó en lo que se refiere a su dirección y duración, pasando de americana a europea y de estable a temporal. En 1914 existía ya una importante minoría española en Francia, calculable en unas cien mil personas.

Durante la Primera Guerra Mundial un buen número de españoles, procedentes sobre todo de las áreas levantinas, fueron a engrosar esa emigración hasta tal punto que la ciudad de Nimes llegó a tener la mitad de su población de procedencia española. Una parte de estos emigrantes regresaron a España concluido el período bélico, pero en 1931 su número en Francia se había elevado hasta los 350 000. A pesar del creciente grado de urbanización de la sociedad española la divergencia de comportamientos entre el campo y la ciudad persistía, aunque quizá no de una manera tan acentuada como en el pasado.

La sensación de transformación y cambio caracterizaba a la segunda, mientras que el primero mostraba sobre todo una estabilidad que sólo alteraba levemente el transcurso del tiempo. Es cierto que España era mucho más urbana pero la población activa agraria era mayoritaria en nada menos que 46 de las 50 provincias españolas. En 1935 los abonos utilizados por el agricultor español representaban el 82 por 100 de los empleados por el italiano y el 64 por 100 de los del francés y los rendimientos por hectárea habían crecido de 4,3 a 6,1 quintales de cereal, pero la superficie dedicada a esta producción apenas se había visto alterada; la producción de trigo por hectárea era en España la mitad que en Alemania o Gran Bretaña. En los años treinta la mecanización de la agricultura española seguía siendo mínima: apenas había 4000 tractores y el 62 por 100 de los arados eran romanos, es decir, los más tradicionales que cabe imaginar. Sólo en los años treinta se pudo percibir el resultado de la política hidráulica que había sido uno de los ejes del regeneracionismo: durante los años republicanos se terminaron treinta pantanos y se triplicó el agua embalsada.

Los cambios en la producción habían sido modestos pero todavía lo fueron más los de la estructura de la propiedad. Sólo en 1900 se habían puesto las bases para la realización de un catastro que a mediados de los años veinte no alcanzaba a cubrir más que un tercio de la superficie agrícola. Además, el Estado no había desempeñado prácticamente papel intervencionista alguno en el mercado de trabajo rural o como redistribuidor de la propiedad: las cifras de la colonización interior resultan irrelevantes. España no era, ciertamente, un país en que se dieran fenómenos latifundistas tan acusados como en los países hispanoamericanos, ni un peso decisivo de la nobleza o el clero en la vida agraria como en el este de Europa después de la Primera Guerra Mundial, pero en ella el 96 por 100 de los propietarios poseían el 47 por 100 mientras que un 3,5 por 100 poseía más de la mitad. Si en México las propiedades superiores a 1000 hectáreas representaban el 62 por 100 en España tan sólo significaban el 5 por 100. Había un problema latifundista —de hecho el término «latifundio» empezó a emplearse con carácter peyorativo a comienzos de siglo— pero no exclusivamente nobiliario y centrado en una parte de España y no en toda ella. Unos 262 nobles poseían 335 000 hectáreas y solían actuar como propietarios absentistas, residiendo en su mayor parte en Madrid y más fácilmente localizables en Francia que en las capitales andaluzas, pero había también otro problema derivado de la concentración de la riqueza agraria en manos de la burguesía en zonas especialmente feraces. Según Bernal, en la Bética el 2 por 100 de los propietarios controlaba el 56 por 100 de la riqueza: no se trataba de un latifundismo que supusiera el mal cultivo puesto que, por ejemplo, tan sólo Sevilla y Cádiz concentraban un 15 por 100 de las cosechadoras existentes en España (en la segunda provincia citada el 40 por 100 de la tierra estaba en manos de 289 propietarios). En cualquier caso una y otra fórmula latifundista contribuyeron poderosamente, junto con la presión demográfica, a crear esa sensación de «hambre de tierra» presente en la agitación social de la época. La comparación entre los salarios agrícolas y los precios al consumo de los productos de primera necesidad revela las parcas mejoras conseguidas por los trabajadores del campo. El índice salarial (1914=100) era de 145 en 1920 y el de precios 220, por 207 frente al 89 en 1930.

Por otro lado en Galicia el viejo problema de los «foros» se podía considerar resuelto antes del advenimiento de la República, aunque mucho más por la propia evolución de la economía gallega que por una disposición oficial como la que la Dictadura promovió en 1926 al objeto de favorecer la redención de dichas rentas. De una manera indirecta, es decir transmitiendo los foros a una clase media que luego se los trasladó al propio agricultor, el problema fue desapareciendo merced a las nuevas disponibilidades económicas nacidas de la comercialización de la ganadería, las transformaciones técnicas de la agricultura y las remesas procedentes de la emigración.

A diferencia de lo sucedido en Galicia, en Cataluña persistía otro problema agrario característico de zona no latifundista. La «rabassa morta», o contrato por el que el cultivador pagaba al propietario una parte alícuota de la cosecha de la vid, venía a ser un arrendamiento de larga duración y muy estable, que fue sustituido por fórmulas menos beneficiosas para el primero cuando se produjo la invasión de la filoxera. La crisis del precio del vino y, sobre todo, la aparición de la Unió de Rabassaires a comienzos de los años veinte, con un programa que defendía la plenitud de los derechos para el cultivador, hicieron nacer una reivindicación que, como comprobaremos, desempeñó un papel de primera importancia en la política republicana.

La estabilidad del mundo agrario explica la emigración del campo a la ciudad que caracterizó todo el primer tercio del siglo XX y que, a la altura de 1930, había producido un crecimiento espectacular de los núcleos urbanos. Ya en 1900 el 9 por 100 de la población había nacido en un lugar diferente de aquél en donde fue censada y, con el transcurso del tiempo, este fenómeno se acentuó de tal manera que, para el índice 1900=100 el crecimiento de las capitales de provincia se situaba en 1930 en 162, por sólo 126 en el total del país. Modernización equivalía en la España del primer tercio del siglo XX a urbanización. Una de las regiones que mayor número de emigrantes recibió fue Cataluña, que pudo acoger un cuarto de millón de personas en las dos primeras décadas de siglo y más de trescientas mil en la tercera. El crecimiento industrial fue el factor decisivo que permite explicar el desarrollo del mundo urbano. Éste experimentó un considerable progreso a partir de la Primera Guerra Mundial, período durante el cual se produjo el mayor diferencial en el crecimiento de la producción industrial entre España y el resto de los países europeos. Aquellos núcleos que experimentaron un proceso de industrialización más lento fueron también los que permanecieron estancados desde el punto de vista demográfico.

Las grandes ciudades españolas, Madrid y Barcelona, experimentaron un crecimiento que, en líneas generales, obedeció a pautas similares: poblaciones cercanas se unieron al casco urbano principal mientras se abrían nuevas vías a la circulación, se planteaba el alojamiento de los emigrantes proletarios recién llegados y, por vez primera, se planificaba a medio y largo plazo. A Madrid, la novena capital europea a la altura de la Primera Guerra Mundial, se incorporó Tetuán de las Victorias y, a partir de 1912, presenció la apertura de la Gran Vía, que haría desaparecer una veintena de viejas calles. En realidad esta vía urbana no pasó de ser la traducción a la capital de España de la filosofía urbanística del «gran bulevar», destinado a descongestionar e higienizar el centro de la ciudad haciendo desaparecer calles antiguas. Desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico la Gran Vía supuso una sucesión de estilos desde el neomudejarismo a la influencia de las innovaciones europeas. El incremento de su número de habitantes (que rondaba ya el millón a la altura de los años treinta, cifra mayor si tenemos en cuenta las poblaciones del entorno) se debió, sobre todo, a la inmigración: unas 250 000 personas acudieron a la capital en la tercera década del siglo. Pero, en muchos aspectos, la capital española distaba de ser una moderna ciudad industrial europea. Por esta época su principal fábrica era una de tabaco y su industria más importante la de confección; su mortalidad (doble de la que se daba en Londres) resultaba semejante a la de algunas ciudades rusas. En 1916 el alcalde, Joaquín Ruiz Giménez, se hizo eco de «el cinturón de miseria que rodea e infecta Madrid», primer impacto del problema del «extrarradio» que contribuiría, en lo político, a convertir a la capital en una urbe cuyo principal partido (desde los tiempos finales de la Monarquía y, sobre todo, en la época republicana) era el socialista. Ya en los años veinte menudearon las propuestas urbanísticas reformadoras que luego se concretarían en el plan Zuazo, durante los treinta; mucho antes, desde finales del XIX, se había dado en la llamada Ciudad Lineal un excepcional ejemplo de urbanismo inspirado en los modelos británicos. Desde los veinte empezó a percibirse una distribución social horizontal de la población y no vertical —en un mismo edificio— como hasta el momento. En los treinta, la principal actividad industrial madrileña era la construcción, que ocupaba a 80 000 personas fundamentalmente en proyectos estatales, como la construcción de la Ciudad Universitaria, o en otros destinados al transporte (el «metro», puesto en marcha a partir 1919). En efecto los medios de comunicación colectivos habían experimentado ya un profundo cambio: el transporte subterráneo, que en 1920 facilitó el traslado a 14 millones de pasajeros, en 1923 alcanzó los 24 para llegar en 1928 a los 70. El resto de las industrias madrileñas importantes eran alimenticias, imprentas, etc. —Perfumería Gal, Imprenta Rivadeneyra, Cervezas El Águila…—, que tan sólo empezaban a dar a la capital la fisonomía de una ciudad industrial y que apenas proporcionaban trabajo a unas 66 000 personas entre todas ellas. Aun así, Madrid empezaba a cambiar de forma importante adoptando el aspecto exterior de una urbe moderna: el definitivo traslado de su centro de gravedad desde la Puerta del Sol al Eje Prado-Recoletos-Castellana supuso la modernización definitiva de la ciudad. Pía, a comienzos de los años veinte, la describió como una «ciudad cortesana y burocrática, basada en el feudalismo agrario emplazado en la meseta». Pero quizá ya entonces resultaba más apropiada la imagen utilizada por Azaña: sería «un poblachón mal construido en el que se esboza una gran capital». Lo era ya, al menos en términos relativos, porque se había convertido en algo más que un centro administrativo poblado por rentistas: Constituía «la capital del capital», como se prueba por el elevado número de empleados de banca o similares que la poblaban.

Barcelona sí tenía un carácter más marcadamente industrial, pero probablemente convenga no exagerar el grado de industrialización de la sociedad catalana: quizá sólo el 20 por 100 de la población estaba constituida por trabajadores industriales, la mitad de los cuales se dedicaba al textil. También Barcelona experimentó —entre las dos exposiciones de 1888 y 1929— un crecimiento muy considerable que la acercó al millón de habitantes. En su caso la voluntad planificadora fue anterior y más decidida: en 1903 se planteó un concurso internacional para prever el enlace entre el Ensanche y los pueblos de alrededor y el poeta Maragall pudo imaginar «la ciudad del sueño», es decir, ideal o de nueva planta. Si la primera permitió que adquirieran su fisonomía inicial la Rambla de Cataluña, el Paseo de Gracia y el parque de la Ciudadela, en la segunda se urbanizó la zona de Montjuich. En 1910 se abrió la Vía Layetana, destinada a poner en comunicación la parte norte de la ciudad con el puerto, y en 1921 Sarria se incorporó al casco de la capital catalana. Mientras tanto había tenido lugar también la unión de la ciudad antigua con importantes núcleos urbanos de la periferia como Sans, Clot y San Gervasio. El nuevo eje de la ciudad estuvo constituido por la Plaza de Cataluña, urbanizada a partir de 1902, y el Paseo de Gracia, en un camino hacia el Norte, que revelan también los sucesivos domicilios de sus habitantes más señeros (como, por ejemplo, el ya citado Joan Maragall). Además, desde el comienzo de siglo el Ayuntamiento, a través de concursos arquitectónicos, promovió el desarrollo de una arquitectura novedosa que competía en voluntad de distinción y de originalidad y acabó por convertir a Barcelona en la ciudad modernista por excelencia en toda Europa. El llamado «Quadrat d’or», a uno y otro lado del Paseo de Gracia, resultó el testimonio óptimo de una burguesía pujante e innovadora y creó un signo de identidad permanente de la capital catalana. Ésta disponía de una activa red de transportes —cincuenta líneas de tranvías a la altura de la Primera Guerra Mundial—, como Madrid. También en ella el peso de la población juvenil era muy considerable y el analfabetismo se situaba por debajo del 20 por 100 en el momento de la proclamación de la Segunda República.

Sería posible hacer una descripción parecida del desarrollo urbanístico de las ciudades españolas, de las que tan sólo se toman estos dos ejemplos como más significativos: todas ellas experimentaron un crecimiento importante a partir de la segunda década del siglo, incorporaron poblaciones contiguas y tuvieron problemas de vivienda para acoger a la población inmigrante. Pero conviene también llamar la atención sobre las considerables diferencias existentes entre unos y otros casos. Bilbao, por ejemplo, creció todavía a mayor rapidez que Barcelona. Se anexionó Deusto en 1925 y Begoña a comienzos de los años treinta; tras proyectar su ensanche al otro lado de la ría, alcanzó los 160 000 habitantes. Fue, además, una de las ciudades en que de forma más clara se pudo percibir la división social horizontal del espacio. En una escala menor Zaragoza, por ejemplo, duplicó su población durante las tres primeras décadas del siglo llegando a los años treinta con 180 000 habitantes; Valencia llegó a sentir un auténtico orgullo patriótico urbano frente al contexto rural que la rodeaba. Las ciudades andaluzas ofrecen un panorama muy distinto. Málaga, que cerró definitivamente en 1907 sus altos hornos, apenas pasó de 130 a 188 000 habitantes durante el período reseñado. Sevilla creció de 148 a 228 000 habitantes pero era considerada como una de las ciudades más mortíferas de Europa —mortalidad del 20 por mil— con más de la mitad de la población infantil todavía no escolarizada. Toda la Historia de la Sevilla del primer tercio del siglo XX puede resumirse en el intento de llegar a tener la Exposición iberoamericana que, en efecto, se llevó a cabo en 1929 y dejó un rastro duradero en el urbanismo y la arquitectura de la ciudad. Fue en este período, además, que surgieron las tradiciones que luego han tenido un profundo arraigo y que se han convertido en el ejemplo prototípico de invención de una tradición: la Semana Santa y la Feria, muy distintas en su origen del definitivo perfil que luego adquirieron.

Fue la España urbana la que presenció principalmente una transformación, patente al comienzo de la década de los treinta y prueba, al mismo tiempo, de la modernización de la sociedad española así como de sus límites: la educativa. En 1910 el porcentaje de analfabetos se situaba en torno al 59 por 100 y la proporción fue disminuyendo con el transcurso del tiempo, de manera que en 1920 era el 52 y en 1930 el 44 por 100. En 1923 se creó una Comisión central contra el analfabetismo que tuvo escasa efectividad pero que constituye un indicio de hasta qué punto preocupaba esta cuestión. En la primera de las fechas indicadas el número de educandos era de un millón y medio que pasaron a tres a comienzos de los años treinta. La aceleración de este progreso de la educación se produjo, sobre todo, en la tercera década del siglo y es patente atendiendo a determinadas cifras. El número de escuelas pasó de 24 000 en 1900 a 29 000 en 1923 y a 35 000 en 1930. En 1931 había unos 35 000 maestros, profesión que había visto incrementar sus efectivos en torno a un 25 por 100 desde 1922; el número de estudiantes universitarios era en 1929 algo más de 40 000 frente a los 23 000 de 1918. Quizá las cifras más significativas sean, sin embargo, las que se refieren a la enseñanza media. El número de sus alumnos apenas creció desde la Restauración hasta comienzos del siglo XX, pero los 32 000 de principios de siglo eran 52 000 en 1914 y 76 000 en 1931; en tan sólo el período 1926-1929 el número de institutos pasó de 62 a 96. De todas maneras, aun siendo significativos estos datos, la sensación de insuficiencia permanece si tenemos en cuenta que el último presupuesto de la Monarquía incluía unos gastos en Guerra y Marina equivalentes al 22 por 100 del total, mientras que los de Instrucción eran tan sólo el 8,5 por 100. España, cuando se proclamó la Segunda República, tenía un 60 por 100 más de analfabetismo y un 25 por 100 menos de tasa de escolarización que Italia.

Los cambios de la sociedad española afectaron también a cada uno de los sectores de que se componía. Sería erróneo considerar la España del reinado de Alfonso XIII como una sociedad muy tradicional dominada por la nobleza y alejada de cualquier tipo de movilidad social; por el contrario, la caracterizó una movilidad importante y, al menos, un cierto declinar de aquellos sectores más vinculados al pasado. La nobleza no poseía más que una doceava parte de la tierra, aunque la proporción llegara hasta una sexta parte en determinadas zonas del sur, pero la de mayor alcurnia desempeñaba un papel social y político decreciente. Sólo un tercio de los senadores eran nobles a la altura de la Primera Guerra Mundial y de esta proporción la mitad eran títulos recientes. Tan sólo en períodos muy determinados, como cuando ejerció el poder Silvela o en la época de Primo de Rivera, es constatable una intervención destacada de la nobleza en la vida política, pero en este último período se trató de la nobleza más reciente y no de la de mayor prosapia. Precisamente ése fue un rasgo muy característico del período, el crecimiento de la nobleza incorporando a ella a personalidades que habían triunfado en la sociedad de su tiempo por motivos económicos o políticos. Entre las personalidades políticas Dato, Maura y Canalejas recibieron sendos ducados y García Prieto el marquesado de Alhucemas; también se otorgaron títulos a algunos militares. Lo relativamente nuevo fue, sin embargo, el gran número de miembros de la burguesía industrial y de negocios que recibieron esta distinción honoraria, lo que explica que el total de títulos creados superara los trescientos. Por supuesto la concesión de un título en nada modificaba la concepción vital de quien lo recibía: resulta absurdo suponer que eso significara un modo de vida especialmente apegado a la tradición o carente de iniciativas económicas, pues no era sino reconocer una trayectoria exitosa en la vida.

Durante el reinado de Alfonso XIII todos los títulos concedidos a los miembros de la alta burguesía catalana lo fueron a personalidades del mundo económico —Sert, Viver, tres títulos concedidos a los Güell…— e incluso se concedió uno al dueño de unos almacenes comerciales, desde entonces conde de Salces del Ebro. Se podría añadir que la propia nobleza (el duque de Alba, por ejemplo) colaboró de modo importante en muchas empresas capitalistas y que una parte de las grandes familias burguesas tardó en reclamar el título nobiliario. El hecho de que entre la mitad y dos tercios de la nobleza residieran en Madrid contribuía a que fuera perdiendo progresivamente influencia social en las regiones en que poseía sus latifundios.

Quizá como mejor se aprecia la movilidad social del reinado de Alfonso XIII es teniendo en cuenta quiénes eran los miembros de la alta burguesía, el origen de su fortuna y la fecha de que databa ésta. En Madrid la fortuna del marqués de Urquijo y la del conde de Romanones, los primeros contribuyentes, era reciente, como también el ennoblecimiento, especialmente en el primer caso; en las grandes fortunas madrileñas la propiedad inmobiliaria jugaba casi siempre un papel muy importante. De las grandes familias barcelonesas, Girona era hijo de un relojero y decía «jo soc de casa pagesa» (soy de familia campesina) y los Ferrer Vidal descendían de un fabricante de barriles; allí la prosperidad procedía de las principales ramas de la actividad económica e industrial y se concretaba en la constitución de una gran empresa familiar que sólo en un segundo momento revestía el carácter de sociedad anónima. Los vínculos entre la política y el mundo económico eran estrechos, pero eso no impedía la movilidad: en 1930 un Güell, es decir, alguien procedente de una de las más conocidas familias barcelonesas, era alcalde mientras que Cambó, quien en principio carecía de medios de fortuna, los consiguió debido más por su condición de «manager» que por su actividad política. En general, igual sucedía en el resto de España, pero ello no quiere decir que la alta burguesía militara necesariamente en los partidos del turno o en su sector más conservador y clerical; esta caracterización valdría tan sólo para una parte de esta clase (el marqués de Comillas o la familia Ibarra). También existía una burguesía periférica liberal (Chávarri en Bilbao) y que podía militar en partidos opuestos al sistema político vigente: aparte del caso, muy patente, de Cataluña, encontramos ejemplos de esta actitud en el País Vasco (Sota, Echevarrieta…, cuya riqueza es bien patente en cualquier conocedor de la ría) o en Asturias (Álvarez Valdés, Pedregal…).

Asimismo es posible percibir un cierto cambio modernizador en lo que atañe a las clases medias profesionales y el funcionariado. Se ha calculado que los efectivos de las primeras se duplicaron en las tres primeras décadas del siglo. En general los miembros de la clase política procedían de la clase media provinciana: los casos de Maura, Alba o Dato son, en este sentido, paradigmáticos mientras que, en cambio, el del marqués de la Vega de Armijo, un título nobiliario de raigambre, parece excepcional, como de otra época. La burguesía agraria, compradora de los bienes de la nobleza o arrendataria de los mismos en el pasado, nutrió también la clase política situando a alguno de sus representantes en la primera fila de la política nacional (así, el caso Niceto Alcalá Zamora). En toda España una figura social ascendente era no sólo el naviero vasco o el industrial textil catalán sino también el terrateniente que había amasado su fortuna mediante compras inteligentes, combinadas con una cuidadosa elección de enlaces matrimoniales. Por su parte la burocracia mantuvo sus efectivos estables en torno a las 100 000 personas pero tan sólo en Madrid representaba algo desde el punto de vista social y, por otro lado, experimentó una importante mutación en su estabilidad y profesionalización: mientras que todavía en la etapa final del siglo XIX incluso el Tribunal Supremo defendía la discrecionalidad del Gobierno al hacer los nombramientos de funcionarios, la ley de julio de 1918 y el posterior Estatuto de septiembre contribuyeron decisivamente al cambio que se consolidó en la etapa de la Dictadura, que tuvo entre sus colaboradores algunas figuras de los que luego serían denominados «técnicos» como, por ejemplo, el ingeniero conde de Guadalhorce.

El cambio en las condiciones de vida de las clases populares es difícil de generalizar. En cualquier caso parece que las transformaciones en el medio urbano fueron más importantes que las que tuvieron lugar en el medio rural. De todos modos parece, según cálculos no totalmente fiables, que el número de jornaleros pudo disminuir de dos millones y medio a un millón y medio durante las tres primeras décadas del siglo, mientras que el de propietarios pequeños o cultivadores directos se pudo incrementar en el mismo período de menos de dos millones a dos millones trescientos mil. Había, en cualquier caso, una notoria diferencia entre el proletario campesino y el industrial y urbano, pues éste recibía a menudo un salario doble que el del primero. Si atendemos a los datos oficiales de la renta «per cápita», cabe deducir que el nivel de vida de la clase trabajadora pudo haber experimentado una mejora indudable al haberse producido un crecimiento de 823 pesetas (de 1929) en al año 1906 a 1030 en 1920 y una cifra semejante en 1930. Sin embargo este cálculo es demasiado general y no tiene en cuenta el coste de las subsistencias. Un estudio del Instituto de Reformas Sociales dictaminó, en torno a 1930, que en la primera posguerra mundial se había producido un deterioro de hasta un 20 por 100 en el nivel de vida de la clase trabajadora, aunque luego en los años veinte la situación cambió en sentido positivo. De todas formas en este estudio se apreciaba también una tendencia general hacia la disminución de la jornada y una fuerte mejora en las actividades más sindicalizadas (minería, industria textil…), de modo que la introducción de la mano de obra femenina en esta última estuvo motivada por su menor combatividad y una conclusión general que resulta la mejor expresión de los límites de la modernización de la sociedad española: «el español, con su salario, puede adquirir un poco menos de la mitad de la ración alimenticia del obrero inglés». Las evaluaciones del peso de la alimentación en el presupuesto de los obreros industriales oscilaban de un 56 al 75 por 100 pero, fuera cual fuera la cifra, sumándole el vestido y la vivienda no quedaba ya prácticamente nada. El estudio de las condiciones de vida en una capital castellana revela que, tanto a comienzos de siglo como en el umbral de los años treinta, tres cuartas partes de los asalariados no estaban en condiciones, con sólo su sueldo, de satisfacer las exigencias elementales de la unidad familiar de tal modo que necesitaban que su mujer o sus hijos se subemplearan por un menguado estipendio.

Con el transcurso del tiempo se había iniciado la aplicación en España de la obra de reforma, consecuencia de la iniciativa del Instituto de Reformas Sociales. Tal legislación se había iniciado con el siglo y había sido producto de la colaboración de los dos partidos del turno y aún de todos los partidos a través de su representación en el citado Instituto; liberales, republicanos, socialistas y católicos colaboraron en esta obra. Un gran impulso recibió la obra reformista en la primera posguerra mundial, momento en que se introdujo en España la jornada de ocho horas al mismo tiempo que en el resto de Europa. La mejor prueba de las resistencias que mereció se encuentra en las palabras de quien, como Cambó, fue probablemente el conservador más moderno de la época: según él aquélla fue «una de las mayores locuras que la Humanidad ha conocido en el transcurso de su Historia».

Quizá el mejor método para apreciar el avance de la reforma social en España, en comparación con otros países europeos, sea la introducción de los seguros sociales.

A fines del XIX, y hasta bien entrado el XX, la situación del trabajador accidentado queda descrita con las siguientes palabras: «El obrero que queda inútil no tiene más auxilio que si los compañeros tienen la bondad de echar un guante a fin de que compre un cajoncito para vender fósforos». Los cambios fueron importantes pero lentos. Aparte de los introducidos por la legislación social se deben tener en cuenta también los que fueron iniciativa de los propios trabajadores. El ahorro popular avanzó a partir de finales del XIX, aún con la modestia que revela que en 1919 algo menos de uno de cada diez trabajadores tenía libreta de pensiones en Barcelona. Sin embargo en el cambio de siglo, como alternativa a la Caixa d’Estalvis tradicional, se crea la Caixa de Pensions, de carácter más popular. En toda la geografía española el ahorro, fuera cual fuera la iniciativa de creación de las Cajas, privada o pública, católica o no, fue desempeñando un papel cada vez más importante. Por otro lado también en el cambio de siglo se desarrollaron considerablemente las sociedades de socorros mutuos. Un cálculo reciente cifra en 1200 las existentes en 1887 que pasan a ser 3000 en 1904 y 5200 en 1916. A partir de un determinado momento los sindicatos se organizaron por el sistema de «base múltiple», fundamentado no sólo en la existencia de una caja de resistencia para casos de huelga sino también en los servicios mutualistas. Esta evolución reviste gran interés porque es asimismo indicio de un cambio en el papel del sindicato en el mundo laboral: si hasta la Primera Guerra Mundial luchó principalmente por su reconocimiento a partir de esta fecha abandona en cierta medida la confrontación mientras que los propios patronos descubrían el importante papel que podía corresponderle como factor para institucionalizar el arreglo de las divergencias. Otros dos aspectos más de la iniciativa de los trabajadores deben ser abordados. El Instituto de Previsión tenía tan sólo 1000 afiliados en 1909 y llegó a los 135 000 en 1917. El movimiento cooperativista también tuvo un despegue finisecular pero, aunque la ley de sindicatos agrícolas de 1906 facilitó su difusión, sólo en 1929 se creó una federación nacional y la regulación legal en esta materia no se produjo sino en tiempos republicanos, momento en que el cooperativismo agrupaba a unas 200 000 personas.

Al mismo tiempo que se describen todos estos cambios es preciso resaltar también las insuficiencias. En el momento de proclamarse la República sólo se había implantado un seguro social obligatorio, el retiro obrero, que beneficiaba a cinco millones de personas; el seguro de paro se planteaba ya como una necesidad acuciante pero tan sólo era eso y en cuanto al de maternidad, aunque se aprobara en 1923, no había llegado a aplicarse. Si tenemos en cuenta que otros países europeos, además de los mencionados, disponían de un seguro de enfermedad entenderemos que la diferencia entre el obrero español y el de otras latitudes europeas no era tan sólo de salario sino que se extendía a otras muchas facetas.

El ritmo de la vida cotidiana a comienzo de los treinta

Durante las tres primeras décadas del siglo XX la vida española experimentó en muchos otros aspectos cambios importantes en sentido modernizador. Hoy nos pueden parecer poco relevantes pero, en realidad, en muchos casos resultan antecedentes directo del presente y para los españoles que hubieran conocido el comienzo de siglo hubieran sido espectaculares.

Quizá el más decisivo se refiere al papel de la mujer. En el Código Civil de 1889 había predominado, de hecho, la idea del varón como único sujeto legal de modo que de él dependía la posibilidad de que la mujer tuviera una vida profesional, suscribiera contratos o ejerciera el comercio. En la práctica estaba sometida al varón y existía un doble modelo de moral sexual. Pero la realidad de la condición femenina había experimentado una evolución importante. En los años veinte había aparecido ya en los contextos urbanos la mujer de vida profesional independiente, sofisticada e incluso dotada de la apariencia nueva que le daba, por ejemplo, el pelo corto. En las revistas de la época algunos ilustradores, como Penagos, crearon el modelo prototípico de esta mujer.

El papel más importante e igualitario de la mujer en la sociedad española empieza a resultar perceptible atendiendo a la evolución de su educación. En 1900 un 71 por 100 de las mujeres no sabía leer, mientras que en 1930 alfabetas y analfabetas se repartían por mitades; en las grandes ciudades el porcentaje de éstas era inferior al 20 por 100. En 1900 sólo había una estudiante universitaria mientras que eran casi 1700 al comienzo de los treinta; sólo en 1910 se derogó una disposición que establecía determinados requisitos previos a la matrícula femenina en la Universidad. Los límites de este cambio se aprecian teniendo en cuenta que durante mucho tiempo siguió existiendo un diferencial entre géneros por motivos educativos.

También en el trabajo la mujer desempeñó un papel creciente hasta tal punto que en 1930 las trabajadoras del textil en Barcelona empezaban a superar en número a los varones. Además existía ya una mayor pluralidad de dedicaciones que a comienzos de siglo: si en 1900 la industria del vestido, el textil y la alimentación cubrían casi el 90 por 100, en 1930 tan sólo llegaban al 65 por 100. Sólo a partir de 1910 empezó a existir un sindicalismo femenino, que tuvo probablemente su élite en las cigarreras. De todos modos, son también perceptibles los límites en el papel desempeñado por la mujer: ya en 1910 en Suecia la mujer representaba el 38 por 100 de la población activa, mientras que en 1930 sólo el 19 por 100 de las españolas formaba parte de la población activa en los tramos de edad entre los 12 y los 19 años. Aunque fue el trabajo en la industria el que más progresó éste seguía siendo un fenómeno relativamente aislado en España. En Cataluña se localizaba el 40 por 100 de la población activa femenina en la industria allá por 1930, mientras que en Granada —o incluso Madrid— más del 80 por 100 pertenecía al sector terciario, principalmente al servicio doméstico. En la capital, de 86 000 mujeres activas en 1930, 62 000 estaban en el servicio doméstico, 7000 en el textil y sólo 4000 en profesiones liberales o asimiladas. En Cataluña el número de trabajadoras en la industria pasó de 100 000 a 250 000 en el período de 1900 a 1930. No obstante la parquedad de estas cifras la propia dinámica de la evolución económica introducía nuevas ramas de actividad en que la mano de obra femenina estaba destinada a desempeñar un papel creciente: en 1926 Telefónica tenía 8750 trabajadores, de los que 3200 eran mujeres. Hasta los años treinta el número de las mujeres presentes en la vida pública había sido muy reducido (principalmente procedieron de los sindicatos, como la anarquista Teresa Claramunt o la socialista Virginia González) pero ya en la República les correspondió un papel apreciable. Una diputada que jugó un papel relevante en la política republicana, Margarita Nelken, todavía consideraba escasos los avances, pero afirmaba también que en España se iba progresando «a pasos agigantados». Lo fueron tan sólo a partir de unos antecedentes muy modestos. Durante los años republicanos el derecho de la mujer al trabajo siguió estando limitado por el estado civil de modo que tan sólo en Cataluña, a partir de 1934, fue eliminado el requisito de la licencia previa marital para permitir el trabajo de la mujer. Aunque los salarios tendieron a homogeneizarse seguían siendo entre el 40 y el 60 por 100 inferiores al salario del varón, según se tratara de trabajo agrícola o industrial. Desde 1870 hasta 1930 el número de sirvientas que aparecían como tales en los censos se situó siempre por encima de las 300 000 personas. Según los testimonios de la época hasta dos tercios de las prostitutas —40 000 en Madrid, según ciertos cómputos— habían pasado previamente por el servicio doméstico.

El papel de la mujer en la actividad laboral o en la vida política constituye tan sólo una dimensión del cambio producido en el primer tercio del siglo XX, que tuvo su eclosión en los años de la República. La reducción de la mujer al marco de lo familiar y doméstico tardó mucho en entrar en crisis. Sólo en el teatro finisecular de Jacinto Benavente aparece —en un contexto social de clase alta— la mujer independiente, aquélla que padece el donjuanismo del marido y se rebela contra él o pretende salirse de su papel convencional y, aun así, lo habitual es que el desenlace de la trama resulte convencional. El feminismo español, de muy diferentes contenidos y significaciones, apareció también con el final de siglo. Con todo la reivindicación de una vida propia, al margen de la institución del matrimonio, fue excepcional. A mediados del XIX Concepción Arenal tuvo que acudir a la Universidad vestida de hombre y los casos de mujeres dedicadas a tareas profesionales fueron tan ocasionales como, por ello mismo, merecedores de atención (María Martínez Sierra, Concha Espina, María Lejárraga).

Sólo en los años veinte, coincidiendo con la aparición de una moda nueva, hubo indicios de liberación de la mujer en el comportamiento sexual, tema que aparece con cierta frecuencia en la narrativa de la época. La difusión de la eugenesia y de los métodos de control de la natalidad se produjo principalmente durante esas mismas fechas teniendo como protagonistas a quienes eran disidentes políticos (Jiménez de Asúa y Marañón, principalmente).

Todo este conjunto de fenómenos, demostrativos de la liberación femenina, adquirió, como queda dicho, una especial relevancia durante los años republicanos. En ellos la mujer se lanzó a la calle desempeñando un papel creciente en la vida pública y no sólo en la política, como pudiera ser el caso de Margarita Nelken, Victoria Kent o Clara Campoamor —a las que habría que añadir las propagandistas de la derecha— sino también en la vida profesional (casi el 4 por 100 ejercían profesiones liberales). Tanto en la enseñanza secundaria como en la universitaria el porcentaje del alumnado femenino se duplicó llegando a representar el 31 y el 9 por 100, respectivamente.

También en materia de comportamiento sexual hubo cambios muy importantes, pero no siempre positivos. Si se presenció un primer paso en la liberación de la mujer en la prensa gráfica o en los espectáculos se hizo presente la comercialización del desnudo femenino. Cuando hubo divorcio algo menos de un tercio de las demandas fueron presentadas por la mujer y en dos tercios de los casos se referían a comportamientos tan flagrantes del varón como los malos tratos o el abandono del hogar. Aun así no debe exagerarse el impacto de esta medida que ofreció resistencia incluso en los medios republicanos de derecha: entre 1932 y 1933 hubo tan sólo 7000 divorcios tramitados con 4000 sentencias firmes. Durante los años treinta los congresos eugénicos contribuyeron a la difusión de métodos anticonceptivos: la década se había iniciado con la publicación de La limitación de la prole, un libro redactado por una feminista, Hildegart. Al descenso de la tasa de natalidad cabe atribuirle ese origen.

Fruto de los cambios del país fueron también las mutaciones en las diversiones populares y en los medios de comunicación. Respecto de las primeras cabe decir que siguieron existiendo las tradicionales, pero también, como testimonio de la apertura del país a los vientos del exterior, se introdujeron modas de procedencia extranjera o se modernizaron las heredadas del pasado, en ocasiones en una mezcla peculiar que desde el punto de vista histórico puede parecer incongruente.

Tomemos, por ejemplo, el caso de la canción popular, elemento fundamental de la cultura de masas, expresión de la vida de una sociedad y testimonio de sus cambios.

La característica de los espectáculos teatrales y musicales españoles, de larga tradición en España, fue contar con partes habladas y cantadas —unidades cortas, fácilmente desgajables, y capaces de popularidad autónoma—, una cierta dramatización, pero con temática muy convencional, exhibición de voces y de cuerpos femeninos y escenografía decorativa. Todo este mundo, con muy diversas denominaciones —zarzuela, género chico o incluso ínfimo, variedades— fue la diversión urbana fundamental hasta el estallido de la guerra civil. La popularidad de los intérpretes y los beneficios económicos de los compositores así lo prueban. Con el transcurso del tiempo la canción —el «cuplé»— fue independizándose del conjunto del espectáculo constituyendo su atractivo principal. Esa canción mantuvo unas características fundamentales pero, con el transcurso del tiempo, también resultaba susceptible a cambios de importancia.

Protagonizada por la mujer, convertida la cupletista en «heroína de nuestro tiempo» (Álvarez Quintero), tenía un contenido sentimental y convencional en lo ideológico, proyectado a través de una música pegadiza. Muy característico de ella, por tanto, resulta una visión tradicional y patriotera pero, sobre este trasfondo, aparecieron novedades. El fin de siglo y los comienzos del XX supusieron el surgimiento de una cierta transgresión en el terreno de la moral sexual con los espectáculos «sicalípticos». Más decisiva fue la superposición, sobre la herencia folclórica, de los nuevos ritmos tropicales o anglosajones y la aparición de espectáculos nuevos caracterizados por la rápida sucesión y la considerable variedad de la oferta. La revista, las «variedades» o los llamados espectáculos «de visualidad» fueron buena prueba de todos esos cambios: en los años veinte estos espectáculos musicales eran lo bastante cosmopolitas como para contar con bailarines negros o tanguistas argentinos. De lo que no cabe la menor duda es de la popularidad de este mundo, semejante al que tendría el disco a partir de los años sesenta (que, en el momento del estallido de la guerra civil, apenas si tenía difusión). En 1912 se calculaba que en España había del orden de 5000 o 6000 locales con orquesta y algún tipo de espectáculo dramatizado. En 1920 se vendieron 110 000 partituras de «El Relicario», un éxito espectacular, en tan sólo un mes. El mundo musical permitió el trasvase desde los géneros más populares a los de mayor exigencia: de hecho en los años veinte y treinta se produjo una recuperación de la gran «zarzuela» (Sorozábal). Todo él se benefició de las transformaciones modernizadoras de la vida española: a partir de 1914 estos espectáculos se electrificaron por completo e incluso nuevas diversiones, como el cinematógrafo, estuvieron —como veremos— muy estrechamente relacionadas en su origen con los espectáculos teatrales y musicales.

Otra diversión tradicional, modificada y, por así decirlo, modernizada en las primeras décadas del siglo, fue el toreo. Quizá la Edad de oro del toreo transcurra entre 1913 y 1920, manteniendo, sin embargo, su esplendor hasta la guerra civil. A partir de la Primera Guerra Mundial una diversión tan popular y tradicional contó con nuevas plazas y, probablemente, reunió multitudes que nunca había logrado hasta el momento: en 1916 se construyó la Monumental de Barcelona y en los años treinta la de Madrid. Es posible que a la altura de la Primera Guerra Mundial hubiera en España 400 plazas y que se sacrificaran unos 5000 toros; noticias como la muerte de Belmonte tuvieron mayor repercusión en la prensa —El Liberal vendió 200 000 ejemplares— que el asesinato del Presidente del Gobierno, Eduardo Dato. Entre los aficionados la rivalidad entre Belmonte y Joselito se tradujo en enfrentamientos casi de carácter religioso. Muy propio del momento fue, sin embargo, la existencia de una polémica en torno a estas cuestiones que llegaron a ser protagonizadas por intelectuales de primera fila. Si Belmonte fue el representante de una cierta tauromaquia exquisita y poco castiza, que logró el apoyo de un Romero de Torres o un Valle Inclán, al mismo tiempo hubo también todo un mundo intelectual contrario a la fiesta nacional. El Sol, el principal diario liberal, no publicaba noticias sobre tauromaquia y hubo escritores, como Eugenio Noel, que dedicaron gran parte de su obra a combatir el toreo con una beligerancia que hubiera sido inconcebible en la generación anterior que, en definitiva, estuvo seducida por los toros a la vez que abominaba de ellos. Cuando Valle Inclán quiso presentar un panorama de la vida nacional recurrió a la metáfora más obvia, es decir, «El Ruedo Ibérico»; Ortega y Pérez de Ayala escribieron sobre política española a partir de metáforas taurinas. Pero, por esos mismos años veinte, el espectáculo taurino experimentaba también una transformación modernizadora. Durante la Dictadura de Primo de Rivera, de quien fue decidido opositor Valle Inclán, se establecieron los petos protectores de los caballos, se prohibieron las banderillas de fuego y se reiteró la supresión de las capeas. Junto a esas diversiones populares de carácter tradicional aparecieron también otras, expresivas de la transformación de la vida española. Cuando Churchill quiso llamar la atención acerca de la modernidad de Alfonso XIII lo describió como un monarca deportista, afirmación que es cierta y que, además, permite poner este fenómeno en relación con el espíritu del tiempo. El deporte estuvo, en efecto, muy conectado en sus momentos iniciales con el regeneracionismo (en realidad con él se pretendía la regeneración del cuerpo humano). También lo estuvo con los estratos privilegiados de la sociedad, aunque llegara a tener con el paso del tiempo un impacto extraordinario en las clases populares. El primer olímpico español fue el tirador de arco Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa de Asturias, que también practicaba el tiro de pichón y el alpinismo. Cuando, en 1909, se creó la Federación española de Fútbol la presidió el propio Alfonso XIII mientras los duques de Alba y Arión desempeñaron las vicepresidencias honoríficas; la aviación deportiva fue patrocinada por el Infante Alfonso de Orleans.

La cronología del desarrollo del deporte en España resulta muy clara. Con el fin de siglo se produjo el descubrimiento del deporte como actividad lúdica e higiénica de procedencia extranjera, principalmente británica. Eso explica que, por ejemplo, los primeros partidos de fútbol tuvieran lugar en Huelva, junto a los intereses mineros de Riotinto, o en el País Vasco. La difusión del deporte tuvo lugar principalmente durante la década de los veinte, en la que los españoles obtuvieron los primeros éxitos internacionales. El boxeador vasco Paulino Uzkudun tuvo una carrera francesa y norteamericana y dos tenistas (Manuel Alonso y Lili Álvarez) llegarían a la final de tenis en Wimbledon mientras que el marqués de Trujillos lograba la primera medalla olímpica en hípica. Ya en los años treinta entre los deportes con una práctica consolidada figuraban el ciclismo (personificado en Trueba y Cañardo; la primera vuelta ciclista a España data de 1935) y el baloncesto. La propia palabra «deporte» se popularizó en los veinte, frente al anglicismo «sport». Los jóvenes intelectuales del 27 exaltaron el mundo deportivo frente al académico (como hizo Dalí) o a sus figuras concretas (Alberti cantó a Platko, el portero húngaro del Barcelona). Los intelectuales de otras generaciones fueron capaces también de percibir el cambio ambiental que se había producido en la relación del hombre y la naturaleza. Fernández Flórez, en El malvado Carabel, describió el caso de un oficinista agonizante como consecuencia del simple contacto con el campo.

Ningún deporte alcanzó mayor y más rápida popularidad que el fútbol. En 1930 se pudo escribir que «hoy apenas quedan sin equipo de fútbol ni un lugar insignificante… ni barrio de ciudad secundaria… ni calle de gran ciudad… ni profesión liberal, ni industria o comercio a la moderna… ni en ningún centro recreativo o cultural». Así era: en Madrid, desde la Juventud Republicana hasta Almacenes Rodríguez tenían su equipo de fútbol. Pero la distribución era muy heterogénea, signo de la diferente evolución social de cada región pues fueron las más desarrolladas o industrializadas aquéllas en que el fútbol tuvo un mayor impacto. De los 700 clubes existentes en esa fecha la mitad eran catalanes o vascos. Desde 1910 hubo campeonatos nacionales de fútbol, aunque en ocasiones con dos grupos de equipos contendiendo por separado; la Liga en fórmula actual no llegó sino a finales de los veinte. La popularidad de este deporte de masas creció sobre todo a partir de esta década. Ya en 1924 se construyó el estadio barcelonés de Las Corts, con capacidad para dos decenas de millares de espectadores. En los treinta el balance del reparto de títulos ofrecía un panorama semejante a la distribución geográfica ya descrita: el Athletic de Bilbao había sido 10 veces campeón, 8 el Barcelona y 5 el Madrid y el Irún. El deporte muy a menudo sirvió de cauce para expresar la conflictividad de la vida social. El Barcelona, por ejemplo, a pesar de haber sido fundado por un suizo y tener los colores del cantón de Ticino, fue un club siempre catalanista, como el Athletic fue nacionalista vasco. Otros clubes cambiaron con el transcurso del tiempo en su imagen pública: el Español nació con una connotación semejante al Barcelona —sus colores eran los de Roger de Lauria— y recibió ese título porque sus jugadores no eran de más allá de los Pirineos; luego, sin embargo, se transformó en el club de los menos integrados en Cataluña. El Atlético de Madrid fue originariamente un club de tono intelectual para luego revestirse de una imagen populista. El cinematógrafo se convirtió también en otro medio de distracción de masas, en especial a partir de la década de los treinta. Muy poco después de su invención en Francia uno de los colaboradores de los hermanos Lumiere, Promio, lo mostró en Madrid y el año siguiente Fructuoso Gelabert filmó el primer documental español. Aun así no fue considerado más que como una curiosidad durante mucho tiempo de modo que hasta 1910 se puede decir que el cine español vivió en un «prolongado pionerismo» a pesar de la existencia de alguna figura muy interesante, incluso por su cosmopolitismo, como Chomón. Las escasas películas —de las que tan sólo queda una parte muy reducida— se exhibían como complemento de espectáculos teatrales o musicales en los locales destinados a estos esparcimientos. Hasta la Gran Guerra la localización principal, casi única, de la industria cinematográfica española fue Barcelona y los géneros principales fueron el documental y el cómico, al que se debe sumar el serial de aventuras. En torno a la Primera Guerra Mundial el cinematógrafo empezó a disponer de instalaciones propias, aunque de momento se trataba tan sólo de barracones, y la difusión de la nueva diversión siguió siendo en gran parte ambulante.

Fue en los años veinte cuando el cine empezó a alcanzar una difusión masiva: «Yo nací —respetadme— con el cine», dice un verso del poeta Rafael Alberti. En 1925 había ya casi 1500 salas en España (una décima parte de los existentes en Europa). Algunas de los más frecuentadas en las grandes capitales fueron obra de los principales arquitectos del momento (Anasagasti, por ejemplo). En esos años, además, el cine se benefició del apoyo de algunas figuras singulares del teatro o de la literatura (Benavente, Marquina, Guimerá, Gual…) mientras que despertaba el interés de algunos de los grandes de la generación del 98 (como se demuestra en Luces de Bohemia, de Valle-Inclán). Los más jóvenes fueron los más entusiastas de la nueva forma expresiva y de difusión cultural.

La revista España fue la primera en tener en sus páginas críticas cinematográficas. En 1928 se celebró el primer congreso cinematográfico español. A estas alturas la localización de la industria cinematográfica había cambiado: en Madrid la producción, en manos de empresas de propiedad aristocrática (e incluso con la participación del monarca), tuvo como temática principal la zarzuela (la mitad de las películas de 1923 lo eran en su origen) o el melodrama más cosmopolita. Perojo o Florián Rey fueron los directores y productores más importantes En realidad, el cine no fue nunca mudo porque las películas sin sonido eran explicadas o acompañadas por la música en los locales en que se proyectaban. De todos modos la aparición del cine sonoro representó toda una revolución. En 1931 el número de películas españolas fue tan sólo tres pero en 1935 ya había en España unas 3400 salas de proyección y, de ellas, 1500 estaban adaptadas al cine sonoro. En cuanto a los medios de comunicación la lectura de la prensa demuestra el considerable progreso logrado no tanto por la multiplicación de diarios como por la mejora de la calidad de los mismos. En efecto, desde el final del XIX se produjo una profunda transformación de los periódicos. Por esos años Maeztu y Unamuno dieron por concluida la época del periodismo evangelizador desde la óptica de los partidos, característica de todo el siglo anterior. La nueva prensa era mucho más informativa y, sobre todo, se libró de la tutela de los grupúsculos partidistas. Al mismo tiempo los grandes diarios tuvieron tras de sí empresas sólidas, se renovaron desde el punto de vista tecnológico a partir de la introducción de las linotipias y procuraron dotarse de contenido informativo, al margen de que tuvieran una inclinación genérica acerca alguna de las vertientes ideológicas en las que se dividía la sociedad española, sin que ello supusiera nunca una identificación plena y absoluta. Además, algunos de los nuevos diarios, como ABC, procuraron dignificar la profesión periodística exigiendo dedicación absoluta o pagando sueldos aceptables. Los más importantes tuvieron entre sus colaboradores a destacados intelectuales. Ortega llegó a considerar la prensa diaria como «plazuela» imprescindible para predicar su concepción de una España europeizada: cuando no podía hacerlo en los diarios cercanos por motivos familiares —El Imparcial— o de afinidad de pensamiento —El Sol— no tenía inconveniente en acudir a otras tribunas. Unamuno (como Maeztu y tantos otros) también acudieron a la prensa para promover sus concepciones de España. El primero no tuvo reparo en reconocer que en parte lo hacía por «indudables necesidades de padre de familia». Es cierto que la prensa vivió en lo que El Sol denominó un régimen de «tartamudeo» en lo que respecta a la libertad de expresión: entre 1898 y 1923 hubo 23 suspensiones de los preceptos constitucionales respecto de la libertad de expresión, 9 de ellas de carácter nacional y luego en la Dictadura existió un régimen permanente de censura previa. Aun así no cabe la menor duda de que la prensa española alcanzó cotas inéditas de independencia, influencia y capacidad crítica.

Conviene glosar, aunque sea brevemente, algunas de las principales empresas periodísticas del momento, testimonio todas ellas de los cambios producidos en este mundo. Prensa española fue obra de Torcuato Luca de Tena, un senador liberal andaluz.

Su periódico inicial fue Blanco y Negro, la primera publicación española que utilizó el color, y que pretendió conceder una especial relevancia a la información gráfica. Sin embargo, la obra esencial de la empresa fue el diario ABC (1905), aunque también editó muchas otras publicaciones. Aunque de un liberalismo cada vez más conservador e inequívocamente monárquico, ABC siempre mantuvo una actitud muy independiente que le permitió, por ejemplo, ser estrictamente neutral durante la Primera Guerra Mundial y apoyar a la dictadura pero, al mismo tiempo, criticarla. En esto último coincidió con El Debate, obra de la Editorial Católica, la gran empresa del catolicismo político en torno a la persona de Ángel Herrera que en 1926 procuró elevar el nivel de exigencia del periodismo por el procedimiento de crear su propia escuela de profesionales. Otra iniciativa importante —y anterior— fue la constitución en la primera década de siglo de la Sociedad editorial de España que agrupó a buena parte de los diarios de significación liberal-radical y populista. Fue obra de Miguel Moya, quien presidió durante muchos años la Asociación de Prensa de Madrid, fundada en 1895, primera entidad de defensa de los intereses profesionales. Otra gran empresa periodística fue auspiciada por Nicolás María de Urgoiti, un industrial papelero, madrileño pero de raíces vascas, que promovió también empresas editoriales como Calpe. El diario El Sol fue obra de Urgoiti aunque sus opiniones políticas fueran algo más conservadoras y, en realidad, dependiera principalmente de Ortega y Gasset en su inspiración ideológica. Fue, sin duda, el diario más interesante de la época y tan influyente que en 1931 lo compraron miembros de la alta burguesía para evitar que el republicanismo tuviera en sus páginas un importante vehículo de expresión. La empresa más consistente surgida en el primer tercio de siglo —así, al menos, parece probarlo su propia duración— fue, sin embargo, la de La Vanguardia, un ejemplo de prensa imparcial e informativa que pronto se puso al frente de las publicaciones barcelonesas.

La descripción precedente no deja de ser una mera aproximación que no tiene en cuenta la pluralidad vivida en cada capital importante ni los cambios producidos con el transcurso del tiempo. Por citar tan sólo el caso de Madrid, durante los años veinte se editaban una veintena de diarios de las más diversas tendencias, desde el monárquico conservador ABC hasta el liberal intelectual El Sol, pasando por el católico El Debate y los liberales de tono popular y a veces desgarrado Heraldo de Madrid, La Libertad y El Liberal. En torno a 1918 en España había unos 240 diarios y la tirada total podía ser de millón y medio de ejemplares, aunque esta segunda cifra quizá resulte excesiva.

Mientras tanto declinaban los diarios de partido, incluso los de tradición tan larga como El Imparcial, en donde escribía Ortega y Munilla, padre del filósofo. Durante la Dictadura de Primo de Rivera tuvo lugar una cierta recuperación de la prensa de partido con la aparición de El Noticiero de los Lunes y, sobre todo, con la conversión de La Acción, un diario «maurista», en La Nación, un órgano de prensa al servicio del régimen. Ya en los años treinta apareció Ahora, un diario de gran calidad tipográfica y excelente ilustración que pudo competir con ABC, que en ese terreno había tenido hasta el momento una hegemonía manifiesta. Ahora fue propiedad de Luis Montiel, un importante empresario dueño de muchas otras publicaciones, que se decantó hacia una posición moderada, prorrepublicana y centrista y que llegó a pagar sus colaboraciones mejor que cualquier otro diario.

Pero, además, este período presenció la aparición de un nuevo medio de comunicación, la radio, cuya influencia resultó decisiva en la vida política de la época republicana, aunque en el período anterior se había dedicado ante todo a tareas informativas y culturales. Novedad radical por lo que tenía de instrumento inmediato de transmisión de noticias, oral e imposible de mediatizar, la radio empezó por llamar la atención de los intelectuales de vanguardia como Gómez de la Serna quien aseguró que «así como hay divorciadas porque su marido se dedica al alcohol, a las mujeres o al juego, las hay ahora porque el marido se dedica demasiado a la radiocomunicación». El nuevo medio de comunicación fue configurado como «un servicio público, monopolio del Estado» aunque con posibilidad de que éste hiciera concesiones a particulares La primera radio española empezó a emitir a comienzos de 1924, auspiciada por las empresas eléctricas, difundiéndose amplia y rápidamente. La empresa más importante fue, con el tiempo, Unión Radio, de significación liberal (un hijo de Urgoiti estuvo al frente de ella) aunque en los años treinta debió competir con Radio España, vinculada con el mundo católico. A la altura de 1930 había ya unos cincuenta mil receptores y empezaban a aparecer los informativos que habrían de tener tan importante papel en la vida política de la etapa republicana. El principal fue el titulado La Palabra, de Unión Radio. Durante los años republicanos el número de los receptores existentes creció de forma muy rápida: 145 000 en 1933, 300 000 en 1936 (en Italia 530 000) y también se multiplicó a un ritmo semejante el número de emisoras, en especial las de carácter local (de todos modos quizá se trate de cifras incompletas pues se refieren a las personas que pagaban el canon, pero había quienes no lo hacían). En todos los acontecimientos importantes de la vida política de estos años desempeñó un papel decisivo la radio, incluido en el estallido de la guerra civil: mientras que Arturo Barea, en La forja de un rebelde, nos presenta su utilización desde el bando republicano, el general Queipo de Llano se convertiría en un eficaz propagandista desde el punto de vista de los sublevados.

Tras esta rápida descripción de los cambios sucedidos en la vida española durante el primer tercio del siglo debemos volver a la fecha inaugural de 1931.

La imagen que se deduce de esta España del comienzo de los años treinta es la de un país que, en un grado menor que otros de la Europa occidental, pero de manera indudable, había iniciado el camino hacia la modernización. Si ésta no había sido tan definitiva como en otras latitudes próximas ello no deriva ni de la peculiaridad de un supuesto carácter nacional ni de la incapacidad de las clases dirigentes para avanzar por este camino. En realidad, había sido la lentitud misma del proceso modernizador la que había impedido que se planteara seriamente una reforma global de la sociedad española capaz de hacerla política y socialmente idéntica a las europeas de las que ya era culturalmente homologa. La proclamación de la República pareció testimoniar inicialmente que era posible dar este gran paso adelante y de ahí el entusiasmo con que fue recibido el nuevo régimen, pero pronto se descubrió que las dificultades eran mayores de las previstas y de ahí la decepción sentida. Como hemos señalado, da la sensación de que en 1931 la sociedad española era lo suficientemente moderna como para tener un sistema democrático y no ser gobernada por un liberalismo oligárquico, pero no tanto como para que esa democracia fuera estable.

A la altura de 1931 los españoles se encontraban con el reto de transformar la totalidad de la sociedad española utilizando como instrumento el Estado, pero éste era débil e impotente para la tarea que iba a asumir. De 1890 a 1920 el gasto público había aumentado en un 50 por 100 (en Alemania se había triplicado y en Gran Bretaña e Italia todavía había crecido más que en nuestro país) pero aproximadamente un tercio se dedicaba al pago de la Deuda. Toda la política hidráulica del regeneracionismo había quedado reducida a una décima parte por pura impotencia del Estado de la Restauración que era, al decir de Unamuno, «apariencias de ejército, ficciones de magistratura, sospecha de universidad y escrúpulos de marina». Pero, además, a partir de 1931, este Estado impotente hubo de hacer frente a dos retos añadidos sin cuya comprensión es imposible entender lo sucedido durante la Segunda República.

El impacto de la crisis económica en España

En plena guerra civil, cuando ya la República se debatía entre la vida y la muerte, Manuel Azaña, meditando sobre el origen de la catástrofe, se refirió a los problemas económicos que antes no parecen haber ocupado, al menos de forma obsesiva, su pensamiento. «Éstas fueron, y no los “complots” monárquicos ni los motines anarquistas», —dice— «las dificultades que le salieron al paso a la República naciente y comprometieron su buen éxito. Ninguna propaganda mejor que la prosperidad. Para un régimen recién instalado la crisis económica podía ser mortal». Ya veremos inmediatamente hasta qué punto se puede atribuir tal resultado al impacto sobre España de la crisis económica de 1929, pero, por el momento, es preciso constatar que en el tránsito de un régimen a otro ya desempeñó un papel importante la situación económica marcada por la desvalorización de la peseta y por la sequía y el correspondiente paro en gran parte del sur de España: ya en esos momentos en algunas provincias andaluzas el paro puede haber alcanzado el 20 por 100. Por otro lado, la política gubernamental se caracterizó por su timorato conservadurismo. Así como hubo un «error Berenguer» también puede hablarse de un «error Argüelles», pues este ministro de Hacienda, con sus medidas de contracción del gasto público no hizo sino multiplicar los problemas de paro, ya de por sí bastante graves. De cualquier modo en este terreno la herencia del período dictatorial se demostró tan envenenada como en el terreno político lo había sido para la Monarquía. En esencia los problemas de la economía española durante la primera mitad de los años treinta deben ser explicados en función de los desequilibrios causados en la etapa previa: durante la Dictadura se emitió un volumen de deuda anual que fue más del doble de aquél al que pudo recurrir el nuevo régimen.

En cualquier caso, lo sucedido en el momento de la transición de un régimen a otro fue superado con creces por el deterioro de las perspectivas económicas a partir de abril de 1931. En líneas generales puede decirse que si los años veinte fueron una década de prosperidad y optimismo económico (los «happy twenties») un destino completamente contrario le correspondió a la década siguiente a partir de la quiebra de la Bolsa neoyorquina, que había hecho nacer gigantescas fortunas en un plazo corto de tiempo y que tenía la suficiente trascendencia en la economía mundial como para arrastrar tras de sí no sólo a la norteamericana sino al resto de las economías occidentales. Los factores que más decisivamente influyeron en que la quiebra se produjera fueron la desarticulación del sistema financiero mundial (cuyo centro se encontraba en Gran Bretaña), su sustitución por otro en los Estados Unidos y la brusca contracción del consumo que experimentó este país. Buena parte de los rasgos políticos, sociales e intelectuales de esta época deben ponerse en directa relación con la crisis económica sin la cual, por ejemplo, resultaría incomprensible el volumen de paro existente o el auténtico pavor sentido por las fuerzas conservadoras ante reformas sociales que tenían muy poco de revolucionario.

Lo que nos interesa conocer aquí es el impacto que pudo tener este fenómeno de carácter general en España a partir del momento en que se produjo el cambio de régimen y el advenimiento de la República. A este respecto cabe decir que la opinión de los historiadores de la economía resulta coincidente, aunque con matices. De acuerdo con su criterio, el impacto de la crisis fue menor que en otras latitudes debido a los rasgos más característicos de la economía española de la época. País mediterráneo, periférico, tradicionalmente aislado y todavía semindustrial, España no podía verse tan afectada como, por ejemplo, Alemania. Por eso puede afirmarse que la crisis no fue un factor que de modo decisivo contribuyera al colapso del régimen sino que, a lo sumo, coadyuvó a aquél en una nación que, eso sí, ya tenía bastantes problemas políticos y sociales. En ese sentido se puede decir que constituyó un trasfondo negativo sobre el que se producía la actividad de la clase política dirigente. El mejor testimonio de ese impacto lo proporcionan las cifras de renta «per cápita» que, si suponen un estancamiento o ligero retroceso, no presencian un colapso como el que se produjo en otras latitudes pues su descenso en el período 1931-1933 puede haber sido del orden del 0,5 por 100.

Otros datos resultan coincidentes en el diagnóstico. Los precios al por mayor permanecieron estables, a diferencia de lo sucedido en la mayor parte del mundo, y el nivel de producción en 1936 no era muy diferente del de ocho años antes.

La crisis económica, sin embargo, afectó de manera diversa a los diferentes sectores. El comercio, la industria siderúrgica o el mercado de valores siguieron muy estrechamente la evolución de la crisis mundial. El caso más espectacular fue el del comercio exportador español que, al estar constituido por productos prescindibles, experimentó una drástica reducción, superior en este caso a la del norteamericano o alemán: alrededor de los cinco mil millones al comienzo de la década, por tan sólo unos mil quinientos en el peor momento de la crisis. Los efectos los padecieron regiones de productos agrícolas o industriales de exportación como, por ejemplo, Valencia (naranja) y el País Vasco (hierro). Aun así la contracción del comercio exterior fue mayor en países de parecidas condiciones a las españolas; el deterioro de la cotización internacional de la peseta jugó un papel importante para que el comercio no disminuyera aún más. También alguna industria, como la siderometalúrgica o la de cemento, experimentaron graves problemas debido a la política contractiva del gasto público (y, por lo tanto, de las obras de este carácter); se ha calculado que la inversión pública decreció a un ritmo de un 9 por 100 anual, mientras que la privada lo hizo en torno al 25 por 100, acosada por la inestabilidad social y política. El resultado fue que, por ejemplo, Altos Hornos de Vizcaya redujo sus plantillas en una cuarta parte y el número de mineros descendió de 90 000 a 77 000. Pero este caso no fue tan habitual porque, por ejemplo, la industria química no se vio afectada y la textil se benefició por la mejora general del nivel de consumo popular. Las cosechas de trigo fueron excepcionalmente buenas durante la década, aunque esto provocó problemas de superproducción que ya parecen haber sido estructurales a la altura de los años treinta y que se agravaron por la importación de cereal que imprevisoramente se hizo en 1932.

Hubo otros productos agrícolas, como el plátano, que experimentaron una bonanza espectacular.

Como sucedió en todas partes y era inevitable que aconteciera también en España la crisis económica tuvo una repercusión inmediata sobre el ambiente social que se vivió durante el período republicano. Se puede decir que hubo un auténtico coste económico de la democracia. El incremento de los salarios desde el índice 100 en 1932 hasta el 126 en 1935, cuando el mercado de trabajo se había caracterizado hasta el momento por un exceso de mano de obra, empeoró inevitable y gravemente las expectativas empresariales. Las clases medias y la alta burguesía sufrieron el colapso de una Bolsa que, en el período entre 1930 y 1933, pasó del índice 100 al 53; fue ése el año álgido de la crisis y aquél en que concluyó la experiencia de centro-izquierda reformista de Azaña. Tal colapso que, en principio, no parece justificado por motivos de índole económica, nos indica que los factores políticos desempeñaron un papel importante en la sensación de crisis social perceptible durante los años treinta. Una sensación paralela se tiene al poner en relación el nivel de vida de las clases populares con la protesta social. Es difícil precisar hasta qué punto la República significó una mejora en el nivel de vida de las clases trabajadoras, pero, al mismo tiempo, es evidente que lo fue. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que se produjo una amplia reforma social que afectó a las condiciones de vida de una manera indirecta, pero, además, debe señalarse que hubo un incremento importante en los salarios. Un historiador ha señalado que en la mayor parte de las ramas de la producción se produjeron alzas salariales del 20 por 100 pero hubo sectores en que alcanzaron el 30 por 100. Un estudio monográfico sobre la condición obrera en Barcelona concluye que el 35 por 100 de los trabajadores consiguió una reducción de la jornada laboral, un 55 por 100 vio aumentar sus jornales y un 33 por 100 ambas cosas a la vez. La mejora fue importante y de ella hay testimonios estadísticos y literarios.

Pero, además, el azote del paro, aunque revestido en España de un especial dramatismo dada la ausencia de cualquier tipo de seguro social, no tuvo en nuestro país un impacto tan extraordinario como en otros. En Alemania, en el momento del ascenso de Hitler al poder, superaba el 40 por 100, cifra que estuvo muy lejos de ser alcanzada en España en donde, según los especialistas, el porcentaje de paro era del 5 por 100 en 1932 para ascender, dos años después, al 7,5 por 100, porcentajes semejantes a los de la Italia de la época y algo superiores a los de Francia. Es muy posible que el impacto del paro en el ambiente social se viera multiplicado por el hecho de que no hubo una acción mínimamente efectiva contra él. Las estadísticas de la época, incompletas y dudosas, dan unos seiscientos mil parados en 1933 que eran ya ochocientos cincuenta mil en febrero de 1936; sin embargo, la magnitud de estas cifras puede inducir a error porque incluyen también el paro parcial, que constituía aproximadamente una tercera parte del total. En cualquier caso, el paro jugó un papel importante en determinadas regiones o ciudades aunque puede haber tenido menos importancia en otras. Un estudio sobre la Barcelona republicana asegura, por ejemplo, que este fenómeno afectó, de una u otra manera, al 12 por 100 de la población, lo que sólo en parte puede justificar las tensiones sociales de la capital catalana durante el período; en cambio, en Madrid la reducción a una cuarta parte de las licencias de construcción y el paro consiguiente en esta rama de la actividad supuso que un 35 por 100 de los trabajadores dedicados a ella permanecieran sin trabajo y se radicalizaran considerablemente hacia el anarquismo, en especial en el momento final de la experiencia republicana.

De todos modos, el volumen y la aspereza de los conflictos sociales no pueden explicarse tan sólo por la crisis económica. En 1933 se batieron todos los récords en el número de jornadas perdidas como consecuencia de las huelgas, incluyendo la etapa de la primera posguerra mundial: casi catorce millones y medio y unos ochocientos cincuenta mil huelguistas. Las cifras resultan todavía más espectaculares comparándolas con las de 1926, el año central de la dictadura, fecha en que hubo tan sólo unos veinte mil huelguistas y doscientas cincuenta mil jornadas perdidas. Hay, por lo tanto, una obvia disparidad entre la conflictividad social y ese moderado impacto de la crisis en España. Ni siquiera la sensación de irresolución del problema del paro que pudiera existir basta para justificar el volumen de la protesta social que, además, estuvo acompañada de una enorme aspereza. Otra estadística quizá nos proporcione una clave para entender lo ocurrido: se trata de la relativa a la población reclusa, que en 1933 era de 12 000 personas, el doble que en 1931; de ellas un 10 por 100, al menos, correspondían a delitos contra el orden público.

Ahora bien si estos últimos se producían, es decir si, al margen de la realidad de las condiciones sociales objetivas en relación con el período inmediatamente precedente, había una exasperada protesta social era porque la República no sólo fue un cambio de régimen, sino que produjo una revolución en las expectativas de cambio social de la clase trabajadora. Existían reivindicaciones que eran producto del pasado y que ahora se acumulaban en una demanda global, multiplicándolas el propio cambio político. Así se explica que las huelgas no sólo aumentaran en número sino que cambiaran de carácter: fueron más duraderas y a menudo violentas, acompañadas de la participación en reuniones públicas de masas humanas nutridas, incorporadas a los grupos sindicales existentes. Venían a ser la respuesta ante unas expectativas, nacidas como consecuencia del cambio de régimen político e insatisfechas por la clase dirigente del mismo.

En este punto reside una de las discrepancias más serias en la historiografía económica acerca del período. Mientras que algunos esgrimen los programas reformistas intentados por los diferentes ministerios otros insisten en que no se llevaron a cabo por culpa, principalmente, de la inestabilidad política del período. Se ha llegado a denunciar el «elevado grado de incapacidad política» de los dirigentes de la época, con independencia de su significación partidista. De acuerdo con esta interpretación los gobernantes de izquierda, obsesionados por el deseo de mostrar su honestidad y de ofrecer una imagen distinta de la de Primo de Rivera, insistieron en la necesidad de evitar el dispendio de los caudales públicos. De ahí no sólo la limitación de los gastos en la reforma agraria sino también la declaración de Prieto en el sentido de no construir «ni un kilómetro, ni un solo kilómetro más de ferrocarril ahora». Él mismo había denunciado supuestos favoritismos en la concesión de líneas ferroviarias durante el período precedente, lo que explica su posición en este momento, pero no se debe olvidar que un sector de la historiografía lo ha considerado como el principal promotor de una activa política de gasto público para combatir la crisis. La posición de la derecha gobernante a partir de 1933 es de más evidente explicación y no sólo porque durante su período de gobierno la inestabilidad fuera mayor. Hubo programas de inversiones públicas para combatir el paro pero colapsaron por completo en el momento en que Chapaprieta alcanzó las máximas responsabilidades en el terreno económico. La propensión de la derecha consistió en recurrir a los procedimientos tradicionales: en 1935 tan sólo se emplearon 65 millones en la lucha contra el paro mientras que en los dos años precedentes el incremento en la plantilla de la Guardia Civil fue del orden de un 28 por 100. Parece, pues, tener cierto fundamento la acusación relativa a la incapacidad de la clase política en materias económicas. Se podría pensar que fue la oposición patronal a cualquier tipo de reformas la que permite explicar toda esta exacerbación de la lucha social. Sin embargo el examen de la movilización patronal parece demostrar que fue posterior al comienzo de la agitación, que, además, se identificó con figuras relativamente moderadas de la política republicana, como Lerroux, y que la organización de grandes centrales patronales no fue sino la reproducción en ese ámbito del fenómeno que se había dado también en los sindicatos.

En suma, la exasperada tensión que muy pronto existió en el ambiente social de los años treinta obedeció a la larga etapa previa de reivindicaciones insatisfechas y a la expectativa de que ahora lo serían de modo inmediato. Para la mayoría de los trabajadores la proclamación de la República supuso, en efecto, la esperanza de una mutación esencial de su vida. Este cambio de actitud, principalmente en las esperanzas de futuro, explica en gran medida la decepción posterior. «La República nació alegre y los gobernantes nos la han hecho triste», escribió Ortega, pero todo hace pensar que a ello coadyuvó la creencia en que podía surgir, de forma inmediata, una redención social. Además, la reforma de la legislación laboral, al margen de que en algunos aspectos suscite interrogantes, se llevó a cabo en el momento menos conveniente posible, cuando la situación económica era pésima. Un sistema político naciente se encontró así con una agobiante acumulación de problemas a los que, por sus propias características, le fue muy difícil dar pronta solución. Los incidentes anticlericales, con quemas de edificios religiosos que eran símbolos esenciales de la vida tradicional, o las destrucciones de cosechadoras en el campo andaluz, fueron algunas de las expresiones más ciegas e incontrolables de este estado de cosas. Aunque sea un caso particularmente agrio de esta situación —sin que pueda tomarse como indicativo de lo que sucedía en la totalidad de España— la Sevilla de comienzos de la etapa republicana puede servir como testimonio de cuanto antecede. Entre abril y diciembre de 1931 hubo nada menos que 34 huelgas; mientras que se producía una fortísima sindicalización —el 60 por 100 de la población— el poder público se mostraba impotente ante el pistolerismo (hubo seis gobernadores civiles en tan corto espacio de tiempo) y, en cambio, el fenómeno del paro tampoco era tan agobiante, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes inmediatos de la situación obrera en la capital andaluza. Si en un principio los patronos adoptaron posiciones reformistas con el transcurso del tiempo algunos acabaron por ver en cualquier intento de modificar la situación laboral un propósito revolucionario solapado. En suma, si la crisis económica contribuyó como factor complementario a las tensiones sociales éstas fueron también, e incluso de manera primordial, el producto de una realidad que era originariamente política y que con el transcurso del tiempo la propia política tendió a exasperar. Por ello resulta imprescindible abordar los cambios más profundos que tuvieron lugar en España en la vida política al mismo tiempo que se producía el cambio de régimen.

La democracia de masas:
Movilización política y experiencia de la democracia

Un factor esencial para comprender la vida social española en la etapa republicana es tener en cuenta que, al comienzo de ella, se produjo un cambio decisivo en la forma de vivir la política. Por un lado, la República suponía un cambio de régimen pero, más importante aún, en ese momento se produjo el advenimiento de las masas a la vida pública de una manera aparentemente abrupta porque la Dictadura de Primo de Rivera había servido para ocultar, primero, y dar un carácter brusco, después, a un fenómeno que podía haberse producido poco a poco. En ese sentido puede decirse que la Segunda República fue, ante todo y sobre todo, la experiencia democrática española por excelencia antes de 1977. Nunca tuvo España, ni antes (pues, entonces, lo que había era liberalismo oligárquico), ni después, el régimen de participación de las masas en la vida pública característico de las democracias. Al hacer esta afirmación no se pretende emitir un juicio de valor, sino simplemente constatar un hecho. La afirmación de este carácter democrático sirve para testimoniar una realidad patente para todos los contemporáneos, pero no prejuzga que los dirigentes republicanos acertaran siempre en sus planteamientos, ni tan siquiera implica la viabilidad del intento. Por otro lado, resulta patente hasta qué punto la movilización política tiene un paralelismo con esa agitación social que ha sido mencionada en el párrafo anterior. A fin de cuentas ambas eran testimonio de que las masas habían alcanzado su mayoría de edad frente al poder político y que se habían lanzado al protagonismo en la vida pública; testimonio de la rapidez —y también del maximalismo que derivó de ello— se encuentra en ambos fenómenos paralelos.

Al examinar este fenómeno de la movilización política conviene tener en cuenta, en primer lugar, su cronología. Como ya se ha señalado aquélla se había iniciado antes de la proclamación del régimen republicano y ésta sólo se puede llegar a comprender teniendo en cuenta ese fenómeno. Sin embargo, el proceso requirió algún tiempo para completarse. Las mismas elecciones constituyentes de 1931 han podido ser definidas como unas «elecciones de transición» debido a que todavía no se había configurado la movilización como un fenómeno definitivo. En efecto, en ellas hubo una candidatura oficial republicano-socialista que contó con una evidente ayuda oficial y que no siempre tuvo enfrente una pluralidad de candidaturas de oposición en igualdad real de condiciones. Existen, además, repetidos testimonios de fraude ante la aceptación, por parte del electorado, de lo que constituía, como en otros tiempos, una especie de encasillado oficial. Aun así estas elecciones fueron mucho más auténticas que las del pasado. Pero quizá el factor más expresivo a la hora de calificar estas elecciones como transicionales es el hecho de que el mapa electoral, si por un lado señala las zonas de implantación de algunos grupos como los socialistas, en cambio no muestra de modo definitivo la implantación preponderante de la derecha, que estuvo infrarrepresentada en las Cortes Constituyentes para lo que era su fuerza social real. En definitiva las elecciones de 1931, precisamente por su condición transicional, tuvieron unos resultados que acabaron por causar problemas al mismo sistema político al que dieron luz, pues no facilitaron el consenso constitucional posterior.

La movilización política concluyó a lo largo de 1932 y era ya un fenómeno definitivo a la altura de 1933. Incluso resulta muy probable que a partir de esta fecha la afiliación a los diferentes partidos y organizaciones sociales tendiera a estancarse en la mayor parte de la geografía peninsular. Contribuyó a ello el sistema electoral diseñado para las Constituyentes, que ya no se modificaría a lo largo de la etapa republicana.

Consistía éste, en primer lugar, en una división de España en distritos provinciales o de grandes ciudades que sustituyó a los distritos uninominales de la etapa monárquica, acusados, con razón, de perpetuar el caciquismo. Parece indudable que el sistema logró concluir con éste como factor determinante de los resultados electorales pero hubo, en cambio, aspectos mucho menos positivos. El sistema de atribución de escaños en las Cortes se efectuaba mediante lista y suponía una fuerte prima a la candidatura más votada y la representación muy reducida de la derrotada que, además, debía como mínimo obtener el 20 por 100 de los votos. Este procedimiento tuvo el grave inconveniente de propiciar las grandes coaliciones, con lo que, en cuanto comenzó la polarización política, las alianzas adquirieron un tono esencialmente negativo e incluían en su seno tendencias radicales, incluso contradictorias en lo fundamental. Si una alianza deseaba triunfar debía abarcar en su seno a los sectores más extremistas, porque una diferencia mínima en votos podía ser sustancial a la hora de traducirse en escaños.

Sin duda, un sistema proporcional, aunque tuviera como resultado la fragmentación del panorama político, habría resultado más estabilizador para el régimen.

La legislación amplió, ya al comienzo de la República, el derecho electoral a los varones mayores de 23 años, pero además la Constitución incluyó el de las mujeres. Se trataba de una novedad importante que ni siquiera la Francia republicana había adoptado por el momento y que produjo una clara prevención entre los diputados republicanos de centro e izquierda, la mayor parte de los cuales no la votaron: de 470 diputados sólo 188 lo hicieron y entre quienes se opusieron hubo voces tan importantes como la del socialista Prieto; incluso alguna sugerencia en ese mismo sentido provino de una de las primeras diputadas de la Historia española. En general se atribuía a la mujer una condición conservadora que tampoco parece totalmente cierta, pues si bien nutrió las filas de la derecha católica (un 40 por 100 de los afiliados madrileños a la CEDA eran mujeres y en cambio sólo lo eran menos del 5 por 100 de los radicales) también apareció en un lugar destacado en las socialistas. De todos modos, la participación de la mujer en la vida política fue ya un hecho definitivo que contribuyó a la movilización general del país; en 1933 hubo ya seis diputadas, tres de derecha y otras tantas de izquierda. Al final de la etapa republicana la presencia de la mujer en los actos políticos o electorales era ya muy importante. Quizá la organización política que proporcionalmente desempeñó un papel más relevante en el seno de una tendencia partidista fue la «Emakume Abertzale Batza», es decir, la asociación de mujeres nacionalistas. Aunque había tenido un origen remoto (nada menos que en 1907) su expansión sólo se produjo al comienzo de los años treinta. Unas 20 000 mujeres nutrieron sus filas y en el 80 por 100 de los municipios vizcaínos tenía una sede local. Poco a poco las mujeres nacionalistas fueron conquistando un protagonismo creciente en el seno de esta tendencia política, a pesar de la resistencia en esta materia no sólo de los varones más recalcitrantes sino del propio ideario de Arana.

A partir de 1933 se constata que las elecciones empezaron a desempeñar un papel semejante al que les corresponde en cualquier sistema democrático, es decir, el de ser el mecanismo para cambiar a los dirigentes de la vida pública mediante la libre voluntad de los ciudadanos. Por vez primera en la Historia española las elecciones celebradas en 1933 y 1936 fueron perdidas por quienes estaban en el poder, que sólo pudieron influir de manera muy relativa en los resultados y que no tuvieron la opción de apoyar desde él a candidaturas propias con esperanza de verlas triunfar. Rico Avello en 1933 fue el primer ministro de la Gobernación español en toda la Historia que no fue reelegido en su escaño. La veracidad de las elecciones contribuye a explicar el apasionamiento con que se vivieron las consultas electorales. El modo en que los españoles se enfrentaron con los comicios no puede aislarse de la agitación social y de la tendencia al maximalismo político de los años treinta. Con razón el escritor Wenceslao Fernández Flórez afirmó que «con la cuestión electoral ha sucedido lo que con los baños de sol»; así como otras generaciones los temían cuando en realidad no valían nada, «en nuestros días soportamos la previa campaña electoral con peroratas que la radio lleva a todos los hogares, y cartas y proclamas y amenazas de que los derrotados saldrán disparando tiros».

Claro está que las elecciones españolas de la época tampoco pueden definirse como modélicas. Hubo, en primer lugar, un grado de abstención superior al de la Europa de la época, provocado por factores estructurales, pero también por la fuerza del anarquismo, aunque éste jugó un papel mucho más cambiante de lo que se suele decir pues, por ejemplo, su participación en las elecciones de 1936 contribuyó poderosamente a la victoria del Frente Popular. En realidad el abstencionismo oculta realidades muy diversas. Hubo un abstencionismo profundo, invariable, y otro intermitente en el que se debe contabilizar el específicamente anarquista. Para comprobar la relevancia del mismo basta comparar las cifras de participación en una provincia de singular significación anarquista como era Cádiz. Entre 1933 y 1936 los porcentajes de votantes pasaron, en Cádiz y Ubrique, del 18 y 15 a 61 y 74 por 100, respectivamente. Así como en la primera elección la derecha obtuvo una confortable victoria en la segunda se impuso de manera clara la izquierda. A pesar de las discontinuidades producidas por la participación o la abstención anarquista lo cierto es, sin embargo, que el comportamiento electoral de la etapa republicana fue mucho más estable de lo que puede hacer pensar la brusca variación en la composición del Parlamento. Si se sigue la trayectoria del electorado en un ámbito reducido esa impresión de estabilidad queda ratificada. Así en Guipúzcoa, un 30 por 100 del voto fue para la izquierda mientras que el PNV osciló entre 45 y 35 por 100 y la derecha entre 25 y 35. Incluso la estabilidad se mantiene con el transcurso del tiempo pues los mapas electorales de esta época muestran una cierta continuidad con el pasado. La diferencia fundamental entre las elecciones españolas de los treinta y lo que aquellas significan en un sistema democrático estable reside en la permanencia residual del pasado. El resultado global de las elecciones no podía atribuirse a la influencia de quienes ejercían el poder, a las trampas o al caciquismo, pero perduraron las influencias de la política personalista y clientelista, como también la distinción fundamental entre el comportamiento político del campo y el de la ciudad. Además, la radicalización de posturas y el maximalismo contribuyeron a fomentar la presión violenta en los momentos electorales. Hubo partidos esencialmente caciquiles, como los agrarios, y muchos caciques se incorporaron a las opciones republicanas de centro, en especial al partido radical. En muchas provincias antiguos caciques se integraron en los nuevos partidos políticos pero su influencia se basaba en las mismas realidades del pasado: en Cuenca, por ejemplo, la candidatura de derechas era una suma de cacicatos comarcales, mientras que en Zamora dos antiguas familias liberales, los Cid y los Galarza, seguían monopolizando un poder que se disputaban ahora con violencia, a diferencia de lo que sucedía en la época de la Restauración. Algo parecido puede decirse de la diferencia de comportamiento entre campo y ciudad: en la isla de Gran Canaria la derecha apenas obtenía un 18 por 100 de los votos en la capital mientras que la izquierda en los municipios rurales lograba entre el 5 y el 15 por 100; en Alicante, en la elección de 1933, la izquierda obtuvo 27 000 votos y la derecha 6000, pero los resultados finales casi fueron de empate. En toda Castilla-León, la región más apegada a la tradición, perduraron antiguos políticos de la Monarquía, ahora transformados en republicanos de centro. Casi no hubo provincia de predominio agrario en que no se diera este fenómeno por más que no sea bastante para determinar los resultados electorales. Por lo tanto, aunque la nueva política de movilización fuera lo más novedoso y determinante, de hecho perduró también la política antigua. Claro está que, con el transcurso del tiempo, se fue consolidando esta transformación de la vida social española. Hacia 1936 la política clientelar estaba en claro retroceso. Pero también existían fórmulas intermedias: partidos políticos movilizadores podían tener un apoyo clientelar: tal fue el caso del tradicionalista Oriol en Álava o del católico Sánchez Dalp en Huelva.

Como las elecciones, también los partidos políticos eran y son un mecanismo fundamental de participación en la política democrática y de masas. En realidad, no se puede decir que existieran antes de 1931, pues antes de esa fecha eran en su mayor parte, y a lo sumo, «tertulias caciquiles de notables». Ahora, en cambio, consiguieron movilizar a masas de seguidores y partidarios, al igual que los sindicatos y grupos no específicamente partidistas. Los mejores datos cuantitativos los suele ofrecer el sindicato y el partido socialista. UGT tenía al comienzo de la etapa republicana unos 200 000 afiliados; el mayor incremento se produjo en los primeros meses republicanos hasta llegar a 654 000 en octubre de 1931, pero luego las cifras siguieron progresando hasta alrededor de 780 000 en 1932 y más de un millón en el verano de 1933. No todos ellos cotizaban, pero en parte esto se debía a que el paro afectaba al sindicalismo y al hecho de que, además, la UGT había perdido su condición de aristocracia obrera al mismo tiempo que había superado por vez primera en efectivos a la CNT, que podía tener algo más de medio millón de afiliados. Cabe pensar que parte de afiliación de los partidos republicanos fuera ficticia pero no sólo los sindicatos crecieron de forma espectacular. El PSOE tenía 75 000 afiliados en torno a 1933, fecha en que quizá Acción Republicana tenía 130 000; Unión Republicana se atribuyó luego unos 200 000.

El partido de masas por excelencia de la derecha fue la CEDA que tuvo, en su momento álgido, 700 000 afiliados; era habitual que más de la mitad de las poblaciones de cada una de las provincias tuviera su comité local. Incluso los partidos que, por sus rasgos característicos e incluso por ideología, parecían vinculados a los notables locales, como fue el caso de la Derecha Liberal Republicana, decían tener decenas de millares de afiliados. Pero tan significativo como esta pretensión o realidad de tener miles de afiliados resulta el hecho mismo de que su estructura se modificara de forma sustancial. Incluso los partidos que tenían como principal e incluso única razón de ser la personalidad de su dirigente pretendían tener una estructura democrática, un sistema de cotización y periódicos congresos en los que definir un programa político. Por supuesto en la práctica no era ni mucho menos así en todas las ocasiones: Lerroux controló a la minoría parlamentaria radical sin tan siquiera asistir a sus reuniones y Gil Robles personalizaba a la CEDA, como Azaña lo hacía con Acción Republicana, pero signo de los tiempos era que los políticos se sintieran obligados a estar respaldados por auténticos partidos de masas. Si esto no siempre era cierto al menos es patente, como signo de la veracidad del sistema de partidos, que correspondían a unas peculiares coordenadas sociales y a una implantación geográfica precisa. A título de ejemplo, si comparamos los rasgos de las dos opciones más importantes del republicanismo veremos que existen similitudes —por ejemplo, la virtual ausencia de la mujer entre los afiliados—, pero también importantes diferencias: el perfil de los seguidores de Azaña corresponde a profesionales de la docencia de alrededor de los cuarenta años de edad; los dirigentes del radicalismo, con menor grado de formación, tenían, por el contrario, mayor edad. Si esta correlación entre realidad social y vertebración política resulta ya una indicación del carácter de la veracidad de esos partidos todavía lo es más el hecho de que, como ya se ha advertido, buena parte de la implantación geográfica de los grupos de la etapa republicana persista en los mapas de la actualidad: si ha desaparecido el anarquismo o el republicanismo, el socialismo y la CEDA encuentran su traducción en las elecciones del presente.

En una visión superficial el sistema de partidos de la época republicana puede dar la sensación de ser la expresión misma del pluralismo exacerbado. Ha de tenerse en cuenta, ante todo, que el sistema de partidos partía de cero porque nada tuvo que ver el que existió antes con uno propio de una etapa de movilización política generalizada. Por otro lado, esta realidad del pluralismo partidista resultaba, entonces, y es, ahora, a la vez, producto de la sociedad española (de la época y de momentos posteriores) y testimonio de la autenticidad del sistema partidista. Ahora bien, el sistema evolucionó con el paso del tiempo consolidándose y simplificándose; a fin de cuentas, también en la primera etapa de la democracia republicana los partidos parecían más el producto de una mentalidad que de una ideología propiamente dicha. Por un lado, la España de la época estaba enfrentada en problemas fundamentales: la cuestión del régimen, la controversia entre clericalismo y anticlericalismo, el apego al sistema democrático, la cuestión regional, la transformación o la conservación social… etc, fueron otros tantos motivos de divergencia entre las fuerzas políticas. El sistema electoral, la multiplicación en el nivel regional de opciones que tenían muy poco de diferentes en el nacional (por ejemplo, en Cataluña, a escala autonómica, la Esquerra venía a significar algo parecido al partido de Azaña, cosa que no sucedía con el PNV en el País Vasco) e incluso la perduración de reductos personalistas en el seno de la política provincial contribuían a configurar un abigarrado panorama. Con el paso del tiempo las diferentes posturas fueron perfilándose: en un primer momento hubo, por ejemplo, radicales socialistas que divergían poco de los republicanos de centro y otros más cercanos al socialismo que al republicanismo de centro. Luego las posturas se decantaron definitivamente. Por otro lado, a veces las vinculaciones personales de los dirigentes sustituían en realidad a las adscripciones ideológicas propiamente dichas y de ese modo se multiplicaban innecesariamente las opciones partidistas que, sin embargo, tendieron a simplificarse.

Otros factores propiciaban esa simplificación, como la pérdida de importancia de los partidos de notables —el agrario, por ejemplo— o la desaparición de opciones relativamente semejantes como, por ejemplo, sucedió con la constitución de la Izquierda Republicana de Azaña a partir de unos grupos políticos cuyas diferencias eran pequeñas. Al final de la experiencia democrática republicana el sistema de fuerzas políticas tendía a centrarse en tres principales, aunque hubiera otras: un partido de derechas, que habitualmente era la CEDA en la mayor parte de la Península, el partido socialista, en la izquierda, y un centro republicano, muy dividido, que gravitó en diversos sentidos para inclinarse en 1936 en favor de Azaña, como lo había hecho en 1933 en favor de Lerroux.

No se puede decir, por supuesto, que el sistema de partidos contribuyera por sí mismo a poner en peligro el sistema democrático recién nacido, pero, sin duda, encerraba peligros potenciales evidentes. En primer lugar, un sistema partidista como el descrito tenía el peligro de alimentar en algún aspecto determinado la conflictividad, en vez de resolverla: la existencia de partidos de significación nacionalista, que en su origen tenían un componente muy clerical, o de otros cuya fundamentación era primordialmente religiosa, pudo contribuir a que estos dos problemas —nacional y religioso— se agravaran. Pero, sobre todo, el peligro de este sistema partidista residía fundamentalmente en que al pluralismo se sumara la polarización. La mayor parte de los casos de quiebra en sistemas democráticos se han producido en aquellos países en los que, como en la Alemania de 1933, el pluralismo se caracterizó por una polarización política en vez de por una actitud de consenso en las cuestiones fundamentales. Así acabaría sucediendo también en España en los términos que se analizarán más adelante.

Por el momento nos interesa señalar que la propia movilización política desempeñó un papel importante en que así sucediera. Todo en la experiencia republicana tiende a recordarnos su condición democrática: el Parlamento fue el centro de la vida política, a diferencia de lo que sucedía en el reinado de Alfonso XIII, y la prensa, aún sometida a periódico régimen de censura, alcanzó tiradas notables discutiendo los principales problemas de la vida pública. Pero es preciso tener en cuenta que la politización de la vida cotidiana tuvo un doble aspecto, positivo y negativo. Por un lado, en cuanto testimonio de una progresiva realización de los derechos humanos, la República, en efecto, fue, como se había esperado de ella por los manifestantes del 14 de abril, un gigantesco avance en la vida pública nacional. Pero, al mismo tiempo, la brusquedad de la politización condujo al maximalismo. Un país no puede pretender adquirir como por ensalmo una vida democrática estable, pues ésta es producto de factores diversos, entre los que cuentan que el grado de tensión social no sea excesivo, un nivel cultural y, sobre todo, un aprendizaje, incluso durante décadas, de unas pautas de comportamiento. Si los dos primeros factores fallaron en el caso español durante los años treinta, además tampoco se dio el tercero. La brusquedad de la transición desde el liberalismo oligárquico a la democracia contribuyó a ello, como también el clima general de la época. El tono exasperado de la vida política republicana es perceptible, sobre todo, en la vida local, en la que las tensiones políticas nacionales se traducían de modo simplicísimo y a menudo violento. Así se explica el importante papel que le correspondió a la agitación anticlerical que para sus protagonistas debió constituir un procedimiento de subversión del orden tradicional. Un estudioso ha descrito la política de un pequeño pueblo aragonés como el resultado del enfrentamiento entre dos bandos, uno de los cuales se empeñaba en salir armado escoltando la procesión en el día del patrono, mientras que el otro, también armado, pretendía evitarlo. Todo ello tenía poco que ver con el impacto de la crisis económica en España y es la mejor demostración de que el factor estrictamente político tiene una extremada importancia para comprender la tensión con que se vivió la experiencia democrática republicana.

La experiencia democrática republicana

Una de las características obvias de la vida pública española a lo largo del siglo XX ha sido, sin duda, la discontinuidad de la clase dirigente. Cada cambio de régimen suponía, por lo menos en un elevado porcentaje, la sustitución de un personal político por otro, habitualmente de rasgos diferentes, si no contradictorios. Por ello resulta imprescindible, como lo hemos hecho ya al tratar del reinado de Alfonso XIII y lo haremos más adelante en el caso de Franco, pasar una rápida revista al republicanismo y al socialismo que accedieron al poder con ocasión de la proclamación del nuevo régimen republicano en abril de 1931.

Del Gobierno provisional republicano formaban parte, en primer lugar, dos antiguos políticos del régimen monárquico que habían sido los primeros —en realidad también los únicos antes de la proclamación de la República, aunque luego les siguieron muchos otros— en cambiar de adscripción política. Tanto Niceto Alcalá Zamora como Miguel Maura eran católicos y liberales, pero, aparte de haber jugado un papel de relevancia en la política anterior a 1931 ahí concluían sus semejanzas. Del primero describió el segundo en sus Memorias unas virtudes que muy a menudo fueron olvidadas por otros protagonistas de la vida política en la etapa republicana: en concreto, «su bondad, patriotismo, honradez acrisolada y ferviente deseo de acierto»; a todo ello se podría añadir su experiencia, su ejercicio habitual de la prudencia y la formación jurídica. Todas estas virtudes tenían, sin embargo, sus contrapartidas La primera era que el futuro Presidente de la República seguía siendo un hombre de la vieja política. En sus Memorias lo descubre claramente cuando afirma haberse convertido en «consultor y gestor de todos» en el Priego natal que le elegía y haber dedicado una buena parte de su esfuerzo al «cultivo parlamentario», es decir, a satisfacer los intereses clientelistas de su distrito. Su oratoria, que le había convertido en ministrable en 1912, con un discurso contra las reivindicaciones catalanistas a las que acabaría contribuyendo a dar satisfacción en la etapa republicana, era un buen testimonio de ello: Maura decía de ella que el oyente quedaba, después de un discurso de D. Niceto, «molido y para el arrastre» por su barroquismo expresivo, Pía la comparaba con las cataratas del Niágara y Azaña le atribuía «una holgura de palabras desproporcionada con el contenido». Pero lo peor no era la oratoria sino el carácter y la psicología personal que translucía. El alambicamiento de sus discursos —que era también el suyo personal— acabó enfrentándole con un elevadísimo porcentaje de la clase política de su época. La tragedia de Alcalá Zamora es que, habiendo sido indudablemente bienintencionado, se le achacó, aunque «con mayor preparación que Alfonso XIII», lo mismo que se atribuía a éste, es decir, intervenir en exceso en la vida política asumiendo en ella responsabilidades que no le correspondían y, cuando menos, complicando los avatares políticos. Como en el caso del Monarca, ya comprobaremos que el juicio es, en general, muy poco justo, pero el resultado fue idéntico, la pérdida de cualquier apoyo político al final de su ejercicio de la Jefatura del Estado. Por su parte Maura era también bienintencionado, valiente y generoso; había tenido, además, la capacidad de romper con un pasado monárquico y con la imagen correspondiente a un apellido. Su mayor defecto residía en una peculiar combinación entre la volubilidad y la vehemencia.

Cambiaba demasiado de opinión y lo solía hacer en tono tan desgarrado que difícilmente mantenía tras de sí a un electorado estable, calificativo que suele ser especialmente válido en el caso del conservador. Azaña lo describió como «un torbellino», que «primero dispara y luego apunta». Alcalá Zamora empleó términos semejantes al decir de él que era «un viento nunca quieto y jamás fijo». Puede pensarse que caracterizaciones como las que anteceden carecen de interés histórico pero no es así porque, precisamente, los rasgos personales de ambos personajes contribuyeron de modo decisivo a explicar el fracaso de una opción política que hubiera sido cardinal para estabilizar a la República. Ésta había nacido con el apoyo de los sectores conservadores, pero éstos no estaban organizados para la actuación política en un régimen republicano y ni Alcalá Zamora ni Maura fueron capaces de construir un partido que consiguiera ese resultado. La Derecha Liberal Republicana consiguió incorporar a sus filas a algunos antiguos caciques, pero no fue nunca un partido moderno con una base social precisa y un ideario claro. Durante la campaña de 1931 tuvo a su frente a otro político del pasado, Chapaprieta, pero, entonces y después, careció de medios y de propaganda y fue, en definitiva, incapaz de incorporar a los católicos a la vida de la naciente República. Transcurrido poco tiempo el minúsculo grupo de los seguidores de Alcalá Zamora se denominó «progresistas» y «conservadores» los de Maura.

En el Gobierno provisional el republicanismo de mayor solera estaba representado por Azaña, Lerroux y los radicales-socialistas. Azaña, que ha sido descrito con acierto por Marichal como hombre de «maduración tardía», era prácticamente un desconocido fuera de los círculos intelectuales a la altura de 1931. Convertido con el paso del tiempo en una figura demoníaca para la derecha, esta imagen ha podido dar de él una visión polémica en exceso, que oculta su realidad más profunda, la de un gran intelectual, uno de los grandes escritores de una época nutrida de ellos. Su actitud ante la política era la típica de determinado género de intelectuales: como Valera, del que escribió una biografía, pensaba que la sociedad española era primitiva, zafia e ignorante en muchos aspectos y esto le animaba a la acción en la política pero también le acarreaba periódicas desilusiones. Así se explica, por ejemplo, que durante la Dictadura esbozara toda una tesis programática para la acción y que luego se sumiera en el desánimo y se dedicara a la actividad literaria; así se explica, también, su garra de gobernante emprendedor en 1931 y su melancolía de la etapa bélica manifiesta en La velada de Benicarló. Habitualmente se le ha atribuido una vanidad contraproducente para su actividad política, pero ésta nacía de su real superioridad, no sólo por cultura sino también por su condición de gobernante enérgico capaz de elaborar un programa político y, sobre todo, de llevarlo a la práctica; en este sentido se puede decir que su persona misma resultaba muy representativa de los cambios políticos acontecidos en el tránsito de la Monarquía a la experiencia democrática republicana. Por eso será necesario tratar más adelante de él como gobernante, pues su persona y su gobierno fueron verdaderamente definitorios del régimen. Esa superioridad, sin embargo, a menudo le hacía adoptar un tono desdeñoso y frío, semejante a su oratoria, que le convertía en «antipático» (Baroja) o incluso «insoportable» (Maura). Junto a ese desprecio del adversario y a un talante jacobino, del que más adelante se tratará, un defecto muy característico de Azaña fue el de rodearse de un conjunto de colaboradores en los que confiaba estrechamente: siendo algunos muy valiosos, otros no estuvieron a la altura del importante papel que les atribuyó, por ejemplo en materias de orden público o militares. Su partido, Acción Republicana, fue, según Madariaga, «el más competente, inteligente y honrado» de todos los republicanos, «el único partido burgués bastante progresivo como para desear de verdad llevar a España a una era nueva y bastante conservador para intentarlo con eficacia». Formado pocas semanas antes de la proclamación del nuevo régimen se nutrió de figuras de elevada cualificación profesional y, aunque en un primer momento fuera muy indisciplinado, resultó a la larga el núcleo de atracción de la izquierda republicana y, en cuanto a modos de comportamiento, de una modernidad indudable, superior, por ejemplo, a la del partido radical francés.

Esta denominación desde la primera década del siglo había sido asumida en España por los seguidores de Alejandro Lerroux, a quien se le concedieron en el Gobierno provisional dos carteras como si así se quisiera reconocer la tradición histórica de su partido, pero de escasa importancia ambas, como testimonio de que la mayoría de sus miembros no confiaba en él. A la altura de los años treinta Lerroux venía ya a ser, en palabras de Ramos Oliveira, una especie de «agitador cansado» o, como señaló Madariaga, «un león domesticado», que «rugía siempre a las mil maravillas», pero que, en el fondo, era ya inocuo tanto en sus reivindicaciones sociales como en las anticlericales de otro tiempo. Desde la Monarquía Lerroux venía ejerciendo una oposición que era puramente formal. Ahora, en la naciente República, el partido que acaudillaba venía a ser una especie de refugio «para los monárquicos inconsolables de la izquierda y los republicanos desconsolados de la derecha» que pronto no encontraron mejor opción que ésta. Muy a menudo Lerroux se convirtió en la expresión simbólica de una voluntad de concordia al margen de imprudentes maximalismos y, si bien se mira, él hizo más que el propio Azaña para mantener unida a la familia republicana. Lo malo de Lerroux y de su partido era que, muy a menudo, su condición centrista derivaba de la voluntad de no tomar partido, del silencio, de la simple adecuación a las circunstancias o de la incapacidad de definir una política propia. Así sucedió, sobre todo, durante el primer bienio republicano y más aún en el Gobierno provisional, durante el cual su programa pareció ser «ver, oír y callarse». La mano temblorosa de Lerroux no erró en lo fundamental, pero, aparte de que representaba el pasado, su partido carecía de cuadros con formación y con altura ética. En cambio sí tenía ésta última, sin la menor duda, el otro representante del radicalismo en el Gobierno provisional, Diego Martínez Barrio, hijo de un albañil y una vendedora de mercado, que se describió a sí mismo en sus memorias como persona pulcra aunque carente de brillantez. Moderado y ajeno a todo rencor, despecho o deseo de venganza, Martínez Barrio llegó a ser, durante la República, la expresión misma del centro político. Su relación con Lerroux era, ya en 1931, muy peculiar: la lejanía de su jefe (él fue el principal dirigente del radicalismo en Andalucía) y el respeto por su trayectoria velaban las posibilidades de discrepancia que inevitablemente acabaron apareciendo.

Quizá lo menos digno de alabanza en el seno del republicanismo de la época fue el partido radical-socialista. Surgido (y ello es muy característico) en el momento final de la Dictadura, ofrece los rasgos de esos partidos efímeros vinculados con un estado de ánimo colectivo o una circunstancia histórica demasiado concreta. En la memoria de quienes fueron compañeros de gobierno y de experiencia política la imagen de este partido resulta poco propicia a ningún tipo de respetabilidad. Azaña calificaba al partido de «revolucionario» con tres erres por la frecuencia con que la mayor parte de sus miembros recurrían a la demagogia. Uno de ellos, Marcelino Domingo, no tuvo empacho, después de haber sido ministro, de lamentar que no se hubiera recurrido a una dictadura republicana durante ese período. Tanto Domingo como Álvaro de Albornoz parecen producto de una mezcla por igual de bondad de fondo, carencia de conocimientos, ineficacia e imprudencia demagógica. De Domingo escribió Azaña en su diario que «ofrecía todo, reunía asambleas y no resolvía nada», porque, dotado de «una mente oratoria y periodística», parecía imposible «pedirle detalles y precisión de alguna cosa». Alcalá Zamora en sus memorias ha dejado escrito que ocupó la cartera de Agricultura cuando sabía distinguir al trigo de la encina, pero era más dudoso que apreciara la diferencia entre el maíz y el primero y el algarrobo y el segundo. El propio Domingo dice de sí mismo que en Agricultura, donde se producía la situación social más grave de la sociedad española de la época, «había de interpretar la verdad o descubrirla porque (a él) nadie se la decía». Albornoz fue descrito por Lerroux como «un hombre honrado que vivía embutido en una especie de escafandra de espejos, político de café, ingenuo, superficial, campanudo». Azaña le reprochó a menudo que sus propuestas no tenían ni pies ni cabeza y que con demasiada frecuencia «quería hacer una sonada, como corresponde a su significación revolucionaria». Las descripciones de compañeros de gobierno resultan, pues, inmisericordes pero, a pesar de ello, estos dos personajes desempeñaron un papel importante hasta el final de la etapa republicana.

Tres figuras notablemente diferentes representaban al socialismo en el seno del Gobierno provisional, al haberse negado a hacerlo un Julián Besteiro congruente con su tesis de no colaboración con regímenes burgueses. Dejando para más adelante el papel que jugaron cada uno de ellos en el seno del partido durante estos años es preciso referirse brevemente a su trayectoria y personalidad. Fernando de los Ríos representaba al socialismo reformista sobre cuya raíz humanista había escrito durante la Dictadura.

Catedrático de Derecho político y temprano diputado, en realidad, a diferencia de los otros dos ministros, parece haber sido una personalidad un tanto aislada en el seno del PSOE. En cambio, tanto Francisco Largo Caballero como Indalecio Prieto representaban más claramente tendencias en su seno, aparte de trayectorias y temperamentos distintos que apenas tenían otra cosa de común que la ausencia de reflexión teórica en la que De los Ríos, en cambio, había brillado en defensa de un socialismo «humanista». Largo Caballero, antiguo estuquista, representaba la tradición sindical del partido. Incansable y metódico para el trabajo, la vida de Largo fue muy semejante a la de Pablo Iglesias. Limitado en su formación, lo era también en su capacidad de comprender la coyuntura política, pero tenía una especie de sexto sentido para llegar a apreciar el estado de ánimo de la clase trabajadora y ponerse al frente de ella; fue esto lo que le llevó a colaborar inicialmente con la República para luego acabar rompiendo con ella de manera drástica. Ya se ha hecho mención de la personalidad de Indalecio Prieto como dirigente principal del socialismo vizcaíno. A estas alturas eran ya patentes su talento nato para la política, sus contactos con la izquierda republicana y su abnegación en las tareas colectivas y eso que Miguel Maura denominó «su gran corazón». Durante la República se descubrió, además, su intenso sentido práctico como gobernante. No era aún un socialdemócrata porque no eludió el recurso a la violencia, pero llevaba camino de convertirse en tal porque en la práctica siempre se aproximó a esta tendencia. Su principal defecto era una impulsividad —lo que Maura denominaba las «prietadas»— mezclada con ciclotimia, que si a veces le llevaba a adoptar un tono desgarrado en otras le convertía en un apático y deprimido espectador de los acontecimientos.

La elaboración de la Constitución

Esta clase política, de la que hemos descrito algunos de sus principales dirigentes, empezó muy tempranamente a plantear una reforma integral de la vida española que, sin embargo, sólo adquirió su perfil definitivo a partir de diciembre de 1931 en manos de Azaña por lo que dejaremos para más adelante la mención de cada uno de los aspectos en que se concretó ese propósito reformista eludiendo, de esta manera, un tratamiento de carácter estrictamente cronológico.

Sin embargo se debe destacar previamente un aspecto decisivo de la evolución política española cuya comprensión es imprescindible para entender el clima en que se elaboró la Constitución de 1931. Como sabemos la República había nacido en un ambiente de entusiasmo y unanimidad que era, en gran medida, el producto de aquel cambio en la vida política que introdujo la democracia, más trascendente, incluso, que el propio cambio de régimen. Interesa recalcar lo poco que tardó en disiparse ese entusiasmo inicial debido, sobre todo, al planteamiento de los problemas de orden público y religioso. Dadas las características de ambos inevitablemente la víctima de lo sucedido fue Miguel Maura y, en consecuencia, que no naciera una derecha democrática republicana en estos momentos o en los posteriores puede atribuirse en parte a esta circunstancia. La actuación de Maura, siempre bienintencionada, solía ser enérgica, aunque a veces imprudente o carente de la dirección más oportuna. Hay que tener en cuenta que, en una España que era un hervidero de tensiones sociales, no disponía de fuerzas de orden público modernas: una de sus primeras medidas fue la creación del Cuerpo de Asalto para evitar recurrir a una Guardia Civil carente de otras armas para la represión de disturbios que las de fuego. Debe tenerse en cuenta también que los subordinados de Maura, es decir, los gobernadores civiles, eran con frecuencia deleznables, producto de una selección en la que jugaban más las fidelidades personales al republicanismo que la valía objetiva. Maura cuenta en sus memorias haberse encontrado candidatos al puesto de gobernador provincial que decían ser republicanos «uterinos» o aún «de placenta previa», como si ése fuera el único valor que justificara su nombramiento.

Pero quizá lo que contribuyó de forma más singular a cambiar el clima político republicano fue el planteamiento de la cuestión religiosa y en ella le traicionó a Maura su exceso de vehemencia. La expulsión de España, a mediados de mayo, del obispo de Vitoria, un prelado que había acatado el nuevo régimen y del que no era imaginable una actuación política, fue algo desmesurado agravado por el hecho de que ni el Presidente ni el resto de los ministros fueron informados al respecto. En cambio la del cardenal Segura, Primado de Toledo, el mes siguiente, parece más justificada, por sus alabanzas a la Monarquía y por la manera de disponer de los bienes religiosos. De todos modos más que estos enfrentamientos, que, a fin de cuentas, pueden ser interpretados desde una clave personal, fue la quema de conventos del 11 de mayo la que más decisivamente contribuyó a cambiar el clima en el que se desarrollaba la vida pública. A partir de un incidente tras la apertura de un círculo monárquico en la capital de España se produjeron una serie de algaradas en Madrid, que luego se extendieron a provincias. Se saldaron con más de un centenar de edificios religiosos incendiados y, en adelante, cualquier disturbio social o político concluiría con actos como los mencionados. El caso más peregrino fue el de Málaga, en el que presidió los incidentes el propio gobernador civil. La reacción del Gobierno ante los acontecimientos demuestra, como luego escribió Martínez Barrio en sus memorias, que todavía se hallaba en la «infancia» del oficio de gobernar. Mientras que Azaña comentaba despectivamente que los edificios religiosos no valían la vida de un republicano, otros optaron por esperar, recurso de los gobiernos débiles, y alguno por parlamentar con los manifestantes. Prieto narró, tiempo después, que se había entrevistado con un manifestante que, como panacea para todos los problemas, incluidos esos disturbios, le propuso traer el Orfeón donostiarra a Madrid. Tal espectáculo hubiera resultado cómico de no tener la trágica contrapartida de lastrar una singladura que había parecido, en sus inicios, tan prometedora.

Melancólicamente Ortega, que tan importante papel había jugado en el establecimiento de la República, protestó contra «ese fetichismo primitivo que lo mismo lleva a adorar las cosas materiales que a destruirlas».

No puede dejar de tenerse en cuenta este cambio de clima de la vida pública a la hora de juzgar los resultados electorales de las constituyentes de 1931, cuyo carácter de transición ya hemos señalado. Estas elecciones supusieron un aplastante triunfo de las candidaturas de la conjunción republicano-socialista, que se presentaban todavía como oficiales o gubernamentales. Los socialistas tuvieron más de un centenar de diputados y una cifra algo inferior los radicales-socialistas, mientras Acción Republicana y la Esquerra Catalana quedaban bastante por debajo. Los sectores republicanos de centro y de derecha quedaron muy lejos de estos resultados, con noventa escaños para los radicales y sólo una veintena de seguidores de Alcalá Zamora y Maura. En la derecha propiamente dicha militaban cuarenta diputados agrarios, católicos y vasco navarros, siendo la vasco navarra la única región en que, a pesar de las circunstancias, se conservó la tradición derechista; en cambio, aunque hubo políticos monárquicos que conservaron su puesto tan sólo uno —Romanones— lo hizo con la filiación liberal. Muy probablemente, atendiendo a los resultados de elecciones posteriores, tiene razón Alcalá Zamora al afirmar que las Cortes salidas de estas elecciones estaban «muy distanciadas de la efectiva y serena representación nacional». Da la sensación de que la derecha estaba demasiado desorganizada como consecuencia del cambio no sólo de régimen sino también de vida política y que los conflictos de orden público y en el terreno religioso deterioraron la posición de Alcalá Zamora o Maura, sin ser suficientes para movilizar a la derecha católica, que no lo hizo hasta, por lo menos, 1932. Esta composición de las Cortes explica que la Constitución no pudiera ser un texto de consenso entre todos los sectores sociales y políticos de la vida española.

A este factor, imprescindible para comprender la obra de las Constituyentes, es preciso sumar otro que, en realidad, ya hemos visto al tratar de la reacción gubernamental ante la quema de conventos. Las Constituyentes republicanas tuvieron, sin duda, una gran altura intelectual, pero también una patente inexperiencia, producto de esa decisiva renovación de la clase política dirigente. Si a ella se suma la tendencia demagógica que, desde un principio y de manera insistente, practicaron los radical-socialistas, no puede extrañar que el resultado fuera eso que Ortega denominó «el jabalí». Con este nombre designó el filósofo a aquellos diputados que incumplieron su consejo de no ser «ni payaso, ni tenor, ni jabalí». De ellos Fernández Flórez escribió que poseían «un vozarrón formidable, pero su absoluta falta de preparación no les permite utilizarla en decir cualquier cosa importante o luminosa; hacen eso tan fácil que es interrumpir». El propio Azaña, al que siguieron muy a menudo los radical-socialistas, los calificaba de «gente impresionable, ligera y de poca chaveta». Adviértase de todos modos que la condición de «jabalí» no se identificaba sólo con los diputados de este partido sino que también afectaba a otros y, estando el sistema de partidos en mantillas, a ese exceso de impresionabilidad y demagogia hay que sumar la indisciplina de unas agrupaciones políticas incipientes.

Todos estos antecedentes deben ser muy tenidos en cuenta a la hora de intentar comprender las peculiaridades de la Constitución de 1931. Originariamente se pensó en que fuera elaborado un anteproyecto constitucional por una Comisión Jurídica Asesora presidida por Ossorio, pero este propósito chocó con la resistencia de los diputados constituyentes a recibir sugerencias técnicas que pudieran sustraerles la decisión sobre materias esenciales. Prieto dijo que «en cuanto se juntan ocho sabios y se suman las sabidurías el resultado es una imbecilidad». En el clima del momento había, además, una marcada tendencia a considerar que la proclamación de la República había sido una revolución que necesitaba ser completada y, por consiguiente, a repudiar las apelaciones a la «juridicidad». El propio Azaña se decía contrario a la «ossorización» de la República. Si se hubiera hecho caso a la Comisión Asesora habría existido un Senado y unas comisiones técnicas asesoras en la Constitución de 1931, aparte de que, probablemente, se hubieran dado mejores condiciones para llegar a un posterior Concordato con la Iglesia.

No fue así y la nueva ley fundamental fue redactada por una Comisión de las Cortes cuyo presidente fue el diputado socialista Luís Jiménez de Asúa, quien, en declaraciones a la prensa, aseguró pretender transfundirle «roja sangre política» para evitar que quedaran decepcionadas las ansias de las masas. No puede extrañar, en consecuencia, que él mismo la definiera como «avanzada y de izquierda pero no socialista» como la mayor parte de las redactadas en la primera posguerra mundial, con las que guardaba en muchos puntos una innegable similitud. La Constitución, larga, abundaba en declaraciones idealistas y mostró una típica reacción de ánimo ante lo que había sido el pasado monárquico y dictatorial, procurando vertebrar un sistema que fuera la expresión misma de la democracia en antítesis a esos puntos de referencia. A estos aspectos positivos hay que sumar una identificación con el pacifismo y una voluntad de extender los derechos individuales. De esos factores y del idealismo de ese texto constitucional proceden artículos como el que definía al régimen como «una república de trabajadores de todas las clases», el que afirmaba la renuncia de España a la guerra como instrumento de las relaciones internacionales, otro que prohibía la retirada de España de la Sociedad de Naciones sin mediar previamente una ley votada en Cortes, o los que regulaban el sufragio de la mujer o los nuevos derechos sociales.

Los inconvenientes principales de la Constitución de 1931 no radicaron en estos excesos declarativos. Fue, sin embargo, criticada (y con razón) por Ortega cuando afirmó que «nos llegan artículos tan cargados de divisas, gallardetes y banderines que la Constitución va a acabar por parecer una vieja fragata barroca, panzuda y artillada»; para el filósofo era preciso que una ley fundamental tuviera más músculo y menos materia adiposa. Se refería con ello, probablemente, a artículos como los que ratificaban la declaración universal de los derechos del niño o aquel otro que afirmaba que la enseñanza debería hacer del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspiraría en la idea de solidaridad humana. Sin embargo, el error fundamental, quizá inevitable dada la composición de las Cortes, fue no haber intentado redactar un texto que, sobre todo en materias conflictivas como la religiosa, fuera el producto de un más amplio consenso y que, por lo tanto, hubiera permitido que gobernaran todas las tendencias políticas de forma sucesiva. Pero había también, sin duda, otros inconvenientes que nacían indirectamente, como efecto no querido, de ese tono democrático y se referían a las relaciones entre los diversos poderes de la República.

En efecto, la Constitución fue unicameral en contra de los deseos de republicanos de centro (Alcalá Zamora, Martínez Barrio…) que hubieran deseado un Senado moderador, de algunos socialistas que pedían unos consejos técnicos o de los nacionalistas catalanes, que hubieran preferido una segunda cámara federal. En cambio, se creaba un Tribunal de Garantías Constitucionales, encargado de dictaminar sobre la constitucionalidad de las leyes. El sistema político republicano se definía con tan acentuado parlamentarismo que establecía una Diputación permanente de las Cortes destinada a desempeñar una función supletoria en el caso de que no estuvieran reunidas.

Pero lo más peculiar era que ese parlamentarismo de la Constitución se hacía compatible con una magistratura presidencial débil. Aunque en principio se había pensado que fuera de elección popular, como la presidencia norteamericana o la de la República de Weimar finalmente las Cortes, dentro de ese espíritu ultra-democrático, convirtieron al Presidente republicano en «el más débil del orbe», según el propio Jiménez de Asúa. Nombrado por seis años, no era inmediatamente reelegible y sólo podía disolver las Cortes dos veces, pero de la segunda disolución debía dar cuenta al Parlamento recién elegido, una vez reunido por vez primera, para que votara sobre la necesidad de su disolución. El procedimiento de elección presidencial era también, según la expresión de Jiménez de Asúa, «una pieza de extraña factura» al basarse en unos compromisarios elegidos al efecto a los que se sumaban los propios diputados.

Aún sin hacer mención a la ausencia de consenso generalizado, principalmente sobre el problema religioso, ni a la cuestión regional, de la que se tratará más adelante, parece ya claro que el sistema político previsto en la Constitución de 1931 tenía sus inconvenientes. Si bien se mira tanto el excesivo parlamentarismo como el voluntario debilitamiento del ejecutivo fueron otros tantos testimonios de un reflejo reactivo, poco meditado, frente a la etapa inmediatamente anterior. No sería justo, sin embargo, atribuirle una responsabilidad directa en los problemas finales de la República que nacieron mucho más del sistema de partidos y de la actuación de los protagonistas de la vida pública que de las instituciones en sí mismas. La inestabilidad gubernamental tuvo esa razón fundamental y no otra.

La reforma militar

Fue la cuestión religiosa la que, dividiendo al Gobierno provisional en el momento de su discusión en las Cortes, impuso una nueva fórmula de gobierno y, por lo tanto, dio lugar a un bienio al que caracterizaremos más adelante como reformista.

Quien dirigió esta primera experiencia gubernamental republicana fue Azaña y la primera razón por la que lo logró derivó del prestigio logrado por su obra ministerial y no por sus intervenciones en la discusión de la Constitución, en la mayor parte de las cuales estuvo ausente.

A diferencia de otros ministros, como Lerroux, que parecían carecer de una especial preparación para su cartera y procuraron pasar lo más inadvertidos posible, Azaña tenía razones intelectuales para querer desempeñar la cartera de Guerra y además partía de unos conocimientos que le permitían no tener que elaborar trabajosamente un programa. Su preferencia por el cargo nacía de que el Ejército le parecía una parcela de la sociedad española particularmente necesitada de transformación. «Todo estaba abandonado en esta casa», escribió en una ocasión en su diario; «hay que arreglarlo todo, desde la artillería hasta los jardines del Ministerio». Sabía en qué dirección quería que se produjera el cambio pues del caso francés —que conocía gracias a su estancia en Francia— había tomado el ejemplo de cómo evitar que un ejército hipertrofiado llegara a convertirse en una carga para la sociedad civil y conviviera en libertad con ella.

Aunque sólo publicó uno de los tres tomos previstos de su libro sobre las instituciones militares francesas, su preocupación acerca de estos temas no disminuyó; además lo verdaderamente importante de esta cuestión era recortar la dimensión del cuerpo de oficiales sin cuya solución no podía iniciarse ninguna reforma. Azaña supo ver las oportunidades que ofrecía una coyuntura de cambio de régimen y tuvo arrestos para enfrentarse con una reforma ante la que habían retrocedido sus antecesores en el cargo.

A las Cortes Constituyentes llegó con la aureola de haber conseguido realizar la gestión más completa y seria de la etapa del Gobierno provisional. Ortega, que era parco en el elogio y en nada simpatizaba con él, calificó su gestión de «maravillosa, increíble, fabulosa y legendaria».

Las primeras medidas de Azaña consistieron en conseguir que el Ejército español perdiera su dimensión «suntuaria» y se conformara con unos efectivos más proporcionados, sobre todo de oficialidad, a las necesidades del país. Se eliminaron los cargos de capitán general, teniente general y gobernador militar y se redujo aproximadamente a la mitad el número de unidades que, en muchos casos, no pasaban de ser pura apariencia más que realidad. Pero la medida esencial fue la Ley de Retiro de la oficialidad por la que ésta, en tan sólo treinta días, tenía que elegir entre un retiro con el sueldo íntegro o la permanencia en el Ejército, pero mostrando su adhesión al nuevo régimen. De esta manera se retiraron unos siete mil oficiales, principalmente de las armas generales; el número de generales se redujo a algo menos de la mitad. Desde luego fue una medida drástica —que no parecía tener en cuenta que los mejores podían retirarse— y cara, —al conservar su sueldo la oficialidad—, pero consiguió la práctica unanimidad de comentaristas y políticos. Complemento de esta Ley de Retiro fue la revisión de ascensos: se declararon procedentes un número inferior a la mitad de los concedidos, con lo que hubo oficiales que perdieron hasta dos grados (entre ellos Várela y Goded). Por supuesto, estas medidas en nada mejoraron el prestigio de Azaña ante la oficialidad, aunque demostraron el predominio del poder civil.

Pero la reforma militar de Azaña no se detuvo sólo en eso. Otras medidas estuvieron dirigidas, precisamente, a someter al Ejército al poder civil. Desaparecieron los tribunales de honor y pudieron reingresar los expulsados por ellos, se suprimió el Consejo Supremo de Justicia Militar y se hizo cargo de sus funciones una Sala del Tribunal Supremo; fue derogada la Ley de Jurisdicciones y, en fin, se creó un Consorcio de Industrias militares. Se intentó también «intelectualizar» la formación militar vinculándola durante un año a los estudios universitarios y suprimiendo la Academia General Militar, una medida muy discutible y, en general, valorada negativamente por los historiadores militares. Además, el sistema de ascensos se efectuaría, en adelante, no por méritos o elección, ni tampoco por antigüedad, sino por el estudio; de esta manera Azaña mostraba su reticencia frente a los ascensos por méritos de guerra, lo que despertó la protesta de algunos sectores, entre los que estaban algunos de los militares más prestigiosos. Mola, por ejemplo, se quejó de que «de esta manera los que no van a la guerra o los que yendo ocupan un lugar donde no silban las balas, están de enhorabuena». Hubo también medidas que pretendían favorecer el ascenso desde la suboficialidad a la oficialidad, de tal manera que ésta procedería en un porcentaje significativo de aquélla. El servicio militar tendría una duración proporcionada a la formación del recluta; en ese sentido no se puede decir que hubiera un verdadero igualitarismo pues de forma indirecta se favorecía a las clases altas, e incluso perduraba en parte el sistema de «cuotas» de la época anterior.

Azaña se mostró muy satisfecho de su tarea y, no sin razón, decía haber sido el primer gobernante español que había reducido los gastos del Ejército e incluso sus efectivos y lo había hecho, «desafiando y venciendo la tentación bíblica», en muy corto espacio de tiempo. Pensaba, sobre todo, que había conseguido concluir con toda una etapa en la historia de España en la que había resultado imprescindible que el poder civil aceptara las imposiciones del militar o al menos negociara con él; ahora, decía, «se puede gobernar y se gobierna sin consultar a los generales y sin hacer plebiscitos entre los oficiales de las armas, cosa nunca vista desde Fernando VII». El mero hecho de que, cuando llegó al poder, Gil Robles apenas si hiciera rectificaciones en la política «azañista» es una buena demostración de que el balance general de la misma merece un juicio positivo en muchos aspectos.

En otros el propio Azaña era consciente de lo poco que había sido capaz de hacer. Las deficiencias materiales del Ejército no fueron resueltas y Azaña admitió en las Cortes que «no hay cañones, no hay fusiles, no hay municiones» y que la aviación estaba tan en mantillas que España no tenía, en realidad, más que un solo aparato de gran bombardeo; a estos datos hubiera podido añadir que también faltaban los tanques, los antitanques y las ametralladoras pesadas. No parece que pecara de exagerado Mola cuando escribió que la situación del Ejército español era «francamente angustiosa»: la mejor prueba es que cuando estalló la Guerra Civil ambos bandos hubieron de recurrir inmediatamente al extranjero para que les dotara de los elementos imprescindibles para el combate. Esta tarea debería haber sido emprendida a partir de 1932, pero para entonces estaba ya agotado el impulso reformista de Azaña a quien el intento de golpe de Estado en agosto de 1932 le sumió en una profunda decepción sobre la posibilidad de cambiar la institución militar.

Sin embargo, con ser eso grave, los testimonios de la época y los juicios de los historiadores militares insisten también en que Azaña se enfrentó innecesariamente con una parte de la oficialidad que estaba, además, bien preparada desde el punto de vista técnico. Es posible que se dejara aconsejar por un sector liberal de procedencia juntera y poco respetable profesionalmente; si lo hizo queriendo evitar la politización del Ejército lo que realmente logró fue que no mejorara su eficacia técnica. Ni la supresión de la Academia General Militar ni la de los ascensos por méritos de guerra parecen justificables. La propia ley de retiros quizá fue demasiado generosa. La derecha habló de la «trituración del Ejército», expresión desmesurada destinada a servir para la propaganda política, pero el propio Mola, que alabó la Ley de Retiro, decía que ésta existió dimanando «de la labor anárquica y de indisciplina que dentro del Ejército se ha hecho… de haber encumbrado a individuos cuya vida se desliza sorteando los artículos del Código de Justicia… [y] de la parcialidad y el favor que han imperado en la elección de ciertos cargos y destinos». Quizá, en conclusión, un juicio más ponderado sea el de Madariaga para quien «asistía plena razón a Azaña en su propósito, pero no estuvo tan acertado en cuanto a la manera de realizarlo».

De todos modos, en los primeros meses de la República el juicio generalizado fue mayoritariamente favorable a Azaña y, por tanto, contaba con una base desde la que elevarse hasta la más alta magistratura de la Nación. Fue la votación del artículo 26, relativo a la cuestión religiosa, en octubre de 1931, la que le hizo asumir estas responsabilidades. No se trata de aludir aquí a esa intervención, pues de ella trataremos más adelante, pero sí de recordar que en sus párrafos finales hacía referencia a la posibilidad de hacer nacer una nueva fórmula política estableciendo un pacto con el PSOE. Los adversarios de Azaña hablaron de la «perfidia» del que ahora iba a ser presidente del Gobierno, pero la realidad es que fue, sencillamente, hábil: la cuestión religiosa marginaba del primer plano de la política, por el tratamiento que se le dio, a Alcalá Zamora y a Miguel Maura, pero ello no quería decir que necesariamente le hubiera de corresponder el poder a Azaña, incluso a pesar de su oferta al PSOE, pues era posible un gobierno exclusivamente republicano y era posible también que lo presidiera Lerroux. Éste, sin embargo, dio paso a Azaña, primero porque pensaba que ésa sería una solución interina y, segundo porque, dada la composición del Parlamento, no se fiaba de sus posibilidades. El propio Azaña, en su diario, atribuyó su elección a la casualidad o a la voluntaria negativa de quien debía haber asumido el poder; de esa manera «la más vacilante de las vocaciones políticas se fue convirtiendo en la más firme de las voluntades reformadoras» (Julia). Luego el jefe radical debió sentir esa decisión pues se encontró conque presidía la República un republicano procedente de las filas monárquicas mientras en el gobierno permanecía un Azaña que no estaba dispuesto a dejarlo sin llevar a cabo su programa. En efecto, en diciembre de 1931 fue elegido Presidente, casi por unanimidad, Alcalá Zamora, lo que si quería ser una muestra de buena voluntad con respecto a los católicos, sin embargo de nuevo disminuyó las posibilidades de la derecha republicana, al situar su figura más destacada en un papel moderador. Por otro lado, de la crisis quedó un enfrentamiento entre Lerroux y Azaña que resultaría persistente y al que cabe atribuir decisiva importancia en la fragmentación del centro republicano.

Durante casi dos años, desde diciembre de 1931 hasta septiembre de 1933, Azaña estuvo al frente de una solución gubernamental de centro-izquierda formada por republicanos (incluida la Esquerra catalana) y socialistas. El mejor calificativo para denominar esta opción gubernamental es, sin duda, el de reformista. Como ha señalado el historiador norteamericano Jackson, pocos gobiernos en la Historia han iniciado tantas reformas en una vida tan corta. De esa manera, más en los propósitos que en las realidades efectivas, el citado gobierno habría sido «una oportunidad única para aquellas fuerzas que querían una solución democrática, reformista y laica de los múltiples problemas españoles». Pero una descripción como ésa sería incompleta si no añadiéramos otro adjetivo y si no incluyéramos, ya de entrada, la mención de alguna de las limitaciones del propósito de Azaña.

Al adjetivo «reformista» hay, en primer lugar, que sumar el de «jacobino», tal como señala Pabón. No se trata tan sólo de que en la mentalidad de los dirigentes republicanos de entonces hubiera un enfervorizado recuerdo de la Revolución Francesa, aunque éste es bien patente: quienes eran masones utilizaron nombres de revolucionarios de aquella época o se los dieron a sus logias («Danton», «Condorcet»…) e incluso las Constituyentes se abrieron el día de la toma de la Bastilla, el catorce de julio. Lo importante no es tanto esa referencia histórica como la realidad de una mentalidad, perceptible en un Azaña que, en su diario, dijo preferir la personalidad de Robespierre a la de Marco Aurelio.

Nada, en efecto, describe mejor el fundamento de la posición de Azaña que el manifiesto que redactó durante la Dictadura bajo el título «Al servicio de la República» en que postulaba «una democracia militante y docente». No se trataba, por tanto, de construir un marco legal para que en él pudieran enfrentarse las diferentes opciones políticas sino de establecer un programa desde el poder que sirviera a la edificación de una España radicalmente nueva. Originariamente escéptico acerca de las posibilidades de instalación de un régimen republicano, luego propuso «un régimen español y decente». Hubiera sido, en efecto, eso si, como le dijo el embajador francés, pudiera haber llevado a cabo «la inevitable transformación» modernizadora de un país anclado en el pasado «sin la necesidad de una revolución». Pero, en realidad, porque la República no podía ser «una oligarquía parlamentaria sin corona», identificó su proyecto con unos contenidos concretos que, aunque fueron los mejores y aún los únicos de carácter constructivo que tuvo la República, marginaron de ella a un sector importante de la población. Típico del jacobinismo resulta tender hacia un «despotismo de la libertad», interpretando que no hay ni debe haber libertad para los enemigos de la misma. Azaña no fue en absoluto el dictador que pintaron las derechas pero, por talante y por ideas, tendió a ser exclusivista y sectario, en especial en la primera fase de su mandato. En realidad esta postura tiene poco de liberal, pero coincide bastante con la actitud de fondo de un personaje cuyo desdén hacia el adversario —y también hacia muchos de sus colaboradores— fue tan patente en la primera etapa republicana.

Ligada a esta tesis jacobina estaba su juicio sobre el sentido del cambio de régimen, al que Azaña no dudaba en dar una significación revolucionaria. Enlazando con la tradición regeneracionista afirmó en la campaña electoral de 1931 que la República «había rasgado los telones de la España oficial» y añadió que debía ser conquistada «a fuerza de puños». Ese impulso para hacer aparecer la realidad de España y hacerlo con voluntad de ruptura parece heredado de un Costa, del que estuvo, sin embargo, tan lejano. Así, la sublevación de Jaca no era para él, «un mal sueño», sino la expresión misma de esa revolución y la evidencia de la necesidad de servirse de cualquier arma. La República, más que un régimen de convivencia era, por tanto, un instrumento para cambiar la vida de los españoles. Por eso Azaña afirmaba que «no quería la paz de los espíritus» y se mostraba «encantado de que la República tenga enemigos», porque «la República no aspira a la unanimidad; humanamente es imposible, psicológicamente sería un fastidio, políticamente sería el estancamiento». El instrumento esencial era el Estado: «a mí lo que me interesa es el Estado soberano y legislador», dijo en una ocasión, dando la mejor prueba de talante estatista, hasta un 45 grado que hoy sería poco concebible en un liberal.

Esta visión parcialmente crítica de Azaña es compatible con sus muchos méritos. Él mismo la convirtió en posible por el procedimiento de escribir unos diarios excepcionales en la literatura universal por su calidad objetiva, su capacidad para el auto análisis y su inteligencia para describir las situaciones políticas. En ellos muestra su talante intelectual que le hace con frecuencia añorar la dedicación a la propia «intimidad personal» tras la «ruptura voluntaria de estas prisiones». También muestra sus limitaciones —despego de las cuestiones económicas, tendencia a tratar los problemas sociales como cuestiones de orden público…— alguna de ellas graves. La más importante fue, con mucho, imaginar el marco legal como un medio para favorecer a unos, los cercanos, y perjudicar a otros. Así se percibe cuando aparece, en la intimidad, defendiendo una ley electoral destinada a cerrar el paso al «avance arrollador» del adversario o considerando inaceptable, como «rodeo» torticero, el recurso del adversario al Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero la lectura de esos diarios también muestra la altura de miras del personaje incluso contra adversarios capaces de recurrir a la violencia, como Sanjurjo, y, además, presenta de una forma óptima el drama del político en el momento de construir un nuevo orden social.

De cualquier modo en todas estas actitudes latía el peligro —que en Azaña sólo fue verbal y en todo caso fue desapareciendo con el paso del tiempo—, de que acabaran en un repudio a los ideales de convivencia. Por eso, durante la etapa de la Segunda República algunos dirigentes de la izquierda republicana preferían, para definirse, mucho más el término «revolución» que el de «democracia». Álvaro de Albornoz, por ejemplo, declaró que «no participaba, en modo alguno, de las ideas liberales y democráticas del siglo XIX»; ya se puede imaginar que afirmaciones como ésta motivaban una inmediata reacción de sus adversarios, que tampoco tenían precisamente la convivencia como un ideal. En definitiva, tiene razón Madariaga cuando afirma que durante el primer bienio republicano se dio la sensación de que se legislaba «más contra el pasado que por el porvenir». Además, no hay que olvidar en qué consistieron las grandes líneas de esa legislación. Tanto Azaña como las fuerzas políticas que le seguían parecen haber tenido primordial interés en un programa que hiciera desaparecer los privilegios de los sectores sociales hasta entonces preeminentes, es decir, la nobleza, el clero y los militares. Aun siendo socialmente reformista, el primer bienio republicano fue mucho más anticlerical. Por supuesto eso no quiere decir que rehusara las reformas sociales sino que su prioridad estaba en otro tipo de disposiciones. De hecho, en el manifiesto citado escrito durante la etapa dictatorial, Azaña redujo los aspectos sociales originales por el recurso de pedir un programa social a la UGT y, cuando presentó en las Cortes su primer gobierno, afirmó que traía tras de sí «pocas novedades» en ese terreno. Dejando por el momento la cuestión de los contenidos precisos del programa reformista importa ahora señalar que la interpretación «jacobina» de la República fue contestada duramente por los sectores que se decían liberales y partidarios de la «juridicidad». Como sabemos ésta fue una disputa que se inició con la misma elaboración de la Constitución, pero quizá quien mejor la expresó fue, en una fecha posterior, el filósofo José Ortega y Gasset. Según él resultaba en este primer bienio republicano inaceptable «el albedrío de las autoridades inferiores, la política de agresión desde las alturas del Ministerio, la incompetente ligereza en la facultad de decretar y el persistente propósito de ahuyentar de la República a una buena parte de los españoles». En el fondo, la esencia de las posturas contrapuestas radicaba en la diferente percepción de lo que había sucedido con el cambio de régimen. Para Ortega la revolución no había existido; es más, el pueblo español no se había movilizado con ocasión de los sucesos de Jaca y había votado luego por la República. Había, por tanto, según Ortega, que impedir la «tergiversación» del régimen: «La República es una cosa, el radicalismo otra». Resultaba una «botaratería» hacer una especie de propiedad privada de la solución reformista jacobina pues la República era de todos y para todos. Hacer desaparecer el radicalismo y el jacobinismo no era adulterar los contenidos del régimen republicano sino estrictamente lo contrario, pasar de lo «falso a lo auténtico». Pero durante dos años, entre 1931 y 1933, predominó esa opción y las reformas que se emprendieron se vieron lastradas por los inconvenientes nacidos de esa posición de fondo.

La cuestión religiosa

De las reformas acometidas durante el primer bienio republicano sólo la reforma agraria excede en importancia a la cuestión religiosa (o clerical, si se prefiere, porque en ella hubo esos dos aspectos, íntimamente relacionados pero distintos). Tanto la reforma agraria como las medidas gubernamentales en la relación con el mundo católico afectaron a sectores muy importantes de la sociedad española de entonces y, en ambos casos, probablemente, los gobernantes republicanos, aun tomando en sus manos un problema que exigía tratamiento, se enajenaron más voluntades de las que se atrajeron, demostrando su capacidad para afrontar unas reformas necesarias pero también su falta de habilidad para resolverlas eficazmente sumando adhesiones a las instituciones.

Para entender lo sucedido es preciso partir de una somera descripción de la situación del catolicismo español a comienzos de la década de los treinta. Aunque hubieran existido importantes intentos de modernización en su seno lo cierto es que el panorama que ofrecía en ese momento distaba mucho de estar a la altura de los tiempos y de ello existen testimonios coincidentes desde testigos muy distintos. Tedeschini, el nuncio en este momento, no tuvo inconveniente en escribir que «el divorcio entre el clero y la sociedad española tenía raíces muy antiguas». Uno y otro se habrían caracterizado por su ignorancia en materia religiosa e incluso los mismos seminarios habrían sido «cuarteles o reformatorios, llenos de inmoralidades y libertades intolerables». Según Orwell, que vivió la experiencia de la Guerra Civil desde la óptica de la izquierda, para muchos españoles de esa significación la religión era «un tinglado». En gran parte era así porque si, de un lado, el estado del catolicismo resultaba lamentable ejercía al mismo tiempo unas intolerables pretensiones de hegemonía sobre la sociedad (a esto habría que denominarlo problema clerical). El catolicismo español no había estado presente en ninguna de las grandes cuestiones planteadas en el seno del catolicismo universal, apenas se había modernizado —pese a los esfuerzos de Herrera— y, sobre todo, carecía, —en especial tras los últimos nombramientos de obispos durante la Dictadura—, de una mínima conciencia del pluralismo que ya era palpable en el seno de la sociedad española. En esas condiciones la transformación política del país creaba unas circunstancias «providenciales» para el cambio, como sugirió el nuncio, pero también para la crispación ultra clerical, y las circunstancias condujeron hacia este segundo camino. Durante la República el reto al orden tradicional contribuyó a una fuerte des cristianización —entre 1930-1934 disminuyó en un 42 por 100 el número de los seminaristas— pero, aunque eso hubiera podido fomentar cierta modernización, el resultado fue mayoritariamente el contrario.

En gran medida la razón debe atribuirse al desbordamiento anticlerical. Como sabemos, el conflicto se había iniciado antes de las elecciones constituyentes y las manifestaciones de anticlericalismo se convirtieron pronto en una especie de rito en todas las protestas de izquierda, al mismo tiempo que la derecha hacía repetidas y exasperadas muestras de clericalismo. Sólo en 1934 empezaron los procesamientos por incendios de edificios religiosos, lo que hizo pensar en el absoluto desinterés de las autoridades por perseguir delitos evidentes. La violencia de la lucha religiosa hizo que aparecieran interpretaciones conspirativas y demonizadoras del adversario y así surgió la que desde la derecha atribuía un papel decisivo a la masonería, semejante a la que el anticlericalismo daba de la Compañía de Jesús. Es necesario, por tanto, referirse a esta cuestión con carácter previo.

En términos generales hay que señalar que, aun siendo la masonería una institución laica y mayoritariamente anticlerical, no tuvo una posición única respecto la cuestión religiosa aunque sí una especial sensibilidad a este respecto; tampoco resultó tan decisivamente influyente en esta materia y, además, al intervenir de modo más o menos directo en política ella misma se vio muy afectada por las disputas partidistas en su seno. En gran medida todo cuanto se acaba de señalar se explica por los antecedentes durante la etapa de la Dictadura. En ese período la oposición al régimen se vio precisada de actuar en la clandestinidad y encontró en la masonería un instrumento de relación y un lugar en donde comunicar su inquietud política. El resultado fue que nutrieron la masonería (principalmente la rama más importante, denominada Gran Oriente Español) un número importante de intelectuales, profesionales y militares (Núñez de Prado, Riquelme, López de Ochoa…); también ingresaron en ella sectores de clase media baja que adoptarían durante la República una actitud extremista, principalmente en cuestiones religiosas.

Así se explica que en el momento de proclamarse la República el número de masones hubiera llegado a unos 5000, cifra considerablemente superior a la de los años veinte, pero sin posible comparación con los más de 30 000 masones existentes en Francia. Aunque la masonería no intervino en el cambio de régimen, había sido objeto de alguna redada por la policía en la etapa dictatorial y ella misma consideró el nuevo régimen como la revolución «más perfectamente masónica» de la Historia a la vez que se apresuró a hacer sugerencias al Gobierno acerca de cómo vertebrar las nuevas instituciones: la verdad es que había juicios contradictorios en cuanto al modo pero todos demuestran una preocupación decisiva por la problemática religiosa y muchos la concretan en un programa marcadamente anticlerical. Frente a unas cifras reducidas de afiliados la masonería tenía, en cambio, una importancia muy considerable en los medios políticos: seis ministros del Gobierno provisional, al menos 130 diputados y un porcentaje muy alto del conjunto de los parlamentarios en determinadas agrupaciones políticas, como todas las de izquierda republicana (más del 50 por 100) y la socialista (más del 30 por 100).

Sin embargo, a pesar de que todos los masones eran partidarios de un Estado laico las diferencias en el seno de la asociación eran grandes. Martínez Barrio, presidente de la masonería hasta 1934, hubiera auspiciado una fórmula de convivencia más viable que otros masones situados más a la izquierda, que habrían deseado la expulsión de las órdenes religiosas y protestaban ante cualquier tipo de connivencia con la derecha católica. Lanzada a la preocupación por la política, la masonería fue también víctima de ella convirtiéndose en el escenario de la lucha entre Azaña y Lerroux, en la que acabó triunfando el primero a pesar de la mayor solera del segundo. En realidad, los diputados constituyentes que fueron masones no adoptaron un criterio anticlerical por serlo, sino que lo eran antes de haber ingresado en la masonería. Ésta sólo añadía, a los ojos de los adversarios, una especie de tenebrosidad en su actuación y, si acaso, una preferencia por esta problemática religiosa y no por otra. En cierto modo algo parecido se puede decir de los jesuitas. El anticlericalismo les atribuyó fuerza e integrismo pero, si lo primero fue cierto, algunos de los alumnos formados en los colegios de la orden figuraron como colaboradores del régimen republicano.

Dicho todo esto resulta preciso retroceder en el tiempo hasta la etapa del Gobierno provisional en que empezaron a esbozarse las posturas de cada uno de los sectores implicados en la cuestión religiosa. La jerarquía religiosa y el republicanismo presenciaron desde campos rotundamente opuestos la proclamación de la República no sólo porque el segundo fuera anticlerical sino porque algunos miembros de la primera habían presentado la consulta electoral de abril de 1931 en unos términos que vinculaban estrechamente Monarquía y catolicismo. Sin embargo, una vez proclamado el nuevo régimen, la totalidad de los obispos —excepto uno— hicieron, voluntariamente o a regañadientes, una explícita muestra de acatamiento al mismo.

Sin embargo, respecto de este problema, se dieron importantes diferencias de posición no sólo en el seno de la clase política republicana, sino también en el del episcopado español. Ya hemos señalado que la expulsión temporal de España del obispo Múgica careció de fundamento, pero, en cambio, la postura del Primado, el cardenal Segura, aun partiendo de la tesis católica de indiferencia respecto de las formas de gobierno, mostró una inequívoca simpatía hacia el régimen desaparecido. Segura, que veía en todos los males del presente una consecuencia de la «cenagosa reforma protestante», no tuvo empacho en dedicar en una de sus pastorales «un recuerdo de gratitud» al Monarca exiliado. Para él «la Iglesia e instituciones hoy desaparecidas convivieron juntas aunque sin confundirse ni absorberse y de su acción coordinada nacieron beneficios inmensos que la historia imparcial tiene escrita en sus páginas con letras de oro». El cardenal Segura no sólo hizo ésta tan imprudente declaración, sino que al iniciar consultas con abogados para tomar medidas respecto de una eventual incautación de bienes del clero no hacía sino provocar al anticlericalismo, tan frecuente, como sabemos, entre los constituyentes republicanos. Al cardenal Pacelli le aseguró, de forma taxativa, que «el actual poder ciertamente no representa la mayoría verdadera». De todos modos esa postura fue minoritaria entre los obispos españoles que criticaron, en su correspondencia, la posición adoptada por Segura hasta el extremo de que uno de ellos se quejó de que actuaba como una especie de Papa español (en efecto, decidía por sí y pretendía arrastrar a los demás). La postura inicialmente predominante fue la del Cardenal Vidal i Barraquer, bien porque coincidieran con él muchos obispos o porque la mayoría creyeran que no existía otra posibilidad. Vidal, que había tenido conflictos con la Dictadura y mantenía una relación cordial pero discrepante con buena parte de los dirigentes republicanos, siempre se mostró partidario de una solución de convivencia, consciente de los peligros de la «excesiva confianza en los métodos clamorosos y de obstrucción radical». Cuando el cardenal Segura fue expulsado como consecuencia de sus agresivas declaraciones, Vidal i Barraquer recordó a las autoridades republicanas que «hemos ofrecido nuestro respeto, obediencia y cooperación» y que, por lo tanto, era preciso tratar con la Santa Sede y llegar con ella a un acuerdo. El Vaticano, por su parte, a través del nuncio Tedeschini, que había simpatizado en Italia con el Partido Popular hasta que éste fue prohibido por Mussolini, había adoptado también una actitud de contemporización. Desde el Gobierno quienes se mostraban más propicios a una solución de transigencia hicieron saber a las autoridades vaticanas que ésta era imposible si no se adoptaba una posición meridianamente clara respecto del Primado.

Roma solicitó, entonces, y obtuvo que Segura dimitiera de su sede. De los Ríos, el ministro de Justicia hizo entonces el muy regalista comentario de que «ni Felipe II había obtenido una cosa así». El antiguo Primado vivió a continuación retirado en Francia aunque mantuvo cierta influencia sobre Goma, que le sucedió en la sede toledana.

Cuando se dio a conocer la dimisión del cardenal Segura se aproximaba ya el día en que había de debatirse en las Cortes el artículo de la nueva Constitución en que se abordaba la problemática religiosa. Como ha escrito un historiador, aquélla fue «la semana trágica de la Iglesia en España» y también lo fue para la República por las consecuencias que sobre su destino acabó teniendo. A la altura de finales de septiembre de 1931 el propio Gobierno parecía dividido ante la cuestión religiosa. Alcalá Zamora y Maura hubieran deseado una separación amistosa entre Iglesia y Estado formalizada a través de un Concordato aprobado por las Cortes; el Vaticano y el sector dirigente del catolicismo español de la época estaban dispuestos a admitir la libertad de cultos o la separación entre Iglesia y Estado. El propio ministro de Justicia parecía inclinado hacia la solución de concordia, teniendo en cuenta que se había identificado con la tradición erasmista y había afirmado que quienes mantenían una posición como él no era que no fueran religiosos sino que querían «serlo más que los católicos». En el gabinete la posición más anticlerical estuvo representada por Indalecio Prieto, también socialista, estando los demás ministros dispuestos, con matices, a la concordia. Hubo, por lo tanto, la posibilidad de un acuerdo e incluso las autoridades eclesiásticas tuvieron la impresión de haberlo obtenido. Pero presionaba sobre todos los dirigentes republicanos el anticlericalismo de las masas de izquierda y el jacobinismo de los dirigentes entre quienes, como sabemos, no faltaban los «jabalíes». Álvaro de Albornoz resultó la expresión misma de la intolerancia cuando afirmó: «No más abrazos de Vergara, no más pactos de El Pardo, no más transacciones con el enemigo irreconciliable de nuestros sentimientos y de nuestras ideas… La Iglesia española ha sido, políticamente, una Iglesia de dominación que ha venido sojuzgando al poder civil… Si estos hombres (los católicos) creen que pueden hacer una guerra civil, que la hagan». Con ser estridentes estas afirmaciones, no se puede decir que resultaran excepcionales. Luís de Tapia, diputado de la izquierda republicana, pidió «tribunas públicas» para presenciar las quemas de conventos y, poco antes de la discusión parlamentaria, publicó unos versos que decían: «Si cumplen los diputados / sus deberes más sagrados / fuerza es que el fraile y el lego / tomen las de Villadiego». En El Socialista aparecieron artículos pidiendo la «destrucción» de la Iglesia y Barriobero describió el sentimiento religioso como una «droga de uso interno». Claro está que las muestras de intolerancia se daban también en el otro bando. El diputado Pildain, futuro obispo, llegó a defender la «resistencia activa a mano armada», una vez aprobado el artículo constitucional sobre esta cuestión.

Llama la atención hasta qué punto cuando, en la segunda semana de octubre, las Cortes Constituyentes empiezan a debatir la cuestión religiosa, la solución a la misma resultaba impredecible. Esto demuestra la inexperiencia y, en parte, la frivolidad con que se afrontó el problema, pero también es un testimonio de la indisciplina parlamentaria y de que la solución dada pudo ser más intolerante. Dos de los grupos más izquierdistas de las Cortes, radicales-socialistas y socialistas, propusieron la expulsión de todas las órdenes religiosas, medida que hubiera podido tener el apoyo de la mayoría de la cámara entre otros motivos porque, una vez más, como solió acontecer en todo el debate constitucional, la posición de Lerroux resultó titubeante: dijo querer un Estado laico «con la máxima eficacia pero con la mínima alarma», pero no se empleó a fondo para llegar a una solución de concordia. Sí lo hicieron, en cambio, Alcalá Zamora y Gil Robles. El cardenal Vidal i Barraquer dijo del primero que «ha cumplido casi heroicamente». Había, por un lado, tratado de disipar la supuesta imagen de blandura por parte del Estado en el caso de que se llegara a un Concordato: en la Constitución la cuestión no podía plantearse en esos términos pues en ella ni se imponía el Concordato ni se vetaba su existencia. Por otro lado, una vez que sus propuestas fueron derrotadas hizo una apelación que no podía menos de resultar sensata: «a la guerra civil, no, a los comicios». Gil Robles admitió que el mundo católico español podría purificarse con la persecución, pero señaló que la salida que iba a darse al problema religioso era todo menos liberal. Al final, la cuestión se resolvió merced a una intervención de Azaña, «inesperada y sorprendente» de acuerdo con el juicio de Vidal i Barraquer, quien propuso una fórmula de transacción para el artículo 26 del texto constitucional, pero que, como recordaría el propio Azaña, seguía sin ser una regulación liberal del problema. Quien a partir de este momento sería presidente del Gobierno sostenía que la España del pasado había sido católica en el sentido de que lo eran sus principales manifestaciones sociales, artísticas e intelectuales; la actual había dejado de serlo y era preciso, por tanto, organizar el Estado de acuerdo con esta realidad. Azaña, en consecuencia, no postuló que España debía de dejar de ser católica sino que constató una realidad que resultaba incontrovertible. Respecto a la cuestión de las órdenes religiosas, la más candente, Azaña interpretó que el criterio a seguir era el de tener en cuenta su posible peligrosidad para el régimen republicano. Con conciencia de «disgustar a los liberales», propuso que se prohibiera la enseñanza a todas las órdenes religiosas y, aduciendo como argumento el cuarto voto de fidelidad al Papa prestado por los jesuitas, defendió su expulsión. Al tratar del problema de la enseñanza de las órdenes religiosas, Azaña se refirió a la experiencia de las personas de su generación «que se encontraban en la robustez de la vida ante la tragedia de que se les derrumbaban los principios básicos». Finalmente, su propuesta fue aceptada y votada a pesar de que para una parte de la mayoría parlamentaria no acababa de ser satisfactoria. Conviene recalcar el carácter transaccional que tenía su planteamiento, perceptible en el hecho de que si no llega a ser por su intervención hubiera hecho una muy semejante Miguel Maura; el propio Ortega, en un discurso sobre la cuestión religiosa que no llegó a pronunciar, había parecido aceptar la prohibición de la docencia a los jesuitas por razones pedagógicas. Azaña, que se había casado canónicamente con una mujer practicante y que, agnóstico pero respetuoso de las convicciones religiosas, no tenía nada de anticlerical, fue partidario en adelante de evitar las «vejaciones inútiles» al mundo católico. Aunque a menudo no fue seguido por sus colaboradores, así lo demostró en la legislación complementaria de la Constitución, como la ley de congregaciones religiosas.

Aparte de la cuestión relativa a las órdenes religiosas y a su prohibición de actuar en el terreno de la enseñanza, la Constitución incluía muchas otras previsiones, como, por ejemplo, el divorcio —del que los diputados de derecha quisieron evitar la retroactividad en la aplicación y limitarlo a los matrimonios civiles—, la secularización de los cementerios, la supresión del presupuesto de culto y clero… etc. Todas estas disposiciones constitucionales se llevaron a la práctica en los meses sucesivos. Azaña, como se ha visto, pensaba que a partir de la aprobación de la Constitución era preciso enfrentarse con los problemas religiosos «de otra manera», pero lo cierto es que, por parte de los gobernantes republicanos, no hubo una decidida voluntad de cerrar la herida que se había abierto en la vida nacional. La Compañía de Jesús fue disuelta, aunque sus miembros no fueron expulsados, como en la época de Carlos III, y sus bienes fueron nacionalizados. El Estado se adueñó de un centenar y medio de edificios pero, como resultaba difícil determinar si verdaderamente eran propiedad de la orden, se dispuso la nacionalización en los casos de duda y la indemnización posterior, caso que se hubiera procedido de manera ilegal. A pesar de todo ello la enseñanza de los jesuitas pudo seguir mediante el recurso a instituciones privadas. Es irónico comprobar que si, por un lado, Ortega y Pérez de Ayala habían pasado por la experiencia descrita por Azaña respecto de la pérdida de la fe en la edad juvenil, al mismo tiempo eran alumnos de los jesuitas algunos muy destacados colaboradores de las instituciones republicanas: éste fue el caso, por ejemplo, no sólo de Gil Robles sino también de José Antonio Aguirre, futuro presidente vasco, o del catalanista republicano Carrasco Formiguera, uno de los firmantes del llamado Pacto de San Sebastián. Este último llegó a decir que a los jesuitas «les debía todo» y que la fórmula a la que se había llegado era «fascista». En aplicación de lo previsto en la Constitución el Gobierno presidido por Azaña presentó un proyecto de ley para regular el régimen jurídico de las restantes órdenes religiosas al margen de los jesuitas. El proyecto, que motivó una cerrada oposición en las Cortes por parte de la derecha, hasta el punto de que a uno de sus artículos se presentaron nada menos que 28 enmiendas, acabó radicalizándose en la discusión parlamentaria gracias a haberse restablecido la identificación entre el Gobierno y la mayoría anticlerical. La Ley de Congregaciones de mayo de 1933 exigía a las existentes en España una minuciosa inscripción en el registro correspondiente, la obligación de no poseer más bienes que aquéllos que les rentaran el duplo de los gastos para su manutención y, en fin, admitía la disolución de las órdenes por parte del Estado, que se atribuía una especie de dominio eminente sobre todos los bienes eclesiásticos.

Con todo ello la cuestión religiosa se había convertido ya en un problema de trascendental importancia para la vida política. A menudo una legislación poco liberal fue empeorada mediante el procedimiento de aplicarla de manera mortificante: así, por ejemplo, los actos externos de culto requerían aprobación gubernativa y, en buena parte de la geografía española, multitud de alcaldes pueblerinos se dedicaron a imponer contribuciones por toques de campanas, a prohibir procesiones o entierros católicos o incluso a gravar fiscalmente la soltería. Este tipo de actitud engendró una reacción al tiempo defensiva, integrista y airada. Es indudable que la Iglesia española perdió la oportunidad en estos momentos de vivir una experiencia de separación del Estado en autonomía, cordial o no, respecto del mismo, pero no parece que a ella se le puedan achacar todas las culpas. En los años treinta existió una generalizada conciencia crítica en los medios católicos respecto de lo que había sido hasta entonces la actuación colectiva propia. El propio cardenal Goma, sucesor de Segura en Toledo y no precisamente una persona autocrítica, admitió que los católicos españoles habían trabajado «poco, tarde y mal». Si hubiera habido independencia sin atisbos de persecución es posible que la Iglesia hubiera podido cambiar y contribuir a la paz civil mediante oportunos mensajes doctrinales en terrenos como el político y social. Pero la actitud mantenida con las órdenes religiosas produjo un reflejo defensivo que se perdió en una exacerbación de lo clerical. Una extrema derecha católica, dotada de tintes monarquizantes, pretendió la licitud moral de la insurrección contra el orden constitucional —el canónigo Castro Albarrán dedicó un libro al «derecho a la rebeldía»— mientras que el ex ministro Yanguas defendió la vigencia del Concordato de 1851. En la campaña electoral de 1936 el principal diario católico presentaba como máximo éxito del bienio en que habían gobernado las derechas el hecho de que habían podido celebrarse las procesiones de Semana Santa. El ultra clericalismo venía favorecido por la paradójica realidad de que, habiéndose producido el declinar del orden religioso tradicional, al mismo tiempo las prácticas diarias recordaban el peso del catolicismo: durante 1934, en Madrid, sólo hubo 231 entierros civiles.

Como ya se ha insinuado, lo sucedido fue muy perjudicial para la República y en ello coinciden los testimonios de los personajes políticos más moderados y sensatos de los años treinta con el testimonio unánime de los historiadores actuales. Tuñón de Lara ha escrito acerca de la «impolítica política religiosa» de la República y Ramos Oliveira señaló que el enfoque dado a esta cuestión venía a ser algo así como tratar de construir una casa por el tejado. Un liberal como Madariaga subrayó que la República hubiera hecho mucho mejor si hubiera tratado de atraerse a la Iglesia mediante un Concordato, en vez de «empeñarse en asestarla un golpe frontal». Para Martínez Barrio fue «dudosa» la conveniencia de una política como la de Azaña, pues, habiendo argüido que estaba declinando el componente católico de la sociedad española, acabó excitando las «brasas fanáticas de otras eras». Pero quizá el juicio más oportuno acerca de cómo planteó la República la cuestión religiosa se encuentra en ese discurso redactado por Ortega que no llegó a pronunciarse. Para el filósofo la cuestión religiosa era «una cuestión de tacto histórico»; era esencial que, como consecuencia de la solución dada, «no se dejara herida a la Iglesia». «Si esta cámara —escribió— fuera un escorzo aproximado del sistema de las fuerzas que integran España nuestra discusión no ofrecería dificultad», pero, como no era así, Ortega pedía que los diputados no creyeran que España era sólo «el inmediato tropel de los afines». No se cumplieron sus propósitos y el resultado fue reducir gratuitamente las posibilidades de la convivencia colectiva.

La reforma agraria y la agitación social en el campo

Sin la menor duda la reforma agraria fue la de mayor envergadura de las que se le podían plantear al nuevo régimen republicano en el momento en que comenzó su singladura. Como en el caso de la cuestión religiosa también esta reforma agraria se apareció en el horizonte en los momentos iniciales del régimen, antes de que estuviera redactado el texto constitucional y, como en ese caso, la forma de abordar este tema contribuyó decisivamente a enajenar el apoyo de una parte importante de la población al régimen republicano. La reforma agraria, aún a pesar de los inconvenientes de su contenido y la timidez de su puesta en práctica, tuvo, al menos, el mérito indudable de enfrentarse con un problema multisecular, que se planteaba ya con una especial virulencia en el momento del cambio de régimen dada la crisis económica, las expectativas sociales creadas y, sobre todo, el empuje de una demografía pujante que no encontraba hueco en el mercado de trabajo.

Ya el Gobierno provisional republicano, como se ha advertido, inició la obra reformista agraria dictando una serie de disposiciones de indudable importancia relativas, por ejemplo, a la prohibición de expulsar a los pequeños arrendatarios, reducción del horario de trabajo y extensión de los jurados mixtos al campo. Hasta fines del año 1931 aparecieron en el Diario oficial hasta 157 medidas que puede pensarse se decidieron con el acuerdo unánime de los componentes del gobierno. Todas estas disposiciones no encontraron resistencia por parte de los propietarios, a pesar de que pronto los jurados mixtos empezaron a actuar en materia de condiciones de trabajo en sentido favorable a los campesinos; de hecho, esta institución da la sensación de haber contribuido a aliviar las tensiones sociales e incluso en alguna ocasión parece, además, haber contribuido a integrar a los propios militantes de la CNT (éste fue el caso, por ejemplo, de Córdoba). Como también los salarios crecieron bastante —un 20 por 100, por ejemplo, en esa provincia— en esos meses la situación del campo parecía prometedora ante las posibilidades de una transformación social que beneficiara a quienes en él trabajaban sin perjudicar de manera grave a los propietarios. Hubo, sin embargo, otras medidas iniciales que fueron recibidas con mucho menos entusiasmo por estos últimos. El decreto de laboreo forzoso les imponía seguir cultivando las tierras según los «usos y costumbres» de la localidad para evitar que aumentara el paro. También resultó muy discutido el decreto de términos municipales, por el que se establecía la obligación patronal de contratar preferentemente a los obreros de la localidad. En realidad la disposición era susceptible de una aplicación caciquil y, además, muy a menudo tenía graves inconvenientes, tanto económicos como sociales: si se aplicaba de forma estricta a veces las buenas cosechas no podían ser recogidas o se perjudicaba gravemente a los trabajadores temporales procedentes de poblaciones vecinas. De hecho, tantos eran los inconvenientes de este decreto que su aplicación se suspendió en muchos casos y, en general, se eludió su funcionamiento al mismo tiempo que su existencia indignaba a los patronos.

En realidad, buena parte de estas medidas fueron obra del Ministerio de Trabajo, regido por el socialista Largo Caballero y ésta debe ser la causa de la prontitud en ponerlas en marcha, pero la reforma global marchó mucho más lentamente y ése fue precisamente uno de sus mayores defectos. No se hizo caso a Sánchez Román, que había sugerido que se hiciera por decreto, y luego Martínez Barrio escribió, en sus memorias, que a la reforma le faltó «un cirujano de hierro». Ahora bien, la lentitud en la tramitación se explica por la discrepancia en los contenidos que separaba a los partidos del Gobierno provisional. La Comisión técnica, nombrada por De los Ríos como ministro de Justicia, elaboró un anteproyecto del que, con perspectiva histórica, cabe decir que si se hubiera puesto en práctica hubiera logrado evitar muchos de los males que luego aquejaron a la reforma efectivamente realizada. El texto partía de la urgencia de tomar medidas y, en consecuencia, preveía la «ocupación temporal» de las tierras; anualmente serían asentadas de 60 000 a 75 000 familias y la reforma se financiaría mediante un impuesto progresivo sobre las grandes fincas. En el verano de 1931 Alcalá Zamora redactó otro proyecto que representaba la posición de los republicanos derechistas: su principal novedad era introducir tres categorías de tierras en las que la reforma se aplicaría: las no regadas en zonas regables, las de procedencia feudal y las que fueran arrendadas sistemáticamente; en cualquier caso habría indemnización, aunque variable según los casos mencionados. Tampoco este proyecto fue aprobado, lo que induce a pensar que, aunque no hubiera existido el problema religioso, habría sido difícil que Alcalá Zamora continuase al frente del Gobierno republicano. Esta diferencia de criterios siguió existiendo en el momento de la tramitación parlamentaria de la ley, siendo la divergencia más acusada la que enfrentaba a los socialistas con el resto de los partidos republicanos. Los primeros querían una reforma más rápida, que favoreciera los arrendamientos colectivos y que afectara también a las propiedades extensas por el hecho de serlo. Los partidos republicanos insistían en limitar los gastos de la reforma, querían «encauzar» la protesta de los jornaleros mediante una reforma muy pensada y hacérsela pagar en definitiva a la nobleza (que, en realidad, tampoco poseía tantas extensiones como para satisfacer el «hambre de tierras» de los jornaleros).

En marzo de 1932 el gobierno de Azaña presentó su proyecto de reforma agraria después de que los borradores iniciales fueran radicalizados por la comisión parlamentaria correspondiente. Sin embargo, no por ello se aceleró la tramitación, porque los radicales y algunos de los miembros de la mayoría gubernamental criticaron el proyecto y, sobre todo, la derecha llevó a cabo una auténtica guerrilla en contra del mismo mediante la presentación insistente de enmiendas. Asimismo, cabe achacar al propio Gobierno desidia en su tarea reformista: ni Azaña ni Domingo consideraron primordial el proyecto —el primero, al final, cambió de opinión— y los nacionalistas gallegos y catalanes no se sentían afectados por él. Sólo con la derrota de la conspiración de Sanjurjo avanzó con rapidez la reforma. Como consecuencia de ella Azaña obtuvo la incautación de los bienes de toda la Grandeza española, a pesar de que tan sólo dos de los 262 Grandes se habían visto implicados en la sublevación. Fue una medida revolucionaria, pero que con razón el propio Azaña presentó como un «pequeño correctivo»; en el fondo, con ella, como con la expulsión de los jesuitas, quería dar una satisfacción parcial al sector más radical que le apoyaba. Pero, vista la mencionada insuficiencia de la tierra propiedad nobiliaria para satisfacer a los jornaleros, el Presidente «resultó ser un Robespierre sólo en su retórica y no en los actos» (Malefakis). En definitiva la Ley de Reforma Agraria fue aprobada en septiembre de 1932.

Como consecuencia de los complicados pactos que inevitablemente habían presidido su gestación, entre grupos políticos cuyos idearios en la materia eran, en el fondo, incompatibles, su texto resultó complejo hasta el extremo. Llegaba a haber nada menos que trece categorías de tierras expropiables que quedaban registradas en un inventario y que, por ello mismo, estaban sometidas a determinadas restricciones en el ejercicio de los derechos de propiedad. De esta manera el número de los afectados por la reforma aumentó considerablemente sin que se aportaran los medios imprescindibles para que la reforma se pudiera llevar a cabo. La reforma se extendió a la totalidad de la Península y no tan sólo al sur de modo que la amplitud de las categorías de tierras expropiables era tan grande que en algunas provincias un tercio de su superficie quedaba incluida en el inventario. La expropiación se llevaría a cabo siempre mediante indemnización, excepto en el caso de la Grandeza de España, pero siguiendo baremos diversos. La aplicación de la Ley quedaba en manos de un Instituto de la Reforma Agraria que tampoco estaba exento de posibles críticas. Su organización era, al mismo tiempo, confusa y excesiva.

Se había pensado que las decisiones del IRA se tomaran colegiadamente y con la colaboración de los sectores implicados pero resultó, finalmente, que el Instituto se convirtió en una especie de Cortes en miniatura actuando con una lentitud que se convirtió en proverbial. Su exceso burocrático llegó a tal extremo que en su consejo directivo figuraban un arquitecto y un veterinario. Con todo la Ley logró su objetivo esencial, pues puso a disposición del Estado, a unos precios accesibles, enormes cantidades de tierras para que éste tratara de satisfacer las demandas campesinas. Ya en la etapa final del bienio reformista se presentó una Ley de arrendamientos que no llegó a ser aprobada y que constituía un elemento imprescindible para la reforma, pues había provincias enteras (como Badajoz) en que la mitad de la tierra estaba arrendada.

Sin embargo lo peor vino a continuación, porque lo más característico de la reforma agraria republicana es lo extremadamente limitado de sus resultados. Como afirma Malefakis, el historiador que mejor ha escrito sobre ella, fue, en el fondo, «más un intento que una realidad». Para confirmarlo basta con comparar las cifras, originariamente previstas, de campesinos a instalar con los resultados efectivos. Si en un principio se había pensado de 60 000 a 75 000 (los socialistas querían 150 000), la realidad es que sólo se expropiaron 24 000 hectáreas para asentar definitivamente unos 4300 campesinos; en otras 20 000 hectáreas de inferior calidad, también expropiadas, las cifras, necesariamente, fueron inferiores. La única decisión que afectó a un número importante de campesinos fue provocada por las circunstancias y era, además, temporal.

Dada la tensión social existente en Extremadura, mediante un decreto de «intensificación de cultivos» se permitieron ocupaciones temporales de tierras que beneficiaron a unos 40 000 campesinos, pero esta medida, sin satisfacer por completo a los jornaleros por su temporalidad, motivó una dura protesta de los propietarios, que temieron posteriores medidas revolucionarias del gobierno.

Se puede completar esta visión general con la mención de lo ocurrido en dos provincias andaluzas en las que el problema de la tierra resultaba particularmente grave. En Córdoba un tercio de la superficie, poseída por 817 personas pero cuya mitad era de tan sólo 98 propietarios, fue declarada expropiable. Una parte considerable era de la nobleza, que arrendaba el 75 por 100 de ella mientras que los restantes propietarios sólo lo hacían en el 20 por 100. La reforma fue tan tardía que el primer ingeniero del IRA sólo se instaló en 1933. Entre 1934 y 1935 se asentaron 534 trabajadores, una cifra muy baja que se sextuplicó a través del procedimiento excepcional de la «utilidad social» en los días finales de la República. En Cádiz donde, a diferencia del conjunto de Andalucía y de Córdoba, predominaba la CNT, fueron asentados unos 1620 trabajadores, más de la tercera parte durante el gobierno del Frente Popular. La aplicación de la reforma sólo se llevó a cabo en el segundo bienio, momento en que fue expropiada La Almoraima, el mayor latifundio de España, en el pueblo de Castellar. Con sus medidas agrarias —concluye un especialista— la República no benefició sino, a lo sumo, al 10 por 100 de la población desocupada. Ya se puede imaginar que para estas dos provincias lo sucedido en torno a esta cuestión ocupa el centro de gravedad de la experiencia republicana.

A la hora de tratar de averiguar las posibles causas de la no aplicación de la reforma agraria hay que empezar por recordar la complejidad de una ley en cuya gestación habían intervenido la totalidad de los abogados presentes en las Cortes. Es necesario recordar también las dificultades financieras de un Estado que debió restringir sus gastos por la grave crisis económica. Se ha dicho, con razón, que si Azaña actuó como un Robespierre con la expropiación de los bienes de la nobleza fue un Necker a la hora de proporcionar recursos para la reforma agraria. Pero a todo ello ha de sumarse, además, la incompetencia del ministro encargado de la reforma, Marcelino Domingo.

Periodista y escritor prolífico, Domingo fue nombrado por ser radical-socialista, es decir, equidistante entre los grupos políticos que formaban el gabinete de Azaña, pero, como no dudó en reconocer el propio Azaña en su diario, «su desconocimiento de las cosas del campo es total». «Todo va ahí despacio» dice otra anotación de su diario, que informa también de la irritación del presidente de Gobierno, lego en esta materia y aún inicialmente desinteresado de ella, cuando a las preguntas que formulaba a su ministro se encontraba conque «no sabía contestarlas». A Domingo ni siquiera sus subordinados le respetaban y a menudo llevó al Consejo de Ministros medidas (como revestir las oficinas públicas de corcho para estimular esta industria) que provocaron la perpleja rechifla de sus compañeros; en 1932, coincidiendo con una de las mejores cosechas de trigo del siglo, mandó importarlo. Los ataques que sufrió fueron durísimos y eso aumenta la responsabilidad de Azaña, que de sobra conocía sus limitaciones, al mantenerlo en su puesto cuando hubiera podido cambiarlo. La verdad es que en este campo es donde mejor se aprecian las limitaciones de un político como él, incapaz de tomar una determinación decidida en un problema como éste, que afectaba a la mayor parte de la sociedad española pero que en la práctica prefirió eludir en sus discursos. De todos modos no fue el único gobernante de la época con limitaciones en este terreno. El propio Prieto parece haber pensado que todo lo relativo a la reforma agraria era «literatura» y que tan sólo tenía sentido llevarla a cabo en los regadíos.

Las consecuencias de esta situación para la coalición gobernante fueron extremadamente graves. El mismo Azaña fue consciente, en la intimidad de su diario, de lo que estaba aconteciendo: «No harán nada útil —escribió— y habiendo producido inquietud y perturbación ni Domingo ni sus huestes son capaces de hallar una compensación para la República, atrayéndose a masas de campesinos a los que se dé tierra». Muchos años después, en sus memorias, Martínez Barrio afirmó algo parecido: la reforma agraria «acrecentó el número de los enemigos sin sumar partidarios». Así fue, en efecto. Mientras que la tierra perdía parte de su valor a causa de su inclusión en un inventario, la mayor parte de cuyas inscripciones no acabarían nunca en expropiación, los jornaleros, y no sólo los propietarios, quedaron profundamente decepcionados.

La mejor prueba consiste en el crecimiento de la agitación campesina que, como sabemos, se había iniciado en el mismo momento de producirse el cambio de régimen y estaba motivada por las expectativas de transformación social ahora decepcionadas.

Muy pronto el medio rural se convirtió en el escenario de enfrentamientos durísimos, a veces protagonizados por la CNT, pero también por una UGT cuya Federación de Trabajadores de la Tierra se inclinó progresivamente hacia posiciones maximalistas.

Precisamente la agitación se incrementó considerablemente en el preciso instante en que la Ley de Reforma Agraria era aprobada, a fines de 1932 y comienzos de 1933; ello es testimonio de hasta qué punto los dirigentes republicanos habían dejado pasar el tiempo.

Fue en la mitad sur de España donde esa agitación fue más virulenta. Se concretó a veces en recogida de armas (en 1932 se incautaron en Sevilla 700 bombas de una sola vez) pero también en otro tipo de incidentes como incendios, hurtos, «rebuscas», a caballo entre la roturación de terrenos ajenos y el robo, y, en fin, atentados contra las segadoras consideradas como «enemigo directo» de la clase trabajadora en Sevilla y otras provincias andaluzas. Los patronos actuaron entonces con radicalismo semejante: protestaron con dureza y se organizaron en asociaciones para dar una batalla que en nada favoreció al régimen republicano.

En el futuro el problema agrario español estaba destinado a experimentar un cambio muy considerable. Los ingenieros de la reforma agraria tenían como misión no sólo hacer posible la instalación de los campesinos en la tierra sino introducir nuevos cultivos, como plantas forrajeras e industriales; a menudo, en sus informes al IRA, se quejaron de lo que describían como «feroz individualismo» del campesino pues, permitiendo la ley que la explotación se hiciera el lotes individuales o colectivos, la mayoría optó por la primera fórmula. Pasado el tiempo sin haberse producido cambios de ninguna trascendencia en materia de propiedad, ese individualismo llevaría a los trabajadores a emigrar del campo a la ciudad o al extranjero. Fueron entonces los propietarios quienes introdujeron la mecanización y los nuevos cultivos.

La pluralidad española:
Los nacionalismos y el «Estado integral»

Como la reforma agraria o la cuestión religiosa, la estructuración de un Estado que permitiera a la plural realidad española traducirse en una organización propia y peculiar estaba planteada desde al menos los comienzos del siglo XX y no dejo de abordarse en el primer bienio republicano. Además hay que añadir que lo fue generosamente y con la voluntad de darle una solución definitiva e irreversible. Fue mérito de Azaña hacerlo a pesar de que su pensamiento siempre fue muy españolista y, como tal, podía haber estado tentado por el unitarismo. Pero no fue así, sino que demostró una capacidad de comprensión en esta materia muy superior a la de cualquier político español de una época anterior. Además para él el problema de Cataluña era uno de los retos fundamentales que las nuevas instituciones debían afrontar y, así, aseguró que «si no lo resolvemos, la República habrá fracasado aunque dure cien años». Otra cosa es que se diera cuenta de hasta qué punto se trataba de un problema global que afectaba al conjunto de la convivencia y no de la petición de una sola comunidad. De cualquier modo, el tratamiento que el régimen dio a esta cuestión, aún sin satisfacer por completo la totalidad de las demandas de la sociedad española, no tuvo, en cambio, los resultados decepcionantes que se dieron en la cuestión religiosa o en la agraria.

Antes de abordar este problema resulta indispensable referirse al modo en que se planteaba durante los años treinta. Sabemos que durante la primera posguerra mundial habían empezado a brotar en otras regiones, diferentes de las que habían sido protagonistas principales de los nacionalismos de la periferia, pequeños grupos de carácter regionalista y que, tanto en Cataluña como en el País Vasco, la etapa de la Dictadura radicalizó el sentimiento nacionalista, en especial entre los sectores juveniles. Pero los cambios en los movimientos nacionalistas o regionalistas no se detuvieron en el momento de la transición de la Monarquía a la República sino que se aceleraron durante ésta. En realidad, durante esta etapa se plantearon cambios tan trascendentales en esta cuestión que se puede decir que de ellos seguimos viviendo en el momento actual. De esta década data, por ejemplo, la configuración definitiva del catalanismo como una realidad que abarca el conjunto del arco parlamentario, aún con diversas modulaciones, la del vasquismo, centrado y estructurado por un partido, o el galleguismo como fuerza minoritaria pero importante en la vida pública. Más hubo también otros cambios no menos trascendentales. En primer lugar, los nacionalismos, como cualquier realidad política de la época, se vieron nutridos de masas recién llegadas a la vida pública.

Algunas cifras testimonian esta penetración cuantitativa: La prensa escrita en catalán contó, por ejemplo, con 23 diarios más durante la etapa republicana y otros veinte durante la Guerra Civil. En once poblaciones catalanas había prensa diaria en esta lengua y en Barcelona se publicaban siete, uno de ellos de la CNT. En el País Vasco sucedió algo parecido: en Vizcaya el porcentaje de voto nacionalista osciló entre el 37 y el 45 por 100 y en Guipúzcoa alrededor del 25 por 100. Incluso en Galicia se puede medir este auge: el galleguismo alcanzó los 5000 afiliados. Todos estos datos prueban una misma realidad, la ya citada.

A la mayor penetración del nacionalismo (o regionalismo) se debe sumar su creciente extensión geográfica. Como veremos, en 1936 la reclamación de estatutos de autonomía estaba ya generalizada, aunque en algún caso hubiera estado vinculada a actitudes iniciales de repudio del Estatuto catalán. En cada comunidad española esa propensión al descubrimiento de los signos de identidad propia tuvo características especiales. En Valencia, por ejemplo, los dos partidos predominantes —Derecha Regional Valenciana y Partido de Unión Republicana Autonomista— tenían una especial significación regionalista y consiguieron superar sin problemas disidencias nacionalistas; además surgió un republicanismo de izquierdas de esta significación. En toda España hubo, además, una renovación de la clase dirigente de los nacionalismos, mucho más joven que la anterior. Ejemplo de la misma puede ser José Antonio de Aguirre, el principal líder del PNV, pero el relevo no se produjo tan sólo entre los políticos sino también en la misma sociedad. El propio término nacionalismo impregnó al conjunto de ésta. En torno a la Primera Guerra Mundial un teórico del catalanismo, Rovira i Virgili, había empleado la paradójica expresión «nacionalización del nacionalismo» que resulta válida para describir ese fenómeno. Muchos de los dirigentes de la Esquerra no se denominaban nacionalistas antes de esta década y ahora lo pudieron hacer precisamente porque se había producido una ampliación del sentimiento catalanista. En fin, un rasgo muy característico de la época fue la «deriva hacia el centro-izquierda» del conjunto del sistema político en las zonas de más clara peculiaridad (Beramendi), provocada por las propias características del advenimiento de una democracia de masas.

Resultaba, pues, perentorio que la República abordara esta cuestión y, además, así se había planteado en el llamado Pacto de San Sebastián, al que concurrieron los nacionalistas catalanes. La referencia a la cuestión de la pluralidad española debe, pues, empezar por Cataluña haciendo, además, referencia a los cambios políticos producidas en ella como consecuencia del nuevo régimen. Hasta entonces puede decirse que el catalanismo había estado representado casi exclusivamente por la Lliga, pero los resultados de las elecciones de abril de 1931 supusieron un giro copernicano en el panorama político catalán: en Barcelona la Esquerra Republicana catalana, un partido nacido hacía poco, obtuvo una holgada ventaja, superior al 50 por 100 del voto, sobre la Lliga, doblando el voto de la opción republicana por excelencia, Acció Catalana, ahora denominada Partit Cátala República. La Esquerra, con quien este último partido se había negado a colaborar por considerar que no tenía posibilidades electorales, obtuvo su éxito gracias a la personalidad de Maciá, quien había llegado a convertirse en símbolo de una Cataluña a la búsqueda de su identidad nacional. Maciá, de orígenes catalanistas tibios y de procedencia social acomodada y tradicional, era un ingeniero militar enfrentado con el cuerpo al que pertenecía por motivos políticos cuando evolucionó hacia un nacionalismo radical. A menudo truculento en la oposición su caso, una vez alcanzado un papel decisivo en la política catalana, fue semejante al de tantos políticos que, después de convertidos en símbolos indisputados, dotados de buen sentido, una cierta ingenuidad, honestidad y capacidad para desempeñar su nueva función gubernamental, llegan a ser invencibles en el terreno electoral.

La Esquerra fue, en efecto, el partido hegemónico de Cataluña, pues ganó todas las elecciones, dominó su Parlamento y sobrevivió a la desaparición de «L’Avi» (el abuelo) como fue denominado Maciá. El inconveniente que tuvo un partido como éste fue, obviamente, la heterogeneidad de su composición: hubo en él seguidores del Presidente que carecían de ideología, catalanistas radicales de proclividad semifascista que llegaron a defender la existencia de un partido único del catalanismo (como fue el caso de Estat Cátala y Dencas) y, en fin, personas que en el pasado y en el presente habían tenido y tenían relaciones óptimas con la CNT. El problema de la Esquerra no era ganar las elecciones sino conseguir después tener una actuación única y coherente. Su fuerza electoral fue tan persistente y profunda que grupos políticos que tenían en sus filas personalidades de mayor talla acabaron aceptando esta realidad e ingresaron en ella. Así lo hizo, en su mayor parte, la antigua Acció Catalana que se sentía como un «estado mayor sin tropas» y sus discursos electorales «sabios, didácticos, un poco fríos» (Ametlla) parecían condenados a no conseguir escaños. Algo parecido sucedió, en una fecha anterior, con el grupo reunido en torno a la revista L’Opinió, que tenía en el seno de la Esquerra una pretensión socializante y una capacidad gubernamental superior a la media. Fue ésta la protagonista inicial de la demanda de autonomía por parte de Cataluña; portavoz todavía de un catalanismo exaltado, Maciá proclamó la República Catalana en abril de 1931 y fue necesario un viaje de tres de los ministros del Gobierno provisional de la República para que se llegara a un acuerdo consistente en crear un gobierno catalán (la Generalitat) que debería elaborar un Estatuto de autonomía destinado a ser presentado en las Cortes Constituyentes.

Junto con la Esquerra, pero en una situación manifiestamente inferior en cuanto a número de votos, la vida política catalana estuvo protagonizada por la Lliga, que modernizó considerablemente sus procedimientos de actuación y, además, supo establecer algunos puntos de coincidencia con la Esquerra en materias autonómicas.

Hasta entonces la Lliga había sido primordialmente un partido de notables, pero ahora se convirtió en uno de masas, conservador en lo social y mayoritariamente católico.

Supo también integrar en su seno a una porción de la Acció Catalana, representada por Bofill i Mates, y, en el seno de la política española, vino a representar una posición centrista. La Lliga (ahora denominada Catalana y no Regionalista) fue el otro polo de la política catalana que inspiró las coaliciones electorales más a la derecha. Aunque tan sólo hubo dos diputados de la Lliga en las Constituyentes su actuación resultó coincidente con la de la Esquerra en los temas referentes a la autonomía.

Desde luego lo sucedido en Cataluña, donde la Generalitat tuvo unos poderes provisionales, pero de cierta importancia, tuvo decisiva importancia a la hora de la discusión constitucional. La Comisión Jurídica Asesora, repudiando el modelo federal, propuso la aceptación de las autonomías regionales. En el momento de la discusión del artículo correspondiente se dibujaron tres posturas: la federal, la que, partiendo de una voluntad de organización del Estado en grandes «comarcas», como las denominaba Ortega, hubiera propuesto una especie de autonomismo generalizado y la tesis «realista» consistente en reconocer la existencia de unas regiones con instituciones propias allí donde ese sentimiento hubiera ya demostrado una virtualidad efectiva. Aunque hubiera diversas denominaciones para esta última fórmula (Alcalá Zamora llegó a hablar de «Estado federable») fue, en definitiva, la adoptada por los constituyentes de 1931. Su principal defensor fue el propio Jiménez de Asúa, que la justificó siguiendo el modelo alemán de «Estado integral» partiendo de la base de que tanto el unitarismo como el federalismo estaban en crisis. En realidad la Constitución de 1931, partiendo de esos criterios realistas, únicamente estableció la autonomía de los municipios dejando la de las regiones como potestativa. Se trataba, pues, de un Estado unitario que no aceptaba la autodeterminación de sus regiones y que hacía posible la autonomía regional, pero cuya estructura definitiva podía a la larga resultar disfuncional al ser posible que unas regiones tuvieran autonomía y otras no, sin que sea posible emitir un juicio al respecto dada la limitada duración que tuvo. La fórmula de reparto de competencias consistió en una división tripartita, defendida por Alcalá Zamora, entre competencias estatales, de las regiones y del Estado pero con ejecución regional. En las propias deliberaciones constitucionales hubo ya discusiones no sólo con la oposición sino incluso en el seno de la mayoría gubernamental, al reclamar los socialistas, frente a la Esquerra, que la competencia para legislar sobre materias sociales fuera exclusivamente estatal.

Sin embargo, las divergencias fueron todavía mayores cuando se presentó ante las Cortes el proyecto de Estatuto catalán elaborado en aquella comunidad. La tesis defendida por todos los catalanistas, tanto de izquierdas como de derechas, fue que en el Pacto de San Sebastián se había reconocido el «derecho de autodeterminación» de los catalanes y Maciá nunca dejó de hablar de la «soberanía catalana». El llamado —por el lugar de redacción— Estatuto de Nuria, al crear una ciudadanía catalana, posibilitar la incorporación de otros territorios, declarar como lengua oficial el catalán y hacer referencia a las condiciones para cumplir el servicio militar, partía de hecho de ese principio de autodeterminación. Sólo 4 concejales de los 8300 existentes en Cataluña y, luego, al ser sometido a plebiscito, 3000 electores de unos 600 000, estuvieron en contra de esta fórmula en el conjunto de Cataluña.

Sin embargo, es obvio que tal texto resultaba incompatible con la Constitución, lo que explica los múltiples conflictos a lo largo de su discusión, desde mayo a septiembre de 1932. Las derechas (especialmente los agrarios, representantes de intereses y votos castellanos) se opusieron al Estatuto, pero esta actitud encontró, además, eco en otros sectores de la intelectualidad liberal. Aparte de Unamuno, habitualmente poco simpatizante con los nacionalismos periféricos, Ortega declaró, no sin razón vista la diferencia de puntos de partida, que el problema era irresoluble y que «sólo se podía conllevar». Por su parte los socialistas, que acabaron perdiendo algún diputado por culpa del Estatuto, exigieron inicialmente, por boca de Prieto, una mayoría «semiaclamatoria» para la aprobación de su texto, con lo que de hecho demostraban la profundidad de los recortes a que querían someterlo, y tampoco los radicales mostraron ningún entusiasmo por su contenido. Frente a todas estas actitudes los catalanistas reaccionaron con irritación. Companys declaró que, tal como iba quedando, el Estatuto podía llegar a «no interesar» a los catalanes y otro diputado de la Esquerra llegó a afirmar que «habían sido engañados». Si finalmente se llegó a la aprobación de un Estatuto se debió a una intervención muy brillante de Azaña y, sobre todo, a la reacción de solidaridad entre todos los sectores republicanos como consecuencia de la derrota del golpe de Sanjurjo en 1932. Con todo, si tuvo tan sólo 24 votos contrarios, otros cien diputados se abstuvieron en su votación definitiva.

La verdad es que el Estatuto de Nuria se había transformado a fondo tras su paso por las Cortes. De la autodeterminación no quedaba más que un recuerdo en la afirmación de que «Cataluña se constituye como región autónoma», como si el reflexivo indicara que lo hacía por propia y única voluntad. En cambio desaparecía la ciudadanía catalana y el catalán quedaba tan sólo como idioma cooficial. Cataluña tendría su propio Parlamento y su Consell o gobierno. No se preveía la presencia de un representante del poder central en Cataluña pero subsistía la primacía de la Ley estatal sobre las regionales y dependía del Tribunal de Garantías Constitucionales la determinación de la validez de estas últimas. De acuerdo con la Constitución quedaba reservada al Estado la competencia sobre una larga serie de materias (relaciones exteriores y defensa), pero donde los debates fueron más duros fue en aquellas cuestiones en que se hubo de llegar a un acuerdo de transacción, inevitable a partir de posturas iniciales tan notablemente distantes. En materia hacendística estuvo, por ejemplo, a punto de producirse la dimisión de Prieto; en lugar de optarse por la fórmula del Estatuto de Nuria, que hubiera entregado los impuestos directos a la Generalitat, se llegó a otra que, de acuerdo con los especialistas, limitó considerablemente las posibilidades financieras de las instituciones autonómicas. Respecto de las cuestiones sociales Largo Caballero consiguió reservar al Gobierno central la facultad legislativa en esta materia, para irritación de la Generalitat, pero ésta conservó la capacidad de legislar sobre el Derecho civil. Como veremos, de esta ambigüedad nacieron posteriores conflictos. En orden público y en obras públicas se estableció una distinción entre aquellos aspectos de competencia estatal y los de carácter regional. Finalmente, en relación con materias educativas, Cataluña recibió las competencias sobre primera y segunda enseñanza y podría crear centros de enseñanza en todos los niveles educativos. La universidad de Barcelona podría convertirse en autónoma, en cuyo caso sería la única de Cataluña y en ella se garantizaría la paridad entre el castellano y el catalán.

Como se puede apreciar, la República había dado una solución a los problemas presentados por la reivindicación de un gobierno peculiar para Cataluña, aunque no sería correcto afirmar que lo hiciera satisfaciendo por completo los deseos de los nacionalistas catalanes. De todas formas, como ya se ha indicado, a diferencia de lo sucedido en cuestiones como la agraria o la religiosa, la República no aumentó el número de sus enemigos por sus decisiones en esta materia y llegó a una solución de transacción que, no siendo totalmente satisfactoria para nadie, se demostró estable y punto de coincidencia de izquierdas y derechas en Cataluña. Otra cosa es que en 1934 se produjera una crisis, provocada por la subversión de la Generalitat, y que perdurara en la extrema derecha una voluntad de hacer desaparecer las instituciones autonómicas.

Los inconvenientes respecto de la forma en que fue abordado el problema de la pluralidad española durante el primer bienio republicano residen no tanto en la fórmula jurídica adoptada para el caso catalán como en la incapacidad efectiva para satisfacer las demandas de otras comunidades, en parte por la posición de sus movimientos regionalistas o nacionalistas y sus peculiaridades políticas propias pero también por el enfoque partidista que adoptó a menudo el gobierno y por la escasez de tiempo de que dispuso. Así se aprecia en el caso del País Vasco y en el de Galicia.

En el País Vasco el nacionalismo aparecía todavía dividido cuando se produjo el final de la Dictadura de Primo de Rivera, pero a finales de 1930 reconstruyó su unidad aunque se mantuvieran importantes divergencias de talante político en su seno. Sin embargo los nacionalistas no creyeron que fuera a caer la Monarquía y, por lo tanto, no colaboraron con los republicanos en el nacimiento de un nuevo régimen. Tan sólo lo hizo un minúsculo partido, Acción Nacionalista Vasca, liberal y nacionalista, que repudiaba el confesionalismo religioso y la herencia ideológica de Sabino Arana.

Acción Nacionalista Vasca quiso significar en la política vasca algo parecido a lo que fue Acció Catalana en Cataluña, pero, en realidad, lo único que logró fue asemejarse en su incapacidad para obtener apoyo electoral, que resultó incluso mayor. En parte la razón estriba en que el Partido Nacionalista Vasco supo evolucionar y, sin perder su connotación católica, comenzó a convertirse en un partido popular y de masas que no sólo aumentó su influencia en la región extendiéndose, por ejemplo, a Álava, sino que, a partir de 1934, fue identificándose con los partidos de significación demócrata cristiana. Así pudo percibirse, por ejemplo, en su connotación cada vez más interclasista. El sindicato nacionalista Solidaridad de Obreros Vascos llegó a tener varias decenas de miles de afiliados y el contenido social de las doctrinas nacionalistas se pudo apreciar en sus órganos de prensa. Además, con el paso del tiempo, el nacionalismo fue adaptándose, con lentitud pero de forma clara, al marco democrático republicano. Eso no obsta, sin embargo, para que en el PNV subsistieran actitudes muy tradicionales, como la del propio Luís Arana, hermano del fundador, que en 1933 dimitió de la presidencia del partido porque los nuevos estatutos concedían a la mujer iguales derechos que al hombre. Además el Estatuto fue considerado por los dirigentes del PNV —Aguirre, incluido— como un medio. Como tal, fue el partido que más luchó por conseguirlo, pero nunca lo consideró como el objetivo final; para muchos éste, a veces de forma explícita, seguía siendo la independencia. Finalmente, en el seno del nacionalismo vasco hubo sectores que en esta misma época defendían la tesis de que el País Vasco era como una especie de colonia y que, por tanto, no repudiaban el uso de la fuerza para lograr la independencia. Ésta fue la posición del grupo juvenil JagiJagi.

A partir de estos presupuestos evolutivos debe abordarse la lucha por la autonomía vasca. En 1931 los nacionalistas, aliados con las derechas, elaboraron el llamado Estatuto de Estella, que incluyó a Navarra en el País Vasco y que, elaborado antes de la Constitución, pretendía reservar las competencias sobre materias religiosas al propio texto del Estatuto. Como es lógico, un texto con esas características y elaborado en claro antagonismo contra la izquierda carecía de viabilidad alguna en las Cortes. En consecuencia, no puede extrañar que no fuera aprobado y que se recurriera a otra fórmula. Sin embargo, el llamado «Estatuto de las gestoras» encontró también graves dificultades que derivaron, en parte, del exceso de confianza del nacionalismo en sus propias fuerzas y del recelo, no siempre justificado, del Gobierno. Desde el verano de 1932 Navarra en su conjunto, donde la Ribera estaba castellanizada, y los tradicionalistas no mostraron nada más que una circunstancial coincidencia con el PNV, y se desenganchó del Estatuto común. En Álava la actitud positiva fue siempre poco entusiasta; en realidad sólo los municipios euskaldunes, el norte, estuvieron decididamente a favor. La castellanizaron de esta provincia y su temor a ser dominada por otras se sumó al hecho de que en ella era predominante el tradicionalismo que, si lo hubiera sido quizá también en una comunidad vasco-navarra, ahora quedaba reducido a un protagonismo menor. En el fracaso de la propuesta autonómica también tuvo un papel importante el hecho de que el Gobierno de centro-izquierda tuviera otras prioridades y, sobre todo, de que contara en el seno de los partidos que lo formaban con serias resistencias al nacionalismo vasco, aunque no fueran compartidas por Prieto. A partir del otoño de 1932 se produjo un severo enfrentamiento entre el PNV y el Gobierno en Vizcaya y Guipúzcoa, que se saldó con medio millar de detenciones y los enfrentamientos habituales entre jóvenes nacionalistas y socialistas fueron a menudo violentos.

En Galicia la consecución de la autonomía estuvo complicada por algunos problemas específicos como, por ejemplo, el de la capitalidad de la región, pero los más decisivos fueron la existencia de unas actitudes autonomistas bastante tibias entre los partidos de la izquierda que estaban en el poder. La Organización Republicana Gallega Autónoma de Casares Quiroga votó, por ejemplo, en contra del carácter federal de la Constitución y la actitud socialista fue inicialmente muy reticente con respecto a la autonomía de esta comunidad. Quizá, sin embargo, hubo otra razón de mayor importancia: la inexistencia de un fuerte partido nacionalista unido, capaz de imponer esa prioridad a la política regional si los otros grupos no la querían. A las elecciones constituyentes de 1931 los galleguistas sólo fueron con candidatura propia en la provincia de Pontevedra, donde triunfó Castelao, mientras que en el resto se sumaron a alianzas con la ORGA o los radicales. A fines de 1932, cuando se redactó un proyecto de Estatuto, un elevado número de ayuntamientos se abstuvieron de emitir juicio sobre él y sólo al final del bienio se aprobó un decreto, que no se puso en ejecución, acerca del modo de plebiscitarlo, cosa que no se hizo hasta los momentos finales de la experiencia republicana. El Partido Galleguista llegó a tener una organización importante y, olvidando la connotación muy plural de este movimiento en el pasado, se fue inclinando, en la práctica, hacia una exclusiva definición ideológica democrático-liberal. Pero se trataba de un grupo político de intelectuales y profesionales no tan vinculado a organizaciones agrarias y muy distantes del mundo obrero industrial, lo que limitaba su impacto. En la práctica, por tanto, la posibilidad autonomista abierta por la Constitución se limitó, durante el primer bienio, a tan sólo Cataluña.

La política económica y las reformas sociales

En páginas precedentes hemos aludido al papel que desempeñó la crisis económica mundial en la vida del régimen republicano: a pesar de que el impacto de la crisis en España fue mucho menor que en otros países no cabe la menor duda de que contribuyó a hacer todavía más difícil el reformismo que era consustancial a su realidad política. Resulta preciso, por tanto, preguntarse acerca de la política económica gubernamental para combatirla y, al mismo tiempo, aludir también a las reformas sociales que, además de la agraria, trataron de llevarse a cabo.

La crisis de los años treinta desde el punto de vista de la política económica tuvo un efecto importante sobre los gobiernos democráticos. Por descontado, en este sentido, las personalidades más dignas de cita son Keynes, propulsor de un incremento del gasto público que sirviera para estimular el funcionamiento de la maquinaria económica y Roosevelt, el presidente norteamericano, que, con el llamado «New Deal», trató precisamente, mediante la utilización del gasto público, de llevar a la práctica ese género de nueva política económica de fuerte contenido social, consiguiendo un éxito apreciable que no fue absoluto hasta el estallido de la guerra mundial.

España, sin embargo, no presenció durante el bienio reformista el nacimiento de una política económica de ese signo ni habría de tenerla durante todo el período republicano. Dos razones lo explican: en primer lugar, la persistencia de un ideario económico liberal ortodoxo, especialmente rígido en la derecha, pero también presente en la izquierda y, en segundo, la inestabilidad política del período, que hizo que durante la etapa hubiera nada menos que doce ministros de Hacienda.

El primero de los del bienio reformista fue Indalecio Prieto, político valioso en muchos aspectos, pero cuya presencia en esta cartera produce «auténtico asombro» (Palafox) no sólo por su reconocimiento ante las Cortes de sus limitaciones para desempeñarla, sino porque indicaba a las claras que el centro-izquierda no tenía otra perspectiva que la de la nivelación presupuestaria. Estos limitados planteamientos demostraban la prioridad concedida a otros aspectos de la política nacional. De hecho en toda la etapa republicana las discusiones parlamentarias sobre política económica fueron mínimas y, frente a lo previsto en la propia Constitución, fue habitual recurrir a créditos extraordinarios, prórrogas presupuestarias y recargos tributarios que no modificaban la fiscalidad existente. Al mismo tiempo, la obsesión por la nivelación presupuestaria trajo como consecuencia que la política inversora en obras públicas que había caracterizado a la Dictadura de Primo de Rivera no sólo entrara en crisis sino que retrocediera; si a ello sumamos la actitud reticente del empresariado ante un gobierno de izquierdas no puede extrañar que la inversión pública decreciera a un ritmo del 9 por 100 anual y la privada a casi un 25 por 100. En general, cuando se sintió la necesidad de realizar inversión pública para combatir el paro los recursos utilizados fueron insuficientes y se dedicaron tan sólo a pequeñas obras que no fomentaban la producción industrial aunque durante algún tiempo resolvieran los problemas más graves en ciertas localidades.

Hubo que esperar a la salida de Prieto de Hacienda para que su sucesor, Carner, emprendiera una transformación de la fiscalidad española que, de todas formas, resultó modesta, algo verdaderamente sorprendente en un campo tan idóneo para las reformas estructurales como el de los impuestos. La contribución sobre la renta, creada en diciembre de 1932, gravó con un modesto porcentaje del 1 al 4 por 100 las rentas superiores a 100 000 pesetas, pero se configuró como una figura superpuesta y, en definitiva, marginal respecto de los ingresos tradicionales. El propio ministro dijo ante las Cortes que «de haberse ido más lejos hubiese fracasado». Otra medida fiscal reformista fue, en este mismo año, la revisión de valores a efectos de la contribución rústica.

Todo ello era muy poco para un Estado del que las masas populares esperaban mucho y pronto y que, sin embargo, se encontraba en la práctica imposibilidad de actuar debido a la falta de recursos. Esto debe ser muy tenido en cuenta a la hora de juzgar la actuación de Prieto en la cartera de Obras Públicas, que asumió nada más dejar Hacienda. No parece que en ella fuera capaz de convertirse, como en ocasiones se ha dicho, en el artífice de un supuesto «New Deal» republicano. Sus planes incluyeron la realización de las grandes terminales subterráneas de ferrocarriles en Madrid (que malintencionadamente las derechas describieron como «el tubo de la risa») y la asunción de todo el programa regeneracionista sobre obras hidráulicas. En los diarios de Azaña se descubre, por otra parte, el relevante papel que tuvo también él en esta iniciativa, quizá mayor que el del propio ministro, como correspondía a un liberal tan propicio a que el Estado jugara un papel decisivo en la configuración de una nueva realidad económica mediante grandes proyectos como el citado. Así como las inversiones en ferrocarriles se llevaron a cabo y contribuyeron de manera importante a aliviar el paro en la capital, los planes hidráulicos no fueron más allá de la asunción por parte de Prieto y, en general, de los gobernantes republicanos, de las tesis del ingeniero Lorenzo Pardo, de tan conocida raigambre «costista». Claro está que también se beneficiaron de la labor constructora previa que ahora pudo verse plasmada en la realidad. El ministro, al anunciar el proyecto y resumirlo diciendo que se trataba de «conquistar España» utilizó el mismo lenguaje de Pardo, que había escrito sobre «la conquista del Ebro», pero, aunque sus proyectos habrían de resultar en varios sentidos premonitorios de empresas posteriores, no llegaron a convertirse en realidad. La Ley de obras de puesta en riego de abril de 1932 permitía que fuera el propio Estado el que las asumiera para así evitar que se desperdiciaran las oportunidades nacidas de la construcción de presas. En cuanto al Plan de obras hidráulicas de 1933 constituyó la primera declaración de intenciones del Estado sobre la necesidad de trasladar los sobrantes hidrológicos de la cuenca atlántica a la mediterránea.

Aunque la reforma agraria fuera la de mayor trascendencia para la vida nacional, dadas las peculiaridades de la España de entonces, se debe también hacer alusión a la importante obra reformista al frente del Ministerio del Trabajo de otro miembro del PSOE, Francisco Largo Caballero, algunas de cuyas disposiciones, como sabemos, también afectaron al ámbito rural. Aparte de ésas (a las que ya hemos aludido) y de otras tendentes a la mejora de las condiciones de vida o relativas a aspectos administrativos (por ejemplo, la creación de las Delegaciones de Trabajo) quizá las dos de mayor relevancia fueron las relativas a los seguros sociales y a los jurados mixtos. Se puede decir que durante la etapa republicana se pasó por fin, por vez primera, de una etapa semiteórica a otra más práctica en el terreno de la seguridad social. Las medidas más importantes consistieron en iniciar el camino hacia el seguro unitario, extender la Ley de accidentes del trabajo al campo y convertir en una realidad el seguro de maternidad. Todas estas medidas estaban previstas ya en la obra del Instituto Nacional de Previsión, pero fue mérito de Largo Caballero haber dado un importante impulso a su ejecución: baste con decir que en ese primer bienio el incremento del presupuesto del INP fue del 49 por 100, sin que en años posteriores se experimentara ninguna modificación significativa. Aun así la indigencia del Estado republicano limitaba obligadamente su voluntad de reforma social: aunque se creó una Caja Nacional contra el paro forzoso en mayo de 1931 de ella se benefició una parte ínfima de la población, mientras que ya en Europa cuarenta millones de personas tenían un seguro obligatorio contra el paro.

La otra gran disposición de Largo Caballero durante su gestión ministerial fue la relativa a los jurados mixtos, creados en 1931. Como sabemos esta institución respondía a toda una tradición dentro de la historia contemporánea española y tan evidente era su necesidad que su versión de la época de la Dictadura, los comités paritarios, no fue suspendida a la desaparición de aquélla. A diferencia de los comités paritarios los jurados mixtos no pretendían, como es lógico, el establecimiento de toda una estructura corporativa nacional; además, carecían de facultades ejecutivas y su sostenimiento corría a cargo del Estado y no del patrono. Sus poderes eran amplios, en especial sobre materias relativas a conciliación, reglamentación e inspección de las condiciones de trabajo, pero no fue eso lo más discutido en ellos sino su composición y, en especial, la presidencia atribuida a personas nombradas por el Ministerio del Trabajo, caso de no llegarse a un acuerdo; también era la Administración quien debía intervenir en el caso de entablarse un recurso contra la decisión del jurado. Criticados por los juristas y por la derecha, pero no sólo por ella, sino también por los radicales, los jurados, en efecto, parecen haber actuado durante el primer bienio de una forma partidista: el propio Largo Caballero admitió que tan sólo uno de cada cinco presidentes eran nombrados por acuerdo entre patronos y obreros y no cabe duda que la UGT se vio muy beneficiada por la composición de estos organismos lo que si, por un lado, contribuyó a la mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, por otro originó graves inconvenientes al desempeñar los jurados una función de clientelismo partidista.

Aunque no se trate, en términos estrictos, de una reforma social propiamente dicha conviene tratar también en este apartado de la labor educativa emprendida por los gobernantes de este primer bienio republicano. La atención de los sucesivos ministros de Instrucción Pública, Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos, se concentró principalmente en resolver las gravísimas deficiencias de infraestructura, sobre todo en la enseñanza primaria. La verdad es, sin embargo, que la calidad y la capacidad personales de ambos fueron diferentes, pues mientras que los juicios de Azaña sobre Domingo eran similares a los que emitió sobre su gestión en Agricultura (en la intimidad de su diario calificó su programa de «irrealizable, desatinado, ruinoso y socialmente desastroso»), en cambio De los Ríos parece haber conseguido una aceptación bastante generalizada en todos los medios políticos. El esfuerzo educativo de la República, especialmente en este primer bienio, fue ejemplar y para probarlo abundan cifras estadísticas objetivas. El presupuesto, en primer lugar, pasó del 5,5 al 7 por 100 del total y para apreciar la magnitud de este aumento se debe tener en cuenta no sólo la política deflacionista practicada por el Gobierno sino también la crisis económica que vivía el mundo (es probable que durante los años treinta ningún gobierno incrementara tan significativamente su presupuesto educativo como el español).

Además, durante la etapa de centro-izquierda presidida por Azaña, se duplicó con creces el número de Institutos de enseñanza media pasando sus alumnos de 70 000 a 130 000. El de maestros se elevó de 36 000 a 51 000, creciendo anualmente a un ritmo triple al que lo había hecho durante la etapa monárquica; además, también se incrementaron sustancialmente los sueldos de esta profesión que nutrió las filas del republicanismo. Respecto al número de escuelas los especialistas discrepan, pues mientras que las estimaciones más optimistas calculan en unas 13 000 las escuelas construidas en el primer bienio hay quienes reducen estas cifras a la mitad. En cualquier caso no cabe dudar de lo ingente del esfuerzo, que hizo decir a Llopis, el director General de Enseñanza Primaria, que la República hacía en un año lo que la Monarquía en quince. Sin embargo, se deben tener en cuenta también las gravísimas deficiencias existentes hasta entonces: incluso si se hubieran creado 16 000 escuelas durante la totalidad de la etapa republicana hubieran sido necesarias 11 000 más para solucionar las carencias existentes. En una ciudad como Madrid el número de alumnos de las escuelas privadas era mayor que el de las públicas, pero, al mismo tiempo, todavía resultaba muy elevado el de los que carecían de escuela adónde ir. El problema más grave de la República fue —en este terreno como en tantos otros— la carencia de recursos suficientes y por ello sólo un sectarismo anticlerical permite explicar que el problema educativo fuera agravado por los propios gobernantes al pretender sustituir, sin conseguirlo, la enseñanza de las órdenes religiosas, considerable en el nivel primario y mayoritaria en el secundario. Una impolítica legislación sobre las Congregaciones contribuyó así a hacer menos evidente el generoso y casi revolucionario esfuerzo de la República en materia educativa.

La «República en una tenaza»: monárquicos y anarquistas

El paralelismo con la revolución de 1789, implícito en la caracterización de Azaña como jacobino, puede prolongarse señalando que también el político español hubo de mantenerse en el poder contando con poderosos adversarios a su derecha y a su izquierda. Él mismo llegó a escribir en sus diarios que a la República los anarquistas y los monárquicos la estaban situando «en una tenaza». Caracterizó, en efecto, a estos dos extremismos de sentido contrario una oposición radical, y desde sus inicios, al intento reformista y un común recurso a los procedimientos de violencia para hacerlo inviable.

El jefe de Gobierno, consciente de esta doble oposición, presentó a estos dos extremos como enemigos de semejante entidad que en el fondo coincidían en sus propósitos y que, por ello, como dijo en una ocasión el presidente en las Cortes, parecían mostrar «satisfacción, complacencia y esperanza» en su común labor de oposición en cuanto que las protestas violentas auspiciadas desde el otro extremo no hacían sino ratificar la inviabilidad del proyecto reformista.

La evolución ideológica del monarquismo en la oposición a la República es la directa continuación de una deriva hacia el autoritarismo que era ya patente en el panorama de la política y de la cultura española y que fue ratificada y consolidada después de la Dictadura de Primo de Rivera. Antes de ella el avance del autoritarismo respecto del liberalismo conservador se pudo apreciar, por ejemplo, entre los elementos juveniles del monarquismo españolista vasco que estuvo conectado con una parte de la oligarquía local y, al mismo tiempo, tuvo una evidente preocupación intelectual perceptible en la obra de Salaverría o de Sánchez Mazas. Luego, durante la República, ése fue uno de los ejes de la extrema derecha española. Por otro lado, en el «maurismo», en especial el de carácter más juvenil, había anidado un pensamiento corporativista y organicista que, a la caída de la Monarquía, ya le faltaba poco para ser un declarado partidario de un régimen dictatorial permanente. Otro factor importante fue la influencia de las doctrinas autoritarias del nacionalismo integral, principalmente provenientes de Francia, pero también de Portugal. En realidad, pensadores de esta significación habían tenido ya su impacto en el mundo de la cultura española antes de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo en Azorín, pero ahora, en unas condiciones políticas nuevas, esa influencia resultó mucho mayor. La figura más destacada de estas corrientes fue Charles Maurras, defensor de unas doctrinas que intentaban elevar un orden pretendidamente derivado de la misma naturaleza a la categoría de ideal. Su monarquía autoritaria —en realidad, dictatorial— permitió a quienes se oponían en España a la ruptura modernizadora del mundo tradicional enfrentarse con el liberalismo democrático desde una supuesta posición estrictamente científica. Así se sentaron las bases de una derecha radical contrarrevolucionaria, que añoraba el pasado y era beligerante contra el deseo de transformarlo.

En la etapa final de la monarquía el derrumbamiento del liberalismo monárquico, y la adscripción de los supervivientes de los antiguos partidos del turno a los partidos «centristas» republicanos, dejó como único protagonista del campo político monárquico a quienes auspiciaban un régimen totalmente distinto a la Monarquía parlamentaria de la Restauración. De todos modos no ha de pensarse que esta evolución fuera instantánea puesto que Alfonso XIII, en un primer momento, recomendó desde el exilio una acción exclusivamente legal asegurando que si la Monarquía había desaparecido merced al sufragio también reaparecería gracias a él; incluso un biógrafo de Azaña afirma que el monarca exiliado mostró ocasionalmente su admiración por las reformas militares del político republicano. Diario tan vinculado a la Monarquía como el ABC madrileño no dudó en condenar repetidamente, durante los primeros meses de la República, cualquier recurso a la violencia.

De todas formas ya en fecha tan temprana como diciembre de 1931 apareció un órgano ideológico de los monárquicos cuya orientación era proclive a la dictadura y por completo contraria a la monarquía liberal. Originariamente hubiera debido llamarse Contrarrevolución, lo que resulta significativo, pero finalmente se adoptó el nombre de Acción Española, que también lo es en cuanto que la revista, de esta manera, descubría bien a las claras su identificación con el pensamiento antidemocrático francés expresado en la revista Action Francaise inspirada por Maurras. La iniciativa fundamental en esta empresa de orientación ideológica, financiada con una subvención aristocrática originariamente dedicada a la preparación de un golpe de Estado, la tuvo Eugenio Vegas Latapie quien, a diferencia del citado pensador francés, procedía de círculos católicos de significación integrista. Es posible que factores biográficos, unidos a la experiencia del exilio, contribuyeran también al decantamiento de Calvo Sotelo hacia este tipo de soluciones dictatoriales. Otros colaboradores de la revista, como Maeztu, dirigían desde hacía tiempo su pensamiento revolucionario a la búsqueda de la reconstrucción del mundo tradicional que ahora se encontraba en la vuelta a un orden nacional-católico que impregnaría toda la obra de España en América (ése sería el ideal de la «Hispanidad»). La posición política de Acción Española fue inequívoca: pretendía constituir un núcleo doctrinal capaz de influir en la derecha española en sentido contrario a cualquier tipo de complacencia con la República o con el liberalismo. Objeto principal de su atención fueron los medios militares a los que los dirigentes monárquicos querían dotar de una armazón doctrinal de la que carecían. A partir de la defensa del tradicionalismo católico y de una monarquía no liberal, que por lo tanto no sería la que había tenido España durante la Restauración, sino otra nueva, «instaurada», se establecería un nuevo sistema político que, si por un lado tenía el objetivo de mantener el orden social, insistía todavía más en la incuestionable necesidad de prescindir de los procedimientos democráticos. Para los redactores de la citada revista «la democracia es el mal, es la muerte»; por eso, cuando llamaban al ejercicio del sufragio, recomendaban «votar para dejar de votar». Pero, aun así, estos sectores juzgaban que el pueblo «siempre elige lo peor» y, por consiguiente, «la verdad puede y debe imponerse por fuerza». Esa fuerza era la militar, a la que se hacía alusión precisamente en la divisa de la revista.

Consecuentemente con estos principios Acción Española convocó un premio de ensayo acerca del papel de los organismos representativos «en la hipótesis de la instauración en la España actual de un Estado antidemocrático y antiparlamentario». La evolución doctrinal de un sector monárquico fue, por tanto, anterior al nacimiento de unas nuevas expectativas dinásticas, a la creación de un partido propio y a cualquier intento de golpe de Estado, pero en la realidad todos estos hechos acabaron teniendo lugar. En primer lugar, la desaparición de Don Jaime, el heredero de la línea dinástica carlista, en octubre de 1931, dejó planteada la eventualidad de una confluencia de las dos versiones monárquicas españolas enfrentadas por tres guerras civiles. El sucesor de Don Jaime, Don Alfonso Carlos, tenía una edad que hacía prever su desaparición sin heredero. Desde ese mismo momento se planteó la eventualidad de que los derechos de sucesión recayeran en Alfonso XIII o, para evitar susceptibilidades, en su heredero, Don Juan de Borbón. Tal posibilidad se había formulado antes de la muerte de Don Jaime y por él mismo, pero además venía favorecida por el hecho de que los monárquicos alfonsinos evolucionaban en un sentido que, a diferencia de otras épocas, ya no establecía una distancia insalvable con el tradicionalismo. Antonio Goicochea, uno de los dirigentes del «alfonsinismo» que habría de acabar dirigiéndolo, llegó a afirmar que «ayer nos separaba mucho; hoy casi nada; nada en lo porvenir». A pesar de declaraciones como éstas la verdad es que durante todo el primero bienio republicano la colaboración entre los monárquicos de distinto signo avanzó con lentitud. A finales de 1932 ya existía un entendimiento entre los seguidores de las dos ramas dinásticas y a comienzos del año siguiente los alfonsinos se separaron del resto de la derecha católica española con la que hasta entonces habían colaborado. En febrero de 1933 nació Renovación Española, un nuevo partido monárquico, que se declaró «en lo religioso, católico, en lo político, monárquico, en lo jurídico, constitucional y legalista y en lo social, demócrata». La realidad es, sin embargo, que el partido mantenía las ideas contrarrevolucionarias ya expuestas. Nunca fue un partido de masas pues este mismo año decía tener tan sólo 1400 afiliados y apenas si consiguió una treintena de concejales en unas elecciones en que fueron elegidos 19 000. Su influencia, sin embargo, era poderosa en los medios financieros y militares y su papel consistió, sobre todo, en ejercer una influencia importante cerca de las restantes agrupaciones de la derecha. En marzo de 1933 se creó una oficina de coordinación con los carlistas denominada TYRE (Tradicionalistas y Renovación Española) y cuando, tras su exilio y su elección como diputado, Calvo Sotelo volvió a España en 1933, empezó a desempeñar un papel de primera importancia en las discusiones parlamentarias. Quedó así configurado un partido que ha podido ser merecedor de la definición, en apariencia paradójica, de «conservador subversivo» (Gil Pecharromán).

Por su parte el tradicionalismo tenía entre la extrema derecha el prestigio de una larga tradición antiliberal y de una sólida implantación electoral en determinadas zonas. Ahora, evolucionando gracias a Víctor Pradera hacia una posición muy contraria a cualquier regionalismo, su ideario venía a ser coincidente con el de la revista Acción Española en la que escribió este autor con cierta asiduidad. Su presencia en las Cortes constituyentes, aliado con nacionalistas catalanes y vascos, demostraba una fuerza que el monarquismo alfonsino no tenía y que quedó confirmada en abril de 1933 cuando fueron elegidos unos 500 concejales tradicionalistas. Como ya había sucedido en la Primera República los planteamientos anticlericales hicieron crecer al tradicionalismo aunque, como veremos, la mayor parte del voto católico se canalizó hacia la CEDA. El caso del tradicionalismo resulta muy curioso porque, tratándose de un grupo político cuyo pensamiento defendía un retorno al Antiguo Régimen, modernizó considerablemente sus procedimientos de actuación y propaganda (y también de lucha armada).

El carlismo proporcionó al conjunto de la extrema derecha unas masas políticas dispuestas a tomar las armas en defensa de la religión y por eso no puede extrañar que en la sublevación militar del 10 de agosto de 1932 hubiera dos muertos tradicionalistas, pero aquélla no fue producto de una conspiración exclusivamente monárquica. Aunque en ella colaboraran militares de esa significación, antiguos colaboradores de la Dictadura como el general Barrera, la mayor influencia sobre su cabecilla y animador, el general Sanjurjo, fue ejercida por antiguos políticos constitucionalistas, liberales pertenecientes a los antiguos partidos del turno para quienes la evolución del nuevo régimen iba adquiriendo un tono excesivamente radical. Sanjurjo, soldado valiente pero ignorante y candoroso —Azaña lo describió como un viejo mueble—, después de haber jugado un papel importante en el advenimiento de la Dictadura y en el tránsito de la Monarquía a la República, se dejó convencer para emprender un movimiento a la vieja usanza, cuyo contenido no sería específicamente antirrepublicano. Como en los pronunciamientos del siglo XIX, Sanjurjo se atribuyó la representación de la voluntad nacional y tuvo la pretensión de conseguir el poder sin gran derramamiento de sangre tras un forcejeo psicológico con quien lo desempeñaba. La sublevación parece haber estado prevista en varios puntos de la geografía peninsular, pero sólo alcanzó verdadera relevancia en Sevilla, donde Sanjurjo se hizo con el poder durante unas horas, y en Madrid, donde un puñado de militares intentó en vano ocupar el Ministerio de la Guerra. Desde su interior Azaña, que sabía cuanto iba a acontecer y que había escrito en su diario que «el grano va a reventar y cuanto antes mejor», presenció, abrumado por todo cuanto significaba para el conjunto de los españoles, el fracaso de esta conspiración a la vieja usanza. La verdadera relevancia política de la misma fue, en primer lugar, que permitió a Azaña romper la oposición a su programa en las Cortes y que impuso también la necesidad de un decantamiento en el seno de la derecha entre las posiciones más opuestas al régimen republicano (partidarias incluso de la violencia) y las de quienes estaban dispuestos a optar por el posibilismo.

En el otro extremo del espectro político había al menos alguna esperanza de que de la CNT se integrara en las nuevas instituciones republicanas pues, en definitiva, varios de sus dirigentes habían colaborado en las conspiraciones previas e incluso Maciá intentó que Pestaña figurara en el Gobierno catalán. Todavía más: muchos viejos sindicalistas recibieron muy bien a la República y tanto Pestaña como Peiró reconocieron ante los congresistas de la CNT haber pactado con el líder nacionalista que no harían campaña antiparlamentaria. Sin embargo, no tardarían en verse decepcionadas estas ilusiones. En junio de 1931 se celebró en Madrid un Congreso de la organización confederal que, con medio millón de afiliados, debía seguir a la cabeza del sindicalismo español en ese momento, aún para perderla poco después. Como solió sucederle a la CNT, este Congreso se desarrolló en medio de un «barullo singular» (Bueso), pero en principio dio la sensación, por el protagonismo que en él tuvo Pestaña, de que triunfaba la tendencia más moderada. Fue, sin embargo, una impresión superficial, pronto desmentida. Para muchos libertarios a la «borrachera de entusiasmo» debía seguir el «despertar a una realidad de clase», una vez rotas las «ilusiones democráticas». Los sectores controlados por la FAI se opusieron a cualquier tipo de colaboración y rechazaron algo tan elemental como las Federaciones de Industria, un instrumento perfectamente lógico para organizar un sindicalismo moderno, contraponiéndolas al sindicato de oficio, una fórmula tradicional a la que denominaban «puramente española» y que, en realidad, era muy poco práctica.

El liderazgo del sector moderado se desmoronó en los meses sucesivos, cuando el sector radical se lanzó a lo que él mismo denominó una «gimnasia revolucionaria». Los dirigentes de la FAI, agrupados en células de nombres pintorescos, como «Los indomables», aseguraban que ya había «llegado la hora de la revolución» que, en última instancia, no era sino «una cuestión de audacia». De ahí las prolongadas huelgas de la Telefónica, de Sevilla o del puerto de Barcelona. De nada sirvió que los organismos confederales se quejaran de que eran excesivos los conflictos que, además, se veían acompañados por exhibiciones de violencia. En septiembre de 1931, los treinta principales dirigentes de la CNT más moderada suscribieron un manifiesto que pretendía detener ese comportamiento irresponsable, pero ese mismo día se declaró una huelga general en Barcelona y, al poco, Peiró, uno de los sindicalistas moderados, debió dejar la dirección de Solidaridad Obrera. Para la mayor parte de la CNT los «treintistas» fueron en adelante los «treinta judas» o los «bomberos treintistas», poco menos que traidores a sus compañeros de luchas. El «treintismo», en realidad, agrupó en Cataluña a la población sindicada de aquellas poblaciones industriales de mayor solera, como Sabadell, Manresa o Mataró. Formaban parte de él sindicalistas puros, como Pestaña, que acabaron fundando un partido, anarcosindicalistas como Peiró o partidarios de un sindicalismo neutro. Sus tesis se basaban en la democracia sindical, las acciones de masas no revolucionarias y la capacitación progresiva de los trabajadores, pero siempre estuvieron en minoría, entre otros motivos porque en algunas regiones donde la dirección «cenetista» era moderada, ésta ni siquiera se tomó la molestia de combatir a la FAI que, por otro lado, siempre tenía a su favor la solidaridad con los represaliados. Los «treintistas» intentaron construir una especie de organización semejante a la FAI pero de distinto contenido, la Federación Sindicalista libertaria, pero una vez más la CNT no acabó de dar el paso hacia el sindicalismo que en repetidas ocasiones se había apuntado. Asimismo se ha de tener en cuenta que, al margen de que la FAI procurara en repetidas ocasiones fomentar la conflictividad, fue la propia proclamación de la República la que tuvo como consecuencia una eclosión de problemas de orden público.

Así se ha indicado ya en páginas anteriores pero tiene especial sentido recordarlo ahora al tratar de explicar el mecanismo por el que el conjunto de la CNT se lanzó a una actitud revolucionaria. La subversión del orden tradicional en los pueblos en un momento de crisis y la existencia de un instrumento represivo, como la Guardia Civil, que sólo podía actuar con armas de fuego, produjo sucesos como los de Castilblanco o Arnedo, en los que los protagonistas no fueron específicamente anarquistas. Además, el reparto del trabajo en el campo creó confrontación entre los sindicatos: Azaña escribió en su diario que esa especie de guerra intersindical era «acaso la realidad política más vigorosa de España en estos tiempos». Lo que el mundo libertario aportó a esta situación, ya de por sí conflictiva, fueron actitudes tradicionales más que detonantes o una red conspiradora que la FAI, siempre muy desarticulada, nunca tuvo. Muy pronto la retórica revolucionaria fue propulsada por la «sangre proletaria derramada» al mismo tiempo que crecía el utopismo de las propuestas alternativas (jornada de seis horas). La profunda convicción de que la CNT surgía «de las entrañas del pueblo» significaba la incapacidad de controlar —o tan sólo coordinar— movimientos revolucionarios cercanos, ya que a este espontaneismo se sumaba la inmediata solidaridad de clase. En adelante, a la espera de una revolución que parecía inminente por la misma razón de las muchas expectativas creadas por la República, todo fueron «pulsos» al poder burgués que, aunque pareciera lo contrario, siempre concluían en un «triunfo moral».

En efecto, la FAI, no satisfecha con promover huelgas de resultados más que improbables, se lanzó también a una estrategia insurreccional que se concretó en tres intentonas revolucionarias en tan sólo un año y medio: en enero de 1932 en el Alto Llobregat, un año después en Cataluña y Andalucía y, a fines de 1933, en Zaragoza y la cuenca del Ebro. Todas estas intentonas estaban mal o nada preparadas y demasiado localizadas en unas determinadas regiones o comarcas como para lograr que se tambalearan los fundamentos del Estado republicano, pero se saldaron en muertos, detenciones y una sensación de casi perpetuo desorden público al que seguía una represión a menudo muy dura. La revolución anarquista respondía a un esquema repetido hasta la saciedad. En un medio rural, a menudo aislado, donde existían grupos revolucionarios, se recibía la noticia de que la revolución había estallado o era inminente; inmediatamente tomaban las armas los revolucionarios locales que asediaban el puesto de la Guardia Civil y ocasionalmente destruían el Registro de la propiedad o el archivo municipal. La llegada de fuerzas de orden público suponía el inmediato final de la insurrección con el inevitable derramamiento de sangre. Los revolucionarios locales eran jóvenes, varones y solteros sobre los que unos instigadores, muchas veces llegados de fuera, ejercían una influencia decisiva por las propias coincidencias en talante vital. Lo peregrino del caso es que la mayor parte de los anarquistas, en especial los «faístas», carecían de una idea medianamente precisa del nuevo orden revolucionario que querían construir. Es muy posible, en efecto, que precisamente esta insuficiencia hiciera que este fuera el momento en que se inició el canto de cisne de la CNT, encerrada en simplificaciones doctrinales del género de decir que para el nuevo orden revolucionario «no necesitamos más que bondad y buena fe» (Urales). Otros escritores anarquistas teorizaron sobre el municipio libre y algunos vieron en el sindicato la prefiguración de ese nuevo orden, pero sus declaraciones y escritos eran demasiado vagos y sus posturas demasiado cambiantes como para que de todo ello se pudiera esperar el nacimiento de un modelo revolucionario eficaz.

Si los anarquistas no tenían una idea precisa de la sociedad utópica en que querían vivir, poseían, en cambio, una tenacidad increíble y un convencimiento que las sucesivas derrotas no lograron desalentar. Sólo estos dos rasgos explican los sucesos de Casas Viejas a comienzos de 1933. En este pequeño pueblo de la serranía de Cádiz había, como en muchos de la zona, grupos de acción libertarios. Fue uno de ellos llamado «Amor y Concordia», cuyas figuras más destacadas eran un joven apodado «Gallinito» y su novia, «Libertaria», el que promovió la insurrección que obedeció al modelo ya descrito. La novedad consistió en que las tropas de orden público que llegaron al pueblo para reprimir la insurrección, cansadas y dirigidas por un oficial indeseable, se tomaron la justicia por su mano con el resultado final de 22 campesinos y 3 guardias muertos. Azaña había dado órdenes severas para la represión pero no fue en absoluto culpable de lo sucedido, sino que, en un primer momento, lo ignoró empleando su habitual lenguaje despectivo contra sus adversarios: al principio se limitó a decir que había pasado «lo que tenía que pasar». Su ministro de Gobernación, Casares Quiroga, se había quejado de que las fuerzas de orden público «no proceden con suficiente energía» y «se dejan matar, pero no pegan duro», aunque Azaña le reconvino por estas opiniones. Cuando se conoció realmente lo sucedido Azaña pasó por sus peores momentos en el Gobierno. La extrema izquierda —y también la oposición de todos los signos— desató, entonces, una durísima campaña contra su persona, que también benefició a la derecha.

No puede extrañar, en estas condiciones, el fuerte abstencionismo de los anarquistas en las elecciones de 1933. En realidad, como ya ha quedado apuntado, la actitud de los libertarios a este respecto era, en los líderes más significados, más intermitente que fija, muy ligada a las circunstancias.

Se ha de tener en cuenta que las dificultades de orden público con las que tuvo que enfrentarse el gobierno presidido por Azaña, no nacieron únicamente de la existencia del anarquismo sino también de actitudes semejantes en otros grupos políticos, incluso de la mayoría gubernamental. Hasta la Segunda República las organizaciones socialistas en el campo habían sido minoritarias en el seno de la UGT, excepto durante el llamado «trienio bolchevique»; ahora, en cambio, crecieron y aunque en general durante el primer bienio los dirigentes mantuvieron una actitud moderada y reformista, en alguna ocasión se produjeron estallidos de violencia semejante a los de Casas Viejas. Éste fue el caso de Castilblanco en Extremadura. Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta también que los comunistas, que con el paso del tiempo, en plena Guerra Civil, habían de representar la postura más comedida respecto de la eventualidad de llevar a cabo una revolución, durante el primer bienio adoptaron una posición que en muy poco difería de la anarquista.

El Partido Comunista de España estaba reducido a tan sólo unos pocos centenares de personas en el momento del advenimiento de la República y fue durante ella cuando se convirtió en un partido propiamente dicho más que en una secta. Fue, por supuesto, un partido típico de la era estaliniana: los delegados de la Internacional jugaban un papel decisivo en su dirección, sus militantes denominaban a Moscú «la casa», debiendo recurrir a periódicas consultas para llegar a tomar cualquier decisión de importancia y, en fin, aproximadamente sólo una de cada cuarenta pesetas de financiación del partido procedía de sus propios medios y no de la financiación internacional. Dirigido por personas relativamente jóvenes, sólo muy lentamente fue adquiriendo el PCE un papel de cierta importancia en el seno de la política española. El clima revolucionario en determinados ambientes como consecuencia del cambio de régimen tuvo para el PCE la ventaja de proporcionarle una afiliación mayor (unos 15 000 militantes) y la simpatía de medios intelectuales (el novelista Sender, por ejemplo) o ciertos apoyos en medios más amplios que los estrictamente propios: en 1933 fue elegido por Málaga el primer diputado comunista, Bolívar, con un programa maximalista y con el apoyo, más o menos directo, de socialistas y anarquistas. Sin embargo lo que más nos interesa constatar por el momento es que la estrategia comunista no fue muy diferente de la anarcosindicalista. De hecho de esta procedencia era más de un tercio de su militancia, como sucedió, por ejemplo, en el caso de José Díaz, convertido por decisión de Moscú en secretario general del partido en 1933 después de que el anterior, Bullejos, fuera expulsado por «oportunista». En realidad, no había hecho otra cosa que manifestar su apoyo a la República inmediatamente después de la sublevación de Sanjurjo, pero su posición tuvo como antecedente que en el momento de la proclamación de aquélla los escasos militantes comunistas habían recorrido las calles pidiendo la constitución de «soviets» y manifestándose contra el nuevo régimen. Esta estrategia, que incluyó tildar a los socialistas de «socialfascistas» y a los anarquistas de «anarcorreformistas», fue practicada durante todo el primer bienio republicano y nacía, a la vez, de un sectarismo extremo y de una desmesurada confianza en las propias fuerzas, siendo producto de un diseño de la Internacional que, al pretender un enfrentamiento de «clase contra clase», condenaba de modo automático cualquier posibilidad reformista. De hecho en Sevilla, único lugar donde los comunistas tenían una fuerza de primera magnitud, su táctica difirió poco de la anarquista: si la CNT promovió siete huelgas generales en el período 1931-1934, los comunistas, que controlaban el segundo sindicato local, patrocinaron otras cinco y se sumaron a seis nacidas de otras iniciativas. En el fondo, este tipo de planteamiento sectario contribuye a explicar la existencia de escisiones con las que el comunismo oficial polemizó con dureza a pesar de su inequívoca voluntad ortodoxa. Así sucedió con el Bloc Obrer i Camperol, surgido en Cataluña en 1932 como pequeña organización regional procedente del sindicalismo revolucionario y dotada de importantes signos de identificación nacionalistas. De ella surgió, principalmente en 1935, el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) cuyos dos principales dirigentes, Maurín y Nin, tenían un nivel teórico e intelectual superior a los habituales en los dirigentes del PCE de la época.

Si volvemos, para concluir, a los resultados de esta confluyente oposición violenta, monárquica y anarquista, en contra del proyecto reformista de Azaña, comprobaremos que, en realidad, fracasó plenamente en sus propósitos. La conspiración monárquica no tuvo otro resultado que afianzar la situación gubernamental de Azaña, mientras que la «gimnasia revolucionaria» de los anarquistas tuvo como consecuencia dificultar la reforma agraria y dar argumentos a la derecha contribuyendo, sobre todo, a que los afanes destructivos de los anarquistas amenazaran su propia existencia. De todos modos es evidente que la República fue adquiriendo un manifiesto tono hosco, incluso con la puesta en vigencia de recortes legales al régimen de libertades. La Ley de Defensa de la República y la Ley de Orden Público, de 1931 y 1933, proporcionaron al régimen republicano unos medios para defenderse imprescindibles pero que fueron utilizados con demasiada frecuencia y con una amplitud injustificable, sin por ello librar de peligros al régimen. Así, por ejemplo, la sublevación de Sanjurjo trajo consigo la suspensión de 127 periódicos, de los que 77 eran diarios; algunos de ellos, como ABC o El Debate, nada habían tenido que ver con la intentona. Del otro lado una publicación comunista, La Lucha, fue recogida en 22 de las 53 apariciones que tuvo. Para combatir las sublevaciones anarquistas se optó por desterrar al Sahara a una parte de sus dirigentes. Pero toda esta severidad represiva no tuvo el resultado apetecido por los gobernantes del primer bienio que, en cambio, con justicia o sin ella, vieron cómo se deterioraba su imagen ante sectores más moderados de la política nacional.

La crisis del bienio reformista y las elecciones de 1933

En realidad las mayores dificultades políticas de Azaña no procedieron de la subversión violenta de monárquicos o anarquistas sino de grupos políticos que no recurrieron a la violencia. Fueron ellos, y no los primeros, quienes acabaron desplazándole del poder. Como era previsible nacieron en la derecha, donde cada vez era mayor la relevancia política de Gil Robles, pero, por el momento, este sector político carecía de suficiente fuerza parlamentaria. Eso explica que, en definitiva, las mayores dificultades del gobierno de centro-izquierda presidido por Azaña procedieran de los propios republicanos. El momento álgido desde el punto de vista político de la alianza de socialistas y republicanos de izquierda fueron las últimas semanas de 1932, en que fueron aprobadas la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Cataluña. A partir de este momento la estrella del gabinete declinó y comenzó a observarse un creciente repudio del mismo por parte de las propias minorías republicanas que estaban ausentes de él. Con ello se abrió una profunda brecha en el seno del republicanismo que habría tener profundas consecuencias en la vida del régimen.

La postura de los radicales con respecto al gobierno se caracterizó desde un principio por esa ambigüedad en la que Lerroux fue maestro. En realidad, ante el propio movimiento subversivo de agosto de 1932 la actitud del jefe de los radicales fue, según Alcalá Zamora, típica de los «enterados» de que el movimiento se iba a producir, pero todavía resulta más grave la revelación que hace Martínez Barrio en sus memorias según la cual resultaría que fue él quien avisó al gobierno de que se estaba organizando una conspiración como la que acabó estallando, mientras que en el entorno de Lerroux había quienes parecían estar dispuestos a recibir el poder «sin reparar en las circunstancias». Pero cuando arreció la oposición radical fue a partir de comienzos de 1933 y encontró como motivo principal la oposición a la presencia de los socialistas en el poder, a la que se atribuyó con poca justicia muchos de los inconvenientes nacidos, en realidad, de la mala coyuntura económica. Azaña dijo que este género de opiniones parecían propias de un «burgués ignaro» o de «una señora devota»; la misma moderación de muchas de las reformas sociales propiciadas por Largo Caballero parece ratificar este punto de vista. Más grave aún fue la demagogia que se utilizó a menudo para condenar al gobierno en el asunto de Casas Viejas en vez de cooperar al conocimiento de la realidad de lo sucedido. De Lerroux, Azaña siempre había tenido mala opinión, pero ahora empezó a verlo como una persona «débil» y, por ello mismo, «arbitrario y tornadizo». De la lectura de sus diarios parece deducirse que empezó por pensar que con su actitud los radicales contribuían a hacer inviable una solución política futura —como hubiera podido ser una alianza de todos los republicanos— pero luego, a partir de 1933, llegó a considerar que entregarles el poder llevaría al «envilecimiento» de las instituciones con lo que la República se convertiría en un régimen «tan bajo y estéril como la Monarquía de Alfonso XIII». Si los seguidores de Lerroux fueron irresponsables la posición de Azaña parece exclusivista y sectaria.

Pero los radicales consiguieron convertirse en una especie de «partido esperanza» al propugnar el abandono del poder por parte del PSOE, y provocaron una reacción indignada de este último que acusó a sus adversarios de «negar en sus fundamentos la obra renovadora de la República» e incluso de sabotearla. No obstante, aquel juicio acerca de la presencia de los socialistas en el poder estaba extendido en los medios republicanos, como se demuestra por la división del partido radical-socialista, uno de los componentes de la coalición gubernamental. Mientras que Gordón Ordás, uno de sus líderes, consideraba que su partido resultaba una especie de «apéndice lamentable» del socialista, Domingo llegó a la conclusión de que era preferible estar con los socialistas en el poder que con los restantes republicanos. A estas dificultades de Azaña se unieron sus malas relaciones con el Presidente de la República nacidas de divergencias ideológicas, pero también de incompatibilidad de caracteres. Ya en 1933 el Presidente de la República consideró la Ley de Congregaciones como «un trágala» y Azaña escribió de él que estaba «loco»; las relaciones todavía empeoraron cuando la prensa adicta al gobierno se dedicó a atacar al Presidente de la República. El primero tenía razón en intentar resistir un exceso de intervencionismo, como una especie de poder moderador monárquico, al margen de que los intentos de Alcalá Zamora para, con estos procedimientos, atraer a los católicos hacia el régimen y mejorar su imagen, fracasaron lamentablemente. Pero Azaña hubiera debido darse cuenta que estos propósitos eran bienintencionados y que no debían constituir el principal de sus problemas. Como tendremos la ocasión de comprobar tan pésimas relaciones llegaron a tener efectos políticos.

Lo definitivo para Azaña no fue la actitud de esas personas y grupos sino que poco a poco fue haciéndose patente que una parte importante de la opinión pública estaba tras ellos. Desde 1932 pensó que sus diferencias con los radicales sólo podían solucionarse con una consulta electoral pero, cuando se llevó a cabo, tardó mucho en aceptar que había perdido el apoyo de la opinión. En abril de 1933 fueron convocadas elecciones en un elevado número de municipios en donde los monárquicos habían obtenido la totalidad de los puestos en disputa sin lucha (artículo 29 de la ley electoral). Los resultados dieron una considerable ventaja a las oposiciones. Azaña interpretó lo sucedido diciendo que se trataba de «burgos podridos», pero, aunque en cierto sentido tenía razón, pues se trataba de pequeñas poblaciones de inclinación conservadora, lo habitual hasta entonces había sido precisamente su sumisión a quien estaba en el poder; además, el propio Prieto había considerado que en la elección iba a ventilarse hasta qué punto el país estaba o no detrás del Gobierno. Éste no quiso, sin embargo, interpretar lo sucedido como una advertencia de la opinión pública sino que decidió permanecer en el poder. Fernández Flórez comentó entonces, desde las columnas de ABC, que si sobreviniera un diluvio el Presidente del Gobierno se limitaría a decir que era bueno para el campo, que favorecía la producción de energía eléctrica o que servía para un proyecto de genial ampliación del océano Atlántico, pero que se mantendría en el poder hasta que mantuviera a su lado a la mitad más uno de los diputados. En consecuencia, la crisis de junio de 1933 tuvo que ser provocada por Alcalá Zamora. De nuevo resulta tan obvio que le guiaba un buen propósito como que estaba, en esta ocasión como en tantas otras, extralimitándose en sus funciones. «Quería —cuenta en sus memorias— que se ensanchara la mayoría y que fuera mejor la relación entre los partidos republicanos». Su propósito parece haber sido la constitución de un gobierno exclusivamente republicano, pero Azaña se limitó a reconstruir el suyo con la sola entrada en él de la Esquerra y de uno de los dirigentes del minúsculo Partido Federal.

Una nueva consulta electoral, en septiembre de 1933, para la elección de los vocales regionales en el Tribunal de Garantías Constitucionales demostró de nuevo la quiebra en la popularidad del ejecutivo pues tan sólo obtuvo cinco puestos frente a los trece de las oposiciones. El cuerpo electoral estaba formado por los Colegios de Abogados y por los Ayuntamientos, estos últimos elegidos en abril de 1931, recientemente o producto de un nombramiento gubernativo; en unos y otros resultó manifiesto el desvío de la opinión. Resultaba, pues, lógica una crisis que, como todas las que presidió Alcalá Zamora, resultó barroca en su tramitación aunque también fue justa en la apreciación de las circunstancias. Las izquierdas se sintieron expulsadas del poder, pero este juicio, como habrían de revelar las inmediatas elecciones, carecía de fundamento. Aun así el deseo de algunos de perpetuarse en aquél llegó hasta el extremo de que Domingo propuso que no se disolvieran las Cortes Constituyentes hasta la redacción de un nuevo Código de comercio. Más coherente era la opinión de Azaña que veía a la izquierda dividida e incapaz de aprovechar la ley electoral mayoritaria y a España excesivamente conmovida por el impacto coincidente de la crisis económica y la transformación política. Frente a la imagen divulgada por la derecha, que quiso presentarle como una especie de déspota ansioso de poder, lo cierto es que, desde 1932, tuvo repetidas tentaciones de abandonarlo e incluso en julio de 1933 llegó a decidirlo en firme. No lo hizo por una mezcla de conciencia de su propia superioridad —una anotación de entonces asegura que «todos estos señoritos no hubieran servido para bajarle los humos a un sargento»— y de su pésimo juicio acerca de sus opositores («El desdén me sostiene», escribió en otra ocasión). Dadas las circunstancias, en cuyo diagnóstico acertaba Azaña, lo lógico hubiera sido procurar evitar el exceso de enfrentamiento con los republicanos de centro y derecha. Claro está que tampoco éstos dieron facilidades. Martínez Barrio reconoce en sus memorias que los radicales se comportaron, con su obstrucción al gobierno Azaña, de manera contraria «a los elementales intereses de la República» y que «su propia obcecación», y no la voluntad de Alcalá Zamora, fue la que dio al traste con el bienio reformista.

Así se vio, en efecto, cuando se constituyó el gobierno de Concentración Republicana presidido por Lerroux con participación, originariamente, de elementos de la izquierda republicana. El gabinete no sólo duró muy poco sino que, además, concluyó con las escasas posibilidades de un entendimiento entre Azaña y Lerroux. En una famosa sesión parlamentaria el segundo, que había intentado tan sólo de manera muy leve rectificar la obra del primer bienio republicano, se calificó a sí mismo de «león viejo» mientras que atribuía la condición de joven a Prieto y la de «serpiente», zoológica y parlamentariamente mucho menos respetable, a Azaña. De manera definitiva se habían distanciado los dos representantes más caracterizados de la política del régimen, acontecimiento debido en el fondo a diferencias de carácter —Azaña era demasiado intelectual y petulante para Lerroux y éste resultaba en exceso prosaico y sospechoso de corrupción para aquél—, pero en cualquier caso decisivo para fomentar las tendencias centrífugas de la vida política durante los años treinta. La derrota parlamentaria de Lerroux llevaba aparejada, de acuerdo con el texto de la Constitución republicana de 1931, la imposibilidad de que formara inmediatamente un nuevo gobierno, por lo que no pudo presidir las elecciones generales que se habían convertido ya en inevitables.

Quedaba con ello clausurada la experiencia reformista de este primer bienio republicano y ello obliga a llevar a cabo un balance global de la misma. La primera y más evidente conclusión puede consistir en recordar que en esta ocasión, por vez primera en nuestra historia, se habían planteado los problemas más graves de la vida española, aquéllos que a lo largo de la Restauración se habían ido remansando en un marasmo de indecisiones o de soluciones diferidas cuando no inexistentes. Como dijo Jiménez de Asúa, recordándolo, «si la República no hubiera de mudarlo todo, no merecería el esfuerzo de haberla traído». Lo cierto es que, en cuanto a contenidos, la República consistió más que nada en la obra legislativa del primer bienio, pues, como veremos, apenas si existió la del segundo. Sin embargo, el hecho de haber emprendido esa reforma global de la vida española, siendo en sí positivo, no agota el juicio acerca de los gobiernos de Azaña porque ni existió un oportuno establecimiento de prioridades, ni se optó siempre por las soluciones más correctas, ni tampoco en todas las ocasiones se ejecutaron las reformas de manera adecuada. Una reforma global de la vida española debía haber seleccionado sus objetivos de manera más hábil procurando no enajenarse a sectores sociales extensos o, al menos, hacerlo de una manera prudente que compensara con otras medidas a quienes se sintieran contrarios al régimen. Ya se ha señalado también que muchos aspectos de las reformas eran técnicamente incorrectos. A los dirigentes republicanos de este período no les faltó voluntad, pero sí capacidad reformista: para merecer este calificativo hay que saberlo ser. En fin, un último aspecto del reformismo del primer bienio es el que se refiere a la ejecución de las reformas. La acidez de Azaña, en sus diarios íntimos, con buena parte de sus seguidores, en especial de Domingo, está de sobra justificada aunque no se trasluciera al exterior. Frente a la anterior cita de Jiménez de Asúa conviene recordar otra de Ortega. Se lamentaba éste de que el primer bienio hubiera consistido sobre todo en «repetir hasta el infinito la palabra revolución» cuando la República consistía también en «hacer cosas» y hacerlas bien. Todavía se puede añadir que en este período nacieron posturas de enfrentamiento por ambas partes que no fueron cortadas cuando se debía, en su momento germinal, y que tuvieron funestas consecuencias.

El bienio reformista concluyó prácticamente con la elección de Albornoz para la Presidencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, lo que fue un «desatino» en opinión de Azaña. De nuevo un juicio como éste debiera haber hecho pensar en la necesidad de una confluencia con el resto del republicanismo, por lo menos para tener una clase política más amplia donde elegir. Pero no sólo ese acuerdo no fue posible sino que las posteriores elecciones de noviembre de 1933 consagraron esa imposibilidad y, con la ayuda de la Ley Electoral, dividieron a los partidos del régimen en dos bandos antagónicos e irreconciliables, el de quienes estaban dispuestos a colaborar con el socialismo y los que aceptaban figurar en una misma candidatura con la derecha. Fue la primera manifestación de una propensión centrífuga que acabaría siendo catastrófica para la República.

El punto de partida para la campaña electoral no pudo ser más distinto en la derecha y en la izquierda. Las derechas elaboraron prontamente un programa electoral que, aunque negativo y mínimo, contenía propuestas que podían movilizar a una porción considerable de la sociedad española: la reforma de la Constitución y de las leyes directamente derivadas de ella, la protección de los intereses económicos (en especial, los agrícolas) y una amplia amnistía, semejante en extensión a la aprobada después de los sucesos de 1917. La derecha propiamente dicha tan sólo se dividió en tres circunscripciones electorales, no dio excesiva relevancia a los candidatos explícitamente monárquicos (lo eran tan sólo cuatro de los trece por Madrid) y, en fin, se mostró dispuesta a colaborar con el centro republicano en la segunda vuelta. El Partido Radical representó en estos momentos esa difusa tendencia de centro que tenía confianza en las instituciones republicanas, pero que era opuesta a la permanencia de los socialistas en el poder. En la primera vuelta electoral los radicales fueron en candidaturas propias o pactaron exclusivamente con los conservadores de Maura, pero ya estuvieron dispuestos a figurar con la derecha en siete circunscripciones latifundistas del sur. Luego, en la segunda, las alianzas con la derecha se hicieron mucho más amplias teniendo como punto único de confluencia el repudio de los socialistas.

El panorama de la izquierda resultó radicalmente distinto. El anarquismo, que no había realizado una activa propaganda abstencionista ante las elecciones de 1931, sí la hizo ahora, especialmente en el sur andaluz, donde el descenso de los niveles de votación fue, en algunos casos, espectacular. Pero, con ser eso importante, todavía lo era más el desacuerdo de la izquierda a la hora de formar candidaturas comunes. Azaña hubiera sido partidario de una estrecha colaboración electoral con los socialistas pero fueron éstos los que, muy decepcionados de su paso por el poder, se negaron a ella con carácter general. De hecho el escaño parlamentario que Azaña logró por Bilbao lo fue gracias a que Prieto, siempre proclive a la colaboración con la izquierda republicana, lo incluyó en su lista y pudo beneficiarse del sufragio del PSOE.

En el momento en que, en noviembre de 1933, se celebraron las elecciones se había completado el proceso de movilización política que el país había experimentado desde el establecimiento del nuevo régimen. La consulta electoral tuvo lugar en un ambiente febril y entusiasta y, aunque pueden haber existido incorrecciones circunstanciales, los resultados respondieron plenamente a la voluntad de la opinión pública, mucho más que en 1931, momento en que la política española carecía todavía de articulación suficiente y en que el poder del Gobierno pudo ser más decisivo al apoyar una candidatura oficial. Ahora tanto el ministro de la Gobernación como su subsecretario, candidatos ambos, no fueron elegidos diputados.

El examen de los resultados electorales en sufragios viene dificultado por la existencia de coaliciones diferentes en cada circunscripción. Los cómputos varían dependiendo de cómo se consideren los votos de centro, pero todos ellos dan una cierta sensación de equilibrio. Es cierto que la derecha había crecido espectacularmente, pero no lo es menos que antes había estado infrarrepresentada y que, además, no venció arrolladoramente. Los votos de la derecha y de las coaliciones de derecha y centro no estuvieron más de tres o cuatro puntos porcentuales por encima de una izquierda demasiado fragmentada en la que el voto socialista resultó, gracias a esta fragmentación, predominante. El centro figuró en esta consulta electoral en tercer lugar, con la mitad de los sufragios de las otras dos opciones, pero en unas condiciones inmejorables para ejercer el poder. En definitiva, la decisión del electorado resultó favorable a un giro a la derecha, pero ni tan acusado ni tan irreversible como muchos pudieron pensar. Sucedió, sin embargo que, por culpa de la Ley Electoral, esa sensación de equilibrio se desvanece si en vez de tomar en consideración el número de votos pasamos a considerar el de escaños. En un Parlamento de 470 diputados doscientos le correspondieron a la derecha, de los que algo más de la mitad eran de la CEDA; el centro disponía de unos 160, de los que un centenar pertenecían al partido radical. En la izquierda el PSOE mantuvo una fuerza parlamentaria considerable, con sesenta escaños, pero la izquierda republicana apenas tenía cuarenta y de ellos la mayor parte le correspondían a la Esquerra Catalana. Azaña, que acababa de abandonar el poder, se encontró con una minoría de tan sólo cinco diputados, mientras que los radicales socialistas prácticamente se volatilizaron.

En definitiva los resultados supusieron un cambio de rumbo importante, pero de ninguna manera un giro copernicano en la vida política española. Quizá una de las interpretaciones más ajustadas a la realidad que se hicieron en la época acerca de lo realmente ocurrido fue la esbozada por Ortega y Gasset, ya retirado y decepcionado de la política, en dos artículos titulados ¡Viva la República! y En nombre de la Nación, claridad. El filósofo criticó en ellos, principalmente, la actuación de las izquierdas durante el primer bienio republicano: comportándose «no ya como jabalíes sino como rinocerontes», «habían vomitado todas las necedades que tenían en el vientre» y, al encontrarse con el país en las manos habían demostrado «que no tenían la menor idea de lo que había que hacer con él». El resultado de las elecciones había sido, sobre todo, una desautorización de quienes habían gobernado. Se trataba de «un triunfo en busca de un triunfador» pues no debía irse más allá de interpretarlo como la manifestación condenatoria de quienes hasta una fecha temprana habían estado en el poder. En estas condiciones era preciso dirigirse a las derechas reclamándoles, «en nombre de la Nación, claridad» porque «sabemos lo que anti son y es de urgencia saber qué cosa son» verdaderamente. Ante la eventualidad de que se hiciera una interpretación antirrepublicana del resultado electoral el filósofo, poco proclive a las manifestaciones de entusiasmo, no dudaba ahora, sin embargo, en vitorear al régimen. Su artículo se dirigía principalmente a Gil Robles, al que describía como «joven atleta victorioso». Era, desde luego, lo último, pero le convenía recordar, según Ortega, que las derechas acababan de llegar al techo de sus posibilidades de voto y que lo habían hecho mediante una indefinición que ahora debía ser despejada.

Radicales y cedistas: el comienzo de la colaboración

Los dos grandes vencedores de las elecciones de 1933 fueron, en efecto, Alejandro Lerroux y José María Gil Robles, pero, al menos en términos relativos, parecía más evidente la victoria del segundo, que partía de una fuerza política y parlamentaría mínima. Por su parte los pequeños grupos de derecha, que también alcanzaron ahora una importante representación, no podían tener la esperanza de convertirse en el eje de cualquier situación gubernamental, bien porque se tratara de grupos de carácter regional, como era el caso de la Lliga Catalana, por estar vinculados tan sólo a una personalidad política más que a un programa (como era el caso de progresistas, conservadores o liberal demócratas), por tratarse de partidos que habían acogido en su seno a antiguos caciques (agrarios) y porque su monarquismo les situaba al margen de cualquier posibilidad de colaborar en el ejercicio del poder. A todas estas razones es preciso sumar la más evidente: ninguno de estos grupos políticos tenía un apoyo parlamentario semejante al de radicales y cedistas.

Ya se ha hecho mención en páginas precedentes de la significación de Lerroux en el seno de la política republicana, pero no estará de más aludir al partido que dirigía en el momento en que, por sus votos y por su posición en el espectro político republicano, a él le correspondió jugar un papel político de especial relevancia. Lo que podría ser denominado como la «vieja guardia radical», compañera de demagogias de Lerroux en Barcelona, se vio relacionada todavía más que él con asuntos de dudosa moralidad. Habían sido los primeros políticos profesionales de la España de comienzos de siglo, pero al lado de esa actividad se habían dedicado también a los negocios y, aunque mantuvieron su adhesión a los viejos principios, con el paso del tiempo su extremismo y demagogia se había convertido en algo vacuo y carente de concreción; como escribió un historiador posterior, «si ya no había que levantar el velo a las novicias o entrar a saco en la civilización, las finalidades eran muy dudosas». Esta vieja guardia formaba parte de la biografía del radicalismo y ello explica que Lerroux tuviera una excesiva complacencia con ella, a pesar de que muy probablemente era él quien mejor percibía sus defectos y los inconvenientes que para él y su partido tenía. Pero presentar el radicalismo como el exclusivo producto de esa vieja guardia radical sería, con toda seguridad, injusto. Había también un nuevo radicalismo, probablemente mayoritario e irreprochable desde el punto de vista de la moralidad administrativa y de la formación, tan insuficiente en el caso de los miembros de la vieja guardia. No se puede atribuir a los nuevos radicales carecer de otro motivo de presencia en la vida pública que el puro usufructo del poder. Representaban, por un lado, el «republicanismo histórico» (título que se dio precisamente a un libro en homenaje a Lerroux), alejado de cualquier complacencia con el socialismo e irritado con los seguidores de Azaña a los que, en última instancia, tendía a conceptuar como advenedizos y perseguidores del republicanismo más tradicional. Lo mejor del radicalismo residía en un sentimiento centrista y moderado, deseoso de estabilidad para las instituciones y de una pausa en la tarea reformista, pero no reaccionario ni puramente oportunista. Lerroux, con la experiencia de un viejo político en la fase final de su vida, supo actuar con prudencia y deseo de acuerdo entre los republicanos; no erró, además, en sus decisiones fundamentales, aunque careciera de programa concreto y de capacidad para llevarlo a cabo. Eso es lo que explica que el radicalismo se convirtiera en una gran esperanza en un determinado momento, pero, al mismo tiempo, revela también la fragilidad de esta última. El radicalismo logró unir a esos sectores, diferentes e incluso divergentes, gracias a la figura de su líder, pero éste había conseguido convertirse en tal gracias, en parte, a su indefinición. En otras circunstancias es posible que el régimen republicano hubiera logrado estabilizarse a base de pura inercia «lerrouxista», pero con el grado de movilización política de la España de los años treinta y la acumulación de problemas existentes lo que sorprende es que Lerroux consiguiera colaborar durante tanto tiempo con un grupo político que, precisamente, representaba la antítesis de cuanto había supuesto en el pasado el viejo jefe del radicalismo.

En efecto, si por algo puede definirse a la CEDA es por la condición católica de sus miembros y de su programa. Los antecedentes de su posición política —definida como Confederación Española de Derechas Autónomas— se remontaban a los proyectos de colaboración alimentados por El Debate entre los sectores más confesionales y diversos grupos de la derecha española durante la Monarquía alfonsina.

En el momento del cambio de régimen, mientras se diluían los viejos partidos políticos, Ángel Herrera, director de El Debate y principal inspirador de la ACNP consiguió que Acción Nacional, el partido que fundó, aunque con magros resultados, fuera la única opción política importante de la derecha en las elecciones constituyentes republicanas.

En ese momento su ideario era tan sólo clerical y conservador, basado en la defensa de la religión, el orden y la propiedad, pero había en su enfoque una posibilidad evolutiva que derivaba de su voluntad de no pronunciarse respecto de la forma de gobierno. Esa indiferencia —al margen de las preferencias sentimentales— testimoniaba que para el partido lo esencial era la defensa de los intereses del catolicismo. De esa manera podía pretender agrupar, como así hizo, a quienes eran monárquicos, pero también a quienes eran republicanos de hecho aunque, por estar inspirados en los criterios del catolicismo político, no aceptaran el contenido de la obra gubernamental de Azaña. Además, desde esa actitud y en el seno de una política de masas democrática, se podía esperar una posible evolución hacia la definitiva adopción de ese ideario por parte del catolicismo español.

Como ya se ha señalado fue la sublevación monárquica de agosto de 1932 la que definió de modo irreversible la separación de campos entre el monarquismo y la especificidad propia de la CEDA católica. Después de dos congresos, celebrados en octubre de 1932 y en marzo de 1933, la CEDA quedó vertebrada como organización política partidista con especificidad propia y con una relevancia que le haría convertirse, ya en 1933, en la primera fuerza en el seno de la derecha y revalidar este carácter en 1936. En gran medida eso se debió a la modernidad de sus procedimientos de actuación.

Ya se ha señalado que, como partido de masas, sólo admite comparación en la época con el PSOE. Con denominaciones varias, en 1936 estaba organizada en la práctica totalidad de la geografía nacional con la excepción de aquellas provincias de sentimiento nacionalista o en las que había una persistente influencia personalista procedente del pasado; hubo otras, como por ejemplo Valencia, en que más del 90 por 100 de los pueblos tenía un comité propio. Ya se puede imaginar que para esta penetración capilar en la sociedad la CEDA utilizó principalmente las organizaciones católicas. A esa movilización de masas hay que añadir una potente organización sectorial, principalmente femenina y juvenil, aunque esta última con proclividades netamente antidemocráticas; en cambio, el sector dirigente de la CEDA no consiguió nunca vertebrar al mundo sindical obrero confesional. La modernidad se podía apreciar también en los métodos de actuación en materia de propaganda y en la capacidad de sus dirigentes, en su mayor parte personas sin pasado político previo. Principalmente abogados, los diputados de la CEDA estaban más cercanos, en cuanto a formación, al partido de Azaña que a los radicales, aunque sus divergencias con aquéllos fueran abismales. Partido de clases medias, más profesionales que propietarias, se debe tener en cuenta al juzgarlo que, en definitiva, esa modernidad quedó atemperada por las circunstancias regionales. En Galicia, por ejemplo, las dos provincias en que se mantenían unos más marcados rasgos caciquiles —Lugo y Orense— tuvieron menos presencia de la CEDA que las otras provincias gallegas. Pero también en este partido, como en otros, perduraron las redes clientelares que, incluso, a partir de un cierto momento, resucitaron hasta controlar organizaciones provinciales enteras, como la sevillana.

A la modernidad de la CEDA hay que contraponer, en todo caso, la pluralidad de composición de su sector dirigente y la incertidumbre de su programa positivo. En realidad, a lo largo de su historia, la CEDA agrupó a personas de procedencia dispar.

Había en ella antiguos colaboradores de la Dictadura, conservadores y clericales y, en parte, integró en su seno a las fuerzas de derecha del pasado. También hubo jóvenes católicos susceptibles de experimentar un proceso de «fascistización», especialmente patente entre las juventudes del partido, o moderados que hubieran podido convivir con regímenes diversos. Existía también un sector que había nacido a la vida política como consecuencia de su previa pertenencia al asociacionismo católico, que eligió como modelo a los partidos católicos de Alemania o Bélgica, y entre quienes estaban personas que podrían ser denominadas como demócratas cristianos. Ejemplos de estos últimos podrían ser Manuel Giménez Fernández, Álvarez Robles o la Derecha Regional Valenciana (la sección de la CEDA correspondiente a ésta). Tan abigarrada mezcla sólo puede entenderse por los orígenes de la CEDA, que no eran otros que la defensa de un catolicismo que se sentía perseguido por la obra legislativa del primer bienio republicano. De ahí que Giménez Fernández describiera su partido como una negación de la negación anticlerical y añadiera, autocríticamente, que así como en álgebra la negación de una negación es una afirmación, en política se convertía en una estupidez.

De todos los modos, en general, la élite parlamentaria era más moderada que las organizaciones locales y éstas que el votante. Aun así en casi todas las cuestiones fundamentales la CEDA tenía en su seno una pluralidad de puntos de vista que no se daba en cualquier otro partido político de la época, con la excepción del socialista. Ya veremos que los mayores opositores del programa de reforma agraria de Giménez Fernández los encontró éste en su propio partido (los «conservaduros», como él los denominaba) y algo parecido cabe señalar de las posiciones respecto de la democracia, y lo mismo vale decir en relación con la autonomía regional. Cuando se trató de la cuestión los diputados navarros y valencianos votaron a favor mientras que el resto estuvo en contra.

En estas condiciones no es fácil definir el contenido ideológico de la CEDA de una manera precisa. Algunos han insistido en la «fascistización» que experimentó (Montero) y otros lo han definido como «nacionalismo conservador» (Elorza), pero lo cierto es que resulta difícil hacer una definición válida para todos los sectores y todos los momentos puesto que el auditorio —mitin, respuesta a la prensa o intervención parlamentaria— jugaba un papel decisivo a la hora de hacer una declaración. Las afirmaciones democráticas y republicanas fueron muy minoritarias pero más frecuentes entre los dirigentes superiores, quienes testimoniaban respeto a la fórmula parlamentaria distanciándose de proclividades totalitarias. Nunca se llegó a la explícita afirmación de adhesión a la República, pero en parte eso se debió a que ésta se decía vinculada a un programa concreto, inaceptable para la mayor parte de los católicos. Gil Robles hizo a menudo declaraciones imprudentes, pero cuando resumió por escrito su ideario en esta época lo hizo identificándose con la derecha conservadora y moderada francesa y no con Mussolini.

Un factor que contribuye a explicar la unidad de un conjunto tan heterogéneo como fue la CEDA es, precisamente, la persona de José María Gil Robles, no sólo su principal dirigente sino aquél que concentró en sus manos las decisiones más importantes de una manera absoluta y total. Diputado por Salamanca y catedrático de Derecho político, Gil Robles se alzó con la dirección de la oposición a Azaña —con quien compartió el mérito de ser principal descubrimiento de la política española de los años treinta— desde su escaño parlamentario. Enérgico e impetuoso, Gil Robles tuvo como principal inconveniente durante el segundo bienio republicano ser tan hábil táctico como incierto estratega, de modo que muy a menudo no le resultó sencillo llegar a prever el resultado de sus propias acciones. Supo, en cambio, mantenerse al frente de la derecha española y acertó a menudo al dirigirla, pero dudó en ocasiones decisivas respecto de la estabilización del régimen republicano, única razón de su existencia en la política y a menudo erró, principalmente en su relación con el Presidente de la República. Éste, en sus memorias, viene a decir, no sin razón, que Gil Robles tuvo mayores dotes de caudillo que de estadista y que, muy a menudo, se dejaba llevar por el ímpetu más que por la ideología guardando demasiada condescendencia con el sector de su partido menos asimilable al régimen republicano. En dos ocasiones —al menos— bordeó la tentación de auspiciar un inaceptable intervencionismo militar.

Éstas eran las dos opciones políticas a las que correspondía el protagonismo durante la nueva etapa republicana. Si el régimen republicano se hubiera consolidado, a una primera experiencia de centro-izquierda le debiera haber correspondido otra de centro-derecha. Pero ello hubiera supuesto que la derecha tuviera esa capacidad para definirse positivamente que le reclamaba Ortega y que la izquierda hubiera aceptado que un programa diferente del intentado durante el primer bienio era igualmente legítimo en el marco de las instituciones republicanas. En la práctica ninguna de las dos cosas tuvo lugar.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como se demostró desde fecha muy temprana, la colaboración entre radicales y cedistas ofrecía patentes dificultades. Ya los primeros meses del segundo bienio republicano, desde diciembre de 1933 hasta abril de 1934, presenciaron la sucesión de dos gobiernos, a los que hubo que sumar crisis ministeriales parciales; de este modo apareció el protagonista fundamental de esta etapa que no fue otro que la inestabilidad, de la que derivó su esterilidad. Verdad es que, al mismo tiempo y de forma insistente, varios de los grupos republicanos vencidos en las elecciones (entre ellos, el de Azaña) habían pedido a Martínez Barrio, nada más conocerse el resultado de las mismas, la convocatoria de unas nuevas. Como reconoció en privado Besteiro, presidente de las Cortes Constituyentes, esta decisión hubiera sido inconstitucional y hubiera atribuido al Presidente de la República unos poderes absolutamente desmesurados, que habrían podido volverse en contra de cualquier partido.

La obra de gobierno muy pronto presentó aspectos problemáticos. Según Madariaga, Lerroux «se daba cuenta de la importancia de la Iglesia y del Ejército en la vida española y se dispuso a reconquistar estas dos fuerzas y, si era necesario, a pagar el precio». Probablemente la rectificación era necesaria e incluso obligada, ateniéndose a los resultados electorales de noviembre de 1933, pero el solo hecho de intentarla provocó inevitables reticencias entre los propios radicales, al mismo tiempo que impaciencias entre los diputados de la CEDA. Gil Robles se encontraba en una situación difícil porque en las Cortes carecía de fuerza suficiente para imponer sus criterios, la ausencia de adhesión explícita a las instituciones republicanas vedaba su acceso al poder mientras que, al mismo tiempo, su colaboración resultaba imprescindible para cualquier gobierno radical no socialista.

Como luego resultó característico de toda la obra del segundo bienio, las medidas imaginadas por Lerroux pueden ser calificadas de oportunistas o de conservadoras, pero no de reaccionarias, ni tampoco de adulteradoras de lo que hasta entonces había sido la experiencia gubernamental republicana. En la cuestión religiosa Lerroux trató de cambiar el ambiente negativo de las masas católicas del país respecto de las instituciones republicanas por dos procedimientos, simbólico el primero y más efectivo el segundo: la dotación del clero y el intento de Concordato con la Santa Sede. La primera medida consistió en habilitar cantidades no muy importantes destinadas al clero más desfavorecido, asimilando su condición a la del funcionariado; la medida bordeaba la inconstitucionalidad, por haberse suprimido el presupuesto del clero, pero atendía una necesidad patente y resultaba muy hábil. Pero el problema religioso no quedaría resuelto hasta que se llegara a un acuerdo con el Vaticano y éste fue imposible. No hay que negar, sin embargo, que hubo un serio intento de llegar a él, pues mientras que la Iglesia condenó a quienes se decían defensores del llamado «derecho a la rebeldía», Lerroux nombró como ministro de Estado a Leandro Pita Romero, un católico perteneciente a la ORGA que, además, acumuló a este cargo la condición de embajador ante la Santa Sede. Ésta aceptó su nombramiento añadiendo que esperaba que con él se solucionaran los problemas de persecución religiosa en España, una coletilla innecesariamente hiriente, pero en realidad fue la inexistencia de una clara mayoría a favor de la modificación de la Constitución y de un panorama político claro lo que vedó un posible acuerdo. Quizá el Vaticano, aunque no en cambio Vidal i Barraquer, llegó a pensar de forma muy característica que era mejor esperar la llegada al poder de la CEDA, como si este hecho fuera inevitable.

Tampoco en las cuestiones sociales hubo una tarea gubernamental reaccionaria o decididamente rectificadora de las medidas de Azaña. La Ley de Términos Municipales fue derogada, pero había sido criticada no sólo por la derecha sino también por los partidos republicanos y, además, se había demostrado en buena medida inaplicable. Las propiedades incautadas a la nobleza fueron devueltas, pero esta medida —que había sido la única verdaderamente revolucionaria de Azaña—, por sí sola no resolvía el problema agrario español, y era injusta, al menos desde el punto de vista de la participación de la aristocracia en la intentona de 1932 (que no había sido tan clara). Por otro lado la nobleza siguió siendo el sujeto pasivo principal de la reforma agraria; ésta no sólo no fue suspendida sino que bajo el Ministerio de Cirilo del Río se mantuvieron los discutidos decretos de intensificación de cultivos, asentándose mayor número de campesinos que durante todo el bienio precedente.

A pesar de que la rectificación no era tan significativa, las dificultades de la colaboración entre radicales y cedistas fueron lo suficientemente patentes como para que traslucieran. La CEDA mostró desde un principio su reticencia ante lo que consideraba insuficiencias en la rectificación del primer bienio; objeto especial de las iras de Gil Robles fue Martínez Barrio, acusado de lenidad ante el desorden. En cambio mostró mucha mayor satisfacción ante otros gobernantes radicales (los de menor capacidad, según Alcalá Zamora, aunque parte de las críticas del dirigente católico han de entenderse a raíz de la ausencia de ideas y programas que él creía observar en los radicales). Como el apoyo de Gil Robles resultaba imprescindible para los propósitos gubernamentales de Lerroux, al final resultó inevitable la escisión del radicalismo. En marzo de 1934 Martínez Barrio, fuera ya del Gobierno, inició una disidencia que le llevó a la fundación de un partido radical demócrata; ni Lerroux lo aceptaba a su lado como defensor de la pureza izquierdista ni él, por su parte, quería seguir la senda de sumisión a la CEDA que creía percibir en el gobierno. Lerroux consiguió que una parte considerable de la izquierda de su partido siguiera con él, pero en adelante su posición quedó dañada, no sólo porque cada vez dependía más de la CEDA sino porque con Martínez Barrio se fueron algunos de los más irreprochables dirigentes de su partido.

Por si fuera poco ya en estos momentos empezaron a surgir las dificultades entre los dirigentes de la derecha gobernante y el Presidente de la República. Uno de los principales puntos programáticos de las derechas en las elecciones había sido la amnistía, pero ésta tenía el inconveniente de poder suponer la vuelta al Ejército de los militares sublevados en agosto de 1932. Alcalá Zamora, que tenía la preocupación de no «ser un Mac Mahón», es decir, de no aparecer como un presidente monarquizante como el de este nombre en Francia, probablemente excediéndose en sus funciones, aunque con buena intención, opuso reparos, al mismo tiempo que criticaba la gestión del sucesor de Martínez Barrio en Gobernación, Salazar Alonso. Así se produjo el primer conflicto entre Alcalá Zamora y la derecha y la primera irritada propuesta de sustitución del Presidente por parte de un sector de la CEDA. La situación se resolvió en un sentido favorable a la ley de amnistía, pero provocó el inmediato alejamiento del poder de Lerroux.

La insurrección de octubre de 1934

El carácter temporal del gobierno que sustituyó a Lerroux quedó demostrado por el hecho de que quien lo presidió fue una figura de segunda fila en el seno del partido radical, Ricardo Samper, que no fue respetado ni por la derecha ni por la izquierda. Si la primera fue culpable del definitivo naufragio de su gabinete, Azaña, por su parte, llegó a afirmar que prefería «al rey y a sus ministros» y un autor socialista lo describe como «un personaje de juzgado municipal». Sin embargo, es muy poco lo que cabe reprocharle a lo largo de su gestión, en la que intentó evitar la confrontación sin que pueda achacársele lenidad ante la intentona revolucionaria, como hizo la derecha.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las dificultades políticas tendieron a multiplicarse. A la siempre difícil colaboración entre radicales y cedistas se sumó ahora la actitud de la izquierda socialista y republicana. El PSOE sintió el abandono del poder en 1933 como una especie de despojo insultante y empezó a esgrimir un lenguaje revolucionario que alimentaba la radicalización de las masas al mismo tiempo que nacía en ellas. A partir de finales de 1933 los exponentes principales de la actitud revolucionaria fueron Largo Caballero, principalmente, y Prieto, mientras el cada día más marginado Besteiro consideraba esos proyectos como «un disparate». Largo Caballero, que puede haber incubado su posición antes incluso de abandonar el Ministerio, afirmaba ahora la imposibilidad de obtener ninguna ventaja de la colaboración con la burguesía y la necesidad de armarse. Principal artífice del giro republicano del PSOE en 1929-1930, y exponente ejemplar del colaboracionismo durante su estancia en el Ministerio del Trabajo, ahora intuyó un cambio de actitud en gran parte del proletariado, muy decepcionado respecto de sus iniciales expectativas con el régimen republicano. No debe pensarse, en efecto, que su actitud fuera una excepción sino que algo muy parecido pensaban gran parte de las masas socialistas sin necesidad de que nadie las empujara a ello: el diario socialista asturiano Avance, por ejemplo, que había afirmado durante el primer bienio que el «antagonismo lógico» entre patronos y obreros podía convertirse en tan sólo una «discordancia entre el obrero que aspira a un mejor y más humano vivir y el patrono que, comprensiblemente, desea obtener un rendimiento prudencial a un capital invertido», se lanzó ahora a una propaganda incendiaria que hizo que, en unas semanas, de 82 ediciones fuera suspendido en 62.

Las reuniones de la directiva de la UGT abundan en quejas, esgrimidas por los sectores más extremistas, acerca de incumplimientos de la legislación obrera, provocaciones o «desmoronamientos» de sindicatos recientes en toda la geografía rural peninsular, pero, aunque no cabe duda que ese pudo ser un factor importante los planteamientos políticos parecen haber desempeñado un papel más decisivo. Los dirigentes tradicionales, como Besteiro, se lamentaban de que quienes habían pensado que «ésta era la más perfecta de las Repúblicas, cuando ven que se ha despertado una reacción salvaje… se ponen desesperados». Besteiro, que presidía la UGT, lamentaba que desde el partido Largo Caballero, sirviéndose de sus órganos, se lanzara a una propaganda que llevaba «camino de locuras». Una insurrección no triunfaría porque las condiciones eran muy distintas de las de Rusia y, aun así, si lo lograra, sería una «pesadilla» lo que debería hacer el partido. Seguidores suyos recordaban el error cieno haber acudido a la elección en coalición con los republicanos, criticaban a los nuevos líderes sindicales juveniles (que muy a menudo no eran obreros sin cualificar sino oficinistas o empleados de banca) y aseguraban que «no hay quien diga que hay un peligro inmediato de fascismo». A lo sumo estaban dispuestos a una resistencia caso de flagrante violación de la Constitución. Sus adversarios, que no ocultaban una voluntad de acción ofensiva contra el adversario burgués, llegaron a juzgar que la «corrupción absoluta» de la burguesía republicana española impedía colaborar con ella y que el «descontento» del Ejército les proporcionaba oportunidades. Más sensato, Indalecio Prieto estaba convencido que sublevarse era «una necesidad» pero se mostraba «muy pesimista» sobre los resultados.

La verdad es, sin embargo, que el PSOE carecía por completo de tradición conspiradora revolucionaria; a lo sumo, había arropado con una huelga general un movimiento subversivo de carácter militar, creando problemas de orden público de trascendencia limitada, como en 1917. La mejor prueba de esta ausencia de verdadera capacidad para la revolución se encuentra en el hecho ele que el socialismo en ningún momento hizo un secreto de sus propósitos subversivos. Su órgano oficial defendía el «odio a muerte a la burguesía criminal», mientras que había dirigentes que declaraban que la democracia republicana ya no les servía. Difícilmente el gobierno podía poner en duda los propósitos de un partido que pedía «atención al disco rojo» y que, en el mes de septiembre de 1934, afirmaba que el siguiente «puede ser nuestro octubre». Tal afán declarativo y verbal contrastaba con la auténtica preparación del movimiento insurreccional y llevaba, en ocasiones, a pensar que los socialistas querían, sobre todo, asustar, hasta el momento en que fueron arrastrados por su propio uso del lenguaje.

En realidad los socialistas, más que organizar la revolución, hablaban de ella.

Tan sólo un coronel y unos pocos comandantes parecieron dispuestos a colaborar con la insurrección socialista (uno de los participantes anota que tuvieron consigo a tres hijos de generales, que servían de muy poco). En definitiva «no tuvimos un Rafael Riego», asegura Amaro del Rosal: el general Miaja, luego defensor de Madrid, en este momento no dudaba en declarar que a él «nadie le levanta un puño en las narices». Además de limitada, la preparación subversiva fue incompetente. El gobierno, por ejemplo, descubrió con relativa facilidad depósitos de armas como el del barco Turquesa, en Asturias, pero también en los locales de la UGT o incluso en los domicilios de los diputados, a uno de los cuales se le incautaron cincuenta pistolas. El movimiento tampoco tuvo un programa, pues aunque Prieto redactó uno no era sino una radicalización de la experiencia del primer bienio. Por si fuera poco, la carencia de coordinación entre los dirigentes socialistas fue manifiesta a lo largo de todo 1934. En el verano de este año el movimiento sindical socialista en el medio rural, que hasta entonces había tenido una actitud moderada, se lanzó a una huelga general que concluyó en un rotundo fracaso, en gran medida por la absoluta falta de colaboración del sindicalismo urbano. La UGT, que había obtenido un importante crecimiento en el campo, experimentó una dura derrota de la que no se recuperaría sino de modo parcial.

Mientras esto sucedía en los medios socialistas en una región española arreciaban las dificultades para el Gobierno. Allí el líder indiscutible del catalanismo de izquierdas había sido Maciá, a quien se ha comparado con Garibaldi. Era el representante de un idealismo exaltado cuya actuación en la oposición siempre pareció desmesurada, pero que mostró en el ejercicio del poder una sensatez y una capacidad de liderazgo sobre el conjunto de la sociedad catalana que lo convirtió en figura paternal comúnmente aceptada por todos. Escofet lo ha descrito dejándose interrumpir en los mítines cuando le faltaba el término concreto que quería utilizar y esperaba del auditorio que se lo sugiriera. Sólo él podía ser capaz de mantener unida a la Esquerra Republicana de Catalunya, un partido plural que acabó presenciando una división en 1933.

Companys, su sucesor en la Presidencia de la Generalitat, carecía de ese carisma personal, sobre todo ante quienes tenían una trayectoria biográfica más vinculada que la suya a la causa del catalanismo; así sucedió, por ejemplo, con miembros de Estat Cátala, como su «conseller» de Gobernación, Dencás.

Lo que provocó el conflicto entre la Generalitat y el Gobierno central republicano fue una cuestión agraria grave, pero que hubiera podido ser resuelta sin provocar un conflicto institucional. La «rabassa morta» era un contrato agrario que regía la explotación de la vid y que suponía que el arrendatario o «rabassaire» debía pagar una parte alícuota de su cosecha al propietario de la tierra. La Ley de Contratos de Cultivos, aprobada por un Parlamento catalán en el que correspondía la mayoría a la Esquerra, tenía como propósito permitir que los «rabassaires» accedieran a la propiedad en determinadas condiciones. Aunque algunos de sus artículos resultaran discutibles el propósito era sólo no aceptable sino que coincidía con las medidas de política agraria de los gobiernos radical-cedistas. Sin embargo, el problema se complicaba por una cuestión de competencias entre el Parlamento estatal y el catalán derivada de la interpretación de un Estatuto en que la legislación civil le correspondía a Cataluña y la social al Estado central. Una parte de los propietarios catalanes de tierras recurrió ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y arrastró tras de sí a la derecha catalana, incluida la Lliga, y a la española. El Tribunal, actuando con criterios exclusivamente jurídicos y en contra de la opinión de los vocales de significación próxima al partido radical, decidió declarar la inconstitucionalidad de la ley. Al negarse la Generalitat a aceptar este fallo, la cuestión se fue envenenando mientras que parecían haberse olvidado sus orígenes, de modo que ya no parecía tratarse de una cuestión relacionada con materias sociales o agrarias sino de un pleito acerca de la autonomía. Como luego escribió Martínez Barrio en sus memorias, había sido un grave error «entregar la resolución de problemas políticos a juristas». Hubo entonces que intentar remediar los inconvenientes de la tensión existente mediante una negociación. Un catalanista de izquierda moderada, Hurtado, escribió luego en sus memorias que la Esquerra había utilizado «como simple pretexto» la cuestión «rabassaire» y esto fue «una auténtica desgracia tanto para Cataluña como para la República». Fue él mismo quien, junto a Samper y Alcalá Zamora, intentó lograr una fórmula de concordia. A la altura de octubre de 1934 existía una situación de crisis en la relación de Cataluña con las instituciones respecto del problema «rabassaire» que los acontecimientos condujeron a un auténtico desastre.

Aunque el resultado no llegó a ser tan grave también en el País Vasco se agudizó considerablemente el problema autonómico en los primeros meses del bienio radical-cedista. A comienzos de 1934 el Partido Nacionalista Vasco planteó de nuevo la cuestión del Estatuto en las Cortes para encontrarse con la sorpresa de que, si sus pretensiones habían sido mal recibidas en el primer bienio, ahora también lo fueron, incluso por aquéllos que habían estado a su lado en el Parlamento en aquel período. A propuesta de un diputado de la CEDA estuvo a punto de aprobarse una moción de acuerdo con la cual la provincia de Álava sería definitivamente excluida del Estatuto.

En ella la voluntad autonomista había sido notoriamente más tibia que en las otras dos provincias vascas pero al decidirse por el Parlamento que era necesaria una nueva consulta lo que sucedió fue que el Estatuto Vasco quedó detenido en su tramitación.

Además, en los meses siguientes, hubo un motivo adicional de protesta de los nacionalistas vascos en contra del Gobierno al atribuirle la voluntad de modificar el concierto económico. Los nacionalistas, ahora más próximos a la izquierda, celebraron actos de protesta como la Asamblea de Zumárraga; de este modo la derecha extremista pudo encontrar argumentos para acusar a los nacionalistas de colaborar en un amplio movimiento subversivo. Pero, en realidad, aunque el PNV estuvo cerca de la Ezquerra en la cuestión «rabassaire», no intervino en absoluto en el movimiento subversivo de 1934 y durante los meses siguientes apoyó en líneas generales a los gobiernos de significación radical.

Para la derecha católica resultaba evidente a estas alturas que no se habían obtenido los frutos prometidos durante las elecciones de 1933. A Gil Robles su propio partido —y también las masas que acudían a sus mítines— le pedían una actuación gubernamental más decidida; él mismo pensaba que en el conflicto con la Generalitat no se podía aceptar «dialogar de potencia a potencia». Hasta este momento había tratado de influir todo lo posible en el Gobierno desde fuera, pero resulta lógico que pretendiera una participación directa en las responsabilidades ministeriales para mejorar su actuación; en última instancia, la necesidad de una ampliación del régimen hacia la derecha era sentida por amplios sectores de la vida política nacional, incluido el Presidente de la República. Al declarar en las Cortes que era precisa una rectificación de la tarea gubernamental que Samper no parecía dispuesto a emprender, Gil Robles provocó una crisis trascendental: que desembocara en la violencia estaba muy lejos de sus propósitos y fue responsabilidad exclusiva de una parte de la izquierda.

Lo más importante en esa crisis fue la eventualidad de una participación de la CEDA en el poder, a pesar de no haber hecho explícita profesión de fe republicana.

Alcalá Zamora estaba dispuesto a ella siempre que no pudiera haber la menor duda respecto a quienes iban a desempeñar las carteras ministeriales: en sus memorias afirma que los ministros de la CEDA fueron «elegidos entre los menos sospechosos». En efecto así fue: ni el número de carteras concedidas a la CEDA, ni cuáles fueran esos puestos ministeriales, ni las personas que iban a ocuparlos podían hacer pensar remotamente en la eventualidad de un golpe de Estado dictatorial de derechas. Las carteras eran Trabajo, Agricultura y Justicia: de los tres ministros, uno, Giménez Fernández, «el mejor y más sincero republicano de la CEDA», según Alcalá Zamora, se había declarado como tal en la campaña electoral; otro, Anguera de Sojo, había demostrado serlo en su trayectoria biográfica y por los cargos que había ocupado, entre ellos el de fiscal contra los conspiradores monárquicos de agosto de 1932 y, en fin, de Aizpún, el principal dirigente de los cedistas navarros, también juzgaba Alcalá Zamora que lo era gracias a los informes que acerca de su persona había recibido de Fernando de los Ríos.

Adviértase, además, que, en un momento en que había conflictos en Cataluña y el País Vasco, dos de esos tres ministros se habían mostrado partidarios de los respectivos Estatutos de Autonomía. Lejos de haber, por tanto, interés en provocar a las izquierdas por parte de los gestores de la crisis se daba una voluntad exactamente contraria.

Sin embargo esto, que tan claro resulta para el historiador, no lo fue ni remotamente para la izquierda del momento. Los grupos republicanos alejados del Gobierno protestaron con tanta dureza que dijeron romper cualquier tipo de solidaridad con las instituciones de un régimen al que consideraban traicionado; la imprudencia de esta declaración es admitida por Martínez Barrio —uno de ellos—, en sus memorias.

Otros dos dirigentes republicanos acabaron pensando algo semejante: Maura llegó a aceptar la colaboración con aquéllos cuya presencia en el Gobierno había vetado y, en reuniones privadas, el propio Azaña no dejaba de expresar su opinión de que el empleo de la violencia tendría unos efectos completamente contraproducentes, porque «puestos a jugar todos a los soldados… también querrían entrar los que lo eran de verdad». Pero estas posiciones fueron posteriores o permanecieron ocultas. Lo habitual fue una reacción tan indignada que, en los sectores extremistas, no se tuvo inconveniente en considerar aceptable el empleo de la fuerza. Se debe tener en cuenta que el empleo de un lenguaje al menos ambiguo respecto del sistema de convivencia se había convertido, a estas alturas, en habitual. Companys hablaba de «democracia expeditiva», Domingo lamentaba que la República no hubiera optado en su fase inicial por actuar de forma dictatorial e incluso, según Azaña, De los Ríos llegó a tener tentaciones de este tipo que, sin embargo, no expresó públicamente.

Si estas posturas eran injustificadas e imprudentes —un diario republicano aseguró que «no le interesaba la República que hoy se inicia»— más lo fueron todavía las de quienes acudieron a la violencia. En los primeros días de octubre de 1934 se produjeron una serie de acontecimientos a medio camino entre la barricada y la huelga insurreccional con algunos apuntes de lo que podría haber acabado en una revolución.

En la mayor parte del país hubo sólo una huelga, desigualmente seguida porque no participó el campesinado ni la CNT, con ocasionales incidentes violentos. De la huelga fue protagonista esencial el PSOE, pero la falta de preparación y de hábito revolucionario del partido hizo, por ejemplo, que en Madrid tan sólo se produjeran algunos incidentes y tiroteos por la actuación de unas masas sindicales que tenían pocas armas y que, además, carecían de estrategia para emplearlas. Los intentos de involucrar en el movimiento a fuerzas de seguridad o militares fallaron o se demostraron incompetentes (la policía descubrió uniformes de guardias civiles con los que los milicianos socialistas quisieron aparecer como tales). En el País Vasco los mineros se hicieron dueños de la cuenca pero se limitaron a patrullar por ella mientras las fuerzas del orden se retiraban temporalmente para evitar enfrentamientos y regresar luego, cuando el movimiento hubiera concluido.

La excepción estuvo constituida por los graves acontecimientos de Cataluña y Asturias. En la primera, como ya resultaba previsible, Companys fue rebasado por el catalanismo más extremista sin que parezca que midiera bien las consecuencias de sus actos. Dencás había preparado tan sólo una caricatura de golpe de Estado pero el Presidente de la Generalitat, en los emotivos momentos posteriores a la formación del gobierno con participación cedista, llegó a proclamar «el Estado catalán dentro de la república federal española». Luego, dirigiéndose a quienes le rodeaban y le habían reprochado más o menos explícitamente su falta de catalanismo les replicó que «ya no diréis que no soy catalanista». El desarrollo de los acontecimientos probó, desde luego, que Companys no erraba cuando, en 1936, llamó a su «conseller» de Gobernación, Dencás, el principal de los organizadores del movimiento, de ser «un espíritu tartarinesco y ridículo». La confusión fue absoluta y manifiesta la falta de medios para una situación bélica. Companys, que diciendo defender la República había recurrido a una proclamación manifiestamente anticonstitucional de República federal, debió mantenerse a la defensiva sin contar tan siquiera con el apoyo de la izquierda obrera.

Parte de la CNT y otras tendencias de extrema izquierda habían formado unas Alianzas Obreras que proclamaron una huelga contra el Gobierno —no a favor de la Generalitat— pero las dos fuerzas sindicales más importantes, la CNT oficial y el sindicato de «rabassaires», por quien se había iniciado el conflicto con el Gobierno central, permanecieron al margen del mismo sin prestar ayuda a los insurrectos. La Generalitat muy pronto debió rendirse ante el general Batet que, militar republicano, no tuvo la menor duda acerca de donde estaba la legalidad. El caso de este militar, como el de Miaja, testimonia la fidelidad de la mayor parte de los mandos a las instituciones en estos momentos. Batet había participado en la redacción del expediente Picasso sobre las responsabilidades del Ejército africanista en 1921 y probablemente era más catalanista que el propio Companys. Su prudencia —a pesar de que sabía que había sido espiado por los servicios de orden de la Generalitat en días anteriores— evitó muchos muertos. De hecho lo que hizo Companys fue mucho más un gesto político que una sublevación y bastó la presencia de las tropas en la calle y algunos actos de fuerza para que la insurrección fuera derrotada.

En Asturias los sucesos se asemejaron más a lo que habitualmente se entiende por una revolución. Era ésta la única región en la que existía una colaboración entre todas las fuerzas de extrema izquierda y en la que se habían puesto los medios de organización imprescindibles para que pudiera triunfar un golpe. Las dos fuerzas sindicales más importantes eran la UGT y la CNT y se habían concertado «para abolir el régimen burgués».

El papel de los comunistas y de las Alianzas Obreras, formadas por sectores minoritarios de extrema izquierda, fue mucho menor aunque luego su propaganda tendiera a magnificarlo. Los conspiradores habían conseguido constituir catorce depósitos de armamento con más de un millar de fusiles y alguna ametralladora y disponían, además, de abundante dinamita. En estas condiciones consiguieron apoderarse rápidamente de la cuenca minera dejando de modo inmediato sitiado Oviedo, que resultó parcialmente destruido en los combates posteriores. Aunque no lo tomaron es posible que llegaran a tener unos treinta mil hombres a su disposición y fue, por tanto, necesario recurrir al envío de 18 000 soldados, en parte procedentes de Marruecos, que realizaron una auténtica ocupación de la provincia a través de una serie de operaciones militares. Cuatro columnas (la de Yagüe, desembarcada en Gijón, la de López Ochoa, avanzando por el oeste, la de Solchaga, por el este, y la de Bosch-Balmes, detenida en el sur) se encargaron de la sumisión de los mineros, que Franco organizó desde el Estado Mayor en Madrid. En varios sentidos se puede decir que los sucesos revolucionarios presagiaron la guerra civil: la aparición de milicias, la formación de comités locales como autoridad política suprema, el empleo del terror, en gran medida anticlerical, e incluso alguna medida revolucionaria, como la supresión del dinero llevada a cabo por los anarquistas. Las pérdidas humanas fueron muy considerables (un millar y medio de muertos), pero sobre todo la brutalidad empleada por ambos bandos creó un abismo entre dos sectores de la sociedad española. Si ya se habían producido casos manifiestos de vesania entre los sublevados, el gobierno de centro-derecha hizo muy poco para la reconciliación y, sobre todo, cerró los ojos para no ver el empleo de procedimientos represivos bárbaros e ilegales por parte de la policía y el Ejército. Nada parecido había tenido lugar en tiempos recientes y menos aún en Europa occidental: la agitada política francesa no presenció apenas derramamiento de sangre y la guerra civil austríaca de principios de ese mismo año no había sido una iniciativa revolucionaria.

Sólo la revolución rusa o la insurrección «espartaquista» de 1918 admiten comparación, pero la primera tuvo lugar en un contexto lejano y diferente.

Señala Madariaga que «el alzamiento de 1934 es imperdonable» porque la decisión de Alcalá Zamora de llamar al poder a la CEDA era «incluso debida desde hacía tiempo». Lo primero es seguro y lo segundo las circunstancias lo hicieron inevitable. Al no aceptar la decisión del Presidente, la izquierda, según el citado autor, no sólo demostró falta de confianza en sí misma y de paciencia, sino que además «perdió hasta la sombra de la autoridad moral para condenar la sublevación de 1936» y desde luego contribuyó a hacerla posible. Pero todavía resulta peor lo sucedido si tenemos en cuenta que, con independencia de que la CEDA hubiera entrado o no en el gobierno, lo cierto es que la radicalización de un importante sector socialista habría llevado a una insurrección como ésa incluso sin necesitar un motivo, pues se pensaba no sólo en un acto de fuerza defensivo sino ofensivo. El intento subversivo constituyó un desprecio a un electorado que mayoritariamente había votado por una fórmula de centro-derecha, mientras que sólo en un porcentaje inferior a un 20 por 100 lo había hecho por los socialistas. Fue, además, un error porque ni la CEDA, ni Alcalá Zamora, ni Lerroux tuvieron los propósitos que los sublevados les atribuyeron, ni estaba en peligro la República, ni tan siquiera la mayor parte de su obra reformadora; al contrario, los mayores problemas surgieron con posterioridad a estos sucesos. Tampoco podía esgrimirse que un hundimiento drástico del nivel de vida de la clase obrera desde el primer bienio hasta estas fechas, por más que existiera una reacción patronal. Un último argumento exculpatorio puede encontrarse en quienes han juzgado los hechos del octubre de 1934 español como una especie de «revolución preventiva» destinada a evitar que en España se reprodujera lo que ya había sucedido en Austria con el ascenso al poder de una dictadura clerical presidida por Dolfuss. La tesis de la revolución preventiva falla por su base puesto que, como sabemos, no había dictadura que prevenir, pero, además, la comparación con Austria tampoco parece muy acertada. Es cierto que lo sucedido en este país parece haber obsesionado a Largo Caballero, pero, en cambio, no sacó de ello las conclusiones oportunas. Éstas hubieran debido ser que Dollfuss no era Hitler (hasta el punto de que fue asesinado por los nazis) y que los socialistas austríacos, con sus actos violentos, como el asalto al Palacio de Justicia en 1927, y su ambigüedad, habían provocado la crecida de la extrema derecha. Además su derrota había dejado claro que un Estado fuerte, en una coyuntura internacional normal, estaba en condiciones de aplastar cualquier intento revolucionario que se produjera. Incluso si Gil Robles hubiera querido asemejarse a Dollfuss, como en más de una ocasión pareció, no estaba en condiciones de lograrlo, contando con las tres carteras citadas en un gobierno mayoritariamente republicano. Aun así, las circunstancias ambientales externas jugaron, sin duda, un papel de primera importancia en la intentona. De quienes participaron en la organización de octubre de 1934 probablemente la actitud más convincente resulta la de Prieto que, años después, ya en el exilio, afirmó que aquellos sucesos «pudieron y debieron haberse evitado». La derecha, por su parte, no se equivocó al subir al poder sino en lo que hizo —y en cómo lo llevó a cabo— una vez llegado a éste. Pero ésa es ya otra cuestión, con ser gravísima.

Las secuelas de octubre y la agonía
inacabable del segundo bienio

«Las consecuencias políticas de la rebelión de octubre» —escribe Alcalá Zamora en sus memorias— «fueron inevitablemente contrarias al espíritu de progreso como las del 10 de agosto de 1932 lo habían sido, por la misma, aunque opuesta reacción, al interés conservador». Así fue, en efecto, aunque también se demostró en el período inmediatamente posterior a la sublevación que los partidos en el poder no eran lo reaccionarios que la izquierda había asegurado. No se produjo una suspensión de la existencia legal del PSOE, como la que tuvo lugar en Austria unos meses antes, aunque la magnitud de la sublevación fue semejante o superior en España. Lerroux, el presidente del Gobierno, rechazó cualquier sugerencia a este respecto (incluso parece haber colaborado a que Prieto huyera) y la CEDA, por su parte, tampoco planteó esa posibilidad. El Estatuto de Cataluña, como veremos, fue suspendido y no abolido. Pero el clima político se enrareció como consecuencia de lo sucedido, de manera que por la extrema derecha y una parte considerable de la propia sociedad española se exigió al gobierno una decisión y una actividad represoras que contrastaban con la moderación y la tendencia a la inercia de los radicales.

La liquidación de las consecuencias del octubre revolucionario fue la cuestión que produjo más y mayores conflictos en las Cortes en los meses transcurridos entre octubre de 1934 y la definitiva crisis gubernamental en abril de 1935. El primer enfrentamiento se produjo cuando los monárquicos quisieron exigir responsabilidades al Gobierno por no haber sido capaz de prever la revuelta; algún diputado asturiano de la CEDA, como Fernández Ladreda, colaboró en esta reclamación que, obviamente, dificultaba la posibilidad de colaboración política entre radicales y cedistas. Tan sólo la habilidad parlamentaria de Gil Robles evitó la escisión de su propia minoría y la dimisión total del Gobierno del que, sin embargo, debieron salir Samper e Hidalgo, presidente y ministro de la Guerra en el precedente. A los monárquicos, sin embargo, no les bastó con infligir esta humillación a los radicales, sino que en repetidas ocasiones hicieron todo lo posible para suscitar tensiones entre los dos partidos principales de la coalición gobernante, de acuerdo con una estrategia catastrofista que convenía muy bien a sus propósitos contrarios a la estabilización del régimen democrático republicano. En todas estas ocasiones Gil Robles debió intervenir en el Parlamento para justificar su política posibilista, exculpar indirectamente a los radicales e impedir la división de su minoría parlamentaria, mientras que Lerroux solía permanecer ausente de los escaños.

Cuando los monárquicos propusieron la desaparición del Estatuto catalán la CEDA y los radicales, después de arduas negociaciones, acabaron por limitarse a suspenderlo.

Cambó juzgó esta decisión como «un castigo para todo un pueblo» y no para la Esquerra, y la Lliga impugnó la decisión ante el Tribunal de Garantías Constitucionales pero lo cierto es que era políticamente hábil y oportuna; además, las personas que desempeñaron las supremas responsabilidades en esta situación temporal (el radical Pich i Pon y el cedista cercano al catalanismo Villalonga) actuaron con un criterio moderado y centrista. Un nuevo problema se produjo cuando un diputado planteó la incompatibilidad entre la pertenencia a la masonería y el desempeño de una alta responsabilidad militar, lo que hubiera desautorizado inevitablemente a los numerosos radicales que figuraban en las filas de la citada organización, por lo que de nuevo se hizo preciso que interviniera el dirigente de la CEDA. A veces ni siquiera era necesaria la intervención de un miembro de otro partido para que estallara el conflicto en el seno de la coalición gobernante porque, como escribe Martínez Barrio en sus memorias, Lerroux y la CEDA respondían a «estados de conciencia políticos no distintos sino antagónicos». Una alabanza del cedista Salmón a Galán y García Hernández, realizada con voluntad de satisfacer a los radicales, provocó protestas monárquicas y de su propia minoría, y el ministro de Instrucción Pública causó un nuevo incidente al responder de forma airada a una intervención del cedista Pabón sobre un tema de enseñanza que tampoco tenía una trascendencia excesiva.

Todo cuanto queda expuesto demuestra, sin lugar a dudas, que las dificultades de la coalición radical-cedista no sólo no habían desaparecido con la victoria sobre la insurrección de octubre sino que se habían incrementado. Lo más significativo de este período de gobierno, entre otros motivos porque demuestra de nuevo la dificultad de autodefinición de la derecha católica y porque tampoco hubo mucho más, fue la labor de Manuel Giménez Fernández al frente del Ministerio de Agricultura. Diputado de la CEDA y representante de su sector más avanzado, joven y preparado, Giménez Fernández estaba dotado de un auténtico fuego interior que le llevaba a tratar de traducir el cristianismo a la realidad social; como Las Casas, al que luego dedicaría buena parte de su labor de historiador, Giménez Fernández era áspero e insobornable ante lo que consideraba situaciones injustas. A diferencia de muchos de sus correligionarios creía en la necesidad de una reforma agraria no basada tan sólo en criterios productivistas sino nacida de la necesidad social de aumentar el número de propietarios. Sus ideas no eran más que la traducción de los planteamientos habituales de la doctrina social cristiana; creía en la propiedad privada y en la necesidad de indemnizar las expropiaciones, pero partía de un concepto de la propiedad basado en que los bienes sobrantes, en caso de extrema necesidad, debían ir al que los necesitara y juzgaba que el verdadero procedimiento para desarmar a la revolución no podía ser el puro empleo de las fuerzas de orden público. La principal disposición legal que promovió fue una Ley de arrendamientos que debía permitir el acceso a la propiedad de los arrendatarios. Tal disposición encontró la oposición de las extremas derechas (uno de cuyos miembros llegó a decir que si el ministro seguía utilizando como argumento las encíclicas papales él se haría cismático griego) e incluso en su propio partido, en donde si bien Gil Robles durante algún tiempo le apoyó también acabaría desinteresándose de sus propósitos sociales reformistas. Como en tantas ocasiones durante este segundo bienio, la gestión de Giménez Fernández fue demasiado corta y estuvo en exceso sometida a presiones como para que de ella se pudieran sacar todas las consecuencias positivas imaginables.

Además, una gestión como la suya hubiera sido más viable de no haberse producido el ambiente de reacción frente al proceso revolucionario de Octubre.

Como en ocasiones anteriores y posteriores, Gil Robles quiso evitar la creciente sensación de marasmo político mediante una nueva crisis que aumentara su poder y constituyera una especie de garantía de eficacia que él no apreciaba en los dirigentes radicales. La nueva rectificación, por otro lado, se encontraba también justificada por las presiones de la derecha monárquica, cada vez más insistentes, y venía impuesta, además, por la sensación existente en las masas cedistas de que la estrategia del posibilismo no estaba dando sus frutos. Es muy posible, en fin, que Gil Robles hubiera estado inicialmente de acuerdo en tan sólo una rectificación del rumbo gubernamental sin necesidad de cambio, pero éste finalmente se impuso en abril de 1935. La ocasión fue, sin duda, muy poco oportuna. Cuando tanto Lerroux y los radicales como el Presidente de la República se mostraron dispuestos a amnistiar al diputado socialista asturiano González Peña, condenado a muerte como consecuencia de los sucesos de octubre, Gil Robles dio orden a los ministros de la CEDA de votar en contra y de esta manera provocar la crisis gubernamental. Fue el momento menos propicio imaginable porque vinculó a la CEDA con la causa de la represión en estado puro y, por si fuera poco, lo hizo inútilmente, puesto que el citado parlamentario fue finalmente amnistiado. Por si fuera poco la decisión se tomó cuando ya se conocía que la represión gubernamental había provocado en unas decenas de casos la ejecución ilegal de algunos de los sublevados. No es extraño, por tanto, que El Debate, Ángel Herrera y Giménez Fernández estuvieran en desacuerdo con esta crisis gubernamental.

Sin embargo aún no fueron patentes los peores inconvenientes de esa mayor participación gubernamental que Gil Robles quería. Con ella no sólo se implicaba más decididamente la CEDA en la tarea gubernamental, sino que, más todavía, se hacía depender a los radicales de un apoyo externo, con lo que se los debilitaba, y se giraba más decididamente hacia la derecha en materias sociales, al tiempo que se olvidaba la prevención inicial respecto de la participación en el poder que había caracterizado hasta entonces al partido de Gil Robles. La voluntad de éste se impuso y, después de un paréntesis de un mes en que gobernó un ministerio de significación puramente técnica, Lerroux formó un nuevo gobierno con mayor participación cedista. No hubo tampoco en esta ocasión una explícita declaración de que la CEDA se identificara con la legalidad republicana porque se estaba lejos de haber obtenido ventajas importantes del posibilismo.

En el nuevo gobierno figuraron cinco ministros de esa procedencia entre los que estaban el propio Gil Robles, ocupando la cartera de Guerra, así como Lucia y Salmón, dos de los más importantes dirigentes de su partido. Junto a ellos, aparte de radicales, había también agrarios y liberal-demócratas, pero, sin duda, el gabinete, si por algo podía ser caracterizado era precisamente por el relevante papel que en él tuvo la CEDA, de quien partieron las más importantes iniciativas. Tanto Gil Robles como Lerroux, en sus respectivas memorias, dan la sensación de que éste fue el momento cumbre del segundo bienio republicano. Las grandes concentraciones de masas auspiciadas por los dos partidos más importantes de la coalición gubernamental, la desaparición temporal de la conflictividad social y la virtual ausencia de un auténtico peligro político por parte de la izquierda demuestran que el gobierno fue, en este momento, popular. Otra cosa es que, a diferencia de lo sucedido con la etapa similar en el primer bienio, no se lograra traducir este apoyo en medidas concretas de gobierno.

Así fue, en efecto, pues ni siquiera en estos momentos se llevó a cabo una labor legislativa merecedora de este nombre. La verdad es que resultaba difícil realizarla dada la insuficiencia de los apoyos parlamentarios respecto de cuestiones importantes, pero, además, todos los dirigentes del centro-derecha cometieron errores graves en este momento y fueron, por tanto, responsables de la esterilidad del período. Las dos cuestiones decisivas de índole política sobre el tapete eran la reforma constitucional y la electoral. Desde comienzos de 1935 hubo debate acerca de la primera en las reuniones del Consejo de Ministros, pero, aunque había un sustancial acuerdo en la procedencia de esa reforma, por razones muy diversas ni siquiera se llegó a elaborar un texto alternativo. Por un lado, Gil Robles creía necesaria una acción gubernamental amplia antes de efectuar la reforma constitucional, que para él tenía especiales problemas pues debía evitar el enfrentamiento con el partido radical, tradicionalmente anticlerical, y, a la vez, satisfacer a la derecha de su propio partido. La reforma, además, implicaba la disolución de las Cortes lo que, por supuesto, despertaba muy poco entusiasmo en un Parlamento guiado, sobre todo, por la oposición al primer bienio republicano. También respecto de la reforma electoral había coincidencia en su necesidad entre los partidos de la coalición gobernante, pero se disipó a la hora de concretarla puesto que la CEDA defendía un sistema proporcional que encontraba la oposición de los pequeños partidos de notables aferrados a su implantación de carácter local que, en consecuencia, propiciaban una vuelta a distritos electorales pequeños. Con el paso del tiempo, se fueron inventando sistemas mixtos cada vez más complicados que nacían de la distinción entre distritos urbanos y rurales pero sin llegar nunca a una fórmula de mínima concordancia. No cabe la menor duda de que ambas reformas hubieran contribuido a la estabilización de la República española; si la izquierda había errado al promover la solución legal inicial, la derecha fue incapaz de darse cuenta de que en esos dos aspectos, y no en cualquier otra cuestión, residían sus intereses.

Por otro lado, tampoco se llevó a cabo una labor de mínima importancia en otros terrenos que eran responsabilidad más o menos directa de la CEDA. En el Ministerio de Guerra la llegada de Gil Robles supuso la ocupación de los puestos clave por parte de militares africanistas, como Goded y Franco, quizá los más prestigiosos, pero no supuso mucho desde el punto de vista de la dotación material del Ejército. Gil Robles nunca dijo, como Calvo Sotelo, que el Ejército era «la columna vertebral de la patria», pero su presencia en ese Ministerio, que él mismo había impuesto como garantía contra el desorden, creó en el Presidente de la República unas enormes reticencias que resultaron irreversibles. Con ello surgió entre ambos un abismo inseparable. Según las memorias del jefe de la CEDA las intervenciones del Presidente en el Consejo de Ministros le resultaban una verdadera «tortura»; no cabe la menor duda de que fueron excesivas y en buena medida carecían de justificación, pero la reacción de Gil Robles, como veremos, fue con frecuencia desmesurada, por temperamental, y contraproducente respecto de los propósitos finales que le guiaban.

Con todo, el principal error de la coalición de centro-derecha residió en el sentido abiertamente conservador que dio a su gestión en los terrenos económico y social. Gil Robles prescindió de Giménez Fernández en la cartera de Agricultura pues, aunque le había apoyado tibiamente durante su gestión en la misma, al final debió pensar que sobre todo le reportaba problemas en el seno de la propia minoría. Por exclusión acabó haciéndose con esta cartera el agrario Velayos quien, con su Ley de Reforma Agraria, concluyó por producir una auténtica contrarreforma o, al menos, la virtual paralización de un proceso que, en realidad, apenas si se había iniciado pero que había despertado tantas merecidas esperanzas en las masas campesinas. El presupuesto del IRA fue reducido y las nuevas indemnizaciones que se fijaron en contrapartida de las expropiaciones resultaban tan excesivas que equivalían a los precios de compra en el mercado normal. Paradójicamente hubo, sin embargo, una cláusula que permitía la expropiación por causa de «utilidad social» que luego sería aplicada por los gobiernos del Frente Popular. Giménez Fernández, que había dado a su Ley de arrendamientos una interpretación progresista, a la hora de que se redactara su reglamento vio, sin embargo, cómo una cláusula de la legislación por él promovida, relativa a la posibilidad de que el cultivador sustituyera al arrendatario asumiendo por sí mismo el cultivo, servía para desplazar a muchos pequeños arrendatarios.

En otros terrenos de la política económica la insuficiencia de la acción gubernamental estuvo principalmente provocada por la incoherencia programática de los coaligados. Si había sectores dentro de la CEDA que no eran contrarios a medidas de corte social reformista, al mismo tiempo, a la hora de plasmarlas en medidas concretas resultaba imposible hacerlo y no se pasaba de una genérica declaración de buenas intenciones. Salmón, por ejemplo, no se limitó a modificar los jurados mixtos convirtiéndolos en magistraturas de trabajo sino que promulgó una Ley contra el paro destinada a fomentar el empleo a través de la financiación de empresas privadas. Lucia, por su parte, propuso un «gran plan de pequeñas obras públicas» que servirían también para disminuir el paro. Lo más probable es que todas estas medidas, caso de haber sido aplicadas íntegramente, no hubieran tenido el resultado que sus patrocinadores les atribuían, pero, además, muy pronto estos propósitos de combatir el paro gracias a la inversión estatal encontraron un aguerrido adversario en la persona de Chapaprieta, el ministro de Hacienda. Entrado en el Gabinete en mayo, este antiguo político liberal impresionó inmediatamente a la opinión pública, no sólo de derechas, por la solidez de sus conocimientos, sin duda muy por encima de la media: Seco Serrano lo ha descrito como «un técnico anterior a la tecnocracia». Sin duda, Chapaprieta consiguió éxitos importantes en una situación política que estaba muy poco provista de ellos, como reducir el déficit y aumentar de manera sustancial la recaudación, pero la esencia de su programa, basada en mantener una política fuertemente deflacionista, hacía imposible una decidida actuación del Estado para combatir el paro. En realidad, la política económica de Chapaprieta no fue otra cosa que una radicalización de lo que era ya habitual entre los dirigentes republicanos de uno y otro signo, pero él quiso aplicarla con una extremada severidad empleando criterios morales para cercenar los gastos y siendo muy poco consciente de la realidad política del momento. En un principio pudo resultar incluso deslumbrador ante la opinión de los más preparados pero al poco se percibió que, a corto y medio plazo, el resultado de sus medidas iba a ser impopular en extremo. Una coalición cuya efectividad en el poder había sido escasísima y cuya discordia había constituido un espectáculo permanente difícilmente podía emprender un duro plan de estabilización que ninguno de sus componentes consideraban prioritario.

No obstante la actitud de rigor presupuestario de Chapaprieta pareció concluir, como vamos a ver, en un éxito personal cuando en septiembre de 1935 su voluntad de hacer desaparecer parte de los ministerios tuvo como consecuencia una crisis al no aceptar los agrarios el sacrificio de sus carteras ministeriales. Por debajo de la crisis, además, estaba ya la inminencia del estallido de los escándalos administrativos de los radicales, de los que no tenía noticia más que Alcalá Zamora.

La crisis resultó más complicada que nunca y de ello tuvo una parte considerable de culpa el Presidente de la República que, con su intervención excesiva, la complicó hasta el extremo. El nuevo Gabinete fue presidido por Chapaprieta, quien había impuesto sus criterios en materia de reducción de gasto público hasta tal extremo que refundió en tan sólo uno los Ministerios de Justicia y Trabajo. Resulta significativo que el nuevo Presidente no tuviera tras de sí a partido alguno, pues era diputado independiente y prácticamente no había intervenido en política propiamente dicha durante su gestión ministerial en Hacienda, mientras que los radicales, la opción republicana de centro más votada en 1933, quedaban preteridos, al quedar su presencia gubernamental reducida a una situación subordinada.

La repetición de la crisis y la ausencia de una labor gubernamental hacían pensar ya en la inminencia del colapso de la coalición radical-cedista, pero el verdadero comienzo del naufragio sólo se produjo con la aparición pública de las inmoralidades administrativas de los radicales. Sospechas acerca de ellas siempre habían estado presentes en las mentes de sus compañeros de gobierno; eran alimentadas por la bohemia burocrática de muchos de sus dirigentes y, sobre todo, por la tolerancia senil que el propio Lerroux tenía acerca de algunos de sus colaboradores más cercanos. El primer escándalo se produjo en el mes de octubre de 1935 y estuvo basado en la denuncia de unos personajes de dudosa moralidad (Strauss y Perl) quienes habían tratado de poner en marcha en España un tipo de ruleta («estraperlo») valiéndose, para hacerlo, de sus influencias en el seno del radicalismo, incluyendo en ellas al propio hijo adoptivo de Lerroux. Lo malo de la denuncia no era la entidad del fraude: a fin de cuentas los denunciantes no lograron su propósito y el soborno comprobado se redujo a la aceptación de dos relojes de oro; en ese sentido, como dijo el conde de Romanones, se trataba en realidad de «un asunto de calderilla». Sin embargo, incidía sobre un partido que tenía merecida fama de corrupto y uno de cuyos dirigentes parlamentarios era Emiliano Iglesias, de quien se había probado un caso concreto de cohecho durante el primer bienio republicano. A partir de este momento, de manera inevitable, se diluyó todo cuanto el radicalismo había supuesto de esperanza; fue imposible evitar un planteamiento político de la cuestión, lo que era impensable en un régimen como el republicano. Años después Pórtela escribiría en sus memorias que todo el asunto fue «terrible y estúpidamente trompeteado», quizá por el deseo del resto de los partidos de evitar ser salpicados por lo ocurrido. Por si fuera poco también resultó inevitable que surgieran tensiones internas entre los grupos políticos de centro derecha. Martínez Barrio acusa a la CEDA en sus memorias de haber «colaborado hipócritamente» a magnificar lo sucedido y, en cuanto a los radicales, la inmediata sustitución de Lerroux por figuras de segunda fila de su partido tuvo como consecuencia la irritación de éste, lo que todavía añadió mayor inestabilidad a la coalición gubernamental.

Por si fuera poco, en noviembre de 1935 se planteó un nuevo caso de corrupción administrativa de los radicales, de mayor entidad económica y de una trascendencia política imposible de superar, dada la repetición del fenómeno en un plazo tan corto de tiempo. Un funcionario, Nombela, denunció que un miembro del partido radical, Moreno Calvo, había librado una orden de pago en favor de una compañía naviera como indemnización a la misma sin que ello hubiera sido previamente aprobado por el Consejo de Ministros. Un Lerroux débil y desangelado fue incluso incapaz de enfrentarse a las acusaciones contra su persona; como escribió Pabón el nuevo affaire no hizo sino «matar a un cadáver».

En realidad fueron dos porque, si bien quedó definitivamente consagrada la descalificación del partido radical, al mismo tiempo se demostró por enésima vez la incapacidad de la coalición gobernante para mantener y llevar a cabo un programa unitario y se inició la senda que llevaba ya a las elecciones de 1936. El tan bien recibido Chapaprieta empezó a encontrar gravísimas dificultades para cumplir su programa, que incluía medidas tan poco populares en plena crisis económica como la reducción de los funcionarios o de las pensiones, así como recortes presupuestarios que afectaron a algunos de los aspectos más innovadores del régimen, como las misiones pedagógicas.

No le faltaba parte de razón a Azaña cuando dijo que el Gobierno había cercenado una cuarta parte del Estado. Pero, además, las medidas encaminadas al aumento de la recaudación fiscal (por ejemplo, el incremento de los derechos reales), encontraron la cerrada hostilidad de una parte del Parlamento y, en especial, del sector más conservador de la CEDA, El resultado fue que Chapaprieta acabó por presentar la dimisión en diciembre de 1935. Él atribuye la oposición a sus medidas por parte de la CEDA el carácter de «pretexto» para desencadenar la crisis, mientras que Gil Robles le achaca el haber mantenido una posición en exceso intransigente. Ambas afirmaciones son parcialmente ciertas y, por ello, revelan la inviabilidad de la situación política de centro derecha.

La nueva crisis planteó una posibilidad hasta entonces inédita e incluso impensable un año antes, la de que Gil Robles accediera a la jefatura del Gobierno, ya que todas las restantes opciones podían considerarse fenecidas y la CEDA era el grupo más numeroso del Parlamento. Si, no obstante, la solución no fue ésa, la razón estriba en una radical incompatibilidad entre el dirigente de la CEDA y Alcalá Zamora a la que hay que atribuir una importancia semejante en el destino político de la República que a la imposibilidad de acuerdo entre Azaña y Lerroux. Alcalá Zamora puede haber sentido sobre Gil Robles los lógicos celos ante quien, mucho más joven, había conseguido vertebrar un partido para la derecha española que él nunca tuvo tras de sí.

Probablemente tenía razón al considerarle, como dice en sus memorias, «muy por encima de un agitador vulgar y muy por debajo de un estadista clarividente». En cambio es posible que su desconfianza absoluta sobre su persona y su proclividad a nombrar militares poco republicanos fuera exagerada. Ese sentimiento, por otra parte, multiplicó la tendencia presidencial, descrita por Martínez Barrio, a considerar como «dioses mayores» de la política a quienes habían sido antiguos políticos monárquicos liberales. Tanto Chapaprieta como Pórtela niegan (con razón) su condición de hechura absoluta del Presidente de la República, pero es lógico que Gil Robles lo juzgara así dada la carencia de fuerza política o partidista tras ambos. En esta ocasión, como en otras, Gil Robles erró en el juicio acerca de las circunstancias y en la reacción ante ellas. No creyó que si exigía el poder para sí mismo y sólo para él Alcalá Zamora acabara disolviendo las Cortes y cuando ya esta actitud se le hizo patente reaccionó con extrema violencia y con una interpretación conspiratoria. En sus memorias describe lo sucedido como «un vasto engranaje para inutilizar políticamente a la CEDA» e incluso añade que, al darse cuenta de la situación, llegó a percibir «todo el porvenir trágico de España». Tan es así que, rompiendo con lo que hasta entonces había sido habitual en su trayectoria política y con las tesis posibilistas de su partido, consultó con varios jefes militares la posibilidad de un golpe de Estado en contra de las supuestas violaciones constitucionales de Alcalá Zamora. Es posible que lo sucedido no pasara de ser una tentación, pero revela hasta qué punto se había hecho difícil la convivencia entre quienes, en el fondo, no diferían esencialmente en los puntos de vista sobre el rumbo que debía seguir la política española. Los inicios de la campaña electoral inmediata abundaron en reticencias de los principales dirigentes de la CEDA contra del Presidente de la República. En esta ocasión, como también antes, la gestión de la crisis por Gil Robles despertó las críticas de aquel sector de su partido más propicio a una sincera colaboración con el régimen.

El sucesor de Chapaprieta fue uno de esos «dioses mayores» de la antigua política. Manuel Pórtela Valladares era un liberal de la época de Alfonso XIII, cuya presencia en la vida política se debía a su habilidad como representante del Gobierno en Cataluña y a su posterior gestión en Gobernación y que todavía tenía tras de sí menos fuerza política que su antecesor, pues ni siquiera era diputado. Su elección mostraba bien a las claras el deseo de Alcalá Zamora de centrar la vida política de su país, pero también que los medios empleados dejaban mucho que desear. No se trataba de una simple hechura del Presidente ni estaba subordinado a él, pero no estaba, tampoco, en condiciones de representar algo verdaderamente nuevo o perdurable en la vida pública española. A él se le dio el encargo de construir una fuerza política centrista, pero trató de lograrla ya en período electoral con «los monárquicos de la víspera, los neorrepublicanos recién nacidos, la muchedumbre caciquil y los residuos de todos los partidos en período de descomposición». Se daba cuenta de que tenía que contar con la CEDA porque, según señala en sus memorias, «ni era posible ni convenía destruir a un partido que apoyaba al régimen», pero estaba en las peores condiciones para conseguir 96 esta colaboración, dados los antecedentes. Dos sucesivos gobiernos por él presididos no estuvieron en condiciones de presentarse ante las Cortes y eso obligó a Pórtela a la disolución del Parlamento, carente del «auxilio del tiempo para hacerse hueco». En el último de ellos nada menos que seis carteras estaban ocupadas por quienes no tenían la condición de diputados.

El final de este segundo bienio republicano produce la sensación de una abrumadora falta de previsión por parte de todos los protagonistas de la vida política: la disolución se produjo, como dice Alcalá Zamora, «sin quererla ni ellos ni yo». Lo cierto es, no obstante, que desde noviembre de 1933 se había dado la repetida sensación de que el centro-derecha se caracterizaba por su esterilidad e inestabilidad. Por lo tanto, difícilmente puede utilizarse el calificativo de «negro» para definir este período, porque ni tan siquiera llegó a traducir en realidades un programa y, sobre todo, una actividad de gestión que apenas si existieron, a no ser que se entienda por tal una expresión negativa respecto del pasado inmediato. En ninguna cuestión importante se volvió a 1930 sino que la obra del primer bienio republicano permaneció sustancialmente incólume, con tan sólo modificaciones que no fueron fundamentales. A lo sumo se avanzó algo en la consideración de que el régimen republicano podía y debía ampliarse hacia la derecha, pero, al mismo tiempo, se demostraron las insuficiencias de los radicales. Fueron éstas, «la imposible coyunda de ellos y los cedistas» (Madariaga) y la indefinición, cuando no las tentaciones reaccionarias, de los últimos, las que condujeron a la estéril inestabilidad del período. Sin embargo, debe, tenerse en cuenta que tan culpables de lo sucedido como los partidos que ejercieron el poder fueron aquéllos que permanecieron en la oposición: la extrema derecha, sosteniendo una persistente posición catastrofista, hizo todo lo posible para frustrar las posibilidades de quienes querían mantener una actitud de posibilismo frente a la República mientras que la izquierda, al sublevarse, proporcionó los mejores argumentos a la reacción que decían querer combatir.

División y radicalización de los socialistas españoles

Antes de tratar de las cruciales elecciones de febrero de 1936, que presidió desde el poder Pórtela Valladares, es preciso, para poder llegar a comprender sus resultados, abordar previamente el examen de dos sectores políticos que fueron protagonistas esenciales de la vida política republicana y que durante este segundo bienio permanecieron en la oposición. Dada la importancia electoral del PSOE y el decisivo papel que había jugado en la proclamación del régimen republicano no puede extrañar que a él hagamos alusión en primer lugar; además, durante los años treinta un testigo tan relevante de la etapa republicana como Madariaga atribuyó a su escisión nada menos que un papel decisivo en el estallido de la guerra civil.

Hubo un fenómeno de base que fue fundamental en la explicación de la pluralidad de tendencias socialistas y sin el cual no es posible entender ni que éstas se produjeran ni que entre ellas predominara claramente el sector más radical. Hasta abril de 1931 el PSOE no había sido un partido socialdemócrata, pero la razón estribaba más en su lejanía del poder que en el radicalismo de sus ideas. Partido de la aristocracia obrera, carecía de los votos como para pretender el poder y eso le permitía mantener unos principios ideológicos revolucionarios con los que contrastaba fuertemente una práctica diaria reformista tendente a conquistar mejoras sociales y parcelas de poder político. En este sentido seguía siendo, como en el reinado de Alfonso XIII, un partido «reformista-revolucionario». El advenimiento de la Segunda República supuso un crecimiento desbordado del socialismo que se produjo, además, a una velocidad realmente meteórica: tan sólo desde la proclamación de la Segunda República hasta junio de 1932 la UGT pasó de 300 000 a 1 041 000 afiliados. De este modo se convirtió en la primera fuerza socio-política del país, capaz de organizar entre una cuarta a quinta parte de los trabajadores españoles. La CNT pudo llegar a unos 800 000 a fines de 1931 pero luego experimentó un descenso. También lo sufrió la UGT que, en 1934, precisamente cuando se lanzó a la senda revolucionaria, sólo tenía 650 000 y muchos de ellos no pagaban cuotas, lo que explica que sus ingresos se hubieran reducido a la mitad respecto de 1932. Pero su fuerza relativa no disminuyó y tendía a crecer al final de la etapa republicana.

Pero no sólo se produjo este incremento de afiliados sino que, sobre todo, cambió la procedencia de los militantes, campesinos en casi en un 50 por 100. En 1931 el número de «trabajadores de la tierra» más que doblaba el de las cuatro federaciones siguientes —construcción, que también había crecido mucho, ferrocarril, mineros y metalúrgicos, más clásicas en el sindicato— lo que revela hasta qué punto había cambiado la base social del sindicato. Por si fuera poco uno de cada cuatro militantes —es decir, un total de 276 000— estaba en el paro. En estas condiciones, la UGT había perdido su carácter de reducto de la aristocracia obrera. Todo esto, sin duda, debía afectar seriamente al modo de actuación de los dirigentes del partido que se encontraban ahora con unas bases poco pacientes con la disciplinada práctica sindical de antaño. Los dirigentes tradicionales del partido eran perfectamente conscientes del cambio acontecido y de cuáles podían llegar a ser sus consecuencias; como dijo Cordero, «ese crecimiento de fuerzas, si no estamos constantemente al lado de ellas, podría sernos muy perjudicial». Todas las discusiones en el seno de la UGT están llenas de reproches, por parte de los dirigentes tradicionales, a los más jóvenes, por «advenedizos» o por romper las prácticas habituales del sindicato mientras que éstos últimos, en un principio respetuosos ante el liderazgo heredado, acabaron por sublevarse en su contra. El maximalismo no fue sólo, por tanto, la política de un grupo o el resultado de una influencia ideológica sino la consecuencia de una tendencia de las propias bases del partido que no tuvieron inconveniente en alzarse en contra de sus dirigentes tradicionales y convertir el partido en el escenario de enfrentamientos muy virulentos.

En Alicante, por ejemplo, la organización provincial socialista expulsó a un diputado moderado, prohibió la difusión de Democracia, el periódico de la tendencia dirigida por Besteiro, y decidió, por su cuenta y riesgo, el abandono de la Segunda Internacional.

Como es natural no sucedió algo parecido en todas las partes. En el País Vasco el socialismo creció, pero lo hizo en donde ya existía, sin que se interrumpieran las tradiciones de reformismo y coalición con los republicanos que venían del pasado.

Si este factor debe tenerse muy en cuenta a la hora de interpretar la división y la radicalización socialistas hay también elementos ambientales y de carácter personal de la mayor importancia para explicarlas. Ya hemos visto la influencia de los acontecimientos de Austria y Alemania. El partido socialista siempre había sido un grupo político cuya apariencia externa era de una absoluta disciplina a una dirección extremadamente sólida y estable. Aunque, en el pasado, las divergencias eran mayores de lo que se solía pensar, lo cierto es que ahora esa apariencia se destruyó por completo. Si se leen los escritos de los principales dirigentes, su prensa o sus libros se aprecia el extremado grado de divergencia a que se llegó en el partido. Lo curioso del caso es que todas las posturas de los años treinta encontraban razones de fundamentación en el pasado socialista de modo que no existió una ruptura radical respecto del pasado, por más que el ambiente la favoreciera.

De los tres sectores en que se dividió el partido paradójicamente aquél que más lejos estuvo de poder llegar a alzarse con la hegemonía fue el representado por Besteiro, que había sido el principal heredero de Pablo Iglesias. La imagen histórica que a menudo se tiene del catedrático de Lógica, identificándolo con una postura puramente liberal, de «humanismo socialista», corresponde más bien a De los Ríos, quien en 1935 desempeñaba un papel mínimo en el partido. La relevancia de Besteiro era mucho mayor, pero no estaba en condiciones de aspirar a que se atendieran sus planteamientos.

Éstos eran «marxistas» y, en puridad, mucho más sólidos, en cuanto a elaboración doctrinal, que los de sus adversarios. Su interpretación, sin embargo, tendía a identificar a Marx con una especie de racionalización del impulso de protesta obrero que, de esta manera, era encauzado por la vía del gradualismo. Frente a la «colaboración» con la República Besteiro hubiera preferido la «penetración», es decir, no la participación en el poder sino la influencia en la legislación y en los organismos de carácter social reformista. De ahí que acusara a Largo Caballero y a Prieto de «reacciones pendulares» desde el colaboracionismo a la subversión. Para él la demostración de que esa táctica gradualista podía tener éxito era la «impregnación de socialismo» que se había producido en otras ideologías, incluso en el capitalismo norteamericano, ejemplificado por la política de Roosevelt en los años treinta. En cambio el exceso de oportunismo llevaba a la «locura». La verdadera revolución era la acción social encaminada a la transformación del régimen económico y no el ejercicio de la violencia armada. Marx, según él, había repugnado de los medios coactivos del Estado y, por eso, la dictadura del proletariado sólo tenía sentido como salida de determinado género de regímenes, como el de la Rusia zarista. En España, en cambio, una dictadura proletaria hubiera acabado empapada de la sangre de los restantes afiliados sindicales sobre quienes ejerciera el poder. El socialismo revolucionario era «mitológico», una expresión voluntarista provocada por «una verdadera invasión de gentes nuevas» que, de hecho, ignoraban la realidad de lo que había sido y debía ser el partido y el sindicato. La tradición de Besteiro fue, quizá, la más auténticamente derivada de Iglesias, pero se sentía ya derrotada de modo abrumador por sus adversarios y, en especial, por Largo Caballero. Un «besteirista» pudo escribir, en 1935, que el porvenir socialista era «pésimo» porque el «ciempiés bolchevizante está solo y señor en el horizonte proletario y mi marxismo sólo puede imaginar que va en busca de una de sus rotundas victorias; si en octubre de 1934 no logró más que Gil Robles gobernara… con el más horrible y estéril derroche de sangre obrera, sólo cabe esperar que en el futuro complete su obra definitiva». Estas frases han sido a menudo citadas como la más dura acusación contra Largo Caballero por su responsabilidad en el estallido de la Guerra Civil.

La antítesis de la postura de Besteiro era, en efecto, la de Largo Caballero. La verdad es, sin embargo, que también tenía antecedentes en posturas anteriores del PSOE, pues había caracterizado a éste el aprovechamiento de todas las posibilidades de acción en el marco político burgués. La posición de Largo, burócrata sindical habituado a estos comportamientos, se entiende desde esta perspectiva, aunque parezca singularmente inconsistente por lo que parecen bruscos cambios de postura política.

Después de haber colaborado con la Dictadura, Largo no llegó a considerar como algunos socialistas —por ejemplo, Negrín— que su partido era el único republicano auténtico, sino sencillamente que en este régimen podía lograr el máximo de ventajas en reforma social y poder para los sindicatos. Por eso nadie como él fue tan entusiasta del colaboracionismo a lo largo del primer bienio. El cambio decisivo se produjo inmediatamente antes o en el momento del abandono del poder, precediendo claramente a la entrada de la CEDA en el gobierno. Largo Caballero empezó entonces a considerar liquidada la posibilidad de lograr beneficios de la colaboración de los socialistas en el poder, se proclamó revolucionario y fue denominado el «Lenin español». Al adoptar esta postura personificó en sí mismo una tendencia potencial existente en las masas socialistas y, en especial, en dos sectores concretos, las juventudes y un sector intelectual.

Las Juventudes Socialistas multiplicaron sus efectivos de forma más tardía que el resto del partido y experimentaron de manera singular la proclividad maximalista que favorecían las circunstancias. Sus dirigentes no sólo practicaban un radicalismo marxista sin paliativos sino que despreciaban la «pocilga parlamentaria» y se consideraban «los verdaderos bolcheviques»; no tenían inconveniente en manifestarse partidarios de la ruptura con la Segunda Internacional y de la «depuración» del partido. En cambio, aunque nunca se sintieron satisfechos con la dependencia de Moscú de los comunistas españoles, decían que de ellos tan sólo les separaban palabras. No tiene, pues, nada de particular que en abril de 1936 se produjera la unificación de jóvenes socialistas y comunistas en las llamadas Juventudes Socialistas Unificadas. Por otro lado, la victoria de esta posición maximalista no se entiende si no por el evidente prestigio intelectual logrado merced a la evolución de intelectuales como Araquistain.

Periodista cuyo pensamiento se había movido siempre en el ámbito del regeneracionismo, Araquistain fue colaborador de Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo y luego embajador en Alemania. En él se dio también, en apariencia, un brusco salto desde el colaboracionismo con la República a la ruptura con ella; con el paso del tiempo admitiría que había sido liberal y demócrata, pero que también lo hubiera sido Lenin en sus circunstancias y de las elecciones de 1936 dijo que acudía a ellas como a un «acto externo, sin entusiasmo». En él jugó un papel decisivo el derrumbamiento del socialismo alemán ante Hitler y, de su errado diagnóstico acerca de las razones del mismo, derivó su idea de que era inevitable el enfrentamiento de dos Españas que no podían convivir entre sí a medio plazo. Desde 1933 consideró que sólo había dos posibilidades: la «franca dictadura burguesa» o la «franca dictadura revolucionaria», pues incluso Roosevelt no suponía más que una fórmula peculiar de fascismo. De este modo su propensión fue siempre la de adelantarse al adversario, lo que explica lo sucedido en 1934. Por otro lado, Araquistain afirmaba que «las revoluciones son como el nadar», es decir, que se aprendía a actuar en ellas por la simple práctica. En el ambiente tenso de los años treinta, con un maximalismo que las circunstancias sociales de base no hacían sino alimentar, se puede calcular cuál fue el efecto de este género de prédicas en los medios populares, sobre todo cuando encontró como portavoces a la revista Leviatán o al diario Claridad.

La evolución de los acontecimientos demostró, sin embargo, que ni Largo Caballero era Lenin ni tampoco se parecía en nada a él su mentor, Araquistain; es posible que los zares hubieran agradecido que la semejanza hubiera sido mayor. En sus memorias Largo Caballero narra la preparación de la revolución de octubre de 1934 y afirma que fue deficiente porque muchos de los que la tenían que hacer en el fondo la temían, aunque más aún temieran aparecer como adversarios de ella. Algo parecido cabe achacarle a él mismo porque da la sensación de que, sobre todo, utilizó el maximalismo revolucionario para imponerse a sus adversarios del partido sin romper definitivamente con su trayectoria reformista y, de esta manera, aterrorizó a los conservadores con sus declaraciones mientras que no llegó a preparar de modo eficiente la revolución. Su actitud fue, en efecto, una extraña mezcla de voluntarismo y confianza en el ineluctable desarrollo del proceso revolucionario. Decía creer en la revolución, pero su carácter inevitable le sumía poco menos que en la pasividad. No creyó que los militares se sublevaran en 1936 porque eso equivaldría a una oleada de sangre de la que no serían capaces y esperó a que los seguidores de Prieto sencillamente abandonaran la dirección del partido entregándosela a él. Hosco, de formación elemental e incapaz de trascender las pequeñas rencillas en el seno de su partido, Largo siguió siendo un reformista al que las circunstancias convirtieron en protagonista de una revolución verbal e improbable. Sus culpas residen «no en no ser otra cosa que reformista sino en que, siéndolo, pretendió pasar, en el mundo ilusorio de la ideología, por revolucionario» (Julia). Aunque por supuesto no fue única, su responsabilidad en el estallido de la Guerra Civil difícilmente puede ser exagerada.

También es posible encontrar precedentes de la postura de Prieto en estos momentos en la historia del PSOE de la etapa prerrepublicana y los más evidentes se encuentran en su propia actuación en Bilbao después de la Primera Guerra Mundial. En el pasado el recurso a la revolución de los socialistas no había consistido en el género de incendiarias declaraciones que practicaba Largo Caballero, sino en el episódico empleo de la violencia mezclada con la huelga; otra de las tradiciones del PSOE fue la colaboración con otras fuerzas de izquierda. En estos dos puntos se fundamentaba la posición de Prieto que, también en este caso, carecía de verdadera preparación teórica.

En la práctica su actitud se basaba en la pura y simple constatación de la realidad.

Autor en gran medida de la revolución de octubre, pensaba que el PSOE no debía «circunscribirse a ella» y debía buscar el momento oportuno para hacerla; autor del programa de aquella ocasión (que, como sabemos, tuvo un impacto pequeñísimo sobre los acontecimientos) pensó, a partir de aquella fecha, que era posible «radicalizar» la República y cumplir con esos propósitos desde el poder con la ayuda de los republicanos de izquierda. Sólo en 1942 se declararía «culpable», ante su partido, su conciencia y su país, de su participación en la sublevación asturiana, momento del que data también su autoproclamación como «socialista a fuer de liberal».

En 1933 —pensaba con razón— «nos ahorcamos con una cuerda trenzada por nosotros mismos» al acudir en solitario a las elecciones, lo que había de evitarse en el futuro. Conservando el apoyo de una parte importante del partido (incluido el dirigente minero asturiano González Peña), Prieto estaba en condiciones de enfrentarse a las tendencias más radicales, como efectivamente hizo. Para él existía el peligro de que «nos dejemos ganar por la ilusión de obtenerlo todo… [tras la que] puede venir la trágica realidad de que nos quedemos sin nada». En los jóvenes socialistas veía un desmedido afán de que todo se ajuste al «molde marxista» y una utilización de este ideario, «como un mecano», cuando «a mayor verbosidad revolucionaria le correspondía una menor consistencia espiritual». Sus adversarios le respondieron con parecida violencia: a pesar de proclamar la beligerancia de las ideas Prieto se valdría de la «gran alcahueta de la táctica» y, gracias a defender la «coalición permanente» con los republicanos y «las soluciones diagonales y pactos de Vergara», condenaba a su partido y, en especial, a sus juventudes, a castrar sus ilusiones revolucionarias.

Dado el predominio de los seguidores de Largo Caballero y la importancia política del PSOE en el panorama de la vida pública española, parece evidente que cualquier posibilidad revolucionaria debía centrarse de manera decisiva en él. La CNT seguía teniendo un peso numérico importante aunque, por vez primera en la Historia de España, había sido superada en afiliación por la UGT mientras que, convertida en un sindicatos de parados, su número de cotizantes efectivos estaba por debajo de los 200 000; además, había perdido su capacidad de iniciativa durante el período de «gimnasia revolucionaria» entre 1931 y 1933. La oposición de los «treintistas» le había hecho perder parte de sus mejores cuadros, algunos de ellos de manera definitiva, como es el caso de Pestaña, que fundó un partido sindicalista, y la revolución de octubre fue el primer caso de insurrección violenta no protagonizada por la central anarquista aunque en Asturias participara en ella. Desde 1934 estuvo ya en condiciones de abrirse a la colaboración con otros grupos de extrema izquierda. Además, a lo largo de 1935 se fue haciendo patente la necesidad de reconstruir la unidad sindical y los «sindicatos de oposición» volvieron a la CNT ya en el año siguiente. La nueva actitud maximalista de la mayoría del PSOE planteaba la posibilidad de una colaboración con ellos aunque la CNT quiso circunscribirla a la UGT. Si todo esto podía hacer pensar en la colaboración de la CNT en un propósito revolucionario común, había al mismo tiempo otros factores que la impedían o la dificultaban.

El principal era la incertidumbre de los anarquistas acerca de lo que significara su revolución en el futuro y la forma de organizaría, una vez triunfante: en el congreso de Zaragoza de mayo de 1936 hubo un intento de delimitar el contenido del comunismo libertario, pero se dieron hasta un centenar y medio de definiciones del mismo. En el fondo seguía predominando en el anarquismo la visión comunalista y agraria del pasado y sus propios intelectuales parecían rebajarse, para hacerse comprensibles, hasta este nivel de simplicidad utópica. El Congreso abundó en afirmaciones pintorescas como recomendar «el cambio de comuna» para quien, afectado por la enfermedad del amor, «quiera amar a la fuerza o bestialmente», pero en cambio apenas hubo un estudio serio acerca del papel de los sindicatos en la nueva sociedad. A la altura de ese año la CNT, mucho tiempo después que los sindicatos europeos de idéntica significación, comenzaba a entrever la urgencia de una respuesta a problemas como la planificación económica o la participación en la política, pero estaba muy lejos de haberla perfilado.

El problema del PCE no fue tanto la incertidumbre estratégica e ideológica como la parquedad de sus efectivos. La verdad es que los antecedentes sectarios y anarcoides del partido tardaron mucho en desaparecer y los últimos ecos de los mismos cabe encontrarlos en las intervenciones de los diputados comunistas en las Cortes del Frente Popular. No obstante la nueva dirección que sustituyó a Bullejos pareció todavía más dócil a la estrategia diseñada en Moscú, proclive ahora a conseguir un frente político más amplio, y la evolución hacia los extremos de la política española, alimentada por la coyuntura económica y social, facilitó la penetración del comunismo en el panorama político nacional. Desde el verano de 1934 los comunistas, siguiendo la tendencia marcada por su dirección internacional, empezaron a proponer una más sincera política de pactos con otras organizaciones. Poco antes de los sucesos de octubre ingresaron en las Alianzas Obreras, creadas a sugerencia de los comunistas heterodoxos catalanes y fueron, desde luego, los grandes beneficiarios de la propaganda tendente a la exaltación de ese fenómeno revolucionario y su posterior mitificación. Pero sus efectivos seguían siendo parcos y eso impidió que el PCE ocupara una posición central en la política española. Si en 1931 había obtenido tan sólo 60 000 votos, en 1933 fueron 400 000 y un diputado cuya actuación, además, careció de impacto en la opinión pública.

En esas condiciones no podía esperarse mucho del PCE como desencadenante de una revolución en España. Sus verdaderas oportunidades radicaban más bien en su capacidad de influencia sobre otras fuerzas políticas. Desde 1935 el PCE insistió especialmente en el acercamiento al ala izquierdista del socialismo, a pesar de que con el transcurso del tiempo las posiciones originarias de ambos grupos parecían haberse trastocado por completo, pues ahora eran los comunistas más moderados que los «largocaballeristas». Este acercamiento explica la posterior unificación de las juventudes en una única formación política (aunque claramente dominada por quienes procedían del socialismo) y el ingreso de los sindicatos controlados por los comunistas en la UGT. De todos modos las perspectivas de unidad de ambos partidos eran todavía remotas en el momento de estallar la Guerra Civil, principalmente porque la superioridad numérica del PSOE le hacía pensar en la posibilidad de una pura y simple absorción de los comunistas.

Tan sólo en Cataluña se llegó a la formación del Partit Socialista Unificat de Catalunya con las ramas regionales de los partidos nacionales —PSOE y PCE— y pequeños grupúsculos de significación y procedencia catalanista. Lo sucedido en este caso se explica por la alianza de sectores de mínimo peso específico frente a la tradicional hegemonía de la CNT. Ya en 1933 el PSOE se había incorporado a la Unió Socialista de Catalunya, un partido mínimo y de significación intelectual. Las conversaciones para formar un partido marxista unitario se iniciaron a comienzos de 1935 con la participación de los dos sectores ragionales de los partidos nacionales y el minúsculo Partit Cátala Proletari, dirigido por Compte, quien procedía del partido de Maciá. Cuando la unificación se produjo el liderazgo le correspondió a personas procedentes del socialismo catalanista, como Comorera, pero el contenido programático y organizador se atuvo al leninismo y al centralismo democrático. Era la prueba de una propensión maximalista que no apareció de forma exclusiva en la izquierda sino también en la derecha.

Fascismo en España

Existe un curioso paralelismo entre la derecha y la izquierda en relación con la fuerza respectiva que los sectores más extremistas tenían dentro de cada una de estas tendencias. A diferencia de lo sucedido en otros países, como Italia o Alemania, la influencia directa de comunistas y de fascistas fue en España francamente reducida hasta el momento del estallido de la Guerra Civil. Otra cosa es que los estilos respectivos de esos dos movimientos totalitarios dieran incluso la sensación de impregnar el conjunto de la vida política española. La influencia de la derecha extrema en España fue considerable, pero ese último miembro de ella que fue el fascismo representaba a comienzos de 1936 una fuerza social y política desdeñable y marginal, incluso en mayor grado que el comunismo, del que ya se ha hecho mención.

Dividido, y sin apenas representación parlamentaria, su único éxito había sido el conseguido en los medios estudiantiles universitarios en los que quizá resultaba ya predominante, tal como el propio dirigente del partido comunicaba a quienes le ayudaban en el extranjero.

Un nuevo posible paralelismo entre el comunismo español y la Falange reside en que el fascismo español resultó un movimiento plural, aunque siempre de escasa entidad. Antes de la proclamación de la República había existido un cierto fascismo intelectual del que fue representante característico Giménez Caballero, editor de La Gaceta Literaria y admirador entusiasta de Mussolini, con cuyas organizaciones internacionales mantenía contacto. Pero en lo que se refiere a grupos políticos propiamente dichos hubo que esperar a 1930 para que se crearan algunos al menos remotamente semejantes al fascismo italiano. Los llamados «legionarios» de Albiñana, aparecidos en los momentos finales de la Monarquía, tuvieron una significación muy conservadora en lo social y un puro activismo violento que no tenía de propiamente fascista más que la liturgia. En cambio Ramiro Ledesma Ramos, fundador de la revista La Conquista del Estado y personaje de una cierta vitola intelectual, en lo que tenía de revolucionario y nacionalista pareció más asimilable a las categorías del fascismo. Su entusiasmo por Hitler, su oratoria demagógica y su indudable proclividad a los procedimientos violentos convirtieron a las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista por él fundadas en el sector más radical de la Falange posterior. Otro sector que formaría parte de ella sería el grupo procedente del sindicalismo católico agrario vallisoletano fundado por Onésimo Redondo. Sin embargo todos ellos no pasaban de ser más que grupúsculos fácilmente controlados por las fuerzas de seguridad que detenía a sus miembros caso de creer en un peligro, aunque fuera remoto, para la República: así sucedió, por ejemplo, en agosto de 1932, momento en que los dos líderes citados fueron perseguidos por la policía. Pero a esta altura cronológica sí existía en España un marcado interés en los medios de la derecha extrema por el fenómeno fascista italiano.

Se remontaba a los años veinte en ciertos círculos militares y del maurismo pero durante la Dictadura había quedado hibernado por falta de adversarios a los que combatir. Éstos sobraban ya en los años treinta y de ahí que hubiera el proyecto de publicar un diario llamado El Fascio, cuyo inspirador era un antiguo director del diario «maurista» y la Unión Patriótica de Primo de Rivera. La posibilidad de que apareciera tal publicación provocó una conmoción en la opinión de izquierdas, lo que sirvió de propaganda y caldo de cultivo al movimiento. Durante los meses iniciales de la vertebración de un fascismo español se empleó sin ningún reparo esta denominación que sólo luego sería evitada. Nada de todo lo reseñado tuvo verdadera trascendencia hasta la aparición, en 1933, de Falange Española. Así como el resto de los grupos de significación más o menos proclives al fascismo carecían de un liderazgo conocido y de un simbolismo personal relevante, Falange los tuvo en José Antonio Primo de Rivera, el hijo mayor del dictador. Nacido en una familia en la que, durante tres generaciones, los varones se habían dedicado al Ejército no puede extrañar que, en un principio, pensara en esta profesión, aunque acabó siendo abogado con bufete de cierto prestigio y muy celoso de que se le reconociera su valía. La personalidad de Primo de Rivera, atractiva incluso para algunos de sus adversarios, resultaba una mezcla de elementos difícilmente compatibles o, como escribió Ledesma, de «contradicciones de tipo irresoluble». Esta afirmación parece cierta si tenemos en cuenta que, por ejemplo, aunque dirigente de un partido antiparlamentario, se sentía a gusto en los debates de las Cortes. Tímido a veces y retraído en otras, en ocasiones estallaba en él un componente colérico que lo llevaba a la agresión violenta. Desdeñó con frecuencia las habilidades de los profesionales de la política, sobre todo las más caracterizadas de su doctrina —«serviría para todo menos para Caudillo fascista», dijo de sí mismo— e incluso su vocación por la vida pública nació más que nada por el deseo de reivindicar la memoria de su padre. No podía aceptar que se elevaran voces contra su progenitor en cuyo régimen vio una especie de germen titubeante del ideal fascista que quería imponer en España. A diferencia del Dictador, sin ser propiamente un intelectual, tenía cultura y gustos literarios («Yo he nacido para ser un matemático del siglo XVIII» confesó a uno de sus amigos). En este terreno sus gustos estaban relativamente cercanos al mundo liberal, pues prefería Unamuno a Maeztu y Lorca a Pemán.

Es posible que el movimiento fundado por José Antonio Primo de Rivera tardara en emprender el camino hacia el empleo sistemático de la violencia, pero Falange fue uno de los principales partidos que la practicó durante el segundo bienio. Desde un principio empleó un lenguaje violento que resultó provocativo porque existía ya en España la imagen de lo que estaba sucediendo en otras latitudes y una táctica de confrontación callejera contra el adversario de izquierdas que podía llegar al asesinato. Los primeros muertos entre los lectores y repartidores de prensa falangista se produjeron en enero de 1934 y sólo en junio mataron los falangistas pero esa posibilidad existió en el movimiento desde un principio, como se prueba por el hecho de que las fichas de afiliación contenían la mención de que el que la rellenaba tenía (o no) «bicicleta» (es decir, pistola). Dentro de Falange hubo, incluso, un sector que veía en ella la razón de ser de su grupo político y no tuvo inconveniente en que se la utilizara como puro brazo armado de la derecha. Con todo, la mayor contradicción de Primo de Rivera consistió en proclamarse dirigente de un grupo político que afirmaba su voluntad revolucionaria y de transformación social, pero cuyas conexiones con las clases altas españolas eran siempre patentes. Los dos diputados que hubo en 1933 fueron nobles, elegidos por los sectores más conservadores de Cádiz, mientras que el partido fue subvencionado por los monárquicos y Sancho Dávila, fundador de la Falange sevillana, afirmó haber hecho prosélitos «entre los consocios del Aeroclub». El propio Primo de Rivera tenía aprecio a su título nobiliario, a su condición de caballero de una orden militar y al modo de vida de las clases altas. Entre sus papeles íntimos se encuentran frases que permiten describirlo como un señorito, como la de que «entre las mujeres laicas sólo son tolerables las que salen un poco golfas». En definitiva, no le faltaba razón a Unamuno cuando afirmó que Primo de Rivera «es demasiado fino, demasiado señorito y, en el fondo, tímido para ser un jefe y, menos aún, un dictador».

Las contradicciones personales de Primo de Rivera eran también las de su partido y unas y otras explican que la vida de este último abundara en escisiones y testimonios de indisciplina. Falange fue fundada en octubre de 1933, en un acto que apareció en la prensa como «de afirmación españolista» pero permaneció casi desapercibida; se incorporaron luego a ella las JONS, pero las relaciones con el grupo de Ledesma fueron siempre conflictivas. Es lógico que así fuera porque Ledesma veía en ella tan sólo «señoritos muy ricos, militares en retiro por la Ley Azaña y terratenientes de provincias». En un principio la dirección del grupo fue un triunvirato pero, al concentrarse el poder en Primo de Rivera, los «jonsistas» se separaron a fines de 1935. En realidad Ledesma, que opinaba que en España «las derechas son aparentemente antifascistas y en muchos extremos esencialmente antifascistas y las izquierdas son aparentemente antifascistas y en muchos aspectos y pretensiones esencialmente fascistas», quería radicalizar el movimiento hacia la izquierda dándole un contenido más social y revolucionario. Por eso decía que sus seguidores preferían «a las camisas negras de Mussolini las rojas de Garibaldi». Pero no fueron tan sólo las escisiones por culpa de este sector izquierdista las que pusieron en peligro la unidad de un movimiento político tan pequeño sino también las procedentes de lo que podríamos denominar la derecha del mismo. En 1934 Primo de Rivera debió enfrentarse con quienes practicaban un activismo tan violento como carente de norte y con aquéllos que fueron atraídos por los monárquicos, como Ansaldo o el marqués de la Eliseda; el propio Calvo Sotelo trató de integrarse en las filas falangistas sin lograrlo, en parte por la aversión que hacia él sentía el dirigente falangista. Dadas estas circunstancias no puede extrañar que, a comienzos de 1936, Falange fuera, sobre todo, un partido político de jóvenes universitarios sin fuerza electoral propia ni menos aún implantación en medios sindicales o proletarios.

Por eso ha podido decirse de Falange que era una «mimesis desafortunada» de los fascismos europeos de la época. Ledesma mismo, al escribir sobre el «Fascismo en España», puso el título de su libro entre interrogantes y algo parecido pensaba Araquistain, quien no acababa de creer en la existencia en España de este tipo de movimiento. Más adelante, durante la Guerra Civil, Azaña diría que en España podría haber fascistas pero no habría fascismo sino un régimen clerical y militar, más adaptado a la tradición de lo que había sido la derecha tradicional española. Esta afirmación resulta, muy probablemente, acertada. En España no existía en 1936 una tradición nacionalista laica como la que alimentó el fascismo italiano, ni líderes descontentos de la izquierda deseosos de inventar una revolución nacional, como en Inglaterra o Francia. Tampoco se dieron las condiciones de la Europa del este para que el antiparlamentarismo fascista satisfaciera a unas masas que, de otro modo, podían estar en la izquierda. Pero, sobre todo, las masas derechistas españolas buscaban no un Mussolini sino un Kolchak, el general ruso blanco de la etapa revolucionaria, y eso lo podrían encontrar más fácilmente en los partidos más tradicionales no propiamente fascistas pero sí «fascistizados». De la misma manera que les sucedía a los comunistas, Ledesma veía el porvenir del fascismo español en grupos como la JAP o, en cierto sentido, los monárquicos o los tradicionalistas.

No puede extrañar que así fuera si tenemos en cuenta el lenguaje habitualmente empleado por todos estos sectores. La JAP se denominaba a sí misma «ni monárquica ni republicana sino imperialista». En 1934 cuando, sobre todo en el Parlamento, Calvo Sotelo empezó a desempeñar la jefatura efectiva de los monárquicos alfonsinos, no ocultó que quería encaminar a España hacia «una reforma totalitaria del Estado». Las esperanzas de ese monarquismo, que seguía mucho más las tesis de Maurras que las de Hitler o Mussolini, residían, sobre todo, en arrastrar al resto de la derecha hacia una dictadura implantada con ayuda de militares, pero siempre careció de masas para cuya atracción le hubiera resultado imprescindible un contenido social y un lenguaje demagógico. Respecto a los carlistas, en abril de 1934 se produjo la sustitución de Rodezno por Fal Conde en su jefatura. El equipo dirigente en el que se apoyó éste era juvenil y vertebró un auténtico movimiento de masas. Partiendo de las tesis corporativistas y antiliberales de Pradera, los tradicionalistas se identificaron con Dollfuss en Austria o Degrelle en Bélgica pero siempre consideraron el fascismo como un «hijo degenerado» del tradicionalismo, que era la única doctrina verdadera. Su convicción de que al final la lucha se dirimiría por las armas no les llevaba tanto al pistolerismo fascista (o falangista) como a la organización de una auténtica guerra civil a partir de la creación de milicias propias. De hecho el Requeté fue la única fuerza civil armada con la que pudo contar la sublevación militar de julio de 1936.

Con todo, si bien se mira, todos estos «fascistizados» sólo muy genérica e imprecisamente podrían identificarse con el fascismo. La propia denominación, aparte de carente de contenidos, atribuye una excesiva importancia a un elemento cuantitativamente menos nutrido dentro de la extrema derecha. Lo más apropiado sería llamarlos derecha radical o contrarrevolucionaria. En el fondo el clericalismo de la extrema derecha española impedía el totalitarismo y su reaccionarismo puro quitaba sentido a una «revolución nacional» de contenido modernizador. En ese ambiente no podía prosperar la Falange, que no pasó de ser un grupúsculo hasta los primeros meses de 1936 en que la generalización de la violencia hizo que sus filas se nutrieran de jóvenes procedentes de los sectores «fascistizados», aunque la misma razón de su ingreso en el falangismo hace pensar en la superficialidad de su adscripción política.

El Frente Popular y las elecciones de 1936

En páginas precedentes se ha hecho mención a la evolución de la derecha y del socialismo durante el segundo bienio republicano; su conocimiento resulta imprescindible para entender el planteamiento de las elecciones de 1936, pero no basta porque es preciso también referirse a otros sectores políticos, tanto de la izquierda republicana como de la derecha no extrema, para comprender el posterior desarrollo de los acontecimientos.

Mientras que progresaba la descomposición política característica de los gobiernos de centro-derecha, en el republicanismo de izquierdas se producía un proceso radicalmente distinto. La posición política que había representado Azaña desde el poder había quedado virtualmente volatilizada como consecuencia de las elecciones de 1933, aunque mucho más en lo que respecta a puestos parlamentarios que en número de votos. Azaña era consciente de la necesidad de vertebrar políticamente la opción política republicana de izquierdas, demasiado fragmentada para ser viable desde el punto de vista político y, también, para tener sentido como posible colaboradora de los socialistas en una candidatura común. La necesidad de unión fue tan patente que, ya antes de los sucesos de octubre de 1934, se habían dado todos los pasos para la creación de un nuevo partido que, al cabo del tiempo, se denominó Izquierda Republicana. Ya Azaña, al pretender crear en el primer bienio una Federación de Izquierdas republicanas, había señalado de manera clara la pauta que siguió el nuevo partido que, desde un principio y de manera inequívoca, estuvo dirigido por quienes procedían del partido Acción Republicana fundado por el ex jefe de Gobierno. De él formaron parte también, sin embargo, los radicales socialistas situados más a la izquierda (Domingo y Albornoz) y la mayor parte de los galleguistas de la ORGA, cuyo principal dirigente era Santiago Casares Quiroga. En el Consejo Nacional del nuevo partido hubo 10 miembros de Acción Republicana, 8 ex radicales socialistas y 3 galleguistas republicanos de izquierda. El panorama de los grupos republicanos dispuestos a colaborar en lo que luego sería el Frente Popular se completó con la creación, en el verano de 1934, de la Unión Republicana en la que, bajo la dirección de Martínez Barrio, se unieron los radicales socialistas situados más a la derecha con los antiguos radicales que habían abandonado a Lerroux por su colaboración con la CEDA. Como en el caso del partido de Azaña, también en éste el predominio de la dirección correspondió al sector del nuevo partido que no había pasado por las filas del radical-socialismo. Lo característico de UR, que contó entre sus filas a no pocos miembros de la masonería, fue una actitud moderada y centrista perceptible en el lenguaje empleado por Martínez Barrio en sus discursos (dijo, por ejemplo, estar contra «la basculación política extremada») y también en sus tomas de posición ante acontecimientos concretos: mientras que IR, por ejemplo, negó «solidaridad» ante el gobierno de que formaban parte miembros de la CEDA, UR sólo empleó la palabra «colaboración» para designar igual propósito e incluso, por ejemplo, consideró que la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales acerca de la Ley de Contratos de Cultivos catalana, una vez emitida, tenía que ser cumplida.

Aunque había grandes puntos de coincidencia entre los dos nuevos partidos, en especial teniendo en cuenta que ya Azaña había enunciado su deseo de que se llegara a una «restauración» de la República del 14 de abril, sólo a comienzos de 1935 se plasmó esta alternativa con la petición de restablecimiento de las garantías constitucionales y la enunciación de un plan de gobierno en cuya gestación jugó un papel importante Sánchez Román, representante del pequeño Partido Nacional Republicano, que al final acabaría no colaborando en el Frente Popular. Hubo una diferencia estratégica fundamental entre IR y UR que no era otra que la colaboración con los socialistas la cual, siendo imprescindible para Azaña, era poco aceptable para un Martínez Barrio que temía la propensión revolucionaria de aquéllos. Lo que hizo triunfar la postura del primero fue, desde luego, la posibilidad inmediata de acceder al poder, vista la descomposición de la mayoría gobernante de centro-derecha, pero también su propia resurrección como personaje político decisivo del régimen republicano. Fue precisamente la persecución de las derechas lo que produjo una reacción a favor de Azaña: casi 120 000 personas firmaron una protesta por aquélla, testimonio de solidaridad en la que coincidieron un número importante de conocidos intelectuales.

Como bien dijo Primo de Rivera —juzgando los resultados desde el punto de vista de la extrema derecha— «en este caso, el proceso responsabilista ha resultado un desatino». Con esta base de partida los grandes discursos de Azaña en concentraciones masivas en campo abierto consolidaron una oferta política que, además, tendió de forma inmediata su mano hacia la colaboración con los socialistas. Entre éstos, a mediados del año 1935, había dos tendencias claramente distintas respecto de la coalición con los republicanos. Prieto, siempre partidario de ella, veía ahora, en el crecimiento del grupo político de Azaña, el testimonio de su utilidad. Aunque Largo Caballero era mucho más reticente a esa alianza (sobre todo con Martínez Barrio, de quien recordaba su actitud durante la fase final del primer bienio), y siempre quiso recalcar que el PSOE quedaba «libre de cualquier compromiso», el ascenso de Azaña, perceptible después del discurso de Comillas, le hizo aceptar como inevitable esa colaboración. Fueron, por lo tanto, Azaña y Prieto los fautores de la alianza electoral que ha pasado a la Historia con la denominación de Frente Popular. El PCE, en realidad, aunque hubiera variado su estrategia hasta adecuarla a este colaboracionismo, no tenía influencia política suficiente como para gestionarla; es más, fue por su presencia en la coalición, respecto de la que Azaña sentía poquísimo entusiasmo, por lo que Sánchez Román acabó desligándose del Frente Popular después de haber contribuido de manera decisiva a la redacción de su programa. Por otro lado, la entrada de los comunistas hizo desaparecer las reticencias que en determinados medios —las juventudes socialistas y el POUM, por ejemplo— había contra una fórmula que impedía el «Frente Obrero» por ellos patrocinado. En fin, para comprender la gestación del Frente Popular es preciso tener en cuenta también que incluso quienes, por su significación anarquista, no habían votado nunca hasta entonces veían con entusiasmo una posible vuelta al poder de la izquierda parlamentaria. Peiró, por ejemplo, principal de los dirigentes «treintistas», anunció que, por vez primera en su vida, iba a acudir a las urnas.

El Frente Popular fue, en estas circunstancias, un instrumento ideal para obtener la victoria en las elecciones, aunque luego se demostraría mucho menos apto para el ejercicio del poder. Resultó capaz de sumar fuerzas muy heterogéneas sin descubrir las reales divergencias entre los sumandos. En realidad, no se produjo un acuerdo entre partidos tan distintos como el de Martínez Barrio y el POUM, sino que los republicanos se pusieron de acuerdo con los socialistas y éstos a su vez lo hicieron con los grupos situados a la izquierda. No hubo nunca, durante el período electoral, comités locales del Frente Popular que dieran sensación de unión irreversible, ni tampoco mítines comunes en donde se pudieran apreciar las abismales divergencias existentes entre un Azaña y un Nin, por ejemplo. La propia manera de negociar las candidaturas contribuyó a dar un carácter más moderado a la colaboración electoral, puesto que no hubo una proporción entre los votos conseguidos en 1933 por la izquierda republicana y los puestos atribuidos a IR y UR en la candidatura del Frente Popular. El programa electoral resultó un catálogo de divergencias entre la opción republicana y la más izquierdista en materias tan decisivas como la reforma agraria o el orden público, pero, al menos en comparación con lo sucedido en la derecha, fue todo un resumen de propósitos de gobierno, tan sólo algo más avanzado que el del bienio reformista del período 1931-1933. Por parte de Azaña existió una muy explícita voluntad de identificarse, a sí mismo y a la opción que dirigía, con la República del 14 de abril, frente a la corrupción y el reaccionarismo de los dos últimos años: no dudó en declararse burgués y a veces eludía la denominación Frente Popular para emplear una más genérica e inocua como la de «coalición de izquierdas». A lo largo de la campaña electoral, los candidatos de izquierda, con la excepción de las prédicas maximalistas de los seguidores de Largo Caballero, se expresaron moderadamente y dando la sensación de situarse a la defensiva frente a la reacción. Es muy posible, incluso, que no creyeran en la posibilidad de lograr la victoria electoral que de hecho obtuvieron. La elaboración rápida y centralizada de las candidaturas y la disciplina con que fueron acogidas tuvo como consecuencia evitar una dispersión del voto izquierdista que sí se dio en el de derechas.

El panorama de estas últimas fue, desde luego, muy distinto. Del segundo bienio en el que habían permanecido en el poder salieron con la amargura de la esterilidad, pero también con la evidencia de que discrepaban en aspectos fundamentales. La elaboración de las candidaturas resultó alambicada y poco ejemplar. Por un momento pareció que Gil Robles —que empezó el período electoral atacando a Alcalá Zamora mientras que las juventudes de su partido se pronunciaban en términos de una manifiesta inconstitucionalidad—, se iba a decidir por una colaboración exclusiva con la extrema derecha. Poco a poco, superada la reacción temperamental de su principal dirigente, la CEDA fue decantándose hacia los grupos republicanos de tendencia moderada. En algún caso Gil Robles debió hacer verdaderos sacrificios a la hora de la elaboración de las candidaturas, sobre todo respecto del partido centrista que Pórtela Valladares quería crear desde el poder. Como en anteriores ocasiones la Ley electoral imponía alianzas lo más amplias posibles y por ello resultaba imprescindible la colaboración con el presidente del Consejo, a pesar de que éste tuviera muy poca fuerza política propia. Pórtela Valladares estaba guiado de buenos propósitos, como era formar un grupo político centrista que evitara el enfrentamiento entre derechas e izquierdas; sus expectativas de llegar a cien diputados eran, sin embargo, demasiado optimistas y, sobre todo, los métodos para lograrlo eran por completo inadecuados a las circunstancias que vivía España. Pórtela reconoce haber tratado de atraer a «elementos de vieja cepa liberal y democrática, retraídos de la política» y haber obtenido el apoyo de «personalidades de alta calidad financiera», pero, en realidad, todo eso no significaba más que la resurrección del antiguo caciquismo con la ayuda del poder del Estado, utilizado de una manera que muchas veces poco tenía de imparcial. A pesar de que con el transcurso del tiempo se fue logrando una candidatura unitaria, perduraron casos de indisciplina, inevitables dadas las circunstancias. Fue, por ejemplo, imposible marginar totalmente a unos radicales en descrédito, aunque conservaron algunos puestos en las listas de coalición, o aceptar, al mismo tiempo, las pretensiones excesivas de monárquicos y de cada uno de los pequeños grupos republicanos. Si Falange no estuvo presente en las candidaturas de derechas eso no sirvió para darles un aspecto más moderado, porque los monárquicos hicieron declaraciones parecidas a las que podrían haber salido de los labios de seguidores de Primo de Rivera. Resulta muy significativo que la derecha fuera incapaz de elaborar un programa electoral porque ello demuestra su división aunque, por otro lado, el hecho de que no se redactara debió nacer del deseo de la CEDA de evitar declaraciones programáticas demasiado estridentes. A pesar de que la derecha repartió enormes cantidades de propaganda su contenido distó mucho de ser óptimo: lemas de la CEDA como «Todo el poder para el Jefe» y «Contra la revolución y sus cómplices» tenían un carácter casi subversivo o englobaba a los seguidores de Martínez Barrio entre los segundos; «A por los trescientos» era pretencioso e incongruente, pues ni siquiera el partido católico tenía tal número de candidatos; «Por Dios y por España» encerraba lamentables confusionismos religioso-políticos.

El resultado electoral constituyó una sorpresa total, que no se hubiera producido de haber tenido en cuenta que los resultados electorales de 1933 habían mostrado una cierta equivalencia en el sufragio entre las dos grandes fuerzas políticas, en tanto que cuanto favoreció a Lerroux en 1933 benefició ahora a Azaña. Si tenemos en cuenta el número de sufragios España aparecía en febrero de 1936 dividida en dos tendencias sensiblemente semejantes: el Frente Popular, de acuerdo con los mejores cómputos, habría obtenido el 34,3 por 100 del electorado, la derecha el 33,2 por 100 y el centro no unido a la derecha el 5,4 por 100. Por supuesto, como ya había sucedido en 1933, la situación parlamentaria no traducía este virtual empate sino que daba una cómoda mayoría al Frente Popular. Las dos razones más importantes que explican la victoria de éste son el cambio en la actitud de los anarquistas y el descalabro de los radicales.

Pórtela Valladares fue consciente por vez primera de la derrota de centro y derecha cuando vio que, en Cádiz, donde los votos de centro y derecha habían crecido algo, los anarquistas, con su voto, habían dado una ventaja considerable al Frente Popular.

Asimismo, es muy posible que la masa moderada y republicana, que en 1933 había considerado a Lerroux una esperanza, atribuyera ahora ese mismo carácter a Azaña. Por otro lado, la CEDA conservó prácticamente el mismo número de votos que había logrado en 1933 e incluso creció levemente respecto de los pequeños grupos republicanos de centro. En cualquier caso los monárquicos no amenazaban en absoluto su hegemonía en el seno del espectro derechista.

Se ha dicho que los resultados de estas elecciones son un antecedente de la Guerra Civil y esta afirmación sólo es cierta en el sentido de que la geografía electoral de febrero de 1936 tiene una marcada semejanza con el plano de las primeras operaciones bélicas después de julio. Sin embargo, no se puede decir de ninguna manera que, en el momento de realizarse la consulta electoral, las posibilidades de convivencia estuvieran ya definitivamente arruinadas. En general, da la sensación de que el electorado mostró su predilección, en cada candidatura, por los más moderados aunque también es posible que éstos fueran más indisciplinados. De cualquier modo, la lista de Madrid del Frente Popular quedó encabezada por Besteiro, mientras que el último puesto lo ocupaba Largo Caballero. Es posible, además, que una razón complementaria para el triunfo del Frente Popular resultara, precisamente, de esa condición moderada de su propaganda y de sus candidatos en este momento. Con toda probabilidad los partidos situados en el extremo del arco político partidista acabaron penalizados por el elector. Falange, por ejemplo, apenas obtuvo entre 40 000 y 60 000 votos sobre un electorado de trece millones de personas. Incluso es probable que los comunistas no hubieran obtenido ningún escaño de no haber ido sus candidatos incluidos en las listas del Frente Popular; lo mismo puede decirse, por supuesto, de los grupúsculos situados más a la izquierda: no hubieran tenido presencia en el Parlamento. La aparente desaparición del centro no era real porque estaba provocada por la Ley electoral y porque había moderados tanto en las listas del Frente Popular como en las de la derecha. Además, la salvación de la República dependía de personas como Prieto o Giménez Fernández, mucho más que de Pórtela. En definitiva, la victoria en las elecciones no había correspondido a una subversión por la derecha o la izquierda sino a la postura de Azaña, que, a fin de cuentas, durante la campaña electoral se había definido a sí mismo como persona de talante moderado y reformista.

La sorpresa por los resultados fue, sin embargo, tan grande que se explica que una persona como Pórtela Valladares, que había presidido las elecciones y había fracasado en su propósito de crear un partido desde el poder, hiciera todo lo posible por abandonarlo cuanto antes. En sus memorias pretende justificar esta actitud afirmando que tanto Gil Robles como Franco (al que, sin embargo, califica de «republicano») le propusieron que ejerciera una dictadura. Por descontado, en los términos en que esta sugerencia se planteó, resultaba injustificable tanto más por la importancia, política y militar, de quienes la hicieron. Los testimonios, concordantes en esto, de Alcalá Zamora y de Martínez Barrio hacen pensar, sin embargo, en que la «dimisión-huida» de Pórtela, como la califica el primero, no tuvo como motivo el descrito (que habría debido provocar la resistencia y no el abandono) sino el reconocimiento de una verdadera incapacidad personal para enfrentarse con la situación.

El Frente Popular en el Gobierno

Abandonado el poder por un Pórtela que hubiera debido esperar a la constitución de las nuevas Cortes inmediatamente fue nombrado Azaña para sustituirle. Al Gobierno llegaba de nuevo el dirigente de Izquierda Republicana en una situación más confortable que la anterior, pues su partido político tenía casi tres veces más diputados que la Acción Republicana del primer bienio y, contando con Unión Republicana, alcanzaba a tener cuatro veces más. El núcleo dirigente de su partido seguía constituido, sin embargo, por los miembros de aquel grupo intelectual que le siguieron en la primera hora: la mitad de los ministros de su gobierno tenía esa procedencia. Algo se había modificado el carácter de Azaña, sin perder, no obstante, su habitual tono desdeñoso respecto del adversario político: cuando le visitó Giménez Fernández mostrando la actitud colaboradora de la CEDA lo atribuyó al temor y a una actitud ilusa que quería hacer compatibles la fe católica y la reforma social. Pero ahora, al llegar de nuevo al poder, partió de una voluntad manifiesta de mantenimiento de la convivencia en la que juzgaba, con razón, como «postrera coyuntura del régimen parlamentario» que debería quedar fecundado por «el acceso al poder político de nuevas clases sociales». Este lenguaje distaba considerablemente del empleado por él mismo durante el primer bienio. Sin embargo esto no quiere decir que no fuera consciente de las dificultades que podía tener, puesto que a su círculo íntimo le confió que «lo mejor hubiera sido que las elecciones se perdieran». Las «palabras de paz» del nuevo jefe de Gobierno fueron acompañadas además de gestos concretos: por ejemplo, tal y como le pidió la derecha, no nombró a Casares, muy desprestigiado tras el primer bienio, ministro de la Gobernación, ni se atribuyó a sí mismo la cartera de Guerra, que desempeñó el general Masquelet. También la CEDA, el principal partido de la oposición, que ignoraba la actitud mantenida por su líder tras las elecciones, mantuvo esta posición de colaboración para la estabilidad de las instituciones republicanas. Buena prueba de ello es que un Gil Robles desorientado y confuso entregó a Giménez Fernández la dirección de la minoría parlamentaria cedista. El antiguo ministro de Agricultura decía por estas fechas que «Dios nos ha enviado la derrota para evitarnos un mal uso de la victoria» y era partidario de un claro decantamiento de la CEDA a favor de las instituciones republicanas. El propio Martínez Barrio, antiguo opositor a la presencia en el poder de la CEDA, creyó ver una actitud colaboradora en ella «si el Gobierno abría paso a una política conciliadora».

La realidad, sin embargo, habría de invalidar no mucho tiempo después estas perspectivas halagüeñas. Los deseos de paz de Azaña y de buena parte de los dirigentes del Frente Popular empezaron por ser traicionados a la hora misma de la discusión de las actas electorales. Como en el resto de las consultas de la etapa republicana, también en éstas hubo casos de corrupción, practicada por la derecha cuando estaba en el poder y por las izquierdas inmediatamente después de que Pórtela lo abandonara. El Frente Popular, sin duda, obtuvo por procedimientos honestos una mayoría parlamentaria suficiente, pero a la hora de discutir las actas en las Cortes, con la participación de alguna figura importante de la coalición triunfante, no tuvo inconveniente en tratar de aumentar ésa mayoría mediante procedimientos partidistas. La utilización de criterios cambiantes, según la significación política del beneficiario del escaño, llegó a tales extremos que el propio Prieto dimitió de su puesto en la Comisión de Actas y parece haber pensado en su retirada de la vida política. Tan sólo una rectificación de última hora de Izquierda Republicana permitió que, en contra de la opinión de los extremistas, Calvo Sotelo ocupara el escaño para el que había sido elegido. Al anunciar la retirada temporal de las Cortes de la minoría de la CEDA como consecuencia de esta actitud, Giménez Fernández señaló, con razón, que la actuación de la izquierda suponía «la sustitución de la voluntad popular, base del régimen democrático, por el imperio absoluto de una mayoría discutible» y que con ello se jugaba nada menos que la «suerte del régimen».

Aunque la CEDA volvió al Parlamento, la actitud del Frente Popular no cambió.

Cuenca fue, por ejemplo, una de las provincias en que, de acuerdo con su tradición electoral y los primeros resultados, había vencido la derecha, pero las elecciones fueron anuladas. En la repetición se presentó José Antonio Primo de Rivera cuya acta tampoco fue aprobada. En Granada, donde sucedió algo parecido, la candidatura de la derecha tuvo una significación muy beligerante y nada propicia a mantenerse en el ámbito constitucional: estuvo formada por cinco cedistas, cuatro falangistas y un «independiente», el coronel Várela, en realidad instructor del Requeté carlista. Aún por completo discrepante de los planteamientos políticos de Primo de Rivera, de nuevo en esta ocasión Giménez Fernández defendió su escaño, indicando que sería más peligroso para la democracia el olvido de los criterios objetivos que la presencia en el Parlamento de un diputado fascista. Tampoco en esa ocasión fue oído el diputado de la CEDA, a quien le asistía toda la razón.

Los juicios de personalidades inequívocamente republicanas sobre lo sucedido con ocasión de la discusión de las actas resultan abiertamente condenatorios del Frente Popular: Alcalá Zamora afirma que «nada semejante» se había producido en la, de por sí, poco respetable historia de las elecciones españolas y Martínez Barrio asegura en sus memorias que fue «tanto más deplorable la liquidación de la lucha electoral cuanto que se trataba de satisfacer el apetito de unos candidatos no muy seguros de sus derechos sacrificándoles la posible normalidad del Parlamento y la limpia ejecutoria de la mayoría que en buena lid había obtenido el Frente Popular». Lo peor del caso es que no era éste el único terreno en que sus dirigentes mostraban sectarismo. El gobierno procedió a disolver aproximadamente la mitad de los ayuntamientos españoles, no amnistió a los militares acusados de permitir la represión extralegal en Asturias —pero sí a quienes se habían sublevado—, actuó de forma partidista en lo que respecta a la Administración de la Justicia y discriminó a los miembros de la Guardia Civil y del Ejército de los que desconfiaba, en buena parte de los casos con razón.

El propio Presidente de la República fue el sujeto paciente de otra medida del Frente Popular que carece de justificación política y constitucional. Alcalá Zamora pronto se enfrentó con el Gobierno al parecer, principalmente, por la gestión de Amos Salvador en Gobernación, «la improvisación más inepta, negligente y dañosa de que haya recuerdo» y pidió la destitución de algún gobernador que no controlaba la situación del orden público; de hecho, sus quejas debían tener algún fundamento como lo demuestra el hecho de que cinco de ellos fueron relevados. Es indudable que Alcalá Zamora ya era muy impopular en todos los sectores políticos, aunque no siempre con justicia, y prácticamente no se levantó en su favor voz alguna en el Parlamento. Los dirigentes del Frente Popular pueden haber tenido la impresión de que el Presidente estaba dispuesto a darles la batalla o a contribuir a su división pero ni aun eso justificaría su postura. El procedimiento para lograr esa destitución bien merece el calificativo de inaceptable: se trataba de que unas Cortes cuya coalición mayoritaria, que estaba en la oposición en el período precedente, había venido reclamando durante toda la legislatura anterior la disolución del parlamento declararan ahora que el Presidente obró incorrectamente cuando procedió a ella. Para mayor incoherencia Martínez Barrio, presidente de estas Cortes, había suscrito un decreto en el que se decía que la disolución de las Constituyentes no contaba para las dos atribuidas en el cómputo de cada Presidente de la República. Hubo quien sugirió al Presidente que recurriera a la fuerza para evitar su destitución, pero, con independencia de que eso hubiera acabado en nada, Alcalá Zamora nunca fue partidario de esos procedimientos. No fueron pocos los miembros del Frente Popular que no estuvieron de acuerdo con esta medida, aunque nada hicieron por evitarla: Gordón Ordás se describe en sus memorias como «indignadamente disconforme» y el propio Martínez Barrio dice haber sentido una «vivísima contrariedad» al conocer el propósito de Azaña, principal responsable de lo sucedido; incluso —según Pórtela— «nadie, absolutamente nadie» parece haber estado de acuerdo en la justicia de tal medida. Sin embargo, no hubo protestas contra ella y la sustitución del Presidente «lógica y moralmente inconcebible» (Pabón) o la «tragicomedia política más increíble que la imaginación más loca pudo entonces haber concebido» (Madariaga) no sólo constituyó una transgresión de la legalidad sino que, lejos de disminuir las dificultades políticas del Frente Popular las agravó considerablemente porque empeoró el conjunto de la situación política en el país. Así se demuestra, en primer lugar, por el hecho de que a las elecciones de compromisarios para nombrar nuevo Presidente de la República no se presentó la derecha católica, lo que implicaba su alejamiento del marco de convivencia democrática. Pero peor resultó la elección de Azaña como Presidente. Aunque se hubiera hecho por unanimidad, en realidad bajo ella se ocultaba una discrepancia creciente en el seno de la coalición gobernante. Los «caballeristas» jugaron con la posibilidad de presentar a Álvaro de Albornoz, mucho más extremista en las ideas y en la expresión de las mismas, pero acabaron aceptando a Azaña con el ferviente deseo de que fracasara en su gestión («Así caerá de más alto», dijo Araquistain). Azaña, por su trayectoria política anterior, no hubiera sido el Presidente más oportuno en condiciones normales, pero menos aún en esos momentos cuando era uno de los escasos gobernantes que, desde las riendas del Ejecutivo, podría haber evitado el fatal desenlace. Él mismo parece haberse sentido un tanto fatigado y escéptico ante sus nuevas responsabilidades: «Ya estamos para que nos fusilen», fue su comentario y a partir de este momento cabe atribuirle una pasividad culpable ante unos acontecimientos que cada día revestían tintes más dramáticos.

A estas alturas —comienzos de mayo— las posibilidades de convivencia no habían desaparecido del todo: «Era posible gobernar», asegura Martínez Barrio, pues «unos y otros, los grupos aferrados a la violencia, la extrema derecha y la extrema izquierda, aplacaban sus ímpetus cuando se les hablaba alto». Sin embargo, ya había habido alguna discusión acerca de la situación del orden público, que constituía el más inminente peligro para la República española. En unas circunstancias como las que vivía el país hubiera sido necesario un gobernante con peso específico y con autoridad, aparte de prestigio previo, en la izquierda. Probablemente la persona adecuada, en la imposibilidad de que Azaña asumiera esa responsabilidad, habría sido Indalecio Prieto, pero su candidatura a la presidencia paradójicamente fue vetada por su grupo parlamentario, en el que la mayoría estaba controlada por los «caballeristas». Con razón uno de los diputados presentes en la votación escribió que «de haber dejado pasar la hora socialista, todos somos culpables» (Vidarte). A quien le correspondió, entonces, la jefatura del Gobierno fue a Santiago Casares Quiroga, íntimo de Azaña y persona manifiestamente por debajo de la altura a la que obligaban las circunstancias a las que debió hacer frente. En realidad, su gestión fue una peculiar mezcla de «inconcebible pasividad» y «explosiones de cólera» periódicas (Martínez Barrio) que ocultaban una auténtica debilidad. Declararse, por ejemplo, beligerante contra el fascismo cuando las izquierdas no tenían inconveniente en identificar a éste incluso con algunos sectores del republicanismo moderado no tenía otro resultado que privar gratuitamente al régimen de buena parte de sus apoyos potenciales. Éstos eran imprescindibles porque, en realidad, el Gobierno era mucho más débil de lo que las declaraciones de su presidente pretendían. Casares, por ejemplo, ni siquiera logró la colaboración de algunos de los ministros de Azaña en la etapa inmediatamente anterior. En contrapartida prometió someter a la derecha sin manifestar prevención alguna a la actuación ilegal de la izquierda o sin estar dispuesto a controlar sus propias masas.

La actuación gubernamental, a lo sumo, resultó decidida a la hora de relevar del mando a algunos cargos militares y de orden público respecto de los cuales no tenía seguridades en su fidelidad, pero aun en eso, como luego se demostró, fue timorato, marchando a rastras de los acontecimientos y haciendo poquísimo por aplacar las tensiones políticas ya desatadas en España. El Gobierno no tomó, en realidad, disposiciones importantes respecto de la reforma agraria sino que se limitó a consagrar la legalidad de la espontánea ocupación de la tierra por los trabajadores en determinadas zonas. En total se instalaron entre 100 000 y 200 000 jornaleros en el campo; con esas medidas legalizadoras se consiguió hacer desaparecer las tensiones más graves del campo extremeño, pero en otras latitudes, como en Andalucía, las ocupaciones de tierras y la realización de trabajo, impuestos por los campesinos a los propietarios, no tuvieron otro resultado que el de agriar la situación. Algunos cómputos elevan las ocupaciones de tierras a un millón de hectáreas, el 5 por 100 de la tierra cultivada; las previsiones respecto de la cosecha, debido al desorden, calculaban una disminución de una cuarta parte. En otras materias la actuación del Gobierno no hizo sino aumentar la desconfianza de las masas conservadoras al radicalizar la versión de la República del primer bienio, a veces en contradicción con el propio programa del Frente Popular. Éste, por ejemplo, había previsto la readmisión de los trabajadores represaliados por motivos políticos sin perjuicio para las empresas y sus intereses económicos, pero lo efectivamente llevado a cabo fue una especie de revancha de los en otro tiempo preteridos. Las disposiciones tendentes a la «republicanización» de la Administración o de la Justicia resultaron también puramente partidistas. En cuanto a la sustitución de la enseñanza religiosa mediante la incautación de colegios, inevitablemente alejaba a los católicos de la República, sobre todo cuando iba acompañada de manifestaciones en las Cortes como la de que la educación religiosa «prostituía la conciencia del niño». Respecto a los problemas relativos a las autonomías regionales el gobierno también parece haber estado a remolque de las peticiones existentes. En realidad la difusión de las demandas en este terreno resultaba, como ya se ha dicho, inevitable, pero en estos momentos de la experiencia republicana su eclosión repentina pudo contribuir, en la óptica de la derecha, a una sensación de descomposición. Durante todo el segundo bienio republicano las posibilidades de dar satisfacción a las peticiones de determinadas regiones se habían reducido a la nada, pero durante el gobierno del Frente Popular se produjo una auténtica erupción de demandas autonómicas, incluso en regiones como Extremadura o Castilla, que hasta entonces apenas si habían visto apuntar este sentimiento. En Galicia el Partido Galleguista, ya una organización relativamente nutrida y unida, figuró en las candidaturas del Frente Popular a pesar de sus relaciones inicialmente tensas con parte de los republicanos de izquierda. Fue esa circunstancia política la que facilitó que el 28 de junio se celebrara el plebiscito sobre la autonomía que, si presenció un triunfo abrumador (73 por 100 del electorado votó afirmativamente) es muy posible que no se celebrara con todas las garantías. En Andalucía, en cambio, el regionalismo o nacionalismo no estuvo organizado en partido propio sino que su inspirador principal, Blas Infante, figuró en Izquierda Radical Socialista o presidió una Junta Liberalista de Andalucía sin carácter partidario. Aunque en 1933 el andalucismo ya había celebrado un congreso en Córdoba en el que se establecieron unas bases autonómicas, en 1936 todavía estaba muy lejana la obtención de unas instituciones propias para la región.

Pero lo peor del balance del Gobierno no fue lo que hizo sino lo que no supo evitar. Parece evidente que en el estallido de la Guerra Civil jugó un papel importante el desorden público existente en España en las semanas posteriores a las elecciones de febrero de 1936; ya inmediatamente después de ellas se produjeron actos de violencia que, con ritmo variable y geografía cambiante, se prolongaron hasta el momento del comienzo del conflicto.

Se debe tener en cuenta que todo ello tenía lugar en una sociedad en la que la cultura política durante mucho tiempo había encontrado —y seguía encontrando— motivos de benevolencia para el ejercicio de la violencia y ésta ya había sido practicada con asiduidad. Llama la atención que por ambas partes la espontaneidad revolucionaria, una especie de aceptación del impulso incontenible que llevaba a saltarse la legalidad, fuera considerada como eximente moral del empleo de aquélla. En eso resultaban muy semejantes el general Sanjurjo y los anarquistas. Muy a menudo, además, funcionó una especie de espiral de acción-reacción que contribuía a consolidar la corrección del empleo de la fuerza. En las fuerzas políticas da la sensación de que la amenaza de la sublevación —o el hecho de llevarla a la práctica— era un mecanismo aceptable como medio de presión o chantaje frente al adversario, sin prever las consecuencias de los actos propios. La propensión a considerar la violencia como un medio de reafirmación o de aprendizaje, la lenidad del castigo, la frecuencia de las amnistías y el hecho de que el castigo a través de la compasión fomentaba una propensión al voto a favor del castigado contribuyen a completar el panorama.

Pero, además, a lo largo de los años republicanos, se produjo una auténtica militarización de la vida pública. Muchas de las organización políticas de masas se desdoblaron en otras de carácter paramilitar, que agrupaban a los miembros juveniles y recibían nombres apropiados a su beligerancia («primera línea», «milicias antifascistas obreras y campesinas»…). Como es lógico fueron los movimientos políticos más habituados a este tipo de prácticas violentas quienes en primer lugar las organizaron.

Los carlistas las iniciaron en 1932 y a comienzos de 1936 quizá tenían 25 000 afiliados encuadrados en ellas, principalmente en el País Vasco y Navarra. Los comunistas podían tener entre 2000 y 4000 hombres encuadrados en sus milicias. Pero llama la atención también el hecho de que los socialistas empezaran a organizarías en fecha tan temprana como 1932. Aunque en estos dos últimos casos estos grupos dispusieron de armas e instrucciones organizativas prolijas la realidad es que en ningún caso pudieron enfrentarse al Ejército con posibilidades de derrotarle o de asaltar sus cuarteles. En octubre de 1934 los socialistas madrileños no dispusieron de municiones siquiera para cinco ametralladoras. En definitiva las organizaciones paramilitares servían para subvertir el orden y no para derribar las instituciones. Las sublevaciones anarquistas del primer bienio quizá causaron 200 muertos y a ellos se deben sumar los 1500 de octubre de 1934; en 1935 «sólo» hubo 43 muertos.

Pero volvamos a 1936. Se ha calculado que el número de muertos oscilaba entre 270 y 350, cifra que, si como mínimo, fue inferior a la denunciada por la derecha en el Parlamento en un 20 por 100, resulta bastante superior a los 200 muertos que precedieron a la toma del poder por Mussolini; además, en el caso de España se sumaban a los muertos anteriores. No toda la geografía peninsular se vio afectada por este tipo de incidentes, especialmente graves en Madrid y Andalucía y, en cambio, menos habituales en la Galicia interior, Extremadura, País Vasco y Cataluña. Más de la mitad se produjeron en núcleos urbanos. El ritmo varió siendo probablemente el peor momento no el inmediatamente anterior al estallido de la guerra sino los últimos días de mayo y primeros de junio, período en que hubo casi setenta muertos; con todo, más importante que determinar el momento álgido de la violencia política resulta señalar la sensación de que el proceso parecía imparable (hubo una media de más de once muertos durante nada menos que veinticuatro semanas). No sólo se trataba de asesinatos sino que venían acompañados de incendios de edificios de culto o de maquinaria agrícola.

Por supuesto, la violencia fue practicada por los dos lados: las masas del Frente Popular incendiaron iglesias, periódicos de derechas y locales de estos partidos, mientras que los falangistas ponían bombas en locales sindicales o intentaban asesinar a figuras como Jiménez de Asúa y Eduardo Ortega y Gasset. Sólo en algunos casos es posible determinar quién fue principal culpable de la violencia: en Córdoba parece haber sido la extrema derecha y en Logroño la izquierda. En cualquier caso, tenía razón Gil Robles cuando dijo en las Cortes que «igual fracasa un gobierno no pudiendo dominar una subversión causada por las derechas que producida por las izquierdas y cuando ese gobierno tiene un signo contrario a aquellos adversarios sobre quienes se pretende echar la culpa de la subversión nacional, mayores son todavía el fracaso y la responsabilidad». Da la sensación de que el ejercicio de la autoridad pudo disminuir en algún caso la violencia: la prohibición de Falange, por ejemplo, tuvo un resultado positivo en el orden público. En otros casos, en cambio, resultó enormemente luctuosa. Así sucedió en Yeste, un pueblo albaceteño en donde el voto izquierdista era reducido y en donde la Guardia Civil detuvo a campesinos que ocupaban las tierras saldándose el intento de detención con once muertos. Con mucha frecuencia la violencia fue ciega, espontánea y reactiva. En Logroño el descubrimiento de un supuesto grupo fascista produjo graves incidentes, saldados con tres muertos; en Palma, un mes antes de la Guerra Civil, la explosión de una bomba en la Casa del Pueblo, realizada por Falange, provocó el incendio de algunos edificios de culto y el asalto a los locales políticos de la derecha. En otras ocasiones la violencia revestía un exclusivo tono anticlerical: en Levante unas 100 000 personas quedaron sin posibilidad de culto religioso por desaparición física de las iglesias y, en Madrid, un rumor tan absurdo como el reparto de caramelos envenenados por monjas produjo también incendios de iglesias. A veces la violencia no era tanto de la derecha contra la izquierda y viceversa como en el seno de la izquierda. En Málaga, por ejemplo, se produjeron gravísimos enfrentamientos entre anarquistas y socialistas, mientras que en Madrid la huelga de la construcción enfrentó a UGT y CNT.

La descripción de esta violencia no justifica, en absoluto, la posterior sublevación, que produjo un número de víctimas infinitamente superior, sino que testimonia las deficiencias de la acción gubernamental y la angustiosa sensación, sentida por muchos, de que el adversario podía tomar la iniciativa e imponerse impidiendo la reacción propia.

El plano inclinado hacia la Guerra Civil

Sobre este telón de fondo se ha de estudiar la actitud de las diferentes fuerzas políticas en los últimos meses republicanos. La que llama más la atención es la del ala extremista del PSOE. Para Claridad, el órgano diario de la tendencia «caballerista», el desorden público no era sino «la expresión viviente e inquieta pero no inquietante de un nuevo orden social». Eso explica la en principio sorprendente actitud de Largo Caballero en los meses finales de la República: pese a lo que luego se aseguró por parte de los sublevados, en realidad, no estaba preparando una revolución sino esperando a que el régimen colapsara como «un fruto maduro». Uno de sus colaboradores llegó a considerar que las repetidas afirmaciones de Prieto de que el desorden no hacía sino fortalecer al adversario no eran más que un «chantaje» para evitar el triunfo de la tendencia maximalista. La táctica «caballerista», reformista al fin, aunque no dejara un momento de hablar de revolución, estuvo mucho más empeñada en estos momentos en promover un congreso extraordinario del partido que en acumular armas para llegar a la conquista del poder. La posición de Prieto era mucho más lúcida y su triunfo hubiera contribuido a evitar la Guerra Civil y a mantener la estabilidad de la República. Si ya en el momento de la victoria del Frente Popular —la fórmula electoral que él mismo había propuesto— Prieto estuvo en contra de «administrar la victoria con manifestaciones delirantes» ahora embistió repetida y firmemente contra el desorden. En un memorable discurso con ocasión de la nueva elección en Cuenca (en el que advirtió sobre el posible liderazgo de Franco caso de un movimiento militar), afirmó que los actos de desorden «no los justificaba, no los aplaudía y no los alentaba» porque no eran «signos de fortaleza revolucionaria» mientras que, en cambio, la «disciplina es un elemento absoluta, totalmente indispensable en una sociedad moderna»; los desmanes no hacían sino favorecer la reacción porque esa situación «es la que necesita el fascismo para florecer». «La convulsión de una revolución, con un resultado u otro, —añadía— la puede soportar un país; lo que no puede soportar es la sangría constante del desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata; lo que no soporta una nación es el desgaste de su poder público y de su propia vitalidad económica manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad». Estas palabras resultan la mejor ilustración de los datos de violencia anteriormente transcritos. Es difícil saber hasta qué punto este género de afirmaciones iban haciendo mella en los cuadros socialistas, porque si bien con frecuencia Prieto era mal recibido por los propios militantes de su partido (incluso a tiros, como le sucedió en Ecija), al mismo tiempo la posible convocatoria de un Congreso extraordinario parece haber tenido una clara mayoría en el seno del PSOE. En cualquier caso, el diagnóstico de Prieto acerca de la situación era de hecho compartido, en cierto modo al menos, por personalidades muy distintas, desde Domingo a Ossorio pasando por Gil Robles. La opinión de éste reviste especial interés porque era el principal dirigente del primer partido de derechas presente en el Parlamento. Ya en julio el jefe de la CEDA aseguró en las Cortes que lo que el Frente Popular denominaba fascismo era, en realidad, «un ansia, muchas veces nobilísima, de libertarse de un yugo y una opresión»; en realidad él y su partido «estamos ya desbordados por un sentido de violencia que habéis sido vosotros los que lo habéis creado y estáis difundiendo por toda España». Estas palabras describían de modo adecuado la realidad porque, en efecto, las JAP se pasaban en oleadas a la Falange, mientras que el liderazgo parlamentario de Gil Robles en la derecha estaba ya en peligro ante un Calvo Sotelo mucho más agresivo; otra cosa es, al mismo tiempo, que la CEDA hubiera contraído también importantes responsabilidades en el pasado respecto de una posible ruptura del orden constitucional. Poco antes del estallido de la guerra el propio Gil Robles, que no participó en la conspiración contra el régimen, no tuvo, sin embargo, inconveniente en entregar a quienes lo hicieron los remanentes de las cantidades empleadas para los gastos electorales, acto que contradecía a todas luces su apoyo posibilista del régimen republicano.

A comienzos de julio en España empezaban a apuntar muy tímidamente indicios de una posible reacción, pero al mismo tiempo era patente una especie de parálisis en la acción de la mayor parte de los dirigentes políticos en cuyas manos estaba una posible reacción. Los testimonios de los protagonistas, y aún de los testigos de los acontecimientos, nos muestran una mezcla de dolor, indignación moral y rabia impotente ante una descomposición política y social como la que se estaba produciendo.

Existía, claro está, una espiral de polarización entre las fuerzas políticas, pero también una acusada falta de reacción ante ella. En esta fase final de la República los dos grandes partidos políticos, el socialista y la CEDA, carecieron por completo de propósito único y de liderazgo firme. Pero la sensación de fatalidad y de incapacidad para la acción no fue propia sólo de ellos sino de muchos más. Después de describir el espectáculo que tenía ante los ojos el siempre desgarrado Unamuno concluía: «Y no se hable de ideología, que no hay tal. No es sino barbarie, zafiedad, soecidad, malos instintos y lo que es —para mí, al menos— peor, estupidez, estupidez, estupidez».

Sólo una reacción decidida de un nuevo gobierno podría haber librado al país de una situación como ésta, pero esta reacción sólo muy tímidamente apuntó por el momento. Azaña, en la Presidencia, permanecía como espectador de la acción de un gobierno que había nombrado y que todavía no había durado lo bastante como para ser sustituido; a estas alturas parece haber pensado, sin embargo, que el Frente Popular estaba condenado a desaparecer en un plazo no muy largo de tiempo. Pero si esto último no lo hizo de modo inmediato fue porque, en el fondo, sabía que Casares Quiroga estaba tratando de actuar con una estrategia muy semejante a la que él mismo había seguido en agosto de 1932, es decir, esperar a que la sublevación derechista, una vez vencida, le sirviera para reafirmarse en el poder. Al mantener esta pasividad, Casares, que no era Azaña, demostró, además, una ignorancia radical de la situación española, así como de los medios con los que podría encauzarla. Su error era tan manifiesto que fueron muy numerosos los políticos del Frente Popular que a lo largo de las últimas semanas de la República le denunciaron la existencia de una conspiración; luego, cuando la magnitud de la misma le sorprendió, se ganó los juicios condenatorios generales. Éstos son merecidos en cuanto al error en el diagnóstico de la situación española, pero, por otro lado, es también cierto que tomó más medidas tendentes a evitar la extensión de la sublevación de las que apreciaron sus contradictores. En una idéntica situación de pasividad permanecieron en este momento personas como Martínez Barrio o Prieto.

Esta parálisis constituye la razón fundamental de que no fraguaran dos postreros intentos que pudieron constituir la última posibilidad de mantener la convivencia en el seno del régimen republicano, y que tan sólo se limitaron a apuntar levemente. El primero de ellos, que parece haber pasado por la mente de personas como Sánchez Albornoz o Giménez Fernández, hubiera consistido en la creación de una nueva mayoría que pudiera contar, a la vez, con el sector centrista del socialismo y de la CEDA. Esta solución permaneció en el terreno de lo remoto y no dio lugar ni siquiera a una negociación o un estudio detenido. Debe tenerse en cuenta que una fórmula como la apuntada por el momento no había tenido viabilidad en la Europa de la época: así, no pudo aplicarse en Italia para detener a Mussolini. Además, el PSOE tenía una tradición de disciplina que encontraba su correlato en el personalismo «gil-roblista» de la CEDA y ambos fenómenos hacían poco viable una fragmentación de ambos partidos. El segundo intento alcanzó expresión pública pero era inviable por inconstitucional y por no ser apoyado por fuerzas políticas importantes. Miguel Maura pidió una «dictadura republicana» temporal destinada a «mantener el orden para volver luego a la legalidad». Si no una «dictadura», un gobierno de autoridad, aún con alguna connotación de excepcionalidad, hubiera podido tener este resultado.

Por difíciles que fueran estas dos posibilidades quizá hubieran podido fraguar caso de no producirse el asesinato de Calvo Sotelo. En febrero de 1936, aunque la guerra civil apareciera ya como una posibilidad, estaba todavía lejana; en julio estaba mucho más próxima, pero hasta el último momento pudo haberse evitado si el comportamiento de los actores políticos hubiera sido otro. El último empujón, que para muchos de los contemporáneos fue decisivo, lo dio el asesinato de Calvo Sotelo, como represalia a otro anterior de un teniente de Asalto izquierdista. Lo grave del suceso radicó no en que Calvo Sotelo hubiera sido asesinado por el Gobierno, lo que nadie afirmó en la época y es falso desde el punto de vista histórico, sino en el hecho de que el Gobierno no daba la sensación de controlar a parte de sus propios agentes que actuaban guiados por convicciones partidistas y al margen de la legalidad. Quienes detuvieron a Calvo Sotelo estaban dirigidos por un capitán de la Guardia Civil que había participado en la sublevación de octubre, una docena de guardias de asalto no todos ellos uniformados y cuatro jóvenes socialistas; parecía una milicia de las que luego existieron durante la Guerra Civil. Nunca en la Europa occidental democrática un dirigente de la oposición había sido asesinado por miembros de la policía. Además, ni siquiera hubo una vibrante respuesta de parte del Gobierno que permitiera una reacción de confianza de aquellos sectores que no lo habían votado. Hay dos hechos muy característicos del momento: dirigentes socialistas —el propio Prieto, entre ellos— conocieron a personas que habían participado en el asesinato y no los denunciaron; mientras tanto, Gil Robles preguntaba a sus diputados si debían acudir al Parlamento dado que presumiblemente les cachearían por si llevaban armas mientras que no había seguridad de que, al ir desarmados, estuviera garantizada ésta. El líder de la derecha, sin embargo, no acusó al Gobierno de haber promovido el crimen. En definitiva, el asesinato de Calvo Sotelo no probaba la situación de amenaza revolucionaria de las izquierdas, sino la enorme fragilidad en que la pésima gestión del Gobierno había dejado al Estado republicano.

Aunque no fuera la verdad histórica parece evidente que una parte de España se sintió amenazada por la otra y cometió el error, nunca justificable, por impaciencia y falta de templanza, de alzarse contra ella.

Junto con la República de Weimar el caso de la España republicana se puede considerar paradigmático de la destrucción de una democracia. No fue un fenómeno infrecuente durante los años treinta pues, a fin de cuentas, sólo Finlandia, Irlanda y Checoslovaquia —entre los países que llegaron a la democracia en el período de entreguerras— mantuvieron esas instituciones. Las razones de esa quiebra venían de lejos pero, antes de analizarlas, hay que constatar hasta qué punto el régimen republicano había sido en sus momentos iniciales justificadamente prometedor.

El elogio más grande que puede hacerse de la República consiste en tomarla como un resultado del proceso modernizador de las tres primeras décadas del siglo. Con sus obvias deficiencias la República fue la única experiencia democrática colectiva de los españoles antes de 1977; tuvo, además, unas pretensiones reformistas globales que la hacen situarse muy por encima de experiencias realizadas en países de entorno semejante, como Portugal y su punto de partida fue, sin duda, mucho más problemático que, por ejemplo, el de la República de Weimar. Las dificultades objetivas que tuvo el régimen republicano nacieron de factores difícilmente superables. Da la sensación de que, como escribió Madariaga, España quiso definitivamente seguir el modelo europeo en un momento en que éste había pasado por una etapa de ciega locura producto, a la vez, del auge del totalitarismo y la crisis económica. Lo hizo, además, tratando de resolver en un corto plazo de tiempo un amplio legado de problemas heredados y en muchos de ellos, como educación, autonomía regional o legislación social, tuvo resultados muy apreciables. En la práctica se intentó algo tan difícil como la implantación súbita de un régimen democrático en un país cuyo nivel cultural y tensiones sociales eran los de la Francia o la Inglaterra de hacía más de un siglo. Se siente la tentación de afirmar que España era un país lo suficientemente modernizado como para intentar esa experiencia democrática, pero no tanto como para mantenerla estable. También se podría decir que España había evolucionado lo bastante y tenía una tradición liberal lo suficientemente fuerte como para que ya en ella una revolución resultara improbable (salvo caso de guerra civil, como se verá).

Cuanto antecede demuestra que no se pueden cargar las tintas a la hora de enumerar las responsabilidades de la clase política republicana. Como ha escrito Malefakis es muy probable que, incluso si los políticos de la época hubieran sido ángeles, la acumulación de dificultades les hubiera hecho fracasar. Los protagonistas de la vida pública de los años treinta fueron superiores a los de otras épocas anteriores y posteriores pero es obvio que no fueron ángeles y por eso Francisco Ayala ha podido hablar de las «insensateces encadenadas en series dialécticas» que entonces se cometieron. Si se pretendiera establecer una distribución precisa de culpas el intento resultaría complicado porque una guerra civil es siempre la demostración de un fracaso o un pecado colectivo. En el momento del estallido de la guerra la situación puede considerarse parecida a una mesa de billar con las bolas chocando entre sí, momento en que ya no tiene sentido preguntarse por el responsable de la primera tacada. Resulta, sin embargo, evidente que de la guerra fueron principales responsables quienes desde los extremos hicieron todo lo posible por evitar la convivencia, los que toleraron la violencia o la practicaron. Aunque pudieran parecer más heroicos, los jóvenes comunistas o falangistas resultaron mucho más peligrosos que los más prosaicos republicanos moderados. Es indudable, por ejemplo, que Besteiro, Giménez Fernández o Martínez Barrio tuvieron una responsabilidad mucho menor que Indalecio Prieto, Gil Robles o Azaña.

Trascendiendo las culpas individuales no cabe la menor duda de que se cometieron errores de carácter colectivo de los que se pueden extraer lecciones para evitar la destrucción de un sistema democrático. A la República le faltó un consenso originario que permitiera que todos asumieran reglas comunes de convivencia; por eso no puede extrañar que al final la sensación del historiador respecto de ella sea la de descomposición de un sistema cuyo fundamento nunca fue amplio y firme. Su sistema institucional funcionó mal por culpa de una presidencia débil pero demasiado intervencionista, un parlamentarismo excesivo, réplica a la dictadura anterior, y una fuerte división de la clase política. Después del abandono del poder por parte de Azaña no hubo gobierno que durara seis meses y en las dos últimas elecciones prácticamente desapareció el partido que había gobernado en el período anterior. Un culpable claro de la quiebra de la democracia fue, sin duda, la polarización: un sistema de partidos políticos como el español es el óptimo para concluir mal cuando las tendencias centrífugas se imponen a las centrípetas, como sucedió en nuestro país en 1936. La paradoja es que eso se produjo no porque los sectores manifiestamente desleales al régimen fueran potentes, sino porque hubo una semilealtad todavía más peligrosa, basada en la ambigüedad, que, por uno y otro lado y de manera cambiante, practicaron los dos partidos más importantes del momento, la CEDA y PSOE. Incluso algo parecido puede decirse del centro que, además, carecía, de la fuerza o habilidad suficientes para compensar esas actitudes semileales. Entre los republicanos, tanto Lerroux en 1932, como Azaña en 1934, supieron de algunas conspiraciones para derribar por medio de la violencia a quienes ejercían legítimamente el poder, y no las denunciaron. En la fase final menudearon los errores de todos. Al margen de guiarse por el temor al adversario, sin pretender clarificar mínimamente las propias posturas, todas las fuerzas políticas tomaron la parte de la sociedad española que estaba tras ellas por el todo y practicaron o toleraron la ilegalidad. Resultaba inevitable que, a medio plazo, se pagaran las consecuencias de esta falta de respeto a las normas democráticas.

Política exterior española en los años treinta

Tiene sentido aludir a la política exterior republicana, precisamente, en el momento en que queda planteado el estallido de la Guerra Civil porque, a diferencia de lo que sucedió con la crisis de la democracia alemana, en la acontecida en España no hubo un factor de política exterior que pueda considerarse como verdaderamente decisivo de cara a la quiebra de la democracia. Si, en efecto, las reclamaciones en torno a la paz de Versalles y a las reparaciones económicas pesaron gravemente sobre la democracia alemana nada parecido sucedió en España. No obstante, nada más iniciarse el conflicto hubo acusaciones de que el régimen republicano había sido puesto en peligro, no como resultado de la lucha interna sino como producto de la conspiración exterior cuando todo induce a pensar que lo primero es mucho más cierto que lo segundo. También hubo quejas en el sentido de que una política exterior más decidida de cara a otras potencias, como Francia, o al sistema de seguridad internacional, hubiera podido ser mucho más beneficiosa para la República cuando hubo de enfrentarse a la sublevación militar.

La política exterior republicana quiso partir de unos preceptos constitucionales que suponían la renuncia a la guerra como procedimiento para dilucidar los conflictos entre los países y que daban por supuesta tal confianza en los procedimientos de arbitraje que España sólo podría abandonar la Sociedad de Naciones previa decisión de las Cortes. Aparte de ello la tradición política del republicanismo vinculaba obviamente, por razones de semejanza política, el nuevo régimen con aquellos países (principalmente Francia y Gran Bretaña) con los que, por otra parte, teníamos relaciones más estrechas en función de la proximidad y de la coincidencia de interés por el Mediterráneo occidental. Cuando Lerroux, el primer ministro de Estado republicano, propuso como lema del nuevo régimen la «paz con todos y vinculaciones especiales con los países democráticos» estaba repitiendo lo que era una tradición de los republicanos, pero, además, ratificaba la aliadofilia de éstos. Por tanto España, ahora por razones políticas y no sólo estratégicas, permaneció durante la etapa republicana en la órbita franco-británica, aunque lo hiciera con ciertos matices respecto del inmediato pasado.

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el nuevo régimen padeció de una grave inestabilidad, con un total de once ministros dedicados a las relaciones exteriores, de los que el más duradero permaneció en su puesto sólo un año y medio, lo cual ya es expresivo de la imposibilidad de realizar una política duradera. Otro rasgo de la política exterior republicana residió en la improvisación de una clase diplomática, procedente de las filas de la intelectualidad, con la que sustituir a la antigua, en sus tres cuartas partes formada por aristócratas: así, Pérez de Ayala ocupó la Embajada en Londres y Madariaga la de París, por sólo citar los más importantes. No hubo, en cambio, una estructura de servicios racional destinada a cumplir estos propósitos. En tercer lugar, hubo también otro testimonio de continuidad en la política exterior respecto de la presencia en Hispanoamérica interviniendo España —que dispuso de nuevas embajadas en México y Brasil— como arbitro en los conflictos de la zona.

Señalados esos rasgos generales hay que advertir, además, que el tipo de políticos que estuvieron en la cartera de Estado se situó en una zona templada y que, por tanto, si no tuvieron permanencia en el cargo al mismo tiempo mantenían una posición de fondo bastante semejante. Esto es lo que atribuye especial relevancia a la obra de Salvador de Madariaga como representante español ante de Sociedad de Naciones, cargo que acumuló al de Embajador en París. Madariaga, probable autor de las referencias a la política exterior en la Constitución, era partidario no sólo de la presencia en ella sino también de «vivificarla» por el procedimiento de promover activamente el pacifismo y el arbitraje. En este propósito él atribuía un papel decisivo a España como potencia de tamaño intermedio, que podía tener importantes puntos de contacto con las naciones centroeuropeas, de un lado, y con las hispanoamericanas, de otro. Madariaga, respetado en los organismos internacionales y en España, a menudo llevó a cabo, sin embargo, una política personal no siempre atendida por quienes eran los supuestos inspiradores de su actuación. El mismo cuenta en sus memorias que Azaña, en el momento de plantearse las sanciones a Italia por la ocupación de Abisinia fue poco propicio a juzgar la cuestión en términos ideológicos; la paradoja del caso es que durante el gobierno de centro-derecha se aplicaron las sanciones económicas a Italia de una forma bastante estricta. Aunque Madariaga dimitió en 1936, probablemente nadie como él representó lo que la República quería ser en el mundo de entonces: un país guiado por principios a la hora de enfrentarse con la realidad internacional. Ese idealismo explica que fuera objeto de burlas —se le apodó «Don Quijote de Manchuria», por querer aplicar sanciones a Japón cuando invadió esta región— pero también que tomara en ocasiones unas iniciativas que no le correspondían, como, por ejemplo, hacer una propuesta de reforma de la Sociedad de Naciones no consultada con sus superiores, lo que constituyó la razón de su dimisión.

Aunque ha habido quien ha querido interpretar como «neutralidad malevolente» la política respecto a España de las potencias democráticas por el tono radical que la República adquirió lo cierto es que Francia, Gran Bretaña y, en mucho menor grado, Estados Unidos resultaron ser las naciones más cercanas a España en las relaciones exteriores republicanas. Francia era, por tradición, el punto de referencia esencial del republicanismo español y, en consecuencia, todo hacía pensar que España se decantaría en una dirección francófila, pero el exceso de intervencionismo de Herbette, el embajador francés, y el carácter poco complaciente de Azaña ante sus intromisiones hicieron que un viaje del Presidente francés Herriot a España, en otoño de 1932, no concluyera en ningún acuerdo (Francia hubiera deseado contar con el permiso español para facilitar el transporte de tropas en caso de conflicto con Italia) lo que se tradujo en frustración por las dos partes. Aunque en los actos oficiales se confirmaba la identificación entre España y Francia tan siquiera hubo conversaciones reservadas destinadas a ratificar esa identificación que se proclamaba hacia el exterior. Algo parecido sucedió luego, en 1935, con Gran Bretaña cuando se produjo el conflicto de Abisinia y solicitó, sin conseguirla, una pasiva colaboración española en caso de guerra. Entre 1931 y 1933 había transcurrido la etapa de mayor idealismo de la diplomacia republicana; a partir de esta fecha la destrucción de la democracia alemana hizo que, mientras Gran Bretaña dejaba de mostrar una actitud de cesión ante Hitler, España se decantara hacia una neutralidad a ultranza, con el fin de librarse de un conflicto para el que de ninguna manera estaba preparada. Hay que tener en cuenta que en el caso de Abisinia se planteaba por vez primera un conflicto en zonas cercanas —al menos por la potencia atacante, Italia— así como la necesidad de unas sanciones efectivas.

En suma las dos potencias que, décadas pasadas, habían influido decisivamente en la vida española, siguieron siendo en los años treinta su referencia fundamental. Con ambas tuvo que mantener la España republicana un trato cuidadoso que evitara la sensación de preferencia por una u otra. Como siempre, para España era más problemática la relación con Francia, respecto de la cual tenía en 1935 reivindicaciones acerca del Estatuto de Tánger, relativas sobre todo a la administración de las aduanas, una vez más pospuestas a pesar de que por estas fechas se aproximaba la renovación del Estatuto. Hubo algunos conflictos respecto de los intereses británicos y norteamericanos en España, principalmente con motivo de la aplicación de la legislación obrera o por las peculiares relaciones provocadas por el control norteamericano del servicio telefónico, pero los diplomáticos de estos países, como los franceses, mantuvieron una postura proclive a las instituciones vigentes, como, por otro lado, no podía menos de suceder.

Sólo en la fase final del régimen estaban crecientemente irritados y perplejos ante una situación que juzgaban potencialmente revolucionaria; el embajador norteamericano, Bowers, fue quien mantuvo una actitud más próxima a la izquierda republicana.

No hubo una política exterior sustancialmente diferente de la ya mencionada a pesar de los sucesivos cambios de gobierno: el republicanismo se fragmentó por muchísimas razones, pero no por éstas, aunque hubiera matices entre Lerroux, más probritánico, y Azaña, más francófilo. Incluso la CEDA, expresando siempre sus reticencias ante una política que quisiera mostrar cualquier tipo de benevolencia respecto de Francia, siendo más escéptica respecto de la Sociedad de Naciones y recalcando más vigorosamente la posición neutralista, no difería en exceso de la posición oficial republicana; en la extrema derecha monárquica y falangista es posible encontrar posiciones propiamente italianófilas que tan sólo tuvieron una acogida parcial en el partido católico. En lo que, en cambio, la política de la CEDA hubiera sido muy distinta es respecto Portugal. En el mismo momento en que se produjo la proclamación de la Segunda República se dirimía en el vecino país el destino de una de las varias conspiraciones en contra del régimen de Salazar. El cambio de régimen en España produjo el temor de un intervencionismo iberista que no sólo fue utilizado por Salazar como medio para desacreditar a sus adversarios políticos sino que respondió a una preocupación auténtica y, además, justificada. En efecto, el gobierno republicano de Azaña no ocultó su deseo de que se produjera un cambio político en Portugal, hizo profesión de fe federalista y además proporcionó armas y dinero a los refugiados lusos de izquierdas. Hubo una auténtica «guerra oculta» de la República española contra el régimen portugués, que obedeció a propósitos nacionalistas y no puramente ideológicos y que no tuvo empacho en aceptar el recurso a procedimientos ilegales. En su diario, Azaña afirma que el logro del cambio de régimen portugués «colmaría todas mis ambiciones», y parece haber mostrado una voluntad de colaboración con los portugueses respecto a política exterior que hubiera supuesto un exceso de vinculación con España para un Portugal siempre temeroso del intervencionismo español. Miembros de la administración española, como Ramón Franco, o relacionados con ella, como Echevarrieta, se encargaron de proporcionar armas a la oposición antisalazarista; las compradas por el segundo a las propias industrias bélicas españolas serían incautadas luego, cuando las quisieron utilizar los socialistas para su proyectada revolución asturiana. No puede extrañar que, de esta manera, y no por razones estrictamente políticas, quedara arruinada la buena relación entre Portugal y España que se había iniciado en los años veinte. Durante el bienio de derechas las relaciones mejoraron considerablemente cuando España pareció haber renunciado a cualquier propósito federativo y, en cambio, se mostró dispuesta a garantizar las colonias portuguesas. La vuelta de Azaña al poder en 1936 fue considerada por los diplomáticos portugueses como una catástrofe (uno de ellos le llegó a calificar de «desastre para la civilización») y los esfuerzos del Frente Popular para modificar el juicio portugués, a través, por ejemplo, del nombramiento de Sánchez Albornoz para la Embajada en Lisboa, resultaron baldíos. Salazar acogió a los exiliados españoles de extrema derecha y en el verano de 1936 ya se mostraba proclive a ayudar a la subversión antirrepublicana.

Visto el papel que, en ayuda de la sublevación de Franco, desempeñaron Alemania e Italia, conviene referirse a sus relaciones con el régimen republicano.

Comencemos por decir que la actitud de ambas fue muy diferente porque Alemania no intervino en la política interna española y se guió respecto de ella por criterios de carácter económico, mientras que la posición italiana resultó por completo diferente.

Desde 1933 Hitler mantenía una posición política muy indiferente respecto de España: aunque José Antonio Primo de Rivera estuvo en Alemania ni pidió, ni obtuvo dinero, ni se sintió tan próximo al nazismo. En cambio, Alemania acrecentó su comercio con España, convirtiéndose en su segundo cliente y esto la ayudó a convertirse en una potencia militar de primer orden al proporcionarle nuestro país recursos mineros de los que carecía: en concreto, Alemania triplicó sus importaciones de hierro y duplicó las de piritas de procedencia española. Pero Hitler no contribuyó directamente a la caída del régimen republicano y su papel no fue decisivo hasta el momento mismo de la sublevación.

La intervención italiana en la política interna española fue, en cambio, importante, aunque probablemente inferior a lo que a veces se ha afirmado. Mussolini, decepcionado con la Dictadura de Primo de Rivera, juzgó el advenimiento de la República como un anacronismo pero también como un hecho embarazoso porque en España se refugiaban exiliados de su país y la prensa era beligerantemente antifascista. Su política, en un momento en que abandonó la quietud que había caracterizado a su primera acción exterior, consistió en tratar de mantener unas relaciones diplomáticas buenas pero seguir, al mismo tiempo, una subterránea actividad subversiva. Ya en 1932 hubo un testimonio de esta última cuando el fascismo estuvo dispuesto a apoyar económicamente la sublevación monárquica de agosto, pero sólo fraguaría a partir del declive del primer bienio republicano. José Antonio Primo de Rivera se entrevistó con el «Duce» tan sólo diez días antes de fundar la Falange, que en la etapa final republicana recibió a través de la embajada italiana en París una subvención de 50 000 liras mensuales, equivalentes a unos cinco millones de los años setenta, que si parece una cantidad pequeña suponía algo así como la mitad de los gastos de esa organización política, siempre muy admiradora del fascismo italiano. Pero éste no se limitó a ese registro político sino que también intentó otros. En marzo de 1934 los monárquicos y carlistas españoles habían obtenido de Mussolini un acuerdo por el que éste se comprometía a proporcionarle 10 000 fusiles, 100 cajas de bombas, aparatos de radio y un millón y medio de pesetas para sus gastos de conspiración. Sin embargo, a la aparente importancia de esta ayuda hay que contraponer la realidad de que las armas no fueron entregadas y, sobre todo, el hecho de que el interés de Mussolini decrecía, si no por España sí por los conspiradores de extrema derecha. Roma era la capital mejor informada acerca de los conspiradores españoles y sus propósitos, pero en los últimos meses de vigencia de la República se negó a facilitarles fondos e incluso no parecía ser consciente del peligro que amenazaba a las instituciones, pues un cónsul italiano fue cesado por juzgar inminente el estallido de un golpe militar.

Parece, por tanto, evidente que fueron factores internos, más que la intervención de potencias extranjeras, los que motivaron el estallido de la Guerra Civil. A esta afirmación se puede sumar otra más. España era una pequeña potencia inestable en un contexto internacional en proceso de descomposición, principalmente en lo que respecta a la seguridad colectiva. Eso la obligó a pasar del idealismo al pragmatismo —evolución que también se dio en el propio Madariaga—, lo que explica su proclividad final por un neutralismo a ultranza. En 1936 el ministro de Estado, Barcia, aseguró que España no tenía «planes concretos» en la política internacional y vivía «día a día». Eso —y su insuficiencia militar— le quitaba cualquier posibilidad de tener un papel determinante en lo que respecta al mantenimiento de la Sociedad de Naciones y también cualquier otra de conseguir una alianza que le proporcionara seguridad. En esas circunstancias se enfrentó con una guerra civil.

Plenitud y crisis en los medios culturales

La evolución de la cultura española en los años republicanos no puede entenderse sin partir de esa sensación de plenitud que constituye una característica esencial de toda esa etapa. En realidad toda la cultura de la vanguardia durante los años veinte no se desarrolló más que en ámbitos muy minoritarios. En los años treinta, en cambio, nació, aún con todas las limitaciones, un proyecto global de modernización cultural que tuvo su origen e implantación fundamental en las dos grandes capitales de cultura española —Madrid y Barcelona— pero que, desde allí, llegó a difundirse en los medios urbanos e incluso en parte de los rurales. De ahí que, en muchos sentidos, la etapa republicana venga a ser en el conjunto de la Historia cultural española una especie de comienzo de la tradición de la modernidad. Fenómenos como el urbanismo contemporáneo, el triunfo de un teatro de calidad en la capital, la difusión de la vanguardia en artes plásticas o una legislación adecuada para combatir el expolio del patrimonio histórico —y tantos otros— aparecieron en este momento. Pero también esta etapa da la sensación de haber sido algo así como tan sólo un germen prometedor, «el sueño de una noche de verano», finalmente frustrado, según ha escrito Calvo Serraller. Para el campo cultural, como para todo en la etapa republicana, valen los versos de Machado: «Montar quisimos en pelo una quimera mientras la mar dormía ahíta de naufragios».

Una parte de ellos los proporcionó la entrada de la política en el terreno de la creación cultural. Como era inevitable, la crisis económica, social y espiritual de los años treinta tuvo una repercusión muy directa sobre los medios intelectuales y culturales. En todas las latitudes, en Europa y América, fue así, pero, además, en nuestro país se daban unas especialísimas circunstancias que favorecían este impacto. En primer lugar, sería difícil encontrar un régimen político más vinculado en su origen con el mundo intelectual; así se demuestra por el elevadísimo número de intelectuales y profesores que fueron diputados constituyentes, hasta el punto de que algunos partidos o movimientos (Acción Republicana o la Agrupación al Servicio de la República) adquirían su perfil más característico merced precisamente a la impronta que les daban los intelectuales. Por otro lado, en segundo lugar, los medios de comunicación, con los que tan vinculados estaban los intelectuales, experimentaron durante el período una fortísima politización perceptible en los contenidos, pero también en los avatares de las diferentes publicaciones periódicas: si después de agosto de 1932 se prohibieron más de un centenar, muchas de los cuales no habían tenido nada que ver con la conspiración de Sanjurjo, en 1934 El Socialista, tras la revolución de octubre, tuvo que publicarse bajo el nombre de El Pueblo, y en muchas capitales de provincia se incendiaron los diarios de derechas después de las elecciones de 1936. No hubo revista intelectual que no adquiriera una connotación política hasta tal punto que el antiguo hogar de los vanguardistas, La Gaceta Literaria pudo decir de sí misma «quizá dentro de poco sea nuestro periódico el único estrictamente literario». Al mismo tiempo, la radiodifusión desempeñaba un papel cada vez más importante en la vida nacional: a partir de 1934 hubo ya un plan de radiodifusión nacional y desde las mismas sesiones de las Cortes Constituyentes hasta las campañas electorales todos los acontecimientos de cierta importancia política fueron objeto de retransmisión.

En un principio el régimen no podía aparecer más prometedor para los intelectuales. Si Ortega había hablado en otro tiempo del «generalato de la mollera», éste parecía haberse hecho presente en las Cortes, en donde había nada menos que 45 catedráticos. Es cierto que había ya una actitud proclive al maximalismo pero tendía a verse como «una vibración un poco desmesurada, pero tónica» (Marañen). Tan sólo Unamuno previo que de unas Cortes con tantos profesores pudiera salir un «partido antipedagogista». Ortega, el otro gran inspirador de las posturas colectivas de los intelectuales, se sentía en plenitud, dispuesto a emprender una segunda «navegación vital» inspirando al régimen y beneficiándose de unas nuevas condiciones de vida hechas posibles en él. «Llevo veinte años meditando sobre las cosas de España y esperando esta hora, precisamente esta hora», escribió. La República era para él no sólo la eliminación de la institución monárquica sino también «la reforma radical de todas las instituciones españolas». La paradoja de estos entusiasmos es que concluyeron en la mayor parte de los casos en profunda decepción. Los intelectuales de la generación de 1914, y quienes sobrevivían de la anterior, desaparecieron como inspiradores de la acción política (con la notable excepción de Azaña), mientras que los más jóvenes se lanzaban a una politización entusiasta, pero casi siempre alejada de los propósitos iniciales del nuevo régimen.

La decepción intelectual respecto del régimen fue temprana, incluso en el primer bienio. Ortega tuvo en este período lo más parecido a una actividad propiamente partidista en toda su vida. Criticó las «palabras hueras, vacías» y el «fetichismo» de que se hizo gala durante la campaña electoral de 1931; ya se han citado muchos de sus pronunciamientos, muy acertados, acerca de la obra constituyente. Lo que interesa es lo pronto que se decepcionó y su voluntad de impulsar una rectificación de la República.

Ya en 1932 había un grupo de jóvenes intelectuales en torno de él que estaban dispuestos a una nueva acción colectiva, pero su actitud con respecto al liberalismo era, cuando menos, ambigua. El grupo se denominó Frente Español y en él militaron personas tan distintas luego como María Zambrano y Alfonso García Valdecasas, futuro fundador de Falange. El discurso de Ortega sobre la «rectificación de la República» no pretendió otra cosa que hacer desaparecer el tono hosco y agrio que habían ido adquiriendo las instituciones republicanas y sustituirlo por autenticidad y modernización. En una fecha muy temprana, sin embargo, Ortega recayó en algo muy habitual en él, la desconfianza de la política, que le hacía ver en los profesionales de la misma la necesidad de ser «un poco bruto, un poco ciego», porque dicha actividad tenía mucho de «sonambulismo y semitontería». Sus últimos artículos políticos se publicaron inmediatamente después de la victoria de la derecha en 1933, advirtiendo a ésta sobre sus límites y su ambigüedad. Después se sumió en un angustiado silencio.

Unamuno no lo hizo, pero eso mismo nos permite conocer hasta dónde llegaba su sensación de desvío respecto de las instituciones republicanas. Durante el bienio constituyente le preocupó la solución dada a la cuestión catalana y, en general, lo que él llamaba «los nacionalismos chicos» y se indignó con el anticlericalismo de los «contrajesuitas». Ya en 1933 votó a las derechas y durante el segundo bienio presenció aterrado el advenimiento del maximalismo, sobre todo, entre los jóvenes. Le pasmaba la «vaciedad aterradora» y la «violencia pueril» de la mozalbetería imbuida de lo que él denominaba «fajismo» (por fascismo). Temía que «la gente física, corporalmente joven estuviera volviéndose psíquica, espiritualmente pueril». Para él la «demencia polarizada» estaba convirtiendo a España en un «manicomio suelto». El liberalismo y la cultura (a la que él colocaba «por encima y por debajo» de la política) habían de sufrir las consecuencias y eso mismo le hacía a él pensar en la posibilidad de emigrar.

Al margen de las posiciones de Unamuno y Ortega, que habían sido desde hacía mucho tiempo principales inspiradores de la acción colectiva de los intelectuales, las del resto también mostraron, dentro del pluralismo, una inquieta insatisfacción. Para Baroja la República fue pronto «cosa de conserjes de casino», mientras que a Menéndez Pidal le preocupaba el peligro de «disgregación cadavérica» por la aceptación de los regionalismos y nacionalismos. Maeztu, definitivamente, se adhirió al ideario dictatorial «maurrasiano» queriendo sustituir la trilogía revolucionaria francesa por la de «servicio, hermandad y jerarquía». Valle Inclán también decía querer dictadura, oscilando entre Lenin y el fascismo, para «imponer dignidad a esa tropa confusa». D’Ors fue también un oráculo del pensamiento francés de extrema derecha. Quienes permanecieron en la acción política como Azaña se encogían de hombros ante estas actitudes de sus compañeros de profesión, pero en el fondo, antes o después, hubo en ellos la misma sensación de incertidumbre angustiosa ante el porvenir, bien perceptible luego en La velada de Benicarló del Presidente republicano.

Pero si los de mayor edad normalmente ofrecieron esta imagen de desesperanza y angustia, de alejamiento de la política o de radicalización de posturas, los más jóvenes (y aún no sólo ellos) vivieron con entusiasmo el compromiso político en el período republicano. Así les sucedió, por ejemplo, a buena parte de los miembros de la generación de 1927, antaño despreocupada por la política. Desde 1931 la poesía de Alberti se hizo no ya cívica, sino política y partidista; algo parecido cabe decir de su teatro. Mucho menos interesado por estos problemas, no tenía inconveniente en describir a Rusia como «cosa formidable» y sus dramas de tema rural muestran a la vez la fuerza telúrica y trágica del sexo, pero también la rebelión en contra de las convenciones sociales y la moral tradicional. La antítesis de estas posturas estaría en la conversión de ciertos poetas en falangistas y en la proclamación de Ledesma en el Ateneo, en otro tiempo bastión exclusivo de la izquierda: «frente a los liberales actuales». La literatura también se convirtió de hecho en un campo de batalla política. Mientras que Alejandro Casona triunfaba con Nuestra Natacha, modelo de maestra progresista, y Sender obtenía el Premio Nacional de Literatura en 1935 con Mr. Witt en el cantón, testimonios ambos del mundo izquierdista o de la agitación social, Pemán estrenó El divino impaciente, evocación sobre San Francisco Javier en un momento en que los jesuitas habían sido expulsados. La novela social fue realista hasta identificarse con el documental, como sucede en la trilogía de Sender OP, Siete domingos rojos y Viaje a la aldea del crimen. Su temática, además, estuvo comprometida con la denuncia de una aristocracia decadente —Joaquín Arderius—, la denuncia de la guerra de Marruecos —Imán de Sender—, la exaltación de la condición obrera —Zugazagoitia, Acevedo…— o la denuncia del caciquismo rural, en El crimen de Cuenca, de Alicio Garcitoral. Pero también hubo una literatura popular antirrevolucionaria, aún de menor calidad (Carretero, Romano…). Si en alguna de las «astracanadas» de Muñoz Seca aparecían las siglas de UGT con la significación de «última generación que trabaja», Pérez de Ayala dio, en su versión teatral de AMDG, aliento al típico anticlericalismo del momento. En general, puede decirse que contrasta la libertad de estos momentos con el mayor grado de creatividad que parece haber existido en la etapa dictatorial, en la que la libertad estaba ausente. De todas maneras hay excepciones: aparte de algunas de las obras indicadas, basta con citar el mayor interés de un Machado por la prosa cívica de Juan de Mairena en vez de la poesía.

El contexto políticamente beligerante de la vida intelectual y cultural se aprecia también en otros dos terrenos. Buena parte de los grupos políticos o ideológicos tuvieron revistas en las que ofrecieron al público lector su visión del mundo o su bagaje filosófico, siempre muy comprometido con la realidad circundante. Así Acción Española lo hizo con el monarquismo dictatorial y Leviatán con el socialismo «caballerista». Hubo, sin embargo, muchas otras revistas de parecida intención como, por ejemplo, Cruz y Raya, defensora de cierto catolicismo progresista, la Revista de Estudios Hispánicos, que inspiraba a la CEDA, Octubre y Nuestra palabra, defensoras de las tesis culturales del PCE, en especial el realismo socialista, suscrito tan sólo por los más adictos, como Alberti y Arconada…, etc. Al mismo tiempo un rasgo muy característico de los años treinta fue la proliferación de editoriales (Cénit, Orto… etc.) destinadas a la publicación de libros populares en los que se mezclaba la temática social revolucionaria con la información sexual. Sin duda, esta literatura no solía pasar de la elemental divulgación, pero hay pruebas de que la lectura aumentó considerablemente durante esta etapa: en el período 1928-1934 se duplicó el número de títulos editados.

Si existe un contraste entre libertad y creatividad comparando lo sucedido durante los años veinte y treinta, éste es también palpable al relacionar las instituciones culturales de los dos períodos. La Dictadura conservó y recortó las instituciones nacidas en otros tiempos, mientras que la República tuvo importantes iniciativas en el terreno de la política cultural. Muchas de ellas estuvieron relacionadas con la relevante tarea educativa emprendida. Las Misiones Pedagógicas, cuyo patronato presidió Cossío, pretendían difundir el conocimiento y la sensibilidad en un medio rural desprovisto de las posibilidades del urbano y algo parecido cabe decir de La Barraca. La tarea de creación de escuelas estuvo estrechamente vinculada con la promoción de la lectura a través de bibliotecas y, además, se creó en el año 1931 una Junta de Intercambio y adquisición de libros. En agosto de 1932 la universidad de verano de Santander, que luego fue acompañada por otra institución paralela surgida en los medios de inspiración católica, permitió el contacto de la cultura española con la de allende nuestras fronteras: Einstein, Valéry, Maritain o Spengler pasaron por España gracias a ella. En cambio, la enseñanza universitaria tradicional no estuvo exenta de problemas. Si los estudiantes de los años veinte y treinta tuvieron importantes iniciativas renovadoras en el campo de lo social (universidades populares, por ejemplo, destinadas a la promoción de la cultura en medios obreros) los presupuestos universitarios pudieron disminuir incluso en un tercio al estar centrado el mayor esfuerzo inversor de los gobernantes republicanos en los primeros escalones de la enseñanza.

Un problema decisivo para la política cultural española del momento era el de conservar el legado de antaño. La República creó los Archivos Históricos Provinciales, pero, sobre todo, dictó disposiciones de trascendental importancia para la conservación del patrimonio artístico. A unas disposiciones de urgencia en 1931 le siguió la Ley de Patrimonio de 1933, que habría de perdurar hasta la transición española a la democracia. En ese momento todavía la mayor parte de los monumentos históricos existentes en muchas provincias españolas habían sido declarados como tales en la etapa republicana.

Los medios puestos a disposición de la conservación del patrimonio fueron, en cambio, muy insuficientes. Si en general esas medidas tuvieron amplia repercusión y trascendencia histórica, en cambio el Consejo Nacional de Cultura que la República creó no llegó a tener verdadera virtualidad.

En cuanto a las artes plásticas no se puede decir que la política republicana fuera muy innovadora, aunque al menos se intentaron hacer sendas exposiciones de Zuloaga, de quien se adquirió obra, y Picasso, los máximos pintores del momento en cuanto a aprecio internacional (finalmente la de Picasso se llevó a cabo gracias a una iniciativa no oficial en Madrid y Barcelona; Dalí pudo decir en esta ocasión que la muestra era algo así como un tren de primera que llegaba a la estación con cuarenta años de retraso); Juan de la Encina, primer crítico español del momento, fue nombrado director del Museo de Arte Moderno.

Lo más interesante es, sin embargo, que en estos años se produjo la definitiva eclosión de la vanguardia e incluso algún pintor relacionado con ella, como Manuel Ángeles Ortiz, recibió un premio oficial. En efecto, aunque con extremada lentitud, la vanguardia fue penetrando en los medios oficiales mereciendo de ellos al menos una cierta atención. Desde el punto de vista estético quizá lo más peculiar del momento fue la plena incorporación del surrealismo a la vanguardia española, lo que dio lugar a importantes polémicas en los medios culturales. En 1932 tuvo lugar un segundo Salón de Artistas Ibéricos que también se exhibiría más allá de nuestras fronteras, en Alemania y Dinamarca; hubo también dos exposiciones de arte español de vanguardia —o, al menos, reciente— en París. Las más importantes iniciativas, sin embargo, surgieron en los medios de la periferia. En Canarias la Gaceta del Arte difundió el surrealismo a través de exposiciones de Óscar Domínguez y de los principales pintores de esta tendencia. En 1935 se formó en Barcelona ADLAN (Amigos del Arte Nuevo) que vino a ser una especie de avanzada beligerante de la vanguardia. Mientras tanto en Madrid los medios de la vanguardia —Benjamín Palencia, por ejemplo— llevaron a cabo una especie de nacionalización de esta tendencia enmarcándola en unas preocupaciones sobre la esencia colectiva de lo español heredadas de generaciones anteriores. La escultura de Alberto Sánchez, uno de los miembros de la Escuela de Vallecas, que propuso estos planteamientos, introdujo no sólo la temática y morfología surrealistas sino también la utilización de materiales nuevos, lo que tendría una repercusión de primera importancia en el futuro.

Sin embargo fue quizá en arquitectura en donde se produjeron las novedades más considerables. Un importante grupo de arquitectos, cuya formación y primeras obras databan de una época anterior, se preocupó por enlazar con los movimientos europeos más recientes, en especial con el racionalismo, mientras que reivindicaba también la tradición arquitectónica mediterránea, comenzaba a trabajar en equipo y rechazaba por completo el regionalismo y el clasicismo historicistas hasta entonces imperantes. Este grupo formó el GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles por una Arquitectura Actual) contando entre sus principales animadores con Sert y García Mercadal; iniciativa del mismo fueron también exposiciones vanguardistas como las de Picasso y Ernst. En Madrid las construcciones más innovadoras de la época también aparecen marcadas por el racionalismo: éste es el caso de buena parte de las construcciones de la Ciudad Universitaria y de la Colonia de El Viso. Muy característicos de la época fueron, con nuevos ayuntamientos democráticos imbuidos de responsabilidades sociales, los ambiciosos planes de urbanismo, como el llamado Plan Maciá en Barcelona, que incluía una Ciudad del Reposo, destinada a él junto a las playas del sur y la expansión de la Castellana y los Nuevos Ministerios en Madrid, obra de Zuazo. En cuanto a las innovaciones técnicas las más importantes fueron introducidas por el ingeniero Torroja, a base de hormigón armado y pretensado (Frontón Recoletos o Hipódromo de la Zarzuela en Madrid).

La Guerra Civil española

La Guerra Civil española es una de las dos únicas ocasiones históricas en que nuestro país ha jugado un papel protagonista en la historia del siglo XX. Tan sólo en otro momento, mucho más grato en sus resultados, como fue la transición a la democracia, España resultó actor de primera fila en la vida de la Humanidad o centró la atención de todas las miradas. A pesar de ello como, según ha escrito Vargas Llosa, los intelectuales suelen ser amantes de catástrofes —y se supone que los historiadores pertenecen a esa categoría— todavía parece obligado atribuir mayor importancia a la guerra que a esta otra aventura con final feliz. No puede extrañar, por lo tanto, que, desde una óptica nacional o extranjera, se haya solido considerar como eje interpretativo de nuestro pasado lo sucedido en ese período. Este tipo de interpretación, sin embargo, tiene el obvio inconveniente de considerar la totalidad de la Historia contemporánea española como un camino inevitable hacia el conflicto entre dos sectores de nuestra sociedad enfrentados a muerte. Nada parecido a una guerra civil con centenares de miles de muertos se dio en otro país del Occidente europeo durante el primer tercio del siglo XX y menos aún en la época posterior. Eso, sin embargo, no debe hacer pensar que el enfrentamiento violento fuera inevitable; por el contrario, hasta el último momento la Guerra Civil pudo evitarse. Los testigos presenciales, en especial los que tenían responsabilidad política de importancia, han solido considerar que no fue así, pero ello se debe, quizá, al deseo de exculparse por sus responsabilidades y, de cualquier modo, se refiere tan sólo a la recta final del período. La prueba de que podría haberse evitado la guerra reside en que, de haber sido otro el comportamiento de Casares Quiroga —más diligente en la persecución de los conspiradores o menos agresivo con respecto a la oposición— o si hubiera sido sustituido antes por Martínez Barrio, el curso de los acontecimientos podría haber sido muy distinto. En realidad, pocos desearon originariamente la guerra aunque hubiera muchos más a los que les hubiera gustado que se convirtieran en reales sus consecuencias, es decir, el aplastamiento del adversario; ése fue el principio que llevó a la violencia generalizada posterior. Con el transcurso del tiempo ese puñado de españoles consiguió la complicidad de sectores más amplios, la pasividad o la impotencia de la mayoría y se olvidó que los entusiasmos políticos que llevaban a una España a desear imponerse sobre la otra implicaban no sólo un brutal derramamiento de sangre sino también una ruptura absoluta con el pasado. Una vez que la guerra estalló no cabía duda de que sus consecuencias habrían de ser fundamentales para el destino de los españoles, y todavía se acrecentaron más por la misma duración del conflicto. El enfrentamiento no fue, pues, inevitable pero, una vez producido, se convirtió en un acontecimiento absolutamente central, imprescindible para comprender cuanto vino a continuación.

Si no hay que atribuir a la guerra un origen tan remoto tampoco deben admitirse interpretaciones simplificadoras, como las que ven en un supuesto carácter nacional una proclividad hacia la Guerra Civil o culpan globalmente a una clase social, sea la burguesía o el proletariado. En ambos casos, aunque desde puntos de vista muy diversos, el conflicto parece inevitable (y ya hemos visto que esa opinión resulta imposible de justificar). Todas esas caracterizaciones de la Historia española como un proceso hacia la guerra no son ciertas, pero sí lo es en este punto la peculiaridad de nuestro país respecto del resto de las naciones europeas porque, en definitiva, aunque en muchos países hubo quiebra de la democracia, sólo en nuestro caso se produjo acompañada de un conflicto bélico de tamaña entidad. Además, la guerra fue una experiencia colectiva que creó un conjunto de traumas difíciles de superar y, por lo tanto, muy duraderos en el tiempo. En cierto sentido la Guerra Civil no concluyó hasta 1977 y desde 1939 todos los rasgos de la vida española estuvieron marcados por la impronta bélica. Claro está que también con el curso del tiempo se superó esa situación, pero, a fin de cuentas, se seguía viviendo en la órbita histórica y política de aquel decisivo acontecimiento. El régimen de Franco no puede comprenderse sino como consecuencia de una Guerra Civil cuyo recuerdo alimentó y a cuyas instituciones dio un fundamento decisivo. Además, factores tan importantes de la vida española como el nacional-catolicismo o el repudio de tan importante tradición cultural española como había sido la liberal sólo se entienden desde esa perspectiva. Como veremos, en la propia transición a la democracia, que superó de manera definitiva esas situaciones, resultó fundamental el recuerdo de la guerra de 1936.

De todos modos, a pesar de lo indicado, la Guerra Civil debe considerarse como un fenómeno histórico universal cuyos orígenes se remontan a la Revolución Francesa, de la que se ha escrito que fue la primera guerra civil mundial. Lo característico de ella es la demonización del adversario, una auténtica transposición de las guerras de religión de otros tiempos al campo de lo político. Ese enfrentamiento, que supera la lucha de clases y las motivaciones patrióticas, no tolera la neutralidad y justifica la barbarie contra el disidente. Por eso la tipología de la barbarie no es exclusiva del caso español sino que tiene antecedentes y se ha repetido en otras latitudes y en otros tiempos hasta el punto que no encontramos especial novedad en ella. En los últimos tiempos las guerras revolucionarias y las de liberación nacional han tenido manifestaciones de brutalidad muy semejantes a las de la Guerra Civil española.

Los españoles han sido muy conscientes, durante décadas, de la realidad de que su Guerra Civil había contribuido a moldear sus vidas. En un primer momento, mientras que los vencedores levantaban todo un régimen político sobre el recuerdo de la guerra como gesta heroica y los vencidos se cruzaban reproches, las heridas padecidas parecieron evitar la insistencia en los recuerdos. Luego, durante los años sesenta, se produjo una eclosión de apasionado interés por la guerra; en esos momentos, y hasta bien entrados los años setenta, lo habitual no era tanto hablar como discutir acerca de la Guerra Civil. Todavía en 1983 una encuesta de la revista Cambio 16 revelaba que casi uno de cada tres españoles hablaba en familia de la guerra y más de la mitad pensaban que perduraban muchos odios como consecuencia de la misma. Desde el cincuentenario de la Guerra Civil ha sido frecuente considerar que se había llegado a una especie de saturación en el interés del gran público respecto de ella. Al mismo tiempo, sin embargo, se ha ido profundizando en el conocimiento científico de la misma. Conviene tener en cuenta que, aunque, desde hace décadas, por el número de títulos que comprendía la bibliografía sobre la Guerra Civil podía considerarse oceánica, eso no implicaba un elevado grado de calidad histórica sino que constituía, más bien, un índice de las polémicas levantadas por aquellos acontecimientos. El número de títulos publicados acerca de la revolución rusa —un acontecimiento de mucha mayor importancia histórica—, era, hace unos años, antes de la caída del comunismo, inferior al de los publicados sobre la Guerra Civil española y el de los impresos acerca de la guerra mundial resultaba aproximadamente semejante. Esos datos corroboran la importancia atribuida al conflicto español dentro y fuera de nuestras fronteras.

Pero, como se ha señalado, eso no implicaba verdadero conocimiento científico de lo ocurrido. En realidad sólo a partir de los años sesenta se ha iniciado la utilización de los fondos archivísticos españoles, que ha avanzado a buen ritmo en fechas posteriores y que, como es lógico, son esenciales para la comprensión de la realidad de lo sucedido. En la actualidad, a pesar de que el gran público tenga la equivocada idea de que los historiadores extranjeros resultan más fiables por más imparciales lo cierto es que los avances historiográficos fundamentales los hacen jóvenes investigadores españoles. Además, los puntos de coincidencia entre historiadores han ido aumentando de manera que hoy puede decirse que existe coincidencia en lo sustancial en muchos aspectos fundamentales, en especial acerca de las operaciones militares o el conjunto de razones por las cuales unos vencieron y otros perdieron.

Desde los ochenta han aparecido nuevos temas de interés en la investigación histórica de esta etapa del pasado español, como la represión llevada a cabo por parte de los dos bandos o las colectivizaciones. Hoy conocemos bastante bien la evolución política de ambos beligerantes y sobre los aspectos internacionales de la guerra existen decenas de monografías, aunque no se han explotado suficientemente los archivos soviéticos, que deben contener una información del máximo interés. Aunque falta una obra general acerca de la represión en ambos bandos las monografías locales son muy abundantes y de calidad considerable. En la Historia social de la guerra se ha pasado del interés un tanto romántico por la revolución al funcionamiento real de la economía colectivizada. Los aspectos estrictamente económicos del conflicto constituyen, hasta el momento, una cuestión muy poco abordada en profundidad. Los mismos aspectos militares han sido objeto de tratamiento científico casi exclusivo por parte de historiadores vinculados ideológica o sentimentalmente con los vencedores, por lo que es posible que la utilización de esas fuentes por otros historiadores ofrezca interpretaciones novedosas. Otra posible laguna se refiere a los estudios globales, que hoy, frente a lo que sucede en la investigación monográfica, siguen siendo principalmente de autores anglosajones. De todos modos la actitud fundamental del historiador en torno a la Guerra Civil española necesariamente ha de ser humilde. Como se ha dicho respecto de la Revolución Francesa, nunca podrá escribirse una Historia definitiva de la Guerra Civil española por la sencilla razón de que afectó demasiado gravemente a un número demasiado grande de personas.

El mayor problema del historiador ante este acontecimiento no nace hoy de las fuentes sino de la voluntad de alcanzar la objetividad. Se trata, por supuesto, de un propósito que siempre está en peligro y resulta, al mismo tiempo, difícil de alcanzar. El problema afecta a la denominación misma del conflicto y de los contendientes. Todavía es hoy un problema para los historiadores la forma de designar a estos últimos, evitando denominaciones peyorativas o que no se correspondan con la realidad histórica. Quizá la mejor manera de referirse a ello fuera acudir a una denominación negativa, «anticomunistas» y «antifascistas», pero con ella quedaría excluida en cada uno de los dos bandos una gran parte de la población que no era ni lo uno ni lo otro. La contraposición «republicanos»-«nacionales» (o «nacionalistas») tiene el inconveniente de que en el bando de los primeros no sólo militaban quienes aceptaban esa definición mientras que tan nacional era una causa como la otra. Por eso quizá convenga denominar a unos como «los sublevados», los vencedores o los «franquistas» —la persona de Franco siempre resultó muy representativa del conjunto de sectores políticos de los que fue líder— y a sus adversarios como los gubernamentales, los vencidos o los «frentepopulistas», puesto que lo que sucedió durante la Guerra Civil, en definitiva, no fue otra cosa que una ampliación del Frente Popular originario con la presencia de los nacionalistas vascos y los anarquistas y, además, hubo antiguos republicanos de derecha que estuvieron con Franco. La mejor forma de ofrecer un tratamiento imparcial de una temática espinosa como ésta consiste en empezar por usar el lenguaje más neutro.

La conspiración contra la República

Como ya se ha indicado el estallido de la Guerra Civil no puede ser atribuido a factores de carácter externo, a pesar de la ayuda prestada por Italia a monárquicos, tradicionalistas y falangistas: Ni esa ayuda hubiera bastado para financiar la sublevación contra la República ni en el momento de la sublevación tan siquiera aumentaba sino que se mantenía estable en su modestia. Durante la guerra se hizo pública por las autoridades republicanas la información relativa a los pactos firmados por los monárquicos con Mussolini en 1934, con el propósito de demostrar la existencia de una temprana conspiración contra el régimen, pero, en realidad, la ayuda italiana contra la República sólo tuvo carácter decisivo a partir de julio de 1936.

A partir de febrero de 1936, los grupos de extrema derecha ya mencionados, que en su momento lograron la ayuda fascista italiana, redoblaron sus esfuerzos por organizar una conspiración capaz de liquidar las instituciones republicanas mediante la violencia. Paradójicamente, dado el elevado número de personajes de esta significación que han escrito sobre la cuestión, la conspiración que peor conocemos en sus detalles precisos es la de los monárquicos, quizá por el hecho de que se confundía en realidad con la de los jefes militares. De hecho, durante los años republicanos, los monárquicos siempre habían optado por tal fórmula. En los últimos meses de la República un dirigente de esta significación llegó a pensar en un asalto a las Cortes con gases asfixiantes mientras que otro —Sáinz Rodríguez— habitualmente asistía a las mismas armado con un bastón que ocultaba una pistola. Como los monárquicos carecían de masas, tenían que limitarse a financiar a otros grupos subversivos (como la Unión Militar Española) o a preparar unos contactos en el exterior que luego tuvieron en la práctica una importancia decisiva. En cualquiera de los momentos cruciales de los primeros días de la guerra aparece como protagonista algún dirigente monárquico desempeñando un papel fundamental en cuestiones como el traslado de Franco a la península o en la primera ayuda italiana a los sublevados.

Sin embargo, fue el tradicionalismo quien antes organizó la conspiración con sus propias huestes. Ya hemos visto que había sido el más temprano y eficiente protagonista de la militarización de la política en el campo de la extrema derecha. Poco después de las elecciones de febrero su jefe, Fal Conde, había organizado una Junta carlista de guerra cuyos primeros propósitos consistieron en tratar de preparar una sublevación limitada, basada en actividades guerrilleras, parecidas a las de las guerras carlistas, teniendo como centro las zonas montañosas junto a Portugal, Navarra y el Maestrazgo.

Esos planes testimonian la tenacidad del tradicionalismo pero también su escasa capacidad para poner en peligro el Estado republicano, pues estas actividades no habían de amenazar sus cimientos. Más tarde, en torno a mayo de 1936, el tradicionalismo consiguió aumentar sus posibilidades mediante la incorporación a sus filas del general Sanjurjo, cuyo pasado militar y previa actividad conspiradora le otorgaban una preeminencia obvia entre los militares.

En realidad, como decía el propio Fal Conde, el general era un tanto «simplote» en sus apreciaciones políticas y probablemente no se adhiriera al carlismo más que por ver en él el único grupo político dispuesto a lanzarse con sus propias masas a la calle, incluso sin necesidad de contar con otras ayudas: en los montes navarros había varios miles de requetés que se entrenaban para la lucha sin excesivos problemas. Allí, además, estuvo el centro inspirador de la conspiración, cuya mente rectora era Mola.

Los dirigentes carlistas entraron en contacto con él en fecha temprana, pero las relaciones fueron siempre tormentosas. Los proyectos de Fal Conde —una inmediata derogación de la Constitución y de las leyes laicas, la desaparición de todos los partidos, la bandera bicolor y, como comité directivo, un directorio formado por un militar y dos civiles tradicionalistas— tenían poco que ver con los de Mola, calificados, a su vez, por un dirigente carlista de «disparates republicanos», muy distantes de la restauración de la España del Antiguo Régimen en torno a la Monarquía carlista. Al objeto de influir en Mola, en la segunda semana de julio, los carlistas le trajeron una carta de Sanjurjo en que se mostraba partidario de la bandera bicolor como «cosa sentimental y simbólica» y de «desechar el sistema liberal y parlamentario». Mola, no sin una seria resistencia, acabó comprometiéndose muy vagamente a aceptar, en sus líneas generales, las indicaciones de Sanjurjo. En la práctica, sin embargo, pactó con los carlistas navarros saltando por encima de Fal Conde que tuvo, entonces, todos los motivos para quejarse de que los suyos habían vendido su pureza ideológica por «ventajillas locales». Aunque no hubo ningún partido que proporcionara inicialmente tantos hombres armados como el carlismo, la sublevación nunca fue, pues, propiamente tradicionalista.

A pesar de ello, cuando se produjo, adquirió en esta región una significación especialísima. El mundo rural navarro (y el alavés) sintió el momento como una gran ocasión de transformar el conjunto de España de acuerdo con sus formas de vida tradicionales, puestas en peligro por la movilización política y la agitación social de los años treinta. Navarra, así, quiso ser una «nueva Covadonga» empeñada en la Reconquista de España. Los principios con los que los combatientes carlistas se dirigieron al frente fueron los mismos que en las guerras del XIX: teocracia, visión de la Historia de España como Historia sacra, idea de la guerra como medio de purgación de las faltas propias y de la muerte como salvación del pecado, mística del martirologio… etc. No cabe la menor duda de la popularidad de estas ideas en ese contexto social, por ancladas en el pasado que puedan parecer. El entusiasmo fue desbordante: los testigos presenciales lo describieron «como un amanecer en las fiestas de San Fermín». Casi uno de cada cuatro voluntarios sumados a la sublevación en sus primeras semanas en el conjunto de España era navarro. El 10 por 100 de los varones de la región lo hizo (y el 4 por 100 de los alaveses).

También Falange Española, por su ideario y por su afiliación juvenil, que ahora crecía meteóricamente, estaba en condiciones de conspirar contra el régimen republicano y tratar de derribarlo con la violencia. Así lo hizo, pero siempre mantuvo una cierta ambigüedad con respecto a los mandos militares. Desde la cárcel de Alicante, José Antonio Primo de Rivera les dirigió escritos presentando un patético panorama de España y animándolos a la acción. Parece indudable que estos textos tuvieron influencia sobre los acontecimientos, porque gran parte de la oficialidad joven se sintió especialmente atraída por el falangismo (según algunos cómputos, quizá hasta un tercio de los miembros de la oficialidad eran afiliados a Falange). Con todo, entre un ideario como el de Falange, aunque con sus peculiaridades de indudable significación fascista, y la actitud de los mandos militares necesariamente tenía que haber tensiones y dificultades que desembocaron en titubeos.

Una buena prueba de ello reside en el hecho de que Garcerán, en nombre de los falangistas, ofreció a Mola las milicias del partido el 1 de junio, revocó esta decisión unas semanas más tarde y acabó por reafirmarla cuando acababa el mes. Primo de Rivera parece haber temido que los militares no supieran hacer otra cosa que una «revolución negativa», lo que explica su actitud en buena medida contradictoria: ordenó ponerse a disposición de los mandos naturales pero mantuvo una manifiesta reticencia respecto del contenido concreto del movimiento. Eso es lo que explica que previniera a los dirigentes de su partido acerca de los peligros de las alianzas políticas. Sus papeles íntimos revelan que en un determinado momento pudo pensar en una solución no demasiado lejana de la fórmula de la dictadura republicana propuesta por Maura. Llegó a escribir listas de ministros que constituirían un gobierno destinado a convertir a España en un país «tranquilo, libre y atareado». Temía que los militares se sirvieran de «meros tópicos» para vertebrar el nuevo régimen; vio en ellos una «desoladora mediocridad política» y pensó que su victoria podía significar la «clausura en unos años de toda posibilidad de edificación de una España moderna». En todas estas frases se aprecian, sin duda, las contradicciones del personaje. Detenido en Alicante, cuando fue juzgado por un tribunal popular parecía crecientemente alejado de la dirección política de los sublevados. Pensaba ya que la sublevación se había hecho «cuidando especialmente de que yo no la conociera». Pero en realidad los militantes falangistas habían participado desde el primer momento y en la primera fila de la sublevación en toda la geografía peninsular.

Nos queda hacer mención de la última fuerza de derecha durante la etapa republicana que era, también, la más importante y nutrida, el catolicismo político. Es muy posible, que el término «descomposición» sea la mejor forma de describir su estado a la altura del verano de 1936, con sectores dispuestos a mantenerse en la legalidad y otros apasionados por destruirla. Parece indudable que algunos de sus diputados, como el conde de Mayalde o Serrano Súñer, colaboraron en la preparación de la sublevación.

Las Juventudes del partido a estas alturas estaban ya pasándose a Falange. En cuanto al propio Gil Robles —que, como anunció en las Cortes, había acabado perdiendo el control de sus propias masas— parece indudable que no participó en la conspiración y que ni siquiera los principales dirigentes de la misma pensaron en consultarle, aunque no tuvo inconveniente en contribuir a financiarla con los fondos electorales de su partido identificándose luego con ella. Su inquieta actividad de estos días incluyó entrevistas con Fal Conde y Mola y en alguna ocasión los principales responsables de la conspiración militar se reunieron en casa de un miembro de la CEDA.

Sin embargo, el destino al que estaba condenado este partido era la marginación, afirmación especialmente válida para aquel sector que mantuvo una trayectoria posibilista con respecto al régimen y más aún con aquel otro dispuesto a colaborar con la legalidad republicana. Éste fue el caso de Giménez Fernández, que se opuso a que la CEDA abandonara las Cortes, o el de Luis Lucia, dirigente de la sección valenciana del partido que, una vez estallada la sublevación, hizo público un telegrama asegurando su fidelidad al régimen republicano cuando algunos de los miembros de su partido estaban, en aquellos precisos momentos, colaborando con los sublevados en la propia capital levantina.

La conspiración contra el Frente Popular (como se verá, inicialmente no iba contra la República) no fue, en lo esencial, protagonizada por grupos políticos, sino por militares. Aunque no se tratara de una conspiración exclusivamente militar ni de todo el Ejército sí tuvo ese carácter, incluso mucho más que en agosto de 1932.

Fundamentalmente la protagonizó la generación militar africanista de 1915 y tuvo como rasgo característico la voluntad de utilizar desde el primer momento una violencia extrema orientada a la obtención de una rápida victoria: un punto de partida producto de las tensiones que vivía el país y que tuvo como resultado, cuando se demostró la inviabilidad de ese objetivo, que la sublevación no quedara en un clásico pronunciamiento, sino que derivara en guerra civil.

La conspiración militar fue bastante tardía en sus perfiles definitivos —lo que de nuevo hace pensar en que la guerra era evitable—, y un tanto confusa, en el doble sentido de que, por un lado, se conspiraba mucho, pero muy desordenadamente y, por otro, los propósitos de los conspiradores ni estaban tan meridianamente claros, ni, aún menos, se convirtieron en realidad cuando llegó el momento de intentarlo. Hay que empezar por tener en cuenta que no hubo una organización militar secreta destinada a urdir la conspiración. Existía una Unión Militar Española cuyos orígenes cronológicos deben retrotraerse hasta el primer bienio, con unos propósitos corporativistas, pero también políticos, de signo antirrepublicano La importancia numérica de la UME, nutrida de capitanes y comandantes con especial influencia en el Estado Mayor, no parece haber sido grande, pero, en cambio, difundió ampliamente en los cuarteles la actitud subversiva contra la República durante los últimos meses del régimen republicano. Quizá el mejor ejemplo del éxito de esta labor propagandística lo sea el hecho de que un buen número de sus dirigentes desempeñaron un papel importante en la política de la España de Franco. De la influencia de algunos miembros de la UME es prueba que cuando el general López Ochoa, inequívocamente republicano, nombró un defensor en la causa judicial de que era objeto como consecuencia de la represión de la revuelta de Asturias, no tuvo inconveniente en que fuera un militar perteneciente a la UME.

Este hecho es también revelador porque muestra que en la conspiración de 1936 no tomaron parte sólo militares monárquicos y organizaciones financiadas por este sector político (como era el caso de la propia UME) sino que el desvío respecto de la República y la voluntad de sustituirla por un régimen dictatorial temporal o permanente estaba extendida entre más amplios sectores militares. Entre las principales figuras de la conspiración y de la sublevación hubo personalidades militares inesperadas. El general Mola, por ejemplo, según el principal de sus biógrafos, tenía una «limitadísima» simpatía por la Monarquía; Goded había conspirado contra ella en la época del gobierno Berenguer y colaboró con Azaña hasta 1932. Queipo de Llano también fue conspirador antimonárquico, alto cargo militar en la etapa republicana y estaba emparentado con Alcalá Zamora. Escritores izquierdistas llegaron a asegurar que la presencia de Cabanellas con los sublevados sólo se entendía por haber sido obligado a punta de pistola. No fue así pero en el momento de sublevarse no tuvo reparo en recordar su pasado democrático.

En cuanto a Franco puede decirse que su trayectoria hasta entonces había sido singularmente poco política. Cuando se sublevó el diario comunista Mundo Obrero lo identificó con Gil Robles, lo que supone una actitud al menos relativamente moderada, pero lo cierto es que nadie podía definirlo, en el terreno político, de una forma precisa. Sanjurjo, que ya en agosto de 1932 había visto la dificultad de comprometerle en un proyecto conspirador, tampoco confiaba ahora en que participara en él. No obstante, cuando en el mes de marzo de 1936 tuvieron lugar los primeros movimientos conspiradores, Franco figuró en ellos, aunque tan sólo en una posición de segundo de a bordo, tras Sanjurjo. Luego, destinado en Canarias, se mantuvo alejado de la conjura. Es muy significativo de su carácter —y de la situación que vivían España y los altos cargos militares— el hecho de que el 23 de junio dirigiera una carta a Casares Quiroga, que era demostrativa de inquietud pero que podía ser interpretada tanto como amenaza de sublevación o como testimonio de fidelidad. A mediados de julio, con tan sólo un día de diferencia, de Franco escribió a Mola negándose primero a participar en el complot para luego mostrarse dispuesto a hacerlo. Para explicar estos titubeos se debe tener en cuenta no sólo el carácter de Franco sino también el hecho de que después de esos primeros contactos el gobierno sancionó y dispersó a parte de los conspiradores, enviando a Orgaz a Canarias y a Várela a Cádiz. Sin duda tenía indicios —más que pruebas— de lo que ocurría. Fue la participación de todos estos altos cargos militares, de una significación política más amplia que la monárquica, lo que dio un carácter peculiar a la conspiración de 1936. Ésta sólo se perfiló definitivamente en las manos del general Mola, desde Pamplona, donde estaba al frente del mando militar. Su fase final tuvo lugar a fines de abril, fecha de la que data su primera circular a sus compañeros de conjura. En el conjunto de las que escribió desde ese mes hasta julio, y que fechó en el «Peloponeso», se da cuenta de lo que querían los sublevados y de los medios que iban a emplear para lograrlo. Su idea original no difería en exceso de la de un pronunciamiento, aunque preveía dificultades mucho mayores para el triunfo. El movimiento debía tener un carácter esencialmente militar: aunque esperaba la colaboración de fuerzas civiles, éstas actuarían sólo como complemento o acompañamiento (la prueba es que pensó sumar a las unidades militares grupos de requetés destinados a incrementar su entusiasmo político). Consistiría en una serie de sublevaciones que acabarían convergiendo en Madrid, como había sucedido a lo largo de todo el siglo XIX.

Hasta aquí la conspiración parecía un pronunciamiento de no ser porque Mola recomendaba que el golpe fuera desde sus comienzos muy violento. Con ello no quería sentar las bases para una guerra civil, sino recalcar el carácter resolutivo que, para romper cualquier resistencia, debía tener la actuación inicial; pero, ejercida esa misma violencia por sus adversarios, la guerra se hizo inevitable. También difería la conspiración del 36 de un pronunciamiento clásico en lo que tenía de modificación de la estructura política vigente. No se trataba de mantener a Isabel II pero cambiando la constitución como en el caso de Espartero o Narvaez. El proyecto inicial de Mola tenía un cierto parentesco con fórmulas de «dictadura republicana» que personas de muy distinta significación defendieron antes que él. La suspensión de la Constitución sería por el momento tan sólo temporal y se mantendrían las leyes laicas y la separación de la Iglesia y el Estado, aspecto este especialmente inaceptable para los tradicionalistas.

Había, en ocasiones, también un poso regeneracionista, como la mención al carné electoral —lo que implicaba la existencia de un sufragio aunque fuera restringido— y las esperables dosis de arbitrismo, (la pura y simple desaparición del paro como por un acto de magia). Pero Mola también aludía en sus instrucciones a un «nuevo sistema orgánico de Estado», tras el paréntesis de un gobierno militar. Al desencadenarse la Guerra Civil se produjo, como es lógico, el deslizamiento definitivo hacia esa nueva concepción del Estado. Pero el hecho de que tan importante cuestión no estuviera clara en los propósitos de los sublevados induce a confirmar lo tardío y lo políticamente impreciso de sus proyectos. Después la guerra transformó, como siempre ha sucedido en la historia de la humanidad, las ideas originarias.

Después del estallido de la contienda las izquierdas reprocharon al último gobierno del Frente Popular su incapacidad para estrangular la revuelta en gestación.

Indalecio Prieto cuenta, por ejemplo, que al denunciar ante Casares Quiroga la existencia de la conspiración, se encontró con la airada respuesta de éste. El número de los testimonios semejantes, incluso de personas aún vivas, es muy elevado y casi en su totalidad coinciden en mostrar a un gobierno ilusamente confiado en la estabilidad. Pero estos juicios probablemente no sean acertados. Si Casares reaccionaba ante ese género de denuncias con dureza no era porque ignorara la existencia de una conspiración: era imposible pensar que no existiera cuando hasta la prensa hacía mención de ella. Al margen de su carácter intempestivo, el presidente del Gobierno se irritaba porque acudieran a él con rumores quienes poco le ayudaban en sus propósitos. El asesinato de Calvo Sotelo amplió la extensión de la conspiración y, en general, las propagandas revolucionarias aterrorizaron aún más a una derecha a la que sólo le faltaba eso para sumarse a una sublevación.

La mejor prueba de que Casares era consciente del peligro existente es que tomó disposiciones efectivas para evitar el triunfo de la conspiración. De los cinco ayudantes militares de Casares dos, a los que se ha atribuido ser comunistas, se dedicaron de forma especial a tomar medidas contra la subversión en los cuarteles. Los mandos superiores del Ejército estaban ocupados por personas de las que no era previsible que se sumaran a la sublevación y, gracias a la disciplina, podía pensarse que la totalidad de las unidades militares les fueran fieles. Sólo unos pocos mandos sublevados ocupaban cargos decisivos en el momento de la insurrección: tan sólo uno de los ocho comandantes de las regiones militares se sublevó. Fueron fieles al Gobierno el Inspector de la Guardia Civil y sus seis generales; fue totalmente inesperado que no lo fuera el Inspector del Cuerpo de Carabineros, Queipo de Llano. En las últimas semanas de la República muchos militares sospechosos fueron trasladados a puestos en los que parecían resultar mucho menos peligrosos: así sucedió con Franco en Canarias o Goded en Baleres de modo que lo verdaderamente sorprendente no es que tuvieran ése mando sino que fuera inferior a lo que implicaba su trayectoria previa. A Mola se le mantuvo en Pamplona, quizá porque se confiara en que no llegaría a ponerse de acuerdo con los carlistas, pero tenía como superior a Batet, el general republicano que había suprimido la revuelta de octubre de 1934 en Barcelona quien, además, le estaba empujando a que pidiera el traslado o, al menos, a que se alejara de cualquier posible tentación conspiratoria. A Yagüe, uno de los elementos decisivos para la sublevación en África, se le ofreció una apetitosa agregaduría militar en el exterior. También allí, a pesar de la aparente rapidez de la victoria de los sublevados, los mandos eran adictos a la República. Hubo, en fin, otros casos de destitución o de sanción además de los indicados: aparte los ya citados, García Escámez y González de Lara también las padecieron. En cada uno de los cuerpos armados o de seguridad se tomaron disposiciones preventivas. En Aviación el general Núñez de Prado llevó a cabo una depuración, aunque sus superiores no le dejaron que fuera tan completa como quería. Se modificaron las plantillas del Cuerpo de Asalto en Barcelona, Madrid y Oviedo para garantizar la lealtad al régimen. Hay, por tanto, numerosas pruebas de que no es cierta la supuesta pasividad de Casares Quiroga. La decisiva, sin embargo, la proporciona el general republicano Emilio Herrera cuando afirma, en un texto posterior a la finalización del conflicto bélico, que «jamás en ninguna guerra ni por ninguna causa se vertió tanta sangre de jefes militares como en defensa de la Segunda República». De los 21 generales de división 17 fueron fieles al Gobierno; de los 59 de brigada lo fueron 42. El bando «franquista», en definitiva, eliminó físicamente a 16 generales. Algunos casos fueron especialmente sangrantes. Batet, por ejemplo, que los sublevados intentaron se uniera a sus filas, fue expulsado previamente del Ejército por su «desamor a la patria demostrado en momentos trascendentales para la vida de ella», aludiendo a una supuesta debilidad frente a los sublevados de octubre de 1934.

Por tanto, resulta evidente que el gobierno del Frente Popular tomó medidas para evitar una sublevación a la que debía temer, por mínima conciencia de la realidad que tuviera. Su error no fue pecar de pasividad sino de exceso de confianza. Todo induce a pensar que esperaba la repetición de lo sucedido en 1932, pero ahora la situación era muy diferente. Azaña consideraba, incluso a estas alturas, que las conspiraciones militares solían acabar en «charlas de café» y a Zugazagoitia, figura importante del socialismo y luego uno de los primeros historiadores de la guerra, le dijo que «si usted conociese como yo a los militares sabría el caso que debe hacerse de sus quejas y disgustos». Sin embargo este planteamiento, que suponía dejar que la sublevación estallara para, una vez derrotada, proseguir la obra gubernamental, resultaba por completo suicida. La situación de 1936 no era prerrevolucionaria, porque no había nadie capacitado para llevar adelante una revolución ni la propia sociedad española la hubiera aceptado, pero todavía tenía menos que ver con la del año 1932. Sólo una vigorosa reacción gubernamental destinada a controlar las propias masas del Frente Popular y a perseguir a los conspiradores habría sido capaz de disminuir la amplitud de la conjura.

Así, además, el gobierno republicano no hubiera pasado por la situación que se produjo inmediatamente después de la sublevación cuando se encontró obligado a armar a las masas con lo que su poder, ya deteriorado por la sublevación, todavía se redujo más. De cualquier modo, al no imaginar la posibilidad de una guerra civil el gobierno del Frente Popular no hacía otra cosa que reproducir la actitud de los conspiradores.

Un primer balance de fuerzas: España dividida en dos

Tanto el Gobierno como los sublevados —e incluso la extrema izquierda que pronto actuó por su cuenta— pensaban que la suerte del país se dirimiría en pocos días. Sin embargo, lo que sucedió en tres dramáticos días de julio, fue tan sólo que «el alzamiento transformó las confusas pasiones de principios de verano en alternativas elementales y en entusiasmos rudimentarios» (Carr). Aunque muchos intentaron la neutralidad hubo que elegir, al final, entre uno de los dos bandos. En esos tres días lo único que quedó claro fue que ni el pronunciamiento había triunfado por completo ni tampoco había logrado imponerse el Gobierno.

La sublevación se inició, paradójicamente, en Marruecos, pues en un principio los conspiradores no habían previsto que intervinieran las tropas allí destacadas. El clima en el protectorado era muy tenso, por lo que no puede extrañar que finalmente la conspiración se adelantara cuando estuvo a punto de descubrirse su trama. En el protectorado, como en otras partes de España —ha escrito un testigo presencial— el enfrentamiento se veía como una especie de «carrera contra reloj en la que quien se retrasara podía perder su oportunidad de liquidar al adversario» (Seco). Fue el tiempo en que «todo el proletariado se había adueñado de las calles» —narra otro— «toda la juventud estaba a punto de explotar en cuanto veía pasar a un sacerdote, a un religioso o a un jefe militar». En Marruecos, no obstante, el papel de las masas necesariamente había de ser mínimo frente al de la guarnición. Las tropas mejor preparadas del Ejército, los Regulares y el Tercio, se inclinaban claramente hacia la sublevación e idéntica era la postura de los oficiales más jóvenes. Las autoridades oficiales, tanto civiles como militares, pecaron de exceso de confianza. Uno de los conspiradores decía que el general Romerales «era un bendito, le faltó el valor para ser malo y la valentía para ser bueno y, como es natural, quedó mal con todo el mundo, repudiado por el Frente Popular y fusilado por nosotros».

También un primo hermano de Franco fue fusilado, señalando el rumbo de lo que a partir de este momento sería habitual en toda la geografía peninsular. Los simples soldados en el momento de la sublevación, como luego narraría uno de ellos, «no sabían nada de nada y sólo obedecíamos a las órdenes que nos daban» (Llordés). Los oficiales sublevados, gracias a su decisión, en tan sólo dos días (17 y 18 de julio) se impusieron rápidamente. Entre los dirigentes de la sublevación había militares que desempeñarían un papel fundamental en la guerra, pero la dirección le correspondió a quien era, antes de que se iniciara aquélla, el jefe moral del Ejército de Marruecos, el general Franco, Comandante militar de Canarias, donde se impuso también sin dificultades, dejando a Orgaz para liquidar los últimos focos de resistencia. El día 19 se trasladó a Marruecos en un avión inglés alquilado por conspiradores monárquicos.

A partir del 18 de julio la sublevación se extendió a la península produciendo un enfrentamiento cuyo resultado varió dependiendo de circunstancias diversas: El grado de preparación de la conjura y la decisión de los mandos implicados en ella, la unidad o división de los militares y de las fuerzas del orden, la capacidad de reacción de las autoridades gubernamentales, el ambiente político de la región o de su ciudad más importante y la actitud tomada en las zonas más próximas fueron los factores que más decisivamente influyeron en la posición adoptada. Allí donde la decisión de sublevarse partió de los mandos y su acción fue decidida el éxito acompañó casi invariablemente a la insurrección, a no ser que el ambiente local fuera extremadamente contrario a ella. El fracaso de los sublevados fue el resultado donde el Ejército se dividió o existió hostilidad de una parte considerable de la población. El clima político de una capital o provincia pudo influir en su oficialidad pero, además, pudo traducirse también en resistencia armada a la sublevación. Sin embargo, por sí misma esta última no explica el resultado del enfrentamiento inicial entre ambos bandos.

Navarra y Castilla la Vieja eran las dos regiones en las que, en principio, cabía esperar un más decidido apoyo a la rebelión, tanto por sus mandos militares como por el carácter conservador de su electorado. En la primera la sublevación lanzó a la calle a las masas de carlistas y Mola, que dejó escapar al gobernador civil, no tuvo especiales dificultades para obtener la victoria. Los momentos iniciales de la sublevación fueron vividos como una «gran esperanza» de darle la vuelta a la Historia de España pero, al mismo tiempo, se produjo una dura represión en la Ribera. En Castilla la Vieja la resistencia que tuvo lugar en algunas capitales de provincia y pueblos de cierta entidad fue sometida sin excesivas dificultades por parte de los sublevados. En Segovia y Ávila la insurrección se impuso de forma prácticamente incruenta; mayores dificultades existieron en Valladolid y Salamanca pero se redujeron a determinados barrios o a algunos edificios como, por ejemplo, los de las Casas del Pueblo. En Burgos Batet quiso evitar la sublevación, pero el general Dávila acabó por imponerse. Igual hicieron en Valladolid Ponte y Saliquet, que detuvieron al general Molero, su superior, que fue también fusilado. A menudo los representantes políticos de esta región, incluso los de la CEDA, se alienaron desde el primer momento en favor de los sublevados.

En cambio, la situación de Andalucía era radicalmente opuesta porque el ambiente era caracterizadamente izquierdista. En realidad el único caso importante en toda España de oposición por parte de los mandos naturales y hostilidad de la población a la sublevación fue el de Sevilla. Cuando el general Queipo de Llano, encargado de sublevar esta región, realizó sus primeros contactos, descubrió pocos puntos de apoyo entre las guarniciones. Al final, no obstante, consiguió adhesiones importantes en varias de las capitales a pesar de que también le fallaron otros en los que confiaba (por ejemplo, Málaga, donde residía una de sus hijas). Un papel decisivo le correspondió en la sublevación a Sevilla, conquistada por Queipo con unos 3000 soldados de la guarnición y a base de una combinación entre audacia y bluff. Lo que le permitió la victoria fue la pronta ocupación de la zona central de la ciudad, el titubeo de los militares fieles a la República en Tablada, la desorientación del adversario popular, dedicado a quemar iglesias, y su falta de liderazgo, pero sólo el 23 de julio pudo considerar liquidada la resistencia de quienes, durante días, habían controlado dos tercios de la población de la capital andaluza. Queipo consiguió pronto ayuda desde Marruecos pero sólo su victoria explica que el Ejército de África pudiera pasar el Estrecho y se convirtiera en la clave de las posteriores operaciones militares.

En Huelva la sublevación triunfó, a pesar de que desde la zona minera se enviaron columnas contra Sevilla que fracasaron en su intento. En Cádiz, Granada y Córdoba también se alzaron las guarniciones pero, como en Sevilla, la situación inicial fue extremadamente precaria pues los barrios obreros ofrecieron una resistencia que no desapareció hasta que llegó el apoyo del Ejército de África. El campo era anarquista o socialista y, por lo tanto, hostil a la sublevación y las comunicaciones entre las capitales de provincia fueron nulas o precarias, en especial en el caso de Granada, prácticamente rodeada por el adversario. Muy distinta resultó la actitud de las fuerzas del orden. En Pozoblanco fueron fusilados más de un centenar de guardias civiles proclives a la sublevación. En Jaén, por su parte, la Guardia Civil se mantuvo concentrada en una situación de aparente neutralidad hasta que, en el mes de septiembre, dirigida por el capitán Cortés, acabó refugiándose en el Santuario de Santa María de la Cabeza en donde mantuvo una resistencia a ultranza. Almería, por su parte, fue arrastrada por la evolución de los acontecimientos en Levante.

Otro rasgo característico de los decisivos días de julio en la región andaluza fue el impacto que tuvo en ellos la constitución del gobierno de Martínez Barrio, del que más adelante se hablará. Dicha decisión política explica que el general Campins, que estaba al frente de la guarnición de Granada y había negociado con Queipo de Llano su colaboración en la sublevación, se volviera atrás; el hecho no tuvo consecuencias porque la mayor parte de la guarnición se impuso a sus deseos y acabó fusilado, pero, en cambio, en Málaga, las dudas del general Patxot acabaron teniendo como consecuencia el triunfo del Frente Popular.

Sin la menor duda la suerte de Cataluña y de Castilla la Nueva se jugó en Barcelona y Madrid. En ambas ciudades el ambiente político era izquierdista, los mandos de la guarnición militar estaban divididos y los sublevados cometieron errores; estos tres factores unidos a un cuarto, consistente en la actuación de masas izquierdistas armadas, explican lo sucedido, que no fue sino la derrota de los sublevados. Ésta, por tanto, no debe atribuirse exclusivamente al pueblo en armas, como en ocasiones se ha hecho de un modo en exceso romántico. En Barcelona la conspiración hubo de enfrentarse con autoridades decididas a resistir. Los principales organizadores del movimiento de fidelidad a la República fueron Escofet, Guarner y Aranguren, responsables del orden público en la capital catalana, militares todos ellos. Aunque la excesiva confianza del general Llano de la Encomienda benefició a los conspiradores, cuando éstos se lanzaron a la calle encontraron los puntos neurálgicos ocupados por fuerzas de Asalto y Guardia Civil y apenas pudieron maniobrar. La colaboración de la CNT, con la que las fuerzas leales mantuvieron solo una «alianza tácita», fue «sustancial pero de ninguna manera determinante» puesto que, aunque se enfrentaron al adversario, no fueron capaces de impedir que ocupara sus objetivos. Finalmente, la postura de la aviación y la Guardia Civil a favor de las autoridades trajo consigo la liquidación de la sublevación, a pesar de que Goded, «el mejor general del Ejército español» en el juicio de su adversario Escofet, llegó desde las Baleares. Estas islas, con la única excepción de Menorca, se sublevaron y la resistencia resultó fácilmente dominada. En la última fase de los combates de Barcelona se produjo un hecho que habría de tener una importante repercusión: la CNT consiguió la entrega de armas procedentes de los cuarteles y en adelante sus milicias controlaron la capital catalana aprovechando este hecho. Mientras tanto en el resto de Cataluña, aunque hubo intentos insurreccionales, el peso de Barcelona impuso la victoria de los gubernamentales.

En Madrid la conspiración estuvo muy mal organizada hasta el punto de que quien colaboró en ella describió la situación afirmando que «se habla mucho y no se concreta nada». Los problemas de los dirigentes de la sublevación nacieron de la dificultad de obtener la colaboración de los mandos naturales y de comunicarse entre sí. De los tres generales comprometidos, Villegas, Fanjul y García de la Herrán, el primero permaneció dubitativo, el segundo se hizo cargo del Cuartel de la Montaña y el tercero, que ya se había sublevado en 1932, intentó, sin éxito, ponerse al frente de las guarniciones del sur madrileño. La acción más decisiva fue la toma del Cuartel de la Montaña, en donde los sublevados, en una actitud más de «desobediencia activa» que de verdadera insurrección, permanecieron acuartelados sin lanzarse a la calle siendo pronto bloqueados por paisanos armados y fuerzas de orden público. Ni siquiera la totalidad de los encerrados era partidaria de unirse a la sublevación y cuando una parte expresó esta divergencia con banderas blancas los sitiadores acudieron para ocupar el cuartel y fueron recibidos a tiros. La posterior toma del mismo se liquidó, como consecuencia, con una sangrienta matanza.

En el norte, el País Vasco se escindió ante la sublevación: en Álava el alzamiento militar fue masivamente apoyado, incluso por parte del Partido Nacionalista Vasco, algunos de cuyos miembros adoptaron idéntica postura en Navarra. En cambio, en Guipúzcoa y Vizcaya la actitud predominante del PNV fue alinearse con el Gobierno —opción que tomaron los órganos rectores del partido en general— en parte por la promesa de concesión del Estatuto pero también por el ideario democrático y socialmente reformista que el PNV había ido haciendo suyo con el transcurso del tiempo. Así se explica que familias nacionalistas de siempre se escindieran con ocasión del conflicto. La nota oficial en que el PNV dio cuenta de su posición, escrita en términos condicionales, reflejó una actitud de espera y una posición neutral pero, al mismo tiempo, de respeto inequívoco al orden constituido. En cuanto a los líderes de la insurrección fue su indecisión la que desempeñó un papel decisivo en su fracaso. Por su parte, la tradición izquierdista de Asturias hacía previsible que allí se produjera un alineamiento favorable al Gobierno, pero en Oviedo el Comandante militar, Aranda, conocido por sus convicciones democráticas, consiguió convencer a los mineros de que debían dirigir sus esfuerzos hacia Madrid, asegurándoles su lealtad, para acabar sublevándose luego. Su posición, sin embargo, fue desde un principio muy precaria, prácticamente rodeado en medio de una región hostil. Una situación todavía peor fue la experimentada por la guarnición de Gijón donde el enfrentamiento acabó con una victoria de las fuerzas de la izquierda tras un asedio que se prolongó semanas. En Galicia también triunfó la rebelión pese a la oposición de las autoridades militares y la resistencia en determinadas poblaciones, como Vigo y Tuy. También en esta región el que la balanza se inclinara a favor de un bando u otro dependió de lo sucedido en una ciudad, en este caso El Ferrol.

En Aragón y Levante el resultado de la sublevación fue inesperado, teniendo en cuenta las previsiones de los conspiradores y el juicio generalmente admitido acerca de la posición política de las autoridades militares. El general Cabanellas, máximo responsable del Ejército en Aragón, había sido diputado radical y era miembro de la masonería, pero se sublevó arrastrando a la totalidad de las guarniciones de las capitales de provincia. En su proclama hizo profesión de fe en la democracia y quizá eso explica que el general republicano Núñez de Prado se desplazara a Zaragoza para hacerle desistir. Fue éste uno más de los intentos por evitar el desenlace bélico pero concluyó como casi todos ellos, es decir, con el fusilamiento de Núñez de Prado. El caso de Valencia fue un tanto peregrino, pero revelador también de las dificultades para tomar una decisión. Durante dos semanas los cuarteles comprometidos mantuvieron una especie de precaria neutralidad, a pesar de que el número de los comprometidos en la sublevación era elevado. La presencia en la capital levantina de Martínez Barrio, moderado y volcado a una acción negociadora, y las dudas del general González Carrasco, que en principio hubiera debido sublevarse en Barcelona, contribuyen a explicar lo sucedido. El decantamiento final se produjo en un momento en que la República y el gobierno del Frente Popular parecían haber obtenido una situación ventajosa frente al adversario. Un caso parecido de neutralidad por parte de las autoridades militares se produjo en el Sahara y Guinea hasta que la mayor cercanía de los sublevados tuvo como consecuencia su victoria. En la importante base naval de Cartagena los cambios de mandos militares explican el fracaso de una sublevación que parecía contar con apoyos importantes. En Extremadura la decisión a favor de la sublevación (en Cáceres) o en contra de ella (Badajoz) dependió de las fuerzas de orden público. En suma, durante unos cuantos días de julio sobre la superficie de España quedó dibujado un mapa de la sublevación en que las iniciales discontinuidades pronto empezaron a homogeneizarse. Abundan los ejemplos que de este fenómeno pueden citarse: Alcalá de Henares y Albacete, por ejemplo, originariamente sublevados, fueron rápidamente sometidos por las guarniciones leales del entorno inmediato mientras que el regimiento de transmisiones de El Pardo, también sublevado, se trasladó a la zona contraria. La geografía de la rebelión así resultante tenía bastante semejanza con la de los resultados electorales de febrero de 1936, prueba de la influencia del ambiente político de cada zona sobre la definición ante la insurrección. Había, por supuesto, excepciones, como la de Santander, demasiado próxima al País Vasco y Asturias como para decantarse en sentido derechista, o las capitales andaluzas, controladas por sus respectivas guarniciones militares.

El 19 de julio todavía se dio una última posibilidad de convivencia para estas dos Españas. Esa fecha supuso, en efecto, el definitivo e irreversible fin de cualquier posibilidad de transacción. En esos momentos hubo contactos, de los que tenemos escasas noticias precisas, entre sublevados y dirigentes del Frente Popular como, por ejemplo, el viaje a Madrid de un enviado de Goded, el marqués de Carvajal, para entrevistarse con Azaña. De él partió la iniciativa más consistente —pero ya tardía— para evitar el enfrentamiento. Quizá pensaba que el Frente Popular era una fórmula a la que los acontecimientos, ya antes del verano de 1936, habían convertido en poco viable.

A medio plazo debía pensar que sería necesario romper esa coalición, dar un giro al centro y actuar con mano firme contra los grupos extremistas de izquierda, aunque estuvieran integrados en el Frente Popular. Los hechos acabaron demostrando que ya era demasiado tarde pero Azaña, cuyas culpas en la situación parecen evidentes, tuvo el mérito, en este último momento, de intentarlo.

El gobierno Casares Quiroga había tratado de mantener la legalidad republicana evitando la entrega a las masas izquierdistas de las armas almacenadas en los cuarteles. La extensión de la sublevación, el exceso de confianza mostrado ante las denuncias sobre la conspiración y, en fin, su carácter e imprudentes manifestaciones previas imponían su dimisión. El 18 de julio Azaña trató de que se formara un gobierno de centro, similar al que Maura, junto con otros políticos de significación semejante, como Sánchez Román, había sugerido. Este último personaje, muy respetado, que se había marginado del Frente Popular, tras haber contribuido a lograr la colaboración de los republicanos de izquierda, defendió ahora la necesidad de pactar con los insurrectos y formar un gobierno moderado. Así se intentó. El encargado de presidirlo fue Martínez Barrio, que venía a ser algo así como el representante del centro absoluto en la política española de aquellos momentos.

«Yo no sentí la impresión de que todas las treguas estaban terminadas y disipadas todas las esperanzas de concordia», dice en sus memorias el dirigente republicano al referirse al asesinato de Calvo Sotelo. De acuerdo con el encargo que le hizo Azaña, Martínez Barrio debía excluir, por la derecha, a la CEDA y a la Lliga, y, por la izquierda, a los comunistas. Entre el 18 y el 19 de julio daba la sensación de que este intento transaccional todavía resultaba viable. En Oviedo, Aranda todavía no se había sublevado y en Málaga y Granada la situación aún estaba por decidir. Martínez Barrio tenía la posibilidad de convencer a los más moderados o los más republicanos de los dirigentes de la sublevación como, por ejemplo, Cabanellas. «Sería difícil» —dice en sus Memorias— «pero se podría gobernar».

Pero no tuvo la oportunidad de hacerlo. No pudo convencer ni a Mola ni a Largo Caballero de la necesidad de una transacción, pues ambos no consideraban posible (ni deseable) evitar la Guerra Civil. Mola, con quien habló Martínez Barrio, le respondió que ya era tarde, como si esto justificara no tomar en serio la posibilidad de evitar la conflagración. «Ni pactos de Zanjón, ni abrazos de Vergara, ni pensar otra cosa que no sea una victoria aplastante y definitiva», añadió, con palabras tajantes. Lo mismo debían pensar las masas que seguían a Largo Caballero o que simpatizaban con lo que él representaba, porque interpretaron el propósito del dirigente de Unión Republicana como una auténtica traición. «Se repetía el mismo fenómeno alucinatorio de la rebelión de Asturias» —interpretó Martínez Barrio—, «creer que en España la voluntad de una clase social puede sobreponerse y regir a todas las del Estado». En definitiva fue la actitud de esas masas populares, «irreflexiva y heroica», como las describe él mismo, la que hizo inviable su propósito. En estas condiciones fue ya imposible detener a medio camino el estallido de la Guerra Civil. El Gobierno presidido por Giral, formado tras la renuncia de Martínez Barrio, presupuso ya su existencia y actuó de acuerdo con ella al aceptar que se entregaran armas a las masas revolucionarias. El dimisionario partió para Valencia donde consiguió, como sabemos, que la guarnición se mantuviera fiel a la República.

En realidad, antes incluso de que se hubiera formado el gobierno Giral, hubo ya en los medios gubernamentales de segunda fila quienes, gracias a mantener una actitud que consideraba el enfrentamiento inevitable, contribuyeron de manera importante a que el balance inicial del conflicto no fuera positivo para los sublevados. Los testimonios de algunos de los principales dirigentes militares republicanos resultan, en este sentido, muy significativos. Tagüeña dice, por ejemplo, haber pasado en los últimos tiempos «casi todas las noches de guardia en el puesto de mando de las milicias socialistas en espera del golpe militar» porque llegar al enfrentamiento era un «deseo acariciado largo tiempo». Más decisiva aún fue la acción de otro militante comunista, Cordón, que, junto al general Sarabia, jefe de personal en el Ministerio de la Guerra, contribuyó a que buena parte de las guarniciones permanecieran adictas al Gobierno. En la flota, la acción espontánea de un oficial radiotelegrafista llamado Balboa, que envió desde el centro de comunicaciones de la Armada telegramas a las tripulaciones en favor del Frente Popular, consiguió la rebelión de buena parte de ellas en contra de la oficialidad, con los luctuosos resultados que luego se referirán. Si existía una organización militar conspiradora con las siglas UME había también otra, denominada UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista), tan minoritaria como la citada, pero al acecho de los intentos conspiradores antirrepublicanos.

El 19 de julio era patente no sólo el fracaso de los intentos de transacción sino también el del pronunciamiento imaginado por Mola, y ambas realidades hacían inevitable la Guerra Civil. Los «tres días de julio» no habían sido en absoluto resolutivos, al contrario de lo que habían pensado ambos bandos. El Ejército no había actuado con unanimidad, lo que prueba que la actitud gubernamental fue mucho menos pasiva de lo que se suele afirmar y había tropezado con resistencias muy fuertes de carácter popular. Por eso sería incorrecto presentar lo sucedido exclusivamente como una sublevación del Ejército o los generales contra de las instituciones. Aunque los principales dirigentes del bando sublevado fueran generales y dieran una impronta característica a la rebelión no faltaron inicialmente oficiales en la zona controlada por el Gobierno. Como ya se ha señalado, muchos mandos militares no se sublevaron y el número de generales afectos al régimen fue elevado.

Resulta muy posible que la diferencia de comportamiento político en el seno de la oficialidad en el momento del estallido de la sublevación derivara de diferencias generacionales que se sumaban a las ideológicas. Fueron los oficiales más jóvenes los que se sublevaron, hasta el extremo de que en las últimas promociones de la Academia General Militar el porcentaje de los que lo hicieron se aproxima al 100 por 100. De todos modos al Gobierno republicano no le faltaron en un primer momento oficiales, puesto que de los quince mil en activo aproximadamente la mitad quedó en la zona controlada por él. Así lo han recalcado los historiadores favorables a Franco, que no tienen en cuenta la verdadera realidad. En efecto, esta cifra resulta engañosa por la sencilla razón de que luego el Ejército Popular no hizo uso de los oficiales que quedaron en la zona que controlaba, bien por desconfianza de sus intenciones, porque fueron asesinados o porque huyeron. A los oficiales en activo se pudieron sumar los retirados dispuestos a colaborar. En suma se puede ca, de acuerdo con historiadores favorables a la sublevación, que el Ejército Popular contaría con unos 5000 oficiales profesionales, cifra inferior en un 50 por 100 a la de los que combatieron en el otro bando, pero que no revela indefensión por parte de las autoridades republicanas. No obstante, cálculos posteriores revelan una realidad mucho menos favorable a la causa republicana. Sólo el 14 por 100 de los oficiales que figuraban en el Anuario militar estuvieron al frente de tropas del Frente Popular y, como veremos, las circunstancias fueron todavía más desfavorables en otras armas.

De todos modos, en los momentos iniciales de la guerra la situación no era ni mucho menos tan propicia a la sublevación como lo hubiera sido en el caso de que a ésta se hubiera sumado a la totalidad del Ejército. La balanza estaba bastante equilibrada e, incluso, desde más de un punto de vista, si alguien tenía auténtica ventaja era el Gobierno. Un cómputo realizado por algunos historiadores militares proclives a la causa de los sublevados afirma que, aproximadamente, el 47 por 100 del Ejército, el 65 por 100 de los efectivos navales y aéreos, el 51 por 100 de la Guardia Civil, el 65 por 100 de los Carabineros y el 70 por 100 de los Cuerpos de Seguridad y Asalto estuvieron a favor de los gubernamentales. Tales cifras, como las relativas a la oficialidad, pueden ser muy engañosas y parecen transmitir la impresión de que fue la incompetente dirección del Ejército Popular la que ocasionó su derrota, juicio más que discutible. En realidad la división del Ejército en casi dos mitades idénticas oculta la realidad de que la porción más escogida del mismo, la única habituada al combate y dotada de medios, en términos relativos al menos, el Ejército de Marruecos, estuvo en su totalidad en manos de los sublevados. Otro ejemplo de la situación efectiva resultará todavía más significativo. La distribución de los medios bélicos navales, medidos en número de buques, ofrece un panorama todavía más aplastante a favor de la República, que tenía 40 de los 54 barcos disponibles. Sin embargo, los sublevados pronto contaron con unidades modernas (los cruceros Canarias y Baleares) y, sobre todo, los gubernamentales no pudieron hacer patente su superioridad por tener en contra a la práctica totalidad de la oficialidad. En total un 35 por 100 de la misma fue asesinada por las tripulaciones, un porcentaje enorme que todavía es mayor en el caso de los más jóvenes, pues se eleva al 43 por 100 en los alféreces de navío. Entre asesinados y dados de baja casi el 85 por 100 de la oficialidad naval fue inutilizada por el propio Frente Popular pero ni aun la mitad del resto (6,5 por 100) sirvieron a su causa, lo que sin duda explica la catastrófica actuación de la flota republicana. De unos 450 aviones existentes el Gobierno republicano contó con más de trescientos, pero los aviones italianos, que llegaron muy pronto en ayuda de la sublevación, al ser mucho más modernos, equilibraron la superioridad gubernamental.

En cambio, ésta fue patente en lo que respecta a los recursos humanos y materiales de los que inicialmente se partió. En un discurso radiado Indalecio Prieto afirmó, como por otro lado era bien evidente, que «extensa cual es la sublevación militar que estamos combatiendo, los medios de que dispone son inferiores a los medios del Estado español». Prieto insistió especialmente en dos hechos: el oro del Banco de España permitía al Gobierno una «resistencia ilimitada» y, además, el ejecutivo tenía también a su favor la mayoría de las zonas industriales, de importancia primordial para el desarrollo de una guerra moderna. A ello se podía añadir que, aunque la zona gubernamental fuera discontinua, en ella vivía un porcentaje de población —60 por 100 del total— superior a la adversaria.

¿Cómo se explica entonces que el resultado de la Guerra Civil fuera tan distinto de las previsiones de Prieto? Para dar una respuesta completa a este interrogante será preciso esperar al final del presente capítulo pero, de entrada, se puede citar una causa fundamental. Al mismo tiempo que el Estado republicano hacía frente a la sublevación militar e impedía que ésta triunfara, se enfrentó también a una auténtica revolución política y social surgida en las mismas regiones y sectores sociales que se decían adictos a su causa. Como «cada grupo actuó con absoluta independencia y se organizó no como parte de un todo sino como un todo aparte», el resultado de esta situación fue que esas ventajas iniciales, relativas en todo caso, se esfumaron.

La revolución y sus consecuencias

«Al día siguiente del alzamiento militar» —escribió Azaña cuando la Guerra Civil hubo terminado— «el Gobierno republicano se encontró en esta situación: por un lado tenía que hacer frente al movimiento… que tomaba la ofensiva contra Madrid; y por otro, a la insurrección de las masas proletarias que, sin atacar directamente al Gobierno, no le obedecían. Para combatir al fascismo querían hacer una revolución sindical. La amenaza más fuerte era, sin duda, el alzamiento militar, pero su fuerza principal venía por el momento de que las masas desmandadas dejaban inerme al Gobierno frente a los enemigos de la República». Por eso, añadía el ya ex-Presidente de la República, la principal misión del Gobierno a lo largo de toda la Guerra Civil debió ser, precisamente, «reducir aquellas masas a la disciplina». Nunca una frase ha resumido tan bien un proceso tan complicado como el que tuvo lugar a partir de julio de 1936. Si la República fue derrotada parte de las razones residen, en definitiva, en el hecho de que no consiguiera concluir el proceso de normalización.

En la España de 1936 la revolución real fue «la respuesta a una contrarrevolución emprendida frente a una revolución supuesta» (Aróstegui). Los propios testigos presenciales así lo vieron de modo que, por ejemplo, Federica Montseny aseguró que «la rebelión tuvo como consecuencia adelantar la revolución que todos ansiaban pero que nadie esperaba tan pronto». En adelante guerra y revolución desempeñaron un papel antagónico o complementario, según la ideología de cada uno.

Pero no se piense que la opción revolucionaria se limitó a quienes habían practicado la «gimnasia» subversiva contra la República. No fueron tan sólo los anarquistas quienes defendieron la primacía de la revolución sino que este sentimiento estuvo mucho más extendido en la «cultura popular» de entonces, la cual contribuyó también a fomentar las posteriores colectivizaciones. Claridad, el diario de Largo Caballero, que pronto fue presidente del Consejo, lo hizo literalmente: «La guerra y la revolución son una y la misma cosa. No sólo no se excluyen y perturban mutuamente sino que se complementan y conjugan».

El espectáculo de algo tan poco habitual en Europa como una revolución y la evidencia de la misma fueron los factores que atrajeron a tantos extranjeros a España, de la que dieron a menudo una impresión colorista pero no siempre acertada. Esa visión estaba destinada a convertirse en una leyenda duradera de la Guerra Civil. Algunos de los viajeros de entonces ofrecen una visión inigualable de la Barcelona de las primeras semanas de la guerra. Parecía «como si hubiéramos desembarcado en un continente diferente a todo lo que hubiéramos visto hasta el momento». En efecto, «a juzgar por su apariencia exterior [Barcelona] era una ciudad en que las clases adineradas habían dejado de existir». Todo el mundo vestía como si fuera proletario porque el sombrero o la corbata se consideraban prendas «fascistas», hasta el punto de que el sindicato de sombrereros debió protestar por esta identificación. El tratamiento de «usted» había desaparecido y se respiraba una atmósfera de entusiasmo y alegría, aunque la existencia de una Guerra Civil se apreciara en la frecuente presencia de grupos armados, mucho más necesarios en el frente que en la retaguardia.

En las descripciones de los extranjeros brilla ante todo un interés entusiasta por la novedad. La realidad es, sin embargo, que con frecuencia los viajeros extranjeros, amantes de las emociones fuertes y herederos de las tradiciones del romanticismo, no supieron apreciar los graves inconvenientes que la situación revolucionaria tuvo para los intereses del Frente Popular. Una vez que estalló la revolución como respuesta a la sublevación adversaria resultó por completo irreversible: como también escribió Azaña, ante la revolución el Gobierno «menos que adoptarla podía reprimirla». Los organismos revolucionarios recortaron el poder del Estado —aunque también lo suplieran en unos momentos difíciles—, pero otra cosa es que, pasado el tiempo, constituyeran un sistema de dirección eficaz. En cualquier caso lo sucedido en España poco tuvo que ver con lo acontecido en Rusia en 1917 o en Alemania en 1918. Allí la revolución engendró unos soviets o unos consejos que permitieron sustituir por completo, aunque sólo temporalmente en el segundo de los casos, a la organización estatal. En España existió una pluralidad de comités u organismos semejantes que impidió el monopolio de una sola fórmula, obligó al prorrateo del poder político y lo fragmentó gravemente; por si fuera poco no creó un único entusiasmo y menos una disciplina como la que Trotsky impuso al Ejército bolchevique, sino que los fervores divergentes de las diferentes opciones resultaron en buena medida incompatibles y autodestructivos. En palabras de Madariaga el Frente Popular resultó «una verdadera hidra revolucionaria con una cabeza sindicalista, otra anarquista, dos comunistas y tres socialistas, amén de las cabezuelas, mordiéndose furiosamente la una a la otra». No siempre sucedió así pero, como veremos, la situación descrita fue bastante habitual.

El citado ensayista ha señalado también cómo la causa que representaba la República, es decir, la tradición de Francisco Giner, fue sepultada entre las Españas que representaban otros dos Franciscos, Franco y Largo Caballero. El gobierno Giral se vio condenado a una parálisis radical motivada por una situación de la que no era culpable y a la que no podía enfrentarse. Cuando, en julio, prohibió los registros y detenciones irregulares, no fue atendido y cuando ordenó, al mes siguiente, la clausura de los edificios religiosos no hizo sino levantar acta de lo que ya sucedía (si no estaban destruidos). Formado el gabinete exclusivamente por republicanos de izquierda, ya no representaba ni remotamente la relación de fuerzas existente en el Frente Popular, pero la impotencia no sólo le fue atribuible a él sino también al siguiente gobierno. Cuando el de Largo Caballero quiso abandonar Madrid ante la amenaza de las tropas de Franco, algunos ministros fueron obligados a retroceder por la fuerza imperiosa de las armas. Se demostró, así, que, «a un tiro de fusil» de la capital su autoridad «se extinguía y la suplantaban los jefes de columna y los sargentos de piquete» (Zugazagoitia).

Mientras tanto se había producido «una oleada de consejismo» que pulverizó el poder político, reduciendo al gobierno Giral a la poco brillante tarea de mantener ante el exterior la fachada de las instituciones republicanas. Siguiendo una larga tradición histórica española que se remonta hasta la guerra de la Independencia, cada región (o incluso cada provincia y cada localidad) presenció la constitución de juntas y consejos que, a modo de cantones, actuaron de manera virtualmente autónoma. «El orden republicano antiguo» —escribió Azaña, entre la melancolía y la irritación— «pudo ser reemplazado por otro, revolucionario, pero, no lo fue y no hubo así más que impotencia y barullo».

Un recorrido por la geografía controlada por el Frente Popular demuestra que no hay exageración en estas palabras. En el mismo Madrid la salida del Gobierno provocó la creación de una Junta. En Valencia, destinataria de aquél, hubo en los primeros momentos dos poderes, el Comité Ejecutivo Popular, formado por representaciones políticas y sindicales, y la Junta delegada del Gobierno, nombrada por éste. En Barcelona las armas conseguidas por la CNT provocaron que el Comité de Milicias Antifascistas redujera a la Generalitat, en los primeros momentos, a la condición de mera sancionadora de decisiones que no tomaba por sí misma; a su vez la Generalitat pretendió hacer crecer su poder a expensas de la Administración central lo que, dada su impotencia, no dejaba de tener fundamento. En consecuencia asumió las competencias de aduanas y comercio exterior y pretendió que no fueran válidas otras medidas que las que ella misma convalidara. En Asturias hubo inicialmente dos comités, el de Gijón, anarquista, y el de Sama de Langreo, socialista. El Consejo de Aragón, formado gracias a las columnas anarquistas procedentes de Cataluña, tuvo una especie de consejo de ministros propio. Incluso en unidades geográficas inferiores a las regiones se pudo constatar la fragmentación del poder político. Hubo un momento en el que la provincia de Guipúzcoa tuvo tres juntas. En cada población las autoridades municipales legales fueron sustituidas por otras que eran el resultado del reparto entre los poderes sindicales o políticos del Frente Popular en la nueva situación, al margen de lo que hubiera sucedido en cualquier elección municipal. En Castellón, por ejemplo, se hizo con el Ayuntamiento un Comité con 14 miembros de la CNT, 7 de UGT, 7 del POUM y 7 republicanos.

«Nunca se conocerá con seguridad la magnitud de nuestras pérdidas durante aquellos días, dada nuestra gran inexperiencia y lo poco versados que estamos en el arte de la guerra», ha escrito uno de los mejores militares del Frente Popular, Tagüeña. En efecto, la revolución supuso, de entrada, la ineficacia militar en los primeros meses de guerra, de modo que de nada sirvió que las fuerzas relativas de los contendientes estuvieran relativamente equilibradas el 18 de julio, porque la realidad es que en la zona del Frente Popular no sólo se descompuso la maquinaria del Estado sino que incluso desapareció el Ejército organizado, siendo sustituido por una mezcolanza de milicias políticas y sindicales junto a unidades de Ejército que ya no conservaban sus mandos naturales. Como testimonio de que «las masas alucinadas destruían los últimos restos de la maquinaria militar que iba a hacer tanta falta» Azaña contó luego, indignado, lo sucedido en Valencia, donde se vendieron a los gitanos todos los caballos de un regimiento.

La indisciplina hizo frecuente que los milicianos madrileños combatieran unas horas para volver luego a dormir a sus hogares. Las columnas anarquistas tenían a menudo nombres sonoros, pero que correspondían poco con su ineficacia. Se puede calcular el asombro y la ira con la que el general Rojo, fundamental inspirador de las principales operaciones militares del Frente Popular, denunciaba hechos como haber encontrado a soldados en el frente de Aragón que jugaban al fútbol con el adversario o a oficiales que llevaban su graduación pintada a pecho descubierto sobre la tetilla. No puede extrañar que en sus libros los describa como «cazadores» y no verdaderos combatientes. En esas circunstancias, cuando nadie era capaz de saber qué efectivos había en el frente ni tampoco dónde estaban, la ventaja o la igualdad de partida del Frente Popular estaba condenada a disiparse. Así se entiende también que no existiera ni unidad en los propósitos, ni selección de prioridades en el bando «frentepopulista», que dio pruebas aparentes de estar más interesado en conquistar pequeños pueblos aragoneses que en evitar que Franco cruzara el Estrecho de Gibraltar. Al menos, sus dirigentes no fueron capaces de rectificar esta impresión.

La importancia de la revolución rebasa este aspecto militar y político, de directa e inmediata influencia sobre el desarrollo de las operaciones. Hay otro aspecto, el económico-social, que despertó el interés y el entusiasmo de los extranjeros que visitaron España para solidarizarse con la revolución. En una época muy posterior, durante los años sesenta y setenta, fue muy habitual considerar que en España se había dado el primer y único caso de revolución anarquista llevada a la práctica, con la única posible excepción de Ucrania durante la etapa bolchevique. Quienes defendieron fórmulas de «socialismo autogestionario y descentralizado», no relacionadas propiamente con el anarquismo, también pensaron que el caso español revestía un interés singular. Pero hasta una fecha muy reciente no se ha iniciado una labor de investigación monográfica que permita enjuiciar esta revolución sin que la realizada hasta ahora tampoco permita ofrecer un balance completo y definitivo de lo sucedido.

La razón estriba en que la literatura propagandística de la revolución es poco proclive a ofrecer datos concretos. Cabe, sin embargo, establecer algunas conclusiones generales que pueden ejemplificarse en los casos de los que tenemos un conocimiento más detallado.

En primer lugar, ha de partirse de que la colectivización, en términos generales, fue un fenómeno espontáneo y no impuesto, aunque en él jugaran un papel esencial las minorías dirigentes. La excepción podría estar constituida por el campo aragonés, en donde no existía un sindicalismo organizado y donde las columnas anarquistas procedentes de Cataluña impusieron la revolución por la violencia. Por otro lado, no puede decirse que las colectivizaciones partieran de cero: aparte de la experiencia del intento revolucionario asturiano había también la de los arrendamientos colectivos de la tierra, que en algunas provincias (Jaén) habían tenido una importancia destacada.

Tampoco cabe identificar exclusivamente la revolución con los anarquistas puesto que en ella colaboró con todo entusiasmo la UGT. La «cultura popular» de sindicatos y de masas proletarias resultaba bastante homogénea, al margen de la distancia ideológica existente entre quienes las dirigían. Fue muy característico del proceso revolucionario el desarrollo de una enorme variedad de fórmulas organizadoras, incluso en poblaciones muy cercanas. Sin embargo, con el paso del tiempo la espontaneidad revolucionaria fue siendo sustituida por el centralismo y la autoridad estatal.

El volumen del proceso colectivizador es muy difícil de calcular. El número mismo de las colectivizaciones oscila, según los diferentes cómputos, entre 1300 y 2300. De todas formas es difícil exagerar la importancia del proceso y basta para demostrarlo con citar dos datos fiables: según fuentes anarquistas tres millones de personas habrían participado en el proceso colectivizador agrario y, según cifras oficiales de 1938, relativas a tan sólo una parte de la zona del Frente Popular, habrían sido expropiadas cinco millones y medio de hectáreas que suponían el 40 por 100 de la superficie útil. De ser así resultaría que el cambio de propiedad de la tierra durante la revolución española habría sido superior al de la primera etapa de la revolución soviética.

Con todo predomina la impresión de variedad geográfica en el grado de la colectivización, de tal manera que ese porcentaje global es muy poco significativo. En Cataluña y Valencia la colectivización agraria parece haber sido un fenómeno marginal.

En la primera región habría afectado a tan sólo 66 entre más de un millar de municipios y en la segunda el porcentaje fue del 13 por 100 en Valencia y del 5 por 100 en Castellón. En ambas la forma de propiedad no latifundista y el claro deseo del campesino de tener y explotar la tierra de forma individual impidieron o dificultaron las colectivizaciones. En Alicante, por ejemplo, dada la resistencia de los campesinos a la colectivización, los comunistas optaron por promover cooperativas, de las que controlaron más de la mitad. En cambio en otras zonas los porcentajes de tierra que cambiaron de dueño fueron muy superiores. En Ciudad Real se expropió el 56 por 100 del total, el 33 por 100 en Albacete, pero el porcentaje fue todavía mayor (65 por 100) en Jaén, donde, además, el 90 por 100 fue colectivizado. En cambio en la vecina Almería la colectivización fue poco importante. (En esta provincia un factor puramente personal, la actuación del gobernador civil, permitió una perduración efectiva del funcionamiento de las instituciones republicanas).

El ritmo de la revolución agraria varió también e idéntica sensación de heterogeneidad proporciona la significación política de las colectivizaciones. Aragón fue la única región en que parece haber tenido un claro predominio la CNT, que controló el doble de ayuntamientos que la UGT. Aunque en algunos casos la colectivización fuera espontánea en general fue impuesta por la violencia en una región donde la mayor parte del electorado era republicano o católico. Durruti, el principal dirigente anarquista, llegado de Cataluña, no ocultó esta realidad al afirmar que «es ley de vida que los ejércitos vivan sobre el terreno que han conquistado» y alguno de sus colaboradores no tuvo reparo en justificar la «justicia instintiva», dando pie a la más arbitraria de las violencias. Caspe, capital del Consejo de Aragón, tenía, antes de la llegada de las columnas anarquistas, una significación netamente conservadora pero, tras ella, el 75 por 100 de los habitantes vivieron en colectividades. Incluso en aquellas regiones en donde no existió violencia en el período bélico se produjo, probablemente presionada por el ambiente y por el deseo de lograr protección, una sindicalización masiva, y las sociedades sindicales llegaron hasta poblaciones en donde nunca habían sido implantadas.

En cambio, en Valencia hubo una enorme diferencia entre las poblaciones que tenían una larga tradición anarquista (Alcoy y Elda, por ejemplo) y aquellas otras en las que no era éste el caso; la mayor parte de las colectividades fueron de la CNT —cuatro veces más que UGT— pero, como se ha dicho, el fenómeno tuvo unos efectos restringidos. En Alicante, por su parte, el 44 por 100 de las colectividades agrícolas fue de UGT, el 40 por 100 de CNT y el resto mixtas mientras que en las industrias predominó de manera clara la CNT. Frente a lo que en principio podría pensarse, en Andalucía los «ugetistas» tuvieron tanta importancia en las colectivizaciones como los anarquistas. En Jaén un tercio fueron exclusivamente suyas, quedando la CNT reducida a una minoría. En el resto de Andalucía se dio un mayor equilibrio entre las dos organizaciones. Llama la atención la colaboración entre centrales sindicales de pasado tan antagónico y tan diferentes concepciones pero debe tenerse en cuenta que ninguna de ellas tenía concepciones claras sobre cómo organizar las colectividades, lo que facilitó el posible acuerdo.

Si la composición política varió también lo hizo la forma de explotación agraria.

De ello pueden haber sido responsables principalmente los anarquistas, que habían declarado que en el momento de llegar la revolución «cada cual propiciará la forma de convivencia social que más le agrade». Algún viajero extranjero, como Borkenau, describe casos en los que el anarquismo organizó algo así como comunas primitivas autosuficientes, gobernadas por una especie de soviet campesino, y que, cuando necesitaban un producto, recurrían al simple trueque con el pueblo vecino. En Andalucía fue bastante frecuente la supresión del dinero o incluso la prohibición de bebidas alcohólicas y el cierre del bar. Pero estas fórmulas, que remiten a una especie de anarquismo primitivo, no siempre se dieron. Hubo casos en que la tierra fue explotada mediante un sistema mixto, en parte individual y en parte colectivo. Parece haber sido bastante habitual en las colectividades agrarias la existencia de dos organismos de gobierno, una asamblea general y un consejo o comité, más reducido, de carácter ejecutivo.

Idéntica variedad parece haberse dado también en el ámbito urbano. Es muy posible que tres cuartas partes de la población obrera barcelonesa trabajara en centros colectivizados, mientras que sólo la mitad lo hacía en Valencia y un tercio en Madrid; en Asturias la colectivización industrial fue muy importante, pero mucho menor en el País Vasco gracias a la influencia de los nacionalistas vascos. En una provincia como Alicante la colectivización no fue completa pero la intervención sindical afectó a casi todas las empresas, incluso aunque conservaran a los patronos como gerentes técnicos.

En Barcelona se produjo la práctica desaparición de éstos así como una evidente mediatización de la gestión por parte de los sindicatos, pero las fórmulas precisas de explotación sólo puede ser intuidas, teniendo en cuenta, por otro lado, que las autoridades (en este caso, la Generalitat) fueron imponiendo progresivamente fórmulas que facilitaran su control. En octubre de 1936 fueron colectivizadas en Cataluña todas las fábricas de más de cien trabajadores, las que hubieran sido abandonadas por sus dueños o aquellas donde éste fuera partidario de los rebeldes, pero subsistieron empresas privadas de menor tamaño y con control sindical. En realidad, por esas mismas fechas se estaba produciendo en el conjunto de España el comienzo de una tendencia rectificadora del proceso revolucionario. Aunque la cultura popular favoreciera las colectivizaciones éstas, en realidad, fueron obra de una minoría. Incluso en una Barcelona de inequívoca significación anarquista el estudio de alguna industria colectivizada testimonia la pasividad de la mayor parte de los trabajadores; en Alicante gran parte de las incautaciones de tierras se realizaron «al tuntún», según opinión de los comunistas locales. Como, además, las colectivizaciones, variadas en significación, poco pensadas y, sin duda, complicadas en la gestión, causaban problemas a la dirección de la guerra fueron precisamente los comunistas quienes protagonizaron la tendencia rectificadora del proceso revolucionario. Vicente Uribe, ministro del PCE en el gobierno de Largo Caballero, denunció que en los primeros meses de la contienda apenas se había trabajado la tierra y trató de limitar las expropiaciones a tan sólo aquellas tierras cuyo dueño fuera «fascista». Así se abrió una polémica que resultaría central en el seno de la causa del Frente Popular. Todos estos propósitos rectificadores —en cierto modo compartidos por la totalidad de quienes estuvieron en el poder— encontraron una serie resistencia porque, una vez iniciado el proceso, era muy difícil darle marcha atrás. De todos modos desde finales de 1936 la política gubernamental resultó mucho más proclive a los medianos y pequeños propietarios.

Difícilmente puede exagerarse la importancia de la revolución económica y social que tuvo lugar en la zona controlada por el Frente Popular durante las primeras semanas de la Guerra Civil. No hemos abordado, de momento, la evolución económica, de la que se tratará más adelante, pero es posible que el resultado en este terreno resulte semejante a las consecuencias de la fragmentación del poder. Cabe adelantar que, aun siendo mucho más difícil efectuar un balance en este caso que en el de la revolución política, el efecto pudo ser parecido. El propio interés de los responsables del Gobierno central o de la Generalitat por controlar la agricultura y la industria lo demuestran y es obvio que la pretendida autosuficiencia económica de las colectivizaciones no ayudaba al esfuerzo bélico. Pudo haber un número más o menos alto de ellas que fueran bien administradas, incluso a pesar de las dificultades impuestas por la guerra, en especial sobre los aprovisionamientos, pero en industrias claves, como la de armamento, acabó por producirse una rigurosa centralización porque ése parecía el único medio para asegurar la continuidad del esfuerzo bélico. Aunque su ideología puede haber contribuido a la dureza de sus juicios, conviene recordar que un testigo tan cualificado como Azaña escribió que «después de los italianos y los alemanes no han tenido los nacionalistas mejor auxiliar que todos aquellos creadores de una economía dirigida o, más bien, secuestrada por los sindicatos».

La represión en la retaguardia

Una consecuencia inmediata de que la Guerra Civil fuera irreversible fue que ambos bandos —o, mejor, individuos pertenecientes a cada uno de ellos— no sólo demonizaron al adversario sino que juzgaron que lo más urgente era exterminarlo físicamente. Hubo momentos iniciales en que se dejó escapar al enemigo o se pactó una cierta neutralidad pero muy pronto pareció imposible este tipo de tolerancia. En efecto esta situación duró poco y la represión fue el testimonio de que se había iniciado la Guerra Civil al tiempo que contribuía a hacerla irreversible. Iniciado el derramamiento de sangre se abrió un abismo entre los beligerantes que ya no pudo cerrarse. Incluso podría añadirse que el primer fenómeno que se produjo en el bando del Frente Popular no fue el intento de llevar a cabo una revolución social, como tampoco en sus adversarios se trató de una restauración de los principios tradicionales. Antes que nada lo que tuvo lugar fue el terror, la eliminación física del disidente, real o potencial.

Los motores del terror en una y otra zona fueron idénticos. Nadie los analizó mejor que Azaña en sus escritos posteriores al final del conflicto. «Los impulsos ciegos que han desencadenado sobre España tantos horrores —escribió— han sido el odio y el miedo. Odio destilado, lentamente, durante años en el corazón de los desposeídos. Odio de los soberbios, poco dispuestos a soportar la insolencia de los humildes. Odio a las ideologías contrapuestas, especie de odio teológico, con que pretenden justificarse la intolerancia y el fanatismo. Una parte del país odiaba a la otra y la temía. Miedo de ser devorado por un enemigo en acecho: el alzamiento militar y la guerra han sido, oficialmente, preventivos para cortarle el paso a una revolución comunista. Las atrocidades suscitadas por la guerra en toda España han sido el desquite monstruoso del odio y del pavor. La humillación de haber tenido miedo y el ansia de no tenerlo más atizaban la furia».

Pero, si ésos fueron los mecanismos esenciales del terror, indistintos en cada uno de los bandos, es preciso preguntarse por las posibles diferencias. El hecho de que ya se hayan iniciado investigaciones muy detenidas sobre el particular permite hacer algunas indicaciones al respecto. Hubo en los dos bandos una represión sangrienta carente de cualquier tipo de formalidad que recibió el nombre, entre sarcástico y brutal, de «paseo». Esta fórmula represiva fue practicada, principal, pero no exclusivamente, al comienzo de la contienda y por una reducida minoría, aunque sin duda con la complicidad de muchos más, de modo que no debe dejar de imputarse a los responsables máximos una responsabilidad por omisión, al menos en el caso de quienes eran los encargados del orden público en cada uno de los bandos.

Algunos datos parecen probar que los «paseos» se llevaron a cabo en los inicios de la Guerra Civil, al menos en la zona controlada por el Frente Popular: dos tercios de las 4175 víctimas del «terror rojo» en la actual Comunidad Valenciana se produjeron hasta octubre de 1936. De las 8352 víctimas de los asesinatos sumarios en Cataluña unas 6400 murieron antes de finalizar 1936; en Madrid el 60 por 100 de los asesinatos tuvo lugar en tan sólo los dos meses y medio iniciales de la guerra. La significación ideológica de las bandas que practicaron este tipo de bárbara venganza represiva es difícil de precisar, pero hay algunos datos significativos: por ejemplo, en dos poblaciones barcelonesas cercanas, como eran Sabadell y Tarrasa, el número de víctimas fue el triple en la segunda, donde la influencia de la FAI era muy superior. Eso no contradice que hubiera dirigentes anarquistas que se significaran por su deseo de evitar el derramamiento de sangre; incluso la propia FAI amenazó con liquidar a los responsables de los «paseos». De cualquier modo los casos de militantes anarquistas que protestaban más decididamente por el empleo de la violencia corresponden a dirigentes moderados como, por ejemplo, Peiró, que quiso «evitar que la venganza se convierta en un arma revolucionaria», o el responsable de prisiones Melchor Rodríguez, que hizo mucho por evitar los peores aspectos de la represión en la capital de España. Hay indicios de que los comunistas desempeñaron también un papel de primera importancia en la represión, con la particularidad de que la hicieron de una forma mucho más selectiva. Pero, en realidad, la mayor parte de las culpas se deben remitir más a las personas que a los idearios. Hay que tener en cuenta que en la zona del Frente Popular la liberación de los presos tuvo como consecuencia la aparición de un poder represivo paralelo que, de hecho, estaba en manos de delincuentes. Un caso muy característico fue el de García Atadell, principal protagonista de asesinatos incontrolados en Madrid, que luego trató de huir con el producto de sus robos con la mala fortuna para él de que el barco en que lo hacía recaló en Canarias donde, descubierto, fue ejecutado. Reivindicó una significación socialista pero sólo fue un delincuente.

La proliferación de entidades políticas que se produjo en la zona del Frente Popular se tradujo también en idéntica proliferación de órganos represivos. Las llamadas «checas», especie de locales entre policiacos y de tortura, se adscribían a los partidos políticos, aunque actuaban por libre: en Madrid, por ejemplo, hubo unas 200.

En Barcelona existió, además, un organismo entre policiaco y parajudicial, la Oficina jurídica, en manos de abogados próximos al anarquismo, como Barriobero o Samblancat, que incluso se permitieron revocar sentencias de tribunales ordinarios.

Pero, sobre todo, lo que durante los meses iniciales de la guerra existió en el bando del Frente Popular fue una mezcla de tolerancia e incapacidad de control de la violencia represiva: eso es lo que explica los sucesos de Paracuellos, en las proximidades de Madrid, o los del cementerio de Moneada, Cerdañola y las Corts, en las cercanías de Barcelona. De forma semejante a lo que caracterizó a este sector desde el punto de vista militar en las primeras semanas de la Guerra Civil el «terror rojo», aparte de cruel, fue ineficaz. La vida dependió muy a menudo no de la pertenencia a una clase social o a una adscripción política sino de la pura arbitrariedad de las bandas armadas cuyas prácticas tenían poco de sistemático o coherente. Mataron, por ejemplo, sacerdotes, que eran inocuos, o militares, una parte de los cuales podían haber combatido en sus filas.

Frente a lo que en alguna ocasión se ha dicho el «paseo», o represión indiscriminada practicada por elementos irregulares, fue también una fórmula bastante habitual en el bando adversario durante la primera fase de la guerra. En Zaragoza, por ejemplo, de los 3111 asesinados por los «franquistas» durante la Guerra Civil, 2610 lo fueron en el año 1936. Más difícil es identificar la significación ideológica de quienes los practicaban pero hay indicios de que falangistas y determinados elementos de las fuerzas de seguridad tuvieron un triste protagonismo. Según el conde de Rodezno, futuro ministro de Justicia de Franco, en Navarra los falangistas se distinguieron por llevar a cabo «limpias que espeluznan», en especial en la Ribera, mientras que caracterizaba a los tradicionalistas «otra moral y mayor piedad». Pero lo verdaderamente determinante fue siempre el factor humano y personal, y no el ideológico, aunque la extrema derecha moderna fuera más brutal que la antigua.

En uno y otro caso el «paseo», es decir el asesinato sin más, carente de cualquier formalidad, no desapareció completamente hasta el final de la guerra. En Cataluña, por ejemplo, cuando entraron las tropas de Franco todavía se produjeron medio centenar de muertes sin pasar por ningún tipo de formalidad jurídica: así, fue asesinado por quienes huían hacia la frontera francesa el último de los obispos que pereció en el conflicto (el de Teruel).

En Valencia hubo 76 muertos irregulares con la ocupación «franquista» pero antes, cuando todavía controlaban la situación los republicanos, había ejecuciones sumarias cuando se producía un bombardeo aéreo o naval. Hasta el mismo final de la guerra no era extraño que cuando se tomaba una posición que costaba a los atacantes fuerte derramamiento de sangre se ejecutara a todos o parte de los resistentes. Siempre el mayor volumen de sangre derramada estuvo vinculado con la violencia de la lucha política y social previa. En Cataluña el mayor número de asesinatos durante el dominio del Frente Popular se produjo en el Priorato y en la Terra Alta, donde se daban estas características, como en Valencia en las zonas agrícolas del litoral y en Aragón, bajo el dominio «franquista», en los partidos judiciales de Ejea, Sos y La Almunia, de gran propiedad (37 por 100 de los asesinatos de Zaragoza).

Con el transcurso del tiempo, el «paseo» fue sustituido por fórmulas aparentemente jurídicas que, en realidad, suponían la suplantación de los mecanismos hasta entonces habituales de aplicación de la Ley y que, dejando en la práctica poco menos que indefensos a los acusados, redujeron de manera considerable el número de ejecuciones. El paralelismo fue señalado en su momento por el hijo del ex presidente de la República, Alcalá Zamora, que era catedrático de Derecho procesal. Tanto los tribunales militares como los populares estaban en su mayoría en manos de personas que no eran jueces; si acaso, cabe adivinar un carácter más sistemático y uniforme en los primeros que en los segundos. En el bando sublevado la justicia militar redujo la restante a una mínima expresión, adquiriendo una extensión desmesurada. Sólo uno de los cinco miembros de los tribunales tenía que ser jurista: el defensor, que debía ser militar, ni siquiera debía pertenecer a esta carrera; la administración de esta supuesta justicia era expeditiva, no sólo por el poco tiempo dedicado a cada persona sino también por la agrupación de causas muy dispares, al margen de que se juzgara por «rebelión militar» a quienes, precisamente, no se habían sublevado. Se ha podido decir de ella, por tanto, que era algo así como una «justicia al revés».

En la zona contraria se crearon los tribunales populares en agosto de 1936. En ellos sólo tres de los miembros eran funcionarios judiciales, mientras que los otros 14 representaban, a título de jurados, a las organizaciones del Frente Popular por lo que bien se puede decir que aplicaban una justicia política. Con objeto de partir de cero en esta materia se llegó a amnistiar de todo tipo de delitos a quienes fueran avalados por los partidos políticos del Frente Popular. Bien es verdad que la carrera judicial tenía actitudes muy conservadoras y, por ello, fue necesario recurrir a tales procedimientos.

El propio legislador parecía partir de la excepcionalidad de esta jurisdicción al afirmar que estos tribunales seguirían vigentes «mientras duren las actuales circunstancias». El panorama de la legislación represiva republicana se completó con los tribunales de urgencia que juzgaban actitudes políticas más que actuaciones: en Madrid, por ejemplo, entre 12 000-13 000 personas fueron juzgadas por desafectas. En la fase final de la guerra se consideraba delictivo incluso el «derrotismo», es decir, la falta de entusiasmo por la causa propia. Con el paso del tiempo en los tribunales de espionaje creados por el Frente Popular desempeñaron un papel creciente los militares o personas relacionadas con el orden público. Las incautaciones de bienes, privados o religiosos, se realizaron de forma espontánea pero luego se crearon tribunales populares de responsabilidades civiles, destinados a decidirlas, mientras que los bienes adquiridos por este procedimiento eran administrados por una Caja de Reparaciones. En el momento final de la guerra esos bienes, sobre todo los más liquidables, se emplearon para financiar la emigración republicana.

Ha habido quien ha tratado de establecer una distinción entre el terror practicado en la zona «frentepopulista» y la sublevada: el primero habría sido espontáneo y descontrolado y, sobre todo, se habría producido a «posteriori», ante la impotencia de unas autoridades que hubieran querido reprimirlo; en cambio los sublevados lo habrían practicado de modo sistemático y con carácter previo. Quienes defienden esta opinión recuerdan que Mola había indicado que el movimiento debía ser muy violento e incluso que era necesario «propagar una atmósfera de terror». Tal caracterización, sin embargo, no parece por completo acertada. El exterminio del adversario se produjo en los dos bandos y de manera espontánea a partir del momento de la sublevación. Quienes mataron en el bando del Frente Popular no necesitaron del ejemplo del enemigo, aunque fuera la sublevación la que desató los peores instintos en ambos bandos. Tampoco los asesinatos de los sublevados pudieron ser tan sistemáticos cuando, por ejemplo, en Lugo, de los 625 ejecutados sólo 168 lo fueron previo sumario. No obstante, el carácter más sistemático de la represión de los sublevados parece apreciarse en el hecho de que en éste bando no se dio la heterogeneidad que existió en la Justicia republicana. Los tribunales populares de Madrid no pasaron de un 8 por 100 de sentencias a muerte mientras que en Valencia superaron el 40 por 100; los de urgencia absolvieron el 77 por 100 en Castellón y sólo el 12 por 100 en Alicante. Por otro lado, es cierto que hubo muchísimas más declaraciones públicas condenando la represión indiscriminada en la zona republicana: nadie (y menos aún nadie dotado de tanta autoridad, al menos teórica) hizo en el otro bando un discurso parecido al de Azaña en demanda de «paz, piedad y perdón». Tampoco hubo periodistas que, como Zugazagoitia, recordaran por escrito que «para juzgar a cuantos hayan delinquido disponemos de la ley», ni dirigentes políticos que pronunciaran en público las estremecedoras palabras de Prieto: «No imitéis esa conducta, os lo ruego, os lo suplico. Ante la crueldad ajena, la piedad vuestra; ante los excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa». Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el bando adversario la libertad de prensa no existía en absoluto y la posibilidad de discrepancia interna era mucho menor que en el Frente Popular. Quizá la distancia más significativa la marca, en el caso del Frente Popular, la investigación emprendida por el Tribunal de Casación de Cataluña, que reveló dos millares de asesinatos y mandó detener a 175 personas responsables del terror. Pero en el propio territorio de esta Comunidad autónoma el Servicio de Información Militar llevó a cabo ejecuciones irregulares en los meses finales de la guerra.

En el bando adversario Yagüe hizo un discurso pidiendo clemencia para el enemigo pero recibió una reprimenda y una sanción, no tanto por lo que había dicho sino por expresar discrepancias, producto de una supuesta indisciplina, en relación con el comportamiento que se consideraba normal. Es significativo también que las palabras más duras contra el terror hayan sido las de Olaechea, obispo de Pamplona que, por su condición, quedaba al margen de cualquier sanción: «Nosotros no podemos ser como nuestros hermanos de la otra banda: esos hermanos ciegos, que odian, que no saben de perdón». Es importante señalar que la queja ante la represión emprendida por los afines quedó limitada entre los sublevados a los diarios personales. «Dios mío, qué arriesgado es juzgar a los hombres en un ambiente de pasión, de ira, de revancha y de miedo contenido», comentó en su diario Jorge Vigón, militar y futuro ministro de Franco.

«Dios quiera librarnos pronto de estas pesadillas y restituirnos a una normalidad donde la vida humana tenga un valor inestimable», escribió el conde de Rodezno en el suyo. Pero, aunque haya importantes diferencias entre el terror de uno y otro bando, lo que fundamentalmente llama la atención es la profunda similitud del practicado por las dos Españas enfrentadas en guerra, como ya hemos visto en la configuración de sus respectivos sistemas judiciales. Las verdaderas diferencias residieron en las actitudes personales, producto de sensibilidades diferentes que podían darse por igual en los dos bandos.

Respecto de los destinatarios de la represión puede aceptarse, en principio, lo que escribió Azaña: «En el territorio ocupado por los nacionalistas fusilaban a los francmasones, a los profesores de universidad y a los maestros de escuela tildados de izquierdismo, a una docena de generales que se habían negado a secundar el alzamiento, a los diputados y ex diputados republicanos y socialistas, a gobernadores, alcaldes y una cantidad difícilmente numerable de personas desconocidas; en el territorio dependiente del Gobierno de la República caían frailes, curas, patronos, militares sospechosos de fascismo, políticos de significación derechista». Llama la atención, en la exacta descripción de Azaña, que se mencione a los frailes y sacerdotes entre los destinatarios de la represión en la zona republicana. Eso explica el carácter religioso de la guerra para buena parte de los adversarios y ha sido confirmado por la investigación reciente. En provincias como Almería y Alicante las ejecuciones de clérigos llegaron a constituir el 20 por 100 del total pero en zonas como el Maresme, en las proximidades de Barcelona, se alcanzó un 85 por 100, lo que resulta especialmente significativo teniendo en cuenta que la Iglesia catalana fue la más próxima a la colaboración con el régimen democrático republicano. Más adelante se insistirá sobre este punto.

La violencia represiva se puede apreciar de modo preciso haciendo referencia al destino sufrido por un grupo humano reducido como era el de los representantes parlamentarios. En plena guerra los rebeldes ejecutaron a unos cuarenta diputados del Frente Popular, mientras que el Frente Popular hizo seguir el mismo trágico destino a veinticinco de la derecha; uno de cada cinco diputados de los dos grupos más nutridos de las Cortes (PSOE y CEDA) fueron eliminados durante el conflicto.

Si es posible hacer un balance de la mortalidad represiva en un grupo reducido como es el Parlamento, siguen produciéndose duras controversias acerca del volumen total de la misma y de la responsabilidad de cada uno de los bandos en el monto global.

Hay, por supuesto, muchos cómputos, pero la mayor parte no es que no se basen en criterios científicos, es que ni siquiera lo intentan. El primer balance general elaborado cuidadosamente lo pretendió llevar a cabo, a partir de las inscripciones en los registros civiles, Ramón Salas, un serio historiador militar que había combatido con los sublevados. De acuerdo con ellos resultaría que las ejecuciones en la zona controlada por el Frente Popular fueron alrededor de 72 500, por unos 35 500 de la zona sublevada.

Su cálculo reducía el supuesto margen de error a tan sólo el 10 por 100 del total y se completó con una cifra relativa a las ejecuciones de la posguerra. Como es lógico, en una comparación entre ambos terrores estas últimas cifras no se pueden emplear por la sencilla razón de que no se puede conocer el número de ejecuciones que hubiera llevado a cabo el Frente Popular de haber vencido.

Sin embargo, los estudios monográficos de carácter provincial o local muestran discrepancias muy importantes con estas cifras. Así como las inscripciones regístrales de los asesinados derechistas se hicieron siempre o casi siempre no sucedió lo mismo con los muertos del Frente Popular, aunque, pasado mucho tiempo, cuando se produjo la transición la posibilidad de reivindicar pensiones y la desaparición de las razones para cualquier miedo acabó propiciando las inscripciones. Así, en ese cómputo global, parecen más precisos los datos relativos al terror rojo que al blanco. Los estudios monográficos, realizados a partir de los mucho más fiables libros de registro de los cementerios, parecen demostrar que Salas sobrevaloró levemente el número de ejecuciones en la zona del Frente Popular en provincias como Córdoba y Málaga, pero bastante más en Cataluña, donde calculaba 14 000 muertos frente a los 9000 sugeridos por el estudio monográfico de Solé y Villarroya. En cuanto a las cifras de ejecuciones en la zona sublevada la infravaloración de los registros sería de un 30 por 100 en la mayor parte de los casos, pero hay quien la ha multiplicado por tres o por cuatro en provincias como Navarra o Soria. Aun así se debe tener en cuenta que en esta materia siguen operando no sólo los recuerdos familiares sino también los sesgos ideológicos.

Incluso quienes dicen haber utilizado procedimientos metodológicos semejantes dan en ocasiones cifras contradictorias.

En definitiva, no es posible ofrecer datos acerca de la represión para toda España que sean absolutamente fiables, sino tan sólo de alguna región o provincia. En Cataluña la represión de la que fueron objeto las derechas se cobró unas 9000 víctimas y la «franquista», a medida que fue siendo ocupada la región, resultó ser de unas 3400 personas. Estas cifras, sin embargo, resultan difícilmente extrapolables porque Cataluña fue la única región donde pudo producirse una emigración masiva a medida que avanzaban las tropas de Franco. En Valencia la represión del Frente Popular afectó a 4715 personas y la de los vencedores a 4434, pero también en este caso se comparan cifras heterogéneas al tratarse estas últimas de ejecuciones producidas una vez concluido el conflicto. El mejor especialista en estas materias (Solé) ha calculado el terror rojo en unas 55-60 000 víctimas y otro historiador (Moreno) el blanco en unas 90 000 (antes de concluido el período bélico). Si esas cifras resultaran exactas la diferencia no sería, a fin de cuentas, tan acusada. Pero el debate permanece y no parece fácil que se llegue a un acuerdo en un plazo corto de tiempo, por más que las posiciones se aproximen. La única proporción no discutida por los historiadores es la que se refiere al porcentaje de muertos como consecuencia de la represión en comparación con el total de los producidos por la Guerra Civil: la cifra se acercaría a la mitad del total, lo que resulta un palpable testimonio de la barbarie de la guerra.

En cambio parece existir coincidencia entre los investigadores sobre lo que podríamos denominar la geografía de la represión. En aquellas zonas donde, como consecuencia de la situación militar, el miedo al adversario era especialmente grave, la represión fue más sangrienta. El terror blanco fue muy duro en Zaragoza —3111 asesinados— y Córdoba, en la primera línea de combate, así como en general en toda Andalucía y, sobre todo en Málaga, en la que había habido una represión previa cuando estaba controlada por el Frente Popular. El terror rojo tuvo una especial significación en tres grandes capitales (Madrid, Barcelona, Valencia) gracias a esa carencia de control inicial, pero también en zonas de combate como Teruel.

Conviene tratar de forma detallada algunos casos especialmente relevantes. Las cuestiones relativas a la represión provocada por cada uno de los dos bandos siguen siendo, en efecto, las más debatidas de la Guerra Civil en el momento actual y entre ellas resultan especialmente polémicas dos: los asesinatos de Paracuellos del Jarama y el de Federico García Lorca. A ellos habrá que hacer, por tanto, una breve alusión.

En Madrid, a la altura de los primeros días de noviembre de 1936, cuando el Gobierno abandonó la capital, había unos 10 000 presos, de los que un número elevado eran militares, siempre diana predilecta de la barbarie represora en esa zona. En el período de un mes a partir del momento en que se hizo cargo del poder la Junta de Defensa, (en la que Santiago Carrillo era responsable del Orden Público), hubo unas 2400 ejecuciones sumarias en Paracuellos, en un momento en que la situación bélica era especialmente comprometida. De las cárceles madrileñas, que ya habían sido asaltadas con anterioridad, salieron hasta 33 expediciones destinadas a evacuar a presos, pero 23 concluyeron con la eliminación física de todos los que formaban parte de ellas.

Parece comprobado que de lo sucedido puede haber tenido responsabilidad algún elemento subordinado de Orden Público, como Serrano Poncela, quien habló por radio de la «evacuación definitiva» de los presos y algún asesor soviético, como Koltsov, que en su diario deja clara su voluntad de asentar la defensa de la capital en la decisión de «fusilar a mil bandidos». Pero la polémica se centra sobre todo en si tuvo conocimiento Carrillo de lo que sucedía, si pudo evitarlo. Él asegura que no y que ni siquiera controlaba el entorno madrileño hasta el punto de que cuando, unos días después, trató de trasladarse a Valencia, se lo impidió una especie de guerrillero llamado «el chato de las Ventas». En cualquier caso no parece que hubiera decisión alguna de impedir estas ejecuciones sumarias como haría después, en diciembre, el responsable de las prisiones, el anarquista Melchor Rodríguez, que evitó el asalto de la prisión de Alcalá de Henares y el traslado nocturno de los presos. Estaríamos, por tanto, ante una responsabilidad por omisión. Como en Madrid, la situación vivida en Granada en agosto de 1936 era crítica.

La ciudad había soportado la repetición de las elecciones, el incendio del diario de derechas y las dudas del general Campins a la hora de sublevarse. Luego Granada fue sitiada y bombardeada durante casi un mes, con el resultado de más de un centenar de muertos. Lorca fue asesinado en un período en el que sufrieron la misma suerte más de 500 personas. El poeta no se significaba políticamente, aunque en los últimos tiempos manifestara claras simpatías por la izquierda. En el mismo mes fueron ejecutados el alcalde de la ciudad, su cuñado, y buena parte de los concejales de izquierda, así como media docena de catedráticos, entre ellos el rector de la universidad. Los responsables directos de la detención de Lorca fueron un antiguo diputado de la CEDA, Ruiz Alonso, y un oficial vinculado en otro tiempo a la represión de Casas Viejas, pero los ejecutores fueron Guardias de Asalto y no cabe la menor duda de que las autoridades supremas de la ciudad conocían lo que estaba sucediendo. Sólo se atrevieron a defender al poeta intelectuales como el poeta Luis Rosales o el músico Manuel Falla. Francamente dudoso resulta, sin embargo, que se pueda atribuir algún conocimiento o responsabilidad a autoridades militares lejanas. Unas horas después del asesinato se restableció la comunicación de la ciudad con el exterior y con ello se alivió la tensión durante tanto tiempo existente en ella.

Todo cuanto antecede se refiere al aspecto más brutal de la represión pero no fue el único. Vino, a continuación, la depuración administrativa por razones políticas. Unas cifras servirán para dar cuenta de su magnitud. En Lugo fueron sancionados por las autoridades «franquistas» el 24 por 100 de los empleados del ayuntamiento de la capital, el 31 por 100 de la Diputación y el 27 por 100 de los maestros. En las quince provincias que permanecieron siempre controladas por el Frente Popular la depuración de maestros afectó al 16 por 100 y al 59 por 100 de los inspectores; en la universidad de Madrid fueron sancionados el 22 por 100 de los profesores y en la de Valencia el 47 por 100.

Si la Guerra Civil constituyó un testimonio de barbarie hubo también quienes hicieron todo lo posible por evitarla. Fueron muchos los españoles que se hallaron en este caso pero, puesto que las potencias extranjeras desempeñaron un papel importante en exacerbar la dureza de la lucha conviene recordar que también contribuyeron a evitar el derramamiento de sangre. La España republicana había quedado sin otras representaciones que la de Rusia, Turquía y seis países de nuestra ascendencia.

Determinados países hispanoamericanos, como Chile o Argentina, iniciaron, durante el sitio de Madrid, una política de asilo en sus representaciones diplomáticas que llegó a beneficiar a 11 000-12 000 personas; muchas de ellas fueron evacuadas, aunque todavía en 1938 quedaban 2000. La representación de la República Dominicana llegó a tener 68 pisos destinados a la protección de españoles. Vivían en ellos personas que trataban de evitar ser objeto de una presumible represión y no de miembros de la llamada «quinta columna», expresión ésta última muy desgraciada que utilizó Mola para denominar a los partidarios de los sublevados en la capital y que tuvo como consecuencia centenares de ejecuciones. A lo largo de la guerra cinco representaciones diplomáticas fueron asaltadas cuando en ellas tan sólo se ofrecía protección y no se conspiraba contra las autoridades republicanas. Nunca en la Historia se había producido nada semejante y no fue el único testimonio de la intervención humanitaria de otras potencias en nuestra guerra. Gran Bretaña, que no practicó el asilo en su Embajada acogió, en cambio, a 30 000 personas cuando cayó el frente norte.

El catolicismo ante la Guerra Civil

Al tratar de la Segunda República hemos podido comprobar hasta qué punto el factor religioso desempeñó un papel de extremada importancia en la vida social y política. Todo hace pensar que existen argumentos tanto a favor como en contra de la afirmación de Azaña de que España había dejado de ser católica. Sin duda, el mundo de la cultura había dejado de serlo, y algo parecido puede decirse de buena parte de las clases medias ilustradas, pero la afirmación no puede extenderse al conjunto de la sociedad española. La misma dureza de la contraposición entre clericalismo y anticlericalismo durante los años republicanos revela que la cuestión no era en absoluto indiferente para la sociedad española. Ésta, sin embargo, vivió con tensión variable el problema que, siendo muy agudo en el primer bienio, lo fue mucho menos luego. Ya hemos visto que la revolución de octubre de 1934 tuvo un componente anticlerical que también se dio en los desórdenes públicos de las últimas semanas de la legalidad republicana; por su parte la propaganda de la derecha en las elecciones de febrero de 1936 revistió también caracteres de un clericalismo extremo. Al margen de los aspectos estrictamente políticos conviene recordar un suceso producido en los años republicanos.

Poco después de proclamada la República, en el momento en que desaparecían los crucifijos de las escuelas, tuvieron lugar en el pueblecito de Ezkioga, en el interior de Guipúzcoa, unas supuestas apariciones de la Virgen que, aún descalificadas por la Iglesia, congregaron, en reuniones sucesivas, a un millón de personas. Quienes acudieron a esos actos figuraron en bandos diferentes durante la Guerra Civil —una parte eran nacionalistas vascos— pero, de cualquier manera, el número de asistentes prueba la importancia del sentimiento religioso en la sociedad española mientras que el contenido de los mensajes recibidos en las apariciones revela una conciencia agónica provocada por la sensación de una inminente catástrofe persecutoria.

Pese a ello, en sus bandos iniciales los militares sublevados no aludieron a la cuestión religiosa en la que, por tanto, no parecían estar primordialmente interesados; la dictadura que pretendían crear, de acuerdo con sus planes iniciales, era republicana y, además, laica. Incluso Franco, católico practicante, se refirió a la aconfesionalidad religiosa del nuevo Estado. Esto, sin embargo, no quiere decir que fuera dudoso el alineamiento de los católicos una vez producido el conflicto.

En la zona controlada por las autoridades republicanas se produjo una durísima persecución del clero católico. Es cierto que este fenómeno se concentró en los meses de julio y agosto de 1936, semanas en las que tuvo lugar la mitad de los asesinatos de sacerdotes —y diez de las trece ejecuciones ele obispos—, pero entre algunos sectores de extrema izquierda la eliminación de sacerdotes o la destrucción de iglesias siguió considerándose como algo normal. Solic Liric Licl Obreni lamentó que, aunque hubiera desaparecido el culto público, sólo se hubiera eliminado un 2 por 100 de los clérigos y Nin se congratuló de que el proletariado hubiera resuelto «el problema de la Iglesia» por el procedimiento de no dejar en pie ni una sola. Más adelante, ya en 1938, los anarquistas protestaron vivamente cuando Negrín trató de restablecer la libertad de cultos.

Si las cifras de asesinatos como producto del «terror rojo» resultan todavía más o menos discutibles en cambio la magnitud de la represión ejercida sobre el clero se conoce hasta el detalle. Murieron 4181 miembros del clero secular, 2365 religiosos y 283 religiosas, es decir un total de 6835 personas. La magnitud de estas cifras se aprecia en términos relativos e históricos. Se puede calcular que desaparecieron un 13 por 100 de los sacerdotes y un 23 por 100 de los miembros de las órdenes religiosas en las zonas controladas por el Frente Popular, lo que supone, respectivamente entre un 8 y un 10 por 100 del total. Éstas serían las cifras medias pero en puntos determinados el porcentaje fue muy superior. En los obispados de Barbastro, Lérida y Tortosa los porcentajes del clero eliminado fueron del 88, el 66 y el 62 por 100 respectivamente. La geografía hace pensar en la responsabilidad desempeñada en estas ejecuciones por los incontrolados de carácter más o menos anarquista, pero no pueden atribuirse tan solo a este sector político los crímenes porque en una ciudad grande como Madrid, donde era más fácil ocultarse y donde apenas existía el anarquismo murió el 30 por 100 del clero, cifra aún mayor que la de Barcelona. Es probable que ésta haya sido la persecución más sangrienta de la Historia de la Cristiandad, sólo comparable a la producida durante la Revolución Francesa o durante el imperio romano, pero de mucha mayor magnitud cuantitativa (en el último caso el número de muertos no parece haber sobrepasado el millar). También debe recordarse el peso relativo de los asesinatos de clérigos en el conjunto de la represión. En una comarca pequeña, como el Maresme, el porcentaje llegó al 85 por 100 del total de asesinados.

En última instancia lo de menos es el número pues la realidad fue que, durante meses, bastaba ser sacerdote para ser asesinado, por supuesto sin formación de causa alguna. En la zona controlada por el Frente Popular el culto simplemente desapareció y sólo de forma clandestina pudo practicarse en privado, al menos hasta 1938 (y muy modestamente a partir de entonces). Quizá se destruyeran unos 20 000 edificios, muchos de ellos de interés artístico, buena parte del ajuar litúrgico y la Iglesia española en la zona republicana se vio obligada a vivir en una situación semejante a la de las catacumbas. Quienes vivieron esta situación no la pudieron olvidar. El cardenal Tarancón, que tuvo un papel decisivo en la transición a la democracia recordó, muchos años después, que ya antes de que estallara la guerra «era peligroso ir con sotana por las calles de Madrid».

La incógnita sigue siendo por qué resultó posible esta persecución, por qué se toleró y cuál fue el detonante de este estallido de odio. Se pagaron así los pecados colectivos de la institución eclesiástica, su bajo nivel y peor respuesta a las demandas de sectores sociales que distaban mucho de ser indiferentes respecto de ella y hubo también una especie de «venganza por defraudación» contra la institución eclesiástica por su forma de comportarse en el pasado inmediato o remoto. Pudo haber casos contados de directa colaboración con los sublevados y es posible que para los incendiarios de iglesias y los asesinos de curas esta fórmula de subversión fuera la más espontánea —y también la menos peligrosa— contra la sociedad tradicional. Pero aun así, tamañas atrocidades, de todo punto injustificables, requieren una interpretación antropológica que todavía no se les ha dado. El carácter paródicamente religioso, casi ritual, de los ataques contra edificios y personajes religiosos y la repetición de este tipo de atentados desde el comienzo del siglo XIX requieren, sin duda, una explicación convincente que todavía no está a nuestro alcance.

Se ha dicho que la toma de posición de la jerarquía eclesiástica española se adoptó un tanto tardíamente, después de la primera intervención papal acerca de nuestro país y como consecuencia de la persecución (Tarancón). La verdad es, sin embargo, que menudearon las declaraciones antes de que se produjera la papal y que en ellas se seguía una actitud inequívocamente partidaria de los sublevados; tal actitud fue espontánea y en ella pudo jugar un papel muy importante la persecución, aunque es imaginable que se hubiera producido de forma semejante sin esta última. Hubo una docena y media de textos inequívocos episcopales en las primeras ocho semanas de la Guerra Civil, en alguno de los cuales ya se utilizó el término «cruzada» para referirse a lo que sucedía en España. Otra cuestión que se ha suscitado se refiere a los rasgos personales de los asesinados. En este punto se debe aceptar que fueran los que fueran —ejemplares o no en el terreno moral, abiertos o no a la colaboración con la República— el resultado fue el mismo.

También en una fecha muy temprana, durante el mes de agosto, dos obispos, el de Vitoria y Pamplona, condenaron la posición de los nacionalistas vascos, contrarios a los sublevados, por su colaboración con los comunistas. El autor de este escrito fue el Primado de España, Goma, que desde el final de la época republicana era ya, de manera absolutamente clara, el dirigente decisivo de la Iglesia española. La condena del comunismo conectaba con las últimas declaraciones papales, pero la primera intervención del pontífice sobre la España en guerra, producida a mediados de septiembre de 1936, empleó un lenguaje bastante diferente al de los prelados españoles al reclamar el perdón, invocar la paz y aludir a las causas justas de las reivindicaciones sociales. Esta alocución no fue publicada, en estos términos, en la España sublevada. En ese mismo mes el obispo Pía y Deniel, futuro primado después de Goma, publicó una pastoral, Las dos ciudades, muy expresiva de la visión habitual en la jerarquía eclesiástica y consistente en presentar la contienda, de acuerdo con los ideales de cruzada, como el resultado del enfrentamiento entre el Bien y el Mal. Pía y Deniel, formado en Roma, configuró su pensamiento durante los dos primeros decenios del siglo en Barcelona. La hegemonía que atribuía a la teología sobre el resto de las ciencias humanas, su simplicidad escolástica y su extremado reduccionismo le condujeron a una interpretación como la indicada.

Los obispos españoles que siguieron esta pauta no se contentaron con resguardar la situación preexistente, sino que, a lo largo de 1937, hicieron una «sobreinterpretación católica» del conflicto, insistiendo en sus factores religiosos y señalando la necesidad de una recristianización radical de la sociedad española que borrara cualquier apariencia de tibieza y que configurara al catolicismo español, estrechamente vinculado con la nacionalidad, como el más íntegro y perfecto. El clima bélico explica este planteamiento, que resultó perdurable y que no era fácilmente comprensible para los católicos de otras latitudes.

Así se explica la carta colectiva de los obispos españoles de agosto de 1937.

Pensada originariamente por Goma, se convirtió en realidad gracias, en parte, a una sugerencia de Franco. La carta no tenía como destinatarios a los católicos españoles, ya suficientemente convencidos, sino a los prelados extranjeros y eludía el empleo del término «cruzada». De acuerdo con su interpretación, la República habría hecho de la Iglesia «víctima principal» de su obra de gobierno y la guerra habría resultado inevitable como consecuencia de una previa revolución comunista, ya preparada y «documentalmente probada». Esto último en absoluto era cierto pero no era ése el único inconveniente de la Carta colectiva, que ignoraba la importancia del conflicto social en el origen de la sublevación, parecía olvidar la represión de los sublevados y el caso de los vascos y, en fin, se mostraba muy alejada de los valores democráticos. Lo curioso del caso es que, no mucho después, Goma pudo apreciar en el Nuevo Estado síntomas peligrosos que hacían desvanecerse sus esperanzas de una catolización radical de la sociedad española. La carta colectiva fue escrita durante la batalla de Brunete en un momento en que ni remotamente se podía dar por descontada la victoria de los sublevados.

El problema de la jerarquía eclesiástica española de cara a la Guerra Civil residía en que ese alineamiento suyo con los sublevados la convertía en aliada indirecta de quienes auxiliaban a Franco. En 1937 no se pudo publicar en la España sublevada la encíclica contra el nazismo, lo que fue aceptado por el propio Goma. Su texto sólo apareció en publicaciones eclesiásticas durante el año 1938, pero no en Burgos, sede del Gobierno, ni tampoco en Valladolid, la ciudad falangista por excelencia. Los roces prosiguieron durante todo este año: se produjeron por la predicación en vasco o por los intentos de la Iglesia de «ahorrar sufrimientos», palabras del Papa al embajador de Franco que no publicó la prensa de la zona sublevada. En la fase final del conflicto la Iglesia y el Nuevo Estado eran como dos compañeros de camino que habían colaborado para ganar la guerra y que querían seguir haciéndolo, pero en sus respectivos puntos de vista sobre cómo hacerlo había serias incomprensiones. La Iglesia había hecho una sobreinterpretación religiosa de la guerra pero no podía permitir la nacionalización y politización del catolicismo que le querían imponer las nuevas instituciones, para las que éste era un imprescindible elemento de unión. Los obispos fueron incapaces de comprender que, al exigir un Estado que devolviera al catolicismo un papel central en la sociedad, estaban legitimando de forma indirecta un Estado totalitario. Las últimas pastorales de Goma (e incluso de Pía) testimonian una creciente preocupación respecto del futuro del régimen «franquista». Ya en 1937 había escrito al Vaticano que existía en los medios católicos españoles la idea generalizada de que «ganaremos la guerra pero perderemos la paz». En 1938 un texto suyo recordó a los católicos que los sentimientos nacionalistas no podían primar sobre la adscripción religiosa. Todavía fue más notoria su reticencia respecto del Nuevo Estado una vez obtenida la victoria definitiva: la pastoral Lecciones de la guerra y deberes de la paz, de octubre de 1939, no pudo ser difundida por orden de Serrano Súñer. En ella quedaba patente la preocupación del Primado, que no tardaría en morir y estaba cada vez más obsesionado por los problemas económicos del clero, ante la orientación política de España, tanta que postulaba la necesidad de la unión de los católicos y de que los dirigentes políticos de la España de Franco recibieran la «iluminación de la sana doctrina», como si por el momento no hubiera sido ése el caso.

Esta reticencia se explica por la actitud del Vaticano respecto de los movimientos fascistas y, en especial, del nazismo, sin duda muy influyente en los medios dirigentes españoles. De todas formas en Roma, de hecho desde fecha muy temprana, se dio una actitud sobre los sucesos españoles que permite apreciar una diferencia de planteamientos con respecto a España. La opinión que del catolicismo español se tenía en Roma no era muy halagüeña, a pesar de que aquél tendiera a considerarse como un ejemplo a imitar. Por otro lado, en los primeros meses de la guerra la actitud intemperante del embajador oficioso de Franco ante el Vaticano, el almirante Magaz, no contribuyó en nada a mejorar la situación. Magaz se quejaba de la «absoluta incomprensión» de los medios vaticanos y del propio Papa, que consideraba «completamente injusta la conducta y los deseos del Gobierno nacional». La indignación de Pío XI, al que calificó de «autoritario y despótico», llegó hasta el extremo de que «creí que lo enterrábamos». Fue el propio Goma quien consiguió una mejora sustancial de las relaciones entre Roma y Franco. En diciembre de 1936 visitó Roma, de donde volvió tras haber convencido al Vaticano del carácter católico de Franco y sus seguidores y dispuesto además a servir de «punto de sutura» entre los dos poderes. Pero de ningún modo puede decirse que existiera entre ambos la identificación y la cordialidad que traslucía el ideal de la «cruzada».

Aunque ya en el verano de 1937 residía en la España de Franco un representante de la Santa Sede, Antoniutti, las relaciones entre ésta y su Gobierno no se normalizaron hasta abril de 1938, momento en que se intercambiaron representantes diplomáticos oficiales. Cicognani, el nuncio nombrado por Pío XI, procedía de Austria, hecho que puede revelar los temores de Roma acerca de la posible influencia de la Alemania nazi en España. A estas alturas el gobierno «franquista» y su representante en Roma tenían importantes puntos de discrepancia con el Vaticano relativos a la validez del Concordato —cuestión importante pues permitía mediatizar el nombramiento de los obispos—, a la voluntad de sustituir al Cardenal Vidal i Barraquer, cuya posición describiremos más adelante, y al convenio cultural con Alemania, al que la Santa Sede atribuía una «gravedad excepcional» porque podía servir para introducir doctrinas que detestaba. Resulta muy significativo que sólo en este año desapareciera del Anuario Pontificio la mención a la representación diplomática ante las instituciones republicanas.

Aparte de la habitual prudencia de la diplomacia vaticana, su actitud respecto de la Guerra Civil española se explica también por la profunda división que estos acontecimientos produjeron en la conciencia católica. Ésta se aprecia de forma especial desde una óptica universal. Quizá en España fue donde se produjo un menor grado de discrepancia en esta materia, aunque se diera también, como lo prueban los casos de Euskadi, Cataluña y de un puñado de intelectuales.

En el País Vasco la actitud de los nacionalistas fue mayoritariamente partidaria de la fidelidad a la República. Su posición fue objeto de dura controversia por parte de quienes se alinearon con Franco; se inició con la condena de la colaboración con los comunistas realizada por Goma y prosiguió en 1936 mediante de un cruce de cartas entre el Primado y Aguirre, el presidente vasco. En esencia, el PNV insistió en que la Guerra Civil tenía como razón de ser un enfrentamiento social o político y no religioso; los sublevados, escribió el canónigo Onaindía, habían incumplido los preceptos de la Iglesia sobre el acatamiento al poder constituido y habían iniciado la ofensiva contra quienes no les atacaban. Aguirre añadió que los vascos estaban contra el fascismo y el imperialismo por espíritu cristiano. La aspereza de la división se aprecia en el hecho de que, de los 47 sacerdotes asesinados en el País Vasco, 14 lo fueron por las tropas de los sublevados; es posible que, como dijo Franco a Goma, ese hecho fuera el producto del «abuso de autoridad de un subalterno», pero acabó provocando la protesta indignada del obispo de Vitoria, Múgica, que en octubre de 1936 abandonó la zona controlada por Franco. En realidad Múgica, integrista, no podía calificarse de partidario del PNV, al que en su correspondencia acusó de ir «de tumbo en tumbo», pero sintió la urgencia de defender al clero de su diócesis porque —pensaba— en Vitoria «mandan los militares y la Iglesia está esclavizada». Mientras tanto el vicario Lauzurica hacía las más entusiastas declaraciones sobre Franco, pero tenía problemas en relación con la predicación en euskera. Cuando llegó el primer emisario oficioso del Vaticano a la España de Franco se tuvo que ocupar de abogar por las varias decenas de sacerdotes nacionalistas encarcelados.

También en Cataluña existía un catolicismo que por sus peculiaridades nacionalistas y su mentalidad más moderna, difícilmente podía alinearse del lado de los sublevados. Testimonio del mismo puede ser el propio cardenal Vidal i Barraquer, perseguido por los anarquistas y salvado por la Generalitat, y que, con Múgica, fue el único prelado que se negó a suscribir la carta colectiva del verano de 1937. Requerido por Goma para que lo hiciera respondió que la juzgaba «más propia de la propaganda» que de la firma de quienes la iban a suscribir. Como Vidal, un sector considerable del catolicismo catalán se vio cogido entre dos fuegos, con gravísimas consecuencias en algún caso.

Los jóvenes pertenecientes a la FEJOC o la UDC fueron perseguidos por los anarquistas aunque, por su ideario democrático, estaban muy lejos de identificarse con las posiciones de los sublevados. De los dirigentes católicos nacionalistas hubo uno, Carrasco Formiguera, que, perseguido primero por la CNT, cayó luego en manos de los sublevados siendo ejecutado en abril de 1938. Otro, Romeva, resultó el único voto discrepante en el Parlamento de Cataluña frente al gobierno de Companys aunque permaneciera, al mismo tiempo, en la estricta legalidad constitucional. Un tercero, Roca Cavall, animó los llamados «Comités por la paz civil» que intentaron resolver el conflicto mediante una solución negociada a través de diversas gestiones ante las autoridades o la opinión pública en Gran Bretaña o Francia. Hijo de este último fue Miquel Roca Junyent, futuro dirigente del catalanismo durante la transición a la democracia. Hubo, en fin, algunos intelectuales o políticos católicos, como Ossorio, Bergamín o Semprún, que se identificaron por completo con la causa republicana asumiendo en ocasiones su propaganda de forma en exceso indiscriminada.

Con todo, habiéndose producido una división manifiesta en el catolicismo peninsular respecto de la guerra el decantamiento fue mayoritariamente favorable a los sublevados, lo que no fue así en otras latitudes. Eso —y la carencia de posibilidades de influir en la opinión pública internacional de otra manera— es lo que explica la carta colectiva de los obispos españoles y la puesta en marcha de una oficina de propaganda católica ligada al nuevo Estado. La guerra española conmovió, en efecto, al catolicismo universal, lo dividió y le causó graves problemas internos y de convivencia con el conjunto de una sociedad plural. Así sucedió especialmente en Francia, donde hubo partidarios de los vascos, intentos de lograr la mediación y condenas de la visión de la guerra como cruzada (en el caso de Maritain) pero también personalidades literarias muy conocidas, como Claudel, que evocaron a los mártires por motivos religiosos y, en fin, reaccionarios como Bernanos que, pese a ello, eran contrarios a Franco como consecuencia de su asco al «pudridero moral» de la represión. Aún oculta debido a la existencia del régimen fascista idéntica división se produjo en Italia. Los emigrados antifascistas, como Sturzo, e incluso algunos disidentes internos estaban a favor de la paz a través de la mediación o criticaron la sublevación. En Gran Bretaña o en Estados Unidos los medios intelectuales y sindicales estuvieron en contra de Franco pero éste logró apoyos importantes en algunas órdenes religiosas —los jesuitas, por ejemplo— y en amplios medios que, no muy informados del caso español, al mismo tiempo eran incapaces de comprender la matanza de clérigos que se había producido en España.

En general, la carta colectiva de los obispos españoles contribuyó de manera importante a alinear a la jerarquía católica de todo el mundo en la condena a la persecución religiosa, aunque no puede decirse lo mismo respecto del ideal de cruzada, que muy pocos suscribieron. Los propios dirigentes de la propaganda de Franco admitieron que por este procedimiento habían conseguido un éxito inimaginable por otros. En efecto, no sólo la inmensa mayoría de los católicos aceptaron los puntos de vista de su jerarquía, una vez que ésta se sumó a la posición de la española sino que los críticos de Franco se vieron neutralizados. En los países anglosajones, donde la totalidad de los católicos se identificaban con las instituciones democráticas, el caso español atajó su integración en ellas y provocó graves problemas de conciencia. En los latinos los católicos disidentes de la posición mayoritaria «antifranquista» tendrían una especial relevancia en el mundo político e intelectual a partir de 1945.

En suma, la persecución religiosa agravó considerablemente los problemas de imagen externa de la República sin que por parte de los dirigentes republicanos hubiera una reacción pronta y decidida en contra de esa situación. En noviembre de 1936 Largo Caballero nombró ministro al nacionalista vasco Irujo pero éste no ocupó ninguna cartera en este momento. A comienzos de 1937 presentó al Consejo de Ministros un informe en el que se mostraba la manifiesta inconstitucionalidad de una situación por la que, de hecho, había quedado suprimida la libertad de cultos. Esta intervención no logró el apoyo del gobierno republicano, alguno de cuyos miembros se pronunció en términos de un anticlericalismo elemental. La situación cambió cuando Irujo se convirtió en ministro de Justicia bajo el gobierno Negrín: aunque éste se guiaba por el puro pragmatismo, Irujo consiguió al menos una cierta tolerancia, consistente en el mantenimiento de un culto católico a medio camino entre privado y clandestino. Era, sin embargo, demasiado tarde para que los dirigentes republicanos obtuvieran ninguna ventaja de un cambio tan tímido. Ciertos cargos eclesiásticos, como el vicario de Barcelona, se negaron a admitir la posibilidad de un culto público tras la anterior persecución aunque el de Tarragona, Rial, pareció más propicio. Ni volvió a Cataluña Vidal i Barraquer, como había pretendido Negrín, ni se aceptó, por influencia de Goma, que el Vaticano enviara en 1938 un legado a la España republicana. Cuando ya había dimitido Irujo —por razones derivadas de su condición de nacionalista y no de católico— el gobierno republicano creó un Comisariado de cultos, medida que aquél había propuesto sin conseguir que se tradujera en la realidad.

En abril de 1939, ocultando la realidad de unas relaciones que tenían muchos puntos de fricción, se celebró en la Iglesia madrileña de Santa Bárbara un acto que puede considerarse como el punto de partida del nacional-catolicismo. En él Franco recibió la espada de la victoria de manos de Goma, y pronunciaba unas palabras en las que describió a sus adversarios como los «enemigos de la verdad» religiosa. El acto resulta literalmente incomprensible sin tener en cuenta la experiencia histórica de la persecución previa. Ese mismo mes el Papa —ya Pío XII— hizo una declaración pública acerca del fin de la Guerra Civil española en la que se congratulaba no sólo de la paz sino de la «victoria». Parecía, por tanto, existir una coincidencia, hasta ahora inexistente, entre el Vaticano y el vencedor.

Julián Marías ha escrito que al principio de la Guerra Civil cabía esperar que la Iglesia fuera perseguida o fuera profanada; padeció de ambas cosas, persecución y profanación, practicadas cada una por un bando. Fue injustificable la persecución e intolerable la actitud no sólo de quienes la practicaron, sino también de quienes la toleraron pasivamente. Tampoco resulta mínimamente aceptable esa sobreinterpretación religiosa de la guerra que practicó la mayor parte de la jerarquía, de la cual derivó el nacional-catolicismo. Quizá valga la pena recordar lo escrito tiempo después por Madariaga: «Al estallar la Guerra Civil la Iglesia española debió haber abierto los brazos, como Jesucristo, a la derecha y a la izquierda; debió haber abierto el pecho y el corazón a ambos lados en ademán de paz y unión; debió haber luchado por la paz y la unión y por ellos muerto». Azaña se pronunció en términos parecidos: «Aunque la Iglesia se sintiera atacada y atacada con injusticia, su papel era muy otro (al que tuvo). No debió alentar los enconos políticos ni azuzar a unos españoles (a unos prójimos) contra otros. La religión no se defiende tomando las armas ni excitando a los demás a que las empuñen». Resultan apropiadas aunque el presidente republicano achacara a la Iglesia una actitud que él debiera haber tenido también durante el primer bienio.

La guerra de columnas

Los epígrafes anteriores sirven para comprender el ambiente espiritual y social en los primeros momentos de la Guerra Civil. La represión, la revolución política y social y la identificación del catolicismo con una de las dos Españas en guerra tuvieron lugar al mismo tiempo que las primeras operaciones militares y las características de éstas resultan vinculadas en buena medida a las circunstancias no bélicas que han sido mencionadas. La revolución y la descomposición del Estado contribuyen a explicar, desde luego, la peculiar fisonomía de la guerra en su primera etapa. La lucha adoptó la forma de enfrentamientos sucesivos entre agrupaciones no muy nutridas de fuerzas de ambos bandos sin un frente muy preciso. Fue habitual que la disparidad de efectivos y de calidad resultara grande, por lo que casi siempre uno de los dos bandos estaba en situación defensiva. La composición de esos núcleos armados —las columnas— solía ser muy heterogénea pues simultáneamente formaban parte de ellas unidades militares, fuerzas de orden público y voluntarios. Las decisiones en cada bando no sólo fueron muy descentralizadas sino que a menudo dan toda la sensación de que no existía un plan de conjunto.

Si estos rasgos son comunes a los dos bandos hubo, sin embargo, una diferencia fundamental entre ellos. Resulta posible que entre los sublevados, como pensó Mola, las fuerzas voluntarias incrementaran la moral de las columnas pero el entusiasmo revolucionario en el Frente Popular contribuyó a la disolución de las unidades y a poner en peligro la jerarquía y disciplina militares. El intento inicial del general Hernández Saravia de integrar las milicias de los partidos de izquierda en unidades militares fracasó y, en consecuencia, aunque a las columnas del Frente Popular no les faltaran recursos ni material, carecieron de eficacia militar. Con mucha frecuencia las unidades veían reducirse drásticamente sus efectivos porque milicianos abandonaban sus puestos; pero más frecuente aún fue la indisciplina de esas unidades y, sobre todo, su incapacidad de enfrentarse con el adversario en campo abierto. El temor a ser rodeados por las expertas tropas del Ejército marroquí fue una constante de las milicias populares en estas primeras semanas. De no haber tenido que enfrentarse con ellas hubiera sido muy probable que los éxitos logrados por los rebeldes fueran mucho menos espectaculares.

En las instrucciones que redactó Mola estaba previsto que los sublevados, nada más obtenida la victoria en sus puntos de partida, hicieran un rápido movimiento hacia Madrid, en la hipótesis de que allí nada pudiera estar resuelto. Así se hizo, y la mejor prueba de que se cumplieron esas instrucciones reside en que a comienzos de agosto las columnas avanzaron 120 kilómetros en tan sólo cuatro días. Sin embargo, la derrota de la sublevación en ciudades y regiones donde se esperaba que triunfara (Valencia, por ejemplo), la necesidad de consolidar el dominio en una retaguardia que había testimoniado más resistencia de la esperada y la carencia de municionamiento hicieron que ese movimiento ofensivo no pudiera ser tan firme y decidido como se había previsto. En la noche del 22 de julio las columnas de Mola estaban a 100 kilómetros de Madrid, pero permanecían detenidas junto a los puertos de montaña de la cordillera Central enfrentadas a unidades militares de fuerza numérica y envergadura material semejante.

La única posibilidad que les quedaba a los sublevados de llegar a Madrid consistía en emplear las fuerzas del Ejército de Marruecos, pero éstas necesitaban atravesar el Estrecho. No era, en cambio, imaginable que Queipo de Llano, en situación muy precaria, lograra hacer otra cosa que defenderse. De ahí la trascendental importancia del paso del Estrecho, que los dirigentes del Frente Popular no apreciaron o, demasiado ocupados en hacer la revolución, no fueron capaces de impedir. Por eso ha podido decirse que la primera victoria de los sublevados fue una operación de transporte (Cardona) o que la decisión de trasladar la flota al Cantábrico fue la decisión más errada de toda la guerra (Alpert).

Parte de las tropas del Ejército que mandaba Franco atravesaron el Estrecho a comienzos de agosto en un pequeño convoy naval, pero, en realidad, la operación consistió en «el primer transporte aéreo de la Historia» (Díaz de Villegas). Era inevitable que tuviera ese carácter porque, de momento, la flota republicana dominaba el mar, aunque lo hacía con una evidente ineficacia dada la eliminación de la oficialidad. El transporte de las tropas fue iniciado con los parcos medios aéreos que Franco tenía, a los que no se enfrentó con decisión la aviación republicana, pero sobre todo gracias a la ayuda italiana y alemana. Durante las primeras semanas se transportaron por aire aproximadamente el doble de tropas que por mar, lo que haría decir a Hitler que Franco hubiera debido elevar un monumento a los Junkers 52. Sin ellos, y sin la incapacidad de reacción republicana, simplemente la Guerra Civil podría no haberse producido, al permanecer aislado Franco en Marruecos. Sus tropas —cuya participación en el conflicto no fue prevista por Mola hasta fines de junio— jugaron un papel decisivo en absolutamente todos los frentes en los que la sublevación obtuvo victorias durante semanas. Sólo a finales de septiembre, cuando los barcos nacionalistas conquistaron el Estrecho aprovechando la retirada del adversario hacia el Cantábrico, pudo normalizarse la comunicación entre los dos continentes.

De entrada, el ejército africano sirvió para aliviar la situación angustiosa de las capitales andaluzas, tan sólo unidas por un modesto cordón umbilical. Contribuyó a hacerlo posible la particular ineficacia de las milicias anarquistas de la región. En general la guerra en Andalucía se caracterizó por su irregularidad y dureza pues las columnas de Queipo de Llano tenían un aspecto tan pintoresco y abigarrado como las anarquistas aunque, reforzadas tras el cruce del Estrecho, mostraron una eficacia combativa muy superior. Un intento de ofensiva gubernamental en Córdoba fracasó debido a la lentitud en emprenderlo y a la inexperiencia de unos milicianos que se dispersaban ante el bombardeo adversario a pesar de que, como escribe un historiador, tuviera un «efecto irrisorio». Idéntica ineficacia se percibió en Granada, donde las columnas del Frente Popular tenían mandos políticos, o en Málaga, donde la ausencia de dirección única y firme resultó especialmente grave para éste bando. Cuando las tropas de Franco se acercaban a Madrid la posición de Queipo en Andalucía era ya más confortable pues éste, además, había dejado en situación precaria a la provincia de Málaga, sin otra salida que la carretera de Almería, lo que convertía el ataque a la misma en algo por completo previsible.

A partir de este momento inicial, la Guerra Civil dejó de tener como centro geográfico decisivo Andalucía, pues aquí las acciones militares carecieron, en adelante, de importancia o valor resolutivo. Las tropas procedentes de África se emplearon, fundamentalmente, en una carrera hacia Madrid que se esperaba, tal como se previo en un principio, tuviera como resultado la conclusión de la guerra. Si se optó por seguir la ruta de la frontera portuguesa fue porque proporcionaba una espalda segura y permitía establecer antes el contacto con Mola, necesitado de recibir municiones, mientras que Despeñaperros hubiera sido mucho más difícilmente expugnable. La forma de avance fue siempre la misma: un grupo de columnas móviles avanzaba con bastante rapidez por la carretera y sólo cuando encontraba un obstáculo enemigo, habitualmente en poblaciones de cierta entidad, se detenía y efectuaba una maniobra envolvente. Ésta solía bastar para que el adversario emprendiera una huida en desorden, dislocando sus unidades, que quedaban reducidas a una ineficaz acción guerrillera, como ya había sucedido en la serranía de Huelva. De esta manera los sublevados lograban un control somero del terreno (a veces con una dura represión) y, tras dejar una pequeña guarnición, proseguían su avance. En un principio éste fue meteórico: en tan sólo cuatro días se cubrieron 120 kilómetros, merced al empleo de cuatro batallones de tropas marroquíes. Las verdaderas dificultades comenzaron en Badajoz, donde la empecinada resistencia de las milicias fue seguida de una atroz venganza mediante la liquidación física de centenares de personas. Todavía Talavera pudo ser tomada, en los primeros días de septiembre, mediante una operación de flanqueo. A partir de este momento la resistencia se hizo mucho más dura no sólo por la proximidad de Madrid, sino también porque los militares del Frente Popular eran ya conscientes de los errores cometidos hasta entonces y estaban dispuestos a remediarlos. El coronel Puigdengolas escribió, por ejemplo, a sus superiores que «la columna enemiga no es numerosa pero es una máquina de guerra que funciona y, por eso, para combatirla, hacen falta medios análogos a los que se utilizan». Resulta significativo que este militar republicano acabara sus días a mano de un miliciano cuya huida había tratado de evitar. Otro mando republicano, que llegó del sur y que resultó el tercero que se hizo cargo de las tropas en tan sólo diez días, aludió claramente a la «incompetencia y cobardía» de sus milicias. Éste fue el telón de fondo que permite explicar el cambio de gobierno y la militarización impulsada por Largo Caballero, el nuevo presidente.

Ya en la marcha desde Talavera a Toledo las tropas sublevadas invirtieron el mismo tiempo que desde Sevilla a la primera ciudad. La decisión de auxiliar al Alcázar de Toledo, muy contestada, sobre todo por Yagüe, que fue relevado del mando, tuvo un importante efecto moral, pero retrasó el avance. En esta posición se habían refugiado unas mil setecientas personas, partidarias de la sublevación, de las que la mayor parte eran guardias civiles. La defensa a ultranza se explica, en parte, al margen de la decisión de los defensores, por la incompetencia militar del adversario que contribuyó a convertir la posición en un mito. En octubre el Ejército Popular, utilizando material soviético, lanzó un contraataque con tanques en Seseña, detenido principalmente gracias a la utilización incorrecta que se había hecho de los mismos. A medida que los atacantes se acercaban a Madrid, la defensa se hacía más densa y en ella empezaban a participar ya las nuevas unidades militares creadas por el Gobierno del Frente Popular. La insuficiencia de tropas del Ejército de África de cara a este frente era ya grave pues no podía atacar a la vez en toda la línea del frente sino tan sólo de forma alternativa allí donde pudiera lograr la sorpresa y, tras de ella, la victoria. Con todo a principios de noviembre, gracias al mantenimiento de su superioridad como fuerza combatiente, las tropas de Franco se encontraban ya a las puertas de Madrid.

Mientras tanto las tropas procedentes de Marruecos tenían que emplearse también en otros frentes cuando en alguno de ellos se planteaba una situación angustiosa. Con ello se retrasó el avance hacia Madrid consagrándose una característica de la Guerra Civil, a saber, que las operaciones militares más importantes quedaban a menudo supeditadas a la necesidad sentida de dar respuesta al adversario en el mismo lugar donde atacaba. A comienzos de septiembre, al tiempo que caía Talavera en manos de los sublevados, Irún seguía el mismo destino. Las columnas que, procedentes de Navarra, intentaron tomar Guipúzcoa habían quedado detenidas en Oyarzun y sólo los refuerzos venidos de otros frentes permitieron esa operación que tuvo como efecto dejar la zona norte del Frente Popular sin comunicación con Francia. Hasta este momento habían sido las fuerzas de izquierda las principales protagonistas de la lucha contra los sublevados, existiendo incluso algunos contactos indirectos entre los nacionalistas vascos y el bando adversario. No obstante, en Guipúzcoa las izquierdas sólo asesinaron a dos sacerdotes mientras que los sublevados ya habían ejecutado a una decena (y luego a tres más). En octubre la concesión del Estatuto de Autonomía y el bombardeo de Bilbao crearon un abismo entre unos y otros. El Gobierno vasco empezó a crear unidades propias que empleó por vez primera, cuando todavía eran demasiado bisoñas, en un fallido ataque sobre Villarreal, en Álava.

En el otro extremo del frente norte también fueron unidades procedentes de Marruecos las que permitieron establecer el contacto entre Galicia y Oviedo por una ruta del interior que evitaba un litoral accesible para la flota republicana. Desde un principio Asturias vino a ser, en cuanto a número de voluntarios, algo parecido a lo que fue Navarra en el bando adversario. Aranda, en efecto, apenas tuvo unos centenares de combatientes civiles a su lado. Las nutridas milicias populares, formadas sobre todo por mineros, se sintieron atraídas de forma «excluyente y total» por Oviedo, ciudad que hubieran deseado tomar en el aniversario de la revolución de octubre. Sin embargo este carácter de la capital como «ventosa» provocó que no se emprendiera la ofensiva en dirección a Galicia y León, lo que hubiera sido más efectivo. El pasillo que, a partir de octubre, unió Oviedo con Galicia era indefendible desde el punto de vista estratégico, hasta el punto de que había zonas en las que sólo tenía un kilómetro de ancho pero, aun así, perduró. Todavía en los primeros días de 1937 lo atacaron las milicias populares pero siempre con la ineficacia característica de las unidades militares no regulares.

Resulta muy probable que la ineficacia militar fuera la razón del fracaso del Frente Popular en otros muchos escenarios. Cataluña, donde la rebelión había fracasado rotundamente, podría haber sido una fuente de hombres y recursos para someter al adversario, pero las dos ofensivas iniciadas desde ella concluyeron en sendos fracasos.

El ataque de columnas anarquistas sobre Aragón concluyó finalmente deteniéndose a las puertas de dos de las capitales de la región, Huesca y Teruel. La primera estuvo durante meses en situación precaria e incluso vio cortadas sus comunicaciones con Zaragoza, pero los atacantes no supieron aprovechar su manifiesta superioridad numérica. El abigarramiento de las columnas, típico de la primera etapa de la guerra, alcanzó en el caso de Aragón su expresión máxima con presencia de prostitutas, mientras que las consultas asamblearias a los combatientes y el desprecio al asesoramiento de los oficiales fue moneda común. En cambio el adversario empleó sus reservas con avaricia y eficacia. Logró casi siempre que las posiciones rodeadas resistieran a ultranza y, en general, empleó una táctica dilatoria que acabó empantanando los ataques adversarios.

La otra expedición emprendida desde Cataluña se dirigió hacia las Baleares, en donde Mallorca e Ibiza estaban sublevadas mientras que Menorca permanecía leal al Frente Popular. El origen de la misma revela a las claras la falta de mando único y planeamiento conjunto del Frente Popular. La iniciativa no fue de ninguna autoridad, sino de un militar, Bayo, que arrastró tras de sí, en especial, a elementos catalanistas radicales que en Barcelona habían sido desplazados por el Comité de Milicias Antifascistas. Bayo, que parece haber creído que con la sola presencia de los invasores iba a lograr la rendición del adversario, dispuso de recursos suficientes, pero se enfrentó con algunos de sus subordinados por haber actuado en nombre de la Generalitat, que tampoco le apoyó, mientras que el Gobierno central —en especial, Prieto— se expresaba respecto de él con profunda reticencia. La expedición tomó Ibiza sin problemas y llegó a desembarcar en Porto Pí, pero fue incapaz de avanzar hacia el interior de Mallorca. La llegada a fines de agosto de una eficaz fuerza aérea italiana concluyó por desmoralizar a los invasores cuya expedición carecía de sentido por carecer del apoyo decidido del alto mando y de la suficiente rapidez en la ejecución. A diferencia de lo sucedido en Aragón, en este caso tampoco los defensores tuvieron una actuación muy brillante. Con su característica dureza Franco había ordenado una resistencia a ultranza, «fusilando a quien desfallezca», pero los mandos militares se mostraron titubeantes —nunca habían estado en campaña— y luego serían procesados.

A partir de este momento las Baleares jugaron un papel importante para el bloqueo, por los sublevados, de la costa mediterránea y para el bombardeo de Barcelona gracias a la presencia de fuerzas aéreas italianas. Bayo reaparecería en la Historia mucho tiempo después como principal asesor de Fidel Castro en la lucha guerrillera.

Ninguna de todas estas operaciones de la guerra de columnas tenía la menor posibilidad de ser resolutiva, por lo que de nuevo tenemos que volver al escenario decisivo, que seguía siendo Madrid. Allí, a lo largo del mes de noviembre, tuvo lugar un violento forcejeo entre las tropas de Franco y los defensores de la capital que finalmente concluyó con la detención de los primeros. En realidad el ataque apenas si merece ser narrado pues, como algunas otras batallas de la Guerra Civil, no fue otra cosa que una embestida brutal, como la de dos carneros que chocaran con la testuz.

La penetración de los atacantes no consiguió doblegar la resistencia, principalmente en la Ciudad Universitaria y en el parque del Oeste. Varias razones lo explican. Aparte del descubrimiento de los planes ofensivos del adversario el Ejército Popular contó con una dirección adecuada en manos del muy capaz general Rojo y de Miaja, tranquilo y ordenado, que acabó convirtiéndose en un auténtico símbolo de la resistencia de la capital. Las nuevas unidades demostraron también mayor capacidad, sobre todo en la defensiva, y a ella colaboró también el espíritu de resistencia popular que convirtió el «No pasarán» en divisa permanente y mucho más efectiva que consignas revolucionarias anteriores. Hay que atribuir un papel importante a los refuerzos internacionales llegados a Madrid, pero es posible que su trascendencia se haya exagerado: las Brigadas Internacionales supusieron tan sólo el 25 por 100 de los efectivos resistentes que, por otra parte, incluían también la importante ayuda rusa en aviación. Otras razones de la detención derivan no tanto de la actitud de los defensores como de los atacantes. Éstos, aun siendo siempre de superior calidad militar, eran inferiores en número y, además, el tipo de combate, en los aledaños de una gran ciudad, no permitía las maniobras que les habían dado el triunfo en ocasiones anteriores. Franco había conseguido sus grandes victorias merced, hasta el momento, a la abrumadora superioridad técnica de sus tropas, pero ahora resultaba mucho más difícil sacar partido de ella, entre otros motivos porque se había hecho mucho menos patente.

El panorama de las operaciones bélicas durante esta primera etapa de la guerra no quedaría completo sin hacer mención de lo que podríamos denominar asedios.

Constituían, en realidad, el paso final en la homogeneización de cada una de las dos zonas en que se dividió España. Acostumbraron a ser, además, el resultado de un titubeo inicial de los sublevados, de la estrategia consistente en esperar en vez de desplegarse, de la abrumadora superioridad del adversario o la consecuencia de una maniobra inicial como la que se produjo en Oviedo. El caso de los cuarteles de Gijón o del Santuario de la Virgen de la Cabeza en Jaén demuestran la peligrosidad de esa indecisión original, pues en Gijón el cuartel no estaba preparado para la defensa y acabó rindiéndose, mientras que el Santuario estaba demasiado lejos de las líneas de Queipo de Llano quien, además, careció siempre de fuerzas que le permitieran pensar en el auxilio a los sitiados. A diferencia de lo que sucedió en Oviedo, la resistencia del Santuario —tardía, pues no se inició hasta septiembre, y muy duradera, pues sólo concluyó en mayo de 1937— no supuso atracción de tropas adversarias. El número de bajas fue, sin embargo, tan alto como el de Oviedo, un quinto de los defensores. El caso de asedio que alcanzó mayor repercusión internacional fue el Alcázar toledano, que sí atrajo a tropas del Ejército Popular. La inexperiencia y desorden de los atacantes —entre los cuales hubo anarquistas que construyeron minas sin conocimiento del mando militar que llevaba el asedio— y la proximidad de las tropas de Franco explican que los resistentes pudieran ser liberados a fines de septiembre. Éstos, pese a lo aparatoso de la ruina del edificio, padecieron una proporción de bajas inferior a la de los casos ya citados.

En conclusión, si hubiera que resumir lo sucedido durante esta fase de la «guerra de columnas» podría decirse que constituyó la prueba más evidente de la superioridad de las fuerzas regulares frente a las milicias, o, lo que es lo mismo, de la calidad frente a la cantidad. La marcha sobre Madrid fue posible porque el Ejército de África era notoriamente superior a las milicias y esta realidad tuvo consecuencias políticas, pues de ella deriva la promoción de Franco a dirigente supremo de su bando. Las milicias, que a menudo disponían de denominaciones brillantes, demostraron ser un ineficaz instrumento de combate. Es posible que si Franco hubiera optado por concentrarse en Madrid hubiera podido llegar a conquistarla, adelantándose así a la organización del adversario y a la recepción de la ayuda exterior por su parte. Sin embargo, la estrategia de Franco fue, a lo largo de toda la guerra, otra: a Kindelán le dijo que era preciso «llevar al enemigo el convencimiento de que hacemos cuanto nos proponemos». Este planteamiento inevitablemente alargaba el conflicto que, en adelante, debió recurrir a formas bélicas más sofisticadas que la guerra de columnas.

La batalla en torno a Madrid. La guerra en el mar

El fracaso de la acometida directa de Franco contra Madrid, en noviembre de 1936, significó un giro muy importante en la Guerra Civil desde el punto de vista estrictamente militar. La guerra de columnas había llegado a su agotamiento porque los frentes se habían ido consolidando mientras que las milicias populares crecían en eficiencia, al menos en la defensiva. Ante esta realidad obligadamente debía reaccionar el alto mando sublevado. Hasta ahora las mayores dificultades las había tenido el Ejército de Franco al enfrentarse con un enemigo resistiendo en una posición estable. La estrategia adoptada por el general Franco inmediatamente a continuación tiene su coherencia. Si hasta ahora había fracasado el asalto a Madrid mediante una ofensiva directa ahora iba a intentar una maniobra de flanqueo con la que podía atraer al adversario hacia los espacios abiertos en los que su superioridad había quedado demostrada en las semanas anteriores. Sin embargo la batalla en torno a Madrid concluyó, tras un violento forcejeo, en tres operaciones sucesivas, sin arrojar un resultado definitivo. Las tropas de Franco testimoniaron su superioridad en la maniobra pero la mejora de sus adversarios hacía ya imposible que pudieran derrotarlo antes de disponer de la superioridad artillera y de aviación que luego tuvieron. Por otro lado, el signo de la guerra cambió también en otro sentido: durante este violento forcejeo se había iniciado ya la organización de sendos Ejércitos cuya necesidad se hizo cada vez más perentoria después de las tablas en que concluyó la batalla de Madrid.

La ofensiva inicial de las tropas de Franco, desarrollada entre noviembre de 1936 y enero del año siguiente, se centró en el flanco izquierdo del ataque a Madrid, sobre la carretera de La Coruña. Esta primera batalla constituye el testimonio evidente del endurecimiento de la guerra en medio de unas condiciones muy precarias creadas por la niebla y el mal tiempo. Iniciada la operación con auspicios brillantes para los atacantes pues el general Orgaz, que los dirigía, consiguió abrir una profunda brecha entre sus adversarios, concluyó, sin embargo, con un avance poco significativo que, si suponía la toma de la carretera mencionada y de la localidad de Las Rozas, no podía tener verdadera influencia en el desarrollo de las operaciones. Franco, a lo sumo, había logrado mejorar su comprometida situación en el entrante de la Ciudad Universitaria y en la casa de Campo, lugar de su máxima penetración sobre la capital, pero lo había hecho a cambio de un desgaste considerable y avanzando tan sólo 15 kilómetros. En este sector geográfico las líneas bélicas quedaron ya prácticamente estabilizadas hasta el final de la guerra.

Desde el punto de vista cronológico resulta imprescindible hablar de la conquista de Málaga antes de la batalla del Jarama, segundo acto de la batalla en torno a Madrid; además, la mención de la toma de la capital andaluza resulta imprescindible para explicar a continuación el avance sobre Guadalajara. La situación en Málaga parece haber sido de un caos febril e inútil provocado por el enfrentamiento, desde la etapa anterior a la sublevación, de la CNT con el resto de los grupos de izquierda, como consecuencia del cual fueron asesinados el presidente de la Diputación, socialista, y el primer concejal comunista. La CNT no sólo había adquirido ventaja sobre su competidora sindical, la UGT, sino que pretendió incorporarla a sus filas. Existió, como suprema autoridad política, un Comité de enlace entre el Gobierno civil y los partidos del Frente Popular, pero quien de verdad ejerció el poder real fue un Comité de Salud Pública controlado por los anarquistas. Las autoridades civiles y militares se sucedieron, una tras otra, pero ninguna consiguió crear disciplina para la lucha. Una de las segundas es descrita en los diarios de Azaña como autor de la afirmación de que él «no hacía fortificaciones; yo siembro la revolución y si entran los facciosos la revolución se los tragará». Actuando como un cantón que quería tener relaciones directas con la URSS y Cataluña, Málaga tenía pocas posibilidades de sobrevivir frente a un ataque adversario, pero sus dificultades se multiplicaron, además, por la ausencia de medios navales y de aviación, por su difícil situación geográfica y el empleo de tropas italianas. La capital andaluza venía a ser como una especie de bolsa en el terreno controlado por el adversario con un solo acceso hacia Levante. En un mes, desde mediados de enero de 1937, la provincia de Málaga fue tomada, reduciéndose un frente de 250 kilómetros a 20. La historia de esta operación militar es muy simple pues tan sólo consistió en el avance rápido de las bien pertrechadas tropas italianas, mientras que a continuación las tropas de Queipo de Llano lo hacían más lentamente limpiando el terreno de adversarios. A la crueldad practicada durante la etapa de dominio del Frente Popular sucedió ahora la de los vencedores, saldándose una y otra con unos dos millares y medio de ejecuciones. A partir de este momento la guerra se alejó de Andalucía pues Franco, por prevención a los italianos o a Queipo de Llano, no les dejó perseguir a los huidos hacia Almería. Otro intento ofensivo del citado general en Pozoblanco, con el propósito de intentar ayudar a los sitiados en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, no prosperó por falta de efectivos suficientes para llevarlo a cabo. La derrota tuvo importantes consecuencias políticas en el Frente Popular. Largo Caballero había llegado a amenazar con no enviar armas a Málaga si no cambiaba la disciplina pero ni a él, ni al general Asensio, subsecretario de la Guerra, ni a Martínez Cabrera, Jefe del Estado Mayor, cabe atribuirles una responsabilidad directa en lo sucedido, pues ésta corresponde a las autoridades locales. No obstante, ante la opinión y ante los partidos del Frente Popular, la imagen del presidente del Gobierno quedó seriamente deteriorada.

La preocupación esencial de Franco seguía estando en torno a Madrid y eso es lo que explica la ofensiva del Jarama a lo largo de todo el mes de febrero de 1937.

Resultaba tan evidente la posibilidad de flanqueamiento por esa zona que ambos contendientes la habían planeado, pero la iniciativa fue, una vez más, de los sublevados. El ataque tuvo como propósito llegar a Arganda y Alcalá de Henares para así cortar las comunicaciones adversarias hacia Levante. Se trató de «una batalla de transición en la técnica militar», iniciada con un golpe de mano para ocupar los puentes sobre el río y permitir el paso de la caballería, al modo de la guerra de otro siglo, seguida a continuación por el empleo de las unidades mejores por parte de ambos bandos. Los atacantes tuvieron como obstáculo no sólo el hecho de que sus adversarios hubieran empezado a concentrar allí sus efectivos, sino también lo intrincado del terreno. Del 6 al 18 de febrero consiguieron avanzar pero a partir de este momento el enemigo contraatacó y se produjo una terrible lucha de desgaste durante algo más de una semana.

Como prueba de la violencia de los combates baste decir que una altura, el llamado vértice Pingarrón, cambió tres veces de manos. Al final la lucha concluyó por el puro y simple agotamiento de los contrincantes, incapaces de derrotar al adversario. La batalla del Jarama, como indica el general Rojo, fue «la primera batalla de material de la guerra» con combates aéreos en los que participaron más de un centenar de aviones. Por vez primera las tropas del Ejército Popular no sólo habían resistido la embestida adversaria sino que también habían sido capaces de contraatacar. El general Kindelán llegó a escribir en sus memorias que «en ningún otro combate aprecié tal mordiente, tan en forma para el asalto, al enemigo». Es muy posible que, con la posible excepción de la batalla del Ebro, ésta fuera la más encarnizada de toda la guerra. Mientras tanto se producía una nueva ofensiva de las milicias del Frente Popular sobre Oviedo. Allí, como en el Jarama, Franco siguió con su táctica parsimoniosa de enfrentarse hasta el desgaste con el adversario a pesar de que Aranda, uno de los militares más valiosos del Ejército español, era por completo consciente de lo insostenible de sus posiciones.

Llegó a asegurar a sus superiores que «lo más expuesto y caro es mantener la situación inestable actual». Estaba dispuesto incluso a evacuar la capital del Principado pero se le ordenó que permaneciera en sus posiciones, estrategia permanente de Franco a lo largo de todo el conflicto.

La batalla de Guadalajara, en marzo de 1937, exige una explicación previa acerca de su gestación. Franco no había deseado la presencia de unidades italianas en la Península y, menos aún, que tuvieran un protagonismo excesivo en las operaciones militares; así se lo dejó claro a Cantalupo el embajador de este país. Por eso rechazó una operación, propuesta por Roatta, general que las mandaba, consistente en penetrar desde Teruel hasta Sagunto, una maniobra audaz que por sí sola, en caso de triunfar, hubiera podido decidir la guerra. Tampoco pareció muy interesado en una operación sobre Guadalajara hasta el momento en que su avance en el Jarama flaqueó. Prometió, entonces, colaborar en una operación conjunta con sus aliados pero el traslado de Várela, que había desempeñado el mando en el Jarama, parece demostrar que el mando militar sublevado no tenía el propósito —ni quizá la posibilidad— de ayudar de un modo decisivo a los italianos.

A pesar de ello éstos, que propusieron la operación, tenían posibilidades de lograr un éxito importante por disponer de una máquina militar impresionante para lo que era la Guerra Civil española hasta el momento. Dotados de 170 piezas artilleras y de unos medios motorizados y tanques que, pese a su escaso blindaje, habían logrado un triunfo espectacular en Málaga, los italianos podían esperar llegar hasta la capital alcarreña y actuar como pinza en una maniobra envolvente que se complementaría desde el Jarama; de este modo, a mediados de marzo, la capital de España podía quedar rodeada e indefendible. En un principio los atacantes penetraron bien pero pronto comenzaron las dificultades. Los italianos se encontraron con unas condiciones climáticas malas que, además, dieron inmediata superioridad aérea al adversario: como señala Hidalgo de Cisneros, uno de los principales dirigentes de la aviación republicana, los aeródromos enemigos estaban encharcados e inutilizables, no así los propios.

Además las tropas con las que los italianos tuvieron que habérselas no eran las que habían tenido como enemigas en Málaga: hubo, pues, una manifiesta subestimación del adversario. Se demostró entonces que habían actuado «con petulancia y alegre despreocupación» sin proteger sus flancos, ni calcular los problemas de transporte. La victoria precedente había tenido como resultado complementario la sobrestimación de la eficacia bélica de las tropas italianas, que sólo en parte estaban constituidas por unidades militares, mientras que la mayoría procedían de un voluntariado político ineficiente. Presionados en su flanco izquierdo y embotellados en las carreteras los italianos debieron retroceder aunque se mantuvieran por delante del punto de partida de su ataque.

Parece obvio que en estas tres batallas en torno a Madrid la victoria ha de atribuirse al Ejército Popular, pues por más que el adversario hubiera tenido menos bajas o hubiera logrado adelantar sus posiciones, no consiguió los objetivos que pretendía. En cambio las fuerzas del Frente Popular, que libraban una batalla defensiva, sí lograron sus propósitos, al mantenerse, en lo esencial, la línea del frente. La iniciativa seguía siendo de Franco, pero el enemigo había sido ya capaz de enfrentársele dejando la situación en tablas. Estas tres batallas venían a demostrar que la Guerra Civil de ninguna manera podía ganarse en torno a Madrid. Conocida la detención de los italianos, Franco, aconsejado por Vigón, decidió concentrar sus esfuerzos en el frente norte. Incluso pareció dispuesto a aceptar una rectificación, defensiva y estabilizadora, del frente en la zona centro que luego no se llevó a cabo. Como ha escrito Martínez Bande, «Guadalajara trajo, por tanto, Vizcaya».

Mientras tanto la guerra en el mar adquiría ya unos rasgos que perdurarían hasta el final del conflicto. El dominio de los buques por comités revolucionarios redujo a la nada la eficacia militar de la flota republicana. Fue incluso preciso recordar a los buques que no planearan operaciones por sí mismos, sino que atendieran las instrucciones superiores. En la práctica, después de una temprana expedición al norte en septiembre de 1936, la flota republicana se dedicó tan sólo a la protección de los convoyes que traían armas desde Rusia, empresa en la que no siempre triunfaron (sus adversarios, que apenas si tenían tonelaje mercante al comenzar la guerra, sólo perdieron siete buques de mercancías durante ella). Los cruceros más modernos, rápidos y bien artillados de los sublevados —Canarias y Baleares— (que no estaban en funcionamiento cuando estalló la guerra pero que el adversario no consiguió inutilizar antes de que pudieran ser empleados), les dieron la superioridad en el Mediterráneo, mientras que la flota republicana, mal protegida ante los ataques de la aviación quedaba reducida a la impotencia y se veía obligada a abandonar Cartagena cada noche ante el peligro de bombardeo. Conscientes de la propia inferioridad Prieto, ministro de la Guerra, y Bruno Alonso, delegado político de la flota, consideraron «peligroso y una locura irreparable» enfrentarse con el enemigo en el momento de la toma de Málaga. En parte eso se debió a la ineficacia de las tripulaciones pero también a la ayuda que italianos y alemanes prestaron a Franco. A fines de 1936 ocho submarinos italianos (y alguno más alemán) contribuían al bloqueo de la costa republicana y actuaban de forma coordinada con la flota nacionalista, hundiendo buques de transporte y de guerra. Esto nos obliga a tratar de otra dimensión del conflicto que resultó de importancia decisiva.

La internacionalización de la Guerra Civil

Como ya se ha advertido la Guerra Civil, en su origen, fue un conflicto interno, de modo que no puede atribuirse a país alguno la suficiente intervención en la política republicana como para provocarla. Sin embargo, una vez que estalló, convirtió a España en el «centro de las pasiones y decepciones del mundo». Sin la ayuda exterior no se entiende el paso del Estrecho, la defensa de Madrid, la batalla de Guadalajara o la hegemonía de Franco en el mar, y en los acontecimientos militares que se sucedieron hasta el final mismo del conflicto el papel de la ayuda exterior fue de primerísima importancia. Resulta lógico que ambos contendientes solicitaran la ayuda de otros países porque, a fin de cuentas, el Ejército español estaba muy mal dotado desde el punto de vista material (la República había suscrito convenios sobre esta materia que resultaron papel mojado).

En las relaciones internacionales del momento se vivía ya una fuerte tensión y el espectáculo de la Guerra Civil contribuyó de manera decisiva a perfilar el alineamiento de las distintas potencias frente al futuro conflicto mundial. Era el momento de los virajes hacia la Segunda Guerra Mundial y se tambaleaba el sistema de paz acuñado en Versalles. Los países derrotados o insatisfechos —como Alemania o Italia— se lanzaban a una espiral de reivindicaciones ante la mezcla de indecisión y mala conciencia de los vencedores, mientras que el comunismo y el fascismo, en sus vertientes internacionalistas o imperialistas, y la crisis económica mundial contribuían al deterioro de la situación. Por el momento examinaremos el impacto general de la guerra en las relaciones internacionales y la actitud de los diversos países. Más adelante abordaremos la evolución de la política internacional en torno al conflicto y estableceremos un balance de la ayuda concedida a cada beligerante.

La petición de ayuda por parte de sublevados y gubernamentales fue una consecuencia de la sensación, a los pocos días de iniciada la sublevación, de que ésta no se liquidaría de la forma que había sido habitual en los pronunciamientos del siglo XIX. De ahí que ambos bandos recurrieran a aquellos países que más lógicamente les podían ayudar; éstos se decantaron rápidamente hacia una intervención que parecía muy prometedora con poco esfuerzo, aunque al poco tiempo inventaran también, para evitar la ruptura del «statu quo», una pantalla destinada a disimularla.

El 19 de julio Giral formuló petición de ayuda al Gobierno francés, que pronto se mostró dispuesto a atenderla, pero la publicidad que se le dio motivó una indignada reacción de la derecha francesa y dejó en posición desairada al gobierno del Frente Popular presidido por Blum que incluso hubiera dimitido de no ser por la petición de sus correligionarios españoles. A partir de este momento la ayuda se hizo más titubeante y disimulada. En cuanto a los sublevados, su petición de ayuda fue tan sólo unas horas posteriores y estuvo dirigida a Alemania e Italia. La primera respondió más prontamente y además prestaría mayor ayuda a Franco hasta el mes de noviembre de este año, momento en que se produjo la llegada de los voluntarios italianos. Es posible que las potencias fascistas temieran genéricamente a sus adversarios potenciales pero no existe prueba alguna de que la ayuda que estaba recibiendo la República les moviera a actuar: más bien lo hicieron por su política agresiva.

Quedaban así sentadas las bases asimétricas con que los beligerantes españoles fundamentaron las relaciones con sus aliados. El Frente Popular recurrió al muy costoso mercado internacional de armas, en especial al de los países bálticos, Polonia y Checoslovaquia, además de a la ayuda francesa, pero su posición no se alivió hasta que, en septiembre, la Unión Soviética se decidió a prestarle ayuda en las condiciones que examinaremos más adelante. En cuanto a los sublevados contaron con la ayuda italiana y alemana, a pesar de que su reconocimiento como gobierno legítimo no llegó hasta el mes de noviembre de 1936. Sin embargo, es importante señalar que tal decisión no se tomó en un momento en que parecieran haber obtenido una victoria decisiva, sino cuando estaban en dificultades al no haber tomado Madrid, lo que demostraba la voluntad de colaboración de sus aliados.

Una situación como la mencionada, en la que aparecían involucradas las principales potencias europeas, resultaba potencialmente explosiva. Todavía lo fue más porque, de forma inmediata, la opinión pública mundial se conmovió por la sublevación en un país en definitiva periférico mucho más que por el acceso de Hitler al poder en Alemania. Ésa es la razón por la que se pretendió distender las relaciones internacionales mediante la creación de un novedoso sistema, no experimentado hasta el momento, el Comité de No Intervención de Londres. En realidad, quien propuso esta fórmula fue Francia. El gobierno del Frente Popular dejó la iniciativa a los británicos que fueron quienes fundamentalmente la auspiciaron en el concierto internacional. Estos creían que se había producido una auténtica carrera para intervenir en España y que, de no existir un organismo que procurara evitar las decisiones unilaterales, la paz mundial estaba en peligro. De hecho a partir de este momento la cuestión española ya no pudo por sí misma producir una guerra generalizada.

Desde septiembre de 1936 el Comité, reunido en la capital británica, comenzó a estudiar las modalidades de la no intervención. A partir de este momento, pese las protestas del gobierno del Frente Popular español, la Sociedad de Naciones, cuyo secretario general no tenía ninguna simpatía por la causa republicana, remitió cualquier tipo de actuación al citado organismo, como si fuera una especie de instrumento especializado de la organización internacional para todo lo relativo al problema español. En una ocasión Metternich dijo que lo que la no intervención significaba era, «poco más o menos, intervención» y tal afirmación resulta válida para la Guerra Civil española. Nadie, ni por un momento, pensó que con ese Comité se fuera a evitar la intervención de otros países en los asuntos internos españoles, aunque la moderara en alguna ocasión y la sometiera a alguna regla. Las potencias fascistas siguieron a este respecto una política cínica. El conde Ciano, ministro de Exteriores italiano, dio a su embajador en Londres unas instrucciones consistentes en hacer todo lo posible para que el Comité mantuviera una acción «puramente platónica». De hecho Italia boicoteó la labor del Comité durante el tiempo necesario para aprovisionar a Franco para luego reclamar la no intervención más estricta. Se ha calculado que los alemanes violaron la no intervención 180 veces y que los italianos lo hicieron 134. Cifras semejantes se pueden atribuir también a los franceses, con algo más de pudor, y a los rusos, con mucho menos. Incluso los británicos tenían la misma opinión acerca de este Comité. Un diplomático británico dijo que se trataba de «una farsa, pero una farsa extremadamente útil» en el sentido de que, aunque no cumpliera sus propósitos, evitaba que empeorara la situación mundial. En el mismo sentido, Edén admitió que la política de la no intervención no era otra cosa que «un telón de seguridad improvisado, andrajoso y lleno de agujeros» pero infinitamente mejor que el peligro de una guerra generalizada.

Las potencias y la guerra española

Descrita ya la evolución de la política exterior de la Guerra Civil en sus primeras etapas, podemos examinar la posición de cada una de las naciones más importantes en el mundo de la época o de aquellas otras que más vinculadas estuvieron con España por las razones que fueran. Cada país tuvo una política con peculiaridades propias pero aquéllos con instituciones democráticas vieron, además, cómo la opinión pública tomaba posición en torno al conflicto en un sentido u otro. La Guerra Civil, en efecto, se convirtió en enconado objeto de debate.

Ése, en cambio, no fue el problema de Alemania e Italia. La intervención alemana a favor de Franco fue consecuencia de una decisión personal de Hitler, aunque hubiera sido propuesta por los representantes del minúsculo partido nazi existente en Marruecos. Frente a la opinión más reticente de algunos de sus colaboradores más directos, como Goring, el Führer adoptó una de sus decisiones arriesgadas pero de la que sacaría amplio partido ante la falta de respuesta de las potencias democráticas.

Hasta el momento España era para los nazis un país lejano y carente de verdadero interés, aunque en algún momento hubieran pensado construir allí algún submarino para sortear las disposiciones acerca del rearme. Si Alemania decidió intervenir fue por una mezcla de razones estratégicas (presionar a Francia desde el sur) e ideológicas (oposición al comunismo); sólo en un segundo momento apareció el interés económico.

Mucho más prudentes que los italianos los alemanes no exhibieron en exceso su participación en la guerra: sólo en 1939 Hitler habló de la Legión Cóndor, que sería su principal ayuda a Franco. Tampoco se mostraron muy dispuestos a rescatar a José Antonio Primo de Rivera, preso en Alicante. Contribuyeron a la promoción de Franco, pero los juicios de su primer embajador ante él fueron siempre reticentes, tanto respecto de su lentitud a la hora de llevar a cabo las operaciones militares como por su carencia de voluntad «revolucionaria» en lo social y lo político. Más tarde que Italia, en marzo de 1937, Alemania suscribió un tratado con la España de Franco cuyo contenido no revestía una especial trascendencia pues se refería al mantenimiento de contactos informativos recíprocos acerca del comunismo y a evitar la colaboración con terceros países que pudieran perjudicar a los firmantes. Más importancia tendrían, en cambio, los beneficios económicos obtenidos, de los que se tratará más adelante.

A diferencia de lo sucedido en el caso alemán, los dirigentes fascistas italianos habían tenido contactos previos con la extrema derecha española, si bien Mussolini vetó en el verano de 1936 cualquier tipo de ayuda previa a la sublevación. Esa relación fue resucitada en el momento del estallido de la Guerra Civil, y el conocimiento directo de Ciano de la situación en Marruecos jugó un papel importante en que se tomara la decisión. La personalidad del ministro de Exteriores fascista parece haber tenido un protagonismo importante en esta política, que consideró como propia. Representó, en efecto, una actitud agresiva contra Gran Bretaña que derivó imperceptiblemente hasta convertirse en proalemana. En cuanto a sus razones para intervenir en España lo más probable es que Mussolini pensara que podía obtener un aliado barato, con el empleo de unos medios reducidos, en una zona estratégica para él decisiva. Sus propósitos originales parecen haber sido los de una política exterior tradicional. Con el transcurso del tiempo, sin embargo, la guerra española tuvo un contenido ideológico más importante para su régimen que, por ejemplo, la de Abisinia, al tiempo que establecía, de hecho, las bases de lo que luego sería el Eje con Alemania.

Desde un principio la intervención italiana en los asuntos españoles fue más escandalosa que la alemana. Una parte de los primeros aviones italianos enviados al norte de África fue descubierta al caer uno de ellos en territorio francés. La intervención italiana en Baleares fue también objeto de especulaciones en los medios diplomáticos europeos. Una base permanente de Italia en las islas podría originar dificultades insuperables para que Francia pudiera traer sus tropas coloniales a la metrópoli. En noviembre de 1936 se firmó un tratado entre ambas partes que presuponía una neutralidad más que benevolente de la España de Franco respecto de Italia en el caso del estallido de una guerra. Era mucho más de lo que nunca los alemanes —que protestaron— consiguieron de Franco, pues suponía de hecho la hegemonía fascista en el Mediterráneo occidental. A partir de este momento Mussolini se empleó a fondo a favor de los sublevados, incluso más de lo que éstos hubieran querido. De ahí que mandara todo un ejército —del que casi la mitad eran tropas regulares— sin que Franco lo deseara o lo hubiera pedido, pues para él lo esencial era la ayuda material y no los efectivos humanos. Desde entonces la guerra española fue para los dirigentes fascistas italianos una aventura cara que a veces proporcionaba quebraderos de cabeza, unas auténticas «arenas movedizas» de las que era imposible librarse pues el deseo de resolver el problema de una vez provocaba inevitablemente una mayor intervención y ésta obligaba a exigir la victoria total. Hasta el final mismo de la guerra la obsesión de Mussolini se redujo a la victoria militar mientras que sólo algunos radicales del fascismo, como Farinacci, predicaron la fascistización del régimen español. Luego, tras la victoria, las cosas cambiaron.

Hubo otro país que jugó también un papel importante en la fase inicial del conflicto en favor de Franco, aunque su papel mucho menos destacado en las relaciones internacionales y su condición de pequeña potencia evitara que pudiera tener mayor trascendencia. El Portugal de Salazar había tenido siempre una intensa preocupación por los problemas españoles derivada de la intromisión de la izquierda española en la política interna portuguesa. El propio ministro luso de Asuntos Exteriores aseguró que para su país una Guerra Civil en España no era una cuestión intrascendente sino «de vida o muerte», porque podía provocar una guerra interna en Portugal. Cuando estalló el conflicto español Salazar aprovechó la ocasión para actuar decididamente contra la oposición, incluso creando una organización de cierto paralelismo con los partidos fascistas, la llamada Legiao portuguesa. En las semanas posteriores al estallido de la guerra española el embajador de la República, Sánchez Albornoz, se vio aislado ante la hostilidad de las autoridades y el abandono de la representación diplomática por sus colaboradores. En octubre Portugal y la España del Frente Popular rompieron relaciones. Fue Salazar quien más dificultades puso a la aceptación del Comité de No Intervención, debido principalmente a que creía que implicaba una disminución de su soberanía. La principal ayuda de Salazar a Franco, que siempre evitó la espectacularidad, fue proporcionarle la seguridad de una frontera, pero además desde territorio portugués entraron en la zona nacionalista aviones, allí se consiguieron préstamos y, en fin, unos 4000 o 6000 portugueses combatieron con Franco. La prensa portuguesa se volcó en apoyo de éste.

Para comprender la significación de la postura franco-británica respecto de la Guerra Civil española hay que partir de que nuestro país podía ser considerado como área tradicional de influencia de estos dos países, a pesar de lo cual su actitud no resultó en absoluto decidida. Hay varias razones que contribuyen a explicarlo: las características de los regímenes democráticos, que no podían propiciar una intervención como la de los fascistas, el deseo de evitar la guerra mundial, las divisiones internas de la opinión pública y, en fin, el hecho de que el Frente Popular parecía demasiado revolucionario y Franco no lo suficientemente fascista. En la práctica lo más importante de la posición de Francia y Gran Bretaña fue lo que dejaron hacer, y no lo que hicieron. Gran Bretaña quiso sobre todo evitar la guerra y Francia intervino lo suficiente como para ganarse la enemistad duradera de Franco pero no para determinar el resultado de la guerra.

En ninguno de los dos países hubo una actitud verdaderamente nacional en torno al conflicto pues la opinión pública se dividió respecto a él.

En Francia la guerra española excitó las pasiones ideológicas hasta un extremo impensable. Ya en la campaña electoral que dio la victoria al Frente Popular el caso de España fue presentado como una prueba del peligro revolucionario. Iniciada la Guerra Civil, se dio la paradoja de que la derecha más nacionalista apoyaba a Franco a pesar de que éste, por su cercanía a Alemania e Italia, representaba intereses totalmente opuestos a los franceses. Otros sectores más amplios (los católicos, los intereses comerciales…) simpatizaron con Franco. En cuanto a los partidos de izquierda se dividieron, incluso en el mismo gobierno, respecto del tipo de ayuda a prestar a la España republicana. Desde 1937 hubo peticiones de establecimiento de relaciones con Franco y en 1938 el número de diputados pertenecientes a asociaciones «profranquistas» rondaba ya el 40 por 100 del total; entre ellos había miembros del partido radical-socialista.

Este tipo de actitudes se apoyaba en la necesidad de practicar una política que no desentonara con la británica, pero se inspiraba sobre todo en el espectáculo de la revolución española. El embajador Herbette, antaño amigo personal de Azaña, se convirtió en partidario de Franco. El gobierno del Frente Popular francés, presidido por Blum, luchó entre los sentimientos encontrados del pacifismo y la necesidad de apoyar a un gobierno como el español pero, sobre todo, le preocupó la posibilidad de contribuir a que se produjera una división entre los franceses semejante a la de los españoles. Por eso se organizó toda una red semiclandestina dedicada a prestar ayuda a la República.

Por su parte, los comunistas franceses, con la divisa «Por la no intervención, contra el bloqueo», fueron los más decididos partidarios de que se siguiera autorizando la venta de armas a la España republicana pero al mismo tiempo intentaban evitar que se colapsara el Frente Popular. De hecho esta etapa de gobierno no quebró por esta razón.

La posición francesa osciló entre una neutralidad simplemente benevolente hacia la República y una «no intervención relajada» cuando predominaban los sectores situados más a la izquierda. Se debe tener en cuenta que durante los años treinta la política francesa fue tan inestable que hubo hasta 16 gobiernos. Esa última fórmula de no intervención relajada implicaba tolerar que, de manera subrepticia, circularan por territorio francés armas destinadas a la España republicana. Así, con dinero procedente de la República española, se financiaron en Francia periódicos y empresas de transporte más o menos directamente controladas por los comunistas. En términos diplomáticos supuso que en octubre de 1937 el embajador francés se instalara en Valencia, cosa que nunca hizo el británico, que permaneció en Francia desde el estallido de la guerra. Unos 15 000 franceses combatieron en España.

También en la Gran Bretaña la Guerra Civil española tuvo una importante repercusión tanto para el gobierno y la política interna como para la opinión pública.

Para la seguridad británica una España neutral o amiga era muy importante pero de hecho se tomó mucho más en cuenta el contexto internacional. Se ha podido calcular que en tres cuartas partes de las reuniones del gobierno británico se abordó el problema español, cuya importancia derivaba no sólo del peligro que suponía para la estabilidad europea sino también para las inversiones británicas, que venían a ser el 40 por 100 de las extranjeras realizadas en España.

Como en el caso de Francia, los diplomáticos británicos se alinearon casi inmediatamente con Franco. El embajador Chilton residió toda la guerra en el sur de Francia y describió el enfrentamiento como «rebel versus rabble», («los rebeldes contra la chusma»). La posición del gobierno conservador, consistió, a diferencia de lo sucedido en Francia, en no encontrar ningún beligerante próximo a sus propias posturas e intereses, de no ser los nacionalistas vascos. El premier Baldwin expresó esta postura de una manera un tanto cínica cuando dijo que los británicos odiaban tanto a los fascistas como a los comunistas y que resultaba tanto mejor si había un país en que unos y otros se mataran. Pero en la posición del partido conservador hubo muchos matices. En la Marina, Hoare mantuvo siempre una postura muy «franquista». Desde el Foreign Office Edén veía peligros en la proclividad fascista de los sublevados y, en el Parlamento, Churchill recalcó el peligro de que la Italia «mussoliniana» desempeñara un papel creciente en el Mediterráneo como consecuencia de los acontecimientos en España.

Pero estas opiniones no se tomaron muy en serio y, en definitiva, los gobernantes británicos parecen haber pensado que el problema fundamental de la guerra española nacía del peligro de que provocara un conflicto generalizado. De ahí que se siguiera una política de «apaciguamiento» de la que es óptima muestra una frase de Chamberlain, el sucesor de Baldwin: dijo haber oído que «en las altas montañas hay a veces condiciones en las que un movimiento imprudente o un grito repentino puede producir una avalancha» y eso era lo que tenía la intención de evitar que se produjera en relación con los sucesos españoles Aunque Gran Bretaña mantuvo una neutralidad muy estricta, superior a la del resto de los países europeos, como con ella evitó la compra de armas por parte de los republicanos, su posición resultó beneficiosa para Franco. A partir de la primavera de 1937 tuvo éste un representante oficioso en Londres (el duque de Alba, emparentado con la aristocracia británica) y en octubre hubo, además, un representante de los intereses comerciales británicos en la España de Franco. En materias como el terror empleado por uno y otro bando, los bombardeos a poblaciones civiles, la piratería submarina o el bloqueo marítimo Gran Bretaña intervino a veces, con resultados positivos, para la humanización del conflicto: unas 90 000 personas fueron evacuadas de la zona norte gracias a ella.

La Guerra Civil no sólo fue una cuestión del gobierno —muy estable durante la época— sino también de la opinión pública. Como en el caso de Francia, resultó una cuestión tan ásperamente debatida que «en ningún momento fue posible una acción coherente» (Churchill). Entre los propios conservadores hubo partidarios de la República, como la duquesa de Atholl y la división interna de los laboristas fue también manifiesta. El ala derecha sindicalista (Citrine, Attlee, Bevin…) se mostraba profundamente reticente respecto del papel de los comunistas en España y mantuvo una posición cauta y defensiva que presuponía una interpretación muy abstracta de la solidaridad. Por su parte los izquierdistas mantenían una posición profundamente contradictoria pues si, por un lado, defendían posturas pacifistas, muy difundidas entre los británicos, al mismo tiempo querían que se ayudara a la República. La cuestión se complicaba aún más por el hecho de que la inmensa mayoría de los católicos ingleses eran laboristas y, por lo tanto, se encontraban divididos en sus lealtades. Sólo un minúsculo partido de extrema izquierda, el Independent Labour Party, en el que militó Orwell, se alineó con decisión al lado de la República. Durante el período bélico los sucesos españoles no alteraron decisivamente la política parlamentaria británica pero, en cambio, la agitación en la opinión fue profunda y duradera. Unos 2000-2500 británicos —principalmente mineros galeses— combatieron en España; de ellos murieron unos 500.

Es evidente que, muy a menudo, en Gran Bretaña se desconoció la realidad de los sucesos españoles de modo que Franco a veces era descrito como un conservador clásico. Esta sensación de ignorancia es patente también en el caso de los Estados Unidos. Allí tan sólo un 14 por 100 de la población simpatizó con Franco y, aun así, esa cifra se debía tan sólo al hecho de que entre los católicos el porcentaje era muy superior, alcanzando un 39 por 100. Con todo el embajador norteamericano, Bowers, fue quien mantuvo una posición más netamente prorrepublicana entre los de países democráticos.

Eso, no obstante, no se tradujo en la postura oficial de su país. Los Estados Unidos se declararon neutrales en agosto de 1936 y Roosevelt recomendó el «embargo moral» del negocio de armamento que más adelante se hizo efectivo, impidiendo de esta manera que el Frente Popular se pertrechara de armas cuando Franco no tenía el menor problema para obtenerlas. Se ha atribuido a los Estados Unidos una posición benevolente respecto a Franco por el hecho de que las compañías petrolíferas le proporcionaran abastecimiento energético, pero el Gobierno no tenía nada que ver en ello y la empresa citada, que exigió ser pagada con antelación, se basó en criterios puramente económicos. Aunque la distancia quitó dureza al enfrentamiento de la opinión pública respecto de la cuestión española también en Estados Unidos hubo duras polémicas, principalmente relacionadas con actitudes religiosas. Unas 2800 personas, procedentes de medios urbanos de los que casi la mitad eran comunistas y un tercio judíos combatieron, como voluntarios a favor de la República, en la brigada Abraham Lincoln. Muchos de ellos no eran otra cosa que radicales, sin filiación extremista, pero el destino que les había convertido en prematuros antifascistas les hizo luego, tras la Segunda Guerra Mundial, ser también víctimas prematuras del «macartismo».

En suma, la posición de las potencias democráticas demuestra hasta qué punto este tipo de regímenes pueden ser incapaces de llevar a cabo una intervención decisiva en un conflicto de las características de una Guerra Civil, sobre todo cuando se enfrentan a otras naciones que no deben tomar en cuenta a la opinión pública ni tienen por qué mostrar escrúpulos morales por intervenir en asuntos ajenos. De hecho las circunstancias dejaron aislada e inerme a la República que, tras algunos intentos peregrinos, no tuvo otro remedio que recurrir a la ayuda de la URSS.

En el transcurso aproximado de tres meses desde que se iniciara la Guerra Civil la República se quedó con tan sólo una décima parte de los algo más de trescientos diplomáticos de que disponía España. Como consecuencia la representación exterior debió improvisarse entregándosela a menudo a intelectuales, como Jiménez de Asúa en Praga y Araquistain en París, que además ejercieron de organizadores de propaganda, espías y comerciantes de armamento, dadas las dificultades de la República para obtenerlo. Si personalidades como ésas pudieron realizar una labor importante de cara a la opinión pública la verdad es que la gestión de muchos de sus subordinados (el novelista Max Aub o el director de cine Luis Buñuel, por ejemplo) parece haber sido la característica de aficionados románticos. Los servicios de información, que sólo fueron unificados en 1938 en Ginebra, bajo la dirección de Jiménez de Asúa, fueron ineficaces.

Pero lo peor para los republicanos fueron las dificultades para comprar armas. La falta de experiencia les hizo, en un principio, conceder la exclusiva a una empresa para luego dispersar sus compras en una treintena de países. En ocasiones las armas procedían de lugares inesperados, como Polonia, gobernada por un régimen autoritario de derechas, o Checoslovaquia, en donde se podían comprar armas pero lo difícil era hacerlas salir con lo que hubo que optar por procedimientos tan complicados como intentar corromper a la amante del Rey de Rumanía o a diplomáticos bolivianos. Incluso el gobierno del Frente Popular llegó a adquirir armas en Alemania por el intermedio de Grecia. El resultado de este procedimiento de armarse fue desastroso: el Ejército republicano llegó a tener hasta diez calibres en la munición para fusiles y ametralladoras, obtuvo material antiguo —eso, por ejemplo, explica su deficiencia artillera— y, en fin, pagó con frecuencia muy caro, casi un tercio más en el caso de los fusiles polacos. Nos queda, sin embargo, aludir a la ayuda soviética, la más importante pero de la que no se ha podido tener una idea suficiente hasta que en tiempos muy recientes se ha podido acceder a los archivos rusos. Frente a lo que pensaron las derechas, la realidad es que ni el interés de Stalin por los sucesos españoles fue grande ni su decisión de intervenir inmediata. La República no había mantenido relaciones con la URSS hasta la Guerra Civil y cuando se establecieron probablemente no se pensó, en un principio, en la amplitud que llegarían a tener. Es muy posible que para Stalin, Casares hubiera sido, por puro interés estratégico, mejor que Largo Caballero, pero el prestigio revolucionario de la URSS exigía un apoyo a la lucha de la España del Frente Popular. Ésta, tras un período en que no pasó de oficiosa, acabó siendo oficial desde finales de septiembre, es decir, una fecha relativamente tardía. En esta actitud final quizá desempeñara un papel decisivo la reflexión respecto de la situación internacional y la española. Stalin debió pensar, en efecto, que una conmoción tan profunda de las relaciones internacionales como la originada por guerra española le daba la oportunidad de comprobar hasta qué punto el sistema de seguridad colectiva podía evitar una guerra mundial o, por lo menos, hasta qué punto podía él mismo acercarse a países como Francia y Gran Bretaña. Luego, cuando vio que esas dos opciones fracasaban, se decidió a pactar con Hitler, ya en 1939. La colaboración con el Frente Popular le permitía, por otro lado, tener una influencia decisiva en un país del occidente europeo y respondía a la necesidad de que la URSS estuviera a la vanguardia revolucionaria del mundo. Además la situación interna de Rusia (era la época de las grandes purgas) pudo ocultarse gracias a la existencia de la guerra española y, durante ella, se pudo identificar la causa comunista con la liberal.

De todas formas, para comprender la posición de la URSS hay que tener en cuenta que al mismo tiempo que expresaba su identificación con la causa del Frente Popular se trasladaban las reservas de oro del Banco de España a Rusia. Aunque nada se puede probar parece posible que el propio Stalin sugiriera el traslado antes de embarcarse en entregas importantes de armas. Nada como este hecho demuestra el patético aislamiento de los republicanos, que no podían confiar por completo en Francia y que así quedaban condenados a una sola fuente de aprovisionamiento bélico. De este modo se hace patente también que Stalin, que controló personalmente los envíos, no actuaba con un criterio idealista. En el fondo a él le interesaba relativamente poco España —exactamente igual que a Chamberlain Checoslovaquia— pero eso no quiere decir que la ayuda rusa al Frente Popular fuera siempre de mala calidad o insuficiente.

En total hubo 48 envíos, a veces con largos paréntesis. Aviones y tanques parecen haber sido de calidad pero no así los fusiles, que procedían de ocho países distintos, eran de diez tipos y seis calibres diferentes. Pero si la calidad pudo ser, en ocasiones, buena, los precios resultaron siempre desmesurados gracias al cambio del rublo impuesto por Moscú: en algunos aviones la URSS cobraba 28 000 dólares por encima del coste real.

Los asesores militares y políticos soviéticos, por su parte, jugaron un papel muy importante en el seno de la causa «frentepopulista». Sus sueldos, viajes y vacaciones los pagó la República.

Otro rasgo determinante de la intervención soviética en la Guerra Civil española reside en la voluntad de discreción que la caracterizó. De ahí que la presencia de asesores soviéticos pretendiera ser simulada, incluso haciéndolos pasar por hispanoamericanos. La principal ayuda en hombres estuvo formada por las Brigadas Internacionales, reclutadas gracias a la actuación de la Internacional Comunista, pese a que no todos sus miembros, ni siquiera la mayoría, pertenecieran a grupos políticos de esta significación. La fecha en que empezó el reclutamiento para las Brigadas coincide con la decisión tomada por la URSS como también con la significación que se dio a las mismas en su política exterior como testimonio de la solidaridad internacional en la lucha contra el fascismo. En ellas hubo de todo: parados y aventureros pero también un número muy elevado de idealistas de ideas radicales, intelectuales o exiliados de aquellos países en que el fascismo había destruido la democracia. Eso explica que en Guadalajara hubiera combatientes italianos en ambos bandos. Los brigadistas, en general, fueron buenos combatientes, pero en ocasiones se les debió someter a un grado de disciplina muy dura, siempre en manos de los comunistas.

Finalmente, un recorrido por la geografía del impacto de la Guerra Civil española en el mundo no debe excluir el caso de Hispanoamérica, con la que nuestro país mantenía unas relaciones tan estrechas, producto de la Historia pasada y reciente.

Hay que empezar por señalar que en muchos de esos países no se vio tanto el conflicto de España como un enfrentamiento entre fascismo y democracia como entre conservadurismo y liberalismo; en todos ellos se daba, además, una tendencia a juzgar lo que sucedía en España desde una óptica propia y atendiendo a los conflictos internos. En México, donde el presidente Lázaro Cárdenas presentó la guerra española como una lucha contra el imperialismo intervencionista de otras potencias, transponiendo sus enfrentamientos con los norteamericanos, mientras que la derecha católica se identificaba con el corporativismo de Franco quienes más apoyaron al Frente Popular fueron los sindicatos, en los que la influencia comunista era considerable. Aunque México mantuvo un estrecho contacto comercial con la España del Frente Popular y sirvió de cobertura para una parte de su comercio de armas, su ayuda al Frente Popular no pudo ser sino muy modesta. Hubo también otros países en que el Frente Popular consiguió apoyo. Éste fue el caso de Colombia, donde los liberales proponían una política semejante a la del Frente Popular, o en Cuba, donde la emigración española era nutrida y Batista, que gobernaba con las izquierdas y luego se convertiría en dictador, pudo utilizar esta opción de política exterior en su beneficio. En Chile el gobierno del Frente Popular también mostró su simpatía, aunque más bien platónica, por la República. En realidad su fórmula política era más moderada que la homónima española e igual sucedió en la derecha. El apoyo a Franco fue evidente en algunos países pequeños, como Guatemala y Nicaragua, pero también en otros en los que predominaban tendencias conservadoras y militaristas, como Perú. En Argentina las tendencias políticas predominantes eran conservadoras lo que explica la pronta admisión de un enviado oficioso de Franco, pero con matices que dependían del talante del ministro de Exteriores, lo que explica la tardanza en establecer relaciones plenas.

La campaña del norte

A pesar de una inicial resistencia Franco decidió trasladar el centro de gravedad de la guerra a la zona norte a fines de marzo de 1937. Fue ésta una decisión acertada que implicaba un «rodeo» hasta el logro de sus objetivos finales, pero que, en el «punto crítico» del conflicto permitió una victoria que habría de tener un efecto decisivo sobre el final del mismo. Sin duda, la guerra se resolvió en la campaña del norte, y hasta quienes militaron en bandos contrapuestos están de acuerdo en este punto. Desde comienzos de abril hasta octubre, sucesivamente, el ejército sublevado conquistó Vizcaya, Santander y Asturias, modificando por completo el balance inicial de fuerzas establecido en julio de 1936.

Para explicar lo sucedido en la primera parte de la campaña, aquélla que se refiere a la última de las provincias vascas fieles a la República, es preciso remitirse al punto de partida de ambos contendientes. Hasta el momento de su muerte fue el general Mola el responsable de la dirección de las operaciones por parte de los sublevados.

Dispuso, para la operación, de unidades fogueadas como eran las brigadas navarras, que ya se habían convertido, por su calidad, en una especie de sustitutivo de las tropas de Marruecos. Tuvo superioridad artillera, si no en hombres, y, sobre todo, de aviación, al haber podido concentrar en esta parte del frente el núcleo principal de las reservas y las unidades de élite, entre las que desempeñaban un papel especialmente importante la aviación alemana e italiana. Mola se enfrentó a un adversario que casi siempre demostró ser aguerrido, pero cuyas condiciones de combate fueron lamentables, en parte por razones de las que él mismo era culpable.

La zona norte estaba a doscientos kilómetros del resto del territorio controlado por el Frente Popular y se extendía a lo largo de un frente de trescientos kilómetros teniendo tras de sí a un millón y medio de habitantes, con una profundidad de tan sólo 30 ó 40 kilómetros. A esta peligrosa situación estratégica hubo que sumar problemas graves nacidos del cantonalismo en la dirección y de la insuficiencia de recursos militares. Ramón González Peña, el diputado del PSOE que ahora desempeñaba la máxima responsabilidad política en Asturias, aseguró que «Era mejor un solo mando malo que dos buenos», pero esta sabia sentencia no fue atendida. En el momento inicial de la guerra hubo hasta tres Juntas diferentes en Guipúzcoa —San Sebastián, Azpeitioa y Eibar— pero lo más significativo no es tanto que esto sucediera sino lo insuficiente y tardíamente que se fue solucionando. Sólo en diciembre se produjo una unificación que redujo a tres unidades políticas y militares el panorama de dispersión política previa —Consejos de Santander, Burgos y Palencia, el de Asturias y el Gobierno vasco— pero, aun así, el grado de coordinación fue muy relativo, porque en materias como relaciones comerciales con el exterior e incluso moneda actuaron un tanto por su cuenta, hasta el extremo de que cuando sus fuerzas militares combatían en territorio que no era el suyo actuaban como si lo hicieran en país extranjero. Así sucedió en la ofensiva sobre Villarreal de Álava, en la que los vascos quisieron emplear exclusivamente sus propias tropas. En noviembre fue nombrado para dirigir el Ejército del norte el general Llano de la Encomienda, pero su autoridad fue más bien nominal. Buena prueba de ello es que el Gobierno autónomo vasco rechazó la presencia de comisarios en las unidades militares e incluso Aguirre, su presidente, asumió en mayo el mando, a pesar de que legalmente no tenía derecho a hacerlo. Los vascos quisieron tener su propia legislación militar y que sus unidades combatieran tan sólo en su propio territorio. Prieto les reprochó, además, que aspiraran a una representación diplomática propia y que pretendieran controlar el tráfico marítimo. En el resto de la zona norte hubo problemas parecidos.

Hasta abril no se empezó a organizar el Ejército de acuerdo con los criterios generales del resto de la zona del Frente Popular y sólo en mayo desaparecieron los consejeros de defensa en Santander y Asturias. Pero las autoridades militares enviadas desde Valencia nunca llegaron a imponerse por completo. Largo Caballero, en un momento de indignación, llegó a afirmar que «no hay Ejército del norte; no hay más que milicias organizadas, mejor o peor, en Euskadi, Asturias o Santander».

A estas deficiencias en la dirección de la guerra hay que sumar, además, los problemas de material y aprovisionamiento. Para los defensores fue siempre obsesiva la superioridad del adversario en aviación, que cifraron en diez a uno, como puede haber sucedido en algún momento en que apenas tenían una decena de aviones en uso. Ése fue el gran reproche de Aguirre a Prieto pero debe tenerse en cuenta también que la utilización masiva de la aviación y su coordinación con la infantería por parte de los sublevados se produjo por vez primera en esta operación y que no podía por menos que afectar a la moral la sucesión de bombardeos sin respuesta. Desde la zona central se trató de enviar refuerzos al norte, pero las dificultades para mantener a salvo los aeropuertos propios en una faja tan estrecha de terreno, el criterio contrario de los asesores soviéticos, la voluntad de uso conjunto de la aviación propia o las dificultades puestas por los franceses para permitir el paso por su territorio explican que ese auxilio resultara siempre insuficiente. La superioridad artillera de los atacantes también fue un factor importante. El Frente Popular, según Ciutat, uno de los mandos enviados desde la zona central, tenía nada menos que 14 modelos diferentes de piezas artilleras. Más injustificable es el hecho de que la superioridad naval de la República no se tradujera en el auxilio efectivo a la zona norte. Aunque con medios precarios, los sublevados intentaron un bloqueo naval que hubiera sido imposible si se hubiera empleado en el norte la totalidad de la flota republicana. Paradójicamente fueron unidades improvisadas, como los pesqueros armados vascos, las que demostraron una mayor moral de combate, coincidente también con las de las fuerzas de tierra.

Éstas, por otra parte, partían de unas concepciones estratégicas defensivas y pasivas que fueron juzgadas «un error» por Franco y que también criticaron los dirigentes republicanos. El llamado «cinturón de Bilbao», según Zugazagoitia, «tácticamente desconsolaba» y para Azaña se hablaba de él «suponiendo que existe lo que debiera existir», porque era mucho más vulnerable de lo que se suponía. Todavía resultan más duros los juicios de Ciutat, jefe de Estado Mayor republicano en el norte.

Según él era «descabellado», porque no se apoyaba en obstáculos naturales sólidos, las trincheras no estaban protegidas contra los ataques aéreos y quedaba más protegido en la zona occidental que en la oriental, cuando lo lógico debiera haber sido estrictamente lo contrario. Si a todo ello sumamos que los atacantes disponían de los planos de las fortificaciones republicanas, no puede extrañar que la validez de esta barrera defensiva fuera muy limitada.

Las operaciones se iniciaron a fines de marzo de 1937 y desde un principio se caracterizaron por el empleo de una tremenda potencia de fuego artillero, combinado con los bombardeos de la aviación. Esta última no dudó en emplearse contra la población civil y en Durango causó muchos muertos, incluso sacerdotes y monjas. Las operaciones se llevaron a cabo con lentitud, en parte por exceso de precaución de Mola, pero también por carencia de efectivos suficientes en infantería. Cuando los italianos tomaron Bermeo, adelantándose con poca prudencia, fueron objeto de un temible contraataque lateral. A fines de mayo el general republicano Gámir se hizo cargo del mando militar en Vizcaya, pocos días antes de que muriera Mola en accidente de aviación y de que se iniciara la ruptura del cinturón de hierro en torno a Bilbao. Esta operación se llevó a cabo con una concentración de fuego como no había existido hasta entonces en la guerra española: casi ciento cincuenta piezas, a las que sumar la labor de la aviación, concentraron su fuego sobre las fortificaciones republicanas. El presidente Aguirre, angustiado por la carencia de ayuda por parte de la zona central, llegó a contabilizar 1500 disparos artilleros por hora, al margen de los impactos de bomba. En estas condiciones al adversario tan sólo le costó tres días superar el cinturón merced, entre otras cosas, a su buena colaboración entre aire y tierra. Antes, en cambio, las tropas vascas habían ofrecido una resistencia encarnizada que en 72 días impidió al enemigo un avance superior a los 35 kilómetros, es decir, menos de 500 metros por día.

Hubo algún proyecto de convertir Bilbao en un segundo Madrid, en lo que a resistencia se refiere, pero los vascos se negaron a la destrucción de la ciudad que, además, dadas sus condiciones estratégicas, no hubiera garantizado su defensa. El propio Aguirre vetó la destrucción de las instalaciones de Altos Hornos.

En el transcurso de la campaña de Vizcaya, concluida en junio de 1937, tuvo lugar la operación militar más controvertida de la guerra española: el bombardeo de Guernica. Acerca de este episodio, acontecido el 26 de abril de 1937, casi todo ha sido discutido, excepto la práctica destrucción de la ciudad (un 70 por 100 de los edificios fueron arrasados y murió un 5 por 100 de la población). La investigación histórica reciente ha ido aclarando muchos puntos. A pesar de que se ha asegurado lo contrario, Guernica no fue objeto de un experimento; menos aún fue éste inducido desde Berlín.

No está probado que con la destrucción de la ciudad se pretendiera hacer desaparecer el símbolo de las libertades vascas, sino que parece que el bombardeo sobre una posición que estaba en la retaguardia inmediata al frente fue solicitado por las propias tropas atacantes. Se puede considerar que Guernica era un objetivo militar, por ser un cruce de caminos, aunque las bombas no alcanzaron los blancos más obvios, quizá por la inefectividad de los atacantes, sino el campo o la ciudad. La cuestión verdaderamente decisiva no es tanto ésa como si con anterioridad el mando aéreo sublevado había considerado este tipo de objetivos como dignos de un bombardeo. La respuesta es positiva y vale no sólo para los sublevados sino también para el Frente Popular; los primeros los habían utilizado por vez primera en esa misma campaña contra Durango y el general Vigón había dado órdenes de «imprimir a la operación un ritmo tal que todas las carreteras al sur de Guernica quedarán bloqueadas». Estos procedimientos serían luego habituales (e infinitamente más mortíferos y brutales) durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso la aviación atacante —no sólo alemana, sino italiana— pudo considerar un «completo éxito» la operación. Con independencia de que hubiera en Guernica fábricas de interés militar, el objetivo más obvio y evidente era un puente que no se vio afectado por el bombardeo. La mezcla de bombas rompedoras e incendiarias resultó especialmente destructiva en una población de casas altas y calles estrechas, pero no hay pruebas claras de que se pretendiera con esa carga un efecto especial, aunque llame mucho la atención el empleo de ese segundo tipo de bombas. El número de muertos sigue siendo muy discutido.

La reacción del bando «franquista» consistió en acusar al Frente Popular de haber destruido la población mediante voladuras voluntarias y hay indicios de que esta opinión pudo ser sinceramente sentida, aunque carezca por completo de justificación histórica. En cualquier caso la corresponsabilidad del mando nacionalista parece evidente porque resulta inimaginable una absoluta falta de conexión entre los respectivos mandos. El bombardeo fue realizado por aviones que no eran españoles pero a lo largo de esta campaña las operaciones tierra-aire estuvieron perfectamente coordinadas. No existe, en fin, ninguna prueba de que Franco protestara por lo sucedido ante alemanes o italianos sino que se limitó a culpar al adversario. Fuera cual fuera el objetivo de la operación no cabe la menor duda de que contribuyó a aterrorizar al adversario y pudo desempeñar un papel en la caída de Bilbao. Pero el impacto en la opinión pública mundial fue formidable y muy perjudicial para Franco.

Cuestión polémica, aunque de menor virulencia, ha sido la de los contactos entre los nacionalistas vascos y los atacantes con vistas a una eventual rendición. Entre unos y otros existía un punto de contacto que nacía de su común catolicismo y ello explica que durante la guerra hubiera una polémica por escrito entre Goma y Aguirre en el mismo momento que se combatía. Por eso no es extraño que, en el punto álgido de la campaña de Vizcaya, desde el Vaticano se transmitiera una propuesta de rendición cuyos inspiradores eran Mola y Franco, en la que se prometía someter tan sólo a juicio a los autores de delitos comunes y llevar a cabo una política social de acuerdo con las encíclicas papales. Hubo también contactos indirectos entre los dos bandos a través del cónsul italiano en San Sebastián. De cualquier modo la propuesta papal fue interceptada por Largo Caballero o por la izquierda francesa. Sobre los nacionalistas vascos pesaba la idea de que habían recibido muy poca ayuda de la zona central y eso explica que uno de sus dirigentes, Ajuriaguerra, hablara de «traición manifiesta». Durante el mes de agosto emisarios nacionalistas se entrevistaron con dirigentes fascistas en Roma, contactos que luego se repitieron en Francia. El propio Mussolini trató de convencer a Franco de la oportunidad para una capitulación de los vascos en condiciones especiales, pero su interlocutor se limitó a esperar a que se hiciera patente que las unidades vascas eran ya incapaces de combatir. En última instancia no hubo rendición formal a los italianos y, además, las unidades «franquistas» se interpusieron para impedirlo. El hecho es que, a fines de agosto, los batallones vascos se negaron a retirarse hacia Asturias para seguir allí el combate. Aguirre parece haber mantenido hasta el final su preferencia porque el Ejército vasco fuera trasladado en su totalidad a Aragón. A pesar de todos estos conatos de negociación fue poco lo que los vascos obtuvieron. Hechas prisioneras sus unidades en Santoña, pronto empezaron los fusilamientos aunque algún dirigente político, como Ajuriaguerra, vio conmutada su pena de muerte.

En definitiva la campaña en Vizcaya significó la «mayoría de edad de la Guerra Civil» (Martínez Bande), tanto por los medios empleados como por la impresión de que las unidades empleadas, en especial las atacantes, tenían una elevada calidad militar. El Ejército Popular siguió combatiendo de forma muy semejante a como lo hacía en la época de la guerra de columnas. Se dio una carencia manifiesta de mandos subalternos y las unidades de izquierdas seguían eligiendo sus mandos por sufragio.

Si en Vizcaya fue la mayoría de edad bélica para el ejército sublevado, en Santander, que apenas tenía fuerzas defensivas, pudo parecer que, además, este ejército había aprendido la gran maniobra y era capaz de ejecutarla. Esta provincia tenía una significación marcadamente derechista y la represión supuso unos 1200 asesinatos; durante las operaciones militares fueron abundantes las deserciones de las filas del Frente Popular y también los nacionalistas vascos dieron pruebas de ausencia de capacidad moral para el combate tras la derrota previa. Sin embargo el factor verdaderamente decisivo fue esa capacidad de maniobra ya mencionada. Lo ha escrito Ciutat, uno de los mandos más capaces del Ejército Popular en el norte: «Si en la ofensiva de Bilbao resultó decisiva la aviación alemana de la Legión Cóndor podemos decir que en la de Santander influyó de modo decisivo la maniobra de las unidades de montaña, las brigadas de Navarra, por la altura de las divisorias, combinada con la incesante presión aérea». De acuerdo con este militar hubiera resultado mejor para los republicanos defenderse en las zonas montañosas, prescindir del peligroso saliente que la línea de combate dibujaba en Reinosa y mantener los mismos mandos en vez de cambiarlos, tal como se hizo poco antes de iniciarse las operaciones.

Los sublevados eran, pues, superiores en calidad y cantidad e iniciaron su ataque con una rápida estrangulación (en tan sólo tres días), de la citada bolsa de Reinosa, capturando un elevado número de prisioneros, tras lo cual, en la última quincena de agosto, cortaron el frente de sur a norte rompiendo las comunicaciones con Asturias, para finalmente ocuparse de la gran bolsa que había quedado al este. Debido a su espectacularidad Santander fue la mayor victoria obtenida hasta el momento por los sublevados y la primera ocasión en que dieron la sensación de que comprendían que en una guerra lo decisivo no es tanto la ocupación del terreno como la destrucción del adversario. Consiguieron esto último, como se demuestra por el hecho de que hicieron unos 45 000 prisioneros. En sus memorias Ciutat afirma que, de no ser por el desastre en el frente santanderino, Franco hubiera sido incapaz de concluir la campaña del norte antes de la primavera de 1938, lo que hubiera dado tiempo a que su adversario hubiera organizado un Ejército Popular eficiente.

Lo sucedido en Asturias durante los meses de septiembre y octubre de 1937 demuestra hasta qué punto puede ser decisiva en una Guerra Civil la moral para la resistencia. Zugazagoitia escribe que Santander «no tenía nada que esperar del gobierno porque su destino era conocido» pero esta frase vale más para Asturias. Aquí la desigualdad de efectivos a favor de los atacantes era absoluta en todos los terrenos, pero la resistencia fue mucho mayor que en Santander, por más que 300 000 refugiados contribuyeran a dificultar la situación. El avance «franquista» se decidió durante la primera quincena de septiembre, bastando en ocasiones el fuego de la artillería o la acción de la aviación para que se produjera el colapso del adversario. Luego, durante la segunda parte de la campaña, el tiempo y la orografía propiciaron una resistencia encarnizada: hubo una etapa en que fueron necesarios trece días para cubrir un avance de tan sólo 8 kilómetros. Sin embargo de nuevo factores relativos a la carencia de unidad política y de mando militar contribuyeron a facilitar las cosas al atacante. A fines de agosto el Consejo asturiano se declaró «soberano», concentrando en sus manos toda la autoridad, como si se desentendiera de las autoridades centrales y comunicó esta decisión, entre necia y desesperada, a la Sociedad de Naciones, lo que para Prieto no tenía otra disculpa que la de que «los dirigentes asturianos hubieran perdido la razón». Mientras tanto la desorganización, la fragmentación política y la carencia de recursos, tuvieron como consecuencia que la industria funcionara a un tercio de su capacidad mientras que en la campaña de Santander la fábrica militar de Reinosa había cambiado de manos intacta. Con amargura Azaña comentó de la campaña del norte que «no se ha visto causa más justa servida más torpemente, ni buena voluntad peor aprovechada».

Cuando acabó la lucha todavía un elevado número de guerrilleros mantuvieron la resistencia distrayendo algunas tropas de Franco y testimoniando el carácter izquierdista de la provincia. La mayor parte de los dirigentes consiguieron, no obstante, huir a Francia en embarcación.

Un factor importante en esta campaña fue la incapacidad de los republicanos por obtener aprovechamiento de su superioridad naval. Apenas un destructor permaneció en Asturias hasta el final y fue hundido; otro, enviado desde el Mediterráneo sobrecargado de material, fracasó en su empeño. Aunque se pedía mucho de ella y en ocasiones pecaba de imprudente, dados sus efectivos, la nota de los sublevados estableció un dominio precario sobre el adversario gracias a su movilidad y máximo empleo. En cambio en el otro lado se denominaba a los oficiales navales «rábanos» porque eran «rojos por fuera y blancos por dentro». La actuación de las unidades navales propias fue, al decir de Aguirre, «vergonzosa»: hasta los submarinos debieron ser dirigidos por asesores soviéticos. El bloqueo naval de los «franquistas» fue una causa importante de la derrota adversaria. Sólo durante el cuarto trimestre de 1937 capturaron 48 embarcaciones adversarias y hundieron 11. A fines de este año disponían de la mitad de la flota mercante, cuando su punto de partida al comienzo de la guerra era sólo del 15 por 100.

De este modo concluyó la resistencia en la zona norte lo que, como veremos, modificó de forma sustancial el equilibrio de fuerzas entre los dos bandos. Pero es preciso hacer mención de lo que sucedía en los restantes frentes. Si Franco consiguió la superioridad en el norte ello fue porque concentró allí sus efectivos. Lo lógico en el caso de su adversario era atacar en otras zonas, aprovechando su ventaja relativa o atrayendo a sus reservas. De hecho los ataques se produjeron y este mismo hecho demuestra hasta qué punto había cambiado la mentalidad del gobierno de Valencia, que ya concebía la posibilidad de una táctica ofensiva. De todos modos, aunque hubo un total de ocho acciones sólo dos (Brunete y Belchite) pueden ser calificadas como verdaderamente importantes. Se debe achacar a los planificadores de la acción militar republicana haber dispersado sus esfuerzos en una pluralidad de operaciones sucesivas, algunas de las cuales apenas duraron tres días y haberlo hecho, además, tardíamente. Las principales ofensivas se llevaron a cabo, en efecto, durante el mes de julio, cuando ya parecía insostenible el frente norte. En descargo del gobierno de Largo Caballero y del general Rojo, principal planificador de la guerra en éste bando, hay que advertir que imaginaron una operación única que podría haber tenido un efecto decisivo. Se trataba de atacar en Extremadura de modo que la zona controlada por Franco quedara cortada en dos. De esta manera, al menos, se hubiera impuesto unas tablas o el final negociado del conflicto. Pero la avaricia de Miaja con sus propios recursos y la oposición de los asesores rusos tuvieron como consecuencia que esta ofensiva fuera desechada.

Tenía, no obstante, mucho sentido porque era en la zona centro donde el Ejército Popular había recibido la mayor parte de sus aprovisionamientos materiales y donde, además, se había aplicado una voluntad más consistente de militarización de sus efectivos. A fin de cuentas las primeras iniciativas acabaron por tomarse allí. El primero de los ataques, a fines de mayo, fue el peor preparado, por la carencia de medios suficientes y de sorpresa. Se realizó en unos días en que parecía haberse detenido la ofensiva de Mola ante el «cinturón de hierro» y en que Prieto acaba de ser nombrado ministro de Defensa («y ataque», dijo a los periodistas) en el nuevo gobierno Negrín. El intento consistió en tratar de llegar a La Granja y Segovia, pero no hubo apenas concentración de recursos y las tropas maniobraron deficientemente en terreno montañoso, viéndose obligadas a volver a sus puntos de partida. La victoria de las tropas de Franco motivó que a la patrona de Segovia, Nuestra Señora de la Fuencisla, le fuera impuesto el fajín de capitán general, ante la indignación de Hitler, quien aseguró a sus colaboradores que no visitaría jamás un país cuyo clericalismo llegaba a esos extremos.

La ofensiva de Brunete, a lo largo del mes de julio, fue ya algo muy diferente.

Allí el Ejército Popular dispuso de la más considerable «maquinaria militar» que existía en España, principalmente en lo que respecta a concentración de artillería y de carros (Martínez Bande). El ataque, efectuado sin sorpresa, tenía como objetivo inicial el pueblo citado pero, de haberse obtenido la victoria completa, hubiera servido para desembarazar por completo el frente de Madrid. En medio de un calor sofocante, que convirtió los operaciones en una auténtica «batalla de la sed», las unidades del nuevo Ejército Popular penetraron en un principio profundamente, aunque encontraron encarnizada resistencia de unidades adversarias situadas en posiciones no muy fáciles de defender. Franco consideró que la ofensiva adversaria merecía «inmediata respuesta» y envió parte de sus tropas más selectas del norte y 150 aviones hacia Brunete a pesar de que, con ello, provocó la irritación de algunos mandos de su Ejército. El general Vigón, por ejemplo, aseguró estar «apesadumbrado» porque se caminaba hacia la «cuarta batalla de Madrid».

El enemigo había conseguido conquistar una especie de protuberancia cuadrada de diez por seis kilómetros. En la segunda quincena del mes, con las unidades venidas del norte, se produjo la contraofensiva que se prolongó durante algo más de una semana en durísimos combates de desgaste, hasta el extremo de que uno de cada dos hombres del Ejército Popular fue baja, produciéndose en ciertas unidades conatos de indisciplina. La batalla acabó, como en el Jarama, por agotamiento de los dos contendientes; aunque perdieron Brunete dos tercios de la bolsa conquistada permanecieron en manos de quienes habían tenido la iniciativa. La ofensiva había tenido momentos muy brillantes y había demostrado que el Ejército Popular era muy superior a las milicias de antaño, pero había dejado patentes también algunos de sus defectos: la falta de mandos subalternos, la mala utilización de los carros, principalmente por falta de práctica y adiestramiento y sobre todo, la incapacidad de conseguir la explotación de un éxito inicial, quizá causada porque los mandos seguían siendo antiguos milicianos. En suma, según en general Rojo, para el Frente Popular la batalla constituyó «un éxito táctico de resultados muy limitados y éxito estratégico también de carácter restringido». Si los atacantes cometieron errores algo parecido cabe achacar a Franco, que se empeñó en tomar una población tan carente de interés objetivo como era Brunete, cuando hubiera podido sacar mejor rendimiento a sus unidades en otros frentes. Esta batalla, en fin, tiene una curiosa semejanza con la de Guadalajara en cuanto que las líneas atacantes avanzaron pero al final la localidad que le dio nombre permaneció en manos de quienes se defendían.

A partir de este momento la zona centro no pudo aliviar las penosas circunstancias que el Frente Popular vivía en el norte; dejó de ser el protagonista esencial de la Guerra Civil. Resulta necesario, pues, referirse a aquella otra zona en donde se podía llevar a cabo una ofensiva merced a la superioridad republicana el frente de Aragón.

A lo largo del verano y el otoño de 1937 el Ejército popular insistió, una y otra vez, en sus ataques por esta zona. En la segunda quincena de junio lo hizo en Huesca, donde el frente parecía semejante al de Oviedo pues la posición sublevada en la capital era un estrecho corredor de ocho kilómetros cuyo ancho apenas sobrepasaba los dos en alguna parte. En julio y agosto el ataque republicano se trasladó hacia el sur donde sus tropas tomaron Albarracín, que volvieron a perder al poco tiempo.

La ofensiva sobre Zaragoza, a partir de finales de agosto de 1937, fue la operación más brillante e incluso se ha dicho de ella —Martínez Bande— que constituyó «el más ambicioso plan que conoció el Ejército Popular a lo largo de su Historia»: se trataba de ocupar la capital aragonesa de manera rápida mediante un ataque convergente desde los flancos. Los atacantes erraron respecto del estado de ánimo de sus adversarios pero acertaban en otros aspectos, como juzgar que sus medios y reservas eran escasos. Pero el Ejército Popular de nuevo mostró sus deficiencias: en un día sus unidades fueron capaces de avanzar 30 kilómetros en un frente desguarnecido, pero a continuación mostraron lo que Rojo denominó como «su temor al vacío». Habían recibido instrucciones de no detenerse pero, en vez de seguir su progresión, perdieron el tiempo sometiendo a reductos enemigos aislados. Estos —Quinto, Codo, Belchite…— incluso hicieron innecesario que Franco enviara refuerzos desde el norte. La ofensiva sobre Zaragoza sólo hubiera podido tener un verdadero efecto sobre las operaciones en ese frente en el caso de que las ofensivas de Brunete y Belchite hubieran coincidido.

Durante toda esta campaña del norte no fueron escasos los errores de los «franquistas», demasiado morosos y optimistas al principio y siempre atraídos en exceso por Madrid. Sin embargo, mayores responsabilidades cabe atribuir a sus adversarios. A fines de octubre de 1937, Prieto escribió un artículo en El Socialista, que Rojo confirma en sus libros, en el que resumió las razones de lo sucedido. Hubo antagonismos políticos, intromisiones de la política en el mando militar, insuficiente solidaridad entre las diversas regiones, recelos ante los mandos…, etc. Todas estas causas se resumían, según Prieto, en «la falta de mando único cuya conveniencia reclaman todos, pero que casi nadie respeta». La situación, a este respecto, había sido muy diferente entre sus adversarios pues concentraron sistemáticamente sus medios, principalmente los aéreos y artilleros, en el punto en que realizaban su ofensiva aún a riesgo de desguarnecer sus posiciones en otras partes.

Las consecuencias del final del frente norte fueron decisivas para el desarrollo de la guerra. Los historiadores militares aseguran que fue «la clave de la victoria» y a menudo citan para probarlo las palabras de un republicano, Francisco Galán: según él «la guerra se habría perdido en el Estrecho, ganado en Madrid y la volvimos a perder, ahora definitivamente, en el norte». El Ejército Popular había perdido allí una cuarta parte de sus efectivos y con su derrota propició que la mitad de la antigua potencia industrial del Frente Popular cambiara de manos. A partir de este momento Franco no sólo dispuso de la superioridad cualitativa de sus tropas sino también de la cuantitativa, debido al aporte demográfico de las zonas recientemente conquistadas y también a su hegemonía en el terreno industrial, antes sólidamente decantada a favor de sus adversarios. Si antes la situación estaba equilibrada ahora, gracias a la superior calidad de los sublevados, todo cambió. En adelante Franco tuvo una ventaja estimable entre el 25 y el 30 por 100, al margen de que la ayuda exterior recibida fuera mayor y por más que en ocasiones concretas, como en la batalla de Teruel, pudiera parecer que estaba por detrás del adversario. El famoso balance inicial de fuerzas establecido por Prieto había cambiado de signo y en los primeros meses de 1938 la guerra parecía destinada ya a concluir.

Aspectos económicos de la guerra

Como se ha indicado, el desenlace de la campaña del norte desempeñó un papel de primerísima importancia en la Guerra Civil de modo que sirve para establecer un corte fundamental en ella. Una vez abordada esta etapa bélica, tiene sentido, por tanto, aludir a determinados aspectos de la guerra que sería posible tratar desde una perspectiva cronológica pero que alcanzan mejor comprensión si se tratan globalmente.

Abordaremos, en primer lugar, el aspecto económico de la Guerra Civil, la constitución paralela de dos maquinarias bélicas y, en fin, la evolución política de los dos contendientes que, a fines de 1937, había quedado perfilada de forma definitiva.

Para las dos zonas en que quedó dividida España el estallido de la guerra supuso una conmoción, aunque de diverso grado y carácter. Algunos fenómenos se dieron en ambas mientras que, como es lógico, las respectivas políticas económicas fueron no sólo distintas sino radicalmente opuestas. Por otro lado, dada la tradicional vinculación con el exterior de la economía española ambas zonas necesitaron ayuda exterior e intercambios comerciales a cambio de sus exportaciones. A partir de estos presupuestos se pueden sentar como ciertas las apreciaciones de un especialista en Historia económica (Sánchez Asiaín): en la España sublevada «se impuso desde el principio un férreo control centralizado de todos los recursos económicos bajo su dominio dirigiéndolos hacia el exclusivo fin de ganar la guerra» por el procedimiento de la militarización mientras que, en el adversario, «la atomización de la dirección en la guerra fue un fenómeno generalizado» siendo frecuentes las interferencias, disputas e incluso choques violentos, aunque con el paso del tiempo tendieran a ser menos estridentes.

La política económica seguida por cada uno de los bandos fue distinta porque divergentes eran también sus concepciones fundamentales, pero, como se ha indicado, en ambas existió una obvia coincidencia en lo que se refiere al progresivo avance de las tendencias centralizadoras y de la creciente intervención del Estado. No es extraño que la tendencia centralizadora e intervencionista se diera también en el bando «franquista» porque éste asumió las tesis nacionalistas en materia económica que habían caracterizado a la derecha española desde comienzos de siglo. De hecho Franco siguió concediendo una relevancia singular a la experiencia económica del período bélico, incluso cuando empezó a practicarse en España una política que nada tenía que ver con la de aquella época y cuando carecía de sentido hacerlo, principalmente en el terreno comercial. Desde el principio la centralización entre los sublevados fue inmediata y muy disciplinada. Parece que esta movilización militar de la economía, que fue el rasgo predominante entre ellos, obtuvo éxitos importantes, como así parecen demostrarlo las cifras de la recuperación industrial vasca después de la campaña del norte. Lo de menos es que esa zona industrial supusiera algo así como el 50 por 100 de la producción nacional de explosivos. En 1937 las circunstancias bélicas hicieron que la producción siderúrgica quedara reducida a tan sólo el 5 por 100 de la habitual. Tras la victoria de los «franquistas» ya en 1938 la producción era superior a la de 1935 y en ese mismo año la producción de mineral de hierro duplicó la producción del año anterior. Al margen de esa industrialización quizá en el apartado en que fue más precisa la línea de conducta por parte de los inspiradores de la política económica del llamado Nuevo Estado fue en la política agraria. En fecha tan temprana como agosto de 1936 se suspendió la aplicación de la Ley de reforma agraria, aunque la tierra no sería efectivamente devuelta hasta comienzos de 1940. Esta medida se completó con la creación, en el verano de 1937, del Servicio Nacional del Trigo que satisfizo, mediante la intervención de los precios de trigo, los intereses de los pequeños agricultores de la mitad norte de la Península. Se debe tener en cuenta que los sublevados tenían su base social en zonas de producción agrícola tradicional, por lo que no padecieron de restricción en los abastecimientos, mientras que en la zona controlada por el Frente Popular se concentraba originariamente la mayor parte de la industria española teniendo, en cambio, menores recursos agrícolas. Como punto de partida esta constatación es elemental para confrontar las dos realidades económicas y el tratamiento que les dieron los beligerantes. La zona del Frente Popular no tuvo más que una quinta parte del ganado vacuno, una décima del ovino y algo menos de un tercio del trigo, para una población superior a la de la zona adversaria. Así se explica que, a pesar del pronto racionamiento, desde el principio hubiera dificultades en el terreno alimentario, dificultades que fueron mucho menos sentidas por los adversarios. A ello es preciso añadir el desplazamiento de la población: a la altura de 1938 había en Cataluña unos 700 000 refugiados. Esta dificultad objetiva se agravó, además, por factores derivados del proceso revolucionario. Las cifras del propio bando republicano proporcionan el testimonio evidente de una etapa de desbarajuste. La cosecha de 1936 se redujo a la mitad de la del año anterior, la de 1937 fue tan sólo del 40 por 100 que las anteriores pero en no pocas provincias controladas por el Frente Popular apenas se alcanzó el 25 por 100. Si eran patentes las deficiencias ganaderas en esta zona las circunstancias bélicas y revolucionarias las agravaron aún más. El número de cabezas de ganado ovino disminuyó a la mitad, en un tercio el de vacuno y cabrío y aún más el de cerda. Según el embajador alemán a fines de 1938 los sublevados disponían de entre dos tercios y cuatro quintos de los abastecimientos alimenticios españoles.

En cuanto a la industria en el bando del Frente Popular lógicamente el punto de partida revolucionario implicó un mayor grado de experimentación en el terreno económico mientras que la fragmentación del proceso de decisiones en lo económico obligó, en un segundo momento, a una concentración de las mismas para la mayor eficacia de la maquinaria bélica. Ambos rasgos deben haberse dado en la totalidad de la geografía peninsular, pero nos son especialmente bien conocidos en el caso de Cataluña, donde correspondió a la Generalitat la iniciativa de la centralización económica. Allí, en agosto de 1936, se creó un Consell d’Economía que diseñó un «Plan de Transformación Socialista del País». Su contenido suponía, aparte de las colectivizaciones en la agricultura y la industria, el monopolio del comercio exterior, la disminución de los alquileres, el establecimiento de un impuesto único…, etc. Lo cierto es, sin embargo, que no existió un modelo claro de régimen económico al que se quisiera llegar. Las medidas tomadas en agricultura y en industria no hicieron otra cosa que consolidar las colectivizaciones llevadas a cabo espontáneamente. La mejor prueba de esas dudas reside, sobre todo, en el hecho de que se siguiera especulando sobre la futura organización económica —en diciembre de 1936 se celebraron unas jornadas sobre Nueva Economía— mientras que los enfrentamientos a este respecto entre los diversos partidos fueron, a menudo, muy duros. Según Comorera, principal dirigente del PSUC, los primeros meses de guerra habían sido de «errores graves, aventuras y ensayos lamentables y peligrosos», mientras que, en el otro extremo, el POUM aseguraba que «para un marxista el problema no está situado en el mapa militar sino en la lucha de clases». Estas discrepancias sólo pudieron ser superadas con el transcurso del tiempo a medida que la guerra iba imponiendo sus exigencias.

Durante el año 1937 la centralización de las decisiones se hizo en beneficio de la Generalitat que dispuso de un interventor en las empresas colectivizadas y, sobre todo, del decisivo instrumento del crédito. La posterior creación de una Comisión de Industrias de Guerra, en agosto de ese año, y el Decreto de Intervenciones Especiales, en noviembre, aumentaron ese poder, pero en la etapa final de la guerra la presencia en Barcelona del gobierno republicano tuvo como resultado una creciente influencia de éste, que había criticado con dureza a la Generalitat por no haber sabido responder adecuadamente al reto de la guerra. Los índices de la producción industrial no fueron muy satisfactorios desde la misma la primera etapa de la guerra. A fines de 1936 habían descendido a la cota 69 (para enero de 1936) y no se recuperaron nunca, descendiendo en cascada ya en 1938. Aun así debe tenerse en cuenta que a lo largo de todo el conflicto hubo graves problemas de abastecimiento, así como muchos otros relacionados con la revolución o con el fenómeno bélico.

Por más que la evolución de la economía industrial catalana no fuera positiva se debe tener en cuenta que en determinadas ramas, como la metalurgia, esencial para la guerra, se produjo un crecimiento. En definitiva la situación hubiera podido ser aún peor y no lo fue debido a los sucesivos esfuerzos centralizadores tras la inicial desorganización revolucionaria. En Valencia, una economía muy distinta, también se siguió un camino semejante hacia la intervención creciente del Estado, principalmente porque éste necesitaba controlar la exportación de los agrios y así conseguir las divisas indispensables para mantener el esfuerzo bélico.

Nos quedan por abordar, en fin, los aspectos comerciales, monetarios, bancarios y de financiación de la guerra, en gran medida relacionados entre sí. Se hace preciso señalar en primer lugar que, al margen de la ayuda exterior, la existencia de un temor revolucionario en una de las Españas resultó más grave para muchas empresas que la prevención con respecto a los aliados de Franco. El caso más evidente es el de los productos petrolíferos, tan decisivos para la guerra. La CAMPSA de los sublevados se benefició de un tratamiento benévolo de la empresa norteamericana TEXACO, que proporcionó un millón de toneladas en condiciones favorables, mientras que el Frente Popular no obtuvo estas ventajas.

La Guerra Civil, con la consiguiente movilización de los recursos humanos en los dos bandos, supuso la desaparición del paro en ambos. Inversamente la inflación se disparó en las dos zonas, aunque con unas magnitudes muy diferentes: en la zona sublevada se alcanzó un 37 por 100 durante todo el período bélico, mientras que en la controlada por el Frente Popular se llegó al 50 por 100 en tan sólo los últimos meses de 1936, y a un 60 por 100 en los primeros meses de 1937. Desde noviembre de 1936 existió una división en dos zonas con signo monetario distinto. A fines de 1937 la peseta de los sublevados se había depreciado un 17 por 100 mientras que la del adversario lo había hecho el 75 por 100. Un factor esencial para explicar esta realidad reside en el hecho de que Cataluña, el País Vasco, Aragón, Santander y Asturias, en especial durante los primeros momentos de fragmentación del poder político, emitieron su propia moneda, con las consecuencias previsibles. En cuanto a los bancos sus Consejos de Administración se fueron reconstruyendo progresivamente en el bando sublevado.

Si todos ésos fueron problemas comunes de las dos Españas, solucionados con diferencias, en otro todavía es más clara su resolución de manera muy distinta. El principal objetivo de ambos bandos fue, como es lógico, financiar un esfuerzo tan considerable como el bélico. A este respecto no pueden imaginarse políticas más divergentes. Como dijo un funcionario de Hacienda republicano, «Burgos tuvo la habilidad o la fortuna de hacer la guerra a crédito». Fue mucho más lo segundo que lo primero pues aunque la habilidad hubiera sido enorme no habría permitido enfrentarse al conflicto con mínimas garantías de éxito.

Como su adversario el bando sublevado recurrió a suscripciones, recortes en los sueldos de los funcionarios y otras medidas, pero su principal mecanismo de financiación fue que Alemania e Italia le cedieron armas a crédito. Se ha calculado que éste supuso para la España de Franco entre 659 y 681 millones de dólares de la época, cifra muy cercana a la de la España del Frente Popular, como veremos de modo inmediato, y que, por tanto, parece demostrar una cierta equivalencia entre la ayuda conseguida del exterior por cada uno de los dos bandos. La financiación a crédito, por otro lado, implicaba un grado de compromiso por parte de los prestatarios muy superior al de las potencias que vendían a cambio de un pago inmediato contante y sonante.

La financiación del Frente Popular no pudo ser, probablemente, más que ésta última y a ella se lanzó desde el principio el Gobierno porque no tenía otro remedio; al hacerlo desde el primer momento, angustiado por su propia situación, en realidad no hizo otra cosa que contribuir a malacostumbrar al mercado internacional de armamento.

Esto parece haber sido especialmente cierto en los primeros meses de guerra, en que los emisarios del Gobierno republicano gestionaron la venta de una primera parte de las reservas de oro españolas en Francia. Prieto había considerado dichas reservas como una de las ventajas más claras con las que contaban quienes acabaron perdiendo la guerra. Constaban de unas 640 toneladas de oro fino, equivalentes a 725 millones de dólares de la época.

Desde fecha muy temprana los gubernamentales recurrieron a este procedimiento de financiación, lo que motivó las airadas protestas del adversario. No obstante la decisión no fue definitiva hasta septiembre de 1936, fecha en que la totalidad del depósito aurífero fue trasladado a Cartagena, de donde partiría para Rusia. La cantidad allí enviada era el 73 por 100 del total existente (460 toneladas); fue fundida y en su mayor parte se vendió para obtener divisas en París: sólo un tercio parece haber sido abonado directamente a la URSS. Todo hace pensar que tiempo antes de concluir la guerra estaba agotada la cuenta española pero ya hemos visto que los soviéticos aplicaron unos precios desmesurados a los encargos de material hechos por la República. En cualquier caso el gobierno del Frente Popular, con su decisión, proporciona el mejor testimonio que hasta qué punto en sus aprovisionamientos las circunstancias le hacían depender por completo de la URSS, hasta el extremo de tener que aceptar sus precios e incluso pagar por adelantado. De los depósitos de oro español tan sólo una pequeña cantidad —40 toneladas, depositadas en Mont de Marsan— pudieron ser recuperadas por los vencedores de la guerra. Los vencidos liquidaron también la mayor parte de las reservas de plata, mucho menos valiosas (20 millones de dólares). Durante años la cuestión de las reservas de oro del Banco de España fue objeto de una persistente propaganda por parte de los seguidores de Franco. Pero lo que principalmente resalta de cuanto ha sido expuesto es la muy distinta forma en que cada uno de los bandos fue tratado por su respectivo aliado. Sin embargo, debe añadirse algo más. Si, quizá, era tan poco deseable como inevitable el envío de las reservas de oro a la URSS resulta digno de todo tipo de críticas el desbarajuste en las compras de guerra iniciales por parte de las izquierdas españolas, que contribuyó a que se lucraran numerosos aprovechados. Al final ese oro, mal utilizado, que no se quiso confiar a Juntas regionales, ni a diplomáticos, ni a comisiones de compras, acabó en manos de otros aprovechados, los soviéticos. Una parte de él, sumado al producto de saqueos, fue utilizado por los vencidos una vez en el exilio, pero de ella nunca se dio cuenta a nadie, ni siquiera mucho tiempo después.

Queda con esto descrita la divergencia existente entre dos políticas económicas ante muy diferentes circunstancias. Como veremos también en materias militares y políticas las dificultades de los vencedores fueron mucho menores que las de los gubernamentales.

La formación de dos Ejércitos y la conducción de la guerra

Cuando se produjo la liquidación de la zona norte había quedado perfilada de manera casi definitiva la formación de los dos Ejércitos cuyos rasgos fundamentales perduraron hasta el final mismo de la Guerra Civil. Una de las más graves tragedias del Frente Popular fue que en el momento en que pudo contar con un verdadero Ejército —de todos los modos inferior en calidad al adversario— éste ya disponía de una notoria ventaja material a su favor.

La gestación de este Ejército fue lenta y muy complicada; incluso alguno de los dirigentes militares del bando vencido, como Rojo, no dudan en aludir a las razones de ello como «nuestros errores», el principal de los cuales habría sido ser «cobardes» a la hora de emprender la imprescindible labor de militarización. El resultado fue que el propio Rojo ponía en duda la existencia de un Ejército único no sólo porque no existieran unos servicios de intendencia, de sanidad o de transportes comunes, sino también por el hecho de que muy a menudo cada uno de los sectores militares del Ejército Popular diseminados por la geografía peninsular actuó, no con autonomía, sino con auténtica independencia respecto de los demás.

Ya en los programas de la izquierda anteriores al estallido de la guerra había existido alguna manifestación del deseo de suprimir el Ejército y sustituirlo por unas milicias. La sublevación contribuyó no sólo a destruir el poder político de las instituciones republicanas sino también su capacidad de acción militar. Dio la sensación, en efecto, que lo apropiado y urgente era combatir el militarismo que animaba a los generales sublevados. Resulta significativo, por ello, que una de las primeras medidas gubernamentales fuera declarar disueltas las unidades insurrectas y licenciados sus soldados. Esa medida no tuvo aplicación en el adversario, pero en cambio fue lo más habitual en las que permanecieron fieles al Gobierno.

El resultado fue la proliferación de las milicias y la ausencia de una oficialidad capaz de dirigirlas. En páginas precedentes ya hemos visto hasta qué punto resultaron ineficaces desde el punto de vista militar este tipo de unidades descritas por un observador extranjero —el general francés Duval— como «una masa caótica e inarticulada, inadaptable a la tarea guerrera». Lo que ahora nos interesa principalmente es señalar que la situación cambió muy despacio. En el mes de octubre se procedió, por ejemplo, a la eliminación de los nombres de las columnas existentes, pero sólo de forma muy lenta se aplicó esta medida.

Siendo de muy escasa utilidad militar, los milicianos recibieron una paga diaria de diez pesetas, semejante a la de los obreros especializados de la época. Con ello se hacía patente una laudable voluntad de asimilación, pero cara y, en suma, difícil de aplicar dadas las circunstancias. Claro está que hubo siempre una notable diferencia de calidad entre unas milicias y otras. Como ejemplo más característico de disciplina y de calidad militar se suele citar al llamado Quinto Regimiento, formado por los comunistas. En realidad estos juicios proceden de la autoalabanza, en parte justificada, pero también objeto de exageración. Su antecedente fueron las «milicias» comunistas que se formaron de la misma manera que las de significación política diferente pero caracterizándolas un temprano realismo frente a la guerra. Según Salas Larrazábal «los comunistas no jugaron a la guerra sino que se prepararon para hacerla». Sería abusivo, en efecto, considerar que fueron los únicos que lo hicieron en éste bando, pues algunos de los jefes militares más aptos en el Ejército Popular fueron personas, como el anarquista Cipriano Mera, que, en un principio, se habían opuesto a cualquier tipo de militarización. El Quinto Regimiento tuvo su sede en Madrid, de cuyas clases bajas procedieron más de la mitad de sus efectivos. Más que una unidad propiamente dicha fue un centro de reclutamiento e instrucción de donde salieron muchos de los mandos o comisarios comunistas. No dudó en disolverse para promover la existencia de un auténtico Ejército.

La mejor prueba de hasta qué punto era imprescindible la militarización es que en su primera etapa fue protagonizada por Largo Caballero, cuyo diario inicialmente se había declarado opuesto a ella. Los más decididos opositores fueron, sin embargo, los anarquistas, que tenían una visión romántica de la guerrilla pero que no lograron más que concesiones intrascendentes, como la creación de un Consejo de Defensa Nacional.

El nuevo Ejército, denominado Popular, no fue otra cosa que la reconversión de las unidades milicianas en otras de carácter regular. Tuvo como distintivo la estrella de cinco puntas, mientras que el saludo tradicional fue sustituido por el puño cerrado.

Tanto éste como el brazo en alto en el adversario testimonian la conversión de las unidades militares en instrumentos de una opción política o de partido.

En el Ejército Popular este carácter partidista estuvo recalcado por el hecho de que existieran «comisarios políticos», descritos por Madariaga como una especie de «capellanes castrenses revolucionarios». Fueron creados en octubre de 1936 por inspiración de los comunistas, que de este modo daban contenido político a la guerra. Su misión, en efecto, no era tan sólo la propaganda o la elevación de la moral sino que entre sus instrucciones estaba la de preocuparse de prometer a los soldados un cambio sustancial en la propia estructura del Estado republicano una vez lograda la victoria. Los antecedentes de esta fórmula, en la revolución francesa o rusa, dejaban bien clara esta significación, confirmada por el peso en ella de los comunistas. Aunque no llegaron a ser hegemónicos tuvieron una importancia desproporcionada para su peso político. El PCE tuvo 23 comisarios de División frente a 16 del PSOE y 12 de la CNT, pero 64 de brigada (frente a 73 de los otros dos grupos) y casi la mitad de los 648 comisarios de batallón frente a unos 180 de PSOE y CNT. La organización militar adoptada por el Ejército Popular fue la llamada «brigada mixta», que venía a ser una «pequeña gran unidad», dotada de un conjunto de armas y servicios que la convertían una especie de ejército en miniatura. Era, por un lado, la derivación lógica de las columnas que habían estado presentes en los campos de batalla hasta el momento, pero también se trataba de una unidad militar flexible y más avanzada que la vieja división en regimientos y batallones. Los historiadores consideran muy conveniente este tipo de organización.

Los problemas del Ejército Popular no derivaron de ella sino del papel que la oficialidad desempeñó en su seno y de la procedencia miliciana de sus unidades. Como consecuencia de la reacción antimilitarista que ha sido descrita, de la confianza en la victoria inmediata y del olvido de que el arte militar es también una técnica sofisticada, las jerarquías militares solieron caer en desuso y muy a menudo los militares fueron utilizados como simples asesores de los milicianos o de compañeros de armas de graduación inferior. «Se desconfiaba sistemáticamente de todos los militares y más aún de los que, como yo, no teníamos carné del partido predominante ni de ninguna organización», ha escrito en sus Memorias, Guarner, uno de los artífices de que el Frente Popular venciera en Barcelona; el otro, Escofet, después de enfrentarse al Comité de Milicias Antifascistas, fue enviado al extranjero para comprar armas porque había puesto en peligro su vida. Ello ha de tenerse en cuenta a la hora de computar el número de oficiales que permanecieron fieles al gobierno «frentepopulista», porque estas condiciones de actuación disminuían gravemente su eficacia. Como en el bando adversario, el Ejército Popular debió crear «tenientes en campaña», es decir, oficiales improvisados. Llegó a formar a unos 13 400, cifra notablemente inferior a la del adversario. Como procedían de sectores más humildes en su formación las enseñanzas de carácter más general jugaron un papel primordial. El resto de los oficiales del Ejército Popular procedieron de la oficialidad regular, de suboficiales ascendidos, de las milicias o de las fuerzas de orden público.

Entre los jefes militares del Ejército Popular los hubo de muy diferentes procedencias y calidades. En torno a un 15 por 100 de los mandos divisionarios nunca fueron jefes de milicias. Éstos dieron lugar a algunos mandos disciplinados y brillantes como, por ejemplo, los comunistas Modesto, que llegó a general, y Líster, que se había formado en Moscú en la Academia Frunze y que alcanzó la graduación de coronel. Al partido comunista le correspondió un papel de primera importancia en estos mandos, muy superior a la de quienes procedían de la CNT que tuvieron, tan sólo, un 10 por 100 de los mismos. Hubo también otros jefes militares que habían tenido, en su juventud, un pasado inconformista en la etapa de la Monarquía (Cordón, Tagüeña, Casado…). El general Rojo, que también era profesional y católico, fue en la época de Largo Caballero, pero sobre todo en la de Negrín, como Jefe del Alto Estado Mayor, principal inspirador de las operaciones militares más arriesgadas y también más brillantes.

Formado en el regeneracionismo militar de principios de siglo tenía una vertiente intelectual de la que carecieron la mayor parte de los militares del bando adverso. Fue uno de los mayores prestigios del Ejército español en cuyos programas de formación jugo un papel muy importante. Es posible que sus planes ofensivos, siempre imaginativos, fueran excesivamente numerosos, pero es posible también que esto viniera motivado por la tendencia al cantonalismo del Ejército Popular, que dificultaba el desplazamiento de las unidades. Siempre se consideró como un jefe de Estado Mayor que tenía la responsabilidad del asesoramiento más que de la ejecución de las grandes maniobras. Sus juicios sobre el papel de los soviéticos, acerca de la incapacidad de la dirección política —incluso con Negrín— en materia militar y sobre la valía del Ejército Popular fueron siempre independientes y audaces. Exiliado tras la Guerra Civil formó a doce generaciones de militares bolivianos. A la hora de valorar la calidad de este nuevo Ejército republicano hay que insistir de nuevo en la lentitud y las insuficiencias del proceso de militarización. Esto hizo que, como escribió Líster, «sólo un número limitado de unidades tenía un verdadero dominio del arte militar», por lo que debían ser empleadas inevitablemente allí donde se producía una ofensiva. Tal el caso de las Brigadas Internacionales o de determinadas unidades de filiación ideológica comunista.

Un gravísimo inconveniente del Ejército Popular fue también la ausencia de mandos intermedios, como consecuencia de lo cual las órdenes de ofensiva debían ser pormenorizadísimas para que fueran cumplidas a rajatabla y, aun así, no se cumplían.

La calidad de las tropas resultó, en general, muy superior en posición defensiva que en la ofensiva, pues en ésta última, según Kindelán, uno de los generales adversarios, prácticamente no emplearon la maniobra y nada más emprendido el ataque sentían «temor al vacío», es decir, a dejar posiciones adversarias en retaguardia, o se detenían en el avance sorprendidos por su propio éxito inicial. Esos problemas de calidad contribuyen a explicar que muy a menudo sus bajas fueran más altas que las adversarias. Bien mirado, teniendo en cuenta el punto de partida miliciano del Ejército Popular, no puede extrañar que ése fuera el resultado. Lo que sorprende, por el contrario, es que éste bando consiguiera levantar una fuerza armada de 600 000 o 700 000 soldados en armas a la altura del final de la campaña del norte y, más aún, que inmediatamente después emprendiera una ofensiva vigorosa, concluida en éxito, como la de Teruel.

El bando adversario tuvo muchos menos problemas para constituir un Ejército, imprescindible para la victoria. En la zona del Frente Popular «incluso el Ejército quiso transformarse en milicia en tanto que las milicias nacionalistas desearon parecerse al Ejército» (Salas). La mejor prueba de ello es que, espontáneamente y sin problemas, los voluntarios se integraron en las unidades militares contribuyendo a aumentar entre los soldados su fervor político antirrepublicano. Este procedimiento lo utilizó por vez primera el general Mola. El Ejército de los sublevados no integró en sus filas a esos voluntarios sino que impidió que las fuerzas políticas tuvieran sus propias academias militares, en diciembre de 1936 el propio Franco impidió la existencia de la tradicionalista, calificando de «traidor» a quien había pretendido montarla, y en abril siguiente la falangista fue también clausurada. Eso, sin embargo, no disminuyó el entusiasmo de las masas adictas a la sublevación que nutrieron las filas del Ejército.

Hubo muchas decenas de miles de voluntarios tradicionalistas o falangistas con un número decreciente, a partir de 1937, de otras filiaciones que acabaron por desaparecer. La proporción de los falangistas fue siempre superior a la de los carlistas y, además, la diferencia fue aumentando. Así, en octubre de 1936, había 46 000 voluntarios, de los que 25 000 eran falangistas, 12 000 requetés y 9000 de otras milicias. En el momento de la conclusión de la guerra había 72 000 falangistas y 23 000 requetés, habiendo desaparecido los de otras significaciones.

Al igual que en el bando adversario, para encuadrar esta masa de voluntarios también hubo problemas relativos a la formación de la oficialidad. Los «alféreces provisionales» —unos 25 000-30 000— partieron de un nivel cultural superior al de los «tenientes en campaña» y eso quizá les hizo más valiosos desde el punto de vista militar. Estos oficiales provisionales consiguieron entre un quinto y un tercio de las máximas condecoraciones concedidas en su bando, en lo que se refiere a laureadas y medallas militares respectivamente. En muchos otros aspectos cabe establecer un paralelismo entre los dos Ejércitos en pugna, a pesar de esa diferencia fundamental relativa a la formación de la oficialidad. Los «franquistas» también debieron confiar casi exclusivamente en unidades de élite para sus maniobras ofensivas que, en su caso, eran los marroquíes, los italianos, las brigadas navarras o la Legión. Una prueba del desgaste de este tipo de unidades nos la da la elevada cifra de muertos de la Legión —7600— cuando no llegó a tener más que un máximo de 15 000 hombres.

A Franco le bastó perfeccionar el Ejército de que partía y no tuvo que crear uno nuevo. Esto era una ventaja pero con el inconveniente de que el nivel de calidad de esa maquinaria militar no pudo superar en mucho la habitual en la España de la época prebélica. Los jefes militares sublevados fueron jóvenes (Franco tenía 43 años, pero, por ejemplo, Asensio no llegaba a los cuarenta) y su experiencia profesional consistía en dirigir unidades que no superaban el batallón. Habían combatido no hacía tanto tiempo en Marruecos y eran duchos en la organización de pequeños combates, pero poco capaces de grandes maniobras.

Mola describió acertadamente la capacidad de transporte y concentración de recursos de quienes vencieron en la guerra cuando afirmó que su táctica consistía en reunir veinte hombres contra uno y a éste matarle por la espalda. Esa capacidad de concentración de los recursos daba a los sublevados superioridad en cualquier punto que eligieran para la ofensiva: después de la campaña del norte su Ejército tenía 700 000 hombres y podían concentrar el 40 por 100 de esta cifra para iniciar el ataque sin excesivo peligro en el resto de los frentes. El adversario, a estas alturas, disponía de menores recursos humanos y sus reservas no llegaban al 25 por 100.

Concentración no quiere decir, sin embargo, maestría estratégica. El general Kindelán afirmó en sus memorias que la causa de la duración de la guerra reside en que ganó quien era el inicialmente más débil, pero esto sólo en parte es cierto. Todos los observadores extranjeros —desde el general Duval a Mussolini— acusaron a Franco de actuar con excesiva lentitud; muchos de sus propios generales le reprocharon una táctica timorata y conservadora sin atreverse a emplear más que muy excepcionalmente la gran maniobra. Él mismo argumentó ante el embajador italiano que lo hacía para asegurarse la retaguardia y que sería peligroso para su país que «tuviera prisa», pero la prudencia no basta para explicar su lentitud. Tiene razón Rojo cuando afirma que el Ejército vencedor no riñó, en realidad, tan siquiera «una gran batalla», sino que procedió a un avance simplista y elemental. Pero si los despliegues como Santander, Alfambra o la batalla de Cataluña fueron excepcionales la razón deriva, en última instancia, de esa experiencia africanista que caracterizó a los militares sublevados. Queda, en fin, un último rasgo de interés en relación con este Ejército. Al final de la guerra contaba con un millón de hombres y podía parecer espectacular respecto a la etapa inicial de la misma, pero en ese mismo momento disponía de tan sólo unos seiscientos carros y de aquella cifra de efectivos personales sólo 30 000 eran ingenieros o artilleros. Un Ejército, en fin, que más que presagiar el futuro recordaba al pasado, lo que explica que no se pudiera confiar en él para un conflicto bélico como el de la Segunda Guerra Mundial.

Unidad política en torno a Franco

Como en el caso del Frente Popular el primero y más evidente resultado del alzamiento militar fue la fragmentación de la autoridad política entre los sublevados, pero en este caso fue sólo la consecuencia del fracaso del pronunciamiento y de lo discontinuo de la geografía que controlaron en un principio. Además con el transcurso del tiempo en éste bando, aunque perdurara la heterogeneidad en la composición política, se logró, sin derramamiento de sangre, un grado elevado de unidad en las condiciones que inmediatamente veremos. Tal situación se explica por la peculiar mentalidad que guiaba a los sublevados. Para ellos se trataba de evitar, ante todo, el triunfo de una revolución que sintieron como inminente a pesar de que ni estaba preparada ni existía un grupo político capaz de protagonizarla.

El resultado de esta especie de contrarrevolución preventiva fue una revolución de contenidos dispares pero la primera, situada en una posición defensiva apenas si los necesitó, como no fueran por completo negativos. Probablemente si la sublevación hubiera triunfado se habría constituido un directorio militar con algunos técnicos dentro de un régimen formalmente republicano y es previsible que ese régimen hubiera sido tan sólo temporal en sus propósitos, aunque mucho más represivo que el de Primo de Rivera. Al menos así lo hacen pensar las declaraciones de algunos de los protagonistas de la sublevación. Con el paso del tiempo hubo ya el propósito de construir una fórmula política mucho más estable, pero la precisión siguió brillando por su ausencia. Es significativo que el mismo Franco no tuviera empacho en declarar que quería construir un Estado que fuera la «antítesis de los rojos». Tal propósito se reducía a una fórmula que reconstruyera la unidad nacional frente al pluralismo de los partidos, pero él mantuvo una esencial indefinición durante todo el conflicto. Resulta obvio que a largo plazo ésta era insostenible, pero tuvo el efecto de no distraer a los sublevados en disputas internas y los mantuvo concentrados en el propósito de hacer imposible la supuesta revolución adversaria.

La fragmentación inicial de los sublevados puede ejemplificarse en Navarra y en Sevilla. En el primer caso, la existencia desde hacía tiempo de una fuerza política arraigada y con una neta hegemonía en la región, como era el carlismo, permitió la creación de una Junta que venía a ser una especie de germen de Estado con su organización paraministerial en lo civil y lo militar. Allí, en las primeras semanas de la guerra, se tomaron disposiciones que en condiciones normales sólo hubieran resultado imaginables con carácter general y no sólo en una provincia como, por ejemplo, la reintegración del crucifijo en las escuelas. Lo sucedido en Sevilla fue la consecuencia no del arraigo de un partido sino de la fuerte personalidad de Queipo de Llano, cuya autoridad se veía multiplicada por lo inesperado de su victoria. Aunque en Sevilla empezó a utilizarse el término «caudillo» para referirse a Franco fue Queipo quien nombró a los gobernadores, legisló en materia económica y social y olvidó casi por completo otorgar cualquier papel importante a la Falange.

De todos modos desde muy pronto sintieron los sublevados la necesidad de algo parecido a una dirección unificada. No obstante, la constitución de una Junta de Defensa en Burgos, a fines del mes de julio, como consecuencia de una reunión previa de los jefes militares de la zona norte, es una buena prueba, del deseo de remitir al futuro cualquier decisión sobre la organización política definitiva. La Junta, cuyo nombre recordaba a la Historia española de principios de siglo, no era más que un instrumento de administración y de intendencia de la retaguardia, presidida por el general más antiguo, Cabanellas. Prueba de la voluntad unificadora dirigida a la obtención de la victoria es el hecho de que declarara el estado de guerra, pero, al mismo tiempo, testimonia la peculiar incertidumbre política de los militares el hecho de que, en este momento inicial, ni siquiera se prohibieran la totalidad de los partidos políticos sino tan sólo los del Frente Popular, mientras que las Cortes republicanas no se declaraban ilegítimas sino «ganadas por el afán bolchevizante». En suma, como luego diría Serrano Súñer, lo que allí había era un «Estado campamental», impreciso en sus funciones y en sus objetivos. No obstante, como motor de esa voluntad unificadora había un grupo político, los monárquicos, conscientes de que tan sólo a través de la influencia en los medios militares lograrían dar contenido, en su propio beneficio, a la España de los sublevados.

Fueron generales monárquicos, como Orgaz y Kindelán, los principales autores del nombramiento de Franco para la suprema dirección de éste bando, aunque en ello coincidieran con militares africanistas, como Yagüe, y, en general, todos quienes contaban en la dirección insurrecta estaban de acuerdo en este punto. Da la sensación de que Franco empleó para lograr su nombramiento un arma que en él pronto se convirtió en habitual, es decir, dejar pasar el tiempo pues, según Kindelán, «dilataba día tras día su decisión». Finalmente la cuestión se resolvió tras unas reuniones, a fines del mes de septiembre, en la finca del ganadero Pérez Tabernero en la provincia de Salamanca. Las noticias que tenemos acerca de lo sucedido en este momento son muy esclarecedoras pues revelan que los militares estaban totalmente de acuerdo en la idea de la unidad de mando militar y político, pero de ninguna manera pensaban en que, como consecuencia de ello, fuera a nacer una dictadura personal ilimitada en su duración. En efecto, como hubo reticencias a la concentración de todo el mando en una persona, el decreto originariamente aprobado preveía tan sólo la asunción del poder político durante el transcurso de la guerra. La disposición que fue publicada, sin embargo, atribuía a Franco la ambigua condición de «jefe del Gobierno del Estado» y, sobre todo, no limitaba la duración de su mandato en el tiempo.

La designación de Franco no había podido motivar dudas. Aparte de que ya desde el principio era el segundo de la sublevación, tras Sanjurjo, de los tres generales que habían sido principales responsables de las operaciones militares, Mola lo era de brigada, Queipo de Llano tenía un pasado político que podía inducir a la discrepancia, y Franco, en cambio, aunque no era el más antiguo, había conseguido el respeto de sus compañeros antes del comienzo de la guerra y, una vez iniciada ésta, había logrado las victorias más espectaculares merced a la superioridad de sus tropas. Al parecer sólo Cabanellas, desplazado de su puesto, por más honorífico que resultara, mantuvo su reticencia, aunque el grado de satisfacción fuera muy variado entre el resto de los generales. La guerra, sin embargo, estaba destinada a convertir el mando único en caudillaje.

Al mismo tiempo que se creaba el mando único se modificó la Junta, que definitivamente pasó a ser un mero órgano de intendencia de la retaguardia, carente de cualquier capacidad de dirección militar. La presidió en primer lugar el general Dávila quien, al mismo tiempo, desempeñó la jefatura de Estado Mayor de Franco, lo que prueba el papel de segundo orden de la Junta, hasta que al asumir, tras la muerte en accidente de Mola, la dirección del Ejército del norte, le sustituyó Gómez Jordana.

Ambos eran militares con una sólida experiencia en Marruecos y capaces para las tareas organizadoras, pero carecían de experiencia o marcada significación política. De la presidencia de la Junta, ahora denominada Técnica de Estado, dependieron siete comisiones en las que figuraban técnicos y algunos políticos de significación monárquica como Bau, Vegas Latapie, Pemán, Amado… etc.

En general, y con la posible excepción de las materias relativas a la cuestión religiosa, en las que se inició la labor restauracionista que caracterizó luego al «franquismo», la obra de la Junta Técnica recuerda más a la derecha tradicional que al fascismo. El propio Pemán afirmó que existía un marcado contraste entre las «cosas católicas» que la Junta promovía y las «cosas nuevas y fascistas» patrocinadas por la Falange. Algunas medidas iniciales recuerdan, incluso, al arbitrismo de Miguel Primo de Rivera. No deja de ser lógico porque la Junta estuvo dominada por militares y ese dominio se veía multiplicado por el hecho de que, de forma paralela y harto disfuncional, Franco disponía de otros organismos políticos bajo su directa dependencia: de él dependía una Secretaría General, ocupada por su hermano Nicolás, una Secretaría de Guerra, un gobernador general y una Secretaría de Relaciones Exteriores, único cargo no ocupado por un militar sino por el diplomático monárquico Sangróniz. A fines de 1937 era ya patente la disfuncionalidad de esta organización.

Según Jordana, Nicolás Franco era un «hombre genial y extraordinario pero desbarajustado», y la administración se había convertido en un mare mágnum sin que, por otro lado, hubiera desaparecido el policentrismo original, al menos en lo que respecta a la Sevilla de Queipo de Llano.

Mientras tanto tenía lugar una importante evolución política interna que llevaría a la constitución de un partido único. A comienzos de 1937 corrieron rumores de que se iba a crear un partido «franquista» pero todo hace pensar que esta idea no nació de una iniciativa oficial sino que quizá fue sentida por los aliados de los sublevados y por sus masas sin clara adscripción política. Hay que tener en cuenta la peculiaridad de la situación en que se encontraban los diferentes grupos políticos cuyos seguidores habían apoyado desde un principio la sublevación. El gran partido de la derecha durante la etapa republicana había sido la CEDA, pero su colaboracionismo con la República implicó su marginación. Tuvo unas milicias, pero muy poco nutridas, que muy pronto Gil Robles estuvo dispuesto a disolver si se formaba un gran movimiento político unitario. No obstante, la verdad es que prácticamente carecía ya de seguidores. Por su parte, los monárquicos procedentes de Renovación Española siempre carecieron de masas y confiaron en adquirir influencia por el procedimiento de asesorar a los militares. Prueba de su escasa resistencia a la unificación la encontramos en el hecho de que cuando D. Juan de Borbón quiso acudir a combatir al lado de Franco lo hizo vistiendo de una manera que presagiaba el uniforme del futuro partido único. Franco no le autorizó a hacerlo porque eso le hubiera supuesto un conflicto con los dos grupos políticos emergentes en la España por él acaudillada. Desde el comienzo del período bélico tradicionalistas y falangistas jugaron este papel, merced a su capacidad para adaptarse a la beligerancia pese a que su afiliación hasta el momento había resultado comparativamente poco nutrida. Pero unos y otros estaban en una situación muy peculiar y difícilmente podían enfrentarse a Franco o, tan siquiera, oponerle verdaderos reparos. Éste, por otro lado, causó una muy buena impresión inicial a los dirigentes políticos de todos los grupos de la derecha. A Rodezno, uno de los principales dirigentes carlistas, le pareció «cauto, muy sereno, amable y reservado y superior a sus compañeros generales».

En estos momentos el problema de los falangistas fue, según uno de sus dirigentes, que habían pasado de ser «un cuerpo minúsculo con una gran cabeza a ser un cuerpo monstruoso sin cabeza». En efecto, sus bases se habían multiplicado de manera desbordada —en Galicia pasaron en pocas semanas a varias decenas de miles a partir de tan sólo unos centenares— sin que las esperanzas de que José Antonio se mantuviera en vida estimularan verdaderamente la aparición de nuevos dirigentes. Manuel Hedilla, hombre honesto, austero y trabajador, fue elegido al frente de una Junta de mandos en agosto de 1936; sus indudables cualidades se unían en su persona a una evidente carencia de instrucción y de imaginación. Es posible que cometiera el error de lanzarse por la senda de una actitud demagógica pero su principal problema era que carecía de capacidad de liderazgo pues, a pesar de su elección, en la práctica nunca fue aceptado por la mayoría de los dirigentes falangistas. De ahí el nacimiento de un cantonalismo falangista cuyo contenido ideológico resulta difícilmente precisable. Aznar, Garcerán y Sancho Dávila, principales adversarios de Hedilla, no pueden ser tildados de «neofalangistas» pues, en un primer momento, su disidencia pudo ser alimentada por la propia Pilar Primo de Rivera. Por el contrario, su oposición parece haber nacido de la no aceptación de su liderazgo, en especial a partir del momento en que se inició una campaña de promoción política de su figura. Los dirigentes falangistas eran todo excepto dóciles: en su mayoría se trataba de jóvenes estudiantes inexpertos y embriagados de violencia, de los que difícilmente podía esperarse una auténtica disciplina. Por su parte ya desde la época de la Segunda República el tradicionalismo estaba dividido en una dirección nacional, la de Fal Conde, y la de aquella región donde había tenido desde fecha muy temprana una mayor implantación, es decir, Navarra, en donde predominaba el conde de Rodezno. Las circunstancias bélicas agravaron esta situación que era más de talante —mucho más posibilista el de Rodezno— que de principios.

La actitud de Franco con respecto a ambas fuerzas políticas fue siempre decidida y disciplinaria, no sólo en materias estrictamente militares sino también políticas.

Cuando en diciembre de 1936 los carlistas crearon una Academia Militar que concedería títulos de oficial Franco habló de «traición», suprimió la Academia y obligó verbalmente a Fal Conde a exiliarse. En realidad no habían hecho otra cosa que continuar en su línea tradicional pues desde 1934 tenían su propia organización militar; no tenían antagonismo alguno con el Ejército pero en su Academia los grados militares serían concedidos en nombre del regente de su causa. Para Rodezno lo que del tradicionalismo irritó a Franco fue el «tono de soberanía» que adoptaba. Cuando ambos mantuvieron una conversación en enero de 1937 el primero sacó la impresión de que el segundo había diseñado ya una línea de actuación propia consistente en no admitir ni de forma remota su propia interinidad, no tolerar la menor disidencia o apariencia de la misma y atribuir a las dos grandes opciones políticas de su bando una misión específica y subordinada al mando propio. El tradicionalismo le proporcionaría la solera y el fundamento doctrinal de su posición política y la Falange el tono radical capaz de atraer a las masas obreras de inicial signo izquierdista. Estaba ya claro que quería todo el poder para siempre. Al regente carlista le dijo que era necesario evitar plazos o reservas «que puedan poner en interinidad al Estado, necesitado de fortaleza». A Fal Conde trató de someterlo con promesas de cargos, pero no lo consiguió. Mientras tanto había ya impuesto la disciplina a los falangistas con idéntico rigor que a los tradicionalistas.

Cuando éstos quisieron distribuir un discurso de José Antonio en el que éste había mostrado una voluntad revolucionaria Franco, para evitarlo, recurrió a la legislación que prohibía las actividades políticas y no tuvo el menor empacho en destituir a tres jefes falangistas castellanos. Desde fines de 1936 las milicias quedaron sometidas al Código de Justicia militar, lo que atribuyó a Franco un duro instrumento disciplinario.

La única posibilidad de resistencia ante la voluntad de Franco —patente a partir de las primeras semanas de 1937— de crear un partido único, consistía en que carlistas y falangistas decidieran por sí una unificación que los convirtiera en un contrapeso frente el creciente poder de la dirección militar. Los tradicionalistas, que habían crecido mucho menos que la Falange, intentaron incorporar a sus filas a la Lliga y de la CEDA, a los sindicatos católicos y al minúsculo partido nacionalista de Albiñana. El mismo hecho de que trataran de sumar adhesiones prueba que eran conscientes de su debilidad relativa respecto a Falange. A lo largo del mes de febrero de 1937 hubo conversaciones en Lisboa y Salamanca sin que resultaran verdaderamente relevantes las diferencias entre las diversas facciones existentes en ambos grupos políticos respecto de la unión.

Los tradicionalistas defendían, como es lógico, la necesidad de proclamar la regencia de D. Javier y querían suprimir los partidos mientras que los falangistas parecían indiferentes ante las formas de régimen y deseaban un partido único. Pero el verdadero factor de divergencia fue la tendencia de Falange a considerar que la única unidad posible consistía en que ella absorbiera el tradicionalismo. De esta manera perduraba una prevención fundamental entre estas dos fuerzas políticas que no estaban en condiciones de evitar lo que se les venía encima. La unificación estaba decidida por el mando militar antes de que estallara la lucha en el seno de Falange. Franco, además, no estaba dispuesto a consultar sobre ella sino tan sólo a notificarla.

La lucha de facciones en el seno de la Falange fue, por tanto, un factor que ayudó a Franco, pero que no provocó su decisión. En el fondo lo que hubo tras de esa lucha era la simple ausencia de una jefatura comúnmente aceptada en el seno de Falange. El 16 de abril de 1937 el enfrentamiento tuvo como consecuencia, tras un choque en Salamanca, dos muertos, producto más que de un atentado de la tendencia de los dirigentes falangistas a ir con escoltas armados. Ni aun después de estos sucesos, que supusieron la detención de los tres adversarios fundamentales de Hedilla, tuvo éste tras de sí a toda la dirección de la Falange. De los tres cabecillas, dos le debían su puesto y uno más había colaborado con él y, del resto de la dirección falangista, sólo 10, de un total de 22, le mostraron su firme apoyo para que llevara las conversaciones con Franco en relación con la unificación. La victoria de Hedilla fue pírrica y, además, volátil. Mientras el líder falangista acudía a los italianos dando una visión revolucionaria de Falange las conversaciones de los dirigentes falangistas durante estos días testimonian una excepcional carencia de información y criterio ante la situación. La mayoría pensaba que se iba a formar un gobierno presidido por Mola y sólo estaba preocupada por cuestiones formales e internas. Ni por un momento pensaron en resistir en la conciencia, como dijo uno de ellos, de que «un acuerdo, si el Generalísimo hace (la unificación) por la fuerza, no cabe». En realidad, Franco ni tan siquiera hubo de utilizar la fuerza sino que se limitó a evitar que circularan emisarios falangistas a través del territorio que controlaba. Bastó eso para producir la unificación, que se convirtió en decreto una semana después de los incidentes de Salamanca. Partiendo de que «una acción eficiente de gobierno» era «incompatible con la lucha de partidos» y con la promesa de incorporar al nuevo grupo político «aportaciones colectivas e individuales» se dio luz a un partido de kilométrica denominación, Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista. En su dirección estaba previsto que figurara Hedilla, pero, al negarse, fue acusado de ser culpable de los incidentes del 16 de abril y de haber mantenido una posición de resistencia ante el mando político de Franco, condenándosele a muerte, aunque fuera luego indultado. Una decena más de personas fueron enviadas a prisión tras juicios sumarísimos con severas penas. Entre ellas hubo futuros ministros de Franco, pues éste siempre prefirió comprar posibles disidentes que hacerlos desaparecer, como ya había demostrado en el caso de Fal Conde.

Algunos historiadores han interpretado que en esta ocasión Falange se «suicidó», pero dicha afirmación no parece cierta si tenemos en cuenta que su tono revolucionario era, a diferencia de otros grupos fascistas, bastante superficial. No sólo los dos albaceas testamentarios de José Antonio Primo de Rivera, Ramón Serrano Súñer y Raimundo Fernández Cuesta, colaboraron con el régimen en puestos destacados sino que también lo hizo la hermana. No tuvo ningún éxito, en consecuencia, el intento de Prieto de promover una disidente Falange Española Auténtica, de la que resultaban poco atractivas hasta sus siglas (FEA). El embajador alemán, proclive a la intromisión en la política interna para favorecer a los sectores más radicales del fascismo, afirmó ante sus superiores que describiría la supuesta Nueva España cuando llegara a descubrirla.

Lo más relevante de la unificación es que descubrió a las claras la concupiscencia y la avaricia de poder de Franco. Para su triunfo contó con la realidad de que el sector más fuerte dentro de la derecha permanecía marginado, mientras los dos emergentes eran demasiado noveles, inexpertos en su dirección y heterogéneos como para presentarle seria resistencia. Otro elemento crucial para llegar a entender el éxito de Franco consiste en que en esta ocasión, como en tantas otras, dio la sensación de adoptar una medida provisional y de urgencia y, por tanto, susceptible de cambio, cuando en realidad no hacía otra cosa que ratificar su claro deseo del monopolio de poder.

Desde fines de 1937 se fue haciendo evidente en el bando sublevado la urgencia de constituir un organismo de gobierno y administración más eficaz que el hasta entonces existente. A la creación de un gobierno propiamente dicho, que sustituyera la frágil estructura de la Junta Técnica de Estado, coadyuvaron Jordana, su presidente, y Serrano Súñer, la estrella ascendente en la política interna de los sublevados. Finalmente el gobierno quedó constituido en los primeros días de febrero de 1938, tras la batalla de Teruel. Jordana fue nombrado vicepresidente-secretario, asumiendo también la competencia acerca de las relaciones exteriores, pero todavía resultó mayor la influencia de Serrano, al frente del único ministerio con tres subsecretarías. Tanto el programa como las principales disposiciones de política interior salieron de sus manos y, por si fuera poco, parece haber inspirado la propia composición del gabinete. Incluso evitó que figurara en él Nicolás Franco, aludiendo al peligro de que hubiera en él «demasiada familia».

Como sería habitual en la España de Franco, caracterizó a este primer gobierno una composición plural y muy medida: junto a dos falangistas había tres generales, dos monárquicos alfonsinos, un tradicionalista, dos ingenieros y un antiguo cedista. Serrano también lo había sido, pero no era ésta la razón de su ascenso político. Cuñado de Franco, tenía unas capacidades administrativas y de traducir en textos legales la voluntad política del Jefe del Estado de las que éste carecía. Bien dotado intelectualmente, era el único de los miembros del Gabinete capaz de esbozar y promover un programa político como alternativa al «Estado campamental» hasta entonces existente. El contenido de dicho programa, siempre en favor de la preeminencia de su cuñado y de él mismo, trataba de aunar el «calor popular, social y revolucionario» de las doctrinas falangistas con las algo más «inactuales» del carlismo, pero en realidad favoreció mucho más a la primera que al segundo y sentó el primer paso para el intento de «fascistización» de la posguerra. Tenso, absorbente y personalista, Serrano Súñer siempre se vio gravemente perjudicado por su ambición demasiado evidente y por su carencia de don de gentes.

De todos modos no debe pensarse que la sustitución del «Estado campamental» por uno nuevo fuera tan inmediata, ni que la obra legislativa en el bando de Franco fuera amplia y significativa. La mejor muestra de que el «Estado campamental» perduró reside en que siguió repartido en una pluralidad de sedes en toda la meseta superior castellana y el norte. Quizá la norma política más duradera fue la Ley de Prensa de 1938, que introducía unas concepciones beligerantes contra la libertad de prensa, incluyendo la censura y el nombramiento gubernativo de los directores de los medios de comunicación, por lo que en algunos aspectos resultó incluso más dura que la legislación italiana en la que se inspiraba. Caracterizó, por su parte, a la legislación acerca de los aspectos vinculados con los ministerios de Justicia y Educación, cuyos titulares fueron Rodezno y Sáinz Rodríguez, respectivamente, una voluntad decidida de restauracionismo religioso que llevó a la purga del personal docente y a la abolición de la legislación laica de la República, dando un extremado carácter clerical a la nueva. Lo que luego se denominó Fuero del Trabajo, única disposición de rango constitucional aprobada en el transcurso de la guerra, hecho expresivo de la indefinición de los sublevados, fue elaborado por dirigentes falangistas —Dionisio Ridruejo y el ministro Pedro González Bueno— por lo que tenía concomitancias originales con el fascismo pero luego, por influencia monárquica y tradicionalista, no pasó de ser un conjunto de declaraciones generales, apenas traducidas en legislación concreta.

A lo largo de 1938 las victorias militares de Franco en la guerra no se vieron acompañadas de una paralela clarificación del panorama político interno de su régimen.

Cierta propensión fascista y una radical indefinición que, en la práctica, multiplicaba el poder político de Franco, resultaron los rasgos más característicos de un Estado que daba sensación de provisionalidad. La preeminencia de las operaciones militares y la radical ausencia de muestras de heterogeneidad en la prensa contribuyeron, no obstante, a que esta situación no apareciera con claridad.

Ya a estas alturas el nuevo partido había demostrado ser una entidad artificial sin capacidad para la actuación autónoma y enfrentado en la práctica en su seno por la fundamental discrepancia entre las dos organizaciones originarias. El Consejo Nacional de FET de las JONS estuvo formado por numerosas personas, pero la mayor parte poco significativas; desde el exilio Cambó meditó sobre «la terrible inferioridad» de la clase dirigente del nuevo régimen. Entre sus miembros hubo quienes no dieron la menor importancia a su pertenencia al nuevo organismo, como Pemán, quienes comprobaron su inanidad queriendo intervenir en el pleno pero sin éxito, como Queipo de Llano, o quienes fracasaron al intentar una candidatura elegida de forma espontánea para la Junta política, especie de Comisión permanente, como Vegas Latapie, para descubrir que Franco había decidido imponer sus candidatos. Desde muy pronto se percibió que el Consejo no serviría más que para aparatosas ceremonias medievalizantes realizadas para la exaltación personal del Caudillo. La Junta Política se reunió más asiduamente, pero estaba todavía más dominada desde las alturas. Franco no admitió de ninguna manera que en los Estatutos internos del partido se sometiera su poder a ningún recorte pues se consideraba «responsable ante Dios y ante la Historia» y no sujeto, por tanto, a procedimiento alguno de destitución o de juramento. Raimundo Fernández Cuesta, un personaje gris y desconfiado que fue nombrado para la Secretaria General del partido, muy pronto decepcionó las esperanzas que en él habían puesto los falangistas más puristas. El mismo asegura en sus memorias haber sido propuesto para ese cargo por sus adversarios «que lo que querían era que fracasara». Ridruejo, el más caracterizado de ese sector falangista asegura haberse «equivocado de medio a medio» acerca del personaje. En consecuencia una especie de «sanedrín» falangista, reunido en torno a Pilar Primo de Rivera, mantuvo con respecto a la evolución política una actitud «distanciada pero negociadora y finalmente integrada». Falange, al mismo tiempo, fue la beneficiaría fundamental y casi única de la unificación, sobre todo en determinados cargos provinciales y locales mientras los carlistas, por su parte, apenas tuvieron media docena de gobiernos civiles. Aunque Falange tuviera veleidades verbales radicales y chocara con los «franquistas» puros, todos sus elementos, incluso los más radicales, se integraron sin problemas en el régimen. No sucedió eso con los carlistas, que siguieron subsistiendo con una cierta autonomía, en especial en Navarra. Rodezno, su principal dirigente colaboracionista, afirma en su diario haber sentido la unificación «como hierro de ganadería» y estar dispuesto a que «le abrieran en canal» antes de uniformarse como se ordenó tras ella. Fal Conde redactó textos en contra del partido único, el regente D. Javier fue obligado a exiliarse y hubo carlistas que se preguntaban, al final de la guerra, si no sería necesario «salir otra vez».

No sólo la unificación había sido un fracaso, según el sentir de los grupos afectados por ese proceso, sino que en la etapa final de la guerra, mientras que Franco parecía cada vez más seguro y consciente de su condición de Caudillo, algunos de sus principales colaboradores quedaron decepcionados de sus capacidades e incluso del papel que ellos mismos habían jugado en su promoción. Entre los ministros Martínez Anido afirmaba que Franco era «un desastre», Sáinz Rodríguez aseguraba que «tenía una gran cultura de saberes inútiles» y Amado juzgaba que sus opiniones sobre materias económicas eran de «tertulia de café». Incluso Jordana, caracterizado por su fidelidad a Franco, pensaba que «las instrucciones que le daba eran demasiado inconcretas como para ser aplicables». Gran parte del malestar existente entre los ministros y, en general, la clase dirigente del régimen, era producto del ascenso de Serrano Súñer, único ministro que aparecía en la prensa y que parecía beneficiarse constantemente de su relación familiar con Franco. A comienzos de 1939 Franco, indignado, destituyó a Sáinz Rodríguez, autor de una inocua broma acerca de su cuñado. La actitud de sus ministros le pareció insuficientemente sumisa cuando lo anunció y, en consecuencia, la Guerra Civil concluyó con una situación en que ya resultaba previsible un inmediato cambio gubernamental. Rodezno, por aquellos días, anotó en su diario que «este hombre —Franco— no tiene remedio y nos ha dado un buen chasco»; «esto parece que toma rumbos de poder personal indefinido», concluyó.

Puede decirse, en conclusión, que durante la Guerra Civil, de manera poco frecuente, atendiendo a lo que por lo general sucede en este género de conflictos, el bando sublevado consiguió un grado de unidad considerable. Sin duda todo ello contribuyó, de manera importante, a la victoria aunque no se sabe lo que podría haber llegado a suceder si en algún momento los sublevados hubieran experimentado una grave derrota militar. Franco utilizó su habilidad pero, además, se vio beneficiado de una situación ventajosa que nacía de la peculiar posición de las fuerzas políticas que dirigía. En lo que tenía de régimen dictatorial personal y militar, muy poco institucionalizado y con un partido único pero de influencia política limitada, se puede decir que el «franquismo» nació como régimen durante la Guerra Civil. Pero sólo durante la Segunda Guerra Mundial Franco se convirtió en arbitro permanente de las tendencias políticas de la derecha en un momento dificilísimo para él y su régimen, que hubiera podido suponer la entrada en el conflicto mundial y la «fascistización» completa.

El enfrentamiento en el seno del Frente Popular

El panorama que ofrece el Frente Popular durante la Guerra Civil resulta considerablemente distinto al que se acaba de describir en el bando «franquista». Las dos cuestiones más decisivas en torno a la guerra fueron la formación de un Ejército regular y la realización o no, en breve plazo, de la revolución social, política y económica y, en torno a ellas, existieron posturas diferentes que llegaron a ser irreconciliables. Luego el imperio de las circunstancias fue modificando la situación imponiendo la adaptación a las necesidades del momento, pero nunca desapareció el enfrentamiento inicial de tendencias que incluso llegó a reproducirse en cada momento en que tenía lugar una derrota militar. Se suele decir que los dos polos extremos de enfrentamiento fueron aquéllos que representaban el partido comunista y el anarcosindicalismo y esta afirmación, como comprobaremos de inmediato, es cierta. Sin embargo, no debe olvidarse que la diferencia radical entre ambas opciones se dio principalmente en la fase inicial de la guerra. Luego hubo dirigentes militares anarquistas, como Cipriano Mera, que, no sin problemas de conciencia, acabaron aceptando la necesidad de militarizar sus abigarradas columnas. Durante la guerra, con la presencia de ministros anarquistas en el poder, se llevaron a cabo nacionalizaciones de industria, idea contraria a la colectivización de procedencia ácrata.

Por otro lado, se debe recordar que estas dos posiciones no representaron nunca la totalidad del espectro político en la España del Frente Popular, ni siquiera su mayoría. Al enfrentamiento entre ambas hay que sumar la pugna —doctrinal y personal— entre el socialismo «prietista» y el «caballerista», el de las, al menos, dos versiones de comunismo (el ortodoxo y el POUM) o la que separó a los partidos centralistas de los grupos nacionalistas catalanes y vascos, que en la práctica incrementaron su poder y competencias políticas con el advenimiento de la Guerra Civil. Por si fuera poco, a todos estos factores hay que sumar las divergencias personales entre los dirigentes políticos de cada formación. En suma la revolución española fue, como otras de su género, violenta y profunda pero, además, resultó extremadamente pluralista y este hecho contribuye a explicar su derrota.

De todos modos siempre será útil aludir a esa esencial divergencia inicial entre comunistas y anarquistas. La postura de los primeros constituyó un completo cambio respecto de la que había sido habitual durante la primera parte de la etapa republicana. Si en este momento caracterizó al partido una actitud maximalista, revolucionaria e insurreccional, ahora su cambio de actitud resultó tan grande que un visitante extranjero como Franz Borkenau se preguntó cómo era posible que un partido que en Europa había estado insistiendo tanto en posibilidades revolucionarias que no existían no viera ninguna en una España donde resultaban muy patentes. Gran parte de las razones derivaban de su condición de partido influido directamente desde Moscú y, por lo tanto, proclive a tener en especial consideración los intereses de la política exterior soviética. La paradoja era que los comunistas españoles parecieran muy poco dispuestos a fomentar las colectivizaciones exactamente en el mismo momento que este proceso tenía lugar en la Unión Soviética. EL PCE sólo defendió la necesidad de llevar a cabo algunas medidas que en teoría hubieran sido factibles en un régimen democrático republicano, aunque al mismo tiempo daba por supuesto que el régimen había cambiado de manera esencial y que, por lo tanto, lo que habría en el futuro sería un sistema político «de nuevo tipo», definición esta muy imprecisa y muy poco reconfortante para quienes creían en la República de 1931. Dolores Ibárruri aseguraba, por ejemplo, que en España se estaba llevando a cabo la «revolución democrática» que en otros países había tenido su desarrollo hacía un siglo. Como contrapartida, fue abrumadora la insistencia de los comunistas en los problemas militares: todo debía ser sacrificado a la necesidad de obtener la victoria.

De esta manera el partido comunista logró, por un lado, la adhesión de aquellos pequeños propietarios que temían la revolución y, por otro, la de los militares profesionales que juzgaban imprescindible someter a disciplina a las milicias de partido. En los primeros meses de la guerra fue el PCE el gran defensor de los pequeños propietarios y no, en cambio, Esquerra o IR. Por otro lado, resultó muy frecuente el caso de quienes entraron en el partido cuando mayor era el peligro de derrumbamiento del régimen; todos los mandos profesionales importantes del Ejército Popular —como el apolítico, y bastante conservador en el pasado, Miaja o el católico Rojo— sintieron en algún momento la tentación de ingresar en un partido del que se decía que «hacía las cosas mejor que nadie». Es muy probable que la postura comunista fuera sencillamente la más congruente y la única viable si verdaderamente se quería obtener la victoria sobre el adversario. Sin embargo su rápido crecimiento y extremado sectarismo motivaron una protesta creciente de los otros sectores de la política «frentepopulista».

Los anarquistas, en cambio, opinaban que la sublevación había creado «las condiciones objetivas para el estallido de la revolución». Guerra y revolución, por lo tanto, debían ser dos procesos paralelos y complementarios, de manera que no se podía triunfar en la primera sin llevar a cabo la segunda. En cuanto a los aspectos militares del conflicto la posición anarquista fue resumida por La Revista Blanca en los siguientes términos: «Disciplina es obediencia al mando: anarquismo es no reconocer mando alguno». Entre los dirigentes anarquistas era habitual el entusiasmo no sólo por las colectivizaciones, más o menos espontáneas o forzadas, las formas de «juntismo» aparecidas en el conjunto de España, las quemas de iglesias o incluso el abandono de Madrid por parte del Ejército, saludado con un «hurra» por parte del diario anarquista local. Tampoco la prensa anarquista tenía el menor reparo en mostrar su satisfacción por las ejecuciones sumarias, eso que uno de los dirigentes —García Oliver— denominó «justicia expeditiva». Pero este entusiasmo por la situación existente en España en otoño de 1936 pronto chocó con la realidad de que era necesario enfrentarse al adversario militar y, además, pactar con el resto de los sectores políticos que formaban parte del Frente Popular. Como bien señala un dirigente cenetista, la alternativa efectiva no consistía en hacer o no hacer la revolución sino en preguntarse si debía imponerse el comunismo libertario, en cuyo caso el anarquismo debía optar por una dictadura propia, suprema paradoja de una situación imprevista.

En realidad la única posibilidad lógica consistía en la colaboración en el Frente Popular, pero cuando se tomó esta decisión la CNT inmediatamente se vio obligada a ceder sus conquistas revolucionarias una a una, primero en Cataluña y luego en el resto de España. Además esta realidad tuvo como grave inconveniente complementario que el anarcosindicalismo, antaño el movimiento obrero español por antonomasia, se dividiera y de ello se siguió una irreversible decadencia. Lo que ha quedado en la literatura anarquista posterior respecto de este período es un acerbo juicio ético retrospectivo, como si a la traición en los principios le hubiera sucedido el ocaso definitivo.

Queda, en fin, por advertir que las tesis sociales y políticas asumidas por la CNT no eran privativas de ella en la fase inicial de la guerra, sino que las compartían con entusiasmo los socialistas del ala de Largo Caballero. Cuando el soviético Koltsov se entrevistó con él descubrió que utilizaba a Lenin para defender a las milicias populares. Fue éste quien, en septiembre de 1936, en un momento en que era ya gravísima la situación militar, asumió la Presidencia del Gobierno. Lo hizo contra la opinión y «con la protesta más airada» de Azaña y con las reticencias del propio Prieto, quien pensaba que se estaba jugando demasiado pronto lo que calificaba de «última carta». Sin embargo, hay que tener en cuenta que, poi el momento, de nada había, servido tener al republicano moderado Giral al frente del gobierno y que, como señala Zugazagoitia, resultaba legítimo utilizar en esos momentos la popularidad y la fuerza política del dirigente socialista. Pero el mentor de Largo Caballero —Araquistain— no parece haber pensado tanto en la situación militar como en «una progresiva transformación revolucionaria del gobierno», a la que Azaña no podría negarse si la apoyaba el resto de la izquierda. De forma inmediata la prensa anarquista aseguró recibir al nuevo gobierno con «tolerancia y comprensión» mientras que Federica Montseny insistía en una posición antifascista unitaria que demostraba deseo de colaboración. En realidad, si los anarquistas no entraron desde el principio en el gobierno de Largo Caballero fue por sus excesivas pretensiones, que suponían la creación de un Consejo de Defensa (en vez del Gobierno), la marginación de los comunistas y cinco puestos en ese órgano ejecutivo, los mismos que la UGT y más que los republicanos. No obstante, quedó establecido el principio de colaboración anarquista, que no tardaría en plasmarse en la realidad. De hecho, la CNT estaba representada en el gobierno de la Generalitat desde ese mismo mes.

El gobierno de Largo Caballero estuvo dominado por completo por su persona, pues no sólo desempeñó la cartera de Guerra, aparte de la Presidencia, sino que, además, colocó a dos socialistas de su tendencia, Álvarez del Vayo y Galarza, en las decisivas carteras de Estado y de Gobernación, mientras que, por ejemplo, los comunistas se limitaban a desempeñar responsabilidades de inferior trascendencia en Agricultura e Instrucción Pública. La definitiva entrada anarquista en el Gobierno tuvo lugar en noviembre, cuando la situación militar se tornó dramática. Uno de los ministros de esta significación llegó a Madrid para hacerse cargo de su puesto con el fusil, como ya se habían presentado los consejeros anarquistas en la Generalitat catalana. No puede extrañar la exasperación de Azaña al tener que aceptar como ministro de Justicia a quien, durante el primer bienio, había sido uno de los más entusiastas propagandistas de la «gimnasia revolucionaria». Testimonio de lo que pensaba una parte de los anarquistas acerca de la instituciones republicanas es el hecho de que cuando el gobierno optó por abandonar Madrid fuera detenido por elementos armados anarquistas, entre cuyos jefes estaba Cipriano Mera.

El propio periódico de Largo Caballero había asegurado que «la República del 14 de abril ha muerto», mostrando un desbordado entusiasmo por las colectivizaciones y por el Ejército miliciano. Esta actitud explica que no pocos republicanos de izquierda, como Sánchez Albornoz o Domingo, se exiliaran u ocuparan puestos diplomáticos en el exterior. Bien se puede decir, por consiguiente, que la República no murió el 1 de abril de 1939 sino el 18 de julio de 1936, fecha celebrada no sólo por los sublevados sino también por los revolucionarios. Y así se ha podido escribir que nació un nuevo régimen político, «la tercera República» (Bollotten), con peculiaridades muy marcadas, que mantenían hasta cierto punto la legalidad republicana pero que en muchas materias —libertades, propiedad privada, administración, parlamento…— la habían cambiado de manera sustancial. Se entiende desde esta perspectiva la trágica posición de Azaña.

Sabía que la obra revolucionaria comenzó bajo un gobierno revolucionario «que no quería ni podía patrocinarla»; juzgaba que el Frente Popular estaba condenado a la derrota pero que «si por milagro se ganara en el primer barco que saliera tendríamos que embarcar los republicanos si nos dejaran». Sus notas escritas en los primeros meses de la guerra lo describen como presidente «coaccionado» e incluso «amortizado», deseoso de concluir la guerra mediante una gestión diplomática. Sin embargo, nada revela mejor lo que en realidad era Largo Caballero que el hecho de que, nada más alcanzado el poder, empezara a hablar de la necesidad de respetar la legalidad republicana. Su revolucionarismo no era otra cosa que epidérmico y el reformismo, en cambio, había sido una práctica habitual en toda su trayectoria personal. Ahora, consciente de las necesidades del momento, trató de ganar la guerra centralizando el poder político y creando una máquina militar. De ahí sus medidas tendentes a recortar ese «juntismo» que suscitaba tanto entusiasmo en su aliada la CNT. Por eso también la Junta de Madrid, formada en el momento del abandono de la capital por el Gobierno, se convirtió en «delegada» del poder del Estado. Por eso, también, la supresión de los organismos de este tipo existentes en Valencia, o la obligación impuesta al Consejo de Aragón de ampliar su composición política, para que no fuera ya únicamente anarquista. La «normalización» de las instituciones republicanas se apreció también en la reunión, a comienzos de 1937, de la Diputación Permanente de las Cortes en Valencia. En cuanto a la dirección militar baste con decir que si los ataques contra el subsecretario de Guerra, Asensio, fueron muchos, las deficiencias de su gestión deben ser atribuidas a las de las tropas que tenía bajo su mando.

Desde una fecha muy temprana se hicieron patentes las limitaciones personales de Largo Caballero, mientras que asimismo se evidenciaba que era incapaz de evitar los enfrentamientos programáticos, e incluso armados, de la coalición que presidía. Uno de los militares más destacados del Ejército Popular, Cordón, comunista, quien asegura haber compartido el entusiasmo inicial por el nombramiento del líder sindicalista añade que «pronto tuve que comprobar que su firmeza de carácter, que todos admiraban como una cualidad altamente positiva, tenía un fondo de tozudez y se transformaba frecuentemente por exageración y por influencia de un amor propio excesivo, de una autoestimación demasiado alta de su autoridad y cualidades en un rasgo negativo de su carácter». Otros juicios de personas distintas resultan coincidentes. El soviético Koltsov lo describe en su diario sarcásticamente como «un burócrata congelado en el papel de arrebatado». Azaña es todavía más duro al constatar «falta de ideas personales, de imaginación, de energía». Ahora se demostró definitivamente que Largo no era «el Lenin español» porque era poca cosa y demasiado confuso como para serlo.

En el fondo, quienes en otro tiempo habían contribuido decisivamente a auparle no parecían ahora dispuestos a respetar su autoridad y a ellos debió hacer repetidas advertencias y llamamientos a la disciplina. En la Diputación Permanente de las Cortes dijo, por ejemplo, refiriéndose a los anarcosindicalistas que «ya se ha ensayado bastante». Pero también se enfrentó a los comunistas que criticaban la política militar de Asensio. Desde comienzos de 1937 cada vez que habló con Azaña aprovechó la ocasión para atacar a los comunistas, porque utilizaban el Estado en beneficio propio, o a los soviéticos, «que se meten en todo y pretenden dirigir la guerra». Largo había aceptado que se formara en enero de 1937 un Comité de enlace PCE-PSOE, pero vetó la unificación que sólo se produjo en algún caso aislado, como el de Jaén, para acabar siendo evitada. La presión de los comunistas no dudó en emplear recursos como las manifestaciones públicas y a ellas respondió el presidente del Gobierno exigiendo «obediencia, disciplina y lealtad». En marzo de 1937 las relaciones del presidente del Gobierno con los comunistas eran ya muy tensas. Había sufrido críticas públicas de alguno de sus ministros y se enfrentó con el embajador ruso, al que echó de su despacho. «Largo cuenta y no acaba de las intromisiones de los rusos», anotó Azaña. El ministro Álvarez del Vayo escribió a Araquistain, «caballerista» como él, previendo lo peor: «con los comunistas en vez de caminar hacia la unidad vamos al encontronazo». Existía, además, otro proceso bien indicativo de las tendencias de dispersión del Frente Popular. A lo largo de los meses iniciales de la Guerra Civil fueron frecuentes los enfrentamientos armados entre anarquistas y comunistas, que a veces afectaron a los dirigentes y otras a los simples militantes. Una parte de estos incidentes derivaba de la simple indisciplina de los primeros, en especial en algunas zonas. La llamada Columna de Hierro, organizada en Valencia con algunos elementos procedentes de prisiones, no dudaba en volver a la retaguardia para hacer «una labor de orientación y reparación», es decir, puramente represiva. En marzo de 1937 un incidente del que fue protagonista acabó con muertos y unos 200 detenidos. En diciembre de 1936 había sufrido un atentado el delegado de abastecimientos de la Junta de Madrid, de significación comunista; en la capital se prohibió circular con armas largas mientras los anarquistas acusaban al PCE de haber eliminado a 18 anarquistas en seis provincias. Con el paso del tiempo el número de choques no sólo no disminuyó sino que tendió a aumentar. Es posible que en estos enfrentamientos la cifra total de muertos se acercara a un centenar; se convirtió en habitual el intercambio de acusaciones, como la de ser «agente provocador al servicio del fascismo», que una y otra organización se atribuían mutuamente. Esos incidentes siempre tuvieron como motivo algo tan alejado de las verdaderas operaciones bélicas contra el adversario como el orden público y el control en la retaguardia.

La situación descrita tenía necesariamente que estallar, como en efecto sucedió en Barcelona durante la primera semana de mayo de 1937. En Cataluña los gobiernos de la Generalitat habían supuesto una apelación a la disciplina semejante a la que en general se había dado en toda la zona controlada por el Frente Popular. La fuerza política ascendente era, sin duda, el PSUC, que en el gobierno formado a mediados de abril contaba con tres consejerías por sólo cuatro de la CNT; además, desde fines del año anterior había logrado expulsar del gobierno autónomo al POUM, el pequeño partido comunista disidente. Desde fines de abril menudearon los atentados que afectaron a los dos protagonistas del enfrentamiento: murieron presidentes de comités locales anarquistas y un secretario de un consejero comunista.

El 3 de mayo la Generalitat y los comunistas intentaron, en el marco de la política de unificación militar y política, apoderarse del local de la Telefónica en Barcelona, incautado por la CNT y desde donde ésta desencadenó una serie de combates como consecuencia de los cuales murieron Antonio Sesé, el consejero de Orden Público, comunista, un hermano de Francisco Ascaso, el presidente del Consejo de Aragón, anarquista, y un conocido militante de estas ideas, Berneri. Mientras todo el mundo reclamaba la calma se llevó a cabo una confusa lucha, espontánea y sangrienta, cuyo mejor testigo fue el escritor británico George Orwell quien se preguntaba «qué demonios estaba pasando, quién luchaba contra quién y quién llevaba las de ganar». Al final la llegada de tropas y dirigentes anarquistas, aparte del puro cansancio, liquidó el enfrentamiento, que hubo de causar 400 o 500 muertos y que llegó incluso a provocar desplazamientos de las unidades del frente de Aragón hacia Barcelona.

El incidente había sido espontáneo y no premeditado, pero tuvo graves consecuencias políticas. La CNT no lo había provocado ni Largo Caballero tenía otra responsabilidad en él que haber permitido que se llegara hasta estos extremos pero, como veremos inmediatamente a continuación, la consecuencia más grave de lo sucedido fue que Largo Caballero y los anarquistas tuvieron que abandonar el poder.

Peor fue el caso de los dirigentes del pequeño Partido Obrero de Unificación Marxista, a los que los comunistas acusaron de ser los principales responsables de lo sucedido, aprovechando así la ocasión para eliminar a quienes por su heterodoxia antiestalinista fueron tildados de fascistas. No sólo esta acusación carecía de cualquier tipo de justificación sino que sus miembros ni siquiera eran seguidores de Trotsky, como los comunistas aseguraban. Por el contrario, el antiguo dirigente bolchevique no había dudado en calificar su política de «criminal». Además sus miembros estaban demasiado desunidos y alejados de las posibilidades de alcanzar el poder. Los únicos grupúsculos que habían alimentado el enfrentamiento habían sido sectores radicales del anarquismo —«Los Amigos de Durruti»— o del comunismo, —los «Bolcheviques leninistas»—. El POUM, en definitiva, fue disuelto y el principal de sus dirigentes, Nin, después de permanecer algún tiempo en varias cárceles, fue asesinado junto a Alcalá de Henares.

Sin duda los autores fueron los soviéticos o los comunistas, que controlaban el orden público, o ambos en colaboración; no en vano José Díaz había afirmado en público que sus dirigentes debían ser «exterminados sin consideración». Este mismo hecho, parte de cuya responsabilidad recae en todo el Frente Popular, revela la dispersión del poder en esta zona.

Pero la verdadera relevancia política de lo sucedido en Barcelona radica en la crisis política que produjo. En estrictos términos lo sucedido no puede interpretarse como una maniobra contra Largo Caballero, aunque debilitó seriamente la autoridad del Gobierno. Los comunistas querían que abandonara la cartera de Guerra y Galarza la de Gobernación, donde su fracaso resultaba notorio; además estaban indignados en contra de un decreto, dirigido contra su infiltración en el Ejército pues suspendía la validez de los nombramientos de comisarios hasta que los aprobara el propio presidente del Gobierno. A lo largo de la crisis insistieron en la necesidad de la unificación política y militar, del orden en la retaguardia y de la concentración de esfuerzos en la guerra, puntos que luego recogió el programa de Negrín. Además, fueron los ministros comunistas quienes provocaron la crisis al abandonar el Consejo de Ministros, pero el desenlace de la misma no puede entenderse sin tener en cuenta otros factores.

El primero de ellos es la situación misma en la que se encontraba Largo Caballero. Tenía, quizá, razón, al tratar de que se hiciera en estos momentos una operación ofensiva en Extremadura pero ese propósito lo enfrentaba no sólo a Miaja, uno de los mayores prestigios militares del campo republicano, sino también a los soviéticos, que no querían emplear allí su aviación. Su deseo de montar un gabinete ministerial a base sólo de las centrales sindicales, UGT y CNT, carecía de posibilidades pues suponía que se mantenía su popularidad, ya disipada, y, asimismo, marginaba a fuerzas políticas muy importantes, encontrando por ello una resistencia decidida en el PSOE y en la Presidencia de la República. Además, durante toda la crisis la CNT permaneció en una actitud de ambigüedad poco propicia a Largo Caballero y menos aún dispuesta a aceptar una participación en el Gobierno en condiciones de paridad con los comunistas. Quienes rodeaban a Largo veían alrededor de él «tirantez, navajeo y deslealtades»; querían, en consecuencia, llegar a «una dictadura política y económica» pero resultaban incapaces de darse cuenta de que el presidente ya no era capaz de imponerla por su carencia de autoridad efectiva. «Siete meses de obrero a la cabecera. Diagnóstico: impotencia», anotó Azaña en estos días.

El gobierno Negrín

Azaña y Prieto fueron los verdaderos responsables del desenlace de la crisis política y no, en cambio, ninguno de los grupos políticos antes citado. El primero había deplorado la presencia de Largo Caballero en el poder y ahora juzgaba su actuación con palabras durísimas: «ineptitud delirante aliada con la traición». Procuró mostrarse amable a lo largo de la crisis con el presidente del Gobierno pero, al mismo tiempo, librarse definitivamente de él, algo en lo que coincidían muchos otros, pues ahora abundaron los que opinaban que nunca había debido llegar a ese puesto. Fue Azaña quien resultó determinante en la selección de Juan Negrín como sucesor: en él veía una «tranquila energía» frente a los «altibajos» y «repentes» de Prieto. Éste hizo ver a Largo Caballero que el abandono del Consejo de Ministros por los comunistas suponía el inevitable estallido de la crisis política e hizo inviable su permanencia al reclamar Cordero, uno de sus seguidores, un «cambio absoluto». Puede añadirse, en fin, que también fue él mismo quien se marginó de la Presidencia al admitir que, por sus enfrentamientos con los comunistas y anarquistas y por su carácter, no era «el hombre de las circunstancias». De todos modos al recibir la cartera de Defensa, en que se refundieron los ministerios militares, tenía una significación política en el Gobierno de entidad semejante a la del presidente, reforzada, además, por la presencia de Zugazagoitia, estrechamente vinculado a él, en Gobernación. La significación de la crisis debe completarse teniendo en cuenta que un republicano como Giral ocupó la cartera de Estado, sustituyendo al procomunista Álvarez del Vayo, mientras que los «cenetistas» salieron del Gobierno.

La personalidad de Negrín auguraba un giro hacia el orden, la autoridad y la centralización. Era de una procedencia ideológica que tenía muy poco de revolucionaria o incluso marxista; se había opuesto a la insurrección de octubre de 1934 e incluso a la presencia en la Presidencia de Largo Caballero, de la que dijo que equivalía a «perder Getafe» cuando el adversario estaba todavía lejos de Madrid. Joven, trabajador y culto había sido uno de esos intelectuales formados en el extranjero gracias a la Junta de Ampliación de Estudios, cuya radicalización antimonárquica al comienzo de los años treinta le había llevado al PSOE. No tenía ninguna simpatía por la posición, en su seno, del «caballerismo»; repudiaba a los milicianos o que le llamaran «camarada», a diferencia del anterior presidente, y había considerado durante su mandato, en el que ejerció la cartera de Hacienda, que ahora mantuvo, que se trataba de una emergencia excepcional destinada a ser superada. Su altura intelectual no ofrece dudas: catedrático de Fisiología, en su escuela se formaron muchos de los mejores biólogos españoles. Sus declaraciones iniciales consistieron en mostrar una decidida voluntad de mantener la República de 1931, presagiando ya los 13 puntos que luego definirían su posición ante el conflicto.

No dio marcha atrás a las colectivizaciones ni tampoco otorgó verdaderas facilidades para la libertad de cultos, pero identificó la República con las pautas democráticas que figuraban en su texto constitucional.

Como es lógico el cambio de gobierno provocó una inmediata e irritada oposición por parte de quienes de él salieron. García Oliver pretendió, como ministro de Justicia, no dar posesión de su cargo ni a Negrín ni al nacionalista vasco Manuel Irujo, que le relevaba en su cartera. La CNT consideró al nuevo Gobierno como «contrarrevolucionario», mientras tendía a desempeñar un papel decreciente en la vida política de la zona «frentepopulista». Pero las causas de su declive no radican en la persecución adversaria sino que son endógenas. Es cierto que en adelante el orden público, responsabilidad principal de los comunistas, se empleó contra el POUM y que la prensa anarquista vio recortada su libertad de expresión. Se llegó a hablar de miles de detenidos y cuando Largo Caballero, en el ocaso de su influencia, habló en público se quejó de «casos verdaderamente desgraciados… de personas hechas desaparecer» y de que los comunistas «habían constituido un Estado dentro del Estado». Pero cuando hubo un juicio contra los dirigentes que quedaban del POUM la sentencia les exculpó de ser fascistas, como hubieran querido los comunistas, aunque les atribuyó haber querido ocupar el poder.

En realidad, como escribió el propio García Oliver, la CNT, durante mucho tiempo el primer sindicato español, había quedado «como un saco hinchado y vacío», capaz de conspirar contra Negrín pero también de ser utilizado por él para ampliar su Gobierno cuando lo consideró pertinente. Estos seis meses de estancia en el poder resultaron, por tanto, muy amargos para los anarquistas. Durante ellos había sido ministra Federica Montseny, la primera mujer que llegó a ese puesto. Pero si en esto el anarquismo había sido premonitorio hay que tener en cuenta también que la novedad duró poco. Las propias milicianas apenas si habían estado unas semanas en el frente y las Mujeres Libres, la agrupación ácrata femenina, nunca llegó a tener una relevancia semejante a la rama juvenil masculina. Todavía fue más lamentable la situación del «caballerismo», que siguió pidiendo una alianza sindical, pero cuya fuerza, reducida a un mero personalismo, fue decreciente e incluso resultó incapaz de mantenerse en la dirección de la UGT, de donde fue sustituido por antiguos «centristas». Los comunistas, que tanto le habían ensalzado, le reprochaban ahora haber mantenido una posición «dictatorial» y carecer de apoyo en el frente y en la retaguardia.

La obra de Negrín, tanto desde el punto de vista militar como desde el político, estuvo dirigida principalmente a la «normalización» o, lo que es lo mismo, a la centralización y el logro de la eficacia, imprescindible si se quería alcanzar la victoria. De ahí que, en agosto de 1937, disolviera el Consejo de Aragón, cuya figura más relevante, Ascaso, parece haber cometido delitos comunes. Para imponer esa decisión debió utilizar unidades militares, principalmente dirigidas por comunistas, como Líster, quien en sus memorias afirma haber encontrado depósitos de alimentos destinados en exclusiva a los dirigentes de la CNT. En octubre de ese mismo año se reunieron las Cortes en Valencia asistiendo un elevado número de diputados que, de esta manera, testificaron ante la opinión internacional el carácter parlamentario y democrático de las instituciones. Además el traslado de la capitalidad a Barcelona estuvo motivado por el deseo de conseguir que Cataluña contribuyera más eficazmente a la lucha común contra el adversario. En cuanto al esfuerzo militar ni la ofensiva de Teruel, ni la defensa en el Maestrazgo, ni la posterior batalla del Ebro hubieran sido imaginables de no ser por las nuevas perspectivas abiertas tras la asunción de la Presidencia por Negrín, aunque a éste tampoco deban atribuírsele todos los méritos.

Todas esas operaciones militares se saldaron finalmente no con un éxito espectacular sino con una derrota y eso contribuyó a que se manifestaran tempranas protestas. Inicialmente Azaña parece haber deseado adoctrinar a Negrín, pero la personalidad del jefe de Gobierno era demasiado fuerte como para admitir tutelas.

Según Ansó, uno de sus seguidores, el nuevo gabinete fue denominado «Gobierno Negrín-Prieto», pero cualquiera que conociera a los dos personajes podía imaginar que el primero se independizaría por completo del segundo. Bohemio y en apariencia desordenado, pero enormemente trabajador y dotado de una dureza de carácter que le hacía inasequible al desaliento, Negrín se sentía atraído por un sentido de la eficacia que le hacía despreciar consejos y colaboraciones y tendía a hacer que aceptara todo tipo de medios, incluso aquéllos más que dudosos por razones morales o constitucionales. Muy pronto dio la sensación de que se interesaba más en el triunfo de su causa que en la defensa de los principios en que se fundamentaba la República. Decía que «desear la victoria y no servirla es hacer un servicio al enemigo» pero como era el responsable de obtener aquélla no admitía con facilidad signos de oposición en su contra. Siendo al llegar a la Presidencia una personalidad que no tenía detrás a ningún partido, su gobierno, merced a las necesidades bélicas, ya en 1938 tenía en la óptica de sus adversarios claras propensiones dictatoriales. Se ha escrito que fue «el hombre necesario» en aquella circunstancia del Frente Popular pero esta afirmación presupone que en aquellas circunstancias no se podía actuar nada más que como él lo hizo, algo muy dudoso. En relación con estos rasgos personales y esta situación ha de examinarse la acusación de que estaba dominado por los comunistas. En realidad había ascendido al poder desde la nada política y esto explica que todos pensaran en servirse de él y, como esto no sucedió, tendieron a considerarle dominado por otros. Lo correcto sería decir Negrín tenía una política personal y utilizaba a los comunistas, pero ni era comunista ni estaba controlado por el PCE, aunque a fuerza de descansar sobre ellos alcanzaron más poder que nunca, especialmente en el Ejército. Lo que le distinguió de otros socialistas fue hasta donde estuvo dispuesto a llegar en concesiones al poder de los comunistas, aunque éste contribuyera de forma eficaz a la mejora de su situación. Indalecio Prieto, que desde los años veinte se había enfrentado con aquéllos en Vizcaya, opuso tenaz resistencia a su propensión a «apoderarse de los resortes del Estado». En el verano y otoño de 1937 promulgó varias disposiciones que prohibían la propaganda política en el Ejército —que él presentó como un testimonio de «coacción repulsiva»— y que vetaban la participación de militares en actos de partido porque «el Ejército es de todos y no es de nadie». Aunque algunos dirigentes comunistas, como Cordón, reprochan a Prieto «sectarismo anticomunista» parece evidente que el papel del PCE en el Ejército Popular era desmesurado y que suyo era el sectarismo, al margen de su contribución a la tarea de lograr la victoria. En el verano de 1937, según datos de la Komintern, 800 de los 1300 comisarios políticos eran comunistas y también lo eran casi la mitad de los jefes de cuerpo y dos tercios de los de brigada. El PCE había conseguido por tanto, ya en esa fecha, una fuerza en el Ejército muy superior a la de sus sufragios en 1936. La utilizaba a veces en manifiesta violación de la legalidad republicana como se prueba no sólo por el asesinato de Nin sino también por las actuaciones de la policía militar, que motivaron protestas de Companys y Azaña.

Prieto atribuyó luego su salida del Gobierno exclusivamente a los manejos comunistas, pero para explicarla hay también que hacer mención a un rasgo de su carácter. Ciclotímico, carecía de la dureza de carácter de Negrín y pronto, ante las derrotas, empezó a pensar que sólo «cabía aguantar hasta que esto se haga cachos o nos demos de trastazos». Sus declaraciones llegaron a ser tan patéticamente pesimistas que algún seguidor suyo presente en el Gobierno, como Zugazagoitia, declaraba a la salida del Consejo que no sabía si ir a la frontera o a casa. Como a Azaña, a Prieto se le puede achacar en este momento «desfallecimiento culpable».

Así se explica la crisis de abril de 1938, en la que abandonó el ministerio de Defensa. Había ya chocado con los comunistas que, como antes hicieron con Largo Caballero, no dudaron en atacarle en la prensa a través de la pluma de uno de sus ministros. La llegada de Franco al Mediterráneo le pareció a Prieto un desastre sin paliativos y excitó en parte de los republicanos el deseo de librarse de los comunistas. En estas circunstancias una manifestación auspiciada por éstos, pero secundada por otros partidos, presionó exigiendo la resistencia a ultranza y esta decisión acabó imponiéndose en parte por la debilidad y el escepticismo de Azaña y Prieto y en parte por la propia coherencia de la postura de Negrín que era ya poco menos que indispensable. Negrín tenía razón cuando afirmaba que «no puede ser ministro de Defensa quien está convencido de que tiene perdida la guerra» y, sobre todo, su juicio acertaba plenamente al opinar que no había más posibilidades de llegar a la paz por el hecho de marginar a los comunistas o exhibir el pesimismo. En el nuevo gobierno situó a antiguos «prietistas» en el ministerio de la Gobernación, la Secretaría General de Defensa o el ministerio de Justicia, porque su antiguo jefe había dejado de ejercer el liderazgo que ahora le correspondía al presidente del Gobierno. Su programa de trece puntos parece haber estado destinado a resistir, pero también a mostrar la voluntad de transacción y respeto a los valores de la democracia de cara a Francia y Gran Bretaña, posibles mediadores de una paz. Pero cada vez consultaba menos a los partidos o al Presidente de la República. Su comentario sobre la actitud de las Cortes en la crisis —«la charca política se ha agitado mucho; francamente da un poquito de asco»— testimonia megalomanía e incapacidad de tener en cuenta la opinión de otros.

El aumento del poder de Negrín motivó protestas crecientes. En los últimos meses de la guerra Araquistain juzgó a su Gobierno como «el más inepto, más despótico y más cínico» que había tenido España. El propio Besteiro, habitualmente ponderado, consideraba que «si se ganara la guerra España sería comunista». Sin embargo otro adversario —Martínez Barrio— afirmó que era «insustituible por desgracia», un juicio que parece más certero. La última crisis parcial sufrida por el Gobierno, en agosto de 1938, así parece demostrarlo.

Desde abril habían ido arreciando las críticas en los medios del Frente Popular mientras que Negrín cada vez parecía menos dispuesto a tomar en consideración a nadie que no fuera él. A mediados de dicho mes presentó tres decretos a la deliberación del Consejo de Ministros tendentes aumentar su poder y la centralización: se militarizaban las industrias de guerra y se creaba una Sala de Justicia en Cataluña y unos tribunales especiales de justicia militar. Estas disposiciones motivaron la dimisión de los ministros catalán y vasco, mientras fuerzas políticas muy variadas exigían un cambio de política que llevara a un gobierno más de centro, capaz de hacer la paz. De nuevo, no obstante, Negrín acabó imponiéndose después de una entrevista con Azaña que éste describió como «para no olvidarla» (el Presidente de la República le acusó de intentar dar un golpe de Estado). Finalmente Negrín retiró la última de sus propuestas legales, manifiestamente anticonstitucional, pero permaneció en el poder. Es posible que Azaña no actuara con decisión, pero no parece que con otro gobierno las posibilidades de paz, la única alternativa clara en este momento, fueran mayores.

Negrín, en otro tiempo considerado como una persona manejable, era ahora insustituible aunque sólo fuera por su propia voluntad de mantenerse en el poder y por la incapacidad o la falta de deseo de otros para sustituirle en un momento de cosecha de derrotas. El jefe de Gobierno aseguró entonces que tan sólo una clara retirada de confianza por parte del jefe del Estado o los partidos del Frente Popular le haría renunciar al poder. Cuando en septiembre las Cortes se reunieron en Figueras por última vez en territorio español —sólo asistieron 62 de los 473 diputados— le criticaron republicanos y catalanistas pero los acalló por el procedimiento de decir que no aceptaba votos condicionados. Nadie pareció dispuesto a disputarle el poder. Pero a estas alturas existía ya entre algunos elementos militares republicanos la idea de que debían prescindir de los políticos para llegar a la paz, tesis que llevaría a la sublevación de Casado.

Mientras tanto la influencia de los comunistas se resquebrajaba. Defensores de la resistencia a ultranza en la inminencia de la derrota se les culpó de ella y, proclives a incrementar su poder, vieron ahora crecer las críticas en su contra. Negrín sabía que eran su principal apoyo. A fines de 1938, cuando le faltaban aprovisionamientos de todo tipo, escribió a Stalin lamentando la «enconada y dura campaña contra los comunistas» que eran «mis mejores y mis más leales colaboradores» y mostrando su disposición para convertir a España en un «instrumento potente militar y naval» capaz de colaborar con la URSS. Pero Stalin había ya perdido cualquier interés en la España republicana. De todos modos, tanto la carta como la predisposición de Negrín a formar una especie de Frente Nacional resultan muy reveladoras de su posición.

Muchos protagonistas de los acontecimientos e historiadores posteriores han interpretado la situación política existente en la zona republicana como un régimen de apariencia democrática pero de efectivo dominio del partido comunista. Utilizando las propias declaraciones de los comunistas han sugerido que se podría tratar de una especie de «democracia popular» como las de Europa del Éste a partir de 1945. Los dirigentes del PCE, en efecto, afirmaban que en España había nacido un nuevo tipo de democracia, en la que ya no había libertad para el fascismo y en la que se habían destruido las bases económicas del capitalismo. Por otro lado, al final de la guerra los comunistas controlaban las Subsecretarías de aviación y de tierra, la Jefatura de las fuerzas aéreas, el Estado Mayor de la Marina y las Direcciones Generales de Seguridad y de Carabineros; tres de los cuatro cuerpos de ejército de la zona centro estaban dirigidos por ellos. Sin embargo, el relevante papel militar del PCE no puede entenderse si no es por su constante defensa de la disciplina. Las circunstancias en Europa de 1945 fueron muy distintas de las de España en 1938 porque los regímenes mencionados nacieron con ayuda del Ejército soviético. El resto de las potencias europeas no hubieran permitido nada parecido en el caso español a la altura cronológica señalada.

Además durante el período bélico en la España del Frente Popular nunca desaparecieron las posibilidades reales de disidencia, muy superiores a las de la otra zona. Siempre existieron allí combatientes que lucharon por la democracia republicana y la causa de ésta, de estar ligada a uno de los bandos, sin duda se identificaba con éste. Si los comunistas habían alcanzado una influencia muy grande era por su sectarismo y disciplina, pero también por «la deserción de otros», como señala Modesto, o porque ellos «no estuvieron a la altura de las circunstancias» (El Campesino). Su identificación con la resistencia, cuando ésta carecía ya de sentido, deterioró la imagen del PCE, que demostró que no era tan determinante como para evitar que una conspiración acabara desplazándolo del poder.

Teruel y la marcha hacia el Mediterráneo

Como ya se ha señalado, el final del frente norte pudo hacer concebir a ojos de los observadores independientes la posibilidad de que la Guerra Civil española quedara liquidada en unos pocos meses. Aparte de la superioridad material y militar conseguida en tierra por los sublevados los envíos de material soviético estaban dificultados por los submarinos italianos y por la caída del gobierno Blum en Francia. La flota republicana, después de perder por accidente el Jaime I, actuaba a la estricta defensiva. La URSS se sintió presionada por los acontecimientos de Extremos Oriente, lo que explica que el número de sus aviadores en la España republicana tendiera a disminuir. Todo parecía, por tanto, ofrecer los mejores presagios a Franco pero la lucha se prolongó y en dos ocasiones sucesivas, durante las batallas de Teruel y el Ebro, el embajador alemán escribió a Hitler que el conflicto español no tenía una solución militar.

Estas dos operaciones militares fueron imaginadas por Rojo, convertido en general después de finalizada la campaña del norte. Paradójicamente la primera de estas batallas no tenía, en su origen, más que la pretensión de ser un simple golpe de mano sin idea de explotación posterior ni más finalidad inmediata que atraer a las reservas adversarias a fin de hacerlas combatir en una posición difícil para ellas. En cambio, Rojo tenía, como gran designio estratégico, la realización del llamado «plan P», consistente en tratar de romper la zona adversaria mediante un ataque en Extremadura.

Por su parte Franco estaba en este momento dispuesto a emprender la quinta batalla de Madrid, que Rojo consideraba improbable pues pensaba que supondría para el adversario «la aventura de un nuevo descalabro con el consiguiente desgaste y pérdida de tiempo». La lógica militar hubiera inducido, por el contrario, a concentrar los esfuerzos en dirección a Cataluña, mucho menos militarizada como consecuencia del peso que en ella habían tenido las milicias anarquistas.

El ataque de Teruel estuvo bien elegido por el Frente Popular. La capital aragonesa venía a ser como «una pistola que apuntaba al corazón de Levante», pero estaba escasamente fortificada, con unas comunicaciones difíciles, batidas por el adversario, y una guarnición muy de segunda fila por lo que se refiere a calidad y material. El ataque convergente llevado a cabo por el Ejército Popular, emprendido por buenas unidades con unos efectivos muy superiores, consiguió cercar a Teruel a mediados de diciembre reduciendo la resistencia a unas cuantas posiciones en el caso interior. Zugazagoitia llegó a escribir que fue «la primera empresa seria que nos salía bien», en lo que tenía razón, pues la bolsa se cerró con tan sólo 300 bajas y todos los propósitos de los atacantes parecieron haberse cumplido. Un intento de auxilio por parte de las tropas de Franco, realizado con intensísimo frío y con una especie de penetración en punta de lanza fracasó y, al final de la primera semana de enero de 1938, se rindieron las últimas posiciones «franquistas». El comandante que las mandaba, Rey d’Harcourt, fue acusado por los vencedores en la guerra como consecuencia de esta rendición, a pesar de haber sido posteriormente asesinado. La realidad es que no pudo mantener una defensa como la del Alcázar de Toledo porque los sitiadores tenían ya una calidad militar muy superior. Dispuso de casi 7000 hombres, pero con poco armamento, y dos tercios de los jefes y oficiales fueron baja en el transcurso de los combates. Concluida así la ofensiva en la óptica de los atacantes, por dos veces Rojo llegó a abandonar el escenario de los combates con el propósito de incorporarse a la dirección de la operación verdaderamente decisiva que, desde sus planteamientos, era la de Extremadura. No obstante, como en tantas ocasiones anteriores, Franco decidió enfrentarse al Ejército adversario allí donde había recibido su ataque en vez de emprender tina maniobra en otro punto. El avance, sin embargo, resultó penosísimo. Quienes han narrado la operación desde el punto de vista de los sublevados tienen razón al considerar que se trató del «éxito artillero más completo de Franco» (Martínez Campos), que ele este modo utilizó uno de los elementos de su evidente superioridad material. A esta potencia de fuego se sumaron 500 aviones con el resultado de que las tropas del Ejército Popular, a menudo bisoñas, se desmoronaron e indisciplinaron llegando incluso a amotinarse. Hubo un momento en que, ante el fuego adversario, abandonaron sus posiciones, para luego recuperarlas. La batalla no se decidió hasta que, a primeros de febrero de 1938, una maniobra en el flanco izquierdo de ataque profundizando hasta el río Alfambra hizo desplomarse el frente enemigo en tan sólo tres días y con muy pocas bajas. Gracias a esto en la segunda quincena de febrero Teruel, la única capital de provincia capturada por el Ejército Popular, fue reconquistada desde el norte. Como admite Zugazagoitia lo sucedido demostraba que todavía estaba por nacer el nuevo Ejército Popular, de lo que también eran conscientes sus adversarios, como Kindelán, quien, encargado de evaluar la calidad militar del enemigo, llegó a la conclusión de que no había mejorado y de que, por tanto, «cualquier maniobra que emprendamos tendrá éxito».

Así se demostró con el paso del tiempo pero Franco, habitualmente conservador y parsimonioso, no cambió su forma de actuación. «Yo no debo conquistar sino liberar y liberar significa para mí redimir», le había dicho al embajador italiano; por eso «me limito a ofensivas parciales pero de éxito seguro». En realidad, a partir de este momento su forma de dirigir la guerra estuvo sujeta a las críticas de sus propios generales. Los atacantes, por su parte, habían actuado con demasiada confianza y consideraron liquidada la batalla cuando ésta tan sólo se había iniciado. Los «franquistas» habían conseguido responder al adversario allí donde había atacado, pero a cambio de 40 000 bajas y sin utilizar sus reservas donde hubieran sido mucho más útiles y de efecto mucho más inmediato.

La dureza de los combates de Teruel coincide con el comienzo del empleo sistemático de un procedimiento de guerra especialmente brutal, aunque durante la Segunda Guerra Mundial se generalizaría y empeoraría en sus dimensiones y efectividad. Los bombardeos a ciudades de la retaguardia fueron habituales a partir de este momento aunque los llevaron a cabo de modo mucho más continuado y contundente los «franquistas». En un principio se concentraron en puntos que podían tener valor estratégico, como los puertos, pero luego no pretendieron otra cosa que aterrorizar a la población civil. Algunas de estas operaciones supusieron centenares de víctimas entre ésta, principalmente en Barcelona, a menudo alcanzada por aviones italianos que despegaban no sólo de las Baleares sino también de bases metropolitanas: la geografía misma de la ciudad se vio alterada por los bombardeos. Asimismo se bombardearon poblaciones mucho menores, como Reus o Figueras, y en ellas entre el 20 y el 25 por 100 de los edificios quedaron parcial o totalmente destruidos. Unas 5000 personas murieron en Cataluña como consecuencia de este tipo de acciones, la mitad de ellas en la capital catalana, mientras que las efectuadas en represalia se tradujeron en apenas un par de decenas de muertos. Como es lógico, los bombardeos minaron gravemente la moral de la retaguardia. El impacto de estos sucesos en la opinión mundial fue mucho menor que el de Guernica; posteriormente, sin embargo, cuando comenzaba la batalla de Inglaterra, Churchill recordaría en declaraciones públicas a los barceloneses.

Poco después de la batalla de Teruel tuvo también lugar un repentino acontecimiento bélico favorable a la causa del Frente Popular cuando, a principios de marzo de 1938, fue hundido el crucero nacionalista Baleares. El mando naval nacionalista había venido insistiendo en su carencia de unidades auxiliares, como destructores; el combate fue nocturno y en él el adversario, que utilizó torpedos, estaba en mejores condiciones para obtener la victoria. Franco siempre se mostró reticente ante la actuación de su propia flota, a la que exigió que corriera riesgos desmesurados, lo que originó este resultado cuando en la práctica el Mediterráneo ya estaba cerrado para el suministro adversario. A partir de este momento la reparación de otras unidades republicanas, como el crucero Cervantes, proporcionó una superioridad que los gubernamentales siguieron sin aprovechar. Las operaciones navales republicanas no sólo no se incrementaron sino que parecieron reducirse por miedo al éxito obtenido.

Para comprender lo sucedido en el frente de Aragón durante las semanas siguientes hay que tener en cuenta que el resultado de la batalla de Teruel afectó muy gravemente a la moral de resistencia del Ejército Popular y que no pudo superarse esta situación ni siquiera mediante fusilamientos. El propio Rojo describió «el enorme estado de desmoralización» y añadió que los nuevos reclutas que llegaban al frente «no servían para nada». En estas condiciones se explica que, al reanudarse el ataque de las tropas de Franco, se produjera un auténtico derrumbamiento del frente. El comienzo del mismo tuvo lugar, durante la segunda semana de marzo, no en Teruel sino al sur del Ebro, en dirección a Belchite y Caspe. El desmoronamiento del Ejército Popular fue tal que se produjeron desbandadas de hasta 20 000 o 25 000 hombres, que empleaban la violencia contra quien quería detenerles, incluso contra las fuerzas de orden público. Los «franquistas» habían actuado por sorpresa (pues el enemigo esperaba ahora el ataque en dirección a Guadalajara) y emplearon muy bien la aviación en persecución del adversario. En una semana avanzaron 100 kilómetros, tomaron 7000 kilómetros cuadrados de superficie con un centenar de pueblos, capturaron 10 000 prisioneros y se hicieron con las rutas que conducían hacia el mar. Rojo comentó entonces que «tardaremos aún mucho tiempo para que los jefes de nuestro Ejército se comporten como es debido». Al frente de las tropas republicanas estaba un capitán, retirado en 1931, que, por consiguiente, tenía obvias limitaciones en su experiencia militar.

A mediados de marzo Franco decidió seguir la ofensiva en una doble dirección, al norte del Ebro y hacia el mar. En la primera de las zonas indicadas sólo la desmoralización existente en el Frente Popular explica que apenas se utilizaran las fuertes líneas de defensa existentes en el río Cinca. De nuevo se produjo el derrumbamiento del frente con la conquista de 15 000 kilómetros cuadrados y una penetración de 100 kilómetros. A fines de mes las tropas de Franco penetraban en Cataluña y el cuatro de abril fue tomada Lérida. Franco, entonces, dio instrucciones de no encarcelar necesariamente a todo el que hablara el «dialecto» catalán, «aún de buena fe», lo que indica el destino que les esperaba a las instituciones autonómicas.

Finalmente la detención de las tropas nacionalistas se produjo por puro cansancio porque el adversario estaba incapacitado para la resistencia, que sólo en la zona del Pirineo —Bielsa— tuvo lugar de forma encarnizada. «Desde el Ebro hacia el norte —escribió Rojo— nuestro frente prácticamente no existe pues la mayor parte de las fuerzas que constituían el Ejército del este, como las enviadas en refuerzo, se hallan desarticuladas entre sí, sin constituir frente defensivo y la mayor parte están desorganizadas y retrocediendo, víctimas de un fenómeno de pánico». Prieto que «exultaba» cuando sus tropas tomaron Teruel, consideró lo sucedido como un «desastre sin compostura». Eso había juzgado Rojo que sería una nueva división del territorio controlado por el Frente Popular, la cual tuvo lugar a mediados de abril. La llegada al mar con la toma de Vinaroz y la conquista de 6400 kilómetros cuadrados necesariamente había de desempeñar un papel decisivo en el desenlace de la guerra. Lo sucedido jugó, como sabemos, un papel de primera importancia en el estallido de la crisis política del Frente Popular y explica el desánimo de muchos dirigentes militares republicanos. Por ejemplo, el aviador Manuel Tarazona describe lo sucedido con estas palabras: «En un mes el enemigo barrió nuestras tropas en tierra y a nosotros en el aire; nuestro triunfo de Teruel había sido anulado y la impotencia nos hacía llorar de rabia». Un error estratégico de magnitud cometido por Franco vino en ayuda de los derrotados en Teruel. Lo lógico, en aquellos momentos, hubiera sido atacar Cataluña, que era un objetivo política y militarmente más importante y en cuya dirección ni siquiera parecía encontrar resistencia el Ejército «franquista». Sin embargo tomó la decisión, calificada de «increíble» por algún historiador militar, de avanzar por el Maestrazgo hacia Valencia, en contra de la opinión de algunos de sus consejeros militares e incluso en «neta discrepancia» con su propio Estado Mayor. Se ha dicho que Cataluña era un objetivo importante pero también un avispero, porque podía provocar la intervención francesa, sobre todo si unidades italianas se acercaban a la frontera, pero, aun así, no se comprende que Franco pensara en poder tomar Valencia con rapidez. Es posible que en este momento creyera ya tener en su mano la victoria porque no mostró excesiva resistencia ante la eventualidad de una retirada de la Legión Cóndor.

En cualquier caso no se pudo elegir peor terreno para la ofensiva donde, desde abril, se centraron los combates durante tres largos meses. Se trataba del Maestrazgo, un territorio abrupto, pobre de comunicaciones y compartimentado, cuya zona costera estaba dotada de buenas defensas. El Ejército Popular, dirigido por Miaja, llevó a cabo una nueva batalla defensiva escatimando sus fuerzas y escalonando la intervención de los refuerzos al tiempo que multiplicaba las líneas defensivas. Díaz de Villegas, uno de los historiadores militares «franquistas», ha escrito que ésta fue la mejor batalla defensiva del Ejército Popular. Por otro lado los atacantes cometieron errores no sólo estratégicos sino también tácticos: en vez de elegir un sólo sentido para su progresión intentaron hacerlo mediante una pinza en una región que no permitía posibilidad alguna de maniobra. Además —muestra de su exceso de optimismo—, emplearon en la ofensiva tropas insuficientes, lo que les obligó a modificar el despliegue hasta cuatro veces introduciendo refuerzos que, por otro lado, nunca bastaron para romper la resistencia adversaria. Sólo en el mes de mayo parece haber pensado Franco en la posibilidad de optar por cambiar el centro de gravedad de su ataque, después de que Kindelán le escribiera en ese sentido y de que en la zona leridana el Ejército Popular, reorganizado, realizara un tanteo ofensivo. A mediados de junio pudo ser tomado Castellón y aunque la lucha siguió hasta el momento mismo de la ofensiva del Ejército Popular en el Ebro el avance fue poco significativo. Las tropas de Franco, detenidas sin posibilidades de obtener una victoria rápida, habían permitido que el Ejército Popular se recuperara y ganara una batalla, aunque sólo fuera defensiva.

La batalla del Ebro y sus consecuencias:
Colapso en Cataluña

A lo largo de los meses empleados en la ofensiva del Maestrazgo el Ejército Popular pudo reconstruir su organización y sus efectivos, cuando meses antes estaba a punto de desmigajarse; incluso, transcurrido algún tiempo, estuvo listo para iniciar alguna modesta ofensiva que demostró su «inconsistencia» pero que pareció resucitar el deseo de resistir. La recuperación de los efectivos se hizo apelando a nuevos reemplazos que iban desde la «quinta del biberón», con tan sólo 18 años, hasta reservistas de más de cuarenta, incorporando en total 17 reemplazos frente a los tan sólo 12 de Franco. Por otro lado, el Ejército del Ebro fue reconstruido a partir de la voluntad de una estricta disciplina que, en las circunstancias del momento, debía ser política. Como señaló Azaña «casi todo el Ejército del Ebro es comunista; hay una especie de disciplina interior en cada unidad». Así fue, en efecto: la jefatura del Ejército (Modesto), la de sus tres cuerpos y la mayor parte de sus divisiones y brigadas y la totalidad del comisariado tenía esta adscripción ideológica. El general Rojo, que no había tardado más de dos semanas después de la llegada del adversario al mar en elaborar un nuevo plan de actuación, fue el autor de la nueva iniciativa táctica. El propósito no era tan ambicioso como tratar de recuperar la comunicación entre las dos zonas en las que había quedado dividido el Frente Popular, pues tan sólo pretendía paralizar la ofensiva adversaria hacia Valencia y ganar tiempo, en la conciencia de que la mayor parte de los efectivos del Ejército Popular estaban en la zona centro. Como en Teruel, la forma de actuación consistió en emprender una ofensiva, y no una defensiva de retroceso escalonado como la llevada a cabo en el Maestrazgo por las tropas de Miaja. A diferencia de las ofensivas adversarias, que siempre se iniciaban con una gran ofensiva artillera, de la misma manera que en Brunete, Belchite y Teruel el ataque fue por sorpresa. El 24 de julio de 1938 el Ejército Popular cruzó en varios puntos el río Ebro que formaba la divisoria entre los dos bandos frente a Gandesa. La idea de los atacantes consistía en evitar que el adversario percibiera de qué punto provenía la penetración principal. Todos estos ataques, con excepción del de Amposta, fructificaron; en tan sólo un día cruzaron el río tres divisiones y elementos de otras tantas en una maniobra descrita como «brillantísima» y que Negrín llegó a calificar de «fantástica». Rojo emplea para definirla adjetivos que deben ser recordados porque resultan por completo ciertos: fue un éxito, «fulminante, concreto, insospechado e indiscutible». La verdad es que el adversario esperaba este ataque, pero no la magnitud que tuvo. Así, por insuficientes, los refuerzos que envió pudieron ser fácilmente eliminados. La penetración del Ejército Popular supuso la desaparición del frente en 70 kilómetros, pero, hecha por la infantería durante la noche, careció de profundidad suficiente porque no fue posible el uso de la artillería, los carros o la aviación. Aunque el éxito fuera considerable y el rigor técnico de la ejecución patente, mayor que en ninguna otra ofensiva anterior, el Ejército Popular no llegó a tomar Gandesa, en donde tropas de élite resistieron a ultranza, y su impulso ofensivo se agotó en tan sólo unos días.

Lo sorprendente no es eso sino que, una vez más, con «su determinación cazurra» (Salas), Franco no dudó en acudir al terreno elegido por su adversario para emprender «una ciega lucha de carneros, mediante el enfrentamiento directo, golpeándose las respectivas cabezas hasta que se agotó el más débil». Fue la más sangrienta, larga y empeñada batalla de la Guerra Civil española pero también la más innecesaria y absurda. Incluso los jefes militares del adversario eran perfectamente conscientes de que Franco hubiera hecho mucho mejor en utilizar sus fuerzas en otro sitio, al norte, por ejemplo, en la dirección Lérida-Barcelona. Hubo generales «franquistas», como Aranda, que se irritaron frente a esta simplicidad, pero la verdad es que el Ejército Republicano no fue ya capaz de ofrecer resistencia al adversario una vez resuelta esta batalla.

Entre los días 26 al 31 de julio el Ejército Popular fue detenido, mientras que con su rapidez logística habitual Franco concentraba sus tropas y recursos en el saliente formado por el ataque del enemigo y, con tomar en consideración la posibilidad de atacar por otro lado, se enfrentaba con él allí mismo. El Ejército Popular se atrincheró en las tres sierras (Pandols, Cavalls y Faltarella) con la resuelta decisión de resistir al adversario. La historia de la batalla es sencilla de narrar teniendo en cuenta que se trató sólo de ese enfrentamiento frontal. El terreno era rocoso, lo que no facilitaba ni la defensa ni el ataque y el calor fue sofocante. Para ambos combatientes las condiciones fueron penosísimas: las tropas del Ejército Popular debían resistir bajo cubierto el bombardeo de preparación del adversario, que cuando avanzaba debía servirse de alcanfor para no oler sus propios cadáveres. Pero, con extremada lentitud, las tropas de Franco, que tenían enorme superioridad artillera —al menos el doble y de mejor calidad mientras que sólo el 14 por 100 de los oficiales del arma servían a la República—, y de aviación, comenzaron a recuperar el terreno. En los primeros días de agosto fue suprimido el entrante adversario junto a Mequinenza. A mediados del mes siguiente otro duro ataque, en que los nacionalistas emplearon 170 bocas de fuego, sólo logró un avance de 28 kilómetros.

Esta situación temporal de indecisión en la batalla permitió a Negrín negociar una posible mediación, en un momento en que se ventilaba la crisis de Munich. En ese sentido resulta cierto el diagnóstico de Listen «la ofensiva republicana en el Ebro mejoró grandemente la situación política y militar de la República». Sólo en la tercera semana de octubre el Ejército de Franco, después de concentrar 500 bocas de fuego, asaltó la sierra de Cavalls, el centro de la defensa adversaria. En los primeros días de noviembre se produjo la ofensiva definitiva y a mediados de mes las tropas del Ejército Popular volvieron a la otra orilla. Aquélla había sido la batalla más sangrienta de la guerra, que pudo causar entre 60 000-70 000 bajas a cada bando y en la que se impuso la superioridad de los sublevados en aviación y artillería (en un sólo día se hicieron casi 14 000 disparos). El Ejército de Franco había aprendido, además, a utilizar de forma coordinada los dos elementos de fuego. Todos los combatientes reconocen que, como dijo Franco, ésta fue «la batalla más fea» de la guerra. En su propio bando el jefe artillero Martínez Campos escribió que fue «como una cárcel o una checa» y Vigón añadió que aquélla sería «la batalla que menos nos agradecerá España». Ni siquiera por la concentración del adversario en este punto se entiende la decisión de Franco de responderle en el mismo sitio. Tampoco se comprende la resistencia a ultranza del Ejército Popular en la bolsa de Gandesa, de no ser por una situación internacional que parecía justificar la esperanza.

Tras estos tres meses de lucha, en las que había debido soportar hasta siete ofensivas adversarias, el Ejército Popular había quedado en una situación moral que sería ya irreversible. Como escribió el general Kindelán, la batalla del Ebro «acabó por decidir la guerra a favor de nuestro ejército sin posible apelación». La actividad de Rojo consiguió la reconstrucción de la organización militar e incluso el establecimiento de cuatro líneas defensivas sucesivas. Al mismo tiempo volvió a imaginar la posibilidad de una operación ofensiva en Extremadura, ahora con la variante de intentar atraer las reservas del adversario hacia el sur gracias a un desembarco en Motril (Granada), idea a la que acabó oponiéndose Miaja. Pero la situación había cambiado de manera esencial porque la acumulación de derrotas había quebrado la voluntad de resistencia del Frente Popular mientras que durante la ofensiva del Ebro se había pensado seriamente en los medios internacionales, una vez más, que la guerra podía concluir en tablas. No sólo contaba esta derrota sino también el ya citado efecto desmoralizador de los bombardeos.

Por si fuera poco la diferencia de medios entre los sublevados y los republicanos no había hecho sino aumentar: durante la batalla de Cataluña la superioridad atacante fue, como mínimo, de 10 a 7 en artillería y de 5 a 3 en aviación. Los últimos aprovisionamientos de material ruso llegaron a la frontera francesa demasiado tarde como para que pudieran ser utilizados por el Ejército Popular.

Aun así lo sucedido en la batalla de Cataluña demuestra que la razón esencial de la derrota de los republicanos radicó mucho más en factores morales que en otros propiamente militares. La ofensiva de Franco se inició el día anterior a Navidad en dos puntos, al norte, junto a Artesa de Segre, que resistió mejor, y más al sur, cerca de Borjas Blancas, en donde después de quince días de feroz combate se abrió una brecha amplia y profunda que dejó prácticamente liquidado al Ejército del Ebro, que no pudo hacer otra cosa en lo sucesivo sino retirarse. Lo hizo, además, en forma de desbandada, «una de las muchas que debimos presenciar», en palabras de Rojo. Hubo unidades enteras de tipo brigada que se diluyeron en contacto con el enemigo y se produjeron casos de pánico cuando el adversario estaba todavía a 50 kilómetros. En estas condiciones la campaña de Cataluña no fue otra cosa que una gigantesca explotación del éxito. En pocos días las tropas de Franco habían conquistado 7000 kilómetros prosiguiendo su avance hacia la frontera francesa. A mediados de enero fue tomada Tarragona.

Hubo todavía algún esfuerzo voluntarista de convertir a Barcelona en una segunda edición de la defensa de Madrid, pero había una diferencia esencial en el espíritu de los que resistían en una y otra ocasión pues, como luego escribió Rojo, en enero de 1939 ya se notaba «lo esencial, la falta del apoyo y la de la retaguardia». El día 26 de ese mes se produjo la entrada de las tropas de Franco en Barcelona sin resistencia alguna. Sólo tres días antes las autoridades republicanas habían decidido la proclamación del estado de guerra. En su camino hacia la frontera buena parte de los dirigentes republicanos daban ya por inevitable una derrota que alimentaría, además, el enfrentamiento entre ellos. Algo más de medio millón de personas cruzaron la frontera francesa. Buena parte de ellas no volvería jamás.

De nada sirvió que el Ejército Popular tratara, en esta fase final, de tomar la iniciativa en otros sectores. «El del sur había sido la cenicienta de los frentes», escribió con razón el comunista Antonio Cordón. Antes, no obstante, lo hicieron sus adversarios.

La especial contextura del frente en esa zona geográfica daba pie a que se tomaran iniciativas ofensivas. Existían amplias soluciones de continuidad entre las posiciones defensivas que, por uno y otro bando, no podían ser consideradas más que como líneas de vigilancia. En la primavera de 1938 Queipo de Llano solicitó de Franco tomar la iniciativa para estrangular la bolsa de Mérida, de más de 3000 kilómetros de terreno quebradizo e irregular, que formaba un pronunciado saliente gracias al cual el Ejército Popular podía imaginar un día llegar a cortar la zona adversaria en dos. Las operaciones se llevaron a cabo durante la batalla del Ebro de forma un tanto lenta, lo que prueba la insuficiencia de recursos de los atacantes. El Ejército Popular, en cambio, tomó la ofensiva en el momento de la campaña de Cataluña, atacando en dirección a Pozoblanco. En un principio la ruptura del frente pudo parecer que tendría como consecuencia un derrumbamiento, pero el ataque concluyó de manera parecida a los de Brunete o Belchite. Los atacantes penetraron hasta 40 kilómetros pero los bordes de la bolsa que produjeron en el frente adversario permanecieron firmes. La batalla no fue, por ello, más que una incidencia que no tuvo otro efecto que distraer una parte de la aviación republicana en el frente del sur, aumentando por tanto la superioridad de Franco en Cataluña. Al mismo tiempo las circunstancias internacionales se habían vuelto definitivamente favorables para los que resultarían vencedores de la guerra.

Alternativas finales de la política exterior sobre la guerra

En páginas anteriores se ha abordado la actitud de cada uno de los países europeos y de algunos de los americanos respecto de la Guerra Civil española desde los inicios del conflicto. Este planteamiento general sirve para explicar las razones de su actitud en el momento inicial pero no permite conocer los avatares de su intervencionismo en los asuntos españoles, sujetos a vicisitudes diversas en una coyuntura internacional muy cambiante, ni tampoco hacer un balance general de las ayudas recibidas por ambos beligerantes, como vamos a intentar en el presente epígrafe.

A comienzos de 1937 el Comité de No Intervención había ya decidido un plan de control para España, pero no pasó mucho tiempo para que se demostrara la ineficacia de sus medidas. En el mes de abril, gracias al llamado convenio Fagioli, la Italia de Mussolini cedió dos submarinos modernos a la España de Franco que ésta pretendió que eran dos unidades capturadas a sus adversarios; además, la flota «franquista» se incrementó con cuatro destructores italianos. Unas y otras unidades desempeñaron un papel importante en el bloqueo de la zona controlada por la República en el Mediterráneo y evitaban a Mussolini tener que emplear sus propias unidades en la guerra contra los republicanos, como había hecho hasta el momento. El sarcasmo es que esas mismas unidades ya habían hundido buques republicanos y que la venta a los «franquistas» se hizo a crédito. De esta manera Italia violaba de forma clarísima la no intervención. En mayo y junio de 1937 dos buques alemanes, el Deutschland y el Leipzig, fueron bombardeados por la aviación republicana, hechos que motivaron, respectivamente, una brutal respuesta de Alemania —el bombardeo de la inerme Almería— y la retirada de la flota alemana y la italiana de las misiones de control marítimo. Por esas mismas fechas el relevo en el gobierno de izquierdas francés por otro más de centro —el radical Chautemps había sustituido al socialista Blum— tuvo como consecuencia que aumentaran las dificultades para los aprovisionamientos del Ejército Popular republicano a través de la frontera francesa.

No hubo que esperar mucho para que tales aprovisionamientos se vieran en grave peligro en el Mediterráneo. Desde agosto de 1937 submarinos (y en algún caso unidades de superficie) italianos se emplearon de nuevo para hundir a los mercantes que transportaban armas y aprovisionamientos destinados a la República. Esta ayuda a Franco, sin parangón, ni siquiera mínimo paralelismo, con ninguna de la que recibió la República, llegó a ser tan abrumadora y excesiva que ni siquiera si hubieran actuado a la vez todos sus submarinos hubiera sido posible hundir tantos buques del adversario. Ni en los Dardanelos parecían estar libres de peligro los buques rusos que traían armas a la República. En total se realizaron una veintena de ataques y sin duda la carga destinada a reposar en el fondo de los mares había sido pagada a cuenta del oro depositado en Moscú por la República. La magnitud de la intervención italiana hizo que la URSS buscara otra ruta de aprovisionamiento pero también acabó volviéndose en contra de quienes la habían practicado. En el mes de septiembre, bajo presión inglesa, los italianos tuvieron que aceptar una conferencia en la población francesa de Nyon destinada a estudiar los casos de «piratería» en el Mediterráneo. Se decidió en ella que las potencias patrullaran por la totalidad de este mar y quedó reducida la zona donde lo harían los italianos a tan sólo el Mar Tirreno. El resultado fue que los hundimientos desaparecieron y que Churchill pudo ironizar diciendo que desde los tiempos de Julio César nunca una decisión de Roma había tenido tanta importancia en un asunto mediterráneo.

Solucionado, al menos en lo esencial, este conflicto, se discutió en el Comité de No Intervención la cuestión de la retirada de los extranjeros combatientes en España, que Franco no quería o que, por lo menos, vinculaba de manera radical con su reconocimiento como beligerante. Esto hubiera sido dejar en una situación detestable al régimen republicano, más aún de aquélla en la que ya estaba. Durante la guerra la República perdió el puesto que hasta entonces había tenido España como miembro siempre reelecto del Consejo de la Sociedad de Naciones, demostración de que era ya un régimen considerado poco digno de confianza por una parte de la sociedad internacional. Durante la etapa final del gobierno Largo Caballero los dirigentes de la España del Frente Popular, principalmente inspirados por Araquistain, embajador en París, realizaron un intento para superar esta mala imagen. Con una visión de las potencias democráticas o fascistas basada en unos criterios puramente economicistas se quiso comprar su neutralidad o su benevolencia por el procedimiento de sugerir posibles cesiones territoriales en Marruecos, lo que era una ingenuidad, entre otros motivos porque Marruecos no tenía mucho interés para nadie y, además, hubiera requerido un acuerdo global por su situación estratégica. Los republicanos también intentaron provocar una sublevación indígena en el norte de África, lo que hubiera supuesto privar a Franco de parte de sus tropas más valiosas.

1938 trajo nuevas incidencias internacionales, ninguna de las cuales fue positiva para la República. En febrero dimitió como secretario del Foreign Office Edén, cuya postura en el seno del partido conservador, muy parecida a la de Churchill, tenía especialmente en cuenta el factor estratégico y, por lo tanto, el peligro de que Italia sustituyera a los británicos en el dominio del Mediterráneo. Este cambio fue importante ya que permitió al premier Chamberlain llevar hasta sus últimas consecuencias su política de «apaciguamiento», que venía a ser, en última instancia, una política de cesión ante las potencias fascistas. En abril de 1938, británicos e italianos entablaron contactos que dejaron bien claro que los segundos no iban a cesar en su apoyo a la España de Franco hasta el final del conflicto. Durante este año siguieron produciéndose intentos de mediación que, como siempre, tuvieron como centro Londres, capital de la única gran potencia verdaderamente neutral. Participaron en ellos algunos intelectuales y políticos españoles y extranjeros de significación moderada. Pero, dado lo complicado de la situación internacional, tampoco el Foreign Office estaba en condiciones de intervenir de una manera resuelta para llevarlos a cabo. En 1937 Besteiro, enviado por Azaña como representante de la República a la ceremonia de coronación de Jorge V, no había logrado una intervención mediadora cuando la situación militar estaba más equilibrada en España. En 1938 ya Franco parecía poco menos que seguro vencedor.

Sin embargo, en marzo de este año, la vuelta al poder de las izquierdas francesas mejoró la situación internacional de la República. Como sabemos es posible que la decisión militar de Franco sobre la ofensiva en Levante se debiera al temor a la Francia del Frente Popular. Pero ese gobierno de Blum duró poco y su sustitución por un gabinete Daladier, con el muy «apaciguador» Bonnet en Exteriores, nuevamente perjudicó al régimen republicano. La crisis de Munich, en septiembre de 1938, tuvo un desenlace adverso para la República española pues constituyó una nueva cesión de las potencias democráticas ante Alemania. El hecho de que Franco, con gran irritación de Mussolini, se declarara neutral ante un eventual conflicto europeo dio la sensación a Francia de que los nacionalistas suponían para ella un peligro estratégico inferior al que había imaginado. En cuanto a Negrín el desenlace de los acontecimientos (ni guerra ni posición firme de las democracias frente al Eje) había de ser necesariamente perjudicial. Munich, además, tuvo el efecto de facilitar el acercamiento de Alemania e Italia. Si existía algún resquemor entre ambas como consecuencia de la incorporación a comienzos de año de Austria a la primera —el llamado Anschluss— se desvaneció al haber quedado satisfecho el magalómano dictador italiano por haber ejercido como una especie de arbitro europeo. También fue decisivo Munich para la URSS, pues a partir de este momento llegó a la conclusión de que no podía confiar en absoluto en las potencias democráticas.

El único momento en que los mecanismos de no intervención parecieron funcionar, aunque muy tardíamente, fue cuando en el otoño de 1938 se produjo la retirada de los voluntarios internacionales. La verdad es que en esas fechas desempeñaban ya un papel de escasa importancia en las operaciones militares de ambos beligerantes. El círculo de relaciones de la República había ido cerrándose a medida que se multiplicaban sus derrotas militares. Hacía ya un año que los «franquistas» mantenían relaciones comerciales con Gran Bretaña y, a comienzos de 1939, un crucero británico participó en la rendición de la Menorca republicana a Franco. Todavía éste pensaba durante las primeras semanas de 1939 en la posibilidad de una intervención francesa en Cataluña, pero no faltaba mucho para que la España de Franco y la Francia republicana establecieran relaciones diplomáticas, como se hizo el convenio Jordana-Bérard. En marzo de 1939 Franco se mostró dispuesto a suscribir un nuevo tratado con Alemania de carácter cultural y, además, firmó el pacto Antikomintern, cuya existencia no se reveló hasta concluido el conflicto y cuyo contenido lo alineaba con el Eje desde el punto de vista ideológico. Mientras tanto la Unión Soviética parecía ya mucho más interesada en los problemas del Extremo Oriente que en los españoles, y, a fines de 1938, los patéticos llamamientos de Negrín no parecían hacerle mucho efecto. En definitiva, la derrota militar republicana discurrió paralelamente a la diplomática.

Ahora bien ¿cuánto y cómo ayudaron cada una de las potencias europeas teóricamente no beligerantes a cada uno de los contrincantes españoles? En el pasado se ha solido mantener que la ayuda recibida por Franco no sólo habría sido abrumadoramente superior sino que, además, por sí sola, habría sido la razón explicativa del desenlace del conflicto. En un momento posterior, sin embargo, se estimó que en los pagos efectuados existía una similitud considerable, pero que el monto total de ayuda recibida fue netamente favorable al bando «franquista». Es probable que el debate historiográfico deba tener en cuenta tanto el monto de la ayuda como su empleo, la oportunidad de la enviada en cada momento del conflicto y el beneficio obtenido por quien la proporcionaba. En definitiva si se suma, por un lado, el oro y demás metales preciosos vendidos por la República y los préstamos logrados por Franco resultan cantidades similares, equivalentes a algo más de 5500 millones de pesetas de la época, un quinto de la renta nacional. Pero eso no nos da idea exacta de la magnitud de la ayuda entregada ni tampoco de las contrapartidas obtenidas por quienes ayudaron a los dos beligerantes.

Para apreciar lo que significó la ayuda tanto para el receptor como para quien la enviaba quizá lo mejor sea referirse por separado a cada uno de los países que participaron en ella. Para los «franquistas» la ayuda «más importante, delicada, desinteresada y noble», en palabras de Serrano Súñer, fue la proporcionada por la Italia fascista que, a cambio, no recibió casi nada de forma inmediata, a no ser promesas de amistad y de influencia política. La ayuda italiana consistió en material y en colaboración con recursos humanos. Italia entregó a España unos 700 aviones, dos tercios de los cuales eran cazas, entre 100 y 200 carros, en su totalidad pequeños, y casi 2000 cañones, además de algunos submarinos y otros buques, como destructores. A estas cifras hay que sumar unos 1500 morteros, 3500 ametralladoras y casi 7000 vehículos varios. El valor de todo este material ascendía a unos 7500 millones de liras de entonces, una cifra que luego, en negociaciones con los españoles, se vio considerablemente reducida y que no terminaría de pagarse hasta fecha tan tardía como la de 1967. Italia dispuso de una compañía destinada a concentrar el comercio con España pero los intercambios, comparados con los de Alemania, fueron escasos, incluso minúsculos. Por si fuera poco, las unidades militares italianas que acudieron a España a fines de 1936 y que actuaron durante la guerra como unidades de choque, aunque con resultado muy desigual, denominadas Corpo di Truppe Volontarie, llegaron a ver pasar por sus filas unos 73 000 hombres por otros 5700 en la aviación. La cifra máxima de soldados presentes simultáneamente puede haber rondado los 40 000. En la fase final de la guerra la oficialidad italiana mandaba, en realidad, a gran parte de los combatientes españoles.

La ayuda alemana a Franco revistió características bastante diferentes. También Alemania proporcionó un número importante de aviones (alrededor de 500), aunque otros cómputos recientes elevan esta cifra hasta más de 800, pero probablemente lo más efectivo de su ayuda fue la llamada Legión Cóndor, formada por un centenar y medio de aviones, que actuaban como unidad independiente. La Legión debió tener algo más de 5000 hombres pero en total debieron pasar por ella casi 20 000, de modo tal que favoreció el adiestramiento del arma aérea alemana. Alemania también envió carros, instructores para las milicias, equipos artilleros y, en general, material militar sofisticado. A cambio de esta ayuda, cuyo monto puede haber sido inferior en más de un tercio a la italiana, los alemanes descubrieron en el transcurso de la guerra que podían obtener contrapartidas importantes que, además, les iban a servir para preparar su posible participación en una guerra mundial. A tal efecto crearon una serie de compañías —HISMA, ROWAK, SOFINDUS—, dirigidas precisamente por los inspiradores de su intervención en la Guerra Civil, cuya misión principal fue apoderarse del capital de las compañías mineras españolas. Franco opuso cierta resistencia inicial a la penetración del capital alemán pero en 1938 acabó cediendo a la presión de los alemanes, que agruparon sus participaciones en una nueva firma llamada MONTANA.

Ya en 1937, desplazando a Gran Bretaña, Alemania había obtenido de España un millón y medio de toneladas de hierro y cerca de un millón de toneladas de piritas. En enero de 1939 casi la mitad del comercio de la España «franquista» se dirigía a Alemania y si ésta hubiera invertido en nuestro país la totalidad de las cantidades que le adeudaba hubiera cambiado de forma espectacular el panorama global de las inversiones extranjeras en él.

Si Franco supo obtener considerables ventajas de Mussolini, no puede decirse lo mismo de los alemanes. Franco contó también con la ayuda de voluntarios portugueses e irlandeses aunque su misión fue poco relevante en lo que respecta al desenlace final de la contienda. Los marroquíes, en cambio, sí tuvieron un papel destacado pero no se les puede considerar extranjeros en los mismos términos que a los participantes de los países antes citados. La ayuda recibida por el Frente Popular vino principalmente, como sabemos, de Francia y de la Unión Soviética y fue pagada toda ella con las reservas del Banco de España. Francia pudo entregar unos 300 aviones a la República, pero la ayuda exterior fundamental fue de procedencia soviética. Los rusos adoptaron en su intervención en el conflicto español una actitud parecida a la de los alemanes: enviaron material y no personal y exigieron una inmediata contrapartida económica que, en su caso, no fue minera sino la de las reservas metálicas citadas. El número de rusos presentes en la Península sigue siendo una incógnita, pues mientras que Prieto afirma que no hubo más de 500 a la vez los historiadores elevan la cifra hasta 7000 o 8000 a lo largo la contienda. Su intervención en las operaciones militares testimonia una elevada capacitación. Futuros mariscales, como Zhukov o Malinowsky, estuvieron en la Península y en ocasiones, además, combatientes soviéticos participaron en operaciones militares, como el contraataque con blindados en Seseña o los combates aéreos en Madrid. Da la sensación de que la fragmentación del mando y las disputas de carácter político en la zona republicana facilitaron considerablemente que la influencia de los asesores militares soviéticos fuera grande, bastante mayor que la que pudieran tener alemanes e italianos en el otro bando. Durante la batalla del norte el propio Prieto, ministro de Defensa, no logró que se cumplieran sus órdenes relativas al auxilio de la aviación a aquella zona.

Con respecto al material han sido muy controvertidos los datos de lo que la URSS entregó a la España del Frente Popular. Un cálculo anterior a la utilización de los archivos soviéticos lo cifraba en unos 800 aviones, casi 500 carros, 1500 cañones, 15 000 ametralladoras y un número reducido de torpederos. Existe coincidencia en considerar que los carros fueron los de más poderoso blindaje presentes en la guerra española. Este hecho nos pone en contacto con una cuestión de importancia que ha sido muy discutida respecto de la Guerra Civil. Se ha dicho que el material de guerra ruso era deficiente, pero esta afirmación no parece corresponder siempre a la realidad: vale quizá para los fusiles, viejos y de procedencias muy dispares, pero no para los carros ni aviones. De cualquier manera los cálculos más recientes acerca de la ayuda rusa, a partir de las inapelables fuentes de los archivos de aquel país, tienden a reducir el volumen de la ayuda. La República, según ellos, habría recibido tan sólo 627 aviones, 390 carros y vehículos blindados, un millar de piezas de artillería y 379 000 fusiles (Howson). Estas cifras, siendo importantes, están lejos de la ayuda recibida por el adversario y revelan, por otro lado, porque el resto del aprovisionamiento en material de guerra de los republicanos debió ser plural y de calidad muy floja.

Un último aspecto de la presencia rusa en España se refiere a su influencia política. Todo hace pensar que fue superior a la que tuvieron alemanes e italianos en el otro bando donde, por ejemplo, el embajador Von Faupel fue cesado por entremetido.

Algunos soviéticos presentes en España habían tenido una considerable importancia en su país. Éste fue el caso, por ejemplo, de Ovseenko, un viejo militante bolchevique que había participado en la revolución de 1917 y que asumió la representación de su país en el consulado de Barcelona. Pero si pudieron tener mayor influencia fueron también más discutidos a lo largo de todo el período bélico (sobre todo en su fase final) como lo prueban las memorias de algunos personajes políticos o militares importantes (Prieto o Guarner). Finalmente una parte de los soviéticos presentes en España durante la guerra fueron objeto de purgas cuando volvieron a su país.

Si directamente la URSS no proporcionó un número elevado de combatientes, en cambio organizó en beneficio del Frente Popular las Brigadas Internacionales, cuyos efectivos totales también han sido muy discutidos. Las evaluaciones más recientes (pero todavía imprecisas) contabilizan entre 32 000 y 40 000 hombres en total, pero en el momento álgido los efectivos máximos debieron situarse, en torno al verano de 1937, en unos 20 000. No todos los componentes de las Brigadas eran comunistas aunque este partido, de acuerdo con lo escrito por Dolores Ibárruri, fue el «motor organizativo» de la unidad. Las Brigadas Internacionales constituyeron un excelente procedimiento para que Stalin satisficiera las ansias revolucionarias de la Komintern a la que, sin embargo, el dictador soviético designaba como lavotchka, es decir, «pandilla de estafadores», y, al mismo tiempo, para que hiciera olvidar la persecución que, en aquellos días, se estaba organizando en Rusia contra los seguidores de Trotsky y, en general, contra cualquier tipo de disidencia, real o imaginaria, política o militar. Así se explica que en las Brigadas figurara una buena muestra de la clase dirigente del comunismo mundial que luego, en 1945, ejerció el poder en el Éste de Europa: un presidente y cuatro futuros ministros de la República Democrática Alemana, un futuro presidente de Hungría, cuatro futuros ministros polacos… etc. El propio Marty, principal organizador de las Brigadas, fue una figura importante del comunismo francés, que acabaría abandonando: había conseguido en él un papel relevante organizando la protesta de la flota de su país destinada a intervenir en la Rusia revolucionaria.

Todos los testimonios presentan a las Brigadas como unidades regidas por una extremada disciplina —hubo un elevado número de ejecuciones por no guardarla—, lo que las convirtió en fuerzas de choque del Ejército republicano, con un elevado porcentaje de bajas. El ideal que las guiaba era el antifascismo y, en muchos casos, el deseo de llegar a una revolución mundial, como se demuestra por los muchos exiliados procedentes de Alemania e Italia que militaban en sus filas y por las mismas divisas de sus banderas («Hoy en España, mañana en Italia»; «Por vuestra libertad y la nuestra»). Los ex-brigadistas desempeñaron en ocasiones un importante papel en los países democráticos durante la Segunda Guerra Mundial pero luego resultaron víctimas de la Guerra Fría.

La descripción de la ayuda internacional a cada uno de los dos bandos en la guerra revela la importancia que tuvo para ellos. En última instancia, sin ella no habría tenido lugar porque Franco no hubiera podido franquear el Estrecho de Gibraltar, los sublevados hubieran perdido Mallorca, no habrían detenido el flujo de armas por el Mediterráneo, ni hubieran tomado Málaga o tenido la superioridad de fuego durante la campaña del norte. Por su parte, probablemente, el Frente Popular tampoco habría sido capaz de ofrecer resistencia a la toma de Madrid, de emprender la ofensiva de Brunete o de atacar cruzando el Ebro. Con los datos de que hoy disponemos —y que ya es poco probable que algún día sean modificados—, es clara la diferencia en favor de los vencedores. Franco siempre pidió más ayuda pero nunca se quejó de no haberla recibido en el volumen necesario; en cambio para Azaña la ayuda rusa fue siempre «lenta, problemática e insuficiente».

En parte puede deberse a que el Ejército Popular hizo un uso poco eficaz de ella, pero también a que la causa de la España republicana tampoco era tan importante para la URSS y a que las potencias democráticas, por sus especiales características, su división interna y su política de «apaciguamiento» no quisieron intervenir en España o lo hicieron con titubeos. Al margen de su volumen Franco recibió una ayuda más generosa (porque era a préstamo), más decidida (era pedida por los propios embajadores de sus aliados al mismo tiempo que por él) y más arriesgada (porque comprometió a unidades militares de los países intervinientes). La URSS de Stalin ni remotamente llevó a cabo operaciones similares al torpedeo de los submarinos italianos. Puede que la ayuda exterior no explique por sí sola el resultado de la guerra, pero, comparativamente, el beneficiario fundamental de la intervención exterior fue Franco. Su condición de sublevado contra un régimen comúnmente aceptado por la comunidad internacional en 1936 lo testimonia de forma muy clara.

En la política internacional quien salió mejor parado de lo sucedido en la guerra fue Hitler. Aprovechando plenamente la circunstancia de crisis europea consiguió atraerse a la Italia fascista, hizo que Stalin desconfiara del sistema de seguridad internacional y, sobre todo, de la fiabilidad de los países democráticos, atemorizó a éstos con el peligro de una conflagración general y dejó a Austria y Checoeslovaquia por completo inermes. Aunque nunca sería peligroso para sus intereses, Franco no era en absoluto, en 1939, un dirigente en que pudieran confiar mínimamente Francia y Gran Bretaña y eso tenía importancia estratégica para ambas. Otros países obtuvieron menores beneficios. Rusia padeció, al menos, una parte de la derrota porque después de alzar a los comunistas españoles a un puesto de primera importancia en la política nacional los vio caer a la misma velocidad. Italia vengó la derrota de Guadalajara pero más bien obtuvo propaganda y gloria ficticia que beneficios materiales.

El fin de la guerra

Para muchos de los españoles afectos al Frente Popular la caída de Cataluña simplemente significaba el final; el inmediato reconocimiento de Franco por parte de Francia y Gran Bretaña pareció ratificar esta impresión. La conciencia de que se había llegado a esta situación fue general aunque la reacción de las autoridades políticas y militares fuera muy diferente. A veces se ha interpretado este final de la guerra como el resultado de un entrecruzamiento de conspiraciones, con mayor o menor intervención de los servicios secretos de Franco, pero sería mucho más acertado juzgar lo sucedido como un fenómeno de desintegración, que afectó a todos los sectores y protagonistas del Frente Popular, pero que les llevó a actuar de manera sensiblemente distinta.

El primer testimonio de esa desintegración se aprecia en la rendición de Menorca, en los primeros días de febrero de 1939. Ni esta isla ni la base naval de Mahón habían desempeñado ningún papel de importancia en la guerra. La iniciativa de la rendición surgió del simple espectáculo del Estado republicano y un barco de guerra británico participó en los preliminares de la negociación. Siendo todo ello muy característico también lo es el hecho de que, después de haber lanzado la aviación «franquista» propaganda pidiendo la rendición, se produjera una sublevación en la Ciudadela entre las tropas que hasta el momento se habían mantenido fieles a la República. Se apuntaba así una tendencia que se generalizaría en el inmediato futuro en forma de carrera para obtener la benevolencia de los vencedores. Alemanes y, especialmente, italianos se indignaron como consecuencia del acuerdo final de rendición, del que habían sido completamente marginados.

Aproximadamente al mismo tiempo que esto sucedía las máximas autoridades de la República abandonaban el territorio nacional. Azaña lo hizo para no volver más y, a fines del mes de febrero, cuando los británicos consideraban que la guerra había concluido ya con la derrota de la República, presentó su dimisión ante Martínez Barrio, Presidente de las Cortes. Quizá nadie mejor que éste último haya interpretado los sentimientos de Azaña. Su último intento de enfrentarse a Negrín se había producido en el verano de 1938 y desde entonces le había invadido un deseo «indomable» de dejar a un lado la guerra y su puesto. Como argumento empleó la opinión del Jefe de Estado Mayor en el sentido de que ya nada podían hacer los republicanos. Pero Rojo se apresuró a desmentir que su juicio técnico pudiera justificar cualquier toma de postura como ésa: desde fines de 1938 él mismo parece haber estado dispuesto a tomar el poder con otros militares, marginando a los políticos, para de esta manera concluir la guerra. Ni Rojo, ni Azaña, ni tampoco Martínez Barrio volvieron a la zona central; este último comunicó a Negrín que sólo estaba dispuesto a asumir la Presidencia republicana en el caso de que el Gobierno optara por liquidar la guerra.

La postura del jefe de Gobierno resulta más difícil de interpretar. Es posible que no se diera cuenta de su propia impopularidad que hacía que a las lentejas, uno de los pocos alimentos que se encontraban, se las llamaran «píldoras del doctor Negrín». Esa impopularidad afectaba también a sus principales colaboradores, los comunistas, por su política de resistencia a ultranza y la voluntad que se les atribuía de concentrar en sus manos todo el poder político; Zugazagoitia asegura que «acaparaban todas las maldiciones». Pero es posible que su política, aun considerando esta ceguera, tuviera coherencia interna. Negrín había dicho que «o todos nos salvamos o todos nos hundimos en la exterminación y el oprobio». La interpretación más favorable al jefe de Gobierno es la de Cordón: habría vuelto a España como «persona decente que acepta el sacrificio y quiere tranquilizar su conciencia». Parece posible que, sin admitirlo públicamente, estuviera dispuesto a una rendición que permitiera el exilio de los principales dirigentes del Frente Popular o un retroceso lento hacia los puertos levantinos que permitiera la evacuación de quienes corrieran peligro. Probablemente no era la persona capaz de presidir una retirada ordenada o una negociación pero sus propósitos, si eran ésos, tenían lógica y patriotismo. Pero cuanto describimos explica que, en definitiva, los perdedores (luego exiliados) vivieran una situación de acefalía hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

De regreso Negrín en la zona centro a mediados de febrero mantuvo una reunión con los principales mandos militares en Los Llanos (Albacete). Su tesis fue que «como el enemigo no quiere pactar la única solución es resistir» y parece haber sido aceptada por Miaja, aunque no por el almirante Buiza, jefe de la flota, y menos aún por el coronel Casado, principal responsable de la defensa de Madrid. Casado, en sus memorias, admite la inteligencia y la valentía de Negrín pero lo califica de «desequilibrado». Además, después de la caída de Cataluña, pensaba que prolongar la resistencia era «un crimen de lesa humanidad» y no duda en describir la situación existente en el bando del Frente Popular como «una dictadura al servicio de una potencia extranjera», Rusia. Desde finales de 1938 había pensado en sustituir al Gobierno y había entablado contacto con la «quinta columna franquista» para una posterior negociación de la rendición. Otros importantes cargos militares del Frente Popular, conscientes de que el fin de la lucha se aproximaba, no tuvieron inconveniente en entregar planos del despliegue propio al adversario.

En esta situación Negrín parece haber decidido un cambio en los mandos militares, acontecimiento que, sin llegar a traducirse en la práctica, produjo inmediatamente la descomposición del Ejército Popular. Algunos militares no comunistas —como Casado o Matallana— iban a ser retirados del mando directo de tropas mientras que parte de los nombrados para sustituirlos (como Modesto, Cordón, Galán y Líster) estaban en un porcentaje elevado adscritos al comunismo. Pero esto no deja de tener su lógica ya que se trataba del único partido que a estas alturas parecía dispuesto a la resistencia y Negrín, siempre proclive a monopolizar el poder, se daba cuenta de que en este momento necesitaba que se le obedeciera fielmente. No parece que existiera, ni por su parte ni por la del PCE, un intento de golpe de Estado, porque, de haber sido así, hubiera detenido a sus posibles adversarios y los comunistas hubieran actuado más unánime y coordinadamente. No fue así e incluso Dolores Ibárruri y Togliatti juzgaron los nombramientos de Negrín como innecesariamente provocadores: incluso este último llegó a culpar luego al jefe de Gobierno de connivencia con Casado, lo que es muestra de la descomposición política reinante. Cualquier otra decisión de Negrín probablemente hubiera sido tan polémica como aquélla que tomó. Los mandos de los que se rumoreaba iban a ser relevados fueron convocados por él a una reunión, pero la mayor parte no asistió. La actuación de los militares comunistas en Madrid, al enfrentarse con Casado, parece haber sido espontánea y no premeditada.

En la noche del 4 de marzo se empezaron a producir acontecimientos en Cartagena. Allí Buiza había dado tan sólo tres días a Negrín para que se rindiera y abandonara el poder. La conspiración contra el Gobierno fue iniciada por elementos republicanos, pero su divisa («Por España y la paz») fue pronto sustituida por gritos a favor de Franco de quienes querían aprovechar la ocasión para cambiar de bando. Entre los días 5 y 7 la sublevación fue aplastada por unidades que, en teoría, obedecían al gobierno de Negrín pero quien las dirigía descubrió al final que el jefe del ejecutivo ya había abandonado España y entonces se adhirió al Consejo Nacional de Defensa formado en Madrid por Casado. La confusión se tornó entonces indescriptible. Hubo un momento en que las baterías de la costa eran «franquistas», la flota republicana, habiendo tomado el mando de la base Galán, un comunista. Para acabar de complicar la situación en cuanto tuvo noticias de lo que sucedía Franco decidió un desembarco en la base naval enviándose inmediatamente, desde Castellón, tropas en buques que carecían de protección, en la confianza de que las baterías de costa eran amigas. Uno de estos buques, el Castillo de Olite, fue hundido ante la costa y, de esta manera, una sublevación que se había liquidado con escaso derramamiento de sangre acabó trayendo los centenares de muertos más absurdos de toda la guerra porque se había preferido, contra el criterio del mando naval, la rapidez a la seguridad. No se puede exculpar de ello a Franco. Por su parte, la flota republicana abandonó Cartagena a la que, después de dudar, no volvería, dirigiéndose al Norte de África.

Pocas horas después de haberse iniciado la sublevación de Cartagena tenía lugar otra en Madrid. Negrín parece haber tratado de evitarla negociando con los insurrectos e incluso atribuyendo a pura impaciencia la decisión de no reconocer su autoridad. En realidad carecía por completo de ella y como prueba basta con citar la referencia que se hizo en el manifiesto de los sublevados, redactado por Besteiro, al «fanatismo catastrofista» del jefe de Gobierno, que pronto abandonó el país. Al frente del Consejo Nacional de Defensa que se formó figuraba Miaja, aunque en realidad quien lo animó fue Casado, después de que Besteiro se negara a asumir ningún papel por considerar que éste le correspondía al Ejército. La sublevación tuvo un fuerte sentido anticomunista: Besteiro se refirió a este partido diciendo que «estamos derrotados nacionalmente por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique que es la aberración política más grande que han conocido quizá los siglos». Añadió, además, que «los españoles nos estamos asesinando de una manera estúpida por unos motivos todavía más estúpidos y criminales»; en su opinión el ciudadano de la República no era ni fascista ni bolchevique pero mucho menos lo segundo que lo primero. Quizá fuera esto, junto a la posición a favor de la resistencia adoptada por la organización del PCE en Madrid, lo que explica, a su vez, la sublevación de las unidades de esta significación en torno a la capital, lo que produjo durísimos combates entre los días 6 y 11, en los que participaron 30 000 soldados. Gracias a las unidades del anarquista Mera, que no dudó en calificar de «traidor» al PCE, se restableció la situación. El propio partido, cuyos dirigentes habían sido detenidos en determinados frentes mientras que en otros permanecían libres, hizo un llamamiento a la paz. Tagüeña, un comunista bastante ponderado que luego dejó de tener esta significación política, afirma en sus memorias que de ningún modo quiso su partido en esos momentos ocupar el poder mediante la fuerza.

Con ello ya Casado y Besteiro estaban en condiciones de intentar negociar el final de la guerra con Franco. Pero su juicio acerca de la realidad política era profundamente errado. Casado pensaba que negociaría mejor quien hubiera liquidado a los comunistas y no dudó en acusar de delitos comunes a Negrín, pero Franco quería acabar no sólo con ellos sino también con todo el Frente Popular. Por su parte, el bienintencionado Besteiro parece haber tenido una opinión todavía más optimista, pensando que a él no le pasaría nada y que, además, sería posible algún día reconstruir la UGT. Lo que uno y otro querían es que se dieran facilidades para la evacuación y que no hubiera represalias indiscriminadas, pero poco podían hacer para lograrlo. Las dos conversaciones mantenidas con el adversario, los días 23 y 25 de marzo, demostraron que éste no quería otra cosa que la rendición incondicional. A partir de la última fecha se inició la ofensiva de las tropas nacionalistas. Franco demostró en toda esta fase final de la guerra la misma falta de generosidad (pero también idéntica conciencia de su propia fuerza) que le caracterizaría durante todo su régimen. «Nos hacen la guerra porque queremos la paz», decían los titulares de El Socialista en el momento en que ya se derrumbaba todo el frente republicano. Fue imposible, en efecto, organizar una retirada gradual. En Alicante, tras el derrumbamiento, las tropas italianas mantuvieron una especie de zona neutral entre ambos beligerantes españoles, pero los soldados y mandos del Ejército Popular, carentes de medios para huir, debieron entregarse al adversario (hubo, sin embargo, algunos suicidios). El 1 de abril Franco anunció la victoria de sus tropas. Había hecho con sus adversarios lo que les había anunciado a sus seguidores, es decir, dejarles «que se cocieran en su propia salsa». Nada como esta frase tan característica de él y del régimen que fundó. Así concluyó la Guerra Civil española. Tras su narración es preciso recordar algo que ya se dijo en un principio: que no era inevitable. La sociedad española no era más conflictiva que otras europeas, y el enfrentamiento entre españoles no estaba revestido de una especial crueldad que lo hiciera distinto de los que se daban en otras latitudes. Lo peculiar de nuestra historia contemporánea es que se produjera una Guerra Civil en una fecha tan tardía. Quizá esto explica su principal consecuencia, que no fue otra que un gigantesco retroceso no sólo en posibilidades de convivencia sino en muchos otros aspectos de la vida nacional, incluido el desarrollo económico.

Pero lo que interesa es referirse a las causas de la victoria de unos y de la derrota de otros, aunque propiamente fueron todos los españoles los derrotados. La primera reflexión es la que se refiere a las causas militares y sobre el particular hay que recordar que la Guerra Civil española fue, como ha escrito Carr, una «guerra de pobres», más cercana a la Primera que a la Segunda Guerra Mundial, en la que los medios materiales siempre fueron limitados, sin que ninguno de los dos bandos pudiera emprender dos acciones ofensivas a la vez por carencia de fuerzas de maniobra suficientes. No puede extrañar, en consecuencia, que un observador extranjero, el general Duval, llegara a la conclusión de que, en cuanto a técnica militar, resultaba decepcionante para quienes habían considerado a los carros o a la aviación como armas del futuro. En España rusos y franceses erraron por completo respecto del papel de los blindados en una guerra moderna: los primeros los emplearon mal y, de todos modos, nadie pudo adivinar su papel en el futuro inmediato pues su utilización fue tan modesta que su efecto resultó imperceptible. Los alemanes pudieron, a lo sumo, intuir el papel de los carros, pero, en cambio, a pesar de descubrir el papel psicológico de los bombardeos a la población civil, mantuvieron el predominio de los bombarderos ligeros en vez de los pesados, con las consecuencias consiguientes para su propia aviación durante la guerra mundial.

Pero nos interesa, sobre todo, hacer alusión a las causas del desenlace de la guerra española más que a sus consecuencias sobre la mundial. Sobre el particular hay que decir que el Ejército Popular desaprovechó ventajas iniciales, pues con tan sólo haber aprovechado de forma correcta dos escuadrillas de aviones habría hecho imposible el cruce del Estrecho. Por otro lado, aunque aprendió a combatir a la defensiva, táctica en la que confió demasiado de acuerdo con las tesis estratégicas francesas de la época, sus ofensivas fueron siempre de escasa eficacia, al menos en lo relativo a la explotación del éxito, principalmente por la modesta calidad de las tropas y, más aún, de la oficialidad. Rojo mismo afirmó que el bando perdedor había construido un Ejército «con el nombre de tal» pero que sólo había subido «los primeros peldaños» de la calidad. El Ejército de Franco tuvo siempre mucha mayor capacidad de maniobra y de ofensiva, pero las virtudes de quien lo dirigía fueron más la tenacidad y la capacidad logística que la audacia o la brillantez de ejecución. Quizá no haya que atribuir a un especial maquiavelismo de Franco la prolongación de la guerra, que fue, más bien, consecuencia de sus limitaciones.

Si el desenlace de la Guerra Civil no puede explicarse sólo por esas causas de índole técnico-militar tampoco basta con hacer mención a la intervención exterior. A lo largo de las páginas precedentes habrá quedado claro que la forma de recibir ayuda, más constante, y sobre todo, de pagarla a crédito, favoreció claramente a Franco. Pero la Guerra Civil española, aun conmocionando la conciencia mundial, no produjo una intervención extranjera semejante a la de otros conflictos históricos, como la Revolución Francesa o la Guerra de Independencia; en consecuencia, aunque contribuya a explicar el desenlace en una proporción elevada no fue la única causa determinante del mismo. Sobre el particular los estudios más recientes coinciden en afirmar el desequilibrio logrado por Franco a su favor, pese a que hace algunos años se pensaba que el volumen de la ayuda a los dos bandos habría resultado semejante.

Un factor probablemente tan importante como éste reside en la peculiar contextura en cada uno de los bandos de sus propósitos y objetivos y la manera en que trataron de conseguirlos. La parte de España que resultó vencedora dispuso mejor que los derrotados de los medios para obtener la victoria. Eso no indica que una causa fuera mejor que otra sino que una Guerra Civil, como cualquier conflicto bélico, tiene unas exigencias imprescindibles. Los propósitos de ambos bandos eran más negativos que positivos (en definitiva, los beligerantes estaban movidos por el antifascismo y el anticomunismo), pero esta afirmación resulta especialmente cierta en el caso de los vencedores, que actuaron por una especie de reflejo defensivo ante una revolución que, en realidad, no estalló sino después de su sublevación. Casi siempre en todas las guerras civiles quienes combaten en el seno de uno y otro bando difieren en aspectos muy importantes. En la española se dio una unidad excepcional en un bando, a causa del papel de los dirigentes militares y de la inanidad de las fuerzas políticas que les seguían o la marginación de las más decisivas. En el otro, en cambio, se produjo una excepcional tendencia a la dispersión. En teoría el impulso revolucionario hubiera podido animar a la resistencia, pero en la práctica más bien garantizó la derrota, pues provocó falta de unidad política y motivó que el Ejército Popular no fuera un instrumento eficaz para el combate.

La revolución española, espontánea, poco planeada y plural, tuvo, pues, unos efectos adversos sobre la Guerra Civil, al contrario que en otras, como China y Rusia, en las que guerra y revolución estuvieron claramente dirigidas, en especial, por un solo partido. Algunos protagonistas de este penoso episodio de la vida nacional supieron ver esta realidad. Quien había sido principal inspirador de las operaciones militares del Ejército Popular, el general Rojo, lo dejó escrito. La derrota propia se produjo porque «fuimos cobardes por inacción política antes de la guerra y durante ella». Franco, en definitiva, no había vencido, según él, sino por «una superioridad lograda, tanto más que por su acción directa, por nuestros errores… [pues]… hemos sido nosotros los que le hemos dado la superioridad en todos los órdenes: económico, diplomático, industrial, orgánico, social, financiero, marítimo, aéreo, humano, material, técnico, estratégico y moral. Y se la hemos dado porque no hemos sabido organizarnos, administrarnos y subordinarnos a un fin y a una autoridad». A fin de cuentas, por tanto, la unidad, aunque fuera puramente negativa, jugó un papel fundamental en el resultado de la guerra.

Hubo un hombre que a lo largo del conflicto permaneció en un segundo plano, dolido y apagado, impotente, y que, probablemente, hubiera podido hacer mucho más para evitar que se produjera. Se llamaba Manuel Azaña y en esa mezcla confusa de fanatismo y lucidez, de barbarie y heroísmo que es toda Guerra Civil, él pronunció las palabras más dignas de ser recordadas. «La obligación —dijo en 1938— de los que padecen la guerra [es]… sacar la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones… si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia, con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y escuchen su lección: la de esos hombres que han caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor y nos envían con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón».

Estas bellas palabras tardarían en ser escuchadas nada menos que cuatro décadas. Cuando, al fin, lo fueron, por sí o por los sentimientos que las animaban, se prestó atención a razones de carácter más pragmático. Pero, desde este último punto de vista, también Azaña supo decir en su día que la victoria en una Guerra Civil resulta simplemente imposible: «En una Guerra Civil no se triunfa contra un contrario, aunque éste sea un delincuente. El exterminio del adversario es imposible; por muchos miles de uno y otro lado que se maten, siempre quedarán los suficientes de las dos tendencias para que se les plantee el problema de si es posible o no seguir viviendo juntos». Esto es, en definitiva, lo que sucedió a partir de 1975.

Sociedad y cultura en tiempos de guerra

Concluida la referencia a la Guerra Civil española en su aspecto militar, internacional y político interno es preciso, sin embargo, referirse a otras vertientes. La polarización de la sociedad española en dos o tres reductos difíciles de conciliar no es un rasgo característico de la totalidad de nuestra Historia, pero sí del período bélico y del posterior, porque antes la divergencia no había excluido la convivencia. El estallido de la guerra abrió una profunda división en la sociedad española destinada a perdurar durante mucho tiempo. El factor decisivo fue, en parte, la pertenencia a una clase social, pero probablemente los factores estrictamente culturales, de concepción del hombre y de la vida, influyeron más que ese tipo de caracterizaciones basadas en la pertenencia a un sector social.

Es evidente que la aristocracia latifundista estuvo al lado de la sublevación y que en contra tomaron las armas grupos sindicales revolucionarios de plural significación.

Sin embargo, no lo es menos que la Guerra Civil enfrentó a dos mitades de España con amplios apoyos sociales y que, por tanto, no hubo una sola causa popular en la guerra sino dos. Los sublevados no eran tan sólo los miembros de la nobleza terrateniente sino también el campesino pobre, pero propietario, católico y alfabeto de la mitad norte de la Península. La causa del Frente Popular no tuvo como únicos representantes y directivos a revolucionarios que habían conspirado en otro tiempo contra la República, sino a personas pertenecientes a la burguesía, incluso relativamente acomodada y de ideario liberal, como podrían ser Negrín y Azaña. Si desde una óptica política la pulverización del centro es uno de los factores que más claramente explican el estallido de la Guerra Civil, como muy bien escribió Azaña, fue «la discordia interna de la clase media y, en general, de la burguesía, el origen de la misma». Al lado de generales, de requetés o de falangistas hubo también en el bando vencedor personas que en el pasado habían sido liberales, pero que vieron en la experiencia de los años treinta la prueba —evidentemente, falsa— de que el carácter español era poco conciliable con la práctica de la democracia. Una de ellas, procedente también de esa clase media, era Cambó, quien, en el exilio, se sentía «lejos del espíritu de ferocidad» que envolvía a la realidad española, pero que juzgaba que «ante la anarquía, como mal menor, ha de venir la fuerza».

Puesto que los factores culturales primaron sobre los sociales bueno será referirse a los primeros. Los motivos de movilización en guerra de las dos Españas se definieron no en términos sociales sino ideológicos o de concepción de la vida, más que estrictamente políticos. Si se leen las proclamas iniciales de los dirigentes de la sublevación la idea exclusiva que en ellas impera es la del restablecimiento del orden y la autoridad, aunque la propia sublevación concluyera por hacerlos inviables. De ahí, por un mecanismo mental no sólo sublimador sino también producto de las circunstancias y de los padecimientos sufridos, se pasó a la exaltación religiosa, al ideal de cruzada, de manera espontánea presente en los planteamientos no sólo de los dirigentes sino también en los simples combatientes. No hay una anécdota más reveladora a este respecto que la propaganda del plato único, impuesto por las condiciones de abastecimiento, como medio de «santificación». Un último paso consistió en la exaltación de un pasado donde míticamente se habría dado la identificación entre patria y religión. El propósito colectivo consistiría, para los vencedores, en tratar de volver a «ser lo que fuimos después de la vergüenza de lo que hemos sido», como se afirmó en los titulares de un diario «franquista».

Si resulta relativamente sencillo simplificar en una fórmula como la citada el motivo movilizador para el combate de los sublevados, entre los gubernamentales es, sin duda, mucho más difícil. En algunos de los discursos del período bélico de Azaña, o en los trece puntos de Negrín, encontramos los principios de la ortodoxia democrática republicana, pero no puede pensarse que tan sólo ellos fueran los vigentes entre los combatientes del Frente Popular. Para muchos otros era verdad lo que decía el diario anarquista madrileño: «Todos los viejos valores… se han hundido estrepitosamente a partir de la insurrección militar». Lo que daba al Frente Popular un aire de abigarrado pluralismo es, precisamente, el hecho de que quien lo había sustituido no era una sola y única fórmula sino varias, incluso duramente enfrentadas entre sí.

Nada explica mejor las diferencias entre las concepciones de la vida de los dos bandos que la política cultural y educativa que practicaron durante el período bélico.

Entre los sublevados más que una política revolucionaria de corte radicalmente fascista se siguió, en materias educativas y culturales, otra de carácter clerical y restauracionista. Las bibliotecas fueron depuradas y de ellas fueron excluidos no sólo autores revolucionarios sino también otros como Cambó, Baroja, Tolstoi o Blasco Ibañez. De la dureza de la represión entre los maestros dan cuenta algunas anécdotas: bastaba haber asistido a un homenaje a Gorki o proceder de la Institución Libre de Enseñanza para recibir algún tipo de sanción. En la enseñanza primaria no sólo se pretendió el restablecimiento de un sentido cristiano sino la introducción de devociones muy concretas, como las de carácter mariano. La reforma del Bachillerato de 1938 se basó en la formación clásica, la consideración del catolicismo como «médula» de lo español y la exaltación de lo nacional a través de la Historia. Todo ello, como es lógico, tenía mucho que ver con la mentalidad de quienes vencieron en la Guerra Civil.

Al lado de estas manifestaciones clericales hubo también una política cultural más fascista, en manos de Falange, que tenía la pretensión de incorporar a los vencedores los valores de la cultura española laica. No existió, sin embargo, una política de propaganda a partir de la labor realizada en defensa del patrimonio artístico o monumental —el arquitecto Muguruza, responsable de esta parcela, admitió que se había hecho «tan poco ante lo hecho por los rojos»— sino que tan sólo se difundió en los medios la labor destructora de iglesias y lugares de culto en el otro bando. También se creó una gran institución cultural, el Instituto de España, que reunió a la totalidad de las Academias, prueba de que no faltaron a los vencedores intelectuales de signo conservador. En el Instituto, inspirado y animado por D’Ors, se entraba tras un estrambótico juramento de índole clerical nacionalista. Para su Presidencia se pensó, en un primer momento, en Falla, una personalidad católica sin significación política, que finalmente rehusó.

En el bando gubernamental encontramos una pluralidad mucho mayor. Existió, en primer lugar, toda una línea derivada de la tradición de corte liberal y republicano que concedía un papel eminente a la cultura, consideraba que el hombre se salvaba a través de ella y apreciaba de manera especial la de carácter popular. Sobre esta tendencia se basó el sentido utilitario y propagandístico del PCE, que fue el principal responsable de la política educativa y cultural del Frente Popular hasta bien entrado 1938. La mejor prueba de este sentido de utilización política de la cultura se aprecia en la existencia de un organismo de la Administración dedicado a la propaganda —ministerio o subsecretaría— de rango y protagonismo superior al de los adversarios. La labor de los comunistas fue a menudo sectaria, pero tuvo un éxito considerable en el exterior y demostró un mayor aprecio y sensibilidad por la problemática de carácter intelectual y cultural. Los llamados «milicianos de la cultura», por ejemplo, ligaron muy estrechamente el proceso de alfabetización con el de concienciación o de proselitismo partidista en una labor que fue muy criticada incluso en el seno del Frente Popular. Si, por una parte, un aspecto muy positivo del interés del bando gubernamental por la cultura residió en la labor de extensión educativa y cultural lograda a través de la construcción de un número importante de escuelas (quizá 5000), la creación de un bachillerato abreviado para obreros o la labor de difusión cultura, en todas estas tareas se dio un componente partidista, como se demuestra en la existencia de una «cartilla popular antifascista» para enseñar a leer. Actuaciones de este tipo sólo se han dado en regímenes totalitarios.

Pero el sentido de propaganda a través de la mejor cultura del bando del Frente Popular —y, en especial, de los comunistas— se evidencia, durante los primeros momentos de la guerra, en los varios manifiestos suscritos por intelectuales en apoyo del gobierno del Frente Popular (aunque algunos firmantes acabaron retractándose), así como en la evacuación de intelectuales de Madrid y la posterior creación de una Casa de la Cultura en Valencia. El mismo sentido cabe atribuir al nombramiento de Picasso para regir el Museo del Prado, cargo del que no tomó posesión, pero que le involucró en la política interna española como hasta el momento no lo había estado. También el bando gubernamental tuvo su gran institución cultural sustitutiva de las Academias, denominada Instituto Nacional de Cultura, cuya vida, sin embargo, no parece haber sido muy activa. Una tarea que tuvo importante difusión propagandística, y que respondía además a una clara necesidad, fue la salvación del patrimonio artístico y, principalmente, de los tesoros del Museo del Prado. En un principio existieron una Junta de Incautación y otra del Tesoro Artístico, más o menos autónomas, hasta que esta competencia fue absorbida por el propio Estado. La labor de todos estos organismos, en los que colaboraron importantes personalidades del mundo universitario español, contribuyó, al menos parcialmente, a aliviar la destrucción del legado histórico y artístico, de enorme importancia en las circunstancias españolas del período bélico.

Finalmente al tratar de la política cultural republicana es preciso hacer mención de la calidad de algunas publicaciones auspiciadas por el Estado. Si El mono azul fue una revista intelectual con clara voluntad popular, Hora de España, fundada a fines de 1936 por un grupo de jóvenes escritores, pretendía superar los «artículos de primera necesidad, platos fuertes (que) se expresan en tonos agudos y gestos crispados» y, por lo tanto, consideraba que la mejor defensa de la República era la calidad intelectual y la vinculación con un pasado glorioso. El adversario editó Vértice, una revista de estética fascista y de contenido muy inferior.

Señaladas las respectivas políticas culturales resulta obvio hacer referencia también a la posición de los protagonistas del mundo cultural ante el conflicto fratricida. Los intelectuales españoles habían vivido la difícil y crítica coyuntura de los años treinta con decidida beligerancia, que se incrementó exponencialmente con el estallido de la Guerra Civil. Ésta potenció la voz de quienes estaban ya comprometidos con una u otra tendencia pero también incorporó a estas filas a quienes pensaron que ahora no les quedaba otro remedio que adoptar una posición parecida, bien porque juzgaran imposibles las medias tintas o porque sintieron la necesidad de ir mucho más allá de la lealtad geográfica al bando donde se encontraban al iniciarse la guerra. Otros, sin embargo, optaron por el silencio o la marginación. En el fondo, todas estas posturas no difieren en mucho de las del resto de los españoles y, por tanto, también entre los intelectuales se pueden encontrar posturas de abyección, grotescas, oportunistas, heroicas o simplemente huidizas. El primer calificativo es el que merecen, por ejemplo, las páginas de El mono azul donde se mandaba «a paseo» a personas e instituciones en el mismo momento en que esta palabra tenía resonancias mucho más siniestras. Bergamín, atacando a los disidentes comunistas, o Foxá, definiendo a los intelectuales indecisos, «desertores de las dos Españas, híbridos como las mulas, infecundos y miserables», no están muy lejos de merecerlos. Lo grotesco parece venir mejor a la solemnidad y la frecuencia con la que Manuel Machado cantó a Franco (o aquélla con la que su hermano alabó a Líster). Mucho más comprensible es la actitud de Guillen aceptando a Franco como mal menor, la de Pía, hijo desengañado, pero no renegado, del liberalismo o la de Juan Ramón Jiménez, inequívocamente republicano, y del que su mujer, Zenobia Camprubí, escribió que «si nos hubiéramos quedado en España se hubiera vuelto loco en tres meses». En definitiva, para los intelectuales españoles, como para el conjunto de los ciudadanos, en la guerra existieron dos peligros inmediatos en lo personal, semejantes en gravedad. El primero era la depuración, por ser considerados peligrosos por alguno de los sectores en pugna o por los dos, lo que sucedió a personas como Ortega y Gasset o Sánchez Albornoz. El segundo peligro no era menor: consistía en la posibilidad de someter el propio pensamiento o creatividad a la beligerancia de manera utilitaria.

Sin embargo, la guerra tuvo también otros aspectos más positivos. Max Aub escribió mucho después que la Guerra Civil española tenía una importancia para el espíritu de la que carecieron las demás y Luis Cernuda explicó las razones asegurando que la reflexión sobre ella «me hizo ver en el conflicto no tanto sus horrores, que aún no conocía, como las esperanzas que parecía traer para el futuro». La cultura de la España en guerra, como toda ella, estuvo con tanta frecuencia llena de ejemplos de creatividad como de insustancial sumisión no ya a un ideario como a personas que dudosamente la merecían. Aunque, como es lógico, dado el ambiente de los años treinta, el mundo intelectual se decantó de manera mayoritaria hacia la causa republicana, no se puede ni mucho menos decir que todo el mundo intelectual estuviera con ella. Merece la pena señalar, de cualquier modo, la coincidencia en actitudes de fondo así como en la utilización de medios expresivos semejantes. El teatro de pretensiones heroicas, el verso épico o el cartelismo de combate, por ejemplo, aparecieron en ambos bandos, como también las actitudes entusiastas y las más escépticas.

Los vencedores también tuvieron sus mártires intelectuales, como Maeztu. Hubo una tentación en ellos a considerar que éstos eran culpables del estallido de la guerra, hasta el punto de que Sáinz Rodríguez habló de la existencia de un auténtico «temor colectivo» a la inteligencia y Cossío sugirió sustituir aquella denominación por la de «hombres de razón». Dominada por militares carentes de preocupaciones intelectuales, la España sublevada no careció de apoyos de este tipo aunque, entre los antirrevolucionarios, los más valiosos fueron, quizá, aquéllos que abandonaron España, incómodos en los dos bandos pero secretamente esperanzados en la victoria de Franco, o quienes estaban dispuestos a aceptarla por repudio de lo que sucedía en el bando del Frente Popular. Éste fue el caso de algunos de los representantes de la llamada generación del 98 o de 1914. Baroja, aterrado ante la doble barbarie de los tradicionalistas, que estuvieron a punto de matarle, y de los revolucionarios, creyó poder confiar en un dictador militar, «domador de esas bestias feroces», y acabó ingresando en el Instituto de España. Pérez de Ayala mantuvo una postura partidaria de Franco, aunque sin hacerla pública. Ortega y Gasset criticó las simplificaciones de los visitantes extranjeros a la España en guerra, pero más tajante aún fue Marañón, quien interpretó la contienda como resultado del enfrentamiento entre comunismo y anticomunismo y discrepó de quienes, al adoptar una postura respecto a España, mostraban un «pánico infinito» a no parecer liberales. En realidad todos estos intelectuales profesaron una muy discreta simpatía por Franco que, al poco tiempo, quedó en nada, cuando se dieron cuenta de en qué consistía o se disiparon sus esperanzas respecto de lo que podía llegar a ser; los tres últimos escritores citados tuvieron hijos combatiendo con los «franquistas».

En el fondo la discutida posición de Unamuno ante el conflicto tuvo parecido origen pero en él, como siempre, se tradujo en agónico conflicto y postura pública profética y valiente. En un principio se identificó con la causa de los sublevados, a la que vinculó con la civilización cristiana y occidental. No sólo fue partidario de ellos sino un colaboracionista, incluso en expedientes de depuración. Pero pronto supo de sus amigos asesinados en un «estúpido régimen de terror». El borrador de un texto suyo sobre El resentimiento trágico de la vida testimonia su sufrimiento y su lucidez: de quienes resultaron vencedores aseguró que «nos libraron de la salvajería moscovita» pero imploró «que no nos traigan la estupidez católico-tradicionalista española»; comunismo y fascismo eran, para él «las dos formas —cóncava y convexa— de una misma y sola enfermedad colectiva». Después de su conocida intervención el 12 de octubre en el Paraninfo de la universidad de Salamanca, se convirtió hasta su muerte en un disidente solitario que repudiaba la «mentalidad de cuartel y sacristía» imperante en la España de Franco.

Ninguna de estas posturas fue la oficial de los intelectuales en la España de Franco. Quienes ejercieron de tales en ella fueron los hombres de generaciones anteriores, que ya habían iniciado la evolución hacia posiciones dictatoriales (D’Ors) o que se incorporaron a esta actitud, como Manuel Machado, en uno de cuyos versos de época bélica se dice que Franco «sabe vencer y sabe sonreír». Igualmente característico es el caso de los jóvenes de la generación de 1927 identificados con el nacionalismo católico o con el falangismo revolucionario. En esta última versión resulta de interés especial la revista Escorial, empeñada en rescatar para la causa de los sublevados a una parte de la tradición liberal, aunque privándola de sus contenidos políticos.

Novelas como Madrid de corte a checa (Foxá) o Eugenio o la consagración de la primavera (García Serrano) describen, respectivamente, el terror ante la represión o la experiencia de la violencia armada en las luchas juveniles. Los poetas afectos a Franco presentaron la guerra como un radical enfrentamiento entre el Bien y el Mal o rememoraron un pasado histórico glorioso. Pemán, en su Poema de la Bestia y el Ángel, pudo afirmar que «No hay más que carne o espíritu Luzbel o Dios» y Manuel Machado advirtió: «Ay del pueblo que olvida su pasado y a ignorar su prosapia se condena». Al lado de los nacionalistas estuvieron algunos de los pintores españoles más conocidos de la época como Zuloaga, que retrató a Franco, o José María Sert, que empleó su decorativismo monumental en la exaltación de los mártires religiosos o de los defensores de El Alcázar. El primero fue premiado en la Bienal de Venecia de 1938, organizada por la Italia fascista. Quienes estuvieron al lado de la España del Frente Popular contaron también con figuras de generaciones anteriores a la de 1927. Fue Antonio Machado el más beligerante partidario de esta causa, que defendió con decisión y con una prosa cuyas cualidades morales y estéticas, impregnadas de una exaltación de los valores humanos y populares, trascienden la adscripción política. Pero también fue el autor de unos versos a Líster. —«Si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría»— y de una exaltación a la Rusia soviética cuyo puño cerrado equivaldría a una «mano abierta y generosa», que se equiparaba nada menos que con «el cristianismo auténtico». Juan Ramón Jiménez se identificó con la causa republicana y luego escribiría acerca de la «extraña alegría que había invadido Madrid en los tiempos del estallido» en el que había vivido acosado por unos milicianos de la cultura de los que dijo «estar, con el más firme desprecio, a su disposición» pero la barbarie represiva, como sabemos, hizo que abandonara España. Sin embargo la mayor beligerancia literaria en favor de la causa del Frente Popular se encuentra en las nuevas generaciones literarias. Mientras que Alberti montaba una Numancia que recordaba la defensa de Madrid y en la que los romanos representaban a los fascistas, Miguel Hernández era autor de la poesía bellamente comprometida de El rayo que no cesa. Entre estos jóvenes hubo, por supuesto, casos de convencido y devoto compromiso, como el del protagonista de la novela de Arturo Barea, La forja de un rebelde, pero también de entrega a un ideal cuyos males por el momento no se percibían: María Teresa León describió a Stalin como «nuestro padre querido» cuyas manos «blancas y puras», «manos de nieve silenciosa», cantó Bergamín.

En lo que la causa republicana fue indiscutiblemente superior es en las empresas colectivas montadas para exaltar su opción. En la ya citada Hora de España —cuyo símbolo era un viejo tocón del que brotaban nuevas ramitas— se enlazó con la mejor tradición cultural española. El Congreso de Intelectuales antifascistas de 1937 congregó en Valencia y Madrid a un elenco impresionante de intelectuales, lo mejor de la Europa de la época, y dio lugar a intervenciones muy significativas en el fragor del enfrentamiento bélico. Todas las grandes cuestiones relativas al compromiso político del intelectual se abordaron en él. Pero, vista esta ocasión desde el punto de vista histórico, llama la atención la propensión a olvidar la radical experimentación de la vanguardia y, sobre todo, a entregarse a causas poco dignas de alabanza. Medio siglo después, en una reedición de ese Congreso, Octavio Paz recordaría el momento que resultó más evocador para él, el del descubrimiento del otro a quien se combatía tras las trincheras (y con el que se podía convivir). El Pabellón de la Feria de París en 1937 testimonió la existencia de una vanguardia estética de excepcional calidad (no sólo Picasso, sino también Miró, Alberto, Julio González o José Luis Sert) que se identificaba con la causa republicana. En adelante el Guernika, que acabaría siendo considerado como el cuadro más importante del siglo XX, se convertiría en la prueba de que era posible hacer compatible el compromiso político y la experimentación estética.

Quienes promovieron la participación española o el encargo del cuadro no llegaron a ser verdaderamente conscientes de que en esta ocasión España podía lograr, como de hecho obtuvo, un auténtico protagonismo en la cultura mundial, pero así fue. Frente al pabellón soviético o el alemán, enfrentados entre sí en esa misma feria, el español representaba en lo estético lo más avanzado y valioso del momento, sin por ello perder su identificación política. La poesía bélica, conservadora en las formas, resultó, en cambio, mucho más efímera.

En todos los aspectos de la vida cultural y social la guerra española, tanto entre nosotros como en otras latitudes, supuso novedades. Por vez primera, por ejemplo, la radio, la fotografía de reportaje o el cine documental audiovisual desempeñaron un papel en la propaganda y la creación. Al margen de los organismos administrativos dedicados a la primera, el conflicto dejó, por ejemplo, la obra de Robert Capa en fotografía y en cine algunas producciones importantes —«Sierra de Teruel», de Aub y Malraux o incluso la sonorización de «Tierra sin pan» de Buñuel—, manifiestos prorrepublicanos de actores muy conocidos, desde Chaplin a Gable o Garbo, y sobre todo, un tema recurrente en el mundo cultural universal y español del futuro.

Expuesto lo anterior resulta preciso hacer referencia a otros aspectos en que el conflicto fue de decisiva importancia para la Historia universal. Nunca hasta entonces había existido una guerra en que la propaganda jugara un papel tan decisivo y tampoco hubo nunca tal presión ambiental para tomar partido a favor de uno de los contendientes. Es posible que, en términos históricos, la Guerra Civil española no fuera otra cosa que un desgarrón más de la ficticia paz precedente, pero los intelectuales de todo el mundo la vivieron como una ocasión crucial de la que dependía el destino de la Humanidad. Hugh Thomas ha señalado que nuestra contienda fue una especie de Vietnam de los años treinta; como en aquella ocasión durante los sesenta a la intelectualidad liberal o izquierdista le resultó muy fácil designar quién representaba el Bien o el Mal absolutos en el conflicto español. El poeta británico Stephen Spender vino a decir lo mismo con palabras algo distintas: como en 1848, se ofrecía al mundo un campo de batalla en que quien tenía a su lado la libertad y la justicia, frecuentemente derrotado, parecía ahora obtener victorias sobre el adversario.

La inmensa mayoría de las figuras literarias más conocidas se pronunciaron en contra de Franco: en una encuesta abierta por una revista británica un centenar de escritores se pronunciaron a favor del Frente Popular, mientras que sólo cinco lo hicieron a favor de Franco; en Estados Unidos la mayoría todavía fue más aplastante (98 por 100 frente a 1,75 por 100 neutrales y 0,25 por 100 a favor de Franco). La respuesta de Beckett, el conocido autor de teatro del absurdo, no pudo ser más simple: «¡Viva la República!». De este modo la Guerra Civil española se convirtió en «la última gran causa». Años después, en Mirando hacia atrás con ira, de Osborne, uno de los personajes de la obra lamenta que «la gente de nuestra generación no es ya capaz de morir por una causa como la de la Guerra Civil española». Si nunca tantos escritores de tantos países distintos escribieron desde una óptica política acerca de un acontecimiento histórico fue porque, en un mundo que parecía retroceder ante el empuje del fascismo, surgía un símbolo de resistencia, «lo único que puede mantener la esperanza» (Einstein). Como es lógico, a partir de estas premisas fueron muy habituales las simplificaciones.

Day Lewis escribió que se trataba de «una batalla entre la luz y la oscuridad de la cual sólo un ciego puede no darse cuenta». Como era de esperar muy a menudo los intelectuales de todo el mundo no hicieron otra cosa que trasladar a una Guerra Civil de otras latitudes sus tensiones espirituales o las que vivían en el seno de sus propias sociedades, pero siempre lo hicieron con una sensación de urgencia y de necesidad de que la propia creación literaria sirviera para un propósito colectivo. Por eso un personaje de Hemmingway afirma que «si perdemos esta guerra no habrá ya nada que ver, ni hacer, ni intentar» y el poeta Cornford, muerto en los olivares de Lopera, aseguró que «no podemos escapar de la vida con el pensamiento». Kokoschka, el pintor expresionista, para abordar el conflicto español pintó al castillo de Praga en llamas aludiendo a que en latitudes tan distantes el mismo conflicto estaba sobre el tapete.

Es casi imposible citar una figura relevante del mundo intelectual europeo y americano de los años treinta que no se pronunciara acerca de la guerra española. En Gran Bretaña lo hicieron Wells, Auden, Spender, Huxley…; en Francia, Mauriac, Malraux, Bretón, Eluard, Maritain…; en Estados Unidos, Dos Passos, Steinbeck, Dreiser, Hemmingway…; en Alemania Einstein, Mann, Brecht…; en Hispanoamérica, Vallejo, Cortázar, Neruda, Paz… Sin embargo es de especial relevancia el hecho de que algunos de estos intelectuales no sólo adoptaron una posición en torno a cuanto sucedía en España sino que, además, escribieron obras centradas en sus experiencias propias después de haber practicado el compromiso en tierras españolas. Éste es el caso de L’Espoir, de Malraux, desde luego no su mejor obra. Quizá lo más fresco y valioso de la obra de Hemmingway en relación con la guerra española no sea Por quién doblan las campanas, que le dio prestigio y lectores, sino sus crónicas periodísticas. Éste resultó el género más adecuado a la experiencia bélica, combinado con la reflexión doctrinal, a pesar de que se dijo que aquélla era «una guerra de poetas». Varias de las crónicas de Koestler hacen referencia a su experiencia en la cárcel de Sevilla donde fue detenido: en Darkness at noon, años después, trasladó sus recuerdos a la ficción de un protagonista en una cárcel comunista. Antes, en Testamento español, había escrito que «frecuentemente por la noche, cuando me despierto, siento la nostalgia de la casa de la muerte en Sevilla e imagino verdaderamente que nunca he estado tan libre como allí». En Hommage to Catalonia Orwell narró su alistamiento en las milicias populares diciendo que en el ambiente revolucionario de la capital catalana ésa era la única opción que le parecía posible. La mezcla entre la descripción de su experiencia íntima y su relato alegórico, pleno de sentido moral y político, la convierten en una de sus mejores obras. Como Orwell y Koestler, pero en un sentido muy distinto, también Bernanos sintió la experiencia de la Guerra Civil española como una conmoción que le llevaría a adoptar actitudes muy distintas a las que había tenido en el pasado. En Les grands cimetieres sous la lune este católico de derechas mostró toda su desgarro íntimo por la represión nacionalista en Palma de Mallorca, que discurría ante la mirada complaciente o indiferente de los bien pensantes. La gran paradoja es que este libro —más que una novela o un reportaje, un panfleto— oculta el hecho de que Bernanos mantuvo su posición ideológica y que su hijo colaboró en la represión que él condenó en su libro. El desgarro personal en este caso testimonia, como en Orwell o Koestler, autenticidad del compromiso respecto de la Guerra Civil española.

Como ya se ha señalado, una clara mayoría de los intelectuales en todo el mundo se pronunciaron en contra de Franco. Hubo, sin embargo, excepciones importantes, que se refieren principalmente a intelectuales atraídos por el fascismo o a católicos. Maurras visitó a Franco y también Belloc estuvo en España al final de la Guerra Civil. Ezra Pound, por su parte, pareció más contrario a los izquierdistas identificados con el Frente Popular español —a los que reprochó buscar «un lujo intelectual para una pandilla de “dilettanti” de cerebro reblandecido»— que próximo a Franco. En Francia Claudel presentó a los mártires españoles como los sucesores de los perseguidos por Enrique VIII, Nerón o Diocleciano; ellos habrían seguido la senda difícil en el momento crucial. En Gran Bretaña Evelyn Waugh no dudó en afirmar que si fuera español lucharía a favor de Franco, porque no siendo fascista, se identificaría con esta posición si fuera la única alternativa respecto del comunismo mientras Arnold Lunn propiciaba la creación de un «frente cristiano unido» contra la revolución y la persecución religiosa. Pero en los países anglosajones la posición de quienes apoyaron a Franco no sólo resultó minoritaria sino a menudo extravagante, como si quienes la defendieran pertenecieran a la «lunatic fringe».

En la obra de cuantos intelectuales se ocuparon de lo que sucedía en España hubo aciertos y errores, tanto literarios como históricos. Fue frecuente la mala información o la excesiva simplificación. Abundaron en exceso quienes erraron al ver a Franco como tan sólo un conservador o a la República como un régimen democrático.

Salvador de Madariaga recordó, a este respecto, el dicho español de acuerdo con el cual «una cosa piensa el bayo y otra quien lo ensilla» y protestó contra los «adolescentes de todas las edades y naciones que, armados de máquinas de escribir, invadieron España para no ver en ella más que lo que ya traían en sus ojos, ingenuos e ignorantes». Sin embargo todo ello no hace otra cosa que ratificar la importancia de los acontecimientos españoles para la conciencia universal. Los diagnósticos pudieron ser errados pero el interés era legítimo y absorbente y nunca en la época contemporánea lo había sido y lo sería ni tan siquiera de modo semejante.

Eso explica que, principalmente en el caso de los militantes liberales o de izquierda, algunas de las reflexiones en torno a la Guerra Civil española se sitúan en el centro mismo de la gravedad de la reflexión moral de nuestro tiempo. Brecht, por ejemplo, se planteó la posibilidad y la tentación de la neutralidad en un conflicto de esas características. Malraux, absorto, como siempre, por la pasión, aunque compañero de viaje de los comunistas, evolucionó hacia la democracia aunque para él lo fundamental fue la prioridad concedida a la victoria (lo que identificaba con los comunistas). Orwell reflexionó sobre el papel de la mentira propagandística, el peligro del totalitarismo y la amargura sentida ante una causa revolucionaria derrotada por las circunstancias y por la traición de quienes se decían sus defensores; nada de su obra posterior se entiende sin su paso por España. Algo parecido pensaba Camus: gracias a la experiencia de la guerra española —escribió— «los hombres aprendieron que uno puede tener razón y ser vencido, la fuerza puede imponerse al espíritu y hay momentos en que la valentía no tiene recompensa».

Mapas de la Guerra Civil española

Bibliografía

En los capítulos siguientes aquellas monografías recientes especialmente interesantes, por su originalidad y novedad, aparecerán señaladas con un asterisco (*). De esta manera el lector puede disponer de una selección más escueta de lecturas recomendadas.

Aparte de la bibliografía citada y de la información del Instituto de Reformas Sociales, para la sociedad española a la altura de 1930 véanse: Ángel BAHAMONDE y Luis Enrique OTERO, La sociedad madrileña durante la Restauración, 1876-1931, Madrid, Comunidad de Madrid, 1989; José María BORRAS LLOP, Historia de la infancia en la España Contemporánea, 1834-1936, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1997; Santiago CASTILLO, Solidaridad desde abajo. Trabajadores y socorros mutuos en la España contemporánea, UGT, Centro de Estudios Históricos, 1994; Josefina CUESTA, Hacia los seguros sociales obligatorios. La crisis de la Restauración, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988; Emilio DÍEZ DE LA GUARDIA, Evolución y desarrollo de la enseñanza media en España de 1875 a 1930, Madrid, Ministerio de Educación, 1988; El movimiento cooperativo en Euskadi, 1884-1936, Fundación Sabino Arana, 1998; Mujer y sociedad en España (1700-1975), Madrid, Ministerio de Cultura, 1982; Juan Ignacio PALACIO MORENA, La institucionalización de la reforma social en España, 1883-1924, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1988; Fernanda ROMEU, Las clases trabajadoras en España, 1898-1930, Madrid, Taurus, 1970; Manuel TUÑÓN DE LARA, Variaciones del nivel de vida en España, Madrid, Península, 1965.

Sobre las condiciones de vida con especial referencia al mundo rural, aparte de la información publicada por el Instituto de Reformas Sociales, véanse, a título de ejemplo; Miguel ARTOLA y otros, El latifundio. Propiedad y explotación, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1978; Antonio Miguel BERNAL, Economía e Historia de los latifundios, Madrid, Instituto de España, Espasa Calpe, 1988; La cuestión agraria en la España contemporánea, Madrid, Edicusa, 1976; Luis GARRIDO, Riqueza y tragedia social. Historia de la clase obrera en la provincia de Jaén (1820-1939), Diputación Provincial de Jaén, 1990; Miseria y conciencia del campesino castellano (edición de Julio ARÓSTEGUI), Madrid, Narcea, 1977; Ricardo ROBLEDO HERNÁNDEZ, La renta de la tierra en Castilla la Vieja y León (1836-1913), Madrid, Banco de España, 1984; José RODRÍGUEZ LABANDEIRA, El trabajo agrícola en la España contemporánea, 1876-1936, Barcelona, Anthropos, 1991; Juan ROMERO, Propiedad de la tierra y sociedad rural en la España mediterránea. Los casos valenciano y castellano en los siglos XIX y XX, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1983; José Luis SAN MIGUEL y Germán OJEDA, Campesinos, emigrantes, indianos, Salinas, Ayalga, 1985: Fernando SÁNCHEZ MARROYO, El campo y el campesinado cacereño durante la Restauración (1870-1920), Ed. Universidad de Extremadura, 1982: Ramón VILLARES, La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936, Madrid. Siglo XXI, 1982.

Sobre las condiciones de la vida urbana véase: Aviva AVIV, Tradición y cambio en la burguesía madrileña (1900-1936), Tesis doctoral presentada en la Universidad de Oxford, 1982; Francesc CABANA, La burguesía catalana. Una aproximación histórica, Barcelona, Proa, 1990 y Episodios de la burguesía catalana, Barcelona, Proa, 1998; Luis CASTELLS, Los trabajadores del País Vasco (1876-1923), Madrid, Siglo XXI, 1993; Las ciudades en la modernización de España. Los decenios interseculares, Madrid, Siglo XXI, 1992; Antonio FERNÁNDEZ GARCÍA, Historia de Madrid, Madrid, Ayuntamiento de Madrid-Editorial Complutense, 1993; Pilar FOLGUERA, Vida cotidiana en Madrid en el primer tercio del siglo XX a través de las fuentes orales, Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Deportes, 1987; Santos JULIA, David RINGROSE, Cristina SEGURA, Madrid. Historia de una capital, Madrid, Alianza Fundación Caja Madrid, 1995; Pere LÓPEZ SÁNCHEZ, Un verano con mil julios y otras estaciones. Barcelona de la reforma interior a la revolución de julio de 1909, Madrid, Siglo XXI, 1993; Gary Wray McDONOGH, Good families of Barcelona. A social History of power in the industrial era, Princeton University Press, 1987; J. M. PALOMARES, Valladolid, 1900-1931, Valladolid, Ateneo de Valladolid, 1981; Guillermo PÉREZ SÁNCHEZ, Ser trabajador: vida y respuesta obrera (Valladolid, 1875-1931), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996; Álvaro SOTO, El trabajo industrial en la España contemporánea (1874-1936), Barcelona, Anthropos, 1989.

Las condiciones de vida de la mujer: Cristina BORDERAS, Entre líneas. Trabajo e identidad femenina en la España contemporánea. La Compañía Telefónica, 1924-1980, Barcelona, Icaria, 1993; Rosa María CAPEL, El trabajo y la educación de la mujer en España (1900-1930), Madrid, Ministerio de Cultura, 1982; Pilar FOLGUERA, El feminismo en España: Dos siglos de Historia, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1988; María José GONZÁLEZ CASTILLEJO, La nueva Historia. Mujer, vida cotidiana y esfera pública en Málaga (1931-1936), Málaga, Universidad de Málaga, 1991; Mary NASH, Mujer, familia y trabajo en España, 1875-1936, Barcelona, Anthropos, 1983; Gloria NÚÑEZ, Trabajadoras en la Segunda República. Un estudio sobre la actividad económica extradoméstica (1931-1936), Madrid, Ministerio de Trabajo, 1989 y Madrid, 1931. Mujeres entre la permanencia y el cambio, Comunidad de Madrid, 1993.

Para las diversiones populares y el ocio: L’Avene, n.° 211, II-1997, dedicado a La cultura deis estadis. Fútbol i hooligans; Julio César IGLESIAS, El deporte en España, Madrid, Lunnwerg, 1991; Josefina MARTÍNEZ, Los primeros veinticinco años de cine en España, 1896-1920, Madrid, Filmoteca Española-Consorcio Madrid 92,1992; Serge SALAUN, El cuplé (1900-1936), Madrid, Espasa Calpe, 1990; Joaquín SOTO BARRERA, Historia del fútbol en España, Madrid, CIAPSA, 1930.

Para los medios de comunicación: Presse et pouvoir en Espagne, 1868-1975, Madrid, Casa de Velázquez, 1996; Lorenzo DÍAZ, La radio en España, 1923-1993, Madrid, Alianza Editorial, 1992; Carmelo GARITAONANDÍA, La radio en España, 1923-1939, Bilbao-Madrid, Universidad del País Vasco, Siglo XXI, 1988.

Sobre el impacto de la crisis económica de 1929 en España véase: Albert BALCELLS, Crisis económica y agitación social en Cataluña (1930-1936), Barcelona, Ariel, 1971; Mercedes CABRERA, Estrategia patronal en la II República, en Estudios de Historia Social n.° 7 y 10-11; Juan HERNÁNDEZ ANDREU, Depresión económica en España, 1925-1934, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1980; Casimir MARTÍ, Jaume VICENS, Jordi NADAL, El moviment obrer a Espanya de 1929 a 1936 amb relació amb la crisi económica, en Serra d’or, 11-1961; Pablo MARTÍN ACEÑA, La política monetaria en España, 1919-1935, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1984; Jordi PALAFOX, La gran depresión de los años treinta y la crisis industrial española en Investigaciones económicas, 1980 y, sobre todo, Atraso económico y democracia. La Segunda república y la economía española, 1892-1936, Barcelona, Crítica, 1992.

Hay ya algunos buenos estudios monográficos acerca de la agitación social durante los años treinta: F. COBO ROMERO, Labradores, campesinos y jornaleros. Protesta y diferenciación social del campesinado jienense en los orígenes de la Guerra Civil, 1931-1936, Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 1992; José JAVIER DÍAZ FREIRÉ, Expectativas y frustraciones en la Segunda República, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1990; Santos JULIA, Madrid, 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de clases, Madrid, Siglo XXI, 1984; Mario LÓPEZ MARTÍNEZ, Orden público y luchas agrarias en Andalucía. Granada, 1931-1936, Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba Ediciones Libertarias, 1995; Manuel MACARRO, La utopía revolucionaria. Sevilla en la Segunda República, Sevilla, Caja de Ahorros, 1985; Manuel PÉREZ YRUELA, La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba, 1931-1936, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1979; Fernando PASCUAL, Luchas agrarias en Sevilla durante la Segunda República, Sevilla, Diputación Provincial, 1983.

Pero esta bibliografía debe ser completada con la relativa a los movimientos obreros durante la etapa republicana. Son ya abundantes los estudios de historia electoral. De carácter nacional: Jean BECARUD, La Segunda República española, 1931-1936, Madrid, Taurus, 1967; Rosa María CAPE, El sufragio femenino en la Segunda República española, Granada, Universidad de Granada; 1975; William J. IRWIN, The CEDA in the 1933 Cortes Election, Columbia University Ph. D., 1975; Juan José LINZ y Jesús M. de MIGUEL, Hacia un análisis regional de las elecciones de 1936 en España, REOP, 1977; Javier TUSELL, Las elecciones del Frente Popular en España, Madrid, Edicusa, 1971 y Las constituyentes de 1931; unas elecciones de transición, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1982.

Estudios de carácter provincial y local especialmente relevantes o significativos: Francisco BERMEJO, La II República en Logroño: elecciones y contexto político, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1984; Miguel Ángel CABRERA ACOSTA, Las elecciones a Cortes durante la II República en las Canarias occidentales, La Laguna, Graficolor, 1990; Jesús BUENO, Concepción GAUDO, Luis G. GERMÁN, Elecciones en Zaragoza-capital durante la II República, Zaragoza, Diputación provincial, 1980; Diego CARO CANCELA, La Segunda República en Cádiz: elecciones y partidos políticos, Cádiz, Diputación de Cádiz, 1987; Alejandro R. DIEZ TORRE, Guadalajara, 1936: la primera crisis del caciquismo, en Estudios de Historia social, 1987; Manuel FERRER, Elecciones y partidos políticos en Navarra durante la Segunda República, Pamplona, Universidad de Navarra, 1989; Miguel Ángel MATEOS, La República en Zamora (1931-1936). Comportamiento político electoral de una sociedad tradicional, Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos, 1995; Agustín MILLARES, La Segunda República y las elecciones en la provincia de Las Palmas, Las Palmas, Guagua, 1982; Santiago de PABLO, La Segunda República en Álava. Elecciones, partidos y vida política, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1989; Carmelo ROMERO, Las elecciones en la provincia de Soria durante la Segunda República, Tesis Doctoral, Universidad de Zaragoza; José Antonio RODRÍGUEZ RANZ, Guipúzcoa y San Sebastián en las elecciones de la II República, San Sebastián, Instituto Doctor Camino, 1994; José SÁNCHEZ y Miguel Ángel MATEOS, Elecciones y partidos en Albacete durante la Segunda República, Albacete, Gómez Avendaño, 1977; Manuel REQUENA, Partidos, elecciones y élites políticas en la provincia de Albacete, 1931-1933, Instituto de Estudios Albacetenses, 1991; Javier TUSELL, La Segunda República en Madrid: elecciones y partidos políticos, Madrid, Tecnos, 1970; Mercé VILANOVA, Atlas electoral de Catalunya durant la Segonda República: orientado del vot, participado i abstenció, Barcelona, La Magrana, 1986.

Estudios de carácter general sobre el sistema político de la etapa republicana: Santos JULIA, Política en la Segunda República, en Ayer, n.° 20, 1993; Juan J. LINZ, The Party System of Spain. Past and Future en Party Systems and Voter Alignments, Lipset y Rokkan, Nueva York, 1967 y La caduta dei regimi democratki, Bolonia, II Mulino, 1981 y Santiago VÁRELA, Partidos y parlamento en la Segunda República, Barcelona, Ariel-March, 1978.

Respecto de los partidos sólo se hará mención aquí de los republicanos, como los más identificados con el régimen, dejando para más adelante al resto: Juan AVILES, La izquierda burguesa en la II República, Madrid, Espasa Calpe, 1985 y La derecha republicana, 1930-1936, en Revista de Estudios Sociales, 1976; Eduardo ESPIN, Azaña en el poder. El partido de Acción Republicana, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1980; Jesús de JUANA, La posición centrista durante la Segunda República española, Santiago, Universidad de Santiago de Compostela, 1988; Octavio RUIZ MANJÓN, El partido republicano radical, 1908-1936, Madrid, Tebas, 1976.

Sobre la participación política de la mujer: Mercedes UGALDE, Mujeres y nacionalismo vasco. Génesis y desarrollo de Emakume Abertzale Batza, 1906-1936, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1997.

Los estudios sobre la Segunda República experimentaron un considerable auge en los años setenta pero desde esa década han sido menos abundantes y novedosos. Un resumen relativamente reciente en Gloria NÚÑEZ, Bibliografía comentada sobre la II República española (1931-1936). Obras publicadas entre los años 1940 y 1992, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1993.

El estudio global más reciente es el de Stanley PAYNE, La primera democracia española. La Segunda República, 1931-1936, Barcelona, Paidós, 1995 (*).

Aparte de los manuales citados, una posible selección de otras obras generales acerca de la etapa republicana, de muy variada significación ideológica, podría ser la siguiente: Ricardo de la CIERVA, Historia de la Guerra Civil. Antecedentes, Madrid, San Martín, 1969; Joaquín ARRARÁS, Historia de la Segunda República española, Madrid, Editora Nacional, 1965; Raymond CARR, The Republic and the Civil War in Spain, Londres, Macmillan, 1971(*); Gabriel JACKSON, The Spanish Republic and the Civil War in Spain, 1931-1939, Princeton University Press, 1965 y Entre la reforma y la revolución, 1931-1939, Barcelona, Grijalbo, 1980; Josep PLA, Historia de la Segunda República española, Barcelona, 1940; Manuel TUÑÓN DE LARA, La II República, Madrid, Siglo XXI, 1976 (*). Estudios de varios autores con ocasión del cincuentenario en Revista de Occidente, n.° 7-8, XI-1981 y Arbor n.° 426-427, VI-VII, 1981.

Otros estudios de carácter colectivo recientes: José Luis GARCÍA DELGADO, La II República Española. Bienio rectificador y Frente Popular, 1934-1936, IV coloquio de Historia de España dirigido por Manuel Tuñón de Lara, Madrid, Siglo XXI, 1988; La segunda República en Historia Contemporánea, n.° 1, 1988 y Aurora BOSCH, Ana María CERVERA, Vicent COMES, Albert GIRONA, Estudios sobre la Segunda República, Edicions Alfons El Magnanim-Generalitat Valenciana, 1993.

Afortunadamente la Segunda República, por lo trágico de su conclusión, ha dejado buen número de memorias de los personajes políticos que jugaron un papel importante ella. Una posible selección estaría compuesta por: Niceto ALCALÁ ZAMORA, Memorias, Barcelona, Planeta, 1977 y Discursos, Madrid, Tecnos, 1979; Francisco AYALA, Recuerdos y olvidos, Madrid, Alianza Editorial, 1982; Manuel AZAÑA, Obras Completas, México, Oasis, 1966, Diarios, 1932-1933. Los cuadernos robados, Barcelona, Crítica-Mondadori, 1997, Apuntes de memoria inéditos y cartas, edición a cargo de Enrique Rivas, Valencia, Pretextos, 1990; Joaquín CHAPAPRIETA, La paz fue posible. Memorias de un político, Barcelona, Ariel, 1971; Marcelino DOMINGO, La experiencia del poder, Madrid, 1934; José María GIL ROBLES, No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, 1968; Félix GORDÓN ORDÁS, Mi política en España, México, 1962-63; Amadeu HURTADO, Quaranta anys d’advocat. Historia del meu temps, Barcelona, Ariel, 1964; César JALÓN, Memorias políticas. Periodista, Ministro, Presidiario, Madrid, Guadarrama, 1973; Francisco LARGO CABALLERO, Escritos de la República, edición de Santos JULIA, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1985; Alejandro LERROUX, La pequeña historia, Buenos Aires, Cimera, 1945 y Memorias, Madrid, Afrodisio Aguado, 1963; Diego MARTÍNEZ BARRIO, Memorias, Barcelona, Planeta, 1983; Caries PI I SUNYER, La República y la guerra. Memorias de un político catalán, México, Oasis, 1975; Manuel PÓRTELA VALLADARES, Memorias. Dentro del drama español, Madrid, Alianza Editorial, 1988; Indalecio PRIETO, Convulsiones de España, México, Oasis, 1968 y Cartas a un escultor, Buenos Aires, Losada, 1961; Pedro SÁINZ RODRÍGUEZ, Testimonio y recuerdos, Barcelona, Planeta, 1978; Eugenio VEGAS LATAPIE, Memorias políticas, Barcelona, Planeta, 1983; Juan SIMEÓN VIDARTE, Las Cortes Constituyentes de 1931-1933, Barcelona, Grijalbo, 1976, El bienio negro y la insurrección de Asturias, Barcelona, Grijalbo, 1978 y Todos fuimos culpables, México, Tezontle, 1973.

Aunque varios protagonistas políticos de la etapa han merecido un libro de memorias quien ha despertado un interés mayor ha sido Azaña. Véase Manuel Azaña. Catálogo de la exposición organizada por el Ministerio de Cultura, Madrid, 1990; Alicia ALTED, Ángeles EGIDO y María Fernanda MANCEBO, Manuel Azaña: pensamiento y acción, Madrid, Alianza Editorial, 1996; Ángeles EGIDO, Manuel Azaña. Entre el mito y la leyenda, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1998; Santos JULIA, Manuel Azaña. Una biografía política, Madrid, Alianza Editorial, 1990 (*). Otras biografías recientes: Hilari RAGUER, El general Batet, Barcelona, Península, 1996 y Javier TUSELL y José CALVO, Giménez Fernández, precursor de la democracia española, Mondadori-Diputación Provincial de Sevilla, 1990.

Sobre la Constitución republicana: Niceto ALCALÁ ZAMORA, Los defectos de la Constitución de 1931, Madrid, Espinosa, 1936; M. GARCÍA CANALES, La constitución española de 1931 y su aplicación, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983; Luis JIMÉNEZ DE ASÚA, Proceso histórico de la Constitución de la República española, Madrid, Reus, 1932; Fernando de MEER, La Constitución de la II República, Pamplona, EUNSA, 1978; Nicolás PÉREZ SERRANO, La Constitución española, Madrid, 1932; Joaquín TOMÁS VILLARROYA, El Presidente Alcalá Zamora y su proyecto de reforma constitucional de 1935, Valencia, Cátedra Fadrique Furió, 1976.

Las reformas emprendidas durante el segundo bienio republicano han dado lugar a una bibliografía variada, bastante completa para unas cuestiones e insuficiente para otras.

Respecto de la reforma militar véanse: Michael ALPERT, La reforma militar de Azaña (1931-1933), Madrid, Siglo XXI, 1982 y Emilio MOLA VIDAL, Las tragedias de nuestras instituciones militares. El pasado, Azaña y el porvenir, Madrid, Bergua, 1934.

Sobre la cuestión religiosa la bibliografía es mucho más abundante, aunque dispar en sesgo ideológico: Víctor Manuel ARBELOA, La Semana Trágica de la Iglesia en España, Barcelona, Galba, 1976; Archivo Vidal i Barraquer, Iglesia y Estado en la Segunda República española, edición a cargo de M. BATLLORI y V. M. ARBELOA, Monasterio de Montserrat, desde 1971; Vicente CÁRCEL ORTI, La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939), Madrid, Rialp, 1990; José A. FERRER BENIMELI, Masonería española contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1980; María Dolores GÓMEZ MOLLEDA, La masonería en la crisis del siglo XX, Madrid, Taurus, 1986; Anastasio GRANADOS, El cardenal Goma, primado de España, Madrid, Espasa Calpe, 1969; Mercedes MONTERO, Historia de la Asociación Católica de propagandistas. La construcción del Estado confesional, 1939-1945, Pamplona, EUNSA, 1993; Ramón MUNTANYOLA, Vidal i Barraquer, cardenal de la pau, Barcelona, Estela, 1970; J. ORDÓÑEZ MÁRQUEZ, La apostasía de las masas y la persecución religiosa en la provincia de Huelva, 1931-1936, Madrid, CSIC, 1968 y José Manuel ORDOVAS, Historia de la Asociación Nacional Católica de Propagandistas. De la Dictadura a la República, Pamplona, EUNSA, 1993; Gonzalo REDONDO, Historia de la Iglesia en España, 1931-1939, Madrid, Rialp, 1993.

Acerca de las cuestiones agrarias durante el período véanse: Albert BALCELLS, El problema agrari a Catalunya (1890-1936). La questió rabassaire, Barcelona, Nova Terra, 1968; Pascual CARRIÓN, La reforma agraria de la Segunda República y la situación actual de la agricultura española, Barcelona, Ariel, 1973; Alejandro LÓPEZ LÓPEZ, El boicot de la derecha a las reformas de la Segunda República. La minoría agraria, el rechazo constitucional y la cuestión de la tierra, Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, 1984; Antonio LÓPEZ ONTIVEROS y Rafael MATA OLMO, Propiedad de la tierra y reforma agraria en Córdoba (1932-1936), Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1993; Edward MALEFAKIS, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelona, Ariel, 1970 (*); Jacques MAURICE, La reforma agraria en España en el siglo XX (1900-1936), Madrid, Siglo XXI, 1975; Francisca ROSIQUE, La reforma agraria en Badajoz durante la Segunda República, Diputación provincial, 1988; Fernando SIGLER, Los proyectos de reforma agraria en la provincia de Cádiz durante la Segunda República. Repercusiones políticas y sociales, Tesis doctoral en la UNED, 1995.

Sobre los problemas educativos en la época republicana véase: Claudio LOZANO, La educación republicana, 1931-1939, Universidad de Barcelona, 1980; A. MOLERO PINTADO, La reforma educativa de la Segunda República española. Primer bienio. Madrid, Santillana, 1977; Mariano PÉREZ GALÁN, La enseñanza en la Segunda República española, Madrid, Edicusa, 1975; Mercedes SAMANIEGO, La política educativa de la Segunda República durante el bienio azañista, Madrid, CSIC, 1977.

Otros aspectos de la reforma social del primer bienio republicano en: A. MAZUECOS, La política social durante el primer bienio republicano: trabajo, previsión y sanidad, en Estudios de Historia Social, 1980; Nicolás ORTEGA, Las propuestas hidráulicas del reformismo republicano en Agricultura y Sociedad, VII-IX-1984; Mercedes SAMANIEGO, La unificación de los seguros sociales a debate. La Segunda República, Madrid, Ministerio del Trabajo, 1988.

La cuestión regional-nacional ha sido objeto de abundantes trabajos durante la última década. Un importante trabajo colectivo es Justo G. BERAMENDI y Ramón MAÍZ, Los nacionalismos en la España de la Segunda República, Madrid, Siglo XXI, 1991(*).

Es muy abundante ya la bibliografía sobre Cataluña en la etapa republicana. Una posible selección en la que se incluyen las memorias y textos similares podría ser la siguiente: Claudi AMETLLA, Memories politiques, 1918-1936, Barcelona, 1977; Enric UCELAY DACAL, La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en I’etapa republicana (1931-1939), Barcelona, La Magrana, 1982; Jordi CASASSAS, Jaume Bofill i Mates (1878-1933), Barcelona, Curial, 1980; Joan B. CULLAI CLARA, El catalanisme esquerra (1928-1936), Barcelona, Curial, 1977; Manuel GERPE, L’Estatut d’autonomía de Catalunya i l’Estat integral, Barcelona, Edicions 62, 1977; J. A. GONZÁLEZ CASANOVAS, Eederalisme i Autonomía a Catalunya (1868-1938), Barcelona, Curial, 1974; Isidre MOLAS, El sistema de partidos en Cataluña, Barcelona, Edicions 62; Ismael E. PITARCH, L’estructura del Parlament de Catalunya i les seves funcions politiques, Barcelona, Curial, 1977; Hilari RAGUER, L’Unió Democrática de Catalunya i el seu temps (1931-1939), Abadía de Montserrat, 1976; Josep M. ROIGI ROSICH, L’Estatut de Catalunya a les Corts Constituents (1932), Barcelona, Curial, 1978.

Acerca del nacionalismo vasco véase: José Antonio AGUIRRE, Entre la libertad y la revolución, 1930-1935, Bilbao, Verdes Achirica, 1935; Juan Pablo FUSI, El problema vasco en la Segunda República, Madrid, Turner, 1979; José Luis de la GRANJA, Nacionalismo y Segunda República en el País Vasco, Madrid, CIS, 1986; Santiago de PABLO, El nacionalismo vasco en Álava (1907-1936), Bilbao, Rontegui, 1988 y Los problemas de la autonomía vasca en el siglo XX. La actitud alavesa (1917-1979), Oñate, Instituto Vasco de Administración Pública, 1991; Gabriel PLATA PARGA, La derecha vasca y la crisis de la democracia española (1931-1936), Diputación Foral de Vizcaya, 1991.

Para Galicia en los años treinta: Alfonso BOZO, Los partidos políticos y la autonomía en Galicia, 1931-1936, Madrid, Akal, 1976; Xavier CASTRO, O galeguismo na encrucillada republicana, Publicacions da Deputacion de Ourense, 1985; Xosé VILAS NOGUEIRA, O Estatuto Galego, A Coruña, Edicions do Rueiro, 1975.

Ver también José Antonio ROCAMORA, El nacionalismo ibérico, 1792-1936, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1994.

Resulta ya bastante abundante la bibliografía acerca de la extrema derecha durante los años treinta, que se ha enriquecido bastante en los últimos tiempos. Con carácter general, José Luis RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, La extrema derecha española en el siglo XX, Madrid, Alianza, 1997 y Javier TUSELL, Feliciano MONTERO y José María MARÍN, Las derechas en la España Contemporánea, Madrid-Barcelona, UNED Anthropos, 1997.

Como principales títulos sobre los monárquicos véanse: Martín BLINKHORN, Carlism and Crisis in Spain, 1931-1939, Cambridge University Press, 1975; Julio GIL PECHARROMÁN, Conservadores subversivos. La derecha autoritaria alfonsina (1913-1936), Madrid, Eudema, 1994; Pedro GONZÁLEZ CUEVAS, Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Madrid, Tecnos, 1998; Raúl MORODO, Acción Española. Orígenes ideológicos del franquismo, Madrid, Túcar, 1980. Sobre Falange la bibliografía es inmensa, aunque no siempre reciente ni de calidad: Ian GIBSON, En busca de José Antonio, Barcelona, Planeta, 1980; Julio GIL PECHARROMAN, José Antonio Primo de Rivera. Retrato de un visionario, Madrid, Temas de Hoy, 1996; Javier JIMÉNEZ CAMPO, El fascismo en la crisis de la Segunda República española, Madrid, CIS, 1979; Roberto LANZAS, ¿Fascismo en España? Su origen, su desarrollo, sus hombres, Barcelona, Ariel, 1968; Manuel PASTOR, Los orígenes del fascismo en España, Madrid, Túcar, 1974; Stanley PAYNE, Falange. A History of Spanish Fascism, Stanford University Press, 1961; Miguel PRIMO DE RIVERA Y URQUIJO, Papeles póstumos de José Antonio, Barcelona, Plaza y Janes, 1996.

Acerca del anarquismo también existe bibliografía abundante aunque falten los estudios regionales: John BRADEMAS, Anarquismo y revolución en España (1930-1937), Barcelona, Ariel, 197 4; Julián CASANOVA, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Barcelona, Crítica, 1997; Antonio ELORZA, La utopía anarquista bajo la Segunda República, Madrid, Ayuso, 1973; Jerome R. MINTZ, The Anarchists of Casas Viejas, University of Chicago Press, 1982; Eulalia VEGA, El trentisme a Catalunya. Divergencies ideologiques en la CNT (1930-1933), Barcelona, Curial, 1980. Sobre el resto de los grupos políticos de extrema izquierda: Francesc BONAMUSA, El Bloc Obrer i Camperol. Els primers anys (1930-1932), Barcelona, Curial, 1974 y Andreu Nin y el movimiento comunista en España (1930-1937), Barcelona, Anagrama, 1977; Rafael CRUZ, El Partido Comunista de España en la II República, Madrid, Alianza Editorial, 1987; Josep Lluis MARTÍN RAMOS, Els origens del PSU (1930-1936), Barcelona, Curial, 1977; Ricard VIÑAS, La formación de las Juventudes Socialistas Unificadas (1934-1936), México, Siglo XXI, 1978.

Sobre la CEDA existen ya algunos estudios importantes pero faltan monografías locales y, sobre todo, una interpretación única acerca de su significación. Véanse: Leandro ALVAREZ REY, La derecha en la II República: Sevilla, 1931-1936, Universidad de Sevilla-Ayuntamiento de Sevilla, 1993; Emilio GRANDIO SEOANE, Los orígenes de la derecha gallega: la CEDA en Galicia (1931-1936), A Coruña, Edicions do Castro, 1998; José R. MONTERO, La CEDA. El catolicismo social y político en la Segunda República, Madrid, Revista del Trabajo, 1977; Luis Miguel MORENO, Acción Popular Murciana. La derecha confesional en Murcia durante la II República, Universidad de Murcia, 1977; M. PÉREZ MONTOYA, Las derechas almerienses durante la Segunda República: el primer bienio (1931-1933), Instituto de Estudios Almerienses, 1991; Paul PRESTON, La destrucción de la democracia en España. Reacción, reforma y revolución en la Segunda República, Madrid, Turner, 1977; Richard A. H. ROBINSON, The Origins of Franco’s Spain. The Right, the Republic and the Revolution, 1931-1936, Londres, Denis and Charles, 1970; Javier TUSELL, Historia de la democracia cristiana en España, Madrid, Edicusa, 1974 y Rafael VALLS, La derecha regional valenciana (1930-1936), Valencia, IVEI, 1992.

Es muy abundante ya la bibliografía acerca del socialismo durante la Segunda República por lo que, en general, no resulta necesario recurrir a la cita de obras de la época: Julián BESTEIRO, Marxismo y antimarxismo, Madrid, Gráficas socialistas; Marta BIZCARRONDO, Araquistaín y la crisis socialista en la II República, Madrid, Siglo XXI, 1975; Andrés de BLAS, El socialismo radical en la II República, Madrid, Túcar, 1978; George A. COLLIER, Socialistas de la Andalucía rural, Barcelona, Anthropos, 1997; Manuel CONTRERAS, El PSOE en la II República: organización e ideología, Madrid, CIS, 1981; Santos JULIA, La izquierda del PSOE (1935-1936), Madrid, Siglo XXI, 1977 y MANUEL Redero, Estudios de Historia de la UGT, Universidad de Salamanca-Fundación Largo Caballero, 1992.

Monografías locales relacionadas con la historia del partido: Salvador FORNER, Industrialización y movimiento obrero. Alicante, (1923-1936), Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1982; Emilio MAJUELO, La II República en Navarra. Conflictividad agraria en la Ribera tudelana (1931-1933), Pamplona, Pamiela, 1986; Ricardo MIRALLES, El socialismo vasco en la II República, Universidad del País Vasco, 1988.

La celebración del cincuentenario de la revolución de 1934 produjo una floración de estudios sobre el particular, no siempre interesantes: La revolución de octubre de 1934 en Asturias en Estudios de Historia Social, X-XII, 1984; Octubre 1934-Cuarenta años para la reflexión, Madrid, Siglo XXI, 1985; AMARO DEL ROSAL, 1934: El movimiento revolucionario de Octubre, Madrid, Akal, 1983; David RUIZ, Insurrección defensiva y revolución obrera. El octubre español de 1934, Barcelona, 1988; J. A. SÁNCHEZ Y GARCÍA SAÚCO, La revolución de 1934 en Asturias, Madrid, Editora Nacional, 1974. Acerca del Frente Popular: Martin S. ALEXANDER, Helen GRAHAM, The French and Spanish Popular Fronts. Comparative Perspectives, Cambridge University Press, 1989; Santos JULIA, Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936), Madrid, Siglo XXI, 1979.

Acerca de la violencia en la fase final republicana: La militarización de la política durante la Segunda República, en Historia Contemporánea, n.° 11, 1994 y Stanley PAYNE, Political Violence during the Spanish Second Republic, en Journal of Contemporary History, 1990.

Acerca de la política exterior del período véanse principalmente: María Ángeles EGIDO, Las ideas sobre política exterior en la España de la II República, Madrid, UNED, 1988; Douglas LITTLE, Malevolent Neutrality. The United States, Great Britain and the Origins of the Spanish Civil War, Cornell University Press, 1985; César OLIVEIRA, Portugal e a II República de Espanha, 1931-1936, Lisboa, Perspectivas e realidades, 1985; José Fernando PERTIERRA, Las relaciones hispano-británicas durante la Segunda República española (1931-1936), Madrid, Fundación Juan March, 1984; Francisco QUINTANA NAVARRO, España en Europa, 1931-1936. Del compromiso por la paz a la huida de la guerra, Madrid, Nerea, 1993; Ismael SAZ, Mussolini contra la II República. Hostilidad, conspiraciones, intervención (1931-1936), Valencia, Institució valenciana de estudis e investigació, 1986; Hipólito de la TORRE, La relación peninsular en la antecámara de la Guerra Civil de España (1931-1936), Mérida, UNED; Ángel VIÑAS, La Alemania nazi y el 18 de julio, Madrid, Alianza Universidad, 1974.

Una posible selección bibliográfica acerca de los aspectos culturales de la etapa republicana sería la siguiente: Jean BECARUD, E. LÓPEZ CAMPILLO, Los intelectuales españoles durante la Segunda República, Madrid, Siglo XXI, 1978 (*) y Cruz y Raya (1933-1936), Madrid, Taurus, 1969; Oriol BOHIGAS, Modernidad en la Arquitectura española de la España republicana, Barcelona, Tusquets, 1998; F. CASTAÑAR, El compromiso en la novela de la Segunda República, Madrid, Siglo XXI, 1992; J. M. CAPARROS, Arte y política en el cine de la república (1931-1939), Universidad de Barcelona, 1981; Intelectuales ante la Segunda República, edición de Víctor M. ARBELOA y Miguel de SANTIAGO, Salamanca, Ediciones Alma, 1981; Christopher COBB, La cultura y el pueblo. España, 1930-1939, Barcelona, Laia, 1981; J. L. GARCÍA DELGADO, Los orígenes culturales de la Segunda República, Madrid, Siglo XXI, 1993; Eduardo HUERTAS, La política cultural de la Segunda República española, Madrid, Ministerio de Cultura, 1988; Benito MADARIAGA, La Universidad de Verano de Santander, Ministerio de Universidades e Investigación, 1981; Madrid-Barcelona, 1930-1936. La tradición de lo nuevo, Exposición organizada por la Fundación La Caixa, 1997 (*); María Fernanda MANCEBO, La Universidad de Valencia de la Monarquía a la República, 1919-1939, Valencia, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1994; Eugenio OTERO, Las misiones populares: una experiencia de educación popular, A Coruña, Edicions do Castro, 1982; Gonzalo SANTONJA, La república de los libros. El nuevo libro popular de la II República, Barcelona, Anthropos, 1989; Javier TUSELL, Política de Bellas Artes: la II República, en Revista de Occidente, 1982; Miguel de UNAMUNO, República española y España republicana (1931-1936), Salamanca, Ediciones Alma, 1979.

Los estudios acerca de la Guerra Civil española son tan abundantes que es conveniente referirse de forma primordial a los trabajos más recientes. Estudio bibliográfico: J. GARCÍA DURAN, Fuentes de la Guerra Civil española y bibliografía, Barcelona, Crítica, 1985 y Bibliografías de la Historia de España. La Guerra Civil, CIDOC, Departamento de Ciencias Humanas, CSIC, 1996, con un estudio de Juan ANDRÉS BLANCO.

Estudios recientes de varios autores: Manuel TUÑÓN DE LARA, Julio ARÓSTEGUI, Ángel VIÑAS, Gabriel CARDONA, Josep M. BRICALL, La Guerra Civil española. 50 años después, Barcelona, Labor, 1985 (*); La Guerra Civil, editada por Historia 16 en 24 volúmenes con el asesoramiento de Manuel TUÑÓN DE LARA, Javier TUSELL, Julio ARÓSTEGUI, Gabriel CARDONA, Ángel VIÑAS y Albert BALCELLS(*) y Stanley PAYNE y Javier TUSELL, La Guerra Civil, Madrid, Temas de hoy, 1996 (*).

Planteamiento metodológico universal en: Gabriele RANZATO, Guerre fratricide. Le guerre avile in Etá contemporánea, Torino, Bollad Boringheri, 1994.

Investigaciones recientes: Julio ARÓSTEGUI, Historia y memoria de la Guerra Civil, Junta de Castilla y León, 1988 y AAVV, Los nuevos historiadores y la Guerra Civil española, Diputación Provincial de Granada, 1990.

Obras de autores extranjeros: Raymond CARR, The Spanish Tragedy. The Civil War in Perspective, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1977; Paul PRESTON, Revolución y guerra en España, Madrid, Alianza Editorial, 1986; Hugh THOMAS, La Guerra Civil española, Madrid, Diario 16, 1986.

Autores españoles: Guillermo CABANELLAS, La guerra de los mil días, Buenos Aires, Grijalbo, 1973; Ricardo DE LA CIERVA, Historia ilustrada de la Guerra Civil española, Barcelona, Danae, 1970 (hay ediciones posteriores); Jesús y Ramón SALAS, Historia general de la guerra de España, Madrid, Rialp, 1986.

Ensayos sobre la Guerra Civil y sus consecuencias: La guerra de España, 1936-1939, Círculo de Lectores-El País, 1986, editado por Edward MALEFAKIS (*); Ramón TAMAMES y otros, La Guerra Civil española. Una reflexión moral 50 años después, Barcelona, Planeta, 1986; Javier TUSELL, Los hijos de la sangre, Madrid, Espasa Calpe, 1986.

Historia oral: Ronald FRASER, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil española, Barcelona, Crítica, 1979 y César VIDAL, Recuerdo 1936… Una historia oral de la Guerra Civil española, Madrid, Anaya-Mario Muchnik, 1996. Vídeo: La Guerra Civil española, Granada TV-TVE, asesorada por FRASER, THOMAS y TUSELL.

Sobre la preparación de la sublevación y su derrota o triunfo véase la siguiente selección bibliográfica: A. BRAOJOS, L. ÁLVAREZ, F. ESPINOSA, Sevilla, 36: sublevación fascista y represión, Sevilla, 1990; Federico ESCOFET, De una victoria a una derrota: 6 de octubre de 1934 - 19 de julio de 1936, Barcelona, Argos Vergara, 1984; M. GARCÍA VENERO, El general Fanjul. Madrid en el alzamiento nacional, Madrid, Ediciones Cid, 1966; José María IRIBARREN, Mola. Datos para una biografía, Zaragoza, 1938; Antonio LIZARZA, Memorias de la conspiración. Cómo se preparó en Navarra la Cruzada, Madrid, DYRSA, 1986; Félix B. MAÍZ, Mola aquel hombre. Diario de la conspiración, 1936, Barcelona, Planeta, 1976; Nicolás SALAS, Sevilla fue la clave. República, Alzamiento, Guerra Civil (1931-1939), Sevilla, Castillejo, 1992; Javier UGARTE, La nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998.

Parte de esos libros son, en realidad, de memorias. Hay ya muchas, de uno y otro bando, aunque en los últimos tiempos ha disminuido considerablemente el número de las publicadas. Atendiendo a la importancia de los implicados una selección podría ser la que sigue a continuación.

Bando sublevado: Juan CERVERA, Memorias de guerra, Barcelona, Planeta, 1982; Rafael GARCÍA SERRANO, La gran esperanza, Barcelona, Planeta, 1983; José LLORDES, Al dejar el fusil. Memorias de un soldado raso en la guerra de España, Barcelona, Ariel, 1968; Manuel VALDÉS LARRAÑAGA, De la Falange al Movimiento, 1936-1952, Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1994; Eugenio VEGAS LATAPIE, Los caminos del desengaño, Madrid, Tebas, 1987 y La frustración de la victoria. Memorias políticas, 1938-1942, Madrid, Actas, 1995; Jorge VIGÍN, Cuadernos de guerra y notas de paz, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1970.

Bando del Frente Popular: Diego ABAD DE SANTILLÁN, Memorias, Barcelona, Planeta, 1977; Julio ÁLVAREZ DEL VAYO, Les batailles de la liberté, París, Maspero, 1963; Santiago ÁLVAREZ, Memorias. Yo fui comisario político del Ejército Popular, A Coruña, Edicios do Castro, 1986; Mariano ANSÓ, Yo fui ministro de Negrín, Barcelona, Planeta, 1976; Manuel AZAÑA, Apuntes de memoria inéditos y cartas, 1936-1940, Valencia, Pretextos, 1990; Pablo de AZCÁRATE, Mi Embajada en Londres durante la Guerra Civil, Barcelona, Ariel, 1976; Adolfo BUESO, Recuerdos de un cenetista, Barcelona, Ariel, 1978; Segismundo CASADO, Así cayó Madrid, Madrid, Guadiana, 1968; Francisco CIUTAT, Relatos y reflexiones de la guerra de España Madrid, Forma, 1978; Antonio CORDÓN, Trayectoria. Memorias de un artillero, París, Globe, 1971; Juan GARCÍA OLIVER, El eco de los pasos, Barcelona, Ruedo Ibérico, 1978; Vicenc GUARNER, L’aixecament militar a Catalunya i la Guerra Civil, Barcelona, Abadía de Montserrat, 1980; Manuel de IRUJO, Memorias, Buenos Aires, Ekin, 1976; Michail KOLTSOV, Diario della guerra di Spagna, Milán, Schwarz, 1961; Enrique LÍSTER, Nuestra guerra, París, Ebro, 1966; Cipriano MERA, Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista, París, Ruedo Ibérico, 1976; Juan MODESTO, Soy del quinto regimiento, París, Ebro, 1969; Alberto de ONAINDÍA, Hombre de paz en la guerra, Buenos Aires, Ekin, 1973; José PRAT, Memorias, Ediciones de la Diputación Provincial de Albacete, 1994; Manuel TAGÜEÑA, Testimonio de dos guerras, Méjico, Oasis, 1974.

Los aspectos estrictamente militares de la guerra cuentan ya con aportaciones importantes. Los historiadores próximos a los sublevados han hecho las investigaciones más documentadas, aunque susceptibles de críticas. Véanse principalmente: José Manuel MARTÍNEZ BANDE, Monografías de la guerra española, Madrid, Editorial San Martin, 1968-1985, en donde se aborda en docena y media de volúmenes, algunos de ellos reeditados, la evolución de las operaciones militares, y Ramón SALAS LARRAZÁBAL, Historia del Ejército Popular de la República, Madrid, Editora Nacional, 1973 (*).

No existe ninguna obra parecida desde la óptica de los vencidos, pero puede desempeñar ese papel el conjunto de la obra de Vicente ROJO, ¡Alerta los pueblos! Estudio político militar del período final de la Guerra Civil española, Barcelona, Ariel, 1974(*); España heroica. Diez bocetos de la guerra española, México, Era, 1961, y Así fue la defensa de Madrid, México, 1967.

Otros estudios de importancia son los siguientes: Michael ALPERT, La Guerra Civil española en el mar, Madrid, Siglo XXI, 1984, y El Ejército republicano en la Guerra Civil, París, Ruedo Ibérico, 1977; Santiago ALVAREZ, Los comisarios políticos en el Ejército Popular de la República. Testimonio y reflexión, A Coruña, Edicios do Castro, 1989; Juan ANDRÉS BLANCO, El quinto regimiento y la política militar del PCE durante la Guerra Civil, Madrid, UNED, 1993; Alfonso BULLÓN y Luis E. TOGORES, El Alcázar de Toledo. Final de una polémica, Madrid, Actas Editorial, 1997; Rafael CASAS DE LA VEGA, El Alcázar, Madrid, Gregorio del Toro, 1976; Brunete, Madrid, 1967; Teruel, Barcelona, Caralt, 1973, y Las milicias nacionales, Madrid, Editora Nacional, 1977; Ricardo CEREZO, Armada Española. Siglo XX, Madrid, Poniente, 1983; Valentín DÁVILA JALÓN, Batalla en los campos de Teruel, Madrid, Prensa Española, 1980; General DUVAL, Les legons de la guerra d’Espagne, París, Plon, 1938; Carlos FERNÁNDEZ, El alzamiento de 1936 en Galicia. Datos para una Historia de la Guerra Civil, A Coruña, Edicios do Castro, 1983: Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE, El coronel Rey d’Harcourt y la rendición de Teruel. Historia y fin de una leyenda negra, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1992; J. M. GÁRATE CÓRDOBA, Tenientes en campaña. La improvisación de oficiales en la guerra del 36, Madrid, San Martín, 1976, y Alféreces Provisionales. La improvisación de oficiales en la guerra del 36, Madrid, San Martín, 1976; Rafael GONZÁLEZ ECHEGARAY, La marina mercante y el tráfico marítimo en la Guerra Civil, Madrid, San Martín, 1977; Eladi MAINAR, Les columnes valencianes en la Guerra Civil espanyola (1936-1937), Universitat de Valencia, 1998; Joan J. MALUQUER, L’aviació de Catalunya els primers mesos de la Guerra Civil, Barcelona, Portic, 1978; José Manuel MARTÍNEZ BANDE, El final de la Guerra Civil, Madrid, Editorial San Martin, 1985; Jesús I. MARTÍNEZ PARICIO, Los papeles del general Rojo, Madrid, Espasa Calpe, 1989; Josep MASSOT I MUNTANER, El desembarcament de Bayo a Mallorca, agost-septembre de 1936, Barcelona, Abadía de Montserrat, 1987; Luis MEZQUIDA Y GENE, La batalla del Ebro, Tarragona, Excma. Diputación Provincial, 1970, y La batalla del Segre. Repercusiones del Ebro en el Oeste de Cataluña, Tarragona, Excma. Diputación Provincial, 1972; Fernando y Salvador MORENO DE ALBORÁN, La guerra silenciosa y silenciada. Historia de la campaña naval durante la guerra de 1936-1939, Madrid, Gráficas Lormo, 1998; Luis ROMERO, Desastre en Cartagena (marzo de 1939), Barcelona, Ariel, 1971, y El final de la guerra, Barcelona, Ariel, 1976; Ramón SALAS LARRAZÁBAL, Pérdidas de la guerra, Barcelona, Planeta, 1977; Jesús SALAS LARRAZÁBAL, La guerra de España desde el aire. Dos ejércitos y sus cazas frente a frente, Barcelona, Ariel, 1969, y Guernica, Madrid, Rialp, 1987; Josep M. SOLÉ y Joan VILLARROYA, Catalunya sota les bombes (1936-1939), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1986; Herbert H. SOUTHWORTH, La destrucción de Guernica. Periodismo, diplomacia, propaganda e historia, Barcelona, Ibérica de Ediciones y Publicaciones, 1977; Teresa SUERO ROCA, Militares republicanos en la guerra de España, Barcelona, Ediciones Península, 1981; Daniel SUEIRO, La flota es roja, Barcelona, Argos Vergara, 1983; Manuel TUÑÓN DE LARA, Gernika: 50 años después (1937-1938), Nacionalismo. República. Guerra Civil, Universidad del País Vasco; César VIDAL, La destrucción de Guernica. Un balance sesenta años después, Madrid, Espasa calpe, 1997; Joan VILLARROYAI FONT, Els bombardeigs de Barcelona durant la Guerra Civil (1936-1939), Barcelona, Biblioteca Serra D’Or, 1981.

La bibliografía acerca de los aspectos religiosos de la Guerra Civil ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Una selección podría ser la siguiente: Alfonso ALVAREZ BOLADO, Para ganar la guerra. Para ganar la paz, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1995 (*); Joan BADA, Guerra Civil i Esglesia catalana, Barcelona, Abadía de Montserrat, 1987; William A. CHRISTIAN, Las visiones de Ezkioga, Barcelona, Ariel, 1997; Fernando GARCÍA DE GORTÁZAR, Mateo Múgica, la Iglesia y la Guerra Civil en el País Vasco, en Letras de Deusto, 1986; Juan de ITURRALDE, El catolicismo y la cruzada de Franco, Vienne, Egi Indarra, 1955; Juan María LABOA, Iglesias e intolerancias: la Guerra Civil, Madrid, Atenas; La Iglesia católica y la Guerra Civil, cincuenta años después, Madrid, Fundación Friedrich Ebert-Instituto Fe y Secularidad, 1990; Albert MANENT y Josep RAVENTOS, L’Esglesia clandestina a Catalunya durant la Guerra Civil (1936-1939), Abadía de Montserrat, 1984; Antonio MARQUINA, La diplomacia vaticana y la España de Franco (1936-1945), Madrid, CSIC, 1983 (*); Antonio MONTERO, Historia de la persecución religiosa en España (1936-1939), Madrid, BAC, 1961; Vicente PALACIO ATARD, Cinco historias de la República y la Guerra Civil, Madrid, Editora Nacional, 1973; Hilari RAGUER, Divendres depassió. Vida i mort de Manuel Carrasco i Formiguera, Abadía de Montserrat, 1984, L’Esglesia i la Guerra Civil (1936-1939). Bibliografía recent (1975-1985), en Revista Catalana de Teología, 1986, y La espada y la cruz (La iglesia 1936-1939). Barcelona, Bruguera, 1977; María Luisa RODRÍGUEZ AISA, El cardenal Goma y la guerra de España, Madrid, CSIC, 1981; Glicerio SÁNCHEZ RECIO, De las dos ciudades a la resurrección de España. Magisterio pastoral y pensamiento político de Enrique Pía y Deniel, Ámbito Diputación Provincial de Alicante, 1994; J. M. SÁNCHEZ, The Spanish civil war as a religious tragedy, University of Notre Dame Press, 1987; Paul VIGNAUX, Manuel de Irujo. Ministre de la Republique dans la guerra d’Espagne, París, Beauchesne, 1986.

Desde comienzos de la década de los ochenta han aparecido las primeras monografías acerca de lo que significó la Guerra Civil en algunas provincias. Algunos de estos trabajos se refieren a todos los aspectos de la vida en cada zona mientras que otros sólo hacen referencia a algunos muy concretos. Aquí se ha preferido agruparlos teniendo en cuenta a aquélla de las dos zonas a la que se refieren. Necesariamente, de esta manera en cada una de las relaciones correspondientes a cada bando hay, junto a estas recientes monografías locales, estudios de carácter más general y libros que conservan su valor a pesar de haber sido escritos hace ya mucho tiempo. Sólo se desglosa en apartados temáticos esta bibliografía en el caso de tratarse de aspectos que han sido abordados de una forma muy insistente por parte de los historiadores en tiempos próximos.

Resulta ya abundante la bibliografía relativa al mando gubernamental durante el período bélico, en especial los trabajos dedicados a la represión. Una posible selección de los títulos más generales sería la siguiente: Rafael ABELLA, La vida cotidiana durante la Guerra Civil española: La España republicana, Barcelona, Planeta, 1986; M. A. ACKELSBERG, Free Women of Spain. Anarchism and the Struggie for the Emancipation of Women, Indiana University Press, 1991; José ARIAS VELASCO, La Hacienda de la Generalitat, 1931-1938, Barcelona, Ariel, 1977; Julio AROSTEGUI y Jesús MARTÍNEZ, La Junta de Defensa de Madrid (noviembre 1936-abril 1937), Madrid, Comunidad de Madrid, 1984; B. BOLLOTEN, La Guerra Civil española: revolución y contrarrevolución, Madrid, Alianza editorial, 1989 (*); Franz BORKENAU, The Spanish Cockpit, The University of Michigan Press, 1963; Aurora BOSCH SÁNCHEZ, Ugetistas y libertarios. Guerra Civil y revolución en el País Valenciano, 1936-1939, Valencia, Instituto Alfonso el Magnánimo, 1983; Josep BRICALL, Política económica de la Generalitat (1936-1939), Barcelona, Edicions 62,1970 y 1979; David CATTELL, Comunism and the Spanish Civil War, Berkeley, University of California Press, 1955; Albert GIRONA, Guerra i revolució al País Valencia, Valencia, Eliseu Climent, 1986; José Luis de la GRANJA, República y Guerra Civil en Euskadi, Bilbao, Instituo Vasco de Opinión Pública, 1990; Graham KELSEY, Anarcosindicalismo y Estado en Aragón, 1930-1938 ¿orden público o paz pública?, Fundación Salvador Seguí-Gobierno de Aragón, 1994; Fernando de MEER, El Partido Nacionalista Vasco ante la guerra de España (1936-1937), Pamplona, Universidad de Navarra, 1992; Antonio NADAL, Guerra Civil en Málaga, Málaga, Arguval, 1984; Francisco OLAYA, El oro de Negrín, Móstoles, Ediciones Madre Tierra, 1990; George ORWELL, Homenaje a Cataluña, Barcelona, Ariel, 1970; Pelai PAGES, La Guerra Civil espanyola a Catalunya, Els llibres de frontera, 1997; José PEIRATS, Los anarquistas en la crisis política española, Buenos Aires, Editorial Alfa, 1964; Rafael QUIROSA, Almería, 1936-1937. Sublevación militar y alteraciones en la retaguardia republicana, Almería, Universidad de Almería, 1996; CARRILLO, Los comunistas y la revolución española. Una antología de textos fundamentales para el conocimiento y comprensión de nuestra historia, Barcelona, Bruguera, 1979; Manuel TUÑÓN DE LARA, Ricardo MIRALLES, Bonifacio N. DÍAZ CHICO, Juan Negrín. El hombre necesario, Gobierno Canario, 1996; Joan VILLARROYA I FONT, Revolució i Guerra Civil a Badalona (1936-1939), Badalona, Ajuntament de Badalona, 1985.

Específicamente acerca de la represión en la retaguardia republicana véanse las siguientes monografías: Javier CERVERA, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, Madrid, Alianza, 1998; Francisco COBO, La Guerra Civil y la represión en la provincia de Jaén, 1936-1930, Diputación Provincial de Jaén, 1993; Carlo FERNANDEZ, Paracuellos del Jarama: ¿Carrillo culpable?, Barcelona, Editorial Argos Vergara, 1983; Vicent GABARDA, La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano, 1936-1939, Valencia, Edicions Alfons el Magnanim, 1996; Ian GIBSON, Paracuellos: cómo fue, Barcelona, Argos Vergara, 1982; Justicia en guerra. Jornadas sobre la Administración de Justicia en la Guerra Civil española, Dirección General de Bellas Artes, 1990; MORENO GÓMEZ La Guerra Civil en Córdoba, 1936-1939, Madrid, Alpuerto, 1985; Glicerio SÁNCHEZ RECIO, La República contra los rebeldes y los desafectos. La represión económica durante la Guerra Civil, Universidad de Alicante, 1991 y Justicia y guerra en España: los Tribunales Populares (1936-1939), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1991 (*); Josep SOLÉ I SABATÉ y Joan VILLARROYA I FONT, La repressió a la guerra i la posguerra a la comarca del Maresme (1936-1945), Barcelona, Publicaciones de la Abadía de Montserrat, 1983 y La repressió a la retaguardia de Catalunya (1936-1939), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989-1990.

Sobre las colectivizaciones: Walter L. BERNECKER, Colectividades y revolución social. El anarquismo en la Guerra Civil española, 1936-1939, Barcelona, Crítica, 1982(*); Julián CASANOVA, Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938, Madrid, Siglo XXI, 1985, y Caspe, 1936-1938. Conflictos políticos y transformaciones sociales durante la Guerra Civil, Zaragoza, Editorial Heraldo de Aragón, 1984 y El sueño igualitario. Campesinado y colectivizaciones en la España republicana, 1936-1939, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1988; José Luis GUTIÉRREZ MOLINA, Colectividades libertarias en Castilla, Madrid, Campo Abierto, 1977; Frank MINTZ, L’autogestión dans l’Espagne révolutionnaire, París, Belibaste, 1970; Francisco J. PANIAGUA, La sociedad libertaria. Agrarismo e industrialización en el anarquismo español (1930-1939), Barcelona, Crítica, 1982; Stanley PAYNE, La revolución española, Barcelona, Ariel, 1970 (*); Albert PÉREZ BARO, Trenta mesos de colectivisme a Catalunya, Barcelona, Ariel, 1970; F. QUILIS, Revolución y Guerra Civil. Las colectividades obreras en la provincia de Alicante, 1936-1939, Alicante, Instituto Gil-Albert, 1992; José Ángel SÁNCHEZ ASIAÍN, La banca española en la Guerra Civil, 1936-1939, Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, Madrid, 1992 (*).

No abunda la bibliografía acerca de la evolución política y social de los vencedores, pues los títulos hasta ahora publicados son demasiado partidistas o tienen más de testimonio personal que de otra cosa. Ese estado de la bibliografía permite un tratamiento conjunto. En los últimos tiempos, como en el caso del bando adversario, han abundado los estudios sobre la represión. Hay, sin embargo, algunos estudios valiosos como: Rafael ABELLA, La vida cotidiana durante la Guerra Civil. La España nacional, Barcelona, Planeta, 1973; Julio ARÓSTEGUI, El carlismo, la conspiración y la insurrección antirrepublicana de 1936, en Arbor, 1986, y Los combatientes carlistas en la Guerra Civil española, 1936-1939, Madrid, Aportes, XIX, 1991; Antonio BAHAMONDE, Un año con Queipo, Buenos Aires, Ediciones Republicanas, S. A.; Jaime del BURGO, Conspiración y Guerra Civil, Madrid, Alfaguara, 1970 y Un episodio poco conocido de la Guerra Civil española. La Real Academia de requetés y el destierro de Fal Conde, en Príncipe de Viana, 1992; Vicente DE LAS CADENAS, Actas del último Consejo Nacional de Falange Española de las JONS. Salamanca, 18-19-IV-1937, y Algunas noticias referentes a la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda, Madrid, 1973; Julián CASANOVA, Ángela CENARRO, Julia CIFUENTES, Pilar MALUENDA, Pilar SALOMÓN, El pasado oculto del fascismo 1939, Madrid, Siglo XXI, 1992; Julián CHÁVEZ, La represión en la provincia de Cáceres durante la Guerra Civil (1936-1939), Universidad de Extremadura, 1995; Vicent GABARDA, Els afusellaments al País Valencia, 1938-1956, Valencia, Edicions Alfons el Magnanim, 1993; Maximiano GARCÍA VENERO, Historia de la Unificación. Falange y Requeté en 1937, Madrid, 1970; Ian GIBSON, Queipo de Llano. Sevilla, verano de 1936. Con las charlas radiofónicas completas, Barcelona, Grijalbo, 1986; Miguel PRIMO DE RIVERA Y URQUIJO, Papeles póstumos de José Antonio, Barcelona, Plaza y Janes, 1996; H. R. SOUTHWORTH, El mito de la Cruzada de Franco, París, Ruedo Ibérico, 1963, y Antifalange. Estudio crítico de Falange en la guerra española, París, Ruedo Ibérico, 1967.

Acerca de la represión en esta zona, véase principalmente: José CRESPO y otros, Purga de maestros en la Guerra Civil. La depuración del magisterio nacional en la provincia de Burgos, Valladolid, Ámbito, 1987; Ian GIBSON, La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de García Lorca, París, Ruedo Ibérico, 1971; Eduardo MOLINA, Los últimos días de García Lorca, Barcelona, Plaza y Janes, 1983; Alberto REIGAJA, Ideología e historia. Sobre la represión franquista y la Guerra Civil, Madrid, Akal, 1985 y Violencia y terror, Madrid, Ediciones Akal, 1990; María Cristina RIVERO, La ruptura de la paz civil. Represión en La Rioja (1936-1939), Instituto de Estudios Riojanos, 1992; María Jesús SOUTO, La represión franquista en la provincia de Lugo (1936-1940), A Coruña, Edicios do Castro, 1998; Javier TUSELL, Franco en la Guerra Civil. Una biografía política, Barcelona, Tusquets, 1992(*).

La bibliografía acerca de los aspectos internacionales de la Guerra Civil española es muy abundante, por lo que resulta necesario recurrir a una selección. En la que sigue se ha mantenido el criterio de preferir los trabajos monográficos de investigación o aquellos libros que contienen una información que no ha sido superada o que es la más reciente, aunque resulte insuficiente. Por otro lado, se señalan con asterisco aquellos libros que resultan indispensables en aquel aspecto temático o relativo a la relación de un país determinado con la Guerra Civil española: Michael ALPERT, A New International History of Spanish Civil War, Londres, Macmillan, 1994; Juan AVILES, Pasión y farsa: franceses y británicos ante la Guerra Civil española, Madrid, Eudema, 1994; Bajo la bandera de la España republicana, Moscú, Editorial Progreso; Maryse BERTRAND DE MUÑOZ, La guerre avile espagnole et la littérature francaise, Montreal, Didier, 1972; José María BORRAS, Francia ante la Guerra Civil española, Madrid, CIS, 1981; Catherine BREEN, La droite francaise et la guerre d’Espagne, Géneve, Médecine et Hygiéne, 1973; Tom BUCHANAN, The Spanish Civil War and the British Labour Movement, Cambridge University Press, 1991 y Britain and The Spanish Civil War, Cambridge University Press, 1997 (*); E. H. CARR, The Comintern and the Spanish Civil War, Londres, Macmillan, 1984 (*); Roberto CANTALUPO, Embajada en España, Barcelona, Caralt, 1951; Marina CASANOVA, La diplomacia española durante la Guerra Civil, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1996; Peter N. CARROLL, The Odissey of the Abraham Lincoln Brigade. Americans in the Spanish Civil War, Stanford University Press, 1994 (*); Andreu CASTELLS, Las Brigadas Internacionales de la guerra de España, Barcelona, Ariel, 1974; David T. CATTELL, Soviet Diplomacy and the Spanish Civil War, University of California Press, 1957; John COVERDALE, La intervención fascista en la Guerra Civil española, Madrid, Alianza Editorial, 1979 (*); Iva DELGADO, Portugal e la Guerra Civil de Espanha, Europa-América; Jacques DELPIERRE DE BAYAC, Les brigades internationales, París, Fayard, 1968; Jill EDWARDS, The British Government and the Spanish Civil War, 1936-1939, Londres, Macmillan, 1979; Mark FALCOFF y Frederick B. PIKE, The Spanish Civil War, 1936-1939. American Hemispheric perspectives, University of Nebraska Press, 1982 (*); Alien GUTTMANN, American Neutrality and the Spanish Civil War, Lexington, 1968, y The Woundin the Heart: America and the Spanish Civil War, Nueva York, The free Press of Glencoe, 1962; Glenn T. HARPER, German Economic Policy in Spain during the Spanish Civil War, París, Mouton, 1967; GERALD Howson, Arms for Spain: The Story of the Spanish Civil War, Londres, John Murray, 1998; Arthur H. LANDIS, The Abrahan Lincoln Brigade, Nueva York, The Citadel Press, 1967; Félix LUENGO, Espías en la Embajada. Los servicios de información secreta republicanos en Francia durante la Guerra Civil, Universidad del País Vasco, 1996; Manfred MERKES, Die deutsche Politik gegenuber dem Spanisbe Burgerkrieg, 1936-1939, Bonn, Rohrscheid, 1961; David W. VIKE, Les francáis et la guerre d’Espagne, París, PUF, 1975; Enrique MORADIELLOS, Neutralidad benévola. El gobierno británico y la insurrección militar española de 1936, Oviedo, Pentalfa, 1990 y La perfidia de Albión. El gobierno británico y la Guerra Civil española, Madrid, Siglo XXI, 1996; Alberto PENA, El gran aliado de Franco. Portugal y la Guerra Civil española: Prensa, radio, cine y propaganda, A Coruña, Edicios do Castro, 1998; T. G. POWELL, México and the Spanish Civil War, University of New México Press, 1981; Raymond PROCTOR, Hitler’s Luftwaffe in the Spanish Civil War, Wetsport Greenwood Press, 1983; Rosaria QUARTARARO, Política fascista nelle Baleari (1936-1939), Roma, Quaderni della FIAP, 1977; Mónica QUIJADA, Aires de república, aires de cruzada: la Guerra Civil en Argentina, Hospitalet, Sendal, 1991; Javier RUBIO, Asilos y canjes durante la Guerra Civil española, Barcelona, Planeta, 1979 (*); Jesús SALAS LARRAZÁBAL, Intervención extranjera en la guerra de España, Madrid, Editora Nacional, 1974; Ismael SAZ y Javier TUSELL, Fascistas en España, Roma, CSIC, 1981; Fernando SCHWARTZ, La internacionalización de la Guerra Civil española, Barcelona, Ariel, 1971 (nueva edición en Planeta, 1999); F. Jay TAYLOR, The United States and the Spanish Civil War, Nueva York, Bookman Associates, 1956; Philip TOYNBEE, The Distant Drum. Reflections on the Spanish Civil War, Londres, Sidgwick and Jackson, 1979; Richard P. TRAÍNA, American Diplomacy and the Spanish Civil War, Indiana University Press, 1968; Javier TUSELL y Genoveva GARCÍA QUEIPO DE LLANO, El catolicismo mundial y la guerra de España, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1993 (*); César VIDAL, Las Brigadas Internacionales, Madrid, Espasa Calpe, 1998; Ángel VIÑAS, El oro español en la Guerra Civil, Madrid, Ministerio de Hacienda, 1980 (*); K. W. WATKINS, Britain Divided. The Effect of the Spanish Civil War on British Political Opinion, Edimburgo, Thomás Nelson, 1963.

Finalmente, un aspecto de la máxima importancia acerca de la Guerra Civil española es el de su impacto en los medios intelectuales y artísticos, tanto en España como en el extranjero. Sobre ello, y sobre la política cultural de ambos bandos, puede leerse: Alicia ALTED VIGIL, Política del Nuevo Estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante la Guerra Civil española, Madrid, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1984 (*); José ÁLVAREZ LOPERA, La política de bienes culturales del Gobierno republicano durante la Guerra Civil española, Madrid, Ministerio de Cultura, 1982; Manuel AZNAR SOLER y Luis Mario SCHNEIDER, El Congreso de Escritores antifascistas (1937). Ponencias, Documentos y Testimonios, Barcelona, Laia, 1979; Frederick BENSON, Writers in Arms. The Literary Impact of the Spanish Civil War, New York University Press, London University Press, 1967(*); Anthony BLUNT, Picasso’s Guernica, Nueva York, Oxford University Press, 1969; Francisco CAUDET, Las cenizas del fénix. La cultura española en los años treinta, Madrid, Ediciones de la Torre, 1993; Comunicación, cultura y política durante la II República y la Guerra Civil, Diputación Foral de Vizcaya-Universidad del País Vasco, 1990; Valentine CUNNINGHAM, Spanish Front. Writers on the Civil War, Oxford University Press, 1986; Herschel B. CHIPP y Javier TUSELL, Guernica. History, Transformations, Meanings, University of California Press, 1988; Fernando DÍAZ PLAJA, Si mi pluma valiera tu pistola. Los escritores españoles en la Guerra Civil, Barcelona, Plaza y Janes, 1979; Juan Manuel FERNÁNDEZ SORIA, Educación y cultura en la Guerra Civil (España, 1936-1939), Valencia, Nau, 1984; D. GAGEN y D. GORGE, La Guerra Civil española. Arte y violencia, Universidad de Murcia, 1991; Aldo GAROSCI, Los intelectuales y la guerra de España, Madrid, Júcar, 1981; Marino GÓMEZ SANTOS, Españoles sin fronteras, Barcelona, Planeta, 1983; Luciano GONZÁLEZ EGIDO, Agonizar en Salamanca. Unamuno (julio-diciembre de 1936), Madrid, Alianza Editorial, 1986; Román GUBERN, 1936-1939: la guerra de España en la pantalla, Madrid, Filmoteca Española, 1986; Juan Ramón JIMÉNEZ, Guerra en España (1936-1939), Barcelona, Seix Barral, 1985; Antonio MACHADO, La guerra. Escritos: 1936-1939, Madrid, Emiliano Escolar editor, 1983; Fernando MARTÍN MARTÍN, El pabellón español en la Exposición Universal de París en 1937, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1982; Peter MONTEATH, Writing the Good Fight. Political Comittment in the International Literature of the Spanish Civil War, Greenwood Press, 1994: Josep RENAU, Arte en peligro, 1936-1939, Valencia, Ayuntamiento, 1980; Angels SANTA, Literatura y Guerra Civil. Influencias de la guerra de España en las letras francesas e hispánicas, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1988; Valencia, capital de la República, Catálogo de la exposición celebrada en 1986, Ayuntamiento de Valencia, 1986; Stanley WEINTRAUB, The Last Great Cause. The Intellectuals and the Spanish Civil War, Londres, W. H. Alien, 1968 (*).

JAVIER TUSELL GÓMEZ, (Barcelona 26 de agosto de 1945 — Barcelona 8 de febrero de 2005) fue un historiador español, catedrático de Historia Contemporánea en la UNED.

Nacido en Barcelona, se trasladó pronto a Madrid con su familia, donde curso el bachillerato y posteriormente las carreras de Filosofía, Historia y Ciencias Políticas.

Tras doctorarse y especializarse en Historia Contemporánea, se dedicó a la docencia desde 1966.

Especialista en la historia contemporánea de España, Tusell construyó una producción ingente e imprescindible para el conocimiento de la historia política de España en el siglo XX: elecciones y partidos políticos, Alfonso XIII, el caciquismo, el golpe de estado de Primo de Rivera, la democracia cristiana en España, Franco y su régimen, España y la II Guerra Mundial, las relaciones entre Franco y el Conde de Barcelona, los católicos bajo el «franquismo», la oposición democrática a dicho régimen, Carrero Blanco, Arias Navarro, la figura del príncipe y después rey Juan Carlos. Todo ello para tratar de explicar un tema crucial y obsesivo para la generación a la qué perteneció: la democracia en España, las razones por las que no se estabilizó durante la Segunda República y las consecuencias de su fracaso —la dictadura «franquista»—, así como el restablecimiento de la democracia y el carácter de la Monarquía del rey Juan Carlos I y del Estado de las autonomías.